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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 09/10/2017
cve: BOCG-12-D-225
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
9 de octubre de 2017
Núm. 225
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
152/000004 Creación de la Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 ... (Página3)
156/000020 Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre las causas del accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013, presentada por Margarita Robles Fernández y 77 Diputados más (GS) ...
156/000021 Solicitud de creación de una Comisión de Investigación para esclarecer las causas del accidente ferroviario del Alvia ocurrido en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013 y el sistema de seguridad, presentada por los Grupos
Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la prohibición de campañas publicitarias con lemas 'sin IVA'.
Enmienda ... (Página9)
Aprobación ... (Página10)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000060 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, para dar cuenta de las graves decisiones que está adoptando el Gobierno frente al legítimo y democrático derecho de los catalanes a decidir el futuro político de Cataluña
... (Página10)
172/000062 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los planes que tiene el Gobierno para superar la crisis actual con Cataluña ... (Página11)
172/000063 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el abuso realizado por el Gobierno de los recursos de inconstitucionalidad a leyes autonómicas y la suspensión automática de disposiciones y normas autonómicas
prevista en el artículo 161.2 de la Constitución ... (Página12)
172/000064 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas conforme a las decisiones adoptadas por la Unión Europea en 2015 ...
(Página13)
172/000065 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la respuesta que el Gobierno está dando al pueblo de Cataluña en su deseo de ejercer su derecho a decidir ... (Página14)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000045 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el balance de la política educativa y las perspectivas para el inicio del presente curso (2017-2018).
Texto de la moción ... (Página14)
Aprobación con modificaciones ... (Página15)
Otros textos
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
152/000001 Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado con fines políticos. Aprobación por el Pleno. Votos particulares presentados ... (Página17)
154/000002 Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Aprobación por el Pleno con modificaciones ... (Página96)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
152/000004, 156/000020 y 156/000021
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate acumulado de la solicitud formulada por 78 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una Comisión de Investigación sobre las causas
del accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 (núm. expte. 156/000020) y de la solicitud de los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto, de creación de una Comisión de Investigación
para esclarecer las causas del accidente ferroviario del Alvia ocurrido en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013 y el sistema de seguridad (núm. expte. 156/000021), ha aprobado la creación de la Comisión de Investigación sobre el accidente
ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 (núm. expte. 152/000004), en los siguientes términos:
'Objeto.
La Comisión tendrá por objeto investigar y esclarecer las causas del accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago de Compostela) el 24 de julio de 2013, estudiando los elementos que pudieran tener relación con el mismo, que se concretarán
en un Plan de Trabajo aprobado por la Comisión, a propuesta de los grupos parlamentarios, en el que se determinará la documentación a solicitar del Gobierno, de otras administraciones y organismos públicos, y de organizaciones sociales,
profesionales y académicas, así como la realización de las comparecencias necesarias.
Composición.
La Comisión de Investigación estará compuesta por cuatro representantes de los grupos parlamentarios que cuenten con más de cien miembros, tres de cada grupo parlamentario con más de cincuenta miembros, dos de cada grupo parlamentario con
más de diez miembros y un representante de cada uno de los restantes grupos parlamentarios
Duración y presentación de conclusiones.
El plazo para la realización de los trabajos de la Comisión de Investigación será de cinco meses desde su constitución, pudiéndose prorrogar por acuerdo del Pleno de la Cámara. En ese plazo la Comisión elevará al Pleno del Congreso de los
Diputados, para su aprobación, el Dictamen en el que figuren sus conclusiones, así como los votos particulares que presenten los grupos parlamentarios.'
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo, se ordena la publicación de las citadas solicitudes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Las Diputadas y Diputados cuyas firmas se acompañan en número suficiente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Cámara, solicitan la creación de una Comisión de
Investigación sobre las causas del accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 (núm. expte. 156/000020).
Exposición de motivos
Se van a cumplir cuatro años desde que ocurrió el grave accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago), un 24 de julio de 2013. En el tiempo transcurrido se han producido importantes novedades que aconsejan desplegar diferentes vías de
investigación con objeto de esclarecer todas las posibles causas de un accidente ferroviario que causó 80 personas muertas y 152 heridas.
El 26 de mayo de 2016, la Audiencia Provincial de A Coruña dictó un Auto estimando los recursos de apelación presentados por las víctimas del accidente, acordando la reapertura del caso y ordenando su retorno a la fase de diligencias previas
de investigación. En el Auto, en concreto, la Sala acuerda la ratificación y aclaración de dos informes periciales y que se lleven a cabo las diligencias necesarias para determinar, entre otros extremos, si era normativa y técnicamente necesaria
una evaluación integral del riesgo de la línea que tuviera en cuenta la situación de peligro concretamente existente en la curva donde se produjo el accidente y si es cierto que existía un consenso técnico entre los expertos sobre la necesidad de
protección de las transiciones significativas de velocidad mediante sistemas de control continuo o puntual.
Señalan los magistrados que 'no se trata exclusivamente de que el modo en el que se valoró o gestionó el riesgo para la autorización de la línea no fuese el adecuado' sino que ese modo de valoración puede 'adquirir una relevancia causal
respecto del accidente al haber indicios de que existía efectivamente un riesgo excesivo en la curva' y que este debería haber sido paliado hasta límites 'aceptables'.
El Auto se basa en algunos informes periciales que permiten sostener la existencia de indicios de que en la curva se producía un riesgo de accidente por error humano de tal intensidad que, de haber sido evaluado, habría impuesto su
minoración o eliminación. 'Existen indicios', sostiene el Auto, 'de que el método aplicado por ADIF, tanto como pauta general como en el caso investigado presenta carencias que determinaron que no se apreciase el riesgo realmente existente'. Y se
centra, finalmente, en la 'corrección de la exportación de los riesgos al maquinista o a RENFE en los términos en los que fue efectuada'.
Por otro lado, la Agencia Ferroviaria Europea ha afirmado que el accidente 'no ha sido investigado de forma independiente' tal y como establece la Directiva de Seguridad Ferroviaria, cuestionando la actuación del organismo español que llevó
a cabo los trabajos y señalando que ' debería abrirse una investigación que siga los requisitos de independencia adecuados'.
También la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el pasado día 24 de enero de 2017, tras recibir la visita de portavoces de las víctimas del accidente, acordó dirigirse a la Comisión Europea para que pidiera a España una nueva
investigación independiente sobre el accidente de Angrois.
Finalmente, el Auto del Juzgado de Instrucción n.° 3 de Santiago de 10 de marzo de 2017, en relación con la investigación judicial sobre las causas del accidente, acuerda dirigir la investigación contra quien fuera Director de Seguridad de
ADIF en calidad de investigado y señala que 'existen indicios suficientes para concluir que la Dirección de Seguridad en la Circulación de ADIF, a quién en principio compete la labor de evaluar los riesgos inherentes a la circulación según se acaba
de exponer, no cumplió con dicho cometido generando y tolerando una situación de riesgo que finalmente cristalizó en el accidente que costó la vida y la salud a múltiples usuarios el pasado 24 de julio de 2013'.
Esta actuación judicial ha sido confirmada por la Audiencia Provincial que, desestimando los recursos de apelación interpuestos, ha entendido que existen 'indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de
riesgos'.
Por todo lo anterior, se propone la creación de una Comisión de Investigación con el siguiente objeto, composición y duración.
Objeto.
La Comisión tendrá por objeto investigar y esclarecer las causas del accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago de Compostela) el 24 de julio de 2013, y específicamente la adecuación de la evaluación de riesgos de seguridad y otras
decisiones de gestión que hubieran podido influir en el mismo, delimitando, en su caso, las responsabilidades políticas que pudieran derivarse.
Composición.
La Comisión de Investigación estará compuesta por cuatro representantes de los grupos parlamentarios que cuenten con más de cien miembros, tres de cada grupo parlamentario con más de cincuenta miembros,
dos de cada grupo parlamentario con más de diez miembros y un representante de cada uno de los restantes grupos parlamentarios.
Duración y presentación de conclusiones.
En el plazo de cuatro meses la Comisión elevará al Pleno del Congreso de los Diputados, para su aprobación, el Dictamen en el que figuren sus conclusiones, así como los votos particulares que los grupos parlamentarios presenten.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2017.-José Luis Ábalos Meco, Míriam Alconchel Gonzaga, Javier Antón Cacho, José María Barreda Fontes, Meritxell Batet Lamaña, Pablo Bellido Acevedo, Patricia Blanquer Alcaraz, Ana María
Botella Gómez, José Miguel Camacho Sánchez, Gregorio Cámara Villar, Juan Carlos Campo Moreno, Pilar Cancela Rodríguez, Zaida Cantera de Castro, Ricardo Cortes Lastra, Manuel Cruz Rodríguez, Carmen Rocío Cuello Pérez, María del Rocío de Frutos
Madrazo, Salvador Antonio de la Encina Ortega, José Juan Díaz Trillo, Odón Elorza González, Jesús María Fernández Díaz, Sonia Ferrer Tesoro, María Aurora Flórez Rodríguez, Sebastián Franquis Vera, Óscar Galeano Gracia, María Dolores Galovart
Carrera, Ricardo Antonio García Mira, Josefa Inmaculada González Bayo, Manuel Gabriel González Ramos, María González Veracruz, Juan Luis Gordo Pérez, Lídia Guinart Moreno, Antonio Gutiérrez Limones, Antonio Hernando Vera, Sofía Hernanz Costa,
Antonio Hurtado Zurera, Juan Jiménez Tortosa, Marc Lamuà Estañol, José Javier Lasarte Iribarren, Adriana Lastra Fernández, Patxi López Álvarez, Julián López Milla, María Pilar Lucio Carrasco, César Luena López, María Guadalupe Martín González, María
Luz Martínez Seijo, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Carlota Merchán Mesón, Pedro José Muñoz González, Micaela Navarro Garzón, Gonzalo Palacín Guarné, Esther Peña Camarero, María Mercè Perea Conillas, María Soledad Pérez Domínguez, Margarita Pérez
Herráiz, Pere Joan Pons Sampietro, Antonio Pradas Torres, Artemi Rallo Lombarte, Elvira Ramón Utrabo, César Joaquín Ramos Esteban, María Tamara Raya Rodríguez, Isabel Rodríguez García, Juana Amalia Rodríguez Hernández, María Mar Rominguera Salazar,
Joan Ruiz i Carbonell, Luis Carlos Sahuquillo García, José Ignacio Sánchez Amor, Pedro Saura García, David Serrada Pariente, María Jesús Serrano Jiménez, Felipe Jesús Sicilia Alférez, Rafael Simancas Simancas, Susana Sumelzo Jordán, José Andrés
Torres Mora, Victoria Begoña Tundidor Moreno, Ignacio Urquizu Sancho y José Zaragoza Alonso, Diputados.-Margarita Robles Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 52 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, sobre procedimiento de creación de comisiones de investigación, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo
Parlamentario Mixto, presentan la siguiente propuesta de creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación para esclarecer las causas del accidente ferroviario del Alvia ocurrido en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013 y el sistema de
seguridad (núm. expte. 156/000021).
Exposición de motivos
El 24 de julio de 2013, un tren Alvia de la serie 730, que realizaba la conexión entre Madrid y Ferrol con 218 personas descarriló en la fatídica curva de Angrois a unos tres kilómetros de la estación ferroviaria de Santiago de Compostela.
Un siniestro que causó la muerte de 81 personas y un elevado número de heridos, muchos todavía con graves secuelas.
Desde el ámbito oficial, especialmente desde el Ministerio de Fomento, se sostuvo la teoría del único responsable de este accidente: el maquinista y la excesiva velocidad. Un esquema que se repitió en el proceso judicial, hasta que ante
las novedades procedentes de Europa, se decidió reabrir el proceso y llamar a declarar al responsable de Seguridad de la línea Ourense-Santiago en el momento del accidente.
Defendemos la necesidad de esta Comisión de Investigación desde el inicio, razón por la que hemos traído a esta Cámara de nuevo la solicitud de Comisión de Investigación parlamentaria. Esta vez, empujada si cabe por más argumentos, dada la
existencia de fundamentación procedente de la UE.
En todos estos años desde que sucedió el siniestro, solo se ha realizado la investigación de la CIAF, la Comisión de Investigación le Accidentes Ferroviarios, órgano adscrito a Fomento y muy cuestionado por su falta de independencia que
remató el Informe con unas conclusiones que se alinearon con la posición oficial del Ministerio.
En el último año, solo en el ámbito europeo han encontrado las víctimas la posibilidad de ser escuchadas y atendidas. Solo en la Cámara europea se ha analizado con rigor la evolución de los hechos sobre este terrible accidente, sin la
visión interesada de quien forma parte del círculo.
En verano de 2016, la Agencia Ferroviaria Europea daba a conocer su Informe sobre el accidente del Alvia, que había sido encargado por la Comisión Europea, donde señalaba que la investigación efectuada por la CIAF (Comisión de Investigación
de Accidentes Ferroviarios) en el Estado español carecía de criterios de independencia y obvió el análisis de elementos clave.
En dicho documento, la Agencia Ferroviaria Europea describe lo que consideró debilidades en la investigación de la CIAF, órgano adscrito al Ministerio de Fomento. Apuntaba a la ausencia de análisis sobre la línea, la seguridad y sobre los
motivos de las decisiones adoptadas.
En relación a las críticas sobre la independencia de la investigación realizada, indicaba que tanto Renfe como Adif formaron parte del equipo de investigación, lo cual genera un 'conflicto de intereses'. Así afirma que 'la composición del
equipo de investigación de la CIAF no aseguró la independencia de la investigación'.
La Agencia Ferroviaria Europea reprochó a la CIAF que solo investigase la causa directa del accidente, el denominado 'error humano', ignorando las 'causas fundamentales y subyacentes', así como 'elementos clave' relacionados con la línea y
con el tren que pudieron tener influencia, en clara alusión a los cambios operacionales sobre el sistema de seguridad. Abogó por abrir una nueva investigación en la que se garantice la independencia. De igual modo, quedó patente, tal y como llevan
tiempo denunciando las víctimas del Alvia, que se incumplió la Directiva Europea de Seguridad Ferroviaria.
La Agencia Ferroviaria Europea concluyó que 'teniendo en cuenta la relevancia del accidente, la agencia considera que debería abrirse una investigación que siga los requisitos de independencia adecuados'.
En el presente año 2017, una delegación de las víctimas del Alvia tuvieron la oportunidad de hablar y ser escuchadas en el Parlamento Europeo, algo que hasta ahora se les ha negado en el Estado español.
Representantes de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 pudieron hacer en Bruselas lo que aquí se les niega. A finales de enero, intervinieron en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar los incumplimientos de la
normativa europea de seguridad ferroviaria, factor que, afirman, provocó el siniestro, y demandar una investigación independiente. La Eurocámara escuchó sus peticiones y atendió sus demandas, instando formalmente a la Comisión Europea a impulsar la
investigación independiente.
Por su lado, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara pidió al Estado español y a la Comisión Europea tomar en serio el caso y abrir y supervisar una investigación independiente.
Recientemente se ha dado a conocer un importante escrito de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), que ya está en poder del juez. La UE dictamina que 'Tanto la ADIF como la RENFE estaban obligadas por la Directiva de Seguridad Ferroviaria
2004/49/CE a establecer un sistema de gestión de la seguridad...En resumen, puede ver que nuestro punto de vista es que el Reglamento para un Método Común de Seguridad para la evaluación de riesgos (CE 352/2009) es aplicable a este proyecto, a menos
que se le notifique que está en una etapa avanzada de desarrollo. Además, independientemente de que este reglamento específico se aplicase o no, la Directiva de Seguridad Ferroviaria requería un Sistema de Gestión de la Seguridad que identificara y
controlara los riesgos.'
Es decir, tanto ADIF como RENFE estaban obligados a realizar una evaluación integral de riesgos, a identificarlos y a controlarlos, y todo ello por la siguiente normativa:
A) La Directiva de Seguridad Ferroviaria 2004/49/CE.
B) Como por el Reglamento 352/2009, de establecer un método común de seguridad.
Entendemos que dicho documento reviste de suma gravedad ya que la UE afirma que ni ADIF, ni RENFE están cumpliendo con la Normativa de seguridad ferroviaria.
Además, es necesario clarificar la falta de colaboración con la justicia por parte de ADIF y RENFE, tal y como han señalado ambos jueces, requiriendo y apercibiendo reiteradamente a RENFE y ADIF por la documentación que no entregaban al
juzgado
Sin obviar que esta petición se soporta también en los numerosos pronunciamientos que se produjeron en multitud de ayuntamientos e incluso parlamentos autonómicos, para que se abriese una Comisión de Investigación en el Congreso.
Desde En Marea, consideramos que el paso del tiempo solo ha hecho reforzar con más argumentos incluso la necesidad de la Comisión de Investigación parlamentaria. Es hora de que esta Cámara imite a la Cámara europea, y atienda la petición de
la víctimas que únicamente buscan conocer la verdad.
La constitución de esta Comisión de Investigación es fundamental para no cercenar un anhelo de verdad, de reparación y de justicia que es legítimo para las familias de las víctimas y para la sociedad en su conjunto. Sería pertinente que en
esta nueva legislatura el Congreso fuese receptivo a una demanda que no prejuzga pero abre la puerta a poder conocer lo sucedido.
Por todo lo expuesto, se propone una Comisión de Investigación con las siguientes características:
1. Composición.
La Comisión de Investigación estará integrada por 3 representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de cincuenta parlamentarios, 2 representantes de cada uno los demás Grupos parlamentarios.
2. Adopción de acuerdos.
Los acuerdos se adoptarán bajo el criterio de voto ponderado, establecido en el artículo 52.3 del Reglamento.
3. Objeto.
- Analizar y evaluar las causas del accidente ferroviario del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela) acontecido el 24 de julio de 2013.
- Estudiar con rigor todos los elementos relacionados con el sistema de seguridad operativo en el tramo del accidente de la conexión Ourense-Santiago de Compostela y las decisiones adoptadas al respecto.
- Conocer las características de la línea ferroviaria en el área del accidente, los factores relacionados con la curva de A Grandeira y los cambios de velocidad requeridos.
- Analizar el estado de la infraestructura ferroviaria en la conexión Ourense-Santiago y del material rodante antes del accidente y una vez adoptadas las nuevas medidas a posteriori.
- Evaluar todas las decisiones y los cambios producidos en el proyecto de construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad Ourense-Santiago.
- Examinar el estado de las infraestructuras ferroviarias en Galicia con el fin de detectar posibles deficiencias o insuficiencias que puedan ser corregidas mediante la adopción de las correspondientes medidas.
- Estudiar los distintos sistemas de seguridad implantados en la red ferroviaria del Estado español y necesidad de avanzar a sistemas más evolucionados tecnológicamente.
- Escuchar a las víctimas y afectados de accidentes ferroviarios como el Alvia en 2013 para conocer sus impresiones, sus experiencias y sus visiones.
- Una auditoría independiente de la gestión económica y en materia de seguridad del Ministerio de Fomento, ADIF y RENFE, desde que se comenzó el tramo de la línea de Alta Velocidad 082, en el tramo Ourense-Santiago de Compostela, pan cuya
realización se facilitarán todos los medios necesarios.
4. Trabajo a realizar.
Los trabajos a desarrollar por dicha Comisión de Investigación comprenderán todo tipo de actividades que se concretarán en un Plan de Trabajo a propuesta de los Grupos Parlamentarios, determinando la documentación a solicitar al Gobierno, a
otras administraciones y organismos públicos implicados, a organizaciones sociales y profesionales, académicas y con la realización de las comparecencias necesarias.
5. Duración.
El plazo para la realización de los trabajos de la Comisión de Investigación será de diez meses desde su constitución. Pudiéndose prorrogar dicho plazo por más tiempo según acuerdo del Pleno de la Cámara.
6. Conclusiones de la Comisión.
Las conclusiones de esta Comisión de Investigación serán aprobadas por el Pleno de la Cámara y publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicadas al Gobierno, y, en su caso y si procede, trasladadas por la Mesa del
Congreso al Ministerio de Fomento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2017.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Alexandra Fernández Gómez, Ángela Rodríguez Martínez y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Irene María Montero Gil y Yolanda Díaz Pérez,
Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea.-Oskar Matute García de Jalón, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000385
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la enmienda formulada a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la prohibición de campañas publicitarias con lemas 'sin IVA', publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 139, de 7 de abril de 2017.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre la prohibición de campañas publicitarias con lemas 'sin IVA', del
Grupo Parlamentario Vasco (EN-PNV).
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
Se modifica la sección propositiva de la Moción, que queda redactada en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado español a revisar y en su caso modificar las Leyes 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y 29/2009, de 30 de diciembre, por el que se modifica el régimen general de la
competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios para que se incluyan las debidas advertencias informativas de que, efectivamente, cada compra está sujeta a IVA en las campañas publicitarias con
lemas que anuncien cualquier tipo de campaña 'sin IVA'.
Asimismo, insta al Gobierno a reforzar la lucha contra el fraude fiscal a través de un impulso a la educación cívico-tributaria, adoptando, entre otras, al menos las siguientes medidas:
1. El incremento en el número de visitas a Delegaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y de las charlas formativas realizadas en los centros docentes en materias relacionadas con las necesidades que motivan la
obtención de ingresos públicos, fundamentalmente tributarios, la aplicación de estos a los gastos y servicios públicos, así como los perjuicios que ocasionan las conductas fraudulentas en toda la sociedad, todo ello adaptado en función de la edad
del alumnado.
2. La ampliación, dentro de los márgenes legales y presupuestarios, del personal docente permanente de la AEAT en todo el territorio nacional, con el objeto de impartir cursos de formación en materia de educación cívico-tributaria a los
alumnos de todas las etapas educativas.
3- La creación de una comisión dentro de la AEAT que impulse, supervise y evalúe, con plenas garantías de independencia funcional, los programas y acciones formativas que sean emprendidas desde la Agencia, y que periódicamente rinda cuentas
ante el Presidente de la AEAT en función de unos objetivos anuales de formación previamente establecidos.'
Texto que se sustituye:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado español a revisar y en su caso modificar las Leyes 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y 29/2009, de 30 de diciembre, por el que
se modifica el régimen general de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios para la prohibición de las campañas publicitarias con lemas que anuncien cualquier tipo de campaña
'sin IVA'.'
Justificación.
Consideramos que el camino a seguir, en lugar de la prohibición de estas campañas, debe ser la provisión a los consumidores de información correcta y veraz, así como reforzar la lucha contra el fraude fiscal a través de un impulso a la
educación cívico-tributaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2017, José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000385
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la prohibición de campañas publicitarias con lemas 'sin IVA', publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 139, de 7 de abril de 2017, en sus propios términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado español a revisar y en su caso modificar las Leyes 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y 29/2009, de 30 de diciembre, por el que se modifica el régimen general de la
competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios para la prohibición de las campañas publicitarias con lemas que anuncien cualquier tipo de campaña 'sin IVA'.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000060
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, para dar cuenta de las graves decisiones que está adoptando el Gobierno frente al legítimo y democrático
derecho de los catalanes a decidir el futuro político de Cataluña, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una interpelación
urgente al Gobierno para dar cuenta de las graves decisiones que
está adoptando frente al legítimo y democrático derecho de los catalanes a decidir el futuro político de Catalunya.
Exposición de motivos
En 2006 se aprobó el Estatut de Catalunya, un pacto entre Catalunya y España, pacto democrático y constitucional, que el partido Popular, entonces en la oposición, decidió quebrar.
La Sentencia del Estatut reinterpretó y desdibujó la ley aprobada por las Cortes y refrendada por los catalanes, a la vez que redefinió la Constitución en lo territorial. Con ello quebró las relaciones institucionales Catalunya-Espanya e
hizo quebrar la confianza de una mayoría de los catalanes en las instituciones del Estado español.
La Sentencia generó un enorme vacío político que en los 7 años transcurridos desde entonces, el Gobierno de España no ha sido capaz de llenar con una sola propuesta política para Catalunya. Es más, después de la Sentencia el Gobierno
redobló su afán centralizador, con la viva oposición de Catalunya. La Sentencia marca un antes y un después, cientos de miles de catalanes que hasta entonces se limitaban a reivindicar más autonomía política, económica, social y cultural, hoy
quieren que Catalunya decida su futuro, sin complejos. El Estatut vigente no es el aprobado por los ciudadanos y la Constitución vigente, reinterpretada por el Constitucional tampoco es la aprobada por los ciudadanos.
Desde diciembre de 2011 el Gobierno del Partido Popular, a 650 km de la capital catalana, ha gestionado el problema político del encaje de Catalunya en España como un problema administrativo y judicial, ha alimentado además un conflicto
territorial con Catalunya, que la inmensa mayoría de los catalanes no deseamos, al contrario.
Mientras, el pasado 11 de septiembre, por séptima vez, más de un millón de catalanes volvieron a manifestarse pacíficamente en las calles de Barcelona pidiendo las urnas para votar. La demanda catalana por la independencia no es unánime, la
demanda para votar, sí. Solo las urnas pueden clarificarnos las voluntades.
Frente a ello el Gobierno ha activado la llamada 'brigada Aranzadi' y la maquinaria policial del Estado para que no se vote. Es una respuesta agresiva, desproporcionada, amenazante, contra el Presidente de la Generalitat, Consejeros,
Diputados, más de 700 Alcaldes que apoyan el referéndum con aviso de detención si no se presentan, todos ellos cargos electos comprometidos con sus programas electorales y con la voluntad de sus electores; está advirtiendo a TV3 y a todos los
medios de comunicación, de consecuencias penales por 'tramitar, informar y/o dictar algún acuerdo o actuación sobre la preparación y/o celebración del referéndum' ¿Dónde está el derecho fundamental a la libertad de expresión? Actúa contra
funcionarios, contra los propios ciudadanos, cuestionando claramente el propio Estado de derecho. ¿Puede alguien pensar que tantas amenazas resuelvan el problema político?
Cuántos esfuerzos y recursos económicos, jurídicos y policiales está poniendo el Gobierno de España para impedir que los catalanes acudan a las urnas y qué poca materia gris aplican para construir una respuesta política, económica, social y
cultural desde España para Catalunya.
Ante esta realidad los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata (PDeCAT), presentan la siguiente interpelación urgente al Gobierno para dar cuenta de las graves decisiones que está adoptando frente al legítimo y democrático derecho de los
catalanes a decidir el futuro político de Catalunya.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2017.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000062
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los planes que tiene el Gobierno para superar la crisis
actual con Cataluña, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de Diputados
El Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo establecido en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre los
planes que tiene el Gobierno para superar la crisis actual con Catalunya, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
Actualmente nos encontramos ante la mayor crisis de relaciones institucionales entre Catalunya y el Gobierno español. Nos encontramos en esta situación por la actitud de bloqueo del gobierno de Mariano Rajoy ante la demanda mayoritaria de
los catalanes y catalanas de decidir el estatus de Catalunya en un referéndum.
Ante la convocatoria de un referéndum el 1 de octubre, por parte del Gobierno de la Generalitat, la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido activar una estrategia del miedo, centrada en las acciones judiciales y policiales.
En la última semana hemos visto como se registraba una imprenta y un medio de comunicación a la búsqueda de papeletas electorales, como se cita como imputados a más de 700 Alcaldes por su actividad política, como se cierran webs y un sin fin
de actuaciones que solo comportan coartar principios básicos de la democracia.
También esta semana ha salido a relucir, otra vez, la amenaza de activar el artículo 155 de la Constitución para suspender el autogobierno de Catalunya; así como se plantea una intervención total de las finanzas de la Generalitat.
Por todo ello, se presenta la siguiente interpelación urgente sobre los planes que tiene el Gobierno para superar la crisis actual con Catalunya, para su debate en Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2017.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
172/000063
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el abuso realizado por el Gobierno de los recursos de inconstitucionalidad a leyes autonómicas y la
suspensión automática de disposiciones y normas autonómicas prevista en el 161.2 de la Constitución, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados y la Diputada de Compromís don Ignasi Candela Serna, don Joan Baldoví Roda, doña Marta Sorlí Fresquet y don Enric Bataller i Ruiz, presentan, al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del Reglamento del
Congreso de los Diputados, la siguiente interpelación urgente sobre el abuso realizado por el Gobierno de los recursos de inconstitucionalidad a leyes autonómicas y la suspensión automática de disposiciones y normas autonómicas prevista en el 161.2
de la Constitución.
De acuerdo con lo dispuesto en el título VIII de la Constitución, el Estado español se constituyó como un Estado autonómico, en el que las Comunidades Autónomas asumieron competencias en el marco del 148 CE. Esta configuración del Estado
supone un gobierno multinivel, en el que el Gobierno central tiene la obligación respetar el autogobierno de las CCAA.
Desde las elecciones autonómicas de 2015 y la conformación de los distintos Gobiernos autonómicos tras ellas, el Gobierno ha abusado de su facultad de interponer recursos de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas, lo que de acuerdo
con el 161.2 CE y los artículos 31 a 34 de la LOTC implica la suspensión automática de la norma por, al menos 5 meses. Esta suspensión automática, atribuida en exclusiva al Gobierno, ha derivado en un chantaje continuo a las CCAA, que observan como
sus leyes acaban suspendidas en un proceso ante el Tribunal Constitucional que se puede alargar durante 8 años -como en el caso de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano- si no acceden a
modificarlas en el marco de la Comisión Bilateral con el Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales.
Este hecho tiene evidentes consecuencias sobre el autogobierno en las CCAA, en tanto en cuanto se ven forzadas ante el chantaje que supone la posibilidad de ver sus normas suspendidas más allá de la legislatura a aceptar las posiciones del
Gobierno. En el caso valenciano, el Presidente del Gobierno ha convocado la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana, paso previo a plantear el recurso de inconstitucionalidad, ante 11 leyes valencianas desde 2015.
Una democracia de calidad requiere que el Gobierno use con proporcionalidad sus atribuciones constitucionales y no abuse de ellas, pues este abuso, en nuestro caso, constituye un debilitamiento intolerable del autogobierno que altera los
principios fundamentales del Estado de las Autonomías y, por tanto, de la Constitución.
Por todo ello, los Diputados y Diputada de Compromís presentan una interpelación urgente sobre el abuso realizado por el Gobierno de recursos de inconstitucionalidad a leyes autonómicas y la suspensión automática de disposiciones y normas
prevista en el 161.2 CE.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2017.-Ignasi Candela Serna, Joan Baldoví Roda, Marta Sorlí Fresquet y Enric Bataller i Ruiz, Diputados.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000064
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas
conforme a las decisiones adoptadas por la Unión Europea en 2015, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre el
cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas conforme a las decisiones adoptadas por la Unión Europea en 2015, para su debate en la próxima sesión del Pleno de la Cámara.
En junio de 2015 el Consejo Europeo acordó la reubicación de personas refugiadas que se encontraban en Italia y Grecia, los dos países que estaban sufriendo una mayor presión de los flujos migratorios en el Mediterráneo, así como el
reasentamiento en los Estados miembros de la Unión Europea de personas refugiadas procedentes de terceros países. En julio de 2015 el Consejo (JAI) de la Unión Europea acordó la distribución entre los Estados miembros de las personas a reasentar.
En septiembre de 2015, en aplicación de los acuerdos del Consejo Europeo de junio del mismo año y de las peticiones de la Comisión Europea de incremento del número de refugiados a reubicar, el Consejo adoptó dos decisiones por las que
acordaba la reubicación de emergencia de un total de 160.000 personas refugiadas, procedentes fundamentalmente de Grecia e Italia, estableciendo cuotas para cada Estado miembro.
Conforme a ese sistema de cuotas el Gobierno se comprometió a acoger un total de 17.337 personas refugiadas en el plazo de dos años. Concretamente se asignó a España el reasentamiento de 1.449 personas y la reubicación de 15.888.
El plazo para hacer efectivas las reubicaciones y reasentamientos expiraba el 26 de septiembre de 2017.
Por todo ello, se formula la presente interpelación urgente al Gobierno sobre el cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas conforme a las decisiones adoptadas por la Unión Europea en 2015.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2017.-Margarita Robles Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000065
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la respuesta que el Gobierno está dando al pueblo de Cataluña en su deseo de ejercer
su derecho a decidir, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente sobre la respuesta
que el Gobierno está dando al pueblo de Catalunya en su deseo de ejercer su derecho a decidir para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Ante el proceso democrático que se está llevando a cabo en Catalunya se interpela al Gobierno español sobre la respuesta que el Gobierno está dando al pueblo de Catalunya en su deseo de ejercer su derecho a decidir.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2017.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000045
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el balance de la política educativa y las perspectivas para el inicio del presente curso (2017-2018).
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia Interpelación urgente al Gobierno sobre el balance de
la política educativa y las perspectivas para el inicio del presente curso (2017-2018).
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para:
1. Cumplir con la Proposición no de Ley sobre el sistema de becas y ayudas al estudio, aprobada en el Pleno del Congreso el pasado 20 de junio.
2. Elaborar y poner en marcha un Plan Nacional de Impulso a la Formación Profesional con el objetivo de hacerla más flexible y adaptarla a las necesidades de nuestras empresas y al modelo productivo.
3. Garantizar de manera definitiva la posibilidad de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a quienes sigan los programas de Formación Profesional Básica y se encuentren en condiciones académicas para obtenerlo.
4. Facilitar la prolongación de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en 4.º de la ESO con la posibilidad de titular a los alumnos y alumnas que lo cursen.
5. Derogar definitivamente las evaluaciones de final de etapa de 4.° de la ESO y 2.° de Bachillerato, así como la existencia de una doble titulación al acabar 4.° de ESO.
6. Recuperar la garantía de la participación de la comunidad educativa en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en la dirección, la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de
los centros educativos, para asegurar el papel efectivo de la comunidad educativa en los centros a través del Consejo Escolar.
7. Aumentar el presupuesto de educación, en los Presupuestos Generales del Estado para los años 2018 y 2019, con el objetivo de situarnos en los niveles anteriores de la crisis (el 5 % del PIB) al igual que el resto de los países europeos.
8. Establecer por parte del Gobierno un compromiso claro con la educación pública en nuestro país destinando los recursos suficientes para que la igualdad de oportunidades para todos y todas sea efectiva en todas las etapas educativas,
priorizando la escuela pública en la oferta educativa.
9. Convocar de manera inmediata el Observatorio Estatal de la Convivencia para que realice un informe actualizado sobre la convivencia en nuestros centros educativos.
10. Elaborar y llevar a cabo un calendario de cumplimiento de todas estas medidas en colaboración con las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Educación, para contar con su participación en el desarrollo de las
mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2017.-Margarita Robles Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000045
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el balance de la política educativa y las perspectivas
para el inicio del presente curso (2017-2018), ha acordado lo siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para:
1. Cumplir con la Proposición no de Ley sobre el sistema de becas y ayudas al estudio, aprobada en el Pleno del Congreso el pasado 20 de junio.
2. Elaborar y poner en marcha un Plan Nacional de Impulso a la Formación Profesional con el objetivo de hacerla más flexible y adaptarla a las necesidades de nuestras empresas y al modelo productivo.
3. Garantizar de manera definitiva la posibilidad de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a quienes sigan los programas de Formación Profesional Básica y se encuentren en condiciones académicas para obtenerlo.
4. Facilitar la prolongación de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en 4.° de la ESO con la posibilidad de titular a los alumnos y alumnas que lo cursen.
5. Derogar definitivamente las evaluaciones de final de etapa de 4.° de la ESO y 2.° de Bachillerato, así como la existencia de una doble titulación al acabar 4.° de ESO.
6. Recuperar la garantía de la participación de la comunidad educativa en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en la dirección, la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de
los centros educativos, para asegurar el papel efectivo de la comunidad educativa en los centros a través del Consejo Escolar.
7. Aumentar el presupuesto de educación, en los Presupuestos Generales del Estado para los años 2018 y 2019, con el objetivo de situarnos en los niveles anteriores de la crisis (el 5 % del PIB) al igual que el resto de los países europeos.
8. Establecer por parte del Gobierno un compromiso claro con la educación pública en nuestro país destinando los recursos suficientes para que la igualdad de oportunidades para todos y todas sea efectiva en todas las etapas educativas,
priorizando la escuela pública en la oferta educativa.
9. Convocar de manera inmediata el Observatorio Estatal de la Convivencia para que realice un informe actualizado sobre la convivencia en nuestros centros educativos.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
OTROS TEXTOS
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
152/000001
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 21 de
septiembre de 2017, de conformidad con el Dictamen de la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos, así como los votos particulares mantenidos por los diferentes Grupos Parlamentarios que no han sido recogidos en el citado texto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
I. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES DE LA COMISIÓN.
A) Creación de la Comisión y prórroga de sus trabajos.
1. Creación de la Comisión.
2. Prórroga de los trabajos de la Comisión.
B) Constitución y composición de la Comisión.
C) Sesiones de la Comisión.
D) Comparecencias celebradas y solicitudes de comparecencia presentadas por los Grupos Parlamentarios.
1. Comparecencias celebradas.
2. Solicitudes de comparecencia presentadas por los Grupos Parlamentarios.
E) Documentación requerida por la Comisión.
II. CONCLUSIONES.
Anexo I. Comparecencias solicitadas por los Grupos Parlamentarios.
Anexo II. Solicitudes de documentación presentadas por los Grupos Parlamentarios.
Anexo III. Documentación requerida por la Comisión.
Anexo IV. Documentación remitida a la Comisión.
I. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES DE LA COMISIÓN.
A) Creación de la Comisión y prórroga de sus trabajos.
1. Creación de la Comisión.
Con fecha 20 de julio de 2016 se presentó una solicitud de creación de Comisión de Investigación por 84 diputados del Grupo parlamentario Socialista sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro
Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos (núm. expte. 156/000001).
La citada solicitud fue objeto de debate en el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 27 de septiembre de 2016 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento del Congreso de los
Diputados se acordó la creación de la Comisión de Investigación (BOCG, serie D, núm. 28, de 5 de octubre de 2016) ('Diario de Sesiones', núm. 7) en los siguientes términos:
'A) Objeto.
La Comisión tendrá por objeto investigar la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado con fines políticos y, en concreto:
1. Investigar la utilización en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otros medios públicos, por parte de las autoridades y altos
cargos del Departamento, con fines políticos, y en especial para obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y para el seguimiento y control de las actividades de los partidos de la oposición y de
sus dirigentes.
2. Analizar y comprobar las actuaciones del mencionado Ministerio, reveladas en los medios de comunicación, dirigidas a difundir supuestas informaciones sobre dirigentes y miembros de otros partidos políticos, sin soporte fáctico, y basadas
exclusivamente en documentación elaborada con ese fin en el propio Departamento.
3. Esclarecer, en concreto, las informaciones que apuntan a la elaboración desde ese Ministerio, de elementos probatorios que justificaran la intervención del Poder Judicial contra determinados responsables políticos.
4. Determinar la participación en estas actividades de señalados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, convertidos al efecto en una verdadera 'Policía política' inadmisible en un Estado de Derecho.
5. Determinar el origen de los recursos utilizados para la financiación de dichas actividades, así como, en su caso, las transferencias de fondos públicos realizadas y los destinatarios de las mismas.
6. Evaluar las consecuencias de estas actuaciones en la eficacia y coordinación de las actividades del Cuerpo Nacional de Policía, así como en la relación de este con el Cuerpo de la Guardia Civil y otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
7. Determinar los incumplimientos de las normas vigentes que estas actividades han supuesto, sus consecuencias en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y las responsabilidades de todo tipo que se puedan derivar de las mismas.
B) Composición.
La Comisión de Investigación estará compuesta por tres representantes de cada grupo parlamentario de más de cien miembros, dos representantes de cada grupo parlamentario de más de cincuenta y uno de cada uno de los restantes grupos
parlamentarios.
Podrán también designarse otros tantos miembros suplentes por los grupos parlamentarios.
En las votaciones se atenderá al criterio del voto ponderado.
C) Duración de los trabajos y presentación de conclusiones.
La duración de los trabajos de esta Comisión de Investigación será de tres meses desde su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por meses por acuerdo del Pleno de la Cámara.
En el mencionado plazo, la Comisión elevará al Pleno del Congreso de los Diputados para su aprobación el Dictamen en el que figuren sus conclusiones, así como los votos particulares que los grupos parlamentarios presenten, pudiendo acordar,
en su caso y conforme a lo previsto en el artículo 76.1 de la Constitución, que la Mesa del Congreso de traslado al Ministerio Fiscal de las mismas para el ejercicio de las acciones que sean procedentes.'
2. Prórroga de los trabajos de la Comisión.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 31 de mayo de 2017, acordó ampliar el plazo para la conclusión de los trabajos de la Comisión hasta el 31 de julio de 2017.
B) Constitución y composición de la Comisión.
La Comisión se constituyó el día 9 de marzo de 2017 bajo la Presidencia de la Presidenta del Congreso de los Diputados, quedando integrada por los siguientes Diputados:
Vocales:
Juan Carlos Campo Moreno GS
María Gloria Elizo Serrano GCUP-EC-EM
Miguel Ángel Gutierrez Vivas GCs
Mikel Legarda Uriarte GV (EAJ-PNV)
José A. Martín-Toledano Suárez GP
Sergi Miguel i Valentí GMx
Francisco Molinero Hoyos GP
Irene María Montero Gil GCUP-EC-EM
Carlos Rojas García GP
Gabriel Rufián Moreno GER
David Serrada Pariente GS
Suplentes:
Enric Bataller i Ruiz GMx
Ana María Botella Gómez GS
Joan Capdevila i Esteve GER
Francesc Xavier Domènech Sampere GCUP-EC-EM
Rafael Mayoral Perales GCUP-EC-EM
María Mercé Perea i Conillas GS
Luis Miguel Salvador García GCs
En la citada sesión de 9 de marzo de 2017 se procedió a la elección de la Mesa de la Comisión, integrada por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios, resultando elegidos:
Presidente: Mikel Legarda Uriarte
Vicepresidente Primero: Francisco Molinero Hoyos
Vicepresidente Segundo: Juan Carlos Campo Moreno
Secretaria Primera: María Gloria Elizo Serrano
Secretario Segundo: Miguel Ángel Gutiérrez Vivas
Altas-Bajas en la composición de la Comisión
Vocales;;Alta;Baja
Enric Bataller i Ruiz;GMx;09/03/2017;
Ana María Botella Gómez;GS;09/03/2017;
Joan Capdevilla i Esteve;GER;23/03/2017;
María Mercé Perea i Conillas;GS;09/03/2017;
Luis Miguel Salvador García;GCs;09/03/2017;
Francesc Xavier Domènech Sampere;GCUP-EC-EM;09/03/2017;27/06/2017
Irene María Montero Gil;GCUP-EC-EM;27/06/2017;
Antonio Ramón María Trevín Lombán;GS;09/03/2017;03/07/2017
David Serrada Pariente;GS;03/07/2017;
Vocales Suplentes;;Alta;Baja
Rafael Mayoral Perales;GCUP-EC-EM;09/03/2017;22/03/2017
;GCUP-EC-EM;23/03/2017;05/04/2017
;GCUP-EC-EM;17/04/2017;29/05/2017
;GCUP-EC-EM;02/06/2017;
Carolina Bescansa Hernández;GCUP-EC-EM;22/03/2017;23/03/2017
Joan Tardà i Coma;GER;22/03/2017;23/03/2017
Eduardo Santos Itoiz;GCUP-EC-EM;09/03/2017;17/04/2017
;GCUP-EC-EM;29/05/2017;02/06/2017
Francesc Xavier Domènech Sampere;GCUP-EC-EM;27/06/2017;
Irene María Montero Gil;GCUP-EC-EM;05/04/2017;27/06/2017
Letradas adscritas a la Comisión;;;
Piedad García-Escudero Márquez;;;
Mercedes Cabrera Orejas;;;
C) Sesiones de la Comisión.
La Comisión ha celebrado 17 sesiones, 13 ordinarias y 4 extraordinarias.
Sesiones en periodo ordinario:
9 de marzo de 2017: Constitución de la Comisión.
21 de marzo de 2017: Ordenación de los trabajos.
22 de marzo de 2017: Ordenación de los trabajos.
28 de marzo de 2017: Ordenación de los trabajos.
30 de marzo de 2017: Ordenación de los trabajos.
4 de abril de 2017: Ordenación de los trabajos.
5 de abril de 2017: Comparecencias de don Daniel de Alfonso Laso, ex Director de la Oficina Antifraude de Cataluña y de don Jorge Fernández Díaz, ex Ministro del Interior. D.S. Congreso de los Diputados, Comisiones de Investigación, núm.
2, de 05/04/2017.
18 de abril de 2017: Ordenación de los trabajos.
24 de mayo de 2017 Ordenación de los trabajos.
29 de mayo de 2017: Ordenación de los trabajos.
6 de junio de 2017. Comparecencia de don Ignacio Cosidó Gutiérrez, ex director general de la Policía. D.S. Congreso de los Diputados, Comisiones de Investigación, núm. 3, de 06/06/2017.
6 de junio de 2017. Ordenación de los trabajos.
21 de junio de 2017. Ordenación de los trabajos.
Sesiones extraordinarias:
5 de julio de 2017. Comparecencias de don José Ángel Fuentes Gago, Inspector Jefe de la Policía, y de don Eugenio Pino Sánchez, ex Director Adjunto Operativo de la Dirección General de la Policía. D.S. Congreso de los Diputados,
Comisiones de Investigación, núm. 4, de 05/07/2017.
5 de julio de 2017. Ordenación de los trabajos.
12 de julio de 2017. Ordenación de los trabajos.
20 de julio de 2017: Elaboración y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión.
D) Comparecencias celebradas y solicitudes de comparecencia presentadas por los grupos parlamentarios.
1. Comparecencias celebradas.
- Don Daniel de Alfonso Laso, ex Director de la Oficina Antifraude de Cataluña.
- Don Jorge Fernández Díaz, ex Ministro del Interior.
- Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, ex Director General de la Policía.
- Don José Ángel Fuentes Gago, Inspector Jefe de la Policía.
- Don Eugenio Pino Sánchez, ex Director Adjunto Operativo de la Dirección General de la Policía.
2. Solicitudes de comparecencia presentadas por los grupos parlamentarios.
Se incorporan en anexo I las comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios.
E) Documentación requerida por la Comisión.
Se incorporan en anexo II las solicitudes de documentación presentadas por los Grupos Parlamentarios.
Se incorpora en anexo III la documentación requerida por la Comisión
Se incorpora en anexo IV la documentación remitida a la Comisión.
II. CONCLUSIONES.
El Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del día 27 de septiembre de 2016 acordó la creación de la 'Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández
Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos'. De los trabajos de esta Comisión se ponen de manifiesto una serie de conclusiones que de forma mayoritaria han sido
acordadas:
1. La Comisión de Investigación quiere expresar que en ningún momento su tarea ha consistido en evaluar la constitucional y encomiable labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, de manera amplísimamente mayoritaria, vienen
desarrollando en pro de la ciudadanía en la lucha contra el crimen.
2. La información documental solicitada por la Comisión de Investigación ha tenido una respuesta diversa, pero debe señalarse de manera clara que la requerida del Gobierno ha sido atendida de forma impuntual e incompleta. La documentación
ha sido remitida de modo que no ha estado plenamente disponible de manera esencial para las comparecencias del ex Ministro del Interior y del ex Director General de la Policía.
3. En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez, por orden del DAO
Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del Ministro destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de
adversarios políticos. A modo de ejemplo: PSOE (como demuestra la creación y trabajos realizados por las BARC), el nacionalismo catalán (señor Trías) o Podemos (Informe Pisa).
4. Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas
esenciales de la democracia y del Estado de Derecho.
ANEXO I
COMPARECENCIAS SOLICITADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Grupo Socialista.
- Ignacio Cosidó Gutiérrez, ex Director General de la Policía (solicitada por el Grupo en sesión de la Comisión del día 18/04/2017). (Celebrada en sesión de la Comisión de 06/06/2017).
Grupo Confederal UP-EC-EM.
- Jorge Fernández Díaz, ex Ministro del Interior. (Celebrada en sesión de la Comisión de 05/04/2017).
- Manuel Vázquez, ex Jefe de la UDEF.
- José Manuel Villarejo Pérez, ex Comisario de Policía.
- Enrique García Castaño, ex Comisario General de Información de la Policía Nacional, Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).
- Eugenio Pino Sánchez, ex comisario de policía, ex Director Adjunto Operativo (DAO). (Celebrada en sesión de la Comisión de 05/07/2017).
- José Ángel Fuentes Gago, ex inspector jefe de la policía. (Celebrada en sesión de la Comisión de 05/07/2017).
- Marcelino Martín Blas, ex responsable de la Unidad de Asuntos Internos.
- Bonifacio Díaz, Inspector Jefe de la Policía/ex Agregado de Interior en la Embajada de España en Andorra.
- José Manuel Maza, Fiscal General del Estado.
- Eduardo Torres-Dulce Lifante, ex Fiscal General del Estado.
- Francisco Martínez, Secretario de Estado de Interior con Fernández Díaz.
- Daniel de Alfonso Laso, ex director de la oficina antifraude de Catalunya. (Celebrada en sesión de la Comisión de 05/04/2017).
- Celestino Barroso, ex Agregado de Interior en la Embajada de España en Andorra.
- Victoria Álvarez, ex novia de Jordi Pujol Ferrusola.
- Francisco Javier de la Rosa Martí, abogado.
- Eduardo Inda, periodista.
- Patricia López, periodista.
- Carlos Bayo, periodista.
- José Luis Olivera, ex Comisario de Policía/ex Jefe de la UDEF y director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
- Jaime Barrado González, Comisario de Policía.
- Francisco Mercado, periodista.
- Cristóbal Martel, abogado.
- Julián Peribáñez, detective de Método 3.
- Antonio Tamariz, detective de Método 3.
- Francisco Nicolás Gómez Iglesias.
- Jorge Moragas Sánchez, Director del Gabinete de Presidencia.
- Alicia Sánchez-Camacho, ex Diputada del PP de Catalunya, actual Diputada en el Congreso.
- Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno.
- Alfredo Pérez Rubalcaba, ex Ministro del Interior (solicitada por el Grupo en sesión de la Comisión del día 18/04/2017).
Grupo Esquerra Republicana.
- Eugenio Pino Sánchez. Jefe de Policía y supuesto jefe de la brigada patriótica que encargó crear FD.
- José Ángel Fuentes Gago. Inspector Jefe que promueve la reunión de De Alfonso-FD. Jefe de Gabinete de Pino.
- José Manuel Villarejo Pérez. Comisario bajo el mando de Pino. También es empresario. Alguna de sus empresas fue contratada para hacer 'barridos' a la oficina antifraude. Empresas relacionadas también con Método 3. Reconoce
abiertamente haber formado parte de la brigada patriótica.
- Enrique García Castaño. Comisario. Cesado fulminantemente después que salieran a la luz las grabaciones de Interior. Era el responsable de la UCAO, en la Comisaría General de Información y que se encarga de las 'cosas técnicas' como
micrófonos, etc. En teoría dedicada a la investigación del terrorismo.
- Bonifacio Díaz Sevillano. Estuvo en Andorra de Agregado en la Embajada cuando estalló el escándalo de la supuesta extorsión a los del BPA.
- Antonio Giménez Raso. De Alfonso lo nombró en su comparecencia. Era socio empresarial de Villarejo en las empresas contratadas para hacer los barridos.
- Marcelino Martin-Blas. Ex Jefe Asuntos Internos y presunto integrante de la brigada patriótica que creó FD. Varias informaciones apuntan que habría usado fondos reservados para investigaciones. Acabó estando mal con la brigada
patriótica y por lo visto no se guardan gran simpatía con Villarejo y otros miembros del grupo.
- Josep Pujol Ferrussola. Han aparecido informaciones en las que se cuenta que le hicieron una oferta para que de información contra ERC a cambio de exonerar su familia de las causas pendientes.
- Javier de la Rosa. Presunto testigo de lo mismo que cuenta Josep Pujol sobre los 'negocios' de la familia Pujol. Fue presunta víctima de una trama de policías para que les diera información contra los Pujol para ir contra el
independentismo. Villarejo le engañó haciéndose pasar por un abogado para sacarle información.
- Eduardo Inda. Periodista y presunto receptor del 'informe borrador de Pujol', de la cuenta de Trias de la que hablan De Alfonso y el Ministro y otras operaciones de la cloaca.
- José Manuel Sánchez Fornet. Ex SG del SUP confiesa en una entrevista haber filtrado el informe de la UDEF.
- Alfredo Pérez Rubalcaba (solicitada en sesión de la Comisión del día 21/06/2017).
Grupo Mixto (PDeCAT).
- Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior en el periodo diciembre 2011-noviembre 2016. Motivo comparecencia: Informar sobre la participación y papel que tuvo el Ministerio del Interior en el diseño e impulso de la Operación Cataluña,
así como informar sobre los objetivos y resultados obtenidos. (Celebrada en sesión de la Comisión de 05/04/2017).
- José Manuel Margallo. Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en el periodo diciembre 2011- noviembre 2016. Motivo comparecencia: Informar sobre la participación y papel que tuvo el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en
la Operación Cataluña, así como informar sobre los objetivos y resultados de los informes realizados por el Ministerio en relación a una Cataluña independiente.
- Daniel de Alfonso Laso. Ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) (2011-2016). Motivo comparecencia: Informar sobre las conversaciones con el Ministro Fernández Díaz, grabadas por el propio Ministro y sobre su papel en el
diseño e impulso de la Operación Cataluña. (Celebrada en sesión de la Comisión de 05/04/2017).
- José Manuel Villarejo Pérez. Comisario de la Policía. Está jubilado desde 2016. Motivo comparecencia: Informar sobre la existencia de la Operación Cataluña.
- Alicia Sánchez-Camacho. Presidenta del PP Cataluña. Motivo comparecencia: Informar sobre la existencia de la Operación Cataluña.
- Mariano Rajoy Brey. Presidente del Gobierno. Motivo comparecencia: Informar sobre la existencia de la Operación Cataluña.
- Soraya Sáenz de Santamaría. Vicepresidenta del Gobierno. Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Motivo comparecencia: Informar sobre la existencia de la Operación Cataluña.
- Juan Ignacio Zoido. Ministro del Interior. Motivo comparecencia: Informar sobre el conocimiento de la Operación Cataluña e informar sobre si el Ministerio del Interior ha impulsado cambios con el objetivo de terminar con las actuaciones
del ex Ministro Fernández Díaz en relación a la Operación Cataluña.
- Jorge Moragas Sánchez. Jefe de Gabinete de Rajoy. Motivo comparecencia: Informar sobre la existencia de la Operación Cataluña.
- Eugenio Pino Sánchez. Número dos de la Policía Nacional. Se jubiló en junio 2016. Motivo comparecencia: Informar sobre la existencia de la Operación Cataluña. (Celebrada en sesión de la Comisión de 05/07/2017).
- Antonio Giménez Raso (El Bigotes). Policía. Motivo comparecencia: Informar sobre la existencia de la Operación Cataluña.
- Marcelino Martín Blas. Ex Jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Motivo comparecencia: Informar sobre la existencia de la Operación Cataluña.
- José Luis Olivera Ex Jefe de la UDEF. Motivo comparecencia: Informar sobre la existencia de la Operación Cataluña. Motivo comparecencia: Informar sobre la participación de la UDEF en el diseño e impulso de la Operación Cataluña.
- Francisco Marco, Julián Peribáñez y Antonio Tamarit. Ex directivos de Método 3. Motivo comparecencia: Informar sobre las investigaciones y seguimientos a políticos catalanes en el marco de la Operación Cataluña.
ANEXO II
SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Grupo Parlamentario Popular
Propuestas Plan de Trabajo 17 de marzo de 2017:
- Al Tribunal Supremo:
Testimonio del Auto del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2016 (recurso 20745/2016).
- A la Fiscalía General del Estado:
Decreto de archivo dictado por la Fiscalía del Tribunal Supremo en julio de 2016 de la denuncia presentada por ERC contra el ex Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
- Al Parlament de Catalunya:
Diario de sesiones de la sesión de la Comissió d'Afers Institucionals celebrada el 23 de junio de 2016.
- Al Ministerio del Interior:
Informe elaborado por el Comisario General de Policía Judicial en relación con la difusión de conversaciones privadas del Ministro del Interior difundidas por un medio de comunicación digital.
Oficios de remisión del informe anterior al Ministerio Fiscal.
Orden Ministerial INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía.
Protocolo de actuación de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, de 21 de mayo de 2015.
Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía, de 5 de abril de 2013.
Solicitudes presentadas el 24 de marzo de 2017:
- Documentos a solicitar a la Oficina Antifraude de Cataluña:
Expedientes instruidos, informes elaborados o cualquier otro documento realizado por la Oficina Antifraude de Cataluña que guarde relación con el Servei Catalá de la Salud (CatSalut), el Consorci de Salut i Social de Catalunya, el Grupo
SERHS y la empresa CCM Estratégies i Salut, así como cualesquiera otros informes o expedientes relativos a consorcios o entes sanitarios públicos de Cataluña.
Expedientes instruidos, informes elaborados o cualquier otro documento realizado por la Oficina Antifraude de Cataluña que guarde relación con las adjudicaciones de contratos o la firma de convenios por parte de organismos públicos de
Cataluña, en particular del ámbito sanitari, con el Grupo SERHS o con la empresa CCM Estratégies i Salut.
Expedientes instruidos, informes elaborados o cualquier otro documento realizado por la Oficina Antifraude de Cataluña relativo a la contratación como empleada pública en el Gabinete Jurídico de la Generalitat de doña Nuria Olivella
Busquets, incluyendo la denuncia presentada por el sindicato Comisiones obreras en la Oficina Antifraude de Cataluña relativa a ese nombramiento.
Expedientes instruidos, informes elaborados o cualquier otro documento realizado por la Oficina Antifraude de Cataluña relativo a irregularidades en la contratación y a cualquier actividad de tipo mercantil en el Puerto de Barcelona.
- Documentos a solicitar a la Sindicatura de Comptes de Cataluña:
Informes elaborados por la Sindicatura de Comptes de Cataluña en relación con los Consorcios de Salud de Cataluña tales como: el Parc Taulí de Sabadell, el Consorci Sanitari de Terrassa, el Sistema de Emergencias Médicas, El Instituto
Catalán de Oncología, el Consorci Sanitari Integral, la Corporación de Salud del Maresme i la Selva y cualesquiera otros.
- Documentos a solicitar al Parlament de Cataluña:
Diario de sesiones del 23 de junio de 2013, correspondiente a la comparecencia del Director de la Oficina Antifraude de Cataluña ante la Comisión de investigación sobre la gestión en el ámbito sanitario y las relaciones entre el sector
público sanitario y las empresas.
Grupo Parlamentario Socialista
Solicitudes presentadas en Comisión el 22 de marzo de 2017:
- Tránsitos y barridos telefónicos realizados en el despacho del Ministro del Interior entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de octubre de 2016.
Solicitudes presentadas el 24 de marzo de 2017:
- Las órdenes ministeriales de Interior sobre estructura, organización y funciones de los órganos centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía producidas desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de marzo de 2017.
- Ordenes Comunicadas sobre la misma materia, vigentes y producidas desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de marzo de 2017.
- Las instrucciones, ordenes de servicio y análogas, de la Dirección Adjunta Operativa (DAD), Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) y de la Comisaría General de Información (CGI), el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de marzo de 2017.
- El catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de la Policía, con todas sus modificaciones habidas desde 2012 hasta la fecha, desagregando las modificaciones y justificación de las mismas.
- Agregaciones, comisiones de servicio y/o atribuciones temporales de servicio a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de octubre de 2016, especificando número y nombre de los funcionarios, categorías
profesionales, plantillas de procedencia y funciones encomendadas, así como tiempo de permanencia en la DAD y costes de las mismas con motivo de dietas, transporte/viajes y cualquier tipo de indemnizaciones.
- Expedientes de las medallas pensionadas (Cruces Rojas y Medallas de Plata) concedidas entre 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016.
- Expediente completo de la selección para los nombramientos de agregados Consejeros de Interior entre 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016, incluyendo las actas de las Comisión de Destinos en el Exterior y las propuestas
remitidas desde las Dirección General de la Policía a la Subdirección General de Cooperación Internacional, para cubrir cada una de las plazas.
- Escrito que remitió el Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio del Interior a petición del Juez Instructor de la Operación Brugal, por haber demorado la remisión de los informes policiales solicitados y en consecuencia, el fin de
la instrucción de la causa más de cinco años.
- Diligencias que se hayan abierto y las resoluciones adoptadas por filtraciones a la prensa de informes policiales.
- Relación y detalle de Informes e Investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, conocida como Unidad de Inteligencia, adscrita a la Dirección Adjunta Operativa desde su creación en 2012 hasta el
31 de octubre de 2016.
- Relación y detalle de los informes elaborados por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) conocida como Brigada de Punto Final.
- Instrucciones impartidas por el ex Director Adjunto Operativo, o por cualquiera de los Comisarios Generales de Policía Judicial nombrados desde 2012, o por el ex Director General de la Policía o por otros altos responsables políticos del
Ministerio del Interior, en relación a la investigación de la titularidad del dúplex de Estepona de Ignacio González.
Solicitudes presentadas el 8 de junio de 2017:
- Autorizaciones para viajar fuera de España realizadas por el Director General de la Policía, don Ignacio Cosidó, a miembros de la Policía Nacional a Suiza y Andorra, fechas e importe de las dietas satisfechas, así como si la actuación que
justificaba el viaje estaba vinculada a un caso que se estuviera instruyendo ante la autoridad judicial y quién era dicha autoridad, desagregado por viajes.
- Autorizaciones para viajar fuera de España realizadas por el Director General de la Policía, don Ignacio Cosidó, a don José Ángel Fuentes Gago, fechas de cada una de ellas y destinos que tuvieron, así como personas de la Policía Nacional
que le acompañaron y si encabezaba el Sr. Fuentes Gago la delegación o no en caso de viajar acompañado, y de no encabezarla él, quién lo hacía, así como si la actuación que justificaba el viaje estaba vinculada a un caso que se estuviera
instruyendo ante la autoridad judicial y quien era dicha autoridad y unidad encargada de actuar en funciones de policía judicial, o en caso de que no fuera la autoridad judicial, quién estaba llevando a cabo la investigación, e importe de las dietas
pagadas por cada viaje.
- Autorizaciones para viajar fuera de Madrid desde 2012 hasta septiembre de 2016, realizadas por el Secretario de Estado de Seguridad, el Director General de la Policía o el Director Adjunto Operativo a los miembros de la Policía Nacional
don Marcelino Martín Blas y don José Luis Olivera Serrano, así como si la actuación que justificaba el viaje estaba vinculada a un caso que se estuviera instruyendo ante la
autoridad judicial y quién era dicha autoridad y la unidad encargada de actuar en funciones de policía judicial, o en caso de que no fuera la autoridad judicial, quién era el responsable de llevar a cabo la investigación, e importe de las
dietas pagadas por cada viaje.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Propuestas Plan de Trabajo 17 de marzo de 2017:
- Informe conocido por PISA solicitud realizada a la Dirección Adjunta Operativa, así como cualquier otro informe, nota o diligencia policial llevada a cabo sobre Pablo Manuel Iglesias Turrión.
- Grabación íntegra y transcripción de la conversación mantenida en sede ministerial por parte del Ministro Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, dicha grabación fue entregada por el periódico 'Público' a miembros del Cuerpo Nacional de
Policía.
- Declaración del Ministro efectuada ante miembros del Cuerpo Nacional de Policía con ocasión de la publicación de la referida grabación.
- Declaración Daniel de Alfonso efectuada ante miembros del Cuerpo Nacional de Policía con ocasión de la publicación de la referida grabación.
- Grabación íntegra conocida por 'La Camarga' mantenida entre Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez en el restaurante 'La Camarga', que se encuentra en el Juzgado de instrucción n.º 14 de Barcelona, desconociendo en estos momentos las
diligencia concretas, a través del conducto oficial, Presidencia del Congreso y Tribunal Supremo.
- Diligencias llevadas a cabo por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y relativas a la supuesta existencia de cuentas bancarias de Xavier Trías.
- Relación y protocolos internas del Ministerio del Interior que tengan que ver con la posibilidad de la 'quiebra' en las grabaciones del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
- Que a través del conducto oficial, Presidencia del Congreso y Tribunal Supremo, se remita comunicación al Juzgado de Instrucción n.º 2 de Madrid, diligencias previas 4676/2014 para que remita testimonio de la causa seguida en dicho juzgado
bajo las diligencias, concretamente declaraciones prestadas a acabo en sede policial y juzgado e informes policiales y documentación anexa a éstos de todas sus piezas, y al Juzgado Central de Instrucción n.º 5, diligencias previas 141/2012, para que
remita testimonio de la causa seguida en dicho juzgado bajo las diligencias, concretamente declaraciones prestadas a acabo en sede policial y juzgado e informes policiales y documentación anexa a éstos de todas sus piezas.
- Grabaciones que existan en poder del diario Público relativas a mandos policiales, y que podríamos detallar tras estudio en los próximos días.
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitudes presentadas en Comisión el 22 de marzo de 2017:
- Registro de visitas al despacho del Ministro del Interior de los últimos dos años.
- Informe de adjudicaciones, subvenciones o recalificaciones a la empresa CESPA, entre los años 2006 y 2010.
- Informe Investigación Policial sobre la colocación en el Gobierno Catalán de doña Nuria Olivella Busquets, cuñada del ex Consejero del Interior del Gobierno de la Generalidad, don Felip Puig Godés.
- Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 7 de Barcelona, sobre el nombramiento de doña Nuria Olivella Busquets como abogada del Gabinete Jurídico del Gobierno de la Generalidad.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitudes presentadas el 24 de marzo de 2017:
- Toda la documentación, grabaciones, informes e investigaciones del seguimiento policial a políticos y partidos políticos, así como las órdenes e instrucciones dadas en tal sentido.
- Toda la documentación, grabaciones, informes e investigaciones efectuadas por los servicios de inteligencia a políticos y partidos políticos, así como las órdenes e instrucciones dadas en tal sentido.
- Toda la documentación de las actuaciones de las diligencias previas del procedimiento abreviado 2273/2014 T seguidas por del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid provenientes de las previas 961/2014K seguidas con anterioridad por el Juzgado
de Instrucción 22 de Barcelona.
En especial:
Las declaraciones de los Agentes de Policía y del Director del periódico 'La Razón' en acta escrita o grabación audiovisual.
Información sobre los accesos a las bases de datos del DNI por parte de Agentes policiales. El Oficio de la Dirección General de la Policía con entrada en la causa el día 1 de abril de 2014 y del 24 de marzo de 2014.
Oficio del Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Información de Barcelona de 24 de julio de 2014 remitiendo la 'Nota Interna' elaborada por aquella Unidad.
- El informe remitido a la Agencia Española de Protección de Datos del expediente E 1860/2015 por denuncia sobre filtración de datos de la policía al diario 'La Razón':
Informe remitido por el Comisario Principal Jefe regional de operaciones Sebastián Trapote Gutiérrez de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en relación a 33 magistrados de 3 de octubre de 2014.
- Listado de las reuniones formales o informales llevadas a cabo por altos cargos del Ministerio del Interior con la Fiscalía o con altos cargos del Poder Judicial, así como el acta -o en su defecto, el motivo- de la reunión.
- Toda la información policial existente respecto a investigaciones llevadas a cabo en los últimos 5 años sobre Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Artur Mas, Xavier Trias y personas vinculadas a Ómnium Cultural, la Assemblea Nacional
Catalana, así como de los jueces que firmaron el manifiesto a favor del derecho a decidir de Catalunya.
- Grabación íntegra de la conversación entre Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez en el restaurante 'La Camarga'.
- Grabaciones efectuadas en el despacho del Ministro del Interior. En especial, la grabación -o grabaciones- mantenida con el Director de la Oficina Antifraude de Catalunya, cualquier grabación con miembros del Poder Judicial o de la
Fiscalía y cualquier otra grabación donde se hablara del proceso independentista catalán o de los políticos o partidos catalanes.
- Agenda pública del Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España.
- Relación de unidades policiales (con el número de recursos humanos y económicos) dedicadas a investigar a partidos políticos y movimientos sociales, así como los informes realizados al respecto.
Solicitudes presentadas el 24 de marzo de 2017:
- Documental 'Las cloacas del Estado' producido por Mediapro.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Solicitudes presentadas en Comisión el 22 de marzo de 2017:
- A la Fiscalía General del Estado:
Audio y transcripción completa de las conversaciones, totalidad de las grabaciones, entre don Jorge Fernández Díaz (ex Ministro del Interior) y don Daniel de Alfonso (ex Director de la Oficina Antifraude de Catalunya), y otras personas,
habidas en los días 4 y 16 de octubre de 2014, en el despacho del ex Ministro y, en su caso, aledaños.
- A la Fiscalía General del Estado:
Actuaciones consistentes en diligencias de investigación, procedimientos previos o, en su caso, incoación de procedimiento, respecto a cualquier aspecto relativo a las grabaciones que tuvieron lugar los días 4 y 16 de octubre de 2014, en
el despacho o aledaños del ex Ministro, don Jorge Fernández Díaz.
- A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Centro Nacional de Inteligencia:
Para que, a través del Ministerio del Interior y de la Vicepresidencia del Gobierno, se remita cualquier tipo de trabajo, notas, informes, declaraciones recabadas, diligencias o atestados que hayan realizado, encargado, o de los que
dispongan, sobre cualquier aspecto concerniente a las grabaciones que tuvieron lugar los días 4 y 16 de octubre de 2014, en el despacho y aledaños del ex Ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz, tales como dispositivo utilizado, ubicación,
autoría en cualquiera de sus modalidades, finalidad de las grabaciones, fidelidad de la grabación, y cualquier otra circunstancia relativa a las mismas.
- Al Parlament de Catalunya:
Trabajos realizados, de cualquier naturaleza, con ocasión de las conversaciones grabadas, los días 4 y 16 de octubre de 2014, en el despacho y aledaños del ex Ministro del Interior, D. Jorge Fernández Díaz.
- Al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales:
Cualquier tipo de actuación (incluida la mera recepción o registro de documentos) llevada a cabo, que tuviera alguna conexión con informaciones o documentación facilitadas por don Daniel de Alfonso (ex Director de la Oficina Antifraude de
Catalunya), dirigidas a investigar cualquier información económica relativa a políticos catalanes y españoles.
Solicitudes presentadas el 24 de marzo de 2017:
- Al medio de comunicación digital 'Público.es':
Grabaciones de audio de que disponga y, en su caso, sus transcripciones, referentes a la llamada 'Operación Cataluña'.
Cualquier otra documentación de que disponga, de cualquier naturaleza, tales corno correos electrónicos, Whatsapp, etc., relativa a la llamada 'Operación Cataluña'.
- Al Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia:
Para que informen si con cargo a los fondos reservados se pagó alguna cantidad, entre los años 2012 y 2016, a don Antonio Tamarit y a don Julián Peribáñez; y, en su caso, en qué concepto.
- Al Ministerio del Interior:
Nota informativa interna policial, de la Comisaría General de la Policía Judicial, de fecha 11 de septiembre de 2012, contenida en el Sumario Palau-Análisis de Situación II.
Notas informativas policiales elaboradas por el Comisario don José Manuel Villarejo, incorporadas al llamado 'Caso Pujol' que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
- Notas informativas policiales, reservadas o con cualquier otra denominación, que consten en órganos, servicios o dependencias policiales, elaboradas por don José Manuel Villarejo, entre los años 2012 y 2016.
Notas informativas o con cualquier otra denominación elaboradas por don Julián Peribáñez o don Antonio Tamarit, entre los años 2012 y 2016, que consten en cualquiera de los órganos, servicios o dependencias de la Policía Nacional.
- Al Centro Nacional de Inteligencia:
Informe técnico sobre cómo y desde dónde pudieron haberse realizado las grabaciones que tuvieron lugar los días 4 y 16 de octubre de 2014, en el despacho y aledaños del despacho del ex Ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz.
- A la Administración de Justicia de Andorra:
Notas informativas elaboradas por don José María Villarejo, aportadas a la querella formulada por don Higini Cierco, contra don Marcelino Martín Blas-Aranda, ante la justicia de Andorra, en su calidad de miembro de la Policía Nacional
española, y otros.
Actuaciones llevadas a cabo en órganos judiciales andorranos, con ocasión de la querella formulada por don Higini Cierco, contra Marcelino Martín Blas-Aranda y en su calidad de miembro de la Policía Nacional española, y otros.
- A don Francisco Marco, ex Director de la Agencia Método-3:
Para que aporte los mensajes de Whatsapp de que disponga, cruzados entre D. Julián Peribáñez y su pareja sentimental, en los que haya constancia de su trabajo para la Policía Nacional, y su remuneración. Así como de cualquier otra persona
con vinculación, en algún momento, a la empresa Método-3, y en las mismas circunstancias que las requeridas respecto al Sr. Peribáñez.
Cualquier nota informativa policial de que disponga, con esa denominación u otras similares, elaboradas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía relativas a la llamada 'Operación Cataluña'.
Grupo Parlamentario Mixto (PDeCAT)
Propuestas Plan de Trabajo 17 de marzo de 2017:
- Transcripción grabaciones en el despacho del ministro Sr. Fernández Díaz con el jefe de la Oficina Antifraude en Cataluña Sr. Daniel de Alfonso.
- Informe tareas SEPBLAC.
- Informes elaborados por el llamado grupo 'Montserrat' o elaborados a petición de sus miembros sobre el encaje con Cataluña.
- Informe sobre los recursos invertidos en causas relacionadas con la destrucción del proceso catalán.
- Informes sobre políticos catalanes.
- Informe o borrador de informe de las investigaciones internas impulsadas por el Ministerio del Interior para averiguar la autoría, atribuida a la UDEF, de las informaciones publicadas en primera página del diario 'El Mundo', del 16 de
noviembre de 2012, 9 días antes de la celebración de elecciones en Catalunya, que involucraba al President Artur Mas y ex President Jordi Pujol.
- Informes y documentos elaborados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y remitidos a los consulados y embajadas relativos a las consecuencias de una Cataluña Independiente.
- Datos cuantitativos desglosados por cuerpos y años, sobre la evolución de los efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI destinados a Cataluña en el periodo 2012-2017.
- Informe policial sobre la Operación Cataluña.
ANEXO III
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA COMISIÓN
Documentación requerida por acuerdo de la Comisión en la sesión de 22 de marzo de 2017.
Solicitudes de documentación acordadas por la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos en su reunión del día 22 de marzo de 2017:
- Al Gobierno:
A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Centro Nacional de Inteligencia. Para que, a través del Ministerio del Interior y de la Vicepresidencia del Gobierno, se remita cualquier tipo de trabajo, notas, informes, declaraciones
recabadas, diligencias o atestados que hayan realizado, encargado, o de los que dispongan, sobre cualquier aspecto concerniente a las grabaciones que tuvieron lugar los días 4 y 16 de octubre de 2014, en el despacho y aledaños del ex Ministro del
Interior, don Jorge Fernández Díaz, tales como dispositivo utilizado, ubicación, autoría en cualquiera de sus modalidades, finalidad de las grabaciones, fidelidad de la grabación, y cualquier otra circunstancia relativa a las mismas. (Reiterada
solicitud 25/04/2017).
Informe elaborado por el Comisario General de Policía Judicial en relación con la difusión de conversaciones privadas del Ministro del Interior difundidas por un medio de comunicación digital.
Informe o borrador de informe de las investigaciones internas impulsadas por el Ministerio del Interior para averiguar la autoría, atribuida a la UDEF, de las informaciones publicadas en primera página del diario 'El Mundo', del 16 de
noviembre de 2012, 9 días antes de la celebración de elecciones en Catalunya, que involucraba al President Artur Mas y ex President Jordi Pujol.
Informe conocido por PISA solicitud realizada a la Dirección Adjunta Operativa, así como cualquier otro informe, nota o diligencia policial llevada a cabo sobre Pablo Manuel Iglesias Turrión. (Reiterada solicitud 25/04/2017, 26/05/2017,
08/06/2017 y 22/06/2017).
Registro de visitas al despacho del Ministro del Interior de los últimos dos años.
Informe de adjudicaciones, subvenciones o recalificaciones a la empresa CESPA, entre los años 2006 y 2010.
Informe Investigación Policial sobre la colocación en el Gobierno Catalán de doña Nuria Olivella Busquets, cuñada del ex Consejero del Interior del Gobierno de la Generalidad, don Felip Puig Godés. (Reiterada solicitud 25/04/2017).
Tránsitos y barridos telefónicos realizados en el despacho del Ministro del Interior entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de octubre de 2016.
Al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales. Cualquier tipo de actuación (incluida la mera recepción o registro de documentos) llevada a cabo, que tuviera alguna conexión con informaciones o documentación
facilitadas por don Daniel de Alfonso (ex Director de la Oficina Antifraude de Catalunya), dirigidas a investigar cualquier información económica relativa a políticos catalanes y españoles.
- Al Tribunal Supremo:
Testimonio del Auto del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2016 (recurso 20745/2016).
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 7 de Barcelona, sobre el nombramiento de doña Nuria Olivella Busquets como abogada del Gabinete Jurídico del Gobierno de la Generalidad.
- A la Fiscalía General de Estado:
Audio y transcripción completa de las conversaciones, totalidad de las grabaciones, entre don Jorge Fernández Díaz (ex Ministro del Interior) y don Daniel de Alfonso (ex Director de la Oficina Antifraude de Catalunya), y otras personas,
habidas en los días 4 y 16 de octubre de 2014, en el despacho del ex Ministro y, en su caso, aledaños.
Actuaciones consistentes en diligencias de investigación, procedimientos previos o, en su caso, incoación de procedimiento, respecto a cualquier aspecto relativo a las grabaciones que tuvieron lugar los días 4 y 16 de octubre de 2014, en
el despacho o aledaños del ex Ministro, don Jorge Fernández Díaz.
Decreto de Archivo dictado por la fiscalía del Tribunal Supremo en julio de 2016 de la denuncia presentada por ERC contra el ex Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
- Al Parlament de Catalunya:
Trabajos realizados, de cualquier naturaleza, con ocasión de las conversaciones grabadas, los días 4 y 16 de octubre de 2014, en el despacho y aledaños del ex Ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz.
Diario de Sesiones de la Comissió d'Afers Institucionals celebrada el 23 de junio de 2016.
Documentación requerida por acuerdo de la Comisión en la sesión de 28 de marzo de 2017.
- Al Gobierno:
Agenda pública del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España. (Reiterada solicitud 25/04/2017).
A la Administración de Justicia de Andorra por el cauce que proceda. (Reiterada solicitud 25/04/2017). (Solicitud al Tribunal Supremo 24/05/2017).
Notas informativas elaboradas por D. José María Villarejo, aportadas a la querella formulada por don Higini Cierco, contra don Marcelino Martín Blas-Aranda, ante la justicia de Andorra, en su calidad de miembro de la Policía Nacional
española, y otros.
Actuaciones llevadas a cabo en órganos judiciales andorranos, con ocasión de la querella formulada por don Higini Cierco, contra Marcelino Martín Blas-Aranda y en su calidad de miembro de la Policía Nacional española, y otros.
- Al Ministerio del Interior:
Oficios de remisión al Ministerio Fiscal del Informe elaborado por el Comisario General de Policía Judicial en relación con la difusión de conversaciones privadas del Ministro del Interior difundidas por un medio de comunicación digital.
(Reiterada solicitud 25/04/2017).
Orden Ministerial INT 28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía. (Reiterada solicitud 25/04/2017).
Protocolo de actuación de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, de 21 de mayo de 2015. (Reiterada solicitud 25/04/2017).
Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía, de 5 de abril de 2013. (Reiterada solicitud 25/04/2017).
Las órdenes ministeriales de Interior sobre estructura, organización y funciones de los órganos centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía producidas desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de marzo de 2017.
(Reiterada solicitud 25/04/2017).
Ordenes Comunicadas sobre la misma materia, vigentes y producidas desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de marzo de 2017. (Reiterada solicitud 25/04/2017).
Las instrucciones, ordenes de servicio y análogas, de la Dirección Adjunta Operativa (DAD), Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) y de la Comisaría General de Información (CGI), el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de marzo de 2017.
(Reiterada solicitud 25/04/2017).
El catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de la Policía, con todas sus modificaciones habidas desde 2012 hasta la fecha, desagregando las modificaciones y justificación de las mismas. (Reiterada solicitud 25/04/2017).
Agregaciones, comisiones de servicio y/o atribuciones temporales de servicio a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de octubre de 2016, especificando número y nombre de los funcionarios, categorías
profesionales, plantillas de procedencia y funciones encomendadas, así como tiempo de permanencia en la DAD y costes de las mismas con motivo de dietas, transporte/viajes y cualquier tipo de indemnizaciones. (Reiterada solicitud 25/04/2017,
reiterada solicitud en único formato 22/06/2017).
Expedientes de las medallas pensionadas (Cruces Rojas y Medallas de Plata) concedidas entre 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016. (Reiterada solicitud 25/04/2017 y 26/05/2017).
Expediente completo de la selección para los nombramientos de agregados Consejeros de Interior entre 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016, incluyendo las actas de las Comisión de Destinos en el Exterior y las propuestas
remitidas desde las Dirección General de la Policía a la Subdirección General de Cooperación Internacional, para cubrir cada una de las plazas. (Reiterada solicitud 25/04/2017 y 26/05/2017).
Escrito que remitió el Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio del Interior a petición del Juez Instructor de la Operación Brugal, por haber demorado la remisión de los informes policiales solicitados y en consecuencia, el fin de
la instrucción de la causa más de cinco años. (Reiterada solicitud 25/04/2017).
Diligencias que se hayan abierto y las resoluciones adoptadas por filtraciones a la prensa de Informes Policiales. (Reiterada solicitud 25/04/2017).
Relación y detalle de Informes e Investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, conocida como Unidad de Inteligencia, adscrita a la Dirección Adjunta Operativa desde su creación en 2012 hasta el
31 de octubre de 2016. (Reiterada solicitud 25/04/2017 y 08/06/2017).
Relación y detalle de los informes elaborados por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) conocida como Brigada de Punto Final. (Reiterada solicitud 25/04/2017). (Solicitud 08/06/2017: Documento elaborado por la Comisaria
responsable de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), doña Nuria Mazo, al momento de la disolución de dicha brigada, en la que al parecer se contenía una relación de los informes y expedientes elaborados por la misma, así como
documentación que se adjuntaba. Reiterada solicitud 22/06/2017).
Instrucciones impartidas por el ex Director Adjunto Operativo, o por cualquiera de los Comisarios Generales de Policía Judicial nombrados desde 2012, o por el ex Director General de la Policía o por otros altos responsables políticos del
Ministerio del Interior, en relación a la investigación de la titularidad del dúplex de Estepona de Ignacio González. (Reiterada solicitud 25/04/2017 y 08/06/2017).
Diligencias llevadas a cabo por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y relativas a la supuesta existencia de cuentas bancarias de Xavier Trias. (Reiterada solicitud 25/04/2017).
Relación y protocolos internos del Ministerio del Interior que tengan que ver con la posibilidad de la 'quiebra' en las grabaciones del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. (Reiterada solicitud 25/04/2017 y 26/05/2017).
El informe remitido a la Agencia Española de Protección de Datos del expediente E 1860/2015 por denuncia sobre filtración de datos de la policía al diario La Razón (Reiterada solicitud 25/04/2017):
- Informe remitido por el Comisario Principal Jefe regional de operaciones Sebastián Trapote Gutiérrez de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en relación a 33 magistrados de 3 de octubre de 2014.
Nota informativa interna policial, de la Comisaría General de la Policía Judicial, de fecha 11 de septiembre de 2012, contenida en el Sumario Palau-Análisis de Situación II. (Reiterada solicitud 25/04/2017).
Notas informativas policiales elaboradas por el Comisario don José Manuel Villarejo, incorporadas al llamado 'Caso Pujol' que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. (Reiterada solicitud 25/04/2017 y
26/05/2017).
Notas informativas policiales, reservadas o con cualquier otra denominación, que consten en órganos, servicios o dependencias policiales, elaboradas por don José Manuel Villarejo, entre los años 2012 y 2016. (Reiterada solicitud
25/04/2017 y 26/05/2017).
Notas informativas o con cualquier otra denominación elaboradas por don Julián Peribáñez o don Antonio Tamarit, entre los años 2012 y 2016, que consten en cualquiera de los órganos, servicios o dependencias de la Policía Nacional.
(Reiterada solicitud 25/04/2017).
Informes elaborados por el llamado grupo 'Montserrat' o elaborados a petición de sus miembros sobre el encaje con Cataluña. (Reiterada solicitud 25/04/2017 y 26/05/2017).
Informes sobre políticos catalanes. (Reiterada solicitud 25/04/2017 y 26/05/2017).
Datos cuantitativos desglosados por cuerpos y años, sobre la evolución de los efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI destinados a Cataluña en el periodo 2012-2017. (Reiterada solicitud 25/04/2017 y 26/05/2017).
Informe policial sobre la Operación Cataluña. (Reiterada solicitud 25/04/2017).
- Al Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia:
Para que informen si con cargo a los fondos reservados se pagó alguna cantidad, entre los años 2012 y 2016, a don Antonio Tamarit y a don Julián Peribáñez; y, en su caso, en qué concepto. (Reiterada solicitud 25/04/2017 y 26/05/2017).
- Al Centro Nacional de Inteligencia:
Informe técnico sobre cómo y desde dónde pudieron haberse realizado las grabaciones que tuvieron lugar los días 4 y 16 de octubre de 2014, en el despacho y aledaños del despacho del ex Ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz.
(Reiterada solicitud 25/04/2017).
- Al Tribunal Supremo (Reiterada solicitud 25/04/2017):
Que a través del Tribunal Supremo, se remita comunicación al Juzgado de Instrucción n.º 2 de Madrid, diligencias previas 4676/2014, para que remita testimonio de la causa seguida en dicho Juzgado bajo las diligencias, concretamente
declaraciones prestadas a cabo en sede policial y juzgado e informes policiales y documentación anexa a estos de todas sus piezas.
Que a través del Tribunal Supremo, se remita comunicación al Juzgado Central de Instrucción n.º 5, diligencias previas 141/2012, para que remita testimonio de la causa seguida en dicho juzgado bajo las diligencias, concretamente
declaraciones prestadas a acabo en sede policial y juzgado e informes policiales y documentación anexa a éstos de todas sus piezas.
- Al Parlament de Catalunya:
Diario de sesiones del 23 de junio de 2013, correspondiente a la comparecencia del Director de la Oficina Antifraude de Cataluña ante la Comisión de investigación sobre la gestión en el ámbito sanitario y las relaciones entre el sector
público sanitario y las empresas.
- A la Oficina Antifraude de Cataluña:
Expedientes instruidos, informes elaborados o cualquier otro documento realizado por la Oficina Antifraude de Cataluña que guarde relación con el Servei Catalá de la Salud (CatSalut), el Consorci de Salut i Social de Catalunya, el Grupo
SERHS y la empresa CCM Estratégies i Salut, así como cualesquiera otros informes o expedientes relativos a consorcios o entes sanitarios públicos de Cataluña.
Expedientes instruidos, informes elaborados o cualquier otro documento realizado por la Oficina Antifraude de Cataluña que guarde relación con las adjudicaciones de contratos o la firma de convenios por parte de organismos públicos de
Cataluña, en particular del ámbito sanitari, con el Grupo SERHS o con la empresa CCM Estratégies i Salut.
Expedientes instruidos, informes elaborados o cualquier otro documento realizado por la Oficina Antifraude de Cataluña relativo a la contratación como empleada pública en el Gabinete Jurídico de la Generalitat de doña Nuria Olivella
Busquets, incluyendo la denuncia presentada por el sindicato Comisiones obreras en la Oficina Antifraude de Cataluña relativa a ese nombramiento.
Expedientes instruidos, informes elaborados o cualquier otro documento realizado por la Oficina Antifraude de Cataluña relativo a irregularidades en la contratación y a cualquier actividad de tipo mercantil en el Puerto de Barcelona.
- A la Sindicatura de Comptes de Catalunya:
Informes elaborados por la Sindicatura de Comptes de Cataluña en relación con los Consorcios de Salud de Cataluña tales como: el Parc Taulí de Sabadell, el Consorci Sanitari de Terrassa, el Sistema de Emergencias Médicas, El Instituto
Catalán de Oncología, el Consorci Sanitari Integral, la Corporación de Salud del Maresme i la Selva y cualesquiera otros.
- Al diario 'Público':
Grabaciones que existan en poder del diario 'Público' relativas a mandos policiales, y que podríamos detallar tras estudio en los próximos días.
Grabaciones de audio de que disponga y, en su caso, sus transcripciones, referentes a la llamada 'Operación Cataluña'.
Cualquier otra documentación de que disponga, de cualquier naturaleza, tales corno correos electrónicos, Whatsapp, etc., relativa a la llamada 'Operación Cataluña'.
- A don Francisco Marco, ex Director de la Agencia Método-3:
Para que aporte los mensajes de Whatsapp de que disponga, cruzados entre don Julián Peribáñez y su pareja sentimental, en los que haya constancia de su trabajo para la Policía Nacional, y su remuneración. Así como de cualquier otra
persona con vinculación, en algún momento, a la empresa Método-3, y en las mismas circunstancias que las requeridas respecto al Sr. Peribáñez.
Cualquier nota informativa policial de que disponga, con esa denominación u otras similares, elaboradas por miembros del Cuerpo nacional de Policía relativas a la llamada 'Operación Cataluña'.
Documentación requerida por acuerdo de la Comisión en la sesión de 21 de junio de 2017.
- Al Gobierno:
Autorizaciones para viajar fuera de España realizadas por el Director General de la Policía, don Ignacio Cosidó, a don José Ángel Fuentes Gago, fechas de cada una de ellas y destinos que tuvieron, así como personas de la Policía Nacional
que le acompañaron y si encabezaba el Sr. Fuentes Gago la delegación o no en caso de viajar acompañado, y de no encabezarla él, quién lo hacía, así como si la actuación que justificaba el viaje estaba vinculada a un caso que se estuviera
instruyendo ante la autoridad judicial y quien era dicha autoridad y unidad encargada de actuar en funciones de policía judicial, o en caso de que no fuera la autoridad judicial, quién estaba llevando a cabo la investigación, e importe de las dietas
pagadas por cada viaje.
Autorizaciones para viajar fuera de España realizadas por el Director General de la Policía, don Ignacio Cosidó, a miembros de la Policía Nacional a Suiza y Andorra, fechas e importe de las dietas
satisfechas, así como si la actuación que justificaba el viaje estaba vinculada a un caso que se estuviera instruyendo ante la autoridad judicial y quién era dicha autoridad, desagregado por viajes.
Autorizaciones para viajar fuera de Madrid desde 2012 hasta septiembre de 2016, realizadas por el Secretario de Estado de Seguridad, el Director General de la Policía o el Director Adjunto Operativo a los miembros de la Policía Nacional
Marcelino Martín Blas y José Luis Olivera Serrano, así como si la actuación que justificaba el viaje estaba vinculada a un caso que se estuviera instruyendo ante la autoridad judicial y quién era dicha autoridad y la unidad encargada de actuar en
funciones de policía judicial, o en caso de que no fuera la autoridad judicial, quién era el responsable de llevar a cabo la investigación, e importe de las dietas pagadas por cada viaje.
- A MEDIAPRO:
Documental 'Las cloacas del Estado'.
- A la Cadena Ser:
'Reportaje V, las cloacas del Estado'.
ANEXO IV
DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN
Documentación remitida por el Gobierno
Recibida el 30 de marzo de 2017:
- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). Cualquier tipo de actuación (incluida la mera recepción o registro de documentos) llevada a cabo, que tuviera alguna conexión con informaciones o
documentación facilitadas por D. Daniel de Alfonso (ex Director de la Oficina Antifraude de Catalunya), dirigidas a investigar cualquier información económica relativa a políticos catalanes:
Informe remitido por la Oficina Antifraude de Catalunya con fecha 8 de octubre de 2014.
CD Remitido por la Oficina Antifraude de Catalunya con documentación relacionada con el Informe de esta Oficina de fecha 8 de octubre de 2014.
Informe remitido por la Oficina Antifraude de Catalunya con fecha 30 de octubre de 2014.
Informe de inteligencia financiera número 5600/2014, de fecha 24 de febrero de 2015, del SEPBLAC, remitido a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Escrito y documentación remitido por D. Martín Bellamy, Director Ejecutivo de Salamanca Group, de fecha 6 de noviembre de 2014.
- Informe elaborado por el Comisario General de Policía Judicial en relación con la difusión de conversaciones privadas del Ministro del Interior difundidas por un medio de comunicación digital:
Informe elaborado por el Comisario General de la Policía Judicial sobre las grabaciones de audio en el Ministerio del Interior.
- Informe o borrador de informe de las investigaciones internas impulsadas por el Ministerio del Interior para averiguar la autoría, atribuida a la UDEF, de las informaciones publicadas en primera página del diario El Mundo, del 16 de
noviembre de 2012, 9 días antes de la celebración de elecciones en Catalunya, que involucraba al President Artur Mas y ex President Jordi Pujol:
'Informe de la Unidad de Asuntos Internos acerca de la investigación sobre la filtración 'Informe Borrador''.
- Registro de visitas al despacho del Ministro del Interior de los últimos dos años:
Oficio por el que se hace constar que no existe registro, en soporte escrito o digital de la relación de visitas realizadas al despacho del Ministro de Interior durante los años 2015 y 2016.
- Tránsitos y barridos telefónicos realizados en el despacho del Ministro del Interior entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de octubre de 2016:
Correo electrónico del Comisario Principal de la Jefatura de Sistemas Especiales sobre barridos del despacho del Ministro del Interior.
Recibida el 31 de marzo de 2017:
- Informe de adjudicaciones, subvenciones o recalificaciones a la empresa CESPA, entre los años 2006 y 2010.
Recibida el 8 de mayo de 2017:
- Agenda pública del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España:
Anexo VII: Escrito de la Secretaría General de la Presidencia en relación con la petición.
- Informe técnico sobre cómo y desde dónde pudieron haberse realizado las grabaciones que tuvieron lugar los días 4 y 16 de octubre de 2014, en el despacho y aledaños del despacho del ex Ministro del Interior, D. Jorge Fernández Díaz:
Manifiestan que no existe informe con la información a la que se alude en la petición.
- Instrucciones, ordenes de servicio y análogas, de la Dirección Adjunta Operativa (DAD), Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) y de la Comisaría General de Información (CGI), el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de marzo de 2017:
Anexo III: Oficio DAO Rº/Sº 7287 28/04/2017:
Carpeta 1: 2012 (24 documentos).
Carpeta 2: 2013 (19 documentos).
Carpeta 3: 2014 (24 documentos).
Carpeta 4: 2015 (29 documentos).
Carpeta 5: 2016 (8 documentos).
Carpeta 6: 2017 (7 documentos).
Anexo IV: Oficio DAO Rº/Sº 7287 28/04/2017.
- Nota informativa interna policial, de la Comisaría General de la Policía Judicial, de fecha 11 de septiembre de 2012, contenida en el SUMARIO PALAU-ANÁLISIS DE SITUACIÓN II:
Anexo VI: Oficio DAO Rº/Sº 7287 28/04/2017.
- Oficios de remisión al Ministerio Fiscal Informe elaborado por el Comisario General de Policía Judicial en relación con la difusión de conversaciones privadas del Ministro del Interior difundidas por un medio de comunicación digital:
Anexo I: Oficio DAO Rº/Sº 7287 28/04/2017.
- Para que informen si con cargo a los fondos reservados se pagó alguna cantidad, entre los años 2012 y 2016, a D. Antonio Tamarit y a D. Julián Peribáñez; y, en su caso, en qué concepto:
La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes solicita que 'dicha información, en la medida en que afecta a fondos reservados, sea, en su caso, facilitada a la Comisión de Control de los Créditos destinados a Gastos Reservados, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados'.
- Protocolo de actuación de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, de 21 de mayo de 2015:
Anexo II: Oficio DAO Rº/Sº 7287 28/04/2017.
- Relación y detalle de Informes e Investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, conocida como Unidad de Inteligencia, adscrita a la Dirección Adjunta Operativa desde su creación en 2012 hasta el
31 de octubre de 2016:
La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes comunica que no puede ser aportada porque la citada unidad, conocida como UPEC, no realiza investigaciones, atribuyéndole otros cometidos la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que
se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía.
- Relación y detalle de los informes elaborados por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) conocida como Brigada de Punto Final:
Anexo V: Oficio DAO Rº/Sº 7287 28/04/2017.
- Actuaciones llevadas a cabo en órganos judiciales andorranos, con ocasión de la querella formulada por D. Higini Cierco, contra Marcelino Martín Blas-Aranda y en su calidad de miembro de la Policía Nacional española, y otros:
El Gobierno comunica que el Ministerio de Justicia no puede legalmente cursar la petición a la Administración de Justicia de Andorra, ya que la cooperación judicial se sustancia entre autoridades judiciales en virtud del Convenio Europeo
de Asistencia Judicial en Materia Penal (Estrasburgo, 20/04/1959).
- Notas informativas elaboradas por D. José María Villarejo, aportadas a la querella formulada por D. Higini Cierco, contra D. Marcelino Martín Blas-Aranda, ante la justicia de Andorra, en su calidad de miembro de la Policía Nacional
española, y otros:
El Gobierno comunica (n.º reg. 33201, de 8/05/17) que el M.º de Justicia no puede legalmente cursar la petición a la Administración de Justicia de Andorra, ya que la cooperación judicial se sustancia entre autoridades judiciales en virtud
del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal (Estrasburgo, 20/04/1959).
Recibida el 19 de mayo de 2017:
- Agregaciones, comisiones de servicio y/o atribuciones temporales de servicio a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de octubre de 2016, especificando número y nombre de los funcionarios, categorías
profesionales, plantillas de procedencia y funciones encomendadas, así como tiempo de permanencia en la DAD y costes de las mismas con motivo de dietas, transporte/viajes y cualquier tipo de indemnizaciones:
Anexo I: Listado RE, con detalle de la Redistribución de Efectivos entre los años 2012-2016 en la Dirección Adjunta Operativa (DAO).
Anexo I: Listado CS, con detalle de la Atribución Temporal de Funciones entre los años 2012-2016 en la Dirección Adjunta Operativa (DAO).
Anexo I: Listado ATF, con detalle de las Comisiones de Servicio entre los años 2012-2016 en la Dirección Adjunta Operativa (DAO).
Recibida el 12 de junio de 2017:
Consulta billetes: Servicios Centrales (234 documentos).
Consulta billetes: Servicios Provincias (100 documentos).
Consulta billetes: Servicios Centrales (234 documentos).
Listado Individual Pagos: Abadía Castro/Conejo Vázquez (174 registros).
Listado Individual Pagos: Consuegra Centeno/Ascón Fernández (175 registros).
Listado Individual Pagos: Gavilán del Pozo/Manso García (175 registros).
Listado Individual Pagos: Manso Posada/Prado Fernández (210 registros).
Listado Individual Pagos: Prieto Blanco/Zuil Rivero (231 registros).
- Informe remitido a la Agencia Española de Protección de Datos del expediente E 1860/2015 por denuncia sobre filtración de datos de la policía al diario La Razón: informe remitido por el Comisario Principal Jefe regional de operaciones
Sebastián Trapote Gutiérrez de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en relación a 33 magistrados de 3 de octubre de 2014:
Oficio con Rº/E 6628 DAO, del 05/05/2017 contestando al respecto por parte del Jefe de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña: manifiesta que 'no se ha encontrado archivado ningún expediente
bajo dicha referencia, entendiendo que bajo la misma puede ser solicitada por la Comisión directamente a la AEPD'.
- Informe policial sobre la Operación Cataluña:
Anexo II. Oficio con n.º Ref. 773/2017, de 8 de mayo de 2017. La DAO manifiesta que 'no se tiene constancia de la existencia de ninguna operación policial bajo dicha denominación'.
- Instrucciones impartidas por el ex Director Adjunto Operativo, o por cualquiera de los Comisarios Generales de Policía Judicial nombrados desde 2012, o por el ex Director General de la Policía o por otros altos responsables políticos del
Ministerio del Interior, en relación a la investigación de la titularidad del dúplex de Estepona de Ignacio González:
Anexo III. Oficio con n.º ref. 8176/2017, de 12 de mayo de 2017. La DAO manifiesta en relación con esta documentación que 'no se ha encontrado ningún documento relacionado con este requerimiento'.
- Notas informativas o con cualquier otra denominación elaboradas por D. Julián Peribáñez o D. Antonio Tamarit, entre los años 2012 y 2016, que consten en cualquiera de los órganos, servicios o dependencias de la Policía Nacional:
Anexo II. Oficio con n.º Ref. 773/2017, de 8 de mayo de 2017. La DAO manifiesta que 'no se ha encontrado ningún documento relacionado con la petición'.
- Escrito que remitió el Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio del Interior a petición del Juez Instructor de la Operación Brugal, por haber demorado la remisión de los informes policiales solicitados y en consecuencia, el fin de
la instrucción de la causa más de cinco años:
Oficio Rº/E 6629 DAO 08/05/2017. Informe sobre investigaciones UDEF Alicante:
Anexo I. Oficio del Consejo General del Poder Judicial de fecha 16 de abril de 2015.
Anexo II. Oficio de fecha 19 de mayo de 2015 de la CP Alicante en la que se da cuenta al JI 5 de Alicante de los medios policiales destinados a la elaboración de informes.
Anexo III. Oficio de fecha 27 de mayo de 2015 de la CP Alicante en el que se da cuenta al JS de la Comunidad Valenciana de la conclusión y remisión al JI 5 de Alicante de las investigaciones.
Anexo IV. Oficio-informe de fecha 21 de agosto de 2015 sobre la situación de la UDEF de la CP Alicante.
Anexo V. Auto del JI 6 de Alicante donde se decreta el sobreseimiento de una de las causas.
Anexo VI. Contestación-informe a pregunta parlamentaria.
- Diligencias que se hayan abierto y las resoluciones adoptadas por filtraciones a la prensa de Informes Policiales:
Oficio Rº/E 6631 DAO de 05/05/2017 (Anexo 1).
- Diligencias llevadas a cabo por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y relativas a la supuesta existencia de cuentas bancarias de Xavier Trias:
Manifiestan que 'encontrándose aún abiertas en el JI n.º 25 de Madrid sus DP 570/2017 conexas con las DP 5759/14-R del JI n.º 16 de Madrid y con el escrito con Rº/Sª 5738/14 de 04/12/2014, en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada, que archivada la investigación y que se une; como Policía Judicial subordinada a los mismos, procede que cualquier documentación generada
al respecto por la Policía Nacional sea aportada, si lo estiman, por dichos órganos a los que se dio cumplida cuenta'.
Recibida el 24 de mayo de 2017:
- Orden Ministerial INT 28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía.
- Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía, de 5 de abril de 2013.
- Catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de la Policía, con todas sus modificaciones habidas desde 2012 hasta la fecha, desagregando las modificaciones y justificación de las mismas:
Anexo B. Oficio con Rº de Salida 1712, de 19 de mayo de 2017, de la Subdirección General de Recursos Humanos de la Policía Nacional en relación al Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT) de la Dirección General de la Policía, con todas sus
modificaciones habidas desde 2012 hasta el 19 de mayo de 2017.
Anexo B. Catálogo de Puestos de Trabajo a 01/01/2017. Policía Nacional. (Partes 1/2 y 2/2) (no incluye las modificaciones incorporadas en el Anexo VI del Anexo B).
Anexo B. Anexo I. Modificaciones CPT año 2012 (un documento).
Anexo B. Anexo II. Modificaciones CPT año 2013 (cinco documentos).
Anexo B. Anexo III. Modificaciones CPT año 2014 (once documentos).
Anexo B. Anexo IV. Modificaciones CPT año 2015 (dieciocho documentos).
Anexo B. Anexo V. Modificaciones CPT año 2016 (doce documentos).
Anexo B. Anexo VI. Modificaciones CPT año 2017 (un documento).
- Órdenes ministeriales de Interior sobre estructura, organización y funciones de los órganos centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía producidas desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de marzo de 2017:
Orden INT/273/2014, de 20 de febrero, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía.
Orden INT/1472/2014, de 25 de julio, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía.
Orden INT/2088/2014, de 29 de octubre, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía.
Orden INT/504/2015, de 23 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía.
Orden INT/2251/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía.
Orden INT/2678/2015, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la
Policía.
Orden INT/1151/2016, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía.
Orden INT/1612/2016, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la
Policía.
- Órdenes Comunicadas sobre la misma materia, vigentes y producidas desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de marzo de 2017:
Manifiestan que 'no constan órdenes comunicadas sobre estructura, organización y funciones de los órganos centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía, vigentes y producidas desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de
marzo de 2017'.
Recibida el 1 de junio de 2017:
- Expedientes de las medallas pensionadas (Cruces Rojas y Medallas de Plata) concedidas entre 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016:
Tabla Resumen con la distribución por destino de las 6 Medallas de Plata y 589 Cruces al Mérito Policial con Distintivo Rojo concedidas entre 2012 y 2016; distinguiendo por su justificación en meritoria trayectoria profesional o en
distintas formas de hechos meritorios.
Tabla detallada de las 6 Medallas de Plata concedidas entre 2012 y 2016.
Tablas (34) detalladas de las 589 Cruces al Mérito Policial con Distintivo Rojo concedidas entre 2012 y 2016, ordenadas por destino según la anterior Tabla Resumen.
Anexo detallado relativo a la concesión por Orden de 26/09/2014 de 6 Cruces al Mérito Policial con Distintivo Rojo por hecho meritorio concreto.
Recibida el 23 de junio de 2017:
- Informes elaborados por el llamado grupo 'Montserrat' o elaborados a petición de sus miembros sobre el encaje con Cataluña:
El Gobierno comunica que 'no se tiene constancia de actividad policial relacionada con ningún grupo Montserrat'.
- Informes sobre políticos catalanes:
El Ministerio del Interior manifiesta que 'La Policía Nacional, como Policía Judicial centra sus actuaciones indagatorias sobre actividades delictivas y sus responsables, nunca sobre grupos de personas en base a su condición; motivo por
el que no consta actividad policial sobre dicha materia'.
Documentación remitida por la Fiscalía General del Estado
Recibida el 30 de marzo de 2017:
- Actuaciones consistentes en diligencias de investigación, procedimientos previos o, en su caso, incoación de procedimiento, respecto a cualquier aspecto relativo a las grabaciones que tuvieron lugar los días 4 y 16 de octubre de 2014, en
el despacho o aledaños del ex Ministro, D. Jorge Fernández Díaz:
Copia de las Diligencias de Investigación n.º 408/2016, de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Copia de las Diligencias de Investigación n.º 645/2016 de la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Copia del Expediente 7/2016 de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
- Audio y transcripción completa de las conversaciones, totalidad de las grabaciones, entre D. Jorge Fernández Díaz (ex Ministro del Interior) y D. Daniel de Alfonso (ex Director de la Oficina Antifraude de Catalunya), y otras personas,
habidas en los días 4 y 16 de octubre de 2014, en el despacho del ex Ministro y, en su caso, aledaños:
Copia del pendrive entregado por un representante del periódico digital Público en la Fiscalía General del Estado (unido al folio 7 del documento n.º 2 - Copia de las Diligencias de Investigación n.º 645/2016 de la Fiscalía Provincial de
Barcelona).
- Decreto de Archivo dictado por la fiscalía del Tribunal Supremo en julio de 2016 de la denuncia presentada por ERC contra el ex Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz:
Decreto de Archivo de las diligencias informativas 11/2016 de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Documentación remitida por el Parlament de Catalunya
Recibida el 29 de marzo de 2017:
- Diario de Sesiones de la Comissió d'Afers Institucionals celebrada el 23 de junio de 2016.
- Trabajos realizados, de cualquier naturaleza, con ocasión de las conversaciones grabadas, los días 4 y 16 de octubre de 2014, en el despacho y aledaños del ex Ministro del Interior, D. Jorge Fernández Díaz:
Manifiestan que 'todavía no se ha constituido en el Parlamento de Cataluña la Comisión de Investigación sobre la operación Cataluña, y, en consecuencia, a fecha de hoy no se ha iniciado ningún trabajo al respecto'.
Recibida el 5 de abril de 2017:
- Diario de Sesiones del 23 de junio de 2013, correspondiente a la comparecencia del Director de la Oficina Antifraude de Cataluña ante la Comisión de investigación sobre la gestión en el ámbito sanitario y las relaciones entre el sector
público sanitario y las empresas.
Diario de Sesiones de la Comissió d'Investigació sobre la gestió en l'àmbit sanitari i les relacions entre el sector public sanitari y les empreses del Parlament de Catalunya, sesión núm. 9, Serie C, n.º 174, del 22 de julio de 2013.
Documentación remitida por la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Recibida el 19 de abril de 2017:
- Informes elaborados por la Sindicatura de Comptes de Cataluña en relación con los Consorcios de Salud de Cataluña tales como: el Parc Taulí de Sabadell, el Consorci Sanitari de Terrassa, el Sistema de Emergencias Médicas, El Instituto
Catalán de Oncología, el Consorci Sanitari Integral, la Corporación de Salud del Maresme i la Selva y cualesquiera otros:
15/2016 Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell, ejercicios 2012, 2013 y 2014.
28/2016 Consorcio Sanitaria de Terrassa, resolución 508/x del Parlamento de Cataluña, ejercicios 2011 y 2012.
9/2014 Sistema de Emergencias Médicas, S.A., ejercicios 2010 y 2011.
12/2014 Instituto Catalán de Oncología, ejercicios 2009 y 2010.
22/2014 Consorcio Sanitario Integral, ejercicios 2009, 2010 y 2011.
27/2014, Corporación de Salud del Maresme y la Selva, resolución 636/IX del Parlamento de Cataluña.
Documentación remitida por la Oficina Antifraude de Cataluña
Recibida el 25 de abril de 2017:
- Expedientes instruidos, informes elaborados o cualquier otro documento realizado por la Oficina Antifraude de Cataluña que guarde relación con el Servei Catalá de la Salud (CatSalut), el Consorci de Salut i Social de Catalunya, el Grupo
Serhs y la empresa CCM Estratégies i Salut, así como cualesquiera otros informes o expedientes relativos a consorcios o entes sanitarios públicos de Cataluña:
Documento 1: Oficio de la Oficina Antifraude.
Documento 2: Esquema global de la actuación de la Oficina Antifraude de Cataluña en relación a la petición de la Comisión de Investigación.
Documento 3: Actuación de la Dirección de Análisis APV 131/2010. Hospital hermanos Trias y Pujol. Informe de la Dirección de Análisis y Resolución del Director.
Documento 4: Actuación de la Dirección de Investigación 064-19092011/131.
Documento 5: Actuación de la Dirección de Investigación 001-25022012/E-078.
Documento 6: Actuación de la Dirección de Análisis APV 001/2012. Instituto Catalán de la Salud. Informe de la Dirección de Análisis y Resolución del Director.
Documento 7: Actuación de la Dirección de Análisis APV 002/2012. Consorcio de Salud y Atención Social de Cataluña (CSC)/grupo SERHS. Informe de la Dirección de Análisis y Resolución del Director.
Documento 8: Actuación de la Dirección de Investigación 004-14022012/002.
Documento 9: Actuación de la Dirección de Análisis APV 014/2013. Corporación de Salud del Maresme y la Selva / grupo SERHS. Informe de la Dirección de Análisis y Resolución del Director.
Documento 10: Actuación de la Dirección de Investigación 014-12042013/014.
Documento 11: Actuación de la Dirección de Análisis APV 015/2013. Consorcio Sanitario de Terrassa / grupo SERHS. Informe de la Dirección de Análisis y Resolución del Director.
Documento 12: Actuación de la Dirección de Análisis APV 016/2013. Consorcio Sanitario Integral / grupo SERHS. Informe de la Dirección de Análisis y Resolución del Director.
Documento 13: Actuación de la Dirección de Análisis APV 024/2013. Centro Integral de Salud Cocheras de Borbó / grupo SERHS. Informe de la Dirección de Análisis y Resolución del Director.
Documento 14: Actuación de la Dirección de Análisis APV 040/2012. Hospital de Sant Pau. Informe de la Dirección de Análisis y Resolución del Director.
Documento 17: Actuación de la Dirección de Análisis APV 065/2012. Hospital de San Bernabé de Berga. Informe de la Dirección de Análisis y Resolución del Director.
Documento 18: Actuación de la Dirección de Investigación 036-19072012/065.
Documento 19: Actuación de la Dirección de Análisis APV 092/2013. Josep Maria Padrosa / conflicto de intereses / Catsalut. Informe de la Dirección de Análisis y Resolución del Director.
Documento 20: Actuación de la Dirección de Análisis APV 106/2013. Fundación San Hospital de la Seu d'Urgell. Informe de la Dirección de Análisis y Resolución del Director. Actuación de la Dirección de Investigación 071-0904201/106.
- Expedientes instruidos, informes elaborados o cualquier otro documento realizado por la Oficina Antifraude de Cataluña relativo a irregularidades en la contratación y a cualquier actividad de tipo mercantil en el Puerto de Barcelona:
Documento 21: Actuación de la Dirección de Análisis APV 021/2014. Marina Port Vell / puerto Barcelona. Informe de la Dirección de Análisis y Resolución del Director.
- Expedientes instruidos, informes elaborados o cualquier otro documento realizado por la Oficina Antifraude de Cataluña relativo a la contratación como empleada pública en el Gabinete Jurídico de la Generalitat de doña Nuria Olivella
Busquets, incluyendo la denuncia presentada por el sindicato Comisiones Obreras en la Oficina Antifraude de Cataluña relativa a ese nombramiento:
Documento 15: Actuación de la Dirección de Análisis APV 056/2012. Contratación irregular de la Sra. Nuria Olivella Busquets. Informe de la Dirección de Análisis y Resolución del Director.
Documento 16: Actuación de la Dirección de Investigación 016-24042013/56.
Documentación remitida por el Consejo General del Poder Judicial
Recibida el 7 de abril de 2017:
- Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 7 de Barcelona, sobre el nombramiento de D.ª Nuria Olivella Busquets como abogada del Gabinete Jurídico del Gobierno de la Generalidad.
- Testimonio del Auto del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2016 (recurso 20745/2016).
Recibida el 28 de abril de 2017:
- Se remita comunicación al Juzgado de Instrucción n.º 2 de Madrid, diligencias previas 4676/2014 para que remita testimonio de la causa seguida en dicho juzgado bajo las diligencias, concretamente declaraciones prestadas a acabo en sede
policial y juzgado e informes policiales y documentación anexa a estos de todas sus piezas.
- Al Juzgado Central de Instrucción n.º 5, diligencias previas 141/2012, para que remita testimonio de la causa seguida en dicho juzgado bajo las diligencias, concretamente declaraciones prestadas a acabo en sede policial y juzgado e
informes policiales y documentación anexa a estos de todas sus piezas:
El Juzgado comunica que en su auto 'no ha lugar a la solicitud interesada por el Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de Investigación utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de
los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos, interesando la remisión de testimonio de las presentes Diligencias Previas, DP 141/2012, participada a este Juzgado por
conducto del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ en comunicación de 07/04/2017'.
Recibida el 7 de junio de 2017:
- Actuaciones llevadas a cabo en órganos judiciales andorranos, con ocasión de la querella formulada por D. Higini Cierco, contra Marcelino Martín Blas-Aranda y en su calidad de miembro de la Policía Nacional española, y otros:
Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la solicitud de documentación acordada por la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los
efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos, en el que se indica que 'no resulta jurídicamente posible que se atienda, ni desde el Tribunal Supremo ni desde el CGPJ, la
solicitud referida'.
- Notas informativas elaboradas por D. José María Villarejo, aportadas a la querella formulada por D. Higini Cierco, contra D. Marcelino Martín Blas-Aranda, ante la justicia de Andorra, en su calidad de miembro de la Policía Nacional
española, y otros:
Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la solicitud de documentación acordada por la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el M.º del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los
efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos, en el que se indica que 'no resulta jurídicamente posible que se atienda, ni desde el Tribunal Supremo ni desde el CGPJ, la
solicitud referida'.
Documentación remitida por el medio de comunicación digital 'Público.es'
Recibida el 7 de abril de 2017:
- Grabaciones de audio de que disponga y, en su caso, sus transcripciones, referentes a la llamada 'Operación Cataluña':
Manifiestan que trasladaron a la Fiscalía General el pendrive con las grabaciones.
- Cualquier otra documentación de que disponga, de cualquier naturaleza, tales corno correos electrónicos, whatsapp, etc., relativa a la llamada 'Operación Cataluña':
Manifiestan que es necesario concretar la petición para poder aportar, en su caso, la información interesada. En todo caso, hacen reserva de su derecho al secreto profesional y a asegurar la confidencialidad sobre las fuentes
informativas.
- Grabaciones que existan en poder del diario Público relativas a mandos policiales, y que podríamos detallar tras estudio en los próximos días:
Manifiestan que es necesario concretar a qué grabaciones relativas a mandos policiales se refiere la petición para poder aportar, en su caso, las grabaciones interesadas. En todo caso, hacen reserva de su derecho al secreto profesional y
a asegurar la confidencialidad sobre las fuentes informativas.
Documentación remitida por D. Francisco Marco, ex Director de la Agencia Método-3
Recibida el 28 de abril de 2017:
- Cualquier nota informativa policial de que disponga, con esa denominación u otras similares, elaboradas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía relativas a la llamada 'Operación Cataluña'.
- Para que aporte los mensajes de whatsapp de que disponga, cruzados entre D. Julián Peribáñez y su pareja sentimental, en los que haya constancia de su trabajo para la Policía Nacional, y su remuneración. Así como de cualquier otra persona
con vinculación, en algún momento, a la empresa Método-3, y en las mismas circunstancias que las requeridas respecto al Sr. Peribáñez:
Denuncias presentadas en la Audiencia Nacional en la que se incluyen los mensajes concretos de whatsapp cruzados entre el Sr. Peribáñez y su pareja sentimental, así como la actividad desplegada por este y por su socio Antonio Tamarit
Febrero.
Documentación remitida por MEDIAPRO
Recibida el 28 de junio de 2017:
- Documental 'Las cloacas del Estado' producido por Mediapro:
MEDIAPRO comunica que se pone a disposición de la Comisión para efectuar una proyección del documental solicitado.
Documentación remitida por la Cadena Ser
Recibida el 7 de julio de 2017:
- Reportaje V, las cloacas del Estado:
Comunican que 'el referido reportaje se encuentra a disposición del público general, para su libre consulta o escucha, en la plataforma digital de PRISA Radio 'Podium Podcast'. No obstante ello, para facilitar su estudio y reproducción',
proporcionan el siguiente enlace directo: http://podiumpodcast.com/v-las-cloacas-del-estado.
VOTOS PARTICULARES
A la Mesa de la Comisión de Investigación
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) solicita el mantenimiento de su Documento de Conclusiones (excepto su punto 10) como voto particular.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2017.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Voto particular núm. 1
Conclusiones del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
1. La Comisión de Investigación hace suya la valoración que desde distintas fuentes de la Fiscalía se ha realizado de lo tratado en las reuniones que tuvieron lugar los días 2 y 16 de octubre de 2014, entre el Director de la Agencia
Antifraude de Catalunya y el Ministro del Interior, en el despacho oficial de este último, y que connotan un uso partidista de las instituciones bajo su responsabilidad.
Lo tratado en esos dos encuentros pone de manifiesto que bajo la apariencia de un natural y necesario marco de colaboración entre responsables de organizaciones cuya misión era, y sigue siendo a día de hoy -entre otras-, la lucha contra la
corrupción, lo que se producía era un intercambio de ideas y estrategias políticas para afectar políticamente a un determinado sector de ideología soberanista. 'Demostrándose la intención de los interlocutores de promover investigaciones
prospectivas sobre determinadas personas, por el simple hecho de su adscripción política... (e insistiéndose...) en la necesidad de someter(las) a una investigación exhaustiva en busca de algún elemento que permitiera poner en cuestión su
honorabilidad y afectar a sí a la agenda política'.
2. La confusa génesis de esos encuentros en cuanto a su fin último, el brumoso rol desempeñado por cada uno de los participantes en su promoción, el vacío que les sucede -al menos en lo que hasta el momento se sabe-, y la amnesia y graves
contradicciones -cuando sobreviene el recuerdo- entre los actores principales que aparentemente los propiciaron y sus protagonistas directos refuerzan la impresión inicial de que nos encontramos ante la 'utilización perversa de las instituciones con
fines políticos', que se quiere ocultar bajo la apariencia de un normal funcionamiento de colaboración interinstitucional, y que luego no se manifiesta en ningún momento.
Llama, en este sentido, poderosamente la atención la coincidencia de lo declarado por cuatro de los comparecientes ante esta Comisión de Investigación, al manifestar -aún siendo concernidos por esos encuentros de manera inmediata unos (el
Ministro de Justicia y el director de la Agencia Antifraude de Catalunya) y mediata los otros dos (el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional y su, de hecho,
Jefe de Gabinete)- no haber escuchado, ni leído, de manera completa el contenido publicado de las mismas; y, un quinto manifiesta ni siquiera tener conocimiento fragmentario de lo extractado por medio de comunicación alguno, bien escrito,
radiado o audiovisual, sin que ello sea óbice para que este último haya declarado en otro momento y lugar que leía todo lo concerniente a un concreto medio de comunicación que fue, precisamente, el que las fue publicando periódicamente en capítulos,
y finalmente colgó en la Red. Y aún llama más la atención que ese desconocimiento del contenido de lo tratado se extienda a la existencia de las reuniones mismas -con carácter previo a conocimiento público dos años después de que acontecieran- como
ha manifestado de manera reiterada el Sr. Director de la Policía, en contradicción con lo expresado por su Director Adjunto Operativo, quien afirmó ante esta Comisión haberle tenido siempre informado de manera puntual de todo lo que acontecía en la
Policía, y, sin duda, de aquellos encuentros también. Llegándose a sostener por el Director de la Policía que ni siquiera cuando tuvo conocimiento de aquellos encuentros una vez se hicieron públicos -y a pesar de su fuerte repercusión social y
política (tanto que fueron motivo de la creación de esta Comisión de Investigación)-, preguntó o se interesó con su subordinado inmediato-el DAO- o superiores (Ministro y/o Secretario de Estado) sobre algún pormenor de las mismas y ni siquiera sobre
la veracidad de su existencia, lo cual resulta francamente inverosímil.
La Comisión de Investigación constata la clara voluntad de todos los comparecientes de poner de manifiesto su alejamiento, su lejanía, con lo tratado en los encuentros y con los encuentros mismos. Declarándose meros transmisores de
intenciones ajenas que en algunos casos consideran como peticionario último al Sr. Ministro, y en otros al Sr. De Alfonso. Y en el caso de estos dos últimos, negando, además, toda validez a su contenido por considerarlo manipulado, no tener
garantías fidedignas, y ser obtenido por medios ilícitos -aunque ciertamente no mediara denuncia sobre este extremo por los afectados-. Además, y es para resaltarlo, el Sr. Director de la Policía niega, en contra de lo manifestado por su inmediato
subordinado, conocimiento en lo absoluto de los encuentros hasta su publicación en los medios de comunicación.
3. La Comisión de Investigación hace suyo el informe Comisaría General de la Policía Judicial sobre el resultado de la investigación de las grabaciones conocidas de lo tratado los días 2 y 16 de octubre de 2014 entre el Sr. Ministro del
Interior y el Sr. Director de la Agencia Antifraude de Catalunya, en el sentido de considerar que aún 'no (siendo) posible determinar, a priori, al no disponer del soporte o grabación original ni de la grabación íntegra, si la misma ha podido ser
manipulada o no, aunque en principio y en cuanto a los fragmentos examinados no parece haber indicios en ese sentido'... (sin perjuicio de que) algunas transcripciones aportadas por la publicación no coinciden literalmente con los archivos de audio
correspondientes (los subrayados son de esta Comisión).
4. La Comisión de Investigación considera que las investigaciones prospectivas y la apertura de una causa general contra determinadas personas por su adscripción política vinieron acompañadas, en ocasiones, de una manifiesta intención,
tanto por el Sr. Ministro del Interior como por el Sr. Director de la Oficina Antifraude de Catalunya, de presionar, incluso de manera coordinada, a distintos órganos y responsables de la Fiscalía para incitarles a investigar o disuadirles de
archivo de las causas que los servicios de ellos dependientes les presentaran.
Además, de esa voluntad de presionar a la Fiscalía, y su materialización a través de 'cauces procesales irregulares para perjudicar políticamente a un determinado sector de ideología soberanista', se tiene constancia concreta durante el
mandato del Ministro del Interior, D. Jorge Fernández Díaz, ya desde su inicio, tal y como denunció el Fiscal General del Estado.
'Cauces procesales irregulares' que no se referían a meras irregularidades puntuales en las relaciones de la Policía Judicial con la fiscalía en el curso de una investigación concreta, sino a la intromisión de responsables policiales
ofreciendo recursos a su mando en investigaciones dirigidas por la Fiscalía en las que no eran parte como policía judicial, y con desconocimiento de la que sí lo era.
Durante los trabajos de la Comisión de Investigación sobre este particular, se reclamó explicación a responsables policiales y ministeriales comparecientes sobre si esa irregular 'sugerencia' de actividad por la Policía (que no lo era
judicial) a la Fiscalía (en el curso de una investigación) fue inducida políticamente o si -no habiéndolo sido- se pidió explicación posterior una vez fue conocida, eludiéndose de manera notoria respuesta alguna sobre el particular.
5. La Comisión de Investigación constata que de manera recurrente han aparecido, casi siempre en unos mismos medios de comunicación, informaciones policiales relativas a investigaciones sobre asuntos cuya llevanza correspondía a la policía
dependiente del Ministerio del Interior, D. Jorge Fernández Díaz,
y que afectaban a líderes pertenecientes a un sector de ideología independentista o de otra naturaleza, como la que promociona Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sin que posteriormente, en muchas ocasiones, pudiesen materializarse en
denuncias concretas ante la Fiscalía o el órgano judicial correspondiente, llegando a formularse -con ocasión de alguna de estas actuaciones- denuncias contra la Policía o alguno de sus responsables.
Siendo buen ejemplo de ello el denominado 'pantallazo' de una supuesta cuenta millonaria en un banco suizo del que fuera alcalde de Barcelona, Sr. Xavier Trías, publicado en un medio de comunicación once días después de que el Sr. Ministro
le requiriera su opinión sobre si aquella cuenta 'saliera en prensa'; manifestado a su vez, el Sr. De Alfonso, su convicción de que si la tenía ya ese medio de comunicación -que once días después la publicó-lo era porque se la había facilitado la
Policía, lo mismo que había hecho con él -mostrándosela- medios policiales muy cercanos al mismo Ministro, pocos días antes de esa segunda reunión en que se desarrolla la conversación a que se hace referencia entre el Sr. Ministro y el Sr. De
Alfonso.
Otro ejemplo de lo que se viene exponiendo lo constituyen los denominados 'Informe PISA', cuya aparición en prensa lo son, el primero, dos días después de conocer los resultados del proceso electoral que inauguraba la XI Legislatura de las
Cortes Generales y, el segundo, tres días después de la convocatoria de las elecciones a Cortes de la XII Legislatura.
Son también muestra de lo que viene relatándose los 'pantallazos' de las cuentas de la familia Puyol Ferrusola, publicados en uno de esos recurrentes medios de comunicación a los que anteriormente se hacía referencia, derivados de un
denunciado chantaje por los propietarios de la Banca Privada de Andorra a manos de altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía -actualmente 'sub iúdice' en la justicia penal andorrana- junto al también denunciado forzoso cierre del citado banco.
Dentro de esta nómina, es también resaltable la publicación de algunas declaraciones del Sr. Franois de Seroux contra miembros de la familia Puyol Ferrusola, y que según relata con posterioridad fueron obtenidas mediante chantaje fuera de
sedes policiales y no ratificadas ante juez alguno. Declaraciones que pese a no ser ratificadas judicialmente, aparecieron con posterioridad en un medio de comunicación cuando sus únicos conocedores eran fuentes policiales.
Por último, no podemos dejar de recordar que un comisario -según tiene declarado, aunque no ante esta Comisión- facilitó en su día las fotografías provenientes de los ficheros del Documento Nacional de Identidad (de treinta y tres miembros
de la carrera judicial, magistrados y magistradas destinados en Catalunya, favorables a la realización de una consulta ciudadana) a otros responsables policiales con autoridad y que así se lo solicitaron, y que esas fotografías aparecieron
posteriormente en un diario de cobertura estatal.
6. La Comisión de Investigación considera que en determinados casos, como en los llamados Informes PISA, se pone de manifiesto la opacidad de su autoría material y de quién fue la orden para su realización, además de la veracidad de su
mismo contenido. Ninguno de los comparecientes ha dado información cabal y coherente sobre esos extremos, y más bien con sus olvidos, silencios y manifestaciones de desconocimiento de algo que orgánicamente les era muy cercano, han acrecentado la
sospecha de la Comisión de que su finalidad lo era con el exclusivo fin de perjudicar el proyecto político de los líderes objeto del Informe.
7. La Comisión de Investigación se hace eco de causas judiciales actualmente en curso relativas a informaciones policiales que contienen pruebas contra personas vinculadas a determinado sector de ideología soberanista y sus familias, y que
han sido inadmitidas por no poder determinarse ni su origen lícito ni su cadena de custodia; llegándose a decir en sede judicial, por funcionarios policiales, que existía un disco duro secreto al que tenían acceso tres personas y al que se vertía
información sensible en un despacho de la Dirección Adjunta Operativa que se iba obteniendo de diversas fuentes confidenciales que luego se distribuía a distintos procedimientos judiciales.
Lo señalado coadyuva a que cobre carta de naturaleza la sospecha de que respecto a determinados adversarios políticos se obtenía información sin seguir procedimientos judiciales y que luego se intentaba, de manera torticera, introducir en
distintos procedimientos judiciales contra ellos.
8. El conjunto de consideraciones expuestas en los apartados anteriores conduce a sostener razonada y razonablemente la existencia en el Ministerio del Interior, dirigido por el Sr. Fernández Díaz, y singularmente en su dirección política
y en los aledaños de la Dirección Adjunta Operativa -como apoyatura operativa necesaria- de una intención de actuar -y actuando en numerosas ocasiones-
contra adversarios políticos de un sector de ideología soberanista y de otro como el que representan algunos líderes de la organización política Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Siendo la metodología general seguida, que no necesariamente en todas sus fases y en todos los casos, la siguiente: la apertura de investigaciones prospectivas y causas generales, dando lugar, en algunos casos, a la existencia de informes
apócrifos no judicializables. La voluntad de presionar a la Fiscalía para incitarles a investigar o disuadirles del archivo de causas aparece también como 'modus operandi' particular. La filtración de manera recurrente a unos casi siempre mismos
medios de comunicación de investigaciones en curso o de dolieres apócrifos pero de indudable origen ministerial, con la intención de perjudicar a líderes de opciones políticas determinadas. Y la remisión de pruebas contaminadas al desconocerse el
modo de obtención y custodia posterior. Todo ello pone de manifiesto una utilización perversa de las instituciones con fines políticos, utilizando una expresión y valoración del fiscal Sr. Horrach.
9. La Comisión de Investigación considera la responsabilidad política del Ministro del Interior, D. Jorge Fernández Díaz, y la del Director General de la Policía, en toda esta cadena de circunstancias irregulares que han jalonado su mandato
al frente del Ministerio del Interior, con la palmaria intención de afectar políticamente a unos determinados responsables políticos de unas determinadas ideologías y formaciones políticas. Valiéndose para ello de los medios con que contaban a su
disposición y muy singularmente de recursos humanos y materiales adscritos a la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía, siendo algunos de los más destacados de estos condecorados policialmente con medallas pensionadas.
Hecho este conocido, también de manera llamativa, años después de producirse y a través de los medios de comunicación, pues su imposición lo fue en acto restringido respecto a las entregas generales y públicas de medallas.
A la Mesa de la Comisión de Investigación
De conformidad con el acuerdo de la Comisión en su sesión del día 20 de julio de 2017, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, presenta el voto particular al Dictamen aprobado por la 'Comisión de Investigación sobre la
utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos', para su votación en el
pleno, en el que se someta igualmente a votación el Dictamen de la Comisión de Investigación del Ministerio del Interior bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz.
Se acompaña escrito del referido voto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2017.-María Gloria Elizo Serrano, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Voto particular núm. 2
Por medio del presente escrito, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta su propuesta de conclusiones derivadas de la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista por parte del
Ministerio del Interior.
Conclusiones sobre la utilización partidista por parte del Ministerio del Interior para realizar investigaciones contra los adversarios políticos
Para nuestro grupo parlamentario la comisión de investigación celebrada en el Congreso de los Diputados, aunque escasa en comparecientes y costosa por las trabas en el acceso a la información que se nos han puesto, ha logrado determinar
claramente el uso partidista de la Policía bajo el mandato como Ministro del Interior del señor Jorge Fernández, con la creación de unidades fuera de la estructura orgánica del Cuerpo Nacional de Policía y formada por al menos una decena de
comisarios e inspectores jefe que entorno al ex director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, ocupaban puestos de trabajo fuera de catálogo y realizaban investigaciones prospectivas contra los adversarios políticos, cuando no eran directamente
montajes totalmente falsos.
Se utilizaban sin ningún tipo de control fondos y recursos públicos para hacer indagaciones extrajudiciales, se emplearon detectives y se pagó a testigos falsos con el fin de alterar la voluntad popular ante diferentes procesos electorales o
negociaciones políticas.
Nuestro criterio es que esta comisión debería permanecer abierta y por ella deberían pasar a declarar más responsables políticos, como el ex Secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez; policiales como los comisarios José Manuel
Villarejo, José Luis Olivera o Marcelino Martín Blas. Pero tampoco menospreciamos el trabajo hecho en estos meses de comisión que han desvelado algunos indicios cruciales sobre esta operativa y sobre los cuales debemos actuar: por un lado,
remitiendo estas conclusiones a la fiscalía como dicta nuestro reglamento por si se hubieran cometido por parte de los máximos responsables de Interior y de la Policía los posibles delitos de malversación de fondos públicos o fraude procesal, entre
otros; y por otro lado, solicitando la apertura de diligencias por falso testimonio contra los comparecientes.
A continuación, pasamos a desgranar esos indicios en los casos concretos sobre los que más información hemos conseguido: la grabación al ex ministro en su despacho junto con Daniel de Alfonso, la preparación de investigaciones falsas contra
dirigentes catalanes antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014 (estos serían el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trías; el dirigente de ERC, Oriol Junqueras, o contra el ex president Artur Más); y, más recientemente, la elaboración y
distribución a periodistas afines, como Eduardo Inda, de dos montajes policiales contra el señor Pablo Iglesias y la formación Unidos Podemos como son el dossier PISA y el falso pago en el Euro Pacific Bank de Islas Granadinas de más de 200.000
euros por parte del gobierno de Venezuela.
Como dijo nuestro diputado Rafa Mayoral es necesario identificar 'la función que tiene la policía política en generar dosieres de intoxicación contra la oposición política, hasta tal punto que hay algún responsable de la policía de aquella
época, el que fue ministro del Interior, premiado como ministro del Interior por su responsabilidad en la matanza de Vitoria, el señor Martín Villa, que está requerido internacionalmente y que de momento no ha respondido a los requerimientos de la
jueza Servíni por crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles y se encuentra refugiado en un consejo de administración de una empresa del IBEX 35. ¿Esas prácticas continúan o no continúan? No sabemos y eso quizás es una de las cosas que
debiéramos aclarar'.
1. Las grabaciones en la sede del Ministerio del Interior al ex Ministro, Jorge Fernández Díaz, y al ex Director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel De Alfonso.
Discutir la importancia de grabar a un ministro del Interior en su despacho está demás. Evidentemente, es algo muy grave, que viola la seguridad del Estado más allá de violar la intimidad de ambos interlocutores. Como explicó el propio ex
ministro Jorge Fernández Díaz: 'Yo me he reunido en mi despacho, como es evidente y lógico, como ministro del Interior, con el ministro del Interior de Francia, el de Portugal, el de Reino Unido, el de Marruecos, el director del FBI -este que se ve
ahora tanto por la televisión ha estado en mi despacho-, y yo jamás me he preocupado de si alguien grababa o no grababa. Acépteme que le pregunte, a efectos dialécticos: ¿por qué yo, después de reunirme tan asiduamente con tantas personas con
responsabilidades sensibles, ese día iba a tener interés en que me grabaran? Sinceramente'.
Ciertamente, a nosotros nos hubiera gustado que esta comisión se pareciese más a la que en EEUU investiga las denuncias del ex director del FBI James Comey, pero nos conformamos con que aquí hayan aflorado algunas verdades que desmontan las
inverosímiles versiones que en prensa han dado el ex número dos de la Policía, Eugenio Pino, o su adscrito, el comisario José Manuel Villarejo, como la destacada por el propio Fernández Díaz sobre unas declaraciones en prensa del ex DAO: 'Yo
también he leído que se había dicho que en el Ministerio del Interior se grababa todo. Tengo que decir con toda claridad que en mi despacho no se grababa'.
La gravísima denuncia efectuada por el ex ministro que se describió como víctima de un chantaje con 'unas grabaciones de unas conversaciones presuntamente privadas, grabadas sin conocimiento de los interlocutores, retenidas durante veinte
meses para, a continuación, hacerlas aflorar', no nos puede dejar inmóviles.
Reclama vehementemente Fernández Díaz que '¿Nadie se ha preocupado de investigar a quienes hicieron eso? ¿Nadie se ha preocupado?'. No sabemos si al ser el ex ministro de Interior víctima de lo que él denominó 'un intento claro de alterar
la voluntad popular en un momento determinado y de una forma determinada y nadie se ha preocupado de eso', le hizo pedir perdón a nuestro grupo parlamentario por el dossier PISA (Pablo Iglesia, Sociedad Anónima) y la falsa cuenta del Euro Pacific
Bank.
Estamos de acuerdo también con el ex ministro, porque en democracia se puede estar de acuerdo entre diferentes ideologías por unos principios comunes, en que: 'Para una democracia parlamentaria como la española es un mal precedente que se
haya investigado a las víctimas y nadie se haya preocupado por los autores intelectuales o materiales, me es igual, de esas grabaciones'. Cierto, lo mismo queremos nosotros, saber quién fue el autor de los montajes contra nuestro partido y su
secretario general, porque somos víctimas de las que, nadie se ha preocupado.
El propio director general de la Policía aseguró que las grabaciones le parecían 'un delito y una clara intromisión en la intimidad de las personas', pero se conforma con una investigación de la que han bautizado como 'mejor policía del
mundo' que no es capaz de esclarecer quién grabó a un ministro en su despacho. No es lógico que ni esta cámara, ni el Gobierno, ni la Policía ni el ex ministro y el ex director de la Oficina Antifraude ni los tribunales sean capaces de averiguar
quién realizó la grabación siendo este: 'Es el único caso de esta naturaleza que he conocido en los cinco años que he sido director', en palabras de Cosidó.
En la misma línea se manifiesta el ex director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, sobre 'esas grabaciones que, cuando menos, fueron ilegal e ilícitamente distribuidas, les aseguro que yo no las he escuchado por higiene y salud
mental, y no) tengo intención de hacerlo'. Para De Alfonso dar validez a una grabación ilegal sería 'un mensaje generador de inseguridad jurídica que se lanza, ni más ni menos, que desde el Legislativo'. De la misma manera, que el Legislativo no
haga nada ante las denuncias en sede parlamentaria de un ex ministro de que sufrió una grabación ilegal también sería enviar 'un mensaje generador de inseguridad jurídica'. Por eso pedimos instar a la fiscalía que abra diligencias para esdarecer
quién grabó en el despacho de ministro del Interior, porque un delito tan grave, que ha dejado clara la ineficacia de las medidas de seguridad en el ministerio en el que está depositada la seguridad interna de todos los españoles, no puede quedar
sin resolver.
Por lo tanto, esta comisión no debería confirmar el patrón denunciado por el ex ministro: 'Alguien puede pensar: me sale muy barato', por eso es obligación de esta comisión parlamentaria remitir las conclusiones a la fiscalía para que
finalmente se abra un procedimiento que esclarezca quién tiene la capacidad de grabar en el ministerio del Interior sin autorización, inventarse una cuenta en Suiza del alcalde de Barcelona o atribuirle un pago en el paraíso de Islas Granadinas a
Pablo Iglesias y elaborar un informe apócrifo contra Podemos.
2. La sospecha de que desde la policía no quiso esclarecerse el caso: No se analizaron las grabaciones ni se llamó a declarar a los responsables de seguridad del Ministerio ni de la policía
Es evidente la contradicción en la que entran Fernández Díaz y Daniel de Alfonso cuando aseguran ser 'víctimas', pero no han puesto ninguna denuncia, como les reclama la fiscalía del Tribunal Supremo para abrir unas diligencias de
investigación.
También lo es que las pesquisas encargadas por el ex ministro a la Comisaría General de Policía Judicial, y cuyo informe fue entregado a esta comisión, no incluya los requisitos mínimos de análisis de las grabaciones entregadas por los
periodistas para saber quién y con qué grabó, más allá del contenido de las mismas, o la toma de declaración a los responsables de seguridad del ministerio, a los participantes de la reunión o a los propios periodistas. Para hacerlo, tendrían que
haber solicitado la cobertura de un juez que hubiera autorizado diligencias a las que, según el ordenamiento jurídico español, sólo la Policía Judicial puede conseguir bajo la tutela judicial.
Con los cinco testimonios tomados por esta comisión, sin embargo, se puede hacer un boceto de lo que ocurrió los días 2 y 16 de octubre de 2014 en el ministerio del Interior, al que no entendemos que no haya sido capaz de llegar la Policía
en su informe.
Daniel de Alfonso comienza su relato asegurando a esta cámara que la reunión se la propusieron 'miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado'. Versión coincidente con la del ex ministro Fernández Díaz: 'Debo decirles que yo no
solicité ese encuentro, yo no solicité ese encuentro. Yo conocí a don Daniel de Alfonso el 2 de octubre cuando lo recibí en mi despacho y mantuvimos una primera conversación. Después hubo una segunda, como saben muy bien, el 16 de octubre, y esa
fue la primera y la segunda vez en que yo he hablado con don Daniel de Alfonso en su condición de director de la Oficina Antifraude de Cataluña'.
El ex ministro reiteró que él nunca había pedido el encuentro y explicó que la idea vino del propio Eugenio Pino: 'A mí me lo dijo el entonces director adjunto operativo de la Policía. Lo recuerdo perfectamente porque he tenido ocasión de
recordar las cosas, claro' y prosigue: 'Cuando acabó la
reunión me dijo que sería conveniente y podía ser oportuno que recibiera yo al señor Daniel de Alfonso'. Mientras que a su interlocutor se lo propuso el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, como repitió en diversas ocasiones también el
señor Daniel de Alfonso. Es decir, el ex número dos de la Policía y su jefe de gabinete deberían haber sido investigados y preguntados por estos hechos, pero la Policía Judicial tampoco hizo ningún intento.
Estos dos testimonios coinciden con lo que esta comisión ha podido escuchar en las grabaciones sobre cómo se presentan, apelando a la confianza común que les genera el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago. En 2014 este funcionario era la
mano derecha de Eugenio Pino, y ocupaba el puesto de jefe de Gabinete del mismo aunque esta figura no está reconocida en el catálogo de puestos de trabajo de la DAO.
Ambos comparecientes dejan fuera de la concertación de las dos citas del 2 y 16 de octubre al entonces Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, que negó conocer que se iban a producir los encuentros porque 'en razón de mi
responsabilidad tenía la agenda en la Dirección General de la Policía y lógicamente ni controlaba la agenda del ministro, ni sabía con quién se reunía ni tuve conocimiento de esa reunión en concreto.
La reunión fue acordada entre la secretaria del ministro y el director adjunto operativo, según el propio Fernández Díaz'.
La sorpresa llegó, sin embargo, a esta comisión con las declaraciones del ex número dos de la Policía, Eugenio Pino, y del coordinador de la reunión, José Ángel Fuentes Gago, que llegaron a esta comisión negando a sus superiores políticos y
con la actitud de utilizar su comparecencia para saldar cuentas con el ex comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Bias y no para esclarecer los hechos.
Dando una tercera versión sobre cómo se orquestó la reunión, Fuentes Gago aseguró: 'No tuve ningún cometido en la preparación de las reuniones. Después del verano de 2014 me comunicaron que le dijera al señor De Alfonso, por la relación
personal que tenía con él y por los contactos que habíamos mantenido, que el ministro quería reunirse con él y se lo trasladé. La primera fecha que se fijó fue suspendida por la agenda del ministro y entonces se organizó otra. Le fui a buscar a la
estación de Atocha y le acompañé hasta el ministerio. Nada más. No tengo ninguna otra participación'.
Para el inspector jefe los promotores de la reunión fueron sus 'superiores jerárquicos', que al conocer de la relación de amistad que tenía con Daniel de Alfonso 'determinaron que era conveniente que se entrevistara con el señor ministro'.
Aunque el señor Gago hable en plural y quiera incluir entre los mismos al ex jefe de Asuntos Interno, ha quedado claro por los diferentes comparecientes que su superior era Eugenio Pino y que solo él y la secretaria del ministro conocían que se iba
a producir la reunión. Además hay que tener en cuenta que el señor Martín Blas fue grabado cuatro días después en una sede policial mientras mantenía una reunión con agentes del CNI y que estas pesquisas apuntan directamente a la cúpula policial
como autores de la misma, lo que llevó a que fuera cesado de su puesto.
De Alfonso explicó sobre su relación con Gago: 'No voy a decir que somos amigos pero sí conocidos desde hace muchos años por su labor como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al servicio de la Policía Nacional, y yo
por mis labores como magistrado en el ámbito penal. Nos hemos conocido y teníamos buena relación, y en un momento dado, que no recuerdo ni qué día, ni dónde, ni cómo fue, se me dice que sería interesante que nos viéramos con el ministro, que él
puede generar esa reunión con el ministro. Me pareció adecuado y no le doy mayor importancia. Y sí, fue con esta persona, insisto. No tengo motivos para no tenerle respeto, hoy por hoy'.
También descarta que tuviera algo que ver el comisario ya jubilado de Asuntos Internos, a quien De Alfonso asegura: 'No he visto en mi vida al señor Martín Blas'.
Aclarado este punto, y mientras el informe de Policía Judicial nada explica de cómo llegó Daniel de Alfonso al despacho del ministro, esta comisión ha logrado saber a preguntas de este grupo parlamentario que el jefe de gabinete del DAO, el
inspector jefe Fuentes Gago, recogió a Daniel de Alfonso en el 'hotel Hesperia Castellana' y entró con él en el ministerio de Interior, según contó el ex director de la Oficina Antifraude. Versión no coincidente con la de Fuentes Gago que bajo la
obligación de decir verdad declaró que le llevó hasta 'las escaleras del ministerio', aunque en otro momento asegura que al menos el primer día Daniel de Alfonso entregó su DNI a la entrada.
No se puede confirmar este hecho, porque los registros del Ministerio del Interior han sido borrados y los investigadores ni siquiera se han preocupado por tomarle declaración a los miembros de la seguridad que ese día estaban en la sede
ministerial, al jefe de gabinete del ministro o a su secretaria {con quien presuntamente se cerró el acuerdo y que podría haber ido a buscarle a la entrada).
Aunque De Alfonso no recuerda si pasó por el arco de seguridad: 'Sí recuerdo que el maletín y el teléfono móvil, en una garita que hay justo antes, en un patio interior dentro de la sede del ministerio, se me pidió, que me pareció lógico,
porque podía llevar desde una bomba -o habérmela colgado- hasta un aparato de escucha sofisticado. Pero si entré o no por el arco, no lo recuerdo. Eso, si dicen que no, es que no; yo no lo recuerdo'. Resulta incoherente que el ex director de la
oficina Antifraude no recuerde haber pasado por el arco de seguridad pero sí que le mirasen el maletín, lo que genera más dudas aún sobre quién podía llevar el aparato grabador y si 'la amistad' entre el señor Fuentes Gago y Daniel de Alfonso puede
estar entorpeciendo el esclarecimiento de estos hechos tan graves.
Esto nos lleva directamente a la pregunta de ¿quién grabó al ministro? Porque son los propios comparecientes, como De Alfonso, lo que intuyen que fue 'desde dentro. Quiero pensar, y creo, que el ministro no, porque tampoco él habría
hablado seguramente en términos coloquiales y ya nos hubiéramos guardado muy mucho. ¿Que se han hecho desde dentro del ministerio? Estoy convencido'.
Ante la pregunta al ex Director General de la Policía sobre si hay indicios racionales de que se grabaron las reuniones desde dentro de la Policía, este responde que: 'La contestación exacta a su pregunta es que en absoluto me inclino por
decir que la conversación necesariamente tuvo que ser grabada desde dentro, no, pero es una hipótesis que creo que sería erróneo descartar'. Sin embargo, esta hipótesis no fue ni plateada por la Policía Judicial que elaboró lo que ya podemos llamar
una exigua investigación.
También se aleja el señor Cosidó de la versión del resto de los comparecientes al recalcar que 'en la medida en que el informe elaborado que obra en su poder no es concluyente sobre la autoría, creo que es muy aventurado hacer conjeturas
sobre la filtración, pero bueno ...'. Efectivamente, sin responder a la pregunta de quién grabó es muy arriesgado señalar a quien difundió, aunque tanto Eugenio Pino como Fuentes Gago quieran hacer creer a estos diputados que el autor de la
filtración fue el comisario Marcelino Martín Blas.
La falta de denuncias por parte de los interlocutores, la intuición de que 'se hizo desde dentro' y el hecho de que muy pocas personas conocieran el encuentro nos hace preguntarnos por qué el ministro eligió a la Policía y no a la Guardia
Civil para realizar estas pesquisas. Porque como reclama el ministro a esta comisión la policía ni siquiera realizó una pericial de las grabaciones entregadas por Público a la Fiscalía. Es más. Según la documentación que obra en esta comisión,
fiscalía informó a Policía Judicial de la entrega de las grabaciones íntegras pero no las reclamaron para ser analizadas.
La memoria es algo que ha fallado mucho a los comparecientes, en todas las ocasiones esos lapsus han coincidido en ocultar cómo pudo llegar el dispositivo grabador al despacho del ministro, negando la versión de quienes junto a los diputados
de esta cámara han escuchado las grabaciones íntegras y cómo en la segunda reunión se está grabando ya antes de que entre en el despacho acompañado por un asesor de Fernández Díaz. Es decir, nada nos lleva a descartar que Fuentes Gago y De Alfonso
pudieran ser conocedores de la grabación y que el custodio sea el superior de la Policía, Eugenio Pino.
Porque el señor Eugenio Pino, dejando en evidencia tanto al ex ministro como a Daniel de Alfonso, apunta como su subordinado a que la relación con el ex director de la Oficina Antifraude venía a través del jefe de Asuntos Internos Marcelino
Martín Blas. Sin embargo, De Alfonso aseguró no conocerlo y siempre señaló a Fuentes Gago como la persona que le proporcionó el acceso al ministro.
Dice además Pino que pidió que le enseñaran las grabaciones y no quisieron. Lo que genera una pregunta: si no sabe quién grabó ni la Policía Judicial tuvo nunca acceso a ellas al no reclamárselas a la Fiscalía, ¿a quién pudo pedírselas el
señor Pino para oírlas?
Por otro lado, la manera en la que el ex DAO quiere quitarse responsabilidades alegando: 'Cuando sale la conversación del ministro con el señor De Alfonso, yo ya estaba jubilado y no participé en la investigación. En todo caso, no puedo
decir nada', es incoherente, ya que las grabaciones se produjeron durante su mandato y la Policía Judicial debería haberle interrogado, al ser él y su jefe de gabinete los promotores y quienes cerraron, según el ministro, la cita con su secretaria.
Fernández Díaz retó a esta comisión y al sistema judicial al decir en sede parlamentaria que 'aquí públicamente solicito de la Presidencia, señor presidente, un dictamen pericial acerca de ese fragmento, para ver si yo digo 'en fin' o digo
'te lo afina'. ¿Lo acepta usted?'.
Nuestro grupo parlamentario está a favor de que con la remisión de las conclusiones se vuelvan a enviar a la fiscalía los dos juegos existentes y ambos aportados por Público tanto al Congreso de los Diputados como los remitidos por la
Fiscalía General del Estado, para que sean analizados científicamente por el Servicios de Criminalística de la Guardia Civil, que en nada se ha visto salpicado por esta utilización política de los cuerpos de seguridad.
Este dictamen pericial deberá intentar responder a las preguntas más básicas: con qué se grabó y quién pudo hacerlo desde el punto de vista técnico, porque lo que subyace del contenido es materia de otra reflexión.
3. Lo único que asegura el informe de PJ es que los cortes no están manipulados, por lo tanto, la información es fidedigna, el Ministro y De Alfonso querían abrir investigaciones para dañar un proceso político y a los dirigentes que lo
impulsaban.
Que el ex ministro reclame una pericial a esta cámara entra en contradicción con el señor Cosidó, que explica que fue 'por orden del ministro' que la Comisaría General de Policía Judicial elaborase el informe remitido a esta comisión 'con un
peritaje técnico de la policía científica' que solo certifica que los extractos publicados no están manipulados.
El propio ministro relata que los periodistas, a pesar de las acusaciones vertidas contra ellos, fueron diligentes antes de publicar. 'Me acuerdo muy bien, porque he tenido ocasión de recordarlo, claro, de que el día 21 por la tarde, en mi
condición de cabeza de lista del Partido Popular por Barcelona, estaba haciendo campaña en Sant Cugat del Vallès -me acuerdo perfectamente- y cuando acabé el acto central de esa jornada de tarde me llamaron de Madrid, del ministerio, para informarme
de esto. Tuve que recordar a qué se estaban refiriendo porque hablábamos de dos conversaciones, del 2 y 16 de octubre de 2014, y estábamos en el 21 de junio de 2016. Como ya les he dicho, mi agenda y mi vida no orbitaban entonces entorno a esas
dos conversaciones, por lo que ni me acordaba, así de claro'.
A pesar de todo, el ex ministro solo descarta a De Alfonso como autor de las grabaciones y a él mismo. Sin embargo, no manifiesta tanta confianza cuando asegura que mintió a su interlocutor al decir que el presidente Mariano Rajoy sabía del
segundo encuentro: 'Sí, sí, me refería al presidente Rajoy, que no estaba, evidentemente, al tanto de esas conversaciones'. A no ser que lo que haga Fernández Díaz es mentir a esta cámara, pues como aclara De Alfonso: 'Si llego a saber que se
están grabando, insisto, ni utilizo ese tono ni utilizo esa táctica, pero ni con el ministro ni con nadie más'. Esto nos hace pensar que efectivamente, el presidente lo sabía, al igual que otros miembros del gobierno como la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría, el jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas; y la diputada Alicia Sánchez Camacho.
A pesar de carecer de este informe pericial, el dictamen de la fiscalía de Madrid -que asume también la Fiscalía General del Estado- recoge: 'De lo que hablan el ministro y De Alfonso no deja de ser un intercambio de ideas y estrategias
políticas, una recopilación de posibles casos de corrupción que pueden afectar políticamente a determinados sectores de ideología independentista'.
Por lo tanto no hay duda de que la reunión estaba marcada por la convocatoria de un referéndum el 9-N, pues como asegura Fernández Díaz: 'Me parece recordar que se me habló de alguna cuestión de carácter político que me querría trasladar'.
El propio De Alfonso no se atreve a afirmar que la Operación Cataluña no existiese cuando afirma: '¿yo metido en la que han denominado los medios como operación Cataluña? ¿Yo metido en esa operación? No. Si existía, que lo desconozco, yo
no estaba dentro, se lo aseguro. En todo caso, he sido víctima, pero no miembro de esa operación, insisto, si es que la misma ha existido en algún momento, que, vuelvo a insistir, lo desconozco'.
La falta de transparencia sobre estos hechos dejan al Estado de Derecho ante el chantaje de quienes, como Daniel de Alfonso, retan con 'tirar de la manta', como afirmó en el Parlament y que aquí reiteró 'creo que lo mejor para el país es que
las cosas se solucionen como ustedes crean, que son los que tienen que legislar, pero no a costa de lo que yo sepa, que siempre será un secreto que guardaré conmigo'. Como dejó patente el diputado Xavier Domènech en el interrogatorio del director
de la oficina Antifraude, todos los comparecientes de tener 'conocimiento de casos de corrupción tiene el deber de ponerlos en conocimiento de quien corresponde, no de evitar tirar de una posible manta que usted anunció en la comparecencia en el
Parlamento'.
El diputado Campos fue claro en su interrogatorio al preguntar '¿por qué en esas fechas? ¿Tiene algo que ver con lo que iba a ocurrir el 9 de noviembre, o es fruto de la casualidad?'; a lo que el ex director de la oficina antifraude
respondió: 'Ni idea de esas fechas. Sé que fue en octubre, creo recordar, porque lo he leído, pero ni idea'. Sin embargo, al principio de la primera reunión es el propio De Alfonso quien le expone al ministro que hay gente en Cataluña que no está
de acuerdo con la independencia tampoco lo está con que no les dejen ir a votar.
Es evidente por el contenido de las conversaciones que querían influir desde el ministerio en la opinión pública sobre dirigentes catalanes mediante titulares, aunque estos fueran infundados. Fernández Díaz expone en ellas que: 'Muchas
veces, cuando publicas, generas una presión mediática que al final hace que cosas que te interesan la tenga'.
'En las investigaciones especialmente sensibles, por ejemplo en las relacionadas con delitos de corrupción, quienes dirigen la investigación son los jueces y fiscales y normalmente declaran las diligencias secretas. Por tanto, si las
unidades que actúan en funciones de Policía Judicial revelaran alguna información incurrirían en un delito de revelación de secretos, y le puedo asegurar que la Policía y la Guardia Civil son muy celosas en cuanto al cumplimiento de esas diligencias
que ordenan jueces y fiscales'. Sin embargo, la cúpula policial que él debía controlar se saltó estos preceptos sin consecuencias.
4. La falsa cuenta suiza del señor Xavier Trías.
Uno de los casos más evidentes de que desde la Policía se han creado pruebas falsas contra opositores políticos es el de la falsa cuenta en Suiza del ex alcalde de Barcelona. Y aunque el señor Pino no quiere declarar sobre este asunto, ya
que está imputado en dicho procedimiento -al igual que lo está a petición del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional por intentar contaminar el caso Pujol con un pendrive- los testimonios y documentos expuestos en esta comisión reflejan
cómo bajo su mando se emplearon recursos y funcionarios públicos para difamar a los disidentes al PP.
Sobre Xavier Trias, entonces alcalde de Barcelona, Daniel de Alfonso dice textualmente en sus reuniones con Fernández Díaz de octubre de 2014: 'Yo soy partidario, ministro, de asestar el golpe cuando el golpe va a acabar con el animal'. En
esta misma conversación habla al ministro de los tratos que tiene con su hermano, el señor Alberto Fernández Díaz, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, donde le comenta que ha decidido que es mejor que a usted y a Alberto no
los vean en público para que la gente no pueda sospechar.
El origen de la falsedad está en la propia cúpula policial. Según el propio De Alfonso 'esa es una información que me vino dada por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado próximas al ministro'. En concreto sería el jefe
de Gabinete del Director Adjunto Operativo, José Ángel Fuentes Gago, quién le enseñó el pantallazo de la cuenta de Trias y que además viajó a Suiza junto con otros comisarios precisamente para gestiones relacionadas con esa cuenta.
Ese viaje se produjo el 15 de diciembre de 2014, y que pagamos todos, tenía presuntamente el fin de que el señor Fuentes Gago comprobara con la banca suiza si ese certificado contenía o no un error tipográfico. Pero el mismo banco emitió a
fecha 31 de octubre de 2014 el certificado con el error tipográfico corregido, con lo cual no debería haber ninguna duda de que ese número de cuenta era falso -además, así lo explica en este certificado con el nombre y el error tipográfico
corregidos- ni motivo alguno para que ningún miembro de la policía se fuera a la sede de UBS a comprobar si ese número de cuenta correspondía o no a Xavier Trias y si era un error tipográfico o simplemente estábamos hablando de personas distintas.
Aun así, en el certificado se incluía la fecha de nacimiento de Xavier Trias, que coincide con la fecha de nacimiento del alcalde de Barcelona, y la numeración del supuesto número no corresponde con la numeración del banco que emitía el certificado
y donde supuestamente existía la cuenta, con lo cual además era un número inventado de manera absolutamente aleatoria para perjudicar al alcalde de Barcelona.
El inspector jefe Fuentes Gago aseguró que 'mire, yo no he hecho ninguna investigación' y en concreto sobre la falsa cuenta de Trias responde al diputado Miquel i Valenti que 'no sé si alguien tenía en la policía la información'. Sin
embargo es él quien viaja a Suiza y quien enseña la captura de pantalla al señor Daniel de Alfonso, por lo que está mintiendo a esta comisión descaradamente. Es más, asegura que él le enseñó los pantallazos a De Alfonso en enero de 2015, pero en
las grabaciones queda claro que esta información obtenida de fuentes policiales ya estaba en circulación y en poder de De Alfonso en octubre del 2014.
Acto seguido aclara que 'a mí me ordenaron mis superiores acompañar al titular de esa información y al titular de la fuente a Suiza a verificar la discrepancia existente entre la información que nosotros teníamos y el desmentido que hace el
señor Xavier Trias i Vidal de Llobatera tres días después, nada más, de publicarse la información. Ese fue mi cometido, acompañar a verificar, nada más'.
En concreto se lo ordena 'el director adjunto operativo para verificar la discrepancia entre una información que tenemos de una fuente, de la que no soy titular, ni de la información ni de la fuente, y el certificado de la Unión de Banca
Suiza. Lo que nos llamó la atención cuando hicimos una sinopsis de lo
que estaba pasando es que en tres días el señor Trias consigue un certificado. Supo a quién dirigirse y obtuvo un certificado... con un error tipográfico'. Es decir, que después de más de dos meses de haber tenido el pantallazo en su
poder e incluso habérselo enseñado al señor De Alfonso, la policía hace un despliegue de medios enviando a cuatro funcionarios para esclarecer un error tipográfico y ninguna gestión sobre la falsedad de la numeración de la cuenta.
La audacia de estos funcionarios queda en evidencia cuando Fuentes Gago intenta hacer creer a los diputados que había 'una discrepancia importante porque un banco suizo no suele cometer un error en el nombre'. Lo que no suele ocurrir es que
unos profesionales de la policía, que forman el núcleo duro de esta institución no sepan siquiera confirmar que la numeración de la cuenta que les da su 'fuente' no coincide con el de la banca Suiza, a no ser que estos sean negligentes a sabiendas.
El señor Gago afirma a este respecto que 'Lo que es un delito -está tipificado en el Código Penal, en el artículo 408- es no investigar aquellas actuaciones de las que tenemos conocimiento'. Pues según se ha desvelado en esta comisión él,
junto con su superior Eugenio Pino lo cometieron varias veces al no investigar ni quien les había proporcionado la información falsa, por no investigar al señor Villarejo en las denuncias que por diferentes causas había contra él, al no investigar
quién filtró esas informaciones falsas desde la Policía cometiendo a su vez otros tantos delitos... Y no es que cayeran una vez en la torpeza de que les 'colaran' una cuenta falsa con la que atacar al señor Trias, también ocurrió dos años después
con el falso pago a Pablo Iglesias en el Euro Pacific Bank, donde no coinciden ni los nombres de los ministerios venezolanos.
No era la primera información contra legem que le había llegado al ex director de la Oficina Antifraude, como explicó al referirse a una supuesta hija secreta del ex president Artur Mas: 'Esto me parecía grave, sobre todo porque no me daba
visos de ser veraz, por lo tanto, me parecía que podría ser un acto contra legem'.
Esa fuente policial le enseñó a De Alfonso 'Le digo que me mostraron un pantallazo en un móvil. Por lo tanto, no he podido facilitarla'. El pantallazo acabó publicado en el diario El Mundo, como comentaron en sus conversaciones sobre el
tema semanas antes de que este periódico lo publicara.
La afirmación de que esa información le fue mostrada por una fuente policial, aunque no le dio credibilidad, la repite De Alfonso en su testimonio al afirmar: 'Y lo único que he tenido, eso sí -se lo he reconocido y se lo reconoceré porque
es verdad- ha sido un pantallazo de móvil que se me mostró de unas cuentas corrientes en Suiza, a las que yo tampoco di validez porque nunca se abrió ninguna investigación, nada en absoluto, en la oficina sobre ello'.
Ante otra serie de preguntas De Alfonso vuelve a afirmar que 'conseguí información posteriormente, que me vino dada a través de otras personas desde el ministerio'.
Una prueba más de que esa fuente policial del señor De Alfonso era Fuentes Gago y que le revelaba información con autorización del propio ministro se refleja en la declaración del ex director de la Oficina Antifraude cuando declara: 'Quiero
pensar que eso fue gracias a que el ministro confió en el director de la oficina en ese momento y le autorizó al señor Fuentes Gago o a quien fuera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de la UDEF, con la que también me he reunido en
numerosas ocasiones, para que intercambiaran o nos dieran información cuando se la solicitáramos'.
Lo poco fiable de los testigos empleados para estas operación, como el informe borrador del caso Pujol y cuya investigación sobre su ilegalidad aparece en la documentación remitida al Congreso, es como hablan tanto Daniel de Alfonso como el
ex director adjunto operativo, Eugenio Pino, de la testigo clave del caso Victoria Álvarez. 'Tuve que decir a dos directores de área de la oficina: Cada vez que llame, reuniros vosotros, porque siempre sale con lo mismo: 'tengo pruebas; estoy
pendiente de que me las den; me las van a dar... ' Y mes tras mes, y no había nada. Siempre era lo mismo: Tengo, tengo, tengo. Aquí no tengo nada. Tenía un tío en Alcalá, y ni tiene tío ni tiene ná'.
Días antes de las elecciones al Parlament de Catalunya del año 2012 salió publicado en El Mundo que el president Artur Mas tenía unas cuentas en el extranjero, que luego se demostró que no eran ciertas, él y su padre, de hecho.
Y días antes de las elecciones de mayo, en el Ayuntamiento de Barcelona, El Mundo sacó una información parecida del alcalde Trias, que también fue desmentida al cabo de unos días. Once días antes de la publicación de la portada en el diario
de El Mundo referente a Xavier Trias, el ministro y el señor De Alfonso estaban hablando de esta información en su despacho y estaban comentando si era más oportuno mandársela al ABC o a El Mundo.
Es sorprendente que a las preguntas sobre estas publicaciones de informaciones no confirmadas al ex ministro solo le preocupe que él no las filtró, pero que nunca mandara investigar quién lo hacía ni le alarme que pueda haber semejantes
grietas en unas informaciones sin contrastar que habían pasado por 'varias manos' pero no por muchas.
5. Los montajes policiales contra el señor Pablo Iglesias y la formación política Unidos Podemos: El dossier Pisa y el falso pago en el Euro Pacific Bank.
La voluntad de influir en la opinión pública y en el proceso electoral que tuvo lugar en España en 2016 por parte del Ministerio del Interior ha quedado acreditado en esta comisión, y también que para conseguirlo se utilizaron recursos
públicos tanto en forma de agentes o de viajes, se falsificaron documentos y se filtraron a medios afines y en concreto al director de Ok Diario, Eduardo Inda, suministrados por los altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía.
El informe PISA se publica unos días después de conocer los resultados de las primeras elecciones generales en las que Podemos obtiene el respaldo de 5 millones de ciudadanos y ciudadanas y se ve por primera vez que es posible una
alternativa de Gobierno al Partido Popular. En el segundo caso, el montaje del Euro Pacific Bank, se publica el 6 de mayo, exactamente tres días después de la convocatoria de las segundas elecciones. Nada de esto, evidentemente es casual.
El primer compareciente, el ex ministro Fernández Díaz, negó que encargara ninguna de estas investigaciones y aseguró que 'lo que hizo la UDEF fue recoger un resumen de informaciones periodísticas, con no demasiada imaginación llamarle a eso
informe PISA, y remitirlo al órgano encargado de fiscalizar las cuentas de los políticos, que sabe su Señoría que es el Tribunal de Cuentas'.
Sin embargo, los recortes de prensa aludían siempre a fuentes policiales y fue utilizado por el sindicato ultra Manos Limpias para denunciar a nuestra formación en diferentes órganos judiciales. Todos ellos, desde los de instrucción al
Tribunal Supremo, desecharon abrir diligencias y fue entonces cuando el jefe de la UDEF remitió al Tribunal de Cuentas ese 'dossier de prensa' sin cumplir ninguno de los requisitos de las comunicaciones oficiales.
La gravísima sospecha que tenemos es que la Policía lo envió al Tribunal de Cuentas y no a la fiscalía ni a otra jurisdicción penal, porque hubiera sido bochornoso remitirlo a un órgano con competencias jurisdiccionales de los que están
encargados de investigar delitos de corrupción, según nuestro ordenamiento jurídico.
El ministro niega que ese informe se hiciera con su 'conocimiento y autorización' por la UDEF, sin embargo los documentos oficiales publicados -y no remitidos a esta comisión por la Policía- dejan claro que la orden va del entonces Director
Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, hacía la UDEF. Eugenio Pino era el receptor de las órdenes políticas y estaba bajo la supervisión del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez,
y del propio ministro. El oficio de remisión es de la Dirección Adjunta Operativa -el señor Eugenio Pino- a la UDEF data del 4 de noviembre de 2015. La publicación del informe PISA por Eduardo Inda es de 12 de enero de 2016. Es decir, la remisión
de este informe desde la Dirección Adjunta Operativa a la UDEF se realiza antes de que esta información sea pública y no como explicó el actual diputado Fernández Díaz en su comparecencia.
La actitud de desconocimiento del señor Fernández Díaz sobre estos hechos llega al punto de decirle a la diputada Irene Montero: 'A efectos de yo aclararme, la información que contenía el informe PISA, ¿no era de fuentes abiertas?',
dejando como mínimo entrever que lo que le cuentan sus subordinados y la realidad de los hechos distan demasiado. Pero el ministro del Interior tiene la responsabilidad de vigilar lo que sucede y si sus subordinados han cometido actos ilegales,
abusando de su autoridad y violando los derechos de dirigentes políticos, ha sido cómplice por dejación de esos delitos.
Asegura también que 'a mí se me informó de que era de fuentes abiertas. Fuentes abiertas quiere decir que no es un testigo protegido ni un informante. No; es de fuentes abiertas, está saliendo en los medios'. Gracias al trabajo
periodístico hemos tenido acceso a un documento oficial de la policía donde se recoge el nombre de cinco presuntos testigos protegidos venezolanos, hospedados en un hotel de Madrid, pagado con fondos públicos que sirvieron de informantes tanto para
el dossier de prensa PISA como para el falso documento del Euro Pacific Bank. Algunos de esos testigos están directamente relacionados con los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA), investigada por blanqueo de capitales pero a la que la
cúpula policial de Fernández Díaz ofreció ayuda en las investigaciones a cambio de la cuenta de la familia Pujol.
Ante las irregularidades que le expuso la diputada Montero sobre las dos versiones del dossier PISA difundidas por la prensa, y que no hemos conseguido averiguar quién elaboró, el señor Pino se niega incluso a mirar esos dossier para darnos
su valoración como ex número dos de la Policía sobre si los mismos cumplen con las características técnicas de un informe oficial. La poca colaboración se demuestra en su respuesta a esta diputada 'no tengo ningún interés'. Es grave que no lo
tenga, que no abriera ninguna investigación sobre quién elaboró y filtró esa serie de falsedades y que además acuda como testigo a favor de Eduardo Inda, intentando dar veracidad a esas publicaciones que esta comisión y después de interrogar a los
cinco máximos dirigentes de interior quedan completamente desacreditadas.
Sin embargo, el señor ex ministro pareció tener más interés y conocimiento sobre las características de un informe oficial cuando explicó a esta cámara que: 'En la Comisaría General de la Policía Judicial existe una herramienta informática
que antes se llamaba GATI, que es el acrónimo de Grupo de Análisis y Tratamiento de la Información, que después se transformó en lo que actualmente es la UCIC, que es el acrónimo de Unidad Central de Inteligencia Criminal. Creo que es relevante
-perdóneme, señor Legarda- lo que les voy a decir. Cuando la Policía o la Guardia Civil -es igual- inicia una investigación no lo hace saliendo a la calle, lo hace bien porque ha sido presentada una denuncia -anónima o no- por confidentes, testigos
protegidos, organismos encargados de controlar información tributaria, fiscal, prevención del blanqueo de capitales, etcétera. Si de una lectura liminar de la denuncia o de la información se desprende que no hay fundamento para proseguir con la
investigación, se archiva; si no, se hacen unas diligencias sumarias. Si se ve que eso tiene fundamento, para que no haya investigaciones clandestinas ni irregulares, se graba -es el argot que se utiliza en términos policiales- esa investigación
en esa herramienta informática con dos finalidades. La primera es evitar duplicidades, es decir, que si se está llevando a cabo una investigación sobre narcotráfico o sobre corrupción no haya otra unidad policial de otra comisaría general o de otra
jefatura superior, etcétera, que esté investigando lo mismo. Se trata de evitar duplicidades -para eso hay un órgano superior que coordina y, cual agente de tráfico, ordena quién ha de ser el que ha de liderar y llevar adelante esa investigación en
el ámbito plenamente operativo- y de evitar investigaciones clandestinas. Es decir, es un aval de seguridad que si alguien -una persona o una unidad- está llevando adelante una investigación, esta tenga que estar grabada en lo que anteriormente era
el GATI y actualmente es la UCIC, Unidad Central de Inteligencia Criminal. Si esa investigación prosigue, se judicializa. Por tanto, no hay margen para una investigación clandestina. Es una herramienta informática de seguridad y de respeto al
Estado de derecho, así de claro lo digo. No puede haber investigaciones clandestinas'.
El señor Fernández Díaz explicó a la portavoz de este grupo parlamentario que 'a lo mejor me pondría de acuerdo con usted en que quizá en eso ha habido algún error, pero espero también que me acepte que no le corresponde al ministro saber
qué es lo que hace el DAO con el jefe de la UDEF porque por medio está el jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, el comisario general de Policía judicial -me refiero por encima del destinatario- luego el director adjunto operativo, luego el
director general de la Policía. Es que parece que el ministro del Interior es el Gran Hermano, que ve todo. No; hay una cadena de mando'. Pero esa cadena de mando ha sido imposible de establecer a pesar de las declaraciones del Director General
de la Policía, Ignacio Cosidó, y del comisario Eugenio Pino.
Es imposible que todo este procedimiento fallara en el caso de Podemos, porque no es habitual la existencia de informes policiales que no tienen número GATI, que no tienen ninguna identificación, sin firma, sin número de registro, que se
remiten desde la Dirección Adjunta Operativa, desde el número dos de la policía, a la UDEF, sin ningún tipo de firma, de registro, de funcionario que lo avale. Y mucho menos, que ese defecto de forma se repita tanto en el supuesto informe PISA
filtrado a la prensa como en el remitido al Tribunal de Cuentas y el papel que le acompañaba -que tampoco cumple ninguno de los requisitos para ser considerado documento oficial-, se haya repetido nuevamente en la remisión de documentación al
Congreso y que el señor Pino nos quiera hacer creer que será debido a una confusión, que nos habrán enviado una copia y no el original.
Es más, aunque hasta el ex director general como el ex ministro le atribuyeron la elaboración de este dossier a la UDEF, la propia documentación remitida al Congreso muestra que la misma carece de cualquier garantía jurídica, especifica que
'se ha recibido en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal un informe de inteligencia; es decir, que el origen es un informe de inteligencia'. Es decir, fue la DAO quien elaboró ese conjunto de calumnias y las envió a dicha unidad de Policía
Judicial para que lo blanqueara y diera credibilidad.
Una prueba más de esta conclusión es que a pesar de las negativas del señor Pino de aportar información a esta comisión sobre estos hechos, que fue la DAO la que envía a la UDEF este informe extrajudicial, irregular, que no va firmado por
ningún funcionario para ser blanqueado por una unidad que sí es de Policía Judicial, como se ha recordado que denunciaba el ex comisario de Policía Judicial, señor Losada, y que también ha quedado constancia en esta comisión.
Cuando este grupo parlamentario le realizó al señor Pino la pregunta concreta de 'si un juez tuviese que llamar a declarar a las personas que hicieron este informe o a las personas que se responsabilizan del mismo, ¿a quién llamaría?', la
respuesta del máximo mando policial -como él mismo se definió en esta comisión- fue 'no lo sé'. Tras escuchar al señor Pino es necesario informar tanto al ex ministro como a la ciudadanía que, desgraciadamente, España sí parece Corea del Norte en
cuanto a los montajes ilegales que se hacen contra los disidentes políticos.
Según reflexionó Cosidó sobre las filtraciones policiales, 'en muchas ocasiones se produce una sensación falsa, y es que hay atestados policiales, hay informes que se dan a conocer cuando las partes ya tienen acceso a ese sumario. ¿Hay
filtraciones? Sí. Las partes han conocido el sumario, lo publican y dicen: Informes policiales. En realidad no estamos hablando estrictamente de filtraciones, sino de sumarios judiciales que se han comunicado ya a las partes'. Sin embargo, en
los dos asuntos que atañen directamente a nuestro partido la filtración nunca podía venir de abogados que repartieran documentos de un sumario entre periodistas, porque no existía ningún proceso judicial, ninguna denuncia y todos los periodistas que
lo difundieron fueron unánimes al señalar a su fuente: la Policía y en concreto una unidad de inteligencia que no está registrada oficialmente.
Resulta insultante escuchar a los mandos políticos de la policía apelar a la pulcritud de los procedimientos judiciales, que bajo el mandato del Estado de Derecho realizan investigaciones con garantías para los ciudadanos, mientras ellos se
han saltado claramente la ley y todas las garantías legales solo para arremeter contra el adversario político. Un hecho claro de esto es que el ex número dos de la Policía esté imputado en dos procedimientos precisamente por fraude procesal y falso
testimonio.
El montaje contra el señor Iglesias y nuestra formación es tan evidente, que hasta el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago se apresuró a declarar: 'Quiero dejarlo claro ahora desde el principio porque es mejor. Yo con el informe PISA no
tengo nada que ver. No he escrito una palabra en word, nada. No he tenido ninguna información para la confección de ese informe. Nada'. Nos sorprende que un policía y abogado de su posición utilice el término 'confección' para una supuesta
investigación, aunque estamos de acuerdo con que tanto el PISA como el falso documento de pago al señor Iglesias en el Euro Pacific Bank que la policía le entregó a Inda son una 'confección' calumniosa, encargada desde el Ministerio del Interior
para dañar al adversario político antes de las elecciones.
Desde su posición de jurista, sindicalista el inspector jefe aseguró también Gago que él no aceptaría un informe 'solo con recortes de prensa, se lo digo con total sinceridad'. No entendemos entonces como el comisario Manuel Vázquez
-superior jerárquico del señor Gago- y ex jefe de la UDEF tuvo que remitir sin rubricar un documento no oficial elaborado en la DAO ni por qué el señor Gago no asesoró a quién correspondiese que mejor era desechar ese 'dossier de prensa'.
Pocos meses después un nuevo montaje policial se elabora para volver a dañar al diputado Pablo Iglesias y a nuestra formación política, con las informaciones publicadas también por Eduardo Inda sobre el supuesto cobro de más de 200.000 euros
en las Islas Granadinas por parte de Pablo Iglesias. La Policía no ha remitido ni siquiera a esta cámara el falso documento que fue entregado a Eduardo Inda por miembros de una Unidad de Inteligencia ilocalizable en el organigrama policial, para
dañar a nuestro partido y a su secretario general. Evidentemente, porque es un documento completamente falso, un montaje que coincide en su 'modus operandi' con el caso de la cuenta Suiza del señor Xavier Trias y en la que están involucrados en
mismo grupo de policías de confianza del ex número dos de la Policía. En este caso no concuerdan ni los nombres de los ministerios venezolanos que habrían autorizado el pago y fue el propio banco quien tuvo que emitir un comunicado -como en el caso
del ex alcalde de Barcelona- asegurando tajantemente que su entidad no aceptaba pagos de Venezuela.
Sobre el Euro Pacific Bank, el señor Pino se niega a decir la verdad en esta comisión porque: 'Entramos en una dinámica que sería una revelación de secretos en base a los principios básicos de actuación, en cuyo caso no puedo hablar', sin
embargo, no tuvo mayor problema en prestar su testimonio para librar al señor Inda de la demanda que el diputado Iglesias Turrión había puesto contra él por la difusión del documento falso que le proporcionó la policía y sobre el que no se hizo
ningún informe.
Al ser repreguntado por este asunto afirmó en un tono poco tranquilizador que a él no le 'cuelan' ese documento falso porque 'no tienen acceso a mí. Entenderá usted que yo no entro en la dinámica del papel correspondiente, sino en la
macroestructura policial y de forma tangencial'. Esta mentira se constata teniendo en cuenta las declaraciones en sede judicial del propio Eduardo Inda que ha reconocido, como manifestó la diputada Elizo, que 'la Dirección Adjunta Operativa le
filtra el informe PISA y que lo publica cuando le dicen, en un momento muy concreto de la situación política de este país. Y en segundo lugar, la publicación de la falsificación de un pago del Euro Pacific Bank a Pablo Iglesias. Son dos
filtraciones que el señor Eduardo Inda en sede judicial ha reconocido que provienen de la Dirección Adjunta Operativa'.
Como expuso nuestra diputada, 'se filtra un falso informe policial a 'Manos Sucias', una organización que se dedica a extorsionar a las altas instancias del Estado, pero al DAO patriota no le produce esto ninguna extrañeza'. Esto es
imposible de creer, aunque los hechos son que no abrió ninguna investigación para saber quién había fabricado estos documentos falsos y quién los había filtrado. Lo que sí hizo fue querellarse, por primera vez en la historia de la democracia,
contra la periodista que destapó sus reuniones con el periodista receptor de las filtraciones difamatorias.
6. Una policía fuera de catálogo patrocinada con fondos públicos.
La interpretación del catálogo de puestos de trabajo que el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, aplicó durante su mandato (de enero de 2012 a junio de 2016), deja claro que se aprovechó del mismo para acercar a
la DAO a un grupo de policías de su confianza a los que se asignaban puestos que realmente no ejercían. El caso más claro es el de su jefe de gabinete -un puesto que realmente no existe en el organigrama policías-. El inspector jefe Fuentes Gago
ocupó el puesto de jefe operativo de la Casa de su Majestad el Rey sin que nunca pisara la Zarzuela ya que tenía una variopinta multitud de funciones junto al comisario Pino. A la pregunta de quién hacía entonces el trabajo durante enero y octubre
de 2015 como jefe Operativo de la Casa Real, es algo que ni siquiera el ex DAO nos ha sabido o querido responder a esta comisión.
La Unidad de Inteligencia es esa brigada creada fuera de catálogo y cuyos miembros estaban camuflados con otros destinos -que tanto el señor Pino como Gago han confirmado en esta cámara- y que según el ex DAO 'era la función de la Unidad de
Inteligencia, diez o doce personas dedicadas exclusivamente a ver quién se llevaba el cruce de informaciones y la prioridad la marcaba el DAO, lógicamente'.
A esta decena de personas las investigaciones periodísticas le ponen nombres y apellidos los comisarios José Manuel Villarejo, José Luis Olivera, Enrique García-Castaño, Marcelino Martín Blas y los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago,
Bonifacio Díaz Sevillano y Andrés Gómez Gordo.
Al ser preguntado por este grupo parlamentario por quién lleva la Unidad de Inteligencia, el señor Pino continúa obstruyendo el trabajo de esta comisión al responde 'pregunte usted a quien lleva la Unidad de Inteligencia, que me parece que
la manda una comisaria. Es lo que le puedo decir'. Puede que el señor Pino nos esté queriendo decir que en la actualidad y bajo la dirección del actual ministro, la Unidad de Inteligencia fuera de catálogo sigue actuando con operaciones
extrajudiciales, lo que está claro es que oculta una información que tendría que facilitar a esta sede de la soberanía popular.
La propia descripción del puesto de trabajo del señor Gago que hace su jefe Eugenio Pino indica ya una actuación confidencial fuera del marco policial: 'El control de los sindicatos es fundamental, el señor Gago tenía esa función. Aparte,
como persona de confianza, hacía cosas que yo le podía mandar. Si alguien decía que fulano quería contarnos una cosa, yo mandaba a Gago, hacía la nota, etcétera. Alguien de mi confianza, pero no era mi gabinete. Mi gabinete estaba estipulado en
el catálogo de puestos de trabajo. Gago era el hombre que en un momento determinado habla con tal sindicato, dile que no vayan por allí o no vayan por allá'.
Lo mismo ocurre cuando el señor Pino explica quien le encomendaba el trabajo al comisario Villarejo que iba desde 'Al secretario general, al jefe de gabinete o al jefe de operaciones. Y depende: si trabajaba con la Guardia Civil, a la
Guardia Civil; si trabajaba con el CICO, al CICO, y si trabajaba con el CNI, al CNI'. Esta alusión otro Cuerpos de Seguridad como la Guardia Civil y al CNI muestra las mala intención del ex DAO de 'encender el ventilador', ya que en ningún caso
este policía podía recibir órdenes de los otros dos, solo podría colaborar con ellos bajo las órdenes de un juez y dentro del marco de una operación conjunta y no de esta forma tan independiente como indicó el compareciente.
Los indicios desvelados en esta comisión sobre la creación alrededor de la figura del DAO Eugenio Pino de una policía paralela han sido esclarecedores. El propio ex jefe de gabinete de Pino -una figura
fuera de catálogo- explicó que 'En el organigrama del Ministerio del Interior yo no tenía ninguna función, tenía funciones en la Dirección Adjunta Operativa. Mis funciones allí eran las que me encomendaban mis superiores, entre ellas,
relaciones con las organizaciones sindicales, asesoramiento de tipo legal a quien lo pidiera y cualquier otra cuestión que me fuera encomendada dentro de las competencias de la Dirección Adjunta Operativa'. Es más, otra de sus funciones era
acompañar al señor Pino 'para que no estuviese solo', 'atienda el teléfono cuando él está en reuniones', aun así el señor Gago aseguró que era 'un proyecto ilusionante'.
En este caso, diferentes grupos parlamentarios intentaron esclarecer por qué si el señor Gago estaba asignado al servicio operativo de la casa de su Majestad el Rey, pero no ejerció como tal 'nunca' y sin embargo 'llevaba la agenda' del
comisario Eugenio Pino. Pero los intentos de obtener una explicación razonable fueron infructuosos. El ridículo llegó en la declaración del señor Gago al responder a varios diputados que era normal que la Casa Real no conozca quién es su jefe
operativo.
El señor Gago, como ex dirigente sindical, aseguró que participó en 'en la elaboración del catálogo de puestos de trabajo que tiene ahora el Cuerpo Nacional de Policía en vigor', aunque parece que le mismo no era aplicable ni a él ni a otros
policías de la confianza del ministro.
Aunque los comparecientes no han querido informar a esta comisión de qué funcionarios realizaron misiones fueran del control judicial para dañar a dirigentes políticos, como la cuenta del ex alcalde Trías o los dos montajes contra Unidos
Podemos y Pablo Iglesias, ha quedado patente que el señor Eugenio Pino -no sabemos si con conocimiento de sus mandos políticos o si estos firmaban las autorizaciones sabiendo lo que hacían- creó unidades secretas a las que asignaron misiones
ocultas: la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación y la Brigada de Análisis y Revisión de Casos. Ninguna de ellas figuró en la correspondiente orden ministerial de estructura y funcionamiento de la Dirección General de la Policía, sino
que se habilitaron mediante el catálogo de puestos de trabajo a funcionarios de confianza, que han sido bien retribuidos mientras prestaron sus servicios a la DAO o después, con destinos en embajadas con dietas mensuales de más de 10.000 euros o con
medallas rojas que incluyen una pensión vitalicia.
Como señaló el diputado Domènech de esta comisión se desprende una 'sospecha gravísima' sobre 'que se han utilizado recursos del Ministerio del Interior, de que hay operativos policiales encubiertos para atacar a rivales políticos y de que
en esa operación están implicados el exministro del Interior, el señor Moragas y el señor presidente del Gobierno'.
También sería grave que en una institución jerarquizada como la Policía, según los propios comparecientes, el señor Cosidó no se hubiera enterado de las reuniones hasta que las grabaciones no se publicaron. Y lo único que lleva a pensar es
que Eugenio Pino recibía las órdenes directamente del ministro, sin contar con el Director General aunque fuera el que rubricara los cambios de destino de estos policías fuera de catálogo. Sin embargo este aseguró, con obligación de decir la
verdad, que no pidió explicaciones a su subordinado Eugenio Pino porque 'Cuando el director adjunto operativo, en el caso de que lo hubiera realizado, hace una gestión directamente con el ministro del Interior creo que no es muy apropiado que el
director general pida explicaciones'.
Según Cosidó, 'Dentro de la investigación que ordenó el ministro del Interior realizar sobre esa escucha, también consta en el informe -señor presidente, yo no sé si estoy equivocado, pero creo que el informe realizado obra ya en poder de la
Comisión- que personal de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía hizo un rastreo a fondo de todas dependencias del ministerio por si hubiera algún dispositivo de esa naturaleza. Por tanto, no es que yo me encargara personalmente, pero a
instancias del ministro hubo esa inspección con el resultado que todos ustedes conocen porque tienen disponible el informe'. Visto el poco interés por parte del ministro y de la Policía en averiguar quién grabó, a pesar de aseguran que se han
cometido 'conductas ilegales, ilícitas', está empeñado constantemente en diferenciar entre 'la grabación, la custodia y la difusión'. No entendemos desde este grupo parlamentario por qué entonces se emplearon unidades policiales, con el
consiguiente gasto, para buscar micrófonos en el Ministerio del Interior -información que abrió los telediarios por la cantidad de unidades instaladas en plena Castellana- si realmente para el señor Fernández Díaz cuando se le pregunta lo importante
es saber quién custodió y difundió.
¿Estaba utilizando el señor ministro en funciones recursos públicos para vendernos un teatro a sabiendas de que nunca se habían encontrado micrófonos en los registros realizados entre 2014 y 2016 que se hace pública la grabación? ¿Por qué
esa misma policía no hizo ninguna gestión para averiguar quién era el custodio?
Resulta curioso que sin embargo Fernández Díaz exponga que 'tengo la convicción moral de que no se ha grabado nunca. Nunca se ha grabado y, repito, he tenido... Hombre, lo normal es que ya hubieran salido'. No sabemos si esa convicción
viene dada porque las reuniones se las organizaba su equipo de asesores y no la cúpula policial.
Como explica Fernández Díaz: 'El Ministerio del Interior es un ministerio muy jerarquizado y el ministro del Interior no habla con un inspector o con un comisario, sino con quien tiene que hablar'. Así que daña el raciocinio de los
integrantes de esta comisión que no puedan definirse concretamente los puestos ocupados por determinados policiales, sus funciones o de quién dependían y que trabajos concretos han realizado, a pesar de que todos ellos estaban o adscritos al
director adjunto operativo y sus unidades dependían de él.
Sobre la condecoración y su afirmación de los grandes servicios a la patria del comisario Villarejo, Fernández Díaz afirmó que: 'tenía muy presente el terrorismo de ETA, y le puedo asegurar que en lo relativo a la lucha contra el terrorismo
de ETA ha prestado importantes servicios'. Sin embargo, diferentes trabajos periodísticos como el elaborado por Álvaro de Cózar (V, las cloacas) desmonta el currículum de servicios en grupos antiterroristas del señor Villarejo sin que se le puede
atribuir una sola operación en la que participara.
El señor Fernández Díaz aseguró que esta comisión 'parte de la base de que existía una policía política y yo tengo que demostrar que no existía. Una conquista democrática es la presunción de inocencia, como ustedes saben. Uno es inocente,
incluso políticamente, hasta que no se demuestre lo contrario'. Pero sus funcionarios no cumplieron con esa premisa democrática cuando crearon informes y supuestas cuentas en paraísos fiscales contra dirigentes políticos concretos, se lo
facilitaron a los periodistas y después su partido y él mismo integraron estas falsas acusaciones en su discurso político a las puertas de una posible formación de gobierno y de unas elecciones. Tanto es así, que su hombre de confianza, Eugenio
Pino, acudió a un juzgado a declarar en favor del periodista Eduardo Inda, que valiéndose de un documento que le filtraron fuente de 'la inteligencia policial' pero que no ha sido remitido a esta comisión ni sobre el que se ha hecho ningún informe
ni incluido en ninguna base de datos policial.
Tampoco coincide con las investigaciones periodísticas. Las grabaciones publicadas y remitidas a esta comisión judicial por los periodistas Carlos Enrique Bayo y Patricia López las afirmaciones hechas por el ex director general de la
policía, sobre como sus agentes se enteraron de la grabación de La Camarga, una comida mantenido entre la testigo Victoria Álvarez y la dirigente del PP, Alicia Sánchez Camacho, en el año 2010. Cosidó explica que 'esa grabación apareció en algún
medio de comunicación y es cuando yo tuve conocimiento de que se había producido esa grabación'. Pero Victoria Álvarez se enteró de su existencia por la llamada de un supuesto periodista de nombre Javier Hidalgo, a quien ella misma ha reconocido en
el Parlament como el comisario Villarejo.
Sobre el entonces comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y al que tanto Eugenio Pino como su jefe de gabinete aseguran que fue cesado por pérdida de confianza tras una traición al incluir al comisario José Manuel Villarejo
Pérez en el caso del pequeño Nicolás, el señor Cosidó no tiene la misma opinión que estos. Según declaró, el motivo del cese que él firmó fue porque 'En la policía sin duda hay muchos destinos que son complicados, pero hay algunos más complicados
que otros, y el mando o jefe de la Unidad de Asuntos Internos es particularmente complicado o difícil por razones que yo creo que todo el mundo puede imaginar. Se trata de hacer investigaciones que afectan a los propios policías que han tenido
comportamientos ilegales o en todo caso incorrectos. Después de más de tres años al frente de ese destino consideré que era conveniente hacer un cambio'. Tenemos la duda de si lo que quería decir el señor Cosidó es que investigar 'los
comportamientos ilegales' de algunos compañeros motivó la pérdida de confianza y el cese del comisario Martín Blas.
Acerca del comisario Villarejo, elemento clave en esta policía paralela, Cosidó asegura que él encargó un informe 'sobre la compatibilidad de una serie de actividades privadas que él desarrollaba, y el resultado es que no me hacían una
propuesta de sanción disciplinaria porque entendían que la actividad privada del señor Villarejo, que en buena parte se había generado durante una excedencia, era compatible con la labor que desarrollaba'. En este punto es importante recalcar que
la persona que elabora el informe es otro de los miembros de esta unidad fuera de catálogo, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que en sede judicial declaró que no había analizado la 'actividad' de las empresas de Villarejo y solo los cargos
que ostentaba en los consejos de administración. En esa misma información reservada aseguraba que este comisario jamás había pedido la compatibilidad al Ministerio de Administraciones Públicos, como
dicta la ley para todos los funcionarios, pero que no era necesaria por eran empresas creadas en su periodo de excedencia.
El señor Villarejo pasó fuera del Cuerpos Nacional de Policía unos 10 años, hasta principios de los 90, pero las empresas siguieron funcionando, según el propio comisario, 'al servicio del Estado' pero sin cumplir la ley.
El señor Fuentes Gago se convirtió a partir de la elaboración de ese informe en encubridor de un delito y pudo haber cometido prevaricación, por hacer una resolución a sabiendas de que no se cumplía lo que dictamina la ley. Igual ocurre con
el comisario Pino, quien era conocedor además por las notas informativas que presuntamente Villarejo remitió a la DAO en junio de 2014 de que estaba empleando sus empresas en las investigaciones ilegales en Cataluña y que además reclamaba dinero a
la Policía por esos servicios.
Además, el señor Villarejo fue condecorado durante la realización de estos trabajos con una medalla roja a propuesta de Eugenio Pino que, según Cosidó, 'es la única que tiene' este supuesto gran servidor del Estado.
Sobre el comisario Villarejo, el ex director general de la Policía que ordenó a Eugenio Pino abrir una investigación sobre la compatibilidad de las actividades privadas del comisario Villarejo a petición de Fernández Díaz, negó a esta cámara
conocer al medio Información Sensible, propiedad de la mujer del comisario y que está dentro de su entramado empresarial-familiar, a pesar de ser mencionado en al menos tres informes policiales diferentes, que se lo hubiera comunicado el comisario
Marcelino Martín Blas y de haber sido preguntado por este mismo asunto en noviembre de 2014, por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid.
Además, el señor Cosidó atribuye la elaboración de esa información reservada a la Unidad de Régimen Disciplinario, aunque es público, notorio y está declarado en esta comisión que la realizó el jefe de gabinete del DAO, el inspector jefe
José Ángel Fuentes Gago.
El señor Cosidó ponía la firma para esos viajes y dietas en Cataluña, por lo que miente a esta comisión cuando dice no saber nada del viaje que hicieron el comisario Marcelino Martín Blas y José Luis Olivera para ver a los fiscales
catalanes. Más grave aún es que desconozca los posibles pagos que reclama el señor Villarejo en sus notas informativas, a no ser que fueran abonados por el propio DAO a cargo de diferentes conceptos a los verdaderos servicios prestados.
La certeza de que se crearon unidades no registradas en el organigrama, de las que no se ha conseguido saber ni quienes formaban parte ni de quien dependían, no solo ha quedado clara en esta comisión. El comisario principal Losada, que fue
nombrado por el PP como jefe de la Comisaría General de Información, ha manifestado en procedimientos judiciales que fue cesado porque 'le pedían blanquear policialmente investigaciones de otras unidades', a lo que él se negó.
Sobre el puesto que tenía el señor Villarejo solo sabemos lo que dijo Gago, que el superior jerárquico de este comisario era Eugenio Pino, por lo que debería investigarse por que el DAO tomó siempre decisiones en favor de los intereses de
este.
Impresentable también resulta que los señores Pino y Fuentes Gago atribuyan el enfrentamiento del señor Martín Blas con Villarejo y su posterior destitución por orden de Eugenio Pino en cuestiones personales, relaciones de amistad,
traiciones y enfados irreconciliables en una institución tan jerarquizada. De ser cierto, nos preguntamos dónde estaban los dirigentes políticos para poner fin a lo que se intenta vender como un patio de colegio, tratándose sin embargo de la cúpula
policial que protegía a este país.
El diputado Trevín solicitó que quedara reflejado otra de las irregularidades del actual ministerio del Interior al informar a esta comisión de las dos unidades citadas. Según la documentación apostada al menos la BARC se creó en 2015, a
pesar de la existencia de informes desde 2012, mientras que el señor Cosidó fijó su creación en 2013.
Al ser preguntado por la Unidad de Inteligencia, el ex jefe de gabinete del DAO respondió que 'Está dentro de la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica. De ahí vino el error inicial de decir que existe una brigada, que después
que se ha quedado en nada', pero eludiendo quién era el jefe de Villarejo si es que este realmente dependía de esa unidad fuera de Catálogo.
Como expuso la señora Elizo al inspector jefe Gago: 'no existe ni un solo dato, funcional u orgánico, que se corresponda con la información que nos está dando aquí, y eso me parece también una irregularidad a tener en cuenta desde luego'.
El señor Gago respondió entonces que 'pues entonces será que le llamamos así y tendrá otro nombre, pero está dentro de la Unidad de Planificación y Coordinación'. Bueno parece que esta unidad fuera de catálogo, denominada así entre sus miembros
pero desconocida
de manera oficial se parece mucho -lo es de facto para este grupo parlamentario, a una brigada policial paralela, secreta y fuera del control de Policía Judicial al que tanto han apelado los políticos comparecientes.
El inspector jefe Fuentes Gago intentó confundir a esta cámara sobre el trabajo que hizo de carácter administrativo sobre la compatibilidad del señor Villarejo en mayo de 2015 y asegura que también se encarga ese año al comisario general de
Policía Judicial que investigue el patrimonio de este comisario. Añade que: 'La conclusión a la que llega el comisario general de Policía Judicial se envió a la fiscalía y la fiscalía, en febrero de este año -creo recordar-, ha determinado que no
ve ninguna irregularidad'. Sin embargo, y según el informe que se remitió a la fiscalía, este informe se elabora entre febrero y abril de 2016, por la Unidad de Asuntos Internos dirigida por Francisco Migueláñez: es decir, no coincidió en el
tiempo el encargo, ni la unidad que lo elaboró es la que él refiere ni la fiscalía se ha pronunciado aún sobre el mismo.
Como puso de manifiesto la diputada señora Elizo: 'el informe de la Policía judicial que se encuentra en este sumario, dice exactamente -y entrecomillo-: 'El señor inspector Gago delata claramente una mala gestión de su labor profesional
dada la falta de imparcialidad y de objetividad en el informe que se realizó ya que no contrastó ninguna información'. Insisto, así lo recoge literalmente ese informe de los investigadores, que fue ratificado por la Audiencia Provincial de Madrid.
El señor Villarejo en una nota informativa de junio de 2014 señaló que no tenía ni mesa ni horario ni móvil ni funcionalidad concreta en la Dirección Adjunta Operativa. Sin embargo, usted un año después en ese informe dice todo lo contrario, que
tenía funcionalidad concreta y que estaba trabajando para la Dirección Adjunta Operativa'.
La filtración de informes a Eduardo Inda a pesar de que en esta comisión con la obligación de decir la verdad, Fuentes Gago aseguró no sabía nada de filtraciones policiales, ha quedado recogido en el sumario del pequeño Nicolás como un
funcionario -al que deberíamos poner nombre- borró de los servidores centrales de la Policía en El Escorial un email que demostraba su relación con el director de Ok Diario, medio empleado por determinados mandos policiales para difamar a esta
formación, al ex comisario de Asuntos Internos y a los periodistas que han denunciado esta trama que investigamos en esta comisión.
También se pone de manifiesto lo habitual de estas reuniones con Inda el señor Gago 'hay una ocultación maliciosa por parte de los investigadores, porque nos refieren un montón de reuniones con el periodista en cuestión que no se han
producido. Cuando me preparé para ir a ver a su señoría, dije: pero si yo no me he reunido tantas veces con esta persona', lo deje de manifiesta es que las reuniones han existido. Sin embargo continúa acusando a los investigadores de una causa
judicial, dirigida en este caso sí por un juez y no como muchas de las citadas en esta comisión, 'hacemos una gestión y resulta que el periodista en cuestión va al gimnasio del Hotel Miguel Ángel, y todas las veces que estaba en el gimnasio y todas
las veces que nosotros estábamos en Miguel Ángel, 5 eran reuniones. Es una broma de muy mal gusto en mi caso, se lo digo sinceramente. Es una broma de muy mal gusto. Inferir de la cobertura de servicio de una antena telefónica reuniones, porque
una persona está en un punto y otra en otro bajo la misma cobertura, es muy grave, se lo digo así de claro, y eso es lo que se ha hecho'. Entiende este grupo parlamentario, acusación popular además en dicha causa, que tanto la actuación del juez
Zamarriego como de los investigadores de la Policía Nacional a los que tuvo que proteger de sus jefes es más que limpia y transparente y además ha sido avalada en varias ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid. Es decir, Fuentes Gago miente
a esta comisión a sabiendas de lo que hace y es grave porque hay sentencias judiciales que así lo demuestran.
También gracias a la información judicial, y no a la aportada por el compareciente en esta comisión, sabemos lo que dice el inspector jefe Bonifacio Díaz, compañero de mesa del señor Fuentes Gago, quien asegura que el jefe de gabinete de
Pino ayudó a elaborar información sensible con respecto a la Operación Cataluña.
7. Las mentiras a esta comisión y la obstrucción a la justicia.
Es de todo punto incoherente que pese a las denuncias hechas en esta comisión por Fernández Díaz y el reto a que el Congreso de los Diputados solicite una pericial de las grabaciones, el ex ministro conteste que 'si mandara, no se habría
creado esta Comisión'. 'Supongo que tengo derecho a pedirlo ¿no?', le refirió a uno de los diputados, sin embargo no ha puesto ninguna denuncia ni le solicitó a la misma policía a la que le encargó la investigación que requiriese a la fiscalía las
grabaciones íntegras para que la Policía Científica las analizara.
Llega a confesar que 'con esas conversaciones se han presentado denuncias por parte de cinco partidos políticos, una querella por parte de un afectado político, el exalcalde de Barcelona, señor Trias,
otro partido político; o sea, por lo visto puede ir todo el mundo a la fiscalía menos el ministro del Interior'. Sin embargo, aunque reprocha a muchos de los diputados que solo les interese el contenido de sus conversaciones, el mismo
desvela que el análisis pericial que reclama no es para averiguar quién vulneró la seguridad de su despacho ministerial sino para que 'nos digan si lo digo o no lo digo' ese ya famoso 'la fiscalía te lo afina', omitiendo el final de la frase
'hacemos una gestión'.
Esto genera una inquietante pregunta: ¿quién puede impedir a un ministro que acuda a la fiscalía? ¿El presidente que todo lo sabía? ¿La brigada política que creó dentro de la policía y entorno a Eugenio Pino? Dejar estas preguntas sin
resolver crea una gran inseguridad democrática para los ciudadanos de este país.
A partir de ahí el resto de sus subordinados han mostrado la misma postura de no contar lo que saben solo lo que se les pregunta y en algunas ocasiones. El ex ministro asegura 'No estar al día de las investigaciones', sin embargo, era ese
precisamente el objeto de conversación con De Alfonso: procedimientos concretos contra dirigentes independentistas.
El ex ministro Fernández Díaz nos dijo sobre quién pudo grabarlo que 'tengo idea y a usted, en una conversación personal, a lo mejor se lo comentaría, pero en una Comisión parlamentaria no está uno para dar opiniones sino para aportar datos.
Si no tengo pruebas, evidentemente, sería un irresponsable si lo hiciera. Tengo mis ideas, evidentemente, acerca de quién o quiénes pudieron hacer todo, no solo las grabaciones. Yo distingo claramente tres actos: la grabación, la custodia y la
difusión'.
Tanto De Alfonso como otros comparecientes han querido que los diputados de esta comisión crean que la conversación entre ellos era distinta a lo que fue: 'Insisto, ¿de verdad alguien puede pensar que eso es así, que el sistema catalán de
salud se lo ha cargado alguien? ¿Acaso el sistema catalán de salud no funciona exactamente igual a como venía haciéndolo? Pues miren, justo inmediatamente antes de esa frase, se ha ocultado la frase que venía, y que decía: Se le ha dado en todos
los morros con el caso Bagó a los corruptos. Esa era la frase que venía inmediatamente antes'. Es decir, miente cuando dice que no las ha escuchado y miente también cuando quiere quitar credibilidad al contenido, pues conoce muy bien el mismo,
tanto que es capaz de reproducir frases literales a pesar de no haber escuchado las grabaciones.
El presidente de esta comisión tuvo que recordar al compareciente que 'Esta Comisión convoca las comparecencias de acuerdo no con la Ley Orgánica del Poder Judicial sino de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución y la Ley Orgánica
5/1984, que regula específicamente estas comparecencias. Y es criterio de esta Cámara, y así lo hemos hecho saber al Consejo General del Poder Judicial, que no se contemplan las invitaciones sin apercibimientos legales para comparecer a esta
Comisión, en la medida en que usted en su momento lo reclamó porque entendíamos, y así se lo hicimos saber, que contravenía el precepto o los preceptos de la Ley Orgánica 5/1984'.
También se lo recordó el diputado Campo entre otros al jefe del gabinete del DAO, idea que compartimos, que la Policía no está bajo sospecha pero sí los comparecientes en esta comisión y que el artículo 502 sanciona tanto al que deja de
venir y de comparecer como al que, convocado, faltare a la verdad en su testimonio, estableciendo unas penas no leves, por cierto: prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses.
Miente De Alfonso al decir que 'No he visto en mi vida al señor Martín Blas' porque, como el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos declaró en su intervención en el Parlament y que ha sido publicada en diferentes medios, meses antes a
estas reuniones el inspector jefe Fuentes Gago le había concertado una reunión en la que De Alfonso le comentó las mismas cuestiones que al ministro y este le dijo que no eran de su interés al ser asuntos políticos que no concernían a su
departamento.
Desde 2013, año en el que la señora Victoria Álvarez entra en contacto con el comisario Villarejo, el señor Daniel de Alfonso ya está en contacto con esta testigo, con el señor José Ángel Fuentes Gago e incluso le hace un barrido en su
despacho y en su coche una de las personas que desde fuera de la Policía parece que también estaba dentro de esta operación Cataluña haciéndose pasar por agente de la UDEF: el socio del comisario Villarejo, detective y policía en segunda actividad,
Antonio Giménez Raso (persona sobre la que esta comisión debería tener más información o que la misma sea solicitada por la fiscalía cuando reciba estas conclusiones).
Por lo tanto miente De Alfonso al afirmar que no 'no tengo nada que ver con La Camarga', pero De Alfonso aparece en una conversación entre Victoria Álvarez y el supuesto periodista Javier Hidalgo, que en realidad es el comisario Villarejo,
en la que ella le informa que se reunirá con De Alfonso para hablar de los problemas con Alicia Sánchez Camacho y Método 3.
Otro punto que nos alarma es la dejadez de funciones en los políticos encargados de supervisar las actuaciones de la cúpula policial y sus efectivos que queda clara en la declaración de Fernández Díaz sobre por qué se enviaron agentes de
Asuntos Internos a Catalunya cuando los responsables de investigar era la UDEF: 'La verdad es que cuando estaba en el ejercicio de mis responsabilidades como ministro del Interior no tenía conocimiento de eso. Se lo digo así de claro'.
Los casos en los que se repiten los mismos nombres de funcionarios son demasiados: durante su mandato numerosas actuaciones policiales relacionadas con el que se ha venido a llamar caso Cataluña han acabado en denuncias, imputaciones y
anulación de pruebas contra los mismos mandos policiales que las propiciaban. Así, a modo de ejemplo, el caso Xavier Trias, el caso De la Rosa, el caso François de Seroux, el caso Banca Privada de Andorra y Banco de Madrid, el caso Pujol y el caso
Jordi Puig, el caso del Pequeño Nicolás, el ático del señor González, el caso Método 3, el caso Emperador, el informe apócrifo Pisa y el pago en el Euro Pacific Bank al diputado Pablo Iglesias, actuaciones policiales y causas judiciales en las que
siempre aparece el mismo elenco de mandos policiales: Eugenio Pino, Bonifacio Díez, Martín Blas, Villarejo, Olivera, García Castaño, Fuentes Gago, Gómez Gordo, exdetectives Tamariz y Peribáñez, don Francisco Marco, de Método 3, y el expolicía
Giménez Raso.
Tampoco es de alabar la conducta ante esta comisión del señor Gago que pretende hacernos creer que en sus años como jefe de gabinete del DAO informó al señor Pino solo 'de un tema que hubo de terrorismo yihadista, eso sí, porque era un tema
serio y me pidió que tuviera cuidado y le informé', pero no de que el señor Martín Blas le había dicho que organizara la reunión con el ministro. Entre las mentiras vertidas por el señor Fuentes Gago contra Martín Blas -a quién llego a acusar de
diferentes delitos, sin que esta comisión haya dado la palabra al ex jefe de Asuntos Internos para escuchar su versión-, a pesar de esta tan estrechamente relacionado con la Operación Cataluña y de haber sido grabado en los mismos días que al
ministro.
Y por último la falta de respeto que el ex número dos de la Policía, el señor Pino, ha mostrado a esta cámara al en su derecho de defensa para no contestar a algunas preguntas sobre los trabajos que el socio del señor Villarejo y policía en
segunda actividad, Antonio Giménez Raso, hizo para interior, aunque este asunto que sepamos no está incluido en ningún procedimiento. Lo mismo hace con las preguntas acerca del dossier PISA y al falso documento del Euro Pacific Bank para dañar a
Pablo Iglesias, cuando tampoco hay aún ningún procedimiento abierto contra él por este asunto.
Pero a pesar de las mentiras ha quedado probado que hay una sincronización en el 'modus operandi' en casos concretos ya expuestos: aparecen determinados informes -que no sabemos de dónde vienen, pero sí qué tipo de información contienen-,
esos informes pasan siempre a los mismos medios de comunicación y periodistas, como Eduardo Inda, y esa publicación altera o perjudica resuItados electorales.
8. Envío de conclusiones a la Fiscalía.
Esta es una cuestión de Estado, que tiene que ver con la seguridad del Estado y con el funcionamiento del Ministerio del Interior en un Estado democrático. Algunos diputados se han atrevido a calificar estas 'prácticas policiales
sospechosas de prevaricación, falso testimonio y fraude procesal', a este se le podría añadir la malversación de fondos públicos, la falsedad documental, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, abuso de autoridad...
Ciertamente no es a esta comisión a quién le toca calificar penalmente los hechos aquí constatados, pero sí es obligatorio de cualquier ciudadano poner en conocimiento de la justicia los presuntos delitos que conozca y que esto lo hagan los
diputados es una garantía para los denunciantes de corrupción de que la política española quiere depurar responsabilidades y regenerarse.
El fiscal Horrach ha calificado el contenido de estas grabaciones como 'un ejemplo de utilización perversa de las instituciones con fines políticos, un atentado a la base o a la esencia del sistema democrático'. La Fiscalía de Madrid
dictaminó que lo que allí se fraguó no era un delito contra los derechos fundamentales pero porque 'no están tipificados los actos preparatorios'. La Fiscalía de Barcelona por su parte asegura que 'las conversaciones manifiestan la intención de los
interlocutores de promover investigaciones prospectivas sobre determinadas personas por el simple hecho de su adscripción política, y que se insiste por los interlocutores, ministro y De Alfonso, en la necesidad de someter a determinadas personas,
por ejemplo, al hermano de Oriol Junqueras y a otros familiares de líderes políticos, a una investigación exhaustiva en busca de algún elemento que permitiera poner en cuestión su honorabilidad y afectar a la agenda política'.
A pesar de que el contenido de las grabaciones no llegue a ser delictivo aunque apunta a responsabilidades políticas, en esta comisión se han tratado más casos que desprenden un mismo 'modus operandi', según el diputado Legarda y que
nosotros compartimos: 'Una sospecha sobre la existencia desde primeros de 2012 de una pequeña trama, pero con mucho poder, de mandos de Policía Nacional que como policía paralela se empleaba contra adversarios políticos ejecutando una decisión
previa de los responsables políticos del ministerio, y con un patrón de funcionamiento en todos los casos: se inicia un acoso general o una investigación prospectiva con recogida de información utilizando colaboradores externos pagados con fondos
reservados y presionando a testigos. Se filtran aspectos a medios de comunicación conniventes. Se presiona a fiscalía, se anima a la presentación de querellas de sindicatos confabulados y, por último, se blanquea a raíz de la denuncia de lo
actuado hasta ese momento'.
Tanto es así que el señor Pino y uno de sus adjuntos están siendo investigados a petición del Juzgado central de instrucción número 5, que lleva la causa Pujol, por intentar introducir una pendrive en dicho sumario que hubiera contaminado el
procedimiento.
A pesar de lo declarado por los responsables políticos de que las grabaciones son un delito personal contra los señores Jorge Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, los miembros de la comisión parece que tenemos una conclusión común: que
grabar sin autorización en el Ministerio del Interior es una amenaza contra la seguridad del Estado que se debe investigar con rigor. Al igual que el uso por parte de los responsables del ministerio de una brigada política que vulnera los derechos
de los ciudadanos y actúa extrajudicialmente.
Las responsabilidades finales de quienes se hayan visto involucrados en la 'confección' y financiación del informe PISA y el documento falso de pago del Euro Pacific bank a Pablo Iglesias deben ser objeto de investigación y por tanto de
remisión junto a estas conclusiones a la fiscalía.
A la Mesa de la Comisión de Investigación
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, solicita mediante este escrito, el mantenimiento como voto particular de las conclusiones presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Voto particular núm. 3
Conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el uso partidista de los recursos y activos
del Ministerio del Interior bajo el mandato del ex Ministro Fernández Díaz
Una breve valoración para comenzar. La Comisión de Investigación sobre el Uso Partidista del Ministerio de Interior bajo el mandato del anterior ministro del Interior, Sr. Fernández Díaz, no pasará a la historia de esta Cámara por lo
esclarecedor de sus resultados. Tampoco lo hará por la ejemplaridad de sus trabajos, manifiestamente mejorables, hay que reconocerlo. Ni por el 'fair play' desplegado a lo largo de estos meses por ciertos participantes en la misma. Algunos
portavoces han mostrado en su tono, en sus actitudes y en sus maneras, una ausencia casi total de cortesía parlamentaria. Y, del mismo modo, ciertos comparecientes han exhibido aquí una falta manifiesta del respeto debido a esta casa, donde están
representados todos los españoles. Estoy pensando en algunos ex altos cargos del actual Gobierno que, poniendo a prueba la buena fe de la comisión, desafiando todas las evidencias y los límites de la credulidad, han pretendido hacernos creer que
ellos no sabían nada de lo que ocurría a las puertas de sus propios despachos, que no oyeron nada, que no hicieron nada y que, prácticamente, ni siquiera estaban allí. No pongo nombres porque creo que no es necesario.
Dicho ello, una vez analizada la documentación recibida en el seno de la Comisión y atendidas las comparecencias solicitadas y aprobadas por dicha Comisión, se relacionan a continuación las conclusiones del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Dichas conclusiones se ordenarán conforme a la secuencia propuesta por el acuerdo de Pleno del Congreso de los Diputados por el que se creaba esta Comisión,
con el objeto de poder consensuar una opinión común con el resto de Grupos Parlamentarios de la cámara.
1. Investigar la utilización en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otros medios públicos, por parte de las autoridades y altos
cargos del Departamento, con fines políticos, y en especial para obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y para el seguimiento y control de las actividades de los partidos de la oposición y de
sus dirigentes.
La Comisión nació lastrada por algunos retrasos y circunstancias adversas. Finalmente se constituyó y, desde entonces, han transcurrido cuatro meses de trabajos que, si bien no pueden considerarse un prodigio de eficacia -entre otras cosas
porque ha faltado colaboración institucional y se ha regateado con la documentación solicitada-, han dejado una cosa meridianamente clara. Es posible colegir que el Ministerio del Interior, en la etapa del ex ministro Jorge Fernández Díaz -hasta
anteayer como quien dice-, fue utilizado con fines espurios, partidistas y ventajistas, para controlar y atacar a adversarios políticos. Para obstaculizar y mediatizar la acción de los tribunales de Justicia en causas de corrupción que atañen a
dirigentes, gobiernos locales y autonómicos del Partido Popular. También para difamar y/o fabricar dosieres comprometedores de políticos de otras siglas. Y todo ello, poniendo en juego recursos públicos, medios materiales y humanos del propio
departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que deben servir para garantizar la seguridad, los derechos, las libertades de todos los españoles, así como el interés general.
Sin embargo, por lo que respecta a este punto, nuestra opinión es que la Comisión no ha podido demostrar de forma concluyente estos extremos con la aportación de pruebas que incriminen, por acción, a dirigentes políticos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
2. Analizar y comprobar las actuaciones del mencionado Ministerio, reveladas en los medios de comunicación, dirigidas a difundir supuestas informaciones sobre dirigentes y miembros de otros partidos políticos, sin soporte fáctico, y basadas
exclusivamente en documentación elaborada con ese fin en el propio Departamento.
La Comisión ha puesto en evidencia también aquí la actuación tramposa del Gobierno del PP en los tiempos de la mayoría absoluta, cuando hacía y deshacía sin el más mínimo empacho sometiendo a las instituciones a su propia agenda oculta, una
agenda en B. Cuando atendía primero y sobre todo a sus propios intereses de parte, quebrando las reglas del juego democrático a las que nos debemos todos.
Resulta irónico que el PP, que si por algo se ha caracterizado es por tolerar todo tipo de corrupciones en su seno; por no haber atajado verdaderas estrategias organizadas de depredación de los recursos públicos; por haber dejado robar a
manos llenas a un buen número de sus cargos públicos; por permitir que las manzanas podridas y las ranas le crecieran como setas hasta en la misma sede de la calle Génova... mostrara por el contrario tanto celo en vigilar indebidamente a los
demás.
En este sentido, parece acreditado la realización de un dosier de prensa con información de otros partidos políticos y de sus dirigentes, sin ser capaces de atribuir dicha responsabilidad a una persona en concreto. En todo caso, tampoco
pudo acreditarse por los responsables del Departamento la destrucción del mismo ni el interés que suscitaba su creación. Nuevamente nos encontramos ante un caso de incompetencia de los máximos responsables del ministerio y de la Dirección General
de la Policía.
3. Esclarecer, en concreto, las informaciones que apuntan a la elaboración desde ese Ministerio, de elementos probatorios que justificaran la intervención del Poder Judicial contra determinados responsables políticos.
En este apartado nuestras conclusiones son que resulta del todo punto imposible establecer relaciones directas entre las acciones realizadas desde el Ministerio, con cualquier suerte de elementos probatorios que concluyan en acciones, o
procedimientos judiciales, contra responsables políticos.
4. Determinar la participación en estas actividades de señalados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, convertidos al efecto en una verdadera 'Policía política' inadmisible en un Estado de Derecho.
Ironías aparte, esta circunstancia, la evidente actuación partidista del Ministerio del Interior, de algunos de sus funcionarios y cargos designados, subraya también otra constante en los Gobiernos presididos por Mariano Rajoy: una enorme
negligencia. Negligencia en el manejo de instituciones que son de todos como si fueran 'parques temáticos' para uso y disfrute particular del PP. Negligencia en el control de determinados excesos policiales que parecen haberse registrado, en
episodios de difícil justificación entre las jefaturas de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de un Estado democrático y de Derecho. Negligencia, en suma, en el cumplimiento de unas normas que son para todos los ciudadanos y, por supuesto, para quienes
tienen el privilegio de gobernarles en un momento dado.
5. Determinar el origen de los recursos utilizados para la financiación de dichas actividades, así como, en su caso, las transferencias de fondos públicos realizadas y los destinatarios de las mismas.
Ha sido imposible determinar transferencias de fondos, inclusive de aquellos que forman parte de los propios presupuestos ministeriales para financiar estas actividades. En todo caso, estamos otra vez ante un escenario de incompetencia y la
negligencia en el control de fondos públicos. Esto, que parece ser una constante en la gestión de los miembros del Partido Popular en las administraciones públicas, se repite nuevamente en el Ministerio del Interior.
6. Evaluar las consecuencias de estas actuaciones en la eficacia y coordinación de las actividades del Cuerpo Nacional de Policía, así como en la relación de éste con el Cuerpo de la Guardia Civil y otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
No hay consecuencias entre el uso partidista de los recursos del Ministerio del Interior y la eficacia o la coordinación de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en cuanto a la lucha contra el terrorismo, el crimen
organizado o la mera acción policial, incluida la judicial.
Por el contrario, es sumamente grato comprobar que, pese a la nula capacidad de gestión y la incompetencia manifiesta de los responsables políticos de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los hombres y las mujeres que los componen
mantienen un grado de profesionalidad, compromiso y dedicación en el desempeño de sus funciones, muy por encima del de sus responsables políticos.
7. Determinar los incumplimientos de las normas vigentes que estas actividades han supuesto, sus consecuencias en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y las responsabilidades de todo tipo que se puedan derivar de las mismas.
No hemos podido determinar incumplimiento de normas vigentes, por cuanto, todos los comparecientes relacionados con estos hechos, han manifestado que no parece haber normas sobre custodia de grabaciones, o cualquier otro procedimiento
relacionado con ello.
Relacionados estos puntos, desde Ciudadanos queremos destacar una serie de conclusiones generales:
Es cierto y conocido que en el despacho del ministro se realizaron grabaciones sin su consentimiento. Es cierto y conocido que nadie sabe, o conoce, no solo que se hicieran, sino cómo llegaron a conocimiento de un medio de comunicación. Es
decir, cómo salieron de las dependencias del propio Ministerio dichas grabaciones. Este hecho, conocido según el ministro, a través de los propios medios de comunicación, no supuso, sin embargo, denuncia alguna del hecho ilícito. Ni de la propia
grabación, ni de la violación de la custodia posterior de dicha grabación.
Resulta ciertamente curioso el proceder del ministro, no denunciando un ilícito, reconocido por él mismo en su comparecencia. Este hecho, sin embargo, a juicio del Grupo Parlamentario Ciudadanos, supone la demostración palpable de que, al
entonces ministro del Interior, Sr. Fernández Díaz, no le preocupaba, ni le inquietaba en absoluto, la posibilidad de ser grabado en su propio despacho del ministerio, al punto de que no consideraba siquiera pertinente poner este hecho en
conocimiento de la Fiscalía del Estado.
Entendemos en este Grupo Parlamentario que tal actuación, o más bien, la ausencia de la misma, supone una negligencia de una magnitud superlativa, por cuanto la quiebra de las propias comunicaciones entre el ministro y cualquier persona
invitada a su despacho, entendiendo que allí se trataban asuntos que competían a la máxima autoridad de la seguridad del Estado, son un hecho de la máxima gravedad, que sin embargo a juicio del propio ministro no requieren ni de una simple denuncia.
Otro tanto supone la misma inacción del propio director General de la Policía, Sr. Cosidó. Consideramos de igual grado de negligencia e incompetencia su comportamiento respecto de este caso, por cuanto ni siquiera comentó el asunto con el
propio ministro una vez tuvo conocimiento de los hechos.
Desgraciadamente, o más bien deberíamos decir, afortunadamente para los intereses del Estado, ni el Sr. Fernández Díaz, ni el Sr. Cosidó, son en estos momentos parte del Gobierno de España. No podemos exigir la responsabilidad política de
solicitar su cese por manifiesta incompetencia, pero sí debemos desde esta comisión hacerlos a ambos responsables políticos de dichas actuaciones, censurando sus acciones, inacciones y gestión realizada.
Mariano Rajoy no fue citado entre los comparecientes ante esta Comisión porque su presencia no tenía sentido para esclarecer los hechos investigados, aunque hubiera aquí quien lo pretendió con voluntad de dar espectáculo más que de averiguar
qué sucedió. Pero lo que es innegable es que al presidente del Gobierno le cabe, en última instancia, una muy seria responsabilidad política por haber nombrado en su día como ministro del Interior a su amigo Jorge Fernández Díaz. Por haberle
mantenido en el cargo a pesar de las sospechas de actuación indebida -certezas más bien, según lo que ya habían publicado y difundido los medios de comunicación-. Por haber legitimado de esta manera sus métodos inaceptables y la utilización de su
cargo y de la responsabilidad encomendada en beneficio de sus propias siglas, una vez más. Tuvieron que celebrarse unas nuevas elecciones y constituirse un nuevo Ejecutivo para que Rajoy cambiara de ministro. De no haber sido el caso, hoy el
Gobierno tendría tres ministros reprobados en lugar de dos.
En estos cuatro meses de trabajo, Ciudadanos ha tratado de mantener una actuación ecuánime. Ha intentado conservar el equilibrio y la sensatez entre los que querían ocultarlo todo, negarlo todo, aplaudirlo todo a pesar de las evidencias
sólidas de que algo olía a podrido en el Ministerio del Interior de Fernández Díaz, y los que venían dispuestos a abrir una causa general, no solo contra la anterior cúpula de Interior, sino también contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Hemos intentado ceñirnos al mandato de esta Cámara, al objetivo para el cual fue creada la Comisión, y a la labor de control parlamentario a la que nos debemos como partido de la oposición que somos.
Como he dicho al principio, esta no ha sido la mejor de las comisiones de investigación. Habríamos querido menos trabas y más sinceridad por parte de quienes se han sentado ahí como comparecientes. Más respeto también a lo que esta Cámara
significa. Pero prolongar sus trabajos sólo por mantener inútilmente el show de algunos, por darles un escaparate que no se ganan con un trabajo parlamentario eficaz, no tenía sentido.
En este punto, en el momento de dar por cerrada esta Comisión, cabe esperar que haya servido al menos para señalar de nuevo a los tramposos y negligentes y, más importante aún, para señalar lo que nunca debe volver a suceder. A los
ciudadanos de este país se les deben unas instituciones a su servicio, que administren y gestionen no sólo con eficacia, sino también con pleno respeto a las reglas democráticas de un Estado de Derecho.
A la Mesa de la Comisión de Investigación
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por el presente escrito, solicita el mantenimiento como voto particular de su escrito de conclusiones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Voto particular núm. 4
Conclusiones de la Comisión de Investigación
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por el presente escrito y según el plan de trabajo aprobado por la Comisión, adjunta las conclusiones consecuencia de los trabajos de la misma.
Con carácter previo a cualquier otra consideración, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, entiende necesario realizar algunas observaciones sobre el alcance y límites de las investigaciones parlamentarias y sobre las exigencias
éticas elementales que deberían respetar los diputados que forman parte de las mismas.
- El artículo 76.1 de la Constitución Española afirma que 'el Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán
vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas'. Este precepto
afirma claramente que las comisiones de investigación 'no afectarán a las resoluciones judiciales'. En el mismo tenor, la STC 39/2008, de 10 de marzo, en su fundamento jurídico 7 marca criterio, separando las facultades de investigación de las
Comisiones de Investigación con aquellas que son propias del ámbito jurisdiccional: 'es preciso evitar toda confusión entre la labor investigadora que puedan llevar a cabo las Asambleas autonómicas o las Cortes Generales y aquella que corresponde a
los órganos integrantes del Poder Judicial'.
- En coherencia con el precepto constitucional citado, el Grupo Parlamentario Popular expresa su rechazo a que las Comisiones de Investigación parlamentarias puedan interferir en asuntos que se estén tratando en los Tribunales de Justicia y
rechaza las manifestaciones calumniosas amparadas en la inviolabilidad parlamentaria.
- Una Comisión de Investigación Parlamentaria no es un tribunal de Justicia. Los parlamentarios comisionados no son jueces y por tanto no ponen sentencias sino que proponen conclusiones que de ningún modo pueden romper la presunción de
inocencia de un tercero.
- Tampoco actúan como fiscales, sino que dirigen sus preguntas en la búsqueda de hechos ciertos e indubitados que permitan atribuir responsabilidades políticas o eximir de las mismas a un tercero.
- Por consiguiente, las conclusiones de una Comisión de Investigación parlamentaria no pueden quebrar el principio de presunción de inocencia, que solo se desvirtúa a través de una resolución judicial firme. Las Comisiones de investigación
parlamentarias dirigen su acción hacia las posibles responsabilidades políticas, en su caso, pero no hacia las penales; y en modo alguno la sede de la representación popular se puede erigir en un espacio de distorsión de los derechos fundamentales,
sino todo lo contrario.
- Pues bien, en esta comisión algunos -seguramente guiados por sus pretensiones partidarias- no han seguido precisamente este mandato, sino que a veces, muchas veces, se han introducido en actuaciones pendientes en el ámbito judicial,
haciendo intromisiones muy desafortunadas en el ámbito jurisdiccional y han sometido a los comparecientes a interrogatorios ajenos al criterio de la Ley Orgánica 5/1984, de 24 mayo, de comparecencia ante las Comisiones de investigación del Congreso
y del Senado o de ambas cámaras, cuyo artículo 1.2 establece que las Mesas de las Cámaras velarán por que en estas comparecencias queden salvaguardados el respeto a la intimidad y el honor de las personas, el secreto profesional, la cláusula de
conciencia y los demás derechos constitucionales. Tales interrogatorios han sido un auténtico despropósito de groserías, de soliloquios chabacanos que por la dignidad de esta Cámara no deberían tener portavoz ni asiento donde se sustenten. Como
diría Cervantes en el Quijote 'una golondrina no hace verano', pero es cierto que interrogatorios mezquinos han sobrevolado con demasiada frecuencia esta Comisión y, sin pudor alguno, han zaherido a terceros que no venían a que se les tratase de
esta manera y con estas formas. Algunos comparecientes han soportado frases -vertidas por un Diputado- del tenor de 'tan gallo que es', o 'la corrupción es usted' 'hasta luego, gánster'; expresiones absolutamente inaceptables e impropias de una
Comisión de investigación parlamentaria que ha de estar sujeta al artículo 76 de la CE y a la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo. Desde esta Cámara debemos expresar nuestro absoluto rechazo a este tipo de interrogatorios y, si bien la tónica de los
mismos no ha sido una constante en esta comisión, de ningún modo se puede permitir que siente precedente en la práctica parlamentaria una actitud de tal naturaleza que no puede cobijarse de manera cobarde en la prerrogativa de inviolabilidad para
injuriar o calumniar a quien no está protegido por ninguna prerrogativa.
- De otro lado, en la prolija documentación que el Congreso ha recibido de distintas instituciones, tenemos que destacar un informe que proviene del Consejo General del Poder Judicial, y que pone de manifiesto que no se puede mezclar una
Comisión de Investigación Parlamentaria con asuntos que están 'sub iúdice'. Dice claramente el informe del CGPJ que 'si se trata de una petición de documentación existente en órganos judiciales españoles, se debería entender que la investigación
parlamentaría no puede afectar a resoluciones judiciales ni incidir sobre la labor de los Tribunales, a quienes corresponde en exclusiva el ejercicio de la función jurisdiccional, tal y como dispone el artículo 117.3 de la Constitución. Por tanto,
si la petición de documentación afecta a alguna de esas cuestiones se estaría en el caso de una petición no procedente, y sería labor y competencia del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial hacer ver y participar estos extremos a la Presidencia de la Cámara peticionaria. También se entendería que corresponde al titular del órgano jurisdiccional realizar el juicio sobre la concurrencia en el supuesto
en cuestión de los límites constitucionales a los que está sujeta la colaboración con las Cámaras, en interés de la preservación y garantía de la independencia judicial y que por ello resultaría procedente que el Presidente del Tribunal Supremo y
del Consejo General del Poder Judicial solicite de/juez que sirve del órgano judicial informe sobre la fase procesal y el estado de las actuaciones que son objeto de la solicitud parlamentaria de información, sí son o no secretas, si los derechos
fundamentales de las partes o intervinientes en el proceso pueden resultar afectados y si la investigación judicial resulta perjudicada o entorpecida por la remisión de la documentación o por la investigación parlamentaria y que una vez remitida
esta información por los correspondientes órganos jurisdiccionales, el presidente de este órgano Constitucional estaría en disposición de resolver sobre la solicitud de información parlamentaria recibida...'.
- Los hechos que dieron origen a esta Comisión de investigación fueron las conversaciones que el pasado 21 de junio de 2016, se publicaban en un medio de comunicación digital (el diario 'Público'), mantenidas entre el ex Ministro del
Interior, Sr. Fernández Díaz y el ex Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Sr. De Alfonso, los días 2 y 16 de octubre de 2014.
- Pues bien, tal como consta en la documentación remitida a esta Comisión de investigación por la Fiscalía General del Estado, como consecuencia de la publicación de dichas conversaciones se presentó una denuncia ante la Fiscalía del
Tribunal Supremo por parte de una representante de Esquerra Republicana de Catalunya, que motivó la apertura de las Diligencias informativas 11/2016, el 30 de junio de 2016. A la primera denuncia se acumularon después las denuncias del Sindic de
Greuges de Cataluña y de los representantes legales de Podem, ICV, EUIA (Esquerra Unida i Alternativa), Equo y del Presidente del Grupo Parlamentario Catalunya sí que es Pot. Es decir, se presentaron siete denuncias en total: 5 interpuestas por
representantes de partidos políticos, otra por el representante de un grupo parlamentario y otra interpuesta por el Sindic de Greuges. Todas las denuncias fueron archivadas por Decreto de 13 de julio de 2016, por no apreciar indicios de delito.
- Con fecha 18 de julio de 2016, se incoaron diligencias de investigación 408/2016, en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, que fueron archivadas en fecha 14 de octubre de 2016.
- Asimismo, las Diligencias de investigación incoadas por la Audiencia Provincial de Barcelona fueron archivadas por Decreto de 21 de noviembre de 2016.
- Es decir, hubo siete denuncias y todas ellas fueron archivadas por tres fiscalías: la Fiscalía del Tribunal Supremo, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid y la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona.
- Se interpuso después una nueva querella, en este caso del representante de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y del Sr. Trías, ex Acalde de Barcelona. El Tribunal Supremo resolvió el archivo de la misma en el Auto de 7 de
noviembre de 2016, afirmando que no existe ningún indicio de los delitos de revelación de secretos, prevaricación o malversación de caudales públicos.
- Es decir, ha habido 7 denunciantes y 2 querellantes: seis partidos políticos, un Grupo Parlamentario, un ex cargo público y el Sindic de Greuges de Cataluña. Todas las denuncias y querellas han sido archivadas. Han intervenido tres
Fiscalías ya Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y todos ellos coinciden en que no hay reproche penal alguno. En consecuencia, esta Comisión de investigación no puede exigir otra cosa que responsabilidades políticas, pues los órganos
jurisdiccionales han señalado con toda claridad que no existen responsabilidades de carácter penal.
- Asimismo, es importante constatar que algunas formaciones políticas cuyos portavoces han formado parte de la Comisión de investigación y, por tanto, se han valido de las potestades que el Reglamento confiere a tales órganos parlamentarios,
fueron en su día denunciantes o querellantes por estos mismos hechos. Confundir la investigación parlamentaria con la investigación judicial constituye un gravísimo error y un manifiesto peligro para el principio de separación de poderes,
consustancial a cualquier democracia. Algunos portavoces de esta Comisión pertenecen a formaciones políticas que, en su día, fueron parte en un proceso judicial, pero sus pretensiones fueron desestimadas, pues las denuncias y querellas se
archivaron. Erigirse después en investigadores parlamentarios con capacidad para interrogar a las personas contra las que se dirigieron denuncias y querellas archivadas puede prestarse a un malicioso juego de revanchismo por el que se pretenda
obtener desde la atalaya de las potestades parlamentarias y bajo la protección de la prerrogativa de inviolabilidad lo que no se consiguió en los Tribunales de justicia. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso considera que esta forma de
actuar
constituye un precedente negativo que desvirtúa el sentido constitucional de las comisiones de investigación parlamentaria.
- Especialmente grave e intolerable es el caso de los portavoces de formaciones políticas que son actualmente parte acusadora en procesos judiciales que se están instruyendo y, por tanto, se encuentran sub iúdice, a pesar de lo cual han
dirigido duros interrogatorios a algunas de las personas contra las cuales han ejercido sus acciones en la vía penal.
- Esa confusión entre la condición procesal de acusador y el mandato parlamentario, entre el ejercicio de acciones penales y la investigación parlamentaria, resulta completamente inaceptable, constituye una perversión del significado
constitucional de las comisiones de investigación y se presta a un gravísimo abuso del mandato parlamentario que lesiona derechos fundamentales de los ciudadanos llamados a comparecer. En concreto, el Grupo Parlamentario Popular considera
intolerable lo siguiente:
La formación política Podemos, integrada en el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la condición de acusación popular en la causa que se instruye en el juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, diligencias
previas 4676/2014, en el asunto popularmente conocido como 'caso del Pequeño Nicolás'. Dicha condición procesal fue reconocida por Auto del juzgado de 18 de julio de 2016. En dicha causa ha tenido la condición de investigado el Inspector Jefe
Fuentes Gago, que compareció en la Comisión de investigación el 5 de julio de 2017. Mediante Auto del Juzgado de 17 de febrero de 2017, se acordó el sobreseimiento provisional de la causa contra el Inspector Fuentes Gago mientras que mediante Auto
del mismo juzgado, de 8 de julio de 2017, se acordó el archivo de la pieza separada en la que fue investigado el Sr. Fuentes Gago. Es decir, cuando se sustanció la comparecencia del Sr. Fuentes Gago, el 5 de julio de 2017, la causa contra el
compareciente no se había archivado y Podemos tenía la condición de parte acusadora.
Durante el interrogatorio, la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Sra. Elizo, afirmó en varios momentos que utilizaba información procedente de sumarios judiciales. Así, en la página 38
del Diario de Sesiones de 5 de julio de 2017, durante el interrogatorio del Sr. Fuentes Gago, la Sra. Elizo afirmó lo siguiente:
'La señora ELIZO SERRANO: Buenos días, señor Fuentes Gago.
Yo le voy a trasladar informaciones que no aparecen en prensa y sobre las que usted ha manifestado anteriormente que tiene sus reticencias e inquietudes sobre la verosimilitud de las mismas. Me voy a referir, por tanto, solo a declaraciones
e información que se encuentran en procedimientos judiciales.'
Es decir, la Sra. Elizo reconoció abiertamente que interrogaba al Sr. Fuentes Gago basándose en información procedente de procedimientos judiciales, sin duda aquellos en los que la formación de la Sra. Elizo tiene la condición de
acusación popular y el Sr. Fuentes Gago ha tenido la condición de investigado.
Todavía más grave y descarado es que la propia Sra. Elizo haya firmado un escrito de fecha 14 de julio de 2017, dirigido al Presidente de la Comisión de investigación, en el que afirma que 'adjunta documentación correspondiente al caso
Nicolás, a la cual el partido político Podemos está personado, con el objetivo de que se tengan en cuenta tanto para la reanudación de los trabajos de la Comisión como para que sean incluidos dentro de la documentación oficial de dicha Comisión de
investigación: subcarpeta de la pieza II del Caso Nicolás; informe de la Comisión judicial del caso Nicolás, parte 1 y 2, anexos al informe de la Comisión Judicial del caso Nicolás'.
La confusión entre la condición de parte procesal, en este caso como acusación popular y el ejercicio de potestades de investigación parlamentaria resulta deplorable en términos éticos y absolutamente inaceptable desde la más elemental
lógica jurídica y parlamentaria. La Sra. Elizo ha interrogado al Sr. Fuentes Gago sin garantía alguna, con un formato decidido sin participación alguna del Sr. Fuentes Gago, sin presencia de juez y prevaliéndose de las potestades que el
Reglamento confiere a las comisiones de investigación y bajo el parapeto de las prerrogativas parlamentarias de inviolabilidad e inmunidad. La Sra. Elizo ha interrogado como portavoz parlamentaria a un ciudadano al que su formación política acusa
en un proceso judicial, consumando de esta forma un evidente abuso de autoridad y una evidente lesión de los derechos fundamentales del compareciente.
Un elemental sentido de decoro y un mínimo respeto al principio de división de poderes debería haber llevado a la formación Podemos a abstenerse de interrogar en sede parlamentaria a quien se acusa
en sede judicial, cuando las causas están abiertas y solo pueden ser resueltas por el órgano jurisdiccional, único titular de la función jurisdiccional en España.
Una vez consumada la utilización en la comparecencia parlamentaria de información de la que se dispone sólo por la condición de parte procesal, nos encontramos con el intento descarado de aportar documentos a la Comisión de investigación
que se conocen por la condición de parte acusadora y que en su día fueron solicitados por la Comisión de investigación al Consejo General del Poder Judicial, que remitió la respuesta del Juzgado en el sentido de no poder acceder por tratarse de
investigaciones judiciales en curso. Lo que no se obtuvo por el conducto oficial pretende aportarse por la condición de parte acusadora en el proceso, que se añade de forma intolerable a la de investigador parlamentaria.
Lo mismo puede decirse de la comparecencia del Sr. Pino en la misma sesión del 5 de julio de 2017, toda vez que la formación Podemos se querelló contra el Sr. Pino en enero de 2017 por la 'comisión de posibles delitos de extorsión,
encubrimiento y obstrucción a la Justicia'. La querella no fue admitida a trámite por el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Sin embargo, la portavoz de la formación política interrogó en sede parlamentaria a quien
hasta hace poco fue su querellado.
- Ante la constatación de estas graves irregularidades, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, quiere expresar su absoluto rechazo al evidente abuso de poder ejercido por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea y sus portavoces, que han aprovechado las potestades de investigación parlamentaria para interrogar a personas contra las que ejercen la acusación popular en procesos judiciales, alguno de ellos todavía abierto; han utilizado en la
investigación parlamentaria documentos a los que tienen acceso solo por su condición de parte procesal, han pretendido aportar a la Comisión documentos cuya remisión ha sido expresamente rechazada por el Consejo General del Poder Judicial y que
conocen solo por su condición de parte acusadora. En definitiva, han abusado de su condición de parlamentarios para perseguir los objetivos que pretenden alcanzar en sede judicial y, de este modo, han pervertido el significado constitucional de las
comisiones de investigación y, lo que es más grave, han vulnerado los derechos fundamentales de algunos de los comparecientes.
Entrando ya en el objeto de esta Comisión de investigación, una de las afirmaciones sostenidas por los grupos políticos firmantes de la petición de creación de la misma, recogido en el punto primero del Acuerdo del Pleno, ha sido que la
Policía fue utilizada durante el mandato del Ministro Jorge Fernández 'con fines partidistas para obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular, así como para el seguimiento y control de las
actividades de los partidos políticos de la oposición y de sus dirigentes'. Respecto de este primer punto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sostiene lo siguiente:
- Se puede afirmar sin ningún género de duda que estas acusaciones iniciales no han podido ser acreditadas como ciertas durante el proceso investigador realizado por la Comisión.
- Los cinco comparecientes que prestaron declaración ante la Comisión y que tenían obligación legal de decir la verdad, negaron a preguntas directas sobre esta cuestión, que la Policía fuera gestionada durante el mandato del Ministro Jorge
Fernández con criterios partidistas. Manifestaron que no se impartieron órdenes para tapar posibles casos de corrupción relacionados con el Partido Popular, ni tampoco se dieron para la realización de investigaciones, la fabricación de pruebas o de
informes que perjudicaran a partidos políticos rivales o a dirigentes de éstos. Igualmente declararon que no existió confabulación alguna de responsables del Ministerio del Interior, cargos Policiales y responsables de otras instituciones para
realizar estas actuaciones de carácter partidista.
- En este sentido, el Director de La Oficina Antifraude de Cataluña, el Sr. De Alfonso, en la página 13 del Diario de Sesiones de la sesión de esta Comisión de investigación correspondiente al 5 de abril de 2017, ratificó la falsedad de
estas acusaciones afirmando: 'Nunca me he sentido presionado en mi trabajo, en mi profesión, ni como magistrado ni como juez ni como director de la oficina, ni tan siquiera ahora ante esta Comisión ni tampoco iba a dejar que nadie me presionara o,
al menos, que se saliera con la suya con su presión...' e igualmente lo hicieron el Ministro Sr. Fernández, en la página 74 del Diario de Sesiones de 5 de abril de 2017, que declaro 'Puedo asegurarle -y le rogaría que me creyera, aunque ya sé que
eso de que a uno le crean corresponde a la otra persona- que no ha habido ninguna voluntad política de investigar específicamente a ninguna formación política, ni a Podernos ni a ninguna. En todo caso se habrán investigado conductas potencialmente
delictivas que afectarían o han afectado a personas de todas las formaciones políticas. ¿Que luego se pueden cometer errores? Sin duda, pero yo le puedo
asegurar que no ha habido ninguna orden, y se lo digo rotundamente, ninguna orden, ninguna voluntad política, en absoluto, de investigar ni a Podemos ni a nadie. Se lo puedo asegurar', el que fue Director General de la Policía Sr. Cosidó
en la página 43 del Diario de Sesiones de la sesión de esta Comisión de investigación correspondiente al 6 de junio 2017 'Creo que hemos hecho una policía más profesional, pero no sobre la base de discursos, de palabras, de buenas intenciones; no,
con hechos. Y la reducción de un 60% en los puestos de libre designación me parece que es la prueba del algodón, es la prueba más significativa de que lo que se ha buscado es una policía profesional...', así como el comisario Pino en la página 113
del Diario de Sesiones correspondiente al 5 de julio 2017 a la Pregunta formulada por el Sr. Martín Toledano: ¿ha recibido alguna vez instrucciones políticas partidistas para que realice persecución a partidos políticos diferentes del Partido
Popular? El Sr. del Pino contesto: Nunca'. y el Inspector Jefe Fuentes Gago en la página 15 del Diario de Sesiones del 5 de julio de 2017 afirmó:' Yo me limitaba a hacer el trabajo que él me encomendaba dentro de la estricta legalidad, nada
más'. Todos ellos declararon que sus actuaciones se realizaron con estricta sujeción a la legalidad.
- Del mismo modo, la amplísima documentación aportada a solicitud de la Comisión, tampoco ha servido para acreditar la presunta utilización partidista de la Policía por parte de los altos cargos del Ministerio del Interior. Ni los
documentos remitidos por las instancias judiciales, ni los solicitados al Gobierno de España, ni los de las otras instituciones a las que se les pidió también documentación pueden servir para sostener tan grave acusación. El intento de sacar
conclusiones manipuladas de esta documentación y de las declaraciones de los comparecientes, permiten deducir, esta vez sí, un interés partidista de algunas formaciones políticas en crear artificialmente y sin pruebas, ni indicios mínimamente
sólidos, una acusación general contra la gestión del Sr. Fernández en la Policía. Parece evidente que algunas de ellas pretenden desgastar al Partido Popular por puro interés político y otras buscan ocultar su responsabilidad en casos de
corrupción o de financiación ilegal de sus partidos o intentan desacreditar la investigación policial sobre la comisión de graves delitos que están enmarcados dentro del denominado proceso independentista catalán y de la que podrían ser
responsables.
En segundo lugar, el Acuerdo de creación de la comisión de investigación incluía en el punto segundo del objeto de la misma el siguiente mandato: 'analizar y comprobar las actuaciones del mencionado Ministerio, reveladas en los medios de
comunicación, dirigidas a difundir supuestas informaciones sobre dirigentes y miembros de otros partidos políticos, sin soporte fáctico, y basadas exclusivamente en documentación elaborada con ese fin en el propio Departamento'. Al respecto, el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,afirma lo siguiente:
1. El punto de partida de esta acusación fueron las conversaciones que el pasado 21 de junio de 2016, cinco días antes de la celebración de las elecciones generales, se publicaban en un medio de comunicación digital (el diario 'Público'),
mantenidas entre el ex Ministro del Interior, Sr. Fernández Díaz y el ex Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Sr. De Alfonso, los días 2 y 16 de octubre de 2014.
2. No deja de resultar llamativo que el objeto de la comisión de investigación sea esclarecer las supuestas filtraciones a la prensa de informaciones que afectan a determinadas formaciones políticas y, sin embargo, ninguno de los grupos
parlamentarios, a excepción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, haya dedicado una sola intervención a condenar la difusión ilegal de unas conversaciones privadas del Ministro del Interior. Ningún portavoz ha censurado que tales
conversaciones se difundiesen desde el 21 de junio de 2016 en días sucesivos, con varias entregas cada día, coincidiendo con los últimos días de la campaña electoral y con evidentes manipulaciones en su transcripción.
3. En esta misma línea, llama la atención que para denunciar supuestas filtraciones contra adversarios políticos se utilicen precisamente documentos e informaciones procedentes de sumarios judiciales que han sido filtrados y difundidos en
medios de comunicación o conversaciones mantenidas por periodistas con funcionarios policiales que han sido grabadas y publicadas sin su conocimiento y sin su consentimiento.
4. En tercer lugar, también es llamativo que por parte de algunos portavoces se aluda en varias ocasiones a determinados profesionales de los medios de comunicación en términos despectivos o dirigiendo contra ellos graves acusaciones,
mientras que se defiende la calidad profesional de otros periodistas. Así, por ejemplo, en la página 38 del Diario de Sesiones de la sesión de esta Comisión de investigación correspondiente al 5 de julio de 2017, la portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, se refiere a 'los presuntos periodistas Eduardo Inda y el señor Esteban Urreiztieta', mientras que en la página 96 otra portavoz del mismo grupo se refiere al 'seudo periodista Eduardo Inda' y así
en varios momentos a lo largo de las intervenciones de algunos
portavoces. Sin embargo, esos portavoces no han censurado ni cuestionado la publicación de las grabaciones al ex Ministro ni otras tantas informaciones publicadas, incluyendo la difusión ilegal de conversaciones entre los periodistas y
funcionarios policiales que fueron grabadas y publicadas sin su consentimiento. Así, por ejemplo, el portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña en la página 22 del diario de Sesiones del 5 de julio de 2017, se dirige al
compareciente Sr. Fuentes Gago y le pregunta '¿Tiene usted agallas o valentía -como lo quiera llamar- de decir hoy aquí y a mí lo que le dijo a la periodista Patricia López -¿le suena?- en privado y por teléfono en mayo del año 2015?'. En la
propia pregunta el portavoz desvela que se trata de una conversación telefónica privada, cuyo contenido fue grabado y difundido el 20 de marzo de 2017, sin consentimiento de uno de los interlocutores.
5. Las cuestiones señaladas constituyen un claro ejemplo de que en esta comisión de investigación algunos portavoces han querido denunciar filtraciones sirviéndose de filtraciones, han querido exigir responsabilidades por una supuesta
conspiración contra determinadas formaciones políticas valiéndose de lo que resultó a todas luces una campaña de desprestigio contra el Partido Popular, como fue la filtración de unas conversaciones privadas cinco días antes de las elecciones
generales. En esta comisión de investigación algunos portavoces han defendido que existen filtraciones 'malas' y filtraciones 'buenas', periodistas 'malos' y periodistas 'buenos', policías 'malos' y policías 'buenos', supuestas campañas de
desprestigio de rivales políticos que deben ser investigadas y perseguidas y otras, como la sufrida por el propio ex Ministro y, por extensión, por el Partido Popular, cinco días antes de las elecciones generales, que constituyen un ejemplo de buen
trabajo periodístico. Paradójicamente, estas manifestaciones se producen en una comisión de investigación cuyo título hace referencia a la 'utilización partidista', cuando ha quedado acreditado que las posiciones de algunos portavoces han sido de
manifiesto y descarado sesgo partidista en la conducción de la investigación parlamentaria, guiándose exclusivamente por su interés en perjudicar al Gobierno y al Partido Popular, sin reparar en los medios empleados para ello y, por supuesto, con
evidente desprecio a la verdad.
6. El Grupo Parlamentario Popular lamenta estas posiciones defendidas por algunos portavoces y, frente a ese sesgo partidista, quiere expresar que todas las filtraciones de documentos o informes que por su naturaleza o contenido deban ser
reservados, son censurables. Todas, no solo las que perjudiquen a determinadas formaciones políticas. Del mismo modo, la grabación y difusión ilegal de conversaciones privadas debe ser objeto de la máxima censura, con independencia de a quien
afecte y de cuál sea el contenido de la información que se divulgue. Tan grave e ilegal es difundir una conversación de agentes del CNI con funcionarios policiales como difundir una conversación entre el Ministro del Interior y el Director de la
Oficina Antifraude de Cataluña.
7. Por último, los profesionales de los medios de comunicación nos merecen respeto en el desempeño de su trabajo y no podemos admitir que se divida a los periodistas en 'buenos y malos' en función del agrado o desagrado que nos produzcan
las informaciones que publican. Para el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la libertad de prensa es una conquista democrática, expresión del pluralismo político y social y los profesionales de la comunicación merecen nuestra consideración.
No reconocemos, por tanto, que haya periodistas 'buenos y malos', grabaciones 'buenas y malas', filtraciones 'buenas y malas' o campañas de desprestigio 'buenas y malas'. Entendemos que la actitud mostrada por algunos grupos parlamentarios en esta
comisión de investigación revela una hipocresía mayúscula al pretender desde la ideología y el interés partidista denunciar un supuesto uso partidista de las instituciones. Las comisiones de investigación parlamentaria también son instituciones,
dotadas de unas amplísimas prerrogativas, por lo que su uso con intereses partidistas resulta absolutamente inaceptable y causa bochorno que se haga precisamente con la excusa de investigar el uso partidista del Ministerio del Interior.
8. En otro orden de cosas, de las comparecencias del ex Ministro del Interior y del ex Director de la Oficina Antifraude, así como de la documentación recabada, del desarrollo de los debates y, por supuesto, del ordenamiento jurídico
vigente, se concluye lo siguiente:
a) Existe un marco jurídico que justifica sobradamente que puedan reunirse el Ministro del Interior y el Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, sin que de ello se desprenda irregularidad alguna. Así, el artículo 14 de la Ley del
Parlament de Cataluña 14/2008, de 5 de noviembre, de la Oficina Antifraude de Cataluña, recoge el deber de colaboración y dispone concretamente lo siguiente: 'L'Oficina Antifrau ha de cooperar amb l'Administració general de l'Estat, a la qual pot
demanar, en els termes i les con*-dicions establerts per l'ordenament jurídic, les dades i els antecedents quan ji calguin per a complir les funcions i
les potestats que aquesta lleí li atorga en l'ambit de Catalunya i dins el marc de les competències establertes per l'Estatut d'autonomia i la resta de l'ordenament jurídic'. Por su parte, el artículo 15 de esta misma Ley, bajo la rúbrica
'cooperación institucional y sociedad civil' establece en su apartado que 'l'Oficina Antifrau es relaciona amb les institucions autonò- migues, estatals, comunitàries i internacionals que tenen competències o que compleixen funcions anàlogues'. No
hubo, por tanto, en aquella reunión ninguna actuación contraria al ordenamiento jurídico vigente sino todo lo contrario, una manifestación normal de colaboración institucional. Es absolutamente falso que en dichas reuniones se urdiese una
conspiración o se hablase de fabricar pruebas contra determinadas personas o formaciones políticas. He de decir que no es cierta, por tanto, la afirmación que figura en el apartado 2 del objeto de esta comisión de investigación, cuando habla de
actuaciones 'dirigidas a difundir supuestas informaciones sobre dirigentes y miembros de otros partidos políticos, sin soporte fáctico, y basadas exclusivamente en documentación elaborada con ese fin en el propio Departamento'.
b) Tal como explicó el Sr. De Alfonso en su comparecencia, todos los casos de los que se habló en esas dos reuniones procedían de expedientes instruidos y documentados por la Oficina Antifraude. Ni se fabricaron pruebas ni se habló de
documentación elaborada por el Ministerio, sino de expedientes perfectamente instruidos en el ejercicio de competencias de la mencionada Oficina Antifraude. Como se puede leer en la página 4 del diario de sesiones de 4 de abril de 2017, el Sr. De
Alfonso afirmó con rotundidad: 'Pues si no me creen, les conmino a que pidan todos y cada uno de los cientos y cientos de expedientes que se tramitaban y se tramitaron en la Oficina Antifraude de Cataluña para que comprueben que todos sin
excepción, absolutamente todos, se tramitaron correctamente; que en todos ellos intervenían técnicos, no solamente el director, y que todos obedecían a denuncias recibidas, ninguno prefabricado jamás'.
c) Esta Comisión de investigación, por conducto de su Presidente, solicitó los expedientes de la Oficina Antifraude relativos a los casos a los que aluden las conversaciones entre el ex Ministro y el Sr. De Alfonso y recibió un documento de
1.693 páginas, de cuyo estudio se deduce que los expedientes a los que se refieren las conversaciones han sido correctamente tramitados por la Oficina, de acuerdo con el procedimiento legalmente previsto y, además, en algunos casos se puede
comprobar que se trata de hechos ya divulgados por los medios de comunicación, mucho antes de las citadas reuniones entre el ex Ministro y el ex Director de la Oficina Antifraude. Así:
i. Cuando se alude a las posibles irregularidades en la contratación de una empleada pública por parte del Gabinete Jurídico de la Generalitat se hace referencia a un caso que aparece en los Documentos 15 y 16 (Actuación de la Dirección de
Análisis APV 056/2012. Contratación irregular de la Sra. Núria Olivella Busquets. Informe de la Dirección de Análisis y Resolución del director). Como se deduce del Documento 15, el origen de dicha investigación es una denuncia presentada por
escrito ante la Oficina Antifraude el 18 de abril de 2012, con registro de entrada E-0495, por el Sr. Guillem Sabaté Aige, responsable del Área de Personal Funcionario Sector de la Generalitat, de CC.OO FSC-CC.OO contra el Gabinete jurídico de la
Generalitat dependiente del Departamento de Presidencia.
ii. Cuando se hace referencia al sistema sanitario catalán, tal como explicó el ex Director de la Oficina Antifraude, a lo que se refiere la conversación no es al sistema de salud sino a las numerosas adjudicaciones irregulares que fueron
investigadas por la Oficina Antifraude y por la Sindicatura de Comptes y respecto de las cuales existió una comisión de investigación en el Parlament de Cataluña, ante la que compareció en 2013 el propio Sr. De Alfonso (Documentos 3 a 14 y 17 a
20).
iii. Cuando se alude a las irregularidades que afectan al Puerto de Barcelona se alude a la investigación que figura en el Documento 21: Actuación de la Dirección de Análisis APV 021/2014. Marina Port Vell /puerto Barcelona. Informe de
la Dirección de Análisis y Resolución del director.
d) En conclusión, no es cierto que en la reunión entre el ex Ministro y el ex Director de la Oficina Antifraude se fabricasen informaciones 'sin soporte fáctico y basadas exclusivamente en documentación elaborada con ese fin en el propio
Departamento'. Por el contrario, no se habló de ninguna investigación del Ministerio del Interior sino de expedientes de la Oficina Antifraude y la documentación recabada demuestra que no se fabricó absolutamente nada sino que todo lo que hablaron
los dos interlocutores y que fue ilegalmente difundido el 21 de junio de 2016 se refería a casos realmente instruidos e investigados por la Oficina Antifraude, que se refieren a graves episodios de corrupción en Cataluña.
e) El Grupo Parlamentario Popular pretendió profundizar en esta misma idea en el desarrollo de los trabajos de la Comisión, por entender que existía un mandato claro en el objeto de la misma de llegar a
demostrar si era cierta o no la acusación que figura en el apartado dos del acuerdo de creación, al que ya hemos aludido y cuyo tenor literal reiteramos: 'analizar y comprobar las actuaciones del mencionado Ministerio, reveladas en los
medios de comunicación, dirigidas a difundir supuestas informaciones sobre dirigentes y miembros de otros partidos políticos, sin soporte fáctico, y basadas exclusivamente en documentación elaborada con ese fin en el propio Departamento'.
f) Pues bien, de forma inexplicable en la Comisión se impidió al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, referirse a las cuestiones que figuran en los informes remitidos a la Comisión por la Oficina Antifraude y que forman
parte de las conversaciones divulgadas entre el ex Ministro del Interior y el ex Director de la Oficina Antifraude de Cataluña con el insólito argumento de que tales cuestiones no formaban parte del objeto de la comisión. La secuencia aparece en
las páginas 58 y 59 del diario de sesiones del 5 de julio de 2017 y, en la medida en que constituye una clara muestra del sentido parcial y partidista con que se han conducido los trabajos de la Comisión, entendemos que resulta de interés su
reproducción literal:
'El señor ROJAS GARCÍA: Gracias, señor presidente. Le veo especialmente estricto en la lectura del objetivo de esta Comisión con el Grupo Popular, pero bueno, eso es lo que tenemos. Nosotros ya hemos hecho nuestras consideraciones al
respecto y las conoce todo el mundo.
Lo que quiero decir, señorías, es que hemos presenciado hoy un intento de capitalizar políticamente una rúbrica inconsistente y además calumniosa como es la llamada policía política. Se le ha preguntado al compareciente en reiteradas
ocasiones y ha dejado claro que no existe policía política. No hay caso ni hay causa ni ha existido nunca esa policía política.
Señorías, hemos recibido una documentación voluminosa que ha remitido la Oficina Antifraude de Cataluña. ¿Acaso se sigue defendiendo que el señor De Alfonso conspiró para inventar pruebas falsas?
¿Acaso tienen el valor de defender algunos que el nombramiento de la señora Olívella, cuñada del consejero, señor Puig, denunciado por un representante de Comisiones Obreras, no fue irregular? ¿Acaso no se ha leído la carta del señor Homs
dando toda clase de explicaciones sobre la anulación de dicho nombramiento?
El señor PRESIDENTE: Señor Rojas, le vuelvo a llamar a la cuestión. No se refiera a personas que no están incursas en el objeto de esta Comisión. La siguiente será ya una advertencia, y no me obligue a hacerle tres advertencias porque
sabe las consecuencias que tiene.'
g) Corno puede advertirse, el Portavoz del Grupo Popular Parlamentario en el Congreso pretendió preguntar por los Documentos 15 y 16 que figuran en la relación documental remitida a esta Comisión de investigación por la Oficina Antifraude de
Cataluña (expediente APV 056/2012) y, concretamente, por la carta del ex Conseller de Presidencia de la Generalitat, Sr. Homs i Molist, dirigida al Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, que forma parte del Documento 16 remitido a esta
Comisión de investigación, encabezada como Actuacions d'investigació 01 6-2404201 3/056 (folios 1077 y 1078 de la documentación remitida por la Oficina Antifraude).
h) De manera incomprensible, se impidió cualquier referencia a tales documentos que, insistimos, forman parte de la documentación remitida a esta Comisión de investigación por cuanto se trata del contenido de las conversaciones entre el ex
Ministro y el ex Director de la Oficina Antifraude, con el insólito argumento de que 'se refieren a personas que no están incursas en el objeto de esta Comisión'.
i) Constatamos así que en esta Comisión de investigación se ha hablado de cuestiones como el patrimonio o las supuestas incompatibilidades de un funcionario de policía jubilado, se ha hablado, en muchas ocasiones, del llamado 'caso del
Pequeño Nicolás' y de otras muchas cuestiones cuya relación con el objeto de la Comisión es, como mínimo, discutible y, sin embargo, se ha impedido al Grupo Popular hablar de los casos a los que se refirieron el Sr. De Alfonso y el ex Ministro en
las conversaciones ilegalmente difundidas y de los expedientes remitidos a la Comisión por la Oficina Antifraude de Cataluña por entender que eran cuestiones 'ajenas al objeto'. ¿Cómo puede ser ajeno al objeto de la Comisión un documento que ha
sido solicitado por la propia Comisión?
j) Asumiendo, por tanto, que este Grupo Parlamentario no ha podido investigar, ni siquiera con los documentos remitidos a la Comisión, la veracidad de las acusaciones formuladas en el acuerdo de creación de la misma, debemos llamar la
atención sobre el hecho de que la filtración de esas conversaciones privadas se produjese más de veinte meses después de mantenerse los encuentros y tan solo unos días antes de las elecciones generales. Conservar ese material durante más de veinte
meses y filtrarlo a la prensa de forma fragmentada en plena campaña electoral, fue la verdadera conspiración, con el único
ánimo de hacer daño al Partido Popular y al entonces Ministro del Interior, que encabezaba la candidatura por Barcelona.
k) La filtración se hizo en un momento de enorme sensibilidad política, como es la campaña electoral, en varias entregas, para aumentar el impacto mediático y el perjuicio político y con evidente manipulación de su contenido, pues los
fragmentos aparecían acompañados de transcripciones erróneas y de comentarios que contribuían a formar un contexto totalmente diferente de aquel en que se produjeron las reuniones. El Auto del Tribunal Supremo, de 7 de noviembre de 2016, que
archivó las querellas interpuestas como consecuencia de estas conversaciones, se refiere a las grabaciones como 'fragmentarias y con evidentes interrupciones'.
l) Una conversación privada que dos arios después de tener lugar se reproduce de forma fragmentada, acompañada de comentarios e incluso de falsas transcripciones, es una forma muy evidente de manipular la realidad, en este caso con una clara
intencionalidad política y de destrucción personal. Así, en el informe del Comisario General de Policía Judicial sobre estos hechos, de fecha 14 de julio de 2016, remitido a la Comisión de investigación, se demuestra en la página 13 que donde la
publicación transcribe 'yo sería más sibilino, yo sería más 'calla y dale'...', en realidad lo que se escucha es 'yo sería más sibilino, lo sería más Talleyrand'. Asimismo, donde se transcribe 'esto la Fiscalía te lo afina', como demuestra el
informe en la página 14,10 que se escucha es 'esto la Fiscalía (...) en fin, hacemos una gestión'.
m) Abundando en esta misma cuestión, resulta de especial interés referirse a los pronunciamientos de la Fiscalía y del Tribunal Supremo sobre el contenido de estas conversaciones:
i. En primer término, en julio de 2016 la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo se pronunció sobre el contenido de las conversaciones afirmando que no existía reproche penal alguno en las mismas, por lo que decidió archivar las denuncias
presentadas.
ii. Tras la interposición de una nueva querella, el Tribunal Supremo resolvió el archivo de la misma en el Auto de 7 de noviembre de 2016. En dicho Auto se realizan algunas afirmaciones como las siguientes:
- Respecto al delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal: 'los hechos relatados en la querella no ponen de manifiesto, que se haya revelado información de la que dispusiera por razón de su cargo y que, como tal, no
deba ser conocida. (...). En efecto, no puede calificarse como revelación o divulgación a los efectos del artículo 417 del Código Penal: el hecho de que el Jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña comunique con el Ministro del Interior la
existencia de determinadas investigaciones que dicha Oficina pudiera tener en marcha o pudiera haber realizado'.
- Respecto de este mismo delito, añade: 'el intercambio de información debe encuadrarse en el deber general de cooperación institucional que a ambos organismos corresponde y no se advierte en qué medida podría dañar a la causa pública o a
terceros'.
- Respecto de la revelación de secretos por la publicación de determinada información en el diario El Mundo, el Auto afirma lo siguiente: 'Las conversaciones a las que se alude en la querella tuvieron lugar los días 2 y 16 de octubre de
2014. El día 10 de octubre de 2014, aparece en el Registro General de la Comisaría General de la Policía un escrito anónimo con la información en cuestión -aunque, según se dice en la querella, ya estaba en manos de la dirección adjunta operativa
con anterioridad-, y el 24 del mismo mes llega a la UDEF. Las noticias en el Diario El Mundo aparecen los días 27 y 28 de octubre. Desde lo expuesto, resulta que la filtración pudo tener su origen en otras fuentes distintas del querellado aforado,
toda vez que la información estuvo bajo el dominio de varias personas'. Es decir, que el propio Auto del Tribunal Supremo desmiente con datos objetivos la acusación de haber 'fabricado pruebas' contra adversarios políticos, pues el Auto reconoce
que la información constaba en el Registro de la Comisaría General de Policía judicial y en la UDEF antes de su publicación por el medio.
- Con respecto al delito de prevaricación, el Auto afirma que 'ni se advierte ni se concreta en la querella cuáles habrían sido las resoluciones supuestamente injustas que habría dictado este último. Tampoco qué comportamientos omisivos,
subsumibles en dicho precepto penal, y relacionados con un concreto expediente administrativo, le serían imputables'
- Por lo que se refiere al delito de malversación de caudales públicos, el artículo 432 y siguientes del Código Penal, el Tribunal Supremo estima que 'no existe indicio alguno de la comisión de las supuestas actividades delictivas que, según
la querella, se habrían financiado ilícitamente con fondos públicos'. Asimismo, el Tribunal Supremo afirma que 'los gastos derivados del desempeño de los funcionarios en las investigaciones de hechos presuntamente constitutivos de delitos,
obviamente no pueden, en ningún
caso, ser considerados como actos malversadores toda vez que se trata de la actividad propia de los órganos encargados de la averiguación y posterior represión de conductas que, de confirmarse, constituirían infracciones delictivas, máxime
cuando tales desembolsos no pueden relacionarse con ningún delito previo de revelación de secretos, calumnias, omisión del deber de persecución de delitos ni prevaricación administrativa'.
n) En conclusión, del Auto del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2016 se desprende con toda claridad que no existió responsabilidad penal alguna en las conversaciones privadas mantenidas entre el ex Ministro y el ex Director de la
Oficina Antifraude de Cataluña los días 2 y 16 de octubre de 2014.
9. Mención especial merece la acusación formulada por distintos portavoces sobre la organización desde el Gobierno de una campaña de desprestigio dirigida contra las formaciones políticas independentistas de Cataluña, a la que se refieren
como 'operación Cataluña'. Todos los comparecientes, sin excepción, han negado la existencia de la mencionada 'operación Cataluña', de forma clara y rotunda. Así, por ejemplo:
- El Sr. De Alfonso en la página 5 del Diario de Sesiones de 5 de abril de 2017 afirmó:
'¿yo metido en la que han denominado los medios como operación Cataluña? ¿Yo metido en esa operación? No. Si existía, que lo desconozco, yo no estaba dentro, se lo aseguro.'
- El Sr. Fernández Díaz, en la página 61 del Diario de Sesiones de 5 de abril de 2017:
'El señor RUFIÁN ROMERO: De acuerdo.
Usted, que lleva treinta años en coche oficial, seguro que se sabe esta: ¿Quién es el señor X de la operación Cataluña? (Rumores).
El señor EXMINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Si me explica usted la operación Cataluña, a lo mejor le puedo decir lo otro.'
- El Sr. Cosidó, en la página 16 del Diario de Sesiones de 16 de junio de 2017:
'El señor RUFIÁN ROMERO; Retiro la pregunta.
¿Sabe usted quién es el señor equis de la operación Cataluña?
El señor EX DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cosidó Gutiérrez): No creo que haya operación Cataluña.'
- El Sr. Fuentes Gago, en la página 26 del Diario de Sesiones de 5 de julio de 2017:
'El señor RUFIÁN ROMERO: La verdad, señor Gago, es que si eso fuera cierto, usted no estaría aquí Su actividad fue en muchos casos alego!. Señor Gago, ¿quién es el señor equis de la operación Cataluña?
El señor INSPECTOR JEFE DE LA POLICÍA (Fuentes Gago): No hay ninguna operación Cataluña.'
- El Sr. Pino, en la página 114 del Diario de Sesiones de 5 de julio de 2017:
'El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: (...) Señor Pino, ¿ha existido una operación Cataluña como estructura planificada contra los separatistas catalanes?
El señor EX DIRECTOR ADJUNTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (Pino Sánchez): No.'
10. En consecuencia, esta Comisión de investigación no puede llegar a la conclusión de que existió la llamada 'operación Cataluña' pues todos los comparecientes lo han negado de forma contundente. Si las conclusiones de esta Comisión
estaban escritas antes de celebrarse las comparecencias y antes de toda actividad indagatoria, en tal caso el trabajo de la misma habrá resultado una pérdida de tiempo. Sólo desde ese apriorismo cargado de intencionalidad política puede defenderse
cualquier conclusión que afecte a la llamada 'Operación Cataluña', sistemáticamente negada por todos los comparecientes.
11. En definitiva, en relación con el apartado dos del acuerdo de creación de la Comisión de investigación, este Grupo Parlamentario concluye que:
i. No hubo actuaciones del Ministerio dirigidas a difundir supuestas informaciones sobre dirigentes y miembros de otros partidos políticos.
ii. No existen las supuestas informaciones sin soporte fáctico basadas exclusivamente en documentación elaborada con ese fin en el propio Departamento.
iii, Por el contrario: se produjo una filtración interesada, calculada, manipulada, fragmentada y orientada políticamente de unas conversaciones privadas que tuvieron lugar 20 meses antes de la publicación y cuyo objeto fueron expedientes
instruidos y documentados de acuerdo con las competencias atribuidas por la Ley a la Oficina Antifraude.
iv. La responsabilidad penal, es inexistente, según rotundas afirmaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo y de la propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Por su parte, el apartado tercero del acuerdo de creación de la comisión de investigación, directamente relacionado con el anterior, se refiere a 'esclarecer las afirmaciones que apuntan a la elaboración desde ese Ministerio de elementos
probatorios que justificaran la intervención del Poder Judicial contra determinados responsables políticos'. Respecto de este apartado, el Grupo Parlamentario Popular afirma lo siguiente:
1. En nuestro ordenamiento jurídico está muy clara la dependencia funcional de la policía judicial respecto de los jueces y fiscales por lo que, sencillamente no es posible confeccionar de forma autónoma elementos probatorios para conseguir
la actuación de los órganos jurisdiccionales. Tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, prevén que los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
practiquen las primeras diligencias ante los primeros indicios delictivos. Así se desprende con toda claridad del artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece lo siguiente:
La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para
comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.
2. Tal como explicó el ex Ministro en su comparecencia (página 54 del diario de sesiones de 5 de abril de 2017), existe un procedimiento de grabación y registro de todas las investigaciones policiales. En concreto, el ex Ministro afirmó lo
siguiente:
'En la Comisaría General de la Policía Judicial existe una herramienta informática que antes se llamaba GATI, que es el acrónimo de Grupo de Análisis y Tratamiento de la Información, que después se transformó en lo que actualmente es la
UCIC, que es el acrónimo de Unidad Central de Inteligencia Criminal. Creo que es relevante -perdóneme, señor Legarda- lo que les voy a decir. Cuando la Policía o la Guardia Civil -es igual- inicia una investigación no lo hace saliendo a la calle,
lo hace bien porque ha sido presentada una denuncia -anónima o no- por confidentes, testigos protegidos, organismos encargados de controlar información tributaria, fiscal, prevención del blanqueo de capitales, etcétera. Si de una lectura liminar de
la denuncia o de la información se desprende que no hay fundamento para proseguir con la investigación, se archiva; si no, se hacen unas diligencias sumarias. Si se ve que eso tiene fundamento, para que no haya investigaciones clandestinas ni
irregulares, se graba -es el argot que se utiliza en términos policiales- esa investigación en esa herramienta informática con dos finalidades.'
3) Pues bien, en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados podemos encontrar una larga comparecencia de quien fuera Fiscal General del Estado en la IX Legislatura, Sr. Conde Pumpido, celebrada el 18 de noviembre de 2009, ante la
Comisión de Justicia. Por su interés y similitud con la cuestión que se ha planteado en esta Comisión de investigación reproducimos textualmente algunos fragmentos de aquella comparecencia del Sr. Conde Pumpido sobre el origen de las
investigaciones, extraídos del Diario de sesiones de la Comisión de Justicia, sesión de 18 de noviembre de 2009, por entender que resultan perfectamente aplicable a la reflexión que se ha planteado ante esta Comisión de
investigación. En estos términos se pronunciaba el Fiscal General del Estado en 2009, durante el Gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero:
'... lo habitual es que las investigaciones se inicien a instancia de los propios ciudadanos, de los ciudadanos afectados por una gestión irregular, o bien a instancias de organismos públicos de control, como ocurre en materia financiera,
tributaría, contable o en materia de blanqueo de capitales, (...).'.
'En fin, cada vez más podemos decir que la fiscalía inicia estos procedimientos en virtud de denuncias formuladas por miembros de la fuerza política adversaria e incluso, según estamos experimentando más recientemente, de la misma fuerza
política a la que pertenecen los denunciados y a veces -hay que reconocer que es cierto- no con el objetivo de contribuir a la justicia, sino más bien con el objetivo de politizar su acción, tratando de obtener en los tribunales la ventaja perdida
en las elecciones o la ventaja perdida en el reparto interno de poder dentro de los partidos.'.
'Estos diversos orígenes de las denuncias explican que no pocos de estos asuntos terminen siendo archivados tras comprobar la inverosimilitud de los hechos o su falta de relevancia penal, o bien ante la imposibilidad de reunir pruebas
suficientes para sostener una acusación. Así; la decisión de archivar, de investigar o de judicializar un asunto, en ocasiones, se hace evidente a partir de una mera lectura de la denuncia y, otras veces, es necesario practicar una serie de
actuaciones imprescindibles y posteriormente decidir si se continúa la investigación, si se judicializa la misma o bien se archiva.'.
'En cualquier caso, sería anómalo y preocupante, al menos en una dinámica propia del Estado de derecho, que las cosas no fuesen de este modo.'.
4. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,considera perfectamente vigentes las reflexiones del Fiscal General del Estado Conde Pumpido, realizadas en 2009 y, en el mismo sentido, sostiene que lo que sería anormal o impropio de un
Estado de Derecho, entonces y ahora, es que se impidiese esa dinámica ordinaria de investigaciones de diferente origen, sin perjuicio de que pudieran llegar a archivarse tras unas comprobaciones iniciales. Lo que sería impropio de un Estado de
Derecho es que el Ministro del Interior impartiese instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que ignorasen las denuncias recibidas o se abstuviesen de iniciar determinadas investigaciones ante indicios de los que hubieran
tenido conocimiento por diversas vías. Lo realmente irregular sería que el Ministro del Interior impartiese instrucciones a los responsables policiales para que despreciasen la información o renunciasen a hacer las averiguaciones preliminares que
la Ley les encomienda. La injerencia inadmisible sería la de un Ministro que le dice a la Policía que no investigue o que deje de investigar, no la de quien permite que las investigaciones sigan su curso, según los procedimientos policiales
habituales.
5. Según se deduce de las comparecencias y de la documentación recabada, no han existido investigaciones prospectivas ni siquiera investigaciones de oficio, sino investigaciones policiales nacidas de diversos orígenes, de diversos tipos de
denuncias, que siempre han sido consideradas en el trabajo policial, al menos para realizar las primeras averiguaciones. Así ha sido siempre y así debe ser.
En última instancia, los puntos incluidos en el objeto de esta comisión de investigación en los epígrafes 4, 5 y 6 se refieren a la participación en los hechos de lo que denomina 'señalados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
convertidos al efecto en una verdadera policía política', al origen de los recursos utilizados para la financiación de dichas actividades y a la evaluación de sus consecuencias en la eficacia y coordinación de las actividades del Cuerpo Nacional de
Policía, así como en la relación de este con el Cuerpo de la Guardia Civil y otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Sobre estos extremos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, manifiesta lo siguiente:
- Algunas formaciones políticas, mediante la creación de esta Comisión de investigación y de las conclusiones que se derivarían de la misma, han tratado de influir en favor de sus intereses en la opinión pública, en las unidades de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en los órganos judiciales que están inmersos en estos momentos en la investigación o en la fijación de responsabilidades penales relacionadas con dichos partidos políticos. Se puede poner como ejemplo del
intento de interferir en estos procesos de investigación las continuas alusiones a la llamada 'Policía Política o Patriótica'.
- En repetidas ocasiones se ha utilizado en las sesiones de esta Comisión de investigación por parte de distintos grupos políticos el término de 'policía política'. Así, por ejemplo, en la página 75 del Diario de Sesiones del 5 de abril de
2017, el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el Sr. Trevín Lobán, afirmó 'Los socialistas tenemos la firme convicción de que gracias a su policía política se obstaculizaron investigaciones de casos de corrupción que estaban poniendo contra
las cuerdas a su partido, y se hostigó
a responsables políticos de todo tipo, nacionalistas y no nacionalistas...' el mismo diputado en la página 33 del Diario de Sesiones del 6 de junio de 2016 declaró 'Queremos conocer las andanzas y tejemanejes de la policía política que
crearon, al margen de la ortodoxia policial y las generosas recompensas que les concedieron por ellas; es muy importante. Uno puede ser un buen o mal director de la policía, pero lo que no se puede ser jamás en una democracia es comisario
político...'.
- Las comparecencias celebradas en esta Comisión de Investigación han negado categóricamente la existencia de una 'policía política' que haya permitido injerencias del Gobierno en ningún tipo de investigación. En este sentido cabe citar las
declaraciones del exministro del Interior recogidas en la página 76 del Diario de Sesiones de 5 de abril de 2017 'A mí eso de policía política me suena a otros tiempos de nuestra historia española y desde luego a países de otras latitudes y
longitudes en lo que hace referencia a la actualidad... A mí no me obligue a tener que demostrar que no existe algo que se ha creado, como otros rótulos; se crea un rótulo, una rúbrica, un titular y a partir de ahí cómo demuestra uno que no
existe. No existe, qué quiere usted que yo le haga...'; las del Sr. Cosidó publicadas en la página 44 del Diario de Sesiones del 6 de junio de 2017: 'Desde luego ni este director ni este ministro ni este Gobierno han tenido la más mínima
intención de instrumentalizar la policía. Aunque hubiéramos querido, les puedo garantizar que no hubiéramos podido. Tenemos una policía basada en unos principios y unos valores que son incuestionables.'; y las afirmaciones del Sr. del Pino
Sánchez en página 112 del Diario de Sesiones correspondiente al 5 de julio de 2017: 'Quisiera aclarar una cosa. Por favor, le ruego que no acuse a la policía de policía política... Ya le digo que no la hay...'.
- Por otro lado, en esta misma línea, distintos grupos han afirmado que el Ministerio del Interior creó una denominada 'Operación Cataluña' contra los políticos independentistas (acusaciones éstas a las que hemos hecho referencia en otros
apartados de estas conclusiones) o han realizado manifestaciones relativas a que la Policía elaboraba informes infundados o creaba pruebas falsas para desprestigiar a dirigentes de partidos de la oposición.
- En relación con esta última acusación, debernos afirmar que es de una extrema gravedad y que sin embargo fue realizada de forma temeraria, sin pruebas, ni indicios previos que pudiera justificar la misma. Que una vez finalizados los
trabajos de investigación de la Comisión tampoco ha podido demostrarse su veracidad. Que, al contrario, ha quedado meridianamente claro la falsedad de las afirmaciones de algunos grupos políticos que mantenían esta posición. Así se acredita por
las declaraciones de todos los comparecientes y por los documentos aportados a la Comisión.
- En relación a los documentos, destacaremos dos informes a título de ejemplo:
El informe de fecha 9 de marzo de 2013 del Jefe de la Unidad de Asuntos Internos relativo al denominado 'Informe Borrador' donde se acredita como práctica habitual la elaboración de este tipo de informes: 'Es práctica habitual de la
Unidades Policiales la elaboración de escritos borradores, donde se vuelcan los datos que de múltiples formas llegan a conocimiento de los integrantes de estos grupos policiales, sí bien es cierto, que solo terminan finalmente judicializados si los
Jefes respectivos validan la realidad de dichas informaciones y las consideran consistentes, para ponerla a disposición de la Autoridad Judicial.'.
El informe de fecha 9 de febrero de 2016 del Jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal relativa a presuntas irregularidades de Podemos. De este informe, al que hay que calificar como ordinario dentro de lo que es la práctica
habitual de investigación de la financiación ilegal de los partidos políticos, se extraen algunas conclusiones que acreditarían la relación de dirigentes de Podemos con una empresa audiovisual de origen iraní que difunde a través de un canal de
habla española los intereses políticos del Gobierno de Irán. El informe entiende que Podemos o alguno de sus dirigentes pudiera haber incurrido en presuntos delitos fiscales, de blanqueo de capitales, de financiación ilegal de partidos políticos o
delitos electorales y solicita a la fiscalía del Tribunal de Cuentas que se pronuncie sobre estas cuestiones. La conclusión que extraemos es que algunos grupos políticos, afectados por investigaciones policiales absolutamente normales, dentro de
las numerosas denuncias que particulares y medios de comunicación están realizando en los últimos arios contra la presunta financiación ilegal de casi todos los partidos, han establecido como estrategia de defensa la acusación general a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado de estar realizando estos informes de investigación con criterios partidistas a instancia del Ministerio del Interior para dañar a sus respectivas formaciones políticas. Lo más sorprendente es que estos mismos
grupos políticos felicitan a la Policía o a la Guardia Civil si este tipo de informes de
investigación se realizan sobre la financiación del Partido Popular, toda una evidencia de la mala fe que afecta a sus denuncias contra la Policía.
- El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, considera que, lamentablemente, la 'policía política' se ha convertido en una rúbrica, un titular, un lema detrás del cual se ha hecho un discurso tremendamente nocivo para la Policía Nacional
y, de alguna manera, para nuestras instituciones. Un titular sin contenido, un lema de oposición política e incluso de destrucción del adversario, sin reparar en el enorme coste que tiene para una Institución tan prestigiosa como la Policía
Nacional y para concretos funcionarios de Policía a quienes se ha citado injustamente por su nombre y apellidos, acusándoles sin fundamento alguno y provocando un terrible perjuicio en sus carreras.
- Se trata de un cuerpo que día a día contribuye, a prestar servicio a todos los ciudadanos, cuya profesionalidad, integridad y capacidad de sacrificio no puede ni debe ser puesta en duda, ya que siempre han estado al servicio de toda la
sociedad, haya gobernado quien haya gobernado, y que consigue gracias a su dedicación en cuerpo y alma que España sea un país cada vez más seguro y más libre.
- El imperio de la Ley, el debido secreto de las investigaciones policiales y el sometimiento pleno a la autoridad judicial de jueces y fiscales son criterios básicos que siempre han presidido cualquier actuación de la Policía Nacional. Un
cuerpo caracterizado por su lealtad y su papel activo permanente en defensa de la democracia y del Estado de derecho.
- Y así es como tanto el Grupo Parlamentario Popular y la mayoría de los ciudadanos perciben a la Policía Nacional. Un cuerpo sólido, leal, disciplinado, solidario, justo y veraz, necesario para asegurar la libertad y la seguridad de todos
los ciudadanos. Cuya actuación integra y digna excluye, absolutamente, la corrupción en toda su extensión.
- Hablar de 'policía política', entendida como aquella que sirve a los intereses políticos del Gobierno del que depende, y que no repara en utilizar instrumentos ilegales es ofensivo para la Policía y constituye un atentado a la esencia del
nuestro sistema democrático.
- Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular defendemos con rotundidad la limpieza de la institución, que está muy por encima de quien gobierne.
- En cuanto al uso de fondos reservados, alguno de los comparecientes preguntados sobre esta cuestión ha negado con rotundidad el manejo de tales fondos. Así, en la página 6 del Diario de Sesiones de 5 de julio de 2017, el Sr. Fuentes Gago
responde a la pregunta de uno de los portavoces en los siguientes términos:
'El señor MIQUEL I VALENTÍ; ¿Tenía usted acceso a fondos reservados?
El señor INSPECTOR JEFE DE LA POLICÍA (Fuentes Gago): No. Es que los fondos reservados no son una cuestión de que llegue uno y los coja libremente. No, eso no funciona así.'
En todo caso, el control del uso de fondos reservados queda fuera del objeto y de las prerrogativas de esta Comisión de investigación, tal como advirtieron los servicios jurídicos durante la organización de los trabajos de la misma.
- En última instancia, en cuanto a la eficacia de la actuación policial y de la relación de la Policía Nacional con otros Cuerpos Policiales, entendemos que esta materia no ha sido abordada por la Comisión de investigación por lo que no
procede formular conclusiones al respecto.
- Por todo lo anterior, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que tras la sustanciación de las distintas comparecencias y a la vista de la documentación aportada ha quedado acreditada la no existencia de responsabilidad política
relacionada con los hechos objeto de esta Comisión de investigación.
A la Mesa de la Comisión de Investigación
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Portavoz Adjunto Gabriel Rufián Romero, por medio del presente escrito y al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, solicita el mantenimiento como voto particular
de su escrito de conclusiones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2017.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Voto particular núm. 5
Conclusiones sobre la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior
La creación de la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior fue aprobada en la votación plenaria el pasado 27 de septiembre de 2016, por un resultado de 206 votos a favor, 136 en contra y 2
abstenciones. Así mismo el Pleno del Congreso prorrogó el plazo de la Comisión en votación plenaria el 31 de mayo de 2017, por 346 votos a favor y ninguna abstención ni voto en contra.
La necesidad de esta prórroga vino dada por el retraso producido por parte de los organismos a los que se les solicito la documentación así como al bloqueo político sufrido en diversas fases de la andadura de la Comisión para que
comparecieran determinadas personas.
La creación de la Comisión viene motivada por la publicación de las conversaciones mantenidas entre el entonces Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el entonces director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso,
que tenían como principal objetivo la preparación y difusión de supuestas informaciones sobre dirigentes de partidos políticos catalanes, basadas exclusivamente en documentación elaborada con ese único fin y recursos públicos.
Primeramente, sería necesario recordar que la actuación de ambos interlocutores los sitúa al margen de la legalidad. Puesto que la acusación y denuncia falsa así como la simulación de delitos son delitos recogidos en los artículos 456 y 457
del Código Penal.
En segundo lugar, y más allá de la ilegalidad que supone la fabricación de pruebas falsas, el contenido de estas grabaciones pone en evidencia la corrosión y podredumbre de las instituciones y del sistema político del Estado. Ya que la
fabricación de pruebas falsas contra líderes de partidos políticos catalanes o personas de cualquier índole, supone un retorcimiento del Estado de Derecho así como una evidente utilización de los aparatos del Estado y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado con finalidades políticas.
Finalmente, estas grabaciones evidencian también un claro conocimiento por parte de la Presidencia del Gobierno de las actuaciones del Ministro del Interior para la fabricación de falsas pruebas contra partidos políticos catalanes; tal como
queda patente en la afirmación del entonces Ministro del Interior de que el Presidente del Gobierno era conocedor de los detalles y finalidades de esta operación.
La posibilidad de una posible utilización con fines partidistas por parte del Ministerio del Interior tuvo una corroboración en sede judicial por parte del Comisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo Pérez, antes adscrito a la
Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de Policía, por la que reconocía ante el juez instructor de Madrid la existencia, desde 2012, de un grupo de cargos y agentes policiales designados por el entonces Ministro del Interior que habría
tenido como principal misión el seguimiento de la actividades de responsables políticos catalanes y de la fabricación de informaciones y pruebas incriminatorias indiciarios de supuestos delitos a fin y efecto de intentar la intervención de la
Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial. Villarejo también aseveró, que la filtración de informaciones a diferentes medios de comunicación especialmente elegidos para ello era una práctica habitual. Lamentablemente, la comparecencia en
sede parlamentaria del Sr. Villarejo no se pudo celebrar debido a la oposición de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos.
Ha sido en el marco de esta coyuntura y en la de sucesivas nuevas informaciones relativas a los intentos de la cúpula policial para obtener pruebas incriminatorias contra líderes políticos catalanes, en la que esta Comisión echó a andar.
Tenía siete objetivos prefijados de antemano, aprobados en la primera votación de septiembre de 2016 y prorrogados mediante la segunda votación de mayo de 2017:
1. Investigar la utilización en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otros medios públicos, por parte de las autoridades y altos
cargos del Departamento, con fines políticos, y en especial para obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y para el seguimiento y control de las actividades de los partidos de la oposición y de
sus dirigentes.
2. Analizar y comprobar las actuaciones del mencionado Ministerio, reveladas en los medios de comunicación, dirigidas a difundir supuestas informaciones sobre dirigentes y miembros de otros partidos políticos, sin soporte fáctico, y basadas
exclusivamente en documentación elaborada con ese fin en el propio Departamento.
3. Esclarecer, en concreto, las informaciones que apuntan a la elaboración desde ese Ministerio, de elementos probatorios que justificaran la intervención del Poder Judicial contra determinados responsables políticos.
4. Determinar la participación en estas actividades de señalados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, convertidos al efecto en una verdadera 'Policía política' inadmisible en un Estado de Derecho.
5. Determinar el origen de los recursos utilizados para la financiación de dichas actividades, así como, en su caso, las transferencias de fondos públicos realizadas y los destinatarios de las mismas.
6. Evaluar las consecuencias de estas actuaciones en la eficacia y coordinación de las actividades del Cuerpo Nacional de Policía, así como en la relación de éste con el Cuerpo de la Guardia Civil y otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
7. Determinar los incumplimientos de las normas vigentes que estas actividades han supuesto, sus consecuencias en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y las responsabilidades de todo tipo que se puedan derivar de las mismas.
Es necesario destacar que los trabajos de esta Comisión no han sido fáciles. No se ha recibido todas las solicitudes de información que se aprobó solicitar así como también ha habido continuos obstáculos políticos fruto del entendimiento
entre el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, para el veto a la comparecencia de determinadas personas, cuya actuación y/o responsabilidad guardaba una relación directa con los hechos que se pretendían investigar. Si bien la conformación de esta
mayoría parlamentaria es absolutamente legítima, sorprende que el grupo proponente de la creación de dicha Comisión figure en ella, ya que con sus votos junto con el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos dificultó sistemáticamente la investigación y
los objetivos de la Comisión, que ellos mismos habían propuesto y obtenido el respaldo de la mayoría del Congreso.
El cierre de la Comisión se aprobó el pasado 5 de julio de 2017, con los votos de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, habiéndose substanciado solamente cinco comparecencias y sin haber recibido toda la documentación requerida y a tenor de la
gravedad de les hechos que se investigaban así como de las sucesivas noticias que se han ido publicando, nos parece absolutamente prematuro e injustificado. Lo cual nos lleva a concluir que no se ha tratado de una comisión de investigación
propiamente dicha ya que no se ha conseguido dar cumplimiento a los objetivos iniciales de la misma. Además, para tratarse de una verdadera Comisión de Investigación hubiese sido necesaria saber la implicación real del máximo responsable político
del Gobierno, Sr. Mariano Rajoy, así como de la comparecencia del Director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, Sr. Jorge Moragas, cuyo nombre aparece en diversas conversaciones.
Existe un claro diferencial entre las informaciones publicadas y las efectuadas en sede judicial como las del Sr. Villarejo con las declaraciones y las no declaraciones de los comparecientes. Así mismo parece evidente concluir la
existencia de un pacto de silencio entre los comparecientes (Sres. De Alfonso, Fernández Díaz, Cosidó, Fuentes Gago y Pino).
Un silencio que ha tenido como objetivo no esclarecer los principales objetivos de la Comisión y que además pone de manifiesto la connivencia habida entre el entonces Ministro del Interior, Fernández Díaz, con su cúpula policial y la
intención de fabricar pruebas falsas contra partidos políticos catalanes o contra la formación política de Podemos, como también se desprendió del llamado informe P. I. S. A.
Un hecho que prueba que la Comisión se ha cerrado de manera prematura e incompleta son las informaciones publicadas por Público el pasado miércoles 13 de julio de 2017, en la que se denuncia que el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) destruyó
pruebas en su archivo central para que José Ángel Fuentes Gago mintiera en su comparecencia en el Congreso.
El Sr. Fuentes Gago compareció el pasado miércoles 5 de julio de 2017 y a tenor de las informaciones publicadas, parece evidente que mintió durante su comparecencia ante esta Comisión pese a tener la obligación de decir la verdad.
Según recogen estas informaciones o, el Sr. Fuentes Gago mintió a los miembros de esta Comisión al afirmar que no tuvo nada que ver con la grabación ilegal de una reunión secreta del caso del 'pequeño Nicolás' mientras que las informaciones
publicadas sitúan a Fuentes Gago en el epicentro de los acontecimientos debido a la difusión de un correo electrónico entre Fuentes Gago y el Sr. Martín Blas (entonces jefe de Asuntos Internos del CNP) con la grabación de la reunión en el despacho
oficial de Martín-Blas en la que el jefe de Asuntos Internos y el inspector Rubén Eladio López hablaron con varios agentes del Centro Nacional de Inteligencia sobre el curso de las investigaciones relacionadas con el 'pequeño Nicolás'.
Al tratarse de una grabación procedente de cuentas de correo electrónico de miembros del CNP, el juez Zamarriego, reclamó que se aportasen los originales radicados en los servidores centrales del CNP en El Escorial. Sin embargo, el Centro
de Protección de Datos remitió, con siete meses de retraso, todos los mails de Fuentes Gago a excepción del que se envió al Sr. Martín Blas con la conversación con el archivo adjunto.
Así mismo, las comparecencias del exministro, Fernández Díaz y del exdirector de la OAC, Daniel De Alfonso, no hicieron nada más que apuntalar lo que se desprendía de las grabaciones publicadas de las mencionadas reuniones. A pesar de su
intento de negar les evidencias con mentiras manifiestas ante la comisión, quedó patente que se reunieron en el Ministerio y que De Alfonso fue llevado allí por Fuentes Gago, como él mismo reconoció en su comparecencia. Además, estas reuniones se
efectuaron de modo que no constase ningún registro ni trazabilidad de las mismas, sin haber aclarado quién fue el responsable de borrar los registros de entrada y salida del Ministerio en aquellas fechas concretas.
Es por estos motivos que en base a los objetos por los que se creó esta comisión, habiendo escuchado las comparecencias y habiendo analizado la documentación aportada consideramos:
1. Incompletas las labores de esta Comisión de Investigación y prematuro el cierre de la misma puesto que no se han podido cumplir los objetivos ni las funciones por las que fue creada.
2. Probado que se utilizaron los medios, efectivos y recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el seguimiento y control de actividades de partidos políticos y dirigentes políticos catalanes.
3. Probada la existencia de una 'Policía Patriótica' que siguiendo órdenes políticas puso en marcha la llamada 'Operación Catalunya'. Esta operación implicaba cargos políticos, funcionarios del Ministerio del Interior y miembros de otras
Instituciones como la Oficina Antifraude de Catalunya y de la judicatura y estaba destinada, presuntamente, a espiar, seguir y conspirar contra los representantes políticos democráticamente elegidos. Fue dirigida desde el Ministerio del Interior
bajo el mando del entonces Ministro, Jorge Fernández Díaz.
4. No descartable que la estructura de la 'Policía Patriótica' y su objetivo tuviera su origen en anteriores mandatos.
5. Existente una sistematización destinada a imputar casos de corrupción, infundir sospechas y calumnias a rivales políticos a través de filtraciones en los medios de pruebas falsas y la manipulación documental.
6. Probado que bajo mandato del Ministro Fernández Díaz se elaboraron pruebas falsas para incriminar al actual Vicepresident y Conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya y Presidente de Esquerra Republicana de Catalunya,
Oriol Junqueras.
7. Probado que bajo mandato del Ministro Fernández Díaz se elaboraron pruebas falsas para incriminar al exalcalde de Barcelona, Sr. Xavier Trias.
8. Probado que las reuniones mantenidas entre el Ministro Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel De Alfonso, tenían como finalidad conspirar para influir en la coyuntura política catalana.
9. Probada la existencia de una connivencia entre la cúpula policial del Ministro Fernández Díaz y determinados medios de comunicación con el objetivo de publicar información falsa con el único objetivo de perjudicar a partidos políticos
catalanes y sus dirigentes tal como se desprende del conjunto de llamadas intercambiadas entre miembros de la cúpula policial y periodistas.
10. Probada que dicha connivencia entre la cúpula policial del Ministro Fernández Díaz y determinados medios de comunicación perseguía como objetivo final la publicación de supuesto elementos probatorios que justificaran la intervención del
Poder Judicial contra determinados responsables políticos.
11. Probado el uso de la Fiscalía General del Estado con fines partidistas y con el objetivo de incitar la actuación de dicho organismo ante supuesto elementos probatorios y/o indiciarios de delito.
12. No descartable el uso de fondos reservados del Estado con el objetivo de obtener pruebas o financiar viajes y/o desplazamientos en el seno de la 'Operación Catalunya'.
13. Alarmante la falta de control dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acerca los posibles casos de incompatibilidades laborales de sus miembros.
14. Necesario que el Gobierno proceda a la revisión de las condecoraciones de aquellos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hayan tenido una participación directa en la 'Operación Catalunya', cuyo único objetivo era
la obtención de pruebas falsas contra partidos políticos catalanes.
15. Extremadamente grave el conocimiento del Presidente del Gobierno de estas actuaciones así como la participación del Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España.
16. Extremadamente grave la actuación realizada por parte de los poderes públicos así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que han supuesto una vulneración de principios elementales de un Estado de Derecho y de una
Policía democrática así como de determinados principios constitucionales recogidos en los artículos 1.1, 9, 14, 16, 18.1, 20.1 y 124 de la Constitución Española.
17. Necesario que la Mesa del Congreso de los Diputados, conforme al artículo 52.5 del Reglamento del Congreso de los Diputados, dé traslado de estas conclusiones al Ministerio Fiscal, para el ejercicio de las actuaciones oportunas.
18. Necesario dar traslado al Ministerio Fiscal de la Comparecencia de José Ángel Fuentes Gago para que, a la luz de las informaciones publicadas por algún medio de comunicación, determine si ha faltado a la verdad y en consecuencia ha
incumplido el artículo 502.3. del Código Penal.
A la Mesa de la Comisión Investigación
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para al amparo de lo establecido en el artículo 52 del Reglamento del Congreso de los Diputados formular mantenimiento como voto particular del escrito de
conclusiones presentado el día 17 de julio (a excepción de las dos conclusiones finales ya incorporadas) al Dictamen aprobado por la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del
Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Voto particular núm. 6
Antecedentes:
1. Histórico:
El 20 de julio de 2016 el Grupo Parlamentario Socialista registro una iniciativa en la que se solicitaba la creación de una Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato de Ministro
Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos, con el objeto, composición y duración que a continuación se detallan.
La creación de la Comisión de investigación fue aprobada por el Pleno el 27 de septiembre de 2016, publicada el 5 de octubre en el BOCG. Comisión que por motivos personales del Sr. Ex ministro no se constituyó hasta el 9 de marzo de 2017,
comenzando sus trabajos el 21 de ese mismo mes.
Concluyó su periodo ordinariez siendo prorrogada por acuerdo del Pleno de 31 de mayo de 2017, hasta el 31 de julio de 2017.
SESIONES DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
9 de marzo de 2017.;Constitución de la Comisión.
21 de marzo de 2017.;Ordenación de trabajos.
22 de marzo de 2017.;Ordenación de trabajos.
28 de marzo de 2017.;Ordenación de trabajos.
30 de marzo de 2017.;Ordenación de trabajos.
4 de abril de 2017.;Ordenación de trabajos.
5 de abril de 2017.;Comparecencias Alonso Laso y Fernández Díaz.
18 de abril de 2017.;Ordenación de trabajos.
24 de mayo de 2017.;Ordenación de trabajos.
29 de mayo de 2017.;Ordenación de trabajos.
6 de junio de 2017.;Comparecencia Cosidó Gutiérrez.
6 de junio de 2017.;Ordenación de trabajos.
21 de junio de 2017.;Ordenación de trabajos.
5 de julio de 2017.;Ordenación de trabajos.
5 de julio de 2017.;Comparecencias de Fuentes Gago y Pino Sánchez.
2. Vicisitudes de la documentación solicitada por acuerdos de la Comisión.
La amplia información documental solicitada por la Comisión ha tenido una respuesta muy diversa pero debe dejarse de manera diáfana que la requerida del Gobierno la ha atendido de manera graciosa y como le ha parecido conveniente. La
documentación ha sido remitida tarde, procurando siempre que no pudiese disponerse de documentación esencial para las comparecencias del Ministro y de Director General de la Policía.
Parte de la misma ha sido remitida al límite de la fecha en que hubiese debido cerrarse la Comisión según el plazo inicial acordado, es decir, el 9 de junio y lo que también es llamativo es que se ha remitido sin un índice preciso, y sin tan
siquiera pasar el OCR, procedimiento informático que permite un Reconocimiento Óptico de Caracteres y con una digitalización que prestan sombras que dificultan su visión. Sirva esto de primer elemento para las conclusiones: voluntad reticente en
orden a dotar a la comisión de elementos con los que probar los postulados de la comisión. Esa posición obstruccionista no se ve atenuada por su envío final pues lo ha hecho con el déficit mencionado para su tratamiento. Ello por no hablar de la
negativa a entregar los informes que Unidad de Planificación Estratégica y de Coordinación, bajo el pretexto de que no existen informes, pretexto que como veremos ha quedado desacreditado por las respuestas en la Comisión del propio director adjunto
operativo, en adelante (DAO), quien aseguró que las notas o informes que se elaboraban por esta unidad eran trasladadas a sus superiores y cuyo contenido de la petición rezaba así:
- Relación y detalle de Informes e Investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, conocida como Unidad de Inteligencia, adscrita a la Dirección Adjunta Operativa desde su creación en 2012 hasta el
31 de octubre de 2016.
Tampoco ha sido remitida a la Comisión:
- Documento elaborado por la Comisaria responsable de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), Dña Nuria Mazo, al momento de la disolución de dicha brigada en la que al parecer se contenía una relación de los informes y expedientes
elaborados por la misma, así como documentación que se adjuntaba, habiendo remitido sobre este tema un remedo que no permitía ni tan siquiera conocer las investigaciones llevadas a cabo por la BARC y que la única pretensión es ocultar su verdadera
actividad y donde casualmente los únicos casos que son reconocibles son los ya publicados.
- Instrucciones impartidas por el ex Director Adjunto Operativo, o por cualquiera de los Comisarios Generales de Policía Judicial nombrados desde 2012, o por el ex Director General de la Policía o por otros altos responsables políticos del
Ministerio del Interior, en relación a la investigación de la titularidad del dúplex de Estepona de Ignacio González.
- Expediente completo de la selección para los nombramientos de agregados Consejeros de Interior entre 1 de enero de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2016, incluyendo las actas de las Comisión de Destinos en el Exterior y las propuestas
remitidas desde las Dirección General de la Policía a la Subdirección General de Cooperación Internacional, para cubrir cada una de las plazas.
3. Comparecencias.
Se han llevado a cabo cinco comparecencias:
1. Sr. Fernández Díaz, Jorge. Ministro del Interior desde diciembre de 2011 a noviembre de 2016.
2. Sr. De Alfonso, Daniel. Magistrado y Ex director Oficina Antifraude jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, cargo al que había accedido el 21 de julio de 2011.
3. Sr. Cosidó Gutiérrez, José Ignacio, Ex Portavoz del Partido Popular en la Comisión de Interior del Congreso en la IX legislatura. Desde el 30 de diciembre de 2011 Director General de la Policía hasta su cese el 18 de noviembre de 2016.
4. Sr. Pino Sánchez, Eugenio. Ex Director Adjunto Operativo. Jubilado.
5. Sr. Fuentes Gago, José Ángel, Inspector Jefe. Ex Presidente del Sindicato de Policía Nacional (SPP) y desde 2015 Agregado de Interior en la Misión Diplomática de España en La Haya.
Elementos acreditados.
1.º Los días 2 y 16 de octubre de 2014 se celebraron reuniones entre el Ministro de Interior Sr. Fernández Díaz y el Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Sr. De Alfonso, en el despacho del primero. Dichas reuniones fueron
grabadas y saliendo a la luz pública sus contenidos. Se gestaban por la intermediación del Sr. Fuentes Gago, que actuaba como jefe de gabinete del que era DAO en ese momento Sr. Pino.
2.º Todas las actuaciones profesionales del Sr. Fuentes Gago lo eran por orden y pleno conocimiento del Sr. Pino (DAO).
3.º La Fiscalía General del Estado acusando recibo del informe de las diligencias 408/16 y expresaba que la Fiscalía General del Estado no necesitaba adición o rectificación respecto al borrador de resolución adoptada. En ella, y por la
jefatura de la fiscalía de la audiencia Provincial de Madrid, se decía textualmente: 'de lo que hablan el ministro y de Alfonso no deja de ser un intercambio de ideas y estrategias políticas, una recopilación de posibles casos de corrupción que
puedan afectar políticamente a determinados sectores de ideología independentista'. (1)
4.º Se habló, entre los dos interlocutores, de muy distintos hipotéticos casos (Sr. Junquera y Cepsa; familia Pujol; Sres. Homs y Puig y de los puestos y ascensos de unas cuñadas...).
5.º El Sr. De Alfonso transmite al Ministro que tenía que cubrirse las espaldas y de la necesidad de contar con el parecer de la Fiscalía antes de 'tirar para adelante' con alguno de los temas.
6.º En reunión entre el Sr. De Alfonso y el Sr. Fuentes Gago este último llega a enseñarle un pantallazo del teléfono móvil de lo que al parecer era una cuenta del Sr. Trías en Suiza que, posteriormente, resultó ser falsa.
7.º El Sr. Fuentes Gago se desplazó a Suiza para cotejar un error en la numeración de la cuenta que le habían dado del Sr. Trías. No había causa alguna abierta de ningún tipo (Fiscalía, Juzgado o Agencia Tributaria) que justificara la
utilización de bienes públicos y cuatro profesionales del CNP para despejar lo que la certificación negativa del encargado de la Banca suiza, Unión Banques Suisses ( UBS) había certificado y es que no había cuenta alguna a nombre del Sr. Trías. Lo
hizo por orden de su superior y con conocimiento del Dr. General de la Policía.
8.º Sobre el Sr. Fuentes Gago:
- Máximo responsable hasta 2013 del Sindicato Profesional de la Policía (SPP).
- Destinado en santander cuando el PP llega al Gobierno, diciembre 2011.
- El 15 de julio de 2013, hasta el 27 de agosto ocupa el cargo de jefe de la sección operativa de la AN ni lo sabía, ni nunca parece puso un pie en dicho centro de trabajo.
- Desde el 13 de enero de 2015, hasta el 8 de octubre ostenta el cargo de jefe operativo de la casa de su majestad el rey. sin que la misma tuviera conocimiento de tal hecho nunca estuvo en las dependencias de Zarzuela.
- En octubre de 2015, es nombrado agregado de interior en la misión diplomática de España en la Haya, cargo que todavía ostenta.
- En 2014, recibe la medalla al mérito policial con distintivo rojo, es decir, pensionada.
- Según él describe sus cometidos profesionales quedaban circunscritos con los siguientes cometidos:
Estar pendiente de la agenda del DAO;
Las relaciones con los sindicatos profesionales;
Labores de asesoría jurídico legal;
Prepara conferencias para su superior jerárquico;
Acompañar al DAO;
- La realidad expresada, también por el mismo, es que participaba en todas las operaciones 'delicadas' desde antiyihadistas, criminalidad organizada, y tramitación de informes. Uno de estos fue el que realizó por encargo de sus superiores
sobre otro superior suyo, el comisario Sr. Villarejo, sobre el origen y compatibilidad de una importante fortuna amasada durante sus años en la Policía. Acabó con un informe escueto de que no veía ninguna irregularidad.
9.º A partir de las declaraciones de Fuentes Gago y de Eugenio Pino puede concluirse que en la etapa en que este último ocupó el puesto de DAO utilizó el catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional para generar la estructura
necesaria que diera soporte a lo que se ha conocido como la 'policía política'.
De esta manera se entendería el destino de Fuentes Gago como jefe operativo de la Casa Real y que nunca ocupó de manera efectiva, tal y como él mismo afirmó en su declaración, y que solo se hizo para compensarle económicamente por haber sido
trasladado desde Santander a Madrid, tal y como afirmó el Sr. Fuentes Gago o por otros motivos más difusos como los dados por el Sr. Pino 'Y, evidentemente, a este señor como estaba cobrando dietas y hubo alguna crítica, inclusive algún escrito
por parte del Congreso de los Diputados sobre el número de dietas que estaba cobrando, se le asignó un número porque es obligatorio que se le asigne un puesto de trabajo del catálogo porque, si no, no puede trabajar. Tiene que tener un puesto de
catálogo fijo, y se dio uno conforme a su categoría, el que estaba vacante.' O que el Sr. Fuentes Gago viajase a Cataluña en multitud de ocasiones con misiones que difieren bastante o incluso que formalmente carecían de entidad (investigación
relativa a relojes de lujo entregados a policías); junto a otros de enorme trascendencia pero que no estaba en su ámbito competencia, (terrorismo Yihadista).
Pero el caso del Sr. Fuentes Gago es paradigmático. Ni siquiera él mismo es capaz de definir qué hacía bajo las órdenes del DAO dando respuestas difusas sobre sus funciones, de la misma manera que su jefe jerárquico directo, Sr. Pino.
Pero el control del DAO se extendía, incluso, a los partidos políticos. A la pregunta: ¿Tenía usted constancia cuando era DAO de las personas que venían al Congreso y de las reuniones que mantenían, de quién entraba, quién salía, quién se
reunía con los diputados? La respuesta clara y concisa, 'Si'.
El DAO premió a las personas que colaboraron de manera activa y directa en las actividades de la policía política mientras estuvo operativa y después. Mientras estuvo operativa utilizó el catálogo de puestos de trabajo para ofrecer destinos
dotados de importantes complementos a pesar de que nunca se ejercieron las funciones establecidas para esos puestos, como ejemplo, el mencionado de Fuentes Gago en la Casa Real. Pero además, el DAO continuó con las prebendas a sus colaboradores de
la trastienda del Ministerio del Interior con generosas dietas, medallas, retribuciones extraordinarias y nombramientos para puestos específicos cuantiosos, del que uno de los más llamativos sea el de Fuentes Gago y su esposa en la embajada española
de La Haya, destino que comparte con su esposa.
El catálogo fue el elemento necesario para generar la estructura operativa de la policía política ya que no solo sirvió de cobijo para situar a personas en puestos clave sino también para generar unidades policiales que sustentaran los fines
del entramado.
Con el catálogo de puestos de trabajo como instrumento, bajo las instrucciones del Director Sr. Cosidó Gutiérrez, por Orden del DAO Sr. Pino, y con el conocimiento del Ministro Sr. Fernández Díaz, fueron constituyendo un entramado como el
que representa la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, que funcionando desde 2012, carece de regulación expresa hasta la aprobación del protocolo de actuación el 21 de mayo de 2015, para realizar funciones no reguladas reglamentariamente y cuya
finalidad no era otra que poder actuar con impunidad, y a la vez servir de soporte para blanquear todo suerte de actuaciones cuando menos irregulares, y cuando más, directamente constitutivas de delito. Su primera actuación contra un adversario
político fue contra el PSOE como lo prueba la documentación remitida por el Gobierno, como DAO R°/S° 7287 donde por orden verbal del DAD de 15 de mayo de 2012, se elaboró un informe cuyo asunto es una nueva investigación del Caso Faisán, ya
judicializado y listo para ser juzgado y cuyo informe fue entregado original al DAO. La unidad fue adscrita a la UAI (Unidad de Asuntos Internos), dependiente de la Dirección Adjunta Operativa, (DAO), cuya función legalmente es: 'investigar y
perseguir las conductas funcionaria/es constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el centro directivo', y al frente de
la cual nombraron al Sr. Martín Blas, comisario hoy jubilado.
10.º El Sr. Pino realizó su declaración ante la Comisión. En referencia a las BARC manifiestó: 'Luego se creó la Unidad de Revisión de Casos, fundamentalmente para los niños robados, y se separó de Asuntos Internos que, en un principio,
era embrionaria de ahí'.
Evidente falsedad ya que en el documento que remite el Gobierno a la Comisión de Investigación, y que se denomina OFICIO DAO R°/S° 7287 28/04/2017, con denominación, 'Protocolo de actuación de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos
(BARC), de 21 de mayo de 2015, con fecha de entrada en la Cámara el 8 de mayo de 2016 y con número de Registro 33201, expresamente recoge en su apartado 1, [...], e integrada en la Unidad de Asuntos Internos'.
11.º En esta época en que se creaban estructuras como las de las BARC, con fines claramente poco confiables e irregulares cuando menos, se inicia, curiosamente, también un tiempo que se caracterizará por una merma de recursos humanos en la
Policía Nacional que actualmente se cifra en 13.651 policías, sobre un total de 78.138 que debería de haber. Lo que rebela y pone de manifiesto donde estaba el interés del Ministerio del Interior. Una gran parte de los servicios policiales básicos
y elementales de atención al ciudadano y de prevención de la delincuencia no se han podido prestar con garantías. No obstante, la Unidad de Asuntos Internos llegó a tener en su catálogo 200 efectivos por lo que se recurría a ella para funciones que
no eran de su competencia, tal y como manifestó el Sr. Pino ante la Comisión de Investigación ya que 'siempre había gente de sobra en Madrid; gente especializada en vigilancia, gente especializada en servicios especiales', razón esta y la
afirmación del Sr. Pino de que un asunto es competencia de la UAI, siempre que sea policial ya que'es inter90 si es policial', o lo que es lo mismo, siempre que así se entendiera de interés.
Solo así puede entenderse la intervención de la UAI en asuntos de trascendencia mediática como los conocidos como papeles de Bárcenas o el Pequeño Nicolás, donde en principio no había integrantes del Cuerpo de Policía Nacional implicados.
12.º Las BARC fueron disueltas, sin poder precisar fecha, la primera semana de febrero de 2017, tras el nombramiento del nuevo DAO, quien como miembro de la Junta de Gobierno de la Policía durante todos los años de Gobierno del PP, sin duda
conocía su ilegal funcionamiento, pero no sin previamente aprovechar toda la información que esta había acumulado, sin tener en cuenta que en muchas ocasiones esta se había obtenido actuando sobre casos judicializados o ya cerrados judicialmente,
como por ejemplo el 11M, o en el caso Faisán, en aquel momento pendiente de juicio, sin la autorización del Juez como se desprende claramente de la declaración de Eugenio Pino, y que aunque a pregunta directa afirmó lo contrario simplemente no es
posible que obtuvieran esa autorización ya que el juez de la causa ni tan siquiera recibió a Sr. Martín Blas según el mismo Sr. Pino informó.
13.º Finalmente, la actuación en relación a la investigación del caso del ático de González, actualmente sobre el que recaen medidas personales y patrimoniales de carácter cautelar por su implicación en el caso Lezo, es el paradigma de su
forma de actuar, con la finalidad de obstaculizar las investigaciones de las corrupciones que acosaban a su partido. Habiendo incluso tenido ramificaciones con la Fiscalía y haber sido causa, entre otras, que llevaron al Pleno de esta Cámara a
reprobar al Sr. Ministro de Justicia, al FGE y al entonces y hoy dimitido Fiscal Jefe Anticorrupción.
Investigado por un Juzgado de Estepona, pone de manifiesto, de momento, por lo que se sabe de esa instrucción una forma de actuar de los miembros de ese Grupo policial que formó la llamada 'policía política'; utilización de los recursos del
Estado con fines partidistas, utilización e invocación de la Fiscalía como criterio de autoridad para determinar la ilegalidad de la investigación y la regularidad de la adquisición del ático.
A la Mesa de la Comisión de Investigación
Don Sergi Miquel i Valentí, Diputado del Partit Demòcrata, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, comunica mediante el presente escrito su deseo de mantener como voto particular las conclusiones presentadas a la Comisión de Investigación
sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mando del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2017.-Sergi Miquel i Valentí, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Voto particular núm. 7
Propuesta de conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el uso partidista del Ministerio
del Interior bajo el mandato del Ministro Fernández-Díaz
En el mes de septiembre de 2016, el Congreso de los Diputados votó la creación de una comisión de investigación para analizar y estudiar si el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, utilizó el ministerio durante su mandato para
perjudicar a rivales políticos del Partido Popular o del propio Gobierno. La constitución de la comisión de investigación se aprobó gracias a los 206 votos a favor de los Grupos Parlamentarios del PSOE, ERC, Partit Demòcrata, C's y Unidos Podemos.
Tuvo los 136 votos en contra del PP y 2 abstenciones.
Los planes de trabajo presentados por la mayoría de los Grupos que formaban parte de la Comisión incorporaban un vasto listado de comparecencias y de solicitud de informes que deberían permitir llevar a cabo la investigación para sacar
conclusiones. A medida que avanzaron los días se pudo detectar un cambio de estrategia de algunos de los grupos que ha dificultado el trabajo de la comisión. La comisión constata el bloqueo ejercido por los Grupos Parlamentarios Popular en el
Congreso, Ciudadanos y Socialista sobre gran parte de las propuestas de comparecencias, provocando que la comisión no avanzara con normalidad durante un periodo de tiempo y condicionando todas las dinámicas y la propia actividad de la comisión de
investigación. Asimismo, la comisión se ha visto obligada a empezar a redactar las conclusiones sobre el trabajo realizado sin que el Gobierno haya entregado toda la información solicitada por la comisión.
Operación Catalunya.
Uno de los temas que han centrado los trabajos de esta Comisión de Investigación es conocer si el proceso para poder decidir el futuro político que vive Catalunya desde hace unos años ha provocado la organización de una línea estratégica de
trabajo en el Ministerio, poco o nada democrática, que utilizaba recursos humanos y económicos propios del Ministerio del Interior y previstos para otras funciones, para articular investigaciones y noticias falsas para ser difundidas en los grandes
medios de comunicación con el fin de desprestigiar a políticos e instituciones de Catalunya que apoyan el proceso para poder decidir el futuro político de Catalunya y la demanda de un referéndum. En este supuesto trabajaban con otras instituciones
como la Oficina Antifrau de Catalunya, empresas y medios de comunicación afines dispuestos a participar y dar difusión a dicha causa. Nos referimos a lo que se conoce periodísticamente como Operación Catalunya.
El inicio de dichos trabajos se podría ubicar en una conversación que tuvo lugar el año 2010, en el restaurante de La Camarga (Barcelona), entre la entonces Presidenta del Partido Popular Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez. La
grabación contenía información que comprometía a la familia del expresident Jordi Pujol.
El 13 de diciembre del año 2011, empieza la X Legislatura del Congreso de los Diputados donde el Partido Popular obtiene una mayoría absoluta con la que se inviste a Mariano Rajoy Presidente del Gobierno. El 22 de diciembre del mismo año el
Presidente Rajoy nombra al Diputado Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior.
El 11 de septiembre del año 2012, se celebró en Barcelona la primera gran manifestación independentista, después de la celebrada en 2010, contra la Sentencia de l'Estatut. Este mismo año se celebran unas elecciones avanzadas al Parlament de
Catalunya. El president de la Generalitat Artur Mas las había convocado decidido iniciar un proceso para ejercer el derecho a decidir de los catalanes. Era la respuesta del Govern catalán a la negativa del Presidente del Gobierno a abordar una
negociación sobre el 'pacto fiscal' y a la gran demanda ciudadana de avanzar hacia la independencia, mostrada en la manifestación del 11 de septiembre.
A pocos días de las elecciones, el Jefe de la unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, que por sus responsabilidades no tenían ninguna vinculación con el proceso de investigación del Cas Palau, visitó al fiscal que lleva el caso en
Barcelona. En esta reunión se pide un registro en la Sede de Convergència Democrática de Catalunya en plena campaña electoral. El fiscal no ve indicios suficientes para provocar el registro en la sede de Convergència por lo que esa reunión, que
había roto todos los protocolos y estándares previstos, se celebró, pero no cumplió con su objetivo.
Días después, el 16 de noviembre, a 9 días de las elecciones, el periódico 'El Mundo' publicó una portada, posteriormente replicada en todos los medios de comunicación, donde se acusaba al expresident Pujol y al President Mas de tener
cuentas en Suiza donde habían ingresado comisiones cobradas ilegalmente con obra pública. A esta portada le siguieron dos portadas más del Mundo los días 20 y 21 de noviembre (a 5 y 4 días respectivamente de las elecciones), donde se ponía de
manifiesto que Hacienda daba credibilidad a aquellas informaciones, la primera, y que Interior les investigaba por corrupción, la segunda. El periódico citaba un informe de la UDEF sin firmar y con múltiples errores de forma que después se
reconoció 'falso' sin que nadie -incluyendo a la UDEF y el Ministerio del Interior- pudiere hallar su autoría. El 25 de noviembre se celebraron las elecciones al Parlament de Catalunya, aquella misma noche el director del diario El Mundo, Pedro J.
Ramírez, publicó un tuit donde expresaba su satisfacción por el resultado electoral y añadía 'quién nos iba a decir que en la redacción de El Mundo tendríamos la sensación de haber ganado unas elecciones autonómicas en Cataluña!'.
El jefe de la UDEF reconoció más tarde -ya pasadas las elecciones- que no había visto nunca el documento publicado por el Mundo y afirmó rotundamente que no le daba validez alguna por sus defectos de forma y su dudoso origen. Es evidente
que la campaña de difamaciones mediante noticias falsas tenía el objetivo de incidir en los resultados electorales, un hecho de enorme gravedad en democracia.
La tensión entre la Generalitat y el Gobierno siguieron a la largo de la legislatura. El President Mas convocó una consulta popular para consultar el futuro político de Catalunya a los catalanes el 9 de noviembre de 2014.
Unos días antes, el 2 y el 16 de octubre se reúnen en el despacho del Ministro del Interior el Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya el Señor Daniel de Alfonso con el propio Ministro Fernández Díaz a petición del inspector José Ángel
Fuentes Gago, quien trabajaba en la Dirección Adjunta Operativa de la policía bajo el mando de Eugenio Pino en un cargo del que no se ha podido determinar funciones específicas. El registro de entrada del Ministerio ha sido borrado contra los
protocolos habituales por lo que los miembros de la comisión no han podido tener acceso al registro para conocer las fechas exactas de las reuniones. Aún así, en sede parlamentaria el Señor Fuentes Gago afirmó haber llevado al Señor De Alfonso 'a
las escaleras del ministerio'. El contenido de dichas reuniones fue grabado y entregado a un medio de comunicación. Según han manifestado en la comisión los dos participantes de la reuniones ninguno de los dos sabía que se les estaba grabando,
quien les grababa y luego quien custodió y filtró dichas grabaciones. Sorprendentemente también admitieron que no habían escuchado las grabaciones aunque conocían y admitían perfectamente diálogos y el contexto de las conversaciones. De las
reuniones entre el señor De Alfonso y el Ministro se desprende no solo un tono coloquial, comprensible en el marco de una conversación privada, sino una estrategia conjunta para acelerar procesos de investigación o incluso valoraciones sobre como
filtrar informes falsos a la prensa. En este sentido el Ministro llega a afirmar que 'Lo nuestro es un pacto de caballeros' y el Ministro afirma también 'el Presidente lo sabe' afirmando que es conocedor de dichas estrategias. En sede
parlamentaria el Ministro reconoció que se refería al Presidente del Gobierno español pero que en ningún caso era verdad ya que eso respondía a una estrategia ideada por él mismo para ganarse la confianza del Señor De Alfonso.
En referencia a políticos independentistas en dichas conversaciones se considera, por ejemplo, la posibilidad de hacer aflorar un informe que perjudica a Francesc Homs y a Felip Puig en sus etapas como consellers de la Generalitat que se
descarta por falta de solidez.
Consideramos que es importante para poder entender el nivel y el objetivo de las reuniones que conocemos (no se descarta la posibilidad de que haya habido más reuniones de las que no se haya filtrado el contenido) adjuntar algunas
transcripciones de algunos de los fragmentos publicados en el diario Público. Entre estas:
Sobre cómo perjudicar políticos independentistas:
Fragmento 1. Xavier Trias.
FD: Claro, esto de Xavier Trías, esto está... pero está circulando ya.
DA: Yo te aseguro que no debe saber nada porque quien me lo dice a mi no es una persona allegada a él.
FD: A mí también me han llamado, alguno para preguntarme si tal, y yo me he hecho el loco. Esto está... esto está ya...
DA: A mí me lo dice un miembro del Cuerpo Nacional de Policía. No me lo dice como 'yo lo sé', me dice '¿sabes esto?'; y le digo, 'ni idea'.
FD: Y si eso saliera, ¿tú qué opinas de eso?
DA: Yo, ministro, soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe va a acabar con el animal. En fin.., darle los rejonazos y clavarle las picas, no le mato. Yo un golpe así es un golpe mortal. Yo, me aseguraría de que estuviera bien
asestado, para que si es mortal sea mortal, no sea... porque, claro, ya luego no le voy a poder sacar nada... más gordo. ¿Qué tengo? Tener 12 millones sin declarar en el extranjero, o 13, más gordo que eso... solo es descubrir un homicidio...
Fragmento 2. La fiscalía te lo afina.
JFD: Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión.
DA: Si la Fiscalía me dice: 'oye, lo he leído', yo entonces cierro los informes y...
JFD: ¿Y en cuánto tiempo puedes cerrar esto?
DA: En tres semanas.
JFD: Lo digo porque una vez lo tenga la Fiscalía ya puede salir.
DA: Claro, si va a la Fiscalía puede salir todo lo que sea... Yo... Como ha salido un año y medio después lo de Jordi Pujol junior. Nosotros llamamos a la Fiscalía en abril de 2013.
Fragmento 3.
DA: Porque esto lo ha hecho el Sepblac dentro de una investigación que está llevando a cabo. Que tiene toda la lógica del mundo. Que el Sepblac por esas fechas averigüe por movimientos bancarios que haya obtenido del equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Barcelona. Te estoy dando una vía jurídica. Primero, a ti te deja algo; segundo, no te anula lo que tienes, y tercero, te evita una nulidad en el futuro, jurídicamente.
FD: Vale.
Fragmento 4. Destrozar el sistema sanitario, jorobar el CTT...
DA: Puede ser. Podría ser un arma que tuviera para sí el presidente decidiera hacer esa llamada para poner a las cosas en su sitio; puede ser un arma también: 'Oye, que sepáis que tenemos cosas que nos estamos callando'. Yo solo te
pido, ministro, que comprendas mi situación en Catalunya. No soy de la Generalitat, la oficina no pertenece a la Generalitat, somos independientes. Les hemos dado en todos los morros con Ramón Bagó, les hemos destrozado el sistema sanitario, les
hemos acusado, estamos jorobándoles el CTT [Centre de Telecomunicacions Tecnologies de la Informació]. En fin, yo soy español, lo tengo claro, pero estoy en una situación que tengo que bailar allí.
FD: Está claro, está claro. Esto...
DA: Esto, y sabiendo que son dos hermanas y las dos son cuñadas...
FD: Es que son dos hermanas, dos cuñadas de Felip Puig, por un lado, y Homs, por el otro. Hombre...
DA: Eso es. Pero yo creo que se hace más pupa, si se quiere meter presión, yo creo que sería más sibilino, yo sería más 'calla y dale'... Metamos la presión, pero en un tú a tú; metamos la presión en un tú a tú.
Fragmento 5.
JFD: Nada, nada, no te preocupes que no quiero agobiarte. Pero claro, es que esto sería prevaricación y esto... se encuentra con un follón este señor, ¿eh?
DA: Es interesante.
JFD: Por eso lo digo, claro. Esto es un torpedo a la línea de flotación.
Sobre filtraciones periodísticas:
Fragmento 1. (filtrar,..., cuando no se note)
FD: Esto, esto... si se publica a ti te perjudica, ¿no?
DA: A mí me mata, porque esto se puede publicar si quieres, ministro.., si quieres que se publique, yo me comprometo a que se publique, pero déjame que antes cierre el expediente, le dé el coscorrón, le
mande la propuesta de informe diciendo que eso se tiene que anular, etc, etc. Y tres, dos meses después, un periodista lo averigua. Pero ahora... es que ahora no lo tengo cerrado ni asignado...
Fragmento 2.
(Hablan sobre la información que comparten de las falsas cuentas en Suiza con 13MC de Xavier Trías)
JFD: A mí me ha llamado algún periodista; Casimiro García Abadillo, que le conozco, y yo procuro con los directores de los medios mantener, aparte del de La Razón [Francisco Marhuenda] que es amigo personal mío, pues con Bieito [Rubido,
director de ABC], con El Mundo... también hablaba con Pedro J, pero ahora con Casimiro García Abadillo, yo he hablado por teléfono con él dos veces... De hecho, me ha llamado ahora y no lo he cogido.
DA: Pues yo ministro, a mí me lo dice alguien del Cuerpo Nacional de Policía, y creo que si esa información la tiene El Mundo, la tiene por el Cuerpo Nacional de Policía.
JFD: Es que no solo es El Mundo, me consta que el ABC también ha llamado al Cuerpo Nacional de Policía [ABC tenía la misma la información sobre la cuenta de Trías y no la publicó porque no la vio fiable].
DA: Bueno, pero yo creo que el ABC te iba a ser leal. 'Oye, vais a tener la exclusiva pero en su momento, así que no me pongas entre la espada y la pared. Bieito, espérate que la vas a tener tú'.
JFD: No... completamente.
En estos fragmentos se pone de manifiesto la naturalidad con la que el Ministro y el señor De Alfonso intercambian información con la prensa y filtran información cuando les conviene con el objetivo de interferir en procesos electorales y
perjudicar la imagen pública de dirigentes independentistas. Sin ir más lejos pocos días después de la conversación, el día 27 de octubre de 2014 (recordemos que las conversaciones en la sede del Ministerio tienen lugar entre el 2 y el 16 de
octubre de 2014) el diario El Mundo publica la supuesta cuenta en Suiza del alcalde de Barcelona Xavier Trias. Periodistas del diario ABC confiesan haber recibido dicha información desde el Ministerio pero que no la pudieron contrastar motivo por
el cual no la publicaron.
Como consecuencia de la publicación por parte de El Mundo del supuesto número de cuenta, Xavier Trias pide un certificado al banco Suizo UBS para verificar que esta cuenta no le corresponde a él. El banco emite dicho certificado añadiendo
además que Xavier Trias no tiene ni ha tenido ningún producto de su banco contratado. Aún así el banco comete un pequeño error que nos ha permitido constatar, a la comisión de investigación, las estrategias que desde el Ministerio se ordenaban. Al
emitir el certificado el banco comete un error tipográfico en el apellido del Alcalde Trias, un error manifestado por el Señor Trias al banco y que es rectificado y corregido el día 31 de octubre de 2014, con la emisión de un nuevo certificado,
ahora ya, con el nombre escrito correctamente.
No obstante, en su comparecencia en la Comisión de investigación el señor Fuentes Gago fue preguntado por el Partit Demòcrata sobre unos viajes a Ginebra que tuvieron lugar entre los días 14 y 15 de diciembre de 2014, justo tres días después
de que Anticorrupción informara del archivo del caso al verificar que Xavier Trias no tenía dinero en Suiza. Este viaje no se realizó en condiciones normales pues el señor Fuentes Gago se desplazó en un avión adscrito al Servicio de Medios Aéreos
de la Dirección General de Policía lo que no era habitual en condiciones normales. Al ser preguntado sobre el motivo del viaje el señor Fuentes Gago afirmó haber ido a Ginebra a comprobar si el error tipográfico del certificado era realmente un
error. Esta versión sobre el motivo del viaje tiene poca solidez pues el 31 de octubre UBS ya había emitido el certificado con el error corregido y el desplazamiento a Ginebra tiene lugar entre el 14 y el 15 de diciembre, un mes y medio más tarde.
Con este calendario es posible establecer la idea de que el motivo del desplazamiento no es comprobar el error tipográfico sino más bien corregir el error que desde su punto de vista cometió Anticorrupción archivando dicho caso y buscando la manera
de abrirlo de nuevo para seguir perjudicando a Xavier Trias.
En referencia a los trabajos realizados por el señor Fuentes Gago hay algunas sombras e incógnitas sobre las funciones que realizaba y su puesto de trabajo. Según se informó en la Comisión de investigación las tareas eran similares a las de
un jefe de gabinete. El organigrama de la Dirección Adjunta Operativa no prevé la figura del jefe de gabinete del director con lo que el señor Fuentes Gago se ha ido desplazando por distintos puestos. El caso más escandaloso es su nombramiento
como jefe del Servicio Operativo de la Casa Real sin haber participado de una sola reunión en el Palacio de la
Zarzuela y sin que desde el mismo palacio se tenga conocimiento del nombramiento. La posibilidad de ubicar el Señor Gago fuera del organigrama de la Dirección Adjunta Operativa le permitía gozar de discreción y opacidad para poder ejercer
los trabajos que le eran encargados desde la Dirección que dirigía el comisario Eugenio Pino.
Otra de las tareas que la Dirección Adjunta Operativa encargó al señor Gago, que conecta la trama de comisarios que trabajaban desde una policía política cumpliendo órdenes del Ministro, es la redacción del informe sobre la compatibilidad
del imperio empresarial del excomisario Villarejo con sus funciones de servidor público. La redacción de dicho informe, que ha sido reconocido por el señor Gago en el marco de la comisión de investigación, tiene lugar mientras él ostenta las
funciones de jefe del servicio operativo de la Casa Real y según fuentes judiciales publicadas podría constituir un delito de encubrimiento ya que el Señor Villarejo tiene más de 12 sociedades valoradas en más de 17M.
La relación entre el señor Gago y el comisario Villarejo era fluida y profesional según afirmó el señor Gago cosa que refuerza la teoría de que este era el puente entre el Señor Pino y el resto de comisarios para transferir información,
organizar reuniones... Villarejo lideraba una supuesta, y reconocida Unidad de Inteligencia Policial, en el marco de la Comisión de investigación, que no forma parte tampoco del organigrama de la DAO por lo que no son conocidas concretamente sus
funciones y le permitía gozar de libertad. Uno de los hechos que se atribuye a dicha Unidad es el supuesto pago con fondos reservados a través de Antonio Giménez Raso (socio de negocios del Comisario Villarejo), bajo el nombre de Andrés García a
testigos del caso Pujol.
El comisario Villarejo también ha sido acusado de utilizar identidades falsas para sacar información a presuntos testigos que podrían aportar información, en muchos casos sin verificar, sobre presuntos casos de corrupción en Catalunya por
parte de partidos independentistas. En este sentido ha mantenido conversaciones con Victoria Álvarez sobre la familia Pujol con una falsa identidad de periodista de El Mundo que respondía al nombre de Javier Hidalgo. Victoria Álvarez confirma que
la identidad de dicho periodista fue confirmada por periodistas del periódico como Eduardo Inda. De ser verdad esto implicaría a Inda directamente en las estrategias del Comisario Villarejo. En este mismo sentido Villarejo se hizo pasar por un
abogado de nombre Manuel Villar para contactar con el empresario Javier de La Rosa y le propuso un trato. Villar le solucionaría los problemas legales y mediáticos que tenía De la Rosa a cambio de información sobre la familia Pujol.
Conclusiones fruto del estudio de la información y las comparecencias de la Comisión de investigación:
1. La Comisión de investigación considera probado que durante el mandato del Ministro Fernández Díaz, el Ministerio del Interior destinó recursos económicos y humanos a actuar, como policía política para generar espacios mediáticos
contrarios a los rivales políticos del Partido Popular, incluso mediante la difamación intencionada y la difusión de noticias falsas, para poder conseguir sus objetivos. De esta policía política participaban distintos inspectores y comisarios con
responsabilidades en la Dirección Adjunta Operativa. Sin lugar a dudas comisarios como J. Villarejo y Martín Blas eran coordinados por Eugenio Pino y dirigidos por el Ministro Fernández Díaz. En otro nivel de responsabilidades participaron de
dicha estructura personas cómo el señor Fuentes Gago, que desde distintas posiciones recibía órdenes del comisario Pino o el Señor De Alfonso, Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya posteriormente cesado por el Parlament, cuya participación ha
quedado perfectamente probada a través de las grabaciones filtradas, en las que, entre otras cuestiones, manifestó estar al servicio del Ministro del Interior, a pesar de depender su nombramiento del Parlament de Catalunya. Por la conversaciones
entre el Ministro y el señor De Alfonso esta comisión de investigación ha sabido que el mismo Presidente del Gobierno era conocedor, como mínimo, de una parte de dichas actuaciones con lo que la comisión de investigación señala como responsable
político de las acciones de policía política al Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y con el conocimiento del Presidente del Gobierno.
2. La Comisión de investigación considera probado que uno de los objetivos políticos principales perseguidos por la el Ministerio del Interior bajo el mando de Fernández Díaz fue la generación de noticias e informaciones contrarias a los
dirigentes políticos que dan su apoyo al proceso independentista catalán y que para ello se procedió a generar informaciones falsas y difamaciones, como es el caso de los informes falsos de la UDEF sobre el President Mas o sobre las falsas cuentas
en Suiza del alcalde Trias, con el agravante de haberse generado dichas informaciones en las fechas previas a las elecciones del 25 de noviembre de 2012, al Parlament de Catalunya y, de nuevo, en el caso del Alcalde Trias, con anterioridad a las
elecciones municipales de 2015. En este sentido la comisión de investigación
manifiesta que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 137.7 de la LOREG podría haberse cometido un delito electoral por el hecho que funcionarios públicos hayan causado, en el ejercicio de sus competencias, un manifiesto perjuicio a
un candidato, por lo que propone que estas conclusiones sean remitidas a la fiscalía.
3. La Comisión de investigación, después de examinada la documentación remitida y oídas las intervenciones de los comparecientes, considera que el Ministerio del Interior bajo el mando del Ministro Fernández Díaz, ha mantenido una dinámica
operativa no democrática, con un funcionamiento en ocasiones parecida a la utilizada durante el franquismo, que esta comisión está obligada a rechazar y denunciar.
4. La Comisión de investigación manifiesta que una de las acciones repetidas por distintos comparecientes y que no es propia de una democracia avanzada es la equiparación de documentos e informes internos de la policía a documentos de
conclusiones oficiales, cuando no van acompañados de las investigaciones oportunas. Es el caso de los informes falsos de la UDEF o de los gastos económicos y humanos destinados a intentar imputar una cuenta en Suiza al alcalde Trias, por lo que
esta comisión afirma que el objetivo de estos gastos públicos no era en ningún caso revelar y perseguir posibles casos de corrupción sino más bien desinformar, a partir de casos que pudieren dar pie a confusiones, para difamar y generar un clima
mediático destinado a combatir al rival político del Gobierno con recursos públicos. En algunos casos podía tratarse del proceso independentista que vive Catalunya, en otros afectaba a otras fuerzas políticas estatales y sus dirigentes.
5. La Comisión de investigación identifica de manera clara una conexión entre las fuentes que redactaron informes falsos y grupos de comunicación dispuestos a publicarlos con la misma voluntad que los redactores, la de perjudicar a sectores
políticos concretos, siendo, en opinión de la comisión de investigación, cómplices necesarios para el desarrollo de dicha operación.
6. La Comisión de investigación constata que se han utilizado recursos públicos no solo para poder comprar información a posibles testigos sino también para presionar a todos aquellas personas que se podían considerar claves en un proceso
de investigación. Esta realidad justificaría, para esta comisión, el viaje del Sr. Fuentes Gago a Ginebra entre otras actuaciones de rango similar.
7. La Comisión de investigación constata también que la operativa del Ministerio del Interior bajo el mandato del ministro Fernández Díaz muestra que hay un grave problema en lo que se refiere a la separación de poderes, entre Gobierno y
fiscalía o respeto de competencias entre administraciones. Las manifestaciones desenfadadas pero precisas sobre la capacidad de miembros del partido del Gobierno de incidir sobre la fiscalía resulta denunciable en una democracia desarrollada. No
es admisible que la Presidenta del PP en Cataluña Alícia Sánchez-Camacho se precie de tener 'fiscales de confianza' en la conversación de la Camarga; igual o más inadmisible resulta que el Ministro Fernández Díaz afirme que es posible que la
fiscalía 'afine' documentos para hacerlos más creíbles ante la opinión pública e iniciar investigaciones.
8. Respecto al Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, la comisión de investigación constata que ha mantenido una relación de 'casi dependencia' con el Ministerio del Interior. Sus funciones propias no han sido respetadas al haber un
'pacto entre caballeros' cómo se reconoce en las grabaciones o al ofrecerse el Sr. De Alfonso cómo 'el cabo del cuerpo de nacional del Ministro'.
9. La Comisión de investigación constata que el Sr. José Ángel Fuentes Gago no aclara ante la Comisión durante su comparecencia el papel que tuvo como mano derecha del Sr. Eugenio Pino, así como sus funciones durante nueve meses como jefe
del Servicio Operativo de la Casa Real sin que Zarzuela lo supiera, haciendo durante este periodo numerosos viajes, entre ellos hasta 19 a Cataluña.
10. Finalmente la comisión de investigación constata la escasa voluntad del Partido Popular de poner luz sobre lo que consideramos uno de los escándalos más grandes de la democracia española, identificando claramente al Ministro Fernández
Díaz en el centro de la trama de utilización partidista de recursos públicos, pero alcanzando también al mismo Presidente del Gobierno como persona conocedora de las actuaciones ilegales gestionadas en el Ministerio del Interior y, particularmente
de las que han venido operando bajo la llamada 'Operación Catalunya', tal como han puesto de manifiesto las conversaciones entre el Ministro y el Sr. De Alfonso.
154/000002
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 28 de
septiembre de 2017, con modificaciones respecto del Acuerdo de la Comisión de Igualdad, relativo al Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, creada en el seno de dicha Comisión, publicado en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 200, del 8 de agosto de 2017.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
APROBACIÓN POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, CON MODIFICACIONES, DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD, RELATIVO AL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA UN PACTO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
1. ANTECEDENTES
1. Proposición no de Ley aprobada por el Pleno (núm. expte. 162/000004 y 162/000135)
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 15 de noviembre de 2016, con motivo del debate acumulado de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar y actualizar la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (núm. expte. 162/000135), y de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover un Pacto Social, Político e Institucional
que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso
firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género (núm. expte. 162/000004), acordó un texto transaccional con el siguiente contenido:
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siga
impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado. Un pacto que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la
violencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género.
2) Dotar suficientemente las partidas presupuestarias, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, dependientes tanto de las Comunidades
Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
3) Reforzar el funcionamiento de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer dependientes de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de las Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, con el fin
de procurar un seguimiento personalizado de las víctimas de violencia de género en el territorio, impulsando la coordinación a través de mesas interdisciplinares con órganos autonómicos y locales para el seguimiento de la seguridad, protección y
atención a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas.
4) La puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento
más seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso.
5) Estudiar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la viabilidad de establecer pautas y protocolos de intervención para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia
de género, así como para la atención y, en su caso, incentivación a víctimas de violencia de género que no hubieran presentado nunca denuncia pero cuentan con un certificado de servicios sociales u otro documento similar. En este último
caso, y ante la detección de riesgo real por parte de los servicios públicos, sociales o sanitarios, poner en marcha protocolos de atención social integral, especialmente proporcionando una garantía habitacional.
6) Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, involucrando específicamente a las instituciones educativas y los medios de comunicación: impulsando la formación especializada en
perspectiva de género para los y las profesionales de los medios de comunicación.
7) En el marco del futuro Pacto por la Educación, avanzar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en la incorporación de la formación específica en igualdad y de prevención de la violencia de género.
8) Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género. Dicho Plan deberá potenciar decididamente el uso de las redes sociales y nuevas tecnologías para llegar a esas víctimas
potenciales. Los menores son víctimas directas de la violencia de género y, como tales deben ser atendidos en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y con todos los derechos que asisten a las víctimas.
9) Continuar avanzando y garantizar la formación especializada y acreditada que permita valorar el aprovechamiento de conocimiento de los magistrados al frente de órganos jurisdiccionales especializados, así como de los abogados,
procuradores, fiscales, letrados y empleados públicos de la administración de justicia, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer, de conformidad con la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de
julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Esta formación debe impartirse desde la perspectiva de género y de derechos humanos. De conformidad con dicha disposición legal, los Institutos de Medicina
Legal y Ciencias Forenses contarán en todos caso con Unidades de Valoración Forense Integral y que de ellas podrán formar parte los psicólogos y trabajadores sociales para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las víctimas
de violencia de género y el diseño de protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género.
10) Incrementar la formación específica en violencia machista de todo el personal especializado que intervenga en la atención integral a las mujeres y sus hijos e hijas. Especialmente en las fuerzas y cuerpos de seguridad y al ámbito
judicial y de atención psicológica en juzgados; para ampliar la formación del turno de oficio especializado en violencia de género.
11) Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la Ley de 2004 así como del resto del ordenamiento jurídico para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra las mujeres,
como el 'sexting' o los nuevos tipos de acosos, hostigamiento, acecho o 'stalking' tal como exige la Recomendación General n.º 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la
Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado e implementar las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas elaboradas por el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la
discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. En aplicación de este Convenio, ampliar las disposiciones sobre la trata de personas que tiene especial incidencia en mujeres y niñas, sobre la mutilación genital femenina y sobre
los llamados crímenes de honor.
En concreto, incluir en la LOMPIVG, al menos, las siguientes modificaciones:
- Un nuevo título que visibilice otras formas de violencia sobre la mujer por razón de género, más allá de los malos tratos en el seno de la pareja o expareja, recogiendo preceptos relativos a la sensibilización, formación de agentes,
educación, protocolos y planes de colaboración y recogida y difusión de datos, entre otros.
- Un nuevo título que se refiera a la exigencia y términos de recogida de datos y promoción de su difusión, realización de estudios, impulso de investigaciones y realización de encuestas basadas en la población con el fin de estudiar las
causas y efectos, evaluar la incidencia y percepción social y conocer las medidas para la erradicación de la violencia sobre la mujer así como la eficacia de las mismas.
- Un precepto específico, dentro del título I de la Ley Orgánica 1/2004, relativo a las medidas de sensibilización, prevención y detección que visibilice la colaboración de la sociedad civil en las acciones
de concienciación pública, orientadas a la prevención y detección temprana, así como a la creación de una conciencia social de rechazo a la violencia de género.
12) Incrementar las actuaciones de sensibilización para intensificar el compromiso conjunto por una sociedad libre de violencia contra las mujeres, apoyando a las víctimas y rechazando a quienes provocan el maltrato.
13) Luchar activamente contra el tráfico y la trata de personas así como contra la prostitución, entendidas ambas como explotación, esclavitud, violación de derechos humanos y cosificación de la mujer, identificando en cada caso a los
responsables de espacios de impunidad como el empleo de incentivos y propaganda (por ejemplo, la publicidad del negocio de la prostitución en los medios de comunicación escrita).
14) Adoptar el compromiso político de no conceder ningún indulto en cualquier delito vinculado a la violencia de género.
15) Impulsar la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suprimir la dispensa de la obligación de declarar contra su cónyuge o pareja de las víctimas de violencia de género, así como suprimir el atenuante de la
confesión para este tipo de delitos y la preceptividad de la asistencia letrada antes de la interposición de la denuncia.
16) Establecer la necesidad de comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las denuncias presentadas por comparecencia en el Juzgado, de modo que consten en el sistema de seguimiento en los casos de violencia de género (VioGén)
y se pueda valorar el riesgo de la víctima.
2. El Congreso de los Diputados acuerda crear una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad con el fin de articular dicho Pacto.
La Subcomisión, que se creará por el procedimiento reglamentario oportuno antes del 31 de diciembre, elaborará, en el plazo máximo de cuatro meses desde su constitución, un informe en el que se identificarán y analizarán los problemas que
impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y contendrá un conjunto de propuestas de actuación entre las que se incluirán específicamente las principales reformas que deberán acometerse para dar cumplimiento
efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales, ONU y Convenio de Estambul.
El Informe, una vez aprobado, se remitirá al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses, lo someta a acuerdo con los representantes de Comunidades Autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, administración de justicia y
asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles.
Las medidas contenidas en el informe que supongan la modificación de textos legales vigentes serán remitidas a las Cortes Generales en un plazo no superior a seis meses para su tramitación.
El Pacto incluirá la creación de una Comisión de Seguimiento del mismo que se reunirá siempre que lo requieran las circunstancias y, en todo caso, una vez al año con el fin de evaluar los acuerdos alcanzados, cuyo desarrollo y aplicación
será revisado, en todo caso, cada cinco años.'
Como consecuencia de la aprobación de la referida Proposición no de Ley acordada por unanimidad y en cumplimiento del punto 2 de la misma, la Comisión de Igualdad procedió a acordar la creación en su seno de una Subcomisión para un Pacto de
Estado en materia de Violencia de Género.
2. SOLICITUD DE CREACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD
La Comisión de Igualdad, en su sesión del día 30 de noviembre de 2016 , tras debatir la solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Igualdad, para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, presentada
por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto (núm. expte. 158/000026), ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno la propuesta presentada por dichos Grupos Parlamentarios, con las siguientes características:
A) Objeto de la Subcomisión.
La Comisión tendrá por objeto elaborar un informe en el que se identificarán y analizarán los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y que contendrá un conjunto de propuestas de
actuación entre las que se incluirán específicamente las principales reformas
que deberán acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales, ONU y Convenio de Estambul.
Para la realización del mencionado estudio, la Subcomisión recabará:
- La información y documentación que precise de las Administraciones Públicas competentes.
- La comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas ante la misma, así como de las autoridades y funcionarios públicos y la de todos los agentes del sector, asociaciones y organizaciones competentes en la materia, que permitan a
la Subcomisión evaluar globalmente las posibles medidas a plantear en el informe final.
B) Composición.
La Subcomisión estará integrada por tres representantes del Grupo Parlamentario Popular, dos del Grupo Parlamentario Socialista, dos del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y un representante de cada uno
de los restantes grupos parlamentarios.
Los grupos parlamentarios podrán designar además otros tantos miembros suplentes.
C) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
En aplicación del acuerdo adoptado por el Pleno de la Cámara, la Subcomisión deberá aprobar el informe a que se refiere esta propuesta en un plazo máximo de cuatro meses desde su constitución, para su posterior remisión al Gobierno.
Creación por el Pleno.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 21 de diciembre de 2016, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996,
la creación, en el seno de la Comisión de Igualdad, de una Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en los términos de la calificación de la Mesa de la Cámara, publicada en el BOCG Congreso de los Diputados, serie D,
número 70, de 16 de diciembre de 2016.
Composición de la Subcomisión.
Vocales:
AGIRRETXEA URRESTI, Joseba Andoni (GV-EAJ-PNV)
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Ángeles (GS)
CORTÉS BURETA, Pilar (GP)
DUEÑAS MARTÍNEZ, María del Carmen (GP)
FERNÁNDEZ CASTAÑÓN, Sofía (GCUP-EC-EM)
GUINART MORENO, Lidia (GS)
JORDÀ I ROURA, Teresa (GER)
MAROTO ARANZÁBAL, Javier (GP)
REYES RIVERA, Patricia (GCs)
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Ángela (GCUP-EC-EM)
SORLÍ FRESQUET, Marta (GMx)
Suplentes:
BASTIDAS BONO, Elena María (GP)
CIURÓ I BULDÓ, Lourdes (GMx)
CUELLO PÉREZ, Carmen Rocío (GS)
GALOVART CARRERA, María Dolores (GS)
GARAULET RODRÍGUEZ, Miguel Ángel (GCs) - Alta el día 02/02/2017 (Baja el día 22/02/2017)
GARCÍA PUIG, María del Mar (GCUP-EC-EM) - Alta el día 10/02/2017
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Marta (GP)
MARTÍN LLAGUNO, Marta (GCs) - Alta el día 22/02/2017
SALUD ARESTE, María Isabel (GCUP-EC-EM) - Alta el día 10/02/2017
VALMAÑA OCHAÍTA, Silvia (GP)
Plazo de conclusión de los trabajos y sesiones celebradas.
Los trabajos de la Subcomisión fueron objeto de sucesivas prórrogas aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados en sus sesiones del día 31 de mayo, 14 de junio y 29 de junio de 2017. Finalmente, el informe de la Subcomisión fue
aprobado el día 24 de julio de 2017, abriéndose a continuación un plazo de presentación de votos particulares hasta el día 27 de julio de 2017.
La Subcomisión ha celebrado un total de 43 sesiones, realizadas en el orden y con el objeto siguientes:
1 de febrero de 2017
- Sesión de constitución y ordenación de trabajos de la Subcomisión.
Constitución de la Subcomisión.
Se acuerda que las solicitudes de comparecencia se tramiten durante diez semanas y se formulen por los Grupos Parlamentarios de acuerdo con el siguiente cupo, establecido en base a los criterios de proporcionalidad calculados sobre la
composición de la Comisión:
- Grupo Parlamentario Popular: 23
- Grupo Parlamentario Socialista: 14
- Grupo Parlamentario Conf. Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea: 11
- Grupo Parlamentario Ciudadanos: 5
- Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana: 2
- Grupo Parlamentario Vasco: 2
- Grupo Parlamentario Mixto: 3
Se acuerda igualmente la celebración de tres solicitudes de comparecencia por sesión y dos sesiones semanales, sin perjuicio de que este ritmo pudiera alterarse concentrando un mayor número de comparecencias en las semanas en las que no se
celebre sesión plenaria.
Se acuerda abrir un plazo de presentación de solicitudes de comparecencia por los Grupos Parlamentarios hasta el próximo martes día 7 de febrero a las 12:00 horas, así como celebrar el miércoles día 8 de febrero a las 12:00 la próxima
reunión de la Subcomisión con el fin de aprobar las comparecencias que se tramitarán.
8 de febrero de 2017
- Ordenación de los trabajos de la Subcomisión
Se acuerda clasificar las comparecencias a celebrar de acuerdo con los siguientes bloques temáticos:
1. Violencia de género en sentido amplio.
2. Violencia sexual.
3. Mujeres inmigrantes (incluyendo mutilación genital y matrimonios forzados).
4. Discapacidad en relación con la violencia de género.
5. Violencia de género en la adolescencia.
6. Violencia contra hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género.
7. Trata y asilo.
8. Prostitución.
9. Redes sociales y nuevas formas de violencia de género.
10. Medios y publicidad (se plantea la posibilidad de conectar esta materia con los contenidos de temas musicales y los que circulan en la red).
11. Violencia contra las mujeres LGBT.
15 de febrero de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D.ª Ángeles Carmona Vergara, Presidenta del Observatorio contra la Violencia doméstica y de género. Vocal del CGPJ (núm. expte. 212/000213).
- D.ª Flor de Torres Porras, Fiscal Delegada de Andalucía de Violencia a la Mujer y contra la discriminación Sexual y de Género. Fiscal Decana de Málaga (núm. expte. 212/000214).
- D.ª Blanca Hernández Oliver. Experta en materia de violencia de género, ex Delegada del Gobierno para la Violencia de Género (núm. expte. 219/000219).
22 de febrero de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D.ª Pilar Martín Nájera, Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer (núm. expte. 212/000227).
- D.ª Inmaculada Montalbán Huertas, Magistrada (núm. expte. 212/000228).
- D.ª Bárbara Tardón Recio, Miembro de CEDAW Sombra España (núm. expte. 219/000234).
23 de febrero de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D.ª Ana María Pérez del Campo Noriega. Presidenta de la Asociación de Separadas y Divorciadas (núm. expte. 219/000235).
- D.ª Filomena Peláez Solís. Presidenta de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española (núm. expte. 219/000236).
- D.ª Carmen Vives Cases. Presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología. (Autor: Comisión) (núm. expte. 219/000237).
1 de marzo de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D.ª Paloma Marín López. Magistrada. Ex Secretaria Técnica del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ (núm. expte. 212/000256).
- D.ª María Pilar Gonzálvez Vicente. Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia (núm. expte. 212/000257).
- D. Joaquín Pérez de la Peña. Jefe de la Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la mujer de la Delegación del Gobierno en Andalucía (núm. expte. 212/000258).
- D.ª Graciela Atencio Rodríguez. Directora de feminicidio.net (núm. expte. 219/000268).
- D.ª Teresa San Segundo Manuel. Profesora de Derecho Civil en la UNED. Directora del Centro de Estudios Género. Directora del Máster Malos Tratos (núm. expte. 219/000269).
7 de marzo de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D. Joaquín Delgado Martín, Director General de Relaciones con la Administración de Justicia (núm. expte. 212/000268).
- D.ª Marisa Soleto Ávila, Presidenta de la Fundación Mujeres (núm. expte. 219/000286).
9 de marzo de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D. Marcial Marín Hellín. Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (núm. expte. 212/000267).
- D.ª Carla Millán Peñaranda. Responsable de Derechos e Igualdad de Oportunidades del Consejo de la Juventud de España (núm. expte. 219/000283).
14 de marzo de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D.ª Ana de Miguel Álvarez. Filósofa y Profesora de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) (núm. expte. 219/000311).
- D.ª Mercedes Caso Señal. Magistrada Decana de los Juzgados de Barcelona (núm. expte. 219/000313).
15 de marzo de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D. Joaquín Sanchez-Covisa Villa. Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería (núm. expte. 212/000274).
- D.ª Yolanda Besteiro de la Fuente. Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas (núm. expte. 219/000315).
- D.ª Blanca Estrella Ruiz Ungo. Presidenta de la Asociación Clara Campoamor (núm. expte. 219/000284).
22 de marzo de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D.ª Mayra Moro-Coco. Experta en Derechos Humanos de las Mujeres (núm. expte. 219/000285).
- D. Rafael Espino Pérez. Médico de familia experto en violencia de género (núm. expte. 219/000345).
23 de marzo de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D.ª Marian Mur Nuño. Secretaria Nacional de Igualdad y Responsabilidad Social de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (núm. expte. 219/000346).
- D.ª Begoña San José Serrán. Miembro de la Plataforma 7-N contra las violencias machistas (núm. expte. 219/000347).
- D.ª Izaskun Landaida Larizgoitia. Directora de EMAKUNDE, Instituto Vasco de la Mujer (núm. expte. 212/000290).
28 de marzo de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D.ª Begoña Marugán Pintos, Adjunta a la Secretaría de la Mujer de la Federación de Servicios de CCOO. Doctora en Sociología y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología (núm. expte. 219/000312).
- D.ª Ana Peláez Narváez, Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres (núm. expte. 219/000367).
- D.ª Margarita García Marqués, Fundadora de la Asociación para la Sanación y Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia (ASPASI) (núm. expte. 219/000368).
29 de marzo de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D.ª Gloria Vázquez Portas, Presidenta de la Asociación Ve-la Luz (núm. expte. 219/000369).
- D.ª Katarzyna Kotficki (núm. expte. 219/000370).
4 de abril de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D. José Luis Olivera Serrano, Director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) (núm. expte. 212/000309).
- D. Jorge Flores Fernández, Fundador y Director de Pantallas Amigas (núm. expte. 219/000400).
- D.ª Beatriz Beseler Soto, Vocal de Prostitución, Derechos Humanos y Género de Médicos del Mundo, Comunidad de Valencia (núm. expte. 219/000401).
5 de abril de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D. José M.ª Fernández Calleja, Profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, Licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid, Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (núm.
expte. 219/000390).
- D.ª Raquel Coello Cremade, miembro de la Plataforma ImpactoDeGéneroYa (núm. expte. 219/000391).
- D.ª M.ª Ángeles Zurilla Cariñana, Catedrática de Derecho Civil, Vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla la Mancha (núm. expte. 219/000392).
19 de abril de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D.ª Susana Martínez Novo, Presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (núm. expte. 219/000493).
- D.ª Cristina Antoñanzas Peñalva, Vicesecretaria de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT (núm. expte. 219/000494).
- D.ª Yolanda Domínguez Rodríguez, experta en comunicación y género (núm. expte. 219/000497).
- D.ª Beatriz Bonete Fernández, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género (núm. expte. 219/000496).
- D.ª Rosario Carracedo Bullido, Portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (núm. expte. 219/000495).
- D. Jesús Aguilar Santamaría, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (núm. expte. 219/000498).
25 de abril de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D.ª Justa Montero Corominas, miembro de la Asamblea Feminista de Madrid (núm. expte. 219/000516).
- D.ª Elisabeth González Laurés, Subinspectora del Cuerpo Nacional de Policía, miembro del Sindicato Unificado de Policía (S.U.P.) (núm. expte. 219/000517).
- D.ª Teresa López López, Presidenta Estatal de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) (núm. expte. 219/000518).
- D.ª Estela Sánchez Benítez, Vicepresidenta Segunda del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM) (núm. expte. 219/000519).
- D. Abel González García, Presidente de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE) (núm. expte. 219/000520).
- D. Fernando Chacón Fuertes, Vicepresidente Primero del Consejo General de colegios Oficiales de Psicólogos (núm. expte. 219/000521).
26 de abril de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D. Miguel Lorente Acosta, Profesor Titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada. Médico Forense, especialista en Medicina Legal y Forense (núm. expte. 219/000513).
- D.ª Adriana Kaplan Marcusán, Profesora agregada en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Directora de la Fundación Wassu-UAB. Defensora del abandono de la Mutilación Genital
Femenina (MGF). (Esta comparecencia se celebrará a través de videoconferencia) (núm. expte. 219/000514).
- D.ª Asunción Ventura Franch, Vicepresidenta de la Fundación ISONOMÍA (núm. expte. 219/000515).
3 de mayo de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D.ª Francisca Verdejo Torralba, Jueza Decana de los Juzgados de Violencia de Género de Barcelona (núm. expte. 212/000764).
- D.ª Amalia Fernández Doyague, Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS (núm. expte. 219/000535).
4 de mayo de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D.ª Almudena Vecina Oliver, Enfermera. Premio a la prevención de la violencia de género en los servicios de urgencias (núm. expte. 219/000536).
- D.ª María Gavilán Rubio, Juez y Profesora universitaria de Derecho Penal (núm. expte. 212/000765).
8 de mayo de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D.ª Marta González Manchón, Coordinadora del Proyecto Esperanza Adoratrices Sicar (núm. expte. 219/000545).
- D.ª Carmen Briz Hernández, Portavoz de Hetaira (núm. expte. 219/000546).
9 de mayo de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D.ª Verónica Barroso Testillano, Responsable de Política Interior y Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional (núm. expte. 219/000547).
- D.ª Emelina Fernández Soriano, Presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (núm. expte. 212/000772).
17 de mayo de 2017
Celebradas las comparecencias de:
- D.ª María de los Ángeles Brunel Aranda, Adjunta a la Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad CCOO (núm. expte. 219/000586).
- D.ª María Naredo Molero, jurista y experta en Derechos Humanos y violencia de género (núm. expte. 219/000587).
- D.ª María del Rocío Sampere Meneses, Vicedecana del Colegio de Procuradores Madrid y Presidenta de la Comisión de Igualdad del Colegio (núm. expte. 219/000588).
29 de mayo de 2017
Ordenación de los trabajos de la Subcomisión.
1 de junio de 2017
Celebrada la comparecencia de D.ª María José Ordóñez Carbajal, Delegada del Gobierno para la Violencia de Género (núm. expte. 212/000818).
8, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de junio y 10, 18, 19 y 20 de julio de 2017
Debate sobre la elaboración del informe de la Subcomisión.
24 de julio de 2017
Aprobación del informe en Subcomisión.
Documentación aportada por los comparecientes.
15 de febrero de 2017
D.ª Ángeles Carmona Vergara, Presidenta del Observatorio contra la Violencia doméstica y de género. Vocal del Consejo General del Poder Judicial (núm. expte. 212/000213):
- Propuestas de reformas legislativas del Consejo General del Poder Judicial.
23 de febrero de 2017
D.ª Filomena Peláez Solís. Presidenta de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española (núm. expte. 219/000236):
- Informe del Consejo General de la Abogacía para Análisis y Propuestas de Reformas Legislativas en Materia de Violencia de Género.
- Guía de Buenas Prácticas del Abogada/o de la mujer víctima de violencia de género, de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española. Febrero 2017.
- Programa de formación recomendado para los cursos de acceso al turno de oficio especializado de asistencia a la víctima de violencia de género impartido por los colegios de abogados, de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del
Consejo General de la Abogacía Española. Febrero 2017.
1 de marzo de 2017
D.ª Paloma Marín López. Magistrada. Ex Secretaria Técnica del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (núm. expte. 212/000256):
- 10 años de la LO 1/2004. Balance y propuestas de reforma y de actuación.
- La declaración de la víctima de violencia de género: apuntes para una valoración libre de estereotipos de género.
- Resistencias a la aplicación de la LO 1/2004. El supuesto SAP y su proyección en las resoluciones judiciales.
D.ª Graciela Atencio Rodríguez. Directora de feminicidio.net (núm. expte. 219/000268):
- ¿Qué es feminicidio.net?
- Informe Preliminar sobre Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España 2010-2016.
7 de marzo de 2017
D. Joaquín Delgado Martín. Director General de Relaciones con la Administración de Justicia (núm. expte. 212/000268):
- Ideas para fortalecer la lucha contra la violencia de género.
D.ª Marisa Soleto Ávila. Directora de la Fundación Mujeres (núm. expte. 219/000286):
- 2017. Resumen Ejecutivo. Informe Anual del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto. Huérfanos de la violencia de género: Una realidad invisible.
- Informe Anual del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto.
- Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto.
9 de marzo de 2017
D.ª Carla Millán Peñaranda. Responsable de Derechos e Igualdad de Oportunidades del Consejo de la Juventud de España (núm. expte. 219/000283):
- Violencia de Género y Juventud.
14 de marzo de 2017
D.ª Ana de Miguel Álvarez. Filósofa y Profesora de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) (núm. expte. 219/000311):
- La prostitución de mujeres, una escuela de desigualdad humana.
- El proceso de redefinición de la violencia contra las mujeres: de drama personal a problema político.
15 de marzo de 2017
D. Joaquín Sánchez-Covisa Villa. Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería (núm. expte. 212/000274):
- Notas informativas y diligencias de seguimiento.
- Sentencias condenatorias Audiencias Provinciales artículo 177 Bis.
D.ª Blanca Estrella Ruiz Ungo. Presidenta de la Asociación Clara Campoamor (núm. expte. 219/000284):
- Propuestas para la Subcomisión contra la violencia de género.
23 de marzo de 2017
D.ª Marian Mur Nuño, Secretaria Nacional de Igualdad y Responsabilidad Social de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) (núm. expte. 219/000346):
- Díptico 'Procedimiento de movilidad de las empleadas víctimas de violencia de género', del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- 'Guía de derechos. Mujeres víctimas de violencia de género', de la Secretaría Nacional de Igualdad y Responsabilidad Social del CSIF.
D.ª Begoña San José Serrán. Miembro de la Plataforma 7-N contra las violencias machistas (núm. expte. 219/000347):
- El Pacto contra la Violencia de Género del Congreso de los Diputados. ¿Todo para las mujeres sin las mujeres?
28 de marzo de 2017
D.ª Begoña Marugán Pintos, Adjunta a la Secretaría de la Mujer de la Federación de Servicios de CCOO. Doctora en Sociología y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología (núm. expte. 219/000312):
- Violencias contra las mujeres. Estado de la Cuestión. Cuestión de Estado.
- Informe de Violencia de Género, de FSC-CCOO.
D.ª Margarita García Marqués, Fundadora de la Asociación para la Sanación y Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia (ASPASI) (núm. expte. 219/000368):
- Casos y actividad ASPASI.
D.ª Ana Peláez Narváez, Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres (núm. expte. 219/000367):
- Informe sobre Violencia de Género hacia las mujeres con discapacidad a partir de la macroencuesta 2015.
4 de abril de 2017
D.ª Beatriz Beseler Soto, Vocal de Prostitución, Derechos Humanos y Género de Médicos del Mundo, Comunidad de Valencia (núm. expte. 219/000401):
- La prostitución como violencia de género.
19 de abril de 2017
D.ª Yolanda Domínguez Rodríguez, experta en comunicación y género (núm. expte. 219/000497):
- Vídeo sobre la materia expuesta.
D. Jesús Aguilar Santamaría, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (núm. expte. 219/000498):
- Consideraciones y propuestas de la profesión farmacéutica.
25 de abril de 2017
D.ª Elisabeth González Laurés, Subinspectora del Cuerpo Nacional de Policía, miembro del Sindicato Unificado de Policía (S.U.P.) (núm. expte. 219/000517):
- Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.
- Información de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género sobre asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos, asesoramiento y orientación gratuitos en el momento
inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella y turno de guardia permanente para la prestación de estos servicios en los colegios de abogados, novedades de la ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la ley de enjuiciamiento
civil.
- Instrucción conjunta de los Ministerios de Justicia, del Interior, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre el funcionamiento de las Unidades de Coordinación y
de Violencia Sobre la Mujer de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, que constituyen la Red Nacional de Unidades de Violencia sobre la Mujer.
- Instrucción 7/2006 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se establece un nuevo Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género (Ley Orgánica 1/2004) y de gestión de seguridad de las víctimas.
- Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se acuerda la publicación del 'Protocolo de actuación y coordinación de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y abogados ante la violencia de género
regulada en la ley orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género'.
- Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.
- Protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.
- Resolución de 17 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se acuerda la publicación del 'Protocolo de actuación para la implantación del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las
medidas de alejamiento en materia de violencia de género' y se ordena la elaboración de las normas técnicas de desarrollo del mismo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
- Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.
D.ª Estela Sánchez Benítez, Vicepresidenta Segunda del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM) (núm. expte. 219/000519):
- Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género.
- Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género 2015.
- Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género 2015. Guías rápidas.
- Protocolo Andaluz de la Actuación Sanitaria desde el ámbito de las urgencias ante la violencia de género.
- Guía para la detección y atención de los malos tratos.
- Procedimiento para la Actuación Sanitaria ante el Maltrato a Mujer a manos de su pareja y Agresiones Sexuales.
D. Fernando Chacón Fuertes, Vicepresidente Primero del Consejo General de colegios Oficiales de Psicólogos (núm. expte. 219/000521):
- Guía de buenas prácticas para la evaluación psicológica forense del riesgo de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja (VCMP).
- Guía de buenas prácticas para la elaboración de informes psicológicos periciales sobre custodia y régimen de visitas de menores adaptada a casos de violencia de género.
- Intervención Psicológica en menores expuestos/as a la violencia de Género. Aportes teóricos y clínicos.
- Manual de recomendaciones de buenas prácticas. Psicología e Igualdad de Género.
26 de abril de 2017
D.ª Adriana Kaplan Marcusán, Profesora agregada en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Directora de la Fundación Wassu-UAB. Defensora del abandono de la Mutilación Genital
Femenina (MGF) (Esta comparecencia se celebrará a través de videoconferencia) (núm. expte. 219/000514):
- Mutilación genital femenina. Manual para profesionales.
- Mapa de la mutilación genital femenina en España 2012.
4 de mayo de 2017
D.ª María Gavilán Rubio, Juez y Profesora universitaria de Derecho Penal (núm. expte. 212/000765):
- Plan Integral de Lucha Contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual.
- Procedimiento para la suscripción de Acuerdos Bilaterales entre los ayuntamientos y el Ministerio del Interior en base al Acuerdo Específico FEMP/MIR para la participación de la Policía Local en las funciones de Policía Judicial.
- Programa Educando en Justicia Igualitaria de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE).
- Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos.
- Protocolo para la Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos en la Comunidad de Madrid.
- Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina (MGF).
- Protocolo para la Prevención y Actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Aragón.
8 de mayo de 2017
D.ª Marta González Manchón, Coordinadora del Proyecto Esperanza Adoratrices Sicar (núm. expte. 219/000545):
- Datos de Adoratrices Sicar, Proyecto Esperanza.
- Datos extraídos del Informe Global sobre trata de seres humanos de la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) 2016.
9 de mayo de 2017
D.ª Verónica Barroso Testillano, Responsable de Política Interior y Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional (núm. expte. 219/000547):
- 'La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España.'
- 'Presupuestos Generales del Estado 2017. Presupuestos Generales del Estado consolidados para 2017. Resumen de políticas de gasto. Capítulos I a VII.'
- Información de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre 'la cantidad económica que se ha destinado a las ayudas concedidas de conformidad a lo dispuesto en la Ley 35/1995, desde el 30 de abril de 2008 hasta la actualidad,
indicando: El número total de ayudas solicitadas y de ayudas concedidas cada año. Los anteriores datos desglosados por los mismos conceptos utilizados en el 'Informe de Evaluación a los tres años de entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004',
estos es, por incapacidad, por invalidez, por gastos de tratamiento, por fallecimiento y por gastos de sepelio'.
- Informe de Amnistía Internacional: 'Ceuta y Melilla: en tierra de nadie'.
- Instrucción 6/2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la trata de seres humanos y en la colaboración con organizaciones y entidades con
experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas.
D.ª Emelina Fernández Soriano, Presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (núm. expte. 212/000772):
- 'Guía para el tratamiento informativo de la violencia de género', del Consejo Audiovisual de Andalucía.
17 de mayo de 2017
D.ª María de los Ángeles Brunel Aranda, Adjunta a la Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad CCOO (núm. expte. 219/000586):
- Análisis y propuestas de CCOO para combatir la violencia de género.
D.ª María Naredo Molero, jurista y experta en Derechos Humanos y violencia de género (núm. expte. 219/000587)
- Entre el miedo y la desprotección. Mujeres migrantes en situación irregular frente a la violencia sexual en España.
- Las víctimas con minúsculas.
1 de junio de 2017
D.ª María José Ordóñez Carbajal, Delegada del Gobierno para la Violencia de Género (núm. expte. 212/000818):
- Documentación final del grupo de trabajo del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
- Anexo 1.- Medidas grupo trabajo Violencia de Género.
- Anexo 2.- Fichas aportaciones grupo trabajo Violencia de Género.
2. Resumen de comparecencias celebradas.
Sesión núm. 3: 15 de febrero de 2017
Comparecencia de D.ª Ángeles Carmona Vergara, Presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial.
Comenzó su intervención felicitando a los Diputados por la aprobación por el Pleno de la Cámara de una proposición no de Ley para un pacto de Estado en materia de violencia de género, la cual ha servido de base para la puesta en marcha de la
Subcomisión.
Destacó igualmente que el Consejo General del Poder Judicial, al que representa, fue el primer órgano impulsor de un Observatorio sobre Violencia de Género en el año 2002.
De esta institución, de la que forman parte magistradas y magistrados especialistas en la materia, han surgido múltiples informes que han arrojado mucha luz sobre el problema.
En primer lugar, la compareciente destacó el hecho de que la LO 1/2004 contempla la violencia de género restringiéndola a la violencia de pareja, lo cual si bien es cierto que en un primer momento permitió dar visibilidad a una realidad que
estaba silenciada en el interior de los hogares, actualmente puede no ser suficiente, ya que es necesario contemplar otro tipo de violencia contra las mujeres, de acuerdo con el Convenio de Estambul: matrimonios forzados, mutilación genital
femenina, trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y agresiones sexuales. Es cierto que todos estos tipos ya están incluidos en el Código Penal, pero es necesario dar un paso más y regular un tratamiento integral del problema, de
forma que cualquier violencia que se ejerza sobre la mujer, por el hecho de serlo, reciba ese tratamiento especializado e integral.
Subrayó a estos efectos la importancia de disponer de estadísticas en materia de violencia sobre la mujer, porque solo conociendo la realidad de lo que sucede, se podrán adoptar las medidas para intentar erradicar el problema.
También destacó la necesidad de que se contemple la agravación de esas conductas, ya que si bien es cierto que el artículo 21 del Código Penal, en su última modificación, introdujo la agravante de género, también lo es que no basta con una
agravante genérica, sino que habrá que establecer tipos delictivos concretos.
En la opinión de la compareciente es preciso insistir en la importancia de los programas de reeducación, a lo cual también obliga el Convenio de Estambul.
En este punto y con relación a la rehabilitación de los maltratadores (los cuales es muy frecuente que sean reincidentes) destacó el proyecto que ha desarrollado la Audiencia Provincial de Alicante, el cual da cabida a cualquier tipo de
violencia contra las mujeres, incluyendo el delito sexual.
En su opinión, sería positivo que el poder judicial pudiera hacer un seguimiento de la situación de los maltratadores, para comprobar si existe rehabilitación.
En otro orden de cosas, subrayó hasta qué punto la denuncia de la víctima es fundamental en el proceso, tal como está concebido hasta ahora, cuando lo cierto es que la denuncia es muy difícil para las víctimas (se calcula que existe un 80 %
de mujeres maltratadas que nunca lo denunciará). De hecho, mas del 64 % de los atestados policiales que llegan a los juzgados van precedidos de denuncia de la víctima, frente a un 15,58 % por intervención policial directa y un 1,23 % por denuncia
familiar.
De estos datos se deduce que la responsabilidad de dar a conocer los hechos sigue recayendo en gran medida sobre las víctimas, a pesar de que se trata de hechos perseguibles de oficio. En su opinión es fundamental difundir las herramientas
de detección de indicios de violencia de género para intentar corregir esa situación. Igualmente, se mostró contraria a la atenuante de confesión (aplicada por el 37 % de las sentencias condenatorias), ya que el análisis de los hechos demuestra
que, en muchos casos (56 %), el agresor se entrega voluntariamente porque el reconocimiento implica una cierta jactancia y justificación de los hechos.
Tampoco es partidaria de la atenuante de reparación del daño, también frecuente, porque a su juicio, la víctima tiene derecho a que se repare el daño, sin que eso tenga que beneficiar al agresor que lo provocó.
Se refirió a continuación al tema de la ciberdelincuencia de género, en cuyo ámbito es frecuente la violencia psicológica sobre las mujeres. En este sentido, propuso introducir una nueva pena para los delitos de esta naturaleza: la pena de
prohibición de uso de las redes sociales o de las nuevas tecnologías (se incluiría como una pena menos grave en el artículo 33.3 del Código Penal).
En este campo aludió también a la posibilidad de que encuentren su espacio en el Código Penal las conductas de suplantación de identidad en las redes sociales, especialmente frecuentes en los momentos de crisis de pareja.
Opina igualmente que las injurias y calumnias que se difunden a través de las redes sociales no deberían considerarse únicamente delito leve como sucede hoy en día.
Recomendó también modificar el Código Penal para que no sea exigible la intención subjetiva de subyugar o someter a la mujer para que exista una condena por violencia de género. Esta exigencia, contraria al criterio del Tribunal Supremo,
viene siendo aplicada por algunas Audiencias Provinciales y Juzgados de lo Penal, y dificulta extraordinariamente que se produzca una condena.
Por otra parte subrayó que, a su juicio, es fundamental que en todas las condenas haya una pena de alejamiento del agresor (en el caso de que eso fuera perjudicial para la víctima se podría estudiar la posibilidad de suspenderla, pero sin
renunciar a su naturaleza preceptiva).
Además, entiende que otras penas accesorias también son esenciales para la protección de la víctima, como la privación al agresor de la tenencia y porte de armas, que actualmente solo abarca las lesiones, debiendo estar extendida a otros
delitos como las coacciones y amenazas.
También destacó la relevancia de la libertad vigilada, que contribuiría mucho a proteger a la mujer en los momentos en los que se encuentra más desprotegida (por ejemplo, cuando se dicta sentencia condenatoria, todavía no se ha ejecutado, y
el agresor ya ha cumplido el tiempo de pena de alejamiento durante el curso del proceso).
Tampoco le parece correcto que el consentimiento de la mujer en los quebrantamientos de condena o de medida cautelar pueda servir de atenuante para el agresor (incluso existen condenas de la mujer en estos casos por cooperación necesaria).
En otro orden de cosas, subrayó la necesidad de proteger a los menores (si bien es cierto que actualmente hay más conciencia por parte de los jueces de que es necesario protegerlos; por ejemplo la suspensión del régimen de visitas se ha
elevado bastante).
Se mostró partidaria de la pena de suspensión o privación de la patria potestad en las condenas por delitos graves (asesinato y homicidio), de lesiones graves y de violencia habitual.
Finalmente, llamó a atención de los diputados sobre el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que quizá sea el problema más importante que es preciso afrontar desde la Administración de Justicia. Estima necesario que la nueva
redacción que se dé al artículo 416 elimine la posibilidad de que la mujer se acoja al derecho a no declarar. Es necesario evitar que la mujer declare una y otra vez a lo largo del iter procesal (podría grabarse su declaración en el momento de la
denuncia, para no tener que repetirla en el juicio oral, porque actualmente existe un porcentaje altísimo de mujeres que se retracta al llegar al juicio oral). Por eso, insistió también en la necesidad de prestar acompañamiento especializado a la
víctima a lo largo de todo el procedimiento.
Sugirió igualmente, la integración informática de las bases y sistemas de datos (todavía se notifican las órdenes de protección desde los Juzgados por fax a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado). Entiende que los datos deben de
fluir entre todas las instancias (centros penitenciarios, sanitarios, organismos judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asistentes sociales...).
El VioGén, sistema informático que manejan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer valoraciones policiales del riesgo, podría conectarse con los sistemas del Ministerio de Justicia, de las Comunidades Autónomas y los
servicios asistenciales, lo que redundaría en una mejor protección de las víctimas.
También insistió en la necesidad de que los órganos judiciales cuenten con una valoración forense. Por eso propuso que se implemente el protocolo de valoración forense urgente (atención de psicólogos especializados antes de que se tome
declaración a la mujer).
También incidió en el hecho de que desde el Consejo General del Poder Judicial se está trabajando en la extensión territorial de los Juzgados exclusivos, porque en su opinión todas las mujeres deben estar protegidas por los mismos recursos
(el 73 % de los asesinatos se realiza en localidades inferiores a 100.00 habitantes). La ruralidad sigue siendo un factor de vulnerabilidad.
Finalmente subrayó la necesidad de contar con más formación especializada y un mayor acompañamiento de la víctima.
Comparecencia de D.ª Flor de Torres Porras, Fiscal Delegada de Andalucía de Violencia a la Mujer y contra la Discriminación Sexual y de Género.
Manifestó la necesidad de que superemos el concepto estricto del artículo 1 de la LO 1/2004, es decir, la violencia contra la mujer como violencia dentro de la pareja. En este momento es necesario, a su juicio, modificar el artículo 1 para
adaptarlo a los postulados del artículo 3 del Convenio de Estambul. Asimismo, considera imprescindible que los menores sean considerados víctimas directas de la violencia de género para que no se repitan casos como el que ella vivió como fiscal,
cuando una niña de 7 años fue asesinada por su padre cuando estaba cumpliendo el régimen de visitas. Después de un largo proceso, Leonor, la niña asesinada, fue reconocida como una víctima directa de la violencia de género.
Actualmente es cierto que poco a poco se ha ido tiñendo de perspectiva de género nuestra legislación (Estatuto de la Víctima, Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia, Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley de Enjuiciamiento Criminal,
Código Penal...).
No obstante, nuestro ordenamiento debe ir más allá a la hora de trasponer la normativa europea y adaptar nuestra legislación al Convenio de Estambul.
En definitiva se trataría de eliminar todas las formas de discriminación hacia el sexo femenino.
En esta línea subrayó, en primer lugar, la necesidad de reformar el artículo 416 de la LECr dando primero una nueva redacción al artículo 1 de la LO 1/2004 para adaptarlo al Convenio de Estambul.
Igualmente destacó la necesidad de potenciar las UVIVG (Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género) como los entes más idóneos para valorar el riesgo potencial de las víctimas y planteó el tema de la difícil reinserción de los
delincuentes de género.
En el desarrollo de cada uno de estos puntos la compareciente manifestó lo siguiente:
- En primer lugar propuso proceder a la armonización del artículo 1 de la LO 1/2004 con el artículo 3 del Convenio de Estambul; de esa forma garantizaríamos a cualquier mujer por el hecho de serlo una protección integral.
- Reforma del artículo 416 de la LECr: propone mantener esa prerrogativa legal, exceptuando a las víctimas directas de violencia de género. De otro modo, con la regulación actual, se abre la posibilidad de que un delito que es público y
que es una cuestión de Estado, como establece la LO 1/2004 vuelva a ser un delito privado, que queda siempre a expensas del perdón de la víctima.
Esto favorece una concepción asimétrica de la pareja, basada en la desigualdad.
De los datos del CGPJ que examinan el primer decenio de aplicación de la LO 1/2004, se deduce que de 1.054.090 denuncias solo han llegado a sentencia 452.015 es decir el 42 %. Precisamente considera que esos datos son una consecuencia del
artículo 416 porque la víctima no quiere declarar cuando vuelve a comparecer ante el Juzgado pese a haberlo hecho previamente.
En muchos casos la víctima, amparándose en el artículo 416, se niega a declarar en el juicio oral lo que supone que muchas denuncias son archivadas, sobreseídas o interferidas, a causa de la dispensa que contiene ese precepto.
- UVIVGs, recomienda potenciar estas Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. Actualmente solo funcionan en Andalucía.
Estas Unidades las mantienen los Institutos de Medicina Legal con forenses, psicólogos y trabajadores sociales expertos. Proporcionan pruebas periciales que sirven de sustento probatorio a los delitos invisibles de violencia de género, que
de otro modo serían muy difíciles de probar: delitos contra la integridad moral, maltrato psicológico, delitos donde los menores son víctimas en primera persona.
Por eso, a su juicio, habría que extender las UVIVG's al resto de España, ya que sus valoraciones también sirven para establecer valoraciones de riesgo fidedigno y más científicas en muchas ocasiones que las que realizan las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Lo ideal sería contar con una unidad por juzgado de violencia. En Málaga hay 5, una por cada juzgado de violencia pero en otras unidades la ratio no es tan elevada (Sevilla 2 y resto de provincias de Andalucía una).
Con relación a la difícil reinserción de los delincuentes de género señalo que se trata de un mandato constitucional. Manifestó que le sigue sorprendiendo la frialdad y falta de arrepentimiento con la que se topa a diario cuando trata con
este tipo de delincuentes, por eso le parece importante que se valoren programas homologados en todas las comunidades autónomas con auténtica perspectiva de género.
Insistió en la necesidad de proteger a los menores, porque un padre maltratador no puede ser un buen padre. Los operadores jurídicos han de tener formación específica con perspectiva de género, lo que conduce a revisar el tema de los Puntos
de encuentro familiar (PEF) que deberían dotarse de esta perspectiva para no mezclar este tema con asuntos civiles (ejemplo: hijos de matrimonios separados o divorciados sin violencia de género).
Finalmente señaló que un Informe de la Junta de Andalucía reciente demuestra que la situación de violencia es preocupante en nuestros jóvenes; que uno de cada cuatro jóvenes andaluces piensa que la mujer está mejor en casa. El diez por
ciento, que es el hombre quien toma las decisiones. El veinte por
ciento, que la mujer es más débil que el hombre y el cincuenta por ciento, que la mujer aguanta la violencia de género.
Comparecencia de D.ª Blanca Hernández Oliver, ex Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Letrada de las Cortes Generales y experta en temas de violencia contra la mujer.
La Sra. Hernández planteó en su intervención una serie de reflexiones a considerar:
1.º Es necesario atender a todas las formas de violencia sobre la mujer por razón de género, partiendo de la LO 1/2004 que se ha mostrado como un buen instrumento.
Señaló, que si bien es cierto que no toda la letra de la Ley puede aplicarse a todas las formas de violencia sobre la mujer, sí hay materias como 'la prevención' que son aplicables a otras formas de violencia que no son de pareja y que por
tanto exceden del objeto originario de la Ley.
2.º Contemplar la posibilidad de incluir en la nueva normativa un título específico sobre datos y conocimiento. Para conseguir ese fin, considera que es necesario que una ley obligue a hacerlo, ya que en este momento los datos de los que se
dispone que provienen de estudios, encuestas, estadísticas, etc., se prestan por las distintas fuentes de forma voluntaria.
De hecho, subrayó el hecho de que el artículo 114 del Convenio de Estambul habla de estudios, investigaciones y encuestas.
Considera que en los últimos años se ha hecho mucho en el ámbito de la investigación y que es preciso seguir en esa línea, porque conocer la realidad del problema permite adoptar medidas que funcionan mejor.
En definitiva, entiende que las políticas públicas deben basarse en datos porque también nuestro país va mutando en el tema de violencia (en este punto señaló que de acuerdo con la experiencia que proporciona la atención del 016, cada vez
hay más llamadas de violencia psicológica, económica o de control. Y también ha bajado la edad de las mujeres que llaman; de hecho ahora muchas son chicas jóvenes).
3.º Prevención, enviando a la población mensajes lo más unitarios posibles, porque de esa forma son más potentes. Todo ello, lógicamente, dentro del respeto a las competencias de cada institución. Advirtió que los mensajes de las campañas
deben ser adecuados al sector de población que los recibe y contener una narración, porque no es lo mismo lo que había que trasladar hace 15 ó 10 años y lo que hay que contar ahora.
En la prevención se debe incluir a toda la población, implicando a los distintos sectores (aquí puso el ejemplo de las farmacias como canal de transmisión, programa que se puso en marcha gracias a la iniciativa del Colegio Oficial de
Farmacéuticos).
También señaló que, en su opinión, el mensaje que se envíe ha de ser positivo y transmitir que es posible construir una sociedad distinta, mejor en igualdad y sin violencia hacia las mujeres.
También en este punto subrayó la necesidad de impedir la publicidad sexista que atenta contra la igualdad entre hombres y mujeres.
También incidió en el hecho de que hay momentos más estratégicos para el lanzamiento de las campañas de prevención. Así por ejemplo, destacó que el verano es el momento óptimo a estos efectos porque la gente se traslada mucho y las
actuaciones alcanzan una gran difusión.
4.º Formación, porque no cabe duda de que quien está formado ve las cosas de manera diferente, entiende mejor y actúa mejor.
5.º Visibilización de los grupos vulnerables: mujeres con discapacidad, mayores, jóvenes, inmigrantes procedentes de países con tasas elevadas de desigualdad.
En este punto, la compareciente insistió especialmente en los menores. Considera que las leyes de protección a la infancia han supuesto un punto de inflexión a la hora de visibilizar este colectivo pero no es suficiente. Todavía hay niños
a los que las autoridades judiciales obligan a ver a sus padres aunque no quieren hacerlo, con el consiguiente riesgo que desgraciadamente asumen en esas situaciones.
Por eso, le parece una buena medida la aprobación de una Ley que proteja a la infancia de todas las formas de violencia.
6.º Planificación y Coordinación. Cree que el artículo 3 de la LO 1/2004, que habla del Plan Nacional de Prevención y Sensibilización podría ampliarse, de forma que al menos hubiera un Plan amplio en cada legislatura que incluyera también
esas políticas. En ese plan debería incluirse un diagnóstico junto con unas directrices y unos objetivos, con dotación presupuestaria. Además, debería ir sustentado por el
acuerdo tanto de los organismos públicos e instituciones, como de la sociedad civil. También debería ser susceptible de evaluación. La planificación y la estrategia son, en su opinión, imprescindibles porque de otro modo solo tendríamos un
montón de acciones inconexas que no son eficaces.
La coordinación también es en extremo necesaria porque son muchos los agentes implicados (citó el ejemplo de que no es lógico que existan datos de víctimas mortales de la Delegación, del Consejo y de la Fiscalía. Deberían ser únicos.
También subrayó aquí que habría que procesar la conexión del sistema de violencia de género que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el sistema de permisos de armas).
En cuanto a medidas concretas, D.ª Blanca Hernández propuso las siguientes:
- Reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A su juicio, hay que hacer esa modificación pensando muy bien la redacción futura.
- Competencia de los Juzgados (¿las nuevas formas de violencia contra la mujer que excedan las relaciones de pareja, deberían también ser tratadas por los Juzgados de Violencia?)
- Recomienda que trasladen también a estos Juzgados las acciones que se deriven del daño que tantas veces los agresores provocan a la mujer a través de sus mascotas o sus cosas.
- Artículo 187 Código Penal: estima que es necesario mejorar mucho la regulación de la explotación sexual de las mujeres.
- Ley de Protección de Testigos en lo que se refiere al delito de Trata.
- Mejorar el alcance del artículo 27 de la LO 1/2004, que en su actual redacción, referida a mujeres en situación de inempleabilidad, no está siendo muy eficaz.
- Necesidad de unificar la acreditación de la condición de víctima, que unas veces es la orden de protección, otras el hecho de haber interpuesto una denuncia, otras el certificado de servicios sociales, otras el Informe del Ministerio
Fiscal... También difiere de unas Comunidades Autónomas a otras.
- Ley de Responsabilidad penal del menor respecto a las víctimas menores y a los agresores menores.
- Ley Orgánica de Protección de Datos, porque de la interconexión de datos que sin duda es recomendable se puede derivar un problema de vulneración de la intimidad.
- También propuso actuaciones concretas en otros ámbitos como elaboración de materiales para padres y madres para que puedan detectar la violencia de género en sus hijas; importancia de la educación, tanto en la escuela como en el entorno
familiar; posibilidad de realizar inspecciones educativas que detecten situaciones de violencia de género; concienciación mediante los centros sanitarios públicos y privados; exportar a otros países nuestros conocimientos y experiencias en estas
materias; mayor actuación en campos como el deporte, la cultura, la empresa o los sindicatos; hacer un nuevo pacto con los medios de comunicación, cara a los mensajes que se transmiten; contactos con las Cámaras de Comercio y Colegios
Profesionales; analizar y proponer cambios en los currículums académicos; fomentar la presencia de la juventud y el mundo rural en el Observatorio estatal de violencia contra la mujer; dar difusión a los protocolos sanitarios que son excelentes
pero no se conocen.
- También propuso realizar una actuación extraordinaria en el proceso de formación de los Agentes de la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y mejorar el sistema de brazaletes fomentando la implicación del
Ministerio del Interior y el de Justicia. Igualmente subrayó la necesidad de ayudar a las víctimas a preparar bien sus denuncias y de procurarles medios de interpretación y traducción suficientes.
- También recomendó potenciar el plan de inserción sociolaboral de 2008 y unificar la normativa en materia de trata.
Sesión núm. 4: 22 de febrero de 2017
Comparecencia de D.ª Pilar Martín Nájera, Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer.
Manifestó que la Fiscalía especializada en violencia de género fue creada con la misión de actuar como organismo especializado en todas las causas civiles y penales que se realizan ante los Juzgados de Violencia contra la mujer.
Esa Fiscalía Especializada depende directamente del Fiscal General y es la encargada de supervisar, unificar criterios, dar pautas de actuación y resolver consultas de toda la red de fiscales delegados que se ocupan del tema de violencia de
género. Se les proporcionan criterios cuando plantean dudas y se les
facilita toda la jurisprudencia española y europea, directivas y pautas, con el fin de lograr la aplicación del principio de legalidad con uniformidad de actuación en todo el territorio nacional.
La Fiscalía conoce el procedimiento e interviene, incluso con carácter previo, si se tienen indicios de que existe violencia de género. Normalmente se abren diligencias de investigación y a la vista de sus resultados, se decide si se
archiva el asunto, se deriva a los servicios sociales o se judicializa.
Por lo que se refiere al procedimiento judicial, la Fiscalía interviene desde la fase de instrucción en el juzgado de violencia sobre la mujer, con dos fines: la protección de la víctima y la punición del culpable, al amparo de la LO
1/2004.
También actúa pidiendo medidas civiles y penales, calificando el delito y acusando al delincuente.
En el órgano de enjuiciamiento suele ser la misma persona quien normalmente defiende la acusación. Una vez dictada la sentencia, el fiscal decide si la recurre e interviene en su ejecución, informando sobre si cabe o no la suspensión de
condena, el permiso penitenciario o un indulto. En definitiva, la Fiscalía asiste al discurrir de todo el procedimiento, lo que le permite tener una visión global.
La Sra. Martín Nájera proporcionó a la Subcomisión una serie de datos estadísticos. Así relató que en 2015 se realizaron 129.193 denuncias, de las que el 81,50 % fueron por atestado policial y únicamente el 1,92 % vinieron de terceras
personas o de los servicios sociales.
Se solicitaron 41.000 órdenes de protección, de las cuales solo se concedió el 57 % (este porcentaje difiere considerablemente de unas CCAA a otras, ya que en algunas es muy elevado y en otras muy bajo).
La acusación fue retirada 145 veces y en la mitad de estos casos la causa fue el artículo 416 de la LECr.
De las 46.000 sentencias obtenidas, fueron condenatorias menos de 30.000.
En este punto subrayó la preocupación creciente de la Fiscalía por el aumento del número de menores infractores, sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías, donde se desarrolla un tipo de violencia contra la mujer que a veces es mucho
más perjudicial que la violencia física.
Según los datos con los que cuentan (que advirtió no coinciden con los de la Delegación del Gobierno), en 2016 hubo 52 mujeres asesinadas por violencia de género, de las cuales solo 16 habían formulado denuncia (30.7 %) (en 2015 entre un 28
y un 29 %). De esas 16 mujeres, 8 habían reanudado la convivencia.
parte 1
parte 2