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DS. Senado, Pleno, núm. 135, de 26/11/2014
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO
MÁRQUEZ


Sesión núm. 63


celebrada el miércoles, 26 de noviembre de 2014


ORDEN DEL DÍA


6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


6.1. DEBATE DE TOTALIDAD


6.1.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES.


Comisión: Presupuestos


(Núm. exp. 621/000100)










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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.


6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


6.1. DEBATE DE TOTALIDAD


6.1.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES.


Comisión: Presupuestos


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(Núm. exp. 621/000100)


El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
(Montoro Romero) presenta el proyecto de ley en nombre del Gobierno.


Se inicia el debate de las propuestas de veto.


El señor López García defiende la propuesta de veto número
7, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Bel Accensi defiende la propuesta de veto número
5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto
número 8, presentada por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el
señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla
Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Bildarratz Sorron defiende la propuesta de veto
número 9, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 1.


El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 2, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Unamunzaga Osoro defiende la propuesta de veto
número 3, presentada por el señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga
Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, del
Grupo Parlamentario Mixto.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 4.


El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número
6, presentada por el señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 10.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera
Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Quintero
Castañeda, la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por
el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Montilla Aguilera,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bel
Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; el señor López García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el
señor Barreiro Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se procede a votar las propuestas de veto


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El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para la senadora María Agustina Rodríguez
Martínez, del Grupo Parlamentario Popular, que ha emitido su voto en
sentido contrario a las propuestas de veto.


Se rechaza la propuesta de veto número 7, con el siguiente
resultado: presentes, 244 más 1 voto telemático, 245; votos emitidos, 244
más 1 voto telemático, 245; a favor, 90; en contra, 154 más 1 telemático,
155.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245
más 1 voto telemático, 246; a favor, 90; en contra, 155 más 1 telemático,
156.


Se rechaza la propuesta de veto número 8, con el siguiente
resultado: presentes, 244 más 1 voto telemático, 245; votos emitidos, 243
más 1 voto telemático, 244; a favor, 90; en contra, 153 más 1 telemático,
154.


Se rechaza la propuesta de veto número 9, con el siguiente
resultado: presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245
más 1 voto telemático, 246; a favor, 90; en contra, 155 más 1 telemático,
156.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245
más 1 voto telemático, 246; a favor, 90; en contra, 155 más 1 telemático,
156.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245
más 1 voto telemático, 246; a favor, 90; en contra, 155 más 1 telemático,
156.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245
más 1 voto telemático, 246; a favor, 90; en contra, 155 más 1 telemático,
156.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 244 más 1 voto telemático, 245; votos emitidos, 244
más 1 voto telemático, 245; a favor, 90; en contra, 154 más 1 telemático,
155.


Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente
resultado: presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245
más 1 voto telemático, 246; a favor, 89; en contra, 156 más 1 telemático,
157.


Se rechaza la propuesta de veto número 10, con el siguiente
resultado: presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245
más 1 voto telemático, 246; a favor, 91; en contra, 154 más 1 telemático,
155.


Comienza el debate de las impugnaciones de las secciones,
que se tramitan como propuestas de veto.


Sección 01. La señora Capella i Farré, del Grupo
Parlamentario Mixto, defiende su enmienda 395.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora
Elorriaga Pisarik, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 12.


La señora Fernández Pena defiende la enmienda 431, del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Bel Accensi defiende la enmienda 399, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.









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El señor Mariscal Cifuentes defiende la enmienda 1,
presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Guillot Miravet defiende la enmienda 428,
presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Chiquillo Barber, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 13.


El señor Díaz Tejera defiende la enmienda 432, del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Rieradevall Tarrés defiende la enmienda 400, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Saura Laporta defiende la enmienda 416, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 2,
presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su enmienda 396.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Franco
González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 14.


El señor Abad Benedicto defiende la enmienda 433, del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Bel Accensi defiende la enmienda 401, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Mariscal Cifuentes defiende la enmienda 3,
presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo
Parlamentario Mixto.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su enmienda 397.


El señor Saura Laporta defiende la enmienda 429, presentada
por el señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Campoy
Suárez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 15.


El señor Vázquez García defiende la enmienda 434, del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Bel Accensi defiende la enmienda 402, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Bruguera Batalla defiende la enmienda 417, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 4,
presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
da por defendida su enmienda 398.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo
Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.









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Sección 16.


El señor Cascallana Gallastegui defiende la enmienda 435,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Sendra Vellvè defiende la enmienda 403, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Bruguera Batalla defiende la enmienda 418, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Mariscal Cifuentes defiende la enmienda 5,
presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aznar
Fernández.


Sección 17.


El señor Fernández Ortega defiende la enmienda 436, del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Candini i Puig defiende la enmienda 404, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Martí Jufresa defiende la enmienda 419, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 6,
presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Mateu
Istúriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 18.


El señor Álvarez Areces defiende la enmienda 437, del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Bagué Roura defiende la enmienda 405, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


La señora Sequera García defiende la enmienda 420, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 7,
presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hacen uso de la palabra el señor Peral
Guerra y el señor Gutiérrez Alberca, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Sección 19.


El señor Martínez-Aldama Sáenz defiende la enmienda 438,
del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Candini i Puig defiende la enmienda 406, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Guillot Miravet defiende la enmienda 421, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Mariscal Cifuentes defiende la enmienda 8,
presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo
Parlamentario Mixto.









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En turno en contra hace uso de la palabra la señora Peris
Jarque, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 20.


El señor Alique López defiende la enmienda 439, del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Sedó Alabart defiende la enmienda 407, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 9,
presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Guillot Miravet defiende la enmienda 430,
presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Palacios
Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 23.


El señor Rodríguez Esquerdo defiende la enmienda 440, del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Plana Farran defiende la enmienda 408, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Boya Alós y el señor Saura Laporta defienden la
enmienda 422, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 10,
presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hacen uso de la palabra la señora
Larriba Leira y la señora Pons Vila, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


El señor Antich Oliver defiende la enmienda 441, del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Bel Accensi defiende la enmienda 409, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Sabaté Borràs defiende la enmienda 423, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Peñarrubia Agius, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 26.


La señora Llinares Cuesta defiende la enmienda 442, del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Cunyat Badosa defiende la enmienda 410, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


La señora Almiñana Riqué defiende la enmienda 424, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 11,
presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aguirre
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.









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Sección 27.


El señor Manchado Lozano defiende la enmienda 443, del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Alturo Lloan defiende la enmienda 411, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Bruguera Batalla defiende la enmienda 425, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 12,
presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Sección 31.


El señor presidente informa a la Cámara de que ha sido
retirada la enmienda 412, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, a la sección 31.


Sección 32.


La señora Rivero Segalàs defiende la enmienda 413, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Pagola
Sáenz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 36.


El señor Bel Accensi defiende la enmienda 414, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


La señora Sequera García defiende la enmienda 426, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Blasco
Marques, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 60.


El señor Santos Ruiz defiende la enmienda 444, del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Bel Accensi defiende la enmienda 415, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Guillot Miravet defiende la enmienda 427, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Mariscal Cifuentes defiende la enmienda 13,
presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen la señora Capella i
Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la
señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); el señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Vicente
González, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Utrera Mora,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.









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El señor Cleries i González, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, pide al señor Utrera Mora que
retire sus comentarios relativos al señor Bel Accensi. Tras la
explicación dada por el señor Utrera Mora, el señor López Águeda, del
Grupo Parlamentario Socialista, se suma a la petición del señor Cleries i
González.


Se procede a votar las impugnaciones de las secciones


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El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para la senadora María Agustina Rodríguez
Martínez, del Grupo Parlamentario Popular, que ha emitido su voto en
sentido contrario a las impugnaciones.


Se rechazan todas las enmiendas.


Se suspende la sesión a las cero horas y treinta y cinco
minutos de la madrugada del jueves, veintisiete de noviembre.










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Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la
sesión.


6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


6.1. DEBATE DE TOTALIDAD


6.1.1. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PARA EL AÑO 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES.


COMISIÓN: PRESUPUESTOS


(Núm. exp. 621/000100)


El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y
6.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del proyecto de
ley, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Gobierno trae hoy al Senado el Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, cuarto presupuesto de
esta legislatura, y lo hace con la misma convicción con la que ha
tramitado a lo largo de estos años las anteriores cuentas públicas del
Estado; con la misma convicción con la que ha tramitado sus reformas
estructurales y con la misma convicción con la que ha adoptado todas las
demás decisiones en materia de política económica.


Traemos estos presupuestos que se debaten hoy en esta
Cámara convencidos de que son los que España necesita para salir de la
crisis, los que necesitan los españoles para que la recuperación se vaya
extendiendo y entre en todos los hogares de nuestro país, en definitiva,
para certificar al mundo que tenemos un futuro, cada vez más cercano, de
prosperidad, de crecimiento y, especialmente, de empleo.


Ahora sí lo podemos decir: tenemos un futuro. Se abre ante
nosotros un porvenir esperanzador, en el que los sacrificios van quedando
atrás, el pesimismo va siendo vencido y las expectativas de mejora se
presentan, cada vez con mayor frecuencia y mayor intensidad, al alcance
de nuestras manos. Ahora podemos decirlo y el mundo nos cree. España ha
recuperado su credibilidad en el escenario internacional y demuestra su
solvencia. España está a la cabeza de Europa en crecimiento económico.
España, por fin, crea empleo neto, y todo esto es fruto de las
actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno durante estos tres años,
pero, sobre todo, del esfuerzo y del tesón de la sociedad. Son las
actuaciones del Gobierno encaminadas a promover las reformas
estructurales acometidas y, también, el contenido de los sucesivos
presupuestos aprobados por el Parlamento, como el que hoy presentamos
aquí.


Las cosas han cambiado. Es verdad que a todos nos gustaría
que la recuperación económica fuera más rápida y más intensa y que la
crisis hubiera acabado antes, pero las reformas necesitan su tiempo.
Estábamos en un agujero muy profundo, y de ahí no se sale de la noche a
la mañana, pero hemos mejorado mucho. Nuestro país, con una situación
similar a la que tuvo España anteriormente, ha tenido una reacción como
supimos tener en el pasado. Por eso nos elogian hoy los países de nuestro
entorno y nos elogian los organismos internacionales.


Echemos por un momento la vista atrás. Hace tres años daba
la sensación de que solo los españoles creíamos en nosotros mismos, e
incluso a veces nosotros mismos dudábamos. Estábamos pasando por una de
las mayores crisis económicas que hemos vivido nunca por su prolongación
en el tiempo, de hecho se ha extendido hasta nuestros días. Esta crisis
ha tenido efectos dramáticos en términos de empleo: nunca se habían
destruido tantos puestos de trabajo en tan poco tiempo. El número total
de parados pasó de 2 190 000 en el primer trimestre del año 2008 a 5 287
000 en el cuarto trimestre del 2011. Un aumento de más de 3 000 000 de
personas, de las que más de 2 000 000 se produjeron en el primer año de
la crisis, entre 2008 y 2009. Esas son las cifras, pero no olvidemos que
esas cifras tienen nombres y apellidos. Son los nombres de familias
enteras y son los nombres a los que hay que devolver la esperanza.









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Habíamos sido el país que más empleo generaba en Europa; un
país que atraía millones de inmigrantes para trabajar con nosotros; un
país que, como nunca antes, ofrecía unas oportunidades laborales internas
de empleo, hasta el punto de que voy a recordarles que hemos aumentado
los niveles de ocupación: desde los 12 590 000 ocupados en 1995
—una cifra prácticamente igual a la de veinte años antes, al final
del franquismo, con 12 666 000 personas— a los 20 718 000 ocupados
en España en 2007. Fue a partir de la segunda mitad de los noventa, por
tanto, cuando se pusieron las condiciones para un periodo de fuerte
creación de empleo que no ha tenido comparación en nuestra historia
reciente.


En la pasada legislatura fuimos también el país europeo en
el que más cayó la recaudación tributaria. La presión fiscal descendió
desde prácticamente el 37 % en el 2007 al 31,8 % en el 2011, lo que
provocó una pérdida de recaudación que nunca se había producido en ningún
país de nuestro entorno económico de la OCDE. Ello fue fruto de una
política fiscal equivocada que creó una especie de ilusión fiscal.
Anunciaba actuaciones y medidas desde el punto de vista de gasto en todos
los ámbitos, desde la política social hasta las infraestructuras.
Lamentablemente, los anuncios de incremento de gasto no vinieron
acompañados de una corriente financiera que permitiera pagar los
compromisos adquiridos. Se creó entonces en nuestra economía el estigma
de la creciente deuda comercial, es decir, el aplazamiento del
cumplimiento de las obligaciones de la Administración con los proveedores
del sector público. No solo se creó una mala práctica que asfixió
financieramente al sector privado, sino que se convirtió al mismo tiempo
en un mecanismo perverso que impidió que las decisiones de gasto tuvieran
un impacto significativo en la demanda interna de nuestro país. Dicho en
otras palabras, en estas condiciones lo que ocurrió fue que al no estar
acompañados los incrementos de gasto del pago efectivo de los servicios,
no ejercieron de correa de transmisión hacia el sector privado. En
definitiva, la corriente de incremento del gasto no tuvo apenas efecto
expansivo en el sector privado, pero sí tuvo un impacto negativo muy
importante para la sostenibilidad del sector público.


Por otra parte, desde el punto de vista del ingreso no se
tomaron medidas eficaces para frenar la sangría de fondos del sector
público. Entre otras iniciativas, se intentó reactivar la demanda a
través de un incremento desmedido de los incentivos fiscales y de la
aplicación de una política laxa de desplazamientos de los pagos, en este
caso de los pagos tributarios a la Hacienda pública. El impacto no fue el
deseado. A través de estas medidas discrecionales se contribuyó a drenar
aún más los recursos de las arcas del Estado en un importe que se estima
puede ascender a 26 000 millones de euros, y se aprobaron incentivos
económicos que aumentaron la desigualdad, como la devolución universal de
400 euros a través de la declaración de la renta.


Nuestra credibilidad, la de un país que durante los años
noventa y principios de la pasada década había sido un modelo por la
solidez y seriedad de sus políticas, comenzaba a ponerse en duda. Se hizo
una mala gestión de la situación del mercado de trabajo; en lugar de
promover ajustes salariales para hacer frente a la crisis, las
retribuciones siguieron creciendo entre 2008 y 2012 a un ritmo aproximado
del 4 %, siendo el deflactor del PIB prácticamente la mitad. Al final, el
ajuste se hizo en términos de empleo, el más duro que ha vivido la
sociedad española, ya que en esa época se perdieron más de 3 millones de
puestos de trabajo. Además, se acumuló una importante pérdida de
competitividad, materializada en un creciente déficit por cuenta
corriente. Esta distorsión solo empezó a equilibrarse a partir del 2009,
cuando el sector privado comenzó a tener capacidad de financiación frente
al resto del mundo. No obstante, la creciente senda de deuda exterior
neta, resultado de esa necesidad de financiación frente al resto del
mundo, y el desequilibrio creciente de las cuentas del sector público en
un contexto de crisis financiera internacional y de tensiones en el
mercado de deuda soberana generaron grandes dudas sobre la capacidad de
España de atender todos sus vencimientos de deuda pública y privada. A la
vez, la asfixia en el mercado financiero se trasladaba al sector privado
y las sombras se fueron extendiendo cuando se comenzó a acumular la deuda
comercial, que ascendía a casi 25 000 millones de euros, solo la deuda
comercial de las comunidades autónomas.


Yo mismo advertí en el Parlamento, en el año 2008, que
España era un país especialmente vulnerable a la crisis porque era el que
tenía un mayor déficit exterior por cuenta corriente, hasta un 10 % del
producto interior bruto, después de haberse multiplicado por 4 en una
legislatura. Advertí que en un escenario de crisis financiera mundial el
país que corre más peligro es aquel cuya economía está más endeudada con
el exterior y que para hacer frente a la crisis había que









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elaborar unos presupuestos basados en la austeridad.
Aquellas palabras no sirvieron de nada. Estábamos en una carrera alocada
de quienes cerraban los ojos ante la evidencia para negar la existencia
de la crisis, y eso solo podía acabar de una forma, estrellándonos a
todos contra un muro que no podemos saltar: el déficit público. Teníamos
un déficit del conjunto de las administraciones públicas cercano al 9 %
del PIB frente a un objetivo del 6 %, una desviación sustancial que, con
todo, no fue lo peor. Lo que más dañó nuestra imagen, lo que más
perjudicó —y de manera brutal— la credibilidad de nuestra
política económica y de nuestras instituciones, hasta el punto de que se
puso en duda nuestro futuro como país solvente capaz de responder a sus
compromisos financieros, fue la falta de transparencia sobre la evolución
de las cuentas públicas. De hecho, en octubre de 2011 el Gobierno
Socialista aún mantenía la ficción de que el déficit público estaba en el
6 %. El recelo que despertábamos se tornó entonces en desconfianza, y la
desconfianza se hizo prima de riesgo. Aquella era una expresión con la
que pocos ciudadanos españoles estábamos familiarizados, pero que nos
provocó intensas sacudidas cuyas réplicas llegan hasta hoy cada vez que
tenemos que pagar las amortizaciones de los préstamos que entonces
obtuvimos.


El coste de la emisión del Tesoro en noviembre del 2011 era
superior al 6 % y seguía siendo así en el verano del 2012 cuando el
presidente del Banco Central Europeo anunció a finales de julio que haría
todo lo posible para salvar el euro. Eran unos préstamos sobrecargados
por unos tipos de interés excesivos, con los que los mercados castigaron
nuestras necesidades de financiación y que ahora aún tenemos que seguir
pagando.


Aquella fue la situación que heredamos. No tiene discusión.
Sé que a la oposición no le gusta que hablemos de ello, ni a la oposición
socialista ni a la de otros grupos que contribuyeron con sus votos a una
política que nos llevó al abismo —no se les olvide a ninguno, pues
varios de ellos siguen presentes obviamente en esta Cámara—; fue
con sus votos con los que, pretendiendo salvarnos de aquella situación
del 2010, dieron continuidad a esa crisis. (Rumores). Y estos años esos
votos nos han sido otra vez escamoteados porque no han apostado por las
reformas estructurales que necesitábamos para que nuestro país saliera de
la crisis, por lo menos no lo han hecho con la decisión pertinente.


Sé que no les gusta que recuerde a los españoles qué pasó
en aquel cuatrienio negro de nuestra economía, pero tengo que hacerlo
para explicar lo que estamos viviendo hoy, lo que hemos hecho en estos
tres años, sobre todo para que le quede claro a todo el mundo qué es lo
que no se debe volver a hacer si queremos evitar ir hacia atrás en el
camino que hemos recorrido para salir de la crisis. Y lo que no se debe
hacer es poner en cuestión el artículo 135 de la Constitución española,
por ejemplo, porque eso es retroceder, perder credibilidad y confianza,
que tanto nos ha costado ganar, pero posiciones políticas que no están
convencidas del principio de la estabilidad presupuestaria nos llevan a
situaciones como las que estamos viviendo en estas últimas horas.


Tampoco me voy a extender más sobre la herencia recibida,
pero sí quiero poner en valor lo que ello supuso para un Gobierno que en
ese momento aceptó el desafío de hacer frente con una seguridad, pues
estábamos convencidos de la fortaleza de la sociedad española. Ahora
estamos saliendo de la crisis, lo que ha sido posible gracias al esfuerzo
de la sociedad española, gracias a las decisiones y a los sacrificios de
los ciudadanos y de las empresas de nuestro país, y gracias también a la
confianza que una mayoría muy amplia de los españoles depositó en el
Partido Popular, 11 millones de españoles que sabían que teníamos por
delante una tarea que solo un gobierno, apoyado por una mayoría muy
amplia, podía afrontar.


Ya habíamos salido juntos, la sociedad española y su
gobierno, de otras crisis anteriores, por ejemplo, la de los años
noventa. Entonces, después de una larga etapa de hegemonía socialista,
estábamos considerados como un problema para Europa. En el año 1996
nuestros desequilibrios estructurales eran un obstáculo imposible para
fundar la moneda única, el euro; nuestro déficit público estaba por
encima del 7 %; la tasa de desempleo era del 23 %; y también en esos años
un Gobierno del Partido Socialista nos dijo que no había crisis económica
en España, era algo así como creer que lo que había era una crisis
estructural de los españoles, los españoles no nos merecíamos otras tasas
de paro ni otros déficits públicos ni otras inflaciones como las que
teníamos entonces.









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Pero en aquellos años llevamos a cabo unas políticas de
austeridad, de privatizaciones de empresas públicas, de desregulación de
la economía, y todo ello nos permitió cumplir con los objetivos de
Maastricht y entrar en la nueva Europa. Ahora, como entonces, lo que ha
planteado el Gobierno del Partido Popular es un proyecto para España a
largo plazo, que pone sus cimientos en la corrección de los
desequilibrios macroeconómicos. Solo así es posible una recuperación
económica duradera. Solo así es posible que el crecimiento de nuestro
producto interior bruto y la creación de empleo se proyecten durante
años, como ya ocurrió en las dos legislaturas anteriores de gobiernos del
Partido Popular. Además, ahora, la sociedad española está asentada sobre
unos pilares más sólidos de los que teníamos en los años noventa, lo que
nos sitúa en una posición de ventaja, a pesar de que la crisis, como he
dicho anteriormente, sea más dura. Que nadie nos quiera engañar. Estamos
en el buen camino y la solidez de la estructura de nuestra economía hace
posible que avancemos en la solución de la crisis. A diferencia de lo que
ocurría hace veinte años, ahora nuestra economía está más
internacionalizada; de hecho, la inversión directa de nuestras empresas
en el exterior representa en este momento el 50,4 % de nuestro producto
interior bruto; entonces apenas superaba el 5 %, lo que refleja la
fortaleza y la solidez de nuestro tejido empresarial. Además, hemos
corregido los desequilibrios y crecemos respaldados por una renta per
cápita mucho mayor que la que existía en la década de los noventa: 24 800
euros per cápita tenemos los españoles en el año 2013 frente a los 13 800
en el año 1995, es decir, casi el doble.


Finalmente, hay que tener en cuenta que, a pesar de las
altas cifras de desempleo que aún padecemos, nuestro número de ocupados
es elevado comparado con el que teníamos entonces. Hoy, según la encuesta
de población activa, la EPA, hay 17,5 millones de ocupados que contrastan
con los 12,5 millones del año 1996; es decir, el número de ocupados ha
retrocedido mucho, pero nos hemos ido al número de ocupados que teníamos
en 2003, último año del Gobierno del Partido Popular.


Cuando llegamos al Gobierno, la tarea que se nos presentaba
era dura y compleja, parecía imposible. La enfermedad que atravesaba el
país era grave, pero no servía cualquier receta. Como les ocurre a esos
pacientes que necesitan tratamientos prolongados para tratar múltiples
afecciones, pero que corren el riesgo de empeorar si las dosis de los
medicamentos son muy elevadas, nosotros también éramos conscientes de las
medidas que teníamos que tomar pero también de las contraindicaciones que
podían generarse a partir de ellas. Por eso, cuando pusimos en marcha el
control del gasto, lo hicimos sin duda de una forma decidida, conscientes
de que había que dar un mensaje claro de que la batalla emprendida contra
el déficit iba en serio, pero al mismo tiempo actuamos con moderación
para no perjudicar la propia evolución de nuestra economía. Un recorte
excesivamente drástico habría provocado que nuestra economía siguiera hoy
en recesión y en destrucción de puestos de trabajo.


Por otro lado, había que preservar el gasto social para
atender los servicios básicos de nuestro Estado de bienestar y las
necesidades de las personas que habían sido peor tratadas, maltratadas
por la crisis, esas a las que me refería antes, personas con nombres y
apellidos que esperan de nosotros una respuesta a sus esperanzas de
contar con medios suficientes para sacar adelante a sus familias. Era un
ejercicio de política económica muy complejo, y hoy se reconoce a España
en la escena internacional por el éxito con el que ha manejado los
diferentes instrumentos de política económica para recuperar el acceso a
los mercados financieros y generar las bases del futuro crecimiento
económico. Con la subida de impuestos sucedió algo parecido. Sin duda,
era necesario hacerla para afrontar la situación de extrema fragilidad de
las cuentas públicas, pero había que seleccionar muy bien dónde se ponía
el acento de ese incremento de ingresos tributarios porque, al recabar
mayor esfuerzo fiscal, ello no podía recaer sobre una parte de la
sociedad que más había sufrido la crisis.


El resultado de la política del Gobierno durante estos años
es que más del 90 % de la consolidación fiscal se ha debido al esfuerzo
de reducción del gasto. El mayor esfuerzo tuvo lugar precisamente en el
año 2012 y alcanzó los 35 000 millones de euros. En términos de esfuerzo
estructural primario, fue el mayor que se realizó en todo el mundo, con
la excepción de Grecia. La dirección fue anticipar y concentrar el
esfuerzo de consolidación mediante la reducción de gasto e incremento de
ingresos sobre el PIB en un ejercicio concreto con el fin de ganar
credibilidad y, de









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esa manera, conseguíamos que nuestra balanza por cuenta
corriente acelerara el cambio de signo y pasara a tener un saldo
positivo.


En marzo de 2013, cuando se conoció el cierre
presupuestario de 2012, el coste de las emisiones del Tesoro a diez años
había descendido por debajo del 5 % y entraba en la senda descendente que
nos ha llevado a alcanzar un nivel inferior al 12 % en el que nos
encontramos ahora. Además, el Gobierno ha introducido cambios normativos
para que la estabilidad presupuestaria se asiente definitivamente en el
sector público español y para que no puedan darse desviaciones
presupuestarias sin que el Gobierno lo advierta. Se ha conseguido una
institucionalización de la cultura de la estabilidad presupuestaria. Por
ello, esta Cámara aprobó la nueva Ley de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera como desarrollo de la nueva redacción del
artículo 135 de la Constitución; artículo que, por cierto, tanta
estabilidad ha dado a nuestra economía y que ahora el nuevo Partido
Socialista Obrero Español parece querer llevarse por delante, contagiado
o temeroso de las corrientes populistas de la izquierda antisistema.


La Ley incorpora como novedad objetivos de deuda y regla de
gasto para todas las administraciones públicas, así como instrumentos de
prevención y corrección para garantizar la estabilidad presupuestaria.
Además, se creó por ley la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal; se aprobó la Ley de deuda comercial, que considera la acumulación
de esta como un riesgo para la estabilidad presupuestaria; y se reformó
la Ley de la Administración Local, que recuperó el carácter de habilitado
nacional para secretarios e interventores, e introdujo cambios en el
reparto de competencias entre administraciones territoriales para
garantizar la estabilidad presupuestaria. Asimismo se ha producido una
mejora sustancial en la calidad de las fuentes estadísticas para que haya
más transparencia en la información que se facilita por los diferentes
subsectores de la Administración pública. En términos de un Estado de
corte federal, probablemente tenemos uno de los sistemas de provisión de
información estadística más completo del mundo.


El resultado de la apuesta por la estabilidad
presupuestaria es que España ha cumplido con sus objetivos de déficit a
pesar de que estábamos inmersos en un escenario muy complejo. Tanto en
2012 como en 2013 se registró una caída del PIB que fue del –1,6 el
primer año y del –1,2 el segundo, en 2013. Además, el Estado ha
tenido que hacer frente a un elevado gasto en prestaciones, porque
quisimos cumplir nuestro compromiso de revalorizar las pensiones y porque
había que mantener los niveles en las prestaciones por desempleo, a pesar
de que este siguiera creciendo en los dos primeros años de legislatura.
De esta manera dimos una doble señal en un contexto internacional muy
complejo: por un lado, estábamos decididos a reducir el déficit público,
pero, por otro, dado que España no había perdido su soberanía y el
Gobierno tenía suficiente fortaleza institucional, teníamos claro que
nuestras prioridades eran el gasto social y, dentro del gasto social, las
pensiones, y con ellas no se negociaba.


Destacaba anteriormente el gran esfuerzo que han realizado
las administraciones públicas para conseguir que España cumpla su
objetivo de consolidación fiscal. Me parece obligado destacar en este
punto que ha sido un objetivo compartido por todas las administraciones
públicas. Es verdad que algunas han cumplido de sobra con el objetivo
fijado, como las entidades locales en general, y otras no han llegado,
pero todas ellas han participado en el esfuerzo común que se les
demandaba. Lo importante al final es el cumplimiento global por parte del
Estado español del conjunto de las administraciones, porque es lo que nos
ha permitido recuperar la credibilidad internacional.


Como he dicho antes, el esfuerzo de consolidación de todo
el sector público realizado en 2012 frente a 2011 es muy relevante y
alcanzó unos 35 000 millones de euros, un 9 % del proceso de
consolidación; 3032 millones de euros es el resultado de medidas de
ingresos y un 91 % es el resultado del esfuerzo de reducción del gasto,
prácticamente 32 000 millones de euros. Este es un factor muy importante
a tener en cuenta, ya que la experiencia internacional demuestra que son
los procesos de consolidación basados en la reducción del gasto los que
tienen mayor probabilidad de éxito. Hay que recordar que, en los peores
momentos, frente a los mercados nuestras administraciones territoriales,
en especial las comunidades autónomas, estuvieron en el punto de mira
como si fueran un auténtico lastre para la recuperación económica. Sin
embargo, el esfuerzo de consolidación fiscal de todas ellas ha sido
decisivo para que desaparezcan las dudas sobre España. Así, las
corporaciones locales han pasado de un déficit de –0,40 % en 2011 a
un superávit de +0,52 % en 2013; es decir, han transitado en 9200
millones de euros de ahorro. Mientras que









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las comunidades autónomas han pasado de un déficit de
–3,3 % en 2011 a un déficit de –1,5 % en 2013, lo que supone
18 200 millones de ahorro. Es decir, el esfuerzo conjunto de las
administraciones territoriales asciende a 27 400 millones de euros; un
gran esfuerzo, un esfuerzo que no ha sido en vano.


La mejora de la sostenibilidad financiera de las cuentas
públicas y el hecho de que la economía española, de que nuestras empresas
y particulares estén demostrando una alta capacidad de ahorro, ha hecho
que España se haya ido financiando a tipos de interés cada vez más bajos
hasta alcanzar en los últimos meses mínimos históricos. De hecho, el
pasado lunes, por primera vez en nuestra historia, el bono español a diez
años se situó por debajo del 2 % y la prima de riesgo de España frente a
Alemania bajo de los 200 puntos básicos.


La rebaja en los tipos de interés nos ha llevado de nuevo,
como en los años noventa, a un círculo virtuoso en la gestión de las
cuentas públicas. El ahorro por intereses, resultado
—insisto— de la credibilidad de nuestro programa de
consolidación fiscal, y la reducción del coste de las prestaciones por
desempleo gracias a la no pérdida de puestos de trabajo, gracias a la
bajada del paro de los últimos meses, nos permite un margen suficiente
para financiar todos los gastos comprometidos, así como para reforzar las
actuaciones del Gobierno que hemos considerado prioritarias y que
proponemos a la Cámara. Y todo esto es compatible con la progresiva
reducción del déficit público.


Se trata de un proceso de mejora, de mejora de nuestra
economía, de un proceso no limitado a las administraciones públicas, pero
si las administraciones públicas no hubiesen apostado por la estabilidad
presupuestaria y, por tanto, por abaratar los costes financieros, no
podría haberse iniciado este proceso. Además, el Gobierno ha emprendido
iniciativas para eliminar los incentivos al endeudamiento a nuestras
empresas, lo que ha provocado su recapitalización y con ella su fortaleza
financiera. En el período 2012-2014, el sector privado se ha
desapalancado en 250 000 millones de euros, de los que 100 000 millones
son de familias y el resto, es decir, 150 000 millones de euros, son de
empresas no financieras. Ha sido este proceso de desapalancamiento el que
ha demostrado que España tiene una capacidad de generar ahorro suficiente
para pagar nuestra deuda externa, lo que ha contribuido decisivamente,
junto al control del déficit público, a la bajada de los tipos de interés
que pagamos en los mercados.


Como les decía antes, para poder controlar el déficit
público que encontramos en 2011 hemos seguido una doble línea de
actuación. Por un lado, impusimos un control riguroso del gasto a todas
las administraciones públicas y, por otro, tomamos decisiones en política
tributaria con el objetivo de frenar la caída de ingresos fiscales por la
falta de actividad económica y conseguir al menos no perder recaudación.
Si no hubiéramos adoptado esas medidas, los ingresos tributarios habrían
disminuido, lo que hubiera sido un varapalo para la lucha contra el
déficit público. En cambio, el incremento de recaudación conseguido ha
sido devuelto a la sociedad porque ha servido para financiar las
políticas sociales. Una de estas medidas tributarias consistió en aplicar
un gravamen complementario en la tarifa del impuesto sobre la renta de
las personas físicas que se puso en marcha y ha durado hasta los años
2012, 2013 y 2014 y que desaparece en 2015 con la entrada en vigor de la
reforma fiscal.


Cuando decidimos aplicar el gravamen lo hicimos buscando
que la mayor recaudación que esperábamos conseguir llegará esencialmente
de las rentas más altas, de manera que afectara lo menos posible a
aquellos contribuyentes que menos ganan. Por eso, la subida fue solo de
0,75 puntos para el tipo mínimo, mientras que incrementábamos la tarifa
máxima en 7 puntos. Esto ha supuesto que el 74 % de la recaudación global
del gravamen que se aplicó sobre el IRPF lo hayan aportado el 12 % del
total de los contribuyentes que tienen bases superiores a los 30 000
euros. Es más, sobre 27 millones de contribuyentes que hay en España, 64
0000, que ganan más de 150 000 euros al año y que representan el 0,25 %
del total, aportaron más del 20 % de la recaudación del gravamen. Además,
debido a la delicada situación de las finanzas municipales, aprobamos una
subida del impuesto sobre bienes inmuebles, también discriminatoria para
los inmuebles de mayor precio, que ha contribuido a mejorar mucho las
finanzas de todos y especialmente de nuestros ayuntamientos. Asimismo,
dada la situación de las comunidades autónomas, se decidió prorrogar, con
carácter anual, la vigencia del impuesto sobre el patrimonio. Sin
embargo, la mayor recaudación de este tiempo no vino del IRPF, sino del
impuesto sobre sociedades. De hecho, casi la mitad del incremento fiscal,
que sumó 7000 millones de euros entre 2011 y 2013, se ha









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conseguido con la subida del impuesto sobre sociedades:
fueron 3334 millones de euros frente a 2777 millones que suma la subida
del IRPF y del IVA.


Además, la mayoría de ese aumento de la recaudación provino
de las grandes empresas, gracias a que subimos el tipo efectivo del
impuesto. Las grandes empresas y grupos, grupos consolidados, han
duplicado el pago a cuenta en sociedades, aportando 7000 millones de
euros más que en 2011. En cambio, como correspondía a la situación
económica, las pymes y autónomos pagaron menos, 400 millones de euros
menos, en pagos a cuenta, puesto que, obviamente, su actividad seguía
declinando. En el año 2011, los grandes grupos consolidados habían
conseguido reducir el tipo medio efectivo de gravamen hasta el 3,8 %. En
cambio, con las medidas adoptadas en 2012, el tipo medio subió hasta el
5,3 % y según los últimos datos correspondientes al año 2013, en el
último ejercicio, el tipo medio se situó en el 6,5 %.


También aprobamos una subida en el impuesto sobre el valor
añadido, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea al Programa
de estabilidad y al Programa nacional de reformas, aprobadas por el
Consejo de Ministros de Economía y Finanzas el 10 de julio del año 2012,
que advertían de la necesidad de adoptar medidas fiscales inmediatas para
paliar problemas estructurales y corregir la desviación del déficit. Con
esta subida equiparábamos determinados tipos a la media de la Unión
Europea. Además, eliminamos la exención de biocarburantes en el impuesto
sobre hidrocarburos y creamos tres nuevos impuestos medioambientales,
cuya recaudación se ha dirigido a la financiación del déficit de tarifa
eléctrica, el impuesto sobre la electricidad, el impuesto nuclear y el
impuesto sobre el carbón y, adicionalmente, creamos un nuevo impuesto
sobre gases fluorados de efecto invernadero.


Ciertamente, la recaudación de estos impuestos indirectos
no es excesivamente relevante en términos absolutos, aunque sí lo es para
el sistema eléctrico. Además, esto ha permitido incrementar el porcentaje
de imposición indirecta en la recaudación, siguiendo la recomendación de
la Unión Europea de desplazar la fiscalidad desde las rentas del trabajo
hacia la actividad del consumo y también hacia la imposición
medioambiental.


En la lucha contra el déficit público, los otros pilares de
política económica que hemos aplicado han sido las reformas
estructurales: la reforma del mercado de trabajo, que tan eficaz se está
mostrando en estos momentos, para que con todavía bajas tasas de
crecimiento económico se pueda producir por primera vez en la historia de
nuestra economía creación neta de empleo; la reforma financiera, abordada
con rapidez desde el primer año de la legislatura, utilizando el
mecanismo europeo, el MEDE, lo que ha permitido la rápida
recapitalización de las entidades de crédito y esas reformas, insisto,
completadas con la reforma de las administraciones públicas, que
consistió en utilizar buena parte de los nichos de liquidez disponibles
en el año 2012 y, también sucesivamente, en financiar la deuda comercial
pendiente con los pagos a proveedores de servicios públicos esenciales,
como son la educación, la sanidad o las prestaciones sociales.


Todo ello se ha completado con una política de reformas
estructurales relativas a leyes como la desindexación, leyes de mercado
interior, leyes conducentes a que nuestra economía, España, funcionara
como un mercado más abierto y estabilizado por la ausencia de inflación.
Junto a eso, hemos abordado reformas de liberalización de sectores
económicos en el ámbito de las concesiones de puertos, en el ámbito de
los horarios comerciales, en los aprovisionamientos de hidrocarburos
líquidos de las estaciones de servicio, etcétera.


La reforma fiscal que ampara el nuevo Presupuesto General
del Estado para el año 2015, que esta Cámara aprobó muy recientemente, va
a fortalecer el crecimiento económico a través de la mejora de los
salarios al reducir la carga tributaria sobre ellos. Asimismo, va a
impulsar la competitividad de nuestras empresas, puesto que en el ámbito
del impuesto sobre sociedades la modernización consiste en promover el
uso de recursos propios frente a recursos ajenos.


El Gobierno va a bajar los impuestos a los españoles, y
esta decisión va a favorecer que cada contribuyente de manera individual,
especialmente los trabajadores, las familias y las empresas contribuyan a
nuestro crecimiento económico. Habrá más renta disponible, y ello
promoverá que haya también más dinero en circulación. Crecerá la
inversión y el consumo, puesto que también estamos impulsando en nuestra
reforma tributaria el ahorro y la inversión. Por ello debemos seguir en
esa senda de facilitar instrumentos de ahorro a ciudadanos y empresas
para que unos y otros —en este caso unos, los ciudadanos, y otras,
las empresas— no sean tan vulnerables a las consecuencias de los
cambios de ciclo económico ni tan dependientes del dinero externo, del









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endeudamiento exterior. Como hicimos al comienzo de la
legislatura, la reforma trata de incentivar el emprendimiento de
autónomos y pymes, que son fundamentales para la creación de empleo en
España. Por eso tenemos vigente ya, desde 2013, el incentivo fiscal a las
nuevas empresas, a los emprendedores, tarifas planas para esos
emprendedores, que también hoy se extiende en el ámbito de la Seguridad
Social para favorecer el empleo acogido a contratos indefinidos. Con este
ámbito, como saben todos, puesto que fue aprobado por esta Cámara,
mantenemos en el impuesto sobre sociedades los incentivos más
importantes, como son los relativos a la investigación, el desarrollo y
la innovación, que tanto ayuda a la competitividad y modernización de
nuestras empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.


El ámbito de la lucha contra el fraude fiscal es otra de
las esferas que hemos enfatizado a lo largo de esta legislatura. Ya son
conocidos los resultados de la declaración tributaria y extraordinaria, y
solo quiero recordar que hemos conseguido aflorar el equivalente a 4
puntos de nuestro producto interior bruto, 40 000 millones de euros a
finales del año 2012, con la declaración de bienes y derechos en el
exterior, la conocida como declaración 720, que ha aflorado más de 88 000
millones de euros, completándola con otras medidas que pronto traeremos a
esta Cámara para insistir en este objetivo de lucha contra el fraude.


Señorías, lo que nos encontramos a comienzos de legislatura
está muy superado a día de hoy, a finales del año 2014. Hoy la
estabilidad de España es también una aportación a la Unión Europea, a la
estabilidad de la economía de la zona euro. Este es el sentido de
nuestras políticas, y lo es precisamente porque creemos con convicción en
Europa, y lo hacemos con todas sus consecuencias. Creemos en la Europa de
las libertades, creemos en la Europa del euro, creemos en la Europa del
Estado del bienestar y creemos también en la Europa de la estabilidad
presupuestaria. Sin estabilidad presupuestaria no existirían esas otras
Europas. Todas estas Europas forman parte de lo mismo. No podemos elegir
una porción de Europa y rechazar el resto. La Unión Europea es un
proyecto común que exige que todos vayamos en la misma dirección y que
asumamos una serie de políticas básicas para todos. Nosotros asumimos y
aplicamos esas políticas porque creemos en ellas y porque pertenecer a la
Unión Europea exige que haya que ponerlas en práctica. No podemos
convertir esta vía presupuestaria en nuestro enemigo porque no lo es; no
podemos contraponerla a las políticas sociales porque es compatible
reducir el déficit público y mantener los niveles de gasto social como
hemos hecho durante estos años, y mucho menos podemos contraponer la
estabilidad presupuestaria al crecimiento económico porque, como ha
demostrado España, es con la estabilidad presupuestaria como mejor se
promueve el crecimiento económico.


Les diré más. El crecimiento más robusto de la economía,
aquel que tiene mayor vocación de permanencia en el tiempo es el que se
produce en un escenario de estabilidad presupuestaria. Eso fue lo que
ocurrió en las etapas de los anteriores gobiernos del Partido Popular, y
eso es lo que está ocurriendo en la actual etapa: estamos afianzando un
proceso de recuperación económica sobre la consolidación fiscal. Por eso
el Gobierno español no discute los objetivos de déficit público previstos
en la senda aprobada en las instancias europeas. Por eso insistimos en la
importancia de cerrar, de conseguir el objetivo programado este año y
comprometernos con los objetivos para el conjunto de las administraciones
públicas para el año próximo. Ese es el ánimo, el espíritu y el contenido
exacto de los Presupuestos Generales del Estado que traemos a esta
Cámara.


Son los presupuestos que programan también un crecimiento
para España del 2 % que coincide prácticamente con el consenso nacional
de previsiones económicas, como también coincide con que la economía
española crecerá este año un 1,3 % con toda seguridad en términos de
media anual de crecimiento de 2014 sobre 2013. Debo recordar que este 1,3
% es el doble de la previsión que defendí cuando expuse el Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, es decir, en
estas mismas fechas del ejercicio anterior, 2013. La previsión del
Gobierno era de un 0,7 %, y hoy estamos en un 1,3 %. No tengo que
recordar a los señores portavoces lo que me dijeron sobre la previsión de
crecimiento, creo que no hace falta, sobra (Rumores), sobra el recuerdo,
pero ahora estamos en el 1,3 % y lo que traemos y programamos para el año
próximo es un 2 % que se verá impulsado por recientes acontecimientos,
como es la nueva política monetaria del Banco Central Europeo, como es el
nuevo programa de inversiones que está anunciando la Comisión Europea,
como es la propia devaluación del euro, como es el descenso de los
precios internacionales de los crudos petrolíferos, muy importantes para
España.









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Tengo que recordarles que la mitad de nuestro déficit
comercial obedece precisamente a la compra exterior de esos
hidrocarburos, con lo cual la caída del precio internacional nos está
inyectando en términos económicos una mayor actividad para el año
próximo. Además, estamos viviendo una recuperación de la inversión muy
positiva puesto que descansa sobre el incremento de compras de bienes de
equipo de nuestras empresas, a lo que se añade también un cierto
despertar del sector de la construcción.


Respecto del consumo son varios los factores que van a
influir en el incremento de nuestra demanda interna. Por un lado ya he
citado el efecto de la reforma tributaria. La rebaja de los impuestos va
a suponer un importante estímulo al consumo a partir de enero de 2015
puesto que los españoles notaremos que tenemos más recursos disponibles
en nuestros bolsillos. Además, las entidades financieras también están
empezando a mejorar el acceso de los ciudadanos al crédito, lo que unido
al incremento de la riqueza financiera neta de las familias y la
evolución positiva del mercado de trabajo permiten afianzar las
expectativas de que la demanda interna impulse aún más nuestro
crecimiento hasta llevarlo al 2 % en el año 2014.


No hace falta tampoco que recuerde que el año próximo vamos
a liderar el crecimiento de la zona euro. España estará a la cabeza de
los países miembros de la zona euro en crecimiento económico. (Pausa). Me
falta ya menos, no se preocupen, señorías. (Risas). Pero es que la
presentación de un proyecto de presupuestos exige un tiempo; por lo
menos, al ministro, que es el responsable de ellos.


También quisiera destacarles la evolución de la recaudación
tributaria en lo que llevamos de año; hay que tener en cuenta que, con un
crecimiento del PIB real del 1,6 % en el tercer trimestre de este año
2014 y un deflactor ligeramente negativo en el segundo trimestre, hemos
alcanzando hasta octubre unas tasas de crecimiento de la recaudación
superiores al 4,8 %. O medidas como el crecimiento anual acumulado de los
ingresos tributarios homogéneos: el crecimiento del IVA se sitúa hasta
octubre en el 8,2 %; y, en el caso de las pymes, los ingresos por IVA
hasta octubre crecen un 6,6 % respecto al año pasado, comportamiento
similar al que se observa en los ingresos por retenciones de pymes, que
también han crecido un 6,8 % hasta octubre, y en los pagos fraccionados
de empresarios e individuales, que alcanzan el 7 %. Estos datos de
recaudación reflejan la mejora de la situación económica. Son datos que
muestran un síntoma evidente de que la economía está despertando ya en el
año 2014 y que está reduciéndose la economía sumergida, puesto que no
podríamos alcanzar semejantes cotas de recaudación con el crecimiento
económico ordinario. Por tanto, son bastante elocuentes también respecto
a los frutos de la lucha contra el fraude fiscal.


El proyecto de presupuestos que hoy debatimos aquí mantiene
la senda de consolidación fiscal que iniciamos hace casi tres años, pero
no contiene recortes adicionales. El escenario de crecimiento económico
positivo y la supresión del componente estructural del déficit de las
administraciones públicas nos permiten que con la contención del gasto
nominal se cumpla la senda prevista de consolidación fiscal. Es decir,
como la economía está creciendo más de lo que lo hace el gasto, este
pierde peso específico en la economía sin necesidad de que se produzcan
reducciones de gasto en términos absolutos.


En el reparto de presupuestos entre los diferentes
ministerios, el gasto disponible se ha reducido en un 18,4 % en el año
2011, en unos 7800 millones de euros. El esfuerzo de austeridad se
mantiene, pero, como he dicho a sus señorías, con un escenario de gasto
en los ministerios contenido. El conjunto de los departamentos dispondrá
en 2015 de 34 526 millones de euros, prácticamente la misma cuantía, una
reducción de –0,2 % respecto a 2014, lo que, como decía, supone una
práctica congelación del gasto. Unido al crecimiento nominal previsto del
2,7 %, el presupuesto permite, a través de la contención del gasto,
reducir progresivamente el cociente del gasto nominal sobre el PIB, para
alcanzar el paulatino cierre del déficit de las administraciones
públicas. Y seremos capaces de conseguir un saldo primario nominal a
partir del año 2016.


Los intereses, en términos de contabilidad nacional, están
programados en 31 650 millones de euros para el año próximo, para 2015,
frente a los 34 458 millones de euros para el año 2014, a pesar del
incremento de la deuda pública, sin duda alguna abaratada por la
situación de los mercados. La dotación para gastos de personal alcanza
los 15 823 millones de euros, un 1,6 % más que en 2014. Sin embargo, los
gastos de personal activo disminuyen un 1,2 %, como resultado del
mantenimiento de los sueldos y de la restricción de la oferta de empleo
público, aunque se









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incluyen 231 millones de euros correspondientes a la
recuperación parcial de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, que
quedó aplazada por la crisis. Los empleados públicos afectados cobrarán
este dinero en su nómina del mes de enero. En este punto me gustaría
destacar que la oferta de empleo público se flexibiliza para el año 2015
y aunque se mantiene la tasa de reposición con carácter general, la misma
se incrementa hasta el 50 %. Las distintas administraciones podrán
decidir, en función de su situación presupuestaria y financiera, qué
servicios públicos llegarán a alcanzar el 100 % de reposición. Por su
parte, en materia de prestación de desempleo la mejora de la coyuntura
económica permite la progresiva reducción de las aportaciones del Estado
a la Seguridad Social. Para el año 2015 las aportaciones del Estado
ascenderán a 23 481 millones de euros, frente a los 27 598 millones de
euros previstos inicialmente.


Señorías, estamos entrando en un círculo virtuoso de las
finanzas públicas que permite ahorrar, porque cada vez hay más empleo y
menos parados, lo cual nos permite también optimizar el uso de los
recursos públicos y establecer la fidelidad en el pago a los proveedores,
con el acortamiento de los plazos medios de estos pagos y la garantía del
Estado que promueve esa disposición financiera.


Quiero recordar que el gasto público, el gasto social es la
partida fundamental de estos presupuestos, el sostén de una sociedad en
crisis y el recurso más importante que les queda a las personas que han
perdido su empleo hasta que la recuperación llegue a sus hogares. Supone
también la tranquilidad para millones de pensionistas, la salvaguarda de
la salud del conjunto de los ciudadanos y el aval de la igualdad de
oportunidades para quienes están en edad de formarse y educarse. El
ahorro que vamos consiguiendo en la carga de intereses y otros gastos se
dedica precisamente al sostenimiento del Estado de bienestar. En los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 el gasto social supone
el 53,9 %, casi el 54 %, del gasto consolidado, frente al 53 % de este
año, el 52,7 %. Nuestro presupuesto consolidado, que incluye los gastos
del Estado y de la Seguridad Social, asciende a 347 839 millones de
euros, un 0,4 % más que en el año 2014. Si se tiene en cuenta, como decía
antes, que se reducen los gastos del desempleo en prácticamente 4000
millones, eso quiere decir que el resto de gastos ligados a la protección
social están subiendo en torno al 3,7 %. El 70 % del gasto social de
España se destina a pensiones, una partida que se incrementa un 3 %
respecto del año 2014. Se trata de una partida absolutamente fundamental
en términos de solidaridad intergeneracional, una partida que los
españoles podemos y debemos financiar, y ya no solo lo hacemos a través
de las cotizaciones sociales sino también con parte de nuestros
impuestos, en concreto, en relación con la financiación de las pensiones
más bajas. El Gobierno, por tanto, mantiene la misma línea de actuación
que hemos seguido durante esta legislatura.


Estado de bienestar. En este caso también apostamos por
incrementar el gasto destinado a las políticas de educación un 4,5 % como
consecuencia de la financiación de la implantación de la LOMCE, que
contará con unas dotaciones que alcanzan los 143 millones de euros, sin
olvidarnos de un incremento en cultura del 4,3 %. Una de las partidas que
más se incrementa es la dotación al programa de cinematografía, que
aumenta un 5,1 %.


La característica de estos presupuestos es que, después de
las restricciones vividas, vuelve la inversión pública a nuestro país. Es
un incremento del 14 %, considerando el presupuesto de inversión de
nuestros ministerios inversores por antonomasia, junto a las empresas
públicas que hoy pueden endeudarse para financiar esas inversiones,
especialmente en ferrocarril y aguas. Por eso era tan importante apostar
por esa apertura de los mercados, para poder refinanciar el aumento de
inversiones que seguimos necesitando en infraestructuras básicas en
nuestro país.


Además, el presupuesto se dota con un plan especial para
estimular el crecimiento económico, el conocido como plan Crece, que
incorpora el uso de fondos europeos anticipados, puesto que es el propio
Estado, o coordinado con las comunidades autónomas, el que va movilizar
2200 millones de euros, parte como gasto y parte avalando créditos a la
inversión. Dentro del plan Crece tenemos también el Plan de acción contra
el desempleo juvenil, que pretendemos que sea un instrumento eficaz para
combatir las tremendas tasas de paro que seguimos padeciendo en España
entre nuestros jóvenes. En concreto, este capítulo tiene una dotación de
470 millones de euros que se integrarán en las partidas del servicio
público de empleo. Finalmente, la Administración del Estado avalará con
fondos Feder préstamos procedentes del Banco Europeo de Inversiones por
un importe de 1067 millones de euros. Si a este dinero unimos el que se
han comprometido a aportar









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las comunidades autónomas, el importe de estos préstamos a
pymes se eleva a 3200 millones de euros.


Me quiero referir también al incremento de la financiación
territorial. Nuestras comunidades autónomas tendrán un mayor presupuesto,
el que se deriva del actual sistema de financiación, que sube el 2,8 %.
Asimismo, nuestras corporaciones locales verán incrementar su
financiación el año próximo. El Gobierno sigue trabajando en los
programas que hemos denominado de mutualización de la deuda de nuestras
administraciones territoriales. En concreto, dentro de esos programas
está el llamado FLA social, de manera que garanticemos que los
ayuntamientos que están desarrollando las políticas sociales a través de
convenios no las vean desatendidas por impago, por incumplimiento, por
aplazamiento de las comunidades autónomas de las que dependen.


Concluyo, señorías, solicitando en nombre del Gobierno su
apoyo al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2015. Reclamo su apoyo desde el convencimiento de que estos son los
presupuestos que van a consolidar la recuperación, los presupuestos que
van a fortalecer el crecimiento económico y los presupuestos que van a
intensificar la creación de empleo. Hace tres años, cuando llegamos al
Gobierno, España estaba sumida en una profunda crisis económica, una
crisis que tenía un ámbito nacional y múltiples extensiones individuales,
millones de extensiones, como he dicho antes, con nombres y apellidos,
con familias y esperanzas. El Gobierno ha desarrollado durante estos
meses su política económica pensando siempre en los ciudadanos, y
especialmente en los más vulnerables. Me refiero a estos últimos meses,
pero siempre lo hemos hecho, desde el comienzo de la legislatura,
conscientes de que solo trabajando para que el edificio que nos cobija a
todos no se derrumbara, consolidando sus cimientos, reforzando su
estructura, cambiando su cubierta y rehabilitando su fachada era posible
que finalmente las mejoras emprendidas entraran en el hogar de cada uno
de los españoles.


Las reformas del Gobierno están devolviendo a España su
capacidad económica para competir, crecer y crear empleo. La política
social ha conseguido sostener el Estado de bienestar para ayudar a las
familias hasta que el fin de la crisis alcance a cada una de ellas. Esa
es la etapa en la que estamos ahora. Cientos de miles de españoles ya han
conseguido un trabajo que la situación económica les había negado durante
estos últimos años. Se trata de que el próximo año cientos de miles de
españoles más lo consigan y de esta manera clarifiquemos el futuro,
abramos ante nosotros un futuro más prometedor. Ese es nuestro
compromiso.


Los presupuestos que les presento aquí y las políticas que
los acompañan son el instrumento esencial para que eso sea posible. Por
eso, una vez más solicito su apoyo, solicito el apoyo de los grupos de la
Cámara.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señorías, entramos en el debate de las propuestas de veto
al proyecto de ley.


En primer lugar, la propuesta de veto número 7, del Grupo
Parlamentario Socialista.


Para su defensa, tiene la palabra el senador López
García.


El señor LÓPEZ GARCÍA: Señor presidente, señorías.


Señor ministro, la verdad es que era previsible que para
justificar el fracaso de su política en este período intentara usted
recurrir a la herencia recibida. (Rumores). Mire usted, yo creo que el
relato que ustedes hicieron —por cierto, tuvo éxito desde el punto
de vista electoral— no fue otra cosa que la manipulación de una
realidad que montó su partido, una mentira, una mentira bien construida,
pero una mentira (Rumores). Y supongo que usted no será un mitómano y al
final acabe creyéndose sus propias mentiras, porque ese ya es un rasgo
patológico de la mentira.


Ciertamente, el Gobierno de Zapatero cometería algunos
errores, sin ninguna duda (Rumores), pero lo que fundamentalmente nos ha
traído hasta aquí es la política de la derecha en Europa, en el mundo y
en España. (Aplausos). Repito que eso es lo que nos ha traído hasta aquí
fundamentalmente. Y empieza, como usted bien sabe, con la bancarrota de
ese banco, casino indecente, de Lehman Brothers, del que, por cierto, en
España el representante era el señor de Guindos. Y, ciertamente, a partir
de ahí la secuencia es encadenada. Bancos europeos contaminados por esas
subprimes. Deuda convertida en pública desde el ámbito privado, por
tanto, a través de la necesidad de los rescates a los bancos —lo
que le gusta siempre a la derecha: lo de la socialización de las
pérdidas; esto de la eficiencia de los mercados es maravilloso hasta









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que se generan, fruto de la codicia insaciable, agujeros
que hay que socializar—. La degradación del crédito. El
encarecimiento de la deuda. La prima de riesgo —por cierto, no cayó
porque este Gobierno tenga una magnífica habilidad para controlar eso,
sino porque un día, tardíamente, pero un día, el gobernador del Banco
Central Europeo acabó diciendo que iba a hacer todo lo posible por que el
euro no se descompusiera. Esa es la razón por la que la prima de riesgo
cayó aquí, en Grecia, en Portugal, en Irlanda y en el resto de los
países—.


Usted tiene una asombrosa fragilidad de memoria para los
temas que le convienen. Usted recuerda, porque estaba en el Gobierno, que
a ese problema internacional, fruto de la política de la derecha, se sumó
otro problema nacional: la explosión de una bomba que ustedes estuvieron
cebando durante mucho tiempo. Y acabó explotando, ciertamente, en un
Gobierno en el que estaba usted, en el que estaba el señor De Guindos de
secretario de Estado en aquel tiempo, en el que estaba el señor Rato y en
el que estaba el señor Rajoy (Rumores). La dinámica infernal de la
especulación generó un círculo virtuoso —que usted sigue
alabando—, que usted alababa, además, en contra de las advertencias
del gobernador del Banco de España en aquel momento, el señor Caruana,
que le decía: Señor ministro, cuidado con la deuda de las familias y de
las empresas, que está muy por encima de lo razonable. Y su respuesta
era: No, no; no hay problema. Este es un círculo virtuoso. Estamos
creciendo al 3 %, al 4 %, lo que nos acerca a la media europea. La
construcción en vivienda es una buena inversión que generará y demandará
más vivienda… Pues ese círculo virtuoso acabó convirtiéndose en un
círculo infernal, vicioso, que hemos pagado entre todos. Por tanto, no
sea modesto, reivindique toda su herencia. Eso forma parte también de las
cosas que ustedes hicieron y de las que son corresponsables
directamente.


El problema al final es que todo eso forma parte del relato
del pasado, un relato sesgado, una mentira bien construida pero que,
desde luego, no obedece a la realidad. ¿Y por qué recurren de forma
reiterativa al tiempo pasado? Pues porque al final tratan de justificar
la opción política que han elegido para salir de la crisis, que es que
las espaldas de los más débiles sean el puente para sortear esta crisis,
hasta conseguir quebrarlas, que es lo que están haciendo con muchos
millones de ciudadanos españoles. Esta es la realidad, señor ministro.
(Aplausos).


Es inaudito, señor ministro, que usted venga aquí diciendo
que asombramos al mundo. Entre la flagelación y la autocomplacencia hay
un tono razonable que usted debería elegir para no ofender a millones de
españoles que le escuchan, a millones de españoles, señor ministro. La
realidad social de España es muchísimo más dura de lo que usted trata de
trasladar, salvo para una selecta minoría, eso sí, que con la crisis como
fondo, estando en el origen de la causa de la crisis, no arrimó el hombro
para resolver nada y ahora sigue enriqueciéndose de forma clarísima; es
un porcentaje privilegiado y mínimo de la sociedad, pero con un
crecimiento de la riqueza considerable.


Usted está totalmente en las antípodas de la realidad
social de España. Le voy a dar argumentos y también algunas propuestas
alternativas que venimos haciendo en el Parlamento desde hace tiempo. El
presupuesto que usted denomina de la consolidación podría tener un título
más apropiado a la realidad social de España, que es la hiriente
desigualdad como proyecto político. Esa es la realidad, la consecuencia
de la política del Gobierno. Están cambiando las reglas del juego con la
política presupuestaria, con la política de reforma laboral, con la
política de reforma fiscal, con el conjunto de políticas del Gobierno, de
forma que están engordando a los obesos y dejando famélicos a los
delgados. Eso es lo que están consiguiendo. Y la expresión numérica de
una voluntad política que debe tener unas consecuencias sociales, porque
eso es un presupuesto, tiene unos resultados, señor ministro, unos
resultados que son bien claros: desde el punto de vista económico
—ustedes, que eran los que iban a sanear las cuentas públicas de
forma rápida y milagrosa—, 300 000 millones de euros más deuda
pública. Ha habido una devaluación salarial de hasta el 20 %. Hace pocos
días le acaban de llamar la atención desde la Unión Europea respecto del
resultado de la reforma laboral que han hecho, con dos epítetos: injusta
e ineficiente; injusta socialmente e ineficiente económicamente. Hay 980
000 empleos menos que cuando llegaron al Gobierno y 429 000 parados más,
porque hay mucha gente que ha cogido las maletas y ha tenido que
largarse; son 400 000 jóvenes en la emigración forzada —a la señora
Báñez le gusta eso de la movilidad exterior, queda más glamuroso,
¿verdad?, que la emigración forzada—. Cada día hay más contratos
basura y millones de horas extraordinarias ilegales, hasta un montante de
11,6 millones de horas ilegales no cobradas en el año 2013, que podrían
equivaler a 300 000









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empleos y, desde luego, a unos ingresos para la Seguridad
Social superiores a los 2000 millones de euros, que no se están
produciendo. Y ustedes ya han recurrido al Fondo de reserva de la
Seguridad Social por un montante de 30 000 millones de euros desde el
comienzo de la legislatura. Hay 2 300 000 trabajadores ocupados que están
por debajo del umbral de la pobreza, el 13,4 % de los ocupados, porque el
salario no les llega ni siquiera para alcanzar ese umbral. Hay 3 300 000
personas paradas sin cobertura de ninguna clase, y en los Presupuestos
Generales del Estado para 2015 —lo sabe usted, señor
ministro— recorta 4400 millones de euros más. Hay 22 800
profesionales menos como consecuencia de su recorte sanitario —ha
hablado usted de la defensa del Estado de bienestar hace unos minutos, y
este es un buen ejemplo—. Ha habido un recorte del 25 % en las
políticas de I+D+i, un lastre insuperable para la modernización del país
y el necesario cambio de modelo productivo para diversificar la economía.
Desde luego, si consideramos la referencia del conjunto de la Unión
Europea, que es un 3 % del PIB como horizonte deseable para esas
políticas, vemos que en el año 2011 estábamos en el 2,4 % del presupuesto
y ahora, en el 1,6 %, es decir, retrocediendo claramente. Se ha producido
una reducción del 35 % en las políticas activas de empleo,
imprescindibles para recualificar a los millones de trabajadores sin
cualificación que han quedado fuera del mercado laboral. Se lo está
diciendo la OCDE, se lo está diciendo la OIT y se lo está diciendo el
Fondo Monetario Internacional.


Este es un resumen parcial de la herencia de las políticas
de este Gobierno. Y este es un presupuesto, el de 2015, cruel con las
personas que más sufren en este país, señor ministro. Pero la arrogancia
desde la que actúan les impide ver cuáles son las consecuencias sociales
de las políticas que hacen. Hablan de presupuesto de consolidación, pero
si lo que pretenden consolidar es este penoso estado de cosas no van a
contar con el Grupo Parlamentario Socialista, sin ninguna duda.


El resumen de su presupuesto es más desigualdad, más
pobreza, más sufrimiento y más exclusión social para millones de
españoles y, al tiempo, un considerable aumento de la riqueza para el 10
% de la población. Un reciente informe de Credit Suisse —por
cierto, una zona geográfica, y parece que económica, a la que algunos
exsenadores del Partido Popular le tenían mucha afición— dice que
hay 465 000 ciudadanos españoles con un patrimonio superior al millón de
dólares. No está mal, el tema es que en dos años han crecido el 25 %,
mientras que una parte muy importante, millones de ciudadanos, se está
empobreciendo hasta límites absolutamente intolerables. Los que estaban
en ese selecto club y los que se incorporan estarán muy contentos con su
presupuesto, con su política de reforma laboral, con su política de
reforma fiscal y en general con la política del Gobierno.


En sintonía con lo que le digo, señor ministro, está
—supongo que lo ha leído— el último barómetro del CIS, del
mes de octubre, según el cual el 82 % de los ciudadanos consideran que la
situación económica es mala o muy mala y el 87 %, que es peor que el año
anterior. No sé cómo casa eso con la ilusión que usted pretende colocar
acerca de que somos la admiración del mundo. Este Gobierno tiene un
autismo preocupante, muy preocupante, que con su política está llevando a
que se profundicen las desigualdades hasta límites intolerables.


Probablemente este sea el último presupuesto de esta
legislatura, dependerá de ustedes. Cuando se inicia la campaña electoral
el señor Rajoy se hace una foto, entre frívola y demagógica, en una cola
del INEM. Bien, el balance del resultado de la política de empleo de este
Gobierno, por sí mismo, merecería el veto a este presupuesto, porque ha
sido un fracaso rotundo. España es el segundo país más desigual de la
Unión Europea, detrás de Letonia; estamos peor que Portugal y Grecia. Los
informes de Unicef y de Cáritas —sé que no le gustan especialmente
los informes de estas organizaciones no gubernamentales porque, con la
irrupción de sus datos, acaban rompiendo la ilusoria pompa de jabón en la
que usted vive— señalan que en el año 2013 atendieron a 2,5
millones de ciudadanos, 600 000 más que en el año 2012. Y con datos de su
propio Gobierno, según el índice AROPE, que, como sabe, es un índice de
naturaleza europea que trata de medir el crecimiento integrador de la
política en el horizonte 2020 —hablamos del Instituto Nacional de
Estadística y del Ministerio de Economía—, un 27,3 % de españoles
está en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social.


Señor ministro, en nuestro país la desigualdad profunda y
la pobreza avanzan de manera absolutamente alarmante y son un poderoso
disolvente de la cohesión social que necesita la economía para funcionar
correctamente y, por supuesto, el propio sistema democrático. Están









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utilizando la crisis para hacer una involución decidida
conscientemente y un ajuste de cuentas con el Estado del bienestar, y ese
planteamiento es puramente ideológico.


Estoy seguro de que los pensionistas —usted los ha
citado antes— no van a estar muy contentos con el presupuesto que
nos ha traído aquí. Son 9 300 000 personas en España. Con un crecimiento
del 0,25 % y una inflación prevista del 0,7 %, están soportando más
impuestos, están pagando el IVA, y están soportando el impuesto a la
enfermedad añadido que ustedes colocaron con el copago de los
medicamentos. Sabe usted que el 80 % del consumo farmacéutico en España
corresponde a las personas mayores, y el copago que ustedes colocaron les
está obligando a desembolsar en torno a 1000 millones de euros anuales:
583 por el copago de los medicamentos y 380 como consecuencia de los
medicamentos que ustedes han excluido de la protección. Hoy vienen datos
en la prensa sobre el copago en las farmacias hospitalarias. ¿Cómo se
puede mantener una reforma fiscal que al final acaba quitando de la
espalda a los privilegiados 70 000 euros anuales de contribución al
sostenimiento de las cargas públicas y obliga a las personas con graves
enfermedades a tener que hacer un copago en la farmacia hospitalaria? Por
cierto, lo están haciendo solo en Ceuta y Melilla; no les queda más
remedio porque no tienen las competencias transferidas. Pero el resto de
las comunidades autónomas, por supuesto con Andalucía a la cabeza, se
negó, e incluso las gobernadas por el Partido Popular dicen que no lo
hacen. ¿Cómo se puede casar esto con la defensa del Estado del
bienestar?


Probablemente tampoco estén muy contentos con este
presupuesto los 300 000 dependientes en diferente grado y nivel,
desatendidos, cuando ven que desde el principio de esta legislatura hay
más de 2200 millones de euros de recorte. Ni los 3 millones de empleados
públicos, que ven de nuevo congelado su salario. Y la respuesta del
Gobierno es, que a más necesidades, menos presupuesto y menos recursos
disponibles. ¿Se pueden hacer las cosas de otra manera? Sin duda, sí. Y
la fórmula, en contra de lo que usted decía al principio sobre las
consecuencias que han traído las políticas de los gobiernos socialistas,
es gobernar la globalización desde los principios de la socialdemocracia.
Esa es la única salida viable si queremos buscar un punto de encuentro
entre intereses en conflicto. Y esa es la función de los gobiernos:
buscar un punto de encuentro entre intereses en conflictos.


Hay datos que están ahí. Hace pocos días saltaba una
información especialmente poco pedagógica, y diríamos que deleznable, que
se refería al señor Juncker, al que, por cierto, no votó el Partido
Socialista como presidente de la Comisión. Cuando era presidente de
Luxemburgo, y después como responsable del Eurogrupo, impulsó
ardorosamente políticas de recorte, con una mano, eso sí, porque los
recortes iban dirigidos a los que estaban en una posición desvalida, y
los regalos fiscales, a aquellos que estaban en una posición de
privilegio. Eran acuerdos con multinacionales para acabar permitiéndoles
que eludan su obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas
públicas. El problema de fondo, señor ministro, lo que está ocurriendo en
España y en el conjunto de Europa, es que hay una secesión moral de los
ricos, que han decidido que no pagan impuestos ni contribuyen al
sostenimiento de las cargas públicas. Este es el problema de fondo. Y el
problema es que no lo hace el señor Juncker y no lo hace tampoco el
Gobierno de España, el Gobierno en el que usted está, señor ministro. Le
voy a dar algún ejemplo. ¿Es muy distinto lo que le estoy referenciando
sobre el señor Juncker a lo que hizo usted en el mes de marzo de 2012
—llevaba tres meses en el Gobierno—, cuando hizo un regalo
fiscal, eso que denominan el Fondo de comercio, para que grupos
empresariales importantes de España acabaran comprando empresas en el
extranjero? Sin duda, no está mal hacer un proceso de
internacionalización de las empresas españolas, pero no a costa del
presupuesto de todos los españoles, en una situación de precariedad como
la que tenemos. No se puede hacer un regalo fiscal con la mano derecha a
quienes están en una posición de privilegio, al tiempo que se está
haciendo un recorte en políticas públicas básicas para el sostenimiento
del Estado de bienestar. Eso no es muy distinto de lo que le estamos
reprochando al señor Juncker, porque al final es, en resumen, una estafa
al conjunto de los ciudadanos que tienen que sostener las políticas
públicas, sobre todo a aquellos que dependen del Estado para no estar en
la inanición.


Señor Montoro, hablaba usted del fraude fiscal. Usted sabe,
como todo el mundo, que el problema de España en términos de ingresos es
serio respecto de la media de la Unión Europea: estamos 8 puntos por
debajo. No tenemos un problema de exceso de gasto —estamos 5 puntos
por debajo—, sino fundamentalmente, repito, un problema de
ingresos. ¿Y qué hacen ustedes









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para luchar eficazmente e intentar acercarnos a la media
europea? Ciertamente, este no es un proceso de automatismo ni milagroso
para que mañana estemos en la media de la Unión Europea; y no hablo ya de
los países que tienen más nivel de ingresos, sino de la media, porque
estamos en un grupo de países como Bulgaria, Letonia o Estonia. ¿Con los
ingresos que equivalen en términos de porcentaje del PIB a esos países
queremos sostener el Estado de bienestar? ¿Qué hacen ustedes? En el año
2013, por primera vez desde que se crea la Agencia Tributaria, ha caído
la recaudación en la lucha contra el fraude fiscal: 5 %, es decir, 567
millones de euros. ¿Qué sensación tienen los ciudadanos, cuando están
padeciendo los recortes y la privación en cosas básicas como la
protección por desempleo? Porque hay gente que no tiene nada que llevar a
su casa y está viendo que lo que se hace para luchar contra el fraude
fiscal es manifiestamente insuficiente; y me quedo ahí, con ese
calificativo benévolo.


Ustedes hicieron una reforma del Código Penal para
endurecer las penas en relación con el delito fiscal, algo que
aparentemente era plausible. No sé si sería iniciativa solo del ministro
Gallardón, que ya no está, o suya o conjunta; supongo que conjunta. ¿Qué
se hizo al final, señor ministro? Se lo dicen los inspectores de
Hacienda, no el portavoz del Partido Socialista en materia
presupuestaria: lo que le están diciendo —y le han pedido
reiteradamente que la eliminen— es que sobre el papel teórico de
endurecimiento de las pena se amplía la denominada excusa absolutoria, de
forma que se acaba autorizando a los jueces y tribunales a rebajar
considerablemente las penas —por cierto, lo publicaron el día 28 de
diciembre, el día de los Santos Inocentes, en el Boletín Oficial del
Estado—. La conclusión práctica es que, después de haber sido
imputado un delincuente fiscal, si en dos meses acaba satisfaciendo la
deuda tributaria no tiene que tener miedo a la única cosa que teme, que
es ir a la cárcel. Es más, si le rebajan la pena hasta en dos grados,
como permite esa excusa absolutoria, puede acabar pagando una multa de
entre el 25 y el 50 %, que es inferior a lo que pagaría en el ámbito
administrativo.


¿Lo hicieron porque querían que primara el objetivo de la
recaudación frente a la persecución del fraude fiscal? Si era así,
teóricamente tenía alguna justificación inocente, porque en la práctica
se tiene la percepción de que el riesgo es mínimo ya que los medios de la
Agencia Tributaria son muy pocos, y además ustedes los están depauperando
año tras año con los presupuestos porque no renuevan plantillas y no los
amplían. Y se lo hemos planteado en el Grupo Parlamentario Socialista en
diferentes ocasiones: 5000 empleados más en la Agencia Tributaria en los
próximos cuatro años, lo que sin duda tiene un retorno, no solo en
términos económicos para el conjunto de los ciudadanos a través de los
presupuestos del Estado, sino también para mejorar la percepción de
equidad —hoy, bastante maltrecha— que tienen los ciudadanos
respecto del funcionamiento del sistema fiscal en España en términos de
distribución de las cargas. Y lo que ustedes hicieron, su Gobierno, no va
en la dirección de incrementar los recursos ni en la dirección de
disuadir a los que tienen la tentación de eludir sus obligaciones
fiscales; no va en la dirección de que contribuyan con más recursos, o
con los que le corresponden, al sostenimiento de las cargas públicas.


Señor ministro, no voy a referirme, por no perder mucho
tiempo, a lo que ha sido objeto de discusión en esta Cámara hace dos
semanas. Me refiero a la reforma fiscal, que ha representado —usted
lo sabe— que 4862 españoles que declaran más de 600 000 euros se
ahorren 72 000 euros y que 8 millones se vayan a ahorrar una media de 52
euros al año. Hay que justificar una cosa con otra, claro. Bien, las
propuestas están sobre la mesa de forma reiterada: la necesidad de
establecer una vía que permita en los grandes impuestos —impuesto
sobre sociedades— que el suelo mínimo que sirva para establecer la
base de recaudación al menos sea del 15 %. Hoy usted sabe que no lo es,
aunque en la reforma ha bajado del 30 al 25 % el nominal, en la práctica
es mucho menos. Hay una vía importante, porque, al final, por la vía de
la elusión fiscal, por el que está instaurado deliberadamente en el
fraude, se están perdiendo una cantidad de recursos muy notables.


Estamos hablando también de sustituir el IRPF por un
impuesto integral que recoja la renta y la riqueza. Las sicavs han pasado
de 23 000 a 28 000. Las empresas que tienen ingeniería fiscal acaban
eludiendo sus obligaciones tributarias, y los ciudadanos que tienen
posibilidad de constituir una sicav tributan al 1 % y además no están
bajo el control de la Agencia Tributaria, sino que siguen dependiendo de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por tanto, por ahí se pueden
incrementar los recursos del Estado para ir corrigiendo ese 8 % que ahora
nos separa de la media de ingresos de la Unión Europea.









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Señor ministro, me va a permitir que le hable de una
cuestión que tiene que ver con Andalucía y con mi provincia —que es
la suya también— porque al final todas sus políticas tienen la
misma orientación, van dirigidas a favorecer los intereses de los
poderosos y a perjudicar los de los débiles.


La sección 34 de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2015, relaciones financieras con la Unión Europea, tiene un
presupuesto de 12 900 millones de euros. Nosotros no discutimos la
política que está haciendo la Unión Europea ni nuestra pertenencia a la
misma, como es obvio, no hay salida fuera de ella, pero sí pensamos que
se pueden hacer otras políticas porque estas van por un camino errático y
equivocado, ninguna gran economía ha salido de una crisis ni de una
recesión por la vía de la austeridad extrema, sino por otras vías
diferentes.


Y volviendo a Andalucía, a Jaén, la política de cooperación
al sostenimiento del presupuesto de la Unión Europea tiene retorno, uno
de ellos es la política agraria común, que es muy importante para el
conjunto de los ciudadanos españoles y para esta zona de forma
particular. En el retorno a la hora de aplicar la PAC en relación con el
olivar, que en Andalucía representan 250 000 ciudadanos y en la provincia
de Jaén 108 000, hasta el año pasado, aquellos que tenían una percepción
por debajo de 5000 euros no tenían ninguna penalización, 0 %. Pues bien,
el señor Cañete, antes de marcharse, —no sé si se lo habrá
contado— decidió que aquellos que reciban ayudas de la PAC por
debajo de 5000 euros tengan una penalización del 8,64 %, y a los que
cobrando 100 000, 200 000, hasta 300 000 euros —por cierto,
nosotros solicitamos que se topara en 150 000, lógicamente no nos
hicieron caso— que hasta ese momento tenían una penalización del 14
%, bajarles al 8,64 %; es decir, una transferencia de rentas, cualquiera
pensaría que de los poderosos a los débiles pero es al revés, y podríamos
poner título a la película: Cuando Robin Hood decidió trabajar a la
inversa. Esta es la situación. Estamos decidiendo que aquellos pequeños y
medianos agricultores que antes no tenían ninguna penalización acaben
teniéndola, no porque el presupuesto del Estado o la política agraria
común no sean capaces de sostener ese ingreso sino porque hay que
transferirla al bolsillo de los que cobran, por suerte para ellos, 100
000, 200 000 o 300 000 euros al año. ¿Se puede explicar esto, señor
Montoro? Yo creo que no.


En cuanto a la reforma laboral, le diré que no solo tiene
que ver con el sufrimiento de la gente sino con que, por mucho que
ustedes planteen en términos propagandísticos la creación de empleo, se
está repartiendo el empleo existente, no se está creando empleo nuevo,
además se están precarizando los ingresos de la Seguridad Social de forma
alarmante y, desde luego, como he dicho anteriormente, los salarios están
cayendo de forma clarísima; si quiere, le puedo dar datos de su propio
ministerio —no hay que irse más lejos— de la Agencia
Tributaria, también en su provincia: en dos años han caído los salarios
el 9,6 %. Usted dijo en sede parlamentaria que los salarios estaban
creciendo moderadamente, y supongo que estaba mintiendo porque no puede
ser que el ministro esté tan mal informado, no me lo creo, no es posible.
Es más, al diputado que le interpelaba en aquel momento le acabó
invitando generosamente, con actitud pedagógica, a explicarle con una
pizarra electrónica la subida moderada de los salarios; pues a lo mejor
hay que explicarle a usted con una pizarra, o un pizarrín de la época,
este asunto porque tiene muy poco que ver con la realidad social que
estamos viviendo.


¿Las consecuencias de esa reforma laboral eran difíciles de
prever? Si desarma al débil está a merced de la voluntad del poderoso,
esto es así, y el Gobierno tiene que ser el garante de la protección de
los intereses de los más débiles, pero ustedes han desarmado al más débil
con esa reforma laboral. ¿Había alternativas a esta reforma? Sin ninguna
duda, un pacto de renta y de beneficios empresariales; un pacto de renta
para ganar competitividad pero de todas las rentas. No sé si cuando usted
decía que los salarios crecían moderadamente —lo que es incierto,
como le he dicho— se referiría a los de los directivos del IBEX,
porque esos no crecían moderadamente sino desorbitadamente. Pues bien, un
pacto de renta es la alternativa a una reforma laboral que acaba
desarmando a los más débiles, de forma que haya un punto de equilibrio
para sacar al país de una situación complicada, sin duda, pero con el
esfuerzo de todos, no con el esfuerzo de la parte más débil de la cadena.
Y esta manera en que reiteradamente ustedes hacen las cosas no es más que
una injusticia clamorosa.


No me queda más tiempo y pido la benevolencia del señor
presidente. Al final, la desigualdad lacerante no solo es un problema de
injusticia social, que lo es y gravísimo, sino también de falta de
eficacia económica. Hay que buscar un punto de encuentro entre esos
intereses que









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permanentemente entran en conflicto, y tiene que ser el
Gobierno el que lo armonice, pero ustedes siempre lo hacen favoreciendo a
los poderosos. Como acabo de decir, 2,5 millones de personas en España
son atendidos por Cáritas. En el presupuesto del año pasado y en este
también, hemos presentado una enmienda que pretende destinar 1000
millones de euros, el 0,1 % del PIB, a la lucha contra la pobreza.
Recordará, señor ministro, cuando el señor Rajoy, en Bruselas, hablando
de los 40 000 millones de dinero de rescate a la banca, dijo: Bueno,
realmente, tampoco es tanto, ¿verdad? Pues bien, nosotros presentamos esa
enmienda el año pasado y ustedes la rechazaron, por ello, la volvemos a
presentar este año.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.


El grupo parlamentario que sostiene al Gobierno no sé si va
a ser capaz de hacer un gesto de mínima sensibilidad hacia millones de
españoles que lo están pasando muy mal. Acaban aceptando una enmienda; en
este caso esta, pero hay muchas más. Si cito esta en concreto es porque
tiene que ver especialmente con la insufrible situación de pobreza que
viven muchos ciudadanos, y ante eso, el Gobierno y el grupo que lo
sostiene hacen oídos sordos. Tienen una extraordinaria hipersensibilidad
para algunas cosas, depende de dónde procedan, y una atrofia del sentido
de la sensibilidad absolutamente pasmosa, cuando procede de otro
sitio.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López
García.


La propuesta de veto número 5 ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señor ministro, y gracias por cumplir con su
compromiso de acudir a esta Cámara cada vez que presenta una ley. Se lo
he dicho en más de una ocasión: es el único ministro que comparece en
esta Cámara cada vez que presenta una ley; en esta ocasión, se trata de
una ley muy importante, pero con las otras lo hace igualmente.


Dicho esto, señor ministro, nuestro grupo ha presentado un
veto a estos presupuestos porque entendemos que no son buenos para los
catalanes, no son buenos para Cataluña y no cumplen con Cataluña. Tenemos
razones adicionales, y la verdad es que su intervención nos ha dado más
razones para volverlos a vetar que para replantearnos el veto. Cuando ha
hecho el análisis de la situación heredada —nos ha parecido un
tanto reiterativo pero lo aceptamos—, ha marcado las diferencias en
positivo desde hace tres años hasta el momento. También aceptamos que
algunas situaciones han mejorado de forma sustancial, pero falta a la
verdad en algunos aspectos, y en relación con mi grupo, ha faltado a la
verdad y a la justicia. Usted ha dicho: aquel cuatrienio negro, donde
algunos —señalando a nuestro grupo— participaron con sus
votos. Sí, señor ministro, no es que estemos susceptibles. ¿Participaron
con sus votos de la perversa política y decisiones del Gobierno
socialista? Pues sí, señor ministro, en mayo de 2010 nuestro grupo se
abstuvo y el Gobierno del presidente Zapatero salvó una situación por un
voto, y gracias a la abstención de nuestro grupo y de algún otro grupo
—hoy socios suyos, a los cuales no afea nada— España no fue
intervenida porque nosotros, mientras estemos en España —lo hemos
demostrado y lo seguiremos demostrando—, cuanto peor no mejor;
algunos, cuanto peor, mejor. Y usted, que se queja tanto de la situación
heredada, quizás quería heredar un Estado intervenido. ¿Qué hubiese
pasado en mayo de 2010 si Convergència i Unió hubiese tenido el mismo
comportamiento que el Partido Popular? ¿Qué hubiese pasado?
Evidentemente, intervención del Estado; eso sí, las elecciones se
hubiesen anticipado un año, pero con un Estado intervenido. Y ustedes lo
sabían, y eran conscientes, y solo hace falta que se les recuerde a
algunos dirigentes de su partido, y de sus partidos agregados a nivel
europeo, las llamadas que le hicieron al president Mas y a otros
dirigentes de Convergència i Unió para que tuvieran una actitud
responsable; y la tuvimos, y usted ahora nos la afea. Y, además, ya
sabemos que en estos momentos nosotros estamos un poco apestados y nadie
quiere una relación con nosotros, pero cuando dicen: ustedes no han
participado de las reformas necesarias. ¿Es que no se acuerda, señor
ministro, quién aprobó la Ley de









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estabilidad presupuestaria en el Congreso y en esta Cámara?
No tuvieron muchos apoyos, no, pero tuvieron el de Convergència i Unió.
(Denegaciones del señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Montoro Romero). Lo tuvieron en la aprobación inicial; después se
hicieron tres modificaciones en menos de seis meses, que en algunas ya no
lo tuvieron, pero en la aprobación de la ley tuvieron la complicidad de
Convergència i Unió. Después esto nos lo afea el Partido Socialista. En
la reforma laboral tuvieron el apoyo de Convergència i Unió; estas son
reformas estructurales. ¿Por qué abdican ahora de estos apoyos? ¿Por qué
nos dicen que no hemos apoyado ninguna reforma estructural? Y, en
apartados importantes de la reforma financiera, lo mismo. Al final
estamos donde estamos por muchísimas razones, porque cuando actuamos con
lealtad institucional y sentido de Estado nadie nos lo reconoce, ni unos
ni otros.


Hablemos de presupuestos. He dicho que estos no son unos
presupuestos buenos para los catalanes ni para Cataluña ni que cumplen
con Cataluña. Hoy me he traído papeles, para que no me diga que los
porcentajes varían y fallan. Leo: Ley Orgánica 6/2006, Estatuto de
Cataluña —ley orgánica aprobada por el Congreso y por el
Senado—, disposición adicional tercera, inversiones en
infraestructuras: «La inversión del Estado en Cataluña en
infraestructuras, excluido el Fondo de compensación interterritorial, se
equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de
Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un
período de siete años; dichas inversiones podrán utilizarse para la
liberalización de peajes o construcción de autovías». El Estatuto de
Cataluña fue impugnado ante el Tribunal Constitucional, que declaró
inconstitucional no sé cuántos artículos. ¿Fue recurrida esta disposición
adicional? Sí: Sentencia 31/2010, de 28 de julio de 2010, del Tribunal
Constitucional. Fallo: «En atención a todo lo expuesto, el Tribunal
Constitucional ha decidido declarar: 1º, que carece de eficacia jurídica
interpretativa las referencias al preámbulo; 2º, son inconstitucionales
y, por tanto, nulos una serie de artículos; 3º, no son
inconstitucionales, entre otros, el apartado 1 de la disposición
adicional tercera». ¿Qué han hecho a lo largo de los últimos años en
relación con esta disposición adicional tercera? Incumplirla. ¿Qué está
haciendo el actual presupuesto que ustedes nos presentan a aprobación?
Incumplirla. La inversión territorializada en Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado ha alcanzado su cuota mínima. Nunca
había representado un porcentaje inferior en relación con el PIB.
Nunca.


Estos presupuestos invierten el 9,48 % de la inversión
territorializada en Cataluña. Lo están escuchando bien, el 9,48 %, la
mitad exactamente del producto interior bruto de Cataluña en 2013, última
cifra cerrada, en relación con el español, el 18,8 %. Invierten menos de
1100 millones de euros. El otro día se me indicaba que sí pero que se
incrementa la inversión en relación con años anteriores. Efectivamente,
el año anterior, 2014, la inversión era de 941 millones de euros, un
incremento para Cataluña del 12,25 %. ¿Cuánto incrementa la inversión
regionalizada de la Administración General del Estado, del sector público
administrativo y del sector público empresarial en el conjunto del Estado
español? El 14,52 %. Todavía el incremento es inferior al global de la
inversión territorializada. Les muestro un gráfico que van a entender
fácilmente. Nunca se ha llegado a un porcentaje igual o superior al
producto interior bruto. En 2010, el 15,2 %. En 2011, el 15,2 %. En 2015,
el 9,5 %, una décima inferior al ejercicio 2014, año en el que ya
creíamos que habíamos batido el récord. Estas son las cifras. En Cataluña
no se invierte lo que se debería invertir. Eso no lo podemos explicar.
Obviamente nosotros ni podemos ni queremos explicarlo porque no tiene
explicación, pero ustedes tampoco nos lo pueden explicar. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).


El señor don Mariano Rajoy vendrá el sábado a Cataluña y
tendrá que explicar a los catalanes muchísimas cosas. Y si quiere hablar
de economía real tendrá que explicar también estos presupuestos. A los
catalanes les tendrá que explicar, yo no sé cómo, pero lo tendrá que
hacer, que van a invertir en Cataluña el próximo año menos de 1110
millones de euros. Eso sí, les dirá: a través de un procedimiento exprés
hemos transferido 1350 millones de euros a una empresa privada en
compensación por una inversión fallida responsabilidad de la empresa y
del Estado. Y va a ser difícil que algún catalán pueda entender que se
destine más dinero a indemnizar a una empresa que no ha cumplido que a
invertir en toda Cataluña. Pero no solo se debe comparar la inversión con
el producto interior bruto, que es suficiente, porque así lo reconoce una
ley orgánica, porque así lo reconocen el Estatuto de Cataluña y el
Tribunal Constitucional al que tanto apelan constantemente, sino con la
inversión per cápita. Entendemos que la inversión per cápita no tiene que
ser igualitaria a todos los territorios. Obviamente que lo entendemos.
¿Pero saben cuál es la









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inversión media per cápita en todo el Estado? 242 euros por
habitante. ¿Saben cuál es en Cataluña? 145 euros por habitante. ¿Saben
cuánto es, no la nombraré pero podía hacerlo, en la comunidad más
favorecida? 699 euros por habitante. ¿Hay muchas comunidades detrás de
Cataluña en inversión euros por habitante? No, hay dos, curiosamente las
dos insulares, pero por muy pocos euros por habitante.


Cataluña no recibe la inversión que le corresponde por
habitante, no recibe la inversión que le corresponde de acuerdo con el
producto interior bruto y, por tanto, estos presupuestos no pueden
recibir nuestro apoyo. Evidentemente, vamos a presentar enmiendas, pero
visto el éxito que hemos tenido a lo largo de los últimos tres años y de
las 4000 enmiendas que ha presentado la oposición en el trámite de estos
mismos presupuestos en el Congreso de los Diputados, entendemos que estos
porcentajes no van a variar.


Mientras ustedes no entiendan que en Cataluña se debe
invertir lo que corresponde, tendremos un problema, porque da la
sensación, da la impresión, en estos momentos es la convicción de una
parte importante del pueblo catalán, que lo que pretenden es castigar a
Cataluña a través de los Presupuestos Generales del Estado no solo por la
aprobación y publicación de muchas leyes sectoriales, no solo por llevar
ante los tribunales a su presidente, a su vicepresidenta y a una
consejera, sino que la pretenden castigar con los Presupuestos Generales
del Estado. Si no, es difícil de entender el comportamiento de muchos
ministerios y el Ministerio de Cultura puede ser un ejemplo. El
Ministerio de Cultura congela, con una única excepción, el Teatro Liceo,
las aportaciones a todas las instituciones culturales catalanas. Se me
dice: senador Bel, esto lo hace porque también congela las del resto. No,
las del resto las incrementan el 4,5 %; las del Museo del Prado las
incrementa un 9 %; solo el Museo del Prado recibe, además, 42 millones de
euros, que es más que la suma de todas las cantidades que reciben las
instituciones catalanas. Esta es la realidad de estos presupuestos y esta
realidad no la podemos compartir de ninguna forma.


Después hablaré de términos más generales del presupuesto,
pero me queda un segundo aspecto por el que pensamos que este presupuesto
no es leal con Cataluña, no es el que Cataluña se merece y no es el que
Cataluña va a apoyar. La distribución del déficit es un asunto del que
seguro que han oído hablar alguna vez. ¿Cuáles son los objetivos de
reparto del déficit que sustentan este presupuesto? Se los digo
rápidamente. El objetivo de déficit es repartido de la siguiente forma:
objetivo de déficit para la Administración General del Estado y la
Seguridad Social, el 83 %; para las comunidades autónomas, el 17 %. Esto
agrava una situación que se ha ido produciendo a lo largo de los últimos
años. La consolidación fiscal, el ajuste fiscal del Estado español lo han
soportado mayoritariamente las comunidades autónomas y las corporaciones
locales.


Hablemos de la situación heredada. El año 2011, un año en
el que para nada se cumplieron los objetivos de déficit, ustedes
heredaron una situación con un déficit del 9 %. De este 9 % la
Administración General del Estado generó un déficit de 5,2 puntos
porcentuales respecto al PIB, es decir, el 57 % del déficit del Estado
español lo generaba la Administración General del Estado y la Seguridad
Social, que en aquel momento no generaba déficit. El 37 % lo generaban
las comunidades autónomas y el 4 % las corporaciones locales.


¿Cuál es la realidad que ustedes pretenden implantar a
partir del presupuesto del 2015? Tiene una secuencia muy clara. Las
comunidades autónomas solo asumen un 17 % del déficit cuando tenían el 37
% del objetivo de déficit. Mientras tanto, la Administración General del
Estado y la Seguridad Social, que tenían el 57 % del objetivo de déficit,
van a tener el 83 % de dicho objetivo. Esto no es inocuo, esto no tiene
un efecto neutro; esto, evidentemente, exige un esfuerzo a las
comunidades autónomas, exige un esfuerzo al nivel de Administración que
gestiona la sanidad, los servicios sociales y la educación. Estos tres
ámbitos son los que van a sufrir la consolidación fiscal en el Estado
español. Esta es la realidad, y no verlo —ustedes lo ven
perfectamente, no tengo ninguna duda sobre su capacidad—, no
corregirlo, implica debilitar a las comunidades autónomas. ¿Quiénes son
las culpables del incumplimiento del objetivo de déficit? Las comunidades
autónomas.


Hoy varios periódicos sacan a varias comunidades autónomas
—no sé cuántas, 8, 10 o 12— que no cumplen el objetivo de
déficit. Claro que no, porque les están pidiendo un sobreesfuerzo
respecto al resto en cuanto a ese objetivo de déficit. Solo con
referencia al 2014, ¿saben en cuánto va a reducir su déficit, si cumple,
la Administración General del Estado? Un 17 %. ¿Saben









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cuánto tienen que reducirlo las comunidades autónomas para
cumplir? Un 30 %, prácticamente el doble. Exigen el doble de esfuerzo a
las comunidades autónomas que a la Administración General del Estado.
Esto no puede ser sostenible y es motivo suficiente para que nuestro
grupo no apoye estos presupuestos porque, evidentemente, detrás de este
planteamiento hay lo que les explicaba antes, el objetivo de intentar
buscar culpables ante el incumplimiento, y los culpables del
incumplimiento son los manirrotos administradores de las comunidades
autónomas. Por tanto, el siguiente paso será poder justificar que las
comunidades autónomas no tienen que tener tantas competencias porque no
son tan buenas gestoras y se tienen que ir recuperando competencias por
parte de la Administración central.


En otros territorios no sé, ni me corresponde, pero en
Cataluña eso no se entiende, ni se comprende, ni se comparte. Y si
Cataluña está donde está es por muchísimas razones. Algunas, muy
históricas; algunas, de hace trescientos años; pero algunas de hace seis
meses, de hace cuatro años y de hace quince. Dos motivos importantes,
fundamentales y que justifican nuestro veto: el incumplimiento en
relación con las inversiones en Cataluña y el incumplimiento respecto de
las necesidades de ajuste en relación con el déficit. Dicho esto, es
obvio que tenemos otros motivos más de carácter general a los que voy a
dedicar una parte de mi intervención.


Yo no digo que no se cumplan las previsiones del cuadro
macroeconómico. El otro día, en su comparecencia, el gobernador del Banco
de España dijo que era posible cumplirlas. Por tanto, me quedo con este
apartado, aunque también dijo que existían muchísimos riesgos de
incumplimiento a la baja, pero que eran posibles. Demos por supuesto que
se cumplan. Yo creo que los objetivos de crecimiento son quizá un pelín
optimistas. En su intervención, y de acuerdo con las previsiones, usted,
señor ministro, ha descansado este crecimiento sobre la demanda interna y
sobre los efectos de la reforma fiscal, el acceso al crédito, la mejora
del mercado de trabajo y el incremento neto de riqueza de las familias.
Nosotros vemos un peligro en el sector exterior, lo decimos sinceramente.
Las previsiones en la zona euro no son buenas, lo que significa que
difícilmente el sector exterior podrá generar crecimiento en el PIB del
Estado español, pero en todo caso podemos darlas por buenas.


Más dudas nos generan algunas previsiones de ingresos,
incluso con la reforma fiscal. Ustedes prevén un incremento del impuesto
sobre sociedades de un 20 %. El impuesto sobre sociedades es el único
gran impuesto que durante el ejercicio de 2014 va a tener menos
recaudación de la prevista. Básicamente se va a recaudar 2 puntos menos
de las previsiones, y ustedes fijan un objetivo de incrementar en un 20 %
la recaudación. Nosotros entendemos que eso es extremadamente optimista,
y más aún cuando una parte de la reforma fiscal que van a implementar va
a tener su efecto recaudatorio en el impuesto sobre sociedades en 2015 y
otra parte en 2016.


Por tanto, tenemos dudas respecto al cumplimiento de los
ingresos. Pero donde tenemos discrepancias es en el presupuesto de
gastos. Más allá de las situaciones descritas en relación con Cataluña,
que son las principales, nosotros queremos poner sobre la mesa algunas
cuestiones que no compartimos.


Señor ministro, no compartimos que por primera vez el
Ministerio de Defensa disponga de más presupuesto que el Ministerio de
Fomento. Es el primer presupuesto en que el Ministerio de Defensa dispone
de más presupuesto que el Ministerio de Fomento. Es el primer presupuesto
en que el Ministerio de Defensa dispone de más presupuesto que el
Ministerio de Industria. Un Estado que presenta un presupuesto de Defensa
mayor que el presupuesto de Industria o que el presupuesto de Fomento no
es un Estado que esté apostando por la recuperación, no es un Estado que
pueda decir que pretende fomentar la ocupación. Por tanto, entendemos que
estos aspectos deberían corregirse.


Ustedes no habían hecho esto hasta hoy, pero con este
presupuesto lo materializan. Tenemos tiempo en las enmiendas. Nosotros
hemos presentado más de 400 y el resto de los grupos han presentado hasta
totalizar prácticamente 4000. Tenemos tiempo para corregirlo. No mucho,
pero deberíamos corregirlo. Porque cuando el señor De Guindos, usted
mismo, o el presidente del Gobierno se pasee por Europa y alguien le
pregunte por qué el Ministerio de Defensa de tu Estado tiene más
presupuesto que el Ministerio de Fomento, será difícil responder.
(Denegaciones del señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Montoro Romero). ¿No será difícil de responder? Pues, para mí, sería muy
difícil de responder. Por eso, seguramente, no soy ministro del Estado
español. Pero también será difícil de responder que ustedes estén
apostando por la









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recuperación económica y que el Ministerio de Defensa tenga
más presupuesto que el propio Ministerio de Industria.


En todo caso, señor ministro, estos son algunos de los
motivos. Y de todas las inversiones en infraestructuras, ustedes
priorizan en este presupuesto la inversión en infraestructuras
ferroviarias. Podríamos llegar a compartirlo, quizá no de forma tan
exagerada, el 54 %, pero es que el 70 % de esta inversión en inversiones
ferroviarias la concentran en la red de alta velocidad. Y eso también es
difícil de justificar. Como difícil de justificar es que a través de
estos presupuestos ustedes le construyan a una población de 28 habitantes
una estación de alta velocidad, aunque sea en la misma provincia de donde
es originaria la ministra.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


La propuesta de veto número 8 ha sido presentada por los
senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Para la defensa de este veto, tiene la palabra el senador
Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro. El señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas nos ha hablado en la presentación de estos
presupuestos de que son los presupuestos de una nueva etapa, los de la
recuperación económica. Bien es verdad que después de dedicar más de la
mitad de su intervención a hablarnos de la herencia recibida. Es verdad
que también nos dijo lo mismo al presentar los del año pasado.


Ahora bien, ¿por qué ha concitado un amplísimo consenso,
salvo en el Grupo Popular, para que todos los grupos hayamos presentado
un veto a estos presupuestos del año 2015? Digo esto porque habría de
preocuparnos, en especial a ustedes, al grupo mayoritario. Y eso ocurre
así porque, señorías, no hay negociación, no hay diálogo, tampoco en este
tema. Ustedes rechazarán los vetos, las enmiendas, en un ejercicio de
prepotencia que se viene repitiendo a lo largo de la legislatura. Lo que
ocurre, señorías, es que seguramente estos serán los últimos presupuestos
generales de su mayoría absoluta.


Señorías, estos presupuestos generales son hijos de una
política económica que no compartimos. Cuando el Fondo Monetario
Internacional dice que en 2015 creceremos el 1,7 y no el 2 %, ¿es posible
crear 350 000 empleos, como ustedes creen? Yo creo que no. Si acaso, se
seguirá reduciendo la población activa, porque los jóvenes sin
perspectiva de trabajo seguirán yéndose del país. ¿Es posible la
aportación del sector exterior que ustedes prevén en el contexto de
crisis de nuestros principales socios comerciales? Yo creo que no.


Estos presupuestos no son creíbles ni son los presupuestos
que desde luego necesitan España y los españoles. Permítanme que les
hable de ellos, de su contenido, de sus insuficiencias, de sus trampas y
también de otras prioridades, de otra política económica que es posible y
necesaria y, por supuesto, desde mi punto de vista, más representativa de
los intereses generales que la que ustedes han formulado hasta ahora que,
por cierto, también ha sido cambiante. Solo hay que repasar las
hemerotecas para recordar que en 2012 el señor ministro, descubierta la
herencia, preveía en su primer programa de estabilidad que la deuda
pública equivaldría, por ejemplo, al 82 % del PIB en 2015, cuando ahora
prevé que supere el 100 %; una pequeña diferencia de solo 200 000
millones de euros.


Miren ustedes, estos presupuestos son continuistas y poco
ambiciosos, además de electoralistas, especialmente por el lado de los
ingresos. Están diseñados para que prosiga una lenta consolidación
fiscal, si bien la política fiscal no será contractiva sino neutral, por
la seudoreforma fiscal y el leve incremento de la inversión pública y del
plan Crece al que ha hecho alusión el señor ministro. Estos presupuestos
se benefician ciertamente de un entorno monetario que, como ustedes
saben, se prevé particularmente laxo, gracias al despliegue progresivo
del estímulo no convencional anunciado por el Banco Central Europeo y por
la previsible menor tensión en los mercados de deuda y un aparente
reforzamiento cíclico de la recuperación incipiente. Ello hace que el
cuadro macroeconómico sea más realista que el del año pasado, aunque
existen enormes riesgos a la baja, especialmente si se intensifica la
debilidad de la









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eurozona. Por ello persisten los riesgos de incumplimiento,
a pesar de este entorno ligeramente más favorable.


El cuadro macroeconómico apenas altera las previsiones
enviadas a Bruselas en abril con motivo del Plan de estabilidad, con
pequeños ajustes que obedecen a considerar que la demanda interna se
acelera mientras la externa se frena, básicamente por la recuperación de
las importaciones y una desaceleración de las exportaciones superior en
principio a lo inicialmente previsto. Ahora bien, el Gobierno fía la
aceleración del consumo privado para la previsión del incremento del PIB,
fundamentalmente, a la mejora del mercado laboral, al efecto de las
medidas de política fiscal junto a la previsión del mantenimiento de los
bajos tipos de interés. Sin embargo, el incremento del consumo privado,
teniendo en cuenta el elevadísimo nivel de paro, la incertidumbre, la
desconfianza, el pesimismo ciudadano y la renta disponible, se hace muy
difícil señorías. ¿De qué consumo privado nos pueden hablar cuando, según
la Agencia Tributaria, casi 7 millones de asalariados de aquellos que
tienen empleo ganan menos de 1000 euros mensuales? Dicho esto, incluso la
Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal al informar estos
presupuestos —aun con su esperada valoración positiva— no
deja de apuntar que las hipótesis sobre el entorno exterior presentan en
conjunto riesgos a la baja y avisa de que la economía europea podría
evolucionar peor de lo esperado, lo cual tendría un impacto negativo
sobre la economía española. Conviene recordar que el Fondo Monetario
Internacional acaba de rebajar los pronósticos para la zona euro al 0,8 %
para este año y al 1,3 % para el próximo, alertando sobre el riesgo de
una tercera recesión, cuya probabilidad sitúan en el 40 % —el
doble, por cierto, que en primavera—. Veremos si las últimas
medidas —anuncios más que medidas— del Banco Central Europeo
son capaces de conjurar este riesgo.


Además, a esta infravaloración del riesgo exterior se añade
en el cuadro macroeconómico un excesivo optimismo en la cuenta corriente,
que a pesar de la rebaja respecto al Plan de estabilidad sigue marcando
un 0,9 % del PIB en 2014 y un 1 % en 2015, pese a haber cifrado un
déficit del 0,1 % hasta junio en el acumulado. Asimismo, resulta extraña
la previsión del consumo público, que mejora respecto al Plan de
estabilidad. Así, crecería un 0,2 % este año y descendería un 1 % el año
que viene. Francamente, para nosotros esto no es creíble. El Gobierno
cree compatible para 2015 la reducción del déficit y el ascenso del
consumo público, lo cual es todo menos congruente y creíble en las
actuales circunstancias. No debemos olvidar que el éxito o fracaso de
estos presupuestos 2015 vendrá también determinado por el nivel de
cumplimiento de los de 2014. La desviación que pueda producirse este año
se trasladará a 2015 y podría desbaratarlos e incluso plantear ajustes
adicionales, como usted bien sabe.


Nosotros pensamos que no se cumplirá el objetivo de déficit
de 2014, que estaremos más cerca del 6 % que del 5,5 % previsto por el
Gobierno; lo digo fundamentalmente tras el análisis de la evolución de la
ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas y especialmente de
la Seguridad Social. Prueba de que ello puede suceder es que de los 0,83
puntos del ajuste total que en 2014 han de efectuar las administraciones
públicas en el primer semestre, solo se han realizado 0,26 puntos,
faltando realizar otros 0,57 durante el segundo semestre. Si el
comportamiento del segundo semestre de 2014 fuese igual que el de 2013,
el desvío superaría los 6000 millones de euros, es decir, 6 décimas por
encima del objetivo al que ustedes se habían comprometido.


En buena medida, el problema lo tenemos en las comunidades
autónomas, a las que ustedes han ahogado asignándoles un reparto
absolutamente discriminatorio e insuficiente del déficit global, pero
especialmente lo tenemos en la Seguridad Social. La ejecución fiscal
hasta agosto arroja un déficit de 0,3 % del PIB, lo cual mantiene el
desfase de los últimos doce meses en el 1,2 %; los ingresos no crecen lo
esperado, los de la Seguridad Social, y los pagos no financieros crecen
por encima del 3,2 % —gran problema—, todo ello sin contar
con que los incrementos de las pensiones establecidos para el año 2015
resultan ridículos, de manera especial si pensamos en las pensiones más
bajas.


Aprovecharé para referirme al presupuesto de la Seguridad
Social para 2015. Como ustedes saben, la Seguridad Social debe cumplir
con un objetivo de déficit del 1 % del PIB en el presente ejercicio, que,
como he mencionado anteriormente, difícilmente se cumplirá, y del 0,6 %
del PIB para 2015. Creo que uno de los grandes riesgos de incumplimiento
de estos presupuestos, como he indicado antes, radica precisamente en la
Seguridad Social. Las previsiones de ingreso de la









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Seguridad Social para el ejercicio de 2015 están, a mi
entender, sobreestimadas, ya que prevén que los ingresos por cotizaciones
crezcan un 6,8 % sin que se explique razonablemente por qué. Todavía
menos el crecimiento de cotizaciones de empresa y empleados, que lo hace
un 8,6 %, sobre todo si tenemos en cuenta que hasta agosto de este año
los ingresos por cotizaciones solo han mejorado el 1,1 %. Para que se
cumplieran las previsiones del Gobierno se habrían de disparar las
afiliaciones y el crecimiento del empleo muy por encima de ese 1,4 % que
prevé el propio Gobierno. A ello habría que sumar el que las
transferencias del Estado a la Seguridad Social solo crecen el 1,1 %,
cayendo, por ejemplo, en aspectos tan importantes como son los
complementos a mínimos, donde cae un 0,9 %.


En el capítulo de gastos, el importe correspondiente a las
pensiones contributivas crecerá el 3,2 %, previsión inferior en 5 puntos
a la de este año. La revalorización técnica será del 0,25 %, que implica,
señorías, una caída real del poder adquisitivo de las pensiones de entre
el 0,35 % y el 0,55 %, según el deflactor del propio cuadro
macroeconómico del Gobierno. Así, quien gane 600 euros mensuales verá
incrementada su pensión en 1,5 euros al mes. Esas son las
revalorizaciones de las pensiones, que esconden una clara pérdida del
poder adquisitivo. Pero ni aun así se cumplirán las previsiones en las
cuentas de la Seguridad Social que nos presenta el Gobierno. Con unos
gastos no sobreestimados pero con unos ingresos sobredimensionados
difícilmente el déficit de la Seguridad Social será inferior,
difícilmente será del 0,7 % del PIB, sino que estimamos con toda
seguridad que superará el 1 %.


Dejo de lado ahora la Seguridad Social para hablarles de
las principales medidas que dicen recoger los presupuestos. Como he
comentado antes, difícilmente se podrá cumplir el objetivo de déficit,
especialmente por el sobredimensionamiento de los ingresos de la
Seguridad Social y el mayor déficit de las comunidades autónomas. Es
fácil deducir que el déficit para 2015 puede superar los 10 000 millones
de euros, básicamente por ambos conceptos.


La seudorreforma fiscal recientemente aprobada tendrá un
impacto de 9000 millones —IRPF y sociedades— y la previsión
es de reducción de la recaudación en torno a 6700 millones de euros; una
reforma electoral, efectivamente, ya que el 56 % de su impacto afectará
al IRPF en el año 2015 —año electoral—, y a las empresas, el
impuesto de sociedades, solo el 14 %. El 86 % restante sería para el año
2016, que no es año electoral. Las demás figuras tributarias de una
cierta importancia solo sufren ajustes mínimos, y se prorroga un año más
el impuesto de patrimonio.


La previsión que hace el Gobierno es de un crecimiento de
los ingresos del 5,4 %, casi 9000 millones de euros, se supone que
gracias al incremento de la actividad. Este incremento de los ingresos
hubiera llegado al 7,6 % sin la reforma fiscal, pero el Gobierno
considera que estamos en condiciones de renunciar a ingresos, porque
seguramente nos sobran. Ya se volverán a subir los impuestos en el año
2016, después de las elecciones —supongo que piensan—, lo
importante ahora es ver si con esta minirreforma fiscal, que beneficia
más a las rentas más altas, la ciudadanía se olvida de que el Partido
Popular prometió bajar los impuestos y los ha subido todos.


Dicho esto, la previsión del incremento de los ingresos es
tan ajustada que puede darse la misma circunstancia de este año, en el
que es difícil que se cumplan los objetivos de recaudación. El avance de
la liquidación de 2014 en los presupuestos implica un aumento
recaudatorio del 4,6 % frente a 2013. Ahora bien, dado que es previsible
que la recaudación continúe incrementándose en el año 2015, hemos de
tener presente el impacto negativo de la recaudación por la reforma
tributaria, que será de 3800 millones de euros para 2015, según indican
los propios presupuestos.


Señorías, la previsión de recaudación: +5,4 % o 9500
millones de euros más, resulta optimista incluso aunque se cumpliesen las
previsiones del cuadro macroeconómico, cosa que difícilmente sucederá.
Para finalizar esta referencia a los ingresos quiero hacer un comentario
sobre los beneficios fiscales, que crecen un 6,1 %. Serán más de 40 500
millones de euros los ingresos que dejará de percibir el Estado por las
diversas bonificaciones de los impuestos. Si tenemos presente que el IRPF
y el IVA se reparten al 50 % con las comunidades autónomas y, además,
tienen la cesión del 58 % de los impuestos especiales, la merma de
ingresos totales alcanzaría casi los 70 000 millones de euros solo en
estas tres figuras; es decir, un 6,5 % del PIB, superior al déficit
presupuestario del conjunto de las administraciones públicas.


Se entiende ahora, cuando decimos algunos que uno de los
grandes problemas de recaudación en nuestro sistema tributario, además
del fraude y de la existencia de un porcentaje muy elevado









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de economía sumergida, es la maraña de deducciones y
bonificaciones que, a la vez que dificultan la gestión y ayudan al
fraude, provocan una importantísima merma de recaudación, casi 6 puntos
de nuestro PIB, y no todas las bonificaciones, señorías, responden a
razones justificadas de tipo económico o social. Para el ejercicio que
viene los beneficios fiscales que caen son los del IRPF, un 1,9 %, sin
embargo, se disparan en el impuesto de sociedades, el 19,3 %, rozando los
4000 millones de euros. En el caso del IVA aumentan un 10,6 %, ya que
suponen que el incremento del consumo se canalizará hacia bienes y
servicios no sujetos al tipo general.


Señorías, paso ahora a analizar, desde una visión crítica,
las principales partidas de gasto de los Presupuestos Generales del
Estado de 2015. No resulta fácil, ya que nuevamente el Gobierno no ofrece
estimaciones de cierre del presente ejercicio, sino solo comparaciones
con lo presupuestado. Sí podemos conocer la ejecución presupuestaria
hasta el mes de septiembre, y llama la atención los bajos niveles de
ejecución, por ejemplo, del Ministerio de Fomento, que son del 53 %,
siendo inferiores al 50 % en los capítulos 6 y 7, seguramente ello es
para dilatar los compromisos de inversión y no ejecutarlos, que es una
manera de cuadrar las cuentas también, especialmente en el último
trimestre, que también todos conocemos. Ahora bien, eso no deja de ser
falta de rigor, de respeto a las cámaras que aprobaron los presupuestos y
a las administraciones y a los ciudadanos con los que existen esos
compromisos de inversión.


El Ministerio de Fomento invierte poco, pero el problema,
además, es que no ejecuta lo presupuestado. Poca inversión pública y,
además, el señor ministro seguramente no deja que se ejecuten los
proyectos porque eso ayuda a cuadrar las cuentas. Así, también este año
se podrá volver a presupuestar con la voluntad, seguramente en algunos
casos oculta, de no haberlos de cumplir. Y ahora en el último año de la
legislatura, en algunos proyectos no valen las excusas técnicas ni las
excusas de la herencia recibida. El proyecto seguro que ya está acabado
de redactar, que los problemas con las expropiaciones están resueltos, y
ha habido tiempo para aprobar la declaración de impacto ambiental.


Señorías, la Administración General del Estado prevé gastar
162 000 millones de euros, sin Seguridad Social, en el año 2015. Es
decir, un 1,7 %, 2900 millones de euros menos que lo presupuestado en
2014. Y ello comporta, señorías, elevar el ritmo de recortes frente al
supuesto previsto por el presupuesto en vigor. Los gastos corrientes
seguirán a la baja, —2,4 %, aunque seguirán suponiendo más del 90 %
del presupuesto no financiero. Los gastos de capital aumentan en el 4,5
%, aunque nos tememos que solo sea formalmente, porque la ejecución será,
ojalá nos equivoquemos, baja. Crecen los gastos de personal el 1,6 %, por
la reposición parcial de la paga extra de 2012 y los compromisos con las
mutuas. Ahora bien, los gastos en personal activo continúan a la baja por
la prórroga de la congelación salarial y por la persistencia de bajas
tasas de reposición, que están en algunos casos descapitalizando nuestra
Administración. ¿Cómo queremos luchar contra el fraude y la elusión
fiscal si nuestra Agencia Tributaria, que ya dispone de la ratio de
personal más bajo de los países de nuestro entorno, ni tan siquiera puede
reponer las bajas que se van produciendo en su plantilla? El gasto en
intereses se prevé que disminuya un 3 % hasta los 35 500 millones de
euros, por la caída de los costes de emisión. Ahora bien, señorías, el
servicio de la deuda supone ya el 3,3 % del PIB, el doble que en 2010. Y
cuesta casi tanto como los salarios y las prestaciones por desempleo
juntas. Cualquier turbulencia que disparase la prima de riesgo haría
insoportable su presión.


El margen de la reducción de la prima de riesgo ha tocado
fondo, sinceramente es difícil que el diferencial baje y hay más
posibilidades de que suba y, por supuesto, que crezca la cuantía total de
los intereses, ya que el monto total de la deuda, señor ministro,
continuará creciendo más allá del ejercicio que viene. Las transferencias
corrientes descienden un 3 %, casi 3000 millones de euros,
fundamentalmente por la reducción de los recursos del Servicio Público de
Empleo Estatal. Se prevé un ahorro de 4500 millones de euros del gasto en
prestaciones. Y esta reducción no se corresponde con las perspectivas de
creación de empleo que ustedes mismos recogen, por lo que se traducirán
en un incremento del número de desempleados, que además de no tener
empleo y muchas dificultades para encontrarlo, no dispondrán de ninguna
prestación. Es decir, más pobreza, más desigualdad y más injusticia.


Señorías, después de repasar y comentar estos presupuestos
de 2015, no hay ninguna duda de que no son los presupuestos que España y
los españoles necesitan. Son presupuestos derivados de una política
económica que, por supuesto, nosotros no compartimos. Estos









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presupuestos no son creíbles, no contribuyen a resolver los
problemas de la sociedad española de hoy. No dan respuesta a sus
problemas y, por supuesto, no sintonizan con los deseos crecientes de
equidad, de progreso, de solidaridad e igualdad de su sociedad. Unos
presupuestos que nosotros pudiéramos votar favorablemente tendrían que
ser la consecuencia de una reforma fiscal justa, no de la chapuza que
ustedes han hecho; tendrían que tener presentes las necesidades de la
mayoría de la población, de aquellos que no pueden hacer frente a la
hipoteca; atender de verdad ese gran problema que es la pobreza infantil,
y recoger acciones reales para reindustrializar el país. También tendrían
que afrontar ese gran reto que es la formación —no puede ser que
muchos jóvenes no se puedan matricular en formación profesional porque no
existan plazas en muchos municipios—; unos presupuestos que
apostasen por mejorar la cobertura de los desempleados, especialmente de
los de larga duración; que tuvieran en cuenta los recursos para políticas
activas de empleo, que han sido reducidos en un 34 % desde el año 2011;
que lucharan decididamente contra la desigualdad, lo cual requiere un
salario mínimo interprofesional digno que vaya reduciendo también la
brecha entre mujeres y hombres.


El momento que nos toca vivir requiere de unos presupuestos
que apuesten con más confianza por el país y sus posibilidades, y ello
comporta invertir en infraestructuras que tengan valor añadido, que
ayuden a la economía —y algunas referencias ha habido en las
intervenciones de otros portavoces—. Ello significa apostar por
sectores industriales potentes —por cierto, además del automóvil,
hay otros sectores industriales que requieren de políticas de
apoyo—, implica mantener y reforzar nuestra red de servicios
públicos —en muchos casos de calidad a pesar de las políticas y los
recortes aplicados en los últimos años—.


Señorías, estos presupuestos no generan ni ilusión ni
confianza, y tampoco demuestran sensibilidad ni una clara apuesta por la
justicia social. Si nos fijamos en sus propias previsiones, acabaremos la
legislatura con 800 000 empleados menos que en el año 2011, con 335 000
parados más y con casi 300 000 millones más de deuda.


Estos presupuestos no tienen en cuenta la realidad
institucional de España; no tienen presente el Estado de las autonomías
ni las administraciones territoriales, que son las que sostienen
elementos esenciales del Estado del bienestar y las que han hecho el gran
esfuerzo de ajuste en esta etapa —como también han dicho otros
portavoces—. Porque, señorías, ¿saben ustedes cuál era el famoso
déficit de la herencia del año 2011 de la Administración central
—es decir, Administración General del Estado más Seguridad Social-?
El 5,2 % del PIB —y a ello se ha referido un senador que me ha
precedido en el uso de la palabra—. ¿Y saben ustedes cuál era en el
último ejercicio liquidado, que es el 2013? El 5,5 % del PIB. Esos datos
son incuestionables y les tendrían que llevar a ustedes a la
reflexión.


Señorías, las corporaciones locales y las comunidades
autónomas han hecho la mayor parte del esfuerzo de consolidación, y lo
han hecho sin disponer de auténticos instrumentos de política fiscal,
actuando básicamente en la reducción del gasto. Y el Fondo de pago a
proveedores y el Fondo de liquidez autonómico han sido instrumentos
necesarios —nosotros los hemos valorado— por la nula
posibilidad de las entidades territoriales a acceder a los mercados
financieros. Pero, pese a ello, no hemos de olvidar que el Estado ha
hecho de banquero por interés propio —no podía permitir que una
Administración española hiciese de default—, con todas las
garantías y haciendo negocio. (Rumores). Ha dejado dinero a un interés
superior del que captaba en el mercado. Y no digo que estos instrumentos
no hayan sido y sean positivos, pero esa es la realidad: ha hecho de
banquero, y ganando dinero, señor Montoro. (Rumores).


Los Presupuestos Generales del Estado para el 2015 hubieran
tenido que ser también los presupuestos generales de la revisión del
sistema de financiación autonómica, de la Ley 22/2009 que preveía su
revisión este año. He ahí un incumplimiento más del Gobierno del Partido
Popular, incumplimiento al que cabe añadir, un año más, el que hace
referencia a las previsiones estatutarias en relación con las inversiones
del Estado. Señorías, en Cataluña la inversión ha sido de 1072 millones
—es decir, el 9,5 % de la inversión territorializada— que ha
bajado un 58 % respecto de la que se hizo en el año 2011 —casi el
doble de la media estatal—. ¿Entienden ustedes por qué la
desafección es creciente desde hace años? Por este tipo de políticas.


Los presupuestos del año 2015 no hubieran tenido que
limitarse a aplicar acríticamente las políticas de austeridad
preconizadas desde Europa —especialmente por su núcleo
dirigente— porque la verdad es que España nunca había pesado ni
pintado tan poco en Europa —ni en la









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Comisión ni en el Parlamento ni en el resto de
instituciones—, nuestra influencia está bajo mínimos. Parece que su
estrategia sea pasar desapercibidos y apoyar, aunque sea con la boca
pequeña, lo que dice frau Merkel. Considero que es un error aplaudir
acríticamente a Juncker —ese artífice de la ingeniería
fiscal—, y qué error no plantear que es posible otra política
fiscal y de otro tipo que no pase por la subordinación y por el pasar
desapercibidos por si acaso.


Voy acabando, señorías. Ustedes nos seguirán hablando de la
herencia, incluso inventándosela —como suele hacer el señor Montoro
en diversas ocasiones, especialmente cuando habla de Cataluña—.
(Rumores). Me refiero a cuando habla de la deuda, porque si durante
cuatro años creció 17 000, durante estos últimos cuatro años, con quienes
gobiernan ahora, va camino de crecer ya 30 000, cosa que parece que a
usted no le preocupa ni le comporta ningún reproche. Pero ya le regalaré
un ejemplar de famoso pacto que cita, para que al menos lo haga con
propiedad y no se invente argumentos que no existen. (Aplausos).


Ustedes nos seguirán hablando de la herencia, pero la suya,
con estos presupuestos para el 2015, será de 800 000 empleos menos, de
400 000 jóvenes fuera de España, de cerca de 300 000 millones de euros
más de deuda, de 2 500 000 de personas en riesgo de exclusión social
según el informe de Cáritas; de 600 000 personas que han tenido que ser
atendidas por esta entidad este último año; y será también de la caída
del sueldo medio, que el año pasado fue del 3 %, en tanto que el de los
directivos subía un 7 %. Todo ello a pesar de las advertencias del Fondo
Monetario y de la OCDE, del efecto perverso que tiene para la
recuperación la devaluación salarial que se está produciendo y que ha
acabado convirtiendo a los mileuristas en unos afortunados —gracias
a su reforma laboral podría añadir—. Dejarán ustedes la herencia de
haber subido todos los impuestos —aunque en su programa electoral
prometieron bajarlos—, que ahora intentan tapar chapuceramente con
esa pseudorreforma fiscal. «No subiremos el IVA» ¿Lo recuerda, señor
Montoro? Repasemos hemerotecas: «El rescate bancario no será a costa del
erario público.»


Miren, señorías, nosotros no ignoramos que en el 2014 las
cosas no están peor que en el 2013 —yo eso no lo negaré—,
pero esta recuperación es para una minoría de la población: para el 10 %;
el 90 % restante está al margen: los parados, los desahuciados, los que
trabajan pero no consiguen ser ni mileuristas, los jóvenes que se
marchan, las familias que no llegan a final de mes…, háblenles a
ellos de esta recuperación.


¿Les sorprende a ustedes que en el último sondeo del CIS
solo un 20 % de la población diga que cree que la situación económica del
año próximo será mejor que la de este?


Señorías, con recortes y amnistías fiscales, con una
política fiscal que comporta que 4862 españoles que ganan más de 600 000
euros se ahorren 72 000 euros cada uno cuando 8 000 000 de españoles se
ahorrarán 52 euros de media con esta reforma, ¿creen de verdad que
recuperarán la confianza? ¿Cómo creen ustedes que recuperarán la
confianza con estos presupuestos los 3 300 000 parados que no cobran
ninguna prestación? (Por cierto, señor Montoro, 2 000 000 más que en el
año 2011).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, termine
ya.


El señor MONTILLA AGUILERA: ¿Cómo piensan ustedes —y
con esto acabo— recuperar la confianza con unos presupuestos que
comportan que el sistema público de salud disponga de menos profesionales
y de menos recursos para la investigación?


Señorías, estos presupuestos no abordan los problemas
reales de la economía española, ni el paro ni la precariedad del empleo,
ni la baja competitividad ni el elevado endeudamiento, al contrario,
añaden más desigualdad y más endeudamiento público, menos esperanza y
menos confianza, y todo ello justifica la presentación de este veto y que
les pidamos su apoyo para la devolución de estos presupuestos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


La propuesta de veto número 9 está firmada por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado.


Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el senador
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días, señor presidente,
señorías.









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Señor ministro, antes de comenzar, quisiera trasladarle la
sensación de que verdaderamente le honra estar hoy aquí debatiendo junto
con nosotros un documento, un instrumento tan importante para el resto
del año y para poder elaborar las políticas por parte del Senado en este
caso.


Debatimos en estos momentos los últimos presupuestos de la
legislatura y los que podrían ser los últimos presupuestos de un Gobierno
monocolor. Son unos presupuestos que dejan de lado a Euskadi, son unos
presupuestos que no se comprometen con el País Vasco, y solo por esta
falta de compromiso con la ciudadanía vasca —solo por esta falta de
compromiso— se justifica la presentación del veto que en estos
momentos voy a intentar desarrollar.


Tal como reconocía el ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guindos, esta llamada recuperación es frágil, o
tal como advirtiera la semana pasada en comparecencia en el propio
Senado, en esta Cámara, el Gobernador del Banco de España, en la
actualidad hay más incertidumbres de las esperadas.


El año pasado oíamos al hoy difunto presidente del Banco de
Santander, Emilio Botín, la espeluznante frase de: Es un momento
fantástico para España, llega dinero de todas partes. ¿Lo recuerdan,
señorías? Solo esta frase, solo esta comunicación nos hace ver que hay
dos mundos diferentes que están muy alejados entre sí: por una parte,
tenemos la España que vive dentro de la economía financiera, donde el
dinero parece que entra por todas partes, y tenemos una segunda España
donde el 25 % de la ciudadanía no encuentra empleo, o esa España que
tiene ya una exclusión severa de más de 5 000 000 de personas —en
base a los datos del documento antes referido y elaborado por
Cáritas—; esa otra España donde las pymes no pueden acceder al
crédito. Y ese es el terreno donde tenemos al Gobierno y al señor Montoro
diciendo que la crisis ya ha pasado o está pasando y mientras, en las
calles, podemos ver que hay gente sin un sitio para dormir o un alimento
que poder llevarse a la boca.


Y hoy el señor ministro nos ha traído un cuadro macro, una
situación macro, pero, en mi opinión, en estos momentos no es importante
porque la realidad es que las cosas en la calle no cambian; en la calle
la ciudadanía no percibe y no siente que esos datos le estén cambiando su
vida. A aquel que no puede pagar una hipoteca, a aquel que no tiene un
empleo, nosotros podremos decirle que habrá un 0,2 % o un 0,5 % menos de
miseria el año que viene que en el 2014 o que en el 2013, pero
evidentemente con esos datos nosotros no vamos a arreglar nada a los
miles de jóvenes que no encuentran empleo.


Lo que sí podemos decir es que ha quedado plenamente
constatado el enorme deterioro que la cohesión social está experimentando
en nuestro país durante los últimos siete años, con un incremento notable
de los procesos de exclusión social, y esta sí que es la realidad, señor
Montoro, porque hay un incremento notable de exclusión social. La
exclusión severa se ha incrementado en un 82,6 % y afecta ya a 5 000 000
de personas en España. Esta evolución pone sobre la mesa un riesgo real
de dualización de la sociedad española, y esto sí, señor Montoro, es una
realidad.


Es necesario recuperar el capital humano que hemos
destruido. El deterioro en la situación económica y social de muchos
hogares está afectando ya claramente a su propia salud, a la calidad de
la vida y a la calidad del entorno donde estas personas viven.


No sé, señor ministro, si estamos ya o no en una nueva fase
expansiva del ciclo, lo que sí tenemos que constatar es que hoy no hay
síntomas de que la tendencia al empeoramiento se haya detenido en cuanto
a los problemas sociales. No hay síntomas. No hay síntomas, señor
ministro. No hay síntomas. Hay 5 000 000 de personas en exclusión social.
Tampoco hay anunciadas medidas políticas en estos presupuestos de
suficiente envergadura como para que tengan incidencia en los problemas
sociales que hemos señalado aquí.


Usted, señor ministro, ha hablado de las diferentes
Europas, entre otras, de la Europa de la estabilidad. Yo hablo de otra
Europa, de una Europa, de la Europa de las personas.


Nos hemos empeñado en que primero hay que crecer. Si no
crecemos no podemos generar empleo, si no podemos generar empleo no
podemos mantener y sostener la actividad y, finalmente, si eso no se
produce, no podemos mantener el Estado del bienestar.


Y hablemos de competitividad. Competitividad no es bajar
los salarios, competitividad es pensar en las personas, competitividad no
es otra cosa que pensar en la generación y mejora permanente y sostenida
del nivel de bienestar de la gente, de la ciudadanía. Hay un empeño en
crecer, crecer y crecer sin las herramientas adecuadas, sin el esfuerzo
extraordinario, que considero absolutamente imprescindible, de las
administraciones públicas. No se puede parar el









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presupuesto público, no se puede poner el déficit a cero
como objetivo único cuando hay gente que tiene una desprotección
social.


El país no va a quebrar, un país no va a quebrar, los
gobiernos no van a quebrar. Lo que necesitamos es devaluar los tiempos en
los que debemos y tenemos que dar las respuestas, porque de poco nos
servirá llegar a un extraordinario horizonte económico-financiero de
crecimiento para unos pocos habiendo dejado en el camino a una o dos
generaciones.


Tenemos que poner el acento —y esta es la base—
en la persona. Cuando hablamos de empleo, de poco sirve decir si vamos a
empezar a crecer el año que viene, si vamos a salir de la crisis, si ya
estamos en el 0,7 % o en el 1,2 %, porque el mundo ya se nos ha movido.
Ya no podemos volver a pensar en las mismas tasas de crecimiento,
inversión, etcétera, que generaban empleo en el pasado y creer que van a
generar empleo en el futuro, porque es un empleo diferente, es una
situación diferente. Si hipotéticamente llegásemos a un saneamiento de
las finanzas tanto del sector público como de las empresas, tendríamos
más acceso a la sociedad, tendríamos más acceso a la ciudadanía,
tendríamos más posibilidades y ofreceríamos más oportunidades a la
ciudadanía. Es verdad que tendríamos más acceso a la sociedad del
conocimiento, pero también es cierto que tendríamos 6 000 000 de parados
en el Estado, o 5 000 000, o 4 000 000, o 3 000 000. Así es imposible
seguir planteando un proyecto de futuro que realmente sea
ilusionante.


Estamos inmersos en una crisis en la que no es fácil
encontrar salida puesto que desde un inicio se niega todo. Primero, se
negaba que hubiera una burbuja; más tarde, que hubiera recesión; después
oímos que los bancos españoles estaban entre los más fuertes del mundo;
más tarde vivimos los brotes verdes; después se explicaba que el país no
necesitaba un rescate para sus bancos. Y ahora se niega que haya cantidad
de gente, millones de personas que estén sufriendo; se niega que exista
una gran incertidumbre económica en el ámbito de la Unión Europea; se
niega que la base de la política esté en las personas; se niega que la
salida de jóvenes cualificados vaya a ser un problema; o se dice también
que no hay que preocuparse, que las pensiones jamás bajarán.


Una de las necesidades más importantes de España para su
recuperación es la confianza, y para que eso se produzca, los líderes
políticos, económicos y financieros del país tienen que generar
confianza, por una parte, explicando con toda sinceridad lo que ocurre y,
por otra, generando un comportamiento merecedor de esa confianza.


Traigo a colación unos datos y también una reflexión
realizada por el FMI respecto al paro que destaca que la crisis ha tenido
un impacto muy desigual en la sociedad española por hacer que los jóvenes
menores de 30 años, que tienen muy poca responsabilidad en la situación
actual, sean los que están pagando el precio más alto. No es sorprendente
que tantos jóvenes decidan marcharse al extranjero en busca de un futuro
mejor, ni tampoco es cuestión de engañarnos diciendo que esto es bueno
para que los jóvenes conozcan lo que es el mundo. No. Claro que es bueno
que los jóvenes salgan, claro que es bueno que vayan a aprender idiomas,
claro que es bueno que se codeen con otros jóvenes, con otras empresas,
con otras realidades, pero cuando esa elección es libre, cuando es
posibilitada porque quieren soñar que es un complemento a su formación, a
su crecimiento personal, no cuando es una obligación porque en el Estado
español no se les ofrece nada, porque en el Estado español, aun siendo la
generación mejor formada, se les dice que no tienen nada que hacer aquí,
que no hay oportunidades.


Es necesario también hacer una reflexión sobre la situación
de las personas mayores de 45 años. ¿Qué ilusión les vamos a poner encima
de la mesa? ¿Cuánta gente tenemos mayor de 56 años que se ha quedado en
el paro, con nula esperanza de dar salida a su dramática situación? ¿Qué
esperanza podemos trasladar a esta ciudadanía, a estos colectivos que van
a ver menguado su futuro? ¿Y qué responsabilidad tiene la reforma
laboral, aprobada en 2012, en la situación generada a este colectivo
mayor de 45 años?


Como estaba diciendo, señorías, esto exige generar
confianza, y para generar confianza, la base, el primer elemento es el
acuerdo. No sé cómo llamar a ese potencial acuerdo, si los nuevos pactos
de la Moncloa o de Guernica, pero, señor ministro, la verdad es que hace
falta un gran acuerdo. La gente nos lo está pidiendo, la ciudadanía. ¿No
creen ustedes? Quizá no creen en nadie, pero, seguramente, creerán más en
todos juntos. Yo creo que ya se ha convertido en un hábito que todo este
tipo de proyectos de ley tan cualitativamente importantes los aprueben
ustedes solos. Y me va a decir que ustedes tienen la mayoría absoluta,
que han contado con el









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apoyo, en 2011, de gran parte de la ciudadanía española, y
es verdad. Ahora, también deben ser conscientes de que ya no tienen la
mayoría social, porque la ciudadanía ya no les acompaña, no entienden
que, en situaciones tan complicadas como las que se están viviendo, no se
sea capaz de llegar a un acuerdo ni a un pacto de Estado, por ejemplo,
por el empleo; que no se sea capaz de entablar un diálogo para que haya
una negociación, un acuerdo, en una situación tan dramática como la que
estamos viviendo en estos momentos. No se entiende por qué no se es capaz
ni de levantar el teléfono para debatir con el adversario político, y,
evidentemente, la gente sufre las consecuencias de esa falta de diálogo o
de autismo político. En lugar de generar confianza, la ciudadanía ve cómo
los sueldos bajan, y no solo eso, sino cómo el FMI plantea que los
salarios bajen todavía un 10 % más. Según datos del Eurostat, en el año
2012, el coste en salarios por un empleado en la industria de la
construcción y los servicios en España estaba en 15,5 euros/hora, frente
a los 17,9 euros de promedio en la Unión Europea —en Dinamarca,
33,3 euros; en Alemania, 23,8; y en Francia, 22,7 euros—. Es
evidente que, con estos sueldos, con estas retribuciones que han ido
bajando, va a tener y está teniendo una serie de consecuencias sobre el
consumo interno, consumo interno que se enfrenta a una bajada salarial
pero también a un descenso de natalidad, a la incapacidad de llegar a más
endeudamiento o a la necesidad de un desapalancamiento como consecuencia
de la anterior situación de crédito excesivo. Todo ello motiva que,
evidentemente, la necesidad de las exportaciones sea aún mayor.


Y hagamos una reflexión sobre la apuesta del Gobierno hacia
el futuro, si hay una apuesta por las empresas, si hay una apuesta por el
sector industrial. Y en este punto me toca saludar al señor Miguel Ángel
Lujua, presidente de Confebask —la confederación empresarial
vasca—, que nos acompaña en estos momentos, al que le saludo,
porque quiero hacer una referencia también a la empresa y a la
importancia que tiene la industria en Euskadi. Planteo una reflexión en
voz alta, no únicamente dirigida al Gobierno. Todos hablamos de la
empresa y todos decimos que la empresa es la generación de la riqueza,
del empleo, pero tenemos que hablar de qué tanto de verdad creemos y
defendemos a la empresa; si lo que nos molesta en la sociedad y tenemos
que corregir es que el empresario gane dinero; si lo que nos molesta es
que el emprendedor deje de ser un joven emprendedor de gran futuro, que
apoyamos todos, para que en el momento en que crea una empresa con éxito
y termina teniendo más de 15 trabajadores y gane dinero es un maldito
empresario; si no utilizamos los sistemas fiscales y financieros para
apoyar. La empresa es capital, es trabajador, es creador de empleo,
creador de riqueza, es pago de impuestos, es posibilidad de crear esos
grandes proyectos de innovación, de investigación; es la que va a salir
al exterior a buscar esa internacionalización y es la que tiene que
seguir pensando que, aunque esté en el exterior, tiene un compromiso allá
dónde esté con el país de donde proceda, con el territorio donde está
ubicada; y, evidentemente, tiene que superar una serie de
dificultades.


Hoy se está hablando de renacimiento industrial por todas
partes; hablamos de las manufacturas avanzadas. Hoy parece ser que el
mundo se ha dado cuenta y ha descubierto en la economía real que la
industria es mucho más que poner tornillos; es un modelo de formalidad
para el empleo, es un modelo de relaciones laborales, es un modelo de
potenciación de una cohesión social, es un modelo de generación de
tecnología, es un modelo de sostenibilidad fiscal y financiera a lo largo
del tiempo; es un modelo de participación en sí mismo, de trabajo,
capital y sociedad; y es un modelo y un modo de inclusión social.


El 90 % de nuestras empresas están por debajo de los 10-15
trabajadores. No todas esas empresas pueden internacionalizarse, no todas
pueden ir a China, pero sí en colaboración con el apoyo institucional,
con el débil apoyo institucional, para lo que es absolutamente
imprescindible la labor pública, nuestra labor pública. La colaboración
público-privada no es un capricho para regalarle dinero a las empresas,
es para poner la fortaleza de cada uno al servicio de un proyecto común.
La cuenta de resultados está explicada así por lo bien que lo hace la
empresa, pero en muchísimos casos más por lo que no se hace dentro de la
empresa.


Apuesta por la industria. Se ha demostrado que en aquellas
regiones, en aquellos países, en aquellas comunidades autónomas, en
aquellos Estados en los que la industria ha tenido peso han soportado y
sobrevivido mucho mejor a una crisis que aquellos que no la tenían.


Se necesita una verdadera apuesta por un modelo económico
que empuje a la industria, que motive a la industria, que lance a la
industria, que sea eje de esa economía. La empresa no se transforma, no
se transforma una industria, no se transforma una empresa, no se
transforma un









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territorio, no se transforma un país de la noche a la
mañana ni en una legislatura ni en cuatro, pero sí que necesita un apoyo,
sí que necesita una clarividencia por los poderes públicos para que sea
una apuesta de futuro.


Y, evidentemente, tenemos que hablar del problema del
crédito que están sufriendo las empresas. Porque los bancos españoles
reconocen haber endurecido los criterios de aprobación de créditos de
2009 a 2013 —de hecho, la financiación bancaria a las pymes cayó
hasta un 66 % entre 2007 y 2013—. Y, cuidado, porque los créditos,
además de ser escasos, son caros. Una pyme española paga de promedio un
2,3 % más en intereses que su equivalente alemán. Tenemos que tener en
cuenta un dato muy importante para las políticas de crecimiento y empleo
y es que son las microempresas, las de menos de 10 trabajadores, las que
más empleo generan; representan el 41 % de los puestos de trabajo y crean
un 20 % más de los nuevos puestos de trabajo que la media europea.
Conclusión bien clara: difícilmente se va a reducir de modo significativo
la alta tasa de desempleo si no se soluciona antes la sequía del crédito.
Es cierto que no podemos pedir a los bancos que sean igual de arriesgados
en su política de préstamos a como lo fueron hace unos años, eso es
evidente. No tenemos más que recordar lo que se decía entonces: Nunca
jamás repitamos los mismos errores, con lo cual no exijamos lo que no es
posible. Pero es evidente que tampoco se puede ir de un extremo a otro.
Conceder un préstamo a un cliente que tiene un alto riesgo de no poder
devolverlo implica asumir la posibilidad de decirle a otro cliente que ha
perdido una parte de sus ahorros. Este no puede ser el camino más
práctico para sacar adelante la economía. Pero, evidentemente, la
conclusión es que hay que mover el crédito.


El consumo interno está reduciéndose a la vez que las
exportaciones empiezan a generar algún tipo de duda. En el área del euro
el PIB se estancó durante el segundo trimestre de este año. Todos hemos
conocido también la parálisis de la economía alemana en ese segundo
trimestre y las consecuencias que para el Estado español ha tenido ese
estancamiento.


Ustedes en estos momentos, señor ministro, están enfocando
estos presupuestos de cara a las dos citas electorales que se van a dar
en mayo y previsiblemente en el próximo noviembre. Es evidente que están
en un proceso de comunicación, y es en este contexto donde englobo la
venta positiva que hacen ustedes de este presupuesto. Pero, tal como le
digo, no se olviden de que los datos macroeconómicos no tienen ni cara ni
ojos, y que otra realidad es la que vemos en las calles, la realidad que
encontramos en nuestras calles, donde la ciudadanía no percibe ningún
sentido positivo en su hipoteca, en su no empleo, en su situación
evidentemente dramática.


Quisiera dedicar los últimos minutos, para finalizar, a
hacer una valoración de lo que suponen estos presupuestos para Euskadi,
lo que nosotros entendemos que es el nulo compromiso de estos
presupuestos con Euskadi: un 0 % de nuevas inversiones. No hay nuevas
inversiones para Euskadi. Además, las inversiones directas reales del
Estado son escasas. No son más que un 0,5 % del total, 25 millones de
4744. Ese es todo el esfuerzo inversor directo de la Administración del
Estado. Y qué decirles de lo que es para nosotros un proyecto muy
importante: el tren de alta velocidad. En nuestra opinión, además de
presupuesto, además de recursos, lo que le falta al Estado en la gestión
de este proyecto es orden. Le falta orden, le falta planificación, le
falta cabeza, y le sobran, en nuestra opinión, intereses políticos.


Se dice que España es el segundo país en número de
kilómetros en alta velocidad. Cuando digo que le sobra o que le falta
cabeza a este proyecto o que le falta planificación lo hago porque
todavía se necesitan más de quince horas para ir de Madrid a París en
tren, más de quince horas y 2 cambios de tren. No tienen más que ver el
número de kilómetros que tienen España, Francia y Alemania. Es verdad que
los datos del Estado español son muy positivos. En España hay 2300
kilómetros de alta velocidad; en Francia, 1800 kilómetros, y en Alemania,
1000 kilómetros. ¿Cuál es el número de usuarios de estas vías de tren? En
Alemania, con 1000 kilómetros, hay 160 millones de usuarios; en Francia,
con 1800, hay 120 millones de usuarios, y en España, con 2300 kilómetros,
únicamente hay 24 millones de usuarios. A eso es a lo que me refiero, a
que le falta planificación a todo este desarrollo ferroviario. Alemania y
Francia tienen muchos menos kilómetros construidos, pero más usuarios.
¿Por qué? Entre otras cosas, porque lo que le falta a este proyecto es el
desarrollo del eje atlántico, cumplir con el cometido y con el compromiso
obtenido por la Unión Europea, cumplir con la conexión de todo ese eje
atlántico, que engloba el 30 o 40 % del PIB de la zona euro. ¿Qué se
prioriza? ¿A qué se le ha dado prioridad durante todos estos años? A









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otras zonas, en las que los intereses electorales son mucho
mayores que los intereses que se tienen en Euskadi desde el punto de
vista electoral. Por eso nos tienen olvidados, por eso se olvidan de
Euskadi, siendo Euskadi el eje de comunicación entre Madrid y París,
pasando por Irún.


Podríamos hablar también de Foronda, de la implicación del
Gobierno del Estado en Foronda, que es nula; es nula la implicación del
ministerio con Foronda. En este sentido hay que subrayar el acuerdo
alcanzado por el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación de Álava, el
Gobierno vasco y la Cámara de Comercio e Industria de Álava, subrayando
la necesidad de una colaboración interinstitucional leal y sincera para
dinamizar Foronda. Señor ministro, ¿dónde está el Gobierno? Entre los
acuerdos se prevé que exista una garantía para que el aeropuerto de
Vitoria, en Foronda, sea considerado por los diversos actores del sistema
aeroportuario como una infraestructura con capacidad operativa las
veinticuatro horas. ¿Dónde están ustedes, señor ministro? Esto me lleva a
ver la debilidad del Partido Popular vasco. También quisiera ver cuál va
a ser la actitud del Partido Popular vasco cuando nosotros, la semana que
viene, debatamos la enmienda en comisión que posibilita el funcionamiento
de Foronda las veinticuatro horas; si son capaces de cumplir con el
compromiso que las instituciones vascas y las instituciones alavesas han
obtenido entre sí. Esto me lleva a visualizar que hay una incapacidad,
una supeditación, ya que el Partido Popular vasco no defiende los
intereses ni de Álava, ni de Euskadi, incluso me preguntaría si existe el
Partido Popular vasco, porque no se le ve, no se le nota, no está
defendiendo ni los intereses de los alaveses ni los intereses de los
vascos.


Para finalizar, quiero hablar de una cuestión muy
importante a la hora de generar confianza, cual es respetar el compromiso
obtenido, respetar la palabra dada, porque con respecto a las EPSV, el
Grupo Popular ha introducido una modificación, vía enmienda propia, en el
Congreso. Si antes teníamos razones para presentar un veto, tal como les
he dicho, por la escasa implicación de estos presupuestos con Euskadi,
solo con este hecho tenemos más. Este proyecto de ley incumple el acuerdo
adoptado hace apenas un año por el Gobierno de Rajoy y el grupo vasco. El
Gobierno no está en estos momentos cumpliendo su palabra al impedir que
las administraciones públicas puedan hacer aportaciones a las entidades
de previsión social voluntaria. Esto denota la poca consistencia de la
política de Rajoy, el escaso valor de los acuerdos suscritos por el
Gobierno de Rajoy y la escasa confianza que la ciudadanía puede depositar
en la política de un Gobierno que donde dijo digo, dice Diego, sabiendo
que estas aportaciones son un modelo, son un buen ejemplo a seguir.
Estamos hablando de planes de previsión en unos momentos en los que las
pensiones están viendo peligrar su futuro.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
terminando, por favor.


El señor BILDARRATZ SORRON: Termino.


Tal como decía, generar confianza, respetar la palabra
dada, la búsqueda del acuerdo con el diferente, trabajar de manera
conjunta en unos momentos en los que la ciudadanía está sufriendo tanto
es importante y es básico.


Seguiremos en el turno de portavoces. Nosotros presentamos
este veto y anuncio que apoyaremos los vetos presentados por el resto de
grupos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bildarratz.


La propuesta de veto número 1 está presentada por el
senador Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Quintero.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente. Buenos días, señorías.


En estos momentos, el señor ministro se ha ausentado, pero,
como han dicho otros senadores, hay que reconocer que es el único
ministro que viene a presentar las leyes y que está aquí escuchando.
Ahora no está, porque es evidente que no puede quedarse durante toda la
sesión plenaria, pero esto hay que agradecérselo y también lo digo. No
comparto su propuesta, pero creo que es justo reconocerle que viene a
presentar todas las leyes, y más esta, la más importante que presenta un
Gobierno.









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Señorías, en este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2015 hemos escuchado una presentación que podemos
calificar de eufórica. El propio Gobierno ya lo ha dicho: son los
presupuestos de la esperanza y de la recuperación. A veces me pregunto si
vivimos en el mismo país, si caminamos por las mismas calles, si nos
encontramos a la misma gente o si los ciudadanos nos manifiestan las
mismas preocupaciones, porque no creo que sean los presupuestos de la
esperanza ni de la recuperación de las personas.


Señorías, considero que no estamos para euforias y que la
línea que siguen los Presupuestos Generales del Estado para 2015 es
equivocada. Hoy nos han intentado demostrar que la única política posible
es la que este ministerio está desarrollando, que es la esencia de la
intervención que acaba de tener el ministro aquí. Habría que plantearse
que si la única vía posible es esta, ¿por qué existen 10 vetos, nada más
y nada menos, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado?
También deberíamos plantearnos si, a lo mejor, algunas de las formaciones
políticas que presentamos los vetos tenemos algo de razón y si aquí solo
existe una verdad absoluta.


Dicen que solo hay una respuesta ante la crisis, esta, la
que ustedes plantean, la cuestión de la austeridad expansiva. Esto de que
la austeridad genera expansión económica no es economía, sino ideología.
Se demuestra porque ya llevan tres años aplicando la misma política, y no
solo el Estado español, sino también el conjunto de la Unión Europea, con
resultados que todos conocemos. Incluso la propia Unión Europea ya duda
sobre si puede haber una tercera recesión económica en la Unión.


Otro elemento que plantean es la fortaleza frente a los
débiles, la debilidad frente a los fuertes. A la hora de rescatar y
salvar entidades financieras, a representantes de toda la actividad
especulativa, no ha existido ninguna dificultad; a la hora de salvar a
los ciudadanos, a la gente que lo está pasando mal, todas. ¿No se dan
cuenta del drama social que vive en estos momentos el Estado español? ¿No
nos damos cuenta de que no es posible estar satisfechos con el resultado
de las políticas y de los Presupuestos Generales del Estado?


Hay otro elemento en estos Presupuestos Generales del
Estado que es claramente electoralista. En este último presupuesto de la
legislatura ustedes nos anuncian un incremento de inversiones. Dan ganas
de decirles que ya nos podían haber escuchado antes. Muchos de los que
aquí hemos presentado vetos y muchos grupos políticos estamos pidiendo
desde hace ya tres ejercicios presupuestarios el aumento de la inversión.
Da la sensación de que la proximidad de las elecciones ha conseguido
mucho más de lo que hemos conseguido diferentes portavoces y formaciones
políticas en estos tres años de legislatura debatiendo en esta Cámara. La
última vez que ha ocurrido algo como lo que digo fue ayer, en mi debate
con la ministra de Fomento. Son incapaces de reconocer que reducen, son
incapaces de reconocer errores. Ayer lo hacía la ministra. Los datos del
ministerio dicen que el convenio de carreteras se reduce un 73 %, pero en
sus veinte minutos no hizo alusión a esa reducción, no hizo alusión al
incumplimiento del convenio. Siempre hacen alusiones a lo bien que lo
hacen, a lo bien que lo están haciendo y a lo bien que nos va a todos,
pero nunca hacen alusiones a los errores que puedan haber cometido o a
las equivocaciones que siguen cometiendo.


Existe un elemento especialmente duro en el discurso de
hoy: la confusión interesada entre las macrocifras y los intereses de la
gente. Si la economía crece un 1,3 %, desgraciadamente no tiene nada que
ver con que mejore la condición de vida de las personas, que ha empeorado
y sigue empeorando, por lo menos en más del 90 % de la población. Es
verdad que hay unos privilegiados, en torno a un 7 %, cuyas perspectivas
económicas y de vida han mejorado, pero la realidad es que las del 90 %
han empeorado. Por eso no nos podemos engañar con estas macrocifras y con
un crecimiento económico del 1,3 %, del que es evidente que todos nos
alegramos, porque esa no es la realidad de los ciudadanos.
Desgraciadamente, ese incremento corresponde a una minoría.


¿Usted cree que el empleo que se genera en el Estado
español, algunos próximos al estrabismo, es como para sacar pecho?
¿Estamos satisfechos con el empleo que se está generando en España? Antes
lo comentaba un portavoz de su grupo. Hace años hablábamos de los
mileuristas, pero hoy ser mileurista en la sociedad española es casi un
privilegio. ¿Podemos estar conformes con esto? Yo creo que no. Léanse el
informe de Cáritas. Muchas de las personas que hoy en día tienen empleo
están bajo el umbral de la pobreza. Y no es un informe sospechoso de que
lo redacte un senador de Coalición Canaria o de mi partido. Esta es una
realidad terrible. Y cuando hablan de crecimiento del empleo, tengo que
decirle que después de este último









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presupuesto hay menos gente trabajando en el Estado español
que cuando llegaron ustedes al Gobierno. Por tanto, no es para estar
satisfechos. Y me llama extremadamente la atención que esto pueda
considerarse una mejoría.


Desde el punto de vista de un canario, le recuerdo los
compromisos que el señor Rajoy hace tres años tuvo para con Canarias en
el Pleno del debate de su investidura. ¡Cual no sería su discurso que nos
convenció y motivó para darle un voto de confianza! Por ello nuestra
abstención en el debate de investidura, por los compromisos que adquirió.
Quiero leerlos textualmente. Dijo así: «Estoy de acuerdo con ustedes en
que la mejor política social es la política de empleo. Estoy
absolutamente a favor de la cohesión social.» Pues bien, eliminó los
planes de empleo para Canarias; estaba de acuerdo pero los eliminó.
Contradictorio. Y dijo otra frase: «Desde luego, mi objetivo prioritario,
como ya he reiterado en muchas ocasiones a lo largo de este debate, es la
creación de empleo, y hoy les anuncio también, como en la primera
intervención que tuve en esta Cámara, que habrá un plan de choque para el
empleo juvenil.» Pues no lo hemos visto todavía, no existe ese plan de
choque para miles y miles de jóvenes no solo en Canarias sino en todo el
territorio español, que están abandonando este país porque no tienen
perspectivas de presente, y lo que es más preocupante, no tienen
perspectivas de futuro. Y no nos engañemos con que los jóvenes van a
formarse fuera porque lo han hecho siempre, y lo seguirán haciendo porque
enriquece tanto su formación académica como profesional y personal. Los
jóvenes hoy en día se van fuera de España porque ni tienen empleo ni
tienen perspectivas de futuro, y si las tienen es en precario.


Y dijo también el presidente del Gobierno en ese debate:
«En cuanto al régimen económico y fiscal de Canarias, mi compromiso es
total y absoluto en todos los aspectos. Por tanto, mi compromiso es
pleno, e iré en dos direcciones: cumplir todos aquellos aspectos del REF
que hoy no se cumplen y actualizar los aspectos del REF que son
mejorables.» Y continuó diciendo: «También es importante señalar que en
el régimen económico y fiscal de Canarias está recogido que en Canarias
habrá una inversión estatal media similar a la del resto del Estado.» Y
dijo: «Esto no ha ocurrido en los últimos años en que nosotros hemos
estado en la oposición. Cuando estábamos gobernando lo cumplíamos y
cuando hemos estado en la oposición no se cumplía, y mi compromiso es
invertir esta tendencia para que la media de inversión del Estado en
Canarias converja con la media nacional, tal y como dispone el régimen
económico y fiscal de Canarias.» Y continuó diciendo: «Nosotros vamos a
plantear la quinta libertad del transporte aéreo en Canarias para que
cualquier aeronave comercial que sobrevuele las islas pueda aterrizar y
despegar para recoger y dejar pasaje. Creo que es una reivindicación muy
sentida por los canarios, y, desde luego, la política de tasas aéreas
será diferente en los aeropuertos canarios, puesto que allí no llegan ni
las grandes autopistas continentales ni los trenes de alta velocidad, ni
cosa que se le parezca.» Y termina: «Por tanto, le digo —y esta
frase es importante— que no voy a prometer lo que tengo claro que
voy a cumplir.» Que no voy a prometer lo que tengo claro que voy a
cumplir. Es evidente que no lo prometió porque sabía que no lo iba a
cumplir. No ha cumplido absolutamente nada de lo que prometió. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).


Sé que todo va a quedar igual y que, desgraciadamente, mi
intervención va a servir para muy poco. Sabe usted, señor ministro, como
saben todas sus señorías, que el régimen económico y fiscal de Canarias
no es otra cosa que reconocer que ante el hecho diferencial canario, para
que esté en las mismas condiciones que la media del resto de las
comunidades hace falta un conjunto de políticas, entre ellas, estar en la
media de inversión de cada uno de los presupuestos anuales de las
comunidades autónomas; en la media, señor Montoro, porque nadie ha dicho
que queramos ser los mejores ni estar por encima de nadie, ni mucho
menos, y lo hemos demostrado todos los años. Lo que queremos es lo que se
reconoce en este régimen económico y fiscal, que es una de las piedras
angulares con la que contamos los canarios para combatir la desigualdad
geográfica e insular que tenemos.


Creemos que hay un maltrato acumulado sobre Canarias en
este último y cuarto presupuesto, asociado a un desprecio manifiesto a
nuestro fuero. Ustedes saben que Canarias tiene un déficit de
financiación de 800 millones de euros al año. Y le digo al ministro y al
Partido Popular que si tienen dudas se lo pregunten a José Manuel Soria,
ministro del Gobierno, que cuando era vicepresidente del Gobierno y
consejero de Economía y Hacienda en la pasada legislatura explicó y
defendió con rotundidad este déficit acumulado del Estado español con
Canarias. Y nosotros le









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apoyamos, para que vean que no siempre estamos en contra de
lo que dice el Partido Popular. En ese momento, apoyamos a José Manuel
Soria porque decía la verdad. Pero, claro, ahora está en el Gobierno y
esa verdad que decía hace tres años ahora ya no sirve. Ya no deben 800
millones —y era consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de
Canarias, además de vicepresidente, y lo defendió en las Cortes—,
ahora ese déficit con Canarias no existe. Me gustaría saber dónde se ha
invertido.


La inversión y el incremento de la media del Estado para el
presupuesto de este año es un 14 %; en Canarias, de un 2,6 %. Como se ha
aumentado, dicen que han mejorado los presupuestos. Claro, han mejorado
un 2,6 %, pero es que en estos últimos 3 ejercicios presupuestarios nos
los han disminuido en un 51 % acumulado. ¿Usted de verdad cree que
nosotros podemos estar de acuerdo con estos presupuestos, cuando nos
reducen un 51 % y ahora nos suben un 2,6 %? ¿Por qué razón el Partido
Popular nos pide que votemos a favor de estos Presupuestos Generales del
Estado, cuando reiteradamente —este es el cuarto— nos siguen
maltratando, cuando no respetan nuestro fuero, cuando no respetan ni
siquiera lo que el presidente del Gobierno prometió?


Nosotros no necesitamos simpatía, necesitamos que se cumpla
con lo acordado, que se cumpla el fuero, que se cumpla el REF, y eso es
lo que estamos planteando, simplemente eso. No podemos callarnos cuando
existen comunidades autónomas —y no tengo nada en contra de ellas,
y por eso no las voy a nombrar, lo único que tengo es envidia— en
las que la inversión sube un 88 % o un 39 %, mientras que a nosotros nos
sube un 2,6 %. No nos podemos callar. Y vuelvo a reiterar que no las
nombro porque no tengo nada en contra de ninguna comunidad autónoma, todo
lo contrario.


En cuanto a los convenios que venía suscribiendo el Estado
y que se plasmaban en estos Presupuestos Generales del Estado, aquí se ha
dicho que los convenios se regulan en los Presupuestos Generales del
Estado. Claro, ¿y quién gobierna, quién marca los Presupuestos Generales
del Estado? El Gobierno y el Partido Popular con una mayoría. Con lo
cual, las cantidades que se aplican en los convenios son las cantidades
que ustedes quieren. En definitiva, es lo mismo, pero no intentemos
engañar. Reitero que ustedes han incumplido más de 628 millones en el
convenio de carreteras. Sin embargo, algunos representantes de Canarias y
el Partido Popular en Canarias sí reivindican las carreteras, y vamos a
las manifestaciones, y en el Parlamento de Canarias y en los diferentes
cabildos reivindicamos la creación de las carreteras, pero cuando vienen
aquí guardan silencio y no dicen absolutamente nada.


Un año más el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 2015 constituye una manifestación nítida de la política de este
Gobierno durante los últimos tres presupuestos, que defiende la actuación
del Partido Popular, a la que se añade este año una dosis de
electoralismo por las citas electorales que pronto tendrán lugar. Bajo el
pretexto de garantizar la sostenibilidad financiera de las
administraciones públicas, de establecer la confianza en nuestra economía
y confiar en el compromiso de estabilidad presupuestaria, con estos
presupuestos para 2015 el Gobierno del Partido Popular mantiene políticas
de austeridad mal entendidas y los recortes aplicados durante los últimos
años, que continúan produciendo más pobreza, más desigualdad social,
reducciones salariales, peores condiciones laborales y una preocupante
descapitalización de los servicios públicos, visible en la educación y en
la sanidad mediante el durísimo e indiscriminado ajuste de la
financiación a las comunidades autónomas, responsables precisamente de
estas materias sociales. A los hechos nos debemos remitir. No solo ha
existido un incumplimiento generalizado de todos y cada uno de los
compromisos, sino que, por añadidura, el Gobierno de España ha
profundizado en el maltrato a los intereses de Canarias con una
agresividad que no tiene precedentes en las últimas legislaturas. El
Gobierno sigue dando la espalda a las islas, y tampoco ha entendido a
nuestros cabildos y ayuntamientos, a quienes desprecia en estos
Presupuestos Generales del Estado.


No merece la pena seguir perdiendo el tiempo hablando de la
propaganda con la que han intentado justificar que estos presupuestos son
buenos para Canarias. No lo merecen, porque los datos no mienten, son
claros y demuestran que se sigue debilitando el gasto social y castigando
las políticas sociales, lo que en el caso del archipiélago pone en riesgo
la recuperación económica de las islas. Tal y como ha señalado hace poco
el consejero de Economía del Gobierno de









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Canarias, Javier González Ortiz, el Gobierno de España, en
un contexto de mejora económica, ha perdido la oportunidad para demostrar
su compromiso con las islas.


Los presupuestos ahondan en el déficit de financiación que
tiene el archipiélago, que tiene el Estado con Canarias, un déficit que
en la pasada legislatura era de 800 millones y que estos presupuestos
aumentan en 30 millones más. En esta mala dirección, los Presupuestos
Generales del Estado fijan un incremento en algunas partidas, es verdad,
pero no compensan ni de lejos los más de 500 millones de euros que nos
han recortado desde el inicio de esta legislatura. Es la misma mala
dirección que han tomado con la inversión pública, con un incremento
irrisorio en el caso de Canarias de solo 6,5 millones, que nos sitúa como
la tercera comunidad donde menos se incrementa la inversión estatal. Para
que nos hagamos una idea del lugar al que el Partido Popular ha vuelto a
situar a las islas basta con repasar que Canarias se encuentra entre las
comunidades autónomas con menos incremento porcentual de inversión, menos
inversión absoluta y menos inversión por habitante. En algunas
comunidades autónomas la inversión por habitante es de 699 o 504 euros,
mientras que en Canarias es de 127 euros por habitante, muy lejos de la
media.


En todas estas cuestiones que le estoy señalando existe un
denominador común, y es que en todos los cuadros Canarias queda relegada
al vagón de cola en cuanto a inversión estatal. Tal y como hemos
denunciado, estamos a más de 160 millones de euros de inversión de la
media del Estado. Desde 2012 los presupuestos estatales han reducido un
acumulado de más del 50 % en la inversión en Canarias. En 2012, Canarias
recibió por habitante 90 euros; en 2013, 59 euros, y en 2014, 60 euros;
es decir, muy lejos de ese compromiso, nos están alejando cada vez más de
la media y del continente.


En un territorio golpeado por el paro vuelven a destinarse
cero euros a ese Plan integral de empleo al que al principio de mi
intervención aludía y que el presidente del Gobierno decía que iba a
mantener o a mejorar. En un territorio marcadamente turístico se liquida
y se deja a cero el Plan de infraestructuras turísticas. En un territorio
con necesidades de formación se elimina el Plan de infraestructuras
educativas. En un territorio fragmentado se reduce en más del 63 % el
convenio de vías interinsulares. En un territorio que depende en gran
medida del agua del mar para su abasto —más del 95 % en alguna de
las islas—, este convenio se reduce de 9,7 millones a tan solo 3,5
millones. Cierto —también hay que decirlo— que hay ligeras
mejorías en otros convenios, como el de obras hidráulicas o el de
vivienda, o que respetan las subvenciones que tratan de compensar la
lejanía e insularidad, como el transporte de mercancías y de viajeros.
Estos ajustes, desgraciadamente, no tienen que ver con una importancia
del aumento de la inversión en Canarias para mejorar, simplemente son
ajustes al gasto real que se ha realizado en los presupuestos
anteriores.


Esperábamos más, esperábamos mucho más y un gesto de
sensibilidad, tras tres legislaturas de recortes en los presupuestos,
para con el archipiélago canario. Esperábamos en estos presupuestos
—los últimos presupuestos de la legislatura,
presumiblemente—, no ya que nos dieran más, sino que nos dieran lo
que nos pertenece; o, por lo menos, que nos dieran lo que se invierte en
otras comunidades de igual signo político que el Gobierno de España.


Canarias es una de las comunidades autónomas que más tasa
de desempleo tiene, un asunto preocupante la culpa del cual es
compartida; nunca hemos dejado de reconocerlo: es del Gobierno autónomo,
pero también tiene parte de culpa el Gobierno del Estado, por la poca
inversión y por la mala planificación de los últimos ejercicios
presupuestarios.


Desgraciadamente, no podemos apoyar estos presupuestos, por
eso presentamos este veto: las cuentas son completamente injustas con
Canarias. El señor ministro ha dicho que son cuentas de las personas;
discrepo: son cuentas de cifras, de números, pero que no atienden a las
realidades de las personas, de los ciudadanos, a los problemas que
tenemos. Estaríamos más de acuerdo si, en vez de hablar de macrocifras,
de macroeconomía, de que estamos mejorando el 1,3 %, habláramos de ese 95
% de la población que está peor que hace tres años, y que sean esos
ciudadanos que lo están pasando mal los que creen en un futuro esa
macroeconomía.


No podemos apoyar los presupuestos y, como he dicho,
apoyaremos todas las propuestas de veto que se han prestado —que
son 10, son muchas—, sabemos que van a votar en contra de todas,
pero esperamos que hagan una reflexión: que aunque tengan la mayoría
absoluta en esta Cámara, la sociedad y los demás partidos les estamos
pidiendo que por lo menos dialoguen y que vean que estos presupuestos
pueden ser mejorados por la vía de enmiendas; esperemos que









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algunas de las enmiendas que hemos presentado aquí los
senadores puedan ser aprobadas por el Partido Popular en el Gobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.


La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por los
senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


El señor ministro de Hacienda, en un ejercicio legítimo de
su capacidad de decisión a la hora de afrontar el presupuesto y de forma
que yo llamaría muy inteligente, ha dedicado más de tres cuartas partes
de su intervención a hacer una especie de balance de legislatura
reflejando las decisiones más importantes de la acción de gobierno del
Partido Popular en este tiempo. Insisto en que de forma muy inteligente
porque eso le ha evitado tener que hablar del presupuesto; solamente ha
dedicado un cuarto de hora de la hora de su intervención a la
presentación del presupuesto. Con su permiso, y en el ejercicio de la
misma autonomía, voy a hacer todo lo contrario: me voy a centrar
exclusivamente en este presupuesto para explicar las razones que apoyan
este veto.


El Gobierno presenta unos presupuestos que titula como
presupuestos de la recuperación —el señor Montoro ha insistido en
ello en su intervención—. En mi opinión, no porque sean unos
presupuestos que tengan como virtualidad fundamental ser un instrumento
que apueste por esa recuperación a partir de una estrategia de
dinamización económica, sino porque son unos presupuestos que tienen como
punto de partida un escenario económico de aceleración de crecimiento del
PIB y del empleo, y que necesitan, por tanto, que se cumpla esa previsión
de recuperación para que los ingresos consignados se alcancen.


Y es desde esa perspectiva, la de la garantía de que se va
a conseguir esa recaudación, esos ingresos, desde la que tanto la
autoridad fiscal independiente como el gobernador del Banco de España han
calificado los presupuestos de plausibles, pero señalando la existencia
de incertidumbres. En efecto, hay incertidumbres derivadas de una
coyuntura económica internacional; incertidumbres que, además, pueden
aumentar por decisiones que no está en nuestras manos condicionar como,
por ejemplo, el cambio en su política de la Reserva Federal de los
Estados Unidos prescindiendo de incentivos, o por esos conflictos
bélicos, unos latentes y otros abiertos, que afectan al mundo en este
momento. De hecho, en su informe de octubre el Fondo Monetario
Internacional rebaja una décima la previsión de crecimiento mundial para
2014, situándola en el 3,3 %, y en dos décimas para 2015, situándola en
el 3,8 %. A primeros de este mes de noviembre la Comisión Europea acotaba
a la baja las previsiones de crecimiento de la eurozona fijándolas en un
0,8 % para 2014 y en un 1,1 % para el próximo año.


Se confía en que esta situación se pueda revertir, de un
lado, a partir de las políticas monetarias del Banco Central Europeo y,
de otro, por las consecuencias del tan anunciado plan Juncker, que ha
sido presentado hace muy pocas horas, pero que corre el riesgo de
resultar un nuevo fiasco, como lo fue el plan del 2012. Tratándose de un
plan que se basa en 16 000 millones de recursos con cargo al presupuesto
de la Unión Europea, en los que solo 8000 son cantidades consignadas ex
novo —otros 8000 ya estaban contemplados en el presupuesto—,
y 5000 millones más que el Banco Europeo de Inversiones pondría al
servicio de las infraestructuras fundamentalmente, va a ser difícil que
con esos 21 000 millones se consiga el objetivo de mover 315 000 millones
de inversión en tres años y generar 1 300 000 puestos de trabajo en
Europa, que son los objetivos del paro.


En relación con nuestro país, frente al 2 % de crecimiento
del PIB que prevé el proyecto, el Fondo Monetario Internacional cree que
será del 1,5 %, la Comisión Europea del 1,7 %, la OCDE ayer decía que
será del 1,7 %. Parece casi mezquino cuestionar por décimas las
previsiones, pero cuando las décimas las convertimos en millones de
euros, la mezquindad es más relativa. Un error de 0,5 de esas 5 décimas,
por ejemplo, la diferencia que hay entre la previsión del proyecto de
presupuestos y la previsión que establece el Fondo Monetario
Internacional equivale al presupuesto del Ministerio de Fomento o a la
suma del presupuesto del Ministerio de Economía más Sanidad, más el
Ministerio de la Presidencia y, por supuesto, equivale al presupuesto de
unas cuantas









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comunidades autónomas. Mi comunidad autónoma está 1000
millones por debajo de ese pequeño error de previsión.


Las incertidumbres afectan también a esa realidad
internacional que no evoluciona todo lo favorablemente que se pensaba en
los inicios de 2014, esto es, a nuestras exportaciones. Seguramente es
difícil pensar que afecten para bien y, por lo tanto, va a ser complicado
conseguir que el mercado exterior haga esa aportación de 2 décimas
— otras vez seguimos en el ámbito de las décimas— al producto
interior bruto, sobre todo teniendo en cuenta que hasta el mes de agosto
el déficit comercial ascendía a 16 481 millones de euros.


El crecimiento de las exportaciones además fue desigual
durante 2013, hasta caer en tasas negativas en los meses finales de ese
ejercicio, y también lo fue en los primeros años de 2014. Los últimos
meses son oscilantes, no se puede hablar de una tendencia clara. En
agosto hubo una caída de las exportaciones del 5,1 % respecto al mismo
mes del año anterior y, sin embargo, en septiembre hubo un incremento del
9,6 % con relación al mes del año anterior. Y todo ello a pesar de que
los costes laborales unitarios, según reconocía el señor De Guindos en
una presentación a inversores internacionales el pasado mes de julio en
Nueva York, respecto a los socios europeos han regresado a niveles de
hace dieciséis años. Utilizo datos del Banco de España, valgan como
ejemplo los costes unitarios en el sector industrial, que es una de las
claves de la exportación: en 2011 en España los costes unitarios cayeron
el 2,5 %, mientras crecían en la Unión Europea al 0,5 %. En 2012 en
España los costes unitarios caían el 2,6 %, mientras crecían en Europa el
2,6 %. En 2013 caían el 3,1 %, mientras crecían en Europa el 1,6 %. En
2014 en el primer trimestre cayeron el 2,2, mientras crecían en Europa el
0,5 %. Sin embargo, los precios de los productos industriales, según el
INE, de enero de 2011 a julio de 2014 solo han caído el 0,12 %. ¿Qué
significa esto? Que los beneficios empresariales de las empresas
exportadoras se están comiendo la mejora de competitividad que pagan los
trabajadores con sus caídas salariales. Y luego además se les prima con
una reforma del impuesto sobre sociedades dentro del paquete de reforma
fiscal, rebaja que sin embargo el Gobierno pretende hacer compatible con
una previsión de incremento de la recaudación del 20 %.


El señor ministro hacía en su intervención una
reivindicación, yo creo que muy expresa, del régimen transitorio que se
estableció de ese incremento transitorio, y nos daba unos datos de
recaudación que demostraban que la aportación más importante, el mayor
esfuerzo en el IRPF, lo hacían los contribuyentes con ingresos superiores
a 150 000 euros, y en sociedades los grupos consolidados, que habían
aumentado su contribución del 3,8 al 6,5. La pregunta es por qué si era
tan justo y progresivo ese recargo transitorio —que lo era—,
prescinden ustedes de él en la reforma fiscal. Manténganlo. Y no pretendo
reabrir el debate que tuvimos recientemente sobre la reforma fiscal, pero
ya que el señor ministro ha hecho referencia a ello, permítame decirle
también que sus datos me ratifican en la necesidad de rechazar esa
reforma fiscal y, por contra, haber mantenido ese régimen
transitorio.


Hay incertidumbres que se derivan también de la situación
del empleo. El proyecto establece una previsión de paro para 2015 del
22,9, que la Comisión Europea eleva al 23,5. ¿De verdad se está creando
empleo? Nos remitimos al análisis de la EPA del tercer trimestre, que el
Gobierno vende como muy positiva porque el paro baja por primera vez en
tres años del 24 % y se sitúa en 5 427 000 personas, y se han creado en
ese trimestre 151 000 empleos. Si lo analizamos vemos que la tasa de
desempleo baja, en primer lugar, porque se reduce la población activa,
fruto de que hay menos personas en edad de trabajar por el envejecimiento
de nuestra población y hay más emigrantes. Desde el año 2009, aunque no
hay datos muy exactos, aproximadamente unos 250 000 jóvenes han
abandonado nuestro país. Una encuesta entre jóvenes de 18 a 30 años, que
se ha hecho pública hace cuarenta y ocho horas, señala que el 58 % de
nuestros jóvenes plantean seriamente irse de España, y no es porque
tengan un espíritu aventurero, es porque no ven oportunidades de empleo.
Si los alemanes tuvieran ese mismo impulso, darían una repuesta similar,
pero no, en Alemania solo el 21,1 % de los jóvenes se plantea buscar su
futuro fuera del país.


Si vamos al paro registrado en octubre, vemos que aumentó
en 79 514 personas, y también se ralentiza el incremento de la afiliación
a la Seguridad Social, de forma que crece casi la mitad de la lograda en
el mismo mes del año pasado. Ha aumentado el empleo, pero no las horas de
trabajo legales; sí aumentan las extraordinarias, que no se pagan. Lo que
se está haciendo es un









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reparto del trabajo. Desde agosto de 2007 a agosto de 2014
la proporción de los contratos temporales sobre el total de los que se
firman ha pasado de ser del 87 % al 93 %. En octubre, el porcentaje de
trabajadores que tienen contrato fijo ha caído un 0,3 %. De 2007 a agosto
de 2014 los contratos firmados a tiempo parcial han pasado del 22 % al 36
%. Hoy ya solo tienen contrato a jornada completa el 85 % de los
trabajadores, cuando al principio de la crisis eran prácticamente el 89
%, y de ese 15 % que tiene contrato a tiempo parcial, el 63 % manifiesta
que lo tiene de forma involuntaria y que preferiría un trabajo a jornada
completa.


Para la creación de empleo, de nuevo el presupuesto del
Gobierno recupera las criticadas bonificaciones a la contratación,
estableciendo una consignación de 1500 millones, lo cual supone un
incremento de 278, fundamentalmente por el Plan de implantación de
garantía juvenil, que cuenta con financiación europea. Sin embargo, se
rebaja el Plan Prepara en 72 millones, dedicado a los parados mayores de
45 años, cuando ya son un 42 % los parados que llevan más de dos años y
500 000 los desanimados que no buscan empleo, de los cuales un 65 % son
mayores de 45 años. ¿Con qué financiación presupuestaria se va a afrontar
esa negociación con los agentes sociales para dar respuesta a las
necesidades de los parados de larga duración? Por otro lado, se
incrementa el número de falsos autónomos, que en este momento ya son 150
000. Hace pocos días Price Waterhouse Coopers preveía que volveríamos a
los empleos de antes de la crisis en el 2033; tendrán que pasar
diecinueve años más.


Pero hay incertidumbres también sobre el consumo interno, y
me voy a detener en esta materia, que es la que mejor refleja la realidad
social de nuestro país. El consumo interno es básico para conseguir el
objetivo de recaudación del IVA que supone un incremento del 7,2 %. El
consumo demuestra que, frente a lo que nos decía el señor ministro, las
cosas solo han cambiado para unos pocos y que no es cierto que los
sacrificios queden atrás. Las ventas de comercio al por menor a precios
constantes aumentaron en el tercer trimestre a un ritmo anualizado del 2
%, un punto menos de lo que lo hicieron en el segundo trimestre. El
repunte del consumo desde el tercer trimestre del pasado año se ha
sustentado en buena medida en la disminución del ahorro, porque no ha
habido aumento de la renta disponible por parte de la mayoría de la
sociedad. El consumo es, sin duda, la expresión más gráfica de nuestra
realidad económica y de cómo la perciben cada día los ciudadanos, porque
es la manifestación de la devaluación interna y de la profundización en
las desigualdades derivadas, no solamente de la crisis, sino de las
políticas que se han aplicado para salir de ella, que son las políticas
en las que este proyecto abunda. Somos el noveno mayor mercado del mundo
para los productos de lujo y, a la vez, el 40 % de todo lo que vende el
gran consumo son ya marcas blancas.


Desde el 2007 hasta el 2013 el gasto medio por hogar cayó
en pescado un 13,4 %; en carne, un 8,9 %; en calzado, un 30,1 %; en
prendas de vestir, un 36,8 %; en servicios culturales, un 25,7 %; en
libros, un 23,1 %. Solamente aumentó el consumo en electricidad un 55,5
%. Es la fotografía de un país en el que el patrimonio del 1 % de la
población más rica equivale a lo que posee el 70 %; un país en el que las
3 personas más acaudaladas tienen un patrimonio que duplica con creces el
del 20 % de personas más pobres de nuestro país; un país en el que
durante esta crisis los ingresos del 10 % más pobre de la población
cayeron un 14 % al año. Eso es lo que refleja el consumo. Un país en el
que hay 5 000 000 de personas en situación de exclusión severa y 728 300
hogares sin ningún ingreso. Una situación de auténtica emergencia social,
evalúela quien la evalúe. No le gusta al señor ministro como la evalúan
Oxfam, Unicef o Cáritas, pero le voy a dar datos de la encuesta de
condiciones de vida del 2013 del Instituto Nacional de Estadística: un
20,4 % de la población se sitúa en una tasa de riesgo de pobreza en
España; si aplicamos el indicador AROPE de la Unión Europea, se eleva al
27,3 % quienes se encuentran en riesgo de pobreza, al 31 % entre los
menores de 16 años, y al 29 % entre los mayores de 45 hasta 64. Asimismo,
si proyectamos el indicador Gini, que mide la justicia con la que se
reparte la riqueza de un país y que va de 0, para la distribución más
equitativa, a 1 para la más desigual, España se sitúa en el 0,34 %, el
más alto de la Unión Europea salvo Letonia. Este es un país en el que
hasta ahora se decía que era prácticamente imposible hacerse rico
trabajando, lo cual sigue siendo cierto, pero donde, además, ahora hay
que decir que el trabajo no es garantía para salir de la pobreza, porque
los datos que los empleadores proporcionaron a la Agencia Tributaria
—que también se han hecho públicos estos días— nos dicen que
5 752 040 trabajadores cobran el salario mínimo interprofesional, es
decir, 9034 euros al año; y hay otros 2 109 804 que no llegan a









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mileuristas. La inmensa mayoría de estas personas no van a
recibir ningún beneficio de su reforma fiscal ni van a contar con más
renta disponible para dedicar al consumo.


La pensión media en este país se sitúa en 857,52 euros en
2014; aplicada la subida del 0,25 % recibirán al mes 2,14 euros más como
contribución a su capacidad de consumo. La no contributiva se sitúa en
365,90; aplicada la subida prevista para el 2015, dispondrán de 91
céntimos más al mes para dedicar al consumo. Tampoco va a ayudar al
consumo que se retiren 4426 millones de las prestaciones por desempleo,
porque este descenso no responde solo a la previsión de descenso del
nivel de paro, sino al descenso de la cobertura por desempleo que en este
momento ya se sitúa en su mínimo histórico en torno al 57 % y seguirá
descendiendo.


En las políticas de gasto no hay ninguna apuesta por la
dinamización económica ni por superar las desigualdades. El gasto
disponible para los ministerios —nos lo decía el señor
ministro— cae 2 décimas. Acabo de hacer referencia al tratamiento
que se va a dar a los parados y a los pensionistas, pero si analizamos
las diferentes partidas de gasto, constataremos lo siguiente:
Investigación civil. Acabo de leer en las redes sociales que un vasco ha
sido reconocido como el mejor científico joven de Alemania hoy. Es una
buena expresión de las conclusiones de los diferentes Presupuestos
Generales del Estado que el Partido Popular ha dedicado a investigación.
En este presupuesto se sube el 1,3 %, pero solo se incrementan realmente
las partidas de préstamo. La realidad es que España ha retrocedido, solo
en el año 2013, 2 puestos en el ranking europeo de gasto en I+D+i,
pasando del puesto 15 al puesto 17 —en el 2013 nos superó Italia y
Hungría—, dado que se dedicó en ese ejercicio el 1,24 % del PIB
—en el 2012 había sido el 1,3 %—, mientras que la media de la
Unión Europea se situaba en el 2,02 %. En el pasado ejercicio, el número
de investigadores a jornada completa en nuestro país disminuyó en 3195
personas, cayendo al nivel del 2006.


¿Qué nos plantea este proyecto de presupuestos en materia
de justicia? Un crecimiento del 1 %, tras caer el 4,3 % en el 2013 y el
2,7 % en 2014, por lo que no da respuesta a las demandas de más medios
humanos y materiales que las diferentes organizaciones profesionales de
operadores jurídicos han trasladado en los últimos tiempos para afrontar
el atasco judicial y combatir eficazmente la corrupción.


En cooperación al desarrollo, según los Objetivos del
Milenio que España suscribió, en 2015 la aportación debiera ser del 0,7
%. La consignación presupuestaria supone el 0,17 % del PIB, y la mayor
parte reside, como muy bien sabe el señor ministro, en su ministerio para
aportaciones a la política de cooperación que desarrolla la Unión
Europea.


En servicios sociales aumentan las necesidades de la
sociedad de forma exponencial. Cáritas anunciaba que había tenido que
atender a lo largo de este año un 20 % más de ciudadanos que en el año
anterior, pero el presupuesto solo lo hace en un 5,1 % y se mantiene
congelada la dependencia.


En sanidad se ratifica el carácter extrapresupuestario del
Fondo de Cohesión Social, que significa aplicar a rajatabla la idea de
que no hay que refinanciar competencias, aunque esa refinanciación
contribuyera a garantizar una atención homogénea en el conjunto del
Estado, sino que de alguna manera la Administración General del Estado se
convierte en una especie de fondo de compensación entre los gastos
sanitarios de las distintas comunidades autónomas.


En vivienda, aunque sigan aumentando los desahucios, la
consignación se reduce un 27 %.


En agricultura el incremento se debe a la gestión de
políticas y recursos de la PAC, lo cual está bien, que vengan más
recursos de Europa para el campo español es bueno, pero las necesidades y
las incertidumbres que se derivan de situaciones como las del veto ruso
hubieran exigido un mayor compromiso de los presupuestos con el
sector.


En medioambiente no se toman en consideración
suficientemente las necesidades que se derivan del cambio climático.


Las inversiones del Grupo Fomento aumentan un 6,1 %, que
son aproximadamente unos 300 millones de euros por primera vez en los
últimos años, pero se ignora el ferrocarril convencional o la
conservación de carreteras.


En industria, de nuevo el 70 % del presupuesto es dedicado
a los costes del sistema energético.


En educación, el ligero aumento va dirigido exclusivamente
a la aplicación de la LOMCE que además drena otros capítulos, y las
mejoras en algunas áreas de cultura ni compensan los ajustes de
anteriores presupuestos —aunque el señor ministro, sensible a las
críticas que al respecto se









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manifestaron, haya destacado hoy en su intervención el
crecimiento en cultura— ni mucho menos compensan el incremento del
IVA cultural.


Pero es que, además, este mantenimiento de las políticas de
austeridad se plantea sin frenar el crecimiento de la deuda, que llegará,
conforme prevé el presupuesto, al 100,1 % del producto interior bruto, y
todo ello en una realidad en la que en nuestro país se suma un fuerte
endeudamiento de las administraciones públicas, que han asumido una parte
del endeudamiento privado a través del rescate bancario, pero también un
fuerte endeudamiento de las familias y un fuerte endeudamiento de las
empresas, lo cual da un escenario como mínimo complejo.


El Gobierno ha rescatado a la banca. ¿Con cuánto? Es
difícil de determinar porque los datos que se ofrecen desde fuentes
oficiales y públicas son diferentes. Según el Tribunal de Cuentas, entre
2009 y 2012, 107 914 millones. Según el secretario de Economía, basándose
en los datos que le proporciona el Banco de España, 61 495 millones.
Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 69 426
millones. De ellos se han recuperado 2 500 y se dan por perdidos de forma
irreversible unos 26 000, quedando como último recurso —así lo
reconoció de forma expresa el señor gobernador del Banco de España—
lo que se obtenga por la venta de Bankia en el momento más favorable
posible, dado que se renuncia a mantener una empresa pública, lo cual,
como sabe el señor ministro, en opinión de mi grupo es un error. En este
periodo de saneamiento, la prioridad ha sido para la banca, para cuadrar
sus balances, con una cura de caballo restringiendo crédito a la economía
real y a las familias, el famoso desapalancamiento al que hacía
referencia el señor ministro.


Los datos de junio, contrastados por la Comisión Europea,
indican que en cuatro años el endeudamiento de las familias bajó 10
puntos del PIB, del 84 % al 74 %, y todo ello sin red, sin la menor
medida de protección, sin esa ley de sobreendeudamiento familiar que
reivindican diferentes colectivos, entre ellos Jueces para la Democracia.
Los préstamos a las empresas han caído un 30 % desde 2008 y han sido las
pymes y no las grandes empresas del IBEX —que siguen comprando
fuera otras empresas con las ayudas fiscales a las que hacía referencia
algún otro portavoz— las que se han apalancado realmente, 49 puntos
porcentuales. Datos de junio: las empresas se situaban en un nivel de
deuda del 108 % del producto interior bruto, en 2010 andaban por el 133
%, y según la Comisión Europea aún deberían bajar otros 10 puntos
porcentuales en su nivel de endeudamiento. Pero las empresas del IBEX no
están haciendo ese esfuerzo de amortización y desapalancamiento. Datos de
septiembre: nivel de endeudamiento de las empresas no financieras del
Ibex, 176 650 millones de euros. Según la Asociación Española de Banca,
los créditos concedidos en julio se contrajeron un 3,7 %, a pesar de que
diciembre de 2013 nos había dado una cierta sensación de alegría, pues
había aumentado un 7 %. Sin embargo, la concesión de créditos,
fundamentalmente créditos de hasta 1 millón de euros, se sigue haciendo
—como ha dicho también algún portavoz— con un interés muy
elevado; según el Banco de España, el interés medio fue del 4,56 %, lo
cual no nos sitúa en posición de competitividad frente a otras
empresas.


Quiero concluir mi intervención con una pregunta: ¿Cuál es
el plan B? Si estas incertidumbres dieran como resultado que los
objetivos de recaudación del Gobierno no se alcanzaran, dado que el
Gobierno se ratifica —como ha hecho hoy el ministro en su
intervención en torno al debate sobre la reforma del artículo 135 de la
Constitución— en que hay que cumplir el objetivo de déficit, ¿cómo
se va a cumplir el objetivo del 4,2 %? Porque, además, su distribución no
favorece al Estado del bienestar, dado que esas competencias residen en
las comunidades autónomas, y el Gobierno de la nación, como suele ocurrir
con el que parte y reparte, se ha quedado con la mejor parte.


¿Dónde se van a producir nuevos ajustes? ¿Dónde se van a
producir nuevos recortes? Porque la sociedad española está exhausta y no
podría asumir un mayor nivel de ajuste que el que ya está previsto en
este presupuesto.


Muchas gracias, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por los
senadores Aiartza, Goioaga, Mendizábal y Unamunzaga.


Para su defensa, tiene la palabra el senador
Unamunzaga.


El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor
presidente.









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Señorías, un año más, nos encontramos ante la misma
situación, unos presupuestos, los últimos de esta legislatura, que
vuelven a traer a nuestra mente un déjà vu que nos hace revivir un año
más el Día de la Marmota. Un año más se consigue ratificar nuestra
impresión de que es imposible tener dos visiones tan contrapuestas de la
misma realidad, como es la que tiene, por un lado, el Gobierno del
Partido Popular y, por otro, la que tiene Amaiur. La visión de un
Gobierno que sigue anclado en una mayoría absoluta, obtenida de forma
coyuntural, pero cuyo engarce con la realidad actual existente en Euskal
Herria, cuyo engarce con la realidad de las diferentes naciones
existentes en el Estado y cuyo engarce con el resto del Estado es
prácticamente nulo.


Abordamos este trámite con la misma sensación de revivir
una y otra vez el Día de la Marmota, ya que volvemos a asistir un año más
al debate de una iniciativa legislativa, con la peor acepción de la
palabra trámite incluida dentro del concepto de trámite parlamentario,
entendida por este Gobierno como un paso obligado, un paso forzado, un
paso entendido más como un estorbo que como otra cosa, que parece que es
lo que supone el paso de los proyectos de ley por esta Cámara,
supuestamente denominada Cámara Alta. Una Cámara Alta que se confirma de
esta manera como la mejor definición existente del concepto de
imperfección; un concepto de imperfección comprendido dentro de la
definición de sistema bicameral imperfecto, como es definida en ciencia
política la actual estructura del Estado.


Pero, dejando a un lado el contexto en el que se está
debatiendo, quiero profundizar en el proyecto de presupuestos que nos ha
traído su Gobierno. Mi compañero, Rafael Larreina, le citaba en el primer
acto de este trámite que tuvo lugar en el Congreso una cita de Thomas
Piketty que contextualiza muy a las claras una de las realidades que
debemos abordar en estos momentos, pero, sobre todo, plantea uno de los
retos futuros que nos esperan. Thomas Piketty, en su libro El capital en
el siglo XXI, efectivamente, plantea una reflexión importante, que es la
que va a estar encima de la mesa en los próximos años en el ámbito
mundial, pero sobre todo, y esto es lo importante, en el ámbito llamado
occidental o de la Unión Europea, y me estoy refiriendo, concretamente, a
la desigualdad. Thomas Piketty subraya, entre sus reflexiones, que hay
que olvidarse de ese mantra tan extendido entre algunas formas de
pensamiento de que los mecanismos políticos y económicos habituales van a
conseguir el objetivo de lograr una menor desigualdad, y afirma esto
diciendo textualmente, y se lo voy a leer: «Hay que olvidarse de todo
determinismo económico a la hora de abordar la desigualdad. La historia
de la repartición de la riqueza es siempre una historia profundamente
política y no se puede reducir a los mecanismos puramente económicos. La
realidad de las desigualdades observadas en los países desarrollados es
fruto de las decisiones políticas en materia fiscal y financiera.»


Y mi compañero leyó esta cita porque se sigue constatando
una verdad: en todas sus intervenciones siguen huyendo de este principio.
Siguen sin afrontar este hecho que se está mostrando como incontestable
ante la terquedad de la realidad, ya que por mucho que se diga, se
reflexione o se plantee, la realidad siempre es muy tozuda. Y les voy a
empezar dando la razón en la respuesta a la pregunta: ¿en estos momentos
hay crecimiento? Pues, sí, señor ministro, efectivamente, hay un leve
crecimiento. Pero la preocupación para nosotros, para Amaiur, es otra
—y aquí viene el engarce con la cita de Piketty—: cómo se
reparte ese crecimiento. Y de ahí viene nuestro principal motivo a
nuestra oposición a estos presupuestos y, tal y como hemos defendido
desde esta misma tribuna, nuestra reiterada y firme oposición a toda la
política presupuestaria que ha desarrollado el Partido Popular en estos
tres últimos años.


Analizando lo que ha pasado, observamos que los
presupuestos anteriores han contribuido a incrementar la desigualdad en
el seno de la sociedad del Estado español y en el seno de cada una de las
naciones sin Estado que existen en el Estado español. Esta afirmación es
real y viene confirmada por los datos. Se lo hemos dicho en reiteradas
ocasiones, también en el debate presupuestario el año pasado y en
nuestras intervenciones, tanto en el Congreso como en el Senado, pero lo
vamos a volver a repetir hoy. Hemos de remarcar con total claridad, por
ejemplo, que en el informe de la riqueza mundial elaborado por Credit
Suisse, aparece el dato de que el número de millonarios, personas con un
patrimonio de, al menos, 1 000 000 de dólares, crece en el Estado español
el doble de rápido que en el mundo, alcanzando entre mediados del año
2013 y la primera mitad de 2014, un fuerte incremento del 24 %, llegando
a la cifra de 465 000 personas. Y contrapuesto a este dato, nos
encontramos con el Informe Foessa, del año 2014, «Precariedad y cohesión
social», en el que podemos leer que las personas que no padecen ningún
problema de









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exclusión social se han convertido en una estricta minoría
en el Estado español y que la fractura social entre aquellos que se
encuentran en la franja de integración y los que se encuentran en
situación de exclusión se ha ampliado de una manera muy importante.


Del mismo modo, nos encontramos ante el dato incontestable
de que las remuneraciones de los asalariados sobre el producto interior
bruto han cedido desde el año 2010 más de 2,5 puntos a las rentas de la
propiedad y a las rentas mixtas. Y este es un dato que permanecía
estable, con leves fluctuaciones inferiores a 1 punto desde hace décadas.
Es decir, pasando de las cifras de su interpretación, resulta más que
evidente que se ha incrementado de forma importante la desigualdad desde
el año 2010. De manera simultánea, se ha producido una agudización de las
diferencias de renta entre los hogares del Estado español hasta
convertirse en uno de los Estados de la Unión Europea donde la renta se
reparte de forma más inequitativa. Nos enfrentamos a la realidad de que
solo Bulgaria y Letonia presentan indicadores de desigualdad más
altos.


Otro indicador más que reafirma esta afirmación que estamos
realizando de incremento de la desigualdad en el Estado es que la
diferencia entre la relación entre la renta que acumula el 20 % más rico
de la población y la del 20 % más pobre ha crecido más del 30 % en los
últimos años. Y, a lo anterior, hemos de sumar que, si tomamos los datos
de la encuesta de condiciones de vida, vemos que mientras el grupo de la
renta baja ha pasado de concentrar el 32 % a concentrar el 40 % de la
población, el grupo de la renta media pasa del 60 % al 52 %, esto es, va
disminuyendo y, sin embargo, el más rico ha sufrido pocas modificaciones
en su peso y ha pasado escasamente del 9 % al 8 %. Y continuando en la
misma línea, los datos de Eurostat nos demuestran que la tasa de pobreza
en el Estado español está en el 28,2 %; la tasa de pobreza infantil se
sitúa en el 19,4 %, y el riesgo de pobreza de los menores de 18 años
alcanza el 29,9 %.


Señorías, este es el resumen del resultado de la política
presupuestaria de la que hace gala el proyecto de presupuestos que nos
han presentado para el próximo año 2015, que son una continuidad de los
presupuestos presentados en años anteriores y que, por lo tanto, van a
seguir en la misma línea de profundizar en la desigualdad, a la vez que
se sigue debilitando poco a poco el sistema de protección social,
recortando derechos sociales y siendo ineficaz a la hora de dar respuesta
a los grandes problemas estructurales del Estado español. Y esta y no
otra es la raíz.


Y vamos a analizar los grandes problemas estructurales del
Estado español, ya que este es el principal problema de estos
presupuestos. El principal problema estructural que tiene el Estado
español es su estructura de ingreso y de gasto, y los últimos datos del
informe de la Unión Europea son muy claros cuando establecen unas
diferencias importantes entre la media de gasto público del Estado
español y el de la eurozona. En gasto público, el Estado español está en
5,1 puntos por debajo de la media de la eurozona, y en ingresos públicos
está 9 puntos por debajo de la eurozona. Y ya se lo dijimos en años
anteriores, pero vamos a insistir en esta idea: este es el principal
problema de estos presupuestos. El Gobierno al que ustedes representan no
ataja el problema estructural que supone el fraude fiscal, un fraude
fiscal de proporciones mayúsculas; y, junto al fraude, un elemento
directamente relacionado: cómo incrementar los ingresos. El Estado está a
la cola de la Unión Europea en la recaudación del IVA sobre el producto
interior bruto, del mismo modo que está a la cola del impuesto sobre
sociedades en ese mismo concepto. Y esta es una situación que realmente
no tiene ningún sentido. El problema del Estado español no está en el
gasto público, ya que, tal y como hemos visto ahora mismo, el gasto
público está muy por debajo de la media de la Unión Europea; el problema
está en el ingreso, donde se está todavía mucho más por debajo de la
media de la Unión Europea. Y tampoco tiene ningún sentido —aunque
valoremos el hecho de que las grandes empresas pasen de pagar del 3 % al
9 % en el tipo efectivo en el impuesto sobre sociedades— que los
mileuristas paguen alrededor de un 12 % o de un 13 % de su declaración de
la renta. Sí, reconocemos que es un pequeño avance pasar del 3 % al 9 %,
pero es una injusticia escandalosa que los mileuristas paguen el 12 % o
el 13 %.


Del mismo modo, afirman que estos presupuestos son los de
la competitividad, pero en realidad tampoco abordan esta cuestión. Los
problemas de competitividad no son los costes labores salariales, sino
que es en los costes laborales no salariales donde encontramos una
diferencia con respecto a la media europea y, fundamentalmente, están
localizados en dos elementos, como son el precio de la energía o las
dificultades de acceso al crédito por parte de las pequeñas y medianas
empresas. Y, efectivamente, estas dificultades siguen estando vigentes, a
pesar de que, teóricamente, tendría que haber una mayor disponibilidad;
pero esa disponibilidad,









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gracias a la acción del Banco Central Europeo, no está
llegando a la economía real, que es la que realmente lo necesita.


Y estos presupuestos no avanzan en esa línea, en favorecer
a la economía real, porque realmente están más pendientes de los grandes
grupos empresariales y financieros que de la economía real. La sociedad
no entiende que el Gobierno esté más pendiente de los intereses de las
multinacionales que, por ejemplo, del recibo de la luz; precio que ve que
sube escandalosamente y nadie entiende el porqué. Tampoco entienden,
entre otras muchas cosas, por ejemplo, que el precio de los productos
petrolíferos no descienda, a pesar de que el precio del crudo ha bajado
un 18 % en el último año. Pero ese y otros descensos nunca repercuten en
la ciudadanía sino en los grandes beneficios de esas grandes
empresas.


Cuando el presidente del Gobierno recibe a los grandes
sectores económicos, y habitualmente recibe a las grandes empresas, esas
grandes empresas que han tenido una implicación muy directa en la burbuja
inmobiliaria, que han tenido una implicación muy directa en todo el
origen de la crisis, en todo el problema financiero, las grandes empresas
eléctricas, bancarias y constructoras —y va con ellas a Estados
Unidos— al final, la ciudadanía lo que ve es que el Gobierno está
más pendiente de sus intereses que de los de la mayor parte de la
sociedad; y ahí está la cuestión. Y la sociedad también observa cómo este
Gobierno, con estos presupuestos, no mete en cintura a los grandes grupos
económicos y financieros y no tiene una mayor proximidad y agilidad a la
hora de responder a las necesidades y urgencias de la mayoría de la
población; necesidades y urgencias que generan la desigualdad que
exponíamos al inicio de nuestra intervención. Al final, en el debate
entre el cemento y el gasto social, este Gobierno se inclina siempre más
por el cemento que por el gasto social.


Si bien le reconozco que el gasto social se ha incrementado
respecto del año anterior y aunque tendríamos que examinar, no olvidar y
tener en cuenta lo que ha ocurrido en toda la serie de años anteriores en
este punto, la realidad es que ustedes siguen apostando por un gasto en
cemento que muchas veces es tan improductivo como irracional. Por
ejemplo, quiero destacar, entre otros casos, que el presidente de ADIF
afirmaba que la red de alta velocidad que se está montando en el Estado
español es literalmente de locos. Estamos en un Estado que es uno de los
de la Unión Europea que tiene más kilómetros de tren de alta velocidad,
pero muchos de ellos son innecesarios, muchos de ellos son superfluos.
Este planteamiento es irracional. Este es solo uno de los múltiples
ejemplos con los que nos encontramos, y es que, señor ministro, hay
demasiado dinero para el tren de alta velocidad y no hay dinero para las
necesidades básicas.


En estos tiempos de crisis, este Gobierno se ha encontrado
frente a una dicotomía entre la que tenía que elegir: o más cemento o más
gasto social. Y ya vemos cual ha sido su elección. Han seguido apostando
por el cemento. Y es que estos presupuestos siguen dando la espalda a la
realidad de Euskal Herria y, por eso, nosotros seguimos reivindicando la
necesidad de tener en nuestra mano todos los instrumentos de soberanía
para gobernarnos, precisamente para tener presupuestos que sean eficaces
para abordar la cuestión fundamental en este siglo, la desigualdad; para
conseguir que la relación entre la ciudadanía sea mucho más justa, que
haya menos diferencia entre los más ricos y los más pobres y que, al
final, los presupuestos sean un fiel instrumento —como dice Thomas
Piketty— para avanzar en esa reducción de las desigualdades de cara
a conseguir una sociedad más cohesionada, una sociedad más justa y una
sociedad más libre. Pero en lugar de dedicar sus energías a lograr este
objetivo, lo que está ocurriendo es que el Estado, dirigido por el
Gobierno actual, dedica todas sus energías a intentar impedir el derecho
a decidir de Cataluña, el derecho a decidir de Euskal Herria, el derecho
a decidir de Galicia; es decir, de las diferentes naciones sin Estado que
están dentro del Estado español. Dedican sus esfuerzos a combatir ese
derecho a decidir, a combatir ese derecho democrático, a combatir los
intentos de profundizar en la democracia en vez de utilizar todas sus
energías para combatir los problemas estructurales del Estado español que
les están llevando a ser un Estado fallido desde el punto de vista
económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista
político.


Estos problemas estructurales a los que me refiero son el
incremento de la pobreza, con ese componente especial de incremento de la
pobreza infantil; esas altas tasas de paro, sobre todo el paro juvenil
que le sitúa en la cabeza de la Unión Europea; la lacra social que es el
fraude fiscal, que es otra forma de corrupción; la corrupción, que es
estructural, que es sistémica dentro de esta sociedad y afecta a
gobiernos centrales, autonómicos, ayuntamientos, grandes partidos y









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sindicatos y florece literalmente por todos los lados. Y
frente a ello, nosotros reivindicamos el derecho de Euskal Herria a
gestionarse por sí misma y a ejercer su soberanía para lograr ser un país
justo, un país en el que el Estado de bienestar esté garantizado, un país
que contribuya a hacer una Unión Europea más justa, más equitativa y
también más libre. Planteamos todo esto en vez de reforzar estructuras
del Estado que —como decía antes— están contribuyendo a que
el Estado siga en ese camino que les lleva a ser un Estado fallido desde
todos los puntos de vista.


Para finalizar les quiero decir que desde la reivindicación
de Euskal Herria queremos también ser solidarios con el Estado,
planteándoles, tal y como hemos hecho, la reflexión sobre sus problemas
estructurales para ver si ustedes son capaces de reaccionar y darles una
respuesta. Pero mucho me temo, visto lo visto, que no va a ser el
caso.


Mila esker. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Unamunzaga.


Propuesta de veto número 4, presentada por la senadora
Capella, del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra para su
defensa.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Señorías, en primer lugar,
quiero resaltar la presencia del ministro Montoro en el Senado, a pesar
de la eternidad ideológica que nos separa. Debo reconocer que, de sus
compañeros de gabinete, usted es el único que siempre nos honra con su
presencia, defendiendo todos y cada uno de los proyectos de ley que le
afectan como ministro y que son competencia del ministerio cuya
titularidad ostenta. Esto no es predicable de otros y de otras.


En segundo lugar, podría caer en el error, no lo cometeré,
de reproducir el mismo discurso que el año pasado, porque usted ha
utilizado el mismo tono triunfalista de siempre, como si aquí todo se
hubiese solucionado. Bajen del coche oficial, pisen las calles, entren a
tomar un café en un bar, escuchen las conversaciones, paseen por las
calles de las ciudades y pueblos, observen lo que pasa a su alrededor,
escuchen a la ciudadanía y verán a cuanta distancia se encuentran de la
realidad. Luego digan que he sido demagoga, pero la calle existe a pesar
de que ustedes insistan en ignorarla.


En tercer lugar, no está de más recordarles que son los
cuartos Presupuestos Generales del Estado que presenta el Gobierno del
Partido Popular. Usted, ministro Montoro, hoy lo ha vuelto a hacer; ha
vuelto a poner el retrovisor y a hablar de la herencia recibida. Vuelve a
hacer lo que acostumbra y es externalizar la culpa. Por tanto, déjeme que
le diga que ya no cuela lo de la herencia recibida y lo mal que lo
hicieron otros. En puridad es inadmisible, ya no debería colar ni en los
argumentos que se esgrimen o que ustedes esgrimieron pasado el primer año
de legislatura, entre otras cosas porque uno se subroga en la posición de
su antecesor para lo bueno y para lo malo, para cortar la cinta y para
asumir los errores, eso que les ha servido de excusa para pagar la
indemnización al señor Florentino por el proyecto Castor en tiempo
récord. Seguro que pasarán a la historia como aquellos que han ejecutado
el pago de una indemnización más rápida en la Administración del Estado y
sin pasar por los tribunales, una excepción a la inmensa mayoría de
ciudadanos y ciudadanas que se ven abocados a pleitear años y años para
reclamar ante la Administración del Estado muchas veces por cuestiones
que afectan a una mala actuación de esta misma Administración del
Estado.


Esto me permite recordarle, ministro, que lo que acabo de
decir también vale para Cataluña y que en Esquerra Republicana estamos
cansados, hartos de su eterna cantinela, culpándonos y culpando al
Gobierno de izquierdas, al tripartito, de la ruina de Cataluña. Usted
sabe que esto no es cierto y a pesar de ello lo repite hasta la saciedad
por aquello que ustedes se aplican siempre: una mentira repetida mil
veces se convierte en una verdad. A pesar de esto, no lo es. Como ejemplo
de ello podría recordarles a diario su pacto con Convergència i Unió para
aprobar los presupuestos de la Generalitat de Catalunya los años 2011 y
2012. Tampoco ello significó una rebaja del déficit en Cataluña ni
mayores ingresos, sirvió para recortar y no mejorar ni la ocupación ni
nada que se le parezca. Por tanto, lecciones pocas, las justas. Usted me
pide siempre humildad y menos arrogancia. Lo mismo digo, ministro,
aplíquese el cuento.


Señoría, tengo una mala noticia para usted: en Cataluña ya
no le creen, hace tiempo que no le creen. Nuestra ruina, la de los
catalanes y catalanas no es otra que depender de ustedes. Nuestros
presupuestos dependen de sus decisiones, de las de su ministerio, de las
del Gobierno del Partido









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Popular, de los límites a la capacidad de endeudarnos que
ustedes nos imponen año tras año a sabiendas de lo que ello implica, que
es no dar respuesta a las necesidades de los catalanes y las catalanas,
de cómo incumplen los pactos a los que han llegado y de cómo incumplen
las leyes. Sí señor, ustedes incumplen las leyes, sistemáticamente
incumplen el Estatut d’Autonomia y luego pretender darnos
lecciones. Pero, ¿quiénes se creen que son? Ayer el senador Saura le
recordaba este incumplimiento sistemático y permanente de la ley. Ustedes
la incumplen o la interpretan a su conveniencia, la estiran y la encogen
como si fuera chicle.


Ministro, de nuevo le voy a recitar el mantra, para que no
me olvide, para que no se olvide. Así se lo prometí hace unos meses y así
lo hago y lo haré cuantas veces sea necesario, pertinente y procedente.
Cataluña, los catalanes y las catalanas, somos el 16 % de la población
del Estado, aportamos el 22 % con el pago de nuestros impuestos y el 20 %
de la riqueza. ¿Qué recibimos a cambio? Cataluña, los catalanes y las
catalanas, recibimos un escaso 9,5 % de las inversiones y padecemos el
29,5 % de los recortes del Estado. Esta afirmación es incontestable a
pesar de su negativa a publicitar las balanzas fiscales, a pesar de los
recálculos que hacen de las mismas. Lo cierto es que Cataluña padece un 8
% del déficit estructural, 16 000 millones de euros, cuando ustedes hacen
las cuentas les salen unos 13 000 millones de euros, pero como decimos
allá, no ve d’un pam.


Conclusión final. Definitivamente, lo que vuelve a Cataluña
no llega ni al 50 % de lo que pagamos, sea por vía de inversión o de
financiación, y viendo estos Presupuestos Generales del Estado que nos
acaban de presentar me afirmo y ratifico en el contenido íntegro de lo
manifestado y de lo que llevamos diciendo durante toda la mañana. Sí,
ministro, es verdad —usted me recuerda siempre lo mismo—.
Cataluña tiene cerrada la posibilidad de acudir a la financiación
externa, de acudir a los mercados internacionales porque no somos un
Estado, y el Estado del que aún formamos parte siempre nos va a la
contra. La solvencia de España, o la capacidad para acudir a la
financiación externa, ¿a quién se la deben, ministro? Por cierto, también
estamos cansados de que usted nos saque a colación el FLA —se lo
pido otra vez: deje de repetir la cantinela del FLA—; no es ningún
regalo. Yo le diré siempre lo mismo: nos dejan nuestro dinero a cambio de
pagar unos costosos intereses.


En cuarto lugar, hablo en esta tribuna en nombre de
aquellos a quienes represento, mal que les pese, legitimada por la
decisión del Parlament de Catalunya, que fue el que me designó tras las
elecciones del año 2012 como consecuencia de su composición, que vino
determinada por el ejercicio democrático del derecho a voto de los
catalanes y las catalanas. A ellos y a ellas represento y es su mandato
el que me legitima. Con esto contesto a otra de sus cantinelas. Me arrogo
la representación que dan las urnas, el voto emitido por ciudadanos y
ciudadanas libres, igual que ustedes hablan en nombre del Estado español,
de España y de los españoles; igual que ustedes gobiernan el Estado
español y ostentan esta mayoría absoluta con el 34 % de los votos
emitidos de acuerdo con el censo. Estaría bien que ustedes analizasen lo
que pasa en este debate. ¿Cuántos vetos se han presentado a sus
Presupuestos Generales del Estado? Diez. Con independencia de los escaños
que ustedes ocupan, calculen el porcentaje que representan estos vetos.
Piensen a quiénes representamos cada uno de los senadores que hemos
presentado estos vetos. Ustedes están cada día más lejos de la
realidad.


Y ahora, ya definitivamente, hablaremos de los Presupuestos
Generales del Estado, de unos presupuestos que no dan respuestas a las
necesidades de la mayoría y que no apuntalan por ningún lado el maltrecho
Estado de bienestar. A pesar del discurso del ministro Montoro, de este
discurso triunfalista —coincido con la valoración que de él han
hecho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra—,
los Presupuestos Generales del Estado para este 2015 constatan, en primer
lugar, el gran alejamiento que existe entre el modelo socioeconómico
propugnado por el Gobierno del Partido Popular y el modelo al que
aspiramos en Esquerra Republicana para la futura república catalana. En
segundo lugar, el agravio en el capítulo fiscal y de inversiones en el
que se continúa viendo sometida Cataluña como comunidad autónoma y que
persistirá hasta que no alcancemos la libertad nacional. El agravio lo ha
puesto de manifiesto el senador Bel, el president Montilla y seguro que
algún otro senador que represente a Cataluña también lo hará. De hecho,
según lo establecido en estos Presupuestos Generales del Estado, Cataluña
recibirá un 9,5 % del total de las inversiones territoriales del Estado
en las comunidades autónomas, que es exactamente la mitad de aquello que
le correspondería según el peso de la









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economía catalana en el total del Estado. Esta indignante
desproporción es precisamente un claro ejemplo de aquello que en Cataluña
se define, y que a ustedes tanto les molesta, como expolio.


Por otro lado, paralelamente a la insuficiente e injusta
reforma fiscal y a las políticas de austeridad en el gasto social, en
plena concordancia con su corte neoliberal, el Gobierno español sigue
dando la espalda a los colectivos más sensibles a la crisis económica. En
este sentido, no se recuperan los recortes sociales realizados al ritmo,
repito, al ritmo de la supuesta mejoría de la economía española que
vaticinan estos presupuestos y de los que ha hecho alarde en esta sesión
el ministro Montoro. No en vano, los presentes presupuestos siguen
incumpliendo la Ley de autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, la mal llamada Ley de la dependencia, dejando
el derecho en papel mojado por falta de financiación —en estos
momentos lo asume la Generalitat de Cataluña—. O mantienen el
entierro del Fondo de atención e integración de la inmigración, o vuelven
la espalda a la pobreza estructural, en especial a la pobreza infantil, o
incumplen de nuevo el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del
Niño. Esto, más allá de la irresponsabilidad que supone porque agudiza la
marginación y la exclusión social, significa que trasladan de nuevo el
gasto y la responsabilidad a unas comunidades autónomas y entes locales
que, por otro lado, están insuficientemente financiados para atender sus
propios gastos como para tener que atender los gastos que serían
responsabilidad directa del Estado central.


Los recortes sociales y en materia de financiación de
comunidades autónomas y entes locales en los sucesivos presupuestos de la
crisis contrastan con el mantenimiento de facto del gasto militar. En
este sentido, hemos de denunciar la falsedad del presupuesto del
Ministerio de Defensa, no solo porque no incorpora todo el gasto militar
que se reparte entre todos los ministerios, sino porque a lo largo del
año se prevé un incremento mediante el Fondo de contingencia, o incluso,
como han hecho año tras año, mediante créditos que aumentan la deuda,
como ha sucedido, repito, en los últimos años, en que el presupuesto del
Ministerio de Defensa se ha incrementado de manera estructural y
extrapresupuestaria alrededor de un 25 %. Por tanto, ya sabemos cuáles
son sus prioridades políticas. Lo demuestran cada día.


A pesar de la mejoría de la economía española anunciada a
los cuatro vientos —es verdad, a los cuatro vientos— por el
Gobierno para 2015, la salud de esta sigue siendo crítica. Me lo tendrá
que reconocer, ministro. La deuda superará a finales de este año el 100 %
cien del PIB español por primera vez en la historia, lo que significará
un pago de intereses de 35 000 millones de euros anuales. Y la tasa de
paro seguirá impidiendo trabajar a una de cada cuatro personas que aún se
encuentran dispuestas a integrarse en este mercado laboral a la baja,
tasa que afecta especialmente a las generaciones más jóvenes, cuyo paro
supera ya el 50 %.


Por si esto fuera poco, el Gobierno se propone introducir
para 2015 una reforma fiscal que parece más cercana a una diseñada por un
defraudador fiscal que a la de un país de la Europa occidental. Por
ejemplo, en el apartado del IRPF la reducción de tramos equiparará a las
clases medias-altas con las grandes fortunas del país, lo que, sumado al
descenso por igual del porcentaje a que tributará cada tramo, choca
fuertemente con el principio fundamental de progresividad de este
impuesto, ya que se beneficiarán por igual de esta reforma las clases
altas y las que más han sufrido la actual crisis económica. Continuando
con esta serie de sinsentidos, el impuesto sobre sociedades se igualará
para todas las empresas, fijándose en el 28 %. Y el impuesto sobre el
patrimonio, que en 2013 tan solo recaudó 929 millones de euros, seguirá
como un impuesto residual y desaprovechado, puesto que se mantendrá la
capacidad de bonificación de la cuota de pago de este impuesto por parte
de las comunidades autónomas hasta en un 100 %.


En la misma línea de contraste con el ligero crecimiento
económico del Estado español, pese a que en este caso es mucho más fácil
advertir el trasfondo político que subyace en esta aparente
contradicción, las cifras de inversión en los països catalans
—repito, en los països catalans—, como viene siendo la tónica
habitual, siguen empeorando en 2015. Así pues, como decía antes, Cataluña
recibirá, según lo establecido en este proyecto de Presupuestos Generales
del Estado, un 9,5 % del total de las inversiones territoriales del
Estado en las comunidades autónomas. Este porcentaje representa un 1,5 %
menos que en el año 2014 y, por si esto fuera poco, está lejos de
corresponderse con el peso relativo, al que antes me he referido, de la
economía catalana en el total del Estado, de aproximadamente un 20 %, y
con la proporción de población sobre el total, que es del 16 %.









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En este mismo sentido, pese a que el Gobierno ha esgrimido
en numerosas ocasiones el argumento de que la inversión estatal para el
próximo año crece en Cataluña un 13,5 % respecto de la inversión de 2014,
este porcentaje es inferior al crecimiento medio de la inversión en todas
las comunidades autónomas, que es de un 15 %. Este agravio de suma a su
vez a la deuda que acumula el Estado con la Generalitat de Cataluña por
el incumplimiento continuado de la disposición adicional tercera del
Estatut en los años establecidos para reparar el déficit histórico de
inversión en infraestructuras. Ustedes, como he dicho antes, incumplen
pactos y leyes; ustedes, que siempre tienen en la boca la ley, son los
primeros en incumplirla.


En lo que respecta al País Valencià y a las Illes Balears,
los datos no son más alentadores. El País Valencià, pese a aportar el 9,5
% del total del PIB del Estado, recibirá tan solo el 6,9 % del total de
las inversiones, mientras que las Illes, cuya economía tiene un peso
relativo del 2,5 %, recibirán tan solo el 1,2 % de las inversiones. Este
porcentaje, como en el caso de Cataluña, es menos de la mitad del que les
correspondería.


Pero el trato desigual a los països catalans, y en este
caso al País Valencià y Cataluña, no se acaba aquí. Me refiero al
Corredor mediterráneo, largamente reclamado para dotarnos de una
infraestructura que no solo permitiría a Cataluña y al País Valencià
competir con el resto de regiones europeas, sino que además sería muy
beneficiosa para el conjunto de la economía española. De los seis
corredores ferroviarios que se detallan en los Presupuestos Generales del
Estado para 2015, el mediterráneo es el que recibirá menos actuaciones
estatales; tan solo en los tramos que van de Almería a Murcia y de
Vandellós a Tarragona.


También cabe señalar la asfixia a la que se van a ver
sometidos los entes autónomos en el apartado del déficit público. Si para
2014 la exigencia era del 1 %, en el 2015 se va a pasar a un inasumible
0,7 %. Este porcentaje contrasta con el 2,9 % que se va a exigir a la
Administración central del Estado, lo que constata la poca solidaridad
del Gobierno hacia las comunidades autónomas, derivadas de su fracasado
proceso de descentralización.


En definitiva, ustedes, a lo suyo. Esperamos, al menos, en
Esquerra Republicana, que más pronto que tarde las urnas les desahucien
por su manifiesta incapacidad. En todo caso, ya lo saben: en Cataluña
tenemos nuestra propia hoja de ruta y, como les decía no hace mucho,
Cataluña más pronto que tarde decidirá —decidiremos— con
plena soberanía, entre otras cosas, nuestros propios presupuestos sin
límites ni tutelas. Y ustedes continúen negando la realidad, que es lo
mejor que saben hacer. Y crean en lo que les convenga. Nosotros, en
Esquerra Republicana, queremos una república catalana, un proyecto
inclusivo que ponga a las instituciones al servicio de las personas y no
de los intereses particulares de unos pocos. Todo lo contrario de lo que,
a criterio de Esquerra Republicana, representan los presentes
Presupuestos Generales del Estado. Y, por cierto, no nos quieran tanto y
cumplan más. Cumplan con los acuerdos, cumplan con los pactos, cumplan
con las leyes.


Por todo lo anteriormente expuesto, hemos presentado este
veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2015, para el que solicitamos el apoyo del resto de grupos
parlamentarios. Y anunciamos asimismo el voto favorable al resto de vetos
presentado por los demás grupos parlamentarios, es decir, a los diez
vetos presentados. Será muy difícil que podamos dar apoyo a estos
Presupuestos Generales del Estado, y en consecuencia ya les comunicamos
nuestro voto en contra.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


La propuesta de veto número 6 es de los senadores Guillot y
Saura, del Grupo Parlamentario de la Entesa.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Buenas tardes ya, señor ministro.
Le agradezco su presencia. No debería hacerlo, porque la presencia de los
ministros y ministras en la presentación de los proyectos debería ser
usual, pero, como no lo es, y usted prácticamente cumple siempre, de
nuevo le doy las gracias por su presencia.


En la reciente reunión del G20 el presidente del Gobierno,
el señor Rajoy, alardeó de la bondad de la política económica y de la
bondad de la situación social del Estado español. El senador Guillot y
yo, que presentamos este veto, pensamos que eso es ofensivo, que no se
puede decir









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que hay una buena política económica y una buena situación
social en el país cuando este está pasando una verdadera tragedia social.
Dicho de otra manera, el discurso, las palabras que dijo Mariano Rajoy,
son incompatibles con el sufrimiento que están padeciendo centenares de
miles de personas, producto de la política económica.


Ciertamente, el G20 no fue un foro en el que la política se
centrara en el paro o la pobreza. Han acordado, después de que lo dijera
Keynes hace setenta y cinco años, hacer una política de inversión. Pero
qué lejos quedan los acuerdos del otoño de 2008 —recuérdenlos
ustedes—, al inicio de la crisis, cuando se planteaba la necesidad
de reformular los sistemas financieros mundiales o incluso Sarkozy
hablaba de reformular el capitalismo. En aquel momento se hizo evidente
que los mercados no se autorregulaban ni eran eficientes y que hacía
falta reformularlos. Nada de todo eso ha pasado. Espero que eso se
invierta.


¿Por qué decía que el discurso del presidente del Gobierno
nos parecía ofensivo? Porque no tiene nada que ver con la realidad, y
algunos portavoces lo han dicho de forma clara en sus intervenciones. La
realidad del país no es la realidad de la que se habla desde aquí. Como
prueba de ello, voy a renunciar a dar más números —ya se han dado
todos y no tengo nada más que decir— y me van a permitir que en dos
o tres minutos les lea algunos titulares de informaciones aparecidas en
los medios de comunicación sobre estudios, informes o datos oficiales que
son un contrapunto de la realidad social.


Primero. España a la cola de Europa en cuanto a justicia
social. Segundo. España es el segundo país rico con más pobreza infantil.
Tercero. Cáritas registra el mayor número de personas atendidas desde
2008. Y continúo. Más trabajadores en riesgo de pobreza; la proporción de
sueldos iguales o inferiores al mínimo se duplica desde 2004. España
sufre la crisis más desigual. Todas estas son noticias de los últimos
seis meses y no de hace tres o cuatro años. Otros titulares. Más
desahucios pese a la nueva ley. España a la cola de Europa en camas de
hospital por habitante. Cáritas: la pobreza actual en España se compara
con la posguerra. Bruselas pide a España que proteja al usuario de luz y
gas más vulnerable. El PIB per cápita español retrocede dieciséis años.
El 10 % más rico de los españoles se libra de la crisis, según la OCDE.
Hay 3 300 000 parados sin prestación. Hay 315 000 nuevos dependientes
ignorados por los presupuestos. Y hay una noticia que dice que una
persona lleva dos meses sin desayunar leche y sin poder dársela a sus
hijos. Todas estas noticias proceden de organismos oficiales, de datos
oficiales o de entidades.


Y la pregunta es, señor Montoro, cuando el señor Rajoy va a
la reunión del G20 y alardea de la política económica, ¿de qué está
alardeando? ¿De ser el país que está a la cola de la justicia social? ¿De
ser el segundo país con mayor pobreza infantil? ¿De ser el país con más
trabajadores en riesgo de exclusión? ¿De ser el país con más desahucios?
¿De qué se alardea?


Y, fíjese, todos estos indicadores están peor que hace
cuatro años; es decir, no hay un solo indicador de los que he mencionado,
y de otros muchos que podría mencionar, que haya mejorado durante estos
cuatro años. Todos han empeorado, incluso el de la pobreza infantil.
Comentaba antes con un compañero senador que el riesgo de dar muchos
números sobre la situación de injusticia es que esta se normaliza. Si
hablamos de 2 700 000 niños en situación de pobreza infantil, el dato nos
pasa por delante, pero les pido que reflexionen durante veinte segundos,
solo veinte segundos, sobre la pobreza infantil, que reflexionen en la
línea de Unicef, que dice lo siguiente: España es un caso de estudio de
esta peligrosa ecuación. De acuerdo con las estadísticas europeas, uno de
cada tres niños de nuestro país, 2 700 000 niños, viven en la pobreza y
en riesgo de exclusión. Son 2 700 000; piensen solo en uno, en lo que
significa para un solo niño o niña el riesgo de exclusión, y piensen que
en esta situación hay más de 2 000 000 de niños.


Por tanto, lo que el señor Guillot y yo planteamos en este
veto es lo siguiente, señor Montoro: creemos que no se puede juzgar la
bondad de la política económica por las cifras macroeconómicas. ¿Por qué
se juzga la bondad de la política económica? Por los efectos que tiene
sobre las personas, por las consecuencias que tiene sobre las personas.
No se puede juzgar la política simplemente por unas décimas arriba o
abajo de unos objetivos macroeconómicos, por otro lado fijados
arbitrariamente. Y desde ese punto de vista, señor Montoro, usted ha
hecho una parte de su presentación muy contable, como si fuera de
contabilidad. Es cierto que hoy —otras veces no— al final de
su intervención ha matizado hablando de las personas, es cierto; no lo
hizo el año









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pasado ni tampoco el otro, pero, en definitiva, ha hecho
una intervención de mucha contabilidad. Y la visión que nosotros tenemos
concuerda con los datos del último barómetro del CIS, del mes pasado.
Fíjense en los datos: a la pregunta de si la economía general en España
va bien o muy bien, ¿saben lo que gente responde? El 1,3 % —no el
20 ni el 10 ni el 8— piensa que va bien o muy bien, mientras que el
82 % piensa que va mal o muy mal, y el 87 %, que va igual o peor que hace
un año. Por tanto, señor Montoro, ¿cuál es la cuestión que debatimos hoy?
¿Sobre qué debatimos? ¿Cuál es la cuestión de fondo? Nosotros pensamos
que la cuestión de fondo es la recuperación o el nuevo modelo social; y
de la misma manera que decimos que la recuperación es débil y mínima, se
está consolidando un nuevo modelo social, un nuevo modelo social que se
construye a partir de unas palabras: precariedad, paro, pobreza y
desigualdad. Y, como decía el responsable de Cáritas, no estamos ante una
situación coyuntural, sino ante una situación estructural.


Y me va a permitir, señor Montoro —tenía ganas de
debatir esto con usted—, que hablemos del origen de la crisis.
Fíjense. La justificación de la crisis por parte del Gobierno del Partido
Popular es la siguiente: ha habido un exceso de gasto público y hay una
rigidez del mercado laboral. Pero esto es falso. El origen de la crisis
viene de Estados Unidos, del sistema privado, no del sistema público, y
del sistema financiero; no viene de un exceso de gasto público. No solo
no viene de un exceso de gasto público, sino que, como ha escrito Ernesto
Ekaizer en su libro Indecentes, el diagnóstico del Gobierno es una estafa
intelectual y material, porque —dice— entre 2000 y 2004
España gozaba de superávit primario y en 2005, 2006 y 2007 registró
superávit fiscal. Por lo tanto, la crisis no es, repito, consecuencia del
exceso de gasto público, sino que la crisis provoca un déficit por falta
de recaudación.


Les voy a dar las cifras de la deuda, que el señor Montoro,
a menudo, sin dar cifras, comenta. En el Gobierno de Cataluña en 2003
había 16 000 millones de deuda; en 2010, 42 000, es decir, 3511 millones
por año. En el Gobierno de Convergencia, de 49 000 a 64 000, 5825; mucho
más. No digo yo que el Gobierno de Convergència haya despilfarrado, digo
que ha caído la recaudación, pero esto le ha pasado a su Gobierno. Usted
nos decía el otro día: vaya herencia dejaron ustedes en Cataluña. Pues,
señor Montoro, vaya herencia deja usted a España. Cuando usted entró
había 737 406 millones de deuda, ahora hay más de un billón de deuda, más
de un billón de deuda. ¡Qué herencia dejan ustedes a España!


La pregunta es: ¿por qué ha pasado esto? Usted me dirá:
Porque hemos pagado algo que no se había pagado. Seguro, pero está el
déficit del presupuesto, las ayudas al banco… En todo caso, el
Gobierno del Partido Popular en poco tiempo ha duplicado prácticamente la
deuda del Gobierno socialista. Por lo tanto, es falso de una vez por
todas que el Gobierno del tripartito y el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero —que yo nunca voté— hicieran una crisis a partir del
despilfarro del gasto público.


Estos son datos que están aquí, que son clarísimos, y que
nos llevan a argumentar o a reflexionar sobre que, de los varios motivos
que hay para presentar un veto, el principal para nosotros es la política
de impugnación. Los efectos de la política de impugnación durante estos
cinco años en España son terribles, por el sufrimiento que han hecho
pasar, por el sufrimiento que se tiene, pero también porque están
construyendo y conformando un nuevo modelo de sociedad con pobreza, con
exclusión y con desigualdad.


Además, después de cinco años de política de austeridad en
Europa, ¿qué ha pasado? Que el 12 de agosto Draghi tuvo que decir que
esto no iba bien. Y que hoy posiblemente el G20 apruebe unas inversiones
que hasta ahora no había hecho. Y que el ministro de Economía hace tres
días dijera que posiblemente no va a haber recesión. Eso decía el otro
día. Por tanto, ¿qué hay de positivo en estos cinco años en la política
de austeridad en Europa? ¿Estamos a la puerta de la recesión o de la
deflación? No sé si en la puerta, en la ventana o en el tejado, pero
después de cinco años de política de austeridad, que es la que ha marcado
Merkel, estamos en una situación donde no hay ningún dato objetivo que
diga que sí a la política de austeridad; ninguno. Aquí a menudo se nos
dice: es la única política posible. Y hay gente de buena fe que se lo
cree. Pero eso es falso; es mentira. Estados Unidos, con un déficit del
11 %, decidió hacer otra política, una política expansiva, una política
de disminución del déficit más gradual y una política que no ha dado como
resultado más centenares de parados, como en Europa, sino que ha reducido
el paro al 6,23 %. Por tanto, fracaso de la política de austeridad. Me
van a permitir que les lea parte de un









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artículo de hace un mes del Premio Nobel Joseph Stiglitz,
cuyo título es «Los zombis de la austeridad europea». Dice lo siguiente:
«La austeridad ha fracasado, pero sus defensores están dispuestos a
cantar victoria sobre la base de la evidencia más débil posible: la
economía ya no se está hundiendo».


Eso se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular. ¿Cuál
es el gran éxito? Que parece que no nos hundimos, que parece que no va a
haber recesión, que no va a haber deflación, que vamos a ser optimistas.
Krugman, ante los gobiernos que tenían este tipo de mensajes, hablaba del
optimismo cruel. El día en que el presidente del Gobierno estaba en el
G20 y apareció en televisión y radio haciendo su discurso optimista, me
pregunté: ¿qué deben pensar los 3 000 000 millones de personas paradas
que no cobran seguro de prestación? ¿Qué deben pensar los padres que no
pueden alimentar a sus hijos? ¿Qué optimismo pueden tener? Pues el
optimismo que Krugman dijo: el optimismo de la crueldad. A partir de
aquí, la pregunta sería: si la política de austeridad es mala, ¿por qué
se hace? ¿Por qué se mantiene en Europa la política de austeridad? La
respuesta es clara: porque hay unas élites económicas a las que les
interesa la política de austeridad. Hay élites económicas europeas y no
europeas a las que les interesa esa política.


El primer bloque sobre el que les quiero hablar es el de la
impugnación de la austeridad, sobre todo porque este no es un presupuesto
cualquiera; es el último presupuesto de una legislatura, y creo que es
imprescindible hacer un pequeño balance de lo ha significado en estos
cuatro años la política económica de austeridad y presupuestaria del
Gobierno del Partido Popular.


Voy ahora a intentar fundamentar o argumentar tres
conceptos por los que también presentamos un veto. Esta mañana en un dial
radiofónico, Sabina cantaba «Nos sobran los motivos», y yo pensé: y a
nosotros nos sobran las razones para presentar el veto. No voy a dar
todas, pero sí voy a señalar tres carriles, porque toda la política
presupuestaria del Gobierno en estos cuatro años está atravesada por tres
ejes fundamentales: son socialmente injustos, son ecológicamente
insostenibles y son territorialmente recentralizadores. Prácticamente
toda la acción del Gobierno tiene los tres ejes al mismo tiempo o uno u
otro eje.


En cuanto al primero, es decir, el relativo a que son
socialmente injustos, me referiré a tres cuestiones. La primera de ellas,
por la importancia o la proximidad que tuvo ayer el tema de la lucha
contra la violencia de género. Hubo manifestaciones, declaraciones,
minutos de silencio, pero la lucha contra la violencia de género
disminuye en los presupuestos para 2015 en su globalidad. Disminuyen un
35 % las ayudas a la teleasistencia, en un momento de feminización de la
pobreza y de especial repercusión de la crisis económica en las mujeres.
Y disminuyen un 3 % las subvenciones. Hay otras partidas que suben
ligeramente, pero creo que hubiera sido importante que en un año no
precisamente bueno desde el punto de vista de la violencia de género el
Gobierno hubiera hecho un esfuerzo en este sentido.


Continuando en el ámbito social, voy a hablar del empleo.
El señor Rajoy dijo un día: desde que soy presidente del Gobierno
esperaba esta noticia. Y el señor Montoro insiste en la creación de
empleo neto. Pues bien, no se está creando empleo neto, señor Montoro. El
Gobierno está haciendo otra cosa; en lugar de perseguir crear empleo
neto, intenta obtener buenos resultados estadísticos para poder
presentarlos. El problema no es si se crea empleo neto o no, sino que
haya buenos resultados estadísticos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo,
¿saben ustedes cuantos contratos hubo de una hora a la semana en el
segundo trimestre de este año? Exactamente 837 000. ¿Y saben cuántos
contratos hubo de nueve horas a la semana? Fueron 1 275 000. Crear empleo
neto quiere decir más horas trabajadas. ¿Hay más horas trabajadas o menos
horas? Hay menos. En 2013 hubo menos horas trabajadas que en 2012, y en
el segundo trimestre de 2014 hay menos que en 2013. ¿Qué es lo que está
ocurriendo? En definitiva, que se está redistribuyendo, repartiendo,
troceando el trabajo que hay, pero no hay más trabajo. Por tanto, no hay
más trabajo neto, lo que hay es más trabajo absolutamente temporal. Desde
que el Partido Popular entró a gobernar hasta ahora hay 650 000 personas
ocupadas menos, 145 000 parados más, según la EPA, y 600 000 afiliados
menos a la Seguridad Social. No nos digan, pues, que hay más empleo neto,
hay —repito— menos horas trabajadas. Creo que mañana o pasado
mañana salen las cifras de la contabilidad, y veremos qué pasa en el
tercer trimestre, pero hasta ahora, insisto, no ha habido más horas
trabajadas. Y no se puede decir que hay más empleo neto porque lo que se
está haciendo simplemente es que se están fragmentando los puestos de
trabajo.









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Y todo esto, añadido a una cosa insólita. Yo desde joven he
oído siempre que la OCDE pide disminuir los salarios, y siempre hacía la
broma de decir que tenían la misma nota de prensa, en la que siempre se
decía: la OCDE dice que hay que disminuir los salarios. Pues bien, esta
vez dice que no disminuyan más, que hay que subir los salarios. Por
tanto, estamos asistiendo a una devaluación salarial importante.


En materia de pensiones, ya se ha dicho: se aumenta el 0,25
%. El otro día un pensionista me decía: ¿Tú sabes lo que me aumentan? Yo
le respondí: Es que no sé lo que ganas. Y me dijo: Cobro 600 euros de
pensión. ¿Sabes qué significa ese aumento en 600 euros? Son 1,5 euros. Y
ya no digo si se cobran 400 euros, como me preguntaba la señora de al
lado: Yo cobro 400 euros, ¿cuánto me va a subir? Un euro.


¿De verdad no creen ustedes que es una tomadura de pelo
subir un euro al mes una pensión? ¿De verdad creen que eso disminuye la
desigualdad, disminuye la pobreza y mejora la situación social? ¿No sería
posible, incluso con los mismos recursos económicos, aumentar menos a los
de arriba y más a los de abajo? E igual sucede con el salario mínimo.
¿Qué política social es esta? Se les llena la boca diciendo que han
aumentado las pensiones, cuando eso significa simplemente un euro o un
euro y medio para la mayoría de las pensiones, que se comen la subida de
los transportes, el copago u otras decisiones de estas
características.


Quiero hablar también de medioambiente. El primer carril de
la acción de Gobierno es, insisto, que son unos presupuestos socialmente
injustos. Y el segundo carril se refiere a que es una política ecológica
insostenible. Excepto una partida que tiene que ver con el cambio
climático, les reto a que busquen algo de sostenibilidad en los
Presupuestos Generales del Estado. Y si lo encuentran, díganmelo. Yo no
la he encontrado, aunque igual he buscado mal, no he encontrado nada.
¿Por qué no he encontrado nada? Se dedica menos dinero a la eficiencia
energética que a la explotación minera, y no estoy diciendo que haya que
disminuir la explotación minera, pero un país que dedica menos dinero a
la eficiencia energética que a la explotación minera es un país que
retrocede, que no avanza; es un país que en absoluto dedica recursos
económicos a las energías renovables; y es un país que fomenta la compra
y el uso del coche privado pero que no dice prácticamente nada sobre el
transporte público, ni formula planes de movilidad.


Para luchar contra el cambio climático se necesita una
política transversal, y han de saber ustedes que la Agencia Europea de
Medio Ambiente ha presentado un informe durísimo contra la gestión del ex
ministro Arias Cañete. Dice que no es que España no pueda cumplir los
objetivos, sino que España ni siquiera está en la senda de cumplirlos
—y ha salido hace una semana—, porque España no ha realizado
una política de cambio climático. Insisto en que en estos presupuestos
hay una partida, que bienvenida sea, pero la lucha contra el cambio
climático ha de partir de una concepción transversal, no sectorial, de un
ministro que se dedique por completo a esto y no a la agricultura y al
medioambiente.


Finalmente, quiero apuntar que son unos presupuestos
territorialmente recentralizadores. Son recentralizadores y, además,
antisociales. ¿Por qué? Creo que esta mañana el portavoz de Convergència
i Unió lo ha explicado un poco. Si el 70 % del presupuesto de las
comunidades autónomas se dedica a educación y sanidad y se recorta la
financiación de las comunidades, ¿qué ocurre? Que eso repercute sobre la
sanidad y la educación. Por tanto, hoy la recentralización de los
presupuestos y de la política general del Estado tiene como consecuencia
la disminución de la política social en las comunidades autónomas. Y esto
se hace en un marco: en el 2015 se debía aplicar el nuevo sistema de
financiación. Pero el ministro soluciona esta dejación con unas palabras:
esto ahora no toca. De esta ley dependen las prestaciones que centenares
de miles de personas reciben en sus comunidades autónomas, y se elimina
diciendo: esto no toca. ¿Por qué no toca? Pero, sobre todo, hay que tener
en cuenta, como también se ha dicho aquí, que la distribución de los
objetivos del déficit es absolutamente injusta y va en contra, en
definitiva, de los intereses de las comunidades autónomas.


Es inevitable que hable, aunque sea muy brevemente, de algo
que ya se ha comentado, de las inversiones en Cataluña. Las inversiones
anuales en Cataluña que se proponen para el 2015, lo que el Estado
invertirá en Cataluña en el 2015, son muy inferiores de lo que se ha
pagado a Castor. Por un lado, se pagan 1400 millones a una empresa que ha
cometido negligencias y, por otro se destinan —si no recuerdo
mal— 1072 millones de euros a Cataluña. ¿Es esto posible? ¿Es justo
y racional que en una situación de crisis, cuando se dice que no tenemos
dinero para nada,









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para dotar la Ley de dependencia, para dotar las políticas
sociales, se paguen 1400 millones a Castor y decir a Cataluña y a otras
comunidades autónomas que no hay dinero? En una balanza se ponen 1400
millones para una empresa eléctrica que ha cometido negligencias
evidentes en su gestión y en otra prácticamente un 40 % menos de dinero,
que es la inversión del Estado en Cataluña para el 2015.


Y he de referirme a las deudas de la disposición adicional
tercera. Ayer, señor Montoro, en el debate que mantuvimos ya le dije que
una de las cuestiones importantes eran los incumplimientos del Gobierno
en relación con Cataluña. Le hablé de que había 10 sentencias del
Constitucional favorables a Cataluña que no se cumplen y 23 traspasos
pendientes, al tiempo que el nivel de inversión es la mitad del PIB y
existe una deuda de 750 millones, y esto no resiste la comparación
—insisto— con que se den 1400 millones de euros a Castor.


En los tres minutos que me quedan quiero hacer referencia
simplemente a dos cuestiones que nos parecen importantes. Una es, en el
tema de incrementar la productividad y la competitividad, el papel que se
da en los presupuestos a la I+D+i. Ustedes saben que el incremento de la
I+D+i civil y militar son del 4,8 % y del 4,3 %; el militar crece del 4,8
% al 43,5 % y pasa de 500 millones a 700 millones de euros, que además no
es para investigación, sino que son créditos a empresas militares;
mientras que el civil pasa del 0,92 % al 0,59 %. Es decir, que la
investigación de este país se deriva fundamentalmente a una investigación
militar mediante créditos que se dan a estas empresas que deben al Estado
miles y miles y miles de millones. Y eso tampoco parece racional. Se
trataría de que el Ministerio de Defensa tuviera evidentemente sus
recursos, pero que de ninguna manera la investigación militar fuera
superior a la civil.


Y hablando de temas de defensa quisiera decir que hemos
presentado un veto a esa sección que quiero comentar aquí por la trampa
del ministerio. El Ministerio de Defensa es un departamento que dice
aumentar este año un 1 % cuando en realidad el aumento es del 30 o del 40
%, porque hay dos partidas, una llamada PEA, que son programas especiales
de armamento, y para la que se pone en el presupuesto inicial 16 o 18
millones de euros, y después se hace una modificación de crédito de 800,
900 o incluso de 1000 millones este año, el pasado, el anterior, el
anterior y el anterior. Cada año hay una trampa en el presupuesto de
Defensa en el PEA. La otra se da en las operaciones militares en el
exterior, donde también se pone un presupuesto de 400 millones y se hace
una ejecución final de 700. Es decir, que hay 1500 o 2000 millones de
euros que no están en los presupuestos que aprobaremos hoy, pero cada
año, normalmente en el mes de agosto —fíjense qué
casualidad—, el Gobierno hace una ampliación del crédito.


Por tanto, insisto en que veto porque estamos en contra de
la política de austeridad, que va a crear grandes problemas al Estado
español; veto porque social, ecológica y territorialmente no estamos de
acuerdo, y veto también porque hay algunos ministerios cuyos objetivos
políticos no se corresponden con la situación actual del Estado español,
una situación de crisis de la que necesitamos salir adelante con un
programa y un país avanzado, justo y más igualitario.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


La propuesta de veto número 10 la presenta el senador
Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra su señoría.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.


Buenos días, señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas.


Me corresponde el turno final para defender el veto que he
presentado al Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2015. Este es el décimo de los vetos al último proyecto
presupuestario del Gobierno de Rajoy en esta X Legislatura, pero es la
primera vez que, ante una ley presupuestaria, presento una enmienda a la
totalidad. Considero inaceptable y merecedora de rechazo absoluto la
deriva de este Gobierno, que se plasma en una ley crucial en la que se
refleja toda una pésima forma de proceder en el ejercicio de gobernar.
Apelo a la Constitución para señalar que estamos ante la certificación
del afán discriminatorio cum laude hacia la Comunidad Autónoma de
Asturias, gran ignorada en estos años de gobierno del Partido Popular
como prueban las cifras de los sucesivos ejercicios presupuestarios y
como remata,









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finalmente, este proyecto de ley que incumple también el
mandato de solidaridad y equilibrio entre los diferentes territorios y
nos devuelve en términos de inversión al año 2000; nada menos que quince
años de retroceso.


Tramitamos en las Cortes Generales un proyecto de ley
sumamente lesivo y perjudicial para España, que lo es aún más y
específicamente para Asturias porque refleja la contumaz obstinación por
una forma de hacer política caracterizada por el trato injusto,
reiterándose el sistemático desdeño hacia las necesidades más acuciantes
de los asturianos. En su decidida vocación no ya de menospreciar sino de
despreciar las propuestas que se realizan desde los grupos de la
oposición, el grupo de la mayoría que en el Senado apoya al Gobierno va a
emular sin duda lo sucedido en el Congreso de los Diputados, en el que
prácticamente no se aprobó ninguna de las 4000 enmiendas presentadas por
la oposición. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia).


Llama la atención, por continuar refiriéndome a mi
comunidad de origen, que iniciativas parlamentarias y enmiendas
presupuestarias que el Partido Popular planteaba cuando estaba en los
escaños de la oposición o incluso cuestiones que reclaman y aprueban
ahora en el parlamento regional o en algunos ayuntamientos, aquí se
rechazan o se ignoran. Para los asturianos tal menosprecio, semejante
desconsideración está teniendo consecuencias demoledoras ya en el
presente y también para el inmediato futuro en los órdenes económico y
social.


Además, con este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2015, el actual Gobierno de Rajoy prolonga la
deriva presupuestaria que hace ya diez años comenzara el anterior
Gobierno socialista de Zapatero, y que ha conducido a Asturias a la cola
de los indicadores económicos oficiales, llevándola a una profunda
recesión que se mide en la disminución generalizada de la actividad
económica reflejada a través de la bajada en tasa anual del producto
interior bruto.


Asturias es la comunidad autónoma más empobrecida de España
en los últimos seis años con datos negativos que no admiten contestación.
Son miles los asturianos, fundamentalmente jóvenes, que abandonan la
región ante la falta de presente y de futuro. Compárense también las
cifras crecientes de los concursos de acreedores o las de morosidad de
familias y empresas con trabajadores que tienen salarios que crecen por
debajo de la media nacional.


Sufrimos la tercera mayor caída nacional en exportaciones.
Son cifras estas y otras que se añaden a los desequilibrios acumulados
durante la larga crisis que ha arrastrado a Asturias a lo largo de esta
legislatura a mantener la tasa de población activa más baja de España
varios puntos por debajo de la media nacional.


El aislamiento de Asturias continúa. Llevamos más de una
década de retraso para disponer de infraestructuras de transporte y
comunicaciones que muchas otras comunidades ya disponen desde hace años.
Véase, por ejemplo, la autovía del Cantábrico que está completada en toda
su extensión de casi 600 kilómetros salvo el último tramo, entre
Pendueles y Unquera de 4 kilómetros, que va a superar los ochentaidós
meses de récord de desidia y que en el Proyecto de Ley de presupuestos
presentado por el Gobierno recibirá 12 millones de euros, la misma
cantidad que los 20 kilómetros paralizados de los tres tramos entre
Doriga y Cornellana. Esto da una idea del insignificante entusiasmo por
recuperar los años perdidos para completar otra autovía que este Gobierno
paralizó, la autovía del Suroccidente, a cuya construcción estos
presupuestos dedican 12 millones de euros en un, ¡ejem!, alarde
pirotécnico para tratar de hacer ver que se hace algo donde no se ha
hecho otra cosa en esta legislatura que perder el tiempo. No está de más
recordar que ya en el año 2012 se anunció para esta misma infraestructura
una inversión de 14 millones de euros que quedó en el olvido, sin
ejecutar.


En materia de transporte ferroviario, Asturias va marcha
atrás. La alta velocidad va a ser reconvertida a peor. De lo que fue un
extraordinario proyecto concebido para comunicar Madrid, la capital de
España, con la capital del Principado en un tiempo acorde al siglo XXI,
no va a quedar ni las raspas con el cambiazo del ancho de vía
internacional, UIC, por el ancho ibérico de Renfe a lo largo de la
variante de Pajares.


El Gobierno nos lleva de pretexto en pretexto, de engaño en
engaño. Ahora, ya nos están publicitando como un logro prodigioso, que no
se sabe cuándo, la distancia entre Madrid y Oviedo se recorrerá en tres
horas y cuarto, ocultando la justificación política que amparó el acuerdo
del Consejo de Ministros que puso en marcha en el año 2000 el Plan de
infraestructuras de transporte









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por el que se justificó la monumental inversión realizada
por los españoles en la variante de Pajares, realizar este recorrido en
dos horas y cuarto. Una inversión cuya rentabilidad social ha postergado
este Gobierno con artimañas propagandísticas que han tratado de
justificar ante la opinión pública la merma de inversiones en las obras
de los túneles asturianos, mientras la ministra de Fomento se volcaba en
infraestructuras ferroviarias en otras comunidades vecinas, y no
precisamente en León, donde al anacronismo de la nueva estación en fondo
de saco inaugurada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero se va a sumar el
Gobierno del PP con un intercambiador de ancho de vía que complementa la
prostitución del trayecto entre León y Asturias urdida por este Gobierno
en un atropello histórico a los asturianos.


Las inversiones para Asturias en este Proyecto de Ley de
presupuestos ascienden a 333,4 millones de euros, lo que significa un
incremento respecto del año anterior del 12 %. Este incremento no supone
ningún consuelo porque en el actual ejercicio 2014 había disminuido un
31,6 % y el año anterior, un 19 %. La asignación presupuestaria para
Asturias ha retrocedido a niveles de principios de siglo, sin contar con
la ejecución de las diferentes partidas que lamentablemente no han
coincidido en estos pasados años con lo planteado en la correspondiente
ley presupuestaria; contrasta el paupérrimo balance inversor realizado
por el Estado en Asturias con el gran esfuerzo realizado en otras
comunidades autónomas, lo que confirma, una vez más, el desinterés del
Gobierno por aplicar criterios de equilibrio territorial.


Una Asturias cuya minería del carbón galopa hacia el
cierre. Estos presupuestos camuflan el cierre traumático de la minería
pública y privada. En el actual ejercicio, el régimen de ayudas a la
explotación se recortó un 51 % y en este proyecto de ley se perpetra un
nuevo recorte, esta vez del 21 %. Las ayudas empresariales están paradas
desde 2011 y también se recortan otro 18 % sobre la consignación del
actual ejercicio. Después me referiré a los fondos mineros y a la
desobediencia civil que practica el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, hoy en busca y captura en el Principado de Asturias, con las
sentencias que le condenan por las decisiones ilegales que el primer
consejo de ministros de Rajoy llevó a efecto a finales de 2011. Pero hay
que resaltar que el Gobierno ha abandonado a las comunidades autónomas y
ayuntamientos mineros a su suerte, sin firmar un solo convenio con cargo
al Plan de la minería, lo que significa desertización en las cuencas
mineras.


Asimismo, el sector agroganadero ha resultado
escandalosamente marginado en el último reparto de la política agraria
común, la PAC; marginado también todo el sector pesquero, al que lejos de
proteger y preservar este Gobierno trata como malhechores y se les
pretende aplicar una política de sanciones severas, de palo y tentetieso,
mediante una reforma legislativa en ciernes que tiene todos los visos
recaudatorios, como ha sucedido con otras reformas aprobadas en el actual
mandato a instancias del Gobierno y con el exclusivo apoyo de su mayoría
parlamentaria.


Este proyecto de ley supondrá la continuidad de una década
de engaños basados en partidas ficticias que naturalmente han penalizado,
y de qué forma, a los asturianos. Permítanme que les ofrezca unos datos
actualizados en materia de empleo que, como es conocido, fue la principal
promesa del Partido Popular en su campaña electoral de hace tres años. Lo
primero el empleo, rezaban los carteles. En el conjunto de España y con
los datos conocidos muy recientemente, el año 2013 se cerró con 5 896 300
personas en paro, 69 100 menos que a finales de 2012, lo que supone la
primera reducción interanual desde mediados de 2007, justo antes de que
estallase la crisis financiera. Sin embargo, la bajada del número de
personas desempleadas no se debe a la creación de puestos de trabajo sino
a la pérdida de población activa formada por los ciudadanos que tienen
empleo o que lo buscan.


España tiene una de las tasas de actividad más bajas de
Europa y se sitúa en el 59,5 %, cuando en el centro de Europa ronda entre
el 70 y el 80 %. El paro baja pero también la ocupación, cada vez hay
menos trabajadores en España. En el cuarto trimestre hubo 16 758 200
ocupados en España, 199 000 menos que a finales del año 2012. Repito, en
materia de empleo se constata desgraciadamente otro fracaso del Gobierno
que en este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado tampoco
modifica un ápice su política respecto a Asturias. Según los últimos
datos publicados este noviembre, el número de parados registrados se ha
incrementado en 2119 personas en octubre, acumulando con ello tres meses
seguidos de subida del paro, lo que demuestra que Asturias sigue en su
imparable decadencia, con un incremento del paro del 6,44 %,









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el triple que la media de España, en los tres últimos
meses, lo que demuestra el proceso de divergencia que caracteriza la
situación económica de la región.


En estos tres últimos meses, la evolución del paro en
Asturias presenta la tercera peor cifra de todas las comunidades
autónomas, solamente superada por Cantabria y Baleares, aunque en ésta el
factor de estacionalidad de la temporada turística no tiene nada que ver
con las comunidades autónomas del Cantábrico. El número de desempleados
inscritos en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo de Asturias el
último día del mes de octubre asciende a 99 337 personas, lo que ha
supuesto un incremento de 2119 personas respecto al mes anterior. En
términos porcentuales, equivale a una subida mensual del 2,2 %, es decir,
casi medio punto por encima de la que alberga la media de España, el 1,78
%. Para el conjunto del país, el crecimiento en el número de desempleados
el pasado mes de octubre ha sido de 79 154 personas, alcanzando una cifra
total de 4 526 804 desempleados. En términos interanuales, la caída de la
cifra del paro en Asturias, que ha sido del 4,8 %, equivalente a casi
5000 personas y por debajo de la media de España, el 5,91 %, supone la
cuarta peor evolución detrás de Andalucía, País Vasco y Extremadura, lo
que refleja la incapacidad del Gobierno hacia una recuperación económica,
máxime cuando la creación de empleo, como dije anteriormente, es la
prioridad de su política a lo largo del mandato.


Respecto a las afiliaciones a la Seguridad Social, les diré
que es preocupante que en Asturias el número de afiliados se haya
reducido a un 0,35 % respecto al mes de septiembre, frente a la subida
del 0,17 % que refleja la media española. Asimismo, mientras la evolución
del conjunto del país, en términos interanuales, ha sido positiva, con
una subida del 2,02 %, en Asturias ha sido negativa, manteniendo la
divergencia con la evolución de la media de España, con una caída del
0,04 %, siendo la comunidad autónoma que presenta la segunda peor cifra
del conjunto del país.


Cierro el capítulo del empleo y la escasa traslación de
este proyecto presupuestario y de los anteriores en políticas eficaces
para la creación de empleo en España y en Asturias para pasar a otra
cuestión de enorme interés para nosotros, relativa a las importantes
cantidades que el Estado tiene pendiente desde hace años con las cuencas
mineras asturianas en materia de los denominados fondos mineros. Es más,
la total ausencia de partidas adecuadas y de cifras específicas confirma
la táctica dilatoria del Gobierno de Rajoy para incumplir la sentencia
firme que obliga al Estado a pagar 213 millones de euros, que son
imprescindibles para Asturias y, especialmente, para las cuencas mineras
que están azotadas por el paro y amenazadas con la desertización. Cabe
insistir en que los fondos mineros no son un regalo o una concesión
gratuita, son el resultado de los acuerdos alcanzados por la minería del
carbón en un periodo de crisis económica, por lo que nuestras cuencas
perdieron miles de puestos de trabajo, cerraron muchos pozos y
explotaciones, y renunciaron a la producción de varios millones de
toneladas de carbón anual. La prueba de la legalidad de los compromisos
de inversión con cargo a los fondos mineros es que los tribunales de
justicia dieron amparo y firmeza hace ya ocho meses a la reclamación
iniciada por el Gobierno autonómico, tras la flagrante vulneración de los
compromisos perpetrada por el primer Consejo de Ministros presidido por
Rajoy a finales del año 2011.


A la hora de elaborar el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado, el Gobierno también ignora uno de sus grandes y
principales compromisos electorales: la reforma del modelo de
financiación autonómica. Es decir, para afrontar su cuarto y último
ejercicio presupuestario, el Gobierno declina finalmente la reforma de un
sistema que es lesivo para algunas comunidades autónomas —Asturias,
desde luego—, a las que se continúa aplicando un modelo de
financiación que el actual ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas votó en contra cuando estaba en la oposición, tras rechazarlo
contundentemente con expresiones y descalificaciones muy duras. ¿Cómo se
explica que un sistema, que fue calificado por el diputado Montoro como
injusto, insolidario y ejercicio de prepotencia, rayano en el delirio, no
haya sido modificado por el ministro Montoro en esta legislatura. ¿Cómo
se explica que el Partido Popular se desdiga de lo que dejó plasmado en
su programa electoral, bajo el título de «Lo que España necesita»? Pues
lo de Montoro y su programa se explica porque se han burlado de los
españoles. Este proyecto es otra pieza más del colosal artificio del
Gobierno de Rajoy en que se ha convertido esta X Legislatura.


Una parte sustancial de los ingresos contemplados en el
proyecto de ley se basa en la reforma fiscal que completó su trámite en
las Cortes Generales durante el último Pleno de esta Cámara Alta hace dos
semanas, y que refleja la incapacidad del Gobierno para aplicar las
medidas para









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disminuir las cargas impositivas de los contribuyentes
españoles. No obstante, existe una gran falta de realismo al confiar un
aumento de los ingresos de 3800 millones de euros al crecimiento teórico
de consumo que tanto mermó, o la sucesión de subidas y más subidas
impositivas a lo largo de los últimos tres años.


De no menor importancia para rechazar de plano este
proyecto de ley es la subida teórica de las pensiones, que en la práctica
afecta mucho más al número de perceptores de estas que a lo que cobrarán
todos y cada uno de los pensionistas españoles. Cabe señalar que, en esta
legislatura, el Gobierno excusó una mayor inversión en Asturias por la
cuantía total de las pensiones recibidas por los asturianos, ignorando
que este es un derecho adquirido por los trabajadores una vez cumplida su
etapa laboral y como consecuencia de las contribuciones detraídas de sus
salarios.


En modo alguno pueden calificarse, como ha proclamado
campanudamente este Gobierno, que los presupuestos de 2015 van a ser los
presupuestos de la recuperación y del empleo; eslogan que, por otra
parte, ha sido prolijamente repetido por el propio Gobierno y sus apoyos
parlamentarios en cada uno de los trámites anuales de las leyes
presupuestarias. La realidad de la calle es muy distinta, y las familias
sufren más que nunca la incertidumbre y la falta de futuro, como prueban
las cifras de españoles sumidos en el umbral de la pobreza, la merma de
la capacidad adquisitiva, la pérdida del poder adquisitivo de los
pensionistas y la proliferación de los contratos basura para aquellos
trabajadores que tienen la suerte de incorporarse al mercado laboral.
Hace unos días resultó espeluznante conocer que la caída generalizada de
los salarios ha arrastrado al 34 % de los trabajadores españoles a ganar
menos de 645 euros mensuales; hoy llegar a ser mileurista es una quimera
para muchísimos trabajadores.


Con este proyecto de ley estamos ante la culminación de una
sucesión de incumplimientos que contradicen de manera flagrante las
prioridades y compromisos electorales señalados enfáticamente a finales
de 2011 tanto por el Gobierno como por el partido que le da apoyo
parlamentario. Esta ley presupuestaria y las tres anteriores rematan algo
insólito en estas 10 legislaturas democráticas: un partido que gobierna
con mayoría absoluta en las dos cámaras pero que no puede exhibir el
cumplimiento de algunos de sus principales compromisos electorales. Ha
sido el Gobierno de Rajoy una máquina de triturar los compromisos
pactados hace tres años con los ciudadanos, y hace tres años, un mes y un
día con las obligaciones adquiridas en el discurso de investidura del
candidato a la presidencia ante los representantes democráticos de los
españoles.


Estos son los presupuestos del ensañamiento del Gobierno de
Rajoy con Asturias, porque afecta indistintamente a todos los sectores
económicos y sociales de mi tierra; un ensañamiento que tiene en la
minería, en las autovías, en los ferrocarriles, en los puertos o en el
aeropuerto muestras visibles de sus efectos negativos, pero que también
afecta al sector de la minería, a los ganaderos masacrados por el reparto
de la política agraria común, a los pescadores castigados sin cuota y
perseguidos con sanciones; una Asturias sacrificada con el déficit a la
carta, que nos ha empobrecido más que a nadie en España.


También la industria tiene su propia espada de Damocles
sobre su inmediato futuro, mientras que el Gobierno se inhibe ante la
falta de competitividad de nuestras empresas de la metalurgia, del acero,
del zinc y del aluminio, que se ven acosadas por los efectos de una
política energética irresponsable, que pone en peligro miles de puestos
de trabajo y de la que el Gobierno hoy se desentiende.


Así las cosas, este Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015 presentado por el Gobierno resulta
absolutamente inadecuado para España y peor aún para Asturias. Se
agradece y se reconoce su presencia, señor Montoro, en este debate. Es
una muestra de respeto al Parlamento, y especialmente a esta Cámara Alta,
tan olvidada por sus colegas del banco azul a la hora de tramitar las
leyes aquí en el Senado. No habrá sido fácil para usted aguantar cinco
horas y media desde las nueve de la mañana la sucesión de reproches
parlamentarios; pero yo soy de los que creen que donde las dan, las
toman, y estoy seguro de que eso enriquece la actividad del Senado, algo
que, desde luego, le honra, porque tal y como señalaban otros portavoces,
su presencia ha sido una constante en esta legislatura, y esto se
agradece.









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Decía el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
durante la presentación de estos presupuestos, que en tres años se había
desarrollado una política económica pensada en los más vulnerables, con
reformas para competir en el mundo y crear empleo. Nosotros discrepamos
profundamente de esta visión festiva, que consideramos falsa, ajena a la
realidad social y económica de la calle, dañina y funesta para el
conjunto de la sociedad, pero muy especialmente para su clase media; una
visión insolidaria, sin crédito, desalentadora para las familias, para
jóvenes y mayores, producto de un Gobierno dormilón, que ha desatendido,
comenzando por su presidente, sus obligaciones de liderazgo, provocando
un clima social de honda preocupación por el inmediato futuro de España,
que va en aumento día tras día.


Sin salir de Asturias, sin salir de una tierra maltratada
por el Gobierno, hay motivos sobrados para vetar este proyecto. Y por
eso, al igual que otros grupos parlamentarios y senadores, creemos
merecedora de devolución esta ley que rubrica, desde el punto de vista
presupuestario, un proceder artero y una conducta política de impostura,
que, con un año 2015, en el que habrá diferentes convocatorias
municipales, autonómicas y generales a las urnas, ni siquiera merece el
calificativo despectivo de electoralista.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno en contra. Senador Utrera, tiene la palabra.


El señor UTRERA MORA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro de Hacienda, señoras y señores senadores,
quiero, en primer lugar, hacer mías también las palabras de casi todos
los portavoces de los grupos que han felicitado al ministro de Hacienda y
han reconocido el esfuerzo que hace por estar presente en todos los
proyectos de ley que salen de su departamento. Creo que no solamente es
loable, sino que puede ser un buen ejemplo para el futuro e, incluso,
para futuros gobiernos porque nunca antes, que yo sepa, se había hecho
por el Gobierno, ni por este ni por ninguno precedente. Nunca el ministro
de Hacienda había estado presente en todos los proyectos de ley.


Hacemos el debate de totalidad de los Presupuestos
Generales del Estado, pero, por la forma como se han manifestado la
mayoría de los portavoces, en realidad lo que se ha hecho es una revisión
general de la política económica que ha aplicado durante esta legislatura
el Gobierno de la nación, el Gobierno de España, apoyado siempre por el
Grupo Parlamentario Popular. Esta es la perspectiva que hay que adoptar,
un análisis del presupuesto encajado dentro de una política económica
coherente, con la que se puede estar de acuerdo o no, que da resultados,
para algunos insuficientes, para todos insuficientes, porque esperamos
más, esperamos que esto evolucione a un ritmo más rápido puesto que las
necesidades y los problemas son muy graves, pero ciertamente es lo que
hay; y lo que hay es que vamos a crecer más que el resto de los países
europeos, que estamos creando el 40 % del empleo que se está creando en
Europa..., en fin, que las cosas se están enderezando razonablemente
bien, y eso es lo que tenemos que enjuiciar con estos presupuestos.


El Grupo Parlamentario Popular quiere también hacer una
valoración siquiera somera —no es descortesía parlamentaria, pero
la voy a hacer con mucha rapidez— sobre las intervenciones,
bastantes de las cuales me han parecido demasiado inconsistentes y,
además, mutuamente contradictorias porque hemos asistido a un «qué hay de
lo mío» de distintos territorios y un «qué hay de lo mío» hace imposible
un «qué hay de los demás». Algún portavoz ha apuntado, incluso, que toda
la oposición en pleno actúa como un bloque. Yo digo que no. Ahí no hay
homogeneidad. Hay enmiendas de «qué hay de lo mío» y, desde luego, allí
donde hay partidos nacionalistas es evidente.


Voy a desarrollar mi intervención sobre estos dos bloques.
Por un lado, qué son los presupuestos, tal como los vemos en el Grupo
Parlamentario Popular, los elementos y rasgos esenciales. No voy a
repetir argumentos. Por otro lado, también en varios bloques, las
manifestaciones más frecuentes de los portavoces de los grupos.


¿Qué son entonces los presupuestos para 2015? Esencialmente
la consecución de un esfuerzo de los últimos tres años y, además, la
voluntad de proseguir en ese esfuerzo de consolidación del déficit
público. Entendemos que sencillamente no son ciertas esas alegrías de:
ahora que hay disponibilidad, hagamos cosas que luego no podremos
financiar en el futuro. Esa









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experiencia ya la tuvimos. Esa experiencia ya la hemos
vivido. Esa experiencia ya sabemos en qué termina. Termina en la quiebra
fiscal del Estado, en una quiebra fiscal que hemos tardado más de tres
años, justamente los que lleva este Gobierno, en empezar a enderezar. Por
tanto, nosotros entendemos que ese esfuerzo de consolidación tiene que
continuar y proseguir en el tiempo. Bien es verdad que para el año 2015
ese esfuerzo de consolidación es de un grado distinto al de los
presupuestos anteriores. Años anteriores hubo ciertamente que hacer
restricciones en el gasto, hubo que hacer ajustes en partidas de gasto.
Para el año 2015 prácticamente el gasto se deja igual en términos
nominales, incluso con un ligero decrecimiento del 0,2 %. Pero claro, con
el crecimiento del producto interior bruto nominal del 2,7 % previsto, se
retoma la senda de reducción del déficit público. Por tanto, hemos pasado
de una reducción de déficit público, obligada por las circunstancias, que
implicaba reducir el gasto, a una situación mucho más holgada, aunque
todavía dentro de la penuria general que estamos viviendo en la economía
española de que se puede reducir el déficit público, y es lo que se hace
para el año 2015, sin reducción del gasto, una reducción mínima,
prácticamente queda igual. Eso, sin embargo, es un esfuerzo de
consolidación presupuestaria, de reducción del déficit público que nos
pone en la onda de lo que necesitamos, en la onda de la confianza de los
mercados financieros. Observen a cuánto nos estamos financiando: la deuda
pública al 2 % —eso no se había visto nunca en toda la historia de
España—, la credibilidad en los mercados financieros; se nos halaga
—y eso no es cosa nuestra, no es triunfalismo, es que es así—
en Europa, en las reuniones del G20, etcétera; a España se le está
poniendo como ejemplo de una política económica razonable, en la que hay
que proseguir y esforzarse. Desde luego, no todo está hecho, hay que
seguir haciendo cosas, pero se va en la buena dirección.


En segundo lugar, junto a esta consolidación del déficit
público, el Gobierno se ha preocupado mucho, y el grupo parlamentario y
el partido han apoyado esta línea de actuación, por que esta reducción
del gasto público, esta consolidación fiscal basada en la reducción del
gasto público, sea estable y duradera en el tiempo. Eso es muy
importante: la viabilidad a largo plazo de la prestación de los servicios
públicos, la viabilidad a largo plazo del pago de las pensiones, de las
prestaciones por desempleo, la viabilidad a largo plazo de todo el Estado
de bienestar. Y para ello, aunque de forma imperceptible porque ningún
portavoz ha mencionado la cuestión, estos presupuestos incorporan
elementos de reforma estructural que no es que garanticen, pero sí que
permiten y facilitan el ajuste a largo plazo de las finanzas públicas, me
refiero a la reforma, entre otras, de las administraciones públicas.
Cuestiones tan nimias para algunos, como puede ser la centralización de
compras; como puede ser la reducción de en torno a 2000 empresas,
organismos cuasi empresas, fundaciones que andaban dando vueltas; medidas
como la vigilancia de los déficits públicos de las administraciones
públicas, agradeciendo, como hace el ministro reiteradamente y el grupo
parlamentario también lo va a hacer, sobre todo a las corporaciones
locales el notabilísimo esfuerzo que han hecho en el tiempo y también,
por qué no, a las comunidades autónomas cumplidoras con los compromisos
de déficit.


En esta reforma de las administraciones públicas, según el
último dato que yo tengo, se evalúa —no es fácil esa
valoración— en unos 14 000 millones de euros lo ya ajustado, y eso
sí es una reforma estructural, ese ajuste perdurará en el tiempo. Por
consiguiente, eso está incorporado en los presupuestos del Estado; está
incorporada también como un elemento más la factura electrónica. Estamos
hablando de unanimidad, y los demás portavoces no han sentido la
necesidad de aludir a estas cuestiones. La factura electrónica es
fundamental para que no nos encontremos en el futuro, este Gobierno u
otros, con el pufo que nos hemos encontrado nosotros. ¿Quién lo ha
originado? Pues mucha gente, muchas administraciones locales y
territoriales, autonómicas, pero es que había un pufo real, tanto en el
Estado como en comunidades autónomas, como en corporaciones locales,
facturas algunas reconocidas presupuestariamente, pero no pagadas, es
decir, faltaba la última fase, convertir en euros la obligación de pago.
Pero es que había también otras muchas que no estaban reconocidas
contablemente como gasto. Así es como nos encontramos con las sorpresas
que nos hemos encontrado, un déficit público del 9 % del producto
interior bruto, con una desviación de 30 000 millones sobre el déficit
programado de 60 000 millones, es decir, en total 90 000 millones de
euros en el año 2011, y esos 30 000 millones de euros ahora nos vendrían
muy bien. Yo creo que es algo que para todos resulta evidente. Las
alegrías del pasado nos han generado penurias en tiempos más recientes.
Qué importante la









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factura electrónica, que exige que todas las obligaciones
queden registradas por fecha y con obligación de pago para que no nos
encontremos con esta sorpresa. Qué importante la Ley de estabilidad
financiera, precisamente estos días que se está cuestionando la
estabilidad financiera —me van a permitir que luego haga una
reflexión fuera de presupuestos sobre el artículo 135 de la Constitución
y la estabilidad financiera—. Qué importante que haya instrumentos
de control efectivo por parte de quien tiene la responsabilidad ante los
organismos europeos —la responsabilidad en el cumplimiento de
objetivos económicos— sobre los déficits de todas las
administraciones públicas de España, de la propia y de las territoriales,
que suman al déficit del Estado y que, por tanto, podrían inhabilitar o
impedir el cumplimiento de esos objetivos. Qué importante es tener esos
instrumentos de control. Qué importante especificar las circunstancias en
las que tiene que desenvolverse la actuación financiera para dotarle de
estabilidad. Ahora estamos viendo de alguna forma la auténtica cara del
que ha propuesto la supresión de este artículo 135, supresión o
modificación, porque esta reforma de la Constitución lo que hizo fue
sustituir un artículo en el que ya se establecía claramente, como no
puede ser de otra manera, que las obligaciones del Estado son
inaplazables y que, por tanto, la deuda del Tesoro tiene que pagarse en
cualquier caso y en cualquier circunstancia. Eso ya estaba. Ahora hay que
establecer a medio y largo plazo una visión de estabilidad vinculada a un
concepto, como es el déficit estructural, para que, incluso en
circunstancias económicas muy adversas, pueda cíclicamente consentirse el
déficit —lógicamente, los gastos coyunturales—, pero no de
forma sostenida en el tiempo y que alguien piense que el Ejecutivo puede
gobernar y gastar sin pagar, o que se puede gastar recurriendo a la deuda
pública de forma ilimitada. Recuerden el déficit del 11 % del producto
interior bruto del Estado español —del conjunto de las
administraciones públicas españolas— en el año 2009. Esa es una
medalla que hay que colgarle en el pecho a quien generó una cosa tan
disparatada como esa y que nos puso en la situación en que nos puso: la
historia financiera reciente que nos ha descrito el Ministerio de
Hacienda y que algunos quieren reinterpretar. Lo que nos puso de rodillas
ante el mundo, ante los mercados financieros, ante Europa, fue un déficit
público del 11 % en el año 2009 que, además, vino precedido en el año
2008, ahora que hablamos de credibilidad presupuestaria, de una previsión
de superávit público en torno al 3 % y el cierre del ejercicio 2008 con
un déficit justamente de la misma magnitud pero de sentido contrario, es
decir, lo que se pensaba que iba a ser el 3 % de superávit pasó a ser el
3,2 % de déficit público, una desviación de más de 6 puntos en la
previsión. Eso no se puede consentir y eso es lo que nos ha llevado a la
situación en que nos encontramos. Mecanismos como el de estabilidad
financiera impiden ese tipo de actuaciones erráticas, actuaciones basadas
en muchos casos en la ignorancia de cómo funcionan las cosas y que
produjeron el descalabro en el que nos hemos visto envueltos.


Pues bien, parece ser que ahora el Partido Socialista está
enseñando su verdadero rostro o intenciones a medio y largo plazo en una
nueva voltereta. En un salto mortal y sin red no sé si triple o
cuádruple, quienes no solo apoyaron, sino que propusieron una reforma
constitucional en septiembre de 2011 porque dudaban de que pudiéramos
llegar a noviembre de 2011, dos meses, porque había que pagar deuda y no
teníamos, porque había que refinanciar y era carísimo y limitado en
cantidad —precio muy alto y, además, restricción de
cantidad—, quienes se veían así —y veo a varios de los que
votaron a favor de la cuestión— se veían forzados a apoyar una
reforma constitucional que, en la medida en que fue algo concreto y
definido, el Partido Popular apoyó. Nosotros apoyamos las propuestas de
reforma constitucional que tienen sentido. Las vacías, se las llame
federal, orgánica o multiorgánica federal, etcétera, no se pueden apoyar
porque no se sabe lo que son, pero aquella reforma era muy concreta, con
objetivos muy delimitados; contó con nuestro apoyo y, además, con una
redacción que se afinó para recoger todos y cada uno de los elementos
necesarios para garantizar la estabilidad presupuestaria a largo
plazo.


Por tanto, el Partido Socialista ha tardado tres años en
desdecirse; como doctrina, como opinión, han tardado tres años en
desdecirse de lo que entonces dijo. ¡Qué poca credibilidad, qué poca
garantía de acuerdos sobre temas importantes, temas de Gobierno, temas de
Estado, puede ofrecer un partido que salta de esta manera a una propuesta
para votar a favor de la supresión de una reforma! Les sugiero que se
lean —porque está bien escrito— el artículo que hoy mismo
publica en El Mundo, en defensa del artículo 135 de la Constitución, el
que fuera ministro de Industria nada más y nada menos que con el señor
Zapatero y el que fue director de la Oficina









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Económica del señor Zapatero. Léanlo, léanlo, porque nos da
la impresión de que el nuevo líder que se han buscado ustedes está
empezando a apuntar maneras, a seguir la tendencia del señor Zapatero:
decir una cosa un día para, al siguiente, poder decir la contraria, o
ninguna, o ponerse a hablar de temas distintos. Esto es lo que parece el
escenario actual.


Estos presupuestos integran en sus cifras, en sus elementos
macroeconómicos una reforma fiscal. Pero no voy a hablar de la reforma
fiscal, ya tuvimos ocasión hace una semana o dos de aprobarla aquí, en el
Senado. La reforma fiscal, se mire como se mire, tiene elementos
objetivos: reducción de impuestos; reducción de impuestos para sociedades
o empresas y reducción de impuestos para personas físicas, de tal modo
que puede afirmarse con rigor que todos los salarios de España —no
digo todos los asalariados— van a ver reducida su tributación. Al
mismo tiempo se hace una política de apoyo al desendeudamiento de las
empresas puesto que se favorece fiscalmente la reducción de la carga de
deuda empresarial, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, y a la vez
se favorece la política familiar, es decir, se crea por primera vez en
España algo que todos conocemos como el impuesto negativo sobre la renta.
Ya hubo algo parecido al impuesto negativo de la renta con la retribución
de las amas de casa. Las trabajadoras que tuvieran hijos que dejaran la
actividad productiva ya tenían también un impuesto negativo, pero ahora
adquiere mucha mayor propiedad porque se trata de un apoyo a la familia;
familias numerosas y familias con hijos discapacitados tendrán un crédito
fiscal favorable, positivo y, por tanto, podrá obtenerse en euros, en
dinero y, al mismo tiempo, una carga tributaria, es decir, una cuota
íntegra de impuesto cero. Por tanto, es un auténtico impuesto negativo
sobre la renta. Les ruego lo repasen sobre todo quienes han hablado de
una cuasi reforma, de una no sé qué reforma que favorece... Prácticamente
entiendo que ni lo han leído ni parece que tengan interés alguno en
comprender básicamente lo que esta reforma tributaria, que comenzará en
2015 y se completará en 2016, pretende.


Son, además, unos presupuestos que potencian la inversión
pública. La inversión pública en España crece, tanto la directamente
encauzada por el Estado y sus organismos como la que realizan empresas
públicas, lo que ahora es posible, entre otras cosas porque ahora pueden
financiarse en los mercados, mientras que anteriormente tenían cerrada la
financiación y, por tanto, disponíamos únicamente de los fondos
presupuestarios para financiar esas inversiones. Pues, crece. Crece al 14
%. Y hay que ver los agravios regionales que estamos constatando, los
agravios de aquellos a quienes le crece solo al 12,5. Este es un problema
grave, de un agravio mayúsculo y, luego, completándolo con otros
elementos de los que hablaré después, podremos hacernos una idea precisa
sobre el asunto.


Al mismo tiempo, estos presupuestos incorporan elementos
que abren la posibilidad —más que la posibilidad, la certeza—
de que estemos en disposición de aprovechar los fondos comunitarios una
vez que se apruebe, por ejemplo, el plan que tengo entendido que hoy
mismo el presidente de la Comisión, Juncker, presentaba, por más de 300
000 millones de euros, concretamente, 315 000 millones de euros. Pero no
se nos va a llenar la boca de euros. Parte es dinero de la comisión,
parte del Banco Europeo de Inversiones y, al mismo tiempo, se crean
instrumentos financieros que compran privados, con lo que ese dinero
revertiría a los presupuestos nacionales para promover inversiones
productivas e inversiones creadoras de empleo.


De momento, lo que tenemos incorporado en estos
presupuestos, el plan Crece y el Plan de empleo juvenil, es el
aprovechamiento de unos fondos que nacieron, precisamente, como
consecuencia de la negociación que el presidente del Gobierno de España
mantuvo en la Unión Europea para que se dotara esa partida del Plan de
promoción del empleo juvenil. Por tanto, eso es lo que tenemos ahora.
Pero, al mismo tiempo, el presupuesto está preparado para absorber los
fondos que se puedan aprobar en la Unión Europea en relación con este
macroproyecto de inversión que, en efecto, buena falta hace, porque ese
estímulo nos vendría muy bien, entre otras cosas porque no nos obligaría
a abrir el flanco que tenemos más débil, que es, precisamente, el déficit
público. Es decir, podemos hacer un incremento de inversión del 12 %,
manteniendo la estabilidad presupuestaria, la consolidación de déficit,
y, al mismo tiempo, si nos vienen fondos europeos, como ya tenemos
partidas para cofinanciarlos, podríamos dar un impulso todavía mayor al
crecimiento y a la creación de empleo.


Por último, he de señalar, como elemento esencial, que
estos presupuestos son creíbles, que dedican una parte significativa, más
del 50 %, concretamente, el 54 %, a gasto social, que están









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anclados, fundamentados, en un cuadro macroeconómico
razonable, incluso modesto en algunas previsiones. Está en el promedio de
lo que los analistas están diciendo que va a ser el próximo año, el 2015,
tanto en las cifras de formación bruta de capital fijo como en
exportaciones e importaciones, cuyo saldo refleja una situación
confortable de crecimiento. Por tanto, el crecimiento económico y la
propia creación de empleo en el año 2015 serán mejores, mayores, que en
el año 2014. Ese es el escenario que tenemos nosotros, que tiene el Fondo
Monetario Internacional y que tiene la Unión Europea, incluso dentro de
un contexto difícil, como es el de la Unión Europea. Por tanto, lo que
cabe esperar de estos presupuestos es su correcta fundamentación
macroeconómica, aunque uno de los portavoces que ha intervenido
defendiendo su veto nos ha venido a sugerir que el cuadro macroeconómico
ya no tiene ninguna importancia, que la cifra macroeconómica da
exactamente igual, que lo importante son otras cuestiones, vagamente
definidas, como prestar atención a la calle. Pues bien, yo no sé lo que
es eso. Lo que sí sé es que el cuadro macroeconómico forma parte esencial
de los presupuestos. Y, al mismo tiempo, estos presupuestos vienen
precedidos del cumplimiento de los tres presupuestos anteriores, los de
2012, 2013 y 2014. Se han cumplido en cifras de crecimiento, de
decrecimiento los dos primeros años, y se han cumplido también en
términos de déficit público. Con algunas décimas arriba o abajo, se han
cumplido. No estamos hablando de desviaciones del 6 %, superávit
programado del 3 y déficit cerrado de más del 3. Eso no. Eso es
irrepetible en la historia de España. Eso es Zapatero, que como ya digo,
el señor Sánchez se le parece cada vez más. No, nosotros eso no lo
hacemos, los presupuestos son creíbles. Concretamente, si han ojeado el
cuadro macroeconómico del presupuesto 2014 del año pasado recordarán que
la previsión de crecimiento económico era del 0,7 %. Sin embargo, vamos a
cerrar al 1,3 %, prácticamente al doble, porque las cosas han ido mejor
de lo que estaba programado, tanto en tipos de interés, como en precios
de petróleo durante el último trimestre. Estos son factores favorables,
pero la previsión de aquel momento era la razonable. Y recordarán ustedes
también que casi todos los portavoces que presentaron un veto el año
pasado ni siquiera hablaban de crecimiento, ni siquiera de la cifra del
0,7 %. Por eso a mí me hubiera gustado escuchar a los portavoces
reconocer que se equivocaron y que lo hicieron absolutamente. El Partido
Socialista negaba la recuperación, decían que acabaríamos con cifras
negativas de crecimiento, mientras que lo que hemos hecho ha sido doblar
la previsión del cuadro macroeconómico prevista para el año 2014. Pero el
pasado no genera futuro. Esto es simplemente un indicio y no podemos
afirmar con rotundidad que el próximo año vayamos a crecer al 4 %, el
doble del 2 % programado. Ojalá fuera así. Desde luego, la tasa de
crecimiento en España para el próximo año está garantizada, con unas
perspectivas más favorables que el resto de países de la Unión Europea e
incluso combatiendo este contexto europeo que ciertamente no favorece el
crecimiento.


Por último, el Gobierno va a proseguir en su esfuerzo y en
su voluntad, y para ello se han habilitado nuevas líneas de crédito, de
mantener la liquidez y aportar financiación extraordinaria a los entes
territoriales, comunidades autónomas y corporaciones locales. Algún
portavoz ha dicho —y yo es la primera vez que lo oigo de esa forma
tan descarnada— que un default de una comunidad autónoma a quien
perjudica es al Estado español. Lo ha dicho el senador Montilla. Y como
perjudica al Estado español, lo que está haciendo el Gobierno de España
es hacer negocio mediante los préstamos de liquidez del FLA, el Fondo de
liquidez autonómico. Llevaba tiempo sin escuchar una elusión de
responsabilidades de esta magnitud, cómo elude la cuestión y se la manda
a otros. Es decir, resulta que el beneficiario es el que presta y el que
recibe no es el beneficiario. Entonces, según usted, será el
perjudicado.


Lo cierto es que este Gobierno ha decidido que no hay
default de ninguna comunidad autónoma, de ningún Gobierno regional ni de
ninguna corporación local. Y fueron precisamente ustedes, señor Montilla,
el Partido Socialista de Cataluña y CIU, quienes recibieron con auténtico
alborozo aquel acuerdo de financiación autonómica suscrito con el señor
Zapatero. Aquella financiación autonómica era la solución a todos los
problemas. Nos referimos a una fecha tan cercana como 2009, cuando se
firmó el acuerdo con el presidente Zapatero, ese del que ahora los
socialistas no quieren hablar. Con él ustedes acordaron un sistema de
financiación autonómica que iba a ser magnífico para Cataluña y para el
mundo mundial. Pues bien, ese sistema magnífico de financiación que está
ahora en cuestión para ustedes para nosotros continúa siendo una ley de
obligado cumplimiento. Pero es que junto a esa financiación reglada,
ordinaria o establecida por









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ley, este Gobierno ha abierto nuevas líneas de financiación
extraordinaria porque tenemos que atender los servicios públicos, ni más
ni menos. Tampoco quiero decir yo —porque eso me situaría en el
punto diametralmente opuesto— que gracias al Estado se está
prestando la sanidad o la educación en Cataluña y otras regiones de
España, no, pero que el Estado está permitiendo que muchos hospitales y
muchas escuelas se mantengan abiertas, de eso no le quepa a usted la
menor duda. Y que el Estado con esa financiación extraordinaria está
posibilitando que muchos funcionarios públicos cobren su sueldo a final
de mes, tampoco tenga usted ninguna duda.


Seguiremos. Seguiremos con este programa, incluso lo
ampliaremos —como ya ha anunciado el ministro de Hacienda— a
aquellos servicios públicos prestados por haciendas locales que las
comunidades autónomas no pagan. No pagan porque no quieren; y, como no
quieren pagarlo y tienen restricción, también lo adelantaremos, también
daremos financiación extraordinaria; financiación extraordinaria para que
incluso las corporaciones locales puedan atender esos servicios públicos
esenciales que están actualmente prestando.


Voy a concluir. —me quedan diez minutos y la verdad
es que pensaba utilizarlos, pero no lo voy a hacer— haciendo un
recorrido muy rápido por algunos de los elementos de las críticas que los
portavoces de los grupos parlamentarios han hecho a estos Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015.


Lo del cuadro macroeconómico, la credibilidad: eso ya lo
hemos mencionado.


El «no cumplen con», «Estos presupuestos no cumplen
con…» —puntos suspensivos— sería el segundo apartado.
No cumplen con Asturias. El senador Oblanca nos ha recordado exactamente
que Asturias está maltratada, pero maltratada en estos presupuestos. No
cumplen, vale. Se sienten maltratados.


No cumplen con la comunidad autónoma canaria. No se
preocupe usted, senador, el régimen económico y fiscal, que no fuero
—eso se llama: régimen económico y fiscal, no fuero— será
aprobado y mejorado antes de final de año por decreto ley. Usted no se
preocupe, eso va por su cauce, no tiene por qué ir en los Presupuestos
Generales del Estado. O sea, gran parte de lo que usted nos ha dicho aquí
es perfectamente inútil y prescindible: el régimen económico y fiscal va
por la Ley del régimen económico y fiscal.


No cumplen con Cataluña. A las fuentes normales de agravio,
a las ya conocidas —agravio de la inversión per cápita, o sea, por
habitante; agravio por el reparto del déficit entre las administraciones
públicas, otro agravio que hemos debatido aquí hasta la fatiga; agravio
de la disposición transitoria, a lo que ya le dio solución el Supremo;
por tanto, no vamos a repetir aquí cuál es la prelación en el orden
jerárquico de las leyes ni qué sentido tiene hacer a un parlamento
soberano corresponsable de cualquier legislación regional —aunque
sea estatutaria pero regional— sobre las decisiones soberanas que
hay que tomar en ese parlamento —solamente faltaba eso—. Y
ese tema, que ya está resuelto por el Tribunal Supremo, ahora aparece y
se le añade una fuente de agravio que yo no termino de identificar
plenamente ni tampoco de entender y que es lo del depósito de gas del
Castor. No termino de entenderlo; no comprendo su argumentación de que,
como el Gobierno ha dado solución rápida a una cuestión que la sociedad
exigía —porque estaba produciendo problemas de seguridad, que son
los que hay que atender con mayor urgencia—, entonces ahora hay un
nuevo agravio. No sabemos por qué es un agravio traspasar a la factura
energética todo el coste —no será así, en fin, ya veremos—,
el coste principal, por cerrar una infraestructura que ha salido fallida.
Pues ha salido fallida y ya está, lo mismo que sale fallida otra
infraestructura y eso hay que pagarlo. Por tanto, como eso forma parte
del sistema energético y la reforma energética que se ha realizado en
España, en la que nosotros estamos incursos, ha permitido precisamente la
valoración de costes, la imputación real de costes y no la generación de
déficits a futuro —que son imposibles de pagar, mejor dicho, se
pagan, pero con el esfuerzo de los ciudadanos y también con la penuria
financiera del Estado—, no lo vamos a hacer. Por tanto, cuanto
antes y más rápido se resuelvan los problemas, incluso los eventuales que
surjan como este, mejor que no dejarlos ahí pudrirse en la distancia.


Ha habido algunos otros argumentos como el rescate de la
banca —que también surge de forma periódica— para decir no se
sabe bien qué. El rescate de la banca lo ha explicado el gobernador del
Banco de España, lo ha explicado el ministro de Economía, lo ha explicado
el Gobierno en Pleno, y si quieren, se lo explico yo aquí en este
momento, lógicamente con la credibilidad diferencial que cada uno de
estos organismos y personas tenemos.









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Las aportaciones a la banca eran imprescindibles. El país
que reaccionó más rápido, que fue Estados Unidos, con un apoyo masivo no
a los accionistas de los bancos sino para mantener la garantía, la
credibilidad del sistema financiero, es el país que ya está saliendo
—que ha salido— de la crisis económica y está
desenvolviéndose razonablemente bien. Nosotros, por el contrario, hemos
ido con retraso en esta cuestión.


El señor Zapatero —este que ahora los socialistas no
quieren mencionar de ninguna manera— nos propuso un acuerdo de
estabilización del sistema financiero con la creación del fondo
correspondiente, del fondo este general bancario de recuperación y
reordenación del sector bancario, y aceptamos porque era imprescindible,
lo mismo que la reforma de la Constitución del año 1935 —lo
importante estaba bien definido, tenía objetivos claros, y nosotros eso
sí lo apoyamos—. ¿Qué es lo que decía básicamente de la utilización
de los créditos públicos, ya sea en efectivo, ya sea mediante operaciones
de endeudamiento fundamentalmente? Que a través del FROB se recuperaría
la credibilidad, la garantía de los depósitos bancarios y que
posteriormente a través del MEDE —el mecanismo europeo de
estabilidad— se procedería —eso ya lo hemos hecho
nosotros— a la reestructuración del sistema bancario. Todo eso,
acompañado del aumento de las provisiones obligatorias del sector
bancario, del sector financiero en su conjunto —es decir, se les ha
obligado a provisionar— y de la limitación de distribución de
dividendos, todo eso, repito, ha dotado a nuestro sistema financiero de
una estabilidad que actualmente es reconocida en Europa y en el mundo.
Concretamente, en los últimos test de estrés España quedaba
magníficamente en cuanto a estabilidad. (Bien es verdad que había quedado
magníficamente mucha gente, pero nosotros hemos quedado muy bien, cuando
hemos tenido un sector financiero aquejado de problemas gravísimos, con
unas instituciones que han estado prácticamente quebradas o cerca de
estarlo, que ha habido que reestructurar en unos casos por adquisición de
otras entidades, en otros casos por cierre directo o con una
reestructuración como la que se hecho).


Lo que en 2011 era un gravísimo problema, hoy ha dejado de
serlo gracias precisamente a esta reestructuración del sistema
financiero. Todos los apoyos públicos no fueron para apoyar el valor de
las acciones de los bancos, tampoco fueron para apoyar políticas
crediticias erróneas, fueron para apoyar a los depósitos de los clientes,
a los depósitos de los españoles. Y quien no entienda esto y quien haga
la demagogia sencilla de que se da dinero a los bancos y no a las
familias, a las empresas... Le vamos a dar dinero a todo el mundo: a las
ferreterías, a las droguerías, a todo el mundo; vamos apoyar a todo el
mundo, vamos a rescatar a todo el mundo. Eso no puede ser porque
entraríamos en el argumento inicial de que la consolidación fiscal salta
por los aires, perdemos la credibilidad internacional y vamos otra vez a
la quiebra a la que nos llevó el Gobierno de Zapatero. Ahora, el nuevo
líder socialista, quiere quitar el anclaje que supone el artículo 135 de
la Constitución, lo que ya apunta también en una determinada dirección.
Por tanto, señores, eso está plenamente especificado. Deberían ustedes
distinguir cuando hablan en sede parlamentaria de cuando lo hacen en un
mitin popular. En un mitin popular lo pueden decir, pero no aquí, porque
aquí todos —o, por lo menos, bastantes— sabemos lo que hay.
Por tanto, no falseen la realidad.


Por último, me van a permitir que me refiera a una frase
que me ha sorprendido —en realidad es lo único que me ha
sorprendido en este debate parlamentario—. Es la frase del portavoz
socialista cuando dice que lo que hay que hacer es gobernar la
globalización desde una perspectiva socialdemócrata. Esa era su
conclusión. Yo no sé qué perspectiva es esa y, además, tampoco sé
siquiera si está hablando de Gobierno o del exgobierno, no lo sé; pero,
desde luego, a mí me ha recordado la frase de Fernando VII, emitida
además en esta institución, cuando decía aquello de «caminemos todos
juntos» en pos de la globalización y en pos de la igualdad, aunque eso
nos lleve a la ruina —esto último ya lo he añadido yo—. Por
tanto, la globalización entendida como una actitud socialdemócrata para
orientarla y gobernarla sencillamente es algo que la experiencia pasada,
con el presidente Zapatero, socialista, que ustedes jaleaban cada vez que
venía por aquí, nos ha demostrado que puede tratarse más de un
desgobierno y de una frase hueca que de una realidad o de una voluntad
decidida de gobernar realmente la globalización.


Concluyo como empecé. El Grupo Parlamentario Popular está
muy satisfecho con estos presupuestos para el año 2015.









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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.


El señor UTRERA MORA: Y termino, señora presidenta,
diciendo que vamos a votar en contra de todos y cada uno de los vetos
presentados. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, intervienen tres
portavoces.


Tiene la palabra el senador Quintero.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señora
presidenta.


Senador Utrera, con todos los respetos, mire, a lo mejor no
se ha leído el régimen económico y fiscal de Canarias, y no fuero
—vamos a llamarlo entonces régimen económico y fiscal—. Yo le
voy a leer literalmente el artículo 94, que dice lo siguiente: «Las
inversiones estatales no podrán ser inferiores a la media que corresponda
para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo
las inversiones que compensen el hecho insular y ultraperiférico.» Eso
dice literalmente el artículo 94 de la Ley del régimen económico y
fiscal. A lo mejor es que usted no se lo ha leído. Sus propios datos,
senador Utrera, dicen que la inversión media por habitante para los
presupuestos de 2015 es de 249 euros, cuando en Canarias son 173 euros.
¿Esto qué significa? Desde mi ignorancia, que no estamos en la media. Es
verdad que se ha llegado a un gran acuerdo con el Estado en la parte
fiscal del REF, lo hemos dicho muchas veces, y se va a lograr antes de
finalizar el año —y el señor ministro está aquí—, pero la
parte económica del REF tiene que estar en los Presupuestos Generales del
Estado, si no, ¿dónde lo vamos a meter? Entonces, perdone que le diga
pero a lo mejor usted debería leerse el régimen económico y fiscal de
Canarias y aprobarlo.


Otra cuestión: yo no estaba cuando se refirió al FLA, pero
cuando yo le pido dinero a un banco y me lo presta con intereses, hace
negocio. Es verdad que los intereses del Estado son más bajos que los de
un banco, pero quizás lo amortizan con la subida del dinero, con lo cual
a lo mejor también está haciendo negocio.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Senadora Capella, tiene la palabra.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señora presidenta.


Los Presupuestos Generales del Estado, o presupuestos,
defienden prioridades políticas, acción política y modelo social. Yo ya
les he dicho cuáles son sus prioridades: no abordar la pobreza
estructural ni la pobreza infantil, no atender la Ley de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, no
atender a aquellas personas que han agotado todas sus prestaciones y ya
no les queda nada. Su prioridad, entre algunas otras, está en la
defensa.


En el reparto del déficit ustedes hacen trampa y sacan
pecho del esfuerzo de otros: de las comunidades autónomas. Trasladan el
peso del mismo a quienes tienen las competencias y a quienes deben dar la
cobertura a la ciudadanía. Es decir, ustedes se reservan la mayor
capacidad de endeudamiento.


El FLA, les pese, les guste, no les guste, no deja de ser
lo que les he dicho: nos prestan a los catalanes y a las catalanas
nuestro dinero y nos cobran un alto interés por ello. Ustedes, siempre
con el retrovisor puesto —ya lo he dicho también—,
externalizan siempre la culpa.


Señor Utrera Molina, se equivoca. (El señor Utrera Mora:
Molina, no). Perdón, me he equivocado, se llama Utrera. Esquerra
Republicana es un partido independentista, que no nacionalista. La
independencia es un medio para conseguir un fin, se lo he dicho y se lo
he descrito: la república catalana. Pufos, los de Gürtel, Pokemon, Nóos,
Púnica y un largo etcétera. Vergüenza: los 1350 millones de euros que ha
recibido Florentino Pérez por el proyecto Castor, un desastre de
proyecto, se mire por donde se mire; además, con una inusitada rapidez de
la Administración del Estado en responder a una indemnización sin pasar
por los tribunales. A ver cómo le explican esto a la inmensa mayoría de
ciudadanos y ciudadanas cuando les toca reclamar contra la Administración
del Estado para poder recibir una indemnización.









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Reitero que las instituciones están al servicio de las
personas y no de los intereses de unos pocos.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Senador Iglesias, tiene la palabra.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.


Sigo con el esquema de la intervención del portavoz Popular
—yo siempre me refiero al portavoz del grupo, y así nunca me
confundo con los nombres—, aunque empezaré casi por el final.


En su argumentación en torno al presupuesto ha apuntado que
son creíbles. En mi intervención he intentado moverme con la misma
terminología que utilizó el gobernador del Banco de España, una
terminología que además ha sido empleada por la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal. Estos presupuestos son creíbles pero con
incertidumbres. Además, recuerdo —y el portavoz Popular también,
porque estaba allí— que en su comparecencia ante la Comisión de
Presupuestos el gobernador del Banco de España dijo literalmente que así
como estaba firmemente convencido de que el objetivo de déficit en 2014
se cumpliría, le parecía más difícil que se pudiese cumplir en el
2015.


Entro en otras cuestiones. Es verdad que crecemos más que
el resto de los países europeos, pero ya me cambiaría yo por muchos de
esos países europeos. Ellos, creciendo mucho menos, tienen menos de la
mitad de desempleo que tenemos nosotros. Es verdad que en las últimas
subastas estamos pagando un tipo de interés bajo por la deuda pública
—menos del 2 %— pero es cierto que nunca antes el Banco
Central Europeo había prestado al 0,05 %; nunca antes —al menos en
los periodos que hemos vivido— se empezaba a cobrar no ya por
prestar, sino por recoger dinero, por tener los depósitos. Ojalá nos
pudiéramos ver en esa situación. También me cambiaba por los países
europeos que están en esa situación, aunque puntualmente crezcan mucho
menos de lo que nosotros lo hacemos.


Ha destacado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular
que la reforma fiscal suponía una apuesta por la protección a la familia,
pero en este mismo presupuesto hay una reducción de casi 300 millones en
las consignaciones para la protección a la familia —ya lo veremos
cuando empecemos con los vetos parciales—.


En su intervención nos ha dicho que hay que destacar la
capacidad de este presupuesto para encajar los recursos que nos puedan
corresponder como consecuencia de la puesta en marcha del plan Juncker,
porque habría posibilidades de cofinanciación. Serán bastantes limitadas
las posibilidades de cofinanciación que se deriven de este presupuesto,
con un incremento de la inversión —global, es verdad— del 14
%, pero después de tres años de caída de la inversión —bueno, tres
años del actual Gobierno, pero hay que añadir el tiempo que el anterior
Gobierno llevaba ajustando la inversión en los últimos
presupuestos—, y citaba como ejemplo el Plan de garantía juvenil.
El Plan de garantía juvenil, efectivamente, se financia sustancialmente
con los fondos procedentes de la Unión Europea no porque estemos en una
situación magnífica, no porque nos aplaudan por tener más del 50 % de
paro entre los jóvenes, sino porque la Unión Europea reconoce que tenemos
una necesidad específica en esta materia, y por eso nos provee de esos
recursos.


Vuelvo al plan Juncker. Según los medios de comunicación,
el Gobierno de España ha presentado 60 proyectos para ser financiados. Yo
al menos desconozco —no sé si también los gobiernos de las demás
comunidades autónomas, pero me consta que el de la mía sí— qué
proyectos son esos y cómo van a afectar a las diferentes comunidades
autónomas, lo cual no es cuestión baladí.


Aportación extraordinaria a los entes territoriales. Se
sigue manteniendo una situación de control y limitación de la capacidad
de autonomía de las corporaciones locales a pesar de que tienen
superávit. Ni tan siquiera se reconoce en estos presupuestos el esfuerzo
que han hecho las corporaciones locales y en el contexto en el que se han
situado: en el 2013 han salvado gran parte del cumplimiento del objetivo
de déficit y en el 2014 van a colaborar activamente al cumplimiento de
dicho objetivo.









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Haré una última consideración en torno al rescate bancario.
Yo he oído decir en distintas ocasiones y también al gobernador del Banco
de España, e incluso al señor Montoro o al señor De Guindos —no lo
recuerdo bien— lo mismo que nos planteaba el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, y es que se ha hecho un rescate del sistema
bancario no para favorecer a los accionistas, sino para garantizar los
depósitos. Es cierto, pero supone también un juego de palabras. En las
entidades rescatadas no había accionistas. Estamos hablando
fundamentalmente de cajas de ahorros en las que no había accionistas,
había quien tenía una participación —administraciones y entidades
fundadoras, ayuntamientos como entidades fundadoras, gobiernos
autonómicos como herederos de las diputaciones provinciales— y
tenía la titularidad de esas entidades, sin embargo sí ha habido
accionistas beneficiados como consecuencia del rescate bancario. Porque
el rescate bancario ha conllevado también una concentración del sistema
financiero en menos entidades, y ha fortalecido a los grandes bancos y a
sus accionistas. No sería ese el objetivo del rescate bancario, sería el
otro, el de garantizar los depósitos, pero el resultado es que, además de
garantizar los depósitos, hemos asistido a una situación en la que se ha
fortalecido la posición de los grandes accionistas de las grandes
entidades financieras. Y además, en este proceso de bancarización de las
cajas de ahorros —algunas de las cuales efectivamente tuvieron una
gestión catastrófica y por ello hubo que acudir a su rescate— se ha
utilizado como perchero —al menos en algunas ocasiones— a
cajas de ahorros que estaban bien gestionadas y que eran solventes, y se
les ha obligado —iba a decir que entre comillas, pero no, sin
comillas— a asumir una parte del coste del rescate bancario,
cargando con cajas de ahorros que efectivamente estaban mal gestionadas.
De esa manera también se ha reducido el valor de las cajas de ahorros
saneadas ya de antemano, antes del proceso, que después se han visto
reconducidas a convertirse en bancos con participación accionarial.


También quiero reconocer al señor Montoro no solo que venga
siempre, que lo hace, sino que aguanta el debate hasta el final, y de
eso, efectivamente, hay escasísimos precedentes.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra el
senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Buenas tardes.


Evidentemente, también hago mías las palabras del senador
Iglesias.


Señor Utrera, al menos tiene usted que reconocerme que el
hecho de que haya 10 vetos encima de la mesa es un dato llamativo. Es un
dato considerable que entiendo a todos nos debería dar que pensar. Es
evidente que estamos donde estamos, pero de aquí a que termine toda la
tramitación parlamentaria deberían demostrar ustedes también alguna
actitud positiva con aquellos que estamos reclamando, que estamos
reivindicando un trato mejor del que entendemos que se nos está dando.
Todos los grupos parlamentarios han presentado un veto pidiendo la
devolución de este texto al Gobierno. Esa falta de complicidad, esa falta
de diálogo evidentemente no beneficia a nadie, y entiendo que a ustedes
menos.


El señor Utrera irónicamente denominaba una sección con el
«no cumplen con», y yo en estos momentos no voy a poner encima de la mesa
la inversión por habitante en Euskadi, que supone 168 euros respecto a la
media española de 242 euros. No voy a ir por ahí. Mi única reflexión en
ese sentido es que no se ve un verdadero compromiso con Euskadi en el
único proyecto de sustancia que hay en estos momentos en Euskadi como es
el tren de alta velocidad. Y no voy a hablar de cantidades económicas, no
voy a hablar de dinero, sino de un gobierno que siempre ha entendido que
la planificación, el orden tenía que ser la base de la gestión y que hoy
es el día que lo único que sabe de este proyecto es cuándo empezó pero no
cuándo va a terminar ni cómo va a terminar ni dónde va a terminar. Que a
día de hoy no sea capaz de planificar una obra de unas inversiones tan
importantes, de realizar un cronograma, de acordar con el resto de
instituciones implicadas, cuando menos, sorprende, y, repito, no voy a
plantear que hacen falta no 200 millones, sino 500, sino 800, sin
objetivos, porque todos entendemos que estamos viviendo una situación
económica complicada. Todos entendemos que tenemos que rehacer lo que son
todas las previsiones que en su momento se habían planteado. Pero también
considero que todos debemos de reconocer que al menos en la
Administración pública, y, cómo no, en la empresa









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privada, lo que es una planificación, lo que es una
ordenación de lo que va a ser la ejecución de una obra muy importante es
tremendamente necesaria.


Primero, se entendía que la finalización de la obra iba a
ser en el 2012. Después ya, y en esta misma Cámara a una pregunta que le
hice al presidente, él aceptó y reconoció que era la fecha el 2018. Hoy
tampoco vale. Hoy parece que va a ser 2020. No sabemos y, repito,
entiendo que la situación económica es muy compleja, es muy complicada y
que necesita adecuarse a la realidad. Pero es evidente también que no
puede ser que haya, por ejemplo, un tramo, como es el guipuzcoano, que
tenga un calendario y sean otros dos tramos, como el vizcaíno y el
alavés, que tengan otro plazo que nadie conoce, entendiendo que va a ser
una obra gestionada en diferentes ritmos y de diferentes maneras.


Y otra mención a la falta de compromiso con Euskadi, señor
ministro: tenemos un tema muy importante pendiente, el tema del cupo.
Cuando usted estuvo en Bilbao, si mal no recuerdo en la primavera de este
año, anunció en los medios de comunicación que la negociación del cupo
iba a tener lugar el próximo otoño —es decir, ahora—.
Entonces, el Grupo Vasco también reivindicó que era demasiado plazo, que
era excesivo el plazo que nos estaba pidiendo. Estamos en la situación en
la que estamos y sabemos que todos estos aspectos son complejos, son
difíciles, que no son únicamente responsabilidad de su ministerio sino
probablemente de todas las instituciones implicadas y de ejecutivos
anteriores, pero evidentemente en estos momentos sí que tenemos que
enfocar este tema.


Decía el senador Utrera que lo que a él más le preocupaba
era el cuadro macroeconómico. Pues a mí no. Yo hasta puedo dar por bueno
el cuadro macroeconómico que él pueda presentar, pero, repito, a mí me
preocupan las personas. Y me dice que no sabe lo que es la calle. La
calle es el paro. La calle es el empleo precario. La calle es la
exclusión social que se ha dado durante los últimos siete años. La calle
es la exclusión severa con un aumento de un 82,6 %, con 5 000 000 de
personas en exclusión severa. La calle es la pobreza infantil, con 2,7
millones de críos en la pobreza o en riesgo de exclusión. En definitiva,
lo que quiero decir es que la austeridad que se ha aplicado durante
tantos años no es neutral en términos distributivos.


La fractura social se ensancha día a día. Un 25,4 % de
jóvenes entre 16 y 34 años no se encontraban estudiando en el curso
académico 2012-2013, y tampoco tenían empleo, lo que supondría 2,6
millones de personas, de las que 857 000 tendrían entre 16 y 24 años.
Esto está provocando una rápida extensión de los procesos de exclusión y
pobreza hasta ahora desconocidos entre la población más joven, que en
estos momentos empieza a entrar en procesos de exclusión y pobreza, lo
que, evidentemente, nos tienen que preocupar.


Como se ha dicho anteriormente, es cierto, y así se ha
reconocido, que el Estado español en estos momentos está mostrando datos
más positivos en comparación con el resto de los Estados miembros de la
Unión Europea. Pero que no se nos vaya de la mente una foto, y es que en
la Eurozona el desempleo es del 11,9 %, mientras que en España 1 de cada
4 personas está en desempleo. Y otro dato importante: la Comisión Europea
estima que la economía española tiene un nivel de desempleo estructural
de un 23 % de la fuerza laboral. Ya sé que el Gobierno español no lo
comparte, pero también es un indicador. Y estructural quiere decir que
incluso después de una recuperación cíclica esas personas lo tendrán muy
difícil para encontrar trabajo por diversos motivos.


Termino. En definitiva, señor ministro, senadores del Grupo
Popular, en nuestra opinión, son unos presupuestos en los que no se
refleja la realidad existente, solo responden a la España que vive dentro
de la economía financiera, y se olvidan de los que sufren la economía
real.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, yo también me sumo a los portavoces que han
puesto de relieve que le podremos criticar por muchas cosas pero desde
luego no por no responder ante esta Cámara y asumir sus
responsabilidades, lo que le honra.









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Después de horas de debate, de escuchar los argumentos de
los grupos que han formulado 10 vetos a estos presupuestos generales
—más vetos que nunca— y las argumentaciones opositoras del
grupo mayoritario, no podemos más que reafirmarnos en nuestra solicitud
de devolución que comportan estos vetos. Nosotros, por tanto, votaremos
positivamente los vetos del resto de grupos parlamentarios.


Quiero aprovechar esta intervención para hablar de Europa,
porque Europa tiene mucho que ver con estos presupuestos, no solo por la
reforma del artículo 135, sino porque la política fiscal europea
condiciona enormemente la política económica de España y, por tanto,
estos presupuestos. El problema, señorías, es que ustedes se han limitado
a dar apoyo a la consolidación fiscal, y si se ha producido una
flexibilización de las normas fiscales comunitarias, como hemos visto en
diversos ejercicios, no ha sido por sus propuestas ni por su insistencia,
al menos en las cámaras no lo han expresado.


Ustedes saben que en más de una ocasión hemos planteado la
necesidad de flexibilizar las normas del Pacto de estabilidad y
crecimiento. Las recetas de la crisis no pueden continuar siendo
exclusivamente las políticas de austeridad, y digo exclusivamente. La
Unión Europea y el Banco Central Europeo han de ser capaces de ejecutar
—y digo ejecutar—, no solo anunciar, medidas de estímulo que
ayuden al crecimiento y al empleo. Porque la realidad es que el Banco
Central Europeo —que, dicho sea de paso, ha sido seguramente el
elemento más activo dentro de la Unión Europea o de la Eurozona— ha
reducido sus activos en 600 000 millones de euros desde principios de
2012, es decir, un 20 % de su base monetaria, que representa el 6 % del
PIB de la Eurozona. Si nos fijamos en los anuncios, ahora parece que
pretende recuperar y ampliar su balance. No deja de ser un reconocimiento
de que, con su inacción, más allá de declaraciones, es corresponsable del
riesgo, apuntado por numerosos organismos, de una nueva recesión, así
como del riesgo de deflación presente también en la economía
española.


Señorías, comparemos qué ha hecho Estados Unidos desde 2009
y que ha hecho la Unión Europea. Estados Unidos ha sido capaz de crear 10
millones de puestos de trabajo, de hacer crecer sus ingresos públicos un
30 % sin subir los tipos y de mantener la inflación en torno al 2 %. Ello
es así, entre otras cosas, porque la Reserva Federal compró bonos, el 25
% del PIB de USA, más de 4 billones de dólares. Ya sé que no es fácil la
apuesta política de hacer del Banco Central Europeo un auténtico banco
central europeo, prestatario en último recurso, pero ustedes, señores de
la mayoría, no han movido un dedo para ir en esta dirección. Alguien
tendrá que decir al Banco Central Europeo que algo tendrá que hacer,
porque con una inflación del 0,4 %, lejos de su objetivo del 2 %, y con
los tipos de interés sin apenas margen para ser reducidos, francamente,
sus recetas no acaban de funcionar.


Y digo esto porque tiene una relación directísima con los
Presupuestos Generales del Estado que estamos debatiendo, porque somos
conscientes de que es difícil cambiar la política económica española si
no hay un cambio también en Europa, si no se trabaja para que ello sea
posible. Hay que conseguir que la Unión Europea ponga de una vez en
marcha el programa de expansión cuantitativo que Europa necesita, y si
ello acabara pasando, por supuesto que haría más por la economía
española, por el empleo y por la recuperación que lo que hacen estos
Presupuestos Generales del Estado 2015.


Estos presupuestos, como ya hemos manifestado, no nos
merecen confianza, por lo que dicen y por lo que ocultan, y también por
las razones que ha expresado el portavoz del Grupo Popular al oponerse a
los vetos y decir que la reforma de las administraciones públicas ha
supuesto un gran ahorro —yo creo que seguramente menos del que se
anuncia, y digo se anuncia—. Además, en este caso, gracias
fundamentalmente a los ajustes y esfuerzos de las comunidades autónomas y
de las corporaciones locales, porque solo hay que ver la evolución del
gasto corriente en materia de personal de la Administración General del
Estado, sin ir más lejos, y cómo han evolucionado las corporaciones
locales y las comunidades autónomas. Reforma de las administraciones,
pero que las reformen otros, eso es lo que ustedes han hecho. Seguramente
había facturas no reconocidas, de unas administraciones más que de otras;
de hecho, en mayo de 2012, ustedes tuvieron que rehacer un dato que
habían comunicado a Bruselas respecto al déficit, porque aparecieron
facturas de dos comunidades autónomas en los cajones, que, por cierto,
estaban —y continúan— gobernadas por el Partido Popular.









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Respecto a la supresión o modificación del artículo 135,
les diré que yo no fui un gran defensor de esta modificación, y, entre
otras cosas, creo que en aquellos momentos no solucionó nada, lo único
que hizo fue tratar de salir del paso de las presiones de la comunidad
internacional y, de manera muy singular, de la Unión Europea. Pero ni
aquello solucionó nada ni tampoco considero que hoy su supresión o su
modificación nos ayude a cambiar las prioridades y las políticas
económicas. Los problemas son otros. Es verdad, que autolimitarse, como
prevé el artículo 135 en su redactado actual, seguramente es
innecesario.


Respecto al déficit del año 2008, el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado se ha referido a él poniéndolo como
ejemplo. Dice: «Se preveía, cuando hicieron el cuadro macroeconómico,
—supongo que en el verano de 2007— un superávit del 3 %.»
Pues bien, repasen las hemerotecas y vean lo que decían los servicios de
estudios. En aquellos momentos la crisis todavía no había asomado; si
acaso, empezó a asomar a finales de 2007. Es normal que eso pasara, sobre
todo después de que en el año 2008 sucediera lo de Lehman Brothers y
todas esas otras cosas que ustedes conocen. No, a este respecto no hay
que ser maniqueos, hay que reconocer las cosas como son, porque la única
manera de avanzar, de hablar y de llegar a acuerdos es dejando de ser
maniqueos y de aparentar verdades que no lo son


Respecto a la alusión que usted hacía del default, yo no he
dicho que el Fondo de liquidez autonómico esté exclusivamente pensado
para que el Estado actúe exclusivamente como un banco; he dicho que el
Estado no se puede permitir que una comunidad autónoma haga un default, y
lo mantengo, porque no es una empresa privada, no es un consorcio
bancario. Si no se puede permitir que un banco quiebre —entre otras
cosas, por eso se ha hecho la reforma financiera—, mucho menos que
haga default una comunidad autónoma. ¿El interés es de la comunidad
autónoma? Por supuesto, pero también del Estado, que tiene que
representar a todos y, por lo tanto, también a las comunidades autónomas.
Y no es una labor caritativa la que se hace con el Fondo de liquidez
autonómico, es un instrumento que va bien a las comunidades autónomas, y
por eso nosotros lo votamos en su momento, igual que votamos el Fondo de
pago a proveedores, pero también tiene esta otra vertiente de un interés
interesado, valga la redundancia, por parte de la Administración General
del Estado.


Respecto al sistema de financiación autonómico, que dice el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular que nosotros lo calificamos de
magnífico, por supuesto que era, y es, mucho mejor que el anterior. Y si
no, hagan ustedes una simulación de los ingresos que en estos momentos
tendrían las comunidades autónomas con el sistema anterior al año 2009.
Desde luego, la situación sería mucho más desesperada que en las actuales
circunstancias, que en algunos casos ya lo es.


Todas estas razones nos confirman que estos presupuestos se
merecen los vetos que se han formulado, porque no nos merecen confianza,
porque no ayudarán al crecimiento y a la creación de empleo, porque no
ayudarán a la competitividad ni al reforzamiento de nuestro aparato
productivo, no ayudarán a las empresas, no ayudarán a la cohesión social.
Al contrario, en la sociedad española habrá más desigualdad, más
frustración y más desconfianza. Estos presupuestos son hijos de una
política económica y de una reforma fiscal injusta, que tiene poco
recorrido, y en la que los sectores más necesitados de la acción de las
administraciones públicas, de las políticas del Gobierno, es decir los
desempleados, los jóvenes, las personas con riesgo de exclusión y las
personas discapacitadas no son atendidos por estos presupuestos. Y las
razones sobradamente las han expuesto todos los portavoces que han
formulado los vetos, que son razones más que suficientes para vetar estos
Presupuestos Generales del Estado y, por supuesto, es lo que haremos los
senadores y senadoras socialistas del Grupo de la Entesa, votar
favorablemente los vetos.


Muchas gracias. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez,
ocupa la Presidencia).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president
Montilla.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muy gracias, señor presidente.


Con carácter previo, si me lo permite, y aunque no sea
objeto de este debate presupuestario ni de unos presupuestos generales
del Estado, diferentes portavoces, en diferentes momentos de estos vetos,
han hecho alusión a la cifra de deuda de la Generalitat de Catalunya y a
su evolución









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a lo largo de los dos o tres últimos años, dejando entrever
si había sido acertada o no la gestión del Gobierno actual. Entiendo que
esto no es objeto de esta Cámara. Los diferentes portavoces que han hecho
alusión a ello tienen representación en el Parlamento de Cataluña y
pueden interpelar allí al conseller o al president al respecto, que
seguro que ambos les darán millones de motivos explicando la evolución de
la deuda de la Generalitat de Catalunya a lo largo de los tres últimos
años.


Dicho esto, yo iniciaba mi intervención en el veto general
explicando que este no es un buen presupuesto para los catalanes, que no
es un buen presupuesto para Cataluña y que no se cumple con Cataluña. La
verdad es que el señor Utrera, que ha hecho un turno en contra
suficientemente amplio, no ha dedicado ni quince segundos a intentar
convencer a los catalanes de que este es un buen presupuesto para los
catalanes o para Cataluña. Intuyo que ya lo dejan por imposible, o es que
ya no les preocupa Cataluña, porque a esa afirmación el grupo mayoritario
que sustenta al Gobierno no le dedica ni quince segundos. En algún
momento el señor Utrera ha dicho que algún portavoz se ha quejado de que
la inversión solo crecía el 12,5 %, cuando el total de la inversión
territorializada crecía un 14,5 %. Por tanto, por 2 puntos, es que se
quejan de cualquier cosa. Nos quejamos de que desde 2009 la inversión
territorializada en el Estado ha disminuido un 55 %. Un 55 % es mucho.
¿Saben cuánto ha disminuido en Cataluña? Un 71 %. Esto no son ni 2 ni 3
ni 5 ni 10 puntos; son muchísimos. En estos momentos nadie en el
Gobierno, nadie en el Partido Popular está dando explicaciones a Cataluña
de por qué está ocurriendo. Y cuando sube a la tribuna el portavoz del
grupo mayoritario en Cataluña —hay otros— y les dice que
están castigando a Cataluña a través de estos presupuestos, esto no
merece ni quince segundos de contestación, y eso lo deben explicar. Y
además dicen: No, no coinciden, porque cada uno tiene sus argumentos, y
la crítica que se hace a estos presupuestos es que «no cumplen con».


Esta es la Cámara de representación territorial, y en ella
todos los territorios, por elección directa o a través de los parlamentos
autonómicos, tienen su representación. Ha habido diferentes territorios
que han levantado su queja, seguro que legítima. Díganme una comunidad
autónoma, un territorio que no sea Cataluña, en la que todos los
senadores de ese territorio vayan a votar hoy contra el presupuesto que
ustedes presentan. Dígame una. No hay ni una. Ni una. Cataluña. Todos los
senadores de Cataluña vamos a votar a favor de todos los vetos y en
contra de este presupuesto. Entonces, ¿no se preguntan ustedes cómo es
posible que todos los senadores de cinco partidos políticos se pongan de
acuerdo y no haya ningún senador catalán que vote a favor de estos
presupuestos? No veo ninguno. Ahora vamos a votar y vamos a ver cuántos
senadores catalanes votan en contra de los vetos. Van a votar todos a
favor. Eso tendría que hacerle reflexionar a alguien. Eso no va a pasar
con cualquier otra comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas, como la
canaria, la asturiana y la vasca, que se quejan. Todas con razón, pero en
ninguna va a coincidir que todos los senadores voten en contra. Eso es
una realidad.


El señor Utrera, que no ha dedicado parte de su
intervención a intentar convencer a los catalanes —creo que ya no
les interesa convencer a los catalanes, los catalanes están en otro
registro—, sí que ha hecho algunas afirmaciones cuando menos
curiosas. Dice: Puedo entender, y lo he oído muchas veces, que no
cumplimos con la inversión territorializada y muchas veces no han estado
de acuerdo con la distribución del déficit. ¿Qué tiene que ver que se
pague una indemnización por el proyecto Castor de 1350 millones para
sentirse agraviados? Se lo voy a explicar porque no es como el señor
Utrera dice. Ha salido una infraestructura fallida; una infraestructura
fallida de 1350 millones este mes pasado, más los correspondientes
intereses, mantenimiento y desmantelamiento. No va a ser inferior a 2500
millones de euros. El problema no es que ha salido fallida, sino que
alguien se debería preguntar por qué ha salido fallida. ¿Lo ha hecho bien
todo la empresa? Informes del Observatorio del Ebro, del Instituto
Geológico y Minero de España y de diferentes consultoras internacionales
cuestionaban el proyecto y la ejecución.


Algunos senadores del Grupo Popular me dicen que mire a la
otra bancada, y miro a la otra bancada, y la otra bancada me dice que
mire a la otra, que es la que lo ha hecho. La realidad es que en menos de
treinta días —aquí sí que se han superado todos los récords del
período medio de pago, todos, se han fulminado todos— se han puesto
a disposición de una compañía privada 1350 millones de euros sin que
hubiese ningún informe que estableciese que el comportamiento había sido
adecuado. Mis electores, mis conciudadanos me preguntan cómo es posible
que en el año 2015 solo quieran invertir 1100 millones en toda Cataluña y
en menos de









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treinta días se deposite en la cuenta corriente de una
compañía privada 1350 millones de euros. Yo no lo sé explicar, y si
alguno de ustedes tiene una pista, sería bueno que nos la hiciera llegar,
que dijeran: las prioridades del Estado son otras, la prioridad del
Estado no es Cataluña, la prioridad del Estado es la cuenta de
explotación, el balance de alguna compañía privada, que, desde nuestra
óptica, ha sido negligente en la ejecución de un proyecto. Eso es lo que
tienen que explicarnos, eso es lo que tienen que explicar a los
catalanes.


También ha dicho el senador Utrera que estos presupuestos
complementan el mecanismo de financiación de las comunidades autónomas
mediante el Fondo de liquidez autonómico. Tantas veces ustedes lo
repitan, tantas veces nosotros lo vamos a contestar.


El Fondo de liquidez autonómico no es un mecanismo de
financiación de las comunidades autónomas. Es un sistema que consiste en
aportar, mediante contraprestación a través del correspondiente interés,
liquidez a las comunidades autónomas. Pero eso no genera más ingresos.
¿Gracias al FLA pueden sobrevivir los hospitales y los servicios
sociales? No. Los servicios sociales, los hospitales y la educación se
tienen que pagar mediante partidas presupuestarias del presupuesto de la
Generalitat, y para la Generalitat, con este presupuesto, no hay más
ingresos. El FLA es un sistema que tienen para aportar liquidez a las
comunidades autónomas porque estas no pueden recurrir al sector privado.
Ustedes, el Gobierno y la Administración General del Estado, también han
recurrido a estos sistemas de financiación. ¿España se habría podido
financiar? ¿Ahora se estaría financiando al 2 % sin la intervención de la
Unión Europea y del Banco Central Europeo? Por supuesto que no. Se está
financiando gracias a una intervención —desde mi óptica, hasta el
momento acertada— del Banco Central Europeo y de la Unión Europea,
gracias a la ayuda de los demás. ¿Cuando van a Europa les están diciendo
constantemente que ustedes se financian gracias a ellos? No, porque es un
ejercicio de solidaridad. Lo único que estamos diciendo en Cataluña es
que si nos dejan acceder directamente a esta financiación, nosotros
también nos financiamos. Por tanto, decir que el FLA aporta más ingresos
a las comunidades autónomas no es cierto. Pueden repetirlo porque
igualmente nosotros vamos a repetir que no es cierto. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).


Estos presupuestos —y prácticamente no ha dicho nada
al respecto el grupo mayoritario— tendrían que venir aquí con la
financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales
ya en proceso de reforma o finalización. Estos presupuestos no contemplan
una nueva financiación ni para las corporaciones locales ni para las
comunidades autónomas, tal como se habían comprometido.


Finalmente, el señor Utrera ha dicho que esto de la
disposición adicional tercera ya lo clarificó quien lo tenía que
clarificar, porque ¿qué sentido tiene que un Parlamento autonómico
apruebe una norma que condiciona a un Parlamento estatal? Clarísimo. El
Estatuto de Cataluña, aparte de aprobarlo el Parlamento catalán, aparte
de ser refrendado por el pueblo catalán, fue aprobado por el Congreso de
los Diputados y por el Senado, fue aprobado por estas cámaras. Estas
cámaras se comprometieron con Cataluña a través de la disposición
adicional tercera, y ustedes se tendrían que sentir obligados. Si no, lo
que tienen que hacer es traer una resolución y desdecir al Senado y al
Congreso, que aprobaron esta disposición adicional tercera. Por tanto, no
es que lo resuelva el Tribunal Supremo; no, no, esto lo tiene que
resolver la institución política, y la institución política Congreso y la
institución política Senado que aprobaron esta disposición adicional la
tienen que respetar, y si no la respetan tiene que llegar un acuerdo que
la revoque. Sean valientes y díganselo a los catalanes.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
senador López García.


El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Creo que el señor Utrera no está en la sala, espero que
luego lea el Diario de Sesiones, porque ha terminado con algo que dice
que le sorprendía, y no sé por qué le sorprende que el Grupo
Parlamentario Socialista diga que la salida y la solución es que la
globalización se acabe gobernando con los principios y los valores de la
socialdemocracia. Simplemente observando lo que no ha traído, porque lo
que ha ocurrido al final ha sido el fracaso de una globalización hecha
con los principios de la ley de la jungla, eso es lo que ha ocurrido.









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El senador Saura señalaba antes que cuando había una
temporalidad muy corta entre el hecho sucedido y los comentarios primeros
del señor Sarkozy, había que reformular el capitalismo. Efectivamente, el
capitalismo salvaje, sin control, desregulado, es lo que nos ha llevado
donde estamos. Pues que no le extrañe a nadie que lo que planteemos sea
que la socialdemocracia sea la solución para buscar un punto de
equilibrio entre esos intereses en conflicto. Además, la historia
—solo hace falta observar— ha demostrado que el espacio
poblacional, geográfico, económico, donde ha habido un mayor nivel de
bienestar para más gente durante más tiempo ha sido la socialdemocracia
en Europa. Por tanto, sería bueno que el señor Utrera acabara teniendo un
mínimo sentido del análisis de lo que la historia ha demostrado.


El problema no es ese solo, el problema es que los pasos
que se siguen dando desde la derecha en Europa, y en España, van hacia un
camino que es el de sembrar la desconfianza asociada a la desigualdad
intolerable. El señor Montoro, a quien le reconozco, como han hecho el
resto de los portavoces, el mérito de estar hoy todo el día en el debate
de presupuestos, ha hecho alusión en muchas ocasiones a la confianza, y
estoy de acuerdo. Hay que buscar un espacio donde se produzca la
confianza de los mercados, de los que nos tienen que prestar a una
economía endeudada —el año que viene hay que pedir prestados 242
000 millones de euros, a razón de 660 millones diarios—.
Ciertamente es muy importante que España sea fiable, sin ninguna duda,
pero no es menos importante que los ciudadanos tengan confianza en el
sistema democrático y, por tanto, no se puede hacer a costa de ir
generando brechas sociales que acaben convenciendo a millones de
ciudadanos de que el sistema democrático no es la solución equilibrada
para proveer, si no la solución óptima, sí la solución aceptable para
todos. Y ese es el punto de encuentro de la socialdemocracia.


El señor Utrera también hacía un manejo interesado y poco
acertado de lo que dice el secretario general del Partido Socialista en
relación con el artículo 135. Naturalmente, en ningún momento se está
planteando que no se paguen las deudas; probablemente esto lo ha
planteado gente que está en otra onda, defendiendo posiciones populistas
de las que nosotros estamos bastante lejos. Lo que estamos diciendo es
que la modificación del artículo 135 no puede ser la coartada para
incumplir el artículo 1 de la Constitución, que es el que garantiza que
España es un Estado social y democrático de derecho. Si ustedes lo que
quieren es liquidar el contrato social y sustituirlo por un contrato
mercantil, naturalmente nosotros estamos en desacuerdo con eso, y lo que
decimos es: modifíquese también la Constitución en la dirección de hacer
posible que se busque ese punto de encuentro. ¿Que lógicamente hay que
pagar la deuda? ¡Quién lo duda!, pero no puede ser que acabe siendo la
parte que le da esencia al Estado social la que acabe sacrificándose, que
es la salud, la educación, las pensiones, lo que representa, en
definitiva, la seguridad de aquel que no lo tiene todo resuelto por sus
propios medios y capacidades y pretende que el mercado acabe siendo el
proveedor de soluciones para todos. Esto es lo que estamos diciendo. El
que quiera manipular o el que quiera torcer eso, que lo haga, pero no
estamos yendo por esa interpretación en ningún caso.


Estamos diciendo cosas tan sensatas como que, efectivamente
—y el señor ministro lo sabe, pero yo no se lo digo en términos de
reproche—, se puede constatar que tenemos unos ingresos de 8 puntos
por debajo de la media de la Unión Europea. Estoy haciendo la radiografía
de una situación y al hacer la radiografía lo que digo es que hay que
tomar decisiones que vayan en la dirección de acortar esa brecha, si de
verdad creemos que el Estado social y de derecho hay que mantenerlo; si
creemos que lo que hay que hacer es desmontarlo para abrir espacios de
negocio en torno a la salud, a la educación o a las pensiones, entonces,
evidentemente, estamos bien en 8 puntos de distancia respecto a los
ingresos medios de la Unión Europea. Pero ¿defendemos los intereses de la
mayoría de los ciudadanos o defendemos solo los intereses de los grupos
privilegiados?


Yo he hecho referencia antes a que tiene que ver con esa
desconfianza de los ciudadanos en el sistema que está generando el
crecimiento de los populismos, no solo en España, sino en Europa, en toda
Europa, porque las soluciones que se están planteando para salir de la
crisis son erráticas, absolutamente erráticas, y la realidad está
demostrando que se están teniendo que rectificar. El plan Juncker no es
otra cosa que lo que se ha planteado hace tiempo, un plan de inversiones
paneuropeo en infraestructuras, en energía, en telecomunicaciones, para
intentar no solo resolver problemas, sino, a la vez, animar la economía,
generar actividad económica y









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empleo. Cuando se plantea de forma maximalista que el
calendario de convergencia era el que era, hubo que rectificarlo, porque
habíamos entrado en un bucle, en una espiral autodestructiva, y hubo que
hacer lo que era sensato. Lo dijimos en la campaña electoral.
Naturalmente que hay que reducir el déficit, pero hagámoslo de una manera
que sea digerible con la capacidad que tiene la economía.


El portavoz del Grupo Popular, el señor Utrera, habla de
facturas en los cajones. Facturas en los cajones, supongo que también de
las comunidades que gobernaba el Partido Popular, ¿verdad? ¿Y eso era el
resultado de que alguien deliberadamente había orquestado una fórmula
para no pagar los servicios que recibía? No, era el resultado del tsunami
que vino y que acabó arrasando una buena parte de la economía, que acabó
destruyendo 2,5 millones de empleos, que acabó haciendo caer en 6 puntos
los ingresos del presupuesto, 60 000 o 70 000 millones de euros.
Ciertamente. Y la estructura de gasto que había respondía a un flujo de
ingresos que era estable antes. ¿Que había que recomponerlo todo? Es
verdad. Pero ¿dónde está la supuesta maledicencia de no sé qué
comunidades autónomas? Supongo que la valenciana tenía más que ninguna y
la gobiernan ustedes desde hace mucho tiempo.


Cuando hablamos de soluciones equilibradas nos referimos a
que la reforma laboral no puede ser la que es. ¿Tiene eso que ver con el
presupuesto? Se lo he dicho antes, claro que tiene que ver con el
presupuesto y también con el resto de políticas. Y tiene que ver porque
la pobreza infantil, que es un asunto de extraordinaria sensibilidad en
España, tiene que ver con la pobreza de los padres. Y la pobreza de los
padres tiene que ver con la gente que no tiene empleo y con la gente que
no puede cobrar una prestación, porque este año el Gobierno ha decidido
que el presupuesto tenga un 15 % menos de recursos para prestaciones a
personas que necesitan un subsidio, 4400 millones de euros menos. Y eso
es consecuencia de una reforma laboral que está absolutamente sesgada y
desequilibrada en función de los intereses de los poderosos. Se lo he
dicho en la primera intervención. Cuando usted desarma la parte débil, el
poderoso ya está gobernado por su propia ética y moralidad personal, pero
no tiene ningún imperativo legal que le obligue a buscar un punto de
equilibrio entre la debilidad y la posición de dominio que tiene el
empleador. El que crea aquello que decía la Constitución de 1812 de que
los españoles son justos y benéficos, pues no todos, y que los
empleadores son justos y benéficos, tampoco, señor Montoro, tampoco
todos. Y lo que está ocurriendo es que hay un proceso de degradación de
los salarios que es el que es. Y eso está ocasionando desagregación
social y desigualdad hasta extremos que son intolerables en una sociedad
que no es extraordinariamente rica, pero que no es tan pobre como para
justificar que haya niveles de desigualdad tan lacerantes como los que
hay. Y a eso nos referimos cuando hablamos de soluciones equilibradas.
Por tanto, hay que buscar, porque es posible, recursos, por ejemplo, los
recursos que no pagan los grandes defraudadores —lo dicen los
inspectores de Hacienda, no el Partido Socialista—. Sé que citarlo
es más fácil que resolverlo, pero hay que dar pasos. El camino más
difícil empieza por dar un paso. Hay que plantear si hay que hacer un
trabajo más intensivo, más serio, más riguroso en la lucha contra el
fraude. En la esfera internacional, armonizando la posición fiscal del
conjunto de los países europeos, no puede ser que haya competencia
desleal entre los propios países. Lo está diciendo el secretario general
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
alarmado por cómo se van deteriorando las bases imponibles en los países
de la OCDE, porque no hay recursos suficientes para atender las
necesidades de un Estado, llamémoslo de bienestar o llamémoslo un Estado
decente. ¿Cómo luchamos contra eso? Habrá que plantearse una estrategia
en el nivel europeo y en el nivel nacional, que no está subordinado a las
decisiones que tenga que tomar Europa, aunque, evidentemente, hay cosas
que no puede hacer el Gobierno de la nación, pero de ninguna manera
podemos aceptar como normal que el conjunto de la sociedad sea el teatro
de operaciones donde se desenvuelven plácidamente los que tienen una
posición holgada y privilegiada para hacer sus negocios y después acaban
buscando un paraíso fiscal, el refugio de los piratas de este siglo, para
no contribuir al sostenimiento de las cargas públicas en ningún sitio. Y
es verdad que hace muchos años un juez, que creo que era americano, decía
que los impuestos son el precio que hay que pagar por la civilización,
pero hay algunos que quieren disfrutar de los beneficios de la
civilización sin contribuir en ninguna medida a que esa civilización
exista, prospere y tenga un nivel de decencia como el que es exigible a
los ciudadanos en un país democrático y desarrollado.









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Por tanto, en esa dirección tampoco están ustedes
avanzando. Lo citaba antes y no lo voy a reiterar. El tema que le han
pedido que retire en esa reforma que hicieron del Código Penal, la
amnistía fiscal, ¿qué supuso? Pues en la práctica, con el afán
recaudatorio ante la imperiosa necesidad de meter más recursos en el
Estado, supuso lanzar un torpedo a la línea de flotación de la convicción
de los ciudadanos de que las cargas tienen que tener un reparto
equilibrado y equitativo. Se recaudó el 3 % y se condonaron delitos
fiscales a un precio que no se debería haber hecho en ningún caso. Poca
recaudación y demolición. Al final un agujero en la conciencia fiscal de
los ciudadanos españoles. Por ese camino es por el que creemos que no hay
que ir.


Hablaba también el señor Utrera del rescate a la banca y de
los recursos destinados a ello. Pues como citaba el gobernador del Banco
de España en la comparecencia de la semana pasada en la Comisión de
Presupuestos, se rescataba a los depositantes, a los clientes. El propio
hecho de que hayamos llegado a esa situación no es más que el resultado
de que eso de que la economía de mercado es la que asigna
maravillosamente bien los recursos, de que esa mano invisible es la que
todo lo hace bien, es la constatación palmaria de que no es así. Pero
está claro que había que rescatar a los depositantes porque a los
directivos de la banca no había que rescatarlos. ¡Ya se rescataban ellos
solos! El señor Blesa y el señor Rato ya se ocuparon de rescatarse solos
poniéndose un sueldo de 2,5 millones de euros anuales. No había que
rescatarlos. Seguramente el supervisor tenía alguna culpa y formaba parte
de las responsabilidades políticas, pero no vayamos a acabar colocando la
máxima responsabilidad en la policía exonerando al delincuente de la
suya, porque ese es el que tiene la máxima responsabilidad. Y para bien o
para mal, los responsables de esa gran caja, de ese gran banco fallido y
rescatado a lomos y a las espaldas de los ciudadanos han estado pilotados
por gente muy notable de su partido. Por tanto, tengamos un poco de
equilibrio y de mesura a la hora de analizar las cosas.


Señor Montoro, yo le reitero que la búsqueda de un punto de
equilibrio es absolutamente imprescindible para que las sociedades
democráticas acaben funcionando desde el punto de vista de la eficacia
económica. Un problema real absolutamente claro que ha reconocido el
presidente del Banco Central Europeo —y usted lo sabe— es la
falta de demanda agregada en la Unión Europea y no tanto de capacidad del
aparato productivo. Si seguimos depauperando a una buena parte de los
ciudadanos, quien tiene ciertamente capacidad de producir va a producir
pero no se sabe para quién, pues no habrá capacidad de demandar servicios
ni bienes. Por tanto, busquemos un punto de equilibrio en algo que tiene
que ser eficiente económicamente y a la vez justo socialmente. Porque lo
contrario es seguir desafectando a muchos millones de ciudadanos,
llevarlos al convencimiento de que la sociedad democrática, con todos los
inconvenientes que tiene, pero siendo el sistema menos malo de todos los
ensayados en la historia, no es una fórmula adecuada para dar respuesta a
sus necesidades básicas. Por tanto, lo que estará en cuestión no es la
credibilidad de la economía española en relación con los mercados, sino
la confianza y la credibilidad del sistema como proveedor de soluciones
que sean aceptables para todos. Este es el reto del Gobierno y de la
sociedad democrática española en este momento. Y a eso tenemos que
dirigir todos los esfuerzos. En esa dirección, el Grupo Parlamentario
Socialista hace las aportaciones que puede y, naturalmente, seguimos
convencidos de que el camino de la globalización con la ley de la jungla
no es un camino que nos lleve a la solución, por lo que reivindicamos, y
lo seguiremos diciendo, que la solución es gobernar la globalización con
los valores de la socialdemocracia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López
García.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el senador Barreiro.


El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias,
presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero pedir disculpas porque,
seguramente, el estado de mi voz no va a contribuir a que mis limitadas
capacidades ayuden a explicar la posición de mi grupo. En todo caso,
intentaré suplir esa carencia. Por eso, de antemano, les pido a ustedes
que me disculpen.


Señor presidente, señorías, si yo tuviese que definir con
una sola frase lo que desde mi punto de vista y, por lo tanto, desde el
punto de vista del grupo al que represento, son estos presupuestos, diría
que son los presupuestos del reconocimiento al esfuerzo que la sociedad
española ha hecho y está haciendo en este país. Estos son unos
presupuestos que reflejan claramente el sacrificio de









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la sociedad española. Y no solo estos presupuestos, los
anteriores, los anteriores y los anteriores. Porque la política
presupuestaria de este Gobierno, como instrumento de política económica,
solo ha tenido un norte claro, precisamente el de estar a disposición de
la sociedad española, y también de Cataluña; de Cataluña y del resto de
comunidades que existen en nuestro país. En ese apartado de
reconocimientos quiero agradecer, no solo el esfuerzo derivado de la
presencia en el día de hoy del señor ministro de Hacienda, que, en
efecto, es un esfuerzo importante que nosotros reconocemos, sino que
quiero decir algo más: tanto mi grupo como yo nos sentimos orgullosos de
que en los momentos que corren y que vive la política española, personas
como Cristóbal Montoro estén en el Gobierno de España y en el Partido
Popular. (Aplausos). Y ese orgullo no es... (Protestas). Yo no puedo
alzar la voz, en todo caso, tampoco es mi estilo, porque creo que los
sistemas de amplificación de la Cámara funcionan perfectamente y, a
veces, no por mucho gritar se entiende mejor. (Aplausos). En todo caso,
en cuestiones de estilo cada uno tiene el suyo y a estas edades ya no se
cambia. (Aplausos.—Protestas). Decía que este reconocimiento del
grupo no responde a un halago fácil, responde a la constatación de una
realidad, porque nunca se ha vivido en la historia de este país una
situación como la que llevamos viviendo en estos tres años. Y en esos
momentos difíciles, en esos momentos de sacrificio para el conjunto de la
sociedad, es cuando se necesitan, más que nunca, políticos de altura como
el señor Montoro. (Aplausos.—Protestas).


Y yendo a los presupuestos, muy brevemente: cumplen,
básicamente, tres características que me parecen importantes. Una de
ellas, la primera, que ha sido citada incluso por algún portavoz como un
elemento negativo y a mí me parece que es justo lo contrario, es la de la
estabilidad, la de la continuidad, como ustedes quieran definirlo.
Nosotros no podemos sacar este presupuesto del marco político y económico
que vive el país. Entonces, si en ese momento los datos y los hechos
demuestran que hemos acertado en el diagnóstico de la situación, que
estamos aplicando las políticas correctas, no pidan ustedes que
cambiemos. No lo pidan. Tenemos que continuar en esa dirección porque la
estabilidad en economía es fundamental. Es tremendamente importante
porque da seguridad. Y sobre esta característica de la estabilidad, me
permito aconsejarles a todos ustedes, pero muy especialmente al Grupo
Socialista, la lectura de un artículo de un importante economista
madrileño que publicaba hace tres años y que se titula «Estabilidad y
justicia social». Viene a decir algo así como que la estabilidad
presupuestaria, la estabilidad económica es la garantía de la justicia
social porque la alimenta —dice literalmente— y además
—añade— porque es la garantía de la sostenibilidad del Estado
de bienestar. Ese importante economista madrileño es don Pedro Sánchez,
secretario general del Partido Socialista de España (Aplausos). Y añade
en ese artículo —por si queda duda— que le parece un acierto
importante subir de rango, a través de una reforma constitucional, lo que
en su momento hacía el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero.
Obviamente, los únicos que no son estables, parece ser, son el señor
Sánchez y el Partido Socialista; los demás estamos donde estamos.
(Aplausos).


La segunda característica que me parece importante en estos
presupuestos es que son realistas. Y sobre ello profundizaremos más
adelante, sobre todo respecto del cuadro macroeconómico y de su no
importancia. Son realistas porque las previsiones que en ellos se
contienen se ven avaladas por la realidad de los hechos a lo largo de
todo este periodo de tiempo, y eso también es muy importante en economía.
Y además son unos presupuestos que han permitido recuperar la confianza;
la confianza es la clave en economía. Y este país había perdido la
confianza en el entorno internacional, lo que tenía consecuencias
inmediatas en el ámbito financiero, en el ámbito económico, en general en
todos los ámbitos que tienen que ver con la ciencia económica. Por tanto,
había que recuperarla, y eso no fue gratis, exigió un esfuerzo colectivo.
Por eso, yo empezaba poniendo de manifiesto este reconocimiento a la
sociedad española.


Pero, básicamente, señorías, el debate ha girado aquí
—es una simplificación, y, por tanto, pido disculpas por
ello— en torno a que ustedes dicen —y eso es bueno porque ya
reconocen algo— que hemos corregido la situación en el ámbito
macroeconómico pero no nos enteramos de lo que pasa en la calle. O si
quieren, lo digo de otra forma: nada tiene que ver la evolución en las
variables macroeconómicas con lo que pasa en la calle. Señorías, esto no
se sostiene, no se sostiene en el ámbito académico ni en el ámbito del
pragmatismo. Esto parece obvio. Señorías, el daño más grande que se ha
hecho al Estado de bienestar en España ha sido el agujero negro del









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déficit público. Ese es el daño más grande que se le ha
hecho (Aplausos). Porque ese agujero negro se ha tragado buena parte del
esfuerzo social colectivo que veníamos haciendo. Por eso, había que
corregirlo.


Y en ese interés por simplificar, permítanme que comparemos
dos estilos de política económica o, si quieren, dos estilos de política
presupuestaria como instrumento de política económica, y voy a hacerlo
sobre la base de dos o tres variables nada más. En primer lugar, el
déficit público, porque hubo una política económica en este país que
duplicó el déficit público, pues pasamos de más del 4 % a casi un 9 %, y
eso supuso —no era el 6 %, sino el 8,9 %— un diferencial de
30 000 millones de euros que hay que financiar. Bien, pues hay otra
política económica que reduce el déficit público a la mitad. En términos
de crecimiento hay una política económica que nos lleva del crecimiento
económico a la recesión y hay otra política económica que nos lleva de la
recesión al crecimiento económico. En términos de empleo hay una política
económica que nos lleva a destruir empleo a un ritmo de aproximadamente
un 7,5 % anual y hay otra política económica que nos lleva a la creación
de empleo en términos de casi un 6 % anual. Hay una política económica
que nos lleva a unas tasas de destrucción de afiliación a la Seguridad
Social del 2 % y otra que nos lleva a crecimientos de afiliación a un
ritmo del 2 % anual. En términos, si quieren, de confianza en el sistema
financiero, hay una política económica que pone al borde de la quiebra al
país y a la columna vertebral del país, que es el sistema financiero, y
hay otra política económica que pone a resguardo, por lo que significa,
por lo que supone para la sociedad, no para los propietarios de los
bancos, el sistema financiero.


Pues bien, si esto es así —y yo invito a cualquiera a
debatir sobre los datos—, la pregunta o la conclusión inmediata es
muy fácil: la política económica que ustedes defienden, ¿ha conseguido
reducir el déficit público? No. La política económica que ustedes
defienden, ¿ha traído crecimiento económico? No. La política económica
que ustedes defienden, ¿ha creado empleo? No. (Varios señores senadores
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡No!). ¿Ha evitado la
destrucción de empleo? No. (Varios señores senadores del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado: ¡No!). La política económica que
ustedes defienden, ¿ha permitido mantener, incluso afianzar, el sistema
financiero? No. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado: ¡No!). La política económica que ustedes defienden, ¿ha
trasladado confianza al sistema? No. (Varios señores senadores del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado: ¡No!). La política económica que
nosotros defendemos, ¿ha conseguido reducir el déficit? Sí. (Varios
señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado:
¡Sí!— Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).
¿Ha conseguido crecimiento económico? Sí. (Varios señores senadores del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Sí!— Varios señores
senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡No!). ¿Ha conseguido crear
empleo? Sí. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado: ¡Sí!— Varios señores senadores del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡No!— Fuertes aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).


Señorías, más allá de diferencias, que son lógicas y
normales, vamos a ser responsables con la situación del país y, por lo
tanto, apostemos porque, con carencias —esto no es lo que describe
Carroll en el libro de Alicia en el País de las Maravillas—, aquí
hay mucho que hacer. No podemos adoptar posturas triunfalistas, pero no
podemos mantenernos en que todo es no, no, no y no, salvo que estemos
hablando de las políticas económicas que han demostrado un fracaso en el
país. (Rumores). Por lo tanto, yo les invito a todos ustedes, que son
personas comprometidas políticamente, que son personas responsables, a
que entre todos, partiendo de nuestras diferencias, tratemos de llegar a
los puntos de encuentro.


Alguien, a lo largo de esta mañana y también esta tarde, ha
hecho una crítica a los presupuestos. Por cierto, en esta crítica unos
decían que eran electoralistas y otros decían que no. Yo tengo que decir
—y adelanto mi reconocimiento al esfuerzo de todos los grupos,
tanto por el debate en sí como por la presentación de los vetos—
que si ha habido algo electoralista hoy han sido los 10 vetos. Si ha
habido algo electoralista hoy, repito, han sido los 10 vetos presentados
aquí, no por el hecho de presentarlos sino porque, como decía muy bien el
senador Utrera, aquí cada uno viene a hablar de su libro, y el libro en
muchos casos tiene una amplitud geográfica mayor, incluso en algunos
casos el libro abarca a todo el país, pero en otros casos no. Y esto no
es ilegítimo, al contrario. Me parece bien que se haga, pero que se haga
sin perder de vista uno de los principios fundamentales que sostiene, a
mi juicio, uno de los grandes avances de este país,









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que es el Estado de las Autonomías, y ese principio es el
de la solidaridad: Cataluña, sí, y Galicia, también, y Asturias y el País
Vasco, también, y todas las demás.


Por lo tanto, en ese camino nos vamos a encontrar. Ese
camino en mi modesta opinión, señor presidente, señorías, es el que nos
está demandando en este momento la sociedad española. Y yo les invito a
todos ustedes a que juntos participemos y lo hagamos en la dirección que
la sociedad española nos está demandando.


Muchísimas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barreiro.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a votar las propuestas de veto
al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Les anuncio que
ha habido una utilización de votación telemática de la senadora María
Agustina Rodríguez Martínez, del Grupo Parlamentario Popular. Ha sido
autorizado su voto y ha emitido su voto para las 10 propuestas de veto.
El sentido de su voto ha sido negativo para las propuestas de veto y,
como siempre, lo iré sumando al resultado que se registre en la votación
del hemiciclo.


Comenzamos con la votación de la propuesta de veto número
7, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244 más 1 voto telemático, 245; votos emitidos, 244 más 1 voto
telemático, 245; a favor, 90; en contra, 154 más 1 telemático, 155.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245 más 1 voto
telemático, 246; a favor, 90; en contra, 155 más 1 telemático, 156.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 8, de todos los
senadores del Grupo Parlamentario de la Entesa, menos los senadores
Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244 más 1 voto telemático, 245; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 90; en contra, 153 más 1 telemático, 154.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 9, del Grupo
Parlamentario Vasco.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245 más 1 voto
telemático, 246; a favor, 90; en contra, 155 más 1 telemático, 156.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 1, del senador
Quintero, del Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245 más 1 voto
telemático, 246; a favor, 90; en contra, 155 más 1 telemático, 156.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores
Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.









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Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245 más 1 voto
telemático, 246; a favor, 90; en contra, 155 más 1 telemático, 156.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores
Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga, del Grupo Parlamentario
Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245 más 1 voto
telemático, 246; a favor, 90; en contra, 155 más 1 telemático, 156.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4, de la senadora
Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244 más 1 voto telemático, 245; votos emitidos, 244 más 1 voto
telemático, 245; a favor, 90; en contra, 154 más 1 telemático, 155.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 6, de los senadores
Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245 más 1 voto
telemático, 246; a favor, 89; en contra, 156 más 1 telemático, 157.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 10, del
senador Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245 más 1 voto
telemático, 246; a favor, 91; en contra, 154 más 1 telemático, 155.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, rechazadas las propuestas de veto, entramos en el
debate de las impugnaciones de las secciones, que se tramitan también
como propuestas de veto. (El señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Montoro Romero, abandona el
hemiciclo.—Aplausos).


Comenzamos con el debate de la sección 01, enmienda 395 de
la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Capella.
(Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores).


La señora CAPELLA I FARRÉ: Muchas gracias, presidente.


Hemos presentado un veto a la sección 01, presupuesto de la
Casa Real para el mantenimiento de su familia y casa, al entender que es
improcedente mantenerlo de la forma en que está establecido. El rey cobra
más de 21 000 euros al día, es decir, que en un día cobra casi tanto como
dos mileuristas en todo el año, y en cuatro días más que el presidente
del Gobierno. Y no nos vendan la moto con que ese no es el sueldo del rey
porque luego lo distribuye entre su familia, porque entonces un
mileurista tampoco cobra 1000 euros porque también distribuye su sueldo
entre su familia. (Rumores). Ustedes hacen trampa cuando dicen esto,
porque el presupuesto destinado a la Casa Real no es únicamente el que
está contemplado en esta sección, sino que, además, para
mantener…









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El señor PRESIDENTE: Señorías, ¡guarden silencio, por
favor!


La señora CAPELLA I FARRÉ: Como digo, para mantener la
actividad de la familia real existen, además, otras partidas, como las de
apoyo a la Jefatura del Estado de más de 6 000 000 de euros; la de
Patrimonio Nacional para mantener sus palacios; la del Ministerio de
Defensa y la del de Interior para su seguridad, y la del Ministerio de
Asuntos Exteriores para cuando viaja a otro país. En definitiva, que el
rey no nos cuesta solo los casi 8 000 000 de euros que cobra, sino el
doble, y además, en esta partida no hay posibilidad de discutir a qué va
destinado cada céntimo de euro que contempla el capítulo 1 de estos
presupuestos.


Nosotros, en este momento del debate, no ponemos en
cuestión la monarquía. Ese es otro debate. Lo que hoy ponemos en cuestión
es el dinero que recibe la Casa Real para cumplir con el precepto
constitucional que afirma que el rey recibe de los presupuestos del
Estado una cantidad global para el sostenimiento de la familia y su casa.
En Esquerra Republicana opinamos que el rey debe cobrar, ni más ni menos,
como el presidente del Gobierno, y esa es la enmienda que planteamos a
los Presupuestos Generales del Estado año tras año, gobierne el PP o
gobierne el Partido Socialista Obrero Español. El grupo parlamentario que
sustenta al Gobierno zanja el debate afirmando y reafirmando que esta es
la cantidad asignada, la que se ha asignado siempre, y que no hay motivos
para modificarlo. Con esta actitud lo que hacen es negar el debate. Y da
igual que el rey se llama Juan Carlos o Felipe, da igual que Cristina o
Elena de Borbón formen o no parte de la familia real o que tengan
imputados sobresueldos, ustedes asignan la misma cantidad en los
presupuestos. Y me dirán que es la misma cantidad que el año pasado.
Efectivamente, lo es; no obstante la familia real ha quedado reducida, y
por tanto, en definitiva, esto vale para una cosa y para la otra.


Por ello solicitamos que den apoyo al veto presentado a
esta sección por Esquerra Republicana.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


Turno en contra.


Tiene la palabra la senadora Elorriaga.


La señora ELORRIAGA PISARIK: Señor presidente, señorías,
muy buenas tardes.


Senadora Capella, me alegro mucho de que no haya venido
aquí a poner en cuestión la monarquía, porque, efectivamente, estamos en
un debate de presupuestos. Pero lo que también le voy a decir yo es que
aquí nosotros tampoco venimos a vender ninguna moto; venimos a defender a
la Corona y el presupuesto que se va a destinar a ella dentro de los
Presupuestos Generales del Estado. El presupuesto de esta sección tiene
una dotación que es la que se ha considerado necesaria para poder atender
las actuaciones a desarrollar por este importantísimo órgano
constitucional durante el año 2015. Y teniendo en cuenta que en la
impugnación a la sección esgrime para su devolución, primero, que la
dotación tenía que haber sido reducida respecto a la del año pasado
porque, según usted, es desproporcionada, y además, que la considera
usted un privilegio aparte de toda una serie de falsedades que ha
expuesto, debo decirle, señoría, que no solo no es un privilegio, no solo
no es exagerada, sino que es una dotación austera para la Casa Real.


En segundo lugar, nos dice usted que es necesario un mayor
detalle en las cuentas porque no existe ningún control sobre el gasto.
Señoría, tengo que manifestar que nuestro grupo parlamentario no puede
aceptar de ningún modo su planteamiento, aunque lo haya hecho usted año
tras año, pues es verdad que lo repiten constantemente sin variar ni una
coma ni tener en cuenta los cambios de situación en la Casa Real.


Señorías, la dotación, que efectivamente es la misma que en
los presupuestos anteriores, tiene una línea de compromiso con la
recuperación económica y el saneamiento de las cuentas públicas, como lo
tiene todo este presupuesto que estamos presentando. Lo realmente
asombroso es observar cómo una institución tan necesaria y tan apreciada
por el pueblo español como es la Corona, puede mantenerse con la dignidad
exigida con estos presupuestos. Le recuerdo que el presupuesto va
dirigido a la familia real que percibe menos del 10 % para ella y lo
demás va al mantenimiento de la Casa, por tanto, a los sueldos de
personal. Se lo hemos explicado también año tras año. En este sentido no
creo que sea necesario que le recuerde, como también lo he









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hecho otros años, que tenemos la monarquía más austera de
toda Europa y que deberíamos sentir el orgullo de la austeridad de
nuestros reyes, aunque a usted le pese, señora Capella.


En cuanto al control, quiero recordarle el artículo 65 de
nuestra Constitución: «El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una
cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye
libremente la misma», señoría. Pues aun así, el rey don Juan Carlos
estableció que las cuentas se sometieran a una auditoría interna, y el
nuevo rey, Felipe VI, ha decidido que se sometan también a una auditoría
externa, en aras de una mayor transparencia. Y esto, señoría, no supone
ningún maquillaje ni ninguna hipocresía, porque hemos tenido que escuchar
de algún compañero en el Congreso…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora ELORRIAGA PISARIK: …este tipo de
afirmaciones.


Señoría, en el año que vivimos, y voy terminando,
presidente, S.M. el Rey don Juan Carlos ha abdicado la Corona en su hijo,
en el actual rey Felipe VI. Ha cambiado, por tanto, el ritmo de la
monarquía. Es de justicia reconocer en esta Cámara el largo reinado de un
rey durante el cual ha tenido lugar la transición a la democracia en
España…


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora ELORRIAGA PISARIK: …y en el que además se
ha culminado el Estado de bienestar en este país.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Elorriaga.


Pasamos a la sección 12. El Grupo Parlamentario Socialista
ha presentado la enmienda 431.


Tiene la palabra la senadora Fernández Pena.


La señora FERNÁNDEZ PENA: Señor presidente, señorías, hemos
presentado veto a la sección 12 para pedir su retirada por tres
cuestiones fundamentales.


La primera, porque no resulta adecuada para hacer frente a
la política exterior que le corresponde a un país como España. El mundo
actual es extraordinariamente complejo. La Unión Europea está viviendo
una de sus crisis más graves tras la secesión de Crimea y la guerra
abierta entre Ucrania y Rusia. El resto del mundo está azotado por
situaciones bélicas en Irak, en Siria, la amenaza del Estado Islámico es
evidente, y no quiero dejar de mencionar el nuevo horizonte que se abre
con el reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano. Por
cierto, y si me permiten un inciso, ojalá, señorías del Partido Popular,
hubieran tenido la valentía de apoyar el otro día la propuesta de
reconocer el Estado palestino como Estado soberano; se hubieran ahorrado
el bochorno de ver que quince días después se aprobaba en el Congreso de
los Diputados. (Aplausos).


Pero continúo, señorías. Un mundo complejo,
extraordinariamente complejo, ante el que España debe dar soluciones,
algo que con este presupuesto se antoja imposible. Tenemos que dedicar
más medios humanos y materiales a hacer política exterior. Tenemos que
reforzar nuestras relaciones con otros países, afianzando la diplomacia
parlamentaria, y este presupuesto no lo permite. Además, estos
presupuestos han previsto para la asistencia social, evacuaciones,
hospitalizaciones y repatriaciones la mitad del presupuesto del último
año de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A pesar de que la
movilidad exterior que provocan sus políticas, a pesar de que 300 000
jóvenes han abandonado este país, solamente han cubierto ustedes la mitad
del último presupuesto socialista. Ya ven, les obligan ustedes a irse y
después les abandonan a su suerte. Como también abandonan a su suerte con
estos presupuestos a los ciudadanos españoles recluidos en las cárceles
extranjeras al reducir los 100 000 euros de 2011 a tan solo 30 000
euros.


La segunda de las razones que nos llevan a rechazar esta
sección es porque no se contempla la recuperación de las políticas de
cooperación internacional. Después de tres años de Gobierno popular, en
los que han talado las partidas presupuestarias dedicadas a cooperación,
diseñan un documento en el que dedican el 0,17 % de la renta nacional
bruta a la ayuda al desarrollo, 17 céntimos por cada 100 euros, señorías,
una cantidad que nos mantiene a la cola de los países donantes de la
Unión Europea, nos relega a los años noventa y afecta a cuestiones
humanas en









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las que un país que cree en los derechos humanos no puede
mantenerse indiferente. Ante la extensión del ébola en África no pueden
ponerse de perfil por falta de presupuesto. No pueden explicar a los
campamentos saharauis, cuya situación cada día es más penosa, que no
tienen con qué ayudarles, ni pueden seguir haciendo devoluciones en
caliente en Melilla en lugar de acometer el problema en origen. Señorías,
con este presupuesto ni siquiera garantizan que otros que sí quieren
asuman abiertamente estos conflictos, ya que las partidas presupuestarias
destinadas a las ONG disponen de un 82 % menos de presupuesto que en la
época de Zapatero; reduciendo este presupuesto, señorías, nos jugamos la
vida de otros.


Y termino situando en el debate la tercera de las razones
para rechazar esta sección. Es un presupuesto escasamente ambicioso que
dificulta nuestra presencia en el escenario internacional y que incumple
con los compromisos adquiridos. La aprobación de la estrategia exterior
se está dilatando en el tiempo establecido, en tanto el ministerio
intenta consensuar una propuesta con todos los agentes implicados, algo
positivo, pero cierto es que no se entiende que se pierda todo el año
2015. La no inclusión de la partida presupuestaria para el desarrollo de
la estrategia demuestra que el ministro no tiene intención real de
aprobarlo este año, a pesar de su compromiso y a pesar de la obligación
que tiene por ley, una decisión que convierte al documento en papel
mojado por falta de ambición, por falta de sentido político y por falta
de sentido estratégico.


Son unos presupuestos, señorías, que para Asuntos
Exteriores y Cooperación no sirven, como tampoco sirve que los
justifiquen en el contexto socioeconómico, que argumenten que la senda
del presupuesto les obliga, porque un país como España, por nuestra
dimensión y población pero también por nuestra historia y posición en el
escenario internacional, no puede permitírselo, y así lo reconoció el
propio ministro en el Congreso de los Diputados cuando dijo textualmente:
Obviamente, no son los presupuestos que me gustaría presentar como
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


Por tanto, señorías, bajemos al terreno de juego de la
realidad internacional de una vez y asuman que este documento debe
retirarse, por incompleto, por poco ambicioso y porque no cubre las
expectativas comprometidas.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández
Pena.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió presenta la enmienda 399.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.


Mi grupo presenta el veto a esta sección 12 por las razones
que voy a intentar exponer brevemente; aunque esta sección, de hecho, se
incrementa un 4,9 % respecto del presupuesto del año anterior, lo que
podría ser una buena noticia, y más teniendo en cuenta que el conjunto de
gastos de los ministerios prácticamente desciende un 5 %. No obstante,
entendemos que este incremento no se reparte de forma apropiada, ya que
una parte importante del mismo no se destina estrictamente a cooperación
sino a la actividad exterior del ministerio, y esto contrasta con las
peticiones —exigencias en algunos casos— en relación con la
actividad exterior de las comunidades autónomas. El informe de la CORA
establecía que esta debía ser una actividad a suprimir y la
Administración General del Estado, en lugar de introducir racionalidad en
sus gastos, racionalidad en su presencia exterior, aumenta el gasto pero
no las partidas de cooperación que, obviamente, están muy lejos de lo que
alcanzaron en otro momento. Nuestra pretensión no sería alcanzar aquellas
cantidades, pero sí que tuvieran un incremento superior, y entendemos que
esto es motivo suficiente.


Además, hay un motivo competencial, y me explico.
Diferentes sentencias, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal
Constitucional, recogen la necesidad, la obligatoriedad de que la
Administración General del Estado traspase los fondos derivados de la
aportación del 0,7 % del IRPF a las comunidades autónomas para que éstas
puedan desarrollar su actividad y financiar, a través de este 0,7 % del
IRPF, a las diferentes entidades de carácter social, ONG, etcétera. Un
apartado también trata sobre cooperación, pero no hemos sabido encontrar
ninguna transferencia a las comunidades autónomas a cuenta del 0,7 % del
IRPF a cooperación. Evidentemente, nuestro grupo ha presentado las
correspondientes enmiendas al respecto, pero nos parece un asunto
esencial.









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Todo el día, toda la semana, todo el mes estamos escuchando
que se debe cumplir la ley, que la ley es fundamental, que la ley
garantiza el sistema democrático, y hay un incumplimiento constante de
ella —así lo fijan los tribunales ordinarios y el Tribunal
Constitucional—, y aun así, ustedes presentan otro presupuesto a
esta Cámara que incumple esta ley tan reclamada por parte de algunos, lo
cual es motivo suficiente para presentar un veto a esta sección. Es
imprescindible que exista una transferencia a las comunidades autónomas
de la cantidad correspondiente para cooperación y que sean ellas las que
lo gestionen; de hecho, el artículo 2 del Real Decreto Ley 7/2013, que
aprobó su Gobierno, así lo reconoce: la cooperación también tendrá que
ser financiada con la aportación de libre designación de los
contribuyentes a través del 0,7 % en sus declaraciones del impuesto sobre
la renta de las personas físicas.


Por tanto, por dichos motivos, presentamos el veto a la
sección 12.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario
Mixto, han presentado la enmienda 1 de veto a esta sección.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


Señorías, desde nuestro punto de vista, el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación hace ya tiempo que dejó de ejercer
una labor que diera cuenta de su nombre, pues más bien debería ser
ministerio de defensa de los intereses de las grandes corporaciones y
multinacionales españolas en el exterior. No en vano, el bufete del lobby
político del Gobierno se utiliza de forma permanente para defender los
intereses de grandes multinacionales, especialmente en América Latina o
en Oriente Medio, donde incluso la monarquía ha jugado un papel
fundamental, que es la principal labor del Ministerio de Asuntos
Exteriores, y para esto no hace falta un excesivo presupuesto, sino
contactos políticos y cabildeo, mucho cabildeo y muchos pasillos.


Por ello, lo denunciamos, aunque no nos llama la atención
que el Gobierno del Partido Popular haya dado la puntilla definitiva a
dos o tres elementos fundamentales del Ministerio de Asuntos Exteriores,
si me lo permiten. Hay más gente, más españoles y españolas fuera de
España gracias a sus políticas, que condenan al exilio económico a
cientos de miles de trabajadores y trabajadoras españoles, especialmente
gente joven, que tienen que estar fuera de nuestro país, y ustedes no
adecúan la acción consular a ese incremento notable de ciudadanía
española fuera de nuestras fronteras para poder atenderla en condiciones;
más bien al contrario.


En segundo lugar, desmantelan la política pública de
cooperación, un recorte que se inició en el año 2011 con el Partido
Socialista Obrero Español en aquellos últimos presupuestos y que ustedes
han continuado de forma impresionante.


En tercer lugar, está la ayuda humanitaria, que ha sufrido
—ya se ha comentado aquí— un recorte del 81 % desde el año
2011 y del 44 % desde el inicio de la legislatura. Cuando uno ve cómo un
país pobre, una isla como Cuba, con 11 millones de habitantes, para
responder al ébola manda a más de 200 médicos para atender desde lo
público a esos países de manera solidaria, y ve lo que hace el Gobierno
español, se da cuenta del interés que tiene nuestro Gobierno en la
solidaridad, una palabra que se puede utilizar de forma enternecedora por
ustedes para adornar determinados discursos, pero que en verdad viene a
significar —la práctica política y estos presupuestos vienen a
confirmarlo— que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
—repito que lo confirmamos, porque a los hechos nos
remitimos— es el gabinete de defensa y de cabildeo de las grandes
multinacionales españolas fuera de nuestro territorio.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


Los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario
Entesa, han presentado una enmienda de veto, la número 428.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.









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Señorías, creo que en este debate presupuestario hay dos
cosas que están claras sobre la partida de cooperación. Por una parte,
que con menos se hace menos. Esta es la experiencia acumulada de toda la
serie de recortes que ha sufrido la ayuda oficial al desarrollo. Y, por
otra, como reconoció el mismo Gobierno, el ministro García-Margallo, la
insuficiencia de las partidas de la ayuda oficial al desarrollo, de las
partidas que destina este Gobierno a la cooperación internacional para el
desarrollo. Estos son dos hechos incontestables. Se ha recortado, hacemos
menos cooperación, y somos menos solidarios.


En el presupuesto de la recuperación económica, después de
los compromisos del presidente Rajoy en la Asamblea General de las
Naciones Unidas de incrementar las partidas destinadas a cooperación en
el momento en que se produjera una recuperación en nuestra economía, el
Gobierno presenta un presupuesto para 2015 en materia de ayuda oficial al
desarrollo con un recorte de 14 millones de euros respecto de 2014. Estoy
hablando de la ayuda oficial al desarrollo que destina la Administración
General del Estado, no del conjunto de administraciones españolas. Si a
ello sumamos los remanentes de 140 millones, que se suman al FONPRODE,
fruto de ejercicios anteriores, podríamos llegar a 154 millones de euros
de recorte real.


Señorías, seguimos recortando más que países intervenidos,
como Irlanda y Portugal. Es más, no vamos a llegar al 0,17 de la renta
nacional bruta. Y es que si se cumplen las previsiones del Gobierno de
incremento del producto interior bruto, si se cumplieran esas previsiones
de crecimiento, eso incrementaría la renta nacional bruta, y con este
nuevo recorte nos podríamos colocar en el 0,16 de la renta nacional bruta
en cooperación. ¡Qué lejos del 0,7 para 2015 al que se comprometió el
Gobierno español!


Se da, además, la paradoja de que el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación solo va a gestionar el 46 % de la ayuda
oficial al desarrollo. El resto lo gestionan otros ministerios. Por
ejemplo, el de Hacienda gestiona el 49 % de la ayuda oficial. Y eso ¿por
qué? Porque gran parte de la ayuda oficial al desarrollo ya está
comprometida con organismos internacionales. La ayuda humanitaria sigue
congelada. El 21 % de la ayuda es reembolsable. La Aecid solo ha
gestionado el 14 %. Vamos a incumplir compromisos internacionales por
voluntad de este Gobierno. De la misma manera en que se van a cumplir,
por ejemplo, compromisos militares, vamos a incumplir los compromisos de
solidaridad que ha ido tomando el Estado español. Y para nosotros, para
el senador Saura y para mí, eso es una inmoralidad. En un mundo
globalizado, España tiene responsabilidades globales de lucha contra la
pobreza y la desigualdad, de apuesta por un mundo más justo y sostenible.
Lamentablemente, con estos presupuestos de cooperación para 2015
renunciamos a estas responsabilidades. Por ello, pedimos el voto
favorable a este veto.


Gràcies, seyor president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


En turno en contra, tiene la palabra el senador
Chiquillo.


El senador CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para
defender la sección 12 del Ministerio de Asuntos Exteriores que forman
parte de estos Presupuestos Generales del Estado para el 2015, con unas
ideas esenciales que quiero poner encima de esta mesa de debate para
avalarlos, y que constituyen el argumento para rechazar unos vetos que no
han dado ninguna razón de peso para que los presupuestos sean hoy
rechazados en sede parlamentaria.


Apoyamos estos presupuestos, en primer lugar, porque el
presupuesto inicial del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
experimenta un incremento —en los propios vetos así se
reconoce— con respecto al año anterior en términos absolutos de
casi 50 millones de euros; un incremento en el presupuesto que no se
producía desde el 2009.


En segundo lugar, en el contexto de contención
presupuestaria, el incremento que se concentra en cooperación
internacional aumenta casi un 10 %, porque es una prioridad del Gobierno
de España.


En tercer lugar, este ministerio, al igual que el conjunto
de los ministerios, y de acuerdo con el esfuerzo que está haciendo la
sociedad española, está haciendo un esfuerzo en eficacia, eficiencia y
racionalización, y sacrificios y esfuerzos para poder conseguir los
objetivos que tenemos marcados ante las instituciones europeas, que no
olvidemos que son el norte que nos tiene que guiar en la gestión del
dinero de los ciudadanos.









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Y también quiero poner de manifiesto que se ha hecho un
gran esfuerzo en racionalización y un esfuerzo normativo con la Ley de
acción exterior, la Ley de tratados, o el reglamento de la carrera
diplomática, que son una prueba del buen hacer de este Gobierno en el
2014, a pesar de que los argumentos utilizados justamente hace un año en
esta Cámara para justificar los vetos para los presupuestos de 2014 se
sigan utilizando ahora para el 2015. Podríamos decir aquello de vetos
nuevos, ideas viejas, argumentos pobres.


Un cuarto argumento es destacar que en el ámbito de la
cooperación internacional, que ha sido aquí muy citado, se ha producido
un gran esfuerzo en la concentración geográfica y sectorial, lo que nos
permitirá gastar mejor y llegar con nuestros fondos a quienes realmente
lo necesitan, evitando faltas de rigor que presenciábamos en épocas
anteriores y en las que no me voy a extender.


Se han defendido cuatro vetos —repito: vetos nuevos,
ideas viejas, pobres argumentos— y en algunos de ellos se hablaba
de aumento cosmético de la sección número 12. Hablando en términos
cosméticos, ustedes maquillaban presupuestos, sobre todo el Grupo
Socialista, y lo cierto es que en los últimos tres años el Gobierno del
Partido Popular ha pagado las facturas. Unos maquillaban y otros, este
Gobierno del Partido Popular, se han hecho cargo para sanear el
presupuesto de Asuntos Exteriores y de Cooperación, pagando las
facturas.


Han aumentado las transferencias en la Agencia Española de
Cooperación —bien lo saben—, en el Fondo fiduciario para la
vacunación e inmunización —bien lo saben—, y también se han
adoptado medidas, como no puede ser de otra manera, para racionalizar y
reducir el gasto público. Véase qué está haciendo, por ejemplo, el
Gobierno de Italia en esta materia; su añorado Matteo Renzi.


Hemos hecho un gran esfuerzo, hemos aumentado la presencia
en la acción diplomática y consular para atender a los ciudadanos
españoles y a las empresas españolas en el mundo. Se ha hecho un gran
esfuerzo para aumentar esa presencia en el exterior: 118 embajadas, 90
oficinas consulares y 10 representaciones en organismos internacionales.
Hemos atendido esas inversiones, que son imprescindibles para ese normal
funcionamiento de nuestras representaciones. Ha habido que culminar el
despliegue del sistema de información de visados, extender el sistema de
navegación segura en internet de nuestra representación exterior, la
firma electrónica, el sistema de gestión administrativa contable de
nuestras representaciones, acometer obras en embajadas y atender a los
ciudadanos y a los intereses españoles en el mundo. Y también en la
acción multilateral, para el desafío que ha supuesto ser elegido miembro
no permanente del Consejo de Seguridad, porque en las hemerotecas del
debate de presupuestos para 2014, hace ahora un año, ustedes daban los
mismos argumentos que hoy: que no hay presupuesto para nada, ni para
estar en Europa, ni para estar en el mundo, ni para atender a la
cooperación… Pues bien, el Gobierno de España con esos presupuestos
aprobó la Ley de acción exterior y hay documentos de debate para afianzar
y prestigiar ese papel de España en el mundo. Se ha aprobado la Ley de
tratados. Y la comunidad internacional nos dio un aprobado, confiando en
nosotros para ese sillón como miembro no permanente en el Consejo de
Seguridad, algo sobre lo que no he oído ni una palabra en las
intervenciones de hoy ni he leído una letra en sus vetos. Reconocemos que
el presupuesto de 2014 podía haberse mejorado, igual que se podría
mejorar el de 2015. Ojalá tuviéramos los recursos que tuvieron otros
gobiernos, a pesar, repito, de que no pagaron sus facturas, muchas de
ellas en materia de cooperación. Maquillaron los presupuestos de los años
2005, 2006, 2007 y 2008, pero no pagaron las facturas, que este Gobierno
sí ha pagado. Insisto en que estaremos en el Consejo de Seguridad, en esa
definición de política de paz y seguridad, que es uno de nuestros
objetivos.


En estos presupuestos se contemplan las partidas para
seguir impulsando la acción diplomática —aunque a algunos les
moleste— en el ámbito económico, la llamada diplomacia económica, y
también la referida a la diplomacia pública en la política exterior de
España a través de la Red de Casas.


En cuanto a la cooperación internacional, sobre la que se
ha hablado mucho aquí —ya no me referiré a las facturas que hemos
tenido que pagar—, es un firme compromiso del Gobierno de España.
Constituye uno de los capítulos más queridos por este ministerio. Se ha
hecho un gran esfuerzo en la cooperación al desarrollo: 526 millones de
euros, y destinaremos a la cooperación internacional el 40 % del
presupuesto total. Ahí están el FONPRODE, el Fondo de cooperación









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para agua y saneamiento o aquellas cuestiones que han
aumentado de la cooperación internacional. Supera en diez veces lo que se
clarificó en los últimos años y se supera —repito— el
presupuesto del 2009. Hay un aumento en la transferencia a la Agencia
Española de Cooperación, en 35 millones de euros, al Instituto Cervantes,
y una dotación de 9,5 millones para el Fondo fiduciario para la
vacunación y la inmunización. Seguiremos impulsando la cooperación
delegada con esos fondos a través de la Unión Europea, administrados por
nuestra agencia. Y también los convenios con las ONG y fundaciones, que
ustedes, en los presupuestos de 2012, 2013 y 2014, decían que íbamos a
liquidar. Pues bien, se destinan casi 60 millones de euros a esos
convenios con ONG y fundaciones. Y nuestro compromiso con la ayuda
humanitaria nos permitirá seguir estando presentes en los contextos de
problemas complejos que hoy tiene la comunidad internacional, como Siria,
Iraq o Gaza; o, como se hizo este año, arbitrar fondos adicionales, como
se realizó a través del Real Decreto 14/2014, para países afectados por
el ébola.


Voy a dar tres ideas para finalizar. En un contexto de
restricciones, que bien conocen, saben que estos no son los presupuestos
con las dotaciones que nos gustarían, pero es lo que hay. Repito que
vamos a afrontar el reto de formar parte del Consejo de Seguridad. Estos
son unos presupuestos con una ayuda a la cooperación realistas,
posibilistas, trasparentes y solidarios, pero que no entienden la
solidaridad como algunos la entendían, como un amiguismo solidario
—para algunos países sí, para otros no—, y en la mayoría de
los casos sin pagar los fondos que se destinaban a esa cooperación.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El senador CHIQUILLO BARBER: Estos presupuestos, repito, en
acción exterior y en cooperación, con unas nuevas fórmulas de gestión,
permiten una política en el mundo para que el papel de España en la
comunidad internacional se visualice.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El senador CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente. Son unos
presupuestos comprometidos con la paz y la seguridad, con la cooperación
y la solidaridad, y con los derechos humanos y la libertad. Por ese
camino vamos a seguir, porque España, mal que a algunos les pese, tiene
voz y voto en el concierto internacional y seguiremos trabajando en esas
políticas porque España está y ha vuelto para quedarse.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.


A la sección número 13 ha presentado la enmienda de veto
número 432, el Grupo Parlamentario Socialista.


Para su defensa tiene la palabra el senador Díaz
Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, presidente. Buenas
tardes.


Yo pensaba que España existía desde hace bastantes siglos,
pero un debate de presupuestos da para mucho. Por ejemplo, también para
autoengañarse, toda vez que la evaluación de las cuentas públicas la hace
el Tribunal de Cuentas y el ejercicio presupuestario del año 2005 hasta
el presente también lo sigue haciendo el Tribunal de Cuentas, que es
quien evalúa las cuentas públicas respecto del rigor presupuestario y su
ejecución.


En lo atinente a la sección 13, tiene 1591,8 millones de
euros. En términos comparativos, hay un 0,3 % de aumento con respecto al
presupuesto del año pasado y 11,32 millones menos en términos de
porcentaje comparativo con el año 2011. ¿A qué año nos tenemos que
retrotraer para precisar qué suponen los 1591,8 millones de presupuesto
de la sección 13, relativa a Justicia? Tenemos que dar un salto en el
túnel del tiempo hasta el año 2008, y fíjense ustedes en que en aquel
entonces no existían las tasas judiciales; había un derecho de acceso a
los tribunales. Ahora hay unas tasas judiciales con las que se han
recaudado 300 millones de euros en el año 2013, que iban a estar
destinados a la justicia gratuita. Pero no se han destinado a tal
fin.


Y miren ustedes si son realmente unos presupuestos de
recuperación económica, que en el ámbito de infraestructuras y
equipamientos disminuye la partida y se queda en 18 millones de euros,
mientras que los países que están avanzando a la hora de abordar la
crisis están usando la









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maquinaria pública para invertir, para que la máquina de la
economía mueva otra vez los salarios y el consumo.


¿Son estos, los de la sección 13, unos presupuestos
ajustados a la realidad del servicio público de la justicia en el año
2014? Comparen ustedes de 2008 a 2014, no solo en lo atinente a las
tasas, sino al hecho mismo de que la previsión con respecto a la justicia
gratuita disminuye, porque así está en el proyecto.


¿Qué se plantea con esto? Lo que se planteaba era
descongestionar los servicios de los tribunales de justicia en la medida
en que se disuade al español para que no acceda cuando viva una situación
de impotencia, de frustración o de injusticia; disuadirlo para que no
vaya a los tribunales de justicia y viva con esa sensación de impotencia,
de frustración o de injusticia. No son los presupuestos de recuperación
económica en el ámbito de la justicia porque disminuye la partida de
equipamiento e infraestructuras. No son los de actuación de la plantilla
judicial, porque después de tres años de paralización, de no convocatoria
de plazas, la convocatoria de 100 plazas ni siquiera cubre la pérdida en
términos vegetativos, es decir de muertes o jubilaciones de jueces o
fiscales, como así ha hecho notar el colectivo de opositores a la carrera
fiscal y judicial a lo largo de las últimas semanas; y en la mañana de
hoy me han vuelto a insistir en sus explicaciones respecto de esa
situación. Y no tiene en cuenta ni siquiera los criterios de la Comisión
de evaluación de eficacia y eficiencia en los temas de justicia del
Consejo de Europa. Saben ustedes que hay una inversión de 60 euros por
cada habitante —es la media de los países del Consejo de
Europa—, que en nuestro caso es de 32 euros. Y con respecto al
porcentaje del producto interior bruto que se dedica a la justicia, de
los 45 países estamos en el lugar número 40.


¿Qué viene a decir esto? Que no se tiene en cuenta la
previsión legislativa para el próximo año. ¿Por qué razón? Porque no se
tienen en cuenta las modificaciones que se plantean hacer respecto de la
planta judicial; no se tiene en cuenta la reforma que se quiere hacer del
Código Mercantil; no se tienen en cuenta las necesidades en nuevas
tecnologías y de modernización, y ni siquiera que es el último año de
aplicación de ese plan de modernización, que va del año 2012 al año
2015.


En conclusión, la sección 13 supone la congelación y, lo
que es peor aún: dado que hay una variación del año 2008 al año 2014, hay
un salto en el túnel del tiempo en cuanto a la disponibilidad
presupuestaria para hacer aquello que es necesario hacer en el ámbito de
la justicia. Por estas razones, el Grupo Socialista encuentra razonable y
mucho más que fundado presentar el veto que en este momento acabo de
defender a la sección número 13. Y, sin que sirva de precedente, en el
momento exacto que cumple el tiempo acaba mi intervención.


Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz
Tejera.


El Grupo Parlamentario Convergència i Unió ha presentado la
enmienda de impugnación número 400 a la sección 13.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora
Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor
presidente.


Mi grupo ha presentado esta propuesta de veto, la enmienda
400, porque entendemos que los presupuestos de gastos de esta sección no
se adecuan a las necesidades sociales y económicas del Estado y, en
particular, a las que necesita Cataluña. Valoramos muy negativamente la
insuficiente inversión en materia de justicia que se ha previsto en estos
presupuestos. Demuestran con claridad que el buen funcionamiento del
servicio público de la Administración de Justicia y la tutela adecuada de
los derechos fundamentales de la ciudadanía no se encuentran entre las
prioridades del Gobierno. Suponen otro ejemplo más de adopción de medidas
en perjuicio de los sectores más débiles de la sociedad y de las amplias
clases medias de la población, que no podrán abonar tasas judiciales y
verán más limitado su acceso a la jurisdicción y a la justicia gratuita.
Y cierran cualquier posibilidad de mejora, transformación y modernización
del sistema judicial.


El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015
ha consignado para la sección 13 la cantidad de 1591,8 millones de euros,
lo que representa un pequeño incremento con respecto al presupuesto de
2014, de 1575 millones de euros. Así no se podrá, por tanto, corregir ni
compensar la reducción presupuestaria arrastrada desde el inicio de
legislatura. Dicha congelación









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o dicho descenso se produce a pesar de que los juzgados y
tribunales padezcan graves insuficiencias de medios personales y
materiales. En lugar de que los presupuestos se adapten a las necesidades
reales de la Administración de Justicia, históricamente deficitaria en
recursos, se apuesta por una inversión insuficiente que continúa
agravando la ya precaria situación del servicio público, con las lógicas
consecuencias en el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva.


Consideramos que deberían prever la financiación de las
comunidades autónomas que han asumido competencias en justicia. El
Gobierno, a menudo, modifica leyes, como hizo mediante la aprobación del
Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, en el ámbito de la asistencia
jurídica gratuita, y posteriormente no compensa a las comunidades
autónomas competentes para que puedan aplicar la nueva normativa.
Solamente la aplicación de este real decreto ley ha supuesto, por
ejemplo, para la Generalitat de Cataluña, un aumento de gasto cifrado en
más de 2 400 000 euros. Consideramos que, tal como establece la LOFCA, se
debe financiar a las comunidades autónomas cuando haya cambios en la
legislación estatal que las afecte. No hacerlo constituye una deslealtad
y un incumplimiento de la ley.


El presupuesto de ingresos del proyecto de ley de
presupuestos generales incluye la dotación de 359 millones —365
millones en los presupuestos anteriores—, correspondientes a la
recaudación de tasas judiciales. En cambio, el presupuesto de gastos no
dota en ninguna partida el reparto de dichas tasas, contraviniendo lo
establecido por el Estado en la Ley de tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia, concretamente en el artículo 11 de la Ley
10/2012, que establece que la tasa judicial se considerará vinculada en
el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de asistencia gratuita,
al sistema que establecerá la Ley de Presupuestos Generales del Estado en
cada ejercicio. Si bien mi grupo votó en contra de la Ley de tasas y se
congratularía si este Gobierno tuviera la clarividencia de optar por su
derogación, debe reclamar que se aplique mientras esté vigente, y un
incumplimiento por parte del Estado, como el que en esta Cámara
reiteradamente he denunciado, constituye una vulneración del principio
establecido por la Ley jurisdiccional de la justicia gratuita y de la
modernización de la Administración de Justicia. Consideramos que se
debería haber previsto, pues, la transferencia a las comunidades
autónomas por la participación en los gastos de justicia gratuita y en la
modernización de la justicia. Y, concretamente, en el caso de Cataluña,
por un importe de 55 millones de euros, que corresponde al 15,39 %
—exacto— de los ingresos previstos por el Estado para la
recaudación de tasas; un 15,39 %, porque Cataluña gestiona el 15,39 % de
los expedientes judiciales. Nos preguntamos, pues, en qué se ha invertido
el dinero recaudado por unas tasas que tenían un sentido finalista muy
concreto.


Por otro lado, teniendo en cuenta que la disposición
adicional decimoquinta de la Ley orgánica 1/2009, complementaria a la Ley
de reforma de legislación procesal para la implantación de la nueva
oficina judicial, establece que la interposición de recursos ordinarios y
extraordinarios, la revisión y la rescisión de sentencia firme a
instancias del rebelde, en los órdenes jurisdiccionales civil, social y
contencioso-administrativo, requieren de la constitución de un depósito a
tal efecto, y que el Ministerio de Justicia ha de consignar en
presupuestos las dotaciones correspondientes al 40 % de los ingresos del
propio territorio por este concepto, consideramos inaceptable que en el
presupuesto para 2015 se haya omitido dicha transferencia a las
comunidades autónomas.


Y algo muy relevante. También resulta absolutamente
imposible la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, del mismo
modo que no puede ser viable iniciativa alguna de modernización en el
sistema judicial ni tampoco que puedan prosperar proyectos que sean
capaces de agilizar los trámites judiciales. Con estos presupuestos se
condena a la Administración de Justicia a tener que funcionar con
instrumentos anacrónicos, impropios...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Termino, señor
presidente.


...impropios para resolver los litigios de una sociedad
avanzada. Por tanto, en cualquier caso, de estos presupuestos puede
deducirse que la Administración de Justicia, algo tan importante para un
Estado, no supone en modo alguno una prioridad para este Gobierno. Por
ello mi grupo presenta una propuesta de veto para la impugnación de esta
sección.


Gracias, señor presidente.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Rieradevall.


El Grupo Parlamentario de la Entesa presenta la enmienda de
veto número 416.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes.


Seguro que el ministerio más convulso en esta legislatura
es el Ministerio de Justicia, lo que incluso ha llevado a la dimisión al
propio ministro. Creo que se ha perdido mucho tiempo discutiendo cosas
que no había que discutir en vez de ejercer y producir otras actividades.
De todas maneras, si tuviera que sintetizar qué ha hecho el Ministerio de
Justicia, yo diría tres cosas. En primer lugar, ha efectuado un retroceso
de derechos y libertades, desde la justicia universal hasta la propuesta
de Código Penal. En definitiva, hay una línea de acción del Ministerio de
Justicia de restricción de derechos y libertades. En segundo lugar, ha
hecho un ataque clarísimo al Poder Judicial, a la separación de poderes.
Recuerden ustedes la modificación del Consejo General del Poder Judicial
y las huelgas que se produjeron en el ámbito de la justicia, algo que
nunca se había dado en el Estado español. Y en tercer lugar, en
definitiva, ha habido una privatización de servicios.


¿Cuál es el reto histórico de la justicia? Desde el inicio
de la democracia hasta ahora el aparato del Estado que menos se ha
modernizado, tanto desde el punto de vista de la agilidad como desde el
punto de vista de su implantación descentralizada territorial, es, sin
género de dudas, la justicia. Por tanto, el gran reto —ayer,
anteayer, hoy y mañana— es modernizar y agilizar el funcionamiento
de la justicia. ¿Es posible que eso ocurra con este presupuesto? El señor
Díaz Tejera ya lo decía cuando comparaba el presupuesto actual con el de
2008, si no recuerdo mal. Y la respuesta es que, con un presupuesto que
en 2008 ya era reducido, es imposible hacer frente a las necesidades de
modernización y agilización con los mismos recursos. Por tanto, estoy
convencido —ojalá me equivoque, pero sería un milagro, a pesar de
que aún hay alguno—, de que con ese presupuesto sería imposible que
se modernizara.


Para acabar quiero destacar dos cosas. La primera es que,
muy recientemente —creo que fue la semana pasada—, el Colegio
de Abogados de Barcelona publicó un informe que saca anualmente y que se
titula «Justicia 2014», donde se dice literalmente con letras bien
grandes que cada día la justicia va peor. En él se exponen todas las
dificultades, los problemas, las barreras que todos ustedes conocen
perfectamente.


Y finalmente quiero decir que cuando se implantó el tema de
las tasas el ministro se comprometió y dijo públicamente que el dinero de
las tasas iba a servir para financiar la justicia universal. Eso ha sido
falso. Por un lado, la Ley de tasas restringe el derecho a la justicia a
los sectores más vulnerables, y por otro, el dinero del presupuesto, que
si no recuerdo mal son 500 millones de euros, no se dedica a la justicia
universal, donde solo se presupuestan 34 millones. Por tanto, hay un
presupuesto que deja pendiente el reto, yo diría que histórico, de la
modernización de la justicia, un ministerio convulso, y una política de
derechos y libertades restringida que no responde a las necesidades de
hoy.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


Los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario
Mixto, han presentado la enmienda de impugnación número 2 a la sección
13.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Es obvio que se trata de un presupuesto heredado, que
cuando el actual ministro de Justicia tomó posesión, tras la dimisión del
señor Gallardón, se encontró ya con el pastel preparado y sin ningún
margen de maniobra. Ello puede dificultar la ejecución del presupuesto,
en tanto en cuanto, al menos en sus manifestaciones públicas, incluso, en
sede parlamentaria, el nuevo ministro de Justicia ha expresado
diferencias matizadas con algunas de las políticas desarrolladas por el
señor Gallardón. Estamos ante un presupuesto continuista que tiene que
ejecutar un nuevo ministro. La subida que se plantea en esta sección es
mínima, un 1 %, tras recortes del 4,3 % en 2013 y del 2,7 % en 2014. Por
lo tanto, insuficiencia en la consignación.


Este presupuesto no es la respuesta adecuada a las
solicitudes de más medios para perseguir la corrupción y la sobrecarga de
trabajo: 864 juzgados al borde del colapso y otros tantos con una









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carga de trabajo superior al 150 %. El secretario de Estado
de Justicia afirmó, por contra, rechazando estas afirmaciones, que el 43
% de los órganos están por debajo del módulo de carga de trabajo. En este
Pleno el ministro de Justicia elevaba hasta el 65 % el porcentaje de
órganos jurisdiccionales que están por debajo de la carga de trabajo, lo
que resulta absolutamente increíble.


Ustedes, cuando presentaron la reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, insistieron mucho en este concepto de carga de
trabajo. Ahora lo cuestionan basándose en que los criterios con los que
se había fijado han sido cuestionados en una sentencia del Tribunal
Constitucional. Pero no niegan que sea necesaria una reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y que sean necesarios mecanismos de trabajo
entre los juzgados del partido judicial.


En este proyecto de presupuestos no se resolverán las
necesidades de nuevas plazas de jueces y fiscales, con la previsión de
100 nuevas plazas. Seguiremos con 10 jueces menos por cada 100 000
habitantes que la media de la Unión Europea. Y, a lo largo de estos años,
se ha ido prescindiendo de un número muy importante de jueces sustitutos.
Hay quien habla de 1500 plazas de jueces sustitutos. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).


Justicia gratuita. Aumenta en 1 millón, hasta 35, pero se
mantienen unas tasas judiciales que en 2013 dieron 300 millones. Ayer
publicaba La Vanguardia un ejemplo de las tasas judiciales: Un gallego
recibía una multa de Cataluña por importe de 200 euros. No tiene coche.
No tiene carné. Para poder recurrirla tiene que pagar 100 euros de
tasas.


Finalmente, disminuye el Plan de dotación para
equipamientos e infraestructuras y, luego, no tiene sentido ese Plan de
modernización del Registro Civil, comprometiendo casi 25 millones de
euros, después de decidir que lo van a gestionar los registradores
mercantiles.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


Turno correspondiente a la senadora señora Capella, que
presenta la enmienda número 396.


Para su defensa, tiene la palabra su señoría.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.


Hemos presentado un veto a la sección 13. En los
Presupuestos Generales del Estado para 2015 relativos al Ministerio de
Justicia se constata de nuevo el gran alejamiento que existe entre el
modelo de Administración de Justicia que propugna el Gobierno del Partido
Popular y su concepción del Estado de Derecho, y el que defiende y aspira
a tener Esquerra Republicana.


En estos presupuestos, prácticamente idénticos a los del
año pasado, ustedes consolidan los recortes practicados profundizando en
la privatización de la justicia. Se trata de un proyecto de ley que
refleja una vez más el objetivo de desguazar el derecho a la tutela
judicial efectiva. Este presupuesto, unido a las tasas judiciales, la
nueva asistencia jurídica gratuita, la jurisdicción voluntaria, la
reforma del Registro Civil y la nueva planta judicial, supone, como decía
antes, descabezar el Estado de derecho.


La aprobación de la Ley de tasas judiciales consagró un
sistema judicial, tan solo accesible a quien pueda costearlo, con la
intención de reducir, cuando no de impedir, el libre acceso a los
juzgados y tribunales, bajo la perversa y reaccionaria anunciación de que
el ciudadano padece una patología abusiva en la utilización del sistema
judicial. Y para poner remedio se limitó el acceso al sistema judicial
mediante la introducción de las tasas judiciales. Además, el Ministerio
de Justicia sostuvo que la introducción de las tasas no solo
descongestionaría los juzgados y tribunales, sino que con la recaudación
se lograría financiar la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, las
tasas van al pozo común de la recaudación y solo se destina un
presupuesto de 35 millones de euros a la asistencia jurídica gratuita, lo
que apenas supone un 10 % de lo recaudado mediante la introducción de las
tasas. El presupuesto que hoy nos presentan es la constatación de que la
Ley de tasas solo logra elitizar el sistema de justicia, sin costear, en
realidad, la asistencia jurídica gratuita.


Frente al hecho de que la Administración de Justicia se
encuentre desbordada, ustedes no se cuestionan que no destinan los
suficientes medios personales y materiales, sino que nuevamente
externalizan la responsabilidad, la culpa e imputan al ciudadano que
pleitea demasiado. Tampoco ustedes darán cumplimiento a lo que el Consejo
de Europa les dice, y de nuevo España está a la cola en la ratio de
jueces por ciudadanos: 11 jueces por cada 100 000 habitantes, frente a la
media europea de 21 jueces por cada 100 000 habitantes. En los
Presupuestos Generales del Estado para 2015 en materia de justica ustedes
destinan muy poco presupuesto para cubrir plazas en la









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carrera judicial y fiscal, limitándolas a 100, un número
insuficiente para descongestionar la ya congestionada Administración de
Justicia. Y por otro lado, incluso disminuyen la dotación prevista para
equipamientos e infraestructuras.


Por todo ello, señorías, nosotros también hemos presentado
veto a la sección 13 de los Presupuestos Generales del Estado.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Capella.


En turno en contra, tiene la palabra la senadora
Franco.


La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Comenzaba el senador Díaz Tejera retrotrayéndose en el
tiempo. Señoría, creo que echar la vista atrás sirve sobre todo para
aprender de los errores, y creo que eso nuestro Gobierno ha sabido
hacerlo, ha sabido aprender de los errores.


Sus señorías han definido estos presupuestos de la sección
13, de justicia, los últimos presupuestos de esta legislatura, en
términos de congelación: el señor Díaz Tejera y la senadora Rieradevall;
de presupuesto heredado: en particular el senador Iglesias; un
presupuesto idéntico a los anteriores: la senadora Capella. Si yo tuviera
que calificar estos presupuestos de la sección 13 para este año 2015
emplearía el término de diferentes, porque realmente son unos
presupuestos diferentes a los que tuvimos que presentar los años
anteriores de la legislatura. Y lo son, en primer lugar, porque son los
primeros presupuestos que aumentan. Gracias precisamente a esa mejora del
contexto económico, a los esfuerzos que hemos hecho a lo largo de estos
años y al mejora de las cuentas públicas, estos presupuestos para el año
2015 de la sección 13 aumentan un 1,2 % en términos homogéneos, lo cual
supone pasar de una partida de 1594 millones de euros en 2014, para el
ministerio y organismos, a una partida de 1653 millones de euros para
este año 2015. Pero son también unos presupuestos diferentes por cómo se
distribuye este aumento entre las diferentes dotaciones, teniendo en
cuenta que además son partidas que financian gastos sensibles para los
ciudadanos las que reciben ese aumento, como, por ejemplo, justicia
gratuita o la oficina de asistencia a las víctimas, así como las
relativas a la modernización tecnológica, con un incremento bastante
importante. Y son diferentes también, en tercer lugar, porque estos
presupuestos —creo que este es un aspecto sustancial— marcan
un hito, un cambio de tendencia, que todos esperamos que pueda
consolidarse en los años posteriores. Por eso consideramos que estos
presupuestos sí que contienen partidas suficientes para mantener y
mejorar esa cartera de servicios que la Administración de Justicia presta
a los ciudadanos. De ello se deduce, por supuesto, que vamos a rechazar
los vetos que sus señorías han presentado a esta sección.


Entro ya concretamente en las diferentes razones que sus
señorías han aducido para justificar sus vetos. Han realizado una crítica
a la política de personal y han sido especialmente contestatarios con la
reducción de interinidades. Es cierto que la Ley de eficiencia
presupuestaria ha supuesto un cambio en el sistema de sustituciones, pero
lo ha hecho en aras de conseguir la máxima profesionalización en el
ejercicio de la función judicial; un objetivo que antaño era común,
aunque ahora veo que no lo comparten todas sus señorías. Este cambio en
el sistema de sustituciones ha permitido un ahorro económico importante,
que en el año 2014 se cifra en 14 millones de euros; un ahorro que, por
otra parte, ha permitido mantener políticas de refuerzo o de reducción de
cargas de determinados órganos jurisdiccionales y nos permite también
presentar una oferta de empleo público que asciende, como ya se ha dicho,
a 100 plazas para jueces y fiscales, destacando que el sector justicia
sigue siendo una de las excepciones en la cobertura de vacantes donde la
tasa de reposición alcanza el 50 %. A esto habría que añadir algo que yo
creo que es muy importante destacar, y es precisamente ese real decreto
de octubre que prevé la creación de 282 plazas judiciales, la mayor
dotación de plazas judiciales en los últimos veinticinco años. Y eso sí
que hay que destacarlo.


En segundo lugar, en los fundamentos de sus vetos han hecho
referencia por supuesto a las tasas judiciales con críticas a la
financiación de la justicia gratuita. Respecto a las tasas, se ha
mencionado que no se ha dedicado toda la cantidad recaudada por tasas a
esa financiación de la justicia gratuita. Les recuerdo que no hay una
afectación sino una vinculación, lo cual no implica que todo lo que se
recaude por tasas se deba destinar a la justicia gratuita. Y respecto a
esa solicitud permanente de derogación de las tasas, les recuerdo las
palabras del ministro desde esta









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misma tribuna señalando que se van a estudiar todos los
datos de la Agencia Tributaria, del Consejo General del Poder Judicial y
que, si realmente hubiera una afectación, está dispuesto a revisar el
sistema; no a derogarlo, sí a revisarlo y a hacer ajustes. Además, la
secretaria de Estado en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos
dijo que incluso el Proyecto de Ley de justicia gratuita podría ser el
vehículo para hacer esa modificación o esos ajustes si fuera preciso
hacerlos. La partida de justicia gratuita, como dije, es una de las
partidas que aumenta: un 2,26, suficiente para hacer frente a este gasto
en el territorio del ministerio.


Respecto a las comunidades autónomas con competencia
asumida es cierto que, como consecuencia de esa modificación que nuestro
Gobierno ha impulsado de la justicia gratuita, asumen un mayor gasto en
justicia gratuita, y quisiera recordarles precisamente que el 6 de
noviembre hubo una conferencia sectorial entre el ministerio y las
comunidades autónomas. El ministerio se comprometió a trabajar para
arbitrar un mecanismo con el fin de llevar a cabo esa financiación
suplementaria. Este es un tema que, además, vamos a debatir la próxima
semana en la Comisión de Presupuestos, y ahí verán ustedes el compromiso
real del ministerio con una enmienda en concreto que ha presentado
nuestro grupo.


En cuanto al tercer grupo de razones, han criticado ustedes
las inversiones en infraestructuras y equipamientos, que se mantienen, y
nos permiten afrontar las obras más importantes así como aquellas otras
de mantenimiento.


También han hecho referencia a esa modernización
tecnológica. Nos pedía el señor Saura un milagro. No sé si hacemos
milagros, lo que sí le digo es que trabajamos por conseguir esa
modernización tecnológica. Esa partida aumenta 59 millones de euros; le
recuerdo que eran 35 millones en el ejercicio pasado, lo cual supone un
incremento para la Administración de Justicia de un 45,4 % y para el
ministerio de fiscal un 225,4 %, que va a permitir desde luego cumplir
con los objetivos de ese Plan de acción de la Secretaría General de la
Administración de Justicia en materia de modernización tecnológica.
Igualmente, el senador Iglesias hizo una breve referencia a la
modernización del Registro Civil. Aquí sí que les quiero decir que esta
modernización es necesaria. Es necesario informatizar el Registro Civil y
hacer que sea accesible a los ciudadanos, con unas bases de datos además
que van a ser públicas.


Respecto a esa pretendida privatización del Registro Civil
quiero recordarles que no existe, que son funcionarios públicos los que
se van a encargar de la llevanza del Registro Civil y que van a estar
además sometidos al control y supervisión del ministerio.


Termino ya, señalándoles que consideramos que estos
presupuestos sí son un instrumento útil que va a mejorar el servicio
público de justicia en nuestro país, junto con las reformas que quedan
pendientes en este año de legislatura. Y por supuesto, vamos a rechazar
todos los vetos formulados.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


A la sección 14 se ha presentado una enmienda, la número
433, del Grupo Parlamentario Socialista.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Abad.


El señor ABAD BENEDICTO: Gracias, señor presidente.


Señorías, dado que este es el último presupuesto de Defensa
de esta legislatura, déjenme que este turno se lo dedique muy
especialmente al grupo mayoritario en esta Cámara y les hable de eso que
tanto les gusta: de la herencia; en este caso de la hipoteca que van a
dejar a los españoles los programas que anuncian y empiezan ya a poner en
marcha estos presupuestos en el ámbito de Defensa. Y me fijo en este
aspecto porque su relevancia ya la destacó el propio secretario de Estado
de Defensa, al señalar en sede parlamentaria que lo más destacado de
estos presupuestos es la puesta en marcha de un nuevo Plan de adquisición
de armamento, siguiendo el modelo diseñado por el hoy ministro de Defensa
cuando era secretario de Estado de Defensa, en el primer Gobierno de José
María Aznar allá por 1997; es decir, incremento de los presupuestos y
nuevo Plan de I+D+i militar, residenciando en las partidas del Ministerio
de Industria y vinculado —se dice— a la potenciación y
capacitación de nuestra industria. Estos programas supondrán ya el
próximo año la puesta en marcha de los programas dirigidos a la
construcción de 5 fragatas F110 para la Armada y de entre 350 y 400
vehículos blindados 8x8 para el Ejército de Tierra. Programas









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que respectivamente significarán un importe total final
estimado de 800 millones y entre 1000 y 1500 millones, que ya en los
presentes presupuestos cuentan con una dotación de 37 y 41 millones
respectivamente. Programas a los que habrá que añadir otros 4 que ya nos
anuncia Defensa y que van a suponer un gasto adicional de 10 000 millones
para los próximos diez años.


La experiencia con los actuales programas especiales de
armamento de grandes dimensiones y dilatados en el tiempo, cuyo importe
hipoteca las finanzas no solo de Defensa sino del propio país, no ha
resultado un modo idóneo para responder a los riesgos y amenazas que hoy
tiene que afrontar España. Una vez más se recurre al mismo artificio
financiero que se diseñó allá por 1997, cuando ya se comprometieron unos
créditos en I+D+i militar por importe de 16 120 millones que en su mayor
parte aún no se han devuelto. Una I+D+i militar que había mantenido una
tendencia a la baja desde el año 2009 y que ahora se vuelve a
incrementar. Un aumento de la I+D militar que contrasta con el escaso
aumento de la I+D civil, sin duda un agravio para el desarrollo de la
productividad. Y ya sé, señorías, que me van a decir que estas medidas
tienen como objetivo el relanzamiento de nuestra industria militar y de
sus puestos de trabajo, y que nosotros, los socialistas, somos unos
insolidarios. No vayan por ahí porque los socialistas somos y hemos sido
los primeros en defender nuestra industria, también la militar, y sus
puestos de trabajo. Les podría poner ejemplos muy cercanos en el
tiempo.


No disfracen la realidad con demagogia porque en todo esto
no podemos dejar de ver un capítulo más del conocido como efecto Morenés,
ligado a la asunción por el hoy ministro de responsabilidades públicas en
el campo que nos ocupa, entonces, en los inicios de 1997, y ahora, en
esta legislatura. Ello explica, según los datos de la Agencia Europea
para la Defensa, que los gastos de adquisición de material de Defensa
aumentaran desde el año 2001 a 2012 en un 300 %; que la adquisición de
equipos de defensa colaborativa pasara de menos de 300 millones de euros
en el año 2011 a casi 1700 millones en 2012, superando el gasto de
ejércitos mucho más mayores en tamaño e importancia como los de Francia o
Italia, situándonos muy cerca de Reino Unido; o que en relación a las
inversiones de Defensa del año 2011 al año 2012 nos encontremos con que
haya un aumento del 236 %,sin tener que recordarles a sus señorías el
contexto de crisis socioeconómico en el que se encontraba nuestro país o,
más concretamente, el hecho de que en ese mismo período se estuviese
produciendo una reducción del número de efectivos militares que ya
superan los 10 000.


Como se dice ahora, señorías, denle una pensada a todo esto
porque los 30 000 millones de euros van camino de convertirse en 40 000
millones con los recientes compromisos de adquisición en material que no
necesitamos, para conflictos que no existen, y con dinero que no tenemos
y no nos lo podemos permitir.


No hipotequen más nuestro futuro con una medida que parece
una solución final en beneficio de intereses económicos privados,
asentada más en sus previsiones sobre la futura arquitectura
parlamentaria que en las necesidades estratégicas de nuestras Fuerzas
Armadas, de nuestra industria militar y de nuestros trabajadores. Más que
nunca hagan realidad el reiterado mantra de la necesidad de consenso en
la política de Defensa y abandonen ese cierto utilitarismo al apelar a
unos consensos que en el fondo solo esconden la ausencia real de una
política de Defensa por parte del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, finalice.


El señor ABAD BENEDICTO: Termino, señor presidente.


Todos estos razonamientos nos llevan a presentar este veto
a la sección 14, Ministerio de Defensa, y no tengan la menor duda de que
los socialistas ayer, hoy y mañana entendemos, entendimos y entenderemos
que la defensa de España es una cuestión de Estado.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Abad.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió presenta la enmienda 401.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.









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De hecho, esta mañana en el veto general lo he avanzado. En
estos presupuestos, por primera vez, se destinan más recursos y más
partidas presupuestarias al Ministerio de Defensa que al Ministerio de
Fomento. Ello por sí mismo ya indica que seguramente no estamos haciendo
bien las cosas.


Reducen un 5 % el gasto destinado a los diferentes
ministerios, del capítulo 1 al 7, y en cambio el Ministerio de Defensa
incrementa su dotación en un 0,4 % —sé que es poco, pero
aumenta— cuando la mayoría disminuye. Solo este hecho es suficiente
como para presentar veto, y por eso lo mantenemos.


No es razonable que se esté exigiendo un gran esfuerzo a
las comunidades autónomas, a las corporaciones locales e incluso a
algunos de sus ministerios y no se le pida también al Ministerio de
Defensa. Eso es difícil de entender y de comprender.


Nosotros presentaremos después algunas enmiendas a este
ministerio. ¿Y saben qué persiguen algunas de ellas? Reducir los gastos
de publicidad del ministerio, que continúan siendo muy elevados.


Nuestro veto a esta sección responde a que no es
comprensible este incremento del presupuesto cuando se está reduciendo en
otros ministerios que, desde nuestra óptica, lo necesitan más. La CORA
tendría que haber entrado en el Ministerio de Defensa. De hecho, les
invitamos a que la CORA elabore un informe exclusivamente del Ministerio
de Defensa, y verán cómo pueden presentar unos presupuestos con menos
partidas destinadas a este ministerio.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bel.


Los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto, han presentado la enmienda número 3.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Muchas gracias, señor
presidente.


Es difícil debatir sobre unos presupuestos de una sección
que sabemos que son mentira, una gran mentira. No es una suposición, es
una constatación: sabemos qué se ha aprobado para esta sección,
Ministerio de Defensa, en ejercicios anteriores y cómo se ha ejecutado
este presupuesto a lo largo del año. Y debatir sobre una tremenda mentira
es enormemente complicado, porque, si son mentira todos los números que
aquí aparecen, es realmente difícil debatir sobre algo que consideramos
que no es cierto. Eso en primer lugar.


En segundo lugar, estos presupuestos no solamente son
mentira, sino que además no los ha hecho el Grupo Parlamentario Popular,
ni el Gobierno del Partido Popular. Estos presupuestos los han hecho la
industria armamentística y la Organización del Tratado del Atlántico
Norte, más conocida como OTAN; una industria armamentística que tiene en
el Consejo de Ministros a un señor muy conocido que, a través de las
puertas giratorias, tiene capacidad para priorizar los gastos de Defensa
a favor de dicha industria más que de los trabajadores que defienden
nuestro país, más conocidos como soldados, etcétera, a los que ustedes
maltratan año tras año en los presupuestos, así como en sus condiciones
de trabajo, en sus condiciones de vida y en el acceso a los medios y
recursos necesarios para realizar su labor. Más allá de ser esos grandes
patriotas, como ustedes se denominan, son incapaces de poner por encima
de los presupuestos de Defensa el interés nacional al de la industria, en
este caso de la militar cuyo máximo representante en este país se sienta,
aunque poco, en esos bancos azules y más en los de la Cámara Baja. Por
aquí le vemos poco o más bien poquísimo, sin embargo sabemos quién es; es
el representante de los lobbies de la industria militar, y como tal hace
los presupuestos que le vienen bien. Para los programas especiales de
armamento viene aquí un dinero, pero cuando llegue el año que viene y
hablemos de otros Presupuestos Generales del Estado, que está ya bastante
claro que no harán ustedes por fortuna para el país y para la ciudadanía,
podremos contrastar que efectivamente lo que aparece en este papel y lo
que finalmente se va a gastar a favor de la industria armamentística, de
los programas especiales de armamento y de las misiones militares en el
exterior, tiene muy poco o nada que ver con lo que hoy debatimos aquí y
aparece negro sobre blanco en estos presupuestos generales.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Mariscal.









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La senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto,
presenta la enmienda número 397, para defender la cual tiene la
palabra.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.


Señorías, este año han incrementado el presupuesto de
Defensa mediante deuda y Fondo de contingencia en más del 50 % respecto
al presupuesto que se aprobó. Llevan años mintiendo y presupuestando muy
por debajo del verdadero gasto de Defensa para intentar maquillar o
esconder un vergonzoso, por desproporcionado e injustificable, gasto
militar. De hecho si contamos todas las partidas militaristas de los
diversos ministerios, incluyendo el de Educación, Sanidad o Industria, el
gasto militar asciende a más de 50 millones de euros cada día. Es decir,
que su ejército nos cuesta más de un euro por ciudadano al día.


Pero todavía hay algo peor que eso, porque el ejército ha
vivido muy por encima de sus posibilidades y arrastra una deuda de más de
30 millones de euros. Insisto en que son 30 millones de euros, lo cual
significa que buena parte de la deuda pública del Estado que la
ciudadanía está pagando sobradamente en recortes sociales es fruto de sus
juguetitos militares, y todavía es más vergonzoso que, cuando siguen los
recortes en Sanidad, Educación y derechos, el ministro de Defensa esté
pensando en gastar 10 000 millones adicionales en esos programas
especiales de armamento. No obstante eso no aparece en el
presupuesto.


En el año 2013 presupuestaron para los programas especiales
de armamento, 6,8 millones, y al final del año ejecutaron más de 885
millones; en el año 2014 presupuestaron para ese mismo programa 6,8
millones, y esta vez llevan gastados 890 millones. ¿Adivinan, señorías,
cuánto se ha presupuestado para el año 2015? ¡Sorpresa! Se han
presupuestado 6,8 millones. ¿Y adivinan cuánto será el presupuesto
ejecutado? Pues seguro que más de 800 millones. Tanto es así que el
presupuesto del Ministerio de Defensa es mentira. En los 3 últimos
presupuestos han gastado una media de unos 3000 millones más de lo
presupuestado, es decir, más del 50 %, y lo hacen impúdicamente mientras
recortan en escuelas, hospitales, dependencia y políticas sociales para
comprar blindados y submarinos tan ridículos, por cierto, como el S-80,
que ni siquiera flotaba, y al final tuvieron que pagar a una empresa
norteamericana más de 200 millones de euros a costa de Industria para que
les dijera que debían alargar 7 metros el casco para compensar el
sobrepeso de 75 toneladas y que el submarino flotara.


Estamos en contra de este presupuesto porque estamos en
contra de la escalada militarista en que el Estado español está inmerso,
pero estamos especialmente en contra de este presupuesto porque es la
prueba de las prioridades de un Gobierno que continúa incrementando el
gasto de la deuda militar presente y futura, mientras continúan
hipotecando el gasto sanitario y social presente y futuro.


Ahora bajan y me dicen que cada año les digo lo mismo.
Evidentemente, porque ustedes año tras año hacen siempre lo mismo.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracia, senadora
Capella.


Los señores Guillot y Saura, del Grupo Entesa pel Progrés
de Catalunya, presentan la enmienda 429.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Verdaderamente, en un momento en que se pide transparencia,
es inconcebible la presentación de este presupuesto de Defensa, porque
desde hace años en el PEA, en el programa especial de armamento que se
contrató en los años noventa, figura una partida de 6,84 millones; cada
año 6,84.


Como se ha dicho antes, en el 2012 en lugar de 6,84 se
pusieron 1782 en un decreto hecho en agosto. En el 2013 había 6,84 y se
pusieron 879. En el 2014 había 6,84 y se pusieron 883 y en el 2015 hay
6,84 y las informaciones que yo tengo es que se pondrán 1000. Mi pregunta
es por qué se hace esto.


Pero, además, hay otra partida, la de las operaciones
militares en el exterior, que siempre figura en el presupuesto 14,36,
pero cada año se suplementa entre 700 y 800 millones. A mí nada más se me
ocurre una respuesta: no quieren que aparezca que gastamos mucho
militarmente,









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porque, si no, no sé por qué razón se hace esto. Por lo
tanto, es un presupuesto absolutamente tramposo.


En segundo lugar, es un presupuesto, como también se ha
dicho, que prioriza el gasto militar sobre el civil. ¿Cómo es posible que
la I+D civil sea del 4,86 y la I+D militar este año pase del 8,25 al
11,36, o sea, de 500 millones a 700 millones?


En los años cuarenta y cincuenta sí que había una
transferencia de la I+D militar a la I+D civil, pero desde hace tiempo
esto no es así, es al revés. ¿Por qué? Porque este dinero que se da a las
empresas no es para investigación, sino para créditos para que funcionen,
y el ministerio de Defensa no debe 30 millones, sino 29 429 millones de
euros.


Dicho en plata, presupuesto tramposo, prioridad militar
sobre civil y burbuja armamentista insostenible del Gobierno en el
Ministerio de Defensa.


Por estas razones, que no son pocas, votaremos a favor de
todos los vetos que se presenten al Ministerio de Defensa.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


Turno en contra.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador
Campoy.


El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a rechazar los
vetos que se han presentado. Por limitaciones de tiempo responderé
conjuntamente a todos ellos.


En un análisis global de todos los argumentos contenidos en
los distintos vetos, podemos diferenciar que las dos terceras partes de
ellos van dirigidos a la forma que adquieren los presupuestos en materia
de defensa, es decir, al diseño financiero de los presupuestos de
Defensa. Son calificados con términos como trampa, opacos, no
transparentes, camuflados, mentira, incluso he oído por ahí. En fin, son
argumentos ya recurrentes, calificativos reiterados y repetitivos.


Al final, uno llega a la conclusión, porque han sido
sobrada y reiteradamente explicados por el ministro y por cada uno de los
miembros de la Comisión de Defensa del Grupo Parlamentario Popular, de
que no quieren entender lo que se les explica porque, en realidad, lo que
quieren, a mi juicio, es excusarse y no entrar en el fondo verdadero de
la política de defensa de nuestro país. Por tanto, arañan la superficie,
arañan la chapa pero no quieren abrir el capó del motor.


Pues bien, señorías, sin ningún convencimiento de ser
atendido por quien amablemente me escucha, una vez más, vuelvo a explicar
que el sistema financiero de la defensa española tiene tres fuentes de
recursos, uno de los cuales son los créditos consignados en el Ministerio
de Industria, los programas de armamento en fase de proyecto, por lo que
influyen y afectan a la industria de la defensa española y por su
componente de I+D. Conforme estos proyectos van adquiriendo sello de
realidad y comienzan sus entregas, pasan a englobar un débito exigible
por el ministerio, que lo resuelve con una fórmula que no agrada a los
señores de la oposición pero que es tremendamente efectiva, y que son los
créditos extraordinarios, gracias a los cuales la industria de defensa y
los programas de armamento han seguido adelante y el Ministerio de
Defensa ha podido cumplir con sus compromisos.


Y la tercera pata de este sistema financiero, su fuente de
recursos, como saben sus señorías, son las misiones en el exterior, que
se consignan con fondos de contingencia y que no tiene otra explicación
que mientras que los presupuestos se aprueban en esta Cámara, como saben
sus señorías las misiones en el extranjero son aprobadas a final de año
en el Congreso de los Diputados.


Pero a juicio de mi grupo parlamentario, en primer lugar,
lo más importante es que este sistema financiero, señorías, es
perfectamente legal, totalmente transparente y además sumamente eficaz, y
no me negarán sus señorías que las consignaciones del Ministerio de
Industria figuran en los presupuestos de este ministerio, como no puede
ser de otra manera, luego tienen el mismo control parlamentario que si
estuvieran incluidos en el Ministerio de Defensa, y, en segundo lugar,
los créditos extraordinarios se aprueban mediante real decreto ley, lo
que supone un exclusivo debate parlamentario con el control de todas sus
señorías, algo que no tendrían si estuvieran aquí incluidos, y permiten
tener credibilidad en la industria de defensa no solo desde el punto de
vista nacional sino supranacional, algo que con ustedes perdimos.









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Además, le reconozco que este sistema financiero no es el
ideal para una política de defensa, pero me gustaría conocer, señor Abad,
qué alternativa tienen ustedes, porque a día de hoy no la conocemos.
Pero, después de escucharle, cualquiera diría que pertenece a su grupo
parlamentario —no tiene otra explicación salvo que los aires
populistas hayan llegado a embriagar también sus instituciones
internas— porque en algún momento ustedes aprobaron como Gobierno
la Directiva de defensa nacional de 2008, ¿se acuerda de ella? Pues bien,
en los planes de actuación ustedes tenían la intención de mantener un
esfuerzo presupuestario continuado y suficiente para proporcionar a las
Fuerzas Armadas un escenario económico estable a medio y largo plazo que
permita completar el actual proceso de transformación y asegurar el nivel
que corresponde a España en el contexto internacional y su participación
en misiones en el exterior.


Señorías, a día de hoy, ¿están de acuerdo con esto que
aprobaron, o también tiene que ser objeto de rectificación o supresión,
como dijo en un primer momento su secretario general con respecto a los
presupuestos de Defensa? Sería bueno que lo conocieran los españoles.
Pero lo cierto es que nosotros sí estamos de acuerdo, por tanto, tiene el
apoyo de nuestro grupo para hallar fórmulas que permitan conseguir una
estabilidad financiera en la política de defensa.


Pero más allá de la forma voy a dedicar un breve tiempo al
fondo, que es lo verdaderamente trascendente, a juicio de mi grupo
parlamentario. En primer lugar, estos presupuestos de Defensa representan
un freno al descenso continuado que tuvieron desde 2008, un 30 %, y ello
no es sino fruto de ese fin de ciclo de la recesión que, como a lo largo
del día de hoy ha quedado acreditado, propiciará un crecimiento de
aproximadamente el 2 % al conjunto de la sociedad española, a la economía
española. Además, en su escrito se pregunta usted por el modelo de
Fuerzas Armadas, por el modelo de política de defensa. Ese es el fondo de
la cuestión, y yo se lo voy a decir: el modelo de Fuerzas Armadas es
fruto de la legislación que tenemos en nuestro país: la Ley Orgánica de
defensa nacional —¿le suena de algo?—; la Ley Orgánica de
carrera militar, la Ley de derechos y deberes de los militares, la Ley de
tropa y marinería, etcétera. Usted presume de aprobarlo en su etapa, y a
mí me parece bien. Esas son las bases de la arquitectura que tenemos en
estos momentos en la política de defensa. Como consecuencia de esas
leyes, ¿qué hace el Gobierno? Estrategia de defensa nacional, Directiva
de defensa nacional, Directiva de política de defensa, y responsabiliza
al Jemad de emitir el listado de capacidades; y sobre esa base y la
disponibilidad del Gobierno, que es muy importante, conforma los
presupuestos que estamos debatiendo aquí.


Por tanto, punto número uno, a juicio del Grupo
Parlamentario Popular, lo más importante es que los presupuestos de
Defensa garantizan, como lo han hecho en peores circunstancias —hoy
más— la seguridad y la operatividad de nuestras tropas y Fuerzas
Armadas. Punto número dos, llevan a cabo una política de transformación
de fondo, como saben, con la reforma del papel del Jemad que va a tener
más protagonismo, así como la concentración del I+D, y todo lo que se
refiere a la eficiencia, que se va a concentrar en una sola central de
compras.


Con respecto a los nuevos PEA que se han citado aquí, se
oponen a todos los programas de armamento menos a aquellas fábricas que
se ubiquen en mi pueblo, evidentemente en el pueblo de cada uno. Vaya
política de coherencia que tenemos en materia de defensa, señorías.


A juicio del Grupo Parlamentario Popular, estos
presupuestos cumplen con lo que piden la Constitución y las leyes a las
Fuerzas Armadas, que no es otra cosa que la defensa de los principios y
valores que nos hemos dado en nuestra sociedad y, por tanto, estos
presupuestos de Defensa cumplen perfectamente con los objetivos que tiene
que tener una política en materia de seguridad y defensa de España.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


El Grupo Parlamentario Socialista presenta a la sección 15
la enmienda 434.


Para su defensa tiene la palabra el senador Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.


Corresponde hablar en esta sección, fundamentalmente, de
tres materias: los ingresos —la recaudación pública—, la
función pública y la cooperación local. Con respecto a los ingresos, se
ha repetido hasta la saciedad que a todos nos parece muy optimista el
cálculo del Gobierno; por un lado, son unos presupuestos elaborados para
un año electoral, y, por otro, supone el fin de un









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ciclo presupuestario de legislatura, y parece que estos son
los motivos por los que lo han hecho. Suben el 5,4 % la recaudación, y
nos parece muy optimista; subir el 20 % lo que se va a recaudar por
sociedades, cuando en 2014, y según los propios datos del ministerio, se
van a recaudar 3000 millones menos de los previstos, parece un poco
exagerado. El IVA sube el 7,2 %, demasiado cuando el consumo permanece
estable.


Al final, como no se cumplirán los objetivos del déficit ni
las condiciones de estabilidad, tendremos que sufrir más recortes en los
servicios públicos y más subida de impuestos indirectos,
fundamentalmente. Basan el crecimiento en la evolución económica, que no
se dará en Europa, por desgracia, tal como ustedes lo prevén, y lo están
diciendo todos los analistas e indicadores en los últimos días. Señoría,
incluso, ayer mismo la OCDE, y hace una semana, Bruselas, corregían a la
baja el crecimiento de España fijándolo en el 1,7 % en vez de en el 2 %.
Solamente con que bajase el crecimiento esas 3 décimas, que es lo que
señalan los indicadores, habría 1,5 puntos menos de recaudación en el
próximo año.


Pero aun dando por buenas sus previsiones, que ya es mucho
dar, habría que suponer, que ya es mucho suponer, que las familias o las
empresas, con ese incremento de renta, dedicarían todo al consumo o a la
inversión, cuando todavía tenemos un alto endeudamiento, y todo eso iría
a desapalancar las deudas tanto de las familias como de las empresas.


En la Agencia Tributaria que también figura en esta
sección, como ya hemos dicho muchas veces, hay una falta manifiesta de
voluntad política de lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Desde
2011, señorías, los presupuestos de la agencia los han reducido un 12,3
%. En estos presupuestos solo prevén subir las actuaciones en el gran
fraude el 1 %, a pesar de que sabemos que el 72 % está en esas bolsas.
Los recursos y efectivos reales de la agencia se han reducido en 2350
empleados públicos, no han querido aprovechar la reforma fiscal para
equipararnos a la media de la Unión Europea.


Administración Pública. Funcionarios. Nueva congelación
salarial. Engañosa devolución de parte de la paga extra que se les quitó
y que ahora se ven obligados a devolver por sentencia judicial. Mínima
reposición, hablan del 50 % este año como si fuera algo muy importante,
cuando durante todos los años era de un 1 %, y la verdad es que ahora el
50 % de los puestos de trabajo se quedan sin amortizar.


Mundo local. Está claro el ataque desde el principio de
esta legislatura al municipalismo, y especialmente al mundo rural. Se han
cargado la cooperación económica local del Estado. Tenía 140 millones en
2011 y ahora tiene 0. Se han cargado los planes provinciales doble
servicios, que hacían una importante labor social y de inversiones en los
pequeños municipios. De 48 millones en 2011 a 0. Se han cargado el Fondo
para ayuntamientos de menos de 20 000 habitantes. Tenía 45 millones.
Tiene 0.


El programa 942A de esta sección, que a todos los
municipalistas les suena, queda dotado en el presupuesto con 5 800 000
euros. Se gastan 600 000 en unas inversiones de las que nada sabemos, 2
millones le dan a la Federación Española de Municipios y el resto, más de
3 millones de euros, queda solamente para gestionar eso. Hagan
desaparecer este programa o reubíquenlo.


El presupuesto no garantiza la viabilidad de Radio
Televisión Española como servicio público. Señoría —termino—,
este Gobierno decidió desde un principio cuál era su modelo para salir de
la crisis: los recortes. La mayor parte de la contención del déficit se
ha hecho mediante recortes; mediante una devaluación interna; mediante
bajos salarios y precariedad laboral; mediante recortes sociales, copagos
y tasas; en definitiva, abandona a su suerte a todos aquellos que más lo
necesitaban: parados, dependientes, familia. En suma, más desigualdad.
Esas son las consecuencias de sus políticas, que estamos sufriendo el 90
% de la población de este país.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Vázquez.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió presenta la enmienda 402.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, efectivamente, presentamos enmiendas a la sección
15, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De hecho, es el
ministerio sobre el cual pivota la estructura de este presupuesto. Sería
difícil comprender que no presentásemos enmiendas de veto a la sección
después de haber intervenido como lo hemos hecho esta mañana.









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Pero quisiera centrarme en algunos aspectos concretos. Ya
hemos hablado esta mañana de ingresos. No voy a insistir ahora en ello.
Sí diré que parece que el Gobierno y el ministerio se sienten muy
satisfechos con el trato que da a las corporaciones locales. Las
corporaciones locales están en estos momentos en superávit y seguro que
van a terminar también con un superávit importante que va a contribuir a
conseguir el objetivo de déficit global en el ejercicio 2014, y lo van a
repetir en 2015. Pero que estén en superávit solo indica una buena
gestión presupuestaria por parte de las corporaciones locales. No
significa que naden en la abundancia. No significa que no tengan
problemas. Efectivamente, como ha indicado anteriormente el portavoz
socialista, han desaparecido de esta sección partidas importantes que le
servían al ministerio para financiar el Fondo de cooperación. Asimismo,
la participación en los planes únicos de obras y servicios desaparecieron
en 2012, transferencia que iba a través de las comunidades autónomas.
Este motivo es suficiente para plantear ya enmienda a la sección. Creemos
que no se trata bien a las corporaciones locales. Creemos que se debería
haber hecho un esfuerzo y el incremento que plantea esta sección, este
ministerio, de un 2 %, debería mejorar las cosas. Hay que recordar, lo he
dicho en varias ocasiones, que el conjunto de gasto de los ministerios,
del capítulo 1 al capítulo 7, se reduce en un 5 % en este presupuesto
respecto al anterior, y vemos que no se concreta. Se decía anteriormente,
no sabemos encontrar una apuesta presupuestaria, ya sea directa o
indirectamente a través de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, para la lucha contra el fraude y aquí sí que entendemos que
se debería hacer una apuesta en medios técnicos y humanos, y no la hemos
sabido encontrar.


Otra referencia respecto a la situación de los trabajadores
públicos. Se ha explicado, y se ha hecho mediáticamente, que el Gobierno
ha decidido retornar el 25 % de la paga extra eliminada a los
funcionarios en el 2012. De hecho, cuando uno consulta el texto que se va
a aprobar, el texto no engaña. Lo que se pretende es restituir la parte
devengada de la segunda paga extra del 2012 desde el inicio del devengo
del segundo semestre hasta los 44 días que sale publicado. Es lo que los
tribunales están retornando a cada uno de los trabajadores. A nosotros
nos gustaría oír compromisos, compromisos claros, es decir, ahora podemos
el 25 % y el año que viene otro 25 %, o vamos a permitir que aquellas
administraciones que tengan capacidad y voluntad de retornar esta paga
extra lo puedan hacer.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bel.


El Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya presenta la
enmienda 417.


Para su defensa, tiene la palabra el senador señor
Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.


Cinco son las razones que voy a resumir brevemente y que
nos han llevado a presentar veto a esta sección 15, Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. En primer lugar, las previsiones de
crecimiento, previsiones macroeconómicas del Gobierno creemos que son
demasiado optimistas y no concuerdan con lo que auguran la Unión Europea,
la OCDE o los informes de diversos servicios y gabinetes de estudio, que
nada tienen de sospechosos. Simplemente, quiero comentar los datos de la
OCDE que, en cuanto al ejercicio 2015, rebajan todas las previsiones del
Gobierno; en lo que se refiere al producto interior bruto, el Gobierno
prevé un crecimiento del 2 cuando la OCDE dice que será del 1,5; el
Gobierno prevé que el paro baje del 23 %, cuando la OCDE afirma que el
año próximo será superior al 24; o en cuanto al objetivo de déficit, el
Gobierno lo prevé del 4,2, cuando lo que nos dice la OCDE para el próximo
año es que probablemente España se quedará en el 5,5, es decir, en el
mismo que está previsto para este año.


Por cierto, hablando de la OCDE, quiero decir que este
último fin de semana en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN hemos tenido
ocasión de escuchar a la vicepresidenta de la OCDE, que afirmaba, entre
otras cosas, lo siguiente: Crecimiento tibio, moderado, desigual y
estancamiento de la zona euro. Y, fíjense, decía: Para que el PIB crezca
hay que reducir las desigualdades. Y España, recuerdo, es uno de los
países con más desigualdades de la Unión Europea.


La economía española depende de una manera muy especial de
tres factores: de las exportaciones, especialmente a la Unión Europea,
del turismo y de la demanda interna. Europa está parada o como mínimo al
ralentí. La Comisión Europea ya nos dijo este mismo mes, el 4 de









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noviembre, que retrasaba un año cualquier cosa que se
pudiera parecer a una recuperación económica de la zona euro, que para
este año prevé que apenas crezca el 0,8 y para el próximo año 2015 el
1,5. Nuestras exportaciones se resienten y nuestra balanza comercial es
negativa. Volvemos al déficit comercial.


En cuanto al turismo, un dato solo: el gasto en euros
constantes por turista y día está en los niveles del año 2003. Y la
demanda interna está fuertemente condicionada por sus políticas de
recortes y de devaluación interna, congelación del salario de los
funcionarios, de las pensiones y fuerte retroceso en derechos sociales y
laborales.


En segundo lugar, en cuanto a los ingresos, decimos que son
poco creíbles. En 2013 recaudaron 9000 millones menos de lo
presupuestado, y para este año 2014 el Gobierno reconoce que van a
recaudar 3000 millones menos de lo previsto, es decir, para el año 2015
están maquillando, están inflando los ingresos alrededor de 14 000
millones. En 2015 es muy difícil, prácticamente imposible, que los
ingresos tributarios crezcan 10 000 millones de euros más los 4000
millones del coste de la reforma fiscal.


En tercer lugar, la Administración Local. Continúan con sus
políticas de control y recentralización: Ley de racionalización y para el
año 2015 desaparición definitiva de cualquier programa de cooperación
local. Castigan a quien cumple. El mundo local es la única administración
que cumple el objetivo de déficit; o mejor dicho, tiene superávit y una
deuda controlada, moderada, con excepción, eso sí, de alguna gran capital
española que nunca ha estado gobernada por el tripartito y que hace
muchísimos años que no está gobernada por el señor Zapatero y su partido
político. Es verdad —esto ya lo sabemos todos— que tanto uno
como el otro, el tripartito y el señor Zapatero, son los culpables de
todos los males del mundo mundial, incluida la caída de Lehman
Brothers.


En cuanto a las comunidades autónomas, hago mías las
palabras de ayer del señor Saura: silencio, bloqueo y retroceso. Este año
tendría que haber entrado en vigor el nuevo modelo de financiación de las
comunidades autónomas, pero no lo tenemos. Trato hacia Cataluña,
especialmente en inversiones, discriminatorio y provocador. No me alargo
más. La deuda acumulada en materia de inversiones en Cataluña se sitúa en
los 5000 millones de euros desde 2012 hasta el 2015.


Y termino, señor presidente, con una breve reflexión sobre
Radio Televisión Española: desde 2012 ha habido un recorte del 46 % en la
aportación del Estado a Radio Televisión Española, y evidentemente, para
nosotros, estos presupuestos no garantizan su viabilidad como servicio
público.


Estas son las razones por las que pedimos al resto de los
grupos parlamentarios el voto favorable para nuestro veto.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bruguera.


Los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto, presentan la enmienda número 4.


Para su defensa tiene la palabra el senador señor
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


A lo largo de la defensa del veto general a los
Presupuestos Generales del Estado ya tuve la oportunidad de detenerme en
las discrepancias que en materia de ingresos tenemos con las previsiones
del presupuesto y con la reforma fiscal, porque reduce progresividad,
favorece a grandes empresas y rentas más altas y porque creemos que se va
a convertir en un obstáculo insalvable para alcanzar los objetivos de
recaudación del incremento del 3,9 % en impuestos directos y del 7,2 % en
indirectos, que ya de por sí son expresión de una voluntad política de
profundizar en la injusticia del sistema fiscal, incrementando el peso de
los impuestos indirectos sobre el de los directos.


También presentamos el veto general y este específico
porque en el proyecto se incrementan los beneficios fiscales en un 6,1 %,
lo cual consideramos que está totalmente injustificado.


Igualmente, porque a pesar de incrementar el presupuesto de
la Agencia Tributaria en un 5 %, no se resuelve la infradotación de su
plantilla: 1900 contribuyentes por inspector en nuestro país mientras que
la media de la OCDE es un inspector por cada 900 contribuyentes. En
cuanto al Plan









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de actuaciones contra el fraude que acompaña al Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado, se plantea un incremento de solo el
1,5 % en las actuaciones contra el gran fraude. Piénsese que según la
Comisión Europea, en 2012 el fraude por IVA solo suponía el 18 % de la
recaudación posible y se valoraba en torno a unos 12 400 millones de
euros.


Igualmente, creemos que en los servicios esenciales la
previsión de una tasa de reposición del 50 %, aun siendo un avance sobre
los proyectos de Presupuestos Generales del Estado de los últimos años,
resulta absolutamente insuficiente para satisfacer las necesidades de
mantenimiento de unos servicios de calidad propios del Estado del
bienestar.


Finalmente, en la distribución del objetivo de déficit
—como también tuve oportunidad de argumentar en la defensa del veto
general— de nuevo la Administración central se reserva la mayor
parte —un 2,9 %— a pesar de que son las comunidades
autónomas, que tendrán un 0,7 %, quienes tienen que sostener el Estado de
bienestar, sobre manera cuando además en el resto del proyecto de
presupuestos se mantiene a rajatabla el principio de no refinanciar aun a
costa de renunciar a jugar un papel de cohesión territorial. Por ello, en
el proyecto de presupuestos los fondos de cohesión que estaban previstos
en los ministerios que guardan relación con las competencias
transferidas, vinculadas a los servicios públicos propios del Estado de
bienestar, se han convertido en extrapresupuestarios.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
presenta la enmienda 398.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora señora
Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Presidente, la doy por
defendida.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señora Capella.


Turno en contra.


Tiene la palabra la senadora señora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


El Grupo Popular va a votar en contra de todas las
propuestas de veto que se han presentado al presupuesto de la sección 15,
correspondiente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
ministerio encargado de elaborar este presupuesto, ministerio encargado
del diseño de toda la estructura de ingresos y gastos de nuestra Hacienda
Pública.


Es el cuarto presupuesto de este ministerio —lo
decían ustedes— y, al igual que los tres anteriores, transmite el
mismo compromiso del Gobierno y la misma convicción que expresaba esta
mañana el ministro con esa política económica y fiscal en estos tres
años: el compromiso para salir de la crisis, el compromiso con la
competitividad, con cimentar un crecimiento generador de empleo. Es el
mismo compromiso y la misma convicción, pero cambia totalmente el
escenario. Es curioso que ustedes mantengan en los vetos que presentan
exactamente los mismos argumentos que llevan repitiendo durante los tres
presupuestos de los tres ejercicios anteriores a pesar de que la
situación económica es radicalmente diferente.


Y no quedan tan lejos aquellos debates de la sección 15, en
los que se hablaba de si en la partida equis había 5 000 000 más o 5 000
000 menos, porque teníamos un Ministerio de Hacienda que no legislaba, un
Ministerio de Hacienda que era un simple espectador, un Ministerio de
Hacienda que no impulsaba absolutamente nada. A mí me parece que es bueno
el debate que se está produciendo porque hay mucho de qué hablar; eso es
bueno.


En el caso del presupuesto de la sección 15 hay un
incremento del 1,4 %, pero, sobre todo, hay un aumento en determinadas
partidas que ustedes ni han mencionado porque se puede invertir más. Y se
invierte más en partidas que tienen que ver con las inversiones del
ministerio en modernización, con inversiones que son prioritarias porque
corresponden a objetivos económicos, a objetivos de política económica
como es la erradicación de la morosidad, como es la unidad de mercado o
como es la transparencia; por lo tanto, partidas e incrementos que son
congruentes con las medidas de la política económica del Gobierno. Y en
esa congruencia con la política económica, el refuerzo de la Agencia
Tributaria: más medios, señoría. Se incrementa el presupuesto de la
Agencia Tributaria en un 5 %, porque es posible y porque queremos
reforzar tanto el apoyo a los









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contribuyentes, la ayuda a los contribuyentes como la lucha
contra el fraude. Hay más medios económicos y también más medios humanos
porque se incrementa la tasa de reposición del 10 % al 50 %, sabiendo
además que ya en 2014 se aprobó una oferta de empleo público
extraordinaria y adicional que va a permitir completar 238 plazas libres
y 627 de promoción interna —de hecho es el proceso de promoción
interna más importante que se ha realizado en la Agencia
Tributaria—. Y mejora también en la eficiencia y eficacia con
nuevos planes, con ese plan de intensificación de actuaciones,
consensuado además al 98 %, con nuevos acuerdos de intercambio de
información y sobre todo con las medidas, con las nuevas medidas y los
nuevos instrumentos jurídicos y normativos que puso a disposición de la
Agencia Tributaria la Ley 7/2012. De eso hoy ustedes no quieren hablar
porque se desmarcaron, porque se abstuvieron, porque no estuvieron en el
momento que había que estar en la lucha contra el fraude. Pero esa
limitación del uso de efectivo, esa obligación de declarar todo tipo de
bienes o cuentas en el extranjero, todas esas medidas cautelares son
refuerzo de la agencia, son más medios que tiene la agencia y que se
añaden a los que también se incorporan en este presupuesto: económicos y
humanos. Por lo tanto, ahora la Agencia tiene más capacidad, también más
recursos y una ley que le otorga unas capacidades que no tenía, que,
junto con el compromiso, la eficiencia, la profesionalidad que vienen
demostrando las personas que trabajan allí, avalan los resultados, que en
el último semestre han sido los mejores de la serie histórica.


En tercer lugar, otro argumento: la situación económica, de
la que ustedes vuelven a hablar. Miren, ustedes han utilizado varios
argumentos que ya por incumplidos no se sostienen. Primer argumento:
hemos visto debates de presupuestos donde ustedes defendían que la
austeridad, la consolidación fiscal, era incompatible con el crecimiento,
y hoy, el Gobierno, el Partido Popular ha demostrado cómo se ha
recuperado el crecimiento —hemos pasado de un –1,6 % de
recesión a un 1,3 % y a una previsión para 2015 de 2 % de
crecimiento—, que ha sido perfectamente compatible con un
importante esfuerzo de consolidación fiscal, que ha permitido rebajar del
9 % al 5,5 % en el año 2014 el déficit público. Por lo tanto, ¿era
reducir el déficit lo que impedía el crecimiento? No. Era el déficit que
ustedes provocaron y dejaron absolutamente desbocado el que estaba
ahogando cualquier posibilidad de crecimiento.


En segundo lugar, ustedes dijeron: No, es que si el
crecimiento no aumenta a tasas del 2 % es imposible crear empleo. Hoy, un
Gobierno del Partido Popular está demostrando esa realidad. Esto es muy
real —ustedes han hablado de presupuestos no reales y esto es muy
real, señorías-: una afiliación a la Seguridad Social que está creciendo
al 2,2 %, 516 910 afiliados más de enero a noviembre de 2014 a la
Seguridad Social; entre el primer trimestre de 2013 y el segundo de 2014,
655 000 parados menos. Es que han criticado ustedes hasta las tarifas
planas a la Seguridad Social, una tarifa plana que permitido 311 000
autónomos en menos de un año. Yo creo que es para pensarse que esos
argumentos no son ciertos, que no se sostienen, que los datos les
desmienten continuamente. Por lo tanto, hay recuperación —una
recuperación firme— y además, crea empleo aunque todavía con tasas
muy pequeñas de crecimiento. (Jamás se había trasladado el crecimiento
económico a la creación de empleo de la forma en que lo está haciendo,
prácticamente simultánea. Con un mes de retraso respecto al aumento de la
tasa de crecimiento se está creando empleo —lo explicaba muy bien
el gobernador del Banco de España—.)


Y tercera cuestión, tercer mantra que ustedes sostienen,
tercera falsedad. Es que —dicen en sus vetos— la demanda
interna es imperceptible. Hombre, ¿cómo que es imperceptible? ¿Es
imperceptible que está creciendo el consumo porque hay crecimiento
positivo de empleo, porque las familias empiezan a ver también una
recuperación en su renta disponible? ¿Es mentira que se está recuperando
la inversión, que las empresas españolas se están rearmando porque están
surtiendo efecto todas esas medidas —que ustedes votaron en contra,
pero que están en marcha— de impulso a los emprendedores, de
incentivos fiscales, de fluidez de crédito? Todo eso necesita todavía un
camino, pero se ha puesto en marcha y está ya dando resultados. Por eso
crece el consumo y también la inversión, porque se ha recuperado algo
fundamental como es la confianza, tanto en el exterior como en el
interior, porque se está empezando a recuperar el empleo —y ahí nos
queda mucho por hacer— y porque las medidas están funcionando, la
consolidación fiscal con las reformas estructurales. Por eso, los
ingresos, senador Vázquez, vienen avalados, primero, por las cifras de
recaudación y, segundo, porque este presupuesto está









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inmerso en un programa de reformas estructurales que van a
asegurar esas previsiones de ingresos.


Y para terminar, la reforma fiscal. Debatimos sobradamente
en el anterior Pleno sobre ella. Yo creo que vienen ustedes hoy quizás un
poco arrepentidos, quizás avergonzados porque la votaron en contra,
porque también intentaron vetarla; porque saben que es la reforma fiscal
más social, más justa y más equitativa; porque va a dejar 9000 millones
de euros en manos de las familias; y, sobre todo, porque va a suponer una
rebaja de casi el 25 % al 72 % de los contribuyentes que ganan menos de
24 000 euros, porque tiene esos incentivos fiscales a las familias.
Todavía no puedo entender cómo ustedes han sido capaces de votar en
contra. Es una reforma fiscal que va a contribuir mucho al bienestar de
quienes más lo necesitan y va a ser además un instrumento importantísimo
al servicio de la consolidación de ese crecimiento y de esa creación de
empleo que tanto necesitamos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señora
Angulo.


A la sección 16, el Grupo Parlamentario Socialista presenta
la enmienda 435.


Para su defensa, tiene la palabra el senador
Cascallana.


El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor
presidente.


La verdad es que, después de escuchar la última
intervención, casi me dan ganas de cambiar la mía, casi me convence y
todo. (Risas).


Este es el cuarto y último presupuesto de Interior, un
presupuesto que, sin duda, ya no lo tenemos que valorar como un
presupuesto más. Se presenta como el presupuesto de la recuperación, esa
que solamente ve el Partido Popular. Sin embargo, este presupuesto está
marcado por la misma tendencia que en años anteriores. Primero, no hay
subida real en los presupuestos para 2015, lo que se produce es una
bajada si descontamos las elecciones generales previstas para el próximo
año, y, por tanto, sigue en esa idea que tenían ustedes del recorte del
gasto público sin más, que ha llevado nada más y nada menos que a un
recorte de más de mil millones desde el 2011 al momento actual, a más de
un 10 % de recorte del presupuesto en políticas de seguridad. Y esto no
es inocente, lo han hecho ustedes a la vez que hacían una ley de
seguridad privada, por poner solo un ejemplo, donde, recortando personal
permanentemente, se han permitido el lujo de hacer una adjudicación
reciente de 33 millones de euros para la protección en los perímetros de
los centros penitenciarios. Por tanto, ustedes por una parte recortan el
presupuesto, trasladan la seguridad privada desde el punto de vista
público, pero sobre todo la responsabilidad de la seguridad de los
ciudadanos, no contratar seguridad privada. Están recortando
permanentemente.


Unos recortes de plantilla que van unidos también a un
recorte en las condiciones de los funcionarios, tanto en la formación
como en los salarios y en todos aspectos que tienen que ver en este
momento incluso con los derechos de los trabajadores. Ustedes plantearon
claramente que tenían un compromiso para hacer una ley orgánica de
derechos y deberes del Cuerpo Nacional de Policía. Pues ahí se ha
quedado. Ustedes no han planteado mejorar la formación ni dotar de
derechos —en este caso a la Policía—. Y lo hacen con una
condición también. Yo vuelvo a decir que no es un tema menor. Podríamos
decir: saliendo de la crisis, podremos retomar las plantillas anteriores,
incrementar los servicios... Pero no, no. El ministro del Interior ha
dicho claramente que de lo que se trata en este momento es de coger el
recorrido que tiene la seguridad privada en Europa. Es decir, nos sobran
agentes públicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
retoquémoslo de tal manera que equilibremos el desorden que tiene este
país porque tiene exceso de funcionarios públicos. Esta es su política y
esto se ve reflejado en los presupuestos actualmente.


Son los presupuestos del retroceso de las libertades en
todos los sentidos, y esto no lo digo porque sí. Le pongo algunos
ejemplos: la política penitenciaria. La política penitenciaria, unos
presupuestos de la recuperación, y como le dije al secretario de Estado,
en este momento seis cárceles terminadas, centros masificados y no
tenemos personal para poner en marcha estos centros penitenciarios.
Recortes sangrantes en política sanitaria dentro de los centros
penitenciarios. Política de control de fronteras o derecho de asilo. Lo
único que a ustedes se les ocurre con la Ley de seguridad ciudadana, que
veremos próximamente, y contestada por todos los









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grupos parlamentarios, es plantear una modificación de la
Ley de extranjería para evitar precisamente que esos derechos —que
tendríamos que dotar de medios— se puedan cumplir.


Le recuerdo, por ejemplo, que en Ceuta, que tanto les
preocupa, han recortado 55 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado en control de fronteras y, sin embargo, se dedican a hacer
medidas de este tipo, contestadas por la Unión Europea y por todos los
organismos internacionales. Están recortando en derechos de manera más
que clara.


Por otra parte, estos presupuestos tampoco resuelven algo
que preocupa a la población: la lucha contra la corrupción —segundo
problema de este país—. Aquí tenemos declaraciones de
organizaciones sindicales muy importantes que están diciendo que tienen
que abandonar líneas de investigación —dicho textualmente por
ellos—. ¿Qué significa? Las plantillas en este momento de UDEF o de
la UCO debían incrementarse notablemente. Los medios a disposición para
la investigación de los problemas que tienen que ver con la corrupción
debería ser una prioridad para el Gobierno, sin embargo, no sabe, no
contesta, y está completamente abandonado, algo que nos parece
fundamental desde el punto de vista de la preocupación de la mayoría de
los españoles.


En definitiva, estamos en unos presupuestos que abandonan
aquellas preocupaciones fundamentales de los españoles. Yo creo que es
importante que lo tengamos en cuenta.


Y también dije una cosa que desde el punto de vista de la
evolución positiva debemos tener en cuenta. En este momento hay un cambio
de tendencia en los accidentes de tráfico. Hay un abandono en las
políticas de mantenimiento y de eliminación de los puntos negros en las
carreteras. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Hay que hacer un
esfuerzo para seguir manteniendo una reducción que ha sido un éxito en
los últimos años. Junto con esto, hay que hacer también un esfuerzo por
dotar a la política de protección civil de medios suficientes.


Yo creo que los presupuestos son insuficientes y por eso
vamos a plantearles nuestro veto.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Cascallana.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado la enmienda de veto 403.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Sendra.


El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.


Decía el senador Saura en su defensa del veto a la sección
número 13, correspondiente al Ministerio de Justicia, que este ministerio
había sido el más convulso de todos los ministerios durante lo que
llevamos de legislatura, y, además, que había provocado la dimisión de su
titular. Yo no estoy en desacuerdo con lo que él decía, pero en cualquier
caso, en segunda posición, y destacado, está el Ministerio del Interior,
con el constante desacierto de su titular —Ley de seguridad
ciudadana, etcétera—, muchas cuestiones que han provocado la ira
incluso de los cuerpos policiales. Y si el ministro de Justicia tuvo la
prudencia y la inteligencia de presentar su dimisión, el del Interior,
hasta la fecha, no lo ha hecho. Desde luego se lo vamos a volver a pedir
en la moción consecuencia de interpelación que tendrá lugar en el próximo
Pleno, pero dudo que tenga algún efecto.


Esperábamos que estos presupuestos cumplieran con las
obligaciones pendientes con las demás administraciones que no sean las
del Estado, que no sea la Administración central, y, en particular, con
la Generalitat de Catalunya y con los fondos necesarios para poder dar
los servicios que las competencias de esta Administración debe dar a sus
ciudadanos, también en Interior, donde la Generalitat de Catalunya tiene
competencias. Estos presupuestos obligan a la administración catalana a
efectuar nuevos ajustes en su presupuesto de Interior por importe de
demasiados miles de euros, porque dedican a Cataluña el mayor recorte en
inversiones de todas las comunidades.


Estamos en plena tramitación de la Ley de seguridad
ciudadana y este presupuesto no contempla ningún tipo de partida para
hacer cumplir lo que en ella se va a disponer. Ya sé que está en
tramitación, pero su rodillo democrático hará que entre en vigor cuando
los Presupuestos Generales del Estado para 2015 estén en vigor, pero será
sin los fondos que ello requiere. No tienen visión ni pretenden atender a
las necesidades actuales. Es más que evidente su falta de empatía por
aquellos temas que no sean puramente policiales, como, por ejemplo, en el
caso de









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la inmigración irregular pues, dado que su candidato para
Frontex no es el pretendido no van a invertir dinero en uno de los
principales problemas humanitarios que tienen lugar en las fronteras.


Decía mi compañero Ferran Bel en la defensa del veto global
que estos presupuestos no son buenos porque ahogan la financiación de las
otras administraciones y además, porque la inversión territorializada es
mínima. Y tiene toda la razón. En Cataluña, y en otras partes del Estado,
como en Euskadi, se dispone de cuerpos policiales propios que tienen la
competencia de seguridad ciudadana, además de otras —como
protección civil, etcétera—. Ustedes tienen presupuesto para
mandarnos 500 agentes del Cuerpo Nacional de Policía a pasear por la
bella ciudad de Calella sin una razón coherente, cuando podrían estar
trabajando en cualquiera de las situaciones y lugares que comentaba el
senador Cascallana. Eso sí, aplican al máximo la estabilidad
presupuestaria para evitar que la Generalitat de Cataluña pueda convocar
plazas de agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, policía, que,
reitero, tiene la competencia de seguridad ciudadana en Cataluña. Por
cierto, he preguntado sobre el coste de estos agentes del Cuerpo Nacional
de Policía destinados a Cataluña y la respuesta del Gobierno ha sido irse
por los cerros de Úbeda y no contestar.


Señorías, 7 500 000 euros de presupuesto sin un solo euro
con nombre y apellidos para la remodelación de los centros de
internamiento de extranjeros, en especial, el de Barcelona, que visitamos
algunos de los senadores de esta Cámara, centro donde la gente muere
porque no se garantiza la dignidad de las personas y donde, por haber
cometido una infracción administrativa, los inmigrantes viven peor que
las personas que se encuentran en régimen penitenciario por delitos. Y
eso no puede ser. Ni un euro que hable, concretamente, de los CIES.
Inhumano.


Estuvimos a punto de presentar una enmienda a la sección 16
para dotar presupuestariamente el retorno de esos 500 agentes del Cuerpo
Nacional de Policía destinados a Cataluña para que pudieran concentrarse
en ayudar a la UDEF a encontrar a los autores de los informes falsos que
salieron de esa unidad para difamar al presidente de la Generalitat de
Cataluña, Artur Mas, y al alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Pero luego
tuvimos la certeza de que ni con 500 agentes más ni con 500 millones de
euros iban a encontrar a esos autores.


En definitiva, con este Proyecto de Ley de presupuestos se
prioriza el objetivo ideológico, por delante del objetivo económico y
social que necesitamos. Como ya he dicho, siguen siendo unos presupuestos
que discriminan a Cataluña en temas de seguridad ciudadana y que además
no ayudarán a mejorar las condiciones de trabajo de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado.


Por eso, el veto de mi grupo parlamentario a la sección 16,
correspondiente al Ministerio del Interior.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.


El Grupo Parlamentario Entesa ha presentado la enmienda
número 418. Para su defensa, tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.


Desde enero de 2012 la plantilla de efectivos de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se ha reducido en más de 3000
miembros y la oferta de pública de empleo no cubrirá ni tan siquiera las
tasas de reposición. También son absolutamente insuficientes, a nuestro
juicio, los créditos en partidas como protección civil, control de
fronteras, especialmente las de Ceuta y Melilla, prevención de la
inmigración irregular, situación de los CIE y los CETI, políticas de
asilo, protección internacional y reasentamiento de refugiados.


El conjunto del presupuesto de la sección 16 —ya se
ha dicho por el senador Cascallana— registra un ligero incremento,
pero es un espejismo. Si restamos la diferencia entre el hecho de que
este año se han presupuestado unas únicas elecciones y para el año
próximo están previstas tres, lo cierto es que el conjunto del gasto
continúa su tendencia a la baja. De hecho, las políticas de seguridad han
bajado un 10 % desde el año 2012, desde que gobierna el Partido
Popular.


Además, estos presupuestos para 2015 introducen en el
Ministerio del Interior un concepto que se ha incorporado desde el año
2012 a otros ministerios por el Gobierno del Partido Popular. Me refiero
evidentemente a las privatizaciones, fruto de la Ley de seguridad
privada, aprobada este año, y también del Proyecto de Ley de seguridad
ciudadana, en trámite parlamentario en estos momentos. La transferencia
de recursos de la seguridad pública a empresas de seguridad privada









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es una evidencia. Una buena parte de la seguridad pública
pasa a ser negocio privado en detrimento de su calidad, reduciendo
salarios y precarizando sus condiciones laborales, es decir, hay un
cambio de paradigma, y lo dijo el ministro hace unos cuantos Plenos, y
nosotros lo criticamos. Nuestro modelo funciona, los índices de
criminalidad en el Estado español están por debajo de la media europea,
tenemos más porcentaje de seguridad pública que de seguridad privada que
la mayoría de los países de nuestro entorno y el ministro del Interior lo
que pretende es modificarlo, es decir, ir a un modelo similar al que
tienen otros países, que se ha demostrado con hechos —que se está
demostrando— que no funciona mejor, al contrario, funciona peor que
el nuestro.


Seguridad vial. También vemos con mucha preocupación los
datos sobre accidentes de tráfico y de víctimas mortales respecto a las
buenas estadísticas de los últimos ocho o nueve años. El presupuesto para
tráfico y seguridad vial prevé unos ingresos —entre tasas, multas y
sanciones— de poco más de 800 millones, y en estos conceptos se dan
dos curiosas paradojas: la previsión de un aumento espectacular de los
ingresos por tasas y, en cambio, una bajada muy significativa de los
ingresos por sanciones, curioso, cuando estos últimos meses precisamente
han aumentado las sanciones. Por lo tanto, nos preocupa esta relajación
en la lucha contra los accidentes y las víctimas mortales.


Las partidas destinadas a educación vial y formación
también se reducen respecto al año 2014 en más de 400 000 euros, y no
existe ninguna previsión presupuestaria para actuaciones en la mejora de
tramos y puntos peligrosos o conflictivos de nuestras carreteras.


Resumiendo, grosso modo, estos son los motivos por los que
nuestro Grupo Parlamentario Entesa ha presentado veto —en otras
ocasiones no lo había hecho— a la sección del Ministerio del
Interior, respecto del que evidentemente pedimos el voto favorable.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.


Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado la
enmienda número 5.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


Decía Antonio Gramsci que la hegemonía del bloque dominante
se basaba en la combinación de dos momentos: el momento de la coerción y
el momento del consenso; de tal forma que, cuando el consenso declina
como capacidad de que los mensajes y el ejercicio del poder sean
hegemónicos, es el momento de la coerción. Nos encontramos en ese momento
en el que el bloque dominante tiene que tirar de la coerción, porque sus
políticas no encuentran el consenso en la sociedad y la ciudadanía, y de
ahí el incremento del autoritarismo expresado legalmente a través de la
modificación de la Ley de seguridad ciudadana, de la Ley de seguridad
privada y del Código Penal. Y es que hace falta sacar la porra cuando la
porra dentro de las conciencias no funciona.


A ustedes palabras como prevención, reinserción o
intervención social en las causas de la delincuencia les suenan
absolutamente a chino, y es mucho más fácil utilizar a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado para la represión meramente y no para
emplear un servicio público al servicio de la ciudadanía. Este el
principal motivo por el cual rechazamos los presupuestos en materia del
Ministerio del Interior. Otro motivo evidentemente es el castigo que
ustedes infringen a la UDEF —me imagino que es un castigo motivado
por el magnífico trabajo que la UDEF está haciendo, persiguiendo a muchos
de los suyos—, y ese castigo se ve en estos presupuestos.


Izquierda Unida sigue reivindicando la necesidad de que
Guardia Civil y Policía Nacional estén en un mismo cuerpo, en un cuerpo
civil. Este año denunciamos una vez más que las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, los hombres y mujeres que las conforman, están mal
dotados, mal pagados y tienen sus derechos laborales recortados.
Finalmente, llamamos la atención sobre los campos de concentración que
hoy en nuestro país son los CIE, que atentan contra los derechos humanos.
Nosotros proponemos directamente su cierre.


Al señor ministro del Interior, tan ocupado en los asuntos
celestiales propios de su confesión, de la cual hace gala de forma
pública, de manera arrogante y de forma permanente, se le podría aplicar
en este caso, parafraseando el dicho popular, aquello de a Dios rezando y
con la porra dando.


Gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


Turno en contra.


Senador Aznar, tiene la palabra.


El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, no les voy a engañar, yo tenía construido un
discursito de 8 minutos sobre la base de lo que ustedes habían presentado
por escrito para intentar responderles de forma seria y ordenada, pero,
caramba, esto es un debate. Por tanto, voy a intentar responderles en la
medida en que han ido interviniendo ustedes porque me han inspirado,
sobre todo este último discurso del señor Mariscal, que no deja de
sorprendernos cada vez que sube a esta tribuna.


Señor Mariscal, le voy a decir solamente dos cosas con todo
el respeto —y sabe que lo digo de verdad—: espero que ese
discurso lo mantenga usted cuando traigamos a esta Cámara el debate sobre
el Código Penal y lo apoye, ya que el Gobierno lo va a traer en breves
semanas a esta Cámara. Y le voy a dar otra cifra que, aunque no es del
Ministerio del Interior, sí es del Gobierno: los 30 millones que hemos
implementado recientemente a los tribunales para la lucha contra la
corrupción.


Por lo tanto, permítanme que deje el resto de
consideraciones para cuando traigamos, en breves semanas, la Ley de
seguridad pública. Tendremos oportunidad de debatir todas estas ideas
marxistas-leninistas un tanto trasnochadas que usted presenta cada vez
que sube a la tribuna para debatir sobre ellas.


Señorías, hay que enmarcar estos presupuestos en el momento
en el que nos encontrarnos, un momento de recuperación económica pero en
el que todavía hay que tener equilibrio y control.


Señor Cascallana, dice usted: es el cuarto presupuesto y
último. Yo, como vidente, no le auguro porvenir. Pero es el cuarto
presupuesto, y le voy a explicar por qué —si solo llevamos tres
años—, porque ustedes no se atrevieron a presentar el presupuesto
del último mandato socialista. Por lo tanto, sí son 4 presupuestos, uno
de más llevamos en este momento. Por otra parte, sigue manteniendo ideas
que son comunes a todos los grupos parlamentarios en cuanto a
preocupaciones que no se ajustan a la realidad. Señoría, enlazando con lo
que decía el portavoz de Izquierda Unida, la lucha contra todos esos
delitos que componen eso que hoy llamamos corrupción ha supuesto en los
últimos años de Gobierno de este partido, del Gobierno Popular, 437
investigaciones, 1600 detenciones y 700 efectivos dedicados
exclusivamente a ello. En el último mes de septiembre, la UCO se
incrementó en 27 nuevas unidades, y en estos momentos se ha puesto a
disposición de la UDEF mucho más presupuesto que nunca en cuanto a
personal y más inversión en cuanto a medios. Por tanto, en ese punto hay
un compromiso de este Gobierno indudable.


Usted ha puesto en cuestión que este Gobierno vaya a
cumplir con el compromiso de traer la Ley de policía. Fíjese, le hago una
apuesta muy sencilla, en el próximo período de sesiones le garantizo que
va a entrar la Ley de policía y que este Gobierno va a cumplir una vez
más con ese compromiso. Tenga usted la completa seguridad.


Es curioso, señor Sendra, que nos diga usted que le
preocupa el recorte de este Gobierno en Cataluña. Señor Sendra,
cordialmente, ¿cuánto dinero lleva invertido la Generalitat, en su pleno
derecho, para esa consulta a la que, una y otra vez, se ha referido desde
hace no sé cuántos años? ¿Cuánto dinero lleva invertido en eso? Es
cuestión de prioridades. Yo le tranquilizo y le garantizo también que el
presupuesto que el Gobierno central dedica a Cataluña para esta materia
de Interior es suficiente. Y además, como sé que su relación con el señor
Bel, brillante portavoz en presupuestos, es buena y fluida, que le cuente
lo que nos dijo el secretario de Estado en la comparecencia en comisión.
Hay presupuestados 500 000 euros —aunque usted haya dicho que no
hay ni un euro presupuestado— para el CIE de Barcelona. Por lo
tanto, tranquilidad, señor Sendra, que también en eso vamos a
cumplir.


Respecto al tráfico, señor Bruguera, a usted le preocupa,
como a nosotros. Y ha dicho algo con lo que estoy completamente de
acuerdo: en los últimos años, y gracias no solo al esfuerzo del Gobierno
Popular, sino también al esfuerzo del anterior Gobierno socialista, y no
nos cuesta nada reconocerlo, los accidentes han tenido una tendencia
permanente a la baja. Tendencia, señorías, que es muy difícil seguir
manteniendo porque es muy difícil seguir disminuyendo el número de
accidentes de tráfico con resultado de muerte, y aun así se ha seguido
manteniendo. Señoría, yo









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no sé realmente cuál va a ser la última cifra de este año,
en cualquier caso trágica. Pero le voy a dar un dato en contra de lo que
usted ha dicho sobre que se ha invertido la tendencia. Eso no es cierto.
El secretario de Estado compareció en esta Cámara el día 19, y ese mismo
día había 5 fallecidos más que en la misma fecha del año anterior. Tenga
usted en cuenta que, lamentablemente, hacía solo unos días que se había
producido el accidente de Cieza, con 14 muertos. Por lo tanto, no es
cierto que se haya invertido la tendencia. Aun así, la preocupación es
máxima y seguimos invirtiendo más que el año pasado en materia de
tráfico.


En cuanto a instituciones penitenciarias, señor Cascallana,
no es cierta su afirmación. En el año 2011 había en España 59 900
reclusos, y en el año 2014 hay 56 300. Hay una tendencia a la baja, han
disminuido en 3000. En ningún caso hay esa saturación a la que usted se
refiere. Y es verdad que se ha revisado el Plan de infraestructuras que
ustedes habían elaborado, y se han quitado las televisiones de plasma en
las celdas y se han quitado las piscinas climatizadas. Es cierto todo
eso, porque el momento parece que no invita a seguir con esos excesos.
Pero hay dos cuestiones. Primera, se ha revisado el plan, como le digo, y
sigue adelante adecuándolo a las cifras reales que son necesarias en
infraestructuras, y segunda, no se preocupe usted de la sanidad en las
cárceles porque, como usted sabe, hay un convenio con las comunidades
autónomas que se está cumpliendo a rajatabla.


Respecto a Protección Civil, señor Bruguera, comparto su
preocupación. Como sabe usted, durante nueve años he sido director de
Protección Civil en una comunidad autónoma, pero la preocupación del
Gobierno se traduce en dos cuestiones. Primera, en escasas semanas se va
a presentar en las cámaras, primero en el Congreso y luego aquí, la nueva
Ley de protección civil; ley que va a modificar una del año 85, fíjese
usted. Segunda, todos los créditos que se refieren a Protección Civil son
ampliables, porque es absurdo tener cantidades adjudicadas en partidas
que no se van a mover en caso de que no existan catástrofes o
emergencias. Por lo tanto, siendo créditos ampliables, tenemos la
oportunidad de aumentarlos en cualquier momento.


En resumen, señorías, la oferta pública de empleo, que es
algo que preocupa a los cuatro grupos, ha aumentado de un 10 %, que se ha
respetado, de la tasa de reposición a lo largo de estos años, a un 50 %
este año, en que las condiciones son mejores.


Termino, porque no hay tiempo para más. Los datos objetivos
les desmienten a ustedes. En España en este momento, y son datos de la
Unión Europea, hay un 44,5 por mil de infracciones penales, y esto nos
convierte, según los datos de la propia Unión Europea, en el tercer país
más seguro de Europa. Vamos a seguir trabajando conjuntamente para que,
si es posible, algún día, seamos el país más seguro de Europa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Aznar.


Pasamos a la sección 17.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda
de veto número 436.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Fernández
Ortega.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, teníamos claro que íbamos a presentar un veto a
los presupuestos de la sección 17, Ministerio de Fomento, antes de las
comparecencias de los miembros del Gobierno; pero, tras escucharles
algunas explicaciones y ver sus ocurrencias, nos reforzamos en nuestra
posición de que era necesario vetar este presupuesto y pedirle al
Gobierno que lo modificara.


En la comisión, el secretario de Estado puso muchos nombres
a este presupuesto, pero, desde luego, no le asignó el que verdaderamente
le corresponde: el de doble fracaso. Son los presupuestos del fracaso en
la prioridad del Partido Popular y son los presupuestos del fracaso en lo
que considera prioritario para este país el Partido Socialista. El
Partido Popular está empeñado en la reducción del déficit, esa es su
única y primera prioridad, pero el Ministerio de Fomento no hace más que
aumentar la deuda y no colabora con ello en la reducción del déficit,
luego fracaso incluso en su propio objetivo, y respecto al nuestro, que
consideramos más importante, mayor motivo aún para vetar estos
presupuestos.


Respecto al paro, creo que todas las encuestas señalan
claramente que la principal preocupación para la ciudadanía es el paro,
pero el Ministerio de Fomento ha venido haciendo a lo largo de toda la
legislatura un recorte en las inversiones, hasta el punto de que en
términos de PIB









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solo hay dos países en la Unión Europea de los 28 que
tienen una inversión por debajo de España: Austria y Eslovaquia, hasta
ese nivel han llevado ustedes las inversiones en nuestro país. Por lo
tanto, los recortes nos están llevando a la destrucción de empleo. El
Ministerio de Fomento es el campeón del paro en este país, no hay un
ministerio que haya provocado más paro que la desinversión del Ministerio
de Fomento. Los recortes alcanzan la mitad de la inversión media que hubo
en el periodo 2008-2011, hasta el punto de que si lo traducimos en empleo
estaríamos hablando, con cifras de la propia ministra, de 35 000 empleos
por cada millón de inversión pública, de 290 000 empleos destruidos por
las decisiones del Ministerio de Fomento, que se reflejan en estos
presupuestos. Por lo tanto, creo que hay motivos de sobra para vetarlo,
pero si buscamos otros argumentos encontramos muchísimos.


La carencia de rigor en estos presupuestos nos lleva
también a vetarlos. No se ejecutan —hasta ahora llevan gastado
menos del 50 % de lo que habían dicho que iban a gastar—, y nos
hemos enterado por estos presupuestos de que no piensan cumplir los
presupuestos del 2014. ¿Qué credibilidad tienen los presupuestos que
ustedes nos traen, con recortes tan brutales como los que han hecho en
los presupuestos de ADIF, que aprobaron en 2014 diciendo que se
comprometían a invertir 3372 millones de euros, si ahora, a través de los
presupuestos para el año 2015, nos enteramos de que se van a quedar en
2743 millones? ¿Y en los de puertos del Estado, que tienen beneficio y
van a dejar de invertir 250 millones de los 776 que había comprometido?
Ustedes no cumplen su palabra. ¿Cómo pretenden que votemos a favor de
unos presupuestos que no tienen ninguna credibilidad?


Y todo este ejercicio de recorte lo hacen ustedes, además,
aumentando la deuda escandalosamente. Ustedes, que son los paladines de
la herencia recibida, no se van a poder quitar los tapones que tienen
ahora puestos, porque no escuchan a nadie; se los van a tener que dejar
porque les van a pitar los oídos con los nuevos ministros que lleguen,
porque ustedes van a dejar los ministerios con una deuda increíble, por
lo menos el de Fomento, cuya deuda no deja de aumentar escandalosamente.
Ustedes, que son los de la herencia recibida.


Presté atención a la comparecencia de los miembros del
Estado en la Comisión de Presupuestos, como no podía ser de otra forma, y
en ella nos enteramos, a través de su presidente, de que el endeudamiento
de ADIF previsto en estos presupuestos para el año que viene es de 2624
millones. Señorías, en un solo año la empresa ADIF va a aumentar su
endeudamiento en 2624 millones, y les recuerdo que superaba los 21 000
millones a finales del año 2013. Son los campeones de la deuda. Ustedes
van a dejar tal herencia que ya les digo que les pitarán los oídos por la
gestión que están haciendo. Y preguntamos al presidente de ADIF con
cierta ironía —que no entendió, por cierto— si su empresa
estaba en quiebra con esa deuda, porque vino aquí la ministra de Fomento
y nos dijo que AENA estaba en quiebra y que ADIF está brillante con una
deuda de 21 000 millones y con un endeudamiento previsto de 2600.


Pero no quiero que se me vaya el tiempo sin decirles,
señorías, que más que la deuda me preocupa tener que oír al señor
presidente de ADIF decir que su máxima prioridad son las cercanías. Eso
es de sonrojo, es de bochorno. Ustedes vienen aquí a decirnos que las
cercanías son lo más importante y que, además, es en lo que más
invierten, y resulta que salen a 38 céntimos de euro por pasajero, en
tanto se están invirtiendo más de 150 en el AVE. ¡No cambien ustedes las
cosas, señorías! Porque tergiversan el mensaje hasta el punto de llegar
al ridículo.


Hay, pues, muchísimos elementos para presentar este veto, y
no quisiera terminar sin hablar de los recortes que han hecho en
vivienda; en las ayudas al alquiler, que no han dado ninguna; en las
ayudas a las subsidiaciones a los préstamos. Pero les vetamos también por
vender AENA y por haberse olvidado de incluir el importe de la venta, que
son 3000 millones de euros, que no saben…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Enseguida termino, señor
presidente.


No nos han dicho para qué van a utilizar esos 3000
millones, y encima tenemos que escuchar al secretario de Estado decir que
cómo se nos ocurre exigir que estén los 3000 millones si aún no se ha
vendido, y estaban haciendo los presupuestos. Señorías, con ese tipo de
explicaciones hay que vetar estos presupuestos y mandarlos de nuevo a
casita, a ver si trabajan ustedes un poco y lo hacen algo mejor.


Muchas gracias, señoría. (Aplausos).









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado la enmienda número 404.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Candini.


La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.


Efectivamente, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió presenta un veto a la sección 17, para el que pedimos
el voto a favor por diferentes cuestiones. La primera porque se repite de
manera reiterada lo que se ha hecho en otros años, que es una cuestión de
filosofía. A nuestro entender, el planteamiento en las prioridades en
cuanto a los presupuestos en infraestructuras se basa nuevamente en una
visión que corresponde al siglo XIX más que al XXI. Creemos que en un
Estado multinivel lo importante es consensuar, coparticipar y llegar a
acuerdos en aquellas infraestructuras teniendo en cuenta que las
comunidades autónomas y el Gobierno del Estado pueden llegar a
determinados acuerdos que beneficiarían al conjunto. Y hay algunos datos
que pueden confirmar lo que digo. Además, de manera reiterada se incumple
la disposición adicional tercera —sabemos que para ustedes no es
nuevo que se lo digamos—. Quiero recordar que ha caído el 50 % en
los últimos diez años; que la inversión de este año es la más baja de los
últimos diecisiete años; que la inversión es –58 % en Cataluña,
respecto al –33 % de España; que ha caído el 71 % desde 2009, y que
el corredor mediterráneo recibe únicamente una cuarta parte de la
inversión ferroviaria.


Hay cosas paradójicas en este presupuesto, como, por
ejemplo, una estación de AVE en un pueblo en el que únicamente hay 28
personas; que el presupuesto incluye una partida de 40 millones de euros
para financiar un tren lanzadora Barajas, teniendo en cuenta que hay
metro y cercanías, cuando en el caso de El Prat es necesario buscar
fórmulas con financiación privada; que en algunas inversiones que ustedes
explican como algo positivo en el territorio, en realidad hay trampas.
Por ejemplo, figura una inversión en una rotonda en Juneda, en la comarca
de Les Garrigues, en Lleida, y lo que hacen en realidad es descontar el
coste de la rotonda de la partida global de mantenimiento de carreteras,
eso sí, ustedes lo hacen como un elemento de inversión e intentando
contentar a la ciudadanía.


Ayer le formulé la pregunta a la ministra, pero sirve
perfectamente a efectos de su filosofía a la hora de programar los
presupuestos: no utilizan las capacidades del propio territorio, cuando
se trata de invertir en infraestructuras, para una mayor eficiencia;
siguen pensando en la cuestión de la centralidad, no en la centralidad de
la inversión, sino en el concepto de inversiones centralizadas, que en
absoluto tienen garantizadas el retorno social y económico, que es lo que
realmente garantiza la eficiencia y el multiplicador en cuanto a la
economía productiva, que para el conjunto, también los aspectos de
equilibrio territorial son los que tenemos que perseguir y
garantizar.


Muchas gracias. En todo caso, pedimos el voto
favorable.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado la enmienda número 419.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.


Puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y viviendas
son clave en una verdadera estrategia para salir de la crisis que busque
compaginar competitividad económica con creación de puestos de trabajo y
garantía de cohesión social y territorial. Una estrategia que este
Proyecto de Presupuestos Generales para 2015 ni suscribe ni soporta,
porque nada nuevo hay en las partidas del Ministerio de Fomento. Es más,
la única novedad de la política del Ministerio de Fomento negativa, que
es la privatización de AENA, ni siquiera figura en estos presupuestos.
Por tanto, imagínense el grado de novedad que aportan.


Son cifras, señorías, muy parecidas a las del ejercicio
anterior, que ni sirven para impulsar a fondo una recuperación económica
que diera auténtica prioridad a la inversión pública como motor de
reactivación y creación de empleo, que aún está por llegar, ni obviamente
tampoco son la confirmación de que el crecimiento ya está aquí, como
vocea el Gobierno, puesto que si así fuera los recursos disponibles
serían mucho mayores para que el ministerio pudiera empezar a cumplir









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todos los compromisos que ha ido contrayendo, incluso los
que figuran en un Picdi —que todavía no está aprobado pero que ya
utilizan como propaganda electoral— en materia de infraestructuras
para el transporte viario y ferroviario o en políticas de vivienda. Son
cifras, además, señorías, que convierten en estructural el incumplimiento
—al serlo por cuarto año consecutivo— del principio previsto
por la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, acordada y no denunciada por los gobiernos de España y la
Generalitat, por el que la dotación en inversiones para esta comunidad
coincidiría con su peso en el PIB español, o sea 18,8 % según el INE.


Así, en este proyecto de presupuestos la inversión
regionalizada en Cataluña, que incluye las partidas del Ministerio de
Fomento, solo alcanza el 9,5 % del total, 1072 millones de euros, y sitúa
el retroceso de las inversiones del Estado en Cataluña en relación con el
presupuesto de 2011 en torno al 60 %, con un déficit solo para este año
de otros 1072. Esta merma produce el olvido o la ralentización
innecesaria y contraproducente en el desarrollo de infraestructuras y
obras muy importantes para Cataluña, especialmente en lo que se refiere
al corredor mediterráneo, por ejemplo en su enlace con el puerto de
Tarragona, o en relación con las autovías de Gerona o el Pirineo de
Lérida.


Mención aparte merece la desatención de los compromisos
adquiridos con Barcelona, entre los que destaca la red de cercanías, la
gran estación intermodal de la Sagrera o los accesos viarios y
ferroviarios al puerto de Barcelona.


Y por lo que respecta a la política de viviendas, señorías,
son cifras que certifican el carácter simplemente retórico —fomento
de alquiler, rehabilitación, lucha contra los desahucios— de las 3
leyes aprobadas por este Parlamento en esta materia, y muy especialmente
del Plan estatal de vivienda 2013-2016, que sigue recortando los
programas destinados a favorecer el acceso a una vivienda digna a los
ciudadanos con menos rentas, un 28 % en relación con el presupuesto de
2014.


El Gobierno, señorías, sigue creyendo erróneamente, tal
como lo demuestra día a día la realidad social, que el mercado, dirigido
por las entidades financieras con su llave del crédito, es el que debe
gobernar la política de vivienda en España, por lo que, además de
minimizar —como se comprueba en estos presupuestos— las
partidas disponibles para una actuación potente del sector público, de
manera directa ha suprimido las deducciones fiscales que incentivan el
alquiler, y deja en manos de los bancos y de la Sareb la respuesta a los
desahucios y el alquiler social.


Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya presenta, por los mismos motivos que todos los años,
con alguno de añadido, este veto a la sección 17 del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado la
enmienda de impugnación número 6.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Las inversiones del Grupo Fomento aumentan un 6,1 %,
porcentaje que puede parecer notable pero que en términos absolutos
representa algo menos de 300 millones de euros, lo cual no es una
aportación que se pueda considerar relevante para la dinamización
económica, más allá de los encajes que se puedan producir en virtud del
famoso plan Juncker; incluso las inversiones propias del Ministerio de
Fomento caen un 0,75 %.


En materia ferroviaria la inversión aumenta el 13 %, pero
pone el AVE como prioridad, fundamentalmente con la estrategia de
liberalizar, como ya se ha anunciado, abriendo su utilización a la
iniciativa privada, a pesar de que este incremento no sirva para que la
conexión asturiana vaya a tener una fórmula que no sea la planteada por
la ministra, que conlleva una contracción notable del proyecto, con las
dudas añadidas sobre los compromisos de ejecución para su apertura en
2015, seguramente invocando de nuevo razones técnicas.


En media distancia se ha producido una limitación de los
servicios porque no se ha extendido de forma suficiente la obligación de
servicio público. En cercanías continúa la pérdida de usuarios, y la
integración de FEVE —ahora Renfe Ancho Métrico— se ha
traducido en una relegación de las inversiones de las redes de FEVE. En
mercancías se delega en la iniciativa privada el incremento de los
tráficos; de hecho, según el presidente de ADIF, en el presente ejercicio
se va a producir un









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aumento del 20,5 % del tráfico privado, y sigue sin
adquirir el peso relevante que ha de tener, fundamentalmente porque
continúan pendientes conexiones con los puertos.


En carreteras, la partida de mantenimiento, aunque aumenta
ligeramente en 38 millones, sigue 90 millones por debajo de la de 2013, y
el estado de nuestras carreteras, como denuncian distintas asociaciones
de usuarios, cada vez está más degradado.


En aeropuertos, está el misterio de la privatización de
AENA, misterio doble porque, como decía el anterior portavoz, no fue
posible en las comparecencias obtener ni siquiera una cifra aproximada
del objetivo del Gobierno.


Y en materia de vivienda, se da carpetazo definitivo a las
ayudas anteriores de los planes de vivienda. Según el Ministerio de
Economía son 20 000 las familias que se han beneficiado de las medidas de
protección en casos de sobreendeudamiento, y ello incluye la suspensión
de lanzamientos, la reestructuración de deudas y las daciones en pago,
frente a los 346 748 lanzamientos producidos desde enero de 2008 a julio
de 2014, según el Consejo General del Poder Judicial.


Finalmente, el Fondo social de viviendas tiene 4600 de las
6000 viviendas vacías, y de enero de 2013 a junio de 2014 han perdido su
vivienda 104 430 españoles.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


En el turno en contra, tiene la palabra el senador
Mateu.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes.


Hay mucho que decir y muy poco tiempo ya que el presupuesto
de la sección 17 es apasionante, porque les recuerdo que contempla más
del 75 % de las operaciones de capital contempladas en el
presupuesto.


Desde el primer momento, me he encontrado cómodo
defendiendo esta sección, y ya les anuncio que vamos a rechazar los
cuatro vetos que han presentado diversos grupos parlamentarios de esta
Cámara, no por una inercia partidista o, como dicen ustedes, porque no
escuchemos porque tenemos tapones en los oídos. No, señorías, insisto en
que me encuentro cómodo porque en estos presupuestos se han incorporado
muchos anhelos y deseos de muchos territorios que han sido canalizados a
través de la gestión que han efectuado, muy bien, por cierto, los
senadores del Grupo Popular en esta Cámara, trasladando al ministerio las
necesidades de cada uno de los territorios, porque no hay que olvidar
que, a la par de representantes políticos, somos pateadores del
territorio, y eso nos da una ventaja para confeccionar estos
presupuestos. Es el cuarto presupuesto que defiendo de la sección 17, uno
fue de propina, y espero, si Dios nos da salud, seguir defendiendo el
cuarto presupuesto que va a lograr el Gobierno del Partido Popular.


En cuanto a los argumentos de la senadora Candini, del
Grupo Convergència i Unió, para vetar estos presupuestos, el alcance de
la disposición adicional tercera ya está matizado jurídicamente por
diversas sentencias respecto a la obligación que implica para el Gobierno
de España. Desde luego, creo que Cataluña no sale mal parada en estos
presupuestos del Grupo Fomento para 2015, porque asciende a 2094 millones
de euros, y crece un 3,8 % respecto a 2014, y la inversión, en concreto,
es de 1029 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 19,2 %
respecto al año pasado. No se trata de engañar a nadie con la rotonda de
Juneda, de la que precisamente hemos estado hablando, porque el sistema
de conservación de carreteras está muy bien organizado por el Gobierno
del Partido Popular, se hace menos con más a través de nuevos sistemas de
gestión, como usted conoce perfectamente, senadora Candini. Por eso no
entiendo su victimismo respecto a la disposición final octava, cuando se
ha dicho hasta la saciedad que el Gobierno de España cuenta con Cataluña
entre sus prioridades y también en las inversiones, lo mismo que otras
comunidades autónomas.


Al senador Martí Jufresa he de decirle que una de las
prioridades del Gobierno de España en estos presupuestos es el corredor
mediterráneo, tanto en el tercer hilo para establecer el ancho UIC como
para aproximar los accesos de este corredor mediterráneo a los puertos a
través de la vía férrea y por carretera, porque es uno de los objetivos
de la Estrategia logística nacional, y se ha establecido un nuevo sistema
a través de la financiación de la sociedad Puertos de España para
fomentar estos accesos que antes eran solamente una actividad puramente
presupuestaria, como usted bien sabe. Por tanto, establecemos accesos a
puertos por vía férrea y por carreteras









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para mejorar la intermodalidad y considerarlos como nodos
logísticos. Por tanto, esta cuestión no está abandonada en absoluto,
señoría.


Senador Iglesias, ¿cómo no va a haber una inversión
superior en el AVE si es una malla que se está cerrando? La línea
convencional ya está cerrada, evidentemente, y en ella se están haciendo
grandes inversiones de reposición de activos por unos 183 millones de
euros; por ello es normal que se dedique más dinero al AVE para poner en
valor 25 nuevos servicios y cerrar la malla, y entonces pasaremos a
destinar el dinero a otras líneas.


Las cercanías, por supuesto, están atendidas debidamente,
porque de los 460 millones de pasajeros que fueron transportados en
líneas de ferrocarril, más de 408 millones lo fueron en cercanías, es la
mejor manera de aproximar al ciudadano a su puesto de trabajo.


Al portavoz del PSOE, señor Fernández Ortega, he de decirle
que comienza hablando de recortes. Y no le gusta que hablamos de
Andalucía, pero le tengo que recordar que desde el año 2009, el
presupuesto de infraestructuras de Andalucía se ha reducido en un 75 %,
800 millones de euros menos, y en vivienda hay un 46 % menos de
presupuesto respecto a 2009, y a usted, que tanto habla de una baja
ejecución, le tengo que decir que en vivienda, la ejecución a 30 de
septiembre del año 2014, ha sido de un 28 %. Por ello, le digo con todo
respeto, como usted bien sabe, que no entiendo esas críticas tan
exacerbadas al grado de ejecución, cuando luego se demuestra que las
cosas se llevan a cabo.


Este presupuesto no es el del fracaso del PP, señor
Fernández Ortega, ni mucho menos; este presupuesto es el de mirar hacia
delante. Es un presupuesto de futuro. Precisamente ya tuvimos que hacer
una serie de ajustes en los tres presupuestos anteriores. Le recuerdo que
se tuvieron que abonar 5500 millones de euros de deslizamientos de
obligaciones reconocidas de ejercicios anteriores que hubieran podido
suponer una mayor inversión en otro tipo de infraestructuras. En
concreto, en carreteras fueron más de 2000 millones de euros.


En cuanto al paro, ustedes fueron los máximos creadores del
paro, señorías, durante el Gobierno del presidente Zapatero. Nueve de
cada diez empleos que se han perdido en Europa corresponden a España. La
tendencia aún es tímida, leve, pero es ascendente gracias a las medidas
que ha establecido el Gobierno de España. El Gobierno de España no va a
cesar en implementar ese tipo de medidas hasta que no se recupere el
pleno empleo, que es realmente lo que lleva la felicidad a los hogares de
todos los españoles.


Dice usted que los presupuestos del Gobierno del Partido
Popular aumentan la deuda. Hablaba de ADIF en concreto. Le voy a dar, por
ejemplo, la explicación de por qué se incrementan en ADIF esos dos mil y
pico millones de euros en el ejercicio de 2014. Muy sencillamente, cuando
llegó al gobierno el Partido Popular se encontró con que en ADIF había en
ejecución obras por más de 14 000 millones de euros y se pedían para
ponerlos en valor, cosa lógica con las obras, más de 29 000 millones de
euros en un momento en que el déficit público atravesaba el 9,7 %,
herencia —se lo vuelvo a repetir— del Gobierno del Partido
Socialista. Con criterio acertado y con criterio sano y eficiente se dijo
que con 5000 millones de euros, después de un estudio magnífico realizado
por los técnicos, se podían poner en valor estas líneas que se estaban
trabajando y para eso se acudió al endeudamiento. Esa es la explicación
de por qué es imposible 29 000 millones de euros y, sin embargo, con 5000
millones dábamos eficacia y rentabilidad social a las líneas de alta
velocidad.


ADIF no está en quiebra, señor Fernández Ortega. Se lo dijo
muy clarito el presidente de la entidad, de ADIF Alta Velocidad y de
ADIF. ADIF no está en quiebra por 2 sencillos motivos. Primero, se hizo
una emisión de deuda por más de 1000 millones de euros que fue suscrita
prácticamente en dos horas. Si hubiera estado en quiebra no habría tenido
el respaldo o la garantía de esa solvencia financiera. Desde luego, la
solvencia de ADIF la acreditan esos más de 24 millones de pasajeros que
transitan por las líneas de alta velocidad. Se espera llegar a
duplicarlos para alcanzar el punto cero del equilibrio económico.


Sobre la venta de AENA, ya se explicó por qué no aparecen
en los presupuestos las cantidades procedentes de la enajenación del 49 %
del capital social. ¿Por qué? Porque distorsionaría el mercado. No es
lógico. No se han valorado todavía las acciones de esta sociedad. Está en
trámite y a expensas de que eso se produzca. Cuando se produzca la
enajenación, las cantidades se destinarán —a usted le preocupaba lo
que se iba a obtener con la venta— a fines muy importantes en
beneficio de España.









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Por último, en la vivienda afortunadamente se ha hecho una
reestructuración y ya se ha orientado lo que se quiere hacer al respecto.
Se ha evitado también el deslizamiento de obligaciones de otros años,
imposible de cuadrar, para firmar los convenios con las comunidades
autónomas. Gracias a la actuación del Ministerio de Fomento se siguen
manteniendo las ayudas que se habían perdido y, desde luego —voy
terminando porque no me queda tiempo—, vamos a rechazar los vetos.
Insisto también en que estos son unos presupuestos de futuro que van a
servir mucho para el bienestar de todos los españoles.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.


A la sección 18, el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado la enmienda de veto número 437.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Álvarez
Areces.


El señor ÁLVAREZ ARECES: Muy buenas tardes, señor
presidente, señorías.


Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 en esta
materia educativa tienen un 4,5 % más que en 2014, subida motivada sobre
todo por la puesta en marcha de la LOMCE, pero siguen consolidando los
grandes recortes de años anteriores, hasta el punto de que su montante
global representa un 20 % menos que en el año 2011, es decir, 570,36
millones menos que los del último Gobierno socialista.


La ligera subida del 4,5 % se debe únicamente a la puesta
en marcha de la LOMCE y esta se hace, además, con una dudosa aportación
futura de fondos europeos que se aplican en el capítulo 8 y que, sin
duda, acabarán generando déficit para las comunidades autónomas.


En cuanto a los programas principales que garantizan la
igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad, como son las
becas, que representan un 64,5 % del total del presupuesto educativo,
como es la educación compensatoria, la educación especial, o bien se han
congelado o casi han desaparecido.


En becas, el presupuesto solo sube un 0,17 % respecto de
2014, totalmente insuficiente ante una crisis social enorme, que ni
siquiera cubre el aumento del IPC. Si tenemos en cuenta que en los 2
últimos cursos esta partida de becas y ayudas al estudio se recortó en
275,5 millones de euros y que hubo 693 111 beneficiarios menos entre
becas y ayudas, se puede apreciar la insuficiencia de tal asignación. Hay
que recordar el duro recorte a las becas Erasmus y la práctica
desaparición de las ayudas para libros de texto, comedor, transporte,
becas Séneca y otro tipo de becas.


La educación compensatoria sufre un tremendo recorte de
hasta casi desaparecer. En este año se recortan 48 millones de euros
respecto a 2014, lo que significa nada menos que –90,23 %. En
cuanto a la educación especial, los 13,5 millones de euros que se
dedicaban en 2011 desaparecieron por completo en el año 2013 y así sigue
en el año 2015. Respecto a otros programas educativos, disminuyen en
relación con 2014 las cantidades destinadas a formación permanente del
profesorado, a educación infantil y primaria, a enseñanzas
universitarias, enseñanzas artísticas, educación en el exterior,
programas todos ellos muy sensibles desde el punto de vista de la calidad
educativa y de la equidad.


Por otra parte, los presupuestos de 2015 siguen olvidándose
del profesorado. Sus retribuciones siguen congeladas un año más. Las
tasas de reposición del 50 % son manifiestamente insuficientes. La
partida de formación permanente del profesorado sufre un recorte brutal,
pasando en esta legislatura de 52 millones de euros que tenía en 2011 a 3
millones de euros en 2015, es decir, desciende un 94 %. A esto hay que
añadir el efecto producido por los recortes de profesores, que han
significado entre enero de 2012 y enero de 2014, es decir, en dos años,
la supresión de 30 338 profesores en las enseñanzas no universitarias y
en las enseñanzas universitarias, o sea, menos profesores y menos
formación para ellos.


En la universidad, el programa de enseñanzas universitarias
tiene una merma de un 70,29 % menos respecto de 2011, a lo que hay que
añadir la insuficiente tasa de reposición del 50 % para el personal
docente e investigador de las universidades españolas. Los campus de
excelencia un año más se quedan sin dinero y siguen evaluándolos desde
hace años. La investigación científica tiene dotaciones casi
testimoniales, con reducciones superiores al 27 % desde el año 2011.









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En cultura, el presupuesto sube este año un 4 % respecto a
2014, pero representa 355 millones de euros menos que en el 2011, es
decir, un 31 % menos. Los recortes de todos estos años han precarizado
las condiciones de trabajo de los trabajadores de la cultura, así como
los servicios culturales, y no abordan ninguno de los 3 elementos claves
de esta crisis del mundo cultural: en primer lugar, las ayudas que se
necesitan para afrontar los desafíos de las nuevas tecnologías y la
protección contra la piratería; en segundo lugar, el incentivo de la
demanda, muy difícil de conseguir cuando el IVA sigue siendo del 21 %,
que es insoportable para todo el sector; y, por último, una nefasta
gestión de cargarse la compensación equitativa por copia privada cuando
se pasó de 110 millones de euros a recibir solo 5 000 000 a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado, que, al final, pagan los
contribuyentes.


En deporte, sin duda los presupuestos son irrelevantes,
igual que los de 2014, ni siquiera han desarrollado nuevos proyectos de
beneficios fiscales de interés público ni han cambiado el Real Decreto
403/2013, por el que se modifica la distribución de las apuestas
deportivas.


Por último, tengo que señalar la clara deslealtad
institucional respecto a las comunidades autónomas, a las que el Gobierno
ha trasladado la responsabilidad de muchas políticas educativas que antes
se hacían en régimen de cooperación territorial y que ahora van a recibir
toda la presión social por haber retirado la Administración del Estado la
financiación de muchos de estos programas educativos, muy sensibles para
alumnos y familias.


En definitiva, no apoyaremos este presupuesto porque
lesiona gravemente la igualdad de oportunidades y la equidad, no invierte
en los que más lo necesitan y deja de apoyar las becas como derecho, es
insolidario con el profesorado y conduce a la universidad…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ÁLVAREZ ARECES: Acabo ya, señor presidente.


Y conduce a la universidad a una situación de asfixia
financiera, que es un gran lastre para nuestro futuro. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Areces.


El Grupo Parlamentario Convergència i Unió ha presentado la
enmienda 405.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.


Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario para fijar
posición sobre la presentación de veto a la sección 18, correspondiente a
educación, cultura y deporte.


En educación se aprobó hace pocos meses una polémica Ley
orgánica de mejora educativa, la famosa LOMCE, sin recibir ningún otro
apoyo parlamentario que el del propio PP. Posiblemente el Gobierno
cometió el mayor error político que puede cometerse en una ley de
educación: rompió el consenso parlamentario y una vez más —ya van
muchas— se perdió la ocasión de elaborar una ley sobre educación
consensuada con las principales fuerzas parlamentarias.


Los recursos destinados a combatir el abandono escolar, la
potenciación de la excelencia, la integración escolar, la mejora en la
formación del profesorado, la garantía de la educación compensatoria,
todos ellos son programas desmantelados en los Presupuestos Generales del
Estado de los últimos años.


En lo relativo a la concesión de becas, pieza angular para
garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades, sigue existiendo
una alarmante falta de medios económicos. Podemos constatar cómo
desaparecen las partidas para educación infantil y para educación
especial y cómo se produce un severo recorte del 90 % en las partidas
destinadas a educación compensatoria, elemento este clave para intentar
lograr la elevación del nivel medio educativo. A nuestro entender, países
como Austria, Holanda, Finlandia o Noruega son modelos educativos como
ejemplo a seguir. El denominador común de dichos países y de sus modelos
educativos es que la educación es considerada como una cuestión de
Estado, y por ello es protegida del debate partidista de poca altura. Se
intenta siempre una gran complicidad con la comunidad educativa y,
asimismo, una deseable continuidad a medio y largo plazo.


Una mención obligada al deporte para comprobar, como se ha
dicho por otros portavoces, cómo la tónica de los últimos Presupuestos
Generales del Estado sigue imparable, con unos









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recortes de magnitudes demasiado importantes. El menoscabo
al deporte es insostenible, y hay que recordar, llegados a este punto, la
notable función del deporte como herramienta de integración y de cohesión
de la sociedad.


En cultura sería difícil que el Gobierno lo hiciese peor.
Mantienen una política errática y confusa. Voy a enumerar algunos
ejemplos. Se sube el IVA hasta el 21 % como en ningún otro país de la
Unión Europea. Efectos devastadores para la mayoría de agentes y
entidades culturales. Anuncian una reforma sobre la Ley de mecenazgo y
acaban retirando por la puerta de atrás el único anuncio importante
prometido por el Gobierno. Después del compromiso público en la Comisión
de Cultura, en el Pleno del Senado y en el del Congreso de los Diputados,
después de tantos compromisos públicos por el secretario de Estado y por
el propio ministro, se retira el proyecto de ley anunciado y decae con
una mínima presentación de un par de medidas fiscales para cubrir el
expediente.


Ley sobre propiedad intelectual. De reciente tramitación y
aprobación por las Cortes Generales, han conseguido igualar el rechazo
anteriormente descrito. Ningún otro grupo da su apoyo. Unánime rechazo
por la sociedad civil y por los distintos agentes. La Ley sobre propiedad
intelectual no tuvo ni el visto bueno del Consejo de Estado. El Tribunal
Supremo ha alertado sobre la inadecuación al derecho europeo, y los
autores y creadores seguirán sin una legislación clara que los ampare
ante la piratería.


Aportaciones a Cataluña. Debemos denunciar por tercer año
consecutivo la supresión del cumplimiento del Convenio de capitalidad
cultural de Barcelona. En el 2011 estaba situado en 9,5 millones de
euros. En los presupuestos de 2013, de 2014 y ahora de 2015 ha
desaparecido este convenio.


Otros ejemplos. Hay un 42 % de reducción en las
aportaciones del Estado a Cataluña —se pasó de 20,3 millones a
11,8— o una disminución de un 43 % a festivales y eventos
producidos en Cataluña. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).


Tema de las lenguas oficiales y la realidad del Estado
plurilingüe. El artículo 3 de la Constitución española consagra el
principio de que el Estado velará por el especial respeto y protección a
las distintas lenguas del Estado. ¿Les suena de algo este enunciado? El
día a día resultante es que el Gobierno no da apoyo a las distintas
lenguas oficiales. Las academias del euskera, del gallego y del catalán
no reciben el apoyo que sin duda requieren. En el caso de Cataluña, el
Institut d’Estudis Catalans ha visto mermado su apoyo, que ha
pasado de 976 000 euros a unos 273 000 en estos presupuestos. Ese es el
comportamiento real y efectivo del Gobierno. Por lo tanto, en el discurso
del nuevo rey, durante la ceremonia de su coronación, con sus palabras de
afecto y apoyo a la rica realidad lingüística, ¿dónde queda esta
intención? Concluyo con esta triste constatación.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Para la defensa de la enmienda 420, de la Entesa, tiene la
palabra la senadora señora Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Presidente, buenas tardes.


El Grupo Entesa presenta el veto a la sección 18. Aunque
los Presupuestos Generales del Estado en materia de educación para el
ejercicio 2015 hayan aumentado un 4,5 % respecto al ejercicio 2014, dista
mucho de alcanzar los niveles establecidos en el año 2011. De los
recursos establecidos para 2015, gran parte están destinados a la
implantación de la LOMCE, con lo cual podríamos decir que este presunto
aumento es inexistente. Uno de los motivos que infunde este veto es
precisamente la implantación de una ley que continúa teniendo el mayor
rechazo político y social que jamás se haya dado en materia de educación.
Por tanto, somos coherentes en vetar también los recursos destinados a su
implantación.


Los programas que sí van encaminados a garantizar la lucha
contra el abandono escolar, a garantizar la educación compensatoria, la
potenciación de la excelencia, la integración escolar, mejor formación
para el profesorado…, todo ello para alcanzar mayor equidad en la
educación pública, han visto reducidos los recursos destinados a su
desarrollo.


Otro factor imprescindible para garantizar la igualdad de
oportunidades son las becas. Para 2015 se podría afirmar que no varía el
importe destinado a becas y ayudas al estudio, ya que el efímero aumento
previsto es casi inapreciable. Las becas deben ser el elemento que
equilibra la









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garantía del acceso a los estudios y a su desarrollo. La
situación de crisis que atraviesan las familias españolas es suficiente
causa para que el Gobierno refuerce con más recursos esas becas y ayudas
para mitigar los efectos de la precaria economía familiar y que los
estudios de nuestros jóvenes no se vean afectados. Las becas ya no son
una garantía para acceder al derecho a la educación, es el premio de una
carrera de obstáculos.


Hay tres elementos a destacar de estos presupuestos: el
recorte del 90 % en educación compensatoria, justo la que ha de
garantizar que el nivel medio educativo del país aumente y se asemeje al
de la OCDE; la desaparición desde 2013 de la dotación económica para la
educación especial; y la mengua desde 2011 del presupuesto para la
educación infantil, etapa fundamental en la que se establece la base para
impedir el abandono temprano de los estudios.


Otro aspecto fundamental para garantizar el éxito del
sistema educativo es lo concerniente al profesorado, a su formación
permanente y a la dotación de plantillas. Sobre las partidas destinadas a
la formación del profesorado, estas vienen sufriendo un recorte acumulado
del 94 % desde 2011, y en lo referente a las plantillas, desde 2012 se
han visto disminuidas en más de 25 000 profesiones.


En cuanto a la educación universitaria, de todos son
conocidas las dificultades económicas por las que están pasando para su
normal funcionamiento. A ello deberemos sumarle un descenso del 1,3 %
para 2015, además de la ridícula tasa de reposición del personal docente
investigador y del personal investigador, por no mencionar los recortes
que vienen sufriendo durante esta legislatura los campus de excelencia.
Es desconcertante cómo, por un lado, se asfixia a las universidades y,
por otro, se les exige estar en los primeros puestos de los ranking
mundiales.


En cuanto a las partidas destinadas al presupuesto de
deportes, no hay mucho que mencionar. Después de los recortes sufridos
año tras año se mantiene bajo mínimo para que el Consejo Superior de
Deportes simplemente exista. Para un Gobierno que ha manifestado en
reiteradas ocasiones que su proyecto primordial es garantizar la equidad,
la lucha contra el abandono escolar temprano y la excelencia académica, a
la hora de comprometerse y elaborar la herramienta principal para
perseguir esos objetivos nos muestra exactamente todo lo contrario,
presentando unos presupuestos que se alejan, y mucho, de alcanzar dichos
objetivos.


Y en cuanto al ámbito de la cultura, los exiguos 32
millones de euros de más que las partidas destinadas a cultura contemplan
en relación con los presupuestos de 2014 no pueden en absoluto compensar
la frustración definitiva de cualquier expectativa de apoyo del Gobierno
a la financiación de la cultura. Los 749 millones de euros consignados en
2015 son claramente insuficientes —355 millones menos que en
2011— y muestran que el Gobierno no cree en el impulso de la
cultura a través del presupuesto público. Pero, al mismo tiempo, el
Gobierno también castiga los ingresos del sector cultural provenientes de
la venta de entradas, manteniendo un IVA del 21 % para los espectáculos,
y rebaja drásticamente los ingresos por derechos de autor, consolidando
en la reforma de la Ley de propiedad intelectual la desaparición del
canon digital y su sustitución por una partida arbitraria de los propios
presupuestos como compensación por la copia privada —de unos 110
millones de euros del canon hemos pasado a solo 5 millones de euros
presupuestados—, a lo que se añaden múltiples dificultades para que
las entidades de gestión colectiva de los derechos puedan mantener su
nivel de recaudación ordinario y ni tan siquiera es capaz de presentar en
el Parlamento una Ley de mecenazgo con auténticos incentivos fiscales que
permitan atraer recursos privados de forma sustantiva para la
cultura.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, debe
terminar.


La señora SEQUERA GARCÍA: Acabo.


Esta fuerte restricción en los recursos destinados a la
cultura tiene a su vez un impacto especialmente negativo para Cataluña.
Los fondos que el Gobierno destina a las instituciones e infraestructuras
culturales de carácter estatal o con repercusión para toda España
ubicadas en Cataluña son claramente insuficientes e injustas con una
comunidad autónoma que lidera la actividad y la industria cultural
española. En particular, es muy decepcionante la desaparición por tercer
año consecutivo del convenio firmado entre el Gobierno y el Ayuntamiento
de Barcelona para reconocer y apoyar la capitalidad cultural de esta
ciudad, lo que conlleva la dejadez de responsabilidades por parte del
Ministerio de Cultura en algunas instituciones clave.









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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, acabe,
por favor.


La señora SEQUERA GARCÍA: Finalmente, destacamos también el
bajísimo compromiso del Ministerio de Cultura en estos presupuestos con
el reconocimiento y el desarrollo de la pluralidad lingüística de España,
desatendiendo los programas en esta materia y muy significativamente su
apoyo a las academias de lengua de catalán.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya presenta esta propuesta de veto.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.


El señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes,
del Grupo Mixto, presentan la enmienda número 7.


Tiene la palabra, para su defensa, el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Podremos hablar con más calma cuando lleguemos a sanidad,
pero parece que también va a haber herencia en el presupuesto del
Ministerio de Sanidad y que va a ser gestionado por un ministro que no ha
sido quien lo ha elaborado.


Educación. Se trata de un presupuesto de la LOMCE. Desde el
primer momento lo reconoce en su presentación. Se incrementa la
consignación en política educativa en 98 millones de euros, pero se hace
exclusivamente para la puesta en marcha de la LOMCE, que incluso exige
más recursos —142,6 millones—, por lo que la puesta en marcha
de la LOMCE drenará de otros capítulos del Ministerio de Educación.


Becas y ayudas al estudio. Suben 2 000 000 de euros, lo
cual es insuficiente para las necesidades que se derivan de la subida de
las tasas universitarias y el aumento de los solicitantes que cumplen los
requisitos. Con esta consignación, dividida entre el número de
solicitantes que cumplen los requisitos, seguramente se llegará a becas
más bajas, lo cual además es lógico porque la subida de las tasas
universitarias ha sido muy importante; la media en 2013 fue de un 22
%.


En enseñanza secundaria y formación profesional pasa de 101
euros a 237 euros, exclusivamente por la aplicación de las necesidades
del segundo curso de la formación profesional básica. A pesar de ello, ni
tan siquiera con esto se llega a la consignación presupuestaria que para
enseñanza secundaria y FP había en los presupuestos de 2011. También,
como apuntaba antes, esto significa que la puesta en funcionamiento del
segundo curso de la FP básica va a conllevar detracción de recursos para
la FP previa a la LOMCE.


Educación compensatoria se queda con una aportación
simbólica, 5,5 millones de euros, cuando en 2012 eran casi 170. La
búsqueda de esa excelencia es lentísima, se hace a costa de quien tiene
más necesidades educativas, incluso sin apuntar correctamente para la
consecución de ese objetivo. Los estudiantes de alta capacidad también
necesitan apoyo mediante la educación compensatoria.


En la universidad hay una reducción de 2 000 000 de euros.
Se derivan las responsabilidades de la subida de tasas a las comunidades
autónomas y las propias universidades actúan en razón a los recursos con
los que cuentan.


Educación infantil y primaria sigue otro ejercicio
congelado, pero después de una caída en 2012 del 40 %. Se congela la
educación primaria tras rebajar también en un 40 % los ejercicios
anteriores. Cultura aumenta en 30 millones mejorando cine, música y artes
escénicas, pero se disminuye en teatro; se incrementa en museos, pero
baja en bibliotecas y archivos. Se renuncia a la Ley del mecenazgo. El
secretario de Estado de Cultura nos decía que esto ya había quedado
resuelto con la reforma fiscal aunque esta no haya modificado el IVA
cultural. Todo esto no va a satisfacer, sin duda, a quienes desarrollan
su actividad en estos ámbitos culturales y se volverán a seguir
produciendo situaciones como las que se dieron antes con renuncias de
premios nacionales como rechazo a la propuesta desarrollada por el
Partido Popular en materia de cultura.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


En turno en contra, tiene la palabra el senador Peral.









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El señor PERAL GUERRA: Señor presidente, señorías, voy a
compartir este turno con el portavoz de Cultura, don Alberto Gutiérrez
Alberca.


Preparando esta intervención he tenido sensaciones
enfrentadas. Por un lado, tras leerme todas y cada una de las enmiendas
de la oposición, he visto que, junto a propuestas pintorescas —por
ejemplo, un instituto universitario para la Alianza de las
Civilizaciones— y a otras poco razonables sobre las que hablará en
la comisión la senadora María de Haro, hay otras que reflejan interés por
asuntos que nos preocupan a todos, como la educación compensatoria, las
becas, las ayudas de comedor y los libros de texto. No pude por menos que
concluir que esos partidos, tan preocupados por la educación en los
Presupuestos Generales del Estado, que no dejan de representar algo más
del 10 % en el gasto de educación en toda España, habrían priorizado de
forma radical la educación en los presupuestos de las comunidades
autónomas que gobiernan o en las que su apoyo al Gobierno es
determinante.


Esto me llevó a analizar con detalle y a homogeneizar los
presupuestos de educación de Andalucía, Asturias, Canarias, País Vasco y
Cataluña. Y aquí, señorías, vino la sorpresa y la desazón ante la ley del
embudo que en materia de gasto educativo practica la oposición en esta
Cámara. Mientras que los Presupuestos Generales del Estado recogen un
gasto en educación de 2273 millones, un 4,5 % más que en el ejercicio
pasado; Andalucía, con un presupuesto de 6584 millones, solo incrementa
el presupuesto en un 2,2 %; Asturias, con un presupuesto de 722,3
millones, solo incrementa el presupuesto en un 0,7 %; Canarias, donde el
consejero es José Miguel Pérez, candidato del PSOE a la Presidencia de la
región en 2011, con 1498 millones de presupuesto, solo lo incrementa, por
decir algo, señorías, un 0,05 %; el País Vasco, con un presupuesto de
2682,7 millones, solo incrementa el presupuesto en un 0,9 %; y en cuanto
a Cataluña, no hay forma de saber qué va a pasar con su presupuesto
porque, a estas alturas, señorías, todavía no se ha presentado el
presupuesto del año 2015. El conseller Mas-Colell dice que se presentará
en la primera semana de diciembre. Se ve que han estado más ocupados en
organizar el simulacro de consulta independentista, con resultados
bastante mejorables a pesar de la falta total de garantías, que en
atender las necesidades de educación, vivienda, sanidad, servicios
sociales y tantas otras que se financian con los presupuestos de
Cataluña.


En 2014 el presupuesto de educación de Cataluña fue de
4245,6 millones, lo que quiere decir que, para aumentar ese presupuesto
en el 4,5 % que aumenta el Ministerio de Educación, harían falta 191
millones más. Vamos a ver si los dos Mas, Mas y Mas—Colell, se
estiran en los próximos presupuestos.


Por cierto, señorías, la página web de la Generalitat tiene
una pestaña que dice: Castellano. Y cuando uno va a la pestaña de
castellano dice: Los presupuestos no están disponibles en castellano,
vaya a la versión en catalán. Y todo esto con una lengua que es cooficial
en Cataluña. Y eso sí, señorías, la versión en inglés está disponible. Es
un poco de niños, ¿verdad, señorías?


La verdad es que, escuchando las intervenciones de algunos
grupos en los vetos a la totalidad de los presupuestos de esta mañana, me
pareció estar ante una competición de victimismos territoriales en la que
senadores catalanes, vascos, canarios y asturianos competían entre sí
para ver qué comunidad autónoma había sido más agraviada en estos
Presupuestos Generales del Estado, olvidando por un momento que tienen
competencias y presupuestos para atender prácticamente todo lo que
solicitan.


Y entrando ya, señorías, en el detalle de los vetos a esta
sección de Educación, me referiré, en primer lugar, al de los senadores
de Izquierda Unida, Iglesias y Mariscal. La explicación de su veto abunda
en expresiones demagógicas, impropias de un trabajo riguroso de análisis
presupuestario y más propias de un fervorín mitinero destinado a competir
con la extrema izquierda populista y chavista por los votos de un mismo
electorado. Así, se habla —entre comillas— de aumentar la
desigualdad social, de disminuir la igualdad de oportunidades, de
desmantelar la educación pública, de darwinismo social en la enseñanza,
etcétera. Todo esto queda muy bonito como eslóganes en la manifa, pero la
realidad es que donde Izquierda Unida gobierna, en Andalucía, el
presupuesto de Educación solo crece el 2,2 %, y, donde sostiene al
Gobierno, en Asturias, solo crece el presupuesto de Educación en el 0,7
%. O sea que, para Izquierda Unida, en Educación, vale aquello de «mucho
te quiero, perrito, pero de pan, poquito».


Sobre el veto de CiU, debo resaltar, aparte de la parca
insuficiencia de su argumentación, la falta de respeto que supone
denominar una vez más a España como Estado español. Algo









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especialmente reprobable en personas tan hipersensibles en
lo suyo como los nacionalistas catalanes. Bien es verdad que al señor
Bel, persona habitualmente moderada, se le ha escapado esta mañana la
expresión —entre comillas— mientras estemos en España, que a
mí, francamente, me ha sorprendido.


Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista proclama su
rechazo a dotar de recursos a la implantación de la LOMCE. Ya nos
ocuparemos, señorías, de dar a conocer a todos los españoles que ustedes
no quieren destinar recursos a la formación profesional básica, una
alternativa de calidad para aquellos jóvenes que están en riesgo de
exclusión social y de abandono escolar prematuro, así como también para
las modalidades en 4º de ESO, que, con flexibilidad, van a prevenir
precisamente ese abandono.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Continúa en turno de oposición el senador Gutiérrez. Tiene
dos minutos.


El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Gracias. Telegráficamente,
señor presidente.


Intervengo para referirme a los presupuestos de Cultura que
defendemos, con un crecimiento —hay que decirlo— del 4,3 %,
por encima de la media del presupuesto. Me hubiera gustado a mí también
haber podido comparar con el presupuesto de otras comunidades autónomas,
pero he tenido los mismos problemas que el senador Peral, pues,
sencillamente, no están disponibles, y es difícil, por lo tanto,
contrastar. Pero hay que decir que estos presupuestos ya son el inicio de
un cambio de paradigma en la cultura. Porque no solamente son los
recursos presupuestarios, sino que son también los que van acompañados en
las desgravaciones para las empresas que apuesten por la cultura.
Desgravaciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas,
desgravaciones en el impuesto sobre sociedades, incluso en el
crowdfunding, hasta el 80 % de las aportaciones de los particulares
pueden desgravarse cuando son aportaciones a la cultura.


Quiero resaltar también que ha sido este Gobierno el que ha
modificado el incremento del 1 % del destino del 1 % cultural en cada una
de las inversiones, un incremento del 50 % al 1,5 %. Y todos los que
tenemos responsabilidades de Gobierno conocemos qué importante ha sido
este instrumento de financiación para muchas de las actividades
culturales. Por lo tanto, nosotros pensamos que este presupuesto que hace
también un esfuerzo en la transparencia y también en las aportaciones a
las subvenciones a las entidades de gestión, es un importante presupuesto
desde el punto de vista de la cultura.


Les diré que piden especial respeto y protección, así como
incremento de los fondos para la capitalidad de Barcelona. Tristemente,
ese respeto y protección también deben ser para algunos elementos
culturales españoles. Nos parece indignante que no se permitiera el
rodaje de la serie Isabel por parte del alcalde de Barcelona. Nos parece
indignante que solicite al Ayuntamiento de Madrid que retire la estatua
de un héroe nacional como es Blas de Lezo y no lo solicite a Cartagena de
Indias, donde es uno de los héroes más importantes que tiene la cultura
española en América, que, evidentemente, hay que conocer. También nos
parece indignante que no se permitiera la entrega de la bandera al buque
de proyección estratégica Juan Carlos I en el Puerto de Barcelona. Por lo
tanto, respeto y protección, pero respeto y protección también del
alcalde de Barcelona hacia los valores culturales que identifican a la
nación española.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Gutiérrez.


Pasamos a la sección 19. El Grupo Parlamentario Socialista
presenta la enmienda número 438, que va a ser defendida por el senador
Martínez-Aldama.


El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Estos presupuestos no son los que requiere España para
acabar con su principal drama, con el paro. La pregunta es: ¿qué
necesitamos? Seguramente habría consenso de todos los que estamos aquí
presentes en que hacen falta tres cosas: creación de empleo de calidad,
desarrollo potente de las políticas activas de empleo y proteger como
corresponde a nuestros parados, a los que más sufren. Si estamos de
acuerdo en las premisas, veamos su comportamiento en el presupuesto.
¿Estos presupuestos van a crear empleo? No. El propio Gobierno dice que
cuando









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acabe la legislatura habrá en España 400 000 empleos menos
que en 2011, que la población activa habrá caído en 640 000 personas y
que el paro estará en el 23 %, más que cuando llegó al Gobierno el
Partido Popular. Por tanto, los españoles saben que con el Partido
Popular hay más paro y menos empleo. Y, si no, se lo pueden preguntar a
los parados, que no tienen trabajo ni lo encuentran, a los cientos de
miles de parados que ni se apuntan al paro, a los emigrantes que se van a
sus países de origen por falta de oportunidades o a los jóvenes españoles
que se van de España por la misma razón, por falta de oportunidades. Pues
bien, todo esto se cronifica en este presupuesto, con un agravante: no se
crea empleo y lo poco que hay se trocea de forma realmente espuria en
contratos temporales y parciales, de días o inclusive de horas, es decir,
ni hay empleo ni calidad en el empleo. Por cierto, también se consolida
en España con este presupuesto una devaluación salarial de más del 10 %.
El Gobierno siempre dice que es competencia de las partes, de patronal y
sindicatos. Es verdad, pero es que el marco regulatorio que ha creado el
Gobierno del Partido Popular permite justamente la imposición de la
rebaja salarial.


Veamos, en segundo lugar, las políticas activas de empleo.
Ya sé que ustedes dirán que este año se han incrementado un 16 %, pero
están muy lejos de los 7300 millones de euros que dejamos nosotros en
2011. Este año habrá 2610 millones de euros menos que entonces para
políticas activas de empleo, y, por cierto, con más parados que había en
el año 2011. Un dato demoledor: el recorte del Gobierno del Partido
Popular en esta legislatura —en los cuatro presupuestos—, en
políticas activas de empleo es de 10 177 millones de euros, es decir, un
recorte de 1 punto del PIB en políticas activas de empleo. Y les diré
más, el Gobierno del Partido Popular camina en contra de cualquier
recomendación internacional; me da igual la OCDE que el FMI que la OIT,
que piden justamente lo contrario: no debilitar, sino reforzar las
políticas activas de empleo. Por cierto, se les ve el plumero, señores
del Partido Popular, porque recortan las políticas activas de empleo pero
multiplican por 5, desde los 30 millones a los 140 millones, lo que
destinan a agencias privadas de colocación. ¿Qué partida del presupuesto
crece cinco veces? ¿Educación? No. ¿Sanidad? No. ¿Desempleo? No. Eso sí,
se multiplica por cinco para las agencias privadas de colocación.


Por último, señor presidente, me quiero referir a la
protección por desempleo. ¿Hay más recursos para proteger a nuestros
parados? No; hay un recorte del 15 %, 4500 millones de euros menos para
protección por desempleo. ¿Cuánto había en el año 2011 en esta partida?
Había 32 500 millones, es decir, ustedes van a destinar 7500 millones de
euros menos a protección por desempleo que lo que había en 2011, y repito
que entonces había menos parados. Pero me quiero detener un segundo más
en este punto. Con ustedes, los españoles en paro saben, porque lo
sufren, que están más desprotegidos que nunca. Tan solo el 57 % recibe
una prestación, y les recuerdo que en 2011 era de 13 puntos más. Ustedes
saben que en España hay más de 3 000 000 de españoles y de españolas sin
ningún tipo de ingreso, al borde la pobreza; familias enteras, con niños,
sin ninguna protección. ¿A qué espera el Gobierno para aplicar una
protección a estas familias?


Y una última consideración: no nos hagan creer que este
recorte del 15 % se debe a un buen comportamiento del mercado de trabajo,
no es verdad.


Esto obedece a un diseño que el Partido Popular emprendió
en el año 2011, que ha sido recortar, recortar y recortar prestaciones y
subsidios de nuestros parados.


En definitiva —acabo, señor presidente— les
daré un dato que me parece esclarecedor de su pésima política laboral. En
el año 2011 el presupuesto, sumando políticas activas de empleo y
protección al desempleo, era de 39 900 millones de euros, 4 puntos del
PIB. Su presupuesto para 2015 es de 10 000 millones menos: 30 245
millones y, repito, eso que hay en España más parados.


Por tanto, este presupuesto ni impulsa la creación de
empleo ni protege, como se requiere en un país decente, a nuestros
parados. Por eso mi grupo ha vetado esta sección.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martínez-Aldama.


A esta misma sección, el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió presenta la enmienda 406.


Tiene la palabra la senadora Candini.









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La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.


Efectivamente, el Grupo Parlamentario Convergència i Unió
impugnará el veto a la sección 19, básicamente por lo que hemos dicho de
manera reiterada en otras cuestiones: es una reducción de los recursos
aplicados y, en este caso, en temas tan sensibles como las políticas
públicas de ocupación. Es importante hacer memoria y recordar que desde
2012 estas partidas presupuestarias han sufrido una drástica reducción, a
pesar de ser, repito, un tema absolutamente sensible. En 2012 fue de
–56,92 %; en 2013, –56,36 %; en 2014, –60,33 %, y en
los presupuestos de este año, –52,87 %. Sería interesante que para
todos los fondos relacionados con la ocupación juvenil, la cantidad de
152 millones de euros para Cataluña quedara reflejada, teniendo en cuenta
que en 2014 no ha habido ningún tipo de financiación. Es evidente que
cada una de estas cuestiones son absolutamente necesarias por lo que
representan para capas sociales muy vulnerables; por tanto, la
priorización del conjunto de los presupuestos es la de situarse en el
nivel del año 2011.


También queremos denunciar el incumplimiento sistemático de
la transferencia de las autorizaciones iniciales de trabajo que significa
dar cumplimiento al Real Decreto Ley 4/2013 de apoyo a los emprendedores,
que no se ha completado por falta de voluntad ante la negativa constante
de convocar la Comisión bilateral mixta de transferencias
Estado-Generalitat. Muchas veces se reitera el incumplimiento de
determinadas leyes, pero también el hecho de neutralizar aquellos
mecanismos, aquellos instrumentos que tienen que facilitar el consenso
para poder acordar determinadas políticas es necesario y el consejero de
Empresa y Ocupación de la Generalitat de Catalunya ha reiterado de manera
constante la necesidad de que se reúna esta comisión bilateral.


Por todo ello, nosotros, evidentemente, pedimos el voto a
favor de la impugnación de este veto.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Candini.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
presenta la enmienda 421.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, está claro que nos espera una lenta, muy lenta y
dolorosa recuperación económica; y también una lenta, muy lenta,
recuperación de la creación de empleo. Las heridas que ha dejado la
crisis a una generación entera serán de difícil curación. Ese es el
diagnóstico del Grupo Entesa.


La crisis nos ha hecho más pobres, y sus políticas han
ahondado esta pobreza y han incrementado las desigualdades. Sus políticas
han depositado todo el esfuerzo, todos los sacrificios, en las espaldas
de la clase trabajadora, de los empleados públicos y de las capas medias.
No todos han compartido los sacrificios, y esto ha sido así porque
ustedes, señorías del PP, han querido. Millones de trabajadores y
trabajadoras; los mayores de 45 años no tienen ya ninguna esperanza de
encontrar trabajo. Nuestros jóvenes no tienen ni presente ni futuro
laboral, si no emigran. Ese es el resultado de la crisis, de su gestión,
de sus recortes en políticas de empleo y de su reforma laboral.


Señorías, les voy a dar algunos datos: 3 de cada 10
trabajadores perciben un sueldo inferior al salario mínimo
interprofesional, más de la mitad cobran menos de 1000 euros. La
plantilla media de las empresas españolas ha pasado de 9 a 7 empleados.
1,2 millones de trabajadores han perdido la cobertura del convenio
colectivo. Los salarios de los trabajadores con contrato temporal han
caído un 20 %, los que tienen contrato indefinido, un 5 %. Se han
disparado las horas extras ilegales. Desde 2011 el salario mínimo
interprofesional está congelado. ¿Y cuál es la realidad del empleo? Casi
un 24 % de paro. Y si bien el empleo creció en 150 000 personas respecto
al trimestre anterior, ese es un dato muy marcado por la estacionalidad,
temporalidad, contratación a tiempo parcial, descenso de la población
activa y emigración de nuestros jóvenes.


Señorías, ¿a dónde hemos llegado? Hemos llegado a tener que
contar los contratos por horas y días para justificar las políticas del
Gobierno, para ensalzar el gran éxito de la desregulación laboral. Este
no es el modelo del Grupo Parlamentario Entesa, nuestra apuesta es la del
empleo de calidad, no del subempleo, no de la precariedad, no de la
dualidad del mercado laboral. Según el Partido Popular, ya se contrata
con crecimientos económicos exiguos, y no hay que esperar al crecimiento
del 2 o el 3 % del PIB para crear empleo. Esto son patrañas. La realidad
es que donde









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antes había un contrato indefinido a jornada completa,
ahora hay contratos temporales a tiempo parcial y peor pagados. Si no,
¿cómo se explican que en 2013 se trabajaran menos horas que en 2012,
efecto que se repite en 2014? Señorías, si en una economía caen las horas
trabajadas y también lo hace la población, la producción también debería
estar descendiendo y crecería el PIB real. Yo creo que aquí en España hay
un grave problema estadístico. No puede ser que añadiendo prostitución y
drogas crezca un 1 % el PIB. Está por ver cuáles son los crecimientos
reales de nuestra economía.


¿Qué aportan los Presupuestos Generales del Estado a las
partidas de empleo? Un recorte del 15 % de la partida destinada a la
protección por desempleo; una reducción del 20’ % del Plan Prepara,
aquel famoso plan que iba a solucionar tantas cosas; un incremento, sí,
de las partidas destinadas a las políticas de fomento del empleo, pero
eso sí, con una reorientación, a nuestro entender, equivocada: bonificar
las contrataciones o a las agencias de colocación privadas. Nosotros
creemos que es un error insistir en las bonificaciones empresariales para
la contratación. En la UE todos los estudios demuestran que no es un
instrumento efectivo para combatir el paro, y menos con el gran número de
parados que tiene España. Por ejemplo, la famosa tarifa plana: un
empresario se puede acoger a la tarifa plana sin crear empleo nuevo;
puede contratar y a la vez puede despedir a trabajadores de plantilla que
normalmente tienen salarios más altos. Por otra parte, respecto a la
privatización de las políticas de empleo, se van a dar 110 millones de
euros para estas agencias.


Señorías del Gobierno del Partido Popular, han conseguido
que el factor trabajo sea ya una mera mercancía, una mercancía que va y
viene según la exclusiva lógica del beneficio. Detrás del factor trabajo
ya no hay personas, trabajadores y trabajadoras con sus derechos, con sus
necesidades, con sus esperanzas. Lo que para este Gobierno es mercancía,
para nosotros son personas con su dignidad y derechos. Por ello el Grupo
Parlamentario Entesa presenta este veto.


Gracias por su atención.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Guillot.


Los senadores señores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, presentan la enmienda número
8.


Para su defensa, tiene la palabra el senador señor
Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Muchas gracias, señor
presidente.


Antes he citado a Gramsci y me han llamado
marxista-leninista. Mi compañero Jesús Iglesias ha citado a Darwin y le
han acusado de ser de extrema izquierda, de chavista. No nos tomamos esas
cosas como insultos, no vamos a devolverlos hablando aquí de lo fachas
que son ustedes o no. (Rumores). No nos lo tomamos así, es una
calificación. Efectivamente, algunos somos marxistas, o al menos
intentamos serlo, y no en vano creo que un método de análisis de la
sociedad que nos viene bien ahora para esta sección es el que decía don
Carlos, al que por cierto leen ustedes mucho. De hecho, el libro más
impreso en el mundo después de la Biblia es el Manifiesto comunista, que
también fue el más vendido en la última Feria del Libro en Madrid. Me
imagino que no fue porque lo compró la gente de izquierdas, porque, si
no, esto sería la leche.


Aquí la cuestión es que estos presupuestos son coherentes
con sus políticas de apoyo al capital. La máquina del capitalismo va de
que hay unos señores que tienen que mantener un nivel de beneficios a los
que ustedes les echan una mano haciendo o propiciando políticas que tiren
a la baja los tres aspectos que son parte de la conquista de los
trabajadores. En primer lugar, el ajuste salarial, el ajuste del salario
directo. Ya se ha referido alguno de ustedes a los datos que hay sobre
bajada del salario directo, ese 10 % al que ha hecho mención incluso la
propia Comisión. En segundo lugar, el salario indirecto, la menor
protección social. Y, en tercer lugar, también el salario diferido, que
tiene que ver con las pensiones. En los tres campos ustedes están
aplicando a rajatabla el manual marxista en cuanto a la descripción de lo
que hay que hacer para mantener los beneficios de los señores a los que
ustedes sirven con sus políticas. Y todo esto para poder mantener a un
ejército de reserva —así es como lo llamaba don Carlos— lo
suficientemente amplio como para poder mantenerlo tirando a la baja los
salarios todo lo que sea necesario.


De ahí que no tengan ningún interés en mantener la
protección y la seguridad de aquellas personas que llevan más de dos años
buscando empleo, la protección en la seguridad de las personas que
acceden a un empleo para que pueda tener calidad, la protección y la
seguridad de









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las personas desempleadas, eso sí, aumentando
sustancialmente, incluso por encima de las propias políticas activas de
empleo y del propio presupuesto del servicio público de empleo, la
subvención a las agencias de colocación privada. Por ahí sí hay un
aumento notable de la financiación, así como de los incentivos a la clase
propietaria de los medios de producción para que, a través del dinero
público, puedan mantener su nivel de beneficio, produciendo un trasvase
de renta desde los salarios hacia las rentas del capital.


Esto es lo que ustedes están haciendo, dicho sea todo en
términos marxistas, y lo están haciendo muy bien.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Mariscal.


Para turno en contra, tiene la palabra la señora Peris.


La señora PERIS JARQUE: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, si con alguien coincido, es con el senador
Guillot —como siempre, no lo puedo evitar— en cuanto a que
esta crisis ha sido tremenda, larga, seria, dura, gravísima... Creo que
no tenemos calificativos para describir lo que ha vivido la sociedad
española.


Cuando el Partido Popular entró en el Gobierno el desempleo
crecía a un ritmo de más de un 7,5 % anual. Hemos tenido etapas, como
todos saben, en las que el crecimiento del desempleo ha sido del 12,5 % y
hemos sufrido veintitrés trimestres seguidos con pérdida de empleo.
Evidentemente, ante esta situación, durante tres años el Gobierno del
Partido Popular se ha dedicado, en primer lugar, a parar la bola de
nieve; era una bola de nieve que nos iba a aplastar a todos, y todos
somos conscientes de ello. Nos hemos dedicado a pasar de una recesión a
la situación actual, y dejo que ustedes la describan. Pero hemos empezado
a crecer con una política seria y creíble, con Presupuestos Generales del
Estado como estos y con reformas.


Nos planteamos aprobar los Presupuestos Generales del
Estado para el 2015 en una situación muy distinta a la de hace tres años.
Se está creando empleo muy poco a poco, pero se está creando; están
aumentando los cotizantes a la Seguridad Social muy poco a poco, pero
están aumentando un 2,2 % —este año tenemos más de 500 000
cotizantes—. Este presupuesto se basa en unas proyecciones para el
año que viene que suponen que, en el peor de los casos, finalicemos con
un 22 % de paro. Espero que sea un índice menor, sí, que el Gobierno se
equivoque, pero no porque tengamos más paro, sino menos, como ha sucedido
con las proyecciones realizadas hasta ahora. Por tanto, se ha frenado la
destrucción de empleo y se está creando empleo con tasas de crecimiento
del PIB del 1,5 %. Puede resultar opinable pero resulta que en este país
nunca había ocurrido que, con esas tasas de crecimiento, se crease
empleo.


La sección 19 defiende los objetivos de la protección por
desempleo y de las políticas activas. ¿Por qué? En cuanto a la protección
por desempleo, porque es un derecho subjetivo. Presupuestemos lo que
presupuestemos nadie se va a quedar sin cobrar. Eso lo saben todos los
españoles. No entiendo la crítica insistente si saben ustedes que es un
crédito ampliable. De hecho, en otros años de la anterior legislatura el
Partido Socialista amplió hasta 11 000 millones de euros ese crédito; 11
000 millones de euros más de lo presupuestado inicialmente.


Por consiguiente, señorías, no lo critiquen ustedes tanto
porque se ampliará lo que sea necesario; por supuesto que sí, no
dejaremos a nadie en el camino. Además el Gobierno ha demostrado su
preocupación por las personas que llevan más tiempo en el desempleo, que
tienen cierta edad y que tienen cargas familiares. El acuerdo de julio
del presidente del Gobierno con los interlocutores sociales así lo
demuestra, y vamos a ver cómo se va a crear una protección económica al
mes para estas personas.


Por otra parte, y respecto a las políticas activas, se han
incrementado un 16,5 % respecto al presupuesto anterior, y esto tampoco
les parece bien porque dicen que se destina mayoritariamente a
bonificaciones. Cuando nosotros entramos, reordenamos las bonificaciones
y nos criticaron por ello. Ahora, que estamos estableciendo otra vez
bonificaciones selectivamente, también nos critican, y la verdad es que
resulta un poco curioso.


Nuestro objetivo, señorías, es acortar el tránsito del
desempleo al empleo, y supongo que en eso todos estaremos de acuerdo; y
eso es algo que hemos hecho de forma consensuada y coordinada con las
comunidades autónomas en conferencia sectorial, y además, las políticas
activas se van a someter a evaluación de los resultados. ¿Y cómo se está
actuando? Pues con la estrategia española de activación para el empleo
2014-2016, que ya se plasma en planes anuales









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de empleo, y con el sistema de garantía juvenil. Por tanto,
se ha establecido una línea de trabajo de forma que en una situación
gravísima hemos pasado a un cambio de tendencia, y por mucho que ustedes
quieran negarlo, existe. El cambio de tendencia en el mercado laboral se
ha producido; claro que sí. Estamos mejor, aunque por supuesto que no es
suficiente, que nadie está contento en el Gobierno y que se está
trabajando para que los datos mejoren.


Y frente a ello está la alternativa, y me gustaría destacar
el tema de la contratación indefinida, porque hablan ustedes de
alternativa, de hacer las cosas de otra manera, pero la contratación
indefinida tiene hoy el 76 % del total de asalariados y el 24 % es
temporal. Podemos mejorar, claro que sí, pero es que ustedes están dando
datos alarmantes, y la realidad es la que yo le digo. Esos son los datos,
están ahí, y ustedes también pueden verlos. Estamos en un 8 % de
contratación, que es una tasa que, como todos saben, no es ni muy
superior ni muy inferior a la que ha habido otros años. Por tanto, no
entiendo ese alarmismo y considero que están ustedes utilizando
argumentos exageradamente. Durante la anterior legislatura la protección
por desempleo bajó 10 puntos.


Y en cuanto a las políticas activas me gustaría saber
exactamente cuánto gastaron ustedes en políticas activas y en qué
beneficiaron a los 3,5 millones de parados más que hubo. ¡En nada,
señorías! Y es que está demostrado que gastar más en políticas activas no
significa que se cree más empleo. Eso sí que está demostrado.


Pero, además, me parece curioso que hablen del 2011 como
referencia para hablar de los más de 7000 millones de euros que ustedes
invertían en relación a los más de 4000 que invertimos nosotros, porque
justamente el interanual fue de 600 000 parados más en el 2011. Por
tanto, señorías, está claro que nosotros podemos hacer mejor las cosas,
pero la alternativa era peor y los datos están ahí tomemos el dato que
tomemos.


Pero, además, y teniendo en cuenta que en este país cuando
más ha crecido la desigualdad ha sido de 2007 a 2011, entiendan que vamos
a votar en contra de sus vetos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Peris.


Pasamos a la Sección 20.


El Grupo Parlamentario Socialista presenta la enmienda
número 439.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Alique. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señorías, intervengo en representación del Grupo
Parlamentario Socialista para defender el veto a la Sección 20 de los
presupuestos para el año 2015. Quizá convenga recordar que el señor
Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, dijo recientemente que
la economía europea se encuentra en punto muerto. Y todos sabemos que
cuando la eurozona no avanza la economía española no chuta. Por eso quizá
el gobernador del Banco de España no pueda asegurar que el cuadro
macroeconómico —tremendamente optimista— que presenta el
Gobierno se pueda cumplir, un cuadro macroeconómico, por cierto, que
evidencia que 2015 es un año electoral y que el papel lo aguanta todo,
como cuando ustedes en su programa electoral ponían que se iba a crear
empleo o no iban a recortar en educación, sanidad o dependencia. Pero la
realidad es que hay más paro, más pobreza, más desigualdad, más
precariedad y menos servicios públicos.


Señorías, en este contexto, el próximo año la economía
española se enfrenta a un entorno exterior lleno de incertidumbres que
tendrá un impacto negativo en las exportaciones y también afectará de
manera muy singular a la producción industrial.


El anterior Gobierno socialista, ante el deterioro de la
industria y la pérdida de empleo industrial, puso en marcha el Plan
integral de política industrial 2020 para fomentar la competitividad, la
innovación, la internacionalización, el dinamismo y el crecimiento de
nuestras pymes y apoyar a los sectores estratégicos. El resultado fue que
entre 2010 y 2011 la industria experimentó tasas de crecimiento
superiores a las del periodo de auge económico. Sin embargo, a partir del
2012, con la llegada del Partido Popular al Gobierno y su falta de
política industrial, la industria volvió a contraerse fuertemente.


La propia secretaria general de Industria reconocía
recientemente que han tardado tres años en hacer un diagnóstico de la
situación de la industria. Es increíble, con la que está cayendo, que









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hayan tardado tres años, cuando ese diagnóstico lo tenían
en ese Plan integral de política industrial, que fue consensuado con los
agentes económicos y sociales y también con las comunidades
autónomas.


Ahora dicen que tienen una agenda para el fortalecimiento
de la industria en España, pero no la consensuan con los sindicatos, no
la consultan con las comunidades autónomas y, lo que es más grave, carece
de un cronograma de actuación y de memoria económica; es decir, es un
papel mojado que no va a servir absolutamente para nada. Pero la mayor
prueba de que el Gobierno del Partido Popular carece de una estrategia
integral para reactivar la economía española son precisamente los
programas de la Sección 20 de los presupuestos del Ministerio de
Industria. No ofrecen nada nuevo y copian los programas que heredaron del
Gobierno socialista; eso sí, con recortes de 2 dígitos y unos niveles de
ejecución muy por debajo de lo deseable. A modo de ejemplo, el programa
de desarrollo industrial se ha reducido un 36 % con respecto al año 2011;
el de reindustrialización, un 25,4 %; el de apoyo a la competitividad, un
25,2 %; el programa de I+D+ i industrial, un 43,3 % con respecto al año
2011. Aquí estaríamos hablando también de programas como el aeroespacial,
que se ha reducido un 20 %, el del sector aeronáutico, con una reducción
del 76,5 %, y el de apoyo a la construcción naval, que se ha reducido un
52 % respecto al del año 2011.


En materia energética, si quitamos los 4207 millones de
euros, que representan el 87,5 % del presupuesto de esa área, y que el
Gobierno recauda para financiar los costes del sistema eléctrico, no
existe ningún tipo de programa de entidad para impulsar una política
energética en el marco de la Unión Europea que apueste por las energías
renovables, el ahorro y la eficiencia energética y la cogeneración, que
es una herramienta clave para favorecer la competitividad de la industria
española. Al contrario, sus políticas han consistido desde el inicio en
atacar las energías renovables, abandonar la cogeneración y pasar del
ahorro y la eficiencia energética, hasta el punto de que votaron en
contra de la directiva de eficiencia energética y cuando la traspusieron
solo lo hicieron parcialmente.


Les recuerdo que la Comisión Europea ha criticado al
Gobierno de España, al Gobierno del Partido Popular, en más de una
ocasión por culpabilizar injustamente a las energías renovables y la
cogeneración del déficit de tarifa. Además, eso lo ha hecho el Gobierno
del Partido Popular al tiempo que reconocía sobrerretribuciones
injustificadas a centrales nucleares e hidroeléctricas, que cobran
anualmente miles de millones de euros gracias a la explotación de
inversiones ya recuperadas hace años, es decir, que están plenamente
amortizadas.


En definitiva, y termino ya, señorías, estos presupuestos
demuestran que el Partido Popular no tiene proyecto de país, porque,
díganme en qué futuro económico están pensando, si es que piensan en
alguno. Apostar por un modelo económico basado en salarios bajos o muy
bajos, en recortar en educación o en I+D+ i es apostar por el peor modelo
para España, es hipotecar nuestro futuro. Por eso, el Grupo Socialista
presenta este veto a la sección 20.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto a la sección 20, del Grupo Catalán en el
Senado Convergència i Unió.


Tiene la palabra el senador Sedó.


El señor SEDÓ ALABART: Muchas gracias, presidenta.


Antes de pasar a la defensa del veto a esta sección de
Industria, permítanme una referencia a la afirmación del senador Luis
Peral sobre los presupuestos de la Generalitat, porque en una Cámara
parlamentaria se pueden aceptar diferentes puntos de vista, diferentes
opiniones, se pueden aceptar errores, pero no se puede aceptar que se
digan mentiras. Y los presupuestos de la Generalitat están en castellano
y fueron publicados en el Diari Oficial de la Generalitat el 30 de enero
de 2014. Si usted no los puede encontrar en la página web —se
consigue poniendo en castellano en Google: presupuestos de la
Generalitat—, no se preocupe. Se los he enviado por correo
electrónico. Y tampoco se preocupe, porque los estudiantes y alumnos
catalanes cuando terminan sus estudios pueden encontrar perfectamente los
presupuestos en catalán, castellano o inglés; y los entienden
perfectamente. Por tanto, no faltemos a la verdad y ciñámonos a la
realidad.


Paso a la sección de Industria, Energía y Turismo, a la que
también presentamos un veto. El portavoz de nuestro grupo en la Comisión
de Presupuestos hizo brillantemente una exposición al









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veto general. Pero ¿por qué también lo presentamos en esta
sección? Porque estos presupuestos no son una apuesta por la economía
productiva; no lo es para la industria y no lo es para la exportación y
los mercados exteriores, que están tirando de la tímida recuperación
española. Apoyar la industria no significa solo que haya programas que
fomenten la industrialización, la concentración empresarial, la
innovación, el desarrollo tecnológico, la especialización industrial, o
la internacionalización, que se tienen que fomentar mucho más, como luego
diré, sino también fomentar todos aquellos aspectos que afectan
directamente a la industria, especialmente las infraestructuras o el
precio de la energía. Y en estos temas el Gobierno no solo tiene un
suspenso, sino que no intenta conseguir siquiera el aprobado.


Con respecto a la financiación empresarial, valorando que
las empresas han de tender a la búsqueda de fórmulas de financiación no
tradicional —el Gobierno está trabajando en ello y lo
reconocemos— y que nos tenemos que acercar a la media de nuestros
países vecinos europeos, mientras la financiación bancaria sea la
tradicional tenemos que garantizar el acceso al crédito a las empresas
españolas, especialmente a las pymes. Y en eso ustedes no ayudan, salvan
bancos pero no salvan empresas, o solamente a algunas, por tanto, no
salvamos personas. Y sin salvar empresas no podemos ayudar a la creación
de puestos de trabajo, porque las que los crean son las empresas,
especialmente las industriales y la pequeña y mediana empresa.


En cuanto a las infraestructuras, queda muy claro que no
apuestan por promover aquellas que apoyan a los sectores industriales.
Ustedes construyen unos AVE que no van a ninguna parte, pero no apoyan
suficientemente los corredores ferroviarios de mercancías, los accesos a
puertos y centros logísticos o la liberalización de la gestión
aeroportuaria, que fomentaría la competencia y favorecería la reducción
de costes a las empresas. Menos inversiones populistas y más inversiones
productivas.


En relación con la energía y su coste, la reforma que
presentaron a finales del pasado año se ha mostrado ineficaz para las
empresas. Se han cargado la cogeneración básica para la mediana empresa
productora, así como para aquellas que usan los residuos para la
generación de energía. Y el poco apoyo que reciben las grandes empresas o
zonas industriales de gran demanda energética no les permite ser
competitivas.


Estos presupuestos no ayudan al sector industrial a
fomentar la inversión en bienes de equipo; no ayudan a fomentar la
innovación; no ayudan a facilitar a la industria el acceso al crédito; no
ayudan a reducir los costes logísticos; no ayudan a reducir los costes
energéticos.


Y en cuanto al turismo, uno de los ejes importantes de la
economía española, el aumento del presupuesto que permite mantener las
mismas tasas no es suficiente para mantener el liderazgo en este sector
global para España. Falta un apoyo más decidido para este sector.


Nos hablan de unos presupuestos para industria y energía
que aumentan el 4,3 %, pero el 70 % corresponde a las partidas para
financiar determinados costes del sistema eléctrico.


Por estas razones, no podemos aceptar los presupuestos en
Industria, Energía y Turismo y presentamos este veto.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto a la sección 20 de los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes.


Tiene la palabra el señor Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.


El presupuesto de la sección 20 demuestra que el ministerio
es realmente un ministerio de electricidad, más que de otra cosa, ya que
el 70 % del presupuesto sigue dirigido a sufragar el coste del sistema
energético; de hecho, se produce un incremento de 54 millones respecto de
las previsiones iniciales del ejercicio en que nos encontramos.


Mientras tanto, vivimos una realidad en la que la
priorización de sostener el sistema energético no tiene
contraprestaciones para el conjunto de la sociedad. El ejemplo más claro
es que la privatización de Endesa en su día abre hoy un escenario que
permite a la empresa privatizada repartir 14 606 millones de euros en
dividendos, de los que 13 345 van a ENEL, la empresa adquirente, que
además obtendrá otros 4000 millones por la salida a bolsa de un 22 % del
capital de Endesa. Entre 2008 y 2014, ENEL recibió 26 500 millones de
euros en dividendos, y ahora, estos 4000. Es decir, el resultado es que,
conservando el 70 % del capital, ha recuperado la mayor









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parte de su inversión, más del 70 %. Entre tanto, el 15 %
de los españoles sufren pobreza energética y el gasto medio por hogar,
según la patronal de la energía, asciende a 600 euros/mes, lo que es un
problema para esos ciudadanos, aunque la patronal energética diga, no sin
razón, que no se trata de su problema sino solo de una manifestación más
del problema de la pobreza en nuestro país.


En este presupuesto la restructuración de la minería del
carbón tiene una consignación 39 millones por debajo de la del pasado
ejercicio, con lo cual, difícilmente se van a poder cumplir las
sentencias. El secretario de Estado y luego el ministro dijeron que están
cumpliendo la sentencia revisando los expedientes, y que habrá un
mecanismo para dar ciertas ventajas al carbón nacional en 2015, pero que
este será de carácter extrapresupuestario, lo cual acabará repercutiendo
en los costes.


Para el desarrollo industrial habrá una reducción de 41
millones. Sigue como plan estrella el plan PIVE, y se priorizan los
sectores aeronáuticos, el espacial, el de defensa y el naval. La mayor
parte de las consignaciones son para préstamos y apoyo a la
internacionalización.


Por otro lado, aunque ha habido un aumento del turismo,
como dijo algún portavoz con anterioridad, está cayendo el gasto medio
por turista extranjero, lo cual exige revisar estrategias e incluso
analizar la necesidad de un cierto riesgo de reconversión en algunas de
las inversiones en materia turística que se han producido en los últimos
tiempos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para la propuesta de veto a la sección 20 de los senadores
Guillot y Saura, tiene la palabra el señor Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyora presidenta.


Antes, el senador Luis Peral ha hecho referencia a que los
presupuestos de la Generalitat no están en castellano, pero sí en catalán
y en inglés. A mí no me gusta; pero menos me gusta que la segunda y
tercera reformas de la Constitución española solo se hayan publicado en
castellano, cuando la Constitución está en cinco lenguas.


Yendo al veto a la política industrial, les diré que en
esta legislatura no ha habido política industrial, y menos,
evidentemente, con el presupuesto que presenta el Gobierno. Y, señorías,
sin políticas incentivadoras de la actividad industrial y manufacturera
no habrá salida de la crisis. Pues bien, el Gobierno recorta en estos
presupuestos un 10 % de las partidas destinadas al desarrollo industrial.
Se congelan los incentivos regionales al desarrollo industrial, disminuye
un 16 % la partida destinada a la explotación minera, y se dejan
totalmente abandonadas las políticas que apuestan por las energías
limpias. Ya se han perdido en el sector industrial 800 000 puestos de
trabajo, y el sector va declinando su aportación al PIB. Es cierto que el
presupuesto de Industria y Energía crece el 4,3 %, pero no es menos
cierto que un 74 % corresponde a partidas destinadas a financiar el
sistema eléctrico.


Estos presupuestos convierten en papel mojado la agenda
para el fortalecimiento del sector industrial en España que el ministerio
remitió a los agentes sociales. Señorías, si en este país hay una
situación vergonzosa, injusta e insostenible es nuestro sistema
eléctrico, verdadero oligopolio en perfecta colusión con los poderes
políticos. El último ejemplo es el proyecto Castor y los 3400 millones de
euros que habrá que devolver a Florentino Pérez, un escándalo mayúsculo
que nos debería avergonzar a todos. Tenemos una industria, tenemos un
sector eléctrico que depende del carbón, y este Gobierno a su vez es
beligerante con las energías renovables. En España existe ya una severa
pobreza energética. Nuestro sistema energético resta competitividad, es
contaminante y oneroso. Frente a ello no hay una apuesta decidida por
parte del Gobierno. ¿Qué es lo que el senador Saura y yo creemos que
habría que realizar como apuesta para el lanzamiento industrial?
Reactivar el consumo de bienes industriales; mejorar la competitividad de
los factores productivos; garantizar el suministro energético estable,
competitivo y sostenible; reforzar la estabilidad y uniformidad del marco
regulatorio español; apostar por el I+D+i; apoyar el crecimiento y la
profesionalización de nuestras pymes; adaptar el modelo educativo a las
necesidades de las empresas; aumentar el peso de la financiación no
convencional a las empresas industriales; apoyar la internacionalización
de las empresas industriales; y, por último, optar por la diversificación
de mercados.









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Evidentemente, nada de esto se contempla en estos
Presupuestos Generales del Estado por lo que vamos a pedir su apoyo al
veto.


Gràcies, senyora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


En turno en contra, tiene la palabra el senador
Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Gracias, señora presidenta.


Creo que todos estaremos de acuerdo en que la sección 20 es
una de las más importantes de los presupuestos porque trata materias
tales como la industria, la energía, el turismo o las telecomunicaciones,
que juegan un papel clave en el proceso de recuperación de la economía
española y tienen que aportar en los próximos años soluciones a los
principales retos que afronta nuestro país. Pero una vez que se han leído
los vetos no se saca esta conclusión, porque lo que se ve es que han sido
elaborados con desgana, sin convicción, para cubrir el expediente y
porque el guion dice que hay que oponerse. No es de recibo que los
señores de CiU despachen esta sección tan importante con dos líneas, como
tampoco lo es que el Grupo Socialista vuelva a emplear las generalidades
que viene repitiendo a lo largo de toda esta legislatura, ni que los
senadores Guillot y Saura hayan presentado una versión abreviada del veto
de los senadores Iglesias y Mariscal. Eso sí, tengo que decir que los
cuatro vetos tienen una gran pobreza argumental.


El año pasado concluía mi intervención en los vetos
diciendo que el año 2014 iba a ser el de la recuperación económica y la
creación de empleo. Entonces, ante la incredulidad de la oposición, ante
ese cuadro macroeconómico —al que hacía alusión hace un momento el
senador Alique—, en el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular
decíamos que este año nuestra economía iba a crecer el 0,7 %. Ahora,
cuando ese vaticinio se ha confirmado —el propio ministro lo ha
dicho esta mañana desde esta tribuna—, en 2015 vamos a crecer el
1,3 %. Pues bien, cuando se han reconducido los desequilibrios económicos
después de estos tres años, a diferencia de los tres presupuestos
anteriores que hemos tenido que aprobar, en estos se refleja el cambio
favorable que se ha producido en el contexto económico, y por eso la
sección 20, del Ministerio de Industria, aumenta en más de 900 millones,
un 12,52 % respecto del correspondiente al año 2014, que es uno de los
principales incrementos en términos porcentuales. Y este cambio favorable
en las cuentas de la sección 20 se debe a todas las medidas tomadas y a
todas las reformas implementadas a lo largo de estos tres años por parte
del Gobierno, que son las que han permitido crear las bases para iniciar
esa senda de crecimiento económico y, en definitiva, para crecer y crear
empleo.


En los vetos a esta sección se vuelve a decir —lo
hemos escuchado también en las intervenciones— que el Gobierno
carece de una estrategia integral para reactivar la industria. Señorías,
la mejor política industrial que se ha podido hacer durante estos tres
años ha consistido, primero, en evitar el rescate, en que perdiéramos la
soberanía; segundo, en acertar con el diagnóstico, en contar con un
proyecto a largo plazo para corregir los desequilibrios económicos
heredados; y, por último, en aplicar las políticas correctas. Y todo eso
lo ha hecho el Gobierno en su conjunto, es decir, no solo el Ministerio
de Industria, sino también hacienda, trabajo, medio ambiente, energía,
comercio, economía, fomento, etcétera. Y gracias a esa gestión hemos
pasado de ser un problema de Europa y del mundo a convertirnos en el
modelo que otros quieren seguir. Y ahora, cuando se ha logrado cambiar el
rumbo, porque todos los indicadores nos dicen que la tendencia de nuestra
industria es positiva y estamos saliendo de la crisis, es cuando se ha
podido realizar un diagnóstico real de la industria, porque el plan
industrial que nos dejaron no reflejaba la situación de la industria que
salía de la crisis. Se ha podido aprobar esa agenda para el
fortalecimiento del sector industrial, que ha sido consensuada con los
ministerios y sectores, que es la que recoge las medidas realistas que
esos sectores han demandado como necesarias, una agenda que, como nos
decía el otro día la secretaria general de Industria en su comparecencia,
ya tiene ejecutadas el 70 % de las medidas.


Señorías, el presupuesto de industria y pyme aumenta el
14,67 % y es suficiente para que el sector industrial se convierta en un
motor de nuestra economía y alcance el objetivo que ha establecido la
Unión Europea para que en el año 2020 el 20 % del PIB sea de la
industria. Es un









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presupuesto con el que se hace una apuesta firme y decidida
por la reindustrialización, por el fomento de la competitividad y la
modernización de las pymes industriales.


Por su parte, el presupuesto de energía crece el 6,71 %, no
el 4,3, como decía el senador Sedó. Son datos objetivos. Este presupuesto
todavía está muy lejos del correspondiente al año 2011, pero se ha
demostrado que lo importante no es contar con más dinero, como tenía el
Gobierno anterior, sino la política energética que se implanta. Porque
con el Gobierno anterior, con más dinero, nos subieron la luz una media
del 8,5 % entre los años 2008 y 2011, nos dejaron la energía más cara del
continente, y nos dejaron un déficit de tarifa de 30 000 millones, que
crecía —esto era lo grave— cada año en 10 000 millones. En
definitiva, nos dejaron un sistema eléctrico al borde de la quiebra,
mientras que el actual Gobierno, sí, con menos dinero, pero utilizando
todos los instrumentos a su alcance, ha implementado un modelo energético
basado en el ahorro energético y en el ajuste de los costes que ha
permitido que la luz el año pasado haya bajado el 3,7 %; y se prevé que
este año esa caída vaya a ser superior. Y ha permitido que tengamos un
sistema eléctrico sostenible, equilibrado, sin déficit de tarifa.


Tengo que decir que una vez leídos los vetos no podemos
aceptar que se diga que en estos presupuestos no se destina ni un euro a
las energías renovables. Yo creo que eso refleja que no se los han leído,
porque de los 4827 millones de la Secretaría General de Energía, 4207
millones van destinados a financiar los costes del quebrado sistema
eléctrico que otros nos dejaron. Y de los 620 millones restantes, una
parte muy importante va destinada a la eficiencia energética para lograr
el ahorro —porque la mejor energía es la que no se consume—,
para que podamos producir igual o más con menos energía, a la lucha
contra el cambio climático y a cumplir con lo acordado con las empresas y
los sindicatos en el plan del carbón que este Gobierno firmó hace unos
meses.


Señorías, estos presupuestos, junto con el paquete de
reformas que el Gobierno está afrontando, están poniendo los mimbres para
que aumente el peso de nuestra industria en el PIB —hay que
recordar que en la pasada legislatura cayó en 4 puntos— y para que,
como decía, en el año 2020 el 20 % del PIB sea de la industria.


En definitiva, son unos presupuestos para que podamos
contar con un sector industrial fuerte y se pueda crecer y crear empleo,
que es lo importante.


Nada más. Muchas gracias. Y anuncio que votaremos en contra
de los cuatro vetos. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuestas de veto a la sección 23.


Para defender el veto del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el senador Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señorías, para comenzar la argumentación de este veto
empezaré por el final. Yo definiría el presupuesto correspondiente a la
sección que afecta a los sectores agrario, pesquero, alimentario y
medioambiental que ustedes presentan ante esta Cámara como ficticio y
deficiente; o sea, que en principio, para empezar, suspenso. Sus cuentas
les definen perfectamente como incompetentes para gestionar este
departamento, olvidándose de que este sector es uno de los pocos que está
tirando de la economía del país.


Señorías, ustedes, allá por donde pueden, manifiestan que
este presupuesto para el ministerio de la señora García Tejerina se ha
incrementado el 12,27 %, con 1203 millones de euros más que el año
pasado. Y así dicen que garantizan la sostenibilidad financiera y que
además es el ministerio que mayor aportación porcentual recibe. Pero no
dicen por qué han incrementado esta partida. Tienen que decir que se han
visto obligados por Europa a hacerlo, ya que, si no, España perdería la
financiación europea —dicho sea de paso, es la que les indica qué
partidas tienen que poner—. Por tanto, el incremento que ustedes
proponen lo exige Europa. Por eso, por nada más, no porque se hayan dado
cuenta después de tres años de las necesidades del sector, sino
simplemente porque Europa les ha dicho: o suben esto o cortamos el grifo.
Y ustedes, como siempre que Europa les dice algo, se ponen firmes, dicen
que a la orden, y hacen lo que allí les dicen.


Les decía que es un presupuesto insuficiente, porque ni
siquiera así consiguen compensar los recortes que en los últimos años
llevan haciendo. Además, es irreal, porque ante la falta de previsión
presupuestaria del ya caducado señor Cañete, han presentado algo
irrealizable. No voy a entrar en las enmiendas específicas, que
presentarán excelentemente mis compañeros del









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Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Coves y el
senador Toledo, pero debemos constatar que su presupuesto es un recorte
más. En las partidas de agricultura hay una reducción; es insuficiente el
presupuesto en pesca; hay una degradación más en medioambiente; y una
inexistencia del presupuesto en cambio climático. Eso sí, es un
presupuesto, señorías, con un evidente sesgo privatizador y
mercantilista. No nos gustaba nada cómo estaba actuando el decadente
señor Cañete y tampoco nos satisface nada cómo está ejerciendo la señora
Tejerina. Se está olvidando del sector y, lo que es peor, lo está
deteriorando más, si cabe. Con estos presupuestos ustedes se están
enfrentando con la agricultura, con la pesca, con la ganadería y con el
medioambiente. Ustedes están llevando a este sector a una política de
inacción, de desprotección, de empeoramiento y de abandono. Sí, señorías,
negligencia y desatención que están provocando el desánimo de los
profesionales. Esto es lo que generan sus números para 2015, porque se
darán cuenta de que sus cifras no solucionan problemas. Por mencionar
algunos datos, no resuelven el dilema de los precios justos; no corrigen
el tarifazo eléctrico del regadío; no subsanan las pérdidas de la nueva
PAC; no contemplan los efectos meteorológicos extremos; no financian los
programas de mercados agrarios ni la sanidad agraria ni la calidad
alimentaria; no apuestan por el desarrollo sostenible y los recursos
pesqueros; no arbitran ayudas para paradas temporales de la flota; Y no
garantizan las rentas y el bienestar de los verdaderos profesionales del
campo y la mar. Eso sí, bajan los estándares normativos en materia de
reciclaje, de residuos y de contaminación y favorecen que se siga
haciendo negocio con el medioambiente, con las costas, con los parques
nacionales y con el agua. Solo son unos ejemplos.


Señorías, si ustedes tendrían que estar hasta insatisfechos
con sus cuentas, pero van a piñón fijo, no se han leído la memoria, que
dice que estos presupuestos no están suficientemente dotados para
conseguir sus objetivos y muy por debajo de las necesidades reales. Menos
mal que estos van a ser los primeros y los últimos presupuestos de la
señora García Tejerina, porque, si no, no sabemos qué sería del sector
agrícola o del piscícola, del sector pecuario o del alimentario. Menos
mal que serán los últimos.


Señora presidenta, para acabar, sus números no garantizan
el sector ni mucho menos generan empleo; continúan con el abandono del
campo y el desamparo de la mar, que ustedes ya comenzaron a orquestar con
sus cuentas de 2012, que están poniendo negro sobre blanco y diciendo lo
alejados, lo ajenos, que ustedes están de los problemas que tienen los
españoles que se dedican a estas artes. Pero, según los últimos datos,
los ciudadanos ya les están viendo el plumero.


Los socialistas creemos que su apuesta para 2015 debería
haber sido más ambiciosa y con mayor esfuerzo, con más inversión, con más
modernización, con más financiación, con más empleo y, sobre todo, con
más igualdad; pero, claro, con ustedes esto es imposible, porque siguen
obsesionados con el déficit. Por eso no se fijan en las verdaderas
necesidades para 2015 y proponen al sector unos presupuestos de ciencia
ficción. Por ello, los socialistas presentamos este veto a la sección 23
del Proyecto de Ley de presupuestos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto de la sección 23 del Grupo Catalán
Convergència i Unió.


El senador Plana tiene la palabra.


El señor PLANA FARRAN: Gracias, presidenta.


El Grupo Catalán Convergència i Unió presenta este veto a
la sección 23; una sección que creemos que es fundamental y lo ha
demostrado en su propia actuación y comportamiento el sector
agroindustrial, pero que no se ve reflejado en las partidas
presupuestarias.


Déjenme decirles que si en los anteriores presupuestos
ustedes han justificado que ha habido una aportación suficiente, en este,
en el que —tal como ha explicado el senador que me ha
precedido— se ven obligados a incrementar las aportaciones
presupuestarias debido a la obligatoriedad establecida por los fondos
entregados por la Unión Europea, lo que van a hacer ustedes aquí es
contarnos grandezas y cosas que no se ajustan a la realidad.


Tengo que decirles que el 55,5 % de los fondos provenientes
de Europa van destinados al departamento, en este caso al Ministerio de
Agricultura, y que el 80,9 % de la totalidad presupuestaria de esta
sección viene de fondos europeos, estableciendo, por una parte, casi la









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igualdad del año anterior en lo que se refiere a los fondos
Feaga y, por otra parte, un incremento del 60,9 % de los fondos Feder.
Ahora bien, aquí veremos la función que quiere ejercer el Ministerio de
Agricultura de recentralización. Ha reducido un 74 % las aportaciones a
los planes de desarrollo rural. ¿Y esto qué implica? Una cofinanciación
superior por parte de las comunidades autónomas para poder llegar a estos
planes de desarrollo rural.


Hay comunidades autónomas —y ha pasado en años
anteriores— que no han podido cofinanciar estos programas. ¿Qué
función debería tener el ministerio? No inmiscuirse en las competencias
exclusivas que tenemos las comunidades autónomas, como establecen los
diferentes estatutos de autonomía; lo que deberían hacer es ser capaces
de redistribuir y en aquellas comunidades autónomas, en aquellos
territorios donde hay una voluntad de incorporar estas ayudas que vienen
de Europa, que se pudieran redistribuir y que no llegáramos a ese punto
en que se tienen que devolver estas ayudas, porque al fin y al cabo lo
único que se hace es fundamentar esta reducción grande, taxativa, del 74
% de las aportaciones económicas para el próximo PDR estatal. De esta
manera ustedes podrán justificar que el ministerio debe recuperar
competencias porque las comunidades autónomas no son capaces de gastarse
o de hacer estas inversiones. Este es un argumento que no solo se ve en
la sección de Agricultura. Es una política de fondo que se está
estableciendo por parte del Gobierno del Estado español.


Vayamos con algunos detalles. En los presupuestos de esta
sección no se fijan políticas para la incorporación de nuevas
generaciones en el campo español, en el sector agroindustrial. No se
estimula la innovación ni la transferencia de competencias, en este caso,
para que podamos aplicar la I+D+i dentro del horizonte 2020. Estas
cuestiones son fundamentales, pero no se promueven acciones dirigidas a
adaptarse a los retos que se desprenden del cambio climático en lo
referente a esta sección.


Finalmente, un punto fundamental. Este verano, en agosto,
hemos tenido el veto ruso. Los productores han tenido una crisis de
precios muy fuertes y no ha habido, no se ve, ninguna partida que vaya,
no ya a fijar unas aportaciones dinerarias como mínimo, sino a ayudar a
reducir las tasas impositivas, tanto en la producción —el tarifazo,
como se ha hablado— como en los módulos del IRPF para los
productores agroindustriales. Y esto no es una cuestión presupuestaria,
es una cuestión de voluntad. Y vuelvo a recordarles —se lo
recordaré siempre— el sometimiento que hay, en este caso, del
Ministerio de Agricultura a las directrices fijadas por el Ministerio de
Hacienda. El orden de prelación por parte de este Gobierno para dar
preponderancia al sector agroindustrial está en la cola.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya a la sección 23.


Senador Boya, tiene la palabra.


El señor BOYA ALÓS: Gracias.


Señorías, muy telegráficamente, porque voy a compartir el
tiempo con el senador Saura.


Ya se han avanzado algunas cuestiones que nosotros también
compartimos en la defensa de este veto. El portavoz del Grupo Socialista
ha explicado con mucha claridad la trampa que esconde el aumento
porcentual de este presupuesto y, por tanto, no necesito extenderme en
ello.


Sí quisiera hacer hincapié en algunas cuestiones que a
nosotros nos parecen sustanciales. La primera es que, efectivamente, a
pesar de ese aumento trampa, el presupuesto sigue siendo un 18 % menor
que el que teníamos en 2012. Por tanto, desde esta perspectiva, el
esfuerzo del Gobierno es débil, absolutamente débil, frente a los retos
que tiene nuestra agricultura y, sobre todo, el mundo agrario que, como
ustedes saben, en estos últimos años ha perdido un 23 % de su renta,
motivos suficientes como para dedicarle a este presupuesto algo más de
recursos.


Hay partidas vitales para la articulación de una política
agraria que quedan gravemente tocadas en este presupuesto: el ámbito de
la sanidad, de los mercados agrarios, de la industria agroalimentaria y
de la calidad alimentaria. Quiero subrayar esta materia, porque me parece
muy importante, a tenor de los debates que hemos mantenido en esta Cámara
relativa a la volatilidad de los precios agrarios, seguramente, el
problema más grave que tiene hoy nuestra agricultura. Ustedes han alegado
de forma muy insistente que este mecanismo, el de la Agencia de
Información y Control Alimentarios era el mecanismo que debía,
precisamente, abordar este problema y









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hacerlo con eficacia. Fíjense ustedes qué credibilidad
tienen en esta materia cuando esta agencia mantiene exactamente los
mismos escasos 5 000 000 de euros que tenía la Agencia del aceite. Yo
creo que esto define absolutamente el tenor de este presupuesto.


Además —ya ha hablado también el senador Plana sobre
ello—, el veto ruso ha impactado sobre nuestras economías agrarias
de una forma, permítanme expresarlo así, brutal. Y este presupuesto no da
ninguna respuesta a ese problema, como tampoco lo hace respecto a los
seguros agrarios, que siguen congelados.


Tarifazo eléctrico, recorte a los fondos del PDR, etcétera.
Señorías, estas son razones más que suficientes para anunciar nuestro
veto a este presupuesto y también el voto favorable al resto de los
vetos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Esta mañana he explicado en el veto al presupuesto global
las razones de por qué considerábamos que este presupuesto era
ecológicamente insostenible. Solo quiero hacer referencia a un aspecto.
En estos momentos creo que hay en el mundo dos grandes problemas, y no lo
digo yo, lo dicen las Naciones Unidas y todos los organismos
internacionales: la pobreza y el cambio climático. En todos los países de
la Unión Europea hay ministros exclusivos de cambio climático que
dinamizan políticas transversales en industria, transportes y
agricultura. El único país importante que no tiene exclusivamente un
ministro de medioambiente es España. Es más, si ustedes se leen los
discursos de Obama, de Merkel o de Hollande en los debates de política
general anuales verán que citan el cambio climático, lo priorizan y
proponen propuestas en relación con él. Pues todo esto no existe en
España. Incluso la única partida que hay de 815 millones en el año 2011
ha quedado reducida a la mitad.


Por tanto, estas son razones suficientes para el veto.
España necesita una política contundente, transversal, consensuada con
los agentes sociales desde el punto de vista del cambio climático. Esto
está ocurriendo en todos los países pero en España aún no. Y les he dicho
esta mañana que precisamente hace una semana la Agencia Europea de Medio
Ambiente ha hecho un informe durísimo contra la gestión del ex ministro
Arias Cañete porque dice que no solo España no va a alcanzar los
objetivos previstos en 2020, sino que ni siquiera está en la senda de
lograr esos objetivos. Por tanto, les pido su voto y sobre todo que hagan
todo lo posible para que España también se incorpore a la lucha de uno de
los dos principales problemas del mundo: el cambio climático.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Propuesta de
veto de los senadores Iglesias y Mariscal a la sección 23.


Tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Buenas noches de nuevo. Antes
de entrar en el contenido del veto quiero aclarar una cosa, porque se han
hecho referencias al presupuesto de Asturias. Concretamente se me ha
dicho de forma expresa que los de Izquierda Unida estamos sustentando al
Gobierno de Asturias. En primer lugar, no estamos sustentando al Gobierno
de Asturias. Hemos apoyado la investidura. En segundo lugar, el
presupuesto de la comunidad autónoma se va a sacar con los votos del
Partido Popular, que ya ha comprometido su respaldo. Por tanto, cualquier
reclamación relacionada con los presupuestos de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, por favor, trasládenla a los senadores del
Partido Popular, que están en muchas mejores condiciones que yo para
conseguir su mejora.


Agricultura. El incremento fundamental se produce por las
aportaciones superiores de la PAC, que permiten incrementar las
transferencias a comunidades autónomas y empresas a través del FEGA para
desarrollo sostenible. Hay que felicitarse de que haya más fondos de la
PAC, pero luego hay que preguntar cómo se van a distribuir porque desde
esta comunidad autónoma a la que









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represento, Asturias, hay serias discrepancias con los
criterios que se están aplicando para la distribución de los mismos en lo
que afecta a la agricultura y ganadería de montaña.


Las subvenciones a las producciones agrarias con
aportaciones del Feaga se incrementan en 20 millones de euros, pero,
desde luego, ello resulta insuficiente para regular los mercados
agrarios. No es posible dar garantías a los productores en el país de la
Unión Europea de los Quince donde, salvo Portugal, tiene los precios más
bajos en alimentos salvo el pan y los cereales, y no porque los márgenes
de las grandes comercializadoras sean pequeños porque hay productos que
entre el productor y el consumidor llegan a tener un incremento de un
1000 % simplemente porque hay pocos mecanismos de intervención en el
mercado.


Otros portavoces han destacado lo del veto ruso. Nos decía
el secretario general de Agricultura que este es un problema de la Unión
Europea que tiene que resolver la Unión Europea, y es cierto, pero es un
problema de los productores españoles y el Gobierno no les puede dar la
espalda.


Prevención de riesgos en producciones agrarias. Se congelan
las cuantías. Hay producciones con coberturas muy bajas que en algunos
casos están en torno al 15 %. Por contra, se está produciendo una subida
de las primas porque aumentan los riesgos.


Medioambiente. Reitero lo manifestado por otros portavoces.
Insuficientes consignaciones en materia de cambio climático. Aumentan los
daños en las costas como consecuencia de los temporales que ese cambio
climático está generando y, además, la normativa de la Ley de costas y el
reglamento han autorizado y permitido prolongar las concesiones.
Aumentan, por tanto, los riesgos para quienes allí se asientan.
Depuración, saneamiento, residuos y aire, son motivo de expedientes por
parte de la Comisión Europea. Incrementar en 24 millones las
infraestructuras medioambientales no va a ser suficiente para resolver
estos problemas.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno en contra.


Tiene la palabra la senadora Larriba.


La señora LARRIBA LEIRA: Gracias, presidenta.


Señorías, en materia de agricultura, pesca y alimentación,
estos presupuestos generales para el ejercicio 2015 dan continuidad a las
líneas políticas que el Gobierno se ha marcado en su programa electoral.
Todos los servicios se han mantenido o reforzado, y, para ello, el
ministerio ha aumentado sus fondos en el subsector Estado, en un 18 %, y
en los organismos autónomos y la Aemet en un 11 % más. Esto es lo que
hace creíble a este presupuesto, que la oposición tilda de irreal en sus
vetos.


El Grupo Socialista se queja de que las políticas
agrícolas, pesqueras y alimentarias no son primordiales para este
Gobierno. Se olvidan de las importantes reducciones, mayores del 20 %,
que el Gobierno socialista aplicó en un contexto económico que no
consideraba de crisis. Se olvidan de los más de 350 millones de euros en
compromisos y sanciones comunitarias por incumplimientos medioambientales
que dejaron sin pagar y que han lastrado al ministerio y al sector
durante estos tres años. Se olvidan de que, a pesar de todo ello, el
presupuesto que el Gobierno nos presenta hoy supera el que destinaron
ustedes en 2011.


Critican el programa destinado al desarrollo rural y a la
denominada regla n+2. Permítanme que aclare que la dotación de este
programa se ha adecuado a las necesidades manifestadas por las
comunidades autónomas, que se han ido incrementando y han encontrado en
este Gobierno el respaldo financiero suficiente. En el ejercicio 2013
fueron 60 millones de euros. En 2014 aumentó un 119 %. Y para el próximo
año ascenderá hasta los 212 millones de euros. No se desatienden las
políticas de I+D+i, la formación de los profesionales ni el fomento del
asociacionismo. Aumentan las ayudas a la innovación y el desarrollo en
materia agroalimentaria y a la formación de capital humano en más de un
63 %. Y para el fomento del cooperativismo, el departamento destina, no
una, sino dos líneas presupuestarias que superan los 9 700 000 euros.


El seguro agrario mantiene la dotación del ejercicio
anterior, con 200 millones de euros. Sin duda, queda tarea por delante en
la universalización del seguro agrario, pero contamos ya con hitos
positivos que marcan el camino. La contratación de pólizas, a través de
la figura de la entidad asociativa se ha incrementado, dato que revela
una mayor producción asegurada en determinados sectores y el crecimiento
del cooperativismo.









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Para el ejercicio 2015 se contempla, por primera vez, el
fraccionamiento del pago de las pólizas, para ayudar a los agricultores a
que puedan hacer frente al pago de las suyas. La subvención a los
módulos, globalmente considerada, se ha visto disminuida, no solo por
parte del Estado, también de las comunidades autónomas, incluida, por
cierto, Andalucía, que la eliminó. Sin embargo, ha tenido efectos
positivos, como el descenso en el coste de las tarifas de las
aseguradoras y una reducción de los gastos de administración y
adquisición de Agroseguro.


Se incrementa el presupuesto de la Secretaría General de
Pesca para el próximo ejercicio en 10 millones de euros. La planificación
y ordenación de nuestra flota está enmarcada en las políticas pesqueras
comunitarias. Por ello, las ayudas a los programas operativos de la Unión
Europea, como las que se destinan a las paralizaciones de la flota, están
sujetas al reglamento del FEMP, que limita su concesión, tanto en tiempo
como en importe.


En cuanto al FEMP, permítanme destacar que España recibirá,
para el periodo 2014-2020, 30 millones más que en el periodo anterior, lo
que nos convierte en el primer país perceptor de los fondos comunitarios
de pesca a pesar de que ha aumentado el número de países en el reparto.
Gracias a ello y a la buena gestión del Gobierno, se asignarán más de 3
millones de euros para que las comunidades autónomas puedan cofinanciar
estos programas.


Quisiera aclarar que en el programa de ayuda alimentaria a
personas desfavorecidas solo se ha producido un cambio en el esquema de
financiación de la Unión Europea, que pasa a utilizar el principio de
devengo y con ingresos procedentes del FEAP. El importe asignado a España
de este fondo para el periodo 2014-2020 es de 565,4 millones de
euros.


Finalizo mi intervención diciendo que las políticas del
Partido Popular plasmadas en estos presupuestos generales contribuyen al
desarrollo del sector agroalimentario y pesquero español. Se ha empezado
a apreciar los resultados y el año que viene podremos ver cómo se
consolidan. Hay datos acumulados en los seis primeros meses de 2014
especialmente reveladores: las exportaciones crecen un 0,43 % respecto al
mismo periodo de 2013; las importaciones se reducen en un 3,43 %; la
renta agraria sigue incrementándose un 9 % en este año y la balanza
comercial se sitúa en los 5614 millones de euros, con un crecimiento en
606 millones respecto del año anterior. El sector representa ya casi el
17 % del total de las exportaciones españolas. Estas cifras indican que
se avanza en la dirección acertada, que se han identificado correctamente
los objetivos del sector y se ha implantado una estrategia de esfuerzos
entre el Gobierno central y las comunidades autónomas de cara a la
defensa de nuestros intereses ante la Unión Europea.


Por ello, este presupuesto se ha hecho merecedor de nuestro
respaldo y votaremos en contra de los vetos presentados a esta sección
23.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra la senadora Pons.


La señora PONS VILA: Muchas gracias, señora presidenta.


En el tiempo que queda voy a intentar explicar por qué no
vamos a apoyar los vetos presentados en el apartado de medioambiente. Al
contrario de lo que se ha dicho, nosotros pensamos que estamos haciendo
la mejor política posible en esta materia.


Respecto a nuestra política de aguas, en la que se va la
mayor parte de las inversiones, hay que destacar que, de 2900 millones de
euros de inversiones de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 2500
millones van a política de abastecimiento y depuración de aguas. Pensamos
que el compromiso con la política del agua, tanto para abastecimiento y
regulación de caudales, como para depuración y calidad, es incontestable.
Intentamos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a medida que los
presupuestos se van incrementando y, afortunadamente, este año esto puede
ser posible. Ya sé que no quieren oír hablar de ello, pero estamos
intentando cumplir con muchas infraestructuras que quedaron pendientes de
épocas en que teníamos mayor disponibilidad presupuestaria.


La modificación de la Ley de costas también influye en una
nueva política sobre el litoral, en la que estamos dispuestos a impulsar,
proteger, recuperar y poner en valor el litoral y conservarlo. Para eso
también hacemos inversiones.


Respecto al cambio climático, que es el punto en el que se
ha fijado más el señor Saura, nosotros creemos que sí estamos tomando
medidas. Hemos aumentado las partidas destinadas a









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la lucha contra el cambio climático, estamos invirtiendo en
España y no estamos comprando derechos de emisión fuera. Creo que este es
un cambio importante, que además redunda en beneficio de las personas de
este país. No nos dedicamos a comprar para poder contaminar, sino que
hacemos políticas que precisamente ayuden al empleo verde y a actuar
directamente en nuestro territorio. El hecho de que no haya un ministerio
de medioambiente no quiere decir que el medioambiente no nos preocupe y
pensamos que sí vamos a cumplir con la primera fase del protocolo de
Kioto.


En definitiva, tenemos un firme compromiso del Gobierno con
la política de medioambiente a medida que los presupuestos se van
incrementando, como ha pasado en los dos últimos años. Las partidas
destinadas a medioambiente se pueden incrementar y pensamos que todas
estas actuaciones van destinadas simplemente a mejorar el nivel de vida y
el bienestar de los ciudadanos. Pensamos que son los mejores presupuestos
posibles para 2015 y que, a medida que la situación económica se recobre,
los presupuestos serán mejores.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto a la sección 25 del Grupo Socialista.


Tiene la palabra el senador Antich.


El señor ANTICH OLIVER: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señorías, esta sección 25, que tiene poco montante
presupuestario, sí tiene un montante político importante porque dota de
presupuesto al ministerio que impulsa el programa político y legislativo
del Gobierno. Nosotros presentamos veto porque no compartimos ni el
resultado de este impulso, ni la forma como se ha realizado, además de no
compartir el trato que se da a otras políticas más concretas. No
compartimos el resultado del impulso porque sin duda —ya se ha
dicho esta mañana— ofrece un panorama de más deuda del Estado, de
menos servicios públicos, menos libertades, más cargas para las familias
humildes y clases medias, menos progresividad y, en definitiva, más
desigualdad. No compartimos tampoco el resultado del impulso de las
políticas territoriales porque, desde nuestro punto de vista, el
Legislativo y el Ejecutivo han invadido competencias, han incumplido
inversiones que venían en los estatutos, han incumplido las aportaciones
para servicios básicos como la dependencia, han aprovechado mecanismos de
liquidez para limitar la autonomía financiera y han paralizado la reforma
de la financiación, elemento básico para las comunidades autónomas.


Tampoco podemos compartir el resultado de las formas. No
compartimos cómo se está impulsando este programa legislativo, de cuyo
impulso es responsable el ministerio al que se dota con esta sección 25.
Ha sido un impulso en el que no se ha dejado resquicio para el acuerdo y
en el que de forma general se ha aplicado el rodillo. Unas formas que,
además, han devaluado la labor del Senado, con un abuso de los reales
decretos leyes, lo que hace que muchas normas de relevancia autonómica no
pasen ni siquiera por el Senado. Para el resto de proyectos de ley la
urgencia se ha convertido en la forma ordinaria de tramitar en esta
Cámara, a la que se devalúa también con la mínima comparecencia del
Gobierno en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que es la
parte más territorial del Senado.


Tampoco estamos de acuerdo con el trato que se da a la Ley
de transparencia —tiene poco presupuesto—, si tenemos en
cuenta las expectativas que levantó.


Por último, en relación a la memoria histórica, últimamente
han salido toda una serie de informes de la ONU que hacen una crítica
importante a cómo se está desarrollando todo lo relacionado con la
memoria histórica en España. Un informe exhaustivo que plantea cuestiones
importantes. En estos momentos se supone que los distintos grupos y,
sobre todo, el Gobierno, deberíamos estar trabajando para analizar estos
informes con el fin de intentar mejorar nuestra apuesta por la
reconciliación y por la memoria histórica. En vez de esto, el Gobierno lo
que hace es adoptar una postura que prefiero no definir. Por una parte
dice a la ONU que tienen una Ley de memoria histórica y que se han
gastado más de 25 millones y, por la otra, siguen denostándola y
matándola a base de no dotarla de partidas: 2,5 millones en 2012, que no
se gastaron; 0 euros en 2013; sin partida en 2014 y sin partida en 2015.
Mientras tanto, la cruda realidad es que tenemos víctimas de primera y
víctimas de segunda. Seguimos sin resignificar el Valle de los Caídos,
que sigue siendo un monumento de la parte vencedora. Somos uno de los
países con









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más fosas y más desaparecidos, y mientras tanto se quitan
todo tipo de ayudas para las exhumaciones y la aplicación de la ley. Solo
este tema ya justifica el veto.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió. Tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señorías, vetamos esta sección por una cuestión de forma.
Como se ha indicado, es en esta sección, Ministerio de Presidencia, donde
nace el proyecto de la Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas, el famoso informe CORA, que pretendía generar unos ahorros en
diferentes niveles de la Administración. El informe CORA fue muy duro y
muy exigente en determinados niveles de administración, la Administración
autonómica entre otras. Cabría esperar que a la hora de hacer el
presupuesto, el primero que aplicara de forma importante el informe CORA
fuera el Ministerio de Presidencia. ¿Y qué observamos? Observamos que el
conjunto de los gastos ministeriales, lo he citado ya en diversas
ocasiones, se ha reducido un 5,1 %. Uno podría pensar que en el
Ministerio de Presidencia habrán reducido un 10 %. Pero sucede que en el
Ministerio de Presidencia, el que tiene que dar ejemplo, se incrementa el
presupuesto un 4,6 %. Por tanto, pido a todos que adelgacen la
Administración, pido a todos que hagan un esfuerzo de racionalización, y
yo, que soy el responsable de todo el invento, incremento mi presupuesto
un 4,6 %, cuando estoy exigiendo a los demás que se aprieten el cinturón.
Y es más, cuando lees la memoria del ministerio, justifica que
determinadas partidas han ido a compras globales, con lo cual el
incremento todavía habría sido mayor. Es por este motivo, por el que
obviamente presentamos un veto a toda la sección, porque entendemos que
este ministerio concretamente tendría que haber hecho el esfuerzo de
reducir su presupuesto.


Para terminar, un comentario dirigido al amigo senador que
ha intervenido anteriormente, el senador Peral. Decía: Ustedes hablan de
Estado español. Pero le tengo que decir que no lo hacemos con ningún tono
despectivo. No, no, al contrario; se lo aseguro. Ojalá muchísimos
catalanes pudiesen hablar de Estado catalán, no lo entendemos como ningún
insulto. Antes, el señor Mariscal decía: Cuando me llaman marxista no me
están insultando. Señoría, cuando hablen de Estado catalán no nos vamos a
enfadar, al contrario, lo vamos a considerar un acto de normalidad, ojalá
llegue pronto. No hay ningún tono despectivo; el Estado español es una
realidad jurídica y cuando lo nombramos no tienen que ver ningún tono
despectivo.


Y una segunda cuestión como elemento de reflexión —se
lo he dicho antes personalmente—. Usted ha dicho: El senador Bel,
que es una persona moderada —me considero una persona y un político
moderado— ha llegado a decir que mientras pertenezcamos a
España.... y yo lo siento —me decía usted—. Ustedes lo que
deben preguntarse es: si todos estos políticos moderados estamos diciendo
y haciendo lo que estamos diciendo y haciendo, ¿por qué es? ¿Porque ya
hemos dejado de ser moderados o porque ustedes han dejado sin ningún tipo
de discurso a los moderados en Cataluña? Seguramente, si preguntan, van a
encontrar la respuesta.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado un veto a la sección 25.


Tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Muchas gracias, señora
presidenta.


Intervengo con brevedad para defender el veto que el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya presenta a esta sección 25,
que, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Antich, tiene poca entidad presupuestaria pero sí tiene entidad política.
El presupuesto siempre es un reflejo de las prioridades políticas y, por
tanto, evidencia cuáles son las prioridades e incluso cuáles son las
filias y las fobias.


Me voy a centrar, simplemente, en dos aspectos de esta
sección. Uno, que ya ha sido citado, hace referencia a la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información









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pública y buen gobierno; una ley que en su momento ya
calificamos de necesaria y, con todo, dijimos que era claramente
insuficiente. Esta ley, precisamente, forma parte de lo que hoy es una de
las reclamaciones más importantes de la ciudadanía: transparencia en toda
la actividad pública, en la actividad de gobierno de la Administración
pública y de las instituciones. Esta transparencia es fundamental para
favorecer la participación en democracia y, si me permiten, es un claro
antídoto contra la corrupción. Es una prioridad de nuestra sociedad y
debería ser una prioridad de las instituciones y, por tanto, del Gobierno
y del presupuesto. En cambio, ustedes rebajan sensiblemente las partidas
destinadas a desarrollar esta Ley de transparencia, con lo cual la
necesaria voluntad política que se debería reflejar en el presupuesto es
inexistente, no queda reflejada en ninguna parte. Creo que con esto
hacemos un flaco favor a la democracia y a las instituciones, y, una vez
más, la excusa de la crisis, de la necesaria austeridad, de la apelación
a reducir el déficit no es aceptable en este caso, en un tema de tanta
relevancia que precisamente tiene tanta repercusión social. No es
suficiente hacer determinados gestos en un momento concreto; muchas
veces, precisamente como reacción a la exigencia ciudadana, es necesario
tomar la iniciativa, y los presupuestos son un buen momento para
demostrarla.


El otro aspecto de esta sección que motiva nuestro veto es
precisamente —y también se ha hecho referencia a ello— la Ley
52/2007, de la memoria histórica. También lo ha dicho el senador Antich,
en el 2012 se aprueba una rebaja sustancial del presupuesto y desde el
2013 se destinan 0 euros para la recuperación de la memoria histórica. En
nuestro país existe verdadera necesidad de cerrar un tema mal cerrado que
se arrastra desde hace décadas, desde la propia guerra civil del 36 al
39. Todavía muchas familias tienen necesidad de saber dónde están
enterrados sus allegados y familiares, de recuperar sus restos. Es
necesario continuar, por tanto, con la apertura de las fosas, con la
identificación de los restos, facilitar un entierro digno y permitir que
se cierre una etapa triste y dura de nuestra historia. Ignorar los
problemas, máxime en este tipo de cuestiones, en absoluto resuelve nada.
Ignorar estos temas lo que hace es enquistarlos, agravarlos y, en
definitiva, no resolverlos. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).


Destinar 0 euros implica una voluntad política del Gobierno
realmente preocupante, que ha sido denunciada por organismos
internacionales, por Naciones Unidas. Y no es casualidad. Esto es un poco
como el chocolate del loro —dicho con perdón, porque no quiero
banalizar en un tema tan importante—, no estamos hablando de
partidas muy importantes, de cantidades que puedan hacer mover el
presupuesto. Estamos hablando de unas partidas cuya inexistencia responde
en su caso a razones profundamente ideológicas y a la incomodidad que les
produce ahondar en la memoria histórica. Es necesario, señorías,
abordarlo con decisión, con voluntad de reparación, con voluntad de
reconocimiento, con voluntad democrática y con voluntad de reconciliación
nacional, porque es un tema en el que, pese a que en la transición se
intentó ahondar en esta dirección, quedan todavía pendientes aspectos
importantes para poder cerrarlo de una vez por todas, y evidentemente en
este presupuesto, señorías, no vemos ninguna voluntad de hacerlo por
parte del Gobierno.


Por todo ello los senadores y senadoras del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya presentamos este veto.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Peñarrubia.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, subo a la tribuna para usar el turno en contra de
las propuestas de impugnación de la Sección 25, Ministerio de
Presidencia, presentadas por los grupos parlamentarios de Convergència i
Unió, Entesa y Socialista.


Llevo muchos años en menesteres parlamentarios; he estado
más tiempo en tareas de oposición que de Gobierno; he visto y he oído de
todo, y estoy curado de espanto. Ya no me sorprende casi nada, pero tengo
que reconocer que tienen ustedes todavía la capacidad de sorprenderme.
Que esta noche vengan aquí a impugnar el presupuesto de Presidencia
porque figuran partidas insuficientes... (Denegaciones del señor Bel
Accensi).









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¿Cómo que no, señor Bel? Ha dicho usted que la CORA, la
Comisión para la Racionalización de las Administraciones Públicas, está
insuficientemente dotada y que no está cumpliendo los fines para los que
fue creada. (Denegaciones del señor Bel Accensi). Pues entonces le he
debido de entender mal.


Pero, mire, señoría, el informe del primer año de la CORA
se publicó en septiembre de 2014. Es un informe de 76 páginas, y yo estoy
convencido, y se lo digo con todo el respeto del mundo, de que usted no
se lo ha leído. (Asentimiento del señor Bel Accensi). Luego hablan
—y es lo que me sorprende— de la Ley de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, y dicen que también está
insuficientemente dotada. La vicepresidenta ha dicho en sede
parlamentaria que hay recursos suficientes para llevar adelante esta
cuestión, y es el Gobierno del Partido Popular el primer interesado en
que estas dos cuestiones funcionen, porque son vitales e importantes para
los planteamientos del Gobierno del señor Rajoy.


Ustedes dicen siempre lo mismo o casi lo mismo: que son
unos presupuestos socialmente injustos; que no satisfacen las prioridades
y objetivos manifestados por los representantes del departamento en sede
parlamentaria; pero hablan en diferido de alguna comparecencia en el
Congreso de los Diputados porque aquí no ha venido nadie del Ministerio
de Presidencia a la comisión correspondiente. Por tanto, hablan ustedes
de oídas.


Dicen, además, que se olvidan importantes políticas que en
años anteriores llevaba a cabo ese ministerio, y concretan su crítica y
descienden básicamente a dos cuestiones: Una es la memoria histórica. Yo
les podría remitir al Diario de Sesiones del último debate de
presupuestos, porque voy a decir lo mismo que entonces, y es, en primer
lugar, que la ley no está derogada; en segundo lugar, que esta
responsabilidad ya no es competencia del Ministerio de Presidencia, sino
que corresponde al de Justicia. De hecho, dos enmendantes clásicos, el
señor Mariscal y el señor Iglesias, ya no plantean esa cuestión en este
ministerio, sino que lo remiten al de Justicia.


El otro gran argumento concreto es la Ley de transparencia,
ya citada, alegando que hay insuficiencia presupuestaria. Puesto que este
es un ministerio horizontal y eminentemente político que impulsa la
acción del Gobierno, yo les tengo que decir que hace unos años este país
estaba en quiebra, a punto de ser intervenido, con un déficit superior al
9 %, que, además, de cada 10 puestos de trabajo que se destruían en la
zona euro, 6 eran españoles. Hoy la situación ha cambiado; hoy de cada 10
puestos de trabajo que se crean en Europa, 7 son españoles. Estamos
creciendo a mayor ritmo que el resto de países miembros de la Unión
Europea. Y, aunque les moleste, España crece, aumentan los afiliados a la
Seguridad Social y el paro desciende. Es verdad que las cifras de
parados, desgraciadamente, son todavía muy altas y no hay razones para
sentirse satisfechos, pero tan cierto como eso es que el empleo que se
crea en España es sólido y consistente, y ahí está la realidad, ahí está
el consenso internacional, ahí está lo que opina el resto de países de
nuestro entorno.


Poco han hecho ustedes para sacar este país adelante, un
país que además nos dejaron, como he dicho antes, hundido y en quiebra. Y
con las políticas del Partido Popular, aunque les pese, estamos ya fuera
de la crisis, vamos a crecer, crear empleo y situarnos en el sitio que
nos corresponde en el panorama europeo e internacional.


Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Peñarrubia.


Sección 26. El Grupo Socialista ha presentado la enmienda
442.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Llinares.


La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenas noches.


A lo largo de este debate largo, desde el principio al
final, casi todos los que me han precedido en el uso de la palabra han
llegado a la misma conclusión: estos presupuestos consolidan la
desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Ya sabemos que al Partido
Popular no le gusta que le digan las verdades, pero esta es la
realidad.


Dicen que son los presupuestos más sociales de la historia
porque dedican el 53,9 % de gasto social, cuando en el año 2011,
presupuestos del Gobierno Socialista, se dedicaba el 58 %. Es decir 4
puntos menos. Como todos ustedes saben y todos los indicadores ponen de
manifiesto —y yo creo que es una cosa que les tendría que hacer
reflexionar— los índices de pobreza en España son intolerables,
señorías. Unicef dice que en España la pobreza alcanza al 30 % de los
niños, y









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un país decente no puede permitir estas tasas de pobreza.
Unos presupuestos que atacan la calidad, la igualdad y sobre todo la
universalidad de nuestro querido sistema nacional de salud, unos
presupuestos que consolidan los recortes que se han venido produciendo en
estos años, y unos presupuestos que vienen condicionados por ese Real
Decreto 16/2012 de recortes y de copagos.


Al analizar los presupuestos, una cuestión muy preocupante
es que lo más importante de los objetivos es culminar las reformas
incluidas en el Programa nacional de reformas y continuar con el
desarrollo de las medidas recogidas en el Real Decreto 16/2012, más
copagos, más recortes.


Han hablado del Fondo de cohesión sanitaria. Hoy hay más
desigualdades entre las diferentes comunidades. Hoy las comunidades
reciben menos transferencias para garantizar una calidad en el Sistema
Nacional de Salud. Hoy, por desgracia, en este país hay muchísima gente
excluida del sistema sanitario, y eso es indecente.


Señorías, han dicho que todos los profesionales están con
el Partido Popular. No mientan más, por favor. Las partidas para
políticas de salud y ordenación profesional han disminuido el 80 %; en
salud pública, más del 50 %, y lo más grave es que no han puesto en
marcha ninguna de las medidas recogidas en la Ley de salud pública, una
ley muy ambiciosa y muy importante, que hubiera mejorado la respuesta a
la crisis del ébola.


En servicios sociales, el plan concertado disminuye el 64
%, a pesar de que tienen que atender a casi 1,5 millones de personas más.
En Igualdad, un recorte del 33 % con respecto a 2011; en violencia de
género, el 22 % con respecto a 2011, mientras, continúan las señales de
alarma, disminuye el número de denuncias, aumenta el número de mujeres
asesinadas que habían solicitado ayuda; hasta el 31 % de las mujeres
asesinadas habían denunciado, y esto es porque no funcionan todos los
mecanismos de protección que el sistema tiene que poner en marcha. Y en
cuanto a la dependencia, ¿cómo van a dar prestaciones a casi 500 000
nuevos dependientes que se tienen que incorporar al sistema con los
mismos presupuestos del año pasado?


Presentamos este veto porque son unos presupuestos
totalmente injustos, antisociales, oportunistas, opacos y crueles con los
más necesitados, y harían un gran favor a la sociedad española retirando
estos presupuestos, porque a la ministra Mato ya la ha retirado la
justicia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Llinares.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado la enmienda 410.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Cunyat.


La señora CUNYAT BADOSA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, muy buenas noches. Mi grupo parlamentario ha
presentado un veto a la sección 26 porque no estamos de acuerdo con el
presupuesto total que se propone para el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, por cierto, uno de los más reducidos y, por
supuesto, muy por debajo del ya famoso Ministerio de Defensa.


A pesar de que algunas partidas suben, la más destacable la
dedicada a la atención a la infancia y las familias, que aumenta un 30 %,
otras bajan, y nos parece un presupuesto absolutamente insuficiente para
atender las necesidades que se prevén para este próximo año 2015.


La propuesta de presupuestos presentada pone al límite la
sostenibilidad del Estado del bienestar, pone en riesgo algunos de los
servicios más básicos y más directos a nuestros ciudadanos, como la
sanidad y los servicios sociales. Sin recursos ponemos en riesgo un
sistema que nos ha identificado durante años, y Convergència i Unió no
quiere ser cómplice de lo que está suponiendo no solamente una involución
de estos servicios públicos, sino una clara regresión de los derechos que
como ciudadanos hemos ido consolidando a lo largo de estos treinta años
de democracia recuperada.


Nos han presentado un presupuesto frío, sin alma,
insensible, que no afronta de cara las nuevas situaciones sociales que
lamentablemente se dan cada vez más entre nuestras familias; un
presupuesto que da la espalda a los más necesitados y un presupuesto que
se aleja absolutamente de los más vulnerables. En definitiva, un
presupuesto que fomenta grandes desigualdades entre nuestros
ciudadanos.









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Señorías, hoy, varios portavoces han hecho referencia a
indicadores, datos, informes o estudios varios, nacionales,
internacionales, de todo tipo de entidades, que claramente demuestran que
en España tenemos un grave problema social y que debemos actuar;
indicadores que dan una señal de alarma que el Gobierno no quiere
escuchar. Fíjense que contradicción: mientras los grupos de la oposición
nos preocupamos por estas dificultades, el Gobierno que gobierna no lo
hace.


¿Realmente cree el señor ministro que estamos en el buen
camino, vistos los altos índices de desocupación, especialmente entre
jóvenes y mujeres? ¿Realmente cree el señor ministro que estamos en el
buen camino, vistos los altos índices de pobreza infantil? ¿Estamos en el
buen camino cuando observamos la aparición de nuevas formas de pobreza,
como la pobreza energética? ¿Y qué opina el señor ministro del drama de
los desahucios? ¿Y sobre los dependientes? ¿Y sobre las personas con
discapacidad? ¿Les podemos asegurar una vida más digna? Y a las víctimas
de la violencia de género, ¿qué les contamos?


El señor ministro hoy ha dicho que estamos saliendo de la
crisis gracias al esfuerzo y al sacrificio de muchos españoles y, por
supuesto, esto es así. ¡Faltaría más! Solo hace falta que se lo expliquen
a todo este colectivo de personas que en algunos casos lo han perdido
todo; pero así no funciona. ¿Qué les tenemos que decir, que todo está
vinculado al objetivo del déficit? No, señores. Como ustedes saben, este
es un tema de voluntad política, y si, además, les parece poco todo lo
que les he dicho, tenemos más argumentos para explicar el porqué de
nuestro veto a esta sección.


En la línea de lo que argumentaba esta mañana nuestro
compañero el senador Bel, estos presupuestos no son buenos ni para los
catalanes ni para Cataluña. También incumplen claramente leyes,
sentencias y compromisos, en materia de sanidad, servicios sociales e
igualdad. Incumplen sistemáticamente la Ley de la dependencia, como hemos
recordado en múltiples ocasiones. La Generalitat está haciendo un
sobresfuerzo, está asumiendo el 80 % del gasto, cuando deberíamos
asumirlo a partes iguales. Si no fuera así, miles de dependientes
quedarían fuera del sistema. Incumplen sistemáticamente varias sentencias
del Tribunal Constitucional relativas a la aplicación del 0,7 % del IRPF
para fines sociales, y otros casos a los que han hecho referencia hace un
momento. En el ámbito de la sanidad, incumplen el pago del coste que
supone la atención de pacientes desplazados entre comunidades autónomas y
que, como saben, se regula por ley.


Por tanto, señorías, ustedes no quieren atender las
necesidades de las personas más perjudicadas o más necesitadas, no tienen
esta prioridad. Por este motivo, hemos presentado un veto, porque
consideramos que sus presupuestos están mal planteados y dan la espalda a
los más vulnerables.


Por consiguiente, como he dicho, no lo vamos a apoyar
porque es absolutamente impresentable.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado la enmienda 424.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.


Señorías, para defender este veto es necesario hablar de
desigualdad, esa, que según leí recientemente en un artículo de Antón
Costas, no está en la agenda de los gobiernos, no les preocupa o de la
que, por alguna razón, temen hablar. En cambio, sí lo ha hecho el FMI, el
Banco Mundial, la OCDE, Morgan Stanley, alertando de su gravedad y de sus
consecuencias.


Según distintas estadísticas europeas, España es uno de los
países donde más ha aumentado la desigualdad, ocupando un vergonzoso
segundo puesto después de Letonia. Tenemos 2,7 millones de menores que
viven en la pobreza. El 25 % de la población, según el informe Foessa, se
encuentra en exclusión y 5 000 000 de españoles sufren una exclusión
severa. No hace falta ser uno de los 5,4 millones de parados para ser
pobre en España. Los trabajadores precarios que ha impulsado su reforma
laboral hacen que la pobreza esté vinculada a los salarios más bajos. Y
la otra cara de la moneda: en nuestro país: tres individuos acumulan una
riqueza que duplica con creces la del 20 % más pobre de la población
según Oxfam; el Estado español pierde 90 000 millones de euros al año
debido al fraude fiscal —una práctica que realizan el 72 % de las
grandes









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empresas y fortunas—; y el coste social de la
corrupción ha alcanzado niveles aberrantes en nuestro país. Con esta
rápida pincelada queda claro que nos encaminamos a una sociedad cada vez
más desigual.


La historia también nos cuenta que cuando se producen
grandes desigualdades, las élites desvían sus discursos a otros temas
como los nacionalismos, el miedo a los emigrantes o la religión, temas
que tienen gran carga emocional. Entra en escena la política populista y
sustituye a la política democrática. ¿Les suena algo de lo que estoy
describiendo?


Por todo ello es necesario afrontar reformas estructurales
que ataquen las causas de la pobreza y la desigualdad. Eso pasa
necesariamente por cambios radicales en las políticas fiscales,
económicas y sociales. Pero ustedes, en lugar de explorar ese camino, nos
presentan de nuevo unos presupuestos que esta vez han bautizado con el
nombre de «consolidación de la recuperación». ¿Qué consolidan, sus
recortes anteriores? ¿Eso es lo que quieren decir, no? Porque fueron
ustedes los que recortaron de una forma brutal sus primeros, sus segundos
y sus terceros presupuestos. Recortes que llevó a cabo una ministra que
hoy ha dimitido, y no por su mala gestión, como veníamos pidiendo desde
los grupos de la oposición, sino por otro motivo.


Voy a empezar directamente hablando de sanidad, una partida
que se incrementa —este año, sí— un 1,2 % respecto del año
pasado, pero sus recortes anteriores han hecho que en estos momentos se
esté invirtiendo en sanidad 389 millones menos que en 2011. Además, a
estas alturas todos sabemos que el recorte real en sanidad afecta a los
más vulnerables, a las 800 000 personas que no tienen acceso a la
sanidad, a los pensionistas que, con su copago cada mes, dejan de tomar
alguna medicina y a los pacientes que esperan pacientemente en las listas
de espera. Ese es su recorte real. También lo es, como saben, que el
Estado solo aporte 3 euros por cada persona atendida en servicios
sociales, cuando hay casi más de un millón y medio más de personas que
requieren de estos servicios. ¿Me lo pueden explicar? Así en todo. En la
dependencia, por ejemplo, se mantiene el mismo presupuesto que el año
anterior, que ya había sufrido un recorte de 285 millones de euros. La
partida de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres la han
recortado un 33 % desde que ustedes gobiernan. Pero son sus recortes
ideológicos los que más duelen a las mujeres, y no nos vamos a cansar de
decirlo, cuando ustedes eliminan el Plan Educa 3, la Ley de la
dependencia o su reforma laboral.


Ayer, en la manifestación del 25-N, una pancarta de una
mujer proclamaba: «Saqué fuerzas de la flaqueza y ahora soy más fuerte
que tú»: ¿Saben cuánto les dedicamos a las mujeres víctimas de la
violencia de género —por cierto, un 22 % menos que en 2011—?
Pues lo mismo que a construir 8 kilómetros de autovía: 24 millones de
euros.


Termino. Dice Daniel Innerarity que la principal urgencia
de las democracias contemporáneas no es acelerar los procesos sociales,
sino recuperar el porvenir. Señorías, estos presupuestos no contribuyen a
la construcción de una sociedad más igualitaria, al contrario, continúa
aumentando la brecha de la desigualdad.


Por todo lo expuesto presentamos este veto, porque estamos
convencidos de que un presente precario no augura un buen porvenir.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Almiñana.


Los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario
Mixto, han presentado la enmienda número 11.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


La secretaria general de Sanidad y Consumo lo dejaba claro
en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos: el Gobierno no va a
refinanciar ninguna competencia transferida y en ningún caso va a dedicar
más recursos al fondo de cohesión que se convierte en
extrapresupuestario. Es decir, el Gobierno renuncia a cumplir la función
básica de garantizar a todos los españoles unos niveles asistenciales
homogéneos, una calidad de la atención sanitaria similar en el conjunto
del Estado.


Destacaba en esa misma comparecencia la caída del gasto
farmacéutico y eludía cualquier responsabilidad en la restricción de
dispensación de tratamientos especialmente costosos, que son motivo de
reivindicación social en los últimos tiempos —los relacionados en
unos casos, con









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la oncología y en otros, los que pueden curar la hepatitis
C—. Afirmaba que España tiene la oferta más amplia de la Unión
Europea en el tratamiento de la hepatitis C. Eso era el viernes de la
semana pasada. A la vez, 350 médicos expertos en hepatitis C, reunidos en
un congreso en Sevilla, cifraban en 450 000 los españoles, las personas
que lo padecen —la mayoría contagiadas antes de los años
noventa— y alertaban alarmados de las restricciones por el
ministerio y algunas comunidades autónomas a la hora de aplicar sí
fármacos costosos pero que garantizaban la curación en el 95 % de los
casos. Además, en este presupuesto —y no lo negaba la señora
secretaria general de Sanidad— hay un recorte en sanidad exterior
incompatible con la alarma sanitaria que la pandemia del ébola está
generando. Esto en referencia a sanidad.


Servicios sociales. La subida de un 5,1 % no es suficiente
para el aumento de las necesidades sociales. (La portavoz que me precedió
en el uso de la palabra lo destacó de forma muy acertada.) Caritas
atendió a un 20 % de personas más en lo que va de año. Las acciones a
favor de la emigración bajan cuando hay más emigrantes españoles fuera de
nuestro país. Se congela el sistema de atención a la dependencia a partir
de que el 1 de julio se incorporarán dependientes de grado 1. La
explicación que se nos dio es que, a final de año, se hará una
liquidación —si el señor Montoro lo permite—, lo cual
significa que las comunidades autónomas tendrán que empezar a adelantar
esas prestaciones, confiando en esa liquidación si se cumple el objetivo
de déficit.


Finalmente, en igualdad se mantienen los recortes a pesar
del incremento en 4 000 000, que a lo largo de los últimos años ha
aplicado al Instituto de la Mujer y que suponen ya un 33 %.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Turno en contra.


Senador Aguirre, tiene la palabra.


El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a hablar de presupuestos generales. En el año
2015, estos presupuestos que presentamos ahora serán decisivos
—estamos totalmente convencidos— para consolidar lo que es el
crecimiento, la creación de empleo y, por tanto, el apoyo a la familia y
la sostenibilidad de los servicios básicos de bienestar.


Señorías, de estos presupuestos generales, el 54 % está
dedicado al gasto social; suben el 1,2 % los presupuestos de sanidad
destinados al Sistema Nacional de Salud; se incrementan, como
perfectamente ha dicho el senador Iglesias, un 5,1 % los dirigidos a
servicios sociales, con lo que fortaleceremos el apoyo a la familia y las
medidas en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, especialmente la
pobreza infantil, señora Llinares. También crece el apoyo al gasto social
de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, con un fondo de
liquidez autonómico social de 1000 millones para garantizar el pago de
las prestaciones de los servicios sociales a los ayuntamientos.


Señorías, el presupuesto del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad asciende a 1924 millones de euros y refleja
de forma clara el compromiso con una sanidad de calidad, la atención a
las personas en situación de vulnerabilidad, la igualdad entre mujeres y
hombres y la erradicación de la violencia de género. El 81 % del
presupuesto —1558 millones de euros— lo dedicamos a políticas
sociales de igualdad —un 2,4 % más que en el ejercicio
anterior—.


En lo referente a dependencia, la cual se ha nombrado aquí,
diré que a las personas mayores en situación de dependencia se les dedica
7 de cada 10 euros del presupuesto del ministerio para el año 2015. La
financiación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia
cuenta con 1177 millones de euros —1,53 millones más que en el
2004— ampliables, señor Iglesias, en función de la incorporación de
nuevos beneficiarios por las comunidades autónomas.


Con estas cifras consolidamos el magnífico trabajo hecho
hasta ahora por el ministerio, que ha permitido la incorporación de 268
000 nuevos beneficiarios durante estos tres años y una reducción en las
listas de espera de un 43,46 % —el nivel más bajo desde que entró
en funcionamiento la Ley de dependencia—.


Señorías, quisiera poner en valor la apuesta del Imserso
por el sistema de promoción de la salud para un envejecimiento saludable,
de prevención de dependencia, turismo social y termalismo saludable.









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También por primera vez se recoge la creación de un fondo
de 32 millones de euros en apoyo a la familia e infancia, con un aumento
superior a un 20 %. Crece la dotación en políticas contra la violencia de
género en un 7 %. Para aquellas personas que son víctimas de trata con
fines de explotación sexual el presupuesto aumenta un 33 %. Asimismo,
suben partidas de igualdad de oportunidades en un 7 %. Juventud llega a
30 millones, a los que hay que añadir los servicios de empleo juvenil
público estatal, la lucha contra la droga —15 millones de
euros—, los 9,5 millones de euros que lleva aparejado el Plan de
acción de estrategia nacional y, como todos ustedes saben, el Fondo de
bienes decomisados, que en el año 2014 fueron casi 30 millones de
euros.


Señorías, dentro de los presupuestos dependientes de la
secretaría general quiero manifestar la voluntad del Gobierno en los tres
últimos años de dar salida a unas magníficas leyes —de la época del
Partido Popular, por supuesto— como la Ley de cohesión del Sistema
Nacional de Salud, la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias o
la Ley del estatuto marco. Después de siete años de inacción, de parada
en política, consecuencia del Gobierno anterior, ahora, a lo largo de
estos tres años, a través de reales decretos, el ministerio las ha puesto
otra vez en funcionamiento. Para eso ha aprobado reales decretos,
implementados económicamente para este presupuesto 2015 —de
troncalidad, registro de las profesiones sanitarias, red centralizada de
evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias, adecuación de la
cartera de servicios, redistribución social de los copagos sanitarios,
central de compras, plataforma tecnológica de técnicas de información y
comunicación en salud, facturación entre comunidades autónomas y países
terceros y un largo etcétera—, siempre encaminado en pro de volver
a cohesionar la sanidad de las diferentes comunidades, buscando la
equidad y la igual accesibilidad de todos los pacientes dentro de nuestro
magnífico Sistema Nacional de Salud.


En estos presupuestos se aporta la financiación necesaria y
suficiente en apartados tan importantes como la central de compras, la
plataforma tecnológica para el registro de profesiones sanitarias o la
estrategia en salud frente a determinadas enfermedades como las
enfermedades raras, o la prevención y control de infecciones como el
virus de inmunodeficiencia humana.


Por otra parte, se mantienen —intentaré explicarlo
otra vez— modificados, igual que en el año 2014, los fondos de
cohesión sanitaria, que pasan a ser extrapresupuestarios como única
garantía que tiene ahora el ciudadano a la hora de desplazarse entre
comunidades autónomas para que no tenga que abonar el coste de una
comunidad autónoma, sino que directamente, a través de este fondo de
cohesión sanitaria, sea el ministerio el que lo abone.


Asimismo, en estos presupuestos viene una subida lineal del
1,7 % del presupuesto del Ingesa —el Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria— con un claro enfoque ante las nuevas tecnologías de
salud, y apunta de forma clara a la Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios. Hay que potenciarla porque es una agencia de lo más
competitivo que tenemos a nivel de calidad y actividad dentro de la Unión
Europea, que, además, genera pingües beneficios a las arcas de Hacienda.
Igual que el presupuesto de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición.


De igual modo, la Organización Nacional de Trasplantes se
mantiene con un presupuesto, siendo destacable que los datos del Registro
Mundial de Trasplante ratifican de forma clara y contundente el liderazgo
mundial de España en este campo.


Quisiera poner en valor la apuesta del ministerio y de la
secretaría general por las técnicas de información y comunicación en
salud a lo largo de esta legislatura. Actualmente, 21 millones de
ciudadanos ya tienen historia clínica digital. Mensualmente se despachan
62 millones de recetas electrónicas, lo que hace que disminuya de forma
importante la presión asistencial dentro de las consultas, sobre todo a
nivel de atención primaria, en un porcentaje de un 15 a un 20 %, tiempo
que se dedica, por supuesto, a atención a los pacientes.


Señorías, termino ya. Mis últimas palabras, lógicamente,
van dirigidas a mi hasta hoy ministra Ana Pastor. (Rumores). En el auto
de hoy del magistrado Pablo Ruz en ningún caso se le imputa ningún delito
ni se le atribuye responsabilidad penal alguna. Nuestra ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha presentado su dimisión por su
gran sentido político y siempre mirando no perjudicar ni a la sanidad, ni
al Gobierno, ni al Partido Popular. Le deseamos el máximo éxito en su
vida profesional y personal. Desde aquí, el Grupo Parlamentario Popular
le agradece su magnífica gestión en el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad como garante… (Rumores), como garante de un
Sistema Nacional de Salud de calidad, universal, gratuito y, sobre todo
sobre









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todo —a pesar de la inacción y la dejadez del
anterior Gobierno—, un Sistema Nacional de Salud sostenible.
(Rumores).


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.


A la sección 27, el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado la enmienda 443.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Manchado.


El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.


Nos ha dado un vuelco el corazón con lo de Ana Pastor, pero
entendemos que ha sido un error del portavoz del Partido Popular.


Señorías, les ahorraré una reflexión que hemos compartido
muchas veces aquí sobre la importancia y la necesidad que tiene España de
que apoye su crecimiento en la generación de conocimiento y haga
políticas que produzcan que ese conocimiento se convierta en industria,
se convierta en puestos de trabajo. No lo haré por cuestiones de tiempo.
Sí me referiré a estos presupuestos.


Los presupuestos de la sección 27 nos obligan de alguna
forma a presentar un veto porque desde nuestro punto de vista no cumplen
ninguno de los objetivos que deberían cumplir, y me explicaré. El
Gobierno este año encargó a un grupo de expertos de la Unión Europea, a
científicos, que estudiasen el sistema español de ciencia, tecnología e
innovación, y este grupo de científicos dieron una serie de conclusiones,
ninguna de las cuales se recogen en este presupuesto. Dijeron que
faltaban recursos públicos en el sistema de ciencia y tecnología, y no
aumentan. Dijeron que faltaban planificación estratégica y reformas
estructurales del sistema de innovación, que además la Ley de la ciencia
ya tenía previstas, y el Gobierno lleva tres años gobernando y no ha
tocado esa Ley de la ciencia, que contiene instrumentos que permiten
corregir esto que los expertos europeos nos han dicho ahora: dónde está
la agencia española de investigación, dónde está el estatuto de la joven
empresa innovadora, dónde está el estatuto de formación del personal de
investigación joven. Todo eso son obligaciones de la ley y a la vez
instrumentos que permiten corregir esos defectos que los expertos
europeos han señalado ahora.


Pero además estos presupuestos ya permiten una perspectiva
y demuestran que aquella famosa frase del más con menos se ha revelado
como letal e inútil. El Gobierno nos dice en este presupuesto, en el
libro amarillo, que considera razonable la inversión en I+D+i, es decir,
considera razonable que hayamos perdido un 28 % desde 2011 en presupuesto
no financiero y un 22 % en el presupuesto financiero. Seguramente el
Gobierno considera razonable que el Fondo de investigación científica y
técnica —de donde salen los proyectos y los investigadores—
haya caído un 31 % desde 2011. Supongo que al Gobierno le parece
razonable que en el año 2013 hayamos perdido 5219 personas que trabajaban
en el sistema de investigación y ya no están —y de esos 5219, 3195
son investigadores—. Hemos pasado de invertir el 1,27 % del PIB en
2012 a invertir el 1,24 % en 2013, y los datos de 2014 lo van a empeorar.
Hemos conseguido que hasta Portugal nos adelante en la inversión en tanto
por ciento sobre PIB. De los cuatro países —de los PIGS— ya
somos el tercero, solo tenemos por detrás a Grecia. Y hoy hemos vivido en
esta Cámara —lo cual todavía se entiende menos—, y en el
Congreso casi simultáneamente, cómo el ministro Montoro y el presidente
Rajoy nos decían que íbamos a crecer como un tiro, que vamos a ser los
que más crezcamos en Europa el año que viene. ¿Tiene sentido que, si
vamos a ser los que más crezcamos en Europa, no seamos los que más
crezcamos en ciencia y no crezcamos en ciencia? Eso no tiene sentido y no
es compatible con el discurso del Gobierno ni, por lo tanto, con lo que
necesita España. Y esa frase se cruza a la vez en unos presupuestos que
la propia secretaria de Estado en la Comisión dijo que consolidaban los
recortes.


Señorías, esta tarde, el portavoz del Grupo Popular, el
senador Antolín, nos pedía sensatez, sentido común, andar por el camino
común. Claro, el camino común no es su camino. Y en ciencia, el camino
común debería ser el camino que desde 2012 vienen reivindicando casi
todas, o todas, las asociaciones de investigadores españoles. Esa sería
la sensatez. La sensatez sería que ustedes devolvieran este presupuesto
al Gobierno, porque es insensato, porque es hostil con la ciencia y
porque además es un presupuesto que condena a este país a seguir
perdiendo convergencia con Europa, a seguir perdiendo competitividad y a
seguir perdiendo oportunidades.


Muchas gracias. (Aplausos).









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.


El Grupo Parlamentario Convergència i Unió ha presentado la
enmienda 411.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas noches.


Esta mañana, defendiendo el veto a los presupuestos
generales, el senador Bel utilizaba argumentos contundentes que bien
pueden servir perfectamente para esta sección de Economía y de
Competitividad.


Cuando escuché la intervención del ministro y habló de
empleo oí cosas como que los autónomos y las pymes son las únicas que
realmente pueden generar empleo. Estamos de acuerdo, es una realidad, lo
que ocurre es que la realidad de los presupuestos desmiente sus palabras,
como luego argumentaré. O como que el acceso de los ciudadanos al crédito
estaba mejorando. Nada cierto. Hace pocos días, delante del ministro de
Economía, en la sesión de control, fue evidente que esta no era la
cuestión, es decir, que en este momento no estamos todavía en una
situación de crédito, lo cual está perjudicando a las pymes, está
perjudicando a los autónomos, y que mientras realmente no haya acceso al
crédito, no va a haber creación de empleo. En definitiva, tenemos un
problema, porque las empresas no pueden internacionalizarse. Las empresas
para poder internacionalizarse han de ser competitivas, y para ser
competitivas hace falta el estímulo en I+D+i, cosa que no se produce en
estos presupuestos, ni mucho menos, puesto que los números y los
discursos divergen de manera tremenda.


El instrumento más grande o más potente que tiene el
Ministerio de Economía para potenciar el modelo productivo consiste en
las transferencias de préstamos y recursos que dan tanto las empresas
públicas como las privadas a través de los capítulos 4, 7 y 8 de los
presupuestos. Repito, capítulos 4, 7 y 8. Y estos capítulos ¿qué nos
dicen? Pues, fíjense ustedes, señorías, el capítulo 4, Transferencias
corrientes, disminuye un 4 %; el capítulo 7, Transferencias de capital,
que tendría que aumentar mucho, solo se incrementa un 2 %; y el capítulo
8, Activos financieros —es decir, préstamos a las empresas—
disminuye nada más y nada menos que un 68 %. Por lo tanto, en estos tres
capítulos, que son los más grandes que tiene esta sección para potenciar
la economía, justamente estamos invirtiendo muy poco.


¿Quién puede beneficiarse de estos capítulos, de estas
partidas? Pues, evidentemente, el Fondo estratégico para infraestructuras
científicas y tecnológicas, el Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas, el Cedeti —Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial para proyectos de I+D+i—, el
Fondo para la internacionalización de las empresas, el Fondo para
inversión exterior, el ICEX. Todas estas entidades se alimentan de estas
partidas y como ya hemos visto en la caída del presupuesto, la realidad
es que va a ser un desastre, en definitiva, no vamos a poder conseguir
nuestro objetivo.


Y si analizamos con un poco más detalle esta realidad,
observamos, por ejemplo, que las subvenciones en intereses, préstamos de
líneas de mediación instrumentados por el ICO cae un 41 %; que el ICEX,
para atender prioritariamente el funcionamiento en el fomento de la
internacionalización de las empresas, disminuye un 69 %; y que los
préstamos a largo plazo caen un 8 %. Si analizamos I+D+i
—inversión, desarrollo, innovación—, donde tendríamos que
estar en la media europea —en un 2 %—, estamos escasamente en
un 1,2 %, con lo cual, si a esto le sumamos las caídas presupuestarias
que han tenido todas estas partidas durante los años 2011-2013, la
verdad, es un desastre.


Hay también un elemento clave importantísimo en todo este
proceso: falta de negociación. Las enmiendas que hemos presentado no van
a tener negociación alguna, estamos convencidos. No hay negociación
—ya estamos habituados a ello—, solo imposición. Por tanto
podemos afirmar de manera clara que estos no son unos presupuestos para
sacar al país de la crisis, reactivar el empleo y la economía, para
recuperar la calidad del Estado del bienestar, para contribuir a la
racionalización y mejora de la Administración pública, para mejorar el
reparto interterritorial de recursos y devolver la ilusión a los
ciudadanos, nada más lejos de la realidad.


Por todo ello hemos presentado el veto a esta sección.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado la enmienda 425.









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Para su defensa, tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.
Buenas noches.


Permítame para justificar el veto a esta sección que haga
un par de reflexiones sobre el comportamiento global de nuestra
economía.


Volvemos a tener déficit comercial. Las exportaciones están
creciendo a un 1,7 % —una quinta parte de lo que crecían el año
2011—, mientras que las importaciones están creciendo mucho más
—el primer trimestre de este año un 8,6 % y casi un 4 % en el
segundo trimestre—.


En segundo lugar la dinámica de la deuda. El año pasado en
los presupuestos se decía que los intereses de la deuda descenderían un
5,2 %, cuando la realidad es que están creciendo a un ritmo del 5,5 % en
estos momentos. Es decir, gastamos 40 000 millones de euros en intereses
de la deuda, mucho más de lo que gastamos en desempleo.


En políticas de investigación, desarrollo e innovación el
Gobierno afirma en el libro amarillo que los niveles actuales de
financiación son razonables y que la I+D+i es una de las prioridades de
los presupuestos a lo largo de estos últimos años. Señorías, nada más
lejos de la realidad. Nuevamente: una cosa son las intenciones y otra las
políticas concretas que se reflejan en los presupuestos. La inversión en
I+D+i está retrocediendo un 25 % con menos de 2000 millones de euros,
confirmando el poco interés de este Gobierno en la mejora de la
productividad de la economía española vía investigación y desarrollo
frente a la promovida devaluación salarial y aumento de los recortes de
los derechos de los trabajadores.


En los presupuestos para 2015 se consolidan los recortes
iniciados en el primer ejercicio del Partido Popular en 2012. Si en 2011
el gasto en investigación, desarrollo e innovación representaba el 2,4 %
de los presupuestos, para el próximo año representará solo el 1,6 %. La
reducción acumulada desde 2011 significa un 28 % de los créditos en los
capítulos 1 a 7 y un 22 % en el capítulo 8.


Las partidas del Fondo de investigación científica y
técnica, de las que se nutren los recursos destinados a proyectos y al
personal de investigación, han sufrido un recorte de casi un tercio en
los años de gobierno del Partido Popular, y en este mismo período los
fondos destinados a la innovación industrial y a su fomento —es
decir, las partidas destinadas al CEDETI— se han recortado más del
60 %, equivalente a casi 160 millones de euros. En cuanto al Centro
Superior de Investigaciones Científicas, solo quiero dar un dato: que
desde el año 2012 ha perdido el 15 % de su plantilla, poniendo en grave
riesgo sus programas de investigación.


Y finalmente, señorías, una breve referencia respecto a
Cataluña. Como ustedes saben, Cataluña dispone de importantes centros y
fundaciones vinculados a I+D+i, que han alcanzado gran prestigio y
reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, y de ello nos
sentimos muy orgullosos. Las aportaciones que reciben del Estado son
totalmente insuficientes para la consecución de sus fines y la
continuidad de su prestigio. Estas son, sucintamente, algunas de las
razones que nos han llevado a presentar el veto a la sección 27,
Ministerio de Economía y Competitividad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.


Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado la
enmienda número 12.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Dentro de las competencias del Ministerio de Economía y
Competitividad está todo lo referido al funcionamiento del sistema
financiero y al desarrollo de las iniciativas que contribuyan a que se
provea a la economía productiva de los recursos necesarios a través de
los créditos concedidos. Como tuve oportunidad de exponer en la defensa
del veto general, tales iniciativas no están dando la respuesta adecuada
a las necesidades propias de ese sistema productivo. Por contra, se
siguen manteniendo las restricciones crediticias, aunque en los últimos
tiempos, los créditos hasta un millón de euros —en el mes de
julio— hayan tenido un crecimiento muy limitado, pero ello es a
costa del mantenimiento de unas condiciones en la concesión de los
créditos, que conlleva, por una parte, la exigencia de unos niveles de
garantía en muchos casos imposibles de prestar por los









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solicitantes, y por otra, la obtención de los créditos con
una carga financiera, con un coste y con unos intereses muy por encima de
lo razonable.


También forma parte de este paquete de competencias del
ministerio desde la perspectiva del sector el impulso de aquellas medidas
que iban a servir como protección del deudor hipotecario. La valoración
que hace el propio ministerio y los datos que proporciona en relación con
la eficacia de esas medidas demuestran que en ningún caso son una
garantía real para ese deudor hipotecario, y por eso no son capaces de
frenar los desahucios. Es cierto que no todos los desahucios son de la
primera vivienda, pero el incremento de los desahucios de viviendas
ocupadas a lo largo del último año ha supuesto que las hayan perdido 50
000 personas.


El otro gran capítulo de competencias de este ministerio,
que hace referencia a su denominación de competitividad, en la práctica
demuestra que este Gobierno renuncia a utilizar I+D como un activo
importante para conseguir esa competitividad. De ahí que las
consignaciones presupuestarias, como también exponía en la defensa del
veto general, acrediten la caída del peso en el producto interior bruto
de los recursos dedicados a esta importante actividad de investigación y
desarrollo, y que cada vez más, proyectos iniciados se frustren.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Y la frustración de esos
proyectos iniciados no solamente significa la pérdida del dinero
invertido hasta ese momento, también significa la exportación de equipos
de investigación que harán más competitivos a otros Estados después de
haber sido formados con cargo a los recursos de los españoles.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


En el turno en contra, tiene la palabra el senador
Fernández de Moya.


El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente. Señorías, buenas noches.


Subo a esta tribuna en representación del Grupo
Parlamentario Popular para poner de manifiesto nuestro rechazo a los 4
vetos presentados a la sección 27, relativa al Ministerio de Economía y
Competitividad.


Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que mi
grupo había apelado a la sensatez en el debate del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado, y me gustaría que el Partido
Socialista, a nivel nacional, a nivel federal, también recuperara la
sensatez, sobre todo teniendo en cuenta la última ocurrencia de su
secretario general relativa a enmendar la plana al expresidente del
Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, mediante la reforma del artículo 135
de la Constitución, que precisamente pactaron el Partido Socialista y el
Partido Popular para incluir un techo de déficit en nuestra Constitución
española. Señores del Grupo Socialista, estamos ante una extraordinaria y
gravísima irresponsabilidad de su partido que pone de manifiesto tan solo
un oportunismo político y medidas populistas que lo único que hacen es
lanzar un mensaje erróneo a la sociedad, a los mercados y a los
inversores. Por lo tanto, sería bueno que rectificaran, en nombre de la
sociedad española.


Ustedes no lo han dicho, pero yo sí quiero poner de
manifiesto los últimos datos de la encuesta de población activa relativa
al tercer trimestre: el paro baja alcanzando un récord de 195 200
parados; se crean 151 000 puestos de trabajo, la mayor subida en siete
años para un tercer trimestre; el empleo crece a una tasa anual del 1,6
%, medio punto por encima del segundo trimestre; el aumento de la
ocupación se centra en el sector privado, servicios y parados de larga
duración; la tasa de paro baja al 23,7 %, 8 décimas menos respecto al
segundo trimestre; baja en 44 600 el número de hogares con todos sus
miembros en paro y crece en 165 000 el número de hogares en los que están
todos ocupados. Desde una perspectiva sectorial, señorías, el aumento
intertrimestral del número de ocupados se ha concentrado en el sector no
agrario, con 108 800 empleos en servicios, 71 800 en industria y 43 500
en construcción. Respecto a un año antes, el nivel de empleo aumenta en
servicios, con 230 700 ocupados más y, por ejemplo, en industria con 82
100 más.









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Como les he dicho antes, el número de hogares con todos sus
miembros activos en paro se ha reducido en el tercer trimestre en 44 600,
y el de hogares con todos sus miembros activos ocupados ha aumentado en
165 400. Por lo tanto, la encuesta de población activa del tercer
trimestre de 2014 confirma los favorables resultados anticipados por las
afiliaciones a la Seguridad Social y el paro registrado correspondiente a
ese mismo periodo. Eso sí, señorías, hay una excepción: Andalucía, donde
gobierna el Partido Socialista. (Protestas). El paro vuelve a subir, con
15 058 parados más en Andalucía en el mes de octubre. (Aplausos). Donde
gobiernan los socialistas durante tres décadas el paro vuelve a subir.
Señorías del Partido Socialista, ¿a ustedes no les produce sonrojo este
mapa de España, con la tasa de paro más alta en Andalucía en tres décadas
sucesivas de Gobierno socialista? (Protestas). Este mapa no engaña.
Andalucía, su modelo de gestión, su modelo de referencia, solo nos ofrece
a los andaluces paro; es la comunidad autónoma con la tasa de paro más
alta de la nación española, con un modelo de gestión del Partido
Socialista. Fíjense, 1 400 000 andaluces precisamente en paro.
(Protestas).


Las exportaciones españolas de mercancías —porque se
ha aludido muy poco al informe sobre el comercio exterior y a la
evolución de las reformas llevadas a cabo por el presidente Rajoy—
crecen un 1,9 % en los nueve primeros meses de este año, y el ritmo
exportador se intensifica en septiembre, con un crecimiento interanual
del 9,6 %. Señorías, en los nueve primeros meses de 2014 las
exportaciones españolas de mercancías aumentaron un 1,9 % interanual,
hasta los 178 390 millones de euros, el mejor dato de la serie histórica
desde 1971, desde hace cuarenta y cuatro años. En término reales el
incremento fue mayor: un 2,6 %, al descender un 0,7 % los precios de las
exportaciones por los índices de valor unitario.


El ritmo de crecimiento de las ventas de España al exterior
contrasta con los retrocesos experimentados en países de la Unión
Europea. En Francia, –1,2 %; en Reino Unido, –14,7 %, aunque
es verdad que resulta inferior al crecimiento alemán, que fue +3,5 %.
Fuera de la Unión Europea, las exportaciones de Estados Unidos se
incrementaron un 3,4 %, y las de Japón, un 3,2 %. Por su parte, en el
ámbito del Estado español las importaciones sumaron 197 245,6 millones de
euros, con un aumento del 6 %, respecto al mismo período del año 2013,
potenciadas por la progresiva mejora del consumo en el ámbito de la
demanda interna de la nación española. En términos reales las
importaciones subieron un 8,7 % al disminuir sus precios en base a los
índices de valor unitario un 2,5 %. Aumenta la competitividad/precio en
el tercer trimestre.


Nada se ha dicho del índice de tendencia de la
competitividad, pero quiero ponerlo de manifiesto. La competitividad
exterior de la economía española en el tercer trimestre del presente año
avanzó frente a la Unión Europea, tomando como referencia los índices de
precio al consumo en base a una baja inflación en el ámbito de España
respecto a la inflación media en los países de la Unión Europea y la
propia depreciación del euro frente a la moneda de estos países.


En I+D+i, señorías, hay un estudio de Business School que
pone de manifiesto el período de inversión vinculado a I+D+i tanto en el
sector público como en el sector privado. Es curioso que nuevamente su
modelo de gestión, el de Andalucía, haya bajado, y aquí tiene la tabla:
un 8,7 % en el presupuesto de 2011 a 2012 la inversión en I+D+i. Las
políticas vinculadas a la investigación y al conocimiento son, sin lugar
a dudas, un referente para el Gobierno de España. Pero lo verdaderamente
importante —y con esto termino, señor presidente— es cómo
hemos pasado de la recesión a la recuperación. En estos cuadros se pone
de manifiesto la evolución de la prima de riesgo, la confianza, el empleo
y el crecimiento económico, 4 señas de identidad de este presidente del
Gobierno y de este Gobierno, que, por mucho que a ustedes les pese, nos
dejaron un país en quiebra, al borde de la intervención y a punto de ser
rescatados por la nefasta gestión de los socialistas.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.


El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Ha sido el presidente
Rajoy y el Gobierno del Partido Popular quienes hemos vuelto a poner en
la senda del crecimiento, de la generación de empleo, de la confianza y
de la inversión el futuro de la nación española.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fernández de
Moya.


La enmienda 412, del Grupo Parlamentario Convergència i
Unió, a la sección 31, ha sido retirada.









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Pasamos a la sección 32, a la que se ha presentado la
enmienda 413, también del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente. Buenas
noches, señorías.


Estos presupuestos —ya se ha dicho—, tal y como
fueron presentados podrían haber sido una herramienta para la salida de
la crisis, la reactivación económica y la recuperación de la calidad del
Estado de bienestar, así como una contribución a la racionalización de
las administración públicas, con el debido y justo reparto
interterritorial de recursos para acercar las soluciones a los
ciudadanos. Pero no lo son. Una vez más son la plasmación de la ideología
recentralizadora del Partido Popular, que nuevamente habla de calidad del
Estado de bienestar, pero una y otra vez antepone la ideología a los
ideales. Queda en entredicho la prioridad del Gobierno para dar respuesta
a la crisis cuando ya se ha dicho que por primera vez el Ministerio de
Defensa se prioriza ante ministerios como el de Industria o Fomento,
flaco favor, o varapalo, como diría el ministro, a la reactivación
económica o a la ocupación. Tampoco responde a la preocupación por la
recuperación de la calidad del Estado de bienestar el trato que estos
presupuestos dan a las comunidades autónomas y a la Administración
Local.


El reparto desigual de las obligaciones de déficit y no
proporcional a las obligaciones soportadas por las comunidades autónomas
vuelve de nuevo a concentrar en estas el esfuerzo de austeridad. Como
consecuencia directa de esto, los ciudadanos sufren en las prestaciones
—según las competencias— de servicios tan básicos como los
sociales, la sanidad y la educación, que son pilares de ese tan citado
Estado de bienestar.


Ya hemos expresado nuestro rechazo a estos presupuestos por
no cumplir con Cataluña ni con los catalanes. Un incumplimiento que viene
a ser tan obvio y recurrente en las necesidades de ajuste de déficit como
en las inversiones territoriales. El senador Bel, mi compañero, en el
veto a la totalidad ha cifrado y ha dejado claro tanto los repartos de
déficit como el incumplimiento con el Estatut d’Autonomia y con la
disposición adicional tercera, y lo que esto ha supuesto en cuanto a
inversión territorializada en Cataluña. Resumiéndolo mucho, es aquello
de: quien parte y reparte se queda con la mejor parte. No se invierte en
lo que se debe invertir, dejando nuevamente el peso del ajuste fiscal
llevado a cabo por el Gobierno en las comunidades autónomas y las
administraciones locales.


Este escenario bastaría para explicar el rechazo de este
grupo parlamentario a estos presupuestos y a esta sección, pero hay más
situaciones agravantes que no se subsanan en estos presupuestos y
lesionan intereses y derechos de Cataluña y de los catalanes. Hoy,
señorías, una parte del sistema tarifario integrado de la provincia de
Barcelona queda fuera del ámbito competencial de la Autoridad del
Transporte Metropolitano, con lo cual la Generalitat debe afrontar, sin
aportación ninguna de la Administración General del Estado, el coste de
estos servicios. Esto no ocurre en el consorcio de transportes de Madrid,
que está integrado y participa de estos recursos. Este agravio
comparativo debe salvarse con el reconocimiento de este nuevo ámbito de
la Autoridad de Transporte Metropolitano y, consecuentemente, con las
aportaciones en función del número de habitantes de la provincia de
Barcelona, tal como viene sucediendo en Madrid.


Otra situación que también queremos poner de relieve y que
denunciamos es la falta de consignación presupuestaria suficiente para
atender lo referido al impuesto autonómico sobre los depósitos en
entidades financieras, dando así cumplimiento a un mandato que viene dado
por la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas, de
compensación por lo que hubiera supuesto la aplicación de este impuesto
autonómico, que entró en vigor con anterioridad al impuesto elaborado por
el Gobierno para todo el Estado español. Es algo sencillo: compensen la
recaudación prevista, si se aplica el impuesto autonómico, respecto del
importe a percibir en Cataluña con la recaudación del impuesto
estatal.


Por todo ello hemos presentado este veto, porque entendemos
que una vez más este círculo virtuoso del que tanto habla el ministro
continúa dejando fuera a Cataluña, porque no notamos, más allá de las
palabras y no siempre, una intención en estos presupuestos de equilibrar
y buscar la justicia y la equidad en las relaciones financieras con los
entes territoriales. El ministro Montoro es cierto que nos reconoce el
esfuerzo, pero no nos alivia; al contrario, nos invita a continuar









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contribuyendo en la consecución del cumplimiento global del
Estado español, abocándonos a poner en peligro esas prestaciones a los
ciudadanos que forman parte de la columna vertebral del Estado de
bienestar. Señorías, los entes territoriales son cuestionados una y otra
vez también en estos presupuestos generales.


Finalmente, estos presupuestos ponen cifra a una doctrina
que, sin pronunciarlo, va desmantelando las comunidades autónomas, las
mata por inanición. Cataluña, ya lo saben, no puede ni quiere resignarse
a esta suerte.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora RIVERO SEGALÀS: Acabo, señor presidente.


Y aunque ustedes nos llamen una y otra vez victimistas,
Convergència i Unió continuará denunciando cualquier agravio que se
cometa y que dañe los intereses de los ciudadanos de Cataluña, y de
todos. Nosotros no somos victimistas: somos víctimas de su política
recentralizadora.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


En el turno en contra, tiene la palabra el senador
Pagola.


El señor PAGOLA SÁENZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas noches, señorías.


En primer lugar, después de las casi catorce horas de
debate que llevamos, quiero destacar y poner de manifiesto la sorpresa y,
por otra parte, la alegría al encontrarme que la sección 32 solo ha
tenido una impugnación, lo cual quiere decir que esta sección, por lo
menos, gusta a la inmensa mayoría de los senadores de esta Cámara.


Estamos debatiendo unos presupuestos en los que se deja
claro que la era de la austeridad está dando paso a la era de
consolidación de la recuperación. Son unos presupuestos que aúnan
sensatez y prudencia con ambición. Prudencia, porque exigen que aún
tengamos contención en el gasto en esta fase de consolidación del
crecimiento y que al mismo tiempo avancemos en la reducción constante del
desempleo, y ambición para avanzar en la superación de la crisis que ha
venido padeciendo nuestro país.


Habrá que empezar por reconocer, como ha hecho el Gobierno,
el esfuerzo y el trabajo de las corporaciones locales, que en el último
ejercicio han pasado de tener un déficit del 0,39 % a tener un superávit
del 0,52 %. Hay que destacar la gran responsabilidad de todos los ediles
y alcaldes de España, que, a veces con gran dificultad, han conseguido
explicárselo a los ciudadanos, que finalmente han comprendido y
colaborado para superar los difíciles momentos que hemos pasado.


Respecto a la financiación local, en estos presupuestos
hablamos de un incremento de casi el 5 %, es decir 787 millones, hasta
llegar a los 17 210. También hay que destacar el incremento de las
entregas a cuenta, que sube casi un 7 % y la minoración que tiene la
liquidación del ejercicio anterior. Todo ello sin tener en cuenta los
apoyos adicionales que también repetimos constantemente, como la ayuda a
la financiación del Plan de pago a proveedores, con 41 000 millones de
euros para pagar 8 millones de facturas a 230 000 proveedores que tenían
una deuda con los ayuntamientos. Y ello ha supuesto la salvación de miles
de puestos de trabajo y de cientos de pequeñas y medianas empresas.
Aparte de esto, cabe destacar la ampliación de los plazos de devolución
de los resultados negativos de la liquidación de 2008 y 2009, primero, de
dos a diez años, y últimamente, hace un mes escaso, de diez a veinte
años. También cabe hablar de multitud de apoyos con medidas específicas
para ayuntamientos que estaban en grave crisis y que han sido ayudados
por el Gobierno.


En este momento quiero aprovechar para hacer una mención
especial a los trabajadores de las entidades locales, a los funcionarios,
reiterando el agradecimiento de todos los alcaldes —y seguro que de
todos los grupos de esta Cámara— por su trabajo y dedicación en
estos años de crisis económica, en los que han incrementado sus horarios
de trabajo al tiempo que sus sueldos y sus plantillas se han visto
reducidas. Fruto de esta dedicación y de su alta profesionalidad es el
incremento de la productividad en el sector público y, además, la
reducción de la tasa de absentismo laboral, que se sitúa ya en niveles
muy parecidos al sector privado.


Esta política de austeridad y de incremento de la
productividad ha cambiado la situación del considerable aumento de
funcionarios que se produjo en los peores momentos de la crisis y ha









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devuelto al sector público a dimensiones de hace diez años.
Esto nos permite abordar en estos presupuestos una nueva política de
personal, de manera que la tasa de reposición por jubilación o por
fallecimiento de los funcionarios será mucho más amplia para el año
próximo de lo que fue en años anteriores. Frente a un 10 % de los años
precedentes, se avanza hasta un 50 %, lo que significa que cada
Administración podrá determinar cuáles son sus áreas prioritarias en las
que debe reforzar su personal, llegando a este 10 % siempre que la tasa
no sea superior al 50 %. Señoría, hay que recordar también que en este
próximo mes de diciembre a los funcionarios se les pagará el 25 % de la
paga extra de diciembre de 2012.


Señorías, nuestras administraciones territoriales se
encuentran hoy en una mejor situación que al cierre del ejercicio 2011.
El Gobierno ha desplegado todas las medidas necesarias para garantizar su
viabilidad, que es lo mismo que garantizar la sostenibilidad de los
servicios públicos fundamentales, a los que tienen derecho los
españoles.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pagola.


A la sección 36, el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió ha presentado la enmienda de impugnación
número 414.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Tenemos que aprovechar todos los momentos que se nos
presentan, porque hemos concentrado el turno de portavoces al final del
debate de todos los vetos a las secciones, con lo cual no hay posibilidad
de réplica a ninguna de las intervenciones.


El senador Peñarrubia me dijo cuando intervino en el veto a
la sección 25 que yo no me había leído el informe CORA que tiene 70
páginas, y sí que me lo he leído, señoría. De hecho el informe CORA tiene
250 páginas, no 70. Las poco más de 70 páginas son el informe del primer
año de aplicación del CORA, y yo me he leído uno y me he leído el otro.
En todo caso no pretendía quejarme de que no había suficientes créditos,
sino de que había demasiados en un ministerio que tenía que dar
ejemplo.


Dicho esto quiero explicar rápidamente nuestra impugnación
a esta sección, que no les va a sorprender. Señorías, presentan ustedes
un presupuesto para 2015 que tendría que tener un sistema de financiación
nuevo de las comunidades autónomas y un sistema de financiación nuevo de
las corporaciones locales, y no hay ni lo uno ni otro, ni se les espera.
La infradotación de cada una de estas partidas es considerable. Ustedes
me van a decir que se han incrementado a lo largo de los últimos años, y
es verdad, pero no de forma suficiente, y en el caso de las comunidades
autónomas, y concretamente de Cataluña —no quiero meter a otras
comunidades autónomas en el debate— quedan muchísimas partidas
pendientes de ejecutar. Esta mañana alguien dijo que el sistema de
financiación pactado por los anteriores gobiernos de la Generalitat y del
Estado era malo y que no había dado sus frutos. No voy a defender yo sus
bondades, pero si se hubiera cumplido estrictamente tampoco estaríamos
donde estamos, y mi grupo parlamentario entiende que las partidas
correspondientes se tendrían que haber complementado en esta sección.


Por tanto, doy por defendido el veto a esta sección, para
el que les pido su voto favorable.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


El Grupo Parlamentario de Entesa ha presentado la enmienda
número 426.


Para su defensa tiene la palabra la senadora Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la política recentralizadora del Estado se pone
nuevamente de manifiesto en esta sección. Los recortes previstos en la
financiación de las comunidades autónomas ponen en grave riesgo las
políticas sociales y el Estado de bienestar, especialmente en educación,
sanidad y servicios sociales, cuyas competencias pertenecen
mayoritariamente a las comunidades autónomas. Además, en este año 2014 se
tendría que haber pactado y puesto en vigor el nuevo









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sistema de financiación autonómica, cuestión esta que no se
ha abordado, incumpliendo lo previsto por la ley.


La cooperación económica local desaparece definitivamente
como máximo instrumento de cooperación local, que hasta el año 2011 dio
importantes frutos: los planes de obras y servicios y el pla únic
d´obres i serveis de Catalunya, que en el ejercicio 2011 alcanzó los
2,6 millones. Los planes provinciales insulares de cooperación también
han desaparecido de las prioridades del Gobierno. La financiación de los
municipios de menos de 20 000 habitantes ya desapareció en los
presupuestos de 2012, los primeros del Gobierno del Partido Popular.
Finalmente estos presupuestos no reconocen las deudas pendientes con
Cataluña, e ignoran nuevamente y por cuarto ejercicio consecutivo el
contenido de la disposición adicional tercera del Estatut
d’Autonomia de Catalunya, aprobado por el Parlament de Catalunya,
refrendado por la ciudadanía y finalmente aprobado por las Cortes
Generales.


El Gobierno incumple, por tanto, un mandato legal acordado,
además, en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat. La inversión
regionalizable en Cataluña será de 1072 millones, la cifra más baja desde
1999, alcanzando solo el 9,5 % del total estatal, cuando debería ser de
2118 millones, es decir, el 18,8 % del total, que es la aportación que
Cataluña da al conjunto del PIB español, tal y como establece la
disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que
se incumple sistemáticamente desde la entrada del Partido Popular al
Gobierno en 2011, así como el resto de estatutos recientemente reformados
que incorporan anexos sobre inversiones en sus correspondientes
comunidades autónomas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya presenta este veto para el que pide su aprobación.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.


Turno en contra. Tiene la palabra el senador Blasco.


El señor BLASCO MARQUES: Gracias, señor presidente. Buenas
noches.


Como decía el senador Bruguera, voy a hacer unas
consideraciones previas. En primer lugar, mis compañeros decían que
subían a la tribuna a defender el turno en contra. Yo me atrevo a decir
que subo indignado a la tribuna después de lo que he escuchado. Así que
me voy a permitir hacerles unas consideraciones generales.


Llevo once años en el Senado, ocho con gobiernos
socialistas, tres con gobiernos del Partido Popular, con 4 presupuestos
presentados. Durante ocho años estuve viendo una y otra vez cómo el
Partido Socialista presentaba presupuestos, en mi opinión, profundamente
falsos a sabiendas, y el resto de grupos que hoy presentan vetos apoyaron
esos presupuestos; unos presupuestos que no se cumplieron ningún año;
unos presupuestos que cada año iban incurriendo en más déficit y, por
tanto, en más deuda; unos presupuestos con los que al final, después de
ocho años, ustedes hicieron, en primer lugar, una política que dio
derechos sin financiación; en segundo lugar, endeudaron sin límites al
país; en tercer lugar, lo dejaron al borde de la intervención; en cuarto
lugar, convocaron elecciones anticipadas; y, en quinto lugar, se fueron.
Pero antes de irse, Zapatero hizo una cosa bien, pero no la hizo por
voluntad propia, sino obligado por la Unión Europea y por aquella famosa
llamada de Obama, que fue modificar la Constitución para incluir el
objetivo de déficit público. Solo hacen una cosa bien en materia
económica en ocho años y ahora la quieren cambiar. (Aplausos). Y, como he
dicho, convocan elecciones anticipadas cinco meses antes porque no
quieren tomar las medidas que tienen que tomar y dicen que venga Rita y
las tome. Y al final viene el Partido Popular y las tiene que tomar. Y
cuando presentamos los presupuestos que poco a poco van enderezando la
situación, ahora salen aquí con un rostro amplio y duro y critican y
enmiendan y vetan todas las secciones del presupuesto. ¡Pero si tenemos
que tomar estas medidas por una razón evidente, porque llevaron al borde
de la intervención al país! (Aplausos).


Me voy a centrar en la sección 36.


CiU y Entesa pel Progrés de Catalunya presentan unos vetos
porque simplemente dicen que estos presupuestos —leo
textualmente— no son los adecuados para atender las necesidades
sociales ni económicas ni del Estado español ni de Cataluña. Y con dos
líneas y media argumentan un veto a la sección.









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Entesa decía que en estos presupuestos —y ahora
hablaré de los entes territoriales: ayuntamiento y comunidades
autónomas— hay una clara idea recentralizadora. En nombre del
Partido Popular me atrevo a negarlo rotundamente. De hecho, en la mayoría
de los ayuntamientos gobierna el Partido Popular y en la mayoría de las
comunidades autónomas gobierna el Partido Popular. Yo gobierno en un
ayuntamiento. La política de Zapatero fue la siguiente: en vez de ayudar
a los ayuntamientos dando dinero y mejorando su financiación, nos obligó
a invertir un dinero que no teníamos en los famosos planes E, provocando
13 000 millones de endeudamiento por créditos para hacer obras que no
eran prioritarias para los ayuntamientos. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor BLASCO MARQUES: En cambio, el Partido Popular
dice: ¿Cuál es la necesidad? Pagar a los proveedores, que cobren las
empresas y ayudar a los ayuntamientos que no pueden pagar a esas
empresas, y se inventa el Plan de pago a proveedores. Sin embargo,
señorías, todavía no he oído a ningún socialista decir que ha sido
beneficioso para su ayuntamiento; me gustaría oír a algún alcalde que
diga aquí en la tribuna que se le ha ayudado a sanear el ayuntamiento,
porque eso sí que es echar una mano.


Senador Bel, no conozco ningún ayuntamiento que salga en
defensa de la financiación de las comunidades autónomas y no conozco
ninguna comunidad autónoma que salga en defensa de modificar el modelo de
financiación de los ayuntamientos, cada uno intenta resolver su problema.
Y el Gobierno, que tiene una visión global de toda España
—ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central o
Administración central del Estado—, ve cuál es el problema. ¿Hay
alguien que esté dispuesto a perder un trozo de la tarta? ¿Las
comunidades autónomas van a perder un trozo de la tarta para que aumente
la financiación de los ayuntamientos? Y usted es alcalde. ¿Los
ayuntamientos van a ceder una parte de la tarta para mejorar la
financiación de las comunidades autónomas? ¿O lo que tendremos que hacer
será aumentar la tarta a fin de que haya reparto para todos? Pero si no
hay tarta es muy difícil abrir el melón de la financiación. ¿Tan difícil
es entender esto?


Llevamos veinte años intentando mejorar el sistema de
financiación; en época de bonanza el PSOE no lo hizo, todo lo contrario,
gastó lo que tenía, pidió dinero y se endeudó para hacer lo que no debía.
Y ahora vetan los presupuestos. ¡Hombre!, hay que ser más serios. Estamos
en el Parlamento nacional. ¿Les recuerdo cómo hacía Solbes los
presupuestos? Solbes decía que el precio del petróleo iba ser de 60 euros
el barril y todos los periódicos decían que 100. Conclusión: la factura
energética se disparaba. Y les recuerdo que cuando ya no le quedaba más
que vender cogió la puerta y se fue. Bueno, no miro al senador Bel,
miraré a los socialistas.


Claro, hacen un presupuesto falso, y dicen: El país va a
crecer, y como va a crecer, tenemos más dinero, lo repartimos a las
comunidades autónomas y a los ayuntamientos, y luego tenemos que devolver
el exceso de la participación de tributos que nos dieron en 2008 y 2009.
Y, casualmente, el Partido Popular dice: Vamos a echar una mano a los
ayuntamientos, les damos primero diez años y luego veinte para intentar
ayudarles. No se nos ocurre decir: Vamos a hacer obras que no son
necesarias. Es que eso fue de bombero, eso no se le ocurre más que a
Zapatero. Y ustedes lo apoyaron. (Aplausos). Uno puede tener una idea
mala pero es que ustedes lo apoyaron.


Por tanto, son unos presupuestos que colaboran con las
comunidades autónomas, a las que el ministro les ha dicho esta mañana que
está dispuesto a volver a ayudar para financiar el Estado del bienestar.
Estos presupuestos no ponen en riesgo el Estado del bienestar, al revés,
lo garantiza. Ahora bien, lo garantiza si se administra bien la comunidad
autónoma, si luego destina los dineros a cosas que no tienen que ver con
el Estado de bienestar, ya es problema de esa comunidad.


Con estos argumentos comprenderán que vamos a rechazar este
veto, igual que hemos rechazado los demás.


Buenas noches. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Blasco.


A la sección 60 el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado la enmienda de impugnación número 444.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Ruiz
Santos.









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El señor RUIZ SANTOS: Gracias, señor presidente.


Señorías, sin ánimo de indignar a nadie, nos van a permitir
que presentemos este veto a la sección 60, y ello porque los presupuestos
que ustedes presentan en esta sección, sobre todo en ingresos, es
imposible que se puedan conseguir, dada la precariedad a la que ustedes
han sometido al mercado laboral en los últimos años.


Hoy hay 560 000 desempleados más que hace tres años, por
tanto, personas que no cotizan. Hoy los salarios son un 10 % más baratos,
y como consecuencia, las bases de cotización son más bajas, por tanto,
provocan menos ingresos. Hoy han aumentado ustedes el número de contratos
a tiempo parcial, troceando el empleo y provocando menos cotizaciones y,
por tanto, ingresos.


Por todo ello, ¿cómo vamos a creer en ese aumento que
ustedes dicen de un 6,8 % en este capítulo para alcanzar los 109 000
millones de euros? Y mucho más si lo cruzamos con otros datos que figuran
también en el propio documento que ustedes nos presentan, en el cuadro
macroeconómico, cuando dicen que subirá el empleo un 1,4 % y los salarios
un 0,6 %. Esto es imposible, iremos a déficit.


En la Seguridad Social, en el año 2011, ustedes se
encontraron un déficit de 487 millones de euros, pero en 2012 tuvimos un
déficit de 5812 millones; en el año 2013, de 8725 millones; vamos a
acabar el año 2014 con cerca de 11 000 millones de déficit; y ahora nos
dicen que para el año 2015 tendremos un 0,6 % o, lo que es lo mismo, 6000
millones de déficit. Para que esto se pudiera producir, tendría que haber
una media de crecimiento durante el año 2015 de 1 millón de nuevos
cotizantes más que en el año 2014 para evitar la prolongación de ese
mismo déficit anterior; 1 millón de cotizantes significa 5940 millones de
euros; una media de cuotas sobre la base de los datos del año 2014 de
1723 euros/mes; y el paro tendría que bajar del actual 23,67 al 19,17 %
porque cada punto representa 229 000 parados menos. Esto es absolutamente
imposible.


Ustedes también presumen de que han incorporado, en un año,
320 000 nuevos cotizantes, pero digan también que esos cotizantes solo
han ingresado a la Seguridad Social 300 millones, cuando si fuera un
sistema basado en las condiciones anteriores de cotización, habría sido
de 1900 millones. Quizás el mayor engaño que ustedes nos plantean es que
todas las pensiones subirán un 0,27 % y eso garantiza su poder
adquisitivo para este año, en el que se prevé un descenso del 0,1 % en el
IPC. Confiar una recuperación económica en la deflación es un error de
primero de Económicas, cuando ustedes, además, les han subido a los
pensionistas el IBI, el IVA, el copago farmacéutico. ¿Ustedes piensan,
sinceramente, que una subida de 2 euros mensuales, multiplicado por 14
pagas, va a significar que con 28 euros al año van a poder soportar
realmente el actual poder adquisitivo de los pensionistas? Creo que
incluso eso ustedes tampoco se lo creen.


Eso sí, ustedes dicen que hay menos gastos, por ejemplo, en
la partida por las cotizaciones de las personas desempleadas, que baja un
12,30 % ¿Por qué? ¿Porque crearán 1 millón de nuevos empleos o porque los
desempleados van a perder precisamente sus prestaciones? Estos
presupuestos están cuadrados a base de mentiras, señorías. Ustedes no
confían en ninguna recuperación económica, confían en el Fondo de
Reserva, que lo recibieron con 67 000 millones de euros; en el año 2012
—y no lo digo con ninguna connotación negativa— le dieron una
mordida de 7003 millones; en 2013, le dieron otra de 11 648; este año
todavía dicen que será de 6000; y el año 2015, de 8446 millones. En eso
confían ustedes, precisamente en lo que ustedes se quejan tanto, en la
herencia recibida.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ruiz
Santos.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado la enmienda 415.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a intervenir rapidito, rapidito, pero también habrá
algo para el senador Blasco.


En todo caso, voy a defender el veto a esta sección porque
de las comparecencias se desprendió que cuando cuestionábamos que quizá
alguna partida estaba infradotada en el ámbito de la Seguridad Social,
dijeron: No, no, no se preocupen que eso ya ha pasado en otros ejercicios
y las complementamos a posteriori; evidentemente, pero el déficit de la
Seguridad Social a lo largo









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de los últimos años nunca se ha cumplido y siempre ha sido
más de lo previsto. Intuimos que en este ejercicio va a pasar algo
similar, las van a complementar porque van a generar —esperemos y,
si no, lo vamos a comprobar— más gasto y más déficit en la
Seguridad Social. Además, de este presupuesto ha desaparecido ya, de
forma permanente, cualquier aportación que hacía el Estado a las
comunidades autónomas para la gestión de las pensiones no contributivas.
Lo han hecho desaparecer y han dejado a su suerte a cada una de las
comunidades autónomas. A la vez, han reducido la dotación a la fundación
de prevención de riesgos laborales que se añade a una reducción
importante de otros ejercicios y que obviamente va a crear problemas. Por
tanto, mantengo y defiendo el veto que hemos presentado.


Siguiendo la costumbre, como no puedo interpelar y
contestar a cada uno de los anteriores portavoces del Grupo Popular, voy
a hacer solamente un comentario al señor Blasco. Si en el sistema de
financiación de las comunidades autónomas la mayor dotación tiene que
venir de las corporaciones locales, y si la mayor dotación de las
corporaciones locales tiene que venir de las comunidades autónomas, no
hay solución. ¿A alguien se le ha ocurrido que sea el Estado el que ceda
una parte de su pastel? Porque si el Estado cede una parte de su pastel,
entonces puede haber financiación de comunidades autónomas o puede haber
financiación de corporaciones locales, pero si la fórmula que aplican es
la misma que usan para el reparto del déficit, no les va a cuadrar nunca,
ni ahora ni cuando llegue la bonanza económica; no les va a cuadrar. Si
lo que pretenden es no adelgazar el Estado, sino incrementar la
Administración General del Estado, evidentemente va a ser muy difícil.
Eso de que el sistema de financiación de las comunidades autónomas es
incompatible con el de las corporaciones locales y que por ello no
hacemos ni lo uno ni lo otro para que no se peleen ni unos ni otros, es
un error.


¿Ha tenido el Gobierno del Partido Popular acciones
acertadas en relación con las corporaciones locales? Clarísimo. A mí no
me duelen prendas reconocerlo, pero eso no implica que haya cumplido con
su compromiso de cara a todos los alcaldes, también los del Partido
Popular, de modificar la Ley de haciendas locales y de modificar de forma
profunda el sistema de financiación de las corporaciones locales. He oído
decir, también a alguna comunidad autónoma, que como generan superávit
deben de estar muy bien financiadas. Pues las corporaciones locales
tendrán que generar déficit para que alguien piense que la reforma del
sistema de financiación es necesaria. En todo caso, antes del final de la
legislatura —ya me voy a encargar yo mismo— vamos a tener
ocasión de debatirlo en esta Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


El Grupo Parlamentario Entesa ha presentado la enmienda
427.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, subo aquí no sin expresar cierta envidia. Después
de que los grupos de la oposición han vetado 18 secciones, parece que el
PP, en diferentes tonos, repite el mismo argumentario. Lo digo con
envidia. Esta vez se han centrado mucho en la herencia, pero han repetido
disciplinariamente el mismo argumentario. Lo que me preocupa es que se lo
crean, que se crean lo que dicen. Ustedes tienen 3 problemas que son
suyos: el paro, la deuda y la desigualdad. Esto es suyo. Evidentemente no
partieron de cero, pero paro, desigualdad, pobreza y deuda, hoy por hoy
es su legado.


Tenemos un problema de debate presupuestario, que es un
problema de estadística. En 2007 el producto interior bruto fue
aproximadamente de 1,053 billones de euros. En el 2013, según nuestro
Gobierno, según el inefable señor Montoro, fue de 1,023 billones; es
decir, después de seis años de crisis hay esta escasa diferencia entre el
PIB de 2007 y el del 2013. Esto es increíble. Son datos que no se cree
nadie. Ustedes hacen un uso y abuso, falsean las estadísticas y al final
no sabemos ya ni de qué hablamos. Si la oposición no sabe de lo que
habla, tiene su riesgo y su problema, pero yo creo que al final ni el
grupo de la mayoría ni el Gobierno saben exactamente de qué estamos
hablando.


Y si hablamos de la Seguridad Social pasa lo mismo. Ustedes
hacen unas previsiones, un cálculo de ingresos que también es increíble.
Calculan que las cotizaciones van a aumentar un 6,8 y las cotizaciones de
empresas y empleados el 8,6 y, a su vez, que esto se va a producir con un









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incremento del empleo del 1,4. Esto es imposible. Hacer
esta previsión de ingresos con un crecimiento del empleo del 1,4, más un
empleo que hoy por hoy se está manifestando que es en precario, con
jornadas parciales y salarios muy bajos, es del todo inviable. Son
brindis al sol que nos ofrece el ministro Montoro, que permiten cuadrar
resultados y que al final del ejercicio se manifiestan como déficit que
hay que corregir nuevamente echando mano al Fondo de Reserva de la
Seguridad Social.


¿Cuál es el presupuesto de gastos? Ustedes calculan un
gasto de la Seguridad Social de 132,7 millones de euros, un 2,5 más que
en 2014; de ellos, 115 000 en pensiones retributivas, un 3,2 más que en
2014. Las pensiones subirán el 0,25; es decir, ustedes ya se han
instalado en lo que debía ser el 0,25 como mínimo y aun así lo convierten
en un máximo incremento, y ya se lo han dicho otros portavoces: esto va a
representar, si cogemos las pensiones más frecuentes, las de 645 euros,
un incremento al año de 21 euros. Un incremento del 0,25 que, si lo
ajustamos a su previsión de inflación, quiere decir que los pensionistas
van a perder el 0,25 de poder adquisitivo. Un año más se aplaza la mejora
de las pensiones de viudedad previstas en la Ley 27/2011. Se recorta la
partida destinada al Fogasa, a pesar de la crítica situación que
atraviesa; recuerden todo el debate que hubo sobre el Fogasa, la
acumulación de expedientes, la falta de personal, etcétera, y aun así
ustedes recortan la partida destinada al Fogasa.


Y respecto de las pensiones, permítanme hacer algunos
comentarios. Por un lado, la natalidad. La real bomba de relojería, una
de las principales bombas de relojería para la sostenibilidad de nuestro
sistema de pensiones es la natalidad, en franco retroceso en España,
¿Cuál es la respuesta del Gobierno? En el presupuesto general de 2015
recortan un 3,7 las partidas para proteger situaciones de maternidad,
paternidad, riesgos durante el embarazo y riesgos durante la lactancia
natural. Por otro lado, con sus reformas fiscales —lo discutimos
hace poco— van a dejar de ingresar 9000 millones de euros. Nuestro
consejo recogido en nuestras enmiendas es que dediquen parte de estos
9000 millones a revalorizar las pensiones y así conseguirán no solo mayor
equidad, sino algo fundamental: dinamizar el consumo interno para
estimular la demanda interna y poder hacer frente no solo a la equidad y
la justicia, sino también al relanzamiento económico y evitar el grave
peligro de la deflación, peligro de la deflación que incomprensiblemente
ni el Gobierno ni el grupo de la mayoría sitúa.


Es por estas razones por las que mi grupo presenta este
veto a la sección 60 de estos presupuestos.


Gràcies, senyor president. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado la
enmienda número 13.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


El señor Guillot ha explicado muy bien nuestra posición
sobre la cuestión de las pensiones, cuestión que ya hemos tenido la
oportunidad de debatir, pero quisiera perder un minuto para comentar algo
que he escuchado antes al portavoz en el turno en contra de la anterior
sección para que figure un relato histórico en esta Cámara. Se decía que
el PSOE había adelantado las elecciones a noviembre del año 2011 para no
tomar las medidas que tenía que tomar. ¿Les parece poco reformar el
artículo 135 de la Constitución y firmar el pacto del escudo antimisiles
con los Estados Unidos? Ustedes han utilizado el argumento de que era
para ocultar las medidas. Yo les quiero recordar que los Presupuestos
Generales del Estado del año 2012 se aprobaron y publicaron el 29 de
junio de ese año. Las elecciones fueron el 20 de noviembre. ¿Saben por
qué hicieron eso? Para ocultar sus políticas porque había elecciones
autonómicas en Andalucía. (Rumores). Sí, yo creo que hay que tener en
cuenta estas cosas. No les salió bien la jugada, pero quienes trataban de
ocultar sus políticas eran ustedes.


Nuestro veto a esta sección se explica de una manera muy
gráfica. Yo tengo 40 años… (Rumores). No, no, les voy a contar. Es
que por lo visto, según el BBVA, Mapfre, ING, Bankia y el Santander, soy
target —como dicen en publicidad— de una campaña
superagresiva que ustedes están viendo en todas las televisiones y en
todas las mamparas de los autobuses que dice que, como no firme un plan
privado de pensiones, voy aviado. Y es que, una vez más, hay que









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felicitarles, insisto, igual que hacía antes. En este caso
ustedes, para favorecer los planes privados de pensiones, han conseguido
perpetrar un ataque a las pensiones públicas no solo dificultando
enormemente que cualquier trabajador o trabajadora acceda hoy a una
pensión digna cuando se jubile, sino también a través de incentivos
fiscales a los planes privados de pensiones. Esto forma parte de su plan,
como forma parte de su plan revalorizar las pensiones con esa fórmula tan
facilona que han puesto para calcularlas, de tal modo que esa subida del
0,25 % supone un euro y medio a la mayoría de las pensiones de este país,
que están entre los 600 y los 645 euros. Ese es el motivo, si les parece
poco, por el que impugnamos esta sección de la Seguridad Social.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


En turno en contra, tiene la palabra el senador Fernández
Sánchez.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Señorías, con la venia.


Permitidme cariñosamente, porque ya estamos al final de
este día con tantos vetos, que diga que nada más ha quedado vetar los
caramelos de la Cámara porque ya habéis vetado todo.
(Risas.—Aplausos). Voy a entrar en el fondo de esta cuestión porque
es importante.


Por lo que se refiere al portavoz socialista, cuando decía
que no le parece bien el sistema público de pensiones, debo decirle que
es el único partido que ha gobernado que ha congelado las pensiones de
este país, el único. (Aplausos). Por lo tanto, no entiendo por qué se
alarma cuando subimos un 0,25 % las pensiones.


También lo ha dicho el portavoz que me ha precedido en el
uso de la palabra: se fueron ustedes sin hacer los presupuestos. En el
2012, cuando entramos nosotros a gobernar, no hicieron ni los
presupuestos. ¡Qué habrían escondido ustedes que tenían tantísimo miedo
como para no hacer ni presupuestos! Algo tremendo cuando era la tarjeta
de visita del señor Zapatero, es decir, haberlos hecho y haber dejado
tanto bien hecho en este país. Pero no, se fueron y cero patatero.


De alguna forma vamos a intentar deshacer este entuerto y
dejarlo en condiciones. Por eso le digo que nosotros vamos a reforzar el
sistema público de pensiones con estos presupuestos. Garantizamos el 0,25
% porque el gasto crece. Por primera vez no se reciben transferencias del
Estado para atender deudas pendientes. Insisto, es la primera vez que en
los presupuestos no se recibe ningún tipo de transferencia del Estado
para atender esas deudas pendientes, como sí había en presupuestos
anteriores. Entra en vigor ya el factor de sostenibilidad, concepto
importante que se incluyó en la anterior reforma y que va a contener
también el gasto en el ciclo de Seguridad Social y en su sistema de
personal.


Fíjense bien, en este país en el mes de noviembre hemos
llegado al siguiente número de pensionistas: 9 257 263. Creo que esto es
digno de tener en cuenta. El esfuerzo sobrenatural que hay que hacer con
estos presupuestos para pagar a más de 9 000 000 millones de
pensionistas, que se sepa, que se vea que lo va a hacer el Partido
Popular, el Gobierno del Partido Popular, porque va a sostener el sistema
y va a mantener un precio alto en las pensiones contributivas con cargo a
la sostenibilidad del propio sistema.


Pero es más, por primera vez se van a separar las pensiones
contributivas de las no contributivas. Sabemos todos —lo acaba de
decir un portavoz— que ahora vamos a tener la ventaja de que las no
contributivas las va a sostener, como es lógico, directamente el sistema
de presupuestos y, lógicamente, el Fondo de la Seguridad Social va a ser
el que mantenga exclusivamente el sistema público de pensiones
contributivo. Esto es importante porque quiero recordar que la nómina de
pensiones contributivas de octubre —que se ha pagado, lógicamente,
el 1 de noviembre— ha alcanzado los 8104 millones de euros
—fíjense la cuantía tan enorme que se está pagando en
pensiones—. La nómina mensual de pensiones contributivas de la
Seguridad Social alcanzó estos 8104 millones de euros y el crecimiento
interanual del gasto ha sido del 3,1 %, dado que ha habido una mayor
agresividad —entre comillas— de pensionistas que han buscado
estar consolidados en el sistema como tales.


La pensión media de jubilación alcanzó prácticamente los
1006,29 euros mensuales, un 2 % más respecto al mismo período del año
pasado. El número de pensiones contributivas registró en noviembre un
total, como he dicho antes, de 9 257 263, lo que equivale a un incremento
interanual del 1,4 %, donde más de la mitad de estas prestaciones son de
la propia jubilación. Es decir, que el sistema público de pensiones está
perfectamente consolidado.









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En jubilación hemos tenido aproximadamente 5 601 000
pensionistas; 2 354 000 corresponden a viudedad, 928 000 a incapacidad
permanente, 334 000 a orfandad y 38 000 a favor de familiares. Es decir,
todo un logro importante el que vamos a tener con este sistema, porque
este tipo de prestaciones van a generar 1768 millones de euros de poder
adquisitivo.


Somos conscientes en el Partido Popular de que los
pensionistas generan una gran acumulación de viveza en las propias
familias españolas. Si un pensionista aporta a su familia lo que está
cobrando del sistema público de pensiones está sosteniendo el sistema y
está teniendo un gasto que mejora toda la situación.


Los complementos a mínimos cada vez han ido a menos, han
ido a menos. En estos momentos, afortunadamente, estamos superando ya
mejores pensiones y mejores cotizaciones, que es lo importante de este
sistema. Donde no se cotiza no los puede haber, hay gente que ya puede
tener pensiones gratuitas siempre sin haber pagado nada y, lógicamente,
nos encontramos ante un mayor consumo y verán que aquella sangría que
hubo en años precedentes tendrá su viveza. Y todo ello, ¿por qué? Porque
también ha habido la influencia de la reforma laboral; el sistema público
de pensiones se ha consolidado también en esa reforma laboral que nos ha
proporcionado mejores situaciones a todos.


Así que yo creo que hay que ser menos catastrofista: hay
una evolución de la afiliación, también ha habido una lucha importante
contra el fraude de la Seguridad Social —el cuerpo de la Inspección
de Trabajo y otros cuerpos nacionales han contribuido para luchar contra
el fraude que había— y la disminución del paro y el crecimiento de
la afiliación son muy importantes para este sistema. Señorías, no podemos
ser tan catastrofistas, hay que comprender cómo este presupuesto de 2015
refleja la aportación del Estado a la financiación del 100 % de los
complementos a mínimos, y eso es muy importante; antes había una mayor
distancia entre la pensión, que era contributiva, y el complemento que se
pagaba.


Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, después de
la separación definitiva de las fuentes de financiación, el total de las
aportaciones del Estado supera ya 13 063 millones de euros y financia el
9,69 % del total de los ingresos del sistema. En materia de previsión de
ingresos, los ingresos por operaciones no financieras ascienden a 126 267
millones de euros y el mayor peso de la financiación del sistema recae en
las cotizaciones sociales. Se van a recaudar directamente por la
cotización de Seguridad Social 109 833 millones; esto supone un
incremento del 6,8 % respecto al ejercicio actual. Aquí es donde está la
madre del cordero, en el aumento progresivo de las cotizaciones, que son
las que realmente sostienen al sistema, puesto que mantener el sistema
con un fondo de presupuestos no tiene ningún tipo de sentido. Algunos
dirán que el fondo de pensiones que se ha creado está para ello
precisamente, para consolidar ese fondo de pensiones, aportándole las
cuantías suficientes y luego, lógicamente, teniendo la credibilidad que
tiene un sistema.


Creemos que es un sistema importante, que se ha hecho un
gran esfuerzo, que se va hacer un gran esfuerzo y, lógicamente, no quiero
más que tener un recuerdo para tantísimos pensionistas de este país, que
están esperando estos presupuestos para saber cómo les va a aumentar y a
consolidar la prestación económica y cómo se va a hacer. Lo demás son
ganas de perder el tiempo, de decir lo que hay que decir en una Cámara y,
yo creo, que de vetar por vetar. Señores, antes de hablar del totum
revolutum, como han hablado ustedes, hagan números, consoliden el
sistema, vean el esfuerzo que se ha hecho y, sobre todo, vean que la
reforma que hemos hecho de las pensiones y del sistema público de
pensiones es la principal fuente de riqueza para muchos pensionistas de
España.


Por lo demás, solo me queda decir que los vetos que ustedes
han presentado, en este caso a la sección 60, que los han hecho en
multicopista, uno detrás de otro, van a ser rechazados.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fernández
Sánchez.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).


Senadora Capella, ¿van a compartir tiempo?
(Asentimiento).


Tienen seis minutos.









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La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.


Me dirijo a la portavoz que intervino en la sección
referida a la familia real y a la Casa Real. Usted nos ha dicho que era
una monarquía austera. Se refiere a sobria y sin adornos. Bien, pues
monarquía austera no debe serlo mucho, porque 21 000 euros al día no es
un sueldo cualquiera. Que el rey cobre 90 veces más que el presidente del
Gobierno es una prebenda fruto de privilegios medievales; de unos
privilegios medievales pagados con nuestros impuestos, los de todos los
ciudadanos y ciudadanas, pese a que no hemos podido votar si queríamos
república o monarquía. La familia real, como decía en mi primera
intervención, ha disminuido, pero la partida para la familia y para la
Casa continúa siendo la misma que el año pasado.


En cuanto al veto a la sección de Defensa, agradezco al
portavoz del Grupo Popular que haya acabado reconociendo que lo que
presupuestan nada tiene que ver con lo que luego gastan y que gastan más
del 50 % de lo que tenían presupuestado.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


Senador Iglesias, tiene la palabra.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


De alguna manera, como resumen del debate de los diferentes
vetos, es casi imposible no volver al punto de partida, no volver a la
valoración realizada en la defensa del veto general.


Insisten ustedes en que se trata de unos presupuestos de la
recuperación. Este es el discurso. Sin embargo, los números, las
consignaciones presupuestarias, más que apuntar a la recuperación apuntan
a un estancamiento. La mayoría de las consignaciones presupuestarias
mantienen las magnitudes de los presupuestos para el año 2014. Y estos
presupuestos se convierten —y ustedes lo reconocen de forma expresa
y se sienten orgullosos de ello— en un instrumento más para
consolidar las reformas estructurales que han ido vertebrando a lo largo
de su acción de Gobierno. Por eso, son unos presupuestos que consolidan
las desigualdades, tanto en el capítulo de ingresos, con la plasmación de
esa reforma fiscal que favorece a quienes más tienen, de forma
fundamental, como en el capítulo de gastos, con una política que
consolida la devaluación interna que la mayoría de la sociedad española
ha tenido a lo largo de estos años.


Y lo hacen a través de reflejar de nuevo un estancamiento
en los recursos que pueden respaldar los servicios públicos esenciales,
la sanidad y la educación. Mantienen en un paréntesis la Ley de atención
a la dependencia y renuncian a garantizar la cohesión territorial de
estos servicios del conjunto de los ciudadanos. Son unos presupuestos que
se inhiben ante esa demanda que ha calado en la política económica
defendida en el ámbito internacional de la dinamización, de que tras los
ajustes es imprescindible recuperar con políticas de dinamización. No lo
hacen en la inversión en infraestructuras, que crece de forma muy escasa.
No lo hacen tampoco con una política industrial que no contribuye al
despliegue de la industria en nuestro país y siguen apostando con estos
presupuestos por la mejora de la competitividad a costa de la reducción
salarial. Tampoco sus políticas activas de empleo son una apuesta clara
por la generación de puestos de trabajo. Recuperan la vieja idea que
habían dado por fracasada de que de nuevo sea la subvención a los
empresarios la aportación fundamental de las administraciones públicas
para la generación de empleo. Y profundizan en la reducción de la
cobertura de paro. Al final se podría resumir en más dinero para los
empresarios y menos dinero para los trabajadores en desempleo.


En pensiones, con esa subida del 0,25 % no garantizan el
mantenimiento de la capacidad adquisitiva. No deben estar tan orgullosos
de esa reforma de las pensiones cuando han dejado en dique seco una
iniciativa que habían anunciado hace más de un año que iban a poner en
marcha: todos los mayores de 50 años íbamos a recibir una carta con un
cálculo aproximado de la pensión que tendríamos cuando finalizara
previsiblemente nuestra vida laboral. Alguien en La Moncloa, algún asesor
ha llegado a la conclusión de que dar ese dato a los ciudadanos no era
buena política electoral o preelectoral.


Son unos presupuestos que dan la espalda al medio ambiente
porque mantienen y consolidan las respuestas previas a la manifestación,
cada vez más contundente, de las consecuencias del cambio climático. Y
son unos presupuestos que siguen negando a la justicia los recursos que
necesita para amparar los derechos de los ciudadanos frente a las
consecuencias de la reforma









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laboral, los derechos de los ciudadanos frente a los
recortes en servicios públicos esenciales, los derechos de los ciudadanos
frente a la alarma social y a la indignación que genera la
corrupción.


Por todo ello, respaldaremos los vetos a las secciones del
mismo modo que respaldamos el veto general.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenas noches.


Voy a fijar con brevedad la posición del Grupo
Parlamentario Vasco respecto de los vetos presentados a las secciones de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.


Quiero anunciar el voto favorable a todos y cada uno de
ellos por coherencia con la postura mantenida por este grupo ante el
proyecto de ley y que ha sido argumentada por nuestro portavoz durante el
debate de esta mañana. No es cuestión de reiterar todos y cada uno de los
argumentos esgrimidos por el señor Bildarratz porque no queremos ser
repetitivos ya que, además, la próxima semana en Comisión tendremos la
oportunidad de desgranar y desarrollar este argumentario en defensa de
las enmiendas parciales presentadas por mi grupo parlamentario a este
proyecto de ley.


Señorías del Grupo Parlamentario Popular, les han
presentado a estos, los presupuestos de la recuperación y el fin de la
crisis, ni más ni menos que 10 vetos y 62 impugnaciones. Donde ustedes
celebran, otros nos lamentamos. Cuando ustedes hablan de recuperación,
nosotros seguimos sin verla. Cuando ustedes se congratulan en Europa como
alumnos obedientes y bien aplicados, nosotros seguimos trabajando por las
personas que aún hoy padecen las consecuencias no solo de la crisis sino
también de la política de austeridad perpetrada por su Gobierno.


72 veces les decimos que no; 72 veces rechazamos el todo y
las partes. Y créanme cuando les digo que mi grupo parlamentario no se
suma a esta unanimidad en la contra por oportunismo político ni
ideológico sino desde el convencimiento de que la política económica que
consagra este proyecto de ley, lejos de ayudar a las personas, las
olvida, las relega y las condena a mayor sufrimiento.


Sé que ustedes son impermeables a cuanto les digamos desde
la oposición. Pocas veces se han prestado a escuchar y menos aún al
acuerdo, pero algunas veces sí, aunque pocas, pero es de justicia
reconocer que en ocasiones durante esta legislatura hemos alcanzado
acuerdos ustedes y nosotros poniendo de relieve lo poco que nos pueda
unir frente a lo que nos separa. Pero es que también en esta ley el
Gobierno rompe los pocos acuerdos alcanzados con mi grupo
parlamentario.


Por tanto, es nuestro deber exigir al Gobierno que también
en esta ley cumpla su palabra, que se atenga a sus acuerdos, que sea, por
fin, un Gobierno de fiar. Que cuando se compromete a financiar la Y
vasca, cumpla. Que cuando acuerde con un grupo parlamentario permitir a
las administraciones públicas retomar las aportaciones a las entidades de
previsión social voluntaria, cumpla. Que cuando acuerde con una comunidad
autónoma, la que sea, el respeto al respectivo ámbito competencial,
cumpla. Ni más ni menos. Es su palabra. Y es, por tanto, su
responsabilidad, cumplir con lo pactado.


Y, dado que, como decía, en este proyecto de ley se
evidencian buena parte de los incumplimientos de este Gobierno, en primer
lugar, con la ciudadanía y, en segundo lugar, con nuestro grupo
parlamentario, mi grupo apoyará, desde el convencimiento, cuantos vetos
se han presentado.


Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario, la Entesa pel Progrés de
Catalunya, ha presentado 12 vetos a las 18 secciones que han sido vetadas
por algún grupo parlamentario. Y estos 12 vetos han girado,









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básicamente, alrededor de 5 ejes que me gustaría resumir
brevemente. En primer lugar, políticas injustas hacia la mayoría de los
ciudadanos: Aumento de desigualdades. España es el segundo país más
desigual de la Unión Europea, mientras la fortuna de los más ricos
aumenta. Veinte españoles tienen tanto como los 14 millones de españoles
más pobres. Dos millones y medio de españoles están en riesgo de pobreza.
La mitad de los parados de más de 45 años —2 millones— llevan
dos años sin empleo, y más de 3 millones de españoles parados no tienen
ningún tipo de prestación. Aumento de la pobreza: estamos en el 30 % de
pobreza infantil. Recortes en los servicios básicos: educación, cultura,
dependencia, política social, sanidad... Incremento de la presión fiscal
a las clases medias y a los trabajadores. Bajan los impuestos al 10 % de
la población, los más ricos, y recortan prestaciones al 90 % restante.
Desprecio por la cultura. Abandono del mundo rural. Políticas injustas y
aumento de desigualdades... Y podríamos continuar.


Segundo eje: Ingresos irreales. Lo hemos comentado
anteriormente. El año 2013 recaudaron 9000 millones menos de lo
presupuestado y este año su previsión —la suya— es que van a
recaudar 3000 millones menos de lo presupuestado.


Tercer eje: Política de gasto. Siguen recortando el Estado
de bienestar. El gasto social se ha recortado en más de 4 puntos desde
2011. Reducción de las prestaciones por desempleo en más de 4400 millones
de euros, a pesar de que estamos en unas cotas, en unas cifras de paro
históricas. Así, por ejemplo, el paro juvenil llega al 55 %. Eso sí, a
los jóvenes les suben las tasas universitarias y les bajan las becas.
Políticas activas de empleo, 36 % menos que en 2011. El gasto en
servicios sociales ha descendido un 22,7 % desde 2011. Por tanto, riesgo
grave de fractura social, de cohesión social. Y, claro, puesto que no van
a cumplir los ingresos, ¿qué ocurre con los gastos? Pues que tampoco los
hacen.


Yo también traigo datos, y son suyos, del propio Gobierno:
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de este año
—falta un trimestre—: Justicia, 38 %; Interior, 27 %;
Fomento, 45 %; Educación, Cultura y Deporte, 30 % de grado de ejecución;
Industria, energía y turismo, 24 %; Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, 31 %. Y las marías: Sanidad, Servicios Sociales e igualdad,
14,7 %; Economía y Competitividad —la de la internacionalización,
productividad, etcétera—, 10,1 % de ejecución presupuestaria.
¡Claro!, estamos hablando de presupuestos. Vamos a ver qué ocurre en el
tercer trimestre, pero, con este grado de ejecución, mucho nos tememos
que, efectivamente, ustedes inflan ingresos y, consecuentemente, no
ejecutan, no cumplen lo que han presupuestado.


Cuarto eje. Continúan adelgazando el Estado y apostando por
las privatizaciones: sanidad, servicios sociales, educación, seguridad,
etcétera.


Y quinto y último eje. Estos son unos presupuestos
insolidarios con las administraciones territoriales, con el resto de
administraciones públicas, con el mundo local y con las comunidades
autónomas. Y respecto a Cataluña, son discriminatorios, cuando no unos
presupuestos provocadores. Y volvemos nuevamente —finalizo ya,
señor presidente— al incumplimiento de la disposición adicional
tercera. Y no solo se trata de una ley aprobada por el Parlamento y
refrendada…


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor BRUGUERA BATALLA: Termino, señor presidente.


… refrendada por el pueblo catalán y aprobada por
estas Cortes, sino también aprobada por la Comisión bilateral
Estado—Generalitat en su momento. Ustedes son Estado, ustedes han
de cumplir lo que el Estado ha acordado en su momento con la Comunidad
Autónoma de Cataluña. Por lo tanto, señorías, traigan aquí esa
modificación o bien convoquen la comisión bilateral, que lo pueden hacer,
y revoquen el acuerdo que tomaron.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bruguera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.









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El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.


Intervendré brevemente, y digo brevemente porque son las
doce de la noche. Llevamos quince horas de debate ininterrumpido de estos
presupuestos y no sé si hay algún fotógrafo en la Cámara en estos
momentos, pero le pediría que tomase una fotografía para que la pudiese
distribuir con la misma diligencia con que han distribuido alguna otra.
(Aplausos).


Dicho esto, llevamos quince horas de debate. Empezábamos
esta mañana a las nueve, presentaba el ministro el presupuesto y en mi
primera intervención yo les decía: vetamos estos presupuestos porque son
malos para los catalanes, porque son malos para Cataluña y no se cumple
con Cataluña; se castiga a Cataluña. Quince horas después han intervenido
diferentes portavoces del Partido Popular, hemos reiterado en cada una de
las secciones un argumento muy similar y la verdad es que nos han
sorprendido: ninguno de los portavoces ha intentado convencer a ningún
catalán de que estos son unos buenos presupuestos. En relación a
Cataluña, hemos percibido algún improperio, algún comentario poco
afortunado —bueno, lo que está pasando a lo largo de los últimos
tiempos—, en lugar de intentar convencer, en lugar de intentar
explicar las virtudes de lo que se pretende, se ha hecho lo contrario:
marcar distancias. Y a las doce de la noche de hoy todavía no sabemos por
qué estos son unos presupuestos buenos para los catalanes
(Rumores)...Para los catalanes; de momento los catalanes son españoles,
seguramente a pesar de muchos catalanes, pero las cosas son como son, y
yo represento a Cataluña y vengo a defender en esta Cámara a
Cataluña.


Pues bien, seguimos en lo mismo. ¿Podrían intentar explicar
por qué es un buen presupuesto para Cataluña? ¿Por qué se cumple? ¿Por
qué no se invierte lo que se tiene que invertir en vez de decir que somos
unos victimistas, que nos quejamos, que cada uno viene a pedir lo suyo?
La realidad es esta, y mientras no cambien de discurso y, sobre todo, de
política y de acciones, en Cataluña no les va a entender nadie.


Nosotros hemos presentado y hemos justificado la
presentación del veto a muchísimas de las secciones que hemos analizado.
Todavía no hemos encontrado ninguna razón para replantearnos ninguno de
esos vetos. Sinceramente, si creen que es un problema de nuestro grupo,
nos lo pueden decir; si creen que es un problema de todos los senadores
catalanes que van a volver a votar mayoritariamente todos los vetos
—y digo todos los senadores catalanes que están en la Cámara
votarán a favor de estos vetos—, también nos lo tienen que decir.
Pero coincidirán conmigo que seguramente hay un problema, porque si todos
los senadores de los diferentes partidos políticos de una comunidad
autónoma se ponen de acuerdo para vetar los presupuestos, algo pasará. O
tenemos un virus inyectado todos o algo debe estar pasando con Cataluña.
(Rumores). Ustedes pensarán: ya os apañaréis. Seguramente las cosas irán
por aquí, y nos tendremos que apañar.


Muchísimas gracias y buenas noches.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Vicente.


La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, llevamos más de quince horas ininterrumpidas
realizando el debate de los presupuestos para 2015. Primero, con los
debates a los vetos generales y después, en este turno, el debate a los
63 vetos parciales, 14 de los cuales son de mi grupo, el Grupo
Socialista. A lo largo de este debate, ustedes, ninguno de los miembros
del Partido Popular que han intervenido, han sido capaces de reconocer
los errores que este Gobierno ha cometido a la hora de elaborar
presupuestos. Y es que, además, defienden unos presupuestos aun sabiendo
que son indefendibles.


Los ciudadanos apenas van a recordar el debate que estamos
teniendo aquí en este hemiciclo, a pesar de que son las doce de la noche,
pero lo que jamás van a olvidar es que este Gobierno, encabezado por el
señor Rajoy, y ustedes, el Grupo Popular, como corresponsables del mismo,
han sido capaces de hacer con sus políticas, con estos presupuestos, pero
también con los 3 presupuestos anteriores, que España sea el segundo país
más desigual de la Unión Europea, después de Letonia. Además, han
conseguido que 1 de cada 3 niños de este país no tenga garantizada las
tres comidas al día y eso, señorías, debe ser también responsabilidad de
ustedes y del Gobierno del señor Rajoy. Los ciudadanos no van a olvidar
tampoco que hay personas









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dependientes a las que han dejado abandonadas a su suerte,
porque en estos presupuestos también se suprimen nuevamente niveles de
concertación con las comunidades autónomas en la atención a la
dependencia, así como otros recortes que están sufriendo los propios
ayuntamientos y las comunidades autónomas.


Este país que ustedes están construyendo es cada vez más
desigual; es cada vez más dual. La fortuna de las 20 personas más ricas
de este país es el 30 % de los ingresos de los más pobres; es un país
cada vez más desigual y cada vez más dual. Y con estos presupuestos
agrandan cada vez más la diferencia; no solo no construyen un futuro para
los que vienen, sino que no atienden a la realidad que están sufriendo
los ciudadanos.


A lo largo de todas sus intervenciones he escuchado en
bastantes ocasiones que estos presupuestos son los de la recuperación. El
propio ministro también lo ha manifestado esta mañana. Presupuestos de la
recuperación, ¿para quién? ¿Para las 3 300 000 personas paradas que no
tienen ninguna protección social? ¿Para los desempleados mayores de 45
años que llevan más de un año en el paro? ¿Para esos jóvenes obligados a
salir de España, a los que, además de lo que supone tener que dejar a sus
familias para buscarse un futuro que aquí no encuentran, el Gobierno
sanciona quitándoles la protección sanitaria? ¿O para los pensionistas,
que con estos presupuestos pierden su poder adquisitivo, con una
revalorización del 0,25 % cuando la inflación está en el 7 %?


Podemos hablar del ámbito de la cooperación. Ustedes han
conseguido que con estos presupuestos se retroceda a los niveles de los
años noventa al reducir en un 46 % el nivel de cooperación al desarrollo.
Y qué decir de la situación que se está viviendo con la crisis del ébola,
porque, a pesar del llamamiento internacional de la ONU, el Gobierno
español, y ustedes, aun teniendo la posibilidad de rectificar en este
trámite presupuestario, hasta la fecha no lo han hecho.


Y podemos hablar del ámbito productivo. Estos presupuestos
carecen de una estrategia integral para reactivar la industria del país
porque han basado la competitividad en reducir los costes salariales en
vez de apostar por la inversión productiva y la formación de capital.
Este Gobierno ha renunciado a alcanzar el objetivo europeo del 3 % en
inversión en ciencia, tecnología e innovación, y ha reducido en el 25 %
el I+D+i. Es más, no solo han limitado a la hora de contratar personal
investigador, sino que han retrasado también la creación de la agencia
estatal de investigación.


Y podemos seguir hablando del ámbito educativo. O del
ámbito energético, porque hay inconsistencia en la política energética de
este Gobierno.


Estos presupuestos tienen una política que no está a la
altura de la situación que está viviendo este país.


Señorías, quiero terminar mi intervención diciendo que en
el Grupo Parlamentario Socialista queremos rescatar a los ciudadanos. Y
me ha parecido bastante feo, por no decir vergonzoso, que algún portavoz
esta mañana, de manera jocosa…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora VICENTE GONZÁLEZ: Termino, presidente.


…haya dicho que es imposible rescatar a los
ciudadanos. Pues, señorías, en el el Grupo Parlamentario Socialista
queremos, desde luego, rescatar a los ciudadanos. Esa es nuestra
prioridad. No sé cuál es la suya. (Aplausos). Por eso, vamos a votar a
favor, no solo de nuestros vetos, sino de todos aquellos que van en
contra de estos presupuestos, que no atienden a la realidad y a la
situación de este país.


Nada más y muchas gracias. (Fuertes aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Vicente.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Utrera. (Rumores).


El señor UTRERA MORA: Señor presidente, señoras y señores
senadores, efectivamente, ha sido un largo día en el que hemos debatido
mucho; algunos mejor y otros peor, pero, en definitiva, mucho. (Risas).
Quiero agradecer el trabajo de todos los portavoces de mi grupo, del
Grupo Parlamentario Popular, que se ha opuesto a todos los vetos de los
grupos de la oposición. Algunos de ellos han presentado vetos a todas y
cada una de las secciones que eran vetables, lo que nos









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hace pensar que esa compactación de la oposición en muchos
casos ha sido simplemente una exposición orientada por los nervios del
momento. (Rumores).


En cualquier caso, no vamos a reproducir un debate de
totalidad, eso ya se hecho esta mañana; lo hicimos el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular y yo mismo. La exposición del presupuesto la hizo
el ministro, y entendemos que las posiciones han quedado muy claras.
Únicamente quiero hacer dos observaciones respecto de las intervenciones
de los dos últimos portavoces que me han precedido en este turno.


En primer lugar, en relación con la portavoz socialista,
tengo la convicción —la tengo desde hace años, pero cada vez que
oigo a algún portavoz socialista me reafirmo en ella— de que para
garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales se
aporta muy poco con arengas bienintencionadas sin acciones programadas
para conseguir los objetivos perseguidos. (Rumores). Sí, sí. Dicho de
otra manera, hemos asistido a un Gobierno, el Gobierno del señor
Zapatero, al que ustedes ya no quieren nombrar, un Gobierno que llevó a
este país... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio.
(Rumores).


Señorías, quedan tres minutos. Guarden un poco de
silencio.


El señor UTRERA MORA: ...a la quiebra económica, a la ruina
económica. Llevó a España e inició la grave crisis institucional que
padecemos y también la crisis moral en la que nos encontramos.
(Protestas.—Aplausos).


Esa presidencia y ese Gobierno lo único que consiguieron
con sus actos fue poner en riesgo todos y cada uno de los servicios
públicos esenciales; y yo no dudo de que hicieran discursos muy bien
intencionados, pero faltaba calidad en la voluntad política de sacar
adelante esos simples discursos. Por tanto, dejémonos de discursos y
pasemos a los hechos. Así es como hay que valorar la acción política.


En cuanto al portavoz de Convergència i Unió, señoría, no
he entendido esas preguntas retóricas que se hace usted mismo y que
tenemos que contestarle: que si un grupo, que todos votan a favor o en
contra... (Rumores). No voy a contestar a sus preguntas retóricas, pero
sí recomendarle que visite a alguien, a algún especialista que le
explique cómo son las cosas. (Protestas.—Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.
(Rumores).


Llamen a votación. (Protestas.—El señor Cleries i
Gonzàlez pide la palabra).


Señorías, guarden silencio.


Senador Cleries, tiene la palabra.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Señor presidente, pido al
portavoz del Grupo Popular que acaba de intervenir que retire lo que ha
dicho sobre el senador Bel, porque es impropio de una Cámara democrática,
al igual que intentar dar lecciones de moral. De moral, no pueden dar
ninguna lección, y menos con lo que ha pasado hoy.


Muchas gracias. (Aplausos.—Fuertes rumores).


El señor PRESIDENTE: Senador Utrera, le ruego que aclare lo
que ha dicho o que lo retire.


El señor UTRERA MORA: Pido disculpas. Efectivamente, yo no
tenía esa intención. (Protestas.—Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


El señor UTRERA MORA: Yo simplemente le he dicho que fuera
a un experto en materia político-económica-constitucional para que le
explicara las respuestas a esas preguntas retóricas. Me refería a eso.
(Rumores).


En cualquier caso, si se ha entendido otra cosa, o incluso
si esto mismo le molesta, lo retiro sin ningún problema. Pido excusas, al
tiempo que me reafirmo en lo que he dicho. (Protestas). Sí, permítanme
que me explique. Me reafirmo en que usted está creando mucha confusión...
(Rumores.—Fuertes protestas).









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El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. Guarden
silencio. (Rumores).


Si no le escuchan, no podrán juzgarle. Guarden
silencio.


El señor UTRERA MORA: Me reafirmo en el hecho de que usted,
con sus afirmaciones, con su retórica y sus preguntas retóricas, está
creando mucha confusión en relación con lo que es el papel de los
senadores, a quién representan y a quién no, y en la incidencia de la
representación desde un punto de vista... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Senador Utrera, vaya terminando.


El señor UTRERA MORA: ...desde un punto de vista regional.
A eso me refería.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor López Águeda
pide la palabra).


Tiene la palabra, senador López.


El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Quería sumarme a la petición del
Grupo Convergència i Unió... (Risas.—Fuertes rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. Guarden
silencio. (Fuertes rumores).


Señorías, son las 12.10 de la madrugada; si quieren que
estemos hasta las 3 o las 4, a mí no me importa, pero guarden silencio.
(Rumores).


Senador López, tiene la palabra.


El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.


Lamento este tipo de comportamientos, que son los que nos
alejan de la gente. (Fuertes rumores).


Pedí la palabra antes de que se expresara el senador. Es
verdad que no acabo de entender si lo ha retirado o se reafirma. Me
gustaría que lo retirara.


Muchas gracias. (Aplausos.—Rumores).


El señor PRESIDENTE: Por favor, cierren las puertas.
(Rumores).


Vamos a proceder a las votaciones de todas las enmiendas de
las impugnaciones de las secciones. (Rumores).


Guarden silencio, porque nos espera una votación larga.
Guarden silencio, por favor.


Tengo que recordarles que ha habido votación telemática,
que ha utilizado este derecho la senadora… (Rumores). Si me dejan,
intentaré hacerlo deprisa; si no me dejan, va a ser imposible.


Decía que ha utilizado ese derecho la senadora doña María
Agustina Rodríguez Martínez, quien, al igual que en el caso de las
propuestas de veto, ha ejercido su derecho, ha sido autorizado, ha
emitido su voto, y ha votado que no a todas las enmiendas. Y, como
siempre, lo añadiré al voto que realicemos aquí, en el hemiciclo.


Comenzamos con la enmienda 395 de la senadora Capella a la
Sección número 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 14; en contra, 229 más 1 telemático, 230.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 431, a la Sección 12, del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 92; en contra, 150 más 1 voto telemático, 151;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 399, del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 telemático, 151.









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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 1, de los senadores Iglesias y
Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 428, de los senadores Guillot y
Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sección 13.


Comenzamos votando la enmienda 432, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 400, del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 416, del Grupo Parlamentario
Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 92; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 2, de los senadores Iglesias y
Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Y votamos la enmienda 396, de la senadora Capella.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 241 más 1 voto
telemático; 242; a favor, 92; en contra, 149 más 1 voto telemático,
150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sección 14.









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Comenzamos votando la enmienda 433, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242 más 1 voto telemático, 243; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 93; en contra, 149 más 1 voto telemático,
150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 401, del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242 más 1 voto telemático, 243; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 93; en contra, 149 más 1 voto telemático,
150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 3, de los senadores Iglesias y
Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 397, de la senadora Capella.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 92; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la enmienda 429, de los senadores
Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241 más 1 voto telemático, 242; votos emitidos, 241 más 1 voto
telemático, 242; a favor, 91; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sección 15.


Comenzamos votando la enmienda 434, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 402, del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió. (Pausa).


Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 417, del Grupo Parlamentario
Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242 más 1 telemático, 243; votos emitidos, 240 más 1 voto
telemático, 241; a favor, 91; en contra, 149 más 1 voto telemático,
150.









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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 4, de los senadores Iglesias y
Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la enmienda 398, de la senadora
Capella.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242 más 1 voto telemático, 243; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 93; en contra, 149 más 1 voto telemático,
150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sección 16.


Comenzamos votando la enmienda 435, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 403, del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 418, del Grupo Parlamentario de la
Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 5, de los senadores Iglesias y
Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sección 17.


Comenzamos votando la enmienda 436, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 92; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 404, del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 419, del Grupo Parlamentario de
Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242 más 1 voto telemático, 243; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 93; en contra, 149 más 1 voto telemático,
150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la enmienda 6, de los senadores
Iglesias y Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sección 18.


Comenzamos votando la enmienda 437, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 405, del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 420, del Grupo Parlamentario
Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la enmienda 7, de los senadores
Iglesias y Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242 más 1 voto telemático, 243; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 92; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sección 19.


Comenzamos votando la enmienda 438, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).









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13019




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242 más 1 voto telemático, 243; votos emitidos, 241 más 1 voto
telemático, 242; a favor, 91; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 406, del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 421, del Grupo Parlamentario
Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 93; en contra, 149 más 1 voto telemático,
150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 8, de los senadores Iglesias y
Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sección 20.


Comenzamos votando la enmienda 439, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 407, del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 9, de los senadores Iglesias y
Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242 más 1 voto telemático, 243; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 93; en contra, 149 más 1 voto telemático,
150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 430, de los senadores Guillot y
Saura.


Comienza la votación. (Pausa).









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13020




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 93; en contra, 149 más 1 voto telemático,
150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sección 23.


Comenzamos votando la enmienda 440, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 408, del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 422, del Grupo Parlamentario
Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 10, de los senadores Iglesias y
Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242 más 1 voto telemático, 243; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 93; en contra, 149 más 1 voto telemático,
150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sección 25.


Votamos la enmienda 441, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 93; en contra, 149 más 1 voto telemático,
150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 409, del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242 más 1 voto telemático, 243; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 93; en contra, 149 más 1 voto telemático,
150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 423, del Grupo Parlamentario
Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 93; en contra, 149 más 1 voto telemático,
150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sección 26.


Votamos la enmienda 442, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 410, del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 94; en contra, 147 más 1 voto telemático, 148;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 424, del Grupo Parlamentario
Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 93; en contra, 149 más 1 voto telemático,
150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 11, de los senadores Iglesias y
Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241 más 1 voto telemático, 242; votos emitidos, 240 más 1 voto
telemático, 241; a favor, 92; en contra, 148 más 1 voto telemático,
149.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A la sección 27 votamos la enmienda 443 del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 411 del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 425 del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.


Comienza la votación. (Pausa).









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13022




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242 más 1 voto telemático, 243; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 93; en contra, 149 más 1 voto telemático,
150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 12 de los senadores Iglesias y
Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De la sección 31 votamos la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió número 412 ha sido
retirada.


A la sección 32, votamos la enmienda número 413 del Grupo
Parlamentario Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 31; en contra, 150 más 1 voto telemático, 151;
abstenciones, 61.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A la sección 36 votamos la enmienda 414 del Grupo
Parlamentario Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 426 del Grupo Parlamentario Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 92; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A la sección 60 votamos la enmienda 444 del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242 más 1 voto telemático, 243; votos emitidos, 242 más 1 voto
telemático, 243; a favor, 93; en contra, 149 más 1 voto telemático,
150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 415 del Grupo Parlamentario Catalán
Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 427 del Grupo Parlamentario
Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).









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13023




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente votamos la enmienda número 13 de los senadores
Iglesias y Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto
telemático, 244; a favor, 93; en contra, 150 más 1 voto telemático,
151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, rechazadas las enmiendas a las secciones se
suspende la sesión hasta las nueve de la mañana.


Eran las cero horas y treinta y cinco minutos de la
madrugada del jueves veintisiete de noviembre.