CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 370

TRABAJO E INMIGRACIÓN

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO

Sesión núm. 24

celebrada el martes, 6 de octubre de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Elección de vacantes. Mesa Comisión:


- Elección de la Vicepresidencia Primera de la Comisión. (Número de expediente 041/000015.)... (Página 2)


- Elección de la Secretaría Primera de la Comisión. (Número de expediente 041/000015.)... (Página 2)

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Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. (Número de expediente 121/000042.)... href='#(Página2)'>(Página 2)


- De la señora secretaria de Estado de Inmigración y Emigración (Rumí Ibáñez). A petición de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/000701), Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds (número de expediente 212/000775) y Socialista (número de expediente 212/000855)... (Página 2)


- De la señora secretaria general de Empleo (Rojo Torrecilla). A petición de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/000702), Socialista (número de expediente 212/000857) y Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (número de expediente 212/000786)... (Página 11)


- Del señor subsecretario de Trabajo e Inmigración (González Gallardo). A petición de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/000703) y Socialista (número de expediente 212/000856)...
href='#(Página24)'>(Página 24)


Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.



ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:


- ELECCION DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000015.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy de la Comisión de Trabajo e Inmigración, una vez cerciorados de que no queda nadie atrapado en el ascensor. (Risas.) Vaya estreno que ha tenido la
nueva diputada.



Como ustedes conocen, en la reunión que hemos tenido esta mañana de Mesa y portavoces hemos decidido proceder a elegir las vacantes que se han producido en la Comisión en los últimos días. Saben ustedes que ha dimitido doña Elvira
Cortajarena, que era vicepresidenta primera de la Comisión. Hay una propuesta ante la Comisión ya conocida por la Mesa y portavoces de elección de doña Remedios Elías Cordón, diputada por La Rioja, como vicepresidenta primera si nadie ninguna otra
propuesta.
(Pausa.) Lo podemos considerar aprobado por asentimiento. Doña Remedios, puede usted tomar asiento en la Mesa como vicepresidenta primera de la Comisión. (Aplausos.)


- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/00015.)


El señor PRESIDENTE: Se ha producido también la dimisión del secretario primero de la Mesa, don Rafael Herrera, que será sustituido por doña Carmen Juana Achutegui Basagoiti. Si les parece, lo dejamos visto y aprobado porque falta un
requisito formal, que es el consentimiento de la Mesa a la calificación, que se recibirá seguramente esta misma tarde o mañana.



COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2010. (Número de expediente 121/000042.)


- DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (RUMÍ IBÁÑEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000701), DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS
(número de expediente 212/000775) Y SOCIALISTA (número de expediente 212/000855).



El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy de la Comisión con la comparecencia de personalidades de la Administración del Estado, en primer lugar, de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, doña Consuelo Rumí,
que está presente entre nosotros. El procedimiento que vamos a seguir es el ya conocido por ustedes y que hemos empleado en otras ocasiones: en primer lugar habrá una intervención de la secretaria de Estado, luego intervendrán los portavoces de
los grupos parlamentarios que han solicitado su comparecencia y cerrará la comparecencia doña Consuelo Rumí en último lugar. Cuando quiera puede usted ocupar su asiento para comparecer sobre los Presupuestos Generales del Estado.



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La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Rumí Ibáñez): Señorías, es la primera vez que comparezco en esta sala, no había venido con ocasión de ninguna comparecencia, y veo las magníficas instalaciones que hay.



El presente proyecto de presupuestos de esta secretaría de Estado responde a los objetivos fijados por el Gobierno para hacer frente a la crisis económica que España, como el resto de los países, está atravesando y cuyos principios se rigen
por la estabilidad presupuestaria y la contención del gasto. Como es lógico, el desarrollo de la economía española y las previsiones de evolución a corto y medio plazo informan este proyecto. Tengo que añadir que las prioridades del departamento
en materia de inmigración continúan siendo las que nos marcamos durante los ejercicios anteriores y que de manera breve les expongo: la regulación de los flujos migratorios, de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo de nuestro país,
también la lucha contra la inmigración irregular a nivel nacional junto con la cooperación con los países de origen a nivel internacional y el desarrollo Plan estratégico de ciudadanía e integración 2007-2010; el reconocimiento de los españoles en
el exterior como ciudadanos de pleno derecho, como por cierto queda establecido en el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior; asimismo, la modernización de la acción pública dirigida a los españoles que residen en el exterior y la
aplicación de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía y de la Ley denominada coloquialmente Niños de la Guerra.



En este contexto, la dotación solicitada para llevar a cabo las actuaciones previstas se sitúa en 323.160.850 euros. Es cierto que los presupuestos en materia de inmigración han experimentado un descenso, en consonancia con el esfuerzo de
austeridad al que me he referido anteriormente, pero también me gustaría destacar que el presente presupuesto, respecto al resto de los presupuestos anteriores, y desde luego desde la creación de la secretaría de Estado en el año 2004, y sin tener
en cuenta los gastos de personal, ha registrado un aumento del 239,07 por ciento. Tanto Inmigración como Emigración mantienen su presupuesto al mismo nivel del correspondiente ejercicio, si bien Integración disminuye y lo hace como resultado de la
desfavorable economía mundial, que está incidiendo claramente en el número de inmigrantes que vienen a nuestro país. Comprenderán que para esta secretaría de Estado cualquier modificación al alza del presupuesto será de mi agrado, pero me gustaría
realizar algunas precisiones respecto a la situación que estoy exponiendo.



En primer lugar, como ya he anunciado, los presupuestos tienen una cantidad que nos va a permitir cumplir con estos objetivos y, desde luego, el aumento de 131 millones de euros en el año 2004 a 323 millones para este ejercicio lo va a hacer
posible. En segundo lugar, el descenso no afecta al gasto social directo, es decir, el vinculado a las pensiones, a la sanidad o a la educación, sino a partidas dedicadas a programas complementarios de refuerzo. Como vamos a ver cuando hablemos de
las distintas direcciones generales y su afectación, allí donde hay pensiones como es el caso de la emigración de la ciudadanía española en el exterior, no se ha producido ninguna merma. En tercer lugar, en algunas partidas el descenso es el
resultado de una menor presión migratoria y la consiguiente cobertura de necesidades que atender desde ese punto de vista y, por tanto, en un ejercicio de responsabilidad. Ese es el caso vinculado, por ejemplo, a la ayuda humanitaria o a la
atención a pie de playa, tenemos un número mucho menor de llegadas a través de pateras o cayucos, en general de llegada de inmigración clandestina, y por lo tanto es lógico que esas partidas tengan un descenso. Otra parte del descenso se produce
respecto al Fondo de Acogida e Integración.
Respecto a este tema, me gustaría añadir que, si bien es cierta esa disminución del fondo, es bueno que SS.SS. conozcan que en el nuevo sistema de financiación autonómica se incorpora el efecto de la
inmigración a través del criterio de la población, y esto supondrá un aumento en torno a 200 millones de euros que sí están destinados a gasto social, es decir, temas vinculados con recursos educativos o sanitarios.
Por lo tanto, por primera vez
aparece el criterio de la población que, como tiene en cuenta el número de inmigrantes que se han incorporado a nuestro país, tiene un aumento que va a redundar directamente en las comunidades autónomas. En cuarto lugar, los presupuestos tienen esa
reducción afectada por la situación actual, pero el volumen de recursos dedicados a los ciudadanos españoles en el exterior se ha mantenido prácticamente intacto. Es decir, los ciudadanos españoles que viven fuera no sufren ninguna merma en los
programas que les afectan. Es una prueba evidente de que para este Gobierno son una prioridad, tal y como lo hemos manifestado reiteradamente. Desde el año 2004 el presupuesto dedicado a la emigración se ha duplicado, y en un año difícil como es
el actual -presupuestariamente hablando- los ciudadanos españoles en el exterior no sufren recortes. Además, esta prioridad política, que se confirma una vez más en estos presupuestos, tiene aún mayor importancia si añadimos que en el terreno de la
emigración se produce -aquí sí- un gasto social directo, no complementario de otros programas. Por tanto, se asegura la extensión de las pensiones y la asistencia sanitaria para los emigrantes. En la etapa de expansión económica que vivimos
anteriormente hicimos reformas muy importantes porque con ellas garantizamos la viabilidad del sistema de prestaciones sociales y además extendimos las pensiones y la cobertura sanitaria. En definitiva, en una etapa de crisis el Gobierno blinda el
sistema de protección social, asegura las pensiones y la asistencia sanitaria, junto con los programas para los centros, asociaciones, iniciativas dirigidas tanto a los mayores como a los jóvenes, y por tanto se consolidan estas nuevas prioridades
que establecimos conjuntamente con los representantes de la ciudadanía española en el exterior.



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En cuanto a las cifras, el programa 231, dedicado a Inmigración, está situado en las mismas cifras que el actual presupuesto, tiene una dotación de 8.654.080 euros, de los cuales 2.755.000 están destinados a los programas concretos de
canalización de flujos migratorios, cooperación con los países de origen, gestión eficaz del régimen de extranjería y potenciación de todos los instrumentos de colaboración con los países de procedencia y tránsito, junto con la lucha contra el
trabajo irregular, imponiendo las sanciones legalmente previstas tanto a los empleadores como a los propios extranjeros, y la coordinación también de la participación de la secretaría de Estado en la Unión Europea y en otros foros. El programa
231H, dedicado a la integración, como he comentado al comienzo de mi intervención, tiene como objetivo prioritario desarrollar el Plan estratégico de ciudadanía e integración y los diferentes fondos comunitarios del programa general solidaridad y
gestión de los flujos migratorios, especialmente el Fondo Europeo de Integración.
Hay que recordar que los programas vinculados a estos fondos tienen una cofinanciación europea. Entre los programas hay que destacar el del Fondo, con 100 millones
de euros; el de consolidación del papel del tercer sector a través de los diferentes fondos europeos, programa que cuenta con una dotación de 9.991.720 euros; el de mantenimiento del sistema de protección a solicitantes de asilo y refugiados, con
15.479.860 euros; el de gestión de los centros de migraciones, los Cetis de Ceuta y Melilla, con 967.300 euros; para garantizar la atención humanitaria a personas en situación de vulnerabilidad, con 6.898.670 euros; para consolidar el papel de la
Administración General del Estado a través de las corporaciones locales, con 3.159.560 euros; prestar especial interés a la atención de los menores extranjeros no acompañados, con 10.533.340 euros; atención a inmigrantes en las costas españolas,
con 3.720.000 euros; colaboración con las organizaciones internacionales vinculadas con inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados como la Acnur y la OIM, con 605.000 euros. Es de destacar que aparece un programa nuevo, el de retorno
voluntario, retorno a sus países de origen de aquellos trabajadores extranjeros que se encuentran en situación de desempleo y desean regresar a su país en el marco del programa de medidas previsto para tal efecto, con una dotación de 2 millones de
euros. En el programa 231B000X, de Emigración, con los objetivos que ya les he comentado, continuamos con el compromiso de mantener y extender las prestaciones por razón de necesidad para los españoles que residen en el exterior y los retornados,
es decir, la prestación económica por ancianidad, por incapacidad absoluta para el trabajo y la asistencia sanitaria, con una dotación de 103 millones de euros, y todas las prestaciones vinculadas a la Ley 3/2005, Niños de la Guerra, con 10.700.000
euros.



Me gustaría destacar los programas dirigidos a los jóvenes, con una dotación de 3.130.000 euros, y el de educación, con 2.050.000 euros; el apoyo y el impulso a las nuevas organizaciones de españoles descendientes de emigrantes en el
exterior, con 2.765.000 euros, y de mujeres con 1.100.000 euros. Seguimos potenciando el asociacionismo entre todos los colectivos de ciudadanos españoles en el exterior con una dotación de 2.452.110 euros. También está reflejado en el presupuesto
el impulso a la participación de los ciudadanos del exterior a través del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, con una dotación de 240.000 euros. Para paliar la situación derivada de la carencia de recursos de los españoles en
el exterior y de sus familiares a cargo aparece la concesión de ayudas extraordinarias que tienen una dotación de 1.100.000 euros, y, en desarrollo con las comunidades autónomas, la Oficina Española del Retorno, creada en el año 2007, con el fin de
favorecer la adopción de medidas tendentes a una mejor integración laboral y social de los retornados, con 1.518.280 euros.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Consuelo. A continuación harán uso de la palabra los grupos parlamentarios que han solicitado esta comparecencia. En primer lugar tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don
Rafael Hernando.



El señor HERNANDO FRAILE: Señora Secretaria de Estado, nuestro grupo ha solicitado su comparecencia con el objeto de examinar los presupuestos para 2010, y un análisis somero tras las explicaciones que usted ha dado nos confirma nuestra
percepción. La percepción es que el Gobierno lleva bastante tiempo diciendo que estos presupuestos son ampliamente sociales, que atienden las necesidades de los más necesitados, pero tengo que decirle que después de conocer las cifras
presupuestarias eso no tiene nada que ver con la realidad. Por lo que se refiere a su departamento, usted misma ha dicho que le hubiera gustado que hubiera aumentado la dotación de las partidas destinadas a la integración de inmigrantes, que es la
base fundamental del presupuesto que hoy contemplamos, pero no ha sido así. Por lo tanto, retomando sus palabras, si es de agrado que le aumenten el presupuesto hay que reconocer que estos presupuestos, según usted misma, habría que calificarlos
como desagradables porque se producen recortes en todas las partidas, y precisamente en las partidas que van destinadas a la población con mayores necesidades, en mayor situación de precariedad social, sin soporte muchas veces familiar para sostener
su vida y con dificultades en muchos casos de integración.



Señora secretaria de Estado, en estos momentos en España hay 4.625.000 personas extranjeras con permiso de trabajo y residencia, de las que 2.600.000 tienen una ocupación, cotizan a la Seguridad Social 1.800.000, y hay 1.030.000 parados
extranjeros según la encuesta de población activa. Cuando se valoran los presupuestos o se comparan con lo que sucedía hace cinco años, lo primero que hay que hacer es ver qué ha sucedido y si los objetivos que usted misma ha enunciado como los


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de la vinculación de la inmigración al empleo se han cumplido o no se han cumplido. Evidentemente, no se han cumplido, tampoco se van a cumplir el año que viene porque ya el propio Gobierno nos ha anunciado que en los próximos Presupuestos
Generales del Estado se hace una previsión de 300.000 parados más. No sé qué cantidad de ellos van a ser inmigrantes, pero no tiene sentido, señora secretaria de Estado, que en el último trimestre que hemos conocido el número de tarjetas de
permisos de residencia y trabajo haya habido un incremento importante en el segundo trimestre, y sin embargo el paro siga aumentando y no adecuemos la expedición de tarjetas y permisos de residencia y trabajo a la situación económica de un país como
el nuestro en el que, gracias a sus errores económicos, se ha producido un incremento brutal en el número de parados, en este caso extranjeros. Solo por compararlo con este año, no voy a entrar respecto al año 2004, cuando el 84 por ciento de los
inmigrantes extranjeros tenían ocupación, el número de ocupados respecto a la población total de extranjeros residentes en nuestro país es ya solo del 59 por ciento; por primera vez ha caído en la cifra del 60 por ciento.
Esto no se había
producido nunca. En un año tenemos 340.000 ocupados menos y tenemos 300.000 parados más. Y ustedes, ante esta situación, ¿qué han hecho? Reducir los programas de integración de los inmigrantes de una forma drástica, cuando no brutal. Esto, a mi
juicio, demuestra algunas cosas, en primer lugar, que en estos momentos la integración de los inmigrantes no es una prioridad para este Gobierno, y prueba de ello es que en el programa 231H se produce una disminución de todas las partidas.
Debería
parecer que en una época en que la tasa de paro de los inmigrantes supera el 28 por ciento, cuando se hacen más necesarias las políticas de cohesión social e integración, el Gobierno debería, cuando menos, mantener las políticas que favorecen la
integración, y más en concreto el Fondo de Integración. Pues bien, este Gobierno reduce a la mitad el Fondo de políticas de integración de inmigrantes en nuestro país en unos momentos enormemente preocupantes y después de que esta Cámara ya durante
este año, ante el intento de reducir este fondo en 59 millones de euros, le obligara, por acuerdo del conjunto de los grupos parlamentarios, a mantener este fondo de 200 millones de euros. Me parece un gravísimo error reducir esto en estos
momentos, me parece que solo va a favorecer la vulnerabilidad de esas personas, favorecer su discriminación. En este caso el Fondo de Integración es destinado en gran parte por las comunidades autónomas a educación, y su reducción va a incentivar
-a mi juicio- el fracaso escolar de estas personas, que van a ser llevadas, porque sobre ellas recae el mayor nivel de fracaso escolar, aún más a situaciones de marginalidad. Por lo tanto, confío en que ustedes reconsideren esta reducción. Se lo
dijeron las comunidades autónomas, incluso las gobernadas por su partido, este año, se lo ha dicho el conjunto de los grupos parlamentarios este año. Por lo tanto, yo confío, señora Rumí, en que ustedes recapaciten porque este recorte, que ya
intentaron con el reajuste presupuestario de 1.500 millones que anunciaron este año, no tiene por dónde cogerse.



También he visto que reducen a la mitad el presupuesto de la partida destinada a los convenios de Ceuta y Melilla para centros de menores, dotado con 3,5 millones de euros, y también el programa para inmigrantes menores no acompañados, que
se reduce en 8 millones de euros, más de la mitad. Usted conoce cuál está siendo últimamente la política de las mafias que trafican con personas y que cada vez más las pateras son completadas con menores que acaban bajo la tutela de las comunidades
autónomas. En esto no se ha producido una reducción, de hecho, según sus propios datos, el número de menores que llegó este año pasado en pateras, aumentó un 40 por ciento. Lleva usted razón en que se ha reducido el número de pateras, pero los
menores que vienen en pateras ha aumentado, por lo que no entendemos muy bien la razón de la reducción drástica de esta partida en los Presupuestos Generales del Estado. También, por segundo año consecutivo, reducen ustedes la partida destinada a
entidades locales en el programa de acciones a favor de inmigrantes, en 2 millones de euros. Es una nueva vuelta de tuerca a los ayuntamientos, y da la sensación, señora secretaria de Estado, de que ustedes hacen a nivel de Estado una política que
sigue permitiendo la llegada masiva de personas, en muchas ocasiones por el efecto llamada que todavía permanece, y ahí están los datos de regularizaciones a través de arraigo, y sin embargo van reduciendo paulatinamente las cifras que destinan a
ayudar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, cuando son estos los que realmente acaban haciendo las políticas de integración y de ayuda más cercanas a los ciudadanos inmigrantes, temas de educación, de sanidad, asistencia social y
demás. He visto que se han reducido también a la mitad las subvenciones a favor de inmigrantes y refugiados. Dice usted que tiene que ver con la menor llegada de pateras. Usted sabe que esto no es una cuestión que pueda ser programada, pero estos
días hemos estado recibiendo una avalancha muy seria de personas que llegan en pateras y me parece que es un poco precipitado tomar estas decisiones tan rápido antes de haber visto cómo acaba el año 2009 y cuáles son las necesidades y las
subvenciones de las organizaciones no gubernamentales y los programas especiales tanto de la OIM como de Acnur, que se reducen de forma importante. Hay una reducción en la atención humanitaria a inmigrantes, exactamente 12 millones de euros menos,
la subvención a Cruz Roja cae en 3 millones de euros, y otras ayudas de carácter social cofinanciadas y no cofinanciadas con el Fondo Social Europeo también se reducen en 7.800.000 euros respecto al año pasado, un total del 50 por ciento de
reducción.
Por otra parte, también se reducen en 3.274.000 euros las transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro, que al final quedan financiadas para el año próximo en un millón de euros. Me gustaría que nos explicara
a qué se ha debido esta previsión en la reducción,


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si tiene que ver con un menor gasto durante el año 2009.



Hemos vistos que aparece una dotación de 2 millones de euros para favorecer el retorno voluntario de inmigrantes por el Plan Retorno. Me gustaría saber si ustedes tienen, dentro de la presupuestación, una previsión de las personas que
durante el año 2010 pueden acogerse a este programa, si han hecho una estimación. Cuando ustedes presentaron el Plan Retorno hicieron una estimación de unas 100.000 personas, no sé los datos a día de hoy, pero aproximadamente calculamos que no
hayan superado las 10.000 en lo que llevamos de más de un año de funcionamiento de este programa. Nosotros creemos que el retorno se puede favorecer a través de otros métodos y hemos presentado algunas iniciativas en la reforma de la Ley de
Extranjería que esperamos reciban de su atención y sobre las que podamos llegar a un acuerdo en el debate de la ley.



Por lo que se refiere al programa de acciones a favor de la ciudadanía exterior, hemos visto que están muy primadas por la celebración de unos congresos de jóvenes descendientes de españoles en Argentina. Me gustaría saber en qué consisten
estos congresos, si me puede dar usted datos de financiación, conclusiones, etcétera; nos lo puede enviar por escrito.
Respecto al programa destinado a la coordinación en materia de extranjería e inmigración, hemos visto que hay un cambio de
partidas, desaparecen 750.000 euros de la partida de alojamientos de trabajadores migrantes y se cambia a otra partida, y no hemos entendido muy bien cuáles son las razones de estos cambios en este programa.



Señora secretaria de Estado, no sé cómo han quedado otros departamentos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, desde luego su departamento ha sufrido -no sé si llamarlo así- las iras de alguien, pero es insólito el número de recortes que
se ha producido. Da la sensación de que el Gobierno considera que este es el sistema de hacer ajustes presupuestarios, y nosotros creemos que este no es el sistema, que hay que ir a otro tipo de recortes; en los gastos, capítulo en el que apenas
hay un recorte real, siguen las mismas partidas prácticamente del año pasado, y me parece que hacer sufrir al final los recortes de su departamento a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que es la primera fila de aquellas instituciones
que prestan los servicios más inmediatos a los extranjeros, especialmente a los inmigrantes en mayor situación de vulnerabilidad, nos parece un grave error. Vamos a poner en grave riesgo a muchas personas, se va a cumplir aquello que ya algunos de
sus informes anuncian sobre un aumento de la conflictividad social, y por lo tanto creo que es un tema enormemente serio. Ha hablado usted de la cobertura sanitaria de las personas que están en el exterior, pero me gustaría saber si usted cree que
la cobertura sanitaria de los que están aquí se va a favorecer con estos presupuestos, porque me da la sensación de que a las comunidades autónomas no se les ayuda para nada, mientras ustedes siguen incrementando el número de tarjetas y permisos de
residencia de forma importante. También ha dicho usted que otro de los objetivos es la lucha contra la inmigración ilegal. En los últimos años, y especialmente en los dos últimos, les he escuchado hacer grandes manifestaciones sobre este asunto,
los inmigrantes ilegales deben saber que serán expulsados; un inmigrante ilegal sólo puede tener un destino, el retorno a su país. Estas no son declaraciones de nadie del PP sino de la vicepresidenta del Gobierno y coordinadora...



El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.



El señor HERNANDO FRAILE: ...de la política de inmigración del Gobierno socialista. Usted sabe que el efecto llamada sigue y sabe también que a muchos inmigrantes les es más fácil seguir llegando de forma ilegal a nuestro país, permanecer
de forma ilegal a la espera de que, a través del arraigo, pasando de forma automática tres años, o dos si han estado en economía sumergida, sean regularizados. Me parece, Señoría, que tendríamos que analizar si esas medidas o normas favorecen a
esas personas o las colocan en una situación de vulnerabilidad y explotación muy preocupante en una sociedad como la actual. Creo que ahora que vamos a empezar con la reforma de la Ley de Extranjería deberíamos intentar entender que a veces es
mejor prevenir que curar, y, desde luego, seguir manteniendo normas que lo único que implican son regularizaciones basadas en situaciones de permanencia exclusivamente, nos parece que pueden ser políticas del pasado pero que no pueden seguir
existiendo para el futuro.
En ese sentido, le ofrecemos nuestra mano tendida para poder llegar a un acuerdo y nuestra colaboración inmediata en esta reforma que tenemos encima de la mesa. Para acabar, estos presupuestos no son sociales para los
inmigrantes, son claramente antisociales.



El señor PRESIDENTE: A continuación hará uso de la palabra el señor Llamazares en representación del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Agradezco la comparecencia de la secretaria general de Estado de Inmigración y Emigración y voy únicamente a plantear la preocupación de nuestro grupo en relación con los Presupuestos Generales del Estado para el
próximo año en una materia que hemos pactado a lo largo de los últimos años y que hemos visto con estupor que se pretende reducir no solamente en este presupuesto sino que ya tuvimos algún que otro problema en el presupuesto anterior. Por eso
queremos que nos dé una explicación respecto a las políticas de integración, sobre todo, como se ha dicho aquí, cuando una buena parte del desempleo golpea -más de medio millón de empleados nuevos- precisamente al colectivo inmigrante, y por lo
tanto todo hace concluir que sería muy importante reforzar las


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políticas de integración y no debilitarlas. Nosotros compartimos la preocupación del Gobierno por la situación de crisis y la preocupación de la sociedad española, también sabemos las limitaciones que tienen los presupuestos para enfrentar
esta situación, pero nos parece imprescindible, por una parte, un impulso público para la reactivación económica, y eso significa una distribución justa de las cargas y de los beneficios, y por otra parte nos parece imprescindible también una
orientación social y de cambio de modelo del presupuesto. En concreto, en relación con la política de inmigración nos parece que este presupuesto no va en el sentido de un impulso público, tampoco se compadece con el planteamiento del propio
Gobierno de proteger la política social en condiciones de crisis, y además no permite, en nuestra opinión, favorecer el cambio de modelo, porque este cambio de modelo significa en nuestro país no solamente un modelo sostenible desde el punto de
vista ambiental, sino sostenible también desde el punto de vista social, con nuevos nichos de empleo. Y en las políticas de integración creemos que hay posibilidad no solamente de políticas sociales sino también de cambio de modelo. Por eso vemos,
como he dicho antes, con estupor esta nueva reducción que se produce para este año de la política de integración de inmigrantes, cuando en la idea inicial era una de las propuestas presupuestarias con proyección a lo largo de la legislatura pasada y
de esta, y se ha quedado en una iniciativa primero estancada y luego a la baja que no permite hacer en nuestro país una política diferencial e intensa en materia de integración de los inmigrantes. Por eso quiero preguntarle a qué se debe esta
propuesta presupuestaria. Es verdad que nos encontramos en un contexto de presupuesto difícil, en periodo de crisis, pero creemos que en lo último que debería el Gobierno recortar o ajustar es en la política social y en la política de integración
de los inmigrantes.



El señor PRESIDENTE: Para cerrar este turno de intervención de portavoces tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, doña Esperanza Esteve.



La señora ESTEVE ORTEGA: En primer lugar, quiero agradecer la presencia de la secretaria de Estado, doña Consuelo Rumí, es un placer tenerla aquí, entre otras cosas porque usted decía que esta sala para usted era nueva, y para mí, como
portavoz, usted también era nueva, y la verdad es que está siendo un placer trabajar con usted y quiero decirlo públicamente.
En segundo lugar, quiero comentar las intervenciones de los grupos que me han precedido. Señor Hernando, me ha gustado su
tono, su mano tendida y creo que desde esta disposición a buscar el acuerdo, entendiendo que probablemente nadie tiene la razón absoluta, es el camino básico para que nos podamos encontrar en algún punto, y a partir de aquí empezar a andar.
Por
tanto, estupendo.



Otra cuestión que quería señalar, entrando ya en el tema presupuestario, es que es cierto que los presupuestos dedicados a esta secretaría de Estado, como es obvio, han sufrido un descenso y que esto tiene que ver con la coyuntura de crisis,
que nos exige un esfuerzo de austeridad, y en esto también estamos de acuerdo. Pero vamos a intentar introducir algún elemento nuevo. En la situación actual de crisis, es una opción clara de este Gobierno -y aquí probablemente discrepamos, señor
Hernando- y de nuestro grupo, que le da apoyo, el hecho de que ninguna persona quede al margen, en la cuneta, y a veces esta acción no se refleja en los presupuestos por una acción concreta de tipo indirecto sino en aquellos presupuestos que tienen
una incidencia directa en la protección social y en la integración de todos los españoles y las personas extranjeras residentes en nuestro país. Por tanto, si este es nuestro objetivo prioritario, tenemos que garantizar algunos aspectos que
probablemente están fuera de esta secretaría de Estado -aludía también a ello la señora Rumí-, pero que son fundamentales para la protección y la cohesión social -y aquí parafraseo al señor Llamazares-, para la protección al desempleado y para
mejorar el acceso al empleo y las condiciones de trabajo. Por tanto, si hacemos una opción clara en las políticas activas de empleo y se hace una opción en la protección social para que nadie quede al descubierto, esto se hace extensivo también a
aquellas personas que, aun siendo extranjeras, están trabajando en nuestro país y están aportando su esfuerzo, y por tanto, en un momento de debilidad o en situación de crisis es normal que disfruten de los mismos derechos fundamentales que los
españoles. Por tanto, compartimos con ustedes que la política de inmigración y emigración no la podemos hoy extraer del contexto en el cual se está desarrollando, y si estamos hoy ajustando los presupuestos también se debe hacer en algunas de estas
partidas, no digo en todas, en algunas. Por ello, esto hay que entenderlo en un contexto de normalidad.



Otra cuestión, a la que también han aludido y que de alguna manera confirma el argumento que estaba dando, es que si es verdad que la tasa de paro está afectando en mucha mayor medida a las personas extranjeras, tiene mucho más sentido que
esta situación de vulnerabilidad se afronte con las políticas de empleo y de protección social, y estas sí tienen un claro aumento. Otro elemento es que, a pesar de ello, el presupuesto nos ha de permitir seguir articulando una política de carácter
global en esta materia, esto está claro, pero, señor Hernando, estará de acuerdo conmigo en que cuando estamos hablando de una situación de vulnerabilidad es un poco frívolo -se lo digo con cariño, porque a veces tenemos ataques de frivolidad-
pensar que la situación de vulnerabilidad a la que está hoy sometida una buena parte de las personas inmigrantes se debe a todos los desastres de la política que ha hecho este Gobierno. Yo hace años que trabajo en estos temas y a mí me parece más
bien -usted dirá que es normal- que lo hemos hecho acertadamente en algunas cosas porque otras siempre son mejorables. Pero usted coincidirá conmigo en que la tasa de paro es mucho mayor porque precisamente este colectivo fue a ocupar los sectores


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más vulnerables de nuestro mercado de trabajo. De ahí que el objetivo de vincular mercado de trabajo y acceso a este mercado por parte de las personas inmigrantes sea una prioridad para este Gobierno y también para este grupo parlamentario.
Algunos lodos traen tempestades, y algunos lodos significa que durante un tiempo se fue muy laxo o muy permisivo en una serie de contrataciones que no se deberían haber producido, todo para seguir una carrera de urbanización y construcción de
viviendas sin límites, de las cuales no se han beneficiado precisamente los inmigrantes ni los trabajadores en general de este país, sino aquellos sectores más influyentes y que han tenido mayor capacidad durante este tiempo.



Vayamos ya al presupuesto. Creo que hay que procurar, como decía la secretaria de Estado, la garantía de los derechos reconocidos a los extranjeros en la normativa actual, hemos de actuar contra los supuestos de abuso y hemos de seguir
trabajando en la integración, que no se produce solo por el fondo, que también; hay que seguir colaborando con las entidades sociales, porque a pesar de que ha aminorado la llegada a nuestras costas y la llegada de personas irregulares se tiene que
seguir haciendo un trabajo, dar una cierta protección a los ayuntamientos y seguir con todos los objetivos que están planteados en el Plan estratégico de ciudadanía e integración, al cual antes se ha aludido. Por tanto, creo que hay que hacer dos
cosas: por un lado, contemplar la evolución presupuestaria de estos últimos cinco años, que ha ido en crescendo y en algún momento esto se tiene que ir estabilizando, y, por otro, es verdad que ahora tenemos unos presupuestos que están en trámite
parlamentario y que en este trámite seguro que vamos a poder mejorar algunas partidas, porque nos toca hacerlo y porque nos toca negociar.
Pero esto no es algo que sea sumatorio, sino que si sacamos de un sitio tendremos que ponerlo en otro y al
revés, y esto nos exige responsabilidad y si es compartida, muchísimo mejor.



Otra cuestión es el mensaje que con los presupuestos se quiere dar a los españoles en el exterior. Coincido con usted, somos cuidadosos, hemos sido finos, yo diría que colectivamente porque la ley se aprobó por amplio consenso, pero se ha
sido sensible a un colectivo de un millón y medio de personas que están en el exterior. Por lo tanto, se ha mantenido el presupuesto, lo que quiere decir que se han mantenido los derechos que ya están comprometidos, las pensiones, y hay algo que le
quiero preguntar, señora Rumí, en relación con las pensiones. Yo creo que este mensaje de cuidado, de protección, de afecto, de cariño, de sentir como grupo propio a los españoles en el exterior queda reflejado en este presupuesto. En relación con
esto paso a hacerle una serie de preguntas, señora Rumí. En relación con el SOVI, no cabe duda de que se hace necesario superar algunas situaciones que afectan a sus beneficiarios.
Esto lo venimos diciendo y se viene reclamando, pero me gustaría
que nos indicara si se ha logrado algún avance en el presente proyecto o si hay alguna cuestión que quiera señalar en relación con este tema. Otro elemento es el de la igualdad. No hemos hablado de ello, pero sé que son una preocupación suya
personal y también de este grupo las políticas de igualdad, como se reflejan y tienen concreción en el presupuesto y en el plan de acción. Otro elemento, y con esto acabaría, es que usted ha hablado de los jóvenes, y me gustaría saber qué programas
están primando en relación con ellos y cómo se articulan. Quiero acabar diciendo que no me cabe la menor duda -el señor Llamazares no está pero también me dirijo a él, me dirijo a usted y a todas las personas que estamos aquí-, de que ahora es el
momento del trámite parlamentario, que vamos a buscar compartir criterios, analizar las propuestas de los diferentes grupos en aras del consenso, y seguro, porque es lo que deseamos y porque permite la gobernanza, que conseguiremos la posterior
aprobación.



El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones suscitadas y a las preguntas planteadas por los portavoces de los grupos parlamentarios tiene la palabra la señora secretaria de Estado, doña Consuelo Rumí.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Rumí Ibáñez): Doy las gracias a los que han intervenido por el tono y por la seriedad con la que se ha hecho esta comparecencia. Tengo que decir, señor Hernando, que me ha
impactado su sensibilidad social hoy, lo digo seriamente, usted sabe que no bromeo, me conoce hace muchos años, y no solo me ha impactado sino que me alegro de que podamos trabajar compartiendo ese gran principio que es la sensibilidad social de los
trabajadores, trabajadoras y familias inmigrantes que viven con nosotros.
Creo que estamos en un buen camino para poder hacer cosas desde una política de Estado en materia de inmigración. Ahora bien, tengo que puntualizar algunos datos porque
quedan en el 'Diario de Sesiones' y creo que es bueno aclararlos. Usted ha dado datos de desempleados extranjeros y de afiliación a la Seguridad Social. Los afiliados a la Seguridad Social, a 31 de agosto, que es la última cifra que tengo, son
1.889.998.
Coincide básicamente con la que ha dado, 1.800.000, pero la del paro registrado, no, porque utiliza los datos de la encuesta de población activa y yo le voy a dar los datos del paro registrado. Usted, y todos los que estamos aquí,
sabemos cuál es la diferencia; la encuesta de población activa es una encuesta que se hace telefónicamente, en la que una persona no es que esté desempleada ni registrada en el paro sino que, a lo mejor, ha decidido incorporarse y buscar un
trabajo. No estamos hablando de las mismas circunstancias. El paro registrado da un total, a 31 de agosto, de 488.570, de los cuales comunitarios son 157.018. Con esto no quiero decir que no haya desempleados de origen extranjero, por supuesto
que los hay, y nos preocupa, pero estamos hablando del paro registrado.



¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando junto con la Secretaría General de Empleo, que se ha incorporado, para que todos los programas y las acciones que


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se hagan para fomentar la recolocación y la formación en otras actividades lleguen en igualdad de condiciones a las personas de origen inmigrante.
Usted no lo ha dicho pero estoy segura de que lo sabe, el desempleo se ha cebado en la
población inmigrante sobre todo porque un número muy importante de trabajadores inmigrantes lo hacían en la construcción y en los servicios, que es donde más desempleo se ha producido. Por lo tanto, el objetivo compartido de este ministerio es que
todas esas acciones para tener una formación que permita conseguir otro puesto de trabajo, les lleguen en la misma igualdad que al resto de los españoles. Le voy a dar un dato que sé que le va ser especialmente agradable; estamos constatando que
la movilidad de los inmigrantes es muy importante, multiplica por cuatro la de los autóctonos, y con estos programas estamos viendo cómo se están recolocando estas personas moviéndose de Madrid, que por cierto es uno de los sitios donde más
influencia ha tenido el desempleo, a otras zonas costeras o de interior con demanda de trabajadores en determinadas ocupaciones. ¿Trabajo por delante? Por supuesto que queda mucho, pero estamos trabajando para poder utilizar todos los recursos
para que estas personas puedan encontrar un empleo.



Con respecto a la integración, es un sentir tanto del señor Llamazares, de usted, de la señora Esteve y, por supuesto, de este Gobierno, pero me gustaría, aunque me alargue un poco, señor presidente, empezar la casa por los cimientos,
empezar mi explicación sobre este tema por la base, porque si no, no se va a entender, y quiero que se entienda, porque sólo entendiéndolo bien podremos encontrar las repuestas más adecuadas. Señor Hernando, la integración es una competencia que
ejecutan y que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. ¿Qué hace la Administración General del Estado? ¿Qué hace el Gobierno de España? Por primera vez, en el año 2005, toma una responsabilidad añadida, la de colaborar y concertar
con el resto de las administraciones para trabajar conjuntamente por la integración de los inmigrantes. Una propuesta que hace este Gobierno y que es muy bien acogida por todas las comunidades autónomas y por los ayuntamientos; pero es la primera
vez que concertamos, la concertación es buena entre los diferentes gobiernos.
Usted, el año pasado no valoraba esto y hoy lo valora, y yo me alegro porque, como digo, es un trabajo importante que debemos hacer conjuntamente, y que lo estamos
haciendo desde el año 2005 con comunidades de cualquier signo político y con ayuntamientos de cualquier signo político. Compartimos en su momento circunscripción electoral, Almería, y sabe que este Gobierno tiene programas con el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar y con el de Almería, que no están gobernadas por el Partido Socialista, y que estamos trabajando bien porque nos mueve el interés de la cohesión social y de la convivencia en esas localidades, y eso es lo que debe primar en el ámbito
de la inmigración.



Pues bien, sigue siendo una prioridad de este Gobierno. Como decía antes, este fondo se crea en el año 2005, antes no existía, había programas vinculados a integración pero no existía un fondo con un compromiso de concertación, con una
dotación y con un reparto dentro de un marco que es acordado en la conferencia sectorial, ahora ante el Consejo de Política Superior de Inmigración. En el año 2004, para diferentes programas, había unos 7 millones de euros; cuando se crea el fondo
se hace con más de 100 millones de euros de dotación y durante todo este periodo sostenido ha ido aumentando o manteniendo, de tal forma que en el actual ejercicio presupuestario el fondo es casi treinta veces mayor que la dotación que tenía en el
año 2007 para políticas vinculadas con integración. Incluso ahora, en este momento presupuestario, con esa reducción, el fondo es 15 veces mayor que en el año 2004 para invertir en diferentes políticas de integración. Lo decía la señora Esteve, ha
sido un aumento desde que se crea esta secretaría de Estado de más del 230 por ciento y, efectivamente, en algún momento hay que parar porque la situación tampoco ha ido aumentando, como ha reconocido. Insisto de nuevo en el tema del fondo porque
se ha comentado por parte de todos ustedes, hay una tramitación parlamentaria que apenas ha comenzado, y por tanto hay que recordar, y lo han subrayado tanto el Gobierno como el Grupo Parlamentario Socialista, que existe margen para mejorar los
presupuestos. Si todos tenemos esta prioridad creo que al final del trámite se verá reflejado.



Las distintas partidas están sometidas al criterio y a la voluntad del acuerdo de los grupos que componen la Cámara, pero tengo que volver a repetir que la reducción del fondo no afecta a lo que denominamos propiamente gasto social; quiero
que quede claro lo que el Gobierno está diciendo y por eso lo repito, no afecta al gasto social directo, educación, pensiones o sanidad, y le he recordado en mi primera intervención que con el nuevo sistema de financiación sanitaria hay un aumento
de casi 200 millones de euros que van a ir destinados directamente a las comunidades autónomas, porque se ha tenido en cuenta el criterio poblacional donde se ha incluido a la población inmigrante. Y eso sí que irá, si lo deciden las comunidades
autónomas, a gastos sanitarios, educativos..., pero el fondo no es gasto social directo sino programas de refuerzo y complementarios de las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia de acogida e
integración de inmigrantes. Por poner un ejemplo que creo importante, el esfuerzo que ha llevado a cabo el Gobierno en estos años en acogida e integración ha sido de más de 1.200 millones de euros, de los que 900 millones han sido directamente
transferidos a apoyo a las administraciones autonómicas y locales.



El siguiente punto que le preocupaba era la reducción en los programas de Ceuta y Melilla y, en general, de menores no acompañados. Lo he explicado antes, teníamos que hacer un ajuste presupuestario y hemos ido a aquellas partidas donde los
datos nos dicen que hay un descenso continuado, y por tanto una previsión menor de gasto. En el caso de los menores no acompañados, se ha reducido considerablemente la llegada desde el año 2008


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y por tanto estos programas son a los que hemos creído que debíamos aplicar ese ajuste. En atención humanitaria y atención a pie de playa sucede lo mismo. Le voy a poner otro ejemplo, en el año 2004 llegaron a España 15.000 personas a
través de cayucos o pateras. La atención a pie de playa que estaba establecida en aquel momento era de 400.000 euros y, actualmente, en lo que va de año, han llegado 5.959 personas; por tanto, la atención a pie de playa que prevemos para el año
próximo es mucho menor, pero aun así estamos en unos datos muy importantes. Para atender a 15.000 personas había 400.000 euros, para 5.900 más de 3 millones, y, afortunadamente para todos, va en descenso. Y eso en atención a pie de playa, pero si
hablamos de atención humanitaria, en el año 2004 no existía, por lo tanto es un concepto nuevo que instauramos a partir del año 2006. Nuestra responsabilidad era ajustar en aquellas partidas en las que vemos que no vamos a tener esa necesidad, sin
embargo sí creamos un programa nuevo que es el de Retorno, con 2 millones de euros. Como usted sabe, es un programa voluntario al que se acogen o bien aquellas personas que pueden acumular una cantidad que les corresponde por haber trabajado y
cotizado, o bien, el otro programa que tenemos, para personas que por su situación de vulnerabilidad quieren retornar a su país. A fecha, no sé si de esta semana o de la pasada, había más de 10.000 personas que se habían acogido a cualquiera de los
dos programas. Es opcional y es voluntario, es un programa más y debíamos reflejarlo, creíamos que era nuestra obligación, reflejar en el presupuesto un programa que no existía, y ahí está, con una previsión de 2 millones de euros, que entendemos
es suficiente para gestionarlo, y en el caso que se necesitara más, ya arbitraríamos las medidas para justificar que eso se necesitaba.



Tenía usted inquietud por saber qué ocurría con la desaparición en el capítulo 7 del programa de inmigración, en el 231-N, de 750.000 euros. Me agrada que lo haya mirado porque es así, pero si sigue mirando ve que esta partida pasa al
capítulo 4 por una razón muy sencilla, el capítulo 7 estaba dedicado fundamentalmente a una serie de inversiones que ya se han hecho, se han consolidado y por tanto pasan al capítulo 4 para aumentar el gasto en la gestión de las migraciones
internas. Por eso le decía que la dotación para ese programa era exactamente la misma, tanto para inmigración como para emigración las partidas permanecen prácticamente estables.



Preguntaba también por los congresos de los jóvenes. Antes he dado los datos, específicamente el de más de 3 millones de euros para jóvenes. Es una apuesta seria vinculada con la ciudadanía española en el exterior.
Decía que el programa
231-B, de emigración, está con el mismo presupuesto, no ha sufrido modificaciones, pero lo que sí ha sufrido es una redistribución, yo diría una pequeña revolución, en el presupuesto, ¿por qué? Porque la orientación tiene que ser diferente, porque
los ciudadanos españoles que viven fuera ya son diferentes. Tengo que decir con satisfacción y con orgullo que hemos cumplido todos los compromisos que teníamos con la emigración tradicional. Tenemos un sistema de pensiones consolidado, la
asistencia consolidada, un presupuesto que da respuesta a estos compromisos, pero después de estos años comenzamos, con la complicidad, escuchando a los representantes de los españoles en el exterior a través del consejo general, a través del
Consejo de Residentes, a través de las asociaciones y de los centros, que debíamos trabajar ya en otra línea. Hoy, afortunadamente, los españoles que viven fuera se van por circunstancias tan lejanas a las que lo hacían en aquellos tiempos; se van
como cooperantes, se van porque son personas con una titulación y son apreciadas en el campo empresarial, o bien porque son hijos de descendientes españoles. Y ahí hemos querido trabajar, queremos que los jóvenes, los hijos de aquellos que se
fueron no pierdan su vinculación con su país, que es España, y para ello hemos establecido, entre otros, este programa, para ayudarles a organizarse, para sentir ese vínculo con nuestro país, para conocer directamente cuáles son las posibilidades de
venir, trabajar y retornar a nuestro país. Pero no son muchos los que quieren hacerlo, quieren continuar en su lugar, porque son de Argentina y de España, de Venezuela y España, de Méjico y de España; queremos que tengan ese vínculo, que
participen en las políticas de este país y que se sientan identificados con su país. Yo sé que usted no lleva esta parte de mi responsabilidad, pero le invito a que los visite y a que vea cómo sienten España y cómo sienten todo lo que pasa aquí, y
seguro que agradecen su visita, agradecen la visita de todos los representantes de los españoles.



Hay una cosa que no comparto, pero algo no teníamos que compartir hoy, señor Hernando: el efecto llamada. Algún día dejaré de escucharle ese término; no existe el efecto llamada, pero no ha existido ahora ni nunca; usted continúa con su
discurso y yo con el mío. Lo que ha existido y existirá durante mucho tiempo es el efecto huída, porque aunque en España haya crisis económica, como en Francia o en Italia, aún más -porque no es que estén en crisis ahora sino que continúan en
crisis- están en los países africanos, y por tanto tendremos siempre un flujo, que ojalá sea cada vez menor, como tenemos actualmente, mientras esos países no crezcan económica, social y políticamente. Y ahí también estamos trabajando a través de
diferentes programas, no sólo a través de este ministerio sino de otros, fundamentalmente desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, para crear riqueza y para que las personas se vayan de su país porque quieran establecerse en otro lugar, pero no
porque les empuje el hambre, la miseria, la persecución política o cualquier otra causa. Y eso lo tendremos mientras existan esas circunstancias. También le invito, no sólo a que vaya a América a nuestros descendientes, a que vaya a África a
conocer la situación que hay allí. Es más, si hay cualquier viaje que propicie su inclusión, le invitaré gustosa para que conozca lo que se está haciendo en esos países.



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La integración es una apuesta y sigue siéndolo; le voy a dar otros datos que tienen que ver con esa apuesta y que no dependen sólo de este ministerio, porque cuando hablamos del plan estratégico y cuando hablamos de que la integración y la
inmigración son temas transversales, implicamos a toda la Administración General del Estado, porque solo así tendríamos unos resultados de la apuesta de una política de inmigración integral y global. Ya nos dimos cuenta nada más llegar al Gobierno
de que las actuaciones aisladas no servían para nada y que teníamos que actuar interna y externamente de manera global e integral. El plan estratégico, que tiene una vigencia hasta el año 2010, para el año 2010 tiene un presupuesto de más de 536
millones de euros; entre los diferentes ministerios que se comprometieron al desarrollo de este plan estratégico están Vivienda, Educación, Sanidad, Igualdad, los datos están ahí para que usted los conozca. Pero es que las políticas de inmigración
vinculadas a los distintos departamentos tienen una dotación para el año 2010 de más de 466 millones de euros. Por lo tanto, hay una realidad, no la voy a negar, el fondo ha sufrido una reducción del 50 por ciento, ¿sigue siendo una prioridad la
inmigración y la integración? Sí, porque mantenemos otros programas. Finalmente, señoría, el presupuesto está en la Cámara y ya no depende de quien le habla sino que depende de ustedes.
No puedo compartir, por tanto, que se hable de presupuestos
antisociales, no lo son porque allá donde está vinculado al gasto social directo, como es el tema de los emigrantes, se mantienen todas las partidas para hacerlo efectivo.



Señor Llamazares, he hablado en general de este tema porque sé que también es su preocupación, así como la del señor Hernando y la de la señora Esteve. Yo decía que no era grato ese descenso, aunque el señor Hernando después utilizaba la
palabra desagradable. Ustedes me conocen, defiendo siempre las cosas con pasión; creo que este es un tema de pasión y sensibilidad y hoy he podido constatar que ustedes también la tienen, por lo tanto sumando esfuerzos conseguiremos el objetivo
que todos queremos.



Señora Esteve, gracias también por su intervención, creo que la tercera de sus preguntas o inquietudes ya se la he respondido, me quedarían dos, la de igualdad y la del SOVI. La del SOVI si no me la hubiera hecho usted la hubiera dicho yo,
porque es de esas cosas de las que uno se siente muy satisfecho. Con respecto a las políticas de igualdad, vinculadas directamente al Ministerio de Trabajo y a la Secretaría de Estado de Inmigración, la estimación para 2010, entre diferentes
partidas que tenemos cogestionadas con las comunidades autónomas, las entidades locales y a subvenciones de organizaciones, se van a invertir para fomentar la igualdad de mujeres y hombres más de 6.519.599 euros, y para luchar contra la violencia de
género, 1.856.018,93 euros. Con respecto al SOVI, quienes siguen directamente las políticas públicas de los ciudadanos españoles en el exterior sabrán que era la única signatura pendiente que me quedaba para afrontar ese nuevo reto de los jóvenes,
las mujeres y la integración a la que he hecho referencia antes. Tengo que decir con enorme satisfacción que en el articulado de los Presupuestos Generales del Estado aparece un cambio normativo a través del cual garantizamos a todos los
beneficiarios del SOVI un mínimo de la pensión que perciben, el 50 por ciento de la pensión que le corresponda al SOVI.
Voy a intentar explicarlo, ahora una persona que cobre pensión SOVI puede percibir entorno a 28 ó 30 euros; con estos
Presupuestos Generales del Estado el importe final de la pensión sobre esto estará por encima de los 150 euros. El texto de la propuesta normativa deja claramente dicho que cuando para el reconocimiento de una pensión del extinguido seguro
obligatorio de vejez e invalidez, el SOVI, se hayan totalizado periodos de seguro de residencia cumplidos en otros países vinculados a España por normativa internacional de Seguridad Social que prevea dicha totalización, el importe de la pensión
prorrateada a cargo de España no podrá ser inferior al 50 por ciento de la cuantía de la pensión del SOVI que en cada momento corresponda. Me he permitido incluso hacer un supuesto, un señor que tiene derecho a cobrar el SOVI tiene una cantidad que
corresponde a las cotizaciones que hubiera hecho en el país en el que hubiera cotizado más el prorrateo del SOVI. Esto, actualmente, podía estar entre 28, 30, 40 ó 50 euros, es decir, no la cantidad máxima de pensión de SOVI, que actualmente es de
368 euros al mes. Pues bien, con esta propuesta garantizamos que nadie va a percibir por debajo del 50 por ciento de esos 368 euros, es decir, que va a percibir alrededor de 150 euros al mes. Estamos hablando aproximadamente de entre 4.000 y 5.000
beneficiarios, y sobre todo señorías, es una reivindicación del Consejo General de la Ciudadanía de los Españoles en el Exterior, de los consejos de residentes y, en general, de los españoles que residen en el exterior.



El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, habíamos quedado en que no iba a haber segundo turno. Solamente nos resta agradecer a la señora secretaria de Estado, doña Consuelo Rumí, su comparecencia. En nombre de la Comisión tengo que decirle
que aceptamos muy gustosos su invitación a visitar América. (Risas.)


Cinco minutos para despedir a doña Consuelo y recibir a la secretaria general de Empleo. (Pausa.)


- DE LA SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (ROJO TORRECILLA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000702) SOCIALISTA (número de expediente 212/000857) Y EL GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA
REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (número de expediente 212/000786).



El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con la comparecencia de la secretaria general de Empleo,


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doña Maravillas Rojo. Vamos a utilizar el mismo procedimiento; hará una intervención inicial de la secretaria general, luego intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios y cerrará doña Maravillas su comparecencia.



Tiene la palabra.



La señora SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (Rojo Torrecilla): Señoras y señores diputados, por segundo año comparezco ante ustedes en una coyuntura que sigue atravesando grandes dificultades y quisiera exponerles las líneas principales de
actuación de la Secretaría General de Empleo y su expresión presupuestaria para el año 2010. Quiero agradecer la presencia del equipo directivo de la Secretaría General de Empleo, que está en este momento presente en la sala, y también a los miles
de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos de empleo y del conjunto de la Secretaría General de Empleo que van a hacer posible que se desarrollen con eficacia y eficiencia estos presupuestos.



En primer lugar, quiero decirles que intentaré ser clara y rigurosa, pero que si algunas cuestiones a lo largo de esta sesión no las he podido responder espero hacerlo por escrito; no duden de mi total disponibilidad para todo aquello que
ustedes requieran. La Secretaría General de Empleo gestionará en el próximo año un presupuesto de 40.389 millones de euros, casi 11.400 millones más que lo aprobado en el presente ejercicio, es decir, un 39,3 por ciento. Los objetivos prioritarios
de este presupuesto son mejorar el acceso al empleo y las condiciones de trabajo y garantizar el sistema de protección por desempleo. Son unos presupuestos para las personas, son unos presupuestos para dar respuesta a la necesaria mejora en el
acceso al empleo, a la necesaria mejora de las condiciones de trabajo y son unos presupuestos que permiten acompañar el tránsito del desempleo al empleo con cobertura económica. Por eso, estos presupuestos, aunque en el contexto de austeridad que
requiere el gasto público en el momento actual, se ven incrementados considerablemente, como les he mencionado, porque quieren, y así está previsto, responder a los compromisos y a las prioridades que se derivan de la actual situación económica.
Hay cuatro elementos que caracterizan la singularidad de este presupuesto en relación al del ejercicio anterior. En primer lugar, este presupuesto permite hacer efectivo el compromiso del Gobierno de mantener el actual sistema de protección por
desempleo. Es un compromiso efectivo, no es teórico o verbal, sino efectivo, que se traduce, como veremos inmediatamente, en una importante aportación de los Presupuestos Generales del Estado. Esta es la segunda singularidad, la aportación de los
Presupuestos Generales del Estado a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal son muy significativos. La tercera singularidad de este presupuesto es que incrementa las políticas activas, es un incremento global del conjunto de las
políticas activas, e incrementa también la gestión de las comunidades autónomas, permite que la descentralización y el proceso de transferencia se vayan complementando.
Y por último, tiene como novedad la incorporación de una partida flexible que
nos permite avanzar en una demanda, creo que amplia, para que las políticas activas tengan desarrollos que sean flexibles para ser adecuados al territorio y a las personas.



Esta secretaría general tiene varias unidades de trabajo, como ustedes conocen, y actúa básicamente para mejorar las condiciones de acceso al empleo y el mantenimiento del empleo y para garantizar la protección social ante el desempleo y
también ante las situaciones especiales de jubilación anticipada o las derivadas de empresas insolventes. Es una secretaría general que tiene también la competencia de regular las relaciones laborales y las condiciones de trabajo, y de apoyar la
capacidad emprendedora fomentando el trabajo autónomo, la economía social y la responsabilidad social de las empresas. Como les decía, el aspecto más relevantes desde el punto de vista, ahora cuantitativo, es este paso de 29.000 millones a 40.000
millones, 11.000 millones más en el año 2009.
El Estado aportará 16.500 millones de euros, es un 722 por ciento respecto al año anterior. Por cierto, esta aportación del Estado no es dedicada exclusivamente a complementar las cuotas de protección
por desempleo, sino también, y muy especialmente respecto al año anterior, a complementar las políticas activas. La aportación del Estado tiene esta doble singularidad, aportar la complementariedad a las cuotas de desempleo y también a las cuotas
de formación profesional, y permitir que se pueda realizar el gasto en el conjunto de las políticas activas.



Este presupuesto permite mantener el sistema de protección por desempleo y supone que lo que se ingresa de cuotas por desempleo, que son 19.295 millones, se conviertan en 30.612, que es el gasto previsto para el año 2010. Y permiten que
7.796 millones de euros, un incremento del 2,2 por ciento -el año pasado este mismo parámetro descendía un 3,1- desarrolle programas de políticas activas de empleo y de formación para 8,8 millones de personas. La partida nueva que se incorpora, y
que es un avance en la flexibilidad tan recurrida y tan necesaria, tiene un importe de 250 millones. Es una partida flexible que permite actuar en programas de empleo o en programas de formación, si bien siempre garantizamos el destino de la cuota
de formación a esa finalidad. Así pues, el conjunto de los programas de empleo y formación, si deducimos la parte de bonificaciones a la contratación, aún incrementa más que la media del 2,2 por ciento, el 2,44 por ciento. Quiero destacar, en este
contexto cuantitativo de tanto relieve quizás pueda parecer de menor entidad, pero tiene una gran importancia en mi opinión, que el presupuesto contempla 100 millones de euros para el fomento del empleo autónomo, cooperativas y economía social, y es
un incremento respecto al año anterior si bien está incorporado por segundo año en la gestión del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. Por último, en esta relación de aspectos singulares, las comunidades


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autónomas gestionarán 3.223 millones de euros, lo que quiere decir que en conferencia sectorial el incremento que vamos a distribuir será de un 6,68 por ciento respecto al año pasado, un avance en la participación y en la adecuación
territorial.



Yendo brevemente a las cuestiones de cada uno de los distintos organismos, en relación con el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, el importe total asciende a 38.878 millones, y esto, como ustedes saben, significa el 42,14 por
ciento más que el año anterior. Es importante recordar en esta Cámara que, como he dicho en tantas ocasiones, el INEM no existe, porque el Instituto Nacional de Empleo dejó de existir desde el momento en que se iniciaron las transferencias; lo que
hoy existe es un Sistema Nacional de Empleo y una red de servicios de empleo autonómicos que se complementan con el Servicio de Empleo Estatal. En mi opinión, es importante esta matización porque los competentes, debido precisamente al mapa
competencial en España, de atender a las personas en desempleo y atender la intermediación son las comunidades autónomas, y por lo tanto también son competentes en la gestión de todas las políticas activas. El Servicio de Empleo Estatal es
competente para el reconocimiento y pago de las prestaciones por desempleo y la coordinación de la red territorial. Sin embargo, todavía es habitual que se nos pregunte qué sucede en relación con la intermediación o qué sucede respecto a la
eficacia de determinados programas. Es evidente que es la suma del conjunto de las actividades de comunidades autónomas lo que nos va a indicar estas respuestas.



Los servicios públicos de empleo tienen unos ingresos que provienen de las cuotas de desempleo, de las cuotas de formación, de la aportación del Fondo Social Europeo y también, y este año muy importante, de la aportación del Estado. Para
las cuotas por desempleo están previstos 19.295 millones y para las de formación 2.153. La estimación de estas cuotas se ha hecho, como ustedes pueden suponer, en base a los datos del cuadro macroeconómico del Gobierno, que es nuestra referencia,
pero también en base a los niveles de ejecución que se están realizando a lo largo de los meses que han transcurrido en 2009. Los ingresos por cuota representan el 55,8 por ciento del presupuesto del Servicio de Empleo Estatal porque la aportación
del Estado, este año 2010, significa el 42,4 por ciento del total de los ingresos del Servicio de Empleo Estatal. Como les decía, esta diferencia en las cuotas no se estima de forma similar en la cuota de desempleo que en la de formación, por una
razón, porque la cuota de formación la pagan también los funcionarios y funcionarias y, en el contexto actual, sus posibilidades de perder el empleo son muy diferentes a las del resto, y también porque, como ustedes conocen, los contratos temporales
tienen una cotización proporcionalmente más elevada.
Por eso, en la cuota de desempleo se estima una disminución del 11,1 mientras que la de formación profesional el 0,9. En la aportación del Estado, que ya les he comentado que representa el 42
por ciento del presupuesto -insisto-, estos 16.500 millones tienen un destino tanto para las prestaciones políticas pasivas como para las políticas activas. En 2009 también ha existido una aportación del Estado por la ampliación de crédito
extraordinario, pero también ese crédito ha tenido una repercusión en las políticas pasivas y en las políticas activas, además de regularizar una parte del crédito del año 2008. Por último, en ingresos, el Fondo Social Europeo representa el 1,59
por ciento; este año son 620 millones de euros y es un incremento significativo, un 24 por ciento, porque este año ya disponemos de sistemas de justificación ante la Comisión Europea que nos permiten justificar incrementando los programas que hasta
ahora se venían justificando.



En relación a los gastos del Servicio de Empleo Estatal, tienen que ver con financiar las actividades de promoción de empleo y de formación y atender las prestaciones por desempleo. Hay una partida que crece, la de personal, un 13,2 por
ciento, y responde a la imprescindible necesidad de incorporar efectivos que puedan responder al incremento exponencial de cargas de trabajo. El año pasado ya sucedió, y este año esta partida responde a las 1.750 personas que, desde el mes de
septiembre, se están incorporando y que conformarán la plantilla en 2010. Quiero decirles que estimamos que en el año 2010 el número de expedientes superará los 8.300.000 y que las cargas de trabajo se incrementan en un 42 por ciento.
Todo ello
viene acumulándose a los incrementos que ya se han producido a lo largo del año 2008 y, por cierto, con incrementos de productividad y eficiencia demostrados, porque hace un año se reconocían y pagaban las prestaciones en trece días y este mes de
agosto se han reconocido y pagado en siete días. La segunda partida de gasto importante es la de prestaciones por desempleo. Ya lo he comentado, 30.612 millones, un 58,7 por ciento de incremento. Las prestaciones contributivas son 24.625 millones
-a veces, con estas cifras, hay motivo para perderse, pero no quisiera hacerlo- un 61,3 por ciento de incremento. El subsidio crece en 4.732 millones, un 66,8 por ciento, e incorpora los beneficiarios estimados del Prodi, incluidos los que se
pueden derivar del acuerdo parlamentario de producir una retroactividad hasta el 1 de enero. En relación al REAS, 790 millones, este es un subsidio que ya no permite acceso a nuevos beneficiarios, y en la Renta Activa de Inserción, 465 millones de
euros, aunque el colectivo de esta renta es distinto del colectivo del Prodi, Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, llamado normalmente 420 euros. Yendo al ámbito de las políticas activas, insisto en que del conjunto de los
programas de empleo y formación, las comunidades autónomas gestionarán el 72,6 por ciento, es decir, 3.223 millones, y que lo que incrementaremos en conferencia sectorial es un 6,68 por ciento.



En todo caso, y en esta Cámara, señorías, permítanme que introduzca en esta comparecencia una cuestión que me parece que no siempre se tiene en cuenta en determinados ámbitos, las políticas activas de empleo no son


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solo financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal. Las políticas activas de empleo están también en la financiación que el conjunto de la financiación autonómica incorpora. En estos momentos hemos finalizado un proceso muy
importante de revisión de la financiación autonómica. Cuando se procede a la financiación autonómica se incorpora también la parte que ha sido transferida, es decir, el personal, los espacios, las políticas que han sido transferidas. Así, las
políticas activas se componen de la parte del conjunto del presupuesto que se transfiere a las comunidades autónomas, de los programas de empleo y formación que desde el Servicio de Empleo se distribuyen en conferencia sectorial, de aquellos
programas que desde el Fondo Social Europeo se cofinancian en los ámbitos autonómicos y de aquellas partidas que la propia comunidad autónoma o determinados ámbitos de la Administración central quieran considerar. En políticas activas les he
comentado que este presupuesto incorpora mayor flexibilidad, y es un tema importante. La flexibilidad nos debe llevar a que exista también una mayor transparencia y coordinación, creo que todos estamos en este ámbito. La flexibilidad tiene varias
expresiones, una presupuestaria que es la partida de los 250 millones, pero también otras expresiones como es que ya está aprobado el criterio de distribución de fondos para conferencia sectorial hasta el 2013, lo cual nos permitirá que por segundo
año en la primera quincena de enero distribuyamos los presupuestos a las comunidades autónomas. También es un tema vinculado con la flexibilidad que hemos propuesto una refundición en un único texto normativo de la regulación de las políticas
activas de empleo del servicio estatal, y también el que hay un acuerdo para una renovación en la aplicación de las políticas activas. Con un poco más de detalle, y ustedes tengan quizás preguntas específicas en este sentido, los planes de empleo y
formación tienen un incremento del 5,5, la promoción de la actividad económica del 3,56, la inserción de personas con discapacidad el 3,42, los itinerarios de empleo del 3,65 y la modernización de los servicios públicos de empleo del 4 por ciento,
si bien ya les comenté el año pasado que esta partida se refiere solo a la contribución de lo que puede afectar a la parte del servicio estatal que convive en las oficinas de empleo de las comunidades autónomas.



Así pues, el conjunto de estos planes, representan un incremento del 4,8 por ciento y la promoción del empleo autónomo y de la economía social ha incorporado 4.500.000 euros más para llegar a los 100 millones. Alguna partida ha bajado,
ustedes lo han visto perfectamente, son aquellas partidas que tienen que ver con situaciones coyunturales que, o se han modificado, o la nueva situación de esta partida flexible que hemos incorporado ha modificado. Por ejemplo, el plan
extraordinario dejó de tener vigencia en agosto o, por ejemplo, los planes integrales de las comunidades autónomas que han finalizado su vigencia, y que no tenían vigencia hasta el 2010, ya no se han renovado; estas son las partidas, aquellas de
carácter más bilateral, las que se han incrementado son las de carácter general. Todos estos programas de empleo y formación nos permiten atender a 1.840.000 personas.



La formación profesional para el empleo, que también tiene una importancia cuantitativa, 2.446 millones de euros, hay que considerarla a la hora de valorar si incrementa o decrementa con la partida de los 250 millones porque si no la
incorporamos puede parecer que decrece, pero no es así, incrementa. Se mantienen los 507 millones de formación bonificada o formación de demanda que dice el real decreto. Se han dotado recursos para iniciar los procesos de acreditación de la
experiencia después de la aprobación del real decreto, y para el desarrollo y funcionamiento de los centros de referencia nacional que también se han iniciado a partir de la última reunión.



En el ámbito de las bonificaciones para la contratación del empleo estable se han presupuestado 2.850 millones de euros. Son 50 millones más que el año pasado. Es cierto que la coyuntura no nos permite pensar que haya mayores niveles de
contratación, pero no olviden SS.SS. que los colectivos beneficiarios de las bonificaciones vigentes hoy en día son mayores, debido especialmente al decreto de marzo que están convalidando como proyecto de ley. Por lo tanto, desde el punto de
vista del presupuesto debíamos contemplarlo.



Dejando ya el importantísimo presupuesto y actividad del Servicio Público de Empleo Estatal, y agradeciendo a todas las personas que trabajan en él su magnífica contribución, en relación al Fogasa quiero subrayar que su presupuesto tiene un
importe de 1.344 millones, un 8,8 por ciento inferior al año anterior si bien los gastos son muy superiores, 900 millones de euros, un 63 por ciento más. ¿Por qué ha descendido el presupuesto? Porque además de tener una reducción de previsión de
cuotas lógica en la coyuntura actual, un 5 por ciento menos, lo que este presupuesto recoge sobre todo es que hay una disminución en la reducción de inversión en deuda pública. Pero quiero garantizarles que el Fogasa tiene autonomía financiera muy
saneada, que los ingresos del Fogasa no proceden sólo de las cuotas empresariales, de las que están previstos 500 millones, sino que los 900 se podrán cubrir con los 500 millones de las cuotas empresariales, los 133 millones de intereses de deuda y
los 689 millones de amortización de deuda pública y remanentes de tesorería. Por lo tanto, con toda garantía, podemos pagar los 900 millones previstos. Es más, el Fogasa cuenta con 3.535 millones de excedente monetarizado en deuda pública y
depositado en el Banco de España. Por cierto, las cargas de trabajo del Fogasa, a quien también agradezco su esfuerzo, han aumentado un 103 por cien.



En relación al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el año pasado ya se ajustó su presupuesto a su nueva relación de puestos de trabajo y el presupuesto es de 31,38 millones. Lo importante a destacar es que la actividad
de este instituto es el carácter de investigación y de apoyo técnico, y que las partidas


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para luchar contra los accidentes y para realizar la prevención son partidas que provienen de diferentes instituciones incorporadas en los presupuestos del Estado como son las mutuas, la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, los
recursos que destina la Inspección de Trabajo u otras partidas como la Fundación Laboral de la Construcción.
La cantidad total que el conjunto, no del presupuesto del instituto y de mi secretaría, sino del Estado, aportará a la prevención es de 350
millones de euros. Finalizando con tres partidas que tienen también interés por los destinatarios, los 124,7 millones de la partida que la Dirección General de Trabajo destina a apoyar económicamente a trabajadores que sufren consecuencias de
crisis empresariales o sectoriales, partidas que se aplicarán a ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores mayores de 60 años en su mayoría. En relación a la Dirección General de Economía Social, Trabajo Autónomo y Responsabilidad
Social, ya les he comentado que las partidas presupuestarias que van a usuarios y usuarias directamente están en el servicio de empleo, esta dirección general contiene una partida para la promoción institucional, es decir, de apoyo a instituciones y
organismos de carácter pluriregional que actúan para difundir y fomentar la economía social, el trabajo autónomo y la responsabilidad social. Aunque el Fondo Social Europeo no está contemplado en el presupuesto, permítanme compartir con ustedes que
esta es una unidad muy importante dentro de la Secretaría General, y la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo para el año 2010 tiene una previsión de distribución de 1.431 millones, que con la cofinanciación correspondiente se convierte en
1.978 millones.



Voy finalizando. Quiero agradecerles, señorías, presidente, su paciencia y su atención. A continuación, espero responder a las preguntas y requerimientos de información complementaria que ustedes me hagan. Quedo a su entera disposición.



El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora secretaria de Empleo, doña Maravillas Rojo, por su presencia en esta comparecencia casi de los diputados ante los altos cargos del Ministerio de Trabajo, en orden a su numerosa presencia en
la tarde de hoy, que agradecemos en cualquier caso.



Quiero que mis primeras palabras sea de reflexión sobre la tramitación de los presupuestos del Estado, que da motivo a su presencia en la tarde de hoy. Este humilde diputado que les habla lleva participando en el debate presupuestario de
esta casa desde el año 1993, son casi diecisiete años, con una interrupción de cuatro años por una asignación en el gobierno de una comunidades autónomas, y nunca antes como en los últimos dos años había asistido a una situación de inutilidad de
este debate tan importante en que lo ha convertido este Gobierno. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo en la ejecución presupuestaria del ejercicio pasado, en 2009, la presunción de ingresos ha tenido una desviación del 35 por ciento a la baja y
la desviación del presupuesto de gastos ha sido del 36 por ciento al alza; es decir, ha habido un gap casi del 70 por ciento de lo que significan las previsiones del presupuesto general del Estado, que no deja de ser la ley más importante de un
ejercicio parlamentario y que además da carta de naturaleza a las políticas que desarrolla un gobierno. Por supuesto, podría incluir en esta humilde reflexión los créditos extraordinarios aprobados precisamente en este ministerio y en su ámbito
competencial, porque cuando se aprueba un crédito extraordinario en mitad de un ejercicio por más de un cien por cien se pone en evidencia lo que digo. Lo comentábamos hace un año en este mismo debate y se lo anunciábamos en este mismo debate, que
las partidas presupuestarias que nos traían a debate a esta Cámara estaban absolutamente desfasadas ya tres meses antes del inicio de la ejecución de ese presupuesto el 1 de enero de 2009. Por tanto, sirva esta reflexión para poner en evidencia
que, desgraciadamente, los Presupuestos Generales del Estado de este último ejercicio y probablemente los que vamos a aprobar a lo largo de los próximos meses se han convertido en auténtico papel mojado y sirven poco como instrumento esencial de la
política económica de un gobierno porque no tienen la credibilidad que da la solidez de unas cifras que al final se cumplen, y eso es lo que los interlocutores sociales y los agentes económicos de un país miran cuando tienen que hacer sus propias
proyecciones como empresarios, como trabajadores, en definitiva, como agentes económicos.



Hecha esta reflexión me gustaría poner en evidencia cómo estamos en este momento en España, cuando viene a la Comisión de Trabajo e Inmigración la responsable del área de empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno de España.
Tenemos en estos momentos, según Eurostat, 4.348.000 parados; en el mes de agosto, con un 18,9 por ciento, ya tenemos la cifra que el Gobierno ha planteado en términos de paro para el final de este año. Nos preocupa que cuando estamos discutiendo
los presupuestos del año que viene ya vengan lastrados con un hándicap en términos de incapacidad de absorber las necesidades de los parados españoles en el próximo ejercicio. Solamente en el último septiembre han sido 85.000 nuevos parados, 85.000
brotes verdes del señor Rodríguez Zapatero que, sin duda, no van a acabar ahí, desgraciadamente la crisis de empleo va a continuar. Hemos visto cómo en las últimas cifras ha sido el sector servicios el que está a la cabeza de esta carrera alocada
que incrementa nuestra cifra de parados cada mes, y desgraciadamente también el PlanE, tal y como le dijimos en esta Comisión, ha sido pan para hoy y hambre para mañana. Efectivamente ha mantenido unos cuantos cientos de miles de puestos de trabajo
en este país, pero algún día tendremos que analizar, y yo


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me comprometo a hacerlo a través de iniciativas parlamentarias, el coste-beneficio de esa medida, si esos como mínimo 8.000 millones de euros, que probablemente hayan sido más, han sido, desde el punto de vista de la eficacia social y de
gasto, una cosa razonable y responsable en este país, o si sencillamente hemos dilapidado 8.000 millones que, en términos de políticas activas de empleo o invertidos de otra manera, hubieran sido más productivos para nuestro país. Llevamos con una
cifra de incremento de paro superior al 40 por ciento más de once meses consecutivos, y esto hace la situación del paro española especialmente grave. No es que tenga procedimentalmente, temporal o coyunturalmente un pico de subida, eso lo hemos
vivido en otras ocasiones, el problema es que estamos en una situación de crecimiento del desempleo muy preocupante de una forma mantenida en el tiempo, y eso sí es una catástrofe para un país. Y lo que dicen las agencias internacionales como la
española Funcas, el BBVA, el Fondo Monetario o el Banco Mundial en las últimas semanas es que esto no ha acabado, que va a seguir incrementándose. De forma que el Gobierno ha dicho en sus presupuestos que esto va a seguir creciendo y dice que el
empleo va a caer un 1,7 por ciento a lo largo del año próximo, lo que vienen a ser otros 300.000 parados nuevos, pero las agencias económicas a las que hacía referencia dicen que eso va a ser superior, como mínimo el doble a lo que el Gobierno
apunta en los Presupuestos Generales del Estado.



En términos de Seguridad Social es igual de preocupante, hemos bajado de los 18 millones de afiliados y estamos en una situación donde cada vez disminuyen los ingresos porque disminuyen los afiliados y donde siguen aumentando las
prestaciones, como es lógico por una población más envejecida, que cobra más pensiones a las que tienen derecho. Por lo tanto estamos en una situación de real compromiso de las cuentas públicas en materia de Seguridad Social. Hemos pasado de tener
un superávit maravilloso hace unos años a tener ahora una situación grave y delicada que en este momento preocupa a las personas que tienen sentido común y responsabilidad de Estado en este país. Una destrucción de 500 autónomos al día, que son los
empresarios, que son los que contratan, los que generan empleo, los que dan riqueza, que son la malla social de este país y que sin embargo siguen cerrando persianas cada lunes, martes, miércoles, jueves o cada viernes. Cada vez más gente sin
recursos, más pobres, más excluidos sociales, para los que estamos en este momento aprobando en esta Cámara la ayuda de los 420 euros, estirándola como podemos, con el ánimo de que pueda cubrir desde el punto de vista económico las necesidades de
esta gente que se ha quedado sin empleo y que se ha quedado en esta situación de paro de larga duración, que todo apunta a que va a continuar en la medida en que el desempleo no va a disminuir sino que va a aumentar, ustedes dicen un 1,7 por ciento
en este ejercicio, por lo que va a haber más parados. Por lo tanto, los que están van a continuar en el paro y además va a haber más. Esta es una situación claramente desafortunada para nuestro país.



La factura del desempleo ya es la más alta de todos los Presupuestos Generales del Estado, aumenta hasta un 4 por ciento del producto interior bruto. España gasta un 4 por ciento de su riqueza en cubrir el desempleo, lo cual es muy superior
incluso en las cifras más altas de desempleo de este país en los años noventa, cuando aquí había un 23 por ciento de paro. 40.000 millones de euros tienen que hacernos reflexionar si estamos haciendo, en términos de política de empleo, lo que
necesita España en estos momentos. La semana pasada algunos miembros de la Comisión hemos tenido la oportunidad de estar en la OCDE y hemos tenido que soportar el sonrojo que significa ver las gráficas que nos ponían nuestros compañeros
parlamentarios de otros países de la OCED y de la Unión Europea viendo que España era, no solo el país que más desempleo tenía, sino el que más estaba creciendo en términos de desempleo. La gráfica de España era siempre la primera y la más alta con
diferencia respecto de la segunda, que era Irlanda. Y eso, créame, como parlamentario español y representante de los españoles es muy doloroso. Se lo comento porque espero que en algún momento este Gobierno tenga capacidad de reacción y capacidad
de comprometerse en hacer cosas distintas de las que está haciendo para que esto cambie en el futuro más inmediato. El fracaso del diálogo social, que seamos la única economía que no va a salir de la recesión a lo largo de 2010 son datos que,
evidentemente, tienen que hacer pensar a este Gobierno si estos presupuestos van a responder con eficacia a las necesidades que tiene nuestro país.



Lo mismo podría decir en términos de políticas activas y pasivas de empleo. Las políticas pasivas van a crecer en los últimos dos años casi un 300 por cien, ya crecieron para el año 2009 respecto a 2008 de una forma muy importante, además
hemos aprobado un crédito extraordinario en este país, ya estaban en 19.000 en el presupuesto inicial de 2009 y ahora hemos llegado a un presupuesto inicial para 2010 de más de 30.000 millones, y si esto continúa como hasta este momento
necesitaremos suplementar esos créditos a lo largo del ejercicio de 2010. Las políticas activas, sin embargo, disminuyen, la formación de parados disminuye en un 7,3 por ciento y en un 6,7 por ciento la de trabajadores, y no vemos en estos
presupuestos ni siquiera una sola reforma, una nueva orientación o una nueva forma de entender las políticas de empleo que permitan ver algún rayo de esperanza en el futuro próximo. Solamente vemos subidas de impuestos que gravan fundamentalmente
el consumo, el ahorro de las pequeñas y medianas economías domésticas y que, sin duda, van a impedir la recuperación, la inversión, que van a disminuir la recaudación del propio Estado como consecuencia de que van a reducir todavía más el consumo y
el ahorro, y eso solo puede llevar a una retroalimentación en estas política tan poco positivas para aumentar el paro.



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Tengo un montón de preguntas, algunas las verbalizaré y otras se las daré para que me las pueda contestar, si es tan amable, por escrito a lo largo de los próximos días para que podamos formular nuestras enmiendas en esta casa, pero sí
quisiera hacer algunas referencias que me parecen interesantes para que usted me las conteste en la tarde de hoy. Ha puesto de manifiesto que se ha incorporado a este presupuesto una nueva partida de 250 millones de euros. A nosotros nos gustaría
que se fiscalizaran y controlaran de una forma muy especial las nuevas partidas. Nosotros nos comprometemos a hacerlo, y ya se lo anuncio, porque está muy bien la flexibilidad en momentos de zozobra para que el Gobierno pueda hacer, pero también
este Gobierno nos tiene acostumbrados a errar en casi todas sus políticas y a hacer algunas chapuzas, permítame con todo respeto que se lo diga, y por tanto nos preocupa mucho que el Gobierno tenga, además de lo que tiene, la discrecionalidad de
poder disponer de 250 millones de euros para hacer determinadas cosas que no conocemos muy bien. Permítame también que le pregunte, respecto al importante aumento de personal que se va a incorporar al Servicio Público de Empleo, en qué régimen
laboral, con qué situación de empleo, si son permanentes, temporales, extraordinarios, es decir, qué régimen van a tener, si ustedes creen que esto es un pico y por tanto sólo van a trabajar una temporada, cómo se van a incorporar. Y, en la medida
en que esta mañana hemos tenido un debate muy importante en la ponencia del real decreto de los 420 euros respecto de cómo se podrían compatibilizar las rentas activas de inserción con los 420 euros y distintos miembros de esta Cámara hemos tenido
distintas percepciones, quizá usted, que conoce muy bien el Servicio Público de Empleo Estatal, podría ilustrarnos sobre la posible compatibilidad de estas dos rentas o, sobre todo, cuándo al terminar una podría ponerse en marcha la otra. Creo que
el resto de los compañeros que han estado esta mañana en esa ponencia se lo agradecerían igual que yo.



Como en años anteriores, aparece en el presupuesto lo que han venido a denominar planes territoriales, cuya finalidad es combatir el desempleo.
Me gustaría preguntarle si cree que con una tasa de desempleo en el orden del 19 por ciento son
viables o si quizás no habría que pensar en que sería más solidario establecer medidas de carácter general para todas las comunidades autónomas, porque es evidente que en este momento quienes más están acelerando su destrucción de empleo son
precisamente las provincias costeras que han tenido un monocultivo en el ámbito de la construcción ligado a la segunda vivienda, y esas no son las que precisamente en este momento tienen planes específicos de empleo. También aparecen nuevas
dotaciones para planes integrales en comunidades autónomas como Extremadura, Castilla la Mancha o Canarias, pero curiosamente desaparece el Plan Galicia, y no sabemos si esto está obligado a que hace falta firmar un nuevo plan y por tanto lo tienen
previsto, o si tiene algo que ver con que la Xunta de Galicia haya cambiado de signo político en los últimos meses, que también podría ser porque como también nos tienen acostumbrados a estas cosas, no nos sorprendería.



En el Servicio Público de Empleo Estatal aparece un gasto en transferencias corrientes a comunidades autónomas, un nuevo subconcepto que entiendo que es este de los 250 millones de euros, y me gustaría que concretarse más cómo se va a
destinar, a quién se va a repartir, cómo se va a distribuir entre los distintos agentes y comunidades autónomas y si las comunidades autónomas que tienen planes específicos de empleo, a las que ya he hecho referencia, van a ser beneficiadas por este
plan, porque parece que habría un cierto desequilibrio entre distintas comunidades autónomas. En el concepto 458, que es el de modernización de los servicios públicos de empleo, hay un incremento de más o menos 5 millones de euros para mejorar
probablemente el caos que en este momento se ha vivido en las oficinas de empleo como consecuencia de este enorme aumento de la carga de trabajo en las mismas, y, en la medida en que también hemos sido conscientes porque hemos recibido a algunas de
las personas que están en una situación de inequidad respecto de otros trabajadores de los servicios públicos de empleo, autonómicos o dentro de los que dependen de la propia Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que ante una misma
responsabilidad tienen distintos regímenes laborales, me gustaría saber si la Secretaría General de Empleo nos podría clarificar si el ministerio está en este momento en la línea de intentar homogeneizar esas desigualdades que existen entre el
personal que en algunos casos incluso realiza las mismas funciones en dos ámbitos como el Instituto Social de la Marina u otras entidades.



En relación con las transferencias corrientes a entidades locales, hemos visto con cierta sorpresa que se incrementa la dotación a la misma y todos los conceptos bajan excepto la partida correspondiente al programa de fomento del empleo
agrario, que pasa de 203 millones de euros a 207, y curiosamente la única partida que se incrementa es la que corresponde a Andalucía y a Extremadura. Me gustaría que nos explicara el porqué, por qué no se incrementan las zonas correspondientes a
otros lugares que tienen zonas rurales deprimidas en nuestro país. El presidente del Gobierno calificó estos presupuestos como unos presupuestos sociales y me gustaría saber por qué disminuyen las ayudas al empleo a discapacitados hasta en un
millón de euros. Seguramente la secretaria general de Empleo tiene una respuesta a esto que este diputado no ha sabido entender en el estudio de los presupuestos. Me gustaría que nos pudiera explicar los planes experimentales en materia de empleo,
en qué consisten, y lo itinerarios integrados para el empleo, porque el subconcepto 48507 ha cambiado la denominación este ejercicio, cuando hemos intentado homogeneizar la relación del año pasado y de este año hemos encontrado ciertas distorsiones
que no nos han permitido hacer una comparación homogénea y me gustaría que nos explicara en qué consisten estos cambios.
Si comparte


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usted las conclusiones del estudio que ha realizado el ministerio en relación con los efectos de las bonificaciones a la Seguridad Social, incluso declaraciones de algunos ilustres miembros del ministerio, y si es así por qué se mantiene
como política activa las bonificaciones y su dotación. Es decir, el informe dice lo contrario, ¿esto no es una incongruencia? Y cuál es su opinión si, como dice el presupuesto, España podría empezar a crear empleo a partir del segundo trimestre de
2010. Qué opina en relación al incremento en más de un 50 por ciento de las partidas destinadas al capítulo de desempleo, en términos de lo que significa para el futuro de nuestro país esta situación. Si cree que lo presupuestado para prestaciones
por desempleo va a ser suficiente, como le he comentado, o sencillamente ya es una infrapresupuestación. En relación al subsidio presupuestado, ¿está incorporada la retroactividad de la medida de los 420 euros en la partida 48001? ¿Por qué
incrementa el gasto de personal en el programa 251.M en casi 40 millones de euros? ¿Qué distribución se va a realizar de este personal? Es lo que antes le comentaba y me gustaría que nos lo aclarase detenidamente. En las medidas contenidas en el
programa 441.A, de inserción y estabilidad laboral, cuáles son novedosas respecto de lo que ya nos contó el ejercicio pasado, en los Presupuestos Generales del Estado de 2009. ¿Por qué disminuye el programa 241.N en un 27,5 por ciento? ¿Por qué se
reduce en un 62 por ciento lo que se refiere a programas de orientación en la búsqueda de empleo para desempleados y en el plan extraordinario de orientación? Y en las partidas destinadas a formación de los desempleados, como ya he comentado antes,
la formación de aquellos que yo entiendo que son los que más la necesitan, ¿por qué disminuye en un 7,3 por ciento y pasa de 1.005 millones en los presupuestos de 2009 a 932 millones? La formación de los trabajadores ocupados también pasa de 1.464
a 1.371, baja otro 6,7 por ciento. Y una última curiosidad. Usted ha defendido a lo largo de sus intervenciones públicas la Red Trabaja, que a nosotros nos parece un buen instrumento, pero nos gustaría saber, en la medida en que algunas
comunidades autónomas se han puesto en contacto con nosotros con cierta preocupación, si sería posible que el ministerio aprovechase el dinero gastado por esas comunidades autónomas al desarrollar sus propias páginas de empleo, que son mucho más que
un portal de empleo y tienen mucho más valor añadido porque se han hecho desarrollos muy importantes en los últimos años, si eso podría ser aprovechado para no arrumbarlo en el baúl de los recuerdos y hacer un sistema magnífico de carácter nacional
donde todo ese esfuerzo desde las trasferencias no se pierda.



Seguramente tengo muchas más cosas que ponerle de manifiesto pero, si le parece, lo que haré al final de la comparecencia es entregarle un listado de preguntas para que nos pueda contestar por escrito, lo que nos será muy útil para el
estudio pormenorizado de su intervención, de sus respuestas y para la formulación de las enmiendas por parte de mi grupo parlamentario. En cualquier caso, termino como empezaba, agradeciéndole su presencia, toda la información que nos ha dado hasta
ahora y la que estoy seguro que nos va a dar a partir de este momento.



El señor PRESIDENTE: Le ruego que pase a la Mesa las preguntas en que solicita respuesta por escrito y la Mesa las hará llegar a la secretaría general.



A continuación hará uso de la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cantalunya Verds, el señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Nuestro grupo parlamentario comparte con otros grupos de la Cámara, y creo que con todos los ciudadanos, la preocupación por la situación económica y, por tanto, valora la importancia que tiene en la actual
situación económica la política presupuestaria del Gobierno.
Nosotros no somos de aquellos que pensamos que ante una crisis económica como la actual, derivada de la especulación y de la desigualdad, la solución es la austeridad, entendida esta como
el recorte de gasto público, sino que pensamos que ante una crisis como la actual es muy importante el impulso público, es fundamental. Por tanto, nos preocupa por una parte que el Gobierno haya pasado de negar la crisis a ver la luz al final del
túnel demasiado pronto, nos preocuparía que eso fuera así, un exceso de optimismo para el próximo año, y nos preocuparía también que ese exceso de optimismo le llevase al Gobierno a disminuir el impulso público, a no mantenerlo para superar la
crisis. Esas son las preocupaciones de mi grupo parlamentario, así como mi grupo también considera necesario que ese impulso público para superar la crisis tiene que ser un impulso público justo, equitativo, y tenemos la impresión que eso no está
siendo así. No creemos que en nuestro país, ni de motu proprio ni por acuerdo ni por imposición haya una voluntad compartida de superación de la crisis y sobre todo una voluntad de que quienes más se han beneficiado en el periodo de crecimiento,
más obligados o impulsados se vean a aportar en el periodo de crisis. En ese sentido, como saben ustedes, no compartimos la propuesta fiscal que nos ha hecho el Gobierno, creemos que debería ser una propuesta fiscal progresiva donde quien más tiene
más pague. Pero también nos preocupan otras cuestiones, nos preocupa, por ejemplo, el gran ausente de esta cuestión fiscal que es el fraude fiscal. Si algo hemos visto en estos momentos de crisis económica es que los ingresos fiscales decrecen
mucho más vertiginosamente que la economía, por lo tanto, tenemos una bolsa de fraude fiscal que se hace sobre todo evidente en este periodo de crisis económica y que no hemos querido o no hemos podido abordar de manera suficiente en el periodo de
crecimiento.



Al mismo tiempo, entrando ya en contacto con la propuesta que tiene que ver con la secretaría de la señora Rojo, también estamos viendo que hay un fraude monumental


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en materia laboral. Cuando un país destruye de esta manera el empleo es que la destrucción de empleo se considera un mecanismo de contención de la disminución de beneficios o de contención de las posibles pérdidas. En ese sentido nos
parece que demuestra un país con una profunda insolidaridad: el fraude fiscal por una parte y el fraude laboral por otra. Por eso consideramos muy importantes las políticas de esta secretaría, las políticas pasivas, pero también son muy
importantes las políticas activas y, todavía más, son muy importantes las políticas de inspección en materia laboral que, en nuestra opinión, deberían ser también mucho más activas para detectar ese importante fraude laboral que existe. En momentos
de crecimiento miramos para otra parte pero en momentos de crisis se salda con una destrucción de empleo pavorosa como la que estamos viviendo en los últimos meses. En ese sentido, vuelvo a repetir, nos preocupa que el Gobierno, por ejemplo, haga
una previsión en relación a la destrucción de empleo, de estabilización de la destrucción de empleo, cuando esa previsión puede ser desbordada si se sigue utilizando fundamentalmente la destrucción de empleo -y no a través de mecanismos colectivos
sino a través de mecanismos individuales- como un mecanismo de saneamiento de cuentas de las empresas, y eso es lo que estamos viendo en los últimos tiempos.



Aterrizando sobre las partidas presupuestarias, a nosotros nos preocupan algunas cuestiones además de esa previsión, en nuestra opinión, optimista. Por una parte, en materia de políticas pasivas, nos preocupa que el próximo año, si no lo
evitamos, sustituyamos las prestaciones ligadas al empleo por prestaciones asistenciales. Evidentemente eso va a ser así, se van a continuar agotando las prestaciones contributivas y van a aumentar las prestaciones asistenciales, que tienen un
aspecto positivo y es la sensibilidad que hemos tenido y que puede tener el Gobierno en relación a esas políticas asistencias, pero tienen otra reflexión más negativa como es el debilitamiento de las políticas de prestaciones ligadas al empleo. En
relación a las políticas activas de empleo, nos da la impresión que hay un esfuerzo insuficiente por parte del Gobierno en esta materia. El esfuerzo es insuficiente, desde nuestro punto de vista, especialmente en lo que respecta a las políticas de
orientación y ayuda a la búsqueda de empleo. Y la insuficiencia de políticas activas influye negativamente en la capacidad de intermediación del Servicio Público de Empleo y abriría la vía a algo que viene llamando a las puertas continuamente, como
es la iniciativa privada en sustitución de la iniciativa pública en materia de políticas activas de empleo. En tercer lugar, los créditos destinados a políticas activas de empleo suponen 7.700 millones de euros, un 2 por ciento más de lo
presupuestado en 2009, y de esta cantidad lo que nos llama la atención es que el 37 por ciento se destine a financiar bonificaciones en las cotizaciones empresariales, cuestión que parece que no tiene mucho que ver con la evolución previsible en los
últimos meses. Las preguntas serían, en primer lugar, ¿cuál es la valoración general que hace la Secretaría de Empleo del marco presupuestario y su impacto posible sobre la creación de empleo? En segundo lugar, ¿qué opinión le merece el hecho de
que el 37 por ciento de los recursos de las políticas activas se destinen a transferir recursos a los empresarios? ¿Cree en la efectividad de esta política? Porque incluso había sido manifestado por parte del ministro de Trabajo la revisión de
estas políticas ante esta propia Comisión. En tercer lugar, ¿considera que estos presupuestos avanzan en la modernización de nuestros servicios públicos de empleo o únicamente mantienen el incremento que se ha planteado en materia de intermediación
pero no avanzan en esa política de modernización que está pendiente desde el año 2006? En materia de orientación, ¿cuántos orientadores por volumen de desempleados cree la secretaría que necesita nuestro país? En este momento tenemos un orientador
por cada 189 desempleados, cuando la media de la Unión Europea es un orientador por cada 50 desempleados. Es decir, no sólo tenemos un bajo volumen de inspección laboral -ya denunciado en muchas ocasiones- sino que también nos preocupa de manera
relevante la intermediación laboral y quisiéramos preguntárselo también a la señora secretaria general.



El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno de portavoces, en representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Jesús Membrado.



El señor MEMBRADO GINER: Señorías, me gustaría empezar la intervención hablando de lo que hoy hemos venido a hablar, pero, como siempre, tengo un pequeño problema derivado de las virtudes del señor Echániz, que siempre hace una intervención
dedicada a lo demás en un 60 por ciento y a lo propio en un 40 por ciento. Solamente quiero hacer al señor Echániz tres o cuatro aclaraciones antes de hablar de los temas recurrentes. Dice el señor Echániz que lleva 17 años participando en el
debate presupuestario y que en este tiempo no ha visto nunca como en los dos últimos unos presupuestos semejantes, porque ha habido desviación de las previsiones iniciales tanto en el gasto como en el ingreso. Esto es así, pero yo quiero decirle
que no he visto unos presupuestos semejantes a los que ellos practicaban con aquella ley de acompañamiento, que nos metían manga por hombro y que no sabíamos si eran presupuestos o era tres o cuatro leyes que se juntaban en una. Pero, además, creo
que estos presupuestos, que tienen alto componente de estabilización presupuestaria, nos permiten, por lo menos, saber lo que gastamos, lo que ingresamos y, si no, pedimos partidas presupuestarias extraordinarias para seguir manteniendo nuestras
políticas sociales. Eso es a lo que se refiere el señor Echániz, al que no le gusta que las políticas sociales que se han comprometido y se han desviado por el efecto de la crisis tengan recursos suficientes para paliar el problema de los
afectados.
Bueno, pues si eso es lo que le preocupa,


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allá con su preocupación, a nosotros nos preocupa que no hubiésemos tenido la respuesta adecuada para resolver esos problemas. También decía el señor Echániz que todas las políticas que hemos planteado en estos momentos para reactivación no
han tenido efectos positivos. Mire usted, son unas políticas semejantes a las de los países de la Unión Europea, que tienen una valoración internacional positiva tanto en los temas referentes al sistema financiero como en los temas de incentivación
a la reactivación económica y que, indudablemente, si tanto caso hace al Fondo Monetario Internacional en la previsión que hace del crecimiento de desempleo, haga también caso al Fondo Monetario Internacional cuando hace las valoraciones en
referencia al aspecto positivo de nuestros planteamientos de reactivación. No se quede siempre con lo más negro porque me recuerda al señor Montoro, que cuando habla de las cifras de desempleados se le pone una sonrisa tétrica. Vamos a ver si
centramos un poco la situación, porque ni es tanto como usted plantea ni, seguramente, será tan calvo como yo le voy a decir ahora. Estos son Presupuestos Generales del Estado que, indudablemente, tienen un componente de austeridad porque no están
los tiempos para grandes expansiones, de ahorro en gasto -que los tenemos también- y de mantenimiento de la protección social. Pero además son unos presupuestos generales que tienen un diseño y una proyección en el terrero económico, porque
nosotros creemos que con estos presupuestos generales facilitamos que se supere la actual situación.



Estos presupuestos tiene como objetivo fundamental proteger a los más débiles, proteger a las personas más afectadas por la crisis, que son probablemente los trabajadores que han perdido el empleo, y tienen como objetivo el impulsar un
modelo de reactivación económica y reducir el déficit de las cuentas públicas. Esos son los objetivos de estos Presupuestos Generales del Estado; no van a dar la vuelta al calcetín de todos los problemas que tenemos en este país porque no la
pueden dar, porque son un instrumento y no son un fin en sí mismos. Cuando algunas veces oigo a algún representante del grupo mayoritario de la oposición plantear estos presupuestos en los términos en que lo hacen es como si nos estuviésemos
jugando en un año la vida o la muerte, desde el punto de vista económico y social. No, estos presupuestos son un instrumento más, y hay otros que se están ejecutando en distintas comunidades autónomas, en la administración local y en las familias,
que cada una tiene su presupuesto para recuperar la situación que tenía anteriormente y para tener una perspectiva de cara al futuro. Por lo tanto ¿qué es lo que tienen que determinar estos presupuestos? El modelo de sociedad y de país que estamos
construyendo, eso es lo que determinan los presupuestos. Y para nosotros, ¿qué significa eso? Que estamos diseñando un modelo de convivencia donde la quiebra de la cohesión social ante una situación de crisis no se facilita sino todo lo contrario,
se retrae. ¿Por qué? Porque apostamos por mantener una cohesión social que prime aquellas personas que más pierden y que menos debían perder. Ese es el modelo que tienen estos presupuestos. Y nosotros, con ese modelo, estamos intentando
trasladar al conjunto de la sociedad de este país y de fuera de este país que en España queremos que la quiebra social no aumente aunque tengamos que aguantar algún tiempo mayor de recuperación. Porque yo no estoy con los que piensan que es mejor
aumentar la quiebra y las diferencias de clases sociales en nuestro país y salir antes de la crisis que retrasar la salida sin aumentar esa quiebra, porque eso supone condenar a los más débiles y primar de nuevo a los más fuertes, y eso no es lo que
están haciendo estos Presupuestos Generales del Estado. Son, pues, presupuestos que orientan el gasto con realismo y con una alta sensibilidad social, que es lo que requiere el momento económico en que estamos y lo que requiere la situación
política en que vivimos. Mire, señor Echániz, no hay proyecto, ni en la derecha ni en la izquierda, que pueda conciliar este gasto sin incrementar ingresos, eso es una falacia, sólo se sale o recortando el gasto, del que se beneficia a la mayoría
de la población, o aumentando los impuestos. Y ustedes lo saben perfectamente pero, en sus permanentes diatribas, son incapaces de asumir lo que es realista y lo que es objetivamente real. Eso lo saben ustedes perfectamente, lo contrario es hacer
lo que ustedes piensan pero no verbalizan, empobrecer a la población a costa de los de siempre, quitarles recursos de carácter social para ello, y es por eso, señorías, que este grupo parlamentario valora muy positivamente el esfuerzo económico y
presupuestario dedicado a las políticas de empleo con un incremento del 42 por ciento; a la dependencia, con más del 36 por ciento de aumento; a las pensiones, con incrementos entre el 2 y el 5 por ciento; a las becas, con incremento de casi el 4
por ciento; a los jóvenes, que tienen una renta de inserción para la emancipación; y a la nueva protección de los parados, con 420 euros. Lo valoramos positivamente y creemos que está perfectamente justificado tanto en el capítulo de gasto como
en el capítulo de ingresos. Y es en ese sentido en el que yo creo que hay que centrar los presupuestos que tenemos en este momento en el departamento, ¿Por qué? Porque, en caso contrario, habremos perdido el norte de los mismos y, en caso
contrario, nos dedicaremos a estar permanentemente tirándonos los tejos del número de parados arriba y el número de parados abajo. A mí me parece que lo más importante es si están o no protegidos, en estos momentos, porque el capítulo de cuántos
hay lo tenemos en otro departamento.



Por eso, señora secretaria general, para este grupo es muy importante conocer algunos datos que seguro que usted ha expuesto en su intervención. El incremento de las partidas para el desempleo, que llegan a crecer casi el 58 por ciento,
para nosotros tiene dos razones: una, el aumento del número de parados, y otra, el incremento de la cobertura por desempleo y el efecto de la protección por los ERE, que son políticas enormemente sociales y que protegen a amplias capas de la
sociedad. De ahí nuestra pregunta, ¿cuál es la tasa de cobertura


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del desempleo actual y qué diferencia hay con la de hace seis años? Porque, frente a quienes presentan nuestro mercado de trabajo como rígido o caro en el despido, se olvidan de hablar también de las bonificaciones o coberturas de Fogasa.
Usted ha hablado del saneamiento de Fogasa, a pesar de la reforma que se hizo hace tres años y que en algún momento llegamos a discutir también en una Comisión semejante a esta sobre si podría verse afectada y podría haber merma en la capitalización
de Fogasa. Bien, Fogasa supone que de los 20 días por año que se pueden deducir de la cuota del empresario a la hora del despido salga el despido más barato, es decir, a un despido casi libre como el que tenemos se añade un despido más barato por
el efecto de Fogasa. Por ello le quiero preguntar a la señora secretaria general cuál es la situación económica de Fogasa y cuántos perceptores ha habido en este año. Es un elemento importante para saber cómo muchos trabajadores se van con la
única indemnización de Fogasa a pesar de que los empresarios digan que el despido es caro.



También hay una evolución de los fondos comunitarios, tanto cuantitativa como cualitativa, que me gustaría conocer, así como el efecto que ello pueda producir en la financiación de nuevos programas o de los ya existentes. Los fondos
comunitarios han tenido una pequeña reforma en el marco de la Unión Europea de la que me gustaría saber cuál es el alcance que puede tener en alguno de los programas actuales. Y en este marco, señora secretaria general, me gustaría decirle que las
políticas sociales de nuestro país tienen efectos positivos y que las hay con costes importantes en estos presupuestos como las rentas activas de inserción, y me gustaría saber cuántos beneficiarios tenemos y cuáles son las bases para acceder a
ellas. Y creo que ahí coincido con el señor Echániz en hacerle esta pregunta para clarificar un debate que tenemos en un proyecto de ley de enorme importancia para los parados y sobre el que hay en este momento diferencias de interpretación sobre
el efecto de estas rentas. Desde hace seis años vienen produciéndose planes especiales de empleo en algunas comunidades autónomas que se han ido reduciendo, cuáles son, cuál es su utilidad y cómo pueden ampliarse o acogerse a ellos en otros
territorios son preguntas que se vienen repitiendo y que las venimos haciendo también en todos los debates que sobre presupuestos hacemos anualmente. Para nosotros es importante conocer esto y que se clarifique porque da la sensación de que es el
Gobierno el que da y quita planes especiales de empleo como si de una tómbola se tratase. Estamos seguros que responde a proyectos objetivos, que son perfectamente negociados y eso es lo que nos gustaría que usted nos clarificara. Y lo mismo
respecto de los planes sectoriales y su evolución, que en un momento determinado se plantearon como elementos propios de determinados sectores que entraban en reconversión y que en estos momentos habría que saber de qué manera se pueden reorientar
al futuro.



Señora secretaria general, usted ha dicho que hay un mayor grado de gestión de los planes de empleo y formación transferido a las comunidades autónomas, ¿puede decirnos el porcentaje de formación que está transferido? Durante estos seis
años de presupuestos hemos dejado de aplicar un euro para realizar estas políticas, en acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. Hace seis años, señor Echániz, ustedes burlaron al Tribunal Constitucional con un euro puesto en
presupuestos y me gustaría saber qué porcentaje hay en estos momentos de formación transferida para evitar también que siga habiendo enmiendas recurrentes, que de nuevo vengan a este capítulo de la sección 19 para hablar de la necesidad de que sean
transferidas la totalidad de las partidas presupuestarias de formación.



Para terminar, coincido también con el señor Echániz en las bonificaciones, seguramente con intenciones distintas. Las bonificaciones a la contratación de empleos fijos reportan en estos momentos casi 2.850 millones de euros; la
rentabilidad de estos recursos parece ser que está puesta en entredicho y yo, ante eso, le hago una pregunta ¿está en entredicho? ¿usted considera que deberían reducirse o revisarse a la luz del informe sobre las bonificaciones encargado por el
ministerio? Esa sería una cuestión que a nosotros nos vendría bien conocer para un proyecto de ley que tiene que ponerse en marcha, que es el del fomento del empleo y donde se contempla el tema de las bonificaciones.



El señor PRESIDENTE: Muchas son las preguntas y cuestiones planteadas por los portavoces de los grupos parlamentarios, espero que la secretaria general haya tenido tiempo de ir anotándolas y preparándolas todas.



Tiene la palabra la señora secretaria general de Empleo, doña Maravillas Rojo.



La señora SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (Rojo Torrecilla): Reitero mi agradecimiento por las intervenciones y por el interés que muestran en un tema tan crucial como es la situación del empleo y del desempleo. No sé si voy a responder a
todas las cuestiones porque han sido muchas, ustedes ven que el ámbito de la secretaría general es realmente complejo y amplio. Por cierto, soy secretaria y no secretario, que las mujeres tenemos la suerte de ir teniendo un poco más de espacio en
el ámbito de la responsabilidad pública; lo digo porque sería bueno que se lo dijeran a quien hace los papeles en el grupo del Partido Popular.



Voy a intentar responder a algunas cuestiones básicas que ustedes me plantean. En primer lugar, permítame decirle señor Echániz, que, efectivamente, este presupuesto es una apuesta política por mantener el sistema de protección por
desempleo. El año pasado tuve ocasión de comentarle, y creo que voy a reiterarlo, que probablemente si usted estuviera en mi sitio habría hecho un cambio y es que ya no habría el sistema actual de protección por desempleo, estoy bastante
convencida. Yo esperaba que ustedes hicieran alguna propuesta alternativa


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y usted, que es un buen comentarista, efectivamente ha puesto encima de la mesa una serie de datos que hay que tener muy presentes, y los vamos a tener, pero no he escuchado una alternativa a esta propuesta de presupuestos de la secretaría
general. Voy a intentar dar respuesta a lo que ustedes me están planteando. Hay dos o tres cuestiones que creo que son de fondo, una sobre si el presupuesto actual, en relación especialmente a las prestaciones y en general el presupuesto del
Servicio Público de Empleo Estatal, es realista, es decir si va a permitir financiar la situación con las previsiones que existen. Les he comentado que, en nuestra opinión, es realista, porque este presupuesto se basa en el cuadro macroeconómico
del Gobierno, pero se basa también en el análisis que estamos haciendo de la ejecución de 2009, y la tendencia en el gasto en prestaciones por desempleo en los últimos meses es una tendencia similar. También porque este presupuesto incorpora la
partida destinada al programa temporal de protección por desempleo e inserción y porque se analiza esta propuesta teniendo muy en cuenta los niveles de estimación de ejecución del total de 2009. En este sentido, creo que es realista y,
evidentemente, y ojalá no tenga que suceder, si hubiera necesidad de ampliarlo es -como usted sabe- una partida ampliable, pero espero que en esta ocasión el ajuste que hemos hecho sea realmente realista en relación a lo que supuso el ajuste en
2008. Por lo tanto, está incorporado el programa temporal, están incorporados los más de 780 millones que se prevén para este año. Esta es la respuesta del porqué de la ejecución; si hubiera necesidad de reformularlo, se haría, pero quiero
recordarle que en mi intervención inicial he mencionado que del crédito extraordinario de este año, cerca de 2.000 millones eran para regularizar deudas del ejercicio 2008 pero que se tuvieron que aplicar en el presupuesto de 2009.



La segunda cuestión que me parece muy importante, y lamento que los tiempos sean justos pero no tendría ningún inconveniente en que tuviéramos otra conversación al respecto, es en relación con lo que significa la actuación de las comunidades
autónomas. Señorías, las comunidades autónomas tienen transferida la gestión de las políticas activas y ejercen el derecho a su autonomía de gestión y, por lo tanto, lo ejercen cada una en el ámbito de sus competencias, y tienen transferidos los
recursos, señor Llamazares, que corresponden a esas políticas activas, y por eso hay comunidades autónomas que han ampliado y mejorado sus espacios y otras que no, y hay comunidades autónomas que han puesto y mejorado sus plantillas y otras que
menos. ¿Cuántos orientadores hay por comunidad autónoma? Los que crea oportuno la comunidad autónoma, porque la atención a las personas y a las empresas está transferida, y también los espacios, y por eso, sobre el llamado caos de las oficinas le
tendremos que preguntar al titular de las oficinas, que es el responsable de la comunidad autónoma, y le tendremos que preguntar por qué no ha hecho un despliegue mayor de espacios y de oficinas, porque eso es competencia de la comunidad autónoma.
Esto no lo digo precisamente porque crea que el Servicio Público de Empleo Estatal no tenga nada que ver, lo digo porque hay una contradicción en sus palabras. Ustedes me plantean cómo vamos a fiscalizar y controlar esta partida nueva que hemos
incorporado de los 250 millones, y yo le digo que de la misma manera que fiscalizamos y controlamos el resto, ¿o usted duda de que la señora Esperanza Aguirre, en la Comunidad de Madrid, no va a ser rigurosa y va a ejecutar bien estas partidas?
¿Usted duda de que en Valencia, en Castilla León o La Rioja no vayan a ser rigurosos ejecutando estas plantillas? (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: ¿Y en Castilla-La Mancha?) Y en Castilla la Mancha, en Cataluña y en el País Vasco. ¿Por qué?
porque la ejecución es en igualdad de condiciones, la ejecución corresponde a la comunidad autónoma. La distribución de estas partidas se hace en conferencia sectorial, y precisamente el cambio de este presupuesto es que hemos priorizado algo que
el conjunto de comunidades autónomas propuso y es que haya más recursos para distribuir globalmente en conferencia sectorial -le he dicho un 6,68- y no se incrementen recursos de carácter bilateral.
Por eso ha finalizado el plan extraordinario y
por eso hay sólo los planes territoriales que estaban vigentes hasta 2010, pero hay más recursos para el conjunto de las comunidades autónomas. La distribución de los recursos se hace en base a un criterio que se acordó en conferencia sectorial
hasta 2013 y que, como les he dicho, nos permite distribuir los recursos en la primera quincena del mes de enero para que nadie tenga problema en su ejecución. Le voy a decir más, la flexibilidad de la ejecución está hoy vigente, es decir, una
comunidad autónoma puede destinar parte de lo que hoy en el presupuesto asignamos para orientación o para personas con discapacidad a programas de empleo y formación, y al revés, porque dentro del crédito global de los programas de empleo puede
modificar las partidas de esos subconceptos de los programas de empleo.
Lo que no puede hacer una comunidad autónoma es pasar los recursos de un programa de formación a un programa de empleo. De ahí la nueva partida de 250 millones, porque permite
tanto hacer programas de empleo como de formación. Mire, uno de los elementos que dio origen a los planes territoriales fue la posibilidad, como ha dicho el señor Membrado, de que hubiera flexibilidad en proyectos concretos, pero es que esta
partida permite esa flexibilidad además de la que ya existía en las distintas partidas de los dos programas, formación y empleo, garantizando siempre que todas las cuotas de formación se destinen al empleo. Por lo tanto, claro que vamos a
fiscalizar, y cuento con todas las comunidades autónomas, y creo en las comunidades autónomas y en su capacidad de gestionar adecuadamente aquello en lo que son competentes.



En relación al personal, el 80 por ciento del personal que se incorpora son temporales por acumulación de tareas y el 20 por ciento son interinos.



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En relación con las rentas activas de inserción que el representante del grupo socialista me ha planteado, como ustedes saben, los colectivos son distintos a los del Programa temporal de protección por desempleo e inserción. Para ser
beneficiario de una renta activa de inserción, además de no tener rentas, es preciso no tener derecho, no necesariamente no haber agotado, y además es preciso tener más de 45 años y estar inscrito un año ininterrumpidamente en el desempleo. Como
ustedes comprenderán, son condiciones muy diferentes de haber agotado antes de un tiempo la prestación por desempleo y además no tener ninguna limitación de edad para ser beneficiario. Hoy, el número de beneficiarios previsto en los presupuestos se
acerca a los 90.000 en la renta activa de inserción, mientra que los que están previstos en el Prodi para el conjunto del periodo, desde ahora y hasta que finalice, inicialmente depende de cómo se apruebe finalmente la ley, son más de 500.000
personas. Por lo tanto, el hecho de que haya disminución de planes territoriales pero incremento de programas flexibles de empleo y formación más solidarios nos permite medidas de carácter general y refuerza la demanda de flexibilidad que se nos
viene requiriendo insistentemente por parte de las comunidades autónomas. Pero quiero recordarles una vez más que no agota el conjunto ni de las políticas activas ni, de lejos, el funcionamiento de los servicios de empleo, que está transferido. En
todo caso, el hecho de prorrogar durante dos años la financiación a las comunidades autónomas para que dispongan de más orientadores es una apuesta decidida por potenciar -como el señor Llamazares ha expresado- los servicios de orientación, pero no
es una obligación del Estado, está transferido, es una manera de concertar y de acordar la necesaria potenciación.



La partida de modernización, se lo he dicho antes pero se lo repito, no implica la modernización. Mire, la modernización es el conjunto de una suma de recursos humanos, cambios organizativos y cambios tecnológicos, y entre esos recursos no
me corresponden, como responsable de los servicios de empleo, ni los espacios ni las oficinas. Es más, hay muchas oficinas en España en donde los servicios de prestaciones que están dentro de esas oficinas no pueden incorporar ni una sola persona
más porque no caben, porque no hay más espacios. Por lo tanto, hemos de convivir porque nosotros, como Servicio Público de Empleo Estatal, tenemos personas que están dentro de esas oficinas reconociendo prestaciones.



Me han preguntado que cuándo homogeneizaremos desigualdades. Volvemos a lo de antes. Quien decide cuál es el salario de los funcionarios de una comunidad autónoma no somos nosotros. Efectivamente, están uno al lado del otro, pero unos son
de una comunidad autónoma y los otros son del Servicio Público de Empleo Estatal. El Servicio Público de Empleo Estatal ya está en ese proceso; en todo caso habría que hablar en el ámbito de Administraciones Públicas, si le parece.



Las ayudas a discapacitados no se han disminuido, se han incrementado un 3,42. Además, el día 23 de junio el Servicio Público de Empleo Estatal, en la conferencia sectorial, aportó 40 millones de euros, nuevos, extraordinarios, para
reforzar los centros especiales de empleo. Lo que sí es cierto es que en la mayoría de comunidades no los han podido aplicar a ese destino porque, como ustedes saben mejor que yo, todavía el trámite parlamentario de modificación de la posibilidad
de incorporar mayor subvención por puesto de trabajo no se ha realizado. Esa es la apuesta decidida, 40 millones más el 23 de junio, 3,42 en el presupuesto de 2010.



Ustedes se han referido a las bonificaciones y me han pedido, creo que los tres grupos, una explicación. Efectivamente, hay 2.850 millones, 50 más que el año pasado, y esto responde a tres cuestiones. Primero, a que las bonificaciones
tienen compromisos adquiridos; es decir, hay compromisos de este año y del año anterior que se prorrogan el año 2010 y hay que contemplarlos, porque las bonificaciones no son por periodo de un año; como ustedes saben, son por tres, por cuatro años
y a veces indefinidas, en el caso de los mayores de 60 años o en otras ocasiones. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo aquello que proviene de los derechos y compromisos adquiridos. Pero, además, hay un colectivo nuevo importante, que tiene
que ver especialmente con el real decreto de marzo, que también hay que contemplar. Efectivamente, y el ministro así lo ha manifestado, estamos abiertos a plantear una revisión del sistema de bonificaciones. Y probablemente es oportuno el momento
para realizarlo. Será muy positivo tener presente que de diferentes análisis se desprende que las bonificaciones no generan directamente empleo, pero sí contribuyen a mejorar la calidad del empleo y también a dirigirlos hacia colectivos
específicos. Esas dos cuestiones habrá que tenerlas muy presentes y, en opinión de esta secretaria general, y también el ministro lo ha manifestado, es un momento oportuno para plantearlo. Pero, evidentemente, hay que tener en el presupuesto
aquello que corresponde a la legislación vigente y hemos tenido en cuenta los niveles de ejecución más las dos cuestiones que les he comentado.



En la modernización, además de los servicios de Empleo, además de la importancia que tiene el incremento de personal, nosotros asumimos nuestra parte y también el incremento de productividad. Les he dicho que hace un año se reconocían 13
días y en la nómina de agosto, 7 días. Hay un incremento de productividad real, efectivo, en beneficio finalista, pero es evidente que la modernización requiere cambios organizativos, tecnológicos y culturales también. Por eso, señor Echániz, este
próximo mes vamos a iniciar la puesta en marcha de Redtrabaja y puedo asegurarle que es absolutamente compatible y complementario con otros sistemas; así lo venimos trabajando con las comunidades autónomas desde el mes de enero. Pero no vamos a
renunciar, porque es un mandato de este Parlamento, de la Ley de Empleo y de la Ley de Acceso de Administración Electrónica


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a poner en marcha un sistema que permita que todos los trámites y servicios, y muy especialmente el reconocimiento de prestaciones, se puedan realizar por Internet.



Señor Llamazares, le agradezco su valoración sobre el presupuesto. Con relación a las cuestiones de inspección, le remito a la comparecencia que inmediatamente realizará el subsecretario. Sobre las bonificaciones y la modernización creo
que le he dado respuesta. Sí quiero decirle que esta secretaría general está profundamente convencida, y creo que actúa en coherencia con todo el equipo de dirección de mi secretaría, de que es imprescindible potenciar los servicios públicos de
empleo.



Por último, y con relación a las preguntas que me ha realizado el representante del PSOE, quiero agradecer su valoración y sus explicaciones sobre la importancia de los presupuestos, que permiten que yo no las tenga que reiterar. Es una
apuesta política, efectivamente, para que exista la cobertura económica de las personas que están en transición hacia el empleo. La cobertura por desempleo es del 76,65 en el mes de agosto. Esta cifra se corresponde con una metodología que hemos
incorporado justo en el mes de agosto. Como ustedes conocen, durante un tiempo no ha habido una tasa de cobertura por una razón muy clara que manifesté en mi comparecencia el año pasado y es porque la tasa de cobertura se calculaba con un
denominador, que era el SILE, que es un sistema estadístico que hacía cinco años que ya no existía y que teníamos que adecuar. En el marco del diálogo social se hicieron diversas propuestas y finalmente la que se ha asumido desde el Gobierno es una
propuesta que expliqué cuando dí a conocer los datos de paro del mes de agosto y septiembre y que consiste en que el numerador es el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo y el denominador es el número de personas en paro con
experiencia más los beneficiarios del REAS. Es un indicador mucho más realista y que se ajusta con mucho mayor rigor, sin modificar para nada los criterios estadísticos del año 1985, que se mantienen inalterables.



Fogasa. Efectivamente, el incremento de pagos es de un 86 por ciento, el número de trabajadores afectados en el año 2009, a 30 de septiembre, era de 122.418, un 95 por ciento más de trabajadores afectados. Nuestra previsión es que haya
160.000 trabajadores que sean beneficiarios de las actuaciones del Fogasa. En el Fondo Social Europeo, la novedad es que muy recientemente hemos podido disponer de un sistema de justificación que nos acepta la Comisión Europea, lo que nos permite
justificar programas que hasta ahora, por no disponer de ese sistema, no se tenían. Creo que le he respondido sobre las rentas activas de inserción en cuanto a beneficiarios y bases y también en cuanto a los planes extraordinarios y las comunidades
autónomas.



Quisiera finalizar diciendo que los programas de formación no se han reducido, porque lo que no podemos hacer es restar para luego sumar. Es cierto que hay una cantidad de programas de formación algo menor, porque hay que sumar los 250
millones flexibles que permiten hacer formación o empleo. Si las comunidades autónomas decidieran destinar los 250 millones solo a formación, el incremento sería superior al 6 por ciento. Una última cuestión, las comunidades autónomas gestionan,
como he dicho, el 72 por ciento del conjunto del presupuesto de los programas de empleo y formación; en formación para desempleados, gestionan el 81,8 por ciento y con relación a los ocupados, el 36,8 por ciento, porque no se olviden de que los
ocupados tienen tres agentes, las empresas, que se bonifican; por cierto, ha incrementado exponencialmente el número de empresas y la justificación de las bonificaciones. Creo que estoy en condiciones de decir que en 2009 prácticamente todas las
bonificaciones previstas se habrán justificado, las empresas están interviniendo activamente. Así que, en formación para ocupados, el 36,8 por ciento lo gestiona la comunidad autónoma, el resto lo gestionan las propias empresas mediante
bonificación y los agentes sociales a través de la Fundación Tripartita.



Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a su comprensión y a su atención.
Quiero, una vez más, pero de una forma especial, decirles que estoy muy convencida de que el momento actual, que es muy difícil -y más difícil para algunos y para algunas
que para otros-, requiere del compromiso de todos, evidentemente primero del Gobierno, pero también de las empresas, de los trabajadores, del conjunto de la sociedad. Me gustaría seguir contando con todos ustedes, estoy convencida de que podremos
hacerlo, para que este país recupere la necesaria confianza y especialmente recupere aquellos niveles de empleo que son necesarios y que estoy convencida de que vamos a poder conseguir. (El señor Echániz Salgado pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: No, no va a haber segundo tumo, señor Echániz.



Suspendemos la sesión para despedir a la señora Rojo. (Pausa.)


- DEL SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (GONZÁLEZ GALLARDO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000703) Y SOCIALISTA (número de expediente 212/000856).



El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión y vamos a seguir utilizando el mismo procedimiento que hemos utilizado a lo largo de la tarde. Por lo tanto, en primer lugar tendrá la palabra don Leandro González, subsecretario de Trabajo e
Inmigración, para exponer los presupuestos de su departamento. Cuando usted quiera, don Leandro.



El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Quiero agradecer en primer lugar la petición de comparecencia por


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los grupos que la han efectuado, porque me da la oportunidad de poder participar en la presentación de los presupuestos del Ministerio de Trabajo e Inmigración y de ponerme a disposición de sus señorías.



Como ustedes saben, la subsecretaría realiza funciones de carácter horizontal, fundamentalmente tiene una función de asesoramiento interno, apoyo y asistencia también internos, fundamentalmente en materia de medios personales, económicos y
materiales. Tiene una función horizontal y una función de integración y es la responsable de los servicios comunes. Me han precedido en la intervención las responsables de las áreas tanto de Inmigración como de Empleo, por lo que desde mi
perspectiva quedaría hacer dos cosas, una, hacer una referencia a las cifras integradas del presupuesto y, dos, hacer referencia a los gastos horizontales en materia de personal y en materia de gastos de funcionamiento. Desde el punto de vista de
cifras integradas, ya se ha expuesto por la secretaria general de Empleo y la secretaria de Estado de Inmigración cuál es el panorama de las grandes cifras del ministerio. Sí quiero decir que el Ministerio de Trabajo e Inmigración gestiona la mayor
parte del gasto social de los Presupuestos Generales del Estado; este es el núcleo de su misión y responsabilidad. En los Presupuestos Generales del Estado para 2010, sin ninguna duda, el gasto social es un gasto prioritario, fundamentalmente
gasto para prestaciones por desempleo, gasto para tránsito del desempleo al empleo, gasto de pensiones. Como cifras agregadas del presupuesto, quiero hacer incidencia en que, en gasto social, el ministerio va a gestionar 161.167 millones de euros,
que es el 89 por ciento del gasto social total de los Presupuestos Generales del Estado. Y es el resultado de sumar, por una parte, el gasto que se gestiona por la Seguridad Social, que son 120.422 millones de euros, y el gasto consolidado del
departamento, que suma el gasto del ministerio más el gasto de los organismos autónomos que dependen de él, 40.815 millones.
Es decir, desde el punto de vista de cifras agregadas, el Ministerio de Trabajo es responsable de gestionar 161.167
millones de euros.



Como segunda cifra agregada, citaré cuál es el presupuesto consolidado del departamento, el presupuesto del ministerio más sus organismos autónomos más las aportaciones que hace la Seguridad Social para complementos de mínimos de pensiones y
prestaciones no contributivas. Este gasto agregado en los Presupuestos Generales del Estado es de 47.178 millones, descontando el de la Seguridad Social. Y como gasto agregado tiene mucha importancia el presupuesto del propio ministerio, que es un
presupuesto consolidado, y que es de 23.433 millones, con un incremento de 14.609 millones, que son el esfuerzo adicional que este año hacen los Presupuestos Generales del Estado para la financiación del gasto social.
Es el presupuesto agregado.
Las partidas y políticas más importantes de incremento de gasto social son, por una parte, las políticas activas de empleo, que ya se han comentado y debatido en esta Comisión, con un presupuesto de 7.742 millones, lo que supone un 2,2 por ciento de
incremento sobre el presupuesto del año anterior. Las prestaciones para desempleados también se han debatido, haciendo una cifra de 30.964 millones, que supone un 58,7 por ciento más que el año anterior. El Fondo de Garantía Salarial, en
presupuesto no financiero, es decir, incremento de las prestaciones del fondo, crece un 63,3 por ciento y se sitúa en 900 millones de euros, cuando el año pasado fue de 551 millones de euros. Las aportaciones a la Seguridad Social se sitúan en
6.900 millones de euros, un 5 por ciento más que el año 2009, y fundamentalmente el incremento se debe a una aportación de 300 millones para complementos de mínimos. Estos son los incrementos en los presupuestos consolidados y las cifras agregadas
del presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desde una visión horizontal. El presupuesto bruto aumenta en 14.779 millones.



Es cierto que también hay disminuciones en las cifras del presupuesto, y se han debatido y analizado las disminuciones que hay en políticas de inmigración en la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. El conjunto de disminuciones
del presupuesto 2010 frente al 2009 es de 169 millones, pero esto supone un 0,36 por ciento del presupuesto neto consolidado por parte del departamento. La descomposición de estas disminuciones serían las siguientes: disminuye 8,5 millones de
euros en transferencias internas, 146 millones de euros en transferencias externas y 14,8 millones en gastos de funcionamiento. Como visión general del presupuesto del ministerio, el presupuesto del Ministerio de Trabajo es, fundamentalmente, un
presupuesto de transferencias. Solamente el 1,88 por ciento de las cifras del presupuesto consolidado del departamento se dedica a gastos de personal más gastos de funcionamiento. Es decir, cuando se propone hacer un esfuerzo de disminución en
gastos de funcionamiento y gastos de personal, la capacidad de reducción es pequeña porque la base es pequeña, y es más, dentro de los gastos de personal y funcionamiento, el 60 por ciento, el 65 por ciento, son gastos de personal detrás de los que
hay una nómina y está el personal en activo que depende de ella. En cuanto a los créditos de personal, el criterio general es la congelación, los mismos créditos que el año pasado salvo en el INEM, que aumenta en 40 millones y que tiene que ver con
la consolidación de mayores efectivos incorporados para atender las mayores cargas de trabajo que se han producido en 2008-2009, y un millón de euros que se incorpora al Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo para financiar la oferta de
empleo público del año 2009. En el resto, el criterio general es congelación en el capítulo 1, Gastos de Personal.



En los gastos corrientes, la cifra total del ministerio más organismos, asciende a 180.931 euros y se disminuye en gastos corrientes el 1,3 por ciento. En gastos de inversiones, aquí no son de infraestructuras sino compra de mobiliario, de
enseres, obras, algo que se puede programar en el tiempo, la cifra consolidada de todos los


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organismos y el ministerio son 57.104 euros, con una disminución del 17,7 por ciento. La disminución en gastos de funcionamiento en el conjunto del ministerio es del 8 por ciento. Este es el esfuerzo de ajuste en gastos de funcionamiento
que aporta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sabiendo que su punto de partida es un presupuesto muy ajustado porque tradicionalmente, ustedes lo conocen, el Ministerio de Trabajo ha sido un ministerio austero en los programas de gastos.
Tanto en personal como en gestión de recursos, quiero destacar que para el año 2010 mantenemos el programa de la Inspección de Trabajo, tanto en incremento de inspectores, es decir que en el año 2010 va a haber oferta de empleo, no hay limitación de
tasa de reposición para la incorporación de inspectores de Trabajo y Seguridad Social, como el esfuerzo que hacemos en medios tecnológicos, que es la herramienta fundamental de modernización de la inspección. También mantenemos el programa en
materia de personal del Servicio Público de Empleo. El Servicio Público de Empleo en el año 2010 no va estar limitado tampoco por la tasa de reposición, ya ha explicado cuál es la situación en materia de personal la secretaria general del Empleo,
pero se mantiene. En el año 2009, la política en el Servicio Público de Empleo ha sido reclutar personas para atender cargas de trabajo; a partir de 2010 -ya se inició en 2009- se producirá la consolidación de empleo temporal en empleo fijo en
aquellas necesidades que son estructurales y fundamentalmente mantener en el año 2010 una política de promoción, que va a afectar aproximadamente a 500 funcionarios del Servicio Público de Empleo, una promoción desde el grupo más bajo hasta el grupo
A1. Es una política muy valorada sindicalmente, valorada por los propios empleados y que creemos que va a dar frutos importantes, esta política continuada, de promoción del personal del INEM. En las políticas de gestión de medios es conocido y
quiero insistir en ello que es un ministerio austero tradicionalmente; lo que queremos es gestionar más eficientemente y a veces, en las crisis, la escasez de recursos hace agudizar la imaginación para poder hacer con menos recursos las mismas
cosas, sobre todo, saber priorizar las partidas de gastos.



En definitiva, en materia de personal y gastos de funcionamiento, hay dos políticas prioritarias, que son el programa de Inspección de Trabajo y el programa de personal del INEM, y en materia de gestión de medios, con carácter general, la
política del ministerio es más eficiencia y priorización en los gastos. La aportación que hemos hecho en el conjunto del ministerio con el ajuste en los gastos de funcionamiento, partiendo de cifras muy pequeñas que no llegan ni al 0,8 del
presupuesto consolidado del departamento, ha sido una disminución del 8 por ciento en gastos de funcionamiento para el año 2010.



Estoy a disposición de sus señorías.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario. En primer lugar, en representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.



La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor subsecretario, por su comparecencia esta tarde, a estas horas ya, en la Comisión de Trabajo. No voy a reiterar, porque ni es hora ni creo que haga falta, toda la centralización de la
exposición global que ha hecho mi compañero, José Ignacio Echániz, en relación con lo que, a nuestro juicio -creo que tenemos todo el derecho a hacerlo-, nos parece que son unos presupuestos basados nuevamente en unas cifras absolutamente irreales,
con lo cual, como bien ha dicho la señora Rojo, como esto se basa sobre el cuadro macroeconómico del Gobierno, tenemos un pilar que se nos descompone. Me remito al 'Diario de Sesiones' del año pasado, en donde yo misma, y por supuesto mi compañero
también, escuchamos en esta Comisión esa previsión del 12,5 por ciento de parados que iba a haber en 2009. Realmente era una falacia, era una cuestión desgraciadamente irreal y los hechos nos dan la razón, nosotros tampoco tenemos la culpa. Y
tengo que empezar por decir que lo lamentamos; a mí personalmente y a mi grupo nos hubiera encantado equivocarnos y que hoy las cifras de paro fueran del 12,5, que aún serían preocupantes pero que serían bastante mejores que las que tenemos ya a
día de hoy, que quiero recordarles que, según Eurostat -y lo ha dicho también mi compañero-, están en el 18,9 por ciento. Están por encima de la previsión que tiene el Gobierno para finales de 2010, cuando hasta el propio Gobierno dice que se va a
seguir incrementando el desempleo durante el año. Volvemos a ver que los casi 31.000 millones que hay presupuestados para pagar las prestaciones es una cifra irreal y que vamos a tener que incurrir nuevamente en créditos extraordinarios y, por lo
tanto, descuadrar las grandes cifras del presupuesto. Y esto es importante, porque cuando hablamos de políticas sociales, es algo que nadie discute. Lamento mucho que no esté la secretaria general de Empleo, pero yo no puedo dejar sin contestar
que ella ha dicho que presupone que, si estuviéramos nosotros ahí, no contemplaríamos esas cifras. Me parece un juicio de intención absolutamente intolerable, un juicio de intención que no puede permitirse un responsable político. Yo niego la
mayor, porque esa sensibilidad la tenemos, y demostrada. Ahora bien, para que esto se empiece a arreglar lo primero que tiene que haber es credibilidad y confianza, son los primeros pilares que tiene cualquier economía y cualquier gobierno para
empezar a mejorar una cuestión de inversión y de crecimiento económico. Y aquí estamos viendo que eso falla por su base, porque nacen unos presupuestos que son irreales, y lo sabe el conjunto de la sociedad, lo saben los expertos y lo saben los
organismos internacionales. Nos pasa así lo que nos pasó el año pasado, que bajamos un punto en los rating, estábamos en AAA y hemos bajado a AA, y así sucesivamente; pagamos más por nuestra deuda, nos cuesta más colocar los bonos, etcétera.



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Todo eso influye en que la actividad económica es difícil que se reactive.
Y, señorías, todos podemos presumir de valores sociales, que no los cuestionen ningún grupo y, desde luego, mucho menos en el mío, pero aquí lo que necesitamos es
que las empresas inviertan y generen empleo, porque no hay mejor política social que crear empleo. Todo lo demás son situaciones que hay que atender, pero que no solucionan el gravísimo problema social que tiene este país. Y ya lo he dicho en
varias ocasiones, sería más allá casi de un problema social, si no fuera por dos colchones fundamentales: las familias y la economía sumergida. Tendríamos un gravísimo problema de orden público, si tuviéramos a la gente sin poder comer, que es lo
que pasaría con la cantidad de gente que hay en este momento -más de un millón de personas- que no reciben ninguna prestación; si eso fuera una realidad en sí misma, estaríamos en un problema de orden público. Y no lo estamos, insisto, gracias a
esos dos colchones. Seamos realistas a la hora de ver la problemática del paro.



Dicho esto, señor subsecretario, tiene usted razón, usted tiene una posición muy horizontal y, en términos castrenses -y permítame porque me es muy querida esa forma de hablar-, usted es el intendente mayor, es decir, usted tiene la
obligación de suministrar toda la intendencia al ministerio y tiene una visión muy horizontal. Pero también es verdad que tiene una visión muy global del ministerio y, por lo tanto, permítame que le plantee algunas cuestiones, se ha referido a
algunas de ellas y la secretaria general también, pero a mí me preocupan especialmente. Por ejemplo, en relación con el Fogasa, nosotros entendemos que hay una disminución casi del 8,8 por ciento para el presupuesto del 2010, sin embargo, se
observa que hay un fuerte incremento en las transferencias corrientes, usted lo ha dicho, del 63,3 por ciento, que supone entorno a los 348 millones, se ha referido también a ello la secretaria general de Empleo. Quiero que usted me diga si tiene
alguna relación con el incremento de un crédito extraordinario que se aprobó en el Consejo de Ministros del año 2009 por la misma cantidad para este fin del Fogasa, no sé si exactamente se corresponde con lo mismo, pero me gustaría saber a qué
corresponde ese incremento tan grande y si tiene alguna similitud con lo que le estaba preguntando. También me gustaría saber cómo puede haber -y no se explica nada ni en el presupuesto ni en la memoria- un aumento espectacular de las inversiones
de un 272 por ciento. ¿Nos puede explicar en qué va a invertir el Fogasa ese fuerte incremento? En relación con los activos financieros, evidentemente hay una disminución del 53,7 por ciento en relación con el año anterior, lo cual supone una
reducción de adquisición de deuda. También nos gustaría saber a qué se debe este nuevo cambio de filosofía completamente diferente a la que se planteó el año pasado. En relación con el Instituto de Seguridad e Higiene, aunque ya sé que no es de su
competencia, hay una cuestión puntual en relación con el personal, que quizá sí me pueda contestar. El aumento del gasto de personal es de un 5 por ciento en el instituto y el año anterior disminuyó un 13 por ciento, y además es que usted dijo
concretamente que se hizo por una RPT que no se ajustaba a la realidad, son palabras textuales que están en el 'Diario de Sesiones'. Quiero que me diga si eso ya se había ajustado y era una RPT que no estaba antes suficientemente ajustada, ahora
por qué nos encontramos con ese incremento.



Nos vamos a centrar en algo que sí le corresponde y a lo que usted se ha referido como es el tema de la inspección. En primer lugar, hay una cuestión más bien de inversiones en un programa que ya le comenté el año pasado, el programa Lince
y el programa Integra, que son fundamentales para el funcionamiento de la inspección y me gustaría que me dijera cómo va su desarrollo para poder tener unificadas las comunidades autónomas, porque aquí sí hay una verdadera implicación. Nosotros
somos defensores de que se mantenga la unidad de la inspección en la Administración General del Estado, pero es verdad que hay una descentralización en cuanto a la gestión, que existen los acuerdos territoriales para los planes territoriales de
inspección, etcétera, pero dígame cómo va porque es muy importante para que funcione. También me gustaría que me dijera si hemos mejorado la ratio de los inspectores respecto al año pasado. Creo que seguimos igual, salvo que usted me corrija,
estamos entre 21.000 y 22.000 trabajadores por inspector cuando la ratio europea está en 16.000.
Creo que hemos mejorado muy poco. Por lo tanto, lo vuelvo a unir con el tema de los inspectores. Usted nos ha dicho que no les va a afectar la tasa
de reposición, me parece lógico porque si no es difícil -pero tampoco sería extraño porque hay tantas cosas que no se cumplen del programa electoral- llegar, como usted nos dijo aquí, a 3.000 inspectores al final de la legislatura y usted nos dijo
que en el año 2008 había 1.013 y que la previsión era de ir incrementándolo. Me gustaría que me dijera exactamente en qué estadio estamos ahora mismo de efectivos reales en el año 2009, tanto de inspectores como de subinspectores, en su conjunto,
porque yo tengo unas cifras que no me cuadran y además de respuestas parlamentarias de ustedes, en las que he pedido la distribución por comunidades autónomas, a mí me suman 853 inspectores en el conjunto de las comunidades autónomas. Me gustaría
que me desglosara cómo están distribuidos en este momento y cuántos hay en total.



En cuanto a los planes de inspección, porque esto no es una cuestión a desarrollar en los planes territoriales, es una competencia puramente estatal, si piensan ustedes que los inspectores de la Seguridad Social hagan un seguimiento claro de
la economía sumergida. Estamos entorno a un 30 por ciento en economía irregular, ha aparecido en la prensa, y sigo diciendo que no es para asustarse ni escandalizarse, es que si no fuera así tendríamos un grave problema de orden público. Es para
preocupar porque, a mi juicio y al de mi grupo, la economía sumergida es lo más antisocial que hay, es lo más insolidario que hay, para los trabajadores y para el resto


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de los empresarios. Afecta a la competencia desleal porque hay empresas que pueden funcionar de una manera irregular afectando a aquellas que están cotizando legalmente por sus trabajadores y por lo tanto pueden tener unas ventajas en la
prestación de algunos servicios, y en algunos casos, cuando esos servicios se hacen a través de concursos, hay una clara competencia desleal. Pero para mí, lo más grave de todo es que hay una competencia con el conjunto de los ciudadanos españoles,
las empresas que están admitiendo la economía sumergida no están aportando a la riqueza nacional y a la solidaridad nacional y los trabajadores están trabajando sin cobertura social, ¿es que hay algo más injusto que esto? Un país que está
soportando estas situaciones de tasa de economía sumergida tiene que planteárselo, es un verdadero problema social, no podemos estar diciendo que somos los aladires de las políticas sociales cuando estamos consistiendo esto. A usted, que tiene las
competencias en materia de Inspección de Trabajo, le conminamos desde el Grupo Parlamentario Popular a que se ocupe de este asunto, a que haga aflorar la economía porque eso beneficiará la recaudación del Estado, y probablemente puede ser
beneficioso para mejorar esa ratio que hemos visto cómo hemos perdido en materia de ingresos del Estado. Una cuestión más puntual dentro de la inspección se refiere a gastos corrientes. Hay una partida nueva que es la 230, en concepto de dietas,
que estaba en 2008, desapareció en 2009 y vuelve a aparecer ahora. Me gustaría que me dijera por qué, si es que había alguna razón puntual, es un importe de 3.600 miles de euros, pero como no se reflejaban en 2009 me gustaría saber a qué se va a
destinar. También, qué razón hay para que la partida 22100, que es la energía eléctrica, aumente tanto en este programa, concretamente en el de la Inspección de Trabajo, porque aumenta casi un millón de euros este año, no entiendo si hay una
cuestión técnica o puede ser un error. Señor subsecretario, si no puede aclararlo ahora mándemelo por escrito, a los efectos de que no nos equivoquemos a la hora de hacer enmiendas a los presupuestos. Le he oído hablar de principios de
racionalidad y de ahorro de gastos pero, como en años anteriores, vuelve a subir el famoso cajón de sastre, y esto me recuerda -y seguro que también a mi compañero Manuel de la Rocha- nuestras épocas en la Asamblea de Madrid, donde he debatido tanto
sobre la 2276, es una partida con la que he soñado, correspondiente a estudios y trabajos técnicos. Esta partida sigue incrementándose este año, pasa de 7.526,95 miles de euros a 9.009,74, son casi 1.500 miles de euros más y me gustaría que me
explicara qué estudios y qué trabajos técnicos se van a abordar desde la Inspección de Trabajo para que haya este incremento.



Para terminar, me gustaría que me aclarara dos cuestiones. La secretaria de Empleo ya nos lo ha dicho que el 80 por ciento de las personas que se han contratado para el INEM es para empleos temporales, tal y como dice la norma, por efectos
de la acumulación de tareas, es lo que se dice y es por lo único que las empresas privadas podrían contratar temporales, luego que se adecue a la realidad o no es otra cosa, pero esa es la fórmula para contratar a un trabajador temporal, o si no, la
de fijo discontinuo, la de obra y servicio o la de indefinido. Me gustaría que me dijeran cómo van a transformar ese empleo temporal en fijo, bajo qué mecanismo, ¿lo van a hacer porque los temporales que han cogido ahora van a pasar a ser
funcionarios, laborales? Y cómo van a hacer esa promoción interna y si va a tener un coste. Que conste en que yo estoy de acuerdo, mi compañero lo ha dicho y es real, yo he sido responsable de los servicios de empleo en la Comunidad de Madrid y he
visto las diferencias que hay con los trabajadores de la Administración Central del Estado que están compartiendo. Pasa en muchas otras cuestiones, cuando se nos transfirieron los médicos y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni que
decir tiene. Dicho esto, me gustaría que me dijera cómo van a realizar esa promoción interna porque me parece importante.



El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Manuel de la Rocha.



El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Le doy las gracias a don Leandro González, subsecretario del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por volver a comparecer ante esta Comisión, igual que el año pasado en hora tardía, con poca asistencia, pero
suficientemente importante en cuanto a los grupos que aquí estamos representados como para que el debate y las clarificaciones que nos puedan hacer sean útiles para el posterior periodo de enmiendas al presupuesto.



Quiero empezar haciendo una reflexión de carácter general paralela a la que se acaba de hacer por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Acaba de decir que este país tiene una grave crisis financiera, una grave crisis de empleo, un
enorme incremento del paro y que no hay un conflicto social porque hay colchones, y ha mencionado las familias y la economía sumergida. Por cierto, en lo de la economía sumergida, sin duda es una de las reflexiones que mi grupo comparte con lo que
ella ha dicho. Pero ha obviado cuál es el colchón más importante en este país para que no haya un conflicto social, y es que las políticas del Gobierno socialista van dirigidas precisamente a evitar que haya ese conflicto social, van dirigidas
precisamente a que nadie quede descolgado de la crisis, a que los que más sufren la crisis no sean aquellos de los que el Estado no se acuerda, sino que el Estado se acuerda de ellos. Por eso, en este presupuesto que estamos debatiendo, del que el
señor subsecretario nos ha dado la información de la parte que él gestiona, hay tres grandes aspectos de protección social que son el núcleo central del presupuesto junto con las políticas de estímulo. El incremento de la protección al desempleo,
que sube hasta 31.000 millones de euros, y hay quien se escandaliza y esta mañana, en la Comisión de Presupuestos, había quien decía que es una cifra astronómica. Mire usted, es


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una cifra muy alta pero es la cifra que este Gobierno y que el grupo que le sostiene considera que es imprescindible para que los parados no queden al aire de quien mejor se los pueda llevar por delante o al aire del conflicto social que
nadie quiere. Por eso hemos incrementado en 420 euros las prestaciones, una prestación extraordinaria para aquellos que quedan sin cobertura. Como el esfuerzo en pensiones mínimas, que a pesar de la crisis se van a incrementar entre el 2 y el 5
por ciento. O el esfuerzo en la ley para las personas en situación de dependencia, para la que la aportación del Estado, en un año de presupuestos austeros, de crisis financiera y económica tan amplia, se va a incrementar en un 35 por ciento. Por
eso hay un colchón público, un colchón social, un gran colchón para que no haya este tipo de crisis social que se nos comentaba.
Y quiero también recordar que, frente a algunos comentarios que se han hecho, este país no tiene ningún problema de
reconocimiento del rating por las agencias internacionales. Hace tres semanas, la agencia Moody's, la más importante que hay, volvió a reconocer que el Estado español tiene el reconocimiento de la triple A, que es el mayor nivel de reconocimiento
de garantía para el endeudamiento. Hay que recordar, no frente a lo que ha dicho ahora la señora Álvarez-Arenas pero sí lo han dicho en otros momentos otros portavoces, concretamente el señor Montoro, que el coste para el presupuesto público del
Estado español de las emisiones de deuda está siendo enormemente bajo en nuestro país, mucho más del que todos los operadores y todos los economistas que hacen prospectiva pensaban. Para terminar esta parte, los estímulos fiscales, los PlanE,
aquellas operaciones que el Gobierno de España ha puesto en marcha el año 2009 y que mantendrá el año 2010, han sido reconocidos por los organismos internacionales, hace cuatro días exactamente por el Fondo Monetario Internacional, de una manera
explícitamente positiva como actuaciones correctas llevadas a cabo por el Gobierno de España.



Expuesta esta parte general, quiero hacer tres tipos de consideraciones al señor subsecretario. La primera es sobre las partidas de personal. Él ya ha hecho en su intervención alguna referencia a la disminución en general de las partidas
de personal salvo las del Servicio Público de Empleo y que hay una política de promoción de personal en el SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal) que era una demanda de los sindicatos y de los trabajadores, pero sobre ese punto me gustaría
preguntarle si -salvo la Inspección de Trabajo- en el resto de las partidas de personal se prevé que se va a aplicar una tasa de reposición sólo del 30 por ciento, como es la general para todas las partidas de personal de todos los ministerios y
organismos públicos, y por tanto, qué disminución final piensa él, presupuestariamente, que se producirá en ese tema. La segunda cuestión a la que quiero referirme es al Fondo de Garantía Salariar, organismo cuya gestión no depende directamente del
subsecretario, depende verticalmente de la secretaria general de Empleo, pero en esa función de responsabilidad horizontal que tiene el subsecretario, quería, al igual que ha hecho mi compañera del Grupo Parlamentario Popular, pedirle alguna
aclaración. No sin antes recordar que en el año 2006, con la Ley 43/2006, resultado del diálogo social, el Parlamento, a iniciativa del Gobierno socialista, llevó a acabo una importante mejora de las prestaciones que pagaba y que paga el Fondo de
Garantía Salarial a los trabajadores en sus indemnizaciones o salarios que no perciben por situaciones de insolvencia o concursales de las empresas, o, directamente, de las empresas de menos de 25 trabajadores que cuando tienen despidos objetivos o
expedientes de regulación de empleo, el 40 por ciento lo paga el Fondo de Garantía Salarial. Era la primera mejora que se hacía de esas prestaciones desde el año 1980 y está permitiendo que aquellos trabajadores que están siendo despedidos, en un
número tan importante como un millón y medio en el último año y medio, y que sus empresas son insolventes o están en situación concursal, estén percibiendo del Fogasa cantidades más importantes y mejores que las que percibían con anterioridad. En
la línea de lo que antes se planteaba, quisiera pedirle que nos explicara de una manera más concreta el presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos tiene una primera partida, muy nítida, de 500 millones de euros provenientes de
cotizaciones, un poco menor que la del año pasado porque hay menos trabajadores en activo y cotizando o hay empresas que han pedido una dilación en el pago de sus cotizaciones, hay otra partida de ingresos de 844 millones, hasta los 1.344, que
proceden -y querría que lo explicara el señor subsecretario- de intereses, de remanentes y también de enajenación de la deuda pública que tiene el Fondo de Garantía Salarial de remanentes anteriores.



La tercera y última cuestión sobre la que quiero preguntarle, como ha dicho mi compañera la señora Álvarez-Arenas, es sobre aquella que más directa y verticalmente depende del señor subsecretario que es la de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Efectivamente, para los socialistas es un instrumento clave de la política de empleo, no solamente para la lucha contra la economía irregular, y yo también emplazo al Ministerio de Trabajo a que continúe profundizando y avanzando
en los planes de inspección que se hacen coordinados o concertados con las comunidades autónomas para luchar contra la economía irregular, porque no solamente hay exploración de trabajadores sino que también hay empresarios piratas -si se me permite
al expresión tan poco parlamentaria- que hacen competencia desleal con aquellos otros empresarios que actúan legalmente y que pagan sus impuestos y cotizaciones de los trabajadores. Pero la Inspección de Trabajo no solo tiene que actuar contra la
economía irregular, tiene también que seguir actuando contra la siniestralidad laboral, tarea en la que en los últimos tiempos el conjunto de actores sociales, sindicatos, empresarios y administraciones públicas, estamos consiguiendo algunas
mejoras, aunque todavía insuficientes. Tiene que seguir trabajando en el desarrollo de políticas de igualdad y no discriminación, no solo por


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razones de sexo o de género sino también discriminación de otro tipo que se sigue produciendo por otras circunstancias en nuestra sociedad. Y tiene que seguir trabajando en el control del empleo de las modalidades de contratación de ese
otro tipo de fraude que es hacer temporales a trabajadores que sean fijos. En el programa del Partido Socialista, efectivamente, se hablaba de un horizonte de 3.000 inspectores y subinspectores de Trabajo, y quiero recordar -porque es bueno que
hagamos memoria- que en el cuatrienio 1997-2000, el número de plazas convocadas entre inspectores y subinspectores fue de 60; en el periodo 2001-2004 el número de plazas convocadas fue de 153, y que en el cuatrienio anterior 2005-2008 se convocaron
495 plazas. Quiero preguntarle al señor subsecretario si pudiera exponernos cuál es la convocatoria de plazas que tiene previsto para el año 2009, la que se está desarrollando, y para el año 2010 en los presupuestos, si se va a mantener la tasa de
reposición del cien por cien como se ha anunciado en documentos escritos, y, en definitiva, cuál es el horizonte que al final de la legislatura se tendría de la Inspección de Trabajo en relación al número de inspectores y subinspectores. Para
terminar, quiero preguntarle por algo que no ha mencionado en su exposición, la nueva escuela de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, una escuela creada por el Decreto 1223/2009, órgano especializado de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo, y quería preguntarle por sus objetivos y por las perspectivas que va a tener en un futuro, inmediato en algunos casos, en que una parte de la inspección va a ser transferida a las comunidades autónomas y va a tener una doble función como
inspección de Trabajo al servicio de las comunidades autónomas y dependiendo de estas y al mismo tiempo función de inspección de la Seguridad Social dependiendo del Estado; qué tarea específica tiene esta escuela para esas funciones.



El señor PRESIDENTE: Antes de que responda el señor subsecretario tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.



La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: La intervención del señor De la Rocha me daría para mucho pero me voy a contener, se lo prometo. Simplemente es una pregunta puntual para el señor subsecretario, se me había olvidado preguntarle por qué
hay un incremento del 12 por ciento en la partida de gastos de personal del total de los organismos autónomos, cuál es la razón por la que pasa de 340 millones de euros a 381 y si me puede decir el desglose de en qué organismos se ha producido esto
y por qué.



El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario, cuando usted quiera.



El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Si van a ser suficientes o no los presupuestos para el Servicio Público de Empleo será en función de la evolución del desempleo que pueda haber y en función del incremento
de gastos. Yo creo que los presupuestos son realistas, tanto el presupuesto de ingresos del INEM como el de gastos.
Viendo la evolución, no solamente del desempleo, sino de aquellos desempleados que tienen derecho a prestaciones más aquellos que
tienen derecho a subsidios, desde el punto de vista técnico le puedo decir que el presupuesto está cuadrado en estos momentos, salvo desviaciones imprevisibles en ingresos o con alguna desviación en gastos. Este año, por ejemplo, el remanente de
Tesorería es una partida cierta, y es una partida que se puede incrementar en el año 2010 por encima de lo previsto.



En cuanto al presupuesto de Fogasa, en las prestaciones el presupuesto de gastos pasa de 551.200 euros a 900.000 euros, con un incremento de 348.000 euros. Los activos financieros del Fogasa el año pasado eran de 895.188 euros y este año
son 413.980 euros. La diferencia, la disminución en el presupuesto de gastos de activos financieros son 481.208 euros.
Como información de referencia, el Fogasa en estos momentos tiene suscrita deuda pública por un valor de 3.553 millones, en la
cuenta del Banco de España tiene 570 millones de euros y tiene un saldo favorable con la Tesorería de la Seguridad Social de 362 millones de euros, es decir, que goza de buena salud financiera. Con cargo a esos recursos propios es como este año
financia el incremento de gasto que hay como consecuencia del mayor coste de prestaciones. En cuotas de Seguridad Social, disminuye en 26.590 euros, es decir, de 526.000 pasa a 500.000.
En intereses, por la inversión que tiene en deuda, pasa de
130.000 a 132.282, con un incremento de 2.000 euros que supone un 1,2 por ciento.
Los activos financieros, que figuraban en el presupuesto de ingresos, de 788.839 euros este año pasan a 684.643 euros. Es decir, en términos netos, el mayor gasto
que hay de los 900.000 euros se financia con tres partidas: 500.000 euros que son las cuotas de la Seguridad Social, 132.282 que son intereses de la deuda pública y 287.000 que son diferencia de activos financieros entre los ingresos de activos
financieros y el gasto en activos financieros. Es decir, los activos financieros que tiene Fogasa en la cuenta del Banco de España disminuirán en la cantidad suficiente para poder financiar el presupuesto de gastos.
Efectivamente esto tiene que
ver con el suplemento de crédito que se aprobó en el año 2009. En el año 2009 no se aprobó un crédito extraordinario contra deuda, simplemente de la hucha que tenía el Fogasa se aumentó el crédito para, con recursos propios, es decir, con remanente
de Tesorería, financiar el presupuesto. La disminución de ingresos de Fogasa se financia con recursos propios disminuyendo los activos financieros, y las tres partidas de activos financieros que tienen son esas. La variación que hay cada año en
activos financieros de Fogasa consiste en que vence deuda, y esa deuda que vence figura como ingresos en el presupuesto de ingresos, y cuando se vuelve a adquirir deuda figura como activo financiero. Por tanto es una cifra errática en función de la
deuda que vence, que son ingresos, y de la


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deuda que se adquiere, que son gastos; pero el aumento de gasto en las prestaciones es con recursos propios y los recursos propios están ahora en una cuenta en el Banco de España, en deuda pública, y con un saldo de tesorería favorable de
362 millones de euros.



En cuanto a las inversiones el Fogasa tiene un incremento importante, aunque parte de una partida muy baja de 1.170.000 euros, pasando a 4.365.000. Todo ello en información de adquisición de tecnologías para la gestión de Fogasa, es
inversión en adquisición de maquinarias y programas de tecnología para su funcionamiento. Hay que tener en cuenta que en Fogasa se han incrementado por dos las cargas de trabajo y ha habido muchas dificultades para poder reclutar personal; está
trabajando prácticamente con el mismo personal, seguramente con alguna disminución en calidad de gestión, y creo que la apuesta de Fogasa es tener mejores tecnologías para gestionar mejor.



En Seguridad e Higiene efectivamente el año pasado hubo una disminución de gastos de personal porque se suprimieron las vacantes que tenía el organismo, por una confusión administrativa; ese fue el coste de las vacantes suprimidas o el
crédito que correspondía a las vacantes suprimidas. En la oferta de empleo del año 2009 el Instituto de Seguridad e Higiene estuvo excluido de la limitación de tasa de reposición, junto con la Inspección y el Servicio Público de Empleo. Al estar
excluida la tasa de reposición no lo hicimos contra vacantes, y esas vacantes nuevas suponen el millón de euros más que figura en el presupuesto. Eso ha sido el año pasado, en que se suprimieron más vacantes, se quedaron sin vacantes, hubo oferta
de empleo, no existían vacantes y ha habido un suplemento de crédito con cargo a recursos propios para financiar la oferta de empleo de Fogasa.



En cuanto al diseño del modelo de la Inspección y su futuro creo que hay una visión compartida con agentes sociales y con todas las comunidades autónomas que tienen competencias materiales; hemos logrado unir al consenso a los propios
inspectores, es decir, que las asociaciones y sindicatos de inspectores de trabajo están de acuerdo con el modelo al que vamos y cuál es el objetivo del cambio en la Inspección, y por ello hay consenso político en el objetivo no digo de modernizar,
sino de mejorar y aumentar el número de inspectores, y además, de mejorar las condiciones materiales y tecnológicas. Proyecciones del programa Lince.
En el año 2010 pensamos gastar 6.346.988 euros más que en 2009, en capítulo 2, 4.680.968 euros, y
en capítulo 6, 1.666.020. Estamos en la línea de mantenimiento del gasto en tecnologías de la información en el programa Lince, o sea, que teniendo en cuenta el ajuste presupuestario vamos a mantener el esfuerzo de inversión en la Inspección de
Trabajo.



En cuanto a la economía sumergida hay que decir que es un programa prioritario del Gobierno, compartido por todas las fuerzas políticas y por los agentes sociales. Las cifras que tenemos en este momento son que de enero a septiembre del
2009, en que ha habido 27.120 órdenes de servicio frente a las 11.016 del año pasado, se han incrementado en 16.104. Al final del año 2008 hubo 16.261 órdenes de servicio, y ya están sobrepasadas en los nueve primeros meses de 2009. Con respecto
al número de visitas se han realizado en este periodo 22.558, cuando en todo el año 2008 se hicieron 12.045. En número de actuaciones estamos ahora en 54.002, cuando en todo el año 2008 se hicieron 68.303. Ha bajado el número de infracciones en
economía irregular por una razón: porque una buena parte de ellas tenían que ver con permisos de extranjeros, y todo el colectivo de extranjeros rumanos y búlgaros está en condiciones de legalidad. En cuanto a los trabajadores, en el periodo
enero-septiembre, se ha comprobado la situación de 150.619 trabajadores, y en todo el 2008 de 165.075. El número de requerimientos que ha habido son 1.273, y el año pasado hubo 1.305. Quiero decir con ello que este año se ha hecho un gran esfuerzo
en la programación y en la ejecución de las acciones de inspección en la economía irregular, y todo esto se ha hecho de acuerdo con las comunidades autónomas, porque de alguna manera es más competencia del Estado que de las comunidades autónomas, y
eso ha supuesto que han podido dejar de ser atendidas competencias materiales de las propias comunidades, sabiendo que este año ha habido un gran esfuerzo por parte de la Inspección para informar expedientes de regulación de empleo, que ya en el
periodo de enero a octubre se ha multiplicado por tres el número de expedientes de regulación de empleo informados. Quiero decir que la Inspección ha hecho un esfuerzo.



En cuanto a gastos corrientes simplemente se ha producido un cambio presupuestario, es decir, figuraba en otras indemnizaciones y ha pasado a dietas. Dietas son lo que cobran los inspectores de trabajo por los desplazamientos que hacen en
materia de inspección. Es un cambio de subconcepto dentro del presupuesto. En cuanto a estudios y trabajos técnicos efectivamente ha aumentado la partida de gastos del presupuesto, pero es que es una partida que va a más, no es un cajón de sastre.
Le mandaré la aplicación de la partida. El presupuesto del capítulo 2 del ministerio es muy restringido, hemos hecho un esfuerzo por recomponer el gasto, y cualquier gasto que hemos recompuesto no ha sido por capricho, sino porque había una
necesidad detrás. Y ha habido aumentos y disminución en otras partidas de gasto. Estudios y trabajos técnicos creemos que es una buena inversión por parte del ministerio, pero remitiremos el dato de cuánto ha sido en 2009 y cuánto queremos que sea
en 2010.



Sobre cuál es el procedimiento del paso de empleo temporal a fijo del INEM, le diré que es el legal; ya en el año 2009 en la oferta de empleo ha habido plazas que han salido y los funcionarios que aprueben irán a trabajar al INEM. En el
año 2010 el que no haya tasa de reposición significa que si sacamos plazas de funcionarios se puede presentar cualquier ciudadano español, y el que aprueba va al INEM desplazando al personal interino. Ese ha sido el procedimiento, que se ha
iniciado en el


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año 2009, y lo que queremos es llegar a una plantilla estructural de las oficinas de empleo que sean 5.750 efectivos, que es la plantilla estructural definida. La promoción interna se ha puesto en marcha dentro de los procesos de promoción
interna en la oferta de empleo público, y ha habido una línea de promoción con una especialidad en materia de empleo.
¿Qué ocurría con los funcionarios del INEM? Que competían en materias en las que no eran expertos con otros funcionarios que
tienen otros conocimientos; concurrían cada año, pero era una escabechina, porque no aprobaban, y este año ha habido una especialidad en empleo, con lo cual estamos garantizando que pueda ser realista que una parte importante de funcionarios puedan
promocionar. Puedo decirle que dentro del INEM hay mucha gente que está preparando las pruebas selectivas, o sea, que estudia y trabaja, porque les hemos prometido -y eso es palabra nuestra, no siempre fácil de cumplir- que para que esto sea eficaz
hay que mantenerlo en el tiempo, y en el año 2010 queremos mantener en el tiempo el programa de promoción del INEM.



Sobre dónde están los 41 millones, 40 millones de incremento corresponden a la consolidación del mayor coste de mayores efectivos por parte del Servicio Público de Empleo, y un millón corresponde al incremento en el Instituto de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. El resto de las partidas de personal están congeladas. En cuanto a las partidas de personal, sobre lo que me preguntaba don Manuel de la Rocha, hemos conseguido, con dificultades, subir la tasa de reposición al Servicio
Público de Empleo, estará seguramente Seguridad e Higiene en el Trabajo, y desde luego, la Inspección de Trabajo. Para la tasa de reposición prevista, dado que va a ser un presupuesto muy austero, creo que la oferta va a ser más reducida que el año
pasado, creo que la reposición estará en torno al 15 ó 30 por ciento. Querríamos -y seguramente lo planteemos para que se introduzca como enmienda- que también se excluya al personal de la Seguridad Social.
Desde el punto de vista de los órganos
horizontales de la Administración creo que los tenemos convencidos de la bondad de este planteamiento, tanto por parte de Economía y Hacienda como por parte del Ministerio de la Presidencia.



En cuanto a Fogasa el tema está aclarado. La Inspección de Trabajo, en cuanto a la economía irregular, es una preocupación y un objetivo importante en las campañas. Y en cuanto a la evolución de los efectivos de la Inspección se lo mando
por escrito, pero el número que habrá en 2009 son 1.874 efectivos reales, de los que faltan por incorporarse 48 inspectores que han aprobado las últimas oposiciones. En el 2010, con la oferta de empleo del año pasado en la que se convocaron 203
plazas, queremos llegar a 2.062, y al final de la legislatura -2011 y 2012- queremos llegar a 2.562 efectivos. No ha sido posible llegar a los 3.000 porque es un esfuerzo muy difícil y también hay que recordar que tenemos dos oposiciones recurridas
del año pasado, una mixta en la que ha habido sentencia por parte de la audiencia anulando la convocatoria, por razones distintas a las planteadas en la demanda, y ha habido otra de promoción que fue suspendida, curiosamente después no dictó
sentencia, luego se declaró incompetente, se mantiene la suspensión, y ahora está en el Juzgado de Primera Instancia, y creemos que la ganaremos. Son 140 plazas que están embalsadas y que si logramos desembalsarlas sumarían el número de efectivos
previstos para el final de la legislatura.



En cuanto a la escuela es un proyecto compartido por todo el mundo: comunidades autónomas, los propios inspectores y también los agentes sociales. Creo que es una herramienta muy importante para la mejora en el sistema de inspección.
Tiene que ver con un sistema más moderno de selección, es decir, parte pruebas selectivas y parte conocimientos que se imparten en la escuela; tiene que ver con una formación continua más moderna, queremos crear una escuela que sea una unidad de
investigación, análisis y estudios en temas laborales. También querríamos que fuera un paraguas de participación en estudios, proyectos, futuro, saber pensar y crear conocimiento por parte de agentes sociales. Además es una institución compartida
por el grupo de trabajo de la Conferencia Sectorial quien, junto al director de la escuela, decide la política de formación de la escuela, y además está consensuado también con los propios funcionarios de la Inspección. Creemos que es una
herramienta muy importante de cambio, y además una herramienta institucional importante en lo que debe ser una inspección integrada en un Estado autonómico tan complejo como el que tenemos.



No sé si he dejado alguna pregunta sin atender. Queda por mandar por escrito la descomposición de esa partida.



El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión, señorías.



Eran las ocho y veinte minutos de la noche.