El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1.
y 8.1.3.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen tiene la
palabra el presidente de la comisión, el senador Rabanera.

El señor RABANERA RIVACOBA: Buenos días a todos. Gracias, señor
presidente.

Como bien saben ustedes, el pasado 18 de julio del año 2014 el
Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley
Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Con diversas
modificaciones, el Pleno de dicha Cámara aprobó el proyecto de ley en
sesión celebrada el día 11 de diciembre del mismo año, 2014, remitiéndolo
al Senado, donde tuvo su entrada y fue publicado el día 22 de diciembre
del mismo año. El plazo de presentación de enmiendas al referido proyecto
de ley espiró el pasado día 10 de febrero. Durante dicho plazo se
presentaron 8 propuestas de veto y 225 enmiendas, retirándose
posteriormente una de estas.

La ponencia designada por la Comisión de Interior para informar
el proyecto de ley ha estado formada por la señora Capella i Farré, en
nombre del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, en
nombre del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; el señor Bruguera
Batalla, en nombre del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Sendra Vellvè, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; los señores Cascallana
Gallastegui y Ángel Batalla, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
y los señores Aznar Fernández y Peñarrubia Agius, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

La ponencia, reunida el día 25 de febrero de 2015, emitió informe
sobre este proyecto de ley proponiendo, por mayoría, incorporar las
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en los términos recogidos en
dicho informe, así como introducir determinadas modificaciones de
carácter gramatical o de orden técnico.

La comisión se reunió el pasado día 4 de marzo para dictaminar el
proyecto de ley. En dicha sesión se defendieron y votaron las propuestas
de veto, resultando todas ellas rechazadas. Se deliberó a continuación
sobre las enmiendas presentadas. Sometido a votación el informe de la
ponencia resultó aprobado y, en consecuencia, dictaminado el Proyecto de
Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. El dictamen de la
comisión y los votos particulares presentados han sido objeto de
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección
Senado, con fecha 6 y 9 de marzo pasados, respectivamente.

Este proyecto de ley, como saben ustedes, tienen como objetivo
sustituir el texto de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
protección de la seguridad ciudadana. Según expresa su preámbulo, el
cambio legislativo estaría justificado por el cambio social producido
desde aquella fecha, las nuevas formas de riesgo para la seguridad y la
tranquilidad ciudadana y los nuevos contenidos que la demanda social
incluye en estos conceptos; la necesidad de contemplar la jurisprudencia
constitucional y, por último, la de actualizar el régimen sancionador en
estas materias.

La regulación contenida en este proyecto se desarrolla en 55
artículos, ordenados en 5 capítulos sucesivos, relativos a disposiciones
generales, documentación e identificación personal, actuaciones para el
mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, potestades
especiales de policía administrativa de seguridad y régimen sancionador.
Completan el articulado 7 disposiciones adicionales, 1 disposición
transitoria, 1 disposición derogatoria y 5 disposiciones finales.

Nada más, muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rabanera.

Pasamos al debate de las propuestas de veto. En primer lugar, la
propuesta de veto número 3 de la senadora Capella, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra para su defensa.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenos días, senadores y
senadoras.

Esquerra Republicana ha presentado veto a la Ley de seguridad
ciudadana —y no somos los únicos, pues existen 7 vetos en
total—, un proyecto de ley que suscita un profundo rechazo por
parte de asociaciones, de juristas, de organismos internacionales,
relatores de Naciones Unidas o Amnistía Internacional. Ya sabemos que hay
quien no considera a Amnistía Internacional, pero seguro que al Gobierno
del Estado español le iría mucho mejor si, de vez en cuando, se leyese
alguno de sus informes. Como les decía, se han opuesto a esta ley también
la mayoría de los partidos políticos que conforman la oposición en esta
Cámara, así como el Consejo General de la Abogacía, Acnur, Cáritas, la
Plataforma del Tercer Sector, Red Española contra la Trata de Personas y,
en este caso, profesores de Derecho Internacional.

En primer lugar, me gustaría apuntar que hoy tampoco nos acompaña
—como suele ser habitual— el ministro, señor Fernández Díaz,
quien debería, a criterio de esta senadora, haber tenido al menos la
valentía de venir a presentar la ley que él propugna desde su
ministerio.

Esta ley, la denominada ley mordaza, junto con las dos leyes que
fueron aprobadas ayer bien entrada la noche, el Código Penal y la Ley
antiterrorista, conforman el último eslabón de una trilogía represiva en
manos del Partido Popular —partido cuyo grupo conforma la mayoría
de esta Cámara y que da apoyo al Gobierno del Estado español—.
Ustedes culminarán hoy su gran obra recortando derechos fundamentales y
libertades públicas. Ustedes sitúan el escenario legal español en una
permanente involución. Es verdad. Ustedes sienten nostalgia de esos
tiempos pasados en los que algunos de ustedes se sentían tan cómodos y a
los que seguramente desearían volver; a esa España en blanco y negro, con
aquella policía gris, y tan gris. Y, sí, tuvieron la desfachatez de
presentar esta ley en el Consejo de Ministros el 18 de julio del año
pasado. Evidentemente, aquí no les traiciona el subconsciente, pues eran
perfectamente conscientes de lo que estaban haciendo. Con esta ley
pretenden dar cobertura legal a la práctica policial cotidiana de
persecución y represión de la protesta y el derecho de manifestación. No
les gustan todos aquellos que no pensamos igual que ustedes. (Rumores).
Sé que no les gusta lo que estoy diciendo, pero yo continuaré. Este es un
nuevo atentado más a la separación de poderes —una separación más
que maltrecha cada vez que ustedes llegan al Gobierno del Estado—.
Con esta ley será el Gobierno de turno —en este caso, la
Administración— el responsable de juzgar y penalizar las
situaciones que consideran que atentan contra la seguridad ciudadana por
parte de aquellos que se atrevan a protestar. En tres años de legislatura
ustedes han conseguido crear una confusión permanente en todos los
poderes del Estado, que siempre terminan confluyendo en uno: el Gobierno
del Partido Popular; la Santísima Trinidad, consagrada en este caso en el
Gobierno del Partido Popular.

¿Era necesaria esta ley? Depende. Era necesaria para hacer
coherente el texto vigente con la distinta jurisprudencia que se había
ido llevando a cabo a la hora de interpretar esta ley, pero innecesaria
desde el punto de vista de la forma en que ustedes han procedido a
regular la seguridad ciudadana.

Discrepamos de la ley en la forma y en el fondo. Decíamos también
ayer, cuando debatíamos el Código Penal, que se produce la traslación al
ámbito administrativo de alguna de las faltas, lo cual —como decía
entonces en mi intervención— comporta que la Administración se
convierta en juez y parte. Decía también que la separación de poderes se
convierte en una entelequia en el Estado español. Con esta reforma, y,
por tanto, con esta ley, se incrementa la actividad punitiva de la
Administración y, en consecuencia, la potestad sancionadora. El número de
infracciones administrativas aumentan: pasamos de 27 a 47. Algunas de
ellas, como decía, son por traslación del Código Penal al ámbito
administrativo. A priori no sería malo por cuanto constituiría una
despenalización de las faltas, que pasarían a ser sanciones
administrativas. El problema radica en las 21 sanciones de nueva creación
y también en los límites que significa el procedimiento sancionador
administrativo respecto a los ciudadanos y en relación con el ámbito
penal. Algunas de estas sanciones son perfectamente identificables con
actividades llevadas a cabo por entidades y asociaciones que defienden
derechos civiles, es decir, llevan nombres y apellidos de muchas de las
entidades, asociaciones y organizaciones que han salido a la calle para
defender derechos fundamentales y libertades públicas, significan
seguridad para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no para los
ciudadanos.

La ley contiene una regulación de las diligencias de
investigación insuficiente y no evitará ni erradicará la arbitrariedad y
los controles de identificación con relación a perfiles raciales,
etcétera, y también faltan en esta ley medidas de rendición de cuentas y
mecanismos de control de lo que es la actuación policial.

Concluiré mi intervención indicando que la brutalidad policial es
absolutamente inaceptable en una sociedad civilizada y especialmente
cuando esta brutalidad policial responde a una determinada consigna
ideológica. Se persigue, acosa y maltrata a los activistas sociales y
políticos de izquierda, mientras que la derecha fascista sigue agrediendo
impunemente. Tampoco fueron objeto de regulación en el Código Penal
algunas de estas actuaciones. Ayer quedaron fuera del Código Penal. Esta
derecha fascista exhibe sin pudor aguiluchos franquistas y esvásticas
nazis, mientras que los portadores de esteladas son insultados, retenidos
y multados por la misma policía que les acosa y retiene solo por usar la
lengua catalana. Esta ley tampoco dará respuesta ni defenderá a estas
personas.

Ahora, mediante la Ley de seguridad ciudadana, convierten a esta
policía en juez y serán ellos los responsables de juzgar y castigar a la
ciudadanía. Se cargan ustedes una vez más, como decía, la separación de
poderes. No solo convierten en jueces a los policías, sino que están a
las órdenes del Gobierno de turno. Patada en la puerta del Estado de
derecho para instaurar el Estado policial. En definitiva, para ustedes
volver al pasado es el estado normal y natural.

Por estos motivos y por muchísimos más que hemos desgranado en la
Comisión de Interior y los que iremos desgranando esta mañana en el
debate de esta ley, hemos presentado veto a la ley, solicitamos el apoyo
del resto de grupos parlamentarios y ya anunciamos que Esquerra
Republicana votará favorablemente al resto de vetos presentados por los
grupos parlamentarios que conforman la oposición en este hemiciclo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por los
senadores Iglesias y Mariscal, también del Grupo Parlamentario
Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Buenos días, señorías.

Efectivamente, estamos ante otro proyecto que forma parte de un
paquete, con los dos que debatimos y fueron aprobados ayer, que afecta a
las libertades fundamentales. De alguna manera, en la estrategia del
Gobierno, tras los recortes en derechos sociales, tras los recortes en
derechos laborales, se afronta ahora el recorte en libertades y derechos
fundamentales, probablemente como parte de una estrategia de
consolidación de los otros recortes. Se trata de dejar a la sociedad
inerme, sin capacidad de reacción, limitando sus posibilidades de
expresar la repulsa y el rechazo de esos recortes y plantear como
alternativa otras políticas.

Prácticamente las mismas organizaciones en el ámbito
internacional y los mismos colectivos profesionales y sociales que se
manifestaron en contra de las reformas del Código Penal han venido, a lo
largo de todos estos meses de debate político y tramitación parlamentaria
de la Ley de seguridad ciudadana, manifestando su rechazo a la misma. Lo
habían hecho ya previamente en sus informes preceptivos el Consejo
Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado,
cuyas aportaciones y valoraciones no han sido tenidas en cuenta de forma
sustancial en la tramitación del proyecto y mucho menos en las enmiendas
que han sido asumidas en el debate parlamentario.

En nuestro país no hay ningún problema de seguridad ciudadana ni
de orden público. Según la última encuesta del CIS solo el 2,9 % de los
españoles entienden que hay un problema de seguridad ciudadana. La única
sensación de inseguridad la puede tener el poder político, el Gobierno,
que ve cómo una parte sustancial de la sociedad sale a la calle a
rechazar sus planteamientos, sus políticas. Pero frente a esa realidad,
la respuesta no está en modificar el ordenamiento jurídico para limitar y
reducir las posibilidades de expresión de esa disidencia. En todo caso,
la respuesta está, o en que el Gobierno cambie las políticas, o en
explicarlas de una manera que haga que los ciudadanos puedan asumirlas.
Si no se creen capaces de ello, no están legitimados para recurrir a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como blindaje de sus políticas.
Según Amnistía Internacional, se trata de un proyecto que, a pesar de
haber sido atemperado en la tramitación parlamentaria —es cierto
que el anteproyecto daba miedo—, mantiene una regulación que
sostiene la actuación discrecional y arbitraria de las autoridades y no
establece mecanismos de supervisión y control de la actividad
policial.

A continuación permítanme un paréntesis. Nuestro país se sienta
en este momento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante dos
años. Eso ha sido explicado como un éxito. Desde esa posición nuestro
país tiene que tener un especial sentido de responsabilidad frente a esa
organización, en cuya cúpula se sitúa durante dos años. Así es que, por
tanto, las valoraciones y consideraciones que procedan de Naciones Unidas
deberían tener un peso mayor que antes de vernos en esa situación por una
simple asunción del derecho a estar en el Consejo de Seguridad, lo que
conlleva también obligaciones mínimamente ejemplificadoras. ¿Y qué dice
el relator especial de Naciones Unidas, Maina Kiai, sobre derechos
humanos? Dice que este proyecto restringe de manera innecesaria y
desproporcionada libertades básicas —lo ha dicho la semana pasada,
no en la tramitación anteparlamentaria— como el derecho a la
libertad de opinión y expresión, y en cuanto contempla las devoluciones
en caliente vulnera el Derecho Internacional.

Human Rights de nuevo, en carta remitida el día 9 de marzo, dice
que el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana
limitará el momento y el lugar donde podrán desarrollarse protestas y
contempla abultadas multas para quien celebre protestas espontáneas.
Igual que en relación con Código Penal, sostiene que cuando los gobiernos
adoptan medidas que sean restrictivas para los derechos humanos y en
particular que tengan un impacto regresivo, tienen la obligación de
justificar su necesidad. El Gobierno español no ha planteado argumentos
convincentes de que las potestades que pretende establecer sean
necesarias y puedan justificar la limitación de derechos políticos y
civiles fundamentales. Refleja en este informe que el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos ha ratificado reiteradamente que el requisito de
notificación previa no debería constituir un obstáculo al derecho de
reunión pacífica, y ha destacado que las autoridades deberían mostrar
tolerancia frente a encuentros pacíficos para evitar que la libertad de
reunión no se convierta en un concepto meramente abstracto. El Tribunal
Europeo de Derechos Humanos también considera que las autoridades
públicas, incluidos los funcionarios que aplican la ley, deben aceptar un
cierto grado de críticas, incluso ofensas, esto con relación a las faltas
de respeto a las autoridades policiales, que, por cierto, ayer, mediante
alguna de las enmiendas transaccionales se coló también en el Código
Penal. En el caso Thoirgerson versus Iceland, por ejemplo, el tribunal
determinó que referirse a la policía como bestias uniformadas constituía
una expresión protegida y que la imposición de una condena por difamación
con este fundamento podría desalentar el debate abierto de asuntos de
interés público, y no resulta proporcionada ni necesaria.

Con relación a las expulsiones en caliente señala que
organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, como
Human Rights Watch, la Agencia de la ONU para los Refugiados y el
comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, han instado a
que el Parlamento español rechace esta medida.

De nuevo, en el preámbulo de este proyecto de ley se hace
referencia a las demandas sociales. Reitero el dato del CIS: no hay tal
demanda social. Y de nuevo se hace referencia al transcurso del tiempo.
Parece que nuestro ordenamiento jurídico tiene unos plazos de caducidad
más propia de los yogures que de un régimen jurídico que debe de aspirar
a la estabilidad como elemento de garantía jurídica para la mayoría de la
sociedad y de los ciudadanos. Y hay que recordar que frente a estos
impulsos reformistas basados en el transcurso del tiempo, sin embargo, se
mantienen normas de antigüedad muy superior, por ejemplo, la Ley de
indultos que tiene 130 años de antigüedad y que no merece una reforma
urgente.

En torno al contenido en concreto tengo que decir que va en el
mismo paquete de la reforma del Código Penal, como antes decía, con la
falsa coartada de que la aplicación del principio de derecho penal mínimo
debe de tener como resultado la derogación del Libro III, el de las
faltas, del Código Penal para que estas actuaciones y comportamientos
sean contemplados en la norma de seguridad ciudadana. Lo que ocurre es
que, de una parte, como ayer decíamos, estas faltas que desaparecen del
Código Penal, en algunos casos, las más relevantes, pasan a ser delitos
leves y el resto se reconducen a este proyecto de la ley de seguridad
ciudadana, que pasa así de tener 19 faltas administrativas a tener 54 y,
además, incrementando las multas correspondientes a las que ya estaban
contempladas en el Código Penal, todo ello sin control jurisdiccional en
origen, aunque lo haya después a través de la jurisdicción
contencioso-administrativa. El informe del Consejo de Estado entiende que
la supresión de las faltas del Código Penal es una medida irreflexiva.
Sustituir el enjuiciamiento penal de las faltas por sanción
administrativa abunda en reforzar la posición preeminente del Ejecutivo
frente a los ciudadanos. En el procedimiento penal en esta materia,
Gobierno y ciudadanos están en el mismo plano. En el contencioso el
ciudadano recurre ya frente a una resolución del poder y con el riesgo de
tener que abonar las costas, principio del vencimiento, una vez que,
afortunadamente, para las personas físicas han desaparecido las tasas
judiciales.

Además de aumentar el número de acciones que se consideran faltas
administrativas, se incrementan, como decía, el importe de las multas
que, además, pueden llevar como accesorias otras sanciones incluso más
graves que las multas, por ejemplo, la clausura de locales y
establecimientos. La responsabilidad se extiende, además de a quien
realice los hechos, a los organizadores o promotores de las reuniones. Se
atribuye a la autoridad gubernativa facultades exorbitantes que limitan
el ejercicio de derechos fundamentales y no se establece, a pesar de
mandarlo las organizaciones internacionales, un sistema de recursos en
vía administrativa eficaz y con garantías de imparcialidad.

Hay una injustificada restricción de los derechos de reunión y
manifestación, del derecho de huelga y de la libertad de expresión. Por
el contrario, se propicia la impunidad de los miembros de las fuerzas y
cuerpos de seguridad que puedan excederse en el ejercicio de sus
funciones al no exigir con rotundidad la visibilidad del número de
identificación y establecer esa sanción por captarse sus imágenes.

El régimen especial de Ceuta y Melilla, recogido en la
disposición final primera, supone de por sí una contradictio in terminis;
pretende legalizar el rechazo en frontera que se está realizando ya,
articulándolo como un concepto jurídico, pero a la vez dice:…
respetando la normativa internacional, normativa internacional que lo
proscribe. No es posible crear un concepto jurídico en el marco de una
norma internacional que expresamente lo declara ilegal. Las devoluciones
en caliente bajo la denominación: rechazo en frontera, vulneran los
compromisos internacionales de nuestro país, vulneran la Ley de asilo y
vulneran la Ley de extranjería. Pero, como se reflejaba en el informe que
presentó en junio un grupo de catedráticos de Derecho Público, esa
práctica, llámese devolución en caliente, o este nuevo concepto que se
quiere articular, rechazo en frontera, supone una abierta contradicción
con la normativa nacional, europea e internacional. Lo mismo opina el
relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los
migrantes, François Crépeau.

A pesar de esta reforma, por más que se intente legalizar este
concepto, tal práctica seguirá siendo ilegal, porque vulnera el Convenio
de Ginebra de 28 de julio de 1951 y el Protocolo, de 31 de enero de 1967,
sobre el Estatuto de los Refugiados; el artículo 18 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea; los artículos 12 y 13 de la
Directiva Europea 2008/115, y el artículo 13 del Código de fronteras
Schengen. Normativa internacional que, habiendo sido suscrita por nuestro
país, y en aplicación de los preceptos constitucionales, se constituye
como normativa interna de rango superior a esta ley que vamos a aprobar
hoy.

En consecuencia, lo que era ilegal antes de la aprobación de esta
ley, seguirá siendo ilegal después de su aprobación.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por los
senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano y Unamunzaga Osoro y por la
senadora Mendizabal Azurmendi y Unamunzaga Osoro.

Para su defensa tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente.

Señorías, este Pleno va a pasar a la historia como aquel en el
que se han aprobado con la mayoría del PP, y alguno también con la ayuda
del PSOE, varios proyectos de ley que restringen, criminalizan y laminan
más derechos civiles y humanos. Eso sí, hoy lo hacen envuelto en un
pomposo título: Ley de seguridad ciudadana, pero, señorías del PP, ya
sabemos que a esta ley se le llama en la calle ley mordaza. Por algo
será.

Como dije ayer, Amaiur engloba estas medidas dentro de la gran
contrarreforma que está llevando a cabo este Gobierno, donde se ha
atacado el campo laboral, el campo educativo, el sanitario, los servicios
sociales, el financiero, el municipal y, en los últimos meses, los
derechos y libertades, todo ello sin rubor y de una forma profundamente
reaccionaria. Decimos que reaccionaria porque a nadie se le escapa que en
los últimos años ha habido un importante incremento de la protesta y de
la movilización social, y la respuesta del Gobierno del PP ha sido
aumentar la criminalización social y la represión. El pueblo vasco, los
mineros, el campo andaluz, los estudiantes valencianos, la gente
del 15-M, las mareas de todos los colores, los periodistas, pueden
atestiguarlo en primera persona. Y por poner un ejemplo reciente, también
pueden atestiguarlo las 19 personas que fueron detenidas en Moratalaz
bajo la acusación de delito contra las instituciones del Estado por
gritar en un Pleno una consigna tan radical como: Ni gente sin casa, ni
casa sin gente. Stop desahucios. Pero esto ¿qué es? Esto es una
vergüenza; lo es para la sociedad, pero incluso también para los propios
policías, que así lo han manifestado por medio de un comunicado.

Esta ley busca disuadir la protesta, sancionando y criminalizando
a organizadores y también a participantes. Lo que realmente esconde esta
forma de actuar del Gobierno es el miedo que tiene a una sociedad donde
el ciudadano no tiene miedo a defender sus derechos; por eso el Gobierno
persigue blindar el espacio público frente a la irrupción de la sociedad
en él.

Una ley de seguridad debería estar pensada para garantizar las
libertades de la ciudadanía, pero el Gobierno pervierte los términos y,
lo que es peor, pervierte los objetivos mismos y busca únicamente blindar
las desigualdades sociales, blindar la impunidad del más fuerte y blindar
el estatus de lo que llaman autoridad. Y para ello se valen de la razón
de la fuerza y no de la fuerza de la razón; porque vuestra sinrazón
incluso os ha llevado a penetrar por la puerta de atrás en la Ley de
extranjería las devoluciones en caliente para convertirlas en legales, a
sabiendas de que son contrarias —como acaba de decir nuestro
compañero Jesús Iglesias— a la jurisdicción internacional y a la
propia jurisdicción del Estado. Lo que decía: la razón de la fuerza en
vez de la fuerza de la razón, imposición frente a democracia.

Amnistía Internacional, en un informe de abril de 2014, dice que
las crisis económicas ponen siempre a prueba la solidez y la estabilidad
de las sociedades y de sus instituciones. Pues aquí hemos podido
comprobar que la sociedad sí se ha visto fortalecida, y ante este
empoderamiento de la sociedad el Gobierno del Estado ha optado por la
represión, la represión pura y dura. Y aunque lo hagan bajo la excusa de
racionalizar el espacio público, lo barnicen como lo barnicen, esto es
una clara muestra de debilidad, debilidad de un Gobierno superado e
incapaz de solucionar los problemas de la ciudadanía de una forma
democrática, un Gobierno trasnochado, cuya única respuesta es la
represión, prohibir de facto cualquier tipo de disidencia social y
política.

Se equivocan quienes piensen que nos encontramos ante una
aplicación de unas cuantas reformas aisladas; más bien llevamos tres años
asistiendo a una batería de medidas propias para la construcción de ese
modelo de Estado añorado por la ultraderecha: una sociedad sumisa, bajo
un poder único, un poder incuestionable de ordeno y mando. La vuelta a
esa España una, grande y libre. Al menos Franco lo hacía sin
disimulo.

Este proyecto de ley ha sido criticado y cuestionado no solo por
aquellos que se sienten en la diana, sino también, incluso, por
destacadas personalidades del ámbito de la judicatura. Las siguientes
citas son solo una muestra de ello. Joan Queralt, catedrático de Derecho
Penal de Barcelona, dice: Es un puro disparate, reaccionario y
conservador para criminalizar la protesta y la crítica en la calle.
Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, dice: Es
más peligrosa de lo que la gente puede creer y un arma brutal de acción
inmediata. Jueces para la Democracia y abogados progresistas dicen: Una
ley innecesaria, represiva e inoportuna. Y más recientemente, cinco
relatores de derechos humanos de Naciones Unidas han dicho que las nuevas
medidas del Gobierno pueden cercenar derechos fundamentales de los
ciudadanos.

Pasemos ahora a la justificación, de la que tenemos que decir que
tampoco la encontramos creíble porque se apela a la creciente demanda de
seguridad por parte de la ciudadanía, a pesar de que la Fiscalía General
del Estado, en su memoria de 2013, afirma que nuestro país está a la cola
de la Unión Europea en la comisión de delitos: 46,1 delitos por cada 1000
habitantes, frente al 63,8 de la media europea. En contra de lo que se
pudiera creer, con estas cifras España posee uno de los regímenes
carcelarios más duros, con una población encarcelada muy superior a la
media europea: 160 personas presas por cada 100 000 habitantes, frente a
las 126 de media de la Unión Europea. Por tanto, mano dura, pero no para
aquellos banqueros ladrones, empresarios corruptos o incluso para la
familia real, porque en estos casos se mira para otro lado.

Como decía, el argumento de la necesidad en que se basa esta ley
cae por su propio peso simplemente contrastando los datos. En 2013 la
criminalidad ha tenido un descenso de un 5 % y, según la encuesta del
CIS, la seguridad ciudadana ha desaparecido de la lista de las
principales preocupaciones de la gente. Y por si esto no fuera suficiente
para identificar el verdadero objetivo de esta ley, nos lo aclara
definitivamente el propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó,
quien, en una declaración pública, dice: Hay una mejora de la seguridad
objetiva y subjetiva, y en absoluto la ley de seguridad ciudadana
responde a una demanda ciudadana, todo lo contrario.

Pues es lo que nos temíamos, pero, bueno, se agradece un poquitín
de franqueza por parte del señor Ignacio Cosidó, cosa que no es el caso
del señor ministro Fernández Díaz, quien dijo recientemente en una
entrevista en un programa de televisión: Dígame una libertad o un derecho
que este proyecto de ley recorte, porque estoy dispuesto a retirarme
inmediatamente. Pues le voy a contestar: el derecho de reunión, el
derecho de expresión, el derecho de manifestación y el derecho de
información. Son cuatro, pero con que se retire una vez, para esta
senadora es suficiente.

En Euskal Herria esta situación no nos viene de nuevas. Hace
décadas que vivimos en un régimen antidemocrático, donde se reprime la
disidencia y la protesta (Rumores), y ahora quieren extender ese estado
de excepción encubierto al Estado español, y todo a base de amordazar, de
castigar y de criminalizar a la población.

Como decía, en Euskal Herria hemos degustado en primera persona
durante años las exquisitas maneras de las que hacen gala los diferentes
tentáculos del Gobierno, ya sea en forma de fuerza policial o en forma de
fuerza jurídica. Por tanto, a nadie le resultará extraño el rechazo
absoluto que provoca en la mayoría de la sociedad vasca las reformas
propuestas, tanto la de la seguridad ciudadana como las referidas al
Código Penal.

Llegados a este punto, quisiera hacer una mención especial a los
periodistas, los otros grandes afectados que van a ser de esta ley,
porque son unos testigos incómodos de las tropelías de la policía.
Fíjense: mientras en esta ley se autoriza el uso de las videocámaras de
vigilancia por parte de las autoridades —lo hace en el
artículo 22—, la ley, y leo textualmente, sanciona el uso no
autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades
o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda poner en
peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las
instalaciones protegidas o ponga en riesgo el éxito de una
operación.

No me negarán que se trata de una frase con una imprecisión muy
medida, una imprecisión que deja abiertas muchas vías para la sanción.
Por eso, existe una profunda preocupación porque la amenaza de las multas
genere autocensura en los propios profesionales y que esto frustre la
posibilidad de que haya una rendición de cuentas por comportamientos
abusivos de la policía.

Amaiur cree que la ley mordaza va a afectar directamente el
trabajo de los periodistas. Lo creemos y lo hemos comprobado, porque, por
ejemplo, recientemente fue detenido el incómodo periodista Jaime Alekos
porque estaba cubriendo el desahucio de Ofelia Nieto desde dentro; son
unas imágenes que incomodan a mucha gente. Quiero recordar que gracias a
la labor que realizan periodistas como Jaime e incluso gracias al
denominado periodismo ciudadano hemos podido comprobar la veracidad,
entre comillas, de la versión oficial y se ha contribuido a difundir
información sobre el uso excesivo de la fuerza. Y lo puedo afirmar,
además, de primera mano.

Creemos que con esta ley se pretende eliminar a base de sanciones
a los testigos incómodos, pero debemos recordar que el trabajo
informativo de un periodista nunca nunca puede ser un delito.

Recientemente, en el País Vasco se ha publicado un manifiesto
firmado por 300 profesionales vascos de la comunicación, un manifiesto
por la libertad de información y contra la ley mordaza. En este
manifiesto se dice, y nosotros lo compartimos, que en Euskal Herria ya se
está aplicando la lógica represiva y sancionadora que emana de esta ley.
El caso más reciente, por el que además se ha publicado este manifiesto,
es el de Iraitz Salegi, que ha sido imputada por la Audiencia Nacional
por haber cubierto en marzo de 2013 un acto político, un acto público, un
acto abierto, al igual que lo hicieron el resto de los periodistas allí
presentes. Recordemos que Iraitz será juzgada en mayo bajo la acusación
de enaltecimiento, por lo que el fiscal pide una pena de dieciocho meses.
Es decir, pena de cárcel por informar sobre un acto público.

Como recoge el manifiesto, el trabajo informativo nunca puede ser
delito, no se debe juzgar ni castigar al mensajero, y el caso de Iraitz
Salegi creemos que puede ser un intento de condicionar el trabajo
periodístico en el futuro. Terminan diciendo los periodistas en el
manifiesto que, como periodistas, ellos quieren ser una herramienta más
para encontrar una solución a los problemas de nuestra sociedad. Y, al
igual que ellos, Amaiur aspira a tener una sociedad cuya seguridad se
sustente sobre el principio fundamental de sus gentes y de la libre
reunión y manifestación.

Creemos que con leyes como esta, con leyes como las que se han
aprobado recientemente, no podemos cumplir este objetivo. Son un bache en
nuestro camino. Por eso reclamamos la soberanía plena como único modo de
construir una sociedad de personas con plenos derechos políticos y
civiles.

Por todo esto, anuncio que votaremos a favor de todos los vetos
presentados.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendizabal.

La propuesta de veto número 7 ha sido presentada por los
senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy vamos discutir la otra cara de la moneda de lo que
discutimos ayer. Ayer discutíamos la cara del Código Penal y hoy, la cara
de la seguridad ciudadana, pero quiero empezar, como ayer, cuestionando
los objetivos de la ley. La pregunta ante una propuesta de ley de
seguridad ciudadana debería ser: ¿mejoramos las libertades y los derechos
de las personas? El ministro Fernández Díaz, en la presentación de la
exposición de motivos, dijo: Señorías, el principal objetivo del proyecto
que presento es el dirigido a dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad
en el ámbito de sus competencias…, etcétera. No, ese no es el
objetivo de la ley de seguridad ciudadana, el objetivo es que todas las
personas puedan ejercer libremente sus derechos y libertades. Ese el
objetivo, no el que dice el ministro. Por tanto, una ley de seguridad
ciudadana debería contemplar qué ley hacemos para, una vez aprobada, que
los ciudadanos y ciudadanas del Estado español tengan más y mejores
libertades y derechos. Y ocurre lo contrario: una vez que se apruebe esta
ley los ciudadanos y ciudadanas del Estado español tendrán menos
derechos.

Digo esto, porque estas dos leyes, el Código Penal y la ley de
seguridad ciudadana, han sido calificadas de muchas maneras, pero hay una
que ha hecho fortuna y es la de criminalizadora de la protesta. Para el
senador Guillot y para mí esto va mucho más allá. Ciertamente, se
criminaliza la protesta, y Amnistía Internacional le ha dedicado un
informe monográfico que se titula «España: el derecho a protestar
amenazado», pero, como digo, esta ley va mucho más allá: va a enmarcar, a
integrar una política autoritaria de concepción del Partido Popular en la
sociedad y en el Estado. ¿Cómo lo hacen? No voy a entrar en cosas
concretas, pero hay tres o cuatro grandes líneas generales que enmarcan y
definen esa política general autoritaria. La primera es la restricción de
derechos y libertades, a la que luego me referiré; la segunda es, como se
ha dicho antes, el aumento importantísimo y la ampliación de las
sanciones; la tercera, la aplicación arbitraria de la ley; y la cuarta,
la amputación de derechos fundamentales.

El Gobierno trata de justificar esta ley con dos principios, que
son los de siempre: el tiempo y las demandas sociales. Aquí añade dos
más: los cambios sociales y la jurisprudencia constitucional. No voy a
perder mucho tiempo rebatiendo estos cuatro elementos, porque son
absolutamente ridículos, pero quiero pararme de forma muy breve y
argumentar los muchos informes contra esta ley que han hecho el Consejo
General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el portavoz de los
Derechos Humanos de la Unión Europea. Como ustedes, yo he tenido que leer
muchos informes, pero no recuerdo ningún informe o dictamen del Consejo
General del Poder Judicial tan contundentemente crítico contra una ley
por principios y derechos fundamentales; no hay absolutamente ninguno.
Hay 44 conclusiones, y prácticamente en todas, o se declara
inconstitucional el precepto sobre el que se está informando o se pide su
supresión. Este fue el informe del primer anteproyecto. Fíjense ustedes
—lo voy a resumir brevemente, porque merece la pena saberlo—:
el Consejo General del Poder Judicial dice que el artículo 16 del
anteproyecto del Gobierno, que hace referencia a la identificación de las
personas, es incompatible con el artículo 17 de la Constitución. En
relación con el artículo 4, que es la justificación de la intervención de
las fuerzas de seguridad, dice que hay que adecuarlo a los límites
constitucionales. En relación con el artículo 20, sobre las medidas
extraordinarias en situaciones de emergencia, dice que cuestiona la
constitucionalidad y pide su supresión. En relación con el artículo 15.2,
de la entrada y registro en los domicilios, pide su supresión. En
relación con el artículo 17.2, sobre controles en la vía pública, dice
que es contrario a la Constitución. En relación con el artículo 23.2, de
la colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública, dice
que esto es anticonstitucional y pide su supresión. En relación con el
artículo 19, sobre el cacheo, pide una revisión total de toda la
redacción. En relación con el artículo 11.2, de la denegación del
pasaporte, pide su supresión. En relación con el artículo 17.1, sobre la
restricción de tránsito, dice que hay que limitar las medidas de
restricción. En relación con el artículo 16.2, de la retención y traslado
a las dependencias policiales, habla de arbitrariedad y pide una nueva
redacción. En relación con el artículo 18, sobre el registro de lugares
públicos, dice que es más adecuada la regulación actual. En relación con
el artículo 22, de reunión y manifestación, dice que hay una expansión en
favor de la disolución de la Policía. En relación con el artículo 29.3,
que dice que la responsabilidad conjunta de organizadores en una misma
manifestación son infracciones, pide la supresión. En relación con el
artículo 26, de faltas penales a infracciones, dice que hay que
suprimirlo. Y en relación con el artículo 36, sobre el uso de imágenes de
autoridades o de miembros de las fuerzas de seguridad, dice que es
cuestionable su proporcionalidad.

La pregunta es ¿cuál es el derecho que no vulnera el anteproyecto
del Gobierno? De todos los que he dicho, ¿cuál falta? Tenemos un dictamen
del Consejo General del Poder Judicial en el que prácticamente hay veinte
momentos en los que cuestiona la constitucionalidad o pide, en
definitiva, la supresión. Y aquí la pregunta es qué mentalidad tiene el
Gobierno, que emite un anteproyecto de ley que vulnera prácticamente
todos los derechos y libertades o los restringe. A mí esto me causa
inquietud, me causa inquietud un Gobierno que apruebe un anteproyecto de
seguridad ciudadana en el que el Consejo General del Poder Judicial
cuestiona prácticamente todo el contenido de derechos y libertades del
anteproyecto que se aprueba.

En esta misma dirección va el dictamen del Consejo Fiscal que,
para no alargarme, voy a resumir en tres grandes ideas. El Consejo Fiscal
dice que hay una restricción de derechos, que hay un excesivo margen de
discrecionalidad por parte de la Policía, y se opone a la retención. Y
fíjense en lo que dice el portavoz de los derechos humanos del Consejo de
Europa: duda de que estas restricciones sean necesarias en una sociedad
democrática. Lo repito: duda de que estas restricciones sean necesarias
en una sociedad democrática. Y continúa diciendo: hay otras maneras para
proteger la seguridad de las personas y el orden público sin interferir
en la libertad. Y concluye diciendo que estaba preocupado por la
situación de la sociedad española. Es decir, el Gobierno español hace un
anteproyecto de seguridad ciudadana donde no se plantea lo que debería
ser el objetivo fundamental de este proyecto de ley, o de esta ley, que
es incrementar la libertad y el ejercicio de los derechos
constitucionales. Lo que hace es limitar o vulnerar prácticamente todos
los derechos y libertades que la Constitución marca.

A continuación, el Gobierno, con la misma música del
anteproyecto, hizo algunas modificaciones en la letra del proyecto que
hoy estamos discutiendo. En definitiva, lo que hizo fue mantener
—repito— la música. Y mantener la música ¿qué quiere decir?
Les pondré cuatro o cinco ejemplos. Cuando se habla de las restricciones
del tránsito que puedan hacer las fuerzas de seguridad se dice que se han
de hacer siempre que haya alteración del tránsito, y la propuesta que nos
hacen es: o indicios de que pueda pasar.






Indicios, ¿qué quiere decir? Que
se puede hacer lo que se quiera. Yo ahora puedo tener la sensación de que
hay indicios de que allí va a haber problemas y, por tanto, tomo medidas
preventivas, o puedo pensar que hay indicios en la tribuna de que puede
haber un problema.

Otro ejemplo: controles en la vía pública. Hasta ahora solo se
pueden hacer si existe la convicción de un hecho delictivo, pero la
redacción que se nos propone es: para prevenir los delitos. Es decir,
puedo hacer cualquier cosa pensando que con lo que hago prevengo delitos.
Indicios, prevención... Estos son los casos que el Consejo Fiscal define
como excesivo margen de maniobra.

El texto que estamos hoy discutiendo plantea la infracción grave
por el uso de imágenes de autoridades o de miembros de las fuerzas de
seguridad; es decir, un periodista o cualquier persona que haga una
fotografía en una manifestación puede cometer o comete una infracción
grave —evidentemente, vulnerando la libertad de información y de
expresión—.

Se suprimen algunos derechos pero se crea uno: el de
tranquilidad. ¿Qué quiere decir jurídicamente tranquilidad? ¿Qué, si mis
vecinos tienen un niño pequeño y este llora, rompen mi tranquilidad?
¿Quién define qué es tranquilidad? Es otro caso más de arbitrariedad y de
ambigüedad.

Y en el Código Penal, en la ley vigente, las infracciones y
sanciones están en función de la capacidad económica de la persona. En el
proyecto de ley que hoy discutimos desaparece la cuestión de la
gradación. Y ya se ha hecho referencia a las expulsiones de
colectivos.

El tema de fondo es: ¿por qué entonces el Gobierno hace esta ley,
que infringe, restringe libertades y derechos? Nuestra respuesta es
clara. Ayer decía que la nueva política de seguridad del Gobierno, tanto
en el Código Penal como en la ley de seguridad, es adecuar la política de
orden público a un nuevo orden social; un nuevo orden social desde el
punto de vista de la existencia de exclusión social, de pobreza, de gente
que lucha para no quedarse sin casa. Esto es lo que el Gobierno hace,
intentando resolver conflictos sociales mediante medidas de orden público
o medidas de seguridad. Los escraches o el 15-M representan fórmulas de
protesta ante un nuevo orden social que rechazan, y ante esto, la
posición del Gobierno es: política de seguridad, sustituir política
social ante problemas sociales, conflictos sociales, por política de
seguridad.

Por tanto, decir —lo diga quien lo diga— que este no
es un proyecto punitivo y represivo no aguanta la lectura del texto,
tanto del primer anteproyecto como el del proyecto que hoy estamos
discutiendo, un proyecto que ha sido calificado por los catedráticos de
Derecho Penal que ayer mencioné como represivo y que pretende asfixiar
derechos.

Acabo diciendo lo siguiente: esta ley es autoritaria, demuestra
una visión autoritaria del Gobierno hacia la sociedad, demuestra que el
Gobierno quiere intentar resolver problemas sociales mediante medidas de
seguridad, pero es un gran retroceso democrático. Estamos ante un
retroceso democrático importantísimo de disminución de derechos y
libertades y no de ampliación de esos derechos.

El Gobierno del Partido Popular ha producido muchos retrocesos
democráticos: retroceso en la aconfesionalidad del Estado; retroceso en
el modelo territorial de Estado; retroceso en la desigualdad de las
personas; retroceso en el papel que juegan los ayuntamientos. Muchos
retrocesos. Pero estoy seguro de que en las próximas elecciones la
sociedad española les va a devolver este retroceso con un gran retroceso
electoral.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Propuesta de veto número 8, presentada por la senadora Almiñana,
los senadores Boya, Bruguera, Martí Jufresa, Montilla, Sabaté, y la
senadora Sequera, del Grupo Parlamentario Entesa.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.

El primer argumento que quiero utilizar para la defensa del veto
de los senadores del PSC hace referencia al mismo título de la ley.
Normalmente la denominamos —hoy mismo se ha hecho por parte de
algún portavoz, y yo mismo lo hago— ley de seguridad ciudadana. Los
medios de comunicación también la denominan así. Sin embargo, a decir
verdad, a ese título le faltan dos palabras: en primer lugar, la palabra
«orgánica». Efectivamente, se trata de una ley orgánica. Y en segundo
lugar, y mucho más importante, le falta la palabra «protección». Se trata
de una ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Sin embargo,
desde nuestro punto de vista, el título no tiene nada que ver con el
contenido de la ley, con el articulado de la propia ley. Por tanto, para
nosotros no se trata de una ley de protección. Si fuese así, como ya se
ha dicho, su objetivo principal debería ser garantizar el ejercicio
efectivo y la protección de los derechos y libertades civiles, sociales,
y políticas de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la seguridad ciudadana,
señorías, como también el orden público, no son derechos fundamentales,
no están reconocidos como tales en nuestra Constitución ni en los
convenios internacionales suscritos por nuestro país. Solamente son
medios para la protección real y material del libre ejercicio de los
derechos, y así lo reconocen diversas sentencias del Tribunal
Constitucional, por ejemplo, la sentencia 385, de 1994, donde se dice que
no se reconoce el derecho fundamental a la seguridad ciudadana sino que
se considera que es una función de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado inseparablemente unida al derecho de libertad individual. Y la
sentencia 195, de 2003, reconoce el derecho a manifestación, y dice que
el cauce para todo principio democrático es la participación y que uno de
los pocos medios de que disponen en la práctica muchos grupos sociales
para explicar públicamente sus ideas y reivindicaciones es precisamente
la manifestación y el ejercicio de este derecho.

Por tanto, señorías, repito que para nosotros esta no es una ley
de protección, se trata más bien de una ley de orden público, de una ley
de control de la población que nos retrotrae a la ley de orden público
del año 1959. No es una ley de protección, es una ley de represión
ciudadana; una reforma ideológica para reprimir, para limitar, para
disuadir a los ciudadanos del ejercicio de sus libertades. Su objetivo,
insisto, es disuadir, es sacar de la calle las protestas y la pobreza
bajo el siguiente criterio: un ciudadano activo, un ciudadano
comprometido, un ciudadano que ejerce sus derechos es igual a un
ciudadano peligroso y, por tanto, a un enemigo de la seguridad.

El segundo elemento que sustenta nuestro veto —ya lo han
comentado otros portavoces— es si hay o no una demanda social, una
demanda ciudadana. Desde nuestro punto de vista, no la hay. Esta no es
una ley necesaria desde ningún punto de vista, y menos desde el de la
demanda ciudadana. ¿Por qué? En primer lugar, porque de las más de 30 000
manifestaciones que se producen en nuestro país a lo largo de un año, la
policía interviene en menos del 1 %. Y en segundo lugar —también se
ha comentado—, porque el nuestro es un país seguro, con unos
índices de criminalidad inferiores a la media europea, un país en el que,
efectivamente, a pesar de la crisis económica, los delitos descienden; no
aumentan. Por tanto, no entendemos que haya crispación social, y la
macroencuesta del CIS, que también ha sido comentada, dice que únicamente
el 2,5 % de la población española identifica como problema la seguridad
ciudadana.

En el día de ayer la senadora Franco utilizaba el argumento del
CIS para defender la prisión revisable. Y decía: dos de cada tres
españoles están de acuerdo. Pues bien, si utilizo el mismo argumento, que
únicamente dos de cada 98 consideran la seguridad ciudadana como un
problema, quedaría bastante claro que el Grupo Parlamentario Popular no
tiene necesidad de presentar esta ley.

Entro ya en el contenido de las cuestiones más de fondo, en las
críticas al contenido de la ley. Rápidamente quisiera poner encima de la
mesa de debate siete cuestiones. En primer lugar, es una ley —como
ya hemos dicho— que atenta contra los derechos fundamentales
consagrados en la Constitución Española, que cercena libertades civiles y
políticas: de reunión, de manifestación, el derecho de huelga, la
libertad de expresión, etcétera. Basta citar los centenares de casos de
sindicalistas de nuestro país que están hoy pendientes no únicamente de
juicio por ejercer el derecho de huelga, sino en muchos casos de penas de
privación de libertad.

En segundo lugar, elimina garantías básicas sobre el registro
domiciliario. No me extiendo más porque ya ha sido comentado.

En tercer lugar, no contempla medidas de accesibilidad para
garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

En cuarto lugar, utiliza conceptos jurídicos indeterminados que
conllevan arbitrariedad, amplios márgenes interpretativos, inseguridad
jurídica y también limitación de derechos. A lo largo de la ley podemos
leer expresiones como: perturbando la tranquilidad ciudadana, indicios
racionales de, medida extraordinaria en casos de emergencia, alteración
del orden público y, el más fantástico de todos, el deslucimiento del
mobiliario urbano. Este ya es el súmmum; poner una pegatina puede ser
considerado deslucimiento de una farola y del mobiliario urbano.

En quinto lugar, regula, desde nuestro punto de vista,
competencias municipales, especialmente en el caso de las ordenanzas
municipales. La inmensa mayoría de los municipios tienen regulado a
través de sus ordenanzas, por ejemplo, el tema del mobiliario urbano, las
actividades de ocio en espacios públicos, la venta ambulante sin
autorización, etcétera.

En sexto lugar, se toca el régimen sancionador. Se castiga con
sanciones económicas que pueden llegar hasta los 30 000 euros
especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Estamos
hablando de la prostitución, del consumo de drogas en la calle, de las
personas en situación de sinhogarismo. Limita también, a su vez, la
posibilidad de evitar la sanción de consumo y tenencia de drogas a cambio
de tratamiento solo a los menores de edad; es decir, que los principios
de reinserción, de rehabilitación, desaparecen de la letra y del espíritu
de esta ley. En el régimen sancionador casi podríamos poner a alguno de
sus apartados nombres y apellidos. Hay en el régimen sancionador un
apartado dedicado, por ejemplo, a Greenpeace. Hay otro al que solo falta
ponerle el título: jóvenes que colocan pegatinas reivindicativas o que
acampan en la Plaza Cataluña, por ejemplo, para protestar. Otro dedicado
a los activistas que recogen firmas para una iniciativa, por ejemplo,
legislativa popular, ya no digo para otra cosa, sino para una cosa de
este tipo sin autorización. Otro dedicado a los militantes de Femen que
perturben actos públicos o solemnidades. Otro dedicado a los activistas,
a las plataformas antidesahucio, etcétera. Es decir, se produce un
aumento considerable del número de infracciones. No se regula cómo se va
a tener en cuenta la situación económica del sancionado a efectos de la
gradación de la multa. Y se produce también en bastantes casos una
situación de doble penalización, recogiéndose, por ejemplo, en el Código
Penal y en la Ley de seguridad ciudadana, como podría ser, por poner un
ejemplo, la perturbación grave de la seguridad ciudadana, contemplada en
la ley que estamos debatiendo o el concepto de desórdenes públicos que
contempla el Código Penal.

Finalmente, señorías, dos cuestiones que para nosotros son
fundamentales. En primer lugar, como séptimo elemento, mantiene la
disposición final sobre las expulsiones masivas. Como ya se ha dicho, una
disposición rechazada por las entidades sociales y las ONG, por los
juristas, autoridades de la Unión Europea, el Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, etcétera. Estamos en contra. ¿Por qué? Pues porque
lesiona derechos humanos, y, además, da cobertura legal a una práctica
ilegal, como son las expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla,
vulnerando, como ya se ha dicho, disposiciones del Consejo de Europa, el
Código de fronteras Schengen, el artículo 6 de la Carta Europea de
Derechos Humanos, el Derecho Internacional de Asilo, etcétera. Y esto,
señorías, no lo decimos únicamente nosotros, todos los grupos
parlamentarios excepto el Partido Popular, sino que lo dice la Plataforma
del Tercer Sector, Cáritas, Cruz Roja, Amnistía Internacional, Acnur, el
Consejo General de la Abogacía Española, etcétera.

Además, señorías, se trata de una enmienda introducida en el
Congreso de tapadillo, que no ha pasado —y no es un tema
menor— por el informe del Consejo de Estado, por ejemplo, o del
Consejo General del Poder Judicial. Por último, esta ley elimina del
ámbito judicial las faltas para pasar a sanciones administrativas. Es
decir, sustrae del control judicial las conductas críticas con el
Gobierno, introduciendo, por lo tanto, discrecionalidad, falta de
garantías jurídicas y convirtiendo a la Administración en juez y parte
ante los ciudadanos.

Ya hemos dicho que al Gobierno no le gustan las protestas, no le
gustan los protestones. Pues queda claro que tampoco le gustan, por ser
demasiado blandos, los jueces. Se quiere pasar, por tanto, de un sistema
garantista a otro sin ningún tipo de garantías, que pretende eliminar el
control judicial previo y únicamente se podrá realizar este control
judicial a posteriori ante la jurisdicción contenciosa, debiendo abonarse
antes la sanción, lo que afectará negativamente a la tutela judicial y al
derecho de defensa. Es decir, será un elemento disuasorio en el ejercicio
de derechos y libertades. ¿Por qué? Porque una vez que las sanciones sean
firmes, en caso de impago, se iniciará proceso de embargo de rentas y
bienes.

Finalizo, señor presidente, señorías, diciendo que en un país
democrático, en democracia, aunque no nos guste, aunque lo consideremos
injusto, tenemos que acostumbrarnos a vivir y a convivir con las
críticas, especialmente los que nos dedicamos a la función pública.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

La propuesta de veto número 6 ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías, no
corren buenos tiempos cuando, en un contexto en el que proliferan las
manifestaciones, la contestación política contra los recortes del sistema
de libertades públicas y de derechos fundamentales, de los derechos
económicos y laborales, utilizando el espacio público, se trata de
incrementar el poder punitivo del Estado. La Constitución española se
refiere solo en dos preceptos y de forma colateral, tanto a la seguridad
ciudadana como al orden público. No son conceptos propiamente
constitucionales, puesto que la Constitución se refiere a ellos de forma
colateral. El artículo 16 se refiere al orden público, pero vinculado
solo a dos derechos fundamentales: el derecho de libertad religiosa y el
derecho de reunión y manifestación. Primera mención constitucional
relativa al orden público.

Aquí se amplifica esta dimensión vinculada solo a un derecho, el
orden público, al concepto anacrónico de orden público que se incorpora a
esta ley y a todos los derechos fundamentales y libertades públicas
previstos en la Constitución. Una amplificación que no tiene legitimación
ni siquiera constitucional ni está ubicada en la jurisprudencia
constitucional, y tampoco se reinterpreta así en la Constitución. Y el
concepto de seguridad ciudadana está previsto en el artículo 104 de la
Constitución, pero como presupuesto para el funcionamiento de las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado y de las demás policías integrales del
Estado, también desde una perspectiva de noción o de concepto colateral
al ordenamiento jurídico.

No son bienes jurídicos en sí mismos ni la seguridad ciudadana ni
la noción de orden público y, sin embargo, aquí se elevan de categoría
jurídica y se convierten en bienes jurídicos protegibles en sí mismos; no
solo en bienes jurídicos protegibles, sino en bienes jurídicos de un
rango jerárquico, idéntico o incluso superior al resto de libertades
públicas y derechos fundamentales que prevé la Constitución, en tanto en
cuanto ya no son solo el presupuesto para el ejercicio de los mismos o,
como dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional —a veces el
Tribunal Constitucional dice cosas curiosísimas—, ese estado de
tranquilidad que garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales y
libertades públicas, sino que se convierte en una suerte de nuevo derecho
fundamental o libertad pública cuyo detentador, cuyo depositario es la
Administración punitiva, la Administración sancionadora. Esto suena a
perversión de la noción de orden público y, sin embargo, inspira este
proyecto de ley al que presentamos un veto, lo deslegitima y lo convierte
en un proyecto de ley regulador de la potestad sancionadora o punitiva de
la Administración, en este caso ilegítima y ajena al sistema de
libertades públicas y derechos fundamentales previstos en la
Constitución.

Pero el proyecto de ley hace más, le da una dimensión desmesurada
a este concepto de bienes públicos, no solo extendiendo a todos los
derechos fundamentales y libertades públicas la noción de orden público
que recuperan a partir de la Ley de 1992, que también recuperó la
anacrónica concepción de orden público, no de seguridad ciudadana, como
una especie, no ya de presupuesto para el ejercicio de otros derechos,
sino como un derecho en sí mismo, como un bien protegible en sí
mismo.

Además, lo extienden manteniendo a lo que se denominan
apoderamientos especiales o apoderamientos genéricos a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado cuando actúan, otorgándoles una facultad
de actuación discrecional cuando aprecian ellas, también,
discrecionalmente algún estado de necesidad o la pertinencia misma de su
actuación en todas las materias que se regulan en este proyecto de
ley.

En el artículo 14 —si lo leen detenidamente, lo
verán— se mantienen los apoderamientos especiales y los
apoderamientos genéricos, luego esta ley no sirve para casi nada si
existen esos apoderamientos especiales o genéricos en tanto en cuanto los
funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrán
actuar cuando consideren que concurre algún estado de necesidad o la
pertinencia de una actuación que posibilite un cacheo, la exigencia del
documento nacional de identidad o cualquiera de las otras potestades
exorbitantes que dimanan del ejercicio de la función punitiva que
corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a sus
funcionarios y que se mantienen en el artículo 14.

Además, es un concepto de orden público perverso el que sirve de
fundamento a esta ley, porque es un concepto de orden público que está
perfectamente descrito. Y no nos han tranquilizado al exponer su
reflexión apologética en relación con esta ley, porque toda la facundia
del mundo no sería suficiente para convencernos de que esta ley es
pertinente y adecuada al sistema de libertades y derechos fundamentales
previstos en la jurisprudencia constitucional. Pero ese concepto de orden
público está identificado normativamente en los primeros artículos del
proyecto de ley.

¿Qué se defiende a través de este proyecto de ley? Se defiende,
en primer lugar, la preservación de lo que se denomina eufemísticamente
estabilidad institucional. Se defiende, en segundo término, lo que se
denomina el cumplimiento del ordenamiento jurídico, y el artículo 4
defiende, mediante la imposición de sanciones eventuales, vulneraciones
del ordenamiento jurídico, que ¿quién las aprecia? Discrecionalmente las
fuerzas policiales actuantes o las administraciones competentes, y con
ese concepto de orden público, a través de esa norma, se positiviza o
normativiza en el ordenamiento jurídico punitivo ese concepto de orden
público. Y se pretende la preservación del statu quo, la preservación de
determinados valores morales, de determinados valores jurídicos y de
determinados valores políticos, cuya contradicción es objeto de sanción
administrativa. Y luego, acometen otra operación, que dimensiona todavía
más esta noción de orden público. Se procede, por tanto, por parte del
legislador penal, a la desaparición del Libro III del Código Penal, a la
desaparición definitiva de las faltas y a la reubicación prácticamente
del 60 % de las mismas en esta ley en el ámbito sancionador
administrativo, pero se hace de forma peculiar y, a nuestro juicio,
inadecuada.

No utilicen como elemento de autoridad para legitimar este
proyecto de ley los dictámenes del Consejo de Estado o del Consejo
General del Poder Judicial, porque le han advertido de una cosa que no se
ha tomado en consideración y es que las sanciones previstas en esta ley
son de cuantía superior a las sanciones previstas por las faltas, que
desaparecen. También las sanciones en relación con las faltas son de
carácter pecuniario, son de carácter económico, con lo cual se produce un
incremento del reproche punitivo en el ámbito de la competencia
sancionadora administrativa, pero no solo eso, sino que, además, se
produce una disminución de las garantías de los ciudadanos en tanto en
cuanto la actuación de la jurisdicción penal se basa en la actuación de
jueces independientes que utilizan las garantías propias del proceso
penal. Pero la actuación administrativa se realiza desde una perspectiva
de autotutela de los intereses de la propia Administración. Y no solo de
autotutela, sino que el control jurisdiccional de los procedimientos
administrativos basados en la autotutela de sus propios intereses o de
sus propios posicionamientos políticos o morales, luego es objeto de
control por otra jurisdicción, la contencioso-administrativa, que también
está sujeta a la exacción de tasas judiciales y tiene mucha más demora en
la resolución de los casos que la jurisdicción penal. Y, desde esa
perspectiva, se reduce también el ámbito de las garantías y el ámbito de
la protección jurisdiccional que deriva de esta traslación de las faltas
que desaparecen del Código Penal y se reubican en esta Ley de seguridad
ciudadana.

Por otra parte, ya para terminar de redondear esta especie de
perversión del concepto de orden público, se produce un verdadero
apoderamiento del espacio público por parte de la Administración.
Apoderamiento del espacio público que se basa en las siguientes razones:
el espacio público tiene que concebirse como una especie de espacio de
tolerancia colectivamente configurado desde la perspectiva de una persona
cuyo mecanismo de pensamiento se basa en principios democráticos y tiene
la suficiente sensibilidad democrática a través de la interacción y a
través del ejercicio de ciertos derechos como el de manifestación, el de
reunión y el de participación en los asuntos públicos. Y, sin embargo,
¿qué se hace con este proyecto de ley? Sencillamente, vincular la
utilización del espacio público solo a lo que está autorizado por la ley.
No decimos que el espacio público no pueda ser objeto de control por
parte de la ley en algunas ocasiones y que el espacio público se pueda
utilizar para cualquier cosa por los ciudadanos, si para la creación de
este espacio de tolerancia para la integración y el intercambio de
opinión es a través de los derechos que esta ley limita peligrosamente y
que, como decimos, son los de manifestación, reunión y participación en
los asuntos públicos. Pero lo que no puede convertirse el espacio público
es en un espacio cuya posibilidad de actuación en el mismo, por parte de
los ciudadanos, esté limitada a lo que la ley autoriza y exclusivamente a
lo que la ley autoriza. Esto es una regresión. Es una reducción grave de
las posibilidades de utilización del espacio público por parte de los
ciudadanos mediante el ejercicio de derechos fundamentales y,
probablemente, con problemas de constitucionalidad. Y si no, al tiempo,
porque lo veremos.

Luego se incrementa el número de conductas que son objeto de
reproche sancionador administrativo y se incorporan la mayoría de las que
estaban previstas en la Ley 1/1992. Se incorporan las faltas que se
trasladan desde el Código Penal a este proyecto de ley y se incorporan
otras nuevas, sin perjuicio de que se mantengan estos apoderamientos que
permiten una actuación verdaderamente discrecional de las fuerzas y
cuerpos de seguridad en el artículo 14. Y luego se pretende preservar el
statu quo. Por eso, decimos que son malos tiempos para quienes quieren
practicar actividades de contestación contra las políticas
gubernamentales, sea del Gobierno que sea; malos tiempos, en definitiva,
para la disidencia política.

Desde una perspectiva competencial, se provoca también otra
disfunción que quiero poner de manifiesto y sobre la cual nos gustaría
negociar con el tiempo, porque este proyecto de ley ya está dictaminado,
en trámites ulteriores, incluso, a la aprobación de la ley.

Señores del Partido Popular, ustedes no reconocen como se deben
reconocer las competencias autonómicas de aquellas comunidades autónomas
que tienen competencias plenas en materia de seguridad pública y tienen
policías integrales.

Se produce un reconocimiento confuso y perturbador de la
totalidad del contenido, de la indemnidad del contenido de estas
competencias en tanto en cuanto se utiliza una expresión que provoca esta
confusión que es la palabra mágica y terrible: asimismo. Con «asimismo»
parece indicarse que, asimismo, tanto las policías como las fuerzas y
cuerpos de seguridad estatales, como las autonómicas, allá donde tengan
competencias en materia de seguridad autonómica, pueden actuar en este
ámbito en virtud de las previsiones de la Junta de Seguridad. En virtud
de las previsiones de la Junta de Seguridad es una redundancia y no tiene
ningún sentido. Las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco
y de Cataluña, por ejemplo, están tasadas por sus estatutos de autonomía
y no dimanan de los acuerdos de la Junta de Seguridad, ni en este ámbito
ni en ninguno atinente a la seguridad ciudadana; están tasadas. Y las que
también están tasadas son las competencias de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado: documento nacional de identidad, pasaporte, armas y
explosivos, extranjería, etcétera. No obstante, este proyecto de ley
produce una especie de inversión de los términos y parece que las tasadas
son las competencias autonómicas y, las generales, las competencias
estatales mediante una especie de desnaturalización absoluta, en nuestro
caso, del artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Gernika. Esta
utilización del concepto «asimismo» y esta especie de vinculación de las
competencias autonómicas a los acuerdos de la Junta de Seguridad es
profundamente incorrecta. Las competencias autonómicas están previstas en
el bloque de constitucionalidad, están previstas en el artículo 17 del
Estatuto de Autonomía de Gernika y son totales. Y no se puede, mediante
la utilización de conceptos como «asimismo», indiferenciar las potestades
de actuación de policías estatales con policías autonómicas allá donde
haya cuerpos o policías autonómicas integrales, que deben ejercer todas
las competencias en materia de seguridad ciudadana menos las que están
tasadas —estas sí que están tasadas— para el Estado, para la
Administración que ustedes representan y paras las fuerzas y cuerpos
seguridad del Estado.

Finalizo, señor presidente. En este proyecto de ley se hace
referencia a las manifestaciones ante las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas y el Parlamento español, Cortes Generales, Congreso
y Senado. Se prevé esta actuación para cuando se perturba el
funcionamiento de estos órganos, pues, si no se perturba, no tiene
sentido imponer ninguna sanción. Pero, señorías, perturbar el
funcionamiento de estas instituciones ya está previsto como tipo
delictivo —como un delito menos grave y grave en ocasiones—
en el artículo 494 del Código Penal. Esto nos lleva a la última
reflexión: que existe una duplicación de infracciones, que ya están
previstas como administrativas y que son objetivo de sanción
administrativa.

Por esta y otras razones, nuestro grupo parlamentario presenta
este veto y votará a favor de los demás vetos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

La propuesta de veto número 5 ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente. Señorías,
buenos días.

Hoy debatimos un proyecto de ley de la máxima importancia para
los ciudadanos y los cuerpos policiales, una ley que trata de derechos
fundamentales y libertades públicas.

Ayer tuve una grata sorpresa durante el debate del Código Penal,
cuando vi al ministro de Justicia sentado en los escaños de esta Cámara.
Pero como dice aquel: mi gozo en un pozo. Yo pensaba que hoy tendríamos
aquí a nuestro ministro del Interior, nuestro apreciado y querido
ministro del Interior; pero no está: no podía ser de otra manera. El
hecho de que para debatir una ley tan fundamental no esté presente hoy el
ministro del Interior no solo deja en evidencia al propio ministro
—que ni está ni se le espera—, sino que pone en evidencia que
el Senado es para él no solo una Cámara de segunda lectura, sino también
de segunda categoría. Entiendo que debe estar muy ocupado con el
comisario Villarejo. Y déjenme dar una pincelada al respecto. Curiosa
seguridad ciudadana es la que permite que un comisario compatibilice su
actividad en no sé cuántas empresas, con una facturación de no sé cuántos
millones de euros, con su tarea policial; tarea policial en la que se
involucra a un presidente de comunidad en presuntas grabaciones ilegales
y en famosas comidas con florero y micro en Barcelona. Como dicen en mi
tierra: m?hi jugaria un pèsol, apostaría un guisante a que también está
involucrado en los famosos informes de la UDEF en relación con el
presidente de la Generalitat, Artur Mas, y al alcalde de Barcelona,
Xavier Trías. Y van y le condecoran. Déjenme que les diga que los
ciudadanos en este sentido no estamos nada seguros. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Entrando en la ley, nosotros expusimos en la reunión de la
Comisión de Interior que dictaminó este proyecto de ley la necesidad de
reformar la Ley 1/1992, porque en veintitrés años se han producido
profundos cambios sociales, jurisprudenciales y también hemos vivido una
auténtica revolución tecnológica, que mucho tiene que ver con la
seguridad y la protección de los ciudadanos. Aquella ley de 1992
coincidía con el auge de internet tal y como lo conocemos hoy y los
profundos cambios que ha provocado en las relaciones sociales y
personales. Es evidente, por tanto, que aquella ley debía ser revisada y
actualizada. Pero ustedes han convertido la reforma de esta ley en algo
infumable en muchos aspectos, pues suponiendo un cambio en la relación
entre seguridad ciudadana y derechos de los ciudadanos, debiendo afinar
la protección de los ciudadanos pueden generar el efecto contrario,
efectos negativos en los derechos fundamentales y libertades públicas.
Por eso, en ningún caso es nuestra ley, de ahí nuestro veto.

Además, no es la ley de ninguno de los grupos de la oposición,
pues ustedes han conseguido con esta reforma el consenso de todos los
grupos de la oposición en su contra. Se han presentado ocho vetos, toda
la oposición se manifiesta en contra. Ya sé que ustedes están
acostumbrados a aplicar su poderoso rodillo y les da igual un veto que
diez o una enmienda que mil, pero les debería hacer reflexionar el hecho
indiscutible de que hoy este proyecto de ley tiene a los representantes
de una parte muy importante de la sociedad española en contra. Algo están
haciendo mal y su prepotencia les impide verlo. Y han conseguido crear
mucha alarma y rechazo en numerosas entidades sociales: Cáritas, Amnistía
Internacional, Plataforma del Tercer Sector, Justicia y Paz o incluso el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur,y
también ha causado la misma alarma y rechazo en el mismísimo Consejo
General de la Abogacía Española, y más tarde hablaré de ello.

En primer lugar, debo manifestar mi profunda indignación al ver
que todas y cada una de las veces que el Gobierno del Partido Popular
lleva un proyecto de ley al Parlamento los gobiernos de las comunidades
autónomas, especialmente Cataluña y Euskadi y los grupos parlamentarios
que les damos apoyo, temblamos al tener la certeza de que alguna
competencia autonómica quedará laminada en la tramitación y eso supone
una ardua batalla para proteger y preservar las competencias autonómicas,
algunas veces en el Congreso, algunas en el Senado, como ya sucedió en el
Proyecto de Ley de la seguridad privada, cuando aquí en el Senado tuvimos
que renegociar y salvaguardar las competencias de la policía integral de
Cataluña en esa materia. Pues en esta ley tres cuartos de lo mismo.

Ustedes invierten la realidad de Cataluña, donde la competencia
general de seguridad ciudadana corresponde, según el Estatut, a su
policía integral, los Mossos d’Esquadra y tanto la Policía Nacional
como la Guardia Civil tienen limitadas sus competencias: DNI, pasaporte,
extranjería, armas, etcétera y la convierten en una Cataluña irreal,
donde parece ser que quien tiene la competencia en seguridad ciudadana es
la Policía Nacional y la Guardia Civil y los Mossos son residuales y si
cuela, cuela. El mundo al revés. Pero, además, nos parece insólito que
algo tan básico en seguridad ciudadana como es la cooperación entre
cuerpos se vea gravemente limitada por la reiterada negativa del Gobierno
del Partido Popular de no permitir el acceso a las bases de datos de
Interpol y Europol a las policías autonómicas, en un momento de máxima
prioridad en la lucha contra el terrorismo internacional.

La cooperación internacional entre cuerpos de policía y el acceso
de estos cuerpos a las bases de datos internacionales son la mejor
herramienta para evitar que delincuentes internacionales puedan
esconderse en otros países o territorios diferentes de donde han cometido
los delitos. Sin poder acceder a estas bases de datos, el trabajo es
mucho más arduo y no responde a una policía eficiente y preparada. Es
impensable que el agente de tráfico de los Mossos d?Esquadra pare a una
persona extranjera y no pueda comprobar en el ordenador de su coche o de
su motocicleta los datos de este señor para comprobar que no se trata de
ningún delincuente internacional. Y no les hablo de ciencia ficción,
señorías, les hablo de hechos reales, les hablo, por ejemplo, de uno de
los capos de la camorra napolitana, que ha vivido tranquilamente en
Cataluña durante dos años y los Mossos no han tenido la más mínima
constancia de este hecho. ¡Menuda colaboración, menuda protección a los
ciudadanos! Ese es su concepto de seguridad ciudadana, al menos en
Cataluña.

Hablemos del régimen sancionador. Al pasar muchas faltas a
sanciones administrativas y así abandonar el ámbito judicial al
producirse un trasvase entre derecho penal y derecho administrativo,
dejan demasiado margen a la interpretación no objetiva y eso, en
elementos sancionadores es altamente peligroso. Pueden así darse casos de
arbitrariedad y de aplicación de sanciones que pueden ser
desproporcionadas. Sancionar de manera desproporcionada una proclama en
una manifestación puede suponer vulnerar el derecho fundamental de la
libertad de expresión. Se olvidan de castigar las cosas gordas, los
ilícitos importantes —¿apología del holocausto no lo es?—, y
se ceban en temas menores que afectan muy directamente a los derechos de
los ciudadanos. A quienes se les debe garantizar la seguridad es a los
ciudadanos, pero nunca a costa de sus derechos fundamentales.

En esta ley ustedes también utilizan conceptos jurídicos
indeterminados dejando un peligrosísimo margen a la interpretación y
creando inseguridad jurídica, por ejemplo, en los artículos 17 y 18, que
guardan relación con el derecho de reunión y manifestación en vías o
lugares públicos en que los cuerpos de seguridad pueden limitar o
restringir la circulación o permanencia en supuestos de alteración de la
seguridad ciudadana cuando existan indicios racionales de que pueda
producirse dicha alteración. ¿Quién decide los indicios y sobre qué base?
¿A juicio de los agentes? Actuar por indicios puede limitar el ejercicio
de los derechos de reunión y manifestación. Y cuando ustedes hablan de
inmediaciones, ¿qué se considera inmediación? ¿Una plaza al lado de la
estación de tren es inmediación? ¿Los ciudadanos de Tarragona no van a
poder manifestarse para pedirle al Ministerio de Fomento una estación
digna y no la tercermundista que tenemos hoy? Y si unos ciudadanos pasean
por la calle delante de la estación, ¿estarán incumpliendo la ley? La
terraza de un bar al lado de una gasolinera, ¿es inmediación porque una
gasolinera es un depósito de combustible? ¿Puedo estar tomando un café en
ese bar mientras hay una manifestación de trabajadores de la gasolinera?
¿Están incumpliendo la ley? ¿Incumplen la ley aquellos que ejercen el
derecho fundamental de manifestación de manera consciente? Y cuando
hablan de perturbar la tranquilidad ciudadana, ¿cómo se evalúa cuándo se
perturba la tranquilidad y cuándo no? Como dice el Consejo General de la
Abogacía Española, basta la lectura de las infracciones apuntadas para
advertir que algunas de ellas están descritas en términos excesivamente
amplios, no lo suficientemente precisos, concretos y taxativos como para
colmar las exigencias del principio de tipicidad. A este dato se suma que
resulta cuestionable su proporcionalidad.

En cuanto a la identificación y mantenimiento de los documentos
identificativos, parece ser que deberemos llevar de nuevo el DNI en la
boca todo el día como en tiempos pretéritos.

Y en relación a la solicitud de servicios sexuales, les recuerdo
que hace dos años presenté en esta Cámara un proyecto de ley para
modificar la Ley de tráfico y prohibir la solicitud de la prestación de
servicios sexuales en las carreteras de titularidad estatal no solo para
garantizar la seguridad de las prestantes sino también para evitar
riesgos en la seguridad vial. Y decía entonces que era más importante
sancionar a los conductores solicitantes que no a las personas que
prestan estos servicios, pues al sancionar a las personas que ejercen
prostitución en las carreteras se corre el riesgo de penalizar a la parte
más frágil, a la más débil. En este sentido, en las zonas de tránsito
público, que dice la ley, entiendo que se incluyen las carreteras del
Estado, pero insisto en que el objetivo debería ser sancionar a los
solicitantes y en todo caso desalojar sin amenaza en caso de reiteración
a las personas que prestan estos servicios. En eso se equivocan.

Acabo con el tema de las devoluciones en caliente. Soy muy
consciente de que la frontera en Ceuta y en Melilla se ha convertido en
una de las puertas a Europa para las personas que huyen de sus países,
donde su vida, su seguridad y su libertad están en peligro. Les he
manifestado más de una vez que la solución debe ser europea. No se puede
dejar solo al Estado en la toma de decisiones a este respecto
precisamente para que no pase lo que está pasando. Ustedes han convertido
esa decisión en una auténtica patada en el trasero de aquellas personas
que luchan por entrar en lo que consideran la única esperanza que les
queda.

Como decía al inicio, ustedes han puesto en su contra a entidades
sociales de altísimo prestigio que han visto con estupor, al igual que
todos los representantes de los partidos de la oposición, cómo van a
devolver en caliente a toda esa gente al otro lado de la frontera. Ya sé
que han suavizado su propósito inicial con la introducción de
salvaguardas internacionales, pero me suena a lo mismo. ¿Es que cuando
sucedió el trágico suceso de la playa del Tarajal, no existían normativas
internacionales de derechos humanos que cumplir? ¿Ahora sí que las van a
cumplir? Seguimos pensando al igual que el Consejo General de la
Abogacía, Cáritas, Acnur, Justicia y Paz, Amnistía Internacional,
Plataforma del Tercer Sector, y tantas y tantas otras organizaciones, que
a toda persona que entra en un territorio de un Estado soberano y
democrático se le debe dar un trato humano, unas garantías mínimas, como
son la asistencia letrada, el intérprete, incoación de un expediente,
cumplir con la Ley de Extranjería. Ustedes, en cambio, pretenden
legalizar una actuación ilegal de expulsión sumaria, y eso es
intolerable.

Por todo esto, hemos presentado este veto al que vamos a apoyar,
al igual que apoyaremos los vetos de los demás grupos de la
oposición.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 4, del Grupo Socialista. Tiene la
palabra el senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar, me gustaría disculpar al ministro del
Interior, debe estar muy ocupado en Estrasburgo (Aplausos), y además
ocupado en lo que corresponde en este momento: en decir que el señor
Villarejo ha hecho funciones muy relevantes para el Estado español.
También ha hecho otra declaración muy sabrosa:






el que un policía se reúna
con un político, en sí mismo no tiene nada de malo. Yo creo que todavía
no ha escuchado las grabaciones que el otro día le comentamos. Pero más
allá de este tema, vamos al fondo, porque esta ley es importante, aunque
el ministro no le dé la importancia que tiene.

En primer lugar, ustedes dicen que los cambios necesarios que se
han producido con este proyecto de ley vienen derivados de los nuevos
cambios que se están produciendo en la sociedad española, y yo diría que
internacional. Y les doy la razón. En la sociedad española se han
producido cambios muy importantes, y ustedes se sienten muy cómodos con
ellos porque son unos cambios que tienen que ver con lo que se llama la
gobernación de la globalización en el mundo y con la ruptura de un pacto,
un pacto entre demócrata-cristianos y socialistas y socialdemócratas,
después de la segunda guerra mundial, que era el pacto por una economía
mixta por un Estado de bienestar. Y ese pacto se ha roto y se ha roto
tajantemente, y el pacto constitucional en España también se ha roto en
ese sentido. Y estos pactos son lo que, de alguna manera, están cambiando
el modelo social. También se ha roto el equilibrio que teníamos en la
negociación colectiva. Ya se encargaron ustedes con la reforma laboral de
generar un espacio de inseguridad, desde el punto de vista laboral, de
pérdidas de derechos y libertades laborales en nuestro país. Eso también
produjo un profundo cambio social. Y se ha roto también un pacto que yo
añoro, que era el desarrollo equilibrado norte-sur en la Unión Europea.
Por lo tanto, estamos en un tiempo nuevo, en un momento nuevo donde la
globalización, la falta de poder gobernar esa globalización, está
generando un problema de déficit democrático.

Ese cambio tan profundo que se ha producido tanto en la sociedad
europea como en la española es lo que ha producido el malestar que
ustedes quieren atajar con esta ley. Y eso tiene que ver con una
filosofía que, en mi opinión, se acerca —no quiero
caricaturizar— a lo que es el modelo del Estado decimonónico.
Ustedes están más por lo del Estado mínimo, ¿les suena eso de que hay que
recortar el Estado, que lo que podamos darle a la sociedad privada,
démoslo, que el dinero en el bolsillo de los ciudadanos está mejor que en
el del Estado? Es el Estado mínimo, el Estado gendarme, un Estado que se
dedica a la protección de los bienes, especialmente de los que les quedan
algunos bienes, pero no de los del resto de los ciudadanos. Por lo tanto,
ustedes están cambiando este modelo con un ultraliberalismo, por cierto,
muy hipócrita, porque en su momento, cuando no lo necesitan, como es en
el rescate a la banca, no dudan ustedes en ser intervencionistas de una
manera clara. Lo decimos en el veto: con la excusa de las crisis, ustedes
han recortado el Estado social, y con la excusa de la seguridad, nos
recortan las libertades. Estos son los cambios que se están produciendo
en la sociedad española.

Y otro cambio al que debemos estar muy atentos —en este
Pleno algo deberíamos haber avanzado en esa dirección y yo creo que ha
sido muy poco lo que se ha hecho— es todo lo que tiene que ver con
la sensación de corrupción, y esta ley ignora esa situación. El estado de
la opinión pública sobre la corrupción en el 2011, cuando tomaron ustedes
el Gobierno, era el siguiente: para un 6 % de los españoles ese era uno
de los principales problemas; hoy lo es para el 55 %. Por tanto, este
tema, el tema de las instituciones y el deterioro de lo público nos
debería preocupar y debería estar en esta ley. Sin embargo nada de esto
se recoge en el proyecto de ley que ustedes presentan. Una ley
innecesaria, como se ha dicho aquí, entre otros motivos porque quiero
recordarles que no hay problema de inseguridad ciudadana, ni en la
percepción social, ni en los datos de reducción de índices de delitos. Y
no me voy a detener porque ustedes lo conocen mejor que yo.

Mientras que la ley de 1992 puso fin a lo que entonces era la Ley
de orden público, y planteó el tema de la seguridad ciudadana como un
elemento para la protección de los derechos y de las libertades como
sinónimo de protección, como un instrumento, ustedes plantean en esta ley
una equiparación de la seguridad ciudadana con el orden público, y no es
casual. Vuelven a un modelo anterior, a un modelo de orden público más
que a uno de seguridad ciudadana en el sentido de protección de derechos
y libertades, e introducen algo que a mí me parece que les delata. Hablan
permanentemente de la tranquilidad ciudadana entre los objetivos
fundamentales, y la tranquilidad ciudadana es un concepto muy inseguro.
¿Quién define qué es la tranquilidad ciudadana en nuestro país? ¿Qué
vamos a hacer con ese pretexto de la seguridad ciudadana? ¿Cuántas
medidas de recorte de las libertades vamos a establecer para proteger una
supuesta tranquilidad ciudadana, no sabemos muy bien de quién ni quién la
define? Ustedes introducen este tema, como otros muchos. Previamente
habían lanzado ideas de recorte de las libertades del derecho de huelga;
me acuerdo de los manifestódromos en Madrid, me acuerdo de los escraches,
me acuerdo de generar esa sensación de que estábamos en un Estado donde
el vandalismo imperaba de una u otra manera.

Pues bien, yo creo que ese no es el bien jurídico a proteger. La
protección que tenemos que hacer es fundamentalmente la de los derechos
de los ciudadanos. Y vuelven ustedes a querer controlar la calle, porque,
perdonen que se lo diga, pero ustedes han tenido un fundador del partido
que tuvo una frase histórica: La calle es mía. No vuelvan a decir ustedes
por concepto que hay que controlar lo que se hace en los espacios
públicos. La calle es un espacio para la protesta, para la convivencia,
para lo lúdico, pero es un espacio público, un espacio de todos. No se
puede ir a un concepto de patrimonializar el poder del espacio
público.

Hablan ustedes también de restricciones importantes en las
libertades, y me preocupa una de ellas. Hemos hablado de muchas en la
exposición de motivos, pero hay una de ellas que me preocupa
especialmente. Con el recorte de los derechos de los trabajadores hemos
visto necesario introducir en una enmienda, que ustedes ni han
considerado, potenciar el derecho a la libertad sindical y el derecho de
huelga. No puede ser, porque no ha habido datos especiales, que en este
momento existan sindicalistas que, por proteger un derecho fundamental,
estén teniendo problemas en los juzgados; que exista una interpretación
de la ley que hace que se les pueda llevar a prisión por ejercer un
derecho fundamental básico en democracia, como es el derecho a la
libertad sindical y el derecho de huelga. Pero ustedes no han considerado
oportuno hablar de estos temas.

Y estos recortes de libertades los denuncian todos los
organismos. No me voy a extender, pero, por ejemplo, Amnistía
Internacional dice que, ante medidas de austeridad como las que han
provocado la vulneración de los derechos humanos, el Gobierno ha adoptado
la actitud de aumentar la potestad punitiva y sancionadora, y ha
recortado la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta es la opinión
que tienen organismos internacionales que también son capaces de valorar
las reformas que se han introducido en el Congreso de los Diputados, y
por tanto, nada sospechosas de querer generar ningún estado de opinión
contrario a lo que es una sensación objetiva del conjunto de la sociedad.
Son todos los recortes que están haciendo ustedes en todos los sentidos,
como el uso no autorizado de imágenes limitando la libertad de expresión;
el ir contra los actos de solidaridad, como en el tema de los desahucios,
que es vergonzoso que el propio secretario de Estado dijera que se hacía
por ello; el tema de los desalojos, cuando sabemos que es un drama social
para miles y miles de familias; los actos de solidaridad ante los
desahucios que se están convirtiendo en sanciones de hasta 30 000
euros... Me parece simple y llanamente escandaloso. Lo que hay que hacer
es una política de vivienda y una política de dación en pago, y no ir por
medidas de esta naturaleza.

Cuando hablan ustedes de falta de respeto y consideración a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lo dejan en esos términos, es
totalmente discrecional, vamos a tener sanciones multiplicadas como las
que hizo la delegada del Gobierno —hoy candidata a la Comunidad de
Madrid—, Cristina Cifuentes, que para que se hagan ustedes una
idea, sin esta ley, en 2012, multiplicó por 9 el número de multas en la
Comunidad de Madrid, y yo conozco perfectamente de lo que les estoy
hablando.

La discrecionalidad, el tema de la presunción de veracidad de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin ningún mecanismo
—como le piden— de control como observatorios, o de mediación
que tienen que existir, es un peligro importante para la democracia. Y
esto lo han hecho ustedes, además, cuando se ha generado en este momento
el traslado de las faltas, se ha quitado del Código Penal, pasando a la
potestad gubernativa la capacidad de sancionar las infracciones. Han
incrementado el poder de la sanción con muchas menos garantías, porque lo
han quitado del Poder Judicial y lo han pasado a la decisión gubernativa,
y creo sinceramente que ustedes deberían revisar estos temas.

En este momento, ante esos recortes de libertades y ataques a la
seguridad, incluso —quiero dejar aquí también constancia— una
loa a la seguridad privada, les pedimos, por favor, que incorporasen el
tema de la policía portuaria, 2000 trabajadores públicos, y les pedimos
que los equiparasen como agentes de autoridad, lo mismo que figura en la
Ley de seguridad privada para los trabajadores de empresas de seguridad
privada, que reconociesen ese trabajo. Sin embargo, en su línea de
trasladar servicios públicos a lo privado, no han querido mencionar un
tema de esta importancia, siguen dando un valor fundamental al traslado
de servicios públicos a las empresas privadas, el negocio de lo público
en las empresas privadas, y creo que ese es otro error que cometen
ustedes en este proyecto que han presentado.

Y, por otra parte, me preocupa el tema, y me quiero detener
brevemente en ello, de la modificación de la Ley de extranjería y el
derecho de asilo. Yo sé que han tenido ustedes contactos con Acnur y sé
que les han dicho que hagan un protocolo, que desarrollen un reglamento,
y podíamos haber hecho una transaccional sobre este asunto, aunque
legislar para Ceuta y Melilla no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno,
podíamos haber buscado un acuerdo. Pero ni siquiera han sido capaces de
recoger el esfuerzo de Acnur para hacer una modificación que les
comprometa a ustedes con un reglamento que proteja a los inmigrantes que
tienen el derecho de pedir el derecho de asilo en nuestro país y que dé
garantías a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hoy estamos
viendo cómo guardiaciviles que han pedido a través de la Asociación
Unificada de la Guardia Civil protocolos de actuación están siendo
juzgados. Hay una inseguridad absoluta y con esta modificación que hacen
y con el desprecio a los trabajos de Acnur sin duda España se va a ver a
nivel internacional con muchos problemas en los tribunales; mucho
funcionario público va a tener condenas porque no existen garantías
jurídicas a ese respecto.

Y les quiero decir que esto, el recorte de libertades, de
derechos fundamentales, el informe del Consejo General del Poder
Judicial, el tema de Acnur, todas estas cuestiones hacen que esta ley
tenga vicios de inconstitucionalidad. Vamos a tener problemas serios con
esta ley y entre todos necesitamos tenemos garantías jurídicas a ese
respecto.

Se han saltado todos los convenios internacionales, todos
absolutamente: Ginebra, Roma, Ley de extranjería, Ley de asilo, Acuerdo
con Marruecos. Modifiquen ustedes esa postura, modifiquen la postura
porque es necesario que todos nosotros pongamos como prioridad el derecho
de las libertades y los derechos fundamentales, también de aquellos que
se ven obligados a cruzar el Estrecho, de venir a España por las
condiciones inhumanas que tienen en sus países.

Por lo tanto, les pido que rectifiquen: 8 vetos, todas las
organizaciones sociales en contra, organismos internacionales muestran
que esta ley no es la que necesita España.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno en contra. Tiene la palabra, senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Señorías, buenos días. Muchas gracias,
presidenta.

Lamento que no esté el señor Anasagasti, pero el señor Cazalis
seguro que le podrá trasladar esto que voy a decir: parece mentira que un
hombre como el señor Anasagasti, con la experiencia que tiene, con los
espolones que calza, haya dicho que son malos tiempos para la disidencia
política; con lo que ha vivido el señor Anasagasti, con lo que viaja a
Venezuela, con lo que conoce del mundo, me parece que no se sostiene que
diga esto aquí.

Esperaba un debate sereno, señorías, como el de ayer por la
noche, en el que se pudieron acercar posturas, en el que se pudieron
poner ideas encima de la mesa, y no otras cuestiones; sin embargo, hemos
comenzado oyendo descalificaciones. Se nos ha dicho que esta es la
trilogía represiva, que producimos un recorte de los derechos
fundamentales e incluso se ha acusado al Grupo Popular de tener nostalgia
de otros tiempos. Se ha hablado de brutalidad policial y, señora Capella,
esto no es admisible. Desde el respeto que personalmente le tengo ¿dónde
tiene usted la patente exclusiva de la defensa de los derechos humanos?
¿Quién le otorga a usted la autoridad moral para repartir carnés de
demócratas, para repartir carnés de defensores de derechos y libertades?
No es admisible lo que usted ha dicho en esta sala, señora Capella.
(Aplausos).

Señora Mendizabal, solo nos faltaba ya oír a los senadores que
hoy ocupamos estos escaños que Amaiur nos viniera a dar lecciones de
democracia. He visto mucho en política, pero me quedaba por ver esto, y
esta mañana usted lo ha hecho. Pero ¿cómo tiene usted fuerza moral para
hablar de represión a este grupo o a estos grupos? Represión, señoría, es
tener contra su voluntad y en condiciones inhumanas secuestrada a una
persona durante 532 días y no condenarlo. (Aplausos). Eso es represión.
Represión son los tiros en la nuca.

Señoría ¿habla usted de mordaza? ¿Qué nos tendrían que decir los
miles y miles de vascos que han tenido en las últimas décadas que
abandonar Euskadi por la mordaza que amigos suyos les han puesto y con
las dificultades que se han encontrado para vivir en el propio territorio
de sus mayores a lo largo de estas últimas décadas? ¿Y tiene usted la
fuerza de venir aquí a acusarnos a los demás de estas cuestiones?
Perdóneme, pero eso no es tampoco admisible.

Por lo tanto, vamos a ver si podemos entrar en el debate serio y
voy a dar por no oídas las cuestiones que ustedes nos han planteado.

Señorías, estamos hoy ante un debate interesante, con 8 vetos, y
ese número de 8 vetos se ha utilizado como un argumento de autoridad para
decir que toda la oposición está en contra de esta ley, así que algo
habrán hecho ustedes mal. Sin duda, hacemos muchas cosas mal, y lo
sabemos, pero le recuerdo al representante, a mi querido amigo el senador
Sendra, de Convergència i Unió, que ustedes en el Congreso de los
Diputados también pidieron la reforma de esta ley. Y estoy convencido,
porque es un hombre sensato, que si no estuviéramos en los momentos
preelectorales en que estamos, probablemente su grupo apoyaría esta ley,
mejorándola, como hace usted siempre a través de sus enmiendas, pero
apoyarían esta ley. Y no solo sería así con su grupo, sino también con
algún otro, pero estamos en la época en que estamos.

Se ha dado aquí como un argumento que los españoles, según el
CIS, no consideran necesaria esta ley. Bonito argumento, por otra
parte.

Señorías, hay otros argumentos y después de veintidós años
―aunque al señor Saura no le haya gustado― se ha generado
mucha jurisprudencia, y el incorporar la jurisprudencia que se ha
producido durante los veintidós años de vigencia de la anterior ley sí es
una razón.

Hay recomendaciones de los distintos defensores del pueblo que se
incorporan en esta ley, pero nadie lo ha dicho; hay recomendaciones de
alcaldes y de organismos internacionales que también se incorporan a esta
ley, como a continuación veremos.

Por lo tanto, estamos intentando no solo acompasar, como alguien
ha dicho con razón, esta reforma con la del Código Penal sino mejorar la
ley y hacerla más garantista, como intentaré explicar a
continuación.

Señorías, es verdad que cuando se habla de derechos y de
libertades, de seguridad, todos estamos comprimidos por un corsé
ideológico. No lo vamos a negar y eso nos hace ver las cosas de distinta
manera a unos y a otros.

Señorías, señora Mendizabal ¿es un derecho fundamental para usted
la kale borroka? Porque parece que sí. ¿Ve usted cómo el corsé ideológico
nos hace ver las cosas de distinta manera? (Aplausos). La defensa que
tenemos que hacer de los derechos humanos unos y otros es similar. Cada
uno, desde nuestras creencias, desde nuestras convicciones, lo que
tenemos que hacer los demócratas —y en esta sala estamos
demócratas— es buscar puntos de convergencia, y eso es lo que a mí
me gustaría que hiciéramos a lo largo de esta jornada.

Señorías, a la vista de lo que he leído en los textos que
presentaron como moción y lo que han dicho aquí a lo largo de estos
minutos en defensa de los mismos, se han quedado ustedes en el
anteproyecto, y el señor Saura era muy gráfico, como siempre. Señor Saura
—un hombre estudioso como es usted, podrá y tendrá oportunidad de
leer el Diario de Sesiones— ha estado usted permanentemente
refiriéndose al anteproyecto, lo leerá en el Diario de Sesiones y tendrá
oportunidad de rectificar en el siguiente turno. Ustedes, cuando este
Gobierno, probablemente con una mala praxis, sacó a la luz el
anteproyecto hace casi dos años etiquetaron el proyecto: ley mordaza, y
hubo un lanzamiento de marketing: nos han dado la oportunidad de dar caña
al Gobierno; permítanme la expresión, para quitar a esto un poco de
hierro.

Se acuña el término de ley mordaza y a partir de ahí ya no nos
importa si la ley ha cambiado o no; ya no nos importa que haya sufrido un
trámite larguísimo en el que se ha escuchado al Consejo General del Poder
Judicial, al Consejo Fiscal y al Consejo General de la Abogacía,
incorporando todas, o la mayoría de las cuestiones sustantivas que
planteaban a este texto; por lo tanto, criticar este texto con los
argumentos que el propio Consejo hacía cuando analizó el anteproyecto, me
parece que es en este momento por lo menos inútil.

Señorías, ustedes están citando permanentemente al Relator de la
ONU, que me merece todos los respetos, pero no me merece menos respeto el
Consejo de Estado de nuestro país. Y les voy a leer textualmente lo que
dice el Consejo de Estado: El texto guarda una prudente ponderación y
contrapeso entre los valores de libertad y seguridad, pues entendiendo la
libertad en su versión subjetiva, como el derecho de cada uno al libre
desarrollo de su personalidad, encuentra el límite en el derecho de los
demás y se integra en un orden político y de paz social jurídicamente
organizado. Esto, señor Saura, es textual, es lo que dice el Consejo de
Estado en relación con el proyecto que hoy traemos aquí. Por lo tanto,
está muy bien citar a los relatores de la ONU, que nos merecen, como
digo, todos los respetos pero, aquí los tenemos también, no son
exclusivos en cuanto al juicio que pueden hacer de nuestras leyes.

Me gustaría hacer un mínimo recorrido agrupando por bloques la
crítica que ustedes han hecho —yo creo que han coincidido
básicamente unos y otros— y dar una pequeña pincelada en relación
con el primero de ellos. Critican el tema de las faltas, y dicen
—creo que sin razón— que esta es una mala praxis. Se olvidan
también de que esto era recomendado no hace muchos meses por el Consejo
Fiscal, entre otros, y por el propio Consejo General del Poder Judicial.
Ustedes critican el tema de las faltas, pero yo, a pesar de que ayer hubo
un brillante debate en el que mis compañeras defendieron esta cuestión,
solamente quiero hacer un mínimo comentario. Al desaparecer las faltas
del Código Penal como categoría de infracción penal, hay conductas del
ámbito al que corresponde esta ley, señor Iglesias, que quedarían
destipificadas. A nuestro entender, muchas de esas conductas son
merecedoras de sanción, y nos parece que es una buena medida, al menos
desde nuestro punto de vista, pasarlas del ámbito penal al ámbito
administrativo. Repito, esto hace unos meses lo recomendaba el mundo de
la fiscalía, el judicial, el académico y hoy ustedes se han referido a
ellos constantemente, pero no han hecho ninguna alusión a que esta era
una recomendación que hacían.

Tal vez, señorías, la acusación más grave o la crítica más fuerte
que hacen a la ley es que es una restricción de los derechos de reunión,
manifestación y huelga. Yo creo que con la mera lectura del artículo 23
de la ley sería suficiente para ver que esto no es así. El artículo 23
establece: Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger
—señor Anasagasti— la celebración de reuniones y
manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana. (El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Por tanto, la
propia ley en positivo manifiesta a través de su artículo 23 cuál es la
voluntad en orden a manifestaciones y reuniones. Saben, señorías, igual
que yo, que en nuestro país las manifestaciones no requieren autorización
previa, y esto no se modifica para nada. Simplemente una mera
comunicación a las delegaciones de Gobierno es suficiente para que se
pueda celebrar una manifestación en este país.

Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede sancionar, a pesar de lo
que dicen ustedes? Pues se puede sancionar como una infracción leve,
señorías, la no comunicación de la manifestación, el resto está
protegido. Y la manifestación o cualquier reunión de ciudadanos con el
fin de llamar la atención sobre cualquier cuestión se protege en dos
órdenes: primero se protege a los ciudadanos que acuden a la
manifestación y, segundo, se protege y se impide que, aprovechando la
reunión de manifestantes pacíficos, haya elementos, grupos externos
minoritarios, que provocan lo que todos estamos viendo a través de las
noticias de los telediarios cada día o casi siempre que se produce una
manifestación en España.

Señora Mendizabal, ¿qué debiera hacer la ley?, ¿proteger a esos
angelitos encapuchados que cada vez que hay una manifestación en el casco
viejo se dedican pacíficamente a quemar contenedores, pacíficamente a
quemar autobuses, pacíficamente a romper cajeros? ¿Eso es lo que debería
proteger esta ley, según usted, para que las manifestaciones estuvieran
perfectamente respetadas en España? Evidentemente, no. Y si ustedes
piensan así, será su problema; nosotros pensamos justamente de forma
distinta. La ley, por tanto, establece esa doble protección: protege a
los manifestantes pacíficos y protege a los ciudadanos que pudieran verse
molestados en su pacífico circular por elementos extraños a las
manifestaciones.

¿Cuál es la molestia que les causa esta norma, señorías?, ¿que
solamente sea una infracción leve el no comunicar?, ¿debiera ser una
infracción mayor?, ¿que se considere infracción grave las acciones
violentas dentro de las manifestaciones? ¿Eso les perturba, señorías? Yo
creo que si se hace una lectura desapasionada del texto, si intentamos
ser objetivos con la ley, nadie desde la razón puede decir que esta ley
perjudique mínimamente el derecho de manifestación, el derecho de
huelga.

Voy a hacer algo que me parece importante. Nosotros hemos
negociado con distintas asociaciones, agrupaciones, y con los sindicatos
también. En el curso de estas negociaciones, y ya cuando la ley estaba en
el Senado, el Grupo Popular introdujo enmiendas en relación con este
tema. Nos preocupaba mucho cuál era la opinión de los sindicatos en lo
que la ley afectaba al derecho de huelga o de manifestación. Señorías,
con base en esas negociaciones presentamos varias enmiendas. Les leo
brevísimamente lo que dicen Comisiones Obreras y UGT en relación con esas
tres enmiendas. Respecto a la enmienda número 217, dicen: Se recogen en
esencia las críticas sindicales a dicha norma. Enmienda número 218 del
Grupo Parlamentario Popular: Con ella se acoge la propuesta sindical
tanto en lo que se refiere a la definición de la conducta como a los
criterios de imputación de la responsabilidad. Y por último, respecto a
la enmienda número 219, dicen los sindicatos: Con ello se acoge también
en esencia la propuesta sindical, corrigiendo la posibilidad de poner
sanciones ante la mera presencia de personas ajenas al centro de trabajo.
Es decir, señorías, los sindicatos avalan la presentación de las
enmiendas que el Grupo Popular hizo para mejorar el texto de esta ley.
Por tanto, créanme, a nosotros nos da mucha tranquilidad tener ese
aval.

Pero voy más allá. Algunos de ustedes han citado a Amnistía
Internacional como un elemento de autoridad, y, señorías, los informes de
Amnistía Internacional los tenemos todos y nos los leemos al menos con el
mismo interés que ustedes. Tengo aquí el texto de Amnistía Internacional
y les voy a leer unos párrafos muy breves en relación con algunos de los
artículos. Por ejemplo, artículo 23: Amnistía Internacional da la
bienvenida a la inclusión en el proyecto de la obligación expresa de
proteger la celebración de manifestaciones. Textual. Artículo 35:
Amnistía Internacional da la bienvenida a que las medidas de intervención
de la policía, llegado el caso, sean graduables y proporcionales. Aval
también de Amnistía Internacional. Y podría seguir. Es verdad que
Amnistía Internacional discrepa en muchas cosas. ¡Faltaría más! Amnistía
Internacional no legisla en este país, pero reconoce muchos de los
aspectos positivos de esta ley, y eso no lo dicen ustedes.

Señora Capella, una vez más plantea usted que la ley otorga a la
policía un poder excesivo. Amaiur habla de impunidad; en fin, eso no
merece comentario. Señorías, si leyésemos, repito, sin pasión el texto de
la ley, veríamos que se crea un marco para el trabajo de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado que hasta ahora no existía, las leyes
anteriores no lo contemplaban. Artículo 16, otra de las cuestiones que
ustedes critican a la que se ha referido el señor Saura o el señor
Bruguera —perdónenme, no lo recuerdo bien—: Solo se permite
la identificación en dos supuestos: cuando existan indicios racionales de
delito cometido o cuando racionalmente se pudiera prevenir un delito.
Amnistía Internacional también hace un comentario favorable a este
respecto. Por tanto, repito, vamos a leer la ley sin pasión.

Identificación policial. Ahora más que nunca se establecen
garantías a través de esta ley para hacer la identificación policial que
antes no existían, y así lo reconoce Amnistía Internacional. En cuanto a
las identificaciones en la calle, ahora la fuerza actuante necesita una
serie de condicionantes para solicitar la identificación a una persona.
Esas garantías antes no existían. Por tanto, estos son avances que la ley
establece. Algunos de ustedes también se han referido a la práctica de
los cacheos. Pues bien, por primera vez en nuestro país y en un texto
legal se condiciona y se enmarca la forma en que se ha de realizar un
cacheo. Son nuevas garantías para los ciudadanos.

Repito, si leemos la ley de forma desapasionada, de forma sesgada
y sin hacer otras interpretaciones, podríamos llegar a un acercamiento
mucho mayor que el que podría surgir del debate de esta mañana. Señor
Saura —este sí ha sido usted—, ha hablado del uso no
autorizado y ha dicho que la ley penaliza el uso de ciertas imágenes.
Pues leamos el artículo, que dice exactamente: El uso no autorizado de
imágenes —estamos hablando de infracciones graves— o datos
personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado que puedan poner en peligro la seguridad
familiar, personal, y siempre respetando el derecho fundamental a la
información. ¿En qué se parece esto a lo que usted ha dicho, señor Saura?
Es decir, se respeta por encima de todo el derecho a la información y
solo en aquellos casos en que pueda haber peligro para las personas se
prohíbe el uso de esas imágenes. Por tanto, hay una lectura sesgada de la
ley, señorías, y eso no conduce a llegar a acuerdos.

Cómo puede ser que el Partido Socialista critique la cuantía de
las sanciones —no sé si es el Partido Socialista o el Partido
Socialista Catalán, perdóneme, señor Cascallana, pero como hay un bis, a
veces uno se confunde— cuando son las mismas exactamente de hace
veintidós años. Repito, las mismas de hace veintidós años, fíjese si ha
corrido el agua debajo de los puentes. Pues bien, esas mismas sanciones
económicas que hoy se gradúan, en las que hoy se establece una
proporcionalidad, intentan ver cómo afecta a la capacidad económica del
sancionado, buscando la proporcionalidad, y, sin embargo, esto es motivo
de crítica. Pues bien, señor Iglesias —creo que ha sido usted el
que lo ha criticado—, evidentemente, no puedo estar de acuerdo. El
artículo 33.2 g) establece claramente que una de las condiciones que
habrá de tenerse en cuenta a la hora de graduar la pena, la sanción, será
la capacidad económica del infractor. Esto no tiene antecedentes en la
legislación española. Estamos hablando de sanciones en un tema tan serio
como la seguridad ciudadana y son equiparables perfectamente a las que se
producen en un campo de fútbol por dar gritos o por cánticos violentos, o
a las que se establecen en la normativa antitabaco. Señorías, les pongo
estos ejemplos para que tengan una idea clara de lo que estamos
hablando.

En mi opinión, analizando punto por punto como estamos haciendo,
hemos dado cumplida respuesta sin poder entrar, obviamente, en el detalle
de todos y cada uno de los temas, pero hay una cuestión que nos preocupa
seriamente —como creo que a todos los grupos, señor
Cascallana—, y es la referencia a la disposición adicional décima.
Me alegra mucho lo que usted ha dicho, que podríamos haber llegado a un
acuerdo en este asunto. Pues bien, yo creo que si no es ahora, podamos
llegar en un futuro, porque lo que ha ocurrido en Ceuta y Melilla,
lógicamente, preocupa a todo español de bien.

Señorías, introducir aquí esta enmienda, buscando el dificilísimo
equilibrio entre la defensa de los derechos humanos, la protección a las
personas maltratadas por las mafias que llegan a nuestras fronteras, la
defensa de las propias fronteras, el derecho de asilo, la seguridad
jurídica de nuestros guardiaciviles, que son los que están en primera
línea de batalla, etcétera, es complicado, y por eso, como usted ha
dicho, y yo lo reitero, hemos hablado con todas las organizaciones que
más pueden aportar a esta cuestión, basado en su experiencia. Usted ha
citado concretamente a Acnur. Pues bien, con Acnur hemos estado y estamos
hoy hablando, y vamos a seguir haciéndolo porque Acnur nos reclama un
protocolo que suponga una vía de funcionamiento para los guardiaciviles
que están en frontera.

Señorías, técnicamente no cabe citar el protocolo en la ley y esa
es la razón de que no se vaya a citar, pero creemos que además es muy de
agradecer la postura que Acnur ha mantenido con el Gobierno y con este
asunto con objeto de dialogar y aportar permanentemente sus conocimientos
en la materia, que son muchos. Puedo garantizarles —y este es un
compromiso del Gobierno— que se va a seguir hablando con Acnur
hasta que haya definitivamente un protocolo, una forma de actuación, para
que no solamente se plasme en el texto de la ley tal como queda hoy día,
diciendo que cualquier rechazo se hará de acuerdo con las normas
internacionales y la protección de los derechos humanos, pues eso ya se
plasma en la ley, sino la forma práctica en que haya de hacerse.

Voy terminando, señorías. Pueden creerme cuando les digo que este
Grupo Popular y este Gobierno al que sustenta saben de qué lado están. Lo
vimos ayer en el debate del Código Penal y en el posterior debate que se
produjo a altas horas de la noche. Señorías, este grupo está y estará al
lado de las víctimas, estaremos al lado de los ciudadanos que respetan la
ley y la convivencia, estaremos al lado de los ciudadanos que
pacíficamente se quieran reunir y manifestar. Por tanto, y en función de
que sabemos dónde estamos, les traemos hoy aquí una ley en la que se
rebaja el listón del castigo —no lo olviden, porque me parece
importante—; una ley que, a pesar de las críticas, aumenta las
garantías de los ciudadanos, reduciendo amplísimamente el ámbito de
discrecionalidad de las fuerzas del orden; una ley que enmarca los
códigos de actuación de las policías, señor Sendra, de las del Estado y
de las suyas. Estamos proponiendo, señorías, una ley perfectamente
equiparable a cualquier ley de nuestro entorno europeo. Por consiguiente,
estoy convencido —lo digo una vez más— de que si el momento
preelectoral que estamos viviendo no fuera éste, algunos de los grupos
que hoy han vetado la ley la apoyarían e intentarían mejorarla con sus
enmiendas.

Este Gobierno y este grupo que lo sustenta se pueden equivocar.
De hecho, nos equivocaremos muchas veces, pero lo que estamos haciendo lo
estamos haciendo con el convencimiento de que ésta es la mejor manera de
defender un espacio en libertad para el disfrute pacífico de los derechos
de los ciudadanos. Por lo tanto, señorías, vamos a seguir con nuestra
ley. Agradecemos las aportaciones que se han hecho en forma de enmiendas
y que luego votaremos, y confiemos en que esta ley en los próximos años
tenga por lo menos una vida tan larga, y espero que exitosa, como la tuvo
en los veintidós años anteriores la ley que ahora va a quedar
derogada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Aznar.

Pasamos al turno de portavoces. Grupo Mixto. Señora Julios, tiene
la palabra.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenos
días.

Señorías, Coalición Canaria quiere que conste en acta su fijación
de posición ante los vetos presentados. Con independencia de las
matizaciones que pudiéramos hacer a su contenido, los vamos a apoyar,
puesto que compartimos lo esencial. Compartimos lo más importante, que es
el ruego, la petición, la exigencia de devolución de este proyecto de
ley. Compartimos su rechazo porque es un proyecto regresivo,
reaccionario; es un proyecto que representa la pérdida de derechos de
nuestro Estado democrático; representa la pérdida de derechos
individuales y la pérdida de derechos colectivos:






manifestación, reunión,
libertad de expresión, derecho a la información. Como digo, representa un
retroceso en nuestra democracia que nos ha costado tanto trabajo
conseguir. Lamentamos asistir hoy a la pérdida de estos derechos. En unas
pocas horas, en unos pocos minutos, se van a tirar por la borda
—como digo— todos estos derechos que ha costado tanto tiempo
conseguir para que los disfrutemos los que hoy estamos aquí. Porque
además de tiempo, su conquista ha supuesto la dedicación de muchas vidas
de muchos ciudadanos que nos han precedido; y todo ello para que hoy, en
un abrir y cerrar de ojos, se tire por la borda lo que a tantos, a
tantos, nos ha costado conquistar.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Continúa el Grupo Mixto con la intervención del senador Martínez
Oblanca. ¿No hay más intervinientes del Grupo Mixto? (Asentimiento). Les
recuerdo que les quedan nueve minutos y pico.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

El Gobierno de Rajoy culmina, con este Proyecto de Ley Orgánica
de protección de la seguridad ciudadana, una deriva que pone seriamente
en entredicho sus compromisos con los derechos fundamentales y con las
libertades públicas. Esta es una ley que se redacta apuntalada por el sí
o sí de la mayoría absoluta del Partido Popular y que ha inspirado el
ministro del Interior, cuya ausencia injustificable esta mañana en la
Cámara Alta convierte a su titular en prófugo del Senado, en un ministro
que ha despreciado a las Cortes Generales y que se ha escabullido para no
dar la cara, justificar y explicar ante los senadores las bondades, si es
que las hubiere, de esta ley impopular y feudalista que va derecha,
derechita, hacia la inconstitucionalidad. Esta ley acabará por volverse
en contra de sus impulsores: el señor Rajoy, otrora ministro del
Interior, y el señor Fernández Díaz, otrora gobernador civil en Asturias.
Se volverá en su descrédito democrático, como hace años otra ley nefasta
se llevó por delante al ministro socialista José Luis Corcuera, con su
patada en la puerta. De aquella ley de la patada en la puerta de 1992
hemos llegado a la ley de la patada en la boca de 2015. Y ante el
inflexible rodillo parlamentario del PP, tendrá que ser el Constitucional
el que acabe por poner en la papelera esta nueva ley. Con todo, estará en
vigor demasiado tiempo y, mientras tanto, los ciudadanos sufrirán la
quiebra de sus derechos y libertades que se deriva de este texto
perverso, antidemocrático y de vocación totalitaria, construido bajo las
falsas premisas de una falsa también inseguridad ciudadana
sobrevenida.

Mi voto será favorable a los vetos y en contra de este proyecto
de ley orgánica.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martínez Oblanca.

Senadora, señora Capella, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias.

Señor Aznar, yo no reparto carnés de nada ni lo pretendo. Pero
coincidirá conmigo en que ustedes no son la avanzada de nada. Y en
materia de derechos y libertades, menos que nada. En todo caso, a las
pruebas me remito, de dónde venimos cada uno de nosotros, a dónde vamos y
a quién representamos. Y lo único que hago es constatar una realidad
objetiva que no la constata únicamente Esquerra Republicana, sino todas
las organizaciones: Acnur, Amnistía Internacional, el Consejo General de
la Abogacía, catedráticos de Derecho Penal, etcétera, etcétera, etcétera.
Por tanto, a las pruebas me remito. Y, sí, es una ley mordaza. Es una ley
que limita los derechos de reunión, de expresión, la libertad de
deambular y, en consecuencia, vulnera tratados internacionales.

Usted decía que tenemos que leer bien los informes de Amnistía
Internacional. Los leemos bien. ¿Quiere que le recuerde alguna de las
frases que dice el propio texto al que usted se refería?: En relación con
la tipificación de conductas relacionadas con la libertad de expresión y
manifestación, el Gobierno no ha demostrado ni la proporcionalidad ni la
necesidad de las mismas. Si bien el proyecto introduce la posibilidad de
modular la cuantía de la sanción dependiendo de la capacidad económica,
no cabe sino recordar que en el procedimiento penal, además de haber una
ponderación de derechos y un proceso probatorio con mayores garantías,
los jueces pueden sustituir la sanción económica por otro tipo de
medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo defenderé en el trámite de
defensa de las enmiendas. Usted sí que lee sesgadamente el informe de
Amnistía Internacional.

Bien. Lo defiendo apasionadamente, como la vida y como se merece
el proyecto de ley que hoy vamos a debatir y se va a aprobar. Igual que
se merecían los dos proyectos de ley que ayer debatimos y terminaron
aprobándose. Porque limitan sustancialmente derechos; derechos y
libertades fundamentales. Y, sí, su razón, la vostra raò és va desfent,
la nostra es força creixent.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Capella.

El senador Iglesias tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Se trata de un proyecto, reitero —y además con apoyo en el
mismo informe de Amnistía Internacional que barajaba el portavoz del
Grupo Popular—, que limita derechos y libertades, y que por eso es
contestado por todas las organizaciones que tienen como objeto la
protección de los derechos fundamentales en el ámbito nacional y en el
ámbito internacional. Es cierto que el informe de Amnistía Internacional
habla de la necesidad de una reforma de la ley. Pero basa esa necesidad
en su discrepancia con la ley anterior. Y dice literalmente: La ley del
año 1992 dotaba a las fuerzas de seguridad de una gran discrecionalidad
en el ejercicio de sus funciones de prevención del delito, sin recoger
mecanismos de transparencia o control de la actividad policial. Desde
hace años, además, la organización ha documentado casos de abusos
policiales. Pero eso le vale para decir que esta ley abunda en esos
mismos defectos y en esos mismos vicios. Dice: El actual proyecto, sin
embargo, introduce la tipificación de nuevas infracciones directamente
relacionadas con la protesta social. Estas nuevas infracciones no solo
son innecesarias, sino que pueden poner en riesgo el ejercicio de los
derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica. El proyecto
incrementa la tipificación de conductas directamente relacionadas con la
protesta social que se está produciendo en España, lo que supone una
ampliación del elenco de infracciones, así como de sanciones. Sin
embargo, según datos facilitados por el Ministerio del Interior, en 2013,
de las 33 124 manifestaciones o concentraciones controladas por las
fuerzas de seguridad, solo hubo disturbios en 323; no llega al 1 %,
supone el 0,97 %. Por lo que se refiere a datos de 2014, a 31 de marzo,
de las 10 837 manifestaciones o concentraciones celebradas, solo hubo
disturbios en 62, lo que supone el 0,57 % de los casos. ¿Qué necesidad
hay de modificar la normativa que regula el derecho de
manifestación?

Es verdad que estamos en una época preelectoral y por eso ustedes
ponen el pie sobre el acelerador para concluir sus reformas. Con los
proyectos de ayer y con los de hoy, ustedes se consagran como el partido
de la porra, y no me refiero al Partido de la Porra histórico. Aunque, a
la vista de la actuación del Gobierno del Partido Popular a lo largo de
estos años, supongo que piensan que no es la peor forma de pasar a la
historia.

Después de los cambios introducidos, sigue siendo una ley
mordaza. Es verdad que el anteproyecto era la ley mordaza de Hannibal
Lecter, el de El silencio de los corderos, y que en este momento es la
ley mordaza de 50 sombras de Grey (Risas), pero en ambos casos impide el
ejercicio de la libertad de expresión, impide manifestarse, y, por lo
tanto, es rechazable. Que la mordaza, en vez de ser de acero, sea de fina
seda, no significa que no reduzca las posibilidades de ejercer derechos
fundamentales.

¿Por qué alguna organización planteaba la despenalización de las
faltas? Pues fundamentalmente, más que por la bondad de la medida, como
respuesta a una saturación de los juzgados de lo Penal, que lo que
querían era librarse de una carga de trabajo, puesto que no se les daban
los medios humanos y materiales necesarios para afrontar esa realidad,
pero no porque sea mejor remitir al ámbito civil, más costoso, algunas
actuaciones, o remitir al ámbito administrativo, con menos garantías y
con sanciones más graves, otras. Y cito algún ejemplo. Hablaba su señoría
de la necesidad de comunicar las manifestaciones y de que eso solo iba a
tener una sanción leve. Vuelvo a reiterar la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos a la que he hecho referencia en la defensa
del veto, que señala claramente que la no comunicación no puede conllevar
una sanción. El informe de Amnistía Internacional reitera esa realidad y,
además, en relación con otra materia, dice que el Gobierno de España
había asumido compromisos ante el responsable de Derechos Humanos del
Consejo de Europa en el sentido de que no se sancionaría la obtención de
imágenes de los agentes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo
dijo expresamente: Tengo un compromiso del Gobierno de España. Pero
ustedes han incumplido ese compromiso, a pesar de la reiteración y de que
el responsable dijese expresamente que tal sanción suponía una seria
limitación del derecho de información y del derecho de libertad de
expresión. Y así se refleja también en el informe de Amnistía
Internacional.

Y por más que se empeñen en el tema de las devoluciones en
caliente, reitero que no hay ninguna posibilidad de legalización, ni con
esta ley ni con un protocolo posterior.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el senador
Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.

Sí, senador Fraga, le estaba escuchando desde mi despacho y sé
que ha empezado su disertación diciendo... (Risas). Ha dicho de todo. Y
yo he tratado de ser bastante exquisito y no he utilizado adjetivos
gruesos ni me he metido en lo personal, porque le tengo un gran respeto,
lógicamente, no solo a lo que dice, sino a lo que escribe, que lo leo con
mucho interés. Incluso ha hablado de Venezuela. Fíjese, últimamente yo no
puedo ir a Venezuela porque, entre otras cosas, me llaman escuálido, y
eso que estoy de buen año. Usted ha intervenido casi como Nicolás Maduro
con Obama, diciendo no sé qué cosas de todo el mundo: ¡Todo el mundo es
enemigo! ¡Todo el mundo no nos quiere! ¡Todo el mundo dice que esta ley
es mala! Hombre, si todo el mundo lo dice, por algo será, no tenemos
manía persecutoria. Y con este tipo de cosas no se suele jugar y no se
debe jugar.

Me ha dicho que tengo espolones. Pues sí, soy un gallo de pelea,
no en esta ley. En este momento estamos en clave de meter goles al Real
Madrid como leones de San Mamés más que como gallos de pelea, que eso
viene bien.

Me ha llamado la atención, incluso me ha desengañado, el hecho de
que usted haya argumentado como ha argumentado después de la intervención
de la senadora Amalur Mendizabal. ¿Es que no tiene usted otros argumentos
que decir, siempre lo mismo? Es decir, yo no voy a defender al grupo
parlamentario, se defienden ellos solitos, pero estoy seguro de que
defiendan el cacahuete, defiendan la navegación fluvial en el
Guadalquivir, defiendan Eurodisney, defiendan el pistacho, les van a
sacar lo de siempre. Tengan ustedes otros argumentos. Eso es un poco
demagogia, independientemente de que Herri Batasuna en el pasado haya
apoyado a ETA. Pues sí, pero aquí hay otro tipo de argumentaciones. Por
eso, usted ha llevado el agua a su molino y ha dicho que esta ley es
maravillosa. Hombre, no estaría mal, si es tan maravillosa y es una ley
tan importante, que hubiera estado el ministro del Interior. Usted, que
tiene relación directa con el Ministerio del Interior, pregúntele cómo se
dignifican las leyes. Pues con la presencia, con el simbolismo, con el
aplauso. Además, el aplauso lo hacen muy bien, empezando por el señor
Ibarrondo y terminando por el señor Rabanera, es decir, saben cómo hay
que aplaudir. Y esta es una ley para ustedes para aplaudir, para nosotros
no. No creo que nosotros tengamos que aplaudir nada, porque tenemos un
cierto temor a la gente cuando se pone un uniforme. Usted sabe que la
gente cuando se pone un uniforme cambia, por eso, no hay que dar a la
gente que tiene un uniforme muchos argumentos para que colisione con
derechos fundamentales. Por eso, hay que acotar muy bien temas.

Además, yo podría intervenir de otra manera, pero mire, me voy a
tomar el poco tiempo que tengo para leer una carta firmada —por lo
menos tiene un montón de sellos aquí— por una serie de
organizaciones y asociaciones de derechos humanos europeos y que me
imagino que todos los grupos parlamentarios han recibido. Y fíjese lo que
dice: «Las organizaciones abajo firmantes escribimos para instarles tanto
a ustedes como a sus grupos parlamentarios a que voten en contra del
Proyecto de Ley Orgánica de seguridad ciudadana, una ley que, de ser
aprobada, supondrá restricciones desproporcionadas de la libertad de
reunión y de la libertad de expresión y perpetuará la práctica
discriminatoria de utilización de perfiles étnicos por parte de la
Policía.» Y esto no lo dice el PNV, ni lo dicen otros grupos
parlamentarios: lo dicen una serie de asociaciones que no tienen por qué
decir una cosa que no obedece a la realidad. Fíjese, empieza diciendo:
restricciones excesivas a la libertad de reunión.

«Nos preocupa que los espacios públicos ya no serán espacios para
la participación política. Esto infringe los estándares internacionales
de derechos humanos. Si se llega a aprobar el proyecto de ley,...»
—que se va a aprobar— «... se sancionarán distintos tipos de
protesta pacífica como la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o
edificio ajenos, o incluso las manifestaciones frente a la sede del
Congreso de los Diputados, el Senado...» —fíjese, incluso hablan
del Senado; casi nadie habla del Senado; pues estos señores se han dado
cuenta de que existe el Senado; no está mal— y las asambleas
legislativas de las comunidades autónomas, lo que, según el relator
especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión
pacífica, constituye una restricción desproporcionada a la libertad de
reunión.» (El señor presidente ocupa la Presidencia).

«Otro aspecto extremadamente preocupante del proyecto de ley es
que da pie a la imposición de multas en caso de protestas pacíficas
espontáneas, lo que va en contra de los estándares internacionales de los
derechos humanos. Los artículos 37.1 y 35.1 del proyecto de ley sancionan
determinadas formas de protestas si no se cumple el requisito de la
comunicación previa.

El derecho a la libertad de reunión solo puede ser restringido en
casos específicos como, por ejemplo, cuando exista peligro o violencia.
Por ello, las sanciones mencionadas son injustificadas. Además, una
infracción nueva incluida en el artículo 37 impone una multa por
incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario
con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen
alteraciones menores. Si el peligro evidente y grave para las personas o
los bienes no existe, la limitación de un derecho fundamental como el de
la libertad de reunión no está justificada. El relator especial de la ONU
—que no debe ser un peligroso extremista ni un populista
bolivariano— dice que sobre el derecho de la libertad de reunión
pacífica ha expresado su profunda preocupación acerca del proyecto de ley
y las desproporcionadas y excesivas restricciones que impondría al
derecho de reunión pacífica, y ha solicitado a las autoridades
españolas...» —ya sabemos el resultado que ha tenido todo
esto— «... que aseguren que cualquier restricción al libre
ejercicio del derecho de libertad en una reunión pacífica cumpla las
obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos
humanos.» Ya sé que usted me va a decir que este tipo de cuestiones se
han modificado con algunas enmiendas, pero sigue el espíritu que impregna
este proyecto de ley, que es lo que a nosotros nos preocupa, y no tanto
lo que diga el legislador, sino lo que dice quien ha redactado este
proyecto de ley y lo que tiene en la cabeza. Fundamentalmente hace
sospechar que todo el mundo va a conculcar los derechos humanos y que,
por tanto, hay que atajar y restringir de alguna manera los derechos
fundamentales.

«Aquí hay una limitación desproporcionada a la libertad de
expresión. Si se aprueba esta ley...» —que se va a aprobar—
«... introducirá restricciones excesivas y desproporcionadas al derecho
de libertad de expresión, sancionará el uso no autorizado de imágenes o
datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado, lo que, además de violar la libertad
de expresión de los ciudadanos, puede conllevar la impunidad de la
policía, y en muchos casos estas imágenes son la principal prueba
utilizada en los procesos por malos tratos policiales. El proyecto de ley
también sanciona las faltas de respeto y consideración, cuyo destinatario
sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que podría
llevar a la imposición de multas por expresar opiniones críticas de las
actividades policiales.»

Y termina: «Aunque el proyecto de ley prohíbe expresamente la
discriminación en las identificaciones y cacheos y registros policiales,
para la prevención de estas prácticas ninguna de las medidas recomendadas
por las instituciones internacionales que se ocupan de la protección de
los derechos humanos. Para empezar, el proyecto de ley no establece una
definición concreta y una prohibición clara del uso de perfiles étnicos
para la práctica de identificaciones y registros policiales, a pesar de
que este sea un problema generalizado en España, pero, por otra parte, el
proyecto de ley no estipula unas directivas claras y concretas como, por
ejemplo, la existencia de una sospecha real y razonable a la hora de
llevar a la práctica las identificaciones y registros, como tampoco
implementa otras medidas para documentar las identificaciones y registros
y prevenir así la discriminación policial. Carece también de un mecanismo
independiente de supervisión y queja para controlar la actividad policial
a pesar de que diversas instituciones de derechos humanos han recomendado
la existencia de tal organismo.»

Y concluye: «Por todas estas razones, le instamos encarecidamente
a usted y a su grupo parlamentario a que voten en contra del Proyecto de
Ley de seguridad ciudadana.» Es lo que vamos a hacer, y no solamente por
esto —pues, efectivamente, algunas de estas cuestiones ustedes ya
las han corregido—, sino porque consideramos que este proyecto de
ley se ha hecho desde unos intereses determinados, en un momento
determinado y, sobre todo, con una historia en el pasado determinada y
porque, habida cuenta de que se trata de un asunto de seguridad
ciudadana, deberían haber tenido ustedes un poco más de
consideración.

Señor Fraga, insisto: nosotros no hemos querido hacer demasiado
hincapié en otros aspectos porque lo que dice la Constitución española y
lo que este proyecto de ley va a tratar de consagrar colisionan muy
frontalmente.

Por todo ello, señor presidente, nuestro grupo parlamentario va a
votar a favor de todos los vetos y, lógicamente, de nuestro propio
veto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador
Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Compartiré
turno con el senador Saura.

¿Se han producido algunos cambios entre el anteproyecto de hace
más de un año hasta hoy? Sí. Ahora bien, en esencia, la filosofía, los
objetivos del Gobierno son exactamente los mismos.

El señor Aznar nos ha venido a decir: Ustedes están instalados
todavía en el anteproyecto, no han evolucionado. Como Comisiones Obreras,
UGT y Amnistía Internacional bendicen —casi, casi, ha llegado a
decir— esta ley, ustedes están en la estratosfera.

Señor Aznar, no. Cáritas, la semana pasada, el día 2: «Al igual
que hemos hecho con la nueva redacción de la disposición final primera,
etcétera, volvemos a transmitirles nuestra preocupación por la también
nueva redacción dada al apartado 11, del artículo 36, Infracciones
graves.» Acnur, día 2, semana pasada: Propuesta para la modificación de
la enmienda sobre el rechazo de extranjeros en las vallas de Ceuta y
Melilla. La Red española contra la trata de personas, día 3 —semana
pasada de este año, no de hace un año—, expresa su preocupación por
ciertos aspectos contenidos en el articulado del Proyecto de Ley Orgánica
de protección de la seguridad ciudadana, los cuales pueden afectar muy
negativamente a las personas víctimas de la trata de seres humanos.

Nos mantenemos en lo que hemos expuesto en la defensa del
veto.

Tres brevísimas reflexiones: primera, 8 enmiendas a la totalidad.
Sí, a alguna reflexión debería llevarles a ustedes este hecho, aunque
solo fuese para intentar que en vez de 8 fuesen 6. Pero no únicamente han
conseguido 8 vetos, sino que el resto de portavoces dentro del Grupo
Mixto que se han manifestado, todos, han dicho que votarán a favor de los
vetos, como nosotros, y en contra de esta ley. Además, a alguna reflexión
les debería llevar el hecho de que en lo fundamental los argumentos son
los mismos en los 8 vetos. Algunos lo habremos expresado con más
vehemencia, otros con un lenguaje políticamente más correcto, pero en
esencia los argumentos son los mismos.

Segunda reflexión. Esta será una ley de corto recorrido por una
de las dos razones siguientes o por las dos: en primer lugar, porque es
inconstitucional; acabará en el Constitucional, y el Constitucional la
tumbará; o/y, en segundo lugar, porque, por la manifestación expresada
por todos los grupos parlamentarios, a un año vista esta ley obviamente
será derogada.

Ayer el senador Saura nos decía que quieren resolver el conflicto
social con el Código Penal. Hoy podríamos añadir a esta frase —la
otra cara de la misma moneda— que también quieren resolver el
conflicto social con la ley de seguridad ciudadana. Nosotros creemos y
pensamos que para resolver estos conflictos no es necesaria esta ley,
sino, por ejemplo, derogar la reforma laboral, actualizar las pensiones,
derogar la ley Wert, incrementar las becas y su cuantía, recuperar la
universalidad de la sanidad, aplicar la Ley de dependencia, etcétera. Con
todo esto sí, señorías, creemos que se acabaría la inseguridad, la
intranquilidad, la preocupación de los españoles y no tendrían ustedes
que estar tan preocupados por nuestra libertad, por nuestra seguridad y
por nuestro derecho a manifestarnos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señor Aznar, estoy de acuerdo con usted en que las cuestiones
ideológicas pesan, y en este asunto más que en ningún otro. Por lo tanto,
no estamos ante un debate técnico o ante un debate sin importancia, sino
ante un debate sobre el equilibrio entre libertad y seguridad y derechos
fundamentales.

Quiero decirle varias cosas: en primer lugar, he mencionado lo
que dijo el Consejo General del Poder Judicial del primer anteproyecto y
me he referido también al segundo anteproyecto. La reflexión sobre el
primer anteproyecto es la siguiente. El Consejo General del Poder
Judicial hace un dictamen sobre el primer anteproyecto del Gobierno que
prácticamente no deja artículo entero. La reflexión que pongo encima de
la mesa es: ¿Cómo es posible que en el siglo XXI un gobierno democrático
presente un anteproyecto de seguridad que vulnera prácticamente todos los
derechos? ¿No es inquietante? ¿Cómo es posible? Todos: información,
reunión, manifestación. ¿Cómo es posible? ¿Que esto lo rectifican? Sí. La
música no la rectifican porque es difícil de corregir, rectifican alguna
letra pero no todas. Y fíjese que yo le agradezco también que, en contra
de lo que el ministro del Interior hizo en la presentación de este
proyecto de ley de no hablar ni de libertad ni de derechos, sino de
dotación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, usted hoy haya
puesto como un objetivo importante la necesidad de que este proyecto de
ley signifique un incremento de libertades y derechos de los ciudadanos.
Creo que no lo significa mucho.

Usted decía: no se recorta nada. Voy a leer lo que usted me ha
leído antes. Dice: El uso no autorizado de imágenes o datos personales o
profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, etcétera. El otro día un fotógrafo me preguntó:
Cuando vaya a hacer una foto, ¿he de ir antes al ministerio a pedir
permiso? ¿Quién me va a autorizar la foto? En definitiva, este texto, tal
y como está redactado, hace posible sancionar a un fotógrafo que haya
hecho una fotografía en una manifestación con actuación de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado.

Y dice usted: Es que no es represivo ni sancionador. Les voy a
dar dos cifras. Esta ley, de los 55 artículos que tiene, 26 son artículos
de infracciones y sanciones —la mitad—. La vigente ley
tenía 27 artículos de infracciones y ahora hay 45. Es decir, hemos pasado
de un texto actual con 27 sanciones e infracciones a uno con 45, y a un
proyecto de ley donde la mitad de sus artículos hablan de infracciones y
sanciones. ¿Les dice algo esto o no les dice nada? (Rumores). Otros
ejemplos importantes: en la disolución de manifestaciones y reuniones, al
hecho de que se vaya con armas, ustedes hayan añadido lo siguiente: otros
medios de acción violenta. ¿Qué son otros medios de acción violenta: una
botella de cristal? ¿Quién determina eso? En el tema de las restricciones
de tránsito, dice clarísimamente el texto aprobado —no lo digo
yo— lo siguiente: cuando existan indicios racionales de que pueda
producirse dicha alteración. ¿Quién determina que pueda haber indicios
racionales? Y sobre esto —y se mantiene lo que se decía
antes— hay informes de catedráticos de Derecho Penal y de muchas
asociaciones que dicen que eso no puede ser, que se ha de concretar. Es
más —como comenté ayer en el debate del Código Penal—: se
pasa de la culpabilidad a la peligrosidad. Antes las acciones que tenía
atribuidas la Policía venían determinadas por ser hechos flagrantes, en
estos momentos es por indicios o por peligrosidad, con lo cual se da un
margen de maniobra abierto a la policía de que pueda hacer —dicho
entre comillas— casi casi lo que quiera. O sea, hago una fotografía
que me la pueden no autorizar, hago una reunión que me la pueden
prohibir.

Hay otra cuestión muy importante: la manifestación. Usted dice:
la manifestación no requiere autorización —lo sé perfectamente,
requiere comunicación—, pero hay algunas enmiendas que dicen lo
siguiente: la Ley Orgánica de reunión que tenemos aprobada en este país
prevé que haya una comunicación diez días antes de que se celebre la
manifestación. Y lo que nosotros decimos es que hay actos que requieren
una respuesta inmediata y entonces no pueden ser diez días. Habría que
poner una enmienda que contemplara este aspecto.

Por tanto, señor Aznar, este es un proyecto de ley
fundamentalmente sancionador. Evidentemente, tiene cosas positivas, ¡solo
faltaría que no las tuviera!, pero los indicios, la peligrosidad, el
necesitar una autorización para hacer una fotografía indican recortes y
restricciones.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SAURA LAPORTA: Termino, señor presidente.

No reconocer esto es no reconocer que el Gobierno del Partido
Popular definitivamente está dando una respuesta autoritaria tanto en el
Código Penal como en la Ley de seguridad ciudadana.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Senador Aznar ─¿puedo llamarle senador Aznar?─, usted
decía: «oiga, que su grupo pidió en el Congreso la reforma de la ley.»
Sí, sí, lo pedimos en el Congreso, y esta mañana lo he dicho en la
defensa del veto. Efectivamente, pedimos la reforma de la Ley de
seguridad ciudadana del año 1992. Pero, señor Aznar, para reformar una
ley y hacerla globalmente peor —porque, aunque es verdad que mejora
muchos aspectos, globalmente es peor—, no hace falta
reformarla.

Señor Aznar, usted es un gran orador, y yo le admiro por eso,
pero me hace trampa: me acusa de votar en contra de esta ley porque
estamos en periodo preelectoral o electoral, porque va a haber unas
elecciones municipales, unas elecciones autonómicas, unas elecciones
generales. Oiga, si este año 2015 no hubiera ni elecciones municipales,
ni elecciones autonómicas, ni elecciones generales, la ley que ustedes
han hecho seguiría siendo mala y, por tanto, no la podríamos votar a
favor. Y le reitero un poco lo que he dicho esta mañana al inicio de mi
intervención: Ustedes la van a aprobar porque tienen la mayoría de votos,
pero sean conscientes de que una parte de la sociedad española no está de
acuerdo con esta ley, y está representada aquí en parte de este
hemiciclo.

Yo le formulo una pregunta: Ustedes no rechazan las enmiendas que
consideramos más sustanciales. Entonces ¿nos darían más cariño, nos
tratarían mejor si mi grupo parlamentario no estuviera inmerso en aquello
que ustedes llaman la deriva soberanista? Igual sí. Se la devuelvo: me
acusa de electoralismo y yo le acuso de tratarnos peor porque estamos en
una deriva soberanista.

Dicho esto, reitero lo que he expresado en la defensa del veto:
han perdido la oportunidad de reformar una ley y de hacerla más moderna y
al servicio de la seguridad de los ciudadanos, y la han convertido en una
agresión a sus derechos fundamentales. Es una ley anti-autonómica,
invasiva, descentralizadora, con un régimen sancionador interpretativo y
a criterio subjetivo de los agentes, con conceptos jurídicos
indeterminados, errónea en la voluntad sancionadora a las personas que
prestan servicios sexuales cuando se debe sancionar a los solicitantes, y
supone institucionalizar las devoluciones en caliente de las personas que
quieran entrar en Ceuta y Melilla por mucho que lo camuflen ustedes con
el orden internacional.

Por ese motivo, hemos presentado el veto;






por ese motivo, lo
votaremos a favor, como no puede ser de otra manera; y por ese motivo,
votaremos a favor de los otros siete vetos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor presidente.

Señor Aznar, me encanta su espíritu cuando presenta las cosas. Es
usted un fabulador en el sentido de la invención. (Rumores.) Fabulador no
es faltar el respeto a nadie, por favor. Presenta usted una ley diciendo
poco menos que mejora la protección de las libertades, avalada por
Amnistía Internacional, avalada por los sindicatos y casi se ha atrevido
a decir que avalada por Acnur. ¡Hombre, está muy lejos de la realidad lo
que usted dice y lo que nos presenta, salvo que la hagan tan bien que han
disimulado la ley de tal manera que ninguno de los que estamos aquí que
hemos presentado veto nos hemos dado cuenta de lo magnífica que es la
ley! Y créame que no es un problema electoral lo que hemos planteado.
Esto es otro problema. Es una ley que representa una filosofía, ya se lo
he dicho antes y no quiero incidir en ello.

Llegan a poner como ejemplo la grabación de imágenes —me
voy a detener en esto— y dice: autorizadas. ¿Desde cuándo la
libertad de expresión hay que autorizarla en este país?

Permanentemente ustedes buscan ese equilibrio entre la seguridad
y los derechos fundamentales y las libertades —que se lo dice el
Consejo General del Poder Judicial—, y ese equilibrio lo rompen a
favor de la censura y de eliminar la libertad de expresión de los medios
de comunicación, que es un derecho fundamental. ¿Sabe lo que genera esto?
Impunidad, porque hemos asistido a casos en la Comunidad de Madrid
—y usted los ha vivido y los conoce perfectamente—, en Atocha
y en otros sitios, que si no fuese por grabaciones, aquí no hubiésemos
sabido qué estaba pasando en cuanto a atropellos a las libertades.

Esta ley responde a intentar impedir que se conozcan abusos de
algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por tanto, yo
creo que no puede seguir insistiéndonos en lo magnífica que es la ley en
este sentido.

Habla de las sanciones y dice: son iguales. No, iguales no.
Ustedes han trasladado muchas faltas del Código Penal a infracción
administrativa, y esto es lo básico, que rompen las garantías judiciales
que la ley tenía en este caso.

Las devoluciones sumarias, las devoluciones en caliente, la
abolición del derecho de asilo, como lo queramos llamar, es lo que está
en el tapete. No hay otra cosa. Ustedes han metido una enmienda de esta
naturaleza para legislar sobre el tema de Ceuta y Melilla —por
cierto, sin informes de los órganos consultivos del Estado—. ¿Y
esto qué supone en la práctica? Pues que el derecho de asistencia letrada
y de intérprete en los procesos de expulsión ha desaparecido. Tal y como
lo tienen ustedes, no hay ninguna garantía. Dicen: los devolvemos. Ya
vemos cómo los devuelven. ¿Les dan ustedes la posibilidad de asistencia
letrada o de intérprete a cualquiera de los que entran? (No hablo de la
Ley de extranjería, que no está abolida, lo plantean ustedes.) ¿Está
garantizado con esta iniciativa el derecho a la protección internacional
que tiene cualquier ciudadano en España con el derecho de asilo? Y esto
es así, esta es la situación a la que nos llevan, y por eso Acnur está
muy preocupada con este tema. A mí me han llegado a manifestar que vamos
a tener problemas internacionales de todo tipo. Es que la Comisión
Europea les ha dicho lo que les ha dicho. No digan que están homologados
con Europa, porque les están diciendo lo que les están diciendo. Y yo
creo que aquí tenemos un problema muy serio también en cuanto al
prestigio internacional de España: estamos siendo un problema desde la
perspectiva del derecho de asilo a nivel internacional.

Este Pleno ha traído algunas leyes, fundamentalmente el Código
Penal, que son la expresión del miedo a la libertad que manifiestan
ustedes muchas veces recortando libertades, y este Pleno es un ejercicio
de ese tipo. La reforma laboral fue un ejercicio de ese tipo, la Ley de
seguridad privada fue otro y hasta si me apuran, el control de la
televisión española es también un ejercicio de recorte de libertades.
¿Pero de qué estamos hablando? Se trata de impedir el ejercicio de las
libertades a nivel general, y yo creo que eso es muy negativo. El único
miedo que hay aquí es el miedo a la inseguridad del futuro —de los
jóvenes básicamente, que tienen un miedo a su futuro—. Eso de que
las nuevas generaciones iban a vivir mejor que sus padres ha desaparecido
de la mente, y ya están en lo de «virgencita, virgencita, que me quede
como estoy». Su futuro es muy incierto —el de los jóvenes, el de
las personas que más están padeciendo la crisis, el de las personas que
tienen un contrato de trabajo y se ha instalado en ellas la nueva
pobreza—. Esa es la inseguridad que tenemos que resolver. Pero no
hay un problema de orden público o de inseguridad en nuestro país.

Este Gobierno está haciendo cosas que tienen que ver con la
filosofía de esta ley, se lo digo claramente. A los policías o
funcionarios que protestan de alguna manera —y así se lo hice ver
al ministro— se les releva de sus puestos. Esta es la medida que
están ampliando ustedes. A los jueces se les reduce competencias y
recursos en un momento como en el que estamos. Con esta ley se ahoga la
voz a la prensa y se falta al principio más elemental de la
transparencia, señores del Grupo Parlamentario Popular, y para rematar, a
los ciudadanos se les intimida con usos desproporcionados de fuerzas y
sanciones desmesuradas. Este es el planteamiento y no nos lleva a ningún
sitio, porque la sociedad española, más allá de la crisis y de los
intentos de recorte de libertades, va a dar una respuesta contundente a
estos temas. Y esta ley no va a tener mucho recorrido, se lo garantizo,
no lo va a tener. Por eso es una ley frustrada de final de un proceso,
queriendo instalarse en la crisis en todos los conceptos, y desde luego,
nada positiva a ese respecto.

Termino con algo que dijimos en la moción y que yo creo que
refleja todo esto, con una frase de Benjamin Franklin. Dice así: Aquellos
que sacrifican la libertad por la seguridad o la tranquilidad no merecen
tener ninguna de ellas. Tomen buena nota.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cascallana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, vamos a ir de forma rápida. Por cierto, no está el
señor Atutxa, Senador Cazalis, si puede, avísele. (Risas).

Senadora Julios, discúlpeme, lo digo cordialmente, pero yo creo
que ha llegado usted una hora tarde al debate, y me sorprende que hable
usted en nombre de Canarias. Como mucho, podrá hablar usted en
representación de un electorado muy respetable de Canarias, pero, que yo
recuerde, mis compañeros del Grupo Popular que se sientan por aquí son
los que ganaron las elecciones en Canarias mayoritariamente. Si ahora
usted se erige en la representante del pueblo canario, creo que está
usted mal en la onda. (Aplausos).

Senadora Capella, me dice usted que no reparte credenciales. No
debiera repartir credenciales, no debiera; pero cuando usted se permite
juzgar con la dureza con que lo ha hecho antes, sin ninguna base de
ningún tipo —porque no creo que a ninguno de los senadores que se
sientan en estas bancadas usted pueda acusarles con el dedo de tener ni
un minuto antidemocrático—, todo lo que ha dicho usted en relación
con otra época me parece que está absolutamente fuera de lugar. Y sabe
que respeto mucho sus planteamientos, bien es cierto que no los puedo
compartir, porque me parece que son los planteamientos de la izquierda
decimonónica más rancia, señoría (Aplausos.— Rumores), y por eso no
vamos a coincidir. Pero aun así respeto sus planteamientos.
(Rumores).

Señor Iglesias, dice que hacen falta mayores garantías.
Sinceramente, a mí su discurso me parece muy serio pero creo, repito, que
está muy encorsetado, como lo estamos probablemente todos en nuestras
creencias, en nuestra propia ideología, y a partir de ahí probablemente
limitamos nuestro campo de visión. Esta ley —y ahora hablaré en el
relación con otros portavoces también— lo que hace es ampliar las
garantías que había hasta ahora, señoría. Por lo tanto, si usted las ve
de esa manera yo le respeto, pero, desde luego, no puedo
compartirlo.

Ha puesto usted el ejemplo de 50 sombras de Grey, y eso es que lo
tiene muy asumido. A mí me gustaría que identificase a los personajes,
porque yo creo que ni usted ni yo damos el tipo. (Risas). Probablemente
tenga usted otros tipos en la cabeza. (Aplausos.— Risas).

Senador Atutxa, yo no sé si no le han transmitido bien lo que yo
dije. Yo decía que un senador que a veces se sienta aquí, al que yo
admiro por su trayectoria democrática, al que leo, porque además de
interesante lo que escribe es divertido, a veces dice cosas que, desde mi
punto de vista y dicho con todo el respeto, no se compadecen con la
realidad. He citado una frase textual suya y he dicho que parece mentira
que usted diga en este Senado, en el siglo XXI, que no son buenos tiempos
para la discrepancia. Yo creo que con lo que usted conoce, con lo que
usted ha vivido antes del 78, y antes del 77, con lo que usted conoce de
otros países que se dicen democráticos —y he citado Venezuela
porque sé que le duele a usted especialmente ese país—, que diga
que en este Senado y en este Parlamento no son buenos tiempos para la
discrepancia creo que es un exceso que estoy convencido de que ni usted
mismo defiende. Por lo tanto, a eso me refería desde el máximo respeto,
como siempre. (Aplausos).

El señor Bruguera y posteriormente con el eco del señor
Cascallana nos anticipan la escasa vida que va a tener esta ley
—iba a ponerles un calificativo cariñoso, pero por si acaso no lo
voy a hacer—. Se han metido ahora ustedes a adivinos los dos y
parece que si siguen con la lista de derogaciones que van a hacer cuando
lleguen al Gobierno van a llegar ustedes a derogar hasta el Código de
Hammurabi, señoría. Dejen de derogar porque las recetas que usted nos ha
ofrecido hoy en esta tribuna nos han traído adonde estábamos hace tres
años (Rumores), y no vamos a insistir en eso. Acusar ahora a este grupo
de que con sus reformas —gracias a las cuales, señorías, hemos
salido del pozo donde estábamos, al menos eso es lo que pensamos nosotros
y parece que es lo que dicen los datos objetivos— causa
inestabilidad social tampoco se compadece con la realidad.

Señor Saura, usted ha gobernado y ha gobernado en un área muy
complicada. Usted en el año 2009, si no estoy mal informado, era
consejero de Interior de la Generalitat de Catalunya. Usted lo pasó muy
mal y los que le conocemos desde el punto de vista personal, los que
hemos tenido la oportunidad de conocerle aquí y sabemos de su trayectoria
estamos convencidos de que sufrió en sus carnes cuando le criticaban a
usted por los excesos de los Mossos d’Esquadra en la represión de
las violentas manifestaciones de estudiantes que protestaban por el Plan
Bolonia. A usted, como máximo responsable de los Mossos d’Esquadra
le criticaban duramente, y estoy seguro de que eso le dolía profundamente
porque, evidentemente, sus creencias democráticas no se compaginaban con
lo que estaba ocurriendo, con aquellos supuestos excesos policiales de
los que hablaba la prensa de la época.

Usted sabe lo difícil que es la materia de interior, usted sabe
lo débil que es la línea entre seguridad y libertad e, igual que
nosotros, quiere poner el énfasis en la libertad, y no dude de que eso es
lo que quiere hacer el Partido Popular. Lo que queremos hacer con esta
ley es ampliar las libertades y los derechos a través de unas garantías
que trasladamos a esta ley. Podremos estar de acuerdo o no, pero esa es
la voluntad del legislador, esa es la voluntad de mi grupo parlamentario
y, sin duda alguna, esa era la voluntad de este Gobierno cuando envió al
Parlamento el proyecto de ley; proyecto de ley que, como usted ha dicho,
ha sufrido un camino muy largo y prácticamente no se parece en nada a
aquel inicial anteproyecto. Por eso les he pedido, y lo hago con la
máxima humildad, que juzguen el proyecto que tenemos en las manos y no
aquel anteproyecto que etiquetaron y, a partir de ese momento, no ha
habido forma de que se bajaran, por más que se haya modificado el
texto.

Por ello, señoría, le pido esa reflexión y, sobre todo, que no
ponga en duda cuál es la voluntad de este grupo porque eso es lo que, al
menos desde nuestro punto de vista, no es discutible.

Señor Sendra, usted lo deja ver; a ustedes les encantaría apoyar
hoy al Gobierno en este proyecto y que se les hubiesen aceptado
enmiendas, que seguro que alguna habría mejorado el texto de forma
suficiente. Pero entre las cosas que plantean ustedes en el texto del
veto y en las enmiendas de las que luego hablará mi compañero en el turno
correspondiente, plantean cuestiones que se contradicen. Niegan al Estado
competencias que luego sí piden para los gobiernos autonómicos, en su
caso, el de la Generalitat. Y algo similar ocurre en el caso del Grupo
Vasco. Es decir, que negamos al Estado competencias —y lo
articulamos y explicamos sobre la base de la defensa de los derechos y
las libertades— pero luego esas competencias que negamos al Estado
sí las pedimos para las policías de las distintas comunidades. Señorías,
hay que tener un poco más de coherencia.

Señor Cascallana, usted sabe, porque hemos hablado personalmente,
y mucho, de esta ley, que no es una ley perfecta; ninguna ley lo es, pero
se irá perfeccionando con la práctica y el tiempo. En cualquier caso, no
puede usted decir que las sanciones son desmesuradas, máxime porque su
grupo es el responsable de la ley anterior. Como hemos dicho ya, las
sanciones que impone esta ley son exactamente las mismas que las de la
ley de 1992; han pasado veintidós años y no se sube un euro.

Dice que hay sanciones mayores; no es verdad. Había doce
infracciones muy graves en la ley de 1992 y hemos pasado a cuatro. Por lo
tanto, hemos reducido el número de sanciones muy graves. Y no me diga
usted que es lo mismo la sanción penal que hace la sociedad a través del
Código Penal que la infracción administrativa. Por tanto, hemos bajado el
listón de la ley.

Señorías, creo que hemos argumentado suficientemente por qué esta
ley debe salir adelante y, sobre todo, hemos dejado muy claro y espero
que a nadie le quepa la más mínima duda, que la voluntad del Gobierno y
del Grupo Popular es aumentar las libertades y las garantías a través del
articulado de esta nueva ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Aznar.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de
veto.

Les informo de que el senador Marín Torrecillas ha hecho uso de
la votación telemática. El sentido de su voto ha sido en contra de las
propuestas de veto, y lo sumaré al resultado de la votación que
realicemos aquí, en el hemiciclo.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 3, de la
senadora Capella.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221
más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto
telemático, 222; a favor, 82; en contra, 139 más 1 voto
telemático, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias
y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221
más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto
telemático, 222; a favor, 83; en contra, 138 más 1 voto
telemático, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores Aiartza
Azurtza, Goioaga Llano, la senadora Mendizábal Azurmendi y el senador
Unamunzaga Osoro.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220
más 1 voto telemático, 221; votos emitidos, 220 más 1 voto
telemático, 221; a favor, 82; en contra, 138 más 1 voto
telemático, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 7, de los senadores Guillot y
Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221
más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto
telemático, 222; a favor, 83; en contra, 138 más 1 voto
telemático, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 8, de todos los senadores de
la Entesa menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221
más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto
telemático, 222; a favor, 83; en contra, 138 más 1 voto
telemático, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario
Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221
más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto
telemático, 222; a favor, 83; en contra, 138 más 1 voto
telemático, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220
más 1 voto telemático, 221; votos emitidos, 220 más 1 voto
telemático, 221; a favor, 83; en contra, 137 más 1 voto
telemático, 138.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221
más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto
telemático, 222; a favor, 83; en contra, 138 más 1 voto
telemático, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, entramos en el debate de las
enmiendas. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

En primer lugar las enmiendas de la senadora Capella, del Grupo
Parlamentario Mixto, 42 a 62.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Muchas gracias, señor presidente.

Una mentira repetida mil veces no se convierte en una verdad,
señor Aznar. Ustedes volen fer passar el clau per la cabota. Pues no, la
ley ni es necesaria ni amplía ni protege derechos y libertades. En
definitiva, la oposición no ha presentado la ley, la han presentado
ustedes. Y la ley dice lo que dice, se mire como se mire, con más o menos
pasión, pero al final lo que se traduce de la lectura de la ley, de lo
que ustedes expresan cuando la defienden, no es otra cosa que la
limitación de derechos y libertades públicas. Y lo dice esta senadora de
Esquerra Republicana y lo han dicho los senadores de los distintos grupos
parlamentarios que componen la oposición en este hemiciclo. Y no
únicamente lo hemos dicho los senadores y los diputados en el Congreso,
sino que, repito, organizaciones internacionales, el Consejo General de
la Abogacía, catedráticos de Derecho Penal, Jueces para la Democracia, en
fin, lo dice todo el mundo menos el Partido Popular.

¿Y por qué no nos fiamos de ustedes? A las pruebas me remito,
datos objetivos: cuando ustedes tienen mayorías absolutas, ¿qué
modificaciones legales se llevan a cabo? Y sí, esta ley es la culminación
de la trilogía represiva. Lo diré tantas veces como sea necesario, porque
esto sí que es una verdad incontestable. Es la culminación de un panorama
que ustedes quieren dibujar: limitación de derechos fundamentales,
limitación del derecho de expresión, de manifestación, etcétera,
etcétera. Y lo repetiré así hasta el infinito y cuantas veces sea
necesario.

Bien, voy a las enmiendas que Esquerra Republicana ha presentado.
La mayoría de ellas son de adición y de supresión. Van en la línea de
exigencia de mayores garantías en las identificaciones policiales. No son
suficientes los libros de registro a disposición del Ministerio Fiscal
para supervisar la actuación policial. El nuevo texto, a criterio de
Esquerra Republicana, supone un aumento de los poderes preventivos, al
permitir redadas en prevención de delitos, cuando la ley de 1992
únicamente permitía redadas cuando existía una alteración efectiva de la
seguridad ciudadana. Esta ley significa una persecución a la ciudadanía
—y por eso nosotros introducimos enmiendas de supresión—,
incluso a los periodistas que han documentado abusos policiales, hasta el
extremo de confiscarles o retirarles la cámara. Sí, es así, lo dice la
ley, no me lo invento yo. La ley limita la posibilidad de registrar
imágenes públicas.

Introducimos una disposición adicional y solicitamos que se
prohíba requisar o limitar banderas u otros símbolos, salvo aquellos
—insisto, salvo aquellos— cuya exhibición suponga la comisión
de un delito de incitación al odio. Repito, salvo aquellos cuya
exhibición suponga la comisión de un delito de incitación al odio.

Las mal llamadas devoluciones en caliente recogidas en este
proyecto de ley suponen una nueva modificación de la vigente Ley Orgánica
de extranjería 4/2000. Introducen una nueva figura que pretende legalizar
una política de hechos consumados que se denomina vulgarmente
devoluciones en caliente, práctica que llevan a cabo en la frontera con
Marruecos y en Ceuta y Melilla. Su inclusión en la Ley Orgánica de
protección de la seguridad ciudadana tiene la pretensión de convertir
aquella ilegal práctica administrativa y policial en una norma
sancionadora, pues faculta a la autoridad civil y a las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, sin ningún tipo de comprobación individual,
interrogatorio o expediente administrativo para proceder a su expulsión
inmediata. Repito, sin garantías, infringiendo derechos fundamentales y
libertades públicas. Esta práctica es contraria a la Constitución
española y a los tratados internacionales en materia de asilo y refugio,
y al derecho internacional en materia de derechos humanos actualmente
vigente, y que, efectivamente, España debe cumplir.

Vulneración del principio de jerarquía normativa:
artículos 13.1, 13.4, 53.1, 93, 96.1, 96.2 de la Constitución Española.
Les voy a leer las conclusiones del profesor Eduard Sagarra Trias,
crítico con la introducción de esta modificación de la Ley Orgánica en
materia de extranjería, que dice lo siguiente: Las devoluciones en
caliente van en contra de una norma de ius cogens, atentan y vulneran en
su práctica en la frontera de Ceuta y Melilla o en el territorio
peninsular el derecho de cualquier individuo a solicitar asilo, refugio o
protección subsidiaria en España y en la Unión Europea. Las autoridades y
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberán necesariamente atender,
cursar y tramitar cualquier petición individual de asilo o refugio que se
solicite en frontera; mientras no se resuelva el expediente
administrativo legalmente previsto, no puede procederse a la devolución
legal ni ser devueltos colectivamente sin más y sin identificación a
Marruecos. Las llamadas devoluciones en caliente vulneran las normas
internas reguladoras de la extranjería, asilo y refugio, en especial la
Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967.

El Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad
ciudadana, en concreto la disposición adicional décima, no puede validar
ni legalizar las devoluciones en caliente, en su aplicación práctica en
Ceuta y en Melilla vulneran el artículo 9 de la Constitución española, el
principio de jerarquía normativa de los artículos 13.1, 13.4, 53.1, ya
que no respetan su contenido esencial que posibilita la solicitud de
asilo o refugio en Europa, y también es contraria al artículo 96.1 por el
valor supralegal de los tratados internacionales en vigor en España sobre
otras leyes de rango inferior. Existen otras conclusiones pero, en todo
caso, les invito a que lean este informe.

El resto de nuestras enmiendas pretenden la supresión de
determinado aumento de infracciones. Se castigan formas de protesta
específicas de movimientos sociales y organizaciones y, como decía en la
defensa del veto, llevan nombres y apellidos. Concretamente, están
señalando a determinadas organizaciones: Greenpeace, la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca... Están identificando organizaciones
concretas, disconformes con la legislación que durante estos tres años el
Partido Popular ha ido desplegando.

La seguridad a la que ustedes aluden cuando defienden este
Proyecto de Ley de seguridad es la seguridad de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado. Cuando ustedes plantean restricciones del tránsito
y controles, comprobaciones y registros en la vía pública, registros
corporales externos, nosotros pensamos que debe haber indicios no solo
razonables sino también objetivos. Otorgan poderes discrecionales sin
mecanismos de rendición de cuentas, abren la vía para la arbitrariedad, y
la ley deja un gran margen a la discrecionalidad de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado.

Falta de garantías y mecanismos de control y rendición de
cuentas. Nuestras enmiendas van en esta línea: garantizar que existan
medidas y mecanismos de control. Esta ley no exige a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado que expliquen los motivos por los que se
realiza un control de identidad, registro, cacheo, comprobación en la vía
pública, ni tienen ninguna obligación en materia de trasparencia y
recogida de datos sobre el número de identificaciones realizadas en la
vía pública. La Ley de seguridad —y por eso también hemos planteado
enmiendas de supresión— limita el derecho a la libertad de reunión
pacífica, a la libertad de expresión e información. Efectivamente, son
derechos limitables; es cierto, pero con límites a esta limitación, que
son: el principio de legalidad y la finalidad legítima que se persigue.
La ley no lo dice, señor Aznar; no lo dice: Deja un amplio margen a la
capacidad de decisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y
al principio de necesidad y proporcionalidad.

Señorías, las conclusiones de Amnistía Internacional recogen que
existen mejoras en la ley; han introducido alguna pequeña mejora
—pequeña mejora, no se apunten tantos que no existen—. Dice:
A pesar de contener algunos elementos positivos respecto a la no
discriminación en el uso de perfiles raciales, supone, principalmente,
una ampliación de la potestad sancionadora de la Administración; no
corrige, en términos generales, la discrecionalidad y ambigüedad de los
poderes otorgados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso es
así, señorías, léanse la ley, su ley. Las facultades otorgadas a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado suponen poderes amplios en
materia de prevención e indagación que, en ausencia de mecanismos de
control, pueden afectar de manera injustificada y desproporcionada al
disfrute de derechos humanos, como el derecho a la intimidad, a la
libertad de expresión y reunión pacífica o a la libertad deambulatoria.
Sin garantías y sin mecanismos de control y rendición de cuentas
adecuados, se amplían las posibilidades de comportamientos arbitrarios y
abusivos. La impunidad policial que durante años ha denunciado la
organización, en este caso, Amnistía Internacional, también Esquerra
Republicana y otros partidos políticos, puede salir reforzada ante la
prevalencia de la posición de la Administración, que es juez y parte
frente a los ciudadanos. Los principios formulados en la ley, como el de
injerencia mínima o no discriminación, no cuentan con mecanismos de
fiscalización.

En la práctica, sin garantías, sin transparencia, estos
principios pueden quedar en papel mojado, y con ello se corre el riesgo
de que la seguridad ciudadana, que debería ser una garantía del respeto
de los derechos humanos, se convierta en su principal amenaza. Está en
manos del legislador revertir este proceso; a ver qué pasa.

Y sí, efectivamente, no nos fiamos, porque España se lleva la
palma en condenas en la Corte Internacional por vulneración de derechos
fundamentales y libertades públicas. Esquerra Republicana siempre
defiende derechos y libertades, en esta tribuna, en el Congreso de los
Diputados, en todos los ámbitos institucionales, también en la calle, y a
las pruebas me remito. A Esquerra Republicana, a su larga tradición
democrática, la avalan más de ochenta años de historia como partido
político en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, en
momentos en que algunos partidos políticos ni existían. Algunos provienen
—no digo que los partidos políticos—, de períodos no
democráticos. Y nosotros defendemos lo que defendemos, que aunque no
estemos de acuerdo con sus ideas, defendemos siempre el sagrado derecho
de expresarlas. No lo digo yo, lo dice Voltaire.

Gracias.

El señor PRESIDENTE:






Muchas gracias, senadora Capella.

Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado enmiendas, que
van de la 1 a la 8 y de la 10 a la 41. Para su defensa, tiene la palabra
el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La primera enmienda pretende la supresión del artículo 3, ya que
en dicho artículo se reflejan los fines del proyecto y entendemos que se
trata de una descripción puramente retórica, se centra en el objetivo de
proteger los derechos fundamentales, objetivo que es desmentido con la
regulación posterior. Igualmente, planteamos la supresión del artículo 15
para mantener la vigencia de la actual redacción de la Ley
Orgánica 1/1992 que hace referencia a la entrada y registro en domicilios
y edificios de organismos oficiales, de tal forma que la misma solo sea
posible en caso de delito flagrante. Igualmente, pedimos la supresión del
artículo 16.1 que se refiere a las prendas como motivo de identificación.
Otras seis enmiendas, al mismo artículo 16, pretenden exigir datos
objetivos que avalen la sospecha que propicia la identificación para
evitar que la misma sea una práctica arbitraria y para que se practique
exclusivamente para impedir un delito, no para su prevención. Mediante
otra enmienda, pedimos que se le proporcione al identificado un boletín,
un formulario, en la que conste la práctica de tal diligencia y, para que
de forma expresa, se prohíban los controles basados en perfiles raciales
o étnicos. Hay varios informes del secretariado general gitano, el último
que conozco del año 2013, que reflejan datos de una encuesta realizada
entre el colectivo gitano por esta organización, que el 60 % de los
encuestados manifestaban haber sido objeto de una diligencia policial de
identificación, lo cual, por supuesto, les sitúa en un porcentaje muy
superior a la media de la sociedad española.

Formulamos una enmienda al artículo 17 para, con una nueva
redacción, limitar las restricciones al tránsito en la vía pública.
Planteamos la supresión del artículo 18 que pide la comprobación y el
registro de lugares públicos, por ser este un tipo, en los términos en
los que se redacta, abierto, que se basa en los riesgos potenciales, en
opinión de la fuerza actuante. Enmendamos para modificar el artículo 19
con la finalidad de que las diligencias de identificación, registro y
comprobación estén sujetas a las mismas formalidades que las detenciones
—el proyecto dice expresamente que no estarán sujetas— y para
que en las mismas se cuente con un intérprete cuando resulte necesaria su
presencia para que la persona identificada o sometida al registro
comprenda la circunstancia y la situación en la que está.

Igualmente presentamos una enmienda para modificar el
artículo 20, de tal forma que se exija que los indicios que justifican un
registro corporal, además de ser racionales, sean también objetivos. En
otra enmienda planteamos la supresión del artículo 23 por restringir
derechos de huelga y manifestación. Planteamos una enmienda alternativa
para el caso de que no se acepte la supresión, con una redacción, a
partir de tres enmiendas de adición, que busca que en la actuación de las
fuerzas de seguridad estas reconozcan, en primer lugar, el derecho de
reunión para que, si se producen actos violentos aislados, no se proceda
a la disolución del conjunto de la concentración, de la manifestación,
sino que se actúe sobre quienes desarrollaron esas acciones violentas y
para que se dé tiempo suficiente para responder a sus instrucciones.

Como tengo bastante tiempo, y para relajar un poco el debate, les
voy a contar una anécdota personal, si me lo permiten. Cuando me
incorporé al Ayuntamiento de Gijón como concejal en el año 91 —no
está el señor Areces, que era entonces el alcalde—, un conflicto
social que se daba en la ciudad en aquel momento era el proyecto de
construcción de un horno incinerador de residuos hospitalarios. Hubo
movilizaciones en contra, del conjunto de la oposición, incluido el
Partido Popular, que estaba en la oposición. Y, entre ellas, se produjo
el corte de la carretera de acceso al vertedero donde se iba a construir.
Hubo una intervención de la Guardia Civil en la zona rural que disolvió
la concentración. Yo no estuve en dicha concentración, pero acudí al
juicio de faltas que se derivó de esas actuaciones. Las declaraciones de
los concejales del Partido Popular, poco avezados en tales eventos,
fueron que estaban allí, cortando la carretera, que llegó un teniente de
la Guardia Civil con una fuerza de intervención, que, de repente, el
teniente hizo la señal de la victoria y que, sin más explicación, la
Guardia Civil cargó y tuvieron que correr monte abajo. Un concejal del
Partido Popular lo declaró así, un segundo concejal del Partido Popular
también lo declaró así. Y llegó el tercer concejal, que pertenecía a una
organización que era una escisión del Partido Socialista, con experiencia
sindical. La explicación que dio fue: Llegó el teniente de la Guardia
Civil, nos dijo que teníamos dos minutos, e, inmediatamente, la fuerza
intervino.

Por eso, una de las enmiendas lo que plantea es que se dé tiempo
de capacidad de reacción a quienes están concentrados o manifestándose,
para comprender las instrucciones que se les está dando y para poder
actuar en consonancia a esas instrucciones —y discúlpenme la
anécdota personal—. También planteamos la supresión del
artículo 30.3, que hace sujetos responsables de los acontecimientos o
alternaciones que se hayan podido producir a quienes por publicaciones,
declaraciones, o símbolos allí presentes, pueda deducirse que son
convocantes. La responsabilidad no se puede deducir. La responsabilidad,
en el ámbito sancionador, penal, claramente, y en el administrativo, del
que el penal es norma subsidiaria, tiene que demostrarse, no
deducirse.

Planteamos nueve enmiendas al artículo 36 sobre infracciones
graves, de supresión, para que dejen de ser tales infracciones graves la
perturbación en manifestaciones ante el Congreso, Senado y asambleas
legislativas de comunidades autónomas aunque no estén reunidas. Si no
están reunidas son un edificio como cualquier otro. La intrusión en
infraestructuras, porque no exige que se produzca ningún daño o
alteración en bienes o en las personas. No compartimos que sea falta
grave no hacer caso a los agentes cuando requieran a quienes ofrezcan
servicios sexuales. Tampoco que sea falta la no colaboración en la
prevención de un hipotético delito. Vale que lo sea la no colaboración en
la investigación de un delito, pero no de uno hipotético.

Mediante otra enmienda planteamos que se añada que las sanciones
por consumo o tenencia de drogas en la vía pública puedan suspenderse si
el sancionado sigue un tratamiento rehabilitador, con ingreso o no en una
institución. Para que los actos de plantación y cultivo en lugares
visibles al público no sean calificados como falta grave. La verdad es
que es difícil saber a qué se están refiriendo, si es a que alguien en su
casa tenga un tiesto de maría y lo coloque en la ventana. Para que haya
una exigencia de finalidad de perturbación de la seguridad ciudadana en
las acciones que obstaculicen la vía pública con mobiliario urbano. Y,
por supuesto, queremos prescindir, por las razones que ya argumenté
suficientemente, con apoyo, además, en el ámbito de la protección de
derechos humanos, del uso no autorizado de imágenes. Que ha de prevalecer
el derecho a la información.

Igualmente, el senador Mariscal y yo mismo hemos formulado cinco
enmiendas al artículo 37, para excluir de estas previsiones y de la
infracción el hecho de no contar con permiso en las manifestaciones
espontáneas por acontecimientos imprevistos —y vuelvo a referirme a
lo manifestado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos—, así
como la contemplada por faltas de respeto y consideración a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado —y también les he leído antes una
sentencia al respecto—. En las manifestaciones hay una especie de
reglas del juego tradicionales, no expresadas en ninguna parte, y esta
norma altera esas reglas del juego abriendo unas posibilidades
sancionatorias que hasta el momento no habían sido utilizadas y que, en
mi opinión, van a contribuir a crispar más aún las movilizaciones
sociales.

Vuelvo a referirme a los datos que he dado antes sobre los
escasísimos conflictos que se producen; supone un porcentaje mínimo,
un 0,89 %, el de los conflictos que se dan en las manifestaciones. Me
temo que este precepto va a ayudar a que haya más conflictos.

Igualmente, no comparto que se considere falta la negligencia en
la conservación del DNI. Ya se paga una tasa si uno lo pierde o lo
estropea. A mí se me está rompiendo de manera accidental, por muy
cuidadoso que sea, de tanto tener que enseñarlo en aeropuertos y demás;
de tanto sacarlo y meterlo en la cartera el documento nacional de
identidad padece. Que eso se considere una falta lo veo absolutamente
desproporcionado.

Y también lo es que se considere infracción el deslucimiento de
bienes muebles e inmuebles de uso de servicio público, porque es otro
término abierto. ¿Qué es el deslucimiento? En mi ciudad es frecuente que
los registros eléctricos que se colocan en la vía pública, horrorosas
cajas metálicas grises, sean decorados por los grafiteros con bastante
buen gusto, pero hay quien puede pensar que pintar una flor sobre una
caja metálica de color gris es un deslucimiento. No abramos la sanción
administrativa de forma tan absoluta.

En el artículo 39, de sanciones, añadimos un nuevo apartado en
consonancia con otra enmienda para que los supuestos de infracciones
relacionadas con la adicción se puedan suspender si se inicia un
tratamiento, con lo que se sustituiría la disposición adicional quinta
del texto.

En el artículo 51 planteamos que el plazo de caducidad de los
procedimientos se acorte, que en vez de ser un año, como prevé el
proyecto, sean seis meses.

Igualmente, planteamos una nueva disposición adicional para que
en el plazo de un año se garantice que el documento nacional de identidad
sea accesible a personas con discapacidad.

Y, finalmente, en coherencia con lo manifestado en el veto,
planteamos la supresión de la disposición final primera que introduce el
régimen especial de Ceuta y Melilla, por las razones ya
argumentadas.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 114
a 142. Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna. Egun on
senatari jaun-andreok.

Me toca defender las enmiendas que ha presentado a esta norma el
Grupo Parlamentario Vasco. Hemos formulado 28 enmiendas, de las que nos
han admitido dos y media; dos han sido incorporadas por sí mismas y la
media corresponde a la transaccional alcanzada con el Grupo Parlamentario
Popular. Las dos enmiendas admitidas son las números 119 y 134, y la
transaccional, a la enmienda 123.

La enmienda 119 es de modificación al artículo 15. La presentamos
porque la redacción del apartado 2 se presta a confusión. Parece que no
se precisa consentimiento en los supuestos de fuerza mayor y de entrada
en edificios oficiales, pero la literalidad de la redacción habla
exclusivamente de la no necesidad de consentimiento por los responsables
oficiales.

La enmienda 134 también es de modificación y tiene que ver con la
remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles
colocados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para
delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no
constituya infracción grave. La colocación de vallas y perímetros de
seguridad es la expresión de un acto de autoridad y, mediante su
vulneración, se estaría obstruyendo la ejecución del acuerdo.

La enmienda 123, a la que se ha presentado una transaccional,
tiene por objeto prevenir la comisión de actos delictivos o infracciones
administrativas, o cuando se generen riesgos directos a terceros o sean
especialmente vulnerables.

Tenemos que agradecer al senador Aznar —no al senador
Fraga— que, por lo menos en este Pleno, de 28 enmiendas presentadas
hayamos podido conseguir colocar dos y media.

En relación con el resto de las enmiendas sobre la devolución en
caliente, me referiré a ellas en el turno de portavoces para no
extenderme demasiado.

Sí tenemos que reconocer al Grupo Popular el interés demostrado
en la resolución de algunos aspectos que son particularmente preocupantes
para nuestro grupo parlamentario, como son la exacta o correcta
delimitación de las competencias entre la Administración política del
Estado español y sus fuerzas policiales, las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, y aquellas competencias que pertenecen en concreto
a Euskadi o a Cataluña, que poseen competencias en materia de seguridad
ciudadana y poseen además policías integrales que ejecutan estas
competencias. Al final, se ha llegado a regular de forma correcta lo que
en el proyecto de ley originariamente estaba regulado de forma
particularmente incorrecta, de forma y manera que se realizaba una
especie de transmutación.

En el bloque de constitucionalidad, en estas comunidades
autónomas, Euskadi y Cataluña, las competencias del Estado están tasadas
en el estatuto de autonomía y están tasadas constitucionalmente. Y, sin
embargo, las competencias de las fuerzas autonómicas o de las policías
autonómicas, tanto de los Mossos como de la Ertzaintza, y de los
departamentos de Interior de esas comunidades autónomas, no están
tasadas. Todas las demás, que se determinan por exclusión, son las que no
corresponden al Estado. Con el proyecto de ley, mediante el uso
perturbador de un concepto como indistintamente, parecía que ambas
fuerzas, tanto las estatales como las autonómicas, y en cualesquiera
casos de los regulados en esta ley, podían intervenir. Ya no es así y
ahora con esta determinación se hace correctamente. Además, las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado intervendrán en aquellos casos que, de
forma tasada, están previstos como correspondientes a ellas en los
estatutos de autonomía y en los demás casos actuarán o bien la Ertzaintza
o bien los Mossos d’Esquadra y los departamentos del Interior de
las correspondientes comunidades autónomas.

Parece que la invocación del respeto a los títulos competenciales
no merecería ningún tipo de agradecimiento específico —no debería
de ser—, porque constituiría una obligación del legislador respetar
los títulos competenciales. Pero como esto no ocurre siempre —más
bien no ocurre casi nunca últimamente—, queríamos reconocer que en
este caso se haya respetado y se hayan configurado correctamente los
puntos de conexión y los títulos competenciales de ciertas comunidades
autónomas —en este caso la vasca— y de la Administración
General del Estado y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En definitiva, señor presidente, esta ley es de difícil
regeneración, a pesar de las muchas enmiendas nuestras y del resto de
grupos parlamentarios que se han aceptado por parte del Grupo Popular y
de la aceptación casi masiva por parte del mismo grupo de las
recomendaciones de informes preceptivos como el del Consejo de Estado o
el del Consejo General del Poder Judicial. Y es difícilmente regenerable
por sus fundamentos o sus principios filosóficos e inspiradores, por la
incorporación de un concepto de seguridad ciudadana muy amplificada que
casi nos retrotrae al concepto anacrónico de orden público de otras
épocas felizmente superadas ya, en tanto en cuanto se convierte la
seguridad ciudadana o el orden público en un valor jurídico en sí mismo,
en un valor jurídico propio y autónomo, no en el presupuesto para el
ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas previsto
también en la Constitución. Un valor en sí mismo, incluso, de superior
ontología a los derechos como el de manifestación, el de expresión, el de
participación, en los asuntos públicos, etcétera, y cuyo detentador,
además, es la Administración, lo cual no deja de ser una aberración
jurídica y una perversión que nosotros hemos intentado corregir, pero con
poca suerte. Esa desmesura de la ampliación del concepto de seguridad
ciudadana, de esa incorporación de los principios de orden público
tradicional y anacrónico a este proyecto de ley, es, precisamente, lo que
hace a la ley difícilmente regenerable.

Otro aspecto que hace difícilmente regenerable el proyecto es el
apoderamiento del espacio público por parte de las autoridades
administrativas que actúan a través de los distintos ilícitos
administrativos o infracciones administrativas previstas, de forma y
manera que ya el espacio público no es un lugar donde los ciudadanos
interactúan creando espacios de tolerancia, sino que el espacio público
es aquel espacio en el que los ciudadanos solo pueden hacer lo que la
autoridad permite y esa es una reducción del concepto de espacio público
que nos resulta muy preocupante y que también nos trae resonancias del
viejo y anacrónico concepto de orden público. Es una contracción del
espacio público que nos lleva a que quien disponga de este ámbito sea la
autoridad gubernativa y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
que actúan de forma cuasi discrecional, a través de los llamados
apoderamientos específicos o generales, o cuando discrecionalmente
consideran que deben actuar. En esta ley tenemos numerosos ejemplos de
esta perversión que nosotros hemos denunciado.

Observamos también severos problemas en cuanto a una doble
tipificación en el Código Penal respecto a determinadas conductas
—que podría especificar con amplitud, pero tampoco se trata de
agotar el tiempo con ello— como, por ejemplo: materias vinculadas
con la venta de productos ambulantes en las calles, el llamado top manta,
materias relativas al ejercicio del derecho a la manifestación cuando los
manifestantes actúan con la cara cubierta, en materia relativa al consumo
de drogas —donde no se termina de depurar claramente la
diferenciación entre los aspectos vinculados a los ilícitos penales y las
infracciones administrativas—, en relación con el derecho de
manifestación cuando se producen daños en el ejercicio de tal derecho y
en la determinación de otras responsabilidades. En este proyecto de ley
se establece una suerte de responsabilidad de naturaleza objetiva, en
tanto en cuanto pueda ser objeto de incriminación o sanción: primero,
para los que provocan los daños y son objeto de identificación, pero
también para los convocantes de la manifestación, que pueden ser ajenos a
los daños producidos en el seno de la propia manifestación. Y lo mismo
ocurre con las intervenciones en las infraestructuras críticas, donde
haría falta una buena definición de qué tipo de intervenciones tienen la
dimensión suficiente como para constituir una infracción administrativa
objeto de la correspondiente sanción pecuniaria.

Señorías, sería muy largo citar el número de preceptos donde se
produce la triple perversión que hemos denunciado: la amplificación
excesiva y desmesurada del concepto de seguridad ciudadana, el
apoderamiento del espacio público por parte de la autoridad gubernamental
o gubernativa —no sé cuál palabra es la mejor— y de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o de los demás actuantes, en
materia de identificación, por ejemplo, o en cuanto a la exigencia de
determinados documentos y —probablemente la más preocupante—
respecto a la limitación del derecho de reunión pacífica.

Determinados colectivos y asociaciones prestigiosas han
denunciado también que esta ley vulnera las directrices de la OSCE sobre
el derecho de reunión pacífica: Amnistía Internacional, otras
organizaciones, e incluso existe jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos —particularmente, una sentencia importante y
conocida, la Sentencia de 14 de octubre de 2014—. Tanto estas
asociaciones como mi grupo parlamentario consideramos que los elementos
que se vulnerarían serían los siguientes: en primer lugar, la imposición
de una sanción por participar en una manifestación, que ha de ser
compatible en todo caso con las garantías previstas en el artículo 11 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta garantía no es clara en
absoluto, sino más bien oscura, en el proyecto de ley que estamos
analizando. En segundo lugar, como principio general, toda concentración
o manifestación en un lugar público provoca ciertas alteraciones y es
importante que las autoridades muestren cierto nivel de tolerancia
respecto a las manifestaciones pacíficas para no privar de contenido
precisamente al artículo 11 de ese convenio. En nuestra opinión, este
proyecto de ley priva de contenido al artículo 11 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos. En tercer lugar, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos resuelve que la imposición de sanciones administraciones por
participar en una manifestación pacífica no solo es desproporcionada sino
que, a su vez, resulta ser innecesaria para mantener el orden público.
Aquí hablamos de un mantenimiento del orden público de forma desmesurada,
algo que ha sido refutado además por la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.

Sobre el asunto de las devoluciones en caliente intervendré en el
turno de portavoces, para no agotar todo mi tiempo.

Esta es la justificación a las 28 enmiendas que el Grupo
Parlamentario Vasco ha presentado a este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas, que defenderá el senador Bruguera:
las enmiendas 143 a 176 y 177 a 211.

Tiene la palabra, señoría.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, la Entesa ha presentado dos grupos de enmiendas:
de la 143 a la 176 —34 enmiendas de los senadores del PSC— y
de la 177 a la 211 —un total de 35 enmiendas de los senadores
Guillot y Saura—. Las doy todas por defendidas y, en todo caso, lo
que haré será resumir los 8 ejes principales, las 8 prioridades que
inspiran el conjunto de enmiendas que hemos presentado y que tienen
concordancia y coherencia con la defensa del veto que ya hemos realizado.
(La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

En primer lugar, un grupo de enmiendas pretenden preservar que la
ley sea una verdadera ley de protección y defensa del ejercicio de los
derechos fundamentales y las libertades políticas, sociales y civiles, de
la libertad sindical, de la libertad de expresión, del derecho de huelga,
del derecho de manifestación y el derecho de reunión.

En segundo lugar, otras enmiendas tienen el objetivo de encontrar
un equilibrio entre la protección de la seguridad ciudadana y la
protección real y material del libre ejercicio de los derechos y
libertades, sobre la base de que estas últimas, evidentemente, están
recogidas en la Constitución y, por lo tanto, deben prevalecer por encima
de las primeras.

En tercer lugar, otras enmiendas van encaminadas a limitar los
supuestos que habilitan llevar a cabo actuaciones que afectan a la
libertad y la intimidad de las personas, intentando adecuar
—creemos que lo conseguimos— dichos límites al principio de
proporcionalidad.

En cuarto lugar, pretendemos regular con nuestras enmiendas de
una manera más adecuada el uso de grabaciones de imágenes, sonidos,
introduciendo las garantías suficientes para proteger estos derechos de
grabación de imágenes.

En quinto lugar, referente al régimen sancionador, no me voy a
extender, pero tenemos bastantes enmiendas encaminadas a la modificación
de dicho régimen sancionador por entenderlo injusto, incorpora una enorme
desproporcionalidad punitiva, introduce doble penalidad, introduce
discrecionalidad y falta de garantías jurídicas. En este sentido y en
primer lugar, algunas de nuestras enmiendas van dirigidas a suprimir
todas las infracciones que ya están tipificadas en el Código Penal; en
segundo lugar, proponemos la supresión de conductas que, a nuestro
juicio, no tienen nada que ver con la seguridad ciudadana; en tercer
lugar, la modificación de los plazos de prescripción de las infracciones
y sustituir o paralizar las sanciones económicas si el infractor se
somete voluntariamente a tratamiento de deshabituación y de
rehabilitación en un centro acreditado al efecto y también proponemos,
por innecesario, la supresión del registro central de infractores.

En sexto lugar, otras enmiendas van encaminadas a dotar de
mayores garantías y seguridad jurídica fundamental o especialmente en la
exhibición del DNI y del pasaporte, sobre los requisitos para la retirada
del pasaporte y también sobre la posibilidad de identificaciones masivas
que contempla la Ley de ciudadanos extranjeros.

En séptimo lugar, pretendemos mejorar la redacción y concretar de
una manera más clara y más precisa y dotando de mayor seguridad jurídica
los conceptos jurídicos indeterminados que figuran en la ley y que no
repito puesto que ya los hemos anunciado, los hemos comentado en el
debate del veto.

Finalmente y en octavo lugar, la enmienda 175 propone la
supresión de la disposición final primera nueva, incorporada en el
Congreso, sobre las llamadas expulsiones masivas, expulsiones en
caliente, etcétera, en Ceuta y Melilla. Repito, es una enmienda
introducida a su vez a través de una enmienda en el Congreso de los
Diputados, como ya hemos comentado, sin informe preceptivo por parte del
Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo
General de la Abogacía, etcétera. Y es que se vulnera, por ejemplo, la
Convención sobre el estatuto de los refugiados, de 1951; el Convenio para
la protección de los derechos y las libertades fundamentales, del
año 1950 —todas ellas suscritas por nuestro Estado—; el
Convenio firmado el año 1992 entre España y Marruecos sobre circulación
de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados
ilegalmente; el Código de fronteras Schengen; la Carta europea de
derechos fundamentales; también contraviene la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de extranjeros en España, la Ley de
extranjería; y la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho
de asilo y de la protección subsidiaria.

En resumen, estos son los ocho principios que han inspirado el
conjunto de nuestras enmiendas, que doy por defendidas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para defender las enmiendas del Grupo Convergència i Unió, tiene
la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, presidenta.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado quince enmiendas. Me
referiré a algunas con más detalle que a otras.

En cuanto a la número 98, como comentaba en la defensa de mi
veto, ustedes invierten la realidad policial en Cataluña y no se enteran
o no saben que Cataluña tiene la competencia de seguridad ciudadana, por
lo que es el Gobierno catalán, y no la Delegación del Gobierno, el que
prepara, dirige y ejecuta la política en relación con la seguridad
ciudadana.

Por lo que respecta a la número 99, con el nuevo redactado de la
ley el cuerpo de las policías portuarias no queda contemplado como fuerza
del orden. Ustedes presentan una transacción, pero se olvidan de que las
policías portuarias no solo realizan funciones de policía administrativa
sino también de policía judicial —por ejemplo, en casos de
alcoholemia— y sin duda también de seguridad ciudadana. Los puertos
de interés general implican una entrada de entrada y salida de mercancías
y una actividad económica vital para el Estado, y no se pueden ningunear
los servicios que este cuerpo presta en seguridad ciudadana en el
interior de los puertos de interés general del Estado. Votaremos a favor
de la transacción que ustedes nos proponen porque, desde luego, es mejor
eso que nada, pero sepan que es un desprecio para ese cuerpo olvidarlo y
no mencionarlo explícitamente en esta ley y referirse genéricamente al
personal que realice funciones de policía administrativa. Reitero que las
policías portuarias realizan más funciones que las de policía
administrativa y deberían estar incluidas en esta ley.

En relación con la enmienda 100, queremos modificar: en relación
con la Administración competente para la protección de personas y bienes
y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, pero queremos evitar
duplicidades. La competencia para dictar las normas que se consideren
necesarias en materia de seguridad en espectáculos y actividades
recreativas corresponde únicamente a la Administración que tenga las
competencias en materia de seguridad ciudadana y en materia de
espectáculos y actividades recreativas.

La enmienda 101 es de supresión. Entendemos que a las comunidades
autónomas que tienen o puedan tener en el futuro competencias exclusivas
en materia de espectáculos y actividades recreativas les corresponde
dictar las normas que consideren necesarias dentro de su ámbito
competencial. Y otorgar la posibilidad al Estado de dictar normas de
seguridad pública para los edificios e instalaciones donde se celebren
espectáculos equivale a duplicar las funciones de la Administración del
Estado y las de las comunidades autónomas.

La enmienda 102, al igual que la 104, está en relación con lo que
he explicado en la defensa de mi veto sobre los conceptos indeterminados.
No se cumple el principio de tipicidad, y los conceptos de mediaciones,
riesgo para las personas y perjuicio para su funcionamiento son
indeterminados y también generan inseguridad jurídica.

En la número 103 hemos propuesto una adición, porque se ha
denunciado con cierta asiduidad que asociaciones o personas físicas que
en muchos casos explotan laboralmente a personas desfavorecidas o con
menos recursos, a personas con discapacidad o pertenecientes a grupos en
situación de vulnerabilidad, como menores o extranjeros sin permiso de
residencia, ofertan o venden en la calle, en establecimientos comerciales
o en domicilios de los adquirentes todo tipo de productos y servicios, e
incluso participaciones en juegos de apuestas, sin que la entidad sea
legal, sin que haya obtenido la debida autorización administrativa.
Entendemos que eso debería regularse.

La enmienda 104 se refiere a parámetros parecidos a la 102 en
relación con los conceptos indeterminados. Así, la perturbación de la
seguridad ciudadana es un concepto jurídico indeterminado que genera
inseguridad jurídica y que proviene de la despenalización de las faltas
en el Código Penal.

Presentamos la enmienda 105 porque entendemos que debe suprimirse
el artículo 36.2, ya que el redactado de dicho artículo da a entender que
lo que se pretende es impedir que las personas se puedan manifestar de
manera pacífica y con comunicación previa ante las instituciones
democráticas.

No voy a comentar las enmiendas números 106 y 107.

Consideramos que la número 109 es una enmienda de sensibilidad, y
en ella pedimos que los espacios físicos y recintos donde se efectúen los
trámites para la obtención del DNI sean accesibles a personas con
movilidad reducida. Si el solicitante es una persona sorda o ciega, que
reciba el apoyo preciso para poder realizar con la mayor autonomía
posible todos los trámites; y que las páginas de Internet para la
obtención de cita previa, información o cualquier otra tramitación
electrónica sean accesibles a las personas con discapacidad. Se trata de
hacer un DNI accesible a las personas con discapacidad. Comprende medidas
de accesibilidad en la obtención del documento, y que el mismo DNI sea
también rotulado en braille para facilitar la adaptabilidad. Y también es
un acto de estricta sensibilidad para con este colectivo.

En cuanto a la enmienda 111, como comenté en la defensa del veto,
nos parece impensable en el siglo XXI la falta de colaboración en
relación con la conexión de los cuerpos que tienen competencia en
seguridad ciudadana en las comunidades autónomas —especialmente en
Cataluña y en Euskadi— a las bases de datos de Interpol. Ya lo he
argumentado de manera suficiente en mi intervención de defensa del veto.
Y es que si tenemos que luchar juntos contra el terrorismo internacional
es bueno hacerlo de verdad y hacerlo con colaboración, y la mejor muestra
de ello sería que estos cuerpos pudieran acceder, como digo, a las bases
de Interpol y Europol.

La enmienda 112 se refiere a la videovigilancia, que es uno de
los mecanismos más utilizados por los cuerpos y fuerzas de seguridad para
la identificación de ilícitos y de los sujetos que los cometen. Algunas
veces, entre la producción de ese ilícito y la recepción de las
grabaciones se impide que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan hacer
todo el uso necesario de estas para su identificación.

Finalmente, la enmienda 113 hace relación a las devoluciones en
caliente, tema del que ya he hablado suficientemente durante la defensa
de mi veto. Consideramos que es una auténtica patada en el culo a las
personas que intentan entrar en el país para encontrar una vida mejor. Es
la única esperanza que tienen, y a través de esta ley se legalizan estas
devoluciones.

En cuanto a las transacciones, votaremos a favor de la
relacionada con la policía portuaria, de la transaccional relativa a una
enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, y nos abstendremos en una
relacionada con el Grupo Socialista.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Enmiendas del Grupo Socialista.

Tiene la palabra el senador Ángel Batalla.

El señor ÁNGEL BATALLA: Moltes gràcies, presidenta; muchas
gracias, presidenta.

Como ustedes saben, el Grupo Socialista ha presentado un conjunto
de enmiendas con el fin de mejorar el texto que ustedes nos presentan:
una dirigida al preámbulo; seis, al capítulo I; tres, al capítulo II;
diez, al capítulo III; ocho, al capítulo V; una, a la disposición
adicional quinta; otra, a la disposición adicional séptima; tres, a la
disposición adicional novena; una a la disposición final primera; y otra,
a la disposición final quinta.

Como decía el señor Cascallana, nuestro portavoz socialista, el
debate de esta mañana alrededor de este texto legislativo lo es sobre las
libertades públicas. Este es el debate que hoy debemos tener: el concepto
y modelo que tenemos sobre las libertades públicas.

El Estado social y democrático de derecho configurado en nuestra
Constitución tiene la obligación de garantizar la seguridad de los
ciudadanos para facilitar y garantizar el ejercicio de los derechos,
tanto individuales como colectivos. La finalidad de la seguridad
ciudadana es precisamente esa: que los ciudadanos puedan ejercitar
libremente los derechos constitucionales. Se trata de que los ciudadanos
estén seguros en ese ejercicio, de que sepan en cada momento cuáles son
sus límites, unos límites que en todo caso habrán de configurarse
claramente, de modo que las reglas para su ejercicio no acaben siendo más
fuertes que los propios derechos. Y eso, señor Aznar, no lo hace para
nada la ley que ustedes nos presentan. No cumple este mandamiento
constitucional para nada.

¿El orden público es necesario para ese ejercicio? Sin duda.
¿Debe estar dirigido a la misma finalidad? Claro, porque mientras que la
seguridad ciudadana tiene por destinatario al ciudadano, hablar de orden
público, como ustedes quieren hacer en estos términos y en este texto,
nos sitúa en un ámbito indeterminado de lo que entiende cada uno por
orden, y es obvio que la ley elaborada por este Gobierno persigue un
orden que se consume en sí mismo, un orden que va más allá del ciudadano,
pero un orden, además, que, tal como se configura en el texto que hoy
examinamos, parece más dirigido a la paz en el desierto que a los
ciudadanos conviviendo y expresando en el espacio público sus alegrías,
sus fiestas, sus inquietudes, sus protestas, y también sus
disconformidades. Claro que sí.

El orden público configurado con la ley que traen aquí es
limitativo, mientas que el orden público de la Constitución, de nuestra
Constitución, nuestro orden público, además de quedar configurado
claramente, solo admite como límites aquellas conductas que impidan el
ejercicio de nuestros derechos constitucionales; es decir, que impidan a
otros ciudadanos ejercer sus derechos en libertad. Las limitaciones
previstas constitucionalmente hacen referencia siempre —escuchen
bien— a las existencias de razones fundadas de alteración de orden
público con peligro para las personas o bienes y a aquello necesario para
el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

La Constitución española encomienda, insta al Gobierno a la
protección de estos valores esenciales para la convivencia, y cuando se
lo encomienda a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
establece como finalidad proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades, garantizando la seguridad ciudadana. Y esta es la obligación
que debe cumplir, garantizando su ejercicio en espacios públicos, en
nuestras plazas y en nuestras calles. Claro que para eso también es
preciso que se pueda regular, ordenar, condicionar, siempre puntualmente
y excepcionalmente, el ejercicio de los ciudadanos. Pero eso, señor
Aznar, debe hacerse con todas las garantías, cosa que ustedes no traen en
este texto. Ello sitúa a las fuerzas y cuerpos de seguridad en una
indefensión, porque habrán de ser ellos quienes en cada momento
interpreten, con el riesgo que ello supone, cuál es la actuación en cada
supuesto. Y eso ya se lo advertimos cuando debatimos aquí la Ley de
seguridad privada; entonces dijimos que esta iba a traer muchísimos
problemas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como así se
está demostrando con todas las diligencias que se están produciendo en
los órganos jurisdiccionales en España desde la implantación de esa
ley.

Los derechos fundamentales son, señor Aznar, demasiado valiosos y
constituyen un patrimonio configurado a lo largo de luchas de
generaciones; y por lo que he hablado con usted, también estuvo en esa
lucha por las libertades en la calle. Pero con el texto que ustedes nos
traen hacemos una clarísima regresión a tiempos pasados.

Todas las acciones del Gobierno dirigidas a garantizar la
seguridad tienen que tener siempre un respaldo constitucional, y nosotros
dudamos de que este texto tenga ese amparo constitucional. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Por una parte,
nunca podrán vulnerar el contenido esencial de nuestros derechos. Por
eso, desde estas premisas fundamentales que les he querido exponer,
propias de cualquier sistema democrático, la propuesta que nos trae el
Gobierno del Partido Popular con la actual ley de seguridad ciudadana
para nosotros es una clarísima agresión y una involución en derechos
fundamentales propia de un Estado autoritario.

Este proyecto de ley parte de un error conceptual —se lo
dijimos en la comisión— fundamental y de base, y es volver a
recoger la doctrina del orden público predemocrático, preconstitucional y
propio de esos tiempos. Eso sí, lo han adornado ustedes con un eufemismo
que se llama ley de seguridad ciudadana, lo han adornado ustedes en un
paquete, como han hecho con todos sus textos legislativos en este período
legislativo —y no se preocupe por mi tiempo, señor Aznar, no se
preocupe por mi tiempo, conozco la generosidad del presidente; si la
tiene con usted, ¿cómo no la va a tener conmigo?—. La seguridad
ciudadana es un concepto del año 1959, el concepto que ustedes nos traen
aquí es de la Ley de orden público del año 1959. Y no nos referimos
solamente a los comentarios que ya se han dicho esta mañana en la
explicación de los vetos por parte de nuestro portavoz; no solamente a
que a ojos de toda la comunidad internacional, de toda la comunidad
científica, de todos los profesores universitarios, es una ley que hace
agua, que adolece en sus términos principales de la vocación
constitucional de defender los derechos; no solamente por eso, sino
porque ya no hablamos ni siquiera del texto que ustedes introdujeron hace
veinticuatro meses, no. Estamos hablando de las declaraciones últimas del
comisario europeo de derechos humanos de Europa —sí, del 15 de
enero de este año 2015—, que puso en tela de juicio este texto
legislativo. El día 15 de enero. Solamente tiene que ir a la hemeroteca y
si no, se lo haré llegar a su escaño, no se preocupe. Y además, de los
relatores de la ONU, que en sus últimas declaraciones del mes de enero
pusieron en solfa este texto legislativo, un texto legislativo que además
ataca y vulnera los derechos constitucionales de los que nos hemos ido
dotando en los últimos años.

Voy terminando, porque con este texto ustedes cercenan, mutilan y
mancillan una de las grandes conquistas, que era el uso del espacio
público en los últimos años. Ustedes nos traen un régimen sancionador
impropio —sí, un régimen sancionador impropio—. No confunda
usted, señor Aznar; son más las tipificaciones y las sanciones que vamos
a poner, aunque la cuantía sea la misma; no se quede usted con la
cuantía, mire el abanico que ustedes introducen en este texto. Se saltan
ustedes la doctrina del Tribunal Constitucional; se saltan ustedes la
doctrina del Tribunal Constitucional, que dice claramente cuándo
vulneramos y atacamos derechos fundamentales cuando nos manifestamos
libremente en los espacios públicos. Vaya usted a la doctrina del
Tribunal Constitucional.

Al final este texto constitucional forma parte de esa batería, de
esa arquitectura legislativa en la que ustedes nos han ido introduciendo:
Ley de tasas, Ley de seguridad privada, Ley del aborto (Rumores). Sí,
todo un conjunto de medidas legislativas que en cada texto legislativo
que ustedes han introducido han conculcado derechos y libertades de los
ciudadanos españoles.

Los socialistas manifestamos en el Congreso y hemos manifestado
en este debate con nuestras enmiendas nuestro rechazo a este texto que
ustedes nos presentan. Porque, es verdad que el señor Peñarrubia nos ha
aceptado alguna enmienda, ha aceptado una transaccional, en ese esfuerzo
que ustedes han hecho. Pero tendrán ustedes que preguntarse cómo es
posible que ustedes tengan a toda la oposición en contra de este texto,
tendrán que preguntarse cómo tienen ustedes a todos los observadores
internacionales en contra de este texto, tendrán que preguntarse ustedes
por qué de este texto legislativo no habla bien nadie, no habla bien
nadie. Tendrán ustedes que preguntárselo, porque sin duda hoy hemos
asistido a un paso más en la indefensión de los ciudadanos españoles y en
la pérdida de libertades por parte de los ciudadanos españoles.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Peñarrubia.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, desde que este proyecto de ley se encontraba en fase de
borrador han sido muchos los disparates que se han dicho sobre él;
disparates que alcanzaron su punto álgido el pasado mes de octubre con
ocasión del debate de totalidad celebrado en el Congreso de los
Diputados. Lo de menos, señorías, es lo que hasta ese momento se había
dicho; lo de más fue lo que se dijo en ese momento, ya en sede
parlamentaria.

La valoración de la puesta en escena de esa sesión la dejo a
criterio de cada cual; consta en el Diario de Sesiones, y allá cada cual
con su sentido del ridículo. Sin embargo, es imposible sustraerse a los
disparates que allí se dijeron y, sobre todo, a los que se hicieron:
desde tararear una cancioncilla con soniquete, hasta amordazarse, y
además ser jaleados por ello. En fin, cada quien es cada quien, y yo
respeto, como he dicho antes, el sentido del ridículo de todo el mundo y
sobre todo la habilidad histriónica de alguno.

Quizá por estas razones, yo esperaba ―ingenuo de mí―
un debate más tranquilo, más sosegado que aquel que se produjo en el
Congreso de los Diputados, y ello porque era y es, desde mi punto de
vista, imposible de superar. Es cierto que hoy han estado menos
afectados, que han bajado un poco el diapasón, pero, no obstante, han
dicho aquí, en el debate a favor de los vetos y también en este a favor
de las enmiendas, cosas tremendas desde un punto de vista democrático. Se
han vertido apelaciones tales como ley franquista de orden público; de
vagos y maleantes, como se llegó a decir en la comisión; o que
pretendemos sacar de la calle la pobreza y la protesta, que son
disparates que no tienen encaje en pleno siglo XXI. También lo han
calificado de retroceso histórico y le han dedicado unos cuantos epítetos
más.

Dicho esto, señorías, voy a entrar en el debate de las enmiendas
presentadas a este proyecto de ley, eso sí, intentando sintetizar al
máximo las 225 enmiendas, que, por otra parte —tengo que
decirlo—, no se compadecen en nada con el contenido de los vetos, y
ahora me referiré a ello, fundamentalmente en el caso de los grupos
nacionalistas, tanto del Grupo Parlamentario Vasco como de Convergència i
Unió.

Quiero comentar como cuestión previa que el Grupo Parlamentario
Popular ha hecho un esfuerzo, lo crean o no, para llegar a algunos
acuerdos con el resto de grupos; esfuerzo que, como ahora veremos, no ha
sido correspondido. Se ha hecho en esta Cámara, como ya se hizo en el
Congreso de los Diputados. En ese sentido, hemos aceptado en sus propios
términos las enmiendas números 119 y 134, del Grupo Parlamentario Vasco,
y queremos transar con el resto de grupos las enmiendas números 42, de la
senadora Capella, la 69, del Grupo Socialista, la 99, de CiU, y la 149,
de Entesa, referidas al especial deber de colaboración que incumbe en la
consecución de los fines de la ley a las policías administrativas, como
es el caso de la portuaria, teniendo en cuenta sus atribuciones,
evidentemente, en ámbitos muy concretos, como es el dominio público
portuario. Asimismo, proponemos transar la número 88, del Grupo
Socialista, sobre prescripción de los plazos de las infracciones
administrativas tipificadas en esta ley, y la número 123, del Grupo
Parlamentario Vasco, sobre infraestructuras críticas. (El señor
presidente ocupa la Presidencia). Y ahora, señor presidente, señorías, me
van a permitir que conteste a los diferentes grupos parlamentarios.

Senadora Capella, una de las tres enmiendas que habíamos
propuesto para transar incluye su enmienda número 42, al artículo 7,
porque entendemos razonable esa propuesta. Pero usted no la acepta. A
usted le parece insuficiente. A mí me parece, senadora, que cuando desde
la oposición se pretende algo que hay que pensar que es lícito, y
nosotros lo creemos, hay que estar en una disposición de mayor
receptividad. Y está claro que aquí no sirve de nada hacer
aproximaciones, porque ustedes —






quizá porque estamos en campaña
electoral— desprecian todo lo que viene del grupo mayoritario.

Señora Capella, como no cree, porque es verdad, en este proyecto,
al que ha descalificado con trazos gruesos en el turno de los vetos, le
voy a hacer una pregunta: ¿a qué bandera se refiere? ¿Quién determinará
cuál de ellas incita al odio? (La señora Capella i Farré: Está cantado).
No, yo no lo veo tan cantado, sobre todo cuando a lo mejor tienen que ser
ustedes los que establezcan los criterios de objetividad para ver qué
banderas son las que pueden incitar al odio. A mí no me parece que eso
esté tan cantado. Y otra cosa: a la hora de legislar nadie identifica a
ningún grupo ni a ningún colectivo.

Señor Iglesias, es usted —permítame que se lo diga—
el más coherente, y nosotros estamos muy alejados de los planteamientos
en materia de seguridad ciudadana, como de la noche al día, que mantiene
Izquierda Unida. Usted ha presentado un veto y ha sido consecuente con
sus enmiendas, intentando mejorar esta ley una vez rechazado el veto. A
ustedes nos les gusta —hay que decirlo— ni la Ley de 1992,
porque enmienda determinados artículos de esa ley, que siguen vivos, ni
el proyecto de ley que ahora proponemos a debate.

Después de decirle que usted ha sido coherente le diré que cuando
los planteamientos son exagerados se corre el riesgo de perder la
credibilidad. Por citar un ejemplo, pretender evitar, como ustedes y
algún grupo más solicitan, que sean identificados quienes utilizan
prendas para impedir o dificultar la visión del rostro, no es muy
razonable, señoría. Algo quieren ocultar esos manifestantes que acuden
posiblemente a reventar el derecho constitucional que tienen los demás de
manifestarse, de reunirse y de concentrarse con arreglo a nuestras
libertades. Esos lo que no quieren es que esa libertad la utilicen la
inmensa mayoría de los ciudadanos. Por tanto, a mí me parece un
disparate.

En cuanto a la prostitución, intentamos que se aleje de colegios
y parques públicos donde puede haber niños. Y para las manifestaciones
ante instituciones cuando no están reunidas, el único requisito es que
cumplan con la legislación, que hagan la comunicación previa, que no es
ninguna locura, que no es ningún disparate.

Al señor Cazalis, del Grupo Parlamentario Vasco, yo le diría
—esperaba ver aquí al señor Atutxa, perdón al señor
Anasagasti— que no se compadece su discurso en el veto con lo que
plantea en sus enmiendas. Y le voy a hacer unas cuantas preguntas: ¿está
usted de acuerdo con que es necesario garantizar la convivencia
ciudadana, la normalidad en las condiciones de funcionamiento de las
instituciones, la prestación de servicios esenciales o la pacífica
utilización de los espacios públicos? ¿Y la protección y salvaguarda de
personas y bienes o el mantenimiento de la tranquilidad de los
ciudadanos, esa palabra tan denostada por el Grupo Parlamentario
Socialista y por la izquierda más radical? O dicho de otra manera, el
respeto a los derechos de los otros, que es lo que ustedes olvidan con
muchísima facilidad. ¿Sí o no, señor Cazalis? En este caso tengo que
decirle que esta ley no limita derechos fundamentales. ¿Comparte usted
con nosotros que cuando no fuera posible la identificación de una
persona, los agentes puedan requerir que les acompañe a las dependencias
policiales más próximas, a los solos efectos de identificación? ¿Sí o no?
Este último interrogante, después me referiré a los otros, confirma su
impostura. Porque si están de acuerdo no cabe el veto, y si no están de
acuerdo, ustedes tenían que haber enmendado estos artículos que no tocan,
porque como ocurre con el Grupo Catalán Convergència i Unió, ustedes se
suben al carro de la demagogia, del populismo, de rechazar en bloque con
ocho vetos una ley de protección de la seguridad ciudadana, pero no
entran en la molla, en el articulado, porque en sus comunidades
autónomas, en las que tienen competencias, les interesa aplicar esta ley
del Gobierno del Partido Popular. Yo creo que es una impostura.

Podría poner más ejemplos de artículos que hablan en sentido
estricto de seguridad ciudadana y que ustedes no han querido
enmendar.

No quiero cansarles más pero me van a permitir que después de
contestar al señor Sendra —perdone, se me olvidaba usted—
hable del régimen sancionador del que tanto están protestando. Y tengo
que decirle que a usted le pasa lo mismo que al Grupo Vasco, que no
enmiendan ninguno de los artículos que se refieren exclusivamente a
seguridad ciudadana.

Con respecto a las 16 enmiendas presentadas por el Grupo Catalán
Convergència i Unió, 98 a 113, ambas inclusive, pese a compartir—
lo ha dicho usted hoy, lo dijo en comisión y también en el
Congreso— la necesidad de abordar la reforma de la Ley de 1992, ha
dicho que no la pueden apoyar porque ha generado mucho rechazo en
colectivos y en entidades, pero se le olvida decir que tiene el respaldo
—lo saben ustedes— en Cataluña de asociaciones de vecinos, de
comerciantes, de la hostelería, de los taxistas, del Consejo General del
Poder Judicial, de la defensora del pueblo, de la Agencia Española de
Protección de Datos, etcétera; es verdad que algún tipo de asociación le
pone peros pero esta ley cuenta con el apoyo de otros muchos
colectivos.

Sobre el régimen especial de Ceuta y Melilla, mi compañero el
señor Aznar ya les ha contestado. Y en cuanto a la policía administrativa
portuaria, ya le he respondido a la senadora Capella.

Voy a responder de manera conjunta, me quedan unos minutos, a los
senadores Ángel, del Grupo Socialista, y al señor Bruguera, de su filial
catalana, integrada en el Grupo Entesa, que han intervenido al alimón. Y
les voy a criticar pero en un tono menor porque el Grupo Socialista está
instalado, señor López, se lo digo a usted, desde hace mucho tiempo en
una deriva radical y a nosotros nos preocupa, y mucho, pero tengo la
impresión de que a ustedes no les preocupa tanto. Es posible que piensen
que de perdidos al río, de lo contrario es muy difícil entender que
descalifiquen este proyecto de ley con unos argumentos tan gruesos y
toscos, porque sostener en pleno siglo XXI disparates tales como que esta
ley se asimila a la mal llamada Ley de vagos y maleantes o que es una ley
franquista es un despropósito pero, en fin, ya sabemos que ustedes
representan a un partido que desgraciadamente hoy está perdido, por eso
en su descargo hay que decir que enmiendan lo divino y lo humano, todo lo
enmendable, posiblemente porque no han olvidado que nosotros presentamos
un recurso de inconstitucionalidad a la ley de 1992, la de la patada en
la puerta, que en parte —esa sí— fue declarada
inconstitucional.

Esta ley de 1992, la suya, todavía en vigor, contempla medidas
tales como la identificación de personas, la restricción del tránsito y
controles en la vía pública, comprobaciones y registros de vehículos y el
control superficial de personas, y ahora ponen el grito en el cielo
porque nosotros fijamos esos criterios con garantías jurídicas, con
garantías objetivas, artículo 19, apartados 1 y 2 y artículo 20,
apartados 1, 2, 3, y 4. Era peor ley pero englobaba en seis apartados y
dos artículos todas las medidas que nosotros contemplamos en esta
ley.

Senador Ángel, es verdad que la calle está para disfrutarla, para
pasear, para transitar, para que el ciudadano pueda hacer sus compras,
sus quehaceres, etcétera, pero nunca para la barbarie y el vandalismo, y
precisamente con esta ley lo que queremos es evitar que se apropien de
ella los vándalos que —no sé cómo han llamado a lo que hacen con el
mobiliario urbano—, lo que realmente hacen es destrozarlo. Lo que
tratamos de evitar es que se prenda fuego a contenedores, que se apedreen
escaparates de entidades bancarias, que se quemen neumáticos, que se
vuelquen furgonetas, incluso, a veces furgonetas policiales.

Voy a acabar mi intervención hablando de las sanciones. Una de
las mayores mentiras del argumento y de la crítica que ustedes hacen a
esta ley, es que las sanciones son desproporcionadas; no lo son. La Ley
de 1992, para las 12 infracciones muy graves, que nosotros hemos reducido
a 4, fijaba multas de 5 millones y una peseta a 100 millones de pesetas;
para las infracciones graves de 50 000 y una peseta hasta 5 millones de
pesetas y para las infracciones leves, hasta 50 000 pesetas. ¿Saben lo
que son 100 millones de pesetas del año 1992, veintitrés años después?
Aplíquense el cuento porque ustedes, la oposición, efectivamente, ha
comparecido unida porque estamos en campaña electoral pero para hacer
exclusivamente daño al Partido Popular, y los senadores del Partido
Popular no lo vamos a consentir.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Peñarrubia.

Antes de entrar en turno de portavoces, les anuncio que ha habido
acuerdo con los portavoces de los grupos para que, una vez terminado el
debate de las enmiendas, entremos en el debate de las propuestas de veto
de la siguiente ley, y, posteriormente, votaremos conjuntamente primero
los vetos y luego las enmiendas que estamos debatiendo, pero nunca antes
de las cuatro de la tarde.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Aznar, soy consciente de que ustedes han demostrado que
tienen una cierta dificultad para entender eso del meridiano de
Greenwich, pero da igual que en Canarias tengamos una hora menos, eso no
resta un ápice la representatividad por la cual estoy hoy, aquí, hablando
en nombre de los ciudadanos. Sí, señoría, y, además, por esos ciudadanos
a los que represento y por los cuales fijo mi posición en este Pleno,
tengo claro que su opinión no los representa, y tengo el derecho a hablar
aquí porque me lo han dado esos ciudadanos, no usted, desde luego. Y
sobre la base de ese derecho y esa representatividad, le digo que esta
ley está generando un gran rechazo en la sociedad organizada, un gran
rechazo en todos los partidos político, salvo el de ustedes, un gran
rechazo en amplios sectores judiciales y policiales; de hecho, se le ha
bautizado a esta ley desde el principio como ley mordaza. No se
justifica, señoría, que digan que lo está pidiendo la sociedad. No se
justifica, no es cierto. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa
la Presidencia).

No es de recibo que ustedes digan que las manifestaciones que se
están produciendo en la calle exigiendo que se recuperen los derechos
sociales que se han perdido en sanidad, en educación, en desempleo, y que
suponen un retroceso importante en este país, justifican esta ley porque
no es cierto que los ciudadanos se estén manifestando pidiendo la pérdida
de derechos políticos y democráticos; no es cierto, señorías; no es
cierto. También es una hipocresía equiparar la demanda de seguridad, que
puede que demanden algunos sectores, con la pérdida de derechos que no es
en estos momentos una petición que esté en la calle.

En esta legislatura, señoría, con la falsa justificación de la
crisis económica, se han perdido muchísimos derechos, consecuencia de
ello —lo dice Eurostat 2014— resulta que España ya es el
segundo país con más desigualdades, después de Letonia, en toda la Unión
Europea. Somos el primer país de Europa en donde se ha generado una mayor
diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen: consecuencia
de ello: desigualdad y pobreza. Ustedes, cuando los ciudadanos se
manifiestan en la calle pidiendo la reconquista de esos derechos, quieren
resolver ese problema aumentando la represión en este país. Señorías, más
represión genera mayor crispación social. Eso no resuelve los problemas.
Señorías, amordazar preventivamente es lo que pretende esta ley. Esta ley
pretende criminalizar la protesta. Ahora le llaman a eso seguridad. El
dilema que quiere plantear el PP al tener que elegir entre seguridad y
libertad es inaceptable, falso, interesado y oportunista. La libertad
está por encima. Eso sí que es un derecho fundamental. Consecuencia de
esa libertad hay una seguridad pero no al revés.

Señorías, en estos momentos —y concluyo señor
presidente— ustedes pretenden hacer irreversible la pérdida de los
derechos sociales que se han consumado en esta legislatura reprimiendo
las movilizaciones y la protesta ciudadana. ¿Se acuerdan ustedes de la
guerra preventiva, de ese eslogan que ocasionó que se invadiera un país?
Ahora parece que se habla de la mordaza preventiva para impedir que los
ciudadanos se puedan manifestar en la calle.

Finalizo, señorías, yo nunca me expreso de forma totalitaria ni
hablo en nombre de todos los canarios ni, desde luego, ustedes pueden
hablar en nombre de todos los españoles. No se confundan porque los
autoaplausos que hoy se van a dar ustedes a sí mismos aquí no se los van
a dar en la calle la mayoría de los ciudadanos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora.

Senadora Capella, tiene la palabra. Después se la daré al señor
Iglesias.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Me dicen que no he aceptado transaccionar la enmienda 42. Cierto,
pero es que su propuesta vacía de contenido mi enmienda. Ustedes
recriminan mi posición, me dicen que debería ser complaciente con sus
propuestas, pero va a ser que no. No voy a ser complaciente ni me voy a
someter a admitir una enmienda o una transacción de mi enmienda que la
vacíe de contenido. Y puestos a ser complacientes, ¿por qué no son
complacientes ustedes con la inmensa mayoría de asociaciones, entidades,
organizaciones, que les piden que retiren esta ley? Porque la ley limita
sustancialmente derechos fundamentales y no defiende la seguridad
ciudadana, no, no la defiende: limita derechos y libertades
fundamentales.

Dicen también que Esquerra Republicana por boca de esta senadora
hace una crítica de trazo grueso de la ley. Me remito a lo que he dicho
en la defensa de mi veto, el cual, además, desgrano en cada una de las
enmiendas que Esquerra Republicana ha presentado a este proyecto de ley.
No es de trazo grueso. Me he pasado un buen rato argumentando por qué no
estamos de acuerdo, por ejemplo, con las devoluciones en caliente.
Ustedes, ni han hecho mención a ello. Me gustaría oírles cómo rebaten
cada una de las conclusiones que les he leído, que no son mías, sino de
profesores universitarios, que critican esa infracción de derechos
fundamentales, de vulneración y violación de tratados internacionales, y
de esa Constitución, de la que todo el día alardean ustedes y nos ponen
encima de la mesa.

Y, para finalizar...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Sí, finalice, porque
queda un minuto y medio.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Rápido. Me preguntan a qué bandera me
refería. Pues a aquellas que utiliza la extrema derecha, que banalizan el
nacismo y el fascismo. ¿Es que ustedes aún no se han dado cuenta de lo
que dicen esas banderas? Pues entonces sí que tenemos un problema. Por
eso, no nos fiamos de ustedes.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Capella.

Señor Iglesias, seremos flexibles, no se preocupe.

Tiene su señoría la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muy brevemente. Yo también reconozco
la coherencia del Partido Popular. Lo he dicho muchas veces desde esta
tribuna. Ustedes tienen una mayoría absoluta y un proyecto de cambio
político, social y económico del que forma parte este recorte de los
derechos y libertades.

Sintéticamente. Prendas en el rostro. Hay personas que por
creencias religiosas llevan prendas que ocultan el rostro, sin que
suponga ningún riesgo para la seguridad ciudadana o la seguridad
pública.

Prostitución-colegios. Habitualmente, la hora en la que tales
prácticas se suelen dar, no suele ser la hora escolar. Y la presión sobre
la prostitución de esta manera, generalmente, lo único que provoca es un
desplazamiento hacia otras zonas.

Régimen especial de Ceuta y Melilla. No arreglan ustedes el
problema con las dos oficinas de asilo que han planteado. Muchos tienen
que saltar la valla porque la policía marroquí no les deja acceder a esas
oficinas. Y son refugiados con derecho a solicitarlo.

Finalmente, la preocupación por el orden público. España es una
sociedad muy segura. Los incidentes de alteración son mínimos. Y lo que
crea inseguridad en esta sociedad no son estos incidentes. Lo que genera
inseguridad en esta sociedad es el retraso en proporcionar el tratamiento
a los enfermos de la hepatitis C; los desahucios; que Coca-Cola se niegue
a cumplir una sentencia que declara la nulidad de los despidos; que las
personas que se ven en situación de necesidad no cuenten con las
prestaciones adecuadas y suficientes; que haya un deterioro de la sanidad
pública, o que las becas no sean suficientes para satisfacer y compensar
las necesidades de los estudiantes, y compensar el incremento de las
tasas universitarias. Eso es lo que crea inseguridad ciudadana y
social.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente.

Este portavoz suele considerar casi siempre una inversión de su
tiempo cuando interviene en este Pleno, porque intenta mejorar las cosas
siempre. En este caso, no quiero perder mi tiempo ni hacerles perder a
ustedes el suyo, y voy a intentar ser lo más rápido posible.

El senador Peñarrubia me ha hecho una serie de preguntas. La
respuesta a todas es sí. Y ahora yo le hago unas preguntas a usted. ¿Está
usted seguro de que esta es la mejor norma para defender los derechos
fundamentales de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, en todos los
casos y en todas las manifestaciones, incluidas las convocadas por la
Conferencia Episcopal? ¿Está usted seguro de que esta nueva norma es la
mejor manera de equilibrar el derecho, la necesidad de seguridad, con el
resto de derechos fundamentales? Pues veo que sí. Pero veo que sí desde
su infalibilidad, desde la infalibilidad del ungido, del que tiene la
verdad verdadera y la razón totalmente infalible. Y casi prefiero que sea
eso y que no sea desde la prepotencia o desde la soberbia y el desdén de
quien no tiene ninguna intención de tener en cuenta nada de lo que opinan
los demás. Porque eso sería, a mi juicio, bastante peor.

Desde luego, esa verdad no es tan verdadera, porque aquí se han
presentado ocho vetos de personas que, a lo mejor equivocadamente,
creemos que tenemos tanto empeño en mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos como la que puede tener usted. Pero no solo lo pensamos
nosotros, también un montón de asociaciones, tanto de juristas como de
otros ámbitos, tal y como se ha dicho aquí. Por lo tanto, parece que
estamos equivocados pero, lógicamente, esa resistencia numantina a
aceptar cualquier otra cosa que no sea lo que viene del Gobierno y la
versión que ustedes ofrecen no es la mejor actitud política, ni la más
razonable ni la más edificante.

La verdad verdadera, senador Peñarrubia, está en los ciudadanos,
y la suelen meter en unos sobrecitos blancos y sepias. Y cuando los
ciudadanos se dan cuenta de que la verdad verdadera que utilizaron la vez
anterior no se corresponde con lo que se les dijo ni con lo que ellos
pensaban que estaban votando, vuelven a cambiar lo que va dentro de los
dos sobrecitos, y estoy seguro de que en este caso va a ser así.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño.

Senador Peñarrubia, portavoz del grupo parlamentario nacionalista
del Partido Popular, en primer lugar, nosotros, el PSC no es filial de
nadie. Le pido un poco más de respeto. Si quiere, por la tarde, después
de comer, nos tomamos un café y se lo explico con más detenimiento para
que se entere y no lo vuelva a decir. El PSC es un partido político, no
es filial de nadie. Punto.

En segundo lugar, usted ha hablado de radicalización —dice
que nos hemos radicalizado— y también de la Ley del año 1992.
Uniendo los dos temas, la radicalización y la Ley del año 1992, si quiere
le leo —la tengo aquí— la intervención del señor Trillo,
portavoz del Partido Popular en aquel momento, en relación con la Ley del
año 1992. Si quiere la discutimos, y se dará cuenta de los adjetivos con
los que ustedes calificaban la Ley de 1992. Por cierto, es usted el que
ha utilizado la expresión patada en la puerta; yo en ningún momento me he
referido a esta ley como la ley mordaza; que quede claro.

Por lo tanto, ustedes son los que se han radicalizado, y se han
radicalizado por la derecha, pero sobradamente por la derecha. Porque lo
que ustedes decían de la Ley de 1992, aplíquenselo a esta ley. Y le
repito que, si quiere, se lo leo, que lo he traído.

Resumiendo —y finalizo, señorías—, no es una ley de
protección de derechos y libertades, es una ley de desprotección de
derechos y libertades. No es una ley que dote de mayores garantías
jurídicas, es una ley arbitraria que conlleva inseguridad jurídica y
amplios márgenes interpretativos. Es una ley que tiene un régimen
sancionador a la carta, solo le falta poner —y ya lo he
comentado— a quién va dirigido, a qué colectivo van dirigidas
algunas de sus sanciones. Y es una ley que convierte las faltas en
sanciones administrativas, a pesar de lo que ello conlleva, como ya hemos
dicho.

Esta ley ha sido rechazada, no únicamente por los grupos
parlamentarios; esta ley ha sido rechazada por todas las asociaciones y
ONG que se dedican a estos temas. Por lo tanto, y repito, estoy
absolutamente convencido de que será una ley de corto recorrido, senador
Peñarrubia, portavoz del grupo parlamentario nacionalista del Partido
Popular.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, presidente.

Voy a reiterar un poco lo expresado durante toda esta mañana.
Ciertamente, nosotros pedimos la reforma de la Ley de 1992 para hacer una
ley mejor, pero ustedes han perdido la oportunidad de hacerla más al
servicio de la seguridad de los ciudadanos y la han convertido en una
agresión a sus derechos fundamentales. Es antiautonómica; invasiva;
recentralizadora; poco colaboradora con las comunidades autónomas, sobre
todo, en temas de bases de datos —reitero, Interpol y
Europol—; tiene un régimen sancionador interpretativo y a criterio
subjetivo de los agentes del cuerpo y tiene conceptos jurídicos
indeterminados; es errónea en la voluntad sancionadora a las personas que
prestan servicios sexuales cuando se debe sancionar a los solicitantes;
supone una falta de respeto a los derechos humanos, institucionalizando
las devoluciones en caliente de las personas que quieren entrar en Ceuta
y Melilla, por mucho que lo camuflen con el orden internacional, orden
internacional que ya existía antes de este proyecto de ley y que ustedes
no cumplieron.

Además, señorías, nosotros queremos una seguridad ciudadana para
Cataluña que garantice que no habrá más informes de la UDEF. Me parece
una prepotencia improcedente que cuando al ministro del Interior se le
dice que estaba detrás de las filtraciones de los informes de la UDEF
sobre Mas y Trias, responda: ¿Y...?, como queriendo decir: ¿Y qué pasa si
lo estoy? Queremos una seguridad ciudadana que garantice que los DNI de
los ciudadanos, aunque sean jueces a favor del derecho a decidir en
Cataluña, no se filtren a los medios de comunicación; una seguridad
ciudadana que garantice la justa y necesaria distribución de los agentes
del CNP en el territorio en función de la necesidad real y no de la
voluntad de amedrentar a la ciudadanía catalana mandando agentes de la
Policía que podrían cubrir zonas peninsulares más necesitadas de
seguridad.

Y déjenme decir, en relación con esto, que lo que sí que no es
seguridad ciudadana es que los agentes del CNP anden ebrios por Calella y
se pasen por el trasero la bandera catalana y orinen sobre ella, como
sucedió hace dos noches en Calella. Eso no es seguridad ciudadana. Y como
dijo la alcaldesa de esa ciudad y compañera mía en el Senado, Montserrat
Candini, es vergonzoso, incívico e intolerable, especialmente cuando
viene de un servidor público. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera sucedido
si es al revés? Igual hubieran aplicado la ley que aprobamos ayer sobre
el yihadismo o igual nos hubieran aplicado la antiterrorista;
quizás.

Ustedes van a aprobar esta ley con la mayoría de sus votos.
Senador Peñarrubia, usted dice que esta ley tiene al aval de un montón de
gente. Igual tiene el aval legal, no lo sé, supongo que lo sabremos
pronto, pero le aseguro yo que social no lo tiene, que el aval social no
lo tiene. Y estoy convencido que la sociedad española no le da el aval a
esta ley.

Déjeme que le diga que he alucinado, y le aseguro que no tomo
ningún tipo de psicotrópicos ni nada parecido, con su sentencia
demoledora: Nos hemos unido para hacer daño al Partido Popular. No,
senador Peñarrubia, no. Nos hemos unido para proteger los derechos de los
ciudadanos que ustedes quieren limitar con esta ley.

En resumen, ustedes han transformado la Ley Corcuera, la de la
patada en la puerta, en la Ley Fernández Díaz, la de la patada en la boca
a los derechos de los ciudadanos y la patada en el trasero de los
inmigrantes que intentan llegar a un mundo mejor.

Por todo esto, nosotros no vamos a votar a favor de esta ley,
vamos a votar en contra.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Ángel Batalla.

El señor ÁNGEL BATALLA: Gracias.

Pues sí, nos hemos unido en defensa de las libertades y de los
derechos de los españoles. No le quepa la menor duda, señor Peñarrubia.
Por eso, nos hemos unido.

Ha hablado usted de disparates. Para disparates, dos: la ausencia
del ministro en la Cámara —eso sí que es un disparate— y la
actitud del ministro Morenés ayer en el Congreso —eso sí que es un
disparate—. Y para disparate la última perla cultivada del ministro
del que hoy estamos hablando en el debate de la Ley de seguridad
ciudadana. Esta mañana, el ministro nos ha vuelto dar otra perlita
cultivada digna de Luis Carandell, Celtiberia Show, ¡esa sí que es digna!
Miren ustedes su última manifestación: Interior rechaza mejorar el
salvamento europeo de inmigrantes por un posible efecto llamada. Y añade:
no participaremos en los nuevos criterios de la Agencia Europea de
Control de Fronteras. Para disparates, el del señor ministro Fernández.
Váyase usted a la noticia que la Agencia Europa Press ha publicado hace
un rato. Estas son las razones que a nosotros nos han decidido a votar en
contra de este texto legislativo. Estos son todos los criterios que hemos
mantenido durante los últimos meses en defensa de lo que nosotros hemos
entendido que es una vulneración de los derechos fundamentales de los
españoles.

Me gustaría hacer tres o cuatro últimos comentarios. Hablaba
usted de la radicalidad de algunos. Bienvenida la radicalidad de la
defensora del pueblo, doña Soledad Becerril. Voy a leerle sus
manifestaciones: de seguir adelante el actual redactado de la ley, y si
se aprueba en el Senado, será el principio del fin del sistema de asilo.
Esto no lo ha dicho una peligrosa diablesa, esto lo ha dicho una señora
que suele pasar por esta Cámara una vez al año para leernos su informe,
lo ha dicho la defensora del pueblo, señor Peñarrubia. Y algún senador ha
hablado antes de las intervenciones del comisario de Derechos Humanos de
la Unión Europea, quien advirtió la semana pasada que si este texto es
aprobado, se personará como parte en el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Dos razones más para votar en contra. Asimismo, consideramos que
se vulneran y quiebran algunos postulados y el principio de la presunción
de inocencia, algo impropio de un texto legislativo del Estado español.
Por otra parte, la acción interpretativa en cuanto a la definición de lo
que es infracción o no, según establece el proyecto de ley, recae solo
sobre la Administración, lo cual supone una indefensión tremenda para los
ciudadanos españoles. Por otra parte, ustedes añaden restricciones al uso
de fotografías o imágenes en caso de falta de respeto o consideración. En
este sentido, los observadores internacionales ya han señalado que les
preocupa la censura que sobre el uso de las nuevas tecnologías se quiere
aplicar en este texto. Mire usted si son razones parar votar en
contra.

¡Cómo es posible que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular
piensen que todos los grupos estamos equivocados! ¡Cómo pueden llegar a
la conclusión de que todos estamos equivocados! ¿Todos? ¡Cómo es posible
que pueda pensarse que en un asunto de tanta trascendencia y tanto calado
no es necesario un consenso constitucional con todos los grupos! ¡Cómo es
posible!

Hay algunas materias, señor Peñarrubia, esenciales para el
funcionamiento de un Estado democrático, y esta es una de ellas. Por
ello, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular demuestran no solo su
arrogancia sino su irresponsabilidad al mantener este texto. Desde luego,
mi grupo, en el caso de que los ciudadanos nos otorguen la
representatividad suficiente, no sólo derogará la ley sino que promoverá
un amplio consenso con todos los grupos parlamentarios. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Ángel.

Senador Peñarrubia, tiene la palabra.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a intentar contestar a todos y cada uno de los
portavoces que han intervenido en este turno.

A la senadora Capella quiero decirle que nosotros hemos sido
respetuosos con sus criterios. De hecho, usted no quiso firmar una
enmienda transaccional, pero yo tengo que destacar que con ello abríamos
una vía, una posibilidad para mejorar al colectivo de policía
administrativa, que actúa en el ámbito de las zonas públicas portuarias.
Nosotros pretendemos facilitar con este proyecto de ley todas las
aspiraciones —legítimas, por supuesto— de colectivos, de
ciudadanos y también de los grupos parlamentarios. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). De trazo grueso
no me va a dar lecciones, porque cuando a usted le puede la incontinencia
verbal, ¡tela! Usted y yo sabemos lo que es eso.

Sobre las devoluciones en caliente le contestaré después porque
ha habido más referencias a ellas.

Senador Iglesias, no nos referimos, cuando tratan de taparse el
rostro, a cuestiones de creencias religiosas, sino a los que van
embozados en una manifestación que está amparada en el derecho
constitucional de reunión y manifestación y hay unos grupos, lo sabe todo
el mundo, cuya intencionalidad clara es reventar esa manifestación, es
impedir que los ciudadanos que se acogen a ese derecho puedan hacerlo, es
eliminar el derecho de los más. Creo que eso es algo de sentido común.
Nos referimos a los que van embozados, con pasamontañas, y todos sabemos
lo que eso significa.

Señor Cazalis, sí a las preguntas que usted me hacía, sí, y no
hay prepotencia en nuestras intervenciones, ni mucho menos. El problema
es que a ustedes no les gusta que se destaquen sus incoherencias, es
decir, vetar una ley de protección de la seguridad ciudadana y, a su vez,
no enmendar los artículos que se refieren en concreto a esa protección de
la seguridad ciudadana, a mí me parece, cuando menos, una impostura y,
por supuesto, una ficción. Por cierto, la Conferencia Episcopal no
convoca manifestaciones. Eso lo sabe usted como lo sé yo. Lo que pasa es
que, a lo mejor, desde que dejaron de ser democratacristianos tienen
alguna fijación.

Señor Bruguera, le pido disculpas por mi referencia al Partido
Socialista Catalán, un partido antiguo, con tradición en Cataluña. Dé por
no escuchada mi referencia a que es una filial del Partido Socialista en
aquella comunidad autónoma. Quiero decirle que esta ley lo que introduce
son garantías y seguridad jurídica.

El señor Sendra se ha ido, no le interesa lo que le voy a decir.
(Varios señores senadores: ¡Está aquí!). Perdón, senador Sendra, lo
tapaba la senadora y no lo veía. Su problema es que son prisioneros,
igual que el Grupo Parlamentario Vasco, de esas incoherencias. A ustedes
les gusta recoger todo:






lo que es bueno para ustedes desde el ámbito
autonómico y lo que es bueno a nivel del Gobierno de la nación, pero
siempre y cuando lo puedan aplicar, como es el caso de esta Ley de
protección de la seguridad ciudadana, en la que ustedes son competentes
en Cataluña, al igual que ocurre en el País Vasco, en su aplicación. De
ahí que no enmienden esos artículos importantes que afectan a esos
derechos. Evidentemente, los ciudadanos están por encima de todo. Es
decir, cuando he dicho lo del daño al Partido Popular, es una evidencia
que a quien ustedes trataban de perjudicar políticamente era al grupo que
sustenta a un Gobierno, al Partido Popular, pero esta ley está pensada
para garantizar esos derechos y libertades de todos los ciudadanos.

Creo que no me dejo a nadie, senadora Capella, estoy intentando
no olvidar a nadie. La senadora canaria no estuvo en comisión, no
presentó veto ni ha presentado enmiendas; ha hecho un turno de portavoces
y se ha sumado a esa inercia del resto de la oposición.

En cuanto al senador Ángel, y también respondo a la senadora
Capella y a quienes han hecho referencia al disgusto de la defensora del
pueblo, quiero decir que nosotros hemos introducido en este proyecto de
ley y en esta Cámara una enmienda que garantiza esas cuestiones en el
régimen especial de Ceuta y Melilla que ustedes tanto critican. ¿Que se
podía haber hecho algo más? Es posible, pero ya les dije en comisión que
casar los intereses legítimos de todo el mundo en un proyecto de ley de
ámbito nacional que afecta a colectivos diversos con distintas
aspiraciones, todas legítimas, y distintos planteamientos es
complicado.

Voy a leerles, y con esto acabo, señora presidenta, esa nueva
disposición final primera. Dice así: Los extranjeros que sean detectados
en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla,
mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para
cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir
su entrada ilegal en España. En todo caso, el rechazo se realizará
respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección
internacional de la que España es parte. Las solicitudes de protección
internacional se formalizarán —estamos hablando de asilo— en
los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se
tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de
protección internacional.

Tenemos que ser cuidadosos con nuestras fronteras. Si no queremos
que determinadas personas sufran, llegamos a un acuerdo con la Unión
Europea, quitamos las vallas —por cierto, las recreció el señor
Rodríguez Zapatero— y asumimos esa realidad. Pero están habilitados
sitios para el asilo. España se compromete a respetar todos los acuerdos
que en derecho internacional afecten a estas situaciones, y por eso el
Grupo Parlamentario Popular ha presentado en esta Cámara una enmienda que
está recogida como disposición final primera.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

La señora vicepresidenta, Vicente González, da lectura al
punto 8.1.4.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Para la presentación
del dictamen tiene la palabra el vicepresidente primero de la Comisión
Constitucional, señor Cuevas.

El señor CUEVAS CUERDA: Gracias, señora presidenta. Buenas
tardes, señorías.

Me cabe el honor de haber sido designado para presentar ante esta
Cámara el dictamen de la Comisión Constitucional al Proyecto de Ley
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado.

Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de
los Diputados y publicado el pasado 27 de enero de 2015. El plazo de
presentación de enmiendas concluyó el día 12 de febrero de 2015,
ampliándose hasta el 18 de febrero. Al mismo se han presentado 4 vetos
y 92 enmiendas. Los vetos han sido presentados por los siguientes
senadores: veto número 1, señores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto. Veto número 2, señores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya. Veto número 3, señora Almiñana Riqué, señor Boya
Alós, señor Bruguera Batalla, señor Martí Jufresa, señor Montilla
Aguilera, señor Sabaté Borràs y señora Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Veto número 4, presentado
por el Grupo Parlamentario Socialista.

Las enmiendas se distribuyen de la siguiente manera: enmienda 1,
del señor Eza Goyeneche, señora Salanueva Murguialday y señor Yanguas
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas 2 a 19 de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, también del Grupo Parlamentario
Mixto. Enmiendas 20 a 26 de la señora Capella i Farré, del Grupo
Parlamentario Mixto. Enmienda 27, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió. Enmiendas 28 a 32, del Grupo Parlamentario
Popular. Enmiendas 33 a 53, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya. Enmiendas 54 a 71, también del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya. Enmiendas 72 a 92, del Grupo Parlamentario
Socialista.

La comisión designó en su día la ponencia, concretamente el 18 de
febrero de 2015, que estuvo integrada por los siguientes senadores: señor
Antich Oliver, del Grupo Parlamentario Socialista; señor Bildarratz
Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco; señor Martí Jufresa, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; señor Piñeiro García-Lago,
del Grupo Parlamentario Popular; señora Rivero Segalàs, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; señor Rodríguez
Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista; señor Sala Torres, del
Grupo Parlamentario Popular, y señor Unamunzaga Osoro, del Grupo
Parlamentario Mixto.

El día 4 de marzo del 2015 se reunió la ponencia que, tras
manifestar su criterio contrario a la aprobación por la comisión de las
propuestas de veto presentadas a este proyecto de ley, acordó por mayoría
aprobar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados
con la incorporación de las enmiendas 28 a 32 del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, así como efectuar una serie de correcciones de
carácter técnico.

La comisión se reunió en esa misma fecha y procedió a dictaminar
el proyecto de ley, aceptándose como dictamen el informe de la
ponencia.

Por último, para su debate en el Pleno, se han formulado hasta 7
votos particulares. Veto número 1, del Grupo Parlamentario Socialista,
manteniendo las enmiendas 72 a 92 así como su propuesta de veto. Veto
número 2, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, manteniendo las
enmienda números 33 a 53. Veto número 3, del Grupo Entesa pel Progrés de
Catalunya, manteniendo las enmiendas 54 a 71. Veto número 4, también del
Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, manteniendo su propuesta de veto.
Veto número 5, de los senadores del Grupo Entesa pel Progrés de
Catalunya, señora Almiñana Riqué, señores Boya Alós, Bruguera Batalla,
Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y señora Sequera García,
manteniendo su propuesta de veto número 3. Veto número 6, del Grupo
Parlamentario Mixto, manteniendo la propuesta de veto y las enmiendas 1
a 19 originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Mixto. Veto número 7, de la señora
Capella i Farré del Grupo Parlamentario Mixto, manteniendo las
enmiendas 20 a 26.

Con estas palabras, señores, creo haber resumido la tramitación
que hasta ahora se ha llevado a cabo.

Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Comenzamos con la propuesta de veto número 1, de los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Las razones que motivan el veto que hemos formulado los senadores
Mariscal Cifuentes y yo mismo, que intentaré sintetizar de la forma más
ágil posible, parten del análisis de que el proyecto se queda corto para
alcanzar más rigor en materia de incompatibilidades y conflictos de
intereses, y de la constatación de que, incluso, en algunas de estas
materias se produce un retroceso en relación a la situación preexistente.
Entendemos que no hay una respuesta adecuada a la exigencia social de una
clara separación de lo público y de lo privado, y que de esta forma se
propicia el mantenimiento de esa práctica, tantas veces denunciada y que
tanta indignación social genera, de las puertas giratorias entre las
responsabilidades políticas de mayor nivel y los consejos de
administración de las grandes empresas. La constatación de la presencia
de exministros, expresidentes en los consejos de administración de las
grandes empresas del Ibex, fundamentalmente de las eléctricas, además de
forma aún más llamativa, en sectores que han sido liberalizados, en
empresas que han sido privatizadas, desde luego no llama a la confianza
de la sociedad en que nuestro ordenamiento jurídico establece una clara
distinción entre lo que es la actividad pública que ha de responder a los
intereses generales de la comunidad y de la sociedad, y la vinculación o
la presencia en empresas que, evidentemente, de forma lógica, por lo que
velan es por sus propios intereses. Tampoco compartimos que se excluya
del ámbito de aplicación de este proyecto el Banco de España y la Casa
Real. Pensamos que no se produce un cambio significativo en el régimen
retributivo, incluso se da un retroceso en materia de incompatibilidad de
retribuciones, y que se flexibiliza el régimen de incompatibilidades y de
conflictos de intereses.

Con el proyecto se renuncia a configurar como órgano
independiente a la oficina que ha de velar por el cumplimiento de esta
separación entre lo público y lo privado, manteniendo su dependencia del
Ministerio de Hacienda. En las enmiendas concretaremos nuestra visión y
nuestro planteamiento en cuanto a que esta oficina tenga auténtica
independencia.

Pensamos que no se impulsa una reforma, simultáneamente al
proyecto de ley, de la Ley de régimen electoral general para hacer más
exigente el régimen de incompatibilidades de diputados y senadores. Si
quedan fuera de la ley el Banco de España y la Casa Real, también quedan
estos fuera, porque está previsto en la Ley de régimen electoral general
el régimen de incompatibilidades de diputados y senadores.

El límite de dos años a la posibilidad de que los altos cargos
pasen a empresas privadas es, a nuestro entender, una barrera
insuficiente para acabar con ese fenómeno de las puertas giratorias, y
por eso nuestras enmiendas plantearán períodos más largos. De hecho,
además, las exigencias se flexibilizan en relación a la normativa
vigente, puesto que se establece que esta incompatibilidad o la necesidad
de este periodo de espera solo se demandará en relación a la presencia en
entidades privadas afectadas por decisiones en las que haya tomado parte
el ex alto cargo, mientras que hasta ahora —y en otra enmienda así
lo plantearemos— bastaba con que hubiera una relación directa de la
actividad de la empresa, o en el ámbito competencial hubiera tomado o no
decisiones que afectaran a esa empresa del alto cargo.

Igualmente cuestionamos el régimen sancionador, que consideramos
insuficiente, y que los plazos de prescripción que se establecen deben
ser modificados, como nuestras enmiendas plantearán.

Finalmente entendemos que se da un protagonismo excesivo a la
Abogacía del Estado, que se acaba convirtiendo en una especie de filtro
para llegar a la Fiscalía cuando ello resulte necesario, y entendemos
insuficientes las previsiones en torno a las audiencias y comparecencias
ante el Congreso para la designación de altos cargos. También nuestras
enmiendas irán en ese sentido.

Muchísimas gracias, señoría.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 2, de los senadores Guillot Miravet y
Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Para su defensa tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Señorías, creo que del paquete propagandístico llamado «para la
generación democrática y lucha contra la corrupción», este proyecto de
ley es el más decepcionante. Posteriormente vamos a discutir el proyecto
de ley de financiación de partidos políticos que nosotros criticamos y
vetamos, pero en el que como mínimo encontramos algún avance, aunque sea
parcial. Pero en este proyecto que ahora debatimos vemos, no solo
retrocesos, sino que no se aborda ninguna reforma ambiciosa respecto de
algo tan fundamental como es dar respuesta ciudadana a tres grandes
cuestiones: la separación entre lo público y lo privado, la transparencia
y la rendición de cuentas; y esos son tres de los grandes problemas que
tiene este país, especialmente el primero. En España, y no ya desde la
democracia, sino que viene de muy antiguo, hay una colisión de intereses
entre lo público y lo privado, y mientras no rompamos con este nudo
gordiano, que no será fácil ni se va a realizar en un día, difícilmente
podremos regenerar, difícilmente podremos luchar contra la
corrupción.

Tenemos un problema real de transparencia, y también tenemos un
problema real de rendición de cuentas. E insisto, en este proyecto de ley
no se da ni un ligero avance. Así como en otros podemos discutir si más o
si menos, aquí en todo va hacia atrás. ¿Y qué va hacia atrás? Va hacia
atrás en el régimen de retribuciones, va hacia atrás en el tema de
incompatibilidades, y va hacia atrás en cuanto a la separación nítida
entre la actividad pública y la privada. El régimen de
incompatibilidades, el tiempo para las incompatibilidades es cortísimo.
No hay ningún gesto concreto que permita esa separación entre lo público
y lo privado.

Incomprensiblemente se excluyen de esta ley el Banco de España y
la Casa Real; no nos afecta a los parlamentarios de las Cortes, ni a
senadores ni a diputados, y por otra parte se abren en demasía, a mi
entender, aspectos como que puedan optar a ser un alto cargo de la
Administración personas que están a las puertas de un juicio. Luego
ustedes plantean que solo se impedirá el acceso a un alto cargo de la
Administración General del Estado a aquella persona que tenga condena en
firme. Es decir, que hay toda una serie de cuestiones que, a nuestro
entender, hacen imposible apoyar este proyecto de ley y hacen del todo
imprescindible y necesario presentar este veto.

Insisto en que seguramente una de las cuestiones más escandalosas
—y hacía referencia a ello el senador Iglesias antes en su
intervención— de la realidad política, de la degradación política
que sufre el país, es el de las llamadas puertas giratorias. Pero es que
ustedes no terminan con este problema de las puertas giratorias; con este
proyecto de ley esta es una realidad que se podrá seguir dando y creo que
es algo que escandaliza, que alarma y que además es fruto, como decía
antes, de esta colusión de intereses entre lo público y lo privado. O si
no, ¿qué pintan determinados exministros o ex lo que sea en determinados
consejos de administración de empresas? ¿De qué? ¿Por qué están allí? Yo
creo que la única explicación es por este sistema de colusión.

El régimen sancionador es muy insuficiente, al igual que los
plazos de prescripción y, por último, quedan cuestiones muy importantes
que habría que regular, como los aforamientos, los indultos o la
actividad de los grupos de presión o lobbies en su relación con el Poder
Ejecutivo y el Legislativo.

Desgraciadamente, en este proyecto de ley no hemos avanzado ni un
poco, al revés, hemos retrocedido, y es por ello por lo que el senador
Saura y yo presentamos este veto.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 3, de la senadora Almiñana Riqué, de los
senadores Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté
Borràs y la senadora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidenta.

Señorías, ciertamente la corrupción ciudadana, el fraude, la
evasión, etcétera, es algo realmente execrable, denota además ineficacia
en los Gobiernos, en el funcionamiento de las instituciones y representa
una injusticia para el resto de ciudadanos en el reparto de la riqueza,
en la igualdad de oportunidades, etcétera. Pero seguro que comparten
conmigo que la corrupción política todavía es mucho peor. La corrupción
política significa una traición a la confianza de la ciudadanía en el
sistema democrático, es una auténtica estafa democrática y mucho más
grave porque deslegitima la vida pública, trae un descrédito nocivo para
la convivencia y justifica, da alas a las alternativas
antidemocráticas.

Por ello, es lógico que haya tantas expectativas entre la
ciudadanía por la reacción que los actores políticos, partidos y
Parlamento, podamos tener frente a esta cuestión de la corrupción
política, y por ello es tanta la importancia de debates como este en
torno a esta cuestión. Porque, señorías, en este debate y en el que vamos
a tener también después, vamos a explicitar el compromiso de nuestras
instituciones, de la máxima institución democrática del país, en subsanar
errores —que los ha habido, sin ninguna duda— y en dificultar
a partir de ahora al máximo la posibilidad de que haya corrupción, y ello
a través de leyes —como es nuestra función y se recordó ayer
acertadamente—, a través de un ordenamiento jurídico que sea capaz
de concretar este compromiso, como las dos leyes que estamos debatiendo
en esta sesión del Senado.

Y, desgraciadamente —se ha dicho ya y yo también lo
comparto, mi grupo lo comparte—, el balance de estas dos leyes es
ampliamente decepcionante. Lo que nos propone el Gobierno, lo que nos
propone el Partido Popular es altamente decepcionante para hacer frente a
estas lógicas expectativas, grandes expectativas de la ciudadanía en una
cuestión tan crucial para nuestra democracia como las cortapisas para la
corrupción política.

El Proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado, que estamos debatiendo ahora mismo, no
aporta nada sustantivo, no cambiará nada y no trae ninguna propuesta
distinta. En este sentido, reto a los portavoces del Grupo Popular a que
subrayen cuáles son esos cambios, cuál es la naturaleza de estos cambios
que van a significar mayores trabas para la corrupción y la capacidad de
anteponernos a este grave problema como sistema político.

El Proyecto de Ley que discutiremos después, sobre el control de
la actividad económico-financiera de los partidos políticos, trae algunos
cambios más sustantivos, sin duda alguna —se ha dicho antes y lo
comparto—, pero queda también muy corta de ambición y es incapaz de
proponer soluciones en profundidad y de dar una respuesta integral al
desafío que nos plantea la corrupción.

Podemos apreciar que el Proyecto de Ley reguladora del ejercicio
del alto cargo de la Administración General del Estado no solo no supone
grandes cambios, sino que incluso en algunos casos parece que rebaja las
exigencias actualmente vigentes. A nuestro parecer, se queda corta en
cuatro cuestiones y, sobre todo, y más grave, deja de abordar otras tres
que nos parecen también nucleares en la lucha contra la corrupción en
nuestro país. Se queda corta en cuanto a las medidas contra la colusión
entre intereses públicos y privados, lo que se llama las puertas
giratorias; se queda corta en cuanto a los mecanismos para el control de
bienes y derechos de los altos cargos; se queda corta en cuanto a las
capacidades que ofrece a la oficina de conflicto de intereses para ser
proactiva, para anteponerse a las dificultades y a las situaciones; y se
queda corta en cuanto a medidas de transparencia.

Además, no aborda tres aspectos que insisto en que nos parecen
nucleares: auténticas medidas anticorrupción en el seno de la propia
Administración General del Estado; la regulación de los grupos de interés
que, como cualquier persona que haya reflexionado mínimamente sobre la
cuestión puede llegar a comprender, están muchas veces detrás de algunos
casos clave que tienen que ver con la corrupción; y el proceso de
elección de las personas que representan al Parlamento en órganos
constitucionales y otros asimilados que deben ser el máximo ejemplo, la
máxima representación de esta separación entre los intereses públicos y
privados.

En definitiva, señorías, de las muchas lecciones que nos deja la
crisis, una de ellas es que la política no ha estado a la altura ni
durante ni en sus respuestas, pero sobre todo, antes. La gran lección de
esta crisis económica, social y política que estamos padeciendo es que
las auténticas medidas anticrisis hay que ponerlas en marcha antes;
cuando todo parece que va bien, cuando todo parece que fluye de manera
natural es cuando cuajan, cuando empiezan a germinar y a latir los
auténticos problemas que luego se expresan con toda su fuerza y su
inmoralidad en el período de crisis.

Digámoslo claramente, en este país ha habido una relajación de
exigencias y controles colectivos, y también personales y éticos, en
general, en la política. Pero la consecuencia de todo esto, señorías, no
puede ser la solución que nos plantea a menudo la derecha: reducir el
papel de los políticos, de la política, de los cargos públicos y de los
partidos en la democracia, en el ejercicio del Gobierno y de la gestión.
No se trata de cambiar la política por la tecnocracia, por un ejercicio
no profesional de los cargos públicos o electos, sino de cambiar en
profundidad algunos de los mecanismos y procedimientos en la vigilancia,
en la transparencia y rendición de cuentas, en la garantía de la
integridad y la competencia personal y profesional para que dificulten al
máximo la corrupción política, con el objetivo, precisamente, de
conseguir que la política democrática no sea sustituida por nadie y
cumpla su función de representar a la ciudadanía en toda su pluralidad.
Se trata de que las decisiones que nos afectan a todos se tomen fruto de
la deliberación y de la mayoría, es decir, fruto de la política
democrática. Si no abordamos con la contundencia necesaria los males que
aquejan a nuestra democracia, estaremos abriendo la puerta a sistemas
antidemocráticos o a una tecnocracia, que equivale a lo mismo.

Mi grupo piensa que estas leyes no están a la altura de este
reto. Por tanto, presentamos este veto, porque creemos que se puede ir
mucho más allá, como explicaré más detalladamente en las enmiendas, y que
esta situación realmente merecía mayor esfuerzo y mayor empeño.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Tiene la palabra el senador Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Querido presidente, estamos casi menos senadores que en la
comisión. El Grupo Parlamentario Socialista presenta un veto devolutivo a
este proyecto de ley que se suma a las otras tres enmiendas a la
totalidad.

Señorías, para la mejora de la convivencia democrática de nuestro
país, para el progreso de nuestra sociedad y, sobre todo, para la
fortaleza de nuestras instituciones, la regeneración democrática y la
lucha contra la corrupción debieran ser la prioridad de un Gobierno.

El señor Rajoy anunció a bombo y platillo 70 medidas incluidas en
un plan integral para hacer frente a la corrupción. Y nos plantean una
serie de normas —esta es una de ellas— que falsamente
pretenden regenerar la vida democrática de España. Señorías, desde hace
más de treinta y cinco años España ha ganado en libertad y en derechos
fundamentales. Hemos sido capaces entre todos de construir un sistema de
bienestar, pero en los últimos años, en el trienio negro del Partido
Popular, están provocando ustedes un evidente debilitamiento de la
confianza de los ciudadanos en las instituciones. Pero ustedes no pueden
dar lecciones al resto con una ley como esta.

Señorías, yo no sé si se han enterado —porque están un poco
autistas últimamente— que ahí fuera, en las calles de nuestras
ciudades, la corrupción es el segundo principal problema de los
españoles. Ya sé que ahora se autosatisfacen porque en la última encuesta
del CIS ha bajado siete puntos, pero sigue siendo una de las mayores
preocupaciones de la ciudadanía. Simplemente esto ya sería suficiente
para rechazar de forma tajante el contenido de esta ley, porque no han
querido afrontar con profundidad los déficits existentes, tan solo han
querido poner una dosis de maquillaje. Y es que, de verdad, nos surgen
dudas de su verdadera voluntad de si quieren o no regenerar nuestra
democracia.

Señorías, estamos aquí para afrontar una actuación directa y
decidida que recupere la credibilidad de la política. Probablemente para
ustedes no, pero es seguro que nos encontramos en un momento histórico y
que nosotros debiéramos ser los primeros en devolver esa confianza a los
ciudadanos. Pero ustedes no entienden nada; su mayoría no les deja ver el
bosque, y con su texto desde luego no consiguen nada de lo que pretenden.
Y tengo una cosa clara: o hacemos algo o algo será hecho por otros.

Es verdad que lo tienen difícil y que les entendemos. Ustedes no
están en condiciones de abordar estas tareas de regeneración. Ustedes no
pueden pretender dar lecciones a nadie cuando el propio ministro de
Justicia avala que procesados vayan en sus listas municipales. Ustedes
—y les entendemos— no pueden dar lecciones a nadie cuando
están liderando la legislatura más opaca y corrupta de nuestra
democracia. ¿Y qué proponen? Proponen leyes como esta, proponen magia,
trucos, engaños, mentiras, pero es que aunque lo pretendan, con esta ley
no consiguen mejorar nada. Señorías, no se regenera la democracia, no se
regeneran las instituciones, no consiguen que estas sean más abiertas y
transparentes, no alcanzan la eficacia ni la cercanía, porque su proyecto
no es otra cosa que una acción de propaganda de letras mayúsculas para
titulares en los periódicos, nada más. Su texto, lejos de luchar
decididamente contra la corrupción, la atenúa, igual que hicieron ayer
con el Código Penal. Lo presentan con una vocación totalizadora, y en
muchos de sus aspectos constituye un claro debilitamiento del régimen
vigente. Y si no, ahí están las pretensiones, por ejemplo, sobre los
ámbitos de aforamiento, que a pesar del creciente rechazo social, ustedes
lo formulan con un alto grado de inconcreción. O los indultos, otro
aspecto que tiene un gran rechazo social evidente, que ustedes lo
presentan más como una intromisión clara del Ejecutivo en el Poder
Judicial, en vez de considerarlo como algo tasado donde primen los
criterios de proporcionalidad y equidad. O la limitación de mandatos,
donde no tienen ningún interés en entrar. O los lobbies, o las llamadas
puertas giratorias, donde es el propio Consejo de Estado el que les
advierte que no ponen coto a las puertas giratorias, sino que establecen
una doble puerta al suavizar el régimen de incompatibilidades en el
ejercicio de actividades privadas, una vez que el alto cargo abandona la
Administración.

Señorías, para ustedes ¿qué significa ser alto cargo? Parten de
una notable ampliación del ámbito subjetivo de la figura, generalizan el
concepto de idoneidad de la persona candidata, generan intencionadamente
una nebulosa con eso de las personas interpuestas o terceros
independientes —es verdad, hoy les podemos entender porque el juez
Ruz ha enviado al banquillo al Partido Popular o a sus titulares y, por
lo tanto, entiendo que utilicen las herramientas necesarias, como es esta
misma ley, para evitarlo—. Reformulan las declaraciones de bienes,
deslegalizan el contenido mínimo de las declaraciones. De verdad, ¿qué
quieren hacer? ¿A dónde quieren llevar a los españoles? ¿A quién quieren
engañar con esto? Señorías, nos están presentando un proyecto que no es
creíble y que no va a ser entendido por la sociedad española. Y están
demostrando que ni quieren ni tienen ningún interés en regenerar de
verdad la vida política, ni las instituciones, ni la propia democracia.
Se lo dije ayer con el texto del Código Penal, el «sé fuerte, Luis», el
«aguanta, Luis», es el núcleo de sus proyectos de regeneración
democrática en España.

Señorías, ustedes aprobarán esta ley, la unirán a una ley de
transparencia que aprobaron hace tiempo y que ahora, dicho sea de paso,
ningunean porque no han querido ni hablar, como le decía, del
aforamiento, de los códigos de conducta ni de la igualdad de trato. No
han querido valorar la modificación de la legislación procesal para
agilizar el enjuiciamiento en las causas de corrupción, mucho menos la
creación de una oficina anticorrupción con facultades de investigación y
con capacidad ejecutiva. De todo esto no han querido ni hablar, y mucho
menos provocar una modificación coherente de la regulación de los
contratos públicos. Señorías, esto que hoy nos traen es una gran
mentira.

El núcleo de nuestro veto y de las 21 enmiendas que hemos
presentado a este proyecto de ley se fundamenta en el documento de
Valencia, que el secretario general de los socialistas presentó con 50
medidas contra la corrupción y por la regeneración democrática. Cincuenta
medidas reales, 50 medidas ciertas y no un gran timo, como el que ustedes
presentan a la sociedad española con esta ley de altos cargos. Ustedes
solamente pretenden lavarse la cara con eso, porque no avanzan en nada en
la regeneración de nuestro sistema, no avanzan en nada en la lucha contra
la corrupción y, si no, ahí están los 4 vetos y las casi 100 enmiendas
que hemos presentado los grupos parlamentarios de la oposición. Pero ¿qué
ocurre? Que es una oportunidad perdida más, una muestra más de su falta
de voluntad para erradicar esta lacra, una ocasión más que ustedes han
dejado pasar para regular el régimen jurídico del alto cargo, una ocasión
perdida más para haber hecho creíble a su presidente en esas medidas que
anunció a bombo y platillo y que han vertebrado los últimos debates sobre
la corrupción; lo que él mismo denominó medidas estrella son aquí papel
mojado, y este proyecto es uno de ellos.

Señorías, son unas medidas que no llegan al meollo de la cuestión
porque ustedes no quieren y porque, además, no tienen credibilidad,
porque han perdido la confianza de la ciudadanía, y ya que están
vendiendo desde hace casi más de dos años este y otros proyectos de ley,
todo para sacarlo adelante antes de que finalice la legislatura, lo harán
nuevamente solos o en compañía de muy pocos, y lo peor de todo es que ya
nadie espera nada positivo ni nada realista de ustedes, nadie les cree.
Por eso y por más circunstancias que iremos viendo a lo largo de la
tarde, presentamos este veto devolutivo que votaremos a favor, al igual
que el resto de vetos presentados.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Piñeiro.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, tiene razón el señor Rodríguez Esquerdo: somos pocos,
pero buenos, y la prueba definitiva es que tenemos la representación de
nuestros partidos para defender ni más ni menos los vetos que ustedes
presentan a este proyecto de ley.

Utilizo este turno en contra de los vetos porque desde nuestro
punto de vista no tienen ninguna razón pragmática para ser aprobados. Es
muy respetable, cada uno puede utilizar su estrategia política para
pretender hacer ver precisamente lo contrario de lo que estamos seguros
va a conseguir esta ley; una ley cuya tramitación está llegando a su fin
después de un largo proceso, con la creación de un grupo de trabajo
presidido por la vicepresidenta del Gobierno y del que han formado parte
distintos grupos políticos hasta su aprobación por el Consejo de
Ministros, habiéndose mejorado con la incorporación de distintas
enmiendas, tanto en el Congreso como en el Senado, y nos toca a nosotros,
señorías, dar el penúltimo paso para su aprobación definitiva.

Este proyecto de ley está encaminado esencialmente a incrementar
la calidad democrática de nuestras instituciones. Es cierto que en los
últimos tiempos ha aumentado la desconfianza de los ciudadanos no solo
hacia los políticos, sino también hacia las instituciones que, como muy
bien ha definido el señor Martí Jufresa, son esenciales para la
convivencia democrática.

En comisión pedí a sus señorías que contemplasen este proyecto
dentro del paquete de reformas que este Gobierno ha puesto en marcha para
esa denominada regeneración democrática, que no lo mirasen como un
proyecto individual sino unido a otras leyes; va unido en su esencia a
distintas medidas, como las contenidas en otros proyectos, por ejemplo,
la Ley de transparencia, la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal
o la del Código Penal, que aprobamos en la tarde de ayer, o la Ley
Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos
políticos, que vamos a debatir a continuación en esta Cámara. En su
conjunto, y cada una dentro de su propio ámbito, estas nuevas leyes
suponen una serie de medidas amplias, eficaces y duraderas, con una gran
influencia, buscando un solo objetivo, que es luchar contra la
posibilidad de corrupción o fraude.

Lo que nos piden los ciudadanos es que como primera medida
cerremos esos resquicios por los que pueda colarse la corrupción dentro
del sistema, pero también que el que se corrompe o el que corrompe sea
castigado con mayor eficacia. Algunos portavoces han tratado de minimizar
las medidas que este proyecto de ley pone en marcha. Hoy vamos a votar un
verdadero estatuto del alto cargo porque este proyecto recoge los
requisitos y las normas que tendrán que cumplir quienes vayan a
desempeñar esos puestos de alta responsabilidad en la Administración. A
partir de esta ley, quedarán claros los controles y las obligaciones a
los que estarán sometidos esos altos cargos.

Esta ley, junto con las otras, va encaminada a ponérselo difícil
a quienes pudieran tener la tentación de hacer algo que no deben, a
tratar de eliminar aquellos resquicios que pudieran ser utilizados en
beneficio personal, poco ético o, incluso, delictivo. Pero, al mismo
tiempo, estas normas dan credibilidad al sistema y a las propias personas
que tendrán la responsabilidad de ser altos cargos; insisto, también dan
credibilidad a esas personas que van a ocupar esos altos cargos, porque
nunca debemos aceptar esa generalidad —que alguien quiere imponer y
algunos pretenden hacer ver— de que la acción política es sinónimo
de corrupción. No, señorías, no podemos aceptar que hoy en día dedicarse
a la actividad pública tenga un castigo social porque, como en cualquier
otra actividad en la vida, ya sea pública o privada, debemos dejar claro
que aquellos que cometen irregularidades serán sus irregularidades y no
las de la totalidad del sistema, y por ello el Gobierno inició esta ley y
el Grupo Popular ha intentado buscar un amplio acuerdo, porque, señor
Guillot, para atrás, no. Puedo entender que no estén satisfechos con el
cien por cien o que, incluso, quisieran incrementar algunas medidas, pero
nunca para atrás, porque ¿alguien puede estar en contra de regular el
concepto, por ejemplo, de idoneidad para los altos cargos que contempla
ni más ni menos que la honorabilidad, la formación y la experiencia, o,
incluso, las causas que harían perder esa honorabilidad o su no
concurrencia?

Esta ley que algunos pretenden con sus vetos que sea rechazada,
no enmendada sino rechazada, restringe también los supuestos de
indemnización y, al mismo tiempo, incompatibiliza esas indemnizaciones
con todo tipo de retribuciones, ya sean públicas, privadas o, incluso, de
jubilación, y además se regula el conflicto de intereses. Claro que se
regula, no solamente se considera interés personal el del alto cargo,
sino también el de sus familiares y el de las posibles empresas que sean
susceptibles de contratar o recibir subvenciones de la Administración,
empresas en las que el alto cargo haya estado o esté vinculado en los dos
años anteriores a su nombramiento, o incluso, el de sus familiares,
siempre que tenga un cargo de administración, asesoramiento o dirección
para contratar con la Administración pública. Se regula también,
señorías, limitando mucho la participación del alto cargo en sociedades
que pudieran tener relaciones contractuales o recibir subvenciones de
cualquier Administración pública.

Yo me pregunto: ¿alguien puede estar en contra de regular cosas
que pueden parecer insignificantes, pero que dan a entender esa sensación
que pueden tener algunos ciudadanos, como por ejemplo, el uso de los
vehículos oficiales o el control y la limitación de los gastos de
representación en desplazamientos ocasionados por los altos cargos en el
desarrollo de su función? Incluso se impide a través de esta ley
sobrepasar el crédito presupuestario que se ha aprobado inicialmente. O
la eliminación, por ejemplo, de esos pagos de representación que tengan
los altos cargos a través de tarjetas de crédito oficiales, con una única
excepcionalidad que es, como bien conocen, para viajes al extranjero por
razones obvias y que siempre ha de ser razonada.

Esta ley, señorías, regula las puertas giratorias. Durante los
dos años posteriores al cese del alto cargo, no podrá tener ningún tipo
de relación contractual con empresas que se hayan visto afectadas por
decisiones de ese alto cargo; otra cosa son algunas enmiendas que después
mi compañero, el senador Sala, defenderá sobre una serie de peticiones, y
es que, precisamente, habrá altos cargos que no puedan trabajar en
ninguna empresa durante diez años; es decir, una carencia de diez años.
Entiendo que cuando a un alto cargo se le impedía trabajar durante diez
años, la Administración era la que tenía que pagar los salarios durante
ese tiempo. Imagínese, por llevarlo al absurdo, qué ridículo sería que se
nombrara a un alto cargo y que después de un mes se le cesara por las
razones que fueran, y como no puede trabajar en empresas que tengan
relación con la Administración pública, después de haber estado durante
solo dos meses, la Administración tuviera que pagarle ese salario durante
diez años, que es lo que algunos piden. También se regula la dedicación
exclusiva o la declaración de bienes y actividades complementarias con
sus declaraciones de IRPF o de patrimonio.

En definitiva, señoras y señores senadores, con esta ley, unida a
la de transparencia, a la del control económico de los partidos, a la del
Código Penal, y a más iniciativas que están tramitándose en estos
momentos por el Gobierno —como la de la oficina de la recuperación
de activos de personas condenadas o la de la regulación de los lobbies,
que saben que se está negociando en el Congreso—, no solamente
cumplimos con ese compromiso del presidente Rajoy y del Partido Popular
de luchar contra esa lacra que es la corrupción y el fraude —que
siempre ha existido en todas las actividades—, sino que eliminamos
—porque es nuestra obligación como legisladores— en lo
posible la posibilidad de que existan esas rendijas que puedan ser
utilizadas. Porque, contrariamente a lo que aquí se ha dicho, estamos
convencidos de que esto es lo que nos están pidiendo los ciudadanos.
Claro que nos lo están pidiendo los ciudadanos. Quieren que luchemos
desde las instituciones para devolver la confianza en las mismas. Por
eso, quiero dar las gracias a aquellos grupos, que, con su voto, unido al
del Grupo Popular, no van a permitir que prosperen estos vetos, y también
felicitarles de una manera muy especial por haber entendido esa demanda
ciudadana. Utilizar argumentos como el de que esta ley no contempla
aspectos como los aforamientos —que sí lo hace la Ley de los
partidos políticos que debatiremos luego—, o el de que no contempla
los indultos, o las limitaciones de mandatos, o los lobbies, o la Casa
Real —que no han de contemplarse en ningún caso en esta ley de los
altos cargos—, o pretender, con esas modificaciones que se han
comentado y que se han presentado a través de enmiendas, cambiar leyes
orgánicas con una ley ordinaria, para nosotros —se lo digo con todo
respeto— son excusas de mal pactador. Tienen todo su derecho, por
supuesto, lo tienen. Por cierto, las enmiendas no llegan a 100, pero
sería bueno recordar que el 50 % de ellas —después el señor Sala
dará cuenta de las mismas— están repetidas. Por tanto, el número no
es elevado.

En fin, la esencia y el espíritu de esta ley creemos que es muy
positivo, como positivo es que vaya unida al resto de las leyes, y hay
una gran diferencia. Cuando se presenta un veto lo que se quiere es que
se devuelva la ley completa —no se pretende mejorar, quieren que no
se apruebe—, se está contra ella en la totalidad. Porque de otra
manera podrían, puesto que hay distintos puntos de vista ideológicos
representados aquí en esta Cámara, haberla mejorado, pero no, han optado
por no sumarse a la mayoría, que presumo va a tener esta Cámara, para
aprobar esta ley y, por tanto, para que continúe su tramitación, mayoría
que no es solo del Partido Popular. Aquellos que han querido mediante sus
vetos echar abajo esta ley tendrán que explicar por qué no se han querido
unir a esa gran mayoría.

Señorías, el Grupo Popular está convencido de que todos en esta
Cámara queremos fortalecer el sistema democrático del que gozamos con un
sistema de derechos y libertades de los más avanzados del mundo. Para eso
estamos aquí, para reformar y mejorar aquello que tenga defectos
—que claro que se puede mejorar—, para mejorar aquello que
tenga desviaciones y que sea susceptible de ser mejorado. Por eso, el
Partido Popular va a defender muy orgulloso este proyecto de ley
rechazando estos vetos, pero además convencido de que este proyecto,
junto con el resto que les he comentado anteriormente, ofrece garantías y
mecanismos suficientes de prevención, de control, de obligaciones y de
sanción de los altos cargos, clarificándolos como nunca antes se había
hecho en la democracia española. Es el primer Gobierno de los últimos
casi cuarenta años que pone en marcha esta serie de medidas y, por eso,
votaremos en contra de los vetos.

Muchas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

Grupo Parlamentario Mixto.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. No
agotaré el tiempo del que dispongo.

Señores del Partido Popular, si el objetivo de este proyecto de
ley es dar respuesta a la demanda ciudadana de un ejercicio de limpieza
para luchar contra la corrupción, ustedes se quedan cortos, y de ahí que
formulemos el veto. Y el problema de que se queden cortos es que esa
sociedad que está esperando una respuesta a su demanda se va a sentir
frustrada y va a abundar en esa sensación de corrupción generalizada,
que, sin ninguna duda, es injusta pero que hace que, desgraciadamente, en
este momento, todos los que nos dedicamos a la actividad política, a la
actividad pública, tengamos frente a la sociedad una presunción de
culpabilidad, y no de inocencia en materia de corrupción.

En consecuencia, es urgente, es imperioso mandar mensajes
adecuados a esa sociedad, y esta ley no es un mensaje adecuado. No
estamos en contra de la regulación, pero, como somos conscientes de que
la regulación de cada uno de esos extremos a los que ha hecho referencia
su señoría se ha formulado en términos insuficientes, seguimos pensando
que es preferible el mensaje en términos taurinos de toro al corral y la
necesidad de elaboración de un proyecto que de verdad dé respuesta a esas
demandas ciudadanas. Por citar uno de los ejemplos a los que usted ha
hecho referencia: la cuestión acertada de que se regule la honorabilidad
necesaria para acceder a un cargo público. Que no incluya la imputación
como una de las situaciones o de las causas que excluye la honorabilidad,
en este momento en el que, desgraciadamente, el término imputación es la
palabra que más frecuentemente aparece en los medios de comunicación hoy
en día, no va a ser entendido por la sociedad, en ningún caso, y la
mayoría de esa sociedad va a pensar que el que no se haya incluido ha
sido, no por respetar principios jurídicos como la presunción de
inocencia, sino como un mecanismo de defensa de los políticos frente a
las consecuencias que tendría la inclusión como causa de exclusión de la
honorabilidad de la imputación. Insisto: mensaje erróneo hacia la
sociedad.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones). No hace uso de la
palabra.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?

Tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidenta.

Dos consideraciones: una de carácter más general y la otra
referida más al texto propiamente dicho.

Usted, senador Piñeiro, ha dicho: para conseguir que sean sus
irregularidades y no las del sistema. Lo siento, pero esto no es posible;
no es posible, ni lógico. Es un enfoque, a nuestro parecer, equivocado.
El sistema siempre tiene la obligación de intentar evitar cualquier
irregularidad de cualquier persona —en este caso, alto cargo, cargo
electo, cargo público—.

Que el señor Bárcenas y el señor Granados se hayan sentado en
este hemiciclo, o que el señor Pujol haya sido veintitrés años presidente
de la Generalitat, no es solo su problema —que, evidentemente, lo
es, y tendrán que responder en el grado en el que la Justicia estime
oportuno respecto de sus actuaciones— sino que es un problema de
todos. Si ello ha ocurrido es que tenemos un problema, nunca será un
problema solo de las personas. Y si mejoramos nuestras leyes y aun así
sigue habiendo casos, seguiremos teniendo un problema colectivo como
sociedad.

Creo sinceramente que hay que abordarlo desde este enfoque. Nunca
hay suficientes medidas, propuestas, planteamientos, mecanismos para
intentar evitar de una vez por todas que personas que ya son corruptas
accedan a puestos de responsabilidad, o personas que se corrompan en el
ejercicio de estas responsabilidades.

Segunda consideración. Usted dice que vamos a rechazar el
conjunto de la ley. Pues sí, porque entendemos que no se pierde nada con
este rechazo.

Senador Piñeiro, no atravesamos una situación normal en este tema
como para que pueda hacerse una ley consistente en reordenar y
recatalogar medidas ya existentes con algunas mejoras y algunas
clarificaciones. Hacer el estatuto del alto cargo de la Administración no
es suficiente. Insisto en que en una situación normal podría ser
relativamente positivo, pero en la situación excepcional en la que
vivimos en relación con esta cuestión y con lo que representa la
corrupción para la sociedad y para el sistema democrático simplemente no
puede ser, no es de recibo. El esfuerzo tiene que ir mucho más allá.

Dice usted que hay pocas enmiendas. Claro que hay pocas, no vamos
a enmendar disposiciones que están vigentes si ya funcionan. Se trata de
añadir, de poner más, y los aspectos que ustedes tocan muchas veces no
nos gustan, y por eso sí presentamos algunas enmiendas. Pero nuestras
enmiendas van dirigidas a ir más allá.

Resumo. Insisto en lo que le he dicho antes: dígame, por favor,
cuáles son los avances reales, qué cosas no están en el ordenamiento
jurídico actual. Cuando el señor ministro presentó ayer la reforma del
Código Penal, leyó literalmente —y dijo que estaba en el Código
Penal— las causas de incompatibilidad que están en esta misma ley
del alto cargo;






las leyó. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna novedad,
que simplemente algo que ya estaba se reordena, se traspone. Insisto en
que hasta podría ser positivo en una situación normal, pero es que en
esta cuestión no vivimos una situación normal. Con esto no hay
suficiente.

Rechazamos de fondo la estrategia que ustedes han seguido para
plantear y abordar esta cuestión. Por tanto, mantenemos nuestro
veto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra la señora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, ustedes saben que nosotros somos críticos con este plan
de regeneración democrática en su totalidad, e intentamos poner negro
sobre blanco cada una de las propuestas que el plan conlleva. Hemos
tenido oportunidad de hacerlo durante el debate del Código Penal y lo
haremos después con la Ley de partidos políticos.

Me voy a referir ahora al proyecto que estamos debatiendo. Para
nosotros ha supuesto —así lo debo expresar— una grata
sorpresa porque no nos tenían acostumbrados a ello. Les explico. La gran
mayoría de leyes que hemos debatido en esta Cámara o tenían carácter
básico, o regulaban aspectos que afectaban a las comunidades autónomas y
entidades locales y pretendían una incursión en las competencias que
tienen atribuidas de una forma casi obsesiva —tan obsesivas, debo
reconocer, como las intervenciones de nuestro grupo denunciándolo y
enmendándolo para que fueran respetadas nuestras competencias—,
pero, de repente, este proyecto de ley regula solo aquello que dice
querer regular. En este sentido, estamos perfectamente satisfechos.

Hicimos una transaccional en el Congreso para que el carácter
supletorio de esta ley quedara perfectamente recogido. Fue la primera
noticia; a primera vista, efectivamente. Por tanto, nos encontramos ante
una ley de carácter básico que no afecta a las comunidades, no afecta a
Cataluña, ya que tienen competencia en la autoorganización de su propia
Administración. Las comunidades autónomas han practicado un verdadero
ejercicio de revisión y austeridad, continúan haciéndolo, y yo creo que
lo harán hasta que consigan —como todos pretendemos— ser
capaces de dar confianza de nuevo. Y pensamos que la Administración
General del Estado no queda exenta de ello, que está bien que se aborde y
que hay camino para hacerlo.

El senador Piñeiro, en comisión, decía intuir que las comunidades
iríamos en la línea de lo que se está haciendo. Le digo que así es, pero
también que no hay mucha cabida a la intuición porque tenemos que
remitirnos al trabajo hecho. En este sentido es cierto que —yo le
puedo hablar de Cataluña— hemos hecho un ejercicio en pro de la
transparencia, que iniciamos ya con la puesta en marcha de la campaña de
participación ciudadana en el Portal de transparencia en 2013, con un
seguimiento y evaluación de la actuación política. Se publicaron en esta
web las variaciones patrimoniales de los altos cargos, las diferencias
entre la posesión y el cese; se publicó el código de las buenas prácticas
para los altos cargos; se publicaron tablas retributivas de miembros del
Gobierno, altos cargos, personal laboral; se modificó el Reglamento del
Parlament para poder llevar a cabo comisiones de investigación
—que, por cierto, ustedes allí apoyan y aquí bloquean—; se ha
llevado a cabo la Ley de transparencia; se está abordando una nueva ley
electoral y tantas otras que hay sobre la mesa. Siempre buscamos este
clima de transparencia y el mayor consenso, aunque a veces es difícil. Se
han hecho, se hacen y se harán tantas reformas como se crean oportunas
para adaptarnos a este nuevo paradigma y crecer en democracia y
participación.

Nos pusimos, señorías, y hemos empezado a obtener algunos
resultados. El informe de Transparencia Internacional sobre el grado de
transparencia de las comunidades autónomas en su revisión de 2014 nos
situó en la máxima puntuación en transparencia, junto con el País Vasco y
Castilla y León. Hay que destacar el esfuerzo hecho, porque este mismo
marcador de transparencia en 2010 nos situaba solo en un 82,5 %. Pero el
esfuerzo de las comunidades autónomas ha crecido, en general, en pro de
la transparencia, como no podría ser de otra manera.

Les diré que, aunque no hemos presentado veto ni enmiendas a este
proyecto, usted sabe que no solo nos oponemos, sino que también
proponemos. No hace mucho el Grupo Parlamentario Convergència i Unió en
el Congreso planteó una serie de propuestas que fueron aceptadas —y
confiamos que en breve puedan ser una realidad— que iban en el
sentido de impulsar reformas en la normativa electoral que favorecieran
una mejor conexión entre los cargos electos y la gente que los elige,
avanzar en la regulación de los lobbies, garantizando la necesaria
transparencia entre este ejercicio legítimo de los representantes de la
sociedad civil a acceder a las instituciones para trasladar sus
intereses, recabar información, defender su situación o, incluso,
solicitar cambios en la normativa que les afecta, eso sí, especificando
en esta normativa claramente cuáles deben ser los límites de estas
actividades. También hay que dotar a la Administración de Justicia de
recursos económicos y personales, necesarios para seguir persiguiendo las
causas relativas a corrupción; reforzar la iniciativa legislativa popular
para mejorar la participación de aquellos que utilizan estos instrumentos
legislativos; plantear posibles modificaciones en la normativa de
contratos del sector público para evitar posibles ineficiencias e
irregularidades; mejorar la regulación del decomiso de bienes derivado
del delito y poner en marcha la oficina de gestión y recuperación de
activos; avanzar en la lucha contra el fraude, promoviendo las
modificaciones legislativas necesarias para reforzar la prevención y
sanción del fraude a la Hacienda pública y a la Seguridad Social;
propuesta de un código de conducta aplicable a los cargos electos y
algunas otras. No me extenderé más.

El mensaje, señorías, es que todos estamos trabajando, porque la
regeneración democrática es un problema de todos y no seré yo quien entre
en concursos para ver aquí quién es el alumno aventajado. Creo que no
cabe este discurso. Está claro que ni unos ni otros damos suficiente
confianza a la gente, que todavía nos queda mucho camino por recorrer.
Tampoco me van a encontrar en discusiones estériles para graduar el nivel
de suficiencia moral de cada uno. Digo que es un problema de todos porque
hablamos de recuperar la confianza de la gente en las instituciones que
les representan y gestionan sus recursos públicos. Pero también,
señorías, hablamos de dignificar la función pública y la política. En
este sentido, siempre hemos intentando aportar, en el ejercicio de la
responsabilidad compartida. Nosotros lo hacemos en Cataluña porque nos
compete, y ustedes en la Administración general del Estado. Nosotros
intentamos ayudar, pues pensamos que si todos hacemos esa revisión desde
el respeto competencial y la búsqueda de consensos, todo lo que vayamos
consiguiendo en pro de la transparencia, la participación y el control,
sea quien sea quien lo proponga, desde donde sea y del color que sea,
será sin duda agradecido por los ciudadanos a los que representamos.

Por ello, señorías, aun no habiendo presentado veto ni enmiendas,
votaremos a favor de este proyecto de ley.

No quería acabar, señor Martí Jufresa, sin decirle que estamos
aquí para elaborar proyectos de ley y legislar en pro de la
transparencia, pero no para subir a esta tribuna y practicar el «y tú
más» —y, encima, sesgado—. Si lo quiere practicar, ningún
problema; si quiere dar nombres y apellidos de algunos casos de
corrupción, está en su perfecto derecho, pero sea equitativo, hable de
todo. Además, hay partidos que tienen gente en las cárceles y otros que
no. Entrar en esto no nos favorece a ninguno. Yo creo que, aparte de
hacer proyectos de ley y legislar, lo que necesita también nuestro
sistema y la política para ser dignificada es un cambio de actitud.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias de nuevo,
presidenta.

Ya que lo ha citado usted, senador Piñeiro, sí me hubiera gustado
ver hoy aquí a la vicepresidenta del Gobierno presentando esta ley y la
siguiente, pero seguramente estará preparando una campaña bonita
—entre comillas— para Andalucía.

87 enmiendas presentadas por la oposición, 4 vetos y críticas
—muchas críticas— por dejar pasar una oportunidad para
regular definitivamente el régimen de alto cargo y además provocar
—creo que de manera definitiva— una regeneración de nuestro
sistema democrático. Pero todo es papel mojado, solo han traído papel
mojado.

El Centro de Investigaciones Sociológicas recoge con reiteración
la creciente preocupación de los ciudadanos en relación con la corrupción
y los partidos políticos. El fraude y la corrupción se han situado como
la segunda preocupación de los españoles, como decía antes, y los
políticos y los partidos políticos son ahora la cuarta preocupación de
los españoles. Ante esta situación, ustedes presentan parte de las
recetas del señor Rajoy contra la corrupción, que aseguró —y abro
comillas— que las reformas ni son de hoy ni son para hoy, lo único
que pretenden es que la corrupción desaparezca de las prioridades de
cualquier Gobierno. Fin de la cita. Esto lo dijo el presidente del
Gobierno el 24 de noviembre de 2014, pueden comprobarlo. Y esas recetas
para acabar con la corrupción se fundamentaban, según él, en el
funcionamiento y la financiación de los partidos políticos, en el control
de los altos cargos, en más jueces y más legislación. Y en ese apartado
de más legislación se abrió un paquete de medidas que ustedes van a ir
poco a poco aprobando casi en solitario y que hoy ya no se las cree nadie
porque todo son mentiras, mentiras y mentiras. Ustedes hoy carecen de
toda credibilidad y no han hecho ni van a hacer nada de lo que les
tocaba.

Su señoría dice que este es el primer Gobierno de España que
presenta esta ley, y que lo que quiere la oposición es poner esta ley
fuera de contexto. Sí, es verdad que ustedes son el primer gobierno que
trae una ley como esta a España, pero está ante la legislatura más opaca
y más corrupta de la democracia española con ustedes en el Gobierno de
España.

Ustedes no traen un plan integral, no traen un plan cierto. Los
ciudadanos nos están pidiendo que haya ese plan integral que vendió el
señor Rajoy, que sea profundo y realista contra la corrupción, y ustedes
lo único que traen es una campaña de propaganda más del Gobierno que se
desmonta en cuanto se lee el articulado de este texto.

Señorías, el núcleo de este veto —lo decía antes— son
las 50 medidas contra la corrupción que los socialistas presentamos bajo
el título «Por una democracia limpia», y eso sí es un plan integral que
afecta directamente a 12 leyes y que pretende regenerar a los partidos y
a las instituciones, que es lo que necesita la sociedad española que se
encuentra profundamente desencantada de la calidad de la democracia. Se
están viendo escandalosos casos de corrupción que asola la vida política.
Por eso, la sociedad nos exige cada día más cambios para que la
democracia se adapte a las actuales necesidades de trasparencia, de
cercanía, de integridad y de rendición de cuentas. Y ustedes, como casi
siempre, han dejado pasar esa oportunidad para evitar el desprestigio de
las instituciones. Por ello, este veto, señorías.

Pensamos que era necesario que el Código Penal fuera más fuerte
en este ámbito, pero ustedes aquí no han querido ni entrar. Creemos que
se debe modificar la Ley orgánica del Poder Judicial para que sea la
Audiencia Nacional quien instruya los delitos de corrupción política y se
establezca un procedimiento sumario y preferente sobre estos delitos;
esto, ustedes no han querido ni tocarlo. Creemos que es necesario
modificar la ley tributaria para revisar la regulación del secreto
fiscal; a esto, ni acercarse. Más que nunca, señorías, consideramos que
hoy se deben incluir las nuevas conductas delictivas modificando la Ley
de contrato del sector público; esto, ni verlo. Modificar la Ley de
subvenciones y la Ley del Tribunal de Cuentas, al igual que la Ley
reguladora de la gracia e indulto; esto, ni oír hablar de ello.

Señorías, es necesaria una oficina anticorrupción, con capacidad
y con competencias, dotar a los órganos judiciales, y especialmente a la
Fiscalía Anticorrupción, de más medios humanos y materiales. A esto
ustedes dicen que para qué.

Señorías, el cese obligatorio de los altos cargos cuando se
hallen incursos en juicio oral como procesados por delitos de corrupción.
Esto tampoco, porque el señor ministro de Justicia los avala y el propio
presidente de su partido les bendice poniéndoles en las listas
electorales. Suspensión de los cargos públicos si son llamados a juicio
oral a título de procesado, las certificaciones tributarias de los altos
cargos y su publicación, así como estar al corriente de sus obligaciones
tributarias; de esto, ni hablar.

Señorías, queremos limitar los mandatos y pretendemos la
modificación del procedimiento para la designación de órganos,
designación que corresponde a esta Cámara y al Congreso de los Diputados
para despolitizarlos; eso ya, ni de cerca. Limitar y reducir los
aforamientos, regular los lobbies. Nada de nada.

Señorías, esto no es un plan integral. Nuestras enmiendas, que
luego presentará el senador Antich magníficamente, y nuestro veto sí son
algo que los ciudadanos entienden, sí son medidas creíbles y reales para
llevarlas a efecto y no sus calculadas indefiniciones.

Señorías, los socialistas presentamos este veto y estas enmiendas
porque creemos que debemos, de verdad, reformar, regenerar la democracia
desde la política, para hacerla, como les decía, más trasparente, más
cercana, más fuerte y más perdurable. Señorías, medidas como estas sí que
harían que la ciudadanía volviera a confiar en los asuntos públicos,
porque la democracia no se puede permitir el desprestigio y el descrédito
de las instituciones. La recuperación de la credibilidad es básica para
el funcionamiento del sistema, pero para ustedes solo estamos en la hora
de las promesas y no de la acción, han olvidado la conveniencia de luchar
por la dignidad y por la limpieza en la acción política.

Nos surge la pregunta de si para ustedes es bueno ahondar en el
desprestigio, de si han hecho un cálculo electoral, de si creen que a los
ciudadanos se les puede engañar dos veces.

Señorías, la corrupción es un problema que nos afecta a todos y
todos debemos trabajar para cambiar. Perdón: todos, no; porque a ustedes
parece que esto les trae al pairo. ¡Si el propio presidente del Gobierno
en el debate del estado de la nación habló dos minutos sobre la
corrupción, que es el segundo problema de este país! Habló más de Grecia
que de la corrupción. Pero por otra parte estaba claro que tenía que
hacer eso, tenía a su extesorero, que le estaba viendo por la televisión
desde una estación de esquí. Por tanto, de esto, ni hablar del peluquín,
como cantaba Juanita Reina, no vaya a ser peor el remedio que la
enfermedad del que les está viendo por la tele. Solo presentan papel
mojado, más mentiras, y yo creo que es porque tienen miedo a nuevas
iniciativas.

Los ciudadanos y los que nos dedicamos a la política honestamente
no nos merecemos ni sus mentiras, ni sus ventas de humo ni su Gobierno.
Por eso votaremos favorablemente a los vetos presentados en contra de
este triste y propagandista proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Piñeiro.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Por lo visto, por lo escuchado en el debate de esta tarde y por
algo de intuición —puesto que han faltado algunos portavoces de
otros grupos—, creo que esta ley va a ser aprobada, señor Rodríguez
Esquerdo, no solo por la mayoría de los senadores, sino también por la
mayoría de los grupos parlamentarios. Por eso quiero agradecer a
distintas formaciones del Grupo Parlamentario Mixto —a Foro
Asturias, a Unión del Pueblo Navarro y a Coalición Canaria—, a
Convergència i Unió y a los nacionalistas vascos que no vayan a apoyar
con sus votos la petición de la Izquierda Plural, de Entesa y del Grupo
Parlamentario Socialista para que se devuelva esta ley. Además quiero
también felicitarles por tener claro lo que los ciudadanos nos están
pidiendo en estos momentos a sus representantes: que frente a unos pocos
que desearían romper con todo el sistema, nuestra obligación, como decía
en mi primera intervención, es habilitar aquellas fórmulas, aquellas
normas para que aquello que sea mejorable pueda modificarse a través de
leyes como esta y como las anteriores y como la que se debatirá esta
tarde precisamente para devolver la confianza en las instituciones.

Los españoles quieren estas reformas, es nuestra manera de
entenderlo, señor Rodríguez y señor Martí Jufresa —luego me
referiré al señor Iglesias—. Nosotros estamos convencidos de que
estas leyes son necesarias porque están en sintonía con lo que está
pidiendo la calle, y una de nuestras obligaciones —así lo he
entendido en los muchos años que me dedico a esta noble actividad de la
política— es interpretar a la opinión pública. Podemos estar
equivocados, cómo no, pero interpretamos a la opinión pública que nos
pide que en la medida de lo posible haya unidad para llevar adelante
medidas como la que hoy estamos trayendo a esta Cámara. Porque esta
Cámara, señorías, está compuesta por senadoras y senadores, que, en un
momento determinado, decidieron dedicarse a esta noble actividad que es
la política —por convicción o por ideales, o simplemente porque
trataban de mejorar la vida de sus conciudadanos en los ayuntamientos, en
las comunidades autónomas o en las Cortes Generales—. Por eso hoy
tenemos esa oportunidad de interpretar a la opinión pública con esta ley,
con otras ya aprobadas y con la que aprobaremos a continuación.

Decía el señor Iglesias, utilizando un símil taurino, que
presentaban el veto porque querían devolver el toro al corral. Señor
Iglesias, cuando se devuelve un toro al corral pensando que no es el toro
perfecto —el toro que se puede indultar—, siempre puede haber
un riesgo: que, pensando que no es toro perfecto, se le devuelva al
corral sin haber visto antes si hay un sobrero. Por tanto, ante la duda
de que no sea perfecto, igual es mejor que se le toree, que es la medida
que podrían haber utilizado ustedes a través de las enmiendas.

Señor Martí, no sé si me ha entendido usted mal o he sido yo el
que le he entendido mal a usted. Esta ley no trata de quitar protagonismo
a los políticos y a los altos cargos; todo lo contrario, trata de dar
unas normas para que esos altos cargos obtengan una confianza de los
ciudadanos precisamente por esas normas que tienen que cumplir.

Decía usted que una ley como esta o como otras lo que tenían que
hacer era evitar la posibilidad de fraude o la posibilidad de corrupción.
Yo estoy seguro de que usted está buscando la perfección, pero la
perfección no la puede conseguir. Lo que hace esta ley es poner remedio,
evitar esas transgresiones con medidas rigurosas y sancionar a aquellos
que se las salten. Por eso, se debe ir mejorando con el tiempo. Sí es
verdad que la opinión pública piensa —lo he dicho en varias
ocasiones— que hay que tomar esas medidas, pero estas leyes tratan
de evitar esos casos y de poner a disposición de la justicia a aquellas
personas que lo hayan hecho, porque sí son sus responsabilidades. El
corrupto que, utilizando esas rendijas del sistema, pueda cometer una
infracción o un acto de corrupción, incluso un delito, es responsabilidad
de él, porque siempre los ha habido y siempre, por desgracia, los habrá,
esperemos que cada vez menos, pero la responsabilidad es de él. Nuestra
responsabilidad, cuando estamos legislando, es que esos corruptos paguen
esa corrupción, esa es nuestra responsabilidad, porque corruptos hay en
todos los órdenes de la vida, señor Martí Jufresa, en todas las
actividades, en todas las profesiones, también en la política; claro, que
en la política es la mayor preocupación.

Por cierto, señor Esquerdo, el CIS ha sacado, creo que hace
cuatro o cinco días, el índice de preocupación que los ciudadanos tienen
sobre la corrupción y el fraude, y no es para estar orgullosos, por
supuesto; no es para estar orgullosos nunca, aunque sea un porcentaje
ínfimo, pero sí es cierto que en los últimos tres meses la valoración que
tienen los ciudadanos sobre la corrupción y el fraude ha bajado 15
puntos. Yo no digo que sea exclusivamente por estas medidas que el
Gobierno del Partido Popular y el Partido Popular ha puesto en marcha
—lo dije en comisión—; no tiene por qué ser una medalla
exclusivamente del Partido Popular, debe ser una medalla de todos los que
tenemos estas responsabilidades. Por eso cada vez entiendo menos que
partidos como el Socialista se retiren de algo tan importante, que no es,
ni más ni menos, que la unión que nos están pidiendo los ciudadanos. Allá
ustedes. No me voy a meter en sus responsabilidades.

A la señora Rivero, de Convergència i Unió, le quiero dar las
gracias por colaborar con el Gobierno, con el Grupo Popular para sacar
adelante este proyecto de ley.

Señor Rodríguez Esquerdo, ha hecho usted una insinuación, que no
sé si ha querido ser una gracia o qué, cuando ha dicho que la
vicepresidenta no está aquí y que podría estar haciendo alguna cosa en
Andalucía. ¡Hombre, no me lo ponga fácil! Yo he venido a hablar de las
medidas positivas que debemos poner en marcha contra la corrupción. Si
quiere usted que hablemos de corrupción en un debate, lo hacemos;
perfectamente. Pero no hace falta pasar Despeñaperros. Por eso no voy a
entrar en ello, entre otras cosas porque tengo la ligera sospecha de que
alguien me quiere utilizar aquí para líos internos que pudieran tener.
Porque si hoy no está aquí la vicepresidenta —que tendrá muchas
ocupaciones—, yo podría preguntar por qué no está aquí algún
senador también de Andalucía. Pero no lo voy a hacer. No me lo ponga
usted fácil, señor Esquerdo. (Rumores). Si quieren les digo a qué senador
me estoy refiriendo. (Rumores). Si me dejan, acabo. (El señor López
Águeda: No diga tonterías). ¿Cómo ha dicho? Repítalo. (El señor López
Águeda: Que no diga tonterías.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, aténganse
al debate.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Por favor, que conste en acta lo
que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, que demuestra una vez más
cómo cuando ellos tratan de acusar a los demás y alguien con toda
educación les dice algo que a ellos les está pasando, la contestación es
el insulto, y más viniendo de esa persona. (El señor López Águeda: No le
he insultado.)

En fin, señorías, ustedes expliquen lo que tengan que explicar.
Yo podría volver a decir aquí que el Partido Popular ha sido el único que
ha puesto en marcha esta serie de medidas; podría decir que los
socialistas han gobernado España durante veintiún años y que nunca
adoptaron estas medidas ni otras similares; podría hablar de altos cargos
del pasado y del presente del Grupo Parlamentario Socialista, como ha
querido insinuar su portavoz. Pero no lo voy a hacer, porque lo que
nosotros pretendemos con esta ley no es ni más ni menos que poner en
marcha medidas para tratar de evitar algo que debe ser una vergüenza para
todos los que nos dedicamos a la actividad política.

Ha dicho usted aquí que en lo único que ahonda esta ley es en el
desprestigio de los políticos, señor Rodríguez; lo mejor sería releer su
intervención y ver quién es el que de verdad ha hecho comentarios aquí
para tratar de hacer ver que el desprestigio de los políticos,
especialmente el de algunos, es cada vez mayor.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señorías.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde. (Pausa).

Eran las quince horas y cuarenta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, comenzamos votando las propuestas de veto al Proyecto
de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración
General del Estado.

Ha utilizado la votación telemática el senador Marín Torrecillas,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. El sentido de su voto ha
sido en contra de todas las propuestas de veto.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217
más 1 voto telemático, 218; votos emitidos, 216 más 1 voto
telemático, 217; a favor, 65; en contra, 136 más 1 voto telemático, 137;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 2, de los
senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218
más 1 voto telemático, 219; votos emitidos, 218 más 1 voto
telemático, 219; a favor, 67; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 3, de todos
los senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
menos los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217
más 1 voto telemático, 218; votos emitidos, 217, más 1 voto
telemático, 218; a favor, 67; en contra, 136 más 1 voto telemático, 137;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217
más 1 voto telemático, 218; votos emitidos, 217 más 1 voto
telemático, 218; a favor, 66; en contra, 137 más 1 voto telemático, 138;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El señor PRESIDENTE: Rechazadas las propuestas de veto, pasamos,
a continuación, a votar las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley
Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio.

Comenzamos votando las enmiendas de la senadora Capella i Farré,
del Grupo Parlamentario Mixto.

En primer lugar, sometemos a votación la enmienda 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 2; en contra, 135;
abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 43, 44, 48 y 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 2; en contra, 134;
abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 50.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 2; en contra, 135;
abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas 45, 46, 51, 52, 54, 55
y 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 2; en contra, 197;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 61 y 62.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 81; en contra, 135;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 47, 49, 56 a 58 y 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes,
216; votos emitidos, 215; a favor, 65; en contra, 134; abstenciones,
16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto, comenzamos votando las
enmiendas 1, 4, 10, 11, 18 a 20, 25, 27, 28, 31, 32, 34 a 36, 38
y 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes,
217; votos emitidos, 216; a favor, 66; en contra, 135;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 23, 40 y 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 81; en contra, 135;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2, 3, 5, 12
a 14, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 29, 30 y 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes,
218; votos emitidos, 216; a favor, 4; en contra, 196; abstenciones,
16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 6 a 8, 15 y 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 5; en contra, 134;
abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, votamos la
enmienda 119.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 201; en contra, 1;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 134.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes,
218; votos emitidos, 217; a favor, 143; en contra, 63; abstenciones,
11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 138.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 80; en contra, 134;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 142.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 81; en contra, 135;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 127.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 7; en contra, 197;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 128 y 129.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 6; en contra, 135;
abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 120 y 125.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes,
218; votos emitidos, 217; a favor, 6; en contra, 136;
abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 131, 135, 140 y 141.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 6; en contra, 198;
abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 114, 115, 118, 130, 132, 136, 137
y 139.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 72; en contra, 133;
abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 126 y 133.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 7; en contra, 197;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 116, 117, 121, 122 y 124.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 7; en contra, 132;
abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, votamos
la enmienda 162.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 64; en contra, 135;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 155, 157, 160, 163, 164 y 171.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 65; en contra, 129;
abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 143 a 147, 149
a 154, 156, 158, 159, 161, 165 a 168, 174 y 176.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 65; en contra, 134;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 148, 169, 170, 172, 173 y 175.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 81; en contra, 131;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 177, 178, 181, 187, 188, 195
a 197, 201, 203, 206 y 210.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 66; en contra, 135;
abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 179, 180, 182, 186, 189
a 191, 193, 194, 198 a 200, 202, 204, 205, 207 y 211.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 3; en contra, 195;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 183 a 185, 192, 208 y 209.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 3; en contra, 136;
abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
votamos las enmiendas 98, 100, 101 y 111.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 26; en contra, 135;
abstenciones, 54.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 102.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 80; en contra, 135;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 103 y 107.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 13; en contra, 198;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 106 y 112.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 13; en contra, 200;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 105, 108 a 110 y 113.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 80; en contra, 135;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 104.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 17; en contra, 136;
abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda 83.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 69; en contra, 133;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 76, 78, 81, 84, 85 y 92.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 216;






a favor, 67; en contra, 134;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 68, 90, 91 y 93 a 95.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 214; a favor, 79; en contra, 132;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 63 a 67, 69 a 75, 77, 79, 80, 82, 86
a 89, 96 y 97.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 68; en contra, 133;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la
enmienda 224, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, en la
redacción dada a la misma aprobada en la reunión de la ponencia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 199; a favor, 71; en contra, 126;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las
enmiendas 216 a 218, 220 y 225, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 74; en contra, 132;
abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos la propuesta de modificación del dictamen con
número de Registro 168 296, sobre la enmienda 99 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 149; en contra, 66;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
Registro 168 297, sobre la enmienda 123 del Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 149; en contra, 63;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
Registro 168 298, sobre la enmienda 88 del Grupo Parlamentario
Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 200; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de
ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 133; en contra, 21;
abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 134; en contra, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señorías, volvemos al Proyecto de Ley
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado. Entramos en el debate de las enmiendas.

En primer lugar, la senadora Capella, del Grupo Parlamentario
Mixto, ha presentado las enmiendas 20 a 96. Para su defensa, tiene la
palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Enmienda 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por los
senadores Eza Goyeneche, Yanguas Fernández y la senadora Salanueva
Murguialday.

Para su defensa tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La única enmienda que presenta Unión del Pueblo Navarro la damos
por defendida. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Señorías, guarden silencio, por favor.

Los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes han
presentado las enmiendas 2 a 19.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir con la mayor brevedad, dándolas por defendidas.
Son 17 enmiendas. Dos de ellas afectan al artículo 1, incluyendo en el
ámbito de la ley a los miembros del Consejo de Gobierno del Banco de
España y a los miembros de la Casa Real.

Otras dos enmiendas afectan al artículo 2, para que se considere
que no concurren las circunstancias de honorabilidad a los imputados por
los delitos que se reflejan en el precepto y para que también esos
supuestos de no concurrencia de honorabilidad se amplíen a las
administraciones autonómica y local.

En el artículo 6 planteamos una nueva regulación de la
compensación tras el cese del alto cargo para que la perciba por el mismo
tiempo que lo desempeñó, con un máximo de veintidós mensualidades y por
un importe de una doceava parte del 60 % de sus retribuciones, previendo
la posibilidad de su percepción por la viuda o el viudo y los huérfanos,
en caso de fallecimiento.

Se proponen dos enmiendas al artículo 13, proscribiendo cualquier
otra remuneración que no sea la compensación por gastos de viaje y
estancia, y para que las publicaciones y participaciones en cursos y
conferencias de los altos cargos nunca sean retribuidas.

En el artículo 14 introducimos una incompatibilidad absoluta de
los altos cargos con cualquier participación societaria.

En el artículo 15 se aumenta a cinco años la espera para
incorporarse a empresas privadas relacionadas con las competencias del
cargo, como manifestaba en la defensa del veto, no con aquellos ámbitos
que hayan sido motivo de decisión por parte del alto cargo.

En el artículo 17 planteamos una enmienda para establecer un
régimen más riguroso en la presentación a la oficina de conflictos de
intereses de los datos fiscales al tomar posesión y al cesar.

En el artículo 19 concebimos esta oficina de conflictos de
intereses como una oficina independiente, cuyos miembros serían nombrados
por el Congreso de los Diputados, con un respaldo de tres quintos.

En el artículo 26 limitamos la competencia de la Abogacía del
Estado para ser un filtro a la hora de acudir a la Fiscalía, cuando ello
sea oportuno.

En el artículo 27 se atribuye a la oficina de conflictos de
intereses la función de instruir los expedientes.

Y en el artículo 28 se amplían los plazos de prescripción. Por
otro lado, establecemos nuevas disposiciones: una nueva disposición
adicional para reformar la Ley Orgánica del régimen electoral general,
declarando la incompatibilidad con la actividad privada de diputados y
senadores. Una nueva disposición adicional para que en seis meses el
Gobierno presente un proyecto de regulación de los lobbies. Otra nueva
disposición adicional para que presente un proyecto limitando el
aforamiento. Y, finalmente, una disposición transitoria nueva para que
reglamentariamente se establezca la aplicación de esta ley a organismos,
entes y empresas públicas.

Muchísimas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Entesa ha presentado dos bloques de
enmiendas: las números 33 a 53 y 54 a 71.

Para la defensa del primer bloque de enmiendas, tiene la palabra
el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.

Señorías, nuestro grupo ha presentado un total de veinte
enmiendas, que resumiré en seis bloques. El primero tiene que ver
directamente con las medidas para prevenir la corrupción. Así, la
enmienda 49 propone una nueva disposición adicional para que se cree la
oficina anticorrupción, que podríamos llamar coloquialmente la oficina de
asuntos internos dentro del régimen y la gestión de los altos cargos de
la Administración General del Estado. Asimismo, las enmiendas 33 y 34
especifican claramente que todas aquellas personas con vinculación con
procesos de corrupción no puedan ser nombradas si están en fase de juicio
oral y que ello comporte inmediatamente su cese si se produce después o
durante el ejercicio de sus funciones.

El segundo bloque de enmiendas está relacionado con lo que
llamamos coloquialmente puertas giratorias, es decir, la colusión de
intereses público-privados. Las enmiendas 38, 39 y 40 tienen que ver con
la ampliación del marco de la incompatibilidad para ocupar puestos en
empresas relacionadas con el sector y el ámbito en el que se hubiera
trabajado en la Administración. Las enmiendas indican que no se podrá
trabajar ni proveer de asistencias técnicas a todas aquellas empresas, no
solo que tengan que ver con la toma de decisiones de un determinado
puesto, sino con las competencias del conjunto del departamento en el que
se encuentre ese puesto. Asimismo, la enmienda 41 alarga el período de
imposibilidad de trabajar en el sector de referencia del puesto del alto
cargo de dos a cinco años en el caso de que la persona no hubiera tenido
anteriormente a su nombramiento ninguna relación ni ninguna vinculación
con ese sector. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).

El tercer bloque tiene relación con la declaración de bienes y
derechos a presentar antes del nombramiento y después del cese. En este
sentido, la enmienda 42 amplía los términos de esta declaración y
establece mucho más claramente la extensión al cónyuge en general, así
como su obligación en el caso de intereses en sociedades referente a
hijos dependientes y personas tuteladas.

El cuarto bloque lo constituyen las enmiendas 43, 44 y 45,
referidas a la oficina de conflictos de intereses, para que esta dependa
de la Presidencia del Gobierno y no del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y para que tenga más funciones en la
supervisión de la actuación de los altos cargos. En definitiva, para que
sea mucho más proactiva y no solo una oficina que dé trámite, que dé
cumplimiento a las obligaciones que fija la ley, sino que tenga actividad
propia en la prevención de los posibles conflictos de intereses.

En el quinto bloque están las enmiendas relacionadas con la
transparencia. La enmienda 46 detalla con mayor abundamiento el registro
público de declaraciones patrimoniales, mientras que la enmienda 48, que
también se refiere a una propuesta de nueva disposición adicional,
propone que el Congreso sea informado de los gastos de representación de
los altos cargos de una manera periódica y regular.

Finalmente, el último bloque lo componen propuestas de nuevas
disposiciones finales. La enmienda 50 tiene que ver con la regulación de
los grupos de intereses o lobbies. La número 51, con la regulación y la
obligación de publicidad activa, proponiendo un cambio en la Ley de
transparencia en lo relacionado con los gastos de publicidad y
comunicación institucional. La enmienda 52 propone la limitación de
mandatos en la Presidencia del Gobierno. Y la enmienda 53, un
procedimiento de elección de cargos derivados de la designación
constitucional por parte de las Cortes y otros organismos asimilables,
que proponga una convocatoria pública con requisitos, un comité asesor y
comparecencias parlamentarias mucho más estrictas en relación con ese
procedimiento previo para el nombramiento de esos cargos.

En definitiva, señorías, hemos formulado un conjunto de enmiendas
destinadas, como he dicho antes, a evitar retrocesos en la legislación
actual y que esta ley lamina en buena parte en términos de exigencias y
controles para los altos cargos y, sobre todo, nuevas propuestas para que
en ámbitos que la ley no aborda la Administración disponga de medidas
anticorrupción en un sentido mucho más amplio.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martí.

Para la defensa de las enmiendas 54 a 71, tiene la palabra el
senador señor Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Al portavoz del Grupo Popular: mire, de las diecisiete enmiendas
que hemos presentado el senador Saura y yo, idénticas a las de los
senadores Mariscal e Iglesias, quiero hacer referencia a tres.

Usted antes nos emplazaba a apoyar este proyecto de ley, que da
un salto adelante en transparencia, en evitar las puertas giratorias,
etcétera. Pues bien, voy a plantear esas tres enmiendas, y si me las
acepta, voto a favor del texto. Primera: volver al redactado inicial.
¿Qué quiere decir? Que ningún alto cargo podrá participar en un lapso de
tiempo en empresas cuyas actividades hayan estado bajo su dirección; no
que haya tomado decisiones que la afectan, como recoge el actual
redactado del artículo 15; no. Segunda: incompatibilidad absoluta en la
participación en empresas que afecten a lo que ha sido su actividad. Y
tercera: el conocimiento —la enmienda 63— de la situación
patrimonial cuando uno accede al alto cargo y cuando sale.

Si me acepta estas tres o —se lo pongo más fácil— si
me acepta una de las tres, voto a favor su proyecto de ley. Lo repito.
Transparencia: que la persona diga qué tiene cuando entra y qué tiene
cuando sale. Evitar puertas giratorias. Fijar con claridad que no se
puede estar en misa y en la procesión, es decir, tomando decisiones o
interviniendo en un sector en el que luego se participa. Insisto: si
usted lo acepta, ya lo sabe.

Gràcies, senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Guillot.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas
números 72 a 92.

Para su defensa, tiene la palabra el presidente Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.

Señorías, hemos presentado veintiuna enmiendas a este proyecto de
ley. Desde nuestro punto de vista, este proyecto de ley no está a la
altura de lo que demanda la ciudadanía en estos momentos, por tanto, no
le vamos a dar apoyo.

En el proyecto de ley, en el Congreso ya hubo muy poca voluntad
de acuerdo; basta ver el resultado de nuestras enmiendas allí. Y en el
Senado se nos ha hecho una propuesta que no hemos podido aceptar, porque
de alguna forma se acaba con la motivación política que tenía esta
propuesta, que era dar más facultades de investigación y de comprobación
a la oficina de conflictos de intereses. Sin perjuicio de todo ello,
quiero valorar la actitud del senador Sala, que me consta que ha
intentado que se pudieran negociar otras enmiendas.

Este proyecto de ley, junto con el Código Penal y con el que
veremos después, de reforma de la financiación de los partidos políticos
y del Tribunal de Cuentas y algunas otras legislaciones, de alguna forma
persiguen el gran reto de luchar contra la corrupción y la desafección y,
por tanto, mejorar la calidad democrática e impulsar la regeneración
democrática.

Pues bien, y lo digo en general, si realmente se quería que nos
sumáramos muchos a este acuerdo, creemos que para intentar llegar a él se
habría tenido que formular de otra forma y no de una manera fraccionada,
como se ha hecho, viendo distintos proyectos de ley, sabiendo que estamos
tratando de una materia muy transversal y que, por tanto, necesita de una
visión de conjunto. Y lo digo, porque eso ha obligado a que a los
distintos proyectos, y a este también, hayamos tenido que presentar
enmiendas específicas del proyecto, pero también otras enmiendas que van
más allá y que, por tanto, tienen un contenido más amplio. La verdad es
que en distintas ocasiones se nos ha contestado que no era posible
introducir estas enmiendas porque no eran parte del contenido, pero yo
quería explicar que se ha hecho este trabajo en el sentido de intentar
ver una panorámica mucho más amplia.

Coincido con el señor Piñeiro en que la credibilidad de estas
acciones significaba un gran consenso, y creo que la imposibilidad de ese
consenso viene determinada porque no ha habido la misma capacidad de
negociación en las distintas normas, e incluso en muchas de ellas ha
habido una confrontación muy importante. Por tanto, creo que no ha habido
ese espacio de consenso, en el que sin duda todos estábamos obligados a
trabajar, dada la desafección que hay en estos momentos respecto de las
instituciones. Y siendo, como es, la corrupción y la desafección de las
instituciones un problema —no sé si el primero, el segundo, o si
habremos bajado quince puntos—, creo que todos coincidimos en que
se trata de un problema real que nos implica a todos, y creemos que la
forma en que se ha actuado para buscar este consenso y tratar una materia
tan transversal no es la que se necesitaba.

A pesar de que discrepemos en otros proyectos y de que hayamos
tenido choques muy importantes, hemos seguido presentando enmiendas que
creemos que podrían mejorar de manera muy relevante este proyecto de ley,
que desde nuestro punto de vista sigue siendo un proyecto sin
instrumentos eficaces para luchar contra la corrupción. Estamos tratando
con más de lo mismo, sin entrar en los conflictos que realmente tenemos
en estas materias. Si queremos luchar contra la corrupción no basta una
posición pasiva respecto de estos temas; necesitamos instrumentos
eficaces e instrumentos que puedan investigar esas situaciones y
comprobar los hechos. No bastan simples declaraciones, que, además, como
se ha dicho, se suavizan con esta normativa respecto de la Ley 5/2006. O
sea, el detalle de las declaraciones se deslegaliza en estos momentos por
este proyecto de ley y pasa a ser mucho menos concreto de lo que es con
la normativa vigente.

Hay algo que es importante y que nos está pasando en muchos otros
temas. Me refiero a que necesitamos organismos que actúen y organismos
que sean independientes, porque muchas veces hacemos depender a aquellos
que tienen que controlar de los que tienen que ser controlados. Y eso no
funciona. En este sentido, creemos que no acabamos de actuar en todo
aquello que de alguna forma debiera diferenciarnos respecto de lo que
hemos hecho hasta este momento. Si realmente todos reconocemos que se
necesitan cambios, vayamos a hacer cambios y no a actuar en toda una
serie de normativas, lo que desde nuestro punto de vista, significa, como
he dicho, más de lo mismo.

Y lo mismo pasa con el tema de las puertas giratorias; tampoco
hay una actuación respecto de estas.

Nosotros creemos que ese organismo tiene que actuar para intentar
paliar o poner barreras a la posibilidad de casos de corrupción y para
crear nuevas normativas que ayuden a que esto no pase. Eso se tendría que
hacer mediante una oficina anticorrupción, como la que proponemos en una
de nuestras enmiendas, con autonomía, con capacidad y, repito, con
independencia, porque estamos muy acostumbrados a que si no existe esta
independencia, muchas de las normativas que estamos aprobando se diluyan
y no sirvan para nada. Por tanto, si queremos cambiar respecto de lo que
tenemos hasta ahora, tiene que haber políticas activas y no, pura y
simplemente, una posición pasiva.

Decía que también hay que actuar con las puertas giratorias. Por
eso se propone extender a cinco años el período de incompatibilidad tras
el cese en aquellos supuestos en que el alto cargo preste servicio a
empresas del sector cuyo ámbito de actividad sea el propio de sus
funciones como alto cargo y en el que no tuviese experiencia previa con
anterioridad al nombramiento como tal. Se trata de intentar dar un paso
más respecto de esta cuestión, que preocupa muchísimo a la gente.

Por otra parte, no se entiende que estemos hablando de altos
cargos y del trabajo que tiene que hacer la Administración pública y no
regulemos los lobbies y los grupos de interés, pero no solo para su
relación con las Cámaras, sino también para su relación con las
administraciones públicas para que, efectivamente, haya una relación
clara de lo privado con lo público y que, por tanto, se pueda conocer al
detalle qué es lo que está pasando en este tipo de relaciones.

También hemos propuesto nuevas medidas que pretenden impedir que
puedan acceder o permanecer como altos cargos de la Administración
pública personas que aparecen vinculadas a delitos de corrupción. Para
ello se establece como requisito para ser nombrado alto cargo no haber
sido condenado o no hallarse incurso en juicio oral a título de imputados
o procesados por delito, fijando de esta manera las circunstancias que
impidan que un cargo relacionado con la corrupción legalmente no pueda
ser elegido para ocupar un puesto o no pueda permanecer en él.

Por otra parte, en el sentido de dar mayor fortaleza a la
prevención de conflictos de intereses tras el cese de un alto cargo, se
ha presentado una enmienda con respecto a la contratación, con el fin de
no poder celebrar por sí mismo o indirectamente en más del 10 % contratos
de asistencia técnica de servicios similares con las administraciones
públicas.

En relación con la declaración de bienes y servicios, presentamos
una enmienda para que haya un detalle concreto estas declaraciones y que
no se rebaje lo que en estos momentos ya es ley y, por tanto, no demos
marcha atrás en este tema. Además, en relación con la publicación de los
bienes de los altos cargos pedimos que haya un mayor detalle sobre los
datos de estos que reflejen como mínimo los de todos los bienes y
derechos sobre bienes inmuebles, actividades económicas, etcétera.

A la oficina de registro de intereses presentamos una enmienda,
que es la que se ha intentado transaccionar, con la que queremos que no
sea una cosa pasiva, sino que tenga facultades de inspección y
comprobación. Proponemos la modificación de la Ley de transparencia
—como ya propusimos en su día—, en el sentido de que sean de
obligatoria publicidad activa los temas relativos al urbanismo y las
campañas publicitarias, cuestiones que históricamente han tenido mucha
relación con casos de corrupción, por lo que no se entiende de ninguna
manera que no se incluyan como publicidad activa y se dé mucha más
transparencia a este tipo de actividades.

Hay otras enmiendas que van dirigidas a reforzar la oficina del
conflicto de intereses y los informes que debe hacer. Se propone que
también se envíen al Congreso; y no figura el Senado, pero creo que
también debería figurar. También se pide que se hagan informes de los
gastos de representación de los distintos ministerios y se remitan a las
Cortes Generales. Asimismo, presentamos alguna enmienda de adscripción de
la oficina de conflictos de intereses, en vez de al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, al Ministerio de la
Presidencia.

Y, finalmente, presentamos dos enmiendas dirigidas a mejorar la
calidad democrática. Se trata de mejorar los mecanismos para designar los
órganos constitucionales y organismos reguladores, así como para fijar
limitaciones a los mandatos del presidente del Gobierno.

Ya sé que algunas de estas cuestiones pueden ir más allá de lo
que es una ley ordinaria, pero también sé que estamos en unas Cámaras
donde se puede llegar a acuerdos. Y con esto quiero decir que, en los
distintos proyectos, para una cuestión fundamental como es la corrupción
y la desafección que existe respecto de las instituciones y la búsqueda
de la regeneración democrática, es una pena que no haya existido un
espacio, un lugar donde se pudiera tener una visión de conjunto y no una
visión tan cerrada y parcial como la que se ha tenido, como he dicho
antes, a trozos. Creemos que la normativa no aporta lo que realmente se
espera de ella. Puede que se coordinen cosas que ya existen, sin
perjuicio de que, en algunos casos, se rebaje lo actualmente vigente. Por
tanto, de ninguna manera podemos dar nuestro apoyo al proyecto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.
Gracias, presidente Antich.

Pasamos al turno en contra.

Tiene la palabra el senador señor Sala.

El señor SALA TORRES: Gracias, presidente.

Señorías, me corresponde en este turno fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular con respecto a las enmiendas presentadas a
este proyecto de ley. Son, en total, noventa y dos enmiendas; de ellas,
las cinco presentadas por el Grupo Parlamentario Popular ya se
incorporaron a la ponencia y al dictamen de la comisión. Y la enmienda
número 27, de Convergència i Unió, fue retirada por el grupo proponente
porque la redacción de la disposición adicional primera, afectada por
ella, ya había sido transaccionada en el Congreso y el texto remitido
respondía a las expectativas pretendidas por la enmienda. En cuanto a las
treinta y nueve enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya son idénticas a las presentadas por otros
grupos. Las enmiendas 33 a 53 son exactamente iguales a las enmiendas 72
y 92, presentadas por el Grupo Socialista, y las enmiendas 54 a 71,
exactamente iguales a las números 2 a 19, presentadas por los senadores
de Izquierda Unida, del Grupo Parlamentario Mixto. Por tanto, quedan
vivas para ser debatidas en este Pleno ochenta y seis enmiendas, que en
realidad son cuarenta y siete, como consecuencia de la identidad de las
treinta y nueve a las que he aludido antes.

Con respecto a la enmienda 45, de Entesa pel Progrés de
Catalunya, y la 84, del Grupo Parlamentario Socialista, ya se ha dicho
aquí que propusimos una transacción que fue rechazada en comisión y
también ante este plenario por parte del señor Antich. Nosotros
mantendríamos esta transacción, que lo que hace es denegar las facultades
de comprobación e inspección que pretenden atribuir a la oficina de
conflicto de intereses. Creemos que son competencias que no le
corresponden, que no tiene atribuidas porque las tienen otros organismos,
como establecen la propia ley y el conjunto del ordenamiento jurídico.
Por tanto, creemos que hay que respetar la estructura y la sistemática de
nuestro ordenamiento. De todas formas, según la propuesta transaccional,
la redacción del nuevo apartado número 5 del artículo 19 —que no me
resisto a leer— sería la siguiente: La Oficina de Conflicto de
Intereses será el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de las
obligaciones previstas en esta ley y las declaraciones presentadas por
los altos cargos. Para ello podrá formular requerimientos a quienes sean
nombrados o cesen en un alto cargo e instar actuaciones conducentes al
cumplimiento de las obligaciones y a la exigencia de
responsabilidades.

No sé si estamos a tiempo de que lo reconsideren, pero me
gustaría que la transacción pudiera aceptarse.

Antes de seguir, me gustaría contestar al señor Guillot, que ha
sido muy contundente en sus afirmaciones, para decirle que no sé si
leemos lo mismo o interpretamos de igual modo lo que está escrito, porque
creo que las tres cosas que demanda están perfectamente reguladas en la
ley. Por tanto, podría pensar en cambiar el sentido de su voto y hacerlo
a favor del proyecto.

Con las salvedades anteriores, las restantes enmiendas no pueden
ser aceptadas por el Partido Popular por las razones que trataré de
expresar a continuación, algunas de ellas, por plantear cuestiones que no
forman parte del ámbito del proyecto de ley o están reguladas en otras
normas, lo que alguno de los intervinientes, como el señor Martí, ha
reconocido expresamente.

Así, la número 1 pretende que se regule en el ordenamiento
jurídico español la figura del whistleblowing, figura reconocida en el
derecho anglosajón, pero ajena a nuestro sistema y de dudosa eficacia en
el mismo. Basta acudir a la connotación peyorativa que tiene su
traducción, soplón, en nuestro idioma para ser pesimista al respecto,
aunque a efectos políticos se haya querido sustituir esta traducción por
otras más eufemísticas, como alertador o regulador de secretos. En
cualquier caso, no resulta adecuado introducir esta obligación para el
Gobierno en una norma referida a altos cargos de la Administración del
Estado cuando es de suponer que lo que se pretende es que afecte a todas
las instituciones.

Las enmiendas 16 y 68 pretenden una modificación de la Ley
orgánica del régimen electoral general, sin tener en cuenta que los
diputados y senadores no están asimilados a los altos cargos de la
Administración General del Estado e incluso que el proyecto tiene el
carácter de ley ordinaria y como tal carece de rango normativo suficiente
para modificar una ley orgánica.

Las enmiendas 5 y 57 intentan que la ley afecte en algunos
aspectos a los altos cargos de las comunidades autónomas y de las
entidades locales cuando están expresamente excluidos de su ámbito.

Las enmiendas 17, 26, 50, 69 y 89 pretenden introducir la
obligación del Gobierno de regular los lobbies, cuando en el Congreso de
los Diputados ya han comenzado los trabajos para hacerlo.

Las enmiendas 18 y 70, sobre aforamiento de diputados y
senadores, ya han sido atendidas en la disposición final séptima del
Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica financiera
de los partidos políticos, que debatiremos a continuación.

La número 20 niega cualquier tratamiento de cortesía a los altos
cargos de la Administración General del Estado, cuando tales tratamientos
ya quedaron en desuso desde la aprobación del Código de buen gobierno de
los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del
Estado de febrero de 2005.

Las enmiendas 2, 3, 54 y 55 pretenden que se consideren altos
cargos los miembros de la Casa Real y los consejeros del Banco de España,
que tienen su propia norma regulatoria.

Tampoco parece oportuno ni adecuado pretender mediante esta ley
limitar el mandato del presidente del Gobierno, como intentan las
enmiendas 52 y 91, o crear una oficina anticorrupción, como pretenden
la 49 y la 88, que además no tienen en cuenta que ya existen en los
distintos niveles territoriales organismos que desempeñan funciones
similares.

Por fin, la 53 y la 92, que inciden sobre el procedimiento de
designación o intervención en el nombramiento de autoridades por las
Cortes Generales, contienen un mandato de reforma de los reglamentos de
las cámaras que no respeta la autonomía parlamentaria.

Resulta a todas luces improcedente incluir en este proyecto de
ley las cuestiones que se proponen en las enmiendas comentadas, aún en el
supuesto de que estuviéramos de acuerdo con ellas, que lo estamos en
buena parte, como ha quedado patente en mi exposición, ya que han sido
reguladas en otros textos legales ya aprobados o en trámite o se hallen
en estudio para incorporarlos a otros futuros.

El Grupo Popular rechazará también las restantes enmiendas por
las razones que señalaré, aún sin indicar en todos los casos la enmienda
concreta a que voy a referirme. Así, es desproporcionado extender la
incompatibilidad tras el cese de un alto cargo a cinco años. En la
generalidad de los países de nuestro entorno se mantiene en dos y además
ello tendría que llevar aparejado un mayor período de percepción de la
retribución compensatoria.

La oficina de conflictos de intereses, en cuanto a sus funciones
y competencias, ya viene reforzada por el proyecto de ley. No procede
atribuirle competencias sancionadoras porque estas ya vienen establecidas
en la Ley 19/2013 de trasparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

La redacción de la enmienda 24 es cuando menos confusa, pero
cualquiera de sus interpretaciones supondría un incremento de gasto
público, ya que su puesta en práctica exigiría subir las retribuciones a
numerosos altos cargos. Entendemos que el régimen sancionador y los
plazos de prescripción son coherentes con el resto del ordenamiento
jurídico.

Por otra parte, las leyes no necesitan de un reglamento que
garantice su cumplimiento, como parecen demandar las enmiendas 19 y 71.
Parece una propuesta contradictoria cuando no absurda. El proyecto ya
proclama el principio de austeridad en el ejercicio del cargo. No se
puede entrar en la casuística que pretenden algunas enmiendas sobre uso
de coches oficiales o uso de espacios públicos. Por cierto, a ello se
refiere la enmienda 22, que no entiendo, cuando exige que sean enumerados
por ley los espacios públicos que sean de uso exclusivo de los altos
cargos. No sé a qué espacios públicos se refiere. Es una enmienda de la
señora Capella.

La prohibición de acceso a penados sin límite temporal supone una
inhabilitación que solo puede imponerse por ley orgánica, y este proyecto
tiene el carácter de ley ordinaria. Y la inclusión de imputados en la
prohibición de acceso a un alto cargo atentaría contra el principio
constitucional de presunción de inocencia. La verdad es que me gustaría
extenderme en este tema porque algunos senadores son muy garantistas
cuando les conviene y todo lo contrario en ocasiones como esta. Me
pregunto si no sería mejor tratar de explicar a la sociedad el verdadero
significado del término imputado y no insistir en atribuirle
connotaciones negativas que en realidad no tiene.

El concepto riesgo de conflicto a que se refiere el
artículo 3.1.b) es más amplio que el de conflicto, por lo que no vemos
por qué se pretende suprimir la palabra riesgo, que es una situación
previa a la de conflicto propiamente dicho.

La Ley de transparencia ya establece el marco general de
publicidad de las retribuciones así como la comunicación a las Cortes
Generales de los gastos de representación. La limitación de contratos
tras el cese con todas las administraciones es desproporcionada. La
pérdida de imparcialidad e independencia solo puede producirse cuando
intervenga la Administración de la que el alto cargo proceda. La Agencia
Estatal de Administración Tributaria no puede certificar la situación
patrimonial del alto cargo porque no es de su competencia ni cuenta con
esta información. Piénsese en el caso de que el alto cargo no esté
obligado a efectuar la declaración de patrimonio o que este impuesto haya
desaparecido o no exista. Y en cuanto a la certificación de cumplimiento
de las obligaciones tributarias desde el comienzo hasta el final del
mandato, que sí han de ser declaradas —estamos hablando de la
certificación de la Agencia Tributaria—, solo podrían emitirse con
inasumibles retrasos porque, por ejemplo, el plazo para declarar finaliza
a los seis meses del final del ejercicio, con lo cual la certificación
correspondiente a un alto cargo que hubiera cesado a primeros de un año,
no podría emitirse hasta el segundo semestre del año siguiente. La
publicidad de las declaraciones de todos es sabido que supone un
importante riesgo a la seguridad que no debemos asumir porque contiene
datos personales que no han de publicarse.

El régimen de indemnizaciones, por razón de servicio en lo que
afecta a transporte, manutención y alojamiento, está sujeto a baremos y a
justificación de gastos, por lo que no puede darse enriquecimiento ni
duplicidad de percepciones por estos conceptos. Del mismo modo, no vemos
motivo por el que se deba prohibir la remuneración de actividades a que
se refiere el artículo 13.2 relacionadas con la ciencia, la cultura y la
educación que, en general, son ocasionales y excepcionales además de que
solo pueden desarrollarse si no comprometen la imparcialidad e
independencia del cargo.

Hay enmiendas, como la 13 y la 65, que contienen un juicio de
valor sobre la actuación de la Abogacía del Estado mientras que
consideramos que su papel en estos procedimientos sancionadores supone
una garantía de la aplicación del ordenamiento jurídico.

Las enmiendas 6 y 58, en su pretensión de mejorar y precisar el
régimen de compensaciones económicas tras el cese de un alto cargo, lo
que hacen en realidad es dejarlo menos claro, menos estricto y más
incompleto que lo establecido en el artículo 7 del proyecto. Además,
contienen errores terminológicos al reclamar ambas enmiendas por igual un
haber vitalicio por el resto de meses que aún queden por percibir la
indemnización, conceptos evidentemente contradictorios entre sí. Y
contienen, además referencias a órganos hace tiempo suprimidos, como el
Ministerio de Relaciones con las Cortes o el Secretariado del
Gobierno.

Entendemos que los motivos expuestos justifican sobradamente el
rechazo por el Grupo Parlamentario Popular de todas las enmiendas objeto
de este debate salvo las números 45 y 84 en el caso de que los grupos
proponentes acepten la transacción.

Muchas gracias.(Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Vamos a leer juntos para ver si así nos aclaramos.

Artículo 14.1, el redactado del proyecto de ley dice: «Los altos
cargos no podrán tener, por sí o por persona interpuesta, participaciones
directas o indirectas superiores a un diez por ciento…». La
enmienda 61 dice: Los altos cargos no podrán tener, por sí o por persona
interpuesta, etcétera, ningún porcentaje, ningún porcentaje. Leo
conjuntamente el proyecto y la enmienda para ver si decimos lo
mismo.

Artículo 15. El proyecto de ley dice: «Los altos cargos durante
los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar
servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por
decisiones en las que hayan participado». La enmienda 62 dice: «Los altos
cargos, durante los cinco años siguientes a la fecha de su cese, no
podrán prestar servicios en entidades privadas pertenecientes al sector
económico relacionado con las competencias del cargo...»

Artículo 17. El proyecto de ley, sobre declaración de bienes y
derechos, no hace una referencia exhaustiva como lo plantea la
enmienda 63 del senador Saura y mía, y es que además en la enmienda 63,
proponemos que al cese, cuando finaliza el mandato de ese alto cargo,
tiene que hacer también una declaración patrimonial. No es lo mismo.

Le reitero el envite, elija una de las tres, y yo le voto la
ley.

Gràcies senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.

Voy a hablar de dos cuestiones muy concretas, senador Sala.
¿Usted realmente piensa que si un alto cargo es imputado y va a juicio
oral por causas y tipificaciones de delito que tienen que ver con la
corrupción, tiene lógica que se mantenga en su puesto? ¿Realmente piensa
esto? No estamos hablando ni siquiera de imputaciones por la Fiscalía o
la instrucción. No estamos hablando de juicios que tengan que ver con
cuestiones privadas, con cuestiones ajenas a la función pública que pueda
desempeñar. No, no. Estamos hablando de juicio oral, por tanto, de la
última fase del procedimiento, juicio oral en delitos vinculados a
corrupción, es decir, directamente relacionados con el ejercicio del alto
cargo. ¿Sinceramente usted cree que tiene lógica que esta persona no cese
automáticamente?

Segunda cuestión. ¿No cree que una persona que ha ejercido una
responsabilidad como alto cargo, por cuestiones de confianza política,
por mil cuestiones perfectamente lícitas, en un ámbito que no tiene nada
que ver con su carrera profesional previa, no es un poco raro que luego
pase a trabajar o a hacer asesoramientos técnicos a alguna empresa
vinculada al sector donde ha ejercido como alto cargo?, ¿no le parece
también realmente raro?, ¿no cree que esto es algo que realmente habría
que evitar y prevenir y, por tanto, como mínimo poner una moratoria de
cinco años no para que esta persona no pueda trabajar en ningún sitio del
mundo, sino simplemente en aquellas empresas relacionadas con el sector
en el que ha ejercido como alto cargo? ¿No le parecen estas dos enmiendas
completamente lógicas para prevenir algo que ha pasado desgraciadamente
de manera notoria y sustantiva en nuestra vida pública? Por favor, me
gustaría que me contestara directamente a estas preguntas.