de sus Fuerzas de Seguridad en el período comprendido entre
el 1 de enero de 1960 y 6 de octubre de 1977.»

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de hacer una referencia a la época
predemocrática, ya que el artículo 7.º de esta proposición refleja el
inicio de la aplicabilidad de esta norma el 1 de enero de 1960. Es
necesario expresar que en esa época el propio Estado cometió excesos y
actuaciones equivalentes a las condenadas en esta Ley. Tan rechazable es
intentar subvertir el orden constitucional democrático por medio de la
violencia como impedir su advenimiento violentamente. En ese sentido, la
Ley debe contribuir también al reconocimiento de quienes sufrieron en
defensa de la democracia.

ENMIENDA NÚM. 2

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 6.2.a.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el punto 2. a) del artículo 6,
quedando redactado como sigue:

«a) A las personas de nacionalidad española que sean
víctimas en el extranjero de grupos que operen contra el Estado español o
de acciones terroristas dirigidas a atentar contra el Estado español o
los intereses españoles o sus ciudadanos.»

JUSTIFICACIÓN

Sustituyendo el término «en España» por el de «contra el
Estado español» se amplia más el ámbito territorial, incluyendo así en y
fuera del Estado español.

ENMIENDA NÚM. 3

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 6.2.b.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el punto 2. b) del artículo 6,
quedando redactado como sigue:

«b) A los participantes en operaciones humanitarias, de paz
y seguridad que formen parte de los contingentes humanitarios y sean
objeto de atentado terrorista.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de evitar que queden al margen actuaciones
humanitarias como las que realizan las Organizaciones No
Gubernamentales.

Página
11

JUSTIFICACIÓN

Los principios esenciales inspiradores de la presente
Proposición de Ley memoria, dignidad, justicia y verdad impiden, para
conseguir la reparación integral de las víctimas por parte del Estado
perseguida por la presente iniciativa, que existan ambigüedades en el
trato y en la consideración entre los terroristas, sobre quienes ha de
recaer todo el peso de la Ley, y las víctimas, sufridoras de los delitos
cometidos por aquellos.

ENMIENDA NÚM. 8

De doña María Mar Caballero Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Preámbulo. I.

ENMIENDA

De adición.

Texto que se propone:

Se propone incorporar la siguiente idea al párrafo primero
del Preámbulo, el cual quedaría redactado como sigue:

«Con la presente Ley, tras la actuación de diversos grupos
terroristas en España y los más de cincuenta años de terrorismo de ETA
que todavía padecemos, la sociedad española, a través de sus legítimos
representantes,…»

JUSTIFICACIÓN

La Exposición de Motivos no contiene referencia alguna a
quienes han sido y continúan siendo la causa principal del sufrimiento y
el dolor de las víctimas, cuyo reconocimiento y protección constituyen el
objeto único de esta Ley.

ENMIENDA NÚM. 9

De doña María Mar Caballero Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Preámbulo I.

ENMIENDA

De adición.

Texto que se propone:

Se propone incorporar la siguiente idea al final del
párrafo tercero del Preámbulo, el cual quedaría redactado como sigue:

«La significación política de las víctimas exige su
reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la
deslegitimación ética, social y política del terrorismo. El recuerdo es
así un acto de justicia y a la vez un instrumento civilizador, de
educación en valores y de erradicación definitiva, a través de su
deslegitimación social, del uso de la violencia para imponer ideas
políticas. En este sentido, los poderes

públicos se comprometen a no emprender ningún proceso de
diálogo o negociación que suponga el pago de cualquier precio o
contraprestación a los terroristas.»

JUSTIFICACIÓN

Los principios esenciales o «ideas fuerza» citados en la
Exposición de Motivos y sobre los que se inspira la presente Proposición
de Ley que persigue la reparación integral de las víctimas por parte del
Estado implican necesariamente que éste, al mismo tiempo, adopte una
política antiterrorista firme y rotunda propia de un Estado de Derecho.
Esto es, una política que resulte incompatible y rechace de plano,
cualquiera que sea la fórmula, una posible complicidad con los
terroristas.

ENMIENDA NÚM. 10

De doña María Mar Caballero Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Preámbulo I.

ENMIENDA

De adición.

Texto que se propone:

Se propone incorporar la siguiente idea al párrafo cuarto
del Preámbulo, el cual quedaría redactado como sigue:

«Las víctimas del terrorismo constituyen asimismo una
referencia ética para nuestro sistema democrático. Simbolizan la defensa
de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista.
Los poderes públicos velarán para que las víctimas sean tratadas con
respeto a sus derechos y para asegurar la tutela efectiva de su dignidad.
Asimismo, garantizarán que ningún partido, agrupación o coalición que
apoye, ampare, legitime o justifique el terrorismo pueda acceder a las
instituciones democráticas y adoptarán las medidas necesarias para
impedir la continuidad de los electos de dichas formaciones que ya lo
hubiesen hecho.»

JUSTIFICACIÓN

Los principios esenciales o «ideas fuerza» citados en el
Preámbulo y sobre los que se inspira la presente Proposición de Ley que
persigue la reparación integral de las víctimas por parte del Estado
implican necesariamente que éste, al mismo tiempo, adopte una política
antiterrorista firme y rotunda propia de un Estado de Derecho. Esto es,
una política que resulte incompatible y rechace de plano, cualquiera que
sea la fórmula, una posible complicidad con los terroristas.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula 1 enmienda a la Proposición de Ley de
reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2011.—El
Portavoz, Jordi Vilajoana i Rovira.

ENMIENDA NÚM. 11

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición
adicional primera.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Disposición Adicional Primera.

“1. Quienes con anterioridad a la entrada en vigor de
la ley hubieran percibido como resultado total del importe de las ayudas
y del pago, en su caso, de las cuantías por responsabilidad civil fijada
en sentencia firme, una cuantía inferior a la señalada en el anexo I de
esta ley podrán solicitar en el plazo de un año, contado a partir de la
entrada en vigor del Reglamento de la ley, el abono de las diferencias
que pudieran corresponderles.

2. En el mismo plazo de un año, contado a partir de la
entrada en vigor del Reglamento de la ley, las personas que hayan sufrido
los daños materiales a que se refiere el artículo 4.4. por hechos que se
hubieran cometido desde el 1 de enero de 1960, podrán solicitar el pago
de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la acción
terrorista declarada por una resolución judicial o
administrativa.”»

JUSTIFICACIÓN

Se justifica la presente enmienda en coherencia con la
modificación introducida en esta ley en relación con el reconocimiento de
indemnización de los daños materiales ocasionados por actos de terrorismo
como una de las novedades respecto de la anterior legislación sobre
resarcimiento a las víctimas de delitos de terrorismo que no contemplaba
estos supuestos.

Se justifica asimismo para dar un contenido efectivo al
artículo 7 de la ley, que regula expresamente la aplicación retroactiva
de la ley a todos los actos acaecidos a partir de 1 de enero de 1960, sin
distinguir entre la compensación entre daños personales o materiales. Se
posibilita de esta forma además que la norma pueda ser de aplicación
retroactiva para todos aquellos que, en aplicación de la legislación
anterior, hubiesen recibido ayudas o indemnizaciones por dichos actos por
cuantías inferiores a las que la presente ley establece o bien no
hubiesen recibido ningún resarcimiento por los mismos.

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula 8 enmiendas a la Proposición de Ley de reconocimiento y
protección integral a las víctimas del terrorismo.

Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2011.—El
Portavoz, Ramón Aleu i Jornet.

ENMIENDA NÚM. 12

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Preámbulo I.

Página
16

un proyecto totalitario, mediante la eliminación física de
personas que defendían la aplicación de los derechos y libertades
ciudadanas en nuestro país.

Muchas han sido las personas fallecidas a manos de grupos
de la ultraderecha hasta la publicación de la Constitución Española y, en
su consideración de víctimas de actos terroristas, han de quedar
claramente integrados en la definición desarrollada en el artículo 3 de
la ley. Por ello, para evitar dudas interpretativas o de aplicación
posterior, la presente enmienda tiene la virtualidad de aclarar la
voluntad del legislador.

ENMIENDA NÚM. 15

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Preámbulo II.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del párrafo décimo del apartado II del
Preámbulo

Esta ley asume igualmente una idea relativamente novedosa,
que impregna todo su articulado y es que las víctimas del terrorismo son,
en efecto, víctimas de violaciones de derechos humanos, al igual que lo
fueron las víctimas de las acciones armadas de las fuerzas de orden
público contra quienes ejercían o defendían esos mismos derechos humanos
durante el franquismo. Esta tesis refuerza sin duda el estatus normativo
de la víctima, vinculando sus derechos a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, así como a los valores constitucionales y universales
de las sociedades abiertas y democráticas y señalando correlativamente
obligaciones jurídicas vinculantes para el Estado que aseguran la
adecuada compensación de quienes han sufrido el terrorismo o las
ilegítimas acciones armadas de fuerzas públicas durante el
franquismo.

JUSTIFICACIÓN

La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
60/147 afirma en su apartado 8 que «se entenderá por víctima a toda
persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de
acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las
normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del
derecho internacional humanitario.»

El apartado 9 de la misma Declaración afirma que «Una
persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la
violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la
relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.»

Esta definición de la consideración de «víctimas» es
claramente aplicable a quienes fallecieron hasta la aprobación de la
Constitución Española a manos de unos cuerpos de seguridad del estado que
tenían precisamente como una de sus misiones centrales la represión de
quienes reclamaban derechos democráticos y de quienes defendían o
ejercían derechos humanos básicos.

Por otro lado, la referencia a la Declaración Universal de
los Derechos Humanos se efectúa toda vez que los valores constitucionales
a los que se hace referencia tienen como reconocimiento previo dicha
Declaración, que constituyó un hito histórico que hay que reivindicar
también en relación con quienes han visto violentamente impedido el
ejercicio de sus derechos básicos, entre los que se encuentra el de la
vida, la libertad y la salud.

Página
19

JUSTIFICACIÓN

Se pretende evitar, con esta enmienda, un trato
injustificadamente diferenciado y, por lo tanto, discriminatorio entre
unas víctimas y otras. Así, no resultaría aceptable que para las personas
fallecidas en defensa de la democracia o los derechos civiles durante el
período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1977
se fije una indemnización de casi la mitad que la reconocida a las
víctimas de acciones de organizaciones terroristas (135.000 euros en el
primer caso y 250.000 euros en el segundo caso, más la indemnización por
responsabilidad civil).

El mantenimiento del trato desigual entre víctimas
supondría un doble agravio a quienes, reconocidos como tales en la Ley
52/2007 de Memoria Histórica, se les ha privado también del derecho al
enjuiciamiento de los responsables de los fallecimientos y daños
personales, eliminando así la responsabilidad civil que, en su caso,
podría haberse fijado en Sentencia.

En el mismo sentido, carece de justificación el diferente
trato temporal entre unas y otras víctimas, toda vez que a las víctimas
de la dictadura únicamente se les reconoce indemnizaciones por
fallecimiento a partir del 1 de enero de 1968. Evitar esa injustificada
diferenciación obliga a que se iguale el periodo a considerar desde el 1
de enero de 1960, aun cuando esta fecha se siga considerando como un
periodo aleatorio que deja fuera a miles de víctimas desde la guerra
civil hasta 1960.

Por último, no deben quedar fuera de protección las
víctimas de actos violentos, fundamentalmente a manos de grupos
organizados de la extrema derecha, cometidos hasta la misma publicación
de la Constitución Española, puesto que hasta ese mismo momento se
produjeron asesinatos de defensores de la democracia y de la libertad o
de personas que simplemente ejercían cívicamente sus derechos humanos.

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula 20 enmiendas a la Proposición de Ley de reconocimiento y
protección integral a las víctimas del terrorismo.

Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2011.—El
Portavoz, Ramón Aleu i Jornet.

ENMIENDA NÚM. 20

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Título de la Proposición de Ley.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el título de la ley

Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas
del terrorismo y de la violencia política.

JUSTIFICACIÓN

Por creerlo conveniente.

ENMIENDA NÚM. 21

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Preámbulo II.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el párrafo sexto del apartado II del Preámbulo

En segundo lugar...» y finaliza por «de ningún tipo de
aseguramiento».

JUSTIFICACIÓN

El Preámbulo de la Ley establece «La Ley se inspira
igualmente en el principio de igualdad, estableciendo criterios que
garanticen un trato más equitativo en orden a la compensación, evitando
en todo caso respuestas desiguales ante supuestos similares. Al mismo
tiempo, completa la regla general de la territorialidad a los efectos del
reconocimiento subjetivo de la condición de víctima con el principio de
la ciudadanía. La incorporación normativa de este principio lleva a
proteger también a los españoles que sufran atentados terroristas fuera
de España y de la Unión Europea con independencia de que éstos vayan
dirigidos o no contra “intereses españoles”, sean realizados
por bandas que operen habitualmente en España o afecten a operaciones de
paz y de seguridad en el exterior.»

A pesar de esta manifestación de voluntad del legislador,
en el cuerpo de la Ley se distingue a estas víctimas que sufren atentados
en el extranjero estableciendo un sistema indemnizatorio especial bajo la
denominación «ayudas excepcionales por daños sufridos». En ningún caso
deberían ser ayudas excepcionales, ya que todas las personas deben ser
tratadas por igual, es decir, lamentablemente todas son víctimas del
terrorismo sin distinción alguna.

En razón de este trato en la ley como víctimas en el
extranjero beneficiarias de ayudas excepcionales, éstas, tienen menos
derechos. La Ley les limita a estas víctimas las indemnizaciones a
percibir; «así se ha fijado la cuantía del cincuenta por 100 para quienes
tengan residencia habitual en el país en que se produzcan los daños; un
cuarenta por 100 para quienes no teniendo la residencia habitual en el
país dispongan de algún tipo de aseguramiento y un treinta por 100 para
quienes no dispongan de ningún tipo de aseguramiento», se expone en la
exposición de motivos.

Distinción del todo absurda, pues: si la víctima tiene
residencia habitual en ese país, es más posible que pueda ser
beneficiaría en dicho país de las indemnizaciones pertinentes o pueda más
fácilmente realizar las reclamaciones oportunas, y si se dispone de algún
tipo de aseguramiento éste no podrá utilizarse por tratarse de una causa
excepcional que exime a las compañías aseguradoras del pago de las
indemnizaciones correspondientes. Asimismo, una persona extranjera, no
residente, víctima de un atentado en España de un grupo que no opera
habitualmente en España, tiene derecho al 100 por 100 de las
indemnizaciones previstas y no se considera un supuesto de ayuda
excepcional. Por lo que tendrá acceso a todos los derechos previstos en
la Ley y además podrá obtener la nacionalidad española.

Una persona con ciudadanía española si sufre un atentado en
otro país no percibirá del Estado Español este 100 por 100, y aunque
tampoco lo perciba del Estado donde se haya producido el atentado.
Además, de acuerdo con el actual redactado de la ayuda excepcional, estas
víctimas en el extranjero «tendrán derecho a percibir, exclusivamente una
ayuda económica, en los términos...», y el resto de ayudas y derechos
previstos, no? No podrá ejercer los derechos laborales, en materia de
vivienda, ayudas educativas, no tendrá asistencia sanitaria de urgencia,
psicológica y psiquiátrica... Esta distinción que propone el legislador
lleva al absurdo.

ENMIENDA NÚM. 22

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 2.1.

Página
23

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el enunciado del artículo 22

Artículo 22. De las ayudas a las víctimas del terrorismo
que sufran atentado terrorista fuera de España.

JUSTIFICACIÓN

Por creerlo conveniente.

ENMIENDA NÚM. 35

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 22.

ENMIENDA

De sustitución.

Se sustituye el redactado del artículo 22

Artículo 22. Daños sufridos en el extranjero.

1. En el supuesto que las víctimas de acciones terroristas
cometidas fuera del territorio nacional recibieran una compensación o
ayuda económica por el Estado donde se haya producido el atentado, deberá
reintegrar al Estado español la cantidad que haya recibido de este en
razón de la presente ley. Aun así, si la indemnización a percibir en el
exterior fuera inferior a la establecida en España, el Estado español
abonará la diferencia.

JUSTIFICACIÓN

Igual justificación que la enmienda de supresión del
párrafo sexto del apartado II del Preámbulo.

ENMIENDA NÚM. 36

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 22.1.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 1 del artículo 22

1. Si el español tiene su residencia habitual en el país en
que se produzca la acción terrorista percibirá el 50 por 100 de las
cantidades fijadas en la tabla 1 del Anexo.

Si el español no tuviera su residencia habitual en el país
en que se produzca la acción terrorista percibirá el 40 por 100 de las
cantidades fijadas en la tabla 1 del Anexo, siempre que disponga de algún
tipo de aseguramiento, y el 30 por 100 de dichas cantidades si no dispone
de ningún tipo de aseguramiento.

El reconocimiento de esta ayuda no producirá efectos en
otras legislaciones específicas.

JUSTIFICACIÓN

Por creerlo conveniente.

ENMIENDA NÚM. 37

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional

Disposición adicional (nueva).

El Gobierno, en el plazo de dos meses a partir de la
entrada en vigor de la presente ley, modificará el Real Decreto
1803/2008, de 3 de noviembre, para suprimir de entre las causas que
imposibilitan la percepción de las indemnizaciones contenidas en el
artículo 10 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que reconocen y
amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, a quienes
hayan pertenecido a bandas o grupos armados.

JUSTIFICACIÓN

Por creerlo conveniente.

ENMIENDA NÚM. 38

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional

Disposición adicional (nueva).

El Gobierno deberá presentar, en el plazo de dos meses a
partir de la entrada en vigor de la presente ley, un informe sobre las
víctimas que hayan padecido violencia política en los años de la
Transición con

la finalidad de que sean consideradas, en su caso,
beneficiarias de las indemnizaciones previstas en la presente ley.

JUSTIFICACIÓN

Por creerlo conveniente.

ENMIENDA NÚM. 39

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional

Disposición adicional (nueva).

El Gobierno deberá presentar, en el plazo de dos meses a
partir de la entrada en vigor de la presente ley, un informe sobre las
víctimas que hayan padecido violencia política desde el 6 de octubre de
1977 hasta la entrada en vigor de la Constitución española, con la
finalidad de que sean consideradas, en su caso, beneficiarias de las
indemnizaciones previstas en la presente ley.

JUSTIFICACIÓN

Por creerlo conveniente.

Página
31