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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 471, de 16/02/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 471
NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA
Sesión núm. 25
celebrada el martes, 16 de febrero de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de las siguientes comparecencias para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Por acuerdo de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo:
- Del señor presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, Ceoma (Méler y de Ugarte). (Número de expediente 219/000442.) ... (Página 2)
- Del señor presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, UDP (Martín Pindado). (Número de expediente 219/000443.) ...
(Página 14)
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PACTO DE TOLEDO:
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE MAYORES, CEOMA (MÉLER Y DE UGARTE). (Número de expediente 219/000442.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión de la Comisión del Pacto de Toledo. El primer punto del orden del día es la comparecencia de don José Luis Méler y de Ugarte, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de
Mayores, Ceoma, para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión.
Don José Luis Méler, bienvenido; está en su casa. Tiene el uso de la palabra por el tiempo que quiera.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE MAYORES, CEOMA (Méler y de Ugarte): En primer lugar, deseo transmitirles un cordial saludo a todos ustedes en nombre de la Confederación Española de Organizaciones de
Mayores (Ceoma), y nuestro agradecimiento por ofrecernos la oportunidad de estar hoy aquí, ya que es una reivindicación clásica de nuestra confederación contar con la posibilidad de hacer llegar a los poderes públicos de una forma directa el
planteamiento de nuestras personas mayores. Asimismo es para mí un honor representar ante esta Comisión, y como presidente de Ceoma, a más de un millón de personas mayores, que son las que engloban a las 40 organizaciones y a casi 1.500
asociaciones que forman la Confederación Española de Organizaciones de Mayores.
Como organización de referencia en el sector de los mayores, Ceoma investiga, analiza e intenta dar respuesta a las necesidades de estos, desarrollando programas que ayuden a los mayores a vivir su madurez con dignidad y a facilitar su
participación en la sociedad, evitando cualquier tipo de discriminación. Para llevar a cabo esta labor Ceoma mantiene contacto permanente con la Administración pública en todos sus niveles: universidades, grupos políticos e instituciones y
organizaciones de mayores. De esta forma Ceoma toma el pulso a la situación de las personas mayores en España, y aporta su análisis y experiencia a los grupos con capacidad de decisión económica, dentro y fuera de nuestras fronteras. En
definitiva, el objetivo prioritario de Ceoma es mejorar la calidad de vida de los mayores, haciendo que cada día tengan más presencia activa en la sociedad. Nuestra misión es la defensa de los derechos de las personas mayores, para así poder
incorporarlas a la sociedad y dotarlas de visibilidad, ya que los mayores son nuestra razón de ser.
Confiamos en que en este marco del Pacto de Toledo sea considerada la voz de más de un millón de personas mayores englobadas en Ceoma. No podemos olvidar que España es actualmente uno de los países más envejecidos del mundo, con más de 8
millones de mayores de 65 años, aproximadamente el 18 por ciento de la población; y las previsiones demográficas apuntan a que en 2050 será el país más envejecido -más del 30 por ciento de la población- después de Japón.
La situación por la que atravesamos los mayores es delicada, como demuestran las denuncias que recientemente ha formulado Ceoma. Los mayores españoles ostentan el terrible honor de que un 28 por ciento de ellos corre el riesgo de ser
pobres, frente al 19 por ciento de media en el resto de los países europeos, y ese riesgo lo corren porque sus ingresos están por debajo del 60 por ciento de los ingresos medios del país, según Eurostat. Deben saber sus señorías que muchos
jubilados que perciben la pensión mínima en nuestro país sobreviven con unos ingresos de alrededor de 400 euros. Esta situación es desde luego el resultado de la discriminación de los mayores en todos los ámbitos. La verdad es que todos los
problemas que sufren las personas de edad en la actualidad se pueden considerar como discriminación.
Centrándonos en las competencias de esta Comisión, y más concretamente en lo que afecta al trabajo de los mayores, a la jubilación y a las pensiones, el planteamiento de Ceoma parte de la base de que muchos mayores pueden y desean trabajar,
pero se ven forzados a mantenerse al margen del mercado laboral por las características del mismo. En este contexto, y considerando el futuro incremento del número de pensiones por el envejecimiento de la población, Ceoma tiene reivindicaciones
concretas que desea trasladar al Pacto de Toledo. Aportamos propuestas para debatir con el objetivo de lograr una legislación que no excluya y sí defienda a los mayores. Es necesario que el nuevo enfoque de la jubilación tenga en cuenta las
necesidades de empleo y empleador, pero que incorpore políticas de jubilación flexible, protegiendo siempre los derechos adquiridos sobre las pensiones, y estableciendo un diálogo en el que se incluya a instituciones como Ceoma que representan a un
elevado número de personas mayores.
Segundo: antecedentes históricos. Permítanme una revisión de nuestro derecho histórico, que como verán pone de manifiesto que ya desde hace décadas la jubilación era considerada como un derecho que el trabajador podía ejercer libremente,
como nuestra confederación reclama. La orden del Ministerio de Trabajo de julio de 1953 ya reconocía la jubilación por edad del trabajador como un derecho individual, que podía ejercitar cuando lo estimase conveniente, una vez reunidos los
requisitos generales establecidos en la ley. Tradicionalmente, por tanto, la jubilación venía siendo considerada como un derecho, y no como una obligación del trabajador,
de tal manera que el tránsito a la situación de retiro quedaba al arbitrio de este.
Con amparo en dicha orden, el Tribunal Supremo declaró en sentencia de 30 de junio de 1966 que la imposición al trabajador de una edad de jubilación era materia rigurosamente vedada a la negociación colectiva.
Nuestra Constitución, al
amparo de la cláusula abierta que contiene el artículo 14 -cualquier otra condición o circunstancia personal o social-, ha posibilitado a la jurisprudencia constitucional que pueda albergar otros motivos de discriminación como la edad. En el
artículo 10 de la Carta Magna se señala que la aplicación de los derechos fundamentales y libertades se interpretará de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como con los acuerdos y tratados ratificados por España,
obligando a los gobiernos e instituciones a evitar discriminaciones hacia el mayor, y entre ellas lógicamente las que puedan afectar al empleo.
Sin embargo el Estatuto de los Trabajadores vino a incorporar la disposición adicional quinta, posteriormente la décima, que regulaba la fijación de la edad de jubilación por el Gobierno. Posteriormente la Directiva 2000/78 de la Unión
Europea, que prohíbe la discriminación por edad, ha permitido establecer limitaciones al trabajo de los mayores por razones de política general de empleo. Al amparo de esta norma y tras varias alternativas de ida y vuelta, los agentes sociales
pactaron la jubilación forzosa vía convenio colectivo, que el legislador incorporó a la Ley 14/2005, que modificó la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores ahora vigente. El acuerdo interconfederal para la negociación
colectiva 2010-2012, cerrado el 9 de febrero de 2010, recomienda a los negociadores de ámbito inferior que incorporen dicha cláusula a los convenios. En definitiva, se está imponiendo por esta vía la jubilación forzosa para el trabajador concreto.
Entendemos que tal situación implica un retroceso en los derechos fundamentales del trabajador, que ya tenía reconocidos como un derecho fundamental de la persona, y que dicha disposición debe ser derogada.
Tercero: hacia una jubilación voluntaria y flexible. Ceoma recuerda que el derecho al trabajo está recogido en nuestra Constitución. Tras tres décadas creemos llegado el momento necesario de implementarlo. Si un trabajador sigue estando
capacitado y quiere continuar trabajando se le debe permitir hacerlo. El creciente número de personas prejubiladas y jubiladas constituye un valioso caudal social de experiencia y capacidad infrautilizado. Es necesario tener en cuenta el aumento
de la esperanza de vida, ya que en la actualidad hay muchos trabajadores con más de 65 años que desean seguir realizando su actividad profesional, y que están en perfectas condiciones para hacerlo. Debemos permitir a estos trabajadores, si así lo
desean y están en condiciones, continuar trabajando para hacer coherente el derecho al trabajo que tenemos todos y que nos garantiza la Constitución.
Esta Comisión establecía, tanto en su informe de 2003 como en el de 2005, que -leo literalmente- 'debe abogarse por la flexibilidad en cuanto a la edad de jubilación, y por imponer medidas de fomento de la misma'.
Asimismo reconocía que el
mantenimiento de la vida activa redundaba en beneficio no solo del trabajador, sino de la propia sociedad.
Respecto a la edad de jubilación hay que tener en cuenta que en nuestra legislación la obligación de jubilarse a los 65 años viene impuesta en la mayoría de los casos, por la vía de la negociación colectiva, como anteriormente he dicho,
cuestión que desde luego no solo es discutible, sino que debe ser derogada. Desde nuestra perspectiva la recomendación es eliminar definitivamente la obligatoriedad de jubilarse a los 65 años.
Esta edad u otra que en algún momento pueda
establecerse debe ser el punto de partida para la jubilación voluntaria. Es decir, en el momento en que un trabajador cumpla esa edad puede, si quiere, jubilarse siempre que además cumpla los requisitos de cotización que se exigen. En los últimos
días se viene hablando de la posibilidad de incrementar esa edad frontera de los 65 a los 67 años de forma progresiva. A este respecto debemos señalar que pensamos que esta medida no aportaría nada positivo al problema que pretendemos resolver. Es
decir, abundando en el planteamiento anterior, nosotros no defendemos que se retrase la edad de jubilación, sino que se elimine, repito, la jubilación obligatoria. En este contexto cabe preguntarnos, ¿por qué obligar a seguir trabajando después de
los 65 años a aquellos que no quieran, y obligar a que dejen de trabajar a los 67 a aquellos que quieren y pueden hacerlo? Concluyendo, no debe establecerse un límite de edad para el trabajo en un régimen de libertades individuales y de derechos
fundamentales. Además así lo establece nuestra Carta Magna en los artículos 14 y 35, y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23.
Cuarto: mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. En los últimos días se ha debatido sobre la posibilidad de ampliar el plazo que se tiene en cuenta a la hora de calcular la pensión, lo que comúnmente se conoce como periodo de
cotización, y que pasará de los 15 años actuales a 20 ó 25. Hay quien incluso aboga por que se compute toda la vida laboral.
Parece que el objetivo es intentar no perjudicar a los trabajadores que hayan sido despedidos al final de su vida laboral.
Sin embargo pensamos que esta propuesta dará como resultado concreto una bajada real de las pensiones, ya que en los últimos años es en los que por norma general se suelen cobrar los salarios más elevados. Por ello, para que no se perjudique a esos
trabajadores se pueden imponer medidas correctoras, pero no crear una injusticia mayor con respecto a otros trabajadores. Si todos los implicados estamos de acuerdo en que las pensiones deben garantizar el poder adquisitivo de las personas mayores,
esta medida de ampliar el periodo de cotización sin duda no contribuirá a ello. De hecho, el periodo de cotización debe ser el elemento que se tenga más en
cuenta, incluso con mayor valor que el criterio de la edad. De esta forma el sistema es realmente flexible, y además así no perjudicaría a trabajadores que hoy día, pese a haber cotizado el tiempo establecido o incluso más, no pueden cobrar
el cien por cien de su prestación. En conclusión, esta medida supondría aumentar el riesgo de atravesar el umbral de la pobreza por parte de muchos pensionistas que se verán afectados por la reforma.
Ceoma siempre ha apostado por la mejora continua de las pensiones y su armonización con las de los países de su entorno. El beneficio de retrasar la jubilación voluntaria es triple. Uno, permite a estos trabajadores mantener su nivel de
ingresos; dos, beneficia al sistema de pensiones, al seguir estos cotizando y no abandonarlas al aplazarse la jubilación; y tercero, a la vez aporta experiencia al mercado laboral, cualidad importante en una situación de crisis en la que el
conocimiento y la productividad cobran gran importancia.
Quinto: prejubilaciones, de entrada, no. Otra de las cuestiones decisivas siempre que hablamos de la prolongación de la vida activa es la relativa a las prejubilaciones. Ceoma considera que debería derogarse la normativa por la que se
beneficia a empresas que hayan posibilitado las jubilaciones anticipadas, que de forma indiscriminada han utilizado con el objetivo de reducir plantilla y costes laborales. Ceoma recuerda que España firmó el Plan de acción internacional sobre el
envejecimiento, aprobado en la Asamblea Mundial del Envejecimiento, celebrada en Madrid en 2002, en el que se recomendaba -y leo literalmente- 'suprimir toda clase de barreras y desincentivos para prolongar la vida laboral, incluyendo los incentivos
que animan a la prejubilación, así como tomar medidas contra la discriminación por edad'. Sin embargo, y pese a lo firmado, las prejubilaciones siguen siendo práctica habitual de grandes empresas, y lo que es peor, en numerosas ocasiones presionan
a los empleados para que las acepten, incluyendo medidas coercitivas.
Estas prejubilaciones eliminan, muchas veces de manera forzada, a personas mayores que necesitan o desean trabajar, prescindiendo de elementos especialmente destacables para la productividad, como son su experiencia, serenidad y valía
demostrada. En algunos casos estas prejubilaciones se realizan bajo la excusa de facilitar empleo o dar oportunidades a los más jóvenes, algo que es una quimera, porque la realidad es que tras las prejubilaciones, al desprenderse de los
trabajadores más experimentados, se genera inestabilidad y precariedad laboral entre los jóvenes que mantienen el trabajo.
Esta Comisión, en sus conclusiones del año 2005, señala que -leo literalmente- 'sólo en supuestos específicos y justificados deberían poder utilizarse fondos públicos de la Seguridad Social para ajustes de plantilla que supongan jubilaciones
anticipadas'; en definitiva, aceptar que entre todos paguemos esos casos específicos y justificados. Desde el punto de vista de esta confederación el apoyo a las prejubilaciones es una de las medidas que más desincentiva esa prolongación de la
vida activa que todos consideramos deseable. Es por lo que desde Ceoma reivindicamos que se aprueben medidas tendentes a su desaparición, que pueden estar orientadas hacia las cargas fiscales. No somos ajenos a que pueden darse casos en los que
tanto la empresa como los trabajadores tengan interés en elegir una opción de esta naturaleza. Nada más lejos de nuestra intención que interferir en la libertad de las partes, pero nos negamos a que, como señalábamos antes, lo tenga que soportar el
sistema, ya que nos parece un flagrante caso de quiebra del principio de solidaridad. Así pues consideramos que existen en la legislación vigente numerosos recursos para extinguir la relación laboral. Úsense y desde luego páguense.
Sexto: destruyendo mitos; oportunidades para los jóvenes y calidad del trabajo. En contra de la prolongación de la vida laboral se suelen esgrimir dos razones; por un lado que se frenan las oportunidades de los jóvenes para acceder al
trabajo o para ascender; y por otro se argumenta una pérdida de las facultades, y por tanto de productividad, por razón de la edad. En relación con el primer mito Ceoma considera que la permanencia en el mercado laboral de trabajadores mayores es
compatible, además de positiva, con la incorporación laboral de los jóvenes. El motivo es que el empleo continuado de los trabajadores mayores no reduce las oportunidades de trabajo de los jóvenes, sino que incrementa sus conocimientos y les
potencia laboralmente para poder beneficiarse de la experiencia que atesoran los mayores, la cual también motiva mayor productividad para la empresa. Por lo que respecta a la bajada de productividad de los mayores, si pueden darse casos en los que
con el tiempo y la edad disminuya la capacidad para realizar determinadas profesiones, no hay ninguna evidencia científica que afirme que esto suceda a los 65 años ni a los 67. El problema radica en nuestra percepción selectiva, guiada por el
perjuicio que determinan nuestras formas de relación con las personas de edad. De hecho, hay estudios científicos que afirman que los trabajadores de más edad logran mejor resultado que los jóvenes, por ejemplo en nivel de productividad, precisión
y constancia; en el informe cito una serie de libros que luego podrán comprobar.
Otros estudios señalan que es la mera expectativa de una supuesta pérdida de aptitudes lo que provoca que responsables laborales tomen decisiones discriminatorias ante esos trabajadores de más edad, lo cual provoca en muchos casos pérdida de
motivación por parte del trabajador. En este sentido Ceoma ha presentado recientemente el estudio El trabajo más allá de los 50: informe sobre la prolongación de la vida activa; su principal conclusión es que las agencias de colocación y los
expertos en recursos humanos están mayoritariamente en contra de la prejubilación y, de tener que exigir una edad obligatoria, prefieren la actual. También están bastante de acuerdo en que la voluntariedad de la jubilación que defiende Ceoma está
garantizada por la ley. En
Estados Unidos, donde se prohibió la jubilación obligatoria en 1986, entre el 10 y el 20 por ciento de los trabajadores ha optado por continuar en su trabajo más allá de los 65 años. Este pequeño porcentaje corresponde a los trabajadores
más cualificados, los de más alto nivel educativo, y los más satisfechos con su trabajo. De hecho, la perspectiva de la jubilación obligatoria desincentiva al trabajador, y a partir de cierto momento le hace perder interés en la calidad del trabajo
que realiza. Además, apartar forzosamente a los trabajadores del mercado laboral les perjudica, convirtiéndoles en usuarios de otros recursos sociosanitarios.
Esto lógicamente incrementa los costes en materia sociosanitaria. Por ello no podemos
perder de vista que el trabajo organiza la vida de los ciudadanos en todos los sentidos, desde la hora a la que nos levantamos hasta la de acostarse. Realmente apartarnos de la vida laboral puede suponer en algunos casos, y sobre todo entre
varones, una muerte social.
En este sentido una estadística del INE arroja un escalofriante dato: la tasa de suicidios de las personas mayores de 70 años triplica cuando menos la tasa de suicidio en menores de 30 años. En definitiva, continuar
trabajando es rentable económicamente, se sigue contribuyendo y se reducen los costes en otros recursos; además es rentable socialmente, y contribuye a fomentar el envejecimiento saludable, como recomienda Naciones Unidas.
Séptimo: fomento de la vida activa. La reclamación de expertos y agencias de colocación -estoy refiriéndome al trabajo más allá de los cincuenta- para permitir la permanencia de los trabajadores en el mercado laboral, junto con el deseo de
estos, motiva que Ceoma solicite ante esta Comisión la creación de mecanismos que faciliten el acceso y la permanencia de los mayores en el mercado laboral. Por ello, y para potenciar la productividad, Ceoma propone que instituciones y empresas
implanten planes de carrera profesional. Su objetivo sería adecuar los puestos de trabajo a la evolución vital y natural de los trabajadores, así como maximizar su aportación a la empresa. Esta propuesta incluiría implementar planes de formación,
adaptación de las condiciones laborales, cambios de puesto y responsabilidades, etcétera. Pero para ello es preciso flexibilidad organizativa, la reconfiguración de las estructuras salariales, las mejoras de los procesos de planificación
estratégica, financiera y de recursos humanos, y aún más que todo ello es necesaria la voluntad de eliminar el estereotipo que asocia al mayor con incapacidad e ineficacia.
Octavo -y ya con esto termino-: propuestas de Ceoma o decálogo de Ceoma.
Uno, no discriminación por razón de edad; un derecho fundamental. Los mayores, como el resto de los miembros de la sociedad, tienen derecho al trabajo según la
Constitución española, como he citado anteriormente, artículos 14 y 35, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 23. Dos, hacia una jubilación voluntaria y flexible. No defendemos que se retrase la edad de jubilación, sino que
se elimine, repito, que se elimine la jubilación obligatoria. No debe establecerse un límite de edad para el trabajo en un régimen de libertades individuales y de derechos fundamentales. La jubilación obligatoria supone una grave discriminación
por razón de edad. Tres, prejubilaciones; de entrada, no.
Ceoma solicita que se supriman las prejubilaciones. Se han usado por parte de empresas y administraciones para desprenderse de los trabajadores más experimentados, lo cual provoca
inestabilidad y precariedad en los más jóvenes. Ahora las prejubilaciones corren a cargo del sistema público, lo cual consideramos que es una flagrante quiebra del principio de solidaridad. En los casos en los que tanto empresa como trabajadores
desean finalizar su relación laboral deben usarse los recursos existentes para extinguir la relación laboral, y sus gastos corren a cargo de la empresa o entidad, no del grueso de la sociedad, como sucede hasta el presente. Si prolongar la vida
activa es una medida en la que todos estamos de acuerdo, se debe eliminar cualquier incentivo a las prejubilaciones. En caso de consenso entre trabajador y empresa la herramienta que se utilice no será sufragada por el Estado. Cuarto, mantener el
poder adquisitivo de los pensionistas. Partiendo de la recomendación de esta Comisión de mantener el nivel de renta de los jubilados, no se debe ampliar el periodo de cotización para calcular la base de la pensión, ya que ello supondría la bajada
real de las pensiones. Quinto, destruyendo mitos; oportunidades para los jóvenes y calidad de trabajo de los mayores. No se puede amparar la discriminación de los mayores en base a la falsedad de ofrecer oportunidades de empleo a los jóvenes.
Mantener a los mayores que así lo deseen en el mercado laboral redunda en beneficio de la empresa, ya que aportan cualidades que contribuyen a su desarrollo, fomentando así el crecimiento económico, la creación de empleo y reduciendo la precariedad.
Sexto, fomento de la vida activa; un beneficio económico y social. Recomendamos que frente a la realidad del envejecimiento se promocionen medidas que fomenten la continuidad de la vida activa, y en concreto establecimiento de planes de carrera
que contemplen este fenómeno vital, imponer la formación a lo largo de la vida, establecer criterios de flexibilidad organizativa, potenciar la transmisión del conocimiento, entre otras. Fomentar la vida activa es necesario económicamente, pero
también socialmente, y contribuye a reducir los costes sociosanitarios y a prevenir la dependencia. Séptimo: impuestos justos. Es necesario revisar la fiscalidad de las pensiones, sobre todo en relación con el IRPF, de tal forma que se acerque a
la posición de otros colectivos especialmente desfavorecidos. Octavo; subida de las pensiones. Ceoma reclama la subida de las pensiones más bajas. Es de justicia social paliar la situación de muchos mayores que sobreviven con pensiones mínimas
que no superan los 400 euros al mes. Noveno: ni 65 ni 67; no hay ninguna evidencia científica que avale la pérdida de capacidad para desempeñar un trabajo al llegar a una determinada edad. Además, defendemos que determinados colectivos mantengan
un régimen propio
para la especialidad de su trabajo. Y, finalmente, décimo: evitar la discriminación de los mayores es sin duda obligación de todos. De esto que acabo de leerles tendrán copia inmediatamente después de terminar esta comparecencia.
Señor presidente, señorías, muchas gracias en nombre de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) por la oportunidad que nos han brindado con esta comparecencia, esperando y deseando que nuestras propuestas sean
atendidas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente de Ceoma.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Concepción Bravo Ibáñez.
La señora BRAVO IBÁÑEZ: Lo primero, señor Méler, quiero agradecerle su presencia aquí hoy en representación de todos los mayores de España. Y yo, desde La Rioja, le quiero traer su agradecimiento particular, ya que hace poco a mí me
planteaban muchas asociaciones de La Rioja la presencia de los mayores en esta Comisión del Pacto de Toledo. Ellos consideraban que era importante que los mayores tuvieran una voz, y hoy es la primera vez que se oye en su persona; habrá más voces
desde los mayores, pero ellos no solamente reclamaban que se les oyera hoy de forma puntual, sino que también tuvieran una representación en esta Comisión del Pacto de Toledo. Es algo que yo pongo encima de la mesa y sí que sería bueno que de
alguna manera hubiera una presencia de los mayores de forma permanente en esta Comisión, que habla de temas que tienen que ver con los mayores.
Después de mi agradecimiento, voy a hacer unas recomendaciones en dos términos, o una comparecencia en dos partes. Por un lado, voy a hacer algunas valoraciones a lo que usted ha aportado, y me ha parecido una intervención brillante, que no
tiene desperdicio; le agradezco que nos pase una copia, porque yo, automáticamente, con su permiso, se la haré llegar a las asociaciones de mayores de mi comunidad, como representante que soy de ellos. Y también quiero hacerle algunas reflexiones.
Estoy totalmente de acuerdo con casi todo lo que ha dicho usted, primero, como persona ya mayor de cincuenta años. Empiezo por ese estudio que ustedes tienen recogido en su página web, que me parece brillante, El trabajo más allá de los 50. En la
línea que usted ha ido, todo lo que se aporta en ese trabajo, igual que todo lo que ha dicho usted, no es en absoluto irrelevante y menos en este momento en el que el tema de las pensiones está en la calle; sin quererlo se ha convertido en noticia
de plena actualidad. Desde no sé si fue el 4 o el 5 de febrero, es un tema que ha producido ríos de tinta, montones de debates, constantemente en los periódicos lo vemos; no solamente está en boca de los partidos políticos, sino que está en boca
de todas las personas, en boca de todas las familias. Era un tema que aquí, en la Comisión del Pacto de Toledo, seguía su ritmo, seguía sus trabajos, puesto que llevamos dos años en los que ha pasado todo tipo de expertos, todo tipo de
conferenciantes, pero de repente yo creo que un simple titular, un titular con letras muy grandes donde se hablaba de alargar la jubilación hasta los 67 años hizo que todos los españoles habláramos de ello. Creemos que el debate sobre las pensiones
irrumpió en el escenario público de una forma tan abrupta como preocupante. En un entorno de durísima situación económica, de incapacidad del Gobierno para afrontar con decisión y eficacia los problemas que tenemos ante nosotros, se ha desatado la
polémica sobre la sostenibilidad de este sistema de pensiones y la necesidad de sacrificios para los ciudadanos, en forma, creemos, de recortes drásticos de derechos, de draconianas condiciones de acceso y de cuantías más bajas para todos.
Como digo, en todos los diarios hablamos de prejubilaciones, hablamos de jubilados, hablamos de jubilados más allá de los 80 años. Usted ha dicho que mantenerse en forma activa, que el envejecimiento activo es una de las ideas que ustedes
preconizan, con la cual estamos totalmente de acuerdo. El envejecimiento activo nos lleva a estar más sanos. El otro día, concretamente el sábado, en el diario La Rioja, entrevistaban a tres personas, a tres señores (casualidad, eran los tres
hombres) muy conocidos de la sociedad riojana, y todos ellos estaban en activo más allá de los 80 años. Uno de ellos, abogado, decía que él se había mantenido en activo para evitar el alzhéimer. Bueno, pues no me parece mal, en lugar de hacer con
la maquinita los sudokus o lo demás. Mantener la mente activa evita enfermedades, en este caso yo creo que puede ser muy fácil, y evitar algunas enfermedades evita también problemas de salud y evita gastos de salud.
Evidentemente, el debate está abierto. Y usted ha hablado de ese debate sobre si que los mayores continuemos trabajando supone que restemos puestos de trabajo a los jóvenes. Lo ha dicho de la mejor forma posible, mucho mejor que lo que yo
tenía preparado en mi discurso. Insisto en que es un discurso que está en la calle, que está en las familias. Estos días todo el mundo te dice: anoche me decía mi hijo, que está en el paro, papá, no sé por qué no te jubilas; en concreto era un
compañero mío que, con 68 años, sigue en activo en la educación, un sector en el cual se puede uno mantener activo, si uno lo quiere. También lo ha dicho usted: si uno desea estar en activo, si a uno le gusta su profesión, su vocación, porque eso
es un factor también muy importante, si tú estás a gusto. Quiero recordar que estos días también en La Rioja un prejubilado de Radio Nacional de España, con 52 años, prejubilado, repito, decía al medio de comunicación: la verdad es que cuando me
tocó la prejubilación me pareció que me tocaba la lotería, aunque me parezca algo inmoral. Y él alegaba como una causa por la cual le gustó prejubilarse que tenía una serie de jefes que no le gustaban demasiado, que las consignas que le daban no le
convencían; en este momento él puede hacer lo que quiere y a la hora que quiere. Evidentemente,
si alguien desea jubilarse para dedicarse a otras cosas estaría muy bien.
Como usted bien ha señalado, el primer debate que tenemos encima de la mesa es: si seguimos en activo, ¿estamos frenando el trabajo de los jóvenes? Estoy totalmente de acuerdo con usted, en absoluto, no tiene nada que ver, al contrario. Y
ahí enlazo con la siguiente idea, yo creo que sobre todo a partir de los 50 años es cuando un mayor puede aportar más a la sociedad, todo lo que ustedes señalan en su estudio y en la aportación que usted nos ha hecho; es entonces cuando los mayores
tenemos realmente el conocimiento, ese conocimiento que se ha forjado en muchos años de trabajo, en muchos años de estudio. Si un mayor está en plenas condiciones, es el momento de aportar lo mejor a la sociedad. Ustedes hablan de la
profesionalidad de ese trabajador formado, de ese trabajador experto. ¿Que qué aporta? Aporta beneficios para la sociedad, aporta beneficios para el mercado de trabajo. En estos momentos se habla más que nunca de la sociedad del conocimiento. ¿Y
quiénes poseen el conocimiento? Realmente, las personas que tienen más de 50 años, a partir de 50 años.
Yo sé que los jóvenes son muy temerarios, todos lo fuimos en algún momento, y yo siempre me acuerdo del debate que yo mantenía con mi padre (yo
soy educadora y mi padre también lo era), el debate de la experiencia frente a la formación, frente a la profesionalidad. Ahora que ya poseo algo de experiencia, estoy a favor de mantener esa experiencia, pero como muy bien ha dicho usted, si se
quiere, si se desea, si se está en condiciones de mantenerse.
Usted ha hablado de los jóvenes; se ha olvidado usted de mencionar, aunque no en su estudio, a las mujeres. Yo creo que las mujeres, el potencial de las mujeres viudas (en su estudio lo recogen), sobre todo las viudas actuales, no han
generado carreras de cotización porque la incorporación de la mujer al mercado de trabajo es muy reciente; a partir de mi generación las cosas van a ser diferentes. Pero ese sector, el sector de la mujer corre más riesgo que el del hombre de
entrar en el tema de la pobreza. Usted ha señalado los datos de la pobreza. Otra cosa que también me gustaría que tuvieran ustedes en cuenta en su estudio, e insisto en que es brillante y la conclusión última a la que llegan me parece también muy
interesante. Hablan ustedes de la sociedad urbana. Evidentemente, ese estudio de trabajar más allá de los 50 años lo han hecho en la Comunidad de Madrid, y me temo, por los datos, estadísticas y demás, que sobre todo en Madrid. Hablamos de una
sociedad muy global, una sociedad muy flexible. ¿Pero adónde va mi llamamiento? No se olviden ustedes, cuando hablan de seguir con este tema del envejecimiento, de sus connotaciones sociales y políticas -y me parece perfecto que ustedes sigan
trabajando en ello-, no se olviden, por favor, del medio rural, del medio rural español. Porque es fácil en una ciudad mantenerse activa, y lo sé bien; en una ciudad hay montones de oportunidades, la sociedad civil de los mayores está muy
organizada, está muy consolidada, pero en el medio rural español, con todas sus características, es más complicado. Evidentemente, donde se está produciendo el envejecimiento, digamos, más atroz, con más falta de medios, a todos los niveles, es
sobre todo en los pueblos de España; ahí es donde ustedes, como agentes activos del envejecimiento activo, nos tienen que instar a nosotros, a los políticos, a que desarrollemos políticas para mejorar la vida de nuestros mayores.
Respecto al debate que se ha generado en este momento, nos gustaría señalar que desde el Partido Popular pensamos que en este momento ha sido una medida imprudente, vamos a calificarla de imprudente. Desde el Gobierno se ha planteado un
conjunto de medidas y en ese conjunto de medidas hay de todo. Pero nos ha parecido que se ha planteado de forma unilateral. Llevamos aquí dos años hablando, debatiendo del tema, y de repente el Gobierno, sin conocer nada los partidos, en este caso
mi partido, el partido mayoritario de la oposición, presenta un documento, sin consenso previo, sin ninguna consulta y contradiciendo de alguna forma el discurso que había hasta la fecha. El Pacto de Toledo hasta este momento venía desarrollando
sus trabajos sobre una serie de consideraciones e ideas básicas en las que parecía haber posibilidades ciertas de acuerdo. Romper esta dinámica positiva planteando -insisto, de forma imprevista, totalmente imprevista, y unilateral- propuestas como
la prolongación coactiva hasta los 67 años, a sabiendas de la falta total de apoyo de la misma, resulta entrar en un terreno abonado para el fracaso.
Y así ha sido. Los estudios demográficos los conocíamos hace tiempo.
Insisto, llevamos dos años
hablando de demografía. El Gobierno hasta este momento nunca había estimado definitivos esos estudios. La crisis económica ha tenido un efecto innegable sobre los pilares en que se sustenta este sistema, pero la verdad es que hasta ahora había
sido menospreciado. En el Partido Popular creemos que se ha olvidado en esta serie de propuestas lo fundamental, que usted también lo ha señalado: que lo relevante siempre será el esfuerzo de cotización realizado, en años y en aportaciones. Ello
deriva de las bases de cotización, de su cuantía, de su continuidad, de la productividad del trabajo y de la capacidad del país para generar riqueza y crecimiento. Puede parecer una obviedad, pero las pensiones se pagarán con un empleo estable, con
carreras continuadas, con una incorporación rápida al mercado de trabajo de nuestros jóvenes y con limitaciones estrictas al abandono anticipado de la vida laboral de los mayores. Usted, en ese decálogo que ha hecho al final, ha ido planteando
todos los temas. Ha habido una frase que no ha sido muy tajante, pero que ahí está: prejubilaciones no, en principio.
Evidentemente todo va por ahí.
En este momento nuestro problema no es el sistema de pensiones. Nuestro problema, el problema de este país es el desempleo y el déficit que aparece en 2010, no las pensiones de 2040. Con eso no estamos diciendo que no haya que hacer
reformas, al contrario; ya desde la pasada legislatura venimos diciendo que, en el seno de este Pacto
de Toledo, con el consenso de todos los grupos políticos -yo solamente llevo dos años en esta Comisión, pero esa es la filosofía de esta Comisión-, con diálogo, hubiera sido mucho más fácil, porque si todo hubiera estado pactado no
hubiéramos dicho nada. El lenguaje de las pensiones es muy demagógico, es un lenguaje que nos puede hacer mucho daño a todos los grupos políticos, porque en un momento puede ir contra un grupo, pero en otro puede ir contra el otro. Al final, los
ciudadanos no entienden si las pensiones las paga el Gobierno, las paga el PSOE, las paga el Partido Popular o el PNV; no, no, los jubilados, hoy en día, la sociedad hoy lo que quiere es sus pensiones, lo que reclaman son sus pensiones.
Como me dicen que me estoy alargando y no quiero hacerlo, voy a terminar con nuestro planteamiento: el Partido Popular, y va en la línea de lo que usted ha aportado, cree que tenemos que dotarnos de nuevos instrumentos e incentivos que
hagan efectiva la edad legal de jubilación; está claro que los actuales no incentivan a nadie. El que sigue trabajando, simplemente lo hace por voluntad propia, por vocación, porque le gusta lo que hace.
La segunda cuestión sería que se trata de
hacer real la edad legal de los 65, con eso sería más que suficiente en este momento. Hay que apoyar con más intensidad la prolongación voluntaria de la actividad de los ciudadanos, restringiendo al máximo el abandono prematuro de la vida laboral.
Hay que condenar la discriminación por edad en nuestro mercado laboral, en la línea que ustedes decían, hay que reivindicar a las personas de edad. Hay que remover los obstáculos a la libre elección del momento y la modalidad de la jubilación,
desarrollando al máximo un modelo de jubilación libre, gradual y flexible. Y por supuesto, importantísimo, hay que reconocer la carrera de cotización de todos los trabajadores. Lo más justo y eficiente es poner el acento en los años exigibles de
cotización y el esfuerzo contributivo necesario, basándonos en carreras de cotización y en un cálculo de las pensiones más equilibrado y equitativo, más que en el hecho en sí de la edad de jubilación, en la que cabe introducir elementos de decisión
individual, de libertad y de disposición de los personales deseos y necesidades, una vez que se cumplan determinados requisitos.
Muchísimas gracias, y siento haber extendido mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Don José Luis, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE MAYORES, CEOMA (Méler y de Ugarte): En primer lugar muchas gracias por sus palabras. Y evidentemente con este documento que se les va a entregar pueden hacer lo que
consideren oportuno, repartírselo a todos sus asociados o lo que quieran.
Con respecto a la participación de los mayores en el Pacto de Toledo, estamos abiertos a ello. Tiene que haber quizás una representación, también nosotros lo proponemos, que alguien de los mayores, una confederación o lo que consideren
oportuno, participe en el Pacto de Toledo. Nosotros nos brindamos a ello, estamos deseándolo, y es el motivo de esta comparecencia. El tema de las mujeres. Yo hablo de hombres en general pero abarca a las mujeres. No digo hombre y mujer, varón y
hembra y cosas por el estilo; lo que se dice para los hombres se dice para las mujeres exactamente igual. Y medio rural. Concretamente en octubre del pasado año hemos tenido nuestro IX Congreso nacional de organizaciones de mayores de Ceoma, que
se llamaba El envejecimiento activo, y el lema de ese envejecimiento activo era: El arte de envejecer. Ahí hubo seis ponencias, que están recogidas en nuestra página web, en las que se habla de cosas del tema rural, de justicia y de un montón de
temas económicos, etcétera. O sea, que si pueden entrar en nuestra página web, ahí pueden concretamente ver cómo patrocinamos el envejecimiento activo, cómo es la actividad de las personas mayores en la sociedad, y cómo decimos que estén activas
para que no se queden dormidas.
Esto es lo que les puedo decir, y gracias de nuevo por sus palabras.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero agradecer la comparecencia de Ceoma ante esta Comisión. Nos parece una comparecencia necesaria. Además, quiero valorar su reivindicación del envejecimiento activo, que también nos parece una cuestión a
introducir en nuestras reflexiones, en las reflexiones del Pacto de Toledo. Y por otra parte también voy a hacer alguna precisión con respecto al hecho de haber retomado los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo. Quiero felicitarme de que
vuelva otra vez el debate de pensiones a esta Comisión, de la que nunca debería haber salido, opinión de mi grupo parlamentario. Las propuestas recientes que se han hecho y el debate que hemos tenido de espaldas a nivel público no han sido buenos y
no son buenos para el sistema de pensiones, ha creado incertidumbre, y por tanto no garantiza el diálogo y el acuerdo, tan imprescindibles en una comisión como esta. Nosotros volvemos a reivindicar, por tanto, residenciar -una mala palabra, pero
bueno-, ubicar el acuerdo en el marco de esta Comisión, y volvemos a reivindicar también la necesidad del diálogo y del consenso en esta materia.
Consideramos la propuesta que ha hecho el Gobierno no solamente una propuesta desafortunada, que lo ha
sido, sino además unilateral, injusta y torpe; todo eso es la propuesta del Gobierno con respecto a los 67 años, que no se corresponde en absoluto con el trabajo de esta Comisión.
Sí quiero terminar mi intervención en relación con la intervención del representante del Ceoma planteando una cuestión que a nosotros nos parece muy importante. Nosotros seguimos defendiendo la jubilación a los 65 años, porque es una
conquista similar a la conquista que supuso
las 8 horas de trabajo diarias, una conquista muy similar. Eso no quiere decir que haya que aplicarla a rajatabla a aquellos colectivos que tienen condiciones para continuar trabajando. Pero también en el envejecimiento, como en las
jubilaciones, hay envejecimiento y jubilaciones de primera, de segunda y de tercera. Y por ejemplo, los sectores sociales de altas rentas en nuestro país, cuando se jubilan tienen por delante quince años de esperanza de vida. Los sectores medios
tienen en torno a diez años. Y sin embargo, hay sectores de trabajadores manuales que cuando se jubilan tienen siete, ocho años de esperanza de vida por delante. Comprenderán que no es lo mismo para un sector que para otro continuar trabajando.
Reconocemos el elogio del trabajo, pero no tanto el elogio del empleo; y aquí habría que recordar también el elogio de la pereza de vez en cuando.
Decía un amigo mío, y termino, que el trabajo no puede ser bueno porque no pagas por ello; de
hecho, te pagan. Por lo tanto, señorías, elogio del trabajo sí, no tanto del empleo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE MAYORES, CEOMA (Méler y de Ugarte): Lo único que le puedo decir es que Ceoma no está en contra. Con respecto a los 65 años, recomienda que en algunos casos se estudie el
tema que haya entre el trabajador y la empresa para que puedan continuar trabajando. Puede ser el caso por ejemplo de médicos, que es una cosa sangrante, el caso de universitarios, de profesores o de catedráticos, entre otras cosas. Entendemos
también que otros se van a tener que jubilar mucho antes porque son trabajos penosos, como puede ser el del minero, el del marmolista o cosas por ese estilo, y eso no entra ya en este tema. Nosotros, no es que nos cerremos en banda, si hay que
marcar una pauta, lógicamente podrían ser los 65 años, pero lo que queremos es dejar abierta esa puerta para que aquellos que puedan negociar con su empresa tengan opción a ello y que no se les corte la vida activa.
El señor PRESIDENTE: Don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Yo también quiero empezar mis palabras felicitando al representante de Ceoma por su brillante exposición.
Comento también, como cuestión previa, señor presidente, que, tras los elogios glosados por el señor
Llamazares a la pereza y al trabajo, uno podría complementarlos con una especie de elogio a la locura, parafraseando a Erasmo de Rotterdam, a tenor de lo que está sucediendo en los últimos tiempos en relación con las propuestas sobre las reformas de
las pensiones, en virtud de documentos que luego son censurados, que se entregan a unas instituciones, que se entregan en otras, con contenidos en unos casos que han sido glosados por los medios de comunicación, en otros casos negados, con reuniones
extramuros de esta Comisión; parece, señor presidente, que esta Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo funciona en un doble régimen, uno en Pleno, entre los que estamos aquí ubicados representando a nuestras organizaciones políticas, y otro en
régimen de comisión permanente, donde solo algunos son los llamados, utilizando la expresión bíblica, a determinadas cenas o comidas para reflexionar sobre el futuro que nos espera en relación con nuestras pensiones.
Todo esto provoca y alimenta una reflexión muy recurrente, aparte de la de mi grupo parlamentario, de referencia a la fe muy quebrantada desde el momento fundacional, desde el pacto fundacional en el año 1995, en donde usted y yo éramos
diputados y además participamos de este principio fundacional y en donde se consagraron dos principios en relación con la pensión de jubilación o a la contingencia de jubilación, por usar una expresión técnicamente más correcta. Una contingencia
como la de jubilación tendría que ser objeto de consenso en el Pacto de Toledo; por tanto yo hago la misma puesta en valor que ha hecho el señor Llamazares con relación a esta Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo; y además una contingencia,
a cualquiera de ellas, de las protegidas por el sistema, por la Ley General de la Seguridad Social no puede ser objeto de reforma desvinculada de las demás contingencias protegidas por el sistema. Porque las contingencias que el sistema o la Ley
General de la Seguridad Social protegen forman un entramado indisolublemente unido entre sí. Y esta contingencia, sin analizar, en términos de prospectiva, la de desempleo, las de incapacidad e invalidez, las de supervivencia y todas las demás, nos
conduciría inevitablemente a un error de diagnóstico y a un error de resultado, a un error formativo, en definitiva. Y por lo tanto quiero comentarle mi preocupación creciente respecto a la decadencia de la Comisión de seguimiento y del Pacto de
Toledo, en su configuración y en lo relativo a sus principios fundacionales, inspiradores, del año 1995. Esta decadencia fortalecida, porque todo lo que llega aquí, mandatado por el Pleno del Congreso de los Diputados, se difumina, se produce una
especie de efecto telúrico o mágico, e iniciativas que se remiten aquí para que sean informadas y estudiadas desaparecen sencillamente en la nada, caducan o se extravían; realmente esto es un misterio prácticamente teológico también, que merecería
una reflexión por parte de todos los aquí presentes. Han sido varias las presentadas por mi grupo parlamentario que en este momento desconocemos qué suerte han corrido y en qué fase están, si en fase de estudios o en fase de expectativa a lo que
sea, señor presidente.
Hecha esta glosa respecto a los problemas que nos preocupan con relación al funcionamiento del Pacto de Toledo en su doble dimensión de Comisión permanente y de Pleno -esperemos pertenecer todos a la Comisión permanente con un poco de suerte
algún día, para afrontar problemas-, sus reflexiones sí merecen sobre todo algunas reflexiones complementarias por parte de mi grupo parlamentario. El señor Llamazares ha dicho que
la edad de 65 años es una conquista social; pero una conquista social no se puede convertir en un sacramento o en un tótem, admite excepciones, y sobre todo admite excepciones basadas en la voluntariedad y basadas en el pacto entre el
empleador y el empleado, el trabajador. De hecho, la Ley 40/2007 prevé ya la posibilidad de atrasar la edad de jubilación, lo que pasa es que con medidas poco estimulantes en cuanto al incremento de las pensiones, el 2 por ciento cada año de
postergación sobre los 65; tan poco estimulante que ha resultado un fracaso realmente y son pocos los trabajadores que se han acogido a esta medida.
Y usted ha dicho una cosa muy importante, que efectivamente en la jurisprudencia constitucional no hacía falta esta ley para atrasar la edad de jubilación. Ya la jurisprudencia constitucional ha avalado la posibilidad de trabajar más, a una
edad superior a los 65 años; además de las sentencias que usted ha citado, le puedo citar la 22/1981, la 55/1991, la 222/2001 y la 281/2005, que consideran que obligar a un trabajador a jubilarse con 65 años constituye una discriminación prohibida
por razón de edad, prohibida, o impedida por el principio de igualdad ante la ley que consagra en su artículo 14 la Constitución.
Luego lo que usted ha dicho, nosotros lo compartimos. Lo que pasa es que nos falta quizás una referencia un poco más
afinada -la hubiéramos esperado por su parte- respecto a las prejubilaciones. En relación con las prejubilaciones, se utiliza de manera un tanto confusa este concepto.
Porque hay prejubilaciones que son inevitables, que dimanan de expedientes de
regulación de empleo que tiene un origen convencional y que son inevitables para el mantenimiento de la actividad productiva de las empresas. Y estas son inevitables. Claro, no se puede hacer una invocación crítica sobre estas prejubilaciones, que
al fin y al cabo salvan otros puestos de trabajo. Lo que sí me gustaría saber es si ustedes han reflexionado sobre qué ocurre con aquellos prejubilados que han cotizado treinta y cinco años o más de su vida laboral, que han sido expulsados,
mediante las resoluciones previstas en un expediente de regulación de empleo, contra su voluntad, del mercado de trabajo y cumplen 65 años. Se lo digo porque hay una proposición no de ley aprobada en la anterior legislatura por unanimidad, que
establece que los coeficientes reductores que a estos prejubilados se les aplican deberían ser, con treinta y cinco años cotizados, al cumplir los 65 años, objeto de desaparición, de remoción; y actualizar sus pensiones hasta alcanzar estas una
cuantía equivalente a la de los que se jubilaron con 65 años en activo de su mismo nivel y categoría profesional. Hay organizaciones, como Fevas y otras, que están trabajando sobre esta materia, y yo no sé si su organización ha realizado una
reflexión ad hoc contra estas prejubilaciones. Porque las otras, las que generan menosprecio colectivo, no son prejubilaciones en el sentido técnico-jurídico de la expresión.
Las que se realizan por algunos bancos o por la Telefónica son
resoluciones bilaterales o unilaterales de las previstas en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. No son prejubilaciones, son resoluciones del contrato en condiciones que cualquiera de los que estamos aquí acogeríamos seguramente con
sumo gusto, por lo menos algunas de las que hemos conocido. Pero no estamos hablando de prejubilaciones; las prejubilaciones técnicamente son otra cosa, son mecanismos de resistencia contra las crisis económicas, que por mí permiten mantener el
empleo.
Ya con esto acabo mis palabras, señor presidente; me gustaría conocer su opinión sobre este segundo aspecto y compartir esta invocación casi presbiteriana al trabajo que usted ha realizado, y que además tiene un gran asentimiento en La
Rioja, cosa de la que me alegro; yo no sé si es por razones vinculadas a las características del territorio o a la calidad de sus caldos, pero me sorprende, después de haber oído intervenir a la portavoz del Partido Popular, el gran número de
jubilados de 80 años que siguen trabajando, que siguen en activo, en esta parte del territorio del Estado español.
El señor PRESIDENTE: Don José Luis, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE MAYORES, CEOMA (Méler y de Ugarte): Con respecto a ese tipo de prejubilaciones, nosotros también estamos en la línea de Fevas y colaboramos con ellos; yo conozco algunas
prejubilaciones que se han realizado, concretamente en la absorción de Endesa, a las distintas eléctricas. Yo soy un hijo de esa prejubilación, de ese ERE. Yo lo que no llego a matizar realmente es si Endesa, si no hubiera echado a la calle (entre
comillas) a un montón de personas, hubiera continuado o no. Pero nosotros estamos en la línea de analizar ese tipo de prejubilaciones. Y por eso digo lo de Fevas, a los que conocemos, y estamos en colaboración con ellos y analizando todos estos
temas. Hay prejubilaciones que más o menos se pueden entender. Nosotros hablamos en general de prejubilaciones; prejubilar por prejubilar, no; de entrada no. Pero hay casos que habría que analizar; como jubilar a los 65 años por principio,
tampoco. Hay personas que pueden trabajar y que están en condiciones de ello, que la propia empresa conoce perfectamente cómo están y que pueden llegar a un pacto con el empresario y seguir trabajando por ello.
Esto es lo que le puedo comentar y no entro en más detalles, porque ha citado una serie de artículos, pero yo no soy letrado, no soy abogado, y no conozco ese aspecto perfectamente.
El señor PRESIDENTE: Por Convergència i Unió, el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer también la comparecencia del representante de Ceoma. Hoy efectivamente vamos a tener una sesión muy centrada en los mayores, vamos a continuar la
semana que viene también con la presencia de Fatec, y es evidente que la perspectiva de quienes son los principales beneficiarios del sistema de pensiones debe participar en las discusiones del Pacto de Toledo.
En esencia mi grupo comparte la filosofía que usted ha expresado, especialmente los dos grandes riesgos o problemas a los que debe hacer frente el sistema de pensiones: los problemas vinculados a la pobreza entre las personas mayores, y los
problemas vinculados a un funcionamiento del mercado de trabajo que termina en la práctica expulsando a los trabajadores más maduros. Y es evidente que cualquier discusión sobre la edad de jubilación, que en cualquier debate en los sistemas
públicos de pensiones en Europa se plantea, en el caso español de entrada debe hacer frente a todo el conjunto de mecanismos legales y de prácticas concretas que se desarrollan en las empresas, incluso de cuestiones culturales de funcionamiento del
mercado de trabajo que están expulsando a esos trabajadores. Y al mismo tiempo debemos ser capaces de revisar si los mecanismos que tenemos para facilitar y estimular el trabajo más allá de los 65 años son suficientes y están bien orientados.
Pero
creo que sobre su decálogo de propuestas podríamos encontrar importantes puntos de coincidencia.
Yo le querría plantear dos cuestiones concretas que no han aparecido en su intervención y de las que me gustaría conocer su opinión. Por un lado, con relación a la reforma de la pensión de viudedad, usted sabe que el Pleno del Congreso tomó
en consideración una proposición de ley de Convergència i Unió que plantea subir la base reguladora de la pensión de viudedad del 52 al 70 por ciento; estamos tramitando esa proposición de ley con algunas dificultades y nos gustaría, como digo,
conocer su opinión. Y, en segundo lugar, en el contexto de la lógica del Pacto de Toledo siempre ha parecido necesario e imprescindible avanzar también muy claramente hacia el fortalecimiento de la previsión social complementaria, los segundos y
los terceros pilares, ¿no? En un contexto en el que nuestra tasa de reposición es elevada (de media supera el 80 por ciento), también es cierto que para los trabajadores con mayor nivel de remuneración esa tasa de sustitución es menor, sabiendo que
quizás algunas de las reformas que se irán impulsando en los próximos años tenderán a reducir esa tasa de reposición, y si el objetivo que nos planteamos es procurar que cuando alguien deje de recibir un sueldo porque ya no trabaja mantenga un nivel
de ingresos lo más similar posible al que tenía cuando era activo, debemos ser capaces de promocionar, promover, apoyar el ahorro individual y el ahorro colectivo. Y España ahí tiene un grave problema, si lo comparamos con los países de nuestro
entorno más inmediato. Me gustaría conocer si Ceoma, sobre las cuestiones vinculadas a la previsión social complementaria, tiene alguna reflexión que nos pueda ser útil a esta Comisión.
Y hoy es la primera vez que la Comisión del Pacto de Toledo se reúne después de esta tormenta que hemos vivido desde finales del mes de enero.
Creo que todos sabíamos que la renovación del Pacto de Toledo en esta legislatura iba a tener la
especial dificultad que se deriva de una renovación que se produce en un contexto de una gravísima crisis económica, con unos niveles de desempleo muy importantes y una situación de las cuentas del Estado preocupantes, con un déficit público también
muy significativo, y con todas las presiones que se van a derivar en los próximos meses con relación a esas cuestiones. La reforma del Pacto de Toledo en este contexto es complicada per se. En la intervención del representante de Ceoma se ponía de
manifiesto. Quizás aquello que nos conviene para superar los problemas demográficos que vamos a tener en el medio plazo se contradice con aquello que debemos hacer en el corto plazo; por ejemplo, con una tasa de desempleo juvenil de más del 40 por
ciento, a la opinión pública le cuesta entender cómo estamos discutiendo sobre la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años. Eso lo sabíamos, que esta revisión iba a tener esa especial dificultad. La revisión que hicimos en 2003 se
produjo en un contexto mucho más apacible, era un momento de crecimiento de la economía española donde los riesgos del debate sobre las pensiones eran mucho menores que los que tenemos ahora.
Lo que realmente ha sido sorprendente ha sido la torpeza con la que el Gobierno se ha posicionado en este debate, con el documento que se aprobó el pasado 29 de enero. Torpeza en el sentido de haber generado una enorme alarma social, de
haber provocado un rechazo unánime de buena parte de los agentes sociales en esta materia, y haber condicionado las posiciones de todos en un debate que es necesario. Porque el debate, y su intervención responde a eso, el debate sobre la edad de
jubilación va a ser un debate que nuestro sistema de pensiones va a tener que abordar como ha hecho el resto de los sistemas de pensiones en Europa. Haberlo empezado tan mal va a dificultar los trabajos de esta Comisión. Eso es grave, porque
estamos hablando del principal programa del Estado del bienestar de España, que moviliza más del 10 por ciento del producto interior bruto español; estamos hablando de un aspecto esencial de nuestro modelo social, que responde a los valores más de
fondo que tiene nuestra sociedad, que son la solidaridad con las generaciones que han contribuido al crecimiento económico, a la creación de riqueza y de prosperidad, y a un profundo sentido de la justicia social. Y hemos tenido el acierto desde el
año 1995 hasta la fecha de haber sabido construir un artefacto político que permite impulsar reformas con consenso, consenso social y consenso político, y haber puesto en riesgo el método de funcionamiento del Pacto de Toledo yo creo que es una
grave irresponsabilidad por parte del Gobierno español.
Yo espero que el sentido común de todo el mundo, el sentido de la responsabilidad de todo el mundo, la conciencia de que estamos hablando, insisto, del principal programa del Estado del bienestar en España nos va a permitir, a pesar de la
tormenta de estos días, en los próximos meses alcanzar los acuerdos y promover las
reformas necesarias para mejorar las condiciones de los pensionistas de hoy, pero también garantizar el futuro del sistema público de pensiones.
Convergència i Unió va a trabajar en todo caso por ese consenso, convencido de que existen amplios márgenes de acuerdos en el Parlamento y en relación con la sociedad para continuar impulsando las reformas que hacen falta. Esperamos que el
debate de estos días haya sido simplemente una anécdota y que en las próximas semanas seamos capaces de reconducir la situación.
El señor PRESIDENTE: Don José Luis, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE MAYORES, CEOMA (Méler y de Ugarte): También me parece interesante que se haya retomado el asunto de las pensiones en la Comisión del Pacto de Toledo; es una cosa que se
echaba en falta.
Con respecto a la pensión de viudedad nosotros abogamos, y parte de nuestras organizaciones, por no decir la gran mayoría, por que esa pensión de viudedad que está ahora en el 52 por ciento sea del 70 por ciento; abogamos por ello y estamos
luchando. ¿Y qué hacéis? Pues lo que hacemos realmente se ve en nuestros boletines informativos, en nuestra página web y en todo, estamos luchando y abogando por ese tema. Es decir, compartimos la opinión en este caso de CiU, que también lucha
por ello.
Con respecto a la segunda pregunta, ¿era...?
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: La previsión social complementaria. Me refiero a las pensiones que se puede construir el propio trabajador, ya sea vía negociación colectiva, vía su propio fondo de pensiones, su propio seguro de pensiones.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE MAYORES, CEOMA (Méler y de Ugarte): ¿Fondos de pensiones? Pues realmente el tema de fondos de pensiones es una cosa que la dejamos realmente a cada trabajador; ahí, en
ese tema nosotros no intervenimos realmente. No le puedo decir nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista quieren intervenir doña Mercedes Gámez y doña Isabel López i Chamosa. Tienen la palabra por el orden que quieran y durante el tiempo...
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, quiero dar en nombre del Grupo Socialista al señor Méler la bienvenida a esta Comisión y pedirle que nos disculpe que estemos utilizando la Comisión y su comparecencia para cosas que estrictamente
no son de ella. ¡Qué le vamos a hacer! Las cosas son como son y no como uno quisiera.
En primer lugar, hoy no reanudamos nada, porque el pacto que empezamos a finales de 2008, se ha venido reuniendo con regularidad y con comparecencias sin ninguna interrupción. Lo que pasa es que cada uno de nosotros parece ser que tenemos
en la cabeza cómo ha de funcionar el Pacto de Toledo de forma diferente de como es. Yo llevo aquí en el anterior y en este; hemos funcionado igual en el anterior que como pretendemos funcionar en este: primero las comparecencias, luego viene una
propuesta del Gobierno de turno y a continuación se empiezan los debates. Pues bien, hasta ahora hemos estado en comparecencias y teníamos el compromiso del Gobierno de que nos mandaría en octubre o a primeros de noviembre un documento para el
debate a la Comisión, porque con algo hay que empezar, y es lógico que le corresponda al Gobierno mandar el documento, y lo único que ha hecho el Gobierno es retrasarlo, en vez de a noviembre, a enero. ¿Cuál ha sido la diferencia tan enorme que ha
habido en la propuesta de esta ocasión con la anterior? Bien, pues que en la anterior quien mandaba el documento para el debate era la Secretaría de Estado, era el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y en esta ocasión el Gobierno le ha
querido dar un valor añadido y lo ha pasado por el Consejo de Ministros. Así lo ha hecho. Parece que ahí se han hecho todas las barbaridades y las interpretaciones que interesadamente se ha querido. Primera cuestión: no es ninguna ley, no es
ningún decreto, no es ninguna norma; es un documento para el debate. Las propuestas del Gobierno, las propuestas del Grupo Socialista están en un documento público para el debate. Nada más tenemos que empezar a debatir todos los grupos, cada uno
con sus propuestas. Cuando empecemos ya veremos las de los demás; las nuestras están claras, están encima de la mesa. Eso es lo que hay, no hay más; y al final habrá lo que todos seamos capaces de consensuar, ni más ni menos; no habrá nada que
no consensuemos al final.
Mayor garantía no se puede tener. Claro, nosotros estamos repitiendo esto por activa y por pasiva. Yo hoy lo hago aquí con la intención de que quede en el 'Diario de Sesiones' de nuevo, y a partir de aquí zanjemos este
tema. Repito, documento para el debate. Yo nunca he visto a un grupo que comience a trabajar que no se inicie con una propuesta para empezar a debatir. Esto es lo que hay. Coincidimos todos: tenemos una Seguridad Social garantizada, viable y
demás, hoy, mañana, pero la queremos tener pasado mañana también. La responsabilidad del Gobierno lo que hace es ofrecer propuestas; desde nuestro punto de vista, creemos que hay que hacerlo así para que los que hoy tienen 20 años, cuenten con las
mismas garantías de pensión que tengo yo ahora y tendré cuando llegue a los 65 o a los 70 años. Si no tenemos que alargar la jubilación de forma obligatoria o de forma voluntaria, lo tendrá que decidir esta Comisión; será ella la que lo decida.
Luego los agentes sociales y el Gobierno decidirán cómo se traslada a ley. Ese es el proceso y eso es lo que se va a seguir. Se pueden hacer muchas reflexiones, pero... Nos hemos escandalizado mucho por
los 67 años. Yo solamente voy a hacer un comentario. Yo entré a trabajar muy joven, igual que la inmensa mayoría de nuestra generación; empecé a cotizar con 14 años, y cuando llegue a los sesenta y pico ya tendré muy superados los
cuarenta. ¿Es que no podemos entender que los jóvenes de hoy están entrando con 20, 25 y tienen carreras discontinuas? Nada más con que exijamos 35 años de cotización, a lo mejor ya no estaremos hablando de 65 ni de 67, porque se está entrando
mucho más tarde al mercado laboral. Pues hagamos esas reflexiones con tranquilidad, con la confianza de saber que vamos a hacer un debate y que al final llegaremos al acuerdo.
Para terminar -les pido disculpas de nuevo-, ¡hombre, faltaría más!, jamás se ha sacado el debate de esta Comisión, pero faltaría más que uno no pudiese comer con quien quisiera y para lo que quisiera. Yo hoy voy a comer con mi prima
(Risas.), y no tengo que pedirle permiso a nadie, digo yo. ¿De qué voy a hablar? Pues de lo que se nos ocurra. A lo mejor hablo de su jubilación, porque ya tiene mi edad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no ha habido ninguna reunión
para negociar. Lo que no puede ser es que la irresponsabilidad y las visiones -no diría nocturnas, pero de otra cuestión- que a alguien se le metan en la cabeza, ¡hombre!, pongan todo en entredicho y patas arriba, alegando que esto ya no funciona
porque ya se negocia fuera. ¿Qué pasa, que no tenemos confianza en nosotros mismos? Esto no va a funcionar de forma que no haya funcionado otras veces, y no hemos hecho ninguna reunión ni ninguna comida que no hayamos hecho otras veces, y que no
volvamos a hacer, porque yo espero que Tomás, o Carles o Rosa o cualquiera un día podamos coincidir y comamos. ¿Y de qué hablaremos? Pues de hombres, si somos las dos mujeres (Rumores.), y de la política si somos otras cosas. Pues eso es lo que
quiero dejar sentado: la comida que hicimos el otro día en el ministerio no tuvo ninguna negociación, fue una comida de cortesía, y creo que el señor Olabarría, por ejemplo -yo estaba presente-, concertó con el ministro una entrevista, como ya ha
tenido otras; y yo nunca le he ido a preguntar al señor Olabarría de qué habla en la comida con el ministro, porque no me interesa, son cosas entre ellos. Pues lo mismo digo: Tengamos confianza en la Comisión, vamos a negociarlo todo aquí, y como
vamos a negociarlo todo aquí que hablen, que canten, que digan, pero lo que figura y lo que habrá será lo que acordemos aquí entre todos. Eso es por lo que nos tenemos que guiar; eso es lo que ofrece el Partido Socialista, lo que ofrece el
Gobierno. Yo creo que todos los grupos van en la misma dirección.
Reitero mis disculpas y dejo que intervenga la compañera. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Doña Mercedes.
La señora GÁMEZ GARCÍA: Señor Méler, quiero agradecerle las consideraciones y los planteamientos que nos ha traído hoy aquí, a la Comisión, para que elaboremos nuestras conclusiones, las que deben salir de esta Comisión para la reforma del
sistema público de pensiones.
Consideramos enriquecedora su participación en nombre de la confederación a la que representa puesto que, como personas mayores que ya se encuentran o están próximas a encontrarse dentro del sistema de pensiones, su
opinión acerca del mismo resulta significativa, porque como actores en primera persona nos pueden relatar las posibles deficiencias del mismo o las necesidades que entienden que no se cubren totalmente, ya que la experiencia de vivir bajo el amparo
del sistema les hace tener una visión de conjunto más profunda.
Compartirá conmigo que la configuración del actual sistema de pensiones, de marcado carácter público y por lo tanto universal y solidario, plantea un sistema que se ajusta completamente o casi a las necesidades actuales de los pensionistas,
lo cual ha supuesto que nos encontremos dentro de los ocho mejores sistemas del mundo. Tenemos que entender que se trata de un logro y un síntoma de fortaleza, si tenemos en cuenta que no todos los Estados desarrollados del mundo cuentan con
sistemas de pensiones públicos ni con sistemas de reparto. Esta cuestión ha demostrado la fortaleza, como ya he dicho anteriormente, de nuestro sistema ante las situaciones de crisis como la que vivimos actualmente, en contraposición a los sistemas
basados en la capitalización, unido a la fortaleza que tiene nuestro Fondo de Reserva de las pensiones de la Seguridad Social, que se ha triplicado respecto al anterior Gobierno del Partido Popular.
No obstante, a pesar de la solidez y la buena
salud con la que cuenta nuestro sistema, necesitamos un futuro, y mi grupo entiende que no podemos dejar de analizar los datos de la evolución demográfica, tanto los que se plantean desde la Comisión Europea como los que nos ofrece el propio
Gobierno. Los estamos conociendo, y en este sentido por un lado debemos sentirnos plenamente orgullosos de la elevada cota de esperanza de vida que estamos alcanzando, y ello es gracias al Estado de bienestar en que vivimos y que no se ha visto
afectado por la situación económica, pero por otro lado debemos reflexionar sobre esta cuestión y el lugar en el que queremos situar el sistema de pensiones para el futuro, sabiendo cuáles son los pilares en los que queremos basarlo. En este
sentido hemos de realizar un ejercicio de responsabilidad y solidaridad para que la buena salud de la que goza nuestro sistema siga impregnándolo en el futuro. Por lo tanto en este Pacto de Toledo se presenta este documento para el consenso y el
diálogo. Esta es nuestra propuesta, la propuesta del Grupo Socialista, y ahora estamos esperando el resto de propuestas para realizar el documento final.
El señor PRESIDENTE: Don José Luis.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE MAYORES, CEOMA (Méler y de Ugarte): Yo no tengo nada más que añadir realmente a lo que ha dicho. Nuestra
propuesta está entregada. Me parece interesante, como he dicho al final en la despedida, que se estudien y se analicen con cariño nuestras propuestas; son las nuestras, cada uno tiene las suyas. Lo interesante es que se vean y se analice
y lleguemos a un consenso. Evidentemente, lo que nos ha motivado a venir aquí ha sido porque se trataba de una propuesta de reforma de pensiones de la Seguridad Social del 29 de enero aprobada por el Consejo de Ministros. Ese es el motivo que nos
ha provocado venir aquí y preparar este documento, que creo que está bastante bien detallado y que les permitirá trabajar a todos los grupos parlamentarios en esta Cámara y que pertenecen al Pacto de Toledo.
Yo no les tengo que decir más. Muchísimas gracias a todos por haberme atendido, por habernos acogido, a mí como presidente en nombre de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Quiero decirles que pueden contar con nosotros
para lo que deseen dentro de la Comisión del Pacto de Toledo.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a don José Luis Méler y de Ugarte, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Ha sido un placer escucharle. Creo que su intervención ha sido muy positiva y muy
instructiva. Estamos a su entera disposición, como siempre; esta casa está abierta para todo el mundo. Esperamos que tenga usted que volver.
Se suspende la sesión cinco minutos.
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA, UDP (MARTÍN PINDADO). (Número de expediente 219/000443.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión con el segundo punto del orden del día, comparecencia de don Luis Martín Pindado, presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, para informar sobre temas relacionados
con el objeto de la Comisión.
Don Luis Martín Pindado, bienvenido. Le rogamos que nos disculpe por habernos retrasado sobre el horario previsto, pero ya sabe que cuando los temas son importantes no tienen tiempo. Tiene usted el uso de la palabra por el tiempo que
estime oportuno.
El señor PRESIDENTE DE LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA, UDP (Martín Pindado): Quiero agradecerles sinceramente la invitación que me hacen a comparecer en esta Comisión. Es la segunda oportunidad que tengo de
intervenir ante ustedes, y espero que las reflexiones que les exponga sean de alguna utilidad para la importante tarea que tienen encomendada. He venido aquí en representación de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), que
este año cumple treinta y tres años y que yo presido desde hace siete años. El movimiento asociativo de UDP agrupa hoy en día a más de 2.000 asociaciones de mayores en toda España, y también tenemos representación en distintos países de Europa
(Francia, Suiza y Alemania). Representamos a las personas mayores en diferentes organismos nacionales, como es el Consejo Estatal de Personas Mayores -del que soy vicepresidente-, la plataforma de las ONG de Acción Social, la plataforma del
Voluntariado de España, los consejos de mayores autonómicos y provinciales, etcétera.
También participamos en numerosas organizaciones internacionales, entre las que puedo mencionar Eurag, el Departamento de Información Pública de Naciones Unidas,
la Red Iberoamericana de Adultos Mayores o la plataforma AGE Internacional, entre otros. Como muchos de ustedes saben, realizamos multitud de programas y actividades de todo tipo, movilizando a cientos de miles de jubilados cada año y promoviendo
un envejecimiento activo y saludable dentro del mandato de prevención de la dependencia que tenemos todos los españoles, especialmente los que, si no la prevenimos, ya podemos verla asomando las orejas en nuestro futuro. Y aunque no hemos venido
aquí a hablar de nosotros, tan solo deseo que sepan que nuestras puertas están abiertas a todo el que quiera conocer mejor la labor social que desarrollamos en favor de los mayores.
Hemos seguido muy de cerca los trabajos y propuestas que han surgido de esta Comisión ya desde el año 1995. Conocemos las recomendaciones que ella ha elevado a los distintos gobiernos y los avances conseguidos en algunas materias desde la
creación de los pactos de Toledo en 1995. Hemos contribuido en el proceso elevando algunas propuestas que han sido recogidas y contempladas por esta Comisión, y siempre hemos mostrado nuestra disposición a colaborar en todo aquello que nos fuera
requerido.
Quiero felicitarles por su trayectoria en estos quince años, y les animo a continuar en su cometido, tan necesario para un avance social en España durante muchos más años, sin olvidar nunca que los mayores somos una parte muy importante
de la sociedad y que según las previsiones lo vamos a seguir siendo cada vez más. Por lo tanto creo que nuestra opinión debe ser tenida en cuenta no solamente en este foro, sino en el resto de España, porque creo que los mayores tenemos que saber
diseñar lo que es nuestro futuro, porque mejor que nosotros creo que nadie puede saber qué es lo que necesitamos y también lo que podemos aportar.
Antes de profundizar en el papel que deberíamos jugar en este pacto vayamos al tema que me ha traído hoy aquí. He leído algunas de las opiniones que sobre el tema de pensiones se han hecho públicas, entre ellas las de destacados
especialistas en economía financiera; he leído mucho periódico, mucha hemeroteca, mucho de todo, incluidos los comentarios de los expertos en Seguridad Social, en pensiones, empresarios del mundo de la atención sociosanitaria, representantes de la
banca, del sector de los seguros, líderes sindicales, organizaciones no gubernamentales, además de los de varios ministros. Con toda seguridad ustedes manejan la más completa y
exhaustiva información existente sobre el sistema de pensiones español: cuál va a ser y cuál es su evolución, su situación actual, los factores que influyen en él y las distintas opiniones sobre cómo mejorarlo en el futuro. Desde hace unos
años se vienen oyendo de parte de importantes instituciones nacionales e internacionales distintos argumentos que subrayan la necesidad de acometer reformas en el sistema de pensiones español, sin embargo hasta el momento presente no se ha
concretado, como dicen los americanos, una hoja de ruta. Se ha avanzado en algunos aspectos, pero las reformas más importantes están todavía pendientes.
Como ustedes ya habrán debatido y seguirán debatiendo sobre la oportunidad de hacer esto o
aquello, yo me voy a limitar a exponerles mis opiniones al respecto. Ya les adelanto que yo no soy un experto en nada, sino como mucho un aprendiz de todo. Tampoco son realmente mías estas opiniones, sino que intento reflejar el sentir de todos
mis compañeros de UDP, que pasamos en estos momentos del millón y medio de asociados en toda España, y también es producto de una reflexión y debate del propio grupo directivo, al que reuní en cuanto supe mi comparecencia aquí, y como todas las
cosas que me gusta hacer lo hemos hecho por consenso y hemos llegado a esta serie de conclusiones.
Como ya es de todos sabido, a finales de enero de este año el Gobierno decide abrir el debate sobre la reforma de las pensiones presentando el documento con sus propuestas como aportación a los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo.
Si no me equivoco, esta Comisión debe presentar sus conclusiones durante el primer trimestre, más o menos, o será el semestre del año actual. La reforma de las pensiones cobra un central protagonismo en todos los medios de comunicación, y el debate
llega a la sociedad. En UDP, como en tantas otras asociaciones de mayores, empieza a cundir el pánico porque cualquier amenaza que se piense que puede afectar a las pensiones produce siempre gran alarma social; y la produce porque la subsistencia
de los pensionistas depende de las pensiones, y, como dice la sabiduría popular, con las cosas de comer no se juega. Ahora bien, está claro que las propuestas de reforma que ya están haciendo, en principio, no afectan a las pensiones actuales, sino
que son reformas a futuro y que se hacen precisamente para poder mantener el actual sistema de protección social del que disfrutamos, afortunadamente, los españoles. Y además -vengo ahora del Hotel Intercontinental, donde ha hecho una exposición
nuestra ministra de Sanidad y Política Social-, ella acaba de anunciar y confirmar que las propuestas son eso, propuestas, y no medidas definitivas. Pero también está claro que las explicaciones que se han dado, por parte especialmente de los
medios, no han sido las más acertadas, y tampoco el Gobierno ha estado muy acertado a la hora de dar informaciones y contrainformaciones.
Quiero decir que, en defensa del estado de ánimo de los mayores que yo represento hoy aquí, y a los que todas estas informaciones contradictorias les suponen una gran zozobra, UDP exige que en temas tan importantes los ciudadanos sean
informados de una manera veraz, completa, detallada y a tiempo, de todos los problemas que presenta su presente y su futuro, de sus posibles soluciones y del coste que estas soluciones van a representar para ellos, evitando alarmas sociales
innecesarias e inoportunas. Por otra parte resulta evidente que la necesidad de reformar el sistema de pensiones no es el resultado de las políticas anticrisis urgentes y a corto plazo presentadas en los últimos meses. Tampoco la causa fundamental
son los parámetros negativos que nuestra economía muestra en el exterior y que han generado incertidumbre últimamente en los mercados y en las instituciones. Si finalmente se establecen medidas correctoras, estas tendrán efectos dentro de unos
cuantos años. Por lo tanto no se trata de abrir el debate sobre las pensiones solo porque la actual coyuntura económica nos lo exige, sino por algo fundamental, que ha sido el fenómeno del envejecimiento de la población, que afecta tanto a los
países desarrollados como a los que están en vías de desarrollo, lo cual, como digo, hace necesario implementar medidas ya para que surtan efecto en un futuro muy próximo. Estas medidas deberán tomarse para garantizar que el sistema que nos hemos
dado los españoles de seguridad social seguirá funcionando en lo fundamental.
Decía el secretario de Estado de la Seguridad Social Octavio Granado, en este mismo escenario -y leo literalmente lo que dijo- que un sistema de seguridad social es un enorme traficante de confianza. Cobramos a personas de 16, de 18 años su
cotización social con la expectativa de que cuando cumplan la edad ordinaria o legal de jubilación puedan cobrar una pensión. En ese sentido la confianza es el hilo, la savia, la sangre por la que circula el funcionamiento del Sistema de la
Seguridad Social. Por ello es esencial que no se transmitan mensajes alarmistas sobre la salud del sistema ni sobre si los trabajadores de hoy podrán cobrar o no una pensión el día de mañana. Las pensiones en este país están aseguradas. La
Seguridad Social es la institución económica más solvente del país; la única que tiene superávit incluso en estos años de crisis. Además hay que señalar que en cien años de Seguridad Social nunca se han dejado de pagar las pensiones. De modo que
no hagamos política con las pensiones; para eso se creó esta Comisión, para dejar fuera del debate político el tema de las pensiones.
A mi juicio el sistema es bueno aunque, como todo, mejorable. Y ya que le he mencionado, me atrevo a decir que tenemos la gran suerte de tener a Octavio Granado al frente de la Seguridad Social; es un conocedor profundo del sistema y un
gestor eficaz. Si no me equivoco, en el momento actual el fondo de pensiones de la Seguridad Social funciona por el sistema de reparto: las cotizaciones de los trabajadores activos sirven cada año para financiar las pensiones de los ya jubilados.
Si durante un periodo crece más el número de personas activas que el de jubilados, evidentemente el sistema
genera superávit, y de esta forma puede constituir un fondo de reserva; por el contrario, si aumenta más el número de jubilados que el de activos se puede generar déficit. En la década de los setenta la esperanza de vida no llegaba a 70
años y la incorporación al trabajo se producía alrededor de los 15 años, por lo que el número de personas activas era muy superior al de jubiladas, que además vivíamos menos; ahora las tornas evidentemente han cambiado. Existen unas perspectivas
preocupantes de inversión del equilibrio demográfico o la pirámide de edades de los que están en situación de trabajar frente a los que están en situación de cobrar una pensión. Según el Instituto Nacional de Estadística hoy en España hay alrededor
de 7,6 millones de personas con más de 65 años, que equivale a un 16,6 por ciento de la población total, pero nos da unas previsiones para el año 2050 de 16,4 millones de personas con más de 65 años, lo que equivale casi a un 31 por ciento de la
población. Ese incremento en la población dependiente de una pensión, unido a la disminución de la natalidad que hoy sufrimos en España, hace que los expertos se planteen la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y no solo eso: este
envejecimiento de la población también impactará, lógicamente, en la sanidad y los servicios sociales. El coste derivado de la atención sanitaria a los mayores va a incrementarse inexorablemente.
Lo estamos viendo ahora, cuando la Ley de
Dependencia está en su fase inicial y ya podemos comprobar los profundos problemas que su financiación representa, tenemos que plantearnos qué será cuando el número de mayores que requieran atención sociosanitaria se incremente.
Hasta ahora el
crecimiento económico y sobre todo la incorporación de la mujer y la llegada de inmigrantes han permitido que el gran aumento de jubilados quedara compensado por el aumento de trabajadores activos, por lo que el sistema seguirá en equilibrio por lo
menos durante diez años más, pero empezará a generar déficit hacia 2023. No lo digo yo, lo dice el gobernador del Banco de España. El Fondo de Reserva acumulado, unos 60.000 millones de euros, permitiría cubrir el déficit y continuar garantizando
las pensiones, pero solamente durante unos meses, y si no se acometen cambios el sistema entraría en una situación insostenible, ya que con la tendencia actual el número de personas jubiladas crecerá mucho más que el de las activas. Coincido con
otras entidades que han manifestado que es prioritario reactivar la economía para generar empleo.
Es evidente. Pero en mi opinión la reactivación y el crecimiento económico, por muy bien que vayan las cosas, no serán por sí solos garantía
suficiente de sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, ni contrarrestará los efectos del importante envejecimiento de la población.
Fundamentalmente quiero posicionarme en las dos medidas presentadas por el Gobierno que más interés y controversia han despertado entre la población, que es retrasar la edad de jubilación legal a los 67 años y ampliar el periodo de cálculo
de las pensiones. En lo referente a ampliar la edad de jubilación gradualmente hasta los 67 años, UDP no considera esta medida aceptable, de momento, pues ya que de alguna forma está recortando los derechos conquistados por los trabajadores. Esto
no quiere decir que en un futuro, si no se ve otra solución, esto sea factible, porque otros países del entorno lo están llevando a cabo. No podemos plantearnos la eliminación del actual mecanismo de jubilación obligatoria a una determinada edad y
sustituirlo por otro más flexible sin antes plantearnos -y creo que esto es muy importante- desincentivar de manera decidida las prejubilaciones masivas y evitar que directa o indirectamente se financien con cargo a los recursos públicos. El
mantenimiento de esta situación, que no tiene sentido, podría hacer inútil cualquier medida dirigida a retrasar la edad de jubilación.
Insisto en que en una hipotética prolongación de la vida laboral habría que analizar exhaustivamente los diversos
escenarios que determinan las múltiples profesiones y actividades laborales. Todos sabemos perfectamente a lo que me estoy refiriendo: no es lo mismo cualquier profesión en la que haya que hacer un esfuerzo físico o mental muy importante, por lo
que el trabajador llegue agotado a los 65 años, que otras profesiones en las que de alguna manera yo puedo ser un ejemplo, que a mis 72 años sigo funcionando y sigo haciendo cosas que ya quisiera haber hecho cuando estaba trabajando.
Hay cuestiones que debemos afrontar sin más demora, desde la responsabilidad y la voluntad de aportar soluciones a problemas reales.
Es indudable que hay que aproximar más la edad real de la jubilación, que ahora está en 63,7 años, a la
edad legal. Las propuestas del Gobierno son limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios, eliminar las formas de uso indebido del despido como forma de acceso a la jubilación anticipada, y que la edad legal mínima de
jubilación, ahora en 60-61 años, se incremente paulatinamente. Pues me parece muy bien, hagámoslo. Pero creo que es fundamental igualmente poner en marcha programas de formación continua de los trabajadores que les permitan continuar desarrollando
su labor dentro de las empresas de manera más productiva y más satisfactoria personalmente. Por otra parte, es evidente que las fórmulas establecidas hasta ahora para prolongar la vida laboral más allá de 65 años no funcionan todo lo bien que
querríamos. Parece difícil con la actual coyuntura económica que podamos introducir más estímulos para que las prestaciones de quienes decidan trabajar más años se incrementen de manera sustancial, cuando en años pasados que eran más propicios se
incentivó a los trabajadores para que dejaran las empresas a edades por debajo y sin embargo no se llegó a esas jubilaciones, que se decía que continuaran y tal. Quiero hacer hincapié de nuevo en que no se incentive para que empresas que tienen
grandes beneficios puedan seguir despidiendo gente y haciendo lo que llamamos ERE, los expedientes de regulación de empleo a costa de la caja única.
En cuanto a la medida sobre modificar el periodo de cálculo, la Unión Democrática de Pensionistas no considera
prioritario ampliar el periodo de cálculo más allá de los quince años actuales, y les diré nuestras razones. Primero, porque esta medida significaría una importante merma en las pensiones de la mayoría de los futuros jubilados. Y segundo
porque consideramos que si en algún momento las circunstancias de pervivencia del sistema hacen imprescindible tomar medidas duras que suponen considerables concesiones y sacrificios por parte de los trabajadores, estos sacrificios también tienen
que exigírseles a otros estamentos sociales, y no deben recaer únicamente sobre la gran masa de trabajadores, pensionistas y futuros pensionistas de este país. Los políticos, el Gobierno y los empresarios también tienen que involucrarse. Y creo
que se deben tener en cuenta aquellos casos que generan un derecho por haber cotizado un mínimo de quince años y que no sabemos cómo serían evaluados a la hora de fijar una pensión. Esto nos lleva al tema de la contributividad. ¡Vaya palabrita!
(Risas.) Es cierto que el mercado de trabajo está cambiando y que hay un buen número de trabajadores que se ven forzados a abandonar el mercado laboral antes de tiempo; personas que han cotizado mucho durante años y en los últimos años han
realizado trabajos peor remunerados y con menos aportaciones al sistema. Con el modelo actual estos trabajadores se ven gravemente perjudicados. Habría que implementar fórmulas más justas para que exista mayor equilibrio entre el esfuerzo
contributivo realizado y las prestaciones recibidas finalmente. Todas estas cuestiones habría que tenerlas en cuenta para caminar hacia un sistema más proporcional y sobre todo más justo. Es difícil explicar esto en un contexto en el que los
jóvenes ya no se incorporan al mercado laboral a los 16 ó 18 años como antes, sino que en ocasiones se ven abocados a esperar hasta los 25 o los 30 años, que siguen viviendo con los papás; porque, eso sí, antes se terminaba una profesión o una
carrera y casi sin haber hecho el proyecto de carrera ya tenían un trabajo y a partir de los 25 años ya estaban cotizando a la Seguridad Social si tenían una carrera; a partir de los 18 ya tenían una profesión, o incluso antes, y ya estaban
cotizando a la Seguridad Social. Creo que eso es muy importante; si somos capaces de activar el espacio que hay entre los 18, 23 años hasta los 30 de actualmente, serían ocho o diez años de cotización que incrementarían positivamente el superávit
del fondo de pensiones.
Por otro lado, los españoles tenemos una actitud paradójica respecto a nuestra jubilación. Por un lado, la mayoría cree que perderá poder adquisitivo, y por otro lado solo el 30 por ciento de los trabajadores está ahorrando para asegurarse
económicamente el futuro una vez concluida la vida laboral, lo que nos sitúa a la cola de los principales países del mundo. Esto es porque los españoles pensamos que es el papá Estado y no cada uno de nosotros quien tiene que cuidar por nuestro
retiro. La realidad española es que comenzamos a crear un patrimonio tarde, se calcula que en el entorno de los 50 años, y con una cantidad media que es de las más bajas. En España son 196 euros al mes, frente a los 246 euros de Portugal o los 474
euros de Estados Unidos. También resulta curioso que los españoles no sabemos cuánto nos va a quedar de jubilación. Según las estadísticas y las encuestas, solo un 21 por ciento de los trabajadores afirma saber cuáles serán sus ingresos; por
tanto, sabemos que nos quedará poco de pensión pero, la verdad, no nos preocupa mucho.
No nos preparamos financieramente para ese momento. Esto creo que también tiene que cambiar, y debería formar parte de los planes del Gobierno promover una
pedagogía de previsión, que en la actualidad es muy baja, entre nuestros trabajadores. Por último, quiero recordar a esta Cámara que este fenómeno de envejecimiento de la población, que por otra parte es un gran avance social, no es exclusivo de
nuestro país, aunque se espera que seamos el segundo país en longevidad, solo antecedido por Japón. Hay otros países europeos que están abordando problemas similares, presentando distintas alternativas y cambiando sistemas que, como el nuestro,
funcionaban desde hace muchos años. Hay que analizar lo que están haciendo y ver si puede ser aplicable en nuestro caso.
Quiero terminar volviendo a agradecer la invitación que se me ha hecho para poderme expresar en esta Comisión. Hace tiempo que esperaba esta oportunidad, aunque creía que iba a ser en mi calidad de vicepresidente del Consejo Estatal de
Mayores, ya que llevamos mucho tiempo pidiendo que los mayores tengamos una representación en el Pacto de Toledo acorde a su peso en la sociedad actual, por no hablar de la futura. Tenemos un compromiso oficial del presidente del Gobierno, quien
nos honró con su presencia en el tercer congreso, que celebramos el pasado mes de mayo en Madrid, y que nos prometió que el Consejo Estatal de Mayores estaría en el Pacto de Toledo. Confiamos en que esta promesa se cumplirá por el bien de todos.
Los mayores tenemos mucho que decir cuando se trata de diseñar nuestro presente y nuestro futuro. Los mayores de hoy en día no queremos ser una rémora, queremos participar. Lo mismo que la pirámide de edades, nuestro perfil ha cambiado,
afortunadamente hoy somos un colectivo con más recursos educativos, incluso -y no debería decirlo- con más recursos financieros, y con más tiempo libre sobre todo. Yo le digo a mi gente que somos millonarios, todos los jubilados somos millonarios,
en tiempo libre evidentemente. Sabemos mejor que nadie, como he dicho antes, cuáles son nuestros problemas; podemos aportar numerosas sugerencias y propuestas; somos una parte cada vez más importante de la sociedad y tenemos que estar
representados en el Pacto de Toledo. He pretendido ser breve y conciso en mi exposición, pero no quiero terminar sin plantear aquí una reflexión: a mi entender, lo que el sistema no se puede permitir de ninguna manera es el enorme despilfarro de
capital humano que supone tener en el país a varios millones de personas perfectamente capacitadas y en perfectas condiciones físicas y mentales que no encuentran un espacio donde seguir aportando conocimiento, trabajo, esfuerzo e inteligencia
a una sociedad que les necesita. Ninguna sociedad puede soportar que más del 20 por ciento de sus componentes sean clases pasivas. Es ahí donde tenemos que trabajar duro porque en ese terreno aún queda mucho por hacer, y una manera muy
buena de hacerlo es promover y fomentar el asociacionismo entre las personas mayores. Pregunten -ya no está aquí- a José Luis Méler o pregúntenme a mí la agenda que tenemos esta semana, por ejemplo, y verán lo pasivos -entre comillas- que somos los
jubilados. Las asociaciones de mayores ofrecemos un espacio donde las personas puedan seguir desarrollándose y participando en la construcción de una sociedad mejor. Pero esto es harina de otro costal, y este no es, sin duda, el foro adecuado para
presentar esta cuestión. No obstante, reitero mi invitación a todos ustedes a que conozcan un poco mejor el trabajo que realizamos las entidades de jubilados y el papel que desempeñamos en la economía social de este país.
Señorías, ha llegado el momento de tomar decisiones. Sin lugar a dudas estas decisiones afectarán de forma determinante a todos los que vivimos en España, a las generaciones futuras y al modelo de protección social que queremos para nuestro
país. Somos muchos los que confiamos en que de esta Comisión salgan un acuerdo y unas conclusiones que permitan poner en marcha medidas eficaces para que el sistema de protección social del que ahora disfrutamos nosotros pueda también dar cobijo a
nuestros hijos y nietos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Ricardo Tarno.
El señor TARNO BLANCO: Agradecemos al compareciente su intervención y le deseamos suerte en el cumplimiento de las promesas que le hacen, por lo menos más suerte que muchos millones de españoles que se han visto engañados por las promesas.
Esperemos que usted tenga más suerte en el cumplimiento de las promesas que le hacen a usted. Yo le garantizo que por nuestra parte vamos a trabajar en ese acuerdo para que de esta Comisión salga, con el consenso de todos, un acuerdo que satisfaga
a la sociedad española. Pero malos mensajes se dan a la sociedad y a esta propia Comisión, y hay una cierta falta de creer en ella por algunos y de confianza y de respeto cuando los acuerdos que tienen que aprobarse -me da igual, por el Ministerio
de Trabajo o por el Consejo de Ministros- nos los encontramos antes de aprobarse en los medios de comunicación, mucho antes de que los conozca la Comisión, mucho antes de que los conozca ninguno de los portavoces. Es decir, yo creo que si desde el
Gobierno se falta al respeto a la Comisión, como se ha producido la semana previa al Consejo de Ministros del 29 de enero, mal y poco favor se le hace a la Comisión y a sus acuerdos. Es evidente que estamos aquí para garantizar las pensiones
actuales y las futuras, y decía la portavoz socialista hace poco que lo que se pretendía con este acuerdo era garantizar las pensiones a aquellos que hoy tienen 20 años. Yo creo que lo que habría que garantizarles a los que tienen 20 años, con el
50 por ciento de tasa de desempleo juvenil en España, es un empleo, no la pensión futura dentro de cuarenta y cinco años, sino el empleo de hoy y el trabajo de hoy, para poder realizarse y para poder abandonar la casa de sus padres, como usted
planteaba en su comparecencia, y evidentemente también para fortalecer el sistema de pensiones con sus cotizaciones. Es el empleo de hoy lo que hay que garantizar para poder garantizar la pensión del mañana. Hay algunos que parece que quieren
garantizar la pensión del mañana, y lo que está claro es que del empleo de hoy, poco, por lo que vemos.
Usted ha dicho que en la posibilidad de ampliación de la edad de jubilación de manera obligatoria y gradual podría haber algunos casos en los que ustedes la pudiesen entender o aceptar, me ha parecido escuchar de sus palabras. Me gustaría
ver en qué situación, en qué momento podría aceptar esa ampliación de edad de la jubilación. Porque me da la sensación por su discurso de que opina que si no queda más remedio, si es la única solución, como verse obligado, no está contento, no se
encuentra a gusto, pero si es la única manera que se les ocurre de poder garantizar la pensión, pues bienvenida sea. Me gustaría saber qué opina, si hay que mejorar los incentivos a la prolongación del trabajo de manera voluntaria a partir de la
edad límite de jubilación. Quería saber si está usted de acuerdo, como algunos otros comparecientes, en un modelo de libre elección del momento y la modalidad de la jubilación por parte del jubilado, el pensionista, el trabajador, en el momento de
decidir. Le he entendido que suprimiría las prejubilaciones que no sean de carácter, digamos, obligado por las crisis laborales; me gustaría que me aclarase ese asunto. Ha hablado también del Fondo de Reserva. Me gustaría saber qué opina sobre
los retrasos que tiene el Gobierno a la hora de complementar el Fondo de Reserva con cantidades que son propias del fondo, si le parece bien, no le parece bien, que algunas cantidades del Fondo de Reserva no se estén ingresando a tiempo y se estén
utilizando para otros fines. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre ese asunto.
El señor PRESIDENTE: Don Luis, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA, UDP (Martín Pindado): En cuanto al punto primero, confiamos en que la promesa del presidente se haga realidad; no solamente confío yo, sino que ha confiado
todo el congreso donde le escuchamos y lo dijo públicamente, no me lo dijo a mí en persona sino a todos. Esperemos que sea así.
En cuanto a la ampliación de la edad, si fuera la única solución, pues evidentemente habría que tomarla, no vamos a dejar que las pensiones se vengan abajo por eso,
aunque yo personalmente estoy pensando, y lo he dicho anteriormente, que si somos capaces de potenciar el espacio de los mayores que están ahora en el desempleo y acceden al mercado laboral y empiezan a cotizar, eso será mucho más rentable
que lo que puedan aportar los dos años finales, eso por descontado. Y en cuanto a los incentivos, no han funcionado, evidentemente, aquellos incentivos que se daban en épocas buenas, en épocas boyantes, para los mayores de 65 años que querían
seguir, creo que han sido muy pocos los que se han enganchado al carro, válgame la expresión popular de decir esto. Pero si es posible se puede incentivar de alguna manera para que de forma voluntaria la gente quiera continuar trabajando. Lo que
no veo justo, y lo hemos hablado y lo hemos discutido en mi organización, es que por ley se haga una tabla rasa y se diga: todo el mundo a los 67 años. Pues, mire, no; no, porque es lo que he dicho antes. Yo concretamente tengo hijos médicos, y
si un hijo mío llega a la edad de 65 años y le dicen: oye, ya se acabó, te jubilas, a lo mejor dice: yo me encuentro en plenas facultades y puedo seguir; o está investigando, por ejemplo, pues ese señor sigue investigando hasta los 70 y no pasa
nada. Ahora bien, un señor que está subido en un andamio, con todos mis respetos al gremio de albañilería, o un señor que es camionero o un señor que es taxista puede estar deseando que lleguen los 65 años para salir corriendo porque no aguanta
más. Por mucho envejecimiento saludable y por muchas zarandajas que haya, es que es así, hay que reconocerlo. Por tanto, depende de la casuística de cada profesión.
En cuanto a las prejubilaciones, yo soy contrario a ellas. Personalmente yo procedo de una prejubilación. Con 54 años me vi en la calle, después de haber estado cotizando treinta y muchos años. Pero mi empresa no se vino abajo; mi
empresa no era como talleres Pepito, que tiene cuatro empleados, se ha quedado sin trabajo y les dice que no les puede dar de comer, por lo tanto, fuera. No, no, mi empresa seguía teniendo importantes beneficios, y de alguna manera hubo un
concierto, lo que fuera, un ERE, y nos echaron a mucha gente a la calle. Esas son las prejubilaciones a las que yo digo que no, que eso hay que desincentivarlo, o sea, no potenciarlas, porque eso va en contra del propio sistema. Al menos yo lo veo
así.
En cuanto al Fondo de Reserva, el año pasado hubo 15.000 millones de euros de superávit, que por estas fechas iban a haber ingresado para aumentar el fondo de pensiones, y desde el Consejo Estatal de Mayores se preguntó por qué no se
ingresaban, por qué no se aportaban, y nos dijeron que aquello era como una especie de préstamo, digámoslo así, y que a finales del año 2009 se ingresarían. A mí no me consta que se haya ingresado, la verdad, no lo sé, no puedo contestarle, lo
lamento, no puedo contestarle.
Creo que si eso pertenece a la caja única, si pertenece a los fondos de la Seguridad Social, en su día -y de esto hace ya doce años, recuerdo, diez o doce años- nosotros reivindicamos, por ejemplo, que aquellas
pensiones no contributivas se pagaran con los fondos de la Seguridad Social, y dijimos que aquello había que pagarlo con los Presupuestos Generales del Estado, cosa que luego ya se ha conseguido, que en principio aquello lo tenía que soportar la
Seguridad Social también.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar quiero agradecer al señor Martín Pindado su presencia en esta Comisión y las aportaciones que nos ha hecho llegar, porque evidentemente es de mucha importancia a la hora de que los grupos
parlamentarios orientemos nuestro trabajo, el conocimiento de las personas que están especializadas cada una de las que comparecen en esta Comisión en su ámbito, y concretamente el conocimiento que usted tiene de la realidad del número importante de
ciudadanos del Estado que son los pensionistas, además con un tiempo que usted acaba de plantear, incluso desde la experiencia de la prejubilación. La cuestión es que, aun estando esta comparecencia prevista en el trabajo que tenía establecido la
Comisión del Pacto de Toledo en el análisis y estudio que está haciendo sobre las pensiones, se da la circunstancia de que esta comparecencia ocurre justamente después de que el Gobierno nos haya hecho llegar una propuesta, que evidentemente como
tal propuesta habrá que discutir, pero que creó muchas alarmas y sobre todo nos condiciona también a la hora de preguntar o de entender necesarias algunas posiciones. Esto no está relacionado con la presencia ni la comparecencia ni la exposición
que acaba de hacer el señor Martín Pindado, pero quiero aprovechar la ocasión, en la medida en que estamos en la Comisión y se encuentra presente el grupo mayoritario de la Cámara, es decir, el grupo que apoya al Gobierno, para decir que entendemos
que a lo mejor no era el momento más oportuno para que el Gobierno hiciera llegar este documento a la Comisión, que hubiera sido necesario que se dejara a esta Comisión trabajar con más amplitud en relación con las propuestas que se podrían hacer, y
sobre todo por la forma en que aparece en los medios de comunicación, que efectivamente crea una alarma, que luego a la lectura del documento es mucho más matizable que por lo que en los medios de comunicación se transmite.
Al margen de eso, y aprovechando que está el señor Martín Pindado aquí, que además ha leído tantas cosas que le hacen tener una idea de la cuestión en general, nos gustaría, ya que estamos en ese momento, que nos valorase el documento del
Gobierno en cuanto a las medidas genéricas al margen de las cuatro cosas que son las que más nos preocupan, no solamente a usted porque las ha tocado, sino que a nuestro grupo también son las que más le preocupan. El documento recoge algunas
cuestiones en las que tendremos que ahondar y llegar a algunos acuerdos, porque significan modificaciones en el sistema que pueden ser positivas. No todo lo que viene en el documento, desde nuestro punto de vista, es negativo,
como pueden ser la ampliación de los años de jubilación o la ampliación del tiempo de referencia. (El señor vicepresidente, Montalbán Goicoechea, ocupa la Presidencia.)
Yo tenía varias preguntas para el señor Martín Pindado, pero me queda una, aunque quiero comentar la que ya no voy a hacer, en la medida en que usted ya contestó al portavoz del Grupo Popular, en relación con las matizaciones que ha hecho
respecto a la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años. Efectivamente, no son lo mismo unas profesiones que otras, como usted acaba de comentar. A lo mejor podemos llegar a acuerdos si en las modificaciones que haya que hacer se
contemplan esas matizaciones, o será imposible llegar a acuerdos, por unanimidad, me refiero, lo que no quiere decir que no haya acuerdos de modificaciones, pero a lo mejor no tanto unanimidad. En este sentido le preguntaría si, independientemente
del tema de la edad de jubilación, usted en este momento considera, o si tienen valorado en su asociación, la necesidad de que, independientemente del futuro, en la actualidad sería necesario hacer modificaciones en relación con coeficientes en
profesiones que efectivamente son insalubres, peligrosas o más proclives a crear enfermedades profesionales y que en este momento no están reconocidas.
Por otro lado, usted ha dicho -esta sí es una pregunta que me gustaría que me contestara- que
sería necesario hacer una pedagogía de previsión.
Yo le pregunto si esta pedagogía de previsión tiene que ver con algo que en el documento se plantea pero que además en esta Comisión la han planteado muchos comparecientes, sobre todo algunos de
algunas instituciones o entidades como las que usted comentó, profesionales o empresas aseguradoras, financieras, etcétera; es decir, ¿usted cree, además desde su experiencia de pensionista actual, que sería conveniente, o lo ve como positivo, que
conjuntamente a las pensiones de la Seguridad Social existiera ese complemento de pensión privada que algunos están defendiendo y que nosotros, desde luego, por el documento presentado por el Gobierno, vemos que existe un interés grande en llegar a
esa conclusión? La pregunta es concreta: ¿usted cree que es desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras en general positivo que tengan que compatibilizar o, mejor dicho, complementar la pensión futura con una previsión privada de
pensiones? Esta es la pregunta que le quería hacer porque las otras usted ya las explicó un poco en su primera intervención y por otro lado en la segunda que hizo en respuesta al Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Montalbán Goicoechea): Señor Martín Pindado.
El señor PRESIDENTE DE LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA, UDP (Martín Pindado): Me voy a limitar a la última pregunta más bien. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes sobre los coeficientes de insalubridad;
aquello de que hubiera unos coeficientes o hubiera unos incentivos, algunas medidas protectoras para las personas que tienen un oficio o están ejerciendo una profesión que les va a llevar a una situación francamente no tan saludable como en otras
profesiones. Por ejemplo, la minería, a los cuarenta y tantos años, pero me parece que eso ya lo recoge la ley; eso está así ya.
En cuanto a lo de la pedagogía de previsión, es importante, es importante, todo con matices; no se puede decir: vamos a que lo que es el sistema de la Seguridad Social en cuanto a pensiones, como no nos está asegurado hagamos planes de
pensiones privados. No, no es esa la cuestión. Creo que es al estilo de como está ocurriendo en otras partes del mundo, y yo no he hecho referencia más que a tres países, al nuestro, a Portugal y a Estados Unidos; nosotros vamos muy por debajo en
previsión, en hacer fondos de pensiones. Sí, actuar o generar esa pedagogía de previsión desde más temprano; es decir, que no se llegue a los cincuenta o cincuenta y tantos años a echar cuentas y a decir: si es que me va a quedar muy poquito;
entonces es cuando te puedes volcar y hacer un plan de pensiones. Es generar la idea de hacerlo más temprano. Esa es la pedagogía. Igual que estamos avalando y estamos diciendo que tiene que haber una pedagogía de prevención de la dependencia,
hagamos también una pedagogía sobre prevención económica, ¿qué es lo que me puede pasar, qué es lo que me puede quedar?
No sé si le estoy contestando, pero eso es desde mi punto de vista lo que sería conveniente, que el propio Gobierno o la propia sociedad generara ese estímulo a tener algo más, algo ad hoc respecto a lo que me tiene que dar papá Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Montalbán Goicoechea): Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer también la intervención del señor Martín Pindado. Esta mañana están compareciendo las dos confederaciones de ámbito estatal que representan a las personas mayores; la semana que viene vamos a
tener la presencia de la Fatec, que agrupa a las personas mayores en Cataluña, y es importante que el principal beneficiario del sistema de pensiones comparezca en esta Comisión para dar su opinión.
Me parece que su intervención de esta mañana ha sido extremadamente lúcida. Mi grupo podría compartir la mayoría de sus afirmaciones en el detalle de algunas de ellas y en la filosofía de fondo que expresan algunas de ellas. En especial en
esa consideración de que fundamentalmente el reto que tiene el sistema de pensiones es un reto de carácter demográfico, y que más allá de la coyuntura económica en la que estamos ahora instalados o en la que pudiésemos estar instalados en los
próximos años, las reformas están justificadas por el cambio demográfico en el que estamos instalados y en el que vamos a entrar en las próximas décadas. Coincido plenamente
con su afirmación sobre que con las cosas de comer no se juega. La torpeza del Gobierno ha dificultado el proceso de renovación del Pacto de Toledo, tal como se ha presentado a la opinión pública el documento que se hizo público a finales
del mes de enero. Espero que en el marco de esta Comisión seamos capaces entre todos de reconducir esta situación, y que en aras de las reformas que son imprescindibles seamos capaces de construir el consenso parlamentario que permita
posteriormente el consenso social que toque a las reformas que se deben impulsar. He de decirle además que su reflexión sobre cómo se aborda la realidad de los trabajadores maduros, de los trabajadores séniores, de los trabajadores de más de 50
años respecto a cómo ve el conjunto de la sociedad la presencia activa de las personas mayores de 65 años es un elemento central en esta reflexión sobre cómo cambia la demografía nuestra sociedad. Y creo que entre todos, especialmente desde el
mundo de la empresa pero también desde el mundo de la política, debemos ser capaces de configurar una nueva visión sobre el empleo desde este punto de vista, que ponga el acento en la necesidad de identificar nuevas actividades que sean
económicamente rentables y socialmente útiles donde puedan ocuparse los trabajadores séniores, los trabajadores más maduros. Es un reto muy de fondo que no va a depender exclusivamente de la ley, pero la ley puede crear incentivos que permitan esa
transición.
Coincido con usted con el análisis de que ahorramos poco, que necesitamos que nuestra tasa de ahorro aumente y que necesitamos una cultura individual y colectiva orientada hacia ese ahorro. Hoy nuestra tasa de reposición de la pensión
pública se mueve alrededor del 80 por ciento de media; sabemos que eso previsiblemente va a disminuir en los próximos años, y vamos a necesitar mayor capacidad de ahorro por parte de los trabajadores, tanto en el ámbito de la negociación colectiva,
y extendiendo la capacidad de ahorro a las pequeñas y medianas empresas, como también en el ámbito de las opciones más individuales. Estoy muy de acuerdo con esa afirmación suya de que necesitamos ahorrar más. Y coincido con usted además en esa
necesidad de tener un sistema de pensiones más transparente. Hoy se dan los medios ya, si el Gobierno quisiese, para facilitar esa información a los pensionistas. En la Dirección Provincial del INSS en Barcelona, en la página web de esa dirección
provincial, el ciudadano se puede bajar un programa que permite calcular su propia pensión. Sería razonable que a partir de cierta edad el Gobierno, al conjunto de los cotizantes, les enviase una información sobre qué previsible pensión se va a
recibir si no se cambian las circunstancias en las que uno está cotizando. Eso ayudaría a tomar decisiones, profesionales o de ahorro, orientadas a garantizar esa suficiencia de ingresos cuando uno se jubile; por tanto, coincidencia en esa
necesidad de un sistema más transparente.
Hay un elemento de debate que es complejo, que es el periodo de cálculo de la pensión. Ahí habrá que avanzar en una línea que incorpore mayor contributividad en el cálculo de la pensión, o sea, que se tengan más en cuenta los años
efectivamente cotizados por parte de los trabajadores, pero al mismo tiempo que se garantice que en aquellos supuestos, por situaciones de desempleo, por las situaciones que sean, en que el trabajador se ve obligado a carreras de cotización bajas,
eso se compense. Soluciones técnicas hay distintas; en algunos países de nuestro entorno se ha optado por aumentar hasta veinticinco, treinta, cuarenta años el cálculo de la pensión, pero permitiendo que los trabajadores escojan veinte,
veinticinco, sus mejores años, para suplir esas lagunas que existan en sus carreras. Sobre eso habrá que avanzar; estoy absolutamente convencido.
Finalmente solo quiero plantearle una pregunta porque, insisto, coincido en la base de la filosofía de su intervención, que es todo lo vinculado a la reforma de la pensión de viudedad. Se tomó en consideración por parte del Pleno del
Congreso de los Diputados, hace ya un periodo largo de tiempo, una proposición de ley de Convergència i Unió que prevé el aumento de la base reguladora de la pensión de viudedad del 52 al 70 por ciento. Estamos batallando para que esa proposición
de ley termine en el Boletín Oficial del Estado como una ley, y nos gustaría conocer su opinión.
De nuevo quiero agradecerle la lucidez de su intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Montalbán Goicoechea): Tiene la palabra el señor Martín Pindado.
El señor PRESIDENTE DE LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA, UDP (Martín Pindado): Ante todo le doy las gracias porque hemos coincidido, ha habido una empatía entre lo que yo decía y lo que usted ha comprendido de lo
que yo quería decir; y me satisface, porque quiere decir que vamos en el buen camino.
Me voy a limitar a la pregunta que me hace. Yo conocí mi organización en el año 1997, o sea que ya son unos cuantos años, trece años concretamente, y desde entonces vi que una de las viejas reivindicaciones que ya se venían haciendo en
nuestra organización era la cuestión del porcentaje que quedaba de la base reguladora a la viuda. Aquello era, me acuerdo, el 48 por ciento, luego subió y ahora está en el 52 por ciento, si no me equivoco. Nosotros siempre hemos abogado por lo del
70 por ciento. Considerábamos que el 70 por ciento era una medida justa y que tenía que ser así, puesto que es una falacia decir que cuando queda una persona sola ya tiene menos gasto. Pues no, no es así. Una viuda sigue teniendo prácticamente
los mismos gastos que cuando vivía el marido, tiene que pagar la casa, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el teléfono, tiene que pagar, tiene que pagar, y le dejan reducida su pensión exactamente a la mitad de lo que cobraba antes. Por
consiguiente, esa es una reivindicación que siempre, siempre que tenemos ocasión de hacerla, bien en nuestros congresos confederales, bien en nuestras asambleas o en medios de comunicación,
siempre es una de nuestras viejas reivindicaciones. Por lo tanto le contesto ya a esto, que lo tenemos muy en cuenta; las viudas lo saben, que forman parte de nuestro gran colectivo, y saben que estamos ahí y que estamos luchando por que
eso se consiga. Y estamos muy atentos a la proposición, aquello que se aprobó, que ojalá se apruebe definitivamente y sea una realidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Montalbán Goicoechea): Tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Marañón Basarte.
La señora MARAÑÓN BASARTE: Por supuesto, en primer lugar en nombre de nuestro grupo quiero agradecer muy especialmente la presencia de don Luis Martín Pindado, ya que como bien ha dicho, no es la primera vez que se encuentra en sede
parlamentaria. Quiero felicitar además el largo recorrido y la importante trayectoria en la vida y en el discurrir de este país, de una asociación, de una entidad como la de ustedes, que a lo largo de más de treinta años, casi nacidos con la
democracia, un poco más mayores, pero casi nacidos con la democracia, empezaron a trabajar. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En este sentido, antes de continuar con usted, si me disculpa, ha habido alusiones a nuestro grupo en alguna
intervención anterior. Si me lo permite, me gustaría decir alguna cosa al señor portavoz del Grupo Popular.
En primer lugar, yo creía que nos encontrábamos aquí en el marco del Pacto de Toledo y venimos a hablar del futuro en este caso de las pensiones en nuestro país. Considera mi grupo que la palabra, engaño, tal como la ha empleado, no venía a
cuento de nada. Pero en todo caso, ya que ha hecho alusiones a lo que nos importan los jóvenes hoy en día, quiero señalar que cosas de la vida, unos gobernamos unas veces y otros gobiernan otras veces; esa es la grandeza de la democracia, y cuando
lo haces mal viene el siguiente. Y en este caso cierto es que estamos en una gran crisis, tremenda a nivel mundial, en especial complicada en un país como el nuestro, que ciertamente es España, pero que como vienen diciendo muchos analistas en el
caso nuestro uno de los problemas viene dado por la construcción y todo lo que ha estado pasando aquí en estos últimos años.
Y los datos más graves en cuanto al paro vienen de ahí. De ahí que hayamos empezado a hablar de cambios de modelo
productivo para el futuro, cambios de modelo productivo que por fortuna, y si todo va bien y arrimamos todos el hombro, afectarán precisamente a los más jóvenes de nuestra sociedad, espero que gracias a sistemas de formación que no tengan nada que
ver con otros medios que se han empleado hasta el momento.
Dicho esto, por decirle a usted alguna cosa, hoy no es el día de decir si estamos a favor o en contra de la exposición que ha hecho, sino que estamos para escuchar lo que dicen, cómo ven la situación en general y las medidas concretas que
desde su punto de vista hay que aplicar para el futuro. Llevamos dos años ya, desde 2008, reuniéndonos aquí en el marco del Pacto de Toledo; por aquí han pasado tanto las centrales sindicales como la patronal, como agentes sociales, así como
diferentes expertos cualificados en esta materia. En todo este tiempo hemos tenido ocasión ininterrumpida de escuchar y de ir recogiendo todos los grupos, aquellas cosas más valiosas que consideramos que todos ustedes han ido haciendo.
Posteriormente, y como bien ha señalado antes nuestra portavoz doña Isabel López i Chamosa, el Gobierno, cumpliendo su compromiso en su día, trae una propuesta, un documento en el que expone su visión de lo que debe ser la reforma, para que, como
tiene que ser y como es natural, se debata aquí en el marco del Pacto de Toledo y se llegue a acuerdos y a consensos para el devenir.
Decía usted que este no es un tema político, que siempre ha quedado fuera del marco de la política. Yo soy de las que pienso que política lo es todo en la vida, nos guste o no nos guste. Otra cosa es saber qué debates o qué temas dejamos
fuera de la opinión pública a la hora de las negociaciones y los acuerdos para no intranquilizarla y no alterarla. Y este es uno de los casos, el de las pensiones; es uno de los temas además sobre el que todos tenemos opinión y nos vemos
afectados, unos hoy y otros mañana. No es que sea un tema que no es político; para eso se creó el Pacto de Toledo que ha de discurrir hasta el final, que sea lo más tranquilo y con el mayor consenso de todos.
Por hacerle alguna pregunta, en todo caso y más que nada por curiosidad, usted ha mencionado que están en países en la actualidad como Francia, Suiza, Alemania; en dos de ellos, Francia y Alemania, a lo largo de estos días, como nosotros,
están hablando de esta cuestión. Ustedes que están trabajando en estos entornos, en estos lugares, ¿cómo ven las propuestas que están haciendo ellos también? ¿Puede haber alguna comparativa con nuestra situación?
Por lo demás, le agradezco de verdad la presencia, y en este caso haber escuchado las palabras de esta que hace en estos momentos de portavoz.
El señor PRESIDENTE: Don Luis.
El señor PRESIDENTE DE LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA, UDP (Martín Pindado): Agradezco a su señoría lo que me dice, sobre todo lo que me llega y me satisface, el hablar así de la trayectoria de mi organización.
Efectivamente, nacimos con la democracia; en el año 1977 fue cuando empezaron a salir distintas organizaciones de distintos puntos, sobre todo País Vasco, Valencia y Madrid, y se unieron y formaron la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados
de España en el año 1977. O sea que en este año ya vamos a hacer treinta y tres años de existencia. Son muchos años para una organización que ha sabido mantener el tipo -está feo que yo lo diga, que soy su presidente, pero ha sido así-. Hemos
sabido ser lo suficientemente neutrales,
no decantarnos por una parte ni por otra, y sobre todo ser fieles a nuestros objetivos, que no eran otros que los intereses y los derechos de las personas mayores, y eso es lo que nos ha dado vida y nos ha hecho seguir adelante.
Ahora ya concretamente respecto a la pregunta que me hace: no tengo datos ahora mismo ni de Suiza ni de Alemania; sí en cuanto a Francia. Tengo que decir la naturaleza, cómo es nuestra organización en esos países: son antiguos
trabajadores españoles que emigraron, otros son hijos de republicanos que tuvieron que exiliarse, que allí hicieron pequeños núcleos que fueron agrandándose posteriormente, y lógicamente ellos no tienen nada económicamente respecto al Estado
español, porque ellos han trabajado en Francia y perciben del erario francés, no del español; pero ellos querían mantener un nexo de unión con sus compañeros jubilados de España, y de ahí nació aquello. Y la secretaria general que me está
acompañando y yo hemos estado en Burdeos, concretamente, porque la gran organización en Francia se llama así, Association des Retraites de la Gironde, y está en Burdeos.
Ha sido tan reciente, lo nuestro, pero también es reciente lo que está ocurriendo allí. Ayer mismo oí a Sarkozy decir que sí, que está dispuesto, porque en Francia, como todos ustedes saben la jubilación es a los 60 años, no a los 65; se
está pensando en ampliarla. Lógicamente, tiene la masa trabajadora en contra. Esto era algo que ayer, hablando por teléfono, comentaba el presidente de allí. Parece ser que van a contar, sobre todo, con la Confédération des Retraites a nivel de
toda Francia, que son tres millones y no sé cuántos de jubilados. Hacen lo que estamos haciendo aquí, la comparecencia de los mayores, en este caso en la Asamblea.
No sé si con esto le contesto. No sé exactamente cuál va a ser su posición ni cómo va a ser, pero están en ese proceso ahora mismo.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a don Luis Martín Pindado, presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, por estar aquí; muchas gracias por su intervención; esperamos volver a verlo.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.