CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 445

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ

Sesión núm. 24

celebrada el lunes, 14 de diciembre de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial (Dívar Blanco), a fin de presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de
Justicia, así como memoria del Tribunal Supremo, correspondientes al año 2008. (Número de expediente 245/000004.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la sesión. Como saben ustedes, el orden del día consiste en la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, a fin de presentar la memoria sobre el estado,
funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial, de los juzgados y tribunales de justicia, así como memoria del Tribunal Supremo, correspondientes al año 2008.



Quiero reiterar una vez más la bienvenida al presidente del Consejo General del Poder Judicial, señor don Carlos Dívar Blanco, y a los consejeros y consejeras que le acompañan en este acto, en esta su segunda comparecencia que se ha
producido a lo largo de este año. Como recordarán, la primera se produjo el 16 de marzo de este mismo año 2009.
Quiero resaltar asimismo el magnífico clima de cooperación institucional que existe entre el actual Consejo General del Poder Judicial
y esta Comisión de Justicia y la permanente disposición del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Además, desde nuestro agradecimiento y satisfacción quiero remarcar que el pasado 25 de mayo del presente año tuvo lugar por primera vez
en la historia la visita institucional de la Comisión de Justicia, Mesa y portavoces, a invitación del presidente del Consejo General del Poder Judicial, a la sede de dicha institución para conocer in situ líneas de trabajo, plan de modernización,
organización, funcionamiento, e intercambiar puntos de vista. Aquella visita, promovida por el señor vicepresidente, don Fernando de Rosa, y doña Margarita Robles, ambos vocales del Consejo General del Poder Judicial, delegados para las relaciones
con el Parlamento, tendrá la continuidad necesaria a lo largo de este mandato y de esta legislatura. Esta dinámica forma parte de la cooperación entre los poderes del Estado, una cooperación por una justicia al servicio de los ciudadanos. Una vez
más, en este espíritu, y expresando nuestra satisfacción y agradecimiento por su comparecencia, voy a ceder ya el uso de la palabra al señor don Carlos Dívar Blanco, presidente del Consejo General del Poder Judicial.



El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Justicia, señoras y señores diputados. Como se acaba de subrayar, esta es la segunda comparecencia que dentro de
este mismo año hago en esta Cámara ante esta Comisión. La primera fue en marzo de este año y era consecuencia de restablecer las relaciones institucionales entre el consejo y esta Cámara, el Congreso de los Diputados, y su Comisión de Justicia.
Por algunas razones esto había quedado paralizado y había necesidad de ponernos al día y poner al día las distintas memorias que entonces estaban pendientes. Hoy, dentro del mismo año -justo a finales- ya no es necesario hablar de otras memorias,
sino que estamos ya en el normal desarrollo, en la normal adecuación, en la vida cotidiana de esta relación institucional entre el Congreso, Comisión de Justicia, y el Consejo General del Poder Judicial. Entonces dije expresamente que para mí era
un honor comparecer ante esta Cámara, un honor y un deber. Empiezo por el honor. Vuelvo a repetir, el honor, que viene de honra, de honra distinguida, es algo que siento cuando comparezco en sede parlamentaria ante los representantes de la
soberanía popular. También la soberanía popular está en el Consejo General del Poder Judicial, en la Administración de Justicia. Administramos justicia que emana del pueblo en nombre del rey. Por tanto, el honor es claro. ¿Y el deber? En este
caso, el deber de presentar la memoria, de dar cuenta, es un deber gustoso. Es un deber que cumplo con verdadera satisfacción, y también con humildad. Como decía la filosofía clásica, la humildad, señoras y señores diputados, hay que tenerla en la
mente y no en las palabras. Procuraré producirme con arreglo a sus deseos, aceptando también toda clase de sugerencias y de críticas, del tipo que sean, que son las que nos pueden enriquecer y animar para una construcción mejor de lo que todos
pretendemos: el servicio a los españoles, el servicio a los ciudadanos.
Desde los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- estamos al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas de este país.



Como he dicho, hace unos meses comparecí en esta Comisión de Justicia atendiendo la invitación de esta Cámara para presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a
otros periodos que estaban pendientes de dación de cuentas aquí, en esta Cámara. Hoy lo hago con la correspondiente al año 2008. Vengo aquí no solo por el cumplimiento del mandato legal, como acabo de expresar, sino también para manifestar
paladinamente la voluntad de colaboración del Consejo General del Poder Judicial. La memoria que ahora presento fue aprobada plenariamente por el órgano de gobierno de los jueces y magistrados el 28 de mayo pasado. Los datos que en ella se
contienen se refieren, en su fecha más próxima, al 31 de diciembre de 2008. Por esta razón, para brindar a SS.SS una visión lo más al día posible de nuestra actividad, que complete la que proporciona el texto escrito del que disponen, trataré de
ofrecer en mi exposición datos lo más actualizados posible sobre la actividad desarrollada por el consejo, así como por el estado de nuestra Administración de Justicia, que es la prioridad hacia la que se dirigen todos los esfuerzos, todos, dentro
de las funciones que atribuye al consejo el artículo 122 de nuestra Constitución, y desde la voluntad de colaboración leal con las restantes administraciones públicas con responsabilidades en materia de justicia. En la primera comparecencia ante
esta Cámara expresé, en esta misma Comisión mi voluntad de atender con el máximo interés las relaciones con el Parlamento, ofreciendo un permanente cauce de comunicación y la mejor disposición, como presidente del Consejo General del Poder Judicial,
de atender cuantas solicitudes de información provinieran de esta


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Cámara. He de decir que en aquella primera fecha manifesté: Vengo a esta Cámara en el día de hoy -estábamos en marzo- y vendré cuántas veces me lo soliciten. Nunca rehusaré la explicación, nunca rehusaré presentar las memorias y las
aclaraciones que SS.SS. me presenten como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Agradezco la receptividad y el acogimiento de esta Comisión de Justicia, que fue recibida, como ha dicho nuestro presidente, por primera vez en la sede de
nuestra institución, hecho que podríamos llamar singular e histórico, porque desde la creación del Consejo General del Poder Judicial nunca la Comisión de Justicia había acudido a dicha sede. Queremos también, como ha expresado el presidente, que
esta comunicación no solo sea estable sino que además produzca resultados para que las relaciones entre el Parlamento y el Consejo General del Poder Judicial sean fluidas. Por eso se ha nombrado una Comisión que está formada por el vicepresidente
del consejo don Fernando de Rosa, y la vocal Margarita Robles, con la finalidad que acabo de expresar.



Paso ahora a considerar distintos aspectos de la memoria o de la exposición que voy a hacer. Mandato del nuevo consejo y principios que deben inspirar su actuación. Antes de adentrarme en la exposición de los detalles más relevantes
contenidos en la memoria, y rememorando algunas palabras pronunciadas en esta misma Comisión, quiero reafirmar ante SS.SS. el mantenimiento de los compromisos del actual Consejo General del Poder Judicial desde que asumió su mandato. La
Administración de Justicia -justicia con mayúscula- precisa, para servir con fidelidad a las expectativas de los ciudadanos y a las exigencias de un Estado moderno, el compromiso de todos los poderes públicos, así como la colaboración de todos sus
actores. La justicia es una de las máximas expresiones de la civilización en las sociedades humanas, la mayor garantía para la salvaguardia de los derechos de sus ciudadanos, de quienes ella misma emana, como proclama nuestra Constitución. Es
cierto que los ciudadanos son quienes nos mandan administrar justicia verdadera, leal, eficaz, transparente, pronta, y cuando existen defectos que no hacen todo esto posible todos tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad y contribuir a
que los fines que perseguimos puedan conseguirse y que no queden en algo que algún día se marchite. De ahí que siempre, desde el respeto a todas las instituciones implicadas, el Consejo General del Poder Judicial, que encarna la máxima
representación del Poder Judicial en España, siempre haya aprovechado esta comparecencia para llamar la atención de SS.SS. sobre la necesidad de mantener ese impulso constante y firme que sitúe a los tribunales en el lugar que los españoles
merecen. Y ello solo es posible desde la plena colaboración institucional de todos los que estamos implicados en aplicarla, administrarla y gobernarla. La justicia es una cuestión de Estado, es la base del Estado de derecho, y con ese principio
elemental el Consejo General del Poder Judicial ha querido en su actual mandato ejercer sus funciones de gobierno y salvaguardia de la independencia del Poder Judicial con una predisposición máxima al consenso en la toma de decisiones, con voluntad
de servicio a la judicatura y con el deseo de la total colaboración institucional del resto de los poderes del Estado. No es novedoso, señorías, que la justicia tiene grandes necesidades, tiene problemas, diríamos, pero tampoco lo es,
afortunadamente ya, que no es menos grande la voluntad común de acercar la justicia a los parámetros de calidad de todos deseados y de todos exigibles. Así lo manifesté hace escasamente unos meses en esta misma Comisión y así lo quiero manifestar
de nuevo hoy, porque no han cambiado en tan escaso margen de tiempo ni los principios ni la voluntad ni los objetivos con que los miembros del Consejo General del Poder Judicial asumimos nuestro nombramiento. Y quiero decir que el Consejo General
del Poder Judicial, independientemente de críticas que haya podido recibir, que por supuesto, como dije al principio, todas son perfectamente aceptables, trabaja constantemente, lo que hace difícil la conciliación de la vida familiar con el trabajo
de vocal del Consejo General del Poder Judicial. Por ello, me voy a permitir felicitar a los vocales aquí presentes y a los que no están por la labor que desarrollan. Permítanme que, con todo respeto, lo haga en sede parlamentaria.



Tengo el honor de manifestar sin triunfalismos que nos encontramos en la buena senda, al margen de los problemas de nuestra Administración de Justicia, muchos estructurales, otros endémicos, que precisan para su resolución un esfuerzo
sostenido en el tiempo y que sus resultados no sean fácilmente evaluables a corto plazo. Sin embargo, respecto a alguno de los pasos dados hasta el presente en el corto periodo de un año que este consejo lleva desarrollando su mandato y al que se
refiere la memoria, desde 2008 -el último trimestre es el que ha estado nuestro mandato en activo respecto al año al que me he referido-, se han producido algunas novedades destacables tanto dentro del Consejo General del Poder Judicial como de los
demás poderes del Estado. La reforma legal de la oficina judicial. En este punto quiero agradecer la sensibilidad de las Cortes Generales en el desarrollo legislativo de las previsiones sobre la regulación de la oficina judicial que se
introdujeron en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la reforma operada por Ley orgánica 19/2003, a través de la Ley 13/2009, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, y de la Ley orgánica 1/2009, que
complementa las dos de 3 de noviembre. Nos encontramos en este concreto punto en un momento crítico de estudio y desarrollo de las previsiones de la nueva oficina judicial, con todas sus implicaciones de gobierno de los tribunales y procesales para
los jueces, magistrados, secretarios, funcionarios y demás operadores jurídicos, como son también los abogados, los procuradores y otros que intervienen directamente como los graduados sociales. Ocurre siempre que se produce un cambio


legislativo y de esta trascendencia que se abre un periodo


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de expectación, periodo en el que actualmente estamos.



La modernización del consejo y la colaboración con el Ministerio de Justicia y las administraciones de las comunidades autónomas con competencia transferida. La colaboración ofrecida por el Ministerio de Justicia en el ámbito de sus
competencias a la modernización de esta Administración es una colaboración, como dije en el acto de apertura judicial, que espero continúe en el futuro para la elaboración de estrategias y fijación de objetivos de actuación desde la consideración de
que las reformas en la justicia, para ser eficaces, necesitan contar con el entendimiento recíproco de todos. No confundamos dos conceptos que son distintos, independencia judicial y colaboración con otros poderes del Estado. El Plan de
modernización de la Justicia, aprobado plenariamente el 12 de noviembre de 2008 por el Consejo General del Poder Judicial y resaltado en mi comparecencia ante esta Comisión en marzo pasado, se ha visto reforzado en el tiempo transcurrido desde
entonces con la aprobación del plan estratégico del ministerio, que tiene el mismo fin modernizador y cuya inmediata puesta en práctica debe servir para apreciar el alcance y efectividad de los esfuerzos que se están acometiendo. Como consecuencia
de ese empeño colectivo este mismo otoño ha tenido lugar la presentación del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad de la Justicia, elaborado en virtud del convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y
la Fiscalía General del Estado y que cuenta con la reciente adhesión, hace tan solo unos días, de las comunidades autónomas; un proyecto colegiado de esfuerzo dirigido a conseguir la interoperabilidad de los sistemas de información al servicio de
la Administración de Justicia con todas las garantías y seguridades necesarias. Es un ejemplo de cómo la colaboración y el esfuerzo común pueden redundar en beneficio de los ciudadanos y han de erigirse en pilares básicos de la modernización
tecnológica con la cual pretendemos construir un sistema de información judicial íntegro, coherente y estable en el tiempo, como motor impulsor y motor estratégico para lograr este fin común. En cierto modo en este momento podría decir que para el
año 2010 -el próximo año Dios mediante-, tendríamos comunicados todos los juzgados del territorio nacional en perfecta conexión.



Valoración de la creación de órganos judiciales. Parte de este esfuerzo se ha hecho patente en la creación de órganos judiciales en los últimos meses. En el pasado mes de julio se aprobó la creación de 140 nuevos órganos judiciales de
todos los órdenes de la jurisdicción ordinaria, a lo que hay que sumar la creación de 15 nuevos juzgados de lo mercantil aprobada en el mes de febrero, dato positivo en la búsqueda adecuada de la razón de jueces por habitantes, de acuerdo con las
medidas de la Unión Europea. Sin embargo no se debe ocultar a nadie que el remedio a los retos tradicionales de eficacia y prontitud de nuestra justicia no solo es un problema de número de jueces sino también de organización de los recursos humanos
y materiales así como de la modernización de infraestructuras de comunicación, de interconexión entre los diferentes órganos e instituciones que intervienen en el proceso. El aumento del número de jueces es siempre un elemento de satisfacción que
beneficia al conjunto de la judicatura y a los ciudadanos, pues permite una mejor distribución de las cargas de trabajo, con incidencia en la pendencia y en los tiempos de resolución de los litigios, pero la búsqueda de una justicia más rápida no
pasa solo por el aumento de la cantidad de operadores jurídicos sino también por el perfeccionamiento de los instrumentos procesales, de la mejora interna de los tribunales en todas sus posibles actuaciones y mejora también de la calidad personal y
profesional que, aunque es muy buena en estos instantes, nunca podemos satisfacernos, en materia de Administración de Justicia, en aquello que queremos ofrecer siempre como lo mejor de lo mejor a los ciudadanos, a los justiciables.



Fomento de medios alternativos, la mediación intrajudicial. El Consejo General del Poder Judicial es consciente de las dificultades que genera en el quehacer diario de los jueces y magistrados la elevada carga de asuntos que se registran en
sus oficinas; es, desde luego, síntoma positivo de la madurez de nuestra sociedad que cada vez acuda más a la justicia; este es un dato. Pero del mismo modo pone de manifiesto la realidad de una variedad de litigios que por su naturaleza, por la
cuantía económica en juego, en muchas ocasiones podrían quedar solventados fuera de los ámbitos propios de los juzgados y tribunales.
Quiero llamar la atención sobre este hecho con el solo interés de abrir el debate sobre la necesidad de impulsar
-impulsar legislativamente ahora que nos encontramos aquí, en sede parlamentaria- el fomento de los mecanismos de solución de conflictos alternativos a la justicia. No es pequeño el terreno recorrido hasta hoy en ciertos ámbitos; por ejemplo,
desde la muy antigua Ley de Arbitraje de 1953 hasta la vigente. La experiencia de otras naciones con determinados proyectos piloto promovidos o participados por el Consejo General del Poder Judicial con otras instituciones demuestran que la
aplicación de otros medios de composición jurídica, como es el caso, por ejemplo, de la mediación en materia familiar, incluso en determinados lugares de la tutela jurídica penal, puede coadyuvar eficazmente a resolver controversias fuera de los
juzgados pero de forma plenamente satisfactoria. En este punto, y en el marco del plan de modernización, se ha promovido la implantación de un protocolo de mediación intrajudicial en el que colaboran 133 juzgados penales, 71 civiles y en el que se
contempla la firma de convenios con las administraciones territoriales para infraestructura y apoyo de los servicios de mediación como solución alternativa a los conflictos.



Planes de refuerzo. Los datos expuestos no deben, sin embargo, llevarnos a un optimismo exagerado. Hasta que se consiga el objetivo deseado de equilibrar el


número de asuntos con el de órganos jurisdiccionales o,


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lo que es lo mismo, lograr una proporción satisfactoria, no es posible dejar de aplicar medidas tradicionales de refuerzo, que arrojan buenos resultados para paliar la situación. Estas medidas de refuerzo no son las mejores, pero en un
momento determinado son prácticas y necesarias. En la apertura del año judicial pasado tuve ocasión de recalcar ante Su Majestad el Rey el efecto positivo que el plan de refuerzo del gabinete técnico del Tribunal Supremo está teniendo en la
reducción de la pendencia de sus cinco salas, especialmente en las que mayor carga de trabajo soportan, como la primera y la tercera, y puedo decir que para el año 2012 estará al día, si Dios quiere, en plenitud, el Tribunal Supremo.
La Sala
primera lo va a estar dentro de menos de un año y la tercera lo estará en esa fecha; fecha singular porque conmemoramos el bicentenario de la Constitución de 1812 y el bicentenario del Tribunal Supremo, que siempre estuvo unido a la Ley, al
Derecho, a la Constitución y a la senda constitucional de España.



Pero el esfuerzo debe ser sostenido y extenderse a todos los órganos judiciales. La organización judicial se extiende territorialmente hasta el último confín de nuestro país y las necesidades comunes de los tribunales no deben hacer olvidar
las particularidades derivadas de la propia idiosincrasia de cada órgano. En coherencia con este fin, el Consejo ha fomentado las medidas de refuerzo de los órganos judiciales en atención a las necesidades deducidas de la estadística judicial.
Ello se ha traducido en la adopción de medidas específicas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los tribunales superiores de justicia con un refuerzo de más de 50 magistrados y en la aprobación del Plan extraordinario de refuerzo de la
jurisdicción social, como consecuencia de la crisis, que afecta al 57 por ciento de los juzgados de lo Social en 11 comunidades autónomas, 31 jueces sustitutos y magistrados suplentes de refuerzo con nombramiento de duración de seis meses para
procesos de despido o reclamaciones de cantidades relacionadas con el despido o con otras reclamaciones preferentes de los trabajadores. Los refuerzos se han extendido también a los juzgados de lo Mercantil, afectando al 95 por ciento de los
existentes y asumiendo el compromiso de incrementar gradualmente la convocatoria de plazas de especialista hasta la cobertura total de la planta. No necesitamos convencerlos, señorías, sino tan solo atenernos a los resultados que poco a poco
alumbramos. Invertir en justicia es invertir en paz y prosperidad para todos, pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces no podemos ir todo lo deprisa que quisiéramos, pues, como decía Campoamor, muchos de los fracasos son por adelantar la
hora de los éxitos, y nuestro reloj está puesto en la hora exacta.



Repercusión de la crisis en la justicia. Es preciso hacer hincapié en la especial sensibilidad que la realidad social presenta para la actividad de los tribunales de justicia, y asimismo la repercusión de una buena administración puede
tener en el funcionamiento de la economía un resultado favorable. Con respecto a esto, durante la apertura del año judicial hice igualmente hincapié en datos de asuntos de naturaleza tributaria pendientes de resolución solo en la Sala Tercera del
Tribunal Supremo por equivalente a 6.000 millones de euros, una cantidad de dinero muy cuantiosa pero condicionada al carácter litigioso. Entonces dije -y es importante aclararlo- que si todos contribuimos poniendo los medios necesarios a que la
pendencia del Tribunal Supremo acabe cuanto antes, cuanto antes se podrán descongelar esas cantidades que en estos momentos no repercuten en el circuito económico y, por tanto, no dan la posibilidad de superar algunos aspectos de la crisis económica
en la que estamos.



Es preciso señalar que la actividad jurisdiccional en el último año no ha sido impermeable a la realidad económica, como he dicho. En los datos de la estadística destaca la quiebra de la tendencia de incremento de la litigiosidad en el
Tribunal Supremo, con una reducción de los tiempos de resolución de las salas de lo Penal, de lo Social y de lo Militar a periodos cercanos al año, es decir, dentro del año se resuelven los asuntos que son presentados. Este dato lo entiendo como
condición esencial para conseguir que el Alto Tribunal cumpla un misión constitucional de interpretación uniforme de la ley y el derecho, otra de las preocupaciones acuciantes de nuestra Administración de Justicia.
Sirva el dato que reitero tan
solo para recordar que los procedimientos judiciales afectan a las partes en litigio, pero repercuten en el conjunto de la sociedad, y que diferentes factores relacionados con ellos, como la duración, grado de previsibilidad, seguridad jurídica,
coste económico, entre otros, constituyen variables tomadas en consideración por organismos internacionales a la hora de valorar el grado de desarrollo de un país y pueden afectar a la toma de decisiones de carácter económico.



Me voy a referir a algunos datos estadísticos, sin abrumarles a ustedes porque ya los tienen en la memoria correspondiente, de la que ahora estoy haciendo una mera presentación. En la jurisdicción Mercantil debe desatacarse que los
concursos de acreedores, y adelanto algo, en el año 2008 alcanzaron la cifra de 4.813 presentados, cifra que más que triplicaba los 1.589 del año 2007. Pues bien, estas cifras han sido superadas en los tres primeros meses del año 2009, con 5.885
concursos.
Afortunadamente, en el segundo trimestre de este mismo año se viene observando una desaceleración de los concursos presentados, con variaciones interanuales del 103 por ciento y 26 por ciento respectivamente. Estas variaciones
contrastan con los crecimientos interanuales observados desde el segundo trimestre de 2008, que superaron en todos los casos el 200 por ciento. En el orden Social, en su cómputo nacional se aprecia un incremento en el número de asuntos ingresados
en los dos primeros trimestres del año en comparación con las cifras del año 2008, diríamos a título ilustrativo, por los procedimientos de despido, que en el año 2008 eran 102.925. Tuvieron un incre


mento respecto a 2007 del 55 por ciento, y ya han sido


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superados por los 105.657 de los tres primeros meses del año 2009. También aquí se observa una desaceleración del crecimiento desde el segundo trimestre de 2009. Un efecto muy similar se ha producido en las reclamaciones de cantidad, de
las que se presentaron en 2008 un total de 157.924, un 50 por ciento más que en 2007. La jurisdicción Civil también se ha visto afectada por el contexto de la crisis económica nacional. Las ejecuciones hipotecarias presentadas en 2008 fueron
58.686, un incremento del 126 por ciento respecto a 2007. Dicha cifra ya se ha superado en los tres primeros trimestres de 2009 con 66.400 ejecuciones. Con estos datos de los tres primeros trimestres de 2009, podemos extrapolar otras cifras del
año 2009. En el conjunto de las jurisdicciones entrarán en 2009 en los órganos judiciales cerca de 9.000.700 asuntos, un incremento del 7,2 por ciento, y se resolverán 9.265.000, un 7,1 por ciento más que en 2008.
Quedarán en trámite en los
órganos judiciales más de 3.200.000 asuntos.
El número de asuntos que se convertirán en sentencia y que pondrán los jueces españoles en 2009 superará el de 1.640.000, lo que significa un incremento de un 8,1 por ciento respecto a 2008.



Referencia concreta, y voy terminando, a las actividades del consejo, servicios y comisiones. El Consejo General del Poder Judicial desde el principio de su mandato ha sido consciente de la necesidad de que se lleve a cabo una reforma
sustancial de la Administración de Justicia, capaz de proporcionar a la sociedad la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce como derecho fundamental. La sociedad española ha avanzado en complejidad, y ello lleva consigo una mayor
exigencia en la prestación de sus servicios públicos. Por ello, el consejo, con pleno respeto a las competencias y responsabilidades de otros poderes del Estado, ha querido impulsar el diálogo con el Gobierno y con las comunidades autónomas a fin
de abordar este problema global de la justicia. Nuestro compromiso institucional exige que el órgano de gobierno del Poder Judicial diagnostique todas las deficiencias estructurales, formule las propuestas para su mejora y modernización, y adopte
las medidas necesarias para lograr estos fines. Entre las medidas que, con vistas a la reforma, se consideran prioritarias destacan los siguientes tipos de iniciativas.



Primero, competencias legales y reglamentarias. En relación con sus propias competencias legales y reglamentarias el Consejo General del Poder Judicial ha proyectado sus esfuerzos en materia de formación y selección de jueces y magistrados,
así como en la provisión de destinos, de acuerdo con el respeto a los criterios de transparencia y objetividad, especialmente de los de carácter discrecional, con arreglo a la doctrina que sobre nombramientos emana de la Sala tercera del Tribunal
Supremo y en la que se dé entrada a la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos colegiados. Dentro de este mismo ámbito el Consejo se plantea la mejora del estatuto de la carrera judicial, con un programa de adecuación de las
prestaciones sociales a la responsabilidad de jueces y magistrados, regulando, entre otros, aspectos tan importantes como la necesaria conciliación de la vida laboral y familiar, una amplia cobertura de seguros médicos, de responsabilidad civil, un
sistema de prevención de riesgos laborales, una mejora de las condiciones de jubilación y del régimen de vacaciones. Dos últimos puntos presentan interés en este ámbito. En primer término, la potenciación del servicio de inspección como fuente de
detección de los problemas y deficiencias de la organización jurisdiccional y como complemento esencial de la actividad estadística y, por último, la potenciación y agilización de los medios de comunicación con los demás órganos gubernativos del
Poder Judicial.



Segundo, fortalecimiento de las relaciones institucionales. Este segundo grupo de iniciativas se agrupa en torno a las relaciones institucionales con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas. Ya
he dedicado una parte a este importante compromiso que constituye una de las principales claves del proceso de modernización de nuestra justicia. Además de las iniciativas ya emprendidas y reseñadas, con especial énfasis. La implantación de la
oficina judicial y la aplicación de las novedades procesales contenidas en la reforma de noviembre pasado, los esfuerzos del consejo en este sentido se extienden también al rediseño de la planta judicial contenida en la ley de 1988.



Tercero, acercamiento a la ciudadanía. El consejo, como tercera línea de actuación, pretende la transparencia de la justicia como medio de acercamiento de la labor de jueces y magistrados al ciudadano, destinatario de todas sus decisiones.
La potenciación de la unidad de atención al ciudadano a través de la apertura de canales eficaces de comunicación entre ellos y el consejo y la formación de funcionarios y personal judicial en atención a la ciudadanía, forman parte de este objetivo
general ya iniciado. En este período se han recibido 11.839 escritos de reclamaciones, quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los órganos de justicia, en un 95 por ciento relacionados con los derechos de una justicia atenta, una justicia
ágil y tecnológica avanzada y, por supuesto, de una justicia transparente. El 46 por ciento del total de estos escritos se refiere al funcionamiento de los registros civiles.
A este capítulo pertenece también el impulso querido desde el consejo a
la política de comunicación, orientada a la transmisión a la sociedad de una visión de la justicia, de los jueces lo más cercano posible a su realidad, de forma comprensible y cercana para todos.



Finalmente, actividades de servicios y comisiones. La lealtad a los objetivos generales expuestos se manifiesta ya en la actividad del consejo general a lo largo de este primer año de su mandato como acreditan las actividades relacionadas
por servicios y comisiones en sus cuatro sedes y en todo el territorio nacional, así como en no pocas actividades de cooperación internacional en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo y con otras
instituciones internacionales.



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Señoras y señores diputados, no he pretendido en esta exposición, necesariamente corta, aunque a algunos les pueda parecer un poco larga, exponer todos los problemas, todas las circunstancias que han afectado al año 2008 y parte de lo que me
he referido de 2009. Tienen dos memorias, la del Consejo General del Poder Judicial y la del Tribunal Supremo.
Estoy dispuesto a aclarar aquellos aspectos que ustedes quieran y les invito a que puedan leer con la atención suficiente las memorias
presentadas.



El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el señor Olabarría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco. Les rogaría a todos los portavoces concisión. El
tiempo máximo de intervención es de quince minutos. A partir de que lleven consumido el décimo minuto, serán advertidos para su orientación y buena administración.



Tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, le agradezco personalmente esas invocaciones a la disciplina en el uso de la palabra por razones que no es menester glosar.



Muchas gracias, señor Dívar es la segunda vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos usted y yo en esta sede para debatir la memoria del Consejo General del Poder Judicial. Es un trámite de naturaleza un tanto anfibológica, si me
permite el señor presidente la expresión. Nunca se sabe muy bien hasta dónde llega lo preceptivo, hasta dónde llega lo voluntarioso por parte del consejo y hasta dónde llega el cumplimiento de obligaciones propias de los diputados y senadores
nombrados a los miembros que componen el órgano de gobierno de la Administración de Justicia o la administración de la Administración de Justicia, por glosar la poco brillante expresión del Tribunal Constitucional. Le agradezco mucho su exposición.
Solo quiero comentarle que la primera vez que tuvimos la oportunidad de escucharle tuve la impresión personal de que su intervención fue más aguerrida. Usted y yo nos conocemos hace muchos años, y usted es genotípicamente ponderado en sus
expresiones, pero uno tiene la impresión de que en la explicitación de la memoria está asistiendo más bien a la lectura, por parte del secretario, de la memoria del Banco de Santander que a la memoria del Consejo General del Poder Judicial, Es una
cuestión de estilos que puede ser complementada con las preguntas que podamos realizar los grupos que aquí estamos representados.



Quería sobrepasar los datos estadísticos que hemos podido comprobar en los documentos que usted nos ha remitido, manifestarle algunas de las reservas y, sobre todo, ponderarle algunas de las cuestiones que nos parecen particularmente
brillantes en la gestión de este Consejo General del Poder Judicial que usted preside, que las hay y no son irrelevantes en opinión de nuestro grupo. Voy a ir a lo especulativo más que a lo estadístico, porque no estoy muy dotado en el lenguaje
matemático. Le voy a hacer una primera observación, señor Dívar, para conocer su opinión al respecto. Uno observa que ha habido una dialéctica eterna -y no resuelta nunca- entre la configuración y la propia identidad de la Administración de
Justicia en el Estado español, que no estuvo bien diseñada por el legislador constituyente cuando se elaboró el título VI de la Constitución. Uno no sabe si está entre un híbrido entre un poder del Estado, pues es un poder del Estado, y un servicio
público esencial, porque muchas veces se plantea la cuestión en términos de dialéctica contradictoria. Creo que es un híbrido que participa de ambas condiciones, porque la Administración de Justicia es un poder del Estado y también es un servicio
público esencial para los ciudadanos. Me preocupa -y se lo digo honestamente- lo que está ocurriendo con la creciente -y casi ya omnicomprensiva- inmediación de las llamadas asociaciones judiciales en el ámbito de la Administración de Justicia.

Cuando las asociaciones judiciales, cuya ubicación y legitimación jurídica no está diseñada por ningún texto de nuestro luengo y prolijo ordenamiento jurídico, intermedian o promueven incluso lo que se denominan -impropiamente- jurídicamente huelgas
o instan a la huelga, reivindican legítimamente -no voy a decir que no- cuestiones atinentes a sus condiciones laborales en materia retributiva, en materia horaria o en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, uno tiene la impresión de
que están actuando legítimamente y de conformidad con las funciones que pretendidamente, puesto que el ordenamiento jurídico no les atribuye ninguna, les corresponde en la defensa de los derechos e intereses que les son propios, por utilizar una
similitud o analogía con lo que hacen los sindicatos y asociaciones empresariales en el ámbito de las relaciones industriales. Sin embargo, uno también tiene la impresión a veces de que hay una cierta derivación del poder público, que constituye el
Poder Judicial, hacia la conversión en una estructura cuasi funcionarial. Como decía recientemente en un artículo -que no sé si usted ha podido leer, pero se lo puedo proporcionar- un ilustre abogado bilbaíno, no sé si estamos ante la conversión de
personas togadas que se rodean de una especie de taumaturgia de poder, por funcionarios de manguito u ordenador. Estas son expresiones textuales de un artículo que me pareció brillante y que le puedo proporcionar.



Desde esta perspectiva, estos son unos obiter dicta, unas reflexiones de naturaleza general, que parten de lo difuso de la función y legitimidad de las asociaciones judiciales y de cómo están mediando en la propia configuración e identidad
jurídica y política del servicio público de la justicia o del poder del Estado que constituye la justicia, me da igual la calificación que quiera utilizar, pero la sobredimensión del protagonismo de estas asociaciones -sin perder nunca de vista que
la asociación más importante numéricamente es la de los que no están asociados a ninguna- está provocando


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ciertos elementos, si no de distorsión, sí de nueva configuración de este poder o de este servicio público esencial. Me voy a referir a una cuestión específica. No soy muy partidario -usted me conoce personalmente- de ilustrar con ejemplos
demasiado atinentes a la coyuntura o a la realidad lo que estoy diciendo, pero me preocupa personalmente que determinado portavoz de una importante asociación profesional de la judicatura se haya permitido la licencia de privar de legitimidad a
determinada vocal del Consejo General del Poder Judicial a la hora de participar en la designación de uno de los cargos de designación discrecional, que corresponde al Consejo, cual es la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.



Me gustaría conocer su opinión sobre esta cuestión, que se me antoja vidriosa en tanto en cuanto no sé hasta qué punto a esta asociación profesional el ordenamiento jurídico -cuando digo al ordenamiento jurídico me refiero a la Constitución
española- le atribuye legitimidad para dar certificados o cartas de legitimidad para decidir quién puede o quién no puede participar en la importante función de nombramientos discrecionales, sobre todo cuando afectan a órganos tan importantes como
la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Pero, sobre todo, nos gustaría conocer su opinión acerca de si las asociaciones judiciales van a estar en condiciones antes o después de decidir, en virtud de pretendidas ideologías,
formas de pensar o empatías, qué vocales de los que configuran el órgano que usted preside pueden participar en determinadas votaciones y quiénes no. Esto modificaría las reglas definidas por la propia Constitución española, su configuración e
identidad y los poderes que ostenta, derechos y deberes, el Consejo General del Poder Judicial. Sobre esta cuestión me gustaría conocer su opinión, porque las declaraciones a las me estoy refiriendo, que no son irrelevantes puesto que dimanan del
portavoz de la asociación profesional más importante numéricamente del Estado español, han sido muy recientes y han tenido una gran dimensión mediática.



Le voy a decir también con toda sinceridad y, si me permite la expresión, por la amistad que a usted y a mí nos une, que esperaba una decisión o una acción más activa sobre esta preterición manifiestamente ilegítima del derecho a votar de
determinada vocal, una acción enérgica por parte del Consejo General del Poder Judicial, no en defensa de la vocal en concreto sino en defensa de la institución, mediatizada de forma muy notable y relevante por opiniones que forman parte de las
reflexiones sindicales que conocemos en ámbitos diferentes a la justicia. Aquí nos encontramos con un cierto problema de naturaleza casi ontológica. Si las asociaciones van a llegar al punto de mediatizar decisiones o vetar a determinados vocales
a la hora de tomar las decisiones con la misma legitimidad que todos los demás, porque todos poseen la misma legitimidad para participar en las decisiones regladas por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por los reglamentos de desarrollo, respecto
a la materia de nombramientos que le estoy citando, nos estaremos encontrando con un órgano condicionado o mediatizado por la voluntad asociativa de determinadas organizaciones, y ya no estaríamos ante un poder del Estado, ni siquiera ante un
servicio público especial, sino que estaríamos sujetos a los vaivenes de las coyunturas y de las correlaciones de fuerzas del mundo asociativo, cuando este mundo asociativo no tiene esa legitimidad, ni siquiera representa a la mayoría de los jueces
y magistrados que existen en el Estado español.



Dicho esto de carácter introductorio, y sin ánimo de generar polémica sino de conocer su opinión...



El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, lleva diez minutos.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Tempus fugit, señor presidente, nunca mejor usada la expresión.



Me gustaría felicitarle, para que no parezca que las intervenciones hacen referencia exclusivamente a términos o cuestiones de coyuntura, de naturaleza cuasi política, por el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial en una de
las funciones más relevantes que tiene, que es la emisión de informes preceptivos en relación con determinados anteproyectos de ley que se someten a su informe y, particularmente, a dos. En primer lugar, le quiero felicitar por la brillantez del
informe elaborado al anteproyecto de reforma del Código Penal, donde hay cuestiones vidriosas y donde la posición del Consejo General del Poder Judicial es puramente personal. Pero quiero también felicitarle personalmente. Desde la relevancia y
desde la posición institucional que ocupo en este momento, el Consejo General del Poder Judicial merita ser felicitado. Me parece que es un informe brillante, que ha buscado puntos de equilibrio sobre cuestiones como el derecho penal, que son
particularmente vidriosas y difíciles de equilibrar. Yo he tenido la impresión de que durante muchos años, en legislaturas anteriores, hemos convivido en lo que Günter Jakobs denominaba derecho penal del enemigo.
Aquí se han buscado puntos de
equilibrio adecuados. Me ha parecido brillante también el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el proyecto de ley del aborto, ya en debate en esta Cámara, non nato -nunca mejor usada esta expresión en un proyecto de ley de estas
características como la del aborto- por las razones que todos conocemos.
Como digo, es un informe que conceptualmente me ha parecido particularmente brillante.



Señor presidente, usted ha hecho dos menciones que me parecen no voy a decir que una quimera porque me parecería una falta de respeto hacia su persona sino, quizá, un tanto utópicas, si me permite la expresión. Que en el año 2010 la
compatibilidad informática o telemática entre todos los órganos judiciales del Estado español se haya cumplimentado me parece de un optimista desiderátum por su parte. Ojala sea así, pero lleva funcio


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nando más de diez años el Cendoj, Centro de Documentación Judicial; tiene -como la propia memoria consigna- asignada desde hace diez años esta función y no lo ha conseguido. Me gustará que explicite mejor cómo piensan complementar los
sistemas informáticos de las distintas comunidades autónomas con el sistema del Ministerio de Justicia por no haberles transferido las competencias, con el sistema de este ministerio y también en ámbitos del personal al servicio de la justicia que
tiene sistemas informáticos no solo diferentes sino disímiles e inarmónicos entre sí, no compatibles entre sí. Esta es una cuestión terriblemente vidriosa y yo creo que la fecha que usted se ha impuesto es un tanto utópica. Que me diga que en el
año 2012 van a estar al día todas las salas y todos los órganos judiciales del Estado español, no es una quimera ni un optimista desiderátum. Esto, permítame la expresión -y tómeselo como una humorada-, es una gracia. Conociendo la pendencia de
determinadas salas -y usted ha citado las dos que en este momento acumulan más, la Sala primera del Tribunal Supremo y la Sala tercera- de otros órganos judiciales que pertenecen a distintas demarcaciones y que son manifiestamente espectaculares y
difíciles de remoción, en tanto en cuanto a las medidas de refuerzo que usted ha explicitado de forma muy genérica, no van a ser suficientes.



El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): Solo a título aclarativo diré que me he referido a las salas del Tribunal Supremo, que son las que en 2012, fecha de su bicentenario, estarán al día. A ver si esto
deja de ser una quimera y se convierte en una realidad.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ojala tenga razón. Habrá que hacer invocaciones, incluso de naturaleza teológica, para que esto sea verdad. Señor presidente, de su capacidad y de la capacidad de los vocales que le acompañan no albergo ninguna
duda de que, por lo menos, lo van a intentar.



El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): Yo también confío en su capacidad de invocación teológica.



El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, está concluyendo su tiempo.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Si el señor presidente me lo permite, quiero hacer una última reflexión al señor Dívar, y permítame que me haya salido de la exposición tan rigurosa y de carácter tan estadístico-contable que usted nos ha hecho.
El sistema autonómico español está configurado por estatutos de antigua generación -que no han podido ser reformados mediante procedimientos que nosotros consideramos fraudulentos- en donde se articulan consejos judiciales. En unos casos el ius
litigatoris puede ser objeto de atención y de agotamiento en el ámbito autonómico, y en otros casos en el ámbito estatal. El ius constitutionis siempre va a ser objeto de entendimiento y se agotarán las vías procesales a través del recurso de
unificación de doctrina en el Tribunal Supremo. Me gustaría saber si tiene pensada alguna forma de unificar algo que puede provocar distorsiones en la unificación de doctrina y en la resolución al final en el ámbito casacional, dada la situación
disímil a la que proveen los distintos estatutos de autonomía: unos todavía pendientes de recursos de inconstitucionalidad, otros no aprobados y otros que prevén distintas fórmulas en cuanto a las competencias casacionales de las salas de lo Civil
y Penal de sus propios tribunales superiores.



Agradeciendo su paciencia, señor presidente, paciencia que no esperaba, porque tanto las intervenciones del señor Dívar -más de cuatro horas- como las del resto de los portavoces que intervinimos en la última ocasión en que se leyó la
memoria fueron mucho más prolongadas, y esperando que perdone, señor Dívar, el ajuste al terreno de las preguntas que le he hecho, un poco alejadas de ese tono un tanto contable que usted ha utilizado a la hora de exponer su memoria, espero atenta e
incluso morbosamente sus respuestas a las cuestiones que le he planteado.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), quiero dar la bienvenida al presidente del Consejo General del Poder Judicial y a todos los vocales que le acompañan a esta Comisión de
Justicia para cumplir con un acto reglado. La comparecencia ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la memoria es un acto previsto en las leyes; un acto que, si me lo permiten, ha presentado durante muchos años cierta disparidad en el
tiempo, ya que se presentaban memorias muy alejadas del momento en el que se habían producido los textos. Debemos congratularnos de que las relaciones se hayan normalizado y de que la presentación de la memoria del año 2008 se produzca dentro del
año 2009 y, con una cierta sensación sucesiva, tras su propia publicación, cosa que era de desear. El propio Congreso de los Diputados, en las resoluciones aprobadas el pasado mes de abril, pedía que existiera una mayor correlación en el tiempo
entre memoria, presentación y debate en el Congreso y, por tanto, nos congratulamos de ello.



Hemos escuchado con atención el tono, las palabras y el contenido de la intervención del presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Quiero destacar tres frases. Hay una inicial: La justicia tiene grandes necesidades y problemas.
Creo que todos vamos a coincidir en ello. En una segunda frase, decía el presidente Dívar:


Nos encontramos en la buena senda. Creo que es voluntad


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de todos rehacer el consenso en esta legislatura. Esperemos estar en esa buena senda. En cuanto al símil y la metáfora con el reloj, si estaba a tiempo o no, ha dicho que estaba en la hora exacta. Aquí hay un poco de autocomplacencia por
parte del presidente del Consejo General del Poder Judicial. El reloj de la justicia no está puesto en la hora exacta, tiene largas dilaciones, va atrasado y necesita un impulso de todos, pero de manera muy especial del propio Consejo General del
Poder Judicial. Que el reloj no está puesto en la hora exacta, como decía el presidente Dívar, lo demuestran los propios datos de la memoria, algunos de ellos especialmente preocupantes.



Señor presidente, si analizamos, los datos de 2008 que ofrece la memoria sobre el nivel de resolución, pendencia y congestión de los asuntos, centrándonos en el orden civil, el orden penal, el orden contencioso-administrativo y el orden
social, veremos que, por ejemplo, en el orden civil, la tasa de resolución, comparando 2007 con 2008, ha bajado un 10,3 por ciento, la pendencia ha aumentado un 15,9 por ciento y la congestión ha subido un 6,1 por ciento. Son datos de la memoria
que ahora se presenta. En el orden penal podemos apreciar algo similar: la tasa de resolución baja un uno por ciento, la pendencia sube un 6,25 y la congestión un 0,86. En cuanto al tiempo de duración en el ámbito penal, a pesar de que en su
conjunto ha bajado, si en 2004 era de 5,5 meses, en 2008 es de 7,1 meses. Todos estos datos -repito- se alejan de esa puntualidad en el reloj que podíamos vislumbrar en su intervención inicial. Lo mismo ocurre en la jurisdicción
contencioso-administrativa: desciende la tasa de resolución, se incrementan la pendencia y la congestión. Igual sucede en el orden social. Son datos preocupantes. Nos gustaría que nos expusiera las razones concretas que según el presidente del
Consejo General del Poder Judicial provocan esa mayor congestión y que año tras año no somos capaces de invertir ese orden final en cuanto a la tasa de resolución, pendencia y congestión de los asuntos.



Hay un aspecto que nos parece también interesante y por el que queremos felicitarle. En el tomo II, página 127 de la memoria hay unos cuadros muy ilustrativos. Inicialmente cuando uno los lee y los observa son a veces difíciles de
comprender porque lo que de allí se vislumbra son datos importantes en cuanto al movimiento del personal. Antes no estaban esos cuadros en la memoria, esta vez, sí. Las resoluciones aprobadas en esta Cámara pedían la plasmación de esas
fluctuaciones de personal. Nos parecen interesantes, pero es alarmante el índice de rotación de jueces y magistrados pues es muy elevado. Cataluña tiene el índice más elevado del conjunto de España. Los datos relativos a esa rotación de jueces y
magistrados en Cataluña son claramente alarmantes. Repito, página 127, tomo II, de esta memoria. Nos parecen también alarmantes los porcentajes de días cubiertos por titulares y sustitutos. Esto nos da una idea global de ese nivel de sustitución,
que tiene unas tasas para nada adecuadas a lo deseable en una presentación de la memoria. No es culpa del presidente del Consejo General del Poder Judicial que existan esas tasas, pero podemos requerirle una explicación de por qué existe ese número
tan elevado de rotación. que en el caso de Cataluña lo es, y también por qué se da ese porcentaje de días cubiertos por titulares y sustitutos, ese elevadísimo número de días que cubren los propios sustitutos, ya que no debería ser acorde a un
normal funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto.



Desarrollo estatutario. Ha hecho referencia a ello el señor Olabarría.
Aquí hay aspectos que a Convergència i Unió le gustaría plantear, porque no sabemos encontrarlo en la memoria. No me atrevo a decir que no estén, pero no lo sabemos
encontrar. El pasado mes de marzo presentó las memorias atrasadas, en una larguísima sesión que tuvimos. Tras ella se abrió un plazo en el Pleno de la Cámara para aprobar resoluciones que son punto de acuerdo y consenso entre los grupos y que se
aprueban por mayoría. Pues bien, entre las resoluciones aprobadas había una relativa a esos estatutos de nueva generación, a los que se refería antes el señor Olabarría, entre ellos el Estatuto de Andalucía o el Estatuto de Cataluña, que tienen
disposiciones específicas sobre el Poder Judicial en sus territorios. Esas disposiciones específicas tienen un desarrollo pendiente que no debe hacer el Poder Judicial; deben hacerlo estas Cámaras, desarrollando una modificación de la Ley Orgánica
del Poder Judicial a través del proyecto que en su día deberá presentar el Gobierno para desarrollar esos estatutos que llevan ya más de tres años aprobados.
En ese contexto, en las resoluciones aprobadas el día 2 de abril por el pleno del Consejo,
había una que leo literalmente: El Congreso insta al Consejo General del Poder Judicial a incluir en la futura memoria -que es esta, porque esto lo hicimos en abril, la futura memoria es la que se ha presentado hoy- un apartado con todas sus
actuaciones y estudios para contribuir al desarrollo de todas las previsiones que en materia de Poder Judicial se contienen en los estatutos de autonomía ya aprobados. No he sabido encontrar ese apartado. Como es un incumplimiento directo de una
resolución aprobada en esta Cámara que insta al Consejo General del Poder Judicial a incluir un apartado específico en la memoria que hoy nos presenta, debo deducir que no se ha incumplido ese mandato parlamentario y que ese apartado debe estar.
Nos gustaría conocer dónde está y si no está, por qué no está. El hecho de que el Estatuto de Autonomía catalán esté recurrido ante el Tribunal Constitucional y pendiente de una sentencia no obsta para que el Consejo General del Poder Judicial
pueda hacer una labor de estudio sobre cómo debería desarrollarse lo que en ese Estatuto está previsto, que por otra parte es prácticamente idéntico a lo ya previsto en el Estatuto de Andalucía. Por tanto, es una asignatura pendiente.



Nos gustaría que el presidente del Consejo General del Poder Judicial nos transmitiera las previsiones relativas al impulso en la Administración de Justicia de una mayor normalidad lingüística en el uso de las distintas


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lenguas que, de acuerdo con la Constitución, son también oficiales. Nos gustaría saber si se hace un seguimiento de ese impulso, de esa necesaria mejora en la utilización de las distintas lenguas que el Congreso también ha puesto de relieve
en las resoluciones aprobadas. Asimismo, nos gustaría que el presidente Dívar nos dijera cuál es su visión sobre esa normalización lingüística en la Administración de Justicia, ya que sabe bien que la implantación de esas lenguas que, junto con la
lengua castellana, tienen el carácter de oficial en sus respectivos territorios, es uno de los ámbitos que presentan en este momento una menor presencia.



El señor PRESIDENTE: Señor Jané, lleva también diez minutos.



El señor JANÉ I GUASCH: Termino, señor presidente. Otra de las resoluciones que se aprobaron y cuya plasmación tampoco hemos sabido encontrar en la memoria es la relativa a la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial informe
a esta Cámara y al Gobierno de las disfunciones que en materia retributiva se dan en determinados territorios provincias en las que jueces y fiscales están encuadrados en un grupo retributivo que ya no es acorde con la evolución demográfica de ese
territorio. En la resolución aprobada poníamos el ejemplo de Tarragona, pero hay otros ejemplos. Se discutió ya en la primera comparecencia del presidente Dívar y se ha discutido cada vez que ha venido el ministro de Justicia. Hay una resolución
aprobada que insta a que se busque esa resolución y se informe sobre esas disfunciones, pero no sabemos si se ha hecho ese informe sobre las disfunciones en el nivel retributivo de jueces y fiscales en determinados territorios de acuerdo con la
importancia demográfica y el número de asuntos que deben afrontar.



Termino haciendo referencia a las filtraciones. A Convergència i Unió le preocupan las filtraciones que emanan del Poder Judicial en ocasiones.
Sabemos que al presidente Dívar también le preocupan y ya tuvo ocasión en declaraciones hechas
el 29 de abril pasado, cuando tomó posesión el presidente de la Audiencia Nacional, de poner de relieve la gravedad de esta situación. Nos gustaría saber qué se está haciendo; cómo se están intentando evitar; qué medidas toma el Consejo General
del Poder Judicial en este aspecto. De la manera en que se producen dichas filtraciones no son positivas, no acreditan la necesaria independencia del Poder Judicial ni un funcionamiento de la justicia en un Estado de derecho con separación de
poderes; en ocasiones, en procesos declarados secretos, no son en absoluto aconsejables sino que desacreditan la justicia. Hemos tenido ejemplos muy recientes; se ha filtrado el vídeo con la declaración del ex presidente del Palau de la Música
-tema muy mediático-, vídeo que se puede encontrar en youtube y cualquier persona lo puede ver al instante, cuando se trata de un contenido que en ese momento no era accesible. Lo mismo ha ocurrido con grabaciones de entrevistas realizadas a
algunos de los magistrados que presentaron su candidatura para presidir la Audiencia Nacional o con las propias filtraciones del caso Gürtel. En opinión de Convergència i Unió, todo este conglomerado no ayuda a un buen funcionamiento de la
Administración de Justicia, por lo que nos gustaría conocer su opinión al respecto. Asimismo, nos gustaría conocer su opinión sobre el funcionamiento de la Audiencia Nacional, cuyo presidente Convergència i Unió respeta. No queremos hacer en
absoluto una crítica al presidente de la Audiencia Nacional pero sí al funcionamiento de esta institución en algunos supuestos que pueden extralimitar el ámbito inicial que tenía prefijado.



En cuanto a lo relativo a las escuchas telefónicas, nos gustaría conocer su opinión como presidente del Consejo General del Poder Judicial y también del Tribunal Supremo, órgano en el cual también deben autorizarse determinadas
intervenciones telefónicas y de comunicaciones a través de la preceptiva orden judicial y con conocimiento de la sala específica que interviene para proteger un derecho fundamental, el derecho al secreto de las comunicaciones, que cuando se
excepciona no es que se excepcione sino que se hace para cumplir otros derechos, con lo cual se legitima esa intervención, ese pinchazo telefónico, pero esto debe hacerse siempre con garantías judiciales. Ante el debate abierto que se ha generado
nos gustaría conocer su opinión, porque estamos ante aspectos y denuncias que en ocasiones pueden ser graves.



Termino ofreciéndole una vez más la colaboración de Convergència i Unió en el marco de ese gran acuerdo social al que entre todos llegamos en el Pleno de la Cámara. Decimos siempre que esta debe ser la legislatura de la Justicia; esperemos
que esta lo sea. De momento hemos cumplido ya una primera fase de reformas en esta Cámara con la oficina judicial, que se había aprobado hace siete años pero faltaban esas reformas procesales pendientes que hemos sido capaces de aprobar en esta
Comisión de Justicia. Nos queda un largo itinerario para cumplir ese pacto de Estado y para ello, no le faltará en ningún caso la colaboración y la contribución de Convergència i Unió.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Trillo.



El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Bienvenido, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Comparece usted hoy para dar cuenta de su gestión y de la del consejo que preside como órgano de gobierno
del Poder Judicial, a través de la presentación de la memoria tanto del propio consejo como del funcionamiento de los juzgados y tribunales. Le agradecemos también, como han hecho los portavoces que han intervenido con anterioridad, que lo haga por
segunda vez en este año 2009. Su anterior comparecencia -primera de su mandato- fue en marzo, donde hubo que lidiar con la memoria de


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tres años de retraso, y lo hace hoy cumplidamente para dar cuenta de la del año 2008, cerrada según nos dice a 31 de diciembre del año pasado, y creo que es un esfuerzo laudable -el suyo y el de sus compañeros- por no dejar que ese retraso
vuelva a producirse y a producir luego acumulaciones sucesivas. Por tanto, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero expresar nuestra felicitación por su pronta comparecencia, aun en las tardías fechas del año en esta tarde de diciembre.



También quiero subrayar como ha hecho alguno de los intervinientes, en sintonía con lo que ha recordado el presidente de la Comisión y el propio presidente del consejo, el espíritu de cooperación institucional y de colaboración entre esta
Cámara y el consejo que usted preside. La visita fue grata y además muy eficaz. Con la presentación del plan de modernización se le dotó de un contenido que además fue valiosísimo para los debates posteriores en torno a las modificaciones
procesales derivadas de la implantación de la oficina judicial y en consecuencia le animo a seguir en esa línea. Cuente con que esa será la línea de actuación de nuestro grupo parlamentario en la Comisión de Justicia.



Pasando ya a nuestros propios comentarios, merecen algunos -como ha hecho el portavoz de Convergència i Unió- los derivados de los datos de la propia memoria. También a nosotros nos llama la atención el incremento importantísimo de los
asuntos que ingresan en los órganos judiciales en el año 2008. Si no fallan mis números, esos 9.048 suponen un aumento del 6,7 por ciento respecto de los ingresados en 2007. Si ese dato fuera poco revelador, lo es mucho más el relativo a la
litigiosidad, que alcanza la cifra de 196 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes en 2008; 196 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes supone un incremento del 5,9 por ciento respecto a la cifra igualmente medida en los mismos términos en
2007. Si se tiene en cuenta que el incremento de la población ha sido del 2,1, no hay excusa posible. No imputo nada al consejo ni a su presidente, subrayo que está aumentando la litigiosidad y no es demasiado aventurado decir que también la
conflictividad social.



Agradezco los importantes e interesantísimos datos que ha dado sobre las jurisdicciones Mercantil, Social y alguna reclamación de cantidad civil en relación con la crisis. Es verdad que en el segundo semestre del año 2008 se deduce de la
memoria un incremento de participación de los asuntos de la jurisdicción Civil de un total que representaba un 18,9 por ciento, que es un importantísimo incremento. En la jurisdicción Social, sin embargo, lo que se desprende de la memoria es un
incremento del 4,7 por ciento, y en la jurisdicción de lo Contencioso de un 3,4 por ciento; sin embargo, el que ha dado respecto de lo Social relativo al año 2008 parece mucho mayor -hablaba de un 55 por ciento de incremento- y en el orden
Mercantil ha hablado de una multiplicación por más del triplo de los que se produjeron en 2007. Si los datos que he ido anotando según su exposición se iba produciendo no me engañan, un dato paliativo es que quizá en el primer trimestre y en el
segundo semestre de 2009 el incremento no ha sido tan neto, no ha sido tan agudo, no ha sido tan dramático, por lo que le agradecería que lo reiterara de nuevo en su réplica, si lo tiene a bien, porque me parece que es un dato no menor.
Esos son
los datos fundamentales que deducimos de la memoria. Paso ahora a hacer una valoración puntual de los aspectos con que nos ha ilustrado tanto de la propia memoria como del funcionamiento del consejo.



Le diré que es natural -pero no puedo por menos que subrayarlo sin animosidad alguna- que se hayan repetido muchos de los datos e incluso algunas de las citas del informe de marzo de 2009, lo cual significa no solo que estamos ante los
mismos principios, el mismo órgano rector y el mismo presidente, sino que no ha habido mucho más margen para producir datos más espectaculares, pero no son malos los principios. Ese que usted subrayaba de cooperación institucional y consenso
también en esta casa ha dado lugar a la aprobación de la ley tantas veces intentada y por fin lograda de desarrollo procesal de la oficina judicial. Y, en efecto, también veo que han aplicado ese principio a lo que llaman esa interoperabilidad de
los sistemas informáticos, que ha sido preocupación principalísima de nuestro grupo en años anteriores y que mereció el plan de modernización que nos explicaron el día de nuestra visita al consejo y que luego nos han documentado, y el plan
estratégico que desarrolló en alguna medida el seguimiento del de ustedes el ministro el otro día ante esta Comisión. Me alegra que se haya incorporado a las comunidades autónomas; me gustaría que me ratificara que han sido todas las que tienen
ahora mismo cesión de competencias -también el País Vasco, para alegría, seguro, del señor Olabarría, va a participar en esa interoperabilidad-, y confirmar que va a estar en 2010 operativo todo un sistema informático con cobertura en todo el
territorio nacional.



Se da usted por satisfecho con la creación de nuevos órganos judiciales.
Yo le animaría a seguir reivindicándolo. Nosotros lo haremos desde el Parlamento, apoyando cualquier incremento de dotación que pueda suponer una mejora de la
dotación judicial que a su vez haga más presentable la ratio número de jueces por cada 100.000 habitantes, que ha mejorado algo de 2007 a 2008; de 4.543, según sus propios datos, pasa a 4.674 en 2008, es decir, de un 10,05 a un 10,15, pero seguimos
estando en el número 42 de los países del viejo continente europeo en ratio de número de jueces por 100.000 habitantes, es decir, francamente mal, necesitamos más. El ministro, que ha estado desde el primer día de su mandato en ese ánimo de
consenso que caracteriza hoy las intervenciones, a diferencia quizá de su primera comparecencia, nos ha dicho muchas veces que va a crear no sé si es en torno a doscientas y pico plazas al año. Esperemos que sea verdad.
Hasta ahora no se ha
producido, pero se lo recuerdo para que usted se comprometa ante la Comisión a exigírselo así al Gobierno y a tratar de impulsarlo desde su presidencia.



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Ha hablado luego de los medios alternativos, de la necesidad de un impulso legislativo para que la mediación en materia familiar, e incluso en la penal, y la puesta en práctica de lo que ahora ya es su protocolo de mediación, pudiera
descongestionar la tarea de juzgados y tribunales.
Bien, ese impulso hay que dárselo a quien tiene el impulso de la legislación de carácter principal, que es el Gobierno de la nación, que ya con el anterior titular y con el anterior al anterior
titular prometió aquello que el señor Bermejo, de recordada memoria en esta casa, llamaba la ley de conflictos sin contienda o de contienda sin conflictos, es decir, para buscar jurisdicción voluntaria y soluciones alternativas de mediación, ambas
cosas quería llevarlas a un mismo proyecto. Por lo que se me alcanza en este momento, ni una cosa ni otra avanzan demasiado deprisa. Por tanto, si el señor presidente, dadas sus habituales y buenas relaciones con el Gobierno -que estaré encantado
de que sean siempre fluidas y eficaces-, puede a su vez convencer de ese impulso legislativo al principal titular del impulso legislativo, que es el Gobierno de la nación, estaremos encantados, tanto para la mediación como -luego me referiré a ello-
para lo que es estrictamente jurisdicción voluntaria.



Señor Olabarría, el señor presidente ha tenido que interrumpir su disertación para aclararle algo que yo creo que ya le ha quedado claro, y es que se refería, en los planes de refuerzo, al plan del gabinete técnico del Tribunal Supremo, que
ha reducido bastante el número de la pendencia en la Sala Segunda y en la Sala Primera. Es cierto, viene en la memoria y además es un dato que ya nos había anunciado en su comparecencia de marzo. Le animo a que sigan por esa vía, y yo me sumaré a
la exigencia del señor Olabarría de que, si en el año 2012 no han conseguido el objetivo, se lo afearemos, señor presidente. Ahora, por pronto, le animamos a seguir en el camino, porque es sin duda el buen camino; también de refuerzo de el de lo
Contencioso, el de lo Social y el de lo Mercantil, que, por los datos que vienen luego y que ha dado con relación a la crisis económica y social, falta han hecho o falta van a hacer.



Paso finalmente a sus comentarios sobre la propia labor u objetivos de gobierno sensu stricto que preside el Consejo General del Poder Judicial.
Ha hablado en primer lugar de lo relativo a las mejoras en el estatuto, conciliación de la vida
familiar y laboral, etcétera, más la inspección.
He echado de menos un reconocimiento al esfuerzo de esta casa, y especialmente del grupo parlamentario que tengo el honor de representar y del Grupo Socialista, para incorporar, en paralelo a la
reforma de la Ley de la oficina judicial, un grupo de mejoras, creo que hasta seis, en la Ley Orgánica del Poder Judicial que se han pactado por el Gobierno, el grupo parlamentario que apoya al Gobierno y el principal de la oposición con las
asociaciones judiciales, tan denostadas en alguna intervención, y que han supuesto la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en alguno de los grandes temas que constituían la plataforma reivindicativa de las huelgas anteriores. Por cierto,
señor presidente...



El señor PRESIDENTE: Señor Trillo, lleva diez minutos.



El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Estoy terminando, señor presidente.



No se puede pasar por alto que ha habido una huelga, aunque solo sea de la principal asociación, como ha dicho el señor Olabarría, dentro de las que ahora concurren en el mundo asociativo, el pasado 8 de octubre de 2009.
Eso es algo que
debe consignarse en las actas, y estaré encantado de que, además de esa consignación, figure alguna glosa por parte del presidente del gobierno de los jueces sobre esa huelga y sobre el horizonte de conflictividad de jueces y magistrados.



Nos habla del rediseño de la planta. Cierto, pero ahí vuelvo a decirle: ánimo, anime al Gobierno, al ministro. Ha constituido una comisión con los representantes de las comunidades autónomas, nos lo ha dicho en su última comparecencia.
Estaremos encantados de que eso avance, pero es que cada vez es más urgente, y usted lo sabe, y sus compañeros de consejo también. Por tanto, ánimo al rediseño de la planta. No sé si participa o no el grupo de trabajo del consejo en esas reuniones
de la comisión, grupo o como quieran denominarlo, que estudia desde el ministerio y desde las comunidades autónomas la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Le animo a ello en todo caso.



Las 11.000 quejas ciudadanas son importantes, y si el 46 por ciento se refieren al Registro Civil ratifican lo que nos dijo usted en marzo. En marzo nos hablaba de 8.000, pero nos estaba dando números no cerrados de 2008; ahora nos los da
cerrados y son once mil y pico. Creo que esto debería llevar a una reflexión profunda sobre la imagen de la justicia, no vaya a ser que después de que busquemos el consenso entre todos nosotros salgamos esta tarde de aquí con cierto grado de
autocomplacencia y nos olvidemos de una frase -agradezco a mi compañero que me haya ayudado a localizarla- que dijo en su comparecencia de 16 de marzo de 2009 y que yo tengo por frontispicio de su mandato: El Poder Judicial aparece entre las
instituciones públicas peor valorados en términos absolutos y relativos. Esta realidad sigue siendo así. Por tanto, no vayamos a caer ahora en confundir el consenso con la autocomplacencia; 11.000 quejas son muchas; que no funcione el Registro
Civil, incomprensible, aunque también hay un plan para la actualización y modernización del Registro Civil. Aun más incomprensible -y permítame que esta sea mi crítica quizás más aguda- es que no se haya referido el señor presidente para nada a la
responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados derivada del anormal funcionamiento de la justicia. En la ocasión anterior nos dio cifras que a mí y a mi grupo nos parecían muy escasas porque para el número de asuntos que acceden a los
juzgados y de asuntos fallados a lo largo del año,


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el hecho de que haya 396 reclamaciones en 2005, de las cuales solo 181 obtuvieron informe favorable; 389 en 2006 y 224 en 2008, con 133 informes favorables, nos parece -sigo insistiéndoles y les insistiré cuantas veces pueda, señor
presidente, señores y señoras vocales del Consejo General del Poder Judicial- un termómetro para medir el grado de autoconciencia crítica del gobierno de los jueces con el Poder Judicial. No podemos darnos por satisfechos; un Estado de derecho, y
mucho más un Estado social y democrático de derecho del siglo XXI es aquel que desarrolla, si cabe con mayor extensión, aquel nuevo postulado del Estado responsable.
No se trata solo de hacer responsable a la Administración pública, a la
Administración del Estado o al Poder Judicial en términos del 292 y siguientes de su ley orgánica, sino de llevarlos a la práctica. Y si la práctica es tan escasa es porque no se está haciendo adecuadamente, perdóneme, señor presidente, por el
Consejo General del Poder Judicial que usted preside y por los jueces y magistrados. No es posible que con los millones de asuntos que se despachan resulte solo este número de funcionamiento anormal. Solo computando los retrasos que contrarían el
artículo 24 de la Constitución estaríamos en miles, poniéndole varios ceros a estas cifras. Por tanto, para el Grupo Parlamentario Popular vuelvo a marcarlo como un punto sobre el que ustedes deben reflexionar y promocionar el acceso de los
ciudadanos a la responsabilidad patrimonial del Poder Judicial.



Termino, señor presidente, como le había prometido, acogiendo las últimas palabras del señor Jané -ahora ausente- sobre las filtraciones. Me alegra mucho que el señor Jané sea sensible, ahora mucho más que en marzo, a este tema de las
filtraciones de determinados sumarios. ¡Cuanto me alegra que vayamos siendo más en el batallón de agraviados! Además de satisfacerme que cada vez seamos más -no sé si tomármelo de verdad más en serio, no tomármelo a broma- le digo que no es tema
menor que ya dos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados le den las quejas al Consejo General del Poder Judicial por una práctica que viene siendo común. Sé que al señor presidente le preocupa, y no solo eso, que le disgusta y procura
hacer cuanto está en su mano. Señor presidente, convenza también a los miembros de su consejo, porque no tengo empacho en decir que me parece realmente bochornoso que se produzcan filtraciones de las comparecencias de los candidatos a presidencias
de comunidades autónomas en el hearing que se ha impuesto en el consejo, antes de elevarse la terna entre la comisión de calificación y el pleno. Lo ocurrido con el aspirante a presidente de determinado Tribunal Superior de Justicia no es
precisamente un buen ejemplo por parte del consejo para que se acaben las filtraciones en los órganos jurisdiccionales que dependen en su gobierno del consejo que produce esas filtraciones.
Finalmente, respecto a las grabaciones y las escuchas,
también tengo que formularle una queja, que estoy seguro que en su próxima comparecencia también será compartida por algún otro grupo, como la de marzo hoy ha sido compartida por el Grupo Parlamentario Catalán. Señor presidente, mi grupo
parlamentario considera que el sistema de intervención de las comunicaciones, Sitel, no tiene adecuada cobertura legal porque carece de una ley orgánica que lo regule. Es una posición política en la que naturalmente el señor presidente no debe
entrar, pero tampoco debe hacerlo en nombre del consejo la señora portavoz, doña Gabriela Bravo, aquí presente, que dio lugar a un teletipo muy confuso en el que dice que el consejo destaca que España no es un Estado policial, que si hubiera
irregularidades los afectados lo habrían denunciado, considera legal las grabaciones con el sistema Sitel y afirma que no peligra el Estado de derecho. La señora Bravo tiene todo el derecho del mundo a pensar como quiera, pero no a hacerlo en
nombre del consejo porque, que a mí me conste, no se ha debatido esto en el consejo. En consecuencia, es venir a sumar al consejo a una polémica en la que no debería haber entrado.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Bienvenido a la Comisión, don Carlos Dívar, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, así como el resto de los vocales -creo que la inmensa mayoría- que hoy le
acompañan. Quiero agradecerle, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la amplia información que ha dado, amplia y siempre insuficiente, porque con la cantidad de temas que podrían tratarse, por mucho que se esfuerce, siempre quedarían temas
importantes que tratar, y yo voy a intentar poner sobre la mesa alguna opinión y valoración de alguno, no de todos, que consideramos de interés.



Quisiera empezar destacando, y lo han hecho ya algunos otros portavoces, la normalidad democrática de su comparecencia y la buena disposición, como no puede ser de otra manera -ya lo dijo en el mes de marzo- a comparecer ante el máximo
órgano de la soberanía popular cada vez que fuere requerido para ello. Normalidad democrática en la presentación anual de la memoria que, por cierto, al haber tomado ustedes posesión en septiembre de 2008, apenas siquiera les afecta parcialmente.
Pero más allá de los aspectos formales nos interesan los aspectos de fondo que se han puesto sobre la mesa, junto con algunos datos indicativos de por dónde va la situación en 2009, y lo que es más importante si cabe, hacia dónde vamos a partir de
2009.



Algunos de los temas que ha tratado y en los que coincidimos que son los fundamentales, son la carga de trabajo y la planta judicial; la situación preocupante, cómo no, de pendencia con un incremento de litigiosidad, de número de asuntos,
del 6,7 por ciento en 2008, y un incremento de asuntos resueltos del 4,5 por ciento. Me iba a atrever a hacer una aseveración que creo que se confirma con la información que usted ha facilitado


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de lo que va a ser en el año 2009, y es que este 4,5 por ciento de aumento de asuntos resueltos pasa al 7,1, mejorando la ratio, aunque en el número total de asuntos pendientes tengamos más en este año que en el anterior.
Teniendo en cuenta
que estamos en un momento de crisis económica importantísima, que ha tenido su brote más fuerte en el tiempo pasado y que se empiezan a ver algunos resultados menos malos en los últimos meses, significa que, manteniendo el esfuerzo y la línea de
trabajo de asuntos resueltos en los términos actuales, y la previsión es que podamos mejorarlos, los años sucesivos serán bastante mejores empezando ya por 2010, donde quizá podamos adelantar que el número de asuntos resueltos será superior al
número de asuntos que entren en el conjunto de los juzgados y tribunales. Por supuesto que le felicitamos en lo que se refiere a las diferentes salas del Tribunal Supremo, pero las medidas a ese trabajo común que se viene realizando desde hace
algún tiempo por el consejo, el Gobierno, las comunidades autónomas, la Fiscalía General del Estado, el conjunto de las asociaciones judiciales y los operadores en general empieza a dar sus frutos. Esfuerzo que ustedes realizaron el 12 de noviembre
de 2008, que tiene una continuidad no paralela, aunque no es exactamente lo mismo, pero sí en un amplísimo porcentaje de los objetivos, con el plan aprobado en el Consejo de Ministros del pasado día 18 de septiembre de 2009. Estamos hablando del
plan de modernización más ambicioso que ha habido a lo largo de la historia de España; plan con objetivos concretos compartidos y, además, con presupuesto -porque las declaraciones de intenciones, si no llevan un respaldo presupuestario al lado, a
veces se quedan en eso y un poquito más, porque el voluntarismo es necesario, pero no suficiente-; va acompañado de 600 millones de euros adicionales a los presupuestos ordinarios para conseguir estos objetivos.



Con este plan de modernización, con parte de las reformas que se van a llevar a cabo -algunas ya se han llevado, otras se están llevando y otras se van a llevar- como la reforma de los procedimientos y, la desjudicialización de los registros
civiles -por cierto, el proyecto de ley parece ser que va a tener entrada este mismo mes en esta Cámara-, se resolverá una parte del problema que apuntaba de la unidad de atención al ciudadano y resolverá también el número de asuntos, porque lo que
no sea netamente jurisdiccional, que es una pequeña parte, saldrá de los juzgados y tribunales. No adelanto más, pero parece que por ahí van a ir los tiros, conforme indicaba y sugería el propio Consejo General del Poder Judicial. Pero, además del
plan de modernización, en estos años se está creando el mayor número de plazas judiciales que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas. No en vano los 646 de la anterior legislatura más que duplican los 291 de la legislatura anterior. Pero
olvidémonos del pasado. Ya en el plan actual se recogen 750 órganos jurisdiccionales nuevos en los próximos tres años, 150 de ellos de jueces de adscripción territorial, figura que se creó con la reciente aprobación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, complementaria a la de reformas procesales definitivamente aprobada y que entrará en vigor creo que en el próximo mes de abril. Por tanto, toda esta serie de medidas, con esa fuerza que da el ánimo de consenso, aunque a veces parece que a
algunos les cuesta más que a otros, hay que ir en positivo a ello con esa responsabilidad a la que luego haré alguna pequeña mención, porque coincidimos plenamente con la aseveración reiterada en marzo, y hoy por usted, de que esto es cuestión de
todos los poderes del Estado para salir de una situación que no es idílica -ni usted lo ha mencionado-, sino que en una situación problemática de dificultad; lo que apunta es ilusión, esfuerzo, trabajo y mirar al futuro de una forma consensuada.
En esa línea encontrará siempre al Grupo Parlamentario Socialista.



Hablaba también de los refuerzos y si no entiendo mal, los refuerzos los solicita el Ejecutivo al Consejo General del Poder Judicial, y, al revés, el consejo los solicita al Ejecutivo y este los atiende o no. Me gustaría que nos dijera el
nivel de atención de los refuerzos, sobre todo en los últimos años, para ver la sensibilidad del Gobierno hacia esta necesidad de incrementar y potenciar en un momento de crisis, para paliar estos efectos del mayor número de asuntos que entran en
los juzgados y que previsiblemente a partir de 2010 serán inferiores por la propia vía de hecho, y en los años sucesivos bastante más inferiores por las reformas legislativas que vamos a llevar a cabo entre todos.



Alguna cuestión más porque tengo que abreviar muchísimo.



El señor PRESIDENTE: Sí, lleva diez minutos en este momento, señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Pues entonces nos queda poco más, pero vamos a intentar aprovecharlos. Nos gustaría hacer alguna mención a la política de nombramientos, señor presidente. Seguimos con atención la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, especialmente desde la sentencia de 29 de mayo de 2006. Por supuesto que eso que llaman jurisprudencia en tránsito nos suena un poco extraño, pero está claro que nosotros siempre defenderemos la aplicación de los principios de
mérito y capacidad en el bien entendido que la necesaria motivación que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial debe cumplirse, e igualmente el artículo 306, que recoge los nombramientos de los altos cargos que corresponden al Poder Judicial; una
especie de híbrido porque no es un concurso de méritos ni tampoco una libre designación en el sentido estricto. El valor del consenso, que usted aportaba, es importante en esta cuestión.



Voy a puntualizar telegráficamente algunos temas que nos interesan. En cuanto a la actividad informante del consejo, se ha normalizado lo que era un auténtico escándalo anterior, y yo me uno a las felicitaciones de don Emilio Olabarría, con
un pequeño pero, parece una


situación un poco extraña el informe non nato, en lo que


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se refiere al anteproyecto de ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, porque, por un lado, se rechaza la propuesta de dos vocales y, a la vez, tampoco se aprueba la propuesta de la comisión. Ha sido
una situación un tanto extraña, pero en conjunto nos parece que se está haciendo un buen trabajo en la actividad informante.
Aunque no lo haya mencionado, formalmente se habla de la memoria del año 2008, pero, señor presidente, con todo el respeto,
no podemos obviar -algún portavoz lo ha dicho- que ha habido una huelga reciente, el 8 de octubre, convocada por una asociación judicial y queremos dejar constancia expresa del rechazo y el desacuerdo del Grupo Parlamentario Socialista con la
celebración de esa huelga, por muchas razones que ya hemos reiterado: la ausencia de cobertura legal; la aplicación de los artículos 24, 28 y 127 de la Constitución y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; la inoportunidad; la
injustificación en un momento en que está en marcha el plan de modernización más ambicioso de la historia de España; cuando se aprueban las reformas procesales y cuando se aprueba la Ley Orgánica del Poder Judicial complementaria, atendiendo un
altísimo porcentaje de las reivindicaciones de este colectivo, haciendo un auténtico esfuerzo de consenso en toda la Cámara. Nos parece que es un deterioro de la credibilidad de la justicia y de los propios jueces y que hay que hacer un llamamiento
para que este tipo de situaciones no se produzcan. Estamos de acuerdo con usted, cómo no, con la defensa a ultranza que realiza de la independencia del Poder Judicial, pero siempre con el reverso de la moneda, de la correlativa responsabilidad.
Cuando se habla de que el conjunto de los poderes del Estado, como usted bien dice, tenemos que dar respuesta y solución a la situación que hoy tiene la justicia, un grupo de jueces no puede ser un grupo que colabore a lo contrario en un momento
determinado y que sea, no la solución, sino una parte del problema. Por tanto, esperamos que esa sintonía, ese esfuerzo de consenso, sea de todos los poderes del Estado, en el bien entendido de que somos meros instrumentos -y usted lo decía, no con
esta expresión, pero parecida- al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, españoles y españolas. El Poder Judicial, y los jueces en concreto, están tan obligados, no digo más, pero tan obligados como los otros dos poderes del Estado, para hacer
que esto se convierta en una realidad.



Voy rápido, señor presidente. En cuanto a las sugerencias que efectúan en la memoria en las páginas 9 y siguientes, reproducen de alguna forma parte del plan de modernización sobre el aspecto legislativo y es conocido -y dejo constancia
meramente enunciativa- que, de buena parte de ellas, algunas ya se han puesto en marcha, otras están en tramitación y otras es previsible que lo estén en el medio plazo: la doble instancia penal, la reforma de la casación civil, la
desjudicialización de los registros civiles, el nuevo proceso penal -veremos si conseguimos que sea una realidad, pero parece que va a ser presentado en la Cámara-, y se está preparando la nueva ley de planta y demarcación judicial, que es
importantísima también a los efectos del sistema de modernización y del conjunto de las propuestas que tenemos que llevar a cabo conjuntamente.
No todo, pero una buena parte, en síntesis -ya que no tengo tiempo de desarrollarlo-, de lo que
planteaban desde el Consejo General del Poder Judicial está recogido en el plan de modernización aprobado el pasado 18 de septiembre, con fechas concretas de manera anual, no con indeterminación en el tiempo, con lo que podemos ver un mapa, un
dibujo preciso del objetivo y cómo va a estar la justicia en España en 2012.
Entre otras cuestiones, parece ser que podremos reducir no solo la pendencia sino los tiempos de duración de los procesos en no menos del 30 por ciento, si de manera
global se consiguiera llevar a cabo esto adelante.



Respecto a la Unidad de atención al ciudadano...



El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia, ha concluido su tiempo.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Voy a terminar.



Un último tema. Me gustaría conocer alguna opinión sobre algo que el señor presidente no ha mencionado, ni tenía por qué, pero que nos parece de sumo interés -acabo ya, señor presidente- sobre la política del espacio europeo de Libertad,
Seguridad y Justicia que vamos a llevar a cabo en los próximos meses, ya que la Presidencia de la Unión Europea de España a partir del 1 de enero próximo tendrá que aplicar el III programa quinquenal 2010-2014 para el espacio de Libertad, Seguridad
y Justicia.
El Consejo Europeo lo debe aprobar en este propio mes de diciembre, en los días pasados, y se conoce como el programa de Estocolmo. En aras de la brevedad, una sola pregunta -querría haber hecho alguna valoración indicativa- y es si
tiene alguna opinión respecto a algunos temas interesantes, como la posible creación -requiere unanimidad, pero hay posibilidad también si lo aprueban nueve Estados- de la figura del fiscal para la Unión Europea, con unas competencias y unos
contenidos muy interesantes.



Antes de que me retire la palabra el señor presidente, me la voy a retirar yo mismo agradeciéndole su intervención y el esfuerzo prestado. No se preocupe porque no podamos agotar el debate y los temas en esta comparecencia, tiempo y lugar
habrá para ello. También quisiera recalcar el esfuerzo -no lo hice al principio- de colaboración y coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y la propia Comisión de Justicia, de lo que también puedo dar fe.



El señor PRESIDENTE: Señores portavoces, les agradezco su colaboración.
Vamos a suspender durante quince minutos la sesión para que prepare las respuestas y su turno de réplica el presidente del Consejo General del Poder Judicial.



Se suspende la sesión. (Pausa.)


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Reanudamos la sesión. Antes de conceder la palabra al presidente del Consejo General del Poder Judicial quisiera poner en conocimiento de SS.SS. -no lo hice al principio de la sesión, pero lo hago ahora- que, por motivos de agenda y
compromisos de última hora, el presidente del Congreso no ha podido iniciar la sesión en la tarde de hoy. Me pide que transmita que no es una quiebra de los precedentes ni, por supuesto, de la reglamentación que a estos efectos existe, y que no
solamente es un uso parlamentario sino una resolución sobre la tramitación parlamentaria de la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial, que además se viene cumpliendo en todas las legislaturas. Por tanto, quiero excusar la presencia
del presidente del Congreso. El propio presidente dio cuenta de esta ausencia, en conversación personal, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, pero lo quiero reseñar en este trámite porque no lo había hecho al inicio de la sesión.
Quiero dejar constancia de que no se quieren quebrar en ningún caso los precedentes ni el contenido y filosofía de la resolución sobre la tramitación de la memoria del Consejo General del Poder Judicial. En segundo lugar quiero decirles que pueden
ustedes canalizar a través de la Mesa de la Comisión -así me lo transmite el propio presidente del consejo- las preguntas y aclaraciones que estimen oportunas sobre aspectos concretos de la memoria, en el sentido de poder tener también
documentación, respuesta escrita o precisiones que consideren necesarias para el buen trabajo parlamentario. En tercer lugar -lo iba a decir al final de la sesión, pero prefiero anticiparlo ahora-, desde el momento en que finalice esta sesión se
abrirá un plazo de tres días, que finalizará el jueves día 17 a las veinte horas, para la presentación de propuestas de resolución ante la Mesa de la Comisión de Justicia. Será la Mesa la que tomará las decisiones de admisión a trámite y las
remitirá en su momento a la Mesa de la Cámara para su inclusión en un próximo Pleno del Congreso de los Diputados. Por tanto, antes de levantar la sesión, quiero recordar a todos los grupos que pueden presentar las propuestas de resolución en ese
plazo de tres días que vencería el jueves 17 a las veinte horas.



Sin más consideraciones, cedo el uso de la palabra al presidente del Consejo General del Poder Judicial.



El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): Nuevamente, señoras y señores diputados, quiero darles las gracias por sus sucesivas intervenciones, desde todo punto de vista correctas. Sobre aquellos aspectos
que pueden ser críticos o correctores, siempre he tenido la idea de que uno puede enriquecerse en cualquier momento con las aportaciones, con las observaciones y con las críticas de los demás.
Además, como ya tengo años -supongo que el que más en
esta sala-, a medida que pasan los años se sabe una cosa, y es que uno desconoce tanto cuando se cree que sabe tanto, desconoce muchas cosas a medida que va pasando el tiempo. Los demás son los que, con sus críticas, con sus observaciones, nos van
enriqueciendo y nosotros vamos aprendiendo. Hay que aprender en la vida. En otro término genérico diría que hay que educarse educando. Educar a los demás educándonos primero nosotros mismos.



Después de este capítulo de breve introducción de gratitud sincera, diría que tomé posesión exactamente el 29 de septiembre de 2008. Por tanto, en estos instantes estamos, con el resto de mis compañeros del consejo, a un año y poco más,
unos meses, de nuestro mandato. Evidentemente, los problemas de la Administración de Justicia no se han producido necesariamente durante este periodo. He dicho antes que algunos son problemas endémicos, algunos con características de muchos años
en que la Administración de Justicia ha estado en un puesto deficitario respecto a otras administraciones. Y ahí permítanme que con todo respeto, y citando a San Agustín, pueda decir que si me considero, no valgo nada, pero si me comparo, ya es
otra cosa en algunos aspectos. Por eso subrayo que no quiero decir que la Administración de Justicia ha sido supereficaz, que es perfecta, que vamos a autocomplacernos y salir de esta sala en una situación de optimismo exagerado; no, no. La
primera condición para resolver alguna enfermedad es saber que uno la posee, y por tanto soy consciente de que la Administración de Justicia en general tiene unas enfermedades, pero se están poniendo los medios adecuados para encontrar la solución.
Lo que digo -lo digo en todos los foros y lo repito aquí en esta sede parlamentaria de la soberanía popular, donde he empezado por decir que para mí es un honor comparecer ante todos ustedes- es que los jueces de España son unos jueces competentes,
laboriosos y responsables, y después haré una mención a la responsabilidad que tienen los jueces y la diferencia con otros aspectos de la Administración en los que la responsabilidad no es tan exigida como en el caso del juez.



Permítame, señor Olabarría, que con la amistad profunda y de tantos años que le tengo, me haya complacido mucho lo que ha dicho, cuando he estado exponiendo la memoria, respecto a que en cierto modo le parecía que era el secretario del Banco
de Santander, lo cual no deja de ser una satisfacción que usted me concede. Le diría aquello que usted ya sabe.
Estaba en Londres un Rolls mal aparcado; entonces vino un guardia serenamente, un bobby, a poner la multa y le dijo a una señorita
bien agraciada en todos los aspectos: ¿Es de usted este coche? Y contestó: No, señor, pero muchas gracias por haberlo pensado. (Risas.) Por tanto, muchas gracias por haber pensado que puedo pertenecer al consejo de una alta banca, pero no van
por ahí mi vida ni mis deseos. Yo siempre he procurado ser un juez austero, silencioso y comprensivo, y en esta vía es como me produzco, con mejor o peor fortuna, con aciertos y errores, como todos los hombres.



Se ha planteado si la Administración de Justicia es un poder del Estado o un servicio público, y yo diría que es las dos cosas. ¿Es un poder del Estado? Claro que es un poder del Estado; son tres los poderes del Estado: el Ejecutivo, el
Legislativo y el Judicial. Pero también los


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tres son servicio público, también están dirigidos a los demás, y etimológicamente la palabra ministerio viene de servicio. ¿Y a quién tenemos que servir? A los ciudadanos, que creen en nosotros o que por lo menos pusieron directa o
indirectamente su creencia en nuestras manos; no les podemos defraudar. Muchas veces les defraudamos, pero una cosa es lo que debemos hacer y otra es lo que hacemos muchas veces. Se ha referido también a las asociaciones judiciales, y lo único
que puedo decir respecto a las asociaciones judiciales es que las establece y las rige la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se aprueba en esta Cámara. Por tanto, nosotros no modificamos en ningún aspecto la regulación de estas asociaciones en
orden a la constitución del consejo, en orden a la influencia que puedan tener dentro de sus justos límites y de la verdad en sus actuaciones. Ahora bien, hay un punto que simplemente quiero aclarar. Cuando una vocal del Consejo General del Poder
Judicial fue expresamente criticada, lo fue en una opinión particular de una persona que era portavoz, y me interesa decir que yo defendí a esa vocal en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja cuando me encontraba haciendo la visita
institucional a aquella parte del territorio nacional. La defendí. ¿Y con qué carácter la defendí? Como defiendo a todos los miembros del consejo, porque dije entonces que es una vocal competente, que es una vocal que tiene derecho a manifestar
sus opiniones, pero que después será el consejo el que decidirá sobre los nombramientos. Saben SS.SS. que los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial pasan primero por la comisión de calificación; después cada vocal puede en un
momento determinado aportar otros nombres, y finalmente es el pleno del consejo el que decide, el pleno. Puede haber opiniones para todos los gustos, pero es el pleno y el resultado del pleno, con absoluta libertad y además de forma secreta.



Por otra parte, hemos hablado también de las cargas de trabajo.
Ciertamente, en algún aspecto es alarmante la carga de trabajo, el aumento de la litigiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esta situación? Porque acuden más a los
tribunales; hay problemas concretos como la crisis económica y no funcionan del todo los medios sustitutivos o alternativos de mediación. Por tanto, un incremento de todos los litigios y un no aumento del número de jueces por número de habitantes
produce necesariamente esas pendencias, pero es cierto que, como señalaba y ha tenido la bondad de repetir, estamos en la buena senda. Algunas cosas se nos pueden presentar como quimeras, como utópicas, como ilusiones. Ni mis compañeros del
consejo ni yo podemos resolver todos los problemas de años atrás, que son fruto de muchos años -hablando suavemente- de olvido de la Administración de Justicia, y piense que el que les habla -y les hablo con humildad- lleva cuarenta y un años de
juez. Ahora, cuando se plantea que todo son problemas, nos cabría la posibilidad, la tentación, de no resolver ninguno, de hacer solo esto que puede ser más o menos aparente.
Pero no, no es ese mi criterio ni el de mis compañeros; haremos nuestra
parte, aunque no sea lucida, aunque en muchos momentos no se pueda ver la parte de cada uno, y otros harán la suya.



Respecto a otros aspectos que también se han planteado en esta comparencia, procuraré contestarles a todos como pueda. Se ha planteado el problema lingüístico, que de alguna forma podemos resolver. En ese problema de lenguas cooficiales
del Estado, el Consejo General del Poder Judicial está en primera línea y se fomenta la cooficialidad de las lenguas que son propias del Estado, exactamente iguales todas. Se trata de defenderlas, se trata de considerar que tienen méritos
especiales quienes en un momento opten para una plaza y puedan tener un diploma o una manifestación clara de que conocen perfectamente esa lengua. Por tanto, discriminaciones por motivo de la lengua o por cualquier otro motivo no existen en el
Consejo General del Poder Judicial, y aquellas que se hayan podido producir siempre tienen su propio medio de corrección y por supuesto el primero es la denuncia que se nos formula. Se ha hablado también de la rotación de jueces en Cataluña.
Cuando yo estudiaba las oposiciones -y no fue cuando ingresé sino el año anterior, por tanto estamos hablando de hace cuarenta y dos o cuarenta y tres años- el número de personas de Cataluña que opositaban a la carrera judicial era muy escaso, tal
vez porque la economía y las posibilidades de Cataluña admitían otros medios y no aquel que suponía encerrarse en casa durante tantas horas para preparar estas oposiciones. ¿Qué quiero decir? Que el número de jueces catalanes que hay actualmente
en Cataluña es más escaso que el que hay en Andalucía, en Castilla o en otras partes del territorio español, y por tanto esa rotación es hasta cierto punto razonable. Se están estudiando los medios adecuados para poder resolver este problema,
porque todo el mundo, toda parte de nuestro territorio tiene derecho a una justicia eficaz, a una justicia fundamental, y eso no depende de si hay catalanes, hay vascos o hay astures, sino que todos, y el Consejo General del Poder Judicial en primer
lugar, tenemos que proporcionar la solución adecuada. La última aprobación de los ascensos forzosos, que ya no son ascensos forzosos, debilita la situación que tenemos, pero ha habido que conciliar la vida familiar y laboral con esa debilitación
para conseguir una mayoría o una mejoría que procuraremos obtener por los medios que el consejo está estudiando y sobre los que todavía no hemos llegado a una solución óptima.



Me han preguntado por los jueces sustitutos, que no son nunca la solución más feliz, pero en un momento determinado pueden paliar las cuestiones que tenemos. Y respecto a si hay aumento o no del número de jueces, tendremos que añadir que es
necesario que el número de jueces se aumente, y no nos podemos complacer con los números que se han dado aquí y con aquellas ofertas que nos hace el Ministerio de Justicia. Pero un juez no se crea por real decreto, un juez necesita una preparación;
dicho de otra forma, necesitamos más jueces, mejores


jueces, mejor preparados, pero no más jueces con carácter


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general que no tuviesen la preparación adecuada. Hoy día dentro de la Escuela Judicial se sigue una preparación magnífica, podemos decir que está al primer nivel de Europa, y les invito a que pueda hacer una visita a la Escuela Judicial
esta Comisión de Justicia y vean cómo se forman los jueces españoles, sí, y además en Barcelona, en Cataluña, con todo lo significa de que no hay ninguna distinción sino la única unidad de que están sirviendo a España en general y a los ciudadanos
españoles. Por tanto, los jueces sustitutos no son la mejor fórmula, pero sí ayudan en un momento determinado. Por supuesto, el número de jueces y los problemas judiciales tienen distintas soluciones, pero una que se repite sistemáticamente es la
económica, es la tecnológica, es buscar esto y aquello para encontrar medios y comunicaciones, sí es cierto. Otra es la formación de los jueces, que deben ser preparados para producir una justicia de verdad. Saben que la voz del juez más simple,
como puede ser un juez de paz, cuando habla en su sentencia, no fuera de ella, es la voz del Estado. ¡Qué grandeza la del Estado cuando a una persona pequeña en sí le concede ser la voz del Estado! No hay preocupación. Cuando las instituciones son
fuertes importan menos las personas, que pueden pasar.
Cuando las instituciones se debilitan, entonces las personas absorben la institución. Decía Unamuno: Entre la nada y el ser más humilde de todos existe una distancia infinita; entre este, el
ser más humilde de todos, y el genio existe una distancia bien corta. No es necesario tener muchos genios para administrar justicia, sino gente con buena voluntad, con profesionalidad y con preparación.



También se ha hablado de los refuerzos, de cómo se comporta el Ministerio de Justicia. Pues la mayor parte de los refuerzos que se han pedido en los últimos tiempos desde que estamos en el Consejo han sido atendidos, y también es otro medio
eficaz. Estos refuerzos, estas horas extraordinarias son un medio eficaz cuando tenemos la carencia de otros, cuando no hemos llegado a la perfección, pero tenemos un medio eficaz, y en este sentido yo doy las gracias al Ministerio de Justicia.
Por supuesto que me llevo bien con el Gobierno, como me llevo bien con todas las instituciones del Estado, como me llevo bien, y procuro llevarme cada día mejor, con esta Cámara, con los diferentes miembros que ocupan el espectro político español,
porque es mi obligación, porque es mi deber, y eso lo cumpliré por encima de todo.



Haciendo referencia a que nuestra portavoz hizo alguna manifestación concreta sobre el caso Sintel, he de decir que fue una opinión sobre un acuerdo del consejo anterior, no de este consejo, ni tampoco en calidad de miembro portavoz del
Consejo General del Poder Judicial, y lo hizo el 24 de octubre de 2002. Creo que puede quedar satisfecho.



Respecto a las filtraciones, claro que nos duelen. Hay -de solución bien difícil por otra parte- dos tipos de filtraciones -las han dicho ustedes-: las filtraciones que afectan al Consejo del Poder Judicial y las que afectan al Poder
Judicial. A veces la justicia no está bien entendida porque se confunde Poder Judicial con órgano de gobierno del Poder Judicial por la terminología. Son cosas distintas claro está, el Poder Judicial son los jueces con jurisdicción, con capacidad
de decisión y que opinan en sus resoluciones, que son providencias, autos y sentencias, independientemente de su opinión privada, que la pueden tener como cualquiera, y de su opinión científica, que la pueden tener como cualquiera, y también como
cualquiera pueden ser criticados. En la otra parte tienen que ser recurridos, aunque junto con el recurso viene la crítica, pero esa es otra cuestión aparte. No se trata de que las filtraciones que se han producido en el consejo, algunas de las
cuales se han dicho puntualmente aquí, nos llenen de orgullo, ¡por Dios!, nos han abochornado. Estamos poniendo todos los medios adecuados, pero es muy difícil la investigación. Se han ordenado dos investigaciones desde el mismo consejo para
llegar a las filtraciones que se han podido producir.



En un caso que también se ha referido, el Consejo General del Poder Judicial, por primera vez, ha presentado sus excusas a una persona, en relación con el Tribunal Superior de Justicia de una comunidad, por las filtraciones que se han
producido. Esto dentro del Consejo General del Poder Judicial. Estamos buscando los medios, estamos buscando la forma reglamentaria, adecuada, legal, para tratar de solucionarlo. De momento estamos en las investigaciones que se han acordado. Hay
otras filtraciones que todavía son más graves porque son del orden jurisdiccional, pero en el orden jurisdiccional interviene una multitud de personas: intervienen los jueces, intervienen los fiscales, intervienen los policías, intervienen los
abogados, intervienen tantas y tantas personas. Yo no voy a inculpar a ninguna, no me gusta eso de inculpar a nadie. Por supuesto, la presunción de inocencia siempre debe ser la que presida nuestros actos, aunque a veces he de decir que para la
justicia no existe la presunción de inocencia, porque tenemos que hacer un poco de justicia a la justicia, que está en muchos aspectos debilitada por tanta crítica. Después de tanto criticar a las instituciones, a ver cómo vamos a salir del paso si
estas instituciones desacreditadas diariamente tienen después que continuar su misión. Llevemos cuidado todos con la crítica, que no quiere decir que no corrijan, el dedo en la llaga, el defecto que se produce. Las filtraciones judiciales se
ventilan en el mismo procedimiento judicial; tienen, si se han producido dentro de un procedimiento, un carácter jurisdiccional en primer lugar. Estas que se han mencionado respecto a comunicaciones que han sido intervenidas se ven en el proceso
judicial antes que en el consejo, y se tienen que ver porque la propia sala a la que se recurre puede, en un momento determinado, corregir, admitir. ¿Qué haríamos si desde el consejo nos pronunciásemos antes de tiempo? No. Hay que esperar el
momento adecuado y que dentro de los tribunales se produzcan los elementos de corrección. De todas formas, no estén tan excesivamente preocupados porque ya quisiera yo, y vuelvo a considerarme y compararme, que otras instituciones,
administraciones,


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tuvieran los elementos de corrección que tenemos los jueces. Fíjese, para cualquier cuestión tenemos recursos de reforma, de reposición, de queja, de apelación, de casación; ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal de Derechos
Humanos. Es bastante posible que al final encontremos entre tanto tribunal, y por supuesto siempre con buena intención, la corrección adecuada.



Se dice que no he hecho mención al esfuerzo de esta casa. Si no he hecho mención al esfuerzo de esta casa, mil perdones porque desde luego esta casa es la primera que hace la ley. Nosotros, los jueces, no somos creadores de la norma, la
interpretamos y, hasta ahora, cuando se interpreta reiteradamente por el Tribunal Supremo es cuando crea jurisprudencia y doctrina legal, pero los creadores de la norma son ustedes y el respeto que tenemos hacia la norma es absoluto. La norma la
crea el Poder Legislativo y el Judicial es custodio de lo que ustedes han declarado. Por tanto, muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo, no solo en las modificaciones de las leyes procesales, en esta oficina judicial que abre tantas
expectativas de futuro, sino también, viendo las posibilidades reales que tenemos, en otros aspectos que todavía no han llegado a esta casa, como puede ser el Código Penal y muchas otras reformas procesales. Tienen ustedes mucho trabajo por delante
y son los que nos van a orientar y fijar el ordenamiento jurídico, ordenamiento jurídico que cuando se modifica en un aspecto, si no se tiene la conciencia completa de lo que es ese ordenamiento, se puede estropear en una parte. Hay que modificarlo
con el conjunto de las leyes para que sean eficaces, transparentes y, en el fondo, buenas leyes.



Se han alabado los informes que ha producido la comisión de estudios, y yo, con carácter general, me sumo a esa alabanza. La comisión de estudios tiene un alto nivel jurídico, de diálogo, de tolerancia y, por tanto, sus debates son siempre
importantes. Y aquello que llega al pleno después es sistemáticamente aprobado; ha sido visto antes en esa comisión de altísimo nivel que es la comisión de estudios.



Han hecho ustedes una referencia expresa a la Ley del Aborto -que tiene otra denominación-, y he de decir que la comisión en realidad hizo un informe. Una primera comisión, con un ponente -ponente que fue removido de este puesto porque no
alcanzó la mayoría, no por nada sino porque no alcanzo la mayoría dentro de la comisión de estudios-, presentó ese informe primero como enmienda a la totalidad, y el segundo se presentó como informe de la comisión de estudios y sometidos al pleno
ambos, tanto la enmienda como el informe de la comisión de estudios, no alcanzaron la mayoría del consejo. Y, por tanto, se produjo eso que han dicho de informe non nato, pero en realidad, el trabajo quedó ahí, reflejado en uno y otro informe,
desde un punto de vista estrictamente jurídico.
Porque, independientemente de lecturas que cada uno hace como quiere y puede hacerlas, se examinaron en un debate jurídico profundo tanto la enmienda como el informe, y después no alcanzó la
formalidad de informe porque no alcanzó la mayoría, pero ambos, la enmienda y posteriormente el informe de la comisión de estudios, fueron elevados al Gobierno y han tenido conocimiento de ambos; no formal, pero real han tenido un conocimiento
profundo de los dos, y tanto la enmienda como el informe eran dignos de la máxima atención.



Me voy a referir ahora a otro punto que se me ha dicho: responsabilidad disciplinaria. Parece que estoy defendiendo siempre posiciones del consejo y no cuento sus aspectos críticos. Lo mío es defender al consejo porque tantas críticas
tiene la Administración de Justicia que el que encima yo me sumara a ellas no parecería muy adecuado en estos momentos.
La comisión disciplinaria, con suma competencia, ha conocido en el período a que se refiere este informe de 2.364 informaciones
previas, de las cuales son 40 diligencias informativas y 32 expedientes disciplinarios, de los cuales 15 han sido archivados y en los 17 restantes se ha impuesto sanción: nueve por falta muy grave; 11 por faltas graves y dos por advertencias; una
actividad que ha sido convalidada jurisdiccionalmente por la Sala tercera del Tribunal Supremo que solo ha dictado nueve sentencias revocatorias de las 200 pronunciadas contra acuerdos disciplinarios del consejo. Esto es así. Son los datos y la
justicia que tenemos, que no es en estos momentos la mejor, es la que podemos tener y la que queremos mejorar en todos los sentidos.



Hemos hablado también de la mediación y se me ha hecho hincapié en esas soluciones alternativas. No ha sido nuestro país un país tradicional en materia de arbitraje como, por ejemplo, Estados Unidos u otros países.
Pero se trata no solo de
mejorar las leyes, de tener buenos jueces, de hacer un mejor ordenamiento, sino de disminuir la ligitiosidad. Por eso hay muchas fórmulas que se pueden emplear. Yo, por supuesto, estoy dispuesto a animar al Gobierno de la nación en este empeño
como a animarle en la Ley de Planta. Ustedes animen también un poco para que se pueda producir el resultado feliz que todos deseamos. Pero, vuelvo a decir, la ligitiosidad es muy grande en España, se ha visto aumentada extraordinariamente por la
crisis en todos los aspectos. Por tanto, tenemos que hacer frente a la situación, situación no querida pero real.
En ese sentido, yo más que optimista, señor presidente, soy hombre de esperanza, porque ya saben que el optimismo es la sacarina de
la esperanza y yo prefiero los productos concretos y puros, tengo esperanza en la Administración de Justicia y tengo esperanza en la solución de sus problemas.



También se ha dicho que no me he referido a la huelga, a la última huelga, porque la anterior ya pasó antes de esa comparecencia de marzo a la que nos hemos referido. La huelga judicial es una huelga con unas características especiales, no
comparable a otras huelgas, a pesar de que se ha usado esa expresión. El Consejo General del Poder Judicial dijo en su momento, y publicó una nota al respecto, que la huelga de jueces no tenía cobertura legal, y me reafirmo en lo que ha dicho el
consejo, sin que pueda modificar ni en todo ni en parte lo que manifestó


el Consejo General del Poder Judicial, pero serán ustedes,


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serán los legisladores, los que tendrán que dar el marco jurídico adecuado a esas disfunciones que se puedan producir. De todas formas, en esta última huelga el sentido de responsabilidad de los jueces hizo que las desatenciones a asuntos
que estaban señalados fueran mínimas y la huelga se produjo solo durante un día. Por tanto, debemos saber que, según la ley orgánica, un día de no asistencia a los tribunales ni siquiera es considerado como falta leve, aunque lo puede ser la
desasistencia a asuntos de su competencia, pero en este caso también fueron mínimas las situaciones. Volvemos a repetir que no tenemos en estos momentos cobertura legal -y estas palabras son suficientemente explicativas- para refrendar la huelga.
Habrá que buscarle el marco jurídico adecuado y se tendrán que pronunciar las Cámaras y los peritos al respecto.



Vuelvo al tema autonómico, al tema lingüístico y a que el Tribunal Supremo tiene, hoy por hoy, la unidad jurisdiccional y la casación, porque todavía no se ha modificado. Ahora, los estatutos de autonomía fijan aspectos de consejos, de
posibilidades para que la casación también pase, en determinados casos y con determinadas medidas, a los tribunales superiores de justicia. Pues bien, estamos ante otra expectativa, el desarrollo tiene que ser legislativo y constitucional. Todavía
no se ha producido ninguno de los dos, ni el desarrollo legislativo ni el constitucional y, cuando se produzcan, les aseguro que seremos respetuosos con lo que se diga de la Constitución y con lo que ustedes, en esta Cámara, puedan legislar en esa
materia. He dicho antes -y repito, porque muchas veces es conveniente la insistencia- que nosotros, el Poder Judicial, no somos creadores de la norma, sino custodios de la norma. Los creadores son ustedes y es una misión bien bella y bien hermosa
cuando esta se aplica a los ciudadanos para buscar el bien común y el bien de todos.



Por último, se me ha preguntado qué podemos hacer en el mandato europeo, que comenzará a primero de año y durará un semestre. En primer lugar, felicitarnos de que España llegue en estos momentos a la Presidencia de la Unión Europea. Estoy
seguro de que lo hará bien, como ha llevado a cabo muy bien todos los desafíos internacionales que ha tenido nuestro país, hayan sido deportivos, jurídicos o concentraciones multitudinarias.
El Consejo General del Poder Judicial también tiene
prevista durante este periodo de tiempo -me parece que es para abril- una reunión de presidentes de los tribunales superiores, de los tribunales supremos o cortes supremas y de los fiscales generales del Estado a través de la red general de cumbres
de poderes judiciales. Y somos también camino, medio o comunicación para Iberoamérica, porque en Iberoamérica también vamos a celebrar, en el mes de abril o inmediatamente después, la cumbre de presidentes de los tribunales o cortes supremas, en la
que España ha ostentado y ostenta la secretaría permanente. Por tanto, en el campo internacional, que tan bién dirigen los miembros del Consejo, se busca con mucho interés que España sea conocida judicialmente en el extranjero, no para darle
publicidad sino para que las cosas positivas que hacemos aquí puedan ser vistas, conocidas y aplicadas por otros países. Es una realidad: muchos países vienen a ver nuestros procedimientos, cómo actuamos, y muchos nos siguen, algunos en materia de
Audiencia Nacional, aunque ahora ha habido una reforma sobre la llamada jurisdicción universal que han aprobado ustedes y muchas veces no se ha hecho la interpretación adecuada. Cuando hemos dicho que hay que vincular de alguna forma algún aspecto
de esa actuación legal a intereses españoles o determinadas figuras delictivas, no es que estemos ignorando los delitos de lesa majestad, ya que nos duelen profundamente las aberraciones que se cometen en el mundo y tratamos de buscar la solución,
lo que quiere esa ley es que haya intereses españoles que puedan vincular directa o indirectamente a nuestra jurisdicción y no una intervención genérica en asuntos que pueden no ser de nuestra competencia. Pero no estamos, señores diputados,
señoras diputadas, por la tortura, por la violencia.
Nunca hemos estado de acuerdo ni somos favorables, ni en esta Cámara ni en el Consejo General del Poder Judicial; tampoco los jueces. Sería acusarnos de algo muy grave, de una falta de
sensibilidad elemental. Lo que se ha seguido es una jurisprudencia del Tribunal Supremo que hace tiempo se pronunció en este sentido y que, después, ha pasado a la legislación que ustedes han aprobado.



Termino ya reiterándoles mi gratitud por su presencia, porque me han enriquecido con sus intervenciones, porque he aprendido cada día más y en este día mucho. Quiero decirles a todos que verdaderamente en el consejo estamos animados de
buena voluntad. La justicia está animada de buena voluntad. Pero no sería suficiente tener buen ánimo si no tenemos propósitos, si no hacemos efectivos esos propósitos. Estamos en el camino, en la realización de la parte que nos corresponde, y
también ustedes en la parte que les corresponde. Como he dicho en dos intervenciones, dos aperturas de tribunales que he tenido en un año, ciertamente es hora de la justicia, pero la justicia es cosa de todos.



El señor PRESIDENTE: Observo que ningún grupo va a hacer uso de la palabra. Quisiera reiterar el agradecimiento de la Comisión a los vocales miembros del Consejo General del Poder Judicial y al presidente por su comparecencia en el día de
hoy. Quiero recordarles también, señorías, que se abre el plazo de tres días para la presentación de propuestas de resolución ante la Mesa de la Comisión de Justicia, plazo que vence el jueves 17 a las veinte horas. Agradeciéndoles la presencia a
todos ustedes, a los medios de comunicación y a los servicios de la Cámara, y puesto que se va a iniciar el 1 de enero una nueva década, quiero desearles lo mejor a todas y a todos ustedes.



Se levanta la sesión.



Eran las siete y treinta minutos de la tarde.