El señor Manchado Lozano y el señor Varela Sánchez
defienden las enmiendas 2103 a 2216, 2219 a 2266, 2268 a 2271, 2273 a
3196, 3198 a 3259 y 3874 a 4036, del Grupo Parlamentario Socialista, así
como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado como consecuencia de las enmiendas incorporadas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, excepto en lo modificado por las
enmiendas 446 y 648 y por la transaccional 634.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera
Mora.

En turno de portavoces intervienen el señor Unamunzaga
Osoro, la señora Domínguez Hormiga, el señor Quintero Castañeda, la
señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Bruguera Batalla y el señor Saura
Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor López García, por el Grupo Parlamentario
Socialista; y el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario. Popular
en el Senado.

3. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

3.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en materia sanitaria para garantizar la salud
pública de los ciudadanos y las responsabilidades políticas que piensa
asumir la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como
consecuencia de las actuaciones que ha desarrollado durante su
mandato.

(Núm. exp. 671/000147)

Autor: GPS

13132

El señor presidente informa a la Cámara de que el Grupo
Parlamentario Socialista, autor de la moción, ha presentado una enmienda
de sustitución que se entiende sustituye al texto original de la
moción.

La señora Llinares Cuesta defiende la moción, con la
enmienda incorporada.

El señor Cazalis Eiguren defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

La señora Llinares Cuesta expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda, aceptándola.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aguirre
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora
Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; la señora Llinares Cuesta, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda
de sustitución y de la posteriormente aceptada, con el siguiente
resultado: presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 89; en contra,
154.

3.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en materia de política de comunicación del
Ministerio del Interior con respecto a las investigaciones que llevan a
cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sobre los protocolos
de investigación interna que aplica para evitar las filtraciones de
información.

(Núm. exp. 671/000148)

Autor: GPCIU

13144

El señor Sendra Vellvè defiende la moción.

El señor Cascallana Gallastegui defiende las seis enmiendas
del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Sendra Vellvé expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aznar
Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; el señor Cascallana Gallastegui, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aznar Fernández, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes,
238; votos emitidos, 238; a favor, 20; en contra, 149; abstenciones,
69.

Se suspende la sesión a las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos.

Página
13089

Los días 2 y 3 de diciembre, tras el correspondiente debate
sobre las enmiendas presentadas, la comisión dictaminó el proyecto de ley
y acordó aceptar como dictamen de la comisión el texto propuesto por la
ponencia.

Por último, para su debate ante el Pleno se han formulado
10 votos particulares: de los senadores doña Rosario Isabel Santos
Fernández, doña María Belén Ibarz Ibarz y don José María Fuster Muniesa,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por el que mantienen las
enmiendas números 649 a 685; del Grupo Parlamentario Socialista, por el
que se mantienen todas las enmiendas presentadas excepto la 2218,
formulándose el mismo voto particular respecto del dictamen de la
comisión en lo modificado por la aprobación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular excepto en lo referido a las enmiendas 446, 634 y
648; del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, por el que se mantienen
las enmiendas 4037 y 4039 a 4063; del Grupo Parlamentario Mixto, por el
que se mantienen las enmiendas 17 a 394, 520 a 550, 611, 612, 625, 1305 a
1348 y la 3197; de los senadores don Jesús Enrique Iglesias Fernández y
don José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el
que se mantienen sus enmiendas 686 a 1304; del senador Narvay Quintero
Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, que mantiene las enmiendas 551
a 624 excepto las 611, 612, 625 y 626; del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, que mantiene las enmiendas 1349 a 1794, así como la
vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado como
consecuencia de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado incorporadas a la ponencia; del senador Jordi Guillot Miravet, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que mantiene las
enmiendas 1795 a 2100; y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, por el que mantiene las enmiendas 3260 a 3873, así
como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado
por el dictamen de la comisión.

Por otra parte me gustaría realizar una valoración respecto
del nuevo procedimiento de tramitación que se ha puesto en marcha por
primera vez en comisión con ocasión del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio de 2015. A este respecto me
gustaría destacar lo manifestado por los portavoces de los distintos
grupos parlamentarios en la Comisión de Presupuestos. Se resaltó que este
nuevo formato permite un debate ágil y completo, otorgándose al Pleno la
capacidad de debatir y votar lo relativo a las grandes cuestiones
relacionadas con las políticas de gasto, opinión por otra parte que hago
mía. Nos alegramos, pues, de los resultados que hasta este momento está
produciendo el nuevo sistema de tramitación.

Señorías, termino agradeciendo la colaboración de todos los
servicios de la Cámara pero, si me lo permiten, de un modo muy especial
al letrado de la comisión, don Vicente Moret, ya que, gracias a su
atención, a su interés y a su forma de trabajar seria y rigurosa, nos ha
permitido desarrollar esta nueva tarea en la comisión con solvencia.

Señor presidente, con estas palabras creo haber resumido la
tramitación parlamentaria llevada a cabo por la Comisión de Presupuestos
del Senado respecto del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2015.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Guerrero.

Entramos en el debate de los votos particulares.

El senador Quintero, del Grupo Parlamentario Mixto, ha
presentado las enmiendas números 545 a 625.

Tiene su señoría la palabra para su defensa.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente. Muy
buenas tardes.

Coalición Canaria ha presentado a este Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado 81 enmiendas, mediante las cuales
solicita una cifra adicional de unos 1100 millones de euros en total para
que se cumpla el régimen económico y fiscal de Canarias. Todas esas
enmiendas son para garantizar la ejecución de los convenios en
infraestructuras que teníamos acordados, para favorecer la creación de
empleo en uno de los territorios más castigados por la crisis, para dar
calidad a los servicios públicos e incluso mantener algunos de los que
son esenciales, para la competitividad de nuestras empresas y para la
cohesión territorial de nuestro archipiélago.

Queremos que el Gobierno corrija lo que desde nuestro punto
de vista y a nuestro modo de entender es un maltrato que se hace en estos
presupuestos a la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio
presupuestario del año próximo. Queremos un trato equilibrado en
compensación respecto del resto del territorio, teniendo presente además
las condiciones geográficas y de insularidad que tiene Canarias. Pedimos
que se rescaten los planes de empleo de Canarias por 42 millones de
euros, así como los planes y convenios de infraestructuras educativas por
40 millones de euros, planes que teníamos desde el principio de esta
legislatura y que el Gobierno del Partido Popular ha suprimido dejándolos
a cero.

Demandamos en materia de transporte que se incluya a través
de una disposición adicional una partida importantísima de 30 millones de
euros para transporte público regular de viajeros, tan fundamental en un
territorio formado por islas y que dista más de 1500 kilómetros de la
península, intentando potenciar los viajeros a terceros países si se nos
da aquello que prometió el presidente Rajoy y que es la quinta libertad.
También ampliamos a través de las enmiendas nuevas subvenciones para las
tasas, a fin de que nuestros aeropuertos sean más competitivos. Asimismo
presentamos enmiendas para ampliar los aeropuertos de Lanzarote y de la
Isla de El Hierro, así como para abaratar los costes del transporte
interinsular, principalmente en las islas de La Gomera y de El Hierro que
no tienen conexión con el exterior.

En el caso del transporte de mercancías, proponemos lo que
la Unión Europea ha acordado y permitido, habiendo dicho que el Estado es
el que tiene la competencia para ampliar el 75 % del transporte de
mercancías entre Canarias y la península —esto supondría unos 52
millones de euros— para que nuestras empresas puedan ser
competitivas. Asimismo, a través de estas enmiendas pedimos que la
bonificación del 50 % en transporte que tenemos los territorios no
peninsulares sea permanente y que no esté a disposición de un ministerio,
de una ministra o ministro, de cualquier opción política, así como que la
acreditación sea por medio del DNI.

En el sector primario planteamos la recuperación de las
ayudas del programa Posei —ayudas que en estos últimos dos años han
sido dilapidadas por el Gobierno del Partido Popular— para que
nuestro sector primario pueda comercializarse y ser competitivo en los
territorios peninsular y europeo.

Solicitamos en varias iniciativas un fondo de compensación
interterritorial para compensar ser una región ultraperiférica —lo
que ya Europa nos reconoce—. Desgraciadamente el Estado español
todavía no nos identifica como región ultraperiférica en el sentido de
compensar todas aquellas medidas que garanticen que los que vivamos en
Canarias tengamos igualdad de oportunidades en todos los sectores
—trabajo, educación, cultura, deporte, etcétera— respecto al
territorio continental y europeo.

Pedimos casi 9 millones de euros para algo tan importante
como es el agua, para la depuración y la desalación del agua, cuyo
consumo ronda el 98 % en algunas islas canarias, que ha bajado de 11,5
millones que teníamos a principios de legislatura hasta los 3,5 millones
actuales. Insuficiente para la población canaria.

Una partida importantísima para Canarias es la
correspondiente a carreteras, que en estos últimos cuatro presupuestos
elaborados por el Partido Popular ha bajado 628 millones de euros.
Pedimos una cifra adicional si no ya de lo acordado en un convenio que
está incumpliendo el Estado sistemáticamente en estos tres presupuestos,
sí de al menos 100 millones. Y hacemos especial hincapié en algunas
carreteras como la de La Aldea, para la que presentamos una enmienda
completamente separada, exclusiva, por importe de 12 millones de euros,
por si les viene bien y la votan a favor, porque el Partido Popular ha
prometido en Canarias una y otra vez que la iba a financiar.

Voy terminando, señor presidente. Creemos que estos
presupuestos maltratan a Canarias, que no son justos, por una sencilla
razón: porque no se cumple lo que dice el régimen económico y fiscal
—que votamos todos en las Cortes, que se votó por unanimidad en el
Parlamento de Canarias, que se volvió a votar en esta legislatura por
unanimidad de todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias y
que se votó en las Cortes—: que la media de inversión del Estado en
Canarias no tiene que ser menor que la media del conjunto de las
comunidades autónomas de España. Lo dice, y lo han aprobado todos en esta
legislatura. No se cumple. Son datos oficiales de sus presupuestos, de
los presupuestos del Partido Popular. Pedimos que, como mínimo, se cumpla
con estas enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Las senadoras Santos e Ibarz y el senador Fuster, del Grupo
Parlamentario Popular, han presentado las enmiendas 649 a 685.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Ibarz.

La señora IBARZ IBARZ: Gracias, presidente.

Subo a esta tribuna para defender las enmiendas del Partido
Aragonés, 38 enmiendas, un número apenas simbólico entre las más de 4000
presentadas por la totalidad de los partidos, que abordan objetivos que a
nuestro entender son inaplazables, objetivos, señorías, que resumiré en
cuatro de fácil comprensión: primero, abordar un problema estructural de
nuestra comunidad autónoma: la despoblación y el envejecimiento mediante
la creación de una ITI cuyo principal objetivo sea el desarrollo
poblacional y socioeconómico de las comarcas más despobladas de Aragón,
utilizando dicha estructura estatutaria como eje. Segundo, poner fin a la
contaminación por residuos de lindano depositados en el entorno donde se
ubicó la planta de Inquinosa, en Sabiñánigo, que está provocando graves
problemas de abastecimiento y posibles afecciones en los regadíos e
industrias, problema que persiste desde hace ya treinta años y para el
que la semana pasada se anunció la firma de un nuevo convenio —el
tercero en estos treinta años—, que, a nuestro entender, requiere
un tratamiento presupuestario expreso y de características similares al
de Flix, que, a día de hoy, no se ha visto reflejado en el presupuesto
que hoy debatimos. Tercero, poner fin a la alta siniestralidad y, por
tanto, al número de víctimas que anualmente soportan alguna de las
principales vías de nuestra comunidad. La alta siniestralidad de la N-II
no admite aplazamientos ni limitaciones inversoras. Es absolutamente
necesario liberar ya los peajes de la AP-2 entre Zaragoza y Fraga y
abordar con inversiones suficientes su posterior desdoblamiento, así como
finalizar los tramos entre Ráfales y Castellón o entre Teruel-Los Santos,
en la nacional 330, tramo acuciado con idénticas problemáticas.

Cuarto, finalizar y agilizar infraestructuras neurálgicas
para el desarrollo social y económico de nuestra comunidad —a modo
de ejemplo sirva la nueva ubicación del embalse de Santolea, las
infraestructuras de regadíos y planes de restitución por embalses—;
impulsar la A-68 entre Zaragoza y Alcañiz hasta Valdealgorfa; finalizar
los trazados Huesca-Sabiñánigo, Pamplona-Jaca, así como enlazar en las
mejores condiciones posibles todos los valles pirenaicos, mejorando la
nacional 260 en los tramos pendientes. Fundamental es también mejorar las
conexiones ferroviarias entre Teruel y Zaragoza, pero, por supuesto,
consideramos que han de ser concebidas como objetivo de Estado las
conexiones ferroviarias con Francia por el centro de la península,
concretamente la reapertura del túnel del Canfranc y la travesía central
del Pirineo.

En todo caso, señorías, el Partido Aragonés entiende que
las prioridades inversoras realizadas en el Estado en Aragón han de
quedar determinadas en la Comisión Bilateral Aragón-Estado, máximo órgano
de colaboración entre el ámbito estatal y el autonómico y con
reconocimiento en el Estatuto de Autonomía de Aragón.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ibarz.

Los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario
Mixto, han presentado las enmiendas 686 a 773, 775 a 811, 813 a 1154 y
1156 a 1304.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Hemos presentado 50 enmiendas al articulado, en el que de
alguna manera se reflejan los planteamientos políticos más relevantes del
presupuesto.

La primera enmienda sirve de marco de financiación para las
modificaciones que posteriormente se plantearán en las secciones a partir
de una reforma del régimen fiscal que incremente en 30 000 millones la
recaudación.

Dentro de las enmiendas al articulado debemos destacar como
más importantes la que busca sustituir la congelación salarial a los
trabajadores públicos por una subida del 2,6 % y llevar la tasa de
reposición en los servicios esenciales al 100 %; la que pretende
incrementar la subida de las pensiones en un 1,5 %, que va acompañada de
una modificación de la sección 60, con un incremento de su consignación
en 1500 millones; la que busca que se genere un fondo especial

de financiación a favor de los municipios de población no
superior a 20 000 habitantes, que a su vez tiene como correlato en la
sección 15 una enmienda que incrementa en algo más de 45 millones de
euros las previsiones de esta sección; la que pretende ampliar la oferta
pública de las plazas de jueces y fiscales a no menos de 200; la que
intenta que se revise el cálculo de la pensión de viudedad aumentando el
porcentaje que se aplica sobre la base reguladora del 52 % al 54 %. En
otra de ellas planteamos un recorte del 20 % en la asignación tributaria
de la Iglesia y que se acabe con la exención del IBI de sus bienes.
Igualmente, mediante otra enmienda, aspiramos a que se incremente en un 8
% el indicador IPREM.

Buscamos que se homologuen los requisitos de transparencia
de la Casa Real con los de los altos cargos de la Administración General
del Estado y, a la vez, en la sección 1, planteamos una reducción del 30
% en la consignación para la Casa Real.

Una enmienda que no ha tenido éxito como el resto pero que
no tiene coste económico es la que busca que se establezca una moratoria
de dos años a las entidades locales menores para que presenten sus
cuentas.

Finalmente, dentro del articulado, mediante otra enmienda
queremos que se le plantee al Gobierno que en tres meses presente un
proyecto de ley para la introducción de un sistema de renta mínima
garantizada —va acompañada de una enmienda a la sección 26 por
importe de 5000 millones de euros para financiar esta renta mínima
garantizada—.

Secciones. Sección 12: 5 enmiendas incrementan en 600
millones las transferencias a la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

Sección 13: mediante 2 enmiendas queremos aportar 123
millones más para la modernización de la justicia y la implantación de la
nueva oficina judicial. Igualmente, con otras 2 enmiendas, planteamos
transferencias en materia de aplicación de la memoria histórica.

Sección 14: aumentamos la financiación de los programas de
8x8 y a la fragata F-110.

Sección 15: planteamos una transferencia a entidades
locales para inversión de más de 83 millones de euros.

Sección 16: además de pretender la desaparición de los
fondos reservados y la transferencia a la Conferencia Episcopal para el
culto en centros penitenciarios, planteamos enmiendas que supongan más
recursos para el ejercicio del derecho de asilo y la atención a los
inmigrantes, que asimismo tendría como expresión un plan de cierre
progresivo de los centros de internamiento de extranjeros.

Sección 17 y Grupo Fomento: la mitad de las enmiendas
buscan mejorar el ferrocarril convencional, tanto en materia de líneas
como estaciones, seguridad y nuevo material rodante, así como aumentar la
inversión en Renfe Ancho Métrico. Igualmente planteamos enmiendas para
propiciar concluir en los plazos previstos el AVE a Asturias y la
penetración del ferrocarril en Gijón y en León; mejoramos Cercanías en
Madrid y en Cataluña; planteamos enmiendas que suponen la baja de
determinadas autovías que entendemos no justificadas y creamos
consignaciones específicas para la desaparición de puntos negros o la
liberación de peajes en autovía. En materia de viviendas, incrementamos
en 500 millones las ayudas al alquiler, en 135 millones los planes de
vivienda y en 35 millones las ayudas de renta básica para
emancipación.

Sección 18: 3 enmiendas incrementan en 370 millones las
consignaciones para becas; 2 incrementan en 195 millones las que van
dedicadas a actividades de educación compensatoria. Planteamos que el
fondo de compensación de educación territorial se incremente en 150
millones y un convenio con las comunidades autónomas para la apertura de
escuelas infantiles por 200 millones.

En turno de portavoces intentaré concluir el maratón
explicativo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La senadora Capella ha presentado las enmiendas 17 a
394.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente. De todas
maneras voy a hablar de lo que voy a hablar, porque, en definitiva, me
han cambiado el guion a medio partido. Pero da lo mismo, es igual.

Todas las enmiendas presentadas representan alguna variedad
respecto al año anterior, de todas maneras, como sucesivamente los
Presupuestos Generales del Estado son especialmente

lesivos para Cataluña y para los Països Catalans, hemos ido
reproduciendo a lo largo de estos años las mismas enmiendas.

Estos Presupuestos Generales del Estado —lo decíamos
ya cuando defendíamos el veto general a los presupuestos de Esquerra
Republicana— mantienen el constante agravio en el capítulo fiscal y
de inversiones, al cual se ven sometidos Cataluña y los Països Catalans,
y que, en definitiva, para nosotros continuarán persistiendo
—habida cuenta de la actitud del Partido Popular y a veces también
la de otros partidos que han ostentado el Gobierno del Estado
español— hasta que nosotros no alcancemos la libertad nacional.

Decía también que Cataluña representa el 16 % de la
población y la inversión del Estado será del 9,5 % del total de las
inversiones territoriales del Estado en las comunidades autónomas
—menos todavía que en el año 2014 y exactamente la mitad de lo que
le correspondería según el peso que tiene Cataluña en la economía del
Estado—. Tampoco son benevolentes respecto a los Països Catalans,
al País Valencià, representa el 10,8 % de la población y solo recibirá el
6,9 % del total de las inversiones. Las Illes Balears representan el 2,4
% y solo recibirán el 1,2 % de la inversión.

Estas cifras solo pueden ser definidas como expolio; tratan
a los Països Catalans como si de una colonia se tratase. Pero a este
agravio hay que sumarle el incumplimiento constante de sus compromisos,
la deuda acumulada que el Estado mantiene con la Generalitat por el
incumplimiento continuado de la disposición adicional tercera del Estatut
en los años establecidos para reparar el déficit histórico de inversión
en infraestructuras, un incumplimiento de la ley puesto que se trata de
ley vigente.

Asimismo, el Gobierno del Estado propone introducir para
este año 2015 una reforma fiscal que, por ejemplo, en el apartado del
IRPF, la reducción de tramos equiparará a las clases medias-altas con las
grandes fortunas del país, lo que, sumado al descenso por igual del
porcentaje que tributará cada tramo, choca fuertemente con el principio
fundamental de progresividad de este impuesto ya que de esta reforma se
beneficiarán por igual las clases altas y las que más han sufrido la
actual crisis económica. Continuando con esta serie de sinsentidos: el
impuesto de sociedades se igualará para todas las empresas fijándose en
el 28 %, y el impuesto de patrimonio, que en 2013 tan solo recaudó 929
millones de euros, seguirá como un impuesto residual y desaprovechado. No
obstante, es curioso que el expolio fiscal que aplican a Cataluña para
favorecer en teoría, aunque no en la práctica, a las zonas más
necesitadas del Estado no lo apliquen a las rentas ciudadanas más ricas
para favorecer a las personas más necesitadas.

Pero, más allá de que nieguen un ajuste a la redistribución
ciudadana de la riqueza por la vía impositiva, la redistribución de los
presupuestos del Estado sigue beneficiando a las grandes empresas. Y
ustedes hablan de mejoras en la economía y de crecimiento, pero este
crecimiento no tiene reflejo para dar cobertura a las necesidades de la
ciudadanía. Pretenden hacernos creer que con la crisis no hay dinero para
dependencia, para sanidad, para educación o para atender la trágica
situación de la pobreza infantil. Y nosotros les decimos que mienten a la
ciudadanía, pues bien que tienen dinero para incrementar los costes de
defensa e incluso embarcarse en nuevos y costosos proyectos
armamentísticos.

Nuestras enmiendas han ido en el sentido de aportar
partidas presupuestarias para erradicar la pobreza estructural, para
erradicar la pobreza infantil, plantear la necesidad de dar cobertura a
la Ley de la dependencia, efectivamente, reintegrando estas cantidades de
aquel presupuesto que ustedes destinan a la defensa.

En todo caso me reservo para el turno de portavoces la
continuación de la defensa de la enmiendas. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

Muchas gracias, senadora Capella.

Los senadores Eza y Yanguas y la senadora Salanueva han
presentado las enmiendas 520 a 527.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Muy buenas tardes.

Unión del Pueblo Navarro va a hablar de las 7 enmiendas que
hemos presentado, importantes todas ellas para la Comunidad Foral de
Navarra, algunas en el Congreso de los Diputados, y no tuvieron éxito, y
otras 2, que son nuevas, en esta Cámara para su debate.

Voy por bloques. En un primero hemos presentado una
enmienda sobre los centros de referencia del virus ébola en España y en
Navarra.

En un segundo bloque solicitamos al Ministerio del Interior
ayudas extraordinarias por valor de unos 10 millones de euros para paliar
todos los daños producidos por las inundaciones ocurridas en Navarra en
2013, que no obtuvieron satisfacción, y en 2014 en muchas poblaciones.
Recuerdo que el daño más grave y más destacable se produjo en el valle
del Baztan navarro.

Otro grupo de enmiendas solicitan dotar, en referencia
también a la Confederación Hidrográfica del Ebro, ayudas para el dragado
de cauces, limpieza de ríos —de lo que se ha hablado aquí
mucho—, desbroce, refuerzo de motas, etcétera, y una parte de ese
dinero también iría a parar al regadío del Canal de Bardenas, en Navarra.
En este apartado, la cuantía total es de 2 300 000 euros.

Otra enmienda, nueva en el Senado, es para intentar
comenzar con la reparación del claustro de la Catedral de Pamplona, que
hace unos años ya se incluyó en el Plan Nacional de Catedrales y, sin
embargo, no ha tenido ningún reflejo presupuestario. Por lo tanto, sí
está en el papel pero no desde un punto de vista presupuestario, por lo
que se piden 200 000 euros para cofinanciar una primera fase, que se
podría ejecutar durante el año que viene.

Otro bloque de enmiendas sería para dotar con algo más de
financiación al Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria
que, como otros años ya hemos dicho aquí, tanta labor hace para las
empresas de Navarra y otras comunidades autónomas en tema de tecnología y
seguridad alimentaria. Solicitamos medio millón de euros.

Por último, pedimos 500 000 euros también para que se
inicie el proyecto relativo al tramo de enlace entre Tiermas y Sigüés;
las obras vendrían más adelante.

Nada más, señorías. Espero que puedan valorar estas
enmiendas y aceptar algunas de ellas. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

La senadora Domínguez Hormiga ha presentado las enmiendas
528 a 544. Tiene la palabra para su defensa.

La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, Canarias es una de las comunidades autónomas más
castigadas por el nuevo documento presupuestario. Y dentro de este marco
de restricción, Fuerteventura es la gran olvidada. La inversión media en
España por ciudadano para el próximo año será de 238 euros. Sin embargo,
para los habitantes de Fuerteventura la inversión no llegará siquiera a
los 100 euros por habitante. Por ello, y dentro de la lógica de las
necesidades reales inminentes, se han presentado un total de 17
enmiendas.

La enmienda 528 viene avalada por la demanda que se viene
llevando a cabo desde hace más de veinte años en este mismo Senado. Se
necesita dotar a la zona sur de la isla de unas nuevas instalaciones para
las dependencias de la Policía Nacional, sobre todo en referencia a la
unidad de extranjería y a las oficinas de tramitación de documentos.

La enmienda 529 se refiere a la necesidad de dotar de
financiación al proyecto de un nuevo edificio para casa-cuartel de la
Guardia Civil.

Las enmiendas 539 a 542 van dirigidas a la necesidad de una
dotación presupuestaria para los proyectos que afectan a la costa de
Fuerteventura, donde se incluye el paseo marítimo de Corralejo, el paseo
marítimo de Puerto del Rosario y el paseo marítimo del Cotillo, todos
ellos aprobados desde hace más de cuatro años. Es impensable que, siendo
una isla, no se destine ni un solo euro al acondicionamiento de las
costas, máxime cuando se hace referencia a tramos muy pequeños que son
continuidad de obras ya ejecutadas.

Por otro lado, hay que señalar que, obviamente,
Fuerteventura no tiene transporte ferroviario, por lo que es lógico que
se desarrollen infraestructuras viarias, porque, en teoría, los
Presupuestos Generales del Estado equilibran la inversión bajo un
principio de solidaridad. Por ello, las enmiendas 531 y 532 pretenden
conseguir la ayuda y el impulso para dotar a la isla de infraestructuras
viarias necesarias como elemento básico de comunicación, integrándose un
carril bici que elimine los riesgos que actualmente sufren los
deportistas.

La enmienda 533 se refiere a la necesidad de invertir en la
creación del parque arqueológico de la Isla de Lobos.

La enmienda 534 es para dotar presupuestariamente el
proyecto de Eduardo Chillida, por el que se prevé la ejecución de un
monumento en la montaña de Tindaya.

He de señalar que el Ministerio de Industria ha dado luz
verde a la línea de alta tensión que minará la isla de Fuerteventura con
200 torretas de 50 metros de altura y que afectará a la mayoría de los
municipios, incorporando estas monstruosas moles en el árido paisaje
majorero. Por ello, la enmienda 535 prevé la incorporación de una partida
presupuestaria a fin de que las nuevas instalaciones eléctricas sean
todas ellas soterradas, evitando el gran impacto ambiental que supone la
instalación de torretas de alta tensión, con un cableado aéreo.

La enmienda 536 prevé la incorporación presupuestaria para
poder llevar a cabo un plan de mejora del modelo turístico.

Asimismo, y a fin de multiplicar los factores económicos,
las enmiendas 538 y 543 son una apuesta para fomentar e impulsar el
desarrollo rural, para crear una política de diversificación más allá del
sector turístico.

Para finalizar, la enmienda 544 se refiere a la urgente
necesidad de dotar presupuestariamente la ampliación de plantas
desaladoras, mediante transferencia directa, como se prevé para los casos
de Ceuta y Melilla, dado que la previsión presupuestaria de 3,5 millones
de euros para toda Canarias es, evidentemente, insuficiente.

La carencia de recursos hidráulicos en Fuerteventura ha
obligado a la progresiva dependencia del sistema industrial de producción
de agua potable mediante procesos de desalación del agua del mar. Los
centros instalados son insuficientes y no han ido a la par con el
crecimiento poblacional, turístico y demás. Por ello, es necesaria la
implicación del Estado para financiar un plan de ampliación para la
producción de agua desalada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Domínguez.

Finalmente, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca,
para la defensa de sus enmiendas 1305 a 1348 y 1197.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Los últimos presupuestos del Gobierno de Rajoy en esta X
Legislatura remachan su ensañamiento con Asturias.

Ya subrayé hace dos semanas, con la presentación por
primera vez de un veto a un proyecto de ley presupuestaria, que estamos
ante la culminación de una trayectoria donde la discriminación, la
insolidaridad y el desequilibrio territorial han sido una constante desde
el minuto uno de este infausto Consejo de Ministros; porque infausto
resulta que ya en la primera reunión del Ejecutivo se laminaran
unilateralmente los fondos mineros comprometidos con las comunidades
autónomas del carbón, vulnerando la ley, tal y como establecieron
posteriormente de forma palmaria, contundente y firme los tribunales de
justicia a los que recurrió el Gobierno del Principado.

Hoy, ante la desobediencia civil del Gobierno de Rajoy,
consignamos 6 enmiendas a la sección de industria, que tratan de corregir
su inaceptable actitud de insumisión a la ley y a las sentencias, que es
además muy dañina con las cuencas mineras porque se les quieren hurtar
213 millones de euros que les corresponden como compensación por su
enorme sacrificio económico y social, tras renunciar a miles de puestos
de trabajo y millones de toneladas de carbón, así como asumir el cierre
de pozos y explotaciones.

Al capítulo de infraestructuras dedicamos 17 enmiendas
parciales que corrigen el aislamiento de Asturias y tratan de acelerar
los plazos en obras fundamentales que el Gobierno ha ralentizado e
incluso paralizado. Hemos hablado aquí en numerosas ocasiones de la
variante de Pajares, de la anacrónica estación en fondo de saco de León y
de la reconversión a peor de las características que justificaron la
enorme inversión programada en el año 2000 para la línea Madrid-Asturias,
del corredor Norte-Noroeste.

Con nuestras enmiendas en materia ferroviaria, que se
repiten año tras año, promovemos el fin del aislamiento y que la alta
velocidad llegue a Asturias, así como dar solución a los problemas
derivados de los incumplimientos del Ministerio de Fomento con la
Sociedad Gijón Al Norte, que han prorrogado la existencia de la barrera
ferroviaria y desaprovechado el ya construido, y sin uso, túnel del
metrotrén.

En Avilés, consideramos imprescindible impulsar su plan de
integración del ferrocarril y el proyecto paralizado de soterramiento de
las vías ferroviarias.

En materia de autovías, reclamamos la conclusión de la del
suroccidente, paralizada y olvidada por el Gobierno. Asimismo tratamos,
dentro de lo que son las comunicaciones por carretera, de dotar a los
puertos de El Musel y Aviles, y al Parque Empresarial Principado de
Asturias (PEPA) con accesos y enlaces acordes a su enorme
importancia.

Igualmente, proponemos partidas para la creación de un
bulevar que solucione en Oviedo los problemas del entorno del monumento
prerrománico de Santullano y que facilite los enlaces de Pumarín y
Ventanielles a la autopista Y.

También para Oviedo proponemos una enmienda que corrige la
tremebunda amnesia del Partido Popular que ha olvidado durante años el
clamor de la oposición para dotar a la capital de Asturias de una
circunvalación que además posibilitaría la conexión de varios núcleos
residenciales y todo el entorno del nuevo hospital universitario.

Otras enmiendas, relacionadas con el Ministerio de Fomento,
van referidas al viejo puente de Ribadesella, a la eliminación de los
puntos negros de San Miguel de Arroes, en Villaviciosa, y de Campomanes,
en Lena, a la dotación de barreras acústicas para varios barrios de
Corvera afectados por los ruidos de la A-66 y a corregir con una pasarela
la división física a la que han sido condenados los vecinos de Santa
Marina de Piedramuelle, en Oviedo. No hay que olvidar las enmiendas para
la rehabilitación del Monasterio de Cornellana, en ruina, así como los
convenios firmados para su rehabilitación.

A la sección 18, Ministerio de Educación, presentamos 8
enmiendas que van desde la dotación de ayudas a la formación del
profesorado hasta el aumento de las actuaciones en el primer ciclo de
educación infantil, el incremento para la enseñanza de formación
profesional, así como el aumento para becas y ayudas a estudiantes.

También corregimos el tijeretazo que el Gobierno de Rajoy
le ha pegado en estos estos cuatro años a la entidad organizadora del
festival de ópera, uno de los eventos culturales de mayor relevancia y
arraigo de Asturias. Por supuesto, a diferencia del Gobierno, no nos
olvidamos de dotar, consecuentemente a su importancia, el convenio para
la conservación de los monumentos del prerrománico asturiano, patrimonio
de la humanidad. Asimismo, contemplamos la apertura de una línea de
financiación para la Academia de la Llingua Asturiana.

El límite de tiempo me impide mencionar el resto de las
enmiendas registradas, que doy por defendidas, y que son las relativas a
los ministerios de Defensa, Agricultura, Economía y Competitividad, y a
la Seguridad Social que, junto con el resto, hacen un total de 44, por un
montante cercano a los 900 millones de euros.

Ni que decir tiene que me temo, a la vista de los
precedentes a lo largo de esta legislatura y en el Congreso de los
Diputados, el destino final de estas enmiendas que son imprescindibles y
necesarias para Asturias.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas
4037 y 4039 a 4063.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Arratsalde on, mahaiburu
jauna; arratsalde on, senatariak. Buenas tardes.

Hoy debatimos el Proyecto de Ley de presupuestos para el
año 2015. En muchas ocasiones se nos reclama a los políticos, o nosotros
mismos nos planteamos, la necesidad de hacer pedagogía, porque no siempre
llega a la gente el trabajo que realizamos aquí. Quizá la primera
pregunta que deberíamos hacernos es cuál es el objeto de la ley que hoy
debatimos y qué papel tienen las personas a las que al fin y al cabo es a
quienes va destinada. Mi grupo tiene claro que es pensando en ellas por
lo que formula las enmiendas, posiciona su voto y decide qué hacer con el
debate de este proyecto de presupuestos, por las personas y por su futuro
y, evidentemente, desde nuestro punto de vista, su futuro en Euskadi.

Como decía, estamos casi en la última fase. Mi grupo
realiza una valoración discrepante de la que el Gobierno plantea: por una
parte, en la valoración estrategia político-económica; por otra parte, en
las principales cifras económico-presupuestarias que se recogen en el
documento que

se nos presenta. La oposición frontal a su estrategia la
fijamos en dos apartados: uno, la profunda preocupación por la situación
económica en un sentido amplio, y otro, las implicaciones que puede tener
sobre los ciudadanos, porque no podemos olvidarnos que son los ciudadanos
los auténticos sufridores de la crisis y de su política económica,
señorías, la que el Gobierno y el grupo mayoritario que lo sustenta nos
presentan.

Muchas veces, los políticos, cuando hablamos en un mitin o
en cualquier otro lugar, no tenemos ninguna duda de cuál es el caladero
al que nos dirigimos, tenemos claro a quién nos dirigimos, y por ello en
unas ocasiones hablamos de una manera y en otras hablamos de otra. Y,
como legisladores, yo me pregunto: ¿lo tenemos claro? ¿Nos cuestionamos a
quién va dirigido el fruto de lo que hacemos? ¿Acaso no se nos olvida en
ocasiones, señorías del Partido Popular? No debemos olvidarnos de las
personas que se verán afectadas por lo que nosotros o ustedes, con su
mayoría absoluta en este caso, decidan.

En ese sentido, mi grupo parlamentario ya presentó un veto
que debatimos en el pasado Pleno, y destacábamos que había dos mundos muy
diferenciados y alejados entre sí: por una parte estaba la España que
vivía dentro de la economía financiera, donde el dinero parecía que
entraba por todas partes, y por otra, desgraciadamente, existía otra
España donde el 25 % de la ciudadanía no encuentra empleo, otra donde
existen más de 5 000 000 de personas en exclusión severa, otra donde las
pymes no pueden acceder al crédito. Y aquí, en esta situación, en esta
España que también existe, el Gobierno y el ministro Montoro nos dicen
que la crisis ya ha pasado o que está pasando, mientras en las calles
seguimos viendo gente sin sitio para dormir, sin alimento que llevarse a
la boca, personas pasándolo mal. También decíamos en la defensa de
nuestro veto que no nos parecía importante el cuadro macro que nos
presentaba el ministro porque, volviendo a la idea que yo planteaba
anteriormente, la calle tiene otra realidad, la gente no percibe eso, y
porque esos grandes datos que se nos presentaban, macros, no cambian la
vida de esa ciudadanía, de esas personas con esas dificultades. Lo que sí
constatábamos es que está plenamente justificado, lo vemos y está ahí, el
deterioro de la cohesión social; hay un incremento de la exclusión
social.

Pues bien, señorías, mi grupo entiende que es necesario
recuperar el capital humano que hemos destruido. No tenemos ninguna duda
de que el deterioro en la situación económica y social de muchos hogares
está afectando ya claramente a la propia salud, a la calidad de vida y a
la calidad del entorno donde esas personas, incluidas todas esas que
decíamos que se encuentran en esa situación, viven.

Señorías, son esas personas, esas y otras, las que demandan
reiteradamente que los políticos seamos capaces de llegar a acuerdos. Una
vez más estamos ante un proyecto de ley en el que no lo hemos conseguido.
El único acuerdo conseguido es el desacuerdo, es decir, el acuerdo al que
hemos llegado los diferentes grupos de la oposición para manifestar
nuestra postura en contra. No lo hemos conseguido ni en situaciones
económicas como la que estamos pasando, ni en un momento socio-político e
histórico —me atrevo a decir— como el que estamos viviendo. Y
lo peor de todo, señorías, es que ya es una rutina. Está instaurado en la
psique política, ya apenas nos extraña si no fuera porque, uno tras otro,
los diferentes portavoces que bajamos a esta tribuna lo volvemos a
recalcar. Es un hábito y prácticamente lo damos por bueno. Señorías, mi
grupo considera que es una nueva ocasión perdida. Me van a permitir que
les haga un símil con lo educativo. Cuando a los niños pequeños, por
pequeños que sean —quizás sea porque yo he trabajado con
pequeños—, se les habla de que ejerciten la búsqueda de acuerdos,
se les pone en situación y se les presenta una realidad en las que hay
dos opiniones o más diferentes para que utilicen diferentes recursos, y
así poder llegar a acuerdos; si ellos son capaces, yo a veces me
pregunto: ¿qué nos ocurre a nosotros que no podemos hacerlo?

No obstante, el trámite parlamentario, a cuyo fin, como
decía al principio, estamos llegando, permite la presentación de
enmiendas, que es el debate que en estos momentos estamos realizando, con
el objetivo de aportar desde la diferencia de opinión lo que entendemos
que mejoraría el texto. Y eso es lo que ha hecho mi grupo, ha presentado
27 enmiendas. De un total de más de 4000, ha presentado 27 enmiendas.
Luego diré por qué esas pocas y no un gran número. Y debo decir que de
las cuatro mil y pico, 27 de mi grupo, solo una ha sido aceptada en
ponencia. Nuestra enmienda 4038, sin duda, que para los que estuvimos en
la Comisión de Presupuestos ya es conocida. Alguien hablaba de ir a
comprar lotería con ese número. Lo que

decía, al final hacemos nuestra la falta de acuerdo y nos
parece hasta algo normal. Una enmienda que, por otra parte, no venía más
que a recordar lo que el Grupo Parlamentario Popular ya había adquirido
como compromiso el año pasado y no lo había cumplido, pero bienvenida sea
sin ninguna duda.

¿Qué lectura podemos hacer de ello? El grupo mayoritario
siempre nos lanza el mismo mensaje, y yo, sinceramente, reclamo una
reflexión. ¿Siempre estamos desacertados? ¿Siempre son no válidas
nuestras propuestas? ¿Siempre responden o a una mala interpretación o a
una lectura no acertada o a que algún dato se nos ha escapado...? Esto lo
escuchamos continuamente. A mí me cuesta creerlo. Sigo teniendo esperanza
y confiando en que las personas pueden llegar a acuerdos, y deberíamos
hacer un esfuerzo para conseguirlos si no es por el convencimiento,
cuanto menos que fuera por el respeto parlamentario. Porque cuando por
una parte no existe una repercusión, es como que no se nos escucha
—como decía aquél, me oyes pero no me escuchas— y cuando lo
que reiteradamente, como decía anteriormente, recibimos son solo
lecciones de dónde, cómo, bajo qué formato, utilizando qué recurso
debemos de presentar las cosas, así no se alcanza el camino para poder
llegar a un acuerdo.

Y hoy en día que nuestro trabajo, el trabajo de los
políticos, el trabajo de los parlamentarios está tan cuestionado, yo
vuelvo a reclamar que deberíamos realizar un esfuerzo. ¿Dónde queda, de
lo contrario, nuestra credibilidad ante esa demanda reiterada de búsqueda
de acuerdos? ¿Esta actitud ayuda? Mi opinión es claramente que no. No,
señorías, esta no es la actitud que favorezca a mejorar nuestra imagen o
a realizar esa pedagogía de la que hablaba al principio que quizá todos y
cada uno de nosotros deberíamos hacer. Pero si lo que vamos a trasladar
es este resultado, quizá prefiero no hacer pedagogía.

Como decía anteriormente, mi grupo ha optado en esta fase
del trámite parlamentario por presentar 27 enmiendas, de las que hoy doy
por defendidas las 26 que han quedado sin incluir en ponencia. ¿Por qué
26 y no trescientas y pico? Entendiendo, como decía al comienzo, quién es
el destinatario de lo que en este proyecto decidamos, mi grupo las ha
condensado en bloques que considerábamos más importantes. Hemos realizado
una priorización, algo que esta senadora, y en nombre de mi grupo, tantas
veces ha reclamado al Gobierno en diferentes proyectos o ante diferentes
necesidades. Hemos priorizado lo que considerábamos que para esas
personas a las que iría destinado sería lo mejor. Las hemos presentado
precisamente pensando en ellas, en esas personas y en su futuro y, en
nuestro caso, en el futuro de esas personas en Euskadi, puesto que muchas
de nuestras enmiendas responden a proyectos prioritarios e importantes
para el desarrollo de estas personas en Euskadi. ¿Y por qué? Pues porque,
tal y como hemos comentado en el Pleno pasado en el debate del veto,
entendemos que en este proyecto de presupuestos Euskadi no existe para el
Gobierno español. La presencia de Euskadi en esta propuesta
presupuestaria raya el absurdo, no se soluciona ninguna demanda y ni tan
siquiera se atienden los compromisos previamente adquiridos.

El Gobierno español ha abierto una etapa de desafección
presupuestaria con Euskadi. Y yo, sinceramente, en nombre de mi grupo
pediría que antes de dar este paso se evaluaran las consecuencias, porque
no consideramos que sea acertado. Sobre esa base hemos presentado las 26
enmiendas, con el objetivo que planteaba al principio, pero lástima que
la conclusión a la que debemos de llegar es al resultado que ya vimos en
la Comisión de Presupuestos, como he dicho anteriormente, integrándose
una única enmienda, siendo de nuestro grupo en este caso, a la ponencia y
con visos de poca posibilidad de llegar a acuerdos en el transcurso de
este debate.

Finalizo, señorías, apelando a la capacidad de búsqueda de
acuerdos —no me cansaré de repetirlo—, a la aceptación de las
propuestas del diferente, señorías del grupo mayoritario, porque siempre
será para enriquecer —no pensemos que el diferente no puede aportar
algo— y apelando a la reflexión porque creo que son tiempos en los
que se necesita.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas, el primero comprende las enmiendas
1349 a 1760, 1762 a 1782, 1784 a 1789 y 1791 a 1794, así como la vuelta
al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado como
consecuencia de las enmiendas incorporadas del Grupo Parlamentario
Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.

En primer lugar, quiero sumarme a las palabras de la
presidenta de la Comisión de Presupuestos en el sentido de que mi grupo
parlamentario también hace un análisis positivo del nuevo formato de
debate de los Presupuestos Generales del Estado. Creemos que todavía se
podría mejorar, que se podría plantear alguna pequeña modificación,
alguna cuestión por puntualizar que deberíamos abordar lo antes posible,
ahora que todavía tenemos frescos los debates, tanto en comisión como en
Pleno, pero, repito, mi grupo hace una valoración positiva de este nuevo
formato.

Señorías, estos presupuestos cierran una legislatura,
cierran un ciclo, un proceso iniciado en 2012 que se caracteriza por lo
siguiente: En primer lugar, continuidad en sus políticas —en esto
hay que reconocerles coherencia—, políticas de austeridad extrema,
de recortes sociales que en muchos aspectos han tocado hueso, y de
aumento de las desigualdades y de la brecha social. Si los dos grandes
problemas con los que se enfrenta el mundo hoy en día son la pobreza y el
cambio climático, los presupuestos del Partido Popular de este año, y los
de los años anteriores, han aumentado la pobreza en nuestro país y la
palabra cambio climático no es que no sea una prioridad sino que ni
siquiera aparece en los presupuestos. En segundo lugar, falta de diálogo,
como han comentado el resto de los grupos: 1 enmienda aceptada entre más
de 4000, a lo que me referiré en el posterior turno de portavoces, por
otra parte común en la mayoría de leyes e iniciativas, no supone una
novedad en el comportamiento del Partido Popular en este sentido. En
tercer lugar, una política económica en contra de los intereses de la
mayoría, y les daré solo un dato: más del 80 % de la población española
está en contra de la política económica del Gobierno, según una encuesta
del CIS.

Señorías, voy a dividir la defensa del voto particular de
los senadores y senadoras del PSC en dos aspectos: En primer lugar,
analizaré brevemente los presupuestos que ha presentado el Gobierno que
servirán de base para enmarcar la segunda parte de mi intervención
centrada en las líneas generales de las 443 enmiendas que hemos
presentado a estos Presupuestos Generales del Estado.

Como decía, desde nuestro punto de vista las
características de estos presupuestos son cuatro: en primer lugar, son
electoralistas desde el punto de vista político; en segundo lugar, son
irreales desde el punto de vista económico; en tercer lugar, son
injustos, regresivos y promotores de desigualdades; y, en cuarto lugar,
son discriminatorios con el resto de administraciones públicas, y en
cuanto a Cataluña, poco inteligentes y provocadores. Electoralistas desde
un punto de vista político porque se presentan como una supuesta bajada
de impuestos, que no es tal, se anuncian rebajas fiscales por valor de
unos 4000 millones de euros, y es verdad, bajarán los impuestos pero para
un 10 % de la población, para los más ricos, mientras que para el 90 %
restante se verán recortadas las ayudas y las prestaciones sociales, es
decir, estamos hablando de un maquillaje contable para esconder recortes
en gasto público y prestaciones sociales. Son irreales económicamente
porque la economía española depende básicamente de tres factores, como ya
dijimos en la defensa de uno de los vetos: la exportación, el turismo y
la demanda interna. Las exportaciones están sufriendo su mayor caída en
cinco años, volvemos a tener déficit comercial debido básicamente al
parón europeo y a la debilidad de América Latina; el déficit global del
sector exterior se mantiene en el 0,2 % del PIB hasta mediados de año.
Crecen al 1,7 %, es decir, una quinta parte de lo que crecían en 2011, y
las importaciones crecieron un 8,6 % en el primer trimestre y un 3,9 % en
el segundo.

En cuanto al turismo, les daré un único dato: el gasto en
euros constantes por turista y día está a los niveles de hace once años,
de 2003.

En relación con la demanda interna, ahí están la
devaluación salarial, la congelación del salario de los funcionarios, la
congelación de las pensiones, la congelación del salario mínimo
interprofesional, etcétera.

Por lo que se refiere a los ingresos tributarios, se prevé
que crezcan al 3,5 % en relación con lo presupuestado para este año, y un
5,4 % respecto de lo que se va a recaudar este año. No obstante, en 2013
se recaudaron 9000 millones menos de lo que se había presupuestado, y en
cuanto a 2014, ustedes mismos reconocen que si no se llega a esta cifra
será bastante similar.

Con respecto a las cotizaciones sociales, se prevé un
crecimiento del 6,8 % para el próximo año cuando actualmente están
creciendo al 1 %, y el ministro Montoro pretende recaudar el año

próximo, en 2015, lo mismo que en 2009, con un paro
entonces que era la mitad del actual. Estas previsiones, señorías, son
imposibles teniendo en cuenta el crecimiento previsto por el Gobierno
para el año 2015, que cifra en el 2 %, del que dudan diversos organismos,
sin ir más lejos, la Unión Europea —hoy o ayer—, y también el
propio gobernador de Banco de España, según manifestó en su comparecencia
en la Comisión de Presupuestos.

Son unos presupuestos injustos, regresivos y promotores de
desigualdades. España es el segundo país más desigual de la Unión
Europea, y la fortuna de los más ricos aumenta. Les daré simplemente
cuatro datos: 20 españoles tienen tanto como los 14 millones de españoles
más pobres; 2,5 millones de españoles están en riesgo de pobreza; la
mitad de los parados de más de 45 años, alrededor de 2 millones, llevan
dos años sin empleo; y más de 3 millones de parados españoles no tienen
ningún tipo de prestación.

Y son unos presupuestos discriminatorios con el resto de
administraciones públicas y provocadores y poco inteligentes para
Cataluña. El Gobierno fía una buena parte de la reducción del déficit
para 2015 al ajuste del gasto de los ayuntamientos cuando precisamente
los municipios registran superávit, y la mayor parte de esta reducción la
quieren realizar a partir de la aplicación de la Ley de racionalización
de la Administración Local.

Por otra parte, desaparecen definitivamente en los
presupuestos los programas de cooperación local, los planes provinciales
e insulares de obras y servicios —el Pla únic d´obres i
serveis de Catalunya— y la financiación de los municipios de menos
de 20 000 habitantes.

En cuanto a Cataluña, en los Presupuestos Generales del
Estado se prevé invertir el 9,5 % del total, la mitad de lo que le
correspondería de acuerdo con la disposición adicional tercera del
Estatuto de Autonomía de Cataluña. La inversión del Estado en Cataluña ha
caído cerca del 60 % desde 2011, y la inversión real en infraestructuras
que el Estado debe a Cataluña por el incumplimiento de la citada
disposición durante los años 2012, 2013 y 2014 es de 5000 millones de
euros.

A este análisis, breve pero global, se han dirigido los
vetos, que no han prosperado, y nuestras enmiendas, que se encaminan
fundamentalmente a seis prioridades con las que se pretende mejorar en lo
posible la inanición del Gobierno en estos presupuestos. No voy a
defender todas esas prioridades —es imposible por falta de
tiempo—, pero sí las voy a enumerar. En primer lugar, la lucha
contra la desocupación y para favorecer la reactivación económica. En
este sentido proponemos la actualización del salario mínimo; del salario
de los empleados públicos; de las pensiones de la Seguridad Social y
clases pasivas; de las pensiones no contributivas; recuperar la paga
extraordinaria; mejorar las ofertas públicas de empleo; incrementar las
tasas de reposición; reforzar la atención a las personas sin trabajo,
especialmente a parados de larga duración y los mayores de 50 años con
acciones y políticas para favorecer su inserción laboral; un programa
específico para jóvenes, en concreto, el programa de garantía juvenil;
planes de empleo para municipios con tasas de paro superiores a la media;
o convenios con comunidades autónomas, especialmente con las que tienen
unas tasas de paro superiores a la media.

Segundo eje básico de nuestras enmiendas: una clara apuesta
por la competitividad de la economía española. A este respecto, nuestras
enmiendas van dirigidas al mantenimiento y la financiación de los
principales centros de I+D+i y de los proyectos de investigación; al
mantenimiento del personal de investigación y a evitar la fuga de
cerebros; a la internacionalización de nuestra economía; a programas de
apoyo a la competitividad industrial; a la financiación de proyectos
estratégicos de desarrollo industrial; al apoyo al emprendimiento; al
impulso y apoyo a proyectos empresariales innovadores y la dinamización
del mercado de capital riesgo; a la reindustrialización de las zonas
especialmente desfavorecidas —las comarcas mineras del carbón o las
ayudas al sector lácteo, por poner dos ejemplos—; a la
reindustrialización de zonas afectadas por procesos de deslocalización o
de ajuste de determinados sectores; a planes para el impulso y desarrollo
turístico de zonas de montaña y del interior; a planes para la
modernización de las industrias turísticas y las infraestructuras
turísticas maduras; o a una apuesta por la sostenibilidad de los
municipios turísticos.

Tercer eje: defensa de los derechos fundamentales y de la
justicia social. Nos parece básico considerar ampliables los créditos
para becas de estudiantes y para la cobertura de la dependencia,
considerando que son un derecho que los presupuestos niegan. También
planteamos el mantenimiento de las prestaciones de dependencia; la
defensa de la salud pública y de la salud

universal; acciones contundentes para luchar contra la
violencia de género; fondos y programas de apoyo para la acogida e
integración de inmigrantes, así como para los nuevos inmigrantes y
refugiados en aplicación del derecho internacional de asilo. Hemos
formulado enmiendas contra la privatización del servicio público de
empleo; contra el desmantelamiento del sistema público de pensiones; para
garantizar —para intentarlo al menos— el derecho de acceso
efectivo a la educación y la mejora de la calidad académica; para una
política de vivienda a partir de una renta básica de emancipación
juvenil; para la modernización de los órganos judiciales, tanto con
inversiones en sedes como para el aumento de las plantillas; para la
defensa de la memoria histórica y de la ley correspondiente; para
cooperación y ayuda oficial al desarrollo; y/ o para el despliegue de la
Ley de transparencia.

Cuarto eje: lucha contra las desigualdades, globalmente.
Con nuestras enmiendas pretendemos corregir la brecha de la desigualdad,
que ha crecido espectacularmente desde que gobierna el Partido Popular.
Nuestras enmiendas van, por ejemplo, en la línea de garantizar la equidad
y la igualdad de oportunidades para corregir la desigualdad de los
alumnos por motivos sociales, culturales o por su situación económica;
mejorar la calidad educativa y la inserción laboral de los alumnos;
apostar por la formación permanente y la formación profesional; por la
gratuidad de los libros de texto; por la reducción de las tasas
universitarias; por no favorecer en absoluto la segregación por sexos en
los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Y presentamos,
asimismo, propuestas para luchar contra la pobreza energética;
prestaciones por razón de extrema necesidad; la reducción del IVA
cultural; y propuestas para la lucha contra la corrupción y el fraude
fiscal, dotando de medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
y también a la Agencia Tributaria.

Quinto eje: defensa del mundo rural, la sostenibilidad y el
medioambiente. Proponemos que se incrementen las inversiones para
prevenir la contaminación y el cambio climático; actuaciones forestales y
el desarrollo rural sostenible; la adecuación de caminos rurales;
aportaciones de la Administración General del Estado a las comunidades
autónomas para la cofinanciación de planes de zona; el fomento de la
movilidad sostenible; una apuesta por la seguridad en el transporte, la
eliminación de puntos negros, la eliminación de pasos a nivel y la
intermodalidad; la dotación para el mantenimiento y conservación de
caminos de ronda y litorales; y enmiendas para inversiones en costas y
playas, especialmente para la protección y el control de la regresión
marina y la prevención de riesgos de fenómenos naturales extremos.

La sexta prioridad —y con ello finalizo— es la
defensa de las administraciones territoriales para avanzar hacia un
Estado federal y, en general, la defensa de un Estado pluricultural y
plurilingüístico. Lo he dicho antes: los programas de cooperación
económica desaparecen y nuestras enmiendas van en la línea de
recuperarlos. Proponemos la defensa y promoción de la capitalidad
cultural de Barcelona y para financiar sus instituciones culturales.
Planteamos también que se cumpla la ley, un nuevo modelo de financiación
autonómica y, evidentemente, el cumplimiento de los estatutos, el de
Cataluña y del resto que no se cumplen; y en ambos casos, señorías, se
trata de flagrantes vulneraciones de leyes, y en el caso de los
estatutos, de leyes orgánicas.

Finalizo, señor presidente. Estas son a grandes rasgos las
enmiendas que hemos presentado y para las que pedimos el voto favorable
al resto de grupos parlamentarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

El Grupo Parlamentario Entesa ha presentado otro bloque de
enmiendas, las números 1795 a 2100.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.

En cinco minutos es imposible explicar las enmiendas que
hemos hecho, pero sí responder a la pregunta importante de este debate,
que es la siguiente: la política económica y presupuestaria de estos
cuatro años ¿ha sido positiva? ¿La gente está mejor? En definitiva, ¿hay
mejores perspectivas de vida o no? Nuestra respuesta es clarísima: la
política de este presupuesto, como la de los anteriores tres
presupuestos, forma parte de una política presupuestaria, de una política

económica de la austeridad que se inició el 10 de mayo de
2010 y que ha sido desastrosa desde el punto de vista de los intereses de
las personas.

El señor Montoro nos explicaba el otro día que las cosas
iban bien en función de que se cumplían determinados objetivos
macroeconómicos. Yo mismo —en nombre del senador Jordi Guillot y en
el mío propio— dije en la explicación del veto que queríamos medir
las políticas presupuestarias y económicas en función de la repercusión
que tenían sobre las personas; y, evidentemente, la repercusión sobre las
personas ha sido negativa. Hoy nadie duda ni discute que la crisis ha
recaído sobre las espaldas de los trabajadores y de la clase media. Hoy
nadie duda en absoluto de que las grandes cifras sociales están peor que
en 2011; hay centenares de miles de parados más que en 2011, menos
ocupación, menos empleo y más pobreza infantil.

Dicho de otra manera, la pregunta clave es si con esta
política económica hay recuperación o un nuevo modelo social, y nuestra
respuesta es que la política de austeridad, la política económica del
Gobierno, la política presupuestaria no está haciendo una distribución
justa de los efectos de la crisis, sino que está planteando un nuevo
modelo social caracterizado por cuatro palabras: desigualdad, pobreza,
precariedad y paro. No podemos aceptar, como alguien dice, que esto sea
coyuntural. Los informes de Cáritas, por ejemplo, dicen clarísimamente
que estamos ante unos cambios de estructura social, ante un cambio
absolutamente estructural.

El Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular está
desarrollando estas políticas sobre la base del siguiente diagnóstico: ha
habido un despilfarro de gasto público, ha habido un exceso de gasto
público y, por tanto, lo que hay que hacer es recortar el gasto público;
y ha habido o hay una rigidez en el mercado laboral y, por consiguiente,
hay que hacer una reforma laboral. Pero eso es falso. Las cifras, los
estados económicos y presupuestarios tanto del anterior Gobierno
socialista como del Gobierno catalán eran positivos antes de empezar la
crisis; es decir, el déficit no es la causa de la crisis, sino que la
crisis provoca déficit por una disminución de los ingresos.

Además, a menudo se nos pregunta ante otros temas si hay
alternativas. ¿Y hay alternativas a la política de austeridad o no? Nos
gustaría mucho que el presidente del Gobierno acompañara a los jefes de
Gobierno francés e italiano, pidiendo que hubiera una reducción más lenta
en el déficit en toda la Unión Europea y que eso significara más
inversiones. Pero hay una alternativa clara ante la política de
austeridad, y es la política de Estados Unidos, que puede merecer
críticas o consideraciones, pero Estados Unidos, con un déficit del 11 %,
decidió combatir el déficit más lenta y gradualmente, hizo una política
expansiva, y hoy está en el 5 % de paro. Y la pregunta es: con cinco años
de política de austeridad ¿dónde está la Unión Europea? ¿Saben dónde
está? En el sufrimiento inútil de muchas personas y, sobre todo, en los
riesgos de recesión y deflación. No hay absolutamente ningún estudio ni
nadie que se atreva a decir que esto va a mejorar. El propio Draghi, en
el mes de agosto, reconoció las insuficiencias de la política de
austeridad, y en la última reunión del G20 se quieren aprobar una serie
de iniciativas todas las cuales basculan sobre la necesidad de invertir
mucho más. Por tanto, me parece muy importante decir que España y la
Unión Europea con la política de austeridad están haciendo una
redistribución del poder económico en favor de los más poderosos. Dicho
de otra manera, si se sufre, si hay más pobreza infantil, si hay pocas
perspectivas de proyectos vitales, si hay riesgo en los servicios básicos
universales, ¿por qué se mantienen las políticas económicas de
austeridad? La respuesta solo es una: porque hay alguien que gana y
alguien que pierde; y los que están ganando son fundamentalmente los más
poderosos. El senador Bruguera daba algunos ejemplos de la distribución
de la renta en estos momentos en España con los que se ve que
paralelamente a los incrementos de pobreza se están produciendo,
evidentemente, incrementos importantes de riqueza en los sectores más
favorecidos. Y esta no es la opinión de Jordi Guillot y mía o la del
Grupo de la Entesa, es la opinión de todos los informes internacionales y
nacionales que han salido de instituciones como el Fondo Monetario
Internacional, la OCDE —por cierto, de forma insólita ha pedido que
no disminuyan más los salarios—, Cáritas… En definitiva, de
todos los organismos internacionales.

Dicho esto, ¿cómo se aplica la política de austeridad y
esta política presupuestaria en el año 2015? Para nosotros hay tres
carriles sobre los que se desliza el presupuesto para 2015, y que no
compartimos: un carril social, uno ecológico y uno de modelo de Estado.
En cuanto al carril social, por lo dicho anteriormente consideramos que
este presupuesto es injusto socialmente. Es un presupuesto que, en
relación con las partidas de subsidio por paro, disminuye mucho más que
las previsiones de disminución del paro. Y aquí quiero hacer un
paréntesis y referirme a la pobreza

y en concreto a la pobreza infantil. Para nosotros es
absolutamente inadmisible que en el debate sobre el estado de la nación
que hace pocos días se hizo en el Congreso de los Diputados con el
presidente del Gobierno, o en la misma presentación del ministro Montoro
sobre la situación del país, no hubiera ni una palabra sobre la pobreza y
en concreto sobre la pobreza infantil. Es decir, cualquier persona que
oiga o vea el debate sobre el estado de la nación no sabrá en qué país
está si simplemente escucha la intervención del presidente del Gobierno.
Dicho de otra manera, un debate sobre el estado de la nación o un debate
de presupuestos ¿no debería situar en primer término los déficits que
tiene el Estado español y cómo hacerles frente? La pobreza infantil no
existe para los presupuestos ni existe para el debate sobre el estado de
la nación. Por tanto, nuestra primera consideración o elemento
fundamental para el no es que desde el punto de vista social estos son,
repito, unos presupuestos injustos.

En segundo lugar, son unos presupuestos ecológicamente
insostenibles. Hace poco el senador Bruguera decía —coincido con
él— que en el mundo hay dos grandes problemas: la pobreza y el
cambio climático. Si ustedes ven cualquier debate general de Merkel,
Obama, Hollande o Renzi comprobarán que todos ellos hablan en los debates
importantes de estos dos temas, que por el contrario están absolutamente
desaparecidos —son invisibles— en el discurso del presidente
del Gobierno. Hace muy pocas semanas, la Agencia medioambiental de la
Unión Europea hizo un informe sobre la situación del Estado español en
relación con el cambio climático absolutamente demoledor contra el
Gobierno y contra el actual comisario, señor Arias Cañete, demoledor, no
solo en el sentido de decir que España no va a cumplir los objetivos en
relación con el cambio climático, sino que ni siquiera está en la senda
del cumplimiento de los objetivos. Evidentemente, si uno hace balance de
las políticas medioambientales de estos cuatro años se le ocurren dos o
tres iniciativas del Gobierno: la Ley de costas, que legalizó
irregularidades e ilegalidades, y hace tres semanitas, la Ley de parques
naturales, una ley que permite la actividad privada y la no protección de
fondos naturales. Por tanto, el objetivo de medioambiente está
absolutamente pendiente y que el Gobierno coloca siempre en segundo
plano. He insistido varias veces en que es imposible ser ministro de
Agricultura y ministro de Medio Ambiente. El señor Arias Cañete tuvo una
política de agricultura —se puede discrepar de ello—, pero no
tuvo ninguna política de medioambiente. Dicho de otra manera, percibe y
sigue percibiendo el medioambiente como un freno, como un obstáculo para
el desarrollo económico.

El tercer elemento importante es que desde el punto de
vista territorial los presupuestos son recentralizadores. En general
—digo en general—, la derecha en Europa en los países
federales está aprovechando la crisis para recentralizar, y en España muy
especialmente. Es decir, todas las leyes, todas las partidas
presupuestarias tienen el objetivo final de recentralizar la política y
la economía. Y, partiendo de ese punto de vista, quiero referirme al tema
de Cataluña, sobre el que seguro que se puede hacer un discurso parecido
desde otras comunidades autónomas, pero en el Estatuto de Autonomía de
Cataluña hay toda una serie de preceptos que se incumplen por parte del
Gobierno. Esto es grave siempre, pero lo es especialmente cuando estamos
ante un Gobierno que nos dice veinte veces al día que hay que cumplir la
ley. Pues el Gobierno del Partido Popular no cumple la ley desde el punto
de vista de la relación económica con Cataluña ni desde el punto de vista
de la necesidad de un nuevo sistema de financiación.

En la comisión bilateral de la anterior legislatura entre
el Gobierno central y el Gobierno catalán, en la que tuve la suerte de
estar presente, hubo acuerdos por parte de los dos Gobiernos mediante los
que se decidía cómo se aplicarían las infraestructuras y qué cantidades
en los años anteriores. Esto no se ha hecho. Como se ha dicho antes, y
supongo que se dirá después, hay deudas y déficits del Gobierno del
Estado español que incumplen los acuerdos con el Gobierno catalán.

También he de decir que estos presupuestos tienen una
concepción uniformizadora y unitaria, no del Estado federal. Nosotros
hemos presentado una serie de enmiendas en el sentido de darle un empujón
al Estado de las autonomías hacia un Estado federal. He dicho también
varias veces, y hoy lo repito, que el federalismo, el Estado federal, es
un régimen de gobierno que rige prácticamente en el 55 % de la población
mundial. El 55 % de la población mundial vive bajo regímenes federales, y
de forma incomprensible España es el único país en el que determinados
sectores —por ejemplo, el Partido Popular— consideran que un
Estado federal es la balcanización, la ruptura o la fragmentación del
Estado, cuando un Estado federal es, en definitiva, más fuerte

porque nace de la voluntad de unir diversas peculiaridades
de un Estado, en este caso del Estado español.

Para terminar me referiré a algunas cuestiones concretas
relacionadas con dos o tres ministerios. En primer lugar, los gastos de
Defensa. El presupuesto del Ministerio de Defensa es una farsa y una
tomadura de pelo inconcebible. En estos cuatro años se han presupuestado
partidas iniciales en el programa especial de armamento y en las ayudas a
las intervenciones militares exteriores, entre los dos conceptos, de 20
millones de euros, que finalmente se han situado en los 1400 y 1500
millones de euros. Dicho de otra manera, la modificación de crédito
presupuestario de estas dos partidas en Defensa es igual o superior a
todo el presupuesto de Justicia de un año o a todas las inversiones del
Estado en Cataluña durante un año, cosa absolutamente inconcebible. Y en
un momento en que la competitividad del Estado español pasa
fundamentalmente, a nuestro entender, por la innovación y por la
investigación y el desarrollo, mientras que la I+D+i civil crece en un 4
% la I+D+i militar lo hace en algo más del 40 %.

Y en relación con la Justicia, creo que podemos afirmar,
sin ningún género de dudas, que desde el inicio de la democracia es el
aparato del Estado que menos se ha modernizado, por lo que en estos
momentos requiere de una modernización y de más agilidad en sus trámites
jurídicos. Pero vemos que las partidas están por debajo de las del
ejercicio de 2011 y con un retraso fundamental. Por tanto, señoras y
señores senadores, tenemos un problema en las políticas de austeridad, un
problema que no solo nos está llevando a un sufrimiento —como decía
Krugman, sufrimiento inútil, porque no sirven para nada—, sino que
está configurando un nuevo tipo de sociedad donde la desigualdad, la
precariedad y la falta de perspectivas están en el centro de esa
estructura social.

Por estas razones votamos que no. Espero que ustedes tarde
o temprano rectifiquen y lleven adelante políticas económicas y
presupuestarias que tengan a las personas en el centro de sus objetivos
para que la gente pueda hacer proyectos vitales, autónomos, y para que,
en definitiva, sea feliz.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Saura.

El Grupo Parlamentario Convergència i Unió ha presentado
las enmiendas números 3260 a 3302, 3304 a 3344 y 3346 a 3873, así como la
vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado como
consecuencia de las enmiendas incorporadas.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Señorías, buenas tardes. En primer lugar, si me lo
permiten, haré una referencia al nuevo modelo de tramitación de los
presupuestos en esta Cámara. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez,
ocupa la Presidencia). Apenas hace un año, cuando finalizó el trámite del
presupuesto para el ejercicio 2014, nuestro grupo presentó una iniciativa
para poder rectificar o mejorar la tramitación de los Presupuestos
Generales del Estado en esta Cámara. Fruto de esa iniciativa, todos los
grupos acordamos un nuevo sistema de tramitación que se está aplicando
para los presupuestos de 2015. Y aunque todavía faltan las votaciones de
enmiendas, que serán la prueba de fuego que vamos a tener durante este
Pleno, nuestro grupo ya hace una valoración muy positiva del sistema de
tramitación. Entendemos que es en el Pleno donde se deben realizar los
discursos y debates de más contenido político. Y en cuanto a las
enmiendas, más allá de la defensa genérica que vamos a efectuar con un
tiempo de quince minutos por grupo, se han fundamentado en la Comisión de
Presupuestos. Por tanto, repito que podemos avanzar una valoración
positiva. Y también me sumo a la felicitación de la presidenta a todos
los que han participado en esta tramitación, en especial al letrado de la
comisión, porque no ha sido fácil, máxime este primer año.

Dicho esto, voy a realizar de forma muy genérica la defensa
de las enmiendas que, repito, ya fundamentamos en comisión, donde dejamos
expuesta nuestra defensa. En el veto ya expliqué que estos eran unos
presupuestos malos para los catalanes, malos para Cataluña y que no
cumplían con Cataluña. Sobre la base de estas tres premisas, más allá de
la tramitación, para intentar enmendarlos, para intentar mejorarlos,
nuestro grupo presentó más de 600 enmiendas, concretamente 95 enmiendas
al articulado y 519 enmiendas a las diferentes secciones del

presupuesto. Obviamente, desde esta tribuna doy todas ellas
por defendidas, pero me van a permitir que haga alguna defensa
especial.

En cuanto al articulado, hay 95 enmiendas de las que un
bloque muy importante va destinado a que se cumplan las obligaciones
establecidas en relación con Cataluña. Hay un conjunto de enmiendas para
intentar compensar el no cumplimiento de la disposición adicional
tercera, fundamentada posteriormente en acuerdos de la comisión mixta en
relación con las inversiones en Cataluña, pero no de 2014 ni para 2015,
sino de 2013, 2012, 2011 y 2010. El incumplimiento es reiterado, y aunque
el argumento es que hay una sentencia que dice que no es de obligado
cumplimiento, la realidad es que el compromiso político que adquirieron
estas Cámaras era cumplirlo. Por consiguiente, exigimos su cumplimiento
o, si no, que alguien venga a Cataluña y manifieste claramente que no
quieren cumplir la disposición adicional tercera del Estatuto de
Cataluña.

Junto a estas enmiendas, presentamos otras para intentar
compensar aquellas decisiones políticas de carácter jurídico que ha
adoptado el Gobierno del Estado español con el objetivo de mermar los
ingresos de las comunidades autónomas. Me refiero a incrementos del IVA o
del IRPF que redundan exclusivamente en las arcas del Estado y no en las
comunidades autónomas, decisiones en relación con el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales que reducen los ingresos de las comunidades
autónomas, así como al famoso impuesto sobre depósitos bancarios, que no
es compensado, al menos como debe ser, en el caso de Cataluña.

En esto se fundamentan buena parte de las 95 enmiendas
formuladas al articulado. Pero hay que destacar algunas referentes a las
tasas de reposición, pues, si bien es cierto que se han incrementado un
50 % en determinados casos, entendemos que en investigación, desarrollo e
innovación y en otros sectores no tendría que haber ningún tipo de
limitación.

De todas formas, si me permiten, quiero realizar la defensa
concreta de 2 enmiendas relativas a este apartado del articulado. La
enmienda 3304 pretende facilitar el pago de las deudas con el Ministerio
de Economía y Competitividad de los parques científicos y tecnológicos.
Como ustedes deben saber, la difícil situación económica que estamos
atravesando en el Estado español ha repercutido de forma muy seria en
todos los promotores de parques científicos y tecnológicos que han visto
afectada su capacidad de generación de ingresos. Además, a partir del
2014, se debe proceder a la devolución de una serie de préstamos que
fueron concedidos en su momento, esencialmente a partir del año 2000,
para diferentes convocatorias, a los que deben hacer frente los parques
científicos en este momento, cuando no tienen ningún tipo de ingresos. En
los Presupuestos Generales del Estado del 2011, 2012 y 2013 ya se
permitió cierta moratoria, pero la situación actual a día de hoy, en el
mes de diciembre de 2014, es que si no actuamos, si no tomamos decisiones
respecto a una moratoria, y no a corto plazo, sino a medio y largo plazo
—nosotros planteamos 20 años—, en el 2015 la mayor parte de
estos parques científicos y tecnológicos van a suspender pagos, van a
presentar concurso de acreedores. Y yo les pregunto a ustedes: ¿saben
cuál va a ser la visión que van a tener los países europeos si la mayoría
de parques científicos y tecnológicos en España presenta un concurso de
acreedores? Debemos evitarlo, y está en nuestras manos hacerlo. Por lo
tanto, les insto a que estudien con mucho cariño la enmienda 3304, que me
consta que cuenta con el visto bueno de la Secretaría de Estado de
Innovación y Desarrollo del Gobierno de España y del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Por tanto, les pido que la estudien
con mucho cariño.

La enmienda 3308 hace referencia al pago de las deudas de
la Seguridad Social con instituciones sanitarias cuya titularidad sea de
administraciones públicas u organizaciones sin ánimo de lucro. Esta
enmienda la hemos ido aprobando a lo largo de los últimos once años,
dando una moratoria adicional durante este tiempo, así que simplemente
les pedimos seguir operando igual que hemos hecho en los últimos once
años con un Gobierno Popular, un Gobierno Socialista y ahora, otra vez,
con un Gobierno Popular. Es razonable y necesario; si no, pondríamos en
jaque a muchas instituciones sanitarias, algunas públicas y el resto de
entidades sin ánimo de lucro.

En cuanto a las enmiendas formuladas a las secciones, hemos
presentado 519, pero hasta ahora no hemos tenido mucha suerte; bueno, yo
diría que no hemos tenido nada de suerte, porque no nos han aprobado ni
una. Obviamente, no voy a defender cada una de estas enmiendas, pero sí
voy a intentar contraargumentar el principal argumento que ustedes nos da
para nos apoyarlas.

Dicen que contribuyen a no respetar el objetivo de déficit
público. Y nosotros les tenemos que decir que eso no es verdad, porque
todas ellas, todas estas enmiendas van acompañadas de sus
correspondientes bajas; por tanto, el objetivo de déficit público se
mantiene.

Otro dato fundamental: todas las enmiendas del Ministerio
de Fomento, todas, las 167 enmiendas al Ministerio de Fomento que
presenta CiU, más las 20 enmiendas de los diferentes organismos, entre
ellos ADIF, que también presenta CiU, todas ellas sumadas ascienden a
1030 millones de euros. Si suman todas las enmiendas del Ministerio de
Fomento, más ADIF, más todas las de las entidades gestoras del Ministerio
de Fomento, más las inversiones territorializadas en Cataluña, todavía no
alcanzan el 18,8 % de las inversiones que deberían efectuar a través de
los Presupuestos Generales del Estado en Cataluña. Por tanto, ni sumando
todas las enmiendas, ni aunque nos aprobasen todas las enmiendas del
Ministerio de Fomento más las de ADIF vamos a conseguir alcanzar el
objetivo del 18,8 %. Por tanto, entendemos que es razonable, entendemos
que es factible, entendemos que es posible y entendemos que cumplirían
con los pactos que tienen firmados con Cataluña.

No voy a nombrar todas las enmiendas, pero hay un conjunto
que hace referencia a la N-230, tantos años reclamada en Lérida; la
N-260, el eje vertebrador del Pirineo; también la A-27; la A-7 y algunas
de compensación de autopistas mientras no se efectúen estas obras.
Evidentemente, muchísimas en el ámbito ferroviario, ya incluidas también
en las que he mencionado especialmente, pero hoy tengo que hacer
referencia a una que, desgraciadamente, mantiene su actualidad: es la
enmienda que presentamos pensando que ya se solventaría en 2014 y que
hace referencia a las inversiones de ADIF en la estación de Girona y los
compromisos con el municipio de Girona. Pues bien, esta enmienda mantiene
toda su actualidad porque aunque se ha inundado dos veces la estación de
Gerona todavía no ha sido solventada ni está garantizada esta actuación.
Esta enmienda supone 3 millones de euros, no estamos hablando de unas
grandes cantidades, no estamos hablando de algo que quebrante el
presupuesto de ADIF y hoy es todavía más necesario.

También hemos presentado enmiendas a otras secciones y
también voy a intentar contraargumentar el motivo por el cual ustedes no
nos aprueban enmiendas. En la sección 18 hemos presentado 123 enmiendas,
algunas, las más cuantiosas, obviamente referentes a educación,
esencialmente a becas y a programas de becas, que además compensamos con
alguna enmienda a la baja por la no aplicación de la LOMCE. Pero aquí
quiero resaltar algunas enmiendas. Hemos presentado enmiendas,
obviamente, como nos corresponde como grupo catalán, en relación con
aportaciones a instituciones de Cataluña. ¿Y qué nos encontramos? Que nos
dicen que no puede ser porque estas enmiendas generarían más déficit. Por
ejemplo, hemos presentado 2, en las cuales tenemos un especial interés,
en relación con el Gran Teatro del Liceo y a la Fundación del Gran Teatro
del Liceo, concretamente, la 3454 y la 3458. Respuesta: no puede ser
porque esto incrementaría el déficit. Y yo lo podría admitir si el
Partido Popular no hubiese presentado la enmienda 470. En la enmienda 470
hay una dotación adicional de 300 000 euros para la Fundación Teatro
Real, de 100 000 euros para la Fundación Palau de les Arts de la
Comunitat Valenciana para su temporada, de 60 000 euros para la Fundación
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Claro, esto no afecta al déficit; la Fundación Liceo sí que
afecta al déficit. Hoy esto adquiere una especial relevancia, y se lo
explicaré a sus señorías. Hoy el presidente del Tribunal de Cuentas ha
presentado el informe en relación a la Fundación Teatro Real para el
ejercicio 2012; y si ustedes se leen el informe, más allá de los
incumplimientos en la contratación, más allá de los incumplimientos en
varios procedimientos, como son salarios, etcétera, les va a sorprender
que la Fundación Teatro Real genere un déficit de 6 millones de euros
para 2012 debido a incumplimientos espectaculares en el presupuesto de
ingresos. En Cataluña no se puede entender que digan no a las enmiendas
de la Fundación Liceo, una fundación de la que también participa el
Estado, y digan sí a la Fundación Teatro Real, a la Fundación Palau de
les Arts de la Comunitat Valenciana, a la Real Academia Bellas Artes de
San Fernando, etcétera. Por lo tanto, este es un ejemplo más
—tenemos muchísimos— por los cuales ustedes tendrían que
hacer algún gesto de cara a Cataluña en algunas de las enmiendas que
hemos presentado.

Tenemos muchísimas otras enmiendas, muchas de carácter
social, muchas para entidades de Cataluña que están haciendo un trabajo
importante; y me van a permitir simplemente 15 segundos para defender una
enmienda relativa a la Fundación Miquel Valls, una fundación que está

trabajando en una enfermedad, ELA, que afecta duramente a
muchísimas personas. Esta fundación está pasando unos momentos muy
críticos, y de la misma manera que el año pasado entre todos aprobamos
una pequeña dotación a través de una enmienda, también les pido que sean
sensibles en relación con esta enmienda.

Muchísimas gracias. Me reservo el turno de portavoces para
hacer un análisis del cuadro macroeconómico del que hemos oído hablar
recientemente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, las enmiendas 2103 a
2216; 2219 a 2266; 2268 a 2271; 2273 a 3196; 3198 a 3259 y 3874 a 4036;
así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en
lo modificado como consecuencia de las enmiendas incorporadas del Grupo
Parlamentario Popular, excepto en lo modificado en las enmiendas 446, 648
y la transaccional 634.

Para su defensa, tiene la palabra el senador señor
Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Señorías, señor presidente, dando
por defendidas las enmiendas, como ya hicimos en los distintos turnos en
la Comisión de Presupuestos, voy a tratar de explicarles algunas de las
razones por las que entendemos que deberían ustedes aceptar nuestras
enmiendas. Posteriormente, el senador Varela abundará en algunas
otras.

La principal razón que, desde mi punto de vista, hace que
estos presupuestos no sean los adecuados y sean el colofón de cuatro años
de políticas no adecuadas en este país es que inciden en uno de los
errores básicos de la política presupuestaria y económica de este
Gobierno, y es que no ha apostado en ningún momento de la legislatura por
lo que se llaman políticas anticíclicas, y en algunos casos acíclicas,
porque no deberían tener ciclo económico. Y 2 de ellas son fundamentales
para establecer el futuro del país; precisamente cuando peor van las
cosas es cuando más necesario es invertir en educación y en ciencia. Y
eso es lo que han entendido todos aquellos países a los que la crisis ha
zarandeado, pero menos, y el error que han cometido algunos países que
fueron menos propensos a este tipo de políticas.

La primera política de las que les he hablado, que es la
educación, es indudablemente una palanca potente de igualdad, y eso es
algo muy importante, y sobre todo en estos momentos en que todas las
cifras de desigualdad son abrumadoras; una desigualdad que viene
fundamentalmente como un efecto de la crisis, pero también de las
decisiones que se han tomado para salir de la crisis.

Por lo tanto, hoy más que nunca es necesaria la educación
como igualdad pero hoy también más que nunca es necesaria la educación
como arma de competitividad y de fortaleza económica, y estos
presupuestos y sus políticas lo han ignorado y lo siguen haciendo. Países
como Estados Unidos, Japón, Corea, los países nórdicos hace mucho tiempo
que entendieron esto y hoy son más competitivos que nosotros, son más
innovadores y están mejor posicionados para hacer frente a los ciclos
económicos.

No es ir por el buen camino recortar 570 millones en
educación desde 2011, un 20 % del presupuesto global de educación. No es
ir por el buen camino haber perdido 30 300 profesores en el sistema
educativo español, universitario y no universitario, en dos años, desde
2012 a 2013. Señorías, en esta economía globalizada, un país que ignora
la educación es un país condenado a tener salarios bajos, que expulsa a
sus talentos y condenado a malvender su capital humano.

La segunda política anticíclica y acíclica es la referida a
ciencia, investigación e innovación, que también ha sido ignorada por
ustedes, sobre todo por las autoridades europeas de carácter conservador,
que han puesto más el acento en ajustes y consolidaciones fiscales que en
incrementar los apoyos a la investigación básica, a la aplicada, al
desarrollo tecnológico y a la innovación empresarial. Y ustedes, hablando
de innovación empresarial, han recortado en estos cuatro años el 66 % en
el CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, y han
provocado pérdidas de hasta 6000 personas en el sistema español de
ciencia, innovación y tecnología. Esas políticas sobre educación,
innovación y ciencia son claves para hablar de una verdadera y necesaria
reindustrialización de nuestro país, basada en la generación y
transferencia de conocimiento en campos como el de la energía, la
tecnología, las ciencias de la salud, la oceanografía, la astrofísica, la
nanociencia, campos en los que durante unos años hemos estado en el
pelotón de los mejores.

Cualquier país innovador, por ejemplo, Estados Unidos,
tiene cifras de crecimiento económico anual en las que la mitad vienen
provocadas por la innovación basada en la investigación básica. En
Estados Unidos la investigación básica la financia fundamentalmente el
Estado federal. En Europa, en los países conservadores y, concretamente,
en España nos consolamos con decir que nos basta el 2 % del PIB, y con
que el poder público aporte el 1,3 %. Echamos la culpa al sector privado,
lo que nos convierte en un país menos innovador y más débil. Pero a pesar
de todo eso, no solamente es un problema de economía y competitividad. Es
evidente que no apostar, como hacen estos presupuestos, por la educación
y la ciencia es dilapidar talento joven y menos joven, dejar de lado la
igualdad de oportunidades, olvidar que la investigación en salud mejora
la vida de las personas y salva vidas y es ignorar que todas estas
políticas incrementan el bienestar social, incluso el de quienes no
pueden pagar la factura.

No sé si ustedes son capaces de imaginar cómo sería hoy una
España en la que tuviéramos algunas de las grandes instalaciones
científicas de Europa, algunas de esas que hemos perdido. Es algo que
seguimos sin poder imaginar, eso será imposible. Son instalaciones que no
valen más que 50 kilómetros de AVE. Sin embargo, no las sostiene un
sistema fuerte, porque en los últimos cuatro años lo hemos abandonado. Y
tal vez esta es la consecuencia más grave de todas estas políticas.
Teníamos un sistema de ciencia e innovación que nos había permitido
situarnos en el décimo puesto del mundo en publicaciones científicas,
pero ustedes han conseguido que caigamos al puesto 17 en Europa en
inversión en relación al porcentaje del PIB. Teníamos un sistema que
aceptaba y atraía talento, pero desde que ustedes gobiernan hemos
expulsado talento; lo hemos expulsado por razones económicas,
evidentemente, porque se han ido a países donde había más dinero para
investigar. Teníamos un sistema que, según la Ley de la ciencia que
ustedes aprobaron, preveía completarlo con determinada normativa e
instituciones, pero ustedes no han querido completar ese sistema, no han
querido poner en marcha la agencia española de investigación, no han
querido poner en marcha el estatuto de la empresa joven innovadora y no
han querido poner en marcha el estatuto del personal investigador en
formación. Teníamos un sistema en el que éramos líderes en nanociencia,
por ejemplo, en investigación en renovables o en investigación biomédica,
pero ustedes también lo han abandonado. Por lo tanto, han abandonado
ustedes un sistema que nos impulsaba hacia una reindustrialización
entendida no como el desmantelamiento de lo que hay sino como el cambio
de políticas industriales, apostando por determinados sectores
estratégicos, de forma consensuada entre todos; una reindustrialización
que se basaba en producir aquello que investigábamos, en la fabricación
de lo que nuestras universidades descubrían. Esa es la
reindustrialización que asegura un futuro sostenible al país y la
creación de puestos de empleo estables, y hasta que no hagamos esto, el
crecimiento de este país no llevará aparejada la creación de empleo. Y de
creación de empleo y de otro tipo de cuestiones les hablará a
continuación mi compañero, el senador Varela.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Tiene la palabra el senador Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Vamos a hablar algo de empleo. Hoy estamos presentando y
defendiendo nuestras enmiendas para modificar los cuatro presupuestos
triunfales del austericidio. Los tres precedentes han tenido un efecto
demoledor sobre los derechos y sobre la protección de los trabajadores y
estos, señorías, llevan el mismo camino.

Solo les daré dos o tres datos sobre estos presupuestos,
que son bien evidentes: entre el año 2011 y los presupuestos que presenta
el Gobierno para 2015 se ha pasado de 40 523 millones de euros de
presupuesto en materia de empleo a 30 245 millones de euros; es decir, un
25 % menos. Con eso, señorías, ya no habría mucho más que discutir sobre
el esfuerzo y el compromiso del Gobierno con el empleo. Pero, además,
esos presupuestos y ese recorte tienen efectos sobre las personas y, así,
resulta que en políticas activas, el gasto por parado con respecto al año
2011 ha bajado de 1149 euros a 405 euros; es decir, el 64 % y con un 58 %
en total de reducción sobre las políticas de empleo.

Lógicamente, señorías, nuestras enmiendas están destinadas
a tratar de modificar esta cruenta situación: para políticas activas;
para recuperar el servicio público de empleo que está

siendo privatizado en estos presupuestos; y para la
protección por desempleo, introduciendo una enmienda en el articulado, a
una disposición adicional, que permita que se pueda cumplir la
Constitución y que los parados de este país tengan derecho a estar
protegidos, como la Constitución determina, una enmienda con un coste de
5000 millones de euros que, como dije ya en alguna ocasión, es la décima
parte de lo que costó el rescate bancario.

Por todas esas razones, señorías, rechazamos estos
presupuestos, por sus efectos corrosivos en el pasado y por sus
previsibles efectos corrosivos en el futuro.

Señorías, me centraré en las tres áreas básicas que
determinan estos presupuestos y la reforma laboral: los salarios, el
empleo y la contratación, y las prestaciones y la protección. En todas
ellas, señorías, el Gobierno ha alcanzado sus objetivos, y hay que
reconocerlo y decirlo así. Ha alcanzado los objetivos que pretendía: la
construcción de un modelo económico y social diseñado para modificar la
distribución de la riqueza, para modificar la estructura laboral y para
eliminar la protección de prestaciones como derechos subjetivos,
pasándolas a beneficencia o al cargo de las comunidades. Su objetivo, el
objetivo de este Gobierno, es bien evidente, ordenar nuestra sociedad en
tres estratos bien diferenciados: una clase a la que defiende
fundamentalmente el Partido Popular, los suyos, bien situada y con una
mínima carga de lo público sobre sus espaldas; una clase media-baja a la
que ordeñar fiscalmente y he dicho ordeñar y no ordenar; y un grupo, que
representa a un cuarto de la población, constituido por los parados, los
pensionistas con pensiones mínimas y aquellos que están sujetos a rentas
de inserción, un grupo dependiente de las rentas mínimas, de la familia o
de la caridad. Ese es el diseño social por el que está trabajando el
Partido Popular desde el minuto uno en que llegó. Y así se las gasta este
Gobierno.

Señorías, les doy algunos datos sobre el empleo, que son
muy clarificadores. En el año 2008 empezó la crisis, y desde 2008 hasta
el día de hoy hemos perdido empleo en España, con distintas intensidades
en diferentes momentos, pero perdiendo empleo siempre. Entre los años
2008 y 2011, por cada empleo fijo que se perdía, se perdían 1,7 empleos
temporales; es decir, la destrucción de empleo temporal doblaba a la
destrucción del empleo fijo. Entre los años 2011 y 2014, por cada empleo
temporal que se pierde, se pierden 1,9 empleos fijos; es decir, la
destrucción de empleo fijo en este último período dobla a la destrucción
de empleo temporal. La conclusión es bien sencilla, señorías: la reforma
laboral ha invertido las cargas de los trabajadores, ha trasvasado los
empleos fijos a empleos temporales.

Pues bien, con estos datos encima de la mesa, con una caída
de salarios que supone un 10 %, donde las rentas de los trabajadores
pierden 46 000 millones en dos años y medio, mientras crecen en 16 000
millones las rentas de los empresarios llega el señor Rajoy desde allende
los mares —porque aquí no hay bemoles para decirlo— y nos
dice que en España se está produciendo un milagro. Un milagro económico,
un milagro social y un milagro laboral, señorías. Y nos preguntamos:
¿será cierto que hay un milagro en España? ¿Se estará produciendo?

Pues sí, señorías, en España se está produciendo un
milagro, porque un milagro es haber conseguido que, mientras se reducía
en decenas de miles de millones el gasto público, en el mismo período, en
el mismo tiempo, la deuda pública de España creciera casi 300 000
millones, el 28,9 % de nuestro PIB, llevándonos a una deuda del 100 %, y
lo que era deuda privada de unos ahora es deuda pública de todos. Eso,
señorías, es un milagro del señor Rajoy. Milagro es, señorías
—mayor que el de los panes y los peces— que 280 000 empleos a
tiempo total y estables se hayan convertido en 540 000 empleos a tiempo
parcial y precarios, y que 1 500 000 empleos en tiempo equivalente a
horas se hayan perdido en estos tres años. Crear al mismo tiempo empleo y
destruir trabajo, horas y jornadas como está haciendo este Gobierno, eso,
señorías, sin duda, es un milagro. Milagro es haber conseguido que las
rentas salariales pierdan, como decía antes, casi 50 000 millones
mientras los empresarios ganan 16 000. Que los pobres socorran a los
ricos es un milagro del señor Rajoy. Y milagro —termino, señor
presidente; gracias por su generosidad— es haber conseguido que
mientras 2 millones de niños están en el umbral de la pobreza, mientras 1
millón de familias están sin ningún ingreso en este momento, mientras 3,5
millones de parados están sin ningún tipo de prestaciones, mientras esto
sucede, aumentan en un 33 % los millonarios en nuestro país. Esto es un
milagro del Gobierno del señor Rajoy. (Aplausos).

Señorías, milagro es que con todo esto —en eso
seguramente tendrá razón el señor Rajoy, y lo estará pensando cuando lo
dice— el señor Rajoy siga sentado en el sillón de la Presidencia
del Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Varela.

¿Turno en contra? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos ya en la última de las tres etapas en las que hemos
dividido el procedimiento presupuestario. Es una novedad, efectivamente
—ya lo han apuntado algunos portavoces de los grupos
parlamentarios—, es un procedimiento novedoso que en principio
tiene una valoración positiva de todos los grupos parlamentarios, y
también del nuestro. Quizá haya alguna cuestión que afinar o mejorar en
el futuro, pero, desde luego, este procedimiento ha permitido aliviar un
debate que se convertía en algo muy tedioso y además muy poco profundo a
la hora de ir a los detalles, y convertirlo en otro que posibilita
segregar, separar los debates de totalidad —de diferente nivel, más
políticos, de valoración de la política presupuestaria general o política
económica del Gobierno— del debate de las enmiendas, específicas y
particulares, presentadas por los grupos parlamentarios. En ese sentido
entendemos que el procedimiento refleja adecuadamente la forma de
aproximarse a los Presupuestos Generales del Estado, que es un documento,
como todos sabemos, muy complejo.

Por otro lado, en esta última fase del debate
presupuestario de enmiendas vemos —lo ha apuntado una de las
portavoces, concretamente la del Grupo Parlamentario Vasco— que,
efectivamente, hay un acuerdo en el desacuerdo; es decir, todos los
grupos de la oposición y prácticamente todos los senadores a título
individual del Grupo Parlamentario Mixto han manifestado su oposición a
los presupuestos, por unos motivos o por otros —vamos a entrar en
algunos de esos motivos; en otros, no—. A este respecto sí me
gustaría apuntar, y no lo hago como crítica sino como constatación de un
hecho, que algunos senadores o senadoras que han presentado enmiendas no
estuvieron en la comisión para defenderlas. Por tanto, no me extraña que
aquí en el Pleno hayan hecho una defensa pormenorizada de las enmiendas
que no defendieron en la Comisión de Presupuestos. Y claro, este
procedimiento es mejor que el anterior, pero exige que estemos en la
Comisión de Presupuestos para debatirlas allí y no tener que debatir
ahora, enmienda a enmienda, cada una de las presentadas por los distintos
grupos o senadores a título particular. Pero, ya digo, esto no es una
crítica sino sencillamente algo que habrá que ir afinando en los próximos
ejercicios presupuestarios.

Otra circunstancia que se da en los presupuestos para este
año 2015 es el elevadísimo número de enmiendas, tanto a la totalidad
—es decir, vetos generales y vetos a las secciones—, como
enmiendas particulares, que superan las 4000, y el ansia de algunos
grupos parlamentarios por enmendarlo todo. O sea, todo lo que podía ser
enmendado ha sido enmendado: veto general, vetos a todas las secciones
enmendables y 600, 700 u 800 enmiendas particulares. Y se ha presentado
el debate en esta sesión como que hay un desarreglo total en los
presupuestos, a no ser que se aprueben sus 4, 5, 6 u 8 enmiendas que
ahora nos proponen como constitutivas de acuerdo, lo cual ciertamente es
una forma rara de entender los desacuerdos y los acuerdos. Todos los
grupos parlamentarios han presentado vetos a los Presupuestos Generales
del Estado y han explicado la razón de sus vetos, y nosotros hemos
explicado las razones por las cuales rechazábamos esos vetos, y ahora la
presentación de enmiendas particulares, en número mayor o menor, no puede
hacernos olvidar los vetos presentados previamente. Por tanto, entendemos
que es poco sincero un debate en el que, aparte de algunas calificaciones
en las que ahora entraré, sencillamente se viene a decir que no hay
acuerdos, pero que los acuerdos serían posibles con unas pocas enmiendas
que dieran satisfacción a los grupos que enmendaron con veto y que
enmendaron todo lo posible y todo lo enmendable y que además han hecho
discursos de oposición radical a los presupuestos para 2015 y a los
presupuestos de la legislatura del Partido Popular.

No entendemos la posición de algunos portavoces que hablan
de maltrato de los presupuestos a una región en concreto, o a varias. No
entendemos que alguien califique estos presupuestos de agresivos contra
nadie, contra una región en concreto. No entendemos que se considere que

estos presupuestos son manifiestamente recurribles y
rechazables y, por tanto, con enmiendas de totalidad porque la inversión
por habitante queda por debajo de la inversión media por habitante, pero
en realidad tampoco se alegan razones ni proyectos, excepto unos
soterramientos de una fuente eléctrica en una isla, unos soterramientos
que no los hay en prácticamente ningún lugar de España. Por lo tanto,
muchas razones aquí esgrimidas no son más que una escenificación en un
Pleno —que no se escenificó en la comisión de presupuestos—,
escenificación que tiene el alcance que tiene, ciertamente la intención
de esos grupos de rechazar los presupuestos, cualesquiera que sean las
enmiendas que se hayan presentado después, que ciertamente serán
rechazadas por la mayoría de esta Cámara.

Se habla incluso de ensañamiento. Otro portavoz que en este
momento no está presente —y por tanto no citaré— habla de que
estos presupuestos se ensañan. Observen que estamos aumentando el grado
de intensidad de los adjetivos: del maltrato pasamos al agravio
—por supuesto, presupuestos agresivos—, y seguimos con el
ensañamiento con alguna región en concreto. Luego ya, más
civilizadamente, se indica que no cumplen con una región, sencillamente
—ya sabemos lo que eso significa—, y la guinda final nos la
pone el Partido Socialista, cómo no, que nos puso en la situación en que
nos hemos encontrado durante toda esta legislatura y cuyas penurias hemos
intentado paliar —y no voy a reproducir un debate, que ya es de
todos conocido, sobre la situación que nos encontramos—. Y hablan
de auténtico austericidio, sin tampoco fundamentar ni concretar en qué
consiste tal argumentación.

Por ser breve y concreto en una materia que exige más
claridad que nunca —porque me da la impresión de que se ha
incurrido en vicios, no ya de reflexión sino de concepción de lo que son
los presupuestos generales de una institución, en este caso Presupuestos
Generales del Estado, pero por analogía podríamos hablar de presupuestos
de una comunidad autónoma o presupuestos de un ayuntamiento—, diré
que a los presupuestos se les puede pedir lo que se les puede pedir y no
se les debe acusar de lo que no se les debe acusar, y aquí hemos
asistido, como digo, a un reto a ver quién ponía el adjetivo más
descalificador sin aportar argumentos.

Yo agradezco la intervención de los portavoces —ha
habido al menos 2— que han tratado de explicar sus enmiendas en un
contexto razonable, y se les entiende bien; no nos han hecho una simple
enumeración de exabruptos, de adjetivos; sencillamente nos han propuesto
unas enmiendas que mi grupo ha valorado, seguimos valorando algunas de
ellas, pero que vamos a rechazar en su gran mayoría, porque, como ya les
hemos explicado varias veces, nosotros consideramos que estos
presupuestos están ya bastante bien ahormados, responden a una política
económica, la nuestra, la del Gobierno de España, la del Partido Popular,
y creemos que estamos obteniendo buenos resultados, y eso es algo
constatable, aunque comprobamos con estupor que algunos portavoces de
grupos parlamentarios niegan sencillamente la evidencia de los datos, la
niegan. Es decir, para algunos —estoy mirando al portavoz
socialista— no hay recuperación en España, porque si la hubiera
sería un espejismo basado en un desequilibrio, una especie de intercambio
irónico, intercambio incluso cruel entre unos tipos de trabajadores y
otros y unos tipos de crecimiento y otros. En fin, nosotros creemos que
eso es negar la evidencia de que España está creciendo en momentos de
dificultad, como está ocurriendo en la Unión Europea, que España está
creando empleo —en el último año los datos de afiliación a la
Seguridad Social reflejan 400 000 afiliados más—. Eso es crear
empleo, podemos definirlo como destruir empleo, pero no será más que uno
de los términos, otro más, de los desafortunados que se utilizan para
reflejar u ocultar lo que la realidad nos dice. Las cosas son como son.
La recuperación está en marcha, ya sabemos que a algunos no les gusta la
recuperación, que no la quieren, que ni siquiera la contemplan como una
posibilidad y prefieren mantener un discurso negativo, porque,
efectivamente, hay muchos elementos que nos pueden llevar a pensar que
todavía no ha sido superada la crisis, y creo que el Grupo Parlamentario
Popular, que el Partido Popular, que el Gobierno del Partido Popular no
han dicho que la crisis esté superada, lo que se ha dicho es que estamos
en recuperación, lo cual es estrictamente cierto porque a partir de tres
trimestres consecutivos de crecimiento económico una economía empieza a
entrar en crecimiento. Este es un hecho estadístico y es una realidad que
confirman los datos: estamos en crecimiento, estamos en recuperación,
pero es que la crisis que se nos dejó es muy grave.

Por otro lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco ha
hecho algunas reflexiones ciertamente extrañas; ha hablado de una
desafección presupuestaria del Estado para con la

comunidad autónoma vasca, y ha hecho una reflexión
sorprendente sobre el acuerdo y el desacuerdo, sobre la necesidad de
acuerdo y la penuria del desacuerdo; una reflexión política, yo diría más
bien de filosofía política, que quizá no sea el momento adecuado para
debatir cuando estamos hablando de presupuestos. Pero si me permite una
observación le diré que nosotros también creemos en el acuerdo, creemos
que es conveniente y que las decisiones tomadas con acuerdo tienen una
mejor calidad que las adoptadas sin acuerdo, pero que un Gobierno tiene
la necesidad y la obligación de gobernar y, por tanto, con acuerdo o sin
acuerdo, hay que tomar decisiones, y estas son las decisiones que se han
tomado en estos presupuestos, con el desacuerdo de todos, pero eso ya lo
sabemos, el desacuerdo se produce y además en todo.

Como ya he dicho, varios grupos parlamentarios lo han
enmendado todo, es decir, no están de acuerdo con lo que se está haciendo
en materia de justicia, ni en materia de interior, ni en materia de
fomento, ni en materia de educación, ni en materia de economía, es decir
no están de acuerdo con la gestión financiera, con los funcionarios del
Tesoro que están llevando a cabo esas magníficas emisiones de deuda
pública a diez años por debajo del 2 %. Es que hay gente que no está de
acuerdo ni con eso. Por tanto, quienes lo han enmendado todo que no nos
pidan después el acuerdo para 4 enmiendas en concreto, porque eso no es
así, el discurso que están manteniendo es totalmente diferente. En fin,
quiero tomar los elementos positivos de su forma de plantear el acuerdo o
desacuerdo como una cuestión filosófica-política y, efectivamente, le doy
la razón, es mejor el acuerdo que el desacuerdo, pero también he de decir
que es mejor actuar que no actuar y que, por tanto, hay que actuar, si es
con acuerdo, mejor, pero si es sin acuerdo, hay que actuar en cualquier
caso.

Quiero centrarme en los principales elementos o reflexiones
que los distintos portavoces han planteado en esta sesión.

La primera es que la disposición adicional tercera del
Estatuto de Autonomía de Cataluña y disposiciones adicionales similares o
asimilables de otros estatutos y el Régimen Económico Fiscal de Canarias
han sido esencialmente enmarcados en dos sentencias del Tribunal
Constitucional. Esto lo hemos explicado en comisión; quienes no
estuvieron, no se enteraron, y por ello lo repetimos ahora en el Pleno,
porque, estando o no en comisión, los portavoces lo han vuelto a repetir;
lo dijeron en comisión y lo vuelven a decir en Pleno, por lo que he
desestimado completamente la idea de convencer a nadie, y solo voy a
reflejar los elementos esenciales de la cuestión.

Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, una
dirigida específicamente al Estatuto de Cataluña y una segunda que se
refiere a todos los demás estatutos en general que establecen preceptos
de esta naturaleza, incluido el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
En ellas se dice que estas disposiciones han de entenderse
constitucionales siempre y cuando se interpreten de una determinada
manera; y la manera en que tienen que interpretarse es —por decirlo
quizá con poca precisión jurídica— como indicadores de posibles
acuerdos, que si se concretan en comisiones mixtas tendrán validez
jurídica, y si no, no la tendrán. Eso es lo que dice el Tribunal
Constitucional, y así tienen que ser interpretadas, porque si no se
interpretan de esa manera no serían constitucionales. Con lo cual, quien
tenga capacidad de reflexionar que reflexione sobre ello y que se dirija
al Tribunal Constitucional y le plantee sus dudas, pero no a nosotros. La
disposición adicional tercera es lo que es y lo que el Tribunal
Constitucional ha dicho que es, y es eso, tanto la disposición adicional
tercera de Cataluña como las disposiciones adicionales similares del
resto de estatutos, incluido el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Por tanto, se definen de esa manera, con ese alcance, y solamente con esa
limitación pueden ser aceptados como normas establecidas para que, con
una eficacia limitada, se alcancen acuerdos que los hagan efectivos, y si
esos acuerdos no están, no están.

Al mismo tiempo, le he explicado, creo que al portavoz de
CiU o al de Entesa, lo absurdo que resulta —que también se
establece en la sentencia del Tribunal Constitucional— que por una
ley orgánica —cualquiera que sea, estatutaria o no, cualquiera que
sea— se pretenda condicionar la libertad de decisión del Parlamento
de España, de la nación española, durante los próximos diez, quince,
veinte o cincuenta años, aun cuando en un momento dado haya una mayoría
que crea razonable lo irrazonable, que crea razonable que hay que
incurrir en un determinado gasto de forma continua y con un compromiso
para los próximos cincuenta años. Ese compromiso no tiene validez
política, porque los Presupuestos Generales del Estado de cada año tienen
que ser

decididos cada año por el Parlamento de cada año, y eso es
así, esa es su esencia, porque si no fuera así, con nuestra actual
mayoría, nosotros podríamos dejar condicionados los Presupuestos
Generales del Estado para los próximos veinte o treinta años sin
posibilidad de que los parlamentos futuros, la composición futura del
Parlamento de la nación española pudiera introducir modificaciones, o que
los grupos de la oposición pudieran criticar al Gobierno que no cumple
sus compromisos. Pues mire, sí cumplimos, cumplimos lo que hay que
cumplir, es decir que los Presupuestos Generales del Estado debatan
anualmente los programas de inversiones, de gasto corriente, de gasto de
intereses, de deuda pública o cualquier otro gasto.

Segunda reflexión general dentro de las que se han
planteado. Una de las fases con mayor carga demagógica que yo he oído en
esta sesión, una demagogia exacerbada, es que se ha convertido deuda
privada en deuda pública —argumento, además, muy querido por el
Partido Socialista, por la izquierda socialista—, que se hacen
públicas las pérdidas privadas. Bueno, pues ahora toma otra forma: se ha
hecho deuda pública lo que era deuda privada, y se aprovecha para
explicar el enorme volumen de deuda pública que, efectivamente, hay en
España.

Mire usted, si hacemos una suma aritmética —que es la
que hay que hacer, no la demagógica; la demagógica da resultados
imprevisibles, la aritmética, no—, la deuda pública de España en
estos momentos es igual a la deuda pública que había en el año 2011; más
los programas de apoyo que la Unión Europea ha hecho para los países
intervenidos y en los que todos los países de la Unión Europea hemos
tenido que poner nuestra parte; más el programa de apoyo al sistema
financiero español, por un importe de 40 millones, porque, por la forma
en que se ha instrumentado, el MEDE ha exigido que pase por los títulos
de deuda española para dar solvencia soberana a una operación que es
esencialmente europea, de apoyo al sistema financiero. Pero, bueno, da
igual, es deuda pública y, por tanto, eso es un sumando más; más el
déficit público de estos tres o cuatro años, si incluimos 2015, el de
estos presupuestos; más todos los programas y todo el endeudamiento
necesario para pagar la deuda de las corporaciones locales y de las
comunidades autónomas, deuda que habían metido en los cajones y que había
que pagar, porque no la habían contabilizado, o si la habían
contabilizado, no la habían pagado. Si ustedes suman todo eso, salen
exactamente esos 30 puntos PIB, 300 000 millones de euros que ha sido
necesario emitir de deuda pública. Díganme con qué no están de acuerdo
¿Con emitir deuda pública para pagar a proveedores? ¿Con emitir deuda
pública para apoyar a países intervenidos en Europa? ¿Para emitir deuda
pública obligados por el MEDE, el mecanismo europeo de intervención y de
apoyo al sistema financiero español, que ha permitido que todos los
españoles mantengan sus ahorros? Porque para eso se hizo la intervención
y el apoyo bancario. ¿Con qué no están de acuerdo? ¿Qué es eso de hacer
públicas las deudas privadas? Eso es pura demagogia, y no tiene ningún
alcance. Ya vemos que algunos están metidos en un discurso prácticamente
electoral y lo único que pretenden es generar confusión en torno a
elementos que son básicamente conocidos o que pueden conocerse y que,
desde luego, tienen una explicación.

Me van a permitir que concluya aquí. Hay más elementos en
las intervenciones de los portavoces, que agradezco, en su mayor parte,
por el tono que han mantenido, aunque no agradezco en modo alguno, porque
es muy negativa, la forma de calificar ni la carrera de calificativos
peyorativos que han aplicado.

Estos son unos presupuestos sin consenso —está claro
que no hay consenso—, apoyados por el Grupo Parlamentario Popular;
y en el Grupo Parlamentario Popular estamos orgullosos de apoyarlos.
Creemos que son los que la economía española necesita, los que necesita
España y que, por tanto, van a permitir continuar con la recuperación,
que existe, por más que lo nieguen algunos, con una recuperación que está
permitiendo estabilizar los grandes desequilibrios, el mayor de todos,
sin duda alguna, es el desempleo. Se están produciendo avances
importantes en el mercado de trabajo, en la contratación en España, ya
sea a tiempo parcial o temporal. En cualquier caso, los contratos de
trabajo buenos son. Estamos convencidos de que esta legislatura va a
terminar, si no con unos resultados muy brillantes —que pensamos
que no va a ser así—, sí con una situación en la que —y esto
es lo más importante— la economía española, la sociedad española
podrá afrontar el futuro con ciertas garantías de estabilidad y de
solvencia. Cuando nosotros llegamos en 2011 nos enteramos, una vez que
asumimos el Gobierno, del desfase del déficit público que había, nos
enteramos de las facturas que había en el cajón y nos enteramos de los
pagos pendientes, y en ese momento no había ninguna confianza en que se
pudiera recuperar

una situación que estamos recuperando. Por tanto, apoyamos
los presupuestos y rechazamos todas las enmiendas, la inmensa mayoría,
aunque es verdad que todavía estamos trabajando sobre algunas enmiendas,
muy pocas —ya se lo adelanto—, sobre un elenco muy pequeño de
enmiendas. Lo digo porque no quiero hacerles pensar que se van a aprobar.
No, no. Ustedes actúen como si no se fuese a aprobar ninguna enmienda y
sigan pensando que somos austericidas y los otros adjetivos que han
utilizado. Pero sí estamos trabajando sobre algunas enmiendas en
concreto.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador señor
Unamunzaga.

Recuerdo al Grupo Mixto que tienen dieciocho minutos, a
repartir entre todos.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, presidente.

Señorías, hemos intentado presentar 13 enmiendas parciales,
pero de un profundo carácter político y pedagógico, al estado de
ingresos, y digo que hemos intentado porque eran enmiendas que pretendían
resumir nuestra postura política sobre estos presupuestos y también sobre
nuestra presencia en esta Cámara, 13 enmiendas que sí han podido ser
debatidas en el Congreso de los Diputados, pero que, tal y como ocurrió
el año pasado, no hemos podido debatir en el Senado, pero sí las voy a
explicar someramente a continuación.

En estas enmiendas proponíamos una reducción en las
aportaciones del cupo tanto en la Comunidad Autónoma del País Vasco como
en la Comunidad Autónoma Foral de Navarra en la proporción que
corresponde a unas estructuras del Estado que consideramos que nosotros
no debemos mantener, y concretamente me estoy refiriendo a la Casa Real,
al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Asuntos Exteriores, al
ministerio encargado de la seguridad ciudadana e instituciones
penitenciarias, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Constitucional, al
Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial. Estas
enmiendas representan las reivindicaciones de nuestro derecho a la
soberanía, de nuestro derecho a tener un Estado propio, de nuestro
derecho a que la sociedad vasca pueda decidir libre, democrática y
pacíficamente su futuro. La disminución de estas partidas la
compensábamos con un incremento en diferentes partidas correspondientes a
los ingresos del Estado. Estábamos hablando del impuesto sobre el
capital, del impuesto sobre el patrimonio, del impuesto sobre sociedades
y del impuesto sobre el valor añadido.

Con estas enmiendas, tal y como hemos defendido en nuestro
veto, queremos poner el dedo en la llaga sobre los principales problemas
estructurales del Estado español: la insuficiencia de los ingresos. El
problema del Estado español no está en el gasto público, que ya está muy
por debajo de la media de la Unión Europea, el problema sigue estando en
los ingresos, que está todavía mucho más por debajo de la Unión Europea.
Y si miramos la recaudación en los distintos impuestos en porcentaje
sobre el producto interior bruto de cada uno de los Estados, vemos que en
la recaudación del IVA el Estado español está el último de los Estados de
la Unión Europea y vemos que la recaudación del impuesto sobre sociedades
está en el puesto 23 o 24 de los 27 de la Unión Europea.

Estos datos dejan muy a las claras que son impuestos en los
que claramente hay un fraude fiscal muy importante, y nosotros pensamos
que frente a esta no recaudación, este no ingreso, esos más de 1157
millones de euros que proponemos en la reducción del cupo deben ir
precisamente a reforzar el Estado de bienestar en Euskal Herria a través
del gasto social, a reforzar el Estado de bienestar en vez de a sostener
estructuras del Estado que no nos han reconocido ni como país ni como
sociedad diferenciada, como las que citaba antes y que hemos intentado
enmendar. Y queremos reforzar el Estado de bienestar dedicándole esos más
de 1157 millones de euros, en vez de sostener estructuras del Estado que
no son capaces de garantizar la igualdad de oportunidades ni la justicia
social; estructuras que dedican todas sus energías a intentar impedir el
derecho a decidir de Cataluña, de Euskal Herria, de Galicia en su día,
cuando llegue, de las naciones —en una palabra— que están
dentro del Estado español; estructuras que están dedicando todos sus
esfuerzos a combatir el derecho a decidir, a combatir ese derecho
democrático en vez de combatir los problemas estructurales del Estado
español, que les están

llevando a ser un Estado fallido desde el punto de vista
económico, social y político. Esos problemas estructurales a los que me
estoy refiriendo son, entre otros, el incremento de la pobreza, con ese
componente especial de incremento de la pobreza infantil; las altas tasas
de paro, sobre todo de paro juvenil, que también se sitúan a la cabeza de
la Unión Europea, y esa lacra social que es el fraude fiscal, que es otra
forma de corrupción.

Amaiur reivindica el derecho de Euskal Herria a gestionarse
por sí misma y a ejercer su soberanía para lograr ser un país justo, un
país en el que el Estado de bienestar esté garantizado, un país que
contribuya a hacer una Unión Europea más justa, más equitativa y más
libre también, en vez de reforzar esas estructuras del Estado que, como
decía antes, están contribuyendo a que siga en ese camino que le lleva a
ser un Estado fallido desde todos los puntos de vista. Desde la
reivindicación que hacemos de la soberanía de Euskal Herria, de este
futuro para nuestro país, también queremos ser solidarios con el Estado
planteando la reflexión sobre sus problemas estructurales, como lo
hicimos en el veto y como lo hacemos en estos momentos, para ver si
ustedes son capaces de reaccionar y darles respuestas, aunque, tal y como
les dije, me temo que no va a ser posible.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
señora Domínguez.

La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Gracias, señor presidente.

Para comenzar, una simple puntualización dirigida al
senador Utrera. Solo quiero referirme a las intervenciones de los
senadores que aquí estamos, y permítame decirle que los aquí presentes
ostentamos representaciones territoriales, y que en mi caso la
representación es de la isla de Fuerteventura. Tengo el derecho y la
obligación, como senadora, de exponer mis enmiendas, haya o no haya ido a
la comisión. En este escenario, el señor senador del PP, cualquier otro
senador o yo misma podemos presentar, exponer y justificar lo que creamos
conveniente para defender nuestras posturas.

Dicho esto, me refiero a las demandas en forma de enmiendas
que he expuesto anteriormente. Si miramos los Diarios de Sesiones del
Senado de hace veinte años podremos ver que el senador que representaba a
la isla de Fuerteventura presentó iniciativas similares, e incluso
algunas iguales a las enmiendas que yo he presentado. Con esto quiero
decir que Fuerteventura no ha avanzado prácticamente nada en esos veinte
años.

Los habitantes de Fuerteventura tienen derecho al acceso al
agua potable sin restricciones, tienen derecho a una infraestructura
viaria que no ponga en riesgo su vida, tienen derecho a disfrutar de unos
servicios públicos dignos, sin que para acceder a un simple documento, al
DNI, tengan que hacer cola toda una noche en los puestos de la Policía
Nacional. Señores, esto pasa en Fuerteventura como si de un país
tercermundista se tratase. Los habitantes de Fuerteventura tienen derecho
a decidir cómo quieren su paisaje, y lo que sí tenemos claro es que no
queremos salpicar nuestro territorio con torretas de alta tensión, algo
que solo se puede solucionar si el Estado interviene presupuestariamente,
dado que es el Estado quien con su normativa a través de la Ley del
sector público obliga a que las instalaciones eléctricas de alta tensión
se lleven a cabo con torretas de 50 metros de alto.

Señores senadores, sé que van a rechazar estas enmiendas,
pero lo que realmente nos preocupa es que la justificación de este
rechazo no se argumente, no se fundamente y al final no podamos trasladar
a los ciudadanos cuál es el motivo real del rechazo de estas
propuestas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el senador señor Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente.

Senador Utrera, que no está ahora en la Cámara y es
portavoz en la Comisión de Presupuestos, yo sí estuve en la Comisión de
Presupuestos. Usted no está ahora, imagino que porque tendrá cosas mejor
que hacer. Muchos senadores no estuvieron en la Comisión de Presupuestos
simplemente porque no pertenecen a la Comisión de Presupuestos. A lo
mejor no se ha dado

cuenta de que a la Comisión de Presupuestos no pertenecen
los 266 senadores actuales, sino muchos menos. Pero yo sí estuve en la
Comisión de Presupuestos.

También quiero reivindicar otra cosa porque me parecen
insólitas algunas afirmaciones que se han hecho aquí —ya lo ha
dicho mi compañera Sandra—. El Senado es una Cámara de
representación territorial, y yo pertenezco a la isla de El Hierro, que
está en la Constitución española, y como tal, mi derecho es presentar
enmiendas para que el Estado, el Gobierno y España se enteren de que hay
una isla, El Hierro, que tiene dificultades y problemas, porque
desgraciadamente en los tres años que lleva este Gobierno no se ha
enterado de que existimos, dónde estamos y cuáles son nuestros problemas,
porque no ha aceptado ni una sola enmienda de las que he presentado en
los cuatro últimos ejercicios presupuestarios. Y les digo más, no han
aprobado ninguna enmienda cuando en Canarias el Partido Popular, ustedes
mismos, presentan propuestas por unanimidad, y a veces en solitario, que
aquí son rechazadas. Estas son muchas de las enmiendas que presento yo
aquí.

Tenía un discurso para exponer, pero la verdad es que ni lo
voy a leer después de lo que nos ha dicho el senador Utrera, que vuelvo a
decir que no está. Y nunca he criticado a ningún senador por no estar en
la Cámara, porque evidentemente, soy de los que defienden que muchas
veces hacemos más en los despachos que aquí cuando se tratan temas que no
nos corresponden, pero creo que es una falta de respeto a todos los
senadores decirnos lo que podemos y lo que no podemos presentar. Si hago
una propuesta de veto es porque no me gustan los presupuestos para mi
comunidad autónoma ni para mi isla, y si después hago enmiendas es porque
creo en el diálogo, diálogo en el que el Partido Popular ni cree ni ha
creído, porque decía que es mejor el acuerdo que el desacuerdo, pero ¿qué
acuerdo? Unilateralmente el de ustedes, el de nadie más. ¡Claro que es
mejor un acuerdo!, pero aquel en el que ustedes ponen 10 puntos y dicen:
O acordamos entre todos esos 10 puntos o no vale y rompemos la baraja.
Señores del Partido Popular, creo que ustedes han ignorado y siguen
ignorando en estos presupuestos, con más de 4000 enmiendas, a muchos
ciudadanos y muchos problemas, y este humilde senador simplemente viene
aquí a transmitir una realidad de una comunidad autónoma y de una isla
que desgraciadamente ustedes no entienden, no comprenden y no valoran sus
problemas porque no saben vivir en un territorio alejado, ultraperiférico
e insular. Eso es una realidad.

Y voy terminando porque tenemos que hablar muchos senadores
del Grupo Parlamentario Mixto.

El REF. El régimen económico y fiscal fue la promesa del
presidente del Gobierno, no algo que dijese yo. Y dijo el presidente del
Gobierno, su presidente y el mío también, el de todos los españoles:
Cumpliré lo que no se ha cumplido del REF, incluso lo mejoraré. Eso lo
dijo. Y los artículos 95 y 96 dicen, a propósito del REF, que la
inversión media en Canarias tiene que ser como mínimo la media de las
comunidades autónomas. No ha cumplido el Gobierno del Partido Popular ya
no el REF, es que no ha cumplido su palabra el señor don Mariano
Rajoy.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Hagamos lo que hagamos es evidente que nunca es del agrado
del Partido Popular. Señor Utrera, presentamos vetos a los Presupuestos
Generales del Estado y a determinadas secciones que eran fundamentados,
lo mismo que todas las enmiendas que hemos formulado. Cuando presentamos
vetos porque presentamos vetos; si presentamos vetos y enmiendas porque
presentamos vetos y enmiendas; y si presentamos solamente enmiendas
tampoco nos las aprueban. Por tanto, Esquerra Republicana hará y hace lo
que cree conveniente, pertinente y procedente, igual que ustedes y como
muy bien ha dicho usted. Porque lo que hacen ustedes es aplicar su
política económica, la del Partido Popular, de la que dicen que están
obteniendo unos grandes rendimientos y unos grandes beneficios.
Efectivamente, pero para una minoría. Por eso nosotros no les damos
apoyo, porque entre ustedes y nosotros, entre Esquerra Republicana y el
Partido Popular existe una eternidad ideológica. Y no entiendo que
ustedes digan que algunas de las enmiendas que hemos presentado no son
unas buenas enmiendas o que no son procedentes o que no saben lo que
persiguen. ¿A ustedes les parece poco razonable pretender erradicar la

pobreza infantil? ¿Les parece poco razonable pretender
erradicar —intentarlo, intentarlo— la pobreza estructural?
¿Eso les parece poco razonable? Les decíamos 200 millones de euros y yo
se lo compararé, por ejemplo, a los 1350 millones de euros de la
indemnización para el señor Florentino. ¿Eso les parece razonable a
ustedes? Les parece muy razonable. 900 millones en créditos
extraordinarios para el Ministerio de Defensa. Esto les parece muy
razonable. Pues bien, es evidente que entre ustedes y nosotros hay una
eternidad ideológica.

Ustedes dicen que no perjudican a Cataluña, a los Països
Catalans, al Pais Valenciá. Pues mírense los Presupuestos Generales del
Estado. Se lo han recordado y se lo han puesto de manifiesto los
distintos portavoces que traen causa de ello, puesto que sus partidos
políticos están representados en Cataluña. ¿A ustedes también les parecen
poco razonables algunas de las enmiendas que ha presentado Esquerra
Republicana a la sección 17, Ministerio de Fomento, el acceso al puerto
de Barcelona, las obras de finalización de la estación de Sants o de La
Sagrera? ¿Eso les parece a ustedes poco razonable? Las infraestructuras
del Pais Valenciá, ¿también les parecen poco razonables? El tercer puente
sobre el río Ebro, ¿también les parece poco razonable? La rotonda en la
N-340 de Les Cases D’Alcanar, ¿también les parece poco razonable? Y
así un largo etcétera.

Pues miren, les parecerá lo que les parezca, pero al final
les voy a decir lo que hace tiempo les viene diciendo Esquerra
Republicana. Estos Presupuestos Generales del Estado y los 3 anteriores
son un argumento más a favor de la independencia de Cataluña. Ustedes no
son capaces de garantizar ni la competitividad de la economía catalana,
de la que depende la creación de empleo, y de la que depende en gran
parte y es motor del Estado español, ni tampoco las políticas sociales,
de las que depende el Estado del bienestar. Y por eso Esquerra
Republicana ha presentado veto a las secciones y ha presentado enmiendas,
y así lo hará sucesivamente mientras que ustedes presenten los
Presupuestos Generales del Estado que presentan cada año.

Sabemos que ustedes no van a votar ni van a admitir ni una
sola de las no razonables enmiendas que ha presentado Esquerra
Republicana y con esa misma libertad nosotros no vamos a votar unos
Presupuestos Generales del Estado que ni defienden a la ciudadanía ni
defienden el Estado del bienestar y que, obviamente, perjudican
sustancial y notablemente a los Països Catalans y a Cataluña en
especial.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Yo creo que hay que reconocer la coherencia del presupuesto
del Partido Popular. Su portavoz, el señor Utrera, lo decía con perfecta
legitimidad. Estos presupuestos se corresponden con un proyecto político
que el Partido Popular, con base en su mayoría absoluta, está
desarrollando. La misma coherencia nos tiene que conceder a los demás,
que cuestionamos el proyecto político en el veto general, en los vetos a
las secciones y en las enmiendas parciales. Lo hacemos cuando, como
explicaba antes, pretendemos modificar al alza las consignaciones de
Justicia entendiendo que es imposible modernizar la justicia con esas
consignaciones. O cuando planteamos la necesidad de que el Grupo Fomento
tenga una inversión mayor y que su prioridad sea, por ejemplo, el
ferrocarril de Cercanías, el ferrocarril convencional. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).

Con la misma coherencia planteamos que en las
consignaciones de la sección 18 hay pocos recursos para becas y para
todos aquellos programas y actuaciones que apuestan por la integración
social y la superación de las dificultades con las que cuentan aquellos
colectivos que ya parten de una realidad social más difícil.

Sigo con la enumeración de las secciones, que tuve que
interrumpir antes por falta de tiempo. Llegando a la sección 19,
planteamos con la misma coherencia también una gestión por las
comunidades autónomas de acciones y medidas de políticas activas de
empleo y, por ello, proponemos mediante una enmienda que se les
transfieran 1624 millones de euros.

En relación con Industria, la sección 20, nuestras
enmiendas buscan más apoyo a las energías renovables, a un plan de
rehabilitación energética y más recursos al Instituto del Carbón para que
cumpla las sentencias. El secretario de Estado y el señor ministro siguen
diciendo que ellos

cumplen las sentencias pasando las hojas de los expedientes
y revisándolos. Obviamente, esa no es una interpretación acorde a derecho
de la ejecución de una sentencia.

En la sección 23 planteamos más recursos en Agricultura.
Para el Plan de desarrollo rural, 30 millones más y para seguros
agrarios, casi 75 más.

En cuanto a Medioambiente —algunos portavoces lo han
destacado—, estos presupuestos viven de espaldas al cambio
climático, de ahí que pretendamos enmendar con 30 millones de euros más.
Otras 2 enmiendas buscan incrementar las actuaciones en la costa por los
problemas derivados de ese cambio climático y de la legislación que la
reforma de la Ley de costas ha traído, mediante un incremento de 45
millones de euros.

Sección 26, Sanidad y Servicios Sociales. En Sanidad
—lo dijimos en la comisión y lo reitero aquí—, no compartimos
en absoluto que el Fondo de Cohesión Sanitaria sea una cámara de
compensación entre las comunidades autónomas por los gastos que les
generan a cada una de ellas los desplazados, sino que tiene que ser un
papel de intervención directa de la Administración central del Estado
como garante de unas condiciones homogéneas del servicio público de
atención sanitaria en el conjunto del Estado, al menos, en unos mínimos
que seamos capaces de consensuar. En la parte que corresponde a Servicios
Sociales, varias enmiendas aumentan la transferencia al Imserso con 35
millones más en la dependencia para el mínimo garantizado y con otros 35
para el plan concertado. Planteamos un fondo estatal de lucha contra la
pobreza de 150 millones de euros, un fondo estatal de lucha contra la
pobreza energética de 75, e incrementamos las partidas dirigidas a
combatir la violencia de género.

En la sección 27, a través de distintas enmiendas,
pretendemos que las transferencias a diferentes institutos de
investigación sean incrementadas.

Concluyo. Las enmiendas son coherentes con los vetos y los
vetos son coherentes con la política, como el presupuesto lo es con la
del Partido Popular. Discrepamos de esa política, discrepamos del
presupuesto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Valoración final e intervención final de mi grupo
parlamentario a esta ley de presupuestos para el año 2015. Me ha tocado
hacerla a mí y espero estar a la altura de las expectativas, no solamente
de mi grupo, sino también del senador Utrera, que se ha erigido en juez
respecto de lo que se puede decir y cómo se puede decir en esta tribuna.
Luego veremos si, efectivamente, lo consigo, o si, como el resto de los
portavoces, no soy capaz de estar a su altura.

Quiero hacer una valoración general, no solamente de los
presupuestos, de los contenidos y del modelo que encierran, sino también
del procedimiento seguido, dado que en la tramitación llevada a cabo en
estos presupuestos ha sido una novedad el procedimiento establecido por
el grupo de trabajo que se ha estado reuniendo durante los últimos meses.
Mi valoración coincide con la del resto de grupos: todo es mejorable y
también aquí seremos capaces de afinar mucho más de cara al procedimiento
parlamentario a seguir en los próximos presupuestos. Aun así, hay que
valorar muy positivamente tanto el trabajo de los que han participado en
ese grupo de trabajo, como el ímprobo trabajo de la presidenta de la
comisión; excelente trabajo.

Quiero valorar también el contenido del proyecto de ley.
Todos sabemos que los presupuestos seguramente serán la herramienta que
mejor refleja el proyecto político de quienes lo aprueban o de quienes
establecen cuáles son las prioridades de gasto. En ese sentido, entiendo
que en cualquier valoración de los presupuestos subyace una reflexión
respecto del modelo económico y el modelo político, en este caso del
Gobierno del Partido Popular, de ahí que es probable que algunos de los
portavoces se hayan ido por las ramas con reflexiones filosóficas e
incluso políticas que no son del agrado de todo el mundo, pero es que no
se puede hacer una cosa sin hacer la otra. Dígame qué está presupuestando
y le diré cuál es su política, porque este es el proyecto de ley más
importante del año en curso. En ese sentido, mi grupo parlamentario no
puede sino reiterar que no compartimos el modelo económico que subyace en
estos presupuestos, que no compartimos el modelo político en el que se
basan. Hablamos de austericidio y quizá no sea el término político o
filosófico más adecuado, pero es evidente que ha llegado el momento de
dar un cambio a la política económica de este Gobierno porque no se están
alcanzando los objetivos que

se pretenden. Si lo que se pretende es mejorar la economía
y acabar con la crisis, desde luego, una política de contención del gasto
a todos los niveles, caiga quien caiga y pese a quien pese, no es la más
adecuada. Y no solo se lo dicen los grupos políticos, se lo están
diciendo también en Europa; se están poniendo en cuestión aquellos
mecanismos de estabilidad y de contención del gasto que al principio de
la crisis pensaban que iban a ser la panacea e iban a salvar a Europa de
la caída libre que ha sufrido en los últimos años. Compartimos esa
reflexión y entendemos que el Gobierno debería plantearse, si no la
rectificación, sí la búsqueda de nuevos mecanismos que permitan
incentivar el crecimiento, porque así es como se va a incentivar
realmente la creación de empleo. Si ustedes no lo ven así, y es evidente
que no comparten esta visión dados los presupuestos que han vuelto a
presentar, serán responsables de las consecuencias que de ello se
deriven.

Quiero hacer una tercera valoración en cuanto a la
aportación de mi grupo parlamentario a estos presupuestos, y para ello
tengo que volver a incidir sobre una cuestión que a usted no le gusta, y
es la filosofía del acuerdo, del consenso y de lo que esto aporta de
beneficioso. Ya la ha iniciado mi compañera María Eugenia acertadamente
y, una vez más, voy a incidir sobre ello. Nosotros hemos presentado 27
enmiendas; una de ellas ha sido incorporada vía ponencia y las otras 26,
no. No presentamos estas enmiendas por el capricho arbitrario de un grupo
parlamentario que quiere quedar bien con determinado sector, con
determinada fundación o con determinado ámbito, sino porque son enmiendas
fundamentales para el escaso ámbito en el que nosotros compartimos la
financiación de algunos aspectos.

Le voy a enumerar una a una, pero ya adelanto que en buena
parte de ellas venimos a exigir, no ya dinero para determinada cuestión o
proyecto, sino simplemente que los acuerdos políticos adoptados tengan su
plasmación presupuestaria. Venimos a pedir que se cumplan los acuerdos.
¡Fíjate, que se cumplan los acuerdos! Que donde ustedes dijeron que iban
a hacer algo, efectivamente lo hagan, y que para poder hacerlo doten
presupuestariamente determinadas partidas. Cuando hablamos de acuerdo no
hablamos única y exclusivamente de lo bien que queda poder decir en
prensa: he conseguido incorporar una enmienda. Cuando hablamos de
acuerdo, venimos a pedir que efectivamente tengamos la responsabilidad de
asumir nuestros compromisos, y en este caso de dotarlos
presupuestariamente. En el caso de la única enmienda que se ha aprobado
—que tampoco es correcto decir que es la única enmienda que se ha
aprobado, pues en ponencia se incorporaron 115 enmiendas, 114 de su grupo
parlamentario y una del nuestro—, lo que se pedía era que las
administraciones pudiesen aportar a los planes de previsión social
voluntaria. Esto se podía hacer también en el presupuesto del año
anterior y era un acuerdo que alcanzó su grupo parlamentario con mi grupo
parlamentario para los presupuestos ahora en curso, para los del año
2014. Ustedes, unilateralmente, decidieron modificar esa capacidad de las
administraciones públicas para hacer esas aportaciones vía enmienda en el
Congreso y, evidentemente, mi grupo parlamentario se enfada. Primero,
porque ponen en cuestión un procedimiento ya trabajado, consensuado y
acordado con los trabajadores en numerosas mesas de negociación, en
ayuntamientos, en diputaciones forales y también en el Gobierno vasco;
eso, por un lado. Segundo, porque nos va a obligar a nosotros a faltar a
nuestra palabra. ¡Y ahí no, señor Utrera!

Ustedes con su palabra lo primero que deberían hacer es
cumplirla, pero en caso de que no vayan a hacerlo lo que no pueden hacer
es, mediante la negación de su palabra y desdiciéndose de los acuerdos
que han adoptado, obligarme a mí a no cumplir los míos. Porque nosotros,
a nuestra palabra, a los acuerdos y a lo que decimos que vamos a hacer le
damos una importancia muy grande. Y si decimos que vamos a hacer algo, lo
hacemos, lo hacemos, este ejercicio y el siguiente, no utilizamos
triquiñuelas parlamentarias para decir cosas distintas y desdecirnos de
aquel acuerdo que alcanzamos aquel día. Somos gente seria y creo que lo
hemos demostrado durante todo el trámite de estos presupuestos, como de
otros presupuestos o como de otras leyes. Por lo tanto, cuidado cuando
valoramos las enmiendas del resto de grupos parlamentarios, cuidado
cuando valoramos el trabajo, porque entiendo que nosotros hemos hecho un
trabajo serio y adecuado además no solamente al procedimiento, sino a la
lógica política que defiende mi grupo parlamentario.

Otras cuestión, vía presupuestos también y vía algunas de
las enmiendas que hemos presentado nosotros. Ustedes modifican muchas
cuestiones relativas a la tasa de reposición, tanto

en el texto que se presentó en el Congreso como en las
enmiendas que han presentado luego aquí en el Senado, pero intentan una
vez más utilizar los presupuestos como una herramienta política para
entrar allí donde, por otro lado, no deberían entrar, y me voy a
explicar. Con el tema de la tasa de reposición y con el tema de las
famosas plazas que se habían convocado para la Ertzaintza, mi grupo
parlamentario defendió en todo momento lo adecuado del procedimiento de
selección de los agentes de esta última OPE que ha habido. Y ustedes se
empeñaban en que no, en que la Ertzaintza, como otras administraciones
públicas, tenía que estar sujeta a una tasa de reposición. Pues no,
señorías, evidentemente, la Ertzaintza no está sujeta a una tasa de
reposición porque tiene un procedimiento de selección establecido ya vía
consenso, vía acuerdo una vez más entre el Ministerio del Interior y la
Consejería de Seguridad. ¿Por qué donde se alcanza un acuerdo en un
ámbito tienen que llegar vía presupuestos por otro lado para desdecirse?
Respeten un poco sus propios ámbitos de decisión, respeten el acuerdo y
los consensos alcanzados, respeten la ley y en este caso el estatuto de
autonomía cuando dice que será la Junta de Seguridad quien establezca
cuál tiene que ser la dotación de la policía autónoma vasca.

Y no se hagan trampas al solitario, no introduzcan ahora
modificaciones para que en el caso de aquellas comunidades autónomas que
cumplan con el criterio de estabilidad y de déficit y de deuda y que
además tengan policía autónoma —que no son tantas— pueda
haber un límite de reposición del 100 %. ¡Es que no, ni del 100 ni del 50
ni del 20, es que el procedimiento es totalmente distinto, es un
procedimiento del que además ustedes también participan y, por lo tanto,
aténganse a esos consensos, aténgase también al consenso estatutario! ¡Es
que lo que se quieren cargar realmente son cuestiones fundamentalmente
graves! ¡Por eso tenemos que venir aquí, debate tras debate, a pedir
cláusulas forales de salvaguarda de nuestros derechos y a pedir que
respeten los acuerdos que ustedes mismos han firmado hace dos días!

Pues bien, visto que estos presupuestos no responden ni a
la política económica que defiende mi grupo parlamentario, ni a la
política ni al programa ideológico que nosotros entendemos que debería
llevarse a cabo, visto además que vía estos presupuestos se pretende
revertir acuerdos y consensos importantes alcanzados con mi grupo
parlamentario, no solamente defendemos nuestras enmiendas, no solamente
seguimos presentando un voto particular, sino que además seguiremos
votando que no a estos presupuestos, le guste a quien le guste y le
parezca adecuado a quien le parezca adecuado, pero esa sí que es nuestra
responsabilidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el
senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies, senyor president, de
nou.

Senador Utrera, usted ha dicho que la oposición ha
utilizado calificativos referidos a los presupuestos como austericidas o
agresivos; es decir, que estos presupuestos significan una agresión.
Espero que no se refiriese a este portavoz, porque yo he utilizado
concretamente la palabra provocadores; y si quiere, se la concreto un
poco más. Son provocadores porque, efectivamente, estos presupuestos son
una fábrica de independentistas; o, dicho de otra manera, si usted se ha
convertido ahora al independentismo, lo está haciendo fantásticamente
para que en Cataluña crezca el independentismo con decisiones como las
contenidas en los Presupuestos Generales del Estado referidos a Cataluña.
Usted también ha dicho que lo hemos enmendado todo. Le doy un giro a su
argumento: ustedes han dicho no a todo, también es verdad.

Respecto a Cataluña o al cumplimiento de los estatutos,
dejando al margen el tema que hemos debatido muchísimas veces sobre la
disposición adicional tercera, dejando de momento de lado el Estatuto de
Autonomía de Cataluña, ¿y el resto de estatutos sobre los que el Tribunal
Constitucional no ha dicho nada y, por lo tanto, son perfectamente
constitucionales porque no ha habido ningún recurso? ¿Estos no se tienen
que cumplir? Porque no se cumplen. Y respecto al de Cataluña, lo que dice
la sentencia del Tribunal Constitucional usted lo sabe y yo también lo
sé; nosotros lo que decimos es otra cosa; lo que decimos al argumento de
que esto no vincula al Estado a los presupuestos generales es ¿por qué
no? ¿Acaso el Pacto de Toledo no vincula a los Presupuestos Generales del
Estado? ¿Acaso se les ocurre no cumplir el Pacto de Toledo, que es un
pacto, un acuerdo? Por lo tanto, respecto a Cataluña, por la misma razón,
decimos: hay un acuerdo de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de
hace algunos años sobre cómo aplicar... Por lo tanto, hay

un acuerdo, no es simplemente lo que dice la disposición
adicional, hay un acuerdo; si no lo quieren cumplir, deshagan el acuerdo.
¿Cómo? Convocando la comisión bilateral, que no la han convocado y, por
lo tanto, hay un acuerdo bilateral entre el Estado y la Generalitat, un
acuerdo voluntario de las partes —de la manera en que se pactó en
su momento— sobre cómo interpretar y cómo invertir durante siete
años las inversiones del Estado en Cataluña. Esto es así, y que no se
diga que estamos hablando de toda la vida, de cincuenta años; el Estatut
de Autonomía de Cataluña habla de siete años para recuperar las
inversiones históricas atrasadas y reconocidas desde hace muchísimos
años.

En la Comisión de Presupuestos hemos oído calificativos de
los senadores del Grupo Popular sobre las enmiendas del resto de los
grupos en términos como irreales, de campanario, la misma cantinela de
siempre, un brindis al sol, populismo, demagogia, nacionalismo
—incluso catalán—; en definitiva, incremento del gasto, más
déficit y más deuda. Esto es lo que nos han venido a decir en la Comisión
de Presupuestos.

Pues bien, yo quisiera hacerles algunas consideraciones. En
primer lugar, les recomendamos que repasen las enmiendas que presentaron
cuando estaban en la oposición y los términos en que las defendían, y
aplíquense las palabras que el senador Utrera ha dicho. Y les hago una
apuesta. El próximo año ustedes estarán en la oposición; a ver si aplican
y son coherentes con lo que usted ha dicho cuando presenten enmiendas a
los Presupuestos Generales del Estado como oposición parlamentaria.

En segundo lugar, hay enmiendas sin gasto, hay muchas
enmiendas —no únicamente nuestras— de otros grupos
parlamentarios que no significan gasto, y ustedes tampoco las han
aprobado.

En tercer lugar, nuestro grupo parlamentario ha hecho
propuestas concretas y ha presentado enmiendas para aumentar los
ingresos, y tampoco les ha parecido bien ni siquiera contemplarlas: sobre
tributación de la riqueza y el patrimonio, impuesto sobre grandes
fortunas, fiscalidad ambiental, impuesto sobre transacciones financieras,
modificación de la escala del IRPF para las rentas más elevadas,
modificación del impuesto sobre sociedades, enmiendas encaminadas a la
lucha contra la evasión de capitales y el fraude fiscal. Estas son
enmiendas concretas con las que nosotros proponemos el incremento de
ingresos, que es uno de los problemas de la crisis económica, no los
gastos, sino los ingresos, que han descendido espectacularmente, pero no
han tenido a bien ni siquiera tenerlas en cuenta.

Se ha aprobado en comisión una sola enmienda de las más de
4000 presentadas, como ya se ha dicho, el 0,02 %, la famosa enmienda
número 3084 del Partido Nacionalista Vasco, con la que, como ya dije en
la comisión, le ha tocado el gordo de la lotería. Lo que no sabemos es si
para elegir esta enmienda el Grupo Parlamentario Popular ha recurrido al
bombo y ha salido agraciado el número 3084 o si lo han hecho por otro
motivo. Pero esta falta de diálogo no es exclusiva de este año, de los 4
últimos ejercicios, se pueden contar con los dedos de las manos las
enmiendas de otros grupos parlamentarios aceptadas por el Grupo
Parlamentario Popular.

Otro argumento que utiliza el Partido Popular es que no se
puede hacer todo y que él prioriza. Pues bien, quisiera comentar algunas
de las enmiendas propias del Partido Popular incorporadas en el Senado
para ver hasta qué punto se puede hablar de priorizar o más bien
tendríamos que hablar de arbitrariedad, cuando no de agravio comparativo.
Y quiero dejar claro, de entrada, que no tenemos nada en contra de los
beneficiarios de dichas enmiendas, a los que parece que también les ha
tocado la lotería, aunque en este caso, por las cuantías que voy a
comentar, más bien tendríamos que hablar de la pedrea, no del gordo.

Así, hay una enmienda de 500 000 euros para la Mancomunidad
de Municipios de la Costa del Sol. Y yo me pregunto: ¿por qué no para la
Costa Brava, qué razón hay para que se den 500 000 euros a la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol vía enmienda en el Senado
y no, por ejemplo, a la de la Costa Brava? Otra enmienda por 60 000 euros
para el Festival de Teatro Clásico de Almagro. ¿Y por qué no para el de
Torroella de Montgrí, en mi provincia? Otra enmienda de 75 000 euros para
la Universidad Politécnica de Madrid, y uno se pregunta: ¿por qué no para
la Universidad de Girona? ¿Qué le ha hecho la Universidad de Girona al
Partido Popular para que no la dé 75 000 euros? Una enmienda de 120 000
euros para la variante de Ponteareas, y uno se pregunta: ¿por qué no para
la variante de Ripoll, por ejemplo? ¿Qué les decimos a los ciudadanos de
Ripoll? ¿Que les ha tocado la lotería a los otros? O la enmienda para
aumentar en 300 000 euros

la aportación para el Teatro Real de Madrid, con una
programación muy similar a la del Liceo de Barcelona, que recibe un 30 %
menos de los Presupuestos Generales del Estado. Nos preguntamos cuáles
son los criterios, cuáles son las prioridades de las que habla el Partido
Popular. Y, finalmente, las 5 enmiendas introducidas por el Partido
Popular en el Senado para corregir errores de votación en el Congreso
que, a nuestro juicio, son muy reveladoras, puesto que no son cuestiones
menores. Estamos hablando de 2 enmiendas para no considerar créditos
ampliables las becas a estudiantes y la cobertura de la dependencia, es
decir, las becas y la dependencia dejan de ser derechos; y 3 enmiendas
referentes a inversiones del Estado en las comunidades autónomas,
concretamente en las Islas Baleares, Extremadura y Castilla y León, en
cumplimiento de sus disposiciones adicionales, es decir, el Partido
Popular presenta 3 enmiendas para que se incumplan tres estatutos
—que quede claro—, tres leyes orgánicas. La conclusión a la
que podríamos llegar sería la siguiente: el Partido Popular dice sí en el
Congreso y en el Senado dice no. Luego alguien dice que el Senado no
sirve para nada. ¡Vaya si sirve! Para cambiar 5 enmiendas fundamentales,
importantísimas. O, dicho de otra manera, el Partido Popular solo acierta
cuando se equivoca.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señor Utrera, usted ha dicho algo que políticamente es muy
cierto y es que enmendamos todo y ustedes no aceptan casi nada. ¿Y eso,
por qué? Porque su visión y la nuestra en relación con la recuperación es
distinta. En general, los partidos de la oposición consideramos que la
recuperación, como me decía alguien el otro día, es mejorar la vida de
las personas y, señor Utrera, la vida de las personas no está mejorando.
Quizá alguien conozca círculos familiares o de amigos en los que sí
mejore, pero en general no es así y no solo no mejora ahora sino que la
juventud percibe un horizonte de precariedad. Hoy vive la precariedad la
persona que está parada, esas 800 000 personas que trabajan una hora a la
semana o los mismos jóvenes; es decir, que no hay un proyecto de país con
unas mínimas seguridades. Por eso, no solo los grupos de la oposición,
porque si solo fueran ellos no pasaría nada, sino que el 82 % de los
encuestados por el CIS dicen que se está igual o peor y solo el 1,2 %,
que se está mejor. Además, cuando se pregunta por las perspectivas de
futuro, la gente dice lo mismo. Por tanto, hay un problema, y, en este
sentido, insisto en que hay que cambiar la política de austeridad, pero
España quiere ser el alumno aventajado de la política de austeridad,
cuando Francia e Italia están intentando flexibilizar las
condiciones.

¿Qué sentido o qué fundamento tiene que el déficit para el
año próximo sea del 4,2 %? ¿Por qué no puede ser del 4,5 % o del 3,8 %?
¿Por qué en cuatro años en lugar de en dos? Detrás de todo eso hay
sacrificios de los más vulnerables y ahí están los motivos de nuestra
impugnación.

Krugman y Stiglitz dicen frases que me gustan mucho. El
premio nobel Stiglitz decía el otro día que hay gobiernos —no decía
nombres— que con crecimientos muy pequeñitos eran muy optimistas; y
añadía que ese era el optimismo de la crueldad. En este sentido, cuando
el señor Rajoy, en la reunión del G20, hizo un discurso optimista, desde
mi punto de vista estaba ofendiendo a centenares de miles de personas,
por no decir millones, parados de larga duración que no cuentan con
subsidio por desempleo.

Por lo tanto, este es un problema importante y a mí me
gustaría mucho que los debates sobre política económica y de presupuestos
giraran alrededor de cómo vive la gente. Insisto, la crisis ha recaído
sobre los trabajadores, sobre la clase media y no solo no hay horizontes
de recuperar, porque recuperar es volver dónde estábamos, sino que los
horizontes son peores y nadie o prácticamente nadie puede negar que la
situación de futuro es precaria.

En relación con Cataluña les diré que yo tuve el honor de
ser copresidente de la comisión bilateral Estado-Generalitat para estos
temas, junto con la que entonces era vicepresidenta del Gobierno. La
sentencia del Tribunal Constitucional no es que diga que es
anticonstitucional sino, como usted ha dicho, que es necesario un acuerdo
de los gobiernos y le puedo asegurar que durante seis meses celebramos no
sé cuántas reuniones con la vicepresidenta para llegar a un acuerdo entre
gobiernos sobre qué hacer con la disposición adicional tercera.

¿Qué ha pasado? Que las comisiones bilaterales no se reúnen
ahora. ¿Por qué? El otro día, en una interpelación al señor Montoro, dije
que la política del Partido Popular es silencio, bloqueo y retroceso. Se
han bloqueado las comisiones bilaterales, la junta de seguridad, las
comisiones mixtas y no se ha celebrado —que yo sepa— ninguna
reunión de la comisión bilateral en la que el Gobierno del Partido
Popular haya dicho que no a un compromiso pactado entre dos gobiernos: el
Gobierno central y el Gobierno de Cataluña. Por lo tanto, usted tiene
razón en que el Tribunal Constitucional no dice que como ya está en el
estatuto es suficiente, tiene toda la razón, pero no tiene razón o no
tiene conocimiento —porque no se reúne la comisión bilateral—
de que se ha fraguado un acuerdo a lo largo de meses y meses de
cumplimiento entre los dos gobiernos. Y eso es lo que se echa en falta en
Cataluña. ¿Por qué? Porque además no se cumple. Señor Utrera, ya sé que
no es responsabilidad suya, pero ¿por qué todas las comisiones
bilaterales, no ya de Cataluña sino del conjunto de los nuevos estatutos,
no se reúnen? ¿A qué se debe?

Luego veremos una moción sobre la seguridad en Cataluña. La
pregunta es: la Junta de Seguridad de Cataluña, que debería ser el
espacio de coordinación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y las
de Cataluña, ¿sabe cuántas veces se ha reunido desde la nueva
legislatura? Una primera, protocolariamente, pero no se ha reunido nunca.
Todo esto lo que está expresando es el bloqueo y el cierre de las
relaciones entre el Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat.

Por lo tanto, la recuperación no se nota en la vida de las
personas...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señor presidente.

Ustedes pueden pensar que se va a notar, pero hay muchas
entidades que dicen que hemos pasado de una situación injusta
coyunturalmente a una situación estructural.

En relación con Cataluña quiero recordarle que cumplimos la
sentencia del Constitucional. Después de mucho trabajo pactamos un
listado de obras que ustedes no han echado para atrás, y no sé si lo
piensan hacer.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Llegamos al turno de portavoces, y después de la
intervención del señor Utrera en la que nos ha dicho que nosotros hagamos
nuestro discurso como si no tuvieran ninguna enmienda en cuenta, la
verdad es que venir aquí a hacer mi discurso sabiendo que no van a
admitir ninguna enmienda, que de las 614 no van a transaccionar ni una
enmienda, ni una, ¿qué quiere que le diga? Si, además, se sienten
satisfechos y están contentos por haber incluido en ponencia una enmienda
del PNV, como si los demás no hubiéramos hecho un trabajo que merezca ni
una transaccional, obvio cualquier respuesta. De verdad, obvio cualquier
respuesta.

Nuestro grupo, más allá del desacuerdo global con el
presupuesto en su conjunto por los motivos que dijimos y con cada una de
las partes que vetamos, ha planteado 614 enmiendas, algunas sin contenido
económico, es decir, que no van a afectar a ninguna de las partidas del
presupuesto. Son enmiendas buenas, son enmiendas que facilitan las cosas
a las instituciones del Estado español, y algunas no cuestan dinero. Aun
así, tampoco merecen su aprobación.

Después hablaremos de Cataluña, pero nos instan a cumplir
las leyes. Nos dicen: cumplan las leyes, cumplan las sentencias, cumplan
la Constitución. Le he recomendado algunas enmiendas, pero ahora le
recomiendo otra de nuestro grupo, la número 3292. ¿Qué dice esta
enmienda? Que el 0,7 % de lo marcado con una cruz por cada uno de los
contribuyentes para ceder una parte de su declaración de la renta a la
Iglesia católica o a entidades de carácter social lo gestionen las
comunidades autónomas. ¿Eso es una capricho de Convergència i Unió? No.
Voy a citar una por una las sentencias, aunque consuma dos minutos:
Sentencia del Tribunal Supremo 8750/2011, de 16 de diciembre de 2011;
Sentencia de la Audiencia Nacional 178/2013, de 23 de enero de 2013
—tenemos sentencias del Tribunal Supremo y sentencias de la
Audiencia Nacional—, y tres sentencias del Tribunal Constitucional:
la Sentencia 21/2013, publicada en el BOE el 26 de febrero de 2013; la
Sentencia 52/2013, publicada en el BOE el 26 de marzo de 2013 y la
Sentencia 70/2013,

publicada en el BOE el 10 de abril de 2013. Estas son
sentencias que se deben cumplir, son fáciles de cumplir, simplemente que
el 0,7 % del IRPF recaudado en Cataluña lo gestione, como dicen estas
sentencias de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional, la Generalitat de Catalunya. Eso no va a desequilibrar el
presupuesto, eso no va a generar más déficit; simplemente se trata de
cumplir unas sentencias. Mi pregunta es si estas sentencias se deben
cumplir. ¿Se deben cumplir estas sentencias del Tribunal Constitucional?
Porque, claro, si no se deben cumplir, alguien tendrá que venir a
Cataluña a explicarlo, porque la gente no entiende nada. Ni los que
quieren entenderlo, ni los que pretenden defender a ultranza el
mantenimiento del statu quo de Cataluña dentro del Estado español pueden
entender esto, nadie se lo puede explicar. ¿Por qué no admiten esta
enmienda, por qué no la transaccionan, porque no lo hacen motu proprio,
sin enmienda y en cumplimiento de tres sentencias del Tribunal
Constitucional? Eso es lo que nos deben explicar.

Dicho esto, yo he hecho una intervención que no habrá
podido calificar como de las más duras en cuanto a plantear el desacuerdo
de Cataluña en relación con estos presupuestos, pero claro que mantenemos
el desacuerdo porque nadie puede explicarlo, no se puede entender.
Alguien nos tendrá que explicar por qué la inversión territorializada
desde 2009 ha descendido un 71 % en Cataluña. Alguien tendrá que
explicarlo, como tendrá que explicar el motivo por el que en el conjunto
del Estado español esta inversión se ha reducido un 55 % mientras en
Cataluña se ha reducido un 71 %. Alguien tendrá que venir a explicarlo. Y
alguien tendrá que venir a explicar por qué no se aplica la disposición
adicional tercera. Usted, señor Utrera, lo ha reconocido y le honra: el
Tribunal Constitucional ha declarado constitucional la disposición
adicional tercera, no la declara inconstitucional. Y se lo recordaba
ahora el señor Saura, lo único que dice la sentencia del Tribunal
Constitucional al que usted se refiere, es que el Estado lo habrá de
acordar con la Generalitat o con otra comunidad autónoma. En el caso de
la Generalitat, Comisión Bilateral Generalitat—Estado —la
nombraba antes el señor Saura, yo le doy el dato exacto—,19 de
julio. ¿Aquellos acuerdos están derogados? Si no están derogados están
vigentes, y si están vigentes, ¿por qué no se cumplen? ¿Por qué no viene
alguien a Cataluña a explicar que no se van a cumplir? Ya no es cuestión
de que el Tribunal Constitucional diga que el Estado podrá hacer lo que
quiera. De acuerdo, pero cuando se acuerda, cuando el acuerdo
Generalitat-Estado está aprobado y no está derogado, ¿por qué no se
quiere respetar? ¿Por qué no se arregla para 2008, 2009, 2010 y 2011?
Esto está en vigencia, nosotros hemos presentado enmiendas concretas al
respecto. ¿Por qué no se respeta? Por falta de voluntad política, porque
no es una prioridad. Y cuando no es una prioridad, y cuando en Cataluña
se está invirtiendo la mitad de lo que se tendría que invertir, y cuando
la inversión per cápita, porque también la tenemos que contabilizar, son
145 euros por habitante cuando la media son 242 euros por habitante, y
cuando hay comunidades en las que asciende a 609 euros por habitante, la
gente no lo entiende. No lo entiende ni lo comprende porque no se le
puede dar ninguna explicación. Yo no les puedo dar una explicación. La
explicación es que el Gobierno tiene otras prioridades, pero la gente se
siente agraviada. No es que Convergència i Unió se sienta agraviada, no
es que todos los partidos catalanes se sientan agraviados, es que la
gente se siente agraviada, porque nadie va a explicarme estos
motivos.

El presidente Rajoy vino a Cataluña a un acto de partido,
pero podía haber aprovechado un acto de partido para explicar esto. ¿Lo
explicó? No. ¿Habló de los Presupuestos Generales del Estado en Cataluña?
No. ¿Explicó por qué las inversiones no llegaban ni a la media, ni se
aproximaban a lo que tenían que ser? No. Claro, la gente no lo entiende.
¿Explicó los presupuestos del Ministerio de Cultura? No. ¿Explicó que
solo el Museo del Prado recoge 42 millones de euros cuando ni todas las
instituciones culturales que reciben subvención o participación de los
Presupuestos Generales del Estado en Cataluña alcanzan esta cifra? No.
¿Explicó que se rechazaban las enmiendas para el Teatro del Liceu cuando
se presentaban enmiendas para la Fundación del Teatro Real? No. Si vienen
y no se explican, después vamos a diferir de la explicación, quizá no la
compartamos, pero alguien tendrá que explicarlo. ¡Claro, la gente no lo
entiende!

Otra enmienda que hemos planteado, que no he nombrado en la
anterior intervención pero que es importante, se refiere al reparto del
déficit, sobre el cual ya hemos hecho diferentes intervenciones y varias
defensas. La gente no entiende por qué se establece un sobreesfuerzo

adicional de reducción del déficit a las comunidades
autónomas en relación con el Estado, no se explica que pase esto tanto en
el ejercicio 2015 como en ejercicios posteriores.

Estos son los motivos por los que nosotros no estamos de
acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado. Pero, señor Utrera,
que no estemos de acuerdo, no quita que no podamos hacer enmiendas
parciales, enmiendas puntuales, enmiendas que en muchos casos, como la
que les he citado anteriormente de dos disposiciones adicionales, la 3304
respecto a parques científicos o la 3308 respecto de deudas con la
Seguridad Social por parte de instituciones sanitarias de titularidad
pública o de organizaciones no lucrativas, benefician al conjunto del
Estado español, benefician al conjunto de parques científicos del Estado
español, benefician al conjunto de instituciones sanitarias del Estado
español. Algunas de estas enmiendas las han aprobado durante los últimos
tres presupuestos, como las que durante los últimos ocho presupuestos a
propuesta del Gobierno socialista aprobaron estas Cámaras. Se han
aprobado siempre. ¿Por qué no las van a aprobar ahora? Si no aprueban
ninguna enmienda de Convergència i Unió en esta sesión, va a ser un
precedente único. En otros presupuestos hemos transaccionado pocas, pero
sí han aprobado unas cuantas.

¿Este es su mensaje para Cataluña? ¿Así quieren transmitir
a Cataluña que la quieren, que la respetan? Esto molesta oírlo, pero hay
que oírlo, y no solo hay que oírlo, sino que hay que explicarlo en
Cataluña. Habrá gente en Cataluña que dirá: son unos sectarios; castigan
a Cataluña; se ensañan con Cataluña. Yo no lo he dicho, pero hay mucha
gente que de forma razonable lo puede pensar. Y si a mí me preguntan:
Ferran, dame un argumento para pensar que no están castigando a Cataluña,
dame un argumento para pensar que no están tomando represalias con
Cataluña por el proceso que está viviendo el país. Pues yo, la verdad, no
sé qué argumentos darles, porque realmente de los presupuestos no se
desprende que podamos darle ninguno. Si miramos los Presupuestos
Generales del Estado y la evolución en relación con Cataluña, y no solo
los últimos cuatro años, sino los últimos cuatro y los últimos diez,
vemos que claramente hay una tendencia a la baja. Les he dado cifras. No
tenemos argumentos. Y lo que me temo, lo que sospecho es que no es que no
los tenga yo para explicárselo a la gente de Cataluña, es que no los
tienen ustedes, porque si los tuvieran, estoy seguro de que hace dos
semanas, cuando fue el presidente Rajoy a Cataluña, los habría explicado;
habría dicho: catalanes, estaos tranquilos, el presidente Mas está en una
deriva independista, pero no os preocupéis que el Gobierno de España está
trabajando para que Cataluña vaya bien. Y hubiera continuado, el
presupuesto que planteamos este año es así, plantea estas mejoras, un
incremento de inversión, un incremento de apoyo a la pequeña y mediana
empresa en Cataluña, un incremento de las diferentes financiaciones de la
Generalitat de Catalunya o de las corporaciones locales catalanas. Pero
no explican nada de esto, no lo pueden hacer porque no hay argumentos y
lo peor en política es cuando no hay argumentos; habrá contraargumentos
pero no argumentos.

Por ello, voy a terminar, y no pierdo la esperanza, no me
cabe en la cabeza que no vayan a aprobar ninguna enmienda, estoy seguro
de que al menos aprobarán alguna, pero más allá de lo que piense el
pueblo catalán, más allá de lo que piense el conjunto del arco
parlamentario, excepto el Partido Popular, creo que ustedes tendrían que
hacer alguna reflexión porque si entre las 614 enmiendas de mi grupo
—ya no digo las de otros grupos— no han encontrado una buena,
tanto problema tenemos nosotros como tienen ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador López García.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, estamos en la recta final del debate
presupuestario. Se acabó el debate de los vetos a las secciones, no se
aceptó nada; la semana pasada discutimos 4078 enmiendas en la Comisión de
Presupuestos, y sola una de ellas, la 4038, fue aceptada. El señor Utrera
decía hace poco que no albergáramos muchas esperanzas al respecto, y es
cierto, seguro que no van a aceptar ninguna más.

Y, en mi opinión, esto no es más que el resultado de su
exceso de autosuficiencia, de arrogancia, creo que no les vendría mal un
poco más de humildad, un poco más de modestia, sobre todo porque no están
en sintonía con lo que piensa la calle. Los ciudadanos de España no

están tan convencidos de que ustedes estén en plenitud de
la verdad a tenor de lo que dicen los diferentes barómetros que van
saliendo, por ejemplo, según el barómetro del CIS del mes de octubre, el
82 % pensaba que la situación económica iba mal, y en el informe de
noviembre el porcentaje se incrementaba al 85 %. Por tanto, no están en
sintonía rechazando las 4078 enmiendas que han presentado los diferentes
grupos de la oposición, porque me imagino que en el universo amplísimo de
aspectos que recogen las enmiendas, todo lo relacionado con la política
presupuestaria, en algo podríamos tener razón.

Ustedes han renunciado a tomar medidas que busquen un punto
de equilibrio en la salida a una situación ciertamente difícil para la
economía española, y lo tienen claro, en eso son coherentes, están
haciendo una política claramente de derechas. No sé cómo se perciben
ustedes a sí mismos pero si recurrimos a lo que dicen los ciudadanos en
el continuo izquierda-derecha, radicalismo-conservadurismo, del 1 al 10,
los colocan en el 8,2 es decir, bastante situados a la derecha, y
ciertamente esto se corresponde con lo que están haciendo desde que están
en el Gobierno, que no es ajeno a los presupuestos; todo tiene reflejo
presupuestario, evidentemente.

Ustedes siguen refugiándose en la herencia recibida para
intentar justificar sus políticas. ¡Hombre! Dejen ya de justificar lo que
están haciendo en función de la herencia. El otro día le dije al señor
Montoro que no sean tímidos, que reivindiquen el resultado de sus
políticas cuando estaban en el Gobierno hace años. El elemento
diferencial que España tenía respecto a otros países —Inglaterra
también acabó con el 10 % de déficit— era la hipertrofia del sector
del ladrillo, «el España va bien». ¡Hombre! No se sientan ajenos a eso,
reivindiquen con orgullo que cuando hablaban del «España va bien» estaban
sembrando una estrategia insostenible que después se derrumbó. Y no
quisieron saber nada cuando se derrumbó, seguramente la responsabilidad
del Gobierno socialista fue no arrancar la cizaña que ustedes sembraron,
pero la cosecha estuvo allí. Reivindíquenlo, no se sientan incómodos, no
sean tímidos, reivindíquenlo también, señor Utrera.

¿Qué es lo que está ocurriendo al final? Miren ustedes,
hace pocos días aparecía una información dada por la Unión Progresista de
Inspectores de Trabajo. ¿Qué tiene que ver con el presupuesto? Se lo voy
a explicar ahora. ¿Qué decían? Ustedes han hecho una reforma laboral que,
al final, coloca y desarma al débil. Desarmar al débil frente al poderoso
¿qué representa? Que dejamos al albur de la talla moral del empleador lo
que quiere hacer con el empleado que está inerme ante sus designios. Pero
no solo no tienen bastante con eso, sino que direccionan el trabajo de la
inspección laboral; realizan 500 000 inspecciones a personas que están
cobrando el subsidio —por cierto, con una tasa de éxito en términos
de afloramiento de fraude del 2 %— y 1400 inspecciones a los
empleadores con una tasa de irregularidad del 40 %. ¿Qué tiene que ver
eso con el presupuesto? Ciertamente, lo que está ocurriendo es que la
precarización de las bases está generando un déficit en la Seguridad
Social, que prevén en más de 6000 millones de euros para este año 2015.
Por cierto, el viernes aparecía la secretaria general de su partido, la
señora Cospedal, en un programa de televisión, con una solvencia
insuperable para mentir. Sí, sí, absolutamente, lo digo con todas las
letras, y si no es así, yo le recomendaría que le pasaran los datos sobre
la quiebra de la Seguridad Social cuando llegó al Gobierno en el año
2011. El déficit de la Seguridad Social en 2011 era de 487 millones de
euros; en 2012, de 5812 millones de euros; en 2013, de 8700 millones de
euros; en 2014 —aún sin concluir— se espera que llegue a 10
000 millones de euros; y en 2015 —parece— la estimación del
presupuesto es de 6400 millones de euros. Han tenido que recurrir al
Fondo de Reserva —es decir, a lo que han heredado— por un
montante de 24 000 millones de euros hasta el momento que cuando acabe
2015, será de 33 000 millones de euros. Por tanto, si no mentía
deliberadamente, sería bueno que le pasasen los datos para que no
volviera a reproducir eso en otro programa donde la gente la pueda
escuchar. Por ese camino, ciertamente, vamos hacia la insostenibilidad
del sistema; por ese camino, acabará el sistema teniendo un agujero que
ya no es posible acabar enjugando con ese fondo de reserva que va
defendiendo.

Ha hablado usted del empleo, también lo han hecho el señor
Rajoy, la señora ministra... Mire usted, entre el segundo trimestre de
2014 y el mismo periodo de 2011 —dato anualizado— se han
perdido en España 57,5 millones de horas de trabajo; es decir, hay una
pérdida del 9,4 % del total de horas de trabajo. Otra cosa es que se haya
repartido ese trabajo, ese empleo, pero ha habido una pérdida de
actividad económica en términos de horas de trabajo en España equivalente
a 1,5 millones de empleos si consideramos una jornada laboral de 37,5
horas. El 76 % de los nuevos

inscritos en la Seguridad Social tienen un trabajo
temporal, y el 46 % son trabajadores, además de temporales, a tiempo
parcial; es decir, la mitad son medios empleos. Por tanto, lo que están
haciendo no es generar más empleo, es repartir y trocear el empleo
existente. Esta es la realidad del país, algo de lo que no nos alegramos
naturalmente, y de ahí viene la precarización de las bases de cotización
y el déficit de la Seguridad Social, entre otras cosas. Lo decía en la
anterior intervención mi compañero Ricardo Varela. Ustedes han creado
espacio para que acabe habiendo una distribución de la riqueza a favor de
los que están en posición de privilegio. Primer trienio de la crisis
—2008-2011—: los salarios caen 11 200 millones de euros; los
beneficios empresariales, 11 000 millones de euros. Segundo trienio
—2011-2014—: 46 000 millones de caída de los salarios; 15 600
millones crecen los beneficios empresariales respecto a lo que había.

Por tanto, estamos hablando de un escenario claramente
meditado. El gobernador del Banco Central Europeo decía hace pocas
semanas que, en algunos países, los trabajadores están entrando al
mercado laboral con sueldos de los años ochenta, y también hace muy pocos
días en la Comisión Europea dijeron que la reforma laboral era injusta e
ineficiente porque había habido una bajada de salarios en torno al 20 %.
Ayer —no más tarde, hace pocas horas— la OCDE dio a conocer
un informe, que yo creo que sería bueno que lo leyeran —y desde
luego la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos no
es el brazo armado de la Internacional Socialista—. Dice cosas tan
elementales —que llevamos diciendo aquí mucho tiempo— como
que no se concentre solamente y de forma exclusiva la atención en el
crecimiento. Nos alegramos de que haya un crecimiento económico del 1,5 %
o del 2 %. El problema es que eso no solo es injusto si no hay
redistribución, sino que además, en términos de eficacia económica a
medio plazo, es también ineficiente, lastrará el crecimiento a medio
plazo, aparte de generar un sufrimiento impresionante a los que hoy están
en una posición postrada. Tomen nota. Dicen cosas tan sensatas, que
también las hemos dicho nosotros —hemos presentado enmiendas a este
presupuesto y hemos debatido sobre ello en reiteradas mociones—,
como que las personas con mejor posición, personas físicas y jurídicas,
las empresas y las personas adineradas, contribuyan más, pero no porque
se suban los tipos, sino porque acaben pagando lo que deben pagar. Es
decir, luchen ustedes eficazmente contra la elusión y contra el fraude
fiscal. En relación con eso, les hemos planteado enmiendas reiteradamente
—en estos presupuestos y en los anteriores—, a las que
naturalmente no les hacen caso. Les hemos pedido más medios para la
Agencia Tributaria o que se creen 5000 empleos, por ejemplo, en los
próximos cuatro años. Les hemos dicho que la amnistía fiscal no era el
camino para dar fuerza moral a los ciudadanos que contribuyen al
sostenimiento de las cargas públicas de forma ejemplar porque ven que los
delincuentes fiscales se están escapando con un módico 3 % para blanquear
sus delitos fiscales.

Hace poco hablaba el presidente del Tribunal Supremo de los
robagallinas. No hay que remontarse a la Ley de enjuiciamiento criminal
del año mil ochocientos ochenta y tantos, no, no. Se lo decía yo el otro
día al ministro, y se lo están diciendo los inspectores de Hacienda:
eliminen ustedes la excusa absolutoria porque, a la postre, está
estimulando de una forma pasiva —pero lo está haciendo— que
haya gente que diga: Hay pocas probabilidades de que me cojan, y si me
cogen al final, pago. Hemos terminado. No hay mayores riesgos. Esos son
los recursos que faltan en el presupuesto.

Por tanto, no solo hay que hablar de los ingresos que se
aplican y en qué tipo de políticas, sino de los ingresos que faltan. Eso
es lo que les está diciendo ahora la OCDE reiteradamente, pero no solo a
España lógicamente, a España y al conjunto de Europa, por la
precarización de las bases y por el traslado evidentemente de lo que
representan beneficios empresariales a otros sitios.

Criticamos lo que hizo el señor Juncker, pero lo que ha
hecho el señor Montoro en España es parecido. Con la amnistía fiscal, con
la modificación del Código Penal, con los regalos fiscales que se dan a
grandes grupos empresariales para que compren a través del fondo de
comercio empresas en otros países, estamos detrayendo recursos —y
la situación es ya precaria— de las cuentas públicas para cosas que
no deben ser. Pero ese debate hecho por la derecha en Europa, por la
derecha en el Gobierno de la nación y por la derecha en las comunidades
autónomas que gobiernan es el mismo. Hace pocos días, el presidente de la
Comunidad Autónoma de Madrid debatía dónde tributaban mejor los herederos
de la Casa de Alba, si en Madrid o en Andalucía, la subasta a la baja que
consiste en ver dónde pagan menos la gente que está —por fortuna
para ellos— en una posición de privilegio. También hemos presentado
enmiendas en esta dirección,

para que haya un tipo homogéneo en el Estado en el impuesto
de sucesiones y de esta manera hacer posible que no haya cooperación, por
omisión, con los ricos, con esa actitud que tienen de insumisión respecto
del sostenimiento de las cargas públicas, que es lo que está ocurriendo
en muchas ocasiones.

Creemos que es errática la posición del Gobierno porque
profundiza clarísimamente en las desigualdades, que son insostenibles
desde el punto de vista de la eficacia económica, de la justicia social
por supuesto y de lo que, al final, cementa y sostiene el sistema
democrático que es la confianza.

Hay mucha gente, lamentablemente, que duda de la equidad
del sistema democrático como proveedor de soluciones aceptables para
salir de una situación complicada, pero se le están dando muy pocas
razones.

El Reino Unido ha anunciado esta semana lo que han llamado
el impuesto Google a partir del 1 de enero de 2015 para las grandes
empresas, los grandes gigantes tecnológicos. En España la suma de todos
ellos —Apple, Yahoo, Amazon, Microsoft, Byte— es de 17
millones de euros, habiendo facturado miles de millones de euros en
España. Al final es la política de la deslocalización de los beneficios.
Tiene que ver con que el Gobierno intente hacer algo, pero en una batalla
frontal dentro de la Unión Europea, en la que, por cierto, han estado
Italia, Francia y España no se ha sumado. La semana pasada el ministro
Montoro anunciaba que en la próxima reunión, el 18 de diciembre, el señor
presidente del Gobierno iba a llevar el tema con el fin de que este
camino de evasión y elusión fiscal se pudiera cortar. Pero en la
capacidad de acción del Gobierno y en la capacidad de influir en las
decisiones que se toman desde otro ámbito se está haciendo muy poco, casi
nada, y, por tanto, la convicción de los ciudadanos es que no se está
buscando una salida razonable, equilibrada a una situación difícil que
ciertamente tiene el país.

Se plantean enmiendas de todas clases y colores en todos
los planos. A una de ellas me voy a referir en los veinticinco segundos
que me quedan, y tiene que ver con la ley de segunda oportunidad. Se ha
buscado un espacio de cooperación con las grandes entidades financieras,
con las grandes empresas —por ejemplo, las concesionarias de
autopistas—. Estamos planteando que se haga lo mismo que para las
empresas para los ciudadanos, para las personas y para los autónomos, una
ley de segunda oportunidad que permita la reestructuración de la deuda,
que permita una salida a una situación complicada. Hay más de 500 000
personas en una situación muy complicada personalmente, que tiene un
reflejo a su vez, en términos de influencia negativa, sobre la situación
bancaria; hay un 13 % de mora en los créditos…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.

Decía, hay un 13 % de mora en los créditos concedidos por
la entidad financiera. Si se resuelve esto, estaremos solucionando un
problema de padecimiento personal insufrible y apuntalando, por otro
lado, lo que tiene que ser una situación de saneamiento de las entidades
bancarias.

Ocasiones para poder atender a alguna de las 4078 enmiendas
—1333 de las cuales han sido presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista— tienen, lo que hace falta es tener un mínimo de
sensibilidad, no tener tanta soberbia, no pensar que se está en posesión
de la verdad absoluta y atender con un poco más de sentido común a lo que
se oye en la calle.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López
García.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a hacer este turno de portavoces y, como corresponde,
trataré de contestar a alguna de las observaciones que han hecho los
portavoces de los grupos parlamentarios.

La primera que quería hacer es que en ningún momento he
cuestionado el derecho de nadie a presentar las enmiendas que desee,
incluso tampoco he calificado a unas de razonables y a otras de
irrazonables. Lo que sí he hecho es una reflexión sobre el alcance de la
lógica o, si prefieren, sobre el alcance de la coherencia que supone en
unos presupuestos o en cualquier otra ley enmendar absolutamente todo con
unos argumentos que son básicamente conocidos, los de

siempre, y luego, una vez vistas las enmiendas al todo,
pretender ver acuerdos en enmiendas parciales, muy parciales dentro de
ese todo. Resulta algo incoherente y poco razonable. Pero en modo alguno
me refería a las enmiendas en sí mismas o al derecho de los grupos a
presentar tales enmiendas.

La segunda reflexión —voy a seguir el orden de
exposición de los distintos grupos parlamentarios— es sobre
elementos principalísimos que forman parte de la esencia de lo que
estamos discutiendo, o sea, de la esencia de la forma en cómo se está
discutiendo.

Plantea la portavoz de Esquerra Republicana esa fácil
comparación —fácil pero que ciertamente no se corresponde con la
realidad— entre la dotación presupuestaria que se pudiera hacer a
la pobreza infantil con la dotación presupuestaria para indemnizaciones
en un proyecto industrial fallido —proyecto industrial que, por
cierto, no es de este Gobierno, sino del anterior, del Partido Socialista
Obrero Español—. Me refiero al acuerdo del proyecto industrial, a
los contratos de ese proyecto industrial. En esta legislatura lo que
hemos tenido han sido la paralización del proyecto industrial y las
sentencias judiciales sobre los contratos del anterior Gobierno sobre
este proyecto industrial y las indemnizaciones correspondientes a este
proyecto industrial. Por tanto, eso es como comparar el mobiliario de un
edificio oficial con la cantidad de leña que podría haber para dar calor
a los hogares de España. Son esas comparaciones que tienen el vuelo muy
corto y, como tal, lo quiero decir. No obstante, usted tiene derecho, sin
ninguna duda, a presentar enmiendas al Castor y a la pobreza infantil. Lo
que yo cuestiono —aunque no es así, sino que simplemente doy mi
parecer— es que esas comparaciones con los proyectos militares e
industriales, etcétera tienen muy poco valor.

Segunda cuestión que quería comentar al hilo de las
afirmaciones del portavoz de Entesa y del propio portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista que se refieren a la reforma fiscal. Indican que
no están en nuestra línea y que tienen una propuesta mucho mejor que la
nuestra. Sería posiblemente la que aplicaron en la legislatura 2008-2011,
que supuso una caída de más de 7 puntos de producto interior bruto en la
recaudación de impuestos; es decir, ese magnífico sistema fiscal, esa
magnífica estructura fiscal y esa magnífica dotación presupuestaria para
perseguir el fraude fiscal hizo que en España se volatilizaran durante la
crisis —que, por cierto, negaban como tal crisis— 70 000
millones de euros de recaudación, que fue lo que puso en precario como
elemento principal —no único, pero sí como elemento
principal— todos los equilibrios presupuestarios y nos han puesto
en la situación en que nos encontramos. Por tanto, si es esa la
estructura fiscal que el Partido Socialista de Cataluña y el Partido
Socialista no de Cataluña nos quieren vender como la adecuada, nosotros
decimos que no, que esa, en principio, por sus resultados, ya sabemos que
está fallida. Y es lógico que sea así, porque esos titubeos de hacer
desaparecer el impuesto sobre el patrimonio, de luego querer activar el
impuesto sobre el patrimonio, esos titubeos a la hora de los 400 euros
que iban a regalar a todo el mundo —¿se acuerdan?— y de
repente hay que deshacerlo porque no se pueden pagar, esos son los
titubeos que al final pasan la factura en el sistema tributario.

Concretando algo más le diré: ¿Qué resultados nos
encontramos en el año 2011 en materia de recaudación tributaria? Ya le he
comentado que, en primer lugar, una fortísima caída de recaudación, entre
otras cosas porque había desaparecido toda la tributación del sector
inmobiliario, y eso había aquejado a una recaudación y a un sistema
fiscal que no era flexible y que no estaba preparado para afrontar esa
caída. En segundo lugar, observamos también cómo las grandes sociedades
—no las pequeñas, las grandes—, las grandes grandes
—las del Ibex, las del mercado continuo español— tenían
porcentajes de tributación del orden del 5 % sobre beneficio real. Eso ha
sido publicado, se conoce y es un hecho. En estos momentos ya supera el
12 %, el 13 %, pero entonces estaba al 5 %. ¿Por qué? Porque, gracias a
todos los incentivos y medidas que se fueron creando, ya digo, con
titubeos —porque aparecían y desaparecían—, la tributación de
sociedades en España, que se desplomó también durante la legislatura
2004-2008, encuentra causa en parte de los incentivos que se
establecieron vía inversiones en I+D o inversión en el extranjero, como
ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es decir, la
inversión mediante fondos de comercio en el extranjero, que no es cosa
nuestra porque ya estaba. Usted se lo ha querido apuntar al ministro
Cristóbal, pero no es verdad porque ya estaba —me refiero a la
aplicación de fondo de comercio para inversiones en el exterior,
adquisiciones de empresas, de marcas y de establecimientos—.

Por tanto, quiero decirles que la situación en que nos
encontramos invalida su argumentación respecto de un sistema tributario
orientado a empobrecer a los pobres y a enriquecer a los ricos, y si
alguno cumplía esa condición, era justamente el suyo: se golpeaba muy
duro a las clases medias, para las grandes sociedades, lo repito, el tipo
efectivo de gravamen era muy reducido, mucho más que en el momento
presente, y sabe usted que el señor Zapatero, al que ustedes no quieren
nombrar, decía que era progresista bajar impuestos. Ahora dicen ustedes
que hay que subirlos mucho, tanto tarifas, como el impuesto sobre la
renta, como la tributación sobre patrimonio, como la tributación sobre
grandes fortunas, cuando se está abandonando la tributación patrimonial
de grandes fortunas incluso en Francia —la referencia socialista
que ustedes manejan—. Por cierto, cuando habla usted de la
Internacional Socialista ¿supongo que no se referirá al Partido
Socialista francés? Está en la cárcel el que iba a ser candidato a
secretario general (Rumores.), o está así así, más o menos cerca de la
cárcel. ¿O no se referirán ustedes al presidente francés (Rumores.), que
ha entrado en una voltereta casi cómica y de un programa de expansión ha
tenido que recortar más de 50 000 millones en el presupuesto? En
definitiva, las viejas prácticas, las mismas que Zapatero aplicó en su
momento en España —hacer y tener que deshacer después—, o
como está apuntando también el actual líder este que se han buscado
ustedes, que un día dice una cosa y al día siguiente dice la
contraria.

Por tanto, en materia de reforma tributaria ustedes no nos
pueden enseñar materialmente nada respecto a la práctica. Sin embargo, en
el concepto y en la discusión, ustedes pueden seguir manteniendo la
irrealidad de que los impuestos suben, pero no es verdad: la tarifa de
impuesto sobre la renta, que es el que grava a todos los ciudadanos en
general, ha bajado; el impuesto sobre el valor añadido en su momento se
subió pero ahora se mantiene estabilizado; algunos de las principales
elementos de tributación en el impuesto sobre sociedades se reducen
también. Por tanto, va a haber una reducción de impuestos generalizada a
los contribuyentes de una cuantía moderada —también hay que
decirlo—, o sea, no es una gran rebaja fiscal. Pero nosotros
partimos de que los impuestos tienen que reducirse —ese era nuestro
programa y nuestro proyecto—, y al final de la legislatura, cuando
ya hemos conseguido estabilizar las cosas, estamos aplicando nuestra
propuesta de reducción de impuestos en España.

El Partido Socialista de Cataluña insiste además en algo de
lo que, desde luego, no merecería la pena que hablásemos, pero es una
especie de latiguillo literal que no tiene contenido real alguno,
concretamente la consideración, la caracterización o denominación, como
lo prefieran, de crédito ampliable de esas dos partidas —de la de
becas y de la dependencia—. Mire, señoría, una cosa es definir un
crédito presupuestario como automáticamente ampliable. No hay ninguna
duda de que los intereses de la deuda pública son automáticamente
ampliables, y no hay ninguna duda de que los salarios de funcionarios son
automáticamente ampliables puesto que así está recogido en la propia
Constitución española. Es decir, las obligaciones del Tesoro, del Estado,
de la nación española o las retribuciones tienen que ser atendidas
necesariamente —lo que da lugar al concepto de automáticamente
ampliable— porque en España, que yo sepa, no hay costumbre de no
pagar. Es decir, a los empleados públicos hay que pagarles. Y en caso de
que haya habido un error aritmético —que los hay— o
conceptual, o como prefiera usted, en la determinación final del crédito
presupuestario, hay algunos créditos —los que he mencionado—
que son automáticamente ampliables. Dicho de otra manera: si, por
ejemplo, aquí, a los presentes en este Pleno, nos entrara la idea
disparatada de bajar para el año que viene el crédito presupuestario para
pago de intereses de la deuda del Tesoro a la mitad, eso no valdría para
nada, porque esa partida es automáticamente ampliable —ese es el
concepto de automáticamente ampliable—. Se pagarán los que haya que
pagar, es decir, cada vez que venza una emisión de deuda del Estado, por
el importe de intereses y vencimientos, habrá que atender a su pago. Pero
en el caso de estas dos partidas concretas, lo que se utilizaría si
hubiera habido algún problema de cálculo en cuanto al importe —por
cierto, las becas están dotadas en términos absolutos, en euros, este año
2015, por encima de todos los años anteriores, es decir, se dota más
cantidad—, si hubiera habido un error de cálculo en el estado de
gastos del presupuesto, no habría ningún problema, se opera como se hace
normalmente de acuerdo con la Ley General Presupuestaria. Es decir, ese
crédito pasaría a tramitarse como una ampliación de crédito o una
modificación de crédito sobre otros créditos existentes. O sea, seguiría
el procedimiento normal previsto en la Ley General Presupuestaria, lo que
no significa en modo alguno —y eso es lo que le critico de su

argumentación, que demuestra que desconoce el asunto—
que se haya privado de derecho ni se haya reducido derecho ni se vaya a
limitar cantidades a pagar en concepto de becas o en concepto de
dependencia.

Lo que se dice es que se le va a aplicar el procedimiento
usual o normal de la Ley General Presupuestaria, mientras que la
conceptuación de una partida como crédito ampliable automáticamente se
refiere exclusivamente a las partidas que bien por obligación
constitucional, como el caso del Tesoro, bien por obligaciones de otra
naturaleza, como la ley de relaciones laborales o pago de salarios,
aparecen como obligaciones que hay que atender. ¿Por qué? Pues porque no
puede ser que llegue el día 3 de un mes y no se hayan pagado las nóminas,
entonces, como no puede ser, hay que ampliar esa partida. En el régimen
presupuestario norteamericano no ocurre así. En este régimen se paraliza
la administración federal si no hay autorización para hacer determinados
pagos. Pero en el caso español, eso no puede ocurrir precisamente porque
esas partidas tienen la naturaleza de automáticamente ampliables.

Y, termino, si me permiten, con la última observación. Me
refiero al portavoz de Convergència i Unió. Si el otro día ya le decía
que formulaba preguntas retóricas, hoy usted se ha excedido, o sea, ha
entrado en un puro delirio retórico porque pone incluso la voz o las
palabras que debería haber dicho el presidente del Gobierno de España en
su reciente visita a Cataluña. Mire, es un delirio, ...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor UTRERA MORA:..., yo a eso no le voy a contestar.
No tiene sentido. Pero sí se pueden explicar las cosas.

Señor presidente, termino.

Aquí ya le hemos explicado, y además repetidas veces,
cuestiones relativas al reparto de déficit entre las distintas
administraciones públicas, que no voy a repetir, cuestiones relativas a
la adicional tercera, que no voy a repetir. Yo también le he oído a usted
y me parece que ha hecho una buena intervención, como yo también, no
solamente razonada, sino más acertada. Se puede explicar todo, lo que
ocurre es que a quien no quiere que le den explicaciones, o, mejor dicho,
a quien no quiere que se le convenza de nada, es imposible convencerle. Y
ese es el caso. Pero, salir con esa cuita independentista derivada de esa
situación...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor UTRERA MORA:...es lo que me parece que supone
entrar en delirio, y así se lo digo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

Hemos terminado el debate de las enmiendas a los
presupuestos, que votaremos mañana.

3. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

3.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA SANITARIA PARA GARANTIZAR LA SALUD
PÚBLICA DE LOS CIUDADANOS Y LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS QUE PIENSA
ASUMIR LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD COMO
CONSECUENCIA DE LAS ACTUACIONES QUE HA DESARROLLADO DURANTE SU
MANDATO.

(Núm. exp. 671/000147)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura a los puntos 3. y 3.1.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista,
autor de la moción, ha presentado una enmienda de sustitución, que se
entiende que sustituye al texto original. Además, a esta moción
consecuencia de interpelación se ha presentado una enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Muchas gracias, señor
presidente. Señorías, buenas tardes.

Intervengo para la defensa de la moción consecuencia de
interpelación que realizamos a la entonces ministra, señora Mato, el 11
de noviembre para que nos explicara qué pensaba hacer para garantizar la
salud pública a los ciudadanos y ciudadanas y, también, las
responsabilidades que pensaba asumir con motivo de, a nuestro entender,
su malísima gestión en sanidad. Es verdad que se produjo hace casi un mes
y que desde entonces han ocurrido muchas cosas relevantes, entre ellas
que la ministra presentara su dimisión; una dimisión que, a nuestro
entender, llega tarde y, además, una dimisión con la que se fue sin
asumir su mala gestión en un ámbito de tanta importancia como es
garantizar la sanidad pública a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y en
esa interpelación también hablamos de que nos parecían intolerables las
declaraciones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha
sido cesado.

Por tanto, hoy vamos a insistir, aunque haya dimitido la
ministra Mato, que era uno de los puntos de la moción —y,
lógicamente, lo hemos cambiado; ya no la pueden cesar porque ha
dimitido—, en que estos tres años han sido tres años de recortes,
de desmantelamiento y de poner en riesgo la salud de muchas personas. En
esta interpelación hablamos de la salud pública y no solamente en
relación con la crisis del ébola sino en general. Les decíamos, y les
seguimos diciendo, que, aunque ustedes lo nieguen mil veces, la realidad
es que hay un antes y un después con la promulgación del Real Decreto Ley
16/2012, de copagos y de recortes sanitarios. Su gestión se caracteriza
por los recortes, por la pérdida universal de la atención sanitaria, por
las privatizaciones y por algo que, desde luego, un país decente no se
puede permitir: la exclusión de miles y miles de personas de nuestro
sistema sanitario.

Señorías, hablamos de promoción y de prevención, ¿pero qué
promoción y prevención de la salud vamos a hacer si las personas no
tienen derecho a una tarjeta sanitaria, si no tienen derecho a una
atención primaria? ¿De qué estamos hablando? (El señor vicepresidente,
Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Todas las organizaciones, Médicos del Mundo, Amnistía
Internacional, Odusalud, etcétera, han puesto de manifiesto que ese real
decreto es injusto e ilegal, y yo les recomiendo que miren todos los
indicadores. La sanidad en nuestro país, por mucho que se empeñen en
hablar de la herencia recibida y de que es inviable —cosa que no es
cierta, señorías—, era una realidad. En el año 2011 el gasto
sanitario público fue del 6,75 %. ¿Saben ustedes a qué piensan llegar con
el plan de reformas? La previsión del gasto sanitario público en relación
con el PIB para el año 2017 es de un 5,3 %. ¿Saben cuánto supone eso en
recortes? Suponen 14 000 millones de euros. Sí, señorías, 14 000 millones
de euros, y nuestro gasto sanitario no es superior al de otros países que
tienen peor sanidad pública.

Por eso presentamos esta moción en la que les decimos lo
siguiente. Primero, que deroguen el Real Decreto Ley 16/2012 y, segundo,
que garanticen los recursos suficientes a las comunidades autónomas para
que puedan, ya que tienen transferida la sanidad, poner en marcha una
sanidad de calidad cohesionada y equitativa, que es lo que estamos
solicitando.

También creemos que tenemos que aprender de los errores que
se han cometido en la crisis del virus del Ébola y por eso hace falta que
se cumpla la Ley de salud pública, porque si se hubiese cumplido,
hubiéramos estado ya mejor preparados para esta epidemia en todo lo que
se ha tenido que poner en marcha de forma precipitada

Señorías, también es muy importante la incorporación a los
comités científicos de todas las sociedades científicas y profesionales.
Se nos llena la boca de hablar de los profesionales, pero luego a la hora
de la verdad no contamos con el criterio profesional, y eso es
fundamental para que la sanidad funcione.

Y por tanto, en el último punto —que lo hemos
quitado— sí que le decimos al nuevo ministro de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad que aproveche esta nueva etapa para que haya un
cambio de rumbo, pero de forma radical…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
finalizando.

La señora LLINARES CUESTA: ... porque tiene que rectificar
las políticas que han puesto en riesgo la salud, el bienestar y que han
supuesto un aumento de las desigualdades entre los diferentes
territorios.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra por el
Grupo Parlamentario Vasco el senador señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu jauna.
Buenas tardes.

Señorías, me voy a centrar en este turno en la
justificación de los tres primeros puntos de nuestra enmienda porque creo
que no me va a dar tiempo a más.

Créame, senadora Llinares, que no estoy nada cómodo ni
presentando ni defendiendo una enmienda con siete puntos —me parece
que modificar siete puntos es una enmienda nueva y ya si la sustituimos,
no le digo nada—, pero lo hemos considerado necesario más que nada
porque estamos de acuerdo con el fondo; lo que no podíamos aceptar son
algunas de las cosas que se recogen en la moción y queríamos añadir
otras, con lo que al final nos salían siete puntos; no lo podemos
evitar.

Estamos de acuerdo con los dos primeros puntos que se
recogen en la moción original y es algo que ya hemos dicho y hemos votado
en esta Cámara varias veces; por lo tanto, ahí no tenemos problema.
También en la mayoría de la formulación del punto 3, aunque sí
consideramos que es importante hablar de asegurar la financiación
extraordinaria y suficiente a las comunidades autónomas, porque por lo
menos en el caso vasco —y en todas— la financiación es sobre
la base de la hacienda foral, por lo que entendemos que los recursos a
los que usted se refiere en este punto deberían tener un carácter
extraordinario, no ordinario y, por lo tanto, deberían venir añadidos a
lo que ya es la financiación actual, y en el caso vasco por parte de los
Presupuestos Generales del Estado.

Pero nuestra principal discrepancia, señoría, surgía con el
punto 4 de la moción, en el que se pide crear un centro nacional de
control de enfermedades dependientes del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad que incorpore las actuales estructuras de salud
pública del Instituto de Salud Carlos III. Se habla de un centro nacional
de control de enfermedades y lo primero es que no se especifica qué tipo
de enfermedades, si van a ser enfermedades comunes, infectocontagiosas,
etcétera. Y además, sinceramente, senadora Llinares —y algún día se
lo he comentado— cada vez que se nos habla de un centro nacional,
el Gobierno central acaba dando otro mordisco a las competencias
autonómicas y, por lo tanto, nosotros no queremos colaborar en esto.

Y además, señorías, senadora Llinares, creemos que ya
existen estructuras administrativas que pueden o podrían o deberían poder
o deberían cumplir con esa función de identificación y alerta temprana,
prevención, control y lucha contra las situaciones de alerta o de
emergencia sanitaria nacional o internacional. Y hablamos, como decimos
en nuestra enmienda, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, que depende de la Dirección General de Salud Pública, Calidad
e Innovación. Centro de coordinación que es el encargado —como
dicen ellos mismos— de coordinar la gestión de la información y
apoyar en la respuesta ante situaciones de alerta o emergencia sanitaria
nacional o internacional que supongan una amenaza para la salud de la
población. Además, es una unidad responsable de la elaboración y
desarrollo de los planes de preparación y respuesta para hacer frente a
las amenazas de salud pública, y entre sus funciones esenciales está
desarrollar y mantener un sistema rápido de detección, comunicación,
evaluación y respuesta frente a alertas sanitarias y dar seguimiento al
cumplimiento de los requisitos sobre las capacidades nacionales recogidas
en el Reglamento Sanitario Internacional (2005).

Esto que se debería haber hecho, y probablemente si se
hubiera hecho con solvencia, nos hubiera ahorrado grandes problemas, es
lo que pedimos que se haga. Por eso nuestra enmienda habla del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias porque, además, el
Gobierno central es competente en sanidad exterior, precisamente por el
artículo 149.1, 16.ª de la Constitución española, pero no tiene
—por lo menos no la Dirección General de Salud Pública y Calidad e
Innovación ni, en consecuencia, este centro de coordinación—
capacidad asistencial. Tal vez debería tenerla, tal vez, podría ser, pero
nos gustaría que esto lo decidiera el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud. Y si es así, y así se decide, que el Gobierno,
sobre la base de los Presupuestos Generales del Estado, ponga todos los
medios que necesite este centro para poder atender este tipo de
emergencias cumpliendo lo que acabamos de hablar en

cuanto al anexo I del Reglamento Sanitario Internacional:
con suficiencia, con suficientes medios, con suficientes medios
personales, con suficientes recursos y con suficientes
infraestructuras.

Por eso hemos presentado la enmienda, senadora Llinares,
que creo que va en su línea, pero nosotros intentamos darle una vuelta y
aprovechar lo que ya está. Porque si lo que ya está hubiera estado
funcionando, probablemente no habríamos estado tan apurados en
situaciones anteriores...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
terminando.

El señor CAZALIS EIGUREN: Termino, señor presidente.

... ni estaríamos ahora hablando de este tema.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Socialista, autor de la moción originaria, para indicar si acepta o no la
enmienda presentada.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señor Cazalis, no son siete puntos. Entenderá conmigo que
los tres primeros son exactamente iguales, y en los otros cambiamos la
denominación. Yo le he dicho que me parece que estaba muy bien planteada
su enmienda, que la iba a aceptar, pero no nos diga que nos ha cambiado
toda la moción porque no es así. Lo que cambiamos es el nombre, pero el
fin es el mismo y, por tanto, como entendemos que su enmienda mejora
sustancialmente el texto de nuestra moción, y aquí para lo que estamos es
para entre todos intentar mejorar y garantizar las mejores condiciones
para que en un futuro —esperemos que lo más lejano posible—,
cuando tengamos una crisis de salud pública —porque las vamos a
tener, eso es indiscutible— estemos mejor preparados. Por lo tanto,
sí le vamos a aceptar la enmienda, pero no nos diga que son siete puntos,
porque nosotros ya teníamos 4.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Pasamos al turno en contra.

Tiene la palabra el senador señor Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señora Llinares, en su exposición de motivos, usted, de
forma repetitiva, ha valorado la ineficacia, la irresponsabilidad y los
riesgos de la sanidad española culpando sistemáticamente al ministerio y
a quien hasta ahora lo presidía, a su ministra. Y los verdaderos riesgos
son los que se encontró el señor Rajoy cuando llegó al Gobierno, con las
facturas en los cajones, deudas multimillonarias y demoras de pagos a
proveedores de más de 700 días en algunas de las comunidades autónomas,
como la mía. Es decir, una sanidad que estaba en cuidados intensivos, una
sanidad en estado agónico, y una ministra y un ministerio responsable han
conseguido que deje de ser un problema para todos los ciudadanos, que la
sanidad deje de ser un problema para el Sistema Nacional de Salud en solo
tres años, tres años de trabajo intenso.

Señorías ¿saben en lo que se ha caracterizado la gestión de
la ministra de Sanidad y su reforma sanitaria en estos tres últimos años?
Se lo voy a intentar explicar, y así doy contestación a los puntos de su
moción.

Lo primero que hizo el Gobierno fue aportar más de 52 000
millones de euros al plan de pago a proveedores, de los cuales el 80 %
era para las facturas sanitarias; había muchas comunidades autónomas cuya
sanidad estaba en quiebra. Lo segundo, sacar un magnífico real decreto,
el 16/2012, que ha conseguido consolidar un sistema sanitario que
actualmente es sostenible y viable, tras la quiebra técnica en la que lo
dejó el Partido Socialista. Y así garantizamos de una forma clara e
inequívoca una sanidad pública gratuita, universal y de calidad para
todos los españoles. La sanidad es hoy día mucho más universal que antes
(Rumores). Todos los españoles tienen derecho a la asistencia sanitaria
(Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Se ha regulado la condición de
asegurado y beneficiario, poniendo freno al turismo sanitario, porque a
ustedes se les olvidó transcribir una enmienda a nivel europeo, que nos
ha costado a todos 1000 millones de euros, según el informe del Tribunal
de Cuentas.

En farmacia, señorías, se han adoptado medidas como la
bajada de precios, el uso adecuado de los medicamentos, la utilización de
genéricos y la distribución social del copago, es decir, que pague más el
que más tiene y menos el que menos tiene, de modo que se ha conseguido en
menos de dos años ahorrar cerca de 4000 millones de euros mediante un uso
adecuado de los medicamentos. Y gracias a ello se puesto en marcha
también la introducción en el sistema de nuevos medicamentos, hasta un
total de 91, la mayoría de ellos biotecnológicos. Y en este tiempo se ha
puesto en marcha algo de sentido común, que es la plataforma centralizada
de compras, que ha supuesto un ahorro al sistema de más de 1500 millones
de euros.

Señorías, en estos tres años tenemos más prestaciones
dentro del Sistema Nacional de Salud: la cobertura de programas
preventivos que antes no existían, como los relativos al cáncer de colon,
de mama o de cérvix, la prueba del talón para neonatos y el primer
calendario vacunal único para todas las comunidades autónomas, todo ello
con criterios clínicos y científicos, gracias a la creación de una red
española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Señorías,
ahora el sistema es más justo porque aporta más el que más tiene y menos
el que menos tiene. Hay un millón de personas desempleadas que con
ustedes pagaban el 40 % y que actualmente no tienen que pagar nada. Y en
lo que respecta a la atención sanitaria a extranjeros en situación
irregular, España es uno de los países más solidarios y, sin duda, el que
más amplia cobertura tiene en la Unión Europea para estos pacientes.
Además, según informe del Defensor del Pueblo, que ustedes conocerán,
ninguna comunidad autónoma ha dejado de ver a ningún paciente que esté en
situación irregular. Y a través de los fondos de cohesión y el Fondo de
garantía asistencial cualquier paciente de cualquier comunidad autónoma
es atendido en cualquier otra sin tener que estar pendiente del pago de
la factura. Por primera vez, hemos hecho la tarjeta sanitaria única,
interoperable en toda España, el 77 % de las recetas se hacen actualmente
en formato electrónico y 21 millones de españoles tienen ya su historia
clínica digital.

Por eso, mediante la reforma sanitaria, el Gobierno ha
reafirmado su compromiso con los profesionales sanitarios a través de un
acuerdo histórico. Señorías, si alguna vez piensan, de verdad, dejar de
utilizar la sanidad con fines partidistas estaremos encantados de recibir
sus propuestas —mociones, etcétera—, pero mientras, de
ustedes admitimos como críticas las justas, máxime de quienes que han
sido los causantes del problema y jamás, jamás serán parte de la
solución. (Rumores).

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

Pasamos al turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Más allá de algunos contenidos coyunturales que la moción
planteaba, lo cierto es que la realidad que describe merece un análisis
político y una respuesta. El gasto en sanidad pública era en 2009 en
nuestro país de 70 464 millones de euros y en 2014 será de 57 632
millones, casi 13 000 millones de euros menos. Hoy hay 55 000
trabajadores sanitarios menos que había en 2009. Las restricciones en
ofertas públicas han llevado a que casi la mitad de los médicos
especialistas que trabajan en la sanidad pública sean interinos o
eventuales; fue llamativo, y por ello se constituyó en noticia, que 4 de
los 6 médicos especialistas del Carlos III que atendieron los casos de
ébóla fueran interinos. Hoy hay más copagos y se han excluido de la
cartera de medicamentos 456 productos. La pérdida de la universalidad del
sistema, fruto del real decreto ley, por más que sea negada lo cierto es
que ha conllevado la exclusión de un número importante de personas. El
Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana
dice que solo en esa comunidad ha detectado, en dos años, 1004 casos de
exclusión.

Hace una semana, el presidente y el vicepresidente de la
Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria publicaban una
carta abierta al nuevo ministro de Sanidad felicitándole, pero después de
cumplir con los requisitos de la educación, decían literalmente en
relación con los inmigrantes que se encuentran en situación irregular y
que son excluidos: la exclusión de los ya

excluidos socialmente no solo supone un funesto epíteto
sino un atentado a la salud pública y a la dignidad de las personas. Y
preguntaban de forma retórica: ¿Se imagina alguien las consecuencias
funestas de no atender a personas con fiebre procedentes de zonas
endémicas de África en relación con el virus del ébola o que hayan estado
en contacto con personas procedentes de allí? En esta carta seguían
explicando que, además, el 50 % de las personas a las que se les pusieron
dificultades en la Comunidad de Madrid para recibir atención sanitaria,
se encontraban incluso amparadas por los supuestos que dan derecho a la
cobertura. Es decir, que en algunas comunidades autónomas se está
haciendo una interpretación aún más restrictiva de los contenidos del
Real Decreto Ley 16/2012. Por eso, concluían esta carta pidiendo la
derogación expresa del Real Decreto Ley 16/2012.

Además, como apuntaba el portavoz del Grupo Parlamentario
Vasco en esta Cámara, la sanidad exterior tiene un papel importante que
jugar cuando al menos en esta moción el debate se focaliza parcialmente
en el ébola. Y mañana votaremos enmiendas a los Presupuestos Generales
del Estado que guardan relación con la financiación de la sanidad
exterior, que en este proyecto de presupuestos cuenta con una
financiación inferior a la que tenía en el presupuesto de 2014, lo que
resulta un auténtico contrasentido. Cuando en nuestro país, fruto de la
crisis del ébola, se ha constatado la necesidad imperiosa de reforzar el
papel de los profesionales de la sanidad exterior en la detección y
control del posible acceso de personas que presenten este padecimiento,
resulta que tal preocupación no va acompañada de la respuesta lógica, que
sería una consignación presupuestaria mayor para sanidad exterior.

En consecuencia, dado que compartimos la mayor parte de los
contenidos y argumentos de la moción, votaremos a su favor.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.

Senadora Llinares, no se enfade, que yo no lo decía por eso
sino por todo lo contrario. No lo decía por querer apropiarme de su
moción, sino porque me daba no sé qué el modificar tanto una moción
cuando no es una iniciativa nuestra. Le vuelvo a repetir que ha sido
porque creíamos que se podía mejorar y así lo hemos intentado.

En la segunda parte de mi intervención quiero hablar de los
puntos 6 y 7 de la enmienda que hemos presentado. Estamos de acuerdo, y
así lo dijimos y lo reclamamos en esta Cámara, con la creación de un
comité de expertos independientes que analicen todo lo sucedido en la
crisis del ébola, tal y como expresamos aquí en una pregunta a la señora
ministra. Eso es lo que plantea la moción y estamos totalmente de
acuerdo, pero creemos que en esta crisis no solamente ha habido problemas
de gestión sanitaria sino que, evidentemente, ha habido decisiones
políticas, y no solo del Ministerio de Sanidad ―también de otros
ministerios―, que habría que analizar y discutir. También lo
preguntamos después de la primera repatriación del primer paciente.

Creemos que es muy importante incorporar a esta comisión
—o crear otra, si usted quiere dentro del comité científico que se
menciona— expertos en la protección de datos y en la defensa de los
intereses y derechos de los pacientes, porque es inaceptable que un
Estado como este, que cuenta con normas como la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y documentación clínica y la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, es inaceptable, repito, que datos personales de los afectados y
de personas supuestamente afectadas o contagiadas hayan salido a la luz
con tantísima facilidad y con tanta abundancia —esto es
inaceptable—, sin ningún tipo de responsabilidad por ahora por
parte de quien o de quienes tenían que haber velado precisamente por
preservarlo.

Y lo mismo podemos decir del circo mediático que hemos
vivido, y yo creo que padecido. Un circo que ha sido consecuencia
—también es cierto— de la falta de una información unívoca,
veraz y científica y, por supuesto, suficiente por parte del Gobierno y
del resto de las instituciones concernidas en este asunto, sobre todo al
principio. También lo dijimos en esta Cámara. Lo dijimos en su momento y
lo volvemos a repetir. Pero, al fin y al cabo, no ha sido más que un
circo mediático, y lo ha sido porque creemos que no ha habido ningún tipo
de autocontrol por parte de los medios.

Señorías, la crisis del ébola ha sido un tema muy grave
porque, como ya se ha dicho, estaban en juego la integridad física y los
derechos de las personas, pero también estaban en juego la salud pública
y la tranquilidad del resto de los ciudadanos. Y desde luego, siendo
peligrosa la situación, muy peligrosa, diría yo, muy delicada, no
estábamos como para desatar la alarma social que se desató. Debe de ser
este comité precisamente el que analice lo sucedido y plantee opciones de
mejora y los mecanismos para que lo que ya ha pasado no vuelva a pasar; y
que no vuelva a pasar, desde luego, como ha pasado.

Voy a poner un ejemplo, porque creo que tengo tiempo: en el
Estado francés se dio un caso de contagio de una sanitaria de Médicos sin
Fronteras. La paciente fue repatriada, como otros muchos pacientes; nadie
supo cuándo llegaba y no hubo ni una imagen de su traslado. Comparen eso
con lo que sucedió aquí. Se ingresó a la paciente en un hospital de una
base militar; se sabía dónde estaba, pero no se airearon imágenes ni de
la paciente ni del hospital. Más o menos como aquí, ¿a que si? La
paciente se curó y la identidad de la misma se preservó en todo momento.
Como aquí. La opinión pública no conoce ni quien ha sido la afectada, ni
si ha habido contagios ni si los tenía que haber, ni si ha ido a la
peluquería o si no ha ido. Como aquí. Siempre me vienen a la cabeza
precisamente esas dos peluqueras que, sin comerlo ni beberlo, se han
visto en esa situación, en boca de todo el mundo y prácticamente
estigmatizadas para lo que les queda no sé si de existencia, pero, desde
luego, lo que les quedaba de negocio. Y esto no puede volver a suceder.
Hay que consensuar los mecanismos para afrontar este tipo de crisis, y
consensuar y comprometerse con un manual de buenas prácticas
profesionales, tanto de las instituciones como de los medios, y hacerlo
seriamente. Creo que este es el momento, antes de que vuelva a suceder
porque, desgraciadamente, podría volver a suceder.

En principio nada más. Solo quiero darle las gracias,
senadora Llinares, por haber aceptado nuestras enmiendas y, por supuesto,
aunque la moción es suya, nosotros vamos a votar que sí.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Señorías, senador Aguirre, traía mi intervención preparada,
pero después de oír todas y cada una de las mentiras que se ha atrevido a
pronunciar en esta tribuna a estas alturas de la legislatura, me parece
irremediable tener que cambiarla. (Aplausos).

En primer lugar, cuando ustedes llegaron a este Gobierno lo
primero que hicieron fue intentar que calaran dos ideas, dos ideas que
continúan defendiendo sobre nuestra sanidad: la primera, que era
ineficiente, y la segunda, que era insostenible. Las dos son mentira y
usted lo sabe. (Aplausos). Nuestra sanidad invierte en estos momentos un
5 % del PIB, cuando el resto de países europeos, con crisis igual de
importantes, están casi siempre por encima del 7 %.

Su real decreto, ese que les gusta tanto defender, recortó
principalmente derechos, el derecho a la universalidad, un derecho que
hemos perdido en este país y que el propio ministerio reconoce. Le voy a
dar el dato, porque ese sí lo tengo aquí: exactamente 800 073 tarjetas
han sido dadas de baja, más de 800 000 personas sin derecho a la sanidad.
Si usted es un emigrante y tiene un cáncer, no le podremos tratar. Si
usted se va a trabajar a Europa, tiene 26 años y está tres meses sin
cotizar, no tiene derecho a la sanidad. Todo esto lo han hecho ustedes,
pero suben aquí y nos dicen a la cara que el cribaje del cáncer de mama y
el cribaje del cáncer de colon es mérito de este Gobierno y de esta
ministra. (Aplausos). ¿Cómo pueden decir eso, si hace más de veinte años
que lo estamos practicando? ¿Cómo pueden decir eso! (Aplausos). Lo
siento, senador Aguirre, ha conseguido enfadarme. Lo siento. Bueno, no lo
siento mucho, solamente estoy enfadada. (Risas). Déjenme que continúe,
perdón. Creo que estamos hablando de un tema importante para todos.

¿Ustedes recuerdan esa frase que les gustaba tanto usar al
principio de la legislatura: nuestro Gobierno va a hacer más con menos?
Es verdad; tenemos más lista de espera, más quejas, más desigualdades en
las prestaciones y más copagos. Y tenemos menos calidad asistencial,
menos profesionales y, por supuesto, menos pacientes. Eso sí, gracias a
sus políticas —les recuerdo, neoliberales— que recortan el
Estado de bienestar.

Señoría, el 26 de febrero, The Lancet, una de las revistas
con mayor impacto en el mundo de la salud, publicó un artículo titulado
«El desempleo de las enfermeras y su repercusión en la salud». El estudio
está realizado en España de 2010 a 2013, con más de 400 000 altas
hospitalarias de pacientes quirúrgicos de más de 50 años. En dicho
estudio se describe perfectamente cómo los recortes de las plantillas
afectan directamente a la salud de los pacientes. En España entre 2012 y
2014, según publica el ministerio, la plantilla del servicio nacional de
salud ha disminuido en 28 496 trabajadores, y eso no incluye ni las
contrataciones laborales ni las contrataciones temporales. Como apuntaba
antes el senador Iglesias, algunos estudios hablan de 50 000 trabajadores
sanitarios menos en nuestra salud pública. Sus políticas dañan la salud
de la población y especialmente de los que son más vulnerables. Excepto
cuando hablamos del ébola; entonces nos afecta a todos, porque cuando se
habla de salud pública da igual a quién vaya dirigido el recorte, nos
afecta a todos.

Está claro que por todo lo que he dicho vamos a votar a
favor de esta moción, que para nosotros es un intento más de volver a
recuperar lo que hemos perdido, porque lo que no nos puede hacer creer es
que los españoles y los ciudadanos no consideran que han perdido derechos
y calidad asistencial.

The New York Times publicaba en 2006 una entrevista con
Warren Buffett, uno de los diez hombres más ricos de Estados Unidos, y
casi me atrevería a decir que del mundo, en la que se le preguntaba si
creía en la lucha de clases. Él respondió: Claro que hay lucha de clases,
pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra. Y la
estamos ganando.

Eso era en 2006, y entonces había mucha gente que pensaba
que no existía la lucha de clases. Hoy, en 2014, y en España, sus
políticas son un claro ejemplo de ello.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora señora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president. Senyories,
molt bona tarda a tothom.

Des del Grup Parlamentari del PSOE ens presenten una moció
conseqüència d’interpel·lació que pivota sobre dos eixos que
compartim: l’error que va suposar l’aplicació del reial
decret, que literalment va fer desaparèixer les bases del nostre Sistema
Nacional de Salut, el caràcter públic, la universalitat, la qualitat i
l’equitat, i un segon aspecte que és la reflexió que es fa sobre la
crisi de l’Ebola i la dubtosa gestió feta per part del ministeri i
per part de la Conselleria de Sanitat de Madrid.

En primer lloc i respecte als primers punts de la moció
voldria fer-ne evidentment algunes reflexions. Respecte al reial decret,
sempre hem dit des del nostre grup que compartíem absolutament la
necessitat de fer canvis en el sistema per assegurar-ne la seva
sostenibilitat i la seva subsistència, però també hem deixat clar sempre
que no hem compartit en cap moment ni les formes ni el fons del què es va
fer i com es va fer. De fet, es va aprovar per urgència i sense debat
parlamentari, una urgència relativa, perquè encara a dia de hui es van
desplegant algunes decisions. No hi va haver debat, per nosaltres això és
impresentable. Podríem dir que va ser una de les primeres imposicions del
Govern Rajoy, que ha utilitzat la seva majoria absoluta per evitar els
debats constructius que intentem impulsar des de l’oposició. A
través d’aquest reial decret es feia un autèntic canvi del model
sanitari, es passava de nou a un sistema antic, a un model basat en la
cobertura via la Seguretat Social. Per tant, no compartim aquesta
fórmula.

No compartim tampoc el discurs del senyor Aguirre. No
compartim les propostes de caràcter organitzatiu que plantejaven. No
compartim la fórmula del copagaments que creiem que castiguen com
s’ha dit els mes vulnerables, suposen barreres d’accés als
serveis.

Considerem que per raons humanitàries també estem
d’acord amb algun posicionament d’algun portaveu, doncs que
per raons humanitàries i de salut pública s’ha de garantir
l’atenció sanitària a tothom, també als ciutadans d’altres
països que viuen aquí i es troben en situació irregular. Així ho hem fet
a Catalunya. És veritat que amb uns criteris i unes condicions concretes,
però sense deixar-los desatesos. A Catalunya vam fer molts canvis per
aconseguir assegurar la sostenibilitat del nostre sistema, però sense
carregar-nos, com he dit, els principis bàsics del model i per tant no
podem compartir la fórmula del PP.

Creiem sincerament que part del problema és que el sistema
de salut tot i que excel·lent en el servei està clarament infra-finançat,
tant a nivell estatal com autonòmic. I aquest és el greu problema. En
feia referència algun portaveu, la nostra despesa sanitària pública
respecte al PIB està per sota de la mitjana europea, i per tant aquesta
és la realitat que teníem a sobre de la taula. I per aquest motiu estem a
favor del primer punt de la moció, també evidentment del segon i tercer
punt de la moció que sobretot bàsicament reclama recursos per les
comunitats autònomes que són les què han de fer la gestió i desplegar
directament les polítiques, per tant, perfectament d’acord amb
aquests punts.

I pel que fa a la crisi de l’Ebola molt ràpid. Des
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió hem presentat diverses
iniciatives al Senat i al Congrés. Creiem que el Govern no va fer una
bona gestió respecte a aquesta crisi. Al menys no a l’arrancada de
la gestió i hi va haver moments de descontrol, de descoordinació, de
desinformació, manca de transparència, manca de lideratge —això ho
deia el senador Cazalis—, va generar una enorme desconfiança al
carrer. I a més a més és el que menys es mereixen els nostres excel·lents
professionals. Per tant, una descoordinació absoluta en la gestió
d’aquesta crisi. Creiem ara que un cop tancada la crisi el més
important —en la línia del que deia el senador Cazalis— és
que s’investiguin i s’analitzin les errades de
l’aplicació dels protocols respecte a l’Ebola, i que quan
s’hagi identificat aquetes deficiències es revisen i es modifiquen
de manera eficient. S’ha de fet tot per evitar l’error, risc
zero, i per tant, els nostres professionals es mereixen el màxim,
l’excel·lència de les nostres decisions. S’ha
d’assegurar la formació i la informació als professionals, i
sobretot, s’ha de definir molt bé l’estratègia de comunicació
en aquests casos. En conseqüència, ens sembla molt bé l’esmena que
proposa el PNV. Creiem que l’esmena modifica considerablement el
contingut de la moció. És gràcies a aquesta esmena que nosaltres votarem
a favor de la moció.

Només, en tot cas, un apunt: recordar que a Catalunya tenim
la nostra unitat de resposta d’emergències de salut pública,
coordinada per part de la Subdirecció de Vigilància i Resposta a
Emergències de Salut Pública, i integrada per les unitats de vigilància
epidèmica territorial i pel Servei d’Urgències de Vigilància
Epidemiològica. Evidentment, demanem que aquest centre de coordinació
respecte les nostres competències i també els nostres òrgans.

I, com he dit, acabo enseguida presidente, al haver
incorporat l’esmena del PNV, creiem que millora substancialment la
moció i finalment votarem a favor moció presentada.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes.

El Grupo Parlamentario Socialista nos presenta una moción
que pivota sobre dos ejes que compartimos: el error que supuso la
aplicación del real decreto, que hizo desaparecer las bases de lo que era
nuestro Sistema Nacional de Salud, el carácter público, la universalidad,
la calidad y la equidad, y un segundo aspecto, que es la reflexión que se
hace sobre la crisis del ébola en España y la dudosa gestión que hicieron
el ministerio y la Consejería de Sanidad de Madrid.

Quisiera hacer algunas reflexiones sobre los primeros
puntos de la moción. En cuanto al real decreto, en nuestro grupo siempre
hemos dicho que compartimos absolutamente la necesidad de realizar
cambios en el sistema para asegurar su sostenibilidad y subsistencia,
pero también hemos dejado siempre claro que no hemos compartido en ningún
momento las formas ni el fondo de lo que se hizo ni cómo se hizo. De
hecho, se aprobó por urgencia y sin debate parlamentario, pero una
urgencia relativa, porque todavía a día de hoy se van desplegando algunas
decisiones. No hubo debate y para nosotros eso es impresentable.
Podríamos decir que fue una de las primeras imposiciones del Gobierno
Rajoy, que ha utilizado su mayoría absoluta para evitar los debates
constructivos que intentamos impulsar desde la oposición. A través del
real decreto se hacía un auténtico cambio del modelo sanitario, se pasaba
a un sistema antiguo basado en la cobertura en la Seguridad Social. Por
tanto, no compartimos esa forma.

Tampoco compartimos el discurso del señor Aguirre. No
compartimos las propuestas de carácter organizativo que planteaba. No
compartimos el copago, que castiga, como ya se ha dicho, a los más
vulnerables y supone obstáculos de acceso al servicio.

Y estamos de acuerdo con la postura de algún portavoz, en
el sentido de que por razones humanitarias y de salud pública se tiene
que garantizar la atención sanitaria a todo el mundo, también a los
ciudadanos de otros países que viven aquí y se encuentran en situación
irregular.

Así lo hemos hecho en Cataluña con unos criterios y
condiciones concretos, pero sin dejarles desatendidos. En Cataluña
hicimos muchos cambios para conseguir asegurar la sostenibilidad de
nuestro sistema pero sin cargarnos, como decía, los principios básicos
del modelo. Por tanto, no podemos compartir la fórmula del PP.

Creemos sinceramente que parte del problema es que el
sistema de salud, excelente en el servicio, está infrafinanciado tanto a
nivel estatal como autonómico. Ese es el gran problema. Se refería a ello
algún portavoz: nuestro gasto sanitario público con respecto al PIB está
por debajo de la media europea. Esa es la realidad que tenemos encima de
la mesa. Por ese motivo estamos a favor de los puntos primero, segundo y
tercero de la moción. Sobre todo, se reclaman recursos para las
comunidades autónomas, que tienen que realizar la gestión y desplegar las
políticas. Repito que estamos totalmente de acuerdo con esos puntos.

Por lo que se refiere a la crisis del ébola, el Grupo
Parlamentario Convergència i Unió ha presentado distintas iniciativas en
el Senado y en el Congreso. Creemos que el Gobierno no hizo una buena
gestión de esa crisis, por lo menos no en el arranque de la crisis. Hubo
momentos de descontrol, de descoordinación, de desinformación, falta de
transparencia, falta de liderazgo —lo decía el senador
Cazalis—, y se generó una gran desconfianza en la calle. Además, es
lo que menos se merecen nuestros excelentes profesionales. Repito que
hubo una gran descoordinación en la gestión de esa crisis. Ahora, una vez
cerrada, lo más importante —en la línea de lo que decía el senador
Cazalis— es que se investiguen y analicen los errores en la
aplicación de los protocolos del ébola, y que, cuando se hayan
identificado las deficiencias, se modifiquen y se revisen de forma
urgente. Se tiene que hacer todo para evitar el error. Riesgo cero.
Nuestros profesionales se merecen al máximo la excelencia de nuestras
decisiones. Hay que asegurar la formación y la información a los
profesionales y, sobre todo, hay que definir muy bien la estrategia que
se tiene que aplicar en esos casos. En consecuencia, nos parece muy bien
la enmienda que propone el Grupo Vasco, que modifica considerablemente el
contenido de la moción, y gracias a esa enmienda vamos a votar a
favor.

Y solo quiero hacer un apunte: recordar que Cataluña tiene
su unidad de respuesta de emergencia de salud pública, coordinada por
parte de la Subdirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud
Pública, integrada por las unidades de vigilancia epidémica territorial y
por el Servicio de Urgencias de Vigilancia Epidemiológica. Pedimos que se
respeten nuestras competencias y también nuestros órganos.

Repito que la enmienda del Grupo Vasco mejora la moción y
que, por tanto, vamos a votar a favor.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Senador Aguirre, la verdad es que hay que tener valor para
salir aquí y hacer el discurso que de forma permanente nos hace. Hay que
tener valor. Obviar el sufrimiento de la gente, de la gente que lo está
pasando mal, que está ahí fuera. Se lo pido… Ya no tengo palabras
para pedírselo. No podemos tolerar bajo ningún concepto que usted salga
aquí a mentir todos los días y a todas horas. Y usted debería saber que
es pecado mentir. Lo debería saber. (Aplausos.—Rumores).

Mire, por mucho que ustedes se empeñen, pasarán a la
historia como el Gobierno de los recortes, de los copagos y de la
exclusión social. Aquí tengo una información, que dice: Sanidad reclama a
las familias el pago de la asistencia a los menores inmigrantes sin
papeles. Otra que dice: Comunidad Valenciana. Miles de sin papeles quedan
atrapados en un limbo sanitario tras dos años de recortes. Y un informe
de Médicos del Mundo que no voy a leer porque no tengo tiempo, pero que
les pido que lean, en el que se habla de casos concretos de exclusión,
con nombres y apellidos, de gente a la que no se atiende, de gente con
cáncer, de gente con sida y con muchísimas otras enfermedades. Por favor,
léanselo y verán cómo no serán capaces de subir aquí y decir las
barbaridades y las mentiras que están diciendo.

Y, senador Aguirre, la verdad es que es inconcebible que
usted me hable otra vez de despilfarro. Y que hable de Andalucía, esa
comunidad de la que nos sentimos inmensamente orgullosos
(Rumores.—Aplausos) —se lo hemos dicho muchas veces—, y
que ustedes intentan boicotear

porque no han permitido la subasta de medicamentos y han
puesto todas las trabas habidas y por haber. (Aplausos). La Comunidad
Valenciana, la mía, de la que estoy muy orgullosa —pero no del
Gobierno que tiene— es la más despilfarradora, y la Unión Europea
le ha llamado la atención. Antes ha salido aquí el senador portavoz de
presupuestos y ha dicho que les engañaron con el déficit, que cuando
llegaron al Gobierno no sabían el déficit que había, pero resulta que las
que engañaron fueron la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Y
ahora la Comisión Europea ha denunciado al Estado español porque la
Comunidad Valenciana escondió el déficit. Y usted viene aquí y nos dice
que les engañaron. El PP en la Comunidad Valenciana, veinte años, en la
Comunidad de Madrid, otros tantos. Háganselo mirar, por favor.
(Aplausos).

Señorías, hablamos de salud y, como ha dicho la senadora
Almiñana, ustedes nos están haciendo creer que nuestro sistema era
inviable. Y no es cierto. Se lo he dicho al principio de mi intervención
y se lo vuelvo a repetir: en el año 2011 el gasto sanitario público era
del 6,75 % del PIB; en Alemania, del 8,37 %; en Holanda, del 9,62 %; y en
Francia, del 8,60 %. Por tanto, no es verdad que sea inviable. Ustedes
quieren hacer creer eso para justificarse en los recortes porque lo que
hay detrás es ideología, una sanidad de calidad para quien se la pueda
pagar y un sistema de beneficencia para los demás. Esa es la realidad,
por mucho que ustedes se empeñen en negarlo.

Señorías, hablamos de salud pública y de sanidad exterior:
70 millones de euros en los presupuestos del año 2011, la mitad en los
presupuestos para 2015. Esa es la realidad. Nosotros hablamos con papeles
en la mano, ¿o es que se creen que no miramos los datos? Y en la
actualización del plan de reformas que ustedes han mandado a la Unión
Europea también pretenden recortar 700 millones de euros en las carteras
de salud, que todavía no están reguladas.

Y lo más grave, como he dicho al principio, es que las
previsiones son ahorrar 14 000 millones de euros hasta 2017. Pero ¿saben
lo mejor? Que ustedes en 2017 ya no estarán (Aplausos) y, por tanto, no
podrán recortar. Y revertiremos todos los desaguisados que han hecho en
el Sistema Nacional de Salud, porque de verdad queremos un Sistema
Nacional de Salud público, universal, de calidad y sin exclusiones, y eso
ustedes no lo pueden garantizar mientras esté en vigor el Real Decreto
Ley 16/2012, que es injusto, ilegal e inmoral.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, cierra el
debate el señor Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señoría, yo sé que la verdad muchas veces ofende, sobre
todo a ustedes, cuando se ven enfrascados en lo que es la auténtica
verdad. Y la auténtica verdad es cómo dejaron ustedes el Sistema Nacional
de Salud; y la auténtica verdad es que, al igual que pasó en otras
legislaturas, en esta el que está sacando las castañas del fuego, el que
coge al toro por los cuernos es, como siempre, el Partido Popular, que es
el que está sacando y garantizando la sanidad pública española.
(Aplausos.—Rumores).

No hay más ciego que aquel que no quiere ver. No hay más
sordo que aquel que no quiere oír. Y les voy a dar una serie de datos,
que no había traído para esto pero que voy a comentar. Señoras Almiñana y
Llinares, los españoles tienen la mayor esperanza de vida de la OCDE, que
ha subido y ha progresado adecuadamente en estos tres últimos años...
(Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: ... con la tranquilidad de saber
que cuentan con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Tres de
cada cuatro ciudadanos consideran que su estado de salud es bueno o muy
bueno, por delante de Francia, Alemania, Italia, Austria o Dinamarca. El
sistema sanitario español es valorado positivamente por ocho de cada diez
españoles. Señora Almiñana, hay 751 229 españoles más con tarjeta
sanitaria que en el año 2002. Se lo repito, porque está hablando: 751 229
(Rumores). No me escucha, luego se pone nerviosa, le entran los nervios,
esas cosillas (Aplausos.—Rumores). Lo que eso está demostrado,
señora Almiñana, es la universalidad del Sistema Nacional de Salud. Nadie
paga nada por ir al médico, a pesar de que, como usted sabe, hubo
consejeras o ministras socialistas que quisieron implantar el copago

sanitario. (Rumores). La aportación en farmacia ha existido
siempre, lo único que pasa es que ahora es mucho más justa en función de
la renta. Se ha hecho una redistribución social del copago. Y no hable,
señora Llinares, de comunidades autónomas.

Han hablado también de la pérdida de trabajadores en el
Sistema Nacional de Salud. Pues bien, el 60 % de la gráfica que ha dado
el Ministerio de Empleo son andaluces; 5000 millones, a través de fondos
de liquidez autonómica y del plan de pago a proveedores han ido a
Andalucía para sacar las castañas del fuego a 840 000 facturas que había
en los cajones (Rumores). Ha habido una quiebra de 700 días para pagar a
proveedores. No le quepa duda de que el que garantiza la sostenibilidad
de la sanidad andaluza y de muchas comunidades autónomas es el Gobierno
de España, ha sido nuestro Gobierno. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Centrémonos en la moción, que para
mí es una tremenda impostura; y lo digo en toda la cara, la moción es una
impostura. En el punto 4 de la moción se habla del Instituto de Salud
Carlos III. Les recuerdo que fue el anterior Gobierno socialista el que
quitó el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad para
dárselo al Ministerio de Ciencia, y ha sido este Gobierno el que ha
pasado otra vez las funciones del Carlos III al Ministerio de
Sanidad.

En cuanto al ébola, la actividad del Gobierno ha sido
magnífica tanto en información como en coordinación con las comunidades
autónomas, sobre todo con la Comunidad de Madrid, a nivel de centros
mundiales y europeos, en el seguimiento de los pacientes, y en todos los
medios necesarios, desde diagnósticos hasta tratamientos especiales para
la pacientes y los convivientes de la paciente o pacientes de ébola.
Desde aquí quiero felicitar a la Administración sanitaria, tanto al
Gobierno central como a la Comunidad de Madrid, por su magnífica labor de
coordinación en todos los ámbitos de la política sanitaria a los que ha
afectado este brote.

Y, señoría, no me hable de responsabilidad, porque al
principio de la semana su secretario general dijo que iba a haber un
apoyo del grupo parlamentario a la actividad del Gobierno, y justo al día
siguiente critica la gestión. A eso yo lo llamo responsabilidad de mecha
corta, y en un tema de salud pública eso no es aceptable.

Señoría, nosotros actuamos con lealtad institucional, de la
que ustedes adolecen. Si ustedes no quieren dejar la sanidad fuera del
debate partidista, al menos traten de no crear alarma entre los
ciudadanos, porque, como le he dicho, a pesar de su actuación tenemos un
magnífico Sistema Nacional de Salud.

Doctora Almiñana, doctora Llinares, antes que políticos
somos médicos. Ahora trabajamos en política aportando nuestros
conocimientos de medicina a la política, y ante un conflicto de intereses
el interés médico tiene que ir parejo al interés político. Como diría un
diestro del sur, que se llama Jesulín de Ubrique, en dos palabras, es «in
presentable» que ustedes intenten sacar interés partidista y
electoralista de posibles tragedias sanitarias. (Fuertes
rumores.—Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Señorías, no todo vale en política,
y menos en salud pública.

Muchas gracias. (Aplausos.—Fuertes rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Aguirre.

Llamen a votación. (Pausa.—El señor presidente ocupa
la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, votamos la enmienda de sustitución del Grupo
Parlamentario Socialista a su moción consecuencia de interpelación, con
la incorporación de la enmienda aceptada, del Grupo Parlamentario
Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 89; en contra, 154.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa).

3.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR CON RESPECTO A LAS INVESTIGACIONES QUE LLEVAN A
CABO LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y SOBRE LOS PROTOCOLOS
DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE APLICA PARA EVITAR LAS FILTRACIONES DE
INFORMACIÓN.

(Núm. exp. 671/000148)

AUTOR: GPCIU

El señor presidente da lectura al punto 3.2. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

A esta moción consecuencia de interpelación se han
presentado seis enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
(Rumores).

Para la defensa de la moción, cuando haya silencio en el
hemiciclo, tendrá la palabra el senador Sendra. (Pausa).

Cuando quiera, señoría.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente. Molt
bona tarda a tothom.

Sense cap dubte recordaran senyories la interpel·lació al
ministre de l’Interior que aquest senador va formular al passat
plenari del dia 11 de novembre. Els fets succeïts des de la presa de
possessió de Jorge Fernández Díaz com a ministre de l’Interior fins
a la data de la interpel·lació, la feien del tot necessària per tal de
conèixer quina és la política de comunicació del Ministeri de
l’Interior en general, i també, respecte a les investigacions que
fan els cossos policials i sobre els protocols d’investigacions
internes que aplica el ministeri per descobrir i evitar les contínues
filtracions d’informacions que habitualment publiquen determinats
mitjans de comunicació procedents de fots policials o del propi Ministeri
de l’Interior.

Li deia al Ministre que érem conscients que una part del
seu Ministeri te vida pròpia i actua sense coneixement de la superioritat
i que el Ministre no mana en el seu Ministeri i allí on ho fa va comenten
errada darrera errada. I li vaig posar un seguit d’exemples de la
rocambolesca situacions que s’havien produït en el Ministeri, tant
des del punt de vista estatal, com a Catalunya, on li vaig recordar la
política amenaçadora, prepotent i certament bruta que el Ministre, el
Ministeri i el Govern del PP estan executant per aturar de manera legal o
no l’imparable procés del dret a decidir que s’hi viu.

Li vaig recordar l’informe de la UDEF aparegut al
bell mig de la campanya electoral catalana de 2012 en el qual
s’acusava el President de Catalunya, Artur Mas, de tenir comptes
secrets a Suïssa, informe fet per embrutar la campanya electoral i
alterar el resultat de les eleccions. S’havia orquestrat des del
Ministeri de l’Interior la guerra bruta contra el dret dels
ciutadans de Catalunya a anar a les urnes i el ministre despistava. No
cal dir que l’esmentat informe s’ha demostrat fals. També li
vaig recordar la publicació a la premsa de les fotos de la base de dades
del DNI dels 33 jutges que havien signat un manifest a favor del dret a
decidir a Catalunya, filtrades per la policia al diari La Razón. Els
jutges van presentar una querella i ha resultat de la documentació de
l’expedient que la policia feia seguiment polític dels jutges. O
les tantes i tantes mostres de deslleialtat institucional fent OPES als
mossos d’esquadra hipotèticament descontents amb el procés català
perquè s’integressin en el Cos Nacional de Policia. I mentrestant
es negava la possibilitat d’ampliar la plantilla de la policia
integral de Catalunya al mateix temps que s’enviaven 500 agents del
Cos Nacional de Policia de Catalunya perquè es passegessin i es
visualitzessin.

I la que va fer passar el got i ens va portar a presentar
la interpel·lació i aquesta moció de hui. La filtració al diari El Mundo
del 27 d’octubre d’una informació apuntant que
l’alcalde de Barcelona tenia un compte a Suïssa, fet que una vegada
més s’ha comprovat fals. Va passar, però, que degut al debat dels
vetos als Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2015 es
va ajornar aquesta moció conseqüència d’interpel·lació que
s’hauria d’haver debatut el passat 25 de novembre. Vaig
pensar que com que el ministre és un crack de les notícies segurament en
aquest temps ens

donaria alguna altra perla per poder treure-li els colors.
I, efectivament, així ha estat. Ara resulta que el senyor ministre te
organitzada una unitat secreta dins del Cos Nacional de Policia perquè
investigui i publiqui, naturalment amb filtracions als mitjans madrilenys
afins, i sempre fóra de tot control judicial, els polítics catalans
sobiranistes, per veure si són corruptes; i si no ho són, tant se val,
ens ho inventem i cap als mitjans de comunicació.

Així que, teníem raó, senyor ministre; allò de
l’informe de la UDEF sobre el president Mas i l’alcalde
Tries; la vigilància policial a la seu de Convergència; el seguiment
policial als jutges; la curiosa i casual interceptació de la senyora
Mercè Pigem a Andorra; els 90 000 atacs cibernètics massius organitzats
contra els serveis públics catalans el dia 9 de novembre que van posar en
risc temes tant sensibles del dia a dia com les emergències mèdiques. Tot
això està organitzat i orquestrat pel senyor ministre i el seu ministeri?
M’està dient que la Policia està investigant a un servidor i a tots
els meus companys del grup parlamentari pel fet de ser sobiranistes? No
hi ha cap dubte que el senyor Fernández Díaz no sols ha de donar moltes
aplicacions sinó que immediatament després ha de dimitir. Per això avui
més que mai és necessari i justificat que s’aprovi aquesta moció
amb tots els seus apartats resolutius.

Moltes gràcies.

Buenas tardes a todos.

Señorías, sin ninguna duda recordarán la interpelación al
ministro del Interior que este senador formuló en el pasado plenario del
día 11 de noviembre. Los hechos que sucedieron desde la toma de posesión
de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior hasta la fecha de la
interpelación lo hacían del todo necesario para conocer cuál es la
política de comunicación del Ministerio del Interior en general y también
con respecto a las investigaciones que hacen los cuerpos policiales sobre
los protocolos de investigaciones internas que aplica el ministerio para
descubrir y evitar las continuas filtraciones de informaciones que
habitualmente publican determinados medios de comunicación procedentes de
fuentes policiales o del propio Ministerio del Interior.

Le decía al ministro que éramos conscientes de que una
parte de su ministerio tiene vida propia y actúa sin conocimiento de los
superiores y que el ministro no manda en su ministerio y que ahí donde lo
hace va cometiendo error tras error. Y le puse unos cuantos ejemplos de
las rocambolescas situaciones que se habían producido en el ministerio
tanto desde el punto de vista estatal, como en Cataluña, donde le recordé
la política amenazadora, prepotente y ciertamente sucia que el ministro,
el ministerio y el Gobierno del PP están ejecutando para parar, de manera
legal o no, el imparable proceso del derecho a decidir que se está
viviendo.

Le recordé el informe de la UDEF aparecido durante la
campaña electoral catalana del 2012, en el que se acusaba al presidente
de Cataluña, Artur Mas, de tener cuentas secretas en Suiza, informe hecho
para ensuciar la campaña electoral y alterar el resultado de las
elecciones. Se había orquestado desde el Ministerio del Interior una
guerra sucia contra el derecho de los ciudadanos de Cataluña a ir a las
urnas y el ministro despistaba. No es necesario decir que este informe se
demostró que era falso. También le recordé la publicación en la prensa de
las fotografías de la base de datos del CNI de los 33 jueces que habían
firmado un manifiesto a favor del derecho a decidir en Cataluña filtradas
por la policía al diario La Razón. Los jueces presentaron una querella y
el resultado de la documentación del expediente es que la policía hacía
un seguimiento político de los jueces. O las tantas y tantas muestras de
deslealtad institucional, haciendo OPA a los mossos d´esquadra
hipotéticamente descontentos con el proceso catalán para que se
integrasen en el Cuerpo Nacional de Policía. Mientras tanto, se negaba la
posibilidad de ampliar la plantilla de la policía integral de Cataluña,
al mismo tiempo que se enviaban 500 agentes del Cuerpo Nacional de
Policía a Cataluña para que se paseasen y se visualizasen.

Lo que hizo colmar el vaso y presentar la moción de hoy fue
la filtración al diario El Mundo el 27 de octubre de una información
apuntando que el alcalde de Barcelona tenía una cuenta en Suiza, un hecho
que se comprobaba otra vez que era absolutamente falso. Pero debido al
debate de los vetos de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2015 se aplazó esta moción consecuencia de interpelación, que se tenía
que haber debatido el pasado 25 de noviembre. Pensé que como el ministro
es un crack de las noticias, seguramente en este tiempo nos daría alguna
otra perla para poder sacarle los colores. Y, efectivamente, así ha sido.
Resulta que el señor ministro tiene organizada una unidad secreta dentro
del Cuerpo Nacional de Policía para

que investigue y publique, naturalmente con filtraciones a
los medios madrileños afines y siempre fuera de todo control judicial, a
los políticos catalanes soberanistas para ver si son corruptos; y si no
lo son, no importa, nos lo inventamos y lo pasamos a los medios de
comunicación.

Así que tenemos razón, señor ministro; lo del informe de la
UDEF sobre el presidente Mas y el alcalde Trias; la vigilancia policial
en la sede de Convergència; el seguimiento judicial a los jueces; la
interceptación de la señora Mercè Pigem en Andorra; los 90 000 ataques
cibernéticos masivos organizados contra los servicios públicos catalanes
el día 9 de noviembre, que pusieron en riesgo temas tan sensibles del día
a día como las emergencias médicas. ¿Todo eso está organizado y
orquestado por el señor ministro y su ministerio? ¿Me está diciendo que
la Policía está investigando a un servidor y a todos mis compañeros del
grupo parlamentario por el hecho de ser soberanistas? No cabe duda de que
el señor Fernández Díaz, no solo ha de dar muchas explicaciones, sino
que, inmediatamente después, tiene que dimitir. Por eso hoy más que nunca
es necesario y justificado que se apruebe esta moción con todos sus
apartados resolutivos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, presidente.
Buenas noches.

Compartimos la preocupación mostrada por la moción
consecuencia de interpelación sobre las filtraciones partidistas; sobre
los momentos elegidos, álgidos siempre, como procesos electorales o donde
el auge del derecho a decidir u otras cuestiones estaban candentes en la
sociedad española y catalana. Por lo tanto, la preocupación, la tenemos.
Creo que el señor ministro del Interior consigue con estas
confrontaciones permanentes y partidistas generar precisamente lo
contrario de lo que buscaría: fomentar movimientos independentistas en
Cataluña; porque, en lugar de buscar el diálogo y el encuentro, se está
buscando una utilización partidista del Ministerio del Interior.

También compartimos que el ministro ha hecho méritos más
que sobrados para dimitir, y no como consecuencia de esta moción, sino
que lleva tiempo haciéndolos; por ejemplo, cuando llegamos al ridículo
internacional de decir que las fronteras están donde está la Guardia
Civil —fronteras movedizas en España—, o cuando el señor
ministro nos anuncia esta Ley de seguridad ciudadana, contestada
absolutamente por todos, por todas las fuerzas políticas, sociales y
sindicales de todo tipo: la llamada ley de la patada en la boca. Este
tipo de cosas ya darían lugar a una dimisión; pero es que, recientemente,
hemos observado cómo el ministro se plantea, de una manera autoritaria,
intervenir las comunicaciones sin autorización judicial. Esto sería el
colmo de los colmos. No sé lo que pensarán en el exterior sobre este tipo
de cosas. Seguramente la comisaria europea volvería a llamarnos al orden,
y seguramente que en el exterior estamos desprestigiando la imagen de
España porque somos los campeones en el recorte de las libertades, de los
derechos fundamentales y en el ataque a la presunción de inocencia, que
también viene en esta iniciativa. Por lo tanto, coincidimos en muchas
cosas sobre esta materia.

No obstante, a pesar de la coincidencia tenemos algunas
diferencias que, entiendo, son más por los términos de la moción que por
lo que representa la moción. Son diferencias que a mí, como he
manifestado, me preocupan. Por una parte, no me parece necesario ni
conveniente que la Cámara apruebe una resolución condenando a un medio de
comunicación por difamar. Creo que a lo único que nos puede llevar esto
es a malentendidos: al malentendido de pensar que esta Cámara recorta la
libertad de expresión, cosa que estoy convencido de que no pretende su
moción, pero también estoy convencido de que se interpretaría así por
algunos medios de comunicación y, sobre todo, por la sociedad en un
momento determinado.

También me preocupa que se identifique a la UDEF como
elemento de filtración de las noticias que aparecen publicadas. Y me
preocupa porque no lo tengo claro, sencillamente; porque la UDEF es un
organismo que ha sido permanentemente corregido por el ministro del
Interior. Han caído dos comisarios generales de la Policía Judicial, y
permanentemente están descalificando a la UDEF, como ha hecho el ministro
en esta Cámara. Por lo tanto, no me atrevería yo a calificar globalmente
a la UDEF como portadora de todos estos males. Por eso hemos presentado
alguna enmienda que pretende reorientar, si se quiere, la moción que
presentan. Formulamos una nueva política de

comunicación a la Oficina de Comunicación y Relaciones
Institucionales, que es a la que le corresponde abordar esta tarea. Esta
política de comunicación se tiene que basar, como dice el Tribunal
Constitucional, en los derechos fundamentales y en la presunción de
inocencia. El Tribunal Constitucional dice: Por encima de sospechas o
necesidades genéricas de prevenir o descubrir.

Es decir, aquí estamos invirtiendo el orden de las cosas.
Estamos acusando permanentemente y después nos echamos las manos a la
cabeza cuando se dice que los políticos están mal vistos y que ya existe
una condena previa. Este tipo de cosas se están practicando, y pedimos
que cambie la política de comunicación. Pedimos que no se distorsionen
estos temas porque después interfieren negativamente en las
investigaciones puestas a disposición judicial.

Parece una reincidencia plantear que se cumpla la Ley de
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero hay que recordarlo. Hay
que actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad cuando se
efectúan labores de este tipo por parte de los organismos policiales.

Por último, queremos evitar algo que nos preocupa. En el
turno de portavoces lo explicaré quizá con más detalle. Hay que evitar
que las unidades policiales ajenas a las investigaciones sean las que se
conviertan en una especie de brazo armado de la política del Gobierno o
del partido de Génova. Y es que hay unidades que no tienen nada que ver
con las investigaciones judiciales; por ejemplo, Asuntos Internos, que
está permanente interviniendo en estos casos., Pero ¿para qué? Para la
persecución y control de otras fuerzas políticas. Este tipo de temas nos
preocupan, porque hay que cambiar desde el Ministerio del Interior; hay
que controlar y dar medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado que investigan los casos de corrupción u otros, pero no hay que
suplantarlos con otras unidades policiales.

Esto es lo que está pasando. Por eso nosotros coincidimos
en el fondo de la propuesta que ha hecho en este caso el Grupo Catalán
Convergència i Unió, pero nos vamos a abstener por lo que he mencionado
anteriormente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Cascallana.

Tiene la palabra el senador Sendra para indicar si acepta o
no las enmiendas.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño, no por falta de respeto hacia las enmiendas
presentadas por el senador Cascallana sino por la brevedad de mi
respuesta.

Señor Cascallana, no tenga ninguna duda. No pretendíamos
recortar la libertad de expresión, pero es evidente que, tanto el informe
con el logo de la UDEF de 2012 referente al presidente Mas como el
informe del señor Xavier Trias, se filtraron a un medio de comunicación
con nombre y apellidos. Así es que no hacemos más que recoger en la
moción un hecho constatadísimo.

Yo sé que usted tiene mucho respeto a la UDEF, y yo también
se lo tengo. En sus discursos de los debates de presupuestos le recuerdo
siempre hablando de la UDEF con respeto y pidiendo que se refuerce, que
se le dé más dotación presupuestaria; me parece muy bien, yo estoy de
acuerdo con eso: pero para hacer las cosas bien y para tener un control
que hoy no tiene la UDEF. Ha sido un desmadre la UDEF —y no voy a
emplear la expresión que usamos en Cataluña— y no puede continuar
así. Por eso pedimos el control de la UDEF.

Si usted hubiese estado dispuesto a votar a favor de la
moción, yo habría podido aceptarle las enmiendas de adición 3, 4, 5 y 6,
porque mejoran la moción y hacen aportaciones interesantes; pero los
puntos 2 y 3 son el eje vertebrador de la interpelación y de la moción.
Por tanto, aunque me cueste, no se las puedo aceptar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sendra.

En turno en contra, tiene la palabra el senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente,
señorías.

Señor Sendra, bona tarda. (Rumores). Ha conseguido usted
hoy aquí el milagro de los panes y los peces. Presenta una moción con
tres puntos y consigue que el Partido Socialista, de tres puntos, formule
6 enmiendas. Fíjense ustedes si tiene mérito la propuesta que nos hace
hoy el Grupo Catalán de Convergència i Unió.

Bromas aparte, señoría, el otro día, en el debate que usted
mantuvo con el ministro del Interior, un debate intenso, me quedé con una
expectativa importante: que hoy nos iba a traer aquí en forma de moción
una serie de argumentos que, puestos encima de la mesa y desde esta
tribuna, nos servirían a todos para hacer una reflexión sobre muchas
cosas en las que estamos de acuerdo ─ahora le enumeraré algunas de
ellas─ para que entre todos pudiéramos buscar los puntos de
contacto que nos permitieran salir de aquí con una moción al menos
encaminada y con algunas cuestiones aprobadas.

Sin embargo, señoría, lamento decirle —y usted sabe
que se lo digo de corazón— que no ha traído hoy aquí ni un solo
argumento. Usted interpreta todas las cuestiones de las que nos ha
hablado, y que ya nos refirió el otro día, en clave soberanista, en clave
separatista. Todo son ofensas que se les hacen a los políticos catalanes
que defienden tal o cual cuestión; en definitiva, una interpretación en
una determinada clave. Pero, señoría, no ha traído usted aquí ni un solo
argumento de peso, ni una sola prueba que sustente las acusaciones,
algunas de ellas graves, que usted ha hecho. Y al hacerlo de esa manera,
está usted poniéndonos a todos en una terrible tesitura. Fíjese: está
usted invirtiendo la carga de la prueba.

Cuando usted acusa al ministro, o a la Policía —en
este caso a la UDEF—, como lo ha hecho, de determinadas acciones
que, desde mi punto de vista, rondarían el delito, y no lo soporta con
ninguna prueba, lo que está haciendo es obligar a la parte acusada a
demostrar su inocencia. Eso no es justo, no es razonable, y usted sabe
que no puede ser así. Señoría, la base de su moción es la información de
un determinado diario de Madrid a la que usted da todo el crédito del
mundo. Yo el crédito se lo doy al ministro, cuando el otro día, en sede
parlamentaria y con todo el rigor, desmintió rotundamente que él tuviera
parte en esa filtración. En esto podríamos estar todos de acuerdo, como
estoy seguro de que estaríamos de acuerdo también con el portavoz
socialista en representación de su grupo. A todos los políticos que
estamos aquí nos preocupan las filtraciones, porque muchas veces, por no
decir todas, provocan una condena de telediario que, en definitiva, es
algo que perjudica a todo el mundo por igual. Y esa condena de telediario
se produce por filtraciones que no se sabe de dónde vienen. Como a usted
le consta —y también al portavoz socialista—, el Ministerio
del Interior está investigando en cada uno de los casos. Y, en caso de
que en la investigación interna se encontrase un fundamento,
inmediatamente el ministerio acudiría a la Fiscalía para que procediese
como debe en estas situaciones.

Por lo tanto, señorías, no es razonable que ustedes acusen
sin una sola prueba. Podríamos estar de acuerdo —y fíjese en lo que
voy a decir— con algunas de las enmiendas que ha presentado el
Grupo Socialista, porque, en definitiva, lo que está diciendo con esas 6
enmiendas es: primero, no pida usted la dimisión del ministro del
Interior ─es lo primero que ha dicho el portavoz socialista─;
y, segundo, no acuse usted a ningún medio de comunicación. También
coincido con él en que estoy seguro de que no estaba en su ánimo, pero
así se deja traslucir en su moción. Luego, hay otras 4 enmiendas en las
que el Grupo Socialista propone al ministerio que se cumpla rigurosamente
la ley. Y en el Grupo Popular estamos convencidos, señorías, de que el
Ministerio del Interior, como cualquier otro ministerio, en este y en
todos los gobiernos, cumple escrupulosamente la ley. Otra cosa es que se
puedan cometer errores, que pueda haber lagunas; pero estamos convencidos
de que se cumple escrupulosamente la ley.

En definitiva, señorías, creo que hemos perdido una
magnífica ocasión de buscar soluciones conjuntas para esas situaciones,
que lamentablemente se están produciendo con excesiva frecuencia en el
ambiente político de nuestro país, y nos hemos limitado a quedarnos en la
anécdota y a darle gusto al gatillo pidiendo la dimisión del ministro del
Interior.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, presidente
jauna.

Nuestro grupo anuncia que votará afirmativamente esta
moción presentada por el grupo catalán y defendida en su día como
interpelación por el senador Jordi Sendra. Y, discrepando del senador
Aznar, consideramos que lo hizo con vehemencia y con argumentos
contundentes.

Como se sabe, esta moción tiene tres puntos importantes. En
primer lugar, facilitar a los grupos parlamentarios los protocolos
utilizados por el Ministerio del Interior y las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado en materia de comunicación ante investigaciones en
curso. Este punto nos parece muy procedente, ya que el ciudadano se ve
indefenso ante noticias que le inculpan y ante las cuales no tiene
posibilidad de defenderse; de tal manera que, cuando es imputado, si lo
es, o es procesado, si lo es, su causa ya está perdida, y él ya ha sido
condenado por ese tribunal terrible ante el que no hay apelación. Es una
opinión pública mediatizada, o mal informada, que ya ha tomado posición y
le condena al repudio ciudadano.

El artículo constitucional referido a la presunción de
inocencia se comprueba diariamente en el Estado español. No existe en la
práctica. En este y en otros casos, ni tan siquiera existe la presunción
de culpabilidad, sino la culpabilidad sin más. La presunción de inocencia
ni se contempla. Pero es preciso señalar que este enfado ciudadano se
extiende, asimismo, a los jueces de instrucción, que ven sus asuntos
manoseados por partes interesadas y que se ven condicionados por este
debate en medios que es muy perjudicial para cualquier causa y para su
trabajo de instrucción. Esto no ocurre en ningún otro país europeo
considerado serio. Lo malo de todo esto es que este tipo de información
aparece como filtraciones y no como información oficial contrastada, y
esto, con razón, es atribuido a la Policía, que es la que tiene los
medios, los contactos, la relación con el caso y el monopolio de la
fuerza y de la investigación.

El segundo punto es también procedente a nuestro entender,
al solicitar una exhaustiva investigación sobre el origen de la
información falsa filtrada al diario El Mundo y a otros medios de
comunicación, relativa a la presunta tenencia de una cuenta bancaria por
parte del alcalde de Barcelona Xavier Trias. Se apunta que tiene una
cuenta en Suiza de 12 millones de euros, y además se señala diciendo
públicamente que ha sido investigado por las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado. Ante esto, nos parece muy procedente que se
presenten en el plazo de 30 días las conclusiones de la investigación.
Las investigaciones perdidas en el tiempo, sin fecha de caducidad, no
sirven para nada. A nuestro entender, este asunto es gravísimo y nos da
la impresión de que se busca anular políticamente al alcalde de
Barcelona, una figura honorable que, al parecer, a alguien puede
molestar.

Y en nuestro caso, entre creer a la Policía o al alcalde de
Barcelona, a quien mi grupo conoce de tiempo atrás, creemos a Xavier
Trias, quien ha dicho algo tan contundente y esclarecedor como que no
tiene cuentas en Suiza y ha anunciado su intención de querellarse contra
quien sostenga este extremo. Al día siguiente volvió a negar de nuevo
tener cuentas en bancos en Andorra y en Suiza, advirtiendo que la
información en este sentido tiene intencionalidad política. Además, el
alcalde se ha mostrado harto de este periodismo que quiere hacer política
publicando mentiras. Y en su twiter ha escrito —y abro
comillas—: «Mi única fuerza es la honestidad y pienso actuar con
toda contundencia contra este tipo de periodismo que creo que es
realmente asqueroso» —cierro comillas─. Más claro, agua.

Volvemos a repetir que nosotros creemos al alcalde Trias y,
en este caso, no creemos al Ministerio del Interior, cuyo máximo
responsable no solo es un ministro, es también jefe de la Policía. Este
ministro, como tal, debería cuidar su lenguaje, sus acciones y, sobre
todo, olvidarse de que es diputado por Barcelona; es más, debería ser el
mayor garante del orden público, entre el que está el derecho al honor,
derecho que estas informaciones interesadas conculcan.

Sabemos que la situación política catalana es delicada, en
virtud de años de incomprensión, pero este tipo de guerras pone las cosas
mucho peor. Mucho peor, porque si el árbitro, quien ha de cumplir y hacer
cumplir la ley, no lo hace, quien sufre y se debilita es el Estado de
derecho. Y cuando se dice que todo hay que hacerlo bajo los dictados de
la ley, nada sin ella, esas palabras se vuelven contra quienes usan la
ley como si fuera un juguete, un atajo, una mera referencia, una frase
vacía, ante filtraciones interesadas para hacer daño al adversario
político, al que se le trata como a un enemigo político al que hay que
abatir.

Por eso, señorías, vamos a votar a favor de esta moción
consecuencia de interpelación mientras mostramos nuestra solidaridad con
el alcalde Trias y el grupo catalán.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el
senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies, senyor president. Bona
nit.

La política de comunicació d’un Govern, de qualsevol
Govern, i més encara la del Ministeri de l’Interior, s’hauria
de basar en els principis de discreció i veracitat contrastada.
Malauradament, tenim molts exemples de què això no és així. Sovint, la
precipitació, la parcialitat, i les mitges veritats, quan no directament
les mentides, han aparegut en els mitjans de comunicació per perjudicar
polítics i formacions de l’oposició.

En altres ocasions aquestes filtracions fóra de lloc han
perjudicat seriosament investigacions judicials i hem vist com alguna
autoritat judicial es queixava públicament i amarga. Sense anar més
lluny, el propi director general, director de la Oficina de Comunicació i
Relacions Institucionals del Ministeri de l’Interior, el senyor
Albert Gimeno, es va veure obligat a dimitir fa poc temps per haver remés
un comunicat referent a una intervenció policial abans que aquesta es
produís. Quan el responsable polític d’aquest greu despropòsit
evidentment era el propi ministre.

Compartim amb Convergència i Unió la necessitat
d’investigar l’origen i les causes d’algunes
d’aquestes informacions —entre cometes— o filtracions,
com també l’oportuna informació parlamentaria sobre els protocols
que en matèria de comunicació sobre investigacions en curs utilitzen tant
el Ministeri de l’Interior o el ministre de l’Interior amb
les forces de seguretat. Ara bé, també volem fer algunes precisions i
algunes matisacions respecte a la moció concreta, no tant a
l’esperit, sinó a la lletra de la moció i al que se’n pot
interpretar de la mateixa.

En primer lloc, l’intercanvi i la informació sobre
protocols i altres qüestions en el cas de Catalunya és evident que
independentment de les competències que tinguem les Cambres
parlamentàries, hi ha un organisme, un òrgan que te també competències en
aquesta matèria com és la Junta de Seguretat, que segons l’Institut
d’Autonomia de Catalunya s’ha de reunir 2 vegades cada any,
com a mínim. I bé, la veritat és que en tota la legislatura no s’ha
reunit ni una vegada i, evidentment, això és culpa i és responsabilitat
del Govern de l’Estat, però també és culpa i responsabilitat del
Govern de Catalunya que podria demanar que es reunís la Junta de
Seguretat. Primera precisió.

Segona precisió. Defensem la llibertat d’expressió i
d’informació dels mitjans de comunicació. I això ho volem deixar
ben clar perquè no compartiríem el que el podria deduir de la lectura de
la moció no compartiríem la investigació d’un mitjà de comunicació,
fos quin fos aquest mitja de comunicació, encara que sigui un mitjà de
comunicació que no ens agradi, com és el cas.

En tercer lloc. Es tracta d’una moció en el fons
reduccionista. Per què? Perquè limita d’alguna manera reclamar la
dimissió o cessament del ministre de l’Interior a un sol fet, quan
creiem que hi ha prou motius per exigir que el ministre de
l’Interior em prengui el mateix camí que els ministres de Justícia
i de Sanitat, és a dir, dimitir o ser cessat, però discrepem que ho hagi
de fer només per un tema concret relacionat amb una formació política
concreta. Hi ha moltíssimes raons: l’activitat legislativa, la Llei
de seguretat privada, la Llei de drets i deures de la Guardia Civil, la
Llei de seguretat ciutadana, actualment en tràmit parlamentari, però
també per la nefasta gestió al front del ministeri: les devolucions en
calent, per posar un exemple, o la gestió de la immigració en general, i
de les fronteres de Ceuta i Melilla, en concret. O la situació dels CIE,
que li han valgut, per cert, una reprimenda formal i severa per part de
la pròpia Unió Europea.

Per tant, dit tot això, manifestem que el nostre grup
parlamentari s’abstindrà de la votació de la present moció.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Buenas noches.

La política de comunicación de un Gobierno, de cualquier
Gobierno, sobre todo la del Ministerio del Interior, debería basarse en
los principios de discreción y veracidad contrastada. Por desgracia,
tenemos muchos ejemplos de que esto no es así. A menudo la precipitación,
la parcialidad y las medias verdades, cuando no directamente las
mentiras, han aparecido en los medios de comunicación para perjudicar a
políticos y formaciones de la oposición.

En otras ocasiones, estas filtraciones fuera de lugar han
perjudicado seriamente investigaciones judiciales, y hemos visto cómo
alguna autoridad judicial se quejaba pública y amargamente de ello. Sin
ir más lejos, el propio director de la Oficina de Comunicación y
Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior, don Albert
Gimeno, se vio obligado a dimitir hace poco por haber emitido un

comunicado referente a una intervención policial antes de
que esta se produjese, cuando el responsable político de este grave
despropósito era, evidentemente, el propio ministro.

Compartimos con Convergència i Unió la necesidad de
investigar el origen y las causas de algunas de estas informaciones
—entre comillas— o filtraciones, como también la oportuna
información parlamentaria sobre los protocolos que en materia de
investigaciones en curso utilizan tanto el Ministerio del Interior o el
ministro del Interior como las fuerzas de seguridad. Ahora bien, también
queremos hacer unas precisiones y matizaciones respecto a la moción
concreta, no tanto en cuanto al espíritu como en cuanto la letra de la
moción y a lo que se puede interpretar de ella.

En primer lugar, en cuanto al intercambio y a la
información sobre protocolos y otras cuestiones, es evidente que, en el
caso de Cataluña, existe, independientemente de las competencias que
tengan las Cámaras parlamentarias, un órgano que tiene también
competencias en esta materia: la Junta de Seguridad, que, según el
Estatuto de Autonomía de Cataluña, debe reunirse dos veces al año como
mínimo. Lo cierto es que en toda la legislatura no se ha reunido ni una
sola vez, y esto es culpa y responsabilidad del Gobierno del Estado, pero
también es culpa y responsabilidad del Gobierno de Cataluña, que podría
solicitar que se reuniese la Junta de Seguridad. Primera precisión.

Segunda precisión. Defendemos la libertad de expresión y de
información de los medios de comunicación. Esto queremos dejarlo muy
claro, porque no compartiríamos lo que se podría deducir de la lectura de
la moción; no compartiríamos la investigación de un medio de
comunicación, fuese el que fuese; aunque fuese un medio de comunicación
que no nos guste, como es el caso.

Tercera. En el fondo, se trata de una moción reduccionista.
¿Por qué? Porque se limita a reclamar la dimisión, el cese, del ministro
del Interior por un solo hecho, cuando creemos que hay muchos motivos
para exigir que el ministro del Interior tome el mismo camino que los
ministros de Justicia y de Sanidad, es decir, dimitir o ser cesado; pero
discrepamos de que tenga que hacerlo solo por un tema concreto y
relacionado con una formación política concreta. Hay muchísimas razones:
la actividad legislativa, la Ley de seguridad privada, la Ley de derechos
y deberes de la Guardia Civil, la Ley de seguridad ciudadana actualmente
en trámite parlamentario, y también la nefasta gestión al frente del
ministerio: las devoluciones en caliente, por poner un ejemplo, la
gestión de la inmigración en general y de las fronteras de Ceuta y
Melilla en concreto, o la situación de los CIE, que le han valido, por
cierto, una reprimenda formal y severa de la Unión Europea.

Dicho esto, manifestamos que nuestro grupo parlamentario se
abstendrá en la votación de esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, presidente.

Senador Aznar, amigo Aznar, no em digui que no li porto
arguments. És que no ha escoltat tot el que li he explicat, tots aquests
fet resumits avui a la moció, però relatats el dia de la interpel·lació,
un darrere l’altre. Açò no són arguments? No hi ha més cec que el
qui no vol veure.

Deia la meva avia —i li diré en castellà perquè la
meva avia era murciana—: Le dijo la sartén al cazo, aparta que
manchas. Perquè vostè que em vingui ara a dir que està afligit perquè ha
de sortir a defensar la innocència del ministre de l’Interior quan
hauria de tenir presumpció d’innocència... I què creu que ha hagut
de fer el senyor Mas? I què creu que ha hagut de fer el senyor Trias?
Demostrà la seva innocència perquè se l’estava acusant i condemnant
sense cap tipus de judici.

I li recordaré el que li va dir el Ministre a la seva
interpel·lació. El Ministre Montoro quan se’l va requerir que
compareixes al Congrés dels Diputats per donar compte d’aquest tema
va dir: Los que tienen que comparecer y declarar son aquellos que tienen
cuentas secretas en Suiza. Això va dir el ministre Montoro, acusant i
sentenciant. Senyor Aznar, no vulgui donar lliçons, ni vostè ni el seu
partit.

Però els hi voldria explicar en el torn de portaveus
—ja que ho he pogut fer-ho durant la presentació de la moció—
els voldria explicar un altre fet. Ahir, dia 8 de desembre va fer
vint-i-quatre anys de l’atemptat terrorista que la banda ETA va
cometre a Sabadell en posar una bomba en un vehicle de la policia que es
dirigia a exercir la seva tasca de seguretat a l’estadi Nova Creu

Alta en el centre d’esports on el Sabadell jugava el
seu partir de futbol. Van morir sis agents de la policia i dos agents
més, així com diversos ciutadans que passaven per allí van resultar
ferits. Ahir es va celebrar a la plaça Ernest Lluch de Sabadell a aquells
agents morts. Per cert, no hi va assistir el ministre de
l’Interior. Aquell que dona lliçons d’amor a Catalunya i als
catalans, no va venir a homenatjar a aquells ciutadans de Catalunya com
eren els agents de policia morts en aquell atemptat. Quina contradicció.
De fet tampoc no va a anar al funeral de l’agent de policia mort a
l’atracament bancari de Vigo fa també unes setmanes perquè havia
d’anar a fer-li la companyia al senyor Rajoy, que va venir a
Catalunya a explicar les seves raons no als catalans en general, sinó als
militants del PP; és a dir, a pocs catalans; en lloc de venir a escoltar
als catalans va venir a alliçonar els seus militants. Quin amor a
Catalunya!

A l’acte de Sabadell tampoc hi va ser cap senador de
cap grup parlamentari amb representació a Catalunya ni tan sols la
senadora virtual del Partit Popular de Catalunya, ni cap altre de cap
altre grup. Només el senador que els parla, representant al grup
parlamentari de Convergència i Unió. I era perquè crec, perquè creiem que
aquelles persones —perquè els agents de policia són persones i no
números— aquelles persones que van morir en aquell atemptat
mereixien el nostre homenatge, el meu homenatge i el del meu grup
parlamentari. I per això, perquè la nostra disputa no va amb els agents
del Cos Nacional de Policia sinó amb els seus dirigents, i per això cada
any aquest senador participa de la celebració del Dia de la policia aquí
al Senat, on s’homenatja als agents del Cos Nacional de Policia que
vetllen per la nostra seguretat en aquesta Cambra parlamentària. Qui sí
que no va faltar en aquell acte de Sabadell va ser el senyor Ignacio
Cosidó, director general de Policia, i recordem-ho, mà dreta del ministre
de l’Interior, que utilitzant de manera inadequada i poc
respectuosa aquell acte en homenatge dels policies morts, el va convertir
en un míting amb les mateixes paraules que formen part del discurs
polític habitual del PP, quan es refereixen al independentisme de
Catalunya amb frases com: España es una gran nación que encuentra
fortaleza en su unidad y en la riqueza de la diversidad; o el
desgastadíssim: juntos somos mejores; o la pitjor de totes: nada une más
a la tierra que la sangre derramada, es el mayor antídoto para que el
odio identitario y excluyente que generó estas muertes no vuelva a
germinar nunca más.

¿El odio identitario y excluyente? Què passa, què anava per
nosaltres? Què anava pels catalans que no volem seguir a Espanya per què
ja ens em cansat de ser maltractats i discriminats? Senyor Cosidó, senyor
Ministre, senyors del PP, senyories d’aquest hemicicle, nosaltres
no ho diem a ningú, només volem viure tranquils, volem ser país normal i
lliure que no s’hagi de sentir cada dia humiliat per les actuacions
i ofenses de l’Estat, i pugui decidir el seu dia a dia amb pau i
democràcia, i vostès i el senyor Ministre de l’Interior fa tot el
possible —i també l’impossible, el legal i
l’il·legal— per avortar aquest desig lliure de la majoria
dels catalans.

Acabo reiterant que per tot això i, senyor Aznar, per la
ineptitud manifesta del Ministre de l’Interior des que va prendre
possessió, Jorge Fernández Díaz, mereix dimitir i per això em presentat
aquesta moció demanant la dimissió.

I vull agrair, per acabar, a tots aquells grups que ens
donen suport a la moció i també a aquells que s’han abstingut, que
em sap greu perquè podríem haver arribat a acords.

Gràcies senyor president.

No me diga que no le traigo argumentos, quizás no ha
escuchado todo lo que le he explicado, todos estos hechos relatados y
resumidos en la moción, pero relatados en la interpelación uno tras otro.
¿Estos no son argumentos? No hay más ciego que el que no quiere ver.

Decía mi abuela —se lo diré en castellano porque mi
abuela era murciana—: Le dijo la sartén al cazo: aparta que
manchas. Que usted venga a decirme ahora que está afligido porque tiene
que salir a defender la inocencia del ministro del Interior cuando
debería tener presunción de inocencia… ¿Y qué cree que ha tenido
que hacer el señor Mas? ¿Y qué ha tenido que hacer el señor Trias?
Demostrar su inocencia porque se les estaba acusando y condenando sin
ningún tipo de juicio. Y le recuerdo lo que le dijo el ministro Montoro
en su interpelación cuando se le requirió que compareciese en el Congreso
de los Diputados para dar cuenta de este asunto: Los que tienen que
comparecer y declarar son aquellos que tienen cuentas secretas en Suiza.
Esto dijo el ministro Montoro acusando y sentenciando. Señor Aznar, no
quiera darme lecciones, ni usted ni su partido.

Yo les querría explicar en el turno de portavoces —ya
que no he podido hacerlo durante la presentación de la moción— otro
hecho. Ayer, 8 de diciembre, hizo veinticuatro años del atentado
terrorista que la banda ETA cometió en Sabadell al poner una bomba en un
vehículo de la policía que se dirigía a ejercer su tarea de seguridad al
estadio de Vila Nova Creu Alta, donde el centro de deportes de Sabadell
jugaba un partido de fútbol. Murieron seis agentes de la policía, y dos
agentes más y diversos ciudadanos que pasaban por allí resultaron
heridos. Ayer se celebró en la plaza Ernest Lluch de Sabadell un homenaje
a aquellos agentes muertos; por cierto, no asistió el ministro del
Interior. Aquel que da lecciones de amor a Cataluña y a los catalanes no
vino a homenajear a aquellos ciudadanos de Cataluña, que eran los agentes
de policía muertos en aquel atentado. Qué contradicción. De hecho,
tampoco asistió al funeral de la agente de policía muerta en el atraco
bancario de Vigo, hace unas semanas, porque tenía que acompañar al señor
Rajoy, que vino a Cataluña a explicar sus razones, no a los catalanes en
general, sino a los militantes del PP; es decir, a pocos catalanes; en
lugar de venir a escuchar a los catalanes, vino a dar lecciones a sus
militantes. ¡Qué amor a Cataluña¡

Al acto de Sabadell tampoco asistió ningún senador de
ningún grupo parlamentario con representación en Cataluña, ni tan solo la
senadora virtual del Partido Popular de Cataluña ni ningún otro de ningún
otro grupo: solo el senador que les habla, representando al Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió. Estaba ahí porque creemos que
aquellas personas —porque los agentes de policía son personas, y no
números— que murieron en aquel atentando merecían nuestro homenaje,
mi homenaje y el de mi grupo parlamentario. Y por eso, porque nuestra
disputa no va con los agentes de los cuerpos nacionales de Policía sino
con sus dirigentes, por eso cada año este senador participa en la
celebración del Día de la policía, aquí en el Senado, donde se homenajea
a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que velan por nuestra
seguridad en esta Cámara parlamentaria. Quien no faltó a aquel acto de
Sabadell fue don Ignacio Cosidó, director general de la Policía y,
recordemos, mano derecha del ministro del Interior; aquel, utilizando de
manera inadecuada y poco respetuosa aquel acto de homenaje a los policías
muertos, lo convirtió en un mitin con las mismas palabras que forman
parte del discurso político habitual del PP cuando se refieren al
independentismo de Cataluña, con frases como: España es una gran nación
que encuentra fortaleza y solidez en la riqueza de la diversidad; o el
desgastadísimo: juntos somos mejores; o la peor de todas: nada une más a
la tierra que la sangre derramada; es el mejor antídoto para que el odio
identitario y excluyente que genera estas muertes no vuelva a germinar
nunca más.

¿El odio identitario y excluyente? ¿Qué ocurre? ¿Qué iba
por nosotros, por los catalanes, que no queremos oír a España porque nos
hemos cansado de ser maltratados y discriminados? Señor ministro, señores
del PP, señorías de este hemiciclo, nosotros no se lo decimos a nadie;
solo queremos vivir tranquilos, queremos ser un país normal y libre, que
no tenga que sentirse cada día humillado por las actuaciones y las
ofensas del Estado y pueda decidir su día a día en paz y en democracia. Y
ustedes, y el señor ministro del Interior, hacen todo lo posible ─y
también lo imposible, lo legal y lo ilegal— para cortar este
derecho a la libertad de los catalanes.

Acabo reiterando que, por todo ello, señor Aznar, por la
ineptitud manifiesta del ministro del Interior desde que tomó posesión,
Jorge Fernández Díaz merece dimitir, y por eso hemos presentado esta
moción pidiendo su dimisión.

Para finalizar, quiero dar las gracias a todos aquellos
grupos que apoyan nuestra moción y también a los que se han abstenido;
algo que me sabe mal, porque podríamos haber llegado a acuerdos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, presidente.

Señor Aznar, no se confunda: coincido plenamente en que el
ministro del Interior es el ministro del caos, es el ministro que se
entera por la prensa de las filtraciones. Todo el mundo puede tener
filtraciones, pero siempre se entera por la prensa, es lo que le suele
pasar. Y es un ministro, cuando menos, imprudente, y en ocasiones hasta
incendiario. Yo tengo aquí algunos datos, algunos ejemplos de lo que es
el ministro del Interior, que pueden ratificar lo ha dicho el senador

Sendra. ¿Pone en peligro las operaciones policiales? Pues
sí, en Bilbao lo hizo, y con el enfado de todos los operativos que
estaban en ese momento practicando detenciones; o lo hizo cuando acusó o
dio notificación de las investigaciones sobre el Grapo y tuvo que
intervenir un juez, por poner dos ejemplos en esa dirección.

Pero a la vez que quiere capitalizar el éxito de esas
operaciones antes de realizarlas, le cuesta mucho cuando tiene que
felicitar, por ejemplo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este
caso a la unidad de la Guardia Civil, a la UCO, sobre el tema de la
operación Púnica, por la que todavía están esperando que les
felicite.

Por lo tanto, el ministro del Interior es bastante
imprudente en muchas ocasiones. Por ejemplo, en esta misma Cámara en
abril de 2012 atacó a la UDEF —no se me olvidará—, acusó de
delitos a la UDEF por el ático del señor González en la Comunidad de
Madrid, y dijo que iba a venir a comparecer en la Comisión de Interior, y
le estamos esperando. Imprudente: hace acusaciones falsas, y las hace en
esta Cámara y no rectifica. Por lo tanto, hay que tener cuidado con
él.

Y es un ministro altamente comprensivo con algunas cosas
que me preocupan. Por ejemplo —aquí no lo hemos podido
debatir—, en la celebración del aniversario del golpe de Estado del
23-F finalmente ha ascendido al hijo de Tejero; fíjense en lo que dijo en
aquella ocasión. Es motivo más que suficiente para reclamar prudencia al
ministro del Interior.

Y le quiero recordar también aquello que dijo sobre el
aborto, que si se parecía o no a ETA. Dijo: tiene algo que ver, pero no
demasiado. Vamos, que ha sido un ministro totalmente partidista en sus
declaraciones e incendiario en muchas ocasiones.

Y le decía antes que estamos ante unidades policiales que
se solapan y que avergüenzan. Estamos asistiendo a espectáculos. Hay uno
mediático, muy mediático: el del pequeño Nicolás, un espectáculo en el
que interviene el ministro del Interior. Resulta que es detenido por la
Unidad de Asuntos Internos. Y dígame usted qué tiene que ver la Unidad de
Asuntos Internos con una operación de este tipo. Pero, vamos, lo hacen
con un señor que entra y sale de Génova, pasea por sus balcones, por
supuesto, y deja el piso para que descanse tranquilamente el
vicepresidente de la CEIM, Arturo Fernández; que utiliza los coches
oficiales de Ana Botella, alcaldesa de Madrid, y que mantiene una
estrecha relación con el secretario de Estado de Comercio, por poner
algunos ejemplos. Y le detiene la Unidad de Asuntos Internos. ¿Le parece
poco desmadre?

En Cataluña —por referirme a acciones llevadas a cabo
fuera de la regulación propia de las unidades especializadas en la
investigación—, traslado a la Fiscalía del expediente sobre Oleguer
Pujol, sobre blanqueo de capitales y delito fiscal. ¿Quién lo lleva? La
Unidad de Asuntos Internos. ¿Y qué pinta la Unidad de Asuntos Internos? Y
tiene la desfachatez de decir que se lo encontró por azar. ¡Todo un
expediente sobre blanqueo de capitales se lo encuentra por azar y no se
lo pasa a la UDEF! Simplemente, lo investiga quien lo tiene que
investigar.

Y la polémica visita del jefe de la Unidad de Asuntos
Internos a Barcelona, Marcelino Martín-Blas, para solicitar de la
Fiscalía Anticorrupción el registro de la sede de Convergència
Democrática de Catalunya sobre el caso Palau. ¿Qué pinta el jefe de
Asuntos Internos en Cataluña haciendo este tipo de gestiones? Luego es
fácil que se mosqueen, es fácil que exista aquí una preocupación sobre
estos temas, porque no tiene esa competencia, señor Aznar.

Por último, hacen la gran chapuza. Ahora van a sacar una
convocatoria de plazas —supongo que lo habrán leído— para
inspectores de la Unidad de Asuntos Internos —hay otras unidades,
pero me voy a referir a esta—, y han llegado a la conclusión de que
tiene que ser una convocatoria para especialistas en investigaciones
sobre casos de corrupción —que todos sabemos que afecta a
esto—, pero lo más curioso es que se trata de una unidad que, entre
otras cosas, pide la cooficialidad, el conocimiento de las lenguas
cooficiales del Estado español, eso es lo que pide. En Asuntos Internos,
las competencias de los Mossos están transferidas. ¿Qué es lo que
persiguen? ¿Sabe usted lo que se dice por ahí? Que es una unidad para
perseguir a políticos que discrepan en un momento determinado de las
opiniones del ministro del Interior de manera partidista. Sí, sí. ¿Qué
hace la Unidad de Asuntos Internos en todas estas cuestiones? Se ve que
el señor Fernández, con esto de exigir al Cuerpo Nacional de Policía que
conozca el catalán —porque lo ha exigido ya—, seguramente se
está acercando a aquello del modelo federal del Estado.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Tarde, pero a lo mejor lo
conseguimos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cascallana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Senadora Iparragirre, la investigación, como usted solicita
y como ella solicitaba —no está pero seguramente usted se lo
trasladará—, y como solicita también la moción, se hace
escrupulosamente en cada caso. Por lo tanto, lo que queda por saber es si
de alguna de esas investigaciones internas se deduce algún fundamento, si
el ministro se ha comprometido —y es que no puede ser de otra
manera— a trasladarlo a la Fiscalía para que se proceda, si es que
hay materia. Hasta aquí, señorías, esta es la realidad.

Señor Sendra, no ha dado usted argumentos; se ha limitado a
exponer una relación de hechos que ya puso encima de la mesa el otro día,
y hoy los repite. Junto a esos hechos que usted interpreta, finalmente
acusa al ministro del Interior como responsable de todas esas
filtraciones. Me gustaría saber si usted tiene alguna prueba de eso, y si
la tiene espero que la ponga encima de la mesa. El otro día no lo hizo y
hoy tampoco. Por lo tanto, se trata de su interpretación, y yo creo al
ministro que aquí, en sede parlamentaria, con total solemnidad, desmintió
absolutamente que esas filtraciones partieran del ministerio.

Señorías —y el señor Bruguera también lo ha
apuntado—, están hablando de filtraciones, que hacen daño a todo el
mundo, porque parece que mi partido y mi grupo parlamentario se hubieran
quedado al margen de ellas, pero lo cierto es que estas filtraciones
hacen daño a todos los grupos políticos, porque, repito, condenan a
través de lo que se llama condena del telediario y, por lo tanto, no
benefician en nada ni al ambiente político ni a la estima que los
ciudadanos puedan tener de los políticos.

Deje de lamerse las heridas, señor Sendra, que parece que
todo lo que afecte a su planteamiento de este momento —y no quiero
decirlo de forma que suene muy fuerte—, al sentimiento separatista,
es una herida, es una ofensa que les hacemos desde Madrid o desde no sé
dónde. Desde León, yo le aseguro que no. Repito, dejen de lamerse las
heridas y vamos a ver si trabajando juntos encontramos solución a alguno
de los problemas de fondo.

El hecho de darle al señor Cascallana la oportunidad de
hablar del ministro del Interior es como darle un caramelo a un niño,
porque inmediatamente saca la relación que tiene hecha desde el primer
día de la legislatura sobre cuestiones que le debe el señor ministro, y
es un hombre feliz. Pero, insisto, tampoco aporta ninguna prueba en
relación con ninguna de las acusaciones que ha hecho.

¿Les cae mal el ministro? Pues, señorías, lo siento. Pero
¿cuál es la realidad de todo esto? La realidad es que el ministro
responsable de la policía, que cuando les viene bien, ustedes alaban, y
cuando no les viene tan bien, no alaban, en el año 2013 fue también el
responsable de que bajo su dirección y bajo la política de su ministerio,
se detuvieran en España a más de 2000 personas relacionadas o vinculadas
con delitos que están en el entorno de lo que llamamos corrupción. Ese es
el dato real, señorías, que un ministro del Interior del Partido Popular
y un Gobierno popular en un año han conseguido más de 2000 detenciones
relacionadas con los delitos que hoy más preocupan a los españoles.
Fijémonos en eso, que es el fondo de la cuestión.

Estamos de acuerdo en que no haya filtraciones, pero les
voy a hacer una reflexión para que la mediten, y es que cuando se
producen filtraciones, en la mayoría de los casos, señorías, los asuntos
están judicializados. Por tanto, es gratuito decir que esas informaciones
exclusivamente pueden salir del Ministerio del Interior. Con esto no
estoy acusando a nadie, simplemente digo que la información obra en
muchos más sitios, en muchos más centros, porque en los asuntos
judicializados hay partes personadas, hay mucha gente en el entorno de
esa información que puede disponer de ella para luego hacer con ella lo
que estime conveniente. Sí, señorías, y ustedes saben que es así.

Yo también creo en el alcalde de Barcelona, entre otras
cosas porque tengo la profunda convicción de que todo el mundo es
inocente mientras un juez no diga lo contrario. Estoy de acuerdo con
ustedes en que eso nos debe preocupar a todos, pero eso no sirve de base
ni les da

la razón en ningún momento para acusar al ministro del
Interior ni al Ministerio del Interior del origen de las
filtraciones.

Señorías, busquemos puntos de acuerdo, busquemos terminar
con el fondo de esta cuestión, que es la corrupción, y también con los
errores que se producen en todo el procedimiento.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Aznar.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Convergència i Unió tal y como ha
sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 20; en contra, 149;
abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las 9 de la
mañana.

Buenas noches.

Eran las nueve horas y cuarenta y cinco minutos.