CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 199

TRABAJO E INMIGRACIÓN

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO

Sesión núm. 9 celebrada el miércoles 18 de febrero de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de la Seguridad Social (Granado Martínez) para:... (Página ) - Explicar la pérdida de casi medio millón de afiliados en los últimos doce meses. A petición del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comparecencia urgente. (Número de expediente 212/000340.)... (Página 2)


- Informar sobre la política seguida por la Seguridad Social en la enajenación de los bienes inmuebles pertenecientes a su patrimonio. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000420.)... (Página 22)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (GRANADO MARTÍNEZ) PARA:


- EXPLICAR LA PÉRDIDA DE CASI MEDIO MILLÓN DE AFILIADOS EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
COMPARECENCIA URGENTE. (Número de expediente 212/000340.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Trabajo con la comparecencia del secretario de Estado de la Seguridad Social, según el orden del día que tienen ustedes en su poder. Y tal como figura en el orden del
día, vamos a hacer dos bloques a efectos de intervenciones, siendo el primer punto la comparecencia urgente del secretario de Estado de la Seguridad Social para que explique la pérdida de casi medio millón de afiliados en los últimos doce meses.



Antes de dar la palabra al señor secretario de Estado, les recuerdo, sobre todo a los portavoces, que una vez concluida esta comparecencia tenemos reunión de Mesa y portavoces, pues hay un par de cuestiones pendientes que tenemos que
solucionar.



Sin más preámbulos, señor secretario de Estado, tiene usted la palabra.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Granado Martínez): Es para mí un placer, como siempre, comparecer en la Cámara para darles cuenta de las cuestiones suscitadas en el primer punto del orden del día por SS.SS. y en el
segundo punto del orden del día por el propio Gobierno, que ha pedido la comparecencia para informarles sobre la política de enajenaciones de la Seguridad Social. En cuanto a la primera cuestión, naturalmente, voy a hacer la comparecencia
actualizando los datos desde el momento en que se produjo la solicitud y voy a intentar ofrecer a SS.SS. información, más que opinión, de cuál es el desenvolvimiento en estos momentos de nuestro sistema de protección social en lo que hace
referencia a la pérdida de afiliados motivada por la crisis económica. En este sentido, tengo que empezar por hacer una observación a sus señorías. Nuestro sistema de protección social, el sistema de Seguridad Social español, es probablemente de
todos los sistemas de protección social de reparto, porque no sería justo hacer la comparación con los sistemas de capitalización, que apenas reciben aportaciones públicas, el que menos porcentaje de ingresos recibe de naturaleza tributaria del
Estado. Esto también es fruto de la política de separación de fuentes que se inició en España en los años ochenta y que culminó con éxito en 1999, por la cual la asistencia sanitaria, los servicios sociales y en la última legislatura las
prestaciones del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia se financian con ingresos tributarios. En cuanto al resto de prestaciones, solamente la aportación del Estado es una aportación finalista dedicada a las prestaciones no contributivas,
que supone las pensiones no contributivas, las políticas familiares generalistas no contributivas, las aportaciones a complemento a mínimo de pensión y los gastos del régimen especial del mar del Instituto Social de la Marina, que tienen naturaleza
no contributiva. Sin embargo, esta aportación, escasa en términos comparativos, del sistema español de Seguridad Social en los momentos buenos del sistema está compensada, como vamos a ver a continuación, con creces por el hecho de que desde el
Pacto de Toledo y con anterioridad los legisladores que configuraron las bases de sostenibilidad del sistema de protección social entendieron que era necesario garantizar una mayor aportación del Estado en forma de garantía de los derechos de los
cotizantes en los momentos de crisis económica. ¿Y cómo se conceptualiza esta mayor aportación del Estado? Pues básicamente a través de algo que tiene nuestro sistema de protección social, que tienen algunos sistemas de protección social europeos,
no todos, y que es enormemente infrecuente fuera del ámbito de los países de la OCDE, la cotización a la Seguridad Social de los desempleados que cobran prestaciones contributivas mientras las cobran y, en el caso de que cobren prestaciones no
contributivas, si son mayores de una determinada edad y tienen garantizado el cobro de las prestaciones hasta el momento en que se produzca la edad de jubilación. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir, para que nos entendamos, es que, a
efectos de lo que es el sistema de protección social, se cotiza por los afiliados ocupados y por las personas que han perdido su puesto de trabajo y que perciben rentas contributivas del desempleo y rentas no contributivas del desempleo si esas
rentas no contributivas se producen a partir de una determinada edad. ¿Con esto qué quiero decir? Que la situación del sistema español de protección social, que depende en exclusiva de los cotizantes en los momentos en los que el ciclo económico
es favorable, en las partes alcistas del ciclo económico, en las que la aportación de los desempleados por lo tanto es muy reducida, en los momentos de crisis económica está soportado porque la pérdida de empleo no repercute inmediatamente en la
pérdida de cotización a la Seguridad Social, lo cual sirve para explicar la aparente paradoja de que en momentos de crisis económica el sistema de Seguridad Social siga teniendo un desenvolvimiento favorable y una situación de superávit estructural,
y sirve para explicar también cómo la pérdida de afiliados ocupados no supone para el sistema de Seguridad Social una pérdida de cotizantes sino una pérdida de cotizantes en el momento en el que los trabajadores desempleados pierden prestaciones
contributivas, y eso en el supuesto de que no tengan la edad necesaria para garantizar la percepción de rentas vitalicias.



¿En qué se traduce esta situación? Esta situación se traduce -les voy a hacer, de la manera más objetiva


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posible, una descripción de nuestro marco legal en los términos más sencillos posible, pero también lo más rigurosos posible- en cómo ha afectado al sistema de Seguridad Social en la previsión de ingresos la crisis económica en el ejercicio
pasado. Les voy a dar a SS.SS. los datos del cierre provisional del ejercicio, del año 2008, que ya hemos presentado a los medios de comunicación. En el año 2008 las cotizaciones sociales del sistema de Seguridad Social alcanzaron 96.283 millones
de euros, tuvieron un superávit en relación con la previsión presupuestaria de 2.823 millones de euros. En este sentido, las cotizaciones de ocupados supusieron 1.908 millones más de los previstos en el presupuesto de 2008, con un crecimiento del
3,45 por ciento, lo cual refleja una cotización de ocupados; que, en términos promedios, baja en relación con el año 2007 un 0,5 por ciento; esa es la pérdida de cotizantes ocupados en media anual -la pérdida en el último mes, diciembre sobre
diciembre, es muy superior, como luego veremos- y con un crecimiento, por tanto, de las bases de cotización promedia del 4 por ciento, que compensa claramente la baja del 0,5 de personas afiliadas en términos promedios y que da el componente del
3,45. Las cotizaciones de desempleados crecieron un 17,07 por ciento y lógicamente esto hizo que, a pesar de la disminución de las bonificaciones fruto del menor número de contratos, el componente total de cotizaciones sociales creciera un 4,52 por
ciento. Las tasas crecieron el 4,26 por ciento. Las transferencias corrientes un 12,06 por ciento.
Los ingresos patrimoniales, intereses de títulos afectos al fondo de reserva fundamentalmente, crecieron un 29,91 por ciento, fruto del enorme
crecimiento que ha tenido nuestro fondo de reserva desde su creación en el año 2000. Y en cuanto a las transferencias de capital, tenemos que recoger un importante crecimiento del 115 por ciento de las transferencias de capital que hicieron las
mutuas a la Seguridad Social, que pasaron de 693 millones a 1.533 millones, fruto de la culminación en el último año de la legislatura de todas las operaciones de control presupuestario, de rigor, de sometimiento de las mutuas al sistema de
información contable de Seguridad Social, de cálculo de las provisiones y de las reservas de las mutuas de acuerdo con las normas establecidas con carácter general en el Banco de España para todo el ramo del seguro y que han supuesto, por tanto, que
globalmente el retorno que hacen las mutuas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales a la Seguridad Social de todas las cotizaciones que la Seguridad Social les encomienda haya supuesto por primera vez en la historia, en el año 2008,
5.000 millones de euros. Hay que recordar que en el año 2003 este retorno fue exactamente la mitad. En este sentido, en la legislatura se ha puesto de manifiesto naturalmente cómo una mejor gestión de los flujos financieros de las mutuas con el
sistema general de la administración de Seguridad Social ha tenido ese desenvolvimiento. En conclusión, citando simplemente el total no financiero del presupuesto, el presupuesto se liquida provisionalmente -luego, cuando se hace la liquidación
definitiva de esta cantidad, sufre un incremento de algunos cientos de millones de euros- con 4.904 millones más que los previstos en el capítulo de ingresos.



¿Qué ha pasado en el capítulo de gastos? En el capítulo de gastos, lo mismo que en años anteriores, en gastos de personal, en gastos en bienes corrientes y servicios, hemos acabado el año muy por debajo de la previsión presupuestaria. En
materia de pensiones contributivas hemos reflejado la baja desviación de inflación del año 2008. Esto ha supuesto que, como nosotros lógicamente, siguiendo criterios de prudencia y rigor contable, presupuestamos las pensiones calculando una cierta
desviación de inflación, hayamos podido terminar el año con 1.300 millones menos de gastos presupuestarios. En incapacidad temporal hemos acabado el año con 560 millones menos de gastos que los presupuestados. Acabamos el año 2003 con 500 millones
más que los presupuestados por esta rúbrica, también fruto de los mejores controles de la incapacidad temporal que hace el Instituto Nacional de la Seguridad Social y, en general, al lado de otras partidas menores, este ahorro de gasto corriente,
este mejor desenvolvimiento de la incapacidad temporal, esta baja inflación en materia de pensiones, nos permite cerrar el ejercicio en operaciones no financieras con un gasto total, global, para el sistema de Seguridad Social inferior en 2.128
millones de euros respecto a los que se contenían en la previsión presupuestaria. ¿Qué supone todo esto? Pues básicamente que, como la evolución del presupuesto del año 2009 se va a hacer sobre el presupuesto real de 2008 y no sobre su previsión,
tenemos un colchón presupuestario de 7.000 millones de euros -4.900 millones más de ingresos y 2.100 millones menos de gastos- para que, por muy negativa que fuera la evolución del presupuesto en el año 2009, podamos en este sentido seguir
suponiendo el cumplimiento de las previsiones presupuestarias. Por decirlo en términos que fueran capaces de discutirse ante cualquier ciudadano que no fuera un especialista en materia de Seguridad Social como son SS.SS., podríamos decir que si
tuviéramos 7.000 millones de ingresos menos que los previstos en evolución razonable y el resto del presupuesto se comportara igual, el superávit presupuestario se mantendría; se mantendría en la evolución de 2008 a 2009.



¿Cuál es la evolución de este año de la afiliación? La evolución de este año es claramente desfavorable. Les voy a dar a ustedes los datos del mes de enero, porque entiendo que son los que demandan SS.SS., datos que están colgados en la
página web de la Seguridad Social y datos que se han hecho públicos ante los medios de comunicación en las comparecencias periódicas que hacemos para presentar los datos de enero. En enero del año 2009, sobre enero del año 2008, perdimos un 5,11
por ciento de afiliados. Luego haré la referencia de qué es lo que supone esto en términos de afiliados ocupados. Nosotros medimos la afiliación por tasas equivalentes a tiempo completo de jornada de trabajo de los afiliados.



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Con esto les quiero decir que una persona que trabaja un día es un treintavo de afiliado, una persona que tiene dos empleos y dos cotizaciones en dos regímenes distintos de Seguridad Social son dos afiliados en términos del cálculo de
nuestras medias. La inmensa mayor parte de esta pérdida del 5 por ciento la soporta el régimen general; el régimen de autónomos tiene una caída de 100.000 afiliados y el resto de los regímenes -agrario y empleados de hogar- tienen un incremento:
en el caso del agrario, 50.000 personas y empleados del hogar 17.000 personas.
Los regímenes más exiguos en cuanto a número de afiliados, el mar y carbón, son irrelevantes en la comparación. ¿Cómo se descompone esta pérdida de afiliados en cuanto
a sectores de actividad económica? Se descompone de la siguiente forma: es evidentemente el sector de la construcción el que soporta en el régimen general la gran pérdida de afiliados; la construcción y las actividades inmobiliarias pierden
550.000 de esos 900.000 afiliados; el comercio soporta una pérdida de 128.000 afiliados y las actividades de la industria manufacturera soportan una pérdida de 200.000 afiliados, más 85.000 de servicios prestados a las empresas. ¿Qué rúbricas
siguen teniendo un comportamiento positivo? Pues la de investigación, desarrollo e innovación tecnológica; sigue teniendo un comportamiento positivo la educación, que continúa manifestando un incremento de afiliados; levemente las
administraciones públicas y levemente también otras rúbricas de menor importancia y, esencialmente, las actividades sanitarias y los servicios sociales en los que el impacto de la Ley de Dependencia sigue acusándose y siguen manifestando un
crecimiento importante de más del 7,5 por ciento, de 88.000 afiliados -enero de 2009 sobre enero de 2008-. En el régimen de autónomos, por si les interesa a SS.SS. ya facilitamos también la estadística de afiliados del régimen de autónomos por
sectores de actividad, nos encontraríamos con que la agricultura pierde 12.000 personas. Este número es simplemente reflejo de los que se jubilan, es decir, es un régimen muy estable, es el antiguo régimen especial agrario por cuenta propia,
integrado en un sistema especial de cotización en el régimen de autónomos. En construcción hay 63.000 bajas y en comercio 20.000 bajas. El resto de los sectores de actividad económica en el régimen de autónomos tienen leves alzas o bajas.



¿A nuestro juicio esta pérdida de afiliados ocupados va a seguir permaneciendo durante el resto del año? Si atendemos a factores estacionales, es decir, sin hacer ninguna previsión y mucho menos una proyección, lo lógico sería que en
términos de factores estacionales siguiéramos soportando el ajuste mucho más leve en la construcción; de hecho, ya en la primera quincena de febrero el ajuste en la construcción ha caído espectacularmente. Yo creo que vamos a acabar el mes de
febrero con una pérdida de solamente algunos miles de empleos en el sector de actividad económica de la construcción, también sin duda fruto del Plan de inversiones locales del Gobierno, pero vamos a seguir soportando un ajuste muy duro en el sector
servicios, sobre todo en el comercio, y también en la industria, que se corregirá estacionalmente con el comienzo de la temporada de servicios, la temporada hotelera. Por lo tanto, lo previsible es que tengamos alguna baja de afiliación en el mes
de febrero; dependerá de cuándo los ayuntamientos empiecen a contratar las obras adjudicadas en el Plan de inversiones locales para saber si llegamos ya a una cierta estabilidad en marzo o en abril, y a partir de mayo o junio tener un cierto
incremento de la afiliación. ¿Esto qué va a suponer? Que vamos a tener una pérdida de afiliados algo superior a la prevista en el presupuesto. Nosotros previmos en el presupuesto de 2009 una pérdida de aproximadamente 300.000 cotizantes, lo cual
es la suma de los afiliados ocupados que pagan sus cuotas como trabajadores ocupados y la suma de los desempleados que son cotizantes de la Seguridad Social, porque el Servicio Público de Empleo Estatal realiza esa cotización por ellos. La pérdida
puede ser un poco mayor, pero no tan mayor. Para que nos hagamos una idea, en esa pérdida de un millón de afiliados -el 5 por ciento- en el sector de afiliados ocupados, que es la que estamos denotando, calculando la cifra de enero de 2009 sobre
enero de 2008, es compensada en una parte muy importante por un incremento de 683.000 personas que pasan a cotizar a la Seguridad Social como trabajadores desempleados. Esto no es empalidecer, ocultar o camuflar la magnitud del problema del
desempleo, del paro en nuestro país, que es un problema espectacular, evidentemente de dimensiones muy importantes. No entiendan esta intervención SS.SS como un intento de situar las reglas de los términos de lo que estoy diciendo en un contexto
más favorable. Lo que intento transmitir a SS.SS. es que, gracias a la previsión de los legisladores que configuraron nuestro sistema de Seguridad Social, si nosotros soportamos una crisis económica tradicional que dura uno, dos, dos años y medio
o tres años, el sistema tiene en estos momentos un colchón del que no disponía hace quince años, ni mucho menos hace treinta, que le permite compensar con mayores aportaciones del sector estatal en momentos de crisis las menores aportaciones de los
cotizantes privados. Por ejemplo, con una pérdida de un millón de afiliados ocupados en enero de 2009 sobre enero de 2008 la pérdida que nosotros tenemos de afiliados cotizantes -en el sentido de cotizantes ocupados y cotizantes desempleados- en
enero de 2009 sobre enero de 2008 es de 350.000; es decir, la pérdida se reduce a la tercera parte.



Las conclusiones, por tanto, de cómo afecta al sistema de Seguridad Social la pérdida de afiliados serían las siguientes. En un sistema de reparto basado en el empleo, lógicamente la disminución del empleo es evidentemente la peor de las
noticias e intentar ocultar esto es hacernos trampas en el solitario. Por lo tanto, no solamente estamos preocupados por la situación sino que, como es lógico, el Gobierno de España se está ocupando de la situación e intentando a través de un
conjunto de medidas de bonificación, de estímulos al empleo, de planes especiales


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en los sectores sometidos a la crisis, del Plan de inversiones locales, del conjunto de medidas que ha desarrollado el Gobierno que la afiliación se recupere. Dada la configuración legal de nuestro sistema de protección social, no es el
sistema de Seguridad Social el que registra en términos de menor sostenibilidad esta pérdida de empleos. Evidentemente, si la crisis se prolongara mucho tiempo y los desempleados perdieran su naturaleza contributiva estaríamos en una situación
peor, no cabe ninguna duda, pero también es verdad que, gracias a este colchón que supone nuestra configuración legal, estamos en una buena situación, lo cual nos ha permitido, ante -me imagino- la estupefacción de algunos analistas bastante
superficiales e ignorantes sobre cómo funciona la Seguridad Social, que acabáramos el año con 7.000 millones más de superávit que los previstos cuando se presentó el presupuesto de 2008, y eso nos concede otro colchón suplementario. En este
sentido, esta aportación, que puede reputarse de excepcional, que hace el Estado, las arcas públicas, el Tesoro, la Administración General del Estado o el Gobierno de España, como lo quieran llamar SS.SS, a la Seguridad Social en momentos de crisis,
que puede parecer muy elevada, si la compensamos con la aportación que hace en los momentos de buen funcionamiento del ciclo económico, al final nos repone a una situación de mayor equilibrio en lo que son las aportaciones del Estado al sistema de
Seguridad Social, comparando el sistema de Seguridad Social español con el resto de los sistemas de Seguridad Social europeos. El resto de los sistemas de Seguridad Social europeos tienen en momentos de bonanza una mayor magnitud de aportaciones
del Estado; en los momentos de crisis tienen una menor magnitud de aportaciones del Estado. Los legisladores españoles que previeron la configuración legal de este sistema operaron y obraron con sabiduría. Es mejor que la mayor aportación se
produzca en el momento en que más lo necesitas y la menor aportación cuando menos necesaria es. En este sentido, el sistema español de Seguridad Social tiene un estabilizador que atenúa los efectos del ciclo económico, que disminuye la intensidad
de la alza y la baja en las fluctuaciones de ingresos muy razonable. Por lo tanto, el sistema de Seguridad Social español está mejor provisto en relación con la crisis económica que otros sistemas de Seguridad Social, que se ven más afectados por
los flujos económicos. Me hubiera gustado hacer una comparación en esta comparecencia con SS.SS.
sobre cuáles han sido los cierres provisionales de la liquidación del sistema de Seguridad Social de otros países europeos. No he podido hacerlo
porque esos datos en muchos casos no están disponibles. Es verdad que son sistemas más complejos que el nuestro porque los sistemas de reparto con cierta frecuencia siguen gestionando parte de la sanidad y los servicios sociales. En este sentido,
sus cuentas están más mezcladas, pero sí puedo decirles con toda tranquilidad a SS.SS. que el superávit presupuestario que ha tenido la Seguridad Social española en el año 2008 no va a ser alcanzado por ningún sistema de Seguridad Social europeo ni
de reparto ni de capitalización, y nuestra situación, en estos momentos tan preocupantes, con tantas malas noticias económicas y con la peor de las noticias para el sistema de Seguridad Social, que es la destrucción de empleo, es algo más
desahogada. Esto -lo digo siempre- no quiere decir que no haya que hacer reformas. Aquí hay que hacer reformas y garantizar la sostenibilidad del sistema, y además los grupos políticos presentes en esta Cámara tenemos acreditada nuestra capacidad
gobierne quien gobierne y en todas las coyunturas para ponernos de acuerdo en hacer lo más necesario y conveniente para el sistema de Seguridad Social, y es imprescindible seguir haciendo reformas pero con el horizonte puesto no en lo que va a pasar
este año o el año que viene, sino con el horizonte puesto en lo que va a pasar dentro de diez o quince años. No necesitamos hacer reformas para la crisis si nos podemos permitir -si se puede llamar así- el lujo de hacer reformas con tiempo, con
ritmos más pausados pero más firmes que permitan al sistema español de Seguridad Social seguir estando en tan buena situación económica dentro de diez o quince años como en la que está en estos momentos. Yo creo que esta es una labor conjunta de
todos los grupos políticos, de todos los que firmaron el Pacto de Toledo, es un logro colectivo de la sociedad española, de los agentes sociales, de los sindicatos, de los empresarios, de todos los gobiernos que ha habido en España, que han
contribuido, todos, eficazmente en esa dirección. Y en momentos de tanta turbación, tener un sistema tan importante como es el sistema de protección social, que yo diría que es el que nuclearmente decide nuestro estilo de vida como europeos y como
ciudadanos, que por tanto tienen garantizada la cobertura de sus situaciones de vulnerabilidad desde la cuna hasta la tumba, como decía el clásico, es algo de lo que debemos felicitarnos y sentirnos orgullosos.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Para iniciar el turno de intervenciones, tiene la palabra el portavoz del grupo solicitante, que es el Grupo Parlamentario Popular, don José Ignacio Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su intervención en esta comparecencia, que responde a una solicitud de mi grupo parlamentario que tenía el carácter de urgente. Hace tres meses fue registrada en la
Cámara precisamente para que usted explicase en esta Comisión la pérdida entonces de casi medio millón de afiliados a la Seguridad Social. Medio millón de afiliados, repito. Hoy, señor Granados, tiene usted menos de 18,2 millones de afiliados. La
Seguridad Social, con usted como secretario de Estado, ha perdido un millón de afiliados en el último año, la mitad de ellos en el cuarto trimestre del año 2008, y ya no son por tanto medio millón de afiliados menos, como era hace tres meses, sino
que esa cifra se ha duplicado.



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Hoy, señorías, la Seguridad Social tiene más de un 5 por ciento menos de afiliados ocupados que hace un año y esta caída es más importante, como ha dicho el secretario de Estado de la Seguridad Social, en el régimen general, en el que ha
afectado a un 6,36 por ciento de los afiliados ocupados hace un año. Por tanto, 350.000 afiliados menos que hace solamente un mes, una cifra que no es nada baladí. En honor al señor Olabarría, que está aquí presente, es como si en un solo mes, en
el mes de enero, toda la ciudad de Bilbao se hubiera dado de baja de la Seguridad Social, 350.000 personas, lo cual da una idea de la magnitud de la caída y del compromiso que esto significa para la Seguridad Social.



Usted, señor secretario de Estado, acumula ocho meses consecutivos de pérdida de afiliación en todos los sectores -en la industria, en los servicios, en la construcción sobre todo, como ha puesto de manifiesto-, ocho meses en los que España
ha tenido un récord de destrucción de empleo en todo el mundo desarrollado, 1.227.000 menos en afiliación media que en mayo de 2008 y casi 1,3 millones menos que a mediados de 2007, que es cuando se produjo el cénit, la cima, la cifra más elevada de
afiliación en nuestro país. Más de 127.000 autónomos menos que en ese mismo momento de máxima situación de afiliación, la mayor desaparición de emprendedores nunca conocida, con un incremento del número de acreedores de un 315 por ciento, y una
situación de paro de larga duración que alcanza ya el 25 por ciento de la población española, con el riesgo sincero de que puedan perder sus prestaciones a futuro y, lo que es más grave, su capacidad de aportación por parte de la Administración del
Estado o por parte propia al sistema de Seguridad Social.



El número de pensionistas, sin embargo, señor secretario de Estado supera los 8 millones en nuestro país, 8,4 millones de pensiones contributivas, lo que significa que estamos descendiendo en el indicador de cobertura, en la tasa de
afiliados por pensionista, diez puntos en un año, diez décimas en un año, del 2,7 por ciento al 2,6. O lo que es lo mismo, si el Partido Popular en sus años de gobierno fue capaz de elevar ese ratio de afiliados por pensionista desde el 2,06 por
ciento en aquel momento -creo recordar- hasta el 2,44, es decir, un incremento del 17 por ciento, su Gobierno, el Gobierno del que forma usted parte lo habrá hecho en estos últimos años, en el caso de que no caiga más la afiliación, que ya es mucho
suponer, y sabemos además que no va a ocurrir, un 6 por ciento, la tercera parte, y ya veremos, cuando esto toque fondo, dónde estaremos.



Su concepto, o el de su grupo, de la urgencia a la hora de comparecer para dar cuenta ante la sociedad española de la importantísima caída de la afiliación en la Seguridad Social, cuando menos, es bastante singular, diría yo, bastante
deficiente, y se compadece perfectamente, eso sí, con la actitud de dilación, de retraso e incluso de zancadilla, cuando no de obstruccionismo, a la hora de ejercer esta democrática labor de control por parte de la oposición en su conjunto, aquí
representada por todos los grupos parlamentarios, en un momento, repito, que es único en nuestra democracia en lo que significa en los últimos treinta años la destrucción de empleo y de afiliados. Permítame recordarle que en estos momentos hay
pendientes en esta Comisión más de 25 comparecencias de miembros de su departamento y solo llevamos nueve meses de legislatura (Rumores.), en un entorno, repito, de grave situación para el empleo y para la Seguridad Social en este país y ante la que
es sin duda necesario conocer la labor del Gobierno.



Señor secretario de Estado, permítame que le ponga de manifiesto lo que muchas organizaciones internacionales ya han manifestado a lo largo de los últimos tiempos. España es el país con menos productividad y mayor desempleo en tanto por
ciento de población activa de toda la OCDE y se enfrenta a una situación muy delicada desgraciadamente en los próximos años. Ayer precisamente, el presidente del Consejo Económico y Social, el señor Peña Pinto, que, si no recuerdo mal, algo sabe de
esto, puesto que fue secretario general de Empleo en el último Gobierno de Felipe González, dijo literalmente que sin mercado laboral no hay Seguridad Social. Hoy usted lo ha repetido. Por tanto, con la caída del empleo y el aumento de las cargas
de la Seguridad Social en los últimos años se está comprometiendo el futuro a medio, largo plazo, de la Seguridad Social. No voy a recordarle tampoco las declaraciones del gobernador del Banco de España -las últimas y las penúltimas-, a la sazón
también ex secretario de Estado de Economía en el Gobierno de Felipe González, sobre el mercado laboral y la necesidad de reformas estructurales en nuestro país, y en especial las laborales y de Seguridad Social, sobre esta crisis que él definía
como la más grave desde 1929. Tampoco le citaré otros múltiples organismos internacionales -he tenido la oportunidad a lo largo de los últimos años de ponérselas de manifiesto-, el Fondo Monetario Internacional; la OCDE; la Unión Europea; el
propio comisario, don Joaquín Almunia; el Banco de España; el Foro de Davos; el barómetro europeo de pensiones; el Banco Mundial; el señor Taguas, a la sazón en su momento director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, o del
propio señor Vallés, actual director de esa misma Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, urgiendo siempre a la reforma laboral como consecuencia de la situación prevista y como consecuencia de las necesidades que tiene la Seguridad Social
de esa estabilidad en el ámbito laboral de nuestro país. También podría citarle el informe de la Estrategia Nacional de Pensiones del año 2005, en la que ya entonces ustedes mismos preveían que se podía empezar a usar el fondo de reserva en el año
2015.



Usted, señor Granados, con todos mis respetos y todo el aprecio que sabe que le tengo después de tantos años de comparecencias y de debates en esta Cámara, es en este momento el máximo responsable de toda la política económica del Partido
Socialista español. Usted, independientemente de que no comparezca en calidad de eso en este momento, lo es, lo es en realidad en términos


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políticos. Incluso podríamos decir que es el responsable del diseño de la política socialista de este país, de la que debería beber el Gobierno de España (Risas.), esa política le correspondería a usted, por lo que permítame que le diga que
usted es corresponsable o coautor de este lamentable curso de la crisis económica global que está incidiendo de forma especialmente grave en el empleo del Reino de España. Por tanto, señor -permítame la broma- secretario de política económica y
empleo de la ejecutiva federal del Partido Socialista Obrero Español y secretario de Estado de Seguridad Social (La señora López i Chamosa: Y marido; es marido.), si en 2007 el superávit de nuestra Seguridad Social fue una cifra muy importante
-incluso en el año 2008 lo ha sido también, por encima de los 14.000 millones de euros-, sin embargo la confección de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio que en este momento estamos desarrollando fue de una tasa de paro del 12,5
por ciento, y -ya usted en su día lo reconoció- los presupuestos de este ejercicio se habían hecho sobre la base de un decremento relativamente importante del número de cotizantes. Hoy ya tenemos una tasa de paro por encima del 14 por ciento, según
Eurostat -13,9 creo recordar que era la última cifra del Gobierno-, y los cálculos más benévolos elevan esa tasa por encima del 16 por ciento en este país -algunos hasta el 18,5 por ciento-, ampliamente superados los cuatro millones de parados. Y,
lo que es aún más grave desde nuestro punto de vista, con un incremento permanente del número de pensionistas, en torno al 2 por ciento anual, con pensiones más altas porque tenemos una tasa de reemplazo alta y con un incremento de las prestaciones
de maternidad, paternidad y de riesgo durante el embarazo que, como usted conoce, están creciendo a un ritmo muy elevado en los últimos tiempos y que en el año 2008 ha sido superior al 17 por ciento.



Señorías, según los Presupuestos Generales del Estado del 2009, el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones sociales crecerá un 7,48 por ciento -creo recordar que era un 8,7 el del total de la Seguridad Social en el
ejercicio de 2009- y el número de cotizantes en media anual, tomando como base el presupuesto, 19.129.000 afiliados; 19,1 millones de cotizantes. Su señoría conoce perfectamente que el dato de cotizantes a la Seguridad Social en enero es de
18.181.000 afiliados. Es decir, en un solo mes más de un millón de cotizantes menos de los que ustedes han presupuestado para el año 2009; un millón en un mes. Y quiero reseñar que el crecimiento del paro, la caída de la afiliación y la
destrucción del empleo no ha hecho más que empezar, según los análisis que realizan todas las agencias internacionales. Permítame que le diga que yo me fío en este momento más de las agencias internacionales que de sus propias previsiones. Porque,
si usted tuviese credibilidad en las previsiones, hoy yo le tendría que reconocer que hace un año, cuando usted estuvo aquí, dijo que un año después iba a haber un millón menos de cotizantes a la Seguridad Social, pero no creo recordar que usted
hace un año pusiera de manifiesto esa circunstancia. En 2009 dejarán de cotizar 1,3 millones de trabajadores, que habrán quedado en paro durante el año 2008, y medio millón de los 1,4 que van a quedar durante el año 2009. Por tanto, la primera
pregunta que corresponde hoy hacerle es si usted defiende que, con un crecimiento del presupuesto de las cotizaciones sociales, que son el 90 por ciento del presupuesto de la Seguridad Social, del 7,48 por ciento y más de un millón menos de
cotizantes se van a cumplir los presupuestos del año 2009. ¿Usted defiende una aportación de 8.000 millones de euros al fondo de reserva, como han puesto en los Presupuestos Generales del Estado, con esas circunstancias, con ese millón menos de
cotizantes, con una recesión importante y con un incremento del PIB negativo de hasta casi dos puntos?


Señor secretario de Estado, en 2005, el gasto de pensiones respecto al producto interior bruto de este país fue del 7,74 por ciento. Hoy, tres años después, este mismo presupuesto es del 8,34 por ciento. En solamente tres años de su
gestión -lleva al frente de la secretaría de Estado cinco años- el gasto se ha incrementado un 0,7 por ciento. A este ritmo, señor secretario de Estado, sabe usted que el compromiso de las cuentas de la Seguridad Social se va a producir mucho antes
de lo que usted pone de manifiesto. Y prueba de ello es que en la percepción de la sociedad española en las últimas encuestas del CIS la única modificación que se ha producido es precisamente la relativa a pensiones; esta es precisamente la que ha
escalado más posiciones en los datos de los últimos meses del Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Cuándo cree usted, señor secretario de Estado, que la Seguridad Social va a entrar en déficit? Porque tendrá una previsión y podrá manifestarla
hoy aquí. ¿Cuándo tendrá que hacer usted uso del fondo de reserva? Dicho de otra manera, al ritmo actual de crecimiento de las pensiones y del resto de prestaciones de la Seguridad Social, ¿cuál es el número de afiliados ocupados a la Seguridad
Social por debajo del cual su señoría cree que la Seguridad Social estará en déficit? ¿Cuál es? Póngalo de manifiesto hoy aquí. ¿17,5 millones de ocupados? ¿17? ¿16,5? ¿Cuál es el número de afiliados por debajo del cual usted cree que la
Seguridad Social estará en equilibrio o empezará a tener cifras relacionadas con el déficit?


Tenemos un elevadísimo empleo estacional. Señor Granados, ¿cuándo prevé usted también que vayamos a alcanzar esa cifra, la cifra que hará que se produzca el equilibrio o el inicio del déficit en la Seguridad Social? ¿Qué tasa de paro
considera usted que es aquella relacionada con el momento de inicio de ese déficit y por tanto del inicio del consumo del fondo de reserva o de un vuelco en las cuentas de la Seguridad Social? Usted ha afirmado en múltiples ocasiones que la
Seguridad Social tenía un colchón anticíclico -hoy lo ha vuelto a decir- para aguantar crisis de menos de dos años. Señor Granados, llevamos ya un año de crisis y todas las organizaciones internacionales prevén claramente que España


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va a continuar en crisis en 2009, que probablemente lo hará en 2011 y que probablemente también continuará esta situación a lo largo de 2012. Por tanto, ¿llegará la Seguridad Social al déficit en esa crisis? O dicho de otro modo, ¿puede
usted garantizar claramente a esta Cámara, como ya lo ha hecho en otras ocasiones en las que he tenido la oportunidad de escucharle en sus intervenciones públicas, que la Seguridad Social no se encuentra en una situación de dificultad ni a corto, ni
a medio, ni a largo plazo, y que, además, no va a tener que usar en esta crisis -en esta crisis concreta; 2009, 2010, 2011; o, si quiere, concretamente en esta legislatura- el fondo de reserva? Usted, señor secretario de Estado, conoce
perfectamente que España tiene una situación demográfica muy adversa -perversa, diría yo- desde el punto de vista de la natalidad o de la fertilidad, por debajo del índice de reposición de la sociedad, una de las más bajas del mundo.



El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, le ruego que vaya terminando.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: A España se le va a acabar el crédito demográfico que teníamos desde finales de los años treinta y los años cuarenta que usted ha relatado tantas veces. Además, la inmigración no va a ser claramente la solución
del futuro. Cada vez trabaja y cotiza menos gente, cada vez se cobran pensiones más altas, 8,4 pensiones contributivas y de prestaciones, cobradas por más gente, por más cantidad. Todo eso, sin duda, compromete la viabilidad de futuro del sistema
de pensiones español.



Usted lleva cinco años al frente de su departamento. No se han hecho a lo largo de estos años reformas significativas, reformas positivas, ni en época de crisis ni en época de bonanza. Por tanto, tiene que ser usted consciente de que la
Seguridad Social y el fondo de reserva están en este momento en una situación mucho más delicada que hace unos años. En otro orden de cosas, señor secretario de Estado, me va a permitir que le ponga de manifiesto que el fondo de reserva que creó el
Gobierno de José María Aznar en el año 2000, como un instrumento financiero para cubrir los déficits en el ámbito de la Seguridad Social, está para eso. No para hacer frente a los desequilibrios que en este momento se vislumbran en el horizonte
-ojalá sea mucho más después que antes-, sino para no tener que acudir a los mercados de capitales a financiar ese déficit. Por tanto, no para cubrir desequilibrios, sí para cubrir déficits puntuales de tesorería, para cubrir las necesidades de las
prestaciones del ámbito de la Seguridad Social. El año 2008 se cerró con 57 millones de euros y en los Presupuestos Generales del Estado del año 2009 usted ha presupuestado 8.000 millones. Mi pregunta es: Si con el superávit del año anterior
usted dota el fondo de reserva del año siguiente o, dicho de otra manera, si con lo que usted ha ahorrado en 2008 dota el fondo de reserva de 2009, ¿por qué no quiere dotarlo hasta el final del ejercicio, que es lo que usted ha puesto de manifiesto?
Este año por primera vez, en lugar de dotar el fondo de reserva en distintas fases a lo largo del ejercicio, usted ha preferido dejarlo para final de año. ¿Es que no confía usted en la cifra que han presupuestado como ingresos o como tasa de paro?
¿Van a disminuir los ingresos? ¿En qué medida usted no cree en la capacidad de las empresas españolas para hacer frente a esta crisis y que la retroalimenten con la generación de nuevo desempleo? Tengo que poner de manifiesto que el número de
empresas en situación de suspensión de pagos se ha incrementado en este último año casi un 300 por ciento, el de efectos impagados casi un 90 por ciento, la disminución de la creación de empresas ha sido del 30 por ciento y el número de expedientes
de regulación de empleo -6.277- ha tenido un crecimiento del 64 por ciento.
El número de empresas inscritas en la Seguridad Social -en su Seguridad Social, señor secretario de Estado- ha caído un 5,3 por ciento. Corríjame si me equivoco; hay
74.000 empresas menos que hace un año inscritas en la Seguridad Social. A mí me gustaría saber, por tanto, cuántos de esos 8.000 millones que usted ha presupuestado en el fondo de reserva van a ser nuevas dotaciones y cuáles van a ser rendimientos
del fondo actual.
Porque si usted tiene un superávit de 14.000 millones y me está diciendo que en el año 2009 va a dotar el fondo de reserva -ya veremos si lo hace- con 8.000 millones de euros y una parte muy importante puede ser de rendimientos
del fondo actual, ¿dónde está el resto de esos miles de millones de euros de superávit del año pasado? Permítame también que le haga un recordatorio.



El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, lleva usted un superávit del 80 por ciento de su tiempo. Le ruego que termine.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Termino en un minuto. Es un recordatorio que sabe que siempre que tengo la oportunidad de hacérselo se lo dedico desde hace muchos años. Su Gobierno, el ministro anterior, señor Caldera, y usted mismo aprobaron
en Consejo de Ministros, del 8 de junio de 2007 -hace un año y medio-, un proyecto de ley que permitía invertir parte del fondo de reserva en Bolsa. Aquí tengo algunos recortes enormemente jugosos: El Gobierno aprueba el proyecto de ley que
permitirá invertir parte del fondo de reserva en Bolsa; con la hucha de las pensiones se podría comprar el 3,5 por ciento del valor del IBEX; UGT, el acuerdo sobre el fondo de reserva refuerza el sistema de Seguridad Social; el Fondo de Reserva
de la Seguridad Social podrá invertir un 30 por ciento en Bolsa, luego un 10 por ciento; el capital-riesgo quiere invertir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en sus activos; o algunos como este tan jugoso: El Gobierno confía la hucha de
pensiones a los amigos de Miguel Sebastián; o este otro: Arenillas asegura que le haría mucha ilusión que Intermoney gestionara el fondo de reserva. Permítame, señor Granados que acabe con esta broma. De


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nada, por haber evitado la aprobación de este proyecto de ley que, gracias a la oposición de mi grupo parlamentario, no vio la luz, lo que permitió que una parte muy importante de la hucha de los pensionistas españoles no se perdiera
arrastrada por esa caída de las bolsas en un momento en el que, además, hubiera generado una gran alarma en la población española respecto a la Seguridad Social y por tanto de sus pensiones.



El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Granados, gracias por su intervención, que he tenido oportunidad de escuchar, aunque solo la última parte. Usted conoce el problema de los grupos pequeños que no pertenecen a ciudades pequeñas. Bilbao no
posee 350.000 habitantes, sino 500.000. (Risas.) En todo caso, agradezco la referencia simbólica del señor Echániz. 350.000 sería la población de Llodio más la de Agurain y Vitoria. Con esto bastaría para conseguir los 350.000. Bromas aparte,
señor secretario de Estado, lo que usted ha comentado no es una reflexión autocomplaciente y me felicito por ello. Usted ha demostrado el sentido de la responsabilidad que es exigible a un responsable político en una situación de crisis, de crisis
profunda, de difícil identificación en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su etiología, pero fácil de concretar en cuanto a los resultados, a los perversos resultados que está provocando en un sistema de reparto. Por cierto, me ha llamado mucho la
atención una referencia que ha hecho usted a los sistemas de reparto europeos. ¿Es que en Europa hay algún sistema que no sea de reparto? Porque yo lo desconozco. Conozco los sistemas de capitalización de Chile y de Singapur. ¿Me podría explicar
conceptualmente cuáles no son sistemas de reparto, en el sentido técnico jurídico de la expresión, europeos?


Al margen de esta circunstancia, que es colateral a lo que estamos debatiendo, estoy manejando datos de la revista que ustedes publican.
Según la revista que ustedes publican, que me imagino que serán datos fidedignos y fehacientes, nos
encontramos con una afiliación media en enero que se sitúa en los 18,2 millones de efectivos, un volumen equivalente al de mediados del año 2005 -es una referencia temporal significativa y relevante-, 1,3 millones por debajo del máximo histórico que
ustedes alcanzaron gobernando en el año 2007. El quebranto es espectacular. 1,3 millones de pérdida de afiliados a la Seguridad Social es un dato particularmente relevante y sobre todo particularmente preocupante, en un nivel que de alguna forma
prejuzga un número medio de afiliados a la Seguridad Social que afectará seriamente -estoy parafraseando la revista del Ministerio de Trabajo- a las cotizaciones sociales, disminuyendo el superávit. En cuanto a la disminución del superávit, no
quiero hacer demagogia y usted sabe que intento practicar un punto de rigor en las locuciones que realizo en esta Comisión. El superávit con el que hemos estado conviviendo ha servido, a través de mecanismos tramposos contablemente utilizados, para
corregir el déficit del presupuesto ordinario dimanante de los ejercicios presupuestarios que se financian con la recaudación tributaria ordinaria. Dada la evolución del empleo -usted ha manifestado su preocupación al respecto-, no vamos a seguir
conviviendo con un sistema superavitario ni siquiera en el régimen contributivo de la Seguridad Social. Aquí las especulaciones se multiplican. Hay expertos que dicen que en el año 2015 el régimen contributivo de la Seguridad Social, el sistema
público de pensiones de naturaleza contributiva, dejará de generar superávit.



No sé qué cálculos de prospectiva o qué especulaciones se utilizan para buscar esa cifra, dada la evolución creciente del desempleo y otros elementos perversos, como la evolución creciente de la necesidad de proteger situaciones como la de
los desempleados, que ustedes han ubicado conceptualmente en el ámbito de la Seguridad Social, cosa que discuto y discutiré siempre con usted. Además, existe otra circunstancia agravante, que es la de que los protegidos por el sistema público de
pensiones tienen expectativas de vida más amplias, sus carreras de seguros no van a seguir siendo suficientes para cubrir las necesidades de gente que vive muchos años como pensionistas, como personas protegidas con el sistema público de pensiones,
y todo esto hace que graviten sobre el sistema de pensiones con carácter general otros elementos además de los demográficos, explicitados perfectamente por el señor Echániz, que hacen que el Estado español sea uno de los pocos de Europa -no sé
cuáles son las circunstancias que lo permiten, porque este es un problema de naturaleza antropológica más que jurídica- que todavía no está en condiciones de cubrir el índice de reposición de la natalidad. Todo esto son ítems que gravitan
negativamente sobre la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.



Desde esa perspectiva, me gustaría que me dijera, según sus cálculos, los que usted maneja de verdad, cuándo el sistema contributivo de pensiones va a dejar de generar superávit, un superávit del cual se han estado beneficiando los
presupuestos públicos del Estado con carácter general y que ha posibilitado dotar el fondo de reserva previsto en el Pacto de Toledo con las cantidades tan espectaculares que todos conocemos. Esa es la cuestión que en este momento hay que analizar.
Yo, como el señor Echániz, confío más en los organismos internacionales que en los estatales, y me voy a referir sobre todo a las previsiones de la Comisión Europea y, particularmente, del señor Almunia, del cual usted y yo somos amigos personales.
Confío absolutamente en las previsiones del señor Almunia. Según las previsiones, sabemos ya que este año va a ser un año de recesión, en el que la pérdida del producto interior bruto en el Estado español va a superar el 2 por ciento, pero es que
la Comisión Europea establece que el siguiente año, el 2010, va a ser


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también un año de recesión para la economía española. Va a ser menor en su cuantía, en su porcentaje, del 1,2 o el 1,3 -ahí se pueden utilizar varios datos-, pero esto va a generar desempleo. A mí me resulta muy difícil conjeturar algo
contrario a lo que le voy a decir a continuación, después del año 2010, la cifra de desempleados en el Estado español no es que vaya a ser inferior a los 4 millones de desempleados, eso ya es un optimista desiderátum, es que va a ser difícil que sea
inferior a los 5 millones de desempleados. Va a ser así, sobre todo si el porcentaje de destrucción de empleo se mantiene como se ha mantenido en los tres últimos meses, en los que se han perdido más de 150.000 empleos mes a mes en el Estado
español. O sea que ustedes tienen una varita mágica o una solución; ustedes o el ministro Solbes. No sé, tampoco le atribuyo tantas responsabilidades como las que le ha atribuido el señor Echániz, que ya seguramente le tienen que abrumar, pero ya
me dirán ustedes cómo pueden corregir la disfunción consistente en que ya no es que se pierda mucho empleo, sino que se pierde empleo a una velocidad vertiginosa. En los últimos meses estamos perdiendo más de 100.000 empleos y, en una situación de
decrecimiento económico o de recesión, me explicará usted cómo se puede corregir esta situación. En este momento ya nadie está en condiciones de decir que no vamos a superar los 4 millones de desempleados. Si usted me lo dice sería una frivolidad,
se lo anticipo, porque ya ni el ministro Solbes, ni Almunia, ni nadie, se atreve a decir esto. Quiero saber si en 2010 vamos a estar por debajo de una cifra que se aproxime a los 4.600.000 o a los 5.000.000 de desempleados. En un sistema de
reparto, que es el que categoriza jurídicamente todos los sistemas europeos que conozco, ya veremos cómo gravita esto sobre el superávit con el que hemos estado conviviendo en el sistema contributivo de pensiones. Y ya con esto, como no quiero
abusar del uso de la palabra, porque usted sabe que me gusta oír sus locuciones, que son siempre ilustrativas, en ocasiones incluso brillantes, aunque solo he podido escuchar la parte final de su intervención, quiero decirle que a mi grupo estos
datos macroeconómicos le preocupan y le preocupan particular y profundamente. Sabe que mi grupo es proactivo al consenso, a pactar y a intentar hallar, entre todos, las soluciones y no buscar rendimientos o rentabilidades políticas o electorales a
corto plazo a costa de problemas que afectan a la totalidad de la ciudadanía del Estado español. Usted sabe que tiene un colaborador leal, pero para ello también hay que ser leal en la aportación de los datos, en la aportación de los diagnósticos y
en la aportación de las medidas de actuación. Vamos a dejar de jugar al rigodón como hemos hecho durante tantos años y vamos a ser serios. Usted sabe que, entre todos, quizás podamos salir de esta crisis cuya etiología -particularmente discutida-
nadie, salvo pretendidamente el profesor Abadía, sabe cuál es su fundamento o a qué se debe.



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra don Carles Campuzano en representación del Grupo de Convergència i Unió.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor Granado, por su comparecencia y su intervención. Creo que todos coincidimos en la gravedad de la situación, en el carácter inapelable de las cifras de destrucción de empleo y en su afectación a
la propia dinámica del sistema de Seguridad Social.



Podría compartir su voluntad de no generar alarmismo sobre la salud del sistema de protección social desde el punto de vista de la puesta en marcha de esos estabilizadores automáticos -para buscar ese símil que usted utilizaba, en relación a
cómo funcionan determinadas previsiones-, pero en su propia intervención afirmaba que si la situación económica se continuase degradando como lo ha hecho hasta ahora es evidente que el sistema iba a tener problemas que iban a afectar a su propia
buena marcha. Un sistema de reparto, efectivamente, es absolutamente sensible y vinculado a la evolución del empleo. Les decía que si esta crisis es peor que otras crisis, o es atípica respecto a otras crisis, si dentro de tres años no hemos dado
solución a la dinámica del mercado de trabajo, vamos a tener problemas. Al menos yo he entendido eso de su reflexión y lo comparto. Ahora bien, no estamos en el servicio de estudios de un banco, ni en la universidad; estamos en la Comisión de
Trabajo y Emigración del Congreso de los Diputados con un responsable político del Ministerio de Trabajo y Emigración. A partir de ahí, mi grupo le traslada que, frente a la magnitud de la tragedia y a la perspectiva de que esta tragedia no la
podamos corregir, mi grupo no observa en el Gobierno la capacidad política de poner encima de la mesa las medidas que van a impedir que esa situación continúe degradándose en el tiempo.



Mi grupo ha tenido el conocimiento -supongo que como el resto de grupos- del documento que el Gobierno ha trasladado al diálogo social de medidas urgentes para mejorar la protección de los desempleados y el mantenimiento de la generación de
empleo. De la lectura de las propuestas que el Gobierno traslada al diálogo social quiero decirle que, a nuestro entender, son claramente insuficientes para hacer frente a la situación en la que estamos instalados. La magnitud de la crisis y los
problemas concretos del mercado de trabajo español, del funcionamiento de las instituciones de nuestro mercado laboral, no se adecuan a las cuestiones que el Gobierno pone encima de la mesa y se lo queremos trasladar. El Gobierno ha tardado en
aceptar que estábamos en crisis, en reaccionar frente a la crisis, ha intentado traspasar responsabilidades de la crisis propiamente española a otros agentes de carácter internacional, ha agotado parte de su margen fiscal con las medidas que se han
tomado durante 2008 y vamos a ver si esas medidas de política fiscal van a tener los efectos sobre la economía para que atenúen la caída. Pero el Gobierno tampoco ha anunciado la puesta en marcha de las


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medidas que permitan que el conjunto de la economía recupere capacidad de salir del hoyo en el que estamos cayendo. Y le queremos trasladar esa preocupación. Compartimos ese no alarmismo pero sí que estamos profundamente preocupados,
porque si el Gobierno no arriesga, no apuesta fuerte, no es capaz de asumir que en tiempos de crisis quizá los Gobiernos deben tomar medidas que pueden ser impopulares, difícilmente vamos a salir de este lío; si el Gobierno pretende no arriesgar
políticamente en la actual crisis, social y económicamente todos lo vamos a terminar pagando. Más tarde quizá, pero todos lo vamos a terminar pagando. Eso es lo que le querría trasladar.



Más allá de esa consideración, sí que me gustaría plantearle algunas cuestiones concretas que responden directamente, poco o mucho, a su ámbito de responsabilidad. En primer lugar, previsiones de aprobación por parte el Gobierno del
proyecto de ley que desarrolla la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Cuando hablamos de protección al desempleo a veces nos olvidamos que existe un colectivo muy importante de trabajadores -usted ha dado cifras- que hoy
están perdiendo su capacidad de generar sus ingresos para subsistir ellos y sus familias y la Ley del Trabajo Autónomo, que aprobamos en la pasada legislatura, contemplaba la creación de una prestación por cese de actividad. El informe que los
expertos han elaborado está ya colgado en la red y ahora le toca al Gobierno convertir ese estudio en un proyecto de ley. Quiero manifestarle tres preocupaciones sobre ese estudio y ese proyecto de ley que debería llegar a la Cámara. Una, el
calendario. Este proyecto de ley no puede llegar a la Cámara cuando sean bastante miles más de autónomos los que hayan perdido su empleo. Dos, cómo va a cubrir este proyecto de ley a todos estos autónomos que ya han perdido su empleo. Tres,
preocupación por que se opte por un modelo en el que la prestación por cese de actividad en ese estudio sea gestionada por las mutuas de accidentes de trabajo, no tan solo el reconocimiento de la gestión de la prestación pasiva -por decirlo de
alguna manera- sino también las políticas activas que se vinculan a esa prestación pasiva, al menos en los términos que los expertos nos han formulado. Ya le avanzo que mi grupo no comparte la idea de que las mutuas de accidentes de trabajo
gestionen la parte activa de esa prestación. Nos gustaría conocer cuál es la posición del Gobierno más allá de lo que dicen los expertos.



En segundo lugar, en la pasada legislatura se aprobó una reforma de la Seguridad Social, la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, que como sabe Convergència i Unió apoyó durante su tramitación parlamentaria. Existen algunas previsiones de aquella
ley que aún están pendientes de desarrollo y mi grupo querría saber en qué momento procesal se encuentran. En concreto me refiero a la previsión de la jubilación anticipada en favor de personas con una discapacidad igual o superior al 45 por
ciento, a las mejoras para las prestaciones de orfandad para garantizar el régimen de igualdad cualquiera que sea su filiación, a las previsiones sobre los mecanismos de jubilación anticipada y parcial en el ámbito de los empleados públicos, a la
modificación del régimen de Seguridad Social de los artistas de espectáculos públicos y a la protección social de sacerdotes, religiosos y religiosas de la Iglesia católica secularizados.
Son cuestiones que estaban previstas en esta ley ya vigente
y que aún no han tenido el correspondiente desarrollo reglamentario por parte del Gobierno. Quiero decirle también que, en una comparecencia en esta propia Comisión, el subsecretario del ministerio anunció que durante el actual trimestre se iba a
aprobar ya el real decreto que regulaba el sistema bonus-malus en materia de bonificaciones de accidentes de trabajo.
Queremos preguntarle en qué momento se encuentra ese real decreto y si las previsiones que el subsecretario anunció se van a
cumplir o no.



Finalmente, en ese documento que ustedes han trasladado a los agentes sociales como propuestas para discutir en el ámbito del diálogo social, ustedes plantean una modificación legislativa que va en la línea de contemplar el retraso hasta
finales de año de las dotaciones a realizar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, a fin de utilizar el margen de tesorería resultante en la concesión de aplazamiento a empresas de sectores en crisis con el compromiso del mantenimiento de
empleo. Nos parece una medida interesante. Nos gustaría conocer si esa previsión - según lo que mi grupo entiende- va a exigir una modificación de la legislación vigente, porque al menos en la información que ustedes trasladan a los agentes
sociales se afirma que el rango normativo de esta medida debería tener carácter de ley. Nos gustaría que se nos aclarase si efectivamente esta medida va a exigir algún tipo de planteamiento de reforma legal, porque si fuese así, le instaríamos a
que esa modificación legal se produjese con la mayor celeridad posible.



Insisto en que a mi grupo le preocupa que ante la magnitud de la crisis, el Gobierno no esté asumiendo los riesgos políticos que nos parece que se deben asumir en estos momentos.



El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor secretario de Estado, en primer lugar, permítame darle la bienvenida y agradecerle la comparecencia en nombre del Grupo Socialista.



Antes de empezar con mi intervención quisiera hacerle una pregunta muy personal, porque, como he visto que usted todo lo puede y además reduce las cifras que es un contento, ¿podría darme la fórmula para reducir yo veinte kilos de aquí a
final de año? (Risas.) Se lo agradecería de verdad.



Dicho esto y entrando en el tema de la comparecencia, si no estoy mal informada, en el mes de enero Estados Unidos ha perdido 600.000 empleos en un mes, su PIB


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se ha reducido en un 3,8, Japón ha crecido un 11 por ciento menos de lo que venía creciendo, la zona euro prácticamente está toda en recesión, podríamos salvar a Francia por aquello de que los dos trimestres no han sido consecutivos, pero
han sido dos trimestres. Y, claro, a mí me cuesta creer que todo esto sea culpa suya, porque aunque sé que usted tiene mucha capacidad, realmente creo que todo esto ni es culpa suya ni es culpa del señor Zapatero. (La señora Álvarez-Arenas
Cisneros: Eso no, claro.) Yo siempre he pensado que para poner solución a un problema primero hay que conocer su magnitud; si estamos en una crisis de magnitudes globales, tendríamos que hablar de soluciones globales, porque si no hablamos de
soluciones globales, realmente no vamos a ir en la dirección adecuada.



Oyendo al señor Echániz, yo le diría; ¡Hombre! sabiendo todas esas cifras que usted maneja tan bien, pensando en todo eso, ¿no se le ocurre ni una sola idea que sugerirle al secretario de Estado para que evite que vayamos en esa dirección?
Mire, yo le dije un día, señor Echániz, se lo repito y no se me enfade, que hay un proverbio árabe que le viene a usted que ni pintado, que es aquel que dice que las grandes obras las sueñan los genios, las ejecutan los inteligentes, las disfrutan
los felices y las critican los inútiles crónicos. No se enfade, póngase en la situación que quiera, pero desde que estoy aquí con usted yo no he oído más que críticas, catástrofes y más catástrofes. ¡Hombre, den alguna solución! Porque todas las
propuestas que dan -y algún otro grupo también- son: rebaja de impuestos, rebaja de impuestos, ¡hombre, menos ingresos! Y entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: No, no.) Por lo tanto, seamos un poco
serios, seamos un poco serios. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: No tiene ni idea de lo que está hablando.- El señor Aguirre Rodríguez: Está usted abriendo otro debate.)


El problema que tenemos es de falta de dinero. El problema que tienen las empresas es de falta de liquidez. El otro día me decía un empresario: Mira, yo no tengo problema de trabajo, yo tengo pedidos, mi problema es que no me renuevan la
línea de crédito que tengo con el banco. Entonces el problema es que en este país los empresarios trabajan con papel, con letra de descuento y con créditos para funcionar, ese es el gran problema. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: ¿Pero qué
dice? ¿Pero tú qué sabes lo que es una empresa?) ¿A qué se dedican ustedes? A criticar la solución que hemos dado a los bancos, la ayuda que hemos dado desde el Gobierno para que los bancos puedan abrir crédito hacia abajo. A eso es a lo que
ustedes se dedican: a criticar, no saben hacer otra cosa. Por lo tanto, yo le diría una cosa, señor secretario de Estado... El señor Aguirre Rodríguez: Es un tercer debate, señor presidente, es un tercer debate.)


El señor PRESIDENTE: Por favor, continúe.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Yo he escuchado todo lo que ha querido decir la gente. Ahí se demuestra el talante democrático de cada uno. (El señor Aguirre Rodríguez: Yendo a la cuestión.) Yo escucho pero nadie es capaz de escucharme. (El
señor Aguirre Rodríguez: Precisamente porque la estoy escuchando.) Sigo.



El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, le ruego que no interrumpa a la persona que está interviniendo, haga usted el favor.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Mire, sigo diciendo que el problema que hay en este momento, el problema que tienen los empresarios es que necesitan liquidez, es que necesitan líneas de descuento para tirar al momento.
¿Cuál es la crítica más
grande que se le hace también a este Gobierno? Que les damos dinero a los bancos para ellos y no les damos a las familias ni a las empresas. La única forma de que las empresas generen empleo es que tengan líneas de descuento. (La señora
Álvarez-Arenas Cisneros: No señora.) Es que tengan líneas que les ayuden a financiar los pedidos que tienen. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: No señora.) Realmente como no hay más ciego que el que no quiere ver, tenemos ya asumido que nosotros
vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre.
Mire, don Octavio, yo he sido sindicalista muchos años de mi vida, cuando una empresa nos llama porque hay una crisis, porque sobra personal, porque hay problema en la empresa, vamos a la empresa,
planteamos cuál es el problema, buscamos soluciones y nos olvidamos en aquel momento de si el culpable es el director o el empresario, porque en el momento de la crisis es fundamental dar soluciones. Por lo tanto, ¿qué cree usted que le puedo decir
yo? Que siga trabajando como está trabajando, que el Gobierno siga actuando como está actuando y realmente al final todos juntos, a pesar de la oposición, saldremos de esta situación que tenemos ahora, y después ya veremos cuál es la que nos cae,
porque también nos cayó durante la legislatura pasada y no estábamos en crisis.



Comparto con usted que hay que hacer reformas en la Seguridad Social.
Cuando se decidió que la edad de jubilación fuera a los 65 años se preveía que la prestación la iban a cobrar dos años y si en estos momentos un hombre está cobrando en
torno a los 19 y una mujer en torno a los 22 años, alguna reforma tendremos que hacer. Tenemos el Pacto de Toledo para hacer esa reforma. Mi grupo, y lo digo aquí, ha ofrecido a otros grupos sentarnos a discutir para empezar a hablar de verdad de
estos temas y le puedo asegurar que llevamos cuatro meses y no lo hemos conseguido. Es verdad que según el portavoz del Grupo Popular que haya podemos llegar a acuerdos, según conozca más o menos la Seguridad Social; claro, cuando hablas con
alguien que sabe a lo que nos referimos, las cosas son mucho más fáciles. La realidad es esa. Ayer se enfadaron todos los grupos parlamentarios porque dije que había habido la primera


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reunión del Pacto de Toledo y que siendo seis grupos, había dos. Me decían: es que los grupos pequeños tenemos mucha cosa, sí, sin ninguna duda, pero cada grupo tiene el poder de decisión y si el tema de la Seguridad Social, el tema de
pensiones es fundamental para el futuro y el tema fundamental de este país, tiene que estar por delante de cualquier otra previsión. Por lo tanto, o todos hablamos el mismo idioma o realmente no nos podremos entender. Los ciudadanos, los
pensionistas y yo estamos tranquilos porque el Gobierno y la Seguridad Social están en buenas manos. Deje que los demás critiquen y critiquen, que nosotros seguiremos haciendo y haciendo y al final, el ciudadano que es inteligente, a la hora de
depositar su voto ejerce su libertad y el ejemplo es este. Otros, en vez de criticar, tendrían que estar dedicándose a otras cosas. Porque cuando hablamos de paro, ¿es que las comunidades autónomas no tienen nada que ver? Cuando el paro en
Cataluña crece de más, la culpa es del Gobierno de Cataluña, cuando crece en Madrid es del Gobierno central, cuando crece en la Comunidad Valenciana es del Gobierno central. Lo único que saben es destruir, no construir.
Por tanto, sigamos los
socialistas trabajando, sigamos transformando este país que es lo que hemos hecho toda la vida (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: ¡Madre mía!) y los demás que sigan así, que estarán donde han estado siempre y, ¿a dónde irán? A la oposición. (La
señora Álvarez-Arenas Cisneros: Qué vulgaridad de debate.-Varios señores diputados: Muy bien, muy bien.-Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, para responder a las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, tiene usted la palabra.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Granado Martínez): Señoras y señores diputados, voy a intentar dar respuesta a las cuestiones. Bien es cierto que lo que no podemos hacer es convertir todas las comparecencias en un
totum revolutum; lo digo porque entenderán ustedes que les diga que voy a comparecer a finales de mes o a principios del mes para explicar la gestión del fondo de reserva pero no puedo hablar de cuarenta cosas a la vez. A mí me es imposible, al
señor Echániz le es posible. (El señor Membrado Giner: Siempre habla de lo mismo, dónde vas, manzanas traigo.-El señor Echániz Salgado: Es la falta de capacidad.) A mí no me es posible. Reconozco que en eso el señor Echániz me supera. Yo,
particularmente, tengo la obligación de intentar no decir las cosas sin argumentarlas y esto es más complicado que simplemente exponerlas.



Señor Echániz, con el aprecio que usted sabe que yo le tengo, le voy a decir dos cosas, por favor. En primer lugar, no me llame Granados, me apellido Granado y, con la que está cayendo, no me confunda. (Risas.) Mi amigo Jesús Posada
-cuando era presidente de la Junta de Castilla y León- me decía que él y yo compartíamos la maldición de la ese, porque en Valladolid con los transportes Posadas todo el mundo era Posadas y yo era Granados. De vez en cuando alguno me confunde,
hasta en algún El Confidencial. (Risas.) De verdad, me apellido Granado, no me llame Granados. En segundo lugar, no saque usted a colación mis responsabilidades en mi grupo político porque esto no es conforme a la Constitución. Yo aquí comparezco
como un miembro del Gobierno de España y soy responsable de lo que hace el Gobierno y le contesto a usted sobre todo lo que hace el Gobierno. Los debates partidarios los tenemos donde usted quiera pero, evidentemente, no con esta mesa por medio.
Porque no voy a caer en la tentación de entrar a un debate partidario; yo estoy aquí representando al Gobierno y usted está representando al principal grupo político de la oposición. Vamos a ver si somos capaces de ir generando una cultura
política en un país en el que, por desgracia, los periodos democráticos han sido muy breves en la historia. Ahora estamos en un periodo democrático de treinta años pero seguimos pensando que administración, partidos políticos y Gobierno son la
misma cosa. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: No, no.) y son cosas distintas. Por tanto, vengo aquí a responderle en nombre del Gobierno de España como secretario de Estado de la Seguridad Social. De lo que hace el PSOE y el PP también
hablamos otro día que, con la que está cayendo, será mejor.
(La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Sí, sobre todo en Almería.)


En torno al fondo de su cuestión, usted sistemáticamente me hace siempre el mismo discurso. El 40 por ciento de su discurso me lo hizo ya el año 2004. Sigue usted confundiendo conceptos elementales y esto nos dificulta mucho las cosas. En
este país no hay 8,4 millones de pensionistas, hay 8,4 millones de pensiones y hay 7.700.000 pensionistas. La ratio de cotizantes-pensionistas, tal y como se calcula con los sistemas de la OCDE, está en estos momentos en el 2,62; hace un año
estaba en el 2,69.
Ha caído 7 centésimas en un año, lo cual es una malísima noticia, pero no 14 ni 12. Aquí, si empezamos a exagerar las cosas nos ponemos, como decía Max Estrella en Luces de Bohemia, todos estupendos y los españoles tenemos
cierta tendencia a ponernos estupendos. En la crisis de 1992-1993 cayó 10-11 puntos en un año. Entre enero de 2008 a enero 2009 ha caído 7 centésimas. Usted me decía: Haga usted una previsión de si ocurren determinadas catástrofes qué va a pasar
con el sistema de Seguridad Social. Yo empecé mi vida laboral en Asturias y allí hay un refrán que dice: Todo lo que empieza por si, si no es sidra, es cucho. No les digo lo que es el cucho, se lo imaginarán ustedes. Lo que sí le digo es que el
miércoles de la semana pasada llegué de una reunión sobre previsión de la región de Europa y Asia central de los países de la OIT y la única conclusión a la que llegamos los 54 países presentes es la dificultad de formular previsiones. Estamos en
una crisis en la que la precipitación y velocidad de los acontecimientos devalúan mucho las previsiones. En términos abstractos, el último año en el que el sistema español de Seguridad Social tuvo déficit fue


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creo recordar- 2007 y esta ratio estaba en 2,09. Ahora estamos en 2,62; esa es la magnitud de lo que nos separa del déficit. Como usted verá es una magnitud realmente prolongada en el tiempo.



La labor de la oposición es hacer la crítica política y ustedes la hacen como quieren. Evidentemente, no voy a entrar a cuestionar cómo hacen ustedes la oposición pero buscar argumentos en el miedo no es demasiado consistente. Si con la
situación tan mala que tenemos, tienen ustedes la necesidad de sobreactuar para generar un impulso político que defienda sus posiciones, es que ustedes tienen un problema. No se puede decir que el sistema de pensiones está en riesgo ni se puede
decir que el fondo de reserva está ahora peor que hace cuatro años ni se puede decir que la Seguridad Social va a entrar en déficit este año -porque es que ya lo dijeron ustedes el año pasado- ni se pueden invocar las previsiones de los organismos
internacionales. Yo este lunes estuve escuchando al secretario general de la OCDE, señor Gurría, diciendo que España empezaría a salir de la crisis a principios de 2010, que 2010 podría ser el primer año de la recuperación, después de exponer un
informe en el que señalaba que este país era el que más había liberalizado los mercados en los últimos cinco años en toda la región OCDE. Me parece a mí que dar, de vez en cuando, alguna buena noticia no es incompatible con hacer oposición. No es
necesario que la oposición coincida siempre con el apocalipsis. Es posible que la oposición coincida alguna vez con propuestas y alguna vez con reconocimientos. Saben ustedes que yo siempre lo hago, yo siempre les reconozco su enorme contribución
a la consolidación del sistema español de pensiones porque me parece que esta es una tarea colectiva de la sociedad española en su conjunto, de UGT, de Comisiones Obreras, de la CEOE, del PSOE cuando gobierna y del PP cuando gobierna. No entiendo
por qué ustedes se sitúan en el discurso de la autarquía y piensan que este país es lo mismo ahora que cuando tenía una economía que no estaba internacionalizada, que toda la responsabilidad de la crisis recae sobre el Gobierno. ¡Vaya unos
liberales que me han salido! El Gobierno no es responsable del cien por cien de lo que pasa ni cuando las cosas van bien ni cuando van mal. Me temo que yo soy más liberal que ustedes. Tampoco tiene sentido que no entendamos que la distribución de
competencias en el Estado nos obliga a todos a asumir responsabilidades porque todos administramos un porcentaje de gasto público y cada vez ese porcentaje está más descentralizado y las responsabilidades son colectivas. (Rumores.)


Dicho todo esto -y si les molesta, lo siento, a mí también me molestan algunas cosas que dicen y las escucho con respeto-, tengo que reconocer que, evidentemente, la situación es muy preocupante, mala, díganlo en los términos que prefieran.
No tengo diferencias en cuanto a la magnitud del problema que nos aqueja. Este es un país que cuando está en ciclos alcistas genera más empleo del que le corresponde por el crecimiento del PIB y cuando entra en situaciones de crisis destruye más
empleo que el que le corresponde por el PIB. Por eso, durante doce años hemos tenido un mayor crecimiento del empleo del que era previsible según nuestro diferencial de crecimiento del producto interior bruto en relación con los países de nuestro
entorno y ahora tenemos una mayor destrucción de empleo. Esta es la realidad del país. Esto es porque tenemos más trabajo estacional, porque tenemos un mercado de trabajo muy dual, porque tenemos dificultades concretas. Sin embargo este problema,
que es el problema del mercado de trabajo con toda su magnitud, no se traslada del mismo modo al sistema de protección social, y yo soy secretario de Estado de la Seguridad Social. En ese sentido, le agradezco al señor Echániz que piense que los
afiliados dependen del secretario de Estado de la Seguridad Social pero no es así. Yo soy el mensajero, señor Echániz.
Usted sabe que mi función en el Gobierno de España es la de registrar los afiliados y que soy tan responsable cuando sube la
afiliación como cuando baja. Soy responsable de la administración de los recursos que los españoles encomiendan al Gobierno de España en relación con la Seguridad Social. Desde luego, lo hago mucho mejor que sus previsiones. Ustedes dijeron en el
mes de agosto y en el mes de septiembre que la Seguridad Social iba a entrar en déficit y hemos acabado el año 2008 con un superávit del 1,32 por ciento. Dice usted: ¿Cuándo vamos a entrar en déficit? Según ustedes, llevamos ya seis meses en
déficit; pues no. El superávit de la Seguridad Social, en términos cuantitativos, ha sido el mismo que el del año 2007, ha sido incluso algunas decenas de millones de euros superior.



Otra de sus confusiones es la de afiliados cotizantes. Nosotros dijimos que íbamos a tener 300.000 cotizantes menos; lo hemos dicho en el presupuesto. Por cierto, en el presupuesto también está cuáles son los intereses de los títulos
afectos al Fondo de Reserva, en el capítulo de ingresos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Dijimos que íbamos a tener 300.000 cotizantes menos, y entre los cotizantes están los afiliados ocupados y los desocupados, porque a la
Seguridad Social cotizan los afiliados ocupados y los desocupados. No me haga usted juegos malabares. Los afiliados no es lo mismo que los cotizantes, de la misma forma que los pensionistas no es lo mismo que el número de pensiones y que los
ingresos del sistema no son lo mismo que las cotizaciones sociales de los afiliados ocupados, porque también hay otro tipo de ingresos que siguen creciendo; le he puedo de manifiesto las transferencias del Estado, las mutuas y las cotizaciones de
desempleo.
Además, de manera anticíclica, como bien decía el señor Campuzano, van a crecer más, porque más es lo que tiene que suceder.



¿Cómo hacemos nuestras previsiones? Lo saben ustedes; hemos presentado ya dos proyecciones de gastos e ingresos de la Seguridad Social. Las proyecciones definen una paralela de los ingresos en relación con el PIB y definen las
estimaciones de gasto que hace el sistema y que se componen con mucha precisión. En honor a la verdad, hay que decir que las estimaciones de


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gasto derivan fundamentalmente de la inflación. En el año 2008, con una inflación heredada del 4,1, que es la que marca el crecimiento de nuestra masa pensional, hemos tenido un crecimiento de las pensiones contributivas del 6,1. Esto
quiere decir que por encima de la inflación nuestro gasto crece el 2 por ciento. Esa es un poco la media. En el año 2008 incorporamos algunas medidas de la voluntad del legislador, temas de prejubilados y algunos de los impactos de la Ley 40/2007.
En ese sentido, creo que vamos a tener una evolución del gasto en pensiones superior -1,7 ó 1,8- al gasto de la inflación en los próximos años y esa es una evolución razonablemente suficiente. Eso supone al año 1.500 millones de euros; 500
millones de euros es lo que hemos ahorrado el año pasado en incapacidad temporal, por tanto, el ahorro en incapacidad temporal supone la tercera parte del gasto añadido en pensiones, por encima de lo que supone el efecto inflación, que es el
principal efecto en nuestras cuentas. Esto quiere decir que nuestro sistema de pensiones, por obra suya y nuestra, por obra de todos los grupos aquí presentes, está más consolidado de lo que dicen algunas personas. Y no es malo que los
pensionistas españoles puedan irse a dormir esta noche algo más tranquilos, sabiendo que la situación económica en este país es muy preocupante, pero que no toda la magnitud de la preocupación recae sobre ello. Por tanto, señor Echániz, llegaremos
al déficit cuando estemos en una tasa del 2,09 y no es previsible que eso suceda en los próximos años.
Cuando me refería a crisis cortas, no son menos de dos años, porque de menos de dos años, en términos de principio y final, de dos ejercicios
presupuestarios no ha habido ninguna crisis. El colchón anticíclico dura bastante más de dos años y la evolución del gasto, en los términos en que se está comportando, no es realmente preocupante.



No es verdad que trabaje menos gente, señor Echániz; trabaja menos gente ahora respecto al año pasado, pero en la serie histórica del sistema estamos un millón por encima de las previsiones de la OCDE de hace cinco años o cuatro millones
por encima de las previsiones de la OCDE hace 15 años. Esos organismos internacionales, en los que yo confío tanto como usted, en relación con la Seguridad Social son menos de fiar que en relación con el conjunto de las cuentas públicas. Algunos
de esos organismos internacionales -no sé si haciéndoles caso a ustedes o a quién- también dijeron que íbamos a entrar en déficit el año pasado; pues no, no hemos entrado en déficit y el superávit se ha comportado razonablemente.



En cuanto al Fondo de Reserva, decir que un Fondo de Reserva de 57.000 millones está peor que cuando tenía 15.000 es un exceso retórico. Le digo con toda franqueza que decir eso no es razonable. Usted hace una referencia a un proyecto de
ley que nosotros pactamos con los interlocutores sociales y me dice que de nada por haber evitado ese proyecto. En estos momentos, las entidades financieras españolas, entidades solventes, muy serias, con la máxima calificación crediticia, están
financiándose en los mercados internacionales al 6,5 y al 7 por ciento de interés. A mí no me importaría -lo digo con toda franqueza- que algunas de esas entidades financieras pudieran gestionar el 10 por ciento del Fondo de Reserva retribuyendo al
7 por ciento de interés, un interés de deuda pública que en estos momentos se sitúa en lo que son las nuevas compras por debajo del 3 por ciento. En todo caso, señor Echániz, nunca vamos a aprobar una ley que no cuente con su apoyo. Fíjese qué
bien y qué claro se lo digo, porque nosotros estamos absolutamente convencidos de que es muy malo para el sistema de Seguridad Social someterse en términos de derogación o aprobación, como pasa por desgracia en otros sistemas comunitarios de nuestro
país, al régimen de alternancia política. Lo tienen ustedes muy claro. Mientras ustedes no estén de acuerdo con nosotros o nosotros no estemos de acuerdo con ustedes, no aprobaremos un proyecto de ley que cambia la regulación del Fondo de Reserva;
seguiremos invirtiendo en deuda pública, lo cual nos llevará previsiblemente a tener rentabilidades cercanas al cero en los próximos meses, situación que con toda sinceridad tampoco me divierte. Intentaría buscar formas de hacer esa gestión más
ágil, más eficiente y conseguir una mejor rentabilidad para las dotaciones del Fondo de Reserva. Además en esto, si partimos de la buena fe, no tenemos por qué encontrar ninguna dificultad en ponernos de acuerdo.



Me sorprende que me diga que no entiende por qué deben retrasarse las dotaciones del fondo. Ahí también tiene usted alguna confusión, y después de cuatro años es hora ya de entendernos. De los 14.000 millones del superávit del año pasado,
hay 2.180 millones que ya están en el Fondo de Reserva porque son los intereses afectos a títulos del fondo y los rendimientos de la cuenta. Hay 1.560 millones que se han incorporado al Fondo de Prevención porque son rendimientos de las mutuas y
están perfectamente identificados en el presupuesto. De los 10.000 millones que restan, hay derechos reconocidos que no se han liquidado porque son cuotas aplazadas. El año pasado sin duda tuvimos una mayor carga de aplazamientos que en los años
normales. En los años normales tenemos una carga media de 1.500 millones de euros en cotizaciones aplazadas y el año pasado tuvimos probablemente 800 ó 900 millones más, con lo que serían 2.500. Con lo cual podríamos llevar al Fondo de Reserva
8.000 millones, que es lo que estaba previsto en los presupuestos para el año 2009 correspondientes al excedente del año 2008 calculado, tal como dice nuestra ley reguladora, que está aprobada por ustedes y que no hemos cambiado porque no hemos
llegado a ese acuerdo. Si llevamos ese dinero a las dotaciones al Fondo de Reserva, evidentemente tendremos menos disponibilidad de tesorería para conceder aplazamientos a las empresas.
Aplazamientos a las empresas que están en una situación de
falta de liquidez nos los solicita todo el mundo, es decir, la CEOE, los sindicatos, sus gobiernos autonómicos. Yo negocio codo con codo con algunos de sus consejeros de Trabajo cómo resolver


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el problema de una empresa concediendo aplazamientos a la Seguridad Social. El objetivo del Gobierno de España -que yo no sé si ustedes comparten o no, pero si no lo comparten me quedaría estupefacto- evidentemente es que ninguna empresa
tenga que ir a un procedimiento concursal o tenga que destruir empleo por un problema de liquidez derivado de que no puede hacer frente a las cotizaciones de la Seguridad Social. Si nuestro sistema de Seguridad Social está en buena situación, tiene
liquidez y puede contribuir a un problema de falta de liquidez de las empresas, a nuestro juicio debe hacerlo. Además, señor Echániz, no es que lo digan sus gobiernos autonómicos, no es que lo digan sus consejeros y sus diputados en los parlamentos
autonómicos, no es que lo diga la CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras o UGT; es que ustedes en el año 2002, por una situación parecida, aplazaron las dotaciones al Fondo de Reserva.
En el año 2002 -se acuerdan ustedes del año fatídico del decretazo,
cambio de Gobierno, etcétera, al que no quiero hacer alusión- hubo una situación de caída en la afiliación en los primeros meses muy preocupante, el Gobierno paralizó las dotaciones al Fondo de Reserva y hubo entonces unas dotaciones muy reducidas,
y en el año 2003, sin embargo, hubo un incremento de la dotación muy importante porque se tuvo que hacer frente a las dotaciones que no se habían hecho en el año 2002.
En esto, señor Echániz, no hay nada demasiado nuevo bajo el sol. Yo soy muy
poco original en las cosas que hago bien. Algunas las hicieron bien ustedes, otras las hacíamos bien nosotros ya antes del año 1996. Lo importante en este sistema de protección social es que todos continuamos haciendo bien lo que hacían
anteriormente los otros, y no debemos renunciar a ese patrimonio colectivo que es nuestra capacidad de entendernos. Por eso, sus intervenciones, señor Echániz, me parecen excesivas porque en su intervención no hay un hálito de entendimiento. No
hay un solo tema en el cual ustedes y nosotros estemos de acuerdo. Todo va fatal, el mundo se hunde, arrepentíos, y todo es por culpa del Gobierno. ¿Qué quiere que le diga? Me produce cierta desazón intelectual.
Yo creo que en alguna cosa
podremos entendernos, porque esto además será bueno para el país. Pero, además, en esas cosas nos entendemos con sus correligionarios en las comunidades autónomas, y en otros sitios no sé por qué no me puedo entender con ustedes. Es muy difícil de
entender.
Hable usted con sus consejeros de Trabajo -yo hablo con ellos- y pregúnteles lo que le dicen al secretario de Estado de la Seguridad Social. ¡Pero si esto es una cosa normal! Si ustedes no lo comparten pues nos lo hacen saber y ya
veremos a ver lo que hacemos o cómo actuamos, pero si podemos solucionar un problema de liquidez de una empresa lo haremos. Y le voy a hacer otra precisión. Un problema de liquidez no es todo el problema económico de una empresa, porque puede
haber empresas que tengan dificultades económicas vinculadas a la contracción del mercado. Hay menos demanda y tienen menos venta. Una empresa que no puede trabajar porque tiene el problema de que no vende lo que produce, eso no se arregla con un
aplazamiento a la Seguridad Social. Si los trabajadores no trabajan está el salario y, evidentemente, las soluciones van por la vía de expedientes de regulación de empleo y otro tipo de cuestiones.



Como bien decía la señora López i Chamosa, el problema del aplazamiento es para la típica empresa que vende todo lo que tiene pero no le pagan o le pagan con dificultad y tiene que pagar a sus proveedores; y si no les paga, acumula como en
una ficha de dominó, el círculo perverso de la crisis económica y traslada el círculo de la crisis al sistema. Y ante ese problema de liquidez, naturalmente el ICO activa una línea de capital circulante que no la activó nunca. Hay otros países en
los cuales los bancos nacionales están prestando directamente a las empresas. Hay aplazamientos a las cotizaciones de la Seguridad Social en muchos países europeos, y en España hemos pensado esto. Y ustedes me dicen que esa tampoco es una política
razonable cuando es la que ustedes hicieron en una situación mucho menos dura en el año 2002. Yo no entiendo nada, se lo digo con toda franqueza. Creo, sinceramente, que podemos entendernos algo mejor y podemos buscar una solución razonable para
resolver -con la buena situación económica de la Seguridad Social- con un aplazamiento de algunos meses de las cotizaciones la situación de crisis de algunos sectores y de algunas empresas. Ya lo hemos hecho con el transporte aéreo y con otros
sectores y no tiene que haber ningún problema. Sí hay un problema de partida y es que para hacer esto tenemos que reconocer que el sistema de Seguridad Social está en condiciones de hacerlo. Y cuando uno lleva tiempo avisando de que el mundo se
hunde y de que la Seguridad Social se hunde, uno no puede entrar en ese juego. Entonces, el consejero de Trabajo, aunque sea del Partido Popular, sí entra en ese juego y dice: ayúdeme, Seguridad Social. Pero, claro, el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso entiende que eso es contradictorio con el discurso que lleva manteniendo de manera sostenida. Pero yo les animo a ustedes a que maticen el discurso. La Seguridad Social, de verdad, tiene dificultades porque un sistema de reparto se
basa en el empleo y no hay peor noticia para nosotros que caiga el empleo. Pero no está en la situación en la que ustedes quieren hacer creer al conjunto de la ciudadanía española. La Seguridad Social, incluso, puede contribuir, aplazando las
donaciones al Fondo de Reserva, a resolver problemas de liquidez de empresas. Y estoy de acuerdo con el señor Campuzano, eso es una idea razonable, que ya le digo que no fue mía; es que en el año 2002 ustedes ya lo hicieron.



En cuanto al señor Olabarría, sistemas de capitalización en Europa hay muchos. El sistema sueco es un sistema mixto que tiene fondos privados de capitalización de pensiones y tiene rentas públicas de pensión, fondos privados y públicos; el
sistema inglés, el sistema irlandés, el de Letonia, Lituania, Estonia, muchos países del este de Europa en su sistema de capitalización... La OCDE publica un ranquin de sistemas de pensiones, de


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fondos privados de pensiones y de sistemas de capitalización que publica mensualmente, donde el Fondo de Reserva español, que en el año 2004 estaba el vigésimo sexto, ahora es el cuarto. Hay muchos ejemplos. Los sistemas de capitalización
están mucho peor que los sistemas de reparto.
Han tenido una caída del 20 ó 25 por ciento en sus previsiones. (El señor Olabarría Muñoz: Es que solo hay dos en el mundo.)


Ya le he indicado en la respuesta al señor Echániz cómo hacemos la prospectiva. Los gastos los trazamos bastante bien con la única incertidumbre de la evolución de la inflación porque calculamos bastante bien las edades medias de
jubilación, las tasas de incapacidad y viudedad, etcétera, y los ingresos van vinculados al PIB. La previsión de déficit, si existe, sería una tasa del 2,09, alejada sin duda ninguna en el tiempo. Le agradezco mucho su oferta de colaboración en lo
que vale porque creo que todo lo que podamos hacer para mejorar la situación del sistema será tremendamente positivo.



El señor Campuzano primero ha hecho una reflexión inicial, hablando de que las medidas que el Gobierno propone en el diálogo social, que no puedo comentar aquí porque están en discusión en la mesa de diálogo, son claramente insuficientes.
Yo podría compartir en el plano teórico esa reflexión. Señor Campuzano, es que esta es una crisis de dimensión planetaria. Aunque consiguiéramos hacerlo todo bien en este país, todo lo que hiciéramos sería insuficiente. En este país, además, para
hacerlo todo bien, necesitaríamos contar con la colaboración de todo el sector público y que el sector privado hiciera reformas dirigidas bajo la égida del Gobierno, suponiendo movilización de sinergias y de yacimientos de energía oculta que existen
en el mercado, que también los hay. En ese sentido es evidente que todos los países están tomando medidas y haciendo políticas que saben que tienen un nivel de suficiencia relativo. Por ejemplo, hemos conocido la primera evaluación de los planes
de rescate financieros, planes de rescate que parece que eran la solución cuando Leheman Brothers se hunde en los mercados, ahora se juzgan como insuficientes. Esta mañana he leído un teletipo que me ha pasado mi jefe de prensa en el que Alan
Greenspan hablaba de que era necesario nacionalizar la banca. Me temo que no es lo último que voy a leer que me llame la atención. Si el señor Greenspan, cuyo libro La era de las turbulencias es una apología indisimulada del dejar hacer, dejar
pasar, ahora defiende las nacionalización de la banca, me temo que el Gobierno español no ha sido el único en errar en sus previsiones, ni el Gobierno español ni el Grupo Parlamentario Popular. Creo que todos estamos un poco desbordados por la
magnitud de los acontecimientos y todos estamos realizando políticas cuyo nivel de suficiencia es relativo porque la crisis tiene dimensión planetaria. Si hablamos del sector de la automoción, ¿qué podemos hacer en España si el 14 por ciento de los
coches que producimos son los que se dedican al mercado nacional? Si el resto del mundo no compra coches, aunque consiguiéramos que aquí todo el mundo comprara coches no podríamos resolver la crisis del sector de la automoción. Este es el ejemplo
que se pone siempre. En ese sentido se hace lo que se puede. Creo que la Seguridad Social ha tomado medidas en el ámbito de sus posibilidades. La medida más llamativa es intentar facilitar liquidez a las empresas, como ya vienen haciendo. Aunque
hiciéramos las dotaciones al Fondo de Reserva también intentaríamos ampliar los aplazamientos, lo que pasa que tendríamos menos posibilidades de hacerlo. Por eso, hemos propuesto que haya un cierto espacio de tiempo en el cual podamos retrasar las
dotaciones y eso nos permite dar un alivio a los problemas de liquidez que tienen algunas empresas españolas.



El señor Campuzano me pregunta por el cese de actividad, que es algo que depende de otra área de mi ministerio. No obstante, le comento que, tal como estaba pactado con las organizaciones representativas del sector de autónomos, la puesta
en marcha de la medida era posterior a la realización de una encuesta que en estos momentos se está realizando en el colectivo para conocer, por ejemplo, el grado de aceptación de una prestación de carácter universal. No debemos olvidar, y esto el
señor Campuzano lo conoce bien, que el sistema de Seguridad Social es un sistema de seguro. Seguridad viene de seguro. En este sentido las prestaciones que pagamos son las que cobramos. Para pagar la prestación de cese de actividad a los
autónomos tendremos que trazar un equilibrio prestacional de cobros y la prestación debe autofinanciarse. Esas son las reglas de juego del sistema de seguro que son las reglas de juego que conocían las organizaciones que pactaron con nosotros en la
puesta en marcha de la prestación, aunque eso no quiere decir que el equilibrio haya que reflejarlo en término diacrónicos, se puede hacer en términos dinámicos. Puede ser posible que en los primeros meses haya un déficit de aportaciones y pago de
prestaciones y luego se vaya equilibrando a lo largo del tiempo.



El calendario me cuesta saberlo con precisión porque no depende de mi departamento -en este sentido, existe la posibilidad de preguntarle a la secretaria general de Empleo, sin duda, para mayor precisión-, pero el Gobierno tiene la intención
de hacerlo lo antes posible y algunas cuestiones concretas deben discutirse. La gestión por parte de las mutuas de la prestación en sus términos directamente prestacionales tiene la ventaja de que las mutuas son agrupaciones de empresarios. Tiene
otros inconvenientes como que no todo el mundo está mutualizado y una prestación de carácter universal es más difícil de mutualizar. Las políticas activas son algo distinto, porque las políticas activas en estos momentos están a caballo entre las
comunidades autónomas y la Administración Central del Estado. Creo que dejarlo en manos de las mutuas sería difícil, porque lo razonable sería mantener el equilibrio entre administraciones territoriales, comunidades autónomas y Estado en las
políticas activas. Personalmente creo que las políticas activas, cuanto más integradas estén, mejor; y si hay una administración que ya tiene la responsabilidad de hacer


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políticas activas para los trabajadores por cuenta ajena debe tenerla para los trabajadores autónomos. También es verdad que en relación con los autónomos y trabajadores por cuenta ajena, paro, etcétera, en la disminución de nuestras medias
de afiliación tengan ustedes en cuenta que el flujo de salidas y entradas en el sistema de Seguridad Social es de 350.000 personas al año. Quiero decir que si no se afilia nadie nuevo hay 350.000 personas que pasan a convertirse en pensionistas,
luego hay pensionistas que fallecen; es ley de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en el régimen de autónomos decimos que tenemos 100.000 afiliados menos que hace un año, realmente tenemos que saber qué parte de la gente es la que no se ha
dado de alta en el régimen de autónomos porque se ha inscrito como desempleada porque no tiene dinero para mantener la actividad, qué parte de gente se ha jubilado y cuál es el autónomo que realmente ha entrado en situación de cese de actividad. En
ese sentido, las cifras son más moderadas, aunque sin desmerecer, desde luego, la magnitud del problema.



Hace una pregunta muy interesante el señor Campuzano de previsiones pendientes de desarrollo de la Ley 40/2007. El lunes tuvimos una reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de 13 de julio de 2006 sobre medidas en materia de
Seguridad Social. Los primeros decretos de desarrollo de la Ley 40/2007 se verán en el BOE las próximas semanas porque el Consejo de Estado, al que habíamos enviado una norma para el desarrollo de algunos preceptos, creo que esta semana ya nos
entrega su informe y en cuanto nos entregue su informe le iremos dando curso. En referencia a las enfermedades o discapacidades con una afectación superior al 45 por ciento que darían origen a una disminución automática de la edad de jubilación, es
un estudio que el INSS va a culminar el mes que viene y que empezará a ser discutido con los interlocutores sociales del Cermi, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, en cuanto finalice el estudio. Hicimos entrega a los
interlocutores sociales de un proyecto de decreto sobre secularizados; otro sobre agencias de aduanas, que es un tema que le preocupaba mucho al señor Olabarría y que se empezará ya a discutir con los interlocutores sociales; y un proyecto de
decreto sobre el bono. Les hicimos entrega de mucho material porque queremos ordenar todo el desarrollo de la Ley 40/2007 en los seis primeros meses de este año. Por tanto, hay algunas cosas que ya están desarrolladas por presupuesto, pero vamos a
hacerlo.



En cuanto a la concesión de aplazamientos en materia de Seguridad Social, no sé qué borrador maneja S.S. del documento que el Gobierno ha remitido a la Mesa de diálogo social, pero en el documento definitivo ya se dice claramente que el
marco con el que se concederían los aplazamientos en materia de Seguridad Social es el reglamento general de recaudación en materia de Seguridad Social. No hace falta ninguna ley. El año pasado hemos concedido 55.000 aplazamientos para
trabajadores autónomos. De las 64.000 empresas menos que hay en la Seguridad Social son trabajadores autónomos; son empresas de más de dos trabajadores y esas son menos de mil. Dentro de esas 64.000, no distinguimos en nuestro sistema de
protección social entre empresarios y trabajadores autónomos. Por tanto, es una cifra redundante con los 100.000 autónomos menos. No hace falta, por tanto, modificación legislativa. Lo que sí tenemos que saber es de qué margen disponemos en
términos de tesorería para conceder los aplazamientos.



Estoy muy de acuerdo con la señora López i Chamosa cuando indica que esta es una crisis que tiene soluciones globales. Qué más me gustaría a mí que tener la solución a la crisis. Hay un refrán chino que dice que cuando el astrónomo señala
la luna con el dedo él siempre mira al dedo. Cuando ustedes miren las cifras de la Seguridad Social no piensen que el secretario de Estado de Seguridad Social puede definir las cifras. El secretario de Estado de Seguridad Social puede administrar
mejor o peor los recursos y puede definir políticas a través de las cuales el sistema de protección social, respetando los márgenes que le da el Pacto de Toledo, que no son muchos, puede contribuir o coadyuvar al mejor funcionamiento de la economía
española, pero no le corresponde trazar políticas de salida de la crisis porque estas no pueden tener su asiento en el sistema de Seguridad Social sino en el sistema tributario. Así debe ser desde que el Pacto de Toledo configuró la separación de
fuentes.



Perdonen la extensión y si en algún momento dado les he molestado den por retirada cualquier expresión del'Diario de Sesiones' que suponga incomodidad a SS.SS., porque no era mi objetivo. Como conclusión final de esta intervención, me
ratifico en el criterio general. Gracias a la previsión del legislador y al trabajo continuado de los diferentes gobiernos que han gestionado la Seguridad Social en España, gracias al acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios y gracias al
acuerdo entre los interlocutores sociales hemos permitido que el sistema de Seguridad Social tenga algunos blindajes frente a la crisis. El impacto de la crisis en el sistema de Seguridad Social es indudable y muy preocupante. Hay que intentar
corregirlo con políticas económicas eficaces, pero nuestro sistema de Seguridad Social está algo más protegido por esa propia configuración legal de muchos de los efectos de la crisis que otros sistemas comunitarios. En este sentido, los
pensionistas españoles pueden estar más tranquilos porque gracias al trabajo conjunto de todos los gobiernos nuestro sistema de Seguridad Social se defiende bastante bien.



El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que queda un segundo punto, pero como veo que piden la palabra SS.SS. para un turno de dúplica, me imagino que breve, se la voy a conceder por tiempo de tres minutos. En primer lugar, tiene la palabra el
señor Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Permítame que comience poniendo de manifiesto, después de escuchar


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la intervención de la señora López i Chamosa, que el Grupo Parlamentario Socialista es experto en pedir recetas, recetas que no tiene. Doña Isabel, las recetas que crearon en España cinco millones de empleo y que redujeron la tasa de paro
del 23 al 11 por ciento son las que estamos proponiendo en este momento. Por tanto, no me las pregunte a mí. Léase el 'Diario de Sesiones' y léase las iniciativas que presenta el Grupo Parlamentario Popular a lo largo de esta legislatura. Tiene
ahí cuarenta o cincuenta folios en los que hay centenares de propuestas que son exactamente las mismas que pusieron en forma a este país en términos de empleo y de Seguridad Social.



Señor Granado, lamento haberle añadido una ese a su nombre -no le volveré a llamar Granados-, pero permítame que le vuelva a decir que usted es el secretario de política económica y de empleo del Partido Socialista. Ya sé que no comparece
en términos de esa responsabilidad política, pero usted es el secretario de Estado de Seguridad Social. No reniegue de su responsabilidad política, que tiene una enorme trascendencia en lo que significa en este momento la resolución de las graves
situaciones por las que pasa este país y en las que su grupo parlamentario, su partido y su Gobierno tienen muchísimo que ver. Usted lo arregla todo poniendo de manifiesto que hay una enorme dificultad para hacer previsiones. Esa es un latiguillo
que llevamos escuchando desde hace muchísimo tiempo. No es imposible entender que sea muy difícil entenderse con nosotros, señor Granados... Perdón, señor Granado; es que tengo un amigo que se llama Granados, y no es el madrileño. Ustedes nos
han engañado durante cinco años con todos sus diagnósticos, con todas sus previsiones y, por tanto, no entenderá usted que sea muy complicado entenderse con nosotros. Usted no da una sola en todas las previsiones actuales. Hace poco más de un año
dijeron que iban a bajar la tasa de desempleo por debajo del 7 por ciento y estamos en el 14 y pico por ciento, más del doble. Por tanto, precisamente en previsiones no es en el ámbito en el que ustedes tienen más credibilidad.



Es posible que un 40 por ciento de mi discurso usted ya lo haya escuchado, pero el que yo le he escuchado a usted es cien por cien el mismo que usted hacía hace dos, tres y cuatro años. Y lo grave es que la situación económica y el empleo
se han complicado gravemente, y usted hace prácticamente el mismo discurso. Además es un discurso que no solo le hemos escuchado a usted, se lo hemos escuchado al anterior ministro de Trabajo de este país, al señor Caldera, que hacía declaraciones
francamente peculiares y que hoy, vistas con el tiempo, nos hacen cuando menos sonreír, declaraciones como: este repunte del paro no tiene la más mínima importancia, ya que responde a un progresivo crecimiento de la población activa -hace poco más
de un año- o estamos entre las mejores naciones de Europa, que decía en el propio Pacto de Toledo en noviembre del año 2006. Señor secretario de Estado, permítame que ponga de manifiesto que viene usted a decirnos entre otras cosas que no es
responsable, porque ese discurso ya se lo hemos escuchado al señor Solbes, al ministro de Trabajo y al propio señor Zapatero. Aquí en este Gobierno nadie es responsable de nadie. Usted es miembro de un Gobierno profundamente irresponsable. Usted
trajo a finales del año 2007 a esta Cámara una reforma legislativa de la Seguridad Social. Ya entonces los grupos aquí presentes le pusimos de manifiesto que esa no era la reforma que necesitaba España, que estábamos en tiempos en los que hacía
falta hacer una reforma más ambiciosa y aquella era pacata, era insuficiente, era tímida. Se lo dijimos entonces y encima le propusimos ayudarle a hacer reformas de mucho más calado y mucho más importantes, que en este momento hubieran dado mucho
mejor resultado en términos de Seguridad Social. Nosotros le dijimos entonces que era decepcionante, que era una gran oportunidad perdida. Yo estoy seguro de que en su interior usted pensará lo mismo, que desaprovechó una gran ocasión en 2007, con
una situación económica bien distinta, para hacer reformas más profundas y hoy no estaríamos en la situación en la que estamos en la Seguridad Social. No se asumió ningún compromiso a largo plazo, no se hizo una reforma con la amplitud ni la
profundidad ni la ambición que hacían falta. Hoy tenemos lo que tenemos, que es exactamente que el tiempo nos ha dado la razón a los grupos parlamentarios que debatimos aquella ley en estos términos.



Hoy usted podía haber puesto de manifiesto, amén de los datos a los que ha hecho referencia respecto de ingresos y gastos en la Seguridad Social, cuáles son las reformas en las que usted está pensando y va a proponer por ejemplo a los
agentes sociales o a esta Cámara. Cuáles son en materia de Seguridad Social sus prioridades, cuáles son sus objetivos, cuál es su calendario. La señora Chamosa me pide a mí respuestas que, repito, están en los diarios de sesiones, pero yo se las
pido a usted. Usted es el Gobierno, a usted sí le pido yo objetivos, prioridades y calendarios.
¿Qué van a hacer con el fondo de reserva cuando la situación se complique más? Tampoco ha contado nada de la contributividad, ni del cómputo de la
vida laboral, ni de la prolongación voluntaria de la vida laboral, ni de la prestación social complementaria, ni la financiación de complementos a mínimos este año o al que viene, si lo va a adelantar, si lo va a retrasar, absolutamente nada. Por
tanto, usted ha venido aquí a dar los datos que ya conocemos, que están en los presupuestos y que hemos conocido a través de los medios de comunicación porque no paran ustedes de hacer comparecencias públicas. Pero a mí me gustaría saber, como
Gobierno, cómo va a solucionar la grave situación que tenemos en la Seguridad Social, la caída del millón de afiliados en la Seguridad Social.



El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, le ruego que vaya terminando.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señor secretario de Estado -termino con esto-, es la primera ocasión


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desde 1995 en que la Seguridad Social está peor que el año anterior. Está aumentando la economía sumergida, se está clandestinizando el mercado laboral, los ciudadanos españoles en este momento tienen menos derechos, tienen menos Seguridad
Social y está aumentando la morosidad. Por tanto, me gustaría saber en esta última intervención cuál es la tasa de morosidad que en este momento tiene la Seguridad Social. ¿Cuál es la deuda pendiente de cobro? Ha dicho que era en torno a 2.500
millones. ¿Y la prevista para finales de 2009? ¿Cuántos aplazamientos de cuotas, cuántos diferimientos prevé que haya a final de este ejercicio? ¿A qué sectores, señor secretario de la Seguridad Social, van ustedes a aplazar los pagos de
empresas? ¿Qué va a hacer para evitar agravios comparativos entre distintos sectores de la sociedad española, de la economía española en aplazamiento de cuotas? ¿Qué criterios va a seguir y cómo va a afectar todo esto a la Seguridad Social? ¿A
qué sectores va usted a bonificar las cotizaciones sociales, a rebajar las cotizaciones, y en qué medida? ¿Y cómo va a afectar todo esto al presupuesto de ingresos de la Seguridad Social? De todo esto usted no ha dicho absolutamente nada, ni cuál
es la previsión real de disminución de cotizaciones sociales de los ocupados y los desempleados, las que pagan ellos y las que paga el INEM, que no son realmente cotizaciones, son transferencias en todo caso y no cotizaciones. ¿Cuántos parados
dejarán de cotizar a lo largo del año 2009 a la Seguridad Social como consecuencia de que han perdido su empleo en 2008?


Señor secretario de Estado, la desidia de su Gobierno, se lo repito, la incapacidad de poner en marcha reformas en materia económica, en materia fiscal, en materia laboral o en materia de Seguridad Social, ha hecho que estemos en una
auténtica política del avestruz. Esta situación de 4 millones prácticamente de parados, y creciendo; de un millón de gente sin ingresos en nuestro país, y creciendo; de un millón de irregulares, y creciendo, y la primera vez que en la Seguridad
Social se vuelve a hablar de términos preocupantes, está sin duda creando en la sociedad española una gran crisis social. Hoy en España hay menos bienestar social, más sufrimiento y más preocupación que hace bien pocos años y créame que revertir
esta situación que ustedes están profundizando va a ser cuando menos mucho más caro y mucho más costoso que hace unos años, en 1996.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Emilio Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy a ser breve.



Señor Granado, usted y yo nos conocemos hace mucho tiempo y sabe que le tengo en gran consideración. Le considero un político potente y relevante y me ha decepcionado profundamente su intervención, por lo siguiente. Ha habido una asimetría
particularmente relevante. El Partido Popular ha sido lacerante, ha sido muy crítico -ellos sabrán lo que invocan en sus reflexiones- y a usted, en relación al Partido Popular, en su réplica solo le ha faltado ir a abrazar al señor Echaniz y
limpiarle los zapatos.
Esto, simbólicamente, no es irrelevante porque acredita cuál es el nivel de interlocución que se está pergeñando apriorísticamente para esta legislatura en relación a los problemas que aquí nos han concitado. Esto es así.
Ya tenemos, usted y yo, el pelo cano -y algunos carecemos incluso de pelo- para saber de qué van las cosas y para descubrir el discurso simbólico. Usted a mí no me va a engañar y yo no le voy a intentar engañar a usted. Ya sé de qué va. Ustedes
van a buscar una interlocución a dos, y ahora me honra no haber estado en la reunión del Pacto de Toledo el otro día; me honra, porque ya sé por dónde van los tiros en este momento. Aquí se hace una traslación simbólica de los requerimientos e
intereses de la patronal, que defienden determinados partidos, y los requerimientos e intereses de determinadas organizaciones sindicales que defienden otros partidos. Y a usted los demás no le interesamos en absoluto. Desde esa perspectiva, si
usted prescinde de los demás, nosotros, en la medida de lo posible, seguiremos siendo rigurosos y aportando lo que humildemente podamos aportar, pero nos sentimos -y se lo digo honestamente- desconcernidos de los grandes acuerdos y pactos de Estado
que los problemas que usted tiene que afrontar requieren. Y usted sabe que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Con esto, señor presidente, cualquier glosa adicional resulta sobreabundante y superficial.



El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: No pretendo polemizar sobre la dimensión de la crisis pero el señor Granado estará de acuerdo conmigo en que, más allá del carácter global de esta crisis, existe una crisis específicamente española derivada de
debilidades de nuestro modelo productivo, del déficit de nuestra cuenta corriente, de las rigideces de determinados mercados, del mal diseño de algunas instituciones de nuestro mercado de trabajo, de algunas insuficiencias graves de los servicios
públicos de empleo, de dificultades entre formación y perfiles profesionales exigidos por el mercado de trabajo, etcétera. Todo eso es lo que exige respuestas arriesgadas y políticamente valientes de este Gobierno para hacer frente a esta crisis.
Porque es evidente que saldremos de la crisis en función también de la salida global que tenga esta crisis, pero si el Gobierno no arriesga políticamente España va a salir mal de esta crisis. Quiero recordarle que en la última legislatura en la que
ustedes gobernaron, antes de que el Partido Popular accediese al Gobierno -en 1993-1995-, ustedes arriesgaron con una reforma laboral en 1994 y con la puesta en marcha del Pacto de Toledo en 1993 que terminó en el acuerdo de 1995. Le recomiendo que
se inspiren en aquella legislatura para hacer frente a la crisis. Las medidas que ustedes empezaron a adoptar en 1993-1995 con el apoyo y el concurso de Convergència i Unió permitieron al Gobierno popular


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en 1996 iniciar un periodo realmente bueno para el conjunto de la economía y de la sociedad españolas. Le pido inspiración, como en el riesgo político que su partido supo correr en esos años.



A efectos de precisión, la pregunta que yo le planteaba era si el retraso hasta finales de año de las dotaciones a realizar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social exige modificación de la ley. Ya sé que los aplazamientos a las empresas
no exigen modificación de la ley, pero no sé si el cambio en el modo de articularse el fondo de reserva exige ese cambio normativo, porque, como le decía, al menos así es como lo he entendido, el documento que ustedes trasladaban a los agentes
sociales para la discusión y el diálogo social se formulaban en esos términos.



El señor PRESIDENTE: Doña Isabel López i Chamosa.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Quiero decir dos cosas. Señor Echániz, usted tiene propuestas en el'Diario de Sesiones', sin ninguna duda. Lo que pasa es que usted tiene propuestas para la gripe y nosotros ahora estamos con una pulmonía. Las
cosas no sirven para la misma situación, y conste que de curar enfermos sabe usted mucho más que yo. Creo que estamos en un momento de hacer medicina preventiva, pero le voy a decir algo: usted trata y hace lo mismo con el Gobierno que la patronal
con los trabajadores. Si algo está claro en este momento es que de la crisis que estamos viviendo no tienen la culpa el mercado de trabajo, ni los trabajadores, ni las cotizaciones sociales, ni los incrementos, ni los salarios. (El señor Echániz
Salgado: La tiene el PP.) Sin embargo, la patronal dice que los expedientes no pasen ni siquiera por la Administración. Fíjese usted, de todos los trabajadores que han ido al paro en estos últimos seis meses, solo el 3,4 por ciento ha ido por
expedientes; el 40 por ciento, por despidos individuales; y el resto, la mayoría, por rescisión de contrato, es decir, contratos temporales.
Tenemos un mercado laboral muy flexible, pero como el problema no es ese, el que lo flexibilicemos más no
nos solventará ningún problema, si acaso nos creará alguno más. Esto también va por don Carles Campuzano. No es el mismo el mercado laboral que tenemos hoy que el que teníamos en el año 1994. En el año 1994 teníamos una situación muy distinta a
esta. Algunas de las reformas que se hicieron entonces fueron importantes, como lo fue, por ejemplo, el trasladar a la negociación colectiva una buena parte de materias y sacarlas de lo que es la legislación. Eso sí fue importante y fue un paso
adelante, pero eso ya está hecho, y lo que tenemos que afrontar ahora es otra situación, que no se va a resolver ni con menos protección social a los trabajadores ni con más desregulación, ni bajando salarios. Yo comparto con usted una cosa, don
Octavio. Cuando don Gerardo Camps era secretario de Estado de la Seguridad Social y yo diputada de la oposición, en varias ocasiones he acompañado a comités de empresa para solicitarle que diera una solución de aplazamiento a determinadas empresas.
Y lo hizo, porque la sensatez cuando se gobierna se impone, y es lo único que realmente tenemos. Termino diciéndole una cosa, señor Echániz, usted sabe que a nivel personal nos entendemos bien, sin ningún problema; a nivel político, está claro que
tenemos grandes abismos. Pero también saben usted y su grupo parlamentario que yo, como obrera que soy -de lo que me siento orgullosa-, soy muy pragmática y digo las cosas con mucha claridad. En este país hay problemas, pero como se vive en este
país no se vive en ningún otro país del entorno. (El señor Echániz Salgado: Dígaselo al millón de parados.) Sí, se lo digo al millón de parados, señor Echániz. Se lo digo a los que cobran el desempleo, y vaya usted a decírselo a los americanos
que se quedan en la calle sin ningún tipo de protección. ¿Es eso lo que quiere? Yo no. Quiero un país que funcione como está funcionando y que las reformas que se hagan sean con consenso político y social, pues se ha demostrado en nuestro país,
en la etapa de nuestra democracia, que aquello que se hace con consenso social y político es lo que mejor funciona y lo que mejores resultados da.



El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate de este primer punto tiene la palabra el secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Granado Martínez): Señor Olabarría, no se vaya. (Risas.) Ayer estuve en un acto con un ponente de la Agencia Europea de Prevención de Riesgos Laborales que dijo: Vengo de Bilbao, el
centro del universo conocido. Yo sé que eso le gustará, nos hizo mucha gracia a todos. Señor Olabarría, ha hecho usted un discurso de campaña electoral del País Vasco y yo creo que los señores y señoras diputadas del Grupo Popular no estarán tan
de acuerdo en que he sido tan obsequioso con el portavoz del Grupo Popular. Lo que pasa es que usted aquí venía a decir que el PSOE y el PP se entienden. Qué más quisiera yo que nos entendiéramos un poquito en este tema, porque además me parece
que es bueno para el país. Lo que ha dicho el señor Echániz del Pacto de Toledo es muy razonable, o lo que decía el señor Campuzano del último Gobierno socialista, antes del año 1996, pero es que el Pacto de Toledo no previó reformas para la
crisis, sino que hizo un desarrollo del país hacia el futuro, eso es lo que yo intento decir. No sé si me explico bien o mal, pero aquí tenemos que pactar reformas de la Seguridad Social para diez o quince años. Señor Echániz, aquí no podemos
pactar reformas de la Seguridad Social para salir de la crisis porque esas no son reformas, eso tiene otro nombre. Algunas de las cosas que hemos hecho en la Ley 40 es deshacer el camino que ustedes emprendieron en el año 2002, porque algunos de
los problemas que tenemos es la regulación irrestricta que se hizo en el año 2002 de la jubilación parcial. Y yo les agradezco muchísimo su responsabilidad en ese sentido y les agradezco muchísimo,


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de verdad, que ustedes sigan insistiendo en que hay que hacer reformas, pero les noto poco concernidos al espíritu del entendimiento. Me gustaría que aclarara -no a mí, que ya lo sé- a los medios de comunicación si están ustedes dispuestos
a que la Seguridad Social aplace cuotas a las empresas o no, porque a mí, de verdad, esto me parece un problema capital. Si ustedes nos dicen que no tenemos que hacer eso, yo me encontraría con un serio problema, porque yo no quiero hacer
demasiadas cosas que cuenten con una frontal oposición de sus señorías. Luego estaremos de acuerdo o no en lo que hagamos, si lo hacemos bien o mal, aunque yo ya sé que usted, que viene con el discurso escrito, siempre piensa que yo soy el
responsable de que llueva -¿Piove? ¡Porco governo!- y de todo lo que pasa en el mundo que sea malo. Otra cosa es que no nos pongamos de acuerdo ni siquiera en cuestiones fundamentales. No hay ninguna necesidad de modificación legal. En el año
2002 se hizo. La Ley reguladora del Fondo de Reserva dice que las dotaciones se hacen en función del excedente de ejercicios anteriores y cuando hay disponibilidad de tesorería. Si nosotros no concedemos aplazamientos hay más disponibilidad de
tesorería que si los concedemos; si los concedemos hay menos. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo en qué es lo prioritario, que haya una mayor liquidez de tesorería en las empresas españolas o que haya una mayor liquidez de tesorería en
la Seguridad Social. Como nosotros pensamos que podemos soportar claramente conceder más aplazamientos, estamos en ello.



En cuanto a la tasa de morosidad, crece, pero mucho más moderadamente que la del sistema financiero. Yo creo que acabaremos el año 2008 con una tasa de morosidad que estará alrededor del 1,30. El director general de la Tesorería dice que
más baja, pero yo soy más prudente que él y les digo el 1,30 para no equivocarme en mis previsiones y que luego el señor Echániz no me regañe. En un sistema de protección social que no selecciona riesgos, que tiene que cobrar a todo el mundo, que
tengamos una tasa de morosidad tan baja también es una buena noticia para la economía española. Que tengamos una tasa de morosidad que es la tercera parte de la del sistema financiero, que tiene la capacidad de seleccionar el riesgo, yo creo que
también es un logro colectivo de todos y debemos congratularnos. Luego tenemos muchos aplazamientos concedidos, algunos a algunos sectores que lo necesitaban: transporte, transporte aéreo, etcétera. Algunos han sido reclamados por esta Cámara,
por el propio Grupo Parlamentario Popular, en sucesivas iniciativas parlamentarias, o sea que a ver si nos aclaramos si tenemos que conceder o no. En cualquier caso, no vamos tanto a hablar de sectores como de empresas. Hay sectores globalmente en
crisis, como la construcción, hay empresas en crisis que están en sectores que no están en crisis y hay empresas que soportan muy bien la crisis en sectores en crisis. En ese sentido, nos orientamos hacia las empresas, no hacia los sectores, porque
si no dejaríamos fuera a parte del problema. Vamos a intentar protocolizar un comportamiento lo menos discrecional posible. Lo que pasa es que lo menos discrecional posible tiene un problema y es que la situación de cada empresa es la de su
empresa y hay gente que necesita tres meses y gente que necesita cuatro. No podemos tratar por igual a los desiguales porque entonces estaremos ahondando en la desigualdad. Estamos hablando con los interlocutores sociales para intentar definir un
marco de entorno que nos permita ser poco discrecionales.



Tenemos que mantener -y con esto termino- un punto de equilibrio entre ser lo menos discrecionales posible y asumir todas nuestras responsabilidades, porque lo que nunca va hacer la administración de la Seguridad Social es delegar sus
responsabilidades en otros. Cuando nosotros concedemos un aplazamiento, los responsables somos nosotros, no lo es ni quien nos lo pide ni las comunidades autónomas ni los grupos parlamentarios ni los interlocutores sociales. Somos nosotros los que
tenemos que gestionar adecuadamente los recursos públicos, que para eso nos pagan. Por tanto, intentaremos hacerlo lo mejor posible, con el menor margen de discrecionalidad pero también, inevitablemente, con un examen de cada una de las situaciones
singulares.



Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus intervenciones y espero que sigamos viéndonos en el futuro para hablar de más cosas.



- INFORMAR SOBRE LA POLÍTICA SEGUIDA POR LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A SU PATRIMONIO. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000420.)


El señor PRESIDENTE: Concluido el debate del primer punto, pasamos al segundo punto que es la comparecencia a petición propia del secretario de Estado de la Seguridad Social para informar sobre la política seguida por la Seguridad Social en
la enajenación de los bienes inmuebles pertenecientes a su patrimonio.



Para exponer esta primera intervención, tiene la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Granado Martínez): Señoras y señores diputados, comparezco a petición propia para informarles de la política de enajenación de viviendas que ha venido desarrollando la administración de
la Seguridad Social desde abril de 2004 hasta la fecha. Lógicamente, esta comparecencia se enmarca en la preocupación que han suscitado en SS.SS. algunas informaciones periodísticas que tienen por origen el informe del Tribunal de Cuentas.
Yo he
tenido ocasión de leer la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas en la Comisión de relaciones con el Tribunal de Cuentas de la Cámara y creo que el presidente fue extremadamente razonable en sus manifestaciones. Dicho esto, me


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parece que hay algunos malentendidos que conviene aclarar y que, en todo caso, la política de inversión o desinversión de las administraciones públicas tiene que ser lo más transparente posible. Naturalmente, comparezco aquí para manifestar
que la administración de la Seguridad Social tiene especial interés en contribuir a esa transparencia con esta intervención. La documentación a la que voy a hacer referencia está a su disposición y, naturalmente, si consideran insuficientes las
explicaciones podemos, de la forma en que esté previsto en el Reglamento de la Cámara, prolongar estas explicaciones a través de la contestación a algunas de sus iniciativas parlamentarias. Espero que al menos algunas de las cuestiones queden ya
solventadas en esta intervención.



Por situar la política de enajenación de viviendas de la Seguridad Social, tengo que empezar por señalar que las entidades gestoras de la Seguridad Social -cuando se disuelve el antiguo Instituto Nacional de Previsión-, el Insalud, el INS,
el Instituto Social de la Marina y el servicio común, que es la tesorería general de la Seguridad Social, son administradoras de todas las viviendas que eran propiedad del antiguo instituto o del mutualismo laboral. Estas viviendas eran viviendas
protegidas, al amparo de la antigua legislación de viviendas protegidas, con rentas de alquiler relativamente reducidas y con elevados costes de mantenimiento porque la mayor parte de este parque inmobiliario se había construido en los años
cincuenta y sesenta. Estaban destinadas a los empleados de mutualismo laboral y, en algunas mutualidades, a los mutualistas, es decir, la mayor parte de sus beneficiarios eran empleados públicos, aunque en algunas mutualidades eran mutualistas de
la mutualidad; como pasa en el Instituto Social de la Marina, miembros mutualistas del régimen especial del mar.
Lógicamente, la Seguridad Social no hereda las funciones que tenía el antiguo mutualismo laboral en cuanto a política de vivienda
pública y, desde el año 1978, todas las diferentes administraciones públicas, los gobiernos de UCD, Partido Socialista y Partido Popular, han tenido como uno de sus objetivos desprenderse de este parque inmobiliario porque no se corresponde con la
naturaleza de un sistema de protección social.
Estamos hablando del régimen del general Franco, donde cada uno de los diferentes sistemas comunitarios tenía su propia red de establecimientos económicos, de viviendas, etcétera. Hemos pasado a un
sistema generalista, en el cual la política de vivienda es propia de los departamentos de Vivienda del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, pero ya no de los diferentes sistemas comunitarios. En este sentido, las ventas del
patrimonio inmobiliario de la Seguridad Social, como le digo, heredado del antiguo mutualismo del Instituto Nacional de Previsión, se ha realizado en diferentes formas por miles y miles de viviendas. Por darles un dato que puedan comprobar, y luego
voy a intentar facilitarles las estadísticas para que no tengan imprecisiones en la toma de datos, desde el año 1996 hasta la actualidad la Seguridad Social ha vendido 1.556 viviendas, de las cuales en los años 2004, 2005 y 2006 vende 525 viviendas.
Por tanto, desde el año 1996 al año 2004 se venden más de mil viviendas. Las viviendas que se han vendido siempre lo han sido por sistemas que han intentado buscar que los beneficiarios de las viviendas pudieran comprar las mismas, porque eran
esencialmente inquilinos con rentas antiguas, anteriores al año 1985, antes del Decreto Boyer, de liberalización de los arrendamientos urbanos y, por tanto, sometidas a la Ley de Arrendamientos del año 1964. Luego ya veremos cómo esa Ley de
Arrendamientos les concede a los inquilinos un derecho preferente para mantener la relación de arrendamiento, incluso en el caso de transmisión de las viviendas a un tercero.



Los problemas que se generan en los años 1996 y 1997, y en concreto en el año 1998, con la venta masiva del parque de viviendas de la Seguridad Social que se realizó en aquellas fechas, es que para sortear el criterio político del Gobierno
del presidente Aznar, que entonces ocupaba la responsabilidad del Gobierno de España, que era favorable a la utilización de subasta y utilizar un precio barato para los arrendatarios, se opta por una solución complicada, que es la venta de bloques
enteros de viviendas a comunidades de propietarios, pero por subasta. Aquella operación, que estaba bien diseñada en cuanto a sus objetivos -la administración de la Seguridad Social siempre intentó que las comunidades de propietarios fueran las que
compraran las viviendas-, se encontró con un problema, y es que, a pesar de que existían esos arrendamientos y ese derecho de arrendamientos favorable por parte de los arrendatarios o de los precaristas, agencias de subasteros y diferentes empresas
concurrieron a las subastas y en algunos casos consiguieron ganar las mismas. La administración de la Seguridad Social se encontró con que había enajenado bloques enteros en los que había inmuebles arrendados, inmuebles sin arrendar y locales
comerciales, con la finalidad de que fuera una comunidad de propietarios la que comprara el edificio y, sin embargo, se encontró con que una empresa o subasteros se quedaban con el edificio, lo que dio origen a una multiplicidad de litigios, de los
que el más conocido fue el de la calle Gaztambide, de Madrid, donde hubo muchos problemas, por un lado, por parte de los inquilinos, personas de edad mayor que manifestaban sentirse acosados por los que habían adquirido las viviendas, así como con
las críticas del Tribunal de Cuentas, cuyos informes de aquellos años hacen referencia a que ese sistema de enajenación ni es bueno económicamente, porque están vendiendo locales y pisos vacíos a la vez que pisos y locales arrendados al precio de
estos últimos, ni es bueno socialmente porque se ha privado a los arrendatarios de la compra de las viviendas. Sucesivos informes del Tribunal de Cuentas reinciden en esa recomendación. Al final, la Administración de la Seguridad Social decide en
el año 2003 renunciar a esas ventas de los bloques de viviendas y pasar a una venta individual a cada uno de los arrendatarios. En ese sentido, en el año 2003 se firma una primera encomienda a


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Segipsa, la Sociedad de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, que depende del patrimonio nacional del Ministerio de Economía y Hacienda, que prevé la venta de las viviendas más numerosas, que eran las que tenía la Seguridad Social en Madrid.
La encomienda de Segipsa preveía la venta de viviendas directamente a los arrendatarios, la tasación de las mismas por Segipsa y que las viviendas, cuyos inquilinos no desearan comprarlas, fueran vendidas en pública subasta. Segipsa venía
desarrollando desde el año 1997 sucesivos conciertos con la administración de Seguridad Social, y en este sentido, era por la propia Ley del patrimonio de las administraciones públicas la entidad depositaria de la encomienda de forma natural, una
sociedad pública dependiente de Patrimonio Nacional que hacía frente a las actuaciones. La Seguridad Social empieza las actuaciones, hace la encomienda a Segipsa y designa a sus tasadores como tasadores de los bienes que luego serán vendidos en el
año 2004. En ese momento se produce el cambio político, la alternancia, y llega una nueva Administración, que tengo el honor de encabezar, al frente de la Seguridad Social. Me gustaría señalarles simplemente que el marco legal es el mismo que
existía con anterioridad, que no ha habido ninguna modificación del mismo -el Real Decreto sobre el patrimonio de la Seguridad Social del año 1992, la Ley de Patrimonio- y que la Seguridad Social sí desarrolla su política de vivienda en el marco de
la política de vivienda del conjunto de las administraciones públicas. Es curioso que la Ley del Patrimonio en su articulado y en su exposición de motivos señale claramente cómo, en lo que es la política de vivienda del conjunto de las
administraciones públicas, tiene que ayudarse al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en particular, al de la política de vivienda en coordinación con las administraciones competentes. También nosotros éramos muy
conscientes de la necesidad de que la política de viviendas de la Seguridad Social mantuviera un punto de equilibrio entre los intereses patrimoniales de la Seguridad Social y el problema que supone acudir a la subasta, tanto de solares como de
inmuebles de la Seguridad Social destinados a vivienda -no así los locales comerciales que se subastan-, y eso retroalimentara la burbuja inmobiliaria con la especulación del suelo, vendiendo a precios exageradamente caros.



En este sentido, la política de viviendas de la actual Administración ha ido enmarcada por las siguientes directrices: en primer lugar -esto es bastante importante-, no hemos hecho ningún nuevo contrato de arrendamiento en ningún piso vacío
gestionado por la administración de Seguridad Social. Tengo aquí un certificado del responsable del área de arrendamientos de la subdirección general de gestión, patrimonio, inversiones y obras de la Seguridad Social, en el que vienen claramente
señalados los quince o dieciocho arrendamientos que hemos hecho en viviendas administradas por la Tesorería General de la Seguridad Social desde abril de 2004 en adelante. Les leo los arrendatarios: Ministerio de Cultura, Xunta de Galicia, Estado,
Ministerio de Trabajo, Inspección Provincial de Trabajo, Ministerio de Justicia, Ayuntamiento de Barcelona, Delegación del Gobierno de Cataluña, Estado, Generalitat de Catalunya, Ministerio de Administraciones Públicas, Inspección Provincial de
Trabajo, Ayuntamiento de A Coruña, Ayuntamiento de Barcelona, Inspección Provincial de Trabajo de Albacete, Ministerio del Interior (Vigo), comisaría, Ministerio del Interior (Cádiz), Agencia Tributaria (Oviedo), Xunta de Galicia (A Coruña). No ha
habido, por lo tanto, ningún contrato de arrendamiento nuevo que se haya realizado en favor de ninguna persona física. Algunas de SS.SS. han preguntado quiénes eran los beneficiarios de la política de enajenación de viviendas que ha desarrollado
la administración de Seguridad Social a partir de abril de 2004, los que tenían arrendadas las casas antes de abril de 2004.



No hemos hecho, eso sí que es verdad, ninguna investigación sobre qué contratos de arrendamientos se habían firmado antes de 2004. Si ustedes lo consideran necesario no tenemos ningún inconveniente en hacerlo; a mi juicio es absolutamente
innecesario, pero arrendatarios después del 20 de abril de 2004, fecha en la que toma posesión el secretario de Estado que les habla, ninguno nuevo. Por lo tanto, la política -que se podía sospechar- de convertir a alguien en arrendatario para
luego venderle una vivienda barata es imposible. Nosotros hemos respetado el derecho de los arrendatarios anteriores, pero no hay ningún arrendatario nuevo.



En segundo lugar, hemos intentado vender, enajenar, directamente a los arrendatarios que había con fecha de abril de 2004 -o a los familiares que pudieran subrogarse en función de sus derechos como arrendatarios; cónyuges, hijos e hijas
convivientes con el arrendatario-; repito, hemos intentado ofertarles la adquisición de la vivienda en propiedad. ¿En qué casos? En todos los que era posible, porque hay algunas promociones de viviendas del mutualismo en las que -estoy pensando
en una de mi provincia- hay un único arrendatario en un bloque de veinte viviendas, y la Administración pública, concretamente el Ayuntamiento de Burgos, nos ha manifestado que tiene interés en que lo alquilemos. Mientras ese arrendatario esté ahí
mantiene sus derechos, pero no le vamos a dar la propiedad de la vivienda porque luego cambiaremos el uso, de acuerdo con el ayuntamiento, al conjunto del bloque. A esa persona, sintiéndolo mucho, no le hemos dado la posibilidad de adquirir
vivienda, pero en todos los casos en los que se les ha mantenido la posibilidad real del mantenimiento del uso residencial de la vivienda se les ha ofertado la adquisición de la vivienda en propiedad.



En tercer lugar, no hemos vendido a ninguna sociedad ni a ningún agente por el procedimiento de subasta ninguna vivienda arrendada a un tercero.
Ahí sí que hay una modificación, luego lo veremos. En la encomienda que se le hizo a Segipsa
en el año 2003, había un apartado concreto en el que se decía que las viviendas que no


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compraran los inquilinos serían subastadas. Nosotros no hemos dado uso a esa parte de la encomienda. No queremos que una sociedad inmobiliaria o un subastero sea propietario de una vivienda de la Seguridad Social alquilada a un inquilino.
La encomienda del año 2005, que es la primera que nosotros realizamos -es la diferencia que tiene con la que realizó el Gobierno del Partido Popular en el año 2003 que prevé que si los inquilinos no compran la casa se subasta-, indica que, si el
inquilino no compra la casa, la Seguridad Social mantiene su propiedad.



En cuarto lugar, hemos preferido dar un uso más social a los pisos vacíos.
Cuando ocupé mi actual responsabilidad había quinientos pisos vacíos de la Seguridad Social en toda España. Tengo que decir en honor a la verdad que muchos de ellos
llevaban vacíos 5, 6 y 7 años. Me parece que el gran quebranto al patrimonio de la Seguridad Social, realizado en cuanto a la política de enajenación de viviendas, es haber tenido durante esos siete años los pisos vacíos y sin alquilar; pero no
porque sea un quebranto económico, sino porque es un quebranto social. Con los problemas de vivienda que este país tiene -ha tenido crónicamente pisos vacíos sin alquilar, y todavía seguimos teniendo demasiados, o sea que no estoy nada satisfecho,
y luego les comentaré alguna idea que tenemos en torno a esta cuestión con los pisos que todavía tenemos vacíos- nos parecía que no era razonable. Tampoco queríamos subastarlos, porque si los hubiéramos subastado hubieran adquirido un valor
astronómico en el mercado en los años más altos de la burbuja inmobiliaria. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, la solución que se nos ocurrió fue encomendar a la Sociedad Pública de Alquiler del Ministerio de Vivienda el alquiler de esos
pisos.
Firmamos un protocolo con la Sociedad Pública de Alquiler y le cedimos 250 de esos pisos. Sobre los que tenía interés la Sociedad Pública de Alquiler -había algunos de esos pisos que eran muy grandes en tamaño y eran difícilmente
convertibles en apartamentos o pisos más pequeños- esta nos paga un canon, hace las inversiones necesarias para el mantenimiento de esos pisos, que son muy costosas, y los alquila a personas con dificultades económicas y con rentas modestas. Esa es
la segunda modificación sobre la política; es decir, ni enajenamos en bloque ni vendemos las viviendas con inquilino a agencias inmobiliarias o a subasteros. Preferimos antes que subastar los pisos vacíos, encomendarlos a la política de alquiler
de la Sociedad Pública de Alquiler. En estos momentos tenemos que seguir progresando con esa política y entregar al alquiler todas las viviendas que tenemos vacías a las empresas que tienen constituidas a tal efecto los ayuntamientos y las
comunidades autónomas.



A los inquilinos les vendemos directamente los pisos individualmente. No vamos a vender bloques enteros porque, como luego veremos, vender a una comunidad de propietarios, incluso cuando se consigue que sea la comunidad de propietarios la
que compra todos los pisos de un inmueble, tampoco es una política razonable, porque se está vendiendo pisos vacíos que luego revende la comunidad de propietarios, obteniendo un beneficio -no es ilícito, porque no es ilegal- que no es razonable.
Hemos vendido a cada inquilino su piso; se trata del inquilino que había en abril de 2004 o su cónyuge, su hija o hijo conviviente, porque esta Administración no ha hecho ni un solo contrato de arrendamiento a inquilinos nuevos. Por tanto, como no
ha hecho ninguno, no se los ha hecho ni a amigos, ni a enemigos, ni a indiferentes. Por tanto, los beneficiarios de la política de enajenación son los inquilinos de los pisos que en su inmensa mayor parte eran funcionarios o familiares de
funcionarios del antiguo mutualismo laboral. Yo que soy de la casa del INP -mi padre y mi madre eran funcionarios del INP- les puedo decir también, como una pequeña broma, que tampoco son personas muy próximas ideológicamente al Partido Socialista
en su gran mayoría. Mi padre tenía un amigo que era del mutualismo y decía que solo podía hablar con él de las obras completas de José Antonio. No voy a decir con eso que todos los funcionarios del mutualismo sean personas de marcada adscripción
conservadora, pero sí que les puedo decir que tampoco es una operación de clientela. Esto no tiene nada que ver con la política que hace la Seguridad Social en el caso de los pisos que son embargados por las unidades de recaudación en vía ejecutiva
de la Seguridad Social y que son devueltos al tráfico jurídico para obtener la recuperación de las cotizaciones no devengadas en Seguridad Social. En esos casos se subasta siempre, y tengo que decirles en honor a la verdad que nuestra política de
subastas no da buenos resultados. En el año 2002 el 62 por ciento de las subastas se quedaron desiertas, en el año 2003 el 58, en el 2004, el 57, en el 2005 el 53, en el 2006 el 54, en el año 2008 han quedado desiertas el 82 por ciento de nuestras
subastas. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de primera subasta, segunda subasta y tercera subasta, concluiremos en la práctica que las primeras subastas se quedan desiertas todas, que las segundas subastas en su gran mayoría y que solo en
la tercera subasta, con una merma del precio original, se consigue adjudicar el bien; con lo cual, siempre que se habla de la subasta y se prefiere la subasta como mecanismo de enajenación, nuestra experiencia práctica es que la subasta a veces
beneficia al que menos debe beneficiar, que es al profesional de la subasta en vez de directamente a la Administración.



Vamos a ir viendo cómo se han ido enajenando los pisos y los problemas que ha habido en su enajenación. Como ya les he dicho hubo una encomienda del año 2003, con la que se vendieron los pisos del año 2004, encomienda que firmo el anterior
Gobierno, y una encomienda a Segipsa, a una sociedad de patrimonio del Estado, que se firma en el año 2005, por la que se venden los pisos del año 2005. En ambas encomiendas se pide a Segipsa que venda directamente a los inquilinos, por tanto la
política de venta directa a los inquilinos del año 2004 se realiza, pero siguiendo las instrucciones dadas el año 2003 por el anterior Gobierno. Se le pide a


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Segipsa que venda los locales y pisos vacíos y las únicas diferencias de encomienda son tres: en el año 2003 se dice que se van a subastar también los pisos ocupados por inquilinos que no accedan a la compra -nosotros eso ni lo hicimos en
el año 2004, ni lo previmos en el año 2005-; en el año 2003 se dejó tasar a Segipsa; en el año 2005 tasaron los servicios propios de la Tesorería General de la Seguridad Social y en el año 2005 la fianza -de esto hablaremos más tarde también con
algún detenimiento- que se pedía a los compradores bajó del 25 al 10 por ciento, en función de que Segipsa aplica fianzas del 10 por ciento, mientras que la Seguridad Social aplicaba el 25. Luego les explicaré con más detalle por qué se realiza
esto. Tengo aquí las encomiendas y ustedes pueden leerlas; si me las piden, no tengo ningún inconveniente en dárselas porque sería absurdo.



Se ha preguntado por SS.SS. si la enajenación de estas viviendas tenía informe individual de asesoría jurídica. En el caso de la encomienda realizada a Segipsa, tanto en el año 2003 como en el año 2005, el servicio jurídico de la Seguridad
Social entiende que lo que tiene que tener informe de asesoría jurídica es la encomienda, y no individualmente cada uno de los procesos de venta. Es decir, de la misma forma que en fiscalización -los que estén familiarizados con los procesos de
intervención saben que puede fiscalizarse el acto o que puede irse a un proceso de fiscalización previa que es la fiscalización de procesos- no se fiscalizan todas las pensiones; se fiscaliza el reconocimiento de las pensiones de acuerdo con un
procedimiento y luego se utiliza una muestra aleatoria para saber si el procedimiento se está cumpliendo o no. En este caso se decidió que se fiscalizaba el cumplimiento de la encomienda por parte de Segipsa. Por tanto, el informe de asesoría
jurídica e intervención se hizo, tanto en el año 2003 como en el año 2005, sobre la encomienda, sin que en el servicio jurídico ni en la Intervención general apreciaran en modo alguno la necesidad de fiscalizar cada una de las ventas individuales
que Segipsa realizaba en función de la encomienda.
También se ha preguntado si era necesaria la autorización del Consejo de Ministros. Este tiene que autorizar las enajenaciones que superan un importe concreto, pero aquí estamos hablando de
enajenaciones individuales. Se ha pedido autorización al Consejo de Ministros en el caso de algún local -pero estos han sido subastados; fueron subastados por Segipsa- que superaba los límites que fijaba la normativa vigente en relación con el
Consejo de Ministros, pero no por la autorización del piso. Luego SS.SS. han preguntado por qué no se ha pedido a las entidades gestoras de la Seguridad Social un trámite que normalmente es preceptivo, que es el informe sobre si necesitaban los
pisos para el desarrollo de sus actividades. Siempre que la Seguridad Social enajena un bien se pregunta a cualquiera de las entidades gestoras del sistema de Seguridad Social si precisa ese bien para el desarrollo de sus actividades; si es así
naturalmente no se enajena y se le adscribe. La normativa del Ayuntamiento de Madrid en materia de evitación de la terciarización de los conjuntos históricos en el casco urbano consolidado hace que en Madrid sea extremadamente difícil la ubicación
de oficinas en inmuebles residenciales. Por otro lado, nuestro criterio como administración de Seguridad Social es que, teniendo en cuenta las características de las personas que acceden a las oficinas de Seguridad Social, es extremadamente
inadecuada la ubicación de oficinas de la Seguridad Social en pisos. Por esa razón no se pidió ni al Instituto Social de la Marina, ni al INSS, ni a la Intervención, ni a la Dirección General de Ordenación si podían ubicarse en un piso, por la
sencilla razón de que desde el año 2004 en adelante y también mucho más atrás ninguna de las oficinas de ninguna de esas entidades se ubicaba en pisos. Hubiera sido, con todos mis respetos, una pérdida de tiempo preguntar en cada caso: ¿Necesita
usted un piso? Además, en el supuesto de que nos hubieran dicho que sí, probablemente le hubiéramos desaconsejado a la entidad poner una oficina en un piso, la comunidad de propietarios con la nueva regulación hubiera obstaculizado muy seriamente
la reconversión para un uso administrativo del inmueble y la propia normativa municipal del Ayuntamiento de Madrid hubiera amparado seriamente a la comunidad de propietarios. Por tanto, lo que se hizo fue la consideración de que las oficinas de la
Seguridad Social no debían estar en pisos residenciales, con fin residencial, y no hay ninguna oficina de la Comunidad de Madrid que tenga esa utilización.
Algunas cosas tenemos que nos vienen del pasado, como algunos locales y pisos cedidos a las
ONG, que nos crean a veces problemas, pero en este sentido hemos preferido no ubicarlas. Esas son las cuestiones formales.



Lo más llamativo de las informaciones periodísticas y lo que evidentemente también mueve a SS.SS. a la realización de actividades concretas es el precio de enajenación. Este -digámoslo así- puede ser el aspecto más conflictivo de esta
cuestión. La valoración, tanto en la encomienda del año 2003 como en la del año 2005, se ha hecho aprobando la Orden del Ministerio de Economía 805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para
finalidades financieras. En todos los casos se ha seguido el criterio de valoración de la orden del año 2003 que no hemos modificado para nada, aunque luego haré un matiz a esta cuestión. La orden lo que prevé en el caso de un arrendatario es que
se capitalice el valor de las rentas y se disponga del bien que es objeto de enajenación calculándole una depreciación anual fija y un importe de la inflación también de menor valor del bien. Sobre esto salen unos criterios de valoración; y los
criterios de valoración de un piso arrendado nunca son criterios de mercado. No hay ninguna administración pública en España que enajene viviendas a sus arrendatarios a precios de mercado. Cuando yo explicaba a mis alumnos del Instituto
Universitario Ortega y Gasset en los seminarios de hacienda pública lo que era la política


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de vivienda de una administración pública la definía como una política para corregir fallos de mercado. Es un absurdo conceptual que una administración pública enajene viviendas a precios de mercado. Eso lo tiene que hacer el mercado. La
política de vivienda de una administración pública si pone viviendas en el mercado, bien bajo la forma del alquiler o bien bajo la forma de la enajenación, lo hace siempre para dirigirse a grupos sociales de reducido poder adquisitivo que no pueden
acceder al mercado. En ese sentido, esto es lo que hay. La orden del año 2003 lo que hace es sistematizar la política tradicional de valoración de bienes para enajenación de pisos, inmuebles, a sus arrendatarios que han venido produciendo las
administraciones públicas desde el año 1960 en adelante.
Nosotros hemos corregido esta orden porque daba lugar a una situación realmente anómala, y era que como el valor con el que se calculaba el precio de enajenación dependía de la renta que
pagaba el inquilino, si había dos inquilinos que tenían un piso con las mismas dimensiones, el primero B y el segundo B, que eran exactamente iguales, con el mismo soleamiento, con el mismo tamaño, con el mismo nivel de conservación, y uno pagaba
una renta más barata que otro porque uno era de un grupo de funcionarios más bajo que otro y en su día se le había dado una renta más barata, los dos pisos se enajenaban a precios distintos. Entonces la Tesorería General de la Seguridad Social en
el año 2005 establece un criterio de homogeneización definiendo un precio mínimo en relación con el valor catastral que garantice que todos los pisos similares tienen precios de venta similares, para no producir la anomalía de que se vendan dos
bienes idénticos a precios diferentes.



Sus señorías han interpretado esta homogeneización como una homogeneización a la baja. Nada más lejos de nuestra voluntad y de nuestro proceder. La homogeneización se hace enormemente al alza. Tengo aquí algunos ejemplos de cómo se ha
hecho la homogeneización en relación con alguno de los inmuebles. Por ejemplo, el inmueble de Valenzuela número 12, para que vean ustedes las diferencias, su valor de tasación, aplicando la orden del Ministerio de Economía del año 2003, en el caso
del primero D es 158.000 euros; con el valor de homogeneización se convierte en 457.000. Todos los inmuebles enajenados en la calle Valenzuela número 12, al precio de la Orden ECO 805/2003, hubieran supuesto a la Tesorería de la Seguridad Social
1.740.000 euros y supusieron 3.652.000 euros. Es decir, la homogeneización se hace al alza no a la baja. ¿Esto qué quiere decir? Que los precios de las viviendas que se realizaron en el año 2004 y 2005 son muy superiores a los precios con los que
se enajenaron las viviendas por parte de la administración de la Seguridad Social los años precedentes. En el año 1996, las viviendas enajenadas por Seguridad Social se hicieron a un precio medio de 39.000 euros y en el año 1997 a 16.000 euros por
vivienda; en el año 1998, 12.000 euros; en el año 1999, 32.000 euros -les pasaré a SS.SS. copia de los datos estadísticos-; en el año 2000, 49.000 euros; en el año 2001, 90.000 euros; en el año 2002, 71.000 euros; en el año 2003, 3.000 euros;
en el año 2004, 157.000 euros por vivienda; en el año 2005, 207.000 euros por vivienda; en el año 2006, 229.000 euros por vivienda; en el año 2007, 131.000 euros por vivienda. Los datos del año 1996 a 2004 sin duda están trufados porque en los
años 1997 y 1998 se vendieron viviendas a precios unitarios de 3.000 euros por vivienda; es decir, se vendieron centenares de viviendas por 3.000 euros, por 7.000 euros -184- o por 1.550 euros -53 viviendas-. En los años anteriores, se aplicaron
los valores de capitalización. Según los criterios que nosotros definimos, que nos parecían más respetuosos con el valor del patrimonio de la Seguridad Social, hemos vendido las viviendas a precios de 157.000 euros, 207.000 euros y 229.000 euros;
hablo de las viviendas a los arrendatarios.



Tengo aquí, señorías, a qué precios se subastaron las viviendas. Las viviendas subastadas ente los años 1997 y 2001 se han subastado a un precio medio por metro cuadrado. Aquí tenemos que hablar de metro cuadrado porque estamos hablando de
bloques enteros de viviendas que se subastan con locales comerciales, con viviendas vacías y con viviendas habitadas. Por cierto, la incorporación de los locales y de las viviendas vacías tenía que hacer suponer un precio mayor de subasta y la
subasta tenía que hacer suponer un precio mayor que la enajenación directa de las viviendas solo ocupadas por los arrendatarios. Estas viviendas se subastaron a un precio medio de 644 euros por metro cuadrado. Algunas de ellas están en calles como
Gran Vía, 27 y Gran Vía, 38, en la que se subastaron inmuebles por 567 euros el metro cuadrado.
Realmente para los compradores fue una magnífica operación: comprar un edificio entero en Gran Vía a 80.000 pesetas el metro cuadrado, lo cual
significa un piso en Gran Vía de 90 metros por 7 millones de pesetas. En valor de 2005, el valor de lo enajenado en aquellos años, se situaría en 926 euros el metro cuadrado. El valor de las viviendas enajenadas a arrendatarios en el año 2005, en
nuestro caso, es de 1.625 euros. Hagamos la comparación como la hagamos, el precio de las viviendas enajenadas en los años 2004 y 2005 es enormemente superior, el triple o el cuádruple, de las viviendas enajenadas con anterioridad. Además se han
enajenado a sus arrendatarios, no a empresas, no a subasteros; no hemos enajenado viviendas vacías como si estuvieran habitadas, no hemos enajenado bloques. Solo hemos enajenado a los inquilinos, homogeneizando pero al alza. Hasta tal punto es
así que todas las referencias que tenemos de nuestras enajenaciones en la época son críticas con el valor de enajenación.



Los inquilinos nos escriben diciendo que estamos vendiendo las viviendas mucho más caras. Por ejemplo, las viviendas que en el mismo año 2005 el Ayuntamiento de Madrid había vendido a sus arrendatarios en la colonia municipal Girón, que
eran viviendas que tenían el mismo


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valor catastral que las suyas, sin embargo, de acuerdo con el Defensor del Pueblo, se habían vendido a 7.000 ó 9.000 euros, mientras que nosotros las queríamos vender a 150.000. El Defensor del Pueblo nos escribe cartas, los concejales del
Ayuntamiento de Madrid nos manifiestan su interés, las asociaciones de inquilinos nos dicen que en esas condiciones los inquilinos no van a poder ir a la compra. En función de esta situación, descrita en términos dramáticos por los inquilinos,
tomamos dos medidas para intentar mejorar el grado de aceptación de los inquilinos de estas ventas de pisos, que se realizan a un precio muy superior al que se habían venido realizando hasta la fecha. En un primer lugar les bajamos la fianza
inicial del 25 al 10 por ciento, porque la fianza del 25 por ciento en la enajenación de bienes de la Seguridad Social estaba pensada para eliminar subasteros. Ya saben SS.SS. que los subasteros van a una subasta, dicen que se quedan con el bien,
luego no lo compran, si no hay fianza la dejan desierta y así provocan una multiplicación de subastas, hasta que al final el dueño del bien se aburre y lo saca a subasta libre sin suelo de precio de mercado. A nosotros nos parecía que no teníamos
que tratar a nuestros inquilinos como si fueran subasteros. Por eso redujimos las fianzas del 25 al 10 por ciento. ¿Esta medida tuvo algún impacto en las cuotas de Seguridad Social? No, porque ninguna persona que hubiera depositado fianza luego
renunció al piso. Podíamos haber tenido un pequeño quebranto si hubiéramos tenido alguien que hubiera tenido que depositar el 25 y solo hubiera depositado el 10 por ciento, pero no lo hubo porque ninguno renunció. En segundo lugar, para hacer más
atractivo el precio del bien les mandamos una carta a los inquilinos explicándoles según nuestro criterio, y de acuerdo con informaciones recabadas en el mercado de agencias inmobiliarias, cuánto valdría un piso similar en su calle, construido
nuevo, de las mismas dimensiones, si se hiciera en ese mismo año. Eso es lo que el informe del Tribunal de Cuentas llama precio de mercado, si no existiera arrendamiento. Esta es una política de márquetin, sin duda ninguna desacertada a la luz de
las consecuencias que ha tenido la comparación. Para hacerlo más atractivo les decimos que es verdad que le pedimos 300.000 euros por su piso, pero si se quisieran comprar un piso nuevo en esta calle les costaría un millón o 500.000. Eso es el 40
por ciento del precio del mercado al que se refiere el Tribunal de Cuentas. ¿La comparación entre las dos magnitudes? No hay precio de mercado en las viviendas arrendadas a inquilinos; no lo hay, no existe.
Si hiciéramos esa misma operación con
las viviendas vendidas en los años 1997 y 1998 llegaríamos a la conclusión de que los centenares de viviendas enajenados a 3.000 ó 1.500 euros se habían vendido a 0,5 o al uno por ciento de su valor de mercado. Yo no creo que la Seguridad Social
hiciera una mala operación cuando vendió centenares de viviendas en los años 1997 y 1998 a 3.000 euros. Para empezar no sé cómo estaban esas viviendas, no sé cuál era su grado de conservación, ni sé lo que se hubiera tenido que gastar la
Administración si no las hubiera vendido. En todo caso, yo no quiero aquí enjuiciar la labor de mis antecesores, pero desde luego lo que no puede decirse es que la Seguridad Social haya puesto en peligro su patrimonio por vender a 200.000 euros las
casas que vendía a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la octava, a la décima parte del precio dos años antes. Eso, a mi juicio, no debe decirse o por lo menos no puede solventarse. ¿Quiénes son los inquilinos a los que hemos vendido estas
casas? Ya se lo he dicho, señorías. Los contratos de arrendamiento, en su mayor parte, están suscritos en los años 1953, 1956, 1957. Por seguir con algunos de los bloques, las personas que nos han comprado los pisos tienen 74 años, 79, 80, 85
años, 86, 74, 79, 81, 58 años. No son arrendatarios de los últimos años. No son conocidos de nadie de la Administración de la Seguridad Social. Son empleados de las mutualidades, afiliados al régimen especial del mar en el caso de los pisos del
Instituto Social de la Marina; sus hijos, sus viudas; esas son las personas a las que hemos vendido estos pisos. Como los hemos vendido más caros, ha habido un centenar de ellos que ni siquiera los ha comprado. Porque no hemos querido venderlos
al precio que se les vendía antes. Si yo estoy preocupado por algo en la gestión del patrimonio es por que, precisamente, el celo un poquito presbiteriano que tiene este secretario de Estado y que imprime a sus colaboradores en la gestión de los
recursos públicos le ha hecho utilizar precios que, para algunas de las personas con ingresos modestos, que estaban como inquilinos en esas viviendas, eran demasiado altos. Y ahora me veo en la tesitura de tener que justificar que por lo visto, se
diga que he malbaratado el patrimonio de la Seguridad Social por haber vendido los pisos cinco, seis, siete u ocho veces más caros que como se vendían antes.



La homogeneización se hizo siguiendo un criterio, de tal forma que el valor catastral mínimo de todos los pisos similares fuera el mismo. Por tanto, eso es una homogeneización al alta. Entenderán ustedes que les diga que si no se hubieran
homogeneizado al alta los valores que les acabo de relatar no sería posible mantenerlos. La reducción de la fianza se hizo por tratar de manera preferente a los inquilinos. Los compradores eran los inquilinos que había; se vendieron únicamente a
los inquilinos y los pisos vacíos y los locales se subastaron. La encomienda del año 2005 impone a Segipsa la obligación de subastar todos los pisos vacíos y todos los locales. Esto es lo que cabe decir de por qué hemos hecho las cosas así. En
los últimos días se ha conocido una sentencia del Tribunal Supremo que ha tenido algún interés y que ha sido recogida con bastante profusión por los medios de comunicación, de 15 de enero de 2009, en la que ha declarado, ante un recurso precisamente
de un inquilino al que se le vende su bien y se le comunica a un tercero, que para todos los contratos de arrendamiento anteriores al año 1985 -prácticamente el cien por cien de los que estamos hablando ahora- la Ley de Arrendamientos del año 1964
está en vigor absolutamente y que debe reconocérsele todas las prórrogas y todos los derechos que


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dicha Ley de Arrendamientos establece. Esta ley recoge que, a pesar de que se haya producido la transmisión de un bien, el inquilino puede capitalizar los bienes de la transmisión al precio de sus rentas multiplicado por el 4,5 por ciento y
por el número de años esperados de arrendamiento del bien y que puede acceder al derecho de tanteo y retracto. Es decir, nosotros no podemos venderle a un inquilino una casa y que luego el dueño le desahucie. Eso se hace con malas artes,
coaccionando a la gente. Por desgracia, este tipo de moring inmobiliario ya sabemos que se ha producido siempre y se sigue produciendo en este país, como pusieron de manifiesto los inquilinos de la calle Gaztambide, que se encontraron con la
subasta al dueño de las viviendas del mutualismo laboral que ocupaban. Pero en el caso de que nosotros hubiéramos pretendido vender a precios de mercado, el inquilino hubiera ido al tanteo o al retracto y sin duda ninguna se hubiera quedado con el
bien, cosa que no podían hacer cuando lo que se vendía era todo el edificio en bloque. Eso no lo podían hacer, eso es un derecho individual del inquilino. La sentencia está a disposición de SS.SS. Es bastante clara en el sentido de que hemos
hecho lo único que podíamos hacer.



Les preocupa a SS.SS. un caso muy singular de una subasta en la que hubo un único licitador, y en la que se quejaba el Tribunal de Cuentas de que no hubiéramos publicado en el BOE la adjudicación. Nos allanamos a esa consideración del
Tribunal de Cuentas y publicamos el adjudicatario del bien. Es un edificio de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que estaba vacío, y se publicó en el BOE. Sus Señorías me han pedido el nombre de todos los inquilinos a los que hemos vendido los
pisos. Nosotros se los hemos buscado, pero, con toda sinceridad ¿ustedes creen que podemos disponer de esos datos y que deben quedar en el 'Diario de Sesiones' del Congreso de los Diputados? Esta gente no tiene nada que ver en nuestras peleas,
vamos a decirlo en estos términos. Yo preferiría -se lo digo con toda franqueza antes que hacer una consulta a los servicios jurídicos de la Administración de la Seguridad Social y a la Agencia de Protección de Datos, a ver si ese dato está
disponible- que me autorizarán ustedes a enviarles el año del contrato de arrendamiento, para que vean ustedes que, cuando les digo que no he hecho ningún contrato de arrendamiento y que la Tesorería General de la Seguridad Social no ha hecho ningún
contrato de arrendamiento, estoy diciendo la verdad. Pero que les diga a ustedes el nombre de las viudas, de los hijos y de los empleados del mutualismo a los que hemos vendido los pisos, porque eran inquilinos, me parece, con toda sinceridad,
insisto, algo fuera de lugar.



El informe del Tribunal de Cuentas hace referencia a algunas otras cuestiones que me interesa dejar claro. Nosotros tenemos deficiencias administrativas porque, en nuestro caso son sobre todo las direcciones provinciales de la Tesorería las
que contratan los servicios de vigilancia, de limpieza, médicos, y a veces abogados, para sustituir bajas de los letrados de Seguridad Social en las diferentes direcciones provinciales. Se queja el Tribunal de Cuentas de que ha habido muchos
modificados y muchas revisiones en el año 2005. Tiene razón. El año 2005 fue el año de la normalización de trabajadores extranjeros. Eso significó que hubo centenares de oficinas de la Seguridad Social que abrieron fuera del horario normal de
atención al público y por tanto hubo que revisar los servicios de vigilancia y de limpieza. Esto es lo que hay.



¿Qué si los pliegos de condiciones pueden ser redactados de mejor manera o no? Nosotros intentamos, en la medida de lo posible, atender a las reclamaciones del Tribunal de Cuentas, buscar los pliegos. Teníamos un único pliego para todos
los servicios de limpieza y nos dijeron que, en función de las dimensiones de los locales, no todos los contratos de limpieza eran análogos y se ha hecho alguno más. En todo lo que nos diga el Tribunal de Cuentas intentamos atenderle. Entenderán
que les diga que, por razones estrictamente personales, no hay nadie en toda la Administración del Estado que le tenga más cariño al Tribunal de Cuentas que este secretario de Estado que les habla, por razones estrictamente familiares. Pero a veces
hay necesidades de gestión, y estamos hablando de situaciones de déficits administrativos que reconocemos y que intentamos evitar. En algunos casos se nos quejan de que hacemos proyectos que no contemplan algunas cuestiones que luego se suscitarán
en la obra. Esto se nos dijo en la calle Balmes. Nuestro arquitecto nos dice que los vicios que se apreciaron en la construcción eran imposibles de detectar antes de que se empezaran las obras.



En otros casos se nos quejan por que atendemos a reclamaciones de ayuntamientos. Por ejemplo, tenemos un local en construcción en Santiago de Compostela que forma parte de una manzana con la universidad y una de las cajas de ahorros de
Galicia, y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela nos pidió que mantuviéramos la unidad de tipología en el diseño de la oficina. Por eso aceptamos encargar la oficina -que forma parte de una esquina de ese complejo- al mismo arquitecto que
estaba haciendo las obras para la universidad y para la caja, que habían llegado a un acuerdo para encargar a un mismo arquitecto dichas obras. Nosotros se lo encargamos al mismo y el Tribunal dice que no hay motivo legal para que hubiéramos
encargado ese proyecto a ese arquitecto en una situación de falta de concurrencia. Probablemente, tenga razón. Nosotros atendimos a una petición del Ayuntamiento de Santiago de Compostela para mantener la unidad de tipología en una manzana. Este
es el tipo de cosas de la que estamos hablando. Nosotros tenemos unas dimensiones de hardware y de software muy importantes y hacemos cada dos años un concurso en dieciocho lotes, creo que hemos hecho el último de todos los servicios de asistencia
informática de la Seguridad Social pero, pese a eso, como la tecnología va a una velocidad muy superior a la de nuestras adjudicaciones, actualizamos parte de hardware y parte de software.
Naturalmente, los que nos actualizan la


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maquinaria o los programas son los mismos que nos han vendido la maquinaria y los programas. En el caso concreto de dos actualizaciones de dos equipos informáticos, el tribunal entendía que podíamos sacar la actualización a concurrencia y
la gerencia de informática de Seguridad Social entendía que necesariamente tenía que actualizarlo la misma casa a la que se había comprado la maquinaria. No sé si obramos bien o mal, pero son dos sistemas: 2064, modelo 111, y la instalación de la
nueva tecnología Z990. la zeta no tiene nada que ver con Zapatero. Yo de esto no sé nada y eso es lo que cabe señalar.



Intentamos en la medida de lo posible atender las reclamaciones del tribunal y desde luego le damos la razón en lo que la tiene, pero, en conclusión, a mí me interesaría señalarles cuatro elementos muy claros.
En primer lugar, aquí desde el
año 2004 se ha venido haciendo lo que se ha hecho históricamente desde el año 1978, que es eliminar la posición de la Seguridad Social como tenedora de bienes inmuebles. La Administración de Seguridad Social no debe tener viviendas. Yo no acabo
esta legislatura sin conseguir, como sea, salvo en el caso de inquilinos que quieran permanecer como tales, no administrar ningún piso vacío, porque no es nuestra función en este mundo ni es la función que nos han encomendado los decretos que
regulan el funcionamiento de la Administración de Seguridad Social. Se lo encargaremos al Ayuntamiento de Madrid, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a la Sociedad Pública de Alquiler o a quien sea, pero no queremos tener viviendas.
Queremos vendérselas a los inquilinos y hacerlo a un precio razonable. A nuestro juicio, hemos vendido a nuestros inquilinos las viviendas de una forma más razonable que como se hacía antes, pero en todo caso era la forma que ya estaba descrita en
la primera encomienda del año 2003 y que no diseñamos nosotros. Cambiamos un criterio, no queremos subastar viviendas ocupadas por inquilinos; y cambiamos otro criterio, el de la fianza, y las tasaciones las hicieron los servicios de la Seguridad
Social. Eso es lo que hemos cambiado. El precio de venta ha sido un precio muy superior a los precios de venta que se aplicaban con anterioridad y, en función de eso, antes todos los inquilinos compraban y en este caso todavía tenemos un centenar
de inquilinos que no han comprado. Yo creo que si de algo hemos pecado es de que el precio de venta ha sido demasiado alto, sobre todo en comparación con los precios de venta que se utilizaban antes. En cualquier caso, es un buen negocio para el
inquilino -esto es evidente-, pues el inquilino supone una carga para el bien y, mientras existe, en el momento en que compra el bien la carga desaparece con la compra. Es decir, que el inquilino, naturalmente, se hace propietario de un bien que
vale mucho más por no tenerle a él como inquilino que el que valía en el momento que lo adquiere, pero en nuestro caso lo hacemos simplemente por entender que inquilinos que llevaban cuarenta años pagando un alquiler tenían algún derecho legítimo a
llegar a la propiedad de la vivienda.



Hemos intentado hacer las cosas debidamente. En todo caso, queda muy claro que, si algún reproche hay que hacer, hay que hacérselo a este secretario de Estado y no a los servicios técnicos de la Seguridad Social, que se han comportado a mi
juicio impecablemente en todas las actuaciones, incluso cuando han podido cometer pequeños defectos administrativos, que son imputables sin duda ninguna a la escasez de medios y a la dificultad de gestionar los recursos públicos y, a veces, ante
encomiendas de gestión que se les hace con cierta premura de tiempo, con mucha rapidez y que les obligan a hacerse cargo de cosas para las que no estaban preparados. Tengo que tranquilizar a SS.SS. en el sentido de que sobre los hechos en cuestión
no hay abierto ningún procedimiento de ninguna naturaleza. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pidió a la Fiscalía de Delitos Monetarios que abriera diligencias sobre esta cuestión, la Fiscalía de Delitos Monetarios comprobó la documentación que le
habíamos presentado y no abrió tales diligencias. La sección de fiscalización del tribunal solicitó a la sección de enjuiciamiento la apertura de un enjuiciamiento en caso de cuentas, pero no tuvo efecto, no tiene demasiado que ver con este caso,
no hace referencia al informe de fiscalización del año 2005, y la sección de enjuiciamiento rechazó abrir juicio de cuentas.



No es la primera vez ni la segunda -son varias- que la sección de fiscalización del Tribunal de Cuentas ha pedido la apertura de un juicio de cuentas a responsables de la Administración de Seguridad Social. Como secretario de Estado he
tenido que enviar alegaciones concretas para defender que no se abriera un juicio de cuentas a los responsables de la tesorería y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la etapa anterior. En todos los casos he mantenido el criterio de
pensar que los directores generales del INSS y de la tesorería de la etapa anterior habían obrado correctamente y los criterios de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas confirmaron -tanto el juez instructor como el magistrado, que
corroboró la tesis del juez instructor - el criterio mantenido por la Administración de Seguridad Social, que no había motivo para abrir juicio de cuentas. Por tanto, como ya tuvo ocasión de decir el presidente del tribunal, no hay ningún
procedimiento abierto en torno a esta cuestión. Sí se ha producido un hecho que tiene algo que ver con el informe del Tribunal de Cuentas del año 1995 y es que el Tribunal Supremo sí ha anulado un derecho de tanteo que ejerció la Administración de
Seguridad Social en el año 2000 sobre el Gran Tibidabo en Barcelona. Eso sí es un hecho mencionado en el informe del Tribunal de Cuentas. Ahí, la Tesorería General de la Seguridad Social actuó siguiendo un magnífico objetivo, que era que el
Tibidabo siguiera siendo una dotación para la ciudad de Barcelona y entonces ejerció el derecho de tanteo sobre una subasta y a continuación lo vendió al ayuntamiento. Lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo es que la tesorería no


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puede adquirir por derecho de tanteo un bien, para luego, a su vez, enajenarlo a un tercero -eso supone una restricción demasiado fuerte del derecho a la propiedad- y que la tesorería solo puede hacer uso de ese derecho para cobrar deudas
con la propia tesorería, pero no para limitar el derecho de una persona a adquirir en subasta un bien. Eso es algo que se ha producido y que nos creará algún problema, pero, repito, hace referencia a un ejercicio del derecho de tanteo producido en
el año 2000, a mi juicio, con plena observancia de la legislación vigente en aquel momento. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es declarar que un artículo del reglamento de recaudación no puede utilizarse de la forma en que se hizo y anula el
artículo, es decir, no supone que se haya incumplido la legislación.



Esto es todo lo que tengo la oportunidad de comentar a SS.SS. Espero que algunas de las explicaciones les hayan servido por lo menos para despejarles sus dudas. Naturalmente, quedo a disposición de SS.SS. para ampliar estas explicaciones
de la forma que sea razonable y desde luego con la absoluta seguridad de que el informe del Tribunal de Cuentas nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Además, el interés manifestado por SS.SS. ayuda a que nuestro desempeño sea más
transparente y más abierto a la sociedad española. Les agradezco su atención y repito que quedo a su disposición.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado, por su completo y exhaustivo informe sobre la política seguida por la Seguridad Social en la enajenación de bienes.



El vicepresidente segundo de la Comisión me ha solicitado si podía compartir el turno del Grupo Parlamentario Popular con don Ramón Aguirre.
No veo ningún inconveniente en que así sea. Por tanto, en primer lugar, tiene la palabra en nombre
del Grupo Parlamentario Popular don José Eugenio Azpiroz.



El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor secretario de Estado por su comparecencia a iniciativa propia y por su muy extensa intervención.
Algunas consideraciones nos ha aclarado y otras, no tanto.



Como bien ha expuesto, el Tribunal de Cuentas, en el informe número 782, que analiza el ejercicio 2005 de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha puesto de relieve cómo ha analizado trece contratos de enajenación de inmuebles, tanto
viviendas como locales de negocio de la tesorería general. De los trece, uno se ha adjudicado la enajenación mediante el proceso de subasta pública, otro mediante adjudicación directa a otra administración pública y los once restantes mediante la
adjudicación directa a los arrendatarios, porque eran -como se ha dicho ya- viviendas con arrendatarios. Se hizo una encomienda de gestión a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio -Segipsa- y las tasaciones -como ha expuesto el
señor secretario de Estado- se hicieron de acuerdo con la norma ECO/805/2003. Formalmente, nosotros entendemos que no era obligado hacerlo así, pero tampoco hay una disposición que se oponga a ello. Sin embargo, una de las funciones de Segipsa es
hacer tasaciones y en este caso optaron por que lo hiciese la tesorería general y no la sociedad a la que se encomienda la gestión de enajenación de esos inmuebles. Se hizo una tasación y, como se ha dicho, se ha homogeneizado.
A criterio del
Tribunal de Cuentas -que es de donde viene la preocupación que se ha suscitado en relación con toda esta cuestión-, con razones insuficientemente fundamentadas.



Insisto en agradecerle su comparecencia y la extensión de la misma, pero debo también trasladarle una cierta preocupación que no puedo obviar, porque, con independencia del resultado material de la cuantía obtenida, de que haya sido esa -con
una tasación estricta- con los criterios de la Ley de Arrendamientos Urbanos, pudieran haber sido menores o con más habilidad pudieran haber sido superiores, sí debo decir al señor secretario de Estado que hay que hacer alguna consideración para que
desde la tesorería general y su Secretaría de Estado se rectifiquen algunas cosas que creo que hay que rectificar. Lo digo por una consideración que usted comparte conmigo sin duda y esta Comisión también, y es la convicción de que las
administraciones públicas deben respetar la ley, de la misma forma en que se requiere a los ciudadanos que respeten la ley en su plenitud.



Usted ha hecho mención en su intervención al Real Decreto 1221, de 9 de octubre de 1992, que es sobre el patrimonio de la Seguridad Social y por tanto de específica aplicación al caso. Es verdad que usted ha expuesto unas razones, pero es
verdad también que hay unos incumplimientos legales, específicamente los relativos al artículo 15 de ese real decreto. Porque en este real decreto se dice ni más ni menos que la enajenación de bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social
requerirá la previa autorización del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuestión que no consta, según el Tribunal de Cuentas y según la documentación de la que todavía nosotros no tenemos disposición. Se dice además que la enajenación de
bienes inmuebles se realizará mediante subasta pública. Podemos entender que no ha sido el cauce más útil, a la vista de los datos que nos ha proporcionado, pero sí en cuanto a la garantía de publicidad que establece el real decreto para proceder a
estos trámites de venta. Por supuesto, la tasación pericial se ha hecho.
Yo no comparto que no se pueda hacer una tasación de mercado de un inmueble arrendado. Entiendo que sí, pero luego hay que hacer una valoración de la carga que implica el
arrendamiento, el gravamen que tiene el inmueble, pero naturalmente que se puede hacer y por diversas fórmulas periciales a la hora de determinar el valor del bien inmueble de que se trate. Dice también, en este caso el artículo 14.2, que antes de
proceder a la disposición de un bien inmueble del patrimonio de la Seguridad Social, la tesorería dará conocimiento de ello a todas las entidades gestoras o servicios comunes de la Seguridad Social. Yo no sé si en Madrid, como se ha


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venido a exponer, no había ningún local de negocio que pudiera ser del interés de las entidades gestoras o no -no lo sé-, lo que sí sé es que la letra de la ley es la que es y además no me la he inventado yo, ni la ha hecho un gobierno
popular. Además, aquí se dice que, para que la disposición del bien pueda llevarse a cabo, será necesario que ninguna de dichas entidades haya manifestado de forma expresa y justificada su interés de adscripción al bien. De manera que, con todo
respeto, procesalmente, las formas que la ley establece para que se realice una enajenación de bienes inmuebles, por bien, mal o regular, que haya sido el fin último obtenido, no se han cumplido y por lo tanto se ha violado el real decreto al que he
hecho referencia.



Podríamos discutir si en este caso o en precedentes de otros gobiernos eran o no menester los informes de la Intervención delegada o el informe del servicio jurídico para la depuración del inmueble, y si había que hacerlo en el paquete
global de la encomienda o individualizadamente, podríamos discutirlo, pero lo que no podemos discutir es cuando es taxativo, imperativo y claro, el mandato que la ley en este sentido nos marca, que es a lo que me acabo de referir. El Tribunal de
Cuentas añade también ciertas quejas -usted lo ha dicho- y creo que esta sesión va a venir muy bien a los efectos de la transparencia y de la claridad debida, que echa en falta el Tribunal de Cuentas y que alega también la carencia del criterio de
publicidad en las enajenaciones. A la fianza ya se ha referido. Nosotros entendemos que formalmente debía ser el 25 por ciento, por mucho que entendamos las causas. De manera que habrá que colegir que a lo mejor lo que habría que hacer es
modificar el real decreto, si es un instrumento inútil y que anquilosa la posibilidad de ejercer por parte de la Administración pública, en este caso, o por la tesorería general, la venta de inmuebles, pero mientras la ley existe, yo entiendo que
estamos obligados a su cumplimiento.



No voy a entrar ahora aquí en la adjudicación al 29 por ciento de un piso en la calle Valenzuela, o en la calle Ayala al 40 por ciento, entre otras razones porque no tengo elementos de juicio. Yo no puedo presuntivamente decir absolutamente
nada, porque desconozco los contratos. A mí sí me produce una cierta sorpresa que se deban valorar situaciones diferentes porque los contratos pivotan en función de la renta, de la antigüedad, de si hay prórrogas de renta o no, de si a lo mejor el
inquilino en ese momento es el último arrendatario y, por lo tanto, no es lo mismo que una persona que tiene una perspectiva o tiene herederos que van a acceder al derecho y se van a subrogar y pueden estar detentando el inquilinato durante setenta
años. Todas estas cuestiones habrá que valorarlas a la vista de los documentos que en su momento nos remita y desde luego a este diputado no le hace ninguna falta, a mí al menos, que sean nominativos en todo caso los elementos materiales. Porque
cada caso no es igual o no tiene por qué ser igual. Permítame que les recuerde los principios éticos del derecho y cite a Ulpiano, cuando decía: Honeste vivere non laedere y suum cuique dare. Aquí estamos en el suum cuique dare, dar a cada uno lo
suyo, con independencia de que nos parezca bien o mal. Si una persona tiene una situación jurídica y un derecho consolidado, ¿quién subjetivamente tiene derecho a decir si esto está bien o no y modificarlo? ¿Quién? ¿Cuál es el criterio que se
utiliza? ¿Al alza? ¿A la baja? ¿Y por qué? Será muy loable recaudar, pero habrá que respetar las situaciones fácticas y jurídicas que amparan el derecho de cada arrendatario de acuerdo con la ley.



En los procesos de subasta de los bienes individualizados -y me parece muy bien que se hagan individualizadamente, vaya por delante, se lo reconozco-, según los artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, se establece que no se
puede alegar estado de necesidad para ocupar el piso que se ha adjudicado por encima del valor de la capitalización.
Por lo tanto, hay una restricción al adquirente, que debe consentir y mantener el arrendamiento previo sin poder deshacerse de él,
con lo cual hay una garantía de que, si un señor no tiene interés en comprar, se puede vender sin que su derecho de arrendamiento se extinga y sin que la Seguridad Social, como bien dice usted, tenga que continuar siendo titular propietaria de
inmuebles cuando ciertamente esa no es su función.
También le diré que, de acuerdo con el artículo 51 de la LAU, de 1964, el artículo 53 se refiere a la capitalización, cuando se ejerce el tanteo, en un periodo de dos años no se puede transmitir el
bien adquirido en virtud del derecho de tanteo ejercitado de conformidad con dicho artículo de la Ley de Arrendamientos Urbanos.



Todo esto me lleva a formular ciertas preguntas, alguna de las cuales a lo mejor es retórica porque en buena medida la ha podido responder, pero es coherente con las afirmaciones que vengo haciendo y que creo que son plenamente objetivas.
Me preocupa, insisto, que no se cumpla la ley formalmente y que Segipsa tampoco lo haya hecho, cuando además una de las funciones de esta sociedad instrumental justamente es el cumplimiento de la ley: hacer las tasaciones adecuadas, la garantía de
los derechos y que se obtenga mayor rendimiento de la enajenación patrimonial de los bienes de la Administración pública. Por supuesto, yo no sé si alguien ha fiscalizado, si ha habido algún ejercicio de tanteo, si se ha vendido en el periodo de
dos años alguno de los bienes adquiridos.



El señor PRESIDENTE: Señor Azpiroz, lleva ya consumido la totalidad del tiempo y hay que tener en cuenta que lo tiene que compartir con su compañero.



El señor AZPIROZ VILLAR: Concluyo brevísimamente con la flexibilidad que siempre caracteriza al señor presidente, que sin duda me permitirá un par de minutos más, sobre todo para ser coherente con lo que quiero trasladar al señor secretario
de Estado y que no piense que mis palabras son carentes de alguna razón. ¿Qué razones de equidad, insisto, sirven para homogeneizar


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lo diferente? ¿Qué razones existen para incumplir el procedimiento legal establecido? ¿Por qué no constan, tal y como denuncia el Tribunal de Cuentas, en las tasaciones, ni se han proporcionado al mismo, todos los datos precisos para
conocer el costo de la carga del arrendamiento y con ello poder saber el precio neto y limpio que correspondería a la enajenación en favor de la Administración pública?


Tengo más cosas que decirle, pero no quiero abusar de la Presidencia. Solo voy a decir una cosa, si todo esto contribuye a que finalmente en otra fiscalización, en otro informe del Tribunal de Cuentas, no tengamos una recomendación como la
novena que aquí figura, será motivo de satisfacción de todos, porque el tribunal dice que la tesorería debía dotar de mayor transparencia su actuación en materia de enajenación de inmuebles propiedad de la Seguridad Social y, en particular, de las
viviendas y locales de negocio previamente arrendados, estableciendo de forma anticipada los necesarios criterios generales de aplicación que resulten conocidos por los posibles interesados, tanto los planes de enajenación futuros, etcétera,
evitando -concluye-, en todo caso, situaciones de desigualdad y reduciendo al máximo la discrecionalidad en este ámbito.
Estoy convencido de que usted participa de mis palabras y del interés en que eso no vuelva a ocurrir en ningún otro informe.
En eso podrá contar con toda nuestra colaboración. Yo no prejuzgo nada. Obviamente, estudiaremos con detenimiento la información que se nos remita, y si hubiera cualquier cosa en el futuro se la plantearíamos.



Muchas gracias, insisto, por su comparecencia.



El señor PRESIDENTE: A continuación hará uso de la palabra don Ramón Aguirre.



El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Igualmente gracias, señor secretario de Estado, por su exposición.



Es verdad que de su exposición he tomado nota de un titular cuando hablaba de la enajenación de los inmuebles, porque ha estado todo el rato refiriéndose a los inmuebles. No sé si ha querido con ello no entrar en la enajenación de los
locales. En cualquier caso, cuando se ha referido a la enajenación de los inmuebles, he podido tomar nota de que ha dicho que vendidos al precio de mercado o a otro tipo de cálculo que no fuera la homogenización que llevó a cabo la Tesorería de la
Seguridad Social se hubiera adquirido un valor astronómico. Ese ha sido precisamente -he tomado nota- su titular. No quiero hacer muy extensa mi intervención por cuanto mi compañero Azpiroz ha tocado el tema principal, que es la muestra de la
fiscalización del Tribunal de Cuentas relativa a 2005 -es cierto que se ha referido a la política de enajenación de la Seguridad Social-, pero la citada muestra nos habla de una serie de enajenaciones, concretamente trece, de los inmuebles y locales
afectados, cuando la fiscalización de ese año abarca un total de 316 inmuebles y locales.
Entendemos que la muestra es, probablemente, insuficiente para saber, cómo se han llevado a cabo las conclusiones de la política de enajenación de la
Seguridad Social. Es por ello por lo que de la intervención del señor Azpiroz se deduce que le solicitaremos -como ya hemos hecho con muchos otros datos- los contratos con sus correspondientes subrogaciones, si las hubiere, para analizar todas las
cuestiones que S.S. ha desgranado en su intervención.



Me ha sorprendido de su intervención que ha repasado muchos argumentos sobre las preguntas que este grupo parlamentario le ha presentado, pero me surge un interrogante. ¿Todas estas cuestiones que nos ha explicado aquí, se las ha
transmitido usted al Tribunal de Cuentas? Porque, muchos de los argumentos que ha dado hoy aquí, expresados al Tribunal de Cuentas en las múltiples reprobaciones que hace la fiscalización a la política de enajenación del ejercicio 2005 hubieran
quedado desactivados. Sería prudente saber si en todos los expedientes de enajenación -los 316 analizados- se ha procedido de la misma forma en el criterio de tasación expresado por el señor secretario de Estado, o solo se ha homogeneizado en los
casos de inmuebles y no así en los de locales. Me gustaría también saber si el Gobierno -es decir, usted, el ministerio al que usted representa aquí- rechaza la reprobación del Tribunal de Cuentas, ya que este insiste en que encuentra injustificada
la fundamentación para la homogenización que ustedes han practicado. Quisiera saber si mantiene la defensa o rechaza la reprobación del Tribunal de Cuentas.



Hay un tema muy importante. ¿Se ha tomado alguna precaución para evitar que se creen las condiciones para que existan actuaciones especulativas? ¿El señor secretario de Estado sabe si se han realizado operaciones especulativas posteriores?
Digo esto porque no se puede despreciar la cantidad de enajenaciones de pisos y locales. Estamos hablando de 70 millones de euros, y nos gustaría saber si la Seguridad Social ha puesto alguna prevención para evitar las operaciones especulativas.



Se ha referido al informe de la fiscalización del Tribunal de Cuentas en asuntos relativos a la informática. No es cuestión de esta comparecencia, por cuanto el título es sobre la enajenación de los bienes inmuebles pertenecientes a su
patrimonio. En cualquier caso, cuando tengamos toda la documentación que le hemos pedido, en sede parlamentaria podremos tratar con amplitud los informes de la Seguridad Social. Coincidirá S.S.
conmigo en que el Tribunal de Cuentas, en cuanto a
la forma de contratación de la Seguridad Social, no la deja en muy buen lugar, es todo un tirón de orejas. Pero no es el caso de esta comparecencia.



Ha habido otra afirmación en relación con la fiscalización de 2005. No sé por qué tienen ustedes la afición de estar permanentemente valorando la gestión de los gobiernos anteriores del Partido Popular, cuando sabe usted que los gobiernos
han sido puestos a valoración política en las urnas y han merecido el resultado que han merecido. Por tanto, aquí, por el presente y por el futuro, valoraremos e interrogaremos al Gobierno actual. Ha


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dicho que carga con todas las responsabilidades de lo que pueda decir el Tribunal de Cuentas con sentido reprobatorio en relación con las enajenaciones. ¡Faltaría más! Yo creo que nadie ha culpado más que a la autoridad política que usted
aquí representa. No sé por qué ha hecho usted esa excursión verbal en relación con los servicios técnicos, cuya valía nosotros también reconocemos. ¡Claro que es usted responsable, para bien y para mal!


Señor presidente, le agradezco que me haya concedido este breve turno.



El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, tiene usted la palabra.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Únicamente para agradecer la comparecencia del señor secretario de Estado. Considero que sus explicaciones son convincentes y razonables. No hay piedra para el escándalo. Tengo la impresión de que tampoco hay
materia pues este tema no da mucho más de sí. Otra cosa es que otros grupos parlamentarios piensen lo contrario.
Esto es lo que piensa mi grupo parlamentario y, como lo pienso, lo digo.



El señor PRESIDENTE: Con su breve intervención nos ha cuadrado ya la media de las intervenciones.



Para finalizar las intervenciones de los grupos parlamentarios, en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra doña Antonia García Valls.



La señora GARCÍA VALLS: En primer lugar, quiero agradecer desde el grupo al que represento, el Grupo Parlamentario Socialista, la comparecencia del señor secretario de Estado, especialmente porque sabemos la intencionalidad con la que el
Partido Popular ha abordado la cuestión que nos ocupa y en la que han abundado en su intervención esta tarde. Hay que remontarse a la Diputación Permanente del pasado 14 de enero, en la que asistieron mis compañeros atónitos a la petición por parte
del Partido Popular de la comparecencia urgente del ministro de Trabajo e Inmigración, para informar sobre el contenido de la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas, entre otros asuntos en los que usted, secretario de Estado, también ha
entrado, de las enajenaciones de los bienes inmuebles pertenecientes a su patrimonio en 2005 por la Tesorería General de la Seguridad Social. Viniendo de un grupo político con aspiración de Gobierno, que ya ha estado en el Gobierno no hace tanto
tiempo y que por tanto podemos afirmar -y no digo suponer, sino afirmar- que conoce sobradamente el funcionamiento de la Seguridad Social y los procedimientos de actuación, la actitud del Partido Popular solo podemos achacarla a la mala fe, y no
podemos hablar en este caso de ignorancia.
Así quedará reflejado en el'Diario de Sesiones'. Como tampoco ignoran los miembros del Grupo Parlamentario Popular el funcionamiento que se sigue habitualmente en la Comisión Mixta de Relaciones con el
Tribunal de Cuentas. Y es que, en aras de no sabemos muy bien qué, se saltan el procedimiento habitual de esa Comisión, en la que después de la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, como muy bien saben las señorías del Grupo
Popular, donde informa de los asuntos que han sido dictaminados por el tribunal y remitidos a la Comisión para su conocimiento y análisis, no se toma ninguna resolución, ya que se deja para la siguiente convocatoria de Comisión en la que ya se ven
las propuestas de resolución de los diferentes grupos parlamentarios y, además, se intenta llegar habitualmente a propuestas transaccionadas para que se puedan votar de forma unánime por todos los grupos.



En el caso que nos ocupa, como bien saben SS.SS., la Comisión Mixta para las Relaciones del Tribunal de Cuentas, que dio cuenta de esta cuestión, se celebró el 16 de diciembre de 2008 y hacía referencia a la fiscalización del año 2005. En
estos momentos está pendiente de celebrarse una sesión de la Comisión mixta. Todavía no se han visto las propuestas de resolución de los diferentes grupos parlamentarios y puede que en algún supuesto se han producido correcciones, a día de hoy, a
las cuestiones allí analizadas. Por tanto, no hay preceptiva opinión parlamentaria formada sobre esta cuestión. En esto coincidió el representante de Convergència i Unió, el señor Jané, en su intervención en la Diputación Permanente a la que me he
referido al principio de la intervención.



No obstante, y pese al oportunismo que demuestra el Grupo Popular, el señor secretario de Estado ha dado las explicaciones pertinentes, certificando lo que ya sabíamos: que la Seguridad Social ha aplicado con rigor y transparencia el
ordenamiento jurídico al que está sometida y, además, ha dado todas las aclaraciones en esta Comisión y también al mismo Tribunal de Cuentas. Así lo reconoce el presidente del Tribunal de Cuentas el señor Núñez Pérez, que en su intervención en la
Comisión mixta a la que nos hemos referido a lo largo de la intervención del pasado mes de diciembre, señala que la Tesorería General de la Seguridad Social ha cumplido con el deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas sin ningún tipo de
reserva, y que esta colaboración está hecha con una sola finalidad, que es la mejora de la gestión, de la eficacia, y de la eficiencia para que los servicios públicos sean cada vez mejores.



Señorías, todos debemos felicitarnos por el buen funcionamiento de las instituciones del Estado y, en especial, de la Seguridad Social. Y sin duda, para que ese buen funcionamiento continúe, usted, señor secretario de Estado, ha venido a
comparecer a petición propia ante esta Comisión.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Granado Martínez): Quiero


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dar las gracias a los intervinientes del Grupo Popular. Me quedo más tranquilo después de haberles oído en esta Comisión respecto de lo que he podido leer en los últimos días. Me parece que el tono de las intervenciones algo ha cambiado.
Pienso que la comparecencia para algo ha servido. Se lo agradezco de verdad. Estamos sometidos a la almoneda perpetua en este país de vernos sacudidos por determinados avatares y al final se extiende entre los ciudadanos la sensación de que todos
somos iguales y este tipo de cuestiones a las que uno tiene que hacer frente.
Yo creo pertenecer a la parte de los políticos de este país, que (me parece que es la inmensa mayoría, por no decir la práctica totalidad) cuyo patrimonio más preciado es
la honorabilidad pública. A mí no me molesta que digan que soy un inútil. Lo digo con toda franqueza. O que me hagan todo tipo de reproches políticos, pero que pongan en tela de juicio mi honorabilidad personal, sí me molesta. Y que se pueda
decir que la ejecutoria de una persona ha contribuido a malbaratar el patrimonio público o a tener determinado tipo de comportamientos que no se sabe muy bien a quién beneficia, sí me molesta. Me molesta porque yo puedo dar aquí todas las
explicaciones del mundo, pero los periódicos que han publicado cosas bien distintas esto no lo van a publicar mañana y, al final, la sombra de sospecha siempre queda. Esto nos pasa a todos. (El señor Echániz Salgado: ¡Que nos van a contar!) Como
nos pasa a todos, y como todos nos acordamos de santa Bárbara cuando truena, ahora tengo que acordarme de santa Bárbara y decir que esto es una desgracia porque pagamos siempre justos por pecadores.



Con relación a la primera intervención, la del señor Azpiroz, tengo que decirle que es verdad que usted ha invocado la vigencia del Decreto sobre patrimonio de la Seguridad Social, del año 1992. En medio de todo esto hay una Ley de
Patrimonio que se ha declarado subsidiaria, una nueva regulación legislativa en materia de arrendamientos urbanos del año 2007.
La duda razonable que nos asiste es saber cuánto de la legislación precedente del año 1992 que tiene mayor rango
normativo que el decreto estaba en aplicación y cuánto de la regulación posterior ha modificado en la práctica -aun siguiendo una técnica legislativa no ortodoxa- el propio decreto del año 1992. Señor Azpiroz, la Seguridad Social ha vendido
viviendas a sus arrendatarios siempre y nunca ha hecho uso de la autorización ministerial. La solicitud de autorización ministerial siempre se ha utilizado para locales y para bienes de un determinado valor patrimonial. Por tanto, no sé si lo
estamos haciendo mal o no; lo que es cierto es que llevamos treinta años haciéndolo mal. Por tanto, no es una innovación que haya producido esta Administración, sino que ha utilizado los mismos criterios que se han usado con anterioridad. Y en
cuanto a los arrendatarios de bienes públicos, se ha utilizado esa misma consideración; me estoy refiriendo a los arrendatarios de bienes inmuebles, de pisos.



Lo mismo ocurre con lo que me dice S.S. respecto de las entidades.
Haciendo a una aplicación mecánica del precepto, cuando las unidades de recaudación en vía ejecutiva subastan maquinaria de determinadas empresas, o cualquier bien,
cualquier solar, cualquier suelo rústico que haya sido obtenido en función de embargo, deberíamos hacer la consulta preceptiva a las entidades. Ahí hay criterios del servicio jurídico de la Administración de Seguridad Social que han supuesto que la
consulta tiene sentido cuando el bien tiene sentido que lo tenga para la entidad, y los pisos de uso residencial no tienen valor alguno para ninguna de las entidades gestoras de la Seguridad Social porque, como usted ha tenido a bien reconocer, las
entidades gestoras de la Seguridad Social no deben administrar ese tipo de bienes. En cuanto a los locales, en algún caso sí se hizo consulta a las entidades, pero el Tribunal de Cuentas ha sostenido que deberíamos haber hecho la consulta para
todos y cada uno de los pisos residenciales. Nosotros le hemos dicho que no lo hemos hecho en ninguno de los 1.900 casos; desde el año 1978 en ninguno de los miles de casos que hemos llevado a cabo hemos hecho consulta a las entidades. El
Tribunal de Cuentas dice que esto está mal, y tiene razón. No le quito la razón que tenga, pero esto está mal desde hace mucho tiempo; hemos seguido haciéndolo así. No me parece una cuestión relevante; me parece una cuestión estrictamente
formal. Tendría sentido que usted me dijera que debíamos haber consultado a las entidades si hubieran tenido que adquirir bienes inmuebles cercanos a donde nosotros hemos enajenado otros, porque ahí sí estaríamos produciendo un perjuicio al
patrimonio de la Seguridad Social. Lo otro es una cuestión más bien discutible, como ocurre con la publicidad.



La recomendación que el tribunal hace en el informe del año 2005 está literalmente copiada de la del año 1999, que se reproduce en el año 1999, en el año 2000 y en el año 2001. Nosotros le hemos dicho al tribunal que esa recomendación tenía
un sentido cuando los inquilinos se quejaban de que se les había vendido el bloque entero sin que ellos hubieran conocido la venta del bloque entero, pero en todos los casos habíamos acreditado con carta certificada que todos los inquilinos habían
estado en condiciones de poder comprar el piso del que eran inquilinos, y el tribunal no obstante ha mantenido la redacción. Para que ustedes juzguen si nosotros hemos alegado con mejor o peor fortuna, les vamos a remitir el escrito de alegaciones
que presentamos al tribunal por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Ya valorarán ustedes, porque no yo no voy a entrar a valorar aquí si el tribunal debió o no mantener las recomendaciones en sus propios términos. A mí me parece
un poco difícil de colegir que, habiendo cambiado de cierta forma el sistema de gestión, se mantenga el texto en sus propios términos como en años anteriores, cuando lo que se hacía eran cosas distintas.



En cuanto a la fianza, estábamos amparados con que la fianza que aplica Segipsa a sus operaciones normalmente era del 10 por ciento. Puedo aceptar que, si la tesorería aplica a todo el conjunto de sus bienes el 25 por ciento, lo más
razonable es modificar la normativa.



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Ahí tiene usted razón. Pero sigo diciendo que lo sustantivo es que nosotros no vamos a tratar a nuestros inquilinos como si fueran subasteros; en la subastas debemos pedir fianzas del 25 por ciento o más altas y a los inquilinos les
tenemos que pedir porcentajes diferentes.



La homogeneización. Aquí se puede discutir si hemos hecho bien o mal la homogeneización, pero lo que no se puede plantear es que sea un invento nuestro. En el año 1997 se vendieron 37 viviendas a 3.000 euros; todas a 3.000 euros. En el
año 1998, 253 viviendas a tres precios unitarios: 3.000, 7.000 y 1.550 euros. En el año 2003, a un precio unitario de 3.000 euros. La Seguridad Social siempre ha homogeneizado las viviendas que vende a sus arrendatarios. Nosotros hemos seguido
un criterio de homogeneización distinto. Lo que nos dice el Tribunal de Cuentas no es que no homogeneicemos, sino que tengamos en cuenta las circunstancias personales de cada inquilino para producir la homogeneización. Aquí tengo un problema de
comprensión intelectual. Homogeneizar en castellano es uniformar y si tengo en cuenta las circunstancias personales no puedo uniformar. (Varios señores diputados: ¿Por qué no puede?) Si uniformo es para dar un tratamiento uniforme y si no, no
puedo tener en cuenta las circunstancias personales y tengo que irme a la Orden ECO del año 2003 y producir la capitalización de rentas. ¿Por qué siempre hemos homogeneizado? Porque se ha entendido siempre que cuando se vendía un conjunto de
bienes idénticos el precio debía ser idéntico. No era razonable que dos bienes que tenían el mismo valor catastral, las mismas características y el mismo grado de conservación tuvieran un precio diferente en el mercado. Podemos haber obrado bien o
mal, pero si hemos obrado mal llevamos haciéndolo así desde el año 1978. Si el informe del Tribunal de Cuentas en los años 1999, 2000, 2001 ó 2002 no entró en esta consideración, eso no quiere decir que no se hiciera. Si lo refleja en el año 2005,
el Tribunal de Cuentas acierta en el año 2005, pero lo hace sobre una situación que siempre se ha dado. Nosotros sí hemos cambiado el sistema de homogeneización porque esta vez lo hemos hecho al alta y no a la baja. El criterio de homogeneización
que siempre se había utilizado era a la baja y por eso los precios que nos han salido son bastantes casos. El criterio de homogeneización se ha aplicado tanto a viviendas como a locales. No hay problema, siempre que se han vendido todos los
bloques a Segipsa se ha homogeneizado el valor de las viviendas y el valor de los locales con los mismos criterios; criterios idénticos en todos los bloques que en algún bloque diferente han producido indicativos de homogeneización diferentes
porque se han descontado valores de obras pendientes, valores de conservación de los inmuebles, etcétera.



En cuanto a si se han tomado medidas para evitar la transmisión de los inmuebles, creo recordar -se lo afirmo mañana con precisión cuando pueda confirmar la documentación, porque lo he estado buscando y no lo he entregado- que en
determinadas enajenaciones se ha establecido la imposibilidad de vender el bien durante los tres años siguientes. Pero no se lo digo con total seguridad. Puedo asegurarle que esto lo ha introducido la actual Administración; no sé si en el año
2005 o en los siguientes. Precisamente un tema que tenemos pendiente con el Tribunal de Cuentas es una venta, que se inicia en el año 2001, de un local en Canarias y el Tribunal de Cuenta estima que se formaliza en el año 2004, aunque la venta se
había producido en ejercicios anteriores. El Tribunal de Cuentas estima inaceptable que el arrendatario de ese local comercial lo compra y al día siguiente lo revende a un precio más alto. Yo creo que algo hemos hecho. Respecto a la
transparencia, la transparencia con los arrendatarios ha sido absoluta y en el caso de las subastas se han publicado todas donde se debía y más; se han publicado todas en los periódicos de mayor difusión de la provincia, en el diario oficial de la
comunidad autónoma, en el caso de Madrid, en los diarios oficiales de la provincia o de la comunidad autónoma respectiva y se han hecho todas las gestiones.



En cuanto a las manifestaciones del señor Aguirre, si hay alguna cosa que me he dejado por contestar, luego lo vemos para remitirle la información.
Me refería al valor astronómico de los bienes vacíos en comparación con los bienes ocupados
por los arrendatarios. Es decir, cuando me refería a que hemos preferido ganar mucho dinero vendiendo un piso a 500.000 ó a 400.000 euros, la verdad es que algunos pisos de los que hemos vendido ha sido a 250.000 y a 300.000 euros, en los años 2004
y 2005. Cuando hablaba del valor astronómico me refería a algunos inmuebles en los que se habían hecho obras bastantes caras y que lo hubiéramos sacado vendiéndolos vacíos. También es verdad que en algunos casos se lo hemos pasado a la Sociedad
Pública de Alquiler y luego ha pensado que, por ejemplo, por las dimensiones del piso -pisos de doscientos y pico metros- no era transformable y nos lo ha revertido. Lo hemos sacado a subasta y se ha quedado desierto. Ahora el mercado no está muy
favorable para las subastas de este tipo de pisos. Lo que quiero decir con esto es que hemos preferido, en todo caso, primar el valor social en la gestión del patrimonio de vivienda al valor económico que saldría de la propia subasta. Por eso se
lo hemos dejado a la Sociedad Pública de Alquiler y tenemos pensado hacer una oferta de alquiler a las sociedades, en el caso de Madrid, a la sociedad municipal y a la sociedad de la comunidad autónoma. Los trece inmuebles afectados son trece
bloques de viviendas en el informe del año 2005, pero afectan a trescientos y pico inmuebles singulares. En el año 2005 las viviendas enajenadas son 258; luego hay unos locales, aunque hay algunos que, como les digo, en función de este precio más
alto no se compran, lo que es muy representativo de la política de enajenación de viviendas de la Seguridad Social.



Ya le he comentado al señor Azpiroz, y se lo digo al señor Aguirre, que les remitiremos las alegaciones para que las vean. Sí que es verdad que aprecio -lo digo


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como una persona que conoce bien el Tribunal de Cuentas, porque, como alguno de ustedes bien sabe, mi padre fue el primer magistrado de la sección de fiscalización del Tribunal de Seguridad Social-, pero me gustaría que nuestro Tribunal de
Cuentas llegara a ser el General Accounting Office americano, que hiciera informes sobre eficiencia y no informes sobre control de legalidad. Porque eso de decir si se ha cumplido el artículo tal del reglamento tal, no digo que no tenga su
importancia, pero me gustaría que hubiera una visión más material y menos de legalidad formal en los informes del Tribunal de Cuentas. Imagino que para eso también necesitaremos más medios en el Tribunal de Cuentas, porque los medios que tiene
ahora impiden hacer esto. Ya le he contestado al señor Apiroz lo de las alegaciones. Sobre la homogeneización, podemos haber acertado o no, pero se ha hecho siempre, siempre que se han vendido en bloque. Mayor homogeneización que vender el bloque
entero, eso sí que no es homogeneizar sino compactar, venderlo a una sociedad o a una comunidad de propietarios.



En relación con las tasaciones, hicimos nuestras tasaciones en la encomienda del año 2005, porque, entre otras cosas, lo sugirió la propia Intervención. Al final, lo que vino a alegar la Intervención a la encomienda de 2005, en relación con
lo que se había producido en la encomienda de 2003, es que cuando Segipsa realiza sus funciones al servicio de otros departamentos ministeriales, los otros departamentos ministeriales colaboran con ello y luego hay un informe de la Dirección General
de Patrimonio del Estado. Es decir, había mayor implicación de los servicios administrativos del Ministerio de Economía y de los ministerios afectados y en el caso nuestro, en la encomienda de 2003, habíamos delegado demasiado en Segipsa. Se asume
la tasación directa por los propios servicios de la Dirección General de la Tesorería, porque se entiende que es posible.



Señor Aguirre, he hecho esta reflexión final porque he tenido que informar como secretario de Estado sobre otra persona, que como no está aquí no voy a mencionar porque sería incorrecto y muy injusto, a la que cuando se le preguntaba cuál
era su responsabilidad en una determinada campaña publicitaria de la Seguridad Social lo primero que decía es: Yo no he intervenido en el expediente. Eso es lo que esa persona dijo en su día.
Yo tampoco he intervenido en ningún expediente, pero,
señor Aguirre, soy responsable de los expedientes como si hubiera intervenido en todos y cada uno de ellos. Es más, me he dirigido al Tribunal de Cuentas haciendo constar expresamente esa responsabilidad, que asumo esa responsabilidad, porque no
voy a dejar que ninguno de mis colaboradores tenga que soportar la apertura de un juicio de cuentas por ejecutar las decisiones políticas que desarrolla este secretario de Estado.



Me confirman, en efecto, que en la encomienda de Segipsa los bienes no pueden ser enajenados en tres años. Eso es una innovación que introducimos. Con el fin de aclarar este último contexto, tengo que decir que cuando se abren juicios de
cuentas nunca se abren a los ministros ni a los secretarios de Estado, siempre se abren a los directores generales y a los jefes de servicio. Cuando digo que yo asumo la responsabilidad es para animar a alguien a que se abra un juicio de cuentas,
que me lo abran a mí, porque esto me parece muy injusto. En esta legislatura, como digo, he tenido que hacer informes diciendo que los jefes de servicio, los interventores y los directores generales de la anterior Administración no eran
responsables políticamente de ejecutar las decisiones que tomaban sus superiores jerárquicos. Para que conste en el 'Diario de Sesiones', como imagino que esto se leerá, lo digo expresamente y sin ningún ánimo de enjuiciar la gestión de gobiernos
anteriores, porque de eso se quejaba el señor Aguirre. (El señor Aguirre Rodríguez pronuncia palabras que no se perciben.) Lo lamento si da esa impresión, porque de verdad le digo que no tengo ninguna intención de enjuiciar la labor del gobiernos
anteriores. (El señor Aguirre Rodríguez: Lo acaba de hacer.) Lo que pasa es que si me dicen a mí que tengo un comportamiento irregular por vender pisos a 200.000 euros, tengo que recordar que se vendían a 3.000. No tengo otro remedio porque, si
no, al final parece que estoy comportándome de forma irregular, de forma torticera o Dios sabe de qué forma. Ya sé que todas las comparaciones son odiosas, pero como gestor de la Seguridad Social me parece que el patrimonio de la Seguridad Social
agradecerá más cobrar 200.000 euros por piso que 3.000. (El señor Azpiroz Villar pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Azpiroz, sabe que tenemos ahora reunión de la Mesa. Le ruego que sea breve. Tiene la palabra.



El señor AZPIROZ VILLAR: Con mucha brevedad, señor presidente, pero quiero agradecer las explicaciones al señor secretario de Estado. Creo no obstante que ha quedado de relieve una coincidencia que debería abordarse y quizá hubiera sido
bueno que se hubieran clarificado ante el propio tribunal algunas cuestiones que se han aclarado ahora aquí. Y si hace falta modificar el real decreto y adaptarlo a las necesidades, hágase, pero no me parece que una norma de trece años referida al
año 2005 que pide autorización no se pida, y aunque se haya hecho durante mucho tiempo no nos habría de servir, sino que habrá que modificarlo, habrá que adaptarlo. En la fianza, lo mismo. Y en las dudas interpretativas en la comunicación a los
entes gestores, recordaré el viejo aforismo de In claris non fit interpretatio: si la norma está clara -que a mi entender clara está- no hace falta interpretarla. Cambiémoslo y arreglemos la cuestión. Hagamos un instrumento jurídico que sea
dinámico y que se adapte a las necesidades de las enajenaciones, y punto.



El señor secretario de Estado sabe que le tengo afecto y se lo digo sinceramente. Me alegro de que se vaya más contento de lo que ha entrado, pero hay algo de lo que


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no me puedo alegrar. En democracia cada grupo parlamentario tiene el derecho de hacer, con acierto o sin él, lo que le parezca adecuado en la función, en nuestro caso de oposición, que nos han encomendado los ciudadanos. Creo que es una
alta responsabilidad y al menos uno, con toda la humildad, procura ejercerla con rigor, con respeto y con profesionalidad, entre comillas, con el mejor buen hacer del que uno es capaz.



En cuanto a imputar a este grupo mala fe, rogaría que se quitase del acta, por aquello de Quod non est in aeta non est in mundo, pero si se quiere mantener, manténgase. Simplemente diré dos cosas. Se han alegado muchos precedentes a lo
largo de estos años en otros gobiernos de cosas que ahora nosotros hemos criticado. Yo no he criticado que el Grupo Parlamentario Socialista en la oposición no opositara con estas cuestiones cuando libérrimamente podía haberlo hecho. No he dicho
eso ni he hecho eso, cuando podría haber imputado en este caso a la portavoz del Grupo Socialista. Y he de decir otra cosa, la comparecencia ha sido a instancias -mis palabras han sido de agradecimiento al señor secretario de Estado- del propio
secretario de Estado, motu propio. Por tanto, esto ha contribuido a la adecuada labor de la oposición y del Gobierno, y no es malo que sea así. Es bueno, es positivo y ha habido cosas que hoy se han aclarado y que era menester aclarar. Eso no es
malo. Se ponen trabas a eso y se dice que eso es consecuencia de mala fe. Rogaría que se retire y si no se hace así, califica a quien lo mantiene. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado. (La señora García Valls pide la palabra.) Perdón señora García.



La señora GARCÍA VALLS: Son temas en los que debemos seguir trabajando. En aras del consenso, lo retiro. (El señor Azpiroz Villar: Gracias.)


El señor PRESIDENTE: Me imagino que el Grupo Parlamentario Popular se lo agradece y la Presidencia también.



Para finalizar, señor secretario de Estado, tiene la palabra.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Granado Martínez): Señor Azpiroz, no voy a discutir con usted de derecho porque le reconozco una mayor autoridad que la mía. En ese sentido que sepa que el servicio jurídico de la
Seguridad Social no mantiene sus tesis. Quedaremos un día con el director del servicio jurídico de la Tesorería General de la Seguridad Social, que sigue siendo el mismo que era el año anterior a las elecciones de 2004, el señor Alcaraz, y él
discutirá con usted. En los informes del servicio jurídico y de la intervención general no se objetó que no se pidiera autorización ministerial ni se objetó que no se pidiera información a las entidades. Sí se objetó el tema de la fianza. Tengo
que reconocerle que el tema de la fianza sí se objetó en el informe del servicio jurídico, que dijo entender perfectamente por qué poníamos la fianza del 10 por ciento, pero que la norma decía que era el 25 por ciento. Ya le he reconocido
expresamente que deberemos modificar la norma, porque tratar a inquilinos de pisos, a jubilados de 80 años como si fueran subasteros no me parece razonable y lo que tenemos que hacer es modificar la norma.



Para finalizar quiero agradecerles sus intervenciones y yo creo que las cosas, como decía antes el señor Llamazares -al que no le he agradecido su intervención-, están bastante claras. En todo caso deberíamos ser capaces no sé si en el
marco del Pacto de Toledo, porque probablemente les pille muy fuera, pero probablemente en el marco de los trabajos de esta Comisión, a mí sí me gustaría conocer su opinión a la hora de saber qué tenemos que hacer en el futuro. Nosotros estamos
dando por bueno que todo el mundo comparte con nosotros un criterio, que es que tenemos que vender los pisos, que mejor es alquilar los pisos vacíos que no subastarlos. Sin embargo, es una cuestión opinable y nosotros lo único que queremos
evidentemente es hacer el mejor servicio a los intereses del sistema de Seguridad Social, que es el que afecta a todos los trabajadores y empresarios españoles, y no tenemos otra consideración.
Desde luego, intentaremos cumplir lo más fielmente
posible las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que bien es cierto que después de un informe más descriptivo, sus conclusiones y recomendaciones entran en otro tipo de cuestiones, porque el propio tribunal reconoce que hay cuestiones que
critica en el informe, pero que devienen del obligado cumplimiento de la normativa vigente y que, por tanto, no es nuestra responsabilidad. En el procedimiento negociado, por ejemplo, en la contratación de los pequeños servicios de vigilancia y de
limpieza de la tesorería, nosotros estamos utilizando la normativa vigente. El Tribunal de Cuentas dice que hacemos mucho uso del procedimiento negociado. Pues que la normativa vigente nos lo restrinja, pero el procedimiento negociado se creó para
esos concursos de 100.000 euros, de 80.000, de 60.000 euros. Nosotros decimos que tenemos que cumplir la legislación y que si se quiere cambiar el sistema de gestión, que se cambie la legislación, que no la ha hecho la administración de la
Seguridad Social sino las Cortes Generales. En ese sentido, también ustedes pueden ayudarnos con su superior criterio a cambiar las normas en las que estimen que es necesario introducir alguna modificación. Señorías, muchísimas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia.



Quiero felicitar a SS.SS. porque el objetivo no escrito de que esta Comisión no puede durar menos de cuatro horas lo hemos logrado una vez más. Les recuerdo que la Mesa y portavoces nos quedamos a continuación.



Se levanta la sesión.



Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.