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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 486, de 09/03/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 486
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª M.ª ROSARIO FÁTIMA ABURTO BASELGA, VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión núm. 27
celebrada el martes, 9 de marzo de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de las siguientes comparecencias:
- Del señor presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aesan (Sabrido Bermúdez), para:
- Informar sobre el Plan de actividades para 2010 en cumplimiento del artículo 4.6, letra g, de la Ley 11/2001 de creación de la Aesan. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000961.) ... (Página 2)
- Informar sobre la modificación prevista por la Comisión Europea de los actuales límites de control de biotoxinas marinas para la comercialización de los productos del mar. A propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 213/000627.) ... (Página 2)
- Del señor secretario general de Política Social y Consumo (Moza Zapatero), para:
- Informar sobre el modelo de ayudas para el desarrollo de programas sociales con cargo a la asignación tributaria del 0, 7 por ciento del IRPF. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000962.) ...
- Pronunciarse respecto a la aprobación en pleno de la enmienda conjunta a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds con el Grupo
Parlamentario Socialista sobre la gestión y la financiación de las políticas sociales y, especialmente, de la Ley de promoción de la autonomía personal, en la que se acordó la territorialización de la asignación tributaria del 0,7 por ciento del
IRPF, como también conocido el comunicado contradictorio firmado por Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales del PSOE, por Soledad Pérez, secretaria de Bienestar Social del mismo partido, y las declaraciones de la ministra en el Pleno del
día 24 de septiembre de 2008. A petición de los grupos de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto.
(Número de expediente 213/000178.) ... (Página 19)
- Informar sobre las intenciones del Gobierno de modificar los requisitos y procedimientos para solicitar ayudas y subvenciones para fines de interés social con cargo al 0,7 por ciento del IRPF, con el objetivo de limitar las solicitudes a
las entidades de ámbito estatal. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000308.) ... (Página 19)
- Informar sobre el cumplimiento del mandato parlamentario respecto a la progresiva distribución y gestión territorial de la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF, que establecen los puntos 8 y 9 de la moción consecuencia de
interpelación urgente sobre la gestión y financiación de las políticas sociales y, especialmente, de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 213/000310.) ... (Página 19)
- Informar sobre la próxima convocatoria de ayudas del 0,7 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 213/000322.) ... (Página 19)
- Del secretario general de Cáritas Española (Mora Rosado), para explicar las conclusiones del IV informe sobre la acción social ante la crisis. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/000415.)
... (Página 31)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
DEL PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AESAN) PARA:
- INFORMAR SOBRE EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA 2010 EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4.6, LETRA G, DE LA LEY 11/2001 DE CREACIÓN DE LA AESAN. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000961.)
- INFORMAR SOBRE LA MODIFICACIÓN PREVISTA POR LA COMISIÓN EUROPEA DE LOS ACTUALES LÍMITES DE CONTROL DE BIOTOXINAS MARINAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL MAR. A PROPUESTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 213/000627.)
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Señorías, se abre la sesión.
En primer lugar, hay que proponer una modificación del orden del día de la Comisión de acuerdo con la Mesa y portavoces de la misma para incluir, dentro de su punto primero, la iniciativa del Grupo Popular relativa a la información sobre la
modificación prevista por la Comisión Europea de los actuales límites de control de biotoxinas marinas para la comercialización de los productos del mar. La iniciativa de referencia será contestada por el presidente de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición en lugar de la ministra de Sanidad, Política Social y Consumo de acuerdo con Mesa y portavoces. Esta modificación se fundaría en el artículo 68.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados. ¿Aprueba la Comisión
la modificación del orden del día en los términos anunciados? (Asentimiento.) Queda modificado el orden del día de la manera indicada. Esta iniciativa se sustanciará conjuntamente con el primer punto del orden del día, que es la comparecencia del
presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición para informar sobre el plan de actividades para 2010, en cumplimiento del artículo 4.6 de la Ley de creación de la Aesan.
Tiene la palabra don Roberto Sabrido, presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, AESAN, (Sabrido Bermúdez): Señorías, en primer lugar quiero agradecer muy sinceramente el poder volver a comparecer -y esta vez mucho más temprano- ante esta
Comisión para informarles del plan de trabajo 2010 de la agencia.
Señorías, el plan de actividades de este año 2010 seguirá encuadrándose dentro del marco de referencia definido en su momento por la estrategia de seguridad alimentaria y nutrición 2008-2012, que fue informada en Consejo de Ministros de 23
de mayo de 2008. La Ley de creación de la agencia, la Ley 11/2001, establece la obligación de elaborar un plan de actividades que debe ser aprobado por su consejo de dirección, como así lo fue el pasado 17 de diciembre de 2009; además fue
informado también favorablemente en la comisión institucional, donde están representadas todas las comunidades autónomas el 28 de enero de este año 2010. Dicho año va a estar marcado, en su primer semestre, por la Presidencia rotatoria de España
del Consejo de la Unión Europea. En seguridad alimentaria, durante el semestre de la Presidencia, las prioridades se centrarán principalmente en seguir desarrollando el esqueleto normativo en esta materia, específicamente en información nutricional
al consumidor, nuevos alimentos y productos dietéticos, lo cual va a ocupar gran parte de la agenda de la agencia. Otra de las estrategias prioritarias para la Presidencia española, dada las repercusiones que tiene la obesidad para la salud y la
escalada creciente de la misma en los últimos años, es también continuar y dar nuevos impulsos a los planes de lucha contra la obesidad acorde con el Libro Blanco sobre nutrición, obesidad y sobrepeso de la Comisión Europea de mayo de 2007. Durante
la Presidencia, y para reforzar las prioridades que se quieren dar a la misma, se celebrarán varias reuniones; dos de ellas por primera vez en España, la del grupo de alto nivel sobre nutrición y actividad física de la Dirección General de Sanidad
y Consumo de la Comisión, y el Foro consultivo de la Agencia de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, se han desarrollado ya en Sevilla. Además, ayer mismo se celebró una jornada internacional sobre prioridades normativas de la Presidencia
con referencia específica a complementos alimenticios.
Voy a entrar específicamente en los puntos y en las acciones concretas del plan de acción 2010 que ya tienen SS.SS. en su poder. Me gustaría comentarles muy brevemente que desde la comparecencia del año pasado, de las actividades
programadas para el año 2009 -concretamente eran 33 acciones-, se han ejecutado el 81 por ciento de las mismas, habiéndose iniciado el trabajo en todas las restantes. Por lo tanto, es un nivel de ejecución que consideramos muy bueno. En primer
lugar, empezaré -hablando de los temas concretos de las acciones- por un trabajo que continuaremos este año, como es el anteproyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición, que empezamos a trabajar en el año 2009; anteproyecto que fue
informado por el Consejo de Ministros el 2 de octubre del pasado año 2009. Consideramos esta ley -así lo dijimos- necesaria para reforzar las actuaciones coordinadas de la Administración General del Estado, incorporar los importantes desarrollos
recientes que han tenido lugar en la Unión Europea y dar un respaldo legal a la prevención de la obesidad entre otros aspectos, abordando temas tan importantes como la publicidad de los alimentos, sobre todo la dirigida a la población infantil, así
como actuaciones importantes en la edad escolar. La tramitación del anteproyecto de ley acaba de finalizar la fase de audiencia pública. En este periodo de información pública hemos recibido 81 propuestas de entidades y agrupaciones, entre las que
se encuentran, por supuesto la mayoría de las comunidades autónomas, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, el Consejo de Consumidores y Usuarios de España y el Consejo Económico y Social. Asimismo ha sido puesto en conocimiento de
la Comisión Nacional de Administración Local. Los pasos que a partir de ahora, una vez acabado este periodo de audiencia pública, vamos a seguir son los siguientes. Haremos el estudio -ya lo estamos haciendo- y la valoración para poder introducir
en la medida de lo posible las alegaciones que supongan un enriquecimiento del texto. Una vez elaborado este se remitirá a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y también a la Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria
(CIOA). Una vez obtenidos los dictámenes de estas dos comisiones, los remitiremos a la Unión Europea en función de la Directiva 98/34 para su dictamen de no colisión con normativa europea. Tras la recepción, valoración
y modificación de las observaciones y los dictámenes que se produzcan tanto en la Comisión de Asuntos Económicos (CIOA), como la Unión Europea, remitiremos el proyecto al Consejo de Estado para posteriormente ya transformarse en proyecto de
ley y poder ser discutido a las Cámaras.
Esta es ahora mismo la situación exacta en la que se encuentra este anteproyecto.
En las actividades estamos también ultimando el nuevo Plan nacional de controles oficiales de la cadena alimentaria 2011-2015 como instrumento básico de planificación y coordinación de la seguridad en la cadena alimentaria, en colaboración
con el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y las comunidades autónomas; plan que una vez elaborado también tenemos que remitir a la Comisión Europea. Este plan es muy importante, señorías, y establece las acciones para velar por
el cumplimiento de la legislación alimentaria y controlar y verificar que los operadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos cumplen los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria en todas las etapas de la producción,
transformación y distribución, teniendo en cuenta toda la normativa sobre salud y bienestar de los animales. Dada la complejidad para la elaboración de un plan de este tipo y el elevado número de autoridades competentes afectadas lo iniciamos ya en
el año 2009 con la creación de grupos de trabajo operativos, de forma que el documento fuese consensuado desde sus inicios y no en sus últimas fases.
Para ello se han constituido una serie de grupos de trabajo, grupos con la propia Administración
General del Estado, subdirector general de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y Política Social, Ministerio de Medio Ambiente y grupo de trabajo también específico con las comunidades autónomas.
En esta misma línea vamos a poner en marcha también el plan de acción basado en las recomendaciones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Unión Europea, correspondiente a la auditoría general que se llevó a cabo en España en 2008.
Esta auditoria realizada por la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión Europea consiste en un examen sistemático e independiente, con objeto de determinar si las actividades y sus resultados se corresponden con la legislación de control
alimentario de Europa. La auditoría estuvo constituida por doce auditorías específicas, y aunque aún no se ha recibido el informe final formalmente tenemos su borrador que destaca en términos generales que los controles oficiales en España se
llevan a cabo con carácter general de acuerdo a la normativa comunitaria. No obstante, también nos ponen de manifiesto algunas lagunas y deficiencias, entre las cuales les puedo comentar la escasez de recursos humanos en algunos aspectos, la
necesidad de tener una mayor capacidad laboratorial, incrementar actividades de formación y a veces falta de seguimiento de las acciones correctivas que se han impuesto. Por otra parte, aunque se ha observado también cierta mejora en la
coordinación y cooperación entre las autoridades competentes, es un campo en el que también se nos exigen esfuerzos adicionales.
Un aspecto de trabajo también muy importante de este plan de acción, y que tiene que ver con todo lo anterior, es la elaboración de documentos consensuados con las comunidades autónomas, con objeto de realizar las auditorías en materia de
control oficial para homogeneizar y homologar cada vez más las actuaciones de las comunidades autónomas como responsables del control oficial. Así queremos que exista la mayor uniformidad posible de criterios a la hora de hacer este tipo de tareas.
También participaremos, señorías, en el programa de seguimiento coordinado de la prevalencia de listeria monocytogenes en determinados alimentos listos para el consumo, al haberse detectado un ligero incremento en toda Europa de la
prevalencia de listeria en los últimos cinco años. He de decir que sigue siendo una prevalencia baja, un 0,2 por 100.000 habitantes, pero dado que su índice de mortalidad, afectando sobre todo a grupos vulnerables como personas mayores y mujeres
embarazadas, es de un 20 por ciento se hace necesaria esta actuación. En relación con los productos que pueden estar contaminados por listeria hemos encontrado en muestras aleatorias, por encima de los límites legales de seguridad algunos productos
listos para consumir, sobre todo en pescados ahumados y en productos cárnicos tratados por calor y en algunos quesos. Por tanto, queremos reforzar las actuaciones en este sentido.
También se procederá durante este año a la revisión del sistema de gestión del Sistema coordinado de información rápida de alerta alimentaria; un sistema diseñado en forma de red que permite mantener una constante vigilancia frente a
cualquier riesgo o incidencia que esté relacionado con los alimentos y pueda afectar a la salud de los consumidores. Desde sus inicios hasta la actualidad se ha consolidado este sistema como altamente eficaz para llevar a cabo tanto la vigilancia
como la gestión de todas aquellas incidencias que puedan presentar los alimentos puestos a disposición del consumidor final. Es un procedimiento vivo y dinámico que requiere revisiones periódicas. Procederemos en este sentido sobre todo a la
elaboración de un procedimiento específico, en el caso de alertas con presencia de múltiples afectados, para lo cual pondremos también en marcha nuevas funcionalidades del sistema informático, sistema Alcon, que gestiona este sistema de información
de alertas. Vamos a proceder también a la elaboración de guías de recomendaciones, lo que se conoce también como guía de buenas prácticas para la prevención de riesgos relacionados con los contaminantes en los alimentos y dirigida este año sobre
todo a la producción primaria, a los productos agroalimentarios para disminuir la presencia de contaminantes.
Procederemos al diseño del marco adecuado que defina las bases para el mantenimiento y explotación de una base de datos española de composición de alimentos. Con ello queremos conocer el contenido de macro y
micronutrientes de todos los alimentos que se consumen en España. Esto, señorías, no significa que actualmente no tengamos datos, sino que los que existen en España están dispersos en diferentes grupos de investigación y universidades.
Estamos llegando a acuerdos con todos ellos para compilarlos e integrarlos en una sola base de datos que podremos a disposición de todos los investigadores, ya que al mismo tiempo también resultará de gran utilidad para la agencia en nuestra labor
de gestión de riesgos sanitarios y alimentos en particular.
El objetivo es, en primer lugar, conseguir una armonización dentro de los distintos datos de composición de los alimentos que existen en España y, en segundo lugar, la compatibilidad con las bases de datos europeas. Esto es lo que
denominamos Red Bdeca, Base de datos de composición de alimentos, y que se crea con el apoyo de la agencia. También explotaremos datos de las encuestas de consumo de alimentos que estamos ya realizando en el estudiando Enrica. Es un estudio de
nutrición y riesgo cardiovascular en España, un estudio epidemiológico acerca de la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en la población adulta española; lo hacemos en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y el Hospital
Clínico y Provincial de Barcelona.
El año 2010 también queremos que sea muy importante en cuanto al impulso de la colaboración y apoyo científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, para lo cual pondremos en marcha distintas actividades que les
enumero. Una es la realización de jornadas con la participación de entindades de la autoridad europea de Seguridad Alimentaria. Estas entidades colaboradoras españolas son universidades y grupos de investigación con los que cuenta la autoridad
europea para realizar trabajos e informes realizados con la evaluación de riesgos.
También haremos una expansión de la red de punto focal a otros ámbitos científicos de universidades y agencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Los puntos focales, señorías, son los puntos de contacto entre la autoridad europea y las diferentes autoridades nacionales en seguridad alimentaria, pero también pueden estar institutos de investigación, consumidores y otras partes implicadas; su
objetivo es el intercambio de información científica. La nominación del punto focal se decide a nivel nacional, y actualmente el único punto en España es la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición. También vamos a llevar el estudio de mejora
de la funcionalidad del nodo Aesan, que consiste en una red de instituciones que desarrollan sus actividades en el ámbito de la seguridad alimentaria. Su objetivo es crear un clima de cooperación entre sus miembros, identificando los problemas y
buscando soluciones con el mayor aprovechamiento posible de recursos, de manera que ante un problema se responda más rápidamente de lo que podríamos hacerlo cada uno individualmente.
También potenciaremos e impulsaremos la participación del Centro Nacional de Alimentación y del Laboratorio de Biotoxinas Marinas con su implicación en proyectos de investigación. Trataremos de dar un impulso a las actuaciones del Centro
Nacional de Investigación mediante el desarrollo de un calendario de reuniones de laboratorios de referencia nacionales con la participación de todos los laboratorios de control oficial de las comunidades autónomas para así cubrir la totalidad de
referencias analíticas. Asimismo, continuaremos desarrollando en el Centro Nacional de Alimentación sus actividades como laboratorio nacional de referencia en sus distintas áreas; entre otras es el laboratorio nacional de referencia para el
análisis de organismos modificados genéticamente, control de zoonosis transmitidos por alimentos, análisis de leche y productos lácteos en cuanto a proteínas, microtoxinas e hidrocarburos aromáticos policíclicos. El CNA también seguirá implantando
los métodos recomendados por el servicio de inspección y seguridad alimentaria de Estados Unidos. Señorías, el CNA es en estos momentos el único laboratorio certificado por el departamento de Agricultura de Estados Unidos para la identificación de
especies animales y detección de listeria y salmonella en carne y productos cárnicos de porcino para exportar a Estados Unidos, y por tanto tiene que pasar por sus análisis toda aquella carne de porcino que quiera ser exportada a los Estados Unidos.
En el Centro Nacional de Alimentación vamos a reforzar el desarrollo y adaptación de aquellos métodos analíticos más idóneos para detectar pequeñas cantidades de alergenos en alimentos, para responder a la demanda de los consumidores y a la
legislación en esta materia, que cada vez es más exigente. Este conocimiento que se adquirirá en el Centro Nacional de Alimentación posteriormente será transferido a las comunidades autónomas con objeto de que lo incorporen en su sistemática de
control oficial.
En otro orden de cosas y en lo que se refiere más específicamente a la gestión del riesgo, procederemos a la modernización y mejoras técnicas del soporte informático del Registro General Sanitario de Alimentos y adaptación de su gestión en
relación con el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración, tal como marca la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Llevaremos a cabo la revisión de las reglamentaciones
técnico- sanitarias nacionales para su adaptación, y en su caso derogación, dentro del marco comunitario establecido tras la adopción del Libro Blanco de seguridad alimentaria y la publicidad de los reglamentos de higiene de los alimentos. Vamos a
proceder a una revisión de las reglamentaciones técnico nacionales, y como he dicho en algunos casos su derogación facilitará el trabajo a nuestros operadores y a nuestros responsables del control oficial. En otra línea de actuación actualizaremos
la base de datos de complementos alimenticios -antes era de composición de alimentos, ahora es de complementos alimenticios-, con la puesta al día de la información contenida en la base de datos como resultado de la remisión de las notificaciones de
puesta en el
mercado de los complementos alimenticios realizadas por las comunidades autónomas y por la agencia. Ahora mismo se puede hacer en un sitio o en otro y por lo tanto es bueno que pongamos una base de datos común. En esta línea también y
dentro del marco de la Unión Europea, nos proponemos impulsar la armonización normativa en este campo de los complementos alimenticios que está en auge dentro del mundo de la alimentación para clarificar y ordenar más su uso, ya que así evitaremos
su utilización y venta como productos milagrosos, confundiendo en muchos casos al consumidor. Ayer mismo, como les he comentado al principio, hemos celebrado una jornada en la que se ha podido debatir estos temas desde una óptica comunitaria
llegando a la conclusión de la importancia y la necesidad de una armonización a nivel de toda la Unión Europea.
En el marco de actos de la Presidencia, trataremos de impulsar el futuro reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre nuevos alimentos, al igual que el futuro reglamento o directiva sobre productos alimenticios destinados a una
alimentación especial, los conocidos como dietéticos. Señorías, la información al consumidor es un asunto clave y actualmente se está trabajando en una propuesta importante de reglamento del Parlamento y del Consejo sobre la información, sobre todo
nutricional, que se debe facilitar al consumidor. La posible existencia de diferentes modelos nacionales de etiquetado nutricional puede implicar que el consumidor se encuentre en su país con productos procedentes de distintos Estados miembros que
incorporan formas distintas de información nutricional, en ocasiones difíciles de entender o carentes de significado para ellos. Se prefiere por tanto un enfoque armonizado a nivel comunitario para el desarrollo de formas de presentación de la
información nutricional alternativas a las actualmente vigentes. Este es el objetivo que nos hemos propuesto y que queremos alcanzar con un acuerdo del Consejo en este semestre. También en este periodo de Presidencia debemos, y es nuestra
obligación, coordinar la postura de la Unión Europea en los siete comités del Codex Alimentarius que se van a celebrar. La Comisión del codex Alimentarius es un órgano intergubernamental con más de 170 miembros donde se discuten y se acuerdan
normas alimentarias internacionales. El Codex se estableció por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud, con el objeto de proteger la salud de los consumidores y
asegurar prácticas equitativas en el comercio internacional de alimentos. Una de sus funciones es promover la coordinación de todos los grupos de trabajo sobre normas alimentarias emprendidos por las organizaciones internacionales. El compendio de
estas normas, junto a directrices y códigos de prácticas adoptados internacionalmente, conforman el denominado Codex Alimentarius.
En otro aspecto muy importante como es la comunicación de los riesgos y en sintonía con la estrategia de la autoridad europea de Seguridad Alimentaria, para este mismo año se va a reforzar esta área y por primera vez vamos a celebrar en la
agencia española la reunión del grupo de trabajo del Foro consultivo de la autoridad europea. Este grupo de trabajo tiene como objetivo armonizar criterios a nivel de toda la Unión en cuestiones de comunicación y en el establecimiento de
estrategias de comunicación a la hora de abordar situaciones de crisis alimentarias.
También tenemos previsto en este año 2010 el desarrollo de una jornada que agrupe a prensa, consumidores e industria de manera conjunta, donde se genere un debate
sobre la comunicación de las noticias relacionadas con la seguridad alimentaria entre las asociaciones de los consumidores, los medios de comunicación y las empresas. Ya el pasado año tuvimos la experiencia de organizar sendas reuniones, una con
medios de comunicación y otra con asociaciones de consumidores, y consideramos que debemos seguir desarrollando este tipo de foros que contribuyen a facilitar el conocimiento de los escenarios para que cada uno tenga clara su labor. El objetivo de
este encuentro no es otro que posibilitar la transmisión a la población de mensajes que no induzcan a error ni generen alarma y que contribuyan a fomentar la educación sanitaria de la población. Este trabajo lo queremos completar con un avance en
las habilidades de comunicación en seguridad alimentaria. Por ello vamos a organizar un curso sobre habilidades de comunicación con el fin de ser capaces de generar adhesiones y sinergias, con un carácter muy transversal para poder estructurar
mensajes sencillos, comprensibles y útiles dirigidos a responsables de comunicación de las comunidades autónomas y otras administraciones, así como también de la industria agroalimentaria y consumidores.
Paso ahora, señorías, en el plan de trabajo que les he presentado y que tienen en su poder, a otro aspecto importante de la agencia como es el área de la nutrición, donde queremos dar un nuevo impulso a la estrategia NAOS con la elaboración
del nuevo plan de acción 2010-2015. En dicho plan participarán, junto a la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y la administración local, además de los agentes sociales, tanto desde el punto de vista de la industria
agroalimentaria como del de los consumidores, para elaborar objetivos concretos y medibles que hagan posible una evaluación de esta estrategia que no es sino impulsar una alimentación equilibrada y la necesidad de hacer un ejercicio físico regular.
En cuanto a la población infantil vamos a seguir trabajando en el análisis que estamos haciendo del programa Perseo, así como en sus nuevas estrategias. En esta línea llevaremos a cabo la elaboración de un documento de consenso sobre las
pautas alimenticias saludables en los comedores escolares. Los comedores para la población escolar deben cumplir una función nutricional, suministrando aportes alimentarios en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades de todos
los alumnos, teniendo en cuenta que la edad escolar es una etapa de crecimiento y desarrollo corporal. Este documento
de consenso, que estamos trabajando en grupos de trabajo junto con las comunidades autónomas, pretende desarrollar estas propuestas, incorporando recomendaciones nutricionales para las comidas escolares que incluyan frecuencias indicadas de
consumo, información a las familias, atención a las necesidades especiales y criterios para una oferta saludable en las máquinas expendedoras de los centros escolares.
Vamos a hacer un estudio epidemiológico amplio sobre la prevalencia de la obesidad, dado que consideramos necesario disponer de una información amplia actualizada de 2010. Tenemos muchos datos, pero de estudios muy parciales. También he de
informarles que desde el año 2007 se celebra anualmente lo que llamamos la convención de la estrategia de nutrición, actividad física y prevención de la obesidad como un punto de encuentro idóneo entre profesionales procedentes de diferentes ámbitos
laborales y territoriales y de todos los sectores involucrados en la promoción de ámbitos saludables. Este año 2010 celebraremos ya la cuarta edición.
Realizaremos un estudio muy intenso y muy extenso de las principales fuentes alimentarias de
grasas y azúcares para establecer los objetivos del programa de reducción de contenido energético de los alimentos. La reformulación de determinados grupos de alimentos es una de las principales líneas de trabajo que queremos impulsar dentro de la
estrategia Naos, que pretende que los ciudadanos dispongan de una oferta alimentaria con menor contenido energético, logrado a través de una reducción progresiva en el contenido de grasas y azúcares en los alimentos. Para poder establecer
claramente los objetivos de reducción es necesario tener un conocimiento muy exacto de la situación de partida que nos permita establecer objetivos medibles y los plazos para alcanzarlos.
Se llevará a cabo un análisis de las distintas categorías de
cada grupo de alimentos tomando una serie de muestras representativas con objeto de conocer esta situación de partida.
En este sentido y como un aspecto muy importante vamos a seguir con la segunda fase del plan de reducción del consumo de sal. Uno de los factores conocidos con mayor asociación a la hipertensión arterial es el consumo excesivo de sodio, que
se lleva a cabo fundamentalmente a través de la ingesta de sal en los alimentos. Este plan incluirá objetivos de reducción de su consumo, plazos de ejecución, actuaciones para disminuir el contenido de sal en los alimentos y la adición voluntaria
de sal en la comida, así como un sistema de seguimiento y evaluación. La relación entre un consumo elevado de sal y el mayor riesgo de padecer hipertensión arterial, observada no solo en individuos hipertensos sino también en personas normotensas,
es muy sólida y se ha comprobado tanto en estudios en animales y ensayos clínicos como en estudios epidemiológicos. El consumo elevado de sal se asocia también con un riesgo mayor de sufrir infarto cardiaco e isquemia cerebral. La Organización
Mundial de la Salud estima que aproximadamente el 62 por ciento de las enfermedades cerebro-vasculares y el 49 por ciento de la enfermedad isquémica cardiaca es atribuible a la presión arterial elevada.
Por otra parte, se ha comprobado que la reducción del consumo de sal es una de las formas más sencillas, eficaces y coste-efectivas de reducir la prevalencia actual de las enfermedades cardiovasculares, y por estas razones lo hemos
convertido en la agencia en una prioridad. Para elaborar el plan de reducción del consumo de sal en esta segunda fase hemos mejorado el conocimiento científico existente y el análisis preciso de la situación actual. Así, la agencia encargó
diversos estudios que constituyen los cimientos de este plan; por un lado, el estudio para conocer y analizar el consumo de sal en la población española y las principales fuentes alimentarias de sodio, que ha sido realizado conjuntamente con el
departamento de nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Este estudio nos ha permitido determinar que el consumo medio de sal en España se encuentra en estos momentos en 9,7 gramos por persona y día. Se trata
de la primera vez que se ha hecho en España un estudio de esta naturaleza con representación nacional, muy complejo, puesto que supone tomar orina a personas sanas durante 24 horas. Según este estudio y teniendo en cuenta que la Organización
Mundial de la Salud recomienda no consumir más de 5 gramos de sal al día, hemos deducido, y se extrae de todos los resultados, que más del 80 por ciento de la población consume mucha más sal de la recomendada. Por otro lado, se ha llevado a cabo el
análisis del contenido en sal de productos que componen la dieta habitual. Este estudio ha sido realizado con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y en él se han analizado más de 1.238 muestras de alimentos, analizando el contenido en
sal de productos que tienen una relación importante con la alimentación. Así, se ha comprobado que los que más sal aportan a la dieta de los españoles son los embutidos, el pan, los panes especiales, los quesos y los platos preparados. Entre todos
el 51 por ciento, no porque sean los productos más salados, sino porque son los más consumidos. Gracias a estos estudios sabemos también que aproximadamente entre el 70 y el 75 por ciento de la sal consumida procede de alimentos procesados. Es lo
que se conoce como sal oculta en los alimentos, ya que desconocemos cuándo la ingerimos y no depende de nuestra voluntad de añadirlo en ese momento en la comida. Esto hace, por tanto, que las medidas en la salud pública diseñadas para reducir el
consumo de sal en la población solo pueden ser eficaces si se combinan tanto acciones de las administraciones sanitarias como de la industria alimentaria dirigidas a reducir el contenido de sal en los alimentos procesados.
Hemos realizado el pasado
mes de noviembre unas jornadas científicas para compartir con distintos expertos y sectores esta información. Estas jornadas, en las que han participado clínicos, sociedades científico-técnicas, sociólogos, representantes de la industria y de la
gestión sanitaria, han aportado y están ofreciendo en estos momentos diferentes perspectivas y experiencias, estableciendo
los objetivos concretos. En esta fase, por tanto, nos encontramos en relación con el plan de reducción de la sal.
Asimismo, y dentro de las pautas establecidas en la Organización Mundial de la Salud y en el marco de la estrategia NAOS, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, junto con la Federación de Industrias de Alimentación y
Bebidas, promovió la elaboración de un código de autorregulación de la publicidad dirigida a menores hasta 12 años, conocido como código PAOS, con el objetivo de establecer un conjunto de reglas que guiaran a las compañías adheridas en el
desarrollo, ejecución y difusión de sus mensajes publicitarios dirigidos a los menores. A partir del marco básico que establece la legislación vigente se apostó por el marco de la autorregulación por ser un mecanismo útil y eficaz, complementario
al cumplimiento de las normas, que ha de reforzar y que potencia la responsabilidad de las empresas alimentarias en sus políticas publicitarias, que es lo que trata de conseguir el código PAOS. Este código, por tanto, supone un avance en la
autorregulación de la publicidad infantil de alimentos, no solo porque establece los principios que han de regir el diseño, la ejecución y difusión de los mensajes publicitarios, los cuales van a precisar y ampliar lo que establece la legislación
vigente, sino también porque fija los mecanismos que garantizan el control y la aplicación de estas normas. La pretensión no es otra que reducir la presión comercial sobre los niños y niñas de hasta 12 años, y como muestra de ello creo que es
destacable el compromiso de los anunciantes, que se hizo extensible a todos los operadores de televisión, en la aplicación de estas normas éticas de un código de autorregulación. Este año 2010 se cumplen cinco años del lanzamiento del código PAOS,
y con motivo de este aniversario se pretende realizar una jornada en la que se presenten los resultados de este periodo de actividad y se debata sobre el futuro de la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas para menores. Como ejemplo
comentaré que el pasado año 2009 se han efectuado en el marco de este código 407 consultas previas sobre proyectos de anuncios de alimentos para su análisis, de los que 20 fueron rechazados y otros 105 hubieron de ser modificados para poder ser
emitidos. En formación vamos a continuar con el segundo curso de seguridad alimentaria y nutrición, cursos de verano con carácter internacional para debatir todo aquello que afecta a la seguridad alimentaria a nivel europeo.
He pretendido darles las líneas generales de las actuaciones de esta agencia para el año 2010.
Si le parece, señora presidenta, paso directamente al otro punto.
La señora VICEPRESIDENTA: Sí, señor Sabrido, podemos seguir con el punto siguiente.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AESAN) (Sabrido Bermúdez): Paso a informarles sobre la modificación prevista por la Comisión Europea de los actuales límites de control de biotoxinas marinas
para la comercialización de los productos del mar así como las metodologías analíticas.
La mayoría de las biotoxinas marinas conocidas están producidas por algas microscópicas tóxicas del fitoplacton. En el proceso de alimentación por filtración los moluscos bivalvos acumulan en su interior las toxinas producidas por el
fitoplacton, y en los casos de aparición de fluoración de algas, lo que se conoce como mareas rojas, estas toxinas pueden alcanzar niveles tóxicos para los humanos. Al ser la mayoría de ellas toxinas termoestables sobreviven al proceso de cocinado,
por lo que pueden pasar al consumidor cuando este se alimenta de estos productos pesqueros. Por ello, han de controlarse todas las zonas productoras de moluscos bivalvos y, consecuentemente, la legislación nacional y europea al respecto prevé la
realización de controles exhaustivos en las zonas de producción de estos moluscos y el establecimiento de prohibiciones a la comercialización y consumo en casos de peligro, como es el caso de las mareas rojas. Dentro de los distintos tipos de
biotoxinas, las biotoxinas conocidas como lipofílicas, que son las que producen las diarreas, han sido siempre las más controvertidas; se analizan mediante bioensayos y son causantes en la mayoría de las ocasiones del cierre de actividad. Los
límites máximos permitidos de este tipo de biotoxinas para evitar los riesgos para la salud se establecieron en un reglamento europeo, el Reglamento 853/2004, y existe otro Reglamento, el 2074/2005, que establece en su anexo III los métodos
oficiales de análisis de biotoxinas en moluscos, que son, en el caso de las lipofílicas que les he dicho, los bioensayos en ratón, es decir la inyección al ratón. Sin embargo, en los considerandos previos de dichos reglamentos se alude ya
claramente a la necesidad de reemplazar los métodos que utilizan animales de laboratorio por otros alternativos, de tal manera que también se revisen continuamente los límites máximos de biotoxinas marinas en moluscos bivalvos a la luz de los
conocimientos científicos actuales. Como consecuencia de estos dos mandatos, la Comisión ha llevado a cabo dos líneas de actuación. Una ha consistido en instar al laboratorio comunitario de referencia en este tema localizado en Vigo el estudio de
la posibilidad de la sustitución del método biológico del bioensayo por métodos físico-químicos. El segundo ha sido que se encargó en el año 2006 a la autoridad europea de Seguridad Alimentaria que evaluara la validez de los límites máximos
permitidos para los diferentes grupos de biotoxinas. Los paneles de expertos de la autoridad europea de Seguridad Alimentaria adoptaron seis opiniones científicas de las distintas categorías de biotoxinas. Publicaron en agosto de 2009 un informe
que resume en una opinión científica todas ellas, en las que se propone para ciertas toxinas una reducción muy significativa de los límites actuales.
Estas acciones desencadenaron una gran actividad en el campo de las biotoxinas en distintos
foros, principalmente en la Comisión Europea, a través del Comité permanente de la cadena alimentaria y sanidad animal, y en general en el seno de toda la Unión Europea, donde se han discutido, a la vista de los informes de la autoridad
europea, dos aspectos del consumo: el método de análisis y los límites máximos y las consecuencias que pueden tener en el sector y en el control oficial que realizan en España las comunidades autónomas.
Vamos a hablar, en primer lugar, del método de análisis. Quiero recalcar que, a pesar de que los programas de monitorización de biotoxinas marinas han venido utilizando animales de laboratorio, rata o ratón, en los llamados bioensayos, los
reglamentos ya preveían desde su publicación su reemplazo por otros métodos alternativos, en este caso por métodos físico-químicos. Este hecho viene respaldado, entre otras cosas, por la entrada en vigor de la Directiva sobre bienestar animal, que
mandata a todos los países evitar en lo posible y siempre que no existan métodos alternativos el uso de animales en los laboratorios. En este sentido, les informo que en el mes de septiembre de 2009, un mes después de la publicación de los informes
de la autoridad europea, Francia y Alemania propusieron el reemplazo del método biológico por el método físico-químico, basándose en unos resultados preliminares que presentó el laboratorio de referencia alemán. En el mes de octubre de ese mismo
año tuvimos en Madrid, en la sede de la Agencia Española de Seguridad Europea, la reunión anual de los laboratorios nacionales de referencia para biotoxinas marinas, ya que, como les he dicho, el laboratorio líder europeo en esta materia está
situado en España en la ciudad de Vigo.
Durante la reunión mantuvimos firmemente la postura española frente a la implantación de un nuevo método físico-químico, postura que siempre ha sido la misma y que les resumo. Respecto a la propuesta
presentada de modificación del método de referencia para toxinas lipofílicas por la que se quiere sustituir el bioensayo en ratón por un método físico-químico, hemos mantenido en todos los foros que aunque los datos preliminares del estudio puedan
ser prometedores se debe esperar a la validación del método por el laboratorio comunitario de referencia, de modo que se tenga la certeza de que el nuevo método proporciona al menos el mismo nivel de seguridad para los consumidores que el actual.
En este proceso de validación, que es el que nos confirma y asegura mediante el suministro de evidencia objetiva que el método es válido, exacto y fiable, se incluyen los ensayos colaborativos interlaboratorios, y la postura española por lo tanto es
clara: Hasta que todo el proceso de validación no esté concluido no se debe cambiar a un nuevo método. Así las cosas, el 17 de noviembre de 2009 tuvo lugar el voto técnico en la sección de riesgos microbiológicos del comité permanente de la cadena
alimentaria en relación con la modificación del método oficial del análisis del anexo tres, es decir del método de bioensayos. En esta reunión el texto con la propuesta de modificación fue aprobado por el voto mayoritario de los Estados miembros,
con la negativa exclusiva de la delegación española y la abstención de Irlanda. Sin embargo, gracias a las presiones, cartas y negociaciones llevadas a cabo por la delegación española conseguimos que se prolongara, y así se reflejó en el texto, el
periodo transitorio de modificación a 36 meses, para que durante este tiempo ambos métodos, el bioensayo y el físico-químico, puedan ser utilizados y por tanto convivir. Como resultado de esta aprobación se prevé que si están todos los trabajos
terminados en el mes de julio de 2010 pueda estar concluido el proceso de validación. También he de decirles, señorías, que tal como va este proceso de validación no creemos que se alcance en estas fechas.
Durante este proceso la postura mantenida
por el Gobierno de España, que se tradujo en nuestro voto negativo, ha sido siempre la de negarnos a votar ningún cambio de método hasta que la validación del nuevo estuviera finalizada. Una vez que eso ocurra, el texto deberá pasar al Parlamento
Europeo para votación final antes de su entrada en vigor. Además de estos trabajos, que se han hecho en Bruselas a nivel de la Comisión en los diferentes grupos de expertos se ha trabajado también intensamente a nivel internacional en el codex en
los grupos de trabajo de los productos de pesca. En todas las reuniones del codex la agencia española ha representado los intereses con la postura que les he resumido antes, que por supuesto incluye los intereses de la Xunta de Galicia, con la cual
hemos mantenido un contacto directo, incluso a nivel de informes. Quiero recalcar que en todas las reuniones donde ha sido permitido ha habido participación del sector vitícola y marisquero y que además se ha trasladado a los foros anteriormente
señalados todas las comunicaciones de la propia agencia que nos ha hecho llegar la Xunta de Galicia, incluido un informe científico muy extenso que fue elaborado por las consejerías del Mar y de Sanidad de la Xunta. Señorías, sabemos que la
aplicación de este nuevo método analítico puede suponer para la Xunta de Galicia, como responsable del control oficial y como mayor productora de este tipo de productos, una importante inversión en medios materiales, dado que los nuevos equipos
pueden ser más costosos y los medios humanos más especializados. Sin embargo, quiero reseñar que los laboratorios que ya están utilizando este método fuera del espacio comunitario y que han comparado ambos métodos señalan ventajas del químico, como
son el menor tiempo de preparación y extracción de las muestras (tres o cuatro veces menos tiempo) y la automatización del método que permite procesar casi cuatro veces más muestras al día, todo ello permitiendo un ahorro considerable una vez
realizada la inversión inicial. Esta mayor rapidez puede dar lugar a menor tiempo de inmovilización del producto a los productores con el consiguiente beneficio para el sector. Por tanto, la situación es la que acabo de describir: no está
validado, y conseguiremos, cuando se valide y sea aprobado por el Parlamento, un periodo de convivencia de tres años.
En lo que respecta ahora al otro tema que son los límites máximos permitidos para los diferentes grupos de biotoxinas, que significaban la mayor preocupación del sector, los paneles de expertos de la autoridad europea proponen en el informe
publicado en agosto, como les he dicho, una rebaja en dichos límites, que podría calificar de drástica. Estos informes han sido criticados por no parecer sustentados en suficiente evidencia científica en lo relativo a los datos de consumo que
tienen, que son muy discutibles y además no vienen apoyados por datos epidemiológicos que aconsejen una reducción de los mismos. En este sentido, desde la agencia y para contrarrestar también científicamente, encargamos diferentes dictámenes al
respecto a dos científicos de reconocido prestigio que trabajan en universidades españolas, cuyos informes han avalado nuestras sospechas. Así, después de varias conversaciones y escritos, la Comisión ha considerado estos argumentos y no entra
entre sus previsiones de trabajo, según nos ha comunicado por escrito, modificar los límites vigentes en la actualidad. En todo momento desde la agencia española hemos permanecido en contacto e informado a las autoridades de las comunidades
autónomas, especialmente por su nivel de producción a la Comunidad Autónoma de Galicia. Por tanto, señorías, desde esta agencia y desde el Ministerio de Sanidad y Política Social hemos dado muestra total de apoyo a los intereses del sector y de las
comunidades autónomas con nuestras exigencias de que se cumplan los pasos necesarios hasta que los cambios que se produzcan en este campo nos proporcionen las garantías suficientes de idoneidad, defendiendo así la salud de los consumidores, que es
nuestro principal objetivo. Hemos conseguido aumentar el plazo hasta que se reemplacen los métodos y hemos conseguido paralizar que se modifiquen los límites de las biotoxinas marinas. Creo que el esfuerzo ha merecido la pena y está dando sus
frutos.
La señora VICEPRESIDENTA: Ahora los grupos parlamentarios pueden tomar la palabra para las preguntas y consideraciones que estimen oportunas. Ya que la señora Tarruella no quiere tomar la palabra; le corresponde a la señora Do Campo del
Grupo Popular.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señor presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, queremos, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, agradecerle de nuevo su presencia y su comparecencia en esta
Comisión para informarnos de las líneas generales del plan de acción para este año 2010. En esta ocasión, señor Sabrido, no le vamos a decir que viene tarde a presentarnos las líneas de actuación del año 2010, pero nos gustaría y echamos en falta
que nos hubiese hecho un balance de lo realizado en el año 2009. Entendemos que todo plan debe tener una evaluación y por ello la echamos en falta. Aunque visto lo que usted nos ha presentado con su comparecencia, muchas de esas actividades y
estrategias son las mismas que usted ya nos había presentado en la comparecencia de septiembre pasado. Entiendo, por lo que nos ha expuesto en el día de hoy, que algunas de ellas siguen sin desarrollarse, evaluarse o ejecutarse y otras están
pendientes de estudio. Señor presidente de la Aesan, entendemos, por otro lado, que la Presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea durante este semestre debe ser una oportunidad para impulsar las prioridades y las normativas que desde
los diferentes sectores, consumidores y administraciones competentes, se está reclamando. Quiero empezar, como usted ha hecho también, por el proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición, al que ha hecho referencia, una ley que el Grupo
Popular creemos necesaria, sobre todo después de haber sido anunciada en mayo del 2008. Después de año y medio de elaboración de este anteproyecto debería haberse presentado algo más consensuado. Recuerdo -usted mismo lo ha dicho- que hay 81
alegaciones de comunidades autónomas, del Consejo Económico y Social, del Consejo de Consumidores, de la Federación de Industrias de Alimentación. Le rogaríamos, si puede ser, que nos envíen esas alegaciones a los miembros de esta Comisión.
Señor Sabrido, el anteproyecto de ley entra en el ámbito del desarrollo legislativo y de ejecución que corresponde a las comunidades autónomas.
El texto entra en posibles conflictos de competencias con algunas normas autonómicas, una
posible invasión de competencias propias de las comunidades autónomas, que establece la competencia de efectuar el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en materia de sanidad interior, sin perjuicio de otros títulos
competenciales afectados. Nos gusta que usted hable de cooperación con las comunidades autónomas, pero de la misma manera nosotros le decimos qué pasa con la financiación, porque para la implantación de todas estas estrategias y de lo que va a ser
una nueva ley de seguridad alimentaria es necesaria también una financiación. Consideramos, por tanto, que existe una gran imprecisión normativa en este anteproyecto sobre las competencias, fórmulas de entendimiento y de participación de las
diferentes administraciones -no nos queremos olvidar tampoco de la Administración local-, lo que sin duda redundará en ineficacia de la aplicación de la norma. Entendemos, señor presidente de la Aesan, que usted en repetidas ocasiones nos habla de
cooperación y de coordinación con las comunidades autónomas, por tanto, empezarían con mal pie una ley que pudiese ser recurrida por invasión competencial.
Voy a centrarme en el tema de las biotoxinas. Señor Sabrido, en la comparecencia del mes de septiembre recordará la preocupación que le mostré por la propuesta de la Comisión Europea en cuanto al cambio de método de análisis de las
biotoxinas en los moluscos, preocupación porque, como usted sabe bien, Galicia es el cuarto productor mundial de moluscos y el primero en la Unión. Señor Sabrido, parece por sus afirmaciones que usted es optimista y piensa que se ha conseguido
reducir el problema de las biotoxinas marinas. Usted sabe también que
esto puede condenar al cierre a un altísimo número de explotaciones y que es una queja unánime del sector. Desde nuestro grupo no podemos ser tan optimistas -ojalá fuese así-, pero claramente en una respuesta que el Sanco ha dado se
demuestra que no se paraliza la implantación de un método analítico que hoy por hoy no está acreditado al carecer de validación. Usted también sabe que diversos informes científicos se asientan en el convencimiento de que los protocolos y
procedimientos de análisis y control utilizados en la actualidad son más que suficientes para garantizar la calidad y la salubridad de estos productos, por tanto sirven de apoyo técnico y científico fundamental para que se pueda rechazar esa
modificación que es propuesta por el comité. Se están saltando la normativa europea de calidad y no podemos entender cómo España con máximos intereses en esta materia no ha presentado una queja clara en la Comisión. Lo que está claro es que no se
puede hacer oficial un método que no valdrá hasta dentro de varios años; por tanto, lo que está claro es que el Gobierno de España no está haciendo lo suficiente en esta materia. Se lo digo a usted como responsable de seguridad alimentaria y de la
misma manera se lo decimos a la Secretaría de Pesca como defensora de las producciones de productos de acuicultura. Lo que se va a lograr es que un sector puntero en el mundo se sitúe en franca desventaja competitiva, porque los países no
comunitarios seguirán aplicando el bioensayo, con lo cual podrán retener nuestras exportaciones porque el método químico no cubre todo el espectro de toxinas. ¿Nos puede decir cómo está el tema del informe de la norma en el acuerdo fitosanitario,
el acuerdo SPS de la OMC, y qué dice el Codex Alimentarius de esto? Señor Sabrido, le recuerdo que la señora Vasiliu en nombre de la Comisión Europea ha puesto una fecha tope para utilizar el procedimiento del bioensayo, el 30 de junio de 2013.
Nos preocupa, porque queda claro que es un objetivo de la Comisión Europea reemplazar el método biológico.
De la misma manera -usted hablaba de exportaciones de carne a Estados Unidos-, yo le quiero preguntar sobre qué pasa con las exportaciones a Estados Unidos de los moluscos. Como usted sabe, la exportación de moluscos bivalvos vivos de la
Unión Europea a Estados Unidos está prohibida. La Unión Europea ha dado un ultimátum a Estados Unidos: si el problema no se resuelve antes del mes de junio se va a prohibir la importación de moluscos bivalvos a la Unión Europea procedentes de
Estados Unidos. Sabemos que en el mes de enero de 2010 se ha reunido la Dirección General del Sanco con la Administración americana. ¿Qué nos puede decir usted al respecto y cuál es el posicionamiento en este caso de Aesan en este asunto?
Hablando de exportaciones también queremos hablar de importaciones, asumiendo claramente que los puntos de inspección fronteriza no corresponden directamente a su gestión, a la Aesan, pero tienen que ver con ella, ya que la propia la Constitución,
como usted sabe, otorga la competencia exclusiva del sistema de control de importación del Estado en este caso, al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Administraciones Públicas y al Ministerio de Medio Ambiente.
¿En qué consisten los convenios de gestión, a los que usted ha hecho referencia en alguna ocasión, con las comunidades autónomas para reforzar algunos puntos de inspección fronteriza y con qué comunidades autónomas? ¿Nos puede decir si
existe algún acuerdo de cooperación y de coordinación entre los tres ministerios? También nos gustaría saber qué es lo que pasa en materia de las tasas de inspección. Ustedes reiteradamente en la Comisión institucional dicen que es un tema de
economía, pero lo que está claro es que son los representantes de la Aesan los que asisten a las reuniones de Europa. Por ello, nos gustaría saber qué pasa con las tasas de inspección. A nivel europeo se ha llegado a un acuerdo para unificar los
criterios de supervisión e inspección de los PIF. Usted mismo reconoció en esta Comisión que se debería homogeneizar no solo la legislación, sino también, por acuerdo dentro de la Dirección General del Sanco, la inspección que se hace en los PIF
para que todos los Estados miembros tengamos las mismas garantías y protocolos en cualquier Estado miembro y así evitar situaciones como las ocurridas en el PIF de Vigo.
También nos gustaría saber -es un tema que se planteó en esta Comisión ante
las alertas de riesgos químicos y microbiológicos del pez panga que se comercializa en nuestro país procedente de terceros países y que en la actualidad está sustituyendo a productos procedentes de la pesca gallega y de la pesca española en general-
por qué se observa una falta de control de origen. Como producto de importación, la responsabilidad de entrada en el mercado interior es de las autoridades centrales de los Estados miembros; es, por tanto, responsabilidad de los puestos de
inspección fronteriza. En el caso de que sea reiterativo, ¿ustedes tramitarían ante la Comisión Europea la suspensión de dicho producto?
Con respecto a la seguridad alimentaria, quiero decir que desde la publicación del Libro Blanco sobre seguridad alimentaria hace diez años se han producido importantes avances en esta materia, tanto en la Unión Europea como en España. El
sistema de alerta rápida para alimentos y piensos de la Unión Europea contribuye a la mejor seguridad de los consumidores, así como a mejoras en la higiene de todo el sector de la alimentación, las producidas en el etiquetado y también en la
trazabilidad de los alimentos. Pero, señor Sabrido, a pesar de ello todavía queda mucho por avanzar en seguridad y también en el nivel de confianza que los consumidores tenemos en los alimentos. Ahí está el alto porcentaje de enfermedades
alimentarias que en muchas ocasiones no son registradas por las autoridades sanitarias y que el año pasado en España incluso pudieron afectar a casi 10 u 11 millones de personas. Por ello, desde el Grupo Popular pensamos que en esto se podría
avanzar más con el objetivo de lograr mayores niveles de seguridad. Los análisis de peligros y puntos de control crítico, que es
un sistema preventivo y de autocontrol, han aportado beneficios a la seguridad alimentaria desde que fue implantado en España en el año 1996, pero también observamos que este sistema ha encontrado importantes problemáticas que afectan sobre
todo a las pequeñas empresas y a las microempresas. Por este motivo queremos saber si tienen previsto llevar a cabo desde la Aesan alguna estrategia y algún apoyo institucional para que se pueda implantar este sistema que vemos positivo en este
tipo de empresas. Pensamos que la formación de los manipuladores de alimentos contribuye de manera importante a esa aplicación efectiva de los análisis de peligros y de los puntos de control crítico, pero también es cierto que en España hay una
gran variedad de criterios, una serie de requisitos de las propias legislaciones de las comunidades autónomas que provocan un exceso de reglamentación que incluso la propia Comisión Europea ha denunciado. Por tanto, nos gustaría saber si cree que
sería bueno armonizar, simplificar o incluso crear un sistema de convalidación automática de la formación de los manipuladores y qué postura tiene la agencia que usted preside.
Por otro lado, señor Sabrido, nos preocupa la modificación de los sistemas de inspección para el control oficial de la seguridad alimentaria, tema competencia de la comunidades autónomas, pero lo cierto es que a raíz de la revisión de los
reglamentos del paquete de higiene se produce una reflexión a nivel de la Unión Europea para basar este control en el riesgo, algo que, por cierto, comunidades autónomas como por ejemplo la que yo represento, Galicia, llevan defendiendo desde hace
años. Como bien sabe, al llamado grupo de Lyon, constituido en el año 2008 y que se reúne periódicamente, asisten algunos representantes de la Aesan, y no podemos entender que no se informe de esas reuniones a las comunidades autónomas y que no
pueda asistir alguno de sus representantes, sobre todo cuando es un tema prioritario, y menos podemos entender que la agencia que usted preside haya rechazado organizar la siguiente reunión de este grupo, que se va a celebrar en abril aquí en España
coincidiendo con la Presidencia española. No podemos entender por qué, a pesar de que España tiene uno de los sistemas más potentes de seguridad alimentaria -recuerdo que es el único país en el que el control lo efectúa Sanidad- no está liderando
este tema teniendo en cuenta la potencia de su sector alimentario, especialmente en las carnes, tanto de vacuno como de oveja o de cerdo.
Nos gustaría saber qué razones nos da a esto y por qué no se han podido hacer estas reuniones que creemos
importantes aquí en España.
Voy finalizando, señora presidenta, y me gustaría puntualizar una serie de temas que el presidente de Aesan ha tocado. Nos habla de la Estrategia NAOS 2010-2015, la prioridad de la agencia para la reducción del consumo de sal, que vemos
positivo, y nos habla de la segunda fase. Querríamos saber en qué va a consistir el nuevo plan de reducción de la sal, es decir, que novedades tiene con respecto al primer plan; en qué medida se van a unificar a nivel europeo -porque sabemos que
el traspaso que fronteras y de productos es normal en Europa- las políticas para reducir el consumo de sal en cierto tipo de alimentos. Asimismo, querríamos saber la conexión de este tema que es prioritario para ustedes -la reducción del consumo de
sal- con el programa Enrica que nos ha presentado hoy sobre el riesgo cardiovascular, sobre todo cuando sabemos que el consumo excesivo de sal puede ser un factor de riesgo para el ciudadano. Con respecto al programa Perseo, por las primeras
evaluaciones que se han llevado a cabo y por las conclusiones que se han trasladado, entendemos que se deben tomar medidas en un 50 por ciento de comedores escolares que no dan una calidad nutricional adecuada en la alimentación. Nos gustaría saber
qué comunidades autónomas han participado en este programa, si pretende ampliarlo al resto de comunidades autónomas que no participan en él; y una vez que ustedes han detectado esas deficiencias en ese 50 por ciento, ¿no creen que es razón
suficiente para aplicar medidas específicas en todo el territorio nacional, independientemente de que se esté o no en este programa Perseo? Con respecto al código PAOS, el código de autorregulación dirigido a menores de 12 años, nos gustaría saber
si la agencia tiene previsto incrementar esa edad para poder actuar también con jóvenes de 15 y 16 años, entendiendo que pueden ser grupos vulnerables, y si pretende limitar los contenidos y productos de publicidad infantil en determinados horarios.
Le voy a volver a preguntar algo que le pregunté en la anterior comparecencia, si ustedes van a actuar con lo que en el argot publicitario se denomina emplazamiento de productos, que desde las asociaciones de consumidores entienden que es una
manipulación de la audiencia; si van a controlar esta publicidad, cuántas empresas están adheridas en la actualidad -usted nos habla de consultas, pero no nos dice cuántas empresas están adheridas-, y cuántas se han adherido en el año 2009.
Finalizo, señora presidenta, con otro asunto que también preocupa al Grupo Popular, que es el tema del etiquetado y que se planteó en una reunión reciente celebrada en el Congreso con representantes de la Comisión de Consumo del Parlamento
Europeo. Usted mismo reconoció que en esta materia había mucho que recorrer porque no hay uniformidad. Estamos de acuerdo en que es necesario que todos los Estados miembros de la Unión Europea tuviésemos un mismo etiquetado general y un mismo
etiquetado nutricional.
¿Nos puede garantizar usted si en este semestre de la Unión Europea que preside España se podría llegar a ese acuerdo? ¿Nos puede decir qué postura es la que defiende España y dónde estarían los mayores inconvenientes para
lograr ese acuerdo?
La señora VICEPRESIDENTA: Es el turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Señorías, permítanme iniciar mi intervención dando de nuevo la bienvenida
al presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Bienvenido de nuevo, señor Sabrido, a esta que es su casa. Es un placer agradecerle su presencia en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Quisiera agradecerle
su intervención, que ha sido amplia, llena de contenido y que sin duda nos orienta y nos informa de forma detallada sobre la actividad de la agencia para este año 2010. Este año, marcado por la Presidencia de España del Consejo de la Unión Europea,
supondrá una oportunidad para remarcar las prioridades de la política europea en materia de seguridad y salud alimentaria, prioridades que, como es lógico, son coincidentes en la política española con las del resto de Europa, pero en las que nuestro
país tiene mucho que decir.
Nos ha informado de la importancia de seguir desarrollando la normativa que refuerce la información al consumidor, los nuevos alimentos y productos dietéticos, pero también incidiendo claramente en la mejora de la comunicación entre los
diferentes actores que participan en toda la cadena alimentaria. Nos alegra saber que otra de las estrategias prioritarias durante la Presidencia es dar un nuevo impulso a la lucha contra la obesidad, ya iniciada en años anteriores. Valoramos como
muy positiva esa decisión dada la importancia de la relación de la obesidad con la incidencia de enfermedades cardiovasculares y endocrinológicas.
Pero, además de la actividad extraordinaria provocada por la Presidencia española con la celebración
de múltiples reuniones internacionales, ha sido muy interesante escuchar otras medidas concretas del plan de acción 2010.
Nos ha informado de los trámites que van avanzando del anteproyecto de ley de seguridad alimentaria, actualmente en fase de análisis de las aportaciones recibidas al finalizar la fase de audiencia pública.
Esperamos que todas las
aportaciones sirvan para mejorar el texto de este anteproyecto y pueda continuar con los diferentes trámites para que llegue a esta Comisión, al Congreso de los Diputados, y conseguir aprobar así una ley con el máximo consenso y en el plazo más
corto posible, si puede ser sin prisa pero sin pausa.
Nos ha hecho una amplia exposición de los diferentes planes y programas en los que están trabajando: el Plan nacional de controles oficiales de la cadena alimentaria 2011-2015, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino y las comunidades autónomas; el plan de acción, basado en las recomendaciones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria; el programa de seguimiento de la prevalencia de listeria monocytógenes en alimentos de consumo humano, motivado
por el incremento de prevalencia de esta infección en los últimos cinco años, como ha dicho; el proceso de revisión del sistema coordinado de información rápida ante cualquier riesgo o incidencia alimentaria; la ampliación de las funciones del
sistema de información Alcon en alertas alimentarias. A todo esto hay que añadir la celebración de diferentes jornadas, entre las que cabe destacar las dedicadas a la colaboración y el apoyo científico de la agencia española con otras entidades
como universidades y demás grupos de investigación. Son muchas más las acciones que tienen ocupada la agenda de la agencia española y le felicitamos por ello, porque se está trabajando mucho y bien y les animamos a que sigan en esta línea.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere hacer una mención especial a la iniciativa de crear una oficina virtual accesible a los ciudadanos, empresas y entidades. Esta iniciativa, ya en marcha, se ve claramente reforzada con otra que ha
mencionado en su intervención, la celebración de encuentros entre prensa, consumidores e industria agroalimentaria.
Generar información, debates, y saber comunicar es algo fundamental en nuestros días, pero más aún si cabe en temas tan sensibles
como los que se refieren a la seguridad alimentaria. Una noticia mal comunicada puede crear una alarma social incontrolable y, de ahí, la importancia de conseguir un gran consenso entre la industria, los medios de comunicación, las agencias de
publicidad, los profesionales de la salud y los consumidores y usuarios. Los mensajes no deben provocar dudas ni inducir a errores, como ha dicho, sino que deben ir encaminados a incrementar el nivel de educación para la salud de los ciudadanos.
Nos ha informado también de la elaboración del nuevo plan de acción de la estrategia 2010-2015, para dar un nuevo impulso a la estrategia NAOS.
Coincidimos en la importancia de la participación de las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, de los agentes sociales, para seguir avanzando en la obtención de buenos resultados. Le felicitamos por los objetivos que se van alcanzando, pero coincidimos en la preocupación para seguir avanzando y lograr mejores niveles de salud
porque queda mucho por hacer. Quisiera felicitarle también por el esfuerzo que está realizando en mejorar las pautas alimenticias en los comedores escolares y por los cambios introducidos para conseguir una oferta más saludable en las máquinas
expendedoras de los centros educativos. La salud de nuestros hijos se lo merece y se agradecerá.
Nos ha avanzado la presentación de una segunda fase del Plan de reducción del consumo de sal. Los datos son preocupantes por la incidencia de las enfermedades cerebrovasculares y cardiacas, por la relación de las mismas con el consumo de
sal y por la necesidad de tomar medidas eficaces. Como ha dicho, la reducción de la sal oculta es una medida importante, pero habrá que sumarla a otras medidas que deberán ser adoptadas por la industria, las empresas de hostelería y los
consumidores para lograr una reducción eficaz de la ingesta de sal y, una vez más, se hace necesaria la colaboración de los medios de comunicación para lograr una sensibilización también eficaz.
Quisiera finalizar mi intervención felicitándole a usted y a todo su equipo por los logros conseguidos por la aplicación del código PAOS.
Felicidades por este quinto aniversario, pero sobre todo por los resultados en estos cinco años. En
este sentido, quisiera enfocar una pregunta
muy breve: ¿Es necesario endurecer las condiciones de la publicidad de alimentos y bebidas para menores o son suficientes las medidas de control que se han establecido con el código PAOS? Le agradezco también el trabajo que se está
realizando en nuestro país por el control de las biotoxinas marinas. Nuestro país es referencia en este control y el trabajo produce sus frutos. Además, tenemos que manifestar que la postura de la agencia española nos parece prudente y coherente.
Alejados del catastrofismo que nos ha trasladado el Partido Popular en su intervención, quiero agradecerle de nuevo su trabajo, señor Sabrido.
Traslade nuestro agradecimiento por el trabajo bien hecho a todo su equipo. Muchas gracias y
esperamos otra próxima intervención en no mucho tiempo.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Señor Sabrido.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (Sabrido Bermúdez): Voy a intentar dar cumplida contestación, de la forma más fehaciente que pueda, a todas las cuestiones planteadas, en este caso la mayoría
por el Grupo Parlamentario Popular.
Para empezar y dejar claro el tema de las biotoxinas marinas, me decía que parecía que yo era optimista. No se puede ser optimista. No hay que confundir, soy muy optimista -y así lo he dicho- en el tema de los límites de las biotoxinas
marinas, que es lo que más preocupaba a los productores, la modificación de los topes máximos para poder comercializar los moluscos, que está paralizado por la Unión Europea y que nos lo ha dicho por escrito; escrito que, después de la reunión que
tuvo el presidente de la Xunta con la ministra, se le envió también al presidente de la Xunta que, por cierto, dijo lo mismo, que era optimista en el tema de los límites, porque hay que desligar claramente lo que son los límites del tema del método
de detección, ya que si lo mezclamos todo es donde podemos confundir. En los límites, con los informes científicos que hemos elaborado, con un trabajo serio, con científicos competentes, poniéndonos en contacto con los científicos que más
desarrollo tienen en investigación en materia de biotoxinas, que en este caso están en Italia, con todo ello hemos conseguido contrarrestar los informes de la autoridad europea, porque los informes científicos hay que contrarrestarlos con informes
científicos. Y hemos conseguido -y lo tenemos por escrito- que la Comisión no se plantee en estos momentos, por lo tanto, modificar estos límites. Cuando se lo plantee, no sé cuándo, evidentemente España tendrá que estar ahí porque somos Estado
miembro, pero ahora lo tenemos por escrito que, insisto, tiene también el Gobierno de Galicia, el propio presidente, porque le hemos hecho llegar las copias en la reunión que tuvo con la ministra.
Respecto al tema de la analítica, dice que la comisaria dijo que hasta el 30 de junio de 2013. Efectivamente, tenemos que comparar lo que hemos conseguido -que puede parecer poco porque a uno le puede parecer la botella medio llena y a otro
medio vacía-, los treinta y seis, con los catorce meses que pretendía la Comisión. Hay un periodo de adaptación, cuando se apruebe, que no está aprobado todavía; está aprobado que se haga la validación y con unas fechas orientativas, pero ahora
mismo no lo está porque, entre otras cosas, tenemos que hacer la validación en el laboratorio de referencia de Vigo y para eso nos tenían que haber dado una serie de circunstancias del laboratorio de referencia alemán, que se ha retrasado también en
dárnoslas. Por tanto, por eso he dicho en mi intervención que dudo que, tal como quería la Comisión, en junio de 2010 tengamos validado el tema, que luego tiene que ir al Parlamento Europeo y luego tendríamos el periodo transitorio. Por tanto, son
dos cosas diferentes. En cualquier caso, en la peor de las circunstancias, hasta el 30 de junio de 2013 -en la peor de las circunstancias- hemos conseguido que convivan esos dos métodos analíticos. Todo ello, teniendo en cuenta unas normativas
comunitarias, unos reglamentos, que marcan que hay que sustituir, siempre que se pueda, la utilización de animales en laboratorio por otros métodos, en reglamentos que se aprobaron en 2003, en 2004, cuando quien representaba a la agencia en Europa
no era este presidente y eran representantes del Gobierno de entonces, que no era el actual. Por tanto, me ha preguntado que si soy optimista en cuanto a los límites. Sí, era lo que más preocupaba al sector y en estos momentos soy optimista.
En cuanto al laboratorio, también aquí hay que decir una cosa. El sector mitícola, el sector marisquero ha venido a la agencia; hemos hablado con un montón de asociaciones; han mandado y han solicitado reuniones a la Comisión Europea;
han ido a Galicia miembros de la Comisión Europea, han hablado con ellos y les han explicado por qué sí y por qué no, y hay sectores que han manifestado que si se produce una reducción importante en la inmovilización de productos, que es lo que
significa el bioensayo, porque tienen que estar por lo menos veinticuatro horas para ver si el ratón se muere o no, eso también liberaría costes al sector. Eso lo han manifestado en reuniones, pero también en esas reuniones y en carta de 19 de
enero de este mismo año del director de seguridad de la cadena alimentaria de la Comisión Europea este asegura a los productores que los terceros países recibirán, como así se prevé en la legislación comunitaria, el mismo tratamiento que los Estados
miembros en relación a la aplicación del nuevo método analítico. No lo digo yo, lo dice el señor Henry Pudelek, que es el director de seguridad de la cadena alimentaria, con rango de director general en la Comisión Europea. Me lo dice a mí y se lo
dice al sector. Si nos está engañando, cosa que no creo, no lo sé, pero yo en principio me lo tengo que creer, y así lo dice expresamente: que los terceros países recibirán, como así se prevé en la legislación comunitaria, el mismo tratamiento que
los Estados miembros en relación con la aplicación del
método analítico. Por tanto, este tema está muy clarificado. He de decir que sin renunciar, como manifestó el presidente de la Xunta de Galicia en la reunión con la ministra y en los medios de comunicación tanto de Galicia como de España,
a que sigamos actuando en el método, se mostraba razonablemente optimista en este aspecto.
Paso ahora a otros temas que también ha tocado su señoría. En cuanto a lo del balance, tiene razón. Dada la comparecencia, posiblemente podría hacer un balance mucho más exhaustivo, pero les he dado una simple pincelada sobre un
cumplimiento del 81 por ciento y el resto son los que tenemos en marcha, porque evidentemente hay muchas acciones, sobre todo de investigación, que no se agotan en un solo ejercicio y que continúan en el ejercicio siguiente. En relación con lo que
ha dicho S.S. respecto al plan, el anteproyecto de ley ha recibido 81 alegaciones. De todas las comunidades autónomas que han mandado -que han sido todas- su postura respecto a diferentes artículos, solamente una ha manifestado dudas de
inconstitucionalidad, o por lo menos eso es lo que nos ha llegado a nosotros, porque solamente una comunidad autónoma de las diecisiete ha presentado formalmente dudas de inconstitucionalidad. Por tanto, esa invasión de competencias no la vemos,
pero en cualquier caso el anteproyecto es lo que es, el proyecto será lo que sea, esta Cámara dictaminará lo que desea y el Consejo de Estado dirá si se invaden competencias o no. El recorrido de la ley todavía es largo y al final la ley será lo
que quieran SS.SS. cuando se debata en esta Cámara, pero sí creo que no invadimos ninguna competencia, porque tampoco se nos puede decir que queremos coordinar, hacer una ley y que invadimos competencias y, por otro lado, que no coordinamos a las
comunidades autónomas. Eso de que nos pille el toro de todas maneras no puede ser. Si invadimos, invadimos, y si no, no invadimos. En cualquier caso, como usted decía, la comunidades autónomas en el caso de los manipuladores están descoordinadas
y hacen lo que quieren en una competencia que por supuesto es suya también en exclusiva, que es el control de los Appcc; luego entraré en ese tema.
En cuanto a la financiación, el informe que hemos hecho de la memoria económica obligatoria de este anteproyecto de ley es que no requiere incremento presupuestario, puesto que aquello que va en el anteproyecto de ley que podía requerir
incremento presupuestario es la colaboración, la red de laboratorios, pero es una red que se compensa entre los diferentes laboratorios. Por tanto, hay cambio para no penalizar a un laboratorio que esté más desarrollado en sus referencias
analíticas, pero es simplemente un trasvase presupuestario entre comunidades autónomas y Administración General del Estado, no es necesario aumentar el presupuesto, sino que cuando se aplique correctamente, se trasvasaría presupuesto para no
penalizar a aquellas comunidades autónomas que tengan una referencia más desarrollada y que hagan analíticas a otra comunidad autónoma e incluso a la propia Administración del Estado, y en el caso contrario lo mismo. Por tanto, sería más un sistema
de compensaciones y trasvases que de propio incremento presupuestario.
Ha tocado el tema de la exportación de moluscos a Estados Unidos.
Efectivamente, el acuerdo que existe actualmente con Estados Unidos no permite exportar moluscos de la Unión Europea a Estados Unidos, entre otras cosas porque tenemos
tratamientos diferentes para los productos. En Estados Unidos es muy habitual o prácticamente exigen la irradiación de los mariscos para que entren en su país, en cambio en España y en gran parte de Europa irradiación es una palabra tabú y decirla
tiene unas connotaciones negativas. Esas son las diferencias. También ahora hay diferencias en cuanto a los animales clonados, que son de consumo habitual en Estados Unidos y, sin embargo, el Parlamento Europeo tiene una resolución aprobada por
todos los grupos parlamentarios en la que dice que no quiere que se consuman animales clonados en Europa.
Evidentemente, esto genera una serie de disfunciones en la Organización Mundial del Comercio, cuya resolución no es responsabilidad de esta
agencia, sino que nuestra responsabilidad es con la autoridad europea de seguridad alimentaria, como entidad europea evaluadora de riesgos, y decir a los consumidores si una cosa es segura o no.
También preguntaba S.S. por las tasas de inspección. Los reglamentos lo dicen claramente, pero ese tema lo hemos intentado discutir con las comunidades autónomas en la Comisión institucional y cada comunidad autónoma ha hecho las tasas de
inspección que ha querido: las han subido, las han bajado o las han suprimido. No sé si S.S. quiere que interpongamos un recurso de inconstitucionalidad ante la comunidad autónoma que hace eso. Por lo demás, qué quiere que le diga de las tasas.
El Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma se reúne, puede tomar esa decisión y la toma, si acaso -no estoy diciendo que lo incumpla- incumpliría lo que marca la Unión Europea en cuanto a tasas, pero si eso se observase en una inspección daría
lugar a una sanción al Reino de España. Si esa sanción se produce después de la aprobación de la ley, y la ley que es aprobada por las Cámaras va en los mismo términos que ahora, sería la comunidad autónoma que no ha cumplido la aplicación correcta
la que tendría que hacer frente a la sanción que impone la Comisión al Reino de España. Insisto, se ha planteado en la Comisión institucional y no ha habido tampoco acuerdo entre las propias comunidades autónomas.
Como tampoco hay acuerdo, y enlazo con otro tema al que se ha referido, en el control basado en el riesgo del grupo de Lyon. El grupo de Lyon no es un grupo formal de la Comisión, es un grupo informal donde a iniciativa de Gran Bretaña se
empieza a debatir sobre cambiar el modelo de inspección en los mataderos, con el objetivo -se lo digo como pincelada dada con brocha gorda- de hacer en los mataderos lo mismo que se hace en otras industrias agroalimentarias, que no sea necesaria
ni imprescindible la presencia de controladores oficiales públicos, es decir, de veterinarios públicos, sino que sean del propio matadero. Esto se está debatiendo ahora mismo en este grupo de trabajo, no en la Comisión Europa, grupo en el
que no hemos impedido a ninguna comunidad autónoma que vaya. De hecho, ha habido comunidades autónomas que han ido, y me consta, por ejemplo, Castilla y León nos manifestó que estuvo en la última. Como es un grupo informal, la comunidad autónoma
que quiera ir, puede ir cuando la convoquen, igual que nosotros, como agencia, si no queremos ir, no vamos. ¿Por qué no hemos ido a la última reunión? Se lo digo, como se lo dijimos a las comunidades autónomas y al grupo de Lyon, porque ellos nos
decían que si viene España, aunque sea un grupo informal, lleváramos una postura unánime. Eso lo planteamos a la Comisión institucional, que es el organismo de coordinación de las comunidades autónomas, puesto que estamos hablando de un tema que es
de su competencia exclusiva, que es el control oficial. Tuvimos un largo debate sobre si había una postura unánime que llevar y no la hay. Hay comunidades autónomas, por cierto la minoría, que están de acuerdo con el grupo de Lyon y la mayoría no
está de acuerdo en que se modifique el sistema de inspección en mataderos. La comunidad autónoma que ha querido ir ha ido y la que no ha querido ir no ha ido. No es un grupo formal, y no hay unanimidad de las comunidades autónomas. Es más, hay
más comunidades autónomas que se inclinan por no cambiarlo que por cambiarlo.
Esta es la situación actual. Yo comprendo que Galicia lo defiende mucho.
Lo ha dicho siempre en la Comisión institucional, pero es la posición de Galicia, y Galicia no
puede comprometer la composición del resto de las comunidades autónomas. Galicia, sobre la base de su postura, no nos puede hacer una acusación genérica en el sentido de que no vamos, de que no asistimos, de que no convocamos y de que no opinamos
en el grupo de Lyon, es que no hay una postura unánime de las comunidades autónomas en España como responsables que son del control oficial. Ya lo hemos propuesto en varias comisiones institucionales, en algunas de ellas a propuesta de Galicia, en
otras a propuesta de esta Presidencia, y siempre que ha salido el tema hemos llegado a la conclusión de que no hay acuerdo entre las comunidades autónomas, porque hay muchas que siguen creyendo que el actual modelo de inspección es un buen modelo.
En esta línea, en el curso de verano que hemos preparado en la Universidad Complutense hemos incluido un día para hablar de este tema, para que las comunidades autónomas que están a favor expongan por qué están a favor y para las que están
en contra, si quieren, expongan por qué están en contra. Además, hemos invitado a representantes de otros países como Gran Bretaña o Francia para que vengan a explicarnos su postura, porque es un debate que está en toda la Unión Europea. Como he
dicho y consta en las actas de la Comisión institucional, la agencia no va a llevar una postura al grupo de Lyon, porque es un grupo informal. Cuando haya que ir a grupos formales, evidentemente, tendremos que dar nuestra opinión porque vamos como
Estado miembro, pero este es un grupo informal. No vamos a dar nuestra opinión en un grupo informal si no es una opinión consensuada entre todas las comunidades autónomas.
Respecto a los PIF, siempre digo lo mismo: yo no soy el responsable de los PIF. Estamos hablando en la Unión Europea de que hay que homogeneizar los PIF. Lo dice la Comisión y lo decimos los países. Hay veintisiete Estados miembros, hay
más de mil PIF, existen en Polonia, en Alemania, y lo lógico es unificar lo más posible. La Comisión está haciendo un esfuerzo en ese sentido, que nosotros apoyamos, pero no puedo hablar de los PIF puesto que no son mi responsabilidad directa.
Menciona el panga, a través de los PIF. El panga está entrando a través de PIF españoles, de PIF belgas, de PIF alemanes. No hay ninguna especificidad sanitaria que haga rechazar esta importación, no la hay.
Los inspectores de los PIF y
las analíticas que se hacen no han demostrado que haya nada que implique que el consumo de este tipo de producto sea un riesgo para la salud de los consumidores. En cuanto el PIF lo detectase estoy seguro de que nos lo comunicaría por el sistema de
alerta y, automáticamente, nosotros lo comunicaríamos a todas las comunidades autónomas y a toda la Unión Europea. Si no nos lo han comunicado a la agencia es porque seguro que no lo han encontrado.
Hablaba del alto porcentaje de enfermedades alimentarias. Los datos provisionales que nos ha mandado este año la Comisión, que son datos que le mandamos todos los países, es que seguimos descendiendo en las enfermedades de transmisión
alimentaria. Hemos descendido de una manera considerable, con un gran esfuerzo de todas las administraciones -Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas-, se ha descendido de una manera
espectacular en el tema de la salmonela, se está trabajando y el año pasado trabajamos en el tema del campylobacter, este año vamos a trabajar en el tema de listeria, que no es un tema de mucha incidencia, pero sí con una alta tasa de mortalidad,
sobre todo cuando afecta a grupos vulnerables, pero nuestros datos no nos indican un alto porcentaje de enfermedades de origen alimentario.
En cuanto a los Appcc de pequeñas y medianas empresas, efectivamente, es un sistema muy bueno que tienen que aplicar los operadores, porque, como SS.SS. saben, la reglamentación dice que el responsable -y tiene mucho que ver con lo que
usted decía de la inspección de los mataderos, porque ahí se mezcla todo- de poner productos seguros en el mercado no es la Administración es el empresario, y para eso tiene que aplicar obligatoriamente Appcc. Efectivamente, a la pequeña y mediana
empresa a veces le cuesta, son temas en ocasiones complejos y estamos trabajando en grupos de trabajo con las comunidades autónomas, como responsables del control oficial, en establecer lo que también
permiten los reglamentos y que les he dicho en el plan de trabajo que vamos a hacer este año, centrándonos sobre todo en la producción primaria. El reglamento habla de los Appcc y de los códigos de buenas prácticas, fundamentalmente
enfocando los códigos de buenas prácticas a las pequeñas y medianas empresas, por eso he dicho que queremos elaborar códigos de buenas prácticas que sirvan de referencia en toda España y a todas las empresas, centrándonos este año específicamente en
la producción primaria para evitar contaminantes. Me estoy refiriendo a la producción de hortalizas, frutas y verduras para evitar en lo más posible la presencia de residuos de fitosanitarios, centrándonos en una buena práctica que asegure que los
residuos de fitosanitarios que se utilicen en estas explotaciones de producción primaria sean los menos posible. En eso nos vamos a centrar y vamos a trabajar con las comunidades autónomas en un grupo de trabajo.
Lo mismo sucede con el tema de los manipuladores de alimentos. Con los manipuladores de alimentos se ha producido un cambio muy importante en la legislación, a raíz de la conocida como ley ómnibus, y es que antes, lo mismo que sucede con
muchos temas, la autorización era previa y ahora ya no lo es. La formación en manipulación de alimentos es un tema más de punto de control crítico, con lo cual será a posteriori cuando el inspector de la comunidad autónoma comprobará si esa
formación se ha hecho correctamente o no. Nos ha dicho el sector reiteradamente que hay gran disparidad de criterios en cuanto a los requisitos entre unas comunidades autónomas y otras. Incluso a veces asociaciones de empresarios nos han puesto de
manifiesto por escrito que la formación realizada en una comunidad autónoma -sobre todo las grandes cadenas que tienen restauración en gasolineras y que, evidentemente, están en diferentes comunidades autónomas-, cuando al trabajador le cambian de
una comunidad a otra, no se la permiten. Ese es un tema en el que nos hemos tomado mucho interés. Las comunidades autónomas quieren que homogeneicemos, estamos trabajando y acordamos en una comisión institucional reciente establecer unos mínimos
básicos que sirvan para todas las comunidades autónomas.
En relación con el plan de reducción de la sal, me estoy refiriendo a la segunda fase para no confundirlo con la labor que ya se hizo, referida al pan, donde hemos conseguido reducir un 20 por ciento la sal que se emplea en las masas del pan
en España. Esa fue la primera fase, que nos sirvió para darnos cuenta de que se puede hacer un esfuerzo en reformulación sin que se note en el sabor y sin que afecte a la seguridad. La sal tiene un efecto de seguridad alimentaria, se puede reducir
hasta unos límites, en ciertos productos no se puede reducir más porque podría dar lugar a problemas de seguridad alimentaria, ya que la sal también evita la humedad y, por tanto, evita la propagación de bacterias. Hemos visto en las analíticas que
hemos realizado que dentro de los mismos quesos, de los mismos embutidos hay variabilidades de hasta el 800 por cien, con lo cual haciendo reformulación se puede actuar.
Las líneas de trabajo las está concretando el grupo de trabajo, pero fundamentalmente tienen que ir en dos líneas, que son sobre las que todo el mundo tiene consenso, y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Una es la industria, animándola y
trabajando con ella en reformulación de alimentos -por eso hemos hecho el estudio para saber exactamente cuánto tiene, es decir, que vaya bajando paulatinamente el contenido de sal de algunos productos-, y la otra es la población, educando
sanitariamente también para que seamos conscientes de este consumo excesivo y lo vayamos reduciendo.
Asimismo, en el marco de la Presidencia de la Unión Europea estamos promoviendo la iniciativa europea de la sal. Hoy precisamente hay una reunión técnica en Bruselas para ello. Nuestro objetivo es que en el Consejo de Ministros de Sanidad
del mes de junio, como finalización de la Presidencia rotatoria europea de España, se apruebe esta iniciativa de la sal, donde se insta a todos los Estados miembros a realizar políticas para reducir el contenido de sal en los diferentes alimentos,
pero para eso también queremos trabajar profundamente aquí en España.
En relación con el Perseo, las comunidades autónomas que hasta ahora han participado en este proyecto son: Murcia, Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, y Galicia. Pero de las medidas que se han sacado de ese dato que usted
decía -que es cierto, que en el 51 por ciento de los comedores escolares no se da una dieta adecuada-, todas las comunidades autónomas estamos trabajando en unas pautas comunes para que se apliquen en todas las comunidades autónomas de una misma
manera. Los trabajos van por buena línea y podemos tener un documento bueno no muy tarde.
En cuanto al etiquetado nutricional, no le puedo garantizar el acuerdo. Lo que le puedo garantizar es que vamos a trabajar para el acuerdo, pero garantizar el acuerdo, no. ¿Qué postura defiende España? Se la resumo. En cuanto a los
productos que se deben anunciar son: macronutrientes, hidratos de carbono, grasas -especificando las grasas parcialmente hidrogenadas, es decir, las grasas trans-, azúcares y proteínas. Esto es lo que estamos defendiendo. ¿Cómo informamos? Con
cantidades diarias recomendadas que se pongan en el producto. En lo que se refiere al tamaño de letra, hay países que defienden que 3 milímetros y otros 1,5. Lo que queremos es que se vea y que no haga falta emplear la lupa. Por eso creemos que
con 1,5 ó 1,7 puede ser suficiente. En cuanto al emplazamiento se discute si debe ir en el frontal o en un lateral.
Nosotros pensamos que si es en el frontal, mejor, pero si no, que se ponga en otro sitio donde se vea claramente. ¿Qué
discrepancias existen en estos momentos? Hay países como Gran Bretaña y los países escandinavos que tienen métodos propios. Por ejemplo, los anglosajones tienen el método de semáforos. En España -como no hay una reglamentación en toda Europa- hay
algunas cadenas que lo están utilizando,
poniendo el color rojo, amarillo o verde en función del contenido de un producto para que el consumidor, con un simple vistazo, lo tenga más claro. Nosotros defendemos la postura de las cantidades mínimas recomendadas porque a veces los
colores pueden llevar a error, ya que depende de la cantidad que te comas. A otros países, como los escandinavos, que tienen unos sistemas propios, como el sistema de llaves, que les cuesta mucho cambiar. Lo que estamos negociando -estamos
hablando de veintisiete Estados- es que con aquellos países que tienen más desarrollados estos mecanismos se establezcan periodos transitorios que les permita seguir con sus mecanismos hasta que los consumidores de sus países se vayan acostumbrando
a un etiquetado común en toda Europa.
Le puedo garantizar que vamos a dedicar todo el esfuerzo porque es fundamental que el consumidor tenga esta información y que, además, en este mercado globalizado la tenga de una manera uniforme o lo más
uniforme posible.
En cuanto al código PAOS, creemos que es un buen código. Vamos a analizar en la comisión de seguimiento los cinco años de código, porque pensamos que en estos cinco años el código se debe ampliar; debe ser más ambicioso, aumentando las
edades -si es posible- no solamente hasta 12 años, sino a 13 ó 14. También queremos que la definición de población a la que va dirigida el anuncio sea más concreta. Es decir, queremos que se desarrolle más. Ha tenido buenos resultados, pero
queremos que tenga más.
Así contesto también a la pregunta que me hacía el Grupo Socialista sobre si es necesario endurecer la publicidad infantil. En el anteproyecto de ley se endurece, pero hemos dicho en todas las reuniones que en la medida en
que consigamos que la autorregulación, es decir, el compromiso de la industria, sea mayor, avance más, evidentemente hará menos necesaria la legislación. Si entendemos por endurecer que controlamos más el contenido de los anuncios y que tenemos
franjas de protección horaria para anuncios, evidentemente, en el anteproyecto de ley se endurece la publicidad y es necesario endurecerla, salvo que lleguemos a grandes acuerdos con la industria agroalimentaria y con los consumidores, todos juntos,
para los códigos de autorregulación. ¿Por qué? Porque los códigos de autorregulación nos aseguran un mecanismo de mayor y más rápida actuación. Señorías, hay que tener en cuenta que -y creo que se debatió en esta Cámara aunque en relación con esa
competencia afecta poco, me refiero al proyecto del ley general audiovisual que también tiene que ver con publicidad y, por supuesto, con publicidad de alimentos- si una empresa incumple, desde el punto de vista legal, quien tiene la responsabilidad
y la competencia de sancionarla es la comunidad autónoma, no es la Administración General del Estado. Y si los soportes no son los responsables de lo que se emita sino que la responsable es la empresa, en este caso, la responsable de que se cumpla
todo lo que tengamos en publicidad serán las comunidades autónomas, con todo lo que implica en un proceso administrativo de garantías judiciales, de apertura de expedientes, de pruebas, contrapruebas -que es lógico- y los recursos oportunos. Las
campañas de publicidad, por su propio mecanismo, a veces son campañas de dos meses, y cuando ya se ha cumplido todo esto, en efecto, ha pasado. Por eso, apostamos desde un punto de vista práctico, sin renunciar a que el código PAOS sea cada vez más
estricto, por llegar a acuerdos -si creemos que es bueno- con la industria y con los consumidores, ampliando el código PAOS y haciéndolo extensivo no solamente a la población infantil sino hacer códigos propios para la población adulta, que
evidentemente no tienen que ser los mismos que los de la población infantil pero también sería bueno, y estamos hablando con la industria para que tengan ese tipo de códigos. Concretamente, en la pregunta que hacía S.S. de empresas, creo que son
33 ó 34, no me acuerdo exactamente. Pero sí le puedo decir que de las empresas que están en el código PAOS, de las que estaban adheridas, son las que hacen el 96 por ciento de la inversión en publicidad de alimentación infantil. Pero ahora mismo,
por el acuerdo que conseguimos firmar en septiembre con las cadenas de televisión, da prácticamente igual que esté adherida o no, porque la cadena de televisión va a pedir siempre la copia previa antes de emitirlo. Por lo tanto, en realidad están
el 96 por ciento de las empresas que invierten en publicidad, pero en la práctica, a raíz del acuerdo que firmamos con las televisiones en septiembre del año pasado, están en el cien por cien, en lo que es soporte televisión, evidentemente.
Con esto doy cumplida cuenta, aunque como siempre algo se me quedará. No obstante estoy a disposición de SS.SS para todo aquello que deseen cualquier otro día u hoy mismo, por supuesto.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. (La señora Do Campo Piñeiro pide la palabra.) Lo siento, pero no podemos tener turno de réplica porque sería una
descortesía con los siguientes comparecientes que se han acumulado esta mañana y tenemos que dar paso a la siguiente comparecencia. Suspendemos un minuto la sesión para despedir al compareciente y dar la bienvenida al siguiente. (Pausa.)
DEL SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO (MOZA ZAPATERO), PARA:
- INFORMAR SOBRE EL MODELO DE AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CON CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7 POR CIENTO DEL IRPF. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000962.)
- PRONUNCIARSE RESPECTO A LA APROBACIÓN EN PLENO DE LA ENMIENDA CONJUNTA A LA MOCIÓN CONSECUENCIA DE
INTERPELACIÓN URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS CON EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA GESTIÓN Y LA FINANCIACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES Y, ESPECIALMENTE, DE LA LEY DE
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL, EN LA QUE SE ACORDÓ LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7 POR CIENTO DEL IRPF, COMO TAMBIÉN CONOCIDO EL COMUNICADO CONTRADICTORIO FIRMADO POR PEDRO ZEROLO, SECRETARIO DE MOVIMIENTOS SOCIALES
DEL PSOE, POR SOLEDAD PÉREZ, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MISMO PARTIDO, Y LAS DECLARACIONES DE LA MINISTRA EN EL PLENO DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS (Número de expediente 213/000178.)
- INFORMAR SOBRE LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO DE MODIFICAR LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA FINES DE INTERÉS SOCIAL CON CARGO AL 0,7 POR CIENTO DEL IRPF, CON EL OBJETIVO DE LIMITAR LAS SOLICITUDES A
LAS ENTIDADES DE ÁMBITO ESTATAL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000308.)
- INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO PARLAMENTARIO RESPECTO A LA PROGRESIVA DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7 POR CIENTO DEL IRPF, QUE ESTABLECEN LOS PUNTOS 8 Y 9 DE LA MOCIÓN CONSECUENCIA DE
INTERPELACIÓN URGENTE SOBRE LA GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES Y, ESPECIALMENTE, DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA
REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (Número de expediente 213/000310.)
- INFORMAR SOBRE LA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL 0,7 POR CIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(Número de expediente 213/000322.)
La señora VICEPRESIDENTA: Señorías, reanudamos la sesión.
A continuación va a tener lugar la comparecencia del secretario general de Política Social y Consumo, para informar sobre el modelo de ayudas para el desarrollo de programas sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento
del IRPF. A esta comparecencia se suman cuatro peticiones más de los grupos de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de Convergència i Unió. Todas ellas se van debatir conjuntamente.
Tiene la palabra el señor secretario general de Política Social y Consumo, don Francisco Moza.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO (Moza Zapatero): En primer lugar, quiero dar las gracias a todos por darme la oportunidad de explicar las convocatorias del 0,7 por ciento del IRPF, tanto de los resultados que hemos
tenido en el año 2009 como las iniciativas que vamos a tomar en consideración para el año 2010. Intentaré ser lo más conciso posible y dar toda la información que requieran.
En cualquier caso, quiero comenzar haciendo una reflexión previa acerca de la importancia de estas organizaciones sociales en nuestro país. El tercer sector en España ha cambiado mucho. En los últimos años las ONG de nuestro país se han
modernizado, son cada vez más útiles a la sociedad y son cada vez más participativas. El modelo social y las organizaciones sociales se han transformado al mismo ritmo que el resto del país y hoy en día son ejemplo de democracia interna y son
ejemplo de cómo se hacen las cosas en nuestro país de manera eficiente y con atención inmediata a los ciudadanos. Además son, sin lugar a dudas, un elemento fundamental del que nos ayudamos las distintas administraciones para desarrollar una parte
sustancial, una parte importante, de las políticas sociales no solo desde el punto de vista de la ejecución inmediata, sino también en cuanto a la interlocución y a su capacidad de trasladarnos la realidad y las necesidades de los ciudadanos en el
día a día. Además, no quiero dejar de resaltar que es una fuente constante de creación de empleo. En nuestro país, 670.000 personas son empleadas por el sector no lucrativo y si además incluimos la parte de la economía social, nos estaremos
encontrando con que 1,2 millones de personas son empleadas por la economía social de nuestro país. Esto sin lugar a dudas muestra la potencialidad y la capacidad que tienen las ONG en poder desarrollar el día a día y en poder generar una actividad
económica sostenible. Además son una herramienta fundamental en la atención directa al ciudadano y en la atención directa especialmente a los ciudadanos
más vulnerables. En la lucha contra la exclusión social, que además este año tiene especial significación, son un aliado estratégico fundamental porque esa capacidad de atención directa es de reconocer. Además son una escuela de valores
democráticos. Muchas de las personas que hemos pasado por el movimiento asociativo sabemos que es una buena escuela de valores, es una escuela de principios, es una forma de entender la ciudadanía.
Además se está produciendo un fenómeno, que
mientras hace unos años la mayor parte de los voluntarios eran personas jóvenes, en estos momentos la incorporación de las personas mayores al voluntariado de nuestro país está produciendo que sea un espacio de interrelación y de intercambio
generacional y de experiencias de las personas mayores de nuestro país.
En definitiva, estas entidades cuentan con experiencia y especialización cuando se trata de poner en marcha medidas que tienen que llegar a los grupos de exclusión con más dificultades para acceder al empleo. Esta experiencia les viene dada
porque están en el terreno de modo permanente, conocen directamente a las personas a las que se han de dirigir y cuentan con la confianza de las mismas. Asimismo, cuentan con una innegable flexibilidad y capacidad para adaptarse a las
circunstancias individuales de cada persona, independientemente de su grupo de pertenencia.
Por todo ello, el Gobierno está apostando decididamente por reforzar el tercer sector de acción social mediante distintas acciones. Obviamente las ayudas concedidas a través del 0,7 por ciento del IRPF son una herramienta fundamental para
este refuerzo. Fruto del compromiso del Gobierno con las ONG, suscrito en el acuerdo marco del tercer sector, el año pasado tuvimos la oportunidad de incrementar la cuantía, pasando del 0,52 al 0,7 por ciento, que es un incremento sustancial que
nos ha permitido reforzar este sector de manera fundamental. Además -y luego me referiré a ello-, en el año 2010 se va a unir a este refuerzo un fondo extraordinario de 30 millones de euros que va dotar el Gobierno y que se aprobó en el Consejo de
Ministros hace dos semanas, para apoyar los programas de inserción sociolaboral gestionados directamente por las organizaciones no gubernamentales, una necesidad pactada con las propias organizaciones no gubernamentales y dirigida hacia aquellos
aspectos que nos han solicitado un mayor refuerzo. Una apuesta que queda clara con los resultados del año pasado, tanto por las cantidades invertidas como por el nuevo modelo de concesión que pusimos en marcha el año pasado, apoyado en la PNL que
aprobó esta Cámara.
En cuanto al año 2009, señorías, me van a permitir que les detalle brevemente los resultados de la convocatoria. En el año 2009 la recaudación total fue de 245,5 millones de euros, que como saben al Ministerio de Sanidad le corresponde
aproximadamente el 77 por ciento para la subvención de otros fines de interés social para ONG de acción social. Eso supuso aproximadamente 191 millones de euros, un incremento de más del 40 por ciento con respecto al año anterior. En la
convocatoria del año 2009 presentaron solicitud de subvención 743 entidades, más de 1.810 programas, de los que fueron subvencionados 1.013 programas a realizar por 378 entidades, con un importe total de 190.782.795 euros, que eran objeto de
convocatoria, obviamente el cien por cien. Los objetivos prioritarios que coinciden bastante con la PNL que ustedes aprobaron son básicamente tres: en primer lugar, la lucha contra la pobreza y la exclusión social; en segundo lugar, las
actuaciones para la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia y, en tercer lugar, la promoción del voluntariado. Eran los tres grandes objetivos que nos fijamos el año pasado en la convocatoria del 0,7.
Con respecto al año anterior, los programas con mayor incremento tienen que ver con estos tres objetivos. En el primero de los objetivos de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, los programas dirigidos a la inclusión social se
incrementaron en un 81,84 por ciento, el mayor incremento que nunca se había producido en este capitulo, al igual que el resto de capítulos que voy a detallar. Los programas dirigidos a la población gitana se incrementaron casi en un 60 por ciento,
en un 58,47 por ciento, y los dirigidos a familias con dificultades sociales en un 40 por ciento. Por otro lado, también se incrementó la financiación de los programas relacionados con las personas dependientes de nuestro país.
Concretamente a los
programas dirigidos a la atención de personas mayores se vieron incrementados en un 63,14 por ciento y los programas dirigidos a la atención a personas con discapacidad en un 51,7 por ciento. El tercer objetivo, que era la promoción del
voluntariado, fue incrementado casi en un 60 por ciento. En definitiva, los tres objetivos sufrieron incrementos sustanciales por encima de media del 60 por ciento con respecto a lo subvencionado el año anterior, lo cual es el mayor incremento que
se ha producido nunca en la atención a estos colectivos y en la subvención a las ONG de acción social de nuestro país.
¿Cuáles son las principales ONG beneficiarias de estas subvenciones? Por ejemplo, Cruz Roja recibió 33,3 millones de euros, la mayor subvención que se ha dado en este país a una ONG de acción social. Cáritas recibió 18,6 millones de euros,
un incremento muy sustancial con respecto al año anterior. Más de 51 millones de euros, casi 52, a las dos entidades más importantes en atención social a este país y que eso les está posibilitando, entre otras cosas, la atención directa y
personalizada a los colectivos de mayor riesgo y vulnerabilidad de nuestro país. Cáritas y Cruz Rojo son especialmente beneficiadas en este sentido, como además ustedes aconsejaban en la propia proposición no de ley. Asimismo han sido beneficiadas
la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, con 7 millones de euros, y la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, con 6,7 millones de euros. Por orden de ámbito
-sin nombrar a estas grandes entidades, Cruz
Roja, Cáritas y las que están por encima de los 6,7 millones de euros-, con respecto al ámbito de personas mayores quiero destacar que la Fundación Juan Ciudad recibe 6,3 millones de euros, la Confederación Española de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y otras demencias, 5,1 millones de euros, la Hermandad de los Ancianos Desamparados, 3,3 millones de euros, la Federación de Residencias y Servicios de Atención al Mayor, del sector solidario Lares, 3,3 millones de euros, todos ellos en
la atención básica a personas mayores. También es importante la atención a otros grupos de actividad, como las personas en situación de drogodependencia, entre las que se ha subvencionado a la Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención
a la Drogodependencia, con 2,4 millones de euros, Proyecto Hombre, con 1,9, y el resto de entidades que se han beneficiado de incrementos por encima del 40 por ciento en todo lo que tiene que ver con política de drogas. Además se ha subvencionado a
la Confederación de Desarrollo Rural, con 2,2 millones de euros, y a Secretariado Gitano, en la atención al pueblo gitano, con 2,1 millones de euros. En definitiva, el cambio del 0,5 al 0,7 nos ha posibilitado incrementar cuantías, y se han
focalizado esas cuantías en los colectivos más desfavorecidos. La atención directa al ciudadano en mayor riesgo de vulnerabilidad ha primado en la concesión de estas subvenciones, y en ese caso, como decía antes, Cáritas y Cruz Roja son dos buenos
ejemplos de ello.
Hay otras modificaciones no tanto de cuantías sino de formato o de modelo que también se pedían en la PNL y que se han seguido durante el año 2010 y se van a potenciar y a desarrollar aún más en los años 2010 y sucesivos. En el año 2009, el
10 de marzo se aprobó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que finalmente se debatió junto a una de Convergència i Unió y se transaccionó por el resto de los grupos.
A continuación voy a referirme a algunos aspectos de los que marcaba esta PNL y que han conllevado cambios en el modelo de concesión de subvenciones del 0,7 por ciento del IRPF. Primero, se pedía en esta proposición no de ley que los programas
fueran aprobados por las comunidades autónomas. Pues bien, tanto los programas de 2009 como los que se desarrollan en 2010, todos han sido previamente pactados, trabajados por los directores generales y finalmente aprobados por las comunidades
autónomas; es más han sido aprobados por las comunidades autónomas de manera unánime, lo cual es una cuestión importante. Segunda cuestión, los programas subvencionados debían ser pactados también con las comunidades autónomas en aras de respetar
la planificación de las comunidades autónomas. Pues bien, en la orden del año pasado -este año afianzamos aún más la orden que ha sido aprobada por las comunidades autónomas en ese sentido- no hay ningún proyecto dentro de la concesión de
subvenciones que no haya sido informado favorablemente por las comunidades autónomas. La orden de convocatoria de subvenciones recogía que no podría ser tomado en consideración ningún programa que las comunidades autónomas no hubieran informado
favorablemente. Es más, se ha hecho una labor de consulta y de informe por la Administración General del Estado a todas las comunidades autónomas, para codecidir con las comunidades autónomas todos los programas que han sido presentados, lo cual
supone un cambio sustancial con lo que pasaba hasta el año pasado, es decir que ese informe no era vinculante. En este caso y a petición suya, ese informe es vinculante y ahonda en un modelo de codecisión con las comunidades autónomas.
En tercer lugar, además en el caso de programas cuya ejecución no rebase el ámbito autonómico había una petición expresa de esta Cámara para que se incluyera la posibilidad de financiarse, y se incluyó dentro de la orden que todo aquello que
las comunidades autónomas declaraban de interés general podía ser financiado. No se han excluido programas que la comunidad autónoma haya considerado prioritarios, incluso cuando no eran de ámbito estatal, siempre y cuando fuera reconocida esa
utilidad por parte de la comunidad autónoma.
En relación con la convocatoria del año 2010, que ha sido aprobada hace dos semanas por las comunidades autónomas también por unanimidad, hemos introducido nuevas mejoras en la línea de la proposición no de ley. En primer lugar en cuanto a
la cuantía, para subvencionar de manera más importante a las organizaciones no gubernamentales de nuestro país. En ese sentido, como saben, entre la convocatoria de 2008 y la de 2010 el cambio fundamental es el paso del 0,5 al 0,7 por ciento del
IRPF. Eso para el año 2010 va a suponer que, con respecto a 2008, se va a incrementar en un 52 por ciento la cuantía subvencionada, o sea en más de 70 millones de euros respecto a lo que se subvencionó en el año 2008.
Como datos generales voy a
destacar que la recaudación provisional de la asignación tributaria correspondiente a fines de interés social, del periodo impositivo 2008, asciende a 263,6 millones de euros, de los cuales al Ministerio de Sanidad y Política Social le corresponde
distribuir 77,72 millones de euros, lo que supone un importe total de casi 205 millones de euros. Como les digo, 70 millones más de lo que se distribuía hace apenas dos años, con lo cual su petición de que se incrementaran los recursos a las ONG
por este capítulo ha sido recogida.
Respecto al crédito en el año 2009, el incremento de este año es de más de 14 millones de euros, o sea respecto a 2008 son 70 millones de euros, con respecto a 2009 son 14.151.308 euros, con lo cual tendremos
posibilidad de incrementar los recursos de manera sustancial. Por cierto las comunidades autónomas, al igual que en el consejo sectorial, dispusieron junto con la Administración General del Estado que esos 14 millones de euros fueran íntegros a
financiar medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, de modo que por esta vía veremos reforzada la actuación de las organizaciones que tienen mayor contacto con las personas en
mayor riesgo de vulnerabilidad de nuestro país de manera muy significativa este año.
Además este año se produce un nuevo avance respecto a la convocatoria, tanto con los actores públicos, el resto de organizaciones no gubernamentales, como con las ONG implicadas. En el mes de diciembre se realizó una consulta por escrito a
las distintas direcciones generales de las comunidades autónomas y a los departamentos ministeriales además de a todas las organizaciones que integran el pleno del Consejo Estatal de ONG de Acción Social sobre las bases reguladoras del año 2010.
Las respuestas definidas, que habían sido previamente trabajadas con directores generales y ONG, no modifican el texto normativo de manera sustancial aunque sí suponen mejoras respecto a los programas. Y paso a detallarles algunas de las mejoras o
algunos de los programas nuevos que se incluyen este año con respecto a años anteriores. En primer lugar, se constata por las comunidades autónomas el cambio sustancial que se ha producido en su participación y en su capacidad de decisión sobre los
programas, con el fin de que sean complementarias con la planificación y programación de las comunidades autónomas. Además las ONG han manifestado el incremento de su grado de satisfacción en los distintos plenos del Consejo Estatal de ONG de
Acción Social y en las reuniones que hemos ido manteniendo con ellas. En este sentido -para reforzar el papel de las comunidades autónomas-, se incluye este año, además de la exclusión de todo aquel programa que no encaje con las prioridades de las
comunidades autónomas, que tienen carácter prioritario los programas que tiendan a completar las políticas públicas de las administraciones y en especial de las comunidades autónomas, con lo cual ya no es solo que en la orden se refleje que no se
aprobará ningún programa que no recoja el beneplácito de las comunidades autónomas, sino que además se establece en la orden que se va a dar prioridad a aquello que en la comunidad autónoma se da prioridad, cuestión que el año pasado ya se realizó
de manera bilateral con cada una de las comunidades autónomas y en la que este año hemos querido profundizar a través de la orden.
En segundo lugar sobre los distintos programas, hemos pretendido reforzar aquellos que van dirigidos a personas con mayor riesgo de vulnerabilidad en distintos ámbitos, tal como decía la proposición aprobada por esta Cámara.
En materia de infancia y familia se considera la introducción de programas innovadores que contemplen criterios de calidad, de evaluación y que incorporen buenas prácticas, sobre las que existe un consenso para la mejora de los servicios
residenciales en menores en situación de dificultad y/o conflicto social. Ya verán que es una dinámica que hemos intentado seguir en todos los programas. A todo lo que tenga que ver con planes de calidad, con estrategias de calidad y con programas
de calidad se ha dado una prioridad este año por petición expresa de las organizaciones no gubernamentales. En cuanto a personas mayores, se ha solicitado por algunas comunidades autónomas y se ha incluido el fomento de programas de apoyo a
personas cuidadoras dentro de los programas del 0,7 del IRPF.
En cuanto a personas con discapacidad, se consideran necesarios los programas dirigidos a cubrir las necesidades específicas de personas con enfermedad mental que cumplan los requisitos establecidos por la comunidad autónoma correspondiente
según su cartera de servicios y líneas estratégicas. Nos queremos asegurar de que todos los programas que sean aprobados lo sean con el consenso de las comunidades autónomas y entren en esa planificación estratégica de las comunidades autónomas.
También en cuanto a personas con discapacidad, se va a financiar la realización de obras para adecuar las infraestructuras de los centros para personas con discapacidad en situación de dependencia con respecto a la normativa vigente, en todo lo que
tiene que ver con el código técnico de edificación, con accesibilidad y con la mejora para que se atienda con mayor calidad a las personas con discapacidad. Se aprueba el fomento de los programas de mantenimiento de pisos de apoyo para el
alojamiento de familias desplazadas por motivos médicos.
En cuanto a los programas de personas en situación de drogodependencia, se va a potenciar todo lo que tiene que ver con programas preventivos dirigidos a los espacios de ocio nocturno, y en especial al alcohol y menores. En cuanto a las
personas migrantes solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional, hay dos nuevos programas: el programa que promueve la igualdad de trato y no discriminación y la asistencia a víctimas de discriminación y, en segundo lugar,
los programas que favorezcan la inserción laboral de las personas reagrupadas.
Por último, en cuanto a la promoción del voluntariado se va a hacer un especial esfuerzo en financiar programas de calidad y planes de calidad realizados de manera externa y que fomenten el voluntariado y la eficacia y eficiencia de los
programas de las entidades no gubernamentales de nuestro país. En definitiva, se ha avanzado en el consenso con las ONG en los programas a subvencionar para mejorar la eficacia y eficiencia de los mismos; además se han introducido, tal y como
decía la proposición no de ley aprobada aquí, procesos de codecisión con las comunidades autónomas introduciendo garantías para las comunidades autónomas en el sentido de que se subvencionan aquellos programas que son prioritarios para la comunidad.
Me van a permitir que aunque no sea exactamente del 0,7, también lo remarque, porque va a seguir la convocatoria del 0,7 y fue aprobado con los mismos criterios por decisión de las comunidades autónomas el Gobierno se ha dotado de un plan
extraordinario de fomento de la inclusión social. Una de las medidas que contempla es la creación de un fondo de 30 millones de euros para atención a las personas en riesgo de exclusión social, y básicamente para la atención sociolaboral de estas
personas.
Ese fondo se divide en dos. El primero de ellos son 15 millones de euros que van a ir dirigidos a Cáritas, Cruz Roja, Secretariado Gitano y la Fundación ONCE, que son las entidades que dirigen o coordinan el programa operativo español que
deviene, como saben, de los presupuestos europeos y que tenían dificultades de financiación. Por eso se ha dotado un fondo extraordinario de 15 millones de euros para cofinanciar ese programa operativo, que es una herramienta fundamental para la
inclusión sociolaboral de las personas con mayores riesgos de exclusión social.
Además de ese fondo que, como decía, va a ir a Cáritas, a Cruz Roja, al Secretariado Gitano y a la Fundación ONCE, hay otro fondo también de 15 millones de euros que va
a ir a actividades de inserción sociolaboral, de inclusión activa, dirigida al resto de entidades que trabajan en inclusión activa y que no están gestionando directamente el programa operativo de la Unión Europea. La gestión de estos fondos va a
ser similar, por no decir la misma -sobre todo el de los últimos 15 millones de euros, el del resto de ONG-, a la del resto del 0,7 del IRPF. En primer lugar, estos recursos se destinan a programas de inserción sociolaboral previstos en la
convocatoria de subvenciones a cargo del 0,7 del IRPF que han sido aprobados -tanto este fondo como el programa- en la conferencia sectorial. En segundo lugar, que la tramitación, valoración de los programas y participación de las comunidades
autónomas sean idénticas a las establecidas en el 0,7 del IRPF. Aunque eso no era un ámbito que abarcara su proposición no de ley, nos parecía lógico y razonable que siguieran los mismos criterios que estamos aplicando en estos momentos en el 0,7.
Por último, que las entidades beneficiarias de las subvenciones sean entidades sociales, cualesquiera que sea su ámbito de actuación, siempre y cuando se respete que, cuando sea un ámbito de actuación autonómico, tiene que venir refrendado por la
comunidad autónoma en cuanto a que es de utilidad para la misma.
En resumen, y por no alargarme mucho más, el año pasado y este año vamos a disponer de más recursos que vamos a destinar prioritariamente a todo lo que tiene que ver con personas en riesgo de exclusión social. Es cierto que las ONG de
nuestro país están haciendo una labor fundamental y que nosotros tenemos que seguir apoyándolas. En ese sentido se van a incrementar los recursos del año 2010 respecto a los de 2008 en más de un 50 por ciento en subvenciones del 0,7 del IRPF,
además del fondo extraordinario de 30 millones de euros del que este año vamos a disponer para financiar a ONG como Cáritas, Cruz Roja, Secretariado Gitano o la Fundación ONCE, además de otros, para mejorar o incrementar la labor que están
realizando en el día a día, en función de las prioridades siempre establecidas con las comunidades autónomas, comunidades con las que hemos cambiado el modelo durante el año pasado -hemos profundizado en él durante este año- para cumplir con lo que
ustedes nos pedían, que era que tuvieran capacidad de codecisión, capacidad de decir no a los programas que no entraran dentro de su planificación, y que pudieran priorizar entre las distintas propuestas de su comunidad autónoma, lo cual se ha hecho
una por una con todas las comunidades autónomas, tanto en la conferencia sectorial como de manera bilateral con cada una de las comunidades. Eso se ha reflejado en que las convocatorias de este año se han aprobado por unanimidad por las comunidades
autónomas y por unanimidad en el Consejo Estatal de ONG de Acción Social, lo cual creo que es una buena noticia en estos momentos por parte de todos.
La señora VICEPRESIDENTA. Corresponde ahora a los grupos parlamentarios por orden de la petición de comparecencia. Le tocaría al señor Tardà, de Esquerra Republicana, pero me ha pedido cambiar el turno porque tiene que intervenir en otra
Comisión. Si les parece bien, le daremos la palabra cuando pueda. Le corresponde entonces al señor Campuzano, de CiU.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Agradezco al señor Moza su comparecencia y la información que nos traslada. Su comparecencia se produce en un marco político muy concreto con relación a todo lo que está vinculado a la gestión y el diseño de
las subvenciones del programa del 0,7 por ciento del IRPF, que responde básicamente a una reivindicación que desde hace años viene formulando la sociedad civil catalana articulada en diversas plataformas, que ha suscitado un amplio consenso político
en Cataluña por todas las fuerzas con representación parlamentaria, y ha sido objeto de diversos debates en la Cámara, todos ellos muy intensos, en los últimos años; todos ellos orientados a plantear que ese es un programa que por su trascendencia,
por su implicación en realidades muy concretas en los pueblos, en los barrios y en las ciudades y por la definición del propio marco competencial que establecen los estatutos de autonomía, debería ser fundamentalmente gestionado por las comunidades
autónomas.
Ese es un consenso, insisto, que existe en Cataluña, no solo entre los partidos de ámbito catalán, sino incluso con los partidos de ámbito estatal, y no tan solo en el ámbito partidario, sino en el ámbito de la sociedad civil. Fruto de ese
consenso se han trasladado esas diversas iniciativas. Algunas de ellas han tenido un cierto éxito parlamentario en la medida en que han instado al Gobierno a proceder hacia un proceso gradual de distribución territorial de esos recursos, no tan
solo una mayor participación de las comunidades autónomas en el diseño de esos programas, en la participación en el proceso de decisión de la Administración General del Estado sobre qué programas pueden ser subvencionables y cuáles terminaban siendo
subvencionados, sino planteando ir hacia un modelo de gestión territorial de esos recursos. Al menos ese era el sentido de algunas de las iniciativas que se aprobaron, no tan solo esa proposición no de ley a la que usted hace referencia, también
una moción que se aprobó en septiembre de 2008, que es muy explícita
sobre ese planteamiento. Escuchándolo esta mañana mi impresión, conociendo lo que usted definía como un nuevo modelo, es que no estamos frente a un nuevo modelo. Sobre el modelo que viene funcionando desde hace unos cuantos años, el
Gobierno en su visión lo ha perfeccionado, ha mejorado ese nivel de implicación de las comunidades autónomas, ha aumentado las cantidades de recursos destinados a esta política, es indiscutible, pero ese nuevo modelo que responda al pleno respeto
del marco competencial que establecen los estatutos de autonomía y que responda a la letra y al espíritu de los pactos alcanzados en este Congreso de los Diputados, ese modelo no cumple ese requisito. Esta podía ser la opinión de Convergència i
Unió que tendría el valor político de representar la opinión de Convergència i Unió, en todo caso, podía ser contrastado porque los gobiernos autonómicos, como usted decía, podían aceptar ese modelo. Pero en el caso del Gobierno de la Generalitat,
que no es un gobierno de Convergència i Unió, sino que participa su partido político, ha presentado recurso sobre ese modelo. Por tanto, el Gobierno de la Generalitat, con el Partido Socialista al frente, entiende que el modelo continúa vulnerando
las competencias de la Generalitat en materia de política social.
Mi grupo parlamentario entiende que esos mandatos parlamentarios no se han respetado.
¿Qué es lo que pretendíamos en esas discusiones fruto de acuerdos con el Grupo Socialista, y algunos de ellos que provocaron ciertas polémicas públicas dentro del Partido Socialista? Fundamentalmente, tres cosas. En primer lugar, ganar
transparencia en el funcionamiento del sistema con relación al esfuerzo de recaudación que se produce en las distintas comunidades autónomas y el retorno de ese esfuerzo de recaudación a las necesidades de esas comunidades autónomas. Quizá en la
segunda intervención nos pueda dar cifras que indiquen una mejora de la relación entre aquello que se ha recaudado en algunos territorios y aquello que retorna a esos territorios. Bienvenida será esa corrección. Pero lo que estamos pidiendo es
transparencia, que el contribuyente sepa que su esfuerzo de contribución de recursos a las entidades que conoce de su barrio, de su ciudad, de su pueblo, ese esfuerzo individual muchas veces vinculado a un esfuerzo de difusión de los programas
sociales por las asociaciones no gubernamentales, vinculado a veces a muchos programas que se desarrollan en la cercanía de los ciudadanos, que ese esfuerzo se viese reconocido. Y en el sistema continuamos, no solo sin el reconocimiento de ese
esfuerzo de recaudación sino sin esa transparencia que pueda implicar más a los ciudadanos en ese esfuerzo. Es un primer déficit que terminamos sin ver en su explicación de hoy y en la explicación que hace el Gobierno de esta política. Sería bueno
que el contribuyente supiese que su esfuerzo de contribución a estos programas se destinase a aquello que él conoce de personas mayores, de personas con incapacidad, de personas en riesgo de exclusión social. En segundo lugar, pretendíamos
garantizar las competencias existentes en materia de política social que, además, en el caso de Cataluña quedan claramente reforzadas con el Estatuto de Autonomía vigente, votado en las Cortes Generales por el Partido Socialista.
Si se entretiene en leer el Estatuto de Autonomía en aquello que hace referencia a lo que son competencias exclusivas o las subvenciones que otorga la Administración General del Estado, no hay demasiada discusión sobre la interpretación. En
este sentido, el nuevo estatuto de autonomía es mucho más claro, diáfano e indiscutible que el estatuto vigente hasta hace muy pocos años. En Cataluña se le formulaba al Gobierno central una propuesta de consenso en Cataluña, insisto, no solo de
Convergència i Unió, de Esquerra Republicana o de Iniciativa per Catalunya, sino de un consenso del que participara también el Partido Socialista, que era una distribución de esos recurso, y que una parte fuese gestionada directamente por la
comunidad autónoma y otra por la Administración General del Estado, en el contexto de pasar del 0,52 al 0,7. Es evidente que ustedes hacen caso omiso a ese consenso que se formula en Cataluña, no tan solo en el ámbito de lo político sino en el
ámbito de lo social.
Mi grupo tiene la convicción de que están menospreciando en estos momentos la iniciativa de la sociedad civil catalana, quizás con un punto de paternalismo, pero la están menospreciando. Por tanto, mi grupo debe reclamar que
respondan a esa petición de la sociedad civil catalana.
Estos programas, al menos desde la perspectiva de Cataluña, deben formar parte de un proceso en el que tenemos recorrido político y para acuerdos políticos importantes en los próximos meses, si el Gobierno apuesta claramente por avanzar en
la dirección de fortalecer el papel del tercer sector, que pasa por programas vinculados a las subvenciones que gestiona la Administración General del Estado pero que aborda claramente algunas cuestiones claves. En el marco de la política de
mecenazgo tiene sentido que en tiempos de crisis y en tiempos de marcos presupuestarios escasos hagamos un esfuerzos para movilizar recursos de la iniciativa privada hacia las necesidades de interés social, en el marco de la configuración legal del
IVA en relación con las entidades del tercer sector. Una reforma global del programa del 0,7 por ciento del IRPF debe ir vinculada a esas medidas que sí le corresponden al Estado. Señor Moza, quizás desde la perspectiva de las competencias del
Estado, más relevante que gestionar un programa general de subvenciones desde la Administración General del Estado -insisto en que se me escapa en muchos sentidos su utilidad- existen ámbitos de la competencia del Estado como el marco fiscal para el
mecenazgo, el marco fiscal del IVA para las entidades del tercer sector, la configuración de las bonificaciones a la política de empleo con relación a la iniciativa social. Es interesante, señor Moza, el informe del grupo académico del señor
Toharia, de la Universidad de Alcalá de Henares, sobre la política de bonificaciones que apunta que en la economía social esa política de bonificaciones, que en otros
ámbitos ha sido seguramente muy ineficaz, tendría mucho sentido. Existen responsabilidades del Estado donde hay un recorrido importante para hacer políticas y en cambio, ahí somos tímidos y se opta por lo que es más fácil, que es un
programa de subvenciones que incumple el marco competencial del que nos hemos dotado y que genera, al menos en Cataluña, un amplio rechazo.
Termino, señora presidenta. Y no solo en Cataluña. Cuando uno tiene ocasión de poder hablar de estas cuestiones con representantes de organizaciones sociales de otros ámbitos autonómicos -gallegas, andaluzas, vascas-, agradecen que desde
Cataluña se esté planteando la necesidad de proceder a una gestión territorial de los recursos del 0,7 del IRPF con una mayor transparencia de esta política. Mi grupo hoy lamenta decir que ustedes no han cumplido con los mandatos parlamentarios,
que no hay un nuevo modelo, que hay un modelo que puede mejorar aspectos del modelo existente, pero que la cuestión de fondo que le planteó esta Cámara al Gobierno desde Cataluña continúa pendiente. Por tanto, vamos a tener que continuar planteando
políticamente en esta Comisión y en el Pleno de la Cámara la necesidad de que este programa se adecue al marco constitucional y estatutario, se dé transparencia al funcionamiento del mismo y forme parte de un programa global de apoyo al tercer
sector.
La señora VICEPRESIDENTA: No veo a los representantes de otros grupos políticos, por tanto, tiene la palabra doña Inmaculada Guaita.
La señora GUAITA VAÑÓ: Gracias, señor secretario general, por su exposición. Quiero decirle que me alegro de la exposición que ha hecho; me alegro después de haberle oído y también después de haber leído el borrador que presentaron el
pasado 2 de marzo, en el que se establece la orden para las subvenciones con cargo al 0,7 del IRPF para el año 2010.
Nos tranquiliza que el Gobierno -voy a utilizar una expresión que se ha utilizando ya en esta Comisión- se haya caído del caballo y
que aquel acuerdo histórico, al que llegaron el Grupo Socialista y Esquerra, no se haya materializado, al igual que no se materializó en la orden de 2009.
Nos alegra, pues, que no haya territorialización ni tan siquiera progresiva
territorialización, y nos alegra porque nuestra postura en este tema ha sido y seguirá siendo la misma. En el Grupo Popular defendemos que la competencia en esta materia es del Gobierno de España, y que en estas ayudas no pueden quedar marginados
los proyectos interesantes que tengan carácter local, provincial o autonómico, como así se establece en la orden. Además, pensamos que los proyectos y criterios recogidos en esta orden deben ser compatibles con las diferentes políticas sociales que
ya existen en las comunidades autónomas y en los municipios, y entendemos, por tanto, que estas ayudas son para los ciudadanos que lo necesitan, para los españoles, al margen de criterios territoriales y de recaudación. Aunque los fondos sean
asignados por el Estado, las distintas organizaciones que pueden solicitar la subvención tienen un ámbito estatal, regional e incluso local, y las comunidades autónomas en las que se desarrolla la actividad deben emitir informe previo -como usted
bien ha dicho- que es vinculante. Cabe recordar que este informe es preceptivo desde los ocho años del Gobierno popular en España, no es ninguna novedad que se establece ahora en la orden del 2010.
Los programas procedentes de los fondos del 0,7 constituyen un medio fundamental para el desarrollo de las políticas de solidaridad en todo el territorio nacional, y pensamos que una distribución territorializada en función de datos
económicos o de población primaría unas comunidades y marginaría a otras, por tanto, los principios constitucionales de igualdad y solidaridad quedarían desvirtuados.
El Grupo Popular presentó una proposición no de ley ante esta Comisión -proposición no de ley que fue rechazada por todos los grupos a excepción del nuestro, por supuesto- que en su primer punto decía textualmente: Garantizar que la
asignación del 0,7 de la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que voluntariamente puede destinar cada contribuyente a fines de interés social, se siga distribuyendo por el Gobierno de España. Nos alegramos, pues,
aunque el voto del Grupo Socialista fue en contra, de que el Gobierno apoye en este punto nuestra proposición. Nuestra visión, al contrario de lo que muchos han querido plasmar en el debate de este tema -no hoy sino en otras intervenciones-, no es
altamente centralista sino que es constitucionalista, ya que la Administración General del Estado tiene el título competencial para gestionar con plena autonomía el programa del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y el Gobierno con esta
orden ha venido a darnos la razón. Pero no porque sí, sino porque creemos que debe ser así, por el bien de las más de 25.000 organizaciones no gubernamentales que hay en España y por el bien de los 11 millones de beneficiarios de las mismas que
llenan las crecientes bolsas de pobreza que hay en nuestro país.
Hemos conocido el borrador de orden para la concesión de ayudas para 2010 y entendemos que no cambia respecto al año 2009, simplemente la cuantía económica destinada a la dotación económica y en los dos párrafos que usted ha señalado: en el
tema de la nueva dotación del fondo y en un párrafo que viene a reforzar lo que hemos dicho ahora mismo, que el Ministerio de Sanidad y Política Social tiene atribuidas, entre sus funciones, la promoción de los servicios sociales y el fomento de la
cooperación con las organizaciones no gubernamentales. Según la ministra de Sanidad y Política Social y según usted mismo nos acaba de decir, el importe a distribuir con cargo al 0,7 en este año será de 205 millones frente a los 190 aproximadamente
del año pasado, cosa de la que nos alegramos. También nos ha hablado de un fondo extraordinario de 30 millones. He observado que en el borrador de la orden solo aparecen 15 millones no aparece
el resto de los 15 millones. Nos gustaría saber cómo se van a articular el resto de los 15 millones de los que usted ha hablado. Tampoco en la orden del año pasado se establecía, al finalizar la misma, la dotación pormenorizada económica
para todos los colectivos y programas. En este borrador ni usted lo ha explicado aquí ni en el borrador de orden aparecen. Nos gustaría saber si ya lo tienen decidido y, si lo tienen decidido, que nos lo explicase. También creemos en mi grupo -y
así lo hemos expuesto en varias ocasiones- que las ayudas merecen explicación y el Grupo Popular ha reclamado transparencia a la hora de la distribución de las mismas. Ha hablado del criterio con el que se van a dar las ayudas: en primer lugar, la
lucha contra la pobreza; en segundo lugar, dependencia; y en tercer lugar, proyección del voluntariado. El año pasado recuerdo que de las diez primeras ayudas de carácter autonómico, siete fueron para Cataluña y dos para Andalucía. Nos gustaría
saber si ello significa que la pobreza en España se está concentrando en estas dos autonomías y por qué, si saben la razón.
Por último -como antes he dicho-, la orden viene a refrendar la proposición no de ley que presentó el Grupo Popular en su primer punto.
En el segundo punto instábamos al Gobierno a mejorar la participación de las comunidades autónomas en la
concesión de ayudas. Queremos saber también si este tema se trató en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales de principios de marzo y, si es así, si podría explicarnos cuál fue la decisión tomada. Estas preguntas que le he hecho no han tenido
respuesta en su intervención, por lo que le agradecería su aclaración ahora en el segundo turno. También quiero agradecer al Gobierno que se haya acercado a las propuestas del Grupo Popular y, aunque cueste reconocerlo, el sentido común se ha
impuesto y ha hecho que se camine en la dirección adecuada. Esto significa que cuando se tiene voluntad las posturas se acercan.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Señor Tardà, si quiere, puede hacer uso de la palabra ahora.
El señor TARDÀ I COMA: En primer lugar, quiero pedirle disculpas, señora presidenta, y también al compareciente porque solo he podido escuchar la primera parte de su intervención, puesto que tenía que estar en la sala colindante para
intervenir en otra Comisión. Lo cual puede acarrear que le pregunte algo que quizás ya ha contestado, pero sepa usted que leeré con mucho interés el contenido de su intervención.
Entenderá que iniciemos el relato a partir del último debate parlamentario, porque no conocemos a ciencia cierta la gestión que usted ha llevado cabo día a día en el ejercicio de sus obligaciones, de manera que puede ser que diga algo que
quizás no sea en estos momentos prioritario, pero para nosotros sí, puesto que intentamos tener un discurso lógico desde la actividad parlamentaria. Es cierto que hubo un acuerdo en el mes de octubre del año 2008; de hecho usted conoce que era
producto de una semana de negociaciones intensas entre el Grupo Socialista y nuestro grupo a fin y efecto de consensuar algo que no solamente apelaba a la necesidad de ser cada vez más funcionales y más transparentes en la gestión, sino que tenía
mayor enjundia; de ahí la contestación que hubo al cabo de unas horas el Partido Socialista -no en el Parlamento sino en el partido- e incluso del Gobierno, porque lo aprobado iba más allá de todo esto y se adentraba en el terreno ya mucho más
complejo de la necesidad de cuestionar el modelo. Sabe que nuestra primera reivindicación -que luego generó este acuerdo- decía que era necesario que las comunidades autónomas recibieran de oficio el 50 por ciento de aquello recaudado en su
territorio a través del 0,7 del IRPF con finalidades sociales, y que en el 50 por ciento restante también intervinieran en su gestión. Esta era nuestra posición de salida; no era una posición maximalista puesto que nunca hemos reclamado la
absoluta y categórica territorialización porque somos muy conscientes del valor de la solidaridad y de la cooperación. Partíamos de esa idea y llegamos al acuerdo, pero es cierto que al cabo de unas horas todo pareció descarrilar, razón por la cual
presentamos esta solicitud de comparecencia de la ministra, y en todo caso de usted, que nos parece tan interesante como si fuera la misma ministra (Risas). Nos es indiferente porque sabemos de su capacidad, puesto que de hecho es el responsable de
llevar a cabo este trabajo. Seguimos pensando que no hemos avanzado respecto al modelo. Es cierto que hay mayores cantidades, y es lógico que sea así puesto que hemos pasado de 0,52 al 0,7. Es cierto, y somos los primeros en felicitarnos por
ello, porque ha sido una reivindicación de las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña; que exista un mandato casi preceptivo desde el punto de vista político de que sean los programas que merecen el reconocimiento de la comunidad autónoma los
que luego se gestionen desde Madrid. Todos estos son avances, y seríamos estúpidos si los negáramos porque forman parte de las reivindicaciones que se han ido elaborando estos últimos años. Pero nos resulta difícil reconocer que se haya avanzado
en el modelo, y no sabemos si es porque ustedes están en contra de modificarlo o consideran que no es el momento, porque si pudiéramos avanzar, al menos teóricamente, en la configuración de un modelo alternativo, seríamos capaces de entender cuál es
la razón de la oportunidad política. Es evidente que estamos en un momento de recesión y de incremento de la pobreza, de la marginalidad, de la precarización económica, lo que nos lleva a pensar que quizá en épocas de bonanza económica sí que era
el momento de cuestionar teóricamente el modelo, y no quisieron ser receptivos; en cambio, este tema lo venimos arrastrando desde hace años. Siempre digo lo mismo, cuando en el año 2004 me incorporé a este debate, ya había compañeros socialistas
de Cataluña, y el mismo compañero Carles Campuzano, que llevaban tiempo con la cruz a cuestas, y el momento económico era mucho
mejor que el actual. Por este motivo uno a veces se escandaliza cuando políticamente se ridiculiza plantear debates diciendo que no es el momento de hacerlo. Siempre es el momento de hacerlo, es más, cuando no se hace luego pagas prenda.
En ese sentido -hablo del caso catalán, que es el que conozco-, una cosa que nos permitiría hablar con mayor conocimiento de causa es si conociéramos las balanzas fiscales del tema porque aquí damos palos de ciego. Me gustaría saber, y
estoy dispuesto a aceptar -solo faltaría, intelectualmente sería estúpido no ser capaz de aceptarlo- que estamos posiblemente equivocados y que nuestra tesis se basa en premisas falsas.
Pudiera ser. Al menos uno intelectualmente está obligado a
mirarse al espejo y reconocer que puede ser que esté preso de prejuicios a partir del desconocimiento de las cifras. ¿Puede decirnos exactamente cuánto aporta cada comunidad autónoma en concepto de 0,7 del IRPF marcado en la casilla para
finalidades sociales? Nosotros hacemos extrapolaciones, pero puedo aceptar que quizá son peregrinas. Sabemos que, por ejemplo, en Cataluña y en otras comunidades autónomas también, sea por lo que sea, hay muchos más ciudadanos que marcan que no
que en otras comunidades autónomas. También sabemos que hay un decalaje entre lo que se aporta desde Cataluña y lo que se recibe. A partir de aquí, hemos construido un discurso político, pero, por favor, demuéstrennos que estamos equivocados, y si
lo estamos, habrá que corregir y hacer autocrítica. Es decir, deberíamos conocer al día -porque en la era telemática no tiene sentido que no conozcamos todo esto- cuánto aporta cada una de las comunidades autónomas, y ya no hablo de los 15.000
millones que aporta Cataluña en concepto de IRPF global o el 17 por ciento de la población cuando hemos recibido en el año 2009 el 14,53 de todo el crédito disponible estatal para el 0,7. Es cierto que estábamos en el 12 en el año 2008 y en el 11
en el año 2007. Repito, hemos pasado del 0,52 al 0,7, no lo niego, pero el debate para nosotros es saber si se va o no hacia la progresiva territorialización, que era la formula que nos inventamos desde PSC-PSOE y Esquerra Republicana, lo que
provocó las iras del señor Barrachina -recuerden ustedes la intervención del señor Barrachina, que parecía que estaba fuera de sus casillas porque estaba muy ofendido- porque políticamente él era coherente y decía que había un pacto entre el Partido
Socialista y Esquerra Republicana para territorializar. Pues, sí, de forma implícita hablábamos de ir hacia la territorialización. La prueba del algodón de que exista o no esta territorialización es conocer la derivada de los porcentajes, y esto
no podemos saberlo si no se nos dice exactamente cuáles son las balanzas fiscales del 0,7 por ciento de IRPF para finalidades sociales.
Esta es la pregunta del millón para nosotros, aun cuando debo reconocerle otra cosa, -hablo por boca del Gobierno de Cataluña, y puedo hacerlo porque formamos parte del mismo junto con PSC e Iniciativa-: estamos relativamente satisfechos de
que el Gobierno español y usted mismo hayan sido receptivos a enmiendas que ha presentado el Gobierno de Cataluña en la redacción de la orden del año 2010. No sé si debería en su beneficio político y en el nuestro relacionarlo, pero como mínimo que
quede dicho que estamos de acuerdo en que han sido receptivos a cuestiones interesantes, sobre todo, en algunos temas no previstos que están contemplados en asuntos muy acuciantes en Cataluña, en Madrid y en otros territorios del Estado español,
como a la inmigración. Hemos introducido una serie de cuestiones porque tenemos una ley que permite el reagrupamiento familiar, pero luego hay que dar salida a estos jóvenes reagrupados, y ustedes saben que esto es caldo de cultivo de muchos
problemas, al margen de quién gobierne en cada comunidad autónoma. Hay algunos puntos, que obvio relacionar, sobre los que manifestamos que estamos satisfechos de que hayan sido receptivos, más allá de aquello que ya le he escuchado decir al inicio
de la intervención, sobre el visto bueno, si me permite la expresión popular, preceptivo de las comunidades autónomas en todo aquello que afecta a la aprobación posterior por ustedes de los programas, lo que significa un gran paso hacia delante.
Debo decir también que hay algunas cuestiones relacionadas con programas dirigidos a adolescentes que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, algunas cuestiones relacionadas con este mundo que entendemos que deberían ser incluidas y
yo por razones que explican que no lo haga de forma muy exhaustiva en esta Comisión, le pediría que fuera receptivo. Le haré llegar una serie de solicitudes y usted sabrá, con buen criterio, si pueden incluirlas todavía o si consideran que el tema
ya está zanjado.
En definitiva, por todo lo dicho, reconocemos que han avanzado, pero sabe que -no sé si por suerte o por desgracia-, aunque predicamos siempre que hay que ser leales a las instituciones no nos cansamos de presentar recursos al Tribunal
Constitucional ni ante el contencioso de la Audiencia Nacional. Y hecho esto desde la predisposición de ser leales los unos con los otros. ¿Qué está ocurriendo para que a pesar de que seamos gobiernos amigos -el Gobierno de Cataluña, por ejemplo,
y el Gobierno de Madrid-, tengamos que andar todavía presentando recursos, conflictos de competencias? Significa que hay un problema político.
Permítame que acabe. Sería una pena -usted más que un gestor es un político, y permítame que le hable con toda la crudeza de un diputado- esperar a que el debate y la asunción del modelo, que además ha llevado implícitos conflictos
jurisdiccionales -me remito a todo lo que está recurrido por el Gobierno de Cataluña-, se resolviera de golpe y porrazo la noche anterior a la posible investidura del señor Rodríguez Zapatero en el año 2012. Repito, sería políticamente ridículo que
esto se cerrara cinco minutos antes de que el candidato, Rodríguez Zapatero, dentro de dos años tuviera el apoyo de los grupos catalanes o vascos -bueno, a los vascos no les toca esto, pero usted ya me entiende-. (Risas.)
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Tardà, tiene que ir terminando.
El señor TARDÀ I COMA: Termino.
Permítame esta guinda final. Estamos legitimados para verbalizarla, porque desde el año 2004 todos andamos metidos en este debate que cada vez parece más un bucle intelectual que un debate político. Felicitándole, como le hemos felicitado,
por la gestión y el avance que implica, esto no significa que el debate político que tenemos todos entre manos no sea el debate del modelo, y en ese sentido aquí no se ha avanzado, reconociendo lo primero también.
La señora VICEPRESIDENTA: Por último, tiene la palabra doña Esperanza Esteve por el Grupo Socialista.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señor Moza, bienvenido a esta Comisión. Le agradezco su comparecencia porque de su contenido se desprende que hemos avanzado. Lo reconocía ahora el señor Tardà. Llevamos con esto desde el 2004 -al menos yo cuando
me incorporé a este Congreso y me asignaron el tema-, nos ha costado ponernos de acuerdo y ver la luz, pero tengo la sensación clara -y mi grupo también- de que estamos avanzando. En síntesis, es una obviedad que hemos pasado del 0,52 al 0,7,
también gracias a este Parlamento y al trabajo conjunto que hicimos con el Gobierno. Por otro lado, ya vemos una mayor participación de las comunidades autónomas, no ese acuerdo sottovoce que se hacía a veces, sino que realmente esto es claro y
explícito y, por tanto, ya forma parte de una manera de trabajar. Consensuar los programas básicos a financiar, que es fundamental porque estamos teniendo en cuenta el territorio. La redistribución acorde a un modelo estatal y territorial -que
está bien-, el concepto de necesidad vinculado al territorio, a lo que me referiré un poquito más adelante. Generar sinergias en el tercer sector y, por tanto, ir de lo global a lo concreto para poder vertebrar todas las estructuras intermedias que
tienen que ver con las grandes confederaciones, las federaciones y las asociaciones que operan en el territorio. Por consiguiente, estamos hablando de una contribución cada vez más clara, más nítida, a la vertebración de unas estructuras
intermedias que al final abordan aquello para lo cual tiene sentido este porcentaje, que son las necesidades sociales y la cohesión social.
Dicho esto, me queda destacar que hay un recorrido importante, sobre todo desde que su ministerio, la ministra y usted concretamente asumen la gestión de este tema. Por tanto, ahí va nuestro agradecimiento, pero quisiera señalarle un par de
cuestiones para reflexión conjunta y que convertiré en pregunta. A veces a mis compañeros de los distintos grupos les he dicho que no me gustaba, que no nos gustaba, que esto terminara en un debate de tipo competencial; porque hoy tenemos ya
experiencia, con un debate de tipo competencial, de que hay informes diversos según quién presenta el recurso -y ustedes, señor Tardà, señor Campuzano, lo saben-, ¿por qué?, porque según cómo se analiza esta realidad los dictámenes son de un tipo o
de otro, y no son nada tendenciosos, es que las dos versiones o las dos visiones son compatibles entre sí. Por tanto, me quedo con esto, la compatibilidad. Otra cuestión, el principio de igualdad y solidaridad. Este principio no se asegura
solamente por el hecho de que sea el Estado, de manera unilateral, quien gestione este 0,7, como tampoco se garantiza por el hecho de que sean las comunidades autónomas. El principio de igualdad y solidaridad se tiene que basar en unos criterios
claros que incorporen dos conceptos: cómo determinamos las necesidades sociales y quién las tiene, y dónde se producen estas necesidades sociales, y éstas se expresan en los territorios. Por tanto, este binomio necesidad social-territorio debería
estar presente en cualquier toma de decisión. No me vale que sea bueno, porque ya lo hemos dicho, que sea el Estado a priori, o al revés. No me interesa esta visión, me interesa si lo que estamos haciendo es contribuir a la cohesión social, a la
vertebración del tejido asociativo y al abordaje y resolución de las necesidades sociales. Este sería un tema y me gustaría un poquito más de reflexión -sé que está en ello- sobre este principio de igualdad y solidaridad, los criterios que están
detrás para que sean transparentes, medibles, para que podamos ver si son alcanzables, eficaces, además vinculado a un concepto que usted ha incorporado y que me parece hoy imprescindible porque ya tenemos mucho recorrido, que es el tema del
concepto de calidad también en la prestación de servicios de las ONG.
Me gustaría saber, por ejemplo -y creo que sería bueno-, cuántas inversiones van en las estructuras burocráticas, qué cantidad de dinero es finalista, y cuántas van para alimentar la propia estructura, porque uno de los temores que a veces
tenemos los compañeros, usted mismo, es cuánto dinero va a la superestructura; esto sería bueno verlo. Otro elemento que me parece importante -y aquí coincido con el señor Tardà- es qué esfuerzo hacen los ciudadanos de cada uno de los territorios
y cómo se esfuerzan el Gobierno y las comunidades autónomas para incentivar el compromiso de marcar la casilla. Esto sería bueno, ¿por qué?, porque ya hablamos -y esto lo venimos reiterando- de las campañas de sensibilización, quizá deberíamos ser
más incisivos en estas campañas de sensibilización, pero también es bueno ver este compromiso con el todo y con lo particular que hace el ciudadano cuando está ejerciendo el derecho y el deber de hacer la declaración de la renta. Otro elemento es
que ya a estas alturas probablemente el modelo que tenemos no nos lo deberíamos cuestionar, porque lo que bien funciona -y lo tenemos comprobado-, funciona bien.
Nadie dice, señor Tardà, que este modelo se pueda complementar con una opción, que es la reflexión que hemos tenido, mucho más de base, mucho más ligada al territorio. Por ejemplo, sabemos que en Italia uno puede
poner la casilla directa a una entidad. No digo que esto se tenga que hacer, lo que digo es que debemos hacer un análisis de este tipo para identificar mucho más al ciudadano con el proyecto, porque en lo global nos perdemos y lo concreto
nos gusta más, porque es una manera de identificarnos, de compararnos, de evaluarnos. Por tanto, estaría bien estudiar qué otras posibilidades hay de cara a un futuro, seguramente ahora no, porque estamos en un momento de crisis y requiere
priorizar muchísimo estas cuestiones, pero sí podemos ir pensando en comparar estos modelos y cómo podríamos complementarlos, entre otras cosas porque el IRPF hoy ya no es una cuestión solo del Estado central, sino que los nuevos estatutos
incorporan que el 50 por ciento será gestionado con agencias mixtas y correcaudado -y valga esta expresión que quizá no es muy correcta- en un 50 por ciento en las comunidades autónomas.
En resumen, tenemos un buen modelo, que nos ha servido muchísimo y se ha mejorado sustancialmente, cosa por la que le felicitamos de manera clara, porque hoy estamos hablando en sentido amplio de servicios sociales, de servicio de bienestar.
Me siento reconocida en este ministerio y en su persona, y se lo quiero decir a nivel personal, pero todo esto que le estoy señalando probablemente nos serviría para complementar estos dos modelos, esta visión más territorial, más amplia, para
hacerlo mejor y para que este concepto de igualdad y solidaridad no quede solo en un enunciado -a veces parece que aquello que se hace ya está bien-, sino que nos permita avanzar en la línea de que territorialidad no quiere decir más
independentismo, más soberanía, más comunidad autónoma, sino más coherencia y más Estado, porque en definitiva Estado somos todos.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Moza.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO (Moza Zapatero): Intentaré ser breve, porque sé que tienen una comparecencia después.
Respecto a lo expuesto por el señor Campuzano, voy a empezar por la parte común. No me cabe la menor duda de que tenemos que hacer un mayor esfuerzo en que el contribuyente sepa exactamente a qué destinamos su dinero. Además, esa es una
reflexión que han hecho también el señor Tardà y la señora Esteve y que comparto absolutamente. Tenemos que hacer un esfuerzo y esa es una cuestión de trabajo conjunto presente y futuro para que el ciudadano visualice que cuando marca la casilla,
eso sirve para construir el centro de día de su barrio, para atender el comedor social, para hacer inclusión sociolaboral en los colectivos más desfavorecidos, atención a la infancia, etcétera. Esa es una traslación que no hemos terminado de hacer
y en la que todos estaríamos de acuerdo. Todo el mundo valora el 0,7 como una actuación única y en realidad no hemos terminado de identificar lo que hace el 0,7 por la vida diaria de muchos españoles.
Esa es una cuestión en la que tenemos que
trabajar y es una reflexión que hemos planteado tanto a las comunidades autónomas como a la propia plataforma de voluntariado. Espero que este mismo año podamos desarrollar ya actuaciones para que eso se visualice, porque independientemente de
quién ponga el dinero o quién lo gestiona, la realidad es que al final el que lo pone directamente es el ciudadano al tachar la casilla. Ese es un esfuerzo que tenemos que realizar y espero que a través de la plataforma de voluntariado, de las
distintas plataformas autónomas, de la Taula de asociaciones de Cataluña -que se ha nombrado en algún momento-, los consejos de juventud o cualquier otro instrumento, seamos capaces de vertebrar esa respuesta para que el ciudadano identifique qué
hacemos con ese dinero con el que contribuye al tachar la casilla.
Con el señor Campuzano, y él lo sabe, estoy absolutamente de acuerdo en que hay otras cuestiones que tenemos que llevar a cabo para fortalecer el tercer sector. No se trata solo de una cuestión, la subvención que es importante, y más en
estos casos; además cada vez que se habla con las ONG se ve el valor de las subvenciones del 0,7, en muchos casos como valor estable a lo largo del tiempo-, sino que son necesarias otra serie de medidas que tienen que servir para fortalecer el
tercer sector. En ese Plan extraordinario de inclusión social 2010, al que me he referido, no solo van las medidas de tipo subvención, sino también va un nuevo marco normativo a través de la Ley de Economía Social. También va una nueva propuesta
que vamos a llevar al Consejo de Ministro en un plazo máximo de cinco meses de contratación pública sostenible para la Administración General del Estado que priorice a las entidades del tercer sector por la labor que hacen y a las empresas que están
desarrollando funciones de una manera determinada. Asimismo, va la propuesta a la mesa de diálogo del incremento de las bonificaciones para las empresas de inclusión. En definitiva, van una serie de medidas que son importantes y que sin lugar a
dudas tenemos que potenciar y sobre las que debemos reflexionar. Estoy seguro de que vamos a poder reflexionar en ese ámbito. Al igual que podremos seguir avanzando en que todos estemos más de acuerdo con la convocatoria de esta subvención. En
eso, señor Tardà, permítame que empiece por otro sitio, y es reconociendo públicamente la labor que hace su consejera Capdevila en el día a día. Gran parte de las ampliaciones o de las mejoras que se han producido en el 0,7 no se han producido solo
porque la Administración General del Estado haya querido, sino también porque el Gobierno de Cataluña las ha propuesta y se han incluido, y eso se lo tengo que reconocer. Gran parte de los avances que se han producido son por la lealtad
institucional absoluta del Gobierno de Cataluña. Eso no significa que si cree, como usted mismo decía, que hay un ámbito competencial en el que no está de acuerdo con la interpretación que hacemos, no tenga que poner un recurso. Eso es
absolutamente lógico.
Coincido
con usted también, y así se lo he expresado a la consejera Capdevila, en que tenemos que seguir trabajando en ver cómo resolvemos esas diferencias y podemos casar esos modelos, porque al final tenemos que llegar a acuerdos en cuanto al
modelo. Además, esta es la dirección correcta; que tenemos que profundizar más en ella, de acuerdo, pero es una dirección correcta.
En cuanto a las balanzas fiscales, señor Tardà, permítame que le diga que esa no es una de mis responsabilidades en el Gobierno y que quien la tiene es el Ministerio de Hacienda. Se las puedo pedir, pero las balanzas fiscales son mucho más
complicadas y a mí me llega solo la cantidad fija que se establece y no la recaudación por comunidad autónoma. Lo hablaré con el Ministerio de Hacienda, pero en cualquier caso esta no es tanto una cuestión de balanzas fiscales, sino de definición
del modelo. Me van a permitir que yo sea incluso un poco más ambicioso que ustedes. No aspiro, y este modelo no va encaminado a ello, a que el 50 por ciento se decida por uno u otro sitio, sino que el cien por cien de ese dinero se codecida por
las dos administraciones implicadas en este caso y que se codecida de tal manera que seamos lo más útiles posible a los ciudadanos.
En cuanto a todo lo que usted comentaba sobre esa codecisión y transferencia de recursos, hay que mirar en sentido
amplio y ver cómo somos capaces de llegar a un modelo que sea compatible con nuestros ámbito competenciales, pero que también sea compatible con nuestras posibilidades y posiciones institucionales, no le digo ya ni siquiera políticas, que también,
sino también institucionales. En eso, con la señora Capdevila, al igual que con el resto de consejeros y consejeras de comunidades autónomas, estamos trabajando no solo en el año 2010, en el que el objetivo, no les voy a engañar, ha sido intentar
sacar estas subvenciones no solo lo mejor posible, sino también lo antes posible, para intentar que la situación económica de las ONG no se viera repercutida por un retraso en ese debate. En cualquier caso, le digo que este camino en el que hemos
avanzado es un camino en el que tenemos que seguir profundizando, cosa que no me cabe duda que vamos a hacer, y le reconozco la lealtad que el Gobierno catalán siempre tiene en este sentido.
Señora Guaita, le agradezco que estemos de acuerdo. No voy a discutir sobre la autoría del acuerdo, no voy a ver quién se ha movido de qué sitio, se lo aseguro, pero lo que sí le digo es que esto no es solo el acuerdo del Gobierno
socialista, sino que es el acuerdo con todas las comunidades autónomas. Sí le diré que el avance en la codecisión y en la participación de las comunidades autónomas no es algo que solo reclamara Cataluña, sino es algo que reclamaban todas las
comunidades autónomas de una u otra manera; porque es cierto que son maneras distintas, pero es algo que reclaman todas las comunidades autónomas. Me agrada mucho escuchar que la voluntad es de llegar a acuerdos. Es el momento de llegar a
acuerdos y no seré yo el que ponga acentos en algo que no sea llegar a los mismos. Le voy a decir dos cosas -y no es una reflexión que hubiera hecho ni un dato que hubiera dado-, en las ONG de ámbito territorial por qué Cataluña tiene más de ámbito
local o ámbito autonómico o Andalucía.
Se lo va a decir una persona que ha trabajado durante diez años en el movimiento asociativo madrileño. Esto sucede porque tienen un movimiento asociativo mucho más estructurado que el resto, porque empezaron
antes también. Yo creo que eso tiene mucho más que ver con la realidad de Cataluña que con otra cosa, porque le aseguro que todas las comunidades autónomas han tenido las mismas posibilidades de decir que un ámbito local era de interés local,
porque -repito- nada, absolutamente nada, ha sido aprobado sin que las comunidades autónomas lo hubieran recomendado, y todas aquellas que eran prioridad para las comunidades autónomas se han incluido dentro de las subvenciones, todas, se lo
aseguro. Y estoy seguro de que eso es lo que le han transmitido sus compañeros, consejeros y consejeras, porque es lo que expresaron en la última conferencia sectorial hace apenas dos semanas. Cataluña tiene un tejido asociativo en muchos casos
más desarrollado porque empezaron antes y el resto de España ha hecho esfuerzos y en muchos casos se ha llegado al nivel que tiene Cataluña en muchas comunidades autónomas, pero es verdad que desde los consejos de juventud hasta las propias
plataformas de voluntariado se constituyeron antes en Cataluña. Eso es una realidad. En cualquier caso, le reitero mi disposición plena a llegar a acuerdos en todo lo que es de mi competencia. Le agradezco mucho esa voluntad de diálogo, porque
creo que es lo que los ciudadanos en este momento nos demandan.
Señora Esteve, yo no le voy a echar flores, porque luego lo graban y me lo están recordando el resto de los días. No lo voy a hacer, ya lo siento yo, luego lo hago en privado, aunque sabe que la estima es mutua. Estoy de acuerdo en gran
parte de lo que usted ha dicho, como no podía ser de otra manera. Estoy absolutamente de acuerdo en que los ciudadanos tienen que visualizar y tenemos que hacer que visualicen lo que estamos haciendo y para qué sirve la crucecita que tachan y que
esos principios de igualdad y solidaridad, a los que el señor Tardà también hacía referencia, son algo en lo que tenemos que seguir avanzando. Hemos dado un paso y tenemos que seguir dando más. Eso es algo en lo que debemos trabajar todos juntos,
porque al final, como usted decía, la igualdad y la solidaridad son los principios que tenemos que alcanzar y en eso es en lo que hemos intentado avanzar durante todo este año, en lo que vamos a intentar avanzar en el año 2010 y en lo que tenemos
que seguir avanzando en el futuro.
Como reflexión general, en cuanto a la transparencia, les diré que esto se publica en el BOE, se pasa por el Consejo Estatal de ONG de Acción Social y se pasa por las distintas comunidades autónomas en múltiples ocasiones.
Todas las
comunidades autónomas saben cuáles son los programas que han sido subvencionados porque en su totalidad han participado en que se subvencionen
esos programas. Podemos seguir profundizando en la transparencia, no me cabe la menor duda, y si esa es la reflexión de esta Cámara, trabajemos en ello, pero les aseguro que tanto los criterios, como los modelos, como los mecanismos son
absolutamente transparentes en tanto en cuanto participan algo así como cien organizaciones no gubernamentales, diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas y, además, está publicado en el BOE, lo que da un cierto síntoma de
transparencia. En cualquier caso, si esa es una inquietud, podemos seguir profundizando, sin lugar a dudas.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario general.
Suspendemos la sesión durante un minuto para despedirle y dar la bienvenida al siguiente compareciente. (Pausa.)
- DEL SECRETARIO GENERAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA (MORA ROSADO), PARA EXPLICAR LAS CONCLUSIONES DEL IV INFORME SOBRE LA ACCIÓN SOCIAL ANTE LA CRISIS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 219/000415.)
La señora VICEPRESIDENTA: Señorías, continuamos con la última comparecencia, que corresponde a don Sebastián Mora Rosado, secretario general de Cáritas. Tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA (Mora Rosado): Quería dar las gracias por la posibilidad de exponer el último informe que hemos realizado de observatorio sobre la crisis, que es el IV informe. Cada seis meses emitimos un
informe realizado sobre la base del trabajo de los más de 6.000 puntos que en España tiene Cáritas para la atención a las personas con algún problema social, económico, de vinculación o de inclusión social. Me gustaría empezar por un elemento que
aunque todos ustedes conozcan, muchas veces no es evidente. La situación de crisis económica nos ha hecho olvidar que antes del comienzo o de los primeros efectos importantes de la crisis en España, según las distintas encuestas que se han hecho
sobre el umbral de la pobreza, teníamos en 2008 un 19,6 por ciento y en 2007 un 19,9. Es decir, alrededor de un 20 por ciento de la población española antes del inicio de los efectos de la crisis estaba bajo el umbral de la pobreza. Pero no solo
nos referimos al umbral económico de la pobreza. En el informe Foessa que Cáritas y la Fundación Foessa hicieron público en 2008 basado en la encuesta de 2007 nos encontrábamos con que en España, entre integración precaria, exclusión compensada y
severa, prácticamente el 50 por ciento de la población española tenía al menos dos índices de exclusión. No quiero profundizar mucho en los datos sociológicos, pero sí hacer una afirmación con cierta contundencia: España, antes de la crisis, era
una España bastante frágil y vulnerable, cara a la inclusión y al umbral de la pobreza.
Evidentemente, ahora estamos peor, pero esto no nos puede hacer olvidar que el inicio de la crisis, desde el punto de vista de las personas más pobres, era un
inicio frágil y vulnerable. Desde ahí tenemos que seguir construyendo el discurso de atención. Uno de los elementos que está pervirtiendo un poco el análisis de la crisis es entender que antes de la crisis todo era bueno, todo estaba muy bien y no
había pobres. No, no, antes de la crisis, en épocas de bonanza económica, vivíamos con una población bastante frágil y vulnerable con respecto a la pobreza y la exclusión social.
Quisiera también hablar de unos datos -que después van a venir dados- en los que en Cáritas estamos trabajando desde la crisis, datos que seguro que conocen del último trimestre de 2009. Hago dos afirmaciones muy cortas. La primera, el
índice de paro o la tasa relativa de desempleo que tenemos ya la vivimos también a mitad de los años noventa. Pero hay una diferencia muy importante. Si ven en los años noventa el hiato entre el desempleo del sustentador principal y el índice de
paro tenía una distancia muy grande. Es decir, el desempleo no era fundamentalmente del sustentador principal, fuera el hombre o la mujer, sino que era de jóvenes que se incorporaban al mercado laboral, personas activas, pero que no eran el
sustentador principal. Sin embargo, en la situación actual la tasa de desempleo prácticamente coincide con la del sustentador principal. Es decir, que el salario fundamental que entra en un hogar tiene una tasa de desempleo muy grande, con lo
cual, las necesidades básicas para la vida se ven muy vulneradas. Si en la crisis de los años noventa teníamos un colchón del hogar, dado que el sustentador principal seguía teniendo ingresos, nos encontramos en este momento con que el desempleo ha
afectado fundamentalmente al sustentador principal. Es más, nos encontramos con una tasa de hogares sin ningún tipo de ingresos vía salario o protección social como, seguramente, nunca ha habido en la historia de los últimos veinte años. Por
tanto, nos encontramos con una situación social y económica muy frágil con respecto a la capacidad monetaria para acceder a las necesidades básicas para la vida. Esto, unido a la situación de vulnerabilidad con la que empezamos la crisis, nos ha
dado que en muy poco tiempo los efectos de la crisis han sido muy intensos y muy devastadores. De hecho, en Cáritas -y ya hablo de datos de Cáritas- desde el año 2007 a 2009, es decir, en dos años, hemos duplicado el número de personas atendidas;
de 400.000 a 800.000 personas atendidas solo en lo que nosotros denominamos acogida y asistencia, o sea en aquellas necesidades básicas para la vida. En total hemos atendido a 1.300.000 personas en programas de inmigración, de empleo, de personas
sin hogar, etcétera. Pero en atención primaria, como llamaríamos en el ámbito de los servicios sociales públicos, nos hemos encontrado con que hemos duplicado en dos años. La presión asistencial
que hemos tenido ha crecido en muy poco tiempo de una manera muy importante. Como el efecto colchón de los hogares no existe, las personas se ven con necesidades muy básicas.
Las necesidades más demandadas son alimentación, vivienda, empleo, acompañamiento sobre asuntos legales de extranjería y apoyo psicológico.
Los dos elementos más demandados -y en la siguiente transparencia lo vemos- son alimentación y
vivienda. Cuando hablamos de vivienda estamos hablando de pago de alquiler, pago de suministros, pago de la comunidad de propietarios y, evidentemente, pago de hipoteca; es decir, acceso a la vivienda en el sentido amplio del término. Vemos cómo
en el año 2009 aumentaron casi en un 60 por ciento las ayudas de alimentación y en un 45 por ciento en vivienda en un año. Hemos incrementado desde Cáritas un 70 por ciento las ayudas económicas a las distintas personas en los ámbitos que antes he
mencionado. En términos económicos, el costo mayor para Cáritas es el de vivienda, seguido de alimentación. Hay más demanda de alimentación, pero la alimentación es más barata, es decir, nos gastamos menos dinero. Las ayudas en vivienda son
ayudas más costosas y normalmente suelen ser ayudas de carácter muy puntual, porque Cáritas no tiene la capacidad de sostener, por ejemplo, un alquiler a largo plazo, y, evidentemente, menos de sostener una hipoteca. Y en el ámbito de los
suministros podemos atenderlo uno, dos, tres meses, pero no mucho más, porque son volúmenes económicos muy importantes. Como ven, las ayudas demandadas son alimentación, vivienda, empleo, asuntos legales de extranjería, apoyo psicológico y otros.
Desde Cáritas hemos vivido años donde el ámbito de la promoción o de los proyectos promocionales, fundamentalmente vía empleo o vía inclusión social, han sido los proyectos estrella. Nos hemos encontrado con que en dos años las necesidades básicas,
la asistencia básica, se ha convertido en un elemento muy central en lo que estamos trabajando. Nosotros, como institución, tenemos ahí un reto de no volver al mero asistencialismo, sino de tratar de hacer una asistencia promocional y una promoción
también asistencial, porque podemos decir que hay muchas personas que no tienen el mínimo digno para vivir hoy entre nosotros.
¿Qué grupos fundamentales hemos atendido en Cáritas? Yo resumiría la intervención diciendo que hay muchas personas -y cuando digo muchas, digo muchas- que cuando están esperando ser atendidas por alguno de los proyectos de Cáritas su
referencia es: nunca pensé pedir ayuda a Cáritas.
Simbólicamente esto nos dice mucho de la vulnerabilidad y la fragilidad que vivimos. Personas que anteriormente podíamos calificar con una vida normalizada se encuentran esperando ser atendidas en
un proyecto de Cáritas, bien en una parroquia, en un centro o en cualquier tipo de proyecto. Nunca pensé venir a Cáritas; sociológicamente esto que estoy diciendo es muy poco preciso, pero simbólicamente dice mucho del momento en el cual estamos
viviendo. Nos encontramos también con personas que finalizan procesos de inserción social muy vulnerables. Hemos estado trabajando tiempo con personas para la inclusión social, hemos logrado una inclusión precaria y en el momento que ha habido el
más mínimo movimiento a la baja en el mercado laboral o en la protección social son las primeras en caer. Jóvenes en busca del primer empleo. Desde Cáritas sí que tenemos una alta preocupación por el desempleo en los jóvenes. Uno de los objetivos
prioritarios que tenemos que tener en la política de futuro es el empleo de aquellos que todavía no han accedido al mercado laboral o han tenido un acceso muy precario, muy puntual y muy esporádico. Parados recientes, fundamentalmente construcción,
hostelería e industria; hombres solos de más de 45 años; mujeres solas con cargas familiares; y familias jóvenes de 20 ó 40 años con niños pequeños. Estas familias son fundamentalmente aquellas a las que antes me refería que nunca pensaron ir a
Cáritas y que plantean situaciones muchas veces de auténtica urgencia social, dado que tienen menores a su cargo. Dentro de este amplio perfil, quisiera destacar el perfil específico de los ciudadanos españoles: familias vulnerables que viven al
límite, con el cabeza de familia en paro, con hipotecas o créditos personales elevados, que han agotado las ayudas familiares y prestaciones públicas y que solicitan ayuda para necesidades básicas. Ese sería el retrato robot de los ciudadanos
españoles que se acercan a los proyectos de Cáritas. El perfil específico del ciudadano extracomunitario es: inmigrantes regularizados en paro, endeudados y sin acceso a prestaciones sociales, es decir, con una alta vulnerabilidad, con una alta
precariedad en el mercado laboral, con contratos cortos, inestables y con escaso salario; mujeres que buscan trabajo por primera vez por marido en paro o retornado, y familias en riesgo de irregularidad administrativa. Además las personas en
situación de irregularidad están en condiciones cada vez más duras.
Este es el retrato de las personas que nosotros atendemos. Qué nos hemos encontrado en este cuarto informe sobre la crisis, con una especial incidencia en la cobertura de los servicios sociales públicos, fundamentalmente servicios sociales
que son de carácter municipal, algunos también de carácter autonómico, pero esencialmente son de carácter municipal. La primera constatación, de manera escueta, es que los servicios sociales públicos no cubren muchas de las necesidades básicas de
las personas. Está empezando a ser absolutamente normal que una familia vaya a los servicios sociales municipales que les corresponde y le comenten que han agotado el presupuesto de ayuda de necesidades básicas. Por tanto, es verdad que los
ayuntamientos y municipios han hecho en los últimos tiempos un esfuerzo importante -y lo remarco, han hecho un esfuerzo importante-, pero es insuficiente todavía. Por otro lado, la gran mayoría de las personas que se acercan a los proyectos de
Cáritas no perciben ningún tipo de renta básica o mínima. En tercer lugar -y nos parece un elemento muy importante junto con el que mencionaré posteriormente-, la lentitud en la tramitación de los servicios sociales públicos.
Las citas tienen una ratio de 30 a 90 días y las resoluciones de tres meses o superior. Hay personas con necesidades urgentes que son citadas de 30 a 90 días y su tramitación es resuelta en plazo superior a tres meses. Aquí quiero hacer un
paréntesis, y para que conste, en muchos casos Cáritas está prestando incluso ayuda económica en este tiempo de espera hasta que los servicios sociales municipales son capaces de abordarlo. De alguna manera estamos supliendo y adelantando una
cobertura que entendemos que es algo que tendría que ser de derecho subjetivo básico, las necesidades mínimas para la vida. Si a esto unimos que, según el informe del Observatorio de la realidad social de Cáritas, están transcurriendo 113 días para
la ayuda para la renta mínima, es decir, más de tres meses, nos encontramos con personas en un prolongado periodo de tiempo sin cobertura de protección básica, y en necesidades de urgencia y de emergencia, no es posible. Dicen los teóricos de los
servicios sociales y de la exclusión que si siempre habíamos tematizado la exclusión social en términos de relaciones sociales y en términos espaciales, tendríamos que empezar a tematizarla también como una cuestión temporal. El excluido es alguien
que vive en otro tiempo, en el tiempo de la espera. El 52 por ciento de las personas que vienen a Cáritas previamente han pasado por servicios sociales públicos y su demanda no ha sido cubierta en su totalidad.
El sexto punto está entre constatación y también como propuesta. Hoy en día en ninguna de las leyes de primera generación de servicios sociales se reconocen los derechos subjetivos a los servicios sociales. No existe en España una
definición legal y técnica unificada de los servicios sociales, sino que hay una gran dispersión en todo el Estado. Se reconocen derechos subjetivos, la educación y la sanidad, pero no tenemos reconocidos los servicios sociales básicos ni en el
ordenamiento ni en el imaginario social de lo que representan los servicios sociales, que siguen siendo una prestación residual en nuestro Estado social y de derecho.
Hacíamos algunas propuestas en este informe. La primera, sin duda ninguna, es que tenemos que incrementar el esfuerzo de protección social, y especialmente en estos momentos hemos comprobado que hay una gran cantidad de hogares sin
sustentadores principales que puedan llevar un salario a casa y hay muchos hogares sin ningún tipo de ingreso vía salario o vía protección social. La segunda, la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con indicadores cuantitativos
homogéneos. Cuando hicimos este informe, excepto el informe del Plan concertado del año 2008, no teníamos acceso a ningún dato de los servicios sociales municipales de manera que pudiéramos cuantificar lo más actual y homogéneamente posible lo que
está ocurriendo. No existen esos indicadores homogéneos en un periodo corto de tiempo. Habría que revisar y ajustar la acción social de acuerdo con las prioridades de la realidad, y no que la realidad se tuviera que ajustar a las prioridades de
los servicios sociales. En estos momentos estamos viviendo la falta de flexibilidad de los servicios sociales, es algo que se ha hecho notar de manera muy patente. El cuarto elemento es evidente, es necesario aumentar los recursos humanos y
económicos para la acción social, para los servicios sociales de base. En quinto lugar, entendemos que es necesario que vayamos formalizando desde el tercer sector, con la complicidad de los servicios sociales públicos, el protocolo para ejercer el
derecho de petición que tiene todo ciudadano, pero que siempre se queda en el camino por las dificultades que supone para una persona en exclusión, una persona con un problemática determinada, llevar a cabo este derecho de petición. En sexto lugar,
entendemos -en esto quiero ser muy claro- que hoy por hoy el sistema que tenemos de rentas básicas o mínimas en el Estado español es insuficiente, es disperso y no garantiza un mínimo digno para todas las personas que están en pobreza severa.
Tenemos que registrar y constatar la intensidad y extensión del fenómeno de la derivación, y me explico. Es muy común que el 52 por ciento de las personas que vienen a Cáritas vengan derivadas de los servicios sociales, no vienen con un protocolo
de complementariedad, de coordinación, de integralidad en la acción sino derivadas. Sabemos por la RAE que derivar significa dejar a la deriva. Dejar a la deriva a personas con necesidades sociales muy perentorias no es el mejor modo de buscar la
inclusión social.
Por último, quiero hacer dos llamamientos a la coordinación y complementariedad ante el tercer sector y el sector público. El primero es que tenemos que avanzar mucho en protocolos de coordinación en el ámbito de las políticas autonómicas,
en el ámbito de las políticas municipales y a nivel estatal respecto a la inclusión social. El segundo, es que hay fortalecer el marco de las políticas de inclusión activa.
Sabemos que la visión que hemos dado es una visión desde la acción, es una
visión desde la intervención social; no tiene el valor de un mero análisis sociológico sino de un análisis práctico que siempre es más denso, más urgente y más perentorio, y que hace un llamamiento muy denso y muy importante a toda la sociedad
española, a todo el Estado, a las comunidades autónomas, a los servicios municipales y también al tercer sector.
La señora VICEPRESIDENTA: Es el turno de los grupos parlamentarios que quieran intervenir.
Empezando por quien ha pedido la comparecencia, tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Méndez.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Quiero dar las gracias al secretario general de Cáritas, en primer lugar, por comparecer en la mañana de hoy y, en segundo lugar, por haber realizado este informe tan completo. Además porque es muy eficaz a la
hora de su planteamiento, elaborando una serie de propuestas que a los que estamos aquí nos viene muy bien tenerlas de esta manera tan concreta y, sobre todo, de unas personas que están
haciendo tanto en estos momentos por la pobreza y las personas que se encuentran en situación de exclusión en España. Agradecemos su intervención y agradecemos aún más el trabajo que llevan entre manos. En España el 20 por ciento de la
población vive bajo el umbral de la pobreza, pobreza relativa que según todos los indicadores a nivel europeo es el 60 por ciento de la renta disponible neta de la media de las personas que viven con ese salario. En España estamos en el 20 por
ciento de ese umbral que se establece del 60 por ciento de la media del salario.
Quería resaltar que en 2010, cuando se celebra el año europeo de la lucha contra la pobreza y la marginación, la quinta parte de la población está en una idéntica
proporción a la ya registrada hace más de una década según los datos del informe, que usted ya ha comentado, de Foessa -Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada-, sobre exclusión y desarrollo social que data de 2008, un informe
completísimo y excepcional en este campo. Es más, en noviembre de 2009, el Ejecutivo comunitario calificó como dramáticos algunos indicadores de la economía española; en concreto el paro juvenil, cercano al 41,7 por ciento de la población activa,
es uno de ellos. La Comisión Europea alertó entonces al Gobierno español de que la pobreza se extendería durante los próximos años si no lograba contener la subida del paro. Hay otro indicador que es importante y que es más preocupante, si cabe,
que el 11 por ciento de los trabajadores españoles corre el riesgo de caer en la pobreza debido a sus bajo salarios, frente al 8 por ciento de media registrada en el resto de la Unión Europea.
Si tenemos en cuenta ese umbral de pobreza que decíamos del 60 por ciento del salario medio, combinado con el baremo del poder adquisitivo en relación con el producto interior bruto per cápita, combinando estas dos variables en España
resulta que la magnitud establece el baremo en 8.400 euros anuales por persona. Aparte de los datos de pobreza relativa, me gustaría saber qué porcentaje de la población española se encuentra en situación de pobreza extrema y cuál es el concepto de
pobreza extrema que ustedes manejan. Creo que es el 25 por ciento de la media de ese salario pero no tengo la seguridad absoluta y por lo tanto me gustaría que lo dijera y también de cuántas personas estamos hablando. Según los datos que tengo de
pobreza relativa hay 8 millones de personas en España, pero me gustaría que me comentara sobre todo los datos de pobreza extrema, es decir, de las personas que están todavía en mayor riesgo de exclusión y además en una situación realmente dramática.
El 20 por ciento de España dista también de la ratio que existe en la Unión Europea, que es del 17 por ciento, y por lo tanto estamos tres puntos por encima de esa media europea.
Desearía que nos hablara del riesgo de pobreza porque tenemos datos de que en el caso de los niños y los mayores es muy superior a la media europea de los Veintisiete, un 24 por ciento en el caso de los niños y un 28 por ciento en el caso de
los mayores, frente a un 20 y a un 19 por ciento respectivamente de media europea. Si a eso le unimos también el porcentaje del PIB que se dedica a las política sociales en España en relación con la Unión Europea, la situación en la que nos
encontramos no es buena.
Le agradezco todos los datos que ha dado relativos a la subida relativa a alimentos, artículos básicos y vivienda. Me ha sorprendido que dijera que deriva de los servicios sociales un porcentaje muy grande de las personas que ustedes
atienden en Cáritas, lo que usted ha denominado derivar o ir a la deriva, o como lo denominaríamos nosotros hacer una dejación de responsabilidades. Esa dejación de responsabilidades es todavía más grave cuando en los Presupuestos Generales del
Estado de este año se ha congelado todo lo relativo a ayuntamientos, al plan concertado y a comunidades autónomas para estos servicios sociales específicos. Por lo tanto pensamos que la dejación del Gobierno de la nación, en un momento en que la
crisis se está cebando en las personas que se encuentran en riesgo de exclusión y en situaciones de pobreza, no es la actitud más oportuna en un momento de crisis que además pensamos que puede ir a más.
Otra pregunta que le hacemos es si ustedes
prevén que los datos que tienen de pobreza para este año 2010 subirán o se estancarán. Si tienen ustedes esa previsión nos gustaría que nos la dijeran. Nos ha enseñado unos gráficos en cuanto a los hogares en los que no hay ninguna persona
trabajando, en los que todos están en el paro, y nos gustaría saber si tienen el número de esos hogares. Creemos que los informes que hacen y el trabajo que realizan nos dan la cara más dramática de la crisis que se está sufriendo ahora mismo en
España.
Como he dicho al principio, me quiero detener en los datos de los niños.
Aparte del informe Foessa, que ya hemos comentado, hay un informe que se realizó durante las jornadas europeas de la pobreza infantil organizadas por la Fundación la
Caixa y Unicef, y el jefe de la unidad de política social y análisis económico de Unicef en Nueva York se mostró preocupado por la situación que atraviesa España en comparación con el resto de la Unión Europea, en particular respecto a la pobreza
relativa y sobre todo en el tema de los niños. Dice que los beneficios económicos que tienen los niños en España son la mitad que en Francia, y que entre los factores que provoca esta situación en España los expertos coinciden en destacar la
escasez de ayudas sociales a familias e infancia. Por tanto, hay un número importante de personas en riesgo de exclusión en España y, si bien veníamos de situaciones en que las personas se hallaban en una situación vulnerable, sin embargo la
situación que ahora mismo en España ha provocado la crisis lleva a afirmaciones de todo tipo de las organizaciones que están trabajando en estos temas. Una de sus organizaciones, Cáritas Valencia, dice que uno de los efectos de la crisis es el
hacinamiento severo con subarriendo de habitaciones a precios abusivos, muchas personas que se instalan en una sola vivienda.
Se denuncia también por parte de organizaciones suyas que no pueden asumir
el volumen de personas que les remiten desde los servicios sociales de los ayuntamientos, que no pueden ser atendidas todas. La pregunta sería si tienen ustedes suficiencia o no, si se deja personas sin atender, si hay personas a las cuales
ustedes ni siquiera pueden llegar. Al oír la explicación de su informe me surgen preguntas sobre las personas que no tienen ningún tipo de ayuda ni renta de inserción. ¿En qué casos las personas no llegan ni siquiera a recibir esas rentas mínimas
de inserción? Si sabe las causas me gustaría que nos las dijera.
No le canso mucho más. Me gustaría hacerle dos o tres preguntas. Primero, ¿qué financiación tienen para realizar todo este tipo de ayudas y de asistencia? ¿Con qué ayuda cuentan del Gobierno de la nación o incluso de gobiernos de las
comunidades autónomas, en el caso de que así fuera? Sobre la modificación del perfil de las personas ya nos ha contestado.
Ahora mismo son familias normalizadas que antes en otros casos no venían a recibir la prestación por parte de Cáritas. Hay
un tema que han apuntado en sus informes sobre la Ley de Dependencia, y nos gustaría saber cómo la aprovechan para la generación de empleo. Es otro de los temas que ustedes tocan. Por último, ¿qué cree que va a pasar cuando este año, como así va a
suceder, muchas personas terminen de cobrar la prestación por desempleo y las subvenciones posteriores que se aprobaron?
Vuelvo a agradecerle su comparecencia y especialmente el trabajo que ustedes realizan.
La señora VICEPRESIDENTA: Es el turno del señor Agirretxea. ¿Desea utilizarlo? (Denegaciones.)
Tiene la palabra el señor Campuzano de Convergència i Unió.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Quiero agradecer también la comparecencia del secretario general de Cáritas, felicitarle porque hace relativamente poco tiempo que ha asumido esta responsabilidad y desearle la máxima suerte y éxito en la
misma. Es evidente que para todos los grupos parlamentarios Cáritas tiene un enorme reconocimiento y un enorme prestigio. Para nosotros los informes de Foessa son referencia en las cuestiones vinculadas a la pobreza, y en el contexto en el que
estamos instalados de grave crisis económica que está golpeando a través del desempleo, a tantísimas familias, esa aproximación es muy relevante. He de agradecerle que haya empezado por recordarnos que los problemas de la pobreza en España son
previos a la crisis y que la crisis amplia la dimensión del problema, incorpora personas que hasta hace poco tiempo considerábamos plenamente incorporadas a la sociedad, y eso nos provoca la correspondiente alarma social y la correspondiente
indignación. Pero esa referencia que usted hacía al recordar esas tasas de pobreza existentes en España, me parece muy relevante. Querría plantearle cuatro cuestiones sobre su intervención que me parecen importantes. En primer lugar, en algún
momento ha hablado de falta de información, de cifras comparativas. Hace unos cuantos años aprobamos en el Pleno del Congreso de los Diputados una moción consecuencia de interpelación de Convergència i Unió, en la que instábamos al Gobierno a
presentar un informe anual sobre la pobreza en España, hecho por el Gobierno. Ese mandato parlamentario no se ha cumplido.
Cuando hablamos de la situación de la pobreza al final nos podemos basar en los informes de Foessa, quizás en informes sectoriales de algún programa concreto que desarrolla el Gobierno, pero nos falta una buena foto, no fija, sino que se
adapte a la realidad y nos explique lo que está pasando. Por ejemplo, hoy podemos tener la sensación de que la dimensión de la crisis no se termina de percibir en la calle por el número de personas desempleadas. Más allá de que esa percepción sea
o no real, lo cierto es que quienes participamos en la toma de decisión política deberíamos tener mayor información sobre lo que está pasando en la sociedad. Me gustaría que profundizara sobre esa falta de información.
En segundo lugar, y la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Méndez hacía referencia a ello, mi grupo tiene especial interés en conocer su visión sobre los problemas de la pobreza infantil. En estos años, y a pesar de los problemas que aún tenemos, la
política de pensiones ha producido un importante efecto redistributivo. La política de pensiones, la política de sanidad, las políticas de dependencia han ayudado a disminuir el riesgo de pobreza para las personas mayores, pero hemos desarrollado
muy escasamente nuestras políticas de atención a familias con niños pequeños en situación de pobreza. Nos gustaría conocer si Cáritas está planteando algún tipo de propuestas en relación con a la misma cuestión. En tercer lugar, en algún momento
ha hablado de los problemas vinculados a las rentas básicas, a las rentas mínimas. Las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo muy importante para generar de manera muy innovadora, en su momento, nuevas aproximaciones a los problemas de pobreza
y de exclusión social. Le hablo de lo que conozco en mi país, Cataluña, donde la renta mínima de inserción, lo que empezó siendo un programa, terminó en forma de una ley que ha tenido diversas actualizaciones. Desde la perspectiva de la
Administración General del Estado lo que toca quizá es abrir una discusión a fondo sobre la pensión no contributiva. Porque quizá nos estamos preocupando por aquello que hacen los gobiernos autonómicos en relación con las rentas mínimas y, en
cambio, tenemos una pensión no contributiva que para los menores de 65 años, personas con discapacidad, es extremadamente cicatera en la capacidad de compatibilizar empleo y pensión no contributiva; o que continúa siendo una pensión a la que se
accede en función de la renta familiar y no de la renta individual; o tenemos una pensión no contributiva para los mayores de 65 años donde se concentra buena parte de la pobreza entre las personas mayores. Por tanto, sobre las pensiones no
contributivas me gustaría conocer si Cáritas está planteando algún tipo de propuesta.
Finalmente -es un pequeño detalle-, no sé si están manejando algún tipo de información de trabajadores autónomos que hayan abandonado esa participación en el mercado de trabajo y que hoy se estén beneficiando de los servicios de Cáritas.
Porque esa referencia expresaría muy claramente esa afirmación que usted ha hecho y que es relevante: Nunca me pensé que terminaría pidiendo ayuda a Cáritas. Sepa que a través de mi twitter he colgado esa frase y que una ciudadana ha colgado un
comentario diciendo: Quiero agradecer a Cáritas que durante estos meses me estén ayudando a mí y a mi hijo. Por tanto, esa referencia que usted hacía, esa frase tiene mucho que ver con esa realidad de la sociedad.
La señora VICEPRESIDENTA: Es el turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Sahuquillo.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Quiero, en primer lugar, agradecerle la labor y el trabajo abnegado de Cáritas Española no ahora, en una situación complicada, sino siempre. Siempre ha estado para, en coordinación con las Administraciones
públicas -creo que es una labor de todos, administración pública y privada-, trabajar para los más desfavorecidos. No voy a entrar en ninguna disputa política que no viene al caso con la señora Méndez, porque aquí tanto al Grupo Socialista como al
Grupo Popular hay más cosas que nos unen de las que nos diferencian. La época de las críticas la hubo en su momento cuando el ministro Zaplana invirtió 7 millones de euros en publicidad, que eran de las partidas de servicios sociales, y ahora
vienen las que entiende el Grupo Popular que debe hacer. Debemos, sobre todo, trabajar para intentar que los colectivos de mayor vulnerabilidad social lo pasen lo mejor posible. Es decir, que en una situación complicada apliquemos esfuerzos,
sinergias y vayamos a cuestiones como las que decía el señor Campuzano, que quiero compartir con él -tiene toda la razón-, cuestiones que reflejaba esa encuesta de condiciones de vida; esa preocupación es compartida. Al margen de lo que usted
decía, y que no se discute, de que antes de que la situación económica fuera la que es se llegaba casi a un 20 por ciento en el umbral de la pobreza, bien es cierto que en su exposición concisa pero buenísima y muy ilustrativa, reflejaba claramente
como esa irrupción tan brutal de la crisis había provocado un aumento de personas en situación de vulnerabilidad social como consecuencia de la dura crisis económica, por lo que entendíamos que el Gobierno de España está aplicando medidas que se
recogían en el Plan de inclusión social 2008-2010, que está vigente, y que nos ha permitido afrontar, como no podía ser de otra forma, el empeoramiento de las situaciones económicas en mejores condiciones. Este Plan nacional de acción para la
inclusión social del Reino de España, 2008-2010, planteaba la idea de consolidar una línea estratégica estable y duradera para avanzar en la mejora de la situación de las personas en situación de pobreza y exclusión. Este plan presentaba dos
objetivos estratégicos fundamentales: el fomento de la inclusión activa, impulsando la inserción laboral en combinación con una adecuada política de garantía de rentas y acceso a unos servicios de calidad especialmente educativos y, en segundo
lugar, abordar el impacto de crecimiento de la inmigración y el envejecimiento de la población en la pobreza y en la exclusión social.
Estos dos objetivos máximos luego los desarrolla ese Plan 2008-2010 en cinco prioritarios: fomento del acceso al
empleo, garantizar recursos económicos, alcanzar una educación de calidad con equidad, apoyar una integración social de las personas inmigrantes y garantizar la igualdad de condiciones, la atención a las personas en situación de dependencia.
Hemos sido capaces en la Administración central, teniendo en cuenta que la competencia en servicios sociales es de las comunidades autónomas, de tomar una serie de medidas que han paliado la situación de las personas que peor lo están
pasando, a las que hacía reflejo en su alocución y que aquí estamos poniendo de manifiesto. Destinar, por ejemplo, 186 millones de euros al Plan extraordinario de orientación y formación profesional para el empleo y la inserción laboral y que haya
1.500 orientadores que trabajen con la gente desempleada, es fundamental; incrementar, aunque siga siendo poco, el salario mínimo interprofesional a 633 euros es importante; incrementar, como nunca antes, las pensiones mínimas para mejorar el
poder adquisitivo, por ejemplo de las pensiones de jubilación con cónyuge a cargo, que se han incrementado en los últimos años hasta en un 50 por ciento, o las de viudas con cargas familiares en un 77 por ciento, creo que es algo a tener en cuenta;
bonificaciones que se han tenido en cuenta para las empresas que contraten a desempleados, lo que es un incentivo para que estas personas que no tienen absolutamente nada salgan incluso de un recurso importante que ha aprobado este Parlamento, que
son los 426 euros, que generaron polémica, pero que al final todos entendimos que no hay nada más importante que el que los que no tienen absolutamente de nada, que se han quedado sin ningún tipo de cobertura, de subsidio o de prestación, puedan
tener la garantía mínima de unos ingresos, aunque sean escasos; destinar 11 millones de euros a programas de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, que también lo están pasando mal; o ese planteamiento que se hacía de
la población infantil, cómo se ha apostado desde el Gobierno de España por mejorar esa educación infantil de 0 a 3 años.
Creo que son una serie de medidas que hacen que entre todos juntos seamos capaces de reforzar el plan existente, además con el plan extraordinario que el pasado 26 de febrero el Gobierno de España aprobó en el Consejo de Ministros y que el
secretario general de Política Social acaba de comentar recientemente. El plan extraordinario para este año trabaja por el fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza con una serie de medidas que tienen que desarrollarse conforme
señalaba el propio secretario general -no sé si usted ha
tenido la oportunidad de escucharle, porque ha coincidido en algún momento el horario que él tenía para terminar con el de usted para empezar-.
Plantea reforzar la atención directa a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión
social, que ha venido fundamentalmente porque las ONG y los propios ayuntamientos han instado a los gobiernos de las comunidades autónomas a ponerse de acuerdo para allegar recursos para paliar estas situaciones y, por ejemplo, se dota a los
ayuntamientos con un fondo específico para programas de inclusión social que destina 300 millones de euros a más de 2.150 programas. Propone incrementar los recursos a través de las ONG, entre las que incluso está Cáritas, con un programa
específico de 15 millones de euros, junto con Cruz Roja, Fundación ONCE y Secretariado Gitano, para que directamente trabajen por la inclusión sociolaboral. Este plan extraordinario también plantea que el incremento de la subvención del 0,7 por
ciento del IRPF para este año alcance 205 millones de euros, que es la cota más alta a la que se ha llegado, para destinarlo a los programas de atención directa a estos colectivos.
Decía usted que sigue siendo insuficiente, y es así. La crisis no conoce absolutamente a nadie; se fija, se plantea y entre todos, aprovechando que la Unión Europea está ahora trabajando contra la pobreza, debemos ser capaces de invertir
esta tendencia y que sea un punto de inflexión para, acogiéndonos a ese planteamiento de la Unión Europea de la estrategia 2020, dentro de esos diez años seamos capaces de decir que a estos porcentajes que hoy comentaba usted aquí tan crudamente y
que son ciertos, entre todos juntos, administraciones públicas y privadas, les dimos la vuelta como un calcetín en una situación complicada.
Poco más tengo que añadir, solo quiero decir que usted planteaba en su informe -tuve oportunidad de leerlo cuando se publicó en diciembre de 2009- que había cuatro áreas de intervención en las que se estaba produciendo una mayor demanda
fundamental: servicios sociales, servicios y prestaciones por desempleo, servicios y prestaciones para viviendas y garantía de rentas. El Gobierno de España, no sé si en coordinación, aunque ha hablado previamente con las ONG, o por el propio
trabajo de todos -yo creo que ha sido un cómputo de ambas-, ha puesto medidas para todas ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de prestaciones por desempleo, 32.000 millones de euros se contemplan en los Presupuestos Generales del Estado para el
2010. Si no fuera por ello, habría todavía muchas personas que durante este año lo pasarían peor; por ejemplo, para garantías de rentas le hablaba de esos 426 euros. El tema de las prestaciones para viviendas. El otro día manifestó en esta mesa
que lo intentemos, que seamos capaces, como decía al principio, porque los ciudadanos quieren que nos entendamos todos los grupos políticos, de aprobar y apoyar el planteamiento del Gobierno de España, en el que se dan ayudas para rehabilitación con
subvenciones directas e incluso desgravaciones fiscales, y, dentro del planteamiento del que hablábamos de los servicios sociales puramente dichos, ese plan extraordinario que tenemos que hacer posible que sea una realidad, o lo que hablábamos del
0,7.
Me gustaría saber, aunque a algunas cuestiones en su intervención usted ya les ha dado respuesta, si tiene el grado de implicación, por utilizar una palabra suave, de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para la inclusión social y
la lucha contra la pobreza. ¿Cómo participan? ¿Qué le parece la decisión del Gobierno de España mediante los acuerdos del G-20 de fomentar la inversión pública, llegando a un 3,5 por ciento del PIB? Yo creo que es el país que más fuertemente ha
apostado por ello del G-20.
Me gustaría también saber y rebatir con usted, cuando en el documento que presentan dice que la Ley de Dependencia minimiza el sistema público de servicios sociales, ¿en qué se basa? Porque yo que soy de una comunidad
autónoma, de Castilla-La Mancha, que creo que en política social ha sido un referente, no he detectado esto. Si lo han detectado ustedes, díganos dónde y en qué comunidades para que seamos capaces los que estamos aquí de decirles que eso no puede
ser, que la Ley de Dependencia lleva sus partidas aparte y que no puede mermar el resto de los servicios sociales.
Hablaba también de la diferencia en los territorios a la hora de actuar en política social. Sería bueno -reitero- identificarles
para decirles que aquí no es cuestión de plantear políticas neoconservadoras sino de ayudar a quien lo está pasando mal y ver cómo podemos desde los grupos parlamentarios incidir en nuestros compañeros, presidentes autonómicos o consejeros o
consejeras, dedicados a los servicios sociales.
Termino dándole las gracias y reiterando, lo que le decía al principio, ese reconocimiento que tenemos que hacer las instituciones públicas a una ONG, a Cáritas Española, porque yo creo que gracias a ustedes se llega a cuestiones, que bien
es cierto que la burocracia muchas veces alarga en plazos la resolución de cuestiones que tienen que ser inmediatas, de ayudas inmediatas, y si ustedes no estuvieran, al igual que otras ONG, sería difícil llegar a ellas. Muchas gracias por su
intervención y bienvenido, una vez más, a esta casa que es la suya.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Mora tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA (Mora Rosado): El señor Campuzano ha mencionado que soy nuevo, con lo cual voy a intentar hacerlo bien, pero no prometo nada. Si me dejo alguna de las preguntas, reitérenmela porque me la he
dejado atrás.
Quisiera empezar con dos notas muy sencillas, tratando de contestar a todo. Yo creo que las ONG, y en concreto hablo en nombre de Cáritas, nos podemos morir de éxito. Nuestra pretensión no es ser más, ni ser los mejores, ni ser a quien más
personas atendemos, sino que en el Estado en el cual vivimos las personas tengan una vida digna. Para ello no podemos creer en dilemas
de suma cero: a más Estado, menos Cáritas -voy a hablar en nombre de Cáritas-; a más Cáritas, menos Estado, sino que tenemos el deber de ser complementarios. Cada uno tiene sus procesos, sus procedimientos y sus esferas de actuación que
no son superponibles. Cáritas no puede generar una red de protección social, vía de derecho; puede tener ayuda para la cantidad que le den. Nosotros lo que estamos pidiendo es una complementariedad entre los servicios públicos. El Estado social
y de derecho tiene que garantizar una serie de derechos que son subjetivos, y nosotros estamos con las manos abiertas para complementarnos con todos los niveles de la Administración. En segundo lugar -y lo digo con la misma rotundidad-, creo que no
se trata solo de un cambio cuantitativo, sino de un cambio cualitativo. No solo se trata de aumentar una serie de prestaciones o de incrementar el número de políticas -que también, evidentemente-, sino de cómo trabaja la sociedad civil con las
administraciones públicas y viceversa, es decir cómo generamos una nueva forma de hacer y de ser. Las claves que tenemos de futuro no se arreglan solo con instrumentos, con leyes o con presupuestos -sin ellos tampoco se arregla-, pero en el
mecanismo en el que estamos tenemos que buscar esa complementariedad. Desde Cáritas siempre hemos dicho que no somos sustitutos del Estado sino que intentamos ser subsidiarios a la acción del Estado en las esferas que le corresponde como Estado
social y de derecho.
Contestando a las preguntas, la tasa de pobreza severa en España, que está en el 25 por ciento de la mediana de la renta disponible, está en España entre el 4,1 por ciento y el 3,4 por ciento; aproximadamente son entre 700.000 y 560.000
personas, dependiendo de si cogemos el valor máximo o alto, antes de la crisis económica. Ahora mismo no puedo adelantar datos, pero en junio haremos pública la encuesta que pasamos en el año 2007 en el informe Foessa. Ahora mismo estamos
pasándoles a las mismas personas la encuesta y en junio tendremos datos de cómo ha afectado o cómo se ha incrementado la pobreza severa. ¿Como hipótesis de trabajo? En este sentido nos vamos a encontrar con un escenario de incremento de la pobreza
severa porque en el día a día lo vamos viendo. ¿Cómo cuantificar eso? No tenemos ningún avance. Es una hipótesis de trabajo y en junio haremos pública la encuesta y la hipótesis es que algo aumentará.
Segundo, acerca de la pobreza infantil, sobre la que han preguntado el señor Campuzano, el señor Sahuquillo y la señora Méndez, uno de los descubrimientos en el año 2007, dependiendo de encuestas del año 2006 de la Fundación Foessa-Cáritas,
fue ese 22 por ciento de pobreza infantil en España; tasa de pobreza en la Europa comunitaria solo asimilable a la de Grecia. Es decir, la pobreza infantil en España era de mucha intensidad y de mucha extensión. Ese ha sido un descubrimiento
importante. Un segundo descubrimiento del último informe Foessa, contestando a la pobreza de los mayores, era que ha sido la primera vez desde el inicio de la etapa democrática en España que los mayores han perdido nivel de vida, hablando del año
2007 hacia atrás; es decir, el redescubrimiento de la vulnerabilidad y de la pobreza relativa de las personas mayores, que en los años ochenta tuvo un descenso muy importante, vía pensiones contributivas o no contributivas. Hubo un descenso
impresionante, sociológicamente hablando, de la pobreza de las personas mayores y ha repuntado, no de una manera muy importante, la pobreza de los mayores según el último informe Foessa. Eso es preocupante, y es a lo que me refería respecto de la
fragilidad de la sociedad que habíamos creado, sobre todo por un dato. Lo que analizábamos en el periodo del informe Foessa han sido los tiempos de mayor crecimiento económico de los últimos años de la historia de España. Han sido con gobiernos
tanto del PP como del PSOE; es decir cogía el último Gobierno del señor Aznar y el primer Gobierno del señor Zapatero. Independientemente de los partidos políticos y del crecimiento económico que había sido muy alto, nos encontramos con que la
tasa de pobreza relativa se ha incrementado un poquito, que la tasa de pobreza severa se ha mantenido y que la desigualdad, desde los índices de Gini, el nivel de lo que tienen los más ricos respecto de lo que tienen los más pobres, se había
incrementado. El modelo social que nos habíamos dado hacía persistente la pobreza e incrementaba la desigualdad. Esa es la constatación antes de la crisis, y evidentemente la crisis la ha hecho aumentar; ha roto y ha hecho más frágil esa
realidad. Con respecto a los tres puntos por encima de pobreza en España según la media europea, sí, y también estamos cinco puntos por debajo en inversión social respecto de la media europea. Sin duda, se han hecho avances, pero seguimos estando
por debajo, y hablo de inversión social, no de gasto. En estos momentos entendemos que igual que se habla de inversión en infraestructuras, el que la sociedad de alguna manera tenga más compactación hace que empecemos a hablar de inversión social,
porque qué hay que sea más inversión que las personas vivan dignamente. Por tanto, hay una correlación sin duda alguna no solo en el incremento del PIB o en el incremento del crecimiento económico, sino también en los niveles de protección o e
inversión social.
En cuarto lugar, respecto al tema del 52 por ciento de personas derivadas de los servicios municipales, yo no hablaría de dejación de responsabilidades. Sin duda nos hemos encontrado con un fenómeno de servicios sociales municipales
colapsados, sin medios y tratando de hacer lo que pueden. Aquí -lo digo como lo comenté en la rueda de prensa- tengo que hacer un canto de alabanza a los trabajadores de los servicios sociales públicos, porque se están dejando la piel con muy pocos
medios.
La crítica que hacemos no es a los profesionales de los servicios sociales públicos sino a una todavía falta de recursos en esos servicios sociales municipales. Los trabajadores de los servicios sociales municipales se están dejando la
piel, al igual que los de Cáritas, los de Cruz Roja y otros. Eso quiero que quede claro, no es una
crítica a las personas sino a una estructura que nos sigue pareciendo todavía insuficiente a pesar de los avances que haya podido haber.
Respecto a los datos sobre la pobreza, en junio se los diré; ahora mismo tenemos la hipótesis de
trabajo y estamos en mitad de la encuesta, pero no tenemos ningún dato concreto todavía sobre el incremento de la pobreza. En quinto lugar, hablaba usted de las organizaciones que realmente están. Creo que estamos todos o que debemos estar todos.
Vuelvo a repetir que las organizaciones hacemos nuestro papel y el Estado -los servicios sociales municipales, las comunidades autónomas y los servicios centrales- tiene que hacer el suyo. Nos tenemos que encontrar todos y creo que ese es el reto
cualitativo, encontrarnos todos; y encontrarnos todos seguramente es muy complejo y muy dificultoso, pero no podemos renunciar a ello porque nos jugamos la dignidad de los más pobres, y creo que ahí Cáritas se dejará la piel, así como el Partido
Popular, Convergència i Unió, el Partido Socialista y el resto de los grupos parlamentarios, porque tenemos la obligación moral y, por tanto, política de estar al lado de los que más sufren, y ese es un cambio cualitativo muy importante, más allá de
que evidentemente cada uno tiene su política y tiene que defender su línea ideológica o su línea de trabajo respecto a la lucha contra la pobreza.
Respecto a la financiación de Cáritas, en términos consolidados es de un 38 por ciento procedente de administraciones públicas en los tres niveles -municipal, autonómica y central- y un sesenta y pico por ciento de recursos propios,
básicamente de donativos de personas individuales y una pequeña parte de donativos de empresas; todavía en Cáritas tenemos poco desarrollada la coordinación con la responsabilidad social corporativa, terreno que nos queda para trabajar más
adelante. Eso nos permite una cierta libertad de criterio, porque seguramente seremos de las organizaciones con un balance de recursos propios más alto, y eso nos permite una cierta autonomía en el hacer y en posicionarnos. En el último año ha
habido un incremento importante de la ayuda de las distintas administraciones, en concreto de la Administración central, vía IRPF, que es un tema que han tratado, en el que nosotros hemos tenido un incremento muy importante del 43 por ciento. Ha
sido un incremento muy importante, aunque es verdad que también nos encontramos en el primer año del 0,7 y con una ejecución todavía en época de vacas gordas; el año que viene todavía vamos a tener un ligero incremento y lo que esperamos en años
posteriores es que haya una caída porque también se va a recaudar menos, con lo cual si entra sale pero si no entra no sale. Ahí hemos tenido un avance importante.
Por contestar, mezclando la intervención del señor Sahuquillo, creemos que el plan que se ha aprobado el 26 de febrero es importante, por el que hemos luchado mucho las organizaciones. Llevamos al menos dos años luchando por él, y al final
ha salido; una vez terminado nos hemos congratulado todos y ya estamos dando la vara con un nuevo plan, porque es nuestro deber ya que todavía nos sigue pareciendo insuficiente, aunque ha habido un gran avance importante que es de agradecer.
Perdón, me voy a corregir a mí mismo. No tengo nada que agradecer, tendrán que agradecerlo los pobres porque es dinero público y está al servicio de los ciudadanos. Por tanto, lo pondremos en marcha con todas nuestras posibilidades y
radicalidad. En cuanto a los perfiles, además de los nuevos rostros se han mantenido los antiguos. No es que los antiguos rostros hayan desaparecido, sino que ha habido un incremento de nuevos rostros que proceden de lo que coloquialmente, no en
finura sociológica, podemos llamar personas integradas socialmente hacía poco tiempo.
Respecto a la protección social -y aquí trato de mezclar tanto los comentarios de los señores Campuzano y Sahuquillo como de la señora Méndez-, en España tenemos muchos cachitos -permítanme la expresión-, muchas redes de protección social
que se superponen, se mezclan, pero que dejan huecos muy importantes. Lo que estamos pidiendo va más allá de que sea vía no contributiva, vía renta activa de inserción para algunos o vía renta mínima de las comunidades autónomas, en la que
evidentemente ha habido un desarrollo muy importante en distintas comunidades autónomas, tanto gobernadas por el PP como en su tiempo por Convergència, por el Partido Socialista o por otros grupos parlamentarios; ha habido un buen avance. Lo que
está ocurriendo ahora es que son redes que se superponen y dejan mucho huecos. Hay un gap muy importante entre ellas, por eso pedimos que de alguna manera haya una coordinación con esas distintas redes que, primero, produzca que no haya esos
boquetes -permítanme la expresión- donde por un lado hay que gente que no queda incluida ni en la no contributiva, ni en la red activa de inserción, ni en la renta mínima, y por otro lado que no haya una diferenciación territorial tan importante,
tanto en los niveles de acceso a esa renta mínima como en los niveles de ingreso. Nos encontramos con niveles de ingreso en la rentas mínimas que van de casi 600 euros a algo más de 300 euros; son niveles que no producen una cohesión territorial,
sino una discriminación territorial para las personas más pobres. Después los niveles de acceso a esas rentas mínimas varían desde niveles de empadronamiento, a nivel de renta, a niveles familiares. Lo que pedimos, dentro de la diferenciación que
en el Estado de las autonomías existe, y es bueno que exista, es que haya una mayor compenetración de ese sistema de rentas.
Respecto a la Ley de Dependencia, por un lado, la señora Méndez planteaba que cómo creaba trabajo la Ley de Dependencia. Por otro lado, el señor el señor Sahuquillo decía que la Ley de Dependencia se ha comido los servicios sociales. Es
verdad que la Ley de Dependencia, como llevamos hablando mucho tiempo, era un sector que era un nuevo yacimiento de empleo. Es verdad que ese nuevo yacimiento de empleo tenía menos oro que el que esperábamos y ha habido una ralentización de ese
nuevo yacimiento de empleo en los
cuidados de proximidad, pero evidentemente lo ha habido; ha existido un avance en el empleo, sobre todo de personas muy vulnerables. En concreto, aquí el sector femenino de las personas inmigrantes ha tenido una ocupación muy importante en
todos los servicios de proximidad. Ahora bien, lo que hemos notado en el ámbito de las subvenciones públicas, del dinero público o incluso del IRPF, donde antes afirmaba que hemos tenido un crecimiento del 44 por ciento, es que mucho de ese
incremento va dirigido a infraestructura de Ley de Dependencia, por ejemplo residencias de ancianos, centros de día de ancianos, etcétera. Ese es un dinero que no se está aplicando en el ámbito de los servicios sociales de base, porque no se ha
incrementado en la misma medida. En ese sentido hay una cierta competencia, porque al final la bolsa no es eterna y, si hay cinco, hay que repartirla en distintas cosas. Ha habido una afirmación muy contundente, muy alabada y muy luchada también
por las organizaciones de la Ley de Dependencia como un derecho subjetivo, pero los servicios sociales se han quedado como algo que, dependiendo de los planes de los distintos municipios o comunidades autónomas, cubrirían una serie de prestaciones o
no cubrirían otras. De alguna manera no es un derecho subjetivo, sino que está sujeto al plan de cada ayuntamiento o de cada comunidad autónoma. En ese sentido era la afirmación. No estamos diciendo que la Ley de Dependencia disminuya, no, sino
que aumente, pero también las necesidades básicas de las personas tienen que ser, por pura contundencia, una necesidad básica; es decir, el alimento, el cobijo, el bienestar tienen que ser un derecho subjetivo.
Respecto a los trabajadores autónomos, por los que preguntaba el señor Campuzano, no tengo un dato concreto, pero en el retrato robot de las personas autóctonas, de los ciudadanos españoles, un rasgo que salía era el de los trabajadores
autónomos. El ser trabajador autónomo tiene una densidad por haber caído en riesgo de pobreza o en pobreza en la población española.
Respecto a los informes anuales del Gobierno, el único informe que anualmente se hace es el que realiza el INE sobre condiciones de vida de las personas, que es del que nos nutrimos todos para después hacer los distintos informes de la
pobreza y que es muy importante. Entendemos que tenemos que avanzar mucho, tal como nos está pidiendo la Unión Europea en la adecuación de los indicadores objetivos, en los indicadores Laeken, en la evaluación de los planes de inclusión. Tenemos
que avanzar mucho en indicadores objetivos, en indicadores que puedan ser comparativos con otros Estados de la Unión y con las distintas comunidades autónomas del territorio. Ha habido un avance muy importante. De hecho -permítanme un poco de
soberbia-, los indicadores de exclusión del informe Foessa están barajándolo varias comunidades autónomas como indicadores de objetivación de los niveles de inclusión-exclusión social de las personas, porque de alguna manera también están pensados
para que sean compatibles con los indicadores de Eurostat y los indicadores Laeken de la Unión Europea, pero hay muchísimo que avanzar. Todo es según el dolor con qué mira, decía Benedetti. Si no tenemos con qué mirar, evidentemente no vamos a
tener dolor con el que mirar, ni datos con los que mirar.
Respecto a la pobreza infantil en estos últimos años hemos hecho un descubrimiento que era de Perogrullo, pero que no ha dejado de ser un descubrimiento. Hemos estado años luchando contra la pobreza infantil y nos hemos olvidado de que la
pobreza infantil depende de la pobreza de la familia. La pobreza infantil se tiene que declinar con políticas de familia, no con meras ayudas a los niños. Hemos estado dando ayudas a los niños y nos hemos olvidado de que los niños, en general y
gracias a Dios, se crían en familia, en familias muchas veces con un nivel de desestructuración importante y otras veces no, pero no dejan de ser educados en ese entorno. De alguna manera tenemos que reconvertir las políticas de la infancia en
políticas de familia. En políticas de familia en el Estado español tenemos los deberes poco hechos comparativamente con Europa, y es un nivel de incremento que estamos trabajando y hablando tanto con el Ministerio de Sanidad y Política Social como
con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, porque vemos que ahí tenemos que hacer un gran desarrollo.
Respecto al grado de implicación de comunidades autónomas y ayuntamientos, no puedo más que decir que es tremendamente variable -y voy a liar más- y no dependiente del color político de quien los gobierna. Podríamos preguntarnos ¿los
gobiernos del Partido Socialista qué hacen, los gobiernos del Partido Popular qué hacen? Depende, la variabilidad es enorme, y es uno de los elementos que echamos en falta. Una cosa es la cercanía de los problemas al territorio y otra que cada uno
haga más o menos lo que le venga en gana según muchas variables: el carisma del alcalde, la capacidad económica del ayuntamiento la población, la historia social del ayuntamiento; es decir, es tremendamente variable. En las comunidades autónomas
se puede encontrar más rutina respecto a los partidos políticos, pero se puede afirmar con carácter general que durante los últimos años ha habido un incremento muy importante de las rentas mínimas, de las políticas contra la exclusión social que se
está viendo en cierta medida ahora paralizado. Ese es un temor que tenemos. Ha habido un incremento independientemente del color político. Después podemos poner matices y cada autonomía es cada autonomía, con sus propios autónomos, con lo cual es
complejo de hacer. Podemos afirmar que ha habido a final de 2009, principios de 2010, fundamentalmente en los presupuestos de 2010, un ligero parón en las políticas contra la exclusión social, que se relacionan con mayor incremento de la exclusión
social, y puede llegar a ser preocupante. La contención del gasto público significa también de alguna manera contención de las políticas contra la exclusión y eso está siendo, en mayor o menor proporción, una constante en las distintas comunidades
autónomas.
Creo que he contestado más o menos a todos. Si alguien no se siente contestado, que me lo diga y con mucho gusto volveré a contestarle. Como me pedía la Mesa, mandaré tanto la presentación de PowerPoint como el informe completo, por si
alguien no lo tiene para que pueda tener acceso a él. Ahora me dan la dirección a la que mandarlo y lo haré. (La señora Méndez Monasterio pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Méndez.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: ¿Me permite una pequeña aclaración?
La señora VICEPRESIDENTA: Sí, señora Méndez.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Quería hacer una aclaración que creo que es necesaria. Quiero hacer un reconocimiento expreso por la labor que están haciendo -y en eso estoy absolutamente de acuerdo con el representante de Cáritas- a todos
los ayuntamientos que se encuentran sin recursos y a los trabajadores sociales que se encuentran sin recursos. Cuando he hablado de dejación de responsabilidades de las administraciones lógicamente no iba por ellos. Quería hacer esta aclaración
porque me parece importante.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mora, por la interesante comparecencia.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.