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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 145, de 18/11/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 145
NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA
Sesión núm. 4 celebrada el martes 18 de noviembre de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de la Seguridad Social (Granado Martínez) para presentar el informe de seguimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000309.)...
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Empezamos la Comisión del Pacto de Toledo con el punto único del orden del día, que es la comparecencia del secretario de Estado de la Seguridad Social para presentar el informe de seguimiento de las recomendaciones del
Pacto de Toledo.
Señor secretario de Estado, bienvenido, querido amigo. Cuando quieras.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Granado Martínez): Muchas gracias, presidente.
Comparezco ante esta Comisión para presentar el informe que el Gobierno de España, la Administración de Seguridad Social, presenta sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión parlamentaria de renovación
del Pacto de Toledo, que concluyó sus trabajos el día 3 de octubre con la publicación de su dictamen del año 2003. Como ustedes recordarán, en el último punto del dictamen de dicha Comisión se contenía la previsión de que la Comisión consideraba
oportuno que el Congreso de los Diputados procediera, transcurridos al menos cinco años, a una revisión general del grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el mismo mediante instrumentos parlamentarios específicos para ello. En
este sentido, el Gobierno hizo público el mismo día 3 de octubre, cuando se cumplía el plazo de cinco años que se contenía en el mandato de la Comisión, su voluntad de exponer ante la Comisión el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la
misma y además elaboró un informe, que SS.SS. han conocido la semana pasada, sobre las recomendaciones de la Comisión. Por lo que se refiere a la metodología de confección del informe hemos procurado seguir, para permitir una comparación en
términos de serie, aunque sea muy limitada, la misma metodología del informe que el Gobierno de España presenta ante la Comisión en junio del año 2000, que sirvió para iniciar los trabajos de la legislatura 2000-2004, que dieron origen a las
recomendaciones cuyo recorrido venimos hoy a cumplimentar. Y, lógicamente, junto al informe, que todas SS.SS. conocen porque se les ha remitido la semana pasada, hemos presentado un documento que tiene su importancia, el tercer documento de
proyecciones y estrategia nacional en materia de pensiones que el Gobierno de España, de acuerdo con el método abierto de coordinación en materia de pensiones de la Unión Europea, remite a la Comisión Europea, al área de política social, para
permitir el enjuiciamiento de la marcha del sistema español de pensiones. De acuerdo con el método abierto de coordinación, dicho informe tiene carácter trienal. El primero se presentó en el año 2002 -lo tengo aquí, a disposición de SS.SS.-, el
segundo en el año 2005 y el tercero en el año 2008, con un plazo temporal de proyecciones estadísticas que en los dos primeros casos llegaba al año 2050 y que en el informe del año 2008 ha llegado al año 2060. El informe de estrategia nacional de
pensiones seguía en los años 2002 y 2005 la cumplimentación de un cuestionario de diez ítems o bloques temáticos que remitía a la Comisión Europea, y en el año 2008 se incluye como un apartado específico dentro de un informe global sobre protección
social, en la que existen otros apartados -exclusión social, sistema sanitario, etcétera-, pero el bloque referido a la estrategia nacional en materia de pensiones es básicamente el mismo.
Paso ya sin más dilación a hacer un resumen del cumplimiento que el Gobierno de España estima que se ha realizado en los últimos cinco años, desde octubre de 2003 hasta octubre de 2008, de las recomendaciones de la Comisión parlamentaria.
En primer lugar, hay un bloque de recomendaciones que, como ustedes bien conocen, hace referencia a la financiación de la Seguridad Social. Por un lado, hablan de la separación y clarificación de las fuentes de financiación y, por otro, de los
tipos de cotización, de la financiación de los regímenes especiales, de la mejora de las bases de cotización y de las cotizaciones orientadas al empleo. En este sentido, es preciso señalar que en la legislatura 2004-2008, por primera vez en la
historia de la Seguridad Social española en la época democrática, la evolución de las bases mínimas de cotización de los diferentes regímenes y de las pensiones mínimas ha sido una evolución en paralelo, lo cual, a nuestro juicio, es el instrumento
imprescindible para garantizar a medio y largo plazo la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por muy ambiciosos o por muy voluntaristas que queramos ser en la mejora de la acción protectora de nuestro sistema de protección social, nuestro
sistema de protección social, como su mismo nombre indica, es un sistema de aseguramiento, de seguro, y por lo tanto la evolución de los ingresos y de los gastos en el sistema debe ser una evolución en paralelo. Si queremos seguir subiendo las
pensiones mínimas en nuestro país, es necesario seguir mejorando las bases mínimas de cotización. Esto se puede realizar bien adoptando medidas legales o bien llegando a acuerdos con los órganos representativos de los trabajadores y empresarios de
un sector de actividad, que permitan la mejora voluntaria de las bases de cotización. Tal ha sido, por ejemplo, el sistema utilizado en el régimen especial del mar, donde por acuerdos con las cofradías de pescadores todos los años hemos producido
incrementos de las bases de cotización superiores a la inflación, entendiendo los trabajadores y los empresarios del sector que esta mejora de las bases de cotización se traduciría en el futuro en una mejora de las prestaciones del sistema. Tal fue
el componente de los acuerdos firmados por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Trabajo en la anterior legislatura, que permitieron la integración, a través de un sistema especial del régimen especial agrario en su vertiente de
trabajadores por cuenta propia, en el régimen especial de trabajadores autónomos, lo cual permitió que los agricultores y ganaderos de este país pasaran de cotizar sobre bases mínimas
a cotizar sobre las bases más elevadas, que son mínimas en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y tal ha sido la consecuencia del último acuerdo conseguido, que se ha incorporado a la Ley de Presupuestos para 2009, en materia del
régimen especial agrario de la Seguridad Social en su vertiente de trabajadores por cuenta ajena, que ha permitido situar la base mínima de dicho régimen, en transición también hacia su reconversión en un sistema especial dentro del régimen general,
en la base mínima del régimen especial de trabajadores autónomos, algo más elevada que las bases mínimas. Todas las bases mínimas del régimen general de la Seguridad Social han crecido como ha crecido el salario mínimo en todos y cada uno de los
grupos de cotización y en este sentido su incremento ha sido notable y el incremento de la base media de cotización del conjunto del sistema ha sido todos y cada uno de los años superior a la inflación. Desde nuestro punto de vista, por lo tanto,
es necesario garantizar un equilibrio prestacional entre los ingresos del sistema y los gastos y seguir procediendo a la mejora de las bases mínimas de cotización y del conjunto de las bases de cotización de nuestro sistema de protección social,
porque además allá donde existe base mínima, base tarifada de cotización, allá donde no existe una cotización vinculada a los rendimientos reales de los trabajadores, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, no existe ningún tipo de
correspondencia entre las aportaciones y las prestaciones del sistema. Da lo mismo cotizar cuarenta años que quince porque uno cobra la pensión mínima si cotiza por la base mínima y da lo mismo ganar el doble que la mitad porque uno sigue cotizando
por una base que no se corresponde con los rendimientos de su trabajo. Por lo tanto, evidentemente, no existe ningún incentivo ni a la mejora del aseguramiento ni a la estabilidad del sistema y allá donde existen bases mínimas de cotización es
donde el sistema pierde más en el equilibrio prestacional, pues las prestaciones son diferentes de las aportaciones realizadas por los trabajadores.
En cuanto a las medidas tomadas en materia de bases de cotización, también cabe señalar que se han intentado corregir por la vía de acuerdos con las organizaciones del sector, implementados a través de las sucesivas leyes de presupuestos,
los supuestos más frecuentes de infracotización, como es el caso de las personas que escogían aseguramiento a edades muy avanzadas para cotizar los periodos mínimos que garantizaban el derecho a pensión.
En el caso de los regímenes de trabajadores
por cuenta propia, se les ha asignado una base de cotización más elevada de manera paulatina, con elevaciones del 1,5 por ciento adicionales a las elevaciones generales que se producen todos los años en las bases de cotización en el caso de los
trabajadores autónomos, que permite también restablecer el equilibrio prestacional entre aportaciones y prestaciones. En el caso de los trabajadores autónomos, me gustaría señalar por terminar este apartado que el Gobierno y la Administración de
Seguridad Social ha realizado, de acuerdo con el sector, diferentes campañas informativas para que el conjunto de los trabajadores autónomos se implicara de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo en la mejora de sus bases de cotización;
campañas que han tenido un resultado muy positivo, que se han traducido en un incremento muy notable, por ejemplo, de los trabajadores autónomos que han suscrito voluntariamente la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y que
han mejorado sus bases de cotización.
Esto sería lo que cabría decir en cuanto a los ingresos del sistema. Los ingresos del sistema han evolucionado en positivo todos los años, han crecido más que los gastos todos los años hasta llegar al año precedente en el que estimamos que
en cómputo absoluto, es decir, en moneda corriente, el crecimiento de los ingresos y los gastos va a ser básicamente el mismo. Esto ha permitido que se incrementara el excedente de Seguridad Social, excedente que se ha incorporado, tal y como
prescriben los acuerdos políticos que en materia de Pacto de Toledo desde el año 1995 han venido informando las diferentes actuaciones de los gobiernos de España, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con la excepción que ya he comentado en la
legislatura anterior en esta Comisión de una parte del excedente al que el año pasado se le dio un destino diferente, que fue la amortización anticipada de un préstamo que tenía la Seguridad Social con el Banco de España hasta el año 2019. Esta, es
una práctica que todos los grupos parlamentarios avalaron como correcta.
Parecía bastante más razonable amortizar anticipadamente los préstamos que no tener más dinero en el fondo de reserva y seguir pagando intereses de un préstamo abierto. Este
préstamo era el último, después del préstamo que liquidamos en relación con el Servicio Público de Empleo Estatal en el año 2005, y, por tanto, en estos momentos nuestro sistema de Seguridad Social no tiene ningún tipo de deuda ni de préstamo ni de
operación de crédito contraída con ninguna entidad financiera de naturaleza pública o privada. En este sentido, hemos hecho nuestro trabajo y hemos tenido alguna capacidad de previsión de que en los buenos tiempos lo que hay que hacer es fortalecer
y consolidar la situación financiera del sistema para esperar tiempos peores.
En materia de financiación y de relación entre ingresos y gastos, la última de las referencias que habría que hacer es que hemos conseguido también -y tienen puntual relato de estas cuestiones en el informe que se les ha facilitado a sus
señorías- mejorar los indicadores económicos de la Seguridad Social en materia de gestión. La tasa de morosidad ha continuado descendiendo, se ha situado en el mínimo histórico del sistema en el año 2007, la recaudación por vía ejecutiva ha seguido
aumentando, el control de las empresas por parte de la Seguridad Social ha seguido perfeccionándose y, en este sentido, podemos decir que en España contamos con uno de los sistemas de Seguridad Social mejor gestionados del mundo.
Y cuando hablo de
gestión no me estoy refiriendo, evidentemente, a la gestión política del sistema, sino a la gestión administrativa desarrollada por unos
funcionarios, cuya calidad y entrega solo cabe alabar. Todos los años tenemos, sistemáticamente, en las estadísticas de Eurostat los menores gastos de gestión imputables a los sistemas de Seguridad Social de Europa, tenemos los menores
tiempos de respuesta en la petición de prestaciones de Europa y tenemos unos indicadores realmente privilegiados. En una ocasión escuché a uno de los economistas más reputados de este país decir que si la Agencia Tributaria tuviera los mismos
indicadores de gestión en cuanto a morosidad y fraude que tiene la Administración de Seguridad Social, en este país las cosas pasarían de manera muy diferente. Esta es la realidad de la Seguridad Social, que es una realidad positiva y en la que la
lucha contra el fraude ha sido extraordinariamente vigorosa en los últimos años, con una última reflexión, aunque la tocaré con posterioridad hablando de otras cuestiones, que es la lucha contra la economía informal o sumergida. Como ustedes
recordarán, el gran trabajo del año 2005 realizado por la Administración de Seguridad Social fue el afloramiento de más de 500.000 realidades contractuales de trabajadores extranjeros que estaban presentes en España y que en aquellos momentos no
cotizaban a la Seguridad Social, lo cual se tradujo en un incremento importante del número de afiliados, que también a medio y largo plazo supondrá una mejora de la pirámide de población de los afiliados del sistema y de la sostenibilidad y de la
consolidación del sistema.
En materia de organización del sistema, en esta legislatura también hemos dado pasos significativos en un trabajo que estaba pendiente desde el año 1995 de desarrollo del Pacto de Toledo, que era la simplificación de regímenes. En estos
momentos hemos incluido a los trabajadores agrarios por cuenta propia, como les decía antes a SS.SS., en el régimen especial de trabajadores autónomos. La Ley de Presupuestos del año 2009 permitirá que los trabajadores agrarios por cuenta ajena
coticen de una forma esencialmente similar a la de los trabajadores del régimen general y permitirá la incorporación en un sistema especial dentro del régimen general en el año 2009 y, de acuerdo con nuestros interlocutores en el diálogo social, en
el momento que culminemos el trabajo en el régimen agrario, pasaremos a abordar la integración del régimen especial de empleadas de hogar en el régimen general de la Seguridad Social, con lo cual, restando únicamente dos regímenes que tienen
importancia significativa por el arraigo que tienen en sus sectores de producción, que es el régimen especial del mar y el régimen especial de la minería del carbón, en la práctica todos los trabajadores españoles, con esa leve excepción de esas
90.000 personas de estos dos regímenes especiales, estarán, según nuestras previsiones a finales del año 2009, incorporados en los dos regímenes únicos de Seguridad Social, previstos en el Pacto de Toledo del año 1995, que es el régimen de
trabajadores por cuenta ajena, que es el general, y el régimen de trabajadores por cuenta propia, que es el especial de trabajadores autónomos.
En materia prestacional, hay que señalar que las recomendaciones del Pacto de Toledo hacían referencia a las prestaciones de viudedad y orfandad, a la solidaridad, a la garantía de suficiencia, a la mejora de las prestaciones mínimas y a la
mejora de las situaciones de las personas discapacitadas y de la atención a la dependencia. En el informe que se les aneja se contiene un apartado en relación con el desarrollo del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia en las situaciones de
falta de autonomía personal, que lógicamente es competencia del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y que ha sido elaborado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y Atención a la Discapacidad. En cuanto a las
personas discapacitadas, tienen SS.SS. en el informe una referencia a los diferentes acuerdos conseguidos por el Gobierno en la legislatura pasada con las organizaciones representativas del sector; acuerdos que se han traducido en la aprobación de
la estrategia nacional para el empleo de las personas con discapacidad.
En materia de Seguridad Social, me interesaría señalar que por primera vez en la historia de la Seguridad Social española se han elaborado disposiciones específicas sobre pensiones mínimas para el colectivo de personas discapacitadas. En
estos momentos existe una consideración especial para las situaciones de discapacidad en las pensiones de viudedad y orfandad y se han solucionado algunos de los problemas con los que nos encontrábamos en los años 2003 y 2004, como era el de la
compatibilidad de las pensiones no contributivas en el caso de personas discapacitadas que encontraban trabajo, como era el caso de la compatibilidad de las pensiones de orfandad con las pensiones no contributivas por discapacidad y como era la
falta de equiparación de las ayudas familiares para los menores discapacitados en relación con las prestaciones no contributivas; equiparación que se ha conseguido en la legislatura presente.
En cuanto al conjunto general de prestaciones, como bien conocen SS.SS., la política de elevación de pensiones mínimas desarrollada en la anterior legislatura ha permitido que las pensiones mínimas subieran en términos similares a la
evolución de las pensiones medias, lo cual también es una novedad en nuestro sistema de Seguridad Social, en donde las pensiones medias siempre han crecido, hasta el periodo 2004-2008, por encima de las pensiones mínimas. Este incremento de
pensiones ha sido compatible con la mejora general de la sostenibilidad del sistema, es decir, ha habido incrementos sustanciales de las pensiones mínimas que no han puesto en peligro ni el equilibrio del sistema ni los excedentes ni la dotación del
fondo de reserva ni el porcentaje de relación entre las prestaciones y las cotizaciones sociales y que han intentado dirigirse a los colectivos más vulnerables, a las familias de pensionistas que vivían de una única pensión mínima, que en la
terminología interna de la Seguridad Social llamamos pensionistas con cónyuge a cargo, a las viudas con cargas familiares y a otros colectivos especialmente significados, como eran los
pensionistas de incapacidad que no tenían pensiones mínimas garantizadas por no haber llegado a los 65 años. Como ustedes recordarán, en la legislatura pasada se estableció una pensión mínima para los pensionistas de incapacidad permanente
total de 60 a 65 años y en la Ley de Presupuestos para 2009 se contiene la pensión mínima para los pensionistas de incapacidad permanente y total para los menores de 60 años. Por tanto, por lo menos existe una mínima garantía de ingresos para las
personas que generan una pensión de incapacidad permanente total, lo que significa que retribuye, remunera, sustituye la pérdida de capacidad para el desempeño del empleo habitual. Esta política de mejora de las pensiones mínimas ha sido compatible
también con una mejora de las prestaciones familiares, en un sentido amplio, de las prestaciones de maternidad. En la Ley de Igualdad se modificaron los requisitos para el cobro de las prestaciones de maternidad. Tenemos que señalar que desde la
aprobación de la Ley de Igualdad el crecimiento de las personas que cobran prestación de maternidad ha sido, aproximadamente, del 9 por ciento. Es un crecimiento superior al del número de afiliadas que han pasado a la situación de madres o que han
tenido nuevos hijos y, por tanto, es un crecimiento que en parte está derivado de los requisitos más generosos con los que se reconocen las prestaciones. También hemos aumentado de los periodos mínimos de disfrute de las prestaciones, fruto de la
consideración especial de la enfermedad del neonato, de la discapacidad o de otras situaciones contenidas en la Ley de Igualdad, para las madres que tienen en ese momento problemas relacionados con los hijos o incluso están en situaciones de
enfermedad o de fallecimiento, en cuyo caso el padre se subroga en la prestación, mejora también conseguida en esta legislatura. Las ayudas familiares, como les indicaba antes, han tenido un incremento sustancial en la ley, que recoge la prestación
de 2.500 euros, que se convierte en prestación no contributiva de la Seguridad Social en los territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Comunidad Autónoma de Navarra y para aquellas personas en el resto del territorio nacional que
tienen una falta de vinculación en materia de retenciones con el impuesto de la renta, es decir, que esas personas cobran la prestación no contributiva de los 2.500 euros.
Igualmente la ley mejoraba las ayudas familiares para familias numerosas,
para familias monoparentales, para familias que tenían hijos discapacitados, a las que se les ha incrementado la ayuda incluso hasta los 18 años, y al mismo tiempo preveía un incremento de los umbrales de renta con los que se concedían las ayudas,
que ha tenido como consecuencia que haya más de 80.000 familias españolas que hayan percibido ayudas nuevas, fruto de la elevación de sus umbrales de renta.
Las ayudas familiares han permitido que en estos últimos cinco años, desde octubre de 2003
a octubre de 2008, el gasto en materia de políticas de apoyo a la familia que se contiene en los presupuestos de la Seguridad Social se haya multiplicado por 2,2. Es decir, en este mes de octubre de 2008 estamos gastando 2,2 veces lo que gastamos
por los mismos conceptos por prestaciones contributivas y no contributivas en el mes de octubre de 2003, lo cual es un crecimiento razonable y que supera con mucho el crecimiento de los precios al consumo, incluso el crecimiento del gasto público o
de las prestaciones de Seguridad Social en nuestro país.
Esta especial atención a la política de pensiones en cuanto a su capacidad de cobertura y a la política de ayudas a la familia ha sido compatible con el desarrollo de actuaciones específicas, en la línea de lo que han sido las
recomendaciones del Pacto de Toledo. Tengo que señalar que en esta legislatura, en cumplimiento estricto de recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, hemos revisado la incompatibilidad existente entre la pensión del SOVI y la pensión de
viudedad, lo cual ha permitido a 125.000 viudas españolas cobrar ambas pensiones cuando antes tenían que optar por una de las dos. También hemos revisado, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, la situación de los jubilados
despedidos antes de la edad legal de jubilación por sus empresas y que habían causado pensión de jubilación anticipada. Esa actuación ha permitido la mejora de las pensiones de más de 350.000 jubilados españoles, a los que hemos tenido que aplicar
un sistema específico de compensación de carácter más general, en vez de una revisión imposible de cada una de las pensiones individualmente consideradas que nos hubiera llevado siete u ocho años. Esto se ha realizado con fecha de 1 de enero de
2007, percibiéndose en enero de 2008 toda la primera anualidad atrasada y, a partir de enero de 2008, incorporándose las mejoras que se han producido en sus pensiones de manera global en el cómputo de su pensión general. Estas mejoras individuales
han permitido también la consideración de algunos otros colectivos de menor tamaño. Por ejemplo, hemos reconocido una pensión mínima a los sacerdotes y religiosos secularizados, de la que antes no disfrutaban. El sistema de reconocimiento de sus
pensiones, que se habilitó en el año 1997, dificultaba, por lo que era el cobro de las cantidades de dinero que se les reclamaban como cobro diferido en sus cotizaciones sociales, que sus mensualidades fueran similares a las del conjunto de los
pensionistas. En estos momentos, estas personas están cobrando sus pensiones mínimas como el resto de los pensionistas del sistema, sin tener ninguna detracción que pueda ir por debajo del 95 por ciento de la pensión mínima. Es decir, hemos
renunciado al equilibrio de capital coste en los casos en los que había una enorme vulnerabilidad para el colectivo de trabajadores, incrementando el complemento mínimo de estas personas. Podría referirles una multiplicidad de casos concretos de
colectivos, en muchas ocasiones por iniciativa de SS.SS, en otras ocasiones por cumplimiento estricto de las recomendaciones del Pacto de Toledo, en los cuales hemos producido mejoras generales. En términos generales, como les indicaba, cabría dar
tres cifras. En primer lugar, las diferencias entre pensiones de hombres y mujeres en el
conjunto del sistema español de Seguridad Social, que aumentan de manera inercial, de manera vegetativa, por las mejores bases de cotización con las que acceden a la jubilación los hombres respecto de las mujeres. En estos cuatro años se
han visto compensadas por la elevación de pensiones mínimas y no han aumentado por primera vez en la historia democrática de la Seguridad Social española. Las pensiones mínimas, como les decía con anterioridad, han crecido lo mismo que las
pensiones medias; no ha habido, por tanto, un incremento de las diferencias entre los nuevos pensionistas y los pensionistas que vienen del pasado y que incorporan en sus percepciones bases de cotización más reducidas y carreras de cotización más
irregulares. Y hemos suscrito acuerdos que permiten pasar de mínimos de pensión a colectivos concretos que, agregados uno tras otro, sumarían el millón de pensionistas, al margen de lo que es la política de revalorización de pensiones mínimas.
Todo esto se ha hecho con un estricto respeto a los criterios de separación de fuentes. Y si bien es cierto -no cabe ocultarlo, y SS. SS.
lo conocen bien porque evalúan con mucha precisión el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
que acaban de aprobar y que se encuentra ahora en fase de trámite en el Senado- que en la aportación a complementos a mínimo el Estado sigue siendo insuficiente para cubrir el coste total de los complementos a mínimo para el sistema de Seguridad
Social, aunque ha mejorado en porcentaje y en cuantía de forma muy significativa, también es cierto que no se ha impuesto al sistema de Seguridad Social en estos cinco años ninguna carga nueva y que se ha sido escrupulosamente respetuoso con que
fueran los Presupuestos Generales del Estado los que abonaran cualesquiera actuaciones que tuvieran un trasunto asistencial y no contributivo en los presupuestos de la Seguridad Social.
Ese ha sido, por ejemplo, el criterio utilizado en la
financiación de la Ley de Dependencia, que no tiene financiación contributiva por parte de la Seguridad Social. El dinero de la Seguridad Social va a pensiones o a desempleo y, por tanto, no va a financiar actuaciones que se correspondan con
derechos universales de los ciudadanos, que tienen que ser financiados por la imposición general. Tal fue el acuerdo de separación de fuentes que se aplicó en España a partir del año 1987 y que culminó en el año 1999 y que, como les decía, se ha
mantenido escrupulosamente en esta legislatura. Así, todas y cada una de las actuaciones concretas en minoración de cotizaciones o de incrementos no contributivos de pensiones que no tenían un trasunto de aseguramiento han sido financiadas por el
Estado. Tal ha sido, por ejemplo, el caso en las ayudas en materia de reducción de cotizaciones de los diferentes siniestros y catástrofes naturales, tormentas tropicales, inundaciones, etcétera. Tal ha sido el caso en materia prestacional de los
diferentes colectivos a los que se ha mejorado sus prestaciones en función de acuerdos políticos, como son las víctimas de terrorismo, las andereños, las profesoras de euskera en la clandestinidad, etcétera. En todos y cada uno de los casos ha
habido una financiación pública, por ejemplo, la reducción de cotizaciones por investigación y desarrollo, etcétera. Podríamos poner un punto al relato, pero no hay ningún desequilibrio entre el nivel contributivo de la Seguridad Social y el nivel
no contributivo. Si ustedes analizan la liquidación de los presupuestos -este año hemos presentado el presupuesto de 2009 al lado de las cuentas de Seguridad Social del año 2007- verán cómo escrupulosamente los gastos no contributivos del sistema
se financian en todos los casos con aportaciones del Estado y, por tanto, no hay ningún euro de la Seguridad Social que financie actuaciones no contributivas.
Haciendo una referencia más general a otro tipo de cuestiones que en las recomendaciones del pacto tenían una importancia más colateral, en el informe que les hemos presentado se contiene también una referencia explícita a las modificaciones
que en materia de fiscalidad ha tenido la previsión social complementaria en nuestro país en los últimos cinco años. Este es un documento que en esta parte ha sido elaborado por la Secretaría de Estado de Economía, a través de la Dirección General
de Seguros que, como bien conocen SS.SS., es el órgano del Gobierno de España responsable de la coordinación de las instituciones, del seguimiento, de la evaluación, de la tutela y dirección de las instituciones de previsión social complementaria.
No voy a hacer referencia a más cuestiones, ya en el ámbito de gestión, porque evidentemente la Comisión puede llamar a comparecer a los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda cuando lo considere conveniente, pero me interesa señalar dos
hilos conductores de las reformas de la previsión social complementaria de la presente legislatura que se han abordado en absoluta coordinación con la Secretaría de Estado de Seguridad Social. En primer lugar, hemos procurado mantener el equilibrio
entre la fiscalidad de los planes de pensiones y la fiscalidad de las cotizaciones a la Seguridad Social en el sentido de que los topes máximos de cotización de la Seguridad Social fueran los que sirvieran como punto de referencia para conocer las
cantidades que debían entenderse acreedoras del beneficio fiscal en materia de planes de pensiones.
Como ustedes conocen, antes de la última reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas era posible que los beneficios fiscales sobre los planes de pensiones alcanzaran cantidades muy superiores a las máximas de cotización a la
Seguridad Social. Desde la Secretaría de Estado de Seguridad Social hicimos conocer al Ministerio de Economía y Hacienda nuestro criterio contrario a tal discriminación, por entender que esto era negativo para el funcionamiento del sistema de la
Seguridad Social. Estamos de acuerdo con la reforma que han aprobado las Cortes Generales y que se contenía en el proyecto del Gobierno, en el sentido de que las cantidades sometidas a beneficio para la previsión social complementaria sean las
mismas que las equivalentes a la cotización máxima por Seguridad Social, aplicando a la base máxima de cotización los tipos de cotización
correspondientes a las contingencias comunes, lo cual nos da una cifra relativamente similar a los 10.000 euros. En segundo lugar, siempre hemos defendido que, desde el punto de vista de la administración de Seguridad Social, al sistema
español de protección social le interesa que todos los beneficios fiscales dirigidos a la previsión social complementaria vayan encauzados en la dirección de generar rentas vitalicias, es decir, de generar pensiones complementarias, y no productos
de ahorro. Los productos de ahorro deben tener su regulación. El Parlamento y el Gobierno de España tienen sus ámbitos donde evidentemente se discuten las cuestiones que hacen referencia a la fiscalidad de los productos financieros, pero desde el
punto de vista del sistema de protección social los beneficios fiscales concedidos a los planes y fondos de pensiones deben servir para generar esas pensiones vitalicias y, por tanto, nosotros estimábamos que la normativa debería incentivar de forma
adecuada el hecho de que el rescate de los fondos y planes de pensiones prefiriera la renta vitalicia al rescate anticipado en forma de pago único de las dotaciones de dichas aportaciones. La reforma así lo contempla, y en este sentido confiamos en
que dicha reforma se traduzca en que haya más españoles que tengan pensiones complementarias, que es para lo que a nuestro juicio debe servir la previsión social complementaria, no para financiar formas de ahorro. Para financiar formas de ahorro
hay otros procedimientos previstos en nuestro sistema.
Las recomendaciones de la Comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación de la aplicación del Pacto de Toledo también hacen una referencia al sistema de pensiones en el marco de la Unión Europea. La estrategia nacional de pensiones es
el documento básico donde se detalla esa posibilidad, esa relación que existe a través del método abierto de coordinación por los sistemas de pensiones en el marco de la Unión Europea. Pocas modificaciones se han producido en esta materia en los
últimos cinco años, salvo que el método abierto de coordinación ha progresado; que en estos momentos coordinamos mucho mejor nuestros sistemas de pensiones. La normativa no ha experimentado modificaciones en materia de pensiones. Sí ha tenido una
leve modificación en materia de previsión social complementaria, en la que se ha abierto un pequeño resquicio a la portabilidad de los planes de pensiones, resquicio que el Gobierno de España considera insuficiente en lo relativo a la directiva
comunitaria que ha abordado esta cuestión, pero evidentemente supone un paso adelante en la buena dirección, como es garantizar la plena portabilidad de los planes de pensiones de la previsión social complementaria de los trabajadores. En materia
de otras prestaciones que pertenecen al ámbito de la Ley General de Seguridad Social, aunque no al sistema español de protección social, como es la asistencia sanitaria a los servicios sociales, ha habido decisiones de los tribunales de Justicia en
este sentido y en estos momentos están en discusión directivas comunitarias, como la que hace referencia a los servicios sanitarios transfronterizos, que en algunos casos nos llenan de una cierta preocupación en la línea de definir condiciones
individuales de portabilidad de la asistencia que parecerían indicar que es responsabilidad de los sistemas de protección social de cada país hacer frente a la demanda ilimitada por parte de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Pero en estos
momentos, salvo en el caso de las sentencias, que son cuestiones individuales que tendrán una aplicación colectiva a través de la modificación de la normativa -y en estos casos el proceso de discusión permanece abierto-, estaremos a la espera de
conocer cuáles son las condiciones en las que al final se formalizan los derechos que están siendo objeto de consideración.
En materia de atención a la discapacidad y a la dependencia ya hemos hecho algunas referencias. En inmigración tampoco quiero decir demasiado, más allá de lo que fue la normalización de los trabajadores inmigrantes. Cabe señalar que hemos
seguido nuestra política de firmar convenios bilaterales de reconocimiento recíproco de prestaciones con todos los países que tienen un número de trabajadores, bien españoles en su país -lo cual afortunadamente en los últimos años no es el caso-
bien extranjeros en España -esos sí son mucho más numerosos-, para permitir el reconocimiento perfecto de los derechos de los trabajadores. Incluso hemos dado un paso adelante, de modo que cuando se convierta en derecho positivo de aplicación
inmediata, supondrá la configuración de una zona monetaria óptima muy importante en el mundo. Se trata del Convenio Iberoamericano en materia de Seguridad Social, por el cual los 23 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones nos hemos
comprometido al reconocimiento recíproco de prestaciones en todos y cada uno de nuestros países a favor de los nacionales que en un momento dado hayan cursado derechos como activos o como pasivos en cada uno de los países. A nuestro juicio, la
globalización no solamente debe suponer, como bien conocen SS.SS., un proceso de internacionalización de la actividad económica, sino también de los derechos de los trabajadores, y el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social va a permitir el
reconocimiento perfecto de los derechos de los trabajadores en países que tienen millones de personas viviendo en España, centenares de miles de trabajadores trabajando en España, y con los que España mantiene unos lazos indisolubles porque ha sido
parte muy activa en la formación de la propia naturaleza de estos países por la presencia española en el continente americano o en las Islas Filipinas o en otros lugares del mundo. En este sentido, el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social,
del que ya estamos discutiendo las normativas de aplicación, es sin duda ninguna el más ambicioso que existe en estos momentos en el mundo, fuera de aquellos convenios o de aquellos instrumentos normativos que tienen su asiento en tratados
internacionales más amplios, como son evidentemente los de la Unión Europea, y a nuestro juicio supone el tratamiento perfectamente integrado de los problemas de la inmigración
a partir del reconocimiento de derechos de las personas inmigrantes.
Voy a hacer una breve referencia al documento de estrategia nacional de pensiones y después les haré algún comentario sobre las características generales del sistema español de Seguridad Social. El documento de estrategia nacional de
pensiones, que también hemos facilitado a SS.SS., como les decía, es el tercer documento. Cabe señalar que, en relación con los documentos de los años 2002 y 2005, la situación del sistema español de pensiones no ha hecho sino mejorar. No hay
ningún indicador del sistema que haya tenido una evolución desfavorable en los últimos tres años. La edad real de jubilación de los españoles no ha bajado. En la línea de las recomendaciones del Pacto de Toledo, se ha acercado algo a la edad legal
de jubilación, los 65 años. Como ustedes bien conocen, hemos intentado, en la Ley 40, a la que luego me referiré, restringir la apelación masiva a la jubilación anticipada. La cotización de los trabajadores se ha hecho por mejores bases de
cotización, hay menos trabajadores cotizando por bases mínimas. La base media de cotización se ha elevado en la misma medida en la que se han elevado las prestaciones.
Las pensiones también han tenido una evolución razonable, no han tenido una
evolución superior a la de los ingresos. El fondo de reserva se ha multiplicado desde octubre de 2003 a octubre de 2008 prácticamente por cinco. El excedente del sistema se ha dedicado en su práctica totalidad a la reducción de préstamos o a la
dotación al fondo de reserva. Por tanto, la evolución del sistema es positiva. Además ha habido un incremento muy notable de los afiliados al sistema español de pensiones fruto de la afloración de contratos irregulares de trabajadores inmigrantes,
del mayor número de mujeres que se incorporan al sistema y de que las nuevas cohortes de edad se incorporan al sistema en condiciones de paridad.
Entre los 18 y los 28 años el número de afiliados a la Seguridad Social de hombres y mujeres es
básicamente el mismo, mientras que de 55 a 65 años la proporción actual de afiliados y afiliadas es de 7 a 3 a favor de los hombres. En estos momentos el incremento de las mujeres, la permanencia de las madres trabajadoras en el empleo fruto de las
mejoras operadas en conciliación de la vida personal y familiar con la vida laboral, la mayor reducción del desempleo entre los jóvenes y la incorporación de los inmigrantes han hecho que nuestra población afiliada se incremente, y todavía hemos
seguido disfrutando en este periodo de tiempo del bonus demográfico correspondiente a que las generaciones de españoles que se están jubilando en estos años son las generaciones que nacieron en los años de la guerra civil y de la inmediata
postguerra y son generaciones escasas. Por tanto, disfrutamos de un incremento del número de jubilados muy inferior al del número de afiliados, lo cual ha permitido que las series se configuren más favorablemente, que con el incremento de fondo de
reserva la sostenibilidad del sistema español de pensiones se desplace en el tiempo y que el momento en el cual los ingresos y los gastos del sistema tiendan a la consideración de déficit se retrase desde el año 2018 que preveía la primera
proyección, la del año 2002, hasta 2029, lo cual significa que durante los últimos seis años el sistema español de pensiones ha ganado una gran holgura material en tiempo para realizar las reformas necesarias y seguir consolidando la buena situación
económica del sistema de cara al futuro.
No hay ningún indicador que nos permita pensar que hay algún componente especialmente negativo entre lo que son los grandes componentes del sistema. Con esto no escondo una realidad que es de Perogrullo. Cuando uno compone una serie a 50
años, uno no está trabajando sobre la base de lo ocurrido en los últimos nueve meses. En el año 2005 estábamos en una magnífica situación de nuestro sistema de Seguridad Social y, sin embargo, la proyección, como era la composición de una serie,
nos salió algo pesimista. En el año 2008 estamos en una situación mucho menos favorecida, estamos perdiendo afiliados, no los ganamos, estamos en una situación de grave crisis económica, pero como la composición de la serie se hace sobre los
últimos ahora ha salido una proyección más optimista.
La proyección ni siquiera es una previsión, la proyección indica lo que va a suceder en términos de derecho constante, rebus sic stantibus, es decir, si las cosas no cambian, si las cosas se
mantienen. Las proyecciones sirven precisamente para orientar qué debes cambiar para poder evitar aquello de lo que está proyectado que te parezca desfavorable. En el año 2005 nos dijeron que habíamos mejorado algo sobre el año 2002. En el año
2008 nos dicen que hemos mejorado algo sobre el año 2005, que tenemos un mayor margen, pero no cambia el componente general del sistema.
¿Cuál es el componente general de nuestro sistema de reparto? Los sistemas de reparto de Seguridad Social tienen un problema general, y es que están pensados para poblaciones que crecen, no para poblaciones que envejecen, que aumentan mucho
su esperanza de vida o que cada vez tienen menos hijos y, por tanto, ven cómo disminuye la base de la pirámide demográfica. En este sentido, para mantener la sostenibilidad de los sistemas de pensiones es necesario adoptar medidas económicas en
materia de empleo, en materia demográfica, en materia de componer la pirámide de población de forma adecuada y en materia de políticas de igualdad que permitan a las mujeres y a las parejas tener hijos, tenerlos antes y desarrollar políticas
suficientes de apoyo a la familia. Es decir, la sostenibilidad del sistema de pensiones no es algo que pueda operar únicamente sobre la base de los sistemas de Seguridad Social, exige un conjunto de reformas, y la sostenibilidad de los sistemas de
pensiones es una tarea permanente.
Por mucho que mejoren las cosas y por muy bien que haga el trabajo la Administración de Seguridad Social, ello no va a disminuir la necesidad de las reformas, lo único que hace es poner de manifiesto esa
necesidad, reformas que por su misma naturaleza van a ser siempre moderadas, nunca traumáticas. La primera consideración de las reformas
en el marco de los sistemas de protección social es la consideración de que las reformas nunca operan sobre los actuales beneficiarios del sistema, mantienen la regla de statu quo, es decir, la regla de que los pensionistas actuales no son
objeto de cambios. Por tanto, hay un implícito de moderación muy grande en todas las reformas operadas que, incluso, en todos los casos, han incorporado modelos y procedimientos transitorios para garantizar que la reforma no implicaba costes
sociales inaceptables o situaciones de exclusión de los colectivos más vulnerables. Por lo tanto, son imprescindibles las reformas; siempre van a ser reformas moderadas y desde el punto de vista del sistema español de pensiones contamos -y entro
en la última parte de mi intervención- con el Pacto de Toledo.
El Pacto de Toledo es el gran activo inmaterial del sistema español de pensiones. Ha garantizado en los últimos trece años una coherencia y una articulación de las políticas en materia de pensiones que ha permitido que se produzca la
alternancia política sin que se alteren algunas de las bases fundamentales del funcionamiento del sistema español de Seguridad Social: el concepto de unidad económico-patrimonial del sistema -lo que denominamos la caja única-; la mejora de las
prestaciones, pero atendiendo al equilibrio del sistema; el desarrollo de la contributividad. Todos estos son elementos que han compartido los diferentes gobiernos de España, las fuerzas políticas presentes en este Parlamento, los interlocutores
sociales y que permiten, incluso, que podamos decir -creo que sin presunción alguna- que el Pacto de Toledo es una referencia para lo que podría hacerse en otros sistemas comunitarios.
Con frecuencia oímos hablar de que podría ser conveniente un
Pacto de Toledo para la educación, para la sanidad o para otras áreas de la actuación pública. Por lo tanto, el mantenimiento del Pacto de Toledo o, lo que es lo mismo, el mantenimiento de un gran acuerdo entre las principales fuerzas políticas
nacionales y los interlocutores sociales con el Gobierno de España en cada uno de los momentos para las reformas es, a nuestro juicio, fundamental y básico para garantizar el funcionamiento de nuestro sistema de Seguridad Social. Porque, señorías,
un sistema de Seguridad Social es un enorme traficante de confianza.
Nosotros estamos cobrando cotizaciones sociales a personas de 16, de 18 años que nos pagan su cotización social con la expectativa de que cuando cumplan la edad ordinaria o legal
de jubilación a los 65 años van a poder jubilarse. Es decir, estamos hablando de que estamos recaudando pólizas de aseguramiento a personas que van a ver los beneficios de esa póliza después de 40 ó 45 años de una carrera de cotización que les va a
ocupar la mayor parte de su vida. Este depósito de confianza que hacen los jóvenes y, en general, todos los españoles en el sistema de Seguridad Social no tiene parangón en ninguna de las actividades administrativas y creo que tiene poca
posibilidad de comparación en las actividades de la vida cotidiana. Hay pocas cosas en la vida que ya duren más de 45 ó 47 años, salvo la vida misma. En ese sentido la confianza es el hilo, la savia, la sangre por la que circula el funcionamiento
del sistema de Seguridad Social. Desde que en el año 1995 las fuerzas políticas españolas acordaron el Pacto de Toledo, los españoles tienen una enorme confianza en su sistema pública de protección social; una enorme confianza que ha sido
paulatinamente mejorada por la labor de todos los gobiernos, de todos los grupos parlamentarios en cada una de las etapas y de todos los interlocutores sociales que han suscrito, con los diferentes gobiernos de España en todas estas etapas, acuerdos
que han permitido consolidar el sistema español de pensiones. En este sentido, el objetivo del Gobierno de España en la nueva etapa es que esta ratificación parlamentaria del Pacto de Toledo permita seguir por esa misma senda, por ese mismo buen
camino de entendimiento político y social. A nuestro juicio, no son incompatibles sino sería incluso deseable que pudieran perfeccionarse los mecanismos que hicieran más fácil implicar el diálogo social dentro del Parlamento y las voluntades de los
grupos parlamentarios dentro del diálogo social y, en todo caso, ese inmenso acuerdo que nos permita seguir consolidando nuestro sistema de Seguridad Social. La buena situación económica del sistema de Seguridad Social es, por lo tanto,
responsabilidad y consecuencia del buen hacer, no del Gobierno de España en la actualidad, sino de todos los gobiernos de España desde el año 1995. Con anterioridad, el principio de separación de fuentes, por ejemplo, es una de las bases de nuestra
consolidación financiera que empezó en el año 1987 y el acuerdo al que hemos sido capaces de llegar entre todos y que compartimos todos.
La reforma que hemos empezado a aplicar este año -la Ley 40/2007- es una reforma acordada con los interlocutores sociales. Desarrolla algunos de los apartados del Pacto de Toledo. Hemos procurado dotarlos de mejores incentivos para la
prolongación de la vida laboral, restringir la apelación a la jubilación anticipada introduciendo requisitos más razonables, disminuir las diferencias entre trabajadores despedidos y trabajadores que se jubilan con mayor grado de voluntariedad,
establecer principios de contributividad en el cálculo de las pensiones de incapacidad que no existían hasta la fecha, vincular las situaciones de viudedad a la existencia de familias o de vínculos económicos entre el fallecido y sus beneficiarios,
cuestiones estas que son razonables, que van en la línea de todas las reformas de Seguridad Social operadas en Europa los últimos años y que, sin duda, beneficiarán el funcionamiento del sistema. ¿Son todas las reformas que cabe hacerse? Nunca
vamos a hacer todas las reformas que cabe hacer en una ley, nunca vamos a agotar todos los problemas en las recomendaciones parlamentarias de una comisión. Nosotros estamos dispuestos y abiertos a la consideración de todas las reformas necesarias
en el marco de los trabajos de esta Comisión, con la única necesidad de mantener la hoja de ruta del Pacto de Toledo: que las reformas sean consecuencia del acuerdo entre los grupos políticos y del
acuerdo del Gobierno con los interlocutores sociales. Si falta alguna de las dos derivadas tendremos que seguir esforzándonos por conseguirlo. Los atajos en esta ocasión no nos llevan mejor al lugar de destino sino, probablemente, nos
llevan con más facilidad a perderlo. En la anterior legislatura llegamos a acuerdos con los interlocutores sociales que fueron objetados por alguna de las principales fuerzas presentes en este Parlamento. Preferimos dejar para mejor ocasión llegar
a acuerdos más perfectos. En este caso, seguimos esperando que sea posible cohonestar, articular el acuerdo parlamentario y el acuerdo entre los interlocutores sociales y el Gobierno. De todos modos, ustedes conocen bien las necesidades del
sistema. Va a ser necesario seguir mejorando la acción protectora, atender más a los colectivos más vulnerables, tenemos que seguir discutiendo sobre la separación de fuentes. Parece clara la naturaleza contributiva de nuestro sistema de Seguridad
Social sobre las pensiones o el desempleo, pero la separación de fuentes está construida sobre principios inmateriales, no es una muralla, hay zonas de sombra en esta separación. Siempre hay cuestiones que se pueden discutir, por ejemplo, si tiene
que ser objeto de cotización o de financiación a través de la imposición general. Las pensiones de orfandad en algunos países son no contributivas, la asistencia sanitaria al accidente de trabajo y a la enfermedad profesional en algunos países es
no contributiva. En España es contributiva. Son cuestiones todas a las que debemos referirnos. Tenemos pendiente la cuestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Creo que es conveniente que lleguemos a un acuerdo que permita que hagamos
una gestión de los ya muy importantes recursos del fondo, que sea más eficaz, que dote de mayor seguridad y de mayor rentabilidad al importante estabilizador para situaciones coyunturales de nuestro sistema de Seguridad Social. Seguimos teniendo
pendiente reformas en materia de contributividad para garantizar de mejor forma la mayor correspondencia entre aportaciones y prestaciones. Cada gobierno, en su momento, ha hecho reformas en la dirección de dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto
de Toledo. Lo hizo el Gobierno anterior de España, lo hace el Gobierno presente en las dos últimas legislaturas. Yo creo que lo más destacable de todo este conjunto de actuaciones en los trece últimos años, desde la aprobación del Pacto de Toledo,
es precisamente que el Pacto de Toledo sigue gozando de buena salud que ha permitido que nuestro sistema de Seguridad Social goce de una mejor salud. En este sentido, la posición del Gobierno, señorías -y con esto concluyo-, está en la mejor de las
disposiciones para colaborar con SS.SS. al desarrollo de los trabajos de esta Comisión y tiene muy clara la esperanza de que estos trabajos alumbren un conjunto de nuevas medidas que permitan seguir consolidando nuestro sistema de Seguridad Social
y conseguir que dentro de cinco, de diez, de quince o de veinte años las personas que comparezcan ante esta Comisión parlamentaria puedan seguir repitiendo lo que yo hoy termino de decir: la Seguridad Social española está hoy mejor que hace cinco
años.
Hace cinco años estaba mejor que hace diez años y desde la aprobación del Pacto de Toledo no ha dejado de mejorar ni de seguir funcionando adecuadamente gracias al trabajo conjunto de SS.SS., de los interlocutores sociales, de los empresarios
y trabajadores de este país y de la Administración de la Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las intervenciones. En primer lugar, doña Olaia Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, agradezco la presencia en esta Comisión del secretario de Estado para exponernos el informe de la progresividad o la situación en que se encuentra la Seguridad Social en este momento, de acuerdo
con el seguimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Agradecemos esta comparecencia del mismo modo que agradecemos la información que se nos pasó en soporte de papel porque pudimos, igual que en la mañana de hoy, atender debidamente toda
la información que desde la secretaría de Estado se nos aporta y valorar en su justa medida toda la evolución que la Seguridad Social está teniendo en los últimos años. También le felicitamos por la gestión que desde la secretaría se está haciendo
y que nos obliga a reconocer que lo que se nos plantea, como el propio secretario general nos dijo, es una clara consolidación del sistema de la Seguridad Social que consideramos que tiene muchísimo que ver con la decisión fundamental de la
separación de fuentes de financiación, así como con la diferenciación de las prestaciones entre las contributivas y no contributivas. No obstante, permítame, señor Granado, que no sea yo quien gaste mi tiempo -seguramente el presidente me va a
llamar la atención en un momento determinado si me extiendo- en exponerle las alabanzas que evidentemente la gestión tiene porque yo sé que la señor López i Chamosa tiene preparada su intervención. (Risas.) Por ello, no quiero utilizar mi turno
para hablar de cuestiones de la gestión de la Seguridad Social que evidentemente nosotros tenemos que reconocer que son muy válidas y que en este momento nos colocan en posición de tener que valorar positivamente la salud de nuestro sistema público
de protección social.
Desde la posición política que nosotros ocupamos en esta casa voy a hacer algunas consideraciones sobre aquellas cuestiones que me preocupan, no tanto sobre las discrepancias que en su momento manifestamos -por ejemplo, cuando estuvimos
debatiendo la última modificación de la Seguridad Social, la Ley 40/2007-, sino sobre aquellas que tienen que ver con el futuro y que parten de nuestra idea del objetivo que debe cumplir la Seguridad Social, como no es un invento de nuestro grupo
parlamentario sino que es un invento del propio sistema de Seguridad Social, que es cumplir el papel de equilibrar las desigualdades sociales que existen y por lo tanto actuar con criterios y principios de equidad, de
manera que eso se pueda hacer. Esto lo planteo porque en un momento dado la Seguridad Social pudo afrontar una serie de mejoras, sobre todo en las pensiones no contributivas -con el esfuerzo que reconocemos que hizo el Gobierno desde los
presupuestos generales-, y en la actualidad se habla de universalización de prestaciones, lo que desde nuestro punto de vista requiere una reflexión profunda, ya que puede afectar negativamente a ese papel equilibrador de las desigualdades que
existen en nuestra sociedad.
¿Qué quiero decir? Que nosotros consideramos que hay prestaciones de la Seguridad Social que sí tienen que ser universales, como aquellas que son asistenciales tanto desde el punto de vista de la sanidad como de la
atención a las personas con dependencia, pero hay otras que son prestaciones económicas -pensiones determinadas- que obligan, para cumplir ese papel equilibrador de desigualdades, a que se tengan en cuenta los ingresos familiares o personales a la
hora de decidir el derecho a estas prestaciones de las ciudadanas y ciudadanos. Nos parece que esto es fundamental y lo digo porque incluso en el Congreso de los Diputados se aprobaron para su tramitación en ponencia propuestas en torno a las que
ya manifestamos en su momento que discrepábamos sobre esa universalización de prestaciones. Sobre todo lo decimos porque, a pesar de esa buena salud que tiene la Seguridad Social en este momento -que además cuesta tanto trabajo mantenerla-, quedan
muchas cosas pendientes para garantizar esa igualdad, incluso para aquellas personas que son perceptoras de prestaciones contributivas.
Usted hizo mención a algunos temas que estos últimos años fueron mejorando y en los que nosotros consideramos -reconociendo la mejora existente- que se necesita ahondar en ella. Es el caso de los trabajadores autónomos.
Evidentemente el
Estatuto de los autónomos significa un avance increíble respecto a la situación que tenían, pero en materia de Seguridad Social y de prestaciones tanto por enfermedad como por paro, etcétera, sería conveniente seguir avanzando. Tenemos otro
problema pendiente, del que usted habló, pero sin decir -al menos que yo lo entendiera- que desde el Gobierno se tenga previsto resolver la cuestión. Me refiero a la Seguridad Social de las o de los empleados del hogar, porque incluso desde el
punto de vista de lo que significa la cotización en este régimen, entendemos que es desequilibrador con respecto a la prestación que después cobran por pensiones de jubilación, etcétera. Hay que buscar un equilibrio entre la cotización y lo que
luego se percibe como prestación, pero es necesario garantizar a este sector de la actividad económica unas pensiones justas y unos derechos que en este momento no tiene, como es la prestación por desempleo.
Hay otras cuestiones que sería necesario plantear y que fueron objeto de debate en el Congreso y de aprobación de propuestas -y no es la primera vez que lo digo- que quedan siempre pendientes de resolver dentro de los acuerdos del Pacto de
Toledo. Supongo que nos tendremos que reunir en algún momento para ver cómo encajamos esos acuerdos que hemos alcanzado con anterioridad, y tienen que ver con muchas cuestiones. Aunque sea pesada -y ya sabe usted por dónde voy a ir-, algunas están
relacionadas con el reconocimiento de coeficientes reductores a actividades profesionales que son penosas e insalubres. Consideramos que lo que usted planteó sobre la jubilación, que usted mencionó en este informe y que se acordó como
modificaciones en la Ley 40/2007, para que se retrasara el tiempo de jubilación o se procurara que fuera en los límites legales, no podemos plantearlo para determinadas actividades profesionales que deterioran físicamente o psicológicamente incluso
a muchísimos trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, nosotros entendemos que es necesario un avance en el reconocimiento de estos coeficientes, sobre todo en aquellas cuestiones que tantas veces hemos debatido y sobre las que hemos acordado la
necesidad de modificarlas.
Hay otras cuestiones que desde el Gobierno se debería procurar resolver de una manera diferente a como se resolvieron con la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado del año 2009. Me refiero a las pensiones de las clases pasivas.
A través de los Presupuestos Generales del Estado se incorporan unas modificaciones, que incluso podemos valorar como necesarias en algunos aspectos, orientadas a la necesidad de regular e igualar las pensiones de acuerdo al sistema general de la
Seguridad Social, pero tal como se afrontó esta cuestión en los artículos que se incorporaron a los Presupuestos Generales del Estado, se puede entender que en algunos aspectos se va equiparando al régimen general de la Seguridad Social pero en
otros no. Por ejemplo, quisiéramos que nos aclarara qué va a pasar con la prestación de medicinas. En el régimen general de la Seguridad Social los pensionistas no pagan medicamentos y, en cambio, las clases pasivas, creo recordar, están pagando
sobre un 30 por ciento de lo que cuestan. Por tanto, nos parece que esta no es la forma de resolver este asunto, y esperamos que existan posibilidades de reconducir algunas cuestiones para evitar los perjuicios de los que están siendo objeto las
personas afectadas. Enunciadas estas cuestiones, que es importante tener en cuenta para los futuros acuerdos que se puedan alcanzar en relación con las mejoras de la Seguridad Social, señor secretario de Estado, creemos que sigue siendo necesaria
la claridad de la separación de las fuentes, que en este momento están claras, y que no se frivolice sobre las prestaciones que se van a llevar a cabo a través del sistema de la Seguridad Social. Pensamos que no se debe frivolizar ni sobre los
aspectos que son de carácter contributivo ni sobre los no contributivos. Estoy haciendo una reflexión crítica con actuaciones del Gobierno; y aunque estas prestaciones fueron resueltas, como las prestaciones universales por nacimiento de hijo, con
aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, y por ello no afectó a la parte contributiva de la Seguridad Social, entendemos que en aquello que corresponde a contribución de los Presupuestos Generales del Estado se deben
mantener criterios de equidad, y desde luego aquí no se hizo. Decía al comienzo de mi intervención que la universalización de prestaciones debe realizarse en aquellos casos en que esas prestaciones nos igualen, pero no en los casos en que
la misma universalización de estas prestaciones genere una desigualdad mayor como, por ejemplo, se ha efectuado sobre una prestación que acabo de comentar, ingresos de 6.000 euros en familias e ingresos de 100.000 euros en familias. Las diferencias
son muy grandes.
Por eso, señor secretario de Estado, en el Bloque Nacionalista Galego no tenemos problema -porque así lo hacemos siempre- en reconocer todas aquellas bondades que el Pacto de Toledo o las recomendaciones del Pacto de Toledo han
incorporado al sistema general de la Seguridad Social.
Tampoco tenemos problema, sino que nos satisface, en felicitarles por la gestión que han hecho por la mejora general del sistema, pero queremos exponerles nuestras preocupaciones, criterios y
opinión en relación con lo que se debería o no se debería hacer en el futuro respecto a algunas cuestiones que acabo de comentar. No sé si habrá otra oportunidad o un segundo turno pero, en todo caso, seguro que habrá otras ocasiones para poder
expresar nuestra opinión en este sentido.
El señor PRESIDENTE: Doña Olaia, tendrá usted todas las oportunidades que necesite.
Don Gaspar Llamazares, por favor.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero agradecer la comparecencia del secretario de Estado de la Seguridad Social, así como su información de algunos de los datos que conocíamos, pero que está bien que se sepan en esta Comisión, y que van en
sentido contrario a planteamientos recientes respecto a la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo del sistema.
Antes se manifestaba una cierta paradoja, el hecho de que parezca antes de la crisis una viabilidad a largo plazo, y durante la crisis
una viabilidad a más largo plazo. Pero hay otra paradoja, y es la de que cada vez que se produce una crisis económica, incluso una crisis de carácter financiero como la que vivimos en estos momentos, siempre se apunta a los mismos. Se apunta
fundamentalmente, al gasto público en materia de política fiscal, o también se apunta al empleo y a una consecuencia del empleo que es la Seguridad Social. Crecen las voces que hablan de la inviabilidad, de la insostenibilidad, de la Seguridad
Social. Las voces pueden ir en una línea y las presiones pueden llevar a dudar de la viabilidad, pero los datos van en el sentido contrario; porque con este tipo de informaciones fiables, de proyecciones, se demuestra que el nuestro es un sistema
viable y sostenible. Por ello, quiero, en primer lugar, despejar esas incertidumbres que muchas veces se lanzan desde organismos oficiales, no solamente desde bancos o entidades interesados en las pensiones complementarias -lo cual es lógico, cada
uno defiende lo suyo-, sino que desde el sistema público, desde el Banco de España o desde la Oficina Económica de La Moncloa se largan a veces discursos sobre la insostenibilidad del sistema que, simple y llanamente, son insostenibles. Por eso
saludo que esta información vaya en la línea de garantizar la sostenibilidad y la viabilidad del sistema a medio y largo plazo, eso sí, haciendo cosas, pero garantizando esa sostenibilidad. Me gustaría también que eso fuera un patrimonio, en estos
momentos, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social o del Gobierno, y que en los próximos meses fuera también del conjunto de las fuerzas políticas en esta Cámara. En segundo lugar, quiero reivindicar el Pacto de Toledo, incluso desde la
crítica a las medidas que se hayan podido tomar en determinados momentos; el Pacto de Toledo es un instrumento en nuestra opinión necesario, yo diría que imprescindible, para discutir sobre esta materia, porque en esta materia -habrá voces que
critiquen ese ámbito- hay dos ámbitos con igual legitimidad: el ámbito de los agentes sociales, que son los contribuyentes al sistema, y el ámbito de la representación política. Ambas legitimidades tienen un lugar en el Pacto de Toledo y estaría
mal que la legitimidad del Parlamento fuera en detrimento de la legitimidad de la negociación y el acuerdo de los agentes sociales, y viceversa, que esa legitimidad de los agentes sociales fuera en detrimento de la legitimidad del Parlamento,
incluso reconociendo que esta es una materia política, electoral y que es muy difícil quedarse únicamente en el pacto de todos y no tener ocurrencias; ocurrencias que se dan al comienzo del curso político por parte del Gobierno, y ocurrencias que
también se dan por parte de las fuerzas políticas, incluida la mía, a lo largo de los periodos legislativos, que son lógicas y contribuyen a enriquecer el sistema, siempre y cuando, tengan en cuenta el equilibrio global.
A veces no es así; a veces las medidas unilaterales que se producen, bien por parte del Gobierno, bien por parte de las fuerzas políticas o los agentes sociales, no van precisamente en ese equilibrio del sistema entre lo que se contribuye y
lo que se gasta en el mismo. Recientemente hemos sido muy críticos respecto a la capitalización del desempleo. Hemos sido muy críticos porque ese aumento de la capitalización no tenía garantías suficientes; otros grupos políticos han sido
críticos también con otras medidas unilaterales, pero es importante en este ámbito defender la necesidad del Pacto de Toledo, su utilidad, incluso a veces desde la diferencia con alguna de sus medidas.
Tercera cuestión que quería comentar en estos momentos. No compartimos el discurso catastrofista sobre las pensiones, y tampoco compartimos que ante la crisis deban producirse medidas unilaterales normalmente de restricción de los derechos
sociales. También somos muy críticos respecto a los vientos de privatización del sistema de Seguridad Social o de nuestro sistema de pensiones, vientos de privatización que pueden ser directos o indirectos, esos que dicen que hay que aumentar la
edad de jubilación y en paralelo restringir las prestaciones para así conseguir que haya más flujo
hacia el sistema privado de pensiones; vientos que ponen en cuestión la gestión del sistema para defender gestiones privadas que, desde luego, por lo que conocemos de sus resultados no son precisamente favorables, desde el punto de vista
social ni siquiera desde el económico, según datos conocidos sobre modelos de gestión privada. En todo caso, no vamos a ser partidarios de esas medidas ni de rebajar las cotizaciones ante este momento de crisis, ni tampoco de aumentar la edad de
jubilación ni de favorecer sistemas complementarios de manera desequilibrada respecto al sistema público.
Muy por el contrario, nosotros defendemos en esta Comisión que en nuestro país, por ejemplo, todavía nuestra cobertura al desempleo es manifiestamente mejorable, por mucho que se diga que hay una cobertura casi total, nuestros datos no
casan; la cobertura actual deja fuera no solamente de la cobertura de desempleo sino también de mecanismos complementarios aproximadamente a 800.000 trabajadores. Por otra parte, tampoco estamos satisfechos con el nivel de pensiones medias en
relación con la media comunitaria, a paridad de compra, nuestras pensiones no contributivas están por debajo del 50 por ciento de las pensiones medias no contributivas de la Unión Europea, y nuestras pensiones contributivas están en torno a un
sesenta y pico por ciento de la pensión media de la Unión Europea. Si tenemos en cuenta que nuestra renta es el cien por cien de la renta media, algo no funciona cuando, por ejemplo, nuestro gasto social es el 60 por ciento del gasto medio de la
Unión Europea.
Hay muchas cosas por hacer en esta materia y, por tanto, defenderemos la mejora del sistema de pensiones, particularmente de las pensiones mínimas, que estas reformas se hagan manteniendo la contributividad y también la progresividad, de tal
manera que no haya colectivos que queden desprotegidos en nuestro sistema de pensiones y, por otra parte, en paralelo defenderemos que haya un cambio de nuestro modelo económico que garantice la viabilidad a futuro del sistema de pensiones. Porque
tan importantes como estas medidas son, por ejemplo, cambiar a un modelo en exceso centrado en la competencia en el trabajo y en mucha menor medida en investigación o en calidad; ese modelo en nuestra opinión es un modelo que tiene cortos vuelos,
hay que cambiar el modelo de desarrollo. Hay que cambiar también, en nuestra opinión, el modelo de empleo; mientras tengamos un modelo de empleo precario nuestras pensiones y nuestro sistema social será precario y, por tanto, hay que mejorar la
calidad de nuestro sistema de empleo y, en definitiva, también mejorar el Estado de bienestar, y dentro de ello el sistema de Seguridad Social y el sistema de pensiones. Esas son las posiciones que defenderemos en el próximo debate, y nos gustaría
que este debate sirviera para mejorar todavía más la sostenibilidad del sistema y reforzar el Pacto de Toledo, que nos parece un instrumento válido.
El señor PRESIDENTE: Don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quería agradecer la comparecencia del secretario de Estado, el informe que se nos entregó, que constituye un buen recopilatorio de la actividad legislativa y de las consecuencias en términos financieros, y en
términos de prestaciones del conjunto de reformas que ha sido impulsado en los últimos tiempos.
Usted sabe que Convergència i Unió se siente corresponsable de esta política; fuimos el grupo parlamentario que propuso la creación de lo que luego fue conocido como el Pacto de Toledo y hemos participado desde el año 1996 hasta ahora en el
desarrollo legislativo de todos los acuerdos sociales que los gobiernos, tanto los socialistas como lo del Partido Popular, impulsaron en esta materia. Hemos participado de esos consensos y, por tanto, en lo positivo que ha tenido de desarrollo el
Pacto de Toledo nos sentimos responsables, y también en aquellas cuestiones que son mejorables y que quizá no han ido tan bien. Además sabe, porque lo hemos podido trabajar a fondo con usted, que en los márgenes del Pacto de Toledo hemos propuesto
algunas iniciativas de protección social significativas que se han convertido en ley, y quiero recordar de manera muy clara la compatibilización del SOVI con la pensión de viudedad.
Todo ello nos lleva a reafirmar en la línea de la última parte de su intervención la validez del instrumento que constituye el Pacto de Toledo como espacio de consenso entre las fuerzas parlamentarias, para desarrollar unas políticas que
para que sean eficaces necesitan de más de una legislatura para poder implementarse y, al mismo tiempo, que las reformas que permiten hacer sostenible el sistema responden a un consenso social muy amplio; difícilmente podemos encontrar en el resto
de la Unión Europea una paz social tan duradera en materia de pensiones como la que España ha gozado desde 1995 hasta la fecha. Nos reafirmamos, insisto, en la validez del Pacto de Toledo.
También es cierto que el Pacto de Toledo afronta en esta legislatura una coyuntura sustancialmente diferente a la que hemos vivido desde el 1996.
En 1995 y 1996 empezamos a vivir la recuperación de nuestra economía y el Pacto de Toledo se
ha desarrollado en un contexto en el que veníamos de una situación de desempleo, de déficit público, de inflación, etcétera, realmente mala. Se ha desarrollado también en paralelo a la buena marcha de la economía. A nadie se le escapa que los
veinte millones de cotizantes que ha llegado a haber forman parte del éxito del Pacto de Toledo; más allá de las reformas que se han introducido para racionalizar el gasto, el hecho de que nunca tanta gente haya estado cotizando en España junto con
la variable demográfica de la generación de la guerra civil, explica ese éxito. Ahí le traslado un primer elemento de preocupación; el Pacto de Toledo va a tener que contraponerse por primera vez a un proceso claro de crisis económica, de
destrucción de empleo, de necesidades de empresas orientadas hacia el despido de trabajadores maduros, de recuperación o demandas de sectores que plantean prejubilaciones.
Hemos leído en algunos medios de comunicación que, por ejemplo, los sindicatos están empleando jubilaciones anticipadas en el sector de la construcción o que algunos sectores empresariales vuelven a plantear la necesidad de reducir las
cotizaciones sociales como fórmula para hacer más competitivos nuestros puestos de trabajo. Son debates que en estos años han estado presentes, pero que en este contexto económico concreto van a tener seguramente mayor repercusión. Por tanto, es
latente la preocupación sobre cómo la crisis económica va a afectar a las políticas que el Gobierno está desarrollando en esta materia, los acuerdos a que podamos llegar en esta Comisión o las propuestas que los diversos agentes sociales nos puedan
trasladar. El contexto es otro y vamos a ver si ese instrumento que ha sido útil en tiempo de crecimiento económico entre todos somos capaces de hacerlo útil también en tiempos de destrucción de empleo, de crisis, de nubarrones importantes sobre
nuestra realidad. Ahí le traslado algunas consideraciones en forma de preguntas o reflexiones que forman parte, a nuestro entender, de la agenda de los próximos meses en el contexto del Pacto de Toledo y, en ese contexto, insisto, de crisis
económica y de destrucción de empleo.
Estamos satisfechos con la edad media real de jubilación, que si no recuerdo mal está entre 63,7 y 63,8 años. ¿Nos parece suficiente haber alcanzado esa cifra o debemos ser capaces de introducir más estímulos y más incentivos en el contexto
socioeconómico en el que estamos viviendo, que permitan mejorar esas cifras, que evidentemente en comparación con la media de la Unión Europea no estamos nada mal, pero que sabemos que de cara al futuro deben ser mejorables? ¿Tenemos suficientes
personas de más de 65 años con voluntad de continuar participando activamente en el mercado de trabajo? ¿Podemos introducir más estímulos para que haya más personas de 65 años que puedan continuar trabajando, si así lo desean, y puedan ver
mejoradas sustancialmente sus prestaciones sociales? ¿Hemos dado respuesta en estos años a los problemas de pobreza de mujeres de más de 80 años que viven solas, no solo viudas, pero sobre todo viudas, que todos los informes, los más recientes, el
de Foesa de Cáritas o el de Caixa Cataluña, ponen en evidencia? Usted sabe que esta Cámara tomó en consideración una proposición de ley de reforma de la pensión de viudedad, y le quiero reiterar el compromiso político de Convergència i Unió de
trabajar para alcanzar en esta legislatura una reforma a fondo de la pensión de viudedad que garantice para nuestras madres y nuestras abuelas una pensión justa y pueda permitir a las generaciones futuras -yo hacía referencia a ello-, a aquellas
generaciones en las que la incorporación al mercado de trabajo es absolutamente paritaria, que la pensión de viudedad tenga otro sentido. ¿Estamos satisfechos de cómo hemos resuelto la situación de aquellos trabajadores con más de treinta y cinco
años cotizados, con más de cuarenta años cotizados que se vieron obligados a abandonar sus puestos de trabajo y, a pesar de más de cuarenta años de vida laboral, han terminado recibiendo pensiones extremadamente bajas? (El señor vicepresidente,
Montalbán Goicoechea, ocupa la Presidencia.)
Ayer tuve una comida con asociaciones de prejubilados -la señora López i Chamosa los conoce perfectamente, y usted también- y salió mucho en la conversación su persona, con buenas opiniones. (Risas.) En la pasada legislatura se introdujeron
algunas mejoras sobre los prejubilados de antes de 2002, pero sabemos que hay que continuar avanzando para mejorar esa situación. Creo que todos hemos asumido compromisos en esa materia.
¿Son suficientes nuestras pensiones no contributivas? ¿Hemos sido capaces de enlazar suficientemente bien las rentas mínimas de inserción con las pensiones no contributivas que son gestionadas por las comunidades autónomas y definidas por
el Estado, y con algunas iniciativas legislativas que en los próximos meses vamos a discutir en esta materia sobre la base de diversas propuestas de los grupos parlamentarios? ¿Hemos abordado de verdad lo que sucede con aquellas personas que no
llegan a los quince años mínimos de cotización, que tienen ocho o nueve cotizados y que ese esfuerzo contributivo, por modesto que sea, se ha terminado de perder? Ayer por la tarde estaba en Nou Barris dando una charla sobre el sistema público de
pensiones y al acabar diversas mujeres, sobre todo, se dirigían a mí contándome ese problema que usted conoce perfectamente.
¿Cómo es posible que mis ocho o nueve años de cotización no sirven para poder mejorar mi pensión no contributiva? ¿Nos
damos por suficientemente satisfechos con los actuales mecanismos de cálculo de la pensión? ¿Los elementos de contributividad que hemos introducido desde el año 1996 hasta ahora son suficientes o queremos avanzar en un mayor cálculo de años para
determinar la pensión en la línea de las reformas que se han impulsado en esos años? Sepa que la posición de Convergència i Unió es favorable a ampliar esos quince años en el marco del acuerdo social. Cada vez hay más ciudadanos que nos plantean
por qué no se me calculan más años de mi vida laboral para poder determinar la cuantía de mi pensión, que es asunto también de los cambios que está viviendo nuestro mercado de trabajo. ¿Tiene previsto el Gobierno volver a plantear la reforma de la
Ley reguladora del fondo de reserva de la Seguridad Social en el nuevo contexto económico en el que estamos instalados?
Ha hablado usted también de los sistemas complementarios. En este sentido discreparía de mi amigo el señor Llamazares, porque precisamente algunas de las reformas más interesantes que se han producido en los países nórdicos, en concreto en
Suecia, han ido orientadas a dar más libertad a los trabajadores para poder elegir cómo complementar sus propias decisiones sobre la base de la cotización obligatoria que deben realizar.
Hay más gente que nos plantea también más libertad para poder
organizar su propia protección frente a la vejez. ¿Podemos aprender alguna cosa de las reformas
producidas en Suecia hace unos cuantos años en relación a potenciar los sistemas complementarios? Porque sabemos que ese aumento del periodo de cálculo en términos globales supone una disminución de las pensiones para la mayoría de los
pensionistas. ¿Eso no justificaría entonces reforzar los mecanismos que desde el ahorro personal pueden permitir mejorar esas pensiones? ¿Es suficientemente rápido el ritmo de asunción de los complementos de mínimos? Me ha parecido observar que
estamos en un 37 asumido por los Presupuestos Generales del Estado.
Finalmente -usted lo decía en algún momento de su intervención-, hay cuestiones clave para la sostenibilidad del sistema que no dependen tanto de la reformas que hagamos sobre las reglas de las pensiones, que tienen que ver con la dinámica
de nuestro mercado de trabajo. Es evidente que si queremos que nuestro sistema público de pensiones para que sea garantizado no dependa absolutamente de la inmigración, como factor de crecimiento de nuestra base laboral, de ahí las políticas
vinculadas a mujeres, las políticas vinculadas a mayores de cincuenta años, deben ser mejoradas las políticas vinculadas a personas inactivas en el mercado de trabajo por su consideración de perceptores de algún tipo de prestación vinculada a su
situación de discapacidad. Ahí existen elementos fundamentales de nuestro mercado de trabajo para que haya más personas que se incorporen al mismo, si no queremos depender en exclusiva de la inmigración como factor de crecimiento de nuestra
economía. No compete directamente a la Secretaría de Estado, pero estoy de acuerdo con usted en que eso forma parte del debate de fondo. De hecho, la apuesta del Pacto de Toledo de 2003 -a propuesta del hoy consejero de Economía de la Junta de
Andalucía, el señor Griñán- fue ampliar las cuestiones que afectaban a la sostenibilidad del sistema, más allá de las reglas de juego del sistema. Fue una buena apuesta que hicimos en 2003 y que nos parece que hay que reafirmar en esta legislatura.
No tan solo abordar las reglas del sistema de pensiones, sino esa visión más global que permita orientar el conjunto de las políticas.
Termino. Ha dicho en un momento dado que hay que mejorar los mecanismos de vinculación entre el debate político parlamentario y el diálogo social -y creo que el señor Llamazares también ha hecho referencia a ello-. Estoy de acuerdo con
usted. En estos años, si me permite, se nos ha degradado esa vinculación entre el trabajo parlamentario y el diálogo social de tal manera que en la reforma que aprobamos en 2006, el conjunto de los grupos manifestábamos nuestra incomodidad, y
algunos por responsabilidad notábamos que aquello que el Gobierno y los agentes sociales habían enviado a la Cámara fuese respetado. Pero teníamos la sensación de que hay que mejorar en esa vinculación entre esos dos procesos. Cualquier propuesta
que usted plantee para mejorar ese enlace entre el diálogo social y el debate parlamentario nos parece básico, sobre todo por el contexto en el que estamos, porque va a ser ahora más difícil en el contexto social económico en el que estamos
instalados abordar determinadas reformas, y sentirnos todos corresponsables en el trámite parlamentario va muy ligado a que todos desde el principio participemos en la discusión de esos acuerdos que configuran el diálogo social.
Tenemos un margen
para poder mejorar nuestra actuación política. En todo caso, sabe, señor Granado, que Convergència i Unió en esta materia actúa desde la lógica de la responsabilidad, esta es una política que para que sea útil tiene un recorrido largo que va más
allá de los colores políticos de las mayorías concretas que existan en esta Cámara. Nuestra pretensión es continuar desde nuestra modestia trabajando en esa dirección.
El señor VICEPRESIDENTE (Montalbán Goicoechea): Veo que ha llegado el señor Olabarría del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Si tiene pensado intervenir, le doy la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Comprendo que es un uso parlamentario un tanto discutible e impropio hacer uso de la palabra sin haber escuchado las intervenciones del compareciente. Lo que pasa es que don Octavio Granado y yo nos conocemos
desde hace muchos años y tenemos una especie de empatía telepática. Puedo presumir lo que él ha manifestado y espero que mis reflexiones no vayan descaminadas. En todo caso, forma parte de las facultades de la Presidencia llamar a la cuestión si
mis digresiones van por derroteros manifiestamente inadecuados.
Agradezco su comparecencia. Estamos en una fase importante, histórica casi, a pesar de la prostitución del concepto de histórico, porque todo es histórico en los tiempos que corren. Pero toca ya renovar el Pacto de Toledo, en virtud de lo
previsto previo a los propios mecanismos del pacto de 2003, en 2008 se tiene que renovar. Y nosotros manifestamos ya, primero, nuestra inquietud y, luego, nuestra esperanza de que el nuevo Pacto de Toledo recupere el espíritu fundacional; el del
primer Pacto de Toledo; el que se suscribía en Toledo, donde estuvimos presentes no pocos de los que estamos aquí en esta Comisión hoy, o algunos, mejor dicho, de los que estuvimos en la ciudad de Toledo. Y que se excluya el problema de la
sostenibilidad del sistema de pensiones del debate parlamentario -en el sentido más bastardo del término- para obtener réditos electorales cortoplacistas, fáciles, sería una cuestión importante en el nuevo Pacto de Toledo. Quizá sea una pretensión
un tanto utópica. Es como pedir que la política antiterrorista se excluya del debate parlamentario y se convierta en una política de Estado. Yo no sé si este Estado tiene suficientemente maduras sus instituciones como para pedir estas cosas y que
realmente se cumplan. Tengo muchas dudas, pero bueno, por reclamarlo, señor Granado, no son superfluas estas manifestaciones y siempre es legítimo reclamarlo. Sobre todo, porque el Pacto de Toledo, en este momento, estaba políticamente amortizado
o era una institución, la Comisión de seguimiento,
políticamente amortizada, de escaso rendimiento, de escasa relevancia institucional y de escasa relevancia parlamentaria, mejor dicho, ninguna, en tanto en cuanto una de sus competencias fundamentales, que es la posibilidad de transmitir
iniciativas, propuestas de reforma normativa, legislativa, mecanismos de actuación administrativa, había sufrido un decaimiento de tal naturaleza que, de hecho, la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo era de naturaleza puramente ornamental,
sin ningún tipo de eficacia práctica. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Se ha producido lo que le he comentado más de una vez en términos de denuncia, señor Granado, un deslizamiento de la capacidad normativa en materias laborales; y también son materias laborales las atinentes al sistema de pensiones y su
sostenibilidad, acuerdos interprofesionales, siempre entre cuatro interlocutores sociales que no es preciso mentar, aunque se puede hacer; siempre son: Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, CEOE y Cepyme. El Gobierno, normalmente,
asume en sus propios términos lo que se aprueba en estos acuerdos interprofesionales, los cuales, una vez transformados en proyectos de ley remitidos por el Gobierno, traspasan el debate parlamentario de forma virginal, inmaculada. Aquí no se puede
tocar una coma, lo cual raya en una verdadera usurpación de las funciones parlamentarias o legislativas y un desapoderamiento peligroso de la competencia que debería residir para legislar en aquella institución donde reside la soberanía popular, que
es esta. Yo le he comentado que eso es lo que le pasa al Pacto de Toledo, pero le pasa a la institución parlamentaria en su conjunto. Nos gustaría que esto no continúe siendo la forma de proceder habitual; al final, lo que decidan los
interlocutores sociales será muy legítimo, pero es más legítimo institucionalmente lo que se decida aquí, lo que decidamos los grupos parlamentarios. Y somos los grupos parlamentarios los que componemos el Pacto de Toledo y su Comisión de
seguimiento. Esperemos que esa atrofia, ese desapoderamiento que raya en la usurpación de funciones legislativas, no se siga produciendo. Cuando se produce esto, y son acuerdos interprofesionales los que sirven de sustento o fundamentan reformas
legales, ocurre lo de siempre. Ayer tuvimos ocasión de discutirlo, no con doña Isabel López i Chamosa, sino con doña Elvira Cortajarena y con el señor Burgos, en la ciudad de Vitoria, con la Asociación Española de Prejubilados. Ocurre que aquellos
que no constituyen la prioridad o los que no son defendidos por las organizaciones sindicales y patronales que precocinan, predeterminan el contenido de las leyes laborales, a la postre ven preteridos sistemáticamente sus derechos.
Yo comprendo que la sostenibilidad del sistema de pensiones, en un contexto de crisis económica, es un motivo preocupante; y ahí debemos todos dedicar nuestra imaginación; y a esto tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos. Pero, desde
luego, no me parecería justo -y más injusto en un Gobierno que se ha autoproclamado en la anterior legislatura sistemáticamente como fenotípicamente de izquierdas o progresista, que es el que ustedes representan- que se deslicen las dificultades de
sostener financieramente el sistema de pensiones hacia los colectivos más débiles que no son protegidos, no ya por el Gobierno, ni siquiera son protegidos por las organizaciones sindicales que solo protegen los intereses de los trabajadores con
empleo -dependientes y con empleo- y menos de las organizaciones empresariales. Me estoy refiriendo a los colectivos de prejubilados, a los colectivos de viudas y a otros colectivos que se ven postergados, incluso, incumpliendo expresamente
proposiciones de ley y no de ley aprobadas en esta Cámara. Me estoy refiriendo a los prejubilados que manifestaron su legítima indignación en la jornada a la que ayer tuvimos ocasión de asistir el señor de Burgos, la señora Cortajarena y yo.
Incluso, yo no sé si se encendieron tanto los ánimos -espero que no- por el enardecimiento provocado por mis propias palabras, ya que después de la jornada salieron en manifestación; elaboraron e improvisaron una pancarta y salieron del local en
manifestación. Y desde esta perspectiva, estas son las perversiones que tendríamos que intentar evitar en el futuro Pacto de Toledo; que estos colectivos no sean los paganos de una situación o de un contexto económico que, cuando menos, es
preocupante.
Señor Granado, usted habrá conocido y habrá podido glosar e interpretar el informe de la comisión de expertos solicitado por la Comisión de Política Económica de la Unión Europea y debatido en el Ecofin, en donde ya, con relación al Estado
español, se manifiesta signos de preocupación en cuanto a la futura sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, que unos pueden ubicar en el año 2019, en virtud de las previsiones actuariales que está realizando su Gobierno u otras instituciones
-algunas de mayor credibilidad en mi opinión-, y en otros casos en el año 2024. En este momento, en este informe de la comisión de expertos que ha presentado ante el Ecofin y ante la Comisión de Política Económica de la Unión Europea, estamos
dedicando un 9,2 por ciento de nuestro producto interior bruto al sostenimiento del sistema de pensiones; no de la parte solo contributiva, que se financia sola -incluso sigue generando superávit-, y me gustaría saber cuándo va a dejar de generar
superávit si en 2019 o en 2024, en todo caso, a corto plazo, porque las previsiones de empleo son particularmente preocupantes. Ya las cifras de desempleo para el año que viene se están corrigiendo mes a mes por su Gobierno, y hay quien está
especulando con cifras del 16 por ciento, del 17 por ciento, incluso algunos informes, como las del BBVA, son superiores. Todavía las tasas de natalidad son bajas y las expectativas de la esperanza de vida se alargan y, por lo tanto, el colectivo a
proteger se incrementa, sobre todo, si los ERE, la multiplicación de expedientes de regulación de empleo, van a expulsar a más personas del mercado de trabajo. O sea que las dos pinzas que pueden gravitar negativa y preocupantemente sobre la
sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, están en sus peores perspectivas de análisis en
este momento. Y desde esa perspectiva -y acabo ya con esto mis palabras, señor presidente, que ya son demasiado largas para no haber tenido la suerte y el honor de escuchar la primera intervención del señor Granado-, tenemos en este momento
una situación difícil por delante. En el año 2040, en el informe de la comisión de expertos solicitado por la Comisión de Política Económica de la Unión Europea, se comenta -y a mi me preocupa terriblemente- que el 21,9 por ciento del producto
interior bruto del Estado español se va a tener que destinar a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Luego hay que buscar, medidas, incentivos, fórmulas que rodean ya casi lo mágico, lo esotérico, para que podamos garantizarlo con eficiencia.
Pero eso requiere, en primer lugar, que se respeten los grupos parlamentarios. Que la opinión de los grupos parlamentarios no sea sustituida o no haya un problema de subrogación por los interlocutores sociales. Que la opinión de los interlocutores
sociales, de todos, no con los que ustedes conciertan, los cuatro con los que ustedes conciertan siempre, sea tenida en cuenta, pero también la nuestra. También nuestras aportaciones y que el Pacto de Toledo se convierta en ese estimulante
instrumento que fue en su momento fundacional, donde se articularon una serie de medidas, algunas cumplidas, por ejemplo, la separación de los flujos financieros para financiar, por un parte, la parte de las pensiones contributivas y, por otra
parte, en otro flujo financiero presupuestario, las otras obligaciones del sistema público de Seguridad Social. Otras no han sido objeto de cumplimiento: la duodécima, la undécima relativa a la prejubilación, la relativa a las viudas, salvo que
usted entienda cumplidas las previsiones de la Ley 40/2007 en relación con los prejubilados, y otras son menciones un tanto retóricas en el Pacto de Toledo que tendríamos que concretar más.
Desde luego -y con esto acabo de verdad mis palabras, señor presidente-, va a contar con nuestra cooperación leal en tanto en cuanto, desde el Gobierno y desde los interlocutores sociales que están legislando de facto -no formalmente, pero
sí materialmente-, se respete también nuestra opinión. Pedimos una especie de respeto recíproco y de pacto para resolver un problema que es de todos. No es solo del Gobierno, no es solo de los gobiernos autonómicos, no es solo de los
interlocutores sociales; además, es de otras muchas asociaciones que representan intereses tan legítimos como los anteriormente mencionados. En esas condiciones va a contar con nuestra cooperación leal, con nuestras aportaciones, con nuestras
ideas, para resolver uno de los problemas de verdad de Estado que tenemos en este momento, que es, en el futuro, sostener el sistema de protección y defender sobre todo el contenido esencial del artículo 41 de la Constitución. Yo quiero -y eso sí
se corresponde con el fenotipo progresista que algunos invocan- que el sistema de protección siga siendo universal, siga siendo público, siga siendo suficiente en su cuantía, que sus reformas sigan siendo irregresivas, no regresivas, y además se
complemente con sistemas como fondos de pensiones -otra recomendación del Pacto de Toledo insuficientemente cumplida- o entidades de previsión social voluntarias, para que el día de mañana nosotros, nuestros hijos, los que nos sucedan en esta vida,
puedan por lo menos tener el nivel de protección vigente en la actualidad en el real decreto legislativo del año 1994 y en la Ley de 2007. Vamos a ver si somos capaces, entre todos, de conseguir algo que parece baladí enunciado de esta forma, señor
presidente, pero que le aseguro que no va a resultar fácil en absoluto y que desde luego va a resultar metafísicamente imposible si no es con la concertación y con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Don Tomás Burgos, por favor.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor secretario de Estado, bienvenido a la Comisión y muchas gracias por la documentación que se nos ha facilitado.
Es una obligación del Gobierno, pero en todo caso constituye, como todos podemos ver, un esfuerzo
notable de su departamento, que evidencia además lo que todos conocemos y compartimos, que es que la Seguridad Social tiene una especial capacidad para generar y para utilizar información pertinente y precisa sobre todos los elementos que la
componen. Eso es algo a lo que todos hemos contribuido, que sin duda merece nuestra valoración positiva y que creo que se pone de manifiesto en estos documentos. Por la premura de tiempo, no los hemos podido conocer en toda su profundidad, pero le
garantizo que estos días hemos hecho un esfuerzo por sumergirnos en tal volumen de documentación como para tener hoy una posición suficientemente fundada en relación con la misma.
Quiero empezar por el final de su intervención y suscribir su voluntad de acometer esas reformas que usted y nosotros definimos como necesarias, como moderadas y como oportunamente graduales, progresivas y no traumáticas. Eso es algo que ha
presidido siempre los trabajos de esta Comisión, las posiciones del Grupo Parlamentario Popular también y así va a ser en el futuro. Y por supuesto compartimos la idea de que el Pacto de Toledo es ese gran activo inmaterial pero que se plasma en
elementos que los ciudadanos sí perciben en la materialidad de su vida cotidiana, que no es solamente un elemento de coherencia o de estabilidad, sino que también lo ha sido en gran medida de progreso social en todos estos años.
Y precisamente
porque usted definía este mecanismo de la Seguridad Social y del Pacto de Toledo como un gran gestor de la confianza de los ciudadanos es por lo que, en respuesta a esa confianza, tenemos la obligación especial y la responsabilidad especial de
asumir los desafíos y los retos que necesariamente tenemos por delante. Su apelación al consenso básico, político y social, es compartida -no puede ser de otra manera; si no, iríamos frontalmente en contra de la esencia del Pacto de Toledo- y
comparto también de
alguna manera algunas apreciaciones en relación con la necesidad del protagonismo parlamentario, que no se contrapone con el diálogo social, pero que sí se antepone al mismo, no solamente en el espacio temporal sino también en cuanto a la
necesaria cualificación de los trabajos. En ese sentido, este Pacto de Toledo, patrimonio de todos, es oportuno que se revitalice y es oportuno, si ello es posible, que se haga desde hoy mismo. Ya se ha dado ese paso con la presentación de los
documentos que servirán de base para los trabajos de esta Comisión y que para nosotros son especialmente importantes. Ya le avanzo que, como no puede ser de otra manera, sus documentos y nuestras posiciones van claramente en línea con lo que se
está desarrollando en el contexto de la Unión Europea. Los documentos de la Unión Europea de los últimos años, tanto el informe sobre pensiones adecuadas y sostenibles de 2002 como el informe conjunto de protección social de 2007, como el informe
de sostenibilidad de las finanzas públicas de 2006,etcétera, todos ellos han venido poniendo el acento en el entorno de general envejecimiento de nuestras sociedades, especialmente de la población española, y en la conveniencia de articular esas
reformas a las que usted se refería en nuestro mercado de trabajo y en nuestro sistema de protección social para garantizar esa sostenibilidad fiscal a medio y a largo plazo.
Claramente tenemos que trabajar de cara a ese envejecimiento, y tenemos que hacerlo, no solo modificando las prestaciones o los ingresos del sistema, sino intentando que también el sistema sea eficiente en la resolución de algunos de los
problemas más evidentes que tiene la sociedad española, que sigue teniendo en estos momentos. Hay quien afirma, creo que con absoluta razón, que la natalidad es mucho más importante para el sostenimiento del sistema futuro que la propia
contributividad. Es uno de esos elementos claves, de cara al escenario demográfico que se nos plantea, en el que hay que seguir desarrollando iniciativas. Mi grupo ya avanza que este tiene que ser el Pacto de Toledo que luche contra la
discriminación por edad. Creo que ese es el gran escenario en el que tenemos que desarrollar nuestros trabajos. Y luego incidiré en este tema. La aproximación a la variable envejecimiento, que es la clave de los desafíos que tenemos por delante,
tiene que hacer necesaria una intervención en el mercado de trabajo en relación con la consabida productividad, con la organización interna de las empresas, con las carreras, con el reciclaje profesional, pero claramente con el tratamiento del
factor discriminación por edad, que es uno de los elementos que exigen posicionamientos claros ante la evolución previsible de nuestra demografía. Y como este tema de la demografía sí es relevante para nosotros y para el conjunto del sistema es por
lo que entendemos que tal vez el documento que se nos ha presentado adolece en alguna medida de pocos elementos para valorar el escenario demográfico futuro. En la estrategia nacional, simplemente se hace referencia a dos pequeños cuadros, pero sin
explicación ni análisis alguno, y en el informe del Pacto de Toledo, poco más. Yo creo que este tema, por su propia naturaleza y por la incidencia que va a tener en el sistema, exige un desarrollo probablemente más adecuado. No se pueden ni se
deben hacer proyecciones demográficas cada tres o cuatro años, pero es que la evolución de la población española ha sido de tal magnitud en estos últimos tiempos (hemos pasado de 40 a 45 millones) que claramente han reventado todas las proyecciones
demográficas en las que estaban basadas iniciativas de estudio anteriores. Convendría actualizar esta cuestión para disponer al menos de elementos clave en todo este debate que nos ayuden a hacernos una idea de por dónde van las cosas.
Le hago también otra consideración de índole formal y es que todos estos documentos están plagados de series estadísticas, pero tendríamos que hacer el esfuerzo de que esas series estadísticas se refirieran al mismo periodo de tiempo, porque
tenemos todo tipo de cuadros; unos van desde 1989 hasta la actualidad, otros desde 1991 desde 1994, 1995, 2000, 2004, 2007. En fin, hay de todo. Y me parece que tendríamos que hacer el esfuerzo, insisto, de intentar, para conocer la evolución del
Pacto de Toledo -al menos, en lo posible, que sé que no siempre es posible-, buscar una cierta ortodoxia en los datos; y yo le pediría que estos se refirieran, si es posible, desde el año 1995 hasta la actualidad, porque de esa manera conoceríamos
realmente la eficacia, en todos los órdenes, de las medidas tomadas desde que existe como tal el Pacto de Toledo.
Comentaré otros elementos de su exposición que creo que son relevantes.
Desde nuestro punto de vista, toda proyección es cuestionable, usted lo ha dicho, pero las que se han realizado y fundamentan estos documentos lo son de manera muy
especial, porque sin duda estamos en un escenario absolutamente distinto del que se preveía hace tan solo unos meses. Usted ha afirmado que no había ninguna variable o ningún indicador que hubiera empeorado en relación con años anteriores. Hombre,
525.848 afiliados menos a la Seguridad Social en el mes de octubre respecto a hace un año es una variable suficientemente relevante para que la tengamos en cuenta, probablemente no en el documento, pero es evidente que no puede estar ausente del
debate que celebramos en estos momentos. Creo claramente que las previsiones sobre las que se fundamentan estos análisis de futuro son realmente cuestionables. En el documento de estrategia nacional se nos habla de una reducción de entre el 13,94
por ciento en el año 2000 al 8,31 de desempleo en el año 2007; es decir, una caída del paro de 5,6 puntos. Pero es que desde entonces, desde que este documento se realizó, el paro en España se ha disparado ya al 11,9 por ciento de la población
activa y, como han dicho otros intervinientes, imagínense lo que puede ocurrir con la marea negra de expedientes de regulación de empleo que se nos dibujan en el panorama español, en relación sobre todo con la evolución de ese grupo de edad de entre
55 y 64 años.
En definitiva, creo que hay elementos en el escenario que probablemente por imprevisibles -aunque creo que no del todo-, sí que condicionan claramente la credibilidad de esas proyecciones de futuro y que por tanto, siendo como siempre son,
elementos de estudio y de análisis las proyecciones que se hacen, al menos deberíamos poner las cautelas precisas para que no condicionen, probablemente de forma negativa, nuestra impresión sobre la evolución futura del sistema. Hay cuestiones como
la de la separación de fuentes que son recurrentes y que da la impresión de que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Decir, como se dice, que las políticas de pensiones mínimas se financian con cargo a los presupuestos porque el Estado aporta una
parte de los complementos a mínimos, cuando lo que está aportando la Seguridad Social está siendo cada año una cantidad mayor, es exactamente decir un tercio de la verdad.
Hablar de secuencia progresiva que concluirá en 2013 se nos antoja hoy algo
muy opuesto a la realidad que nos muestran los datos. Por el contrario, la Seguridad Social aporta hoy a los complementos de mínimos bastante más que aportaba en el año 2004; la estimación aportada en estos documentos nos dice que el total que
aporta la Seguridad Social es casi dos tercios de lo que se financia en relación con los complementos a mínimos. Por tanto, la separación de fuentes sí que tiene un objetivo claro y evidente que, desde nuestro punto de vista, tiene que culminarse
de forma importante en los próximos años.
Nos preocupa también, cuando se habla de desarrollos legislativos en todo este período de tiempo, que se haga una referencia muy escueta al colectivo de inmigrantes, porque ciertamente en estos momentos sí que es uno de los colectivos cuya
contribución positiva, habiendo aportado esencialmente al sistema, al menos desde el punto de vista numérico en estos últimos tiempos, en estos momentos, en términos interanuales, ha desaparecido prácticamente en la Seguridad Social. Así es como lo
pone en evidencia, por ejemplo, el informe del servicio de estudios del BBVA. La contribución positiva de la población extranjera al crecimiento interanual se ha reducido significativamente y ya no logra compensar el crecimiento de la contribución
negativa de la afiliación propiamente española. Lo digo porque la gran aportación cuantitativa de los inmigrantes al incremento de la afiliación, que es innegable y que sí se pone de manifiesto en este documento, sin embargo no viene acompañada -y
me parece un elemento muy relevante- de información alguna sobre cuál es su aportación en términos económicos. Excluir este asunto del debate no aporta demasiado; por el contrario, es exigible un elemento de transparencia en relación con esta
cuestión. Creo que es muy importante que este documento incorpore también información precisa sobre cuál ha sido la aportación económica tomando como base esas cotizaciones a la Seguridad Social y que no simplemente diga si ha habido más cientos o
menos cientos de miles de afiliados; que diga cuál ha sido realmente su aportación en términos económicos.
Sí le valoro una cosa y es el reflejo de la revalorización general y de las subidas que por encima del índice de precios al consumo se produjeron en la época del Gobierno popular. Es verdad que solo reflejan los datos desde el año 2000 -le
faltan cuatro años-, pero queda claro en este documento que se produjeron notables incrementos de pensiones por encima del índice de precios al consumo. Es más, muchas de esas pensiones subieron más del 12 o incluso más del 17 por ciento en una
sola anualidad, y es algo que ciertamente cabe poner de manifiesto ahora, porque reconocemos al menos su honestidad profesional y la honestidad intelectual de la Seguridad Social, sobre todo cuando en nueve ocasiones el presidente Zapatero ha dicho
en esta Cámara -y muchas más fuera de ella- que el Partido Popular nunca hizo subidas de pensiones mínimas, que han tenido que llegar ustedes para que esto se hiciera. El documento, como no podía ser de otra manera, deja bien claro que subidas por
encima del IPC se han realizado siempre y que se han realizado también, y de forma muy significativa, por el Gobierno del Partido Popular.
En relación con la evolución de las pensiones mínimas, quiero señalar que las que cursan con garantía de mínimos suponen en este momento, según su documentación, el 27 por ciento del total, un veintiuno y poco de hombres y un 32,5 de
mujeres; y de las pensiones nuevas, las que cursan con mínimos son el 20,2 por ciento del total. Ya son solo el 10 por ciento para los hombres -y aquí sí se evoluciona positivamente-, pero son el 31 por ciento para las mujeres. Es decir que las
mujeres siguen siendo claramente el género más expuesto a situaciones de precariedad o necesidad y no están evolucionando positivamente en relación con los datos que se ponen de manifiesto. Por lo tanto, ahí tenemos también un gran elemento de
reflexión en el próximo futuro en los trabajos de este Pacto de Toledo, elementos que a nosotros nos parecen muy relevantes, como también -porque algunos portavoces lo han citado- con respecto al futuro de la pensión de viudedad. No entendemos por
qué no se acometió en la legislatura pasada la reclamada reforma integral que demandaba el pacto y que ahora por lo visto se pretende resolver de otra manera, probablemente más puntual y menos acorde con el mandato del propio Pacto de Toledo. Hay
más de 2.200.000 pensiones de viudedad en estos momentos en nuestro país, 2.254.561, con los últimos datos suministrados por su departamento. Sería mucho decir que, existiendo solamente 700.000 de ellas que reciben pensiones mínimas, el resto,
hasta esos 2.200.000, gozan de una situación económica envidiable que nos les hace acreedores de una ayuda del Estado en forma de incrementos de pensión. Insisto en que nosotros pensamos que eso es mucho decir. Hablar en términos de mejora de
pensiones de viudedad refiriéndonos solo a las pensiones mínimas dejaría sin atención a un colectivo muy importante, que puede que no reciba pensiones mínimas pero es que en el caso de las pensiones de viudedad, las
que no son mínimas también son extremadamente escasas y requieren mucha atención por nuestra parte.
En relación con la previsión social complementaria, seguir oyendo hablar a estas alturas de vientos privatizadores y de otro tipo de escenarios apocalípticos es no enfocar bien la situación. Usted comparte conmigo que la previsión social
complementaria es un elemento absolutamente fundamental en todos los sistemas de la Unión Europea, que la propia Unión Europea concede especial importancia en todos sus documentos al desarrollo de estos sistemas y que los mismos en absoluto
condicionan el futuro de nuestro sistema público, sino todo lo contrario, lo complementan y, además, generan en la sociedad un elemento de cultura positiva sobre el ahorro y la previsión que también repercute favorablemente sobre el futuro del
sistema. Sí hay que decir que claramente no hemos avanzado en esta dirección y que, en el año 2006, los seguros de vida y los fondos de pensiones representaban en España el 14 por ciento del ahorro familiar, cuando la media de la Unión Europea es
el 32 por ciento. Tenemos un enorme camino que recorrer en esta materia y esa no es una cuestión ideológica y no puede descalificarse con apriorismo ideológicos. La previsión social complementaria tiene un margen de desarrollo y creo que haríamos
un flaco favor a nuestro futuro escenario si no le concediéramos la importancia que tiene.
Nos explican los expertos que, a finales de este año 2008, los hogares españoles dedicarán, de cada cien euros de ahorro financiero, 42 a inversiones en depósitos -invertían 38 el año pasado-, 29 en acciones y participaciones -invertían 32
en el año 2007 y seguro que van a invertir mucho menos en los próximos años-, 9 en fondos de inversión y solo 9 en seguros -invertían 8 en 2007- y 6 en pensiones -invertían también 6 en el año 2007. Tenemos unos elementos relacionados con la
cultura de la previsión, del ahorro privado, del ahorro particular y del ahorro complementario realmente muy incipientes. Esto es algo que, por ser tan evidente, no merece mayor consideración. Sí la merecen -como no puede ser de otra manera- estos
datos en relación con el paro y con nuestra previsible evolución económica en los próximos meses e incluso en los próximos años, según se nos escenifica por parte de todo tipo de organismos nacionales e internacionales. No incorporar los datos
profundamente negativos que tenemos en estos momentos encima de la mesa -más allá de esas referencias genéricas del documento del tipo desaceleración de la economía, repunte del volumen de desempleados, etcétera- es no enfocar adecuadamente las
cosas. Desde ese punto de vista, sí queremos incidir en las bonificaciones, por ejemplo. El Pacto de Toledo creemos que sí que tiene que ahondar en la política relativa al uso de las bonificaciones para, efectivamente, estimular el empleo,
precisamente en un momento en que eso sea más necesario que nunca. Los contratos que a día de hoy tienen bonificación en las cuotas a la Seguridad Social han disminuido espectacularmente respecto a años anteriores, no solo, por supuesto, como
consecuencia de la ejecución de las medidas de la reforma laboral -eso va de suyo y es bastante evidente-, sino porque no se han sustituido estas y no se están sustituyendo en la medida en que es necesario, con estímulos suficientes que permitan
impulsar el crecimiento y la creación de empleo en estos momentos. La Seguridad Social se enfrenta a una situación complicada, en un contexto en el que la OCDE nos explica que vamos a ser el país con menor productividad y con más desempleo, en
porcentaje de población activa, de toda la OCDE y por tanto sí conviene que nos tomemos muy en serio este tipo de políticas. El Pacto de Toledo, que hacía una referencia expresa al tema de las cotizaciones a favor del empleo, cotizaciones al
servicio del empleo, sí tiene que reflexionar profundamente sobre si este mecanismo de las bonificaciones, si sus objetivos y los colectivos a los que va dirigido son realmente los adecuados en los momentos actuales.
El superávit de la Seguridad Social ha sido un hecho en estos últimos años. Creo que hacen también ustedes un notable ejercicio de honestidad intelectual reflejando los datos de déficit de la Seguridad Social, tan cuestionado en aquel
momento en que el Partido Popular se lo encontró. En el año 1995 menos 0,72 por ciento; en el año 1996, menos 0,68; en el año 1997, menos 0,30; en 1998, menos 0,11 y en 1999 ya hubo superávit. El esfuerzo de entonces consistió en pasar en ocho
años de un déficit del 0,72 a un superávit del 1,10. Creo que ese fue un esfuerzo importante, que hemos mantenido en ese entorno en los años siguientes y que precisamente por eso es valorable, porque nos permite conocer a fondo cuál ha sido la
evolución de este elemento desde el año 1995. Pero ustedes mismos indican que, en parte, este superávit se ha conseguido por el buen comportamiento de varios indicadores. Uno de ellos, al que usted ha hecho referencia, es la morosidad. Sin duda
ha descendido y lo ha hecho muy cerca de ese objetivo del uno por ciento, pero me gustaría conocer cuál es su percepción de cómo está incidiendo la situación económica en estos momentos en relación con la morosidad, porque a nadie se le oculta que
este va a ser un tema añadido, problemático, para el futuro. La recaudación por vía ejecutiva ya se estancó en el año 2007, con los datos de la propia Seguridad Social. Recaudaron 1.289 millones de euros, solo 5 millones más que el año anterior,
es decir, que se produjo ya el año pasado un cierto freno a la recaudación ejecutiva y por tanto no se mantuvo el ámbito de crecimiento, que era del entorno del 10 por ciento, que se venía desarrollando en los años anteriores.
Sí me gustaría conocer cuál es su valoración, aunque sea a vuelapluma en estos momentos, sobre la incidencia que la crisis económica y la situación puede tener sobre la morosidad. No tiene nada que ver con los esfuerzos de aplazamientos de
pago que está haciendo la Seguridad Social y que creo que le corresponden y son oportunos, sino con la real incidencia en la evolución de los pagos
efectivos a la Seguridad Social, que claramente han descendido en los meses que llevamos de 2008. La paulatina mejora de la relación entre activos y pasivos, que pasó del 2,2 por ciento en el año 2000 a un 2,7 en el año 2007, claramente se
nos está desmoronando; está cayendo en el año 2008, algo que no sucedía desde 1996. Y lo relevante y claro, desde nuestro punto de vista, es que la crisis económica planea en estos momentos sobre 4 millones de trabajadores que tienen más de
cincuenta años y otros 5 millones a quienes esta situación sorprende con contrato temporal. Creo que es muy importante tener en cuenta estas dos generaciones, que están en la primera línea de fuego laboral y cuya evolución nos preocupa
especialmente. No comparto el optimismo respecto a los datos de edad media de entrada de jubilación, que también, según ustedes, es un elemento que ha coadyuvado a la generación del superávit.
Estamos, según estos datos, entre enero y mayo de 2008
en 63,66 años de edad media de entrada de jubilación, pero es que el total de altas, tal y como figura en la documentación que nos ha facilitado, era del 63,8 en el año 2002. La edad media de las altas de jubilación en el año 2002, teniendo en
cuenta la jubilación no SOVI y la vejez SOVI, es decir, el total de altas, era del 63,8 en 2002, del 63,7 en 2003 y del 64,8 en 2005. Es decir, no hemos evolucionado significativamente, sino que probablemente hayamos descendido en relación, por
ejemplo, con el año 2004, que fue el primero en el que ustedes tuvieron responsabilidades de gobierno, y el efecto combinado de esta crisis sobre los trabajadores de más edad, de los despidos, de los ERE y de la extensión de la jubilación anticipada
pueden ser demoledores para el objetivo de extender la vida laboral, porque hoy las aspiraciones de colectivos enormes en nuestro país se concretan en el acceso a cuanta modalidad de jubilación anticipada sea posible, y creo que no debemos abundar
en la idea de que nuestro sistema de pensiones puede con todo, incluidas las jubilaciones anticipadas del sector de la construcción, de la enfermería, del sector agrario, de los policías autonómicos, de los policías locales, de los transportistas,
etcétera, incluido el personal del propio ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tiene entre sus reivindicaciones laborales el acceso a la jubilación anticipada. Creo que la edad mínima que tenemos en estos momentos para acceder a esa
jubilación, 52 años, tal vez sea demasiado baja, y que el Pacto de Toledo debería reflexionar sobre la conveniencia de adecuar también esa edad mínima de acceso a la jubilación anticipada; así nos evitaríamos espectáculos como los de algunas
empresas anunciando a bombo y platillo jubilaciones anticipadas y prejubilaciones de trabajadores de 48 años.
Lo que no está funcionando, señor Granado, y también tiene que ser objeto de actuación en este Pacto de Toledo, es la prolongación de la vida laboral. La prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años con los datos que maneja su
ministerio respecto a las altas iniciales de jubilación dicen de que en el año 2005 se jubilaron con más de 65 años el 17,9 por ciento de trabajadores, en 2006 era el 9,8, en 2007 fue el 8,6, y en datos acumulados a julio de 2008 habíamos descendido
al 7,9. Yo creo que ello exige una reflexión importante, porque tal vez los incentivos que están operando en este momento sobre el sistema no son los más adecuados, no son suficientes y con algunos años de capacidad para evaluar el grado de
desarrollo de estos indicadores conviene poner esto de manifiesto. Hay que recordar que la Unión Europea, como dice también el propio documento que nos ha facilitado, explica que un aumento en dos años de la edad de jubilación como un aumento de
medio punto en las cotizaciones haría posible en la mayoría de los países el mantenimiento de los niveles actuales de las tasas de reemplazo. Para nosotros es muy importante prolongar la vida activa de forma voluntaria de nuestros trabajadores,
pero los incentivos que tenemos encima de la mesa no son suficientes. Como valor medio, los incentivos a nivel europeo se estima que incrementan entre un 5 por ciento y un 10 por ciento al año el importe de la pensión. Esto lo dice el Comité de
protección social sobre flexibilidad en la jubilación y su contribución a la prolongación de la vida activa en ese documento que nos han facilitado, es decir, nuestros incentivos no están a la altura y tendrán que ser revisados.
Voy concluyendo, señor presidente, aunque la naturaleza de los temas planteados da para muchas sesiones que espero tengamos en esta Comisión, haciendo referencia a una serie de cuestiones en relación con el futuro de ingresos y gastos que
nos plantea el informe de estrategia nacional que da cobertura a su intervención hoy aquí. En ese escenario económico imprevisible -hoy en un artículo de opinión en un periódico se habla de la economía como la ciencia de lo lúgubre o la ciencia de
lo imprevisible-, en esas proyecciones imprevisibles sobre lo que va a ocurrir en nuestro país en el entorno económico europeo y mundial en los próximos años hay cosas que no podemos prever, que podemos proyectar pero que no podemos prever, pero lo
que sí podemos observar respecto a las proyecciones que ustedes mismos hicieron en el año 2005, es el gasto en pensiones en relación con el producto interior bruto -está en la página 24 del informe nacional-; la relación entre cuotas relativas al
producto interior bruto por supuesto va a bajar en el año 2010, va a bajar en el año 2030 y bajará en el año 2050. Esto, como digo, es una previsión que no sabemos lo que puede suponer realmente, pero lo que sí sabemos es que respecto a esa
previsión de 2005 en los últimos tiempos, el gasto en pensiones en relación con el producto interior bruto ha subido del 7,74 al 8,34 por ciento, es decir, 0,7 décimas; lo que sí sabemos es que respecto a la evolución previsible del sistema que se
establecía en el año 2005 hasta ahora, tres años después, el sistema se nos ha desviado en gasto el 0,7 por ciento respecto al PIB en función de lo previsto. Ello implica una mayor carga sobre el sistema y nos demuestra que en tan solo tres años
realmente la desviación respecto a
las previsiones ha empeorado y que a veces lo imprevisto es lo más habitual.
Vemos que la evolución de la productividad se está deteriorando significativamente y lo que no sabemos es cuál es la evolución real de la esperanza de vida. Cada cinco o seis años la vida se alarga para el individuo representativo en casi
un año adicional y hay que recordar que cada década que pasa la esperanza de vida en España se alarga en 1,4 años, es decir, en más de 84.000 millones de euros adicionales, lo que sobrecarga aún más el sistema de aquí a 2050, que es obvio que no
sabemos cómo va a evolucionar pero, salvo cataclismo, parece razonable entender que la esperanza de vida tampoco vaya a bajar. En definitiva, entiendo su posición y la posición de la Seguridad Social pretendiendo transmitir el mensaje de que
tenemos más margen de maniobra, y por tanto más tranquilidad y menos necesidad de acometer reformas, pero a nosotros no nos tranquilizan las proyecciones, lo que nos tranquiliza son las políticas adecuadas. En ese sentido, sustituir las políticas
adecuadas por proyecciones con mayor o menor margen de maniobra no es un buen negocio para el futuro del sistema. Nuestra disposición a esas reformas no se ven menospreciadas ni entorpecidas por la presentación de este documento. Probablemente se
vean impulsadas por la realidad que estamos viviendo, y tal vez esta realidad se aproxima hoy más a las previsiones que se hicieron en el año 2005 que a las que se nos han planteado en el año 2008, y a todos evidentemente nos gustaría equivocarnos,
pero creo que nadie podría poner la mano en el fuego en estos momentos por que la evolución de crecimiento económico y de empleo sobre la que se sustentan nuestras proyecciones vaya a ser efectivamente así. Hablar en estos momentos de recuperación
de índices de crecimiento económico del 3 por ciento, de índices de creación de empleo del 3 por ciento, de incrementos de nuestra tasa de actividad con lo que tenemos en estos momentos encima de la mesa, es francamente un ejercicio de voluntarismo
pero con poca base real. En la política hay que trabajar con proyecciones solventes, pero sobre todo hay que trabajar con la realidad en la que estamos. En estos momentos, plantear proyecciones de estas características, en la medida en que sean
una excusa para la inmovilidad o para la inactividad, constituyen un riesgo. Por eso resulta doblemente conveniente no desatender los llamamientos de todo tipo de organismos internacionales y nacionales, públicos y privados, que nos invitan o nos
exigen hacer reformas importantes en nuestro sistema de protección social. Para que este sea un sistema seguro y perdurable hay que acometer esos desafíos y esos retos en la seguridad de que lo estamos haciendo para garantizar no solo su
sostenibilidad económica, sino también su capacidad para seguir ampliando sus protecciones a los diferentes colectivos que lo vayan necesitando. Ese sí es el concepto de protección sostenible que nosotros compartimos y reclamamos, y en el que tiene
que basarse el futuro del trabajo de esta Comisión. Espero que sea una Comisión que contribuya no solamente a reforzar ese tronco tan profundamente anclado en el suelo, que es el de la Seguridad Social española, sino que, si es posible, también
puedan surgir en ese tronco frutos apetecibles y deseables, en la medida en que todos lo demandamos así.
El señor PRESIDENTE: Doña Isabel López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, presidente, y especialmente por lo que no ha dicho.
Permítanme, en primer lugar, que dé la bienvenida al secretario de Estado a esta Comisión, sobre todo en estos momentos en que iniciamos la revisión del Pacto de Toledo. Debo de ser una persona que comunico mal y que a veces también me
explico mal, pero el gran problema que tenemos en este Pacto de Toledo -y en ello trabajaremos- es que cada uno entendemos de distinta manera como ha de funcionar este pacto. Si todos entendiéramos que el Pacto de Toledo es un trabajo que iniciamos
ahora, cuyas proyecciones vamos a analizar a partir de la documentación que ya tenemos y que, al final, haremos las recomendaciones que toquen y que creamos adecuadas para la situación actual, seguramente no tendríamos que oír que el Pacto de Toledo
está desfasado, que ya no sirve, que en los últimos años no se ha reunido y que las iniciativas legislativas no se hacen dentro del Pacto de Toledo. A lo mejor en algún momento nos habremos de plantear si la Comisión no Permanente del Pacto de
Toledo ha de ser o no legislativa porque, si la mantenemos como está actualmente, hemos de entender todos que toda iniciativa legislativa de reforma de la Seguridad Social ha de hacerse en otra Comisión que sea legislativa, porque esta no tiene esas
competencias. Eso no quiere decir que el Gobierno no apueste por el Pacto de Toledo, sino que está funcionando de acuerdo con el Reglamento y con las normas que todos nos hemos dado.
Tendremos que seguir trabajando esto a lo largo de los debates
que vamos a hacer, y deseo que no sean tan largos como la última vez, porque empezamos en el año 2000 y acabamos en 2003. Espero que en esta ocasión vayamos un poco más deprisa.
He escuchado a los distintos portavoces y con algunos coincido en algunas cosas y en otras, por supuesto, no coincido. Voy a empezar haciendo una serie de afirmaciones, para después hablar un poco de lo que, a nuestro entender, tiene que
ser el Pacto de Toledo. Lo decía el otro día y lo repito aquí en nombre del Grupo Parlamentario Socialista; en el Pacto de Toledo tendremos que hablar de todo lo que todos los grupos queramos hablar sin ninguna restricción, pero solo podremos
aprobar aquello que podamos consensuar. Hablaremos de todo, pero solo sacaremos adelante aquello que podamos consensuar. En el ánimo de todos ha de estar que consensuar significa que lo que yo quiera no saldrá, pero que lo que quiere el otro
tampoco. Eso significa el consenso, aceptar una parte de lo del otro y aceptar también que lo que uno pretende tiene que reducirse. Sin embargo,
si empezamos diciendo yo quiero-como decía mi amigo Olabarría-, empezamos mal, porque el yo quiero, en una cuestión que ha de ser de pacto, no tiene cabida, sino lo que conjuntamente todos vayamos pactando. ¿Tenemos muchas cosas por
delante? Sin ninguna duda, pero voy a empezar hablando de lo fundamental, que son las formas, y las formas las tenemos bien definidas: Pacto de Toledo, agentes sociales. Lo que no puede ser es que aquí, en esta Comisión y no en otra, cada vez que
hablamos de agentes sociales nos cuestionemos los agentes sociales, si son o si no son, si son cuatro, dos o seis. Hay una legislación que establece quiénes son los agentes sociales que han de negociar, y mientras que esa legislación no cambie, hay
los que hay y con esos agentes sociales tenemos que trabajar, al margen de que luego cada uno de nosotros nos podamos encontrar más a gusto con unos o con otros. Me van a permitir decir que la colaboración de los agentes sociales no solo con el
desarrollo del Pacto de Toledo y la Seguridad Social sino con la concertación social, ha permitido que en los últimos años este país haya tenido, el crecimiento que ha tenido, que haya sido un crecimiento un poquitín más ordenado y que hubiera un
pelín más de reparto de ese crecimiento que lo que hubiera habido si la concertación social no se hubiera dado en este país. Por tanto, vaya por delante el valor que tienen el Pacto de Toledo y la concertación social, que garantizan que eso vaya
adelante.
Se han planteado varias cuestiones sobre las que hay que hablar. Repito, hay que hablar de todo, pero me gustaría afirmar lo siguiente. Cuando hablamos de las viudas y de por qué no hemos afrontado la reforma de la viudedad en la
legislatura pasada, hay que decir que fue porque no pudimos ponernos de acuerdo. No había acuerdo, no había consenso sobre cómo afrontar esa reforma concerniente a las viudas en profundidad. Por eso hemos reformado en la viudedad aquello que
pudimos concertar y en lo que pudimos llegar a acuerdos. ¿Qué reformas de viudedad vamos a hacer en el Pacto de Toledo? Las que todos nosotros queramos, en las condiciones que nosotros queramos. Señor Campuzano, a pesar de que usted siempre
recuerda que fue una propuesta de CiU la que dio pie al Pacto de Toledo y que fue una propuesta de CiU la que dio pie a hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad, le voy a recordar lo de siempre; sus diez votos, sin los míos, no suman, y
su voluntad, sin la mía, no llega. Por tanto, tendremos que ponernos de acuerdo en cómo queremos esa reforma de viudedad. Yo le digo a usted que la preocupación del grupo al que represento y, para que no quepa ninguna duda, personalmente la mía
también, son aquellas viudas mayores de 65 años que cobran la pensión mínima y que no tienen pensión propia. Y, como todo a la vez no se puede hacer -si aquí tuviéramos una situación en la que pudiéramos hacer de golpe todo, yo seguramente diría
que no el 70 por ciento, sino más-, tenemos que ir por partes, y lo primero es lo primero; aquellas mujeres mayores que no tienen pensión propia y que cobran pensión mínima. En eso hemos venido trabajando mi grupo y el Gobierno y en esa dirección
queremos seguir. Reformar la pensión de viudedad también significa hacer una reflexión sobre si tiene que ser vitalicia desde que se pueda empezar a cobrar, a los 16 ó 18 años, hasta que uno muera. Porque hay que veces que cuando hablo con
colectivos me entran ganas de ser un poco mala.
Cuando me encuentro enfrente a una persona que me está reivindicando que la pensión de viudedad no le sume y tú sabes que viudo o viuda solo lo es en el papel, dices oiga, hablemos en profundidad.
Tenemos que empezar a hablar sobre aquello que queremos mejorar porque, si no, no llegaremos a todo. Repito que hablaremos de viudedad y de jubilación gradual y flexible. Comparto lo que algunos de ustedes han dicho y lo que ha dicho Tomás Burgos
últimamente. No es de recibo intentar jubilar a la gente de la manera que se pretende en estos momentos. Si seguimos hablando de prejubilaciones, estamos apostamos por pensiones mínimas, porque todo el que se prejubila tiene que llevar
necesariamente coeficiente reductor, que no desaparece ni va a desaparecer. Si apostamos por que la gente se pueda seguir jubilando con 48 ó 52 años, apostamos por que pierda una parte de su pensión. Por tanto, tendremos que buscar fórmulas para
que la gente pueda seguir trabajando más allá. La propuesta que hacía el señor Burgos de no discriminación por edad ya figura como una recomendación del anterior pacto, pero tendremos que hacer un desarrollo mayor.
Dicho esto, me van a permitir hacer un paréntesis. Entiendo perfectamente que los agentes sociales, los sindicatos, cuando se ven en la necesidad de aceptar un cierre de empresa o una reducción de plantilla, apuesten por las jubilaciones
anticipadas, porque dentro del despido, dentro de lo malo, es mejor que se vaya una persona a la calle con una garantía de cobro indefinido que echar a un padre de familia que a lo mejor solo tiene la cobertura de uno o dos años de desempleo. Pero
tenemos que hacer papeles diferentes, y nosotros tenemos que hacer el papel político que nos corresponde y hablar durante el debate de que no haya discriminación por parte de la empresa. Aunque luego en la realidad en los centros de trabajo se
sigan empeñando siempre.
No voy a hablar de las proyecciones, porque tiempo tendremos para hacerlo ya que con lo que hoy iniciamos vamos a tener que hacer frecuentes reuniones, pero hay una cosa, señor Burgos, que usted sabe que no puedo dejar pasar. Si hablamos de
cómo estaba la Seguridad Social en 1996 hemos de explicarlo todo, y si hablamos de esas proyecciones a las que usted se refería también hemos de explicarlo todo. Hemos de explicar que en 1995 y en 1996 la Seguridad Social estaba pagando sanidad y
estaba pagando no contributivas. Hemos de asumir de una vez por todas que el sistema contributivo nunca ha tenido déficit. Otra cosa es el conjunto de la Seguridad Social. Lo explicamos porque es como si estuviéramos a punto de cerrar la
Seguridad Social en el año 1996, y ustedes saben perfectamente que no era verdad.
Y nobleza obliga. Si usted ve las proyecciones que este Gobierno ha introducido en este estudio, sería obligado reconocer que lo que estoy diciendo yo es la realidad que había en aquellos momentos.
Hay un problema que tenemos usted y yo, que ya tuvimos en 2003. Tenemos complicado hablar de más natalidad usted y yo, pero lo haremos, y ya veremos cómo lo hacemos. (Risas.) Pero es complicado. Esperemos que otros compañeros en el Pacto
de Toledo nos compensen. De todas maneras, tengo la ventaja de que me compensa la familia, porque tengo hermanos que son muy productivos.
No voy a discutir más el tema de complementos a mínimos porque es un debate en el que no acabamos nunca poniéndonos de acuerdo. En estos momentos hay una aportación por parte del Estado a complementos a mínimos más que razonable. Tengamos
en cuenta que la recomendación del Pacto de Toledo que habla de los cinco años en los que se han de absorber los complementos a mínimos no tuvo su desarrollo legislativo porque no pudimos ponernos de acuerdo en el desarrollo de esa recomendación, y
a todos los efectos jurídicos y legales sigue vigente 2013, que es lo que ustedes legislaron y acordaron. Por tanto, este Gobierno lo que está haciendo es cumplir con lo que su Gobierno estableció. Más correcto no se podría ser.
Cuando el señor Llamazares habla de pensiones mínimas y salarios mínimos comparándolos con Europa, ahí podemos tener un problema. Tenemos que hablar de salario medio y pensión media en España, porque si hablamos de pensión media en España y
pensión media en Europa tenemos un desnivel frontal. Pero es que si hablamos de salario medio en España y salario medio en Europa también tenemos un total desequilibrio en los temas. En nuestro país nuestra protección social está ligada al mercado
de trabajo, y eso nos lleva a que los problemas que tiene el mercado de trabajo son trasladables al sistema de protección. Eso es lo que tenemos. Mientras no encontremos fórmulas que permitan mejorar esas condiciones habrá ese problema. Ahora,
¿qué me sirve de referencia? Me sirve de referencia que un trabajador de la SEAT, cuando se jubila con más de 35 años y con 65 años cumplidos, lo que se lleva de pensión es más o menos lo que estaba cobrando en los últimos meses de salarios. Aquí
es cuando digo que es un sistema válido y adecuado.¿Cuándo no se compensa eso? No se compensa cuando hay una prejubilación por medio, y hablo de las grandes empresas.
No me preocupan las prejubilaciones de las grandes empresas -y ahí sí que había
que decir que eso debía ir a coste cero para el Estado-, me preocupan cómo quedan los prejubilados de la empresa Antonio Pérez o Manolita Jiménez, que quedan diez aquí, veinte allí, pero que sumándolos son muchos más que los de las grandes empresas.
Estos salen sin protección y, a veces, sin poder contribuir ni siquiera utilizar el subsidio mayor de 52 años para hacer un convenio privado con la Seguridad Social y mantener la pensión, porque necesitan lo que cobran para poder llegar a final de
mes. Por tanto, depende de cómo comparemos los conceptos. Hablar de todo es conveniente. Creo que encontraremos buenos acuerdos y avanzaremos, para entre y todos mejorar el sistema.
El otro día yo le decía al señor Olabarría, en un debate, que con él me iría al cielo, pero para el Pacto de Toledo casi me gustaría más su compañero, porque sabe que tenemos alguna coincidencia en el tema de pensiones. Pero, como dice el
refrán, con estos mimbres tendremos que hacer estos cestos, y al final nos pondremos de acuerdo.
Dos cosas. Respecto a la pancarta, yo no estuve ayer en su tierra por un problema personal, pero la pancarta no la hicieron al final, o usted ha hecho muy poquitas pancartas. Yo, que he hecho muchas, sé que las pancartas siempre se
preparan con antelación; nunca se hacen en el momento, se llevan preparadas. (Risas.) Cuando voy a un sitio, yo tengo por costumbre decir lo que creo que es la verdad, a efectos de que puedan decir que no gusto, que soy cobarde por no ir, que soy
no sé qué, que soy lo que quieran, me da igual, eso va en el sueldo; pero lo que no podrán decir nunca es que les he mentido. Yo no puedo ir a una asamblea de prejubilados a lamentar temas que sé que no son posibles, señor Olabarría, y usted
también sabe que no son posibles. Por tanto no podemos ir a decir a esos colectivos que sí a unos temas que sabemos que no son posibles, estemos en la oposición o estemos en el Gobierno. Eso es algo que debemos afrontar, porque llevará incluso a
que la gente se acostumbre. Yo vengo de un partido y de un sindicato cuyo fundador dijo que a los trabajadores e incluyo a los ciudadanos hay que decirles la verdad, aunque no les guste. Esa ha sido una norma que me enseñaron cuando empecé a
militar, y que quiero tener siempre presente. Porque yo puedo ser muy amiga suya, pero no le voy a decir que comparto esos aspectos, porque no los comparto, aunque eso no impide que sigamos siendo amigos. Por lo tanto, creo que hemos de tenerlo en
cuenta cuando nos encontramos ante colectivos, porque si no pueden pensar que cambiamos de posición en función de dónde estamos. El otro día yo le decía al portavoz del PP, señor Azpiroz, que si yo estuviera en la oposición seguramente le diría lo
mismo sobre los complementos a mínimos. ¿Quiere decir eso que mi partido cambia o el PP cambia en los temas de Seguridad Social cuando está en la oposición o cuando está en el Gobierno? No. Lo que pasa es que cuando se está en el Gobierno quien
manda es el señor secretario de Estado (Risas.) y cuando estamos en la oposición yo tengo más libertad personal para hacer mis propuestas. Esa es la realidad, y por eso es posible que se dé la alternancia de gobierno y siga funcionando el Pacto de
Toledo, primero, por la responsabilidad de los funcionarios de la Seguridad Social, que yo creo que es el mejor organismo de este Estado, el único que funciona como un reloj suizo, aunque siempre es mejorable.
Eso hemos de tenerlo en cuenta, y
podemos discrepar en esas cosas, pero en lo fundamental tenemos que hablar con claridad.
No me voy a alargar mucho. Doña Olaia, que se tenía que ir, se refería a las jubilaciones de las canteras. Y yo digo: también hablaremos de la jubilación de las canteras; hablaremos, pero solo pondremos como recomendación o como acuerdo
aquel punto en el que todos nos podamos encontrar y se pueda realmente valorar.
Termino agradeciendo al señor secretario de Estado su intervención, que como siempre ha sido muy instructiva. Seguiremos estudiando los documentos que nos han dado, tendremos que preparar las comisiones que hemos de celebrar, y espero que
este presidente nos lleve por mejor camino para que, en seis, ocho o diez meses podamos alcanzar un acuerdo y no necesitemos el resto de la legislatura.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Granado Martínez): Señor presidente, en primer lugar agradezco a todos los portavoces sus intervenciones al valorar el esfuerzo que se ha realizado en la presentación de los informes y
el contenido de los mismos, y agradezco también la colaboración que creo que han puesto de manifiesto todos los grupos parlamentarios para el desarrollo de esta nueva ronda parlamentaria de ratificación del Pacto de Toledo. Sus señorías han
abordado un elenco de temas tan amplio como las sesiones del propio pacto, y entenderán que les diga que va a ser tremendamente difícil que en una primera sesión podamos abordar todos los problemas. Además, SS.SS.
abordan problemas que incluso
ahora están en discusión. La señora Fernández Davila abordaba la discusión que tenemos en estos momentos de integración en el marco del diálogo social del régimen especial de empleadas de hogar o una cuestión que le preocupa mucho -lo sé porque
hace pocos días estuve en Porriño-, y es el problema de los silicóticos de las canteras de granito de Galicia, que tenemos que abordar en el marco de una cierta equiparación con la silicosis en otros regímenes, como abordar otros problemas de clases
pasivas, etcétera.
En cuanto a los problemas de clases pasivas y el régimen de la Seguridad Social lo razonable será prever que vayamos hacia una mayor equiparación, es decir, que las diferencias que en estos momentos existen tengan que tender a una cierta,
paulatina y gradual asimilación de los postulados del régimen de clases pasivas hacia el régimen general de la Seguridad Social. Claro que es razonable que los jubilados de clases pasivas no paguen por las medicinas, pero es que los activos de
clases pasivas pagan el 10 por ciento menos que los de la Seguridad Social. Lo razonable será corregir ambas diferencias, no solo una, porque si aquí seguimos todos con la técnica de equipararnos en lo bueno, y en lo que no nos es tan favorable no
equipararnos nunca, al final lo que configuramos es una situación de privilegio que yo creo que nadie defiende.
La señora Fernández Davila y el señor Llamazares han expresado posiciones significativas en algún momento de sus intervenciones sobre el tema de la igualdad de prestaciones que pueden ser agraviantes, desde el punto de vista de la
desigualdad social, si se refieren a colectivos muy distintos. Como ustedes saben, el ámbito de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social se caracteriza antes que nada por la prueba de recursos, porque se dirigen a las personas más
vulnerables económicamente de la sociedad, y yo creo que está bien que siga siendo así.
Le agradezco particularmente al señor Llamazares su defensa del Pacto de Toledo. Yo no comparto con él sus reticencias hacia la previsión social complementaria, y se lo voy a intentar comentar simplemente con un argumento. Uno de los
elementos centrales de nuestro sistema de reparto es que existe una pensión máxima, y es fundamental que exista una pensión máxima para que el sistema de reparto pueda funcionar. Pero si existe una pensión máxima, los trabajadores, los empresarios
que ganan más que la pensión máxima, si quieren mantener como pasivos el nivel de vida que tienen como activos -que creo que es una pretensión razonable, no vivir peor, no vivir como tenían que hacer nuestros abuelos haciendo ahorros, dejando de
comprar el periódico, tomándose menos cafés, etcétera- tienen que buscar o formas de ahorro, o formas de inversión o previsión social complementaria, porque si yo gano 3.000 euros y mi pensión máxima es de 2.000, quién me va a pagar los 1.000 euros
que me hacen falta para que yo siga viviendo cuando estoy jubilado como vivo como activo: entonces o ahorro, o invierto o hago previsión social complementaria. Yo eso lo he defendido siempre. Es más, cuando participo en algún acto o en alguna
tertulia de radio, siempre sale alguien que me dice: usted no parece socialista. Yo no sé si parezco socialista o no, pero yo no le voy a defender a usted que la Seguridad Social le pague 3.000 euros si gana 3.000 euros. La Seguridad Social
tendrá una pensión máxima que será inferior a salarios de la gama media alta, y si usted quiere vivir -que me parece muy razonable- cuando esté jubilado como vive ahora, tendrá usted que buscar otras fuentes de financiación.
En cuanto a las pensiones no contributivas, que también ha sido planteado por el señor Campuzano, ¿es suficiente el nivel español o no? Le voy a decir una cosa: hace tres años, precisamente con una diputada del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, pusimos en marcha una medida para complementar las pensiones no contributivas para las personas que vivieran en un piso de alquiler, porque era el colectivo más vulnerable, es decir, una persona que no es que no tenga
rentas, es que no tiene rentas y tiene un exceso de gasto sobre el de los propietarios. ¿Sabe usted cuántas personas están cobrando esa pensión? La están cobrando 19.000 personas, de las cuales 11.000 por cierto en Cataluña; su diputada conocía
bien el problema, porque era una diputada por Cataluña y sabía que el problema estaba muy
concentrado en Cataluña. Estas 19.000 personas son el 5 por ciento del colectivo de pensionistas de pensiones no contributivas. Hay países de la Unión Europea que para pagar una pensión no contributiva exigen que no se sea propietario de
vivienda. Con la reglamentación de esos países, que tienen un sistema de protección social más avanzado que el nuestro -y no lo discuto, se lo reconozco-, el 95 por ciento de pensionistas españoles no cobraría pensión. ¿A qué me lleva esto? Me
lleva a la consideración de que, cuando se calculan los niveles de pobreza de los pensionistas españoles nunca se tiene en cuenta que la mayor parte de los pensionistas españoles tienen una vivienda en propiedad. Un pensionista holandés que se tira
toda la vida ahorrando para pagar su alquiler, esos ingresos en las estadísticas de pobreza le computan como ingresos, pero un pensionista español, que gracias al ahorro de toda la vida es propietario de su casa, no tiene ingresos. No es que pague
600 euros al mes de alquiler de la vivienda, es que ya la tiene pagada, y además es suya. Su nivel de ingresos es cero, porque en los estudios de Eurostat sobre la pobreza y en los que hace el Instituto Nacional de Estadística en España no computa
como ingreso de haber pagado la vivienda, y al final en este país tenemos un cierto regodeo con las cifras de pobreza. El otro día leía yo en el diario de mi provincia, en Burgos, que 75.000 burgaleses son pobres. Qué mala suerte tengo yo que solo
conozco a cuatro o cinco.
Yo conozco a mucha gente de mi provincia, ya que llevo haciendo política en ella toda la vida. A mí me dicen que hay 10.000, 20.000 ó 30.000 y me lo creo, pero 75.000 no me lo creo. Y si hacemos estadísticas al final en
las que sale que una persona es pobre, a pesar de que tenga vivienda en propiedad, teléfono móvil, televisión en color, etcétera, resulta que el Imserso publicó una lista hace poco tiempo en la que decía que el 20 por ciento de los pensionistas
españoles eran pobres, cuando el 99 por ciento tenían televisión en color, el 98 por ciento microondas, etcétera, y salía que el 80 por ciento de los pobres en este país no eran pobres, por el equipamiento de su vida cotidiana, a no ser que nos
vayamos a la clasificación típica de decir que pobre es aquel que no llega al 40 por ciento de la renta media, con lo cual un pobre en Dubai es el que tiene el salario del presidente del Gobierno en España. ¿Con esto qué quiero decir? Que tienen
ustedes un tiempo para analizar bien el problema y definir de verdad cuál es el colectivo al que queremos proteger y cómo debemos hacerlo, para evitar incurrir en problemas. Creo que el gran éxito del sistema español de pensiones es que solo hay
medio millón de pensionistas no contributivos. Es decir, que hay muchos más pensionistas contributivos que no contributivos, y que tenemos menos pensionistas no contributivos que otros países, porque afortunadamente aquí la gente cotiza y quiere
hacer una pensión contributiva y lo consigue en la mayor parte de los casos.
Señor Campuzano, asumo toda su corresponsabilidad en el Pacto de Toledo, su protagonismo en algunas iniciativas, su preocupación por que el Pacto de Toledo ahora va a tener que vivir una época que hasta ahora no ha vivido, en la que no hay
una mejora de la situación económica sino un empeoramiento. A mí la edad media de jubilación a los 63,7 años no me parece ni bueno ni malo. En el informe se contiene un dato tal vez más significativo, y es el de que hemos pasado, del año 2004 al
año 2008, de que el 50 por ciento de las jubilaciones fuera a partir de los 65 años al 57,66. ¿Por qué la edad media progresa menos? Porque cada vez tenemos más jubilados del régimen general; porque venimos de una Seguridad Social en la que había
más agrarios, más autónomos y vamos a una Seguridad Social en la que hay más trabajadores por cuenta ajena. Me parece una evolución razonable. Me parece que tenemos que trabajar en la línea que marca el Pacto de Toledo de adelantar, de conseguir
que la jubilación se produzca, en la mayor parte de los casos, a los 65 años. Esto significa cambiar mucho en condiciones de trabajo y en el cambio de puesto de trabajo para los trabajadores veteranos. Les voy a poner un ejemplo, por decírselo de
una manera gráfica que no consuma mucho tiempo. Tenemos un mercado de trabajo que es capaz de buscar un puesto de trabajo a una persona que tenga paraplejia y discapacidad psíquica profunda -yo conozco personas que están trabajando en centros
especiales de empleo en esas condiciones-, pero si a una persona le duele la espalda, le buscamos una pensión para que deje de trabajar. Es decir, somos capaces de emplear a personas que tienen una discapacidad mucho menor que la media, pero
cualquier pérdida de capacidad la solucionamos buscando la salida del mercado de trabajo. El mercado de trabajo español soluciona todos los problemas que tiene gracias a la exclusión. ¿Que tenemos un problema económico? Despedimos. ¿Que tenemos
un problema de enfermedad profesional o de enfermedad común? Que vayan a la pensión permanente de la Seguridad Social. Creo que tenemos que gastarnos más dinero en conseguir incentivar que las personas cambien de puesto de trabajo y mantengan el
empleo, y menos dinero en pagar desempleo y pensiones de incapacidad permanente.
Ese es el reto que tiene este país en los próximos tiempos: ser capaz de derivar dinero que se gasta en políticas pasivas hacia políticas activas.
Y además lo
podemos hacer, porque hay algunas empresas que lo hacen y les va bien, con ayudas públicas. Tendría más sentido que fuéramos capaces de hacer esto que no seguir buscando el refugio de las políticas pasivas.
En cuanto a las personas que viven solas, estoy totalmente de acuerdo con el señor Campuzano en que en estos momentos son el mayor colectivo de pobreza. Hemos intentado en la Ley de Presupuestos de este año que las subidas de pensiones
mínimas sean mayores para los que están en esa situación de pobreza; por cierto, con esto hemos cumplido la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 40, que fue fruto de un acuerdo de la mayor parte de los grupos políticos de esta Cámara:
La subida de pensiones cumple con este acuerdo al que llegamos en la Ley 40.
Señor Campuzano, a ver si nos entendemos. Subir al 70 por ciento la base reguladora de las pensiones de viudedad, a esas personas que usted dice que son pobres no les arregla nada, porque a ninguna le subiría usted la pensión. Porque son
todas pensionistas de mínimos y todas cobrarían más pensión y menos complemento a mínimos. Usted les arreglaría la vida -permítame la expresión coloquial- a las viudas que cobran 900 euros y que pasarían a cobrar 1.200 ó 1.300, pero a la que cobra
500 euros usted la deja cobrando 500 euros. (El señor Campuzano i Canadés: A la de 540.) A la de 500 euros, señor Campuzano, solo le permitiría mejorar si su marido hubiera generado una pensión superior a los 900 euros, porque si supera los 1.000
ya no estaría cobrando el complemento a mínimos. (El señor Campuzano i Canadés: A la de 540.) Ese es el problema con el que nos encontramos. Tenemos que buscar un acuerdo para mejorar la situación de las viudas que están en la pobreza, pero a las
que están en la pobreza. Yo creo que sigue siendo el colectivo más necesitado. En ese sentido buscaremos un arreglo. A mí este arreglo al que llegamos el año pasado me gusta, a usted ya sé que no, pero también es verdad que entenderán ustedes que
les diga que el Pacto de Toledo, entre otras cosas, sirve para que la política de la Seguridad Social no cambie de año en año. Porque lo que cambia de año en año, legítimamente, es la agenda de los grupos políticos y la necesidad de presentar
iniciativas parlamentarias y de decir cosas nuevas, pero la fecha de caducidad de esta disposición a mí me cuesta creer que no dure un año. Esto no es un yogur. Esto es política legal. Tenemos que ver de qué forma mejoramos las cosas sin estar al
albur de la agenda política, porque eso es un problemón.
Estoy de acuerdo con usted en que la de Suecia es una iniciativa interesante. Dejé escrito hace algunos años que los que defendíamos el sistema de reparto y los que defendían la capitalización acabaríamos encontrándonos en un modelo mixto.
Yo firmé la paz con dos personas con las que me tiré años enteros discutiendo presentándoles un libro sobre previsión social complementaria en el año 2004, y desde entonces decimos cosas más parecidas, ellos no defienden la capitalización y yo no
defiendo que el sistema de reparto no tenga que incorporar elementos significativos de capitalización. Sí les digo que no son buenos momentos para hablar de capitalización. Escucho al señor Burgos y me quedo realmente preocupado por lo mal que nos
van a ir las cosas en el futuro, pero ¡y lo mal que les van las cosas en el presente a los que han optado por sistemas de capitalización! Es que en Estados Unidos los fondos de pensiones han perdido trillones de dólares, billones de euros; es que
los suecos han perdido capacidad adquisitiva de sus pensiones, una cantidad de dinero muy importante, derivada de la pérdida de capitalización bursátil de las acciones en las que tenían invertidos los fondos de pensiones; como nos pongamos a mirar
la parte negra de la asistencia en estos momentos es tremendamente fácil que nos quedemos deslumbrados por las sombras, que nos quedemos ciegos, porque no vemos nada. En ese sentido, allegro ma non troppo, como dirían los virtuosos.
En contributividad creo que hay que progresar siempre; hay que progresar en modelos de cómputo de la pensión de jubilación que permitan que haya más equidad entre lo realmente aportado y lo percibido; en la Ley 40 hemos abordado medidas en
esa dirección, por ejemplo, mejorando la aportación que hace el Servicio Público de Empleo a los trabajadores despedidos que en los últimos años se veían castigados por una insuficiente cotización. Pero tenemos que verlo con una perspectiva de
conjunto y con un acuerdo social y político importante. Creo que tenemos que trabajar en el ámbito de las mujeres y de las personas con discapacidad. Pero permítanme también que les diga una cosa: el mes pasado el número de mujeres afiliadas a la
Seguridad Social aumentó, disminuyó mucho el número de los hombres, y el número de personas con discapacidad que trabajaban aumentó. La crisis en estos momentos no está golpeando con especial virulencia a los colectivos históricamente más
vulnerables, sino a los hombres de mediana edad. Esto es lo que la hace más difícil de abordar. Por eso, si se dan ustedes cuenta, la última reforma que ha promovido el Gobierno ha sido precisamente establecer una bonificación para los parados con
cargas familiares, porque las bonificaciones tradicionales, jóvenes, mujeres, personas discapacitadas, no estaban ajustándose a lo que era el crecimiento del desempleo en los últimos meses.
Creo que tenemos que buscar fórmulas de concordar el diálogo social con el Parlamento. Las reformas que todos los gobiernos han traído a esta Cámara en el ámbito de las medidas en materia de Seguridad Social han intentado acordarlas con los
sindicatos, y cuando no lo han conseguido ha habido una huelga general. Entonces no pidan a este Gobierno que no intente acordar las medidas con los sindicatos, porque ya les digo que este Gobierno va a intentar acordar las medidas con los
sindicatos, y este Gobierno va a ser solidario de sus acuerdos en el marco del diálogo social. Además, no le pidan a este Gobierno lo que no le pedirían a un gobierno de su partido, porque en el ámbito de sus responsabilidades, en las comunidades
autónomas en las que gobiernan, en los ayuntamientos, etcétera, ustedes intentan lo mismo; no vamos a hacernos trampas en el solitario. Los grupos políticos tendremos que acordar entre nosotros y tendremos que buscar un espacio para la
interlocución con el diálogo social; por cierto, cuanto más diálogo tengan ustedes con los sindicatos y los empresarios, más verán, señor Olabarría, que no son tampoco tan perniciosos para el trabajo de este Parlamento. A mí me pasa lo que a
usted. Yo también hubiera sido capaz de escribir su intervención. Yo también tengo esa empatía telepática. Lo que usted ha dicho yo me lo conozco. A usted no le ha hecho falta oírme y a mí, con todos mis respetos, tampoco me hubiera hecho falta
oírle para contestarle. Porque lo de que el Pacto de Toledo
está amortizado lo ha repetido usted con alguna persistencia, que yo llamaría contumacia. No es así, señor Olavaria: mire usted la expectación que ha generado esta comparecencia. No es así. Con toda sinceridad creo que la sociedad
española vive el Pacto de Toledo como un instrumento que no considera amortizado, como un instrumento que le da seguridad, y creo que es una mala percepción suya considerarlo amortizado. En cuanto al diálogo social, señor Olabarría, las únicas
instituciones en el ámbito de la Administración Central del Estado en las que están presentes ELA-STV y CIGA son las instituciones de la Seguridad Social. En el Consejo de la Seguridad Social, en el Consejo del Instituto Social de la Marina, en la
Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva están presentes los sindicatos representativos sin ningún tipo de exclusión, y nosotros discutimos con ellos muchas cosas y llegamos a acuerdos con ellos sobre muchas cosas. En el ámbito de la
interlocución a nivel nacional permita usted que los sindicatos que tienen la representación del 80 por ciento de los trabajadores de este país lleguen a acuerdos con el Gobierno. Eso no es malo. Por cierto, yo conozco a gente de la Unión General
de Trabajadores y de Comisiones Obreras que les votan, o sea que diríjanse ustedes a sus electores, que también los tienen. No haga usted descalificaciones tan gruesas.
Señor Olabarría, usted hace una intervención con la que yo puedo estar parcialmente de acuerdo, pero tengo que estar globalmente en desacuerdo, porque usted me expresa una preocupación que yo comparto, que es la de la marcha general del
sistema, y antes se me ha puesto en la pancarta y me dice que hay que atender a los prejubilados. Usted presentó una proposición diciendo que las pensiones que se pagaban a los prejubilados, a los despedidos a los 60 años tenían que ser
equivalentes al cien por cien cuando llegaran a los 65. Y yo lo que le he dicho siempre es que me diga qué sistema del mundo hace eso, porque yo no conozco ninguno. Cuando se discutió su proposición le dijimos que eso costaba 100.000 millones de
euros, y por eso no lo aprobamos y aprobamos un texto transaccional. Ese enfado que tienen los prejubilados es porque usted les dice: se ha aprobado mi proposición; pero no les cuenta que con un texto transaccional, que no dice lo que usted
decía. (El señor Olabarría Muñoz: Ya estaban enfadados antes.) Ellos lo que quieren es que se apruebe lo que usted decía, naturalmente, y por eso están en la pancarta, pero yo, como no tengo ningún empacho en hacerme antipático -para eso tengo una
capacidad innata; se lo digo de verdad, me conocen muy bien mis compañeros de partido-, ya le digo de antemano que eso no se puede hacer, porque si eso se hace los problemas que usted nos augura para el futuro serían problemas para este año, porque
eso tiene un coste económico imposible para el sistema de Seguridad Social y porque no hay país del mundo que lo haga. Tendremos que discutir cómo mejoramos la situación de ese colectivo de trabajadores que tienen sus derechos, que fueron
despedidos, y entre los cuales hay algunos que fueron despedidos con nada y hay otros que fueron despedidos con 50 millones de pesetas. Pero no me importa decir que tienen sus derechos como colectivo, pero sus derechos como colectivo no es quebrar
el sistema de Seguridad Social. Se pueden manifestar con pancartas cinco, diez o quince años, pero no van a conseguir que este secretario de Estado ni que cualquier otro que esté en este puesto, sea del Partido Socialista, del Partido Popular o de
otro partido, haga lo que ellos quieren. No tengo ningún inconveniente en que otros partidos lo metan en sus programas electorales, pero desde luego este secretario de Estado no les puede dar la razón en eso, y prefiere pasar por antipático que por
demagogo. Por lo tanto, no se puede hacer.
Entiendan ustedes que cuando nos reclaman medidas de protección al mismo tiempo que expresan su preocupación por la marcha del sistema, la primera preocupación que nosotros tenemos sobre la marcha del
sistema es que no se aprueben algunas iniciativas parlamentarias, porque si se llegaran a aprobar entonces sí que andaríamos muy mal, dicho todo esto con el máximo respeto a la expresión de la soberanía nacional, ya que yo he sido parlamentario
durante dieciocho años; permítanme esta pequeña confianza.
En cuanto a la intervención del señor Burgos, dé por reproducidos mis agradecimientos. Comparto básicamente los motivos de sus preocupaciones; el envejecimiento, la política de natalidad y los problemas de discriminación por edad han sido
hitos en la acción de este Gobierno, y creo que tiene razón. Sí hay un problema en cuanto a demografía y es que, como les indicaba en mi intervención, el documento de pensiones ahora ya no es un documento exento, sino que es una parte de un
documento más global, y las bases demográficas del documento global están en otro apartado que les haré llegar. En todo caso, permítame que le diga, como un profesional que ha tenido que trabajar con instrumentos demográficos en algunos estudios,
que es difícil en tiempos de incertidumbre como los que atravesamos hacer proyecciones demográficas solventes. Hasta el año 2002 Eurostat consideraba que en España entraban al año 200.000 personas.
Las proyecciones vegetativas son muy sencillas.
El problema son los flujos migratorios. En el año 2005 seguían diciendo que entraban en España 200.000 personas, y nosotros, con todos nuestros respetos, les mandamos al carajo y dijimos que íbamos a decir que en España estaban entrando cantidades
más importantes de personas. Ahora, las proyecciones de Eurostat nos dicen que en España van a entrar al año medio millón de personas hasta el año 2020. Y nosotros seguimos pensando que se han pasado, que ha habido un movimiento pendular. Y como
han tenido que reconocer que habían sido incapaces de evaluar el flujo migratorio, ahora lo sobrevalúan. Es verdad que las proyecciones demográficas son importantes para la sostenibilidad del sistema, porque componen una población activa, una
relación entre activos y pasivos, y sin ellas es difícil hacer una buena proyección. ¿Y qué hemos hecho nosotros?
Hemos hecho lo que ya hicimos en el año 2005, que es corregir lo que nos parecía entonces un defecto y ahora un exceso y basarnos en nuestras propias proyecciones, que es algo parecido a lo que hizo el Gobierno en el año 2002, y nosotros nos
equivocamos en eso menos que Eurostat. Que hay series estadísticas diversas, tiene usted razón. Le completaremos las series que podamos. Hemos utilizado los datos del año 2002 y las hemos seguido hacia delante, y ya en el año 2002 había series
distintas. Y estamos en la práctica completando las series que ya se hicieron en el año 2002.
En términos generales, me dice usted que nuestras proyecciones son ahora menos fiables porque los elementos de incertidumbre han aumentado. Pues tiene usted razón: las nuestras y las de todos; las de todos los países, las de todos los
organismos son menos fiables. Pero, claro, no me haga usted también la trampa de decir cuando nosotros reflejamos un dato negativo: Fíjese usted la que viene, y encima lo dice como que es el incremento de pensiones sobre el PIB. Si las pensiones
crecen un 7 por ciento al año y el PIB crece menos, habrá un incremento de pensiones en relación con el PIB, como en los últimos años, como del año 2000 al año 2007, y lo que se ha producido ha sido una disminución del gasto de pensiones sobre el
PIB, pero no porque las pensiones crecieran menos, sino porque el PIB crecía más. Me dice usted: Fíjese que este es un elemento muy preocupante... Pues no, no es preocupante; es la realidad.
En tiempos de crisis el gasto en pensiones sobre el
PIB aumenta, y en tiempos de bonanza económica el gasto de pensiones sobre el PIB disminuye. En este sentido, nosotros hemos intentado reflejar en nuestras proyecciones una disminución del número de cotizantes y una disminución de empleo para los
años 2008 y 2009. ¿Que va a ser más? Pues sí; como era menos el incremento que proyectábamos en 2005. Por eso le decía que eran pesimistas sobre la realidad en el año 2005 o en el año 2002 y son optimistas sobre la realidad en el año 2009,
porque incorporan con mayor dificultad las últimas tendencias. Si usted me dice: Cogemos las de 2005, yo le digo: Coja usted las del año 2002. En las del año 2002 la proyección que hacían para el año 2008 era que tuviéramos 17.700.000 afiliados.
Estamos muy mal. Hemos perdido medio millón de afiliados.
Tenemos un millón más de los que preveíamos en el año 2002.¿Qué quiere decir? Que estamos en una mala situación, que no cabe negar ni disfrazar de forma ninguna, y que nuestra mala
situación es mucho mejor que la mejor que evaluábamos hace seis años. Es decir, que tenemos un cierto colchón. Cada vez que salen las cifras de superávit de la Seguridad Social, que colgamos -como ustedes bien saben y los medios de comunicación
también- los días 24 ó 25 de cada mes, don Cristóbal Montoro, una persona a la que aprecio de verdad, dice: Pero el superávit de la Seguridad Social se va a esfumar. Hombre, ya sé que se va a esfumar algún día. Pero tampoco vamos a ponernos a
pensar que tiene que ser mañana. Vamos a darnos un poquito de confianza, que nos viene bien en tiempos de tanta aflicción.
En cuanto a la separación de fuentes y los complementos a mínimos, vamos a ver si matamos esta discusión, señor Burgos, porque si no, nos tiraremos discutiendo veinte años. En el año 2004 el Estado aportaba menos a la financiación del
complemento a mínimos que lo que aportaba en el año 1996. Es decir, después de ocho años de gobierno, en el año 2004 la aportación del Estado a la financiación de complementos a mínimos de la Seguridad Social era de 900 millones de euros y en el
año 1996 era de 1.300. Por tanto, no tiene sentido que nos digan que este año, que solo son 2.100, son pocos. Señorías, ya sabemos que son pocos, pero nosotros por lo menos subimos y no bajamos. Por poco que sea lo que hemos hecho nosotros, un
poco mejor que lo que hicieron ustedes en este tema sí estamos. Si no estamos un poco mejor, a lo mejor estamos un poco peor, pero tampoco es como para tirar cohetes. Quiero decir que en todos los aspectos de su gestión en el ámbito de Seguridad
Social, que fue muy positiva, por ejemplo, las aportaciones a complemento a mínimo, lo que pasó con las mutuas, etcétera, hay elementos de la gestión en que uno lo hace peor.
Sobre la inmigración, nosotros, de acuerdo con el documento del año 2003 -en relación con el informe, porque no podemos hacer otra cosa-, teníamos que hacer constar que en el desafío para la sociedad había que arbitrar las medidas oportunas
para garantizar que los inmigrantes se incorporaran al mercado de trabajo con plenitud de derechos y de obligaciones, y debíamos conseguir que el inmigrante residiera legalmente con todos los derechos y con la proyección de las leyes y el sistema de
Seguridad Social. Pues lo que hemos hecho ha sido cumplir exactamente con la recomendación del Pacto de Toledo, permitir que los trabajadores lo fueran con plenitud de derechos y obligaciones, que cotizaran a la Seguridad Social, que mejoraran su
nivel de vida, evitar situaciones que condujeran al trabajo clandestino; y esto es lo que recoge el informe. Si usted me dice que ahora el número de trabajadores inmigrantes ya no experimenta crecimiento interanual, le tengo que decir que lo que
estaba pasando hasta ahora era bastante raro, y es que el número de trabajadores inmigrantes crecía en tasa interanual y descendía el de nacionales. Ahora estamos en una serie en la que ambos colectivos actúan en paralelo, pero esto es lo que debe
ser; lo otro era lo más extraño.
En cuanto a la aportación en términos económicos, lo tenemos calculado, lo presentamos en un documento que hizo pública la Oficina Económica del presidente del Gobierno el año pasado. En términos de un sistema de seguro, la aportación de un
colectivo de trabajadores es siempre discutible, porque en un sistema de seguro todo lo que pones te lo vas a llevar, todo lo que pagas en cuotas te lo vas a llevar en pensiones. Por tanto, ¿cuánto aportan los inmigrantes, y los de Cáceres, y los
de Burgos -que es mi provincia- al sistema de Seguridad Social?
En mi opinión, y dicho entre paréntesis, no aportan casi nada porque luego lo van a recibir. ¿De lo que estamos hablando es de lo que aportan a la sostenibilidad del sistema? Pues bien, los inmigrantes han aportado a la sostenibilidad del
sistema 80.000 nacimientos más al año y la recomposición de la pirámide demográfica en términos tales que nuestra pirámide sigue siendo un abeto en vez de ser un ánfora, que era a lo que nos llevaba la situación anterior al año 2000. En términos de
aportación de recursos, si no hubiera habido cotizaciones de inmigrantes no existiría el Fondo de Reserva; no habría Fondo de Reserva. Lo que dotamos al Fondo de Reserva todos los años es lo que cotizan los trabajadores inmigrantes. ¿En términos
de aportación como saldo neto entre lo que uno ingresa y lo que recibe? Es que en un sistema de protección social el saldo neto entre lo que se ingresa y lo que se recibe es cero, o debe ser cero. En términos de reparto colectivamente hablando, es
decir, los que dejan viudas antes consumen más recursos que los que dejan viudas más tarde, pero cobran más pensiones, etcétera. Lo natural en un sistema de reparto es que ese saldo neto no sea demasiado significativo.
Hemos procurado hacer un informe lo más aséptico posible en cuanto a las estadísticas -y sé que sin duda no lo hemos conseguido- y hemos reflejado los crecimientos de pensiones de todos los años. En el año 2000 crecieron todas las pensiones
mínimas, y de manera muy significativa las de las viudas con cargas familiares inferiores a 65 años, que son las que subieron el 17 por ciento, pero de los 3 millones de pensionistas a mínimos eran 10.000. Lo que el presidente del Gobierno siempre
ha dicho es que en los años 2004 a 2008 nosotros subíamos todas las pensiones mínimas, y no solo algunas. En ese sentido, también es un debate un poco estéril. Lo que tenemos que hacer es mirar al futuro y ver qué está sucediendo para evitar los
aspectos negativos que sin duda va a tener la actual crisis económica para el colectivo de pensionistas. ¿Por qué las mujeres entran en más pensiones mínimas que los hombres en las nuevas pensiones? Porque buena parte de esas mujeres son
pensionistas de viudedad y entran en una pensión mínima, sus maridos cobraban menos de 1.000 euros y ellas entran con la pensión mínima del sistema. En las ramas de jubilación y de incapacidad permanente las mujeres siguen entrando en mayor número
en pensiones mínimas que los hombres, pero ya no hay tanta diferencia. Cuando hablamos de los más de 2.200.000 viudos y viudas -porque hay más de 200.000 viudos en este país; no piensen que no hay ningún viudo, algún viudo hay- que cobran
pensiones de la Seguridad Social sería conveniente recordar que más de 800.000 de esas personas cobran a la vez otra pensión: cobran una pensión de jubilación o una pensión de incapacidad o una pensión del SOVI. Cuando hablamos del colectivo de
viudas y viudos debemos referirnos a ese millón y medio de personas que solo cobran pensión de viudedad, de las cuales la mitad cobran pensiones mínimas, y hay más de 200.000 personas que podrían cobrar una pensión mínima pero que no la cobran por
tener ingresos propios de otra naturaleza.
En cuanto a la previsión social complementaria, ya he hecho algún comentario. En efecto, creo que hay que regular la previsión social complementaria y sobre todo hay que regularla sobre la base de la negociación colectiva, que es nuestro
principal gap en relación con Europa, porque nosotros con Europa tenemos algún gap o alguna diferencia en materia de ahorro y en todo, porque ahorramos más para pagar hipotecas. Como gastamos más dinero en hipotecas, como gastamos más dinero en
adquirir propiedad de vivienda, tenemos menos fondos de inversión, menos fondos de pensiones, menos acciones y menos depósitos.
Aunque es verdad que en pensiones estamos mal en todo, en lo que estamos fatal en relación con Europa es en cuanto a las
pensiones asociadas a la negociación colectiva, los fondos colectivos de pensiones. A nosotros nos gustaría que esa fuera la fórmula por la cual fuera más rentable incorporar a la previsión social complementaria a los trabajadores de salarios
medios, porque los trabajadores de salarios altos ya están en la previsión social complementaria ya que el beneficio fiscal es alto.
En cuanto al superávit y al déficit, ya no vamos a hablar más de los años 1996 y 1997, esto lo dejamos. Me ha pedido usted una cifra. En estos momentos no tenemos indicadores de morosidad especialmente preocupantes.
Lo preocupante no es
la morosidad en sí misma, porque la morosidad es un mayor retraso sobre un ingreso que se tiene que hacer, lo preocupante es que tenemos que ayudar a la afiliación. Es curioso porque, por ejemplo, en el régimen especial de trabajadores autónomos la
gente prefiere darse de baja a dejar de pagar. Como saben que somos una Administración bastante dura en cuanto a los criterios de recaudación y saben que tenemos la mala costumbre de embargarlo casi todo -nosotros hacemos al año unos 20 millones de
embargos, más o menos, una cosa así, espero que ninguno de los presentes haya sido objeto de las atenciones de la Tesorería, pero es posible que estadísticamente a alguien de los aquí presentes se le haya embargado algo porque ya es un número de
personas suficiente-, la gente se da de baja antes que debernos dinero. Embargamos pisos, coches, pero sobre todo cuentas corrientes, y no subastamos mucho porque la gente acaba pagando ya que saben que, si no, subastamos. La morosidad no crece
mucho. En otras épocas ha habido más morosidad y menos caída de la afiliación. En otras épocas la gente estaba afiliada y dejaba de pagar. Ahora, como saben que embargamos más, se dan de baja. Por eso la morosidad crece menos que otros
indicadores. Sin duda crecerá, dense ustedes cuenta de que el sistema financiero selecciona a sus clientes y está en una tasa de morosidad del 3 por ciento. Nosotros no seleccionamos a los nuestros, tenemos de clientes al conjunto de la sociedad
española y en estos términos estar en una tasa de morosidad de poco más del 1 por ciento es casi milagroso.
En cuanto a la recaudación por vía ejecutiva, desde la entrada en vigor del reglamento de recaudación lo razonable era que bajara, porque antes de la entrada en vigor del reglamento de recaudación había gente que tenía deudas, es decir, por
decirlo también de una manera muy plástica en una frase que se entienda: se podía pagar menos si se iba a la recaudación por vía ejecutiva que si se iba al aplazamiento.
Precisamente, la apuesta del reglamento general de recaudación -que es una
norma que aprobamos ya nosotros a mediados del año 2004, pero que es fruto sobre todo de la anterior Administración y, en particular, del director General de la Tesorería, el señor Gómez Ferreiro, que hizo un trabajo bastante intenso en torno al
reglamento- era poner siempre mejor condición a la deuda aplazada, que no va por la vía ejecutiva, que a la deuda que iba por vía ejecutiva. Lo razonable es que conforme ha ido entrando en vigor el reglamento de recaudación, la recaudación en vía
ejecutiva se achate y gane curso la recaudación ordinaria pero aplazada.
Y eso es lo que ha sucedido. En recaudación en vía ejecutiva hemos llegado ya al límite. No creo que vayamos a tener impactos muy llamativos.
En cuanto a los contratos temporales, es verdad que tenemos menos contratos temporales y que ahora hay 5 ó 6 millones de personas preocupadas por tener un contrato temporal, pero ya veremos.
Ya he comentado algo sobre las prejubilaciones y sobre la jubilación. El indicador al que más fiabilidad damos es el de la gente que se jubila a los 65 años y la que se jubila antes. En estos momentos, en lo que llevamos de año, el 57 por
ciento se ha jubilado con 65 años o más y el 42 por ciento con menos de 65 años, proporción que no es satisfactoria pero que es bastante mejor que la del año 2004. En cuanto a la prolongación de la vida laboral, es verdad que el número de personas
afiliadas a la Seguridad Social con más de 65 años ha crecido muy poco.
Desde el año 1995 hasta el año 2004 fue disminuyendo y a partir del año 2004 ha crecido algo. Hemos recuperado en parte lo que había disminuido en años anteriores, pero no es
significativo. ¿Qué incentivos damos en materia de Seguridad Social? Cobramos cero cotización y a partir de la Ley 40 incentivamos la pensión. ¿Es posible que demos un incentivo mayor? Sí, pero yo animaría a SS.SS. a que fueran capaces de
buscar incentivos fiscales. Podemos subir la pensión el 4 por ciento en vez del 2, pero tampoco podemos hacer mucho; y dejar de cobrar, cuando se cobra cero por la vía de la cotización ya no tiene ningún incentivo. Como no busquemos incentivos de
otra naturaleza, que por obligación tienen que ser fiscales -alguno hay ya en el impuesto sobre la renta-, como no mejoremos el incentivo fiscal, poco más podemos hacer, porque tampoco podemos ofrecer incentivos tan desmesurados que al final sean
perjudiciales para el propio sistema. La relación cuotas-pensiones no es especialmente preocupante. En estos momentos tenemos un colchón muy razonable. En ese sentido, recojo de la intervención del señor Burgos -que ha abordado tantos temas que
hace imposible responder a muchos de ellos- la coincidencia en las bases del planteamiento de la cuestión y en la necesidad de que todos nos pongamos a discutir en serio sobre cómo hacer más sostenible el problema.
La intervención de la señora López i Chamosa ha aliviado la mía porque les ha contestado a ustedes por anticipado a algunas cuestiones, lo que me ha permitido a mí no reiterarme, por lo cual lo único que voy a hacer es agradecérsela y
manifestar mi general coincidencia.
Para terminar, quería señalarles el planteamiento con el que el Gobierno aborda esta ratificación del Pacto de Toledo. Estamos en disposición de explicitar opinión sobre las cuestiones, naturalmente a través del Grupo Parlamentario
Socialista, que es el protagonista en esta ratificación parlamentaria. Estamos en discusión de vehicular el diálogo social a través de los instrumentos que el Gobierno tiene comprometidos con el diálogo social. Nos gustaría que los interlocutores
sociales tuvieran con ustedes, con las instituciones de la Cámara, una relación directa, porque no entendemos que deban hacer llegar su opinión a través de los acuerdos a los que llegan con el Gobierno. Hay muchos temas en los que ustedes pueden
ser perfectamente los portavoces de los interlocutores sociales.
Nos parece que eso sería fructífero. Tenemos la necesidad de explorar muchas posibilidades de reforma y tenemos que seleccionar aquellas que son más útiles, más urgentes y más
necesarias y aquellas que se corresponden con la agenda política del momento, que es la agenda política de la crisis. Se trata de conseguir que el sistema de cotizaciones incentive la creación de empleo y de riqueza y no suponga un problema, y al
mismo tiempo tenga que dar satisfacción a las necesidades de los colectivos más vulnerables. En este sentido, no tenemos ningún miedo en asumir toda la responsabilidad en cuanto a que si no se pueden hacer las cosas que a todos nos gustaría hacer
es el Gobierno el que tiene que decir que no, pero nos gustaría contar con la complicidad de los grupos parlamentarios para evitar que lo que hagamos por la mañana lo deshagamos por la tarde; es decir, si por la mañana estamos preocupados por la
sostenibilidad del sistema de pensiones y por la tarde aprobamos medidas que contribuyen a un incremento del gasto desmesurado, evidentemente nuestro trabajo va a ser muy complicado. En su buen criterio dejo la inevitable responsabilidad de
intentar compartir con nosotros, en la medida en que no le resulte incómodo, la necesidad que tenemos de que las cuentas de la Seguridad Social no entren en desequilibrios antes de tiempo por mor de que realicemos cosas que tenemos evidentemente la
voluntad de hacer pero que a lo mejor en estos momentos no son las más adecuadas para realizar en esta materia.
Les agradezco muchísimo a todos ustedes la sensibilidad de la que han hecho gala en otras ocasiones. Está aquí presente el señor Echaniz, que fue portavoz del Partido Popular en la anterior legislatura. En cuanto a la Ley 40, el señor
Campuzano, el señor Echániz, el señor Olabarría y todos los portavoces de los grupos parlamentarios conseguimos que saliera adelante adecuadamente.
El resumen de esta comparecencia me gustaría que fuera que la Seguridad Social sigue siendo en esta casa y en estos momentos de turbulencias ahora financieras -a lo mejor eran más políticas en la legislatura pasada- un terreno de juego en el
que todos nos sentimos como jugando en casa y nadie se siente jugando en contra del Gobierno. Esto es lo que ha tenido de bueno el Pacto de Toledo; por eso sigo diciéndole, señor Olabarría, que el Pacto de Toledo no está amortizado, sino que está
más vivo que nunca, y el día en que tengamos que amortizarlo -que es una palabra española cuyo origen epistemológico, como usted sabe bien, es la muerte- será un día bastante negro para la sociedad española, porque o lo sustituimos por un pacto
mejor -me encantaría que lo sustituyéramos por el Pacto de Burgos, por el de Valladolid, don Tomás, o por el de Barcelona, doña Isabel, me da igual el sitio- o desde luego le vamos a hacer un flaco servicio a este país.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, brevemente, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Intervengo solamente por una cuestión de orden, no voy a abrir debate con el secretario de Estado por la hora y por las miradas que los portavoces me han echado en un instante. Quiero sugerir, señor
presidente, que el informe que nos ha sido entregado se cuelgue en la página del Congreso de los Diputados. Es una información pública propiedad de la Cámara y que para el conjunto de los ciudadanos contiene información útil e interesante.
El señor PRESIDENTE: Petición concedida.
Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Seré aun más breve, señor presidente.
Señor Granado, me ha interpretado mal. Yo no tengo ninguna animadversión hacia los interlocutores sociales; es más, sé que el ordenamiento jurídico español se atribuye el ejercicio de competencias públicas y cuasi públicas. Una de ellas
es colaborar en la función legislativa, pero la expresión es colaborar, no subrogarse en la función del legislador.
Entiéndame bien lo que quiero decir. En cuanto a la amortización del Pacto de Toledo, no nos dediquemos a dar hermenéuticas sino
resultados, y dígame algo que la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo haya provisto al ordenamiento jurídico en los últimos ocho años.
El señor PRESIDENTE: Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Intervengo simplemente para decirle al secretario de Estado que las órdenes de embargo en el año 2007 fueron 7.300.000, de las que evidentemente no nos sentimos corresponsables. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere usted terminar, señor Granado?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Granado Martínez): No. No tengo nada que añadir, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Pues reciba nuestro agradecimiento por su comparecencia.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.