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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 69, de 11/09/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 69
CONSULTIVA DE NOMBRAMIENTOS
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA TERESA CUNILLERA I MESTRES,
VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión núm. 1 celebrada el jueves 11 de septiembre de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de los candidatos para la elección de cinco vocales de la Junta Electoral Central. (Número de expediente 276/000002.)
- De la candidata doña Silvia Díaz Alabart... (Página 2)
- De la candidata doña Rosario García Mahamut... (Página 6)
- Del candidato don Pedro José González-Trevijano Sánchez... (Página 10)
- Del candidato don Pablo Santolaya Machetti... (Página 14)
- Del candidato don Joan Manuel Trayter Jiménez... (Página 19)
Comparecencia de los candidatos para la elección de los cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial. (Número de expediente 244/000001.)
- De la candidata doña Gabriela Bravo Sanestanislao... (Página )
- Del candidato don José Manuel Gómez Benítez... (Página 29)
- Del candidato don Fernando de Rosa Torner... (Página 34)
- De la candidata doña Margarita Uría Etxebarría... (Página 39)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIAS DE LOS CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE CINCO VOCALES DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL. (Número de expediente 276/000002.)
- DE LA CANDIDATA DOÑA SILVIA DÍAZ ALABART.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Vamos a iniciar la sesión de la comparecencia de los candidatos a la Junta Electoral Central. Todos los portavoces de los grupos parlamentarios están presentes. Imagino que es bueno que, en
primer lugar, ratifiquemos el acuerdo de todos los grupos para que se produzca esta convocatoria. (Asentimiento.) Si les parece, como no hay más asuntos pendientes, empezaríamos con las comparecencias por el orden que cada uno de ustedes tiene en
su poder.
Las intervenciones de los comparecientes se realizarán en primer lugar y luego se efectuarán las intervenciones de los portavoces en orden de menor mayor. Como todos los grupos son grupos proponentes no habrá ninguna distinción. Por
tanto, como el representante del Grupo Mixto no está, empezaremos por el Grupo de Esquerra Republicana Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, seguiremos con el Grupo Vasco (EAJ-PNV), el Grupo Catalán Convergència i Unió, el Grupo Popular y
el Grupo Socialista. ¿Les parece bien? (Asentimiento.) Entonces podríamos llamar en primer lugar a doña Silvia Díaz Alabart. (Pausa.)
Buenas tardes, señora Díaz Alabart. Bienvenida a esta casa. Vamos a proceder sin más dilación a la comparecencia a la que ha sido citada esta tarde. En primer término, hará usted una intervención de cinco minutos; solo somos estrictos
con los diputados, gaste el tiempo que considere necesario. Luego intervendrán los distintos grupos en el orden que hemos fijado y finalmente acabaríamos con su intervención de nuevo. Cuando usted quiera.
La señora DÍAZ ALABART: Como supongo que todos ustedes tienen a su disposición el currículum que yo envié, voy a excluir entrar en detalles que tampoco tienen excesiva importancia. Simplemente deseo decirles que soy catedrática de Derecho
Civil desde el año 1986 y que más o menos lo que he hecho es lo que se espera de un catedrático de universidad, es decir, docencia, investigación, formación de profesores más jóvenes, labores de gestión universitaria y de relación con otras
universidades.
Ese es mi perfil, un perfil puramente profesional. También les señalo que el trabajo que vengo haciendo me gustó desde el principio, me sigue gustando y me sigue interesando.
En relación con la Junta Electoral Central, me ha gustado siempre ver cómo funciona en la vida práctica lo que yo enseño en teoría, ver cómo el derecho se aplica, no solamente cómo se enseña. Un profesor de universidad con dedicación
exclusiva como yo no tiene demasiadas oportunidades de hacer eso, salvo cuando hace algún dictamen o da alguna opinión que le es solicitada en el seno de un tribunal o por abogados en particular. Me parece que esta es precisamente una oportunidad
de ver cómo se aplican también una serie de normas que para mí son esenciales, porque en la base de la democracia pienso que está poder tener los medios necesarios para garantizar un procedimiento electoral transparente que garantice la igualdad de
todos. Con esto, quedo a su disposición para lo que quieran preguntarme.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Díaz Alabart, seguramente le tenía que haber presentado a los portavoces que están hoy aquí con nosotros. No sé si la señora Fernández, del Grupo Mixto, se va a incorporar. En cualquier caso, están en la
Mesa el señor Llamazares, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Olabarría, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Xuclà, por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); el señor Trillo, por el Grupo Parlamentario Popular, y el señor Jáuregui, por el Grupo Parlamentario Socialista, y van a intervenir por el orden que se los he presentado a partir de este momento.
Señor Llamazares, cuando quiera.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervengo muy brevemente. Gracias por su comparecencia, señora Díaz Alabart.
La única pregunta es la relación que usted ha tenido en su ámbito profesional con el derecho electoral, que es el que en buena parte va a ejecutar a través de la Junta Electoral Central.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Díaz, tiene la palabra.
La señora DÍAZ ALABART: Con el derecho electoral he tenido poca relación, porque evidentemente mi disciplina es el Derecho civil, pero como probablemente todos ustedes, aunque no sean especialistas en derecho, por su labor tocan a menudo
normas jurídicas, mi disciplina es una disciplina general, es el derecho común y, de alguna manera, de vez en cuando hacemos incursiones en otras disciplinas. Si es a eso a lo que se refiere, pienso que sí puedo estar capacitada. Me parece muy
correcto lo que usted me dice; yo necesitaré hacer un estudio sobre normas electorales, no me cabe duda, porque yo conozco la Ley del Régimen Electoral General y conozco normas casi como todo español tiene obligación de conocer, pero es verdad que
me falta para eso. No tenga duda de que si al final resulto elegida, haré ese estudio. No está bien que uno hable de sus virtudes, pero yo soy pundonorosa.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quisiera desearle solo, analizado su currículum, que resulta un tanto abrumador, suerte en el desarrollo eficaz de sus funciones en un órgano que es un órgano relevante, poco conocido a veces, con poca proyección
pública, con trabajo discreto, y es pertinente que sea así, pero que no deja de ser un órgano paradigmático en un sistema democrático y garante del principio democrático como es el control de los comicios electorales. Desde esa perspectiva hay
pocas cosas que preguntarle, si acaso hay algo que me preocupa y que ha sido transmitido por instituciones públicas que se ven quizá en ocasiones preteridas, que entienden que a veces los resultados electorales pueden, a tenor de las facilidades o
de algunas lagunas de nuestra legislación electoral, contribuir a desfigurar los resultados electorales. En concreto, le formulo la pregunta específica que le quería hacer, que es sobre las facilidades de acceso al padrón municipal y por la
proyección al censo electoral, con lo cual a veces se producen situaciones peculiares que han sido denunciadas, que han provocado incidencias electorales y, posteriormente, contencioso-electorales, que llevan a situaciones en ocasiones rayanas en lo
sainetesco. En mi circunscripción he podido ver y he denunciado la circunstancia de que en el domicilio de algún alcalde de algún municipio de Álava estaban empadronadas veinticinco personas; no sé en qué condiciones de habitabilidad. Desde esa
perspectiva, no sé si usted ya ha pensado en algún tipo de corrección o en alguna fórmula para que se pudieran corregir algunas disfunciones que no alteran de forma particularmente grave los resultados finales de los comicios, pero que sí son un
elemento de perturbación de la exacta representatividad de las fuerzas que concurren a los comicios, lo cual es la quintaesencia de un sistema participativo democrático como el que tenemos configurado. Con esta pregunta, analizando su currículum,
doy por satisfecha la pertinencia de su elección.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Díaz.
La señora DÍAZ ALABART: La circunstancia que usted señala me parece que tiene su importancia, porque realmente es un fraude, y de lo que se trata en esta Comisión es de evitar este tipo de fraudes. ¿Medidas a tomar en ese sentido? Le
engañaría si dijera que he pensado alguna y que la tengo prevista. En cambio, le diré que sé de algunas personas que forman parte de esta Comisión -y digo forman, porque ya han formado parte anteriormente- y su criterio será de ayuda por haber
visto estos problemas y entre todos trataremos de resolverlos.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señora Díaz Alabart, yo también he leído su extenso currículum, que le capacita para integrar este órgano constitucional. Son varios los temas referidos a la Ley Electoral que podrían salir durante esta sesión de la
Comisión de nombramientos. El hecho es que en el derecho sustantivo referido a régimen electoral justamente ayer se creó un subcomisión de la reforma eventual de la Ley Electoral. Corresponde más al Poder Legislativo informar sobre estas posibles
reformas, con lo cual no sería pertinente que a un miembro del órgano de gobierno que dictamina, de la Junta Electoral Central, le preguntáramos, por ejemplo, sobre una eventual reforma para incrementar la gobernabilidad en los ayuntamientos o sobre
algo que se puede acometer, y que creo que se afrontará en esta legislatura, como es la reforma del voto de los ciudadanos en el extranjero, del censo CERA, o el incremento del umbral de las listas abiertas en las elecciones locales o el encargo de
la formación de Gobierno a la lista más votada, cosa que corresponde más al reglamento de los parlamentos de otros sistemas democráticos. Sin embargo, sí hay un aspecto que se contempla en la Ley Electoral que es relevante por su materia y por su
condición de catedrática de Derecho Civil. Ha hecho referencia en su intervención inicial a que le gusta la traslación del derecho a la práctica a través de informes y de trabajos que ha realizado para distintas administraciones. La Loreg
contempla que la Ley de administraciones públicas y de procedimiento administrativo común, la tan conocida como Ley 30/1992, es supletoria para informar en los trabajos de la Junta Electoral Central. Me gustaría preguntarle si usted también ha
trabajado en el ámbito con alguna conexión entre
el derecho civil y el derecho administrativo para manejarse en el campo propiamente del derecho administrativo.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Díaz.
La señora DÍAZ ALABART: En el ámbito del derecho administrativo sí hay conexiones, primero, en la línea que antes le he señalado, que el derecho civil es derecho común y, por tanto, salvo excepciones, es derecho supletorio general; y
también porque una de las cosas en las que he trabajado, y además en distintas facetas, es en la responsabilidad civil, y trabajando en la misma he tenido que manejar textos de procedimiento administrativo y la Ley Contencioso-Administrativa. En
eso y en otras ocasiones. Digamos que es paralelo a lo que me ha dicho el señor Llamazares. Yo no soy una experta en derecho administrativo, pero si me permiten la licencia de unas palabras un poco vulgares, si hay que meterse en derecho
administrativo, uno estudia, lo ve y se mete. Ya lo he hecho y además, aunque no soy yo quien tiene que juzgar, estoy contenta con los resultados, aunque, cuando no es tu especialidad, no cabe duda -me entenderán muy bien- de que uno va con más
miedo, con más precaución y le echa más tiempo.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Muy bienvenida, señora Díaz Alabart.
La señora DÍAZ ALABART: Gracias.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: El Grupo Popular quiere agradecerle que usted y las personas que han aceptado formar parte de la candidatura suscrita por todos los grupos parlamentarios para integrar las cinco plazas de vocales de
la Junta Electoral Central, tengan esa disponibilidad excelente que ahora mismo reitera con su continuada actitud ante quienes procedemos a hacer esta comparecencia, que espero hacerle también muy breve y muy grata. Su competencia profesional y su
trayectoria, como la de quienes le acompañan en ese dictado, son un auténtico lujo para un órgano de relevancia constitucional en el que se integran magistrados y juristas que con su prestigio aportan a ese órgano de relevancia no solo su viveza,
sino la auctoritas que necesita para ejercer esas funciones arbitrales y decisorias en momentos tan decisivos, los decisivos de una democracia, que es la formación de la voluntad general a través de las urnas. Mis colegas, representantes de otros
grupos parlamentarios, han hablado ya, y usted se ha manifestado, respecto al derecho electoral. Yo le quiero decir, señora Díaz Alabart, y recordar a mis colegas que hace ya algunos años en esta casa, en distintas posiciones o papeles dentro de
esta casa, he podido comprobar que el derecho electoral es un segmento del derecho, un grupo normativo muy especializado y muy cubierto al detalle por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y por los distintos precedentes e instrucciones que
emanan de la propia junta.
Hay tres grandes especialistas en derecho electoral general que están presentes en la Junta Electoral Central de la que estoy seguro usted y sus colegas juristas o catedráticos van a formar parte. Los primeros, los más importantes
especialistas tradicionalmente en España, han sido los letrados de las Cortes, hasta el punto de que cuando a comienzos del siglo XX llegaba la convocatoria de elecciones las Cortes se quedaban sin letrados porque todos ellos iban a cubrir en
distintos puntos de España, en lo que luego han sido las juntas de zona o las juntas regionales, el seguimiento, el escrutinio de las elecciones generales e incluso de las elecciones locales. Es, por tanto, una tradición que sea este cuerpo quien
retiene esa doctrina, la aplicativa del derecho electoral general y sus tradiciones. Un segundo grupo de aplicadores -no digo que no sean también especialistas en derecho electoral- son los jueces y magistrados, que han de resolver las
impugnaciones que se presentan en los distintos procesos electorales. También están, como sabe, formando mayoritariamente parte de la Junta Electoral Central. Y hay un tercer grupo del que nosotros mismos podemos considerarnos parte; los que
dentro de los partidos y las formaciones políticas a las que pertenecemos, los especializados y los especialistas en esa aplicación del derecho electoral, que contribuyen -ya se lo advierto- con los numerosos e incordiantes recursos, si me permite
decirlo así, a que ustedes desde la Junta Electoral Central vayan haciendo una mejor doctrina en garantía de la igualdad en el derecho al voto y de la plenitud de ese derecho fundamental en el que se asienta la democracia.
¿Qué aportan por tanto los juristas o los catedráticos en activo, que dice la ley han de ser en derecho, ciencias políticas y sociología? Pues aportan y complementan a los especialistas en derecho electoral, de manera que el legislador ha
ido buscando que se aplique sencillamente por quienes tienen en la cabeza los esquemas del manejo del derecho, el sentido común del jurista y eso, sin ninguna duda, la señora Díaz Alabart lo tiene bien probado, como estoy seguro de que también
quienes procedentes del mundo del derecho le acompañan en esta propuesta de cinco nombres. Es más, me parece que bienvenida sea una catedrática de Derecho Civil, nada menos que de la Universidad Central, como se llamaba clásicamente la Universidad
Complutense, porque el derecho civil que se ha estudiado clásicamente -si no ha cambiado mucho y espero que no lo hayan hecho en las últimas reformas universitarias- comprende en el primero de sus cursos la teoría general del derecho, aunque
probablemente la señora Díaz Alabart está tan familiarizada con ello -y tan que tan familiarizada con el derecho civil- que no ha sido consciente de que ha utilizado la categoría del fraude, la categoría del precedente, la categoría del derecho
supletorio, etcétera, que es exactamente lo que
tendrá que hacer en la Junta Electoral Central. Allá donde no llegue la norma escrita y detallada de la Loreg y donde no apliquen sus precedentes los letrados y los magistrados, allí será el momento, señora Díaz Alabart, en que espero que
usted -si así parece a todos los comisionados- y quienes le acompañan en esta lista apliquen sencillamente el sentido común, su experiencia y su capacidad jurídica, que no puede ser mayor.
Por tanto, bienvenida y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Díaz Alabart.
La señora DÍAZ ALABART: Muchas gracias.
Donde no llega la norma, nosotros tenemos un sistema autointegrativo que se integra por sí mismo, y, por tanto, siempre tenemos la referencia a los principios generales del derecho, así que siempre vamos a tener algún referente al que
agarrarnos: principio de justicia, principio de buena fe y una serie de principios básicos que se extraen de las normas concretas.
Cuando no hay otra cosa, creo que eso es lo que el ordenamiento español -o todos los ordenamientos españoles- deja
como criterio básico, principios generales.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz Alabart, también quiero darle mi bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Estoy completamente convencido de que su currículum y sus cualidades profesionales le hacen idónea para este puesto. Quería únicamente
plantearle dos consideraciones que tienen interés en este trámite parlamentario que estamos celebrando. De una parte, quiero recordar que usted va a formar parte de la Junta Electoral Central en nombre de lo que llamamos el sector académico. Hay
otros ocho magistrados que van a representar al Poder Judicial stricto sensu porque han sido elegidos por insaculación en el Tribunal Supremo. Mi primera pregunta es: ¿Cuál es el aporte que desde la perspectiva académica cree usted que tiene que
dar a la Junta Electoral Central? La segunda consideración tiene que ver en parte con este debate que está surgiendo también estos mismos días -algo que luego reproduciremos cuando veamos a los vocales del Poder Judicial- sobre el nombramiento de
representantes que hacen los partidos políticos para órganos institucionales, y que por una razón que yo no acabo de comprender adecuadamente viene a interpretarse como que la denominación por los partidos contamina la independencia de las personas
propuestas. Usted va a formar parte de un órgano que es nada más y nada menos la Junta Electoral Central; es decir, el órgano arbitral supremo de nuestro sistema electoral para dirimir las controversias y las disputas -muchas veces partidistas-
que surgen entre los partidos, las candidaturas, etcétera. Querría preguntarle precisamente, en segundo lugar, ¿cómo enfoca usted su participación en este órgano sabiendo que viene nominada por una lista de partidos políticos para un órgano tan
arbitral en una materia tan sensible como la electoral? Es decir, ¿cuál es su opinión sobre esta cuestión y cómo afronta este reto de formar parte de este órgano y bajo qué presupuestos?
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Díaz Alabart.
La señora DÍAZ ALABART: Primero me ha preguntado que qué creo que voy a aportar a la Junta Electoral Central. Aunque no lo ha dicho exactamente así, he visto que era un poco esa la idea. Usted ha puesto en un lado más bien a juristas
prácticos, como son los magistrados, y, por otro, a los que somos teóricos y estudiosos del derecho. Aquí como en todos los campos la aportación es esencial desde las dos facetas, porque los jueces son los que hacen las sentencias, pero los jueces
estudian los libros y ven los artículos y nosotros nos estudiamos las sentencias. Esto está interconectado permanentemente. Nosotros no seríamos nada sin ellos y ellos poca cosa serían -a no ser la justicia debajo del árbol- sin nosotros. La ley
es la base pero todos servimos a la ley. Desde ese punto de vista, en la Junta Electoral Central, si funcionamos bien y todos hacemos nuestro trabajo, podemos ayudar a depurar conceptos, a tener una idea general aplicable en todos los puntos y creo
que eso puede ser positivo.
Respecto a la segunda parte que usted plantea, le diré que yo no he pertenecido nunca a ningún partido político, pero aunque fuera militante de un partido político en este momento, yo no me sentiría, creo, obligada en nada por mi propio
partido. Le explico. Efectivamente, yo he sido, como mis compañeros, designada en una lista por un partido, pero considero -ustedes me corrigen si me equivoco- que cada partido designa, pero que ustedes están conformes en entender que esas
personas van a servir a un puesto. Mi profesión es ser servidora pública, no es otra, y creo que soy una buena funcionaria. (Risas.) Yo no falto a mi clase, yo soy seria a la hora de dar las notas, yo cumplo con mi deber.
¿Cómo voy a afrontar mi responsabilidad si se dan determinadas circunstancias? Yo entiendo que entra dentro del juego de presentarse a una elección y tratar de ganarla, en los casos que haya duda, tratar de llevar el agua a su molino. Eso
me parece perfectamente lícito. Es dudoso, pues cada uno trata de convencer de que es su parte la que vale.
¿Cómo voy a actuar yo ante eso? Yo, como cualquier profesional liberal, no tengo nada que valga más que mi propio prestigio profesional.
Con eso creo que le respondería.
La señora VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna cosa que quede pendiente? (Denegaciones.)
Señora Díaz Alabart, muchísimas gracias y le deseamos el mayor de los éxitos.
La señora DÍAZ ALABART: Gracias a ustedes por escucharme tan atentamente.
DE LA CANDIDATA DOÑA ROSARIO GARCÍA MAHAMUT.
La señora VICEPRESIDENTA: Doña Rosario García Mahamut, bienvenida a esta Comisión. Si le parece, vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos seguido hasta ahora. Ustedes forman parte de una propuesta firmada por todos los grupos
parlamentarios que están aquí presentes. Usted hará primero una intervención de unos cinco minutos. Ya le he dicho también a su compañera anterior que aquí solo medimos el tiempo a los diputados, por tanto, utilice el que crea conveniente. Van a
intervenir los grupos parlamentarios que están aquí presentes de menor a mayor: el señor Llamazares por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Olabarría por el Grupo Vasco (EAJ-PNV),
el señor Xuclà por el Grupo Catalán de CiU, el señor Trillo por el Grupo Popular y el señor Jáuregui por el Grupo Socialista.
Cuando quiera.
La señora GARCÍA MAHAMUT: Con la venia de la señora presidenta.
Señorías, permítanme que mis primeras palabras ante ustedes sea para expresar mi más sincero agradecimiento a los grupos parlamentarios que de forma conjunta me han propuesto para formar parte de la Junta Electoral Central. Quisiera
también, si SS.SS. me lo permiten, dejar expreso testimonio del alto honor que supone para mí comparecer ante todos ustedes. Debo confesarles que como ciudadana y como constitucionalista altamente comprometida con los valores y principios
constitucionales de nuestro Estado constitucional, este trámite de audiencia adquiere un especial significado, en primer término porque a quienes comparecemos ante esta Comisión se nos da la oportunidad de argumentar aquellas razones que entendemos
nos hacen idóneos para ejercer el cargo para el que se nos propone, pero especialmente porque a través de este trámite parlamentario los representantes de los grupos parlamentarios pueden contrastar las razones argumentadas sobre tal idoneidad con
absoluta transparencia y publicidad. A mi juicio, ello en sí mismo constituye una sanísima expresión de madurez democrática.
Paso a exponer de una forma sucinta alguno de los rasgos de mi trayectoria profesional. Como consta en mi currículum, soy catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Jaume I de Castellón. De mi trayectoria docente e
investigadora debo destacar que mis principales líneas de trabajo han girado básicamente en torno a cuatro grandes ejes, Parlamento, Gobierno, derechos fundamentales y sistema de garantías y derecho autonómico. Tanto en el ámbito docente como en el
investigador el derecho parlamentario ocupa un papel especialmente querido en mi trayectoria profesional y juntamente con el derecho electoral han centrado buena parte de mi trabajo de los últimos años. Lo han podido comprobar también de la lectura
del currículum, no solo me he ocupado de este ámbito en nuestro derecho interno, sino que mi actividad se ha proyectado más allá de nuestras fronteras. He impartido numerosos cursos, seminarios, conferencias diversas en universidades, centros
altamente especializados, tanto españoles como extranjeros, sobre distintos temas como por ejemplo el proceso electoral, el procedimiento de garantías del procedimiento electoral, las perspectivas del régimen electoral español, participación
política de los extranjeros, voto por Internet, sistema de partidos, sistema de financiación de partidos, entre tantos otros temas.
También he colaborado activamente en la organización de seminarios internacionales sobre elecciones, partidos,
fortalecimiento democrático y gestión electoral. He tenido ocasión de participar en programas internacionales de cooperación para el apoyo y fortalecimiento institucional en América Latina. He formado parte de proyectos de investigación que tenían
como objeto de análisis y estudio las administraciones independientes -la Junta Electoral Central lo es- o la inviolabilidad e inmunidades parlamentarias. Adicionalmente también debo recordar que he formado parte de tribunales que han debido juzgar
tesis doctorales que abordaban aspectos de la participación política o límites sobre la actuación de los órganos constitucionales. No en vano en mis publicaciones, monografías y artículos especializados he prestado especial atención a las
relaciones Parlamento, Gobierno y Poder Judicial desde distintas ópticas.
Sin embargo, señorías, si me lo permiten, quisiera resaltar en este punto, quizá por su singular relevancia para el análisis de idoneidad que se persigue en esta comparecencia, el hecho de que durante los últimos cuatro años he sido
directora general de Política Interior en el Ministerio del Interior y, en consecuencia, he asumido la responsabilidad de la gestión de las competencias del Ministerio del Interior respecto a los procesos electorales y consultas al electorado
celebradas desde mayo de 2004 hasta finales de mayo del presente año, así como la gestión de las relaciones con los órganos de las comunidades autónomas competentes en materia electoral o la gestión en la subvención de los gastos electorales de las
distintas formaciones políticas o el registro de partidos políticos, entre otros. Justamente el ejercicio de estas responsabilidades ha llevado aparejado un plus, a mi juicio, de experiencia y de conocimiento que, sin lugar a dudas, ha enriquecido
esa perspectiva esencialmente académica sobre el proceso electoral, su sistema de garantías y, particularmente, de la Administración electoral como uno de sus pilares básicos.
Desde la práctica he tenido ocasión de reflexionar acerca de cuestiones técnicas del procedimiento, siempre susceptibles de ser mejoradas, o de los distintos retos que se le presentan al derecho de sufragio en un mundo altamente globalizado
y cada vez más ex tecnológico, si me permiten utilizar este término. Es importante haber
asimilado en toda su magnitud la complejidad de un proceso electoral que debe ser desarrollado de forma improrrogable en 54 días y con ello los retos que se presentan y se plantean cuando se trata de perfeccionar aspectos procesales que
afectan directamente al derecho de sufragio. Esta experiencia y conocimientos espero ponerlos al servicio del mejor cumplimiento de las funciones que la ley atribuye a la Junta Electoral Central, porque nuestra Ley Orgánica del Régimen Electoral
General encomienda a la Administración electoral una vital tarea para la supervivencia de nuestro sistema democrático: garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad. La Junta Electoral Central, como
Administración electoral es una administración de garantías, independiente, que actúa conforme y estrictamente a los mandatos de la ley y su objetivo no es otro que velar por esa pureza del proceso y el principio de igualdad. Ello se realiza,
utilizando las palabras del Tribunal Constitucional, a través de una tarea estrictamente objetiva, ajena a toda controversia de intereses y que vela por la observancia rigurosa por parte de todos de las reglas de juego. No quisiera extenderme y
finalizo esta exposición dejando constancia expresa de que para mí sería un honor -si ustedes lo tienen a bien- formar parte de esta Junta Electoral Central. Ejerceré con responsabilidad, objetividad e imparcialidad las funciones para las que se me
propone, con altas dosis -eso sí, no lo duden- de ilusión. Quedo a disposición de cuantas aclaraciones o cuestiones que SS.SS. tengan a bien formular.
La señora VICEPRESIDENTA: Vamos a empezar por el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Doña Rosario, además de valorar su experiencia en esta materia relacionada con el derecho constitucional y, en concreto, con el derecho electoral, quisiera plantearle qué le ha llevado a aceptar una propuesta que
significa pasar de la docencia a la gestión y de la gestión en este caso a la Administración electoral y qué inquietudes la llevan a participar en el futuro de la Junta Electoral Central. Por otra parte, comoquiera que viene de la gestión de una
determinada dirección política, ¿cuáles cree que son las garantías de independencia dentro de la Junta Electoral Central?
La señora VICEPRESIDENTA: Cuando usted quiera, señora García Mahamut.
La señora GARCÍA MAHAMUT: ¿Por qué he aceptado pasar de la docencia a la gestión y de la gestión a la Junta Electoral Central? Porque creo que cualquier constitucionalista comprometido con las instituciones del Estado y con los derechos
fundamentales que en él se garantizan tiene la obligación de ponerse al servicio del desarrollo del avance de ese modelo constitucional en determinados ámbitos, y la gestión era un magnífico ámbito para llevarlo a cabo. Desde luego, sigue siendo un
camino siempre de ida y vuelta, porque para un científico es casi una condición sine qua non de formación profesional y de desarrollo personal, y como los caminos son siempre -así lo entiendo yo- de ida y vuelta hacia las profesiones de cada uno,
como amante del derecho constitucional, he vuelto a la universidad a dedicarme a mi investigación, a dirigir tesis doctorales y a la docencia. Estar en la Junta Electoral Central, que es un órgano al que le corresponde velar por la pureza del
proceso, cuyos miembros, los cinco vocales, tienen que reunir la condición de catedrático en activo, me parece que es una buena forma de cerrar ese círculo en el que uno es especialista o se está especializando en ese sentido siempre perfectible de
los sistemas.
¿Qué garantías tienen ustedes de que actuaré con independencia? Desde luego, todas, porque la ley es clara al efecto. La Administración electoral es independiente y debe actuar con total objetividad e imparcialidad y los criterios para
actuar con objetividad e imparcialidad son los que manda la ley, actuar conforme a la ley y a lo que establezca el resto de nuestro ordenamiento jurídico, con la Constitución a la cabeza. Además, se forma parte de un órgano que es colegiado y que
debe motivar esas resoluciones ajustadas a derecho, resoluciones que, por cierto, son controlables en el ámbito judicial, con lo cual tienen el compromiso que no es más que lo que deriva de esas obligaciones legales.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora García Mahamut, analizando su currículum uno tiene dudas kantianas sobre su legitimidad para preguntarle nada, pero hay algunas cuestiones o reflexiones que se podrían compartir o plantear. En primer lugar,
analizando su actividad académica hay una pregunta que no le voy a hacer, pero estoy muy tentado, por razones de coyuntura política estrictamente: el carácter de la consulta y si el carácter de las consultas tienen algún tipo de vinculación
estructural y jurídica con los procedimientos electorales. Dé por no pronunciada o por no realizada la pregunta.
La señora VICEPRESIDENTA: Mejor que darla por no realizada es no hacerla.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es una reflexión en alta voz y dejo a la discrecionalidad de la candidata la posibilidad de hacer una reflexión en alta voz o no sobre esta cuestión.
Por otra parte, hay dos cuestiones que tienen un carácter menos coyuntural y permiten reflexiones más especulativas, que pueden ser las que en este momento con más legitimidad le puedo hacer. La primera hace referencia a su amplia
experiencia sobre las comisiones de investigación parlamentaria. Hay un valor entendido en este momento que subyace en el inconsciente colectivo de la ciudadanía de un cierto deterioro sobre la
credibilidad de estas comisiones, sobre todo tras el funcionamiento de la del 11-M. Tengo la impresión de que en este momento la Comisión del 11-M, dadas ciertas disfuncionalidades en su actividad, ha provocado una pérdida de fe de los
ciudadanos, incluso de algunos grupos políticos e instituciones en el funcionamiento de las comisiones parlamentarias. Me gustaría saber cuál es el valor que usted proporciona en el ámbito de las actividades parlamentarias convencionales a las
comisiones de investigación.
Para acabar, puesto que usted se caracteriza por haber realizado numerosas publicaciones o haber especulado en profundidad sobre esta materia, quiero referirme a lo que se denomina en la actualidad crisis del parlamentarismo, en tanto en
cuanto las mayorías parlamentarias coinciden con las mayorías o con los grupos gobernantes, con las estructuras gobernantes; las estructuras gobernantes controlan esas mayorías parlamentarias, con lo cual se produce una especie de difuminación del
rol institucional que a un Parlamento debe corresponder, que debe ser un rol dimanante de la soberanía popular, que es a la que representa en definitiva, y como veo que ha escrito sobre esta cuestión, ¿realmente usted participa de lo que la mayoría
de los politólogos comparten, que estamos asistiendo a una verdadera crisis del parlamentarismo en la actualidad?
Perdone por la extensión, señora presidenta, pero eran cuestiones que a mi grupo, por unas razones o por otras de diferente naturaleza, le interesaba formular.
La señora VICEPRESIDENTA: No se preocupe, señor Olabarría. La señora García Mahamut seguramente sabrá también administrar su respuesta para contestar a todo lo que le haya planteado.
La señora GARCÍA MAHAMUT: Señor Olabarría, empezaré por el final. Tengo numerosos trabajos -y de ahí su pregunta- sobre la falta de centralidad parlamentaria, pero que no solo se produce en nuestro sistema, sino que se produce en general.
Desde luego, de mis propios análisis y de las reflexiones y de la práctica, nos damos cuenta de que en los sistemas parlamentarios de gobierno esta es una realidad y lo que simplemente hay que hacer es fortalecer esos mecanismos o instrumentos de
control del Gobierno. Eso está escrito por activa y por pasiva en mi obra y, desde luego, por otros tantos compañeros y colegas tanto españoles como extranjeros sobre el particular. También le puedo decir que muchas veces se señala que en los
sistemas semipresidencialistas esto no es así, pero yo creo que todos somos conscientes de que cada uno lleva anejos sus propios problemas. Hay muchos sistemas en los que además se utilizan instituciones distintas, se utilizan instrumentos fuertes
de control parlamentario de gobierno, pero luego el régimen funciona de una forma semipresidencialista, lo cual termina por crear numerosísimas disfunciones. En este ámbito, desde luego, las comisiones de investigación en nuestro sistema
parlamentario de gobierno constituyen unos excelentísimos instrumentos de control parlamentario. Es verdad que en toda la historia de nuestra democracia existen mecanismos para mejorar algunas de las disfuncionalidades que derivan precisamente de
esas relaciones mayorías-minorías, pero, desde luego, no los inhabilita en absoluto como instrumentos de control de gobierno. Siempre son mejorables numerosos aspectos. Eso forma parte de las distintas voluntades en cada momento político, pero es
una cuestión que, como usted ha podido comprobar, a mí me apasiona. Lo de las competencias de las consultas al electorado deviene de los términos estrictos en los que está redactado el real decreto que desarrolla las competencias del Ministerio del
Interior.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, profesora García Mahamut, por su exposición, por su comparecencia, y en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) también le doy la bienvenida a esta Comisión. De la lectura de su
amplio y extenso currículum se ponen de relieve sus investigaciones en el terreno del derecho constitucional, así como concretamente del derecho parlamentario, que evidentemente no solo tiene puntos de conexión, sino que también forma parte del
ámbito del derecho electoral. Su tesis doctoral versa, por ejemplo, sobre las comisiones de investigación. También es relevante de su currículum el hecho de que usted haya estudiado modelos comparados y que dentro de los mismos se haya dedicado
especialmente al derecho italiano. Creo que de Italia se pueden y se deben estudiar y aprender muchas cosas; quizá no se deban exportar precisamente los constantes y dinámicos cambios en el régimen electoral italiano. Solo en la parte final de su
exposición usted ha hecho referencia a su paso por la Administración y a sus responsabilidades en el ámbito de la misma.
En mi intervención quiero poner de relieve la importancia de la responsabilidad que usted asumió en aquel momento, porque usted fue la encargada de llevar a la práctica una reforma electoral que traía causa de una iniciativa que en su
momento plantearon el Grupo Parlamentario Catalán y el Grupo de Izquierda Unida -asumida evidentemente por la unanimidad de todos los grupos- sobre la reforma del régimen electoral en cuanto a cambiar y a perfeccionar el sistema democrático para
garantizar el secreto de voto para las personas invidentes. Esta fue una reforma planteada y aprobada por las Cortes Generales, pero que tenía una traslación práctica de una gran complejidad logística. Yo tuve la oportunidad con usted de
contrastar y ver cómo superar las dificultades, especialmente por ejemplo las plantillas de voto para invidentes en el caso del Senado, con lo cual me gustaría también poner de relieve lo que usted solo ha apuntado en la parte final de su
experiencia práctica en el ámbito del derecho electoral.
Quiero trasladarle también en nombre de esta Comisión y de los grupos parlamentarios que justo ayer el Pleno del Congreso de los Diputados ratificó el acuerdo de la Comisión Constitucional de creación de una subcomisión de estudio de la
reforma de la Ley Electoral. No es pertinente que en esta comparecencia los distintos portavoces le pidamos que entre usted en el fondo de algunos temas, pero es interesante que le traslademos que está en el ánimo de los grupos parlamentarios, que
aprobamos por unanimidad la creación de esta subcomisión, afrontar algunos temas. Uno de los que cuentan con gran consenso es la reforma del voto del CERA, del censo de los residentes en el extranjero, quizá la mayor estabilidad en la
gobernabilidad de los ayuntamientos o el incremento del umbral en el caso de las listas abiertas; quizá, dentro de la lógica de estricto respeto al sistema parlamentario, el encargo de la formación del Gobierno en un primer momento a la lista más
votada, como pasa por ejemplo en el sistema electoral alemán. En cualquier caso, estos son temas competencia del legislador que en su momento quizá tendrá que aplicar la Junta Electoral Central. El Gobierno decidió encargar un estudio sobre estas
materias al Consejo de Estado, y tan competente como el Consejo de Estado en su momento puede ser la Junta Electoral Central para que informe a esta subcomisión sobre una reflexión de carácter estrictamente teórica y académica. Tan competentes
pueden ser los juristas del Consejo de Estado como los juristas especializados en la materia electoral.
Simplemente quería plantearle para terminar un par de cuestiones, primera, si usted en el ámbito académico ha desarrollado alguna investigación sobre derecho electoral, y segunda, como muy bien sabe, la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General y la llamada Ley 30/1992, la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, contemplan el derecho administrativo como derecho supletorio en la tramitación de los asuntos de la Junta
Electoral Central. También me gustaría conocer su experiencia en el ámbito de aplicación del conocimiento del derecho administrativo.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora García Mahamut.
La señora GARCÍA MAHAMUT: Muchísimas gracias, señor Xuclà, por su intervención y sobre todo por recordar alguna de las cuestiones de las que creo que todos nos sentimos especialmente orgullosos, no porque nada sea perfecto sino porque todo
es mejorable poniendo todos, en el sentido más amplio, de nuestra parte para salvar los obstáculos que puedan existir en el derecho de sufragio.
Soy perfectamente consciente del hecho de que se ratifica la subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional que va a afrontar el estudio y el análisis de algunos temas candentes en su caso para proceder o no a la reforma de la Loreg.
Hay distintas proposiciones y distintas formas de ver alguna de las cuestiones que plantean los grupos parlamentarios.
También soy consciente, entre otras cuestiones porque ha salido en los medios públicos, de que el Gobierno ha solicitado informe
al Consejo de Estado. Y sí, la respuesta es positiva con relación al hecho de que a la Junta Electoral Central le corresponderá también emitir ese informe técnico sobre aquellas cuestiones que los distintos grupos estimen procedente reformar.
Sé que han surgido especialmente algunas cuestiones en relación al voto CERA, que tratan de solucionar problemas y disfunciones que siempre se han planteado y que en el camino se han tratado de mejorar, desde luego por lo que yo conozco
desde dentro de la Administración, pero que no termina resultando suficiente. Sin embargo, lo importante en todo caso y en mi opinión como persona -si ustedes lo estimasen a bien- que integraría la Junta Electoral Central, es que el informe no
puede más que venir de lo que decidan las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria. Entre otras cuestiones me gusta siempre hacer hincapié en la idea de que nuestra Ley Orgánica del Régimen Electoral General ha sufrido catorce
reformas. Desde luego lo importante al final es que todos los grupos parlamentarios lleguen al acuerdo de cuál es la mejor de todas ellas para solucionar alguno de los problemas, de todos aquellos que usted ha ido mencionando y que a la subcomisión
le va a tocar abordar.
Desde el ámbito teórico y académico, he analizado algunas cuestiones y espero dedicarme ahora con mucho más tiempo a plasmarlas. Estoy trabajando en una futura publicación sobre algunas de las cuestiones que como constitucionalista y como
persona que estaba en la práctica he observado que son merecedoras de reformarse en su técnica. No digo nada extraño porque eso lo podrá usted encontrar en todos los especialistas o en aquellas personas que se han dedicado al análisis de las
materias que usted ha relacionado, todas aquellas cuestiones que efectivamente van a merecer ser propuestas y analizadas. Muchas veces desde el ámbito teórico se proponen algunas reformas, pero después en el práctica sabemos que siguen siendo
disfuncionales. Les pongo como ejemplo actualmente uno de los problemas que se genera con los votos de nuestros ciudadanos y ciudadanas en el exterior, que es que no llegan papeletas o que no llegan a tiempo. La Loreg es la que da exactamente el
margen en el que esas papeletas se tienen que enviar. A lo mejor sí que se sabe que el día 24 en el proceso electoral es el día de la proclamación de las candidaturas, pero existe la prohibición en el caso de las Cortes Generales de enviar esa
documentación una vez resueltos los recursos; es decir, se tienen que enviar por la oficina del censo electoral los días 34 y 42, de un proceso electoral que dura 54 días. Son cuestiones técnicas que en la práctica crean muchas disfunciones.
Estoy hablando de un aspecto muy puntual, pero no por ello menos importante.
No quisiera extenderme más. Espero haber contestado a las observaciones y reflexiones del señor Xuclà.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Bienvenida, señora García Mahamut. Voy a ser breve porque creo que la doctora ha agotado en tan breve espacio de tiempo la materia que va a tener por delante en los próximos años -estoy seguro- como
brillante miembro de la Junta Electoral Central. Tengo que felicitarla por su currículum que está ejemplarmente dedicado al derecho constitucional en aspectos muy interesantes y agradecerle, además, que haya emprendido la ardua tarea también de
dedicar parte de su tiempo y de su técnica al durísimo derecho electoral, que es una materia algo descuidada salvo -vuelvo a decirlo- por los letrados de esta casa que se empeñan en retener el cuerpo de doctrina, como otras tantas cosas a ellos
encomendadas.
Le tengo que hacer solamente tres sugerencias. En primer lugar, respecto de la independencia en el desempeño de su función, contestando al señor Olabarría, ha dicho, como es de rigor, que la ley es clara. Bueno, pero sabe que a usted,
doctora García Mahamut, le va a tocar lidiar -si me permite esta expresión taurina- justamente aquellos casos en los que la ley no es clara. Le exhorto a velar por esa independencia querida en general por la ley, que estoy seguro va a aplicar con
toda lealtad al espíritu constitucional y al que ha descrito. Segundo, pregunta-respuesta: ¿Ha trabajado alguna vez con jueces? Pues vaya preparándose porque no sabe lo que es eso, eso es especial. En la composición de la junta coinciden
catedráticos, personas de alta formación académica, con la no menor y siempre absolutamente respetada, de SS.SS. los magistrados del Tribunal Supremo, lo cual hace un compositum que dice mucho de la estabilidad institucional en España porque es un
órgano que permanece, que es estable y que además goza de una extraordinaria salud por la capacidad y la dedicación de sus miembros entre los que espero que se cuente como uno de los más brillantes.
Finalmente, parece que el Consejo de Estado va a
hacer su estudio sobre la reforma de la Ley Electoral. Me parece una sugerencia muy atinada la de que pueda la Junta Electoral Central también enviar sus sugerencias.
Háganlo pronto porque saben que cuando dictamina el Consejo de Estado ya nadie
dictamina después, ya que es el supremo órgano consultivo, mis compañeros me encargan siempre el recordarlo. Háganlo cuanto antes porque nos vendrá muy bien.
Mucha suerte y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora García, cuando quiera.
La señora GARCÍA MAHAMUT: Muchísimas gracias señor Trillo también por sus amables palabras y las sugerencias planteadas. Creo recordar que nunca he trabajado en un órgano permanente con jueces y magistrados, como en este caso, pero no le
quepa la menor duda de que será un altísimo honor.
Afortunadamente eso permite al órgano también trabajar con esa naturaleza de neutralidad, independencia, imparcialidad y no sujeción jerárquica.
Simplemente una puntualización en relación con la
independencia para esos casos en los que la ley no es tan clara. A lo mejor no me he expresado bien, pero actuar con imparcialidad, objetividad e independencia es un imperativo no solo legal, constitucional, sino que hay que ver cómo se traduce ese
especial cuidado en la independencia. Usted ha utilizado la palabra independencia. Independencia es que uno no actúa sujeto a ningún otro tipo de mandato ni de dictado de ningún otro órgano y la junta no lo hace. Aunque efectivamente va a
resolver casos que es evidente y obvio que no constan en las leyes, las leyes no siempre resuelven todos los problemas que se nos presentan en la realidad. Hay que hacerlo de acuerdo con los criterios establecidos en la ley pero, más allá de eso,
en los valores y principios constitucionales, los que mandata nuestro ordenamiento jurídico.
Tomo nota de la última sugerencia sobre los informes que en su caso emita la Junta Electoral Central, que también es una de las funciones que tiene encomendada por ley, si no me equivoco en el artículo 19 de la Loreg, aquellas disposiciones
normativas que afectan en materia de censo electoral o aquellas otras que vienen reconocidas en la propia ley y que son desarrolladas por real decreto, por ejemplo el procedimiento que se estableció para regular que las personas con discapacidad
visual grave pudieran utilizar ese sistema alternativo; el informe de la junta era preceptivo.
Muchísimas gracias otra vez por sus amables palabras.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Mis compañeros le han hecho prácticamente todas las preguntas que son pertinentes para este examen de idoneidad. Quiero añadir, doña Rosario García, que para nosotros ha sido un honor contar con su colaboración
para esta propuesta, creo -debo decirlo públicamente- que reúne usted todas las condiciones de idoneidad y que lo hará usted muy bien. Muchas gracias y enhorabuena.
La señora VICEPRESIDENTA: Si ninguno de los componentes de la Mesa quiere añadir nada más, solo me resta darle las gracias por su comparecencia.
Creo que hablo en nombre de todos ellos si le deseo el mayor de los éxitos en las tareas que
le correspondan en el futuro inmediato y no tan inmediato. Muchísimas gracias, espero que haya estado a gusto con nosotros.
La señora GARCÍA MAHAMUT: Muchas gracias.
- DEL CANDIDATO DON PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ.
La señora VICEPRESIDENTA: Buenas tardes, don Pedro González-Trevijano Sánchez. Bienvenido a esta Comisión de nombramientos.
Si le parece bien, el sistema que vamos a utilizar consiste en que usted hará una primera intervención, luego los miembros de la Mesa que luego le presentaré harán sus intervenciones en conjunto para que usted finalmente dé una contestación
global, al margen de que si luego hay que puntualizar cualquier tema, lo podrá hacer en un segundo turno.
En la Mesa están los portavoces de los grupos que han suscrito la propuesta: el señor Llamazares, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Olabarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Xuclá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Trillo, del Grupo Popular y el señor Jáuregui, del Grupo Socialista. Si le parece, empezamos con su intervención inicial.
El señor GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ: Buenas tardes. Con la venia de la presidencia, no quiero hacer una intervención excesivamente extensa porque creo que el currículum es suficientemente prolijo y lo tienen sus señorías.
Sí quiero señalar, siquiera sea muy brevemente, que las cuestiones que afectan al derecho electoral han formado parte de mis preocupaciones académicas desde hace muchos años. No en vano una de las partes tradicionalmente constitutivas de lo
que se llamaba el antiguo derecho político y hoy se denomina derecho constitucional son las materias concernientes al derecho electoral y al derecho parlamentario. Los primeros intentos de entrar en el mundo académico eran precisamente sobre
materias electorales, unos artículos de reseñas que publicaba ya a principios de los años ochenta en dos prestigiosas revistas: la Revista de Derecho Político y la Revista de Derecho Público. Con posterioridad también tuve ocasión de participar en
lo que yo creo que fue la primera de las grandes compilaciones de la normativa electoral que puso en marcha, si no recuerdo mal, la editorial Aranzadi, donde se recogía toda la legislación electoral española que había en aquel momento. En los
tiempos en que tuve ocasión de estar como subdirector en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales pusimos en marcha unos repertorios bibliográficos junto con unos repertorios electorales que se publicaban trimestralmente y donde se hacía
noticia de cuáles eran las reseñas electorales, no solamente nacionales, sino también internacionales, más significativas, así como todo lo que afectaba al ejercicio de las instituciones de la democracia directa.
Con posterioridad tuve ocasión de participar activamente como experto invitado en la conformación del poder electoral en Méjico. Méjico tiene una situación electoral peculiar, ya que determinados Estados no someten los litigios electorales
al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción contencioso-administrativa, sino que se establecieron en el ámbito de determinados Estados tribunales electorales específicos. Con algunos miembros de la delegación española durante
cuatro o cinco años tuve la ocasión de participar académicamente en aquellos debates de carácter teórico-práctico que afectaban, sobre todo, a materias de control jurisdiccional de las candidaturas y de la proclamación y realización del escrutinio.
Por último, porque tampoco quiero ser más extenso, salvo que por parte de la Presidencia así se me indique, he tenido la fortuna personal y profesional de haber participado como miembro de la Junta Electoral Central en estos últimos ocho
años, de suerte que, en realidad, el derecho electoral se ha conformado en uno de los contenidos tradicionalmente susceptibles de atención por mi persona en mis últimos doce o quince años de actividad profesional.
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos a la intervención de los grupos parlamentarios, empezando por el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: No voy a hacer preguntas, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor González-Trevijano, le conozco desde hace mucho tiempo y a uno le resulta duro, tiene la impresión subjetiva de carecer de legitimidad incluso, para una persona de su dimensión y de su cualificación, no ya
compartir reflexiones, sino siquiera hacerle preguntas. He analizado con detenimiento su obra científica y, sin perjuicio del título o de los epígrafes que sistemáticamente se dedican a la legislación electoral stricto sensu, veo que en el epígrafe
8 del currículum que nos ha adjuntado nos encontramos una especie de cosmovisión del derecho porque usted ha analizado todos los problemas de forma exhaustiva y abundante que el derecho puede plantear. Nos encontramos con el mundo desde la
perspectiva de análisis del derecho jurídico. No hay ninguna materia que no haya sido objeto de tratamiento con lucidez siempre por usted mismo.
Hay dos cuestiones que se circunscriben también a las competencias de este trámite tan peculiar que estamos realizando que a mí sí me preocupan particularmente. Usted ha especulado con frecuencia sobre la composición del Tribunal
Constitucional y sobre el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Son infrecuentes, pero no imposibles, no carecen de legitimación, las conexiones entre las incidencias electorales y la jurisprudencia o la jurisdicción
del Tribunal Constitucional. Sí me gustaría compartir con usted una pregunta, ¿hasta qué punto el sistema de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional español es el que se corresponde con un Estado políticamente compuesto y no
unitario? Mi impresión sobre el sistema de elección es la contraria, pero es una cuestión dialéctica que no corresponde realizar con un compareciente. No sé hasta qué punto algún elemento de compensación
de 12 magistrados, que son elegidos por instituciones estatales: Congreso, Senado, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial, es el sistema de elección de magistrados adecuado para la resolución de problemas que afectan a elecciones de
ámbito no solo estatal, sino de ámbito autonómico, foral, municipal, etcétera. Igual hay un cierto punto de extralimitación en la habilitación que tenemos en este momento los miembros de esta Comisión y puede ser esta cuestión más propia de un
debate entre nosotros mismos, representantes de las fuerzas políticas, pero, como usted es un hombre ilustre y cualificado, es un hombre que ha especulado con lucidez sobre estas materias, sí me gustaría conocer su opinión sobre esa específica
cuestión.
La señora VICEPRESIDENTA: Usted no está obligado a entrar en nuestros debates. Esté tranquilo que nuestros debates duran mucho y van para largo.
Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Rector González-Trevijano, bienvenido en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a esta Comisión. De la lectura de su extenso currículum y de algo muy relevante que ha apuntado en la parte final
de su intervención, que son sus ocho años de experiencia en la Junta Electoral Central, es impertinente que le plantee cuestiones concretas. Solo quiero reseñar de su currículum algunos aspectos importantes, como la publicación de un libro y
algunos estudios sobre la costumbre en derecho constitucional, que en el caso del derecho electoral también es relevante en la práctica que ustedes deben afrontar en las resoluciones de la Junta Electoral Central. Quien es autor de manuales de
derecho constitucional tiene un conocimiento panorámico y también integrado del derecho electoral. Usted ha hecho referencia a la publicación de reseñas electorales. Son relevantes desde el año 1986 hasta 1991 de elecciones de algunos referéndums,
por ejemplo, el referéndum de la ex Unión Soviética, que sin duda tuvo consecuencias muy estructurales en la ex Unión Soviética.
Para terminar quiero trasladarle algo que usted ya conoce. Ayer el Pleno del Congreso de los Diputados confirmó definitivamente la creación de una subcomisión de estudio de reforma de la Ley Electoral. Seguro que los grupos parlamentarios
entraremos en materia sustantiva en algo que un órgano independiente, como es la Junta Electoral Central, deberá aplicar.
No es objeto de esta comparecencia que le podamos pedir opinión sobre esos elementos que corresponden al Poder Legislativo.
Como bien recordaba el señor Trillo en la comparecencia anterior, el Consejo de Estado es el órgano supremo consultivo en España y también sería muy importante que la Junta Electoral Central emitiera un informe, de la misma forma que se ha encargado
un informe al Consejo de Estado, y este informe de la Junta Electoral Central debería ser previo en el tiempo al informe del Consejo de Estado. En todo caso, hay que constituir la nueva Junta Electoral Central antes de proceder eventualmente a
recabar la información y el buen criterio de la misma sobre un índice de temas en el cual ahora no entraré.
Señor rector, gracias por sus explicaciones.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Reitero la bienvenida y la gratitud al señor González-Trevijano por aceptar una vez más esta responsabilidad institucional, que viene a sumar a la suya ya de rector y adicionarla a su especial
aptitud e idoneidad para este puesto como catedrático de Derecho Constitucional. No voy a subrayar, porque es una evidencia, su especialísima preparación, que ha quedado puesta de manifiesto no solo en sus distintas publicaciones y en su quehacer
diario, sino hoy aquí con algún detalle que ha sido señalado ya por quienes me han precedido en el uso de la palabra. Solo quiero insistir en esa gratitud y en el último punto referido por el señor Xuclà. Sería muy bueno que en cuanto se
constituyeran en Junta Electoral Central se pusiera en marcha y se diera trámite a un informe sobre la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en los puntos en que se han solicitado al propio Consejo de Estado. Con la flexibilidad
que caracteriza al funcionamiento de la junta, podrán prepararlo en menor tiempo, para que así pudiera incluso servir de base a las reflexiones que el Parlamento, el Gobierno y el propio consejo van a tener en cuenta a la hora de elaborar la
reforma. Yo le animo a ello por contar con su criterio, con el del doctor González-Trevijano, tamizado por el del resto de la junta, que estoy seguro será una aportación muy enriquecedora.
Poco más tengo que añadir. No voy a preguntarle nada, porque tener al rector, catedrático y doctor González-Trevijano en la Junta Electoral Central es como tener a un clásico, porque ya van tres. Mucha suerte y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor González-Trevijano, bienvenido y muchas gracias por su intervención. Enhorabuena por el nombramiento que, en nombre de los grupos que le han propuesto, le van a elevar de nuevo a formar parte de la Junta
Electoral Central.
Yo creo que el examen de idoneidad en este caso es absolutamente innecesario, pues también le considero en nombre de mi grupo una persona ideal para este cargo. Únicamente quería comentarle una cuestión de fundamento jurídico sobre su
trabajo en el seno de la junta. Si no recuerdo mal, desde el año 2000 ó 2001 aproximadamente han dejado de publicarse las resoluciones de la Junta Electoral Central. Se dijo que la razón era porque en muchas ocasiones la Junta Electoral Central
dictaba resoluciones y arbitraba conflictos sin motivación. Yo
querría preguntarle cuál es su opinión a este respecto, es decir, si considera la conveniencia de que la Junta Electoral Central cada vez que resuelva un conflicto lo haga motivadamente y en su caso si es partidario de la publicación de las
resoluciones de la Junta Electoral Central en todo caso.
Muchas gracias y enhorabuena.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene usted la palabra, señor González-Trevijano.
El señor GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ: Con la venia de la presidenta.
Al señor Olabarría, primero, quiero agradecerle sus cariñosas y gentilísimas palabras acerca de mi persona y de mi cualificación. Y respecto de la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, quiero decirle que esta reflexión
teórica, que está en la discusión política y que también lleva algunos años planteándose en el ámbito académico, seguramente se ha planteado ahora porque cuando se aprobó la Constitución de 1978 lo que estaba en juego no era tanto la designación de
los futuros órganos constitucionales como el desmantelamiento de un régimen autoritario y la descentralización de un Estado fuertemente unitario y centralista. Aunque esto es ciencia-ficción y doctores tiene la iglesia, en un contexto constituyente
diferente al menos hubiésemos escuchado voces en algunas de las Cámaras, o en las dos, respecto de articular un sistema en que las voces de las comunidades autónomas se pudiesen tener en cuenta en el traslado de su criterio para la elección de los
magistrados del Tribunal Constitucional. Yo creo que en los debates constituyentes no se encuentra ninguna referencia porque seguramente lo que importaba, como digo, era el desmantelamiento del régimen de un Estado unitario muy fuertemente
centralizado y al mismo tiempo la necesidad de auspiciar un sistema de jurisdicción, de constitucionalidad de las leyes más allá de lo que era el proceso de elección de los miembros del tribunal. A mí el proceso de elección de los miembros del
tribunal con participación de las Cámaras, del Consejo General del Poder Judicial y del Gobierno me parece, en principio, un sistema excelente de incorporación, pero tampoco me parecería un criterio reprobable que se articulase algún tipo de vía
directa de llegada con mayor sintonía o empatía de las expectativas de las comunidades autónomas. Seguramente en un contexto posterior o, puestos a instar el día de mañana un proceso de revisión constitucional, escucharíamos -por qué no- en las
Cámaras esta petición. (El señor Jáuregui Atondo: Ya lo hemos hecho.)
Al señor Xuclà -creo que fue el siguiente de los miembros de la Comisión que hizo una reflexión- quiero decirle que la praxis electoral y la costumbre, donde desarrollan fundamentalmente su papel en el ámbito del derecho público, es el
ámbito de estas actuaciones. El ejercicio de la praxis electoral tiene una gran incidencia en el ejercicio de las elecciones y en el desarrollo de los comicios. Es también una circunstancia la del examen de la praxis y la Junta Electoral Central
presta mucha atención a conocer el precedente. Es lo que se ha resuelto en casos anteriores por las juntas electorales, pues de alguna forma establece un criterio orientativo y al mismo tiempo un cierto principio de seguridad jurídica, de suerte
que antes de cambiar radicalmente el criterio de la junta se reflexione con prudencia si, efectivamente, esa llamada al orden de una motivación muy distinta está especialmente justificada. Y qué duda cabe que en la Junta Electoral Central, por lo
menos en los dos mandatos en los que yo he tenido ocasión de estar, tanto por los miembros de esta acción jurisdiccional como por los miembros de esta acción académica el peso del precedente, el peso de la praxis se ha tenido en cuenta bastante en
la argumentación futura de las resoluciones y no en cambiar en grandes bandazos las resoluciones. Es verdad que hubo una época en la que me apasionaron mucho los referéndum -recuerdo aquel del año 1991, de la hoy extinta Unión Soviética-, pero
también le dije que no acerté para nada, pues las previsiones de lo que anuncié que iba a pasar no sucedieron en absoluto. (Risas.)
Respecto a la intervención -me he perdido un poco-, del señor...
La señora VICEPRESIDENTA: Después del señor Xuclà ha intervenido el señor Trillo.
El señor GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ: Sí, del señor Trillo. La solicitud de un informe a la Junta Electoral Central que pueda asesorar, con el conocimiento de la técnica jurídica y con su experiencia de tantos años, en los futuros trabajos
de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, me parece una excelente idea. La Junta Electoral Central no es, desde luego, el Consejo de Estado -sus competencias y su composición son muy distintas-, pero es un órgano de
reconocido prestigio y creo que tiene una magnífica imagen institucional. Comentaba antes con algunos de los comparecientes que lo mejor que se puede decir de la Junta Electoral Central es que tiene un reconocimiento generalizado de prestigio y que
ha habido, por lo menos en los años en los que yo he sido miembro, un esfuerzo muy importante en las resoluciones -especialmente en las más trascendentales- para intentar aprobarlas por unanimidad -y si no era posible por unanimidad, después de
llegar a una transacción entre las partes, sí por una mayoría muy cualificada-, convencidos de que era un mensaje importante a los poderes públicos y a la ciudadanía. A mí, que se escuche a la Junta Electoral Central me parece una magnífica idea y
un magnífico criterio, pero también es cierto que soy interesado de parte y corresponde al Congreso de los Diputados y al Senado en su momento determinarlo.
Sí hay materias -si me permiten- que a la junta le preocupan y en alguna ocasión las han hecho llegar a través de la secretaría general, que realiza una labor
encomiable. Es todo lo que afecta a garantizar la viabilidad del voto del CERA -esto es, de los españoles residentes en el extranjero- y, en segundo lugar, los fraudes que en ocasiones se producen en los censos antes de las elecciones, en
los cuales las resoluciones de la junta -que en ocasiones, cuando parece excesivamente escandaloso, se pone en comunicación del ministerio público- uno tiene a veces la sensación de que no son lo suficientemente ejecutivas. No sé cómo se podría
articular esto -corresponde, yo creo, al Poder Legislativo-, pero asegurar un criterio de mayor eficiencia en el voto de los españoles que residen en el extranjero -en las delegaciones diplomáticas, si se mantiene ese modelo o si se piensa en un
modelo alternativo, como puede ser el caso de una circunscripción particular propia, como creo que sucede en Portugal- es un tema que a la junta la ha preocupado en estos últimos cuatro años y el tema de las inmatriculaciones -vamos a llamar-
presumiblemente indecentes también podría quizá ser objeto de reflexión en una hipotética modificación de la Ley Electoral.
Al señor Jáuregui quiero agradecerle también las palabras de afecto y de reconocimiento. Deseo decirle que la Junta Electoral Central, por lo menos en estos ocho años, se ha cuidado mucho de intentar motivar sus resoluciones, en la medida
de lo posible, y de la forma más extensa posible; una motivación que viene condicionada por dos circunstancias.
Primero, el convencimiento -por lo menos es el mío- de que la junta realiza un poco el papel del pretor romano. Resuelve temas
concretos sobre asuntos muy particulares y da un poco de vértigo, dada la casuística del derecho electoral, ser capaz de construir una argumentación doctrinal muy genérica que pueda coger la mano de la junta respecto a posteriores resoluciones. En
segundo lugar, si es verdad que no se ha motivado suficientemente alguna resolución muy concreta, quizá por falta de tiempo, pueden estar tranquilos -y me consta que lo están- de que las resoluciones de empaque se han motivado todas suficientemente.
Cuando la junta ha tenido que cambiar su criterio respecto a juicios anteriores o cuando hemos entendido que había un cambio de criterio que podía provocar intranquilidad o percepción de quebrantar el principio de seguridad jurídica, la
argumentación jurídica ha sido muy sesuda. Los magistrados, sobre todo de la parte judicial que están muy habituados, lo han hecho encomiablemente y -si me permiten- también me gustaría resaltar la labor extraordinaria que realiza la secretaría
general a través de los letrados y del secretario general de la Cámara, que han brindado todo el aparato administrativo para poder llegar a resoluciones favorables. Por último, quiero decirle que, a diferencia de lo que había sucedido antes, con
esa idea de publicidad se recogen ya en la página web todos los acuerdos de la junta. Es verdad que no se recogen las motivaciones, pero se recogen los acuerdos y esa apelación al principio de publicidad se ha conseguido en los últimos años y la
secretaría general del Congreso y su secretario han sido muy activos y me consta que han hecho un gran esfuerzo por satisfacer a los miembros de la Junta Electoral Central.
Aunque todo es mejorable, con carácter general las resoluciones importantes
sí han estado en la línea de lo que se podría exigir.
La señora VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna cuestión más por parte de la Mesa? (Pausa.) Quiero darle las gracias por su asistencia y desearle los mismos éxitos que hasta ahora y más si es posible.
El señor GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ: Muchísimas gracias por su gentileza.
- DEL CANDIDATO DON PABLO SANTOLAYA MACHETTI.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Don Pablo Santolaya Machetti, bienvenido a esta Comisión de evaluación de nombramientos. Sabe cómo funciona esta mecánica: usted interviene en primer lugar y luego los miembros de la Mesa,
que están aquí en representación de sus grupos parlamentarios, que son a la vez proponentes de los nombramientos que hoy estamos evaluando, intervendrán globalmente, para que luego usted, finalmente, haga su intervención. Están en la Mesa, por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Llamazares; por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Olabarría; por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor
Xuclà; por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Trillo y por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Jáuregui.
Cuando usted quiera puede empezar.
El señor SANTOLAYA MACHETTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Hace algo menos de cuatro años tuve el honor de acudir a esta misma Comisión, para que se apreciara si reunía los méritos objetivos suficientes para formar parte de la Junta Electoral Central. Me incorporé a la Junta y en estos últimos
cuatro años he estado desempeñando el trabajo en la Junta, que a mi entender ha sido plenamente satisfactorio desde todos los puntos de vista. Entiendo que el objeto de esta intervención es fundamentalmente que la Comisión valore mi idoneidad como
candidato a ocupar el cargo. Sus señorías tienen mi currículum, por lo que me limitaré a resaltar únicamente algún perfil, de forma muy breve.
Soy catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá, universidad en la que también soy
secretario general. Me he dedicado con bastante intensidad desde hace muchos años al derecho electoral. En estos últimos años hay dos trabajos que me gustaría resaltar por su actualidad, quizás: Un libro del año 2007, Nacionalidad, extranjería y
derecho de sufragio, y un libro muy reciente, redactado en colaboración con un ayudante de mi cátedra, María Díaz Crego, El sufragio de los extranjeros.
Un estudio de derecho
comparado, que es el campo en el que me he movido fundamentalmente, dentro del derecho electoral, en estos últimos años. No quiero insistir más en mi currículum, aunque por supuesto quedo a su disposición para aclararles o ampliarles
cualquier aspecto del mismo y también, por supuesto, para exponerles mi opinión personal, pero que quizás pueda tener alguna relevancia a la hora de emitir su valoración sobre mi idoneidad para ocupar el puesto o sobre cualquier otro aspecto de la
normativa o de la práctica electoral que les preocupe en el panorama de la reforma de la Loreg, que al parecer es inminente, teniendo en cuenta además mi experiencia en los últimos cuatro años en la propia Junta. Por tanto, si les parece, estoy a
su disposición para cualquiera de los problemas que están encima de la mesa, desde el voto de los residentes ausentes, que entiendo que es el más urgente, al sufragio de los inmigrantes en condiciones de reciprocidad, o al propio funcionamiento de
la Administración electoral, sobre el que por supuesto los últimos cuatro años me han hecho tener mi propia opinión. Espero sus preguntas, para aclararles este o cualquier otro extremo.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santolaya.
Vamos a empezar por el señor Llamazares, que tiene la palabra. Cuando quiera.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Bienvenido, señor Santolaya.
Solamente quiero plantearle dos preguntas. Una relativa, ya lo ha dicho usted, al sufragio de los inmigrantes. Creo que es un tema que de alguna forma se abría en la legislatura pasada y ha vuelto, otra vez, a abrirse en esta legislatura.
Hay opiniones, con respecto al marco constitucional, en la limitación de la reciprocidad. Me gustaría que hiciese un comentario sobre la materia. Otra cuestión, que para mi formación política ha sido muy polémica a lo largo de los últimos años y
que no acabamos de clarificar, porque en cada una de las convocatorias electorales se producen conflictos con la Junta Electoral Central, se refiere a las coaliciones electorales a nivel del Estado y su reconocimiento por parte de la Junta Electoral
Central; es un tema polémico y que en cada una de las elecciones nos lleva a dimes y diretes.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Santolaya, nos une una vieja amistad. Yo no tengo ninguna duda sobre su idoneidad, entre otras cosas porque su padre fue mi profesor de derecho administrativo y fui de los pocos privilegiados que pudo
aprobar la asignatura en la primera convocatoria.
Eran los niveles de exigencia que se practicaban en aquel momento, por el sistema pedagógico de la universidad donde estudiamos. En segundo lugar, hemos compartido muchas conferencias, muchas mesas
redondas, muchas opiniones en ámbitos científicos e incluso en ámbitos políticos sobre estas cuestiones. La única cuestión, ya que usted es un experto, un verdadero experto en esta materia, es la relativa al derecho a voto de los extranjeros o al
derecho de sufragio de los extranjeros, dado el contenido esencial, ya desarrollado de forma un tanto errática por la jurisprudencia constitucional, del artículo 13 de la Constitución española, donde se reconoce a los extranjeros, como es sabido,
los mismos derechos que a los españoles, salvo el derecho al sufragio, que se atenderá a criterios de reciprocidad. Ha habido propuestas, unas de carácter electoral y otras que se van a formalizar teóricamente en virtud de consensos previsibles en
esta legislatura, sobre el reconocimiento del derecho a sufragio de los extranjeros; hay que entender que del derecho de sufragio activo y del derecho de sufragio pasivo. Yo no sé -como no se han concretado, no han sido objeto de mayor
pormenorización estas propuestas, sino de reflexiones puramente genéricas- cuál es su opinión sobre cómo se debería articular formativamente, en claves de derecho positivo, una cuestión tan relevante como esta que le estoy comentando.
Al margen de esta cuestión, señora presidenta, quiero felicitar otra vez al señor Santolaya por su vuelta o por la reproducción de su mandato en la Junta Electoral Central.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Profesor Santolaya, bienvenido a esta Comisión en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Mis compañeros ya le han planteado los temas clave y han destacado también algunos aspectos importantes
de su trayectoria académica, como por ejemplo la publicación de un estudio académico sobre el sufragio de los extranjeros y el debate abierto alrededor de este posible derecho a voto en carácter de reciprocidad y en el ámbito de los Estados
democráticos.
Esto requiere unos parámetros determinados, sobre los cuales se debería profundizar.
Ha sido usted quien se ha puesto a disposición de las Cámaras para los trabajos de la subcomisión. En las comparecencias anteriores, de forma digamos consensual pasiva, los distintos portavoces hemos ido expresando la oportunidad de que no
sea solo el Consejo de Estado el que emita un informe sobre posibles reformas, sino que el órgano especializado y competente y autónomo, que es la Junta Electoral Central, también emita un informe. Ha sido usted en su intervención inicial quien lo
ha planteado y simplemente le tengo que decir que los distintos portavoces lo habíamos dicho con anterioridad en nuestros turnos de intervención con anteriores candidatos a integrar la Junta Electoral Central.
Solamente le voy a hacer una pregunta, porque usted mismo nos ha invitado, a la luz de sus cuatro años de experiencia en la Junta, sobre la práctica de la Administración electoral. Nos ha dicho: He llegado a algunas conclusiones. La Ley
Orgánica de Régimen Electoral
General contempla un plazo de entre 54 y 60 días para cumplimentar todo el procedimiento electoral, desde la convocatoria de elecciones hasta la celebración de las mismas. Dentro de este plazo, 54 a 60 días, hay muchos procedimientos
intermedios, muchos plazos intermedios. Me gustaría conocer, con carácter general, sin que profundice para nada, si usted considera que este es un plazo suficiente para cumplimentar los plazos intermedios que se producen en todo el proceso
electoral.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señor Santolaya, aprecio la magnífica labor que ha desarrollado usted en la legislatura anterior y el currículum que no solo le avala sino que además ha incrementado de entonces acá con nuevas
aportaciones y constantes estudios sobre el régimen electoral español, y muy especialmente en esos aspectos que tanto preocupan ahora a esta casa, al Poder Legislativo, sobre el voto de los extranjeros y, como sabe y le recordaban mis colegas, el
régimen electoral de los españoles en el extranjero, del que esperamos -y le animo a ello también desde el Grupo Parlamentario Popular- un informe cuanto antes; seguro que tendrán criterios prácticos y consideraciones de experiencia que vendrán a
complementar las que pueda hacer el Consejo de Estado por su estudio, pedido por el Gobierno a la hora de reformar la Loreg.
Solo me queda por decirle que no sé si recusar al señor Olabarría, porque se ha manifestado no solo amigo sino alumno de su padre; le felicito por ello. No lo voy a hacer y, en consideración no ya a su amistad sino a su mucho prestigio y a
sus servicios, le agradezco su presencia y le deseo la máxima suerte y la máxima brillantez, como suele acompañar todos sus trabajos, en el desempeño de esta nueva responsabilidad institucional.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Santolaya, no está obligado a entrar en las controversias que tengan en esta Mesa los portavoces. Está solo obligado a lo que ha venido, a comparecer para comprobar su idoneidad.
Tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: En primer lugar, señor Santolaya muchas felicidades por su renovación en este cargo, que consideramos que va usted a realizar perfectamente, porque de hecho esa es la razón por la que los grupos aquí representados
le han vuelto a proponer para ocupar un puesto representativo del Congreso de los Diputados en la Junta Electoral Central.
Yo quería solicitarle su opinión sobre lo que ha sido su experiencia en el funcionamiento de la Junta respecto a lo que es uno de sus elementos fundamentales; se trata de un órgano arbitral, que resuelve contenciosos sensibles entre fuerzas
políticas en un periodo particularmente delicado cual es el periodo preelectoral. Mi pregunta es si la Junta Electoral Central ha venido manifestándose en función de las adscripciones más o menos políticas que puedan asignar a los nombres por los
que ocupan ese papel, o si por el contrario existe una tendencia a la búsqueda de resoluciones arbitrales consensuadas. La idea que preside la reflexión que le propongo es considerar el ejercicio de la independencia, en un órgano tan importante
como este, como factor fundamental, como cualidad necesaria, para el ejercicio de este cargo, y cuál es su experiencia en ese terreno.
La señora VICEPRESIDENTA: Una vez finalizadas las intervenciones de los portavoces, tiene la palabra el señor Santolaya.
El señor SANTOLAYA MACHETTI: Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. Voy a tratar de contestar a todas ellas con brevedad pero lo más técnicamente posible, que creo que es el papel por el que se me ha llamado.
¿Cómo entiendo yo el artículo 13.2? Para empezar, hay que decir que es un artículo sin jurisprudencia constitucional. Hay una única sentencia del Tribunal Constitucional, en la que de pasada, absolutamente de pasada, dice que un belga no
puede votar en unas elecciones municipales porque entonces no existía derecho de sufragio activo. Después existe la declaración número uno del Tribunal Constitucional sobre Maastricht, en la que dice que hay que cambiar la Constitución para
permitir el derecho de sufragio activo y pasivo de los comunitarios en España. Posteriormente no hay ninguna jurisprudencia; se lo aseguro, porque acabo de analizar la jurisprudencia del Tribunal, para un libro que va a editar el propio Tribunal
coincidiendo con el 30.º aniversario de la Constitución, y me han encargado este artículo. No hay jurisprudencia. Por tanto, criterios del Tribunal Constitucional a la hora de entender qué es reciprocidad no tenemos ninguno, en ningún caso.
Busquen ustedes la palabra clave, reciprocidad, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y no hay nada que nos pueda dar la solución. La solución tiene que estar, desde mi punto de vista, en creer, con una interpretación amplia -en mi
opinión-, que reciprocidad significa que el país del que proviene el que va a votar en España organiza algún tipo de elecciones municipales en unas condiciones que puedan definir el proceso como elecciones libres y justas, que es el estándar
internacional de estas elecciones. Hay reciprocidad, por tanto, siempre que el país de origen del residente en España tenga elecciones locales, primer punto; y hay países que no las tienen, como China o Cuba, donde por tanto poco podemos hacer
desde el punto de vista constitucional. Hay países que, teniéndolas -hay muchas constituciones en Iberoamérica que reservan el sufragio para los nacionales y prohíben expresamente el derecho de sufragio a los extranjeros; es el caso de México, es
el caso de El Salvador, es el caso de Nicaragua, y otros muchos casos-, mientras ellos no cambien la Constitución, nosotros no podemos hacer absolutamente nada.
Estos son los dos elementos a valorar en primer lugar, es decir, primero que haya elecciones libres y justas. No creo que nos debamos meter a conceder reciprocidad en algunos países africanos donde las elecciones no tienen esos componentes,
según la mayoría de los organismos internacionales que observan elecciones; y hay infinidad de datos para ello, desde los informes de la Common Wealth, a los informes de ideas sobre qué elecciones son libres y justas y cuáles no. Y, por supuesto,
a aquellos países que niegan sistemáticamente el derecho de sufragio a los españoles y a los demás extranjeros, tampoco va a ningún sitio creer que les podemos conceder el derecho de sufragio en España, mientras tengamos este marco constitucional;
porque estoy hablando siempre sin tocar la Constitución. Si les interesa mi opinión de qué tocaría de la Constitución, es un tema distinto. Pero sin tocar la Constitución, estas dos son las condiciones.
Por el contrario, entiendo que no es necesario que la reciprocidad llegue a aspectos como, por ejemplo, que sean cada cuatro o cada cinco años, o que se elija directamente al alcalde o a los concejales, o que sean listas paritarias o no.
Creo que no podemos tener una concepción tan sumamente estricta de la reciprocidad, porque entonces no llegaremos a ningún sitio. Por tanto, ¿qué es reciprocidad? En mi opinión, sin tocar la Constitución, elecciones libres y justas y elecciones en
las que es posible la participación de los extranjeros. En esas condiciones podemos poner en marcha el requisito de la reciprocidad. ¿Cómo lo haría, si me pidieran un informe? En primer lugar, definiría en la Loreg qué entendemos por
reciprocidad. Definiría en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en el artículo que establece el derecho de sufragio activo y pasivo para las elecciones locales, las condiciones generales que tienen que tener los convenios que firmemos con
los distintos países.
Lo primero que haría sería una discusión parlamentaria muy seria y muy profunda sobre cuánto tiempo de residencia, en qué condiciones, con qué criterios, hasta dónde estamos dispuestos a llegar dentro del marco constitucional
en el reconocimiento. Por ejemplo, no hay ningún país que reconozca el derecho de sufragio a los no residentes legales; ninguno. No hay ningún país que reconozca el derecho de sufragio por debajo de una estancia entre tres o cinco años, pero hay
muchas opciones legales; hay países donde son tres y hay países donde son quince años de residencia.
Eso se tiene que discutir. Una vez que se marque esto en la ley, y solo después de marcar esto en la ley, en mi opinión es el momento de empezar
a ratificar cuantos convenios internacionales sea posible con los distintos países, porque lo que no creo que podamos hacer son trajes a medida para cada país. No creo que sea posible firmar hoy con Chile por siete años, pero mañana con El Salvador
-no, con El Salvador sería imposible-, con Perú con un periodo de residencia de cinco años o con inscripción censal de oficio o con inscripción censal a instancia de parte. Todo eso lo tenemos que discutir previamente y solo después estaremos en el
momento de firmar convenios.
Si se sigue ese mecanismo que propongo, además tendría otra ventaja. Como saben, hay un artículo 94 en la Constitución que dice qué tratados internacionales tienen necesariamente que pasar por aquí. Entre ellos están los de contenido
político y los que afectan a derechos fundamentales. Obviamente un tratado internacional que reconozca el derecho de sufragio es un tratado internacional que tiene que venir a las Cortes, es decir, que el Gobierno por sí mismo no está autorizado
para firmarlo; necesita la autorización expresa caso a caso. Por eso simplificaría también extraordinariamente el papel de las Cortes el hecho de definir previamente en el ámbito normativo qué tipo de convenios están dispuestas a autorizar las
Cortes, aunque quizás marcando alguna amplitud, entre tanto y tanto tiempo, marcando una especie de modelo de convenio ideal, que es el que debemos llevar a la negociación bilateral con los demás países para encajarlo en la medida de lo posible.
Facilitaría el trabajo de las Cortes porque de alguna forma aquellos convenios que respondan a este modelo ya tienen la autorización de las Cortes, puesto que responden al modelo legal.
Con relación a este tema, que parece ser que es el que más les ha preocupado, y con motivo, porque es un tema absolutamente de actualidad, quisiera decirles que un informe de la Junta Electoral Central, como tal, es posible. La Junta
Electoral Central informa todas las normas que desarrolla la Ley Electoral, pero de acuerdo con la ley son las normas del Gobierno, aunque efectivamente no habría nada que impidiera que la Junta Electoral Central hiciera este informe, y por mi parte
estaría encantado. Tampoco creo que haya ningún inconveniente -y también les animo a ello- en que llamen ustedes a comparecencias individuales a los componentes de la Junta Electoral Central que consideren oportuno. Yo ya he participado en varias
comisiones parlamentarias en el Senado sobre voto de los extranjeros y sobre reforma de la Ley Electoral, etcétera, a título personal, y por supuesto a título de componente de la Junta Electoral Central trabajaré en la junta, si es que se nos
encarga, y como catedrático de Derecho Constitucional estaría encantado de comparecer a título individual, y estoy seguro de que hay otros miembros en la Junta Electoral Central que no solo también lo estarían, sino que sería adecuado que lo
hicieran. Sería útil para acertar.
En cuanto al tema de cómo organizamos un voto de los inmigrantes, personalmente es una cuestión que me preocupa muchísimo y que técnicamente es mucho más difícil que organizar que los extranjeros voten en España. Les voy a explicar por qué.
En teoría, nadie podemos estar satisfechos sobre cómo está funcionando el sufragio de los españoles residentes ausentes en el extranjero, desde el punto de vista de la limpieza del procedimiento, del control o de otras muchas cosas. La razón de
esto es muy elemental. El sufragio en España por correo es
limpio, porque hay funcionarios de Correos, a los que periódicamente, de vez en cuando, se les condena por asuntos penales relacionados con el voto por correspondencia. Si ustedes buscan en un thesaurus de jurisprudencia penal electoral del
Tribunal Supremo, lo que más casos ha provocado son los funcionarios de Correos españoles, que han utilizado mal su puesto de funcionario, favoreciendo a determinados partidos. Esto por supuesto es absolutamente inaplicable a un funcionario de
correos de Tucumán. También es absolutamente inaplicable, nos empeñemos lo que nos empeñemos, que el censo electoral de los residentes ausentes en el extranjero esté tan actualizado como en España, es literalmente imposible. En España tenemos una
serie de mecanismos que hacen que cualquier fallecimiento sea comunicado a la oficina del censo y que el censo esté muy actualizado. Cuando fallece -sigo hablando de Argentina, porque es de los casos más paradigmáticos- un español que es español,
pero que es también argentino, nadie, salvo que sea la propia familia, va a comunicar al consulado español que este señor ha fallecido. Por eso, hace unos años, una noticia de prensa motivó que se revisaran muchísimo los censos. Recordarán ustedes
que la noticia fue que solo Buenos Aires tenía más centenarios españoles que todo el conjunto del territorio nacional. Esto obedece a que no tienen ningún interés en comunicar los fallecimientos, entre otras cosas porque en muchas ocasiones están
ligados a ayudas sociales del Estado español, que perderían. Por tanto, creer de entrada que el sistema de sufragio de los españoles residentes ausentes en el extranjero es tan limpio como lo es en el interior del territorio del Estado es una
ingenuidad en mi opinión y debíamos partir de ahí.
Dicho esto, deberíamos ser capaces de organizar un sistema por el cual el sufragio fuera lo más parecido posible desde todos los puntos de vista.
Esto inevitablemente nos va a tener que llevar a abandonar el sistema del voto por
correspondencia de los residentes ausentes y a organizar un sistema de voto presencial. Pero cuidado -y en esto es muy importante no fallar-, porque organizar un sistema de voto presencial supone reformar la Ley Electoral desde el primer artículo
al último, porque todo está escrito en la Ley Electoral pensando en ser aplicado en España. Todo. Las competencias de las juntas, no tendríamos ninguna junta competente, tendrían que ser tocadas. Los plazos y toda la estructura de la junta están
pensados desde la óptica de que se va a aplicar en España. Por tanto, quien tome esa decisión, y es una decisión que se tiene que tomar, tiene que estar seguro en un proceso -enseguida pasaré a la pregunta que me ha hecho el señor Xuclà sobre el
tiempo- muy acelerado y muy ligado uno al otro y tiene que preguntarse a qué afecta. No se trata solo de que el consulado ponga una urna, hay que decir qué junta es competente, hay que decir cómo se eligen los vocales para esa junta. Si decimos
que sea la Junta Electoral Central, alguien tendrá que preguntarse cómo es posible que la Junta Electoral Central controle in situ las urnas de todos los territorios, donde ni siquiera contamos en ocasiones con nada parecido, nada intermedio. Es
una suerte de jurisdicción universal, sé que no es el término, pero creo que me entienden lo que les estoy diciendo. Cuando se adopte esta decisión hay que tener cuidado, porque es una decisión probablemente imprescindible, pero que no es sencilla
en absoluto. Requiere repasar toda la Ley Electoral de arriba abajo. Es sorprendente. Pueden ustedes hacer el ejercicio -les recomiendo que lo hagan- de ir leyendo la Ley Electoral desde el punto de vista de pensar: ¿pero esto se podría aplicar
para un señor que está en Kuala Lumpur? Se dice que tiene estos plazos para hacer esto, que se va a controlar esto y que se va a exponer el censo, porque dice que se expone en todos los sitios. Lean acto a acto -no he llegado al final de la ley
porque me cansé muchísimo antes- y verán que es prácticamente artículo por artículo de la Ley Electoral. No crean por tanto que es una reforma fácil. Es una reforma que hay que hacer, pero no es fácil, no es en absoluto fácil.
El tiempo. El proceso electoral dura en estos momentos exactamente 54 días. Inicialmente, en la Ley Electoral, era entre 54 y 60; posteriormente se acortó porque todas las campañas electorales, que antes duraban entre 15 y 21 días, duran
15 días y las elecciones son siempre en domingo. Son por tanto 54 días, y es un proceso electoral que está montado sobre una premisa muy clara, que además entiendo que hay que mantener, y es que solo puedan ser candidatos aquellos que estamos
seguros que pueden votar. Primero, que puedan votar todos los que pueden votar; segundo, que solo puedan ser candidatos e iniciar la campaña electoral aquellos que estamos seguros que pueden ser candidatos, de manera que si hay alguien que no
puede participar en las elecciones, antes de empezar la campaña electoral ha tenido que haber sentencia contencioso-electoral, Tribunal Constitucional, todo, y que no se constituyan las cámaras ni los ayuntamientos hasta que no estemos seguros,
incluido el Tribunal Constitucional, sobre quiénes son los elegidos. Es un proceso que se ha manejado y se ha estado depurando durante veintitantos años, día a día; es muy ajustado, se podría recortar en algunos días, pero es muy ajustado, y desde
luego también es un proceso enlazado: si se toca una sola fecha, un solo plazo, hay que tener en cuenta que afecta a la totalidad del proceso y que hay que tocarlos todos.
El tema de las coaliciones, puesto que no lo he entendido, me van a perdonar que no lo explique; no lo entiendo realmente, porque es en cada proceso electoral donde se ve efectivamente, y me temo que hemos sido particularmente erráticos
también por parte de la Junta Electoral Central a la hora de definir qué requisitos tiene, qué es una coalición y qué no lo es; es uno de los temas que tenemos pendientes.
He tratado de contestar a todos y agradezco también la referencia a mi padre, que debió de dar clase -hace cuatro años me ocurrió exactamente lo mismo con Margarita
Uría- a toda la plana mayor del Partido Nacionalista Vasco, por lo visto.
La señora VICEPRESIDENTA: Supongo que daría clase a más gente y que dejaría el mismo recuerdo en otros ámbitos de la política.
En cualquier caso, muchas gracias, señor Santolaya. No creo que haya ninguna cuestión más y, por tanto, muy agradecidos por su comparecencia.
- DEL CANDIDATO DON JOAN MANUEL TRAYTER JIMÉNEZ.
La señora VICEPRESIDENTA: Damos la bienvenida a don Joan Manuel Trayter Jiménez, que comparece en este trámite en la Comisión de evaluación de nombramientos. Le voy a explicar la mecánica que hemos seguido con los otros comparecientes y
que vamos a hacer también en este caso. En primer lugar interviene usted para explicar su trayectoria o aquello que crea conveniente, y luego van a intervenir los grupos representados en esta mesa, proponentes de la candidatura de la que usted
forma parte y que son, por orden de intervención: el señor Llamazares, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Olabarría, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
el señor Xuclà, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Trillo, por el Grupo Popular, y el señor Jáuregui, por el Grupo Socialista. Cuando ellos hayan acabado usted les contesta globalmente y, salvo que haya alguna cosa
que aclarar o alguna otra intervención posterior, daríamos por finalizada la comparecencia. Por tanto, cuando usted quiera tiene la palabra.
El señor TRAYTER JIMÉNEZ: Como supongo que han hecho el resto de candidatos, quería agradecer que hayan pensado en mí. Es un honor estar aquí con ustedes, y también es un honor poder desempeñar esta función que tenemos que realizar y que
creo que es muy importante en el Estado social y democrático de derecho.
Mi currículum ya lo tienen. Simplemente les quería destacar algunas cuestiones. Una, soy catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Girona; he desempeñado mi carrera docente en la Universidad de Barcelona, y soy miembro de
la escuela del profesor García de Enterría, que es una de las más prestigiosas de Europa, modestamente.
He desempeñado cargos en diversos órganos institucionales y colegiados: el Tribunal Català de l'Esport, donde resolvíamos cuestiones
electorales en Cataluña como máximo órgano en materia deportiva; la Comisión Jurídica Asesora, que es análoga al Consejo de Estado en Cataluña; he estado de magistrado, cuando se permitía colaborar desde la universidad en la magistratura, en la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, y ahora soy presidente del Jurado de Expropiación Forzosa de Cataluña, en Girona.
En segundo lugar, quiero destacar simplemente que la Junta Electoral Central es un órgano administrativo con unas peculiaridades y una protección jurídica, que la tiene para proteger a su vez la independencia de este órgano, pero el
sustrato, el funcionamiento, el mecanismo de razonamiento es un órgano administrativo, como digo, no sometido a instrucciones jerárquicas y dependiente del Congreso. Lo importante aquí y lo que yo puedo aportar es que el derecho administrativo, el
derecho público en general, pero el derecho administrativo en particular forma parte de la esencia de este órgano. Tengo algunos trabajos que están en el currículum; sobre una de las competencias de este órgano, que no se utiliza mucho y espero
que no se tenga que utilizar en el futuro, el régimen disciplinario, tengo un libro, y sobre la potestad sancionadora tengo otro, y sobre la formación de la voluntad de los órganos colegiados, por tanto del funcionamiento de esta institución,
también.
Nada más. Si ustedes creen conveniente que yo pueda estar en este órgano les diré que lo que haré es lo que creo que tengo que hacer, que es aplicar el principio de legalidad, intentar respetar la objetividad, la transparencia del órgano, y
por lo tanto su independencia, que para eso depende del Congreso, y no del Gobierno presente o futuro. Muchas gracias, y me someto a las consideraciones que consideren oportunas.
La señora VICEPRESIDENTA: Empezaremos por el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero agradecerle su comparecencia, y no voy a hacer preguntas.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor Trayter, por su sintética explicación, que hace honor seguramente a sus amplios méritos. Pero al margen de esta circunstancia, recibimos con expectativa y en su caso con ilusión -en mi caso- su
presencia en este órgano, entre otras cosas porque la legislación electoral y su aplicación es uno de los elementos fundamentalmente configuradores del principio democrático. No puedo dejar de recordar las reflexiones del famoso magistrado Thomas,
tras las elecciones norteamericanas y tras el recuento en Florida, en donde en la parte final de la sentencia, porque fue una sentencia judicial la que otorgó el poder a George Bush, comentaba de forma ilustrativa, en mi opinión, que no sabía el
Tribunal Supremo ni él mismo quién había ganado las elecciones en Estados Unidos; solo sabía quién las había perdido: la confianza del pueblo norteamericano en sus instituciones democráticas.
Órganos como en el que usted va a estar presente
pueden contribuir a fortalecer y mejorar esta confianza en las instituciones, en algo tan paradigmático
paradigmático como es el sistema electoral y sus mecanismos de control.
Dicho esto acabo con una última reflexión, que me gustaría compartir con usted. En este momento hay un debate suscitado en sede parlamentaria y en el ámbito social y público, que es el de la pertinencia de una reforma de la legislación
electoral, que corrija la pretendida falta de equidad entre los poderes centrales y periféricos o partidos de ámbito estatal y partidos de ámbito periférico, por entender que en algunos casos se castiga a los primeros y la legislación electoral
actual beneficia a los segundos, quizás ignorando que la legislación electoral de la que disponemos tiene una impronta muy vinculada a los pactos de la transición democrática española, tras la configuración y el advenimiento de la democracia al
Estado español. Me gustaría saber, si lo tiene usted a bien, porque veo que ha especulado analizando su amplio currículum académico sobre esta cuestión, si tiene alguna consideración que hacer sobre la misma.
Muchas gracias, señora presidenta, y bienvenido señor Trayter, persona sobre cuya idoneidad puede comprender que no tenemos la más mínima reserva.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Xuclá, por favor.
El señor XUCLÀ I COSTA: Profesor Trayter, le doy la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En su exposición inicial ha fundamentado perfectamente la oportunidad de que un administrativista integre la Junta Electoral Central. Lo ha desarrollado, evidentemente, sobre la naturaleza independiente, pero también de órgano autónomo, que
es la Junta Electoral Central, y además sobre la importante dimensión de carácter administrativo y procedimental que se desarrolla en la misma.
De su extenso currículum son destacables algunos aspectos que seguramente serán útiles en el desempeño de sus funciones en la Junta Electoral Central. Más allá de sus numerosas estancias en el extranjero, que siempre son buenas en el
conocimiento del derecho comparado, usted tiene varios trabajos de estudio de la jurisprudencia constitucional, que, evidentemente, es el estudio del precedente y el estudio de la doctrina que consolida y que también opera activamente en los
trabajos de la Junta Electoral Central.
No quiero hacer ningún tipo de analogía, pero usted se ha especializado en materia de arbitraje. La Junta Electoral Central no es un órgano que se dedique al arbitraje, pero también tiene funciones de mediación, especialmente en periodos
electorales, aplicando estrictamente el principio de legalidad, como usted ha recordado, y de analogía con sus trabajos desempeñados en el ámbito y en las dimensiones del arbitraje.
Simplemente le traslado dos consideraciones. De una forma consensuada los distintos portavoces, tras las intervenciones de los distintos miembros sometidos a la consideración de esta Comisión -usted es el último por estricto orden
alfabético y en el aspecto del orden alfabético le tengo que decir que yo con mi apellido también conozco lo que supone ser el último-, hemos coincidido en la importancia de que la Junta Electoral Central también emita un informe que sea útil a la
subcomisión de estudio de la reforma de la Ley Electoral, que precisamente ayer de forma definitiva aprobó el Pleno del Congreso de los Diputados. El índice de temas que eventualmente serán estudiados en esa subcomisión es muy amplio. No los
quiero referenciar todos ni los más evidentes, como por ejemplo, el voto CERA, pero sí que usted tiene mucha experiencia en el ámbito de la Administración local. Un administrativista también trabaja sobre el ámbito de la Administración local. Hay
un aspecto que es el del incremento de la gobernabilidad de las administraciones locales, especialmente aquellas elegidas de forma directa. Algunas aproximaciones al respecto se podrán hacer a la misma, y se apuntaron por parte incluso de la
voluntad del Gobierno, en la comparecencia en la Comisión Constitucional. No le planteo que nos formule ningún modelo cerrado porque esto compete al Legislativo, pero seguramente tendrá su criterio respecto a la evolución en estos treinta años de
democracia de la estabilidad en la gobernabilidad en el ámbito local, a la luz de la aplicación del actual régimen electoral en el ámbito local.
La segunda y última consideración es que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General contempla que el derecho administrativo es derecho supletorio, y concretamente la Ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, la tan conocida como Ley 30/1992, opera con carácter de derecho supletorio en los trabajos y en las resoluciones de la Junta Electoral Central. Me gustaría también conocer su opinión sobre la extensión de este
carácter supletorio y sobre la sustantividad del derecho administrativo en los trabajos de la Junta Electoral Central.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Muchísimas gracias, señor Trayter, por su capacidad de síntesis que viene a rubricar lo que ya anunciaba su currículum, y es que está perfectamente capacitado para integrarse en la Junta Electoral
Central, y además de la manera más idónea, porque viene a complementar un perfil que resulta de los cinco comparecientes con los que esta tarde hemos estado hablando, cuestionando y sugiriendo, y que deja perfectamente acoplado a lo que la ley nos
pide, y es que haya una pluralidad de análisis académicos, desde el punto de vista jurídico, sociológico y político, que puedan complementar la visión aplicativa del derecho que los magistrados del Tribunal Supremo tienen tradicionalmente. Usted
tiene el perfil exacto que encaja en ese compositum y le animo también a responder a mis colegas con la
misma síntesis que lo ha hecho al principio, porque quienes tenemos también la última letra del abecedario sabemos lo dificultoso que es llegar vivo a estas horas.
Le tengo que felicitar además por algunos alumnos que he conocido a lo largo de estos años y que han aprendido de usted derecho y me consta que ha hecho unos excelentes juristas, y por tanto, doble enhorabuena y bienvenido.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor Trayter, quiero mostrarle también mi felicitación en nombre del Grupo Parlamentario Socialista por la propuesta de la que es usted objeto.
Querría someter a su consideración una reflexión, a propósito del carácter arbitral del órgano del que usted va a formar parte, y conocer cuáles son sus propósitos, cuál es su consideración y cuáles son los principios que inspiran su
participación en un órgano que, repito, es arbitral; es un órgano institucional de nuestro país y que está llamado a resolver contenciosos en el proceso electoral y, por tanto, a resolver cuestiones que tienen que ver con posiciones políticas.
Forma usted parte de una propuesta de los grupos políticos, pero eso no tiene que ver con el ejercicio de la independencia que tiene que caracterizar a este órgano.
Mi reflexión va en esta dirección. Me gustaría que, además de la idoneidad de sus
cualificaciones profesionales, que es evidente que usted cumple, nos exponga cuáles son los principios en los que se inspira para el ejercicio de una función arbitral, a pesar de estar propuesto por una plataforma de partidos políticos del Congreso
de los Diputados.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Trayter, cuando quiera.
El señor TRAYTER JIMÉNEZ: Me han hecho unas preguntas que merecería cada una de ellas una tesis doctoral, pero como no quiero cansar a nadie, les querría contestar también de manera sucinta.
El señor Olabarría me pregunta si la Ley Electoral actual, la Loreg, es justa o injusta con los partidos autonomistas con relación a los partidos que se presentan a nivel estatal. Su señoría tiene una visión, pero tengo que decirle que yo
no soy el legislador, pero sé y soy consciente de que en la Junta Electoral Central lo que tendré que hacer será aplicar la norma y, por tanto, interpretar lo que ustedes aprueban y deciden. Tiene esa visión, pero a lo mejor el señor Llamazares
tiene la contraria, porque precisamente en las últimas elecciones se ha demostrado que la ley puede beneficiar en algunas ocasiones a unos y perjudicar a otros. En este punto yo no tengo una opinión más allá de la que le he expuesto y, por tanto,
no querría entrar en esto, entre otras cuestiones porque tampoco será mi función.
A todos les agradezco mucho sus pregunta, pero el señor Xuclá me ha preguntado por el tema de la Administración local. Aquí sí me gustaría hacerles una reflexión y aprovecho además que les tengo delante, porque muchas veces la universidad y
los diputados o el Poder Legislativo no tenemos puntos en común o no hacemos las reflexiones que tendríamos que hacer conjuntamente. La Administración local cada vez tiene más competencias. Desde la andadura constitucional se consiguió la
autonomía local y, por tanto, la prohibición por las primeras sentencias del Tribunal Constitucional de cualquier control de legalidad de las administraciones superiores, autonómica y estatal, y se está demostrando que una de las piezas que están
fallando es el sistema electoral. ¿Por qué? Porque a veces depende del voto de una persona que se pasa de un partido a otro o por no se sabe qué razones, pero esto hace cambiar el Gobierno local. Esto no deja una fácil gobernabilidad a los
ayuntamientos, y esto es grave, porque además a esa persona normalmente luego se le nombra concejal de urbanismo y ahí los intereses locales son gravísimos. La Ley Electoral puede hacer cosas, y voy a poner un ejemplo, aunque no creo que ahora
pueda explicarlo todo, porque además no sería el objeto de esta comparecencia. En el derecho francés, en el que no tienen autonomía local, pero en cuanto te vas a cualquier municipio da gusto verlo, tienen el sistema de la doble vuelta y así se
garantiza que del partido más votado en la primera vuelta ya salga elegido alcalde y que gobierne aquel municipio, evitando que los vaivenes, insisto, de una minoría muy minoritaria hagan tambalear al Gobierno local, con las competencias que ahora
tiene.
Otra pregunta ha sido sobre la aplicación del derecho administrativo a la Junta Electoral Central. Obviamente, la Junta Electoral Central es un órgano administrativo peculiar. No está sometido a la estructura jerárquica de la
Administración pública, y es independiente porque no depende del Gobierno, sino de las Cortes Generales, y por eso aquí estamos. En definitiva, su posición institucional en el sistema jurídico español es muy peculiar, como digo, porque no es el
Poder Judicial, pero debe resolver tan rápidamente las cuestiones que se le plantean -por eso no se dan sus competencias al Poder Judicial- que se crea este órgano; pero este órgano en su corazón, en sus entrañas, es y no deja de ser
administrativo, y por tanto la normativa administrativa se le aplica en las sesiones, en el desarrollo y en la formación de la voluntad del órgano cuando emite las resoluciones. Obviamente, este es uno de los aspectos que puedo aportar, pues no
deja de ser un órgano al que se le aplica el derecho administrativo.
Al señor Trillo le agradezco lo que me ha dicho, y el señor Jáuregui me ha preguntado por los principios que aplicaré en la Junta Electoral Central y en mi actuación. Obviamente, no le puedo contestar de otra manera: soy jurista y,
evidentemente, el derecho no es aséptico ni es neutral siempre, pero yo me guío por un principio, el de legalidad. Nosotros solo podemos decir lo que diga la ley, interpretándola de una o de otra manera, pero conscientes de que no somos el
legislador, y evidentemente
actuaré bajo el prisma de la independencia, de la imparcialidad y de la objetividad. Desde este punto de vista, si creo que puedo aportar algo es que las resoluciones de la junta se motiven un poco más, pues eso dará lugar a que esta
objetividad, transparencia e independencia se puedan plasmar en las resoluciones que tomemos los miembros de la junta. Por tanto, esos serán mis principios de actuación.
Con esto he acabado. Me parece que no me he dejado ninguna pregunta. Les agradezco mucho las reflexiones y los halagos, algunos excesivos, que me han hecho. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Trayter. Le deseamos lo mejor y esperamos verle por aquí.
Una vez celebradas las comparecencias, así como las intervenciones que ha habido, creo que podemos proclamar la idoneidad de las candidaturas presentadas por todos los grupos parlamentarios. (Pausa.)
COMPARECENCIAS DE LOS CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS CUATRO VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 244/000001.)
- DE LA CANDIDATA DOÑA GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO.
La señora VICEPRESIDENTA: Continuamos con la sesión de la Comisión consultiva de nombramientos y vamos a pasar en este momento a la evaluación de la idoneidad de los candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial, en función de
la candidatura que han presentado todos los grupos parlamentarios -Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Grupo Parlamentario Mixto-, que
acompañan los currículum que tienen en su poder en función de lo que dispone la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 25 de mayo de 2000. Vamos a proceder a estas comparecencias por orden alfabético de los cuatro candidatos
que debemos evaluar en esta Comisión.
Está con nosotros ya la primera de las candidatas, doña Gabriela Bravo Sanestanislao, a la que damos la bienvenida a esta Comisión y saludamos cordialmente. Le vamos a explicar la mecánica que vamos a seguir para este procedimiento. En
primer lugar, tendrá usted la palabra aproximadamente por cinco minutos, lo que crea conveniente en ese margen de tiempo, y luego van a intervenir los portavoces de los grupos parlamentarios que están conmigo en esta Mesa, que lo van a hacer por
orden de menor a mayor. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds intervendrá el señor Llamazares; por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) va a intervenir el señor
Olabarría; por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Jané; por el Grupo Parlamentario Popular el señor Trillo; y por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Jáuregui. Una vez ellos hayan acabado, usted interviene otra
vez y, salvo que haya alguna aclaración o cualquier comentario que se quiera hacer, a partir de ese momento habremos terminado con su comparecencia. Por tanto, cuando quiera puede empezar.
La señora BRAVO SANESTANISLAO: Señora presidenta, señores diputados, miembros de la Comisión de nombramientos de la Cámara Baja, comparezco ante esta Comisión con el fin de exponer mis méritos como candidata a vocal del Consejo General del
Poder Judicial. En primer lugar, quiero manifestar que para mí es un gran honor comparecer ante esta Comisión de nombramientos, agradeciendo al Grupo Parlamentario Socialista el haberme propuesto para vocal del Consejo General del Poder Judicial,
lo que constituye una enorme satisfacción personal y profesional.
Como SS.SS. ya sabrán, pertenezco a la carrera fiscal, habiendo ingresado en ella en el año 1989. A lo largo de mis diecinueve años de dedicación a este oficio, que siempre me ha apasionado, he desarrollado mi actividad desde el compromiso
y el pleno respeto a los valores que emanan de nuestra Constitución. Mi primer destino fue la Fiscalía de Cádiz y allí inicié mi andadura profesional, que se prolongó durante dieciocho meses.
Mi segundo y definitivo destino fue la Fiscalía de
Valencia, donde llegué en el año 1991, y en esta fiscalía ha transcurrido la mayor parte de mi trayectoria profesional, con la mirada siempre fija en los valores que han de presidir un Estado de derecho, donde la justicia deje de ser un concepto
variable, subjetivo y hasta contradictorio, pues no podemos olvidar que la justicia, como inspiradora de toda actuación pública, es un deber constitucional genérico que ha de presidir la actuación de los tres poderes del Estado. Han de promulgarse
leyes justas, resolver justamente los conflictos que se presenten y gobernar y administrar con justicia el país. Desde el compromiso con los valores de la justicia, en los que firmemente creo, y con pleno respeto al principio de legalidad, he
procurado desarrollar mi actividad día a día en una gran fiscalía, no exenta de dificultades derivadas de la escasez de plantillas y del gran volumen de trabajo en los juzgados de instrucción; todo ello acompañado de la deficiente dotación de
medios materiales. He creído siempre firmemente en un modelo de fiscal al servicio de la sociedad como órgano constitucional que ha de actuar con imparcialidad y objetividad, siendo además el instrumento idóneo para el desarrollo de la política
criminal del Estado. Siempre me he esforzado en promover la acción de la justicia, implicándome de forma muy especial en la protección de los derechos de los más desfavorecidos, y así no puedo evitar mencionar en este momento uno de mis logros
profesionales en la defensa de los derechos de los inmigrantes, consiguiendo en el año 1994 que la Sección segunda de la Audiencia Provincial
de Valencia condenara a determinadas autoridades por un delito contra los derechos cívicos, dado que habían impedido que unos inmigrantes liberianos que viajaban como polizones en un barco solicitaran el derecho de asilo, sentencia que
además fue confirmada por el Tribunal Supremo.
Durante todos estos años de fiscal en el orden jurisdiccional penal afronté mi trabajo desde la proximidad a los problemas y no desde la lejanía, intentando siempre superar esa imagen tradicional del fiscal acomodaticio, alejado de la
realidad, que solo se hace visible cuando ejerce la acusación. Y bajo estas coordenadas desempeñé mi trabajo, rentabilizando los escasos medios y superando las muchas dificultades para acercar la justicia al ciudadano. Siempre me he esforzado por
dirigir mis energías a la defensa de la indemnidad física y sexual de la mujer, en la defensa de los derechos de los trabajadores, de los menores desvalidos y víctimas del delito, tan necesitados de protección y, en general, de la defensa de los
derechos humanos. Solo partiendo de estas premisas puedo explicar por qué en el año 2001, año en que entra en vigor la Ley orgánica de responsabilidad penal del menor, entré a formar parte de la Fiscalía de Menores, asumiendo no solo la reforma,
sino también la protección de los menores, dedicando siete de mis diecinueve años a esta jurisdicción que me ha permitido poder desarrollar el modelo de ministerio fiscal en el que creo firmemente. Asumir la función del fiscal investigador en una
jurisdicción presidida por el interés del menor ha sido un verdadero reto, dedicando a esta materia mis aportaciones, no solo prácticas sino también teóricas, mediante la organización y participación en cursos, foros y seminarios que han contribuido
de forma eficaz a mejorar nuestro trabajo.
He formado parte de la sección de siniestralidad laboral, otro campo de batalla donde está en juego la salud y la vida de los trabajadores y que constituye una lacra para una sociedad democrática. En este campo ha sido una constante de mi
actuación la presencia activa en el seno de los procedimientos, implicándome en la instrucción de las causas. Además, al objeto de contribuir a la sensibilización de la sociedad y de los poderes públicos sobre esta problemática, he participado en
la organización de congresos y jornadas donde se ha debatido esta materia, formulando propuestas desde la asociación que presidía, que hemos elevado al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado.
En el ámbito académico mis aportaciones son más modestas, puesto que mi actividad docente se limita al curso 1993-1994, en el que como profesora asociada impartí clases prácticas de derecho penal en la Universidad de Valencia. Ello no se
debe a desidia o falta de interés, pues creo muy conveniente y necesario el intercambio de experiencias y conocimientos entre el mundo universitario y los operadores jurídicos, pero circunstancias derivadas de las dificultades propias de la
conciliación familiar limitaron esta faceta. Superados con el paso del tiempo tales impedimentos, desde el año 2005 retomé este campo colaborando en jornadas, seminarios y proyectos de las universidades de Valencia, Castellón y la UNED de Denia,
siempre en materias donde los derechos fundamentales de la persona han estado en juego.
Mi actividad asociativa se remonta al año 1991, asociándome a la Unión Progresista de Fiscales, participando y colaborando de forma activa en el desarrollo de los fines de esta asociación, cuya actuación ha estado presidida por la defensa a
ultranza de los derechos y libertades asentados en nuestra Constitución, mediante la organización de congresos que con este objeto hemos celebrado anualmente.
Comparto el diagnóstico sobre la ineficacia del servicio público que tanto exaspera al ciudadano y supone la limitación de un derecho fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en nuestra Constitución. La independencia
del Poder Judicial, consagrada en el artículo 117 de nuestra Carta Magna, pilar irrenunciable del Estado de derecho, ha de ser preservada a toda costa si queremos que nuestra justicia sea creíble, pero no impide una fiscalización rigurosa del
trabajo del juez, pieza clave de la justicia, y esta función de fiscalización ha de ser reglada minuciosa y periódicamente para evitar disfunciones que ocasionan un grave quebranto a la sociedad con perjuicios en ocasiones irremediables. Es
necesario, otra vez, trabajar aunando esfuerzos para conseguir mejorar y modernizar nuestro modelo de justicia, superando el caos de nuestro ordenamiento jurídico para que funcione con mayor agilidad, con menos burocracia y con mayor eficiencia,
pues así lo demandan los ciudadanos, sin orillar en ningún momento el elenco de derechos fundamentales que han de presidir toda sociedad democrática. Para ello es necesaria una profunda reforma legislativa, la dotación y adecuación de medios, la
modernización de nuestras herramientas de trabajo, así como la incorporación de nuevas tecnologías, promoviendo a su vez todas las reformas necesarias para la racionalización y mejor optimización de los recursos.
Quiero finalizar mi intervención reiterando de nuevo mi gratitud por haber sido propuesta para formar parte del supremo órgano de gobierno del Poder Judicial, pues todos percibimos la gran transcendencia de esta institución, pilar básico
para asegurar las bóvedas del Estado de derecho que consagra el artículo 1 de nuestra Constitución. Por ello, para el caso de ser nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial, será para mí un reto personal y profesional asumir el desempeño
de tan alta función, desde la ilusión y el compromiso de trabajo colectivo para sentar las bases sólidas de una justicia en la que puedan reconocerse los ciudadanos. Para terminar, agradezco a la señora presidenta de la Comisión y a los señores
diputados la atención que me han prestado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señora Bravo. Discúlpeme, porque cuando le he explicado el orden de las intervenciones, he debido decirle que van a intervenir, en primer lugar, los grupos que son
proponentes de la candidatura, que está compareciendo hoy en esta Comisión, y finalmente intervendrá el representante del grupo parlamentario que no ha firmado esa candidatura. Por tanto, vamos al primer bloque de intervenciones, el de los
grupos que proponen la candidatura que hoy está compareciendo, y lo vamos a hacer empezando por el señor Olabarría, del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora Bravo, por su exposición creíble y cuyo currículo acredita además su idoneidad para ocupar una figura tan relevante como la de vocal del Consejo General del Poder Judicial, órgano que no me es ajeno
y que conozco en sus interioridades, en sus tripas, utilizando una expresión no forense con cierto detenimiento. A usted, como fiscal, le ha correspondido lo que la Constitución les mandata, la defensa de la legalidad. Una expresión un tanto
tautológica en relación con lo relativo al mandato constitucional, pero ha aludido a dos cuestiones que resultan particularmente gratas para el grupo parlamentario al que yo pertenezco. En primer lugar, la posibilidad de invocar el derecho de
asilo. Le voy a hacer una reflexión, que podríamos compartir desde una perspectiva que me preocupa particularmente, que es la de las llegadas masivas de extranjeros, bien a través del procedimiento de cayucos, de salto de vallas, de pateras. La
invocación de cualquier tipo de derechos, puesto que se recurre sistemáticamente a la técnica o al procedimiento del retorno, donde el extranjero que llega no puede invocar ningún derecho porque no le corresponde ningún tipo de derecho, constituye
un abuso o un verdadero fraude de ley. No sé si usted puede compartir esta reflexión que hace mi grupo, pero cuando hay llegadas masivas de extranjeros ni se puede invocar la condición de perseguido político -por tanto, el derecho de asilo que le
pueda eventualmente corresponder- ni la posesión de un derecho en el Estado español o en otro Estado de la Unión Europea, o la posibilidad de arraigarse familiarmente, es decir, los procedimientos de regularización legal, porque cuando hay una
llegada masiva se recurre al procedimiento del retorno que es el único procedimiento que no provee de garantías jurídicas de defensa a los extranjeros que llegan. No sé si usted ha hecho una reflexión sobre este problema en materia de derecho de
asilo, donde me consta que a personas, que eran perseguidas y han llegado por este procedimiento, no se les ha permitido siquiera invocar esta posibilidad, y hasta qué punto esto ha constituido una preocupación suya personalmente y de la fiscalía en
general.
Otro tema particularmente directo para mí y para mi grupo parlamentario es la dedicación de la fiscalía a enfrentarse al problema o a la gran patología del mercado de trabajo cual es la siniestralidad laboral. Hasta que ha habido fiscalías
o fiscales especializados en este ámbito, tengo la impresión de que el gran cúmulo de trabajo que a los fiscales les corresponde en materia del ejercicio de la acción penal, enfrentarse al problema de la siniestralidad laboral ha constituido no la
prioridad, ni siquiera la segunda prioridad, sino una actividad cuasi marginal. ¿Esto se ha corregido en los últimos tiempos? Me gustaría que usted me lo confirme, desde la perspectiva de la fiscalía, si se está mejorando en este ámbito cuando,
como usted sabe, en el libro blanco elaborado por el Consejo General del Poder Judicial al que yo pertenecí, se considera que el delito, el injusto penal, vinculado a los derechos contra los trabajadores en materia de seguridad, es un delito en
blanco, un injusto penal, una tipificación en blanco que impide o dificulta notablemente la actuación de la fiscalía.
Tras estos breves prolegómenos van a ser muy breves también mis siguientes reflexiones. Usted accede a unas funciones sustancialmente diferentes a las que ha ejercido hasta este momento. Usted accede al órgano de Gobierno de la
Administración de Justicia; desde esa perspectiva, me gustaría conocer sus reflexiones, si ya las ha hecho, o sus inquietudes en relación con los problemas fundamentales de las distintas áreas de actuación del Consejo General del Poder Judicial.
Hay una primera cuestión, que es el problema del ingreso en la carrera judicial: problemas atinentes a la Escuela Judicial; problemas atinentes al sistema de ingreso basado en oposiciones, donde el sistema memorístico todavía tiene una gran
preeminencia; el sistema de preparadores, que no sabemos a veces si ayudan o si son verdaderos instrumentos de fidelización y de presión contra los propios preparados y que de alguna forma perturban el sistema de acceso -tras el paso por la carrera
judicial todavía quienes no superen las pruebas en la carrera judicial no pueden acceder a la carrera de magistrado-; el ingreso en el primer juzgado de entrada -una persona desde que acaba la carrera hasta que puede ingresar en el primer juzgado
realmente no ha vivido, porque ha pasado por este tránsito tan complejo donde uno se encuentra con una capacidad de aplicar el elemento de hermenéutica en que consiste la realidad social para comprender o para el ejercicio eficaz de la función
jurisdiccional-. No sé si hay reflexiones. El ministro de Justicia ha hecho reflexiones públicas, muy polémicas por cierto, sobre la modificación del sistema de ingreso en la carrera judicial. No sé hasta qué punto usted ha reflexionado sobre
esta cuestión que para mí es de terrible relevancia, porque el sistema de ingreso de la carrera judicial condiciona terriblemente la posterior eficiencia del ejercicio de una función tan importante como la función jurisdiccional.
En segundo lugar, en materia de calificación, de nombramientos, en la Comisión Constitucional nos encontramos con un elemento que quizás este Consejo General del Poder Judicial esté llamado a corregir. Existe una impresión, no carente de
fundamento, de que la calificación y fundamento se hace también en virtud de pactos un tanto espurios -vamos a utilizar expresiones perifrásticas para no entrar en derroteros particularmente peligrosos-, donde se reparten entre unas sensibilidades
judiciales políticas y otras sensibilidades políticas cuotas de reparto en aquellos cargos de designación discrecional
por parte del Consejo General del Poder Judicial. ¿Usted concibe algún procedimiento que pueda evitar este elemento, que es el elemento real de politización, la política de nombramientos y de calificación de méritos, del Consejo General del
Poder Judicial? Esta es una cuestión de terrible relevancia y sobre la cual merita una consideración por parte de los nuevos vocales, respecto a los cuales nosotros, los ciudadanos y también los representantes políticos, tenemos grandes
expectativas porque el anterior Consejo General del Poder Judicial, el saliente, ha llegado a una degradación, en cuanto al ejercicio de sus competencias, que obliga a una intensísima actividad de regeneración de la credibilidad del órgano a la que
ustedes posiblemente estén obligados en este momento.
En tercer lugar, y en cuanto al régimen disciplinario, ¡qué le voy a decir! Esto sí que es de rabiosa actualidad. Nos encontramos con situaciones que están en los periódicos estos días. No sé hasta qué punto, desde esa perspectiva, tanto
la funcionalidad como la coordinación entre unos órganos judiciales y otros, entre unos ámbitos u órdenes de la jurisdicción y otros -la justicia penitenciaria o de vigilancia penitenciaria, por una parte, la justicia penal ordinaria, y el propio
Consejo General del Poder Judicial- con las instituciones administrativas que gestionan las instituciones penitenciarias no deben ser objeto de mejora, y si el régimen disciplinario, que en este momento prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial en
relación a jueces y magistrados, debe ser objeto de rectificación o bastaría sencillamente con una actitud, que ha sido calificada por muchas personas, en mi opinión no sin fundamento, como de corporativa, en el momento de aplicar las prevenciones
que hay en materia de infracciones y de sanciones y procedimientos sancionatorios en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Estas son las grandes cuestiones que pueden regenerar un órgano cuya imagen ha resultado terriblemente dañada por el mal funcionamiento del saliente. Me gustaría conocer algunas de sus opiniones o reflexiones sobre estas cuestiones, que son
de capital importancia en opinión de mi grupo parlamentario. Quizá mi reflexión supone un exceso para un trámite de esta naturaleza; quizá esto requiere otras comparecencias ulteriores donde podamos detallar más, pero con una aproximación
conceptual a los problemas que le he planteado en este momento yo me daría por satisfecho, partiendo del presupuesto, señora Bravo, de que su idoneidad para el ejercicio de esta función, para mí y para mi grupo parlamentario, es absolutamente
indiscutible. No tenemos ninguna reserva mental respecto a su idoneidad y, además, le felicitamos leal y honestamente porque tenemos grandes esperanzas en el futuro Consejo General del Poder Judicial.
Sabemos que es el Consejo General del Poder
Judicial llamado a regenerar la credibilidad de un órgano tan importante en la estructura orgánica institucional y constitucional del Estado español.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, y en nombre de mi grupo parlamentario, quería agradecer la exposición inicial que la señora Bravo ha hecho ante esta Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados, Comisión
Consultiva que debe, finalmente, valorar la idoneidad de los candidatos propuestos. Ha habido una lista firmada por una mayoría de grupos, en la cual la señora Bravo figura, y entendemos que de su trayectoria profesional es importante destacar dos
hechos que pueden ser también relevantes en el futuro Consejo General del Poder Judicial, que esperamos pueda finalmente elegirse a lo largo de este mes de septiembre. Un primer hecho es su pertenencia a la carrera fiscal; es bueno, es positivo
que miembros de la carrera fiscal integren el Consejo General del Poder Judicial. Y un segundo hecho, que también queríamos destacar, es su trayectoria en el ámbito penal. Esta va a ser una legislatura, un mandato, en el cual también las reformas
penales tendrán un importante relieve y no solo por la recientemente anunciada reforma del Código Penal -además el proyecto de ley que pueda presentar el Gobierno va a tener que ser informado antes por el Consejo General del Poder Judicial y, por
tanto, será positivo que dentro del mismo existan vocales con experiencia en el ámbito penal, como es el caso de la señora Bravo- sino también por la tan anunciada y tan difícil de conseguir reforma del proceso penal, a través de lo que ya se ha
anunciado también como la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituirá a la actual decimonónica ley existente, que ha tenido diversos parches, pero parece oportuno hacer esa nueva redacción global. Por tanto, mi grupo no duda de su
idoneidad para formar parte del Consejo General del Poder Judicial.
Desea suerte a los nuevos vocales que integran el mismo, esperando -como decía también el señor Olabarría- que esa composición pueda realizar un trabajo más sosegado que el consejo
que ahora, con casi dos años de prórroga, va a finalizar su actividad. Esperamos que pueda haber un buen nivel de entendimiento.
Sí le quería preguntar, dada su trayectoria en ese ámbito penal también, qué criterio tiene sobre la necesidad o no de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, realizando una nueva ley que pueda ser emblemática al final de esta
legislatura.
Muchas gracias por su presencia aquí.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Bienvenida, señora Bravo. Creo que de su currículum y de la exposición inicial que ha hecho de su trayectoria se deduce con claridad su compromiso progresista con la Justicia, y de manera particular
con los derechos fundamentales de los menos favorecidos. En consecuencia, nada que glosar a su brillante y sincera exposición y a su no menos brillante currículum. Ya mis colegas, y especialmente el señor Olabarría, que es -como él ha señalado-
experto en el órgano al que
esperamos que tenga usted acceso tras su elección por esta Cámara, le han hecho preguntas muy concretas. Las mías son más sencillas o por lo menos tratan de serlo, y a lo mejor resultan más complejas o más largas. Me da igual cómo las
resuelva usted, pero quiero que me diga claramente cómo ve el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces y magistrados. ¿Considera usted que se trata de un órgano político? ¿Considera que es un órgano que debe estar o
no politizado? Le anticipo que considero que es un órgano de gobierno de uno de los tres poderes del Estado y, por tanto, que se trata de un órgano político; y le añado que me parece que nadie puede llamarse a escándalo porque un órgano de
gobierno de un poder de un Estado democrático se considere un órgano político. ¡Faltaría más! Considero también, en consecuencia, que estamos ante un órgano que debe ser un órgano integrado democráticamente; que la Constitución y las leyes que lo
desarrollan han querido que la representación de los jueces, magistrados, fiscales y demás operadores jurídicos esté tamizada por la representación asociativa, y no directamente por la apelación a la integración en partidos políticos de quienes han
de guardar neutralidad en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero eso no impide que en efecto se trate de un órgano político y también de un órgano responsable que, por tanto, ha de dar cuenta de sus actos a través de los órganos que tienen
adjudicada esa dación de cuentas, especialmente de su presidencia.
En segundo lugar, ¿cuáles son sus objetivos en este mandato del consejo? ¿Cuáles va a promocionar de manera particular? ¿Cómo ve la configuración general del mandato del consejo y cuáles cree que puede usted impulsar de una manera
particular, personal? ¿Cuál es el papel que cree que le corresponde al consejo en cuanto a la carrera fiscal, que es algo que como profesional de la carrera fiscal y presidenta y portavoz de una de sus asociaciones profesionales sabe muy bien que
es un tema no cerrado ni en la carrera fiscal ni en las opiniones más autorizadas? ¿Cuál es la relación del consejo con el Consejo Fiscal, con el fiscal general del Estado? ¿Cuál es su opinión al respeto? Y una última consideración: usted
pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, es su presidenta y portavoz, y convive en pugna legítima y absolutamente estimulante con la otra asociación de fiscales, que es la Asociación Profesional de Fiscales. ¿Cuál va a ser su actitud para
defender los intereses de unos compañeros y de otros, garantizar la independencia, y para que toda la carrera pueda ver en usted, una vez nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial, una valedora de toda la carrera fiscal? Muchas gracias
anticipadas y bienvenida.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora Bravo, bienvenida y enhorabuena. Nosotros también estamos muy orgullosos de haberla propuesto y es un honor para nosotros contar con su participación tan estimulante, tan ilusionada, en esta expectativa
que, como bien decía el señor Olabarría, es una esperanza de regeneración del consejo, que falta nos hace. Yo querría hacerle también unas consideraciones muy breves y plantearle algunas preguntas muy concretas.
La primera tiene que ver con la que hacía el señor Trillo, y que es importante, porque hay un debate político muy instalado en los medios de comunicación que viene a dar por sentado que los órganos institucionales, cuyo origen es la
propuesta de los partidos, están contaminados por los partidos o por la representación política de origen, aunque esta sea expresión de la soberanía popular, como es el caso del consejo, puesto que es evidente que es el Congreso de los Diputados, en
representación de la soberanía popular, origen de todos los poderes, el que establece el principio fundamental y democrático de elegir también al órgano de gobierno de los jueces. Pues bien, en la línea de lo que planteaba el señor Trillo, a
propósito de que este es un órgano político y cómo lo considera usted, me gustaría que especificara algo que la opinión pública no ha entendido bien. Me refiero a la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y la independencia del
órgano de gobierno de los jueces. Es importante clarificar, que nos dé su punto de vista, sobre lo que es el ejercicio de la independencia en la función jurisdiccional, principio fundamental de la acción en la Administración de Justicia, y cómo
interpreta usted que es la independencia en el ejercicio de la acción de gobierno del Consejo General del Poder Judicial sobre jueces y magistrados. Esta primera pregunta me gustaría que nos la explicara, porque es muy importante para clarificar
esta deformación que ha surgido a propósito del origen en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
La segunda cuestión que le quiero plantear se refiere precisamente también a algo que tiene que ver con el funcionamiento del consejo en los últimos tiempos y que ha dado lugar a problemas muy importantes, por lo que conviene saber un poco
su punto de vista. Por ejemplo, qué opinión tiene de la práctica disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Es perfectamente razonable que podamos escuchar de usted y de los diferentes miembros que van a pasar por este control de
idoneidad, qué opinión tienen y si se viene ejercitando, no en el actual consejo sino en todos los consejos del Poder Judicial, una práctica disciplinaria severa o leve, o corporativa o amiguista. ¿Cuál es su calificativo? No le oculto que hay una
sensación de alarmismo en este momento, por un caso bien conocido. En general, para quienes conocemos un poco la práctica judicial y la acción disciplinaria del consejo, personalmente es mi opinión, ha habido una actitud de falta de severidad en la
acción disciplinaria del mismo, que es una de las principales acciones del gobierno de los jueces.
Querría preguntarle también sobre las relaciones del consejo con el Poder Legislativo. Hemos tenido muchos problemas. Por ejemplo, el presidente del consejo se negaba venir aquí. Yo le pregunto: ¿A usted qué le parece? ¿Es razonable que
el presidente del consejo, aun atribuyéndose la función como presidente del Tribunal Supremo, pueda negarse a comparecer en el Congreso de los Diputados? ¿Qué votaría usted en un consejo en el que se planteara una cuestión a ese respecto? Otra
pregunta: ¿Usted cree que tienen que emitirse informes por parte del Consejo General del Poder Judicial, aunque ni el Gobierno ni el Congreso de los Diputados se lo pida, cuando no haya una atribución legislativa ad hoc? Estas preguntas son para
que nos diga cuáles son las funciones con las que usted quiere ejercer como miembro del consejo.
Por último, siendo como es su especialidad la actuación como fiscal en siniestralidad laboral y la investigación de los delitos en el caso de los menores, quiero hacerle una pregunta muy concreta. ¿Sería partidaria de trasladar a jueces
especialistas de menores a las audiencias para la incorporación de la segunda instancia de los casos de menores? ¿Cuáles son sus planes sobre la siniestralidad laboral o sobre la persecución de los delitos socialmente odiosos? Ya sea la xenofobia,
la violencia de género o los delitos laborales, ¿hay algún plan a este respecto por su parte?
Muchas gracias y enhorabuena.
La señora VICEPRESIDENTA: Con esta intervención ha acabado la de los grupos parlamentarios que son proponentes, que han suscrito la propuesta.
Por tanto, tiene ahora la palabra el señor Llamazares en representación de su grupo que no es de
los que han propuesto.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Nuestro grupo parlamentario no ha suscrito la propuesta, no porque tenga una valoración negativa de los propuestos, y en concreto de doña Gabriela muy al contrario, sino porque no ha sido consultado respecto a
estas propuestas, cuestión incomprensible y que nos afecta fundamentalmente a los grupos parlamentarios, pero que quiero manifestarlo en esta ocasión. No sé si con ello pagamos algún tipo de deuda en relación con nuestro papel en el anterior
Consejo General del Poder Judicial, pero estoy convencido -y además lo dirán las actas y quienes lo han conocido- que nuestra propuesta y nuestra representación en el anterior Consejo General del Poder Judicial fue excelente, independiente,
profesional y en muchos casos quizás estemos pagando que no entramos en la dinámica de la confrontación. Por lo menos, quiero manifestarlo para que quede así, porque pudiera parecer que no hemos sido consultados por menosprecio o por nuestro papel
en el anterior Consejo General del Poder Judicial, y creo que ninguna de las dos valoraciones puede ser justa. Prefiero pensar que ha sido un descuido, un olvido y, por tanto, que a nuestro grupo parlamentario sencillamente no se le ha tenido en
cuenta en la propuesta final.
En segundo lugar, quiero manifestar -ya que hay una polémica pública y aunque no participemos en la propuesta- nuestra opinión -además es una opinión constitucional y legal- de que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político,
por su elección y también por su función, el órgano de gobierno de los jueces. Por tanto, creemos que es legítima y oportuna la propuesta parlamentaria. Pero esto no tiene nada que ver en nuestra opinión con la degradación que hemos vivido en los
últimos años en el Consejo General del Poder Judicial, y mucho nos tememos que este acuerdo del que no hemos participado sea solamente un reparto y no un acuerdo y que finalmente la dinámica de degradación se mantenga. Espero también en este caso
que no sea así, haremos lo posible para ello y estoy seguro de que los nombrados harán lo posible por que se supere la degradación del órgano.
Los grupos parlamentarios en su momento acordaron un mecanismo escabinado, un mecanismo mixto de elección. Creo que por sus resultados ese mecanismo mixto de elección no solamente no ha mejorado el mecanismo puramente político, sino que ha
empeorado, desde el punto de vista de mi grupo, la partidización del Consejo General del Poder Judicial. Hoy por hoy el Consejo General del Poder Judicial, tal y como lo hemos visto en los últimos años, es un parlamento donde las asociaciones
profesionales se han convertido en grupos parlamentarios y donde la asociación mayoritaria es la que detenta el gobierno de los jueces. Creemos que eso ha degradado y degrada el órgano y sus funciones. No en vano la independencia se ha convertido
en injerencia política y no en vano la garantía del servicio público ha quedado menoscabada. En ese sentido, esperamos que esta propuesta -y por eso tenemos la mejor valoración de las propuestas que se hacen de sus componentes- sirva para provocar
un punto de inflexión en esta dinámica de partidización y parlamentarismo del Consejo General del Poder Judicial, aunque inexplicablemente no hemos sido convocados a estas propuestas y seguramente las hubiéramos compartido en el caso de haberlo
sido. Por ello nos vamos a abstener en esta materia porque tampoco queremos dificultar el funcionamiento del órgano, sobre todo porque hemos oído -y creo que es justo- que hay que dar la oportunidad de que el órgano funcione para luego hacer las
valoraciones. Esta es una crítica fundamentalmente política entre los grupos parlamentarios y una reflexión que espero sea la más benigna, que eso que he dicho antes del reparto no anuncie nuevas tormentas en el Consejo General del Poder Judicial,
sino que nos encontremos ante un punto de inflexión y que no sea solamente un reparto sino un acuerdo.
La señora VICEPRESIDENTA: Una vez que han intervenido todos los grupos parlamentarios, tiene usted la palabra señora Bravo.
La señora BRAVO SANESTANISLAO: En primer lugar querría agradecer a todos los componentes de la Comisión que hayan valorado positivamente mi currículum, mi aptitud y mi capacidad para desempeñar tan alto cargo. Son muchas las preguntas que
ustedes me han formulado, todas muy interesantes y yo estaría gustosamente aquí toda la tarde no para contestarlas en cinco minutos de forma telegráfica, sino para hacer una exposición como cada uno de los temas que ustedes me han planteado se
merece. Por deferencia al tiempo que ustedes me han marcado y a los compañeros que están esperando y porque estoy segura de que vamos a tener posibilidad de seguir dialogando, ya que es un tema que nos afecta a todos, voy a hacer una especie de
síntesis respecto a todo lo que se me ha planteado.
En primer lugar, quiero manifestar que me parece muy positivo y muy acertado -y creo que hay que felicitar a los grupos políticos que han llegado a este consenso- que hayan incorporado a dos representantes del ministerio fiscal. Lo digo con
sinceridad y con mucha alegría porque entiendo que en el camino de la justicia el ministerio fiscal, como todos ustedes saben y como así lo establece el artículo 124, es un órgano esencial para que funcione y es uno de los garantes de las
instituciones constitucionales, garante también de la independencia del Poder Judicial, así lo establece el artículo 3 del estatuto orgánico. Es una de nuestras funciones velar por la independencia del Poder Judicial, y la colaboración e
interrelación entre estas instituciones es necesaria y trascendental para que la justicia siga avanzando.
En segundo lugar, quiero manifestar que con relación a los temas que he desarrollado a lo largo de mi carrera profesional y que les he expuesto en esta comparecencia sobre la materia de siniestralidad laboral o inmigrantes, pueden estar
ustedes seguros de que mi sensibilidad, mi compromiso y mis ganas de seguir trabajando no van a decaer por el hecho de que el artículo 124, sobre el ministerio fiscal, va a quedarse ahí, porque ahora voy a formar parte del Consejo General del Poder
Judicial, que tiene una serie de funciones encomendadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. No es así. Estamos en el mismo barco, estos intereses son trascendentales y por supuesto van a ser temas prioritarios. No puedo anticipar en qué
materia voy a trabajar ni qué puntos voy a desarrollar, pero sí les puedo asegurar que toda la cuestión de derechos fundamentales me preocupa muchísimo, creo que es una garantía esencial de un país democrático y que desde la justicia, desde los
órganos de gobierno, desde cualquier órgano jurisdiccional, hay que tener claro siempre los valores de la Constitución.
En tercer lugar, sobre las cuestiones que ustedes me han planteado en materia disciplinaria, sobre ingreso en la carrera judicial o nombramientos, de una forma sintética les quiero expresar que soy consciente de que estamos ante unas
materias que necesitan una profunda reflexión. Tenemos que reflexionar, tenemos que estudiar la forma y manera de mejorar. Nos estamos encontrando con fórmulas obsoletas, como ocurre por ejemplo en el ingreso, lo cual no significa que el sistema
de oposición sea malo, sino que este sistema habrá que mejorarlo. Desde el Consejo General del Poder Judicial y desde el cargo que voy a ocupar me puedo comprometer a estudiarlo y a trabajar en ello con la voluntad de conseguir jueces que, aparte
de tener la formación adecuada para poder resolver los conflictos jurisdiccionales, tengan la dosis de realidad social necesaria para poder desarrollar su trabajo e interpretar las leyes conforme establece nuestro Código Civil y nuestra
Constitución.
Con relación a la materia disciplinaria, no voy a entrar en este debate.
No voy a hacer una valoración porque, como todos ustedes saben, hay un tema muy candente estos días que el pleno tendrá que resolver, y si yo en este momento entrara a
valorar este tema, seguramente quedaría inhabilitada, con lo cual siento no hacer ningún tipo de declaración, ni siquiera anticiparles nada, pero les puedo asegurar que mi trabajo en el Consejo General del Poder Judicial va a ser todo lo exhaustivo,
minucioso, comprometido, objetivo e imparcial que el principio de legalidad y que la sujeción al imperio de la ley establece.
En cuanto a la pregunta de qué tipo de órgano es el Consejo General del Poder Judicial, como el señor Jáuregui y el señor Trillo han manifestado, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que el señor Trillo ha realizado respecto a
las funciones del consejo y a la naturaleza jurídica y que estamos hablando del tercer poder del Estado. Estamos hablando del Poder Judicial que la propia Constitución, para evitar injerencias y que no esté sometido a ningún otro poder, establece y
prevé, un órgano garante de esta independencia del tercer poder del Estado, que son los ciudadanos, y este es el Consejo General del Poder Judicial. Me parece muy acertado que sean las Cámaras, los representantes de los ciudadanos, quienes
intervengan en la elección de los representantes del tercer poder del Estado, dado que la justicia emana del pueblo. En absoluto considero que el hecho de que las Cámaras nos tengan que proponer y votar determine la politización, ni siquiera la
ambivalencia de los miembros o de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Considero que todas las personas propuestas son profesionales de gran valía, que todos venimos de trabajar en el ámbito de la justicia y que desde nuestra
experiencia, en la mía particularmente, vengo de trabajar diariamente aplicando el principio de legalidad sin recibir órdenes, sin someterme a cuestiones partidistas y sin entrar en debates públicos, sino procurando siempre cumplir el mandato
constitucional. Les puedo asegurar que ahí se va a centrar nuestra mirada y el trabajo que tengamos que desarrollar. En definitiva, el nuevo Consejo General del Poder Judicial tiene un gran compromiso, tiene un gran trabajo pendiente y vamos a
procurar con tesón que la justicia siga avanzando, porque a quien vamos a favorecer es al ciudadano.
La señora VICEPRESIDENTA: Quiero disculpar al señor Llamares, que se ha tenido que ausentar porque tenía que asistir al funeral que se va a celebrar por las víctimas del accidente, por no haber podido despedirse personalmente de usted.
Muchísimas gracias por su comparecencia. Espero que haya sido productiva tanto para los representantes de los grupos como para usted.
La señora BRAVO SANESTANISLAO: Gracias a ustedes.
- DEL CANDIDATO DON JOSÉ MANUEL GÓMEZ BENÍTEZ.
La señora VICEPRESIDENTA: Don José Manuel Gómez Benítez, bienvenido a esta Comisión consultiva de Nombramientos como miembro integrante de la candidatura a vocales del Consejo del General del Poder Judicial que han firmado los grupos
parlamentarios que están representados en esta Mesa.
Voy a explicarle la mecánica que vamos a seguir para su comparecencia. En primer lugar, interviene usted por un tiempo de unos cinco minutos y luego van a intervenir los grupos, todos ellos
proponentes de la candidatura. En primer lugar, lo hará el señor Olabarría como representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y a continuación el señor Jané, representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor
Trillo por el Grupo Parlamentario Popular y el señor Jáuregui por el Grupo Parlamentario Socialista. Cuando ellos hayan acabado de intervenir usted globalmente contesta a sus intervenciones y si hubiera necesidad de un segundo turno, ya lo
consideraríamos en ese momento. Esté usted tranquilo y no se preocupe porque el tiempo solo se mide a los diputados. Cuando quiera tiene la palabra.
El señor GÓMEZ BENÍTEZ: Para aprovechar con la mayor intensidad posible el tiempo que me han dado y como ya estoy acostumbrado a que en los tribunales me pidan brevedad en el informe, señor letrado, voy a ser muy escueto.
Sin que esto sirva como crítica al Consejo General del Poder Judicial que todavía está en funciones, en mi opinión el servicio público de la Administración de Justicia es manifiestamente mejorable y espero poder aportar mi experiencia como
abogado en todos los órdenes jurisdiccionales y en gran parte de la geografía española y también, como profesor que ha formado ya a unos cuantos jueces y fiscales en materias penales, espero poder colaborar a hacer mejor eso que creo que es
manifiestamente mejorable. Creo que es mejorable en cuanto a su funcionamiento; lo es también en materia de optimizar los medios económicos; también es mejorable en materia de optimizar los medios personales y, por supuesto, la calidad del
servicio. En mi opinión, esta función de mejora que los ciudadanos están requiriendo no solo se puede lograr a través del ejercicio de las propias competencias del Consejo General del Poder Judicial, sino también a través de la colaboración entre
los tres poderes del Estado, porque en definitiva tendremos que servir comúnmente al mejor bienestar de los ciudadanos en materia de Administración de Justicia. Eso se hará mediante los informes o dictámenes que tenga que evacuar el Consejo General
del Poder Judicial, pero también mediante una constante y continua proximidad con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo haciendo sugerencias sobre lo que se considera necesario para poder mejorar y optimizar el funcionamiento de la
Administración de Justicia.
Voy a poner tres o cuatro ejemplos muy breves, en mi opinión claros de lo que es manifiestamente mejorable. Insisto en que no lo he conocido desde esta perspectiva -si ustedes me conceden su confianza, lo conoceré desde dentro del Consejo
General del Poder Judicial-, pero sí durante más de veintitrés años a través del ejercicio de la abogacía.
Creo que es manifiestamente mejorable la inspección y que es muy importante que mejore la de los tribunales, porque es lo que nos permite tener un conocimiento real de lo que está ocurriendo, prevenir lo que todos deseamos evitar y en su
caso sancionar conforme a la ley las conductas que merezcan ser disciplinariamente sancionables.
El tema de la sobrecarga de trabajo de algunos juzgados -de muchos juzgados pero por supuesto no de todos- es preocupante, pero en mi opinión no siempre tiene que ver con la necesidad de más medios personales o más medios económicos. Con
frecuencia -insisto- hay que optimizar, a través de las correspondientes reformas en algunas ocasiones y otras veces mediante una mejor organización de la oficina judicial y de los propios juzgados y tribunales, lo que ya se tiene. A veces es más
una cuestión de tecnología o de su correcta aplicación y por supuesto de reformas en la organización de esas estructuras judiciales lo que hace que esa sobrecarga se vaya acumulando y en consecuencia a veces sean posibles situaciones no deseadas.
También es muy importante mejorar la formación y tal vez la selección de los jueces, magistrados y fiscales; la formación porque creo que tenemos que tender a una especialización que nos permita lo que he señalado antes como optimizar los
medios personales. A mí siempre me ha llamado la atención que jueces de instrucción, por ejemplo, con antigüedad, con una gran capacidad y una gran formación todavía tengan que estar haciendo juicios de faltas una o dos veces a la semana. Creo que
eso es un desperdicio de medios personales, de cualificación y que desde mi punto de vista no colabora -es un ejemplo, pero podría haber otros- aprovechar al máximo la formación especializada en muchas ocasiones de los jueces, magistrados, etcétera.
Sobre la selección, probablemente tendríamos que entonar un mea culpa desde la universidad, donde empieza la formación e interiormente, obviamente, la selección de las personas que acceden a estos cargos de la magistratura. Creo que el sistema es
francamente mejorable. Hay experiencias en las cuales ha funcionado menos bien, otras mejor, pero en todo caso hay mucho que pensar al respecto y mucho que hacer desde mi punto de vista.
Finalmente -termino ya-, me gustaría aportar al Consejo General del Poder Judicial lo que es la experiencia desde la abogacía. Como ustedes saben, la abogacía es fundamental para la Administración de Justicia. La voz de la abogacía con
toga aporta una serie de experiencias muy interesantes y facilitará la colaboración con los colegios de abogados, con el Consejo General de la Abogacía. En ese sentido, espero que esta voz de la abogacía sirva también para esta función de mejora
del servicio público de la Administración de Justicia, del que he empezado hablando y con el que termino estas palabras.
La señora VICEPRESIDENTA: Como he dicho, vamos a pasar ahora a las intervenciones de los grupos parlamentarios. Para ello tiene la palabra en primer lugar el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Gómez Benítez, cuenta con nuestra adhesión. No tenemos ninguna duda sobre su cualificación en un Consejo General del Poder Judicial que va a tener una gran relevancia y sobre el que se han generado grandes
expectativas basadas sobre todo en las posibilidades -esperemos que sean ciertas- de regeneración ante el deterioro de la credibilidad en que ha incurrido el saliente, dicho lo cual, me gusta mucho una expresión que usted ha utilizado, la de
servicio público de la justicia, porque sabe que esta no es una expresión pacífica en el ámbito de la carrera judicial. Hay jueces y magistrados que pretenden hablar de un poder del Estado, Poder Judicial, y eluden específicamente -por razones
ideológicas en el sentido más aristotélico del término- la expresión servicio público. Yo opto por la expresión servicio público inequívocamente. Creo que la Administración de Justicia es un servicio público, cuyo poder o legitimidad originaria
dimana evidentemente de las Cortes del Estado que es donde reside la soberanía nacional, y el sistema de elección de sus componentes, del órgano de gobierno -evidentemente, no de los jueces y magistrados- debe dimanar de las Cámaras, de la
institución parlamentaria en definitiva.
Ha dicho dos cosas importantes. Yo he sido miembro vocal del Consejo General del Poder Judicial y ha habido una relación un tanto esquizofrénica con la abogacía y con el Consejo General de la Abogacía.
Ha habido mecanismos de colaboración
importantes, sobre todo en materia de formación de jueces y magistrados -recíproca, porque era también formación para los propios abogados-, desarrollados en la época de Eugenio Gay y de sus sucesores -en la época del señor Carnicer-, pero también
ha habido grandes tensiones y quizás un representante ilustre de la abogacía como usted puede contribuir a limar las tensiones que a veces enfrentan a los jueces y tribunales con los abogados a través de sus organizaciones o de sus estructuras
orgánicas. Es imprescindible la existencia de abogados; los ha habido y los tendrá que seguir habiendo, aunque sea para cumplir con esta importante función.
Ha hablado usted de la inspección. La inspección es notablemente mejorable. Lo que pasa es que cuando hablamos de la inspección hay que hablar en un doble ámbito; primero de la eficiencia de la inspección que ejerce el propio Consejo
General del Poder Judicial, pero luego también de la inspección que está atribuida a los tribunales superiores de Justicia. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Aquí tenemos pendiente todavía la gran transformación del Consejo General del Poder
Judicial, que es su ajuste a la estructura de un Estado que no es unitario, sino que es autonómico, y me gustaría conocer su opinión sobre las funciones y sobre la pertinencia de la creación de los consejos autonómicos del Poder Judicial y si en su
opinión sus funciones debían ser equivalentes u homónimas a las que ejerce el propio Consejo General del Poder Judicial en el ámbito territorial correspondiente a los mismos.
Ha hablado del ingreso en la carrera y yo soy una persona muy crítica con este punto. Lo he comentado con la anterior compareciente. No creo que sea razonable que una persona que acaba la carrera de Derecho, que tiene que superar una
oposición de las calificadas en términos convencionales de difíciles, que se tiene que someter a la tiranía a veces o a los servicios prestados por un preparador, que ese preparador además tiene que posibilitar que haya más suerte que la que poseen
otros preparadores, que ha de pasar por una escuela judicial donde todavía puede ser una persona suspendida después de pasar dos años en Barcelona en la Escuela Judicial y que ha de ingresar en un juzgado de entrada todavía como juez adjunto por una
temporada, empiece a ejercer sus funciones jurisdiccionales pasados los 31 ó 32 años, no solo por la dimensión memorística que tiene el ingreso, el sistema de recluta o de ingreso en la carrera, sino porque hay que incorporar otros elementos que
agilicen de alguna manera la preparación de jueces, quizá dando menos dimensión a lo memorístico, a los estudios, incluso a la presencia o estancia en la carrera judicial, y trabajando más bajo la tutela de un juez o un magistrado en activo, que es
donde realmente se aprende, como todo en esta vida.
Quiero comentarle que hay otras materias, pero hay un elemento de despolitización en un órgano que ha tenido o tiene en este momento -y no sin fundamento- la vitola de órgano politizado, cuando la neutralidad debía ser la característica que
imprimiera a sus funciones, que son las de nombramientos y de calificación. Cuando estamos hablando de un órgano que nombra a los magistrados de todas las salas del Tribunal Supremo, que nombra a los presidentes de los tribunales superiores de
Justicia de las comunidades autónomas, que nombra a todos los magistrados de las salas de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas
con criterios de pura discrecionalidad, tenemos que buscar elementos de calificación y de nombramientos neutrales. A eso es a lo que están llamados ustedes si queremos evidentemente regenerar la credibilidad de un órgano que no se ha
caracterizado precisamente por su neutralidad, particularmente por el torticero ejercicio de la función de nombramientos y calificación.
Por último, me referiré a un tema de rabiosa actualidad, sobre el que, por razones obvias, no le voy a exigir un pronunciamiento, y es hasta qué punto considera usted que el régimen de sanciones, el régimen disciplinario, el régimen
sancionador debe ser objeto de reflexión, sobre todo para los legisladores que somos los llamados, seguramente en esta legislatura, a reformar una Ley Orgánica del Poder Judicial, que siendo del año 1965 y habiendo tenido dos reformas posteriormente
ya ha resultado inadecuada para los requerimientos de una justicia eficiente, que es lo que la sociedad nos reclama.
Son muchas preguntas, le pido disculpas por la prolijidad de las mismas, pero son cuestiones que nos interesan particularmente.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Quiero agradecer al doctor José Manuel Gómez Benítez su presencia hoy en esta Comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados y agradecerle el diagnóstico inicial que ha realizado en su breve exposición. Ha
realizado un diagnóstico que demuestra el conocimiento de las funciones del órgano del que es candidato a formar parte, el Consejo General del Poder Judicial, y demuestra también su conocimiento de aspectos de flaqueza clara, de deficiencia clara en
el funcionamiento -y coincido con el señor Olabarría- del servicio público de la justicia. Ese propósito de mejorar la inspección, de optimizar los medios personales y materiales es un esfuerzo que debe realizar el órgano de gobierno. Más allá de
las mayorías y minorías que en el mismo se den, debe haber en ese órgano de gobierno personas, vocales con esa voluntad inequívoca de querer mejorar el funcionamiento de la justicia, de optimizar los medios que se tienen y mejorarlos. Por tanto,
coincido plenamente con ese diagnóstico y con esas medidas de impulso que entre todos debemos abordar.
Quería hacerle dos preguntas simplemente. La primera viene al hilo de reformas estatutarias ya aprobadas, en las que de manera muy clara el órgano de gobierno del Poder Judicial va a compartir también responsabilidades con órganos de
gobierno a nivel de comunidades autónomas. Esto va a suponer en este mandato un cambio en las funciones del órgano. Este portavoz que le habla está convencido de que ese intento de optimizar los recursos y los medios materiales va a ser más
atendible desde unos consejos de justicia de las comunidades autónomas, que pueden ayudar y mucho, atendiendo sobre todo a que las comunidades autónomas tienen competencias en el ámbito de lo que llamamos el personal al servicio de la Administración
de Justicia. Por tanto, hay un camino por recorrer y va a ser apasionante la labor de este consejo. Yo les deseo éxito, pero me gustaría conocer su opinión al respecto.
Un segundo aspecto por el que me gustaría preguntarle es que, toda vez que se ha anunciado esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por parte del Gobierno, por tanto, habrá previsiblemente un proyecto de ley en los próximos meses,
hay un aspecto que ha anunciado el ministro de Justicia, que ya le adelanto que nuestro grupo comparte, que es el hecho de que esta Cámara, este Congreso de los Diputados pueda también someter a audiencias y a comparecencias a vocales que van a
tener responsabilidades concretas dentro del consejo y que, por tanto, en ocasiones se nos pueden plantear aspectos que no funcionan bien y que el vocal responsable de ese ámbito pueda venir a la Comisión de Justicia o a la Comisión que se considere
más oportuna del Congreso de los Diputados y someterse a una comparecencia como cargos públicos que van a ser. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Ya le adelanto la enhorabuena por la labor que deben realizar y les deseo la máxima suerte y
el máximo empeño en una tarea que no es fácil.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señor Gómez Benítez, bienvenido.
Su currículo le avala, tanto como jurista como abogado en ejercicio, para ser un excelente vocal del Consejo General del Poder Judicial y por eso el Grupo Popular ha
suscrito su propuesta como vocal del nuevo consejo.
Ha hecho usted una exposición inicial que me gustaría que sirviera también de esquema para su recapitulación. Ha hablado de inspección, de atasco, de formación, de selección y de su condición de
abogado. Déjenme añadirle solamente en el tema de la inspección que, siendo una función capital del consejo, me gustaría que en esta legislatura que emprenden, en este mandato del gobierno de los jueces, hicieran especial hincapié en esa cláusula
tan poco desarrollada de que los jueces y magistrados son también responsables. He tenido ocasión en el pasado por mi pertenencia a otro órgano del Estado, al Consejo de Estado, de atender y dictaminar las reclamaciones de los particulares sobre el
error judicial y sobre el mal funcionamiento de la Administración de Justicia. He visto crecer, con un crecimiento estrictamente vegetativo, las reclamaciones por error judicial y mal funcionamiento. En días como hoy, en los que creo que debemos
especialmente ser delicados con ustedes, los que han de coger el testigo de quienes ahora dejan su mandato, resulta especialmente clamoroso que el Consejo General del Poder Judicial y los jueces y tribunales tienen que saber asumir su
responsabilidad como cualquier otro poder democrático del Estado, tienen que saber dar
cuenta de sus actos, tienen que hacerlo con proporcionalidad y, si me apura, lo tienen que hacer con mayor ejemplaridad que quienes están sometidos a su enjuiciamiento. Por tanto, tienen que vedar cualquier asomo o cualquier velo o sospecha
de corporativismo. Si es menester reformar las leyes para que eso no ocurra, pues se reforman. Estoy seguro de que usted como yo, abogado en ejercicio, compartirá estos razonamientos y, por qué no decirlo, estos sufrimientos. Le animo a que sea
un estímulo durante todo su mandato, responsabilidad.
No voy a entrar, señora presidenta y señor Gómez Benítez, en la disquisición sobre el servicio público, la función soberana del Estado, lo que tiene de servicio, lo que tiene de función, lo que tiene de poder, lo que tiene de administrativo,
lo que tiene de autonómico y lo que tiene de central. Es más, siendo siempre apasionantes y provocadoras las intervenciones de mi gran amigo y compañero del Congreso de tantos años, el señor Olabarría, casi estoy por sugerirle y pedirle que no lo
haga usted. Porque muy prudentemente, quien le ha antecedido en la comparecencia, doña Gabriela Bravo Sanestanislao, ha dicho cuál era su visión del consejo y cuál era su visión de este mandato, pero no ha querido entrar en esas piedras de toque
que -se lo digo con todo aprecio, señor Gómez Benítez, de verdad, y con todo afecto de compañero- podrían convertirse hoy en piedras de escándalo si usted entra en todos los retos que le han planteado el señor Olabarría y el señor Xuclà. Son
efectivamente los grandes temas, pero creo que ustedes han de formar, sobre todo, un equipo que dé esperanza a los ciudadanos sobre esa necesaria modernización de la Administración de Justicia, sobre su por supuesto necesaria e intocable
independencia y también sobre la responsabilidad, a la que yo le pido que, como catedrático de Derecho Penal y como compañero de la abogacía, esté especialmente atento. En todo caso, mucha suerte y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Finalmente tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor Jáuregui ATONDO: Señor Gómez, encantado de saludarle y de darle la bienvenida a este órgano. Nosotros, como mis compañeros, le manifestamos nuestra satisfacción y ya le anunciamos la opinión favorable sobre la idoneidad sobre sus
cualidades. Hay una cosa que conviene destacar y es que es usted un abogado en ejercicio, es un operador jurídico de lo que llamamos el servicio público de la justicia, como antes comentábamos, y probablemente es una de las personas que mejor sabe
cómo funciona la justicia en muchas administraciones territoriales de la justicia, en muchas comunidades. Es un observador privilegiado de los múltiples defectos y de las múltiples materias que hay que corregir y mejorar en este servicio básico de
nuestro Estado de derecho. Ha sido un acierto proponerle, desde luego su currículo le avala y su presentación breve lo ha corroborado. Únicamente le quería comentar dos cuestiones que me parecen de interés.
Una primera es a propósito del ejercicio de la independencia: la necesidad de que el consejo asegure la función jurisdiccional independiente -esa sí debe de ser independiente-, sin perjuicio del carácter político del órgano que gestiona a
los jueces y a los magistrados. Hay que diferenciar -ya lo he dicho también con la señora Bravo anteriormente- el principio de la independencia en la función jurisdiccional, sin perjuicio de la fuerza que tiene el nombramiento de los miembros del
consejo como órgano de gobierno por la máxima expresión de la soberanía popular, que son las Cortes. En ese sentido, me gustaría una reflexión sobre la aplicación de ese principio de la independencia.
Una segunda cuestión que también me parece importante es cómo ve la búsqueda del consenso en el seno del consejo. La impresión que tenemos quienes no hemos estado en él pero hemos vivido las experiencias de consejos anteriores es que al
final el consejo se fractura demasiado y, aunque es legítimo que haya concepciones ideológicas o soluciones técnicas diferentes a problemas de la justicia, y no pasa nada, uno acaba concluyendo que no siempre es bueno que el consejo acabe matemática
o mecánicamente dividido en dos fracciones. Le hago esta reflexión para conocer su punto de vista sobre la conveniencia del consenso en el seno del consejo, incluso sobre la aceptación de lo que de manera incorrecta se llama el bloqueo o las
minorías de bloqueo del consejo. En la anterior legislatura se aprobó en esta casa una reforma del modelo, de las fórmulas de decisión del consejo en materia de nombramientos y algunas otras que exigen mayorías consensuadas. Ese principio debe
prevalecer, es importante que se instale en el funcionamiento del consejo, no solo por mandato de la ley, que obliga a consensuar y obliga a las que eran mayorías, antes minorías, y ahora puedan ser mayorías. Es muy importante que usted también nos
dé una visión respecto de cómo le gustaría que funcionara el consejo desde esta perspectiva.
Quisiera darle la enhorabuena por su futuro nombramiento y expresarle nuestro agradecimiento.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene ahora la palabra el señor Gómez Benítez para contestar a las intervenciones de los grupos parlamentarios.
El señor GÓMEZ BENÍTEZ: Quiero darle las gracias por sus palabras y, con la brevedad que requiere el caso, agradecerles también el reconocimiento de mi idoneidad y de mi currículum. Paso a responderles.
No entro en servicio público o poder del Estado. De una manera muy sibilina he dicho primero servicio público y luego he dicho que tenemos que colaborar los tres poderes del Estado. Pero me gusta entrar en las cosas. A los ciudadanos les
gusta oír hablar de servicio público. Estamos a su servicio, somos altos cargos y tenemos que mejorar los servicios porque tenemos que
mejorar el bienestar de los ciudadanos, y a nosotros nos corresponde una función clarísima de mejora en el ámbito de la justicia. El que no quiera entrar en ese juego no debería de estar sentado en esta mesa en la que me encuentro yo en
este momento.
Está pendiente de ajuste la reforma en materia de acumulamiento del Estado autonómico de los consejos autonómicos del Poder Judicial. Estoy completamente de acuerdo. Cuanto más se profundice más cerca se estará de los ciudadanos, más
posibilidades habrá de hacer las cosas mejor y ganaremos en mejorar los mecanismos de compenetración y colaboración entre las comunidades autónomas y la Administración central del Estado.
En cuanto a las críticas al ingreso en la carrera judicial -el tema de los preparadores, la Escuela Judicial-, es un modelo francamente caduco. No se debería permitir que ese modelo se perpetuara más allá de lo imprescindible para
sustituirlo por algo mucho mejor. Como consta en mi currículum, he estado en algunos tribunales de ingreso en las oposiciones de la carrera fiscal y carrera judicial, y lo que he comprobado es que ahí el sistema sirve poco y que la gente se va
formando en el ejercicio, muchas veces con poco tiempo por exceso de trabajo para complementar su formación, con un gran trabajo de la Escuela Judicial, del Cendoj, etcétera. Pero la deficiencia teórica posterior es notable, porque les come el
trabajo.
En cuanto a la despolitización (yo creo que el problema no es la despolitización, lo es también, desde luego, a la vista de experiencias anteriores, pero tan importante como eso es la descorporativización), no podemos estar bajo la sospecha
-que a veces se ha hecho de otros cuerpos de la Administración del Estado, incluso de los cuerpos de catedráticos de universidad, etcétera- de actuaciones corporativas. Y eso se evita fundamentalmente en los nombramientos. Solo hay una solución -y
la ha apuntado usted, señor Olabarría-, reducir el ámbito de discrecionalidad, reglar mejor el sistema de fundamentación de los criterios que permiten esa selección. Y en la medida en que eso funcione, potenciar el sistema esencial para que haya
justicia, que es el recurso frente a eventuales errores o valoraciones incorrectas.
Sobre el régimen disciplinario, planea sobre todos el tema que todos sabemos y agradezco que no haya preguntas. En mi opinión, el sistema disciplinario, a lo mejor no necesita una reforma legislativa; hay que aplicarlo bien; tiene que
funcionar bien la comisión disciplinaria; tiene que haber un control adecuado del pleno; tenemos que acostumbrarnos a cumplir los plazos para tramitar los expedientes y en poner las sanciones, porque el Tribunal Supremo está siendo muy estricto en
esta materia, con razón. El tema de la inspección prácticamente ha sido suscitado por todos ustedes. La inspección -y me gusta también que quede constancia- tiene, yo creo, una gran cantidad de personas dedicadas a ello. Tiene, probablemente,
unos extraordinarios medios económicos. El Consejo General del Poder Judicial debe hacer una reflexión, desde mi punto de vista, sobre el sistema de control de la inspección por parte del pleno, porque, como saben ustedes, hasta ahora
-probablemente por imposición legal, pero se puede interpretar de otra manera- el presidente del Consejo General del Poder Judicial delega en un vocal; y ese vocal es el que ejerce funciones de control sobre la jefatura de servicio de inspección.
Y eso deja al resto del consejo muy marginado. Yo no sé cuál sería la solución, pero sí merece la pena -y este es uno de los objetivos que me he marcado- abrir una reflexión sobre cómo implicar más al consejo en el control del funcionamiento de la
inspección de tribunales.
Al señor Jané le agradezco mucho sus palabras. El gran reto, obviamente, es optimizar. Ya le he respondido: sobre las reformas estatutarias, sin ningún tipo de reserva por mi parte, creo sinceramente en el Estado de las autonomías y en
que ha perfeccionado de manera histórica e inmensurable el funcionamiento de nuestro Estado. Y, por supuesto, las audiencias a vocales me parecen un síntoma de modernidad. El vocal responsable de la comisión disciplinaria, o de la comisión equis,
tiene que estar dispuesto a hacer frente a su responsabilidad y a la función de control por parte del Congreso que es quien, en definitiva, le ha nombrado.
Quiero dar las gracias al señor Trillo. Ha añadido algo en materia de inspección, y es la responsabilidad. Ha hecho hincapié en el tema de la proporcionalidad, pero también en la necesidad de ser estrictos en la exigencia de
responsabilidades, tanto por error como por cualquier otro tipo de anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Creo que la comisión disciplinaria, si funciona bien, es uno de los mecanismos que nos van a aproximar mejor a los
ciudadanos, y que harán que se comprenda -en su momento, en momentos que son puntuales, que no son normales, que son excepcionales- que el nuevo consejo está ejercitando las funciones de una manera correcta y comprensible por los ciudadanos.
Al señor Jáuregui, además del agradecimiento, quiero rogarle que no me llame señor Gómez, sino señor Gómez Benítez; pero no por nada, porque yo no tengo nada contra los Gómez, sino porque somos muchos más los Gómez Benítez. (Risas.) Somos
operadores de la justicia. Los abogados, algunos, tenemos una buena experiencia ya como observadores, y eso ha sido el reto que me ha movido a aceptar, próximo el final de mi vida profesional, esta nueva perspectiva, esta nueva forma de ver desde
dentro la Administración de Justicia.
En cuanto a la independencia, asegurar la función jurisdiccional independiente es esencial. Eso está fuera de duda y es una de las funciones que a veces los consejos del Poder Judicial no han cumplido con la debida firmeza. Es un órgano de
gobierno de los jueces y, por tanto, es un órgano político, pero obviamente no hay que confundirlo con la politización en el sentido al que usted se ha referido de los grupos enfrentados. Vuelvo a decir
que donde más problemas se producen es en los nombramientos. Tenemos que ser capaces de superar el corporativismo, de objetivar los nombramientos, como se ha hecho en otros sectores de la Administración y no ha pasado nada. Desde mi punto
de vista, las minorías de bloqueo han sido un avance extraordinario que nos va a forzar en este Consejo General del Poder Judicial a romper necesariamente ese grupo de consensos. La minoría de bloqueo debería ser el sistema habitual de trabajo. En
cualquier caso, más allá de las buenas intenciones que supongo que todos los candidatos a vocales manifestamos al principio, espero no defraudar y venir aquí, si ustedes estiman conveniente mi comparecencia para controlar mi función, a confirmar que
he hecho mis deberes.
La señora VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna petición de intervención? (Pausa.) Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero manifestar mi agradecimiento por la prolijidad y por haber entrado en todos los temas a pesar de algunas admoniciones que hemos escuchado aquí.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez Benítez. Que tenga mucho éxito.
- DEL CANDIDATO DON FERNANDO DE ROSA TORNER.
La señora VICEPRESIDENTA: Don Fernando de Rosa Torner, sea bienvenido a esta Comisión consultiva de nombramientos como integrante de la candidatura que han presentado los grupos parlamentarios aquí presentes a las vocalías del Consejo
General del Poder Judicial. Le voy a explicar cómo va a ser la mecánica. Tiene usted un primer turno de cinco minutos para hacer su exposición inicial. Luego intervendrán los grupos parlamentarios firmantes de la propuesta de candidatura. En
primer lugar, el señor Olabarría, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Jané, por el Grupo catalán (Convergència i Unió); el señor Trillo-Figueroa, por el Grupo Popular, y el señor Jáuregui, por el Grupo Socialista. Una vez hayan
acabado, tiene un último turno para contestar a lo que le hayan preguntado o sugerido y salvo que hubiera un segundo turno para cualquier intervención, daríamos finalizada su comparecencia.
Señor De Rosa tiene la palabra.
El señor DE ROSA TORNER: En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento y el honor que ha supuesto ser propuesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial, ya que debido a mi trayectoria y vocación evidentemente judicial es todo
un honor. Quiero mostrar, en primer lugar, esta manifestación.
Voy a realizar mi presentación. Estudié en la facultad de Derecho de Valencia en la universidad pública durante los años 1976-1981. Luego cuando acabé la carrera me puse a preparar la oposición y aprobé en octubre de 1984. Estuve en la
Escuela Judicial hasta mayo de 1985, hasta que fui destinado como primer destino el Juzgado de Distrito número 2 de Torrent. Al poco tiempo pasé al Juzgado de Distrito número 6 de Valencia y de ahí ascendí a magistrado en el año 1989, cuando pasé
al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Castellón. Posteriormente, en el año 1990 me trasladé al Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, donde ejercí la jurisdicción hasta el año 1998, en el que fui elegido con mayoría muy
cualificada por mis compañeros, casi con un 85 por ciento del apoyo, decano de los juzgados de Valencia donde estuve realizando esa actividad, y fui renovado hasta el año 2002. Durante este periodo, desde el año 1998 hasta 2003, en el que ejercité
la condición de decano, tuve como objetivo prioritario la modernización de la justicia en lo que era el partido judicial de Valencia. Establecí diversos servicios, de los que modestamente me siento muy orgulloso, como el primer registro de lucha
contra la violencia doméstica, registro que denominamos VIDA, en el que conectamos a todos los juzgados de instrucción para poder saber las circunstancias de cada uno de los detenidos e imputados y para que dichos juzgados tuvieran esos datos a la
hora de determinar cualquier medida cautelar, de prisión, u otra medida alternativa. Este sistema VIDA tuvo éxito y fue, creo, bastante importante. También establecí otros sistemas, como el registro único de entrada, el sistema RUE, en el que
unificamos la entrada de todos los asuntos que presentaban los profesionales en los juzgados de Valencia, para que de forma inmediata los profesionales pudieran saber qué juzgado les había correspondido y el número de procedimiento. Fue algo
novedoso en relación con la justicia en la comunidad. Establecimos asimismo otro servicio, el SIAC, de información y atención y al ciudadano; con él toda la información a los ciudadanos se centralizaba por funcionarios del decanato, no tenían que
acudir a los juzgados, hacer esa peregrinación, sino que se hizo un embrión de información que luego el Consejo General del Poder Judicial extendió.
Otro servicio que considero que fue importante también fue la oficina única de subastas; unificamos todas las subastas de la ciudad de Valencia en una única oficina para evitar así las manipulaciones y, al darle publicidad, todo el lado
oscuro que existía en el mundo de la subasta; hicimos un acuerdo con todos los medios de comunicación y publicaban las subastas que se realizaban diariamente en la ciudad de Valencia para que todos los ciudadanos pudieran acudir y romper ese
monopolio que existía en este ámbito. Durante la etapa en la que estuve de decano, y también antiguamente cuando estaba de juez de Instrucción, colaboré con el Consejo General del Poder Judicial en programas en Panamá, para el fortalecimiento de la
Administración de Justicia, así como en Nicaragua donde fui a realizar cursos de formación para los jueces nicaragüenses; entonces elaboré un libro de sentencias, que estaba dirigido a los jueces de Nicaragua. Posteriormente, en el año 2003, fui
llamado por el presidente
de la Generalitat para formar parte como secretario autonómico y viceconsejero de la Consellería de Justicia e Interior y Administraciones Públicas, ocupando la Secretaría autonómica de Justicia e Interior, cargo que tuve hasta las últimas
elecciones autonómicas, cuando ya fui llamado en condición de consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la comunidad. Durante este tiempo lo que he considerado fundamental ha sido la planificación de la modernización de la justicia.
Creo que es muy importante esa modernización, que es muy importante trasladar la imagen de utilización de los sistemas informáticos como método para que la Administración de Justicia pueda luchar y realizar su función de agilización de los
procedimientos. Me parece que es algo importante, como lo es desplegar la oficina judicial, tarea que he llevado a cabo durante este tiempo.
He querido ante todo plasmar un cuño, que es la justicia social, la justicia del ciudadano; he apostado por los puntos de encuentro familiar, elaborando una ley del punto de encuentro familiar, como método o medio para solventar todas las
cuestiones derivadas del derecho de familia, así como las oficinas de atención a las víctimas del delito, de las que hoy en día existen más de cincuenta en toda la Comunidad Valenciana; también hay más de quince puntos de encuentro familiar.
Posteriormente he llevado a cabo labores como la posibilidad de planificación de órganos judiciales y sobre todo la pretensión de la territorialización de órganos judiciales, acercar la justicia, que no esté concentrada en las grandes ciudades, sino
que se puedan, establecer en los núcleos de población, y reforzar la justicia en los partidos judiciales más pequeños, particularmente en el ámbito de violencia de género, donde he pretendido por todos los medios que exista una territorialización de
estos juzgados.
También he formado parte del Observatorio de la lucha contra la violencia doméstica del Consejo General del Poder Judicial y he sido vocal de la Comunidad Autónoma de la Escuela Judicial.
Creo que he resumido lo más modesta y rápidamente posible mi trayectoria profesional.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Rosa.
Procedemos a las intervenciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor De Rosa. Nosotros hemos suscrito también su candidatura; nos parece una persona particularmente cualificada. Además observo que hemos participado en proyectos comunes aunque en momentos
cronológicamente diferentes; yo también he estado en Nicaragua intentando fortalecer la justicia e incluso el Consejo General del Poder Judicial, como sabrá usted, financió y creó el Instituto de Medicina Legal ubicado en Managua, acto al que tuve
yo el honor de asistir. Esto produce una situación de empatía entre nosotros y de preocupación simultáneamente porque luego no he podido efectuar un seguimiento que me permita comprobar si nuestras enseñanzas fueron fructíferas en relación con el
funcionamiento de la justicia en Nicaragua.
Al margen de esa circunstancia, usted está cualificado fundamentalmente, en mi opinión, por dos razones sobre las que le voy a pedir su comentario: cómo y en qué condiciones se puede mejorar la oficina judicial, esta es una de las
asignaturas pendientes de la estructura orgánica de la Administración de Justicia. Hay muchas cuestiones pendientes en cuanto a la estructuración de la oficina judicial, dependencias de múltiples órganos, instituciones, dependencias del órgano
judicial en unos casos, del Consejo General del Poder Judicial en otros, de la Administración del Estado, de la Administración de las comunidades autónomas en otros. Hay una disgregación de dependencias funcionales y orgánicas que no hacen
eficiente el sistema y yo no sé hasta qué punto puede existir algún tipo de mecanismo de integración, que haga más eficiente el funcionamiento de la oficina judicial y más eficaz desde la perspectiva de la introducción de elementos telemáticos e
informáticos que permitan una mayor eficiencia, y de conexión on line entre los órganos judiciales; esta es otra de las asignaturas pendientes sobre las cuales me gustaría una sucinta reflexión por su parte. En este momento la falta de
coordinación, la falta de información transmitida informáticamente entre algunos órganos judiciales está en la base de algunos de los sucesos más luctuosos con los que estamos conviviendo en los últimos tiempos. Cualquier esfuerzo que se haga en
este ámbito, en la coordinación entre órganos judiciales, sobre todo de la situación de algunas personas que debían estar ingresadas en prisión y no lo estaban desafortunadamente, cuando se han cometido determinados delitos; en su base, en la base
de este problema, están las disfuncionalidades de la falta de una coordinación informática debida, a pesar de los esfuerzos del Cendoj, y esta es la segunda pregunta que le quiero hacer, cuál es su opinión sobre el funcionamiento del Cendoj, del
Centro de Documentación Judicial, ubicado en la sociedad de San Sebastián, como sabe. Sus comienzos fueron modestos, incluso me acuerdo que era una cosa patética la remisión de todas las sentencias a los jueces nada menos que a través de un
servicio de mensajería, lo cual produjo un quebranto económico a las finanzas del Congreso monstruoso. Me gustaría saber su opinión sobre el Cendoj, de su funcionalidad actual y de las potencialidades que usted podría extraer del Cendoj.
Sabiendo que usted es particularmente experto en estas materias, estas son las dos cuestiones fundamentales que yo le pregunto.
La señora VICEPRESIDENTA: Ahora es el turno del señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar quiero agradecer la presencia hoy en el Congreso de los Diputados,
en esta Comisión Consultiva de Nombramientos, de don Fernando de Rosa Torner.
Valorando su trayectoria, le hace especialmente idóneo para ocupar un puesto en el Consejo General del Poder Judicial por el hecho de haber ingresado en la carrera judicial, haber tenido responsabilidades, incluso habiendo sido magistrado
decano de los jueces de Valencia, esto ya le da un conocimiento interno de lo que es el Poder Judicial, como miembro del mismo, pero después haber tenido también responsabilidades, como tiene de hecho, en el ámbito organizativo de la Administración
de Justicia, en este caso desde una responsabilidad de gobierno en la Generalitat valenciana. Esto es una combinación que debe ser útil al Consejo General del Poder Judicial, porque da una visión amplia del Poder Judicial interno, pero también de
lo que es la organización de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. Por tanto valoramos esta circunstancia.
Quiero manifestar, ya que estamos en el Congreso de los Diputados, que el hecho de que usted pertenezca a una responsabilidad de Gobierno en ningún caso le invalida para después servir desde una posición institucional en el órgano de
gobierno del Poder Judicial, porque en su mochila y en su trayectoria vital ha añadido una visión organizativa también, necesaria, y alguien debe hacerla; además, usted tiene esa característica de formación en la carrera judicial. Nosotros
entendemos que en ningún caso el servicio público, ya sea en este Parlamento, como parlamentario, ya sea en un Gobierno autonómico o en otra instancia, debe invalidar poder después ser un buen miembro del Consejo General del Poder Judicial.
Nosotros le deseamos suerte en su labor. También deseamos que sean capaces, como órgano colegiado, de buscar el consenso para que realmente se pueda acometer esa reforma de la justicia pendiente, con un buen Consejo General del Poder Judicial.
Sí le quería hacer una pregunta. Usted tiene, ha tenido, responsabilidades de Gobierno en la Generalitat Valenciana, en el ámbito de la justicia y administraciones públicas, y conoce bien, evidentemente, el propio Estatuto de Autonomía que
estas Cortes Generales aprobamos en la pasada legislatura. En su artículo 33, y fue pionero el Estatuto de la Comunidad Valenciana en este hecho, se creó el Consell de la Justicia de la Comunitat Valenciana. Otros estatutos vinieron después y
crearon también esos consejos, el de Cataluña, el de Andalucía y el de Castilla-La Mancha, pero de alguna manera el artículo 33 del Estatuto de la Comunidad Valenciana vino a crear ese Consejo de Justicia que habrá que desarrollar también con unas
funciones, reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Me gustaría conocer, de una persona que ha tenido y tiene esa responsabilidad de Gobierno, cuál es su visión de cómo deberían llevar a cabo sus funciones esos consejos de Justicia de las
comunidades autónomas, que sin ninguna duda vamos a tener que desarrollar en esta legislatura. En la pasada se aprobaron los estatutos y en esta llegará el momento de su desarrollo. Quiero conocer su opinión al respecto. Y le deseo suerte en sus
nuevas responsabilidades, en este caso en el gobierno del Poder Judicial.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Trillo-Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Permítanme expresar en este caso mi doble satisfacción y mi doble bienvenida a don Fernando de Rosa, porque a la idoneidad, que nos parece que concurre en sus características, para ser vocal del
Consejo General del Poder Judicial se une la condición, quiérase o no, de un hombre del mundo del derecho de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Sería incoherente por mi parte no recordar que debo mi escaño a la provincia de Alicante y a la
Comunidad Valenciana desde hace diecinueve años y, en consecuencia, expreso esa satisfacción y ese orgullo de que un representante del mundo jurídico de Valencia esté llamado a formar parte del órgano máximo de Gobierno de los jueces. Así lo
expresó ayer -y quiero dejar constancia de ello a través de las actas taquigráficas de la sesión- el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en palabras verdaderamente muy encomiásticas de la personalidad y de
la relevancia jurídica de Fernando de Rosa. No lo hacía ni él ni lo recojo yo aquí con hipérbole, porque creo que su currículum y su breve exposición, pero muy bien sintetizada, ponen en evidencia su larga experiencia, su capacidad de gestión y su
excelente formación para el desempeño de las tareas que vamos a encomendarle, que la Constitución le encomienda y que nosotros mediamos a través de la representación de la soberanía y recogiendo las propuestas de los distintos sectores jurídicos.
Señora presidenta y señores comisionados, a lo largo de la tarde hemos ido recibiendo a quienes forman la propuesta conjunta de los cuatro grupos parlamentarios aquí representados y me permitirán que a estas alturas pueda decir que son
perfectamente complementarias en sus orígenes y capacidades profesionales y, en consecuencia, que, como se pretendía, se va a integrar un consejo que va a tener por principal característica esa profesionalidad y el carácter equilibrado tanto de las
extracciones como de los distintos ámbitos del derecho del que proceden sus miembros.
Como decía, en el señor De Rosa concurre en primer lugar una larga experiencia judicial, a la que une una acrisolada capacidad de gestión en el gobierno de la Administración de Justicia. Además de haber sido juez durante veintitrés años -de
hecho, serlo, aunque esté ahora en excedencia-, ha sido, y ello quiero subrayarlo -se ha hecho también por los colegas que han intervenido con anterioridad-, magistrado juez decano de Valencia, elegido por abrumadora mayoría y reelegido por sus
propios compañeros, secretario de Justicia de la Generalitat y, en la actualidad, conseller de Justicia del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Quiero agradecer de manera muy particular al señor Jané ese reconocimiento
de la idoneidad de quienes están desempeñando funciones conexas con la Administración de Justicia en tareas de gobierno ejecutivas y en este caso autonómicas, de la idoneidad para desempeñar ahora la responsabilidad de vocal del Consejo
General del Poder Judicial.
En su exposición nos ha hablado de la modernización que ha intentado impulsar desde estas responsabilidades de gestión, de manera muy particular de los logros y, si me permite decirlo, del carácter pionero de algunas realizaciones
informáticas al servicio de una más rápida y eficaz justicia para los ciudadanos. También me ha parecido que ha tenido una especial atención a las víctimas de determinados delitos, que por su alarma social necesitan mayor atención y por tanto
quiero no solo felicitarle, sino también incitarle a que esas sean líneas de actuación en el próximo consejo. Como mis colegas, me gustaría que desarrollara aún más su visión de esa encrucijada de todos los caminos de la modernización que es la
oficina judicial. También le animo a que no descuide -sé que no lo hará, porque es su vocación primera- su vocación de estudio de penalista. De su currículum se deduce que es usted un experto en penología. Vamos a necesitarle. Se va a modificar,
por acuerdo inicialmente entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, al que espero que puedan sumarse otros partidos de la Cámara que hoy suscriben el acuerdo del gobierno de los jueces, una reforma del sistema de penas del Código
Penal de 1995, modificado en 2003, para hacerlas más proporcionadas, para implementar medidas de seguridad pospena y para, en definitiva, dar a la sociedad una respuesta más adecuada, más proporcionada y más eficaz en las satisfacciones de sus
pretensiones justas. Le animo a que toda su experiencia y toda su mucha ciencia en el campo de la penología la incorpore también en los informes del consejo, del que deseo que forme parte en breve, y que esto sirva para que sus informes, que han de
venir a esta Cámara, enriquezcan también el trabajo, que al cabo será el trabajo de todos al beneficio de una justicia mejor para todos los españoles.
Muchas gracias, señor De Rosa, y enhorabuena.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Jáuregui por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Bienvenido, señor De Rosa. Yo también me quiero sumar a mis compañeros, compartiendo con ellos las valoraciones de idoneidad de su currículum y de su experiencia, que, como bien decía el señor Trillo, es muy
complementaria con la de otros miembros del consejo, lo que nos hace presumir que vamos a hacer un equipo del Consejo General del Poder Judicial que pueda complementarse y realizar la tarea un poco regeneradora de la función del gobierno de los
jueces que todos esperamos de este nuevo consejo.
Quiero hacerle cuatro preguntas rápidas, que casi son también una especie de curiosidad personal por mi parte, sobre cuál es su punto de vista respecto a estas materias, coincidiendo con varios de mis compañeros y con algo que también forma
parte de mi propia experiencia. Yo también fui consejero de Justicia en el Gobierno vasco y siempre me quedaron algunas dudas sobre algunas materias que todavía siguen ahí latiendo en la problemática judicial o del servicio público de la justicia
de nuestro país. La primera es la que tiene que ver con el acceso a la carrera judicial. ¿Usted es partidario o no de que haya sistemas mixtos de incorporación a la carrera judicial? En concreto, ¿le parece bien o no la incorporación del tercer y
del cuarto turno como modelo de acceso a la carrera? Segunda pregunta: ¿Usted cree que, cuando se mejora la oficina judicial -es un tema que ha planteado tanto el señor Olabarría como el señor Trillo-, hay que ir a una organización centralizada de
la oficina de servicios y por tanto romper con el principio de una oficina judicial para cada juzgado? Y en ese caso, ¿qué haríamos con los secretarios judiciales? ¿Los considera usted miembros del Poder Judicial stricto sensu o personal de la
Administración de Justicia y por tanto más o menos incorporable o transferible al personal de la oficina judicial stricto sensu? ¿Cree usted que hay que mejorar la función de la inspección de los jueces y por tanto la capacidad disciplinaria en el
conjunto del sistema judicial español, para acentuar el principio de la responsabilidad de los jueces, o no? Y por último, ¿usted cree que, en las relaciones entre el Consejo General del Poder Judicial y el Parlamento, debe haber un sistema de
control por parte del Parlamento sobre el consejo y por tanto que el presidente del consejo tiene que venir aquí cada vez que el Parlamento le llame?
La señora VICEPRESIDENTA: Han intervenido ya todos los grupos parlamentarios y por tanto, señor De Rosa, tiene usted la palabra para dar contestación a todas las cuestiones y preguntas planteadas.
El señor DE ROSA TORNER: En primer lugar, quiero dar las gracias por las opiniones que han manifestado todos los miembros sobre mi persona; estoy muy agradecido por las palabras que han dicho.
Con respecto a la oficina judicial, cuestión coincidente en varias de las intervenciones, yo creo que tal y como existe en la actualidad es una oficina que está absolutamente condenada al fracaso. Durante estos últimos años hemos estado
clonando una situación y una figura que hace muchos años fracasó. Cada vez que se crea un órgano judicial estamos copiando el modelo y por tanto todos los defectos de la misma y deberíamos estar a lo establecido en la ley orgánica vigente, cuando
habla de una oficina judicial diferente, de una oficina judicial nueva, en la que la estrella de todas estas actuaciones sean los servicios comunes, tanto de carácter procesal como de carácter administrativo.
Sinceramente, pienso que la función del
juez es juzgar y ejecutar lo juzgado. Es una función constitucional y todo lo que no sea estrictamente esta función debería estar en manos del resto de operadores que están actuando en la oficina judicial. Yo
creo que la figura del secretario, por la que se me preguntaba, es fundamental, es piedra angular en la reforma de la oficina judicial, y se le tendría que dar muchísima más presencia. Son técnicos importantes y profesionales del mundo
jurídico que personalmente creo que están bastante desaprovechados y creo que debería fomentarse su capacidad de dirección y que dirigieran estos servicios comunes, unos servicios comunes que deben ser pool de funcionarios, en los cuales estén
distribuidas las tareas; la creación de equipos de trabajo, que cada equipo tenga un responsable y que la estructura de estos responsables sea piramidal hasta la figura del secretario, que debe dirigir a todos, y en última instancia el juez, que,
atendiendo a las propias normas procesales, debe realizar todos los trámites en los cuales quepa una función jurisdiccional, decisión, y también cualquier actuación de recurso. Por tanto, pienso que el futuro de la justicia en España es apostar por
esta oficina judicial y no que se quede como está ahora, absolutamente estancado. Es necesario que los órganos judiciales se acerquen también a los ciudadanos, que no haya excesivas concentraciones en las capitales de provincia y que en los
distintos lugares territoriales se creen órganos judiciales con sus servicios comunes que puedan realizar esta actuación, ya que no podemos admitir que haya una justicia de primera y de segunda o de dos velocidades en todo el territorio nacional.
Y ese es exactamente el objetivo de la oficina judicial y de los servicios comunes procesales. Juntamente con los servicios procesales que son los de apoyo a la UPAD, a la unidad procesal, también deben existir unas unidades administrativas
que realicen todas aquellas actuaciones de carácter no jurisdiccional, que deben salir estrictamente del ámbito de los juzgados pero que deben estar apoyando cuando no sean actuaciones estrictamente jurisdiccionales; por ejemplo, a la hora de
realizar investigaciones patrimoniales, a la hora de realizar los servicios comunes de notificaciones y citaciones. Todos estos, que son de carácter no estrictamente jurisdiccional, deben tener asimismo una cabida y organización común. Por tanto,
pienso que la figura del secretario debe potenciarse y deben realizar también facultades dentro del procedimiento que no tengan carácter jurisdiccional pero sí de dirección del mismo.
Pienso que su carácter es fundamental y no considero que deban
estar como otros operadores del mundo jurídico, como pueden ser los funcionarios, sino que deberían tener su propia y valiosa aportación al mundo de la gestión judicial. Ese es un esquema expuesto de una forma muy somera. Si tuviera tiempo me
extendería en esta cuestión porque para mí es apasionante poner en marcha la oficina judicial y podría estar mucho tiempo hablando -y perdonen mi poca modestia- de esta modernización que me parece importantísima.
Me ha preguntado el señor Olabarría por el Cendoj. Yo También estuve al principio en la gestación del Cendoj, con su magnífico primer director, que fue decano de Bilbao, el señor Guerra. Efectivamente tuvo unos comienzos complicados -como
todo- pero ahora tiene viabilidad, aunque se debería potenciar mucho más, porque yo creo que la formación de los jueces es algo fundamental. No debemos olvidar nunca que un juez debe estar en continua formación, debe estar en continua evolución y
en continuo reciclaje y eso lo tiene que dar el Cendoj, igual que la formación que el propio Consejo General del Poder Judicial debe fomentar.
No debemos nunca olvidar que el juez tiene que estar constantemente examinándose día a día de cara a los
ciudadanos a la hora de poner una sentencia y eso exige formación. No debemos lanzar ningún mensaje de que una vez aprobada la oposición podemos estar absolutamente dormidos, sino que es necesaria la formación. Creo que el Cendoj tiene mucha
importancia, sobre todo en la formación on line, en la formación desde el propio puesto de trabajo. No es necesario siempre que el juez tenga que abandonar su puesto de trabajo para recibir formación, la puede recibir con las modernas tecnologías.
Es bastante atrasado tener que sacar al juez para recibir una formación y esto está suponiendo un retraso en la propia jurisdicción. Hay que aprovechar las nuevas tecnologías para que el juez esté y por tanto el Cendoj debería tener esa faceta, no
solamente dar información de jurisprudencia sino formación on line a todos los magistrados y jueces de España. El señor Jané me ha preguntado sobre el artículo 33 del Estatuto del Consejo de Justicia de la Comunidad Valenciana. Realmente es así.
La Comunidad Valenciana estableció la idea de los consejos de justicia autonómicos. Yo soy una persona, como no podría ser de otra manera, profundamente autonomista. Creo que efectivamente debe existir una aportación de las comunidades autónomas a
la gestión, o lo que ha denominado el Tribunal Constitucional la administración de la Administración de Justicia, y en ese sentido estos consejos deben ser fundamentalmente colaboradores del Consejo General del Poder Judicial, nunca sustitutos del
Consejo General del Poder Judicial, sino de carácter consultivo y de asesoramiento a la comunidad autónoma estrictamente dentro de las competencias que tenga la comunidad autónoma.
Pero ha de ser un consejo abierto en el que estén todos los
distintos operadores jurídicos, para poder dar su opinión sobre el funcionamiento de la justicia en la comunidad autónoma. Son tres administraciones, muy importantes a la hora de gestionar la justicia, que no pueden contraponerse: la comunidad
autónoma, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo en la complementariedad y en el consenso de las tres instituciones para poder llegar a conclusiones y poder mejorar la Administración de Justicia. Por eso vería
bastante adecuada esa territorialización del Poder Judicial.
Al señor Trillo ya le he contestado en cuanto a modernización.
Respecto a las cuestiones que ha planteado el señor Jáuregui, le diré que el acceso a la carrera judicial puede continuar como está en la actualidad. Yo no introduciría ninguna variación; ha funcionado perfectamente y, por
tanto, el sistema es adecuado. Respecto a la oficina centralizada de servicios, ya le he contestado; se trata del apoyo a los servicios comunes procesales. En cuanto a la inspección, es un aspecto muy importante; es una de las tareas
pendientes dentro del Consejo General del Poder Judicial. No creo que la tarea de inspección haya dado sus frutos de forma adecuada, no solamente por los casos que hemos visto hasta ahora, sino por propia experiencia personal. Yo creo que un
inspector no debe ir únicamente a un juzgado y revisar el libro de sentencias o el del registro de entradas, sino que debe profundizar un poco más sobre el funcionamiento y sobre cómo se encuentra la justicia no solamente en compartimentos, sino la
justicia en general y las jurisdicciones en general, porque puede existir un juzgado de primera instancia que pueda tener un problema coyuntural de atasco, pero tendría que analizar cómo funciona la jurisdicción de primera instancia, por ejemplo, en
cada partido judicial, incluso a nivel nacional. Debe realizarse una profunda reflexión sobre cómo debe ser la inspección, no algo mecánico, no un cronograma con lo que corresponde mensualmente, sino que se debe analizar el funcionamiento de la
justicia en su globalidad en España. No podemos estar sorprendiéndonos cuando hablamos de los juzgados de ejecutorias en España, cuando ha habido un problema en un juzgado de Sevilla, en un juzgado de ejecutorias o en una ejecutoria concreta.
Debemos anticipar, debemos analizar, el consejo a través de la inspección debe saber exactamente cómo se encuentra la justicia, y no esperar a que existan cuestiones problemáticas para alarmarnos o para poder hacer un debate nacional. Por tanto, la
inspección debe analizar globalmente el funcionamiento de las jurisdicciones en nuestro país.
Respecto a las relaciones entre Parlamento y Consejo General del Poder Judicial, como no podía ser de otra manera, representan a dos poderes importantes del Estado, y el presidente debe comparecer las veces que sea llamado. Yo creo que un
presidente del Consejo General del Poder Judicial debe estar directamente al servicio de los ciudadanos, y qué más servicio a los ciudadanos que comparecer en la cuna de la soberanía popular, que es el Poder Legislativo. Por tanto, no debe haber
ningún problema. La justicia debe ser de ventanas abiertas y el símbolo del Poder Judicial, que en su caso será y es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Supremo, debe dar ejemplo. Por tanto, siempre que sea
llamado debe comparecer y debe estar a disposición de todos los demás poderes del Estado, incluso los vocales territoriales deben estar a disposición de los distintos parlamentos autonómicos para poder informar sobre la justicia en su comunidad. Yo
creo que la justicia sin ventanas abiertas, sin luz, sin taquígrafos es una justicia que está abocada al fracaso más absoluto.
No sé si me he extendido poco o mucho, o desean alguna ampliación.
La señora VICEPRESIDENTA: Para nada, señor De Rosa. Ha utilizado su turno como ha creído conveniente.
¿Algún grupo quiere volver a intervenir? (Pausa.)
Señor De Rosa, muchísimas gracias, tenga mucho éxito en su nuevo cometido y le agradecemos que haya estado con nosotros.
El señor DE ROSA TORNER: Muchísimas gracias.
- DE LA CANDIDATA DOÑA MARGARITA URÍA ETXEBARRÍA.
La señora VICEPRESIDENTA: Vamos a continuar con la comparecencia de la última candidata, sólo debido al orden alfabético de su apellido, que compone la candidatura presentada por los grupos que están representados en estos momentos en la
Comisión consultiva de nombramientos. A todos sus compañeros, que han intervenido o comparecido antes que usted, les hemos dado la bienvenida, como no podía ser de otra manera, a esta casa que es la casa de todos los ciudadanos, pero me parece que
no solo en nombre propio, sino en nombre de todos los que estamos aquí reunidos, señora Uría, a usted le damos una bienvenida especial. Nos da mucho gusto tenerla otra vez con nosotros. Nos da mucho gusto volver a verla, y le voy a explicar el
mecanismo, únicamente por explicarlo, porque es muy simple. El mecanismo de esta comparecencia va a ser el siguiente: usted tiene una intervención inicial de cinco minutos, va a ser quizá la única vez en que no le van a medir el tiempo en esta
casa, tiene a su disposición en torno a cinco minutos; luego van a intervenir los grupos proponentes de esta candidatura, de la cual usted forma parte. En primer lugar el señor Olabarría, por el Grupo Parlamentario Vasco, luego el señor Jané, por
el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, el señor Trillo-Figueroa, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Jáuregui, por el Grupo Parlamentario Socialista, y cuando ellos acaben su intervención, usted tendrá otro turno para
contestar a las preguntas, sugerencias o todo lo que los grupos hayan tenido por conveniente expresar en su intervención. Por tanto, si no hay ninguna duda al respecto, tiene usted la palabra.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias a todos los portavoces de los grupos parlamentarios, que son quienes han presentado mi candidatura para la designación posible como miembro del Consejo General del Poder Judicial, si es que así
definitivamente se acuerda por ustedes y es votado el martes por la Cámara. No crea, señora presidenta, que el desparpajo que se me pueda suponer por doce años de presencia en esta casa me está sirviendo de mucho en este trance, porque soy
consciente de la solemnidad del trámite y de la importancia del empeño por el que comparezco ante ustedes. Estoy en el órgano de la soberanía popular, que es la base de la legitimación propia del ejercicio de cualquier poder o de cualquier tarea de
gobierno, y a un órgano de gobierno del Poder Judicial es al que se pretende que pueda ser
designada. Estoy propuesta por el turno de juristas y además, en la querencia constitucional, el consejo está formado dignísimamente no sólo por jueces y por magistrados, sino que además se ha querido garantizar la presencia de los
ciudadanos a través de quienes ejercen o ejercemos profesiones jurídicas.
En consonancia con este planteamiento inicial, el currículum que he presentado no es exactamente todo lo que he podido hacer en una trayectoria profesional, sino que he hecho constar en él lo que me parecía que se adecuaba más al
cumplimiento de lo que, para mí, son los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para poder llegar a ser digna de ostentar el puesto de vocal del Consejo General del Poder Judicial. Hago mención en él a que ejercí la profesión de
abogada durante cinco años, que puede parecer poco o quizá simbólico, pero que alguna significación tiene, puesto que siempre existe la queja -supongo que los señores portavoces la conocen- de la escasa presencia de abogados en ejercicio como
vocales en el consejo. La permanencia de mi adscripción a mi colegio, al colegio de abogados de Vizcaya, ha sido constante y en todo momento, pudiendo estar de alta o estando como abogado no ejerciente, me he mantenido en él todos estos años con
una estrecha vinculación, que hacía efectiva a través de dar clases en la Escuela de Práctica Jurídica, y también con otra tarea que tiene que ver con el cometido que he desempeñado en esta Cámara, que era la divulgación de las leyes. Me he
encargado de todos los textos legales que tenían la entidad suficiente, y he tenido siempre la colaboración gustosísima de los órganos colegiales para intentar organizar cursos, conferencias o charlas que pudiesen servir a quienes ejercen la
abogacía en el ámbito vasco para el conocimiento de los textos que aquí se iban aprobando.
Con una vocación clara por lo público, en cuanto se constituyeron las comunidades autónomas, tras la vigencia del texto constitucional, di el paso de incorporarme a los servicios jurídicos de un gobierno que entonces nacía. Se trataba de
crear ex novo una asesoría jurídica dentro de algo en la Administración como era una comunidad autónoma, que hasta entonces no estaba muy claro en qué podía consistir, y dentro de ello señalo en el currículum que presento la labor de organización y
funcionamiento de los servicios jurídicos, impulsando para ello la Ley de representación y defensa en juicio ante los tribunales de la comunidad autónoma, que después tuvo su correlato cuando, ya como diputada en esta Cámara, tuve ocasión de ser
ponente de la Ley de asistencia jurídica al Estado y demás instituciones públicas. Se trataba también de intervenir, a través del grupo político al que yo pertenecía -no oculto mi procedencia-, y poner en marcha o intentar modificar el ordenamiento
que provenía de un sistema distinto, para adecuarlo a la nueva realidad de un Estado con bases de poder distintas. Y en esa ocupación contribuí con algunas leyes de las que me siento legítimamente orgullosa -elaboré el texto, por supuesto; la ley
la aprobaron, como siempre, las Cortes Generales- para la elaboración de la protección de testigos y peritos en causas criminales que, por cierto, se ha quedado muy antigua -la actualidad evidencia que está muy necesitada de retoques en aspectos muy
importantes-.
En la trayectoria parlamentaria he sido ponente de cientos de leyes -no digo mal; son cientos de leyes-, pero quería señalar, sobre todo por la escasez del tiempo de que disponemos, que siempre he pertenecido a varias comisiones, pero
siempre a Justicia y a otras más. Es decir, el eje de la actuación como diputada ha sido siempre mi pertenencia, y la labor ha sido la prioridad absoluta en el quehacer en esta Cámara. Lo orgánico, lo funcional, vinculado al Poder Judicial, me ha
interesado siempre especialmente y he sido ponente en todas las modificaciones que de la Ley Orgánica del Poder Judicial o de la Ley de Demarcación y Planta se han hecho mientras he sido diputada. Especialmente orgullosa me siento de haber tenido
ocasión de poder participar como ponente en la elaboración de textos procesales. El proceso, su vinculación con la justicia a tiempo, con la tutela judicial, incluso, si del proceso criminal hablamos, con la presunción de inocencia, me ha
interesado siempre especialmente, y dentro de mi currículum para mí tiene especial significación haber podido estar en la elaboración de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa o de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ojalá, si recibo la venia de esta
Cámara y la de ustedes en el día de hoy, pueda tener alguna colaboración a través de los informes del consejo si definitivamente se llega a hacer una ley de procedimiento criminal.
He tenido participación en textos como las leyes de procedimiento abreviado, las distintas normativas de menores que se han hecho en las tres legislaturas en las que he estado, las distintas regulaciones orgánicas en materia de derechos y
libertades de los extranjeros en España, el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, también todo lo vinculado a lo que se suelen denominar cuestiones que tienen que ver con el género, como la normativa relativa a la violencia de género, la orden de
alejamiento, la Ley integral contra la violencia de género, la Ley de Igualdad, que también como mujer me satisface especialmente haber podido ser ponente de ella. No cabe olvidar que estamos en el ámbito europeo, y también me ha correspondido
intervenir en proyectos de ley, tales como el del funcionamiento de los equipos conjuntos en materia de investigación criminal o la llamada euroorden, orden de detención y entrega. Fui también ponente del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Creo que consta en la documentación que ustedes tienen y no haré cita de ningún otro texto legal, aunque también considero especialmente significativo el pase que tuve como presidenta de la Comisión de Sanidad, en relación con la especial
inclinación por tutelar los derechos en esta parcela tan importante de este derecho administrativo especial que puede ser el derecho sanitario.
No les voy a contar cuáles son las funciones o los cometidos o qué pienso respecto del funcionamiento del
Consejo General del Poder Judicial, porque ustedes conocen perfectamente la normativa por la que se rige y las funciones que le incumben en selección, formación, nombramiento y régimen disciplinario. En estos dos últimos aspectos,
nombramiento y régimen disciplinario, creo que en tiempos recientes -y merece la pena señalarlo- hay una jurisprudencia muy interesante en cuanto a las posibilidades de revisión de los actos del consejo por los tribunales, que deberá ser
especialmente tenida en cuenta en el mandato siguiente. Me parecería pedante hablar de qué planes tengo yo para llevar adelante dentro del Consejo General del Poder Judicial, puesto que es un órgano que se compone de veinte personas, más su
presidente, pero sí hay algunas cuestiones que podría señalar, aunque quizá en mi caso sea superfluo, puesto que he sido quien ha intervenido en nombre de mi grupo en las presentaciones de las memorias del Consejo General del Poder Judicial durante
diez años. Por tanto, en el'Diario de Sesiones' constará la postura que sobre infinitas materias que se hacen constar en la memoria he ido sosteniendo en esta Cámara. Sí me gustaría -con alguna cosa me atrevo- que hubiese una mejora en la
regulación del régimen de responsabilidad del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Siempre que se ha presentado la memoria he dado quejas sobre esta cuestión. También creo que el Consejo General del Poder
Judicial, en los informes que hace sobre proyectos legislativos, debiera tener especial cuidado -lo pretenderé si llego a estar en el consejo- en introducir valoraciones sobre cómo van a afectar a la labor jurisdiccional cada uno de los textos
legales que se aprueban, y al sistema judicial en su conjunto. Creo que no se trata solo de pedir más juzgados. Me parece importante valorar el impacto que puede tener sobre el sistema judicial español la aprobación de un texto legal; y valorarlo
también cuando la ley ya lleve un tiempo en marcha. Sé que existen comisiones de seguimiento de la puesta en funcionamiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de Violencia de Género, por supuesto, con el observatorio que tan buena y
merecida fama tiene, o en materia de juicios rápidos. Por ejemplo, ahora se cumplen diez años de la entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, y creo que merecería la pena un reposo, un sosiego y que se pudieran sugerir
modificaciones para que esta ley -buena ley, creo yo, que en su día se hizo por esta Cámara- pueda tener la adecuación a los tiempos que hoy corren. Y también -a lo mejor en esto sí que mis compañeros si llegan a serlo podrían considerar que la
idea es aventurada- he leído en distintas ocasiones -y a mí me parece que puede ser una propuesta interesante- el hecho de que quienes compongan el Consejo General del Poder Judicial, al comienzo de su mandato, hagan una especie de programa; y que,
además del cumplimiento, por supuesto, de las obligaciones legales, constitucionales y reglamentarias, se pudiera elaborar una especie de programa de cada consejo que entre, donde se recojan las acciones que ese consejo concreto piensa llevar a cabo
en los cinco años que debe durar su mandato, de manera que a la finalización pueda, también, servir como instrumento para evaluar el trabajo realizado. Insisto en que es una teoría novedosa, pero más allá de este espíritu creativo que manifiesto en
este punto, estoy a disposición, por supuesto, de la presidenta y de sus señorías para contestarles todas aquellas cuestiones que deseen preguntarme.
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos ahora al turno de los grupos. Tiene la palabra en primer lugar el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora Uría, por su exposición. A mí me ha gustado todo lo que ha dicho, señora presidenta, honestamente. La verdad es que me parecería indecoroso realizar una pregunta o compartir siquiera ninguna
reflexión con la señora Uría puesto que, por un tiempo tan dilatado que resultaría incorrecto o poco decoroso mencionarlo, llevamos trabajando conjuntamente en estas materias codo con codo. La experiencia que acredita el haber participado en 98 -he
podido contar- leyes vigentes que configuran prácticamente el funcionamiento de forma omnicomprensiva de la Justicia, ya es un título suficientemente acreditativo. Poco más se necesita para ser una buena vocal del Consejo General del Poder
Judicial.
La única reflexión -ya para terminar esta intervención, que no puede ser más que apologética, pero por razones de convicción íntima- es que me han preocupado algunas reflexiones mediáticas o periodísticas que he escuchado, que imputaban al
nuevo consejo que va a aflorar -afortunadamente, por fin después de dos años de prórroga irregular del anterior- que no existen vocales de alta cualificación jurídica. El hecho de que la señora Uría esté aquí acredita exactamente que esa reflexión
es aberrante, sencillamente. Es una persona de altísima cualificación jurídica, y además de una probidad personal y de una honestidad que permite a mi grupo mantener una expectativa cierta de que un consejo que ha sufrido un profundo deterioro en
su funcionamiento, con personas como Margarita Uría pueda ser o pueda recuperar parte de su prestigio perdido y de su legitimidad institucional un órgano constitucional de la dimensión, de la naturaleza y que ejerce competencias de la relevancia del
Consejo General del Poder Judicial. Por todo lo cual, solo le deseo suerte a la futura vocal del Consejo General del Poder Judicial. Y por otra parte, por qué no decirlo, en este ámbito cuasi de intimidad en el que nos encontramos ya, a mi amiga
personal Margarita Uría: mucha suerte y tenemos una gran vocal aquí.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene ahora la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Para mí es una satisfacción hoy, al final de esta sesión consultiva de nombramientos, tener a Marga Uría como candidata al futuro
Consejo General del Poder Judicial. Yo quería destacar un hecho, que creo que es especialmente importante que lo digamos aquí en esta Cámara. La señora Uría ha sido abogada en ejercicio, conoce el ejercicio de la profesión. Ha sido
miembro de los servicios jurídicos del Gobierno vasco, por tanto conoce también el ejercicio del derecho dentro de una institución gubernamental de primer orden -el Gobierno vasco lo es- e incluso ha sido directora de lo contencioso en ese Gobierno.
Por tanto, tiene ese conocimiento claro de lo que es la gestión de un servicio jurídico porque formaba parte de él, pero quiero destacar un tercer elemento, y es que a todos nos ha honrado ser amigos de la señora Uría y haber compartido tantas
ponencias, tantos debates y a veces incluso haber discrepado, porque en esto consiste también el debate jurídico. La señora Uría ha tenido una trayectoria de doce años en esta Cámara, Cámara que produce derecho, y que tiene muchas funciones, tiene
funciones de control al Gobierno, de impulso, de aprobación de presupuestos, pero también de elaborar leyes. Si alguien da prestigio a esta Cámara en esa labor que los diputados y diputadas deben hacer de elaborar leyes es la señora Uría. La
señora Uría ha tenido una implicación jurídica en el trabajo parlamentario, y esto no siempre es fácil.
Evidentemente todos pertenecemos a un grupo político o a un grupo ideológico, pero no todos han sido capaces de plasmar en esta Cámara en los distintos proyectos de ley el conocimiento jurídico y enriquecer la producción normativa. Por
tanto, este solo aspecto, el aspecto de producción normativa en la Comisión de Justicia de la que ella ha formado parte desde que entró como diputada en esta Cámara, le da el claro reconocimiento de una jurista de prestigio, porque lo ha demostrado.
Simplemente leyendo el'Diario de Sesiones', las enmiendas defendidas, leyendo claramente toda su trayectoria y, repito, desde la coincidencia y desde la discrepancia, lo cierto es que la señora Uría reúne plenamente esa idoneidad.
Señora presidenta, por supuesto hoy no le voy a dirigir ninguna pregunta porque he tenido tantas ocasiones de conocer a través de ella su vocación de servicio público que sé que la señora Uría va a ser una excelente vocal del Consejo General
del Poder Judicial, porque en su trayectoria va a aportar ese conocimiento de la práctica del ejercicio profesional, de la práctica de los servicios jurídicos internos, en este caso del Gobierno vasco, pero sobre todo y de manera muy especial su
gran conocimiento a lo largo de su presencia activa en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados. Por tanto, le deseo suerte desde la amistad y desde la complicidad; suerte también porque en este Consejo General del Poder Judicial no lo va a
tener fácil nadie, en el sentido de que no es fácil emprender la que debe ser esa reforma de la justicia. Harán falta muchas voluntades en el mismo vértice final para encontrar esta mejora global de la justicia. Simplemente me gustaría destacar la
teoría novedosa que la señora Uría nos ha expuesto aquí al decir que le gustaría que cada vocal del consejo pudiera tener un programa (La señora Uría Etxebarría: Y el consejo en su conjunto.), y el consejo en su conjunto, y ligado a esto que quizás
vamos a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los propios vocales puedan venir ante esta Cámara a dar cuenta de su gestión en el consejo, lo cual sería muy positivo -quizás algunos problemas que hemos tenido en anteriores consejos no
se hubieran plasmado de la misma manera si hubiera existido la posibilidad de tener esas comparecencias-; seguro que tendremos, señora presidenta, otras ocasiones de tenerla aquí ya como vocal del consejo. Por ello, le deseo suerte y espero que
pueda tener en esta nueva trayectoria profesional los mismos éxitos y sobre todo honrar el derecho, como ha hecho en las etapas anteriores.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Trillo-Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señorías, a lo largo de la tarde hemos tenido aquí juristas de muy distinta procedencia. En todos ellos hemos encontrado características de excelencia que les hacen acreedores de la confianza de los
grupos que representamos para ser vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero a todos ellos la señora Uría añade una condición adicional insólita, insólita porque la señora Uría además para nosotros es la ex diputada, la compañera y la
amiga Margarita Uría. Por eso sería absolutamente incoherente que por mi parte -y creo que por parte de ninguno de los portavoces- hiciéramos preguntas. Sería una confesión de incompetencia por nuestra parte el no saber cómo piensa, cuál es la
trayectoria y por qué merece con todo mérito ser vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uría, porque hemos disfrutado de su trabajo durante doce años, de su buen hacer, de su buen estilo y de su amor apasionado por el mundo jurídico,
y -es verdad- de manera particular por el mundo judicial.
En su currículum se distribuye la vida jurídica de Margarita Uría en cinco años de ejercicio de la abogacía. Efectivamente es bueno subrayar, -cuando se ha señalado quizás por ignorancia o por error que hay pocos abogados- que la señora
Uría es una profesional del ejercicio de la abogacía, y no ha dejado de serlo, según ella misma se ha encargado de recordar, desde su ingreso en el colegio de abogados de Vizcaya, en 1975.
Ha dedicado dieciséis años a gestionar el mundo del
derecho, primero, a través de los servicios jurídicos del recién creado Gobierno vasco, y luego a través de la Administración vasca, en defensa de la Administración vasca ante los tribunales, y ha dedicado sus últimos doce años a ejercer la función
legislativa. Decía que esa era la segunda singular característica de Margarita Uría.
Creo que no seríamos consecuentes con la enorme responsabilidad que se ha depositado sobre quienes tenemos el privilegio de representar la soberanía del pueblo español si no subrayáramos esta tarde aquí que, de todas las funciones de un
jurista, la más excelsa es la de ser legislador. Por tanto, habrá -todos los de esta
tarde lo son- juristas muy competentes, habrá currículum muy importantes, pero no habrá juristas más importantes que quienes han tenido el honor de ser legisladores. En consecuencia, dicho esto, yo personalmente y en nombre del Grupo
Popular tengo que proclamarme orgulloso de que un miembro de la Cámara, que ya no lo es, pero que lo ha sido durante doce años, pase como jurista a ser miembro del órgano de gobierno de los jueces. La función legislativa es la palabra final, la
última, la que ahorma la vida de los ciudadanos, la que pone en norma los deseos de la comunidad jurídica, y en consecuencia nadie mejor que quien ha consagrado doce años de su vida a esa función para ser ahora miembro del gobierno de los jueces.
Margarita ha querido recordarnos que, como sabíamos quienes la hemos acompañado en la Comisión de Justicia o en el Pleno de la Cámara durante esos doce años, sus prioridades eran la responsabilidad por la que tantas veces hemos preguntado
juntos, en la que esta tarde también se ha insistido por otros comparecientes, y desde luego por el que ahora les habla, la responsabilidad por error y por mal funcionamiento de la Administración de Justicia, la informatización, la modernización y
tantas otras cosas que han sido constantes en su quehacer como parlamentaria.
Ella ha subrayado una palabra, cuando se ha referido a su aceptación y su deseo de ser miembro del Consejo General del Poder Judicial, que es un deseo que muchos
compañeros hemos conocido desde hace algún tiempo; ha dicho que era un empeño. Pues bien, nosotros desde el Grupo Popular estamos encantados de colaborar en ese empeño. Es más, si me lo permite Margarita Uría, encantados de poder colaborar en esa
gran ilusión, que lo es para todos, de ser el vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Enhorabuena.
La señora VICEPRESIDENTA: Finalmente, tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Querida Margarita Uría, querría empezar por señalar un detalle que me parece destacable, porque curiosamente ella ha estado siendo extraordinariamente prudente, reservando al Pleno del Congreso el nombramiento que
todavía no se ha producido, y no ha hecho más que insistir en que si esta Comisión la declara idónea, y si después el martes es nombrada en el Pleno del Congreso. Es evidente que así será.
Esta Comisión hará su declaración de idoneidad con
muchísimo gusto y con muchísima convicción, como ya se ha dicho, y desde luego será nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial por el Pleno de la semana que viene.
Es más, aunque ella ha señalado todas esas expectativas como todavía irrealizables, conviene recordar que desde hace varios meses la única persona que se sabía que iba a ser miembro del Consejo General del Poder Judicial era Margarita Uría,
porque todo el secretismo que ha acompañado las conversaciones entre los grupos siempre ha partido del hecho de que el consejo iba a estar formado por Margarita Uría y diecinueve más.
(Risas.) Eso se sabía desde un principio. En fin, quiero quitar
con esto todas las reservas respecto a lo que va a ser nuestra decisión. Comparto también -y no me voy a extender- la idea de las virtudes que acompañan a Marga Uría en esa combinación de sus cualidades como abogada en ejercicio, como letrada del
servicio jurídico del Gobierno vasco, como legisladora, pero añadiría dos cosas que me gustaría destacar y que no se han dicho: una primera es que ha sido también representante de una formación política, y eso no la invalida, sino por el contrario
la hace perfectamente legítima representante del gobierno de los jueces. Me parece importante destacar este principio en el nombramiento de un órgano de gobierno del Poder Judicial, pero que es un órgano político y que no está invalidado para
recibir personas que hayan tenido funciones como las que ha tenido Marga Uría. Una segunda cuestión que también me gustaría destacar es precisamente su procedencia. Marga Uría viene de Bilbao y representa también una sensibilidad, una forma de ser
-me permito decirlo creo que sin ofender- española, es decir, viene del País Vasco, representa una sensibilidad política que está en nuestra realidad política en el País Vasco y en España. Es muy importante que el consejo también recoja esas
sensibilidades y me alegro de que así sea. Pienso que el consejo tiene que ser también la representación de la pluralidad de sensibilidades, de ambiciones, de organización territorial de la justicia, etcétera, y en ese sentido estoy seguro de que
Marga va a ser también representante de esa sensibilidad y de esas aspiraciones.
Solo me queda decir pues que también, como todos mis compañeros, me uno al reconocimiento, eludo hacer cualquier tipo de pregunta, le doy mis mejores deseos sobre el éxito en su trabajo. Creemos que estamos haciendo un consejo bueno contra
lo que se ha especulado y se está diciendo por ahí en medios de comunicación. Por lo que hemos visto aquí hoy, por ejemplo, existe una complementariedad extraordinaria entre las personalidades, entre las procedencias territoriales, entre las
diferentes facetas de los operadores jurídicos que se relacionan con la justicia, y solo nos queda desearle toda la suerte del mundo, porque en todos los partidos que hemos firmado esta proposición hay un mismo espíritu, una misma ilusión que es
conseguir que el Consejo General del Poder Judicial recupere el prestigio de la justicia, que mejore el servicio público de la justicia y que devuelva a este instrumento fundamental de nuestra democracia el papel que todos creemos que tiene que
jugar, y en ese sentido la presencia de Marga Uría será seguro una garantía de ese éxito.
La señora VICEPRESIDENTA: Han acabado las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios y tiene la palabra la señora doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchísimas gracias a todos mis ex compañeros, portavoces hoy de las
distintas formaciones políticas. Muchas de las cosas que han dicho, que agradezco infinito, se deben a un exceso, sin ninguna duda, guiado por el cariño que sé que todos ellos me tienen y después de tantas horas compartidas en muy distintas
funciones; no debemos olvidar que está aquí incluso quien fue presidente de la Cámara durante una de las legislaturas en las que yo estuve. Me ha gustado que el portavoz del Grupo Socialista, señor Jáuregui, haya hecho alguna referencia a la
ideología o a la tenencia de creencias políticas como no invalidantes para poder acceder al Consejo General del Poder Judicial. Siempre he sostenido, a lo largo de toda mi trayectoria, que considero que el consejo es un órgano de gobierno y que
como tal debe respetar la pluralidad, pero es que además siempre he afirmado también -no sé los ejercicios políticos de otros- que mi actuación política, mi querencia política o mi quehacer en ese ámbito han estado ligados siempre a la tutela de
intereses públicos, mismos intereses públicos que espero poder servir con el beneplácito de ustedes y el de la mayoría de la Cámara, si es que así se da. Siempre he manifestado que lo que pienso, lo que de derecho sé e incluso la forma que tengo de
ser, todo junto, va a ir al Consejo General del Poder Judicial si tengo la dicha de poder formar parte de él. Insisto en que no me deseo éxito a mí misma, que sí, una siempre quiere lo mejor para sí en la vida, pero al igual que ha dicho el señor
Jáuregui, yo el éxito se lo deseo a un mejor funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y a que todos los ciudadanos españoles puedan hacerse eco y notar que algo distinto ha pasado.
La señora VICEPRESIDENTA: Igual que hemos hecho con el resto de sus compañeros de candidatura, le agradecemos su presencia aquí, le agradecemos sus explicaciones y le deseamos toda clase de suerte y de éxitos, pero en su caso especial va
además con todo nuestro cariño y nuestro afecto, como ha quedado demostrado esta tarde. (Pausa.)
Finalmente, vamos a hacer manifestación de la idoneidad de los demás candidatos que han comparecido. De las intervenciones de los grupos y explicaciones, deducimos que somos todos partidarios de esta idoneidad.
Por tanto, manifestamos
nuestro acuerdo. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.