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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 119, de 21/10/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 119
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 6 celebrada el martes 21 de octubre de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Elección de vacantes. Mesa Comisión:
- Elección de la secretaría primera de la Comisión. (Número de expediente 041/000009.)... (Página 2)
- Elección de la secretaría segunda de la Comisión. (Número de expediente 041/000009.)... (Página 2)
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la creación de un centro para la memoria y la paz en la antigua cárcel de Carabanchel en Madrid. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de
expediente 161/000383.)... (Página 2)
Relativa a los datos de criminalidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000458.)... (Página 7)
- Sobre juventud y seguridad. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000265.)... (Página 11)
Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.
ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN.
- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000009.)
- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000009.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar esta sesión de la Comisión de Interior. Supongo que tienen SS.SS. el orden del día en su poder. Por distintas circunstancias se han producido dos vacantes en la Mesa de esta Comisión, la del
secretario primero y la secretaria segunda. Por tanto, vamos a proceder a la elección de las secretarías primera y segunda de la Comisión. Si las señoras y señores diputados están de acuerdo, podríamos hacerlo bien por votación con papeleta, como
se hace habitualmente en la sesión ordinaria de constitución de la Comisión y de elección de Mesa, o bien por asentimiento. Sabemos a quien corresponden las propuestas; una es del Grupo Parlamentario Socialista y otra es del Grupo Parlamentario
Popular. Si están de acuerdo con la segunda fórmula, sería más breve, cosa que nos viene bien a todos puesto que esta mañana tenemos que debatir varias cuestiones y no tenemos demasiado tiempo. Si están de acuerdo, nos tienen que dar los nombres
de las personas propuestas, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como del Grupo Parlamentario Popular, para proceder a su elección. ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista para la secretaría primera?
El señor HERNANDO VERA: Doña Meritxell Cabezón Arbat.
La señora PRESIDENTA: Gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Popular?
El señor GRAU REINÉS: Juan Carlos Grau Reinés.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. En primer lugar, votaremos como secretaria primera a doña Meritxell Cabezón Arbat. Si están de acuerdo, lo podemos hacer por asentimiento. ¿Lo acuerdan así? (Asentimiento.) Queda elegida, por tanto,
secretaria primera la diputada doña Meritxell Cabezón Arbat.
En segundo lugar, procedemos a la votación para la secretaría segunda de don Juan Carlos Grau Reinés. Igualmente lo hacemos por asentimiento.
¿Queda aprobado? (Asentimiento.) Queda elegido, por tanto, como secretario segundo de esta Mesa
don Juan Carlos Grau Reinés. Ruego a ambos que pasen a sentarse en la misma. (Aplausos.-Así lo hacen los nuevos miembros de la Mesa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN CENTRO PARA LA MEMORIA Y LA PAZ EN LA ANTIGUA CÁRCEL DE CARABANCHEL EN MADRID PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente
161/000383.)
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el orden del día. Propongo una alteración en el mismo porque una diputada no ha podido llegar y queremos que esté presente en la sesión cuando se debata la primera proposición no de ley. Propongo
cambiar el punto tres, que es la primera proposición no de ley, al punto cinco y correr el orden. Por tanto, empezamos con el punto cuatro, que es la proposición no de ley relativa a la creación de un centro para la memoria y la paz en la antigua
cárcel de Carabanchel en Madrid, cuyo autor es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para su defensa le doy la palabra al señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: La iniciativa de nuestro grupo pretende solicitar al Gobierno que adopte de manera urgente las medidas necesarias, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, para que una parte de las instalaciones,
preferentemente la cúpula, de la antigua prisión de Carabanchel sean transformadas en
un centro cultural de la memoria, de la paz, de la convivencia y del respeto a los derechos humanos, valor universal consagrado en la Declaración de 1948. Señorías, la prisión de Carabanchel es un emblema de la represión franquista, una
expresión de su arquitectura más simbólica y, en definitiva, un elemento fundamental de nuestra memoria, de la memoria de las víctimas del franquismo, de la memoria democrática de este país. Sin embargo, esta madrugada, con nocturnidad y alevosía,
ha comenzado la demolición de la cárcel de Carabanchel. No han dejado ni siquiera que esta iniciativa se tramite en esta Cámara y se ha hecho precisamente esta madrugada con las peores prácticas, que tienen poco que ver con la sensibilidad
democrática.
Conocer la historia de la cárcel ayuda a recorrer la historia de España del siglo XX, la historia del oprobio. Fue construida por un millar de presos, la mayoría republicanos, y su primera fase fue inaugurada el 22 de junio de 1944,
terminándose en el año 1955. Aún se recuerda en la memoria de los vecinos de Carabanchel, también en las memorias del humorista Gila, el inicio de las obras llevadas a cabo por penados forzosos de las que formaron parte más de mil prisioneros, de
trabajadores que recorrían los distintos metros desde su confinamiento en el reformatorio de Santa Rita hasta los terrenos de la cárcel, donde conmutaban sus condenas por trabajos forzados. Se recuerda como un suceso conmovedor el hecho de que los
familiares de los presos, atestando las inmediaciones del recinto a diario, se concentraran para ver a los suyos y darles el rancho alimenticio y también recibir el sobrante de los prisioneros. Estos prisioneros, también como forma de escarnio,
terminaron siendo los primeros inquilinos de la cárcel en 1944.
La cárcel se destaca, además, por ser el conjunto penitenciario más logrado de la época franquista. Por sus aspectos estilísticos representa un tipo singular de edificio a caballo entre las prácticas inspiradas por las tendencias modernas
de preguerra y las nuevas directrices emanadas de los teóricos del nuevo Estado. En el aspecto constructivo constituye un recuerdo de la utilización de presos en las obras del régimen y representa como singularidad una de las mayores cúpulas de la
ciudad de Madrid. El conjunto, finalmente, contiene una carga simbólica indiscutible. Se trata de una construcción colosal, un hito en la arquitectura carcelaria de la época, que llegó a contener simultáneamente a más de 2.600 internos, siendo el
hacinamiento de presos ya una constante histórica en la vida de Carabanchel. Cualquier delito entonces suponía una detención y un ingreso en Carabanchel hasta ser juzgado por los tribunales correspondientes. Sería innumerable la lista de
destacados dirigentes políticos y sindicales de todas las tendencias democráticas que estuvieron retenidos en Carabanchel. Por su carácter preventivo, por Carabanchel pasaron demócratas de todo el arco político, por supuesto el actual Defensor del
Pueblo, Enrique Múgica, el escritor Armando López Salinas, ex diputados como Nicolás Sartorius, Simón Sánchez Montero o Marcelino Camacho, fundador de Comisiones Obreras, pero también demócratas como Dionisio Ridruejo o José María Ruiz Gallardón en
el espacio centrista. De ahí salieron para ser ejecutados numerosos presos condenados a muerte, pero también allí miles de personas anónimas sufrieron penalidades, confinamiento injusto, represión por motivos ideológicos e incluso homófobos, lo que
la convirtió y la convierte en el emblema más expresivo de la represión del régimen franquista.
Cuando en nuestra proposición no de ley planteamos la conservación y transformación de una parte de la cárcel en un centro cultural por la paz y la memoria, pensamos muy especialmente en su estructura central. Es, sin duda, el espacio más
espectacular de la cárcel de Carabanchel, donde se encuentra el puesto de observación y vigilancia, en el que la denominada cúpula se muestra al exterior como uno de los iconos arquitectónicos que identifican al barrio de Carabanchel y también la
represión franquista. Esta cúpula es el elemento más distintivo del edificio penitenciario que, en opinión reciente del Colegio de Arquitectos, merece ser conservada por su singularidad histórica y urbanística. Es el mismo dictamen, publicado el
17 de octubre, del Colegio de Arquitectos, el que confirma su viabilidad técnica en la conservación de la cúpula de estilo neoherreriano o imperial y la rehabilitación del edificio para usos sociales, y este mismo colegio se compromete a poner su
experiencia al servicio del examen del edificio instalado sobre una parcela de 176.000 metros cuadrados. De esta parcela, la conservación de la cúpula sólo supondría conservar apenas el 0,3 por ciento de la superficie total. Señorías, como ven, no
pretendemos mantener toda la instalación, sino tan sólo el 0,3 por ciento de la superficie total y parece que ni siquiera esto va a ser posible. La decisión del Ayuntamiento de Madrid, adoptada el día 10 de octubre, de otorgar licencia de derribo
de la antigua prisión Carabanchel ha generado gran preocupación por cuanto existía el peligro de un derribo inmediato, que ahora se ha producido. Entre tanto, el auto dictado el día 16 por el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en
el que plantea la suspensión cautelar gubernativa del procedimiento administrativo que se sigue para la adjudicación de las obras y, al mismo tiempo, recaba información a la secretaría de Estado, parecía vislumbrar una paralización de este derribo.
No ha sido así, han burlado a este Parlamento y han burlado también al propio juez Garzón provocando el derribo a lo largo de esta noche. Además, recientemente, doña Mercedes Gallizo, directora general de Instituciones Penitenciarias, propietaria
del inmueble, se ha mostrado dispuesta a estudiar la conservación de la cúpula en una entrevista reciente celebrada el 15 de octubre. Sin embargo, acabo de recibir una carta de doña Mercedes Gallizo descartando esa rehabilitación, como si en cinco
días se pudiera hacer un estudio de viabilidad de la cárcel o de viabilidad de la reconstrucción o mantenimiento de una parte de la cárcel.
Señorías, por eso era importante que esta proposición no de ley saliese adelante para que este espacio de la memoria fuera integrado en el plan parcial de reforma interior, que ha de ser aprobado el próximo año, y que a finales de 2009 se
incluya en el proyecto de urbanización que ha de aprobar el Ayuntamiento de Madrid. Por ello, la enmienda que se nos propone, en relación con una zona resultante de la actuación urbanística y demás, para nosotros no es aceptable, porque supondría
aceptar de entrada la demolición para luego hablar de un monumento o de un signo de recuerdo de la cárcel de Carabanchel y no es lo que pretendemos.
Pretendemos mantener una parte de la cárcel de Carabanchel como símbolo de la represión franquista
y no es un deseo individual de este grupo parlamentario que no haya tenido lugar en otras ocasiones similares y en otros marcos. Quiero recordar que en numerosos países europeos y también en países de Iberoamérica, que han sufrido regímenes
dictatoriales, han dedicado alguno de los centros de tortura -quiero recordar la Escuela de Mecánica de la Armada- y de extermino como muestra evidente de lo que nunca debe volver a ocurrir y se ha rehabilitado como centro de la memoria. En segundo
lugar, que ciudades españolas como Oviedo, Lugo, La Coruña, Badajoz, Valencia, Jaén, Salamanca y, recientemente, Barcelona, se han dotado de museos de arte contemporáneo y arqueológicos, de centros cívicos y de centros de la memoria en antiguas
prisiones franquistas, es decir, han mantenido los símbolos de la memoria con distintas utilizaciones. Por tanto, no pretendemos proponer aquí algo que no haya sido normal en otros marcos.
Creemos que estábamos y todavía estamos a tiempo de evitar una pérdida irreparable integrando el proyecto general de la rehabilitación de este espacio de memoria y convirtiendo este barrio del sur de Madrid en un referente histórico y
cultural, devolviéndole la dignidad que perdió en épocas anteriores, en las que el nombre de Carabanchel fue sinónimo de represión. En definitiva, creemos que la memoria de los que en Carabanchel y en otras prisiones padecieron la represión de la
dictadura durante largos años se merece al menos un espacio para el recuerdo, para que las generaciones venideras no olviden nunca lo que pasó y para que no vuelva a repetirse. El franquismo -y termino- ha sido condenado por la historia. Sin
embargo, no por la justicia ni por la memoria oficial. La democracia exige memoria, justicia y reparación para las víctimas, pero también para la democracia española. En ese sentido, esta iniciativa nos parece que va por ese camino, por el de
mantener un símbolo de la represión franquista y por el de convertirlo en un centro de la memoria democrática y también de la reconciliación. En definitiva, ese es el motivo de esta iniciativa. La mantenemos en sus términos porque las propuestas
de enmienda asumen ya el derribo global de toda la cárcel de Carabanchel y únicamente la utilización del espacio resultante. Nosotros no queremos resignarnos al derribo de la cárcel de Carabanchel y estoy seguro de que los vecinos no se van a
resignar.
La señora PRESIDENTA: Esta proposición no de ley tiene dos enmiendas, una del Grupo Mixto y otra del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: De entrada anuncio que apoyo la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida y defendida en este momento por su portavoz el señor Llamazares. También quiero anunciar que en la enmienda que hemos presentado
se introduce una mera referencia a que la petición que plantea el señor Llamazares se realice en el ámbito de un plan integral de equipamientos sociales que abarque la totalidad de los terrenos que ocupa. A la hora de transcribir la enmienda se nos
ha escapado 'parte de las instalaciones'. Quiero decir con esto que la enmienda que he formulado no parte de la base, como decía el señor Llamazares, no sé si refiriéndose a esta enmienda, de que primero se derriba y después se mantiene. Estimo la
propuesta del señor Llamazares en sus términos. Lo único que hemos pretendido con esta enmienda es buscar una mayor, mejor y más positiva colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y con la Comunidad Autónoma de Madrid, pero para conseguir
precisamente lo que la iniciativa de Izquierda Unida plantea, insisto, en sus propios términos. No sé si cabe alguna posibilidad, si la derriba se ha producido; en todo caso anuncio que, sea aceptada o no esta enmienda con esta mejora que acabo de
plantear, en el sentido de que se nos ha ido a la hora de escribir'parte de' y daba la impresión de que se trataba de derribar y después que lo que quedara se construía, la posición de esta diputada es la de apoyar la proposición no de ley de
Izquierda Unida defendida por el señor Llamazares.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para defender la enmienda del Grupo Socialista el señor Barranco.
El señor BARRANCO GALLARDO: Señorías, en primer lugar, quiero dejar claro que nuestro grupo comparte en gran medida tanto la exposición de motivos de esta proposición no de ley, como el espíritu de la misma y también una parte importante de
la intervención que acaba de hacer el señor Llamazares. Pero creo que no hay que desconocer en esta cuestión que es un asunto que implica a tres administraciones: A la Administración Central, al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad Autónoma de
Madrid.
Por tanto, facilitar la plasmación de un acuerdo que haga posible la creación de un centro de la memoria democrática, que parece ser que es el objetivo común, necesita diálogo, entendimiento y acuerdo de las tres administraciones con
competencia sobre la misma. Y precisamente para hacer factible ese acuerdo entre las tres administraciones implicadas, nosotros planteamos la enmienda de sustitución que en este momento estoy defendiendo.
En el año 1991 el Consejo de Ministros acuerda que Carabanchel es un centro que hay que amortizar, que hay que cerrar. A mediados de los años 1990, en 1994 y 1995, se inician una serie de movilizaciones vecinales y de partidos políticos de
izquierda de Carabanchel y de Latina para reivindicar la desaparición de esa cárcel y la sustitución por equipamientos sociales. Quiero dejar claro en este momento que en las reivindicaciones vecinales y en las posiciones de las organizaciones
convocantes, por cierto, de un referéndum que recogió más de 32 firmas en aquellos años, jamás apareció nada sobre la cúpula de esa cárcel, ni sobre ningún otro tipo de mantenimiento de la cárcel de Carabanchel.
Sencillamente lo que los vecinos y
los partidos políticos que los representan planteaban en Carabanchel y en Latina era que la cárcel desapareciera y que en su lugar hubiera equipamientos sociales, públicos y culturales y que se evitara la especulación. Ese es el origen de las
reivindicaciones vecinales hasta mediados de este año donde aparece este otro planteamiento, que acaba de defender ahora el señor Llamazares. Ya en este año, en junio de este año 2008, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio del Interior firman
un protocolo de intenciones para el desarrollo del plan urbanístico APR-1101, que es el que se refiere concretamente a la cárcel de Carabanchel. Según el alcalde de Madrid y el ministro del Interior, este acuerdo, este protocolo, concilia los
intereses de todas las partes y de todos los ciudadanos implicados en esta operación. Para desarrollar el acuerdo se está elaborando, en este momento, un plan parcial de reforma interior que tendrá que aprobar el Ayuntamiento de Madrid y la
Comunidad de Madrid, cuya aprobación definitiva, efectivamente, está prevista hacia mediados o finales del año que viene. Tanto en los documentos iniciales presentados al ayuntamiento como en la propuesta del plan parcial se incorpora un apartado
dedicado al reconocimiento público de las personas que sufrieron la represión por su lucha en pro de las libertades democráticas entre los muros de Carabanchel. Y de ahí que este proyecto contemple la creación de una plaza central con un monumento
que actúe como memoria de la histórica cárcel de Carabanchel. Estamos hablando de una superficie de 170.000 metros cuadrados donde, gracias a los planteamientos del Ministerio del Interior, se va a producir un incremento de más del 55 por ciento de
los espacios reservados a equipamientos públicos y a equipamientos sociales.
Han pasado de los 38.000 metros cuadrados, que tenía previsto el Plan general de ordenación urbana de 1997, a 59.000 metros cuadrados, que es lo que contempla el convenio
actual firmado por el alcalde de Madrid y el ministro del Interior. En este convenio está prevista la construcción de un hospital, de un equipamiento municipal, guardería, centro de mayores o biblioteca, se mantiene la comisaría, y hay más de
20.000 metros dedicados a instalaciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, un centro de estudios, organismos autónomos de formación y empleo, entre otros equipamientos públicos.
En cuanto a la reserva para pisos -que era una de las cuestiones en las que se intentaba evitar, como he dicho antes, la especulación-, el ministerio ha accedido a reducir la superficie de 129.000 metros cuadrados previstos en el Plan
general de 1997, hasta 88.000 metros cuadrados, de los cuales 20.000 se destinarán a equipamientos públicos.
En los otros 68.000 metros cuadrados se construirán 600 viviendas -la mitad de lo que había previsto en el inicio-, y de esas 600
viviendas, más del 30 por ciento serán viviendas de protección pública. Además de eso, este planeamiento lleva 23.000 metros cuadrados de zonas verdes y un monumento de homenaje a los represaliados del franquismo, un espacio para la memoria
democrática de la paz, de la convivencia y el respeto a los derechos humanos. El alcalde, en su día, agradeció al Ministerio del Interior su extraordinaria generosidad para reducir considerablemente, precisamente, los aprovechamientos lucrativos y
atender así la demanda de los vecinos de Carabanchel y de Latina sobre los equipamientos públicos.
Actualmente, el deterioro de estas instalaciones hace absolutamente inviable el mantenimiento de las galerías o de los edificios antiguos de la
cárcel de Carabanchel, ya que se encuentra en estado de ruina, hasta tal punto que el ayuntamiento ha otorgado una licencia de demolición con fecha 2 de octubre de 2008. Las últimas informaciones que tengo -son bien recientes- demuestran, según el
último estudio que ha encargado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el 15 de este mismo mes, que esta pretensión de mantener esos edificios es, desde el punto de vista técnico, urbanístico y jurídico, absolutamente inviable. Ese
es el último informe que se ha elaborado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias después, por cierto, de que la secretaría general tuviera varias reuniones con las personas que reivindican el mantenimiento de estas cúpula. Aunque
ya existían informes anteriores, se ha vuelto a hacer otro que pone de manifiesto y ratifica que esta operación que plantean en este momento es absolutamente inviable. También quiero decir, al paso de las afirmaciones que acaba de hacer aquí el
señor Llamazares, que a nosotros no nos consta que se haya iniciado ningún proceso de demolición, ni con nocturnidad ni con alevosía.
Sencillamente, no tenemos ninguna constancia de que esa demolición se haya empezado a producir, como se acaba de
afirmar. En todo esto puede suceder también que mientras el señor Llamazares y nosotros estamos aquí debatiendo sobre estas cuestiones nos ocurra aquello de llegó el comandante y mandó parar, porque, efectivamente, en el auto del señor Garzón, en
las páginas 64 y 65, se hace una referencia explícita a la cárcel de Carabanchel; bien es cierto que para tomar la decisión el juez recaba el informe previo del secretario de Estado de Seguridad.
En definitiva, señorías, lo que pretendemos con esta enmienda de sustitución es hacer posible el acuerdo de las tres administraciones y garantizar que esa cárcel de Carabanchel, que los vecinos han soportado durante muchísimos años, sea
sustituida por los equipamientos
públicos y sociales que vienen siendo reivindicados por los vecinos de los dos distritos, que suman más de 500.000 habitantes, desde hace muchísimos años. Nuestra enmienda es un texto que respeta el acuerdo, la intención y el espíritu de la
proposición no de ley que presenta Izquierda Unida y que a la vez hace posible el diálogo entre las tres administraciones, para hacer una plasmación concreta de estas cuestiones que acabamos de plantear, que incluyen este centro de la memoria
democrática, que está garantizado por los planes que en este momento se están desarrollando.
Por tanto, lamento que el señor Llamazares no haya aceptado esta enmienda de sustitución, que tiene la mejor de las intenciones. Rechazaremos la
proposición que nos acaba de plantear que, por cierto, es completamente distinta a otra que se acaba de presentar en la Asamblea de Madrid.
La señora PRESIDENTA: ¿Alguno de los grupos presentes no enmendantes quiere intervenir? (Pausa.) Señor Olabarría, tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: A estas alturas resultan difícilmente discutibles las argumentaciones del señor Llamazares. La cárcel de Carabanchel es un emblema de la resistencia de los partidos democráticos contra el régimen franquista. Él
ha citado una serie de líderes que ingresaron en este centro -contra su voluntad, evidentemente- y yo le podría citar algunos otros de mi propio partido político, porque todo el espectro político que configuraba la oposición franquista tuvo la
ocasión de visitar las repugnantes celdas de este centro penitenciario y, por tanto, impregnarle de ese aspecto emblemático que el señor Llamazares ha glosado con la lucidez que le caracteriza. Podría citar a algunos, como Juan Ajurriaguera o Jesús
de Solaun, líderes de mi partido, pero sería una relación bastante larga.
El señor Barranco nos ha contraargumentado con una exposición exhaustiva en cuanto a los datos. No estoy en condiciones de refutarla ni de afirmar que son ciertos. He tenido contactos personales con las asociaciones vecinales de los dos
barrios involucrados, Latina y Carabanchel, y las peticiones que me han comentado sus representantes legítimos coinciden con lo que preconiza el señor Llamazares. Obviamente, no tengo un conocimiento tan pormenorizado de la situación en la que se
encuentra este derribo en este momento o de si existe el derribo, que parece que es objeto de refutación también. Lo que sí me preocupa, señora presidenta, es una cosa: si ha habido un auto judicial que obliga a la paralización del expediente
administrativo y el derribo se produce, estaríamos ante la comisión de un delito de desobediencia. Por delitos como este y por bastante menos, señora presidenta, algunas personas han sido recientemente inhabilitadas del ejercicio de cualquier cargo
público.
Desde esta perspectiva, esta es una cuestión lo suficientemente delicada como para actuar con mucha prudencia y realizar una verificación real de si las obras de derribo se han producido, porque, de ser así, estaríamos contradiciendo una
resolución de carácter jurisdiccional, y esto sí que nos preocuparía mucho. El mantenimiento de la cúpula es la reivindicación fundamental que nos han trasladado los vecinos. Estas asociaciones vecinales representan el sentimiento colectivo de
estos dos barrios involucrados y, desde esta perspectiva, nos vamos a adherir a la proposición no de ley presentada por el señor Llamazares en sus propios términos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, en un turno breve, como el resto de los grupos, tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Como diputado por Madrid, estoy encantado de manifestar de una forma muy breve, señora presidenta, la posición de nuestro grupo en relación con esta iniciativa del señor Llamazares.
La verdad es que todos los grupos políticos tenemos en nuestro argot y en nuestra tradición el mejor estímulo de reconciliación, y este sería un buen momento para reconciliar también en el Congreso de los Diputados lo que ha acaecido ya
previamente en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Señorías, el acuerdo alcanzado entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de junio es un gran logro que viene a cerrar muchas heridas de diez años
de evolución, y los que somos diputados por Madrid lo conocemos bien.
Durante estos diez o doce años pasados los vecinos de Carabanchel, los vecinos de Latina, los ciudadanos de Madrid y todas las administraciones públicas han estado debatiendo
ampliamente sobre el destino final de los terrenos de la cárcel de Carabanchel. Por eso entiendo que la decisión y el pacto alcanzado en el mes de junio es de una enorme enjundia y este sería un buen momento para que los distintos grupos de la
Cámara buscáramos llegar a los acuerdos alcanzados entre la Administración General del Estado y las distintas administraciones, autonómica y municipal, y lo hiciéramos también aquí, en el Congreso de los Diputados, en el ánimo de la reconciliación.
Les voy a dar un pequeño detalle respecto a algo que me interesa especialmente como portavoz de mi grupo en materia sanitaria, como es el hospital en el área de Carabanchel. Es una necesidad básica que están demandando no solamente las
administraciones sanitarias sino también los propios vecinos, que tienen que desplazarse a otros hospitales de Madrid que están más lejanos -12 de Octubre o Clínico- para su asistencia sanitaria. Quiero decirles que en este sentido me congratula
extraordinariamente cómo ha cambiado la posición del Grupo Socialista, porque recuerdo perfectamente cómo la señora Ruth Porta -portavoz socialista en el ayuntamiento- rechazaba en el año 1998 el hospital, o cómo Trinidad Jiménez hacía exactamente
lo mismo en 2003. Qué estupendo que el Partido Socialista haya cambiado en el ayuntamiento y qué oportuno es que el Partido Socialista y el Gobierno socialista de la nación hayan
acordado un pacto en esta materia. Yo le rogaría al señor Llamazares que nos pusiéramos de acuerdo otra vez aquí, en este Parlamento, porque este es un momento estupendo para llevar de una manera profunda el criterio de reconciliación,
dejar de mirar el pasado y mirar hacia el futuro, que es lo importante, lo que reclaman los vecinos de Latina y Carabanchel, que van a disponer de un desarrollo en la zona que va a mejorar extraordinariamente su calidad de vida, su asistencia
social, su asistencia sanitaria y la nueva disposición de elementos culturales, sociales y de reconciliación.
La señora PRESIDENTA: Señor Llamazares, ¿quiere manifestar su opinión con respecto a las enmiendas o entiendo que no las acepta?
El señor LLAMAZARES TRIGO: No, tal y como están redactadas no las puedo aceptar porque presuponen el derribo total de las instalaciones de la cárcel de Carabanchel y la hipotética acción en ese espacio resultante a favor de la memoria. Lo
que se pretende con esta iniciativa es que no se produzca ese derribo y que se mantenga una parte dedicada a la memoria histórica. Ya no entro en temas de servicios públicos y demás, que esa es otra cuestión.
La señora PRESIDENTA: Queda pues concluido el debate y la proposición no de ley se votará exactamente en los términos en los que ha sido presentada porque no se han admitido las enmiendas. Terminado este punto los grupos me han pedido un
breve receso. ¿Es así o podemos continuar? (Asentimiento.) Suspendemos la sesión durante cinco minutos. (Pausa.)
- RELATIVA A LOS DATOS DE CRIMINALIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000458.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a debatir el siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley número 458, del Grupo Parlamentario Popular, que versa sobre datos de criminalidad.
Para su defensa tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Los delitos que se cometieron en el área metropolitana de la ciudad de Londres en el mes de agosto del año 2008 fueron 69.728. Los delitos que fueron conocidos por el conjunto de las fuerzas y cuerpos de
seguridad de Francia en el año 2008 fueron 288.011.
Los delitos conocidos por la Policía autónoma vasca, por la Ertzaintza, hasta agosto del año 2008 fueron 30.880. En todos los casos esta información es accesible para cualquier ciudadano del
mundo a través de Internet, con un desglose muy exhaustivo por tipología de delito, incluso en algunas ocasiones con mapas que señalan cuál es la incidencia de los delitos según los territorios, y mi problema es que ni como ciudadano español ni como
parlamentario puedo saber cuántos delitos se cometieron en España, no en el año 2008 sino ni siquiera en el año 2007.
Hemos presentado una proposición no de ley que intenta corregir una situación en nuestra opinión de claro déficit democrático, en la que el Ministerio del Interior ha decretado un apagón informativo que es inédito en nuestra historia
democrática, porque nunca en nuestra historia democrática ha existido una orden expresa del secretario de Estado de Seguridad en la que textualmente se den instrucciones para que no se pueda facilitar ningún dato estadístico de criminalidad a través
de las delegaciones, de las subdelegaciones del Gobierno ni de los centros dependientes por parte del Ministerio del Interior. Esta instrucción del secretario de Estado es inédita en nuestra historia democrática. También es inédito en nuestra
historia democrática que a 40 preguntas parlamentarias que formulé personalmente, en las que preguntaba desde el número de agresiones sexuales cometidas por menores en el primer trimestre de 2008 hasta cuál era el número de delitos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en el primer trimestre de 2008, se haya dado una contestación que leo y que es del siguiente tenor: Con motivo de la entrada en vigor del nuevo sistema de estadística criminal, y teniendo en cuenta el sucesivo proceso de
integración de los diferentes cuerpos policiales en el referido sistema, aún no están disponibles los datos solicitados por su señoría. Señorías, no sé qué es peor, si que eso sea verdad, o que eso sea mentira. Porque si es verdad significa que el
Ministerio del Interior no sabe cuál es el número de delitos y faltas que se comenten en nuestro país, y si es mentira, estaríamos ante una muy grave falta de respeto al Parlamento. Yo no sé si SS.SS. se pueden imaginar que viniese el señor
Corbacho a la Comisión de Trabajo de este Parlamento a decir que no puede dar los datos del primer trimestre de 2008 sobre el paro porque le falla el sistema informático, o que viniese el vicepresidente de Economía y Hacienda a la Comisión
correspondiente y dijera que no puede facilitar los datos del IPC en el primer trimestre de 2008, porque está en un proceso de cambio estadístico -como lo ha habido- en materia de cálculo de inflación y por tanto, no puede facilitar esos datos.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Cosidó, un momento.
Por favor, ruego a SS.SS. mantengan un poco de orden y de silencio.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Por tanto, créanme, señoras y señores diputados, que el único objetivo que pretende esta proposición no de ley es poner fin al secretismo y al oscurantismo que reina en estos momentos en el Ministerio del
Interior. De forma muy breve, porque no quiero extenderme, lo pedimos porque hay una obligación legal de facilitar esos datos; porque hay una exigencia democrática de dar esos datos; porque hay una
demanda social de hacerlo así, y porque además es una necesidad operativa para nuestra política de seguridad. La Ley de Función Estadística Pública, en su artículo 4, consagra el principio de transparencia como un elemento fundamental en la
difusión de las estadísticas públicas y en su artículo 20 dice textualmente que para los fines estatales -como es el caso de la seguridad pública- se harán públicos por los servicios responsables de de la elaboración de las mismas y habrán de ser
ampliamente difundidos. Por tanto, entendemos que existe una obligación legal que en este momento se está incumpliendo. Es una exigencia democrática y les quiero citar no una denuncia por parte de mi partido, que ha habido varias, sino por parte
del principal sindicato policial que en uno de sus últimos comunicados se preguntaba cuánto tiempo hace que no se conocen los datos de criminalidad. ¿Es propio de una democracia decente -decía este sindicato- que los datos sobre infracciones
penales sean conocidos solo por el ministro del Interior, que puede, por falta de transparencia, manipularlos? Insisto, lo decía el principal sindicato de la Policía, no lo decía el principal partido de la oposición. Es evidente que la falta de
información anula, entre otras muchas cosas, la posibilidad de cumplir con nuestra función constitucional de control al Gobierno como Congreso de los Diputados. Es además una demanda social porque ante el evidente aumento de la inseguridad
ciudadana que se vive en nuestro país, nada es más contraproducente en mi opinión que la falta de información, porque nada crea más alarma social que la falta de información. Por último, es una necesidad operativa porque esta información es
necesaria, entre otras cosas, para el buen funcionamiento de aquellos convenios de colaboración establecidos en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias con los ayuntamientos que necesitan saber cuál es la evolución de la
inseguridad en sus respectivas demarcaciones territoriales para poder articular esos convenios. Es más, la restricción en el acceso a la información ha llegado a tal extremo, que incluso las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen
una capacidad limitada para utilizar la estadística como un instrumento básico y fundamental en la planificación de sus servicios. Nosotros proponíamos, en primer lugar, un análisis trimestral de la delincuencia.
No aspiramos a llegar a donde la
Policía autónoma vasca ha llegado, que es la publicación mensual de sus estadísticas. En segundo lugar, una información que sea territorializada por parte de los subdelegados del Gobierno. En tercer lugar, pedimos que los datos de las Policías
autonómicas se incorporen a la estadística general en el menor plazo. Ya se ha venido haciendo con bastante prontitud en el caso de la Policía autónoma vasca e incluso en la Policía foral de Navarra, pero hay más dificultades, entendibles también
porque su competencia de seguridad ciudadana lleva menor tiempo, en el caso de los Mossos d'Esquadra. Y en cuarto lugar, que haya una comparecencia del ministro para informar sobre este asunto.
Quiero agradecer el interés que el Grupo Parlamentario Socialista se ha tomado en esta iniciativa. De hecho, el Grupo Parlamentario Socialista había presentado una enmienda que nosotros, y así se lo hemos manifestado, no podemos aceptar.
Esta misma mañana, minutos antes -y eso explica las conversaciones que estábamos teniendo en paralelo-, se nos ha vuelto a presentar una revisión de esa enmienda que podría alcanzar un consenso entre todos los grupos, pero me reservo la posición
final sobre esta enmienda a mi segundo turno, cuando responda a las intervenciones del resto de los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: Como se ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra para su defensa el señor Hernando, al que le ruego que emplee cinco minutos como máximo.
El señor HERNANDO VERA: Intentaré ser muy disciplinado. La verdad es que echaba de menos al señor Cosidó porque incluso cuando estamos a punto o ya hemos llegado a un acuerdo, él sigue dando leña al Gobierno. Me imagino que ese es su
trabajo y su obligación. En fin, la lucha política es una pelea sin cuartel y lo único que le consuela a uno es saber que está actuando de acuerdo con su conciencia y pensando que hace lo mejor por los ciudadanos.
Me voy a referir a alguna cuestión muy brevemente. El señor Cosidó ha citado una circular de la secretaría de Estado, que es la misma que se citó el 1 de marzo de 2006 -aquí tengo el'Diario de Sesiones'-, en la que el secretario de Estado
explicaba cuál era el sentido de dicha circular y en la que solo decía que había dicho a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno que, cuando empleasen estos datos y los diesen en ruedas de prensa, simplemente se refiriesen a la estadística
de criminalidad que oficialmente se había publicado. Se publican estadísticas de criminalidad y, sobre todo, los altos cargos del ministerio de Interior, tanto el ministro como el secretario de Estado como el director general de la Policía y de la
Guardia Civil, vienen a dar esas estadísticas y la legislatura pasada todos hemos tenido oportunidad de escucharles aquí.
En la legislatura pasada este Gobierno, cumpliendo con su obligación naturalmente, contestó a 196.000 preguntas frente a las 97.000 de la legislatura anterior. En la legislatura pasada esas 196.000 preguntas contestadas por escrito suponían
lo mismo que en las tres legislaturas anteriores. Señor Cosidó, se hace un esfuerzo por contestar, es una obligación que naturalmente tiene el Gobierno y también es un derecho que tiene usted, que tiene su grupo y que tienen los ciudadanos, de
conocer cuáles son los datos objetivos de criminalidad. Pero, más allá de eso, yo también le agradezco, por supuesto, esta iniciativa, porque nos da pie para tener un debate que me parece que sí es interesante; un debate sobre un nuevo sistema de
contabilidad de la criminalidad
que no lo vamos a tener en esta ocasión, que lo vamos a demorar para otro momento, pero sobre el que es importante -y de ahí quizá la respuesta que usted haya recibido en los últimos días- reflexionar. Venía en un diario madrileño de los
últimos días una cita que me parece interesante: Esta fragmentación de la percepción de la realidad explica por qué las tertulias y debates políticos emplean cada vez más tiempo en discutir cuál es la realidad del país en vez de debatir las mejores
ideas para mejorarlas. Lo que debía ser una democrática fiesta para contrastar ideas se convierte en una frustrante confrontación de cifras estadísticas esgrimidas por candidatos que parecen vivir en planetas distintos. Lo decía respecto a los
debates entre el senador Obama y el senador McCain.
¿Qué queríamos nosotros? Decir que este es un sistema fiable, en el que hemos trabajado, como S.S. sabe, con el resto de grupos, con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con
diputados, con usted mismo y con doña Carmen Navarro, que también ha asistido a reuniones en la secretaría de Estado.
Pero, al margen de que haya un nuevo sistema, que me parece que va a ser bueno para dar fiabilidad a esos datos, si finalmente
llegamos a la transaccional que hemos acordado, será bueno para todos. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior remitirá a esta Cámara semestralmente un informe sobre la situación y evolución de los principales indicadores de criminalidad;
porque anualmente se remitirá un informe global que contendrá análisis territorial, como ustedes pedían, de evolución de la misma y un análisis de la tipología de los delitos; porque el ministro del Interior comparecerá en el primer trimestre del
año para dar cuenta de ese análisis y en dicha comparecencia informará además sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la seguridad ciudadana y, por último, porque incluiremos un elemento muy importante, que son las encuestas de
victimización. Hay elementos objetivos -la mera contabilidad de los delitos, de las faltas-, pero también hay un elemento subjetivo, que es la encuesta cualitativa frente a la encuesta cuantitativa, y el elemento subjetivo es cómo perciben los
ciudadanos la inseguridad, la delincuencia. Me parece que es muy importante que a partir de ahora tengamos también ese elemento subjetivo. Por último, un elemento que me parece que era absolutamente respetuoso con las competencias de las
comunidades autónomas y de sus gobiernos, y es que este informe se proporcione una vez que se hubiesen hecho eco de los datos de criminalidad en sus respectivas circunscripciones los gobiernos de las comunidades autónomas, elemento que me parece
fundamental.
Por tanto, estamos ante una proposición no de ley que nos va a traer claridad, transparencia y fiabilidad a los datos, que va a ser más completa que la que existe actualmente y que nos va a proporcionar una mejor herramienta para algo en lo
que yo creo que todos estamos de acuerdo, que es combatir mejor la criminalidad y medir mejor la eficiencia y eficacia de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por consiguiente, agradeciendo de nuevo a SS.SS. que hayan tenido la
iniciativa de presentar esta proposición no de ley y agradeciendo al resto de los grupos la disponibilidad que han tenido para llegar a un acuerdo en este tema, pediría que se votase afirmativamente la transacción a la que hemos llegado minutos
antes de empezar la sesión.
La señora PRESIDENTA: Voy a dar la palabra a los grupos no enmendantes si quieren hablar, pero para un breve turno. Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: La iniciativa está muy puesta en razón. Es una preocupación de los ciudadanos españoles, y particularmente de esta Cámara y de esta Comisión, la necesidad de tener los datos de criminalidad de una manera más
fiable, transparente y exigente, porque, como decía el señor Hernando en su intervención, cuando se asombraba de la pertinaz tarea de la oposición expresada por el portavoz del Grupo Popular, la grandeza de la democracia es eso, que el Gobierno hace
su tarea y la oposición hacemos la nuestra. Eso es una democracia sana de la que afortunadamente podemos presumir. Yo creo que la iniciativa está puesta en razón, como decía. Durante este verano, creo que en el mes de julio por primera vez, nos
reunimos en la secretaría de Estado para analizar estas cuestiones. Aprecio una enorme voluntad de consenso. Creo que la transacción que se nos ha presentado, que acabo de ver en este momento, está bien en la literalidad, es exigente. Por tanto,
parece que cumple su objetivo. Tenemos que ver si este objetivo, que parece bien plasmado en la literalidad, da buenos resultados, es decir, si estas comparecencias, si este nuevo método de contabilización de la criminalidad y estas exigencias
hacia el Gobierno dan el resultado de que tengamos mejores datos, más fiables, más exactos y más rápidos, que no solamente a los diputados que estamos aquí nos resuelvan nuestras dudas, sino que se las resuelvan también a los que trabajan más
directamente con la seguridad del Estado. Si no diera ese resultado, tendríamos la obligación de revisar esta propia iniciativa en su momento, transcurridos unos meses.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Votaremos favorablemente, porque todo lo que sea un mejor conocimiento de la realidad mejora la actividad del Gobierno y el control de la oposición, y sobre todo permite adoptar medidas más adecuadas.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Olabarría, por el Grupo Parlamentario Vasco.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Votaremos favorablemente la enmienda presentada por el Grupo Socialista si es objeto de aceptación por el Grupo Popular.
Señor Cosidó, yo comprendo que el suspense forma parte de la impronta policial, por lo menos
en el ámbito literario, pero a ver si solucionamos esta vidriosa cuestión y sabemos si podemos votar al final, en algún momento, la enmienda presentada por el Grupo Socialista, que nos parece que se ajusta más a lo que hemos negociado, entre otros,
con usted mismo en la Secretaría de Estado del Interior con relación a la metodología y la forma de remitir, incluso desde una perspectiva cronológica, los datos de criminalidad. Yo honestamente tengo la percepción, y corríjame si no es así, que su
posición en la secretaría de Estado era más acrítica o menos crítica. Incluso me dio la impresión de que se adhería un poco a lo que entre todos presentamos como fórmula de estructurar la metodología de criminalidad, que nunca es una tarea fácil.
Además le agradezco sus invocaciones a la eficiencia del trabajo de la Ertzaintza, que efectivamente presenta cada mes puntualmente los datos de criminalidad en la Comunidad Autónoma vasca con una metodología muy avanzada y muy moderna. En todo
caso, cuando usted nos resuelva esta incógnita que gravita sobre la Comisión, quizá nosotros estaremos en condiciones de votar favorablemente la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Quiero acabar diciendo que aquí hay un problema competencial, que no está bien resuelto en su proposición original, que es que existen competencias no solo policiales en aquellas comunidades autónomas donde están ya desplegadas policías
integrales, sino competencias en materia de seguridad ciudadana, dentro de cuyo contenido está también la elaboración de la estadística en estos ámbitos, y no se respetan bien en esa invocación que usted hacía a los delegados y subdelegados a los
que les instaba a remitir los datos de criminalidad. Ya como amigo le voy a hacer una última admonición. El Inem -me refiero a la exposición de motivos de la suya- ya no se llama así; en estos momentos el Inem se denomina Servicio Público de
Empleo, como usted sabe. Con esto ya acabo mi disposición.
La señora PRESIDENTA: La señora Pigem tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió compartimos la exigencia democrática expresada por el portavoz del grupo proponente acerca de la necesidad de esta información -continua, clara, pública- sobre uno de los asuntos que más
afectan a los ciudadanos en su vida cotidiana, que es naturalmente la seguridad o la percepción de inseguridad. Es más, se nos dice muchas veces que la percepción de inseguridad que se tiene no se corresponde con los datos de criminalidad que
existen. Pues bien, bienvenida sea esta iniciativa que finalmente nos va a permitir conocer, más allá de las múltiples respuestas a preguntas individuales parlamentarias a las que ha hecho alusión el señor Hernando, cuál es el mapa, cuál es la
estadística, cuál es la situación de la criminalidad y los indicadores de criminalidad. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar el punto primero de la iniciativa original. Más dudas teníamos con respecto a los otros dos puntos, por las razones que
ya ha expresado el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra acerca de que conculcaban las competencias no de las policías autonómicas sino de los gobiernos autonómicos, que tienen competencias -por lo menos en el caso de Cataluña- sobre
la formulación o sobre las propias estadísticas.
La propuesta de enmienda transaccional que ha presentado el Grupo Socialista subsana a nuestro modo de ver estos problemas, y estando también expectantes acerca de cuál va a ser la posición del Grupo
Parlamentario Popular les alentamos sinceramente a que la admitan, para que salga de la Cámara una proposición no de ley que todos hayamos votado favorablemente y que va a mejorar de manera sensible la situación de la información que tenemos al
respecto de algo tan importante como son los datos de criminalidad.
La señora PRESIDENTA: Señor Cosidó, le corresponde un turno para hablar sobre la enmienda presentada. Le ruego que sea muy breve.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Lo haré con toda brevedad. Hay dos aspectos que estaban en nuestra proposición inicial y que no están en la enmienda, que hacen que lógicamente nos guste más la proposición no de ley tal y como estaba formulada
inicialmente que la enmienda que se nos ha propuesto. En primer lugar, si me lo permiten de manera brevísima, porque teníamos mucho interés -un interés expreso- en revocar esa instrucción del secretario de Estado de Seguridad prohibiendo
taxativamente la difusión de cualquier dato estadístico; y, en segundo lugar, porque entendíamos que quizá mensual pudiera ser excesiva -no lo creíamos tampoco así-, pero en todo caso una información trimestral nos parecía que era más que
aceptable. Visto en la intervención de todos los grupos -y ese era el único ánimo del ministerio, es decir quería conocer previamente cuál era la posición de todos los grupos- que puede existir una unanimidad, vamos a aceptar la enmienda en la
medida en que creemos que ese mandato de transparencia al Gobierno puede tener mucha más fuerza si se aprueba de manera unánime por parte de toda la Comisión que incluso en el supuesto de que se aprobara con una mayoría menos cualificada por ella.
Así que aceptamos que se vote la enmienda planteada a nuestra proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Queda claro que, aceptada la enmienda, se votará este punto con la enmienda correspondiente.
SOBRE JUVENTUD Y SEGURIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000265.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es del Grupo Socialista, sobre juventud y seguridad. Para su defensa tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista mediante esta proposición no de ley pretende que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a profundizar en las medidas adoptadas sobre juventud
y seguridad y a desarrollar acciones formativas específicas para garantizar la seguridad de jóvenes y menores en la utilización de las nuevas tecnologías, combatiendo las situaciones de acoso que se producen a través de Internet o de la telefonía
móvil e impidiendo que estos medios se utilicen en la comisión o difusión de ilícitos penales relacionados con la juventud. Para defender esta proposición no de ley queremos hacer una serie de consideraciones. En primer lugar, el incremento de las
situaciones de violencia entre menores y jóvenes y de aquellas que van vinculadas a la utilización de nuevas tecnologías resulta evidente y preocupante. Así se desprende, entre otros, del informe elaborado por el Defensor del Pueblo de 1999 a 2006
sobre maltrato entre iguales en la enseñanza secundaria obligatoria. No solo se trata de este tipo de ilícitos violentos, también asistimos a una preocupación creciente en nuestra sociedad por los ataques a la intimidad que tienen en las nuevas
tecnologías un vehículo evidente. Existe en el Gobierno de la nación y en el partido que le sustenta una honda preocupación en relación con esta materia, lo que explica las medidas que el Gobierno ya ha adoptado en este ámbito durante la pasada
legislatura.
En marzo de 2006, el Gobierno firmó con los interlocutores del sistema educativo -sindicatos y asociaciones de madres y padres- el Plan para la mejora de la convivencia escolar, que pretendía fomentar hábitos saludables de convivencia
en el entorno escolar. Asimismo, se creó en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana un grupo de trabajo sobre juventud y seguridad, con el objeto de proponer medidas concretas de cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, las administraciones públicas y los agentes sociales en relación con esta materia. De este grupo de trabajo surgió un acuerdo marco entre el entonces Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio del Interior para la convivencia y
mejora de la seguridad escolar. En su desarrollo la Secretaría de Estado de Seguridad aprobó la Instrucción 3/2007, de 21 de febrero, que recoge las líneas a seguir por este departamento en esta materia, entre las que destaca la elaboración por
parte de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil de un plan director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar. Este plan director de febrero de 2007, con vigencia para los cursos escolares 2007-2008 y 2008-2009, contempla
cuatro líneas de actuación fundamentales en esta materia. En primer lugar, se realizan visitas y charlas de representantes de los cuerpos de seguridad a los centros escolares para informar a los jóvenes sobre materias relacionadas con la seguridad.
La segunda línea de actuación establece mecanismos de comunicación y colaboración entre la comunidad educativa y los cuerpos de seguridad en materia de menores y jóvenes. En este punto ya se contempla específicamente la posibilidad de concertar
reuniones con expertos policiales para que estos informen a directivos, personal docente y asociaciones de madres y padres de alumnos de los riesgos asociados a la utilización de Internet y de las nuevas tecnologías. En tercer lugar, se establece
la mejora de la vigilancia de las inmediaciones de los centros escolares. Y, en cuarto lugar, se establecen otras actuaciones de carácter complementario dirigidas a los menores y jóvenes, como exhibiciones y demostraciones policiales, jornadas de
puertas abiertas en dependencias policiales y diversas actividades participativas. Para poner en práctica estas líneas de actuación, el plan prevé acciones formativas específicas para los propios menores y jóvenes con la elaboración de material
formativo y también para los funcionarios policiales, con la realización de jornadas de formación, así como los mecanismos de colaboración y coordinación entre los distintos niveles territoriales de la Administración: comunidades autónomas,
diputaciones y municipios. En relación con las entidades locales se puede citar el protocolo firmado, el mismo 20 de febrero de 2007, por el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias para mejorar la lucha contra la
delincuencia juvenil y reforzar la prevención. Asimismo, el Ministerio del Interior puso en marcha el Observatorio estatal de la convivencia escolar y prevención de conflictos y el Ministerio de Educación, un portal de la convivencia.
El Partido Socialista, ya en su programa electoral, comprometía el impulso en la prevención de todo tipo de violencia, actuando en todas las etapas educativas, así como promocionando todas las acciones necesarias para garantizar la
convivencia en todos los centros educativos a través, entre otros instrumentos, de un Plan de convivencia escolar. En consecuencia, el ministro del Interior, en su primera comparecencia ante esta Comisión parlamentaria, se comprometió a reforzar el
Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar. Ahora se trata de incrementar los esfuerzos ya iniciados en la pasada legislatura y a este objetivo se dirige la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista. Por todo lo expuesto se solicita al resto de los grupos el apoyo a esta proposición no de ley, habiendo incluido las aportaciones realizadas por el Grupo Parlamentario Popular, con quien se ha llegado al acuerdo de redactar un texto
transaccional, que mejora sin duda la propuesta inicial y que se les ha pasado.
La señora PRESIDENTA: Ahora es el turno para los grupos que han presentado enmiendas. Grupo Mixto, señora Díez. No voy a recordar a todas SS.SS. que traten de ser breves.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Intervengo brevísimamente. He visto la enmienda transaccional que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista y en este momento estaba justamente planteándole al responsable del Grupo Parlamentario Socialista la
posibilidad de que en esta enmienda transaccional se hiciera una referencia a la tarea de los educadores, puesto que esta no es una cuestión meramente de Interior, meramente de persecución o de coacción, sino una tarea que tiene mucho que ver con la
pedagogía y con la educación en los centros. Acabo de acordar con el responsable del Grupo Parlamentario Socialista un añadido en ese sentido, y en todo caso veremos si es admitida esa enmienda y si el resto de los grupos la consideran una
aportación positiva.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra ahora por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Navarro, que también tiene una enmienda.
La señora NAVARRO CRUZ: Efectivamente, como se ha dicho ya esta mañana, la sociedad española ha incrementado lógicamente su grado de tecnología y ha avanzado, lo cual coloca a nuestro país entre los países más desarrollados, pero no podemos
olvidar que todo en la vida tiene su cara y su cruz y que, aunque las ventajas de las nuevas tecnologías son muy grandes en la sociedad de la información, también existen peligros para los que debemos de estar preparados. Lo cierto es que las
nuevas tecnologías no han crecido al mismo ritmo que nuestra capacidad para desarrollar medidas que nos puedan proteger de las consecuencias negativas que surgen de ellas. También es cierto que la mayor parte de las consecuencias negativas afectan
a la población más joven por dos razones: primero, porque son los que más las utilizan y, segundo, porque también tienen menos experiencia para poder defenderse de las dificultades que crean. Por eso cualquier medida que se plantee en esta Cámara,
para proteger y para la defensa de los más jóvenes, será bienvenida por parte del Grupo Parlamentario Popular. Ahora bien, ante todo lo que se ha dicho se ha citado el acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el
Ministerio del Interior, firmado el 18 de diciembre de 2006, que desde luego nos parecía un acuerdo bastante amplio y que, sin ser perfecto, nos parecía que era un buen acuerdo pero la proposición no de ley que hoy se presentaba por parte del Grupo
Socialista se quedaba un poco por debajo de aquel acuerdo de máximos que se firmó hace dos años. Por esa razón el Grupo Popular ha propuesto una serie de enmiendas que serán bienvenidas por el resto de los grupos. No solamente quiero hacer
referencia a ese acuerdo, porque también se ha firmado, como bien ha dicho la señora Martín, un protocolo con la Federación Española de Municipios y Provincias por el cual se dota a la Policía local de competencias para que puedan también defender a
nuestros jóvenes de esos peligros que corren con esas nuevas tecnologías.
Por esa cuestión nosotros entendemos que a la Policía local no solamente se le tienen que dar competencias, sino que tendrían que ir aparejadas con una serie de dotaciones
económicas que puedan permitir a los ayuntamientos poner en marcha toda esta serie de cuestiones en la Policía local.
Respecto a este tema aún queda muchísimo por hacer, pero los primeros pasos que se están dando son fundamentales y esta proposición no de ley no podía quedarse solamente en una proposición de intenciones, de buenas intenciones, pero al fin y
al cabo de intenciones. Por esa razón el Grupo Popular invitaba -en este caso veo que los grupos lo han tenido en cuenta- tanto al Grupo Socialista como al resto de las fuerzas políticas a dotar de contenido a esta proposición no de ley. El Grupo
Popular aportaba tres enmiendas concretas de adición, que no son obstáculo para que los demás puedan hacer las suyas, por las que nosotros pretendemos incrementar la plantilla y medios del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil;
incrementar la plantilla y medios de la brigada de investigación tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía y dotar de más fondos a los ayuntamientos para facilitar que los policías locales en el ámbito de sus competencias puedan prevenir y
perseguir los delitos relacionados con el acoso y abuso de menores mediante el uso de las nuevas tecnologías, porque como he dicho antes es muy difícil dar competencias a los ayuntamientos si no se dotan económicamente. Espero que próximamente se
puedan concretar cuáles son los aumentos de plantilla que se puedan hacer, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, y también que se cuantifiquen cuáles son las partidas económicas que se van a destinar a los ayuntamientos para que
todo esto sea posible. Ahora mismo estamos en un momento oportuno para todas estas cuestiones puesto que los presupuestos están sobre la mesa. Por tanto, desde el Grupo Popular nos alegramos de que estas proposiciones no de ley puedan debatirse en
la Cámara y nos alegraría muchísimo que las enmiendas que concretaban más la proposición que se presentaba por el Grupo Socialista, que son las aportadas por el Grupo Popular a las que me he referido antes, pudieran ser bien recibidas por el resto
de los grupos y por supuesto por el grupo proponente.
La señora PRESIDENTA: ¿Quieren intervenir brevemente los grupos que no han presentado enmiendas? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo de recibir una enmienda que parte de su contenido está en letra impresa y otra parte manuscrita; me imagino que será la transacción final que se va a someter a consideración. Es un buen sistema porque eso
acredita un poco la agilidad de esta Comisión en materia de consenso que son tan pertinentes en materias tan delicadas.
La señora PRESIDENTA: Es una Comisión viva y activa.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Creo que esto integra las aportaciones hechas por unos y otros grupos. Me parecía correcta y bien expuesta la exposición de motivos hecha por la portavoz del Grupo Socialista. Nos encontramos con aspectos
patológicos de la sociedad de la información: el uso de Internet inadecuado, el ciberbullying, la pornografía infantil, el grooming, algo que alarma mucho sobre todo a los que tenemos hijos en edad escolar, el bullying en centros escolares,
etcétera. Obviamente cuando se utilizaba solo la palabra profundizar en el pedimiento de la proposición (la alocución profundizar acredita que todo era suficiente y que esas instrucciones o normas suficientes, dimanantes de la interpretación
literal de la expresión profundizar, no admitían la incorporación de nuevas medidas o de otras normas complementarias a lo anterior) nos parecía un tanto reduccionista. Se incorporan en la enmienda cuestiones diferentes a la de profundizar en las
medidas ya adoptadas, que en definitiva no son más que instrucciones: dos instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, instrucciones de la Fiscalía General del Estado. Profundizar en este tipo de instrucciones no parece que sea
suficiente para acometer una fenomenología criminal sobre lo cual -termino, señora presidenta- no es claro ni el propio concepto de bullying. Yo he estado analizando lo que se denomina jurisprudencia menor, la de los tribunales, que no llegan a la
casación, al Tribunal Supremo, y la verdad es que resulta absolutamente errática en cuanto al propio acotamiento del concepto de bullying. Esto requiere, más que profundizar, elaborar un plan concertado con la colaboración de las comunidades
autónomas; nos parece bien esta incorporación de las comunidades autónomas, para que, primero, defina con corrección por razones y por mor de requerimientos de seguridad jurídica de qué estamos hablando, en el ámbito del bullying y otras patologías
criminales, al socaire de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías, y sobre todo que no nos quedemos en un concepto tan metajurídico como el de profundizar en instrucciones, porque profundizar en instrucciones es manifiestamente
insuficiente. Lo que se añade de incrementar las plantillas, de dotar de más fondos a los ayuntamientos, de impulsar acciones de formación, nos parece que acoge lo preconizado por otros grupos parlamentarios y complementa perfectamente la
proposición no de ley en su configuración inicial.
Como la presidenta me está haciendo ya admoniciones de naturaleza semiótica, e incluso verbal, acabo ya mi intervención diciendo que esta última transacción nos parece muy correcta, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Había entendido que había terminado. Siempre son interesantes sus palabras hasta el final de su intervención.
Tiene la palabra ahora por el Grupo Parlamentario de CiU la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió compartimos, como no puede ser de otra manera, la necesidad de profundizar en las medidas adoptadas en algo tan importante y que preocupa -se ha visto en distintas comisiones, tanto en
esta como en la de Educación-, como el bullying, el grooming y todas esas prácticas a través de medios telemáticos, de teléfonos móviles, etcétera, y a los que también se ha referido en su intervención la portavoz del Grupo Socialista. Compartimos
también la necesidad de que estas medidas que se adopten sean eficaces. Por ello, compartimos las enmiendas que había hecho el Grupo Popular sobre la necesidad de dotar de medios materiales y personales para que estas medidas quedaran en algo más
que en un aspecto puramente teórico. Por lo tanto, compartimos de la enmienda transaccional los puntos 2, 3, 4 y 5.
Por parte del Grupo de Convergència i Unió se quería formular una enmienda in voce, relativa a que en el punto 1 esta
profundización se tenía que hacer en colaboración con las comunidades autónomas, puesto que ellas, por lo menos Cataluña, tiene competencias sobre juventud y seguridad. Veo que esta coletilla, en colaboración con las comunidades autónomas, figura
ya en el texto de la enmienda transaccional, por lo tanto simplemente quiero manifestar que nuestro voto, como no puede ser de otra manera, va a ser afirmativo.
La señora PRESIDENTA: El grupo proponente de esta proposición no de ley puede decir algo sobre las enmiendas, porque finalmente ha habido una transaccional sobre las dos que había.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: La intervención es para agradecer las aportaciones de los distintos grupos y el apoyo a la proposición no de ley, porque evidentemente el texto queda claramente mejorado. Gracias por el interés y por la
colaboración.
La señora PRESIDENTA: Hemos finalizado el debate de todos los puntos del orden del día. No hemos dado hora de votación, sino cuando se terminasen las PNL. ¿Quieren que esperemos unos minutos para votar? Estamos en condiciones para votar,
¿verdad? (Asentimiento.) De acuerdo.
Procedemos, entonces, a las votaciones de las tres PNL por el orden en que han sido debatidas. En primer lugar votaremos la proposición no de ley 383, defendida por el señor Llamazares, sobre la creación de un centro para la memoria y la
paz en la antigua cárcel de Carabanchel en Madrid.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la proposición no de ley 458 relativa a datos de criminalidad presentada por el Grupo Popular. Votamos con la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista o enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Por último votamos la proposición no de ley 265 del Grupo Parlamentario Socialista sobre temas de juventud, con la enmienda transaccional que finalmente se ha aceptado.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Sin más levantamos la sesión.
Eran las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana.