I. Iniciativas legislativas

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Propuestas de veto e impugnaciones de una Sección
621/000002
(Congreso de los Diputados, Serie A, Num.6, Núm.exp.
121/000006)

I. PROPUESTAS DE VETO AL PROYECTO DE LEY

El Senador Jon Iñarritu García (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 8 de junio de 2017.—Jon Iñarritu García.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 1

De don Jon Iñarritu García (GPMX)

El Senador Jon Iñarritu García (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

El Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado aprobados por el Gobierno para el presente ejercicio de 2017 y que se han tramitado en el Congreso de los Diputados, parten de un diagnóstico de la realidad estatal actual erróneo, y hacen una lectura interesada y falseada de
las consecuencias negativas que las políticas que ha venido implementando en los últimos años están teniendo en la sociedad, en un intento por continuar insistiendo en los mismos errores, eso sí, incluyendo algunos tímidos cambios para lograr el
apoyo que necesita el PP para sacar adelante sus cuentas, ahora que no tiene mayoría absoluta.

Se trata de unos presupuestos que siguen sin responder a las múltiples crisis que atraviesa el Estado español, tanto la económica, como la social,
o la institucional; más bien siguen profundizando en las consecuencias de todas ellas, generando más desigualdad, anteponiendo el pago de la deuda a las necesarias políticas sociales, recortando el gasto social, no afrontando la necesaria reforma
fiscal que posibilite una fiscalidad más progresiva y equitativa, que ataje el fraude fiscal y permita lograr los recursos necesarios para hacer las políticas públicas que pongan en el centro los intereses del conjunto de la población, en especial
los de quienes más están sufriendo las consecuencias de la crisis, en lugar de seguir protegiendo a los capitales especulativos y financieros.

Lejos de lo que afirma en relación a los presupuestos que ha presentado, el Gobierno continúa
haciendo recortes, no apuesta por la creación de empleo de calidad y sigue destruyendo empleo público; impide con sus políticas transitar a otro modelo socioeconómico por medio del cual se pueda avanzar en justicia social, apostando por un
desarrollo social sostenible de la economía.

Además de insistir en políticas públicas que no responden a las necesidades de la mayoría, hace oídos sordos a las mayorías vasca y catalana que le demandan ser sujetos de decisión y poder decidir
sobre su futuro, también para cambiar el rumbo de las políticas socioeconómicas que desde el gobierno central se nos vienen imponiendo y que traen consigo mayores cotas de desigualdad, paro, precariedad, pobreza.

La demanda social catalana
para decidir vía referéndum su futuro encuentra en frente un Gobierno cerrado al diálogo y al acuerdo, que quiere imponer su verdad como única.

De igual manera se niega a aceptar los avances que se han producido en sus cinco años de mandato,
pese a los innumerables obstáculos que el propio Gobierno ha ido poniendo a la tan ansiada paz y normalización en Euskal Herria, y cierra la puerta, también vía presupuestos, a los cambios que la mayoría social y política vasca le viene demandando,
para acabar con la legislación excepcional y con la vulneración de derechos humanos que su aplicación conlleva, como en el caso concreto de los presos y la política excepcional de alejamiento que siguen aplicando, y en la que no tienen intención de
hacer cambios.

Los presupuestos aprobados por el Gobierno están llenos de falsedades, de afirmaciones huecas alejadas de la actuación del Ejecutivo, como en el caso de la apuesta por el diálogo frente a la cultura del conflicto a la que
alude en sus objetivos para el Ministerio de Justicia, cuando insiste en no desactivar políticas excepcionales que vulneran derechos básicos, y la práctica habitual en los últimos años por parte del Gobierno ha sido la de recurrir sistemáticamente
las leyes aprobadas por las instituciones de Euskal Herria en el ejercicio de su soberanía limitada, en la mayoría de los casos para atacar los avances sociales que estas suponen.

Una actitud, la del Gobierno, que, si bien es notoria en el
caso de la mermada capacidad de decisión de las instituciones vascas, denota una actitud mucho más generalizada en materias concretas, como la vivienda, ya que ha recurrido todas las leyes que las diferentes comunidades autónomas han ido aprobando,
en un intento por lograr vía Tribunal Constitucional lo que no ha podido lograr por mayoría política.

Precisamente el de la vivienda es un claro ejemplo de la hipocresía de un Gobierno, que apenas destina recursos a implementar una verdadera
política en favor del reconocimiento real del derecho a la misma como un derecho básico, pero que se permite imponer cual es la política que deben realizar las instituciones que destinan realmente recursos a garantizar el derecho a la vivienda,
atacando la actuación de estas cuando no son de su agrado.

Por todo ello, un Gobierno que nos habla de impulso al alquiler, mientras recurre una ley que se plantea destinar todas las viviendas construidas con dinero público al alquiler y no
a la venta, no es creíble. Un Gobierno que ha actuado en materia de vivienda en favor de las entidades financieras y la economía especulativa, dejando a miles de personas desahuciadas en la calle, no puede pretender hacernos creer que realmente le
preocupa el bienestar de las familias, que tienen en el problema del acceso a la vivienda un problema añadido a la ya deteriorada situación social, laboral, económica, producto de las políticas neoliberales que el Gobierno impulsa y que vía estos
presupuestos no tiene intención de corregir.

Y es que por mucho que nos intente convencer de lo contrario, la realidad es tozuda y los números claros.

El Gobierno no apuesta por revertir las políticas de los últimos cinco años, aunque
sus consecuencias han sido enormemente negativas y saltan a la vista

Dice el Gobierno que va a bajar el paro y con ello la partida de las prestaciones por desempleo, pero nos oculta que gran parte de las personas paradas de larga duración
hace mucho que no perciben prestación alguna; el 4 % de las familias no tiene ningún ingreso y las prestaciones sólo llegan al 55,5 % del total de personas paradas.

Nos oculta que la caída de los salarios en términos generales ha afectado de
forma especialmente grave a los salarios más bajos. Tampoco nos habla de la pobreza. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en el 27,9 %, asciende al 14,1 % entre las y los trabajadores en activo, a causa de la precariedad, y
aumenta hasta el 48,5 % en el caso de las personas paradas.

A ello hay que añadir que la gran mayoría de nuevos empleos son de corta duración. Así lo destaca la Comisión Europea en un informe en el que dice que el Estado español posee una de
las tasas más altas de temporalidad de la Unión Europea y apunta también a la alta tasa de trabajo a tiempo parcial que recae en su mayoría en las mujeres que no llegan a percibir el mínimo necesario para llevar una vida digna, además de seguir
asumiendo gran parte del trabajo no remunerado de los cuidados, tan necesario para la sociedad. Lo que nos arroja una foto de desigualdad en aumento.

Atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística el empleo neto creado durante
los últimos cinco años es muy escaso, la ocupación total en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo ha aumentado un 0,8 y el trabajo asalariado por cuenta ajena un 0,4 %; porque la realidad es que desde 2012 hasta comienzos
del 2017 el número total de personas afiliadas a la seguridad social ha aumentado un 4 %, pero el número de afiliados con contrato indefinido a tiempo completo se ha reducido un 3 %; el número de horas trabajadas no ha aumentado, lo que ocurre es
que, para entendernos, el mismo trabajo se reparte entre más personas, reparto de la precariedad que empobrece a las clases trabajadoras.

Y qué decir de la situación de la juventud, abocada a marcharse al extranjero, o las personas
pensionistas.

Para la juventud la situación no es nada alentadora, tiene un nivel de desempleo superior al 40 %, más del doble del desempleo juvenil de la zona euro, y una temporalidad que roza el 85 %.

En cuanto a las personas
pensionistas, más de la mitad de ellas cobra pensiones inferiores a los 700 euros, cantidad mucho menor en el caso de las mujeres, de las pensiones de viudedad, que cobran por término medio pensiones un 40 % inferiores, lo que les lleva a sufrir
situaciones de extrema pobreza.

Se trata de un colectivo, el de las personas pensionistas, que no tiene cubiertas sus necesidades básicas y al que se le responde que no hay suficientes recursos para dignificar su pensión, que no pueden
albergar ninguna esperanza de poder actualizar sus pensiones al menos a la par de lo que se encarece la vida.

Tan sólo nos presentan los datos contables que hablan de más pensionistas, pensiones más altas y subida del 0,25 %, pero ocultan que
esta realidad es consecuencia de la propia inercia del sistema y que a pesar de los esfuerzos por debilitar y desgastar su nivel de cobertura por parte del Gobierno se está produciendo un aumento de gasto.

A la par se niegan las soluciones,
como las reformas necesarias que, partiendo de otra premisa permitan pensiones dignas; que no es más que establecer a cuánto asciende una pensión mínima digna y calcular cuánto dinero hace falta para garantizarlas, para posteriormente a ello,
pensar de donde conseguimos los recursos para garantizar pensiones dignas. Pero el Gobierno no está dispuesto a entrar al debate de fondo y además con la ínfima subida y su aplicación lineal, sigue castigando a la pobreza a las pensiones más
bajas.

Según la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en ausencia de medidas que permitan incrementar los recursos y corregir el desequilibrio de la Seguridad Social, la aplicación del índice de revalorización
desvinculado del IPC provocaría una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones del 7 % entre 2013 y 2022. Además, con el aumento de la edad de jubilación, del número de años para calcular la base de cotización y demás reformas paramétricas
realizadas, la cuantía de las nuevas pensiones se irá reduciendo progresivamente y en 2026 serán un 15 % más bajas que si no se hubieran realizado las reformas del 2011 (PSOE) y 2013 (PP).

Y es que el objetivo del Gobierno es gastar menos en
pensiones y gracias a las reformas realizadas va camino de conseguir que en 2050 el gasto se reduzca en un 22 %, según las proyecciones de la Comisión Europea (The 2015 Ageing Report), si antes no se pone remedio a ello.

Dice el Gobierno que
suben los sueldos del funcionariado, pero continúan perdiendo poder adquisitivo, alrededor de un 13 % desde el 2009.

Dice que crearán hasta 67.000 puestos de trabajo en el conjunto de las administraciones públicas, algo del todo improbable
con una tasa de reposición del 100 % en el mejor de los casos, pero del 50 % en los sectores no considerados prioritarios. Y más aún si a eso añadimos, que pese a la subida de los sueldos en un 1 %, los gastos de personal sufren un descenso
del 1,6.

Muy al contrario, se viene produciendo una importante pérdida de puestos de trabajo públicos. Es decir, aproximadamente el 5,6 % del empleo público existente en el conjunto de las administraciones públicas cuando tomó posesión de su
cargo Mariano Rajoy en 2012 se ha perdido a consecuencia de los recortes y reformas realizadas. El dato es aún peor en el caso de la administración pública estatal donde la pérdida de empleo se eleva al 7,6 %, alrededor de 43.000 puestos de trabajo
menos.

Lejos de afrontar las políticas públicas necesarias para hacer frente a las necesidades sociales, el gasto social sigue disminuyendo

Dice el Gobierno que los presupuestos son los más sociales, y lo que nos oculta es que restado
el dinero que se destina al pago de las pensiones, el gasto social ha disminuido desde la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno en 19.000 millones, es decir, un 27 %.

Si comparamos los datos del Estado con los de la Eurozona, el gasto público
total de las administraciones públicas está 5,3 puntos del PIB por debajo de la media de la zona euro, y el gasto público en protección social 3 puntos por debajo.

Además, seguirá disminuyendo el esfuerzo de la Administración General del
Estado en protección social puesto que el gasto en trasferencias sociales (Pensiones, desempleo…) crecerá por debajo de la tasa del PIB nominal (4,1 %).

Y es que incluso en aquellas materias en las que el Gobierno pretende hacernos
creer que aumentan las partidas los datos que se apuntan están falseados, como en el caso de la pobreza infantil, en la que el incremento de presupuesto real es tan solo de 30 millones, o la atención a la dependencia, cuyo incremento no va a suponer
un incremento efectivo de las cuantías que recibirán las Comunidades Autónomas para atender a las personas en situación de dependencia, con lo que seguirán incumpliendo la ley y condenando al 96 % de las personas que están en lista de espera a
continuar esperando.

Y de esa manera es imposible hacer frente a la dramática situación de las familias que peor lo están pasando y que necesitan que se implementen otras medidas.

El Gobierno no aborda la tan necesaria reforma fiscal,
para dotarse de los recursos necesarios para hacer otras políticas públicas, apostando por una mayor presión fiscal que soporten quienes más tienen

Y todo ello por no querer abordar las reformas fiscales necesarias para dotarse de los
ingresos suficientes para hacer frente a las políticas sociales que la situación requiere y poner lo verdaderamente importante en el centro de su actuación política.

Y es que, con el objetivo de priorizar el pago de la deuda, en 2017
destinará el 27 % del gasto a la amortización de la deuda y al pago de intereses, 7 puntos más que en 2011, el Gobierno no muestra voluntad alguna de realizar las reformas necesarias para garantizar la suficiencia recaudatoria. Eso sí, hace unos
cálculos de ingresos excesivamente optimistas, ya que de cumplirse supondrían la mayor recaudación de la historia. Pero no es este el único problema, ya que, apuesta por un aumento en la recaudación en los impuestos indirectos, mientras prevé una
disminución en los directos, con lo que aumenta la desigualdad.

Así pues, sigue cargando sobre las rentas de trabajo y no apuesta por una mayor presión fiscal que acerque el estado español a los países europeos más avanzados, haciendo que ese
incremento lo soporten quienes más tienen, con un doble objetivo, aumentar la recaudación y avanzar en la redistribución de la riqueza.

En lugar de apostar por ello, las políticas del gobierno profundizan en una distribución de la carga de
impuestos cada vez más regresiva, con perdida de progresividad en el impuesto de la renta, con pérdida de peso en la recaudación de las rentas de capital, con una tributación insignificante de los beneficios de las empresas. La sola anulación de
algunos de los beneficios fiscales que en la actualidad se aplican a las empresas y que suponen en torno a 2.127 millones de euros anuales supondría un importante aumento en la capacidad recaudatoria sin restar nada al fortalecimiento del tejido
económico, y contribuiría a una mayor equidad, ya que a consecuencia del impuesto actual las grandes empresas tributan los tipos efectivos más bajos, del 7 % según la información facilitada por el propio ministro Cristóbal Montoro, prácticamente la
mitad de lo que cualquier persona asalariada tributa.

Unido a ello está la falta de voluntad real para actuar contra el fraude fiscal, para lo cual debería dedicar más recursos a la lucha contra el fraude fiscal, en lugar de seguir fomentando
la elusión fiscal. Prueba de ello es la disminución de la plantilla con que cuenta la Agencia Tributaria para ello, muy por debajo de la media de la OCDE y que se ha reducido en un 8 % entre 2011 y 2015. Los recursos económicos (en porcentaje del
PIB) destinados a gestionar la administración tributaria y luchar contra el fraude son prácticamente la mitad que, en Francia o Reino Unido, y tres veces menos que en Bélgica o los Países Bajos.

Por tanto, el Gobierno tiene un problema de
ingresos suficientes que no quiere afrontar, junto con una errónea política de prioridades en el gasto.

El Gobierno prioriza los gastos en defensa o infraestructuras, en detrimento del gasto social

Y es que ahondando en ello podríamos
hablar de las inversiones o del gasto en defensa. El presupuesto de este último ministerio no sólo aumenta por la obligatoria inclusión de la compra de armas, sino que ha ido aumentando considerablemente año tras año no tanto en el presupuesto
presentado como en la ejecución del mismo, incremento que ha ascendido a más de 10.368 millones, es decir, un 35 %.

Un gasto que supone en última instancia una clara apuesta por la OTAN que no compartimos, junto con más apología de una
institución poco democrática en su funcionamiento, que irradia valores nada saludables para quienes aspiramos a una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.

Y es que por más que también en defensa se habla de invertir más en programas de
igualdad, la verdad es que las partidas destinadas a esta se mantienen como estaban, lo que nos lleva a afirmar que la igualdad no es una prioridad para el Gobierno. Incluso por mucho que se proponga un pacto de estado contra la violencia machista,
las partidas para hacer frente a esta lacra aumentan tímidamente y siguen suponiendo apenas un 0,01 % del presupuesto. Si partimos de la base de que la forma más eficaz para combatir la violencia machista es impulsar políticas de igualdad, y estas
no aumentan sus cuantías, podemos concluir que poco se avanzará en la prevención de la violencia machista y la actuación será meramente asistencial.

Más aún si cabe, después de la situación descrita en relación con el mercado laboral, si
observamos que desaparecen las partidas destinadas a la mejora de las condiciones laborales y a la reducción de las diferencias salariales entre hombres y mujeres; y si vemos que las políticas de igualdad están más dirigidas a las empresas.

Se nos presenta en este ámbito la ampliación del permiso de paternidad como gran avance, pero entendemos que la medida se queda corta si este permiso no es intransferible, obligatorio. Y es que, de no ser así, seguirán siendo las mujeres las que
sigan cogiendo las bajas de forma mayoritaria, cuando lo que estas necesitan son mecanismos para que los hombres puedan ejercer su derecho y su deber de ser padres desde el principio, para así las madres poder ir ocupando el lugar que les
corresponde en el mercado laboral con la tranquilidad de saber que sus hijos están bien cuidados. Las prestaciones que inducen a las mujeres a retirarse del mercado laboral no non para ellas, sino para las familias a cambio del sacrificio de la
mujer. El permiso de paternidad obligatorio no acabará con todos los problemas, pero servirá para sacar a la luz la necesidad de acabar con la división del trabajo entre hombres y mujeres y con los roles de género.

No se puede perder un año
más en poner en marcha las políticas para alcanzar una sociedad más justa, igualitaria y solidaria

Es pues en políticas sociales en las que el Gobierno debe hacer un mayor esfuerzo inversor e invertir la tendencia, en algunos casos, saliendo
de la perjudicial parálisis actual, como en el caso de la energía.

Seguir como hasta ahora, esa es la mejor definición de la política energética del estado español. La cuestión es que seguir como hasta ahora supone perder un año tras otro la
oportunidad de hacer una apuesta estratégica por la necesaria transformación energética.

En el siglo del cambio climático, en el siglo de la necesaria transformación energética hacia un modelo des carbonizado, el estado español sigue sin
hacer nada. La apuesta por los ciclos combinados de gas a principios de este siglo, vendida como la energía de transición se ha demostrado que ha supuesto estancar el crecimiento renovable y además ha dejado en evidencia una planificación
desastrosa. En la CAV los 5 grupos de ciclo combinado funcionan a menos del 15 % de su capacidad y en Nafarroa, los 3 grupos existentes a menos del 10 %. Y ahora lo que ustedes pretenden es ponerlos en funcionamiento para vender los Mw de esas
centrales al estado francés, por medio de líneas de alta tensión devastadoras con el territorio. Se trata de hacer lo posible para que las grandes empresas aseguren sus beneficios, en vez de hacer lo posible para que se rija por el interés público
un sector estratégico como es el energético.

En los presupuestos no se atisba nada que tenga que ver con una transformación energética.

Transformación que se debería de empezar con un claro cambio del modelo eléctrico.
Descentralizando el sistema, tanto en la producción, en el transporte como en la toma de decisiones. Acercando por medio de fuentes renovables la producción al consumo, evitando los impactos de las grandes centrales y sus redes de transporte,
apostando por la generación renovable distribuida y por las redes inteligentes. Una auténtica revolución que supondría la creación de puestos de trabajo y ponernos a la cabeza en tecnología y desarrollo industrial en energía renovable. Pero
ustedes pretenden seguir en la edad media energética, con sus ciclos combinados y manteniendo el carbón y la nuclear, sin dar el necesario impulso a la generación renovable distribuida.

No aparece en el ámbito del desarrollo normativo ninguna
referencia a la posibilidad de favorecer el autoconsumo eléctrico renovable, ni mucho menos de que ese autoconsumo se pueda realizar mediante la fórmula del balance neto, siguen apostando por el impuesto al sol. Se pliegan a los intereses de las
grandes eléctricas que no quieren, por muy pequeña que sea, ninguna competencia en la generación eléctrica, que pueda poner en cuestión un sistema oligopólico, aunque ello suponga dejar de lado la dura realidad de 5 millones de hogares en el estado
en pobreza energética.

Por último, hablan de favorecer la movilidad energética eficiente, palabras huecas sin credibilidad alguna si son utilizadas por quienes en los últimos 25 años se han metido en una alocada carrera por dilapidar miles de
millones públicos en la alta velocidad.

Una alta velocidad que solo ha sido rentable para las empresas que lo realizaban y los partidos que con ellas se financiaban. Para la ciudadanía ha supuesto abandonar el tren de cercanía, el que
transporta a la clase trabajadora, y detraer miles de millones públicos que no se invierten en educación, sanidad o servicios sociales. El país de Europa con más kilómetros de alta velocidad (segundo en el mundo tras China) y que no ha recuperado
los costes de inversión en ninguna línea y solo ha conseguido cubrir los costes de explotación en la línea Madrid Barcelona. El mejor ejemplo de este despilfarro es la Y vasca. Una línea que supondrá para su puesta en marcha desembolsar cerca
de 10 mil millones y que el único informe coste/beneficio que sobre la misma se ha realizado, augura que no recuperará los costes de explotación y será un agujero sin fondo durante la explotación. Por cierto, una línea de alta velocidad no
recupera, en el mejor de los casos (que no se da ninguno en el estado español) el CO2 generado en su construcción en los siguientes 60 años. Gran ejemplo de eficiencia.

El déficit generado por la alta velocidad, que al año supone un agujero
negro de 353 millones de pérdida después de quitar impuestos y actividad, sólo ha sido superado por el rescate bancario, con lo que rescatar bancos y constructoras está arruinando al Estado, llevándole a déficits difíciles, por no decir imposibles
de revertir.

Apuestan por un modelo de desarrollo volcado en la construcción de carreteras y líneas de AVE como motor económico y sobre todo de enriquecimiento de esos que están siendo señalados en las investigaciones judiciales por pago de
comisiones al PP.

Esta es su prioridad y no la apuesta por un tejido industrial fuerte, para el que la inversión en investigación y desarrollo es tan necesaria. El Gobierno anuncia un incremento del gasto en esta materia, pero en realidad
puede suponer más bien una disminución, habida cuenta de que una buena parte del presupuesto de créditos suele acabar el año sin emplearse y es esa la dotación que ha subido, mientras las subvenciones y el resto del gasto directo se han recortado
un 2,6.

Ante esta situación tan sólo la soberanía económica, fiscal, financiera y social podrá hacer avanzar a Euskal Herria

El análisis del contenido y la filosofía que impulsan estos presupuestos nos lleva a constatar que la sociedad
vasca no tiene acomodo en los mismos. La sociedad vasca difícilmente va a encontrar solución a sus problemas y sus retos en estos presupuestos y en el actual marco jurídico político, tanto en relación con el derecho a decidir, como la paz y
normalización y los derechos sociales.

Este Gobierno está imponiendo una realidad a la sociedad vasca que suscita un importante rechazo en la mayoría social y política de Euskal Herria que ansía mayores cotas de soberanía para poder afrontar
su futuro con perspectivas mejores, siendo dueña de su futuro, y que se encuentra a diario, no solo con que no respeta su derecho a decidir, sino que ataca sistemáticamente las ya de por sí limitadas cotas de soberanía actuales, actuando en contra
de las decisiones legítimas de nuestras instituciones.

El mantenimiento de esta situación tiene graves consecuencias sociales, económicas y políticas, además de un coste anual concreto para la CAV y Nafarroa, que asciende, según recoge este
presupuesto de 1.202 y 627 millones respectivamente.

Fondos con los que se financie la casa real, las fuerzas de seguridad del estado, el pago de la deuda o grandes infraestructuras innecesarias; en última instancia gasto socialmente inútil,
y que no contribuye a una pretendida solidaridad entre territorios para garantizar la prestación de los servicios públicos.

La solidaridad empieza por priorizar el gasto social y no la deuda, por garantizar la educación por delante del gasto
de defensa, o el de sanidad frente al de la Guardia Civil, sin olvidar el derroche que supone la monarquía. Por tanto, nadie puede pedirnos apostar por la solidaridad para contribuir a estos presupuestos que no actúan frente al paro, la
precariedad, la pobreza y desigualdad actuales, porque ello supondría establecer unas prioridades, que como hemos venido diciendo a lo largo de nuestra exposición, no son las que necesita y demanda la sociedad, ni la de Euskal Herria, ni la del
estado español.

Una realidad que vienen denunciando las instituciones vascas sometidas a un techo de gasto impuesto desde Madrid, a una ley de estabilidad presupuestaria ampliamente contestada, a la limitación de la autonomía municipal
implantada vía ley de racionalización, que les impide responder a las necesidades sociales y que no tiene en cuenta una situación económica mucho más saneada y preparada para asumir la necesaria mayor inversión en gasto social.

La deuda total
de las administraciones públicas alcanzó a finales de 2016 el 99,4 % del PIB, que se reparte de la siguiente forma: administración central un 87 %, las CC. AA. un 24,9 % (y mucho menor la de las corporaciones locales y Seguridad Social). Parte
de la deuda está contada en varios sectores administrativos a la vez, por eso la suma sin realizar los pertinentes ajustes contables (consolidación) da más del 99,4 %. En cualquier caso, un dato que no tiene comparación posible con el 14,5 % del
PIB de la CAV y el 18,2 % de Nafarroa.

Ello les permite un mayor margen de endeudamiento a las instituciones vascas, y podrá ser una buena opción, siempre que este vaya dirigido a sanidad, educación, ayudas sociales. Son las instituciones
vascas las que deberían de poder decidir al respecto.

Debemos añadir a ello la situación generada por la no actualización de la ley que debe establecer la metodología del cupo para cinco años, y que está suponiendo el cálculo unilateral por
parte del Estado de la cantidad a abonar anualmente, un cálculo que no comparten las instituciones vascas; un desacuerdo que, según diferentes interpretaciones, se cifra en torno a 2.000 millones en el caso de la CAV y en 700 en el caso de
Nafarroa. Ello se debe a que el gobierno central establece el cupo en base a los porcentajes de cálculo establecidos en 1982, en los que se establecía el peso de la economía de ambos territorios, realidad que ha cambiado sustancialmente y que si no
se revisa supone muchos millones.

Y ello no sólo por la diferencia en el cálculo de la cantidad a abonar por las competencias no transferidas; sino también por las consecuencias que se derivan de la falta de acuerdo. Un solo ejemplo es
ilustrativo de ello: la Diputación Foral de Bizkaia no ha abonado a los Ayuntamientos de la provincia el 15 % de la cantidad que vía cupo debería haber recibido del estado para la financiación de la dependencia, en concreto, para el Servicio de
Ayuda a Domicilio, por el mencionado desacuerdo. Es decir, son los Ayuntamientos los que están pagando las consecuencias. Por tanto, cuanto más se alargue esta situación, más graves serán las consecuencias para las instituciones más cercanas a la
ciudadanía, por decisión política de las instituciones, en este caso de Bizkaia, que se escudan en el bloqueo para hacerlo.

El Gobierno español no tiene interés en afrontar la negociación y sigue haciendo el cálculo como más le conviene,
dejando en evidencia que no hay una relación bilateral entre las Comunidades Autónomas y el gobierno del estado, que se limita a imponer su parecer, siempre en perjuicio de los intereses de la ciudadanía de Euskal Herria.

Otro dato más, el
pago vía cupo no varía, mientras que Nafarroa es la Comunidad con menor inversión per cápita, 123 euros por habitante; y en el caso de la CAV la inversión del Estado va a sufrir un descenso del 15 %, 381 millones en 2017.

Habrá quien piense
que, pese a la realidad descrita, el mero hecho de que se haya producido algún incremento en alguna partida, o se produzcan avances en pequeñas cuestiones, es motivo suficiente para apoyar los presupuestos.

Para EH Bildu es, más bien al
contrario, esos pequeños avances no pueden suponer la aceptación de las políticas antisociales del Gobierno, las que siguen dando la espalda a quienes peor lo están pasando y que por tanto no hacen más que profundizar en la desigualdad, priorizan la
deuda o el gasto en defensa, en detrimento del gasto social, apuestan por un modelo de desarrollo volcado en la construcción de carreteras y líneas de AVE. Y hacen todo ello atacando sistemáticamente la reducida capacidad de decisión de las
instituciones vascas, negando a la ciudadanía vasca y catalana decidir sobre su futuro, además de intentar obstaculizar los avances que en materia de paz y normalización se están dando en Euskal Herria.

Por tanto, ante unos presupuestos que
no responden a las necesidades políticas, sociales y económicas de Euskal Herria, EH Bildu presenta esta propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017.

El Senador Joan Bagué Roura (GPMX) y el
Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del
Senado, 8 de junio de 2017.—Joan Bagué Roura y Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 12

De don Joan Bagué Roura (GPMX) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX)

El Senador Joan Bagué Roura (GPMX) y
el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
marca las concreciones de la política presupuestaria determinantes de la política económica del Gobierno, de la política social y de la política de redistribución territorial. La pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular —hace ya
más de un año— unido a la realidad de haber vivido un año entero sin que el Gobierno se sometiera al control de las Cortes Generales, era una poderosa razón y una buena oportunidad para que el nuevo Gobierno intentase construir una política
presupuestaria diferente, de consenso y orientada al futuro. No ha sido así.

Un nuevo Gobierno monocolor del Partido Popular, con un mismo Presidente del Gobierno y con un mismo Ministro de Hacienda, pretenden seguir haciendo unas mismas
políticas presupuestarias. El escenario ha cambiado pero parece ser que el Partido Popular, ahora sin mayoría absoluta, pretende seguir haciendo las mismas políticas de gasto orientadas a la centralización del Estado; las mismas políticas de
competitividad basadas en la reducción salarial; las mismas políticas de creación empleo de baja calidad en convivencia con elevadas tasas de paro; la misma política económica que no incide sobre la transformación de la estructura económica del
país; la misma política social y de crecimiento que no reduce las desigualdades, al contrario, las acrecienta; la misma política administrativa y territorial centralista y antieconómica. Sin duda que las realidades han cambiado pero, por lo que
parece, el Gobierno del Estado no lo ha percibido.

Evidentemente, en los presupuestos 2017 tampoco ha variado la política estatal con Catalunya. El Gobierno podía haberse ahorrado el viaje del Presidente del Gobierno a Catalunya del día 28
de marzo anunciando una lluvia de inversiones, ya que todas las inversiones allí anunciadas correspondían a proyectos aplazados o no ejecutados por el propio Gobierno en sus anteriores cinco años de Gobierno y porqué sólo 4 días más tarde el
proyecto de ley de Presupuestos del Ministro Montoro desmentía las palabras del Presidente; o también el Gobierno podría haber alimentado su denominada «operación diálogo» dándole contenido presupuestario. No ha sido así el Estado sigue estando
a 615 Km de la capital catalana.

Bajo estas premisas, la primera conclusión del análisis de los presupuestos 2017 es que son continuistas respecto a los presupuestos de años anteriores y ello es una mala señal, ya que no respetan los
compromisos adoptados en el Congreso durante los meses transcurridos de la presente legislatura, con mayorías diferentes a las del Partido Popular.

La inadecuación de los presupuestos 2017 del Partido Popular a la realidad económica y social
del momento y a la realidad de las demandas de Catalunya puede explicarse también a través de cinco constataciones:

1) Son presupuestos poco realistas con los objetivos de déficit. Mantienen falsas previsiones en déficit y en la
evolución de los ingresos. No asumen la necesidad de racionalizar el gasto público del Estado para controlar el déficit.

Las previsiones de crecimiento de la economía para 2017 se cifran en un 2,5 % según el Gobierno, mientras que las
previsiones de aumento de los ingresos fiscales se cuantifican en un 7 %, en un contexto de baja inflación. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha tildado de «ambiciosos» estos objetivos, mientras que gobernador del
Banco de España los ha cuestionado.

En lo que atañe al gasto, habitualmente el Gobierno PP ha traspasado los recortes del gasto a comunidades autónomas y ayuntamientos. En esta ocasión las administraciones territoriales ya casi no tienen
margen para ello. Le corresponde hacerlo a la administración central pero sigue sin hacerlo. El gasto del Estado baja gracias a la disminución de la carga financiera de la deuda pública, derivada de la política de bajos tipos de interés del Banco
Central Europeo y por el discutible recorte de la inversión. La simplificación administrativa del Estado y su racionalización no aparecen en el Presupuesto.

2) No cumplen con las demandas de Catalunya: ni inversiones en Cercanías, ni
Corredor Mediterráneo, ni infraestructuras viarias. Todo ello contradice y desmiente la conferencia del Presidente Rajoy anunciando inversiones millonarias para Catalunya.

Las inversiones territorializadas del Estado en Catalunya para 2017
disminuyen en un 2,5 % respecto a 2016. Un año más tenemos en Catalunya una muy reducida inversión por habitante, 153 €/hab en vez de los 185 €/hab, de media estatal. Con esta realidad numérica y objetiva, quedan desmentidas las
promesas de inversión del presidente Rajoy efectuadas la misma semana en que se aprobaron los presupuestos. Y desde el Partit Demòcrata manifestamos que no podemos entender que el Gobierno diga lo contrario de lo que hace, diga que incrementará la
inversión en Catalunya y, en cambio, la disminuya.

Por otra parte, el porcentaje de ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya es bajísimo, el 67,8 % en 2016, es decir un tercio de lo que se presupuestó para 2016 no se ejecutó; y
en determinadas inversiones, como las ferroviarias, el porcentaje es aún muy inferior.

La construcción de un AVE económicamente insostenible es la gran prioridad del Gobierno en infraestructuras. Frente a ello, las escasas inversiones que
los presupuestos contemplan para Catalunya, tienen una muy baja ejecución, por ejemplo, 0,3 % de ejecución para el acceso UIC al puerto de Barcelona; 29 % de ejecución en el siempre pendiente tramo Vandellós-Tarragona, aún no desdoblado; 18 % de
ejecución para el Plan de estaciones de Rodalies,... ni prioridades económicas —Corredor del Mediterráneo— ni prioridades sociales —Rodalies—, la única prioridad de este Gobierno es la centralización.

3) Sin modelo económico y de empleo de futuro: Reducen la inversión, no favorecen el crecimiento económico, no favorecen la recolocación ni la creación de empleo de calidad, reducen el apoyo a la pequeña y mediana empresa y a la
internacionalización.

¿Qué medidas contiene el Proyecto de Ley para reactivar la economía y abordar un cambio de modelo productivo? No hay, al contrario son presupuestos «anticompetitividad». La inversión pública disminuye en un 5,8 %
(ministerio de defensa excluido) y el gasto en infraestructuras disminuye en un 10,9 %; ¿cómo vamos a afrontar cambios profundos en el modelo productivo si la administración no es capaz de acompañar a la economía con las consiguientes inversiones
productivas? En segundo lugar, el gasto global en I+D+i crece en un exiguo 1 %, porcentaje equivalente al crecimiento consolidado del gasto en estos presupuestos, incumpliendo así el mandato del Congreso, a propuesta del PDeCAT, de situar la
inversión en I+D+i en los presupuestos 2017 en un nivel equivalente al de 2011 (un 30 % superior a lo consignado), sin duda que la innovación no es una prioridad de este Gobierno; en tercer lugar hay reducciones presupuestarias muy relevantes que
afectan a las políticas orientadas a la actividad productiva y las PYMES, concretamente: caen los presupuestos destinados a las políticas de industria y energía, caen los destinados a promoción comercial e internacionalización, caen los destinados
a apoyo a la PYME, caen los destinados a promoción del turismo, caen los destinados a modernización de estructuras comerciales,… Afortunadamente y a pesar de las políticas del Gobierno, el tejido productivo mantiene un importante dinamismo
propio.

Aún más graves pueden considerarse las críticas a los presupuestos en relación a la política de empleo. El presupuesto destinado al pago de las prestaciones y subsidios por desempleo se reduce en 1.300 M€ a pesar de tener una
tasa de desempleo del 18,63 %, con 4.237.000 personas en paro y cerca de 1,4 millones de hogares con todos sus miembros activos en paro. En este contexto no tiene ningún sentido que de los 1.300 M€ ahorrados en desempleo sólo se destinen 285
M€ a aumentar los recursos de las políticas de fomento del empleo y aún tiene menos sentido que buena parte de estos recursos los retenga la administración central, cuando la ejecución de las políticas activas de empleo es una competencia de
las comunidades autónomas. Con otras políticas de empleo, España no sería el estado de la Unión Europea con la mayor tasa de paro, después de Grecia

4) Recentralizador: Limitan la autonomía local y de las comunidades autónomas. No
dan capacidad de ejercer la autonomía local a los Ayuntamientos, por lo que impiden que éstos puedan aplicar el superávit.

Centralizador es el ineficiente modelo radial de infraestructuras, con millonarias inversiones en un AVE insostenible;
centralizador es el modelo de Puertos o aeropuertos; centralizador es el modelo administrativo que se va imponiendo con las leyes de carácter básico, pero además estos presupuestos acrecientan la centralización de las administraciones con dos
cuestiones que afectan directamente a su autonomía financiera. Por cuarto año consecutivo la financiación de las comunidades autónomas no ha sido revisada (debía haber sido revisada el 1 de enero de 2014). Esta es la tercera legislatura en la que
tenemos pendiente la revisión de la financiación local.

5) Antisociales: No priorizan el gasto social. Un año más, recortan apoyo financiero a las CC. AA, que son las que sustentan el Estado del Bienestar con la sanidad, la educación
y los servicios sociales.

Uno de los principales ahorros en las cuentas del Estado 2017 es el correspondiente a la reducción de las prestaciones por desempleo, sin que ello conlleve incrementar sustancialmente las políticas de fomento del
empleo. Las pensiones vuelven a crecer en un 0,25 %, por debajo de la inflación esperada y por tanto perderán poder adquisitivo.

La economía crece, la creación de empleo también, pero datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada
recientemente por el INE indican que las desigualdades no se reducen. Los presupuestos siguen siendo restrictivos con la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos, responsables de la prestación de los servicios de educación, sanidad y
servicios sociales. En los presupuestos 2017 la tasa de reposición de algunos de los servicios básicos que prestan las comunidades autónomas es del 100 %, lo cual equivale a mantener el empleo de 2016 en estos servicios, un nivel excesivamente
bajo, después de años de reducirlo. Para contrarrestar esta situación hace falta la nueva financiación autonómica que el Gobierno promete, pero que no llega; hace falta recuperar la financiación del programa de 0-3 años para la escolarización
primera, hace falta reforzar las hoy mínimas ayudas a la familia y para la crianza de los hijos, hace falta incrementar el programa de becas al estudio, hacen falta más recursos para políticas activas de empleo, con el fin de mejorar su calidad,
hace falta que el Estado financie el 50 % de los gastos en dependencia,… Para reducir las desigualdades es preciso volver a ampliar la base de las clases medias que estos presupuestos contribuyen a reducir.

En síntesis, estos
presupuestos no se corresponden con la realidad política, social y económica del estado español, una vez más no dan respuesta a las demandas de Catalunya, son presupuestos del pasado, continuistas, sin estrategia de futuro.

Por todo ello los
senadores y senadoras del Partit Demòcrata Europeu Català presentan el siguiente veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

El Senador Carles Mulet García (GPMX) y el Senador Jordi Navarrete Pla (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 8 de junio de 2017.—Carles Mulet García y Jordi
Navarrete Pla.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 20

De don Carles Mulet García (GPMX) y de don Jordi Navarrete Pla (GPMX)

El Senador Carles Mulet García (GPMX) y el Senador Jordi Navarrete Pla (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2017, no son unas cuentas públicas, son un ajuste de cuentas; lo que nos cuesta a los ciudadanos y ciudadanas de este
Estado que se perpetúe en el poder el gobierno de un partido político imputado, que solamente obtuvo, 7.906.185 votos de los 34,59 millones de españoles y españolas que podían votar.

Un partido deslegitimado para gobernar; del total de
ciudadanos que acudieron a votar, solamente uno de cada tres votó al PP; y para mantenerle en el Gobierno, mercadean y trapichean con el dinero de todos, comprando voluntades políticas, votos de otros partidos a base de repartir arbitraria e
injustamente el dinero de todos y todas. Esto no son unos presupuestos, esto es un atraco, donde siempre acabamos pagando los mismos.

Gobernar un país, tendría que ser tomar decisiones en pro del beneficio de la mayoría, administrar y
redistribuir sus bienes para intentar conseguir una sociedad igualitaria y que ningún ciudadano ni ninguna ciudadana estuviera por debajo de unos umbrales aceptables, que todos los pueblos y comunidades tuvieran el mismo respeto. Este Gobierno, no
gobierna, usa el Gobierno para perpetuarse en el poder y aplicar políticas en contra de la mayoría, para permitir el lucro de a quienes realmente trabajan, que desgraciadamente no son los y las ciudadanas.

1. Agresión continua al País
Valencià.

Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2017, fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros, establecen el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas en el 3,1 % del PIB,
desglosándose del siguiente modo: el Estado tendrá un déficit del 1,1 %; la Seguridad Social del 1,4 %; las Comunidades Autónomas del 0,3 %; mientras que las Corporaciones Locales cerrarán el próximo año con déficit cero.

De nuevo,
intentan cargar la ineficacia del Gobierno, castigando al resto de administraciones; si las comunidades autónomas son las que han de ofrecer los servicios básicos de educación sanidad o política social, (que son las que más gasto genera), el grueso
del déficit, más del 80 % se lo reservan para la Administración Central, para que pueda continuar pagando rescates de autopistas deficitarias, multas europeas por mala praxis, indemnizaciones como las del Proyecto Castor para los amigos del poder.
Dinero para pagar la Guardia Mora de Franco, el dispendio en el Valle de los Caídos como mausoleo del dictador, dinero para medallas a vírgenes, o demás desmanes. Gobierno de espaldas a la gente; solamente para marcar su terreno ideológico y para
pagar a sus deudores; lo dejaron claro en su momento; su prioridad eran los bancos y no las personas; la sacrosanta Constitución solamente puede ser modificada para anteponer los intereses de las entidades financieras al resto de sectores,
intereses o antes de la ciudadanía.

Ahogan conscientemente a las comunidades autónomas, con una distribución que no es equitativa a su peso poblacional o el maltrato histórico: y así les impiden hacer políticas sociales que demuestren que se
puede gobernar de otra manera.

Mientras a unas CC. AA. no les cae no el cupo, sino el cuponazo para comprar su voto, a otros nos cae un Fondo de Liquidez Autonómico, que llega tarde, mal y raquítico: el Gobierno que nos ha quitado nuestro
dinero, luego nos da solamente una parte de él, pero prestado, y se lo hemos de devolver con intereses. ¿No es eso una forma de atraco?

Con esta política kamikaze que acaba castigando a las personas, para continuar poniendo a los bancos
como prioridad, prevén que la inversión por habitante en el País Valenciano sea de 119 euros, muy por debajo de la media, que es de 185; expolio que ocurre de forma continuada desde hace 25 años.

El PP nos saquea, no invierte, no es justo en
cuanto a lo que aportamos o al número real de habitantes que somos y encima, lo poco que presupuestan, no lo cumplen después, como hemos podido ver cómo la ejecución real del presupuesto, a pesar de ser ridículo e insuficiente. E materias vitales
como en Fomento, ejecutaron en 2016 de un tercio de lo previsto en sus presupuestos; así, año a año, nos han convertido en una comunidad cada día más pobre y endeudada.



Esto demuestra, que además de no
respetarnos, que no son un gobierno de fiar. Sus presupuestos son injustos, y falsos.

La cifra prevista de inversión para 2017 ha sido denigrante al pasar de 890 a 582 millones que hasta su propio partido en València rubricó la declaración
institucional para criticar tal injusticia para la cuarta autonomía del estado, que cuenta con casi cinco millones de habitantes, un 11 % de la población, grandes retos y solo un 6,9 % de los recursos totales.

Estamos hablando de un claro
expolio fiscal y de una situación cuasi-colonial y de pérdida de derechos, no sabemos exactamente debido a qué estrategia o ideología, como si fuéramos ciudadanos de segunda o no mereciéramos el mismo trato que otras autonomías.

Este saqueo
lamentablemente, no inmuta a los diputados ni senadores del PP valencianos, ni a sus socios de la nueva derecha, ni una sola enmienda para mejorar esta vergüenza de cuentas.

13.500 Millones de euros sería la deuda histórica que acumularía el
Estado con el pueblo valenciano, y por el contrario, la deuda acumulada del País Valencià es de más de 44.000 millones; por diversas causas, como por un déficit inversor, por un mal sistema de reparto, una mala financiación, por una mala gestión de
los gobiernos Zaplana, Olivas, Camps y Fabra, y por los saqueos continuos de «los casos aislados del PP».

A pesar de ello el Gobierno central saca pecho de los más de 21.000 millones del plan de pago a proveedores y los 1.600 millones que se
ha ahorrado la Generalitat Valenciana con la reestructuración de la deuda, como si esta deuda fuera legítima, y no ocasionada por un sistema de financiación injusta; estos PGE 2017 no rectifican sino que al contrario, profundizan más en esta grieta
causada por una política injusta.

2. Ahogo de las entidades locales.

Si bien quien peor ha gestionado el dinero público ha sido la Administración General del Estado, ha existido un interés ideológico en demonizar a las
Comunidades Autónomas o a los ayuntamientos (olvidándose de la más inútil de las administraciones, las Diputaciones Provinciales, en el País Valencià, hasta la llegada de los gobiernos del cambio, han sido nidos de corrupción, clientelismo,
duplicidades, dispendios, malgasto, y, cómo todo lo que toca el PP, corrupción; recordemos que al frente de los tres entes provinciales de norte a sur han estado «gobernando» (o robando) Carlos Fabra, Alfonso Rus, o José Joaquín Ripoll, famosos
también por sus casos judiciales.

Si bien es cierto que los gobiernos del PP en las grandes ciudades han significado también un ejemplo de gestión nefasta y malgasto, no era esa la tónica en las pequeñas corporaciones, ni es ahora con los
gobiernos del cambio. Mantener el techo de gasto, y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, es continuar con la asfixia financiera de los ayuntamientos, que es la administración más
cercana al administrado.

A pesar de urgir una reforma del sistema de financiación también de las entidades locales, ante una nueva realidad que nos ha llevado a ser una administración que ha ido adquiriendo competencias que en principio no le
eran propias, pero obligada a prestar servicios y atenciones, con la excusa de la presión de la UE, de la necesidad de contener el gasto y el déficit, se ha avanzado en una política ultra liberal de privatizaciones, «externalizaciones» y demolición
del sector público. Todo ello acosando a las empresa públicas municipales, impidiendo a los ayuntamientos a invertir su superávit si no era para inyectarlo en los bancos, prohibiendo la contratación de personal y obligando por lo tanto a la
contratación de empresas (privatización de lo que tendría que ser servicios públicos), queriendo generar negocios lucrativos a costa de demoler servicios públicos.

Unos presupuestos que no permitan a los ayuntamientos invertir sus remanentes
en beneficio de la ciudadanía, no pueden ser unos buenos presupuestos; todo ello, todo este ahogo, para que al Estado le salgan las cuentas ante las imposiciones de la troika europea, que acaba siendo una excusa para aplicar las más antisociales
doctrinas político económicas.

3. Irrealidad de las cuentas.

Obviamente unos presupuestos son una aproximación, son unos cálculos a grandes rasgos de lo que se prevé se va a poder recaudar, y lo que se prevé se van a poder
invertir o gastar en compromisos adquiridos y obligaciones.

Que éstos puedan variar entra dentro de la lógica; lo que no es de recibo es que se parta ya de unas previsiones viciadas y que se saben de antemano son falsas; la incapacidad de
recaudar impuestos directos al nivel previsto se ha puesto de manifiesto en el cierre de cada ejercicio contable; la falsa recuperación económica demuestra que las estadísticas son muy sufridas, pero la realidad no se puede camuflar; si las
reformas o demoliciones de derechos laborales, si la política de precarización de las condiciones de trabajo van a más; si se crea empleo en precario a costa del empleo digno; se recorta a pasos agigantados la calidad de vida de las personas y su
poder adquisitivo, y eso merma los ingresos en recaudación del Estado.

La previsión de ingresos son irreales; y no existe tampoco ninguna rectificación en cuanto a afrontar nuevas vías de ingresos; estamos ante un sistema injusto donde las
grandes fortunas o capitales no aportan proporcionalmente ni de lejos lo que las economías familiares y las rentas bajas, rompiendo con ello con el principio de redistribución de la riqueza; con esta política, santificada con estas cuentas, se
optar por el camino inverso; que los pobres cada vez sean más, y más pobres, y los ricos pocos y cada vez más ricos.

Ustedes, los que quisieron amnistiar a los defraudadores, a sus defraudadores, esos patriotas que en lugar de con la bandera
española se envuelven con la de Suiza, Panamá o Andorra, a sus casos aislados, como Granados, Rodrigo Rato, o Luis Bárcenas, pues resulta que ahora el Tribunal Constitucional nos dice que la Amnistía Fiscal de Montoro es inconstitucional, por eso,
en lugar de unos presupuestos, el Ministro Montoro debería traer aquí su dimisión en el cargo.

Ustedes, los que han gobernado con y para los defraudadores, no merecen de nuestra confianza, y sus cuentas, menos todavía.

Con una
previsión irreal de ingresos, se abre la puerta igualmente a que a la primera de cambio, el Gobierno vuelva justificar recortes, o el saqueo premeditado a la caja de las pensiones; una mala planificación ha permitido que cada vez ésta esté más
vacía y se asuste, con motivo o no, a los ciudadanos a que acudan despavoridos, los pocos que pueden, a las entidades bancarias. Si han conseguido que si antes la pobreza se asimilaba al desempleo, ahora también a miles de trabajadores que son
pobres; también están labrando el futuro para los jubilados pobres; si ahora miles de familias subsisten gracias a las pensiones de sus mayores, en pocos años, no podrán ni subsistir con ellas los propios mayores.

¿Qué ha hecho el Gobierno
para recuperar todo el dinero público que se destinó a recatar los bancos?, (Obviamente, sabemos que es una pregunta retórica, y sabemos perfectamente la respuesta). Tal vez algún día también los tribunales digan que fue un atraco, como la
Amnistía Fiscal «Montoro y amigos», pero mientras, el dinero de todos y todas, ha parado en bolsillos ajenos.

Generan ustedes pobreza en todo lo que tocan, aquí se puede comprar un banco por un euro, o rescatar a todo el sistema bancario con
dinero público, mientras estos bancos, a los que hemos inyectado nuestro dinero, continua desahuciando a las familias.

4. Un modelo injusto.

Si el maltrato al País Valencià queda patente y claro en sus cuentas, no por ello son
justos para el resto del Estado, sí incrementan un 32 % la partida de defensa para gastar en armamento, incrementan la partida de la Casa Real, o compran a base de talonario el voto de ciertos partidos, pero existe una desatención a buena parte del
territorio para mercadear ustedes con otros; porqué sus senadores desgraciadamente actúan como peones para parapetar al actual presidente en su poltrona, y no para defender a sus territorio.

Estos presupuestos han indignado a nuestros
alcaldes y concejales, a entidades, asociaciones, organizaciones sindicales, agrarias, profesionales, vecinales, de todo tipo, pero no solo del País Valencià, también hemos recibido enmiendas a estas cuentas por partes de partidos como Partido
Caballas de Ceuta, la Chunta Aragonesista, Més per Mallorca y Més per Menorca, el Partido Castellano, por colectivos como Colectivo Ciudadanos del Reino de León, por ciudadanos de cualquier parte del territorio; estos presupuestos son un atraco
para la gente decente.

Profundizan en un modelo económico que no apuesta por la recuperación económica de las personas, sino que apuestan por el derribo de derechos, para convertirnos en la mano barata de Europa, reducen a la mitad las
partidas irrisorias contra la contaminación y el cambio climático, y cierran la puerta a la nueva economía verde, a un modelo sostenible y sensato; desestructuran el territorio para permitir grandes zonas despobladas, con gran valor, para venderlas
a grandes corporaciones internacionales para permitir minas de uranio como en Salamanca o las de feldespato en Ávila, o nos proyectan amenazas de fracking en cualquier parte de nuestra península; nos malvenden e hipotecan nuestro futuro, un futuro
negro, ya que condenan a nuestros jóvenes a un exilio, a emigrar para poder sobrevivir; mientras no hacen el más mínimo gesto para revertir esta situación.

Apuestan por un sistema injusto de infraestructuras, una apuesta por un tren elitista
como el AVE para conectar Madrid, con cualquier punto del Estado, con un sistema radial borbónico y desfasado, mientras niegan la conexión ferroviaria entre el País Valencià y Europa, esta precarización también la vemos en los trenes que usan la
gente «normal», los estudiantes, trabajadores, la gente que necesita el tren para desplazarse por su comarca; nos niegan las cercanías, el tren de la Costa en las comarcas centrales, o en el Maestrat, pero también en su visión centralista, evitan
por ejemplo recuperar el tren de la Vía de la Plata.

Dejan pendientes, y a consciencia, sin cumplir históricas reivindicaciones, promesas incumplidas, en una ley de acompañamiento que les deja al descubierto; mantener el estado actual de las
cosas, para continuar en el ejercicio arbitrario del poder.

Estas cuentas son una clara declaración de intenciones; quieren que nuestro dinero, el dinero de las personas que no defraudamos a hacienda, que no robamos, que cumplimos con
nuestras obligaciones, vaya a grandes intereses, vayan a pagar favores para mantener a Rajoy en poder, vayan a hacernos cada día más pobres y más vulnerables. No nos gustan, ni para el País Valencià, ni para nadie.

Por todos estos motivos,
pensamos que urge desplazar a este gobierno, y a sus cómplices, de la gestión del dinero público.

Por este motivo, pensamos que las opciones políticas decentes, han de dejarse de egos, sentarse, y echar a este desgobierno del poder.

Por ese motivo, también, solicitamos la devolución de este proyecto de PGE al Gobierno, para su reformulación por otros que dediquen más recursos a incentivar la economía y rescatar a las personas.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 8 de junio de 2017.—El Portavoz Adjunto,
Francisco Menacho Villalba.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 21

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente
propuesta de veto.

VETO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

El Grupo parlamentario socialista considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 no deberían ser aprobados porque profundizan en un modelo económico frágil
y generador de desigualdad.

El Gobierno del Partido popular debería plantearse cómo es posible que en España se siga hablando de crisis, cómo es posible que las familias españolas vivan con sensación de crisis y cómo es posible que una gran
parte de la ciudadanía española siga padeciendo los efectos de la crisis cuando hace trece trimestres consecutivos de crecimiento y cuando el último dato conocido sobre empleo, el 2 de junio de 2017, habla de cifras record de contrataciones y
afiliaciones.

En efecto, no es paradójico seguir hablando de crisis cuando el crecimiento no ha mejorado la vida de todos los ciudadanos y hay sectores de población nítidamente excluidos de lo que podríamos entender por recuperación. El
aumento del PIB está aportando grandes márgenes a unos privilegiados, mientras que a los que están en el lado vulnerable les aporta, como mucho, un empujón incierto en forma de contrato precario y sueldo de supervivencia. El crecimiento está
aumentando la desigualdad entre los españoles que viven bien y los españoles que viven, o malviven, al día.

El crecimiento no sólo se distribuye de una forma inequitativa. Este crecimiento se asienta en una estructura económica de gran
fragilidad porque depende de circunstancias coyunturales externas y de una disminución salvaje de los costes laborales. Pero este crecimiento económico no sólo tiene un pilar en la agresión a los trabajadores, tiene otras patologías en forma
desajustes graves que, por ejemplo, nos han hecho alcanzar máximos históricos de deuda pública superando el 100 % del PIB, que han esquilmado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y que han cronificado la infrafinanciación de las
Administraciones territoriales.

Estos presupuestos para 2017, en la línea de los anteriores, no solucionan ni uno solo de los problemas referidos. España cerró 2016 con un déficit equivalente al -4,3 % del PIB, el mayor desequilibrio entre
ingresos y gastos de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. El ajuste fiscal realizado el año pasado (desde el -5,1 % del PIB en 2015 al -4,3 % en 2016) se ha logrado fundamentalmente por la vía de la contención del gasto público y a pesar
del pobre comportamiento de la recaudación. En 2016 el PIB creció el 3,2 %, mientras que los recursos de las administraciones públicas apenas lo hicieron el 1,5 %, poniendo de manifiesto que el problema estructural del déficit público está más
relacionado con la falta de ingresos que con el exceso de gasto. Mientras en España el sector público recauda una cifra equivalente al 37,9 % del PIB, en Alemania asciende al 44,9 %, en Italia al 47,1 % y en Francia al 53,2 %. El promedio de la
UE-28 se sitúa en el 44,8 %, casi siete puntos de PIB más que España.

Un problema de primer orden añadido a esta situación es que, un año más, se está sobrevalorando los ingresos. En 2016 se calcularon 28.000 millones más de lo realmente
ingresado y en estos presupuestos el desfase superara los 8.000 millones. Nuevamente serán los ciudadanos los que lo sufran en recortes de servicios y prestaciones, nuevamente veremos cómo se da el cerrojazo al presupuesto meses antes de finalizar
el ejercicio y se decreta la no disponibilidad de lo no ejecutado, un año más el gobierno cerrará un presupuesto sin cumplir sus compromisos de gasto.

Si descendemos a algunos de los principales capítulos de gasto veremos cómo se repite el
esquema de insuficiencia y falta de apuesta por el futuro.

En una coyuntura internacional especialmente delicada y sometida a grandes tensiones, como el ascenso a la presidencia norteamericana de un Presidente imprevisible, o la certeza de la
salida de la UE por parte del Reino Unido, los países que siempre fueron el núcleo de la construcción Europea, Alemania y Francia, han redoblado su apuesta por una Europa más fuerte. ¿Cómo lee el Gobierno esta situación? Recorta y 4,45 % la
partida destinada a la acción diplomática ante la Unión Europea.

El Grupo parlamentario socialista siempre ha defendido la cooperación al desarrollo por razones de justicia. Pero si no fuera por valores, aunque sólo fuera por defender los
propios intereses en un momento de gran tensión geopolítica y crisis migratoria, España debería incrementar su cooperación con terceros países por razones de puro interés estratégico. El Gobierno, un año más, ha disminuido los presupuestos del
Programa 143A de Cooperación al desarrollo.

En la política doméstica, el mínimo imprescindible para que la ciudadanía ejerza en plena libertad sus derechos es una situación de seguridad. Este presupuesto se empecina en la reducción
continuada del gasto en políticas de seguridad (un 6 % en 6 años). Debido a la política de no reposición de efectivos de policía y Guardia civil se han perdido unos 15.000 agentes. No es de extrañar que, con esta insuficiencia de medios, el
Ministro del Interior, hablando de mafias del narcotráfico, haya realizado un sincero y pesimista vaticinio por el que «los narcotraficantes cada vez serán más agresivos, tienen más medios, están más organizados y, por tanto, cada vez serán más
peligrosos». De sus palabras queda claro que tienen más medios y están más organizados que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y con sus políticas, seguramente se cumplirá que serán más agresivos y más peligrosos.

Otro ejemplo de que este
Gobierno está perdiendo la perspectiva sobre la importancia de las inversiones en políticas públicas es lo que sucede con la seguridad vial. Este año se ha producido, después de trece de descensos, un repunte de las muertes por accidentes de
tráfico y el Gobierno responde reduciendo en 14 millones de euros el programa de seguridad vial. En el área de fomento, esta falta de atención se corresponde también con una situación del gasto en conservación y explotación de carreteras del todo
insuficiente y por debajo de la mitad de las recomendaciones de los expertos.

La educación ha vuelto a verse envuelta en la propaganda gubernamental, ya que con un raquítico aumento del 1,7 % no puede soportar ni una ínfima parte de la
recuperación que necesitaría tras sucesivos años de infradotación. Ni siquiera se maquillan y directamente siguen retrocediendo los presupuestos para los principales programas de gasto de la Política de I+D+i, donde destaca la reducción de más
del 64 % en el Programa 467C de Investigación y desarrollo tecnológico-industrial, o del Programa 467D de Investigación y experimentación agraria que desciende el 32 %.

El Presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
disminuye respecto del pasado año, en términos homogéneos, un 2,5 %, quedando fijado su importe en 5.264,75 millones de euros, de los cuales el 75 % se dedica a garantizar el equilibrio financiero del sistema eléctrico.

Junto con el
condicionante del marco legislativo que ha logrado el pretendido objetivo de abaratar la mano de obra para incrementar la competitividad de nuestra economía, las políticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social acompañan, coherentemente con
esta filosofía, elementos de precarización e infradotación. Por ejemplo, las políticas activas de empleo, desde el último presupuesto socialista, han sufrido un recorte que asciende a 14.987 millones de euros. En el actual presupuesto de políticas
activas prima la privatización del servicio a los desempleados, con importantes dotaciones a las agencias de colocación, en detrimento de los Servicios Públicos de Empleo y de la formación a los desempleados, fundamentalmente jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

La precarización del empleo tiene un efecto grave e inmediato cuando la sufren quienes son incapaces de atender a las necesidades de una familia con sueldos y horarios que rozan la explotación. Pero a
continuación tiene un efecto colateral evidente. Esas cifras «record» de creación de empleo y aumento de cotizantes, resultan estériles a la hora de corregir la recaudación. La recaudación por cotizaciones sigue siendo insuficiente para atender al
pago de las pensiones. Esa grave anomalía se vuelve a explicar por la reforma laboral de 2012, que ha supuesto una precarización del mercado de trabajo y, en consecuencia, de las cotizaciones sociales, así como una negativa evolución de los
salarios, también de incidencia directa en las bases de cotización, a lo que se suma el uso generalizado de las reducciones de cuota —tarifas planas o exenciones— para financiar impropiamente las políticas activas de empleo, en contra
del Pacto de Toledo. El problema, pues, de nuestro sistema público de pensiones no es de gastos, sino de ingresos, provocado por una política que ha deteriorado el mercado de trabajo y que ha esquilmado los ahorros de los pensionistas situados en
el Fondo de Reserva.

Del lado de los ingresos, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 vuelve a tener una previsión irreal. El Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido, en su
última comparecencia en el Congreso de los Diputados, de que la previsión de recaudación del IRPF está sobrevalorada. En relación con los de la Seguridad Social, se inflan los ingresos por cotizaciones, para ocultar que la única vía para reducir el
déficit del sistema público será recortar las pensiones públicas a medio plazo. La propia Autoridad Fiscal (AIREE) estima que, si no se cambia el índice de revalorización de las pensiones públicas, los pensionistas perderán más de un 10 % de poder
adquisitivo entre 2017 y 2022.

Detrás de los presupuestos de los grandes recortes de los primeros años del Gobierno del Partido popular había una excusa: la economía. A mitad del año 2017, superada la crisis, en términos de crecimiento
macroeconómico —que no en sus consecuencias sociales y de desigualdad—, queda al descubierto, sin ningún género de duda, que no fue la economía, es la ideología. La estrategia, más allá de sus mensajes políticos, ha sido degradar los
servicios públicos dejándolos al borde de la muerte por inanición. Malnutridos a base de recortes presupuestarios y déficits de personal aplicados durante años, esos servicios públicos «elegidos» están a punto para el siguiente momento: la
privatización. Servida la coartada de que lo público no funciona, se procede a la división del servicio en múltiples pedazos, envueltos en condiciones accesibles para empresarios bien relacionados. Hemos visto muchos ejemplos en hospitales,
residencias de ancianos, y hemos visto como tienen en marcha ya las privatizaciones de registros públicos, o de los servicios de vigilancia penitenciaria. Esas estrategias nunca benefician el servicio público ni al usuario. A estas alturas resulta
una explicación inverosímil que la gestión privada de un servicio público vaya a resultar más adecuada para su sostenibilidad o su calidad. Los ejemplos conocidos hasta ahora conducen a la certeza de que la finalidad de la privatización no sólo
tiene ánimo de lucro, tiene, además, beneficiarios concretos a título lucrativo.

En síntesis, estos presupuestos nos vuelven a dibujar como un país de bajos ingresos, obtenidos sobre bases regresivas, donde pagan más quienes dependen de
sueldos que quienes obtienen jugosos beneficios empresariales, junto a una estructura de gastos que siguen sin corregir la desigualdad de rentas y cuya estructura incapaz de apostar por sectores económicos de futuro.

Por todo lo anterior, el
Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al Congreso de los Diputados.

La Senadora Laura Castel Fort, ERC/ESQUERRA
(GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2017.—Laura Castel
Fort.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 22

De doña Laura Castel Fort (GPER)

La Senadora Laura Castel Fort, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de
veto.

PROPUESTA DE VETO INDIVIDUAL

Como senadora de la demarcación de Tarragona y en representación de quienes me otorgaron la confianza para ello con su voto, presento el siguiente veto a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 porque mantienen la histórica desinversión en las comarcas del Garraf, Baix Penedès, y Tarragonès, afectando al bienestar de las personas y a la competitividad de las empresas, porque siguen legitimando la falta de financiación de nuestros
municipios y su asfixia económica y financiera hasta impedirles desarrollar sus competencias básicas y la atención social requerida (en especial ante las situaciones de emergencia social que el propio Gobierno crea y agrava con las políticas de
recortes, precarización y desinversión social) y porque perpetúan el espolio de nuestro territorio hipotecando así el progreso económico y social de la población.

El Senador Xavier Castellana Gamisans, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2017.—Xavier Castellana Gamisans.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 37

De don Xavier Castellana Gamisans (GPER)

El Senador Xavier Castellana Gamisans, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de
veto.

PROPUESTA DE VETO INDIVIDUAL

Como senador de la demarcación de Lleida y en representación de quienes me otorgaron la confianza para ello con su voto, presento el siguiente veto a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 porque mantienen la histórica desinversión en las comarcas de l’Anoia, Noguera y el Solsonès, afectando al bienestar de las personas y a la competitividad de las empresas, porque siguen legitimando la falta de financiación de
nuestros municipios y su asfixia económica y financiera hasta impedirles desarrollar sus competencias básicas y la atención social requerida (en especial ante las situaciones de emergencia social que el propio Gobierno crea y agrava con las
políticas de recortes, precarización y desinversión social) y porque perpetúan el espolio de nuestro territorio hipotecando así el progreso económico y social de la población.

La Senadora Elisenda Pérez Esteve, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2017.—Elisenda Pérez Esteve.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 38

De doña Elisenda Pérez Esteve (GPER)

La Senadora Elisenda Pérez Esteve, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de
veto.

PROPUESTA DE VETO INDIVIDUAL

Como senadora de la demarcación de Girona y en representación de quienes me otorgaron la confianza para ello con su voto, presento el siguiente veto a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 porque mantienen la histórica desinversión en las comarcas de la Selva y el Baix Empordà, afectando al bienestar de las personas y a la competitividad de las empresas, porque siguen legitimando la falta de financiación de nuestros
municipios y su asfixia económica y financiera hasta impedirles desarrollar sus competencias básicas y la atención social requerida (en especial ante las situaciones de emergencia social que el propio Gobierno crea y agrava con las políticas de
recortes, precarización y desinversión social) y porque perpetúan el espolio de nuestro territorio hipotecando así el progreso económico y social de la población.

El Senador Miquel Àngel Estradé Palau, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2017.—Miquel Àngel Estradé Palau.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 39

De don Miquel Àngel Estradé Palau (GPER)

El Senador Miquel Àngel Estradé Palau, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de
veto.

PROPUESTA DE VETO INDIVIDUAL

Como senador de la demarcación de Lleida y en representación de quienes me otorgaron la confianza para ello con su voto, presento el siguiente veto a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 porque mantienen la histórica desinversión en las comarcas de les Garrigues, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Urgell, y la zona de la Franja de Ponent, afectando al bienestar de las personas y a la competitividad de las empresas,
porque siguen legitimando la falta de financiación de nuestros municipios y su asfixia económica y financiera hasta impedirles desarrollar sus competencias básicas y la atención social requerida (en especial ante las situaciones de emergencia social
que el propio Gobierno crea y agrava con las políticas de recortes, precarización y desinversión social) y porque perpetúan el espolio de nuestro territorio hipotecando así el progreso económico y social de la población.

El Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 8
de junio de 2017.—El Portavoz Adjunto, Joaquim Ayats i Bartrina.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 40

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

PROPUESTA DE VETO A LA TOTALIDAD DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017

El Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana rechaza unos Presupuestos Generales del Estado que mantienen los recortes sociales mientras incrementa en más de un 30 % el gasto militar. Unos presupuestos que no garantizan el Estado del Bienestar y derechos como la
dependencia, que siguen asfixiando la autonomía y el gasto social de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mientras mantienen gastos superfluos y una desleal centralización competencial, que empobrecen aún más a las y los pensionistas y
parados, en que no se vislumbra un cambio de modelo productivo y en que no se reconocen mandatos parlamentarios como la rebaja del IVA para los servicios veterinarios o para los productos de higiene íntima femenina y de pañales.

Por otro
lado, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana rechaza unos Presupuestos Generales del Estado que reducen la inversión territorial en todos los Països Catalans, hipotecando el desarrollo del principal eje económico del Estado y perpetuando
nuestro espolio social y territorial. Las promesas de Rajoy en su último viaje a Catalunya son papel mojado en estos Presupuestos y no hacen más que invertir en los proyectos que el Gobierno español nos debe desde hace años (y aún así la inversión
padece una reducción respecto a los últimos presupuestos).

En definitiva, estos Presupuestos son un nuevo argumento para que la ciudadanía catalana opte por la independencia.

Contexto

El Proyecto de Ley de los Presupuestos
Generales del Estado para 2017 (PGE 2017) se enmarca en diversos procesos, tanto políticos como económicos que, de un modo u otro, determinan el porqué de las partidas presupuestarias y políticas que se desarrollan a partir del presupuesto.

En primer lugar el proceso de autodeterminación de Catalunya, liderado por su sociedad y que persigue el objetivo de que Catalunya pueda disponer de las herramientas necesarias para desarrollar las políticas económicas y sociales que requiere la
sociedad catalana.

En segundo lugar, la inestable situación política en el Estado español. Una inestabilidad que viene explicada desde el punto de vista político por la minoría parlamentaria en la que se encuentra el Partido Popular,
perdiendo votaciones parlamentarias semana tras semana. Y sobre todo por una inestabilidad institucional como consecuencia de los continuos casos de corrupción que día tras día salpican al partido del Gobierno y convierten a la corrupción en un
fenómeno sistémico de la democracia española.

Y finalmente el presupuesto también se enmarca en la coyuntura política y económica europea. La quiebra del proyecto europeo ideado por sus padres fundadores ha sido precedida por un marco de
consolidación de la Unión Europea como un proyecto exclusivamente económico bajo la hegemonía territorial germánica y la económica del neoliberalismo y las políticas de austeridad como dogma de fe.

Elaborados para continuar con una asfixia
premeditada a autonomías y ayuntamientos

El Proyecto de PGE 2017 que el Gobierno ha remitido al Congreso parece estar más orientado en cubrir el expediente ante los requerimientos de austeridad de la Unión Europea que en la atención a las
personas y necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas, ayuntamientos y demás entes locales. El cumplimiento del objetivo de déficit público dictado por Bruselas comporta pasar del 4,3 % al 3,1 % en 2017, y su reparto efectivo determina en
cascada la capacidad de actuación del resto de administraciones.

Tras la coartada del cumplimiento del déficit se esconde una práctica continua y reiterada del Estado español: el centrifugado de las políticas de estabilidad (austericidio).
O lo que es lo mismo, trasladar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos los objetivos de déficit más estrictos, cuando son precisamente estos organismos los que, debido al diseño competencial del Estado, sustentan el Estado del Bienestar,
y cuando es el Estado quien concentra el grueso del gasto y especialmente del gasto superfluo.

El reparto arbitrario del límite de déficit y el techo de gasto impuesto para las distintas administraciones condiciona claramente la capacidad de
actuación tanto de ayuntamientos como de comunidades autónomas, imponiendo limitaciones a la gestión del superávit para los ayuntamientos que gestionan adecuadamente sus recursos. Además, cuando ha sido el buen comportamiento de la administración
autonómica y local en la reducción del déficit el que ha permitido corregir las desviaciones tanto del Estado como de la Seguridad Social.

Por ejemplo entre 2015 y 2016, la Generalitat de Catalunya ha reducido el déficit en términos absolutos
por un importe de 3.911 millones de euros. Esta reducción representa el 85 % de la reducción total que han hecho el conjunto de las Administraciones Públicas. Mientras que en el mismo periodo, la Administración General del Estado, ha aumentado el
déficit en 2.558 millones de euros. Un déficit que ha aumentado hasta 7.504 millones de euros si sumamos la Administración de la Seguridad social.

Las limitaciones iniciadas el año 2012 por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera tuvieron continuidad con la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y se han visto reforzadas año tras año con las nuevas restricciones introducidas por las respectivas
leyes de presupuestos del Estado. Aparte de las limitaciones a la gestión de los recursos generados por los propios municipios, estos presupuestos presentan una reducción del 1,8 % en las partidas destinadas a los entes locales.

En
definitiva, este proyecto de presupuestos tampoco da respuesta a las reivindicaciones de los municipios como son la reinversión del superávit, la eliminación de la tasa de reposición de empleados públicos o las compensaciones por normativas
estatales que provocan una reducción de ingresos, a pesar de que las administraciones locales obtuvieron un superávit de 7.000 millones en el ejercicio 2016.

Elaborados desde falsas previsiones de crecimiento

El proyecto de PGE 2017
lleva a una fecha de aprobación cercana al segundo semestre del año, siendo muy probable por tanto que no puedan desarrollarse muchas de las actuaciones previstas en estos presupuestos.

Los presupuestos suponen una presunción tanto de los
gastos como de los ingresos que efectuará el Gobierno en un año fiscal. Por este motivo, observamos con perplejidad las previsiones exageradamente optimistas que ha realizado el Gobierno. Tanto por el lado de los ingresos, de la Seguridad Social o
de los impuestos (IVA, IS e IRPF) que prevén para este año un crecimiento del 7,9 %; como por el lado de los compromisos de inversión ya que no se han cumplido en ninguno de los PGE de los Gobiernos del Partido Popular desde 2012.

Cabe
señalar que en el período 2012-2016 ha sido necesario hacer recortes adicionales en el gasto por valor de 25.000 millones de euros, para compensar los ingresos sobrevalorados. Estos recortes silenciosos se han traducido en un deterioro del Estado
del Bienestar y de los servicios públicos.

Es curioso, no obstante, que el optimismo del Gobierno español respecto a sus ingresos no tenga su correlación respecto a los ingresos fiscales de las Comunidades Autónomas, que acaban siendo
valoradas por debajo de la realidad, de manera que el Gobierno español retorna a las Comunidades Autónomas el dinero que les corresponde con un retraso de dos años, convirtiéndose así —paradójicamente— en un préstamo sin intereses que
las Comunidades hacen al Gobierno.

Como consecuencia de esto, instituciones como la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF) han reiterado en varias ocasiones la necesidad de que el Gobierno español disponga de un plan
presupuestario creíble a medio plazo, con una revisión continua de los objetivos, más realistas, con más niveles de transparencia y un reforzamiento del marco institucional y fiscal con un trato fiscal adecuado y diferenciado para las Comunidades
Autónomas.

El proyecto de PGE 2017 tampoco supone una apuesta decidida de lucha contra el fraude, la elusión y la evasión fiscal, con el objetivo de aumentar la recaudación. Tampoco incorpora criterios de progresividad ni de fiscalidad
verde, manteniendo un sistema fiscal impositivo tan generoso con las grandes empresas y fortunas como punitivo con las clases trabajadoras y populares.

Por tanto, el Proyecto de PGE 2017 sigue siendo diseñado en función de los intereses
económicos de las grandes corporaciones del lbex, obviando las consecuencias económicas y el impacto social que tienen las políticas fiscales implementadas en la gran mayoría de la sociedad.

Mantenimiento de la apuesta por la precariedad
social y los recortes sociales previos a la crisis

El Proyecto de PGE 2017 se ha remitido a las Cortes ante la insistencia, por parte del Gobierno de una aparente recuperación económica que contrasta, sin embargo, con un claro aumento de las
desigualdades entre la población y con un fuerte nivel de deuda del Estado (rondando el 100 % del PIB) que sigue sin retraerse de manera significativa. Un Proyecto de PGE que incluyen una previsión de incremento del PIB nominal del 4,1 % mientras
que el gasto social sólo sube un 1,7 %. A pesar de la reiterada recuperación económica anunciada por parte del Gobierno, tampoco se alcanzan los niveles de gasto social conseguidos antes de la crisis en los distintos servicios como en Educación,
Sanidad, Cultura, lucha contra la violencia machista o becas.

El incremento del gasto en las partidas correspondientes a pensiones se debe a la incorporación de nuevos pensionistas, no debido a un incremento de las mismas. De hecho, estos
presupuestos sólo contemplan una revalorización de las pensiones del 0,25 %, cantidad muy por debajo del IPC previsto, lo que significa en la práctica que se está empobreciendo a los pensionistas. Cabe señalar la previsión de la concesión de un
préstamo de Hacienda de 10.190 millones de € para la Seguridad Social, para evitar fulminar el Fondo de Garantía de las pensiones, que se ha visto reducido en estos años de los 60.000 millones, hasta los 15.000 millones que quedan en la
actualidad.

Además, los PGE 2017 contemplan una pérdida de poder adquisitivo para los diversos colectivos dependientes del Estado, además de los citados pensionistas, ya que la previsión de incremento del IPC es del 2 %, por encima de la
previsión de aumento del sueldo de funcionarios, del IPREM o de las becas.

Unos presupuestos, en definitiva, destinados a agrandar la brecha social y económica existente en el Estado español.

En contra de la economía productiva

El Proyecto de PGE 2017 es una perpetuación del modelo productivo actual. Un modelo productivo de grandes empresas y corporaciones a la caza de los grandes contratos públicos del BOE. Un modelo económico pensado en favorecer a la economía
especulativa frente a la productiva. Este escenario, en un modelo de centralismo radial (que atenta contra la racionalidad económica) y en un contexto en que judicialmente se apunta a que las empresas beneficiarias de los concursos contribuyen a la
caja B del partido de Gobierno (cuestionando la justa competencia), conduce a una quiebra del modelo por ineficiencia.

Buena prueba de ello es que el esfuerzo en I+D+i aumenta sólo un 1 %, por debajo del incremento previsto del IPC, y además
burocratiza la investigación y la hace depender de financiación externa, en lugar de aumentar los fondos públicos.

Con este proyecto de PGE para 2017 la distancia en inversión en I+D+i respecto a la media europea, aumenta. En consecuencia no
se están edificando unas bases más sólidas para la economía productiva, sino se pretende ir en dirección contraria.

Además, este Proyecto ratifica el modelo energético, que mantiene uno de los costes eléctricos más elevados para las pymes en
toda la UE, no permite la transición a un nuevo modelo energético y evita así la creación de miles de puestos de trabajo ligados a las energías renovables.

La aprobación de estos PGE 2017 supondría un aval a la consolidación de un modelo
económico especulativo al servicio de unas élites económicas extractivas y que se ha demostrado inútil a la hora de asegurar crecimiento económico y, en su caso, de que éste sea armonizado entre todas las capas de la sociedad y de la economía.

Priorización del gasto militar al gasto social

Entre 2009 y 2016 la inversión pública se ha reducido en un 58 %, situándose en el 2,2 % del PIB. El menor peso desde finales del siglo XX. La caída de la inversión pública ha afectado
negativamente a la formación de capital público hasta el punto que la inversión no ha sido suficiente para reponer el capital que se deteriora.

La aportación más significativa del Proyecto de PGE 2017, y que evidencia la verdadera orientación
de los mismos, es el aumento del presupuesto militar en un 32 %. Este dato contrasta con el casi nulo aumento del gasto social destinado a hacer frente a las necesidades de las personas. Toda una declaración de intenciones del Gobierno español
para 2017.

El caso más escandaloso es el destino de más de 1.800 millones en Programas Especiales de Armamento, en muchos casos en la fabricación tanques, submarinos, barcos y aviones completamente desfasados y tecnológicamente obsoletos.
Verdadero sinsentido, teniendo presente que el Estado sigue sin financiar adecuadamente, como es su responsabilidad legal, la Ley de Dependencia, a la que sólo destinan 1.355 millones al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Mientras
que según estudios elaborados por distintas Comunidades Autónomas presentes en la comisión de estudio para el análisis de la Ley de Dependencia, serían necesarios unos 2.000 millones de euros más, para poder financiar correctamente la Ley de la
Dependencia en todo el Estado.

O como mientras el porcentaje de pobreza infantil supera el 30 % en todo el Estado, el Gobierno español tiene previsto destinar este 2017 solamente 200 millones a la lucha contra la pobreza infantil cuando por
el otro lado, tiene previsto gastar más del triple en la adquisición de aviones de combate Eurofigther-2000.

En contra de la educación y la cultura

En cuanto a la Educación, los PGE sólo aumentan básicamente en el apartado de Becas,
sin llegar a los niveles anteriores a la crisis, pese a los esfuerzos comunicativos del Gobierno para hacernos creer que la crisis ya ha pasado. Un sistema educativo que seguirá subyugado a la aberración legislativa que supone la LOMCE y que
seguirá siendo aplicada por un gobierno más obsesionado en la homogeneidad del sistema educativo —y la españolización de los niños catalanes— bajo una falsa bandera de la igualdad que en la calidad del sistema educativo. Estos PGE
obvian que una de las principales carencias del sistema educativo es una buena financiación y que, en consecuencia, es necesaria una adecuada transferencia de recursos económicos a las autonomías, el aumento a la financiación del primer ciclo de
educación infantil o en el caso catalán, el traspaso de las becas y los recursos a la Generalitat en cumplimiento de reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional.

Asimismo, el Proyecto de presupuestos es incapaz de reconocer la
incorporación del cine entre las actividades culturales acogidas a la reducción de los tipos impositivos del IVA, como el teatro, la música o los museos. Y, en cambio, permisivo y tolerante con la reducción del IVA para los espectáculos
taurinos.

Desconocimiento de la realidad catalana

Los PGE 2017 prevén una inversión de 8.597 millones en todo el Estado, un descenso de más de 2.000 millones respecto del 2016. Una inversión equivalente al 0,7 % del PIB, tres décimas
menos que el ejercicio pasado, que fue del 1 % del PIB. Lo cual supone un retorno a los niveles de inversión del año 2000, aunque entonces equivalía al 1,4 % del PIB, el doble que este año.

En contra de lo que había anunciado el Presidente
Rajoy, las inversiones en Catalunya bajan en los PGE 2017 un 2,7 %. Y además, bajan un 9 % en las Illes Balears y se reducen un 33,8 % en el País Valencià. De hecho, la inversión real de los presupuestos generales del Estado es la más baja desde
el año 2000, tanto en números absolutos como en comparación con la dimensión del PIB. Y, por tanto, se trata de unas inversiones que tendrán claras consecuencias negativas para la economía de los Països Catalans.

Las inversiones del Estado
en Catalunya están hechas desde el más absoluto desconocimiento de la realidad catalana y de las necesidades de su sociedad. Un proyecto de presupuestos anunciado como una lluvia de millones para la modernización del servicio de Rodalies cuando la
cifra real no llega ni al 10 % de los incumplimientos acumulados de inversión del Estado en Rodalies desde 2007. Además de no concretar dotaciones presupuestarias para el soterramiento de vías Montcada i Reixac, Sant Feliu de Llobregat y
l’Hospitalet de Llobregat o la apuesta estratégica del tercer túnel de Barcelona que daría solución de movilidad a cerca de 50.000 personas al día.

Un Proyecto de PGE 2017 que supone una política de pedazos y patada adelante, que se
muestra incapaz de abordar las diferentes obras de modernización y adecuación que requiere la Red de Carreteras del Estado en Catalunya y las necesarias soluciones de movilidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana
presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al Gobierno.

La Senadora Anna Azamar Capdevila, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2017.—Anna Azamar Capdevila.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 41

De doña Anna Azamar Capdevila (GPER)

La Senadora Anna Azamar Capdevila, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

PROPUESTA DE
VETO INDIVIDUAL

Como senadora de la demarcación de Lleida y en representación de quienes me otorgaron la confianza para ello con su voto, presento el siguiente veto a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 porque mantienen la
histórica desinversión en las comarcas de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Val d’Aran, afectando al bienestar de las personas y a la competitividad de las empresas, porque siguen legitimando la falta de
financiación de nuestros municipios y su asfixia económica y financiera hasta impedirles desarrollar sus competencias básicas y la atención social requerida (en especial ante las situaciones de emergencia social que el propio Gobierno crea y agrava
con las políticas de recortes, precarización y desinversión social) y porque perpetúan el espolio de nuestro territorio hipotecando así el progreso económico y social de la población.

El Senador Miguel José Aubà Fleix, ERC/ESQUERRA (GPER), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2017.—Miguel José Aubà
Fleix.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 58

De don Miguel José Aubà Fleix (GPER)

El Senador Miguel José Aubà Fleix, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta
de veto.

PROPUESTA DE VETO INDIVIDUAL

Como senador de la demarcación de Tarragona y en representación de quienes me otorgaron la confianza para ello con su voto, presento el siguiente veto a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017 porque mantienen la histórica desinversión en las comarcas del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre, y la Terra Alta, afectando al bienestar de las personas y a la competitividad de las empresas, porque siguen legitimando la falta de
financiación de nuestros municipios y su asfixia económica y financiera hasta impedirles desarrollar sus competencias básicas y la atención social requerida (en especial ante las situaciones de emergencia social que el propio Gobierno crea y agrava
con las políticas de recortes, precarización y desinversión social) y porque perpetúan el espolio de nuestro territorio hipotecando así el progreso económico y social de la población.

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 8 de junio de 2017.—El
Portavoz, Ramón María Espinar Merino.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 59

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) representan la herramienta de política económica más importante que tiene un
gobierno y en ellos se reflejan en términos económicos los postulados políticos del gobierno y sus prioridades. Los PGE para 2017 presentados por el Gobierno vuelven a priorizar una drástica reducción del déficit público sobre el resto de objetivos
de política económica (entre ellos, la creación de empleo y su calidad). España ha sido campeona del ajuste fiscal en la UE. No es un motivo para congratularse, sino una explicación que ayuda a entender por qué seguimos manteniendo la segunda tasa
de paro más alta de la zona euro.

España registró en 2016 una tasa de desempleo sólo ligeramente inferior a la que había cuando el Partido Popular llegó al gobierno; sus esfuerzos se han centrado con mucha mayor intensidad en reducir el
déficit público. Con estos PGE, el gobierno se reafirma en esta prioridad política.

Es necesario un drástico cambio de prioridades de política económica, para centrarla en la creación de empleo de calidad, la reducción del «déficit social» y
la transformación del modelo de crecimiento.

España es el uno de los países europeos donde más han aumentado las desigualdades desde el inicio de la crisis, hasta situarse entre los niveles más elevados de inequidad, pobreza y exclusión
social en el marco de la UE. Mientras que el Índice de Gini se ha mantenido estable en los países de la Eurozona, en un valor en torno a 30, en España ha pasado del 31,9 en 2007 al 34,6 en 2015, uno de los valores más elevados de nuestro entorno.
Además, España es uno de los países de la UE donde la desigualdad entre el 20 % más rico y el 20 % más pobre es una de las más elevadas, y no deja de crecer.

El gobierno se empeña en señalar una y otra vez al desempleo como el único
determinante de la desigualdad en nuestro país, pero no es así. Las recientes reformas laborales, y la devaluación de los salarios, han conllevado que la pobreza y la exclusión social no se concentren exclusivamente en la población desempleada.
Hoy, tener un trabajo en España ya no es condición suficiente para escapar de la pobreza, puesto que casi el 15 % de los trabajadores en nuestro país está en dicha situación. Así, a pesar del empleo creado en 2015 y 2016, las tasas de pobreza y
exclusión apenas se han reducido, como consecuencia de la fuerte precariedad y la mala calidad del empleo.

Del mismo modo, la erosión del Estado de Bienestar derivada de las políticas de recortes de los años pasados explica también esta
situación. España, de acuerdo a los datos más recientes de Eurostat, mantiene un déficit estructural con la Eurozona en protección social cercano al 5 % del PIB. Se necesitan por tanto políticas específicamente dirigidas a reducir las
desigualdades, y a erradicar la pobreza y la exclusión social. Estas políticas, además, deben diseñarse de forma que sean herramientas eficaces para luchar contra las desigualdades entre mujeres y hombres. Desde nuestro punto de vista resulta más
importante corregir el déficit social de nuestro país que reducir el déficit público.

Sin embargo, a pesar del anuncio del gobierno de que en 2017 no habría recortes, otro año más estos vuelven a producirse. El techo de gasto y los objetivos
de déficit aprobados en diciembre de 2016 implicaron un recorte del primero de más de 5.057 millones de euros respecto al aprobado para 2016.

Durante 2015, y básicamente porque era un año electoral el gobierno expandió el gasto con el
objetivo de ganar las elecciones para en 2016 aplicar los recortes que compensaran los excesos de ese año.

No obstante, dado que el PP no ganó las elecciones, durante 2016 no pudo aplicar la misma técnica para recortar que había utilizado
hasta la fecha, optando por la no ejecución de gastos presupuestados como forma para recortar tácitamente. Esto implica que, al tener como referencia para los PGE de 2017 el nivel de ejecución de los de 2016, se parte de un nivel de presupuestos ya
mermado por esa vía respecto a 2016. Esto, que algunos llamarán técnica presupuestaria, no es sino una trampa del gobierno para seguir aplicando los recortes en el gasto público con alevosía y de una forma menos perceptible por la ciudadanía aunque
con los mismos efectos.

Para ser más concretos, dado que durante 2016 no se pudieron presentar, se tuvieron que prorrogar los PGE de 2016 para 2017. Pero como hemos mencionado anteriormente, los PGE de 2016 tenían un techo de gasto superior
(123.394) al establecido para 2017 (118.337), por lo que el gobierno tuvo que generar un Acuerdo de no Disponibilidad el 30 de diciembre de 2017 por valor de 5.493 millones de euros que le permitiera cuadrar las cifras. Con este movimiento el
gobierno consolidaba los recortes tácitos de 2016. Si a esto añadimos que los PGE presentados para 2017 no revierten ninguno de los recortes realizados durante los peores años de austeridad, podemos afirmar que son los presupuestos de la
consolidación de todos los recortes producidos desde la llegada del PP al gobierno y de los que anteriormente realizó el gobierno del PSOE.

Concretando, los PGE para 2017 incluyen recortes importantes respecto a lo presupuestado en 2016 en
políticas como Vivienda (21 % respecto a lo prespuestado en 2016, 62 % acumulado desde 2011) o Infraestructuras (11 % respecto a 2016, 44 % acumulado desde 2011). El gobierno apuesta por un modelo de crecimiento continuista, al introducir también
recortes en las principales políticas vinculadas al modelo productivo: Comercio, Turismo y Pymes (-11 %), Otras Actuaciones de Carácter Económico (-7 %), Subvenciones al Transporte (-1 %) y, en menor medida, Industria y Energía (-0,2 %).

Una
de las partidas más dañadas durante la crisis y crucial para el cambio de modelo productivo, Investigación, Desarrollo e Innovación, ve incrementado su presupuesto respecto a 2016 (+1 %), pero el recorte acumulado en la política desde 2011 es
del 24 %. Igual sucede con los presupuestos de Sanidad y Educación, que se incrementan 2,3 % y 1,7 % respecto a 2016, pero que acumulan un recorte desde que llegó el PP al poder del 3,85 % y 11,2 %. La única política de gasto que se incrementa de
manera significativa respecto a 2011 ha sido Defensa, con un sorprendente incremento del 32,1 %.

En general, la política del PP desde que ha llegado al gobierno ha sido la de reducir el gasto público y la proporción que éste supone respecto
al PIB. Concretamente en 2016, el gasto público respecto del PIB era en 2011 45,8 %, y será para 2017 del 41,3 %.

Lo más preocupante es que estos recortes se han hecho en Servicios Públicos Fundamentales, es decir, en Educación, Sanidad,
Vivienda y Medio Ambiente entre otros. Desde que el gobierno del PP llegó al poder el gasto público en proporción del PIB en todos estos servicios ha caído de forma continua. Esto, además, se ha hecho a costa de la autonomía fiscal y financiera de
las CC. AA.: por un lado, con una reducción significativa de recursos y, por otro, con la aplicación de un control fiscal y presupuestario que ha puesto en riesgo la sostenibilidad de nuestros servicios públicos fundamentales. El mayor peso del
ajuste fiscal de estos años ha sido asumido por las CC. AA., que han visto reducida por ello, de manera significativa, su capacidad de acción política. Y el aumento de financiación de las CC. AA. que el gobierno anuncia al presentar estos PGE se
deriva exclusivamente de la aplicación del sistema de financiación territorial actual, y no de decisiones políticas del gobierno. Debido a las políticas del gobierno del PP, estamos muy lejos de los niveles de gasto público en Sanidad y en
Educación anteriores a la crisis en la gran mayoría de las comunidades autónomas.

Resulta significativo, en este sentido, que desde la llegada al Gobierno del PP en 2011 y hasta 2015, el gasto en Sanidad Pública se ha reducido en más de 7 %, mientras que el gasto en Sanidad privada se ha incrementado un 13 %.

Por su parte, en términos de ingresos, los PGE presentados son el resultado de una de las peores políticas en materia tributaria que ha vivido España en mucho tiempo. Nuestro país sufrió una caída de ingresos públicos superior a la que sufrió la
eurozona como consecuencia de la crisis económica, lo que mostraba una debilidad estructural en la estructura tributaria. Lejos de atajar el problema, el gobierno del PP ha profundizado con sus actuaciones esta situación.

Concretamente, la
reforma impositiva implementada por el gobierno en 2015 ha supuesto un coste de 12.309 millones acumulados hasta 2016, lo que ha provocado que el ajuste del déficit se haya producido principalmente por la vía de la reducción del gasto. Es más, y lo
que es más preocupante, el gobierno del PP ha roto el vínculo entre crecimiento económico y crecimiento de los ingresos públicos por primera vez en dos décadas. Mientras que en 2016 se ha crecido a una tasa del 3,2 %, los ingresos tributarios tan
solo lo hicieron a una tasa del 2,3 %. Por eso, la cifra de ingresos tributarios que el gobierno consigna en los PGE (un incremento del 7,9 %) carece de toda credibilidad sin una profunda rectificación de su política fiscal.

Esto es así en
primer lugar, porque no ha habido cambios normativos que contrarresten la regresiva reforma fiscal que ha mermado más de 12 mil millones de euros a las arcas públicas. De hecho, es necesario resaltar que la ejecución de 2016 apunta a que los
ingresos no están teniendo la recuperación cíclica que normalmente deberían de tener en una fase expansiva de la economía, algo a lo que ha contribuido la política tributaria del PP.

En segundo lugar, porque algunos de los motivos que han
provocado esta ruptura no solo no se han revertido, sino que se han profundizado. La recaudación impositiva del IRPF en 2016 fue inferior a la prevista en los PGE por el menor crecimiento salarial. La razón es que las sucesivas reformas laborales
y el ataque directo a los mecanismos de reparto de la renta, como el desmantelamiento de la negociación colectiva, han provocado una caída en los salarios reales que ha erosionado la base imponible del impuesto de la renta. Si bien en los PGE 2016
se esperaban recaudar 75.432 millones, finalmente solo se recaudaron 72.416 millones. Para el Estado, la recaudación neta se ha quedado en 62.237 millones (frente a una previsión de 66.466 millones), lo cual no deja de ser especialmente relevante
en un contexto donde las tasas de crecimiento han sido superiores al 3,5 %. Es por ello que no se entiende que en los PGE para 2017 se estime una recaudación del Estado por IRPF de 64.876 millones de euros cuando el crecimiento esperado para 2017
es inferior al registrado en 2016 y no se ha producido ningún cambio normativo.

Respecto al Impuesto de Sociedades (IS), la reforma fiscal implementada por el gobierno del PP provocó un agujero de tal magnitud que sus propias previsiones de
ingresos se comprobaron completamente inalcanzables. Por eso, tuvo que presentar el Real Decreto 2/2016, de 30 de septiembre, y el Real Decreto 3/2016, de 2 de diciembre, con sendos cambios normativos que, entre otros, reinstauraban los pagos
fraccionados eliminados por la reforma del año anterior. Estos pagos además se reinstauraban en niveles superiores a los que estaban establecidos con anterioridad a la reforma. Esto permitió que la recaudación para 2016 se estabilizara, pero
supone unos pagos en el mes de julio de 2017, en concepto de devoluciones, por valor de 3.000 millones según datos de la Agencia Tributaria.

En general, el impuesto de sociedades presenta problemas estructurales que el gobierno ha magnificado
con la irresponsable política fiscal que le caracteriza. Estos problemas se cristalizan en el hecho de que, a pesar de que se ha recuperado tanto el Excedente Bruto de Explotación como el Resultado Neto Contable a niveles de 2007, la recaudación
todavía está muy lejos. Parece claro que el impuesto de sociedades tiene un problema de debilidad en las bases imponibles que han reducido de manera excepcional las bases recaudatorias del impuesto, a lo que ha contribuido de manera directa la
política tributaria del gobierno del PP. Tanto el tipo efectivo como el peso de la recaudación del IS sobre el PIB han caído, incrementando la insuficiencia crónica de ingresos públicos.

Además de mermar la capacidad recaudatoria del estado
y por ende, la capacidad de financiar Servicios Públicos Fundamentales, la política tributaria del PP ha generado una estructura tributaria más injusta y menos progresiva.

La participación de los ingresos tributarios se ha modificado
incrementando la participación de los impuestos indirectos y reduciendo la de los directos. Además de ello, dado que se ha reducido la imposición sobre el capital y se ha mantenido la del trabajo desde 2007, se ha producido un efecto composición
que ha trasladado la recaudación desde el capital al trabajo. Esto es especialmente relevante en un contexto donde las rentas del capital se están recuperando pero las rentas del trabajo todavía siguen en un nivel inferior al que se encontraba
cuando comenzó la crisis.

España necesita un nuevo modelo fiscal que asegure la suficiencia fiscal del Estado para corregir el déficit social existente y para disponer de recursos que faciliten la transformación del crecimiento económico.
Este nuevo modelo fiscal debe reforzar además la progresividad del sistema tributario, notablemente erosionada durante las últimas décadas. Además, la lucha contra el fraude fiscal tiene que ser una de las prioridades políticas de cualquier
gobierno en España. Las consecuencias de todas estas decisiones sobre las condiciones de vida de la mayor parte de la población son dramáticas, porque a su vez han ido de la mano de cambios profundos en el mercado laboral.

La política de
austeridad extrema ha causado que en 2017 el PIB per cápita sea todavía inferior al de 2007, 10 años después del estallido de la crisis, lo que representa una verdadera década perdida para España. En términos de PIB real, todavía seguimos por
debajo del nivel de 2007, lo que refleja la dureza de las políticas de austeridad.

Además, es necesario hablar de la calidad del empleo que se está creando en España. En enero de 2012, primer año de gobierno del PP, la duración media de los
contratos era de 66,15 días. En marzo del 2017, año en que se presentan el presente proyecto presupuestario, la duración media es de 54,76 días. Los contratos firmados de menos de 7 días eran el 20 % en enero de 2012, y en marzo de 2017 son
el 25 %. La tasa de temporalidad en enero de 2012 era del 19,4 %, y en el último trimestre de 2016 era del 22 %. Recordemos que esta tasa de temporalidad es anormalmente elevada respecto a la media de la Unión Europea, representando la segunda
tasa más elevada de la región.

La cuestión de la elevada tasa de temporalidad de la economía española es especialmente relevante. Los contratos temporales deben estar justificados por la temporalidad de la actividad económica a la que están
asociados. La realidad en España es que hay una generalización de los contratos temporales sin que ello esté justificado por la naturaleza de la actividad, lo que supone una enorme distorsión productiva a la que el gobierno no sólo no ha hecho
frente sino que ha empeorado con sus sucesivas reformas laborales.

Esta situación tiene un efecto directo sobre la productividad del trabajo, cuya fuente de crecimiento en España ha sido principalmente la destrucción de empleo. Mientras que
durante la crisis en países como Alemania o Francia la productividad cayó porque caía la producción pero se mantenía el trabajo, en España la productividad ha crecido por la enorme y anormal destrucción de empleo. La principal fuente de crecimiento
de la productividad no debería ser la destrucción de empleo, sino la inversión en capital, la formación, la mejora de procesos, etc. Esta situación puede explicar, al menos en parte, la especialización productiva de España en la cadena baja de
valor añadido, algo que el PP ha reforzado con su política de austeridad fiscal y salarial. De hecho, de todos los empleos destruidos en la crisis, tan solo se han recuperado los empleos en hostelería, reforzando el modelo de «sol y playa» que
deberíamos haber superado ya.

Respecto a las horas efectivas trabajadas, éstas se han reducido desde que el PP accedió al gobierno. En 2012 el número medio de horas efectivas semanales trabajadas por ocupado era de 35,4 (38,2 para hombres
y 32 para mujeres), mientras que en el último trimestre de 2016 era de 33,9 (36,6 para hombres y 30,8 para mujeres). Este hecho se añade a que en España casi 10 años después del inicio de la crisis en 2008, hay 2.138.800 ocupados menos. Es decir,
no solo hemos vivido una década perdida en términos de producto sino también en términos de empleo

No podemos olvidar también que la precariedad tiene rostro de mujer, pues el hecho de que la carga de las tareas de cuidados recaiga
principalmente en la mujer hace que su inserción en el mercado laboral sea más precaria y menos robusta. El empeoramiento de las condiciones económicas y la reducción de los ingresos familiares que se ha producido (el salario medio y la renta de
los hogares todavía están en niveles inferiores a los de 2007) ha hecho que muchas mujeres se incorporen al mercado de trabajo. Dado que son las que cargan con la mayor parte de las tareas de cuidados, su inserción es, a su vez, más precaria, en
trabajos más temporales, sufriendo el efecto suelo pegajoso en sus carreras profesionales. Por otro lado, junto con la caída en las rentas familiares, el recorte en gasto social hace que muchas de las tareas de cuidados vuelvan al hogar, lo que
empeora la capacidad de la mujer a la hora de encontrar una inserción laboral digna en tanto que asumen ellas esa carga. Dado que buena parte del gasto incluido en los PGE es gasto social, de sostenimiento de los Servicios Públicos Fundamentales,
los recortes afectan principalmente a estas áreas de gasto, por lo que los recortes tienen un efecto social desproporcionadamente superior en la mujer.

Esta política laboral condena a España a un modelo de crecimiento centrado en la parte
baja de la cadena de valor añadido. Con un salario mínimo que roza el umbral de la pobreza, con una tasa de temporalidad anormalmente elevada, con unas relaciones laborales inestables, precarias y desprotegidas, con una cobertura del desempleo cada
vez más baja, con una negociación colectiva desmantelada, es imposible generar un mercado de trabajo moderno que pueda competir en la cadena alta del valor añadido a nivel internacional. Las políticas del PP están condenando a España a alejarse de
Europa y a profundizar el carácter periférico de nuestra economía.

En este contexto es sorprendente e irresponsable la bajada de inversión pública que recogen los PGE presentados por el gobierno a esta Cámara y, en particular, el impacto
territorial de la misma. Las inversiones totales para 2017 se han reducido con respecto al 2016 un 2,6 % o un 59 % respecto al 2009. Algunas bajadas a nivel autonómico llegan al 30 % de Navarra y el 80 % de Asturias. El impacto territorial de la
falta de inversión es significativo lo que provoca que la brecha territorial siga intacta y que las diferencias de PIB per capita entre CC. AA. siguen aumentando. Es inaceptable la falta de lealtad institucional con las comunidades autónomas de
los presupuestos del Gobierno y el incumplimiento de los Estatutos de Autonomía, leyes orgánicas aprobadas por las Cortes Generales y refrendadas por la ciudadanía, en cuestiones tanto de inversiones territoriales financiación.

En definitiva,
estos PGE no tienen un modelo de país, sino que reproducen un modelo fallido de crecimiento. Necesitamos transformar el crecimiento para que sea más inclusivo, basado en actividades de alto valor añadido y cierre la brecha social abierta por la
crisis y las políticas de austeridad. A pesar de la retórica de las reformas económicas, nuestro modelo de crecimiento mantiene graves problemas estructurales que no se han visto resueltos sino que por el contrario se van profundizando.

En
lo fundamental, los sectores tractores de la economía siguen sin estar situados en los tramos de mayor valor añadido, ni existe política industrial alguna que apunte a un cambio en este sentido. La inversión en I+D con relación al PIB sigue siendo
la mitad de la que dedican, de media, los países de la zona euro. El grueso del empleo es de bajos salarios y se crea en pequeñas empresas, o incluso microempresas, y abunda la temporalidad injustificada en multitud de sectores económicos, incluso
en los no estacionales.

Nuestro país mantiene prácticamente intacta su tradicional dependencia importadora en bienes fundamentales para la continuidad del crecimiento (particularmente bienes de capital y energía), por lo que empezamos ya hoy
a observar nuevamente un déficit en la balanza de pagos y la necesidad de acudir al endeudamiento externo para sostener dicha posición.

Y, más grave aún que todo lo anterior, hay una ausencia total de planes para impulsar la sostenibilidad y
la rápida reducción de las emisiones. Resulta paradójico que en el año de la Cumbre del Clima de Marrakech y de la Renovación de los compromisos de actuación en cambio climático, el Programa de Prevención de la Contaminación y Actuación contra el
Cambio Climático sea uno de los que mayores recortes haya sufrido (un -45,64 %.)

Las políticas de progreso para los próximos años no pueden consistir únicamente en apuntalar nuestro patrón de crecimiento, ya que ni el aumento del PIB ni la
creación del tipo de empleo que se está generando, por sí solos, son capaces de solucionar los graves déficits sociales, productivos y medioambientales que tiene nuestro país.

El mayor protagonismo de los sectores con alto contenido
tecnológico, así como la progresiva reducción de emisiones de CO2, no se producirán de forma espontánea, gracias a la «mano invisible» del mercado. Bien al contrario, es necesario el concurso del Sector Público para poder impulsar sectores
estratégicos que generen nuevos paradigmas de crecimiento.

España necesita unos PGE que permitan cerrar la brecha social generada por las políticas de austeridad fiscal y salarial; que permita generar nuevos paradigmas de crecimiento más
inclusivo, más justo y más verde. Unos PGE que permitan trasladar las ventajas del crecimiento a la mayoría social y no se quede en unos pocos. Unos PGE que cierren la brecha con Europa. Unos PGE que corrijan el problema estructural de ingresos
públicos. Unos PGE, en definitiva, que cierren la página de los recortes y empiecen a construir un futuro económico a la altura de nuestro país.

Por todo ello nuestro presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017.

El Senador Jordi Martí Deulofeu, ERC/Esquerra (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2017.—Jordi Martí Deulofeu.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 77

De don Jordi Martí Deulofeu (GPER)

El Senador Jordi Martí Deulofeu, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

PROPUESTA DE VETO INDIVIDUAL

Como senador de la demarcación de Girona y en representación de quienes me otorgaron la confianza para ello
con su voto, presento el siguiente veto a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 porque mantienen la histórica desinversión en las comarcas de Alt Empordà, Cerdanya, Garrotxa y zona de la Catalunya Nord afectando al bienestar de las
personas y a la competitividad de las empresas, porque siguen legitimando la falta de financiación de nuestros municipios y su asfixia económica y financiera hasta impedirles desarrollar sus competencias básicas y la atención social requerida (en
especial ante las situaciones de emergencia social que el propio Gobierno crea y agrava con las políticas de recortes, precarización y desinversión social) y porque perpetúan el espolio de nuestro territorio hipotecando así el progreso económico y
social de la población.

La Senadora Mirella Cortès Gès, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2017.—Mirella Cortès Gès.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 78

De doña Mirella Cortès Gès (GPER)

La Senadora Mirella Cortès Gès, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

PROPUESTA DE VETO INDIVIDUAL

Como senadora elegida por el Parlament de Catalunya para defender nuestro territorio, presento el siguiente veto a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 porque mantienen la histórica desinversión en la Catalunya Central afectando al bienestar de las personas y a la competitividad de las empresas, porque siguen legitimando la falta de financiación de
nuestros municipios y su asfixia económica y financiera hasta impedirles desarrollar sus competencias básicas y la atención social requerida (en especial ante las situaciones de emergencia social que el propio Gobierno crea y agrava con las
políticas de recortes, precarización y desinversión social) y porque perpetúan el espolio de nuestro territorio hipotecando así el progreso económico y social de la población.

El Senador Bernat Picornell Grenzner, ERC/ESQUERRA (GPER), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2017.—Bernat Picornell
Grenzner.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 79

De don Bernat Picornell Grenzner (GPER)

RETIRADA

El Senador Joaquim Ayats i Bartrina, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula
una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2017.—Joaquim Ayats i Bartrina.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 80

De don Joaquim Ayats i Bartrina
(GPER)

El Senador Joaquim Ayats i Bartrina, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

PROPUESTA DE VETO INDIVIDUAL

Como senador de la
demarcación de Girona y en representación de quienes me otorgaron la confianza para ello con su voto, presento el siguiente veto a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 porque mantienen la histórica desinversión en las comarcas de
Maresme, Gironès, Pla de l’Estany y Ripollès afectando al bienestar de las personas y a la competitividad de las empresas, porque siguen legitimando la falta de financiación de nuestros municipios y su asfixia económica y financiera hasta
impedirles desarrollar sus competencias básicas y la atención social requerida (en especial ante las situaciones de emergencia social que el propio Gobierno crea y agrava con las políticas de recortes, precarización y desinversión social) y porque
perpetúan el espolio de nuestro territorio hipotecando así el progreso económico y social de la población.

El Senador Robert Masih Nahar, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una
propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2017.—Robert Masih Nahar.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 81

De don Robert Masih Nahar (GPER)

El
Senador Robert Masih Nahar, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

PROPUESTA DE VETO INDIVIDUAL

Como senador de la demarcación de Barcelona y
en representación de quienes me otorgaron la confianza para ello con su voto, presento el siguiente veto a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 porque mantienen la histórica desinversión en las comarcas de Barcelona y Baix
Llobregat afectando al bienestar de las personas y a la competitividad de las empresas, porque siguen legitimando la falta de financiación de nuestros municipios y su asfixia económica y financiera hasta impedirles desarrollar sus competencias
básicas y la atención social requerida (en especial ante las situaciones de emergencia social que el propio Gobierno crea y agrava con las políticas de recortes, precarización y desinversión social) y porque perpetúan el espolio de nuestro
territorio hipotecando así el progreso económico y social de la población.

El Senador Bernat Picornell Grenzner, ERC/Esquerra (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2017.—Bernat Picornell Grenzner.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 82

De don Bernat Picornell Grenzner (GPER)

El Senador
Bernat Picornell Grenzner, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

PROPUESTA DE VETO INDIVIDUAL

Como senador elegido por el Parlament de
Catalunya para defender nuestro territorio, presento el siguiente veto a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 porque mantienen la histórica desinversión en el Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental y Alt Penedès, afectando al
bienestar de las personas y a la competitividad de las empresas, porque siguen legitimando la falta de financiación de nuestros municipios y su asfixia económica y financiera hasta impedirles desarrollar sus competencias básicas y la atención social
requerida (en especial ante las situaciones de emergencia social que el propio Gobierno crea y agrava con las políticas de recortes, precarización y desinversión social) y porque perpetúan el espolio de nuestro territorio hipotecando así el progreso
económico y social de la población.

Asimismo, presento este veto por la indignación que supone la desinversión y el continuado espolio en todos los Països Catalans y, en particular, en el País Valencià y les Illes Balears.

El Senador
Josep Rufà Gràcia, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Palacio del Senado, 9 de
junio de 2017.—Josep Rufà Gràcia.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 83

De don Josep Rufà Gràcia (GPER)

El Senador Josep Rufà Gràcia, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula
la siguiente propuesta de veto.

PROPUESTA DE VETO INDIVIDUAL

Como senador de la demarcación de Tarragona y en representación de quienes me otorgaron la confianza para ello con su voto, presento el siguiente veto a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 porque mantienen la histórica desinversión en las comarcas del Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, y Priorat, afectando al bienestar de las personas y a la competitividad de las empresas, porque siguen
legitimando la falta de financiación de nuestros municipios y su asfixia económica y financiera hasta impedirles desarrollar sus competencias básicas y la atención social requerida (en especial ante las situaciones de emergencia social que el propio
Gobierno crea y agrava con las políticas de recortes, precarización y desinversión social) y porque perpetúan el espolio de nuestro territorio hipotecando así el progreso económico y social de la población.

Asimismo, presento este veto por la
indignación que supone la desinversión y el continuado espolio en todos los Països Catalans y, en particular, en el País Valencià.

II. IMPUGNACIONES DE UNA SECCIÓN (ARTÍCULO 149.1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO)

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 2

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX)

El Senador Joan Bagué Roura (GPMX) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente
impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez en su calidad de Senadores del Partit Demòcrata Europeu Català, y miembros de Senadores de CDC, ahora miembros del Grupo Mixto,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente propuesta de veto a la Sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2017 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX)

El Senador Josep Lluís
Cleries i Gonzàlez (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez en su calidad de
Senador del Partit Demòcrata Europeu Català, y miembro de Senadores de CDC, ahora miembro del Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente propuesta de veto a la Sección 15,
Ministerio de Hacienda y Función Pública, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA
DE VETO NÚM. 4

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 25.
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez en su calidad de Senador del Partit Demòcrata Europeu Català, y miembro de Senadores de CDC, ahora miembro del Grupo Mixto, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente propuesta de veto a la Sección 25, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2017 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX)

El Senador Josep Lluís
Cleries i Gonzàlez (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 31. Gastos de Diversos Ministerios.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez en su calidad de Senador del
Partit Demòcrata Europeu Català, y miembro de Senadores de CDC, ahora miembro del Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente propuesta de veto a la Sección 31, Gastos de Diversos
Ministerios, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 6

De don
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 32. Otras relaciones financieras
con entes territoriales.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez en su calidad de Senador del Partit Demòcrata Europeu Català, y miembro de Senadores de CDC, ahora miembro del Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente propuesta de veto a la Sección 32, Otras Relaciones Financiers com Entes Territoriales, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 por no adecuarse a las necesidades sociales y
económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 7

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 36. Sistemas de financiación de entes territoriales.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez en su calidad de Senador del Partit Demòcrata Europeu Català, y miembro de Senadores de CDC, ahora miembro del Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente propuesta de veto a la Sección 36, Sistemas de Financiación de Entes Territoriales, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español
y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 8

De doña Elisabet Abad Giralt (GPMX) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX)

La Senadora Elisabet Abad Giralt (GPMX) y el Senador Josep Lluís Cleries
i Gonzàlez (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y Beth Abad i Giralt en su calidad de
Senadores del Partit Demòcrata Europeu Català, y miembros de Senadores de CDC, ahora miembros del Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente propuesta de veto a la Sección 13,
Ministerio de Justicia, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 9

De doña Elisabet Abad Giralt (GPMX) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX)

La Senadora Elisabet Abad Giralt (GPMX) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y Beth Abad i Giralt en su calidad de Senadores del Partit Demòcrata Europeu Català, y miembros de Senadores de
CDC, ahora miembros del Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente propuesta de veto a la Sección 14, Ministerio de Defensa, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2017 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 10

De doña Elisabet Abad Giralt (GPMX) y de don Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez (GPMX)

La Senadora Elisabet Abad Giralt (GPMX) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio
del Interior.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y Beth Abad i Giralt en su calidad de Senadores del Partit Demòcrata Europeu Català, y miembros de Senadores de CDC, ahora miembros del Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107
del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente propuesta de veto a la Sección 16, Ministerio del Interior, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado
Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 11

De doña Elisabet Abad Giralt (GPMX) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX)

La Senadora Elisabet Abad Giralt (GPMX) y el Senador Josep
Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y
Beth Abad i Giralt en su calidad de Senadores del Partit Demòcrata Europeu Català, y miembros de Senadores de CDC, ahora miembros del Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
propuesta de veto a la Sección 20, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a
las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 13

De don Joan Bagué Roura (GPMX) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX)

El Senador Joan Bagué Roura (GPMX) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y Joan Bagué i Roura en su calidad de Senadores del Partit Demòcrata
Europeu Català, y miembros de Senadores de CDC, ahora miembros del Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente propuesta de veto a la Sección 17, Ministerio de Fomento, del
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 14

De don Joan Bagué
Roura (GPMX) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX)

El Senador Joan Bagué Roura (GPMX) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente
impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y Joan Bagué i Roura en su calidad de Senadores del Partit Demòcrata Europeu Català, y miembros de Senadores de CDC, ahora miembros del
Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente propuesta de veto a la Sección 18, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2017 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 15

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX) y de doña Maria Teresa Rivero
Segalàs (GPMX)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 19.
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y Maria Teresa Rivero i Segalàs en su calidad de Senadores del Partit Demòcrata Europeu Català, y miembros de Senadores de CDC, ahora miembros del Grupo Mixto, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente propuesta de veto a la Sección 19, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 por no adecuarse
a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 16

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX) y de doña Maria Teresa Rivero Segalàs (GPMX)

El
Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y Maria Teresa Rivero i Segalàs en su calidad de Senadores del Partit Demòcrata Europeu Català, y miembros de Senadores de CDC, ahora miembros del Grupo Mixto, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente propuesta de veto a la Sección 23, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2017 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 17

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX) y de doña Maria Teresa Rivero
Segalàs (GPMX)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 26.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y Maria Teresa Rivero i Segalàs en su calidad de Senadores del Partit Demòcrata Europeu Català, y miembros de Senadores de CDC, ahora miembros del Grupo
Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente propuesta de veto a la Sección 26, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2017 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 18

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX) y de doña Maria Teresa
Rivero Segalàs (GPMX)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la
Sección 27. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y Maria Teresa Rivero i Segalàs en su calidad de Senadores del Partit Demòcrata Europeu Català, y miembros de Senadores de CDC, ahora miembros del
Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente propuesta de veto a la Sección 27, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2017 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 19

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX) y de doña Maria
Teresa Rivero Segalàs (GPMX)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPMX) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la
Sección 60. Seguridad Social.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y Maria Teresa Rivero i Segalàs en su calidad de Senadores del Partit Demòcrata Europeu Català, y miembros de Senadores de CDC, ahora miembros del Grupo Mixto, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente propuesta de veto a la Sección 60, Seguridad Social, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 por no adecuarse a las necesidades sociales y
económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 23

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017, en concreto lo que respecta al área de
Asuntos Exteriores y Cooperación, supone una congelación de facto de la partida dedicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Sigue estando por debajo de la dotación presupuestaria del año 2012, ya que prevén unos créditos
de 1.369.84 millones de euros, es decir, un ligero descenso del 0,02 % respecto a los presupuestos de 2016, que ascendieron a 1.370.07 millones de euros. Si bien, si desglosamos la partida para créditos no financieros, éstos se han incrementado en
un 0,46 % respecto a los del año pasado.

De esta forma nos hallamos ante unos presupuestos que reflejan negro sobre blanco y a las claras la escasa ambición, audacia y de influencia de la acción exterior española durante los gobiernos del
Partido Popular. Por ello resulta difícil no compararlos con los últimos presupuestos del último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la partida para el área exterior era de 2.645.69 millones de euros, nada menos que un 48,22 % más que
estos de 2017.

Representan una oportunidad perdida para nuestra acción exterior y, por tanto, prefiguran un año en blanco para consolidar nuestra pretendida posición preponderante en la esfera internacional. Pero en el fondo no son más que
un paso más en el debilitamiento de nuestra posición geoestratégica, el vaciamiento de la Cooperación al Desarrollo, la preocupante disminución de nuestro peso en los organismos internacionales, con la excepción del éxito de la candidatura como
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fue presentada por el último gobierno de Rodríguez Zapatero.

Si se entra a analizar un poco más en detalle estos presupuestos, se puede observar que existen determinados
movimientos de fondos que causan cierta sorpresa, resultando incoherentes respecto a las necesidades efectivas y a los objetivos de la acción exterior en el contexto actual.

Este contexto se caracteriza por los grandes cambios, como el
desafío para la Unión Europea que representa el Brexit, la amenaza del terrorismo yihadista, la política de EE. UU. en la nueva era Trump, o el protagonismo de China. Pero no vamos a poder hacer frente ni a los viejos conflictos, ni a los nuevos,
como tampoco a los nuevos desafíos económicos si nuestro país no se dota de más medios y se mejora la coordinación interministerial.

Nuestro país debe dedicar más y mejores recursos materiales y humanos a la acción exterior. Resulta
paradójico que en el año en que se va a poner en marcha el Brexit, con la consiguiente necesidad de un esfuerzo extra en la actividad diplomática de nuestro país para minimizar las consecuencias, estas cuentas presenten un notable recorte del 4,45 %
en la partida destinada a la acción diplomática ante la Unión Europea.

Por otro lado se mantienen congeladas en torno a los 18.000 € las partidas destinadas a asistencia en el extranjero a beneficiarios de asilo en España, así como la
partida dedicada a la protección de ciudadanos españoles en el extranjero.

Capítulo aparte merece la Cooperación al Desarrollo, que vuelve a ser claramente insuficiente y sigue siendo la asignatura pendiente del Partido Popular, que demuestra
una vez más su escasa sensibilidad hacia los gravísimos desequilibrios existentes entre los países ricos y pobres. Con el Partido Popular bajó de manera brutal la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo), de manera que en 2014 y 2015 España fue uno de los
países de la OCDE que menos invertía.

El Ministerio gestiona el 25,65 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo, que representa solo el 0,21 % de la Renta Nacional Bruta, mientras que desde las organizaciones que trabajan en ese ámbito se reclama
que España destine al menos un 0,4 %, que es la media europea. Además, la propia Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), o la Ley de Deuda, siguen recibiendo un apoyo claramente insuficiente un año más.

En
el caso de la AECID, aunque el presupuesto suba en términos globales, se debe a los 57 millones de euros que aporta la UE para proyectos de cooperación delegada. Sin embargo, el resto del presupuesto de la agencia desciende respecto a 2016.

Y respecto al Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), herramienta fundamental de todo el sistema de la Cooperación Española para garantizar una respuesta eficaz a los objetivos de ésta, tras ser desvirtuado y reformado sin consenso,
recibe en estos presupuestos 199,23 millones de euros, 36 menos que en 2016 y nada menos que 746 millones menos que en 2011. Disminuyendo considerablemente en partidas esenciales como Seguridad y Ayuda Alimentaria, Convenios con ONGD o el gasto en
personal.

Por tanto, y pese a que el Gobierno habla de recuperación económica, no parece que exista una recuperación de esta importante partida que, a la postre, redunda en una mejora de la posición y el prestigio, y por tanto la influencia
de nuestro país en la esfera internacional.

Los presupuestos que presenta este gobierno, al resultar claramente insuficientes, se contradicen con los objetivos de nuestra política exterior como un asunto estratégico y de Estado. No es una
herramienta útil para el abordaje simultáneo de los intereses de España y a las obligaciones derivadas de nuestra pertenencia a los organismos internacionales.

Tampoco sirven para afrontar con solvencia los principales compromisos de nuestro
país. No abordan los retos del mundo actual, y no tienen el nivel ni ambición necesarios para colocar a nuestro país en el lugar preponderante en la esfera internacional que debería correspondernos por nuestro tamaño, por nuestra población, y por
nuestra situación geopolítica.

La conclusión es que estos presupuestos reinciden, un año más, en resultar inadecuados e insuficientes para la consecución de los objetivos de nuestra acción exterior. Como tampoco afrontan la dinámica negativa
de pérdida de peso de nuestra posición geoestratégica en el mundo, que comenzó nada más llegar el Partido Popular al gobierno con el incomprensible desprecio de la Alianza de Civilizaciones y con los recortes brutales en Cooperación. Y la
consecuencia es que desde entonces ha ido diluyéndose como un azucarillo la proyección e influencia de nuestro país en el mundo.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de veto a la sección 12
del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al Congreso de los Diputados.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 24

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista
(GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

SECCIÓN 13. MINISTERIO DE JUSTICIA

El Presupuesto de la Sección 13,
correspondiente al Ministerio de Justicia y a los Organismos Autónomos y otros organismos públicos adscritos a este Ministerio, alcanzará, de acuerdo con el proyecto la cantidad de 1.726 millones de euros. Esta cifra supone un incremento
sobre 2016, pero este dato es positivo, no es suficiente para garantizar la mejora de la justicia ya que solo permite valorar el esfuerzo del Estado en una parte del presupuesto que le corresponde, pero la transversalidad de la justicia, y la
complejidad para abordar su presupuesto en integridad, exigiría cotejar los distintos presupuestos de las Comunidades Autónomas que han asumido las transferencias en materia de justicia y las transferencias que se le han realizado desde el
estado.

Si empezamos por el programa 113M, dedicado a los registros vinculados con la fe pública, con una dotación de 30,06 millones de euros, es decir 3,25 millones más que en 2016, cantidad insuficiente por las graves carencias de personal
y medios de la Dirección General de Registros y del Notariado que paladinamente recoge la Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica la encomienda de gestión al Colegio de
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia, cuyo coste es de 2 millones de euros para la tramitación de expedientes ingresados en la primera mitad
de 2015, lo que deja el incremento en Capítulo 6 en tan solo 800.000 euros, que no solo atiende a la materia de nacionalidad, sino a algo muy relevante que es el registro civil, paradigma de la falta de dirección y sentido de las políticas seguidas
por el Ministerio de Justicia. Y ello porque en este punto las situación de provisionalidad normativa derivada de los vaivenes a que el Gobierno ha sometido la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que aprobada
por unanimidad exige para su entrada en vigor un desarrollo normativo y una inversión de recursos que los distintos gobiernos del Partido Popular no han llevado a cabo desde su aprobación, ni creemos que estén en condiciones con las cifras que
presentan en presupuestos para hacerlo con cierta eficacia y que haga posible su aplicación en plazo, ya que entrará en vigor de no aprobarse una prórroga, el próximo 30 de junio.

Pero si el presupuesto para 2017 sube en casi todos los
programas respecto a 2016, es llamativo el hecho de que hay una disminución muy clara de los recursos de los programas 111Q y 111R que son los destinados a formación de personal al servicio de la administración de justicia y Ministerio Fiscal.

Tampoco se habilitan plazas suficientes para cubrir las bajas estructurales en las plantillas de la administración de justicia, lo que redunda en la continuidad del deterioro de la Administración de Justicia ya que las ofertas de empleo público
tiene una parte importante de publicidad y propaganda que tanto gusta al Gobierno, y ello es así si analizamos la situación desde el año pasado. El Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, aprobó la oferta de empleo público para el año 2016, pero
solo se han convocado de manera efectiva Oposiciones de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado (Resolución de 20 de diciembre de 2016, BOE 309 de 23 de diciembre). En el resto de cuerpos y según información del propio ministerio de justicia no se
ha convocado una sola plaza. El libro amarillo de los presupuestos habla de que con la oferta de empleo público de 2016 y con la que en su caso se apruebe este 2017 habrá un incremento de 5.000 funcionarios. Bueno, eso es posible que sea cierto
para dentro de algunos años ya que al ritmo actual y si tenemos en cuenta que la oferta de 2017 para Justicia, artículo 19.2 G), que está topada está recogida en unos presupuestos de aprobación incierta y aun suponiendo que se aprueben necesitarán
períodos muy largos, incluso años al ritmo que lleva el Ministerio para cubrir las vacantes.

Continúan en vigor las reformas que promueven exclusivamente la disminución de la litigiosidad, instrumento único llevado a cabo por el Gobierno para
mejor las ratios de resolución judicial, en vez de hacerlo de la manera más lógica, dotar mejor la plantilla judicial y fiscal y llevar a cabo actuaciones estructurales en la organización judicial que permita una respuesta más eficiente.

Así
pues y ante la ausencia absoluta de líneas políticas que permitan una mejora de la justicia tanto en su vertiente poder como en su vertiente administración el Grupo Socialista presenta la siguiente propuesta de veto a la sección 13 del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al Congreso de los Diputados.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 25

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

SECCIÓN 14. MINISTERIO DE DEFENSA

La principal novedad del proyecto de Presupuestos Generales
del Estado de 2017 es que incorpora en el programa 122B la cantidad que se va a pagar por los programas especiales de armamento (en adelante PEA), 1 824 477 millones de euros. Cantidad que a la vista de la documentación que acompaña al Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 es el resultado de agregar a los 6.84 millones de euros que habitualmente presupuestaban los Gobiernos del PP los 1 817.63 millones de euros que suponen lo que en 2016 pensaban pagar mediante un
crédito extraordinario aprobado por real decreto-ley y la anualidad del año en curso.

La incorporación final de estos créditos al proyecto de presupuesto no es sino consecuencia de las dos sentencias del Tribunal Constitucional que,
resolviendo sendos recursos de inconstitucionalidad presentados por diputados del Grupo Parlamentario Socialista, declaraban inconstitucional utilizar un real decreto-ley para aprobar un crédito extraordinario para pagar los PEA, toda vez que no
concurría en este supuesto el requisito de urgente necesidad que habilita al Gobierno a recurrir a este excepcional instrumento legislativo, ya que la existencia de la obligación y su cuantía eran previamente conocidas por el Gobierno.

Pudiera parecer que resuelta esta cuestión, a regañadientes, pero resuelta, la situación de la correspondencia entre los presupuestos que el Gobierno trae a las Cortes y los que finalmente se ejecutan y liquida, por lo que respecta al
departamento de Defensa estaba arreglada. Pero nada más lejos de la realidad. La otra gran fuente de desfase entre lo presupuestado y lo gastado, las operaciones en el exterior de nuestras Fuerzas Armadas sigue sin encontrar un reflejo fiel el
proyecto que nos remite Gobierno.

Las partidas que contiene los créditos específicamente destinados a sufragar el coste de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior observamos suman 14.63 millones euros, cuando le coste final
en 2016 de las mismas partidas supero los 895 millones de euros.

En definitiva se ha resulto un problema, pero los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para Defensa siguen siendo irreales y estando cojos de una de sus partidas más
importantes. Unas partidas que, cabe suponer que al final de año acumularán un desfase de entre 800 y 900 millones de euros. Es fácil comprender que aunque seamos capaces de imaginar el desfase no podamos apoyar unos presupuesto así.

Desde
otra perspectiva, el incremento en el presupuesto inicial del Ministerio de Defensa, que no en el gasto de este departamento al finalizar el ejercicio, es absolutamente absorbido por los PEA, sin que el resto de los programas permita sospechar la
existencia de acciones que tiendan a resolver otras carencias de las Fuerzas Armadas, como pueda ser la capacidad de abordar acciones de mejora de las condiciones de vida de nuestras Fuerzas Armadas, tan necesarias a la luz del último informe del
Observatorio de la Vida Militar.

En resumen, como en ocasiones anteriores, el Gobierno presenta un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el Ministerio de defensa que sigue siendo irreal, infradotado económicamente y que, en vez
de abordar de manera equilibrada la adquisición de nuevas capacidades complejas y la mejora de las condiciones de vida de los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas, vuelve a optar por que estos últimos sigan sin ver como la salida de la
crisis de la que presume el Gobierno revierte en una mejora de sus instalaciones y equipamientos.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de veto a la sección 14 del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al Congreso de los Diputados.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 26

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

SECCION 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Los créditos no se adecuan a los objetivos marcados para la sección.

En primer lugar, un año más, según todos los analistas se produce una sobrevaloraron de los
ingresos que acentúa, aun más, la escasa credibilidad en los pronósticos del Gobierno. En 2016 se calcularon 28.000 millones más de lo realmente ingresado y en estos presupuestos el desfase superara los 8.000 millones. Nuevamente serán los
ciudadanos los que lo sufran en recortes de servicios y prestaciones, nuevamente veremos cómo se da el cerrojazo al presupuesto meses antes de finalizar el ejercicio y se decreta la no disponibilidad de lo no ejecutado, un año más el gobierno del PP
cerrara un presupuesto sin cumplir sus compromisos de gasto.

Se pierde otra oportunidad para reformar la agencia tributaria, recuperando los recursos perdidos estos años, y tomar medidas efectivas en la lucha contra el fraude y la elusión
fiscal, nada de intentar equilibrar la carga fiscal de las rentas del trabajo con las del capital, continua incrementándose la diferencia entre la tributación directa en beneficio de la indirecta.

Un modelo fiscal equitativo, progresivo,
transparente, eficaz y mucho más justo es fundamental para que la recuperación también llegue a todos, en España la crisis se ha saldado con un gran aumento de la pobreza y la desigualdad y nuestro sistema fiscal no ayuda a la distribución pero
además es incapaz de aportar los recursos necesarios para desarrollar políticas de gasto y que nos iguales al resto de los países europeos.

Por si fuese poco y tal como denunciamos en su día las rebajas fiscales del gobierno del PP han
favorecido especialmente a las rentas más elevadas y a las grandes corporaciones mientras detraían más de 9.000 millones a las arcas públicas y los consiguientes recortes.

Por otro lado estos Presupuestos no hacen participes a los
trabajadores públicos de la recuperación ya que no contemplan un incremento salarial que les permita mantener el poder adquisitivo ni establecen las medidas compensatorias adecuadas para que puedan empezar a recuperar lo que han perdido durante la
crisis. Desde 2012 se han perdido en España más de 200.000 empleos públicos, muchos de ellos en sectores tan importantes como la sanidad, la educación, la atención social… por ello hay que incrementar mucho más de lo previsto las tasas de
reposición.

Además un año más tenemos que denunciar la dejación que hace el Estado de la cooperación económica local. Este programa lo han cerrado paulatinamente cuando hasta 2011 tuvo gran importancia para ayudar a los pequeños municipios a
mejorar sus infraestructuras y servicios mediante los planes de obras y servicios que durante tantos años ayudaron a equilibrar las prestaciones en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Si la tan cacareada recuperación fuese cierta este
programa se debería recuperar.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de veto a la sección 15 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al
Congreso de los Diputados.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 27

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente
impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

SECCIÓN 16. MINISTERIO DEL INTERIOR

De la consignación presupuestaria que el gobierno realiza para esta sección se deduce la clara falta de voluntad política para avanzar
en la resolución de numerosos problemas de que adolece nuestra política de Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias. En el presente presupuesto se ha consignado para este servicio básico una dotación presupuestaria de 7.912 millones de
euros, que representa un escuálido incremento del 0,1 por ciento respecto al presupuesto de 2.016. De este modo se le asigna a este departamento el menor incremento de presupuesto de todos los denominados servicios públicos básicos, por debajo del
de defensa que se sitúa en un 0,4 por ciento.

En un escenario económico de crecimiento, con una tasa del 3,2 por ciento, «muy por encima de la media de la zona euro y de las principales economías europeas», en palabras del propio gobierno, no
parece asumible esta consignación presupuestaria para las políticas destinadas a la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, de protección internacional y de instituciones penitenciarias.

Este proyecto consagra
el espíritu iniciado en 2.012 de una reducción continuada del gasto en políticas de seguridad (un 6 % en 6 años) así como un importante recorte en un elemento capital para la prestación de este servicio como son las plantillas de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

Las buenas intenciones del gobierno de reforzar la presencia policial en las calles, potenciar la atención al ciudadano, mejorar la lucha contra la
corrupción, la persecución de los delitos en la Red, etc, quedarán en papel mojado con las previsiones del gobierno de aumento de plantilla, ya que en el último lustro, debido a la política de no reposición de efectivos, se han perdido unos 15.000
agentes. En este sentido, y respecto a la policía nacional, según datos del Ministerio del Interior de 31 de enero el catálogo contempla la existencia de 78.138 efectivos, de los que disponibles sólo hay 64.780, es decir, 13.358 menos. Y los
presentes presupuestos únicamente contemplan una provisión de 3.331 nuevas plazas para la policía nacional.

Respecto a la guardia civil ocurre algo muy parecido. El catálogo en vigor prevé la existencia de 85.246 efectivos cuando
solamente 74.229 están cubiertos, es decir, 11.127 vacantes. Y los presupuestos del presente ejercicio contemplan una convocatoria de 1.866 nuevas plazas.

Esta grave carencia de efectivos, no abordada de manera significativa en estos
presupuestos, conlleva no sólo una mala calidad en la prestación de este servicio público, sino que facilita que tengan lugar agresiones a nuestros agentes y son causa incontestable de las precarias condiciones en las que en muchas ocasiones tienen
que llevar a cabo su labor.

Se han recortado también de forma evidente los efectivos dedicados a violencia de género, a policía judicial y al servicio fiscal y al servicio marítimo de la guardia civil como se recoge en los datos de
presupuestos para 2.017.

La preocupante situación de las políticas de seguridad ciudadana se ve agravada por una muy deficiente gestión y desarrollo de los presupuestos anteriores. Cabe señalar el hecho de que en el programa 132A, Seguridad
Ciudadana, inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios en Secretaría de Estado, dejaron de ejecutar casi un 50 % de lo presupuestado en 2.016.

Otro de los programas que ha pagado la cicatería de estos presupuestos es el
destinado a la protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes, es decir, Protección Civil, que ha visto recortada su consignación en un 1,8 %. Y ello a pesar de realizarse una nueva dotación, la del Fondo de Prevención de Emergencias,
por 80.000 euros.

En materia de seguridad vial no parece tampoco que estos presupuestos estén a altura de la circunstancias. Después de trece años consecutivos de descenso de muertes en accidentes de tráfico, enero nos trajo la peor noticia,
el aumento de estas muertes. Sin embargo, esta grave circunstancia no ha animado al gobierno a incrementar la partida consignada para el programa de seguridad vial, sino todo lo contrario, se ha visto reducida en 14 millones de euros. Más
reprochable resulta aún este dato si tenemos en cuenta que los ingresos por multas y sanciones se presupuestan en la misma cuantía que el año anterior.

Mención aparte merece el capítulo destinado a inversiones reales, que ha visto reducida su
consignación en un 4,6 por ciento, 12 millones de euros menos. Son demasiadas los establecimientos (de policía nacional, guardia civil, penitenciarios, CIES) que precisan de importantes, y en algunos casos, muy urgentes reparaciones y en este
sentido resulta desalentador que esa partida se haya visto recortada.

Respecto a las políticas del derecho de asilo y apátridas, destinadas entre otras cosas a resolver los expedientes administrativos sobre asilo e intervenir en materia de
apátridas, así como a atender las necesidades humanas inmediatas de desplazados, se ha incrementado el presupuesto en 104.00 euros que es tanto como nada. Teniendo en cuenta que el gobierno se comprometió ante las instituciones europeas a recibir
una cuota de 17.387 refugiados (de los que únicamente ha recibido 1.212) este presupuesto es clara y absolutamente insuficiente.

La situación de instituciones penitenciarias, merece también especial atención. Se han perdido más de 3.000
efectivos y las plantillas se han visto envejecidas de manera alarmante (el 45 por ciento del personal tiene más de cincuenta años y solamente el 2 por ciento menos de 30 años); la mayoría de los establecimientos penitenciarios sufre una
precariedad absoluta en materia de personal que se extiende a todos los servicios, incluidos personal de limpieza o cocina. Ante este panorama, que incluye necesidades imperiosas también en el ámbito de las infraestructuras, estos presupuestos
consignan casi cinco millones de euros menos que en el ejercicio anterior.

En definitiva, se trata de unos presupuestos escasos, inhábiles para, al menos, situar a este departamento en la dirección de remontar años de recortes y evidentes
necesidades, lo que justifica la presente enmienda de devolución de la sección 16 de los Presupuestos Generales del Estado.

Ha sido años también en los que se han utilizado los instrumentos del Estado para intereses partidistas sin que
hubiera avances en ningún aspecto que hubiera posibilitado a los españoles sentirse más seguros; más bien todo lo contrario.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de veto a la sección 16 del
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al Congreso de los Diputados.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 28

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO

La inversión en política de transporte
constituye una herramienta fundamental para impulsar la reactivación económica de nuestro país, al mismo tiempo conlleva la creación de empleo, la cohesión territorial, la sostenibilidad medioambiental y la competitividad de las empresas.

La
inversión en políticas de transporte garantizan la igualdad de oportunidades de los ciudadanos permitiendo la movilidad por el territorio para precisamente tengan la posibilidad de encontrar empleo con independencia del lugar donde residan.

La eficiencia y racionalidad en el gasto y en la planificación de infraestructuras provoca la integración de los territorios corrigiendo de este modo los desequilibrios que pudieran existir.

Hoy día la productividad de las empresas va de
la mano de la capacidad que tengan de poder colocar sus productos y prestar sus servicios en cualquier punto del mundo, precisamente por encontrarnos en un contexto globalizado, es por ello que una planificación logística eficaz contribuye al
desarrollo económico.

Estratégicamente uno de los objetivos de la sociedad española es alcanzar un desarrollo económico sólido, justo y sostenible, que posibilite la suficiente creación de empleo y que este sea de calidad, pero precisamente
durante estos últimos años la reducción del capítulo de inversiones ha dificultado el crecimiento económico, la competitividad y la creación de empleo sostenible.

En momentos como el que atraviesa nuestro país, las distintas instituciones
europeas, aconsejan aprovechar la alta liquidez y los bajos tipos de interés para impulsar la inversión de obra pública, pues de este modo ayuda a la creación de empleo e impulsa la economía, pues como ya hemos visto la inversión privada no ha sido
capaz por sí misma durante estos últimos años a reactivar el mercado laboral, en consecuencia la inversión pública supondría la creación de empleo.

Ninguna de las consideraciones anteriores parece haberse tenido en cuenta por el Ministerio de
Fomento ni por sus sociedades adscritas, pues el Proyecto de Presupuestos Generales para 2017 se caracteriza por la falta de inversión por lo que respecta a la sección 17.

A esto hay que unir la escasa ejecución de los créditos
presupuestarios y el reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos, lo que provoca que junto a la desinversión agrave la situación y no cumpla ninguno de los objetivos que se persiguen. Con esa renuncia a la inversión pública se está
renunciando al mismo tiempo a la creación de empleo y a la consiguiente reactivación de mercado laboral.

El esfuerzo inversor del Estado en los sistemas de transporte a caído durante los últimos años, y en comparación con las legislaturas en
las que el Partido Socialista ha estado gobernando se traduce en un tercio menos de lo que se invertía y casi a la mitad de lo que se invirtió en lo presupuestado en 2011.

El presupuesto de Gastos (capítulos I a VII), la cantidad
presupuestada se reduce un 4,2 % con respecto al ejercicio anterior, y en lo referente al capítulo inversor (Capítulo VI), la caída en la sección 17 es del 3,76 % respecto al ejercicio anterior. Si estas cantidades las comparamos con el último
presupuesto aprobado por el anterior Gobierno Socialista, elaborado ya en plena etapa de recesión provocada por la crisis, es del 45,73 % menor, es por ello que la voluntad inversora del actual Gobierno, aun estando en mejor situación para la
inversión pública es nula y totalmente perjudicial para la generación de empleo y la consiguiente reactivación del mercado laboral, cuando precisamente los organismos internacionales aconsejan precisamente la inversión pública.

El presupuesto
de 2017 sitúa a España a la cola de inversión en obra pública en porcentaje del PIB en Europa, siendo de este modo nuestro país uno de los países europeos con menor ratio de inversión por kilómetro cuadrado por habitante.

De igual manera
todas y cada una de las empresas adscritas al Ministerio de Fomento, a excepción de ENAIRE han reducido su inversión.

En cuanto a Adif y Adif-Alta Velocidad reduce su inversión un 29,95 % con respecto al ejercicio anterior. Las consecuencias
de esta dinámica desinversora está siendo especialmente grave sobretodo en la ejecución de los Grandes Corredores Transeuropeos de Transporte, lo cual redundará precisamente en importante retrasos en su ejecución en el cumplimiento de esos
compromisos asumidos con Europa, y el consiguiente perjuicio para impulsar la competitividad, la actividad económica y el empleo.

El tráfico de mercancías por ferrocarril sigue lejos de los niveles de la mayoría de los países europeos
precisamente por la falta de infraestructuras adecuadas. Asimismo la conectividad con los puertos sigue siendo insuficiente. Además hay un incumplimiento sistemático en cuanto a la llegada del AVE a muchas regiones. Por último decir que las
cantidades destinadas a la mejora de las cercanías ferroviarias en núcleos urbanos son totalmente insuficientes.

Un año más vemos como la inversión en conservación y explotación de carreteras (programa 453C), es insuficiente. El gasto en
conservación y explotación de carreteras se sitúa por debajo de la mitad de las recomendaciones de los expertos que establecen la misma en el 2 % del valor patrimonial neto de la red estatal. Si comparamos la inversión del presente presupuesto con
la media inversora de la última legislatura socialista vemos como esta ha disminuido más de un 26 %. Esta reducción en la inversión en conservación y explotación de carreteras conlleva el aumento de la siniestralidad y mayor riesgo de accidentes de
tráfico, el perjuicio derivado en la pérdida de competitividad interterritorial y al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que los costes de reparación de estas infraestructuras sufrirán un aumento exponencial.

La política de vivienda
sigue siendo presupuestariamente irrelevante para el Ministerio de Fomento Los recortes presupuestarios de los programas de vivienda son un reflejo de la supresión de ayudas para el acceso a la vivienda de los ciudadanos con menos rentas y que en
consecuencia tienen más dificultades para acceder a una vivienda. Es de destacar que la dotación presupuestaria al programa 262N, «Promoción, administración y ayudas a la rehabilitación y acceso a la vivienda», destinada principalmente a la
financiación del Plan de Vivienda 2013-2016, y prorrogado para este año 2017, ha caído un 60,34 % respecto a la aprobada por el Gobierno socialista en el año 2011.

A esa escasez en la dotación económica a las programas de vivienda hay que
sumarle la ausencia de medidas eficaces para afrontar el drama de los desahucios ni para revertir los recortes sociales realizados durante las pasadas legislaturas en materia de vivienda, no pudiéndonos olvidar de la derogación de la Renta Básica de
Emancipación o la supresión de la subsidiación de préstamos destinados a financiar vivienda protegida.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de veto a la sección 17 del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al Congreso de los Diputados, para su nuevo estudio y planteamiento, de acuerdo con unos criterios que coadyuven al estímulo del crecimiento y a la generación de empleo y que
participen en el impulso a la competitividad, sostenibilidad y desarrollo exterior de nuestras empresas.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 29

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

Los Presupuestos
Generales del Estado para 2017 establecen que el gasto destinado a la política de Educación en este año ascenderá a 2.525 millones de euros, un insignificante 1,7 % más respecto a 2016, pero todavía lejos de los de 2011, cuando el Gobierno
socialista invirtió 2.843 millones de euros, es decir, 318 millones más (11,18 %).

Esta cifra no hace más que consolidar los dramáticos recortes que dejan a la educación en España en los niveles presupuestarios de hace más de una década,
poniendo en evidencia que las inversiones del Gobierno del Partido Popular en materia educativa son del todo insuficientes para atender a las necesidades de la educación en nuestro país.

Claramente, la única razón que puede explicar la
insignificante subida que suponen es el compromiso del Gobierno de Rajoy con Bruselas y que plasmó en la «Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España», donde propone recortar el gasto educativo hasta el 3,76 % del PIB en 2019.

Mientras España había alcanzado en 2010 un gasto cercano al 5 % del PIB en educación, una cifra que se mantenía en la media de la UE por primera vez en nuestra historia, dicho compromiso con Bruselas va haciéndose real ya que, si en 2015 la cifra
era del 4,2 % sobre el PIB y en 2016 se estima que pueda llegar al 3,89 %, estos presupuestos no hacen más que dejarnos a escasas décimas de cumplir el desastroso objetivo del Plan de Estabilidad para 2019.

Con los presupuestos que ha traído
el Gobierno a esta Cámara, se pone de manifiesto que los recortes en educación seguirán trayendo más desigualdad y más abandono escolar, porque estos recortes no son solo una disminución de partidas presupuestarias, sino que muestran un recorte
selectivo a la igualdad de oportunidades. El tratamiento sufrido por algunos programas, que se mencionan a continuación, resulta especialmente revelador.

La formación permanente del profesorado sigue siendo una de las partidas que más
recortes ha sufrido por el Gobierno desde el 2011, pasando de invertir 52,33 millones de euros en ese año a 2,68 millones en 2017, lo que supone una rebaja de casi el 95 %, cifra que no responde a la necesidad de tratar al profesor como la piedra
angular del sistema educativo.

La Educación Infantil y Primaria sufrió en los Presupuestos anteriores importantes recortes, pasando de 263,32 millones de euros en 2011 a 159,23 en 2017, lo que significa un recorte de más del 39 % en dicho
programa desde el último Gobierno socialista. La cantidad que se destina en el Proyecto de 2017 también se reduce un 1,45 % desde 2016, más de 100 millones menos que en 2011.

La Educación especial ha sufrido un continuo maltrato por este
Gobierno. Este programa desapareció en 2013, aun cuando la educación especial es la que se destina a alumnos con necesidades educativas especiales por sobredotación intelectual o por discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. El presupuesto
que se debe destinar a este programa, sirve para implantar actuaciones encaminadas a compensar dichas necesidades, tanto en centros ordinarios como específicos. En 2011, el Gobierno socialista invirtió en estos alumnos 13,55 millones de euros, pero
para el PP no parece que existan.

La Educación compensatoria también ha sufrido un constante desprecio por parte del Gobierno. Este programa, no ha dejado de caer desde 2013 hasta ahora, quedando un presupuesto para la educación
compensatoria que se puede calificar sin paliativos de absolutamente irresponsable y ridículo. En cuanto a las cifras en 2017, éstas han descendido hasta los 4,6 millones de euros, una caída que supone la pérdida de 65,4 millones de euros con
respecto a 2011 (un 93,36 % menos), y más de 460.000 euros con respecto a 2016, cuando se invirtieron 5,2 millones.

Con estos recortes en la educación compensatoria, el Gobierno deja de atender, nada más y nada menos, las actuaciones que
deben llevar a cabo las Comunidades Autónomas para la mejora de la calidad educativa para ayudas a alumnos con más dificultades, destinando estas partidas a luchar contra el abandono educativo temprano, contra el fracaso escolar y contra las
desigualdades en educación.

El programa sobre las Enseñanzas Artísticas cuenta en 2017 con 3,37 millones de euros, un aumento de 0,01 % con respecto a 2016 y casi 3 millones menos que en 2011 (47,02 % menos). La bajada en la dotación
presupuestaria de este programa se debe, sobre todo, al arrinconamiento que sufre el bachillerato artístico en la LOMCE, concentrando el descenso en las Inversiones reales.

En cuanto a la Educación en el exterior, ha sufrido un recorte de más
de 20 millones de euros desde 2011 (un 18,03 % menos), destinando en 2017, 95,3 millones, un 0,85 menos que en 2016.

La partida destinada a las «becas y ayudas de carácter general para universitarios y no universitarios» aumenta en 2017 3,8
millones de euros con respecto a 2016, hasta 1,1 millón de euros mientras que en 2016 era de 1,09 millones, lo cual significa un aumento raquítico del 0,35 % aspecto que, en contra de lo que dice el Gobierno, no es nada excepcional.

El gasto
en enseñanzas universitarias ha subido respecto al año pasado en 5.370.600 euros (4,5 % de incremento), pero esta cantidad todavía no alcanza la que había en 2012. La diferencia respecto a ese año es de 25,42 millones de euros (un 17 % menos)
cantidad que, si la comparamos con el último Gobierno socialista en 2011, cae de forma estrepitosa al descender 275,37 millones de euros, un 70 % menos.

Con estos datos, el Gobierno presume de que el gasto universitario ha aumentado, cuando
lo cierto es que el incremento está lejos de lo que necesitamos y muy por debajo de lo que el Gobierno socialista invirtió en 2011, diferencia que supone un descenso del 70 %.

En cuanto al gasto en Cultura, lo presupuestado para 2017 son 801
millones de euros, un 0,7 % menos que en 2016, disminuye casi un 1 % respecto a la de 2016. De los 1.050 millones para cultura, presupuestado por el Gobierno socialista en 2011, hasta los 801 de este año, el presupuesto en cultura ha disminuido en
más de una cuarta parte con los gobiernos del PP. Tanto es así que, a pesar de la recuperación, en 2017 los presupuestos de cultura son inferiores a los de 2015

Aunque crecen algunas de las partidas con respecto a 2016, como pueden ser la
del Cine y la de Promoción del Libro y Publicaciones Culturales, las dos en un 14 %, Música y Danza (6 %) y Museos (1 %), hay muchos sectores, la mayoría, que sufren una reducción con respecto a 2016, entre ellos: el Teatro (menos 5,4 %), la
Administración del Patrimonio Histórico-Nacional (menos 13,7 %), Promoción y Cooperación Cultural (menos 7,6 %) y Archivos con un recorte de 500.000 €.

En lo referente a las partidas presupuestarias que suben, hay que tener en cuenta
que, tomando como ejemplo las que más suben, Cine y Promoción del Libro y Publicaciones Culturales, la primera, el Cine, cuya partida sube un 14 %, de 74,5 millones el pasado año a 84,9 millones este año, sigue lejos de los 113 millones de 2011. Y
no todo el presupuesto es para financiar nuevas películas, una parte es para películas rodadas hace dos años. Paradójicamente se ayuda a la producción de películas, pero se penaliza su exhibición, gravando las entradas con el IVA más alto de
Europa. Y referente a la segunda, Promoción del Libro y Publicaciones culturales, estaba agonizando en los anteriores presupuestos.

Conviene tener en cuenta que, si bien ha caído el monto de los presupuestos en cultura a lo largo de los
últimos años, la contribución de la cultura a la Hacienda pública ha crecido como consecuencia de la subida del IVA cultural. Hablamos de un sector que aporta el 2,5 % del PIB, y, obviamente, eso implica una aportación importante en impuestos.
Sólo en IVA del cine, las arcas públicas recaudaron 105 millones el pasado año. La bajada del IVA para los espectáculos en vivo del 21 al 10 % es una buena noticia que queda empañada por la exclusión del cine de la misma.

En conclusión,
aunque en términos relativos al total del presupuesto, el peso de la cultura ha pasado de ser el 0,3 % de los presupuestos, como ocurría con los gobiernos socialistas, a ser el 0,2 %. De modo que tanto en términos relativos como absolutos la
importancia de la cultura en los PGE ha disminuido con los gobiernos del PP., siendo estos presupuestos de 2017 un ejemplo de ello, de su política cultural, una política que oscila entre el castigo y el olvido, en la que los destrozos son muy
difíciles de reparar, y que aun cuando el gobierno vende recuperación, disminuye en casi un 1 % el presupuesto de cultura. Desalentador.

El ínfimo incremento en el presupuesto de Deporte vuelve a ser tan irrelevante como en años anteriores,
crece un 0,4 % con respecto a 2016 pero baja 4,34 millones de euros desde 2011. Las partidas son muy similares a las de otros ejercicios descendiendo su cuantía en la mayoría de ellas y con alguna pequeña subida en otras.

El Consejo Superior
de Deportes (CSD) es el principal encargado de gestionar el presupuesto en el área de Deporte, además de ser el responsable de gestionar y distribuir la recaudación obtenida por el impuesto sobre Actividades del juego en relación con las apuestas
deportivas, en cumplimiento de la Ley 13/2011 de regulación del Juego. Por este concepto ingresa casi 75 millones de euros, lo cual quiere decir que para el resto de las partidas quedan escasamente 95 millones de euros (el presupuesto total del CSD
es de 165,3 millones).

Una de las partidas que mayor recorte ha sufrido es la destinada al Comité Paralímpico Español con un recorte de más de medio millón de euros con respecto a 2016, un 69 % menos. Desde el Gobierno argumentan que se ha
vuelto a los niveles de cualquier año postolímpico, pero si los comparamos con el presupuesto socialista de 2011, en el que se presupuestó 1,4 millones de euros, el recorte es de un 83 % menos. Sucede lo mismo con las cantidades presupuestadas para
las Federaciones Deportivas y el Comité Olímpico.

Por otra parte, y tomando en consideración las declaraciones del Presidente del CSD sobre la importancia del deporte en la lucha contra el sedentarismo, llama poderosamente la atención la
infrafinanciación del deporte en edad escolar y el universitario. Difícilmente vamos a modificar hábitos en los más jóvenes con unos presupuestos que descienden un 18,77 % con respecto a 2016 y un 87,23 % con respecto a 2011.

Por otra parte,
no existe una sola partida específica para la lucha contra la todo tipo de violencia en el deporte aun cuando, desgraciadamente, han sido noticia agresiones, insultos, vejaciones, etc., en algún espectáculo deportivo. El gobierno debería actuar de
manera inmediata e implementar programas para erradicar del deporte y su entorno este tipo de situaciones.

En definitiva, las políticas deportivas deben estar acompañadas de partidas presupuestarias realistas y suficientes, de lo contrario se
convierten en una tomadura de pelo.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de veto a la sección 18 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución
al Congreso de los Diputados.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 30

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

SECCIÓN 19. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

En esta Sección existe una completa inadecuación de los créditos presupuestarios consignados a
los objetivos de creación de empleo, de desarrollo de políticas activas de empleo, de protección frente al desempleo y de políticas vertebradoras en materia de inmigración e integración.

El Gobierno del Partido Popular vuelve a presentar un
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 con recortes en políticas de empleo, tanto activas como pasivas, que siguen situándose por debajo de los presupuestado en 2011. Son políticas que aumentan las desigualdades y agravan el
empobrecimiento de los perdedores de la crisis: los parados de larga duración, las personas trabajadores con contratos precarios, fundamentalmente jóvenes y mujeres.

En concreto, en políticas activas el recorte en este presupuesto respecto
al del último Gobierno socialista presenta una reducción del 25 %: 7.329 ME (2011) a 5.215 ME (2016) y 5.499 ME (2017). Y lo mismo sucede en las prestaciones por desempleo, donde se ha pasado de 30.474 ME (2011) a 19.621 ME (2016) y 18.318 ME
(2017), con una reducción del 40 % respecto al último ejercicio presupuestario de 2011 socialista.

El Gobierno presenta para 2017 un escenario macroeconómico con un crecimiento del PIB del 2,5 %, inferior al registrado en 2016, cercano
al 3,2 %. Sin embargo, vaticina que el crecimiento de la economía seguirá siendo intensivo en creación de empleo, situando este umbral «holgadamente por debajo del 1 %, fruto de la flexibilidad introducida en el mercado de trabajo por la reforma
laboral».

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) señalan como esa mayor «flexibilidad» en la creación de empleo se traduce en empleos precarios. Así, la EPA del primer trimestre de 2017 muestra un número de personas trabajadoras
asalariadas inferior en 26.600 a las personas trabajadoras asalariadas en ese mismo período de 2011. Es más, según esas mismas encuestas, el número de estas personas trabajadoras asalariadas con contrato indefinido a tiempo completo ha descendido
en 439.200 y se ha incrementado en 236.600 aquellas que tienen contrato indefinido a tiempo parcial. Y hay 176.000 contratos temporales más, aun siendo uno de los objetivos de la reforma laboral reducir esta segmentación.

Durante 2016, y al
igual que sucediera desde 2012, el empleo asalariado indefinido interanual creció un 1,5 %, mientras la contratación temporal aumentó un 5,9 %, 169.900 personas contratadas indefinidamente frente a 226.700 contratos temporales. La tasa de
temporalidad se situó en el cuarto trimestre de ese año en un 26,5 %, superior en ocho décimas a la del año anterior. Es cierto que según la EPA de primer trimestre de 2017 esa tasa ha descendido en siete décimas (25,8 %), pero no es menos cierto
que es superior en un 1,2 puntos a la habida en el primer trimestre de 2011, y un 1 punto a la habida en el cuarto trimestre de 2011.

Las principales perjudicadas las mujeres, con una tasa de temporalidad del 26,6 %, ocho décimas superior a
la tasa total, y una tasa de parcialidad del 24,8 %, frente al 15,6 % total, más de 9 puntos de diferencia.

Por lo que se refiere a los costes laborales,según los datos de Contabilidad Nacional Trimestral del cuarto trimestre de 2016 la
remuneración de los asalariados disminuye del 3,1 % al 2,9 % su tasa anual, con una continuo descenso del coste laboral unitario, que pasa del 0,9 al -0,2 % —ocho décimas por debajo de la variación experimentada por el deflactor implícito del
PIB (0,6 %)— y un incremento del excedente por explotación bruta/renta mixta bruta de la economía que se incrementa del 3,7 % al 5,3 %.

En definitiva, precarización y bajos salarios, mientras aumentan los beneficios empresariales, con
un impacto directo en los ingresos por cotizaciones sociales de la Seguridad Social.

Son los datos de afiliación y de ingresos por cotizaciones los que señalan el mal empleo creado. Así, los ingresos por cotizaciones sociales no guardan la
relación habida con anterioridad a 2012 con el crecimiento de los afiliados cotizantes a la Seguridad Social. Si en diciembre de 2011 había 17.229.922, en diciembre de 2016 esa cifra alcanzó los 17.849.055, es decir, 619.133 cotizantes más en 2016
y, sin embargo, la recaudación por cotizaciones sociales en este año todavía se situó muy por debajo de las cifras obtenidas en el año 2011, período en el que se registraron 105.311 millones, frente a los 103.516 millones de 2016: 1.795 millones
más en 2011 que en 2016, a pesar del aumento del número de cotizantes.

El aumento de cotizantes, pues, no ha dado lugar a una correlativa mejora de la recaudación por cotizaciones, grave anomalía que solo puede explicarse por la reforma
laboral de 2012 y su incidencia en las cotizaciones sociales.

El Gobierno no desconoce esta realidad y nuevamente maquilla los ingresos por cotizaciones sociales para 2017, que aparecen sobrevalorados. De este modo, compara lo presupuestado
para 2017 con lo liquidado en 2016 y prevé un incremento de ingresos del 6,68 %, cuando si esa operación se hubiera realizado sobre lo presupuestado en 2017 los ingresos por cotizaciones sociales sufrirían una reducción de 6.682 millones de euros,
un 5,69 % menos. Y lo mismo sucede con las previsiones por ingresos de cotizaciones de empresarios y trabajadores, inferiores a lo presupuestado en 2016: 6.504 millones menos, un 5,89 % frente a un supuesto aumento del 6,73 %. Por su parte, las
cotizaciones por personas de desempleadas también disminuyen un 2,63 %, frente al incremento cifrado por el Gobierno de un 5,88 %.

Ninguna política real se ha articulado para consolidar una senda de crecimiento a largo plazo. Es más, las
únicas políticas activas conocidas por el Gobierno del Partido Popular han sido las reducciones de cuotas generalizadas —tarifas planas y exenciones—, que también merman las arcas del Sistema de Seguridad Social y se pagan con las
cotizaciones de los empresarios y trabajadores. Política activa impropia que, además, va en contra del Pacto de Toledo, que específicamente señala que estas políticas deben ser pagadas con la imposición general.

El recorte total en políticas
activas desde el último presupuesto socialista asciende a 14.987 millones de euros. En el presupuesto de políticas activas prima la privatización del servicio a los desempleados, con importantes dotaciones a las agencias de colocación, en
detrimento de los Servicios Públicos de Empleo y de la formación a los desempleados, fundamentalmente jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

En este punto se destaca la eliminación de la partida presupuestaria 19.101.241A.482.60 destinada a la formación profesional para el empleo de los jóvenes desempleados beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cuando se
dota con 500 millones de euros un complemento salarial que, de facto, se les da a los empresarios que contraten a estos jóvenes. Por tanto, y a pesar de incluirse esto complemento en el Programa 215M, prestaciones a los desempleados, realmente lo
que encubre esta ayuda es más precariedad laboral y reducción salarial para estos jóvenes menores de 30 años, los más vulnerables dentro de los desempleados. Además, estos 500 millones se suman a las subvenciones que reciben los empresarios por la
contratación de estos jóvenes.

Y el Gobierno se vanagloria de la introducción de los cheques formación que se darán a las personas trabajadoras desempleadas para realizar acciones formativas y que deberán entregar a la entidad de formación
seleccionada por ellas, sin tutorización y orientación en la elección. 1.200 millones destinados a esta finalidad que se transferirán a las Comunidades Autónomas a través de Conferencia Sectorial.

El gasto en recursos humanos se mantiene
congelado en un momento en que la atención a los desempleados es fundamental para garantizar su inserción. Y este recorte en políticas activas supone la cronificación de la situación de desempleo para muchos parados.

El Gobierno defiende las
sustanciales reducciones en protección por desempleo con el argumento de la previsión favorable en las estadísticas de contratación y reduce el presupuesto en prestaciones por desempleo en 12.156 millones de euros en relación con el último
presupuesto socialista.

Sin embargo, las prestaciones por desempleo cada vez cubren a menos personas paradas, la tasa de cobertura cae año tras año, ha pasado del 70 % (69,9 %) de diciembre de 2011 a apenas alcanzar el 55 %, según los datos
de paro registrado de abril. Según los datos de la EPA, durante 2016, solo una de cuatro personas estaría protegida, el 27 %, diez puntos menos que en 2011. Por su parte, la EPA del primer trimestre de 2017 muestra que hay más de tres millones de
personas sin protección, de los que más de dos millones son parados de larga duración: 613.800 personas desempleadas llevan buscando empleo más de un año, y 1.699.700 más de dos.

En esta situación, el Gobierno reduce sus transferencias al
Servicio Público de Empleo en un 91 %, 16.454 millones menos, negándoles ayuda a los 3.252.014 personas desempleadas sin prestación; a los 650.000 hogares que no reciben ningún ingreso.

No es que haya menos parados, pues, es que se gasta
menos por cada persona parada. Así, en 2011, el gasto total fue de 8.866 euros por persona parada, de los cuales 1.664 lo fue para políticas activas; hoy, en 2017, ese gasto será de 5.360 euros por persona, 1.265 para política activa.

En
definitiva, frente al gasto en políticas activas y prestación por desempleo de 2011, cifrado en alrededor de 39.900 millones de euros (casi 4 puntos del PIB), los presupuestos de 2017 contienen un gasto por las mismas partidas de 23.817 millones de
euros (algo más de 2 puntos del PIB), con disminuciones desorbitadas en ambas partidas.

El Gobierno, pues, nos presenta un presupuesto en el ámbito del empleo y de la protección por desempleo que, siguiendo la senda ya marcada en la
Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017, apuesta por una política de reducción del gasto público, en este caso en política social, y renuncia a un aumento de ingresos. A mayor abundamiento, el Gobierno, en su política de ocultación, no
computa en el gasto social la partida de desempleo, única forma de encubrir una orientación política que nos lleva a denominar estos presupuestos como los de la desigualdad al consolidar una política de recortes en las partidas presupuestarias
destinadas a atender a los más vulnerables de la sociedad.

Por lo que se refiere a la política de inmigración y emigración, el Gobierno también continúa sin ejercer su responsabilidad, presentando unos presupuestos muy alejados de las
necesidades de la realidad de este país.

Los presupuestos siguen siendo insuficientes para afrontar las políticas que se necesitan en los tres ámbitos en los que podríamos hacer el análisis presupuestario, a saber, políticas para la
ciudadanía española en el exterior, para los inmigrantes residentes en España y para el creciente colectivo de refugiados.

Por lo que se refiere a las acciones a favor de los emigrantes, Programa 231 B, una vez más estos presupuestos vuelven
a suponer una disminución respecto a los del año anterior, en la misma línea de lo que ha venido sucediendo desde que existe un Gobierno de este signo político, pero con el agravante de que cada vez supone un colectivo más numeroso. Los
presupuestos siguen escatimando ayudas a los españoles más vulnerables y olvidando a los que recientemente han tenido que emigrar.

El número de personas con nacionalidad española que residen en el extranjero alcanza la cifra de 2.406.611 a 1
de enero de 2017, según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), aproximadamente cien mil más que un año antes (PERE 1 de enero de 2016 2.305.030). La cuantía con mayor recorte es la destinada a pagar las prestaciones
por razones de necesidad (al exterior) y otras ayudas para emigrantes, que contarán con un total de 51,75 millones de euros, lo que supone 11,92 millones menos que el ejercicio pasado. Pese a que la documentación presupuestaria recoge de nuevo que
no se ha ejecutado la totalidad del presupuesto y que se ha reducido el número de beneficiarios, lo que no se explica es qué motiva ese descenso.

Lo que no explica el Gobierno es lo que ha cambiado para que, en un colectivo potencialmente
creciente de personas beneficiarias, se reduzca el colectivo de personas que finalmente lo son. Hasta que el Gobierno de las explicaciones pertinentes que lo justifiquen suficientemente, debemos suponer que no han mejorado las condiciones de las
personas, sino que se han endurecido los requisitos.

Por otro lado, el presupuesto sigue sin atender a un colectivo cada vez mayor y que continúa sin recibir atención alguna por parte de este Gobierno como es el que podríamos denominar como
de «nuevos emigrantes». Con rasgos diferentes a la de los emigrantes del siglo XX, los emigrantes de la crisis, según los pocos estudios existentes, tienen un perfil medio de alta cualificación. Sin embargo, eso no quiere decir que carezcan de
necesidades de su país. Tienen necesidades insatisfechas, puestas de manifiesto en múltiples ocasiones por residentes en países muy distintos, tanto en lo relativo a la conservación de la asistencia sanitaria en España, como en el ejercicio al
sufragio, por citar sólo dos de sus demandas más repetidas. Por citar otras cuestiones, la partida destinada a familias e instituciones sin ánimo de lucro se reduce en 0,75 millones de euros hasta situarse en 2,65 millones de euros.

No
existe ninguna intención de realizar una estrategia dirigida a los jóvenes emigrantes españoles que contemple de manera integral el retorno. Estas cifras tampoco responden a las reclamaciones de aumento presupuestario para la protección de personas
en situación de pobreza, ni para los centros de españoles ni para solucionar los problemas en los ALCE, así como tampoco acciones para resolver dificultades específicas de personal en consulados, o como las de los pensionistas retornados de
Venezuela.

En cuanto a las «Acciones a favor de los inmigrantes», Programa 231 H, con fecha 31 de diciembre de 2015, el número de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia se sitúa en 4.982.183 personas. A 30 de junio
de 2016 era de 5.017.406. La población total se mantiene prácticamente estable, debido a que ha aumentado en el último período la llegada de personas de países comunitarios, y ha descendido, por retorno, las personas de países
extracomunitarios.

Si no fuera por el aumento experimentado en el programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, a la que nos referiremos después, el presupuesto de atención a los inmigrantes volvería a retroceder. Debemos volver a
lamentar que siga desaparecido el «Fondo para la integración de los inmigrantes y refuerzo escolar de los mismos», fundamental para las administraciones territoriales y entidades que deben trabajar en proyectos dirigidos a la cohesión social y la
convivencia.

Igualmente, debemos reprochar a este Gobierno la desatención a los usuarios de la administración en lo que se refiere a los trámites administrativos. A pesar de la gran disminución experimentada en la concesión de autorizaciones
de residencia iniciales para extranjeros, tanto las nuevas autorizaciones como las renovaciones siguen demorándose en exceso. Demasiada burocracia superflua, demasiados trámites presenciales, demasiada demora en las citas y rigidez en los canales
de comunicación, además de una ausencia absoluta de interés en la mejora de los procedimientos que deberían estar cada vez más volcados en la administración electrónica. Los presupuestos deberían reflejar las inversiones imprescindibles para que
esos procedimientos administrativos para las renovaciones o para las reagrupaciones fueran todo lo ágiles que podrían ser.

Mención aparte merece la situación de los CETI y la falta de soporte presupuestario suficiente para la situación de
precariedad en la que se encuentran, podríamos decir que ya de forma permanente. CETI de Ceuta, 512 plazas y 1160 personas acogidas. Melilla, 796 plazas, 956 personas acogidas.

Las «Actuaciones a favor de los refugiados», ciertamente, es
una partida que ha tenido un incremento muy importante respecto al ejercicio anterior. Mas, aun creciendo, es insuficiente para cumplir en 2017 con el compromiso de España con los socios europeos que prevé la llegada de 15.779 personas desde Grecia
e Italia. Si atendemos a las cifras de las que habla la Memoria de objetivos y a la Descripción de los programas del sector, el número de solicitudes de asilo en 2016 sería de unos 15.000 y 15.779 las personas que antes de 2017 España se ha
comprometido a acoger antes de final de 2017.

Pues bien, ni siquiera con los doscientos millones de euros de incremento se podría atender las necesidades de 30.000 refugiados que, según a las cifras aportadas por el propio Gobierno, sería una
cifra estimativa esperable. Lo ajustado de este incremento presupuestario, insuficiente para atender a esa cifra de 30.000 refugiados, nos hace sospechar que detrás de este gesto sólo vuelve a hacer una falsa apariencia. Desde que se inició la
crisis humanitaria de refugiados, este Gobierno no ha demostrado la solidaridad que ha predicado.

La administración encargada de la revisión de los casos de asilo sigue siendo increíblemente lenta y continúa estando claramente infradotada.
La revisión de los casos tarda demasiados meses en ser estudiada y resuelta, en claro perjuicio de los propios refugiados y de la posibilidad de que las entidades desarrollen programas adecuados a su situación. El sistema por el que la
administración, con las normas e indicaciones del Gobierno, gestiona con las ONG la acogida, genera además múltiples disfunciones. La tardanza en la gestión de la documentación a quienes se les otorga la protección internacional, y sobre todo, la
gestión de las subvenciones, impide a las organizaciones, en las que se hace descansar el día a día de la acogida e integración, planificar sus recursos con la suficiente estabilidad. El Gobierno estatal, además, ha desatendido los ofrecimientos de
Comunidades Autónomas y entidades locales para cooperar en la acogida e integración.

Este panorama hace que el incremento de la dotación presupuestaria experimentado llegue tarde, se quede corto en las cifras y también escaso en cuanto al
acompañamiento de planificación normativa y administrativa imprescindible para que pueda cumplir sus objetivos.

En conclusión, estos presupuestos también en materia de movimientos migratorios siguen en una línea de reducción sobre lo ya
recortado. Los presupuestos en materia de inmigración, asilo y emigración permanecen en un estado de coma político inducido. Desde el Grupo socialista consideramos que los presupuestos en integración son inversiones en convivencia futura, creemos
que los gastos en refugiados son reembolsos de Justicia, y que las dotaciones para los emigrantes son las mínimas garantías para que la ciudadanía española en el exterior pueda acceder a la plenitud de sus derechos. El Grupo parlamentario
socialista considera que las políticas migratorias deben ser impulsadas con políticas sensibles, algo que este Gobierno ha vuelto a olvidar en sus presupuestos para 2017 y que, por ello, debemos pedir la devolución en este ámbito.

Por todo
ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de veto a la sección 19 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, pues son tramposos, antisociales y no cumplen con las políticas que deben sustanciar:
no contienen ninguna estrategia para la creación de empleo, no apuestan por políticas activas y de formación, reducen drásticamente el sistema de protección, en detrimento de la cohesión social, y hacen imposible políticas esenciales y vertebradoras
de la sociedad, como son las políticas de inmigración e integración.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 31

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

Los Presupuestos de la Sección 20 (Energía,
Turismo y Agenda Digital) ponen de manifiesto que la mejora de la productividad y la modernización de la economía española, no son una prioridad para el Gobierno de España.

El Presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
disminuye respecto del pasado año, en términos homogéneos, un 2,5 %, quedando fijado su importe en 5.264,75 millones de euros, de los cuales el 75 % se dedica a garantizar el equilibrio financiero del sistema eléctrico.

En el área de energía,
los presupuestos de la Secretaría de Estado de Energía incluyen aportaciones al sistema eléctrico mediante transferencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), derivadas de los ingresos por subastas de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero y de los ingresos tributarios de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, así como transferencias para compensar el 50 % de los extracostes de generación eléctrica en
los territorios no peninsulares. El Instituto de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras muestra una reducción del 4,6 % con respecto al ejercicio pasado.

Por otro lado, sigue la reducción drástica de los
recursos dedicados a la eficiencia y el ahorro energético (IDAE) y el impulso de la movilidad sostenible.

El programa de «Coordinación y promoción del turismo» tiene una reducción global del 3,1 % con respecto al anterior ejercicio
presupuestario y de casi el 50 % con respecto a los últimos presupuestos del Gobierno socialista.

Tras el análisis de los programas presupuestarios dedicados a impulsar el avance de la digitalización y de la sociedad de la información para el
año 2017, hemos comprobado que el gobierno del Partido Popular demuestra muy poco interés en los avances de la tecnología y las telecomunicaciones como principal herramienta del cambio que está sucediendo en la economía mundial.

El Gobierno
ha creado un flamante nuevo ministerio, de Agenda Digital, pero le asigna un escaso presupuesto, con un recorte de más del 17 % respecto de los aprobados para el año 2016, no se pueden considerar como los más adecuados para acometer el impulso
digital que este país, y sus ciudadanos necesitan.

Los programas de gasto establecidos no son suficientes para contrarrestar las debilidades que nuestra sociedad todavía presenta en el entorno digital. Según los datos del último informe
sobre el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales de la Comisión Europea (DESI), España ocupa el puesto 14 entre los 28 Estados miembros de la UE en el avance hacia una economía y una sociedad digitales. Nuestro país presenta muchas
debilidades, principalmente del lado de la demanda, con un crecimiento muy lento en el uso de Internet, niveles de avance muy inferiores en materia de competencias digitales básicas, (solo el 53 % de las personas de entre 16 y 74 años de edad tienen
competencias digitales básicas), y muy bajos niveles de confianza en el ámbito digital.

La Comisión Europea insiste en la necesidad de acometer políticas públicas de impulso en cuanto a la formación y conocimiento de las habilidades
digitales. Del mismo modo, se mantienen, y en algunos casos aumentan, las brechas digitales geográficas, principalmente entre zonas rurales y urbanas, las económicas o las de género. Es imprescindible la apuesta decidida por políticas concretas
que funcionen como auténticos tratamientos de choque para reducir este tipo de desigualdades. El Proyecto de Presupuestos del Estado para esto es claramente insuficiente.

Consideramos que la desaceleración en el proceso de desarrollo digital
en determinados ámbitos de nuestra sociedad exige, en definitiva, una revisión inmediata de los objetivos marcados en la Agenda Digital de 2013-2016, ya claramente desfasada. En este sentido, el Mercado Digital Único Europeo debería ser un
revulsivo que incentivara al Gobierno para actuar con ambición y convicción tratando de situar a nuestro país en el lugar que le corresponde dentro de la Unión Europea. Para ello, es fundamental que la «cuestión digital» vuelva a ocupar, de forma
prioritaria, la Agenda del Gobierno, y no son precisamente estos ajustes presupuestarios la mejor vía para alcanzar esa meta.

Del contenido de los presupuestos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, es evidente que se debilita
fuertemente programas fundamentales para la productividad de la economía española. Los recortes indiscriminados de la Sección 20 profundizan notablemente los principales problemas de nuestro tejido productivo.

Por todo lo anterior, el Grupo
Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de veto a la sección 20 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al Congreso de los Diputados.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 32

Del
Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.

SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

El Grupo Parlamentario socialista, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado formula la
siguiente impugnación de la Sección 23, Ministerio de Agricultura Pesca Alimentación y Medio Ambiente.

El presupuesto del MAPAMA para el 2017 es claramente insuficiente. Muestra el poco interés que para el Gobierno de Rajoy tiene la
Agricultura y ganadería de nuestro país ya que, año tras año, sigue recortando fondos e inversiones en el Presupuesto del Ministerio. Y aunque el Gobierno afirma, una y otra vez, que estos son los presupuestos de la recuperación, esta no llega para
el Ministerio de Agricultura y Ganadería cuyo presupuesto vuelve a caer, un 8.1 %.

Con este nuevo recorte en el presupuesto, el Gobierno del PP vuelve a castigar al sector alimentario en lugar de apostar por él de una manera decidida como se
lo merece este sector, pues tal como ha demostrado en estos últimos años este es un sector líder en España y que ha mostrado su fortaleza frente a la crisis destruyendo menos empleo.

El presupuesto de Gasto del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para el 2017 será de 1.729,52 millones de €, esto supone un recorte de 151.9 millones de euros respecto al proyecto de Presupuesto de 2016, un recorte de 8.1 %.

Es el segundo Ministerio que más ve
recortado su presupuesto. El Gasto del MAPAMA supone el 1.1 % del total del presupuesto de gasto del Estado (incluye las dotaciones del Estado y otras instituciones) lejos del 2.7 % que llego a alcanzar en el último Presupuesto de un gobierno
socialista.

Y si bien es cierto que el conjunto de partidas destinadas a programas agrícolas y ganaderos cuentan con un presupuesto muy similar al del ejercicio 2016 (7.422 millones de €), esto se debe básicamente al incremento de tres
programas que ascienden por la aportación de fondos europeos, como es el caso del programa de Desarrollo rural. Tal es así que, de los 20 programas que conforman el presupuesto del MAPAMA, solamente tres han incrementado sus recursos, el resto
disminuye, en algunos de forma muy significativa como el caso del programa de «gestión hidráulica».

Esta recuperación que vocea el PP, tampoco llega por ejemplo al programa de previsión de riesgos en el sector, en el que se incluye la ayuda a
los seguros agrarios. Mantiene el mismo presupuesto de 2016, sin tener en cuenta las ampliaciones posteriores de crédito que se realizaron el pasado ejercicio para atender la demanda de contratación de seguros. Este recorte en la práctica supone
que se encarezca la contratación ya que subirán las primas tal y como han advertido todas las organizaciones agrarias.

Además, con este presupuesto, se pide un esfuerzo (una vez más a las ya espoleadas arcas territoriales) a las comunidades
autónomas para complementar esta política: también se pide a los agricultores que aseguren sus producciones, presupuestando una partida a todas luces insuficiente como se demostró en el ejercicio anterior.

Los recortes en los capítulos
operativos del Ministerio se producen prácticamente en todos los programas:

• 413 A. Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria.

Descienden las inversiones reales y las transferencias de capital
permanecen igual, salvo por el aumento de 2 millones de euros para fomento de consumo de leche en las escuelas (esto después de haber eliminado esta partida dotada con más del doble 5.2 millones de euros del programa 412M de «regulación de mercados
agrarios».

Sigue olvidando el presupuesto de cualquier tipo de ayuda en este programa al «fomento de la agricultura ecológica».

• 412D. Competitividad y Calidad de la Sanidad agraria.

Se reduce el capítulo de
inversiones y siguen dejando sin dotación presupuestaria al «Fomento de Agrupaciones fitosanitarias y de producción integrada» y al «Fomento del asociacionismo para la defensa sanitaria ganadera».

• 414 A. Gestión de
recursos hídricos para regadío.

También se reduce, de forma difícilmente explicable, a los agricultores y más en una situación de sequía que están padeciendo actualmente nuestros campos.

Hemos de pensar cómo en muchos lugares es un
elemento de supervivencia, por tanto, también tendría que ser una política prioritaria en el Ministerio. Destina 127.2 millones de euros menos ( -13,7 %) en los programas dedicados a la política del agua (regadíos, ordenación, infraestructuras y
calidad de agua) por la caída de los capítulos de inversiones reales.

Pero si a todo este Presupuesto raquítico añadimos la ejecución Presupuestaria en su Ministerio 2016, concluimos que la gestión deja mucho que desear, por ejemplo:

• Ejecución de solo 22.000€ en becas de formación agraria.

• En caminos rurales y caminos naturales en el 2016 solo se ejecutaron 9.5Mill€ de los 19.6 presupuestados.

• En la
mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias se ha ejecutado 787.000€ de un total de 4.2 millones de euros.

PESCA

Los dos programas de pesca también disminuyen un 13.85 % con respecto al año anterior y un 49.60 % con
respecto al último presupuesto elaborado por un Gobierno socialista, el Gobierno de Zapatero en 2011.

Disminuye considerablemente el peso de la pesca en el conjunto del Ministerio de Agricultura que pasa a representar el 4.35 % en 2011 a
representar el 3.44 % en 2017.

Y eso a pesar de que desde 2015 los presupuestos generales incluyen como fondos estructurales fondos europeos que antes se gestionaban directamente. Deduciendo esas cantidades procedentes de fondos europeos la
caída real de presupuestos de pesca, es decir el compromiso del gobierno de España con el sector pesquero es mucho menor.

Estos presupuestos no pueden cumplir los objetivos anunciados por la ministra de:

• Desarrollar
campañas científicas y experimentales destinadas al aumento de la selectividad de las técnicas de pesca empleadas en las distintas zonas.

• Redoblar esfuerzos en inversión para facilitar el acceso del sector pesquero a la
financiación con repercusión directa e la rentabilidad de las empresas.

• Financiar ayudas a la paralización definitiva y a la paralización temporal.

• Apoyar la constitución y el funcionamiento de las
organizaciones de productores de la pesca y la acuicultura de carácter nacional.

• Desarrollar estudio para promover las medidas que permitan un incremento del consumo de pescado, en especial en aquellos segmentos de población
que son menos consumidores.

Con estos presupuestos, inferiores al ejercicio anterior, es imposible afrontar las mejoras que ha planteado el Gobierno, como tampoco será posible reforzar la colaboración con el Instituto Español de Oceanografía
ya que este también ve reducido su presupuesto un 13.71 %.

Nos encontramos así con unos pésimos presupuestos y que sin duda no dan respuesta a un sector estratégico y necesitado como es el sector de nuestra agricultura ganadería y pesca.

MEDIO AMBIENTE

De manera paralela, en materia de medio ambiente, la suma de las partidas que dibujan la política ambiental del Gobierno sufren bajadas muy significativas, hasta acumular un descenso total de más de 256 millones de euros,
más un 13 % menos, en relación a los PGE 2016 y de más de 550 millones de euros, más de un 24 %, respecto a los PGE 2011.

Este descenso presupuestario no viene sino a continuar la que ha sido la dinámica del Gobierno del PP durante la X y XI
legislaturas: menosprecio absoluto a las cuestiones ambientales plasmado en una legislación regresiva, ambientalmente degradante y mercantilista y en un progresivo vaciamiento presupuestario año tras año de las partidas correspondientes.

Partida a partida los recortes son evidentes respecto a los anteriores presupuestos: gestión e infraestructuras del agua (-8,5 %), ordenación territorial de los recursos hídricos (-67,9 %), calidad del agua (-12 %), protección y mejora del medio
ambiente (-10,5 %), protección y mejora del medio natural (-12,8), parques nacionales (-24 %), actuación en la costa (-5,8 %) y actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático (-45,6 %).

En el caso de la lucha contra
el cambio climático y la contaminación, que cae un 45,6 %, 23,21 millones menos, respecto al año pasado y retrocede a niveles de 2007, los PGE 2017 suponen un auténtico hachazo.

Las cifras del PGE 2017 evidencian el desinterés y la pérdida de
prioridad del Gobierno en la lucha contra el cambio climático, que es el mayor problema que afronta la humanidad, y suponen una señal política muy negativa de falta de compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de París, justo cuando más se necesita
mostrar fortaleza para resistir las graves consecuencias de las nefastas decisiones adoptadas por la Administración Trump al respecto.

Pese a que el mismo Gobierno reconoce que España es un país muy vulnerable a los impactos del
cambio climático y que estos se agravarán (informes del Mapama predicen para España un avance de la desertización —que podría abarcar el 80 % de la península en la segunda mitad de siglo— descenso del agua dulce disponible, o
incremento de la intensidad de temporales y lluvias torrenciales), el Plan de actuaciones prioritarias para la adaptación al cambio climático (PIMA Adapta. Plan de Actuaciones prioritarias en agua, costas y biodiversidad) no aparece dotada en los
PGE 2017, más allá de las dos transferencias de 3 y 2,5 millones a Comunidades Autónomas, que sin más especificaciones se contemplan. Asimismo, los PGE 2017 reconocen que el total de la dotación asignada en los PGE 2016 (17,1 millones de euros) no
se ejecutó.

Sin duda, en la visión cortoplacista del Gobierno del PP el medio ambiente no es una prioridad. A pesar de los episodios climatológicos adversos y severos que ha sufrido nuestro país durante estos mismos últimos meses, las
lluvias torrenciales y las regresiones de nuestras costas como consecuencia de diferentes temporales, especialmente en el Levante; a pesar de los riesgos de incendios que amenazan ya a gran parte de la península ante el aumento de las temperaturas
y a pesar de los riesgos de desertización constatados, el Gobierno del PP ha vuelto a desaprovechar una nueva oportunidad para hacer frente a la contaminación, al cambio climático y a los riesgos que acechan a nuestras costas, a nuestras cuencas
hidrográficas, a nuestros bosques, a nuestra biodiversidad, en, suma, ha perdido otra nueva oportunidad en la defensa de la salud de los ciudadanos y de nuestro futuro mismo como país.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente propuesta de veto a la sección 23 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al Congreso de los Diputados.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 33

Del Grupo Parlamentario
Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 25. Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales.

SECCIÓN 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

La Sección 25 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 no responde a los objetivos y prioridades que han de regir
la actividad de este departamento ministerial.

Mantiene en el olvido importantes actuaciones políticas que, con anteriores gobiernos, llevaba a cabo este Ministerio. Es necesario mencionar, en este sentido, la desaparición de todo tipo de
partida llamada a financiar la implementación y aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la
dictadura. Unas partidas que se redujeron a menos de un tercio en el Presupuesto para el año 2012 y desaparecieron totalmente en los posteriores, todo ello con una clara intención ideológica.

Algo que es injusto y que choca frontalmente con
los mandatos del Congreso de los Diputados al Gobierno, en orden a la efectiva aplicación y desarrollo de la mencionada Ley, lo que implica, necesariamente, la reanudación de las políticas públicas dedicadas a la recuperación de la memoria histórica
con sus correspondientes dotaciones presupuestarias.

Porque en las relaciones con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales se ha reducido presupuesto, y se han desatendido problemáticas importantes en materia de conflictos territoriales,
compromisos de inversiones, financiación, objetivos de déficit, participación en los ingresos del Estado, inversión del superávit, etcétera.

Además, dentro de la Sección 25, se echa en falta la existencia de partidas presupuestarias que
fueron eliminadas a partir del año 2012 por el Gobierno de Rajoy y que son de gran valor para las entidades locales. Se trata de programas de Cooperación Económica Local del Estado que han quedado sin dotación para promover iniciativas locales a
través del Fondo Especial de financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes, y apoyar los Planes Provinciales e Insulares de cooperación, consistentes en promover inversiones municipales y proyectos de obra de
mejora y conservación de la red viaria de titularidad de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. Todo ello justifica, por sí solo, esta enmienda de devolución de la Sección 25 del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 2017.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de veto a la sección 25 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al Congreso de los
Diputados.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 34

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Se propone el veto de la Sección 26 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que mantienen las políticas de recortes que han presidido los
presupuestos de años anteriores y que son absolutamente insuficientes para cumplir los objetivos y llevar a cabo las políticas que corresponden a este departamento.

En primer lugar, en relación con el ámbito de la Sanidad, la inversión
pública en salud sigue perdiendo peso respecto al PIB, en línea con la última actualización del programa de Estabilidad del Gobierno que prevé seguir bajando el gasto público en sanidad en relación con el PIB desde el 6,5 %, que alcanzó en el último
presupuesto de un gobierno socialista (2011) hasta el 5,57 % previsto para 2020.

De este modo, con estos Presupuestos la sanidad pública española no sólo no va a recuperar una parte de los más de 27.000 millones de euros que ha perdido a lo
largo de los 5 últimos años, sino que continuará perdiendo capacidad de acción para hacer frente a los retos (envejecimiento activo, cronicidad, prevención…) que ha asumido el departamento en sede parlamentaria.

Un ejemplo lo
encontramos en el Fondo de Cohesión, cuya finalidad es garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio nacional, así como a financiar las políticas del Ministerio dirigidas a asegurar la
cohesión sanitaria y la corrección de desigualdades. Desaparecido en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, tiene prevista una partida de 3,76 millones de euros que quedan muy lejos de los casi 100 millones de euros que llegó a tener en
los presupuestos del gobierno socialista. Una cantidad a todas luces insuficiente para hacer frente a las finalidades de este fondo.

El grueso del presupuesto del Ministerio de Sanidad en el ámbito de la salud púlbica corresponde a los
servicios de salud de Ceuta y Melilla (INGESA), cuyo presupuesto resulta claramente insuficiente para atender las necesidades sanitarias crecientes de estas dos ciudades autónomas y de atender el rezago histórico que tanto la dotación de recursos
profesionales como la infraestructura sanitaria acumulan históricamente, en especial, la reanudación de la construcción del nuevo hospital universitario de Melilla, paralizada desde hace cinco años.

El resto del presupuesto del ministerio (86
millones de euros) son absolutamente insuficientes para atender las competencias (ordenación profesional, salud públicas y calidad, política farmacéutica y agencia de medicamentos, consumo y seguridad alimentaria) propias del departamento, incluidas
las políticas de coordinación y cooperación con las comunidades autónomas, cuyas partidas presupuestarias siguen congeladas. El Gobierno deja a la exclusiva responsabilidad de las CC. AA. la responsabilidad financiera de hacer frente a las
innovaciones terapéuticas de alto coste, incumpliendo además acuerdos parlamentarios realizados en esta misma legislatura que le instan a constituir un fondo financiero que coadyuve a las CC. AA. en este importante desafío.

Tampoco se
aprecia en este presupuesto dotación alguna para aquellos retos que ha asumido el propio ministerio: una nueva estrategia socio-sanitaria, el envejecimiento saludable y activo y la prevención en salud, así como el cambio de modelo asistencial que
nos reclaman los nuevos desafíos demográficos y tecnológicos. El abandono de las políticas de prevención del VIH y otras infecciones trasmisibles sexualmente, cuyo presupuesto se reduce a menos de la mitad del que tuvo con el último gobierno
socialista, el plan de erradicación de hepatitis C o el conjunto de las estrategias nacionales de salud, sin dotación alguna, salvo en una insuficiente partida para enfermedades raras.

En materia de consumo, la importancia social y las
funciones que le atribuye nuestra legislación a las asociaciones de consumidores, no es acorde con las escasas ayudas que reciben del Estado para atender las necesidades de los consumidores y usuarios españoles. Las ayudas y subvenciones para
impulsar, orientar y desarrollar las políticas de consumo, colaborando con las asociaciones de consumidores, cooperativas de consumo, instituciones públicas y privadas y personas físicas de ámbito nacional sobre asuntos de política de consumo y de
los consumidores, educación para el consumo y didáctica sobre la educación para el consumo se han visto reducidas en más de un 15 % si las comparamos con las aprobadas por el Gobierno Socialista en 2011.

Por otra parte, la escasa dotación
económica que se destina al sostenimiento del Sistema Arbitral de Consumo, que ha permanecido invariable y no se ha incrementado desde el año 2011, manifiesta una escasa sensibilidad del Gobierno para garantizar la existencia de cauces adecuados y
eficaces para garantizar los derechos de los consumidores y usuarios españoles.

Asimismo, se muestra insuficiente la financiación prevista para el programa dedicado al «Plan Nacional sobre Drogas». Ésta es, un año más, una partida pobre e
inmovilista, que tras los brutales recortes de 2012 y 2013 se mantiene igual que en el Presupuesto para 2014, solo con ligeras variaciones en los capítulos 1 y 2 (gastos de personal y de bienes y servicios). Unos presupuestos, absolutamente
insuficientes para el correcto abordaje y tratamiento de las adicciones, que amenazan con convertir el PNSD en un elemento residual y con conducir a un inevitable aumento de los gastos sociales y sanitarios de las personas afectadas y sus
familias.

En el área de Servicios Sociales, el Gobierno del Partido Popular no ha aprovechado que este Presupuesto llega en una etapa de cierta recuperación económica para dotar aquellas políticas que más inciden en la mejora de las
condiciones de vida de la ciudadanía. Al contrario, un año más, bajo el paraguas del objetivo de reducción del déficit, se niegan recursos a las políticas sociales.

De nuevo el Presupuesto carece de dotación para abordar la lucha contra la
pobreza y la exclusión social. El Gobierno permanece indiferente ante la tasa de pobreza infantil en España, que es del 23,4 %, diez puntos por encima de la media de los países de la OCDE, según el último informe del organismo.

El incremento
real en los programas de servicios sociales de la Sección 26 queda incluido en un nuevo subconcepto, denominado «Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales», y su cuantía no llega a los 25
millones de euros. Esta cantidad es absolutamente insuficiente. Si tenemos en cuenta que 2,5 millones de niños en España viven en riesgo de pobreza o exclusión, llegará a cada uno de ellos 10 euros al año, 83 céntimos al mes, 2 céntimos al
día.

No existen medidas eficaces para combatir la pobreza infantil. El Gobierno ha ignorado las reivindicaciones de las organizaciones de infancia, así como diversas iniciativas parlamentarias aprobadas recientemente, en el sentido de
incrementar la prestación por hijo a cargo.

A ello hay que añadir la escasa incidencia de las dos leyes de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, aprobadas en 2015. Dichas leyes establecían que no podían
suponer incremento de gasto, lo cual ha imposibilitado el desarrollo e implantación de sus medidas, que no se pueden llevar a cabo sin los recursos materiales y humanos necesarios.

La dotación del Plan Concertado, destinado a financiar los
servicios sociales básicos vuelve a ser escasa e insuficiente, tras años de fuertes recortes respecto de 2011 que han debilitado la red pública, en medio de la incertidumbre y la confusión creada por una modificación de las competencias locales que,
tras la Sentencia del Tribunal Constitucional, no ha sido resuelta.

En materia de atención a la dependencia, algunos anuncios del Gobierno generaron expectativas a este golpeado sector. Sin embargo, el nivel acordado de financiación (283
millones de euros en 2011) se vuelve a suspender por sexto año consecutivo y el incremento del nivel mínimo garantizado es de solo 100 millones de euros. Es una cantidad absolutamente insuficiente, teniendo en cuenta que el Sistema debería estar
plenamente implantado desde julio de 2015 y que la lista de espera está formada por cerca de 350.000 personas.

Los recortes llevados a cabo a partir de 2012 obedecen a un proceso de desmantelamiento que ha sufrido el Sistema de Atención a la
Dependencia desde la llegada al Gobierno del Partido Popular. Medidas como la paralización del calendario, la eliminación del nivel concertado, el aumento del copago, la supresión de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares
(casi todas mujeres) o la introducción de un régimen incompatibilidades, entre otras, han desmontado el Sistema tal y como fue acordado por los agentes sociales y las fuerzas políticas.

En las políticas de discapacidad se «arrastran» los
recortes de los presupuestos anteriores. Con ello continúa la etapa de congelación de los avances en materia de igualdad de oportunidades para este colectivo que se inició con la llegada al Gobierno del Partido Popular.

En relación a las
políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y prevención integral de la violencia de género, este presupuesto, al igual que sucediera en los anteriores, sigue sin recuperar las dotaciones presupuestarias alcanzadas en 2011.

En el ámbito de las políticas de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género, el gobierno continua con la dinámica de presentar un presupuesto claramente insuficiente y muy alejado de las demandas
ciudadanas al respecto y de las dotaciones presupuestarias de 2011.

El Gobierno del Partido Popular con este presupuesto ataca con virulencia las políticas de igualdad ejercidas desde el mundo municipal y rural. Prueba de ello es la
progresiva eliminación de programas que promueven actuaciones desde las entidades locales y la reducción del Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para actuaciones en materia de igualdad. En este presupuesto de 2017 se han
suprimido las transferencias específicas a entidades locales para desarrollar programas de formación y fomento del empleo femenino. A ello se suma una reforma de la administración local que impide a los Ayuntamientos, la administración más cercana
a las mujeres, actuar para prevenir la violencia y atender a las víctimas.

Entre otras, las deficiencias que encontramos en este presupuesto se encuentra la congelación de la partida presupuestaria del programa 232B, con respecto a 2016.
Éste programa, Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, es clave en la acción política del Gobierno puesto que su objeto es reducir las desigualdades entre mujeres y hombres y por ende, prevenir la violencia de género. La promoción de la
Igualdad es la mejor medicina para combatir la violencia hacia las mujeres, por lo tanto no dotar suficientemente esta partida supone no mostrar un compromiso firme contra la desigualdad.

Durante el ejercicio pasado, el Gobierno presupuestó,
pero más tarde suprimió, la financiación para incentivar los planes de igualdad para pymes. Eso supuso que las empresas que pretendieran cumplir la Ley 3/2007 para la Igualdad efectiva ente mujeres y hombres, en la que se recomienda la creación y
desarrollo de Planes de Igualdad en las empresas, no contasen con apoyo de su administración estatal para poder programar actuaciones que tuviesen como fin reducir las discriminaciones y desigualdades en su entorno productivo. En los PGE 2017 se
incrementa mínimamente la financiación destinada a estos programas lo que de ninguna manera compensa el daño generado en este ámbito en el año 2016.

En relación con la Violencia de género, estos presupuestos son un obstáculo al trabajo
parlamentario, experto y ciudadano que se está desarrollando tanto en Senado como en Congreso a través de la Ponencia de Estudio de «Estrategias contra la violencia de género» trabajada en la cámara alta y la Subcomisión creada en el seno de la
comisión de igualdad de la cámara baja destinada a articular el Pacto de Estado contra la violencia de género. Durante meses han comparecido en ambas a cámaras numerosas personalidades expertas en Violencia de género; así como variada
representación de asociaciones de mujeres y movimiento asociativo; y diferentes instituciones vinculadas con la violencia. A tal efecto, el esfuerzo realizado por la ciudadanía no se corresponde con el esfuerzo presupuestario del gobierno. Tal es
así que la consignación presupuestaria destinada a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Programa 232-C, sigue situándose por debajo de lo presupuestado en 2011: casi 2.700 millones menos.

Tampoco hay ninguna herramienta
nueva, ni programa diferente para trabajar contra la violencia de género. Desde la perspectiva de la protección de las víctimas no hay ni una sola mención a la mejora de la valoración del riesgo ni de las mujeres ni de los menores que puedan
padecer violencia de género.

Para el GPS es fundamental trabajar la prevención de la violencia a través de la educación en Igualdad y la sensibilización. Por lo tanto es imprescindible destinar recursos cuantiosos a las campañas de
prevención de Violencia de género y los mecanismos de conocimiento y conciencia social. Para ello es necesario un Plan de prevención de violencia de género permanente que en la actualidad carece de financiación y que es de urgencia dotar.

Es
obligación del Gobierno destinar recursos al proceso de recuperación de las mujeres víctimas y a la reparación del daño sufrido por las mujeres que han sufrido violencia. Para ello se necesitan más equipos psicosociales que garanticen una atención
de calidad y también recursos específicos para los menores.

La investigación es fundamental para dar con las estrategias más adecuadas en la prevención de la violencia y la erradicación de la desigualdad. Sin embargo, estos presupuestos
vuelven a olvidar al ámbito académico y de la investigación en Género. Tan solo presupuestan 5.000 euros para premiar a la mejor tesis doctoral en investigación en materia de violencia de género, al igual que en 2016.

A modo de conclusión,
estos presupuestos impiden seguir progresando en la conquista política y ciudadana de la Igualdad entre mujeres y hombres, torpedeando de manera grave la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Por todo lo anterior, el Grupo
Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de veto a la sección 26 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, por su insuficiencia para asumir los objetivos perseguidos por un Ministerio tan sustancial en la
atención de las personas más desfavorecidas, combatir la desigualdad y exclusión social y vertebrar una sociedad cohesionada, donde la igualdad entre hombres y mujeres se instituya en el nuevo patrón sociocultural, solicitando su devolución al
Congreso de los Diputados.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 35

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente
impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

El Grupo parlamentario socialista considera que los Presupuestos Generales del
Estado para 2017 no deberían ser aprobados porque profundizan en un modelo económico frágil y generador de desigualdad.

El Gobierno del Partido popular debería plantearse cómo es posible que en España se siga hablando de crisis, cómo es
posible que las familias españolas vivan con sensación de crisis y cómo es posible que una gran parte de la ciudadanía española siga padeciendo los efectos de la crisis después de trece trimestres consecutivos de crecimiento y cuando el último dato
conocido sobre empleo, el 2 de junio de 2017, habla de cifras record de contrataciones y afiliaciones.

En efecto, no es paradójico seguir hablando de crisis cuando el crecimiento no ha mejorado la vida de todos los ciudadanos y hay sectores
de población nítidamente excluidos de lo que el Gobierno viene llamando recuperación. El aumento del PIB está aportando grandes márgenes a unos privilegiados, mientras que a los que están en el lado vulnerable les aporta, como mucho, un empujón
incierto en forma de contrato precario y sueldo de supervivencia. El crecimiento está aumentando la desigualdad entre los españoles que viven bien y los españoles que viven, o malviven, al día.

El crecimiento no sólo se distribuye de una
forma inequitativa. Este crecimiento se asienta en una estructura económica de gran fragilidad porque depende de circunstancias coyunturales externas y de una disminución salvaje de los costes laborales. Pero este crecimiento económico no sólo
tiene un pilar en la agresión a los trabajadores, tiene otras patologías en forma de desajustes graves que, por ejemplo, nos han hecho alcanzar máximos históricos de deuda pública superando el 100 % del PIB, que han esquilmado el Fondo de Reserva de
la Seguridad Social y que han cronificado la infrafinanciación de las Administraciones territoriales.

Estos presupuestos para 2017, en la línea de los anteriores, no solucionan ni uno solo de los problemas referidos. España cerró 2016 con un
déficit equivalente al -4,5 % del PIB, el mayor desequilibrio entre ingresos y gastos de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. El ajuste fiscal realizado el año pasado (desde el -5,1 % del PIB en 2015 al -4,5 % en 2016) se ha logrado
fundamentalmente por la vía de la contención del gasto público y a pesar del pobre comportamiento de la recaudación. En 2016 el PIB creció el 3,2 %, mientras que los recursos de las administraciones públicas apenas lo hicieron el 1,5 %, poniendo de
manifiesto que el problema estructural del déficit público está más relacionado con la falta de ingresos que con el exceso de gasto. Mientras en España el sector público recauda una cifra equivalente al 37,9 % del PIB, en Alemania asciende
al 44,9 %, en Italia al 47,1 % y en Francia al 53,2 %. El promedio de la UE-28 se sitúa en el 44,8 %, casi siete puntos de PIB más que España.

Un problema de primer orden añadido a esta situación es que, un año más, se están sobrevalorando
los ingresos. En 2016 se calcularon 28.000 millones más de lo realmente ingresado y en estos presupuestos el desfase superara los 8.000 millones. Nuevamente serán los ciudadanos los que lo sufran en recortes de servicios y prestaciones, nuevamente
veremos cómo se da el cerrojazo al presupuesto meses antes de finalizar el ejercicio y se decreta la no disponibilidad de lo no ejecutado, un año más el gobierno cerrará un presupuesto sin cumplir sus compromisos de gasto.

En materia
industrial, el gobierno presenta el Proyecto de Ley de Presupuestos generales del Estado para 2017 como un mero trámite y al margen de una estrategia integral del sector industrial dada su indudable y decisiva repercusión en el crecimiento
económico, la productividad y en la generación de empleo de calidad. Continua sin fijar objetivos cuantitativos y evaluables, acompañados de medidas eficaces para impulsar la reindustrialización del país, la digitalización de la economía y el
impulso de la movilidad sostenible.

Difícilmente, se va a conseguir cumplir con el objetivo fijado por Europa de alcanzar un 20 % de VAB industrial manufacturero con respecto al PIB, si no se invierte y se apuesta decididamente en el sector
industrial. Según los datos más recientes, nos encontramos en el 12,84 % (2016), por debajo del 12,91 % de 2015. No se llega ni al 13 %, muy alejado del objetivo y muy por debajo de la media europea.

A diferencia de otros países europeos,
el gobierno continua sin apostar decididamente por la movilidad sostenible y especiamente, por el impulso del vehículo eléctrico, asignando partidas ridículas si tenemos en cuenta las previsiones incorporadas en la Estrategia de Vehículos con
energías alternativas que coordinó la Secretaría General de Industria y PYME.

En términos generales, el presupuesto destinado al tejido industrial y Pymes, se ha reducido en 118 millones de euros con respecto al año anterior. Pero, si lo
comparamos con el último presupuesto del gobierno socialista, se ha reducido en 723 millones con respecto al ejercicio 2011. O, si lo comparamos con uno de los años más duros de la crisis económica, 245 millones menos con respecto al
ejercicio 2012.

Además, estos presupuestos adolecen de consignación suficiente para hacer frente a la gran transformación digital de la industria.

El proyecto de presupuestos presenta un incremento del 4,1 %, en la financiación de la
I+D+i civil. Hay que señalar, sin embargo, que la mayor parte de este incremento se produce en las operaciones financieras, que aumentan el 9,37 %, 307 millones de euros. En cambio, las operaciones no financieras descienden el 2,62 %, es decir, 66
millones de euros menos de gasto corriente, subvenciones e inversión directa.

Desde que gobierna el PP, la política de recortes se ha ensañado con las partidas dedicadas a ciencia e innovación. En estos Presupuestos solo aumentan los
créditos de carácter financiero y se reducen los gastos no financieros, es decir, se reducen las inversiones o aportaciones a organismos públicos de investigación como el CSIC o el Instituto de Salud Carlos III, etc. Por tanto, sube lo que no se
gasta mientras se recorta un año más la columna vertebral sobre la que se sustenta el sistema público de investigación. Un ejemplo de este despropósito es que la dotación presupuestaria dedicada a la Red Cervera, la medida estrella en materia de
innovación, apenas cuenta con 20 millones de euros en estos presupuestos, lo que resulta irrealizable.

Todavía más preocupante es que durante el año 2016 la ejecución presupuestaria fue del 38 % en I+D+i. De tal forma que si se compara la
ejecución, en el 2016 se invirtió en I+D+i no llega a la mitad de lo que se invirtió en 2011. Es una vieja idea: primero se promete gastar más bien poco en I+D, después ni siquiera se cumple lo que se promete.

Si comparamos la inversión en
I+D+i en función del porcentaje de gasto de todo el presupuesto, para 2017 representa el 1,8 %, 2 décimas por encima del gasto de 2016. En cambio, aún muy lejos del 2,37 % del gasto del Presupuesto aprobado de 2011, último presupuesto del gobierno
socialista. Además, los principales programas de gasto de la Política de I+D+i se reducen con respecto del presupuesto aprobado de 2016. Destaca la reducción de más del 64 % en el Programa 467C de Investigación y desarrollo tecnológico-industrial,
o del Programa 467D de Investigación y experimentación agraria que desciende el 32 %.

Todos los Organismos Públicos de Investigación vuelven a ver reducidos sus presupuestos para este año, con una reducción global de 43 millones de uros,
el 3,3 % menos. Destacan los recortes en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) que se reduce el 32,39 %, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) que reduce el 26 % sus recursos, o el
propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que sufre un recorte de 6 millones de euros, el 0,9 % menos que el año 2016.

Según datos del INE, en el año 2015 el gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) representó
sólo el 1,22 % del Producto Interior Bruto, frente al 1,24 % del año 2014, y al 1,4 % del año 2010. España está en el puesto 18 del ranking en inversión en I+D en relación al PIB de los Estados miembros de la UE, por debajo de países como
Eslovenia, República Checa, Estonia, o Hungría. La media de la UE28 está en 2,04 %.

El Gobierno del Partido Popular ha castigado duramente al sistema de Ciencia e Innovación, con una política de recortes indiscriminados durante los peores
años de la crisis y ahora, que se inicia la recuperación ,seguimos en tasas ridículas de inversión en I+D+i.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de veto a la sección 27 del Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al Congreso de los Diputados.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 36

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.

SECCIÓN 60. SEGURIDAD SOCIAL

Comienza la Legislatura XII y el Gobierno presenta un primer Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que no resuelve el déficit que, por quinto año consecutivo, arrastra el Sistema de Seguridad Social; es más, lo agrava. Existe una evidente inadecuación de los créditos a los objetivos de
protección social, que ponen en grave riesgo el desarrollo de unas políticas fundamentales para la vertebración y la cohesión social.

Esta situación es especialmente preocupante este año, pues el Gobierno, para enjugar este déficit, primero,
terminará de dilapidar casi la totalidad, sino la totalidad, del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. No puede interpretarse de otra forma el hecho de que nuevamente el Gobierno haya eliminado a través de este Proyecto de Ley el límite de
detracción de este.

Fondo establecido en el 3 % del gasto correspondiente a pensiones contributivas y demás gatos necesarios para su gestión, según el artículo 121 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre. Y, segundo, acudirá a una financiación a través del endeudamiento de la Seguridad Social. Así lo contempla la Disposición adicional novena del Proyecto de Ley, que establece la autorización para la
concesión de un préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social hasta un importe máximo de 10.192 millones de euros, con el fin de solventar el desequilibrio financiero del Sistema de Seguridad Social.

Un desequilibrio generado
deliberadamente, como hemos venido denunciando los socialistas a través, entre otras, de las enmiendas presentadas a las sucesivos proyectos de presupuestos presentados desde la llegada al Gobierno del Partido Popular, pues era palmaria la operación
contable consistente en sobrevalorar los ingresos e infravalorar los gastos del Sistema de Seguridad Social. Algo que vuelve a ponerse de manifiesto en este Proyecto de regulación presupuestaria. Su objetivo: debilitar el Sistema.

Desde 2012, el Gobierno del Partido Popular no ha adoptado las medidas contundentes que se necesitaba para revertir el déficit del Sistema, que ha convertido en estructural. En 2017, el Gobierno, lejos de atajar esta situación, presenta un
Proyecto de presupuestos que autoriza la concesión de un préstamo mientras reduce las transferencias del Estado a la Seguridad Social: un 0,52 % menos. El Gobierno incide, pues, en el endeudamiento y en el desequilibrio del balance del sistema
público de pensiones y avanza en su degradación, en vez de optar como alternativa a una mayor transferencia del Estado a la Seguridad Social. Aunque dadas las «triquiñuelas» contables de que se sirve pareciera que estas transferencias han sido
incrementadas en un 0,96 %.

Estos Presupuestos de Seguridad Social no señalan la verdadera evolución de los ingresos y gastos de la Seguridad Social, al reflejar únicamente la variación entre las previsiones de estos presupuestos con la
liquidación del ejercicio 2016, pero sin poner de relieve cuál ha sido el comportamiento de las variables del Sistema en este último ejercicio y su reflejo en relación al presupuesto de 2017.

El objetivo de los ingresos del Sistema se
recupera a pesar de la anunciada mejora económica. Es más, empeoran. Si en el 2016 se presupuestó un incremento del 5,4 % de los ingresos corrientes, la previsión de ingresos con estos presupuestos (Capítulos 1, 3, 4 y 5) sufre una disminución de
un 5,35 %, lo que supone una reducción de 7.116,62 millones.

El objetivo de ingresos por cotizaciones que nutren las arcas de la Seguridad Social sufrirá una reducción de 6.682 millones de euros, un 5,69 %, si se comparan con lo presupuestado
para 2017. Aunque, si lo hacemos con lo liquidado en 2016, se incrementarían en el 6,68 %.

Las previsiones por ingresos por cotizaciones de empresarios y trabajadores para 2017 son inferiores a lo presupuestado en 2016: 6.504 millones
menos, un 5,89 %, frente a un aumento del 6,73 %. Lo mismo sucede en relación a las cotizaciones por personas desempleadas: frente al consignado incremento del 5,88 %, la realidad esconde una disminución de un 2,63 % sobre previsiones
para 2016.

La evolución de las cotizaciones se muestra netamente insuficiente para corregir el desequilibrio del sistema. La propia AIReF ha señalado que el déficit de 2017 será similar al del ejercicio anterior incumpliendo claramente, no
solamente con los objetivos de estabilidad, sino con cualquier objetivo razonable en el camino de garantizar el equilibrio financiero del sistema.

Sin embargo, los gastos aparecen infravalorados. Así, este presupuesto de gastos tendría un
crecimiento del 2,84 % frente al ejercicio inicial de 2016, mientras que si la comparación se efectúa en términos de la liquidación del presupuesto de 2016, el incremento alcanzaría más del 4,9 %.

En las pensiones contributivas el gasto
presupuestado asciende a 123 millones (122.777 millones), un incremento respecto a 2016 del 3,24 %%, cuando en realidad, si lo comparamos con la liquidación de 2016, el incremento tan solo supone un 3,11 %. y lo mismo podemos decir en relación a
las pensiones no contributivas, que apenas crecen un 1,31 % en relación al presupuesto inicial de 2016. Por su parte, los complementos a mínimos presentan un decremento de 230 millones, debido, según la explicación dada por el Gobierno, a la «mayor
cuantía de las pensiones nuevas».

El supuesto mayor incremento se produce en las prestaciones por incapacidad temporal, pues, si se compara lo presupuestado en 2017 respecto a la presupuestado en 2016, el aumento roza el 30 % (29,44), cuando
si la comparación se efectúa en relación a lo ejecutado en 2016 ese crecimiento es del 1,42 %. No obstante, la critica debe focalizarse más en el sorprendente incremento que supuso la incapacidad temporal en el ejercicio 2016, con una desviación
frente a las previsiones iniciales de más del 27 % (presupuestado en 2016: 5.397.960, frente a una ejecución que ha supuesto 6.888.650,76 %), pues ese crecimiento no se corresponde ni con el número de personas trabajadoras cubiertas, alrededor de
un 3,5 %, ni con el incremento de los salarios y de las bases de cotización.

Esta sobrevaloración de ingresos y la correlativa infravaloración de los gastos nos lleva a una apertura en la brecha entre unos y otros cada vez más amplia. Así,
año tras año vamos asistiendo a una diferencia mayor entre los ingresos que se vinculan a prestaciones contributivas y los gastos por prestaciones contributivas, que en el año 2016 ha arrojado un déficit de 19.161 millones, superior en 1.917
millones al habido en el año 2015: 17.244 millones.

La evolución de los gastos e ingresos, hasta marzo de 2017 del nivel contributivo vuelven a señalar este pertinaz desequilibrio habido en los últimos cinco años. De esto modo, mientras los
ingresos por operaciones corrientes (cuotas, tasas, ingresos patrimoniales y transferencias de la Seguridad Social) ascienden a 32.759,91 millones de euros, un 0,82 % más que en el mismo período de 2016 —306 millones más a pesar de que el
incremento de cotizantes en 2016 fue de 580.000—, los gastos por operaciones corrientes, esto es, pensiones, subsidios, gastos de personal y gastos corrientes, arrojan la cantidad de 30.047,82 millones, esto es un 3,3 % más que en idéntico
período, apuntando un déficit superior al anunciado por el gobierno.

La explicación hay que encontrarla en una evolución de los ingresos por cotizaciones sociales que .no guarda la relación habida con anterioridad a 2012 con el crecimiento de
los afiliados cotizantes a la Seguridad Social. De esta manera, si en diciembre de 2011 había 17.229.922, en diciembre de 2016 esa cifra alcanzó los 17.849.055; es decir, 619.133 cotizantes más en 2016 y, sin embargo, la recaudación por
cotizaciones sociales en este año todavía se situó muy por debajo de las cifras obtenidas en el año 2011, período en el que se registraron 105.311 millones, frente a los 103.516 millones de 2016: 1.795 millones más en 2011 que en 2016, a pesar del
aumento del número de cotizantes.

El aumento de cotizantes no ha dado lugar a una correlativa mejora de la recaudación por cotizaciones, grave anomalía que solo puede explicarse por la reforma laboral de 2012, que ha supuesto una
precarización del mercado de trabajo y, en consecuencia, de las cotizaciones sociales, así como una negativa evolución de los salarios, también de incidencia directa en las bases de cotización, a lo que se suma el uso generalizado de las reducciones
de cuota —tarifas planas o exenciones— para financiar impropiamente las políticas activas de empleo, en contra del Pacto de Toledo. El problema, pues, de nuestro sistema público de pensiones no es de gastos, sino de ingresos,
provocado por una política que ha deteriorado el mercado de trabajo y que ha esquilmado los ahorros de los pensionistas situados en el Fondo de Reserva.

La contención del gasto, única política emprendida por el Gobierno del Partido Popular,
con una cuasi congelación de las pensiones, que tan solo se incrementan un 0,25 %, implica una pérdida permanente de su poder adquisitivo que, en los momentos actuales (con datos interanuales de marzo de 2017) se sitúa en el 2,05 %. Pérdida que a
finales de 2017 podría superar el 2 %, si a 31 de diciembre se confirman las previsiones del IPC. Pérdida que, a su vez, se sumaría a la que han sufrido ya los pensionistas de la Seguridad Social en 2016, del 1,35 %, como consecuencia de la
diferencia entre la revalorización de sus pensiones en 2016, el 0,25 %, y una subida del lPC del 1 ,6 % en dicho ejercicio. Los pensionistas más perjudicados, aquellos que cuentan con una prestación no contributiva o complemento a mínimos, cuya
revalorización es también del 0,25 %, en contra de lo que hacían los Gobiernos socialistas que aumentaban más a aquellas personas que menos tenían abundando en el carácter redistributivo de nuestro sistema de pensiones público.

En tan solo
dos ejercicios, 2016 y 2017, los pensionistas de la Seguridad Social podrían ver mermado su poder de compra en 3,10 puntos, a la que habría que añadir los más de 6 puntos que han perdido en el período 2012/2016, a causa, por una parte, del
establecimiento del copago farmacéutico, con especial incidencia en las personas perceptoras de las pensiones mínimas, así como la retirada de la financiación pública de determinados medicamentos, con alto nivel terapéutico para la población de más
edad.

En definitiva, los Presupuestos de la Seguridad Social presentados para 2017 inciden en los mismos planteamientos y «errores» que han caracterizado a los Presupuestos anteriores del Gobierno del Partido Popular: enmascarar unas
previsiones de ingreso difíciles de alcanzar, a la vista de las liquidaciones de los ejercicios anteriores 2012/2016, con una contención del gasto que congela las pensiones, con una merma continua de su poder de compra. Una contención del gasto en
pensiones que, a la par que empobrece a nuestros pensionistas, las personas más vulnerables habida cuenta de que ya no pueden tomar ninguna decisión para mejorar su poder adquisitivo, hace recaer sobre los mismos el déficit del Sistema, generado
deliberadamente. Déficit que están pagando con los decrementos de sus pensiones y con sus ahorros, habida cuenta el agotamiento del Fondo de Reserva.

Por otra parte, el presupuesto del IMSERSO es claramente insuficiente para que esta Entidad
Gestora pueda hacer frente, de manera adecuada, a sus competencias y atribuciones.

Las transferencias que recibe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia son, un año más, absolutamente escasas para hacer efectivo el derecho de las personas ya valoradas a ser atendidas. El nivel acordado de financiación (283 millones de euros en 2011) se vuelve a suspender por sexto año consecutivo y el
incremento del nivel mínimo garantizado es de solo 100 millones de euros. Es una cantidad manifiestamente insuficiente, teniendo en cuenta que el Sistema debería estar plenamente implantado desde julio de 2015 y que la lista de espera está formada
por cerca de 350.000 personas. Los recortes llevados a cabo a partir de 2012 obedecen a un proceso de desmantelamiento que ha sufrido el Sistema de Atención a la Dependencia desde la llegada al Gobierno del Partido Popular. Medidas como la
paralización del calendario, la eliminación del nivel concertado, el aumento del copago, la supresión de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares (casi todas mujeres) o la introducción de un régimen incompatibilidades, entre
otras, han desmontado el Sistema tal y como fue acordado por los agentes sociales y las fuerzas políticas.

También las partidas presupuestarias destinadas a Turismo y Termalismo Social han sufrido importantes minoraciones a lo largo del
periodo 2012-2017. Estos programas contribuyen al mantenimiento y mejora de la salud de las personas mayores, facilitan su socialización y su acceso al ocio, y generan importantes retornos económicos y de empleo en las zonas turísticas.

En
el Presupuesto de 2017 las cantidades son las mismas que en el de 2016, incluso presentan un pequeño descenso. Con respecto al último presupuesto socialista, el de 2011, el recorte es del 26 %.

En el Presupuesto del IMSERSO figuraba,
en 2011, la partida correspondiente a Teleasistencia que contaba con 32 millones de euros. Este concepto fue eliminado por el Gobierno del PP en 2012, y tampoco figuraba en los sucesivos presupuestos. En el Proyecto para 2017 no se recupera
cantidad alguna para Teleasistencia, una partida fundamental para el envejecimiento activo.

A ello hay que añadir la situación en la que se encuentra la red de Centros adscritos al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO),
compuesta por Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF), Centros de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF), Centros de Referencia Estatal (CRE) y los Centros de Ceuta y Melilla.

Los años de recortes del
Gobierno del Partido Popular han arrojado como resultado que su desarrollo, implantación y funcionamiento no sean los más adecuados. Algunos de ellos llevan años prácticamente terminados, a pesar de lo cual, todavía no están en funcionamiento.
Otros se quedaron en fase de proyecto, con la cartelería como única decoración de enormes solares.

Los que están en funcionamiento adolecen de una evidente falta de personal y de medios materiales.

Por todo lo anterior, el Grupo
Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de veto a la sección 60 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al Congreso de los Diputados, pues no se ajusta a la realidad. Ni a la
realidad de un mercado laboral donde las cifras de creación de empleo encierran precariedad laboral, segmentación, jornadas parciales que esconden jornadas completas y devaluación salarial, hechos de incidencia directa en los ingresos del sistema.
Ni a la realidad de unos gastos que nacen infradotados para atender sus obligaciones, y que además explicitan la implantación de un sistema de revalorización que condena a nuestros pensionistas a la pérdida constante del poder adquisitivo de sus
pensiones, especialmente preocupante en pensiones ya de por sí muy bajas y respecto de las que no hace un esfuerzo suplementario de aumento, esto es, las pensiones mínimas. Partidas de gastos con descensos importantes en las destinadas a evitar la
pobreza y la exclusión social y el cuidado de nuestros mayores y personas dependientes.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 42

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 01. Casa de S.M. el Rey.

La dotación presupuestaria de la Casa Real se ha incrementado en más
de 40 millones de euros en este presupuesto. En un ejercicio donde se han consolidado más de 5000 millones de recortes respecto al ejercicio anterior y donde prácticamente todas las partidas presupuestarias tienen una congelación o disminución de
sus cuantías, no podemos entender ni compartir que se priorice incrementar este gasto del Estado antes que atender las acuciantes necesidades sociales que atraviesa nuestro país.

Además, a pesar que este organismo ha tomado iniciativas en
materia de transparencia al publicar sus presupuestos y su estado de ejecución, esta institución sigue teniendo faltas en la rendición de cuentas con la ciudadanía ya que no cumple con los mismos procedimientos que otros organismos del Estado sí
realizan. Creemos necesario homogenizar al detalle toda la información de sus cuentas, y que sean sometidas al mismo escrutinio que el resto de cuentas públicas de organismos que pertenecen a la cuenta general del Estado además de aparecer en los
datos de ejecución presupuestaria de la IGAE.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la sección 01 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 43

Del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la
Sección 03. Tribunal de Cuentas.

Los Presupuestos Generales del Estado fijan un gasto para el Tribunal de Cuentas de 62,8 M€ que nos parece extremadamente insuficiente. A pesar que el gasto en personal aumenta este año, esto lo ha
hecho como consecuencia de la subida salarial del 1 %, pero lo que va destinado a las cotizaciones a la seguridad social o al gasto corriente en convocatoria de oposiciones disminuye, lo que refleja que no se piensa destinar más recursos para la
contratación de personal para dotar al TC con los recursos humanos necesarios para luchar contra la corrupción y el despilfarro en las Administraciones Públicas. Una exigencia que comparte la mayoría de la sociedad y que no ha sido escuchada
nuevamente en estos presupuestos.

Además de todo ello hay numerosas quejas en lo referente a cómo se gestiona este presupuesto en este organismo público. Primero porque existe una asignación arbitraria y opaca de las gratificaciones en el
TC, además de un abuso de los procedimientos de contratación por libre designación. Convendría saber a quienes se le asignan y los motivos que lo justifican, así como si estas personas las reciben reiteradamente año tras año. Segundo porque hay un
incremento de los gastos superfluos como el de gastos de «publicaciones» o el de «prensa, revistas, libros y otras publicaciones» (cuenta 22001) con unos incrementos desproporcionados, mientras que otros gastos de mayor importancia para las y los
trabajadores como es el de formación del personal o el destinado a bibliotecas que se han reducido drásticamente en los últimos años.

Por último, es reseñable destacar además otras decisiones sobre la gestión en lo referente a las contrataciones de personal durante los últimos años o los procesos de externalización de servicios que han tenido consecuencias directas que
afectan al presupuesto del organismo. Por un lado, hay gastos de sentencias del Tribunal Supremo de casi 60.000 € a los que ha sido condenado el Pleno recientemente por una mala política de contratación en lo referente al abuso del uso de la
figura de libre designación, además que hay varios recursos actualmente en vías de resolución en el Tribunal Supremo para el año 2017 donde posiblemente sea condenado el pleno del TC y haya que proveer nuevas partidas para hacer frente a este gasto.
Este tipo de prácticas que han sido condenadas además de tener responsabilidades políticas que nadie ha asumido lastran los recursos públicos destinados al propio tribunal. Por otro lado, los procesos de contratación de servicios externos, como por
ejemplo el de limpieza de edificios del TC, que recientemente fue objeto de una reclamación administrativa ante el Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid, que anuló el concurso de limpieza por estar licitados por debajo de
coste. El resultado de estas contrataciones ha sido un empeoramiento de las condiciones laborales del personal que presta sus servicios y de la calidad de la prestación del mismo.

El Tribunal de Cuentas es una institución fundamental para el
Estado de Derecho y necesita unos presupuestos acordes con su relevancia, para ello es necesario que la dotación que se le asigna sea suficiente, las partidas dentro de su presupuesto estén distribuidas adecuadamente.

Por todo ello,
presentamos esta propuesta de veto a la sección 03 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 44

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 08. Consejo General del Poder Judicial.

Según lo que recoge el
Libro Amarillo de los PGE para 2017, las partidas destinadas al Consejo General del Poder Judicial se incrementan en un 2,5 %. En concreto pasan de los 54.883.650 € del Presupuesto de 2016 prorrogado a los 56.274.670 €.

Los
incrementos se producen de modo lineal en los tres programas de la Sección, salvo en las transferencias corrientes en el programa de selección y formación de jueces, que sufre una disminución del 30 %, y en las inversiones reales en materia de
documentación y publicaciones, por lo que cabe concluir que persiste en la visión continuista del actual modelo.

Sin entrar en valoraciones políticas en relación con la evidente sumisión del CGPJ a los deseos del actual ejecutivo —para
eso se le dio su actual organización y composición—, en nivel presupuestario la valoración ha de ser negativa por razones similares a las apuntadas respecto al presupuesto del Ministerio de Justicia: el Gobierno no tiene un plan para la
modernización de la Administración de Justicia; evidentemente poner unos cuantos ordenadores más no es modernizar la Administración de Justicia.

La Administración de Justicia habría de ser concebida como un servicio público a la ciudadanía,
a las personas físicas y jurídicas, para la resolución pacífica de sus conflictos, para la salvaguarda de sus derechos, para la efectividad de la tutela judicial en un plazo razonable; de suyo va, obviamente, a pesar de lo lejos de este desiderátum
que la ha situado el actual ejecutivo, que, como uno de los tres poderes del Estado, ha de ser independiente del poder ejecutivo y parecerlo, como garantía del equilibrio democrático y la salvaguarda de los derechos fundamentales.

Este
objetivo requiere, en primer lugar, un correcto diagnóstico de la actual Administración de Justicia, para detectar los problemas y necesidades, definir los objetivos operativos y planificar las soluciones, entre las cuales está obviamente una
racionalización de la organización de la Administración de Justicia y de los procesos que sitúe en el siglo XXI un servicio público que como tal en ocasiones parece del siglo XIX y así lo percibe la ciudadanía usuaria de este servicio público y los
y las profesionales que ejercen en el ámbito de la Administración de Justicia.

Pues bien, nada de esto se adivina en los presupuestos a pesar de la literatura de los objetivos de los programas.

Y, lo que es más grave, no existe ningún
plan para corregir el rumbo de un desprestigiado CGPJ, ni en su composición ni en sus funciones y organización de modo que no sea percibido como correa de transmisión del ejecutivo, con capacidad de incidir en los movimientos, accesos, traslados y
régimen disciplinario de los y las jueces y por tanto en los procesos judiciales concretos.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la sección 08 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017

PROPUESTA
DE VETO NÚM. 45

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula
la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Nuestro país enfrenta la mayor ola de transformaciones geopolíticas de la última década. En este clima de inestabilidad geopolítica y desafíos
múltiples, desde la urgencia de reorientar nuestro modelo productivo para paliar el cambio climático a la necesidad de frenar la espiral de guerras y amenazas que desafía el derecho internacional y la pervivencia del multilateralismo democrático,
nos encontramos ante una oportunidad histórica para reforzar y reorientar nuestra política exterior y erigirnos en un actor político que abandere una nueva agenda en defensa de la paz, los derechos humanos, la igualdad plena y real entre hombres y
mujeres y la justicia social. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Presupuestos refleja la congelación de las partidas destinadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; no contempla ni la adaptación ni la reorientación de las políticas
seguidas hasta la fecha; y representa la continuidad cuando no el continuismo de un paradigma que se ha revelado ineficaz y fallido.

El Gobierno del Estado no puede dejar escapar la oportunidad de conformar unas cuentas para la Sección 12
que integren de manera transversal un enfoque que priorice la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y el desarrollo sostenible, y que acompañe todas sus acciones de los recursos necesarios para acometer una verdadera transformación
material de los resultados de su acción exterior. Para esto, nuestro Grupo propone —pero no sólo— que la Oficina de Derechos Humanos pase a ser la Oficina de Coherencia de Políticas, Derechos Humanos y Equidad de Género, dotándola así
de capacidad evaluadora ex-ante y ex-post; que la diplomacia del Estado impulse la gestación de una Convención Internacional para el reconocimiento de los Derechos LGTBI; que el Ministerio sea pionero en la creación de un ambicioso Programa Global
de Protección y Apoyo a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos; que se acompañen con especial ahínco y empeño —lo que ha de traducirse siempre en recursos— los procesos de paz y descolonización en curso (Colombia, Sáhara
Occidental, Palestina), que el Estado se haga valedor y referente en la defensa de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra acción exterior, y que se democraticen, especialicen y modernicen tanto los mecanismos de acceso como la
estructura orgánica de nuestro servicio de acción exterior, entre otro abanico de acciones.

Un capítulo de especial relevancia merecen las políticas de igualdad en el seno de la Administración Pública, que constituyen notoriamente, una gran
tarea pendiente del Ministerio de Asuntos Exteriores , que debería contar y presupuestar un Plan para potenciar las políticas de igualdad, y revisar de manera inmediata el escasísimo número de mujeres (del 12 % según figura en el Informe de Impacto
de Género del Proyecto de Ley) nombradas como Embajadoras, y su total ausencia en los Altos Cargos del Ministerio (Secretarías de Estado y Subsecretaría).

Otra gran prioridad ausente tiene que ver con las condiciones de vida de nuestros y
nuestras compatriotas en el extranjero. En el momento en el que más ciudadanos y ciudadanas de nuestro Estado están emigrando por las durísimas circunstancias económicas y sociales y la falta de oportunidades laborales y vitales en su propio país
(más de 1 millón de personas desde 2009), la partida presupuestaria destinada a la protección de la ciudadanía española en el extranjero se mantiene intacta. Tampoco se altera de manera significativa ni suficiente la dotación presupuestaria
orientada para la digitalización de procesos internos del Ministerio y en relaciones con otros organismos públicos y para los ciudadanos y ciudadanas, necesaria para habilitar la ansiada tramitación telemática de trámites consulares que lleva
esperando toda la población emigrada. Nuestra Red de Embajadas y Consulados ha de dotarse urgentemente de recursos humanos y materiales suficientes para hacer frente al cada vez mayor número de necesidades que tiene y tendrá nuestra ciudadanía en
el exterior. La Ley de Presupuestos ha de servir y estar al servicio de la ciudadanía en el momento y las circunstancias en las que más lo necesitan. La dotación presupuestaria prevista para ello hace objetivamente imposible la satisfacción de ese
objetivo.

La cooperación internacional para el desarrollo es la otra gran asignatura pendiente de la Sección 12 del Proyecto de Ley de Presupuestos y una de las más destacadas víctimas de las políticas de austeridad y recortes del
Gobierno.

Estos Presupuestos no revierten en modo alguno los recortes acumulados desde 2011 en la lucha contra el hambre y la pobreza, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la acción humanitaria.

Estos recortes
han convertido en un imposible el objetivo de destinar el 0,7 % de la Renta Nacional Bruta, al que España se había comprometido. Pero lo más grave es que la congelación del presupuesto de cooperación de este Proyecto de Ley aleja también a nuestro
país del nuevo compromiso con la Ayuda Oficial al Desarrollo: el de alcanzar el 0,4 %.

Estos compromisos parten de una realidad: no atajar la creciente desigualdad internacional es un lastre para el desarrollo y la paz mundial, además de un
peligro medioambiental de dimensiones incalculables. Es lo que afirman tanto las organizaciones internacionales como todos los actores de la sociedad civil que trabajan en el sector, que han pedido al gobierno que en estos Presupuestos se alcanzara
al menos el 0,25 %. Frente a esta visión generalizada, el Gobierno, tal y como muestra en estos Presupuestos, piensa dejar atrás a las poblaciones más vulnerables, demostrando una clara falta de comprensión de la situación global y los retos
sociales, económicos y ambientales.

El Proyecto de Ley de Presupuestos prevé destinar a AOD un 0,21 % de la Renta Nacional Bruta, una cifra que convierte a España en uno de los países menos solidarios de nuestro entorno (la media europea es
del 0,51 %). De los 2.177 millones de euros que se destinan, al MAEC solo le corresponden 558,69 millones, el 25,65 %. El 45,41 % de la AOD lo gestiona el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La AECID, el principal actor de la
cooperación española, sólo gestiona un 9,3 % del total de la AOD. Las partidas que gestionan las ONGD permanecen estancadas, tras haber sufrido un recorte del 84 % desde 2008. Estas cifras muestran que detrás de estos Presupuestos lo que hay es
una evidente voluntad de desmantelamiento de la política española de cooperación internacional al desarrollo.

Si nos adentramos en el detalle del Presupuesto, comprobamos que el incumplimiento de los compromisos es una constante en muchos de
los ámbitos de la cooperación internacional. Uno de los ejemplos más llamativos seguramente sea el de la Ayuda Humanitaria. Todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, se comprometieron en la Comisión de Cooperación Internacional
para el Desarrollo a instar al gobierno a aumentar el gasto en Ayuda Humanitaria a 150 millones de euros (o el 10 % por ciento de la AOD), un mínimo con el que afrontar la peor crisis humanitaria de los últimos 70 años. Tenemos la obligación de
abordar las catástrofes naturales (muchas vinculadas al cambio climático), los más de 30 conflictos armados, los 65 millones de personas desplazadas forzosamente, los más de 20 millones de personas al borde de la hambruna en Sudán del Sur, Somalia,
Yemen y Nigeria. ¿Cómo responde el gobierno en estos presupuestos? Con la ridícula cifra de 19 millones de euros. Esta cifra constituye un ejemplo claro del abandono y desarticulación de la política de cooperación internacional de este gobierno,
paralela al abandono de una política exterior basada en la defensa de la paz, la igualdad y los derechos humanos.

En definitiva, es una necesidad y una urgencia ineludible que los presupuestos generales del Estado reflejen y habiliten un
modelo de acción exterior alternativo y diferente. Un modelo de acción exterior democrática, que haga de nuestro Estado un actor relevante en la arena internacional, que defienda y proteja a nuestra gente, y sea reconocido como garante y defensor
eficaz de un sistema global justo que apueste e integre una férrea defensa de los derechos humanos, la equidad de género y el desarrollo sostenible.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la sección 12 del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2017.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 46

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

Se anuncia en este ejercicio 2017 un aumento del 7,6 % de dotación presupuestaria para el Ministerio de
Justicia respecto al presupuesto de 2016. La aparente buena noticia es significativamente menos buena si se tiene en cuenta que el Ministerio arrastra una importante reducción acumulada que arranca en el ejercicio 2012. De hecho y pese a los
incrementos en 2016 y 2017, el presupuesto para Justicia para este ejercicio es inferior al que se destinó al mismo Ministerio en el año 2010.

Nuevamente el Gobierno no convence y vuelve a parchear la alarmante situación de la Justicia en el
estado español. Al respecto, es ilustrativo el contraste entre los objetivos declarados y los recursos destinados. Por un lado, el proyecto PGE 2017 expone la intención de desarrollar seis líneas estratégicas: una justicia más ágil y eficaz, más
dotada y mejor organizada, digital, que crea en sus profesionales, impartida para las personas, fuerte en su independencia e implacable en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, tras esta declaración de intenciones por parte del Gobierno,
resulta llamativa la falta del necesario planteamiento de un modelo distinto o, al menos, del abordaje decidido de las clamorosas carencias que hoy presenta la Justicia, tan evidentes que provocan en la ciudadanía una profunda crisis de confianza
que sitúa a la administración de Justicia entre las instituciones públicas peor valoradas.

Es más que preocupante la constatación de la falta de objetivos definidos en la propuesta de PGE 2017 para este Ministerio y la ausencia de políticas
públicas en este terreno. Es precisa una profunda renovación que, para nuestro grupo parlamentario, no pasa por la privatización de los servicios públicos o por una «modernización» aparente y sólo sustentada en la adquisición de más equipos
informáticos. Proponemos un aumento de recursos para un Ministerio que encarna a uno de los tres poderes del Estado —y que, como tal y pese a la actual crisis de confianza en su independencia, está asumiendo la importantísima función de
contrapesar a un poder ejecutivo con vocación totalitaria— y para una ciudadanía que pueda contar con la protección del poder judicial sean cuales fueren los recursos económicos del ciudadano afectado.

Nuestra Justicia necesita
políticas públicas y una transformación estructural que, para nuestro grupo parlamentario, debería sustentarse en los siguientes ejes que, como expondremos, no cuentan con el necesario respaldo en este Proyecto PGE 2017:

1. 
Específica dotación de recursos para la investigación y enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción.

Según el último barómetro del CIS, la corrupción escala siete puntos en la lista de preocupaciones de los españoles y se coloca
en segunda posición, sólo por detrás del paro, en el ranking de respuestas a la pregunta sobre cuál sea el principal problema de España. La alarma social que provoca la incesante aparición de nuevos casos de corrupción —principalmente, en el
seno del partido del Gobierno, el Partido Popular— convierte en exigencia apremiante la creación y dotación de un cuerpo técnico forense de adscripción judicial que se convierta en el apoyo imprescindible para los Juzgados que tramitan los
delitos más directamente relacionados con la corrupción —prevaricación, cohecho o malversación— así como todos aquellos delitos de instrucción compleja tales como, por ejemplo, los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad
Social o delitos contra los derechos de los trabajadores cuya instrucción, a día de hoy, suele resultar lenta e incompleta por falta de medios personales. Dejar a su suerte a los ya colapsados juzgados de instrucción para que, además de sacar
adelante el trabajo cotidiano, lidien, sin apoyo técnico, con los miles de folios que integran las diligencias de cualquier caso de corrupción y con su complejidad técnica es continuar apostando por la impunidad para un buen porcentaje de esta
categoría de presuntos delincuentes.

2.  Mayor dotación para la Justicia Gratuita.

La partida para Justicia Gratuita es idéntica a la de los PGE 2016, 37 millones de euros y, por tanto, insuficiente para garantizar adecuadamente
el acceso a la Justicia a quienes carecen de recursos suficientes para litigar —en los asuntos competencia del Ministerio de Justicia y en las CC. AA. con competencias no transferidas— y para retribuir dignamente a abogados y
procuradores.

Para cumplir con la Constitución —art. 119 CE, en conexión con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocida en el art. 24.2 CE, que contempla la asistencia y defensa de letrado como parte de dicho
derecho— es necesario ampliar el concepto de beneficiario a personas que, aun teniendo ingresos, no pueden costearse un abogado o procurador o asumir el riesgo de la imposición de una condena en costas. El actual límite para el
reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratuita impuesto por el art. 3 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita deja fuera del ámbito de protección del art. 119 CE a muchas personas con insuficientes recursos para litigar.

Por otra parte, no se puede seguir asumiendo la evidente desigualdad entre quienes pueden contratar una defensa privada y quienes no se lo pueden permitir que provoca la falta de designación de profesionales para la defensa en determinados
asuntos. Nos estamos refiriendo a los delitos leves para los cuales, con carácter general, no se entiende necesaria la defensa letrada o para las actuaciones ante la jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria que tampoco cuentan, en la mayoría de los
casos, con el apoyo de una defensa técnica.

En otro orden de cosas pero también relacionado con el derecho de los más pobres a contar con una verdadera defensa letrada, es imprescindible dignificar las cantidades con las que se retribuye el
servicio público que prestan los abogados y procuradores designados por el turno de oficio. Por poner un ejemplo ilustrativo, no es de recibo que se abonen 400 € a un abogado por toda la defensa en un procedimiento completo ante la Audiencia
Nacional que, bien es sabido, puede integrar decenas de miles de folios y suponer semanas o meses de sesiones de un juicio oral. ¿Qué tiempo va a poder dedicarle a la defensa de ese asunto un abogado que, por razones obvias, tendrá que seguir
trabajando en su despacho?

Por otra parte, las resoluciones de la Dirección General de Tributos, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, consideran que los servicios de asistencia jurídica gratuita devengan IVA, algo
que ni siquiera ha previsto estos Presupuestos Generales del Estado en las partidas de Justicia Gratuita. ¿O es que, en realidad, lo que se prevé es que los profesionales del turno de oficio vean reducidos sus honorarios netos en un 21 % por efecto
de esta interpretación —que consideramos totalmente errónea, dicho sea de paso— del Ministerio de Hacienda y Función Pública? Esto no sería más que la puntilla para un colectivo cuya labor de defensa de las personas con menores
ingresos resulta fundamental en un Estado de Derecho.

En consecuencia, la partida debe ser necesariamente aumentada.

3. Convocatorias de plazas para funcionarios.

El Proyecto de PGE 2017 prevé la creación de 5000 plazas
para la Administración de Justicia. Sin embargo, la previsión no es, una vez más, lo que parece ya que no conlleva un real aumento del personal sino que, tras años de recortes y graves dificultades para cubrir las plazas vacantes, trata de
consolidar el empleo público ya existente en todos los grupos y niveles de la Administración de Justicia.

Para esa Justicia «más ágil y eficaz» que dicen perseguir los PGE, es ineludible un decidido esfuerzo presupuestario en personal. Hacer
bandera de la agilización y no incrementar la dotación de personal supone un insulto a la inteligencia y, en particular, a todos los funcionarios que trabajan en los ya sobresaturados Juzgados de Instrucción en este país a los que, además y
«gracias» a la reforma del art. 324 LECRIM, se obliga ahora a trabajar contra reloj. España tiene casi 10 jueces menos por cada 100.000 habitantes que la media europea. Jueces para la Democracia califica como «desoladora» la situación de nuestra
Administración de Justicia y estima en 1.000 los nuevos juzgados que deberían crearse para acomodar su tamaño a las actuales necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, los PGE 2017 únicamente prevén para, por ejemplo, jueces y fiscales,
prácticamente las mismas plazas que en los últimos tres años, 25 de fiscales y 65 de jueces.

Así las cosas, la ecuación «justicia más justa y más rápida sin más medios» es, además de demagógica, irresoluble.

4.  Justicia
restaurativa y asistencia psicológica a víctimas.

Igualmente, tal y como recoge la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, es absolutamente necesario introducir servicios de justicia restaurativa,
incluida la mediación penal, con medidas para proteger a la víctima contra la victimización secundaria o reiterada, a través de servicios de justicia reparadora competentes y gratuitos. La apuesta por la justicia restaurativa no sólo supone el
imprescindible apoyo a la víctima o el impulso de una alternativa a la resolución contenciosa de conflictos muy útil como herramienta pedagógica sino que, además, contribuye a la descongestión de los juzgados de todos los órdenes jurisdiccionales y
supone una reducción de costes frente a la solución contenciosa.

Sin embargo, tampoco el necesario impulso de la justicia restaurativa encuentra reflejo alguno en los PGE 2017.

Por lo que a la atención a la víctima se refiere, la
partida que compensa al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos por la realización de periciales y asistencia psicológica a víctimas es idéntica a la de 2016 y confirma la línea de desatención respecto a quienes no pueden costearse una
asistencia o una pericial psicológica privada.

5.  Independencia del Ministerio Fiscal.

En la línea de lo reclamado por las tres asociaciones de fiscales, se continúa echando de menos la necesaria independencia económica y
presupuesto para que la Fiscalía General del Estado pueda actuar con la máxima eficacia e independencia, tan reclamada y necesaria de refuerzo en el momento actual en el que, más que nunca, está cuestionada en razón a las continuas injerencias del
poder ejecutivo.

6.  Equipamientos e infraestructuras.

Aunque se produce un aumento en la dotación en estas partidas respecto a 2016, lo cierto es que el referido incremento resulta completamente insuficiente. Así, anuncia la
contratación de obras para distintos partidos judiciales que, en su mayoría, son los mismos partidos judiciales ya anunciados en 2015 y 2016 (Albacete, Ibiza, Guadalajara, Lorca o Trujillo). Se continúa con las obras de ejecución de nuevas sedes en
Segovia y Badajoz —ya anunciadas en el presupuesto de 2016— y con las de rehabilitación del edificio judicial de Soria, Ceuta y de la Audiencia Provincial de Palencia. La única obra nueva que pretende acometerse es la de los nuevos
edificios de Juzgados de Talavera de la Reina (Toledo).

Por tanto, la referida partida presupuestaria parece ceñirse a las obras mencionadas y resulta insuficiente para «desarrollar planes de optimización de los espacios disponibles» y
gestión «de los edificios, incorporando todas aquellas medidas que permitan obtener un adecuado ahorro energético». El coste de esa medida anunciada superaría ampliamente la cantidad presupuestada para equipamientos e infraestructuras.

7.  Formación de funcionarios.

La necesaria transformación de la administración de Justicia a todos los niveles no puede nunca realizarse sin formar a los funcionarios encargados de acometer y materializar dicha transformación. La
reducción de dicha partida respecto al ejercicio precedente (2016) resulta especialmente alarmante si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la dotación presupuestaria prevista para 2017 (8307,44 miles de euros) ni siquiera supone la mitad de la
cantidad que se destino, por ejemplo, en el 2009 (18015,62 miles de euros).

8. Racionalización en el funcionamiento y Oficina Judicial.

Como ya hemos expuesto, la necesaria modernización de la administración de justicia no pasa
ni única ni principalmente por la adquisición de nuevos equipos informáticos o por la implantación de nuevos programas de gestión. El impulso tecnológico es necesario pero claramente insuficiente si no va acompañado de una racionalización de la
organización y de los procedimientos que permita la proclamada agilización y eficacia.

Al respecto, llama la atención en los PGE 2017 el hecho de que no se aprecie el más mínimo esfuerzo inversor en la modernización organizativa y en la
necesaria implantación de la Oficina Judicial en todos los partidos judiciales del territorio Ministerio que permitiría la agilización del impulso de los procedimientos y la resolución de la problemática relacionada con la ejecución de las
resoluciones.

9. Auditoría externa y pública del sistema judicial.

Igualmente, es necesario promover y dotar presupuestariamente una auditoría externa y pública del sistema judicial, sobre criterios y parámetros basados en su
eficiencia, eficacia y sostenibilidad, con el fin de buscar una fotografía constructiva y evaluar una necesaria reorganización en aquellos ámbitos que precisen esfuerzo, de manera que se establezcan criterios de optimización de los recursos.

10. Instituciones Penitenciarias.

Por último y en coherencia con la exigencia de Unidos Podemos, que podría transformarse en la aprobación por el Congreso de los Diputados de una Proposición No de Ley en este sentido, el presupuesto
para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, actualmente enmarcada en el Ministerio del Interior, debería trasladarse a la Sección 13 Ministerio de Justicia a fin de que España deje de ser la anomalía europea, junto con Hungría, en
esta materia al mantener su administración penitenciaria bajo el manto del Ministerio de Interior.

En definitiva y en conclusión: estamos ante unos presupuestos que no afrontan ninguno de los graves problemas que presenta nuestra
administración de justicia y que, por tanto, ahondan en la línea de desafección de la ciudadanía —y, en particular, de la ciudadanía más necesitada— que continuará percibiéndola más como un obstáculo que como el servicio público de
calidad que exige un estado que se proclama social y democrático de derecho.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la sección 13 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 47

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

En el Proyecto de Ley que traslada el Gobierno figura un aumento de un 32 % en la sección 14 dedicada a gasto del Ministerio de Defensa respecto a 2016 (1.840.171,66 €).
Nuestro país ha sufrido desde 2010 importantes recortes en partidas clave para la ciudadanía y servicios públicos esenciales, mientras en el presupuesto de Defensa se han manejado unos presupuestos iniciales incompletos, y con partidas
correspondientes a esta sección diluidas en otras de los Presupuestos Generales del Estado, como el Ministerio de Industria o el de Economía, Industria y Competitividad, entre otros. Desde hace años, distintos centros de investigación y colectivos
de la sociedad civil vienen denunciado los desarreglos contables que existen en materia de Defensa, y como cada año esta partida se presupuesta muy por debajo de lo que finalmente se liquida. Unas diferencias entre el presupuesto inicial y el
ejecutado que no se halla con unas magnitudes tan significativas para otras partidas, como ha reconocido el propio Tribunal de Cuentas.

Un ejemplo paradigmático de la deficiente praxis presupuestaria son los Programas Especiales de Armamento
(PEA). El aumento que plasma el Ministerio se explica en buena medida por el efecto que ha tenido la sentencia del Tribunal Constitucional de agosto de 2016 respecto a los PEA, en la que se declaró inconstitucional por este tribunal el
procedimiento al que había recurrido el Gobierno a lo largo de la legislatura. Es decir, presupuestando a la baja en el Proyecto de Ley que se hace llegar a las Cortes Generales y la ciudadanía, y recurriendo a Decretos Ley posteriormente para
hacer efectivo los pagos ya comprometidos desde hace años a los contratistas por los PEA. 2

De cara a reducir el aumento del gasto en Defensa, este grupo considera necesario aplicar sin dilación las recomendaciones que ha realizado el
Tribunal de Cuentas en sus informes de fiscalización de los PEA. En especial, tomar medidas para cesar con los excesos de financiación pública a los que se apuntan (ej: programa Leopard o BAM), e implementar las penalidades de demora oportunas a
los programas que acumulan retrasos (ej: BAM).

Ahora bien, pese este ejercicio de transparencia forzado por la sentencia del TC, la sección 14 sigue adoleciendo de falta de rigor y realismo como queda patente en la reducción del programa de
operaciones (122M) pese a que se mantienen las mismas misiones operaciones en el exterior, e incluso se aumentan, como por ejemplo la misión en Irak. Como viene apuntando el Tribunal de Cuentas desde hace décadas, los presupuestos iniciales que se
presentan sobre operaciones y misiones en el exterior están muy por debajo de lo que se ejecuta cada año. Aunque ha sido el poder judicial el que ha tenido que parar los pies al ejecutivo para integrar los PEA en el presupuesto inicial, desde este
grupo se considera imprescindible acompañar el ejercicio de transparencia con una programación de las operaciones en el exterior que respondan a cifras plausibles.

De lo contrario, se mantiene un planteamiento de financiación en el
presupuesto de esta sección que afianza un modelo de Defensa insostenible, y que oculta a la ciudadanía cuánto es el gasto real en Defensa, convirtiendo en ficticias las cifras que aparecen en el proyecto de ley que se traslada al poder
legislativo.

Por si fuera poco, el Proyecto de Ley de presupuestos que se hace llegar por parte del Gobierno, no muestra con claridad cuál es la política de personal que se expresa con los guarismos que figuran en el programa, y se echa en
falta un mayor esfuerzo en suprimir gastos superfluos como los dedicadas a dispendios protocolarios y representativos derivados de actos institucionales (programa 121M).

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea presenta enmienda de devolución de la sección 14 del Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2017.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 48

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Lamentablemente, 2017 va a ser otro año perdido para abordar con garantías la profunda crisis de empleo que padece la economía española, apuntalar el crecimiento y transformar su perfil. Y los PGE, ni van a ayudar a la creación de empleo de
calidad, ni a cerrar la brecha social, ni a transformar el patrón productivo de nuestra economía.

Antes de la última crisis nuestra economía crecía a crédito, financiada con endeudamiento exterior. Un modelo insostenible. Ahora, la salida
de la crisis se ha basado en la devaluación salarial y en el aumento de la desigualdad. También insostenible.

Sin embargo, el objetivo principal de estos presupuestos es la reducción del déficit público, que se consigue por la mejora cíclica
de la recaudación, el aumento de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de salarios púbicos y prestaciones sociales. La inflación aumenta la base de los tributos y la recaudación, pero los empleados públicos perderán poder adquisitivo, así
como los pensionistas, los desempleados perceptores del subsidio, los estudiantes con becas, o las personas dependientes.

La reducción drástica del déficit, a un ritmo innecesariamente elevado, acaba por ser incompatible con políticas
públicas que contribuyan a cerrar la fractura social, transformar el modelo productivo y potenciar el empleo de calidad. Y además, se renuncia a poner en marcha una reforma tributaria que introduzca mayor equidad en el sistema y aumente la
suficiencia cerrando la brecha en presión fiscal que mantenemos con los países de nuestro entorno.

Estos presupuestos vienen a normalizar los recortes que se han producido desde 2010 en los servicios públicos fundamentales, consolidando una
pérdida de derechos que en su momento se presentó como algo «transitorio» derivado de una situación económica y financiera excepcional. El límite de gasto no financiero de la Administración Central es hoy 60.000 millones de euros inferior al
de 2010.

Son unos presupuestos que no revierten los recortes y que siguen alejándonos un año más de los países más avanzados de Europa. En 2016, el gasto público total en proporción del PIB fue en España 5 punto porcentuales inferior que la
media de la Eurozona. Y la ratio volverá a reducirse en 2017, ya que el gasto se congela con un crecimiento nominal estimado del PIB del 4,1 %. En vez de converger con Europa, la política presupuestaria del Gobierno nos aleja cada vez más.

Por el lado de los ingresos, además de que la presión fiscal es muy inferior al promedio comunitario, la recaudación por impuestos indirectos ha ido ganando peso frente a la de los impuestos directos, haciéndose cada vez más regresivo el sistema
tributario. Los tributos indirectos, como el IVA, que se pagan independientemente de la renta del contribuyente, han ganado cerca de 10 puntos porcentuales de peso en la recaudación del Estado en la última década, mientras que los tributos
directos, como el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades, que tienen en cuenta la capacidad económica del contribuyente, han cedido casi 4 puntos.

Lo más importante es que no contamos con una reforma fiscal integral que consiga un sistema
tributario más equitativo y progresivo y que logre recursos suficientes de forma estable.

La renuncia a abordar con decisión una reforma fiscal en profundidad para asegurar la financiación de las políticas públicas provoca que el aumento de
los ingresos sea básicamente el que se deriva del propio crecimiento nominal de la economía. Y esto nos impide converger con Europa en presión fiscal y hace que nos encontremos 8 puntos porcentuales por debajo de la Eurozona.

La urgencia de
la reforma fiscal no sólo se justifica por estas diferencias estructurales en las proporciones de ingresos y gastos con la media europea, sino por la propia evolución de los ingresos públicos y su relación con el crecimiento de la economía. Las
reformas regresivas de 2015, que han supuesto una pérdida de 12.300 millones de euros para las arcas públicas, y los cambios en la distribución de la renta provocados por la mayor desigualdad y la devaluación salarial, han erosionado la recaudación
de tributos fundamentales como el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades. Por ello los ingresos vienen creciendo muy por debajo de lo que deberían hacerlo como consecuencia del crecimiento del PIB.

Esto es especialmente grave en el caso del
Impuesto sobre Sociedades. A pesar de que los beneficios empresariales se recuperan y el resultado neto contable de las empresas se encuentra ya en niveles de 2007, la recaudación del tributo mucho más baja que la de antes de la crisis. Figuras
como la posibilidad de compensar pérdidas de ejercicios anteriores con beneficios presentes o futuros, sin ningún límite temporal (medida que fue implantada durante el último Gobierno del Partido Popular), así como la aplicación de deducciones y
diversos beneficios fiscales, hacen que hoy en día, y especial e intensamente en el caso de las grandes empresas, el Impuesto de Sociedades se haya convertido para este tipo de contribuyentes (los que más deberían aportar a las arcas públicas) en un
impuesto meramente testimonial, casi a efectos registrales.

En estos presupuestos, las previsiones de recaudación por ingresos tributarios y cotizaciones sociales del Gobierno son demasiado optimistas y es poco probable que se cumplan las
proyecciones. La previsión de que los ingresos tributarios aumenten un 7,9 % y las cotizaciones un 6,8 % supondría una elasticidad de la recaudación a la evolución económica muy superior a la conocida hasta ahora, particularmente significativa en
el caso de las cotizaciones sociales. El Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han mostrado públicamente serias dudas sobre las previsiones de ingresos plasmadas en estos presupuestos.

Por ello, si
las previsiones no se cumplen y seguimos intentando ajustar el déficit público a los ritmos programados, seguramente se producirán subidas impositivas de carácter regresivo o recortes en el gasto público. La debilidad de los ingresos públicos junto
a la decisión política de priorizar la reducción del déficit sobre otros objetivos, hacen que los presupuestos no atiendan a las verdaderas prioridades de política económica que tiene España.

Tampoco avanzamos en la lucha contra el fraude
fiscal, aunque se declare desde el Gobierno afrontarla con mayor dureza.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda y Función Pública (GESTHA) han puesto en relación los resultados totales de la Agencia Tributaria (AEAT) en la lucha contra el
fraude con la estimación de la evasión total, para poder determinar el grado de eficacia contra la evasión. Así, los resultados logrados por la AEAT apenas representan el 21,7 % de la evasión total estimada entre 2012 y 2016, una proporción que,
aunque supone una mejora respecto al trienio anterior en el que se alcanzó al 19 % de la evasión, deja al descubierto un considerable agujero en la administración tributaria por el que se escapa el fraude y un grado de ineficacia enorme que ronda
el 80 % del fraude anual estimado.

Incluso en el año 2015, cuando la AEAT alcanzó el récord en sus resultados de prevención y control del fraude, el 73,8 % de la evasión fiscal no fue detectada y tan solo se llegó al 26,2 % de la evasión
tributaria total.

Los datos también demuestran que la AEAT ha decidido reforzar la investigación de contribuyentes de escasos recursos, a los que se les descubre deudas de menor importe, relajando la investigación del fraude sofisticado que
comenten grandes empresa y multinacionales.

En estos presupuestos, la AEAT contará con 1.336 millones de euros, un 5,2 % menos que en el ejercicio de 2010. Y la agencia contará con una plantilla de 24.885 personas, un 10,7 % menos de efectivos en comparación con 2010.

No
parece probable que se produzca un punto de inflexión en la tendencia creciente de la economía sumergida con este presupuesto y con estos recursos humanos.

En lo que se refiere a las Administraciones Públicas, los presupuestos presentados,
son de igual manera unos presupuestos continuistas, conservadores que pretenden consolidar un modelo de salida de la crisis, que consiste en «normalizar la crisis», la precariedad y la desigualdad, para la mayoría de la sociedad.

El objetivo
del Gobierno es en menos Estado Social y más Estado Central, y para eso son necesarios unas CC. AA. y unos ayuntamientos debilitados y permanentemente fiscalizados e intervenidos.

El modelo territorial del Gobierno es el de unas CC. AA.
sin competencias para poder desarrollar políticas propias en ámbitos materiales significativos, sociales y económicos y unos gobiernos locales reducidos a entes administrativos sin poder político real.

Las CC. AA. y los
ayuntamientos, que han realizado un mayor esfuerzo, de forma obligada, han financiado el déficit del Estado, el cuál además no tiene las rigideces, por ejemplo de los ayuntamientos. El Gobierno quiere cumplir con Europa, pero que lo paguen en mayor
grado las CC. AA. y los ayuntamientos.

El Ministro Montoro afirmó que la financiación autonómica se va a incrementar en más de 5000 M€, pero esto no se debe a que el Gobierno esté realizando un mayor esfuerzo presupuestario, sino que
se incrementa la recaudación por el mayor crecimiento de la economía.

En el caso de los ayuntamientos en el programa 942 A (sistema de financiación de entes territoriales) se produce una disminución de los 16.408.480 M€ en un 1,6 % y
del 0,47 % del Fondo Complementario de Financiación pasando de 6.030 M€ a 6.002 M€, para las ciudades que se financian con el modelo de cesión de tributos del Estado, que se establece a partir de la participación de la recaudación de
los impuestos estatales.

Mientras que en los propios PGE 17 se prevé un incremento del PIB del 2,5 % y unos incrementos de la recaudación de impuestos del IRPF y del IVA superiores al 7 % y de los impuestos especiales del 4,6 %. Es necesaria
una mayor correspondencia entre las aportaciones que recibirán los entes locales y las previsiones de una mayor recaudación y crecimiento.

Los presupuestos siguen la misma lógica antimunicipalista y antiautonómica de los presupuestos
anteriores porqué sus principales disposiciones se basan en la reforma del artículo 135 de la Constitución, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, un modelo de financiación que no garantiza ni la suficiencia ni la autonomía financiera.

El reparto de los objetivos del déficit.

Año tras año se ha producido una injusta
distribución del déficit entre las CC. AA. y los Ayuntamientos y el Estado.

El Estado (con la Seguridad Social) en los últimos años se queda el 80 % del margen de reducción de déficit y sólo un 20 % para las CC. AA. Según Eurostat la
media de gasto social (educación, sanidad, protección social) entre 2006 y 2014 ha sido del 56 % para la administración central y la SS, 40 % para las CC. AA. y del 4 % para los entes locales.

En el período 2010-2015, la Administración
Central incrementó el gasto en 4,2 %, mientras que las CC. AA., las que tienen la responsabilidad de dar respuesta a las demandas sociales a las que destinan el 70 % de su presupuesto, disminuyeron el gasto público en un 13,4 %.

En el caso
de los Ayuntamientos, aún es más injusto. Son la administración con menos déficit, 0,4 % el 2015 y 0,64, el 2016. de superávit, en 2011 era del -0,40.

El techo de gasto.

El techo de gasto aprobado, que contó con el apoyo de Cs y del
PSOE ha supuesto una reducción de 5000 M€ en relación al de 2016.

La regla de gasto vincula los presupuestos al crecimiento del PIB, este año del 2,1 %. Limita la autonomía de las CC. AA. y de los ayuntamientos. En el caso de los
ayuntamientos es una regla absurda y profundamente antisocial, y en el caso de las corporaciones locales en situación de estabilidad presupuestaria resulta aún más absurdo.

Se obliga aplicar a situaciones locales parámetros macroeconómicos
generales que no tienen en cuenta la realidad local, con una fluctuación de las inversiones variable a lo largo de los años.

La propia normativa europea permite en los ámbitos territoriales menores una mayor flexibilidad. Si a estos niveles
se reconoce la variabilidad de la aplicación, por qué no se puede aplicar a las corporaciones locales.

Las limitaciones en la gestión del superávit.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria no permite que superávits conseguidos se
puedan destinar a hacer frente a atender situaciones de emergencia social, a mejorar servicios, equipamientos o a generar políticas para hacer frente a la crisis, sino que tengan que dedicarse o a amortizar deuda o como mal menor a inversiones
financieramente sostenibles.

Responde, en definitiva, a la política de priorizar el pago de la deuda, una deuda que ya se paga, por delante de cualquier objetivo de gasto público.

Los ayuntamientos han generado un superávit agregado,
desde 2012 de 26.000 M€.

La Disposición adicional nonagésimo segunda del proyecto de presupuestos regula su aplicación para el ejercicio 2017.

La falta de lealtad institucional y el incumplimiento de los Estatutos de
Autonomía.

Las inversiones reales en CC. AA. como Andalucía, Asturies, Valencia, Castilla y León bajan un 30 %, y el conjunto de la inversión territorializable un 22,1 %.

Catalunya, Andalucía, Castilla y León, Catalunya e Islas
Baleares, tienen en sus estatutos disposiciones sobre la necesidad de una mayor inversión en sus territorios, como la Disposición Adicional Tercera en el caso de Catalunya.

Es imprescindible dar cumplimiento a los Estatutos Autonomía, dando
cumplimiento a los compromisos asumidos en los mismos, ya que son leyes orgánicas aprobadas en las Cortes y refrendadas por la ciudadanía.

En lo que se refiere a la Función Pública, estos presupuestos están marcados por el acuerdo alcanzado
entre CCOO-UGT-CSIF y el Ministro de Hacienda y Función Pública, el cual es un acuerdo impensable hace poco más de un año, que se sitúa en la dirección correcta, pero aun con todo sigue siendo insuficiente para poder recuperar los servicios públicos
que han sufrido los recortes de los últimos 7 años de forma descarnada.

Este Acuerdo no crea empleo público, solo consolida el empleo público afectado por las tasas de interinidad que sufrimos en este país. En cualquier caso, el problema del
déficit generado por las limitaciones y los recortes en los últimos años no lo revierte este acuerdo, solo detiene la hemorragia, pero necesitamos una trasfusión de sangre para poder caminar.

Y para ello es imprescindible:

1.
Eliminar el límite de la tasa de reposición para todos los ámbitos de la administración, lo que no supone un incremento de gasto para la Administración, puesto que esas plazas están ya presupuestadas.

2. Una OPE extraordinaria que reponga el
empleo destruido desde el 2009. Esta OPE para los ámbitos administrativos más urgentes debe ser inmediata. Hablamos por ejemplo en el ámbito de la AGE de Oficinas dependiente del Ministerio del Interior que gestionan la tramitación del DNI,
Instituciones Penitenciarias, Seguridad Social, o Investigación. Tan solo en el ámbito de la Seguridad Social se han destruido desde el 2009 un total de 4.249 puestos.

3. Recuperar el poder adquisitivo perdido por el cuerpo de funcionarios.
Proponemos una subida del 2,7 % frente al 1 % del Gobierno. Esta subida tiene como objetivo la recuperación del 5 % perdido en 2010 en un plazo de 4 años; es decir, 1,2 % de crecimiento acumulado, siendo el total del 2,7 % para el primer año.

Esta recuperación del poder adquisitivo se refleja en la siguiente tabla:

Masa salarial C.U. 2016	805.375.297
Masa salarial C.U. 2017 (+1 %)	813.429.050
Masa salarial C.U. 2017 (+1,5 %) (Propuesta PODEMOS)	817.455.926
Incremento 5 % perdido en 2010	40.671.453
Recuperación pérdida	858.127.379
Paliación pérdida poder adquisitivo (2010/2015)	50.000.000
Nuevas retribuciones complementarias	50.000.000
Nueva masa salarial	958.127.379
DÉFICIT SALARIAL	144.698.329

4. Recuperar la cobertura completa en situaciones de Incapacidad Temporal. Esto no supone un aumento presupuestario porque los propios presupuestos ya contemplan un gasto de personal total,
sin incapacidades temporales.

Pero tampoco podemos olvidar otras tareas necesarias, permitir la recuperación de la jornada de 35 horas semanales, la acción social, o potenciar la gestión directa frente a la gestión indirecta de servicios
públicos esenciales, puesto que la primera ha demostrado ser más eficiente y menos costosa que la segunda por el propio Tribunal de Cuentas en numerosos informes, o abordar dentro de la Administración General del Estado la negociación del convenio
colectivo pendiente para el personal laboral.

Por otra parte vemos necesaria la reducción del 5 % de las retribuciones de miembros del Gobierno y altos cargos, así como del programa de coches oficiales para destinar estas partidas a la mejora
de la formación del personal a cargo de la Administraciones Públicas.

Todas estas medidas permitirían hacer frente a los principales problemas presupuestarios que afectan a las administraciones públicas, tanto del Estado como a otros niveles
territoriales, que se centran principalmente en la precaria situación que atraviesa su masa laboral. Entre otros asuntos, se puede destacar que:

• Las plantillas se han anquilosado y envejecido: durante 7 años, por cada 10
funcionarios que se han ido, solo ha entrado 1.

• Falta de profesionales para cumplir objetivos y compromisos asumidos.

• Pérdida de oportunidades para sumarse a proyectos.

• Devaluación de
las condiciones laborales del personal de las administraciones y servicios públicos.

• Crispación y falta de motivación en el colectivo de empleados públicos.

• Fomento del empleo precario con
externalizaciones para cubrir servicios que antes podían asumir las propias administraciones de manera directa.

Las plantillas de las Administraciones registran un déficit de 170.000 empleos, desde julio de 2011 (periodo en el que se tocó
techo a nivel de empleo público y se empezaron a destruir puestos de trabajo en este ámbito). Además, 119.174 personas en la Administración General del Estado tienen más de 50 años (un 63 %), con lo cual el problema se va a agravar hasta situar las
plantillas en una situación insostenible.

Como cifran los sindicatos mayoritarios, el número de funcionarios que faltan para poder prestar servicios de calidad asciende a 356.000. De estos, 24.000 corresponden a la Administración General del
Estado, 40.000 a la administración autonómica, 91.000 a la administración local, 107.000 al sistema educativo y 94.000 al sistema nacional de salud.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la sección 15 del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2017.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 49

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

Los Presupuestos Generales del Estado 2017 para la Sección 16, se han reducido en apenas un 0.2 % con relación
al 2016, año en el que el presupuesto del Ministerio del Interior fue de 8.153.622,69 miles de euros. En 2017, el presupuesto asciende a 8.139.184,82 miles de euros.

El programa «Derecho de asilo y apátridas» ha aumentado con relación a 2016
pasando de 6.201,00 miles de euros a 6.305,71 miles de euros en 2017, un aumento irrisorio ante la grave crisis de derechos humanos y asilo en la que estamos inmersos con, además, una bajísima tasa de ejecución con respecto a lo presupuestado.

El programa «Seguridad ciudadana» —que incluye la financiación para Policía Nacional y Guardia Civil— ha aumentado de los 5.299 millones de euros en 2016 a los 5.325 millones de euros en 2017. Sin embargo, en este programa se
evidencian las graves diferencias presupuestarias que existen entre los dos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. A pesar de que la Guardia Civil tiene más personal, persisten las diferencias en gastos de personal así como las diferencias en la
asignación de presupuesto para actividades sindicales.

El programa de Centros e Instituciones Penitenciarias se ha mantenido estable en su presupuesto. También se han mantenido las trasferencias corrientes para pagos de servicios
externalizados en favor de empresas privadas.

El presupuesto del programa de Protección Civil ha sido uno de los que mayor reducción ha sufrido. Desde el año 2009, se ha reducido en un 32 %. Este programa, en casos de emergencias y
desastres naturales, se coordina por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. En el 2016 se le asignaron 14.085,15 miles de euros y en este 2017 se le han asignado 13.965,07 miles de euros.

Así las cosas, nos enfrentamos a
unos presupuestos continuistas que ahondan en la lógica de recortes que marcan la acción de este Gobierno y que impedirán el cumplimiento de sus objetivos y compromisos.

En los mismos términos utilizados en el ejercicio pasado, se hace especial hincapié en la necesidad de hacer frente a las demandas de seguridad de nuestra sociedad con el objetivo de lograr un progresivo descenso de la criminalidad.
También nosotros queremos seguridad pero, a nuestro juicio, la política de seguridad debe ponerse en pie a partir de la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Al igual que venía ocurriendo en ejercicios anteriores, el presupuesto
de 2017 para el Ministerio del Interior revela la falta de un planteamiento global en materia de seguridad ciudadana y de respuesta policial, penal y penitenciaria a la misma.

No es sólo que los presupuestos continúen sin prever partidas
presupuestarias que puedan tener reflejo en políticas de prevención del delito, de intervención social en las causas de la delincuencia o la reinserción, en cumplimiento y desarrollo del artículo 25 de la Constitución; es que tampoco reciben el
aprobado de los sindicatos de la Policía Nacional o de las asociaciones de la Guardia Civil.

La literatura que acompaña los presupuestos para el área de seguridad ciudadana habla de planes de lucha contra el crimen organizado en general y
contra el terrorismo en particular, de lucha contra el tráfico de drogas o contra el blanqueo de capitales. Las referidas referencias resultan sorprendentes si cuando se contrasta lo que el Gobierno ha venido haciendo que no ha sido otra cosa que
recortar recursos en general y en las unidades de élite en particular. Así ha ocurrido tanto en la Guardia Civil —en la Unidad Central Operativa (UCO)— como en la Comisaría General de Policía Judicial y, más concretamente, en la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), desde donde, como es bien sabido se dirigen las investigaciones de los más importantes casos de corrupción.

Nuestro Grupo Parlamentario defiende la necesidad de un nuevo modelo de policía.
Queremos un nuevo sistema policial más operativo, más eficaz y eficiente que, para empezar, se concrete en la reforma de la Ley 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una norma desfasada que, lejos de velar por una coordinación
real y efectiva y una mayor operatividad para ofrecer a la sociedad un servicio público de calidad, está provocando todo lo contrario. La política de recortes, desmantelamiento y merma en las plantillas de la policía y Guardia Civil —que, en
los últimos años han perdido alrededor de 20.000 efectivos— en nada ayuda a revertir la situación actual.

Estos presupuestos se avienen mal con el necesario cambio del modelo policial. Al contrario, la política de los últimos
ejercicios apuesta por la remilitarización de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. El gasto de tres millones de euros en la remilitarización de los uniformes de los policías nacionales y en el cambio de todas las divisas en sus uniformes
supone un gasto inútil y un buen ejemplo de la apuesta definida por una política de retroceso. En ambos cuerpos aumenta la discriminación salarial en relación a las retribuciones percibidas por otros cuerpos de policías. Respecto a la Guardia
Civil, se continúa sin apostar por mecanismos de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del instituto armado, se siguen sin solventar los problemas con los turnos de trabajo y se agranda la brecha discriminatoria en materia
retributiva. Otro buen ejemplo de la política de retroceso en derechos lo encontramos en los 60.000 € asignados en el ejercicio pasado a las asociaciones del cuerpo como subvención para el ejercicio de sus actividades. A día de hoy, la
indicada subvención no ha sido librada.

Se consolida en estos presupuestos una visión estrictamente policial de la inmigración. Sólo así se justifica que se mantenga la prevención y lucha contra la inmigración irregular como objetivo
estratégico del área de seguridad.

Esta visión policial se plasma en la inexistencia de una dotación presupuestaria que permita el desarrollo de acciones coordinadas entre los agentes sociales y el Gobierno para, por ejemplo, canalizar los
flujos migratorios, fomentar la integración social de los inmigrantes o la protección humanitaria de los mismos (asilo/refugio). Desde otra mirada bien distinta, nuestro Grupo Parlamentario seguirá exigiendo el cierre de los Centros de
Internamiento de Extranjeros.

Instituciones Penitenciarias

Nuestro grupo parlamentario es plenamente consciente de la complejidad que presenta la gestión de un sistema penitenciario tan asentado en inercias institucionales e históricas
como el nuestro que, sin embargo, pide a gritos una revisión profunda que su Proyecto de Presupuestos no atiende. El programa «Centros e Instituciones Penitenciarias» profundiza en un modelo que, mientras afirma perseguir objetivos de reinserción
social, se emplea a fondo en objetivos regimentales —y sólo en estos, en detrimento de los objetivos tratamentales—, se despreocupa de garantizar derechos básicos de las personas presas —como el derecho a la salud—,
desatiende el entorno familiar de la persona presa y la abandona a su suerte tras la excarcelación. El Proyecto continúa también pivotando sobre el tradicional enfoque punitivo y retributivo, sin dejar sitio a una visión restaurativa de la
Justicia. Nuestras propuestas van orientadas en el sentido de empezar a vislumbrar un cambio radical y a largo plazo de nuestro modelo penitenciario.

Si bien la partida presupuestaria para personal laboral ha aumentado un poco más en
relación con el año 2016 —56.415,33 en 2016 a 57.538,26 en 2017 miles de euros— el incremento es francamente insuficiente para cubrir las clamorosa escasez de personal de tratamiento que hoy se percibe en nuestras prisiones. Mientras
las plantillas no se reestructuren y se refuercen en el ámbito tratamental, las carencias de profesionales sanitarios, psicólogos, trabajadores sociales o educadores, —hoy sobresaturados e incapaces de soportar la carga de trabajo que les
impone lo exiguo de su plantilla— deberán suplirse a través de la contratación de personal laboral dedicado a tareas de tratamiento y atención sanitaria.

En este mismo sentido y en lo que respecta a la irrisoria partida económica para
la formación y perfeccionamiento del personal penitenciario, de 154.080 €, nos atrevemos a afirmar que apenas tiene cabida la formación para que, por ejemplo, el personal penitenciario adquiera competencias en mediación penitenciaria y
resolución de conflictos, habilidades éstas imprescindibles en un entorno como la prisión, caracterizado por la dureza, la conflictividad y, en definitiva, la tensión inherente a la convivencia obligada y a la privación de libertad.

Tampoco
el derecho de las personas presas a un trabajo dignamente retribuido tiene el adecuado reflejo en el Proyecto de Presupuestos sin garantizar que los salarios percibidos por los reclusos que realizan un trabajo, productivo o no, en el interior de los
centros penitenciarios, se nivele al menos con el Salario Mínimo Interprofesional.

Además, se han reducido los gastos corrientes en «Productos farmacéuticos y material sanitario» en más de 8 millones de euros, pasando de 63,861.40 miles de
euros en 2016 a 55.861.400 miles de euros en 2017. Esta reducción en gastos destinados a medicamentos para la población reclusa pone en peligro la salud de un colectivo especialmente enfermo.

En definitiva, lo que le interesa al Proyecto de
Presupuestos es el control securitario en detrimento de la finalidad reinsertadora proclamada constitucionalmente. Sólo así se explica, por ejemplo, que la Secretaría de Instituciones Penitenciarias prefiera destinar un gasto con proyección
plurianual de 2 millones y medio a la compra de material coercitivo —con una estimación de un millón de euros en 2017— a garantizar el salario mínimo interprofesional de las personas privadas de libertad, a contratar trabajadores
sociales o a comprar la medicación necesaria. No es posible permitir estas contradicciones tan profundas.

A nuestro entender la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, debería depender del Ministerio de Justicia.

Migraciones y asilo

Estos presupuestos planteados por el Partido Popular muestran su voluntad de continuar con la aplicación de políticas de control migratorio que vulneran los Derechos Humanos, facilitan la exclusión social de las
personas migrantes y alimentan el racismo y la xenofobia en nuestro país. Por nuestra parte, planteamos una alterativa basada en la acogida, la inclusión y los derechos para todas las personas.

No podemos compartir que este Gobierno entienda
que las «actuaciones relacionadas con la mejora de las infraestructuras policiales para la inmigración» consistan en la creación de tres nuevos centros de internamiento de extranjeros (CIE), en el marco de un cuestionamiento político y social
profundo a estas instituciones, en medio de la mayor crisis de refugio de la Historia después de la Segunda Guerra Mundial y tras el incumplimiento del Gobierno de su compromiso de reubicar a 17.000 personas desde Italia y Grecia. Y todo ello
mientras la atención e integración de las personas y migrantes sigue siendo precaria, deficitaria e ineficiente.

En este sentido, el coste de los vuelos colectivos de deportación forzosa presupuestados para este año debería destinarse a
programas de inclusión como el Plan Estatal de Convivencia que proponemos en otro lugar. Es urgente concentrar los esfuerzos presupuestarios de la sección 16 en convertir a España en un verdadero país de acogida que garantice el derecho de asilo y
deje de condenar a las personas solicitantes de asilo a años de procedimientos administrativos que no hacen sino recrudecer su sufrimiento. En la actualidad, hay 20.000 expedientes en stock.

Para ello la Oficina de Asilo y Refugio y el resto
de departamentos y equipos deben contar con personal funcionario fijo suficiente y con recursos económicos adecuados a las necesidades; en especial, con recursos para desplazamientos a Italia, Grecia y terceros países de acogida de refugiados, para
poder llevar a cabo una labor adecuada y cumplir con nuestros compromisos de reubicación con la UE.

Por último, desde el grupo proponente consideramos fundamental el destino de recursos suficientes a la agilización de los procedimientos
administrativos de extranjería que generan meses y en ocasiones años de espera para las personas migradas y refugiadas. En la misma línea, es urgente recuperar la gestión pública directa del procedimiento de acceso a la nacionalidad y destinar a
ello fondos suficientes que acaben con el absoluto bloqueo de los últimos años.

Seguridad Vial

Por otra parte y en relación con las partidas correspondientes a Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, el abundantemente anunciado Pacto de
Estado por la Seguridad Vial no se sostiene ante 14 millones de recorte frente a 2016, con un recorte consolidado del 20 % desde 2011.

Más allá de los anuncios, el Proyecto ni siquiera responde a los compromisos asumidos en campaña electoral
o tras el nombramiento del Ministro y del Director General de Tráfico. Nos referimos a la dignificación del funcionariado examinador de tráfico y al prometido aumento de incentivos para cubrir las jubilaciones —se argumenta además que habrá
reposición total con un aumento en inversión de personal del 0,42 %—, al descenso de los ingresos estimados por sanciones —que se estanca en 348 millones de euros—, a la desinversión en mantenimiento de carreteras
—correspondiente a Fomento pero susceptible de influencia por la DGT tras el compromiso de ésta— o a la falta de anticipación a la hora de dotar adecuadamente órganos de participación como el Consejo Superior mientras le encomienda la
reforma de la Ley Marco, los planes estratégicos —como el de la bicicleta— y los diferentes reglamentos.

Por todo ello concluimos en este aspecto que estos presupuestos suponen una falta de compromiso para con los anuncios del
propio Gobierno, una irresponsable dejación de funciones frente al repunte histórico —tras 13 años de caída— de la siniestralidad vial y un nuevo ejemplo de abandono de la planificación y educación vial a la sociedad civil.

Por
todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la sección 16 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 50

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

El Grupo Parlamentario de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad de la sección 17, Ministerio de Fomento, del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, por la que se solicita su devolución al Gobierno.

Los presupuestos del 2017 en la sección 17 recogen una caída del 10,9 % con respecto al año anterior. Concretamente, las inversiones en
infraestructuras han caído en más de un 12 % desde 2012. En vez de revertir los recortes acumulados, estos presupuestos no han hecho más que reducir el peso de las inversiones públicas, reduciendo un 1,5 % de la asignación presupuestaria.
Asimismo, la inversión en vivienda sigue recortándose respecto a años anteriores a pesar de la situación de emergencia habitacional que persiste en nuestro país. Estos presupuestos suponen un recorte del 21 % respecto a las cantidades de 2016;
(Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda ha caído un 19 % y en Ordenación y fomento de la edificación un 44 % entre 2017 y 2016) pero el recorte acumulado desde que el PP llegó al Gobierno en 2012 alcanza el 43 %.
Ello demuestra que para el Gobierno la vivienda no es en absoluto una prioridad. El Ministerio de Fomento incluye entre sus presupuestos la partida que financia el Plan Estatal de Vivienda (PEV), la principal herramienta de inversión directa
estatal en esta materia. En los últimos años el PEV viene siendo un plan cuatrienal dividido en diversos programas de actuación, sin embargo, los recortes y la falta de voluntad política no han servido para revertir el problema de la vivienda en
España.

A pesar de ser competencia transferida a las CC. AA., su financiación directa y líneas de actuación se establecen, básicamente, en las partidas y programas comprendidos en los PEVs. Por este motivo asegurar la dotación del PEV es
clave ya que CC. AA. y Ayuntamientos dependen de esa partida para poder llevar a cabo una política de vivienda con garantías. La evolución de las cantidades presupuestarias (Millones de euros) destinadas al último PEV 2013-2016, junto con la
cantidad correspondiente a la prórroga anunciada para 2017(*), a falta de la redacción del nuevo PEV 2018-2021, son las que siguen:

2013	2014	2015	2016	2017
725	768	552	553	461

Se trata de cantidades que anualmente suponen un 0,05 % del PIB, una cifra que se aleja de las cantidades que destinan a políticas de vivienda en
países como Austria, Dinamarca, Alemania y Francia, que presupuestan alrededor de un 1-2 % de sus PIB.

Las políticas del Gobierno se centra fundamentalmente en el ferrocarril, presupuestando con un importe superior a los 3.000 millones, un
tercio más que la dotación del ejercicio anterior, que se reparten entre el avance del AVE y la mejora de los servicios de Cercanías. El documento incluye actuaciones en el corredor Norte-Noroeste; corredor Mediterráneo; la línea de alta
velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia; el corredor de Andalucía, el de Extremadura y el corredor Mediterráneo-Cantábrico. En cuanto a Cercanías, se prevén actuaciones en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante,
Valencia y Tren de la Costa. El análisis de estas inversiones y su composición nos lleva a determinar que el esfuerzo en el mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes, en el transporte ferroviario utilizado por la mayoría de
los usuarios y de mercancías, o en las subvenciones corrientes al transporte, es insuficiente. Estas inversiones son las que realmente tienen una clara reversión social y económica, generando puestos de trabajo de calidad. Ya ha quedado
sobradamente demostrado, sin embargo, que la tremenda inversión que se ha hecho durante los últimos años no ha impedido que nuestra crisis fuera más profunda que la de los países de nuestro entorno, ni que sigamos teniendo los mayores niveles de
paro.

La falta de un análisis detallado de coste-beneficio que tenga en cuenta el verdadero impacto económico, social y ambiental de la infraestructura ha sido totalmente obviada por los sucesivos gobiernos. Ese enorme esfuerzo inversor que
nos ha situado en niveles récord europeos en kilómetros de autovía y líneas de alta velocidad, así como en número de aeropuertos, no ha servido para mejorar en cuestiones clave como la conectividad, la movilidad, la intermodalidad o el desarrollo
logístico. Es así como la Alta Velocidad continúa siendo la gran receptora de la inversión, y la que mayor número de títulos habilitantes se está llevando para que puedan ser explotadas por operadores privados. Y ello a pesar de que se trata de un
sistema de transporte que una gran parte de la población no puede permitirse. Y mientras la inversión va a la Alta Velocidad, se sigue sin incrementar de forma clara la inversión para el ferrocarril convencional o las cercanías, que son el medio
que usa la mayor parte de la población.

También debemos señalar que el impulso pretendido por el ministerio para el transporte de mercancías por ferrocarril —un 4 % lejos del 18 % de promedio de la Unión Europea— es
insuficiente, dejándolo en manos de una supuesta participación público-privada que plantea muchas dudas sobre su eficacia y con escasas garantías. La Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda aportará al ADIF, 810 millones de
euros este año, a través del capítulo 7 para el mantenimiento —585 millones de euros— y para las inversiones —225 millones de euros— en la Red Convencional. Además, el ADIF prevé realizar unas inversiones totales por
importe de 520 millones de euros. ADIF Alta Velocidad por importe de 2.330 millones de euros y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, SEITTSA, tiene prevista una inversión en materia de ferrocarriles de 192 millones de
euros.

La intermodalidad sigue siendo la gran olvidada en los presupuestos. No solo se olvida la imprescindible conexión entre puertos y red ferroviaria, una apuesta de futuro que sorprendería porque demostraría una visión a largo plazo que
en el PP es sustituida por la visión electoralista del corto plazo, sino que además proliferan las estaciones de cercanías, media distancia y AVE en el medio de la nada (Santa Ana, Puente Genil, Valencina...), una demostración de la «chapuza»
nacional, de la búsqueda del titular frente a la búsqueda del servicio público.

En relación a las carretera, el Gobierno ha asignado 1.913 millones. El presupuesto se dedica a conservación, aumento de carriles en autovías y autopistas,
creación de variantes, acondicionamiento de vías y mejora de conexiones con aeropuertos y puertos, a lo que se destinarán 1.913 millones del total de las inversiones que el proyecto presupuestario cifra en 7.540 millones, perdiendo de esta forma
casi 300 millones. De hecho, como son una de las partidas más afectadas por los recortes presupuestarios, Fomento ha anunciado que trabaja con las constructoras para que adelanten inversión para obras de carreteras. No debemos olvidar que el
próximo 2018 finalizan las primeras concesiones en las autopistas de peaje y que una parte importante lo harán entre el 2019 y el 2021. El Ministerio sigue sin discutir con los grupos parlamentarios cuál ha de ser el futuro de las vías de alta
capacidad en España. La inversión en mantenimiento refleja de nuevo la incapacidad para priorizar lo realmente importante, la falta de presupuesto de hoy serán graves sobrecostes para mañana.

La dotación presupuestaria a los puertos es
de 868 millones, Puertos del Estado cuenta con políticas de inversión ajenas a los Presupuestos y relacionados tanto con las concesiones a operadores privados como a la recaudación de tasas para cubrir los costes de operación. Sin embargo, no
podemos dejar de preocuparnos por la situación de riesgo laboral en la que el Real Decreto sobre la Estiba deja a miles de trabajadores.

En relación con los aeropuertos, en estos presupuestos se asignarán 615 millones. Aena cuentan con
políticas de inversión ajenas a los Presupuestos, relacionados tanto con las concesiones a operadores privados como a la recaudación de tasas para cubrir los costes de operación. Puertos del Estado y Aena financian sus infraestructuras con lo que
ingresan por tasas. Estas inversiones en puertos y aeropuertos, tanto en el plan de conexión de las instalaciones portuarias y de regulación aeroportuaria (Dora), no están en riesgo, pues no forman parte de las dotaciones a cuenta de los
Presupuestos. En su intervención en sede parlamentaria, para exponer la parte que le corresponde de los PGE del 2017, el presidente de Aena, manifestó que su trabajo consiste en que las acciones sigan subiendo y aventuró que lo mejor para que la
empresa mixta sea competitiva —en un mundo globalizado— es que la parte mayoritaria del accionariado sea privada. Una línea argumental del presidente de Aena —una empresa estratégica para la movilidad y el desarrollo de la
economía española— que el Ministerio no ha suscrito pero que deja la dirección de la compañía pública en manos de un profesional que no cree en el modelo público.

La financiación del Servicio Postal Universal. Pasa de 180 millones
en 2015 y 2016 a 120 en 2017. Esto además de impactar negativamente en la prestación del servicio a los ciudadanos, afectará a la propia gestión de la empresa —hay previsiones de pérdidas importantes en el propio proyecto de PGE 2017—
y al empleo. El grupo Confederal considera que este presupuesto de la sección 17 correspondiente al Ministerio de Fomento, no contribuye al objetivo fundamental, que es desarrollar una red integrada y sostenible de transportes ni contribuye a dar
respuesta a los grandes retos que tiene nuestro país, que son la creación de empleo de calidad y la generación de unas infraestructuras modernas, sostenibles y orientadas al transporte de los ciudadanos y no al beneficio de intereses privados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta enmienda de devolución de la sección 17 del Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2017.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 51

Del Grupo Parlamentario
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El Gobierno ha anunciado unos nuevos «presupuestos de la recuperación» donde secciones tan sensibles como sanidad o educación se han visto ligeramente incrementadas. Pero lo que es cierto desde un
punto de vista cuantitativo, no lo es desde el cualitativo. Por eso, podemos afirmar que nos encontramos con un presupuesto insuficiente, precario y que no está en condiciones de abordar los problemas estructurales de nuestro sistema educativo.

En concreto, estamos hablando de un Presupuesto de Educación, Cultura y Deportes de 3.181 millones de euros. En concreto, el presupuesto de educación, 2.525 millones de euros, sólo aumenta 40 millones respecto al ejercicio anterior, esto es,
un 1,7 %. Muy lejos de la financiación que manejaba el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en 2010, justo antes del giro austericida del Gobierno Zapatero, cuyo presupuesto era de casi 3.100 millones de euros.

Se trata, por tanto,
de 600 millones menos de inversión, que se acumulan a los recortes de los años anteriores y que nos mantienen como un país con uno de los niveles de inversión educativa más bajos de la media europea: 4,3 % frente al 5,6 % de la media de los países
de la OCDE, y más lejos aún de los países con mejores resultados en PISA, que invierten una media del 7 %. No son presupuestos, en consecuencia, de vuelta a la normalidad, sino que son unos presupuestos para normalizar la excepción y que la gente
se acostumbre a unos servicios públicos devaluados y, en concreto, a una educación pública infrafinanciada.

Son, además, unos presupuestos que consolidan la desigualdad, ya que se recortan en partidas muy importantes. En concreto, disminuye
la financiación del programa de formación permanente del profesorado (576 mil euros menos), en programa Educación Infantil y Primaria (2 millones 300 mil euros menos); en Educación Secundaria y Profesional (35 millones de euros menos); en
Educación en el exterior (pierde casi un millón de euros); y en Educación compensatoria (460 mil euros).

Entre todos los recortes resulta especialmente sangrante el de la formación del profesorado, máxime cuando el PP sostiene todas las
semanas —en la Subcomisión del Congreso de los Diputados, por el Pacto de Estado Social y Político por la Educación— que la formación del profesorado es la pieza clave para mejorar el sistema educativo. Sin duda, resulta
contradictorio mantener este tipo de afirmaciones y que no se vean reflejadas en los presupuestos

También es muy deficiente el bajo presupuesto en el programa de Educación Compensatoria, apenas 4 millones 600 mil euros lo que, unido a la
desaparición absoluta del Programa de Educación Especial, explica que el Gobierno haya tenido que cambiar el rumbo respecto a las reválidas y ahora anuncie que se podrá titular con dos suspensos y una media inferior a cinco. De no ser así, y con
tales presupuestos, las cifras de fracaso escolar se dispararían.

Así mismo, cuestiones tan sensibles como la educación inclusiva o el Plan de convivencia no obtienen partidas específicas para desarrollar los programas que les competen, por
lo que no dan respuesta a problemáticas tan sensibles como la educación inclusiva y en el otro ámbito al acoso escolar.

Por mucho que el Gobierno anuncie sus presupuestos con frases bonitas, si no se atiende a las necesidades del alumnado, se
está desatendiendo de facto la premisa de la educación universal porque escolarizar, en el sentido de tener a alguien dentro de cuatro paredes, no es lo mismo que atenderle y educarle. Y para eso hace falta presupuesto.

Estos presupuestos
tampoco abordan una de las demandas más repetidas por la comunidad educativa, la universalización de una red pública en la etapa de 0-3 años. Está claro que los cheques guardería, en las comunidades en las que los hay, deben de ser un negocio muy
suculento, dadas las reticencias a incluir la gratuidad en esta etapa educativa.

El programa de becas es, por otra parte, el programa estrella de los presupuestos, pues de los 2.525 millones destinados a educación, casi 1.500 están dedicados
a este capítulo. Se trata, en todo caso, de un incremento claramente insuficiente para unas familias que, a pesar de todo el discurso gubernamental, no perciben recuperación alguna y viven con temor la llegada de sus hijos e hijas a la universidad.
No sabemos, tampoco, los criterios que piensa aplicar el Gobierno para el acceso a estas becas (que ya endurecieron en otros ejercicios), ni la cuantía de las mismas.

El presupuesto para universidad, por otra parte, sube ligeramente, pero
sigue siendo insuficiente y mucho menor que en 2010. En los últimos seis años la universidad española ha perdido 250 millones de euros.

España, según datos de la OCDE, es el país donde más han aumentado las desigualdades a raíz de la crisis,
como consecuencia, cada vez es mayor el número de alumnos y alumnas que necesitan una beca, pero el Gobierno ha ido reduciendo las cuantías de éstas, que en muchos casos son tan ridículas que no permiten que el alumnado pueda seguir estudiando.
Tampoco apuestan por la investigación, el programa contratos FPU baja a solo 83 millones, un 38 % menos que en 2011.

En cuanto al presupuesto destinado a deporte éste se establece a través de dos programas, con un total de 173 millones de
euros. En efecto, desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno en 2011, el deporte ha sufrido un recorte de más de 17 millones de euros, haciendo especial hincapié en el programa destinado al deporte en etapas formativas.

Sin la modificación de
la sección con la suma del deporte como una política de gasto distinta y diferenciada de las demás, en la que se integren los dos programas que ya existen y se pueda dotar de más dinero, no se podrá garantizar un deporte de calidad para la
ciudadanía, que son los principales afectados con una falta de subvención al deporte base y a las asociaciones que lo defienden y fomentan, ni para los y las deportistas, con cada vez menos dotación para becas y con las federaciones cada vez más
empobrecidas. Además no quedan claras las partidas presupuestarias para deporte femenino, a nuestro juicio unas de las prioridades para el presente ejercicio.

La conclusión principal a la que podemos llegar, con los datos que proporcionan
los diferentes programas, es que estamos ante las cuentas que consolidan los recortes y el abandono de la educación como política pública. No estamos, por tanto, ante unos presupuestos que reparen el daño infligido años atrás, sino ante unas
cuentas que abandonan a su suerte a los alumnos con necesidades, que no atiende a las necesidades formativas del profesorado y que confirman el deterioro a la atención a la diversidad certificando la falta de compromiso del Partido Popular con el
principio de la igualdad de oportunidades.

Por más que el Gobierno haga ingeniería con los números y lo adorne con bonitas palabras, de ser aprobados estos presupuestos, el sistema educativo público va a seguir sufriendo una espiral de
desinversión. En conclusión, no estamos ante los Presupuestos de Educación, Cultura y Deporte que necesita nuestro país, sino ante el enésimo intento de maquillar los recortes y el desmantelamiento de los servicios públicos.

En términos de
cultura, los presupuestos de Cultura para 2017 que ha presentado el Gobierno podrían calificarse de desiguales y de carentes de un rumbo claro. No son los presupuestos de un país que se toma la cultura en serio.

Aun contemplando el Gobierno
unas previsiones favorables y de crecimiento del 2,5 %, esto no se traduce en las políticas culturales, cuyo monto total desciende aproximadamente 5,5 millones de euros (0,7 % menos que el curso anterior, que ya fue presupuestariamente exiguo). Es
decir, con una previsión de crecimiento en la recaudación, y por tanto de mayor gasto, la cultura da un paso atrás como asunto de Estado.

Son unos presupuestos realmente poco sociales en el ámbito de la cultura, en el sentido de que no tienen
vocación de lucha contra la precariedad en el sector. No incluyen partidas específicas para hacer sostenible la actividad cultural y para garantizar mejores condiciones para sus profesionales.

Son unos presupuestos sin perspectiva de género.
Es más, son los únicos presupuestos culturales de Europa sin dotación presupuestaria ni para las unidades en favor de la igualdad entre hombres y mujeres ya existentes ni para programas nuevos en esta materia. Apenas encontramos una humilde
nominativa de 20.000 euros a CIMA.

Desglosando por sectores, la sensación de que la cultura no es importante para el Gobierno adquiere una dimensión aún mayor, si cabe:

— El teatro pierde 2,9 millones €,
un 5,38 %.

— La Promoción cultural desciende un abultado 23 %.

— Las Bibliotecas aumentan 130.000 euros (0,00003 % más), pero acumulan muchos años de recortes y para ellas quedarse igual para ellas no es un
alivio, sino una catástrofe.

— Archivos desciende casi un 2 %.

— La Arqueología y la protección del Patrimonio Histórico descienden alrededor de 18 millones € (13,6 % menos que en 2016). El recorte más
grande corresponde a la partida dedicada a Patrimonio nacional.

— Aumenta la promoción del libro, pero sigue sin haber políticas de apoyo a las librerías nuevas y de adaptación a los nuevos modelos de negocio de las más
antiguas.

— Aunque la Cinematografía se lleva la mayor subida, con un 13,8 % respecto al curso anterior, lo cierto es que sigue siendo un sector precario y desigual, en el que la cultura de ayudas sigue restringida a la
producción y a pocas productoras, mientras que guionistas, distribuidores y salas lo pasan francamente mal.

— La música recibe una dotación presupuestaria superior (un 5,7 %), pero muy desigual en su estructura. Apenas hay
dotación para las músicas contemporáneas. El caso de la danza es similar, en un contexto de enorme precarización del sector.

En resumen, estamos antes unos presupuestos poco sociales en política cultural, que no tienen perspectiva de género
en pleno siglo XXI, y ante unos presupuestos muy desiguales en su diseño sectorial y distribución territorial. No son los presupuestos de un país con un modelo cultural sostenible, accesible y diverso, que es a lo que debemos aspirar todas y
todos.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la sección 18 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 52

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
(GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

En materia de Empleo, la política presupuestaria que nos presenta esta Ley es continuista con la línea marcada por el Gobierno del Partido Popular desde 2012, caracterizada por una subordinación del gasto social en políticas de empleo
a las políticas económicas de austeridad.

Si no tomamos en consideración la partida extraordinaria de 10.192 millones de euros en concepto de préstamo a la Seguridad Social para contribuir a su equilibrio financiero, resulta que el importe total consolidado del crédito para
políticas públicas en materia de Empleo asciende a 25.598.775,51 miles de euros, cifra notablemente inferior al total consolidado de la Sección presupuestado para el ejercicio anterior de 26.627.864,28 miles de euros. Se confirma, por tanto, la
desinversión creciente del Gobierno en política de Empleo.

En la serie histórica, entre el primer trimestre de gobierno del Partido Popular en 2012 y el primer trimestre de 2017, la tasa de paro ha descendido un 5,4 %, y la EPA indica un
descenso de la tasa de actividad del 1,53 %, habiendo pasado de 60,31 % al 58,78 %. La tasa de paro continúa siendo notablemente superior entre las mujeres trabajadoras, alcanzando el 20,5 % respecto de la tasa masculina del 17,2 %.

Entre la
Ley de Presupuestos del año 2011 y la actual que ahora se presenta, (sin considerar la partida correspondiente al préstamo a la Seguridad Social), la cuantía del total consolidado de la Sección 19 destinado a la financiación de políticas públicas de
empleo se ha desmoronado, desde los 39.879,31 millones de 2011 a los 25.598,78 millones, lo que supone un descenso de 35,81 % de la inversión.

Lógicamente, parte del descenso de la inversión pública en Empleo puede explicarse atendiendo al
descenso del paro en nuestro país. Sin embargo, a la vista de las cifras, es evidente que no hay relación proporcional entre el sensible descenso del desempleo producido en estos años y la fuerte desinversión en políticas activas y de protección
por desempleo.

A mayor abundamiento, se debe señalar que la línea política de contención del gasto en políticas públicas de empleo ha sido acompañada de una política legislativa de desregulación de las relaciones laborales, marcada por las
reformas laborales adoptadas en nuestro país en los últimos años por sucesivos Gobiernos, el Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, y el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de
Medidas Urgentes para la reforma del Mercado Laboral, mutado posteriormente en la Ley 3/2012, de 6 de julio, que actualmente configuran el texto vigente del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.

Las políticas de ajuste adoptadas por el Gobierno en materia de Empleo se enmarcan en la peor situación posible, caracterizada por el aumento de la pobreza estructural, el incremento de la desigualdad social, una tasa de paro juvenil
superior al 40 %, y el incremento sin precedentes de trabajadores pobres, de modo que se puede hablar de quiebra del Estado Social.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (INE 2016) existen 13,3 millones de personas en España en riesgo de
pobreza o exclusión social, hay 1,3 millones de personas que sobreviven en unidades familiares sin ningún ingreso regular, y 10,2 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. La renta media por hogar se ha reducido en un 12 % en el
periodo 2009-2016. El coste medio de la hora trabajada tan solo se ha incrementado un 0,6 % entre 2008-2015, cuando en la Eurozona el promedio de incremento salarial ascendió al 4,8 % en el mismo periodo. España encabeza además la lista de países
de la Eurozona con mayor desigualdad atendiendo al índice Gini, que se ha incrementado en 2,2 puntos durante la crisis.

La apuesta decidida por la desregulación laboral ha generado un crecimiento del empleo sobre la base de la precariedad y
la temporalidad. El 27 % del total de asalariados tienen contrato temporal (4,2 millones €). El 14,6 % de asalariados con contrato a tiempo parcial (2,7 millones €). El 34,34 % de los asalariados tienen ingresos inferiores al SMI, y
casi la mitad de la población trabajadora tiene un salario entre 1 y 1,5 SMI.

El modelo preconizado por la política de recortes y las sucesivas reformas laborales, junto con el desmontaje de las políticas de atención a la dependencia han
perjudicado en mayor medida a las mujeres trabajadoras, que en parte ni tan siquiera computan como activas para el cálculo de la tasa de paro, por haber retornado a la ocupación de atención de cuidados de niños y personas dependientes.

DESEMPLEO

El presupuesto para protección por desempleo que nos presenta el Gobierno continúa por la senda de la promoción de la pobreza estructural iniciada en 2012.

La reducción de la dotación presupuestaria para prestaciones
contributivas se reduce un 8 % respecto al ejercicio anterior, y acumula un retroceso de -59 % respecto a la Ley de Presupuestos de 2011. La partida para Subsidios por Desempleo, se reduce un 9 % respecto del ejercicio anterior y acumula un
retroceso de -45 % respecto a 2011. En cuanto a la Renta Activa de Inserción, cuyos beneficiarios son parados de larga duración en situación de pobreza severa, la partida se reduce un 24 % respecto del presupuesto de 2016, sin que se explique en
parte alguna de la Ley qué piensa hacer el Gobierno con las personas que agoten el derecho al RAI durante el presente ejercicio.

El Gobierno mantiene el plan de recorte en protección por Desempleo que adoptó con el Real Decreto-ley 20/2012, y
consolidó en el Título III del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Es mediante estos recortes de derechos en la protección por desempleo tanto en su modalidad
contributiva como asistencial como se explica el extraordinario ahorro realizado por el Gobierno en esta partida.

Sin embargo, según la EPA del primer trimestre de este año, hay 4.255.000 personas en paro en España con disposición para
trabajar, muchas de las cuales se encuentran en situación de desempleo de larga duración. Nuestro grupo no puede sino rechazar un proyecto de LPGE que insiste en castigar al colectivo más vulnerable de la población.

Consideramos
imprescindible que la LPGE incorpore una dotación presupuestaria para financiar la creación de un derecho a un ingreso mínimo garantizado para aquellas personas en paro que acrediten insuficiencia de recursos económicos, atendiendo a la Iniciativa
Legislativa Popular promovida por las organizaciones sindicales y suscrita por más de 500.000 españolas que se encuentra actualmente en tramitación ante el Congreso de los Diputados.

En el programa de activación para el Empleo nos presentan
un nuevo recorte respecto a 2016, y la partida desciende de 350 millones el año pasado a 280 este año. Esta ayuda para parados de larga duración gestionada por el SEPE, que comprende tanto apoyo para la intermediación laboral como el pago de una
ayuda económica, tenía una dotación de 350 millones en 2016.

Sin embargo, en la descripción del programa del sector que aporta el Gobierno con los LPGE 2017, consta que solo destinaron 127,84 millones € de ese presupuesto. Si tenemos
en cuenta que en la actualidad casi 2 millones de trabajadores activos se encuentran en situación de desempleo de larga duración, no encontramos explicación que justifique la inaplicación del presupuesto previsto en 2016, así como la reducción del
programa para este año.

FOMENTO DE LA INSERCIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL

La propuesta presupuestaria del Gobierno contiene un incremento del 6 % de la dotación financiera para políticas activas de Empleo respecto la LPG del ejercicio
anterior, sin embargo se encuentra aún un 25 % por debajo de la dotación de este programa de la LPG de 2011.

Contrariamente a las indicaciones de la OIT, el 46,3 % (2.501.240.570 €) de la inversión pública en esta materia se destina a
la financiación de cuotas, subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social, en lugar de priorizar estrategias de orientación y cualificación de personas desempleadas, y el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo. Consideramos
necesario revisar las políticas consistentes en subvencionar a las empresas la contratación de personas en situación de desempleo, atendiendo a objetivos vinculados a la estabilidad en el Empleo, y priorizando a las pequeñas y medianas empresas.

Nuevamente presenta el Gobierno una dotación presupuestaria para las Agencias Privadas de Colocación, que asciende a 75 millones de euros. Entendemos que este tipo de entidades no generan empleo estable ni de calidad, por lo que no tienen
interés público, y la dotación presupuestaria debiera invertirse en planes de empleo a cargo de las entidades locales.

ACCIONES EN FAVOR DE LOS INMIGRANTES

La LPGE presenta un levísimo incremento de la dotación en este programa, que se
incrementa tan solo en un 0,2 % con respecto a 2016. Con respecto a este presupuesto destinado a acogida hemos visto que a finales de 2016 solo se habría ejecutado aproximadamente el 50 % del previsto para este año, lo que no encaja con la realidad
que estamos viviendo. Creemos que la situación de 2016 se podría volver a repetir y nos parece sumamente grave.

No podemos creer que en un momento en el que nos encontramos ante uno de las crisis humanitarias más graves desde la II Guerra
Mundial en cuánto a personas desplazadas no se estén destinando más esfuerzos a solucionar esta situación. En el marco de los programas de reasentamiento y reubicación interna de la UE, España se comprometió a reubicar y reasentar 17.300 personas,
y sin embargo a día de hoy, un año y medio después de adquirir ese compromiso, tan solo ha reasentado a 350 personas y reubicado a 887 personas. A este ritmo, no parece que el Gobierno tenga intención de cumplir. El pasado mes de febrero, España
recibió una llamada de atención por parte de la Comisión Europea motivada por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en esta materia.

El Sistema de Acogida e Integración de Solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional en
España tiene su base en una red estatal de acogida de carácter mixto que comprende por un lado los CAR adscritos a la Secretaría General de Inmigración y Emigración y por otro, los dispositivos de acogida gestionados por entidades colaboradoras sin
ánimo de lucro (ONG), subvencionadas mediante concurrencia competitiva por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Consideramos que uno de los grandes problemas está en la propia gestión de los fondos, que como se ha puesto de manifiesto,
no han sido ejecutados, por lo que las ONGs encargadas del alojamiento de los peticionarios de asilo y refugio tienen graves dificultades para cumplir los programas.

Entendemos necesario no solo cumplir con la financiación presupuestada, sino
que además debe incrementarse la dotación para este año en 50 millones de euros a fin de cumplir con los acuerdos para la acogida y garantía de derechos de personas inmigrantes refugiadas llegadas a España.

ACCIONES EN FAVOR DE LOS EMIGRANTES
ESPAÑOLES

La principal partida del Programa 231B sobre «Acciones en favor de los Emigrantes» es la destinada a prestaciones por razón de necesidad a emigrantes españoles en el Extranjero. Desde el año 2009, esta partida se ha reducido
un 57 %, pasando de 107.889.618 € a 51.750.000 €.

En el mismo periodo, el número de españoles residentes en el extranjero se ha incrementado un 56,6 %, habiendo superado el censo los 2.300.000 inscritos. Este incremento se debe
sin duda al éxodo de cientos de miles de jóvenes y no tan jóvenes producido en estos años, que se han marchado del país intentando escapar de la situación de pobreza y desempleo generada por la crisis financiera y las políticas del Gobierno del
Partido Popular.

Está claro, a la vista de la dotación presupuestaria, que no está en los planes del Gobierno el promover ninguna política de apoyo a este colectivo de españoles. Tampoco hay voluntad de facilitar que este colectivo ejerza su
derecho al voto en España, revirtiendo la reforma del voto rogado adoptada en 2011. Para nosotros sería imprescindible implementar un Plan de Asesoramiento e Información a ciudadanos españoles emigrantes en el extranjero, con la finalidad de
fortalecer el vínculo del país con este colectivo.

INSPECCION Y CONTROL DE SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

Desde el año 2009 en adelante, la partida destinada a la vigilancia y control del fraude en las relaciones laborales no ha dejado
de descender. Aunque esta LPGE presenta un leve incremento del presupuesto para la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social respecto a la de 2016 (1,2 %), lo cierto es que respecto al año 2009 la dotación se ha reducido de 174,03 a 124,09
millones de euros.

Consideramos que es imprescindible incrementar la dotación presupuestaria del colectivo encargado de vigilar y sancionar el fraude a la Seguridad Social y el incumplimiento de las normas reguladoras de las relaciones
laborales, especialmente en un mercado laboral tan afectado por la temporalidad y precariedad en el Empleo.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la sección 19 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017,
toda vez que consideramos que manifiestan la continuidad de políticas públicas de empleo regresivas y antisociales, subordinadas a programas de ajuste económico ineficaces, que condenan a los colectivos más vulnerables de la sociedad y no cumplen
con los mínimos en materia de salvaguarda de los derechos humanos de las personas refugiadas.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 53

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Los Presupuestos Generales del
Estado para 2017, asignan un gasto en materia de ejecución de la política del Gobierno en materia de energía, turismo, telecomunicaciones y Sociedad de la Información, así como el desarrollo de la Agenda Digital, de 5.264 millones de euros. Lo que
supone un 2,52 % menos que la cantidad asignada en 2016 para idénticos programas. Por tanto, se realiza un nuevo recorte que viene para quedarse mientras continúe este mismo Gobierno.

Estos presupuestos no son los adecuados para impulsar la
transición energética y caminar hacia un nuevo modelo productivo descarbonizado. Tampoco son unos presupuestos que nos permitan afrontar nuestros retos como país antes las crecientes desigualdades sociales y el cambio climático. La minoración de
la dotación presupuestaria en un Ministerio clave en el desarrollo de la economía española, viene en particular a asestar un nuevo golpe a la política energética y al cumplimiento de los objetivos comprometidos tanto con la Unión Europea en el
horizonte 2020, como los ratificados recientemente ante Naciones Unidas en relación al Acuerdo del Clima de París. Aunque a nivel discursivo se ufanen en mostrar acuerdo con los objetivos anteriormente comentados, la realidad presupuestaria es la
que marca la verdadera intencionalidad de su programa político, y lamentablemente las palabras de este Gobierno y sus representantes no se traducen en una apuesta decidida por cumplirlas.

Si bien es cierto que existe un leve crecimiento en la
asignación tocante a normativa y desarrollo energético, en un contexto de superávit eléctrico desde 2014, las cifras propuestas son de todo punto insuficientes. Del mismo modo resulta palmaria la ausencia de una apuesta verdaderamente decidida, con
dotación suficiente, para desarrollar un Plan Nacional de Ahorro Energético, que opere como motor principal de una Transición Energética en nuestro país, que involucre a todos los sectores productivos, y que tenga como pilar ineludible la
democratización de la energía. Cabe recordar que la principal política presupuestaria del Gobierno en materia energética, ha sido fortalecer y ahondar en las medidas correctoras del déficit instauradas por el anterior gobierno socialista, a las que
ahora en estos presupuestos se incorporan eventuales pagos en concepto de indemnizaciones judiciales. En este sentido, es importante resaltar la ausencia total de programas ni partidas destinados a combatir la pobreza energética, máxime cuando
en 2016 se han vivido situaciones dramáticas, está claro que no está entre las prioridades de este gobierno garantizar la protección y cobertura necesaria de los consumidores vulnerables y sus derechos en materia energética.

Por tanto,
resulta difícilmente creíble que desde el Gobierno se esté actuando en consecuencia para promover un desarrollo nacional de energías renovables limpias. En nuestra opinión se persiste de una forma clara en su abandono, dado que para este Gobierno
siempre hay todo tipo de prioridades y urgencias que no permiten asignar a energías renovables la consideración presupuestaria que necesitan y merecen. Desatención que desprecia la posibilidad de generar miles de puestos de trabajo a través de la
economía verde, en un país, recordemos, que tiene una de las tasas más altas de desocupación de todo nuestro entorno.

En materia de Sociedad de la Información y Agenda Digital, estos presupuestos ponen en evidencia como el Gobierno continúa
con su indefinición y no desarrolla una planificación a la altura de los compromisos adquiridos. Las propuestas realizadas no permiten visualizar ni objetivos ni compromiso claros, lo que sí se observa es que una parte sustancial del presupuesto se
destina a transferencias de capital o préstamos a largo plazo a empresas privadas, es el único modelo por el que se apuesta en estos presupuestos.

No podemos estar conformes con unos presupuestos que continúan incumpliendo el proyecto de
Agenda Digital que este mismo Gobierno presentó a finales del año 2012, los seis grandes proyectos que en su momento se trazaron ni se han cumplido ni van a poder cumplirse con estas cantidades que se nos presentan. Estos presupuestos no permiten
solventar de raíz una brecha digital rural-urbano que se continua acrecentando. Es precisa una intervención directa del sector público para poder alcanzar el compromiso de que en 2020 el 100 % de la población disponga de conexión a Internet con una
velocidad de 30 Mbps, para que cumpla la Ley y, por otra, para que la Sociedad de la Información sea de verdad para todos los ciudadanos y no solo aquellos que pasan el test de rentabilidad del mercado. Es necesario hacer realidad el desarrollo de
la e-Administración, específicamente en el Sistema de Salud y en el Sistema Judicial. Es obvio que no se ha cumplido ninguno de estos compromisos y es preocupante que no aparezca ninguna partida para este propósito.

Su propuesta para los
programas relativos a Sociedad de la Información y Agenda Digital carecen por tanto de una visión clara, de una verdadera apuesta por la consecución de los objetivos y de la coordinación necesaria de los grandes proyectos mencionados, para que se
pueda lograr la masa crítica para mantener una mínima soberanía tecnológica.

Finalmente, estos presupuestos tampoco están a la altura de la responsabilidad de una correcta acción de gobierno en materia turística. Es más, ponen de relieve
como el Gobierno continúa con su complacencia y no desarrolla una planificación a la altura de los ingresos de este sector. La dotación presupuestaria vuelve a descender un año más, en el sector que ha salvado nuestra economía. A pesar de ello, el
Gobierno sigue sin acometer las necesarias inversiones que permitan aumentar los segmentos de turistas ligados a destinos turísticos con calidad medioambiental.

Los objetivos programáticos del Gobierno hablan recurrentemente de incentivar la
calidad y la formación, pero a la luz de los datos no se observa una preocupación real por la calidad del empleo en el sector servicios y en particular en el ramo turístico. La situación de las trabajadoras y trabajadores del sector constituyen en
nuestra opinión un serio motivo de preocupación, porque necesitamos un mercado que dignifique la calidad del empleo para que podamos considerarnos un destino de prestigio y calidad en su amplia definición.

Lamentamos que desde estos
presupuestos no se promueva lo suficiente el desarrollo participativo y difusión de un plan de sostenibilidad del turismo, que establezca nuevas bases para el desarrollo de un nuevo modelo turístico para España. Lamentamos que no se mejore y
aumente la promoción del turismo responsable y sostenible en el que precisamente es el año internacional del turismo sostenible. Del mismo modo, lamentamos que no se promueva la igualdad de género en el ámbito turístico y la promoción del
emprendimiento de las mujeres en el sector, estas y otras muchas medidas son las que una política de Estado debería emprender, y no las observamos entre las prioridades de este Gobierno.

Por todo ello, y a la vista de la asignación
presupuestaria por programas, se observa con total claridad que el recorte de la cifra global a las partidas en materia de energía, turismo, telecomunicaciones y sociedad de la información, así como el desarrollo de la Agenda Digital, no garantizan
la cobertura necesaria para desarrollar los objetivos programáticos que dice pretender llevar a cabo el Gobierno con estos Presupuestos Generales del Estado. Antes al contrario, revelan un escaso interés por parte del Gobierno en que esos objetivos
se traduzcan en hechos.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la sección 20 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 54

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

El Proyecto de Presupuestos de la sección 23, MAPAMA, para el 2017 y siguiendo la ruta de los últimos años, sufre un nuevo recorte del 3,16 % en relación a 2016 que se traduce en una pérdida
de peso en el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado. Ello sitúa este presupuesto en el más bajo de su historia reciente.

En un presupuesto cuyos gastos operativos se nutren en un 80 % de recursos exteriores procedentes del
FEOGA-FEADER y del FEMP, es especialmente criticable que el esfuerzo aportado por el Estado se reduzca en un 8 % respecto al ejercicio anterior hasta suponer tan solo el 19,7 % del presupuesto total, siendo que en el año 2016 este porcentaje se
situaba en el 21,09 % sobre un presupuesto además superior. Estos datos generales muestran sin más, la ausencia de una política de estado para nuestro sector primario, para el medio rural y para el medio ambiente, y retratan al MAPAMA como un mero
gestor de fondos europeos.

Se trata de un proyecto de presupuestos regresivo, muy en particular en los capítulos operativos, y en especial en el capítulo 6 de inversiones que sufre una merma de 179,9 millones de euros (13,78 %) y en el 4 de
transferencias corrientes donde se pierden 156,8 millones de euros (-2,52 %). La regresividad en estos capítulos es especialmente grave si tenemos en cuenta que una parte de las actuaciones se orientan hacia una población agraria cuya renta sigue
siendo hoy el 45 % más baja que la media del resto de los sectores productivos.

La contracción prevista en el proyecto de presupuestos se repercute en 16 de los 19 programas que forman la sección y el balance es negativo para todas las
políticas y grupos de programas.



Por otra parte, y habida cuenta de la realización final de ejercicios anteriores, consideramos que es un proyecto de presupuestos poco fiable. En primer lugar en relación a
las aportaciones de FEAGA y FEADER que se supone sumarán 6.865,8 millones de euros, pero sobre las que se da la circunstancia de que las previsiones del estado suele pecar de excesivamente optimista y la desviación, particularmente en lo que
respecta a las transferencias del FEADER, suele ser considerable. De hecho en el año 2015 la desviación sobre lo presupuestado fue de 926 millones de euros, y en el año 2016 de 222 millones de euros. En segundo lugar el incremento del
Programa 414B de Desarrollo Rural en 179,36 millones de euros se hacen sobre la base de unas muy optimistas previsiones de ejecución autonómica de los PDR regionales y por lo tanto sobre el incremento de las aportaciones de la Unión Europea. En
tercer lugar porque la ejecución final en ejercicios anteriores ha sido sumamente desigual. La ejecución del Presupuesto de 2016 fue de un 89,5 %, sin embargo, pero sin embargo, la ejecución en el capítulo 6 de inversiones reales se ha quedado en
un 62,4 %, y además, en determinados programas, la ejecución de las actuaciones previstas se ha quedado en muchos casos en torno al 40 %. Sirva de ejemplo la ejecución dentro del Programa 412C, de la línea de transferencia a las comunidades
autónomas para mejora de la organización de la producción y reordenación de los sectores productivos dotada con 6,6 millones de euros solo se ejecutaron el 39,2 % de los recursos, o de los 5 millones asignados para la modernización de maquinaria y
tecnología agrícola de los cuales no se ejecutó nada.

Los programas referidos de manera específica a agricultura y ganadería, ordenación de las producción y mercados dejan sin afrontar presupuestariamente grandes retos y urgencias que son
reclamadas por una parte importante del sector. De entre todas ellas nos parece especialmente relevante la referencia a cuatro aspectos esenciales que por sí mismos, harían inaceptables los presupuestos en materia de agricultura y ganadería. En
primer lugar siendo absolutamente necesario el buen gobierno, la transparencia y el adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria, es inadmisible que la AICA (Agencia de Información y Control Alimentario) encargada de vigilar por la aplicación de
la ley, tenga un presupuesto operativo de tan solo 739.000 euros. En segundo lugar, en relación al Programa de Previsión de Riesgos para las producciones agrarias y pesqueras, y en concreto el Programa Nacional de Seguros, siendo la única política
agraria de estado y de las pocas políticas de sostén de rentas su dotación sigue estancada en 211 millones de euros, lo que supone un 14,3 % por debajo de lo previsto en el año 2012. Sobre este particular es inaceptable que la estrategia de
extensión de la cobertura por parte del gobierno sea recortar el porcentaje de ayuda a la contratación, y ello en un año donde las crisis climatológicas apuntan a que sea desastroso. En tercer lugar, la falta de una renovación absoluta en la
política de sanidad animal que es clave para el futuro de un sector para nosotros estratégico que es la ganadería extensiva. Habiendo el Ministerio aprobado por fin un Plan de Actuación de la Tuberculosis Bovina sobre especies silvestres, y
reconociendo que es el principal vector de contagio más importante e incierto para los ganaderos, sin embargo, en el presupuesto no aparece dotación presupuestaria alguna mientras seguimos pagando cada vez más indemnizaciones a los ganaderos. En
cuarto lugar, El presupuesto no contempla medidas especiales para el apoyo a la participación de la mujer en el sector ni al relevo generacional de manera específica. En último lugar, salvo las ayudas a conservación de razas autóctonas, no existe
ningún conjunto de actuaciones específicas para apoyar de manera estratégica la ganadería extensiva, y ni siquiera existen actuaciones dirigidas a favorecer la compatibilidad de esta con la fauna salvaje, cuestión que genera enorme conflictividad
social.

En un contexto de cambio climático que obliga a una reconsideración de todo el modelo productivo, y en coherencia con los compromisos adquiridos por España en el contexto internacional, consideramos inadmisible el recorte en el
presupuesto de los programas que forman el Grupo de Programas Ambientales. En concreto; Programa 456A de Calidad del Agua (-11,99 %) , Programa 456B Protección y Mejora del Medio Ambiente (-10,54 %), Programa 456C de Protección y Mejora del Medio
Natural (-13,67 %), Programa 456D de Actuación en Costas (-7,37 %) y finalmente el Programa 456M de Actuación para la Prevención de la Contaminación del Cambio Climático (-45,64 %). La concreción de estos recortes es sangrante, como es el caso del
recorte en un 22,4 % del Organismo de Parques Nacionales, o el recorte del 61,03 % en las actuaciones en la Red Natura 2000. El exiguo presupuesto en material ambiental deja un panorama de actuaciones dispersas, sin profundidad de impacto,
inconexas e incoherentes entre sí, que no podemos aceptar.



Por último, en materia de pesca, los dos programas específicos ven reducido su presupuesto en un 7,8 %. Las actuaciones se han quedado
absolutamente testimoniales, y de nuevo, salvo el aporte procedente del Fondo Europeo para la Pesca no existe en el presupuesto, muestra alguna de compromiso con este sector. Además, los exiguos fondos dejan fuera actuaciones imprescindibles en
este momento como por ejemplo, la financiación de los necesarios paros biológicos para embarcaciones de menos de 12 m asociado a actividades de mantenimiento del medio costero. Se continua sin recoger un plan de seguros por mal tiempo, como medida
tanto para compensar los días que no es posible faenar como para luchar contra los accidentes laborales, en un sector que acumula cifras de accidentes laborales con resultado de muerte muy por encima del resto de actividades incluida construcción.
No aparece previsión de compensación por el reparto de cuotas de caballa a consecuencia de la previsible sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tampoco se recoge nada para las reservas de pesca, tal como recogen la propia PPC. Es
necesario recoger también, junto a los paros de embarcaciones de artes menores, partidas específicas para reserva de pesca, ya que no hay fondos tampoco asociados a la Red Natura 2000. La protección del medio marino debe ser una prioridad para
alcanzar un aprovechamiento sostenible de los recursos y por último, no hay nada en los presupuestos que indique la decisión de apoyo a la pesca artesanal. Debemos proteger y promover la pesca de bajo impacto, que incluyen, los sistemas de pesca
llamados artesanales ya que genera más puestos de trabajo por tonelada de pesca capturada, consume menos energía por unidad de pesca, abastece de una mayor diversidad de especies, suele ser más selectiva y sus actores están más concienciados en la
necesidad de preservación de los recursos pesqueros, pues su actividad depende de manera directa de la salud de los caladeros.

Ello debe verse reflejado en la definición y aplicación de criterios ambientales, sociales y económicos a la hora
de establecer prioridades en la gestión pesquera y en la inversión pública en el sector, lo que nos permitirá garantizar un nivel de vida razonable a las gentes de la mar, asegurando empleo de calidad, rentas dignas y niveles adecuados de protección
social. Por último, nada referido inversión en diversificación de las especies consumidas, apostando por dar a conocer especies cuyo consumo ha decaído por falta de conocimiento.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la
sección 23 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 55

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, supone continuar dando la espalda a las necesidades de la sociedad en las materias relacionadas con las funciones de este ministerio. Desde la
imposición de la austeridad como rodillo la sección 26 ha sufrido la reducción de la práctica totalidad de sus programas. Se nos presenta para este año un discreto aumento de los fondos que no puede considerarse una evolución positiva. Dado que
gran parte de la política de servicios sociales está en su mayor parte transferida a las Comunidades Autónomas, difícilmente podían ser recortados mucho más los programas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, salvo que se
supriman.

Si echamos la vista atrás, desde el año 2009 los programas fundamentales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han sufrido una importante descapitalización, con recortes elevados en el 231A (Plan Nacional sobre
Drogas ), con un recorte del 53,75 %, el 231F (Otros servicios sociales), recorte del 43,85 %, el 311.º (Políticas de salud y ordenación profesional), con una caída presupuestaria del 88,30 % 231G (Atención a la infancia y a la familia), con una
disminución presupuestaria del 45,87 % o el 232B (Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres), con un recorte presupuestario del 47,63 %. Esa tendencia iniciada en el año 2009 está lejos de revertirse y el actual proyecto de presupuestos
generales del estado para 2017 viene para fortalecer el resultado de dichos recortes.

El proyecto de presupuestos para 2017 no solo no responde a las necesidades de la población, como no lo hicieron los presupuestos generales del estado de
los años anteriores, sino que además las modificaciones que se han realizado con respecto a años anteriores suponen un ejercicio de cosmética contable que no da ninguna respuesta a la población que sigue soportando los recortes producidos en estos
años.

En lo que respecta a los aspectos sanitarios, se consolida y reafirma el empeoramiento del Sistema Nacional de Salud y de las políticas públicas de salud llevadas a cabo por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Los
recortes de los últimos años han llevado al Ministerio a un papel de marginalidad en la ejecución de políticas, pero poder en el papel legislativo, como dejó claro el Real Decreto 16/2012.

Este proyecto de presupuestos mantiene la asignación
presupuestaria del programa 231A, Plan Nacional Sobre Drogas, cubriendo de estabilidad presupuestaria lo que supone un importante recorte en la última década, y renunciando de esta manera a liderar políticas en el ámbito de la drogadicción que sean
innovadoras y efectivas desde un punto de vista de salud pública.

Se ha hecho un simulacro de rescate tímido el Fondo de cohesión sanitaria (bajo el nombre de Fondo de Equidad-Fondo de cohesión sanitaria) pero con una asignación tan escasa
como ofensiva. Se dota de 3,7 millones de euros, lo cual supone una bajada del 95 % respecto a 2011, cuando era de 87 millones de euros. Este importe es claramente insuficiente para cubrir las necesidades de reequilibrio territorial de las
necesidades de asistencia entre comunidades autónomas.

Más allá de estos matices concretos del presente proyecto de presupuestos para 2017 en materia sanitaria, probablemente el mayor problema sea la clara demostración de incapacidad política
para dotar al Ministerio de Sanidad de un papel de liderazgo en las competencias asignadas en el ámbito de la salud pública, la salud internacional o la política farmacéutica.

En lo relacionado con las políticas de servicios sociales, es
notable cómo la falta de equidad de las políticas públicas cobra en este apartado su máxima expresión. El programa más afectado por la falta de equidad es sin duda la atención a la dependencia, que sólo se incrementa en 100 millones € cuando
se ha recortado durante los cuatro años de gobiernos del Partido Popular 3,750 millones €. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales reconoce que este paupérrimo incremento implica dar por inviable este sistema de
atención a la dependencia, porque se tardarían más de 25 años en atender a estas personas. El Gobierno sigue demostrando que no entiende la economía de los cuidados y que no tiene un modelo social de equidad y de futuro que proyectar. Volverá a
dar la espalda a 340.000 personas que se encuentran en lista de espera y que seguirá dejando morir, como en estos últimos años en los que las personas muertas esperando una ayuda que tenían reconocida han alcanzado la cifra de 126.000. 100 millones
plantea el Gobierno, cuando solo para revertir sus recortes, necesitaremos 900 millones en el primer año. La propuesta del gobierno puede definirse sin ambigüedades como limosna a las personas dependientes y sus familias.

El resto de
programas y actuaciones de servicios sociales no reciben más que retoques. Sorprende y preocupa sobremanera el desmantelamiento progresivo del Plan Concertado de Servicios Sociales que lleva un recorte acumulado del 43 % menos desde que en 2009 se
iniciara este proceso de demolición controlada. La gravedad no solo se centra en lo presupuestado, sino en lo ejecutado, que es la inversión real final. En 2016, de 205 millones presupuestados, tan solo se ejecutaron 27. Estas cifras de
inversión, en una situación, no ya de emergencia social, sino de pobreza cronificada, de enquistamiento de la desigualdad, en la que un 20 % de la población acumula un 0,1 % de la riqueza del país, mientras que el 1 % de la población acumula el 27 %
de la riqueza son insuficientes y contribuyen por omisión al agravamiento del empobrecimiento general de la población en nuestro país.

Observamos un cambio de modelo de facto en la gestión del acceso de una vida digna. La financiación
pública se encuentra en clara debilidad frente a la privada. Esto es preocupante, porque en un país democrático los derechos subjetivos de la población deben ser gestionados por la administración pública, sin embargo, en este cambio de modelo
ejecutado desde la puerta de atrás, corremos el peligro de poner el jaque los derechos subjetivos, además de sobrecargar a nuestro Tercer Sector.

No entiende el Gobierno ni la urgencia ni la trascendencia de responder contundentemente ante
una situación de desigualdad, que, de ser revertida, será la que garantice que nuestro país sea no solo más justo, también más eficaz y eficiente. Olvida el gobierno la riqueza y yacimiento de empleo que supone seguir avanzando en la aplicación
real de la SAAD y de un sistema de cuidados que revierta ese trabajo productivo en la economía. Son los Servicios Sociales públicos un elemento básico de cohesión social, que ya de por sí es fuente de crecimiento económico, y tienen la capacidad de
canalizar el gasto social, en ahorro futuro, generando un impacto económico positivo.

Con el continuismo de la austeridad en el sistema social, el Gobierno demuestra cuál es su prioridad. Favorecer a un 1 %, a unas élites privilegiadas,
mientras que las mayorías sociales siguen aguantando el peso en sus espaldas de un sistema económico y social basado en la desigualdad.

En lo relacionado con las políticas de consumo a desarrollarse en base a la propuesta de presupuestos
presentada para el presente ejercicio, el proyecto de PGE del 2017 del Gobierno del Partido Popular «parece olvidar que los consumidores son la parte más débil del mercado y que desde los poderes públicos deben habilitarse medidas y aprobarse
regulaciones tendentes a equilibrar posiciones y no para acrecentar la desigualdad».

En el marco de la Directiva 2013/11 UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en
materia de consumo encontramos la petición desde las instituciones europeas de fomentar un sistema que apueste principalmente por la protección de los intereses económicos de los consumidores, cumpliendo de esta manera, con el objetivo pretendido
por la propia Directiva que es facilitar el acceso a los Alternative Dispute Resolution (ADR).

Es por ello que, de acuerdo a lo establecido en la propia Directiva, en un Estado en el que ya funciona un sistema de resolución alternativa de
conflictos de acuerdo a una tradición jurídica, amparado por el modelo social establecido en nuestra norma constituyente y que ha venido desarrollándose precisamente a partir de la obligación establecida en el artículo 51 de la Constitución, la
opción por la que debe dirigirse esta directiva es por la apuesta por el impulso y desarrollo del modelo existente.

Por ello señalamos que en los presupuestos de 2015 y 2016 en el apartado que alude al programa 492O Protección y promoción de
los derechos de los consumidores y usuarios concretamente el artículo 4 referido a las Transferencias Corrientes donde encontramos lo presupuestado A. para las Comunidades Autónomas (45) en materia de ayuda a la gestión de las Juntas Arbitrales
adscritas a administraciones autonómicas (451), B. para las entidades locales (46) en materia de ayuda a la gestión de las Juntas Arbitrales adscritas a administraciones locales, C. para las ayudas y subvenciones para la formación de postgraduados
especialistas en consumo, mediante la colaboración en la actividad del Consejo de consumidores (483) y D. para las ayudas para la formación de postgraduados especialistas en consumo mediante colaboración en actividad del CICC (484); nos encontramos
con cantidades insuficientes que aborden las reclamaciones de diferentes entidades y asociaciones de defensa de los consumidores.

Estas cifras no apuestan por la necesaria tarea de reforzar y consolidar un sistema arbitral de consumo que
fomente la institucionalización de un sistema público, que con la colaboración del sector empresarial y de los consumidores en un plano de igualdad, sea garante de objetividad, imparcialidad e independencia, asumiendo el carácter gratuito para el
consumidor.

Es por ello que apoyándonos en lo establecido en nuestro país en el ámbito de la protección de los consumidores y en desarrollo del mandato constitucional del artículo 51, y lo reflejado en nuestra Ley 26/1984, de 19 de Julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, concretándose finalmente en el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, presentamos una enmienda para pedir el incremento del presupuesto en los puntos referidos en los párrafos anteriores, con el
objetivo de impulsar un sistema público de resolución extrajudicial de conflicto, acabando de esta manera con su depreciación y el paulatino acaparamiento que está sufriendo este sistema por parte del sector privado, conllevando un claro perjuicio
para los consumidores.

Por último, y con especial énfasis y centralidad dentro de nuestro discurso sobre esta propuesta de presupuestos, nos hemos de referir a los gastos programados para políticas en el ámbito de la igualdad. El proyecto de
PGE 2017 del Gobierno del Partido Popular demuestra el poco interés del gobierno en erradicar la violencia machista en todas sus formas y en fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres a que obliga la Ley 3/2007, como
emanación del principio constitucional de igualdad y como forma de lucha contra una desigualdad que es la raíz estructural de la violencia machista.

Actualmente, se está celebrando en el Senado una Ponencia de Estudio en materia de violencia
de género, y una Subcomisión en el Congreso de los Diputados, con objeto de firmar un Pacto de Estado para el que no se destina una partida específica en estos PGE.

Si bien existe un aumento en la partida de prevención de la violencia de
género, motivada por la presión social y enmendada en el Congreso de los Diputados por la presión política, este aumento solo viene a reparar una parte de los recortes que el propio Gobierno había implementado, quedando muy lejos de lo requerido y
siendo impensable que se pueda abordar, con estos números, ni un Pacto de Estado que enfrente verdaderamente el problema, ni el desarrollo del Convenio de Estambul al que está obligada España.

Por otro lado, la financiación destinada a
entidades locales y a la prevención y protección de proximidad resulta irrisoria. Y al mismo tiempo, las personas expertas, incluídas integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y representantes del ámbito judicial que han
comparecido en la Ponencia, han subrayado la falta de recursos actual para llevar a efecto plenamente la vigente Ley 1/2004: estos PGE no permiten cambiar eso, ni por lo tanto asumir los cambios que han de caber en el futuro compromiso del Pacto de
Estado.

Yendo a la inversión en igualdad de oportunidades, vemos que se mantiene como en los anteriores presupuestos, es decir, en números de crisis, pues en 2009 se invertía en esta materia casi 38 millones de euros y para 2017 hay
presupuestados 19. Sin políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos (laboral, educativo; en el ámbito rural, en la investigación universitaria), la lucha contra la violencia machista no es suficiente. Porque las
políticas públicas de igualdad, de forma general (pensamos por ejemplo en la importancia de la igualación de permisos de maternidad y paternidad para favorecer la igualdad en el ámbito de la empleo) son la base en la que reposa el cambio a una
sociedad más justa.

Es destacable también la ausencia de medidas específicas enfocadas a la diversidad sexual y de género, ya que sólo se incluye un trabajo de investigación sobre la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito del
empleo. Ante el alarmante aumento de la LGTBIfobia que según los colectivos se ha producido en 2016 no encontramos ninguna financiación específica destinada a la lucha contra un tipo de discriminación estructural que comparte origen con el sexismo.
Son necesarias campañas de sensibilización y formación, así como medidas que aborden la discriminación por razón de orientación sexual e identidad y expresión de género. Por otro lado, estos presupuestos tampoco contemplan la realidad de uno de los
colectivos más discriminados y precarizados de nuestra sociedad, las personas transexuales y transgénero, a quienes deben dirigirse planes de integración e inserción laboral específicos.

El Partido Popular demuestra en estos PGE que la
situación de desigualdad en este país le importa poco y que no está dispuesto a abordar de raíz un cambio democrático que erradique todas las formas de violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, así como de las personas LGTBI+, avanzando
hacia una sociedad verdaderamente justa y democrática.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la sección 26 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, dado que es claramente insuficiente para cumplir los
objetivos asignados al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ministerio que cuenta con un papel nuclear en la atención a las personas más desfavorecidas de la sociedad y con un papel que debería ser central en la eliminación de las
desigualdades sociales y el establecimiento de políticas feministas que lograran acabar con las inequidades de género; consideramos que se ha de plantear un presupuesto para esta sección que ayude a generar un nuevo marco cultural y político para
el desarrollo de unas políticas sanitarias, sociales, de consumo y de igualdad que persigan la justicia social a partir de unas políticas públicas equitativas y efectivas.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 56

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

La falta de apuesta del Gobierno por la política industrial, científica y comercial queda clara en el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado para 2017. La dotación de los programas incluidos en la Sección 27 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha sufrido un recorte de más de un 5 % en comparación con lo presupuestado
para el año 2016. Este recorte se suma al ajuste emprendido en las partidas de la sección durante los ejercicios anteriores. Además, el grado de ejecución a 31 de diciembre de 2016 de los presupuestos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
se situó en un 75 %, mientras que el del Ministerio de Economía y Competitividad apenas llegó al 50 %, dos de los porcentajes más bajos del conjunto de secciones de los PGE.

Las políticas emprendidas por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad resultan de crucial importancia para promover la tan necesaria transformación del modelo productivo de nuestra economía hacia una especialización productiva de creciente valor añadido y sostenible medioambientalmente. Sólo de esta
manera se puede asegurar una mejora de la productividad, sobre la que se sostenga ganancias estructurales de competitividad externa que vayan de la mano de una mejora tanto de las condiciones laborales, como del balance ecológico de nuestra
economía. Para ello sería necesario poner en marcha ambiciosas políticas productivas y de innovación que hagan posible esa escalada de nuestro apartado productivo en la cadena global de valor.

No obstante, la política del Gobierno se
encuentra muy lejos de esta estrategia, como lo demuestran los presupuestos propuestos para esta sección. En vez de emprender esas políticas, el Gobierno ha apostado por la austeridad fiscal y la devaluación salarial como medios para tratar de
impulsar el desarrollo productivo y mejorar la competitividad. Sin embargo, ninguna de las dos estrategias ha alcanzado resultados. Por un lado, a pesar de la caída de los tipos de interés, la formación bruta de capital fijo continúa en un nivel
un 30 % más bajo que antes de la crisis. Por el otro, las reformas laborales emprendidas durante los últimos años no han podido evitar que la cuota exportadora de la economía española, el principal indicador de competitividad externa, haya caído
también (1,81 % en 2007 vs. 1,71 % en 2015).

En conjunto, el índice de producción industrial es un 25 % inferior que antes de la crisis. Mientras tanto, el gasto en I+D sobre el PIB no parado de bajar (1,27 % en 2007 vs. 1,22 % en 2015). A
pesar de ello, el Gobierno ha renunciado a las políticas industrial, científica y comercial como herramienta de transformación productiva.

En primer lugar, la dotación presupuestaria para políticas industriales por parte del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad pone, de nuevo, en evidencia que el Gobierno renuncia a dotar a España de un modelo industrial que, desde el respeto al medio ambiente, permita contribuir a una salida social y justa de la crisis.

De
hecho, no existe en su organigrama, ya no un Ministerio de Industria, sino ni siquiera una Secretaría de Estado. En la actualidad, la única responsabilidad pública es generar un contexto macroeconómico propicio para el desarrollo de negocios. Así,
el valor añadido bruto de la industria representa en la actualidad el 16 % del PIB, muy lejos todavía del objetivo marcado por la Unión Europea para el año 2020, cuando la industria debe representar el 20 % del PIB.

Es imprescindible ponernos
a la altura de los países de nuestro entorno en materia de desarrollo de actividades de valor añadido, con una estrategia adicional que refuerce y amplíe su base industrial, además de canalizar todos los esfuerzos dirigidos hacia la llamada cuarta
revolución industrial. Aunque en la Memoria de objetivos de la sección el Gobierno expone que la industria 4.0 constituye un eje transversal al resto de actuaciones de política industrial, no se destinan partidas presupuestarias para impulsar el
I+D+i en nuestras empresas, que propicien el desarrollo de los procesos de digitalización en las mismas.

El Gobierno insiste en que el objetivo de su política industria es conseguir el equilibrio de las cuentas públicas, donde los principales
programas de actuación estarán marcados por la austeridad presupuestaria. Sin embargo, las cifras son claras cuando dejan sentado que la política de industria y energía contará en 2017 con 5.445 millones de euros, de los cuales sólo se destinará a
industria el 29 %, o sea, tan sólo 1.549 millones de euros.

Por otro lado, el Gobierno pretende desarrollar un programa de apoyo a la inversión industrial, programas tecnológico-industriales de apoyo a la innovación industrial civil y
militar, ofrecer ayudas al sector de la construcción naval y apoyar el área de la pequeña y mediana empresa. Pese a ello, el presupuesto para estos programas es escaso, a pesar de las intenciones plasmadas en la memoria de objetivos.

Además,
vuelve a insistir el Gobierno, con párrafos copiados literalmente de ejercicios presupuestarios anteriores, que la política de reindustrialización que desarrollará para el 2017 prestará especial atención a aquellas zonas en las cuales se han
producido históricamente casos de reestructuración, cierre y deslocalización empresarial, y en las cuales, aún se dejan sentir los efectos de tales procesos, como son Ferrol, Campo de Gibraltar o la Bahía de Cádiz. Sin embargo, no existen proyectos
concretos, ni partidas presupuestarias en la Ley de PGE 2017 con esta finalidad, y el Gobierno sigue sin adoptar medidas específicas para la reindustrialización del país, y sin aclarar cuál va a ser la planificación estratégica de los sectores
industriales de nuestro país.

En segundo lugar, los programas de los PGE de 2017 destinados a investigación y desarrollo se incrementan en un 1 % (65 millones €) respecto a 2016. No obstante, este incremento supone la reducción en
un 2,6 % del gasto real y un aumento del 3,6 % del capítulo 8 (activos financieros). Se acumula un recorte de 24 % desde 2011, y a pesar de que se habla de recuperación, el crecimiento del gasto en I+D está siendo inferior al del PIB. En concreto,
el presupuesto del programa de Investigación científica cae un 2 % y algunos concretos como Investigación y desarrollo tecnológico-industrial de hasta un 65 %.

El incremento de los activos financieros no da respuesta a las necesidades
urgentes y reales, ya que son los capítulos de gasto real los que financian el I+D+i público. El presupuesto de los organismos públicos de investigación (OPI) desciende 43 millones y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
sufre un recorte del 26 % adicional. Si a esto le unimos la baja ejecución de las partidas de préstamos nos encontramos con unos presupuestos que nos aleja del 2 % del PIB en inversión de I+D+i y convierte en estructurales los recortes de los
últimos años. Esto supone una consolidación del debilitamiento de nuestro sistema de ciencia, justo en un momento en el que España debe afrontar un cambio de modelo productivo hacia sectores de mayor valor añadido y hacer frente a retos como la
transición energética, la lucha contra el cambio climático o la digitalización de la economía.

A los ajustes en industria e I+D+i, se unen, en tercer y último lugar, los significativos recortes que se han producido en los presupuestos de los
programas de Apoyo a la pequeña y mediana empresa (15 %) y de Promoción comercial e internacionalización de la empresa (14 %).

En conjunto, podemos afirmar que la carencia de unas políticas industrial, científica y comercial dignas de tal
nombre se ha convertido en un elemento estructural de los PGE. El presupuesto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad supone un obstáculo para la promoción de la transformación del modelo productivo que tanto necesita nuestra
economía. Aunque, en realidad, no sólo se trata de una falta medios, sino de una absoluta falta de ideas para transformar nuestro modelo productivo. De hecho, l Gobierno parece seguir apostando por una vuelta al modelo de crecimiento anterior a la
crisis basado en el ladrillo y en las ramas industriales de medio-bajo valor añadido.

Para poder emprender esa necesaria transformación productiva serían necesarias tres medidas urgentes: un Pacto de Estado por la Industria, que, entre otras
cuestiones, promueva el desarrollo de clústeres, permitiendo comenzar a revertir el proceso de desindustrialización de nuestra economía; un Plan de Rescate de la Ciencia, que impulse las actividades de I+D, fomentando la innovación; y una mejora
del sistema de financiación pública del aparato productivo, que fortalezca, entre otras empresas, a PYMES y a aquellas de la economía social.

Todo eso sólo será posible, en primer lugar, con la modificación de las medidas transversales que
marcaron la X Legislatura y que están teniendo un fuerte impacto negativo sobre nuestro aparato productivo, como son la reforma del mercado laboral, la reforma del sector energético, la reforma del sector financiero, o la ley de estabilidad
presupuestaria, entre otras; y, en segundo lugar, con una mejora sustancial y una reorientación de las prioridades del presupuesto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la
sección 27 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 57

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.

Como viene ocurriendo los últimos años y tras la Ley 23/2013 que supuso la
desaparición de la revalorización automática de las pensiones estas se han incrementado solo en un 0,25 % anualmente. En el 2016 ello no supuso una pérdida nominal del poder adquisitivo de las pensiones, que si el real, dado el sistema de copago
farmacéutico y que los bienes, entre ellos la alimentación a los que los pensionistas dedican una mayor parte de sus ingresos son los que han sufrido un mayor incremento de precios. En el 2017 todo apunta a que de nuevo los pensionistas van a
perder poder adquisitivo, ya que los PGE 2017 contemplan una subida del 0,25 % en un contexto de inflación prevista de más 2.2 %.Una situación que no cuadra con las reiteradas afirmaciones de recuperación del Gobierno y con las promesas de
resarcimiento de aquellos colectivos que han sufrido los ajustes de las políticas del Gobierno Rajoy.

No está de más recordar que la pensión más frecuente en España según el INSS es la de aquellos que cobran entre 600 y 645 € al mes y
la subida del 0,25 % les supondrá en términos nominales algo más de 1,5 € al mes. Garantizar un sistema de pensiones de calidad, que asegure a las y los pensionistas una renta digna y suficiente es una prioridad de nuestra política
económica. Esto pasa, en primer lugar, por modificar el actual modelo de crecimiento basado en empleos precarios y mal pagados.

Por otra parte y en lo que concierne a los ingresos de la Seguridad Social el gobierno ha hecho una ilusoria
previsión de ingresos que no atiende lo más mínimo a la raíz del problema, el mercado de trabajo. Un mercado laboral totalmente precarizado que supone que pese a la existencia de nuevos cotizantes a la Seguridad Social, sus cotizaciones sean tan
ínfimas que los ingresos a la Seguridad Social prácticamente no crezcan. En base a los últimos datos anuales que ofrece el Ministerio, el número de cotizantes ha aumentado un 3,5 % mientras que los ingresos sólo un 2,6 %. Como resultado, el
déficit continuo que presenta la Seguridad Social ha acabado por mermar el Fondo de Reserva que cerró 2016 con unos 15.020 millones lo que supone una descapitalización desde 2012 de más de 43.000 millones de euros.

Asimismo, el conjunto de
empleadas y empleados públicos han sufrido en los últimos años una fuerte devaluación salarial. La recuperación económica precisa que también se recuperen y expandan las rentas salariales. Estos presupuestos no garantizan el poder adquisitivo de
este colectivo —al menos teniendo en cuenta el incremento del 2,2 % esperado para la subida de la inflación— ni revierten los recortes y la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años.

En definitiva la acción del gobierno
ha supuesto descapitalización del fondo de reserva, la precarización del mercado laboral que se traduce en peores cotizaciones lo que erosiona los ingresos de la Seguridad Social y una revalorización de las pensiones mínima que no recupera el poder
adquisitivo perdido y que amenaza con mayores pérdidas ante los previstos repuntes de la inflación. Tampoco ha tenido en cuenta la recuperación del poder adquisitivo de los y las empleadas públicas. Evidentemente, estos presupuestos no revierten
la difícil situación por la que pasa nuestro sistema de seguridad social, sino más bien profundizan el problema que venimos arrastrando en los últimos años.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la sección 60 del Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 60

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 01. Casa de S.M. el Rey.

JUSTIFICACIÓN

Desde Esquerra Republicana se considera incomprensible que el Jefe del Estado cobre 21.421 euros al día (casi 8 millones
de euros al año), lo que significa que en 5 días cobra más que el Presidente del Gobierno en todo el año. Esta cifra indica que no cobra como Jefe de Estado, sino que cobra como Rey, es decir, que es beneficiario de unos privilegios históricos
incompatibles con la democracia.

Además, y por si esto fuera poco, es indignante que el sueldo del Jefe del Estado se incremente este año en 43.850 euros (es decir, se incrementa el sueldo más de 4 veces el Salario Mínimo anual).

PROPUESTA DE VETO NÚM. 61

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente
impugnación de la Sección 04. Tribunal Constitucional.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado 2017 relativos al Tribunal Constitucional refuerzan la instrumentalización política del mismo. En un momento en el que las
reformas del Gobierno han reducido el trabajo del Tribunal dejando la admisión de los recursos de amparo al arbitrio absoluto de los Magistrados, inadmitiéndose el 99 % de los recursos presentados, el Gobierno decide incrementar el presupuesto del
Tribunal con el objetivo de reforzar la represión política y judicial del proceso independentista en Catalunya. Si para el Gobierno ya se ha vuelto natural exigir la convocatoria de plenos extraordinarios del Tribunal Constitucional para admitir
los recursos contra actuaciones de Catalunya y suspender las Leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya, así como nombrar Magistrados políticos, ahora el Gobierno quiere premiar y fomentar aún más estas conductas otorgando al Tribunal un
presupuesto todavía mayor.

Incrementar el presupuesto de una institución politizada y al servicio del Gobierno español como el Tribunal Constitucional, es acelerar el deterioro de su legitimidad y de su independencia. Urgen, desde hace años,
reformas para blindar al Tribunal Constitucional de los poderes políticos estatales. Pero estamos en un punto de no retorno en el que el Gobierno solo quiere afinar su control.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana presenta enmienda a la totalidad de la Sección 4, Tribunal Constitucional, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, solicitando su devolución al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 62

Del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 06. Deuda
Pública.

JUSTIFICACIÓN

La sección presupuestaria 06. Deuda Pública incluye en un solo volumen una deuda que se ha reducido levemente por la caída de intereses, pero que supera el billón de € y que supera a fecha de hoy el 100 %
del PIB.

Aunque, según el Gobierno, el endeudamiento conjunto de las administraciones públicas será del 99 % del PIB a cierre de 2017, si se cumplen las previsiones incorporadas en los PGE 2017, se producirá un leve descenso, el segundo año
de descenso de la deuda pública después de siete años de aumento por la crisis económica. En este periodo, la deuda ha pasado del 35,6 % del PIB en 2008 hasta el máximo del 101,2 % en el primer trimestre de 2016.

Una deuda que incluye la
deuda producida por el rescate bancario, de cerca de 90.00 millones de €, la deuda del sector eléctrico, de más de 30.000 millones de €, la deuda producida por la construcción del AVE, de más de 24.000 millones de €, o la deuda
militar producida por la compra de armamento obsoleto, que supera los 30.000 millones de €.

Un conjunto de deudas que el Estado no ha permitido en ningún momento que sea auditada públicamente, por autoridades independientes, para poder
conocer el detalle de la misma.

Además, por suerte, y gracias a las balsámica intervenciones del Banco Central Europeo, el tipo medio que paga España por la deuda ha caído en picado en los últimos años. Como consecuencia, el Estado se
gastará 32.171 millones de euros en intereses, un 3,9 % menos y lejos de los casi 37.000 millones que destinó a esta partida en 2014. Pero, eso sí, la cifra más que duplica los 16.000 millones que España pagaba en intereses al inicio de la crisis,
en 2008.

Por estos motivos el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad a la Sección presupuestaria de Deuda Pública.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 63

Del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.

JUSTIFICACIÓN

El leve incremento que contempla el Proyecto de presupuestos en materia de política exterior y de cooperación al desarrollo no es más que un espejismo, ya que el aumento reside principalmente en la dotación
de las cuotas para la participación en organismos Internacionales, en concreto en las Contribuciones Obligatorias, incluidas las obligaciones de los ejercicios anteriores (34.000.000 € más).

Referente al programa de «Cooperación para
el desarrollo», el gobierno del estado español sigue apostando por los recortes, 5.144.710 € menos que en el ejercicio anterior.

La cantidad destinada a la AECID, la principal ejecutora de la AOD, es irrisoria, y más en el contexto de
necesidades mundiales que estamos asistiendo: más de 20 millones de personas en riesgo de hambrunas y más de 65 millones de personas desplazadas en el mundo huyendo de la pobreza y los conflictos.

En lugar de adoptar compromisos firmes y
concretos para construir una verdadera política de cooperación que ponga a las personas más vulnerables en el centro, el Ejecutivo opta por incrementar significativamente partidas como las de las secciones de Defensa o de la Casa Real.

Con
esto, se pone en evidencia una vez más, la falta de voluntad y sensibilidad política por parte del Gobierno al establecer sus prioridades para el gasto, así como, la marginalidad que se le da a la cooperación al desarrollo mostrando el continuo
desinterés y/o incapacidad a nivel político para hacer realidad, con recursos e iniciativas, una verdadera política de cooperación.

Por otra parte, aumenta la dotación en cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior para 2017,
que gestiona en su mayor parte el Instituto Cervantes,

Esto demuestra el trato de favor que concede el Gobierno español en impulsar a toda costa una institución que fomenta principal y mayoritariamente el impulso de la cultura de la lengua
castellana sin respetar en lo más mínimo el carácter plurinacional del Estado español.

Es un claro ejemplo del rumbo que escoge el Gobierno en su acción en el exterior, pone todos sus esfuerzos y recursos en intentar mejorar y reforzar la
imagen del Estado español en el mundo mediante la Marca España, en lugar de hacerlo por la promoción de los derechos humanos, de la ayuda humanitaria, del fomento de la paz...

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
presenta la enmienda a la totalidad a la Sección 12 del Proyecto de PGE 2017. No compartimos las prioridades ni los objetivos políticos que se proponen, así como consideramos insuficientes, una vez más, los recursos destinados a la Cooperación al
desarrollo.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 64

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula
la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado 2017 relativos al Ministerio de Justicia demuestran que los compromisos del gobierno no van acompañados de las
partidas presupuestarias necesarias para su consecución. Especialmente preocupante es la planificación presupuestaria y política para los objetivos relacionados con la agilización de la justicia, para disminuir la litigiosidad, para proporcionar un
eficiente servicio de asistencia jurídica gratuita, para erradicar la violencia de género y para luchar contra la corrupción. Asimismo, es manifiesta la falta de lealtad para con las Comunidades Autónomas y, especialmente, con las competencias en
administración de justicia de la Generalitat de Catalunya.

En primer lugar, el Gobierno deja claro en el Proyecto que su intención es reformar la ley de enjuiciamiento criminal para otorgar la instrucción de los procedimientos judiciales
penales al Ministerio Fiscal. Se supone que de esta manera se agilizarán los procedimientos judiciales y serán más eficaces. Pero lo que parece pretender realmente el Gobierno con estas reformas es agilizar los procedimientos judiciales a costa de
otorgar la instrucción al mismo organismo que acusa; un organismo jerarquizado; un organismo que depende del Ministerio de Justicia; es decir, pretende agilizar el funcionamiento de la justicia a costa del derecho de los ciudadanos a un proceso
con todas las garantías. Que este Gobierno prometa que «se dotará al Ministerio Fiscal de un nuevo estatuto [...] que refuerce su autonomía en el desempeño de sus funciones», cuando este mismo Gobierno da instrucciones directas a la Fiscalía para
que investigue o no a determinadas personas es, si más no, irónico. Si este Gobierno ya dirige las acusaciones, ¿pretende además dirigir la obtención de pruebas? La Fiscalía necesita recursos para llevar a cabo sus funciones, pero también necesita
que estas funciones no sean ejercidas por el Ministerio de Justicia.

En segundo lugar, pretende el Gobierno, según consta en el Proyecto, evitar la litigiosidad y fomentar los métodos alternativos de resolución de conflicto, sin prever para
ello una consecuente partida presupuestaria que permita mejorar tanto la formación de conciliadores, mediadores y árbitros como fomentar el uso de estos mecanismos por parte de abogados y ciudadanos. Es patológica la infrafinanciación en este
ámbito, que no permite convertirlo en una alternativa real a la jurisdicción y que impide que nuestra justicia busque la restauración más que no la contradicción judicial. En consecuencia, si el Gobierno prevé realmente avanzar, por fin, en ese
sentido, es necesario que se prevean partidas concretas para ello.

En tercer lugar, el Presupuesto de ingresos del Proyecto incluye una dotación de 134 millones de euros correspondientes a la recaudación de las tasas judiciales pero no se
dota a ninguna partida concreta para la repartición de estas tasas. Si estas tasas debían servir para la financiación del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, ¿cómo es que para éste solo se prevé un presupuesto de solo 33,89 millones de euros
para el mismo? Debe imponerse un sistema gratuito eficaz y ágil que garantice el derecho de cualquier ciudadano a ser asistido y representado ante cualquier Tribunal.

En cuarto lugar, se dice en el Proyecto que «mejorar nuestra sociedad
desde la ley es ensanchar, ampliar y mejorar la legislación en materia de protección de colectivos vulnerables, siendo una prioridad absoluta perfeccionar nuestro modelo de lucha contra la violencia de género». Lo que esconde el Gobierno con esta
frase es que no solo hay que perfeccionar el modelo de lucha contra la violencia machista, sino que es necesario poner tantos recursos como sea necesario para hacerlo efectivo, con partidas concretas dirigidas a la prevención, a la atención
inmediata, a la actuación inmediata y a la protección eficaz de las víctimas de violencia machista. El modelo judicial y policial actual no da respuesta a la realidad que viven las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia machista, y es
necesario que la dé de una vez por todas.

En quinto lugar, en relación con la corrupción, se llega a decir lo siguiente: «en cuanto a la lucha contra la corrupción, a pesar de las reformas legislativas adoptadas en esta materia, se seguirá
actuando para que deje de ser un problema real». ¿Es consciente el Gobierno de que el objetivo debería ser acabar con la corrupción y no con su percepción como problema por parte de la ciudadanía? ¿Pretende el Gobierno incrementar el presupuesto y
los medios de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada? Y, en su caso, ¿pretende también su independencia?

A todo esto, es necesario sumar el hecho de que el Proyecto no prevé partidas concretas para la transferencia a
la Generalitat de Catalunya de la parte proporcional de la recaudación de las tasas judiciales, de las consignaciones judiciales y de las multas y sanciones, correspondiéndole el 14,77 % de la misma teniendo en cuenta el porcentaje de asuntos
judiciales ingresados en Catalunya sobre el total estatal. Además, debería autorizarse una convocatoria de servicios penitenciarios de rehabilitación en Catalunya debido a los altos niveles de interinos del personal de servicios penitenciarios de
rehabilitación (con porcentajes cercanos al 70 %). Tampoco se identifica el presupuesto de la Escuela Judicial, situada en Barcelona, dentro de los presupuestos del Consejo General del Poder Judicial. Así como debería incrementarse el uso del
catalán entre los profesionales de la judicatura a través de la financiación de cursos para los interesados. Y, finalmente, debería otorgarse a la Generalitat de Catalunya la parte proporcional que le corresponde de los fondos europeos de formación
profesional y políticas activas de ocupación que recibe el ente autónomo «Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo» y la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana presenta enmienda a la totalidad de la Sección 13, Ministerio de Justicia, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, solicitando su devolución al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 65

Del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de
Defensa.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos de Defensa se incrementan en más del 30 %, cuando el gasto social no se incrementa ni un 2 %, manteniendo así los recortes sociales de los últimos años.

La inversión en Programas de
Modernización de las Fuerzas Armadas podrían y deberían servir para garantizar el derecho a la Ley de Dependencia de todas las personas que lo necesitan.

Es por ello, y sin ni siquiera entrar en el detalle de un gasto tan exagerado como en
buena parte superfluo, que se reclama la Devolución del Ministerio de Defensa de los Presupuestos Generales del Estado.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 66

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

JUSTIFICACIÓN

La sección
presupuestaria 15. Ministerio de Hacienda y Función Pública, formada por las Secretarías de Estado de Hacienda, Presupuestos y Gastos y Función Pública, es la responsable principal de la elaboración de los PGE 2017, además de la definición de las
políticas que los Presupuestos desgranan, tanto desde el punto de vista fiscal como de la función pública, y por tanto el nivel de impuestos que los ciudadanos pagan y el nivel de los servicios que estos reciben del Estado.

Los PGE del 2017
consolidan un modelo de estado caracterizado por un nivel de impuestos cotizado principalmente por las rentas del trabajo y no las del capital, especialmente por las clases medias y bajas, y en las que el esfuerzo fiscal del mundo económico está
enfocado a perseguir a las pequeñas y medianas empresas y autónomos, y en el que las grandes empresas pagan un tipo efectivo muy menor.

Además, los PGE 2017 están elaborados falseando el nivel de ingresos, tal y como ha señalado la AIReF, y
no visualiza un esfuerzo específico en la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal. En este ejercicio, y como ya viene siendo costumbre en los años de Gobierno del Partido Popular, Hacienda ha hecho varios lavados a las cuentas
públicas para disimular lo que es en realidad un año más de recortes. Para empezar, el techo de gasto es menor que en 2016, obligados por Bruselas por los reiterados incumplimientos del Gobierno español. Y, como siempre, repartidos de forma
arbitraria entre las diversas administraciones, quedándose la mayor capacidad de generar déficit para el Estado, en lugar de las administraciones que llevan a cabo el gasto social en Educación, Sanidad, Dependencia, etc.

Y, en lo referente al
gasto, lo cierto es que son unas cuentas públicas de ajustarse el cinturón. De hecho, el esfuerzo en gasto público será el menor en un lustro, suponiendo sólo un 41,3 % del PIB, cunado en 2016 fue del 42,1 %. Buena parte del esfuerzo en gasto
público se lo comerá la inflación, que el consenso sitúa este año por encima del 2 %.

Un examen con detalle a las políticas de gasto muestra que casi todas las partidas experimentan recortes o subidas inferiores al crecimiento nominal de la
economía. Una estrategia que le permite al Ejecutivo reducir el peso de los gastos sobre el total del PIB.

El Gobierno, además, mantiene buena parte de los ajustes aprobados el año pasado cuando avanzó el cierre de los ministerios en
septiembre y aprobó un acuerdo de no disponibilidad de gasto en julio que impedía gastar en 2016 el que no estaba comprometido a esa fecha. Esto se manifiesta sobre todo en el capítulo de servicios de carácter general que se reduce un 27,2 % hasta
los 24.742 millones de euros, casi unos 9.000 millones menos. La mayor parte de las prestaciones sociales se mantienen pero pierden peso respecto al crecimiento nominal, es decir, del PIB más la inflación, ya que este crecerá un 4,1 por ciento.
Las pensiones sólo subirán un 0,25 por ciento.

Asimismo, las administraciones locales son las únicas que cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria del Estado español. Pese a ello, se encuentran sujetas a un régimen que limita
severamente la posibilidad de disponer del superávit que generan en virtud de una gestión presupuestaria responsable. Los entes locales sólo pueden reinvertir su superávit en actuaciones incluidas dentro del concepto «inversión financieramente
sostenible» y, además, se ven obligadas a generar nuevos ingresos por la misma cuantía de la inversión. El hecho que los entes locales se vean privados de la posibilidad de destinar el superávit generado a las finalidades que consideren más
importantes es un agravio que va en detrimento de la dotación de servicios y equipamientos a la ciudadanía de forma injustificada, dado el cumplimento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Por estos motivos el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad a la Sección presupuestaria de Hacienda y Función Pública.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 67

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

JUSTIFICACIÓN

Rechazamos unos Presupuestos del Ministerio del Interior que destina más de 6 millones de euros en gastos reservados sobre los que no hay un control efectivo en un contexto de utilización de fondos reservados para usos ilegítimos.

Asimismo también rechazamos unos Presupuestos en que gastan el doble en gastos y atenciones protocolarias y representativas y actos institucionales (669.410 euros) que en contribuciones a ACNUR (270.000 euros). Y ello sin tener presente que
mientras gastan esos más de 600.000 euros en gastos superfluos sólo gastan 10.000 euros en atención a la inmigración (partida que recortan en 2/3 partes, por cierto).

Por todo ello presentamos la siguiente enmienda de devolución de la
Sección 16.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 68

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula
la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

JUSTIFICACIÓN

La sección presupuestaria de Fomento supone el paradigma de las inversiones orientadas a fomentar y perpetuar la estructura radial y centralista del
Estado español, además de que significan un desconocimiento absoluto de lo que es la realidad de Catalunya y de las necesidades de su sociedad.

Se trata de un presupuesto de parches y de patada adelante por lo que respecta a las inversiones
que necesitan efectuarse en Catalunya. Sin embargo, frente a esas necesidades, el Estado prefiere invertir en el Corredor Mediterráneo con parada en Madrid, frente a su recorrido natural paralelo al litoral Mediterráneo o a la inversión en Alta
Velocidad deficitaria mientras el servicio de Rodalies de Catalunya sigue siendo olvidado y ninguneado.

Además, el Congreso en la XI Legislatura ha aprobado en comisión Propocisiones No de Ley con el objetivo de reducir la siniestralidad de
estas carreteras instando al Gobierno a disponer en los Presupuestos de una partida concreta para la mejora integral de la seguridad vial en la N-260 y la liberación de la AP-7 en el tramo Vinarós-l’Hospitalet de l’Infant. Sin embargo,
el Proyecto que ha remitido el Gobierno al Congreso, ha decidido obviar este mandato parlamentario.

El Proyecto de PGE 2017 en su sección de Fomento es, desde el punto de vista de Esquerra Republicana, insuficiente a la hora de abordar y
tratar de dar solución a las necesidades de la sociedad catalana por lo que respecta a las políticas de infraestructuras. Por este motivo se presenta la enmienda a la totalidad a la Sección de Fomento.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 69

Del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

JUSTIFICACIÓN

La sección presupuestaria de Educación, Cultura y Deporte supone la arquitectura presupuestaria y económica para sostener un sistema educativo que seguirá subyugado a la aberración
legislativa que supone la LOMCE y que seguirá siendo aplicada por un gobierno más obsesionado en la homogeneidad del sistema educativo —y la españolización de los niños catalanes— bajo una falsa bandera de la igualdad que en la calidad
del sistema educativo.

Estos PGE obvian que una de las principales carencias del sistema educativo es una buena financiación y que, en consecuencia, es necesaria una adecuada transferencia de recursos económicos a las autonomías, el aumento a
la financiación del primer ciclo de educación infantil o en el caso catalán, el traspaso de las becas y los recursos a la Generalitat en cumplimiento de reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional.

Asimismo, el Proyecto de presupuestos
es incapaz de reconocer la incorporación del cine entre las actividades culturales acogidas a la reducción de los tipos impositivos del IVA, como el teatro, la música o los museos. Y, en cambio, permisivo y tolerante con la reducción del IVA para
los espectáculos taurinos.

Por estos motivos el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad a la Sección presupuestaria de Educación, Cultura y Deporte.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 70

Del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado 2017 relativos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social exigen a los ciudadanos un acto de fe en relación la previsión del Gobierno vinculada a la
recuperación del empleo y la disminución de desempleados, según la cual el presupuesto de esta Sección se puede reducir sin discusión dado que no habrá que hacer frente a tantas prestaciones por desempleo. Pero, además, estos presupuestos exigen
que nadie se cuestione porque no se dedica parte de ese supuesto excedente a otros colectivos, colectivos en riesgo de exclusión social por culpa de la crisis y de las políticas llevadas a cabo por anteriores gobiernos del Partido Popular. Pese a
todo el dinero que supuestamente ya no hay que dedicar a los desempleados (más de 2.500.000.000 euros) sólo se incrementa la partida de pensiones no contributivas y para protección familiar en 42 millones; sólo se incrementa un 5,5 % el presupuesto
para fomentar el empleo; y sólo se incrementan las pensiones un 0,5 %, lo que supone una pérdida. Pero además se reduce el presupuesto para los subsidios por discapacidad en un 13,9 %.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana presenta enmienda a la totalidad de la Sección 19, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, solicitando su devolución al Gobierno.

PROPUESTA DE
VETO NÚM. 71

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la
Sección 20. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

JUSTIFICACIÓN

La sección presupuestaria 20, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital comprende las actividades desarrolladas por la Secretaría de Estado de Energía,
la Secretaria de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital y la Secretaria de Estado de Turismo.

Y los PGE del 2017 consolidan claramente el modelo económico desarrollado por el Partido Popular, en contra de la economía
productiva y en favor de las grandes corporaciones, especialmente del oligopolio del sector eléctrico, y además ratifican un modelo energético que mantiene uno de los costes eléctricos más elevados para las pymes en toda la UE, no permite la
transición a un nuevo modelo energético y evita así la creación de miles de puestos de trabajo ligados a las energías renovables.

Estos PGE 2017, además, consolidan un modelo energético basado en las energías fósiles y no facilitan la
transición energética hasta el horizonte de la descarbonización. En lugar de invertir en potenciar positivamente las energías renovables, mantienen partidas derivadas del porcentaje del ingreso estimado para subastas de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero, o aportaciones para la financiación del 50 % de los costes adicionales de producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares.

De hecho, las partidas más importantes corresponden a 3.896 millones de euros
corresponden a partidas destinadas a pagar la deuda eléctrica, destinada íntegramente al oligopolio eléctrico, en lugar de potenciar un sistema eléctrico competitivo, basado en energías renovables, que permitiera la creación de múltiples puestos de
trabajo.

Además, se reducen las partidas destinadas a la reconversión y reindustrialización de las zonas mineras, en lugar de llevar a cabo planes para poder llevar a cabo las transformaciones que permitan la eliminación de la producción de
carbón, la transición para el cierre de las plantas nucleares y la reconversión de industria militar a civil en las zonas con empresas armamentísticas.

Al mismo tiempo, se reducen las partidas ligadas a la protección de la propiedad
industrial, en momentos en los que sería importante potenciar la adopción por parte de las empresas de la patente europea.

En lo referente a la sociedad de la información, los PGE 2017 también disminuyen los recursos dedicados a potenciar la
inversión y la innovación tecnológica en el ámbito de las TIC, haciendo poco creíble la apuesta por potenciar la digitalización de la administración. Los PGE 2017, pues, suponen un paso atrás en la modernización del Estado, con una reducción de
un 17,9 % del gasto en telecomunicaciones y I+D de la Sociedad de la información, tanto en las partidas de innovación de telecomunicaciones (con un descenso del 20,9 %), como con los créditos destinados a empresas.

Finalmente, los PGE 2017
consolidan las políticas de turismo low cost, fomentando el precariado entre los trabajadores del sector.

Por estos motivos el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad a la Sección presupuestaria 20.
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 72

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

JUSTIFICACIÓN

La sección presupuestaria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente del Proyecto de Ley de PGE 2017 supone un engranaje más de la concepción del Partido Popular del Medio Ambiente al servicio de la economía y de la producción frente a lo que tendría que ser una visión más integrada del medio natural en
nuestra sociedad.

El proyecto de Ley de PGE no contempla un seguido de partidas presupuestarias que desde Esquerra Republicana considera imprescindibles para el desarrollo de la política de Medio Ambiente en Catalunya así como tampoco se
incluyen un conjunto de actuaciones de protección y mejora del medio rural y natural.

Se tratan pues de unos PGE que pretenden incentivar la inversión económica mediante la supresión de los derechos conseguidos a nivel ambiental. En este
sentido, se argumenta —como hacía la Ley de unidad de mercado— la eliminación de trabas burocráticas y marañas institucionales, obviando que las trabas burocráticas son los derechos conseguidos y la maraña institucional, el Estado
descentralizado.

Buena prueba de este olvido es la falta de planificación y estrategia en lo que respeta a la lucha contra la regresión del litoral Mediterráneo que año tras año queda expuesto a la merced meteorológica sin una planificación
estratégica ni una dotación presupuestaria que termine de una vez por todas con la política de parches actual.

Del mismo modo, hay un olvido evidente en todo lo que respeta la conservación del medio rural y medio ambiente con una falta de
inversiones y transferencias económicas, tanto a Entes Locales como a Comunidades Autónomas para la conservación y mantenimiento de los diferentes caminos rurales y vías verdes.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana presenta una enmienda a la totalidad a la Sección Presupuestaria de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 73

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 25. Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado 2017 relativos al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales sitúan al Ministerio en el centro de la represión política sobre Catalunya. En la Memoria de
objetivos de los programas del sector se deja claro que la misión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es «prevenir cualquier amenaza que afecte a la independencia e integridad de España», y para ello se incrementa su presupuesto en un 8,3 %,
sumándole 20 millones de euros. Es evidente la relación de este incremento con el proceso independentista en Catalunya y la asunción, por parte del Estado, de una estrategia de persecución de los políticos y las instituciones catalanas con tal de
frenar el proceso. Para el Estado, la defensa de los intereses nacionales españoles pasa, ahora mismo, por perjudicar los intereses nacionales catalanes, y es inadmisible que el Gobierno quiera mantener la persecución política de estos últimos años
con el dinero de los ciudadanos, a través de un organismo totalmente ajeno al control transparente exigible en un Estado realmente democrático.

Además, a este incremento general del presupuesto del CNI hay que añadir la falta de transparencia
en relación con los 20 millones para Gastos reservados del CNI que el Gobierno no quiere concretar y que demuestran, insistimos, esa voluntad de persecución antidemocrática de los intereses que el Estado central considera contrarios a los suyos. En
definitiva, se demuestra que las instituciones están al servicio de los intereses del Gobierno del que se deberían proteger.

El presupuesto de esta Sección es un paso más en la pérdida de controles democráticos de las instituciones y un
refuerzo, más, de la persecución de aquéllos que defienden proyectos políticos distintos.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta enmienda a la totalidad de la Sección 25, Ministerio de la Presidencia y
para las Administraciones Territoriales, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, solicitando su devolución al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 74

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
(GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

JUSTIFICACIÓN

La sección presupuestaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, implica una regresión en lo que supone el gasto social del Estado ya que entre 2009 y 2016 la inversión pública se ha reducido en un 58 %, situándose en
el 2,2 % del PIB. El menor peso desde finales del siglo XX. La caída de la inversión pública ha afectado negativamente a la formación de capital público hasta el punto que la inversión no ha sido suficiente para reponer el capital que se
deteriora.

La aportación más significativa del Proyecto de PGE 2017, y que evidencia la verdadera orientación de los mismos, es el aumento del presupuesto militar en un 32 %. Este dato contrasta con el casi nulo aumento del gasto social
destinado a hacer frente a las necesidades de las personas. Toda una declaración de intenciones del Gobierno español para 2017.

El caso más escandaloso es el destino de más de 1.800 millones en Programas Especiales de Armamento, en muchos
casos en la fabricación tanques, submarinos, barcos y aviones completamente desfasados y tecnológicamente obsoletos. Verdadero sinsentido, teniendo presente que el Estado sigue sin financiar adecuadamente, como es su responsabilidad legal, la Ley
de Dependencia, a la que sólo destinan 1.355 millones al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

Mientras que según estudios elaborados por distintas Comunidades Autónomas presentes en la comisión de estudio para el análisis de la
Ley de Dependencia, serían necesarios unos 2.000 millones de euros más, para poder financiar correctamente la Ley de la Dependencia en todo el Estado.

O como mientras el porcentaje de pobreza infantil supera el 30 % en todo el Estado, el
Gobierno español tiene previsto destinar este 2017 solamente 200 millones a la lucha contra la pobreza infantil cuando por el otro lado, tiene previsto gastar más del triple en la adquisición de aviones de combate Eurofigther-2000.

Por estos
motivos, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad a la Sección Presupuestaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 75

Del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.

JUSTIFICACIÓN

La sección presupuestaria de Economía, Industria y Competitividad comprende las actividades de la Secretarías de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la de Investigación, Desarrollo e Innovación, y la
de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa, responsables de definir el modelo económico que el Estado impulsará con sus política.

Y los PGE del 2017, en lugar de fomentar la economía productiva, basada en las Pymes como base para impulsar
la innovación y la internacionalización de la industria y el turismo de valor añadido, continúan construyendo un modelo productivo basado en la especulación financiera, el comercio y el turismo low cost, y el apoyo a las grandes corporaciones
empresariales y las grandes instituciones financieras.

Desde el punto de vista del modelo comercial, el Proyecto de PGE 2017 consolida un modelo productivo que prioriza el fomento de un comercio mayorista y destructor del modelo de comercio
de proximidad, con las consecuencias económicas, sociales, urbanísticas y laborales, que todo ello conlleva.

Además, los PGE siguen sin tener presente que las competencias en el ámbito comercial corresponden desarrollarlas a las comunidades
autónomas.

En concreto, además, todas las partidas de los programas de comercio, turismo y pymes, disminuyen en conjunto un 13,68 %.

Las actividades de promoción comercial e internacionalización de la empresa disminuyen un 13,75 %, 64
millones €, cuando debería potenciarse al máximo la capacidad de exportación del sector industrial.

Como ya se ha indicado, las actividades de ordenación comercial también se reducen en un 66 %, en especial a lo referente a las ayudas
al comercio minorista, y en cambio se activa un Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista a partir de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, una entidad que no sólo no representa al territorio,
sino que además lleva implícita la promoción de las grandes distribuidoras comerciales, en contra del comercio minorista.

Finalmente, también se reduce la aportación al Programa de Apoyo a la pequeña y mediana empresa, mostrando así la
voluntad inequívoca de potenciar solamente las grandes corporaciones.

En lo referente a investigación, desarrollo e innovación, desde el año 2009, los presupuestos han ido disminuyendo. En el año 2012 ya fueron los más bajos, y aunque el
año 2016 hubo un ligero aumento respecto al 2015, este aumento era ficticio ya que iba a créditos y no a subvenciones directas. Incluso hay convocatorias que finalmente no se llegaron a publicar ya que debido a la multa de Bruselas del mes de
agosto pasado, España tenía que cumplir con el déficit y lo hizo en parte a costa de la ciencia.

Los PGE 2017 presentan los números de forma engañosa: si bien es cierto que nominalmente la inversión crece —de 5.793.000
a 6.029.000— en la práctica no será así. Lo que sube es la partida de dotación de créditos, que aumenta un 9,2 % y se sitúa en 3.583 millones de euros, pero la de subvenciones directas baja un 2,6 % y se queda en 2.466 millones. Aunque sea
a un interés blando, la mayoría de los centros y universidades no tiene ya capacidad de endeudamiento; prueba de ello es que en los últimos años la partida de créditos nunca se ha agotado (además iban dirigidos más a empresas y no Universidades o
centros de investigación, y para las empresas supone mucha burocracia, que no les sale a cuenta). En 2016 sólo se ejecutó la tercera parte y en algunos ejercicios se ha quedado sin gastar cerca de la mitad. En la práctica, se convierte en un nuevo
recorte en I+D+i.

Además, vemos como el CSIC verá disminuido su presupuesto en un 0,9 %, relevante teniendo en cuenta que el CSIC se encarga a través de sus 131 centros y sus 17 grandes instalaciones, del desarrollo de la ciencia y la
formación del personal científico.

Además, el Instituto Carlos III, que financia toda la investigación en salud, reducirá su presupuesto en un 0,8 %. No será el único organismo público de investigación (OPI) que vea mermado sus fondos. El
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) recibirá un 32,7 % menos (54 millones); el Instituto Español de Oceanografía, un 7 % menos (60 millones); el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), un 4,2 %
menos (24 millones); el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), un 2,7 % menos (87 millones); y el Instituto de Salud Carlos III un 0,8 % menos (270 millones de euros).

Estos PGE tampoco son capaces
de implantar una estrategia a largo plazo que permita desarrollar la I+D+i independientemente de las agendas políticas. En la UE se trabaja con programas plurianuales (Horizon 2020), conociendo los presupuestos a 7 años vista y las líneas
estratégicas a desarrollar, facilitando con ello el trabajo de las entidades de investigación, planificando las acciones a desarrollar en los próximos años y dando seguridad. El no implementar instrumentos de trabajo presupuestario y de seguimiento
y evaluación plurianual dificulta mucho el trabajo y produce gran inestabilidad.

Estos PGE también incluyen la creación de la Red Cervera de I+D+i, a propuesta de Ciudadanos; una red de centros tecnológicos para potenciar la transferencia
industria e investigación. Una propuesta que parte del desconocimiento de la realidad, cuando la mayoría de CC. AA. llevan años apostando por los centros tecnológicos y existe un gran número de ellos en todo el Estado, y la mayoría de
universidades y centros de investigación tienen unidades de transferencia de conocimiento. Supone por tanto la creación de otra estructura que acabará duplicando tareas y haciendo menos eficiente la financiación de la transferencia tecnológica, en
lugar de ayudar a desarrollar y potenciar las unidades que están funcionando.

Finalmente, los PGE 2017 suponen un año más de precariedad también en la ciencia. No tienen presente la importancia de los recursos humanos para garantizar el
éxito de la investigación. Para ello, son necesarios sueldos competitivos (en estos momentos son bajos comparados con la mayoría de países europeos, sobre todo a nivel de postdoctorandos o seniors), y que tengan continuidad. Se necesita crear
plazas con empleo estable en investigación, atrayendo y reteniendo investigadores, dando perspectivas futuras de estabilidad.

En resumen, el esfuerzo en I+D+i aumenta sólo un 1 %, por debajo del incremento previsto del IPC, y además
burocratiza la investigación y la precariza, haciéndola hace depender de financiación externa, en lugar de aumentar los fondos públicos.

Por estos motivos el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad a
la Sección presupuestaria 27. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 76

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN

La sección presupuestaria 60. Seguridad Social determina una clara continuidad con la
gestión del sistema de Seguridad Social desarrollada los últimos años por el Gobierno del Partido Popular.

Aunque los PGE 2017 prevean reducir muy poco a poco el agujero de la Seguridad Social, porque los gastos superarán a los ingresos
en 2017, pero menos que el año anterior. En total, el organismo espera ingresar 125.966,7 millones (110.560 por cotizaciones de los trabajadores), mientras que prevé desembolsar 142.645,7 millones.

Pero en realidad lo que esconden es que el
Ministerio de Hacienda se obliga a realizar un préstamo a la Seguridad Social para pagar las pensiones. Este año, como en los seis anteriores, el instituto previsor no tendrá suficiente con lo que recauda para hacer frente a las prestaciones que
debe atenderla. Así que como en años anteriores tendrá que recurrir a fuentes de financiación extraordinarias. Hasta ahora cubría todas sus necesidades con el Fondo de Reserva, pero este año el Ejecutivo ha renunciado a gastar todos los ahorros de
la hucha de las pensiones y ha preparado un préstamo de 10.129 millones entre administraciones, de Hacienda a Seguridad Social. Después del vaciado del Fondo de reserva, y ante la previsión de su segura liquidación, el ejecutivo ha decidido optar
por la fórmula del crédito. Aunque ni tan siquiera con el crédito, el instituto previsor pueda afrontar todas sus obligaciones. Y por tanto, los PGE contemplan que los gastos superen en 16.650 millones los ingresos. Un nuevo desfase que deberá
ser cubierto con el Fondo de Reserva. Para ello será necesario volver a suspender el límite que contiene la ley que regula el funcionamiento de esta hucha y que impide al Ejecutivo gastar cada ejercicio más del 3 % de lo presupuestado en
prestaciones no contributivas (3.683 millones este año), un límite que no ha operado nunca porque ha sido suspendido desde que se sacan recursos del Fondo. Por ello, en la disposición adicional 107 de los presupuestos se vuelve a suspender para
este año y el que viene este límite.

No es la primera vez que el instituto previsor recibe dinero de los presupuestos para equilibrar sus cuentas (el dinero ahorrado en el Fondo son cotizaciones sobrantes de la época de bonanza). Sucedió
entre 1994 y 1997, pero ahora hay una diferencia sustancial. Entonces la Seguridad Social, también en números rojos como ahora, se hacía cargo de las pensiones no contributivas, de los gastos en Servicios Sociales, de la Dependencia y de Sanidad.
Ahora, en cambio, el dinero de este crédito de equilibrio, nombre técnico, será para pagar pensiones contributivas.

Como conclusión, el Gobierno con su gestión —y los PGE son una evidencia más— está liquidando el sistema de
seguridad social español y, por tanto, abriendo la brecha entre las clases trabajadoras y las grandes fortunas.

Por estos motivos el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad a la Sección presupuestaria
de Deuda Pública.