CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 208

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ

Sesión núm. 11 celebrada el miércoles 25 de febrero de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias:


- Del señor presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, APM (Chamorro González) para informar de las razones en las que se sustenta el 'Documento reivindicativo Carrera Judicial, 12 de enero de 2009', de su incardinación en
el respeto a la autonomía del Poder Legislativo y para que las asociaciones que representan jueces y magistrados tengan ocasión de oír y ser oídos por la institución básica y nuclear de la soberanía popular de la que emanan todos los poderes del
Estado como establece el artículo 1.2 de la Constitución. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000130.) ...
(Página 2)

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Del señor portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, AJFV (Sexmero Iglesias) para informar de las razones en las que se sustenta el 'Documento reivindicativo Carrera Judicial, 12 de enero de 2009', de su incardinación en el
respeto a la autonomía del Poder Legislativo y para que las asociaciones que representan jueces y magistrados tengan ocasión de oír y ser oídos por la institución básica y nuclear de la soberanía popular de la que emanan todos los poderes del Estado
como establece el artículo 1.2 de la Constitución. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000131.)... (Página 18)


- Del señor portavoz de Jueces para la Democracia, JpD (Gimeno Jubero) para informar de las razones en las que se sustenta el 'Documento reivindicativo Carrera Judicial, 12 de enero de 2009', de su incardinación en el respeto a la autonomía
del Poder Legislativo y para que las asociaciones que representan jueces y magistrados tengan ocasión de oír y ser oídos por la institución básica y nuclear de la soberanía popular de la que emanan todos los poderes del Estado como establece el
artículo 1.2 de la Constitución. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000132.) ... (Página 31)


- Del señor presidente representante del Foro Judicial Independiente (Gallardo Correa) para informar de las razones en las que se sustenta el 'Documento reivindicativo Carrera Judicial, 12 de enero de 2009', de su incardinación en el respeto
a la autonomía del Poder Legislativo y para que las asociaciones que representan jueces y magistrados tengan ocasión de oír y ser oídos por la institución básica y nuclear de la soberanía popular de la que emanan todos los poderes del Estado como
establece el artículo 1.2 de la Constitución. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000133.) ... (Página 46)


Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de esta mañana. Como saben ustedes, el orden del día consiste en la realización de varias comparecencias. En este caso, de los representantes de la Asociación Profesional de
la Magistratura, del representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, del representante de Jueces para la Democracia y del representante del Foro Judicial Independiente.
Estas comparecencias tienen por objeto informar de las razones en
las que se sustenta el Documento reivindicativo Carrera Judicial, 12 de enero de 2009, de su incardinación en el respeto a la autonomía del Poder Legislativo y para que las asociaciones que representan jueces y magistrados tengan ocasión de oír y
ser oídos por la institución básica y nuclear de la soberanía popular de la que emanan todos los poderes del Estado como establece el artículo 1.2 de la Constitución. Así mismo, les recuerdo que tenemos en trámite de enmiendas en estos momentos en
la Cámara el proyecto de ley de reforma de la oficina judicial y, por lo tanto, la conveniencia, la puntualidad y la actualidad de estas comparecencias tienen aún mayor relieve e ilustración para todos los comisionados y para el Congreso de los
Diputados. Estas comparecencias se han solicitado en su momento por el Grupo Parlamentario Socialista, y la Mesa de la Comisión y los portavoces decidieron celebrar esta sesión en el día de hoy.



Quisiera también, si no existe ningún inconveniente, decirles u orientarles en torno a las previsiones y lo que es la metodología y el procedimiento de la sesión de hoy. En primer lugar, abriríamos una intervención por un tiempo máximo de
quince minutos del compareciente o comparecientes. En segundo lugar, abriríamos un turno de los grupos parlamentarios de menor a mayor, cuya duración no sea superior a cinco minutos. La filosofía es que interesa el criterio de los comparecientes
más que el de los grupos, que van a tener ocasión de hacer debates amplios y, con independencia de que en la sesión de hoy pidan todo tipo de aclaraciones, formulen preguntas, etcétera, seremos flexibles en el manejo de los tiempos, y habrá un
último turno por parte de los comparecientes. La idea es que cada asociación, en cada punto que figura en el orden del día, consuma una duración en torno a la hora. También les digo que seremos flexibles en el manejo del tiempo y que la sesión no
será levantada hasta que se agote completamente el orden del día.



COMPARECENCIAS:


DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA, APM (CHAMORRO GONZÁLEZ) PARA INFORMAR DE LAS RAZONES EN LAS QUE SE SUSTENTA EL 'DOCUMENTO


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REIVINDICATIVO CARRERA JUDICIAL, 12 DE ENERO DE 2009', DE SU INCARDINACIÓN EN EL RESPETO A LA AUTONOMÍA DEL PODER LEGISLATIVO Y PARA QUE LAS ASOCIACIONES QUE REPRESENTAN JUECES Y MAGISTRADOS TENGAN OCASIÓN DE OÍR Y SER OÍDOS POR LA
INSTITUCIÓN BÁSICA Y NUCLEAR DE LA SOBERANÍA POPULAR DE LA QUE EMANAN TODOS LOS PODERES DEL ESTADO COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO 1.2 DE LA CONSTITUCIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000130.)


El señor PRESIDENTE: Hechas estas consideraciones, quiero, en primer lugar, dar la bienvenida y agradecer además la presencia de don Jesús Chamorro González como presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura y de don Antonio
García Martínez, portavoz también de la misma asociación, que nos acompañan en la mañana de hoy. Quiero agradecerles su comparecencia, su magnífica disposición y el contenido de su exposición, que agradezco por adelantado. Sin más rodeos, le cedo
la palabra a don Jesús Chamorro González, como presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura.



El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA (APM) (Chamorro González): Para mí como presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, junto con don Antonio García, que es el portavoz, y para todos los que
componemos la Asociación Profesional de la Magistratura es un honor poder estar aquí esta mañana en esta sede del Congreso de los Diputados. Soy absolutamente primerizo en este tipo de actos y ya digo que es un verdadero honor comparecer en esta
Comisión, que tiene carácter -como creo que está así previsto en el Reglamento de la Cámara- potestativo. Aun así, ya digo que venimos encantados y vamos a tratar de ilustrar a SS.SS. sobre lo que entendemos que es la situación actual de la
justicia y el porqué de que la Asociación Profesional de la Magistratura se haya embarcado junto con las otras asociaciones profesionales de jueces en las reivindicaciones de determinadas cuestiones que no tienen otro fin que mejorar el servicio
público -así lo consideramos- de la Administración de Justicia y, por tanto -como voy a tratar de explicar cuando vaya una por una señalando las reivindicaciones que contiene el documento-, buscar una optimización del servicio de cara al ciudadano.
Quiero dejar claro desde un principio que al menos en la Asociación Profesional de la Magistratura no se esconde ningún perjuicio ni ningún fin corporativo en este documento que en su momento las asociaciones han acordado.



La Asociación Profesional de la Magistratura, como todas las asociaciones, tiene su razón de ser en la propia Constitución. Es la propia Constitución española en el artículo 127 y la propia Ley Orgánica del Poder Judicial la que legitima a
las asociaciones profesionales de jueces y de magistrados a defender los intereses profesionales de los jueces y, por tanto, en esta dinámica nuestra asociación ha sido en su momento la primera que se creó en el panorama asociativo español allá por
el año 1980, una vez que se publicó y entró en vigor la Constitución, y fue la única asociación, porque el resto de las asociaciones actualmente existentes o por lo menos dos de ellas han sido escisiones de la misma.
Por tanto, fuimos y seguimos
siendo la asociación mayoritaria, superamos los 1.200 asociados en este momento y agrupamos una representación que supera al resto de las asociaciones todas juntas; lo digo simplemente para ilustrar a SS.SS. en el caso de que este dato no se
conozca. A su vez, esta representación numérica y proporcional en la carrera tiene otra traducción, y es que la Asociación Profesional de la Magistratura en las salas de gobierno cuenta con una mayor representación, alcanza casi al 70 por ciento de
los miembros electos que componen las distintas salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia que, como saben ustedes, insisto, es el órgano de representación elegido democráticamente entre todos los componentes de la carrera judicial.
No solo eso, sino que esta propia casa, las Cortes Generales ha pensado que la Asociación Profesional de la Magistratura merece seis vocales entre los doce de extracción judicial que prevé la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, y, por
tanto, justamente en aras de esa representación, actualmente seis miembros del Consejo General del Poder Judicial de extracción judicial pertenecen a las listas que presentó la Asociación Profesional de la Magistratura; insisto que de los 36
candidatos que había, 17 venían designados por la Asociación Profesional de la Magistratura precisamente en virtud de esa representación que tenemos.
Por tanto, llevamos treinta años cumpliendo con nuestra función constitucional que, insisto, es la
defensa de los derechos profesionales de los jueces, y desde hace muchos años venimos tratando de exponer ante cualquier autoridad y cualquier público que nos quiera escuchar. Llamamos a muchas puertas y la verdad es que casi todas se nos abren,
incluso hemos tenido contacto con diputados de este Parlamento, con miembros de los grupos parlamentarios, para exponer en otras ocasiones nuestras inquietudes con respecto a cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial, con la carrera
judicial y, cómo no, con la Administración de Justicia, cosa distinta de lo que es estrictamente el Poder Judicial pero que sin duda nos empeña a todos.



Ciertamente, en los últimos meses se han precipitado una serie de circunstancias, algunas conocidas, por las que por parte de los miembros de la carrera judicial se ha entendido que la situación no puede ir a más y que realmente la situación
que padece el servicio público de la Administración de Justicia requiere de una intervención inmediata por aquellos que tengan responsabilidades en esta cuestión. De esta manera, después de


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distintas reuniones, distintas actuaciones por separado de cada una de las asociaciones, intentamos llegar a un acuerdo entre las cuatro asociaciones de jueces para tratar de plasmar un documento en el que se contenga lo que las asociaciones
piensan de común acuerdo que son las necesidades que actualmente tiene la Administración de Justicia española, fundamentalmente desde el punto de vista de los jueces y magistrados lógicamente, y tratar de plasmar en ese documento la problemática que
creemos que existe. Ese documento es el fruto de un acuerdo de cuatro asociaciones, por lo tanto quizá si la Asociación Profesional de la Magistratura tuviera que hacer ese documento no coincidiría necesariamente con el documento que la denominada
Comisión Interasociativa Permanente aprobó el 12 de enero de este mismo año, pero fruto de ese acuerdo y con la intención de mantener una postura única por parte de todas las asociaciones hemos considerado que ese es el grupo de nuestras
reivindicaciones.



Nuestras peticiones van dirigidas, insisto, a quienes tienen responsabilidad en estas cuestiones, empezando por el Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados, y, por tanto, quien tiene una
importante responsabilidad en estas cuestiones; a él van dirigidas algunas de nuestras peticiones. Van dirigidas por supuesto también a la Administración de la Administración de Justicia. En ese sentido, como todos ustedes saben, este es un
servicio público que por mor de las decisiones de las Cortes Generales tiene una triple dependencia, diría yo, por un lado, estamos los jueces y magistrados que dependemos del Consejo General del Poder Judicial; el ministerio fiscal, los miembros
del ministerio fiscal y los secretarios judiciales, depende del Ministerio de Justicia; por supuesto en los territorios donde no están transferidos los medios materiales y personales y el resto del personal al servicio de la Administración de
Justicia dependen también del ministerio, cosa que lógicamente va poco a poco perdiendo valor, y el resto de aquellos territorios en los que hay transferencia a las comunidades autónomas estas tienen competencia en esos medios materiales y
personales de la Administración de Justicia. Por tanto, al ministerio, en la medida en que tiene estas competencias, y también a las comunidades autónomas que tienen esas competencias hemos dirigido nuestras peticiones. Lógicamente, por mor en
muchas ocasiones de lo que está previsto en el artículo 117 de la Constitución, es necesaria la intervención legislativa a través fundamentalmente de ley orgánica para tratar de reflejar algunas de las cuestiones que los jueces y magistrados, en
concreto las asociaciones judiciales, entendemos que deben ser abordadas de forma inmediata. En ese sentido, sin que se dirija ningún tipo de petición a este Parlamento, sí se realiza la petición a quien tiene la capacidad de iniciativa legislativa
de promover proyectos de ley en ese sentido y aunque es cierto que algunos de esos proyectos de ley en este ínterin ya están en esta casa porque ya han tenido el visto bueno del Consejo de Ministros, cuando esto se fraguó, que yo tenga conocimiento,
no había ningún proyecto de ley que estuviera tramitándose ya de facto en esta casa. Por eso en principio yo no tengo constancia de que las asociaciones tengamos ninguna demanda en relación con las Cortes Generales porque insisto en que de lo que
se trata es de excitar la iniciativa legislativa de aquellos que la tienen.



El documento -paso a él por no perder más el tiempo- es muy sencillito, contiene ocho puntos y en él se trata de mantener una reivindicación. Voy a centrarme primero en el documento para tratar de explicarles después cuál es la estrategia y
por qué ha habido ciertamente una quiebra en relación con la misma, porque ese final de acuerdo al que habían llegado en su momento las asociaciones a día de hoy no podemos decir que permanezca tal como se acordó en su momento. Nuestras peticiones
se basan en principio, el primer punto, en la petición de que se despliegue de una vez la oficina judicial, que es un proyecto que se contenía en la Ley Orgánica 19/2003 -aprobada lógicamente en este Parlamento-, que preveía que la oficina judicial
se modernizara y que, por tanto, los titulares de los órganos judiciales pudieran desarrollar plenamente su función constitucional ejecutiva en los juzgados, su función jurisdiccional, y se trataba, por tanto, de que pudieran desarrollar su función,
que es la de auxiliar al propio juez, como establece la propia Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 323, para que este pudiera ejercer adecuadamente su función jurisdiccional, su función constitucional. Esa oficina judicial, que contenía
un diseño que en parte dependía del Estado y en parte de las comunidades autónomas, a día de hoy es simplemente un papel, un papel que está en una ley lógicamente, pero no ha tenido plasmación en la realidad. Por tanto, estamos en una situación de
continua incertidumbre en relación con esa oficina judicial, que nosotros, las asociaciones, deseamos y queremos que se ponga en marcha. Es cierto que después de que se fue fraguando el acuerdo, el proyecto de ley que desarrolla la oficina
judicial, que está prevista en la ley orgánica, ya están en esta Cámara, en sede parlamentaria, los proyectos de reformas de leyes procesales que hacen efectivo ese despliegue de la oficina judicial. En el anteproyecto de ley que se tramitó y que
se aprobó por el Consejo de Ministros había una cuestión que no nos gustaba; una cuestión fundamental. Hay otras muchas cosas que pueden no gustar a algunas asociaciones. Ustedes saben perfectamente que precisamente en estos días está circulando
un documento aprobado por la práctica mayoría de los catedráticos de derecho procesal de las universidades españolas, públicas y privadas, donde se mantiene una posición de cierta crítica con respecto al contenido técnico de ese proyecto.



A nosotros nos preocupaba la cuestión del señalamiento de los actos procesales por parte de los secretarios judiciales. Defendemos y pensamos que el secretario judicial debe tener un protagonismo mayor en el seno de la oficina judicial,
pero entendemos que el señalamiento


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de un acto procesal -y me refiero fundamentalmente a una vista o a una prueba- entra dentro del núcleo esencial de la función jurisdiccional. No se trata de que cada uno organice su agenda -cosa que, por otra parte, me parece lógica; que
cada uno diseñe su agenda y diga cómo y cuándo reparte el poco tiempo que tenemos para trabajar-, sino que fundamentalmente desde la función jurisdiccional se pueda determinar cuándo y en qué condiciones se señala un acto procesal. Razones técnicas
hay muchas. No sé si este es el momento de alargarme en estas cuestiones. Nosotros tenemos nuestros documentos internos, me refiero a la APM, que abogan desde el punto de vista técnico a por qué entendemos que el acto procesal lo debe señalar el
juez. Fundamentalmente, insisto en que se hace en aras de la mejora y la optimización del servicio público y para que el ciudadano no tenga que esperar en la puerta de una sala de vistas a ser llamado para declarar, para ser testigo o perito en un
proceso o, simplemente, para acudir a una vista, porque el juez ha estudiado el asunto, el que ha admitido la demanda, el que conoce cuál es el contenido de la demanda y cuáles son los motivos. Yo soy presidente de una sala de lo Contencioso y
quizá tenga una cierta deformación en mi forma de expresarme en esta cuestión, pero el juez es el que sabe por qué se está impugnando un justiprecio, por qué se está impugnando un plan general de ordenación urbana, por qué se está impugnando una
declaración de ruina.
Es decir, sabe cuánto va a durar una prueba pericial, sabe cuál es la cuestión litigiosa que se va a discutir en el seno de ese proceso y, por tanto, sabe cuántos testigos va a necesitar -por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento
Civil le permite prescindir a partir del tercer testigo, lo que lógicamente es facultad del juez- y le permite saber si va a necesitar una pericial judicial que va a acordar él mismo. Por tanto, él no sabe exactamente cuál va a ser, pero sí puede
prever cuál va a ser el contenido del acto procesal que va a presidir -porque a él le corresponde presidir- y va a ajustar los tiempos del señalamiento. Hacer un señalamiento simplemente estableciendo unos horarios, cada diez, quince o treinta
minutos, desde una oficina judicial donde se centralizan los señalamientos de todos los órganos judiciales de una determinada ciudad, exclusivamente va a resultar al final en determinar unos horarios rígidos y cerrados que van a impedir el
desarrollo de esa función jurisdiccional de una forma adecuada y satisfactoria. Hay otras muchas cuestiones. Por ejemplo, cuando se suspende una prueba porque falta un testigo lo lógico es que el juez en ese mismo momento pueda señalar para otro
día dentro del calendario que tenga y pueda decir en ese mismo día a los testigos, que firman en ese momento el acta, y a las partes que quedan citados para otro día sin necesidad de volver a otras citaciones. Además, como todos sabemos, las
citaciones son muchas veces dificultosas de llevar a cabo de forma satisfactoria. En una palabra, entendemos que no es exclusivamente por las razones de que el juez tenga que organizar su agenda adecuadamente y repartir el tiempo del que dispone
para ejercer su función, sino que, en aras de atender al ciudadano adecuadamente, es el juez el que sabe los tiempos y el que puede marcar y prever cómo y en qué condiciones se puede señalar. Esta es una cuestión de mucho calado técnico e insisto
en que nosotros lo planteamos de cara al anteproyecto de ley que se está preparando en el ámbito del Ministerio de Justicia.
Tenemos nuestros documentos, si quieren gustosamente luego podría entrar en cuestiones más detalladas, pero básicamente se
trata de esta cuestión.



Como segunda petición, entendemos que es necesario incorporar de forma eficaz y plena las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia. La verdad es que solo hace falta ir a cualquier juzgado -no a un juzgado de pueblo,
sino a un juzgado o a un órgano judicial de capital- para ver que los magistrados comparten despacho, que los ordenadores están absolutamente obsoletos, que la red se cae, que la compatibilidad de los sistemas informáticos es absolutamente inviable,
etcétera. Insisto en que yo, por razón de mi jurisdicción, tengo a veces acceso a la Tesorería General de la Seguridad Social o a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la verdad es que me quedo impresionado por la diferencia de medios
que hay entre unas administraciones y otras. Creo que ha llegado el momento -ya llegó hace tiempo- y es necesario impulsar una implantación adecuada, eficaz y completa de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia.



Formación adecuada del personal al servicio de la Administración de Justicia. En la Administración de Justicia hay un porcentaje excesivo de personal interino. Eso hace que la estabilidad en el empleo y, por tanto, la estabilidad en la
organización de los órganos judiciales sea muy dificultosa. A esto se añaden importantes problemas en cuanto a la formación de ese personal que hoy está en un Juzgado de Primera Instancia, mañana está en un Juzgado de lo Penal, hoy está de agente y
la misma persona -porque está en la misma bolsa- al día o al mes siguiente está cubriendo una baja de maternidad de auxiliar y se le olvidó ya cómo se tiene que mecanografiar de forma rápida. En ese sentido, entendemos que hay ciertas dificultades.



De cara al Consejo General del Poder Judicial, le pedimos que establezca unas cargas máximas adecuadas en cada órgano judicial, porque la carga que soportan los jueces es absolutamente inviable de afrontar. En la mayoría de los sitios, y no
hablo de puntos negros, los jueces están absolutamente desbordados por causa del trabajo. La ratio de jueces que hay en España comparada con otros países de nuestro entorno está muy por debajo de lo que sería deseable. Entendemos que el Consejo
debe fijar unos máximos para que el ejercicio de la función jurisdiccional pueda ser atendido de forma adecuada y, por tanto, los jueces puedan desarrollar su función según lo que se espera de ellos, es decir, otorgar una tutela judicial efectiva a
los ciudadanos que la demandan. Sé que en el consejo ya se están haciendo algunos trabajos en este sentido y demandamos esta cuestión como


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prioritaria. Todos sabemos de casos y sitios donde los jueces están trabajando muy por encima de los módulos que actualmente tiene el consejo previstos para cada órgano judicial y no es raro ver a un juez trabajando por el 100 o el 150 por
ciento del módulo de entrada de ese órgano judicial. Esta es una cuestión que preocupa mucho a los jueces, porque en muchas ocasiones -aunque no sé exactamente a qué razones responde- se intenta poner a los jueces como uno de los problemas de la
Administración de Justicia. Realmente nosotros no somos el problema o intentamos no serlo. Al contrario, intentamos ejercer nuestra función de la forma más adecuada posible. Somos conscientes de nuestro papel y de nuestra función constitucional
y, en ese sentido, lo único que pretendemos y pedimos es que se nos den unas cargas de trabajo razonables que nos puedan permitir realizar ese trabajo en buenas condiciones. Hay un cierto hartazgo, no un cierto sino un efectivo hartazgo en los
miembros de la carrera judicial con respecto a las excesivas cargas de trabajo que soportan en un determinado lugar. Les puedo decir, por ejemplo, que en Oviedo hay cinco juzgados de lo Contencioso-Administrativo y cinco juzgados de lo Social.
De
repente una Sala Especial del Tribunal Supremo decide -en ejercicio de su función jurisdiccional, lógicamente- que 4.800 asuntos que ese año hay de personal estatutario -saben ustedes que es el personal médico y de enfermería- pasen de la
jurisdicción social a la jurisdicción contencioso-administrativa y no hay ningún cambio de planta. No se reconvierte ningún Juzgado de lo Social a Juzgado de lo Contencioso ni viceversa. Por tanto, los mismos cinco juzgados de lo Contencioso, que
atendían equis número de asuntos, van a tener que asumir 4.800 asuntos más sin que haya ningún tipo de aumento de planta ni de personal ni de nada por el estilo. Esto es así y lo asumimos como obligación y como parte de nuestra función, pero
realmente las cosas tienen que ser de otra manera y demandamos que sean de otra manera. Esto supone revisar la planta judicial. La planta judicial actual nos parece que no responde a las necesidades que actualmente tiene nuestro país y, por tanto,
es necesaria una ley de planta que le pedimos al ministerio -que es el que tiene la iniciativa en este sentido, lógicamente también, como prevé la ley orgánica, con la intervención de las comunidades autónomas- que pueda diseñar una planta judicial
que responda a criterios de racionalidad.
También es cierto que en ocasiones la planta responde a otros criterios más de ámbito local, por decirlo de alguna manera. Entendemos que la planta debe responder a criterios de racionalidad y, por tanto,
debe haber una planta adecuada a las necesidades que hay en cada partido judicial o en cada unidad territorial que se cree o que se pretenda crear. Lógicamente, de la mano de esta petición está la necesidad de que la plantilla de jueces y
magistrados se adecue a esa planta, que el número de juzgados que haya se corresponda también con el número de jueces y magistrados que existan. En ese sentido, en algunas ocasiones no será necesario crear órganos, a veces es necesario crear jueces
y racionalizar un poco la organización de la planta y de la propia plantilla dentro de la planta. Estamos muy distantes, como decía antes, de la ratio de jueces por habitante que sería preciso. Por tanto, entendemos que hay que realizar un estudio
serio y plasmar en una ley estas cuestiones.



Voy avanzando con el tiempo, porque me quedan tres cuestiones. Nos parece importante arbitrar un sistema de sustituciones adecuado. Creemos que la justicia debe de que ser una justicia profesional, actualmente hay un excesivo número de
jueces suplentes o sustitutos, que están previstos en la ley orgánica, pero se habla que de 4.500 jueces que forman la plantilla actual 700 son jueces suplentes o sustitutos. Es evidente que lo que buscamos es una justicia profesional que asuma,
por tanto, la independencia plenamente, que es uno de los principios que la Constitución garantiza para el ejercicio de la función jurisdiccional y, por tanto, como garantía del ciudadano, no como garantía del sujeto que ejerce la función. Esa
independencia se incrementa, lógicamente, cuando hablamos de jueces profesionales y miembros efectivos de una carrera, como es la carrera judicial que se prevé en la Constitución. En ese sentido, creemos que hay que arbitrar un sistema adecuado de
sustituciones y, por supuesto, también que retribuir adecuadamente el ejercicio de la función jurisdiccional a quien la lleva a cabo por sustitución. No se trata de que un juez, que ya tiene una sobrecarga de trabajo, vaya a tener que llevar
también el juzgado de al lado y que si cobra sí estaría dispuesto y si no, no estaría dispuesto. No, se trata de que en algunos casos en los que haya unas sustituciones por un determinado tiempo se puedan realizar por el compañero que está en el
juzgado de al lado, pero también se trata de crear la figura -que algunos denominan de juez volante o como se quiera denominar-, en el seno de la dependencia del Tribunal Superior de Justicia o de quien corresponda, con el fin de que pueda haber un
grupo de jueces que se pueda trasladar -no sé si la comparación valdría, a efectos de una compañía de reserva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- a aquellos sitios y lugares donde haya una eventualidad. Les podría decir que en Oviedo,
en mi sala, cada vez que hay una carretera y una expropiación -que hay muchas- entran 500 recursos contra un justiprecio, y a lo mejor hasta dentro de dos o tres años no vuelve a acontecer esa eventualidad. En un determinado momento hay una
prejubilación de una determinada empresa grande y hay 500 personas que impugnan su declaración de IRPF porque entienden que las indemnizaciones que han cobrado por ese motivo son rentas irregulares y no regulares. Quiero decir que hay
eventualidades -hablo quizás muy personalmente de lo que conozco más de cerca- que hacen que las necesidades no tengan una permanencia o una continuidad en cuanto a su consistencia y contenido.



En séptimo lugar, solicitamos una adecuada conciliación de la vida familiar y profesional de jueces y magistrados. Hay un grupo de cuestiones más concretas que


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están en el documento. No me quisiera alargar con ellas, pero sí creemos que los jueces y juezas y magistrados y magistradas tienen derecho a conciliar esa vida personal y familiar y, en ese sentido, pedimos determinadas cuestiones como la
supresión del ascenso forzoso de juez a magistrado, sin que suponga necesariamente el cambio de localidad o el cambio de categoría, el régimen de licencias, etcétera; es decir, una serie de cuestiones que todavía estamos muy distantes de tener con
respecto al resto de los empleados públicos. Lógicamente el juez tiene una función distinta a la que tiene la generalidad de los empleados públicos, sí creemos que tenemos que tener mayor compromiso y, por tanto, nuestro régimen de licencias tiene
que ser distinto a aquellos órganos, por ejemplo, que ejercen la jurisdicción penal y que tienen guardias, etcétera, pero aun así, eso es compatible con una adecuada conciliación de la vida familiar y profesional.



En octavo lugar, teníamos una reivindicación -digo teníamos, porque la hemos aparcado ante quien la teníamos enarbolada, que era ante el ministro de Justicia, ante el Ministerio de Justicia- que era el cumplimiento de las previsiones de la
Ley de retribuciones, que también se aprobó en este Parlamento. Nosotros, conscientes de la realidad que vive hoy prácticamente todo nuestro entorno, hemos decidido aparcar esta petición, sin perjuicio de que se pueda trabajar durante este tiempo
en elaborar un adecuado modelo retributivo para jueces y magistrados.



Este es un poco el contenido de la reivindicación y nosotros teníamos una estrategia en el acuerdo de las cuatro asociaciones de negociar estas cuestiones con quien correspondía, es decir, con quien tiene la capacidad, en el sentido que
fuere, de poder afrontar estas cuestiones.
Ahí ha habido un desencuentro, puedo hablar por mi asociación, mi asociación sigue leal y con un compromiso cierto y efectivo con estas reivindicaciones, pero también siempre ha tenido, durante todo el
tiempo de su existencia, un evidente y efectivo sentido institucional. Una clara responsabilidad de que representamos a jueces y magistrados y, por tanto, nuestro camino decidido es el camino del diálogo y de la negociación con quien tiene la
responsabilidad de afrontar estas cuestiones. Vamos a ser firmes, eso sí lo quiero decir con claridad, en la defensa de esta plataforma reivindicativa -me gusta poco la palabra, pero ciertamente es un contenido de peticiones que hacemos a quien
tiene esa capacidad- y nuestra estrategia, insisto, es la de negociar donde haya que negociar y con quien haya que negociar que estas cuestiones se plasmen en un papel.
Esto no supone que la asociación no tenga la firmeza, insisto, y la intención
de pedir y de tratar de conseguir que esto se alcance en un lapso de tiempo razonable o, por lo menos, que se vea que efectivamente se abren los caminos adecuados y que se abre una luz al final del túnel para que todos los jueces y magistrados
realmente podamos desempeñar nuestra función que, insisto, como he intentado explicar -y creo que se me ha entendido perfectamente- no busca la defensa de ningún derecho corporativo, sino que se trata simplemente de optimizar y llegar a una eficaz
Administración de Justicia, a una eficaz prestación de este servicio y de esta función que tenemos de prestar la tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos. Por tanto, insisto, actualmente la Asociación Profesional de la Magistratura está,
como ha estado siempre, con un sentido de la responsabilidad y con un sentido institucional claro, evidente y manifestado ante quien tenemos que manifestarlo -y que aquí reitero en este momento- de negociar y llegar a un acuerdo en relación con la
consecución de estas cuestiones. La verdad es que se me ha acabado el tiempo, podría seguir haciendo alguna exposición sobre algunas cuestiones más concretas, pero si acaso después muy gustosamente aclararé a SS.SS. cuanto consideren adecuado.



El señor PRESIDENTE: Ahora en nombre de los grupos parlamentarios, de mayor a menor, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Ridao.



El señor RIDAO I MARTÍN: En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, quiero darle las gracias por la comparecencia y también por la información que nos ha facilitado.



Cuando el 12 de enero pasado cuatro asociaciones judiciales -entre ellas la que ustedes representan- difundieron un comunicado conjunto con aquellos ocho puntos a los que usted aludía de esa denominada plataforma reivindicativa, debo
confesar que tuvimos un sentimiento ambiguo y ambivalente, si ustedes quieren, porque es verdad que el conflicto estalló en medio del mayor atasco judicial de la historia. Se ha aludido repetidamente a los 2.500.000 expedientes no resueltos todavía
por la justicia ordinaria, a los que el consejo anunció en su día. Por tanto, con la mayoría de los problemas seculares que aquejan la justicia todavía pendientes de solución. De modo que la demanda de mejoras retributivas, de medios materiales,
personales, de creación de nuevos órganos judiciales e incluso de algunas cuestiones que ustedes planteaban hoy abiertamente como la informatización o la interconexión, la formación del personal, la debida provisión de jueces con una ratio ajustada
a las cargas judiciales, la revisión de la planta o incluso los refuerzos nos parece, en todo caso, demandas de mejoras plenamente legítimas y ajustadas y que, además, nosotros defendemos para conseguir una justicia más ágil, más rápida y de mayor
calidad.



Por otro lado, por eso decía ambivalente, también quiero decir que la respuesta de las asociaciones, en mayor o menor medida, aunque usted lo negaba al inicio de su intervención, con el debido respeto, creemos que fue una respuesta
corporativa o gremial en cierta forma, porque se expresó de manera abierta por parte de algunos representantes de alguna asociación que respondía a un


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cierto temor o a una cierta inquietud de que se reprodujera el caso Mari Luz, que en nuestra opinión fue un supuesto de negligencia totalmente inaceptable. Digo un cierto temor y un cierto miedo también, que además es lógico ante la
incertidumbre que puedan causar determinadas reformas de tipo legal que afectan, por ejemplo, a los procesos judiciales.
Admitiendo esto, la prueba de que había una cierta respuesta gremial o corporativa es el aliento que recibió este conflicto
desde su origen por parte, por ejemplo, del propio juez Tirado o las reacciones, creo que desairadas en algunos casos, ante las sanciones que impuso el ministerio y el propio consejo; sanciones que en muchos casos fueron vistas como una especie de
injerencia indebida de otros poderes del Estado en el Poder Judicial.



Dicho esto, apoyamos el derecho de cualquier colectivo a plantear y reclamar mejoras sociales, laborales, económicas y de cualquier tipo. Si me refiero al tema de la huelga es, entre otras cosas, porque hace unos días hubo un parón y,
previsiblemente va a haber otro -al menos así se ha dicho de forma velada- para el próximo mes de junio. Podríamos entrar a discutir si el derecho de huelga está o no permitido. El consejo dijo lo que dijo en su día. No voy a entrar en si,
eventualmente, en el conflicto entre un derecho fundamental, como el de la tutela judicial efectiva, y el derecho de huelga debe ceder uno u otro derecho, pero lo que es cierto es que a la condición del juez como funcionario público se une también
la función a la que usted ha aludido como una función constitucional. De ahí que nos parezca como mínimo dudoso que, encarnando a un poder del Estado, los jueces se hayan llegado a echar a la calle, por decirlo coloquialmente. En todo caso, la
cuestión no es si tienen o no derecho a la huelga, que es un tema interesante y que en su día resolvió el consejo mejor o peor, sino si es o no conveniente el recurso a un conflicto colectivo como el derecho a la huelga. Nos parece que ese no es el
instrumento adecuado para unos jueces que encarnan a todo un poder del Estado. El recurso en este caso sería la vía del diálogo. Digo al diálogo, porque el diálogo es mejor para trasladar su criterio en relación con algunas reformas procesales -a
las que usted ha hecho mención anteriormente- y algunas diferencias -por ejemplo en relación con algún proyecto de ley que ya está en tramitación en esta casa-, que intentar imponer visión al legislador con una cierta amenaza de adoptar medidas de
fuerza. Incluso le diré que nos parece paradójico el hecho de que algunos jueces hubieran visto amenazada su independencia con las sanciones que en su día impuso el Ejecutivo o el órgano de gobierno del poder, y ahora, cuando está en trámite en
esta casa un proyecto de ley, se vea también como una injerencia indebida en el Poder Judicial. A todo ello, debo reconocer que el dimitido o cesado -me da igual- ministro Bermejo tampoco hizo grandes contribuciones al diálogo. Se lo dije a él
personalmente. Me parece que en un algún momento azuzó más bien el conflicto y, lejos de templar gaitas, lo que hizo fue mostrarse poco conciliador. En todo caso, nos parece mucho mejor el diálogo. Además, el Poder Judicial es quizás el poder del
Estado que goza de menor credibilidad y menor estima social, y la percepción que tiene la opinión pública de un poder lento, inoperante e incluso en algunos momentos excesivamente politizado no va a mejorar yendo en este caso a una huelga.
Por
ello, compartiendo la mayoría de las pretensiones que acompañan en este caso a la plataforma reivindicativa o a la exposición que ustedes han hecho, nos parece que lo lógico y lo razonable es seguir negociando.
Espero que el nuevo ministro exhiba
un talante dialogante en este sentido, que lo hagan en el seno de la Comisión mixta ministerio-consejo y que no olviden el papel relevante que tienen algunos operadores jurídicos, a los cuales oponen buena parte de sus reivindicaciones -por ejemplo,
los secretarios judiciales- para intentar enderezar la situación de la justicia, ciertamente calamitosa, y afrontar los importantes retos que tiene la justicia en nuestro país.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En primer lugar, quiero saludar tanto al señor Chamorro como al señor García. Quiero saludarle de nuevo, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, incluso algunos puntos de los que conforman la plataforma
reivindicativa el señor García y yo los tenemos que practicar conjuntamente. Me estoy refiriendo al de la conciliación de la vida laboral y familiar, puesto que nuestros hijos acuden al mismo centro escolar y puedo comprender perfectamente los
problemas que sufren los jueces y magistrados y que también sufrimos otros profesionales de otros ámbitos de actividad o que pertenecemos a otros poderes del Estado.



Sin más preámbulos, señor Chamorro, le agradezco su exposición. Ha sido sucinta y clara, con aspectos en algunos casos discutibles y en otros casos perfectamente asumibles por el grupo parlamentario que represento.
El señor Ridao ha
utilizado una expresión que comparto. Cuando se expuso su plataforma reivindicativa, a la que acompañaron además medidas de actuación concreta, quizás no tan enfáticamente en la asociación que ustedes representan como en otras -en concreto, el
ejercicio del derecho de huelga-, a mí, más que un sentimiento ambivalente, como el que ha comentado el señor Ridao, me poseyó un sentimiento anfibológico. El derecho de huelga viene establecido por el artículo 28.2 de la Constitución, en virtud de
un real decreto-ley del año 1977, pero constitucionalizado, como ustedes saben perfectamente, en el año 1985, más la jurisprudencia constitucional que determina el contenido esencial del ejercicio del derecho de huelga, hace que por lo menos sea
discutible que los miembros de la carrera judicial pueda ser titulares de este derecho subjetivo que reconoce la Constitución. Me da la impresión, señor presidente, que hoy no es el momento de dilucidar esta vidriosa cuestión.
Habrá otros
momentos.



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Yo manifiesto mi absoluta adhesión al documento del Consejo General del Poder Judicial, y no tengo dudas, tengo la convicción de que los jueces y magistrados no son titulares o detentadores de este derecho. Se podrá utilizar otra alocución
para llamar a lo que ustedes hagan, pero no el ejercicio del derecho de huelga, que se atribuye por parte de nuestro ordenamiento jurídico a los trabajadores dependientes. Comparto con el señor Ridao que el caso de Mari Luz precipitó, no provocó
-no es el fundamento de sus reivindicaciones-, pero sí pudo tener un efecto catalizador de un malestar larvado desde hace mucho tiempo, porque realmente la situación de la judicatura, de la Administración de Justicia es calamitosa, y no lo es por
ustedes, es calamitosa por sus estructuras arcaicas, como usted ha comentado -comparto la expresión-, por la mala configuración de la oficina judicial, por las disfuncionalidades, por los problemas de la planta judicial y por la insuficiencia de
jueces en el Estado español, porque estamos en unos porcentajes que no llegan a la media de los países de la Unión Europea. Son problemas que justifican y legitiman perfectamente esta tabla reivindicativa que ustedes nos han presentado, y a la que
voy a circunscribir con rapidez mi intervención, porque son las cuestiones que usted ha comentado, señor Chamorro.



Hay una cuestión, que se la primera que usted ha citado, que provoca inquietud o malestar en relación con proyectos legislativos que están en esta sede en trámite de presentación de enmiendas. El primero que usted ha citado es la cuestión
de los señalamientos y la naturaleza jurídica de este acto. Tengo dudas, honestamente se lo digo, de que el señalamiento sea un acto de naturaleza jurisdiccional, más bien da la impresión de que es un acto de impulso del proceso, de ordenación del
proceso. Parece que esas son las funciones que en principio deberían corresponde al secretario judicial, cuyas funciones en este momento son particularmente difusas e inconcretas. Nadie sabe muy bien cuál es su función. Es una función un tanto
esquizofrénica la que se atribuye a los secretarios judiciales. Por una parte, pretendidamente, son gestores de una oficina judicial que, paradójicamente, no pueden gerenciar y, por otra, tienen funciones cuasi jurisdiccionales, pero que en
ocasiones tampoco pueden ejecutar, porque están en el umbral, en la raya, de ese concepto difuso entre lo jurisdiccional, lo parajurisdiccional, etcétera. La concreción de las funciones del secretario judicial, en el proyecto de ley de oficina
judicial y otras leyes de procedimiento que van a ser objeto de reforma es un requerimiento importante en este momento para la ordenación del proceso en todos los órdenes de la jurisdicción. Tengo dudas de que sea una función de naturaleza
jurisdiccional, y este sería el aspecto en el que podría discrepar más claramente con la exposición hecha por usted.



En relación al segundo punto por usted mencionado, las disfunciones que hacen referencia a los procedimientos informáticos, es vergonzoso que existan tantos procedimientos informáticos. Cada comunidad autónoma tiene el suyo -prácticamente
podemos llegar a esta conclusión- y muchos son obsoletos. En otros casos, en el caso de Euskadi -el señor García conoce esta realidad-, son poderosos, son potentes, pero la gran disfunción es que no están coordinados entre sí, no son armónicos
entre sí. Yo le haría una pregunta para conocer su opinión. Sabe que existe el Centro de Documentación Judicial, cuya sede está en la ciudad de San Sebastián, que está creado desde hace nueve años. Yo tuve el honor de inaugurarlo. Una de las
funciones que se le atribuyó al Cendoj fue precisamente coordinar los sistemas informáticos, estructurar un sistema informático si no único sí por lo menos armónico en el ámbito de la carrera judicial, para toda la carrera judicial, para todas las
comunidades autónomas, para todas las demarcaciones judiciales, para todos los órganos judiciales y parece ser que ha fracasado el Cendoj en esta tarea que le fue atribuida. Yo me acuerdo que el Cendoj inició sus actividades de forma
particularmente precaria, hoy resultaría casi sainetesco cómo empezó trabajando el Cendoj, mandando a través de empresas de mensajería todas las empresas, que se recopilaban y se escaneaban allí en la propia sede de San Sebastián, a todos los
órganos judiciales. Esto ha mejorado pero me gustaría saber en qué ha fracasado el Cendoj para que en este momento, en que los sistemas informáticos entre los distintos órganos judiciales tendrían que estar conectados necesariamente dada la
porosidad que existe en todos los procedimientos y la posibilidad de que se trasladen con cierta facilidad de unos órganos judiciales a otros, no haya una informática estructurada y armónica, compatible. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que ha
podido fallar, sobre todo desde la perspectiva de las funciones encomendadas al Cendoj?


En tercer lugar ustedes hacen referencia a los módulos, al sistema de medición de la productividad acordado por el Consejo General del Poder Judicial. Yo era vocal del Consejo General del Poder Judicial cuando se articularon estos módulos y
me acuerdo perfectamente de cómo se configuraron: se pactaron con las asociaciones judiciales, con todas ellas y se pactaron además con todos los representantes que quisieron acudir al Consejo General del Poder Judicial de todos los órdenes de la
jurisdicción, sin ninguna excepción. Creo que el sistema de módulos fue fruto de un consenso. Ya no existen los módulos como tal pero no sé si este sistema de medición de la actividad de los jueces y magistrados ha devenido de forma sobrevenida en
inoperante. Me gustaría saber por qué razón en su opinión, si los módulos estaban mal configurados ab initio, han resultado sobrevenidamente inadecuados y habría que inquirir al Consejo General del Poder Judicial una nueva configuración de estos
módulos, me imagino que también como entonces, de forma negociada, negociándolos con las asociaciones profesionales. Yo me acuerdo de que la suya, la que ustedes representan, mostró su conformidad expresa en relación con los módulos que en aquel
momento se aprobaron. Otras asociaciones también lo hicieron, y en los órdenes de la


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jurisdicción los distintos presidentes de los órganos judiciales más relevantes también mostraron su conformidad con alguna rara excepción. Me acuerdo en concreto de la excepción por ejemplo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero poquísimas más. Esa fue la única excepción que yo conocí en aquel momento cuando se consensuaron con la carrera judicial los módulos, módulos que yo sí creo que están mal articulados. Me parece
inconcebible -aquí puede radicar uno de los problemas de la pendencia o de la abultadísima existencia de ejecutorias penales, y en otros órdenes de la jurisdicción, pendientes- y esto puede estar provocado por el hecho de que por dictar una
sentencia se confieren cinco puntos pero por una ejecutoria penal o una ejecutoria en cualquier orden de la jurisdicción, un único punto. No sé hasta qué punto aquí la simetría no falla estrepitosamente y esto puede estar en el fundamento o en la
base de que existan tantas ejecutorias y sin embargo no existan tantas sentencias pendientes de ejecutar.



Sobre la cuarta cuestión que usted planteaba en relación con la planta judicial estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en que hay que hacer una nueva ley de planta y seguramente de demarcación también, incrementar sobre todo el
número de jueces y de órganos judiciales, que es un requerimiento obvio que en este momento yo creo que nadie está en condiciones razonables de discutir.



En cuanto al sistema de sustituciones y a la abundancia del número de magistrados suplentes y jueces sustitutos, no es bueno que haya tantos, setecientos. Me gustaría conocer hasta qué punto no hay un problema, que gravita sobre la
abundancia de magistrados suplentes y jueces sustitutos, pero que está vinculado al sistema de recluta de jueces y magistrados, un sistema de una oposición compleja que hay que superar y luego una larga estancia en una escuela judicial donde es
posible que una persona vuelva a ser suspendida. No es una eventualidad muy frecuente, es casi un valor entendido que quien ingresa en la escuela judicial tiene que salir de ella como juez, en condiciones de ingresar en el juzgado de ingreso, pero
no siempre ocurre así, y hay personas que no superan las pruebas de la escuela judicial. Un sistema de recluta que dura entre 4 y 6 u 8 años. No sé hasta qué punto ustedes en materia de procedimiento de acceso a la carrera judicial tienen
planteamientos que de alguna forma agilicen el sistema de acceso a la carrera judicial, lo cual seguramente evitaría que existieran tantos magistrados suplentes y jueces sustitutos. Es un comentario en forma de obiter dicta, señor presidente, pero
sobre lo cual su opinión me parece particularmente relevante.



En cuanto a la existencia de jueces que usted ha denominado volantes, no es una expresión forense que esté consagrada en la Ley Orgánica del Poder Judicial. No sé hasta qué punto sistemas que sí están consagrados por las leyes de
enjuiciamiento y la Ley Orgánica del Poder Judicial, como las prórrogas de jurisdicción y los reforzamientos para los que está legitimado el Consejo General del Poder Judicial bastarían, porque la figura de un juez volante se me antoja que plantea
muchas dificultades de especialización en relación con la materia que tiene que atender, de si tiene que haber una especie de fondo de reserva para atender estas necesidades coyunturales que a veces en un proceso de expropiación evidentemente
incrementan notablemente el trabajo de unos órganos judiciales cuyo incremento no es ágil. Desde esa perspectiva me gustaría que me explicara un poco qué entienden ustedes exactamente por un juez volante y si los mecanismos ya previstos en la ley,
como las prórrogas de jurisdicción o las medidas de refuerzo, no bastarían en su caso.



Por lo que se refiere a la conciliación -voy acabando, señor presidente-, estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por ustedes, entre otras cosas por las experiencias tanto empíricas como experimentales que el señor García y yo tenemos que
soportar en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. En materia salarial ustedes parecen haber abdicado o renunciado a la aplicación del modelo retributivo, no abdicado sino renunciado provisionalmente.



Con respecto a la negociación -esta es mi última pregunta, señor presidente-, me gustaría saber, desde la perspectiva de la asociación que ustedes representan, por qué han fracasado las mesas de negociación, si es que han fracasado, si
podemos utilizar esta alocución o este calificativo, fracaso; si las mesas de negociación que se iniciaron con el ya dimisionario ministro de Justicia van a continuar, y si ustedes atisban que en esas mesas de negociación se pueden resolver la
mayoría de las cuestiones o algunas de las cuestiones por lo menos que ustedes plantean en su plataforma reivindicativa.



Estas son las cuestiones, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: En nombre de Convergència i Unió, quiero dar la bienvenida al Congreso de los Diputados y a esta Comisión de Justicia tanto al presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, don Jesús Chamorro, como a su
portavoz que también nos acompaña, don Antonio García.



Hemos escuchado con atención el planteamiento inicial que se nos ha hecho y quiero constatar, en primer lugar, señor presidente, que es un planteamiento útil realizar precisamente esta semana estas comparecencias. Es útil esta semana porque
todavía no ha finalizado el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley que reforma la legislación procesal para implantar una nueva oficina judicial. Por tanto es útil que, antes de que finalice ese plazo de enmiendas, podamos escuchar
sugerencias y aportaciones de los propios jueces y magistrados a través de sus asociaciones. Esto, señor presidente, incluso legitima a aquellos grupos -no lo hizo


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el Grupo Parlamentario Socialista pero sí el resto de los grupos de la Cámara- de no precipitarnos en cerrar rápidamente el plazo de enmiendas sino dar un periodo para poder escuchar e implementar medidas concretas que pueden después
elaborarse a través de enmiendas.



Vienen además en una semana movida en el ámbito de la justicia. Hemos tenido la dimisión de un ministro, el nombramiento de un nuevo ministro ayer mismo y por tanto en algunos aspectos quizá se pueda poner el contador a cero. Por eso es
bueno y positivo que esta semana se puedan escuchar las aportaciones de las asociaciones judiciales porque lo que sí que son ciertas, y coincido con ellas, son dos apreciaciones que el señor Chamorro ha señalado en su intervención. Ha dicho que la
situación no puede ir a más y que requiere de una intervención inmediata. Seguro que muchos compartimos que la situación actual del Poder Judicial, que no es imputable a jueces y magistrados sino al sistema en su conjunto, no está dando la
respuesta adecuada y que debemos actuar, y que para actuar seguramente es útil y necesario que fijemos entre todos una hoja de ruta, que nos fijemos un calendario y que nos fijemos qué actuaciones podemos llevar a cabo con serenidad pero sin perder
tiempo, porque no podemos desaprovechar esta legislatura para tomar aquellas medidas necesarias en el ámbito de la mejora del Poder Judicial en su conjunto y también del funcionamiento de la Administración de Justicia como tal. En ese aspecto usted
nos ha planteado un punto polémico, el de la capacidad de quien debe realizar la función de fijar los señalamientos. Punto que le adelanto que los legisladores, que somos nosotros, no acertaremos si no conseguimos una fórmula de consenso. Por
imposiciones legales no vamos a dar solución, seguro, sobre quién debe fijar o no el señalamiento. Seguro que si hacemos una solución legal que no vaya acorde con lo que puedan pensar jueces y magistrados, secretarios judiciales y el resto de
actores en lo que es el funcionamiento de la oficina judicial, nos equivocaremos.
Por tanto, en estas semanas que tenemos aún abiertas para presentar enmiendas sería bueno y positivo buscar un consenso en aspectos como el que ha sugerido el propio
señor Chamorro.



No podemos estar más de acuerdo en todo lo relativo a la modernización, lo ha dicho también el señor Olabarría en su intervención. Esa modernización requiere, sin ninguna duda, que fijemos unas compatibilidades. No puede ocurrir que la
información no fluya de una Administración de Justicia a otra. Es cierto que hay una triple dependencia en las oficinas oficiales; por una parte, están los que dependen directamente del Consejo General del Poder Judicial, por otra, los que
dependen del Ministerio de Justicia y, por otra, el personal que depende, en algunas comunidades autónomas donde han recibido la transferencia, de esa Administración autonómica, y ello requiere de ese consenso en esa hoja de ruta. Nuestro Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se ofrece para intentar acordar en esta legislatura aspectos que puedan ser positivos. Cierto es que hay una sobrecarga de trabajo. Es indiscutible, y lo es también en el marco de la situación económica
que estamos viviendo. Hay determinados ámbitos jurisdiccionales que están recibiendo una entrada de litigios que no tenían hace un año y que ha desbordado cualquier previsión. Por tanto, debemos replantear nuevamente la planta, pero con el
requisito de la calidad. Como juristas exigimos que la Administración de Justicia y el Poder Judicial tengan una calidad en la formación de quienes imparten justicia y es una función jurisdiccional del Estado que debe ser independiente y prestada
por gente que reúne ese mérito y capacidad que la propia Constitución exige. Esto no es fácil. Los que estamos también vinculados con el ámbito universitario e impartimos docencia sabemos bien cómo, a veces, los estándares y de formación no
siempre son los adecuados en la formación universitaria. De ahí se pasa a un sistema de oposición, -y se comentaba antes- largo, pero que es un sistema que, por lo menos, permite una selección. Cualquier cambio en ese sistema también debe ser de
consenso y, sobre todo, que garantice esa calidad necesaria para quienes deben impartir esa función jurisdiccional con independencia. Por tanto, entendemos desde Convergència i Unió que no es fácil suplantar el sistema de oposiciones establecido en
la actualidad, pero sí que es necesario aumentar la planta. Sin embargo, aumentar la planta con la debida calidad no es fácil y, quizá, una previsión de calendario no nos permita abrirla a muchos más magistrados de inmediato porque no es una
solución que se pueda adoptar de un día para otro, ya que requiere también un esfuerzo de formación. Quizá, aquí, en esa hoja de ruta también deberían intervenir directamente las facultades de derecho de nuestras universidades. Deberíamos
implantar aquí de qué forma aquellos que ya tienen una vocación jurisdiccional puedan tener ya, de entrada, una formación universitaria que les permita acceder con mayor celeridad a esa función jurisdiccional, previa a la debida selección que
garantice ese mérito y esa capacidad. Por tanto, estamos de acuerdo.



Saben también desde la APM que nuestro Grupo Parlamentario Convergència i Unió tiene también en el ámbito de la Administración de Justicia asignaturas pendientes, no únicamente en lo que es la mejora de la oficina judicial, en lo que deben
ser las reformas procesales sino también en lo que debe ser un modelo de Administración de Justicia que se adapte mejor al modelo de Estado autonómico que nos hemos dado. Por tanto, nosotros aquí también tenemos unas reformas pendientes; reformas
que yo expreso muy gráficamente que están en el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía; el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía exige de estas Cortes Generales que abordemos también unas reformas en la Ley Orgánica del Poder Judicial que no
debemos demorar más y debe hacerse en esta legislatura. Por tanto, aquí hay un esfuerzo pendiente de ejecutar en esa nueva concepción de lo que podría ser un camino que fortaleciera al final una Administración de Justicia con mayor celeridad y
mayor proximidad, lo cual


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requiere un esfuerzo de todos, garantizando las funciones que la Constitución reserva al Tribunal Supremo y deben estar salvaguardadas.
Aquí hay un camino por recorrer que marcan los propios estatutos aprobados, y que nuestro grupo quiere
apoyar, para que en esta legislatura sea posible que lleguemos a un punto de encuentro entre todos. Entendemos que mal iremos si no somos capaces, en el ámbito de la Administración de Justicia, de llegar a un pacto global que fije una hoja de ruta
y un calendario que no deba cambiarse aunque se alterara quien tiene la máxima responsabilidad en el Gobierno, porque, si no, haríamos un mal servicio seguro. Si hacemos acuerdos parciales que después deben ser revisados porque hay una alternancia
en el poder, no estaríamos dando tampoco la estabilidad necesaria que requiere esa reforma en profundidad de la Administración de Justicia. Por tanto, les hemos escuchado, tenemos ese plazo de enmiendas abierto ante un proyecto de ley -y repito que
hemos tenido la suerte de que no finalizase, como se pretendía, hace quince días-; de enmiendas para las que podemos escucharles y sobre todo realizar propuestas en positivo.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Trillo.



El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Una cuestión de orden previa y muy breve. Algún miembro de la Mesa y este portavoz han solicitado reunión de Mesa y portavoces y apelamos al probado sentido del respeto a las minorías del presidente
de la Comisión, aunque en este caso sea el grupo mayoritario de la oposición, para que lo tenga en cuenta a efecto de determinadas comparecencias pendientes.



Señor presidente, señores representantes de la primera de las asociaciones profesionales, la APM, señoras y señores, quiero hacer unas precisiones, en nombre de nuestro grupo, antes de dirigirme a los representantes de la APM; precisiones
sobre la naturaleza de las asociaciones profesionales y marco en el que nos encontramos. Quiero subrayar, señor presidente, que las asociaciones profesionales son un órgano constitucional y democrático, previsto en el artículo 127 de la
Constitución, como se ha recordado, en el artículo 401 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que, entre otras funciones, tienen encomendadas la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos, motivo
por el cual cualquier reivindicación no sindical, y estamos muy de acuerdo, es no solo legítimo sino que es su deber, en la medida de sus posibilidades, ejercer y defender. Quiero decirles que para ello las leyes le habilitan no solo a esa defensa
genérica sino también en concreto para informar, por ejemplo, los reglamentos del Consejo General del Poder Judicial, los que dicte y les puedan afectar; es decir, son considerados interesados en el sentido iuspublicista del término. También están
presentes, además, en los órganos de selección y formación de la carrera judicial, en los órganos de Gobierno y, como es natural, son partícipes de los órganos de Gobierno de la carrera judicial, o del Poder Judicial, en concreto del Consejo General
del Poder judicial como órgano de Gobierno. Quiero añadir y subrayar que las asociaciones comparecen hoy porque están legitimadas para ello y a petición propia. Y quiero decir que, aunque en política ya todos sabemos que la vida da muchas vueltas
y los argumentos son también de ida y vuelta, nuestro grupo parlamentario considera que las asociaciones deben venir aquí siempre a petición propia, que también pueden ser obviamente requeridas, pero para informar sobre asuntos en donde tengan
interés profesional; es decir, no pueden ser utilizadas como coadyuvantes en lo que pueda estar produciéndose fuera del ámbito profesional y del ámbito parlamentario.



Con estas precisiones saludo al presidente y al portavoz de la APM, la asociación decana que ya ha cumplido treinta años y mayoritaria en la representación profesional en los términos que se han recordado. No hace falta que lo reitere, pero
para nosotros es un honor haber defendido su presencia dentro del número que era posible y que pudiera dar suficiente entidad y proporción a esa representación mayoritaria en el Consejo General del Poder Judicial. Lo hemos hecho porque así lo
impone el sentido democrático y porque así lo impone el sistema de elección de los vocales vigente, que no es el idóneo pero en el que nosotros queremos que se tenga al menos una representación proporcionada a la que tienen las asociaciones en
presencia. Precisamente por ese carácter decano, y sobre todo por ese carácter mayoritario, tengo que hacerles hoy un llamamiento a la responsabilidad. Todos nuestros colegas de los distintos grupos parlamentarios se han referido a la situación
presente de la justicia en España como de una crisis sin precedentes. Algunos incluso han hablado fuera de esta Casa o en algún debate, sin ánimo hiperbólico puesto que afecta a uno de los tres poderes del Estado, de una situación crítica para el
Estado de derecho o, si lo quieren, que necesita soluciones de emergencia, tantas cuantas se derivan del secular atraso y del antiguo y creciente atasco que se acumula en juzgados y tribunales. En consecuencia, para nosotros escuchar a la
asociación mayoritaria de jueces y magistrados es capital, y les tengo que hablar desde ese sentido de la responsabilidad que les caracteriza, no solo como miembros de la carrera judicial sino como dirigentes de su asociación mayoritaria.

Efectivamente, queremos mayor claridad. Nos gustaría saber si además de mantener la plataforma reivindicativa la APM mantiene la huelga para el día 26 de junio. Es bueno que sepamos en qué marco nos estamos moviendo cuando se incorpora un nuevo
titular al departamento de Justicia y cuando estamos viviendo esa primera huelga de los jueces hace apenas una semana y anteriormente la de secretarios y funcionarios de la Administración de Justicia.



En segundo lugar, y dentro de la tabla reivindicativa -que, vuelvo a decir, el Grupo Parlamentario Popular asume casi en su totalidad por cuanto coincide con lo que pactamos en su día con el Partido Socialista cuando


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estaban en la oposición y hemos pactado en el mes de julio cuando han estado en el Gobierno y nosotros en la oposición-, se encuentra la nueva oficina judicial. Como se ha dicho, y creo que con muy buenos términos, por los representantes de
los grupos que anteriormente han hecho uso de la palabra, especialmente el señor Jané, el proyecto de ley está sometido al trámite de enmiendas. Nos gustaría conocer su opinión cabal y completa sobre el proyecto de ley que se ha remitido a esta
Cámara. Hay enormes expectativas y no menos críticas a este proyecto de ley. Se ha presentado un manifiesto firmado por setenta profesores de derecho procesal que dicen que las facultades que se conceden a la nueva estructura de la oficina, y
especialmente a los secretarios, desbordan las facultades de gestión del proceso e incluso de dirección e impulso del proceso que se quiere atribuir en la Ley Orgánica del Poder Judicial a los secretarios.
¿Comparten estas opiniones? ¿Consideran
que la ejecución debe seguir siendo estrictamente judicial? ¿Tienen sugerencias que hacernos? Porque en esta Casa se admiten en la tramitación de los presupuestos las comparecencias de muchas representaciones sociales y de muchísimos
representantes de organismos públicos. Bueno es en este caso y bienvenidas sean las opiniones que tengan que darnos ustedes y sus colegas de otras asociaciones.



En el tema de los señalamientos me quiero adelantar y hacerles una propuesta. Tal y como lo vemos nosotros, los señalamientos son algo que tiene que variar en su concepción tradicional. El señalamiento implica, por una parte, disposición
de las salas, de los medios, del personal, etcétera, que es algo que claramente pertenece a la gestión, la disponibilidad, y por otro, algo que compete solamente al señor juez, al señor magistrado, que es decidir cuáles son por razones procesales o
por razones sustantivas las prioridades que quiere marcar en la cobertura de esas salas, de esos medios, y por tanto de los señalamientos. Yo también le llamaría a la responsabilidad porque creo que no debemos andar peleando por un fuero tan
sencillo cuando -si me permiten la vulgaridad de la expresión- el huevo que se está compartiendo no se puede romper sin cuatro manos. Es decir, considero que el señalamiento tiene que ser compartido, que los secretarios judiciales tienen que tener
las disponibilidades y ver cuáles son las posibilidades de señalamiento y conciliar por razones sustantivas y decisorias con el superior criterio del juez la prioridad de los señalamientos. Creo que en esto no tendríamos que buscar un conflicto
porque hay otras muchas cosas, si me lo permiten, mucho más trascendentes, sobre todo para los ciudadanos, que decidir quién tiene la competencia final sobre los señalamientos.
Cualquier gestor sabe hoy que no puede disponer de su tiempo si no es
contando al menos con su director, si lo tiene, de gabinete, con su staff con su secretaría general. Y por lo tanto la agenda se fija en función de las disponibilidades que tenga la secretaría, la secretaría general, etcétera, y las prioridades que
tenga el directivo. Es así como ocurre en la vida moderna de gestión, y yo les ruego que reflexionen para buscar una conciliación en este tema que, repito, no es el más importante. El señor Jané ha hablado de consenso y yo hablaría en términos
semejantes; busquemos una conciliación y cuenten con la plena disponibilidad al menos por parte de nuestro grupo y creo que de alguno más porque así se ha expresado por quien le corresponde.



En cuanto a las nuevas tecnologías -voy a ser muy rápido, señor presidente, para no abusar de su paciencia-, cuando empezaba todo esto se hablaba de informática de gestión, de informática jurídica y de informática procesal. La informática
jurídica se ha solventado por vía pública y privada. Hay repertorios jurisprudenciales a través de la red perfectamente usables por cualquier operador jurídico. La informática de gestión y la informática procesal no están resueltas. Señores
representantes de la APM, estamos muy de acuerdo con algunos de los ejemplos que han puesto, como la Agencia Tributaria estatal o la Seguridad Social. En este momento no es posible que cualquiera de ustedes o de sus compañeros o colegas en un
juzgado tengan lo que tiene la Agencia Tributaria, es decir, conocer en qué proceso se encuentra este señor o este proceso en qué estado se encuentra y, por supuesto, en la gestión procesal ni siquiera se ha introducido el soporte digital para los
procedimientos. Nosotros tenemos claro que es necesario coordinar todos los sistemas existentes, pero también les pregunto: ¿ustedes serían partidarios de una solución tipo Agencia Tributaria de carácter nacional y concertado con el Consejo
General del Poder Judicial y con participación de las comunidades autónomas para dar una respuesta de emergencia a una situación de emergencia? Nosotros, desde luego, sí somos partidarios de ello y les anunciamos que tenemos un proyecto preparado
para discutirlo con los restantes portavoces y, si él lo desea y las circunstancias lo permiten, con el nuevo titular del Ministerio de Justicia. Creemos que la solución debe ir por ahí.



Sobre la cobertura de vacantes mediante personal titular -creo que se le ha preguntado por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra-, digamos con claridad si somos o no partidarios del sistema de oposiciones, no vengamos
con ambigüedades. El Grupo Parlamentario Popular lo ha dicho en esta Comisión de manera abierta y clara en la primera comparecencia del señor Bermejo en esta legislatura y en todas las ocasiones en que ha tenido oportunidad, como el otro día
respecto de los registros de la propiedad. Queremos saber la opinión clara y contundente de la Asociación Profesional de la Magistratura. ¿Ustedes creen en los turnos complementarios o creen en ese sistema de selección posgrado previo a cualquier
ejercicio que se propugnaba por el ministro anterior, o creen, como es nuestro caso, que el sistema general básico debe ser la oposición?


La cuestión de la planta judicial ha sido una exigencia de esta Comisión en esta legislatura y creo que en la pasada. Es verdad que el ministro cesante anunció que era necesario escuchar a las comunidades autónomas


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porque así lo exige la Constitución y no es menos cierto que el modelo de estructura judicial debe ser una de las prioridades, si no la prioridad, del nuevo ministro, pero eso es algo sobre lo que ya tendremos ocasión de debatir otro día.
¿Ustedes qué modelo tienen? Ustedes, que saben perfectamente que hay menos jueces por habitante que la media de la Unión Europea y lo han reseñado, también saben que hay un mayor número de órganos colegiados que en cualquier otro país de la Unión
Europea. ¿Por qué órgano vamos a optar, por qúe tipo de órganos: por órganos flexibles, por aumentar el número de órganos colegiados, por reducirlo, por reducir su competencia, por aumentar el número de jueces, por modificar el número de distritos
o de circunscripciones? También nos gustaría oír eso. A lo mejor no acabamos hoy, pero son cuestiones que están diariamente en el ánimo de esta Comisión y que a mí y estoy seguro de que a todos mis colegas nos gustaría que ustedes respondieran.



No voy a entrar en los temas de carácter profesional. Ustedes tienen perfecto derecho a defenderlos y yo perfecto derecho -no, casi deber- a no pronunciarme sobre los mismos. Ustedes han abierto una vía de negociación sobre ellos con el
anterior ministro de Justicia y reclaman hoy seguir haciéndolo con el nuevo titular. Les deseo suerte. Nosotros examinaremos cuál es el programa del nuevo ministro y tomaremos las consiguientes decisiones. Sí les recuerdo -no a ustedes, que lo
tienen muy claro, sino a todos- que ustedes no son un sindicato porque los jueces no pueden pertenecer a partidos ni a sindicatos; eso también lo dice la Constitución. Por tanto como asociación profesional tienen perfecto derecho, e incluso deber
-termino por donde comencé-, a defender esos intereses profesionales. Pero, insisto, sin caer en el sindicalismo.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señorías, señor presidente, doy en primer lugar la bienvenida a don Jesús Chamorro y a don Antonio García, presidente y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Les agradezco de verdad su
presencia y les digo que, pese a algunos comentarios que a veces se realizan, en ningún caso es voluntad del Grupo Parlamentario Socialista ni de ningún grupo, como han podido observar, fiscalizar ni controlar, como no podía ser de otra forma,
ninguna actuación de una asociación de jueces. Esta comparecencia tiene que entrar, desde nuestro punto de vista, en lo que debe ser la normalidad democrática de colaboración, de cooperación, de información. Porque la fiscalización del Parlamento
y el control se produce solo hacia el Gobierno y no, por supuesto, hacia ustedes. Por tanto les agradezco su presencia en este tono e intención de colaboración, de coordinación, dentro de los escasos minutos de que disponemos.



En ese sentido, partimos de una coincidencia inicial en el diagnóstico de situación: la necesidad urgente e inaplazable de la modernización de la justicia. Partimos incluso de compartir con ustedes una buena parte de las reivindicaciones
que realizan, no en la literalidad pero sí en el fondo de la mayoría de ellas, por qué no decirlo; si tenemos ocasión podremos ir ahondando en este tema. Pero quisiera también hacerles una pequeña reflexión. Siendo cierta la situación inaplazable
de mejora del servicio público de la justicia, no lo es menos que cuando se ha producido esta situación de turbulencias es precisamente cuando hay un gobierno que ha dedicado la mayor cuantía de recursos económicos a la Administración de Justicia,
casi un 60 por ciento más que el anterior, siendo manifiestamente insuficiente, ¡ojo!; una reivindicación de planta y número de jueces en un momento en el que se han creado más plazas de jueces y fiscales que en cualquier otro momento de la
democracia, 1.148 plazas de jueces y fiscales frente a las 512 del anterior; reivindicaciones de modernización, necesarias, cuando el proyecto de ley básico para la reforma de la Administración de Justicia y el impulso a la nueva oficina judicial
están sobre la mesa, cuando el Consejo General del Poder Judicial presenta un plan de modernización, cuando hay una mesa de negociación abierta, cuando están intentando coordinar Consejo, Gobierno y comunidades autónomas la salida a esta situación
que ustedes describen y nosotros compartimos de reforma y modernización inaplazables, de acuerdo. Sin embargo, se produce en este contexto la primera huelga de jueces de la democracia, que nos preocupa, cómo no nos va a preocupar.
Por varias
razones: una, porque carece de cobertura legal; dos, por injustificable e inoportuna; tres, porque se trata de un poder del Estado, porque se priva a los ciudadanos del derecho a la tutela judicial efectiva; porque contribuye a deteriorar aún
más la imagen, también, en nuestra opinión, de los jueces y del servicio público de la justicia, y además porque están abiertos todos los cauces de diálogo y de negociación. Por tanto sí nos ha preocupado y, aunque no sea el tema de debate de hoy,
queremos ponerlo sobre la mesa.



En relación con las reivindicaciones que ustedes realizan, insisto en que compartimos una buena parte. Pero permítanme una pequeña discrepancia. El tema fundamental o más importante no es para nosotros la existencia o no del derecho de
huelga, que es un tema jurídico y político de interés, pero no el problema fundamental que tiene la justicia en España, el servicio público, sino cómo se moderniza y se pone a la altura que exigen, demandan y a la que tienen derecho los ciudadanos
de nuestro país. Y para que esta modernización se produzca hay algunos elementos básicos, en nuestra opinión, y les pregunto si los comparten. El primero es poner en marcha la nueva oficina judicial. El proyecto de ley se ha publicado el 19 de
diciembre, con bastante anterioridad al momento en que ustedes efectúan estas reivindicaciones. No vamos a entrar en mayor profundidad, pero ya estaba en periodo de enmiendas


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cuando ustedes redactan este documento el día 12. Pero con el mismo respeto que es obvio que tenemos a los órganos judiciales, a las asociaciones y al Poder Legislativo y con el mismo escrúpulo que debemos tener y compartimos por el respeto
a la independencia judicial, en estos últimos días estamos asistiendo a manifestaciones auténticamente escandalosas contra la independencia del Poder Judicial, ahora sí, no meros aspectos subjetivos o de piel fina, como dice alguno, sino acusaciones
y amenazas directas a un juez que está instruyendo un sumario, exigencias de que dé los nombres, que levante el secreto del sumario, que diga quiénes son los imputados, que deje de cazar a no sé quién... Eso sí son ataques vergonzosos a la
independencia judicial.
También le tenemos que decir al conjunto de las asociaciones de jueces que la independencia y la separación de poderes es para todos y quizá debieran, se lo digo respetuosamente, dentro de las reivindicaciones que no tienen
por qué tener límites, dentro del respeto y de las competencias que cada uno tenga, el Poder Ejecutivo tiene sus competencias y el Poder Legislativo también, y la competencia de aprobar leyes, también las leyes orgánicas, corresponde al Parlamento y
nosotros estamos muy interesados en oírles a ustedes, como colectivo importante y así lo haremos, no lo duden, y a otros operadores más dentro del ámbito de la justicia. A ustedes de manera importante y esencial. Pero no nos parece muy acertado
que, cuando se está tramitando aquí un proyecto de ley, trasladen alguna reivindicación concreta, con amenaza de huelga si no se estimare, cuando es una competencia exclusivamente del Poder Legislativo. Cuidado también con esas relaciones y con
esas situaciones cuando se habla no de una reivindicación colegial o asociativa, sino del contenido concreto de un proyecto de ley que se va a convertir en ley. Porque si llegara al aspecto de entrar en la materia que les corresponde de juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado y no se respetaran los términos constitucionales, mecanismos habría para ello. Es decir, que ese respeto sin lugar a dudas tiene que ser recíproco.



Solo les haré alguna pequeña reflexión más sobre el conjunto de las reivindicaciones. Oficina judicial: el proyecto está en marcha, y es el aspecto más importante para la modernización. Agenda de señalamientos, que les preocupa y mucho;
nos parece un tema importante, no el más importante, pero estaremos en condiciones de hablar y ver qué es lo mejor para su regulación, cómo se va a legislar. Evidentemente no estamos en este caso en la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado,
desde nuestro punto de vista. En todo caso, estaremos abiertos, cómo no, a buscar alguna fórmula de entendimiento para hacer más operativo y eficaz el funcionamiento de la oficina judicial y los señalamientos que tengan que llevarse a cabo.



En cuanto a las nuevas tecnologías, totalmente de acuerdo. Es urgente y necesario, ¡cómo no lo vamos a compartir! Las actuaciones que se están llevando a cabo ahí están, se está invirtiendo más que nunca en este ámbito y estamos en una
necesidad de aumento de recursos y sobre todo de aumento de coordinación con los sistemas que existen en otras comunidades autónomas.



En la carga de trabajo, ya saben que la Comisión Nacional de Estadística Judicial ya ha creado un grupo de trabajo, y claro que lo compartimos, cómo no, es una preocupación real a la que hay que dar salida. La planta judicial; naturalmente
que sí. Saben que se está trabajando en el anteproyecto, y aquí también hay una cuestión que conocen perfectamente y don Emilio, con magnífico criterio, lo pone de vez en cuando de manifiesto. No es solo que queramos no sé cuántos jueces más en un
plazo concreto, porque el sistema absorbe adecuadamente a un número determinado y, desde luego, los que se han incorporado en los últimos cuatro años probablemente, no lo afirmo, rocen el límite de los que adecuadamente, con el sistema actual,
pueden ir teniendo entrada en la carrera judicial.
En el ámbito de sustituciones también se está trabajando. Compartimos los principios y las peticiones que formulan. Se estaba trabajando ya en el ministerio -no sé si será la solución- con la
figura de los jueces volantes, pero el principio de independencia y la profesionalización van en la línea que ustedes apuntaban.



Respecto a las medidas de conciliación, no nos daría tiempo a desarrollarlas, al igual que el aspecto de las retribuciones aunque, como bien sabe, ya se ha constituido por el Ministerio de Justicia y por el consejo un grupo de trabajo para
estudiar la reforma del sistema de retribuciones. Aunque en un momento dado se compartiera el sistema de módulos hace tanto tiempo, ha transcurrido el tiempo suficiente y necesario para haber detectado disfunciones en el sistema y que de manera
consensuada pudiera abordarse un sistema más justo, equitativo y equilibrado. En cuanto a las inversiones, estamos de acuerdo en que hay que aumentarlas, pero le reitero, y ustedes lo saben, que se está haciendo el mayor esfuerzo económico
-insuficiente- que se había hecho en toda la democracia. En cuanto a los refuerzos, saben que las solicitudes las formula el Consejo General del Poder Judicial y en el último año el dato es que se ha dado cobertura al 95 por ciento de las
peticiones de refuerzo formuladas por el Consejo General del Poder Judicial al Gobierno de España, al Ministerio de Justicia.



En síntesis, algunos de los aspectos que ustedes plantean en la tabla de reivindicaciones están en camino de solucionarse; otros con proyectos de ley que se están tramitando en esta Cámara; otros con mesas que se han constituido para
darles solución y casi ninguno sin posibilidad de acuerdo. Por tanto, agradecemos la disposición al diálogo y negociación que su asociación ha venido demostrando y ha puesto de manifiesto hoy ante esta Cámara. Sé que nos hemos ido con creces de
hora, pero para el trámite útil que estamos teniendo, quisiera decirles que todo esto nos interesa de verdad -sé que no se puede agotar en este trámite- y que recibiríamos


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con sumo agrado que por el conducto de la Mesa de la Cámara o como consideren oportuno nos remitieran a este Parlamento y, en concreto, especial interés tiene el Grupo Parlamentario Socialista, sus opiniones sobre los proyectos de ley,
especialmente del más grueso ahora y urgente de tramitación, el de la reforma de las leyes procesales para poner en marcha la nueva oficina judicial. Nos gustaría que nos dieran su versión sobre lo que entienden positivo, al menos en los pilares, y
las críticas y modificaciones, si lo estiman oportuno, que a su juicio pudiéramos llevar a cabo. Esto nos interesa de verdad y lo tomaríamos como una colaboración, no como ninguna injerencia, siempre que no venga precedido de ninguna amenaza o
presión, cosa que, como comprenderán, evidentemente no asumiríamos ni admitiríamos, y en sentido recíproco igual, en ningún supuesto. Con buena voluntad y con ánimo de negociación, estaremos abiertos de verdad a escuchar su cualificada opinión y
conocimiento de lo que la Administración de Justicia necesita para mejorar como servicio público, porque nos gustaría conocer las propuestas que deben servirnos para mejorar el servicio público de la justicia y no solo las tablas de reivindicación
asociativa, que también. Por tanto, me remito no a que nos tengan que contestar ahora, sino a que lo hagan en trámite posterior, si quisieran colaborar en esta dirección.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Chamorro.



El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA, APM (Chamorro González): En primer lugar, quiero agradecer el tono predominantemente conciliador y positivo de todas las intervenciones. Se han tratado muchas cosas y
hablar en una hora, aunque sea abundante, de los problemas que afronta la Administración de Justicia es prácticamente imposibles. Me he circunscrito fundamentalmente al documento reivindicativo que la asociación en su momento acordó con el resto de
las asociaciones y en esa línea me he movido. Hay otras muchas cuestiones que, como dije al principio, la asociación añadiría o incluso perfilaría, pero que han quedado fuera de la intervención. Hay algunos intervinientes que están fuera de la
sala, pero no quisiera dejar sin responder las cuestiones que me han planteado.



Agradezco que de forma predominante se hayan visto de forma positiva y aceptable las reivindicaciones que tiene el documento. Desde mi punto de vista, el problema no es de incremento de medios o de incremento de esfuerzo presupuestario, es
un problema de la realidad que existe en la Administración de Justicia, porque hemos tenido años y años, décadas y décadas de retraso en cuanto a ese esfuerzo presupuestario y, por tanto, quizá lo que hace falta es una voluntad política decidida
para hacer frente a estas cuestiones. También quiero decir que en el afán de las asociaciones, muy especialmente en el de la Asociación Profesional de la Magistratura, está nuestro sentido de la responsabilidad y nuestro sentido institucional.
Creo que hemos dado muestras más que sobradas de este sentimiento no solo en los últimos treinta años, sino especialmente en los últimos meses que han transcurrido. Nosotros en absoluto tenemos ninguna intención de interferir en la capacidad o en
la independencia de esta Cámara, simplemente queremos aportar nuestra opinión, nuestras ideas; lo hacemos en esta comparecencia. Compartimos enteramente la reivindicación que contiene el documento en cuanto al tema de los señalamientos. Insisto
en que es una cuestión de hondo calado técnico, sobre la que podemos discutir muchísimas cosas. Yo, gustosamente, haré llegar a SS.SS. el informe interno, en este caso de la APM, no del resto de las asociaciones, en el cual exponemos nuestras
razones técnicas sobre esta cuestión concreta del señalamiento. Esa y el resto de las reivindicaciones las hacemos siempre pensando en el ciudadano y en el servicio. En alguna intervención se ha querido dejar entrever una cierta reivindicación que
se ha denominado incluso gremial o corporativa. Niego absolutamente esa intencionalidad. Se ha intentado mezclar incluso con casos concretos que han causado estado en vía administrativa y están pendientes, en su caso, de revisión jurisdiccional,
pero desde luego eso es lo que hay, es el juego democrático y lo que han decidido los órganos constitucionales, en este caso además competentes para ejercer ese ius puniendi que se ha ejercitado en esa medida que he comentado. Por tanto, no hay
ningún afán de interferir en la actividad de ningún órgano constitucional; ningún afán de defender ninguna posición corporativa ni gremial.



Respecto a la denominación jueces volantes, no es una denominación mía, y así lo he dicho, sino que se habla de ello y se dice así. Puede ser un mecanismo o un resorte para hacer frente a eventualidades coyunturales.
No se trata tanto de
un tema de prueba de refuerzo donde el mismo juez realice su función en un órgano y en otro, sino que determinadas personas puedan hacerlo, por supuesto, de acuerdo con el principio de especialidad. Tenemos que tener en cuenta que un juez, tal y
como está ahora seleccionado -luego abordaré esa cuestión-, es un profesional del derecho muy cualificado, altamente cualificado y, por tanto, aun siendo partidarios absolutos de la especialización, hay que pensar que ese juez independiente y
miembro de la carrera judicial es perfectamente capaz de asumir la carga de trabajo que con carácter coyuntural pueda producirse en un momento determinado. Quizá haya que perfilar sobre todo la cuestión de la independencia, del juez natural y de la
predeterminación del juez legal, pero son cuestiones que perfectamente son asumibles. De hecho, en un momento en que hubo exceso de alumnos de la escuela judicial, se acudió a esa figura para hacer frente a esa situación concreta.



En cuanto a la pregunta de por qué ha fracasado el Cendoj, tengo que decir que sinceramente no lo sé, ni siquiera sé si ha fracasado de lleno, porque al final el


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Cendoj es un instrumento del Consejo General del Poder Judicial y la capacidad, con relación a los medios informáticos y materiales, corresponde a las comunidades autónomas. Quizá desde el consejo, y en concreto desde el Cendoj, se puedan
impulsar políticas de coordinación y de cooperación, pero al final la decisión última le corresponde a las comunidades autónomas, que son las que la tienen.



En cuanto a la selección, voy a decirle algo muy rápidamente, y es que la Asociación Profesional de la Magistratura ha sido y sigue siendo absoluta partidaria de un único sistema de acceso a la carrera judicial, que es el sistema de
oposición. Entendemos que la igualdad, el mérito y la capacidad que se exigen para el acceso al empleo público deben manifestarse de forma especialmente llamativa en el ámbito de la carrera judicial. Todos conocemos cómo el acceso a las
profesiones jurídicas que se denominan más de elite en el Estado español se hace a través del sistema oposición, que es un sistema que ha rendido importantes beneficios en cuanto a la calidad de los seleccionados. No debemos olvidar que quien va a
ejercer la función jurisdiccional tiene que ser un juez, no solo un técnico miembro de un poder del Estado, etcétera, sino fundamentalmente un profesional con una alta cualificación técnica. El mundo del derecho -y yo creo que la mayoría de los que
estamos aquí en esta sala conocemos más o menos de cerca el mundo jurídico- es un mundo en el que la legislación motorizada está actualmente todos los días en los boletines oficiales, donde la jurisprudencia va in crescendo, etcétera, por tanto, la
cualificación el juez es un aspecto absolutamente determinante. Una tutela judicial efectiva requiere y exige jueces con una formación adecuada y con un perfil técnico y de calidad absolutamente contrastados. Para nosotros el mejor sistema para
demostrar esas habilidades o esas cualidades del juez es el sistema de la oposición, no solo -insisto- por la demostración de mérito y de capacidad, sino incluso por la igualdad en el acceso a la función jurisdiccional. Es un tema que tendría otros
perfiles u otros contornos que yo, en su caso, muy gustosamente podría abordar en otra ocasión.



Respecto al tema del derecho de huelga de los jueces, es una cuestión que le compete a este Parlamento regular en su caso esta cuestión. Nosotros, como Asociación Profesional de la Magistratura, y yo, como persona que me dedico al mundo del
derecho, somos absolutamente conscientes de las aristas que, desde el punto técnico, y por supuesto político, tiene una cuestión como esta. Por supuesto, somos conscientes de ello, lo que pasa es que nosotros entendemos que, desde el punto de vista
del ejercicio de ese derecho o de cualquier otra medida de presión, a día de hoy no hay ninguna prohibición específica en nuestro ordenamiento constitucional o en nuestro ordenamiento orgánico. En ese sentido, la Asociación Profesional de la
Magistratura no puede negar que exista un derecho a la huelga por parte de los jueces, y es la posición que hemos mantenido oficialmente como asociación.



Respecto a la posibilidad de una huelga el día 26, nosotros hemos pensado, y seguimos pensando, que la huelga no es un fin en sí misma; en absoluto puede ser un fin en sí misma. Nosotros hemos dicho, y hemos mantenido una posición en este
sentido, donde no nos hemos quedado solos, pero no hemos quedado muy acompañados, que hay que agotar todas las vías de la negociación. Yo lo he dicho aquí muy expresamente. Hemos dicho que nosotros tenemos un sentido de la responsabilidad y un
sentido institucional que nos hace y nos ha hecho apostar por la vía de la negociación y por negociar cuantas cuestiones sean necesarias con el ministerio. Ahora también he dicho -y vuelvo a decir, y lo hemos dicho públicamente- que vamos a ser
firmes y estamos absolutamente comprometidos en la defensa de esta tabla reivindicativa -que no me gusta llamarla así-, en la defensa de este conjunto de medidas que en relación a la problemática que vive la Administración de Justicia tenemos.



Hay otras muchas cuestiones sobre el problema de la federalización, sobre el problema de la creación de un órgano -llámese agencia, llámese consorcio- que pueda coordinar este tipo de cuestiones, aunque siempre va a encontrar algún tipo de
obstáculos, sobre todo de tipo jurídico, porque no se puede obligar a las comunidades autónomas necesariamente a formar parte de un órgano de este tipo. Desde el punto de vista de los que nos dedicamos al derecho público, siempre hemos visto estas
figuras con una cierta distancia, porque la capacidad de éxito cuando menos no tiene mucha certeza, pero creo que se debe avanzar en esas fórmulas de cooperación interadministrativa, de colaboración y de crear sistemas o cauces -llámese agencias o
consorcios, insisto- para tratar de dar una solución a un problema cierto y es que yo en mi ordenador no tengo acceso -cuando la red me permite acceder, que muchas veces no me lo permite porque se cae- a la base de datos que tiene el compañero de la
Sala de lo Contencioso de Málaga o de la Sala de lo Contencioso de Granada. Ese es un hecho absolutamente cierto.



No voy a seguir agotando cuestiones, porque -insisto- son muchas, prolijas y de fondo técnico importante. Simplemente quiero reiterar mi agradecimiento a las aportaciones e intervenciones de todos, mi agradecimiento al tono de esas
intervenciones, la disposición de nuestra asociación -y yo creo que del conjunto de las asociaciones- a colaborar lealmente con cualquier poder público, y por supuesto con esta Cámara, en la mejora del servicio público de la Administración de
Justicia y en buscar entre todos, incluida esta Cámara, lo que nos ocupa aquí, que es lograr que este papelito de ocho puntos pueda ser una realidad cierta.



Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, tanto al señor Chamorro González como a don Antonio García Martínez que en representación de la Asociación Profesional


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de la Magistratura han comparecido ante ustedes.



Vamos a dar paso a la siguiente comparecencia. Haré una ligerísima suspensión de la sesión para despedir a los comparecientes y dar la bienvenida a los nuevos comparecientes. (Pausa.)


- DEL SEÑOR PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA, AJFV (SEXMERO IGLESIAS) PARA INFORMAR DE LAS RAZONES EN LAS QUE SE SUSTENTA EL 'DOCUMENTO REIVINDICATIVO CARRERA JUDICIAL, 12 DE ENERO DE 2009', DE SU INCARDINACIÓN EN EL
RESPETO A LA AUTONOMÍA DEL PODER LEGISLATIVO Y PARA QUE LAS ASOCIACIONES QUE REPRESENTAN JUECES Y MAGISTRADOS TENGAN OCASIÓN DE OÍR Y SER OÍDOS POR LA INSTITUCIÓN BÁSICA Y NUCLEAR DE LA SOBERANÍA POPULAR DE LA QUE EMANAN TODOS LOS PODERES DEL ESTADO
COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO 1.2 DE LA CONSTITUCIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000131.)


El señor PRESIDENTE: Tengo la satisfacción de dar la bienvenida a los representantes de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. En nombre de la misma comparecen don Marcelino Sexmero Iglesias, portavoz nacional, y como miembro de la
dirección de la asociación don Sebastián Morado Gallego. Quiero dar a ambos la bienvenida a esta Comisión y decirles que estamos en la realización de unas comparecencias que sin duda alguna ponen de manifiesto la apertura del Parlamento a la
sociedad y, sobre todo, a quienes en un momento determinado pueden estar más directamente afectados por las iniciativas legislativas. El trabajo de esta Comisión de Justicia va a agradecer sin duda el contenido de su exposición. Sin más rodeos,
dejo en el uso de la palabra al señor Sexmero Iglesias.



El señor PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA, AJFV (Sexmero Iglesias): Señoras y señores diputados, como señala el artículo 66 de la Constitución Española, las Cortes Generales son las depositarias de la soberanía
popular y nacen de su elección directa y democrática por todos los ciudadanos, y al Poder Judicial le corresponde el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al que el mandato constitucional del artículo 117 otorga plena y perfecta legitimación
democrática, que no puede ni debe ponerse en cuestión. Los derechos fundamentales, precisamente, por cuanto están igualmente garantizados para todos, sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la política, forman la esfera de aquello que es
susceptible de ser decidido y aquello que no lo es, operando, por tanto, como factores de legitimación y, sobre todo, de deslegitimación de las decisiones o de las no decisiones, y fundamentan esa independencia del Poder Judicial, al que está
específicamente encomendada la garantía de tales derechos. Precisamente porque los derechos fundamentales son de todos y de cada uno, su garantía requiere un juez independiente ajeno a cualquier vinculación con las mayorías políticas. Dicho esto,
ambos poderes del Estado están obligados a actuar en beneficio único y exclusivo de los ciudadanos, a los que se deben. No estamos por ello en bandos distintos o enfrentados, sino que formamos parte del mismo diseño constitucional al servicio de la
sociedad.



Bajo estas premisas comparecemos ante la Comisión para aportar ideas que redunden en beneficio de la ciudadanía, al margen de cualquier otra consideración y sin la menor pretensión de entrometernos en las tareas y funciones que corresponden
al Congreso de los Diputados, cuya Cámara, integrada en las Cortes Generales, ejerce la potestad legislativa. Es cierto que los problemas de la justicia vienen de lejos. La secular falta de recursos no es de ahora, sino que se arrastra desde hace
treinta años.
Todos los gobiernos anteriores han sido responsables en esto. ¿Por qué, entonces, se produce ahora esta movilización o protesta de los jueces y magistrados de nuestro país? Esa es la pregunta que siempre se nos hace.
El Congreso de
los Diputados, a través de esta Comisión, requiere a las asociaciones de jueces que expliquen las razones que han dado lugar a las reivindicaciones contenidas en el documento conjunto de 12 de enero de 2009, posteriormente acogidas en la
convocatoria de huelga de 18 de febrero. En primer lugar, hay que destacar que es un acuerdo unánime de todas las asociaciones judiciales, lo que evidencia hasta qué punto está absolutamente al margen de cualquier consideración ideológica o
trasfondo político. Negamos cualquier posible intencionalidad política en el fondo de las reivindicaciones asumidas por la mayoría de la carrera judicial.
En segundo lugar, son ya muchas legislaturas de carencias y abandonos por parte de todos los
gobiernos, el actual y los anteriores, de todo signo político, gobiernos centrales y también de las comunidades autónomas con competencias transferidas. La justicia nunca ha sido una prioridad de ningún gobierno ni fuerza política. En tercer
lugar, y por último, hemos soportado pacientemente esta situación durante muchos años, en un exceso de responsabilidad personal, malentendida tanto por la opinión pública como por todos los responsables políticos.



Varios son los hechos que han desencadenado la protesta. ¿Por qué ahora, que alguno siempre nos recrimina? En primer lugar, el lamentable espectáculo del anterior Consejo General del Poder Judicial con dos años en funciones sin que las
fuerzas políticas hubieran dado respuesta a la necesaria renovación de este órgano constitucional, prevaleciendo las luchas partidarias sobre los intereses de los ciudadanos. En segundo lugar, la enorme frustración que ha supuesto el hecho de que
el llamado Pacto de Estado para la justicia no se haya plasmado en ninguna medida concreta para la mejora del servicio


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público y se haya limitado a ser el campo de batalla entre los partidos mayoritarios para repartirse los cargos del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. En tercer lugar, la renovación del actual consejo, que ha
vuelto a repetir los esquemas de reparto de los vocales entre los partidos, dejando sin representación al 70 por ciento de la carrera judicial e incumpliendo manifiestamente lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución, conforme a la
interpretación que del mismo hizo la sentencia del Tribunal Constitucional, que ya detectó en su momento el peligro de politización del órgano de gobierno de los jueces. Y por último, la imposición del nombre del presidente del consejo desde el
Poder Ejecutivo, sin cuestionar su persona, sus méritos y su capacidad para ocupar el cargo. Solo criticamos en su momento el sistema seguido para su designación y el mensaje de dependencia y sometimiento al Gobierno que se lanzó a toda la
sociedad. Somos perfectamente conscientes de que el consejo no es un órgano de representación de los jueces y magistrados, es un órgano al servicio de los ciudadanos y no de los jueces, pero la propia Constitución es la que ha querido que la mejor
forma de servir a los ciudadanos sea la de garantizar su independencia de los partidos políticos diseñando un sistema de nombramiento que no debe constituirse en un mero reparto de cuotas entre los partidos políticos, reproduciendo miméticamente la
realidad partidista, como así lo dijo en su día el Tribunal Constitucional. Es verdad que el consejo es un órgano de gobierno que carece de funciones jurisdiccionales directas, pero no puede desconocerse que incide directamente en las tareas
jurisdiccionales, y a título de ejemplo: nombrando discrecionalmente muchos puestos estrictamente jurisdiccionales, singularmente todos los magistrados del Tribunal Supremo y las dos plazas que le corresponden al Tribunal Constitucional; mediante
el ejercicio de la potestad disciplinaria, en la delgada línea roja que en muchos casos le separa de la potestad jurisdiccional; el Consejo General del Poder Judicial es el encargado de defender la independencia de los jueces y magistrados frente a
los ataques a la misma, y el uso modo y manera en que se ejercita esta defensa incide directamente en la independencia judicial, que es un elemento esencial de la potestad jurisdiccional -tenemos el reciente ejemplo, totalmente rechazable, de las
declaraciones del vicepresidente del consejo frente a una determinada actuación judicial de un juez de la Audiencia Nacional.



Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria hemos defendido siempre la designación directa de los jueces y magistrados de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial procedentes de la carrera judicial, mediante un sistema
de elección proporcional y de listas abiertas que permita la efectiva representatividad de toda la carrera, tanto de los jueces asociados como de los no asociados. No defendemos este sistema en beneficio corporativista de jueces y magistrados sino
en beneficio exclusivo de los ciudadanos, que tienen derecho a un consejo verdaderamente independiente y no controlado por los partidos políticos mayoritarios, porque esta es la única forma de garantizar a la sociedad la necesaria independencia de
ese órgano de gobierno, que tanto incide luego en el día a día de la actuación jurisdiccional y en la imagen de la justicia que se traslada a la sociedad, lo que sin duda contribuiría a fortalecer el prestigio y la confianza en esa institución, que
es uno de los pilares básicos de la división de poderes que se ha de garantizar en todo Estado de derecho. Al legislador le corresponde el diseño de los órganos constitucionales. Ustedes, señoras y señores diputados, han de ejercitar sus
facultades en esta materia. Desde las asociaciones judiciales no podemos ni debemos interferir en ello, pero estamos obligados a pedirles que valoren su propia responsabilidad ante los ciudadanos a la vista de las experiencias pasadas y al hilo de
los criterios que el Tribunal Constitucional, que no nosotros, ha puesto claramente de manifiesto al advertir de los riesgos de politización de este órgano de gobierno del Poder Judicial, que la triste realidad se encarga continuamente de poner en
evidencia para sonrojo de todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad en este ámbito. A ustedes les corresponde esa decisión.



En cuarto lugar está la manifestada voluntad política desde hace varios años de responsabilizar en exclusiva a los jueces de los fallos del sistema, haciendo recaer sobre los mismos la responsabilidad objetiva derivada de las deficiencias de
la Administración de Justicia de la escasez de los recursos y de falta de medios personales y materiales. En cuarto lugar está la injerencia en la independencia judicial al exigir públicamente al consejo una determinada actuación en materia
disciplinaria en un caso en el que se ha producido un fallo clamoroso del sistema. En lugar de ponerse a trabajar para arbitrar soluciones que impidan que este tipo de asuntos puedan producirse en el futuro, se ha optado intencionadamente en
presentar a los jueces como los responsables únicos de esas deficiencias del sistema, eludiendo de esta forma la responsabilidad que corresponde a los otros dos poderes del Estado, que no han dotado de medios a la Administración de Justicia desde la
restauración de la democracia en nuestro país. No hay en esto una defensa corporativista del compañero, bien al contrario, cada año el Consejo General del Poder Judicial ha sancionado a 30 ó 40 jueces, con sanciones incluso más graves. Jamás los
jueces hemos pedido que estas sanciones quedaran sin efecto. En los veinticinco años del Consejo General del Poder Judicial nunca ha habido ninguna manifestación colectiva en defensa de ninguno de los sancionados. Durante el mandato del anterior
consejo se incoaron unos 350 expedientes disciplinarios y fueron sancionados más de 200 jueces. En el año 2008 fueron 47 los expedientes abiertos y 30 las sanciones. Hemos acatado siempre las decisiones del consejo en esta materia. ¿Qué es lo que
ha ocurrido en este caso? Que ha sucedido justamente lo contrario, porque en esos veinticinco años los responsables políticos también habían acatado pacíficamente las decisiones del consejo. Sin embargo, en


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este caso ha sido la primera vez que desde el Gobierno se ha pedido expresamente al consejo una determinada actuación en materia disciplinaria. Esto no había pasado nunca, y ha sido el Gobierno, que no los jueces, el que ha roto por vez
primera esta imparcialidad para interferir en las funciones del consejo. ¿Con esto qué se consigue? Deslegitimar socialmente al Poder Judicial y quebrar la confianza de los ciudadanos en la justicia. No ha sido una crítica legítima del Gobierno a
la actuación del consejo, ha sido mucho más que eso, se ha presentado ante la sociedad a los jueces como los únicos responsables del mal funcionamiento de la justicia, eludiendo la responsabilidad que corresponde a los gobernantes, para desviar la
atención y confundir a la opinión pública sobre los verdaderos responsables de esta situación, sin perjuicio de la responsabilidad que todos los jueces tenemos en nuestras decisiones y en nuestras omisiones.



Todo esto conjuntamente ha sido la gota que ha ido colmando el vaso. Los jueces ya no quieren seguir viviendo y trabajando en esta situación en la que sentimos con desazón que no cumplimos adecuadamente nuestra función al servicio de los
ciudadanos, en cuyo nombre administramos justicia. No se presta en condiciones de garantizar los derechos fundamentales que están en juego. Demagógicamente se ha dicho que la huelga de los jueces atenta contra el derecho a la tutela judicial
efectiva de los ciudadanos, a los que tanto se ha escandalizado con la huelga de jueces de un solo día, ni siquiera se les ha ocurrido utilizar este mismo argumento frente a la huelga de los funcionarios de Justicia, que han paralizado la actividad
judicial durante más de dos meses. En Madrid llevamos casi diez días en la misma situación. Con independencia de ello, queremos gritar bien alto que lo que verdaderamente atenta todos los días contra esa tutela judicial efectiva son las
condiciones en que nos vemos obligados a prestar el servicio, lo que realmente infringe la tutela judicial efectiva de nuestros conciudadanos es que su proceso de dilate en el tiempo, que sus justas demandas de justicia no puedan ser debidamente
atendidas en forma y en plazo. La huelga no ha sido un acto de irresponsabilidad sino, todo lo contrario, una enorme manifestación de responsabilidad ante los ciudadanos para solicitar que de una vez por todas se produzca el verdadero cambio que la
garantía de esa tutela judicial efectiva exige. Esta es la explicación de por qué se ha producido este movimiento en este momento y no anteriormente, pese a que es verdad que los problemas vienen de lejos.



¿Y cuáles son estos problemas? Si pudiéramos resumir la situación en dos frases diríamos: la Administración de Justicia sufre un eterno desfase entre el volumen de asuntos que se tramitan al año y el número de juzgados encargados de dicha
tramitación. Hay una ridícula dotación presupuestaria, desfase tecnológico, falta de recursos humanos, carencia de medios, falta de coordinación, dispersión de organismos, etcétera.
Estos problemas amenazan con convertirse en endémicos. Cinco
serían los bloques que pueden señalarse y en los que se mueven las reivindicaciones de la carrera judicial: estructura orgánica de los juzgados y tribunales, sistemas de gestión procesal, carencia de medios personales y materiales, planta judicial
y carga de trabajo y, por último, la adecuación del estatuto personal del juez. La estructura orgánica, que podemos calificar de decimonónica, de los juzgados y tribunales es objetivamente ineficaz.
Se mantiene una organización obsoleta que
conduce a la desorganización de unas oficinas judiciales estructuradas como reinos de Taifas, que no optimizan los recursos. La Administración de Justicia en España, sumida en un vertiginoso y continuo aumento de litigios, consecuencia lógica del
afianzamiento de un Estado de derecho, mantiene una organización obsoleta que no dispone todavía de los instrumentos técnicos de la era de la informática y de Internet. Esta situación obliga a la efectiva y urgente instauración de una nueva oficina
judicial con delimitación precisa de las funciones y las responsabilidades, dentro del ámbito de la Administración de Justicia, y la inmediata modificación del proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso de los Diputados que regula la
nueva oficina judicial, en el sentido de conservar la competencia exclusiva de los jueces y magistrados para señalar los juicios y vistas, como medio para garantizar su efectiva independencia a la hora de desarrollar la función que tienen
encomendada.



Que el control final de la agenda programada de señalamientos quede en manos de jueces y magistrados se fundamenta en lo siguiente. En primer lugar, se puede delegar la llevanza de la agenda, pero no perder la competencia sobre su control,
pues no es un simple instrumento organizativo, es decir, que un funcionario dependiente del Ministerio de Justicia imponga la organización de su jornada al juez y perder el control sobre la misma, que es lo que se ha proyectado, para que este
control se lleve de forma centralizada por un secretario judicial, que ni siquiera se encuentra en la unidad de apoyo directo al juez, magistrado o tribunal, resulta totalmente injustificado. En segundo lugar, no hay una previsión de una agenda
única, sino solo para señalamientos de vistas y comparecencias, donde no se contemplan las múltiples diligencias que debe hacer un juez o magistrado para que se cumpla la inmediación judicial que exigen las leyes procesales, lo que obligaría a
llevar varias agendas, creando una distorsión en el funcionamiento de la oficina judicial y de la propia Función pública. En tercer lugar, se observa además una finalidad oculta en la reforma, pues se pretende a través de la agenda programada la
imposición de una productividad determinada a criterio del Ministerio de Justicia, jerárquicamente a través de los secretarios judiciales. En cuarto lugar, el tema es esencialmente inasumible en el orden penal, dadas las competencias del juez de
instrucción.



Por otro lado, no tenemos una visión clara de la situación de juzgados y tribunales, sin que las estadísticas y alardes elaborados de manera manual sean fiables, sin programas de gestión de expedientes que permitan tener datos reales de la
evolución de los procedimientos, sin


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un sistema de registro de asuntos único para todo el territorio nacional, que permita a los órganos de gobierno, al Estado y a las autonomías organizar y dotar de medios a aquellos lugares que más lo necesitan, organizando los recursos de
manera aleatoria, cuando no arbitraria. Las medidas adoptadas por los distintos gobiernos, aunque necesarias, han sido escasas y de eficacia discutible. No existe otro servicio público o Administración que funcione en condiciones tan precarias
como la justicia. Una comprobación con otras administraciones conduce a una sola conclusión: que llevamos un retraso de muchos años en la utilización de las nuevas tecnologías. Se buscó una Administración de Hacienda eficaz, de gestión de la
Seguridad Social, y se pusieron los medios. En relación con la justicia solo interesa su control, como lo evidencian los planes para modificar el régimen disciplinario de los jueces anunciados frente a un determinado acuerdo del Consejo General del
Poder Judicial en esta materia. Estamos de acuerdo en que los cambios que introduce la Ley Orgánica 19/2003 son necesarios pero al tiempo muy arriesgados, razón por la que han de ir haciéndose con prudencia progresivamente y cuidando en extremo la
coordinación de todos ellos, sobre todos de los órganos del Consejo General del Poder Judicial, de los jueces, fiscales, secretarios judiciales, colegios de abogados, procuradores, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas, con un claro plan de
actuación y fijación de unos plazos de los que hasta ahora se adolece en el Ministerio de Justicia.



La estructura de la nueva oficina judicial efectuada por la reforma del año 2003 es la siguiente: órganos judiciales integrados por el titular o titulares de la potestad jurisdiccional, una unidad procesal de apoyo directo, junto con unos
servicios comunes procesales que pueden ser generales, de ordenación del procedimiento o de ejecución, y que serán dotados por personal de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con cometidos determinados por la aplicación de las
normas procesales. El objetivo de la oficina judicial es posibilitar mejor a los jueces y magistrados el ejercicio de su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y el diseño de la misma se basó en los principios de jerarquía, división de
funciones y coordinación. El diseño de la nueva oficina judicial, con sus formulas y justificación de los cálculos de servicios y puestos y explicación detallada de desviaciones, entiendo que aún hoy no se ha efectuado de forma transparente y
pública, lo que puede dar lugar a errores que no se podrán poner de manifiesto antes de que produzcan, por lo que no se entiende el oscurantismo en su diseño, lo que además da lugar a suspicacias innecesarias. En cualquier caso, el diseño requiere
como premisa una estabilidad en las normas procesales que marcan las necesidades de los servicios, y aún hoy no están ni siquiera aprobadas las reformas procesales, que por esta conveniencia de estabilidad deberían ser muy meditadas, a ser posible
en el marco de un pacto por la justicia. Y al llevarse a la Administración de Justicia la tramitación a escala de la Administración del Estado pueden arrastrase los mismos defectos, como son la excesiva burocratización, y especialmente de los
jueces, la dispersión de responsabilidades y la falta de control e información del interesado sobre dicha tramitación, y la dispersión en la responsabilidad sobre la misma. De hecho, la experiencia de grandes servicios comunes ha dado resultados
muy discutibles en cuanto a la mejora en la tramitación, por no decir que no han funcionado para el fin con el que se han creado.



Qué decir de los sistema de gestión procesal arcaicos, que no permiten un adecuado control de los procedimientos, lo que requiere la plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías, en particular el inmediato establecimiento del
expediente digital. La mayor parte de los jueces empezamos ya a utilizar el ordenador como herramienta habitual de trabajo por iniciativa personal y sufragándolo de nuestro propio peculio.
Hay una insuficiente e ineficaz inversión en la justicia y
consiguiente carencia de medios personales. Ya hemos dicho que el presupuesto actual es del 1,5 por ciento, cuando la media es del 3 por ciento en Europa. El presupuesto del Ministerio de Justicia para el año 2009 es de 1.619 millones de euros,
pero debería por lo menos duplicarse en los próximos cinco años si se quiere verdaderamente recuperar el tiempo perdido, y de igual manera en las comunidades autónomas con competencias transferidas.
Qué duda cabe de que la inversión en justicia no
es electoralmente rentable en comparación con el resto de los servicios públicos, pero la altura de miras y responsabilidad de los gobernantes debería estar por encima de estas consideraciones meramente utilitaristas. Desde luego las necesidades
que se han reiterado cada año en dichas memorias no han sido cubiertas por ninguno de los sucesivos gobiernos que han tenido la responsabilidad de hacerlo, ni estatales ni de la comunidad autónoma respectiva con competencias en justicia, llegándose
hoy a una situación insostenible en cuanto al dimensionamiento y dotación del servicio de la justicia. En especial, resulta destacable el empeoramiento de la situación del personal al servicio de la Administración de Justicia, con un excesivo
porcentaje de interinos. Por otro lado, se requiere una debida dotación de infraestructuras accesibles y próximas entre sí que no den cabida solamente a los órganos que existen actualmente, sino que garanticen su futuro a largo plazo adaptadas a
las nuevas tecnologías.



Incidiré de nuevo en la planta judicial y en la carga de trabajo excesiva.
Es necesario que el consejo establezca la carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada órgano judicial, que en ningún caso debe ir unido al
establecimiento de sistemas productivistas para la retribución de la actividad judicial, y en ello se está empeñando actualmente el Consejo General del Poder Judicial al ser de su exclusiva competencia. Sin embargo, en esta materia el ejecutivo y
el Legislativo no están exentos de responsabilidad. Es habitual, por otro lado, que se realicen modificaciones legislativas sin estudios


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previos que aseguren la posibilidad real de asumir las nuevas cargas de trabajo, contando siempre con el voluntarismo, como ha ocurrido con la jurisdicción contencioso-administrativa, juzgados mercantiles y violencia sobre la mujer. En
resumen, la creación de unidades judiciales de los últimos años, que es de 250 unidades en el año 2005, 93 en 2006, 131 en 2007 y 160 en 2008, es manifiestamente insuficiente. Además, con demasiada frecuencia se procede a la creación de juzgados
con criterios no homogéneos de carga judicial en la demarcación, dando lugar a partidos judiciales totalmente desbordados.



Por último, en cuanto a la no adecuación del estatuto del juez a la realidad social y acceso a la carrera judicial, solo voy a incidir, dada la premura de tiempo, en que todavía hoy a los jueces y magistrados no se nos aplica el Plan
Concilia. Todavía existen determinados elementos que se aplican a todos los funcionarios y trabajadores de este país, pero que en lo que respecta a los jueces y magistrados, sobre todo en las competencias que establece como reforma la ley orgánica,
están por desarrollar. Aún así, contra lo que se afirma de manera irreflexiva y con profundo desconocimiento de la realidad a modo de tópico asumido genéricamente sin la más mínima constatación, el perfil actual de los jueces españoles es
exactamente el mismo que el de cualquier otra profesión universitaria, y si nos tomáramos la molestia de consultar los datos estadísticos elaborados anualmente por la Escuela Judicial podríamos comprobar que tan solo el 25 por ciento de los jueces
de cada nueva promoción tiene algún familiar en el sector jurídico, de los que únicamente el 6 por ciento tiene algún juez o magistrado en su familia.
Estamos hablando del acceso a la carrera judicial como última reivindicación o complemento que
Francisco de Vitoria quiere exponerles a ustedes. Dicho esto, en Francisco de Vitoria consideramos que el sistema de oposición actual es manifiestamente mejorable, aunque es el sistema que consideramos que debe ser el primordial y preferente para
el acceso a la carrera judicial, sin perjuicio de que se adopten otros tipos de sistemas complementarios para el acceso a la categoría de magistrado, como son el cuarto turno, etcétera. Sin embargo, consideramos que el sistema de oposición es
mejorable: primero, reformando la fase de oposición; en segundo lugar, potenciando el carácter selectivo, que no solo formativo, de la Escuela Judicial. No olvidemos que en España no es juez quien aprueba la oposición sino quien supera
posteriormente el curso de dos años en la Escuela Judicial. Resulta incomprensible que no se haya potenciado en este aspecto la Escuela Judicial, que constituye un magnífico instrumento para paliar todos los inconvenientes que se imputan al sistema
memorístico de la oposición. Dos años de Escuela Judicial dan para mucho en la formación y en la selección de los jueces. En España actúan diariamente una media de setecientos a ochocientos jueces sustitutos y aún así hay muchas plazas vacantes
sin cubrir. Por eso, ¿qué medidas propone Francisco de Vitoria -y con eso quiero terminar-? La necesaria cobertura de todas las plazas convocadas para cada año en la oposición. Actualmente, se presentan cada año una media 3.500 ó 4.000
licenciados de Derecho. Ninguna duda cabe de que entre ellos hay cada año más de 500 opositores perfectamente cualificados para superar la fase de la oposición. En este grupo están todos los que aprueban sin mayor problema la oposición en el año
siguiente. No es cierto que el nivel de los opositores haya descendido tanto como para no cubrir todas las plazas. No hay una diferencia entre aquel que aprueba con un 12,5 y el que suspende con un 12,45. Si tenemos dos años de Escuela Judicial,
otra pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Para aprobar la oposición es necesario tener ya todos los conocimientos, absolutamente todos, que nos permitan ejercer como juez? ¿No pueden completarse perfectamente esos conocimientos en los dos años
de Escuela Judicial? La oposición solo habría de servir para constatar que se reúnen todos los conocimientos teóricos del derecho. Es aquí, luego, donde han de facilitarse en la escuela los conocimientos, prácticas, aptitudes y herramientas
necesarias para ser juez. Hay medidas que pueden mejorar: reducir el número de temas, reducir la exposición oral, publicar un guión o esquema oficial de las cuestiones esenciales a tratar en cada uno de los temas, reservar la nota de aprobado del
primer examen para el siguiente, etcétera., y es imprescindible que se introduzca una modificación legal en el régimen jurídico que rige la oposición que obligue al tribunal a cubrir todas las plazas, lo que es tan sencillo como prohibir que en el
último ejercicio de la oposición pueda el tribunal retirar al opositor. Al último ejercicio de la oposición llegarían unos 400 ó 500 opositores. Los tribunales tan solo convocan a dos opositores diarios, por lo que no hay problema alguno en
escucharlos a todos y permitir que acaben su ejercicio. Cualquiera de los opositores que finalmente entre dentro de los cupos de las plazas está sobradamente preparado para superar la primera fase y completar los dos años de Escuela Judicial.



Como conclusión, la Asociación Judicial de jueces y magistrados Francisco de Vitoria quiere mandar un mensaje claro a los representantes de la soberanía popular y a través de ellos a los ciudadanos españoles, a los que todos nos debemos. La
reforma integral de la Administración de Justicia no puede demorarse más si no se quiere que los derechos fundamentales de los españoles queden afectados de manera severa. La confianza de los ciudadanos en la justicia como valor y en su
Administración como garantía nos obligan a todos a ponernos a trabajar sin prejuicios y con transparencia. Francisco de Vitoria empeña su palabra y muestra su disposición al diálogo, en el que siempre nos encontrarán, sobre todo una vez originado
el nombramiento del nuevo ministro de Justicia, a quien damos un margen de confianza necesario, pues no nos anima el conflicto sino la solución del mismo. Existen problemas en la justicia condenados a sobrevivir eternamente irresueltos y otros
sobrevenidos en las últimas etapas de la historia por las singulares


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circunstancias en ellas surgidas. Los jueces estamos dispuestos a colaborar en la solución de los segundos y no aceptamos como condena los primeros.



El señor PRESIDENTE: Ahora, por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Sexmero, muchas gracias por la exhaustividad de su proclama. Nos conocemos hace mucho. Uno tiene la suerte de haber pertenecido a otras instituciones o a otros poderes del Estado también y esto provoca una
cierta porosidad. Le agradecería mucho que nos proporcionara este documento -no sé si están en condiciones de hacerlo- porque es prolijo y no estamos en condiciones de glosarlo en el tiempo de cinco minutos que el presidente, de forma irrestricta,
nos ha dado, pero nos lo puede procurar por cualquier otro procedimiento.



Comparto buena parte de sus argumentos, particularmente los relativos al Consejo General del Poder Judicial. Recuerdo la expresión de un antiguo presidente del Consejo General del Poder Judicial, que luego fue magistrado del Tribunal
Supremo -no voy a dar más datos porque vamos a identificar al personaje inmediatamente-, que decía que no hay mejor forma de vacunarse para los crédulos en la independencia y neutralidad de la justicia que pertenecer al Consejo General del Poder
Judicial durante una temporada. Es una reflexión que ha hecho otra persona y que yo ni hago mía ni dejo de hacerla, pero coincide con algunas de las reflexiones que usted, mediante esos obiter dicta continuados en relación con el consejo, ha
realizado. Evidentemente, el Consejo General del Poder Judicial es más que un órgano de gobierno de los jueces desde la perspectiva administrativa o gubernativa. Cuando se ejercita la potestad disciplinaria por parte del consejo -comparto
absolutamente su opinión- se está ejerciendo a veces la potestad de una forma tan maniquea como cuestiones que podemos glosar porque ya pertenecen a la historia. El juez Moreiras fue suspendido por unas inocuas declaraciones a un medio de
comunicación, cuando vemos que permanentemente otros jueces y magistrados ocupan las primeras planas de los medios de comunicación sin recibir ningún reproche disciplinario por parte del Consejo General del Poder Judicial. La verdad es que el
ejercicio de la potestad disciplinaria a veces da la impresión de que se utiliza también para condicionarla. No sabe hasta qué punto comparto esta opinión, ni qué decir de las potestades discrecionales de nombramiento en relación con los
magistrados de las salas del Tribunal Supremo, las presidencias de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. La regeneración de la justicia desde la perspectiva de la neutralidad desde luego pasa por la configuración de un
Consejo General del Poder Judicial con un sistema de selección diferente o complementario, con elementos de control que garanticen la neutralidad de sus vocales inevitablemente. Echo de menos, como siempre cuando se hacen estas reflexiones que yo
comparto, qué procedimiento alternativo proponen ustedes; si desde la organización que ustedes representan tienen algún modelo previsto y que vaya más allá del que ha considerado pertinente esta institución que representa la soberanía popular en la
que estamos en este momento todos confrontando nuestras opiniones. Es esta especie de semi examen o pseudo examen en virtud del cual los miembros de esta Comisión podamos verificar o se pueda acreditar por parte de los aspirantes a ostentar la
condición de vocales del consejo que realmente responden a los criterios de imparcialidad, de neutralidad y de independencia política que le exige el Título VI de la Constitución. No sé si ustedes tienen un modelo pergeñado, algún modelo
articulado, pero me gustaría conocerlo.



En relación con las reivindicaciones tengo que decirle dos cosas. Las reivindicaciones ya las hemos glosado anteriormente en relación con los comparecientes que representaban a la Asociación Profesional de la Magistratura. Nosotros
compartimos prácticamente la totalidad de las reivindicaciones que ustedes plantean. Lo que pasa es que en relación con el ejercicio del derecho de huelga usted ha hecho una reflexión muy ligera, ha practicado también otra especie de obiter dicta,
como si careciera de relevancia la utilización de ese mecanismo para hacer valer o para presionar de alguna forma a los poderes públicos concernidos por las reivindicaciones legítimas que ustedes presentan. Ya he manifestado anteriormente que no es
este el lugar donde tenemos que dilucidar esta vidriosa cuestión, hasta qué punto el artículo 28.2 de la Constitución les atribuye a ustedes la potestad o el ejercicio de ese derecho, cómo este derecho además está ya desarrollado por prolija
jurisprudencia constitucional que configura lo que se denomina contenido esencial del derecho y que atribuye en exclusiva a los trabajadores dependientes su ejercicio, y cómo, además, el Real Decreto-ley 4/1977, constitucionalizado ex post por
sentencia del año 1985, ya determina cuál es el ámbito subjetivo para el ejercicio del derecho, y no es a los que configuran en su conjunto poder del Estado los que puedan considerarse detentadores del mismo. Es una cuestión vidriosa, y el
presidente me va a terminar llamando al orden porque no es lo que tenemos que dilucidar en la mañana de hoy. Usted ha hecho una reflexión muy de pasada, como si estuviera en la naturaleza de las cosas que ustedes los jueces ejerciendo este derecho
pueden hacer valer sus reivindicaciones, y a mí no me parece tan pacífica la aceptación del ejercicio de este derecho por parte de jueces y magistrados. Dicho esto, sus reivindicaciones son fundamentalmente razonables, salvo algunas que hemos
discutido antes. La naturaleza de los señalamientos es difusa. No sé por qué ustedes consideran que tiene naturaleza jurisdiccional. Esto afecta a la función jurisdiccional intrínsecamente, los señalamientos, cuando parece más bien que la
naturaleza es un acto de ordenación del proceso, cualquiera de los órdenes de la jurisdicción. Las competencias de los secretarios judiciales, por cierto también de alta cualificación


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profesional, son difusas y están muy desaprovechados porque no saben qué hacer. No se sabe si son los gerentes de la oficina judicial, absolutamente descompuesta con el ordenamiento jurídico -esperemos que la ley que se acaba de presentar
modernice su estructura-, no poseyendo funciones gerenciales claras, pero tampoco pudiendo realizar funciones paraconstitucionales, dado que en el umbral entre lo jurisdiccional y lo que el secretario puede hacer nos encontramos con una tierra de
nadie en la que al final siempre es el juez el que ejerce una suerte de vis atractiva. En este momento los secretarios judiciales poseen unas competencias enigmáticas, difusas, ellos mismos no saben muy bien cuál es la función que tienen que
realizar. Desde esa perspectiva, a mi no se me antoja que atribuirles la competencia en materia de señalamiento sea una especie de quiebra de la función jurisdiccional que a los jueces y magistrados les corresponde. Es una cuestión discutible.



En cuanto a lo demás, en materia tecnológica o de procedimientos tecnológicos informáticos, estamos ante una auténtica situación calamitosa. Tiene toda la razón. Hace nueve años, antes lo comentábamos, se fundó el Cendoj, el Centro de
Documentación Judicial, ubicado en una ciudad que usted conoce bien porque ha ejercido allí sus funciones jurisdiccionales, en San Sebastían. No sé por qué no ha sido el Cendoj capaz de armonizar los múltiples sistemas informáticos que hacen que
una justicia tan porosa como la del Estado español, donde las causas pueden trasladarse de un órgano judicial a otro con suma facilidad, porque los procedimientos así lo permiten y las circunstancias del procedimiento así lo aconsejan, y que no haya
sistemas informáticos armonizados, compatibles entre sí. Hay diecisiete incompatibles entre sí. Esto es una verdadera disfunción, es una atrofia con la que hay que acabar. No sé por qué opinan ustedes que el Cendoj no ha sido capaz de articular
un sistema informático mínimamente armónico. Esa sí que es una de las disfunciones.
En materia de productividad, en materia de módulos, voy recordarle que no estaba usted en aquel momento, pero los módulos se aprobaron siendo yo vocal del Consejo
General del Poder Judicial, y le voy a decir cómo se aprobaron: consensuados con todas las asociaciones judiciales -la suya votó favorablemente el sistema de módulos articulados; le puedo decir quién representaba a su asociación-, con todos los
presidentes de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, con todos los presidentes de salas y con los presidentes de las salas del Tribunal Supremo. Solo hubo un voto negativo a ese sistema de módulos, la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Se aprobó por absoluta unanimidad. ¿Que de forma sobrevenida el sistema de módulos de medición de la productividad ahora resulta ineficiente? Nos tendrían que explicar
por qué. Pero mayor consenso es imposible recabar para el sistema de módulos, que a mí me pareció malo desde el principio, honestamente se lo digo. No tiene sentido que se proporcionen cinco puntos por dictar una sentencia y un punto por una
ejecutoria. Así nos encontramos con jueces dictando convulsivamente sentencias que no se ejecutan después, y luego pasa lo que pasa, que no lo vamos a glosar aquí. Esas son las disfunciones que hay que corregir.
Eso requiere consenso e
interlocución. Yo, totalmente de acuerdo. ¿En cuanto a la planta judicial española? Manifiestamente insuficiente. Por lo menos habría que duplicarla para ponernos en unos porcentajes medios de la Unión Europea, de nuestro contexto sociocultural.



En cuanto al sistema de sustituciones y a la abundancia de jueces y magistrados suplentes, discreparía con usted respecto al sistema de recluta de jueces. Me parece desproporcionado que una persona que acaba la licenciatura de Derecho tenga
que ponerse en manos de un preparador, no siempre eficiente, que tenga que hacer una oposición, para la cual tiene que estudiar tres o cuatro años, y luego, aprobada la oposición, que no la aprueba a la primera sino normalmente a la segunda, tenga
que acudir a la Escuela Judicial, donde sí se le puede suspender. Ya sé que no ocurre. Es muy difícil decirle a una persona que ha aprobado la oposición: Usted no ha superado las pruebas de la Escuela Judicial. Pero todos los años en todas las
promociones se suspende a gente en la Escuela Judicial. Sí tiene un carácter parcialmente selectivo la Escuela Judicial. Un sistema en el que una persona tiene que dedicar entre seis y ocho años de su vida a acceder al primer juzgado de ingreso,
me parece absolutamente desproporcionado. Me gustaría oír aquí alguna alternativa explicada por ustedes, si la tienen configurada. En cuanto a lo demás,como tienen razón, señor presidente, voy a acabar aquí mi intervención. Comparto sus opiniones
y espero leerlas detenidamente en ese documento tan exhaustivo y prolijo que tan bien nos ha explicado.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ferrer Roselló.



El señor FERRER ROSELLÓ: En primer lugar, quiero agradecer a los comparecientes lo prolijo y lo claro de su exposición. Nos sumamos a la petición. Tenemos verdadero interés por desmenuzar ese escrito. Es evidente que la justicia española
vive una crisis sin precedentes. Se está hablando en general de la peor de los últimos treinta años, no sé muy bien por qué hemos decidido poner la frontera ahí, pero tampoco vamos a discutir por ello. Es evidente que esta situación de crisis está
perjudicando gravemente los intereses de los ciudadanos de este país; está perjudicando los intereses individuales, uno a uno, de cada uno de los ciudadanos de este país. ¿Es este el único de los perjuicios que se crea? Creo que hay otro
probablemente más grave todavía. Esta situación está desestabilizando, está socavando el sistema como lo concebimos nosotros. No es el Partido Popular el que ha declarado muerto y enterrado el principio de la división de poderes. Muy al
contrario, creemos


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básicamente que ese juego de compensación entre poderes independientes es la mejor de las garantías para la libertad de cada uno de los individuos que conformamos esta sociedad. ¿Cuáles son las razones del problema? Son muchas y muy
variadas, y probablemente el análisis que haré a continuación podría ser acusado de simplista, pero, como apuntaban, cinco minutos tampoco dan para mucho más. El problema básico para nuestro grupo está en el desprestigio de la función judicial.
¿Por qué? Porque el desprestigio genera desconfianza en el ciudadano, y la confianza en el sistema judicial parece que es el mínimo exigible a un sistema de estas características. ¿Cuáles son las razones de esa desconfianza que podemos constatar
cualquiera de nosotros a poco que sigamos el CIS? En primer lugar, es evidente el mal funcionamiento de la justicia, que genera desconfianza en el ciudadano. Hemos oído reiteradamente cifras como 2.500.000 asuntos sin resolver, 5.000.000 de
asuntos que entraron el año pasado, 270.000 resoluciones en el ámbito penal sin ejecutar, más de tres años de retraso medio en los asuntos, etcétera. Este mal funcionamiento de la justicia está socavando la confianza de la sociedad en los
juzgadores, en el propio sistema que ha creado, pero también -y no en menor medida- la percepción social de la falta de independencia. Esta es una realidad que contribuye al desprestigio y, por tanto, genera desconfianza, algo que requiere una
reforma del sistema actual, pero también el abandono de algunas conductas individuales -supongo que todos tenemos en la imaginación ahora- que no contribuyen en nada a ofrecer esa imagen de independencia del juzgador. En cualquier caso, estamos
ante una oportunidad histórica, por lo menos nosotros lo percibimos así. Hoy hay una oportunidad histórica para enderezar esta situación. Partiendo de esta situación de crisis y de la percepción de que nos encontramos en un momento que puede
suponer un punto y aparte en este proceso de deterioro, para nosotros definir este movimiento como una actitud puramente corporativa o a los jueces y magistrados de este país como alborotadores, nos parece cuando menos una ligereza imperdonable.



En cualquier caso, el Grupo Popular apuesta por la negociación. Les realizamos un llamamiento y les encarecemos que hagan todo el esfuerzo para abrir caminos al diálogo y a la negociación. También es cierto que tenemos la percepción de que
hasta el momento el Gobierno se ha dedicado más a maniobrar que a negociar, pero esta situación tal vez cambie a partir de este momento. De todas maneras, no tienen que negociarlo con nosotros, tampoco vamos a decirles cómo tienen que negociar ni
siquiera qué es lo que tienen que negociar, puesto que se parte de una plataforma con la que el Partido Popular reiteradamente ha dicho que coincide en la inmensa mayoría de las cuestiones. Así pues, partiendo de la realidad de que entendemos que
esta plataforma reivindicativa se mantiene por parte de ustedes, nuestra preocupación hoy -tampoco entendemos que haya tiempo para más- la vamos a limitar a preguntarles en qué situación se encuentra en este momento su negociación con el Gobierno,
qué horizonte o qué previsiones tienen a este respecto, si mantienen la posibilidad de convocar acciones como las que hemos vivido recientemente. También teníamos interés, pero lo damos por contestado puesto que han sido bastante claros y prolijos,
en el tema del acceso a la carrera judicial.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero dar la bienvenida a don Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y a don Sebastián Moralo, que le
acompaña. Les agradezco su presencia aquí para hacer esto que estamos haciendo, que no es realizar ninguna función de control ni de fiscalización, ni siquiera crítica, aunque podamos discrepar en algunos aspectos, que seguro que sí, de sus
actuaciones como asociación; para nada. Lo que queríamos era escucharles, saber lo que piensan sobre la situación de la justicia -como han tenido ocasión de comentar-, su estrategia asociativa, sus reivindicaciones y, por qué no, alguna reflexión
sobre un hecho importante que ha acaecido hace unos días que, aunque sea pasado, no podemos obviar, y también mirar hacia el futuro. Esto encaja perfectamente en lo que tiene que ser, en una democracia madura, la normalidad democrática.
Escucharse, respetar, discrepar donde proceda e intentar llegar a acuerdos en lo que seamos capaces, sobre todo cuando en el diagnóstico estamos de acuerdo, no en el cien por cien pero sí en el noventa y tantos por ciento. Además, en las medidas a
adoptar podemos estar de acuerdo en un altísimo porcentaje, más allá de las posibles posturas ideológicas, que no corresponde discutir, de una u otra asociación.



Partimos de la base y coincidimos en que la justicia adolece y pasa por una situación que no admite más demora; necesita que se adopten medidas importantes para poner a la justicia, a este servicio público, a la altura que se merece nuestro
país y que hoy, lamentablemente, no tiene.
También coincidimos con ustedes en el reconocimiento de que este problema no es de hoy, sino que al menos durante los treinta años de democracia -es una reflexión que mi grupo comparte- no se ha priorizado
suficientemente al servicio público de la justicia. Compartimos también una pequeña autocrítica -por lo menos no es malo, según me ha parecido entender- al espectáculo -creo que ha sido ese el calificativo- del anterior Consejo General del Poder
Judicial, que ha sido una de las causas, aunque no la única, que ha llevado a la lamentable opinión, el barómetro de opinión pública acerca de la situación de la justicia, de la valoración de los jueces, de todo, porque más allá de que sea de los
jueces o no, es del servicio público de la justicia. También me alegro de una crítica, porque creo haberla escuchado,


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a una actuación concreta del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial -que no vamos a hacer causa de ello ni les vamos a poner en el aprieto de que se pronuncien-, pero la coherencia indica que si se defiende de verdad la
independencia del Poder Judicial se debe defender en todos los casos y, sobre todo, en los más graves y sangrantes. En estos últimos días estamos viviendo una situación que no soporta el análisis objetivo y que es una injerencia absolutamente
desproporcionada por parte de personas concretas y partidos políticos contra un juez, amenazándole, acusándole de prevaricar, instándole a que dé nombre y apellidos, que levante el secreto...; en definitiva, entrando de lleno en su función
jurisdiccional.



Dejando eso a un lado, quisiera decirles que, compartiendo el diagnóstico, hay alguna cuestión que, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo la obligación de poner sobre la mesa y que voy a exponer muy escuetamente, porque soy
consciente de que ustedes estaban aquí cuando hemos hablado con el anterior compareciente de este tema. No es por darlo por reproducido pero, con el máximo respeto y en aras a la brevedad, voy a resumir mucho. Es verdad que hay escasez de medios,
que hay que aumentar el número de plazas judiciales y que se requiere no solo un incremento de medios, sino una reestructuración y una reforma de todo el aparato, la organización y el funcionamiento de la Administración de Justicia y de la oficina
judicial. Pero no es menos cierto que, siendo esta la situación, en los últimos años -debido, precisamente, a este Gobierno- es cuando se ha llevado a cabo más esfuerzo económico en nuevas tecnologías y en medios personales y materiales de toda la
democracia. En concreto, casi un 60 por ciento de aumento de presupuesto en el ámbito de la justicia que, coincidimos, siguen siendo manifiestamente insuficientes; pero son un 60 por ciento más. En cuanto a la planta judicial y el número de
jueces y fiscales, en los cuatro años de la última legislatura -son datos ciertos- 1.148 plazas, frente a las 512 de los cuatro años anteriores. Es decir, cuando mayor esfuerzo en dotación de medios, cuando mayor esfuerzo económico, cuando mayor
número de plazas de jueces y fiscales, aunque sigan siendo insuficientes, se está produciendo; cuando se dice por el propio presidente del Gobierno que esta es la legislatura en la que se quiere que se priorice de manera inaplazable la
modernización de la justicia; cuando se presenta ante la Cámara en pocos meses de legislatura, no una promesa, un proyecto de ley que reforma quince leyes procesales, que es el instrumento básico -mejorable quizá, para eso está el trámite
parlamentario- para proceder a la modernización de la justicia; cuando hay mesas de negociación abiertas, se produce -voy a hacer una mención de medio minuto al menos- una huelga de jueces, seguida por un número equis, más o menos, de jueces.



Ahí tenemos que manifestar, como grupo parlamentario la discrepancia más gruesa con su asociación, porque nos sorprendió que una asociación con la historia de la suya, con carácter teóricamente moderado, se levante, rompa unas negociaciones
y acuda a una huelga que sé que es -y resumo- un debate jurídico y político de interés, de sumo interés, sobre el que se puede debatir muchísimo, discrepando o no, pero desde luego el problema del servicio público de la justicia no es si los jueces
tienen o no derecho a huelga. El problema es de modernización, de medios, de recursos y de que el servicio público que afecta a cuarenta y tantos millones de españoles mejore las condiciones que estos se merecen, no si ustedes, 4.400 jueces, a los
que les demuestro de verdad la más alta consideración y respeto, tienen o no derecho de huelga; debatámoslo donde corresponde, pero no puede ser el centro de atención de este país si un colectivo de cuatro mil y pico personas tiene o no derecho de
huelga; con todo el respeto a sus reivindicaciones, porque además, coincide y resulta que un alto porcentaje de las reivindicaciones que ustedes plantean pueden ser perfectamente suscritas por mi grupo parlamentario, unas casi en su totalidad,
otras en buena parte y alguna otra probablemente no, como es lógico en cualquier situación compleja como la que estamos discutiendo.
Pero tengo que manifestar -y concluyo este aspecto-, aunque no es el momento de profundizar, nuestro total
desacuerdo con que hayan ido a la huelga. Ustedes lo han comparado -y es lógico que lo digan- con el hecho de que si los funcionarios van a la huelga no se deja de prestar el derecho a la tutela judicial efectiva. Claro, pero no es lo mismo que el
caso de los jueces. Ustedes son los garantes, los últimos garantes, de la tutela judicial efectiva, no pueden ir a la huelga, más allá de la no prohibición expresa; probablemente no se haya prohibido porque es tan evidente que no es necesario ni
prohibirlo. ¿Se imaginan ustedes que nosotros, los parlamentarios, fuéramos a una hipotética huelga para reivindicar algo sobre el colectivo de jueces, alguna carencia, porque alguna carencia tendrá también su colectivo?, ¿se imaginan si nosotros
o los ministros nos pusiéramos en huelga? Esto es difícilmente digerible desde el punto de vista del sentido común, más allá de la razón que tengan en vehicular mecanismos para exigir y defender sus intereses como asociación, como cuerpo que, cómo
no, lo compartimos plenamente. Insisto, se ha hecho un flaco servicio al servicio público -valga la redundancia- de la justicia y al aprecio entre los ciudadanos, yo al menos así lo percibo, de los jueces, y esto es malo para todos. Pero me quiero
quedar con lo fundamental y es su disposición -estoy seguro que sincera- a que lo importante es más que el ayer, que ahí queda, el hoy y el mañana y que consigamos mejorar y modernizar el servicio público de la justicia; y ustedes han manifestado
que sin prejuicios, que con transparencia y con disposición al diálogo. Con eso me quiero quedar, mi grupo parlamentario así lo quiere y el Gobierno al que sustentamos estoy seguro que también, porque en el conjunto de las reivindicaciones, en las
que no vamos a poder entrar ahora en aras de la brevedad, estamos, como les decía, en unos casos de acuerdo totalmente,


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en otros parcialmente de acuerdo, y en otros en el proceso para que podamos llevar a efecto la posibilidad de esas reivindicaciones.



Voy concluyendo. Nos interesaría especialmente, de verdad, que sobre el proyecto de ley de modernización de la justicia, de las reformas procesales, importantísimo, que está en marcha en este momento, en fase de enmiendas -plazo que va a
ser prorrogado alguna semana más-, pudiéramos contar con sus aportaciones críticas, por un lado, y con sus alternativas a los problemas concretos que afectan a lo que es la mejora del servicio público de la justicia. Y ello en el bien entendido -y
se lo decía con absoluto respeto, igual que a ustedes, a los anteriores comparecientes- de que quisiéramos tomar, porque no lo admitiríamos de otra forma ni en un solo milímetro -y se lo digo con absoluto respeto y en reciprocidad en la misma
dimensión-, cualquier sugerencia o petición de encaje legal de cualquier aspecto que ustedes consideren. Pero que en ningún caso lleve la coletilla de que se le diga al Poder Legislativo, al máximo órgano de la representación popular, que si no
recoge el texto de la ley no sé qué amenazan con una huelga, porque en ese camino no se van a encontrar con el Grupo Parlamentario Socialista en el diálogo, sino en otra actitud absolutamente distinta por el respeto que nos debemos tener entre los
distintos poderes. Lo digo con sencillez, con absoluta normalidad democrática, con el máximo respeto y con la más alta consideración a la sinceridad de lo que les estoy manifestando: queremos sus sugerencias como protagonistas importantísimos,
pero no exclusivos ni excluyentes, de lo que tiene que ser la reforma en la Administración de Justicia, que ustedes bien conocen. Pero en cualquier movimiento, en cualquier cambio -voy terminando- se produce a veces, señor Sexmero, señor Moralo,
una cierta reacción al cambio en todos los afectados, y lo digo en el mejor de los sentidos, sin criticar siquiera el posible tinte que puede ser fácil en el argumento corporativista; no, incluso sin ese tinte; cualquier modificación profunda de
cualquier colectivo produce una cierta resistencia, una cierta inseguridad, una cierta incertidumbre que a veces tiende a hacer de reacción a ese intento de cambio.



Nuestra voluntad -termino, señor presidente- es intentar llevar adelante el proceso de modernización de la justicia, que sigan el camino de la negociación y que entre todos seamos parte de la solución -porque todos somos y debemos ser parte
de la solución- y que acabemos de ser un poco cada uno parte del problema por no haber sido capaces de que el servicio público de la justicia esté a la altura que se merecen los ciudadanos.
Les reitero nuestro agradecimiento sincero a su
información y esa disposición al diálogo que creo que no se tiene que perder nunca; y que la huelga, más allá del debate político o jurídico, tiene que ser siempre y en todo caso la última solución, el último mecanismo y, dentro de un poder del
Estado, mucho más allá del último mecanismo.



El señor PRESIDENTE: Me pide la palabra el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en nombre de Convergència i Unió quería dar la bienvenida al Congreso de los Diputados y a esta Comisión de Justicia a los representantes de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y excusarme por no
haber asistido a su exposición -lo he podido manifestar previamente en privado y ahora lo hago en público-, porque coincidía con una reunión conjunta de la Junta de Portavoces y de la Mesa a la cual pertenezco. Esa coincidencia de ambas sesiones me
ha impedido seguirlo en directo, aunque sí vamos a poder seguir plenamente lo que ha dicho el señor Sexmero porque su exposición se ha repartido ya a los grupos parlamentarios. En nombre de Convergència i Unió le quería trasladar a usted y también
a quien le acompaña, el señor Sebastián Moralo -con quien tuve también el honor de compartir programa radiofónico la semana pasada en Cataluña y, por tanto, pudimos coincidir en algún diagnóstico-, lo siguiente: ustedes tienen una alta
responsabilidad en este momento, forman parte del Poder Judicial y el diagnóstico compartido es que el Poder Judicial en su conjunto tiene muchísimas actuaciones que emprender en un camino compartido de mejora. Por tanto, deberíamos hacer ese
camino juntos, bajo su responsabilidad y también la nuestra como legisladores, deberíamos ponernos de acuerdo en esta legislatura y deberíamos marcar ese calendario, esa carta de ruta y ese desarrollo de compromisos. No voy a entrar en el tema de
la huelga, porque además cuando una huelga tiene al final una repercusión que el propio consejo cifra en más del 35 por ciento no quiero entrar en ella, aunque está ahí y tampoco podemos mirar hacia otro lado; está ahí la huelga que tuvo lugar la
semana pasada, pero están ahí los temas pendientes.



Quiero hacerles una apelación. Ustedes como asociación judicial están sujetos, como jueces que son, al imperio de la ley y quiero manifestar desde Convergència i Unió que, cuando hablamos del respeto a la ley, del respeto al ordenamiento
jurídico y de ese imperio de la ley, nos obliga también a todos a respetar leyes que forman parte incluso del bloque de la constitucionalidad, los nuevos estatutos de autonomía aprobados, en este caso el de Cataluña y el de Andalucía. Lo que digo
también a las asociaciones judiciales, que en ocasiones se han podido mostrar críticas con un debate parlamentario sobre una norma, es que al final cuando esa norma es aprobada todos nos debemos a ella y debemos hacer esfuerzos para cumplirla con
celeridad y con la previsión normativa que la misma tiene en su potencial, que no es otro que el de la mejora global de la justicia también, porque en ningún caso está en contradicción el hecho de profundizar en determinados aspectos necesarios del
Poder Judicial en una estructura compuesta del Estado con una mejora global de la Administración de Justicia; al contrario, ayudaría también a esa mejora.
Por tanto, mano tendida, pero también les pedimos que esa mano


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tendida sea compartida en todo aquello que al final estas Cámaras, las Cortes Generales, han aprobado, y en el caso de los Estatutos de Autonomía de Andalucía y Cataluña incluso refrendados por la ciudadanía.
Por tanto, les mostramos
nuestro ánimo de colaborar, de llegar a amplios acuerdos en esta legislatura. No nos podemos permitir, señor presidente no llegar a ellos. Tenemos una tarea legislativa por delante, un proyecto de ley sobre la oficina judicial que está ya
presentado, en plazo de enmiendas y sobre el que tenemos que ponernos de acuerdo, porque la sociedad tampoco entendería al final que ante los retos que tenemos planteados, ante esta situación de que la justicia no funciona, no fuéramos capaces desde
el Poder Legislativo de clarificar unas medidas que puedan ser compartidas y que son urgentes.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida tiene la palabra también su portavoz el señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias por su generosidad, señor presidente.



Saludo la comparecencia de jueces y magistrados de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. También he tenido el mismo problema que el señor Jané o parecido. Presido la Comisión de Sanidad y por tanto tengo obligaciones y dificultades
en cuanto a poder participar en esta Comisión, pero en todo caso quisiera manifestar la posición de mi grupo de forma telegráfica.



En primer lugar, mi grupo no discute el derecho de huelga, no lo discute; muy al contrario, tenemos una actitud en esta materia absolutamente abierta y todo lo que no se prohíba existe como derecho. En segundo lugar, existe una cierta
paradoja en el ejercicio del derecho de huelga por parte de jueces y magistrados. Al menos yo encontraría dos. Entre un poder del Estado y unos ciudadanos considerados en su función como funcionarios públicos, pero más aún entre lo que podríamos
denominar el funcionario y, por otra parte, el miembro de un órgano de gobierno de esos funcionarios. Hay una paradoja evidente que llevaría -lo he dicho en alguna ocasión- a dudar si estamos ante una huelga o ante un cierre patronal. Las
contradicciones son en mi opinión evidentes. Por lo tanto, una cuestión es el ejercicio del derecho y otra es la oportunidad, que puede ser discutida y discutible, porque es verdad que existen problemas de fondo y nosotros compartimos con muchas de
las organizaciones de jueces la reflexión sobre esas insuficiencias y sobre esos problemas de fondo, legislativos, funcionales, de recursos, de personal. Es verdad, están ahí y por tanto la valoración tendrá que ser una valoración de oportunidad
sobre esa medida ante problemas de fondo; pero yo quisiera que todos fuéramos lo suficientemente sinceros para que no solamente abordásemos los problemas de fondo y alguna vez tuviésemos la oportunidad de hablar sobre los factores desencadenantes.



En mi profesión siempre ocurre lo mismo, hay factores de fondo, pero el que desencadena finalmente el problema o la muerte es un factor y lo demás son sus consecuencias, y tengo la impresión de que hay contradicciones y problemas que tienen
que ver con nosotros, con el ámbito político seguramente. Hay problemas que han desencadenado esta situación que tienen que ver con ustedes en relación a expectativas y realidad y, en el caso nuestro, en el caso de los políticos, probablemente
estamos viviendo la politización de la justicia y la judicialización de la política y eso tiene sus consecuencias negativas, esa mutua colisión de alguna manera, que tiene algo que ver con lo que estamos viviendo en estos momentos. Y luego hay una
alarma que yo quiero manifestar en esta Comisión sobre el populismo punitivo que trae consecuencias muy negativas, ese populismo punitivo que amplifica una histeria colectiva que luego termina en injerencias o valoraciones injustas de un poder sobre
otro. Me refiero en determinados momentos sobre actuaciones del poder político que tienen sus consecuencias. Antes hablaba de una causa y sus consecuencias, y en este caso factores desencadenantes podríamos verlos precisamente ahí. En todo caso,
una vez desencadenado el problema, sería bueno despejar los malentendidos para poder desbrozar luego los problemas de fondo. Nosotros estamos dispuestos a despejar los malentendidos para abordar los problemas de fondo de la justicia e intentar
hacerlo en condiciones evidentes de restricción de recursos, de crisis económica, etcétera, pero abordar los problemas de la justicia como más nos preocupan a nosotros, que es como servicio público.



El señor PRESIDENTE: Vamos a dar la palabra al señor Sexmero.



El señor PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA, AJFV (Sexmero Iglesias): En primer lugar, mi agradecimiento a la oportunidad que nos ha dado esta Comisión de Justicia para poder explicar un poco la situación actual de la
justicia. Y al hilo de la intervención que hizo con la anterior asociación el Grupo Popular, que digamos que establecía que tendríamos que comparecer solo voluntariamente y nunca a instancia de ninguna fuerza política, he de decir que nosotros
hemos comparecido voluntariamente. El hecho de que alguien nos inste a que comparezcamos no significa que, dada la no obligatoriedad que tenemos de hacerlo, no lo hagamos voluntariamente. Hemos venido voluntaria y perfectamente conscientes de esa
voluntariedad, y por lo tanto sin ninguna exigencia ni ninguna recriminación por parte de nadie. Queríamos comparecer y en ese sentido quería aclararlo.



Contestando un poco a todos los comparecientes y, sobre todo, a todos los diputados, me cuesta llamarles a ustedes señorías. No me habrán oído decirlo porque me cuesta muchísimo. Es el tratamiento que yo recibo cuando estoy en el juzgado.



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El señor PRESIDENTE: Ni señorías ni proletarios. (Risas.)


El señor PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA, AJFV (Sexmero Iglesias): Recibir el tratamiento yo y decírselo a los demás me cuesta bastante.



Por hablar un poco de bloques y no pasarme del tiempo como antes, en cuanto al derecho de huelga que nos ha traído aquí, brevemente quiero decir que el ejercicio del derecho de huelga por parte de jueces y magistrados es un poco
sorprendente. Si me dicen hace diez años que me voy a poner en huelga el 18 de febrero, diría que no estoy en este país porque no me lo hubiera creído. Es una labor de concienciación que hemos tenido los jueces y magistrados durante años. En
concreto, Francisco de Vitoria ya estableció hace más de diez años la posibilidad del ejercicio del derecho de huelga, y por tanto no es de ahora ese debate, aunque lógicamente no haya trascendido a la opinión pública. Claro que es una paradoja,
como ha señalado el señor Llamazares, que alguien que ejerce o que integra un poder del Estado, como es el Poder Judicial, pueda a la vez ejercitar el derecho de huelga. Lo cierto es que no está prohibido ni por la Constitución ni por las leyes.
Los jueces entendemos que, aunque integramos un poder del Estado administrando la justicia, lo ejercitamos como funcionarios. Nuestro estatuto orgánico es más funcionarial en el ejercicio de ese poder -a veces incluso puede llegar a superar la
propia integración en el poder del Estado- y, por tanto, mientras no se prohíba -son ustedes como Poder Legislativo quienes tendrán que establecer no quizá ahora, sino más sosegadamente en el futuro si tenemos o no tenemos derecho de huelga-, hoy
por hoy la no prohibición de ese derecho de huelga ni por la Constitución ni por la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el carácter funcionarial que entendemos que tenemos en el ejercicio de las competencias como administradores de la justicia nos
permiten entender el ejercicio del derecho de huelga después de muchas reflexiones, que no crean que han sido fáciles. El debate interno asociativo para llegar a la conclusión de que se puede ejercitar el derecho de huelga no ha sido fácil.
Ustedes lo podrán comprender.
Nosotros somos juristas o somos jueces y, por tanto, la discusión legal sobre si podíamos o no podíamos y sobre si además era oportuno hacerlo, si debíamos hacerlo, ha sido lógicamente bastante fuerte a lo largo de los
años, pero no es el debate en este momento. La huelga se ha realizado. Si algún día el Poder Legislativo en uso de sus competencias, igual que lo ha hecho con las Fuerzas Armadas, prefiere prohibirlo, lógicamente está en el uso de sus facultades.
Lo que yo pediría a todos es que no fuera siempre al hilo de un acontecimiento concreto o del ejercicio concreto del derecho, sino que se haga de manera sosegada, con el tiempo y después de valorar todas las circunstancias.



Pasando ya del ejercicio del derecho de huelga, y siguiendo el orden de las intervenciones, empezaré por don Emilio Olabarría -nos conocemos ya desde hace muchos años-. Efectivamente tenemos un modelo en cuanto a los nombramientos. Creemos
que deben siempre ser respetuosos con el mérito y la capacidad; mérito y capacidad que en estos momentos, y desde hace muchísimos años, entendemos que no practica el Consejo General del Poder Judicial ni tampoco esta Cámara cuando elige a los
vocales de dicho consejo. La manera de articular el mérito y la capacidad, de cara a que se hagan unos nombramientos eficaces y respetuosos con el espíritu de la ley y de la Constitución, lógicamente es muy difícil. La propia sentencia del
Tribunal Constitucional ya estableció los riesgos de politización de esta materia. Creo que lo que tendrían que hacer -y es una recomendación que me permito- es un esfuerzo de voluntad política para entender que los cargos no deber ser nunca
parejos con la representatividad política que cada asociación o magistrado puedan tener. Los magistrados y los jueces tenemos ideología, como todos los ciudadanos de este país, y a veces las asociaciones traslucen una cierta ideología. Creo que
intentar superarla y que los nombramientos se deban hacer de acuerdo con ese mérito y esa capacidad es algo que supera cualquier modelo, que está dentro del ánimo político de SS.SS., y por supuesto del Consejo General del Poder Judicial en la
materia que le corresponde.



En cuanto a si es jurisdiccional o no la agenda de señalamientos, creo que aquí hay un equívoco total en cuanto a considerar y deslindar los aspectos procesales de los aspectos jurisdiccionales. Los aspectos procesales y el proceso es
jurisdiccional, y el señalamiento que hace un juez de una vista es jurisdiccional. Efectivamente hay un ámbito de gestión que es el de la sala de vistas y la eficacia de los recursos, a la hora de armonizar los señalamientos para evitar que haya
descoordinación o disfunciones, pero yo no estoy de acuerdo en decir que no es jurisdiccional. Además de ser jurisdiccional produce, como he dicho antes en la exposición, determinadas disfunciones evidentes. Es decir, los jueces no solo hacemos
juicios y vistas; también tenemos una agenda particular en la tramitación de los procedimientos. En el ámbito penal es clarísimo. Derivar la agenda de señalamientos hacia un funcionario distinto, que además no va a estar contigo, como ahora, en
la unidad de apoyo directo -si se diseña así la oficia judicial-, sino que va a estar fuera, en otra oficina o servicio común de señalamientos, y a la vez compaginar esa agenda con la agenda propia que tendrá que tener el juez para seguir la
tramitación de su juzgado, produce una distorsión totalmente evidente, porque al final va a ser la propia agenda señalada por aquel funcionario la que delimite cómo vas a tener que tratar e instruir un caso, o cómo vas a tener que llevar un
determinado procedimiento a diario en el juzgado. No se pueden llevar dos agendas; hay que llevar solo una. Por lo tanto, entendemos que la agenda judicial debe estar siempre en manos del juez, con independencia -por supuesto y siempre se ha
hecho- de una coordinación de las vistas que ya existe.



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No hace falta otorgársela al secretario. Cuando yo estaba en el País Vasco no teníamos salas todos los juzgados y se coordinaban los señalamientos con el decano. Por lo tanto se hacía perfectamente, y no hacía falta quitar el control de la
agenda a los jueces. No entendemos el porqué de ese otorgamiento de la agenda a los secretarios tal y como está establecido actualmente en la ley, que además consideramos totalmente innecesaria.



Lo del Cendoj tampoco lo comparto. Estuve en su creación; estaba en la Audiencia de San Sebastián cuando se creó, y conozco el espíritu con el que se inició aquel trabajo, que era la primera vez que se hablaba de modernización informática
en la justicia, y estamos hablando de hace más de diez años. No entiendo por qué después de diez años no se ha sido lo suficientemente ágil y rápido para que aquellas expectativas que se crearon en el Cendoj no se hayan realizado. No sé cuál es el
problema, posiblemente está en el anterior Consejo General del Poder Judicial que no ha tratado suficientemente este ámbito o quizá haya problemas presupuestarios. Lo desconozco. Desde luego sería necesario que hubiera un organismo, como el
Cendoj, de coordinación, delegado por las competencias del Consejo General del Poder Judicial, para armonizar todos los sistemas informáticos de las distintas comunidades autónomas, porque aunque es evidente -y no es tema para tratar aquí- la
atribución de competencias de la Administración de Justicia a las distintas comunidades -discutible en mi opinión- pero que ya no tiene marcha atrás y tan generalizada, produce unas distorsiones evidentes en los sistemas de gestión procesal que
sufre el ciudadano y sufrimos también los jueces y magistrados, lo cierto es que habrá que articular algún sistema para que haya una coordinación, y desde luego en estos momentos no se está articulando ninguno de ellos. Es más, todo lo contrario.
Por la experiencia que tenemos aquí, en la Comunidad de Madrid, gobernada por un partido distinto al del Gobierno de la Nación, se ha optado prácticamente por dejar -después de una fuerte inversión en informática, y yo incluso pertenecí a dicha
comisión de informática-, por abandonar aquel sistema de gestión procesal que iniciamos. No se entiende muy bien por qué después de una fuerte inversión se deja abandonada.



En cuanto a las suspicacias sobre por qué la Asociación Francisco de Vitoria estaba de acuerdo con la huelga, ya he adelantado antes que, después de muchas consideraciones personales y profesionales de los jueces que componen Francisco de
Vitoria, ya desde hace muchos años -el tema viene de lejos, de hace diez o doce años, aunque lo hayamos formulado ahora- nos planteábamos si teníamos o no derecho de huelga. Si lo acordamos es porque ya nos planteábamos que tendríamos que
ejercitarlo alguna vez, puesto que si no el debate no hubiera surgido. Entendemos que somos moderados efectivamente, pero no porque estemos en el centro político, sino porque ejercemos la prudencia en toda nuestra vida asociativa, o intentamos
ejercerla, porque muchas veces no se consigue.
En este sentido entendemos que fue un ejercicio de responsabilidad precisamente que Francisco de Vitoria y todos sus asociados entendieran, en un momento determinado, que habría que ejercer ese derecho
de huelga que en su día ya habíamos acordado que teníamos. No somos contrarios ni reacios al cambio. Creo que lo que ha demostrado y evidenciado precisamente la huelga y estas movilizaciones de todas las asociaciones -puesto que no solo han sido
el derecho de la huelga, sino incluso las protestas organizadas por las otras dos asociaciones y las reivindicaciones firmadas de común acuerdo- es que queremos ese cambio; que lo queremos ya, de una vez por todas, y que ya no podemos ser cómplices
-lo hemos sido, lo reconozco, es un ejercicio de autocrítica, durante treinta años-, en la tolerancia, de un sistema de justicia totalmente ineficaz y desbordado. Como ya no podemos más, y lógicamente no podemos seguir siendo tolerantes, es por lo
que hemos decidido tomar esta medida de presión, puesto que el ejercicio del derecho de huelga nunca es una amenaza -yo nunca lo he entendido como tal-. Es verdad que es un medio de presión, pero también es un medio para que los ciudadanos, los
propios gobernantes y las fuerzas políticas tomen conciencia de que algo había que hacer y de que ya no había más tiempo que esperar. De hecho si estamos aquí hoy en día es por eso. Yo me pregunto si, de no haber ejercitado el derecho de huelga,
hoy estaríamos llamados a explicar lo que estamos haciendo y las reivindicaciones de la carrera judicial.
Llevar a la opinión pública y a ustedes las reivindicaciones de la carrera ha sido muy importante para que a partir de ahora intentemos
ponernos a trabajar, con el diálogo oportuno, en mejorar la situación.



Fuera de esto, desprestigio y desconfianza del juez. Preguntaba el representante del Partido Popular por qué poner la frontera en los treinta años. La hemos puesto porque nunca hay que mezclar churras con merinas. Yo creo que no es
homologable ni puede ser comparable la situación de una democracia con la situación de un régimen autoritario como el anterior. Por lo tanto, nos parecía que no podíamos ir más allá del año 1978. Hay que comparar lo comparable. Creíamos que la
comparación había que fijarla a partir de la Constitución. Efectivamente existe un riesgo en los últimos años -y lo he manifestado en la exposición- de politización de la justicia o de judicialización de la política. Esto ha llevado a una
desestabilización del sistema, como usted decía, y a un desprestigio y a una desconfianza del ciudadano en el juez. En mi exposición indiqué precisamente que esa era una de las razones por las cuales los jueces habíamos llegado a un punto en el que
ya no podíamos ser cómplices, porque el desprestigio al cual estábamos abocados -a nuestra manera de ver injustamente, aunque podamos hacer un ejercicio de autocrítica- nos impedía continuar sin decir nada. Por tanto, teníamos que decir algo,
porque cuando ya has caído lo suficientemente abajo, más abajo ya no puedes caer y por lo tanto lo único que cabe es levantarse.
Creo que lo que estamos haciendo es levantarnos,


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ponernos de pie y empezar a trabajar. En este sentido reconozco que efectivamente esa desconfianza del ciudadano en la justicia nos preocupa; y nos preocupa muchísimo. Precisamente somos responsables en el ejercicio de nuestras funciones,
y esa es una responsabilidad esencial. Muchas veces cuando se habla de responsabilidades se tiende siempre a hablar de responsabilidades disciplinarias, siempre vamos a lo patológico. La responsabilidad de un juez no está solo en que pueda
responder con una multa o con una separación del servicio o una suspensión de empleo y sueldo, porque haya hecho o dejado de hacer algo que se considere una falta; la responsabilidad está cada día en el ejercicio de la función en un juzgado o en un
tribunal. Esa responsabilidad personal del juez, esa concienciación que nos va de origen a muchos de nosotros cuando decidimos hacer una oposición es la responsabilidad que estamos ejerciendo. Nos cuesta, precisamente porque somos responsables,
mantener durante años una situación como la que se estaba manteniendo actualmente sin que prácticamente ningún poder del Estado hiciera caso.



Las reivindicaciones no son de ahora, y en ese sentido respondo al portavoz del Partido Socialista de por qué ahora. Nosotros reconocemos que en estos momentos el tema en cuestión no es el de la inversión; ha superado con creces la del
Partido Popular, que además era fácil de superar porque invirtió muy poco -entiendo que había otras prioridades en el anterior Gobierno-, pero ese no es el tema. No es el tema si se crean veinte o treinta juzgados más; bienvenidos sean, aunque
muchas veces los creados han sido de violencia doméstica, que le corresponde a otra política distinta, colateral a la política de justicia. El problema es de inversión política en justicia, no solo de inversión económica; y de atacar de una vez
por todas directamente las causas del problema -que yo creo que estamos todos de acuerdo en ello-, y empezar a trabajar sobre qué modelo de justicia queremos; qué modelo de oficina judicial queremos; qué planes a corto, a medio y a largo plazo
existen, si es que existen; y entendimos que no existían; y ese es el motivo también de ejercitar el derecho de huelga. No entendimos que los planes que tenía el Ministerio de Justicia -que efectivamente los conozco- fueran suficientes o
realmente pusieran en evidencia que existe una inversión política en justicia. Le Ley que se llama de modernización y de implantación de la oficina judicial no es tal; es una ley que modifica muchos artículos, que establece que donde antes decía
la palabra juez ahora dice secretario, o donde decía órgano judicial ahora dice secretario. Decir que esto es el principio de la implantación de la oficina judicial es exagerado. La ley puede efectivamente servir para delimitar las funciones del
juez y del secretario. En algunos temas, incluso, es discutible esa delimitación. No lo vamos a hacer nosotros, porque hay procesalistas que han sacado un comunicado recientemente en ese sentido. Pero, en general, no nos opusimos a ella y
entendimos que era un aspecto más, pero no es el inicio de la oficina judicial. Como nos daba la sensación de que no había un plan concreto en el Ministerio de Justicia de puesta en marcha de la oficina judicial -hablé en la exposición de
oscurantismo y de falta de transparencia- es por lo que pensamos que había que hacer algo. Por lo tanto, no es un problema de creación de jueces o de magistrados, o de aumentar un 60 por ciento el presupuesto. Es un problema de inversión política
en la justicia, que creemos que no había existido hasta ahora.



El señor PRESIDENTE: Llegados a este punto, quiero agradecer la comparecencia de don Marcelino Sexmero Iglesias y de don Sebastián Moralo Gallego en su condición de portavoz nacional y dirigente de la Asociación Judicial Francisco de
Vitoria.



Les anuncio que vamos a llamar para iniciar la comparecencia a la representación de Jueces para la Democracia, en este caso a través de su portavoz don Miguel Ángel Gimeno Jubero, doña Alicia Millán Herrandis y doña Roser Bach i Fabregó, que
son los que están aquí acreditados como personas que vienen en nombre de esta asociación. Mientras recibimos y despedimos a los comparecientes, suspendemos la sesión por un tiempo aproximado de tres minutos. (Pausa.)


- DEL SEÑOR PORTAVOZ DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA, JpD (GIMENO JUBERO) PARA INFORMAR DE LAS RAZONES EN LAS QUE SE SUSTENTA EL 'DOCUMENTO REIVINDICATIVO CARRERA JUDICIAL, 12 DE ENERO DE 2009', DE SU INCARDINACIÓN EN EL RESPETO A LA AUTONOMÍA
DEL PODER LEGISLATIVO Y PARA QUE LAS ASOCIACIONES QUE REPRESENTAN JUECES Y MAGISTRADOS TENGAN OCASIÓN DE OÍR Y SER OÍDOS POR LA INSTITUCIÓN BÁSICA Y NUCLEAR DE LA SOBERANÍA POPULAR DE LA QUE EMANAN TODOS LOS PODERES DEL ESTADO COMO ESTABLECE EL
ARTÍCULO 1.2 DE LA CONSTITUCIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000132.)


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con la comparecencia ante nosotros, en nombre de Jueces para la Democracia, de don Miguel Ángel Gimeno Jubero, que es el portavoz, y de la persona que está en la dirección de la citada asociación,
doña Roser Bach i Fabregó. Quiero agradecerles su comparecencia, así como pedirles disculpas por el retraso que se ha ido acumulando, pero a veces nuestros deseos en los señalamientos son para excitar el celo de la síntesis, porque
Reglamentariamente -lo anunciaba al principio- esta sesión no finalizará hasta que no concluya el orden del día. Nos sentimos muy honrados con su comparecencia que, además, procede en un momento de actualidad y de


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suma utilidad para esta Comisión, ya que tenemos en trámite importantes reformas legislativas, como es la concerniente a la oficina judicial.
Desde ese punto de vista -lo digo por aclarar- no es la primera vez que con motivo de reformas en
el ámbito de la justicia han comparecido asociaciones judiciales y otros colectivos en esta Cámara. Sin duda alguna, como en otras ocasiones, serán muy fructíferas sus reflexiones.
Si no lo digo reviento: a mí me cuesta mucho trabajo verles como
proletarios y no como integrantes del Poder Judicial. Dicho esto, le cedo la palabra a don Miguel Ángel Gimeno Jubero.



El señor PORTAVOZ DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA, JpD (Gimeno Jubero): Señoras y señores diputados, trataré de ser lo más breve posible dentro de las posibilidades. Seguramente, ustedes habrán oído algunas de las cosas que ya he dicho otras
veces. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes, a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que hayan permitido que Jueces para la Democracia comparezca aquí para explicar cuáles son las visiones que tiene sobre cómo debe
mejorarse la Administración de Justicia, y quiere decirles que lo hace sin la más mínima reticencia. Es más, para nosotros es un honor comparecer y estar hoy aquí. Por tanto, cualquier reticencia que pudiera pensarse que había en algún momento -no
tanto por Jueces para la Democracia sino por cualquier juez-, desde luego Jueces para la Democracia no tiene absolutamente ninguna.



También quiero decir aquí que reconocemos a esta institución parlamentaria como la representante más directa de la soberanía popular, y que en todo caso la acataremos y la acatamos. Jueces para la Democracia es consciente de la autonomía
legislativa, que está fuera de toda duda, y desde luego nuestras demandas deben entenderse aquí y ahora solamente como una simple aportación, que ustedes podrán tener en consideración en la medida en que sea posible, porque el final son ustedes los
que tienen las facultades y los que están obligados también a cumplir y tienen ese mandato.



Asimismo, quería decir que el diseño de la Administración de justicia es lo que quieren los españoles, no lo que quieren los jueces, y lo que en puridad no corresponde solo a los jueces, sino a todos los españoles, y por tanto a ustedes como
legítimos representantes de los mismos. Los jueces somos una pieza fundamental dentro de este engranaje, obviamente, y constituimos un poder del Estado, pero cómo debe diseñarse una Administración de Justicia no es una facultad que tengamos los
jueces, sino de la soberanía popular de la que en definitiva emana nuestro Poder Judicial.



Jueces para la Democracia es consciente de que este no es su patrimonio, que no es patrimonio de los jueces, que es patrimonio de todos, pero además incluso hay otros operadores jurídicos que deberían decir algo, y que quizá lamentamos que
hayan estado callados durante todo este tiempo de conflicto. No obstante, nosotros somos una pieza importante dentro de este engranaje, y además creemos que la mejora de la Administración de Justicia no puede hacerse contra alguno de sus operadores
y especialmente contra los jueces, es más, debe contar con la complicidad de los jueces para que precisamente no solamente haya modificaciones legislativas, sino que además estas sean eficaces, se lleven a la práctica y en definitiva mejoremos y los
ciudadanos vean la evidencia en la mejora de este servicio de la Administración de Justicia.



Nuestras reivindicaciones, pues, solo van dirigidas a mejorar este servicio público de la justicia y solo bajo esa perspectiva deben entender ustedes nuestras reclamaciones de dignificación de la Administración. Cuando hablamos de
independencia judicial, hablamos de independencia judicial exclusivamente como instrumento para poder ser imparciales, y como instrumento para poder hacer que mejore la Administración de Justicia, que hagamos la mejor justicia. Solamente de esa
manera, como elemento instrumental de la aplicación del derecho, de la aplicación de la ley.



Es cierto que la situación en la que se encuentra y se encontraba la Administración de Justicia en estos últimos meses era realmente lamentable. La situación venía de atrás. Se ha hablado -he tenido oportunidad de oírlo; estaba presente-
de los últimos treinta años.
Ciertamente comparto con el colega anterior que efectivamente hace treinta años corría el año 1978, la fecha de la Constitución, y por tanto hablamos de algo más de treinta años, que son homologables y desde los que
podemos comparar, sobre todo porque podemos comparar con otras instituciones del Estado. Yo ya tengo una edad y recuerdo perfectamente cómo estaba la Administración de Justicia y cómo estaba España en aquel momento y cómo está ahora, por tanto se
puede decir que la mejora ha sido notable y sustancial. Y la Administración de Justicia también; debo decirlo; debo decir que no es lo mismo hace veinticinco años que ahora, pero también es cierto que ahora no estamos en la situación óptima. En
términos relativos, en términos de comparación con otras instituciones del Estado, la verdad es que estamos francamente por debajo, sobre todo porque no prestamos el servicio que debemos prestar.



Efectivamente alguna autocrítica había que hacer, y los jueces debemos hacerla. Nos habíamos acostumbrado a trabajar en la precariedad. Hasta cierto punto cuando uno se acostumbra resulta hasta cómodo, y esto es lo lamentable; nos
habíamos acostumbrado. Creo que este ha sido un aldabonazo por diversas razones. Aquí se ha comentado anteriormente, y en mi opinión efectivamente eran evidentes todas las carencias de la Administración de Justicia, pero se han producido unos
datos fundamentales en los últimos años: el comportamiento del anterior Consejo General del Poder Judicial. Comparto plenamente lo que se ha dicho aquí, el anterior Consejo General del Poder Judicial no se comportó de manera adecuada. Hubo por
parte de algunos de sus miembros una manifiesta deslealtad institucional, y eso pesó en los


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jueces. Además nos sentimos alejados, sentimos que ese no era nuestro gobierno, nos sentimos de alguna manera abandonados; por lo menos muchos de los jueces.



El retraso desde luego no era responsabilidad de aquel consejo, sino también de SS.SS. en la medida de lo posible, y no somos ingenuos para saber exactamente cuál era la problemática que se daba, pero este retraso en la renovación no
benefició para nada; de alguna manera nos consideramos abandonados. Eso creó una cierta insatisfacción y las expectativas frente a esa renovación no fueron satisfechas todo lo posible, por lo menos en la generalidad de los jueces de la carrera
judicial. Por otra parte, no comparto exactamente todo lo que se dice al respecto. Creo que el gobierno de los jueces es un órgano de gobierno, no un órgano de autogobierno, por tanto, no hay una representación directa ni proporcional. Lo que sí
es cierto es que la mayor legitimación para este órgano de gobierno de los jueces debe proceder de esta Cámara, porque es la representación directa de la soberanía popular. Por tanto, si es así, así debe hacerse, pero con transparencia, y desde
nuestro diagnóstico probablemente este es el problema. Esta transparencia exigía que se hubiera hecho un examen público a todos los candidatos, no posterior sino previo, en todo caso, a su expectativa de selección, y en función de esa selección
hacerlo posteriormente. Señorías, no lo neguemos, mérito y capacidad para cargos técnicos o para cargos con un determinado perfil, sí, habría que tenerlo en cuenta. Y después hay un voto ideológico, y eso no lo vamos a poder evitar, porque nuestra
sociedad es plural y habrá que representar a todos. Ciertamente la Constitución tiene un mandato de una mayoría de jueces porque quiere que sea así, y el Tribunal Constitucional en su interpretación así lo hizo.



Por tanto, en esa compleja situación se produce este relevo del Consejo General del Poder Judicial que resulta insatisfactorio, lo cual da lugar a esta explosión. Ustedes han querido que viniésemos aquí para expresarles nuestras
reivindicaciones, y no voy a extenderme en todas ellas, pero sí quería decir que desde nuestro punto de vista uno de los problemas más graves que tenemos en la Administración de Justicia es que no tenemos un modelo de Administración de Justicia
claro en nuestra mente; no lo tiene nadie. Por tanto, hay que hacer crítica y autocrítica en este sentido. Tampoco los jueces hemos sido capaces de hacer un planteamiento; ni siquiera todas las asociaciones judiciales de manera unida hemos sido
capaces de hacer un planteamiento de lo que podría ser un modelo de Administración de Justicia; nos hemos limitado a criticar lo que hacían otros de manera puntual o parcheado, pero efectivamente esto era así. En cualquier caso, hay una
característica del actual modelo que le hace más rechazable, y es que se diluyen las responsabilidades porque no están claramente determinadas; no se establece dentro de la oficina judicial quién tiene la responsabilidad de qué, lo cual da lugar a
algo que con buena fortuna algún autor ha dicho que es la regla de nadie, la regla de que nadie es responsable de ese resultado final. En este punto encontramos parte del problema por el que hoy estalla esta cuestión, y es que al final se le
atribuye al juez, lo cual no es irracional, porque efectivamente era el vértice de esta situación, pero tenía una cierta dosis de injusticia en el sentido de hacerle responsable de aquello que no tiene medios para desarrollar después.



Jueces para la Democracia apoya netamente la implantación de la nueva oficina judicial, la norma que se encuentra en trámite de enmiendas, por lo menos en lo que se refiere al diseño que subyace en la misma. Luego hay otras cuestiones que
ustedes verán y seguramente nosotros también haríamos algunas modificaciones -si tenemos oportunidad, las haremos-, pero quiero referirme a un aspecto que ha surgido, y es el de la agenda.
Señorías, desde el punto de vista de Jueces para la
Democracia esta no es una cuestión relevante. Es obvio que decir que se ha de celebrar juicio es una cuestión jurisdiccional; lo que ya no tenemos tan claro es si decir cuándo se va a celebrar el juicio sea una cuestión jurisdiccional, porque
habrá que tener otras cuestiones en cuenta. De todas maneras, no diría que en este tema debamos ser beligerantes. La verdad es que las razones que se nos dieron en el Ministerio de Justicia cuando discutimos sobre este tema eran más de oportunidad
que de fondo, y por razones de oportunidad también estaría bien que los jueces tuvieran un cierto control de ese principio de oportunidad a la hora de celebrar juicios.
Alguno de los diputados de esta Comisión ha hablado de que este es un tema que
no debería parar el conjunto, y creo que llegar a una situación de consenso es una exigencia que tenemos. En este sentido, los jueces también seremos conscientes de ello y queremos que se llegue a una situación de coincidencia.



También se ha hablado -nosotros lo hemos examinado, y es cierto- de que hay voces críticas de algún grupo de procesalistas con la implantación de esta ley. La verdad es que nosotros nos hemos leído no ya su carta de presentación, sino
también todo su documento, y la verdad es que el documento tampoco nos plantea una alternativa, y eso hay que decirlo. Se hace una crítica, pero no se plantea una alternativa, y esto hay que dejarlo muy claro. Proceso y jurisdicción es difícil de
deslindar, pero tampoco se nos plantea en qué casos concretos. Es cierto que en una fase de ejecución el juez debe ejecutar lo juzgado por mandato constitucional ya que no solo juzga sino que ejecuta lo juzgado, pero igual de cierto es que ahora,
una vez que el juez decide que se vaya por la vía de apremio, él no procede al embargo o a otras actuaciones. Creo que en una sociedad moderna debemos adaptarnos. Además, hay una cierta contradicción en estas críticas que se vierten, porque, por
una parte, estamos pidiendo que haya una adecuación de la oficina judicial a los sistemas modernos y, por otra parte, estamos diciendo que además el juez ha de ser el vértice, con lo cual volvemos otra vez al principio, a estos sistemas de reinos de
taifas bastante autárticos en los que todos los aspectos recaen finalmente en el juez.



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Dejando de lado estas cuestiones y pasando a otras de carácter factual que están íntimamente ligadas, deberíamos hablar de las nuevas tecnologías, de las que se ha hablado hoy aquí, como he tenido oportunidad de oír. Sí diré que es insólito
que no sean compatibles. Nosotros no vamos a discutir el sistema de distribución de poder que tiene el Estado español porque es del que se han dotado los españoles, pero es insólito que no sean compatibles, cuando por otra parte es algo que sirve
para cohesionar un poder del Estado, de ámbito nacional. En cuanto a la financiación, en otras ocasiones -somos muy conscientes, y más en esta época- se han hecho dotaciones para financiar estos aspectos concretos -estoy pensando en los juicios
rápidos-, por ejemplo, con los intereses que procedían de las propias consignaciones en la carrera judicial. Hay anticipos y da lugar a bastante dinero. Esto me va a llevar a otra de las cuestiones fundamentales desde el punto de vista de Jueces
para la Democracia, que es la adecuación de la planta judicial. Es fundamental determinar cuál sería la planta adecuada y su distribución dentro del territorio español, porque creo que es algo que está caduco en la actualidad. Hay diversos
parámetros que cuando ustedes aborden una ley de planta lo tendrán muy en cuenta, pero quería hacer algunas consideraciones. La primera de ellas, que no corresponde a esa ley pero que es previa y necesaria para saberlo y ya está en ello el Consejo
General del Poder Judicial -aquí se ha hablado de módulos y responderemos a cualquier pregunta que se haga al respecto-, es que nosotros queríamos hablar de carga de trabajo razonable y racional para que un juez pueda dictar una sentencia fundada,
en justicia y reflexionada. Esto es lo que creemos que es fundamental en este caso. Habría que tener en cuenta -y eso sí les afectaría a ustedes- que cualquier reforma legislativa que pueda trascender en el número de asuntos que tengan los órganos
judiciales tuviera algún tipo de estudio de impacto dentro de la litigiosidad que eso puede provocar, y sería interesante que eso se tuviera en cuenta a la hora de legislar, porque en muchas ocasiones se hacen reformas legislativas que no solo
tienen un impacto de carácter económico, sino también de la litigiosidad. Ese es un aspecto que hemos de considerar.



¿Hay que aumentar el número de jueces? Sin duda. Ahora bien, no hablemos solo de número de jueces. Nos debemos exigir, y más en los tiempos que corren, tener imaginación. Primero, hablemos de número de jueces y no de número de juzgados,
porque si hablamos de una oficina judicial nueva debemos hablar de jueces, no de juzgados, que desde luego encarecen bastante más por espacios, por funcionarios, por auxiliares, etcétera. El número de jueces es un tema realmente complejo, por lo
menos desde nuestra perspectiva. A todos ustedes les hemos repartido un trabajo que ha hecho Jueces para la Democracia sobre los sistemas de acceso y formación a la carrera judicial. Creo que ahí somos coherentes y empezamos de principio a fin, no
solamente cuando uno ya llega a ser juez, sino la formación que debe seguir después. Si ustedes son tan amables, léanselo; alguna aportación podremos hacer, porque la verdad es que es un trabajo que ha sido reflexionado. Me extenderé más sobre
este tema un poco más adelante. Lo que sí quiero decir es que el número de jueces es un tema delicado y no se puede hacer así como así. Primero, debemos decir qué tipo de juez queremos y qué calidad queremos exigirle.
La verdad es que en otros
sistemas sería muy fácil, probablemente en un sistema de otra naturaleza se iría al Colegio de Abogados, se contrataría a 500 jueces durante cinco años y así se habría solucionado el problema, pero ya veríamos después si el sistema respondía en las
expectativas finales. Esa sería otra de las cuestiones que deberíamos abordar. Lo que sí debe hacerse es adecuar la planta a la población y sobre todo a la distribución. Les rogaría a todos ustedes que lo tengan en cuenta y que rechacen algo que
es humano pero que todos lo vemos, que son ciertos clientelismos que se producen de dónde se ubican los órganos judiciales.
Piensen una cosa, mientras hace unos años, quizá no tantos, los medios de comunicación de transporte eran complicados, en la
actualidad son bastante más simples y, por tanto, se pueden optimizar recursos si se concentran y no se distribuyen. El sistema de aproximación a la población habría que tratarlo con un concepto diferente del que hacíamos años atrás. La necesidad
de que exista un juzgado en un pueblo porque no tiene acceso de otra manera, ahora esa necesidad probablemente haya cambiado.
Habría que tenerlo en cuenta. Todo el mundo tiene que tener al juez próximo porque es el que le tutela, pero consideramos
que ahora nuestros medios de comunicación, los sistemas que tenemos en este país han mejorado notablemente. Otra de las cuestiones, al determinar la planta, que podríamos considerar -imaginación decía yo al principio-, es por qué no tenemos
posibilidades de apartar del ámbito judicial algunas cuestiones de carácter menor, de despenalización de algún tipo de infracciones de carácter menor. Se podría dar otra solución con mediaciones, etcétera, que resuelve más el conflicto y sobre todo
la resolución del mismo en el futuro si se hace con otros sistemas que no son los propiamente judiciales, que son especialmente coactivos y contundentes y a veces provocan que el conflicto continúe.



El sistema de sustituciones. Compartimos con el resto de los colegas que probablemente habría que tender a tener un sistema de sustituciones que se autodotara, algún cuerpo dentro de la propia carrera judicial. Es cierto que esto tiene un
problema de especialización, pero está funcionando en otros países. Nosotros creemos que esto podría ser eficaz.
También es cierto que no puede ser de manera inmediata sino que tendrá que ser en un futuro más o menos largo. Si ahora la planta no
la tenemos adecuada, es evidente que no podemos pensar en un cuerpo de sustitutos antes de que llenemos la planta. Habrá que buscar algún sistema de refuerzo previamente. Con esto quería pasar a lo que a nuestro juicio es vital, y es el acceso a
la carrera judicial. Ahí tienen el


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documento completo. Yo ahora simplemente daré unas pinceladas y después contestaríamos a las preguntas.



Los criterios que tiene Jueces para la Democracia son los siguientes.
Primero, determinar qué tipo de juez queremos. Nosotros decimos que lo que queremos es un juez constitucional. No un juez que sepa lo que dice determinada norma sino
que sepa aplicar esa determinada norma y que la sepa aplicar dentro de un ordenamiento jurídico. Es evidente que el sistema que tenemos actualmente de oposiciones no sirve. He oído que alguno de los diputados decía que se hablara con claridad.
Según Jueces para la Democracia, el sistema de oposiciones actual no es el adecuado.
Otra cosa diferente es que no se entre en un sistema de selección, que eso sí que lo compartimos Jueces para la Democracia. Obviamente, para acceder a la carrera
judicial habrá un sistema de selección, pero no el de la oposición que tenemos actualmente. Ese sistema de selección para acceder a la escuela judicial debe tener en cuenta, en primer lugar, en el contexto educativo que nos encontramos en nuestro
país. En este momento tenemos un Plan Bolonia que va a cambiar uno de los requisitos que establece la ley para ser juez, que es ser español licenciado en derecho. Desaparece la licenciatura en derecho y queda la diplomatura.
Tenemos que pensar en
ello. Podría explicarlo más, pero tengamos en cuenta esto. Sabemos que el sistema universitario español no es todo lo óptimo que desearíamos, pero es el que tenemos y sobre él debemos partir.
Lo que no tiene sentido es que empecemos de cero cada
vez que queremos hacer una cosa. Cada vez que uno quiere ser juez no empieza a estudiar derecho desde cero. Procede de una carga de información y de formación que tiene anteriormente, y esto es lo que debemos hacer. Pruebas de acceso. Los
másteres que se prevén en el Plan Bolonia probablemente habría que ampliar alguno con relación a la carrera judicial. Con todas las reticencias que esto ha tenido, creemos que un juez debe ser sometido a algún tipo de prueba psicológica, no para un
perfil de juez, porque no tenemos el perfil de juez, ya que todavía no hemos definido qué tipo de juez queremos, no es para seleccionar en ese sentido, sino para eliminar los elementos patológicos que se pueden producir. Si a un agente de policía
al que dotamos de unas armas y de una autoridad se le hace un test para comprobar que está capacitado para ello, creo que a un juez, también. Insisto en lo mismo, no para seleccionar un perfil, sino para eliminar los elementos patológicos que de
cuando en cuando se dan, y al producto final debemos darle las soluciones que son mucho más traumáticas en el ámbito sancionador, que es otra de las cuestiones de las que, en su caso, hablaremos.



Las pruebas de acceso deben tender a saber si un juez sabe razonar, si un juez sabe aplicar el derecho, no si se sabe el derecho. Por supuesto que ha de saberse el derecho, pero además ha de saber aplicarlo y razonarlo.
No estaría de más
que en un Estado plurilingüe y en una sociedad como la que tenemos, donde el conocimiento de las lenguas foráneas es fundamental, también tuviera conocimiento de las lenguas. No me refiero a todas pero desde luego sí a las del territorio donde
quiera ejercer y a alguna lengua extranjera, por ejemplo, inglés o francés. El plan de formación debería ser este y la selección propiamente dicha sería la fundamental y la básica dentro de la escuela judicial. Efectivamente, esto es más caro,
aunque en el fondo es muy barato. Quiero recordarles las palabras dichas hace más de un siglo, en la memoria de apertura del año judicial, por uno de los fiscales generales del Estado e ilustre procesalista, Beceña, quien hablaba de que era el peor
sistema. El sistema actual de selección por oposiciones es el peor sistema para saber si una persona sabe aplicar el derecho. Es bueno para saber si sabe el derecho. Negamos que sea mas objetivo porque la objetividad no viene determinada por
estas cuestiones sino por cómo se enjuicia. Cualquiera de nosotros ha pasado un examen de oposición que consistía en que ha dicho unos temas oralmente y un tribunal sin motivar -cosa que, por otra parte, no habría superado los estándares de un
tribunal constitucional o de ningún otro tribunal- le ha aprobado o le ha suspendido. A eso no se le puede llamar objetividad. Objetividad es otra cosa, razonamiento. Por tanto, ahí hay mucho que hablar. Ustedes tienen nuestro documento.



Se ha hablado de los sistemas de conciliación. Creo que eso es tan obvio que no necesita mayor defensa. Solamente quería hablar de otro punto porque afecta a las capas más jóvenes de la judicatura, que es el traslado forzoso cuando se
asciende a magistrado. Esto para los jóvenes es realmente dramático porque precisamente cuando están empezando a situarse familiar y económicamente son trasladados a otros lugares y esto produce efectos perversos. Sé que la cuestión conlleva
problemas porque podría haber ámbitos territoriales que podrían no llenarse de jueces, por lo que habría que adoptar algún sistema para evitarlo, pero también es cierto que hay algunos juzgados que son paradigmáticos por el paso de jueces y por la
ineficacia de la justicia en ese ámbito territorial.



Por último, desde el punto de vista de la estrategia, se ha hablado aquí del derecho de huelga. Contestaré a cualquier pregunta que se haga al respecto. Jueces para la Democracia optó por la negociación, por dar todas las oportunidades a
la negociación, y lo hizo así no únicamente porque lo creía más racional, sino porque cree que los jueces no solamente somos un poder del Estado y que además ejercemos desde el punto de vista interno con toda la probidad, sino porque también tenemos
un compromiso con los ciudadanos y Jueces para la Democracia quería dar ese mensaje de compromiso, de convencer, en su caso, a los ciudadanos de la bondad de sus reivindicaciones y solo como último extremo llegar a unas posiciones de fuerza;
posiciones de fuerza que están ahí y a las que no queremos llegar, pero no ya Jueces para la Democracia, sino que creo que ahí nadie quiere llegar. Lo que queremos es llegar a acuerdos. Por razones que serían otra cuestión y desde


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luego no siempre bien explicadas -lamentablemente, no por la situación de la Administración de Justicia sino por razones ajenas a ella- ahora tenemos una situación que nos abre algunas expectativas y que creo que no debemos desaprovechar.



El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir el turno de intervención de los grupos.
El señor Olabarría en nombre del Grupo Vasco tiene la palabra.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Gimeno, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, y si yo fuera juez, que Dios no lo quiera -perdónenme la invocación teológica-, pertenecería a su asociación sin ninguna duda. (El señor
vicepresidente, Seco Revilla, ocupa la Presidencia.) Su discurso es un discurso bien articulado, muy bien ajustado a los requerimientos, creo, de la mayoría de la ciudadanía, de los justiciables, que es a los que en definitiva ustedes se deben y por
proyección nosotros, que somos los que legislamos. Es un discurso que a mí me resulta particularmente sugestivo en todos sus ámbitos. Hay referencias muy importantes en relación al plurilingüismo del Estado. Es tal el nivel de coincidencia con su
alegato que tendríamos que trascender el discurso y discutir usted y yo sobre federalismo judicial, sobre la adecuación de la estructura del Poder Judicial a un Estado compuesto, etcétera, y no me lo va a permitir el presidente en funciones, a pesar
de que el presidente que ahora ostenta la Presidencia es mucho más flexible que el que en este momento se ha ausentado por razones accidentales. Es un brillante alumno mío y por eso me voy a prevaler de esta condición.



Quiero decirle que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que usted ha comentado, pero, en todo caso, faltan las alternativas de nuevo. Muy sucintamente le diré que la incorporación de elementos ideológicos al Consejo General del Poder
Judicial, parafraseando a Lucrecio, forma parte de la naturaleza de las cosas. Cómo no va a haber sensibilidades ideológicas sobre cómo concebir la política judicial. No puede trascender más de este ámbito de ideologización un órgano que gobierna
la Administración de Justicia. Usted conoce como yo que el Consejo General del Poder Judicial anterior ha pervertido muchos conceptos, muchas empatías y muchas convicciones que muchos teníamos, tanto respecto del sistema o procedimiento de elección
de vocales como de lo que se ha producido. La verdadera perversión de este consejo no ha sido solo su duración, sino el ejercicio de verdaderas funciones de contrapoder institucional contra el poder estatuido e instituido. Es una perversión a la
que ni siquiera siendo particularmente generoso en la incorporación de la ideología en algún órgano de los jueces resulta tolerable. Me parece que han ocurrido quiebras tan graves -y no solo en la credibilidad de algunas de nuestras
características- que esto nos obliga a los legisladores, a los ciudadanos, a las asociaciones de jueces y a los jueces a pensar en otra manera de configurar este órgano. Ni siquiera el examen ex ante en el que se pueda acreditar o verificar la
neutralidad política de los candidatos serviría en este momento. Es tal el deterioro y el daño producido por el anterior consejo a la Administración de Justicia que tendríamos que ponernos todos de acuerdo en una fórmula diferente donde pudiéramos
discutir de todo, incluso si la selección íntegramente parlamentaria es la pertinente. Me gustaría escuchar su opinión sobre esta cuestión.



En relación con las funciones del Poder Judicial, los discursos reduccionistas son muy peligrosos. Comentaba con fundamento que es la administración de la Administración de Justicia, parafraseando la horrible locución consagrada por el
Tribunal Constitucional. Pero es que es mucho más que esto. Lo que hace el Consejo General del Poder Judicial raya en lo jurisdiccional en el ejercicio de la función disciplinaria; el maniqueísmo con el que se ha comportado en numerosas ocasiones
-incluso aquel al que yo pertenecí en su día- es manifiesto. Me acuerdo perfectamente -y usted también- de cómo al pobre señor Moreira se le suspendió por unas inocuas declaraciones al diario ABC, cuando otros jueces, simultáneamente, antes y
después, están ocupando las primeras planas enteras de los periódicos. Es un ejercicio de la potestad disciplinaria casi a la carta que, de alguna forma, condiciona manifiestamente el ejercicio de la potestad jurisdiccional porque es un maniqueísmo
absolutamente basado en posiciones ideológicas. Lo mismo cabe decir respecto a los nombramientos de naturaleza discrecional que corresponden, que hacen referencia tanto a las salas del Tribunal Supremo como a las presidencias de los tribunales
superiores de Justicia de las comunidades autónomas y a la conformación de algunas de estas salas, en donde se intenta buscar estructuras desde la perspectiva jurisdiccional -y esta es la mayor aberración que he visto en los últimos tiempos- de
contrapoder contra el poder estatuido autonómico. Me refiero a determinados episodios que usted perfectamente se puede imaginar, con los que hemos tenido que convivir en relación con el procesamiento de determinados aforados autonómicos en Euskadi
recientemente por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Desde esa perspectiva, nosotros inquiriríamos -no ahora, porque no estamos en condiciones de hacer un debate tan prolijo y tan profundo como este-
soluciones por parte de una asociación que maneja un discurso intelectualmente tan sofisticado como la que usted representa. Por tanto, le agradecería una reflexión y que la podamos compartir posteriormente.
Me gustaría una opinión más sucinta,
más breve, sobre el proyecto de oficina judicial, que ha sido presentado y que está en fase de enmiendas.
Parece que su posición es un poco proactiva a este proyecto de ley y a sus contenidos, pero nos encontramos aquí también con cuestiones
complicadas que han sido debatidas de forma recurrente. El problema de los señalamientos nos proyecta o identifica algo que usted ha comentado también con gran lucidez, que es el problema


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de una oficina judicial donde nadie es responsable de nadie porque nadie tiene atribuidas exactamente funciones específicas. Las del secretario, más deletéreas no pueden ser. Esto recuerda aquella novela de Eduardo Mendoza, La ciudad de
las maravillas, donde había un gobierno en el que el Ministerio de Justicia realizaba las funciones correspondientes al de Agricultura y el de Marina hacía las funciones del de Administraciones Públicas para eludir responsabilidades políticas. Algo
así parece ocurrir dentro de la oficina judicial. El secretario judicial tiene competencias difusas, es en parte gerente pero no gestiona nada; ejerce en parte funciones parajurisdiccionales o jurisdiccionales, pero tampoco las puede ejercer; el
juez tampoco sabe hasta dónde puede llegar. Aquí viene el problema de los señalamientos y yo tampoco he sabido identificar si ustedes en materia de agenda de señalamientos están de acuerdo en que es una competencia o una función de naturaleza
jurisdiccional estrictamente, como con tanto énfasis han indicado los que le han precedido en el uso de la palabra, o es una materia de impulso de ordenación del proceso, de ordenación incluso de la oficina, gerencial prácticamente, y serían
correctas las previsiones planteadas en el proyecto de ley.



En relación con sus reflexiones -que he intuido más que reconocido porque usted ha sido particularmente cauto a la hora de referirse a esto- en torno al ejercicio del derecho de huelga, este es un tema terriblemente vidrioso porque estas
movilizaciones han venido acompañadas del ejercicio de un derecho que dudosamente puede corresponder a los jueces, no como componentes de un poder del Estado sino como funcionarios que están en una posición de supremacía sobre los demás ciudadanos,
donde el ejercicio del derecho de huelga, parafraseando la jurisprudencia constitucional resultaría más que discutible, utilizando también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando define el contenido esencial del derecho previsto en el
artículo 28.2 de la Constitución, que se refiere, como sabe, manifiestamente a trabajadores dependientes y, a su vez, el Real Decreto-ley, de 4 de marzo de 1977, constitucionalizado por sentencia del Tribunal Constitucional del año 1985, donde este
derecho subjetivo se atribuye a los trabajadores también dependientes. Parece que esto se ha pervertido y ahora las huelgas, como decía el dimisionario ministro señor Bermejo, solo las ejercen los pilotos comandantes de Iberia, los jueces, algún
articulista ha hablado incluso de los obispos aunque no me consta que este ejercicio haya sido realizado por estos beneméritos ciudadanos, pero al margen de esa circunstancia, parece que los trabajadores han abdicado del ejercicio de este derecho y
que lo ejercen otros colectivos a los que dudosamente se puede considerar que les atribuye tal derecho la Constitución. Aquí sí me gustaría un pronunciamiento de la asociación que usted representa más enfático sobre si ustedes consideran estos
mecanismos de fuerza, de presión, para reivindicar pretensiones absolutamente legítimas, adecuados a la legalidad, porque resultaría muy chocante y es muy chocante para muchos ciudadanos que sean los jueces precisamente los que realicen o actúen de
forma dudosamente legal o manifiestamente ilegal, que aquí hay opiniones para todos los gustos.



Para acabar, atendiendo a los requerimientos del presidente, quiero indicarle que resulta una verdadera atrofia para el funcionamiento de la Administración de Justicia la descoordinación informática. Una informática organizada, coordinada
-al margen de las posiciones sobre la estructura territorial e institucional de la Administración de Justicia que un Estado compuesto deba tener-, una informática armonizada es un prius que nadie debería discutir, sobre todo dada la porosidad de los
procedimientos, la posibilidad de que los procedimientos, por mor de las circunstancias y porque lo permiten las leyes procesales, se vayan transmitiendo de unos órganos judiciales a otros ubicados en otro territorio; esta es una atrofia que está
provocando disfunciones importantísimas. Y, unido a esto, señor presidente, el problema de los módulos. Cuando los módulos se articularon en el Consejo General del Poder Judicial -y voy apretando todo lo que puedo, señor presidente, se lo
aseguro-, yo era vocal en aquel consejo y ustedes también aceptaron aquel sistema de módulos que yo intuí que tenía elementos de perversión.
Porque no es en absoluto normal que se le concedan cinco puntos por dictar una sentencia y un solo punto
por una ejecutoria. Aquí viene la falta de sincronía entre ejecutorias pendientes, sobre todo en el ámbito penal, y sentencias que se dictan.



En relación con el nuevo modelo de acceso a la carrera judicial, no sabe lo que me ha reconfortado un estudio bien hecho sobre una estructura de recluta de jueces diferente a la actualmente existente. A mí la actualmente existente
sencillamente me parece aberrante, se lo digo con esta claridad, con esta desinhibición, ya que a estas horas de la mañana parece incluso admisible, o puede poseer atenuantes, incluso eximentes.
Me parece aberrante que una persona para ser juez
tenga que estar ocho años estudiando una oposición, tres o cuatro con un preparador -un preparador no siempre preparado o un preparador que maneja influencias perversas-; que tenga que pasar por una escuela judicial durante dos años, donde puede
ser suspendido o no, pero que puede ser suspendido, y que ingrese en el primer juzgado de entrada sin conocer la vida porque esta persona ha salido de la Facultad de Derecho y no ha tenido la oportunidad de conocer la vida. Aquí vienen los
requerimientos relativos al test psicológico y a otras cuestiones que ustedes proponen y que me parecen sugerentes, que solo me permiten felicitarles por haber hecho un esfuerzo para buscar un sistema de recluta de jueces que no tiene que ser como
el chileno precisamente, donde entre los colegios de abogados se seleccionan y unos se aceptan y otros no, pero se hace una especie de selección absolutamente arbitraria y discrecional. Esa es una perversión que redunda en una falta de
independencia judicial. Pero es que este sistema, desde la perspectiva casi contraria, es casi tan aberrante como aquel. Por tanto, solo le quiero


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agradecer el esfuerzo intelectual que han hecho para buscar algo diferente que nos permita reclutar jueces constitucionales, que es a lo que muchos aspiramos.



El señor VICEPRESIDENTE (Seco Revilla): Muchas gracias, señor Olabarría, en especial por su esfuerzo de concisión, que creo que también ha sido desmedido en esta hora.



Tiene la palabra por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Ridao.



El señor RIDAO I MARTÍN: En primer lugar, presento mis disculpas por no haber podido atender debidamente a toda la comparecencia del señor Gimeno, de Jueces por la Democracia, a quien saludo. Nos conocemos desde hace años y me place que
hoy haya comparecido en esta Comisión de Justicia. En segundo lugar, celebro especialmente que no solo se haya hablado hoy en la comparecencia de la modernización de la justicia sino también de otro aspecto fundamental al que yo me he referido en
nombre de Izquierda Unida y Esquerra Republicana repetidamente, y es el otro problema que aqueja a la justicia, en este caso no a la Administración de Justicia sino a la judicatura, o al menos a una parte de la misma, y en todo caso a la necesidad
de democratizar el acceso a la judicatura.



En cuanto a la modernización de la justicia, no debería insistir en que los problemas de la justicia no son de ahora y no arrancan de hace un año con este Gobierno ni de hace cinco con el Partido Socialista porque son problemas seculares,
como es bien sabido, pero también puede decirse claramente que se han perdido cinco años preciosos para abordar los problemas estructurales que presenta. La prueba evidente es que el presupuesto de este año no llega a 1.700 millones de euros, por
tanto, el 0,5 por ciento del peso relativo en el conjunto del presupuesto del Gobierno se destina a la justicia, a pesar de que la memoria que acompaña al presupuesto dice que es una partida de gasto prioritaria. No sé qué pensar en el caso de que
fuera no prioritaria para el Gobierno. Por otro lado, creo que convendremos en que hay una serie de cuestiones pendientes, como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que quedó pendiente en la anterior legislatura, entre otras cosas,
para abordar la adecuada reforma de la ley orgánica a la nueva planta que suponen los estatutos de autonomía que han entrado en vigor en la anterior legislatura y, por tanto, para proceder gradualmente a la descentralización de la justicia. Pero
también hay pendientes cuestiones como la reforma de la jurisdicción voluntaria, poner en marcha la justicia de proximidad, una adaptación de la planta y por tanto una reforma de la Ley de Demarcación y Planta, una mejora sustancial en el ámbito de
la interconexión informática, solventar los problemas o anomalías en los distintos registros y luego abordar una cuestión que ya está en trámite en esta casa, como es una reforma procesal para implementar la nueva oficina judicial y en definitiva
para intentar evitar el caos funcional que supone hoy en día la organización y el funcionamiento de muchos órganos judiciales. Tendremos tiempo de discutir -lo hemos hecho antes con alguna otra asociación- a quién compete exclusivamente la
dirección procesal, cuál es el papel del juez, del secretario judicial, a quién compete el señalamiento de los juicios. No voy a insistir en ello, pero en todo caso hay un ámbito de coincidencia amplio en ese sentido. En segundo lugar, hablo de la
democratización no solo para aplaudir la propuesta que ustedes hacen de pasar de un sistema obsoleto, decimonónico, un auténtico residuo, como es el acceso privativo a la justicia de determinadas personas de condición o de origen social.
Nadie
puede estar tres o cuatro año memorizando cuatrocientos temas, si no tiene la vida resuelta; eso explica, y no voy a insistir en ello, por qué la hegemonía casi asfixiante de la derecha judicial en este país.
Dicho esto, lo que también me preocupa
es que los jueces en huelga dicen que no les animan intereses económicos, sino una sana preocupación por la modernización de la justicia -quizá sí-, pero lo que es evidente, y eso es lo que le traslado, es que esas deficiencias en la justicia se
remontan a muchos años atrás. La pregunta es, señor Gimeno, si esa bandera de la modernización de la justicia enmascara el verdadero móvil de la huelga, que en muchos momentos ha parecido que era una especie de miedo cerval o una resistencia a
cualquier tipo de reformas o, dicho de otra forma, un cierto miedo a que los jueces sean juzgados también por sus propios errores. Esto lo digo, y lo he dicho antes con motivo de otra comparecencia, porque cuando se divulgó el comunicado con los
ocho puntos famosos a cargo de las cuatro asociaciones judiciales tuvimos un sentimiento ambivalente. Por un lado, es verdad que el conflicto estalla en medio de un problema descomunal, como es el colapso o el atasco judicial de la justicia, con
dos millones y medio de procedimientos todavía pendientes de resolución -por tanto, ese es un problema grave y me parece ajustada y legítima la demanda de los jueces de mayores medios materiales, personales, de mejora de la retribución, de creación
de nuevos órganos judiciales, etcétera-; pero al mismo tiempo, por otro lado, la respuesta de las asociaciones o, mejor dicho, de una parte de las jueces es corporativa o gremial ante la sanciones que se impusieron por parte del consejo y del
ministerio a raíz del caso Tirado. También nos parece preocupante el aliento que recibió este conflicto en buena parte del entorno del propio juez Tirado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En todo caso, estos fueron elementos que han
contribuido a crear un clima enrarecido en relación con esta convocatoria de huelga.



Quiero decirle, y con esto acabo, que nosotros apoyamos el derecho de cualquier colectivo de trabajadores -los jueces lo son- a mejorar sus condiciones de trabajo; incluso podríamos estar discutiendo mucho rato sobre si el derecho a la
huelga es o no es pertinente, está o no está permitido. En todo caso, lo que nos parece


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relevante es que no es conveniente la huelga; no lo era hace unos días, tampoco lo va a ser en el mes de junio. Por tanto, el recurso al diálogo es la única solución no solo para arreglar los problemas estructurales de la justicia, sino
para que la propia justicia y el Poder Judicial ganen credibilidad porque, no en vano, es el poder del Estado con menos estima y menos crédito social. No compartimos el hecho de que algunos jueces quieran acompañar sus legítimas reivindicaciones
con instrumentos de viento e incluso de percusión. Hay que seguir negociando y no solo desde el ámbito que compete a la comisión mixta entre el consejo y el ministerio o entre las asociaciones y el ministerio, sino que no se olviden ustedes del
papel relevante que tienen también otros operadores jurídicos o algunos profesionales, en este caso los secretarios judiciales, que evidentemente tienen mucho que decir al respecto.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quería dar la bienvenida al señor Miguel Ángel Gimeno Jubero y a la señora Roser Bach i Fabregó.
Bienvenidos al Congreso de
los Diputados en esta comparecencia importante, importante por el momento y por el contenido. Es importante por el momento porque si de algo se está hablando es de la justicia del mal funcionamiento de la justicia. Tener en el Congreso de los
Diputados a quienes representan directamente a las asociaciones de jueces, conocer su visión es interesante, y lo es además en este momento en que los grupos parlamentarios de esta Cámara estamos cerrando el plazo de presentación de enmiendas en ese
proyecto de ley de nueva oficina judicial. Hay temas en la agenda prioritarios y es necesario escucharles.
Por tanto, hay temas prioritarios en la agenda y es necesario escucharles. Desde Convergència i Unió les agradecemos que hoy estén aquí.
Lo decía por el momento, pero también por el contenido, porque ustedes, Jueces para la Democracia, han hecho una aportación que va más allá de las palabras o de la crítica. Han pasado a entregar, en algo tan importante como qué modelo de juez
queremos para el futuro -eso no se va a decidir de un día para otro, necesita un calendario de implementación-, un diagnóstico con propuestas. Los grupos parlamentarios debemos agradecerlo de manera especial, pues nos debe permitir reflexionar y de
alguna manera también legislar sobre ello. Ahora está en marcha este proyecto de ley de la oficina judicial, pero algunos pensamos que se queda corto y que debería ampliar su alcance a aspectos que son orgánicos, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. En cuanto al modelo de juez que queremos, también es un momento oportuno para tenerlo en cuenta no solo ante el sistema de oposición y sus alternativas, sino ante algo que ha dicho muy bien el señor Gimeno, la implicación que el propio
sistema de Bolonia va a tener en la carrera judicial y la licenciatura en derecho, que dejará de llamarse como tal. Esa reflexión de futuro nos es útil y se la agradecemos de manera especial.



Decía el señor Gimeno que ha podido seguir anteriores intervenciones en esta Comisión en la mañana de hoy. Si es así, no le va a sorprender que nosotros pongamos en el orden del día de la justicia aspectos que usted ha destacado y que yo
quería solemnizar. Estamos en un Estado compuesto, en el que todos los poderes deben adaptarse a esa nueva estructura del poder y el Poder Judicial tiene esa asignatura pendiente: cómo realizar esa buena adaptación para ser eficaces para los
ciudadanos, para que la justicia cumpla ese servicio público que es y que todos queremos mejorar.
En esa adaptación yo le agradezco de manera muy sincera que haya hablado de la necesidad de mejorar la formación y que haya incluido -por la necesidad
de incorporar a aquellos magistrados y jueces que quieren un destino en una comunidad autónoma que además del castellano tiene una lengua oficial propia- el conocimiento de esa lengua. En ese camino va el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero
sabe también que no se ha cumplido de manera debida. Ahora que tenemos un nuevo ministro de Justicia, que además procede de una comunidad plurilingüe como la gallega, esperemos que tenga esa mayor sensibilidad que debería tener un ministro de
Justicia cuando lo es de un Estado plural también en el ámbito lingüístico. Se lo agradezco asimismo de manera expresa.



Usted decía que el número de jueces es un tema delicado. Lo compartimos, he tenido ocasión de trasladarlo en la primera de las comparecencias de esta mañana. Hacen falta más jueces, sí, pero cuidado con las decisiones que se adopten sobre
el incremento del número de jueces si no garantizamos que tengan detrás la mochila de una adecuada formación. Un juez es mucho y merece todo el respeto; yo lo comparto. El juez a la huelga. Es un poder del Estado, no es un trabajador más y por
tanto la posibilidad de que un juez vaya o no a la huelga debemos ponerla en el contexto de que los poderes del Estado no hacen huelga. Los diputados de esta Cámara no decidimos si votamos o no una ley, las debemos votar. No podemos decir que hay
muchas leyes, que no se atienden suficientemente con medios, y que no vamos a venir a votarlas; no, debemos votarlas.
Ustedes son un poder del Estado porque ejercen una función jurisdiccional y por tanto su número, la planta final, debe
incrementarse. Claro que sí, porque las cargas de trabajo así lo acreditan, pero debe incrementarse siempre que garanticemos que quien tiene esa función jurisdiccional, que es un poder del Estado, tiene detrás la formación, el conocimiento y la
preparación humana y jurídica necesaria para ser juez; repito, humana y jurídica. No debemos valorar únicamente los conocimientos jurídicos, sino también la capacidad de esa persona para impartir justicia, por tanto un poder del Estado. Aquí
tenemos un


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reto importante que asumir: de qué manera incrementamos el número de efectivos garantizando que ese incremento va acompañado de esa formación de calidad para la función jurisdiccional que deben llevar a cabo. Como esto no es fácil ni lo
vamos a hacer de hoy para mañana, es importante que empecemos ya, sin perder tiempo. Antes decía el señor Ridao que se han perdido cinco años. No sé si se han perdido o no, lo que sé es que nos queda mucho por hacer y no podemos perder más tiempo.
Necesitamos ese acuerdo global que viene reivindicando Convergència i Unió, ese pacto de Estado que nos una a todos en la dirección de ver cómo mejoramos y cómo somos capaces de llegar a una planta judicial efectiva en cuanto al número de miembros.



También quiero abordar un tema del que no se ha hablado y que quizá es espinoso en un momento de crisis económica, pero no quiero dejar de manifestarlo. Las retribuciones deben adecuarse a la función que se presta. No soy de los que tiende
a abandonar el tema retributivo para quienes imparten la función jurisdiccional, porque nada sale más barato a un Estado de derecho que tener una justicia bien dotada y bien pagada.
Nos garantiza que los mejores van a la justicia, que no se van a
dejar tentar por otras salidas profesionales, que vamos a captar a los mejores juristas para la función jurisdiccional y que van a ser retribuidos de manera adecuada en todo momento. Por ejemplo, hay una reivindicación de los jueces en Tarragona
porque no tienen el grado en el cual deberían estar en la escala retributiva por nivel de población. Como ese caso hay otros, y no me duelen prendas en decir que en ocasiones deben mejorarse las retribuciones aunque estemos en ese contexto de
crisis económica, porque necesitamos una justicia que preste con eficacia su función y que esté bien retribuida.



Como han hecho otros portavoces, también le quería plantear algunas preguntas concretas. Tenemos ese proyecto de ley. Señor presidente, lo digo en público y está el señor Villarrubia, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: que no
finalice el martes. Hemos cambiado el ministro este martes pasado, no vayamos con prisas a cambiar todas las enmiendas y a presentarlas el día 3 de marzo.



El señor PRESIDENTE: No se preocupe. Sin prisa, pero sin pausa.



El señor JANÉ I GUASCH: Sin prisa, pero sin pausa; nos deberíamos dar algún día más para recoger sus propuestas, que han de contener cómo valora Jueces para la Democracia este proyecto de ley de la oficina judicial. ¿Cree que es útil?
¿Cree que deben realizarse algunos cambios concretos? ¿Cómo valora Jueces para la Democracia la distribución de funciones entre jueces y secretarios judiciales que el proyecto de ley trata de manera distinta a la que se venía dando en el actual
marco jurídico? ¿Cómo la valoran ustedes? ¿Deberíamos llegar a algún tipo de señalamiento compartido? Antes se hablaba de los señalamientos y el señor Trillo hablaba del señalamiento compartido. En Convergència i Unió no tenemos un prejuicio, no
tenemos como doctrina ni lo que está en el proyecto ni lo que estaba hasta hoy. Queremos aquello que sea lo más eficaz para respetar al juez su función jurisdiccional, pero para que el juez realice únicamente su función jurisdiccional y para que la
oficina judicial pueda trabajar con diligencia, que es lo que todos pretendemos.
Por tanto, sin apriorismos, ¿sería posible un señalamiento compartido como decía el señor Trillo? ¿Les encaja bien el sistema de señalamientos por el secretario que
está en el proyecto de ley? Nos gustaría también conocer su opinión al respecto.



Termino ya, señor presidente, ofreciendo nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, en el largo camino que tenemos emprendido de mejora de la justicia. Cuenten con nosotros. Ustedes tienen la responsabilidad pero nosotros también
como legisladores; y como los legisladores al final somos cada uno de los grupos parlamentarios, como portavoz de Justicia de Convergència i Unió en esta Cámara, les ofrezco nuestro grupo parlamentario para poder trabajar junto a todos para ver si
somos capaces de llegar a esa mejora de la Administración de Justicia que todos pretendemos.



El señor PRESIDENTE: Ahora en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Dolors Montserrat Montserrat.



La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Muchas gracias en nombre del Grupo Parlamentario Popular por asistir a esta comparecencia y gracias por su información y por sus aportaciones que nos han sido claras y útiles.
Empezaré por la situación real
de la justicia. La justicia en España no es ni rápida, ni ágil, ni eficaz. Nos encontramos con una justicia colapsada y con una situación endémica, que en los últimos dos años ha empeorado por el incremento de litigiosidad debido a la crisis
económica.
Esto no ha tenido respuesta del Gobierno, por ejemplo, en los Presupuestos Generales del Estado de este año, 2009. Esta crisis económica no tiene precedentes, es la primera crisis de esta envergadura posterior a la Segunda Guerra
Mundial. La Administración de Justicia ya sufría un secular atraso, pero con la crisis se ha incrementado la litigiosidad en casos de desahucios, de reclamación de cantidad, concursales, que en Cataluña se está sufriendo muchísimo. Según los datos
del consejo este año 2008 han entrado 5 millones de casos en nuestros juzgados, y esto supone que si hay dos partes son 10 millones de familias, de individuos o de empresas afectados realmente por estos casos, pero hay 2,5 millones de casos para los
que todavía no tenemos resolución y no han sido despachados. Tenemos un millón de sentencias civiles y 270.000 sentencias penales para ejecutar. Debido a que se ha incrementado la litigiosidad por la crisis económica y a que nos faltan medios
-durante los últimos cinco años el Partido Popular ha defendido que faltan medios y que realmente con un 0,5 por ciento de los Presupuestos Generales del


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Estado para la Administración de Justicia no lo vamos a solucionar-, necesitamos más recursos económicos para medios materiales y también para medios personales. Estamos completamente de acuerdo con que se necesita un programa universal en
toda España, lo que no puede ser es que en las diecisiete comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas cada una tenga su programa de gestión y que desde Barcelona no se pueda saber qué le está pasando a este imputado o al ajusticiado en
otro caso en cualquier sitio de España.



Usted se ha referido a la financiación de la justicia. Nosotros propusimos hace menos de tres meses, mediante una interpelación urgente y su consecuente moción, que fue aprobada por unanimidad, que las tasas judiciales se aplicasen
directamente a la justicia, porque hasta hoy las tasas judiciales van directamente a la caja general y van al Ministerio de Economía, por tanto no tiene una relación directa tasa judicial con la justicia. El Partido Popular preguntó por la
recaudación de tasas judiciales de los años 2006, 2007 y 2008. Se ha incrementado muchísimo debido a la litigiosidad. Hemos pasado de 45 millones de euros a 65 millones y el año 2008 a 90 millones de euros. Esto supone que si lo dividimos por
todos los órganos judiciales que hay supondría una cuantía pequeña, pero quizá sería un alivio con unos 100.000 euros aproximadamente por juzgado. Es muy importante lo que usted ha dicho sobre la financiación y el Partido Popular siempre ha
apostado para que las tasas judiciales se reinviertan directamente -por eso son tasas- a justicia. Todo este colapso, esta situación endémica, estos retrasos incrementados por la crisis económica, lo único que está provocando es que está
perjudicando directamente a los intereses individuales de los ciudadanos, porque aquello que antes se resolvía en medio año ahora las ratios de tiempo de resolución son mucho más elevadas, y esto provoca una desconfianza directa de la justicia y un
desprestigio no solo para los magistrados y jueces, sino para todos los operadores jurídicos -abogados, procuradores, secretarios y funcionarios de la Administración de Justicia-, porque los ciudadanos piensan que todo funciona mal en la justicia.
Desde el Partido Popular apostamos por recuperar la confianza, tenemos que conseguir que los ciudadanos volvamos a confiar en la Administración de Justicia. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad, al diálogo y a la independencia.



Nosotros creemos que las asociaciones tienen derecho a defender sus reivindicaciones, pero no son ningún sindicato y, por tanto, no se puede caer en el sindicalismo. Hoy tocaba escuchar a todas las asociaciones, a que respondieran a
nuestras inquietudes y a las dudas que tenemos, y agradecemos de antemano sus aportaciones. El Grupo Popular quería plantearle unas cuantas preguntas para conocer aún más sus aportaciones.
Su asociación ha manifestado en más de una ocasión que
estaba a favor del derecho de huelga. Nosotros queremos preguntarle si ustedes son partidarios del derecho de huelga y si su asociación la mantiene para junio. También ha hecho referencia a la oficina judicial, al proyecto de ley que ya ha entrado
en la Cámara, como todos conocen. En el Partido Popular siempre hemos sido sensibles y defensores de la oficina judicial.
Fuimos nosotros los que la instauramos, y en los últimos cinco años no se ha hecho nada para conseguirla. Estamos de acuerdo
cuando decía que tenemos que apostar por la complicidad de todos los operadores jurídicos -incluidos los magistrados- para conseguir una mejor modernización de la justicia. El Partido Popular ya lo hizo en su día y en este preciso momento en el que
el proyecto de ley esta en la Cámara buscamos la complicidad de todos los operadores jurídicos para conseguir la mejor modernización de la justicia.



Le quería preguntar su opinión sobre los señalamientos. Usted ha expuesto la opinión de su asociación sobre el señalamiento. Nuestro posicionamiento es que tenemos que llegar al diálogo y al consenso en este tema, ya que se ve desde fuera
que lo que más preocupa de este proyecto de la oficina judicial a las asociaciones es el señalamiento.
Nuestro posicionamiento es que tiene que ser compartido, se tiene que conciliar la parte de gestión de la agenda, porque quizá los secretarios
sabrán mejor la disponibilidad de las salas -en muchos juzgados, en las nuevas ciudades judiciales, no hay tantas salas como jueces, por tanto la gestión sería la disponibilidad de las salas- y luego las razones procesales sustantivas le
corresponderían al juez. Creo que se puede llegar a un acuerdo en este Congreso en cuanto a los señalamientos. Estoy completamente de acuerdo con el portavoz de Convergència i Unió, señor Jané, cuando ha dicho que se ve que el Grupo Parlamentario
Socialista apresura para que se termine el plazo de presentación de enmiendas y no lo podamos discutir más ampliamente. Es un proyecto muy importante y tiene que haber el plazo suficiente para poderlo discutir y estudiar viendo todas las opiniones.
Ya que tenemos la ocasión porque están ustedes en este Congreso y se está discutiendo el proyecto de ley, me gustaría saber qué oficina quieren. Sobre este proyecto ustedes han planteado el señalamiento como su preocupación máxima pero no conocemos
qué oficina quieren, qué otros aspectos les preocupan de este proyecto de ley que ha entrado en la Cámara.



En cuanto a las reivindicaciones de la plataforma, el octavo punto recoge las retribuciones que, con acuerdo de todas las asociaciones, se ha dejado en suspenso, aunque en la Ley de Retribuciones del año 2003 se establecía su revisión cada
cinco años, por lo que debería ser en este año 2008. Tuvimos conocimiento de que a inicios de mayo de 2008 las asociaciones tuvieron las primeras reuniones con el ministerio sobre la revisión de la Ley de Retribuciones y queríamos saber qué ha
ocurrido con esta revisión, por qué no ha prosperado, por qué no se ha llegado a ningún acuerdo con esta revisión que se inició en el año 2008, qué ha provocado el bloqueo para que no se haya avanzado con esta revisión retributiva.



En cuanto a las sustituciones, es preocupante -lo han manifestado todas las asociaciones y todos los grupos


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que de 4.500 magistrados y jueces haya 700 jueces sustitutos; no solo estamos hablando de jueces sino también de secretarios. Por ejemplo, en Cataluña ustedes saben que tenemos el 25 por ciento de secretarios sustitutos y también tenemos
muchos funcionarios sustitutos, no solo en Cataluña sino en otras comunidades autónomas. Por tanto, podemos decir que la interinidad se ha instalado en la justicia. Es el momento en que más interinos hay en nuestra justicia. ¿Qué solución le dan
a este problema? Usted ha dicho que quizá habría que crear un cuerpo dentro del propio cuerpo. Antes otra asociación ha hablado de jueces volantes con una formación. El problema de los jueces volantes es que a lo mejor no tienen una formación
específica, y entonces una vez les tocaría ir al concursal, y otra al civil; así nos encontraríamos con que a lo mejor no habría suficiente ayuda. Hasta que no se cree este cuerpo dentro del cuerpo habría que buscar un sistema de refuerzo. ¿De
qué estamos hablando? Queremos saber si usted nos puede aportar qué sistema de refuerzo, de forma urgente por lo que decíamos de crisis económica -ustedes saben mejor que nadie el colapso que hay en la justicia-, podríamos ofrecer para intentar
solucionar el problema.



El tema de qué modelo ofrece solo lo ha mencionado, pero no nos ha dado ninguna aportación sobre el constante colapso -y no es por el tema de la lengua, aunque hay veces que otros partidos quieren decir que es por ese asunto, y no lo es-,
porque en muchos juzgados se ha instalado ya la costumbre de que al cabo de un año o año y medio se va el magistrado y viene otro. Eso es por muchos motivos, mayoritariamente porque a veces cuando se habla con los magistrados y con los jueces dicen
que ese juzgado está tan colapsado porque es un mixto, porque le han puesto ahora un nuevo nombre, por ejemplo violencia de género. Dicen: Yo soy de civil, de faltas, de instrucción, de violencia de género; soy el decano y además soy el
responsable del registro civil. Como puede comprender, en cuanto pueden, se van de esa plaza. No es un problema de lengua, sino de colapso. ¿Qué solución hay? Lo que no puede sufrir el ciudadano es que un mismo caso lo lleven tres o cuatro
jueces. El caso sería para declarar la nulidad de actuaciones, pero muchas veces los letrados no lo hacen porque, si no, retrasaría aún más el pleito. Por tanto, qué solución le podríamos dar a esta problemática que hay en muchos juzgados, sobre
todo en los mixtos.



Usted ha mencionado que habría que articular la nueva Ley de Demarcación y Planta y que sobre todo el Legislativo tengamos en cuenta la carga de trabajo, -ratios-, incrementar el número de jueces y me ha sorprendido al comentar el tema de
concentración. Usted ha hablado de concentración, cuando muchas veces hemos oído a su asociación decir que estaban a favor del juez municipal, del próximo, de los juzgados próximos a la ciudadanía. Cuando usted ha dicho lo de la concentración
supongo que están cambiando las líneas en este concepto.



En cuanto al acceso a la carrera judicial, le agradezco sinceramente su claridad en esta postura, lo que pasa es que su música no nos termina de sonar bien. La premisa que usted nos ha dado es que el sistema de oposición es como si no
funcionase. Pienso que el sistema como tal de oposición, de calidad, de mérito, funciona. Me ha dado la sensación de que usted quería decir que el sistema de oposición como tal no funciona.
Le he hecho el repaso de estas preguntas para saber sus
aportaciones.
Para terminar quiero decir que en el Grupo Parlamentario Popular pensamos que estamos ante una oportunidad histórica de enderezar la justicia. En el Grupo Parlamentario Popular apostamos por la negociación, porque en los últimos
tiempos hemos visto como el Gobierno se ha dedicado más a maniobrar que a negociar, y, partiendo de la realidad de que la plataforma reivindicativa se mantiene, hacemos un llamamiento a la responsabilidad, al diálogo y a la independencia para
conseguir definitivamente, la justicia que todos los ciudadanos, todos, queremos: una justicia ágil, rápida y eficaz.



El señor PRESIDENTE: Así sea.



Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: En primer lugar, bienvenidos, don Miguel Ángel Gimeno y doña Roser Bach i Fabregó, por acompañarnos en esta jornada de comparecencias de representantes de las asociaciones judiciales. No le voy a decir,
como don Emilio Olabarría, que me afiliaría a su asociación si fuera juez, porque no es mi vocación frustrada en absoluto, pero mi grupo parlamentario comparte algunos aspectos importantes que se desprenden, más allá de las reivindicaciones, más
allá de la información -vaya por delante que les agradecemos sinceramente- y algunos principios que para mi grupo parlamentario tienen importancia. Su entrada me recuerda a alguna otra persona y que es, sencillamente, la de cualquier demócrata
normal. Que usted diga que es un honor estar en el Parlamento es lo que tiene que decir cualquier demócrata, sin entrar en otras consideraciones. Más allá de decirle que como no podía ser de otra forma, lejos -y no puede ser- de interpretarlo de
otra manera, el Parlamento no va a controlar más que al Gobierno, porque es la función constitucional que tiene, pero dentro de la normalidad democrática mi grupo parlamentario siempre ha sostenido -y vamos a seguir impulsándolo- la pluralidad en
las comparecencias de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, por poner un ejemplo, en aquellas materias que estén afectados para ampliar, para cotejar, que no para fiscalizar, porque enseguida se ven aspectos extraños en lo que debe de
ser la normalidad democrática. Y dentro de esa normalidad democrática, lo que ha dicho respecto a que el diseño de la Administración de Justicia corresponde a los ciudadanos y no a los jueces es importante, y ha añadido -lo compartimos plenamente-:
Los jueces somos actores importantes de este engranaje y


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hay que buscar la complicidad. Cómo no, en eso estamos, es lo que queremos desde el Gobierno y desde el Grupo Parlamentario Socialista. Coincidimos en el diagnóstico inicial de la inaplazable reforma y necesaria modernización de la
Administración de Justicia, y hay que buscar los caminos para llevarla a cabo.



La situación en la que nos encontramos trae causa de una no priorización suficiente a lo largo de muchos años de la Administración de Justicia y el servicio público. Usted bien decía que nada tiene que ver la Administración de Justicia de
hoy con la de hace veinticinco años. No está hoy peor, ni mucho menos, que como la dejó el Partido Popular hace cinco años, pero no es menos cierto que no ha evolucionado en términos relativos y que no está a la altura de la modernización y de la
exigencia que nuestro país tiene en 2009. Esa es la realidad, y en eso estamos embarcados. Pero no puedo dejar de hacer una breve referencia a que en un momento como el actual, el de los últimos meses, con un nuevo gobierno, un inicio de
legislatura y un aumento de medios personales y materiales, insuficientes pero notables y sin parangón en cualquier otro momento de la democracia, en un momento en que las reformas procesales para la oficina judicial están en marcha, en que las
mesas de negociación, con reivindicaciones, se compartan o no, realizadas por el conjunto de las asociaciones judiciales -vaya por delante, en aras de la brevedad, que compartimos en buena medida, como hemos dicho en anteriores comparecencias,
algunos de los temas, incluso en su totalidad, y en algún otro tema puntual podemos discrepar-, se haya producido una huelga de jueces. ¿Cómo es posible? Es nuestro pronunciamiento expreso, no es una pregunta. Su asociación se ha manifestado al
respecto y podrá seguir haciéndolo, pero quiero dejar constancia de nuestro rechazo a que se haya producido una huelga de jueces en un momento como este en nuestro país.
Sin entrar en profundizar, también quiero dejar constancia expresa de que
entendemos que, como mínimo, no hay cobertura legal ni justificación y es inoportuna, más allá de que se trate de un poder del Estado, de que nuestra Constitución recoge lo que recoge y de que el derecho a la tutela judicial efectiva siempre será,
desde el punto de vista jurídico elemental, superior al derecho de huelga. La propia regulación y ubicación constitucional lo recoge. Pero queremos señalar que el problema de la Administración de Justicia está, más allá de la existencia o no del
derecho de huelga, que será un problema político y jurídico de primera magnitud, por qué no, que no deja de afectar, por muy ilustres y relevantes, que lo son, a 4.400 jueces, en las carencias que tiene el propio sistema y el servicio público que se
dirige a cuarenta y tantos millones de españoles. Dicho eso, creemos que se ha hecho un flaco favor con esa huelga del día 18 de febrero, porque no se ha potenciado la mejora del servicio público. Algunas asociaciones entienden que al menos han
conseguido que el foco de atención se dirija hacia el mundo de la justicia, pero yo creo que ya lo estaba desde el momento en que se producen las reivindicaciones, además conjuntamente, sin divisiones internas, por el conjunto de las asociaciones y
con algunos pronunciamientos de no asociados. Dejamos aquí este tema porque pertenece al pasado, y ojalá que sea al pasado de verdad porque ahora lo que toca es mirar el futuro y afrontar las reformas necesarias.



Quisiera hacer varias puntualizaciones. Nos alegramos de que su asociación comparta con carácter general la bondad del proyecto de ley de modernización, las reformas procesales, y les agradeceríamos, si lo tuvieran a bien, su participación
en lo que estimen oportuno para hacernos ver aquellos aspectos de fondo que consideren puntuales o importantes y que pudieran mejorar el contenido del proyecto de ley.



Dicho entre paréntesis, es curioso escuchar a algún portavoz -no va con ustedes- decir que se siga ampliando el plazo. Nos urgen a la reforma y a la modernización urgente, y el proyecto de ley se presentó el 19 de diciembre. Ha llovido -y
nunca mejor dicho- y ha habido un buen invierno; lo que pasa es que hay que arremangarse y ponerse a trabajar, y han pasado dos meses y pico. Para nosotros es más importante el consenso que correr, porque si corremos sin consenso no vamos a llegar
a buen término.
Eso quiero ponerlo sobre la mesa. Pero, no tengamos dualidad en el mensaje. El proyecto de ley lleva dos meses y pico publicado y es hora de que intentemos agilizarlo para llevarlo a buen puerto. Este proyecto de ley recoge
muchos temas. El de la agenda judicial parecía que era prioritario para algunos, veo que para su asociación no lo es. Tendremos ocasión de hablar de ello. No les voy a formular muchas preguntas más porque no hay tiempo material para hacer un
desarrollo exhaustivo, pero les agradeceríamos en síntesis que nos facilitaran las sugerencias de mejoras de este proyecto de ley.



En cuanto al traslado forzoso, coincidimos. Creemos que debe resolverse y pronto. En las nuevas tecnologías coincidimos igualmente. Claro que es insólito, y ha sido generoso en la calificación de lo que está ocurriendo. Algunos parece
que lo acaban de ver ahora, pero cuando gobernaban tampoco han sido capaces de resolverlo. Además, no es una cuestión solo del Gobierno de la nación, sino que afecta también al Consejo General del Poder Judicial y a los gobiernos de las comunidades
autónomas. En cuanto a la planta estamos absolutamente de acuerdo. Le reitero -y lo conocen- que en los últimos años el Gobierno de España ha creado 1.148 plazas de jueces y fiscales. Probablemente, el propio sistema no admita absorber más. No
sé, no puedo afirmarlo categóricamente, pero quizá no muchos más. Es verdad que hay carencia y que habrá que ir en esa dirección, pero hemos creado el mayor número de jueces y fiscales de toda la historia de la democracia en estos tiempos, y hay
que seguir haciéndolo. Por supuesto, con la carga de trabajo estamos absolutamente de acuerdo. Está constituida la comisión. Sobre el sistema de acceso no me da tiempo a hablar. Es una materia especialmente querida para nosotros y veo que
también para su asociación


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poniendo negro sobre blanco su posicionamiento. Tengo que decirle que sí nos gusta la música; a otros no, pero a nosotros sí. Vamos a ver si entre todos le ponemos una letra adecuada, porque parece que el sistema actual no es el idóneo.
No digo más. Tenemos que hacerlo entre todos. Habrá que buscar un sistema de acceso a la profesión de juez y de fiscal que sea más adecuado que el que ahora tenemos.



No voy a decirles ya mucho más porque me está mirando el presidente, y con razón. Quiero agradecerles de verdad, en este tono de normalidad democrática, su presencia aquí, y espero que sea un precedente para que en el futuro -ya hay algún
otro- en este tipo de comparecencias -de ustedes y de otras personas de ámbitos que tienen que generar opinión e información con el órgano de la soberanía popular, cómo no, en este clima distendido, que no de fiscalización ni control sino de
colaboración entre los distintos ámbitos, en este caso, de los operadores del mundo de la justicia- sigamos trabajando para que en los próximos meses, ni siquiera más allá de la regulación del derecho de huelga, no se pueda sostener ni la mera
hipótesis porque estemos trabajando en esas reivindicaciones -no solo en esas, pero también en esas- que llevó a las asociaciones a plantear ese conflicto inicial.



Muchas gracias por su información.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villarrubia. Esta Presidencia no les mira con embeleso pero sí con atención.



Tiene la palabra el señor Gimeno.



El señor PORTAVOZ DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA, JpD (Gimeno Jubero): Muchas gracias por sus aportaciones, porque esto es una retro- alimentación entre los que nosotros decimos y lo que dicen ustedes, esto es un Parlamento, y de ahí surge la
síntesis que debe surgir. Trataré de dar una respuesta a todas las preguntas que se han hecho o al menos a las fundamentales.



Está claro que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político y que debe hacer política, política judicial. Lo que he criticado y creo que compartimos, señor Olabarría, es que en algún momento determinado alguno de sus miembros
hiciese no política judicial sino política en el sentido noble, pero que no le corresponde a él sino a los partidos políticos; política de algún partido político o de algún sector de un partido político, porque ni siquiera muchas veces era de un
partido político. Eso sí lo criticamos y en esa medida es lo que decíamos. En cuanto a cómo configurar el Consejo General del Poder Judicial, el tema es complejo. El sistema es difícil y se ha intentado mejorar. Nuestra aportación no es
definitiva, podría pensarse. Nosotros partimos de dos principios. El Consejo General del Poder Judicial no es un órgano de autogobierno, por tanto no es representación de los jueces. Tiene que haber jueces, obviamente, y además tiene que haber
jueces de todas las naturalezas o de todas las ideologías, eso parece evidente, pero no corresponde a los jueces, y desde luego tienen que ser los jueces mejor formados, a pesar de que no creo que los jueces tengamos una formación específica para
después ser gestores. Ese es uno de los problemas, dicho sea de paso, que nos encontramos con las actuales oficinas porque nosotros carecemos de cualquier tipo de formación para eso, pero al final siempre está el juez, que se supone que es el
perito de peritos y todas esas afirmaciones que quedan ahí.



Respecto a la ley que se refiere a la oficina judicial, nosotros hemos hecho alguna aportación por escrito. Ahora no estoy en condiciones de explicarlas, pero les haremos llegar algo puntual al respecto. En cuanto a los señalamientos, no
es una cuestión conflictiva. Jueces para la Democracia no tenía esta entre sus reivindicaciones, por las razones que les he expuesto antes. De todas maneras, en aras del consenso del que se ha hablado aquí, si estamos buscando esas complicidades,
debemos encontrar una solución. He tenido la oportunidad de oír antes al señor Trillo manifestarse en ese sentido, al señor Jané hace un momento y a todos ustedes, y no debiera ser complicado encontrar una solución al respecto en la que se respeten
ambas cosas. Es cierto que el juez señalará, determinará jurisdiccionalmente no solo que se abra, sino que se celebre una vista. Habrá que contar con las disponibilidades de las salas, pero igual que no puede convertirse en que solo quede tal día,
no se puede imponer uno u otro. Habría que buscar un mecanismo para que estas imposiciones no se dieran. En cuanto a la informática, respecto al sistema que se adopte para la financiación, hay que reconocer que este no es un problema solo del
Gobierno, sino también de los gobiernos de las comunidades autónomas. Aquí todo el mundo tiene que poner su granito de arena. Nosotros pedimos que cada uno tenga el sistema que tenga, pero que sean compatibles, que en definitiva es algo tan
racional que no merece la pena discutirlo más. ¿Cómo financiarlo? Yo había hecho una propuesta; la de las tasas podría ser, pero que la financiación no se quede solo en eso, porque si no el efecto sería probablemente el contrario.



No quiero dejar de abordar, porque no es nuestro estilo, el tema espinoso de la existencia o no del derecho de huelga de los jueces, la oportunidad e incluso los móviles, porque hay mucho que hablar de todo eso. Puedo hablar de nuestra
percepción. En cuanto a la existencia del derecho de huelga en los jueces, nuestra asociación ha escrito documentos sobre ello. Efectivamente, tiempo ha lo han dicho personas cualificadas, pero era un ejercicio teórico y tampoco nos habíamos
planteado la posibilidad de su existencia. Luego matizaré exactamente nuestra posición al respecto. Esta es la posición oficial: los jueces -afirmamos- tienen derecho de huelga. Es cierto que hay directivas de la OIT que dicen que efectivamente
a los jueces se les puede prohibir el derecho de huelga. Si no recuerdo mal, hubo un anteproyecto del año 1993 en el que se decía que no teníamos derecho de huelga. No es casualidad


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que el decreto sea de 1977 y que haya sido constitucionalizado posteriormente, porque la huelga es un tema espinoso, difícil y difícil también para nosotros. Por tanto, nuestra posición oficial es la existencia del derecho, y, siendo
conscientes, creo que hay argumentos.
La asociación europea a la que nosotros pertenecemos, Medel -Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades-, lo asume como uno de los derechos que tienen los magistrados. La verdad es que hay otras
que dicen lo contrario. Por tanto, creo que es un tema lo suficientemente polémico para que nosotros nos pudiéramos apartar un poco y preguntarnos si es oportuno el derecho de huelga en este momento. He dicho anteriormente que Jueces por la
Democracia había optado por la negociación, porque no quería llegar a la huelga y daba un amplio margen para la negociación precisamente para no tener que llegar a esa situación, para no plantearse ese conflicto. En mi exposición ya lo he dicho,
nosotros estamos pensando también en el ciudadano, en el compromiso que tenemos con el ciudadano.
Hay una frase que no es mía pero que he incorporado a mi acervo, de alguno de los sociólogos sobre el Poder Judicial y sobre su independencia, en la
que se afirma que el Poder Judicial es uno de los poderes más frágiles que existen. Si no cuenta con la complicidad, con la querencia del ciudadano, si no cuenta con la confianza del ciudadano no es poder y no ejercerá poder. ¿Por qué? Porque,
efectivamente, se basa fundamentalmente en esa confianza. ¿Oportunidad del derecho de huelga? Nosotros pensamos -por eso no fuimos a la huelga que se convocó el pasado día 18- que en la reunión que tuvimos el día 26 con el ministro todavía quedaba
margen para la negociación. No digo que fuese fácil, pero todavía quedaba margen para la negociación. De hecho, en uno de los aspectos -perdonen el paréntesis- en el tema de retribuciones el ministro tuvo una salida que pudo ser la propuesta de
una mesa para establecer el modelo de fijación de las retribuciones de los jueces para que lo aplicáramos el año que viene o cuando estuviéramos en mejores condiciones; en definitiva, nuestra posición. Por supuesto que no renunciamos -que no oigan
mucho que renunciamos- a nuestras retribuciones, pero también somos conscientes de nuestra aportación de solidaridad a nuestro país. Por tanto, no lo ponemos en primer lugar ni muchísimo menos, y yo creo que con esto ya está dicho todo.



El señor Ridao ha hablado del móvil de la huelga. Existen diferentes móviles para esta huelga de jueces. Por lo menos esa es nuestra opinión.
No es cierto que todos participen de la misma manera, solo hay que ver los correos internos para
ver que hay otros móviles diferentes. Yo he hecho aquí afirmaciones, y no les quepa la menor duda de que mañana pondrán al señor Gimeno a caldo, como ya ha pasado en otros momentos por mis manifestaciones, por ejemplo en el tema de la lengua o la
adecuación a las comunidades autónomas. Esto es conflictivo en algún sector de la judicatura. No digo que ese sea el fundamental, pero para algunas personas ha sido así. Pero básica y fundamentalmente creo que el móvil ha sido una situación que
no hemos sabido controlar y que ha sido de hartazgo. Probablemente haya sido poco racional, más bien de puñetazo encima de la mesa. Ha sido más emotiva que racional, porque se ha afirmado anteriormente que lo que queríamos era llamar la atención,
y ya la habíamos llamado, no era necesario ejercerla, ya la habíamos llamado.
Además el instrumento ya está gastado, es cierto. La huelga tiene que ser un instrumento, no tiene que ser un fin en sí misma, y parece que hay personas que piensan que
es un fin. De todas maneras, yo no niego nuestra responsabilidad. No me gustaría llegar al día 26 de junio en la misma situación en que estamos ahora. Por tanto, en Jueces para la Democracia apostamos, como creo que en todas las demás
asociaciones y espero que en todos los colectivos de jueces con criterios más o menos asamblearios, por participar de la idea de que debemos llegar a un acuerdo, y creo que llegaremos a un acuerdo. Ahora ha pasado algo importante, que no es un
cambio de ministro, aunque eso tiene su importancia, pero al final las reivindicaciones nosotros no las cambiamos y supongo que el Gobierno participará de la misma política sea uno u otro ministro, como no puede ser de otra manera. Yo creo que lo
importante está hoy aquí, en el Parlamento. Yo estaba encantado de venir aquí, agradecido y además es un honor, pero me voy doblemente encantado y agradecido porque veo que tienen ustedes un profundo conocimiento de toda la problemática, y como
tienen un profundo conocimiento de toda la problemática y son el órgano de la soberanía popular, creo que el Parlamento es el que tiene que hablar. Yo les pido que, de una u otra manera, ustedes, los grupos parlamentarios, hablen, porque nosotros
deberemos escuchar y si no escuchamos muy mal estamos. Esto es lo que diría al respecto.



En relación con el número de jueces, a la planta judicial, podemos discrepar en cuanto al sistema. También somos muy conscientes de que nuestra propuesta es la nuestra. Obviamente, la propuesta de Jueces para la Democracia se aprobaría si
Jueces para la Democracia decidiera -no va a ser así ni muchísimo menos-, pero contiene suficientes elementos de racionalidad para que, en todo caso, si hay aportaciones, si hay retroalimentación, si hay contradicciones, se llegue a una situación de
consenso sobre esa u otra base. Nosotros queremos argumentar y que se contraargumente y ver si llegamos a otra situación. Francamente, no creo que el actual sea un buen sistema, por razones de tiempo, y el señor Villarrubia ha hecho mención a ello
en relación con el número de jueces.
No hace más de un año, una de las personas que a mi juicio conoce más sobre las posibilidades y que es un antiguo director de la Escuela Judicial, don Carlos Gómez, me decía que no creía que la actual Escuela
Judicial tuviera capacidad, no digo que no pudieran acceder, sino que no tenía capacidad para sacar más de 250 jueces -en un momento puntual podría llegar a 300 jueces al año, pero como algo puntual-,


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lo cual quiere decir que habrá que valorar exactamente cuántos jueces podemos sacar, porque si no pasaremos al sistema anglosajón, o al sistema chileno, etcétera. Ahora bien, ¿qué debemos hacer mientras llega eso? En este sentido me
gustaría retomar las palabras de la señora Montserrat.
Habrá que ir al sistema de sustituciones mediante personas ajenas que habrá que seleccionar de la mejor forma posible, y a un sistema de sustituciones internas, lo cual ligaría con el tema de
los módulos, porque no tenemos otra solución ya que se está incrementando la litigiosidad y además debemos resolverla. Usted ha hablado de concursar, pero detrás de un concurso hay una empresa, unos trabajadores, unos salarios de tramitación, una
familia y unas personas, y eso debemos tenerlo en cuenta. En cuanto a los despidos, qué les voy a decir, no es lo mismo que se resuelva una demanda por despido, por muy objetiva que sea, en un tiempo que en otro, y eso debemos resolverlo. Por
tanto, debemos abordar estas cuestiones y hacer todos un esfuerzo en la medida de lo posible, por supuesto también el Gobierno con las dotaciones que tenga que hacer.



Por último quiero decir que en la situación actual hay voluntad de arreglo, de mejora de la situación en la Administración de Justicia.
Repito nuevamente que por el ejemplo que hemos dado hoy tanto las personas que me han precedido en el
uso de la palabra como las que vendrán después y, por lo que he podido oír, todos sabemos de qué estamos hablando; tenemos diferentes posiciones pero también tenemos voluntad de llegar a un consenso. La rapidez sería importante, pero, insisto, no
tanto como para hacer cualquier cosa. Con vistas a la carrera judicial, a los jueces, al ciudadano se ha de dar un mensaje clarísimo, y creo que todos los partidos políticos aquí representados y todos los grupos parlamentarios pueden hacerlo; un
mensaje claro de que son conscientes de la problemática y de que quieren que esto se solucione y que se empezará y se hará en el menor tiempo posible, pero el menor tiempo posible es el tiempo que necesitan, no es menos ni más sino el adecuado.



El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, quisiera desearle sin duda alguna en nombre de toda la Comisión de Justicia que no sea usted víctima del sistema de comunicación, y tengo que decir que observo con interés la fluidez de las comunicaciones
de los jueces por Intranet. Tambien le agradezco su aportación, que me ha parecido muy valiosa para los trabajos y le ratifico el buen y profundo conocimiento que tiene la Comisión de Justicia de los problemas de la justicia, respecto a la que nos
anima una voluntad de diálogo y de acuerdo y de trabajar por el servicio público de la justicia. Por tanto, quiero agradecerle muy sinceramente su aportación, la comparecencia de los representantes de Jueces para la Democracia, tanto de don Miguel
Ángel Gimeno Jubero como la de Roser Bach i Fabregó.



Vamos a suspender la sesión para despedir a la asociación y para que comparezca la última asociación que está prevista en el orden del día de la mañana, que es la asociación Foro Judicial Independiente, que nos honra con su presencia en las
personas de don Conrado Gallardo Correa, presidente, y don Enrique García García, vicepresidente. También les anuncio que en alguno de los momentos, cuando me avisen, hemos dispuesto -lo hago extensivo también a los comparecientes- un pequeño
cáterin para los miembros de la Comisión. He decidido mantenerlo en secreto porque el cáterin es para el que se lo trabaja. (Risas.) (Pausa.)


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE (GALLARDO CORREA) PARA INFORMAR DE LAS RAZONES EN LAS QUE SE SUSTENTA EL 'DOCUMENTO REIVINDICATIVO CARRERA JUDICIAL, 12 DE ENERO DE 2009', DE SU INCARDINACIÓN EN EL RESPETO A LA
AUTONOMÍA DEL PODER LEGISLATIVO Y PARA QUE LAS ASOCIACIONES QUE REPRESENTAN JUECES Y MAGISTRADOS TENGAN OCASIÓN DE OÍR Y SER OÍDOS POR LA INSTITUCIÓN BÁSICA Y NUCLEAR DE LA SOBERANÍA POPULAR DE LA QUE EMANAN TODOS LOS PODERES DEL ESTADO COMO
ESTABLECE EL ARTÍCULO 1.2 DE LA CONSTITUCIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000133.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar la sesión. Quiero darles la bienvenida, agradecer su comparecencia y pedirles disculpas por el retraso que hemos ido acumulando, dos horas y diez, en relación con las previsiones iniciales,
que eran de tipo orientativo y para excitar la síntesis, pero siempre hay un poco de frustración o de pasión cuando se trata del servicio público de la justicia.



Tenemos entre nosotros al presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo Correa, y a don Enrique García García, vicepresidente.
Les damos la bienvenida y le cedo ya, sin más, la palabra al presidente, al señor Gallardo Correa.



El señor PRESIDENTE DEL FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE (Gallardo Correa): No se preocupen por el retraso. Si alguien puede ser comprensivo con este problema somos precisamente los jueces, que lo padecemos desgraciadamente a diario, y pedimos
también paciencia a los ciudadanos que lo tienen que sufrir, porque la mayoría de las veces son por causas ajenas a nuestra voluntad. Antes de empezar, al igual que los colegas que me han precedido, quiero decir que estoy encantado de estar aquí,
de poder dialogar directamente con los representantes del Poder Legislativo, de estar en lo que considero, en definitiva, mi Congreso y ante mis


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representantes. Es un privilegio poder exponer nuestro punto de vista y nuestras preocupaciones, un privilegio que tienen pocos ciudadanos, frente a quienes tienen en sus manos la posibilidad de resolverlos y de encontrar las soluciones o
dar las respuestas que estamos pidiendo.



Quiero centrarme -y ser breve porque entiendo que estarán todos cansados- en el objeto de la comparecencia que, según se me dio traslado, es exclusivamente explicar el documento reivindicativo elaborado por las cuatro asociaciones judiciales
el 12 de enero de 2009. Quiero hacer dos precisiones en primer lugar. Ese documento, fruto del consenso de las cuatro asociaciones, explica un poco su naturaleza. Supone una simplificación de las reivindicaciones -todo consenso tiene que pasar
por simplificar para poder facilitar el acuerdo- y además supone la supresión de aquellas reivindicaciones donde no existía un acuerdo claro. Esta puntualización es importante porque el documento no recoge todos los problemas pendientes sino solo
aquellos en que las cuatro asociaciones hemos estado de acuerdo en considerar urgentes. Por otra parte, se ha dicho mucho por la prensa y por los medios que estas reivindicaciones han salido de la nada, y no es cierto. Son unas reivindicaciones
fruto de años de trabajo individual y conjunto de las asociaciones.



En lo que hace referencia a mi asociación, al Foro, surgió a finales del año 2002. Ya había en esa fecha un importante malestar entre los jueces por el progresivo deterioro de la justicia, su politización y la consecuente reducción de la
independencia judicial, y en ese año la gota que colmó el vaso fue la aprobación de la Ley de Retribuciones, que, lejos de cumplir las expectativas de reforzar la independencia judicial en el aspecto económico, consagró su dependencia del Poder
Ejecutivo en esta faceta e introdujo un concepto de productividad cuyos efectos perniciosos no han hecho sino empeorar a lo largo de todos estos años la situación de la justicia. A partir de ese inicio, en el primer congreso del Foro, celebrado en
Zaragoza en el año 2004, ya se exponían las preocupaciones profesionales por el estatuto del juez como garantía de su independencia -he pedido que les pasen, precisamente para que tengan conocimiento de por dónde empezaron estas reivindicaciones,
las conclusiones del primer congreso-, muy particularmente en materia de reivindicación de acción social -también les he dado a título de ejemplo la ponencia de acción social que se elaboró en ese primer congreso-, y ya entonces, en el año 2004,
partíamos para resolver estos problemas de la doctrina asentada por el Tribunal Supremo de la doble condición de los jueces de empleados públicos sometidos a un determinado estatuto profesional y depositarios del Poder Judicial en los términos que
establece el artículo 117 de la Constitución, situación que por lo demás es la normal prácticamente en todo el entorno europeo democrático. De hecho, las asociaciones judiciales en Italia, Francia, Alemania o Portugal tienen un carácter netamente
sindical. La restricción de los jueces es no poder participar en sindicatos generales, pero no que sus asociaciones puedan perseguir esos fines y otros, como la defensa de la independencia judicial, y de hecho en esos otros países no son anómalas
las huelgas judiciales o las reivindicaciones sindicales de los jueces.



La primera vez que las cuatro asociaciones trabajamos juntas fue precisamente para redactar un documento conjunto en materia de protección social al juez elaborado en el año 2006 y que se entregó al Consejo General del Poder Judicial y al
Ministerio de Justicia a principios del año 2007, muy pocas de cuya recomendaciones han sido llevadas a cabo desde entonces. Todavía tenemos la promesa pendiente de incorporar esas actuaciones que son ya comunes en la Función pública y que no se
han aplicado todavía en su mayor parte a los jueces. Ese documento también se lo he facilitado por si tienen la curiosidad de leerlo. Dado el éxito de esta colaboración, porque fue un éxito de las asociaciones -el documento fue muy bien recibido
aunque no se haya cumplido-, entre febrero y marzo de 2007 se constituye la comisión interasociativa permanente para extender esta colaboración con la finalidad de coordinar a las cuatro asociaciones en aquellas materias en que era posible el
acuerdo, y más concretamente se partió de tres problemas: el modelo de valoración de la actividad de jueces y magistrados, que todavía está sin resolver, las cuestiones retributivas de diversa índole -algunas resueltas, muy pocas, la mayoría sin
resolver- y el grave problema de la sobrecarga de trabajo y de las sustituciones que desde entonces nos aqueja.



También fruto de esta colaboración es el I Congreso Ibérico del Poder Judicial organizado por las cuatro asociaciones españolas y por la única asociación de jueces portugueses, que se celebró en Lisboa el 25 de enero de 2008 y tuvo unos
resultados que para nosotros son muy importantes. Las cuatro asociaciones españolas, junto con la portuguesa, aprobamos veinte principios, cuyo respeto se consideraba imprescindible para que pudiera hablarse de un verdadero Poder Judicial
independiente, y un documento, la Carta magna del Poder Judicial, redactada por el juez desembargador, don Orlando Alfonso, vicepresidente del Consejo Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa, que pretendía ser una base o guía para una
futura nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Tales documentos, por otra parte, están basados, como no podía ser de otra forma, en las doctrinas del Consejo de Europa, y a título de ejemplo les he dado otro documento importante -hay otros muchos-,
la Carta europea sobre el estatuto del juez, que inspira muchas de esas conclusiones del congreso de Lisboa, y el informe muy reciente, número 10.007, del Consejo Consultivo de Jueces Europeos sobre aspectos esenciales de la independencia judicial y
del Poder Judicial dentro de una sociedad democrática. A dicho congreso -quiero resaltar- asistió un representante del Ministerio de Justicia, pero hasta el momento dichos documentos no han obtenido


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respuesta alguna ni sus conclusiones han sido objeto siquiera de una valoración.



Les he pasado una documentación quizá demasiado extensa, pero pienso que es una información que les puede orientar sobre este trabajo que desde hace cuatro o cinco años estamos llevando a cabo las asociaciones y que se plasma en ese tipo de
documentos y algunos otros muy interesantes que respaldan algunas de nuestras posturas desde fuera de la judicatura. Por ejemplo, las propuestas del Foro al inicio de la mesa de retribuciones, donde planteábamos las reivindicaciones retributivas;
las conclusiones de nuestro V congreso, muy reciente, donde tratamos temas de bastante actualidad, entre ellos la reforma de la materia disciplinaria, responsabilidad penal y civil, la estructura de las retribuciones de los jueces, la relación de
reivindicaciones que se hizo al nuevo Consejo General del Poder Judicial o las 46 propuestas para la reforma de la carrera judicial, que aprobamos las cuatro asociaciones en julio del año pasado junto con el anterior Consejo General del Poder
Judicial y que constituyen toda una declaración de principios de por dónde debería ir la reforma y modernización de la estructura de la carrera judicial. Lo único que quiero es que toda esta documentación sirva de referencia para decirles que
llevamos muchos años trabajando discretamente en silencio sobre estas cuestiones y la respuesta que hemos obtenido es muy breve.



Voy a centrar la explicación del documento reivindicativo en tres apartados. La primera cuestión que quiero plantear es que el principal problema que presenta la justicia española es una preocupante carencia de jueces. Mientras que este
problema no se resuelva, no será posible poner fin al atasco judicial, ya que este, en su mayor parte, se encuentra en la celebración de juicios, en general en las actuaciones que requieren intervención de juez, y dictados de sentencias. Y no es
posible sustituir al juez de ninguna forma en esas actividades que ahora mismo exceden sobradamente la capacidad de la planta judicial actual. Ni el consejo ni el ministerio nos han sabido concretar cuántos jueces, en su opinión, hacen falta en
España. No hay ningún estudio sobre esta materia, cosa que nos llama extraordinariamente la atención. Consideramos que determinar esta cifra y poner en marcha los mecanismos para suplir esta carencia es urgente, porque la situación se está
acercando al colapso judicial. Este es nuestro punto de vista y creemos que es la realidad. Ciertamente para realizar esta determinación primero hay que saber la carga de trabajo razonable que puede y debe soportar cada juez, tema en el que se
lleva trabajando muchos años sin llegar a unas conclusiones claras, y que también reclamamos como una reivindicación. Además, hay que determinar qué estructura debe tener la carrera judicial.



La carrera judicial tiene una estructura decimonónica, del siglo XIX. Está pensada para una sociedad rural y estable y, por tanto, se ajusta muy mal a una sociedad dinámica y básicamente urbana. Ese es uno de los pocos problemas que tiene.
En otros muchos aspectos, desgraciadamente la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 se apegó a esquemas del siglo XIX, no supo desarrollar el modelo que quería la Constitución y buena parte de los problemas que tenemos son estos. Les remito, en
cuanto a estructuras de la carrera judicial, a las 46 conclusiones del Foro carrera judicial que fueron aprobadas por las cuatro asociaciones, junto con el anterior consejo, después de haber hecho una encuesta a toda la carrera judicial, contando
con la opinión de las cuatro asociaciones.



Ahora bien, incluso con una mejora de la estructura de la carrera judicial, le remarco una propuesta muy interesante, que es suprimir los órganos individuales. En Madrid, tomando el modelo de otros países europeos, ahora mismo debe haber
más de cien juzgados de primera instancia. Eso es un disparate. Cada vez que se crea un juez hay que crear un despacho, un juzgado, un edificio físico, funcionarios, secretario y una infraestructura que muchas veces no es necesaria porque el
problema, como digo, está en dictar sentencia y celebrar juicio.
Bastaría con un juez y se podrían aprovechar los funcionarios que ya hay.
Por tanto, más que cien juzgados de primera instancia, que es algo que se ajusta muy mal al siglo XXI,
debería haber un único juzgado de Primera Instancia con cien jueces. Eso permitiría distribuir los recursos e incluso resolver muchos problemas de sustitución entre los jueces y aprovechar mejor los recursos, tanto en materia de jueces, como en
materia de funcionarios y de secretarios.



Incluso con estas mejoras nosotros calculamos -son cálculos nuestros- que haría falta, cómo mínimo, el doble de jueces actuales para resolver el problema del atasco judicial. Nos basamos para ello, primero, en la ratio de la media europea,
que es de 20 jueces por 100.000 habitantes (en los países donde mejor funciona la justicia, como Alemania, hay 24 jueces por 100.000 habitantes, 22.000 jueces para ochenta y tantos millones de habitantes), mientras que en la española son 10 jueces
por cada 100.000 habitantes. Este es un problema real, grave y muy difícil de resolver.



También nos basamos en la realidad. El Ministerio de Justicia reconoce que cada día actúan 700 jueces interinos, a los que hay que añadir que en el año 2004, que son los datos que tenemos, el sobreesfuerzo de los jueces, las horas extras
que hacían los jueces equivalían a 800 jueces virtuales.
Por cierto, con un importante ahorro, porque para esos 800 jueces virtuales las horas extras salían a unos 46 millones de euros al año, mientras que la masa salarial de esos 800 jueces es
prácticamente el doble o el triple. Por tanto, lógicamente al ministerio le interesaba pagar más esas horas extras que crear nuevas plazas judiciales. El déficit actual es de 700 más 800, 1.500 jueces que no resolverían nada porque serían solo
para mantener la situación actual de atasco.
Simplemente suprimimos los sustitutos y el sobreesfuerzo. Por lo tanto, son muchos más de 1.500 jueces, y nosotros, teniendo en cuenta la ratio europea, calculamos el doble. ¿El ministerio qué propone?
Ciento cincuenta


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plazas anuales que ni siquiera se cubren por un funcionamiento deficiente de las oposiciones. Se vienen a cubrir unas 125 debido a la diversidad de tribunales y a otros problemas de organización más que de otra. Con 150 plazas anuales
-ustedes mismos pueden hacer los cálculos-, el problema tardaría en resolverse décadas, teniendo en cuenta que, además, con esas 150 plazas hay que cubrir vacantes provocadas por jubilaciones, fallecimientos y por otros motivos entre los que, por
cierto, quiero destacar el pase, cada vez más frecuente, de jueces, normalmente de los jueces mejor formados y más especializados, al sector privado, y hago especial referencia a la especialidad de mercantil. Está pasando y va a pasar más en el
futuro si no ponemos remedio. A todo este problema de sobrecarga, de falta de jueces, etcétera, se añade que cada vez que se hace una reforma penal que aumenta el número de delitos que han de ser enjuiciados -y hago referencia, por ejemplo, a las
últimas reformas sobre infracciones de tráfico que se calcula que va a generar 50.000 nuevos delitos anuales-, no se contiene en la ley ni una sola provisión de qué jueces van a hacerse cargo de esos 50.000 nuevos delitos. Con lo cual, esos 50.000
nuevos delitos van a sobrecargar, van a volver al circuito de jueces ya sobrecargados que no pueden ni con lo que tienen y que tienen que asumir 50.000 delitos nuevos.



Hago un inciso sobre el tema de la oposición, porque el ministerio nos planteó serias dudas de que la oposición sea capaz de aumentar su capacidad de admitir jueces. Yo he oído hoy aquí críticas muy severas al sistema de oposición y creo
que no son racionales. En primer lugar, quiero decir que la oposición ha funcionado bien. Un sistema tiene sus defectos, sus inconvenientes, sus fallos y sus aciertos, pero en líneas generales los jueces españoles tenemos una formación y una
capacidad bastante aceptable, incluso una capacidad de trabajo. Lo digo después de haberlo comparado y haber tomado contacto con jueces portugueses, italianos, alemanes y franceses y, francamente, el nivel español no tiene nada que envidiar. Es
decir, la oposición ha funcionado bien, y si ha funcionado bien, no sé por qué este empeño en cambiar un sistema y hacer experimentos con sistemas nuevos que en España tienen una tradición de fracaso bastante importante. No digo que no haya que
hacer reformas, hay que hacerlas. Hay que mejorar la oposición, hay que mejorar la Escuela Judicial, que es un elemento muy importante de formación de jueces y que actualmente no funciona bien, pero no veo sentido a menospreciar la oposición,
cuando, además, es el sistema que, sin embargo, sí se considera válido para otras profesiones jurídicas de similar nivel como registradores, notarios, inspectores o fiscales, por poner algunos ejemplos. No puedo compartir la afirmación que se ha
hecho aquí de que eso dé lugar a jueces de derechas o de izquierdas. La realidad que percibo en la carrera judicial es una pluralidad equivalente, la pluralidad de la sociedad española, casi simétrica. De hecho, somos cuatro asociaciones y la
mitad está sin afiliar. Además quiero incidir en otra cosa. La oposición supone un coste económico. Yo la saqué en dos años y en mi época era lo normal. Pienso que ahora es un problema de diseño de la oposición y de los tribunales más que otra
cosa lo que está aumentando el tiempo o algún otro problema. La oposición no debe tardar mucho más. Pero sí quiero decir que, al contrario de lo que se ha dicho aquí, la oposición es el único sistema que en España, históricamente, ha sido lo
suficientemente imparcial como para permitir a cualquier persona de cualquier condición acceder a la judicatura. Una persona de origen humilde, si no es por un sistema imparcial como la oposición, no tiene enchufe, no tiene influencia, no tiene
relaciones para acceder a la carrera judicial. Precisamente la oposición es la que ha abierto esa puerta y le ha permitido la pluralidad que tiene hoy la carrera judicial.
Los problemas económicos son similares a los de estudiar una carrera de
derecho, o a los de estudiar cualquier otra carrera técnica que requiere un gasto considerable. Los sistemas de becas resuelven esos problemas con bastante facilidad. Tengo conciencia de que muchas comunidades autónomas los han establecido, y de
hecho algunos de los comparecientes que me han precedido han utilizado ese sistema de becas para acceder a la carrera judicial.



Por otra parte, volviendo al tema del déficit de jueces, consideramos urgente planificar la creación de nuevos jueces para hacer posible que en un plazo que no puede ser inferior a cinco, porque no hay tiempo, ni creo que deba ser superior a
seis años, pueda ir resolviendo el problema, y pasa, repito, por determinar de forma urgente el número de jueces necesarios con los parámetros que he dado. Además, quiero decir otra cosa, ni siquiera es caro duplicar el número de jueces españoles.
El problema es encontrar jueces, que los hay, pero caro no es. ¿Por qué? La masa salarial de los jueces españoles son aproximadamente 300 millones de euros. En el año 2007 se recaudaron en multas por los juzgados penales 146 millones de euros, es
decir, casi la mitad de la masa salarial, y eso funcionando mal las ejecutorias, porque el sistema español de ejecutorias, sobre todo en penal, requiere una modernización muy fuerte, similar a la de Hacienda, incluso podríamos pasar a Hacienda la
recaudación de multas, no veo ningún inconveniente. Quiero decir que si funcionara mejor la recaudación sería mucho más alta. No he podido obtener, aunque se lo he pedido al ministerio -por lo visto no tenían esos datos o no me los han podido
pasar a tiempo-, la cifra de lo que se recauda por tasas, pero estoy seguro de que entre unas cosas y otras, y si funciona bien, la justicia puede llegar a ser rentable no solamente por los beneficios económicos que aporta al sistema una justicia
eficaz, que son beneficios indirectos, sino porque directamente produce ingresos suficientes como para cubrir buena parte de los gastos que genera.



El segundo punto, sobre la base de un número suficiente de jueces, que es el primer problema que hay que resolver, nosotros reclamamos también mejoras de personal colaborador, mejoras en medios informáticos y, en


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general, de los medios materiales sin los cuales no es posible una justicia moderna y eficaz. En este contexto es en el que pedimos la urgente puesta en funcionamiento de la oficina judicial. Basta darse una vuelta por cualquier sede
judicial para comprobar la penuria de medios de todo tipo en la que actualmente los jueces tenemos que desempeñar nuestra labor y la anticuada organización -insisto, decimonónica- que subsiste en la oficina judicial. Pero, insisto, sin un número
suficiente de jueces estas reformas no resolverán por sí solas el problema, y esto creo que todos debemos tenerlo claro. Además -y viene la segunda parte, la famosa agenda de señalamientos-, so pretexto de esta reforma no se puede privar al juez
del control sobre los medios personales y materiales que necesita para realizar su labor y sobre los asuntos que son de su jurisdicción.
Esto es lo que, en general, achacamos a las actuales reformas procesales, cuyo proyecto ha presentado el
Gobierno al Parlamento, pero muy particularmente por su gravedad, en cuanto a los jueces, un aspecto tan fundamental, incluso a efectos organizativos y de poder gestionar el tiempo eficazmente, sobre el señalamiento de sus propios asuntos. Un juez
tiene que poder decidir cómo señalar, siquiera solo sea para poder distribuir eficazmente el tiempo, porque es el que mejor conoce los asuntos, y poder saber cuántos asuntos pueden caber en un determinado tiempo.



Me remito en este punto al informe que hace poco han publicado, y que les he pasado, por si no lo conocieran, los catedráticos de derecho procesal de todas las clases y tendencias -creo que están ahí los que en los últimos diez años han
hecho las leyes procesales-, en el que ponen de relieve las serias carencias del informe. Por eso pedimos en su día al ministerio que no presentase el anteproyecto sin haberlo sometido a una revisión profunda, y por eso solicitamos el 26 de enero
que pidiese al Gobierno su retirada, puesto que es quien tiene la iniciativa legislativa; todavía no hemos pedido nada a este Parlamento en relación con dicho proyecto.



Solo quiero destacar una cosa más. Es anómalo atribuir funciones jurisdiccionales o esenciales para el desarrollo independiente de esa función a un funcionario jerárquicamente dependiente del Ministerio de Justicia. Hay un ejemplo muy
claro de lo que persigue el Poder Ejecutivo con ese proyecto. Les he dado una copia de la instrucción 3/2009, de la secretaria general, la jefa de todos los secretarios judiciales, en relación con la huelga del otro día, en la que se pretendía que
los secretarios controlasen las horas de audiencia del juez, función que corresponde en exclusiva, en aras de la independencia judicial, al Consejo General del Poder Judicial y al servicio de inspección. Si tenemos un funcionario dependiente
jerárquicamente del ministro de Justicia, que hasta ahora era el principal colaborador del juez, del juzgado, y un miembro del tribunal se convierte en un colaborador, en una punta de lanza ejecutiva del Poder Judicial, entendemos que la
independencia puede quedar seriamente afectada. Además, estamos planteando mal el problema. Todo el mundo delega funciones rutinarias en funcionarios competentes que estén asignados a él, pero nadie pierde esas funciones. Estamos hablando de
quitar competencias a los jueces, de quitarles posibilidades de control del proceso, mientras que, por el contrario, un ministro, evidentemente, delega en el secretario de Estado y un secretario de Estado delega en el director general, pero nadie
entendería que esas delegaciones no fueran revocables y que el ministro perdiera el control de determinados asuntos de su ministerio y que quedaran exclusivamente en manos del secretario de Estado, porque entonces no habría un ministro sino dos, uno
para unos asuntos y otro para otros. Esa es la bicefalia que se denuncia en el informe al que he hecho referencia y que provocaría, en lugar de mejoras en el funcionamiento de la oficina judicial, serias distorsiones. Ese es nuestro punto de
vista, lo sometemos a su consideración y, por supuesto, acataremos cualquier ley que salga del Parlamento, como no podría ser de otra manera, pero creemos que tenemos derecho a exponer nuestra opinión y que esta puede ser útil.



Finalmente, no quiero terminar sin hablar de retribuciones, porque es una realidad que está ahí y de la que hay que hablar. Hemos dicho que en tiempo de crisis las asociaciones no podemos solicitar un aumento lineal de retribuciones, no es
correcto; lo hemos aplazado, en ningún caso ha sido motivo de huelga, pero los problemas retributivos están ahí. En particular pedimos una nueva ley de retribuciones. Eso es lo que nos parece fundamental. El origen de todo este malestar está en
el año 2002 con la nueva Ley de retribuciones que fue realmente una decepción para toda la carrera judicial. Ahí empezó el problema y después se han acumulado otras cuestiones, pero este es un punto importante a resolver porque pretendíamos,
siguiendo la doctrina del Consejo de Europa, que esa Ley de retribuciones consagrara la independencia de los jueces en el aspecto económico, y en lugar de eso lo que hizo esa nueva ley es introducir una productividad perniciosa y consagrar la
dependencia de los jueces del Ministerio de Justicia en aspectos fundamentales. Les he dado un artículo muy interesante de un profesor de derecho titulado La perniciosa influencia de las retribuciones variables. Les recomiendo su lectura porque
todos esos problemas se pronosticaron por el Foro en algún estudio del año 2002, quizás con menos datos de los que presenta el estudio, pero creo que expone bastante bien cuál ha sido el resultado del sistema de productividad y la influencia
negativa que ha tenido en la carrera judicial.



Lo que pedimos no es tanto una subida salarial como una modernización de la estructura del salario de los jueces. En este punto les remito a las conclusiones del V congreso -que las tienen ahí- y a la propuesta que hicimos a la mesa de
retribuciones, donde verán ustedes que más que de subidas hablamos de modernización de conceptos, de adecuación del salario a la realidad de las sedes judiciales, a la cambiante población urbana del siglo XXI y a los problemas que se plantean en los
juzgados.



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Muchas veces un juzgado atascado puede ser un día uno determinado y sin embargo, transcurrido un año, puede haber otros jueces. Esa flexibilidad es la que pedimos, así como el reconocimiento de determinados conceptos retributivos que son
comunes en la Función pública y que sin embargo se niegan a los jueces. Por otra parte, en materia de retribuciones no hemos renunciado a que algunos aspectos puntuales se resuelvan ya porque son auténticamente escandalosos. Porque yo entiendo que
es escandaloso que un juez en un juzgado único cobre 54 euros por una guardia de disponibilidad de siete días. Si se equipara a un médico o a cualquier otro profesional de nivel similar, comprenderán ustedes que eso es escandaloso. Además, no
sabemos a cuánto se paga la hora de guardia. Tengo el cuadro por si tienen curiosidad por verlo, y las horas de guardia se pagan desde 54 euros por semana hasta 108 por día, es decir, desde 7,73 euros por día a 108 euros por día dependiendo de los
juzgados, de las ciudades y de una serie de parámetros que en realidad no son muy racionales y que nos impiden saber cuánto vale la hora de guardia de un juez, que es algo que se sabe en cualquier otra profesión. En retribuciones quiero hacer
mención también a las sustituciones de los jueces. Mientras que no se supla la carencia de jueces tendremos un serio problema y no tendremos más remedio que utilizar sustituciones, y la justicia interina plantea un serio problema porque no tiene la
necesaria garantía de independencia judicial. Lo deseable -y creo que en este punto estamos de acuerdo las cuatro asociaciones- es suprimirlo. Tendríamos que sustituir los propios jueces pero actualmente las retribuciones que se nos pagan son
absolutamente miserables. Los diez primeros días son gratis, trabajes lo que trabajes, y entre 400 y 600 euros mensuales se paga normalmente por una sustitución. Una norma complementaria permitió una subida de esta retribución de hasta 1.600
euros, siempre que se trabajase el cien por cien más; es decir, siempre que un juez estuviese haciendo catorce horas diarias de trabajo se permite pagarle 1.600 euros mensuales más. Creo que debemos resolver esto con rapidez porque es un problema
importante.
Además, los jueces no queremos cobrar horas extra; quiero que quede bien claro, eso es lo que me transmite la mayoría de los compañeros. Los jueces queremos que haya un número de jueces suficiente y que se incluya un porcentaje
--calculamos un 10 por ciento más- para lo que denominamos jueces volantes adscritos con la finalidad exclusiva de cubrir las vacantes normales que se producen en la carrera judicial. Estamos dispuestos a asumir el problema de las sustituciones
transitoriamente mientras se da solución a este problema en un periodo de tiempo que ya he fijado antes y con unas retribuciones adecuadas.



Por último, en materia de acción social ya les he entregado el documento conjunto que aprobamos las cuatro asociaciones en el año 2006 que incluía medidas, la mayoría de las cuales no se han llevado a cabo y exigimos que se desarrollen.
Algunas de ellas son elementales y necesarias para conciliar la vida familiar y laboral, y muy particularmente el problema del traslado forzoso por ascenso -otra institución del siglo XIX-, innecesario y que distorsiona notablemente la vida familiar
y profesional de los jueces a lo largo de su carrera.



Junto a estas peticiones que son una explicación del documento del 12 de enero, en el V congreso el Foro propuso otras reformas en materia disciplinaria. Tienen ahí unas propuestas. Creemos que la reforma disciplinaria debe hacerse.
Creemos que los tipos deben precisarse más, eliminarse algunos, crearse otros nuevos. Las sanciones deben graduarse correctamente para eliminar la enorme discrecionalidad que hay ahora en las mismas y adecuarlas a la gravedad de resultados. Esa es
nuestra propuesta. También planteamos reformas en materia de responsabilidad civil y penal porque el régimen actual de los jueces españoles ni se corresponde con el que tiene la Función pública en España -ha sido eliminado en el caso de médicos y
de toda la clase de funcionarios- ni con lo que es normal en el resto de Europa. Ahí tienen el documento. Si luego tienen curiosidad sobre la opinión del foro en alguna cuestión más, con mucho gusto se lo explicaré. Además, pedimos una nueva Ley
Orgánica del Poder Judicial. Esto nos parece especialmente importante, ya lo he dicho al principio y lo resalto ahora. Un aspecto importante de esta Ley Orgánica del Poder Judicial debería ser conceder autonomía presupuestaria al consejo, al menos
en materia de retribuciones de los jueces, acabando con la irregular situación de que dependamos económicamente del Poder Ejecutivo; cosa que contraviene, como ya les he dicho, las recomendaciones en este punto del Consejo de Europa. Esta ley
orgánica también debería restituir a los jueces la elección de los vocales judiciales, siguiendo estas mismas recomendaciones del Consejo de Europa.
Insisto en que no nos salimos ni un ápice de lo que considera adecuado el Consejo de Europa para
poder hablar de un Poder Judicial independiente en un Estado democrático.



Ya comenté en la comparecencia, que tuve el placer de tener con motivo de que el foro fuera consultado respecto a la elección de vocales al Consejo General del Poder Judicial, que el foro cree que las relaciones entre el Poder Judicial y el
Poder Legislativo no deberían ser intermediadas por el Poder Ejecutivo, deberían ser directas. Por tanto, esta comparecencia no solamente no nos parece mal, sino que es un modelo que debería repetirse con más frecuencia. Es más, el presidente del
Tribunal Supremo, ante la apertura del año judicial debería comparecer en esta Cámara, al igual que lo hace el presidente del Gobierno, para explicar el estado, la situación y los problemas de la justicia. Es importante que ustedes, quienes tienen
que elaborar los proyectos que pueden resolver estos problemas, tengan una información directa y de primera mano de los depositarios del Poder Judicial sobre cuáles son estos problemas.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallardo, le agradezco la comparecencia.



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Vamos a suspender la sesión por unos minutos ya que me comunican que en la sala de al lado se ha dispuesto lo que se estaba esperando.



(Se suspende la sesión.)


(Se reanuda la sesión.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.



Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Ridao.



El señor RIDAO I MARTÍN: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia de Foro Judicial Independiente y las explicaciones que nos han facilitado.



En primer término, usted ha planteado, aunque sea brevemente, un debate de fondo que no tenemos tiempo ahora de ventilar, como es la pluralidad o, en este caso, la heterogeneidad ideológica de la carrera judicial. En cualquier caso,
admitiendo que la Administración de Justicia -como hoy se ha dicho repetidamente- es quizá la que menos se ha modernizado del conjunto de la Función pública, también quiero decirle, con la misma honestidad, que hay una parte importante de la opinión
pública y de los grupos políticos que tienen la impresión de que hay una parte de la judicatura, de los jueces, que tampoco ha evolucionado en la medida en que mantiene un espíritu corporativo que, como toda defensa de intereses privativos, supone
un abuso de posición e incluso una mentalidad conservadora. Le pongo un ejemplo. La hilarante sanción que se impuso en su día al juez Tirado y la reacción que suscitó me parece un episodio un poco vergonzoso de autoprotección gremial, por decirlo
de alguna forma, dicho sea de paso, porque lo importante hoy es hablar de la situación de la justicia. Pero le decía esto porque esta es una comparecencia que cabalga oportunamente sobre el malestar y la protesta judicial que es la que, en
definitiva, paralizó la justicia hace algunas semanas. Lo digo porque si un marciano bajara hoy de improviso y escuchara algunas de las apreciaciones que se han hecho aquí, podría pensar perfectamente que el origen del paro estaba o está
exclusivamente en los retrasos crónicos que presenta la justicia, o en la obsolescencia de los medios personales y materiales, o en la dispersión de los sistemas informáticos, o en la acumulación de ejecuciones penales, etcétera, etcétera. En
cambio, creemos que detrás de esa plataforma reivindicativa o de este documento reivindicativo de la carrera judicial que podíamos asumir plenamente y en su integridad, se enmascara en buena parte, o se oculta deliberadamente, el hecho de que una
parte de la judicatura alentó el paro contra el Gobierno a raíz del caso Tirado. Es decir, hasta cierto punto la falta de medios de la Administración de Justicia es o ha sido motivo accesorio para el parón de la actividad judicial, porque no se nos
oculta que hay una queja de una parte de la carrera judicial a raíz de lo que se ha venido en llamar una injerencia, en este caso, de un poder del Estado como el Ejecutivo, e incluso el Legislativo, en el Poder Judicial. De ahí que ha habido, en
nuestra opinión, claramente un cierto cierre de filas corporativista. Yo no voy, evidentemente, a calificar como de fronda corporativista el paro judicial, como hizo un distinguido medio de comunicación, ni voy a hablar de intocables como hizo ya
el ex ministro de Justicia. Es más, estoy dispuesto a conceder en nombre de nuestro grupo que el Gobierno, sin pretenderlo, ha encendido la mecha del polvorín en forma de protesta porque la justicia ciertamente no funciona, pero creo que la
precariedad y la penuria de medios que presenta la justicia no exime a los jueces, o incluso a los secretarios, de que actúen siempre responsablemente, de que asuman su responsabilidad y que, en el caso de la huelga, hayan actuado de forma poco
oportuna, porque en nuestra opinión -y lo he dicho repetidamente- la huelga no era conveniente.



Dicho esto, porque en el diagnóstico de los problemas de la justicia podríamos estar de acuerdo -creo que el descontento con la justicia es general dentro y fuera de la misma-, ustedes y otras asociaciones han hecho algunas propuestas
perfectamente estimables para acabar con el hartazgo que existe con la Administración de Justicia y para poner fin a estas históricas o atávicas desatenciones que padece la justicia, cuya consecuencia más evidente es el colapso de unas estructuras
perfectamente caducas. Tomamos muy buena nota de algunas de las reivindicaciones que ustedes plantean y que, insisto, podemos compartir, como la necesidad de instaurar la nueva oficina judicial. En ese sentido, nos gustaría que hicieran alguna
aportación más concreta o más prolija ante el proyecto de ley que está en curso en este momento en esta Cámara en relación a las reformas procesales pertinentes. También estamos de acuerdo, evidentemente, en la incorporación de las nuevas
tecnologías, en la mejora sustancial de la formación, en la racionalización de la carga máxima de trabajo de los jueces, en la revisión de la planta judicial y, por tanto, desde ese punto de vista, quiero agradecer su comparecencia e insistir en que
vamos a tomar buena nota de la mayoría de sus aportaciones.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Gallardo, he escuchado con atención sus reflexiones y la verdad es que me parecen -perdóneme la expresión- preñadas de sentido común en su generalidad, aunque podrían ser matizadas o incluso ser contradichas
algunas de ellas. Ha dicho una cosa que me preocupa particularmente -y no sabe lo que me complace que una persona que pertenece la Administración de Justicia comparta esta opinión- en relación con el Código Penal y con su crecimiento; no sé dónde
ha quedado el principio de intervención mínima, porque desde mi punto de vista ha


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sido relativizado. El Código Penal no es el que aprobamos en el año 1995, ahora parece la colección Aranzadi. Cada vez que hay un problema que alarma a la sociedad -parcial, sectorialmente o en un barrio o en una casa- se crea un tipo
penal específico nuevo y hasta cierto punto esto está creando un problema muy serio. La planta judicial en este orden de la jurisdicción no crece de la misma manera que crece el Código Penal, dada la propensión que tenemos los legisladores a buscar
e inocular en el Código Penal tipos penales nuevos; esto es una patología. Debo decirle con toda honestidad que soy el presidente de la Comisión de Seguridad Vial y tengo muchas dudas de que estos delitos que han sido tipificados en relación con
el tráfico meriten ser tipificados como delitos o injustos penales delictivos. Mi compañero, don Jordi Jané, me está mirando mal porque él mantiene la tesis contraria, pero yo sigo creyendo en el principio de mínima intervención y de la última
ratio del derecho penal. Las cosas están como están, pero evidentemente usted ha puesto el dedo en la llaga, lo que no crecen son los juzgados penales para atender a este incremento espectacular de las diligencias que hay que practicar, de las
instrucciones sumariales, de las fases plenarias de los juicios; eso no crece y ahí le doy absolutamente la razón.



En cuanto a los servicios informáticos, ha puesto el dedo en la llaga de nuevo, están descoordinados. Hay que hacer un esfuerzo, esto es obvio.
Estoy convencido de que el día que esto se haga bien de verdad -y alguien lo tendrá que hacer
bien, el Cendoj o quien sea- va a constituir un salto cualitativo en materia de eficiencia en relación con la Administración de Justicia. Sin embargo, le podría indicar que, en relación con algunas de sus reflexiones, tengo algunas dudas o algunas
reservas mentales. Usted ha hablado de productivismo en relación con la estructuración de módulos de medición de la productividad -valga la redundancia- de los jueces y magistrados, realizada por cierto por el Consejo General del Poder Judicial,
pero en concordancia y con consenso de las asociaciones judiciales, no con la suya, porque creo que no existía en aquel momento todavía, por lo que no lo pudieran firmar. Es metafísicamente imposible, no existiendo, poder suscribir un consenso de
estas características.
Todas las demás suscribieron el sistema de módulos, que tampoco es para pensar que los jueces van a morir por razones coronarias o de estrés precisamente, entendiendo, según los módulos, por poner un ejemplo paradigmático y
siguiendo con la jurisdicción contencioso-administrativa, que un ponente, que un juez de la jurisdicción contencioso-administrativa, tiene que redactar tres ponencias a la semana. No me parece desmesurado, me tendría que colocar en su pellejo.

Igual hay juicios contenciosos muy complejos y en una semana a lo mejor solo es una ponencia la que se puede redactar, más las deliberaciones posteriores, más la redacción de la sentencia, etcétera, pero tres no parecen demasiado. Si hacemos una
especie de ficción comparativa, señor presidente, en relación con el número de enmiendas que tenemos que redactar nosotros, creo que los diputados salimos ganando por ahora, pero esto es un obiter dicta. Algún sistema tiene que existir en virtud
del cual una actividad tan deletérea, tan creativa, que requiere recurrir a procedimientos de hermenéutica, de interpretación de las leyes, leyes muy imperfectas muchas veces, se pueda medir. No sé si ustedes estarían en la tesitura de propiciar
otros consejos sobre un sistema de módulos que a su vez tenga efectos retributivos o es que renuncian, ab initio, a cualquier sistema de medición de la productividad de los jueces porque consideran que es metafísicamente imposible hacerlo. Esta es
la pregunta específica que le haría.



En relación con los señalamientos, ya ha sido debatido ad nauseam esta mañana. Ustedes siguen considerando que es una función jurisdiccional; podría tener, en el mejor de los casos, la doble condición de jurisdiccional y de ordenación o de
impulso del procedimiento, pero es una cuestión que tendremos que analizar ahora en el debate de la ley, aunque su opinión nos parece relevante.



En relación con las retribuciones, me ha parecido entender que la organización que ustedes representan es la única que no ha suspendido provisionalmente esta reivindicación en las negociaciones o en las mesas abiertas con el Ministerio de
Justicia, que ustedes siguen manteniendo que la Ley de retribuciones es injusta y que no solo hay que actualizar la ley sino las retribuciones periódicamente o, cuando menos, buscar a corto plazo un sistema retributivo nuevo, pero con inmediatez;
sin embargo, hemos oído en boca de los portavoces de otras asociaciones que este es un tema que quedaría aparcado provisionalmente. Me da la impresión de que no convalidan o no asumen este aparcamiento como una reivindicación propia de la
asociación que ustedes representan.



Respecto a con la justicia interina, su posición ha sido particularmente crítica, particularmente lacerante, pero hay muchas cosas que decir.
Mientras la provisión o la recluta de jueces no sea más ágil, los requerimientos de los
justiciables, el número de litigios, el número de pleitos exige recurrir a procedimientos de selección de carácter interino. Usted sabe que existían incluso magistrados suplentes de adscripción permanente; es decir, la justicia interina en ciertas
ocasiones incluso ha adquirido naturaleza o condiciones de perdurabilidad en el tiempo. Un magistrado suplente de adscripción permanente es a todos los efectos un magistrado que se adscribe permanentemente a un órgano judicial, sobre todo porque
hay una reflexión que creo que no hemos hecho a lo largo de esta mañana y que quizá no fuera irrelevante hacerla, y es que hay determinados territorios del Estado español en los que la vocación judicial no aflora en términos cuantitativamente
espectaculares ni tampoco hay una gran vocación por parte de los jueces por acudir a las plazas que están vacantes en esos territorios, y no me voy a referir a ninguno en concreto, aunque usted sabe a cuáles me estoy refiriendo exactamente; en
concreto,


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hay una comunidad autónoma a la que siempre van, y no voluntariamente, los últimos, los peor calificados en la escuela judicial, los últimos de la promoción de la escuela judicial, y además no sin preocupaciones, la mayoría de las veces
infundadas.



Por último, ustedes han reivindicado -con esto acabo, señor presidente- que elaboremos una ley orgánica del Poder Judicial. Es una pretensión que les aceptamos, como todo lo que se hace aquí, a beneficio de inventario.
La idea nos parece
sugerente, pero pretenden la elaboración de una nueva ley orgánica del Poder Judicial en la que preconizan algo que me parece dudoso, y es que el Consejo General del Poder Judicial posea autonomía presupuestaria. Me gustaría que me precise a qué se
refiere, porque ya la posee. Las consignaciones presupuestarias con las que se financian las actividades del Consejo General del Poder Judicial se aprueban en las Cortes Generales del Estado, como todas las demás de todos los órganos
constitucionales del Estado, pero es que el Consejo General del Poder Judicial las ejecuta con una autonomía presupuestaria absoluta.



Con estas preguntas, señor presidente, doy por satisfecha mi curiosidad.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiero agradecer al presidente y al vicepresidente de Foro Judicial Independiente su presencia hoy ante esta Comisión de Justicia.
Hemos escuchado sus aportaciones, algunas de ellas coincidentes con las ya manifestadas por otras asociaciones judiciales.
Señor Gallardo Correa, me ha parecido elocuente el hecho de que usted discrepara abiertamente de otros comparecientes en
cuanto a la forma de reclutar los futuros jueces; usted defiende el actual sistema, y otros comparecientes, también de manera elocuente, han defendido alternativas.
Pero hay algo cierto, y creo que todos llegaríamos a compartirlo, y es que el
sistema que sea, el que por consenso seamos capaces de arbitrar -no olvidemos que sería muy negativo ir cambiando de sistema cada cinco o seis años; si se cambia el sistema debería ser con cierta vocación de continuidad- debe garantizar en todo
caso que cualquier ciudadano pueda llegar a la judicatura. Un principio de todo Estado democrático es que esto no sea solo para unos. Es cierto que el actual sistema de oposición ha permitido, sobre todo en aquellas comunidades autónomas que han
arbitrado un sistema de becas, que gente de los estratos más humildes puedan llegar a ser jueces. Esto se ha conseguido, pero también es verdad que el sistema que tenemos, basado en el conocimiento estricto de un conjunto de temas de Derecho que
deben repetirse de forma memorística no siempre garantiza que lleguen los mejores, puede que lleguen los que más esfuerzo memorístico realizan pero no estoy tan seguro de que en cada caso lleguen los mejores que podrían llegar. Esta es una
reflexión que también nos deberíamos hacer todos en el marco de nuestro Estado democrático. Queremos que cualquiera pueda llegar y, por tanto, cualquier jurista que realice ese esfuerzo de memoria y se sepa los temas después de haber estado
encerrado una serie de años -usted decía que en su caso habían sido dos años; ahora son algunos más- lo logra, y quizá también lo lograría ese jurista que viene de un estrato no poderoso previamente, pero además deberíamos saber canalizar personas
jurídicamente muy preparadas que por no querer asumir el mecanismos repetitivo y memorístico de un sistema de oposición abandonan esa salida cuando podrían ser excelentes jueces con otro sistema de selección. Por tanto, considero que no le falta
razón en su apreciación de aquello que ha permitido la presencia de una pluralidad de estratos en el Poder Judicial, pero en ocasiones el sistema actual provoca que muchos que harían una perfecta y brillante labor jurídica no lleguen nunca a la
judicatura. Deberíamos reflexionar sobre esto.



He entendido que hacía totalmente suyas el Foro Judicial Independiente las reclamaciones expresadas en ese documento conjunto del pasado 12 de enero. Ahí hay propuestas concretas en lo que se refiere a la planta judicial, pero sobre todo en
relación con la nueva oficina judicial. En cuanto a esa nueva oficina judicial, el proyecto de ley está en trámite de presentación de enmiendas. A Congergència i Unió nos gustaría saber cómo vislumbran ustedes la distribución de poderes entre
jueces y secretarios en esa nueva oficina judicial. ¿Consideran que no debería cambiar nada o hay algún aspecto que debe replantarse? Ustedes han afirmado que están en contra de que los jueces puedan dejar de tener la facultad de señalar los
juicios y vistas, pero ¿qué atribuciones darían a los secretarios, qué atribuciones entienden que los jueces deberían dejar de tener o no cambiarían nada? Es algo que también queríamos preguntar desde mi grupo. Hay un proyecto de ley en marcha que
opta por otra redistribución de funciones. Evidentemente, lo podemos enmendar desde el consenso, pero nos gustaría saber cuál sería la alternativa que ustedes defienden.



Como es nuestra última intervención deseo decirle al señor presidente que ha sido muy positivo haber realizado estas comparecencias en la Comisión de Justicia. Deberíamos hacerlas más a menudo porque es bueno que jueces y magistrados tengan
ese contacto directo con el Poder Legislativo.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ferrer.



El señor FERRER ROSELLÓ: En primer lugar, quiero agradecer al compareciente su amable compañía en esta tarde. Yo podría hacer la gracia de decirles tanto a usted como a los miembros de la Comisión que estoy casi absolutamente de acuerdo
con lo que usted ha manifestado


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esta tarde y con ello dar por terminada mi intervención, pero no estoy tan generoso como para eso.



Mi grupo piensa honestamente que asistimos a la peor crisis que ha vivido la justicia española me cuesta decir que en los últimos treinta años porque me cuesta unir el concepto de peor crisis con el de periodo democrático, pero en cualquier
caso es una crisis sin precedentes. La solución de cualquier crisis requiere algo de sistemática a la hora de abordarla y por tanto algo de graduación de los problemas. Nosotros entendemos que a la cabeza de todos ellos, el primero de los
problemas que hay que definir es el propio sistema. Creemos hallarnos ante mantener el principio de división de poderes y por tanto considerar al Poder Judicial como uno de esos poderes fundamentales del Estado y asumir su independencia como tal o,
como hemos oído a alguna fuerza política recientemente, el principio de división de poderes es un principio enterrado y olvidado. Esto es lo primero que tenemos que tener claro lo primero, porque si no tenemos claro el modelo de justicia que
queremos, difícilmente vamos a poder entrar en cuestiones de menor enjundia. Por cierto, no puedo evitar la maldad de recordar que precisamente estos grupos que defienden la inexistencia del principio de división de poderes y, por tanto, la
independencia del Poder Judicial son aquellos que les recuerdan que son un poder del Estado y que por ello no pueden hacer huelga. Es una cuestión que me ha llamado siempre la atención.



Junto a este problema, definir el modelo de justicia que deseamos en este país, está lo que llamaríamos -y no quiero sonar ligero- problemas de intendencia. Coincido con usted plenamente, no hay modificación de la oficina judicial, no hay
reforma legislativa, no hay esfuerzo presupuestario, a nivel de modernización o sistemas de comunicación, que pueda suplir el hecho incontestable de que necesitamos entre 4.500 y 5.000 jueces más, del doble a algo más del doble de los que tenemos.
No hay nada que pueda suplir eso. Junto a ello, es cierto que la oficina judicial no funciona como debe, que nos encontramos en una situación de atasco insostenible. Esa percepción que hay en la sociedad de que los jueces han perdido su condición
de poder independiente, junto con el hecho de que funciona mal -el ciudadano, cuando recurre a la justicia, tiene la sensación de que es una maquinaria que no funciona correctamente-, degenera en una sensación de desprestigio social de la justicia
como tal, algo que percibes en cuanto lees cualquier informe sociológico al respecto. Este desprestigio genera desconfianza en la justicia y una justicia en la que el ciudadano no puede confiar no sirve, no es justicia; es cuestión fundamental,
básica y elemental, que el ciudadano, que la sociedad confíe en el sistema judicial. Por tanto, repito, creo honestamente que nos encontramos ante la peor crisis que ha padecido la justicia de este país. Puesto que esta situación es así, me parece
de una enorme ligereza atribuir la actitud de los jueces a una voluntad de defensa corporativa de derechos y mucho menos a considerarles a ustedes como unos alborotadores. Esto es de una enorme ligereza, entre otras cosas porque todo el mundo
honradamente, seriamente, es consciente de que la batalla que ustedes han emprendido, si la ganan, no la ganan los jueces, la gana la sociedad y si la pierden, no la pierden, los jueces, la pierde la sociedad de este país.



Dicho esto, nosotros apostamos abiertamente por la negociación. Nosotros deseamos que se negocie, que se haga un esfuerzo por negociar, más allá de lo que en un momento determinado pueda parecer razonable a priori.
También somos
conscientes de que el Gobierno hasta tal día como hoy no ha contribuido en nada a crear ese clima, porque entendemos que el Gobierno no ha estado negociando, ha estado maniobrando con el Poder Judicial, que son cosas bien distintas. En cualquier
caso, quiero que quede constancia de nuestro llamamiento al esfuerzo negociador, al diálogo y, si es posible, al consenso para llegar a algún tipo de solución. Desde mi grupo no pretendemos decirles qué tienen que negociar. Ustedes lo saben, entre
otras cosas porque no tienen que negociarlo con nosotros, pero sí les digo que creo que vivimos un momento histórico. Creo que de esta situación, con el esfuerzo de todos -de ustedes, del Gobierno y del Poder Legislativo-, podríamos quebrar la
tendencia de los últimos años que juega en deterioro de, a nuestro juicio, uno de los poderes fundamentales del Estado y por tanto del propio sistema democrático. Yo no voy a abrumarles con cuestiones de muchísimo interés que han planteado quienes
me han precedido en el uso de la palabra y que escucharé, repito, con el mismo interés, pero sí quisiéramos saber en qué situación se encuentra su negociación con el Gobierno, si hay o no hay negociación con el Gobierno, cuál es el horizonte y las
previsiones que ustedes tienen en este momento alrededor de esa negociación y también, por qué no, si mantienen la posibilidad de convocar una jornada de similares circunstancias de la que vivimos recientemente.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Don Conrado Gallardo y don Enrique García, presidente y vicepresidente del Foro Judicial Independiente, muchas gracias por estar aquí, en esta, yo creo, ya maratoniana pero interesantísima, a mi juicio al
menos, sesión que estamos celebrando en la Comisión de Justicia. Bienvenidos, aunque ya estemos terminando, gracias por su información. Quiero decirles que, como han podido comprobar a lo largo de toda la sesión, y como corresponde, esto es un
acto de normalidad democrática en un Estado maduro y en una democracia consolidada como es la democracia española, más allá, permítanme el paréntesis, de la última intervención que he escuchado, que no me extraña que hablara de antes del año 1978,
porque parece que no existía Constitución ni división de


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poderes, y voy a omitir, porque creo que no merece la pena, dicho sea respetuosamente, contestar a estas reflexiones a estas alturas, no de la tarde, sino de la época en que nos encontramos, que es el año 2009, don Vicente Ferrer.



Dicho eso, vamos a lo interesante. Quisiera hacer algunas reflexiones, pero antes de entrar en el fondo, si me lo permite, voy a felicitar al presidente de la Comisión por la excursión que hemos hecho hace un rato a la sala Sagasta,
excursión que ha hecho que los medios personales estén mejor con la dotación de medios materiales dentro de esta Comisión y nos ha permitido continuar con nuevos brios esta interesantísima jornada.
Gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Todo sea por el fósforo y los nuevos brios.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Dicho eso, y yendo a la seriedad que requiere la situación, quiero decirles de entrada, porque ha sido coincidente con el resto de los representantes de asociaciones, que compartimos con ustedes un altísimo
grado del diagnóstico, de la urgente y necesaria modernización de la Administración de Justicia, que la justicia en los últimos treinta años -los anteriores se los dejo a don Vicente Ferrer- no ha tenido la priorización suficiente por parte de
ningún Gobierno, por decirlo claro, no la suficiente, si bien es verdad que la Administración de Justicia de hoy nada o poco tiene que ver con la Administración de Justicia de hace unos cuantos años, aunque en términos relativos la situación es de
carencias y no se puede homogeneizar con el nivel que tiene la sociedad española y con el que le corresponde en el resto de los ámbitos de los servicios públicos.



Entrando ya en los aspectos que usted ha tocado, es evidente que no puedo omitir una referencia al hecho acaecido el día 18, aunque le indico ya que a mi grupo parlamentario le interesa sobre todo hablar del mañana y del futuro. No podemos
omitir la realidad de la celebración de una huelga que ustedes convocaron -fueron una de las partes convocantes- y con cuyos planteamientos mi grupo parlamentario discrepa absoluta y abiertamente.
Porque entendemos que no existe cobertura legal,
que un poder del Estado no puede ir a la huelga, que el hecho de que no exista regulación prohibitiva no tiene otra explicación que la innecesariedad de dicha regulación, como no existe para los ministros y no existe para los parlamentarios, algo
que sería, por sentido común, impensable. Además, llevan a cabo una jornada de huelga en un momento en el que se están dedicando más medios materiales a la justicia que en ningún momento anterior, el 60 por ciento más de presupuesto que en 2004
-siendo manifiestamente insuficiente, no se me entienda mal- y en un momento en el que se está creando el mayor número de plazas de jueces y fiscales de la historia de la democracia. En la última legislatura se crearon 1.148 plazas de jueces y
fiscales -son datos concretos- frente a los 512 de la legislatura anterior, donde no existía el problema; 512, 1.148.
Coincidimos también en que hace falta un mayor número de jueces, pero probablemente el sistema de acceso no posibilite -lo digo
en términos relativos, sin ser una afirmación absoluta- concertar o incorporar un número de jueces muy superior a esa media, que no es tan escasa como lo que usted decía, yendo a los hechos reales, no a las promesas. Y a la vez hay un proyecto de
ley de modernización de reformas procesales, que les gustará más o menos, pero que estaba en el Parlamento desde el día 19 de diciembre; hay mesa de negociación abierta y hay descontento por una serie de razones, algunas de las cuales podemos
compartir y otras no, pero que evidentemente estaban ahí. Es decir, en un momento en el que el escenario es ese, con voluntad de negociación, se produce esta huelga, privando a los ciudadanos del derecho a la tutela judicial efectiva, que es un
derecho que está por encima del derecho de huelga. Pero más allá y los hemos dicho y reiterado, de la importancia del derecho de huelga para 4.400 señores jueces -y no lo digo en tono irónico, sino con todo el respeto que me merecen-, el problema
no es si ustedes tienen o no derecho de huelga, que será un problema político o jurídico de interés sobre el que debatir y sobre el que se podrá profundizar, sino el servicio público de la justicia y sus destinatarios, que son cuarenta y tantos
millones de españoles, que tienen un servicio público que no está a la altura que ellos demandan y que esta sociedad se merece. Luego ese problema no era el más importante ni lo era, a nuestro juicio y con la lógica discrepancia, que ustedes
pudieran acudir o no a celebrar esa jornada de huelga.



Tengo que discrepar también en que el problema sea solo o fundamentalmente el número de jueces. Decía usted que aunque reformen la oficina, si no hay muchos más jueces y hay menos carga de trabajo, no tiene arreglo. Yo creo que la
prioridad es un poco al revés: hacen falta más medios -por supuesto- personales y materiales, pero hace falta tanto o más mejorar las estructuras de funcionamiento, mejorar la oficina judicial, mejorar los procedimientos, es decir cambiar algo
ineficiente por un sistema más eficiente. Porque el sentido común, en nuestra respetuosa opinión, indica que si se inyectan muchos más medios sobre algo que es ineficiente, claro que palias esa carencia, ese atasco, lo palias, pero estás no
optimizando los recursos públicos si estás apostando, incrementando o ampliando sobre una base ineficiente. Por tanto, en opinión de mi grupo parlamentario -voy muy rápido, señor presidente-, es tan importante o más el intento de modernización que
el número de jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia, que también, pero hay que implantar las nuevas tecnologías y hay que llevar a cabo la modernización de la oficina judicial.



Como sé que en este trámite no lo podemos agotar, nos gustaría conocer, si lo tienen a bien y aunque algunas cosas ya hemos escuchado, el punto de vista de su asociación


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respecto a este proyecto de ley de reformas procesales y de implantación de la oficina judicial. Estamos todavía en fase de enmiendas y nuestra voluntad es que esto entre en vigor cuanto antes, como instrumento no como fin, como un elemento
sustancial e imprescindible para poner en marcha la modernización de la justicia. No se puede decir que con aprobar estos mecanismos la justicia ya esté modernizada, vienen después muchas más cosas, pero sí es un elemento imprescindible. En ese
sentido, les agradeceríamos, si lo tienen a bien, que nos hagan llegar sus acuerdos y sus desacuerdos.



Hablando de separación de poderes, también quisiera hacer alguna pequeña reflexión, con la misma libertad, como es lógico, que no fiscalización, con la que ustedes se tienen que manifestar, igual que nosotros. El respeto a la separación de
poderes. Claro que tiene que haberlo, de manera indubitada. En estos días estamos viendo y viviendo ataques frontales a la independencia judicial y a veces sin pronunciamientos -no es ninguna crítica, es una reflexión- por hechos mucho más graves
que algún otro que parece ser que a ustedes les hizo enfadarse muchísimo, probablemente con alguna parte de razón que yo no voy a evaluar, porque eso es subjetivo y a ustedes les pareció así. Pero es que estos días estamos escuchando cosas como:
Que me den los nombres de los imputados, que se levante el secreto del sumario, que está prevaricando, que se inhiba, que hay una cacería, refiriéndose a actuaciones jurisdiccionales y a sumarios concretos. Y ya si tenemos en cuenta -no quería
hablar de nombres por no abrir mucho el debate- que el propio vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial se permite entrar en aspectos de este tipo, me pregunto yo que a lo mejor el principal problema de la falta de respeto a la división
de poderes no viene precisamente en alguna dirección, sino que es multidireccional y concentrado casi siempre en el mismo origen, casi siempre. Y, dentro de esa separación de poderes, nos parece -eso es lo más directo, lo otro es tangencial-
especialmente relevante que el mismo respeto que, con razón, piden ustedes a otros poderes hacia el Poder Judicial, tenga el Poder Judicial hacia los otros poderes. Ahora hablo en concreto del Poder Legislativo, como máximo órgano de la soberanía
popular, porque dentro de esta confianza y esta colaboración que sinceramente les estamos pidiendo para que nos digan cómo ven ustedes las cosas y cómo creen que debemos resolverlas, a ustedes les tenemos que escuchar, como protagonistas importantes
que son del ámbito de la justicia, pero no son los únicos y, al final, se atenderá o no -esperemos que sea satisfactorio en el mayor grado-, pero sí les diría que, por favor, no se les ocurra, entre comillas, presionar o amenazar al Poder
Legislativo, en el sentido de decir: O me hacen esto no sé cómo, o adoptaré medidas de presión, o amenazaré con una huelga.
Eso no sería -permítanme que les diga- una buena dinámica, además de que no lo íbamos a tolerar, al igual que ustedes no
tienen que tolerar ninguna injerencia en sentido distinto; no la libertad de expresión, no la discrepancia, que tiene que existir para que el sistema democrático sea más robusto y más potente, claro que sí. Cualquier actividad legislativa, del
Ejecutivo, del Judicial, se puede dialogar, discutir y criticar, pero no formular injerencias en el ejercicio de la función que a cada uno nos corresponde.



No voy a entrar en muchas más cosas, porque sé que han escuchado ya muchas horas de debate, el 'Diario de Sesiones' está ahí, los posicionamientos están ahí. Simplemente quiero concluir diciéndoles que para el Grupo Parlamentario Socialista
ha sido muy positiva la jornada y que esto tiene que ser un principio y no un final, no solo en el ámbito judicial sino en otros ámbitos de la sociedad, donde la colaboración y la coordinación entre todos los servidores públicos -sobre todo, no
solo, pero sobre todo- debería ser una constante de la normalidad de la vida democrática.



Muchas gracias por su información.



El señor PRESIDENTE: El señor Olabarría me pide la palabra. Señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero indicar, para que no se considere una descortesía por los comparecientes, que ya he manifestado antes mi condición de presidente de la Comisión de Seguridad Vial y, casualmente, me está esperando mi homónimo
brasileño y, ante una cortesía de ámbito internacional y una cortesía de ámbito estatal, espero que me comprendan.
Atenderé muy gustoso a lo que ustedes indiquen en el 'Diario de Sesiones'.



El señor PRESIDENTE: Habrá un 'Diario de Sesiones', un instrumento muy útil al servicio de todas las comisiones. Está usted exento de permanecer en la sala, señor Olabarría.



Tiene la palabra don Conrado Gallardo.



El señor PRESIDENTE DEL FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE (Gallardo Correa): Comenzando por las cuestiones que se han planteado, se ha dicho que parte de la judicatura no ha evolucionado, que tiene una mentalidad conservadora, lo cual es verdad,
porque parte de la sociedad española no ha evolucionado y tiene una mentalidad conservadora. Cuando hablo de pluralidad de la carrera judicial, quiero decir que en la carrera judicial hay ciudadanos normales y corrientes, que reflejan muy bien al
resto de la sociedad española y, por tanto, hay gente de mentalidad conservadora y gente que no ha evolucionado en el sentido de que sigue teniendo una mentalidad un poco anticuada, un poco desfasada, lo cual no quiere decir ni mucho menos que sea
una mentalidad antidemocrática. Esa es precisamente la normalidad de la que yo hablo cuando digo que hay una total normalidad en la carrera judicial.



Se ha mencionado en muchas ocasiones el caso Tirado. Yo no quería hablar de este caso, porque no quiero conectarlo con las reivindicaciones de los jueces, pero no


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obstante creo que no puedo eludir la cuestión. Señorías, la sanción de un juez no ha sido nunca motivo de protesta de las asociaciones judiciales, y los datos que tengo son que en los siete años del anterior Consejo General del Poder
Judicial se abrían 50 expedientes por año, de los cuales aproximadamente entre 25 y 30 de media acababan en sanción a jueces de muy diverso tipo y consideración. En esos siete años ha habido jueces enjuiciados y condenados, no por vocales del
consejo nombrados por el Parlamento, sino por jueces en el ejercicio de sus funciones, y no ha habido ni una sola protesta judicial. Recientemente ha habido varios casos de condenas a jueces por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y,
que yo sepa, nadie ha protestado.



El caso Tirado es la gota que colma el vaso, pero ¿por qué? Porque observamos un Poder Ejecutivo que intenta presionar para que se ponga sanción. La competencia disciplinaria es la más delicada que tiene el Consejo General del Poder
Judicial y prácticamente la única con sentido que realmente le queda. En nuestra opinión, la independencia del Consejo General del Poder Judicial ya queda muy tocada por la forma de nombramiento. Insisto, el foro se quiere ajustar en todas sus
opiniones a la doctrina del Consejo de Europa, porque nos parece que es sumamente imparcial, que no se nos puede acusar de corporativismo si estamos siguiendo las directrices de un organismo internacional que creo que merece respeto y consideración.
Ya queda muy tocado por la forma de elección. Encima el Poder Ejecutivo, un ministro, se permite decir en los medios de comunicación públicos cuál es la sanción que se debe poner y cuál es la sanción que corresponde al caso, y además lo hace en un
caso con el que muchos jueces pueden sentirse identificados, porque desgraciadamente ese juzgado estaba sobrecargado, no tenía medios personales ni materiales y además se encontraba en unas condiciones de funcionamiento penosas. No me estoy
metiendo en si merecía o no merecía esa sanción, si merecía una más grave, si el sistema disciplinario es correcto o si tenía que haberse agravado. No estoy tocando esas cuestiones; estoy diciendo la realidad de lo que ocurrió. Eso hizo que
muchos jueces se identificasen con esa actuación y sintiesen que el Gobierno estaba dispuesto a hacernos pagar una vez más el problema de la insuficiencia de medios. Esa fue la gota que colmó el vaso. No es la causa o el motivo de esos actos de
protesta; fue la gota que colmó el vaso en una situación que se viene arrastrando desde hace muchos años y que, en mi opinión, ya estalló más concretamente por primera vez en el año 2002 y se produjeron movilizaciones judiciales.



Se ha preguntado también -y salto un poco al final- que por qué en el caso del juez Garzón, que ha sido objeto de críticas por un determinado partido político, no se ha hecho. Muy sencillo. No es que no se haya hecho, es que la carrera
judicial no se siente identificada con el juez Garzón, y lo digo así de claro. No lo digo en el sentido de que sus ataques a la independencia no nos preocupen, que nos preocupan, sino que muy pocos jueces se van a encontrar en esa situación.
Realmente quiero que se me interprete bien; estoy hablando de una situación psicológica. A mí me preocupa mucho lo que ha pasado en el caso Garzón, que demuestra que se están perdiendo las formas y las maneras, pero digamos que no hay esa
identificación, ese decir: me puede pasar a mí en cualquier momento.
Les expongo una realidad, no les estoy dando mi opinión sobre el caso, porque evidentemente no me parece que sea el lugar; simplemente les estoy dando una explicación de por qué
ha habido una reacción tan sensible en un determinado caso y sin embargo este otro caso ha parecido tener menos trascendencia, aunque evidentemente también pueda interpretarse como un ataque a la independencia judicial y una pérdida sobre todo de
las formas a la hora de enfocar estos asuntos. Me parece bien que se interponga una querella por prevaricación si realmente se cree que hay motivos, pero ahí debería empezar la actuación judicial y no debería haber sido precedida por una serie de
amenazas o presiones para que actúe de determinada manera, porque, si no, presentaré la querella. Eso es lo que quería aclarar, la injerencia, no el resultado del proceso. Hubiéramos aceptado cualquier sanción, pero nos parecía intolerable que
hubiera habido una presión. Y eso además lo que provocó fue el golpe final en una situación que ya estaba muy tensa por los problemas graves que padecemos los jueces. Los ciudadanos están muy quejosos de la justicia, los jueces lo estamos mucho
más y mucho más afectados por los problemas de la justicia.
Nos gustaría hacerlo mejor y realmente en la mayor parte de los casos no podemos, sin perjuicio de que dentro de la carrera judicial, como en cualquier otro colectivo, haya la cuota de
personas que no trabajan bien o que hacen mal su trabajo, pero no es ese el mayor problema que tiene planteado hoy día la justicia española.



Nosotros, por lo demás, claro que asumimos nuestra responsabilidad. Somos plenamente conscientes de que la independencia tiene como correlativo la responsabilidad y la asumimos. No estamos negando en ningún momento que debamos ser
responsables por nuestros propios actos. Simplemente estamos diciendo que esa responsabilidad debe ser enjuiciada exclusivamente por un órgano plenamente independiente; eso es lo único que estamos reclamando. Y que además, a la hora de exigirnos
responsabilidad, se nos exija sobre la base de que previamente se nos han dado las condiciones para poder llevar a cabo nuestro trabajo responsablemente.



Otro tema que ha salido es la huelga. No sé si les han repartido un trabajo de Miguel Rodríguez-Piñero Royo, catedrático de derecho del trabajo, hijo también de un ilustre catedrático que fue profesor mío, donde trata, en mi opinión, con
bastante acierto el tema. Es un trabajo relativamente corto, de diecisiete folios, donde estudia todos los argumentos en pro y en contra de la huelga de jueces y llega a la conclusión de que en, su opinión -por supuesto, habrá otras opiniones-, es
perfectamente


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respetable. Yo no quiero entrar en argumentos teóricos y ahí los tienen si los quieren estudiar; hay otros muchos trabajos sobre este tema. Es lo normal en nuestro entorno europeo. También hay otros países que tienen prohibida la huelga
de jueces por ley, porque por regla general la tienen prohibida los funcionarios. Es una opción que, siempre que sea acorde con la Constitución de cada país, es correcta. La Organización Internacional del Trabajo en sus principios reconoce que
deben tener derecho a la huelga los altos funcionarios que ejercen autoridad del Estado, el sector público en general, y admite que en este caso de altos funcionarios que ejercen una autoridad del poder del Estado, en donde incluye a los
funcionarios judiciales, a los jueces, puede suprimirse el derecho de huelga, en razón de la posición privilegiada que ocupan dentro del esquema de poder del Estado, siempre que se les den medios alternativos para poder defender sus derechos
laborales y se pueda abusar, porque nosotros no controlamos nuestro trabajo, nos lo imponen desde fuera, al contrario de lo que ocurre con ustedes o con un ministro. Esos medios alternativos podrían ser un organismo de conciliación que fuera
estrictamente neutral entre las dos partes en conflicto o algún otro medio.



A mí no me parece que la huelga sea tan grave -ya he dicho que es normal en otros países- y creo que la hemos utilizado con mucha prudencia, pero quiero ser realista. La huelga de un solo día que hemos organizado no ha afectado a la tutela
judicial efectiva, porque nos hemos preocupado de que no lo haga. Desde luego, no ha afectado más que una huelga de funcionarios o que una huelga de secretarios, porque a efectos del ciudadano el resultado es el mismo, que no se puede celebrar ese
día su juicio. Sin embargo, nadie ha hablado de que una huelga de funcionarios afecte a la tutela judicial efectiva. Han quedado en servicios mínimos el número suficiente de jueces para que ningún derecho fundamental de los ciudadanos quede fuera
de protección y han quedado suficientes jueces de servicio como para que se garantice el mantenimiento de los servicios esenciales. Eso sí, lo que quiero es ser realista. Una huelga de un día no tiene por objetivo conseguir unas reivindicaciones,
presionar para que nos den algo, porque eso sería con una huelga indefinida, como la que, por cierto, están haciendo ahora los funcionarios de la Comunidad de Madrid o la que se hizo hace algún tiempo, que duró dos meses y, al final, consiguieron lo
que pretendían. Una huelga de un día tiene más una finalidad de protesta, de llamar la atención, de demostrar que realmente lo que estamos diciendo tiene un respaldo serio. Repito, quiero ser realista, y sin esa huelga hoy probablemente no
estaríamos hablando aquí, ni el ministerio reconsideraría mejor nuestras posiciones, ni los ciudadanos se hubieran enterado de que gran parte de los problemas que tienen los juzgados no son responsabilidad de los jueces. Por tanto, yo entiendo que
la huelga ha cumplido una de las finalidades legítimas que tiene una huelga y en ese sentido nos sentimos bastante satisfechos. No descartamos otras jornadas de huelga, de protesta. Nosotros no queremos la huelga, nadie la quiere, ningún juez y,
de hecho, el 40 por ciento ni siquiera accedió a hacerla. Queremos negociar, más que negociar, queremos resultados, queremos que de verdad se nos permita hacer nuestro trabajo en condiciones, que podamos dar el servicio que queremos dar a los
ciudadanos, que podamos garantizar los derechos de los ciudadanos. Si hemos acudido a la huelga como medida extrema es porque entendíamos que no teníamos otro camino para llamar la atención sobre el problema y para intentar conseguir que esto se
encauce. Puede que nos hayamos equivocado.
Yo no estoy en posesión de la verdad absoluta, pero esa fue la intención con la que se hizo y yo sigo pensando que en ese momento teníamos pocas alternativas.



Me llama la atención una cosa que se ha dicho aquí. Efectivamente, en este país siempre se acude al Código Penal cuando hay un problema, se resuelve vía penal, y en cierto modo me debería halagar, pues eso demuestra que en el fondo los
ciudadanos siguen teniendo más confianza en los jueces, a pesar de lo que digan las encuestas, que, efectivamente, son ciertas. Hay un problema enorme de colapso en la justicia que provoca que tenga una mala imagen, lo que pasa es que eso -entiendo
yo- no es culpa en su mayor parte de los jueces, pero a la hora de la verdad, en lugar de pasar los problemas a la Administración, a la Guardia Civil, a la Dirección General de Tráfico o a otras instituciones del Poder Ejecutivo, se pasan a los
jueces porque los ciudadanos siguen confiando en que nosotros los vamos a resolver o porque las instituciones siguen confiando en que con las sanciones que ponemos los jueces vamos a ser capaces de controlar, una confianza que en mi opinión muchas
veces es excesiva, es decir, el Código Penal, como ha dicho aquí el señor Olabarría, debe ser el último recurso y nuestro Código Penal está demasiado inflado de delitos que acaban haciendo perder la eficacia al propio sistema penal, porque evitan
que podamos dedicar el tiempo necesario a los delitos realmente graves que deben tener una solución penal. Quizá habría que hacer más eficaz a la Administración en muchos aspectos para evitar tener que pasar asuntos a penal; al contrario, habría
que sacar muchísimos asuntos del Código Penal y por ahí sí que podríamos conseguir una rebaja de la carga de trabajo que evitaría tener que crear muchos jueces, haciendo más eficaz un sistema español que es muy peculiar, que es conceder facultades
de sanción penal a la Administración, cosa que no es frecuente en otros países. En Alemania, por ejemplo, en Europa no se ve muy claro que ninguna sanción pueda ser impuesta por la Administración. El sistema español, que me parece muy inteligente,
creado en los años cincuenta, de que la Administración sanciona y si estás en desacuerdo acudes al juez, funciona muy bien y deberíamos aprovecharlo bastante mejor.



En cuanto al tema de los módulos y de la productividad, quisiera aclarar una cosa. Nosotros no nos oponemos a un sistema de medición del trabajo de los jueces; al contrario, eso es una garantía para los jueces.



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Por tanto, en ese punto estamos de acuerdo las cuatro asociaciones, el consejo anterior y el actual. A lo que nos oponemos es a que cualquier sistema de medición del trabajo se ligue a retribuciones económicas, y eso me parece que es una
distinción muy importante. La Ley de retribuciones, que consagra la productividad, lo que hacía era decir a la medición del trabajo la estimulo con retribuciones. Les he pasado el trabajo de un catedrático en el que con mucho detalle se estudian
los efectos negativos que ello ha tenido en la Administración de Justicia española y los que va a seguir produciendo. En definitiva, quiero aclarar que el foro no existía cuando se aprobó la Ley de retribuciones, pero que Francisco de Vitoria, que
sí existía, no la firmó; de hecho, se opuso radicalmente a ella, surgiendo en aquel movimiento el foro y pegando un gran salto hacia delante en número de afiliados a Francisco de Vitoria.
Quienes la suscribieron fueron la Asociación Profesional de
la Magistratura y Jueces para la Democracia, que actualmente consideran que fue un error o al menos eso es lo que nos han transmitido en las reuniones de la CIP, es decir, que el sistema no ha funcionado y de hecho el Tribunal Supremo lo derogó en
la práctica al establecer unas condiciones de aplicación que prácticamente son imposibles. Yo creo que hoy día nadie defiende ya eso. Nosotros pedimos esa reforma de retribuciones y pedimos no que se supriman los módulos, pues debe haber un
sistema de medición. Nosotros queremos saber cuántas horas tenemos que trabajar al día, qué trabajo tenemos que hacer al día; otra cosa es que se discuta cuál, si tres sentencias a la semana, cinco sentencias a la semana, diez sentencias a la
semana o diez juicios. Es un tema muy complicado, porque si hay una actividad compleja es precisamente la del juez y difícil de valorar por las múltiples facetas que tiene y porque la calidad y el problema de la productividad, que solo valora la
cantidad, en justicia es tan importante como la cantidad. Las sentencias tienen que dictarse en un tiempo razonable y eso lo piden los ciudadanos, pero si atienden a las encuestas del consejo, más preocupación tienen los ciudadanos porque el juez
le haya dedicado a ese asunto el tiempo que necesite; y no solamente eso, sino que le haya dedicado el tiempo que necesita ese asunto un juez debidamente formado y capacitado, y con ello entro en el problema que me han planteado sobre la justicia
interina. La justicia interina tiene problemas serios. ¡Ojo!, la justicia interina tiene representantes muy dignos -yo los he conocido- y además hoy por hoy no tenemos otra alternativa que la justicia interina porque el número de jueces que nos
falta no puede ser cubierto de otra manera, pero, evidentemente, un juez cuyo nombramiento debe ser renovado cada año discrecionalmente, que no ha pasado ningún filtro para que se compruebe su preparación y que además tiene unas expectativas
laborables discutibles, obviamente, no puede ofrecer garantías suficientes. De hecho, el tema de la justicia interina es muy discutido en el Consejo de Europa y suele ser rechazado. No se trata de descalificar a quienes están haciendo esa labor
tan meritoria de cubrir unas vacantes y unas deficiencias, se trata de decir que no es la solución ideal y que la tendencia debe ser a suprimirla, cosa que desde luego no va a pasar mañana.



Se han tratado también los señalamientos. Insisto, ¿qué oficina judicial queremos? El foro se ha pronunciado varias veces sobre este tema. No nos gusta no la actual reforma que está en tramitación aquí, no nos gusta la reforma que se hizo
en 2003 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En su momento nos pareció un error y, de hecho, el tiempo nos ha dado la razón.
Cinco años después -casi seis- nadie ha sido capaz de poner eso en marcha. Yo les diré personalmente que dudo mucho de
que alguien sea capaz de poner eso en marcha, porque no está bien pensado. Hay un problema muy grave en la Administración de Justicia -no me quiero pasar mucho del tiempo-, que es el despedazamiento de la justicia. El Poder Judicial ha sufrido lo
que no ha sufrido ninguna otra Administración. Ha sido despedazado. Ha sufrido las tensiones entre un sistema de justicia unitario que consagra la Constitución y un sistema de justicia federal que es el que desean determinadas comunidades
autónomas. El estirón que ha dado para intentar encajar un sistema unitario en uno federal ha provocado la famosa doctrina de la Administración de Justicia, que es un disparate. Es un disparate porque no se aplica en ningún otro lugar de la
Administración. A una comunidad autónoma o se le pasa un servicio entero o se queda en el Estado, pero no se le pasa medio servicio. Eso no tiene ningún sentido. Eso provoca una bicefalia y una descoordinación que actualmente ha retrasado el
funcionamiento de la oficina judicial y retrasa la creación de juzgados, porque muchas veces hace falta que se pongan de acuerdo hasta tres administraciones para crear un juzgado -cosa que muchas veces no es posible- y para coordinar la oficina
judicial. Ese problema del despedazamiento, que ya de por sí es grave -el Consejo de Europa lo que predica es que los jueces tengan el control de todo el sistema judicial, de todo el proceso y de todos los medios de trabajo-, se va a agravar ahora
con la oficina judicial. Porque lo que pretende el proyecto -por eso le hemos pedido al Gobierno que lo retirase; nosotros al Parlamento todavía no le hemos pedido nada- es decidir qué parte del proceso va a llevar el Poder Judicial y qué parte
del proceso va a llevar el Poder Ejecutivo. Podremos hacer aquí todas las matizaciones que queramos sobre si es procesal, si es jurisdiccional, los catedráticos de derecho procesal dicen que es una institución absurda, podemos discutir, pero, en
definitiva, de lo que estamos hablando es de saber qué parte de los juicios va a llevar el Poder Ejecutivo y qué parte va a llevar el Poder Judicial. Porque el secretario judicial es un miembro del Poder Ejecutivo, a las órdenes del ministro de
Justicia, y creo que he demostrado con el documento que les he entregado cómo está la situación actualmente. Me parece que eso es despedazar, pasar de la Administración a dentro de la Administración de Justicia estableciendo, además, bloques
completamente


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separados que en cuanto se descoordinen van a provocar serias disfunciones. Si un secretario admite una demanda y luego el juez en la audiencia previa no está de acuerdo con esa admisión, nulidad y vuelta atrás. Eso no va a funcionar;
sencillamente no va a funcionar, se lo digo sinceramente, a nosotros nos da igual, porque si se aprueba, nosotros respetamos la ley de este Parlamento. Un juez, o respeta las leyes de su Parlamento o deja de ser juez. Nos lo decía la señora Ebadi,
la premio Nobel que fue la primera juez iraní que, cuando ya por fin en el sistema islámico se admitieron a las mujeres como juezas, ella se negó porque no estaba dispuesta a aplicar las leyes islámicas de lapidación, de ahorcamiento y de torturas.
Cuando un juez entra en colisión con el sistema jurídico que tiene que aplicar debe salirse de juez y mientras permanezca de juez debe aplicarlo. Por tanto, los primeros que respetamos las leyes que salgan de esta institución somos los jueces.
Simplemente estamos diciendo que eso no va a funcionar. Con mucho gusto les pasaremos nuestras ideas. Estamos trabajando en eso, pero en líneas generales pensamos que la idea que lleva el proyecto, y que ciertamente se hereda de la reforma de
2003, es profundamente errónea. ¿Qué es lo que queremos que cambie? Queremos una estructura flexible, completamente flexible. Es decir, queremos que haya un Juzgado de Primera Instancia con cien jueces, que haya equis funcionarios y tantos
secretarios asignados a esos cien jueces y que la distribución de recursos se haga en función de las necesidades de cada momento. Eso y algunas otras medidas ahorrarían muchas plazas y permitirían un funcionamiento más eficaz de la justicia.
Eso
es lo que queremos. Pero queremos que el juez conserve en todo momento la autoridad sobre todo el proceso judicial, lo mismo que el ministro -como les he puesto el ejemplo antes- conserva la autoridad sobre todo su ministerio por mucho que
determinadas facultades o determinadas funciones las delegue en el secretario de Estado. Pero esa delegación siempre es reversible y siempre está controlada por quien delega. A nosotros no nos quieren delegar funciones, nos las quieren quitar,
irremisiblemente, para atrás y decidir que esta parte de un proceso judicial a partir de ahora la lleva el Poder Ejecutivo. Eso es lo que está pasando o eso es como nosotros lo vemos.



En cuanto al reclutamiento de los jueces, no nos oponemos, pero la oposición necesita ser mejorada. Yo creo que la oposición da para cubrir las plazas de jueces que faltan, pero necesita ser mejorada. He dicho antes que la Escuela Judicial
debe ser mejorada, debe propiciarse un contrato provisional de jueces en prácticas tutelados por magistrados; pero jueces que ya trabajen como jueces y simplemente se les evalúe durante un tiempo, como ocurre en Alemania, y si no dan el rendimiento
adecuado se les cesa. Es decir, durante los dos primeros años el juez estará contratado provisionalmente y ahí podremos detectar cualquier disfunción, cualquier anomalía que lo haga inhábil para el cargo. Por supuesto, admitimos que puede haber
otras vías de entrada colaterales a la carrera judicial, como hay en otros países, pero ¡ojo!, en España los concursos de méritos no tienen tradición de objetividad, acaban en enchufe como han acabado históricamente. Ha sido así en el XIX, en el XX
y en lo que llevamos de XXI. ¿Podemos intentar conseguir un concurso de méritos objetivo? No se ha conseguido en la universidad, no se ha conseguido en otros ámbitos, parece que no cuadra muy bien con la mentalidad latina, pero podemos intentarlo.
Pero además de conseguir un sistema realmente objetivo de concurso de méritos que permite introducir juristas de prestigio, habrá que hablar del atractivo retributivo de la carrera. Nadie que sea juez aspira a ser rico, y ya sabemos que no podemos
alcanzar las retribuciones que paga el sector privado a profesionales jurídicos de buena cualificación, pero tampoco debe haber una diferencia tan brutal, que un abogado pase de ganar una cantidad a cuatro veces menos. El cuarto turno en España ha
fracasado básicamente por dos problemas: por el enchufe, en primer lugar, y sobre todo por la falta de atractivo retributivo de la carrera judicial para los verdaderos juristas de prestigio. Eso es lo que habría que arreglar para que funcionase un
cuarto turno que a nosotros nos parece positivo en los niveles de magistrado para intentar enriquecer el contenido de la carrera judicial. Arreglemos esos problemas, hagamos un sistema serio que garantice y seguramente funcionará.



Se ha planteado aquí una duda -me lo recuerdan, es verdad-, porque no se entendía bien lo que hemos querido decir con autonomía presupuestaria del consejo. Para nosotros significa no que el consejo tenga su propio presupuesto para sus
gastos, sino que maneje el dinero para la justicia.
¿Hasta qué punto? Sobre eso podríamos discutir mucho, pero de momento lo que nosotros estamos defendiendo es, por lo menos, las retribuciones de los jueces. No tiene sentido que si los jueces
realmente somos independientes nos pague el Poder Ejecutivo y además decida muchos conceptos retributivos. Insisto en que el Consejo de Europa, en uno de los documentos que les he pasado, defiende la autonomía presupuestaria como un ideal al que
debe llegarse para conseguir un órgano de gobierno realmente independiente. Entendemos que la autonomía presupuestaria del consejo es complicada. Por supuesto no significa que fije su propio presupuesto, sino que haga la correspondiente propuesta,
porque el presupuesto, lógicamente, lo tiene que aprobar el Parlamento y decidir y controlar cómo se gastan las partidas. Eso es obvio, pero lo que queremos decir es que el Ministerio de Justicia debe ceder todas sus competencias sobre los jueces y
sobre la justicia al Consejo General del Poder Judicial y acabarse con el problema del despedazamiento de la justicia que, sinceramente, está provocando serias distorsiones en el funcionamiento diario de los juzgados.



Me preguntan en que situación se encuentra la negociación con el Gobierno.
Muy sencillo, de momento paralizada. Ahora ha habido un cambio de ministro, así que tendremos que esperar que el nuevo ministro tome


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decisiones. Hay que darle un plazo, no mucho, porque los problemas están ahí y hay que resolverlos pero, lógicamente, tiene que nombrar su equipo y tomar sus primeras decisiones. Desde el 26 de enero hasta ahora no ha pasado nada. El 26
de enero no se nos hizo ningún tipo de oferta, ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de propuesta que pudiésemos estudiar y, por lo tanto, estamos parados. ¿Puede haber otra huelga? Ojalá que no.
Nosotros no queremos que haya otra huelga.
Esperemos que no sea preciso y que no tengamos que protestar. De todas formas, mi opinión particular en este punto es mi opinión particular. La carrera judicial son 4.000 personas; nosotros pertenecemos a una gestora que hace lo que mandan sus
asociados; nuestros asociados no hacen lo que decimos nosotros y mi impresión es que los jueces quieren respuestas rápidas y si no están dispuestos a demostrar que esta vez van a exigir las soluciones que precisan para poder cumplir su función de
garantizar los derechos de los ciudadanos eficazmente. En cuanto a la cobertura legal de la huelga, ya la hemos mencionado. También he explicado por qué se ha hecho ahora la huelga; no hubo privación de la tutela judicial efectiva.



Modernización o número de jueces. Sí, son dos cosas que deben ir complementarias pero muy unidas, y de momento yo estoy viendo muchos proyectos de modernización -que ya he dicho que merecen mis reservas- pero poco sobre el problema de cómo
resolver el número de jueces.
Nosotros haremos las observaciones que creamos oportunas al proyecto de modernización y se las pasaremos con mucho gusto a esta Cámara. En definitiva, quiero insistir en que si la modernización de la oficina judicial
es muy importante y va a ayudar a agilizar y va a disminuir el número de jueces necesarios, sin embargo, no va a ser la solución mientras que no se cubra este número. Solamente quiero decir que nosotros tenemos el máximo respeto a esta Cámara, no
ya como jueces, sino como ciudadanos que hemos participado en la designación de la misma y que estamos orgullosos de tener un sistema democrático donde se hacen las leyes en ella. Repito e insisto en que somos los primeros en cumplir las leyes que
salen de aquí y en hacerlas cumplir, porque es nuestra función.
No solamente eso, sino que no se nos ocurrirá nunca presionar al Parlamento para nada. No podemos hacer una huelga contra el Parlamento, nunca ha habido huelgas contra el Parlamento.
La huelga ha sido contra quien es nuestro patrón actualmente, en nuestra doble condición de empleados públicos y depositarios de un Poder Judicial, y el patrón en estos momentos, desgraciadamente, más que el consejo es el Ministerio de Justicia, que
es el que nos paga el sueldo, aunque el consejo es el que fija nuestras condiciones de trabajo en esta bicefalia que tiene la justicia española. Lógicamente, contra un Parlamento no se pueden hacer huelgas. El Parlamento sacará las leyes que pueda
sacar y si nosotros pensamos que alguna ley tiene un aspecto inconstitucional, no presionaremos al Parlamento ni protestaremos contra el Parlamento, recurriremos al Tribunal Constitucional y acataremos la decisión que al respecto tome el Tribunal
Constitucional. Esa es nuestra postura y quiero que quede bien claro que esa es la posición y que nunca haremos una huelga contra un Parlamento.



El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer la comparecencia y las aportaciones de don Conrado Gallardo Correa, presidente, y de don Enrique García, vicepresidente del Foro Judicial Independiente. Quiero agradecer también la documentación que
obra a disposición de SS.SS., el ofrecimiento a que remitan también aportaciones a la Comisión para ser distribuidas a los grupos con relación a los proyectos de ley que están en trámite ante la misma. También quiero aprovechar, antes de levantar
la sesión, para darles unos avisos. En la mañana de hoy, el nuevo ministro de Justicia, don Francisco Caamaño, ha solicitado la comparecencia ante la Comisión de Justicia para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, a
iniciativa propia. Ya consta y a lo largo del mes de marzo se sustanciará esta comparecencia. También les informo que, hechas las negociaciones pertinentes en ejecución de los acuerdos de la Mesa y portavoces de esta Comisión, se acordó como fecha
para que comparezca el presidente del Consejo General del Poder Judicial el día 16 de marzo, a las dieciséis horas; lo pongo en conocimiento de SS.SS. para que vayan adecuando sus agendas. Agradeciendo la presencia de los servicios de la Cámara,
de los medios de comunicación, que están también en otras salas siguiendo por circuito cerrado la sesión, de las diputadas y diputados y, por supuesto, de las asociaciones judiciales que han comparecido a lo largo de la jornada de hoy, se levanta la
sesión.



Eran las cinco y veinte minutos de la tarde.



Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 193, correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el día 11 de febrero, en la página 23, primera columna, línea 40, figura: 'vía pública', y debe figurar: 'vida
pública'.