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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 164, de 25/11/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 164
EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA
Sesión núm. 7 celebrada el martes 25 de noviembre de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad (Valcarce García) para informar sobre:
- La política del Gobierno en materia de política social, familia y atención a la dependencia y la discapacidad. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000032.)...
- Los decretos de copago y acreditación de servicios. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000317.)... (Página 7)
Preguntas:
Del señor Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:
- Valoración de la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. (Número de expediente 181/000052.)... (Página 25)
- Motivos por los que el Gobierno no ha remitido a las Cortes el informe anual sobre la aplicación y efectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
(Número de expediente 181/000310.) .... (Página 25)
- Fecha prevista para remitir a las Cortes el informe anual sobre la aplicación y efectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. (Número de
expediente 181/000311.)... (Página 25)
- Estado de elaboración del informe anual sobre la aplicación y efectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. (Número de expediente
181/000312.)... (Página 25)
- Orientación del informe anual sobre la aplicación y efectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. (Número de expediente 181/000313.)...
- Contenido del dictamen de los órganos consultivos que debe incorporarse al informe anual que recoge la disposición final sexta de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia y que debe ser remitido a las Cortes (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/17955). (Número de expediente 181/000569.)...
(Página 26)
- Contenido de la memoria del Consejo Territorial que debe incorporarse al informe anual que recoge la disposición final sexta de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia y que debe ser remitido a las Cortes (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/17956). (Número de expediente 181/000570.)... (Página 26)
- Motivos de la demora en la presentación por parte del Gobierno del informe anual sobre la aplicación y efectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia y que debe ser remitido a las Cortes (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/17957). (Número de expediente 181/000571.)... (Página 26)
- Fecha prevista para remitir a las Cortes el informe anual sobre aplicación y efectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/17958). (Número de expediente 181/000572.)...
(Página 26)
- Número de empleos creados desde que se aprobó la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y distribución de los mismos. (Número de expediente 181/000053.)...
- Número de plazas nuevas y centros residenciales públicos creados desde la entrada en vigor de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. (Número de expediente 181/000054.)...
- Número de cuidadores familiares dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social desde que se aprobó la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, así como el coste asumido
por el Estado y su distribución por Comunidades Autónomas. (Número de expediente 181/000056.)... (Página 27)
- Resultado de la reglamentación de la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia no profesionales (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/8103). (Número de
expediente 181/000555.)... (Página 27)
Número de altas en la Seguridad Social producidas en el Régimen General como cuidadores no profesionales de personas dependientes (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/8104). (Número de
expediente 181/000556.)... (Página 27)
- Número de cotizantes existentes en el Régimen General de la Seguridad Social como cuidadores no profesionales de personas dependientes (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/8105). (Número de
expediente 181/000557.)... (Página 28)
- Número de cotizantes existentes en el Régimen Especial del Hogar como cuidadores profesionales contratados mediante prestación económica regulada en los artículos 14.3 y 17 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/8106). (Número de expediente 181/000558.)... (Página 28)
- Fecha prevista para aprobar la normativa reglamentaria que desarrolla la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. (Número de expediente 181/000055.)... (Página
30)
- Fijación de la aportación de los beneficiarios al sistema nacional de la dependencia, tal y como determina el artículo 33 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal. (Número de expediente 181/000305.)...
(Página 30)
- Establecimiento de algún límite de renta o patrimonio exento de la aportación para poder ser atendido en el sistema nacional de dependencia.
(Número de expediente 181/000306.)... (Página 30)
- Límite de renta o patrimonio exento de la aportación para poder ser atendido en el sistema nacional de la dependencia. (Número de expediente 181/000307.)... (Página 30)
- Límite de renta o patrimonio exento de la aportación para poder ser atendido en el sistema nacional de la dependencia (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/17938). (Número de expediente
181/000562.)... (Página 30)
- Participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones, reconocidas por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (procedente de la pregunta
al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/17954). (Número de expediente 181/000568.)... (Página 30)
- Medidas para atender los períodos de descanso de los cuidadores no profesionales, a tenor de los establecido en el artículo 18.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia. (Número de expediente 181/000302.)... (Página 32)
- Número de beneficiarios de las acciones de apoyo a los ciudadanos no profesionales, según lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia. (Número de expediente 181/000303.)... (Página 32)
- Acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales de personas dependientes puestas en marcha, a través tanto de medidas formativas como informativas, según dispone el artículo 18.4 da a las personas en situación de dependencia. (Número
de expediente 181/000304.)... (Página 32)
- Número de prestaciones económicas reconocidas para el cuidado de familiares (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/17949). (Número de expediente 181/000563.)...
(Página
32)
- Importe medio mensual de las prestaciones económicas reconocidas para el cuidado de familiares (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/17950). (Número de expediente 181/000564.)...
- Programas de formación promovidos para los cuidadores no profesionales (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/17951). (Número de expediente 181/000565.)... (Página
32)
Campañas informativas realizadas para los cuidadores no profesionales (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/17952). (Número de expediente 181/000566.)... (Página 32)
- Medidas para atender los períodos de descanso de los cuidadores no profesionales (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/17953). (Número de expediente 181/000567.)...
- Número de reuniones mantenidas por el Comité Consultivo creado al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. (Número de expediente
181/000308.)... (Página 33)
- Informes o propuestas formuladas por el Comité Consultivo creado al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
(Número de expediente
181/000309.)... (Página 34)
- Fecha en la que se creó o se produjeron las modificaciones en el Registro de prestaciones sociales públicas en lo referido a la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, así como valoración del mismo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/8107). (Número de expediente 181/000559.)... (Página 34)
- Previsiones acerca de la aprobación del plan integral de atención para menores de 3 años en situación de dependencia (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/8114). (Número de expediente
181/000560.)... (Página 34)
- Medidas para facilitar la atención temprana y rehabilitación de las capacidades físicas, mentales e intelectuales de los menores de 3 años en situación de dependencia (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de
expediente 184/8115). (Número de expediente 181/000561.)... (Página 34)
- Resultado de las deliberaciones del Comité Consultivo creado al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/17959). (Número de expediente 181/000573.)... (Página 34)
- Proceso de elección o de designación de los cinco grupos que se determinan en el artículo 40 para constituir el citado Comité Consultivo, creado al amparo de la Ley 14/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/17960). (Número de expediente 181/000574.)...
(Página 34)
- Número de reuniones que ha mantenido el Comité Consultivo creado al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/17961). (Número de expediente 181/000575.)... (Página 34)
- Informes o propuestas formuladas por el Comité Consultivo creado al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/17962). (Número de expediente 181/000576.)... (Página 34)
De la señora Do Campo Piñeiro, en sustitución de la señora Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:
- Medidas del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para favorecer a las familias y, en especial, a las familias monoparentales y numerosas. (Número de expediente 181/000178.)... (Página 36)
Fecha prevista para modificar el reglamento de la Ley de familias numerosas para adecuar la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulos de pleno derecho los artículos
que se refieren a la no acumulación de los descuentos en transporte.
(Número de expediente 181/000208.)... (Página 36)
- Necesidad de que forme parte del observatorio de la familia, la Federación de Familias Numerosas. (Número de expediente 181/000209.)...
(Página 36)
- Medidas para mayores además del programa de vacaciones y termalismo.
(Número de expediente 181/000179.)... (Página 38)
- Sustitución de los fondos que se destinaban al Plan Gerontológico.
(Número de expediente 181/000396.)... (Página 38)
- Presupuesto destinado a los mayores no dependientes. (Número de expediente 181/000397.)... (Página 38)
- Medidas además del programa Educa 3 para la atención de la infancia y la prevención de los menores. (Número de expediente 181/000180.)... (Página 39)
- Presupuesto que se va a destinar para cumplir el compromiso de escolarizar a los niños de 0 a 3 años. (Número de expediente 181/000205)... (Página 39)
- Opinión del Gobierno acerca de si se han devaluado las políticas sociales al incluirlas en el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. (Número de expediente 181/000181.)... (Página 41)
- Medidas para favorecer a las familias afectadas por la crisis económica.
(Número de expediente 181/000182.)... (Página 41)
- Previsiones acerca de aumentar el gasto social destinado a las familias para equipararlo con la media europea. (Número de expediente 181/000206.)... (Página 42)
- Previsiones acerca de subir los límites de renta para cobrar las ayudas por hijo. (Número de expediente 181/000207.)... (Página 42)
- Reparto de los 871 millones presupuestados para la Ley de Dependencia entre las Comunidades Autónomas. (Número de expediente 181/000393.)...
(Página 44)
- Recursos presupuestarios que se destinan por las Comunidades Autónomas en relación con la aplicación de la Ley de Dependencia. (Número de expediente 181/000394.)... (Página 44)
- Grado de aplicación de la Ley de Dependencia, así como número de personas que están recibiendo los servicios previstos en la citada ley.
(Número de expediente 181/000395.)... (Página 45)
- Previsiones acerca de la firma de convenios extraordinarios con las Comunidades Autónomas para la aplicación de la Ley de Dependencia.
(Número de expediente 181/000398.)... (Página 45)
Del señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre:
- Consideración en el desarrollo de la Ley de Dependencia, de la diferencia de costes en la prestación de unos mismos servicios sociales en las distintas Comunidades Autónomas. (Número de expediente 181/000221.)...
- Número de prestaciones de atención a la dependencia que han recibido los familiares de personas que vieron reconocido su derecho a recibir la correspondiente prestación y que fallecieron antes de recibir la misma.
(Número de expediente
181/000222.)... (Página 48)
- Valoración del funcionamiento del programa informático SISAAD, del sistema de atención a la dependencia. (Número de expediente 181/000223.)... (Página 49)
- Coste del programa informático SISAAD, del sistema de atención a la dependencia. (Número de expediente 181/000224.)... (Página 49)
- Número de prestaciones económicas vinculadas a servicios de asistente personal, de las contempladas en la Ley de Dependencia, otorgadas y cuantía de las mismas. (Número de expediente 181/000225.)... (Página 50)
- Número de prestaciones económicas vinculadas a residencia, de las contempladas en la Ley de Dependencia, otorgadas y cuantía de las mismas.
(Número de expediente 181/000226.)... (Página 50)
Número de prestaciones económicas vinculadas a centros de día, de las contempladas en la Ley de Dependencia, otorgadas y cuantía de las mismas.
(Número de expediente 181/000227.)... (Página 50)
- Número de prestaciones económicas vinculadas a servicios de ayuda a domicilio, de las contempladas en la Ley de Dependencia, otorgadas y cuantía de las mismas. (Número de expediente 181/000228.)... (Página 50)
- Previsiones acerca de modificar el baremo de la Ley de Dependencia.
(Número de expediente 181/000229.)... (Página 50)
- Número de prestaciones económicas vinculadas a cuidadores profesionales, de las contempladas en la Ley de Dependencia, otorgadas y cuantía de las mismas. (Número de expediente 181/000230.)... (Página 50)
- Número de prestaciones en servicios, de los contemplados en la Ley de Dependencia. (Número de expediente 181/000231.)... (Página 50)
- Número de personas que están siendo atendidas por un asistente personal de los contemplados en la Ley de Dependencia. (Número de expediente 181/000232.)... (Página 50)
- Número de reuniones mantenidas por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (Número de expediente 181/000233.)... (Página 50)
- Coste de la campaña publicitaria de la Ley de Dependencia realizada durante el año 2007. (Número de expediente 181/000234.)... (Página 50)
- Número de convenios de los contemplados en el artículo 10 de la Ley de Dependencia acordados. (Número de expediente 181/000235.)... (Página 50)
- Número de reuniones celebradas por el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (Número de expediente 181/000236.)... (Página 50)
- Decisiones en las que han sido consultados los órganos consultivos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (Número de expediente 181/000237.)... (Página 50)
- Medidas para la concesión de ayudas económicas para facilitar la autonomía personal, tal y como contempla la Ley de Dependencia. (Número de expediente 181/000238.)... (Página 50)
- Número de personas que tienen reconocida la pensión de gran invalidez o la necesidad de asistencia de tercera persona, que han solicitado ser reconocidos como dependientes. (Número de expediente 181/000239.)...
- Medidas para fomentar los planes I+D+I, contemplados en la Ley de Dependencia. (Número de expediente 181/000240.)... (Página 51)
- Decisiones adoptadas en el marco del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (Número de expediente 181/000241.)... (Página 51)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (VALCARCE GARCÍA), SOBRE:
- LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 212/000032.)
- LOS DECRETOS DE COPAGO Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 212/000317.)
El señor PRESIDENTE: Señorías vamos a iniciar la sesión de hoy de la Comisión empezando por dar la bienvenida a la secretaria de Estado, agradecerle su presencia con nosotros esta mañana y además en una sesión de trabajo que se promete
larga y productiva. Sin más, empezamos por el punto 1.º del orden del día, que es la tramitación conjunta de las comparecencias solicitadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y acordada por Mesa y portavoces en la reunión que
celebramos la semana pasada. Así que sin más dilación le damos la palabra a la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Quiero que mis primeras palabras sean precisamente para recordar que hoy en todo el mundo es el Día internacional
contra la violencia de género. Creo que es momento de recordar también que esta es una lacra de nuestra sociedad que hay que erradicar. Señorías, es un honor para mí comparecer en el Congreso de los Diputados a petición del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) como secretaria de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, para informar sobre la política del Gobierno en esta materia y sobre los proyectos de acuerdo de coparticipación de
los ciudadanos y acreditación de centros.
Señorías, el Gobierno va a seguir reforzando nuestro Estado del bienestar.
Además del paquete de medidas económicas que ya se han aprobado y la apuesta por las infraestructuras y la innovación, vamos a continuar impulsando las políticas
sociales para estar al lado de las familias españolas. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009 va a dedicar, por quinto año consecutivo, más de la mitad de las partidas a gastos sociales. La partida que más crece es para
financiar la Ley de Dependencia, a la que el Gobierno destinará 1.158 millones de euros, un 33 por ciento más que en 2008, para garantizar a las personas mayores y a las personas con discapacidad los servicios y prestaciones a los que tienen
derecho. Quiero centrar mi intervención en las políticas de promoción y protección a las familias y la infancia y el Sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Señorías, España debe continuar impulsando sus políticas de protección a la familia. En los últimos años, estas políticas han constituido un interés prioritario en materia social. Así, se ha establecido el nuevo permiso de paternidad, los
2.500 euros por nacimiento, la renta de emancipación joven o la deducción fiscal de 400 euros a todos los ciudadanos para ayudar a las familias españolas. En este ámbito no puede desconocerse el marco de referencia que el Consejo de Europa así como
la Unión Europea ofrecen para el desarrollo de estas políticas. Queremos impulsar políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad, definidas como el conjunto de habilidades o estrategias para conseguir promocionar el óptimo desarrollo
emocional, físico y social de los niños.
La paternidad -maternidad es una tarea que requiere para su adecuado desarrollo habilidades, conocimientos y aptitudes. Los objetivos de estas medidas de apoyo a la parentalidad positiva son los siguientes.
En primer lugar, la creación de condiciones necesarias para el fomento de la responsabilidad parental, garantizando el acceso a recursos adecuados, pero también que las actitudes y patrones sociales más extendidos se adapten a las necesidades de las
familias con hijos. En segundo lugar, la eliminación de barreras, sobre todo aquellas que tienen que ver con el empleo y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. En tercer lugar, queremos, dentro del ejercicio positivo de la
parentalidad, incluir un enfoque acorde con la diversidad de las situaciones familiares. Son objetivos las medidas contra el abandono y abuso de menores, la violencia contra los niños, las políticas de cambio de actitud para fomentar servicios y
entornos laborales más favorables a las familias. La estrategia incluye, en primer lugar, medidas de apoyo a los padres, creando y consolidando vínculos sociales de padres y familias, fortaleciendo el asociacionismo familiar y también el acceso a
los servicios públicos, muy especialmente los servicios educativos para 0-3 años. En segundo lugar, la educación sobre los derechos de los niños y el ejercicio positivo de la parentalidad supone mayor conocimiento por los padres de sus derechos,
pero también el apoyo a las situaciones de especial dificultad, resolución de conflictos y técnicas de mediación; también prevenir el maltrato infantil y educar a los niños en sus derechos. El tercer eje, la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal, tiene que realizarse en las administraciones públicas, creando condiciones y disposiciones legales de flexibilidad de
horarios, permisos, servicios de cuidado infantil, pero también creando interlocución social en el ámbito de la negociación colectiva dentro de las empresas, y la negociación de cada empresa y sus empleados. El cuarto eje es el apoyo a las
políticas locales, facilitar respuestas más ajustadas, que conocen muy bien los ayuntamientos españoles, sobre todo buscando la prestación de más servicios para garantizar un tratamiento equitativo a todas las familias.
Las prioridades. En primer lugar, acciones dirigidas a padres adolescentes, padres con necesidades especiales y familias en situación de dificultad socioeconómica. En segundo lugar, en el caso de los padres separados apoyar el
mantenimiento del vínculo entre sus hijos y sus progenitores. Y en tercer lugar, apoyo a la creación de redes de asociaciones de ayuda mutua, pero sobre todos los puntos de encuentro para familias. Quiero indicar que desde la Secretaría de Estado
estamos impulsando, en colaboración con las comunidades autónomas, los puntos de encuentro familiar, puntos que garantizan la protección de los derechos de los niños, atienden a las familias y muy especialmente en situaciones de violencia de género.
Señorías, la Ley de Dependencia y su desarrollo ocupan un lugar prioritario. Su aplicación supone una oportunidad importante para los servicios sociales y requiere un decidido esfuerzo de todas las administraciones, especialmente de las
comunidades autónomas que gestionan su aplicación. Como ustedes conocen, esta ley establece un sistema basado en la colaboración institucional. En todas las comunidades autónomas se está aplicando la ley y se está atendiendo a los ciudadanos que
solicitan recibir las prestaciones previstas en el catálogo de servicios y prestaciones económicas de la ley. Cuando todavía no han pasado ni dos años de su puesta en marcha -la ley ha entrado en vigor el 1 de enero del año 2007-, las personas
beneficiarias de servicios y prestaciones del sistema de dependencia son 407.905, según datos de las comunidades autónomas facilitados a la Administración General del Estado.
La implantación progresiva del Sistema de Dependencia en los próximos
años desarrollará el sector de cuidados formales, incrementará los centros y servicios para atender a los nuevos beneficiarios de la ley y supondrá mayor inversión social. Esto va a suponer un gran impacto en el mercado de trabajo, generará más
empleo, transformará el empleo informal en empleo formal y estimulará la formación y la cualificación de la mano de obra. Los datos ya lo corroboran. Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en enero de 2007 y hasta de octubre de 2008 la
Seguridad Social ha registrado un crecimiento del 29 por ciento en el empleo vinculado a los servicios sociales de dependencia. Señorías, es empleo de calidad, empleo que no se deslocaliza, empleo apegado al territorio y que asienta población.
Además, el número de personas dadas de alta en el Convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia es de 38.109 personas, según los datos oficiales de la Seguridad Social. La ampliación de la red de centros y
servicios es una oportunidad para la colaboración entre lo público y lo privado y supondrá el reforzamiento de la iniciativa social, de la economía social, en definitiva, la consolidación de las ONG y del tercer sector. Para llevar adelante este
ambicioso proyecto, el Gobierno ha realizado un importante esfuerzo financiero. La Administración General del Estado ya ha hecho un gran esfuerzo en los últimos cuatro años: 1.570 millones de euros en el periodo 2005-2008. Señorías, este año 2008
aportamos 871 millones de euros, es el proyecto de presupuestos para el año 2009 el que ya señala 1.158 millones de euros, un 33 por ciento más que el presupuesto de este año. Si además se tienen en cuenta las aportaciones al País Vasco y Navarra,
la cuantía es de 1.200 millones de euros. En 2008, la Administración General del Estado ha aportado a las comunidades autónomas, hasta este momento, por el nivel mínimo, hasta el mes de octubre, 393.589.324 euros. Si además contabilizamos la
financiación del País Vasco y Navarra, que, como saben, cuentan con un sistema de financiación diferenciado, vía cupo vasco y aportación navarra, en ese caso asciende a 449.460.209 euros. Además, señorías, está el nivel acordado, cuya liquidación
ya se ha iniciado a partir del 23 de julio de 2008 y al que se destinan 241 millones de euros.
Señorías, en el aspecto normativo el Gobierno ha cumplido lo establecido en la ley a través de los diferentes mandatos que tenía encomendados.
Estableció mediante real decreto el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los
beneficiarios del sistema. Además determinó la incorporación a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en el régimen general, mediante la suscripción del convenio especial, así como los requisitos de su afiliación, alta y cotización.
Por su parte, el Consejo Territorial del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia acordó el baremo de valoración de la dependencia, los criterios para determinar la intensidad de protección de cada uno de los servicios previstos en el
catálogo de dependencia, las condiciones de acceso y la cuantía de las prestaciones económicas establecidas en la ley. Todos estos acuerdos adoptaron la forma de tres reales decretos que con su publicación permitieron poner en marcha el Sistema
para la autonomía y atención a la dependencia. Las comunidades autónomas, por su parte, han establecido normas propias que han hecho posible en su territorio la aplicación efectiva de la ley.
Señorías, para finalizar el desarrollo básico del sistema, el próximo jueves 27 de noviembre se presentará al Consejo Territorial de la Dependencia el proyecto de acuerdo sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre
los criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia; también el proyecto de acuerdo sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del
Sistema
de Dependencia. Mediante el primer proyecto de acuerdo se definirán los criterios comunes que las comunidades autónomas deberán desarrollar en su exclusivo ámbito competencial. En primer lugar, el proyecto de acuerdo pretende concretar la
determinación de la capacidad económica del beneficiario. La propia ley establece en su artículo 33 que la capacidad económica del beneficiario se tendrá en cuenta para fijar la participación del mismo en el coste de los servicios y para la
determinación de la cuantía de las prestaciones económicas. Para proceder al cálculo de tal capacidad, el artículo 14.7 dispone que la misma se determinará de la forma que reglamentariamente se establezca a propuesta del consejo territorial y en
función de la renta y el patrimonio del beneficiario. En segundo lugar, el borrador aborda la participación de los beneficiarios en el coste de los servicios del catálogo, siguiendo un sistema basado en diferenciar la participación en función del
tipo de servicio, dando así cumplimiento también al mandato de la ley. Por tanto, el proyecto de acuerdo diferencia el servicio de atención residencial de los otros servicios y de las prestaciones económicas.
Señorías, el proyecto de acuerdo sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del sistema va dirigido a los centros y servicios propios y concertados del Sistema de Dependencia. Los centros
privados no concertados habrán de estar acreditados para poder atender a las personas dependientes que perciban la prestación económica vinculada al servicio. Las normas de acreditación establecerán requisitos sobre recursos materiales,
instalaciones y equipamientos, también sobre los recursos humanos, estableciendo la necesidad de la cualificación profesional de los trabajadores del sistema, así como ratios mínimas para cada tipo de centro. Asimismo, incorpora la documentación
con la que deberán contar los centros y servicios, y la información que habrán de remitir periódicamente a la Administración competente. El proyecto de acuerdo pretende, además, establecer plazos para que las comunidades autónomas actualicen sus
normativas, adecuen los centros y servicios, y también para fijar indicadores, estándares esenciales de calidad, la mejora continua, el análisis comparado y, en definitiva, la evaluación. Señorías, si el consejo territorial del próximo jueves
aprueba estos dos acuerdos, quedará ya cerrada la arquitectura definitiva del sistema, lo que supondrá en nuestro país un progreso sin precedentes en el Estado y la sociedad del bienestar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado.
Señorías, vamos a empezar las intervenciones. La señora Méndez Monasterio nos había pedido intervenir la primera, y supongo que no hay ningún problema. El señor Campuzano
ha dicho que no lo hay, y si no tiene nadie inconveniente cedemos la palabra primero a la señora Méndez Monasterio, que se tiene que marchar. Tiene usted la palabra por diez minutos.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Campuzano, porque había usted presentado la comparecencia.
Le agradezco que me haya dejado intervenir en primer lugar porque tengo que asistir a otra
Comisión.
Señora Valcarce, le agradecemos también su comparecencia, aunque no ha sido solicitada por nosotros, pero la agradecemos en el mismo sentido y que nos haya aclarado algún que otro tema, pero tengo que decirle que no nos satisface
completamente lo que nos ha expuesto. En primer lugar, porque usted ha hablado de políticas sociales, ha hablado de los ejes que en su Secretaría de Estado se están conformando de acuerdo con la política social, y, como le hemos dicho en otras
ocasiones, nos parece que no es suficiente. Usted ha comentado políticas de menor y familias durante el debate de los presupuestos, y nosotros afirmamos que con un 78 por ciento que ha bajado el programa fundamental de menor y familias no nos
parece que su apuesta sea por las familias. También ha hablado usted de apoyo a las políticas locales, cuando el presupuesto para el año que viene se ha reducido en casi 100 millones de euros. Ha hablado de la Ley de Dependencia, a la que nosotros
también nos ceñiremos en esta respuesta, diciendo que generará más empleo, que transformará el empleo informal en formal, que ampliará la red de centros y servicios, y tampoco estamos de acuerdo con estas afirmaciones que usted ha hecho pues sabe
que el empleo que está generado es empleo informal, que es una ley que no está sirviendo para que se presten servicios y para crear infraestructuras, aunque ustedes por medio de una enmienda han ampliado el presupuesto en 17 millones de euros, pero
no es suficiente. Usted ha comentado también que se consolida el trabajo de las ONG y del tercer sector, pero sin financiación tampoco se pueden consolidar este tipo de infraestructuras.
Sabemos, señoría, que a ustedes les preocupan los bancos, pero no tenemos tan claro que les preocupen las familias. En todo caso, me voy a ceñir a la Ley de Dependencia. Nuestro grupo tiene voluntad de diálogo y de acuerdo. Tenemos la
firme voluntad de que algún día se dé solución a todo. Queremos la calidad máxima. Queremos que exista una financiación por parte de la Administración del Estado que sea suficiente para atender a unos criterios de calidad y para poner en marcha la
ley. Pero ustedes deben comprometerse con su presupuesto y no comprometer el presupuesto de los demás. Es preciso que el sentido común llegue a aflorar, y sería conveniente que los presupuestos generales apostaran por que se pueda hacer efectivo
el impulso de la calidad de los centros. Queremos un AVE, pero el Gobierno solo da para coger el metro. En relación con el copago, ustedes van a legitimar copagos diferentes, y no solo nuestra Constitución dice que los españoles son iguales ante
la ley, sino que la Ley de Dependencia así lo establece también. Usted va a ser cómplice del incumplimiento de la ley, y no solo no tendrá el apoyo de nuestras comunidades autónomas, sino que tampoco tendrá el
apoyo de la propia ley ni de la Constitución. No debemos entrar en qué comunidad va bien o qué comunidad va mal, hay que preguntarle a la gente, a los ciudadanos el grado de satisfacción, y sin financiación, señora secretaria de Estado, no
es posible. Está bien que usted se arrope, pero no puede dejar de cumplir lo que dice la Constitución. Nosotros pensamos que no se pueden producir engaños, expectativas ni frustraciones.
Pensamos que hay que revisar urgentemente los cálculos de
gasto generados por la ley. Los cálculos que se recogieron en la memoria del proyecto de la Ley de Dependencia, elaborados sobre todo con datos del año 2005 y anteriores, no se corresponden con la realidad de 2008 ni se acomodan al gasto real, que
se incrementará en proporciones mayores a las previstas hasta completar en 2015 el pleno desarrollo de los mandatos legales. Las solicitudes de evaluación y las resoluciones de las comunidades autónomas así lo están constatando y así lo expusieron
en el consejo territorial de junio pasado los consejeros de Asuntos Sociales a la ministra de Educación, Política Social y Deporte. Las previsiones contenidas en la memoria económica presentada por el Gobierno con el proyecto de ley no han sido
corregidas a pesar de que el texto, finalmente aprobado el 30 de noviembre de 2006, recogió, como consecuencia del debate y del consenso parlamentario, nuevos factores de gasto. Usted sabe que hay ampliación de colectivos protegidos, que existe
mejora de los derechos de las personas dependientes menores de 6 años, que había posteriormente una mejora en el catálogo de prestaciones e inclusión de problemas y medidas para el fomento de la autonomía personal.
Nosotros pensamos que hay que dar carácter automático a las transferencias de recursos financieros del Estado a las comunidades autónomas, de modo que el 1 de enero de cada ejercicio se incorporen a los presupuestos de las comunidades
autónomas las consignaciones correspondientes a los denominados nivel mínimo y concertado, sin perjuicio de la información trimestral o semestral que las consejerías deban remitir al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Las
comunidades autónomas no pueden seguir anticipando fondos, ni los ciudadanos esperando que llegue la financiación estatal para contar con las prestaciones y servicios a los que tienen derecho en virtud de la Ley de Dependencia. Pensamos que la
financiación estatal debe responder al principio de créditos ampliables.
También pensamos que la financiación de las infraestructuras debe tener un tratamiento específico distinto de la cobertura de prestaciones, ya que en otro caso se verán
recortadas, en el marco de una programación plurianual no discriminatoria y que tenga en cuenta los déficits que en instituciones y centros tienen las comunidades autónomas. Nosotros pensamos que la financiación basada en convenios anuales se ha
mostrado inadecuada para dar cobertura económica a servicios y prestaciones que, a diferencia de etapas anteriores, no son ayudas que la Administración otorgue si hay dinero. Ahora hay derecho a las prestaciones y, una vez efectuada la evaluación y
aprobado el plan individual de atención, son exigibles por los ciudadanos. Los convenios no se ajustan a la filosofía y los criterios del modelo de atención a la dependencia al que responde el nuevo marco legal, de modo que no son otra cosa que una
prolongación de los obsoletos planes concertados, en los que el Estado ayudaba a las comunidades autónomas pero sin que estas tuvieran obligaciones con los ciudadanos; solo les daban prestaciones económicas hasta donde fuera posible, no había
derecho a la prestación en sentido estricto, como ahora. La financiación de la dependencia, con independencia de cuál sea su origen, estatal o autonómico, tiene que ir dirigida fundamentalmente a dar cobertura a servicios de apoyo a los
dependientes -residencias, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia-, de modo que las prestaciones económicas a las familias, aunque sean de evidente interés, tienen un carácter no prioritario, según señala la ley. Otras medidas muy
urgentes son la reforma del baremo para evaluar los grados y niveles de dependencia, pendiente desde febrero pasado; las garantías de una regulación del copago que evite discriminaciones entre los ciudadanos en función de la comunidad autónoma en
la que vivan, y la aprobación de unos estándares de calidad adecuados y financiados con compromisos ciertos por parte del Estado. No es de recibo que el copago pueda ir desde el 0 al 85 por ciento; no habrá en este caso un sistema de copago
homogéneo.
Voy terminando. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009, más allá de porcentajes efectistas, está muy alejado de las necesidades de financiación del Sistema de atención a la dependencia y del contexto de crisis. Usted ha
dicho que sube un 33 por ciento, pero usted sabe que el nivel acordado, y la financiación para conveniar con las comunidades autónomas están congelados desde del año pasado y la financiación ya se quedó muy corta en ejercicios anteriores. También
nos sorprende que tampoco se ejecuta el nivel mínimo, la totalidad del nivel mínimo tanto en el año 2007 como en 2008. Aunque usted nos ha dado los datos hasta octubre, no sabemos si en diciembre se habrá ejecutado la totalidad del presupuesto que
se consignó. Pues bien, algunas comunidades autónomas, de modo singular Cataluña, han planteado adecuar en el tiempo la aplicación completa de la ley, a no ser que el modelo de financiación se revise en profundidad y con realismo. Por tanto, el
Gobierno debería reconsiderar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009, dotar adecuadamente la atención de la dependencia y consensuar con las comunidades autónomas un modelo de financiación suficientemente estable y duradero. Y
ya sí acabo, señor presidente. La revisión de la Ley de Dependencia en su conjunto y a la luz de la experiencia de los casi dos años de vigencia es tarea urgente que el Gobierno no debería eludir ni aplazar. Muchísimas gracias nuevamente, señora
secretaria de Estado, por su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Ahora, brevemente, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Muy brevemente porque debo marchar a una subcomisión. He asistido a esta Comisión solamente para saludarla y decirle cuatro cosas muy breves y para que quede claro que he venido, no vaya a ser que me consideren
ausente, con lo cual el gran hermano será indulgente conmigo. (Risas.) Seguro, señora secretaria de Estado, que usted es conocedora de cuál es el estado del debate parlamentario respecto a la Ley de Dependencia. Decíamos hace unos día -y creo que
más o menos coincidíamos- que habíamos entrado ya en un cierto callejón sin salida a nivel parlamentario puesto que ya habíamos hecho -creo-, al menos en una primera fase, todos los deberes que nos habíamos impuesto.
Tenemos una ley que es -entre
comillas- de las mejores a nivel europeo, de las más progresistas, de las más avanzadas, y un punto negro que es la financiación. Las dos cosas son ciertas: tenemos una ley avanzada, mucho más avanzada que en otras democracias que tienen un corpus
legislativo respecto a los servicios sociales y un Estado del bienestar de mayor desarrollo que el nuestro, pero que tiene a la vez un punto débil, que es la financiación. Ciertamente, el Grupo Socialista no consideró la necesidad de modificar el
proyecto de ley respecto a algunos puntos de la financiación de la misma ley que presentó Esquerra Republicana. Es cierto que el consejo territorial tiene encargos para actuar de forma diligente -por cierto, no digo que el Gobierno no los hubiera
vehiculado también paralelamente- provenientes del Parlamento. Por otro lado, para nosotros es interesante, es una buena garantía la propuesta que hizo en su momento el diputado Campuzano sobre que tuviéramos dentro de unos meses el resultado de un
estudio evaluativo del despliegue de la ley, hecho por personas independientes y, por lo que sabemos, de reconocida categoría académica.
En cuanto al punto débil, nosotros, ingenuos, todavía creíamos que desde La Moncloa se recibiría la buena noticia de que habría una mayor aportación presupuestaria para el próximo año. Por ello, tenemos una sensación un poco agria y tenemos
miedo de que al final todo acabe descarrilando, porque las noticias que tenemos de Cataluña son muy preocupantes. Es cierto que la ley catalana de servicios sociales va mucho más allá que la Ley de Dependencia, entre otras cosas, porque es nuestra
obligación como institución de autogobierno por mandato competencial y constitucional. Yo desearía preguntar cómo se va a apañar usted para cumplir con todo lo que tiene que cumplir si no hay recursos.
Yo sé que usted es una persona muy diligente,
pero ¿cómo se lo va a hacer? (Risas.) ¿Se da usted cuenta de que dentro de quince días, un mes, mes y medio podemos estar aquí todos sacando las hachas de guerra? Nosotros no vamos a permitir que esto descarrile, porque fue nuestra mejor apuesta
en la pasada legislatura y porque además digo sinceramente -aquí apelo a los compañeros socialistas, y porque no están los de Iniciativa- que está comprometida en ella parte de nuestra capacidad para recompensar a los ciudadanos que en Cataluña nos
dieron la confianza política para estar en el Gobierno. El presidente Montilla incluso ha dicho palabras gruesas respecto a algunas deslealtades, entre comillas si ustedes quieren, para con el despliegue de la Ley de Dependencia, dicho con afán de
colaboración, porque usted lo sabe. Esto a nosotros nos preocupa mucho, y por eso le preguntamos si es posible que todavía -no digo del fondo de reptiles- aun cuando los presupuestos no reflejen más dinero del que ya reflejan, podamos esperar
alguna aportación suplementaria. Porque usted sabe perfectamente -y acabo- que las cuentas no salen y no puede ser que las aportaciones sean triples, ya casi triples, por parte de las comunidades autónomas respecto a la Administración General del
Estado. Ciertamente, estamos a la espera de ver el contenido tanto de la reglamentación respecto al copago como a la acreditación de centros, a fin y efecto -ya se lo dijimos a la ministra- de que no colisione con las capacidades competenciales
autonómicas.
Por último, en las próximas semanas, en los próximos meses, vamos a notar de inmediato -y esperamos tener toda su colaboración, y al revés- el impacto atroz de la pobreza. Se lo digo yo que vengo de una zona de las que se llaman
suburbiales. Creo que además esto será mucho más grave de lo que nos tememos o incluso de lo que los estudiosos más o menos han proyectado. Creo que la angustia económica de las comunidades autónomas se verá acrecentada por un desencadenamiento de
la exclusión, que posiblemente tendrá mayores velocidades de lo que previamente se había pensado. En este sentido, los Presupuestos Generales del Estado dan para lo que dan y espero que en los próximos meses, atendiendo a las realidades que nadie
puede negar, ustedes también sean diligentes en presentar algún plan extraordinario, porque si no, podríamos en pocos años consolidar una sociedad dual que, al menos durante los últimos años, en los tiempos de bonanza, quizás con menos previsión de
la que todos hubiéramos tenido que tener, teníamos como objetivo evitar.
El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, agradezco la comparecencia de la señora secretaria de Estado, porque evidentemente es de nuestro interés toda la información que nos pueda transmitir en relación con las políticas de servicios
sociales del Gobierno y, como siempre, atendemos con interés la información que nos acaba de aportar en la mañana de hoy.
Pero, señora secretaria de Estado, señora Valcarce, permítame que le diga que de alguna manera estamos decepcionados por lo
que hoy nos plantea, por una razón. A la vista del enunciado de la solicitud de comparencia del Grupo Catalán, nosotros pensábamos que íbamos a hablar de
servicios sociales de una manera más integral, y usted acaba de tocar dos puntos, tres en todo caso, que son fundamentales en servicios sociales: familias, menores y dependencia, pero entendemos que hay una política de servicios sociales
que podríamos denominar integral, que además incide en la política, que es necesario afrontar en los puntos que usted comentó. Y digo la política integral de servicios sociales, que, efectivamente, es competencia de las comunidades autónomas, por
lo que parte de la misma se tiene que gestionar a través de las corporaciones municipales o de los ayuntamientos, en tanto que es la Administración más cercana a las personas. Pero es conveniente, desde nuestro punto de vista que el Gobierno
central también nos plantee la política global que tiene esta Administración, entre otras cosas, porque nos parece que esto es importante para lo fundamental, que es la financiación de los servicios sociales en general, y no compartiendo además algo
que usted acaba de comentar, que es la mejora de la colaboración con las corporaciones locales. Nosotros entendemos que la colaboración del Gobierno central no debe ser con las corporaciones locales, sino que ésta debe ser una administración que
gestione, los servicios sociales de acuerdo con las competencias que tiene la comunidad autónoma que corresponda, y desde el Estado se debe tener la responsabilidad de la financiación y, en todo caso, colaboración, a través de convenios o de la
forma administrativa que se considere oportuna, con las comunidades autónomas. Quiero decir que, considerando por nuestra parte necesario que el Gobierno central tenga su política de servicios sociales, también entendemos que no debe colisionar con
las competencias que corresponden a las comunidades autónomas
Respecto a lo que usted nos acaba de informar, por nuestra parte el debate de los 2.500 euros y los 400 euros está ya zanjado, es decir, fue en su momento, pero en la medida en que usted lo recuerda en su intervención evidentemente es
necesario que volvamos a manifestar nuestro desacuerdo con este tipo de políticas porque creemos que universalizan una prestación que, como usted acaba de exponer, tiene como objetivo fomentar las políticas de parentalidad y no distingue entre los
ingresos de las diferentes familias. Nosotros entendemos que esta universalización no optimiza los recursos y desde luego no responde al criterio al que nosotros entendemos deben responder las políticas sociales, que es el de equilibrar o regular
las desigualdades. Por eso hacemos mención de nuestra oposición en este tema, aunque repito que lo teníamos zanjado.
Nos parece también importante que el Gobierno tenga presente la prevención del maltrato infantil, también los puntos de encuentro, pero aquí repito lo que dije al principio, es decir, que estamos hablando de competencias que son autonómicas
y que además están siendo ya gestionadas por las comunidades autónomas. En todo caso, es conveniente que haya una buena financiación de los servicios sociales, y aquí podríamos hablar, por ejemplo, de una mejora de la financiación del plan
concertado, que en definitiva es lo que puede facilitar, sobre todo a las administraciones municipales, la mejora de esos servicios. Y en cuanto a lo que usted planteaba sobre la dependencia, no vamos a ser muy incisivos en esta cuestión porque es
un tema que desde el inicio de este periodo de sesiones ha sido tratado en diferentes ocasiones por iniciativas de los distintos grupos. Queda alguna pendiente de debatir concretamente una proposición no de ley de nuestro grupo, pero después de
tantos debates pensamos que a lo mejor ya no se va debatir, porque está superada por los acuerdos que se alcanzaron como consecuencia de esos debates. Los debates suscitaron acuerdos y también la participación y la discusión en el consejo
territorial, lo que llevó a apoyar la posibilidad de acuerdo entre la Administración central y las comunidades autónomas, independientemente de que, por supuesto, ese acuerdo aún no ha sido alcanzado porque quedan muchas cosas pendientes. Quiero
decir con esto que el tema de la dependencia, desde nuestro puesto de vista, en estos últimos meses ha sido suficientemente tratado, aunque no debidamente resuelto, y entendemos que en lo queda de año hay algunas cuestiones que se pueden resolver,
como las que usted acaba de comentar, que desde nuestro punto de vista nos parece que debieron ya ser resueltas con anterioridad. Estamos hablando ya de diciembre de 2008, y a estas alturas usted nos acaba de comentar respecto a los dos decretos
que tienen que definir la participación del usuario en el coste del servicio o la acreditación de centros que el 27 de noviembre se estudiarán. Esperamos que se llegue a acuerdos, entre otras cosas, porque por lo que nosotros sabemos este tema ya
fue discutido y en distintas comunidades autónomas ya se han manifestado algunas posiciones al respecto.
Nosotros, señora secretaria de Estado, entendemos que en la cuestión de la dependencia se deben seguir dando pasos sobre todo en la dirección de mejorar la financiación. Usted comentó, la ministra también lo hizo cuando compareció para esta
misma cuestión, que se estaba cumpliendo lo que en la memoria económica de la ley se planteaba. Y en su momento también le dijimos, como le manifestamos ahora, que la memoria económica de la ley quedó desfasada una vez que se puso en práctica, de
acuerdo con los resultados que la realidad dejó sobre la mesa, y es que las previsiones de número de personas dependientes en primer grado estaban siendo superadas y por lo tanto las necesidades de financiación también eran muchísimo mayores. Pero,
como le digo, estos fueron debates que ya se dieron y nosotros entendemos que el Gobierno debe tener en cuenta los acuerdos alcanzados y en esa dirección actuar, porque entendemos que los acuerdos fueron alcanzados por consenso de todas las partes
después de llegar a acuerdos de enmiendas, incluso con la participación del grupo que apoya al Gobierno. Por lo tanto, aprovechamos su presencia en esta Comisión para plantearle la cuestión de que el Gobierno sea responsable con los acuerdos
alcanzados en la materia que nos ocupa y que en el futuro se
desarrollen las políticas de acuerdo con los mismos. Pero aquí volvemos a incidir en la cuestión de los servicios sociales de manera integral, en la medida en que también en la dependencia concurren otras cuestiones que son importantes y
que están en relación con el nivel de equipamientos y también con el nivel de recursos humanos para atender todos los servicios que la ley exige. Por lo tanto, nos preocupa la financiación integral de los servicios sociales, y como decía antes, el
plan concertado es una fórmula para seguir adelante, siempre y cuando se dote de la financiación correspondiente.
Para finalizar, señor presidente, porque también tengo que asistir a una subcomisión, como los compañeros que manifestaron su prisa con anterioridad, a mi modo de ver en su comparecencia han faltado dos cosas muy importantes en los servicios
sociales, y creemos que además deben ser afrontadas por el Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas.
Estoy hablando de las políticas de inserción, en las que es verdad que las comunidades autónomas tienen la competencia, pero volvemos
a incidir en el tema de la financiación. Entendemos que debe haber también un impulso desde el Estado para que se puedan desenvolver estas políticas de inserción no solamente cuando haya que hacer programas de inclusión social, por decirlo así,
sino también políticas de prevención que puedan afrontar situaciones de riesgo en personas que están en desventaja social y, por lo tanto, evitar que esas personas estén en el círculo que tenemos que denominar como excluidos, malamente denominado
desde mi punto de vista. Creemos que debe haber un compromiso mayor en las políticas de inserción social de todo tipo y, por lo tanto, debe haber por parte del Gobierno un mayor compromiso económico de financiación y colaboración con las
comunidades autónomas.
Aprovechamos también para pedirle que nos explique la postura del Gobierno en relación con los convenios o, mejor dicho, con las políticas de atención a menores, pero menores inmigrantes. En días pasados se produjeron declaraciones del
presidente del Gobierno sobre un nuevo convenio con la Comunidad de Canarias en relación con los menores inmigrantes. Pero no dejó el Gobierno claro en ningún momento, ni el presidente ni ninguna otra responsabilidad del ministerio o de la
Secretaría de Estado que usted dirige, qué iba a pasar con los menores que son atendidos en convenio con otras comunidad autónomas. La cuestión nos parece muy importante porque participamos de la idea de esta cooperación y de que el convenio que se
haga con Canarias tiene que incorporar esa colaboración interautonómica de manera que no todo tenga que ser asumido por la Comunidad de Canarias. Entendemos que el convenio no tiene que ser solo con la Comunidad canaria sino también con el resto de
las comunidades, para poder atender debidamente a los menores inmigrantes. De momento no está siendo así; el dato que yo tengo concretamente de la Comunidad de Galicia es un aportación del Estado de 400 euros y se está atendiendo a 60 menores
inmigrantes, y además con vocación de responsabilidad de cooperación y disposición a dar atención.
Por lo tanto, me gustaría que me contestara sobre las políticas relacionadas con la inserción y con los menores de Canarias, y también si desde el
ministerio se han previsto alguna mejora económica del plan concertado para que se puedan desarrollar las políticas sociales integralmente por aquellas administraciones a las que corresponde su gestión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Esteban Bravo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muy brevemente. Presento mis disculpas a la secretaria de Estado por haber llegado un tanto tarde a la Comisión, el problema de siempre de los grupos pequeños. Simplemente quería hacer unas reflexiones, a algunas
de las que han hecho mis compañeros me sumo, pero sobre todo me gustaría aportar dos aspectos. Por una parte, nos felicitamos de que se confirme la reunión de pasado mañana, si no me equivoco, y de que parece que vayan a poderse aprobar
definitivamente los acuerdos y al final el desarrollo de la ley sea posible. Esperamos también que ese acuerdo se logre ademas con un desarrollo de la ley que permita la adaptación posterior de las comunidades autónomas a sus especificidades
sociales en cada uno de los lugares donde la tienen que aplicar. Nos sumamos también a lo que se ha afirmado sobre que es evidente que hay que profundizar en el aseguramiento de la financiación del sistema, de sus dotaciones; y en ese sentido le
urgimos a que cuanto antes podamos ver cumplida la proposición no de ley que a instancias del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y por acuerdo de la Cámara, se tomó en cuanto a la elaboración de un informe que nos pueda ofrecer una
imagen de qué es lo que se está aportando por las comunidades autónomas, por parte del Gobierno, y cuáles son los fallos, para que en muchos de esos comentarios que estamos haciendo sobre la ley podamos hablar sobre datos concretos y no sobre datos
muchas veces genéricos que pueden inducir a confusión.
Yo quería hacer hincapié sobre una circunstancia que creemos que en principio ha sorprendido a los legisladores, pero a la que nos tenemos que enfrentar, y es que en principio una excepción, tal y como contempla la ley, que es la prestación
económica y sobre todo la prestación económica por ser atendidos por cuidadores no profesionales, de ser una excepción, como dice el artículo 14 de la ley, se ha convertido en algo solicitado mayoritariamente y en algo que sorpresivamente parece que
la sociedad demanda. Nos hemos encontrado también en este punto con que, aplicada la normativa de la ley, muchas veces ha supuesto que esas percepciones no se puedan recibir o que supongan cantidades absolutamente ridículas, con lo cual la ley no
va a ninguna parte. Yo le quería dejar encima de la mesa para la reflexión si, habiéndose convertido en algo habitual y no ya excepcional
esta solicitud, no deberíamos plantearnos a futuro la existencia de una cantidad mínima en esa prestación, aparte de las deducciones que se puedan establecer, porque si no verdaderamente estamos frustrando la expectativa de muchas familias.
Creo que sobre eso deberíamos reflexionar. También creo que debemos afrontar el establecimiento de cautelas, que en un principio no se habían previsto de manera muy detallada en cuanto a estas prestaciones, puesto que nos estamos encontrando
también con picaresca de subcontrataciones, de aprovechar situaciones con inmigrantes, etcétera, para utilizar esas cantidades muchísimo más reducidas en unas condiciones laborales que no reúnen las suficientes condiciones, a nuestro modo de ver.
Además de hablar de estas subcontrataciones y de estas condiciones laborales no adecuadas yo también quería dejarle sobre la mesa otros aspectos, evidentemente hay otros asuntos urgentes de la ley que son los beneficiarios directos, pero
usted creo que también ha hablado en su intervención sobre el impacto económico de la ley, no solo de la aportación sino también de la generación de actividad económica que puede suponer y que en el futuro, cuanto más se desarrolle, vaya a suponer
la ley. Yo creo que deberíamos hacer una reflexión también sobre unas condiciones dignas de los trabajadores, porque es evidente que entre comunidades autónomas hay, digamos, retribuciones muy diferentes y condiciones laborales en general muy
diferentes. Estamos hablando de que algunas comunidades autónomas pueden estar en 71 euros al día y otras comunidades autónomas están entorno a 47 euros. Yo creo que, ya que ha pasado algún tiempo desde la aprobación de la ley, deberíamos ir
apuntando, no digo para mañana por la mañana, pero sí en un término medio, estas cuestiones que en realidad tienen una relación con la ley, aunque sea en el ámbito del impacto económico, aunque sea en relación indirecta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Quiero disculparme por lo minutos de retraso con los que he llegado y agradecer a los servicios de la Cámara y a la señora letrada la llamada que ha efectuado justo cuando el taxi me dejaba frente a este
edificio, así como por el retraso que supongo que habrá supuesto para la Comisión.
Mi grupo había plantado una comparecencia amplia, pero vamos a centrarnos fundamentalmente en las cuestiones que afectan al desarrollo de la Ley de Dependencia, a pesar de que después tendremos ocasión a través de diversas preguntas orales
de continuar trabajando en esta materia. Quería decirle, señora Valcarce, que por su primera intervención al menos yo he tenido la sensación de que el Gobierno parecía como ausente respecto a los problemas que los ciudadanos están percibiendo en la
aplicación de la ley y en las quejas que todos los gobiernos autonómicos tienen en relación con la aplicación de la ley. Hemos podido debatir con intensidad con la señora ministra en Pleno y en Comisión sobre la aplicación de la ley. Creo que el
Gobierno conoce cuáles son las posiciones de todos los grupos y, además, diversos parlamentos autonómicos, ahora de memoria creo recodar como mínimo el andaluz y el catalán, con mayorías políticas donde el Partido Socialista tiene un papel
fundamental, han aprobado sendas resoluciones reclamando mayor esfuerzo financiero del Gobierno en esta materia. En su intervención nos ha hablado del número de beneficiarios, del impacto en creación de puestos de trabajo, de la puesta en marcha de
la ley, de los compromisos presupuestarios del Gobierno y de las dos previsiones de desarrollo de la ley de cara a esta reunión del 27 de noviembre, pero del debate que en esta Cámara hemos tenido sobre los ciudadanos que estaban esperando
prestaciones y sobre aquello que los gobiernos autonómicos de todos los colores políticos están reclamando al Gobierno, sobre eso no le he oído nada. Yo espero que a lo largo de la mañana podamos tener la convicción de que el Gobierno es consciente
que hay algún problema y que frente a ese problema se están tomando medidas.
Porque si he de hacer caso de esa primera intervención, le diré que a usted le parece que todo están funcionando bien, sobre lo previsto, y que no tenemos ningún tipo de
problema. Me sorprendería que fuese se esa manera, porque, insisto, creo que la cuestión ha sido debatida a fondo en Pleno y en Comisión en estos meses.
Hecha esta primera consideración, yo creo que este Parlamento, este Congreso, esta Comisión, tiene un problemas previo para abordar a fondo un debate sobre lo que está siendo la aplicación de la Ley de Dependencia, que es una falta evidente
de información. Quizá también tiene ese problema el Gobierno, pero si uno entra a la página web del Imserso y mira los datos que el Gobierno hace públicos sobre la aplicación de la ley, de entrada observamos que de 194.000 prestaciones reconocidas,
a fecha de 2 de noviembre, el Gobierno desconoce exactamente en qué consisten estas prestaciones, prestaciones sin especificar porque, al parecer, las comunidades autónomas no han entregado la información o no la han dado. Incluso, si entrásemos en
conocer si esas prestaciones económicas reconocidas están ya siendo recibidas por los ciudadanos, quizás esas cifras serían bastante menores; al menos en el caso de Cataluña hay la percepción de que más o menos la mitad de la gente que tiene
reconocida ya la prestación continúa aún sin recibir ningún tipo de ayuda económica ni de servicio nuevo sobre lo que estaba recibiendo.
Falta de información, incluso más falta de información sobre las cantidades medias que suponen estas
prestaciones. Mi grupo lo que le reclama es la máxima transparencia para que esta Cámara pueda evaluar de verdad lo que está siendo la aplicación de la Ley de Dependencia. Con estos datos macros que ustedes nos pueden ofrecer, quizá
son los que ustedes tienen, es evidente que hacer una discusión a fondo de lo que la Ley de Dependencia está resultando es realmente complicado. Si además uno se intenta aproximar a lo que cuesta realmente un servicio en cada uno de los
territorios, aquello que aporta el Estado, aquello que aportan las comunidades autónomas, aquello que aportan los ciudadanos, podemos tener la sensación de que es difícil discutir sobre algunas cuestiones sin esas cifras. Por tanto, primera
cuestión que le planteamos, ¿piensa el Gobierno que con la información que estamos manejando es suficiente para poder efectuar un análisis de la aplicación de la ley y poder llegar a conclusiones?
En segundo lugar, en los debates de estos meses la financiación de la ley ha pesado de manera muy importante. Todas las comunidades autónomas, todas, de todos los colores políticos, están denunciando que la aportación real de las
comunidades autónomas se sitúa entre el 60 y el 70 por ciento de los costes reales de los servicios, y algunos gobiernos autonómicos le recuerdan al Gobierno central, en concreto al catalán, que el Gobierno debe asumir sus responsabilidades en esta
materia en relación a lo que contempla la propia ley. Hay consejeros que afirman que la ley contempla una financiación al 50 por ciento Estado-comunidades autónomas, y le reclaman que el Estado incremente esos niveles de financiación para alcanzar
esa paridad en la corresponsabilidad del gasto. A mi grupo le gustaría conocer si usted coincide con esa apreciación de los consejeros de que el Gobierno no está correspondiendo con el gasto al que le compromete la propia Ley de Atención a la
Dependencia. Además, señoría, algunas comunidades autónomas, y muy singularmente la mía, no gobernada por Convergència i Unió sino por gobernada por una coalición de tres fuerzas políticas entre las que está el Partido Socialista, e incluso
destacados dirigentes del Partido Socialista en Cataluña han planteado la necesidad de demorar la aplicación de la ley, porque el aumento de personas a proteger en los próximos meses, fruto del calendario que contempla la ley, va a hacer imposible
cumplir con las previsiones de la ley. Ahí también nos gustaría conocer si usted comparte esa visión de que la aplicación del calendario de la ley va a ser insostenible desde el punto de vista de la asunción de sus responsabilidades por parte de
las comunidades autónomas, y, si entiende que es sostenible, ¿qué medidas cree usted que debe adoptar el Gobierno o deben adoptar las comunidades autónomas para hacer frente a ese incremento de población protegida, según el calendario previsto en la
propia norma?
Quiero que sepa que mi grupo no coincide exactamente con la apreciación de los consejeros. Mi grupo entiende que lo que está regulado en la ley no es una financiación al 50 por ciento Estado-comunidades autónomas, lo que estrictamente dice
la ley que aquello que aporte el Estado como mínimo, aquello que aporte el Estado en la parte acordada deber ser en todo caso y como mínimo igualado por parte de las comunidades autónomas. Quizás algunos grupos tendrían que haberse leído mejor la
ley en su momento para saber exactamente el mecanismo de financiación que la ley contemplaba.
Pero me gustaría que lo aclarase a efectos de que todos supiésemos de lo que estamos hablando, al menos supiésemos cuál es el criterio del Gobierno en
relación a esta cuestión. Entre otras cosas, señora Valcarce, porque ese mecanismo de la ley que ustedes están aplicando y que seguramente lo están haciendo a rajatabla, según la previsión de la ley, hoy es un pésimo negocio para las comunidades
autónomas, y de ahí los problemas que se le están a usted denunciando. Porque ese sistema de financiación lo que no contempla son los costes reales de los servicios y, por tanto, la parte mínima decidida por el Estado, la parte acordada entre el
Estado y la comunidad autónoma no alcanza el coste real y, en la medida que el resto del coste real no está siendo asumido por niveles de copago de los ciudadanos, está siendo asumido por un nivel de financiación superior por parte de las
comunidades autónomas Y quizás usted me recordará que eso ya está previsto en la ley, que de hecho existe un tercer nivel de compromiso de las comunidades autónomas para mejorar esos niveles mínimos ya acordados que contempla la propia ley.
Eso
explica ese ahogo de las comunidades autónomas y las reclamaciones de todos, de andaluces, de catalanes, de extremeños, de que el nivel de financiación es insuficiente. Sobre eso me gustaría conocer si también tiene respuesta, qué les ofrece a las
comunidades autónomas para hacer frente a esa realidad, incluso, cuando esos costes reales de los servicios a menudo no están garantizando una atención suficientemente de calidad de los servicios. En Barcelona, una plaza asistida de un gran
dependiente, alrededor de 1.800 euros. Los profesionales, los directores de las residencias dicen: oye, vamos justos con esos recursos. Garantizar una calidad efectiva de los servicios, sueldos dignos a las trabajadoras y a los trabajadores de
los servicios no terminan de poder alcanzarse, esos costes reales son insuficientes respecto a los costes deseables para garantizar un servicio de calidad para, efectivamente, garantizar esa autonomía, esa calidad de vida de las personas
dependientes. ¿Usted considera que los costes que hoy tienen los servicios de atención a la dependencia responden a los estándares de calidad exigibles desde el punto de vista de las pretensiones de esa ley y desde la perspectiva de los mínimos que
el Estado está financiando? A nuestro entender, no. A nuestro entender lo que el Estado está financiando a través de los mínimos coadyuva minímamente a garantizar esos servicios de calidad para los que debería servir la puesta en marcha de esta
ley.
La ley tiene un sistema de despliegue complejo y difícil; unos derechos reconocidos por una ley de ámbito estatal, un mecanismo de financiación que hemos descrito hace unos momentos y un sistema de desarrollo de la ley vía convenios y vía
normas que el Estado desarrolla de común acuerdo con las comunidades autónomas, y todo eso en la práctica se están convirtiendo en cierto calvario, porque esos dos decretos que ustedes
van a llevar el 27 de noviembre han tenido ya diversos pases en ese proceso de discusión con las comunidades autónomas. Hace un rato escuchábamos a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular anunciando la posición contraria de las
comunidades autónomas del Partido Popular en relación a los mismos. Yo creo que hay un problema también por parte del Gobierno de saber liderar todo este proceso, en el que la puesta en marcha de la ley lo que exige es un nivel de colaboración,
cooperación y lealtad entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas que hoy no está funcionando. A veces da la sensación de que el Estado se saca el muerto de encima y le traspasa a las comunidades autónomas la
responsabilidad de la aplicación de la ley que ellas no han definido ni mucho menos, ni en el modelo de financiación ni en el tipo de aproximación que la ley hace a esa realidad. Y a veces uno puede tener la sensación de que hay comunidades
autónomas que rehuyen sus responsabilidades en esta materia. Cuando uno ve las cifras de Andalucía y las compara con las de Madrid, se queda un poco sorprendido, porque hay alguna cosa que no termina de cuadrar o en Andalucía o en Madrid. Ante
esta situación me pregunto qué está haciendo el Gobierno del Estado.
Porque, fíjese usted, una ley que se pretendía igualitarista en relación a los servicios y prestaciones, y que usted sabe que fue uno de los motivos fundamentales por los cuales
Convergència i Unió no pudo votar esta ley, tuvo que votar en contra, resulta que en su aplicación práctica provoca unos niveles de reconocimiento de situaciones de dependencia en Andalucía impensables haces unos cuantos meses. ¿Se están pasando de
raya en la Junta de Andalucía en la evaluación de sus dependientes o, en cambio, en Madrid lo que se está produciendo es una inaplicación de la ley? Nos gustaría saber qué dice sobre eso el Gobierno.
También nos gustaría conocer, en relación a estos dos decretos, el de copago y el de acreditación de centros, sobre los textos iniciales que el Gobierno circuló, qué cambios se han introducidos de cara a esa reunión del 27 de noviembre que
puedan hacernos pensar, a pesar de esa información de la portavoz del Grupo de PP, que esos textos hoy van a gozar de un mayor consenso con las comunidades autónomas que hace unas cuantas semanas, que hace unos cuentos meses. ¿En qué ha mejorado la
propuesta de esos dos decretos con relación a los primeros borradores que el Gobierno hizo circular?
Tres apuntes, que querría plantear con en relación a la financiación. Hay comunidades autónomas que están planteando la necesidad de que el Estado cofinancie los costes de gestión del Sistema de Nacional de Dependencia.
¿Figura entre sus
prioridades hacer frente a esa demanda? Algunos consejeros autonómicos han denunciado que los costes de evaluación de una persona en situación de dependencia son infinitamente superiores al coste del servicio o de la prestación económica que
termina recibiendo. Si es así, ¿cree usted que hay un problema de planteamiento burocrático en la concepción de la ley? Hay también comunidades autónomas que se están quejando de que la ley no contempla la financiación de la situación de las
personas ya reconocidas, ya atendidas como dependientes antes de la aplicación de la ley. Ha habido comunidades autónomas, y singularmente le vuelvo a hablar de Cataluña, que desde mediados de los ochenta, cuando recibió los primeros traspasos en
materia de servicios sociales, han hecho un importante esfuerzo para generar infraestructuras, servicios y políticas para atender a las personas en situación de dependencia.
¿Considera usted que ese esfuerzo que se hizo antes de la aplicación de la
Ley de Dependencia por parte de algunas autonomías debe ser compensado, considerado de alguna manera en las aportaciones que el Estado realiza al sistema y al despliegue de la ley? Y finalmente, en este paquete de financiación, usted sabe también
que existe un déficit de determinadas infraestructuras, no tan solo de residencias sino también de centros de día y de otras infraestructuras, y nos gustaría conocer qué medidas está impulsando el Gobierno para hacer frente a esas demandas de
algunas comunidades autónomas que con el sistema configurado en la Ley de Atención a la Dependencia están gastando sus recursos básicamente en prestaciones económicas y en ayudas a las familias y que, por tanto, no pueden hacer ese esfuerzo inversor
que en esta materia va a continuar siendo necesario.
Cuatro últimas cuestiones, señor presidente, y termino. ¿Va a afectar la crisis económica a la posición del Gobierno en relación al despliegue de la ley? En algún momento ha parecido que el Gobierno afirmaba que sí.
Dos. ¿Considera la
señora Valcarce que en la actual discusión sobre la financiación autonómica las cuestiones de dependencia deben de incorporase a la misma? Esa fue nuestra posición política en el debate de la Ley de Dependencia. Hay algunas comunidades autónomas
que lo están planteando. ¿Encuentra razonable continuar con ese sistema que genera tantos problemas y quizá lo que toca ya es discutir a fondo el coste global de la atención a la dependencia e incorporarlo al sistema de financiación autonómica?
Tres. ¿Considera que la encuesta de discapacidad que se ha hecho pública hace unas cuantas semanas varía de alguna manera las previsiones del Gobierno a medio y largo plazo en este campo? Y en cuarto lugar, ¿en qué estado se encuentra el
cumplimiento de la moción que aprobó el Pleno a propuesta de Convergència i Unió sobre la creación de un grupo de expertos que presente antes del mes de junio un informe sobre el estado de la cuestión con propuestas de reforma de la misma?
Con esto termino, señor presidente, mi intervención sobre dependencia.
Sobre el resto de cuestiones quiero preguntarle a la señora Valcarce en qué estado se encuentra el cumplimiento de la moción que a propuesta de Esquerra
Republican-Iniciativa per Catalunya y pactada con el Grupo Socialista se aprobó en materia de gestión territorializada del 0,7 por ciento del IRPF de interés social. Hubo luego unos desmentidos de la señora ministra, pero en todo caso hay un texto
aprobado en
esta Cámara y nos gustaría conocer qué medidas está tomando el Gobierno para dar cumplimiento a esa moción. Y perdonen si me he alargado en exceso en esta intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Bienvenida, señora secretaria de Estado. Está resultando una mañana interesante por las reflexiones con las que ha iniciado su intervención la señora Valcarce y también por las que están haciendo los grupos.
Pretendo seguir en esa línea y dar respuesta a algunas cosas que se han ido planteando por el resto de los grupos. En primer lugar quería hacer una mención a este día 25 de noviembre, Día de la Lucha contra la Violencia de Género, en la que desde
la secretaría de Estado se trabaja y se colabora con medidas. No debemos olvidar que a través de la secretaría de Estado se adopta la primera medida cuando aprobamos la ley, en la legislatura pasada, que fue toda la teleasistencia, la atención a
las mujeres víctimas de violencia de género.
Dicho esto, creo que no está aquí la señora Fernández, nuestra compañera del Bloque, pero a veces parece que olvidamos las cosas con demasiada rapidez. La semana pasada estábamos hablando del presupuesto, y el presupuesto de este año 2009
trae ya un aumento importante para el plan concertado conscientemente, porque los servicios sociales de base que están en los ayuntamientos son los que están dando sostén en la mayoría de las ocasiones a todas las políticas sociales que cruzan esta
secretaría de Estado y que cruzan el trabajo con población mayor, con infancia, con familias, con pobreza, con exclusión, etcétera. A mí me gusta siempre ser positiva y más en momentos de crisis. Creo que esta fama de estupendo que tiene el ser
negativo y pesimista, que parece que le da a uno condición ya de intelectual y de naturaleza exaltada, no sirva para nada. Además hay datos que vienen a apoyar ese positivismo y ese optimismo que yo quiero señalar. Afortunadamente, y pese a los
mensajes negativos que se nos envían un día tras otro desde algunos grupos, fundamentalmente desde el Partido Popular, las familias y los ciudadanos de esta país están viviendo un momento bastante mejor del que vivíamos hace ocho años y del que
estábamos viviendo durante los ocho años de gobiernos del Partido Popular. Lo he dicho aquí en multitud de ocasiones, nosotros dejamos a España en el puesto noveno en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, y cuando acabó la gestión del
Grupo Popular nos encontramos a este país en el puesto vigésimo primero; del noveno al vigésimo primero. Reforcemos la tarea que hemos hecho entre todos aunque la haya dirigido, aunque la haya abanderado el Gobierno de España con leyes y medidas
que han venido aquí, pero que han sido refrendadas por la mayoría de esta Cámara y que han posibilitado que hoy del vigésimo primero, donde nos dejaron, hayamos pasado al puesto décimo tercero. Es que en menos de cuatro años hemos recuperado seis
puntos en el índice de desarrollo humano, y creo que eso es importante decirlo. Y es importante decir que solo de 2006 a 2008 hemos avanzado seis puestos, solo en este tiempo. Salieron los datos esta misma semana: por primera vez España está
situada por delante de países como Dinamarca, que están en el décimo cuarto lugar, o de Austria, en décimo quinto, Reino Unido, el décimo sexto, Bélgica, el décimo séptimo, nuestra querida Alemania, en el vigésimo segundo puesto. Creo que este tipo
de cosa hay que decirlas señalarlas, como hay que señalar que durante la pasada legislatura y en ésta hemos aumentado las prestaciones a las familias y las prestaciones sociales, y hay que reconocerlo, por la voluntad de este grupo parlamentario y
del Gobierno al que apoya este grupo, pero también por iniciativa de otros grupos de esta Cámara; en prestaciones familiares, en prestaciones sociales, hemos subido las ratios y los niveles que estaban parados desde hacía más de ocho años y hemos
elevado las cuantías. ¿Eso qué nos ha permitido? Pues alcanzar hoy estándares europeos muy importantes de apoyo a la familia que no habíamos alcanzado durante un montón de años, y eso ha permitido que hoy el Gobierno de España haya solicitado
refrendar la Carta Social Europea, porque ya puede hacerlo, porque ya estamos en esos niveles, y a eso han colaborado todas las políticas sociales que se implementan día a día.
Yo quisiera poner en valor la Ley de Dependencia, porque no es solo una ley importante para los ciudadanos en situación de dependencia y para sus familias, creo que también lo es, y más en momentos de crisis, para la generación de empleo,
para la reactivación económica, pero además creo que es una ley que en este primer cuarto del siglo XXI vamos a ver desarrollada, y de qué modo. Señorías, recuerden cuando en 1986 se aprueba la Ley General de Sanidad y se universaliza la sanidad, y
las dificultades, cómo no, que en ese momento se plantean: consultorios locales obsoletos, masiva afluencia, listas de espera incontrolables.
Veinte años, veintitantos ya, y hoy tenemos un sistema de salud en este país que es la envidia no
solamente del contexto europeo sino del contexto internacional, donde hemos visto a nuestro ministro en Estados Unidos explicar este sistema tanto a los demócratas como a los republicanos. Esto pasará en este primer cuatro de siglo con la ley si
entre todos ponemos esta ley en valor y ayudamos al despliegue y el desarrollo de la misma. Y creo que esa es nuestra obligación con las propuestas que hacemos desde el Parlamento, desde las comunidades autónomas, desde el Gobierno de España,
mejorar cada día la ley. Nadie más interesado que nosotros, como decía el señor Tardà, que fuimos los que trajimos aquí y los que pusimos todo el empeño en que saliera adelante; por lo tanto, nadie más interesado que nosotros en que la ley siempre
continúe mejorando y en poner en valor. Y ponerla en valor es decir que hace dos años no había 400.000 personas que se estaban beneficiando de ella. Y ponerla en valor es decir, como ha dicho la secretaria de Estado, que
se han creado en servicios sociales relacionados con la ley 80.000 puestos de trabajo no precarios, porque en esta ley se prevé trabajo desde alta cualificación, geriatras, médicos especialistas, titulaciones medias, auxiliares de
enfermería, y un largo etcétera, y también, muy importante, personal de difícil recolocación, con bajas cualificaciones, con los que podemos hacer una excelente tarea de formación desde las comunidades autónomas y desde el Gobierno de España para
incorporarles al mercado de trabajo en otras tareas menores pero muy importantes que se pueden prestar en atención a domicilio y en determinadas funciones.
Por lo tanto, hay que ponerla en valor, porque la disparidad, señor Campuzano, no la niega nadie; la disparidad es lo único que hay claro cuando se miran los datos del sistema que ofrecen las comunidades autónomas: disparidad. ¿Y qué
explicación damos para que, por ejemplo, usted lo decía, en la Comunidad de Madrid solamente estén dando respuesta a un cuarto de los previsiones de estimación que tenía la ley; y qué explicación damos a que otras comunidades autónomas estén
superando las estimaciones, o a que otras estén en la estimación? Por lo tanto, cuando se generaliza y se dice que la mayoría de las comunidades autónomas han superado las previsiones, no es verdad, porque mirando los datos observamos que hay de
todo, como decía en mi pueblo, como en botica.
Usted plantea hoy una serie de disquisiciones y preguntas aquí que son las que se está intentando contestar el propio sistema, las propias comunidades autónomas trabajando en la línea de la iniciativa
de Esquerra, apoyada por este grupo; en la comisión delegada están las comunidades autónomas trabajando en financiación, en saber qué está pasando con las valoraciones y por qué se produce esa diversidad. Están trabajando en todas las áreas.
Usted es consciente de que el propio Gobierno de España tiene creada una comisión interministerial que está trabajando. Es que hemos debatido ya mucho de esta ley aquí y en el Pleno, y hemos puesto otro instrumento, que ahora nos dirá la secretaria
de Estado en qué momento se encuentra, a través de una moción. Por lo tanto, sí se está trabajando en la información que llega, por qué no aparecen y por qué falta. Sabe usted que la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas está haciendo un
estudio pormenorizado del sistema de atención informática para corregir las deficiencias que se encuentren y poner en valor y mejorar las posibilidades que se vean en él.
Con respecto a los dos acuerdos que quedan pendientes para cerrar la ley, yo pondría en valor el trabajo que han hecho tanto las comunidades autónomas como el ministerio. Hicieron un primer trabajo muy importante en la comisión delegada,
que luego llevaron al consejo territorial. Es que esto de la democracia tiene estas cosas: cuando participa mucha gente y se cree uno la democracia y la participación, pasa esto, que hay órganos delegados, que hay comisiones consultivas, que está
la Comisión de Discapacidad, de Mayores, la Plataforma de ONG, la propia comisión delegada con los sindicatos y los empresarios que, una vez hecho el trabajo por las comunidades autónomas y el Gobierno de España, hacen alegaciones, y las comunidades
autónomas y el Gobierno de España, con buen criterio, escuchan y estudian esas alegaciones, y hacen el esfuerzo entre las comunidades autónomas, que son las que tienen que llegar al acuerdo en la comisión delegada, de atender esas alegaciones e
incorporarlas. Es que esto es la democracia y un sistema participativo en el que todos tienen y tenemos cosas que decir. Por tanto, yo le doy mucho valor a este nuevo documento, que yo creo que con acierto y buen criterio fue eliminado de la
decisión del último consejo del 23, fue la propia ministra la que lo planteó para dar cabida en él a la incorporación de Cermi, de sindicatos, de empresarios, de todos los organismos que estaban vinculados, y creo que en este que van a ver el jueves
así se ha hecho.
Además, por las informaciones que yo tengo me consta que ha sido aprobado en la comisión delegada por todos los grupos allí, también por las comunidades autónomas del PP. Quizá vuelve a haber una divergencia entre lo que pasa en
Génova y lo que pasa en las propias comunidades autónomas del Partido Popular que están trabajando allí de una forma yo creo que extraordinaria y comprometida. Y es la disparidad de lo que están sucediendo lo que tratamos de analizar, señor
Campuzano, cuando hemos decidido hacer todo ese tipo de trabajos. Vamos a esperar un poco a ver qué nos depararán.
No me quiero quedar en la Ley de Dependencia y quiero pasar por otras áreas. Se nos reclama continuamente que no tenemos política de familia.
Tenemos política de familia y de familias, son ese, porque hay mucha variedad en las familias:
familias monoparentales, familias que pasan por dificultades distintas. Y sí que la hay. Yo creo que a veces no nos entendemos. No está la señora Méndez, del PP, pero está el señor Barrachina, que le podrá transmitir esta preocupación. Yo creo
que es que nos entendemos o no nos sabemos explicar o nos tapamos los oídos para no oír lo que dice el otro grupo, porque ustedes presentaron una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado intentando eliminar precisamente lo que es un
programa pionero y piloto en Europa como es el de la parentalidad positiva, en el que la atención a los menores, a las familias, y precisamente a aquellas que puedan tener más dificultades, separadas y demás, tiene un papel esencial y, por tanto, no
entiendo muy bien cuáles son los problemas que se plantean, como no darle la importancia que se merece al Plan Educa 3.
Señorías, en 3 a 6 años España ha superado ya el objetivo de Lisboa, que ustedes dejaron ahí muy bonito pero sin presupuestar. Bueno, pues nosotros ya lo hemos superado, y además estamos trabajando en el Plan Educa 3, mi compañera Cándida
que está aquí detrás haría un buen ejercicio de explicación del mismo, pero lo puedo hacer yo. Es un plan estupendo para la inclusión fundamental, para el trabajo y para la conciliación de la vida familiar y laboral, que se sigue haciendo también
desde otros ámbitos como el laboral, pero fundamentalmente desde el educativo.
Señora Valcarce, como afirmaba el compañero Tardà, como a él le gusta decir, también es una preocupación de este grupo el problema que hay en torno a la exclusión social y que se puede dar en estos tiempos de crisis. Y como sé que no es
solo mi preocupación, que es también la preocupación del Gobierno, yo quería que nos diera alguna información sobre la estrategia del Reino de España, de todas las administraciones, de las comunidades autónomas, de los ayuntamiento, del Gobierno de
España, la estrategia de inclusión para 2008-2011, que cuenta con más de 105.000 millones. Me gustaría conocer el contenido concreto, pero, señora Valcarce, entiendo que no puede ser. Mi grupo va solicitar su comparecencia para que nos pueda
explicar con detalle este plan de inclusión en el que la lucha contra la pobreza y el trabajo de inclusión es un eje fundamental. Como lo son dos noticias que hemos tenido esta semana pasada y la semana anterior, que desaparecen en el barullo de la
crisis y de tantas cosas, tan importantes como los más de 12 millones de euros que han aprobado en el pasado Consejo de Ministros para Cáritas Española destinados precisamente a estos trabajos, trabajos importantes que se financian con el 0,7 por
ciento; o Cruz Roja Española que había recibido la subvención la semana anterior, que cubren todo el territorio español y que están haciendo un trabajo interesantísimo.
Me está mirando el presidente con cara de: señora Pérez, acelere. Quiero terminar, sé que estuvo la semana pasada, señora Valcarce, en la Comisión de Discapacidad y que allí dio una explicación exhaustiva de las políticas que desde su
secretaría de Estado se llevan a cabo en esta área, pero no puedo dejar escapar otro asunto que nos parece fundamental, como es la estrategia global de empleo para las personas con discapacidad. Me gustaría conocer si en ella hay alguna mención
especial, porque le he oído a usted referirlo, pero quiero escuchárselo aquí, en esta Cámara, a la atención especial a las mujeres, especialmente a la inclusión de las mujeres en este ámbito y, sobre todo, en el medio rural.
Y como la política
social de su secretaría de Estado lo atraviesa todo, no puedo hablar solamente de dependencia y olvidarme de que la población mayor no es solo población dependiente. Hay gente mayor a la que yo me voy a incorporar próximamente, ya estoy en una edad
avanzada (Risas.), yo creo que estupendamente activos, gente que trabaja, gente que tiene muchos que aportar y gente que merece la pena que recuperemos para todas las tareas en esta sociedad. Insisto mucho, se lo planteo siempre que viene aquí,
señora Valcarce, las personas mayores no son solo personas mayores dependientes. Afortunadamente, cada vez vivimos más y con mayor calidad de vida, y las mujeres, con mayor calidad y más tiempo de vida, en ocasiones nos vemos más tiempo en
situaciones cercanas a la dependencia. Yo quisiera conocer en este tema del envejecimiento qué iniciativas tienen. Escuché una declaraciones de la ministra en unas jornadas que se celebraron recientemente en Castilla y León, y hablaba de algunos
planes para personas mayores que viven solas o en zonas rurales.
Si usted nos pudiera avanzar en qué sentido van estos programas, yo se lo agradecería mucho. Creo que el compromiso de este Gobierno y de este ministerio con la política social es
tan claro que no merece la pena que yo insista aquí en decir que no solamente es un compromiso, sino una realidad.
El señor PRESIDENTE: Señora Pérez Domínguez, por su juventud se ha alargado un poco. (Risas.) Señora Valcarce, la sesión que estamos celebrando me recordaba una sinfonía de Haydn que se llama Los adioses, en la que los músicos se van
levantando y se van marchando uno a uno.
Aquí, conforme van tocando, los músicos se levantan y se marchan, pero no como en la sinfonía de Haydn, para protestar contra el excesivo trabajo, sino porque tiene otras comisiones que atender a la misma
hora. Así que le ruego que en la contestación tenga en cuenta que las razones eran absolutamente nobles y también conteste a los músicos que no han podido continuar en esta sinfonía porque están en otra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Señor presidente, tomo el arpa y trataré de responder a los planteamientos de los señores diputados, agradeciendo
a todos sus consideraciones.
En primer lugar quiero responder a la portavoz del Grupo Popular, la señora Méndez, sobre todo para recordarle que la política social es la prioridad del Gobierno de España y tiene una traslación directa en los presupuestos generales de esta
secretaría de Estado; por ello, el incremento de esos presupuestos es del 12,16 por ciento. En segundo lugar, he de aclararle que el empleo vinculado a la Ley de Dependencia es uno de los objetivos que ya nos marcamos en esta Cámara cuando
poníamos en macha esta ley, sobre todo porque la Ley de Dependencia activa la protección social, sí, pero también activa la economía y la creación de empleo. Empleo formal, esta es la aclaración, empleo formal. El dato de la Seguridad Social desde
el 1 de enero de 2007 hasta septiembre de 2008 es la generación de 77.000 empleos en los servicios sociales vinculados a la dependencia. A ello hay que añadir los algo más de 38.000 cuidadores dados de alta en la Seguridad Social. Por lo tanto,
estamos hablando de empleo formal. Con respecto al compromiso con el tercer sector, con las ONG, quiero recordarle que el Gobierno firmó un acuerdo histórico con las ONG de acción social, pasando del 0, 5 del IRPF al 0,7 por ciento; por cierto,
que ya se recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2009.
Los servicios sociales son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Su financiación y además la concertación se realizan a través del Plan Concertado de Servicios Sociales. Y tengo que recodarle, señora Méndez, que el plan
concertado, después de casi una
década sin ser incrementado, recibe en el año 2009 un impulso importantísimo, porque el Plan Concertado de Servicios Sociales es el que mantiene los servicios sociales en toda España. La financiación de la Ley de Dependencia es una
financiación, tal como dice la propia ley, suficiente, estable y sostenida en el tiempo. La financiación para el año 2009 supone un incremento del 33 por ciento con respecto al año 2008; por cierto, está muy por encima de las previsiones de las
memoria económica, una memoria económica que se hizo con los parámetros del proyecto de ley y, sin embargo, la financiación que viene a esta Cámara, y que se aprueba en los Presupuestos Generales del Estado, está muy por encima de la misma para
hacer frente a los compromisos que contiene la propia ley.
He de señalarle que su propuesta de una liquidación del mínimo trimestral o semestral sería muy negativa para las comunidades autónomas; por lo tanto, este Gobierno no lo va a proponer. Sobre todo le recuerdo que la propia ley establece
que el mínimo se liquida mensualmente. Por lo tanto, trimestral y semestralmente no, sino como dice la ley: mensualmente.
Tengo que recodarle también que el baremo de la dependencia fue aprobado por unanimidad en el Consejo Territorial de la
Dependencia, es decir, hubo acuerdo unánime de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, y en este momento se está haciendo el estudio de la aplicación del baremo. Por cierto, tal como dice el real decreto de baremo. La
financiación de la dependencia consignada anualmente se ejecuta íntegramente, no tenga la menor duda, se ejecuta íntegramente. Y quiero señalarle que en este momento el despliegue del Sistema Nacional de Dependencia se realiza en todas las
comunidades autónomas, y que el Gobierno trabaja con las comunidades autónomas no solo para evaluar su aplicación, sino también fortalecer el sistema en beneficio de las personas dependientes y sus familias.
Quiero contestar al planteamiento del señor Tardà. Agradezco sus palabras, agradezco además que el señor Tardà sea una de las personas que más ha trabajado en la Ley de Dependencia, creo que además el papel de Esquerra Republicana de
Catalunya es un papel reconocido en esta Cámara en todo momento, y comparto con el señor Tardà la obligación legal y moral de que el despliegue del sistema de dependencia sea un despliegue seguro, para garantizar a las personas dependientes y a sus
familias la atención que necesitan, una atención que les reconoce la ley en forma se servicios y de prestaciones. Por ello, me parece importante señalarle que una de las previsiones de la ley es su evaluación, y así lo estamos haciendo.
Estamos
haciendo esa evaluación precisamente porque queremos que el despliegue del sistema sea absolutamente seguro, y esta evaluación fue iniciada por el propio Gobierno encargando a la comisión interministerial, ya constituida, la evaluación del
despliegue de la ley.
A ello hay que añadir el trabajo que está realizando la propia Agencia de Calidad y Evaluación de las Políticas Públicas. Por lo tanto, nosotros entendemos que la fortaleza del sistema tiene mucho que ver con esta evaluación
del proceso. Además, dentro del Consejo Territorial de la Dependencia, que es el órgano de colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, tenemos establecidos específicamente los grupos de trabajo para la evaluación permanente del
sistema, es decir, evaluación del baremo, evaluación del catálogo de prestaciones, que incluye todo lo que tiene que ver con residencias, centros de día, de noche, centros de promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio,
pero también de las propias prestaciones económicas, como es la vinculada al servicio, todo lo que tiene que ver con el asistente personal o la propia de cuidadores en el ámbito familiar. Por supuesto, también la comisión, que ha aprobado mediante
una moción esta Cámara.
Las noticias de Cataluña en lo que se refiere a dependencia también tenemos que leerlas en positivo, porque qué duda cabe que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña hoy tienen más que hace dos años, y eso es lo importante. Tienen más
derechos, tienen más servicios, tienen más prestaciones porque se ha aprobado la Ley de Dependencia. En sentido, en Cataluña algo más de 80.000 catalanes y catalanas han solicitado la valoración para tener su certificación como dependientes.
Además tengo que decir que en Cataluña 62.622 catalanes y catalanas ya tienen el reconocimiento de ese servicio y de esa prestación, y que nada menos que 62.622 catalanes y catalanas están recibiendo servicios de prevención, servicios de promoción
de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, atención residencial, prestaciones económicas vinculadas al servicio, prestaciones económicas de cuidados familiares, prestaciones por asistente personal. Creo
que esto hace también que Cataluña se sitúe entre las comunidades autónomas donde más prestaciones y servicios se han reconocido y, por lo tanto, es también en Cataluña donde el sistema tiene una gran fortaleza.
Quería referirme también a la preocupación, compartida con el señor Tardà, por la evolución de la pobreza y, desde luego, las necesidades que hoy pueden tener muchos ciudadanos. Voy ha señalarle dos cuestiones. Gracias a cuatro años de
políticas públicas que han priorizado el gasto social durante cinco años consecutivos hemos dedicado en el Gobierno de España más de la mitad del gasto a gasto social en los Presupuestos Generales del Estado. Pero, además, hemos adoptado medidas de
apoyo a la familia como las que he señalado aquí, justamente para fortalecer nuestro sistema del bienestar. Cuando las coyunturas económicas no son favorables es cuando se pone a prueba precisamente la fortaleza de nuestro sistema del bienestar.
Pero tenemos que recordar una cosa, que el Gobierno de España va a estar siempre al lado de los ciudadanos más vulnerables, por eso hemos recogido ya cuestiones tan importantes como son la cobertura del desempleo para estar cerca de las familias que
lo necesitan, pero también el fortalecimiento
de las redes sociales, en primer lugar, de los servicios sociales: dependencia, Educa 3, pero también otras redes sociales como las que estamos financiando a través del Plan Concertado de Servicios Sociales y, por supuesto, las redes, a las
que me he referido antes, de colaboración con las ONG.
Quería responder al planteamiento de la señora Fernández Davila. En primer lugar, por supuesto, este Gobierno entiende que los servicios sociales tienen que tener un abordaje integral de las necesidades de los ciudadanos y las familias, por
eso todas las políticas que hemos desarrollado van en esa dirección y, sobre todo, tienen tres ejes fundamentales que son: en primer lugar, y fundamental, recursos, es decir, más servicios reconocidos por ley a las familias, y más recursos
reconocidos por ley a las familias con dependencia para las familias que cuidamos a una persona mayor, a una persona con discapacidad, más recursos, más servicios para las familias que cuidan a hijos menores de tres años, por lo tanto, más escuelas
infantiles a través del programa Educa 3. Más servicios, sí. En segundo lugar, más ayudas económicas, ayudas económicas universales, como las prestación económica de los 2.500 euros. Y en tercer lugar, también fiscalidad. Por lo tanto, esos son
los ejes de una política en favor de las familias integral e innovadora, por cierto, en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa y de la Unión Europea, y que nosotros presentamos dentro de nuestro Plan de Parentalidad Positiva, porque
también hay que hacer mucha pedagogía en este campo. Y ha dado buenos resultados, tan buenos resultados que somos el décimo tercer país en desarrollo humano mundial, y hoy somos un país que ya firma la Carta Social Europea revisada porque cumplimos
los exigentes parámetros de protección social de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Nuestro planteamiento es de plena colaboración con las comunidades autónomas. Por ello, desarrollamos los programas de parentalidad positiva con la
colaboración del resto de las administraciones públicas y, en este sentido, hemos constituido ya el Observatorio de la infancia y las familias, un observatorio en el cual estamos poniendo en marcha protocolos y registros para conocer, pero sobre
todo prevenir y erradicar el maltrato infantil y, sobre todo, que esos protocolos nos permitan combatir esta lacra. ¿Qué estamos haciendo? Un de ejercicio de parentalidad positiva cercano a los ciudadanos y a sus familias.
En lo que tiene que ver con los menores inmigrantes de Canarias, el Estado tiene que dar una respuesta a este problema, y el Gobierno de España no va a dejar solo al Gobierno de Canarias. Este es el planteamiento, y esa colaboración
queremos instrumentarla a través de un convenido, por supuesto. Las medidas que se van a desarrollar a partir de ese convenio serán en colaboración y convenio con las comunidades autónomas, sin ninguna duda.
En lo que tiene que ver con la financiación de la dependencia, señora Fernández Davila, por encima de la memoria económica, por encima; pero no solo por encima de la memoria económica, sino que además estamos ayudando y fortaleciendo esta
financiación. En el caso concreto de Galicia, tengo el honor de compartir con el Gobierno de Galicia el mismo objetivo, es que tenemos que solventar la deuda histórica de servicios sociales en Galicia, y por eso el Gobierno de España y el Gobierno
de Galicia firmaron el acuerdo que supone una financiación adicional para Galicia de 60 millones de euros, de los cuales en 2008, con cargo a la deuda histórica, ha aportado el Gobierno de España 23 millones de euros adicionales. Por lo tanto, una
financiación suficiente, estable y sostenida en el tiempo.
Quería responder al planteamiento que ha hecho el portavoz del PNV, el señor Esteban Bravo. Estoy absolutamente de acuerdo en que es necesario el despliegue del sistema mediante el consenso con las comunidades autónomas, es lo que ha
presidido en todo momento el despliegue del mismo. Esto es una voluntad política expresada, pero es que además es una obligación legal. Todo el despliegue del sistema se ha hecho mediante acuerdo en el consejo territorial, donde están presentes
las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Así se han aprobado todos los acuerdos que han dado base después para los reales decretos que desarrollan la Ley de Dependencia. La comisión, que se ha votado en forma de moción en
esta Cámara, está ya en marcha y a ella se le ha encomendado un informe independiente, sin menoscabo del proceso de evaluación al que me he referido, la evaluación al tercer año que prevé la propia Ley de Dependencia, también el informe de la propia
comisión delegada del consejo territorial y los informes que se han encargado a la comisión interministerial y a la agencia de calidad. Sin duda coincido absolutamente con usted en que esta ley tiene un impacto muy importante en la protección
social de las personas dependientes. La prestación económica es excepcional y los datos así lo avalan, la mayoría de las prestaciones son de servicios; no obstante, y ello además es similar en los países de nuestro entorno, es absolutamente la
tónica general. En los países de nuestro entorno, pocos son los países que tienen leyes de dependencia y leyes garantista como lo es la de España. En ese sentido quiero señalar que, efectivamente, las prestaciones económicas sin lugar a dudas son
muy importantes y responden a una evaluación que estamos en este momento realizando. Creo además que es importante decir, por ejemplo, que en el País Vasco -y seguramente a esto es a lo que se refiere usted- el 26,77 por ciento son cuidados
familiares. (El señor Esteban Bravo: Perdón, un minuto solo, es una aclaración. En el caso del País Vasco hay más atención residencial, pero es una excepción dentro de la estadística de su propio ministerio. Si usted sigue la estadística de las
comunidades autónomas, esa es la excepción. La prestación económica es la mayoría. Disculpe por haberla interrumpido.) En absoluto. Si usted se refiere a las prestaciones económicas y básicamente a la de cuidados familiares,
observará que en el País Vasco esta es una prestación que se ha reconocido al 26,77 por ciento de los ciudadanos; en España es del 22,96 por ciento.
Nosotros tenemos que tener en cuenta cómo estamos en la media nacional.
Insisto en que el
22,96 por ciento de las prestaciones económicas son por cuidados familiares y el resto, la inmensa mayoría, son de otra naturaleza.
Quiero referirme a una cuestión que ha señalado, que es el impacto económico. El impacto económico, por lo tanto, más protección social, sí; el impacto económico tiene que generar actividad económica, estoy de acuerdo, y así ya lo está
haciendo, y desde luego empleo. Comparto con usted la necesidad de reforzar las condiciones de los trabajadores. Por ello en el proyecto de acuerdo que verá el próximo día 27 el consejo territorial, uno de los acuerdos fundamentales es el de
acreditación de centros. Y en este proyecto de acuerdo de acreditación de centros, uno de los indicadores fundamentales es el del empleo, y es un proyecto de acuerdo muy exigente a la hora de las condiciones de empleo y cualificación de los
trabajadores. De empleo, sí, con ratios de trabajadores, sí, pero sobre todo de trabajadores cualificados. Estamos ya trabajando en la mesa de diálogo social precisamente en la línea de la formación y la cualificación de los trabajadores
vinculados al Sistema Nacional de Dependencia.
Voy a responder al señor Campuzano. Por supuesto, señor Campuzano, estoy de acuerdo con usted en las previsiones de la ley sobre la financiación.
Usted lo ha explicado tal como lo dice la ley, yo estoy absolutamente de acuerdo, es decir,
que la financiación de la ley es una financiación a través del mínimo, es igual para todos en toda España, como garantía de la equidad, y además por el nivel acordado. Convenios bilaterales con las comunidades autónomas que tienen un marco común,
que es el marco de la cooperación interadministrativa. Este sistema ha funcionado desde el primer momento no solo porque la Administración General del Estado ha cumplido sus compromisos liquidando mensualmente las previsiones del mínimo, sino
porque además ha alcanzado los acuerdos con todas las comunidades autónomas y desde el año 2007 han firmado todas las comunidades autónomas los convenios. En este sentido estamos de acuerdo.
Pero, señor Campuzano, tengo que decirle que no habrá ni
recortes ni retrasos; en la Ley de Dependencia, ni recortes ni retrasos, porque la Ley de Dependencia es una prioridad para el Gobierno de España, por eso se ha incrementado un 33 por ciento la financiación de la ley, para garantizar a las personas
dependientes y a sus familias los servicios y las prestaciones a los que tienen derecho. Y tengo que decirle que así lo estamos haciendo, una cuestión en la que estamos trabajando con las comunidades autónomas. Esta es, señor Campuzano, la ley más
consensuada y también la más evaluada. Es la más consensuada, porque llegó a la Cámara con un gran acuerdo social, el acuerdo con sindicatos, empresarios, sector de la discapacidad, de las personas mayores y de las ONG, y alcanzó un gran acuerdo
parlamentario en esta Cámara, que hizo posible que esta sea la ley que configura uno los pilares del Estado del bienestar con más apoyo político, la que más apoyo político ha tenido de las leyes que conforman nuestro Estado del bienestar. Esto lo
hemos trasladado a su desarrollo, a su desarrollo normativo, y en ese desarrollo normativo hemos alcanzado acuerdos en el consejo territorial que han hecho posible el despliegue de la ley, con acuerdos en el consejo territorial en todos los puntos:
baremo, convenios, sistema de lo que tiene que ver con el catálogo de las prestaciones, las prestaciones económicas. Siempre con acuerdo, porque es muy importante que esta ley, que es la que marca el antes y el después en nuestro Estado del
bienestar y en nuestro sistema de servicios sociales, cuente con ese apoyo social y político para un despliegue seguro.
Yo coincido con usted en que en el siglo XXI, para el despliegue de políticas públicas en sociedades del bienestar, tenemos que ser absolutamente transparentes, y para ello tenemos que tener una información rigurosa; esa información
rigurosa es con la que estamos trabajando. Ya tenemos una información muy completa sobre el sistema, pero estamos trabajando para que haya más información, información más desagregada, que no dé más conocimiento sobre cómo se despliega el sistema
para tomar las medidas que sean necesarias. Y en esa información -me refiero no solo al número de beneficiarios, sus servicios, sus prestaciones- también nos tenemos que referir a la calidad y por supuesto a la financiación, y a la hora de la
transparencia, la de todas las administraciones, para que todos, y en primer lugar esta Cámara, puedan tomar las decisiones adecuadas al despliegue seguro del sistema. También necesitamos que esa evaluación sea una evaluación externa. Por eso
tenemos que felicitarnos de la moción aprobada en esta Cámara para que se constituyera una comisión independiente, que desarrollase en el período de seis meses ese informe independiente. Tengo que decirle que la señora ministra de Educación,
Política Social y Deporte, doña Mercedes Cabrera, ya ha firmado la resolución en la que se determina la comisión de expertos independientes. Esa comisión de expertos independientes está integrada por don Guillén López Casanovas, don Gregorio
Rodríguez Cabrero, don Simón Sosvilla, don José Antonio Herce y doña Montserrat Cervera. La Comisión ya ha sido nombrada e inicia sus trabajos para poder responder a las obligaciones y a los compromisos adquiridos en esta Cámara.
Se refería el señor Campuzano a la encuesta EDAD. La encuesta EDAD no permite hacer un seguimiento de la encuesta EDES del año 1999. Yo creo que hay dos datos muy importantes. Es una encuesta de una gran relevancia, de una gran
trascendencia. Estamos ahora haciendo un estudio muy profundo de la misma y tendremos que explotar a fondo la información que nos ofrece esta encuesta. Me consta que en toda España estudiosos de la evolución de las políticas públicas, y sobre todo
de la demografía y de la sociología, también
lo están haciendo. Pero yo, en una primera valoración de urgencia, quiero resaltar dos datos. Uno, la encuesta EDAD nos dice que el 8,7 por ciento de la población española tiene algún tipo de discapacidad; la Encuesta EDES lo cifraba en
el 9. Por lo tanto, nos movemos en un porcentaje similar, y esto es muy importante si tenemos en cuenta que tenemos más población, que nuestro país envejece somos uno de los países más envejecidos del mundo -y que, con más población y más
envejecimiento, sin embargo se mantiene estable la población con discapacidad. Segunda cuestión. En España tenemos un Sistema Nacional de Salud no solo muy eficiente, sino que da una respuesta importantísima a lo que tiene que ver con la
prevención de la discapacidad y la necesaria atención al envejecimiento. Por ello podemos concluir que en España se vive más, pero se vive mejor, con más calidad de vida. Esto creo que son las dos lecciones de la encuesta EDAD, pero seguramente
tendremos oportunidades de hablar más extensamente de este importantísimo estudio del Instituto Nacional de Estadística.
Quería referirme a la intervención de la señora Pérez Domínguez.
Muchísimas gracias por su exposición, muy brillante, excepcional, con la que solo puedo estar de acuerdo. (Risas.- Un señor diputado: De nueve.) De diez. Y quería referirme
a cuestiones fundamentales que ha planteado, al menos a tres. Es importantísimo, para lograr una mayor cohesión social, el crecimiento económico y el empleo. Y siendo muy importante el crecimiento económico y el empleo, sin embargo no son
suficientes para combatir la exclusión. Un gobierno como el Gobierno de España, que se propone trabajar por la mayor cohesión social, hemos tenido que poner en marcha el Plan Nacional de Inclusión Social. Es el plan de inclusión que hemos
presentado a la Unión Europea, dotado efectivamente con 105.000 millones de euros, y que propone medidas concertadas con las comunidades autónomas para trabajar en más cohesión social, sobre todo teniendo en cuenta cuatro ámbitos: educación, porque
la educación y la formación son esenciales para combatir la exclusión; más educación y más formación para mejorar la inserción laboral, la permanencia en el mercado de trabajo, y más cualificación que permita mejores salarios; pero también
sanidad, mejorar el acceso a la sanidad. La mejora de las pensiones, imprescindible para lograr más cohesión, sobre todo en lo que tiene que ver con los mayores, y dependencia, porque la dependencia es absolutamente imprescindible para garantizar
el acceso de las personas mayores o con discapacidad a nuevos servicios y también a nuevas prestaciones económicas. La tercera cuestión, que me pareció interesantísima, de lo que planteaba la señor Pérez Domínguez, es lo que tiene que ver con la
estrategia global de empleo para personas con discapacidad. Nosotros hemos suscrito la convención de Naciones Unidas sobre discapacidad, y eso supone garantizar igualdad de oportunidades; y en este sentido, si el 8,7 de la población de España
tiene discapacidad, solo el 4,1 se ha incorporado al mercado laboral, y esto es la palanca de la igualdad, a ello dedicamos 3.700 millones de euros, que van a ir orientados a bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social para que más empresas
contraten personas con discapacidad, pero también para más centros especiales de empleo. En la estrategia global de empleo hay una prioridad que afecta sobre todo a las mujeres, que sufren una doble discriminación, de género y por discapacidad.
Me quería referir por último a la cuestión que ha planteado sobre las políticas públicas de mayores. Siendo, como somos, el país más envejecido, necesitamos también innovar en nuestras políticas públicas en favor de los mayores. Estas
políticas públicas tienen fundamentalmente tres ejes, que son: mejorar la autonomía económica de los mayores, más y mejores pensiones; en segundo lugar, y es importantísimo para las personas mayores en situación de dependencia, Ley de Dependencia;
y en tercer lugar un enfoque positivo del envejecimiento, lo que nosotros llamamos el envejecimiento activo, que nosotros vamos a desarrollar en planes tan importantes como son los planes de atención a las personas mayores en el medio rural, la
atención a las personas mayores que viven solas y los planes dirigidos a las mujeres mayores, sobre todo en el campo de la educación, de la formación y, algo muy importante, de la prevención de la dependencia, porque las mujeres viven más, con peor
salud y tienen mayor riesgo de dependencia. El envejecimiento activo es una de las líneas de trabajo fundamentales, y tendremos la oportunidad de presentarlo en esta Cámara cuando presentemos el libro blanco del mayor.
El señor PRESIDENTE: Como tenemos todavía bastante mañana por delante, agradecería a SS.SS. que fuesen lo más sintéticos posible. La señora Méndez no está en este momento en la sala, pero ¿quiere usted, intervenir, señor Barrachina?
(Denegación.) Señora Fernández Davila, ¿quiere usted intervenir?
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, como van a intervenir otros compañeros, yo solo quiero agradecer la respuesta de la señora secretaria de Estado y manifestar que espero que efectivamente en ese convenio que se va a hacer con
Canarias se tenga en cuenta también conveniadamente con las comunidades autónomas lo que a estas les corresponda asumir. Espero que sea así.
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban Bravo, con el ánimo de polemizar, pero brevemente.
El señor ESTEBAN BRAVO: Concisa y sintéticamente, señor presidente. Como tenemos el mismo cuadro, el cuadro del ministerio de prestaciones reconocidas, yo sí quería hacer una precisión sobre las prestaciones económicas por cuidados
familiares. Yo sé que hay una tendencia a que cuando hablan los portavoces
del Grupo Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, parece que solo hablamos de Euskadi, pero no siempre sucede así, muchas veces es así, pero no siempre. Y en este caso, yo creo que hay que ver el cuadro en su integridad. Si se examina, por
ejemplo, el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco es cierto que hay un 26 por ciento, por el tema de prestación económica de cuidado a los familiares, pero es que la atención residencial es superior, 31,98. Bien. Yo le digo que lo que era
una excepción se ha convertido en norma. ¿Por qué se lo digo? Pues porque, aunque el dato genérico que usted me ha mencionado de todo el Estado es 22,96, en teoría inferior al de la Comunidad Autónoma vasca, el dato es engañoso y le voy a decir
por qué. Le voy a leer de su cuadro cuáles son las comunidades autónomas en las que la prestación económica por cuidados familiares es superior a cualquier otro tipo de ayuda, prestación o servicio, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra, Rioja, Ceuta y Melilla. Todas esas comunidades. O sea, excepto cinco, en el resto hay un mayor porcentaje en los servicios o prestaciones. ¿Por qué entonces se produce ese
porcentaje? Porque es que nos enfrentamos a un serio problema. Fíjese que la Comunidad Autónoma vasca era la más reticente con respecto a esta ley y resulta que estamos cumpliendo como benditos, porque si va usted a la última columna, prestaciones
sin especificar, resulta que solo el 0,23, esto es, 50, en números absolutos, son prestaciones sin especificar. Se encuentra uno con: Castilla-La Mancha, 62,36; Castilla y León, 63,57; Canarias, 83,68; Andalucía, 30,99; Aragón, 56,19,
prestaciones sin especificar. Por lo tanto, no es que sea un 22,96 realmente la cifra a nivel del Estado. Porque es terrible que la cifra de prestaciones sin especificar a nivel del Estado sea el 48,95. Por cierto, no es responsabilidad, como se
ve, de la Comunidad Autónoma vasca. Si examinamos también las que más diligentes han sido, aunque tengan -y con esto acabo, señor presidente- un 30 o un 34, etcétera, nos daremos cuenta de que en esas comunidades la prestación económica familiar es
la que está también en el número uno entre ellas. Por lo tanto, yo creo que hemos pasado de la excepcionalidad a algo que se está convirtiendo en bastante frecuente o habitual. Y reitero mi pregunta, ¿no le parece que lo que está sucediendo en
muchos casos es que a la hora de aplicar la ley esa prestación se queda en cero o en muy poco, en cantidades irrisorias, que han dado lugar incluso a titulares y que deberíamos reflexionar sobre el establecimiento de una cantidad mínima en esas
situaciones?
El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Quiero agradecer también la respuesta de la señora Valcarce, aunque la verdad es que de la larga lista de cuestiones que le he planteado, respuestas concretas, bien pocas. Eso sí, le agradezco que aclare la
cuestión del sistema de financiación que contempla la ley. Está muy claro que la ley no contempla un sistema de financiación al 50 por ciento Estado-comunidades autónomas sobre los costes reales de los servicios, pero esto nos lleva inevitablemente
a preguntarnos si ese sistema es adecuado para satisfacer los objetivos de construir una política de atención a la dependencia de calidad, justa, etcétera. El PSC le ha reclamado retrasar las prestaciones por las grandes limitaciones de
financiación que padece la ley, y usted me dice que ni recortes, ni retrasos. Señora Valcarce, o vamos a modificar la Ley de Dependencia en materia de financiación, o esto no funciona. No se lo digo yo, se lo dice su partido en Cataluña, que está
gobernando. Y sobre eso hoy usted no nos ha dado ninguna respuesta. Parece como si estuviésemos en Alicia en el país de las maravillas y usted sabe que no lo es, usted sabe que no lo es, insisto. En los parlamentos autonómicos con mayorías del
Partido Socialista se han pronunciado a favor de más recursos económicos desde el Estado para cumplir con la aplicación de la Ley de Dependencia, y a esa cuestión usted hoy, en esta Comisión, no está dando respuesta. Pero vuelve usted a decir que
ni recortes ni retrasos.
Pues si es así, cambiemos la ley y que el Estado ponga más recursos para que las comunidades autónomas puedan desplegar esta política. Porque si no, el desencanto, la frustración, el desengaño, las expectativas frustradas
de muchos dependientes van a continuar aumentando durante el año que viene.
El señor PRESIDENTE: Señora Pérez Domínguez, se le agradece muchísimo su intervención, además después del reconocimiento por parte de la oposición de su brillantez, con un nueve y por parte del Gobierno, con un diez. Muy bien.
Señora Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): De la intervención de don Aitor, del señor Esteban Bravo, se deduce una cosa muy importante, hace dos años no
estaríamos, señor Esteban, usted y yo hablando de si hay muchas o pocas prestaciones económicas. Yo creo que eso es un dato muy relevante; hoy estamos hablando de si hay muchas o pocas prestaciones porque hay Ley de Dependencia, y eso creo que no
se ha puesto suficientemente en valor. Usted, y yo coincido, dice que tiene que haber más servicios, más residencias, más centros de día. Yo estoy de acuerdo, lo estoy, pero también tenemos que cumplir la ley y la ley prevé prestaciones económicas
con toda la excepcionalidad que las comunidades autónomas determinan en el desarrollo normativo que les es propio en su ámbito de competencia exclusiva. Yo comparto con usted que las prestaciones económicas tienen que ser suficientes y el real
decreto
básico que establece las prestaciones económicas, que se actualizan además cada año, así lo establece, pero sobre ese mínimo común denominador que tiene que haber para toda España, como garantía de la equidad, las comunidades autónomas
tienen que aplicar su normativa propia en forma de determinación de la capacidad económica, etcétera. Por lo tanto, estamos de acuerdo en ello. Una matización, sin ánimo de polemizar, lo bueno del sistema informático de la dependencia es que usted
y yo hoy podemos utilizar los mismos datos, y con los mismos datos Navarra es la comunidad autónoma que tiene más prestaciones por cuidados familiares; son el 71,31 por ciento. Si usted tiene los datos de altas en Seguridad Social de los
cuidadores familiares, a mí me parece muy interesante un dato: Vizcaya, la Diputación Foral de Vizcaya, tiene dados de alta en la Seguridad Social más cuidadores familiares que toda la Comunidad de Castilla y León. Son datos. Creo que esto es
relevante.
Señor Campuzano, yo quisiera todavía reforzar lo que he señalado. Quisiera reforzarlo, señor Campuzano, porque, no le demos más vueltas, hoy, los españoles, hoy, los ciudadanos disponemos de un derecho universal y subjetivo gracias a la Ley
de Dependencia, que nos garantiza la atención en esa situación para recibir servicios y prestaciones. Y, además, la ley prevé un despliegue en ocho años, desde el año 2007 al 2015. Esto en un gran reto para todas las administraciones, tanto para
la Administración General del Estado como para las comunidades autónomas. Y debe quedar muy claro esto, que los ciudadanos tenemos un derecho al que las administraciones públicas tenemos que responder. Además, las administraciones públicas tenemos
que proveer la financiación suficiente, estable y sostenida en el tiempo que prevé la propia ley. Y en eso estamos. Por eso el Gobierno incrementa para el año 2009 en un 33 por ciento la financiación y, además, atendiendo a las necesidades que se
puedan producir, hemos ya puesto en marcha un grupo de trabajo en el consejo territorial para estudiar la financiación. Y aquí yo respeto las posiciones de todos, de todas las comunidades autónomas, su evaluación; respeto también las propuestas
que realizan todos sobre sus necesidades, pero será en el consejo territorial donde veamos esas necesidades, porque tendremos que ser todos transparentes, rigurosos y tendremos que cumplir con nuestras obligaciones. No le quepa la menor duda de que
lo que estima el Gobierno es que se reforzará la Ley de Dependencia, no le quepa la menor duda, ese es nuestro objetivo, se reforzará. Ya lo hemos hecho, un 33 por ciento más para 2009, y estudiamos, consensuada, responsable y corresponsablemente
con todas las comunidades autónomas en el consejo territorial, sus necesidades.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valcarce. Vamos a hacer un receso de cinco minutos antes de empezar las preguntas, si no les importa, pero cinco minutos de reloj, porque tenemos todavía mucho trabajo por delante. (Pausa.)
Reanudamos la sesión.
La idea es que cada pregunta debería durar diez minutos como mucho, cinco minutos de pregunta y cinco minutos de respuesta. El instrumento que tenemos para medir el tiempo está programado, de forma inmodificable, a siete minutos y medio,
con lo cual iríamos a quince minutos. Así que tendrán que fiarse SS.SS. de nuestro cálculo, aunque no crean que va a ser fácil, para ir intentando ajustar el tiempo.
PREGUNTAS:
DEL SEÑOR BARRACHINA ROS (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE:
- VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000052.)
- MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO NO HA REMITIDO A LAS CORTES EL INFORME ANUAL SOBRE LA APLICACIÓN Y EFECTOS DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
(Número de expediente 181/000310.)
- FECHA PREVISTA PARA REMITIR A LAS CORTES EL INFORME ANUAL SOBRE LA APLICACIÓN Y EFECTOS DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de
expediente 181/000311.)
- ESTADO DE ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL SOBRE LA APLICACIÓN Y EFECTOS DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000312.)
ORIENTACIÓN DEL INFORME ANUAL SOBRE LA APLICACIÓN Y EFECTOS DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000313.)
CONTENIDO DEL DICTAMEN DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS QUE DEBE INCORPORARSE AL INFORME ANUAL QUE RECOGE LA DISPOSICIÓN FINAL SEXTA DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y QUE DEBE SER REMITIDO A LAS CORTES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/17955.) (Número de expediente 181/000569.)
- CONTENIDO DE LA MEMORIA DEL CONSEJO TERRITORIAL QUE DEBE INCORPORARSE AL INFORME ANUAL QUE RECOGE LA DISPOSICIÓN FINAL SEXTA DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y QUE DEBE SER REMITIDO LAS CORTES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/17956). (Número de expediente 181/000570.)
- MOTIVOS DE LA DEMORA EN LA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DEL INFORME ANUAL SOBRE LA APLICACIÓN Y EFECTOS DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA Y QUE DEBE SER REMITIDO LAS CORTES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/17957). (Número de expediente 181/000571.)
- FECHA PREVISTA PARA REMITIR A LAS CORTES EL INFORME ANUAL SOBRE APLICACIÓN Y EFECTOS DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/17958). (Número de expediente 181/000572.)
El señor PRESIDENTE: Las preguntas están agrupadas en bloques. Va a empezar el señor Barrachina, según nuestro orden, con las preguntas 181/000052, 310, 311, 312, 313, 569, 570, 571 y 572. Este es el primer bloque. Señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Señora secretaria de Estado, sepa que me gusta hacer uso pero no abuso del Reglamento y por tanto voy a tratar de reducir al mínimo estas 39 preguntas que vienen en el orden del día; además, la mayoría de ellas
tuvieron que ser contestadas en plazo por escrito por el Gobierno, cosa que no hicieron, y el Reglamento les fuerza a venir a la primera Comisión que se convoque, que es ésta.
Permítame que le manifieste nuevamente mi sorpresa, porque, si hoy buena parte del Partido Socialista cree que debiera pararse la Ley de Dependencia, nosotros pensamos que no; habrá que reforzarla, que mejorarla, pero no paralizarla. Sus
palabras contribuyen todavía más a seguir multiplicando la frustración de los supuestos 400.000 beneficiarios que ustedes afirman haber atendido. Digo que la frustración es directamente proporcional no a lo que contiene la ley, que la ley era un
pasito, sino a sus promesas. El señor Campuzano ha hablado de Alicia en el país de las maravillas. Yo no sé si es así, o no, pero lo que digo es que lo que usted cuenta y la realidad no tiene ningún punto de intersección, no tiene nada que ver.
Lo dicen los socialistas en Cataluña, en Galicia, en Baleares, lo dicen todos los partidos a excepción del suyo, porque naturalmente militancia obliga. Yo le pediría prudencia en sus afirmaciones para frustrar al menor número de personas posible.
Le he escuchado en numerosas ocasiones, y ahora tiene la oportunidad de darme el dato y por tanto resolver mi duda, hablar del dinero que ustedes destinan a la dependencia. No es verdad. No lo es. El dinero que usted destina, señora
secretaria de Estado, no es lo que usted presupuesta, sino lo que usted ejecuta. Y usted sabe lo que ha ejecutado en dependencia y no nos los va a decir. Usted sabe lo que ejecutó en dependencia en el año 2007 y hoy aquí no nos lo va decir. Usted
sabe lo que está ejecutando en 2008 y tampoco hoy lo vamos a conocer. Pero le voy a dar un dato que sí existe, que sí se dio, señora secretaria de Estado, durante la comparecencia de Presupuestos, dato ofrecido por su propio Gobierno, y es que el
primer año de ejecución de la ley, en 2007, de los 180 millones para el nivel mínimo, según respuesta de su propio Gobierno, ustedes pusieron 82 para el nivel mínimo, de los 180 millones pusieron 82; y de los 220, pusieron cero, de los 220 para el
nivel conveniado, ustedes, que firmaron los convenios con las comunidades autónomas... No se sorprenda, señora secretaria de Estado, ustedes firmaron sus convenios desde el 17 de diciembre hasta el 21 de diciembre de 2007, por tanto, en el nivel
conveniado, en el nivel acordado, la ejecución fue cero; en el 2007, en el nivel conveniado, en el primer año de ejecución de la ley.
Por tanto, dígame usted no qué es lo que presupuestan en esos 1.570 millones, y un 33 por ciento más para el año
que viene. No. Digan a la gente la verdad, lo que están ejecutando. Y la verdad, que nos llegó en respuesta escrita, dice que en el 2007, de los 400 millones pusieron 82.
Y este año, usted ha llegado a decir -y permítame que me asombre- en los
dos niveles, en el nivel conveniado, ha llegado a decir,
lo ha dicho usted, ha dicho que desde el 23 de julio estamos en la liquidación de los convenios. Señora secretaria de Estado, no ha sido usted capaz de firmar ninguno de los 17 convenios y resulta que los está liquidando desde el 23 julio
de 2008; ninguno. El 28 de noviembre, el próximo viernes, es la fecha que tienen la comunidades autónomas para reenviar a ustedes el borrador de convenio, que a su vez ustedes les mandaron el 29 de octubre. Esas fechas indican que, igual que el
año pasado se firmó en Navidades el convenio que debiera haber entrado en vigor el uno de enero, este año nuevamente van a firmar en Navidades los convenios que debieron entrar en vigor el uno de enero. Por tanto, me gustaría que, en lugar de decir
lo que usted presupuesta, señora secretaria de Estado, nos dijese lo que usted ejecuta.
Y las nueve preguntas de este primer bloque van dirigidas a eso, a saber por qué hay un informe anual al que la ley le obliga, que usted lleva incumpliendo durante dos años. Hay una disposición adicional sexta que le dice que habrá un
informe anual con memoria del consejo territorial y a informe de los cuatros órganos consultivos, uno en el año 2007 y otro en el año 2008. Mi pregunta, por tanto, es bien sencilla: ¿piensa usted enviar a este Congreso el informe anual de 2007, el
informe anual de 2008, y si ha pedido por tanto ya los cuatros dictámenes al comité consultivo y al resto de consejos que forman parte de los órganos consultivos de la ley? Me gustaría saber también en qué plazo van a entrar aquí esos dos informes
a los que la ley le obliga.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): La financiación de la Ley de Dependencia en el año 2007 fue de 400 millones de euros; en el año 2008, de 871
millones de euros y para el año 2009 están previstos 1.158 millones de euros. La ejecución presupuestaria de la partida de dependencia fue íntegra en el año 2007, íntegra, y se ha hecho por los conceptos previstos en la ley. Todas las comunidades
autónomas firmaron en el año 2007 y cobraron lo previsto en el nivel acordado. Todas las comunidades autónomas. En el año 2008, 871 millones de euros, está previsto, de esta cantidad, 241 millones para el nivel acordado. Este nivel acordado se
llevó al Consejo Territorial de la Dependencia del pasado 23 de julio. A continuación se elevó a Consejo de Ministros e inmediatamente se procedió al pago del nivel acordado. Señor Barrachina, el nivel acordado, de conformidad con las previsiones
de la Ley General Presupuestaria, se paga por trimestres; por lo tanto, las comunidades autónomas en este momento ya han recibido todas lo correspondiente al primer trimestre, al segundo trimestre y al tercer trimestre en lo que se refiere al nivel
acordado. Dice la Ley General Presupuestaria y el propio acuerdo que a la firma del convenio se pagará el último trimestre. Por lo tanto, estamos ahora, último trimestre, recibiendo los convenios.
Señor Barrachina, este es el mismo, idéntico procedimiento del año 2007, en el cual todas las comunidades autónomas recibieron las cantidades correspondientes, absolutamente todas, y, gracias a que todas firmaron antes del 31 de diciembre
los convenios, recibieron la financiación íntegra del nivel acordado. El informe anual está ya en proceso, y en concreto el Comité consultivo de Dependencia ya aprobó su informe correspondiente al año 2007. Cuando todos los órganos consultivos del
sistema de dependencia hayan emitido sus dictámenes, tal como prevé la ley, se remitirá a la Cámara.
- NÚMERO DE EMPLEOS CREADOS DESDE QUE SE APROBÓ LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MISMOS. (Número de expediente 181/000053.)
- NÚMERO DE PLAZAS NUEVAS Y CENTROS RESIDENCIALES PÚBLICOS CREADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONA EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000054.)
- NÚMERO DE CUIDADORES FAMILIARES DADOS DE ALTA EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DESDE QUE SE APROBÓ LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONA EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, ASÍ COMO EL COSTE ASUMIDO POR
EL ESTADO Y SU DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 181/000056.)
- RESULTADO DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA NO PROFESIONALES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/8103). (Número de
expediente 181/000555.)
NÚMERO DE ALTAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL PRODUCIDAS EN EL RÉGIMEN GENERAL COMO CUIDADORES NO PROFESIONALES DE PERSONAS DEPENDIENTES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/8104). (Número de
expediente 181/000556.)
NÚMERO DE COTIZANTES EXISTENTES EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL COMO CUIDADORES NO PROFESIONALES DE PERSONAS DEPENDIENTES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/8105). (Número de
expediente 181/000557.)
- NÚMERO DE COTIZANTES EXISTENTE EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL HOGAR COMO CUIDADORES PROFESIONALES CONTRATADOS MEDIANTE PRESTACIÓN ECONÓMICA REGULADA EN LOS ARTÍCULOS 143 Y 17 DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/8106). (Número de expediente 181/000558.)
El señor PRESIDENTE: Para su segunda tanda de preguntas, señor Barrachina, la 181/000053, 54, 56, 555, 556, 557 y 558, tiene la palabra.
El señor BARRACHINA ROS: Señor presidente, pensaba que tenía derecho a una segunda intervención por bloque, tal y como hablamos.
El señor PRESIDENTE: Es verdad, señor Barrachina, tiene usted razón.
Quería mantener los cinco minutos en dos intervenciones, pero excepcionalmente, si quiere, haga una breve intervención, aunque ya nos pasamos de los cinco minutos
indicados.
El señor BARRACHINA ROS: Yo pensaba que tenía derecho a intervenir durante diez minutos, pero no voy a perder más tiempo. Yo voy interviniendo y usted me va cortando cuando proceda.
Los datos que yo doy son datos que envía el Gobierno y aquí dice año 2007.
Este documento salió de su ministerio. Dice nivel mínimo, 82 millones. El problema es que si ustedes se gastaron en 2007 todo el dinero de la dependencia, los 400
millones, va a tener, señora secretaria de Estado, que dar usted más de una explicación, porque si se gastaron los 400 millones y al nivel mínimo, según ustedes, dirigieron 82 millones, hasta llegar a 400, los otros casi 320 millones habrán llegado
singularmente a alguna comunidad autónoma, pero desde luego no a la generalidad de las comunidades autónomas, y mucho menos por lo que aquí figura. Por otro lado, he de confesarle que el grado de oscurantismo con el cual llevan a cabo estas
gestiones es extraordinario. Fíjese usted que los convenios de 2007 firmados en Navidades no los publicaron ustedes -aquí tengo el Boletín Oficial del Estado- hasta el 22 de abril de 2008. Una vez pasadas las elecciones generales fue cuando
tuvimos conocimiento de qué es lo que usted había convenido, acordado con las comunidades autónomas el año 2007. Es el Boletín Oficial del Estado de 22 de abril de 2008. Y me extraña mucho que a usted le sorprenda que se publicasen con cuatro
meses de retraso los convenios que debieran haber servido para ejecutar el 2007. Se publicaron en 2008.
Después, no está bien que usted eluda sus responsabilidades y las residencie en los órganos consultivos. Usted es quien tiene la obligación, su Gobierno, de presentar aquí el informe anual. Usted tiene la obligación, no me puede decir
ahora que los órganos consultivos tardan, etcétera, no. Usted tiene la obligación se lo voy a leer para que sea usted consciente de sus obligaciones legales. Dice: La ley exige al Gobierno la presentación de un informe anual sobre la ejecución de
las previsiones contenidas en la citada ley. El informe es suyo y, además, se agregan los dictámenes de los órganos consultivos. Pero si los dictámenes no han llegado, será un problema del órgano consultivo. Usted tiene la obligación de presentar
el informe de 2007, que no lo presentó, y el de 2008 que muchos nos tememos que tampoco va a presentar. Me gustaría, ya que usted ha afirmado que se gastó en 2007 los 400 millones de euros, tener conocimiento de ese dinero, salvo los 82 millones de
euros del nivel mínimo, el resto, señora secretaria de Estado, y lo convenido y publicado el 22 de abril de 2008, el resto no conocemos, a pesar de nuestra insistencia en las preguntas, a qué comunidad ni por qué concepto ha ido, y sí que no
gustaría, evidentemente, tener un conocimiento preciso de la ejecución de ese presupuesto, como el del actual ejercicio, que lo preguntaremos en la fecha oportuna.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Exclusivamente voy a reiterar que la financiación de dependencia es exclusivamente las previsiones de la ley. Por
lo tanto, con cargo a la Administración General del Estado se financian todas las previsiones de la ley, previsiones de mínimo, del nivel acordado con las comunidades autónomas, con Ceuta y Melilla, y el sistema de información común de las
comunidades autónomas. Exclusivamente se financia la dependencia, los compromisos a los que obliga la ley a la Administración General del Estado y los compromisos de colaboración con las comunidades autónomas Y la ejecución ha sido íntegra,
transparente, por ello se publica en el Boletín Oficial del Estado.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ordenar el debate. Tenemos 17 bloques de preguntas. Si empleamos diez minutos en cada bloque, son 170 minutos, tres horas. Estaríamos acabando en torno a las cuatro, en el momento
de empezar el Pleno. Si fueran diez minutos serían seis horas. La idea era 10 minutos lo que es el trámite de cada pregunta, cinco y cinco. Si usted quiere, yo le puedo avisar cuando falte un minuto o algo así para que acabe su tiempo, a
fin de que usted, si quiere, pare o lo haga usted en dos. Esa es la razón. Tiene usted la palabra para el segundo bloque.
El señor BARRACHINA ROS: Este bloque hace referencia al empleo generado por la ley. Aquí las cifras todavía son más desconcertantes. Yo tengo la memoria a la que hace referencia la señora secretaria de Estado y en la página 14 dice que el
empleo que generará la ley el libro blanco lo sitúa solo en el gasto corriente para 2008, para este año que está a punto de acabarse, 169.000 empleos en el gasto corriente; pero luego, añadiendo el gasto, la inversión en capital, es decir,
construcción de nuevas residencias, etcétera, una estimación somera indica que estaríamos en torno a los 215.000 empleos generados en este año 2008 por la Ley de Dependencia, según la memoria económica que remitió el Gobierno, memoria que quedó
desfasada en la propia aprobación de la ley, porque se incluyeron muchos otros colectivos y muchas otras prestaciones distintas a la ley, que hicieron que la memoria económica quedase desfasada, porque evidentemente no se modificó al ritmo que la
ley. Pero aquí habla de 215.000 empleos. Usted dijo la semana pasada que eran 89.000 empleos, 89.666, cotizando a la Seguridad Social. Ayer, Octavio Granado la desmintió y dijo que eran 70.000 empleos. La memoria decía 215.000. Esto tiene el
mismo crédito que cuando en enero de 2008, este año, el todavía no cesado ministro de Trabajo y Asuntos Sociales decía que en el año 2007 se habían generado 200.000 empleos por la Ley de Dependencia. Esto lo decía en enero. 200.000 empleos. Usted
después, en el mes de abril, habló de 100.000 empleos generados. La semana pasada, 89.000. Esta semana, 70.000. Y si quiere que le diga la verdad, y usted lo conoce porque se lo han dicho sindicatos y empresarios, el resultado en términos de
empleo es inocuo, imperceptible, no existe. A mí me gustaría que explicase usted cómo saca esos 89.666 empleos cuando el número de residencia iniciadas se ha reducido con motivo de la ley. Conoce usted que el hecho de se que haya desviado el
dinero hacia esa excepción que supone la ayuda no profesional, el sector de residencias de ancianos, y también Comisiones Obreras se lo ha reprochado, que la construcción de residencias -tengo los datos de los últimos informes, por si usted quiere
que profundicemos- se ha reducido. Se inician poquísimas residencias de ancianos, hay una situación de auténtico desplome del sector; por tanto, no hay construcción de nuevas residencias. Y lo que es más llamativo, y como denuncia Comisiones
Obreras, en la Comunidad Autónoma de Andalucía no solamente ha bajado el empleo en las residencias y por tanto en la construcción de residencias, sino también la ayuda a domicilio; lo denuncia Comisiones Obreras en Andalucía. Solamente han crecido
los cuidados no profesionales, que son aquellos que la ley intentaba evitar.
Y no es verdad, como usted ha dicho, que en el cuadro del Imserso figure un 22 por ciento de cuidados no profesionales, un 22 por ciento de aquellos que dicen qué cuidados
se prestan, que son la mitad, porque casi la otra mitad son cuidados indeterminados. Es decir, de aquellos cuidados que se afirma prestar, la mitad son estos cuidados no profesionales que la ley contempla como excepcionales. Y tenía razón el
portavoz del PNV, que se han convertido hoy en el instrumento más utilizado a raíz de la Ley de Dependencia. Ayer mismo Octavio Granado, supuestamente secretario de Estado de la Seguridad Social, decía que 70.000, 70.000 es un tercio de lo que
lleva la memoria. Quiere decir un grado de error en su previsión del 70 por ciento. Pero además es que no es verdad, no es verdad. Es que lo que dice Octavio Granado tiene el mismo valor que lo que usted dijo la semana pasada y que lo que dijo su
ministro, el señor Caldera. Por cierto, el señor Caldera decía 200.000. No sé, señora secretaria de Estado, qué valor le da usted a que un ministro suyo diga 200.000 y usted diga la semana pasada 89.000, y el secretario de Estado 70.000. La
verdad es que es muy difícil confesar la verdad. Y por tanto, me gustaría que me diga usted de qué epígrafe ha sacado esos 89.666 que se atribuía en la pasada sesión de la Comisión de Discapacidad. El resultado real, insisto, es que el empleo
generado es imperceptible.
Realmente yo tengo dudas de si ha sido favorable o negativo, aunque el conjunto del sector, la Federación de Empresarios de la Dependencia, como le ha dicho a usted también, considera que ha sido contraproducente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Señor Barrachina, se ha hecho usted un lío. Primero, porque hay que ser rigurosos a la hora de analizar los
datos. Y cuando usted cite las fuentes debe citarlas en el día y referidos a un determinado día. Cuando el secretario de Estado de la Seguridad Social y yo misma anunciamos en el mes de septiembre un incremento de 70.000 empleos, era referido al
mes de septiembre, y eso es muy importante porque son altas en la Seguridad Social. Señor Barrachina, nadie ha puesto en duda nunca, y menos en sede parlamentaria, los datos de la Seguridad Social. Sería lamentable que usted siguiera por esa
senda. Yo comprendo su situación, señor Barrachina. Muchas veces no nos acercamos con rigor a los datos porque nos nublan sobre todo las percepciones. Yo comprendo que la percepción que usted tiene viniendo de la Comunidad Valenciana le traiga a
una interpretación como la que usted está haciendo aquí, pero esa es una interpretación muy lejos de la realidad, señor Barrachina. Nadie ha puesto en duda los datos de
la Seguridad Social. En España se han construido más residencias, más centros de día, y también se han concertado más plazas en residencias, en centros de día, más ayudas a domicilio, más teleasistencia; es decir, más servicios, salvo que
usted ponga en cuestión los datos fidedignos que facilitan las comunidades autónomas a la Administración General del Estado. Por lo tanto, yo creo que hay que respetar los datos que dan las comunidades autónomas, y sería imposible que con esos
datos no se cumpliera lo que efectivamente la Seguridad Social ve en las altas en Seguridad Social en el sector de los servicios sociales, que han supuesto en el año 2007, entre enero y diciembre, un incremento del 11 por ciento.
El año 2008 ha
supuesto un incremento del 17 por ciento. Si nosotros vemos el acumulado desde el 1 de enero hasta octubre de 2008, el crecimiento es del 29 por ciento. Por lo tanto, nosotros estamos pudiendo comprobar que el despliegue del sistema supone más
servicios y, por lo tanto, más creación de empleo.
Una aclaración importante. Los datos de la Seguridad Social son datos en los cuales no hemos computado las altas en Seguridad Social de los cuidadores familiares, por cierto, cuidadores que están sometidos al régimen general mediante
convenio especial. Por lo tanto, más creación de empleo, empleo formal y perfectamente detallado y significado, las altas en Seguridad Social de los cuidadores familiares.
- FECHA PREVISTA PARA APROBAR LA NORMATIVA REGLAMENTARIA QUE DESARROLLA LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000055.)
- FIJACIÓN DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS AL SISTEMA NACIONAL DE LA DEPENDENCIA, TAL Y COMO DETERMINA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000305.)
- ESTABLECIMIENTO DE ALGÚN LÍMITE DE RENTA O PATRIMONIO EXENTO DE LA APORTACIÓN PARA PODER SER ATENDIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE DEPENDENCIA.
(Número de expediente 181/000306.)
- LÍMITE DE RENTA O PATRIMONIO EXENTO DE LA APORTACIÓN PARA PODER SER ATENDIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000307.)
- LÍMITE DE RENTA O PATRIMONIO EXENTO DE LA APORTACIÓN PARA PODER SER ATENDIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA DEPENDENCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/17938). (Número de expediente
181/000562.)
- PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN EL COSTE DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS POR LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA
AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/17954). (Número de expediente 181/000568.)
El señor PRESIDENTE: Para la siguiente tanda de preguntas, que son la 181/55, 181/305, 181/306, 181/307, 181/562 y 181/568, tiene la palabra el señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Son sobre el desarrollo reglamentario, pero permítame, consumiendo de mi tiempo, que le diga a la señora secretaria de Estado que además de venir forzada por el Reglamento, no porque a ella le apetezca, que además
de incumplir los informes anuales, usted no es sincera, usted no dice la verdad, y así va a generar muchísima más frustración. Yo he dicho 70.000 cotizantes a la Seguridad Social, porque lo dijo Octavio Granado ayer y se ha publicado hoy en los
periódicos, y la desmiente a usted y rebaja en 20.000 su afirmación de la semana pasada. Por tanto, no diga que no tenemos rigor, porque tengo aquí las fotocopias del periódico de hoy donde Octavio Granado rebaja ya en 20.000 personas, en siete
días, su afirmación. Y le digo que su afirmación y la señor Granado tienen el mismo valor que los 200.000 empleos que decía Caldera que habían generado en el 2007, y desde luego mucho menos valor que los 215.000 que dice la memoria económica que
iban a genera este año.
Preguntaré, porque cuando lo he hecho se me ha contestado que no hay epígrafe para poder determinar las afirmaciones que usted hace. Que usted, cuando habla de 70.000 empleos o de 89.000 se arroga, incluye muchos sectores
que nada tienen que ver con el de la dependencia, y es más, usted conoce, porque se lo ha dicho directamente a usted, que el sector residencial se está resintiendo enormemente, y que el desarrollo reglamentario, que es el objeto de esta pregunta, va
a contribuir a dañar al sector residencial. ¿Por qué? Pues porque estaban esperando que la acreditación de centros estableciese un común nacional para todos los españoles, que no haya habitaciones residenciales de 12 metros y habitaciones
residenciales de 16 metros, como ocurre en comunidades autónomas, para una misma
habitación individual y que, por tanto, hubiese un mínimo común. Las empresas y el sector prestador de servicios han estado esperando este decreto y, como usted sabe, se han abstenido empresarios y trabajadores porque este desarrollo
reglamentario en cuanto a los criterios comunes de acreditación los deja absolutamente insatisfechos. Por tanto, ese el resultado de este desarrollo que se propone. A mí me gustaría que, efectivamente, el desarrollo reglamentario y los criterios
comunes, tanto en acreditación de centros como en copago, como en aportación de los particulares, situase realmente elementos comunes para la prestación en todo el territorio nacional, pero mucho me temo que para eso, que es para lo que servía, para
lo debía haber servido esta ley, para armonizar 17 sistemas distintos, mucho me temo que para eso no vaya a servir. Ustedes han preferido ignorar que en España, como el libro blanco recogía, ya en 2003 había 2.700 millones de euros para la
dependencia, 2.700 millones de euros gestionados por 17 comunidades autónomas y ustedes en lugar de dar un pasito más y armonizar, han preferido contar la historia al revés, como ha hecho usted hoy: con nosotros nace un sistema, con nosotros se
empieza a tratar la dependencia. Y el problema ha sido que la gente les ha creído y la gente les creyó; hoy ya no les creen, pero la gente les creyó y, por tanto, pensaron que efectivamente con los anteriores no había nada y con ustedes, como
usted ha dicho, ha pasado a haber de todo, cuarto pilar del Estado del bienestar, un nuevo sistema. Y la gente se ha frustrado, porque la gente pensaba que pasaba de cero a cien en un año, como usted ha contado, y simplemente, como yo le he dicho,
han sido capaces en el primer año, 2007, de aportar, según su respuesta, 82 millones sobre algo de casi 3.000 millones en España. Por tanto, eso, que era un pequeño pasito, que era una buena cosa, usted, señora secretaria de Estado, con su
sobreactuación, con sus exageraciones, lo ha convertido en algo frustrante, ha elevado tanto las expectativas de la buena gente, de los 400.000 supuestos beneficiarios, que los ha frustrado.
Mire, solo le pido una cosa señora secretaria de Estado, que haga conmigo una división, solo le pido una división, sé que no voy a obtener más de usted. Usted dice que hay 400.000 beneficiarios. Bien. Si hace la división de los 400.000
beneficiarios entre los 392 millones que dice haber puesto este ejercicio, resulta a 80 euros al mes, 80 euros al mes por gran dependiente. Señora secretaria de Estado, que estamos atendiendo a la gran dependencia, es decir, a personas con una gran
discapacidad. Y con 80 euros al mes, haciendo la división con sus propios datos, se paga el 5 por ciento de una plaza residencial, cuando esos 400.000 beneficiarios grandes dependientes necesitan, según la ley, atención continuada, es decir, el
mejor recurso sería una plaza residencial, acabo, señor presidente, para la que usted aporta el 5 por ciento. Por tanto, resitúe, señora secretaria de Estado, como ya ha hecho la ministra, sus afirmaciones en la realidad cotidiana a la que se
enfrentan personas mayores y personas con discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Señor Barrachina, de dónde se saca usted esas cosas. ¡Hay que ver las cosas que dice! Usted empieza a mostrar su
incredulidad y lleva la incredulidad a tales términos que dice: no hay empleo, no hay esto, no hay lo otro. Empieza con su incredulidad y ¿sabe dónde termina?, no creyendo cuáles son los atendidos en España. Entonces mi pregunta es, ¿señor
Barrachina, es usted consecuente con toda la reflexión que ha hecho y me va a decir que, contrariamente a lo que dice la Generalitat que comunica al sistema de información común de las comunidades autónomas que en la Comunidad Valenciana hay 25.417
valencianos y valencianas recibiendo la atención de los servicios y prestaciones de dependencia, que esto no es verdad? ¿Va usted a llegar a decir esto? ¿Llega usted a decir esto, señor Barrachina? Porque usted, cuando pone en duda estos datos, y
los otros, y los otros termina poniendo en duda algo como es cómo funciona su propia comunidad.
Y claro, eso no puede ser, porque yo en mi exposición lo que he dicho es que hoy tenemos sistema de dependencia; hace dos años no lo había. Pero yo lo
que tengo que decir es que en 2004, después de ocho años de Gobierno del Partido Popular, no había Ley de Dependencia, y para dependencia en los Presupuestos Generales del Estado había exactamente cero, exactamente cero euros. Hoy tenemos un
proyecto de presupuestos que dedica 1.158 millones de euros, 400.000 ciudadanos, por cierto, los mismos ciudadanos que han sido valorados por su comunidad autónoma, porque los valoran las comunidades autónomas, les dan el certificado como persona
dependiente las comunidades autónomas, incluida la suya; también les dan los servicios y las prestaciones las propias comunidades autónomas.
Señor Barrachina, la Ley de Dependencia ha supuesto, por supuesto, más protección social, más actividad económica, porque efectivamente hoy tenemos más teleasistencia, más ayuda a domicilio, más centros de día, más atención residencial, y
eso supone, en el conjunto de los servicios sociales, un incremento del empleo. Porque si se conciertan más plazas, y dicen las comunidades autónomas que han sido 54.238, esas plazas son atendidas por personal, por personal que va desde médicos
geriatras hasta cuidadores profesionales, ayudantes de geriatría, podólogos, fisioterapeutas, todo ello tiene un impacto muy positivo en el empleo que ha supuesto un incremento del 29 por ciento, un impacto muy positivo y que desde luego tiene que
crecer exponencialmente en los
próximos años, como preveían los expertos, pero, sobre todo, como ya hoy confirman los datos rigurosos y transparentes de las propias comunidades autónomas y de la Seguridad Social.
- MEDIDAS PARA ATENDER LOS PERÍODOS DE DESCANSO DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES, A TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18.4 DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000302.)
- NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE APOYO A LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18.4 DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000303.)
- ACCIONES DE APOYO A LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE PERSONAS DEPENDIENTES PUESTAS EN MARCHA A TRAVÉS TANTO DE MEDIDAS FORMATIVAS COMO INFORMATIVAS, SEGÚN DISPONE EL ARTÍCULO 18.4 DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000304.)
- NÚMERO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS RECONOCIDAS PARA EL CUIDADO DE FAMILIARES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/17949). (Número de expediente 181/000563.)
- IMPORTE MEDIO MENSUAL DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS RECONOCIDAS PARA EL CUIDADO DE FAMILIARES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/17950). (Número de expediente 181/000564.)
- PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROMOVIDOS PARA LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/17951). (Número de expediente 181/000565.)
- CAMPAÑAS INFORMATIVAS REALIZADAS PARA LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/17952). (Número de expediente 181/000566.)
- MEDIDAS PARA ATENDER LOS PERÍODOS DE DESCANSO DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/17953). (Número de expediente 181/000567.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente tanda de preguntas: preguntas números 181/302, 181/303, 181/304, 181/563, 181/564, 181/565, 181/566 y 181/567.
Tiene la palabra el señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Mire, señora secretaria de Estado, ese es su problema, querer contar cosas que no existen, que no son verdad. Dice usted que no había dinero para la dependencia, mire si lo sabrá usted, que es la que ha suprimido
los 71 millones del Plan de acción para personas mayores de la etapa de gobierno del Partido Popular, 71 millones de euros a los que usted va a añadir otros 35 millones de euros que usted resta del Programa de atención a personas mayores para el
Imserso para el próximo año, dinero que existía, obviamente, en la etapa de gobierno del Partido Popular. Pero le diría más, ustedes crean una denominación presupuestaria que se llama Dependencia y, evidentemente, si la crea usted con esa
denominación no había nada anterior, porque la ha creado usted de nuevo. No se preocupe usted, doña Amparo Valcarce, que si eso es lo que le preocupa, nosotros cambiaremos también el nombrecito y así diremos que con el nuevo nombrecito ustedes
tampoco pusieron un céntimo.
Yo no dudo de lo que aportan las comunidades autónomas, es más, en la Comunidad Valenciana, como en la de Madrid y en las de gobierno del Partido Popular, que están resistiendo una furiosa campaña dirigida por usted y
por Rodríguez Zapatero que les lleva a soportar manifestaciones organizadas por usted y por Rodríguez Zapatero sobre la inaplicación de la Ley de Dependencia, los datos son absolutamente fiables, los que no son fiables son los suyos. Le he pedido
una división que usted no ha querido, señora Valcarce, o no ha sabido hacer. Su página dice 400.000 beneficiarios, su afirmación dice 392 millones de euros. Le he propuesto la división, divida con nosotros, y salen 80 euros al mes por gran
dependiente, que es el 5,7 por ciento de lo que cuesta una plaza residencial, según el precio medio establecido por la Federación de Empresarios de la Dependencia, que son 1.400 euros por plaza, no elevo el coste, el 5,7, y usted quiere de verdad
arrogarse el mérito de la construcción del cuarto pilar del Estado de bienestar poniendo un duro de cada cien pesetas de lo que vale un plaza residencial, teniendo en
cuenta que además de lo que ponen hay que tener en cuenta lo que restan, porque el coste indirecto, el coste de gestión del sistema de la dependencia es extraordinario, 300 por PIA según cifraba recientemente un grupo de la oposición, porque
además hay convenios singulares y sin esclarecer, a los que un día u otro tendremos acceso. Porque además hay supresión de dinero que había en la etapa de gobierno del Partido Popular. Por tanto, no es un cantidad neta; si me permite usted, era
un pasito, una buena cosa respaldada por todos, empresarios, sindicatos y la mayoría de partidos políticos, pero hoy, doña Amparo Valcarce, con su discurso solo queda usted, nadie, ni su ministra, mantiene el discurso de atribuirse méritos
extraordinarios que ya nadie, ni sindicatos, ni empresarios, ni ningún grupo políticos es capaz de atribuirle.
Y me permitiré decirle, para que usted resitúe en lo que queda el Sistema Nacional de la Dependencia, que aunque usted invirtiese los 871 millones que no va a invertir este año, aunque usted hubiese invertido en 2007 los 400 millones de
euros que mucho me temo que no ha invertido, eso supone veintiséis veces menos que la paguita de los 400 euros que se gastó en campaña electoral, supone seiscientas veces menos que los 150.000 millones de euros para garantizar el sistema financiero
nacional, supone mucho menos que aquella paga, denostada por ustedes, de los 100 euros para las madres trabajadoras, que son 1.200 al año, y que supone más que la aportación media que, como le he dicho, se queda reducida a 80 euros por gran
dependiente y mes, y nadie dijo, cuando en 2001 se puso la paga de 100 euros, que se construía el cuarto, el quinto o el sexto pilar del Estado del bienestar. Por tanto, sus afirmaciones deben venir contrastadas no por lo que pone en el presupuesto
sino por la ejecución presupuestaria, solo así tendrá sentido. Y además, deben ustedes desperezarse y aplicar y desarrollar reglamentariamente la ley. Vienen en la ley, además de peticiones sobre el informe anual, obligaciones sobre el apoyo a
cuidadores no profesionales -concluyo señor presidente-, como también otra serie de obligaciones, como es el Plan de 0 a 3 años. Aquí, en septiembre, se llegó a una acuerdo sobre su regulación en el plazo de un año, una serie de actuaciones a las
cuales todos estamos empujando, y la verdad es que el resultado es entre escaso, señora secretaria de Estado, y nulo.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Lamentablemente el señor Barrachina nos recuerda una vez más que el Partido Popular siempre se ha quedado fuera
de los avances sociales en nuestro país. Nos ha recordado que se opone al apoyo fiscal a las familias, es decir los 400 euros, que se opone a la prestación económica de 2.500 euros por nacimiento o adopción de hijo y también nos ha recordado hoy
aquí que se opone a todas las medidas que van dirigida a apoyar a las personas dependientes. Señor Barrachina, en 2004 había para dependencia exactamente cero euros. Están previstos 1.158 millones de euros para el año 2009, y en este año 871
millones de euros que desde luego tenga usted la seguridad de que se ejecutarán íntegramente, y precisamente los datos que le he facilitado al mes de octubre así nos lo garantizan, como no puede ser de otra manera. Pero sobre todo le quiero aclara
dos cosas.
Una, la liquidación del mínimo es mensual y todas la comunidades autónomas lo están recibiendo puntualmente mes a mes. Dos, la liquidación del nivel acordado, los convenios, se realiza trimestralmente y en el último trimestre a la firma
del convenio, por lo tanto se está realizando puntualmente, puntualmente; por lo tanto, cumpliendo todas las obligaciones. Señor Barrachina, la transparencia nos obliga a que todos los acuerdos y convenios se publiquen en el BOE, usted mismo nos
lo ha demostrado exhibiendo el BOE. Todos los acuerdos se llevan a Consejo de Ministros, por lo tanto transparencia total. Pero sobre todo le recuerdo que el mínimo está regulado por real decreto, un real decreto en el que además se precisa la
cantidad que la Administración General del Estado paga mensualmente por cada una de las personas dependientes reconocidas por las comunidades autónomas, según su grado y nivel de dependencia. Y estas tareas se han hecho eficaz y diligentemente,
como reconocen todas las comunidades autónomas. Y en ello seguimos estando. Más le digo, en el apoyo a los cuidadores no profesionales, por supuesto significarle -y le insisto, los datos deben ser manejados con el máximo rigor, porque en el
proceso, lógicamente, los datos cambian mes a mes y día a día- que a 24 de noviembre de 2008 están dadas de alta en la Seguridad Social 38.281, personas y recibiendo la correspondiente prestación económica. Tengo que decirle que a fecha 23 de
noviembre, y con los datos facilitados por las comunidades autónomas, son los siguientes: en Andalucía, 35.577; en Aragón, 4.326; en Asturias, 3.863; en Baleares, 1.446; en Canarias, 726; en Cantabria, 2.633; en Castilla y León, 2.180; en
Castilla-La Mancha, 6.126; en Cataluña, 16.916; en la Comunidad Valenciana, 1.286; en Extremadura, 1.067; en Galicia, 7.542. No figuran en Madrid a fecha 23 de noviembre. En Murcia, 3.712; en Navarra, 3.381; en el País Vasco, 6.006; en La
Rioja, 482; en Ceuta y Melilla, 642, lo que hace un total de 97.911 personas que están, por lo tanto, recibiendo la prestación económica de cuidados familiares.
NÚMERO DE REUNIONES MANTENIDAS POR EL COMITÉ CONSULTIVO CREADO AL AMPARO DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000308.)
INFORMES O PROPUESTAS FORMULADAS POR EL COMITÉ CONSULTIVO CREADO AL AMPARO DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente
181/000309.)
- FECHA EN LA QUE CREÓ O SE PRODUJERON LAS MODIFICACIONES EN EL REGISTRO DE PRESTACIONES SOCIALES PÚBLICAS EN LO REFERIDO A LA APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, ASÍ COMO VALORACIÓN DEL MISMO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/8107). (Número de expediente 181/000559.)
- PREVISIONES ACERCA DE LA APROBACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA MENORES DE 3 AÑOS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/8114). (Número de expediente
181/000560.)
- MEDIDAS PARA FACILITAR LA ATENCIÓN TEMPRANA Y REHABILITACIÓN DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS, MENTALES E INTELECTUALES DE LOS MENORES DE 3 AÑOS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE
EXPEDIENTE 184/8115). (Número de expediente 181/000561.)
- RESULTADO DE LAS DELIBERACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO CREADO AL AMPARO DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA(PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO
CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/17959). (Número de expediente 181/000573.)
- PROCESO DE ELECCIÓN O DE DESIGNACIÓN DE LOS CINCO GRUPOS QUE SE DETERMINAN EN EL ARTÍCULO 40 PARA CONSTITUIR EL CITADO COMITÉ CONSULTIVO CREADO AL AMPARO DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y
ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/17960). (Número de expediente 181/000574.)
- NÚMERO DE REUNIONES QUE HA MANTENIDO EL COMITÉ CONSULTIVO CREADO AL AMPARO DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL
GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/17961). (Número de expediente 181/000575.)
- INFORMES O PROPUESTAS FORMULADAS POR EL COMITÉ CONSULTIVO CREADO AL AMPARO DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL
GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/17962). (Número de expediente 181/000576.)
El señor PRESIDENTE: Último grupo de preguntas, las 181/308, 181/309, 181/559, 181/560, 181/561, 181/573, 181/574, 181/575 y 181/576. Tiene la palabra el señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Tienen que ver con el registro de prestaciones públicas y con datos que me hubiese conocer, o que le gustaría conocer a este diputado y a la Comisión, sobre cuáles son realmente las que se han inscrito en ese
registro público de prestaciones. En sucesivas respuestas no me ha sido contestado, y me gustaría ahora tener mejor suerte.
Sobre las 38.000 altas en la Seguridad Social, me parece fantástico.
Ahora, hay una gran discrepancia entre las 91.000 ayudas por prestaciones económicas a cuidadores no profesionales y las 31.000 altas. Quiere decir que la mayor parte,
casi dos tercios de las ayudas a cuidadores no profesionales no cotizan a la Seguridad Social. Por tanto, estaríamos hablando de gente que está fuera de la Seguridad Social y que entiendo que merece una explicación razonable, que la ha de tener, el
hecho de que de cada tres ayudas para atender al mayor o la personas con discapacidad en su casa en lugar de en una residencia, dos de ella no tengan su reflejo como alta en la Seguridad Social. No me ha dicho, y no me puede decir, cuál es el
epígrafe en el se atribuyen los 70.000 o los 89.000 -en cualquier caso nunca los 215.000 anunciados en la ley- nuevos empleos, porque evidentemente en ese epígrafe se encuentran sectores que no
tienen absolutamente nada que ver con la dependencia. Y si no es así, me gustaría que usted me diga exactamente cuál es el epígrafe del que usted extrae eso dato que contrasta, que, como diría Solbes, chirría con los que ofrece el sector
residencial. Por cierto, si a usted le interesa saber lo que opina el sector residencial, léase sus informes y verá cómo ha habido una caída drástica en el inicio de nuevas residencias desde 1996 hasta ahora; una caída drástica. Y el próximo año
2009, señora secretaria de Estado, confío en que usted esté ahí y yo siga aquí de diputado para recordárselo, va a ser casi dramático el desplome al que se va a asistir en cuanto al número de residencias iniciadas. Y todo fundamentado, basado en
que, para tratar de aparentar que con la ley se atiende a mucha gente, se ha optado por dar pequeñas ayudas para el cuidado no profesional, lo que hace que el mayor, la persona con discapacidad se quede en casa y no vaya a las residencia. Y no solo
no vaya a las residencias, sino que renuncie en muchos casos a la atención domiciliaria que ya venían teniendo en favor de que un familiar, un cuidador no profesional reciba esa ayuda. Usted conoce esas denuncias igual que las conozco yo. No
querrá darles reflejo, pero evidentemente figuran ya o figurarán, confío, en las actas de los consejos consultivos que, cuando ustedes tengan a bien enviarnos el informe anual, conoceremos y se dará luz a lo que realmente está ocurriendo en un
sector que tiene poco o nada que ver con la disección del mismo que ha hecho la secretaria de Estado aquí esta mañana.
Yo insisto, el Partido Popular no se ha opuesto a todo aquello que usted ha dicho, señora secretaria de Estado, ha vuelto usted a mentir, nosotros no nos opusimos a la paga de los 2.500 euros, no nos opusimos, señora secretaria de Estado.
Nosotros en 1996 sacamos de la quiebra la Seguridad Social y nosotros, señora secretaria de Estado, sacaremos del bloqueo, del colapso este sistema que pudo ser nacional de la dependencia. Y, por tanto, usted ha venido a contestar, a responder. No
me ha respondido, pero lo que no me gusta es que encima haga usted afirmaciones de que el Partido Popular se opone a ningún desarrollo, cuando además eso no es verdad. Le pido que haga usted el esfuerzo de leer su última intervención, en la que ha
dicho cuatro cosas a las que el Partido Popular se opuso, y a ninguna de ellas se opuso. Es más, seguimos pensando que existe un sistema viable de la dependencia, y en eso nos separamos del señor Montilla, que pedía para 2009 la paralización del
sistema. Queremos que vaya adelante a pesar de usted, señora secretaria de Estado, queremos que siga adelante y, por tanto, no solo no nos oponemos, sino que queremos que el presupuesto contemple aquella expectativa que sus promesas han generado en
la opinión pública. ¿Usted cree que con los 400.000 beneficiarios de la página del Imserso, cuando se hace la división, que usted no quiere hacer, con 80 euros al mes se edifica el cuarto pilar del Estado del bienestar? Usted no se lo cree, nadie
se lo cree. Pero usted va a seguir diciendo lo contrario a lo que todo el mundo pensamos; es más, en lugar de eso, a lo que se va a dedicar nuevamente, señora secretaria de Estado, es a atacar al Partido Popular.
Pero lamento decirle que usted
tiene la obligación, forzada por el Reglamento, de venir, que va a seguir viniendo, y que con la misma facilidad con la que ustedes han rebajado de la memoria de 215.000 a 89.000, a 70.000 los empleos, lo van a seguir rebajando hasta que al final
sus cifras y la realidad lleguen en algún momento de la legislatura a coincidir. Y si usted no las hace coincidir, alguien por encima de usted se las hará coincidir algún día.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Siempre vengo al Parlamento no solo porque es una obligación legal sino porque, además, como parlamentaria que he
sido, tengo, si cabe, un doble respeto. Pero sobre todo tengo respeto por aquellos políticos parlamentarios que huyen del insulto, porque cuando un parlamentario, señor Barrachina, tiene que recurrir al insulto, como ha hecho usted hoy, es porque
ya no tiene argumentos. Porque, claro, a la hora de confrontar con la realidad se ha visto en un espejo que no le gusta. Lamento decirle, señor Barrachina, que a usted no le gusta lo que están haciendo en las comunidades autónomas, todas. Yo le
he puesto ejemplos cercanos, incluidos los de su comunidad autónoma, pero usted está ofuscado y no lo quiere ver, y yo lamento ese tipo de políticos, lo lamento, porque así es imposible. Usted así no podrá llegar a un mejor conocimiento de cómo
funciona el sistema.
Yo le estoy colocando sobre la mesa todos los datos que usted y yo compartimos, porque hoy tenemos datos que no teníamos en 2004. Hoy tenemos datos que nos permiten compartir con las comunidades autónomas la información, que
es la que dan las comunidades autónomas y que la Administración General del Estado hoy les presenta a ustedes, y es una información absolutamente necesaria para poder comprobar que estamos cumpliendo nuestros compromisos con los ciudadanos y
nuestras obligaciones legales. Hay una serie de pruebas, como son cuántas personas están siendo atendidas por el sistema, y no es lo que dice la Administración General del Estado, son los datos que facilitan las comunidades autónomas, son los datos
de las comunidades autónomas. Digo más, es que son los datos que están contrastados en la Seguridad Social.
Por eso le facilito el dato de las comunidades autónomas y el de la Seguridad Social, y no hay discrepancia, no hay ninguna discrepancia
porque, según prevé el real decreto que regula los cuidados en el entorno familiar, -y esto está en un real decreto, por lo tanto las normas están en un real decreto-, ese real decreto es cumplido por las comunidades autónomas y por la Seguridad
Social. Tenemos, según los datos de las comunidades autónomas,
90.000 prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, de los cuales 38.000 están dados de alta en la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque perfectamente tiene derecho, según este real decreto, a una prestación económica por
cuidados en el entorno familiar una persona que perciba una pensión, y si se está recibiendo una pensión ya no se necesita alta en la Seguridad Social. Puede también recibirlo una persona que esté recibiendo la prestación por desempleo; ya tiene
Seguridad Social, no necesita su alta. Así pues, situaciones tasadas en las que no necesariamente la persona que da los cuidados familiares tenga que estar dada de alta en la Seguridad Social. Por lo tanto, 38.000 sí, porque no están en ninguna de
esas situaciones y entonces es obligatorio darles de alta en la Seguridad Social. Por cierto, según prevén los Presupuestos Generales del Estado, el alta en la Seguridad Social se paga íntegramente por la Administración General del Estado, ese es
un coste de la dependencia que asume íntegramente la Administración General del Estado.
Por lo tanto, esa es la situación en este caso concreto.
Tenemos también -lo hemos compartido todos los diputados hoy aquí- los datos de las comunidades autónomas sobre creación de plazas en residencias, en centros de día, en teleasistencia, en ayuda a domicilio.
Esas son las plazas que dicen las
comunidades autónomas, creadas con cargo a la dependencia y que se financian con cargo a la dependencia, y esas plazas generan empleo, el empleo que en Seguridad Social está en el ámbito de los servicios sociales. Actualizo el dato que hemos
facilitado en el mes de septiembre, -estamos en noviembre y ya tenemos los datos correspondientes a octubre-, y actualizado ese dato, es verdad que en septiembre la presentación que hicimos pública era de 70.000 empleos nuevos, y hoy disponemos de
un dato actualizado que supone un incremento del 29 por ciento.
DE LA SEÑORA DO CAMPO PIÑEIRO, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEÑORA MÉNDEZ MONASTERIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:
- MEDIDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE PARA FAVORECER A LAS FAMILIAS Y, EN ESPECIAL, A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES Y NUMEROSAS. (Número de expediente 181/000178.)
- FECHA PREVISTA PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE FAMILIAS NUMEROSAS PARA ADECUAR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE DECLARA NULOS DE PLENO DERECHO LOS ARTÍCULOS QUE SE REFIEREN A LA NO ACUMULACIÓN DE LOS DESCUENTOS EN
TRANSPORTE. (Número de expediente 181/000208.)
- NECESIDAD DE QUE FORME PARTE DEL OBSERVATORIO DE LA FAMILIA LA FEDERACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS. (Número de expediente 181/000209.)
El señor PRESIDENTE: Terminamos así las preguntas del señor Barrachina y pasamos a las preguntas de la señora Do Campo. La señora Do Campo, que sustituye a la señora Méndez Monasterio, tiene la palabra para hacer las preguntas
correspondientes al grupo 181/178, 208 y 209, que son los puntos 42.º a 44.º del orden de día. Señora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señora secretaria de Estado, como ha dicho el presidente, le voy a formular en una intervención las preguntas referidas a las medidas que va a tomar el Gobierno para favorecer a las familias y en especial a las
familias monoparentales, así como a las familias numerosas, y, por otro lado, conocer la necesidad de que forme parte del Observatorio de la familia la Federación de Familias Numerosas, así como la fecha prevista para modificar el Reglamento de la
Ley de Familias Numerosas para adecuar la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulos de pleno derecho los artículos que se refieren a la no acumulación de los descuentos en transporte. Está pregunta fue presentada en el mes de julio y
casualmente el viernes pasado el Consejo de Ministros aprobó dicho reglamento de cumplimiento de la sentencia. Señora Valcarce, comenzado por esto último, desde el Grupo Popular tenemos que lamentar que hagan las cosas mal, tarde y a rastras, como
se dice vulgarmente.
Tarde, porque, como sabe usted muy bien, el reglamento de familias numerosas lo desarrollaron después de dos años de haberse aprobado la Ley de Protección de Familias Numerosas. Le recuerdo que la ley se aprobó con el Gobierno
del Partido Popular en noviembre de 2003, ni más ni menos que hace cinco años. También le digo que hacen las cosas mal porque en el desarrollo reglamentario cometieron un grave error, y tuvo que ser el Tribunal Supremo el que les quitó la razón con
la sentencia notificada en abril de 2008; y a rastras, porque han tardado otros siete meses más para modificar ese reglamento. Quisiéramos saber qué explicación nos va a dar usted por esta tardanza.
Respecto al Observatorio de la familia ha pasado algo parecido. Han tardado en su puesta en marcha para cumplir con la disposición adicional sexta de la Ley de Protección de Familias Numerosas, sobre un órgano que nosotros consideramos muy
importante, que da la facilidad de conocer la situación de las familias, su calidad de vida, y permite realizar un seguimiento de lo que deben ser las políticas sociales que afectan a las familias. Por tanto, es un órgano positivo que nos puede
hacer recomendaciones, no solo al Gobierno, sobre las políticas públicas que se hayan de desarrollar para mejorar el conocimiento de las familias y de sus necesidades. También somos conscientes, señora secretaria de Estado, de que es un
observatorio no solo de familias numerosas
sino de la familia en general. No podemos entender cómo ha podido quedar fuera de ese observatorio la Federación de Familias Numerosas, cuando es precisamente en la Ley de Familias Numerosas donde se crea dicho observatorio.
Respecto a la primer pregunta, me gustaría saber qué medidas van a llevar a cabo para favorecer a las familias, en especial a las familias monoparentales, a las familias numerosas, muchas de las cuales lo están pasado realmente mal por la
crisis económica. No entendemos cómo la partida de la Dirección General de Familia se ha reducido en un 78 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Insisto de nuevo en que el proyecto de presupuestos prevé un incremento en política social del 12,16 por ciento.
En ese proyecto de presupuestos se incorpora por primera vez un nuevo plan, es el Plan de la Parentalidad Positiva, y en este plan se incorporan medidas específicas para favorecer a las familias con menores rentas, con mayor vulnerabilidad social,
entre las que se encuentras las familias monoparentales. En ese plan hay una parte muy importante que es el convenio con las comunidades autónomas, para reforzar los programas de apoyo a las familias con mayores necesidades.
Se incluye también el
refuerzo de la colaboración con las ONG y, sobre todo, se pone en marcha un servicio de orientación, mediación familiar y puntos de encuentro. Este nuevo servicio de los puntos de encuentro, en convenio con las comunidades autónomas, tiene por
objeto, por lo tanto, reforzar los servicios que se ofrecen a las familias en una situación de mayor dificultad. Además, se potencia la línea de colaboración con las comunidades autónomas, pero también con las organizaciones representativas de las
asociaciones de familias, en lo que tiene que ver con la conciliación de la vida familiar y laboral.
Sobre la segunda cuestión que usted ha planteado, el Consejo de Ministros del pasado viernes, el día 21, ha aprobado el real decreto por que el se adoptan nuevas medidas para reforzar las ayudas a las familias numerosas.
Entre ellas está,
en primer lugar, el trato preferente para recibir ayudas de libros de texto para todos los alumnos de familias numerosas, independientemente de la titularidad del centro educativo al que asistan.
En segundo lugar, las familias numerosas podrán
acumular los beneficios a los que tienen derecho en el transporte, ya sea por carretera o por ferrocarril, con otros descuentos aplicables sobre las tarifas de estos servicios. Por lo tanto, nuevo Plan de Parentalidad Positiva y refuerzo de las
ayudas a las familias numerosas.
Respecto a la cuestión que usted plantea sobre el Observatorio estatal de familias, este Gobierno es el que ha creado el Consejo Estatal de Familias, que por cierto se constituyó hoy hace exactamente un año, el 26 de noviembre de 2007. Por
lo tanto, en el seno del Consejo Estatal de Familias se crea el Observatorio de las familias, y en el punto 2 del orden del día del 26 de noviembre de 2007 se procede a la elección de los miembros de ese observatorio. La elección se hace de entre
los candidatos y se presentan seis candidatos, entre ellos la Federación Española de Familias Numerosas, pero los votan las asociaciones de familias, que no votaron a la Federación Española de Familias Numerosas. Por lo tanto, el observatorio
simplemente aplica la ley y respeta la votación democrática que hacen las asociaciones de familias. ¿Cómo queda constituido el Observatorio estatal de familias? Lo constituyen: Ceapa, que es la Confederación Española de Padres y Madres de
Alumnos; Femur, la Federación de la Mujer Rural; FDPE, que es la Federación nacional de puntos de encuentro para el derecho de visita; FELG, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales; OI, plataforma de organizaciones de
infancia, y FAMS, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. No resultó seleccionada la Federación Española de Familias Numerosas, no fue votada por el resto de consejeros del movimiento asociativo familiar.
(La señora Do Campo Piñeiro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sí, señora Do Campo, le queda tiempo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señora Valcarce, lo simpático, por no poner otro adjetivo, es que ustedes lanzan titulares y usted viene a decir aquí que el Ejecutivo aprueba un real decreto que permite a las familias acumular descuentos en el
transporte. Pero lo que ha hecho el Gobierno ha sido aprobar las medidas que permiten a esas familias tanto acumular descuentos en transporte público como beneficiarse de un trato preferente para recibir las subvenciones públicas para libros.
Pero, señora Valcarce, esto es restaurar derechos que ustedes les habían conculcado.
Se lo vuelvo a decir: la ley se aprobó en el año 2003, después de cinco años, y lo que ustedes están haciendo es trasladar la resolución del contencioso
administrativo que les ha obligado ni más ni menos que a tener que hacer esa modificación del reglamento. Eso es lo que les ha pasado, y ahora usted nos tendría que explicar qué pasa con todas estas familias que desde que ustedes han hecho el
reglamento, desde que está aprobada la Ley de Familias Numerosas, no han podido disfrutar de estos beneficios que venían en la ley y que ustedes en el desarrollo reglamentario se han saltado a la torera.
Respecto al Observatorio de la familia, ya sé que existe el Consejo Estatal de Familias Numerosas y me parecen muy bien todas las asociaciones que nos ha nombrado. Nosotros no vamos a excluir ninguna, pero echamos de menos a esta
federación. No quiera usted hacer ninguna lectura equivocada, que a veces las hace, una lectura partidista en este tema, nosotros simplemente
no entendemos que no pueda estar la Federación de Familias Numerosas cuando parten de una ley.
El señor PRESIDENTE: Señora Do Campo, vaya finalizando.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Finalizo, señor presidente. Nosotros creemos que es una ironía, que la federación no esté dentro del Observatorio de la familia. Y usted me habla de unas asociaciones.
El señor PRESIDENTE: Señora Do Campo, ha terminado su tiempo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Usted me habla de unas asociaciones, que salieron por votación, pero también hay dos asociaciones que usted sabe muy bien que se incluyeron sin votación: el Foro Español de la Familia y la Unión de Asociaciones
Familiares. No me ponga esa cara. Esas no han salido por votación sino por ser de familias.
- MEDIDAS PARA MAYORES ADEMÁS DEL PROGRAMA DE VACACIONES Y TERMALISMO.
(Número de expediente 181/000179.)
- SUSTITUCIÓN DE LOS FONDOS QUE SE DESTINABAN AL PLAN GERONTOLÓGICO.
(Número de expediente 181/000396.)
- PRESUPUESTO DESTINADO A LOS MAYORES NO DEPENDIENTES. (Número de expediente 181/000397.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a la siguiente tanda de preguntas, que es la correspondiente a las preguntas 181/179, 396 y 397.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señora Valcarce, en la actualidad, como sabe usted muy bien, casi un 17 por ciento de los ciudadanos españoles son personas mayores de 65 años, y si nos vamos a comunidades autónomas como la que yo represento,
Galicia, ese porcentaje ya supera el 20 por ciento.
Tenemos en España más de dos millones de personas mayores de 80 años, según el Instituto Nacional de Estadística, y ante estas cifras los organismos internacionales nos están alertando
constantemente de la alta tasa de envejecimiento que se alcanzará en 2050 y que conllevará un gasto en pensiones y también un gasto sociosanitario de vigilancia a todas estas personas. Por eso, nosotros entendemos, desde el Grupo Popular, que hay
que hacer un esfuerzo importante con medidas dirigidas a este colectivo. Es verdad que muchas de estas actuaciones, y lo ha dicho anteriormente el diputado Barrachina, estaban recogidas en el Plan Gerontológico que este Gobierno hizo desaparecer y
que obligó a que muchas comunidades autónomas tengan que cubrir no solo las infraestructuras sino también muchos servicios en su totalidad. Yo le pregunto, señora Valcarce, qué pasa con esos fondos que antes se dirigían a este plan. El desarrollo
de la dependencia no se puede hacer a costa de que desaparezcan otras prestaciones. La señora Pérez hacía referencia a los mayores que no son dependientes, y nosotros también la hacemos para ver dónde está el dinero que no es para esos mayores
dependientes y que ha desaparecido a costa de la eliminación del Plan Gerontológico. A esto, señora secretaria de Estado, nosotros lo llamamos recorte social, y por ello le pregunto qué medidas a mayores además del programa de vacaciones, que ya
nos lo sabemos muy bien, y del termalismo, que lo presentaron ayer mismo casualmente también en Santiago de Compostela, van a poner en marcha, cuál es la situación de fondos que se dedicaban al Plan Gerontológico y qué presupuesto va dirigido en
concreto para las personas mayores no dependiente.
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): El Consejo Estatal de Familias lo creó este Gobierno, en el mismo están representadas las familias numerosas y en
su Observatorio de las familias están representadas las asociaciones elegidas de entre ellas. No puede el Gobierno incorporar a aquellos que no han sido votados. Por lo tanto, la Federación de Familias Numerosas, que sí forma parte del Consejo de
Familias, no está en el Observatorio porque así lo han decidido las asociaciones de familias. Y entre las políticas familiares una prioridad es la atención a las personas mayores. El Gobierno mantiene su compromiso con las personas mayores, y lo
hace, tal como he dicho a lo largo de mi comparecencia, mejorando su autonomía económica, es decir, las pensiones, mejorando también las prestaciones de los servicios de dependencia; mejorando las prestaciones económicas de dependencia,
ampliándolas, de común acuerdo con la implantación de su calendario, según prevé la propia ley, pero también poniendo en marcha otras medidas como las que aquí he señalado. Entre ellas, una muy importante es la que tiene que ver con el libro blanco
sobre el mayor, que recogerá los derechos de las personas mayores y su participación social; la educación a lo largo de toda la vida, el envejecimiento desde una perspectiva de género, las personas de edad que viven solas, las políticas de atención
al medio rural, las relaciones intergeneracionales, el trabajo y la jubilación. Por supuesto, quiero referirme además a la importancia del termalismo social y de las vacaciones para las personas mayores, la mejora de las pensiones no contributivas
y a algo fundamental como es el refuerzo del Plan Concertado de Servicios Sociales.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra, señora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señora secretaria de Estado, en numerosas ocasiones la hemos escuchado a usted y hemos escuchado a líderes de su partido decir que no habría recorte social en los presupuestos. Pero explíquenos qué pasó en
concreto. Ya conocemos la cifra que nos ha dado por activa y por pasiva del incremento en política social, pero nosotros queremos saber qué pasó con el Plan de acción para las personas mayores, que ustedes han eliminado, y es por lo que incluso
nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado de 2009. Usted sabe muy bien que el Plan de acción para las personas mayores 2003-2007 había supuesto un cambio sustancial en los planteamientos y en lo que
debían ser las estrategias dirigidas a las personas mayores. Es verdad que este plan había conjugado las competencias nacionales con las autonómicas para una buena política social dirigida a este colectivo, y siempre a través de la cooperación y
del consenso. Por tanto, nosotros seguimos sin saber por qué ustedes han reducido el presupuesto de mayores en 35,5 millones de euros. Usted siempre decía que la política de prevención para las personas mayores era fundamental, pero no hemos visto
ninguna respuesta en los presupuestos.
Nos repite el programa de viajes y el programa de termalismo, pero queríamos saber si tienen intención de realizar otras actuaciones.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Señora Do Campo, los planes a lo que usted se refiere tenían fecha de caducidad, han cumplido su tarea. He
insistido, señora Do Campo, en que no hay ningún recorte, ninguno; el presupuesto se incrementa en 12,16, por lo tanto, no hay ningún recorte. Y debo insistir en que después de una década se incrementa el Plan Concertado de Servicios Sociales,
porque es, de acuerdo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el vehículo para la financiación de los servicios sociales comunitarios, de los servicios sociales básicos. Y eso es lo que hemos hecho: fortalecer los servicios sociales
para que puedan llegar en toda España en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos a través del plan concertado. Para las personas mayores dependientes hemos reforzado la financiación de la dependencia con un incremento del 33 por cierto. Por
lo tanto, no se produce ningún recorte, no; ahí están los presupuestos, ahí están los incrementos importantísimos. Pero sobre todo tenemos que hacerlo de una manera en la que seamos capaces de garantizar la calidad y la equidad, y para ello tiene
que ser consensuado con comunidades y ayuntamientos. El instrumento jurídico que lo permite es el Plan Concertado de Servicios Sociales, para poder atender a todas las personas mayores que lo necesitan, y luego la financiación necesaria para los
programas que viene desarrollando el Imserso y además la dependencia. Por lo tanto, hay un incremento del 12,16 y en el caso de la dependencia, un incremento del 33 por ciento. Estamos, por lo tanto, haciendo un gran esfuerzo para que los
servicios sociales y la dependencia tengan una financiación que permita el desarrollo de un sistema de calidad, pero sobre todo prestaciones de calidad.
- MEDIDAS ADEMÁS DEL PROGRAMA EDUCA 3 PARA LA ATENCIÓN DE LA INFANCIA Y LA PREVENCIÓN DE LOS MENORES. (Número de expediente 181/000180.)
- PRESUPUESTO QUE SE VA A DESTINAR PARA CUMPLIR EL COMPROMISO DE ESCOLARIZAR A LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS. (Número de expediente 181/000205.)
El señor PRESIDENTE: Ahora, para formular las preguntas 181/180 y 205, tiene la palabra la señora Mercant.
La señora MERCANT NADAL: Estas dos preguntas datan del mes de junio y están agrupadas. El Grupo Parlamentario Popular solicitaba información sobre las medidas que el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte tiene previstas,
además del programa Educa 3, para la atención de la infancia y la prevención de los menores. Una vez informada la Comisión sobre estas medidas, fuera del Plan Educa 3, una información sobre el presupuesto, ahora ya hecho público, que se va a
destinar para cumplir el compromiso de escolarizar a niños de 0 a 3 años.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Efectivamente, el Gobierno aprobó el primer Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2006-2009. Este
plan ha contado con la colaboración de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y el movimiento asociativo, siendo el Observatorio de infancia el órgano encargado de su confección y seguimiento. Entre los
objetivos, el más importante, el objetivo estratégico fundamental es la atención a los menores de 3 años, es decir, el apoyo a las familias para la conciliación de la vida profesional y laboral a través de la generación de nuevos servicios de
escuelas infantiles en la red 0-3 años. Para ello, el Gobierno ha aprobado el Plan Educa 3. Es un plan a cinco años que tiene como objetivo principal que en el año 2010 cumplamos y además podamos estar por encima de nuestras obligaciones con los
objetivos de la cumbre de Lisboa. En Lisboa nos hemos comprometido
a que en 2010 el 33 por ciento de los niños de 0 a 3 años pueda tener disponible una plaza de escuela infantil. Para ello el Gobierno aprobó el Plan Educa 3. Está dotado con 1.087 millones de euros. Esta es una financiación compartida con
las comunidades autónomas y a que además se pueden sumar otras administraciones para generar una red de calidad para la atención de los niños menores de 3 años.
El señor PRESIDENTE: Señora Mercant.
La señora MERCANT NADAL: Señora secretaria, usted no nos ha nombrado ninguna media fuera del Plan Educa 3, lo que me hace pensar en una cita de Shakespeare. Decía William Shakespeare: en la amistad y en el amor se es más feliz con la
ignorancia que con el saber. Yo en esto momentos añadiría que a veces en política también se es más feliz en la ignorancia. Pero me voy a centra en el citado Plan Educa 3 que, como usted bien sabe, bien ha dicho, apareció como plan estrella.
También ha hablado de este plan estrella en esta Comisión otra diputada, proponiendo, según palabras textuales, un total de 300.000 nuevas plazas educativas para la educación infantil de primer ciclo, es decir, de 0 a 3 años. Quiero recordar que en
el programa electoral de 2004 del Partido Socialista, en la página 73, se establecía ya la promesa de 300.000 plazas para 0 a 3 años, compromiso que, por cierto, fue incumplido en la pasada legislatura. En esta legislatura han retomado esta promesa
y han prometido para ese Plan Educa 3 la cantidad de 1.087 millones de euros entre 2008 y 2012 con financiación compartida con las comunidades autónomas. En el año 2008 el presupuestos ascendió a casi 130 millones de euros, 129 millones 793.830,
para ser más exacta. Para 2009 lo han congelado a 100 millones de euros; hasta el momento suma la cantidad de 229 millones 293.830 euros para la mitad de la legislatura. Falta mucho dinero para llegar a la cantidad prometida de 1.087 millones.
Quiero hacer notar el recorte económico efectuado con las evidentes consecuencias de recorte social, aunque nuestro presidente, el señor Rodríguez Zapatero, afirme en prensa y ante sus afiliados que no habrá recortes sociales, y usted, señora
Valcarce, también lo ha reafirmado esta mañana, ni recortes ni retrasos. Tengo que suponer que este recorte es debido a que se han percatado de que ni aportando dinero suficiente, o bien por inoperancia o por ser el plan equivocado, ha supuesto un
despilfarro de dinero si lo relacionamos con los resultados obtenidos.
El número de plazas que se han creado, y que reúnen las condiciones mínimas legales, no hace suponer que se vaya a alcanzar el objetivo prometido. Como ejemplo, en Baleares estamos muy lejos de haber creado las 2.000 plazas prometidas para
el primer año, y desde luego no se vislumbra la posibilidad de llegar a las 4.000 prometidas para 2011.
Utilizando el estilo sublime de nuestro presidente, el señor Rodríguez Zapatero, pondrá todo su empeño con total seguridad y firmeza para que
los ciudadanos no duden de su total determinación de que no habrá ningún recorte social y que cumplirán con lo prometido. Pero como ciudadana me sentiría más feliz si cambiara el tiempo verbal, utilizando el presente hoy y en la próxima
comparecencia el pasado, sin que tenga que volver a suponer un acto de fe.
El señor PRESIDENTE: Señora Mercant, tiene que ir acabando.
La señora MERCANT NADAL: ....por parte de los ciudadanos, de tal forma que pueda usted venir aquí a decirnos que han cumplido con sus deberes, ya que hasta ahora los resultados nos confirman lo contrario. Gracias, señora secretaria, y
espero, ya que tenemos una mañana de poner notas, que no me llegue el suspenso por estar en la oposición, que es el lugar que se me ha asignado.
El señor PRESIDENTE: No se preocupe, aquí no suspendemos a nadie. Señora Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): No todos progresan adecuadamente. (Risas.) Pero, señora Mercant, me ha interesado mucho su cita de Shakespeare,
espero que usted no piense que esto no es una historia de ruido y furia. A lo que vamos. Tenemos que tener en cuenta la financiación del tramo de la educación infantil que regula la Ley de Educación. Es que tengo que recordarle el pasado, porque
hoy tenemos la etapa de 3 a 6 años gratuita totalmente implantada, con una cobertura universal, pero fue con cuatro años de financiación y esfuerzo del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Hemos logrado el primer objetivo,
universalizar y hacer gratuito el segundo ciclo de la educación infantil, y hemos hecho un gran esfuerzo en ese mismo período para extender la educación infantil de primer ciclo, de 0 a 3 años, y hemos logrado duplicar su cobertura, según los datos
de las comunidades autónomas. Me gustaría que usted viese el informe encargado por el Gobierno a la Universidad de Vic, en el que cual usted puede ver cómo se ha duplicado la cobertura, es bien interesante ver esta cuestión.
Usted me habla de Baleares. Yo le tengo que recordar que los gobiernos reciben una herencia, y esa es la herencia recibida por el Gobierno de Baleares, y precisamente por ello, porque ahora nuestro objetivo es la cobertura de ese tramo de 0
a 3 años para garantizar una plaza de calidad, una plaza que pueda asegurar el posterior éxito escolar de los niños, ofrecer, desde luego, atención temprana para todos los que lo necesiten y apoyo educativo en esos primeros años de vida, es por lo
que se pone en marcha el Plan Educa 3. Y el Plan Educa 3 tiene un objetivo a cinco años, que es la plena cobertura de estos servicios para cumplir con nuestros compromisos con la cumbre de Lisboa, los compromisos que nosotros hemos adquirido, que
tenemos que tener
una cobertura mínima del 33 por ciento, y la financiación son 1.087 millones de euros. Por lo tanto, está asegurado su despliegue con calidad y con la financiación compartida con las comunidades autónomas.
- OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI SE HAN DEVALUADO LAS POLÍTICAS SOCIALES AL INCLUIRLAS EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE. (Número de expediente 181/000181.)
- MEDIDAS PARA FAVORECER A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS ECONÓMICA.
(Número de expediente 181/000182.)
El señor PRESIDENTE: En las dos preguntas que siguen acordamos en Mesa y portavoces que, como son dos preguntas individuales, el tiempo para ambas es de dos minutos y medio por cada una de ustedes, que pueden repartir si quieren en una o en
dos intervenciones, como en el Pleno. Dos minutos y medio para usted, señora secretaria de Estado, y dos minutos y medio para la señora Do Campo. Señora Do Campo tiene la palabra.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Con la formación del nuevo Gobierno, las competencias de políticas sociales pasaron del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Educación. Vemos que, aún así, la señora Valcarce sigue conservando su puesto como
secretaria de Estado que tiene a su cargo las políticas sociales. Pero sí es verdad que en muchas ocasiones le hemos escuchado la importancia que tenía la relación entre lo que deben de ser las políticas sociales y las políticas laborales, y hoy
incluso a lo largo de sus intervenciones lo hemos escuchado varias veces. Por lo tanto, sí nos gustaría saber, desde el Grupo Popular, si usted cree que se han devaluado las políticas sociales al incluirlas en el Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): No, señora Do Campo, y me asombra que el Grupo Popular puedan pensarlo siquiera.
El señor PRESIDENTE: Señora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: A usted no le asombra, pues a nosotros lo que sí nos asombra, y vuelvo a reiterar el dato, es que esta pregunta era formulada en el mes de junio, se ha pospuesto hasta el mes de noviembre, que es cuando viene
usted aquí a contestarnos, y por medio hemos tenido los Presupuestos Generales del Estado. Entonces, después de ver esos Presupuestos Generales del Estado de 2009 que nos han presentado, vemos una vez más que son unos presupuestos insolidarios;
insolidarios con las comunidades autónomas, insolidarios con las corporaciones locales, que son las que están haciendo en realidad el esfuerzo en políticas sociales y son las que están aplicándolas. A nosotros nos preocupa, y yo le pregunto si eso
no es devaluar, que disminuyen los programas destinados a la familia y a la infancia. A nosotros nos preocupa, y le preguntamos si no es devaluar, la desaparición del Plan de acción para las personas mayores, y usted dice que tenía una fecha,
2003-2007. Muy bien, ¿por qué no hay un plan 2008-2012? A nosotros nos preocupa, y también se lo preguntamos, si no es devaluar las importantes bajadas del presupuestos destinados a corporaciones locales para la prestación de servicios sociales,
si no es devaluación que se congelen las partidas presupuestarias para políticas de discapacidad y si no es devaluar el que ustedes no cumplan el compromiso con la estrategia de empleo para las personas con discapacidad y, por último, si no es
devaluación la casi total desaparición del Plan del Voluntariado. A pesar de lo que dice usted, señora Valcarce, si esto no es devaluación de las políticas sociales, ¿cómo lo llama usted?
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): No, señora Do Campo, no hay ninguna devaluación de las políticas sociales. Estamos en un Gobierno que prioriza
la política social, que por quinto años consecutivo dedica más del 50 por ciento de su presupuesto a gasto social. El presupuesto de política social se incrementa el 12,16 por ciento, y en su prioridad, que es la atención a la dependencia, en un 33
por ciento. Tengo que decirle que el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte se sitúa en plena sintonía con las políticas de la Unión Europea y del modelo social europeo, políticas ambiciosas de protección y cohesión social que le dan el
mismo valor a la política social que a la política económica, y que además se caracterizan por sistemas desarrollados de educación, de salud, de pensiones y de dependencia. En este sentido, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
abarca un amplio espectro de la política social, que tiene como hilo conductor las necesidades de los ciudadanos a lo largo de la vida, y que vincula educación, formación, empleo y, sobre todo, más protección social. La educación es esencial,
señora Do Campo, para transformar la sociedad, y eso es política social con mayúsculas, de primer orden. Una educación de calidad es fundamental para garantizar la cohesión social, porque asegura más formación, mejor acceso al mercado laboral,
mejores salarios y, en consecuencia, más cohesión social. Pero, sobre todo, vamos a desarrollar las políticas sociales que interesan a los ciudadanos en colaboración con las comunidades autónomas, y desde luego lo vamos a hacer reforzando los
instrumentos jurídicos que así nos lo permiten, los planes a los que me he referido prioritariamente: el Plan de Parentalidad Positiva, el Plan Concertado de Servicios Sociales y la financiación de la dependencia.
Señora Do Campo, las
políticas sociales con educación lo que hacen es revalorizar la política social.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta. Tiene la palabra la señora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señora secretaria de Estado, como usted debe saber bien, las familias lo están pasando verdaderamente mal y tienen que hacer al final de mes muchos números y muchos equilibrios. Vemos cómo las familias están
endeudadas, alcanzando este año su límite más alto de los últimos años, según un informe de La Caixa. Le recuerdo que el Euribor se encuentra en el 5,33 por cien, lo que significa que una familia que pagaba una hipoteca media de 723 euros al mes en
el mes de marzo de 2004, ahora paga más de 1.020 euros al mes. A esto hay que añadirle que hay más de 600.000 familias con todos sus miembros en el paro y 100.000 de estas familias llegaron a esta situación en estos últimos meses. Una de cada
cinco familias vive, por desgracia, por debajo del umbral de la pobreza.
Nuestro país tiene las tasas más altas de paro juvenil y femenino de la Unión Europea. La subida de los precios ya está en el 5 por cien, mientras que en 2004 era el 2,2 por
cien, lo que está repercutiendo directamente en los productos de primera necesidad y en la cesta de la compra de todas las familias. Por tanto, nosotros a mayores tenemos que decir que el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista no
acepta ninguna de las iniciativas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular para mejorar lo que es el bienestar de los ciudadanos y aliviar esta crisis que están pasando las familias.
Ante esto ustedes nos presentan, porque ya lo anunciaba anteriormente, unas medidas que no sí consideramos que discriminan a las familias. La medida de los 400 euros. Mire, una mujer soltera, sin familiares a su cargo, que tenga unos
rendimientos de trabajo de unos 14.000 euros, va a cobrar los 400 euros, mientras que una mujer que tiene un hijo de 3 años y que tenga esos mismos rendimientos de trabajo de 14.000 euros, se va a quedar sin poder cobrarlos. Esas, señora secretaria
de Estado, son sus políticas de ayuda a la familia. Por otro lado, señora Valcarce, hablemos de conciliación. Usted tiene el dato de desempleo de las mujeres, que es el más alto de la Unión Europea. Pues, mire, para que la conciliación sea una
realidad lo primero que hace falta es reducir esa diferencia de tasa de desempleo que hay entre los hombres y las mujeres y, en segundo lugar, reducir la temporalidad, que ya está en el 30 por cien. Usted sabe que temporalidad en el empleo no solo
no ayuda a conciliar, sino que incluso impide el poder formar una familia. La familia, por tanto, necesita estabilidad en el empleo y en España, por desgracia, tenemos ahora mismo menos estabilidad y menos empleo. Por todo ello, secretaria de
Estado, díganos qué medidas van a llevar a cabo para favorecer a las familias afectadas por esta crisis económica.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Señora Do Campo, usted pinta un panorama que merece una comparación. Yo le invito a usted a que compare los
indicadores que ha señalado y que le han parecido absolutamente dramáticos, con los que en los años noventa, 1997, teníamos en nuestro país y que merecieron que el entonces presidente del Gobierno dijera: España va bien. Por lo tanto, señora Do
Campo, es que este país ha cambiado mucho en cuatro años, y lo que a ustedes entonces les parecía muy bien, hoy ya no les parece bien. Además lo suyo me ha sonado a una especie de profecía que le gustaría que se cumpliera. No va a ser así.
¿Sabe
por qué, señora Do Campo? No va a ser así por dos cuestiones muy importantes, porque en estos cuatros años hemos reforzado nuestro Estado del bienestar, precisamente poniendo en valor la importancia de las medidas de apoyo a la familia para que en
situaciones económicas más difíciles puedan responder mejor. Y va a responder muy bien nuestro Estado del bienestar. Solo le quiero decir una cosa, hoy estamos mejor porque hemos acordado con los agentes sociales medidas que permiten más cobertura
para los desempleados, pero sobre todo algo muy importante, nos hemos comprometido a que no habrá decretazos como los del pasado, cuando España iba bien. Por lo tanto, señora Do Campo, las familias españolas van a tener al Gobierno de su lado,
desarrollando todos los programas y políticas que aseguren su bienestar, pero sobre todo una cosa va a estar muy clara: no habrá ningún recorte social. La prueba de ello son los Presupuestos Generales del Estado.
- PREVISIONES ACERCA DE AUMENTAR EL GASTO SOCIAL DESTINADO A LAS FAMILIAS PARA EQUIPARARLO CON LA MEDIA EUROPEA. (Número de expediente 181/000206.)
- PREVISIONES ACERCA DE SUBIR LOS LÍMITES DE RENTA PARA COBRAR LAS AYUDAS POR HIJO. (Número de expediente 181/000207.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las siguientes preguntas -otra vez tenemos cinco minutos para cada una de ustedes-, preguntas 81/206 y 81/207. Tiene la palabra la señora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señora secretaria de Estado, a día de hoy las familias españolas reciben menos ayudas porque el gasto social en política de familia ni siquiera se ha visto incrementado a la par que la inflación. Le voy a poner
un ejemplo. Las mujeres alemanas reciben 154 euros por hijo; en Luxemburgo, 216 euros, y casualmente sin poner ningún límite de rentas. La media europea es de 125 euros por hijo. Al contrario, en España, y usted lo sabe muy bien porque usted es
la responsable de las políticas de familia, se reciben 41 euros. Pero, mire, el 85 por cien de las familias ni siquiera reciben esos 41 euros por los límites de ingresos. Señora Valcarce, su apoyo a la familia es que la paga de los 100 euros al
mes para madres trabajadoras que puso en macha un Gobierno del Partido Popular, que nos sacó de la crisis que habían dejado ustedes en el año 1996, por cierto, esa paga de los 100 euros lleva congelada cinco años por ustedes. Así que, durante estos
años de Gobierno socialista, ni han querido actualizarla conforme al IPC, ni siquiera han cumplido su programa electoral, el programa electoral del señor Zapatero. Le recuerdo que no lo han extendido a todas las madres.
Me imagino que ahora nos
hablará del cheque bebé, medida también claramente electoralista que nos presentó el señor Zapatero en el último debate del Estado de la nación de 2007, cuando aprobaron una prestación de 2.500 euros por nacimiento que se incrementaba en 1.000 euros
más para familias monoparentales, familias numerosas. Ese incremento de hasta 3.500 euros para familias numerosas es un fraude, es un fraude porque están estableciendo límites de rentas muy bajos, los mismos que tienen establecidos para las
prestaciones por hijo a cargo, que son 11.000 euros o que son 16.555 para familias numerosas. Ya me dirá usted quién puede disfrutar de ese incremento. El cheque bebé se queda ahora en 69,4 euros, mientras que el Gobierno del PP puso en marcha una
ayuda de 100 euros al mes por cada hijo menor de 3 años. Esa es la pura realidad, señora secretaria. Mientras existen países como Alemania, como Suecia, que destinan por encima del 3 por cien del PIB a la familia, en concreto en España estamos por
debajo del 1,2 por cien, muy alejados de la media europea, que es del 2,1. Luxemburgo y Dinamarca superan los 1.500 euros por persona y año para prestaciones familiares, y en España tenemos solo 238 euros. Podemos decir que es uno de los países de
la Unión Europea, de los Quince, que menos ayuda a la familia. Y si hablamos ya de lo que es la prestación por hijo a cargo, diremos que la ayuda es generalmente de carácter universal, ya que dos de cada tres países dan la ayuda de forma universal,
incluso esa ayuda puede ser ampliada en razón de la edad hasta los 22 años, y en España, frente a 125 euros de la media europea, tenemos 24 euros; 24 euros sin poder superar el límite de ingresos de 11.000 euros al año y sin poder ampliar la edad
para recibir esas ayudas. Señora secretaria, esa es la realidad. Ya hemos visto que tanto las recomendaciones del Congreso como del Senado se las saltan a la torera, y yo le recuerdo una moción, defendida por mí misma en febrero del año 2006 y
aprobada por la Cámara, sobre medidas en favor de las familias para equiparar sus ayudas a las de la Unión Europea, que ustedes se las han saltado a la torera. Por eso le pregunto qué previsiones tiene el Gobierno de la nación para aumentar ese
gasto destinado a familias para equipararlo con la media europea y qué previsiones tienen acerca de subir esos límites de renta para poder cobrar esas ayudas.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): A lo largo de esta comparecencia he escuchado a los distintos portavoces del Partido Popular posiciones
diferentes, unos a favor, otros en contra, de la universalización de las ayudas. Ahora usted reclama que nos equiparemos a Alemania con universalización de todas las ayudas. Dicen que los 2.500 euros no les parecía bien, hoy lo defienden.
Bienvenidos a la defensa.
Usted matiza ese apoyo. Ustedes critican los 400 euros para las familias, pero luego piden más medidas de apoyo a las familias. Claro, este es el problema de no tener un criterio con respecto a la política familiar.
El Gobierno, por el contrario, entiende que ha de estar al lado de todas las familias, y la política de familias tiene tres ejes muy importantes: políticas de más y mejores recursos vinculados al reconocimiento de nuevos derechos;
prestaciones, es decir, ayudas económicas con carácter universal, y desde luego, en tercer lugar, la fiscalidad. Por eso hoy he tenido la oportunidad de recordarles que las prioridades del Gobierno son continuar con las medidas que hemos adoptado,
muy importantes en el reconocimiento de nuevos derechos, por ejemplo, ampliación en determinados supuestos del permiso de maternidad, incorporación del nuevo permiso de paternidad, flexibilidad en los permisos para los padres y las madres para que
puedan conciliar la vida laboral y familiar, y todo ello dentro de un marco legal que es la Ley de Igualdad. Además, más servicios para las familias que cuidan a un hijo menor de 3 años para ayudar en su crianza y educación mediante el Plan Educa
3, con escuelas infantiles de calidad para las familias que cuidan a hijos menores de 3 años. Pero las familias españolas también cuidan a una persona con discapacidad o a una persona mayor; por eso hemos desplegado el Sistema Nacional de
Dependencia. Y, sin lugar a dudas, fiscalidad, y una de las medidas fiscales de apoyo a la familia son los 400 euros. Este conjunto de medidas hacen que hoy estemos mejor preparados para que las familias españolas se puedan sentir seguras ante la
nueva coyuntura económica.
Pero, sobre todo, gracias al despliegue de estas medidas hoy podemos firmar la Carta Social Europea, porque ya cumplimos los indicadores más exigentes de la Unión Europea. Esto es incontestable. Esta es la realidad, por
supuesto. Yo le
invito a que lo compruebe en la encuesta del CIS, que nos permite conocer cuál es el grado de satisfacción con las políticas desarrolladas, y verá usted que justamente todo lo que tiene que ver con las políticas de mayores, con las políticas
de atención a la familia, es decir, con la política social es lo más valorado por los españoles.
El señor PRESIDENTE: Señora Do Campo, le queda a usted un minuto.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Medio minuto, señor presidente. La señora Valcarce dice que el Partido Popular no tiene criterio en la política de familia. Yo creo que el criterio de política de familia lo tenemos bastante más claro el
Partido Popular que el Partido Socialista. Pero no vamos a entrar en esa dinámica. A mí lo que me preocupa es que ustedes no tienen ni criterio ni presupuesto, y le vuelvo a reiterar la bajada del 78 por ciento en el presupuesto de la Dirección
General de Familia, y usted a eso no ha contestado nada, señora secretaria de Estado.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce, otro minuto.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Tengo que reiterar que ahí están los Presupuestos Generales del Estado del año 2008, pero también ahí está el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado con un incremento del 12,16. Insisto, la prioridad en la atención a las familias es dependencia y Educa 3. En dependencia hay un 33 por ciento más para financiar la dependencia, y Educa 3 tiene más de
1.000 millones de euros de financiación comprometida.
- REPARTO DE LOS 871 MILLONES PRESUPUESTADOS PARA LA LEY DE DEPENDENCIA ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 181/000393.)
- RECURSOS PRESUPUESTARIOS QUE SE DESTINAN POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000394.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas agrupadas 181/393 y 181/394.
Tiene la palabra la señora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señora secretaria de Estado, volvemos a hablar de dependencia, y tal como lo denunciamos en varias ocasiones por parte del Grupo Popular, la dotación económica que se establece la memoria económica de la Ley de
Dependencia y que se destina para las personas dependientes es claramente insuficiente y no responde ni a la demanda real de beneficiarios ni a los costes de las prestaciones y servicios.
Resulta muy alejado de la realidad destinar 375 euros de
media por beneficiario dependiente, cuando el coste medio de una plaza residencial para una persona en situación de dependencia como mínimo es de 1.300 euros, según se publicó en el estudio de la personas mayores publicado por el Imserso, y esto
significa, por tanto, que son las comunidades autónomas, una vez más, las que soportan esa diferencia de coste total, siendo necesario que dupliquen el presupuesto. El presupuesto de la dependencia se incrementa en su totalidad, pero las partidas
referidas al nivel convenido, que es lo que se destina a las comunidades autónomas, que son las que soportan en su gran mayoría el peso para llevar a cabo la Ley de Dependencia, permanecen congeladas. Mire, señora Valcarce, ustedes mismos reconocen
implícitamente esa insuficiente cuantía de este año cuando ustedes han aumentado el presupuesto para el año 2009 en un 33 por cien. Usted sabe muy bien que este año no ha sido suficiente, que hay beneficiarios que estando ya evaluados, porque hay
muchos que no están aún evaluados, no han recibido la prestación y que las comunidades autónomas son las que están soportando el peso de su aplicación, porque la Administración General del Estado ha aportado una media de un 20 por cien para todo el
territorio nacional. Usted sabe muy bien que van a poner a las comunidades autónomas en una situación realmente caótica. El Estado está aportando una media del 10 por ciento de la financiación y son las comunidades las que tienen esa carga
económica. A usted, que tanto le gusta hablar de comunidades autónomas, yo le voy a dar un dato; la Comunidad de Madrid, por ejemplo, invirtió 754 millones de euros en 2007 y solo recibió del Estado un 3,2 por ciento. O puedo hablarle de otras
comunidades autónomas que gobierna el Partido Socialista, como Andalucía y Cataluña; o puedo nombrarle Castilla-León, Madrid y Valencia, que invirtieron en 2007 entre todas ellas un total de 2.249 millones, es decir, el doble del presupuesto
estatal para el próximo año. Por tanto, señora secretaria de Estado, tenemos que lamentar que la Ley de Dependencia no está cubriendo en lo que es la parte de Administración General del Estado lo que debiera cubrir para el propio beneficiario.
Faltan en este momento, por los datos que yo tengo, más de 250 millones de euros de los 870 presupuestados para 2008 para las comunidades autónomas. Usted, señora Valcarce, es muy optimista, pero la realidad es otra; el porcentaje de perceptores
reales es muy bajo y usted lo sabe, un 16 por ciento de media según las estimaciones, lo que puede no llegar a las 80.000 personas. Es verdad que también hay muchos beneficiarios que por desgracia han fallecido antes de recibir esas ayudas, y ya se
está hablando de casi un 8 por ciento. Está habiendo muchos retrasos en lo que son las libranzas a las ayudas. Por tanto, la equidad, que nosotros consideramos que debería garantizar esta ley, no se está cumpliendo, es más, está creando una
disparidad en lo que es su propia aplicación
y se están generando unas claras desigualdades entre diferentes comunidades autónomas.
Señora secretaria de Estado, tendría que apostar claramente por un carácter automático de lo que deberían de ser las transferencias de recursos financieros del Estado a las comunidades autónomas, de modo que el 1 de enero de cada ejercicio
se les pudieran transferir esas partidas presupuestarias, porque las comunidades autónomas tienen claramente que hacer muchos números. Por tanto, el dinero, señora secretaria de Estado, destinado a la dependencia en los Presupuestos Generales del
Estado para 2009, independientemente de ese incremento que usted nos ha dicho y que ya vimos en el debate de presupuestos, es claramente insuficiente. Es insuficiente porque, volvemos a denunciar, se congela una vez más lo destinado a las
comunidades autónomas para el nivel convenido. Esperamos que en esta ocasión nos dé una respuesta más contundente que la que dio antes al compañero señor Barrachina.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Señora Do Campo, con toda la contundencia, no. Porque, señora Do Campo, tiene que tener usted en cuenta que lo que
está pidiendo no está en la ley y, claro está, todas las administraciones tenemos que cumplir las normas, todas, y, por tanto, tenemos que sujetarnos a cómo se realiza la financiación de los servicios sociales y de la dependencia. Insisto, la
financiación de los servicios sociales es la que está prevista a través del mecanismo puesto en marcha por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se ve la financiación ordinaria de las comunidades autónomas. Una cosa son los servicios
sociales, que tienen su propio esquema de financiación de conformidad con las leyes, y otra lo que tiene que ver con la Ley de Dependencia, que prevé la financiación en lo que se refiere a las comunidades autónomas a través de tres niveles. El
nivel básico, que es el que garantiza la Administración General del Estado librando mes a mes -lo dice la ley- a las comunidades autónomas, y así lo estamos haciendo, el mínimo que la Administración General del Estado determina por real decreto y
según el número de personas dependientes en grado y nivel que tenga cada comunidad; el nivel acordado es el segundo nivel y, por tanto, aquel que se libra mediante convenios acordados en el marco de cooperación interadministrativa, cosa que estamos
haciendo, de conformidad con la Ley General Presupuestaria, trimestre a trimestre y, en el último trimestre, a la firma del convenio. Puede haber un tercer nivel con carácter voluntario para cada comunidad autónoma y que las comunidades autónomas,
dentro de lo que son sus competencias exclusivas, ponen en marcha. En este momento, para el año 2008, 871 millones de euros, que se van a ejecutar íntegramente, como pone de relieve la ejecución que ya se ha realizado a fecha 31 de octubre. Para
el año 2009 hay un incremento del 33 por ciento. No obstante, el Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco del consejo territorial, han puesto en marcha un grupo de estudio de la financiación. De los resultados de ese grupo de estudio
tendrán cumplido conocimiento y se tomarán las decisiones que procedan una vez que el grupo de estudio de las comunidades autónomas y el Gobierno hayan concluido sus trabajos. Es necesario ver qué financiación están dedicando las comunidades
autónomas porque la de la Administración General del Estado está en los presupuestos de una forma clara y transparente. Su propio compañero de grupo dijo que sí es verdad que en los presupuestos hay una línea dependencia que suma 871 millones de
euros en 2008 y 1.158 en 2009.
También necesitamos que con el mismo rigor y transparencia lo tengan las comunidades autónomas y podamos establecer los procedimientos para reforzar en lo que sea necesario una financiación que tiene que ser
suficiente, estable y sostenida en el tiempo.
- GRADO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA, ASÍ COMO NÚMERO DE PERSONAS QUE ESTÁN RECIBIENDO LOS SERVICIOS PREVISTOS EN LA CITADA LEY.
(Número de expediente 181/000395.)
- PREVISIONES ACERCA DE LA FIRMA DE CONVENIOS EXTRAORDINARIOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA.
(Número de expediente 181/000398.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último grupo de preguntas, la 181/395 y 181/398. Tiene la palabra la señora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señora Valcarce, el número de beneficiarios para que se les aplique la Ley de Dependencia es mayor que el estimado según la memoria económica, ya que supera las 600.000 solicitudes, por tanto, la ley no puede
cubrir el coste real de la dependencia, que está siendo cubierta por las comunidades autónomas y por las corporaciones locales. Yo no dudo de las intenciones de la secretaria de Estado, pero desgraciadamente las buenas intenciones no son
suficientes para que se pueda desarrollar en condiciones una ley, como es la Ley de Dependencia, que necesita un fuerte compromiso presupuestario. Y esa es la mejor intención que podría aportar usted desde su secretaría de Estado.
Señora secretaria, releyendo una comparecencia suya aquí, en el Congreso de los Diputados, usted dice que la dependencia se está desplegando en toda España. Yo no sé cómo ve usted ese despliegue, pero desde luego no es tan rápido como
desearían muchos dependientes que a día de hoy aún están sin evaluar. Usted nos decía que la Ley de Dependencia preveía una financiación de los
servicios y de las prestaciones muy clara y muy rotunda. ¿Usted cree que la financiación de esos servicios es clara y rotunda cuando ya lo ponen en duda las opiniones que se están dando desde diferentes líderes y diferentes comunidades
autónomas? El señor Campuzano hablaba antes del señor Montilla con respecto a la financiación, y yo le voy a poner un ejemplo más cercano, mi propia comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Galicia, donde el pasado 19 de noviembre el señor
vicepresidente de la Xunta de Galicia vino a firmar un acuerdo y una vez que llegó a Galicia expuso que él sería partidario de que hubiese un nuevo sistema de financiación que no precisase continuos acuerdos entre autonomías y Gobierno. Tengo aquí
la nota de prensa y puedo hacérsela llegar si quiere usted verla directamente. De la misma manera proponía, y así lo anunció, que este nuevo sistema de financiación que él presentó a la propia ministra -me imagino que usted lo tendrá también en su
poder- fue elaborado en Galicia y acordado por todos los grupos parlamentarios, es decir, por el Partido Socialista de Galicia, por el Bloque Nacionalista Gallego y por el Partido Popular para que fuese debatido en el próximo Consejo Territorial de
la Dependencia. Usted hacía referencia antes a que con lo que se estaba haciendo en Galicia se solventaba la deuda histórica con Galicia en política social. Me gustaría saber si usted tiene el dato cuantificado de lo que usted cree que es la deuda
histórica con Galicia, porque sin son esos 20 millones de euros que recibió la semana pasada el señor vicepresidente de la Xunta, con eso no vamos a ninguna parte. Me gustaría que usted pudiera decirlo directamente a muchos dependientes que hay en
Galicia, a los que nos les ha llegado ni siquiera lo que es la propia evaluación y que ni siquiera tienen aún su reconocimiento. A principios del mes de septiembre, la vicepresidenta de Igualdad y Bienestar nos cifraba en un mínimo de 80 millones
de euros la cantidad que el Estado debería aportar a Galicia en 2008, es decir, que estos 20 millones de euros que parece ser que para ustedes es la deuda histórica, según dice ahora usted, no es que los haya conseguido el vicepresidente de la Xunta
sino que es la deuda histórica; esos 20 millones suman 67 millones de euros. Los gallegos no podemos estar contentos con eso, señora Valcarce, tenemos menos dinero de lo que se había reclamado hace tan solo dos meses por parte del Gobierno gallego
para desarrollar la Ley de Dependencia en Galicia. Yo, sinceramente, no sé a quién quiere consolar usted, pero lo que está claro es que para atender correctamente a los dependientes gallegos se precisaba que el Estado diese un mínimo de 80 millones
de euros en este año 2008, y no limitarse a esos 60 millones que nos dice usted, incluidos los 20 millones anunciados. No son suficientes esos 20 millones para poder asumir a día de hoy los compromisos presupuestarios de una sola provincia en el
año 2009. Yo, señora secretaria de Estado, qué quiere que le diga, la propia Vicepresidencia de la Xunta, en septiembre, cifraba en un mínimo de 100 millones de euros las necesidades de financiamiento para Galicia en 2009, y ustedes nos quieren
vender aquí que con esa financiación adicional de 60 millones que ha dicho usted tenemos que estar contentos. Claramente tenemos que decir que hay un retraso generalizado en lo que es la implantación de las prestaciones de la Ley de Dependencia en
Galicia y, no nos venga usted a vender una cosa que no existe, como es esa deuda histórica social a la que usted hacía referencia y a la que no pone una cifra.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): ¡Ay, señora Do Campo, la deuda histórica! ¿Existe o no existe? Porque usted decía que había que tasarla más alta y
ha terminado diciendo que no existía. ¿Existe o no existe? Señora Do Campo, usted y yo estaremos de acuerdo en que en los veinte años de Gobierno del Partido Popular en la Xunta el problema, señora Do Campo, fue que no se construyeron residencias
públicas (La señora Do Campo Piñeiro: Eso no es verdad.). Señora Do Campo, no se construyeron centros de día, centros de noche. Claro, ese es el problema.
Entonces, para solventar ese problema, el Gobierno de la Xunta y el Gobierno de España
firman un convenio, un convenio sobre esa deuda histórica, 60 millones de euros, de los cuales 23 millones de euros se han pagado este año, independiente de la dependencia, señora Do Campo, porque la financiación de la dependencia para todas las
comunidades autónomas tiene un marco común y transparente, es el marco fijado por la ley; como hemos señalado, nivel mínimo, nivel acordado. Otra cosa es la financiación de los servicios sociales, otra cosa es los convenios como el de la deuda
histórica. Esa es la cuestión. Pero sobre todo, señora Do Campo, es que hay 30.715 gallegos y gallegas que ya reciben los servicios y prestaciones de dependencia, y esto es un dato muy positivo, como lo es que 2.128 gallegos y gallegas estén dados
de alta en la Seguridad Social como cuidadores familiares. No obstante, tenemos que hacer una suma de esfuerzos, y en esa suma de esfuerzos están comprometidos el Gobierno de Galicia y el Gobierno de España, por eso la pasada semana el señor
vicepresidente de la Xunta y la señora ministra han firmado un protocolo de colaboración para reforzar su compromiso con la Ley de Dependencia y asegurar el despliegue seguro de la ley en Galicia, porque nos importa mucho que todos los ciudadanos,
incluso en aquellas comunidades que partían de una situación de desventaja, como es el caso de Galicia, reciban los servicios y prestaciones en condiciones de equidad. Pero, señora Do Campo, hay algo fundamental que quiero que incorpore a su
discurso, porque es lo que está en la ley, y es que antes de la Ley de Dependencia se atendía a los ciudadanos si se podía de conformidad con los recursos presupuestarios. Ahora no, señora Do Campo, ahora las administraciones
públicas estamos obligadas a atender a los ciudadanos, porque el ciudadano tiene el derecho universal de recibir las ayudas en forma de servicios o en forma de prestaciones y, además, como la Ley de Dependencia es tan garantista, usted sabe
muy bien que lo pueden exigir en la vía administrativa o en la vía judicial. Lógicamente este es un derecho perfecto y, como derecho perfecto, nosotros, las administraciones, tenemos que responder a los ciudadanos. No obstante, el coste de los
servicios y prestaciones es lo que analiza la Comisión Delegada del Consejo Territorial de la Dependencia, lo está analizando. El Gobierno de Galicia incorpora una documento de trabajo muy valioso, estoy segura de que otras comunidades autónomas
también lo van a hacer, y esas aportaciones y el acuerdo conjunto en el consejo territorial nos podrán ayudar a determinar en qué puntos hay que fortalecer, si fuera necesario, los recursos para el Sistema de Dependencia. Y en eso no le quepa a
usted la menor duda que estamos trabajando todos, y Galicia la primera. (La señora Do Campo Piñeiro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Do Campo, ha consumido usted su tiempo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Medio minuto. Simplemente para decirle a la señora secretaria de Estado que ha faltado a la verdad cuando dice que en Galicia no existía. Yo le invitaría a que fuera a la ciudad de La Coruña y viera que las
residencias y centros de día que hay en la actualidad son los construidos por el anterior Gobierno. Desde el año 2004 no se ha construido ni un centro de día ni una residencia para mayores dependientes. Le estoy dando un dato concreto, en la
ciudad de La Coruña.
Y sí me gustaría...
El señor PRESIDENTE: Señora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Me gustaría que contestase a lo que dijo el señor vicepresidente de la Xunta de Galicia.
DEL SEÑOR CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) SOBRE:
- CONSIDERACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA LEY DE DEPENDENCIA DE LA DIFERENCIA DE COSTES EN LA PRESTACIÓN DE UNOS MISMOS SERVICIOS SOCIALES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 181/000221.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último grupo de preguntas, que va a realizar el señor Campuzano. Las dos primeras no son de agrupación, por tanto son dos minutos y medio para usted y dos minutos y medio para la señora secretaria de Estado.
La primera es la 181/221. Tiene usted la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Nos gustaría conocer la posición de la secretaria de Estado en relación con la diferencia de costes de los servicios sociales entre las diversas comunidades autónomas a la hora de configurar la financiación de
las políticas de atención a la dependencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Es un asunto muy relevante, es un asunto que estamos estudiando en un grupo de trabajo específico, porque qué duda
cabe que el coste efectivo de los servicios tiene una trascendencia fundamental a la hora de determinar la financiación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Me alegro que considere que es una cuestión relevante. Fue una pena que en la tramitación de la Ley de Dependencia no pudiésemos incorporar en los criterios, a la hora de repartir los recursos
correspondientes, esas referencias. Se incorporaron expresamente otros criterios, no ese. Usted sabe como yo que en ciudades grandes, como Barcelona, el coste de una residencia para una persona asistida se mueve entre los 1.600 y 1.800 euros. En
otras demarcaciones esos mismos servicios pueden ser satisfechos con unos costes de alrededor de 800 ó 900 euros. Por eso es significativa esa cuestión. Mi grupo le quiere trasladar que en el marco de las discusiones del consejo, pero también en
el marco de las reflexiones que hagamos en esta Cámara y en la perspectiva de nuestro papel legislativo, abordemos esa cuestión como central si queremos de verdad que las comunidades autónomas puedan hacer frente a los costes que tienen en esa
materia. De lo contrario, va a continuarse ahogando la capacidad de las autonomías de prestar los servicios necesarios. Y además, si consideramos los costes de la vida en los diversos territorios, esas diferencias aún añaden más debate a la
situación. En Cataluña, por ejemplo, según la propia Generalitat, lo que se considera una persona por debajo del nivel de la pobreza se sitúa en 591 euros al mes, y en el conjunto del Estado se sitúa en 490. Servicios sociales más caros desde el
punto de vista de los costes, en general condiciones de vida más caras para esas personas. Eso exige que el sistema de atención a la dependencia responda también a esas necesidades, y hoy eso no lo hace.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): En la financiación del Sistema de Dependencia se tienen en cuenta los indicadores previstos en la ley. No
obstante, los indicadores previstos en la ley no están tasados; es decir, la propia ley prevé que siempre que haya acuerdo por parte de todas las comunidades autónomas, se puedan incorporar otros criterios. Sin lugar a dudas, el del coste efectivo
de los servicios es un criterio relevante -yo lo he reconocido aquí-, es la razón por la que hemos encargado a un grupo de trabajo un estudio que permita al propio consejo territorial incorporar, si así lo estima conveniente, el criterio de los
costes para la financiación de la Ley de Dependencia.
- NÚMERO DE PRESTACIONES DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA QUE HAN RECIBIDO LOS FAMILIARES DE PERSONAS QUE VIERON RECONOCIDO SU DERECHO A RECIBIR LA CORRESPONDIENTE PRESTACIÓN Y QUE FALLECIERON ANTES DE RECIBIR LA MISMA.
(Número de expediente
181/000222.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las segunda pregunta, la 181/222. Señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En el inicio del despliegue de la Ley de Dependencia fue objeto de noticia en los medios de comunicación la referencia a que el retraso en la aplicación de la misma obliga a pagar por miles de muertos; los
fallecidos fueron evaluados y adquirieron su derecho a recibir ayudas. En esa misma noticia que apareció en los medios de comunicación en el mes de enero, el responsable del programa para la dependencia de la Generalitat afirmaba que podrían
encontrarse en esta situación entre 4.000 y 5.000 personas. En esa misma noticia había manifestaciones de responsables de Castilla-León y de Extremadura que reconocían que efectivamente se había producido esa situación. En el caso, por ejemplo, de
Extremadura, se hablaba en aquellos meses de 200 personas ya fallecidas habiendo sido reconocidas y redactado su plan individual de atención. Me gustaría conocer si el Gobierno tiene información al respecto.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Ese es un dato exclusivo de las comunidades autónomas; son las comunidades autónomas las que en su ámbito de
gestión disponen de este dato desagregado. No obstante, tengo que señalar que la Ley de Dependencia es muy garantista y lo que prevé es que las personas que hayan sido valoradas, que tengan por tanto el dictamen con su grado y nivel y que tengan
también su programa individual de atención en el cual tienen una resolución con el servicio o la prestación económica a la que la ley les da derecho, devengan la misma desde el momento de la solicitud. Por tanto, de acuerdo con estas previsiones de
la ley, y tal como se realiza en otros sistemas como puede ser el de la Seguridad Social, se pueden recibir con carácter retroactivo solo en esas condiciones. Pero, insisto, son las previsiones de la ley.
Son las comunidades autónomas quienes
disponen de esta información sobre las personas que pudieran estar en esta situación, puesto que al sistema común lo que se comunica son exclusivamente las altas y las bajas, exclusivamente, no la situación que plantea, porque es un dato que solo
tiene el gestor del sistema, es decir, la comunidad autónoma.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano ¿quiere decir algo?
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora Valcarce, si yo estuviese en su lugar y hubiese leído esas noticias en los medios de comunicación o si conocidos míos o gente que se me acerca me informase de ese tipo de situaciones, la verdad,
intentaría tener información precisa sobre lo que está sucediendo. Yo le traslado que el Ministerio de Educación y Política Social abra un proceso para aclarar ese tipo de información, entre otras cosas porque quizá al principio de este año se
tuvieron unos criterios en esta materia y hoy se están teniendo otros para situaciones parecidas. Me parece relevante, como expresión de los problemas que tiene la aplicación de esta ley y me parece relevante desde el punto de vista de la situación
de las familias porque, como se puede imaginar, recibir una prestación económica por alguien que ya ha fallecido tiene una enorme carga de herir la sensibilidad de las personas y la expresión del mal funcionamiento de la Administración y, en última
instancia, expresa también una ausencia de criterios a la hora de decidir si tiene sentido que alguien que ya no está vivo reciba unas prestaciones económicas por un servicio que ya no va a poder recibir. Yo creo que la situación es suficientemente
grave para que el Ministerio de Educación y Política Social nos pueda dar información y, si no la tiene, que la exija a las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce, 30 segundos.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Pido su benevolencia, señor presidente.
Señor Campuzano, una cosa es disponer de información y otra cosa es que esa información podamos entregarla, sobre todo, porque la información del sistema es una información de las comunidades autónomas. En este
momento tenemos un grupo de trabajo precisamente para acordar el tipo de información que va a formar parte del sistema de información común. Por tanto, la información que nosotros facilitamos es la de las comunidades autónomas y es la
información acordada. Es verdad que tenemos un grupo de trabajo para ampliar esa información, desagregarla e incorporar detalles como los que aquí se han planteado, pero mediante el acuerdo con las comunidades autónomas. Señor Campuzano, la
relación con las comunidades autónomas es siempre de respeto y, por tanto, yo no voy a dar más información que aquella que estamos todos estamos obligados por las normas a cumplir. Cuando acordemos que vamos a tener más información, con toda
transparencia esta Cámara la tendrá, no le quepa la menor duda.
- VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO SISAAD, DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000223.)
- COSTE DEL PROGRAMA INFORMÁTICO SISAAD, DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000224.)
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano vamos a las preguntas 181/223 y 181/224. Ya sabe que ahora son cinco minutos para cada uno. No es necesario que los agoten, es simplemente una posibilidad que está ahí.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En estas dos preguntas nos interesábamos por el funcionamiento del programa informático del sistema. En la puesta en marcha de la ley hubo problemas, o así al menos fue denunciado por diversas comunidades
autónomas. Yo no sé si esa información que figura en la página web del Imserso, insuficiente respecto al número de prestaciones reconocidas al detalle, está vinculada o no con problemas del programa informático, pero sí nos gustaría saber sobre
aquello que se informó en los medios de comunicación de fallos en el ordenador del Sistema de Dependencia, y que determinadas comunidades autónomas habían optado por no utilizar el sistema que el ministerio había puesto en marcha. Si esas
informaciones son ciertas ¿qué medidas ha tomado el Gobierno para corregir esa situación?
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Señor Campuzano, el sistema informático es el que da soporte al sistema de información común de las comunidades
autónomas. Es un aplicativo que permite la gestión directa, y también las comunidades autónomas pueden incorporar sus datos al sistema de información común Vía Web Service. Por lo tanto, no le quepa la menor duda de que todas las comunidades están
volcando sus datos; el sistema de información está disponible para su utilización en castellano, valenciano, gallego, catalán y euskera; al sistema informático que da soporte a la información común se han dedicado 19.252.455,17 euros; hemos
estado a disposición de todas las comunidades, absolutamente de todas las comunidades para hacer de la utilización de esta herramienta un sistema eficiente de información común; la evidencia de la satisfacción de los usuarios, es decir, de las
propias comunidades autónomas como de los datos disponibles ya por el sistema de información hace que entendamos que son resultados muy alentadores; el sistema nos permite tener una información sobre solicitudes, sobre tramitaciones y dictámenes,
que también es una información muy valiosa para las propias comunidades autónomas; en este momento está haciendo una evaluación del sistema informático la Agencia de Calidad, y nosotros lógicamente pondremos a disposición de la Cámara los
resultados de este informe.
Además, el sistema permite en todo momento ampliar la información disponible y, como he señalado, el grupo de trabajo de indicadores y calidad de la información ya tiene muy adelantadas sus tareas para que el aplicativo
-que lo permite, que además lo permite así- pueda disponer de una información más amplia, más desagregada, con nuevos indicadores, sobre todo en lo que tiene que ver con las prestaciones económicas, para conocer más en detalle todo lo relacionado
con los servicios, con la calidad y cualidades de los servicios que se están ofreciendo, y más información sobre todo referida a la distribución medio urbano-medio rural. Por lo tanto, el sistema informático da soporte a una de las obligaciones que
nos impone a las administraciones la Ley de Dependencia, que es un sistema de información común para todos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Seguro, señora Valcarce, que el sistema debe de mejorar cuando ese 48,85 por ciento de las prestaciones reconocidas en la web del ministerio figura como no especificadas. Por tanto, bienvenida cualquier mejora
que se produzca en el mismo. En todo caso he de recordarle que, en respuesta también a una pregunta por escrito que yo hice en relación a lo mismo, se nos afirmaba que aunque el funcionamiento en términos generales puede considerarse positivo, las
conversaciones mantenidas con las consejerías han puesto de manifiesto algunas dificultades y problemas que el Gobierno piensa evaluar y corregir, si fuera el caso. Nos gustaría conocer qué dificultades y qué problemas pusieron de manifiesto las
comunidades y si se han corregido por parte del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Primera cuestión, nos hemos puesto a disposición de todas las comunidades autónomas, y lo que se puso de
manifiesto es que algunas comunidades autónomas tenían dificultades de compatibilidad de sus sistemas informáticos. Esas dificultades han sido todas solventadas, y tengo que reconocer que las comunidades autónomas han hecho un gran esfuerzo para
poder tener esa información disponible. Segundo, señor Campuzano, que haya una columna de prestaciones sin especificar no es responsabilidad del sistema de información, sino de que las comunidades autónomas no han cargado esa información. En este
momento es el objetivo fundamental del sistema de información común el que todas las comunidades no solo digan qué prestación económica o servicio, sino que no pueda haber prestaciones sin especificar, todas han de ser especificadas. Pero además
tenemos que tener en cuenta que hay que especificarlo con más información, tal como he señalado en mi respuesta anterior, y tiene una trascendencia muy grande, señor Campuzano, y así lo señalan muchas comunidades autónomas, porque hay que tener en
cuenta que precisamente esta información es la que sirve de base para la liquidación del mínimo mensual para cada comunidad autónoma. Por eso quiero decirle que tenga usted la seguridad de que es una información absolutamente rigurosa, contrastada,
y que es una información no solo estadística, sino que es la información económica para la financiación del mínimo.
- NÚMERO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS VINCULADAS A SERVICIOS DE ASISTENTE PERSONAL, DE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DE DEPENDENCIA, OTORGADAS Y CUANTÍA DE LAS MISMAS. (Número de expediente 181/000225.)
- NÚMERO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS VINCULADAS A RESIDENCIA, DE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DE DEPENDENCIA, OTORGADAS Y CUANTÍA DE LAS MISMAS.
(Número de expediente 181/000226.)
- NÚMERO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS VINCULADAS A CENTROS DE DÍA, DE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DE DEPENDENCIA, OTORGADAS Y CUANTÍA DE LAS MISMAS.
(Número de expediente 181/000227.)
- NÚMERO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS VINCULADAS A SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO, DE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DE DEPENDENCIA, OTORGADAS Y CUANTÍA DE LAS MISMAS. (Número de expediente 181/000228.)
- PREVISIONES ACERCA DE MODIFICAR EL BAREMO DE LA LEY DE DEPENDENCIA.
(Número de expediente 181/000229.)
- NÚMERO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS VINCULADAS A CUIDADORES PROFESIONALES, DE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DE DEPENDENCIA, OTORGADAS Y CUANTÍA DE LAS MISMAS. (Número de expediente 181/000230.)
- NÚMERO DE PRESTACIONES EN SERVICIOS, DE LOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000231.)
- NÚMERO DE PERSONAS QUE ESTÁN SIENDO ATENDIDAS POR UN ASISTENTE PERSONAL DE LOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000232.)
- NÚMERO DE REUNIONES MANTENIDAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000233.)
- COSTE DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA LEY DE DEPENDENCIA REALIZADA DURANTE EL AÑO 2007. (Número de expediente 181/000234.)
- NÚMERO DE CONVENIOS DE LOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEPENDENCIA ACORDADOS. (Número de expediente 181/000235.)
- NÚMERO DE REUNIONES CELEBRADAS POR EL COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000236.)
- DECISIONES EN LAS QUE HAN SIDO CONSULTADOS LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000237.)
MEDIDAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA FACILITAR LA AUTONOMÍA PERSONAL, TAL Y COMO CONTEMPLA LA LEY DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000238.)
NÚMERO DE PERSONAS QUE TIENEN RECONOCIDA LA PENSIÓN DE GRAN INVALIDEZ O LA NECESIDAD DE ASISTENCIA DE TERCERA PERSONA, QUE HAN SOLICITADO SER RECONOCIDOS COMO DEPENDIENTES. (Número de expediente 181/000239.)
- MEDIDAS PARA FOMENTAR LOS PLANES I+D+I, CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000240.)
- DECISIONES ADOPTADAS EN EL MARCO DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000241.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a tratar las preguntas del señor Campuzano, números 225 a 241.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Buena parte de estas preguntas también fueron formuladas por escrito y recibimos respuesta a la mayoría de ellas. Quiero solicitarle a la señora Valcarce que si existen datos actualizados sobre estas preguntas
se nos trasladasen por escrito para evitarnos continuar la sesión, pero sí deseo comunicarle mi queja sobre una pregunta por escrito que presenté en julio de este mismo año, en la que preguntábamos por las cantidades transferidas a las comunidades
autónomas desde el 1 de enero del 2007 para financiar el mínimo garantizado por la Administración General del Estado, de acuerdo con la Ley de Dependencia, y a esa pregunta, insisto, de julio de este año aún no hemos recibido respuesta, a pesar de
la petición de amparo de la Presidencia al Gobierno. Y eso enlaza con algunos de los debates que el señor Barrachina mantenía con usted hace un rato, sobre los niveles de cumplimiento del Gobierno en relación a los mínimos garantizados. Después
del debate que han mantenido anteriormente me han quedado dudas en la línea de que no tenía respuesta a esa pregunta, y por tanto le solicito por favor que con la máxima diligencia se nos responda a la misma.
El señor PRESIDENTE: La señora secretaria de Estado tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Desde enero a octubre por el nivel mínimo se han liquidado las siguientes cantidades de euros: a Andalucía
135.928.728,06; Aragón, 22.254.595,09; Asturias, 17.953.998,67; Baleares, 6.147.024,64; Canarias, 5.793.439,58; Cantabria, 8.745.735,83; Castilla-La Mancha, 19.519.858,84; Castilla y León, 27.135.966,65; Cataluña, 62.218.303,50;
Extremadura, 8.053.267,88; Galicia, 26.909.939,85; Madrid, 17.506.975,55; Murcia, 9.730.263,67; La Rioja, 4.903.326,02; Valencia, 20.787.900,52. En el caso de Navarra y el País Vasco tengo que hacer una salvedad sobre lo efectivamente
liquidado, puesto que el sistema de liquidación, por el cupo vasco y la aportación navarra, se realiza por otro procedimiento; entonces está liquidado en el caso de Navarra 85.921,44 euros a lo que ha de sumarse 6.866.148,75 euros; en el caso del
País Vasco efectivamente liquidado 33.403.079,86 euros a lo que está reconocido el devengo, aún no liquidado por el especial procedimiento de liquidación del cupo vasco, de 15.515.734,65 euros, lo que supone un total de 449.460.209,05 euros.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Le agradezco la información, pero recuerdo que la pregunta se refería desde el 1 de enero de 2007, y he de entender que las cifras que usted me daba eran del presente 2008.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD (Valcarce García): Señor Campuzano, el dato disponible para mí en este momento es de enero a octubre, pero por supuesto se lo
remitiremos actualizado de enero de 2007 a la fecha que corresponda en su momento.
El señor PRESIDENTE: Solo quiero decir que hemos tenido una sesión muy productiva, señora secretaria de Estado; hemos limpiado de preguntas la agenda de la Comisión, y deseo agradecérselo a la señora Valcarce, que ha venido por obligación,
pero que ha demostrado hacerlo con devoción, con toda la devoción, lo que nos ha permitido hacer el trabajo que hemos hecho esta mañana. Se levanta la sesión.
Eran las tres y quince minutos de la tarde.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 104, correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el día 9 de octubre, página 30, segunda columna, línea 55, donde dice:'(La señora Esteve Ortiga pide la palabra.)', debe
decir: '(La señora Esteve Ortega pide la palabra.)'.