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DS. Senado, Pleno, núm. 120, de 09/07/2014
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11277




PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO
MÁRQUEZ


Sesión núm. 57 (extraordinaria)


celebrada el miércoles, 9 de julio de 2014


ORDEN DEL DÍA


8. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA
PÚBLICA


8.1. Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos
de estabilidad presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de
Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el
período 2015-2017 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del
Estado para 2015.


(Núm. exp. 702/000004)


9. MOCIONES


9.1. Moción por la que se insta al Gobierno, en
colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, a realizar cuantos
esfuerzos sean necesarios, institucionales y económicos, para lograr la
consecución de la isla de Tenerife como sede del hemisferio norte del
proyecto CTA (Cherenkov Telescope Array).


(Núm. exp. 662/000147)


Autor: GPP


9.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de diversas medidas para la mejora del sector porcino.


(Núm. exp. 662/000148)


Autor: GPP


9.3. Moción por la que se proponen determinadas medidas
dirigidas a la rebaja de los precios de los carburantes de automoción,
sobre la base del aumento de la competencia en el sector.


(Núm. exp. 662/000149)


Autor: GPS









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10. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


10.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


10.1.1. Proyecto de Ley de racionalización del sector
público y otras medidas de reforma administrativa.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


(Núm. exp. 621/000072)


10.1.2. Proyecto de Ley de transformación del Fondo para la
financiación de los Pagos a Proveedores. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


(Núm. exp. 621/000077)










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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.


8. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA
PÚBLICA


8.1. Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos
de estabilidad presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de
Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el
período 2015-2017 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del
Estado para 2015.


(Núm. exp. 702/000004)


El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
(Montoro Romero) presenta el acuerdo.


En turno a favor interviene el señor Utrera Mora, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor López
García, por el Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández y la señora Capella i Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto;
la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; López García, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Antes de proceder a la votación, el señor presidente
informa a la Cámara de que el voto telemático ha sido autorizado para las
senadoras Ibarz Ibarz, García Carrasco y Nevado del Campo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, siendo los tres favorables al
acuerdo.


Se aprueba el acuerdo con el siguiente resultado:
presentes, 241 más 3 votos telemáticos, 244; votos emitidos, 241 más 3
votos telemáticos, 244; a favor, 151 más 3 telemáticos, 154; en contra,
89; abstenciones, 1.


9. MOCIONES


9.1. Moción por la que se insta al Gobierno, en
colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, a realizar cuantos
esfuerzos sean necesarios, institucionales y económicos, para lograr la
consecución de la isla de Tenerife como sede del hemisferio norte del
proyecto CTA (Cherenkov Telescope Array).


(Núm. exp. 662/000147)


Autor: GPP


11306


El señor Alarcó Hernández defiende la moción.


El señor Fuentes Curbelo defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Quintero Castañeda defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador.


El señor Alarcó Hernández expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazando la del Grupo
Parlamentario Mixto y aceptando la formulación de una propuesta de
modificación sobre la base de la presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.


En turno de portavoces intervienen el señor Quintero
Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los
señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya; Alturo Lloan; Fuentes Curbelo, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Alarcó Hernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se aprueba la propuesta de modificación, por asentimiento
de la Cámara.









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9.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de diversas medidas para la mejora del sector porcino.


(Núm. exp. 662/000148)


Autor: GPP


11320


El señor Cotillas López defiende la moción.


El señor Arrufat Gascón defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Boya Alós defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Cotillas López expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya
Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Plana
Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; Arrufat Gascón, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Cotillas
López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes,
241; votos emitidos, 241; a favor, 149; en contra, 77; abstenciones,
11339


9.3. Moción por la que se proponen determinadas medidas
dirigidas a la rebaja de los precios de los carburantes de automoción,
sobre la base del aumento de la competencia en el sector.


(Núm. exp. 662/000149)


Autor: GPS


11338


El señor Alique López defiende la moción.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Palacios
Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen los señores Anasagasti
Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista,
y Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes,
236; votos emitidos, 230; a favor, 74; en contra, 143; abstenciones,
13.


Se suspende la sesión a las quince horas.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco
minutos.


10. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


10.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


10.1.1. Proyecto de Ley de racionalización del sector
público y otras medidas de reforma administrativa.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


11355


(Núm. exp. 621/000072)









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11281




El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.


Se inicia el debate de las propuestas de veto.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 2.


El señor Martínez Oblanca defiende la propuesta de veto
número 6, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto
número 1, presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador.


El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 4, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Sabaté Borràs defiende la propuesta de veto número
5, presentada por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor
Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el
señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.


La señora Martínez Muñoz defiende la propuesta de veto
número 7, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Bel Accensi defiende la propuesta de veto número
3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Vázquez García defiende la propuesta de veto
número 8, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor De las
Heras Muela, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Mariscal
Cifuentes y la señora Capella i Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto;
la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); los señores Guillot Miravet y Sabaté Borràs, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Vázquez García,
por el Grupo Parlamentario Socialista, y De las Heras Muela, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar las propuestas de veto.


El señor presidente informa a la Cámara de que han sido
autorizadas para votar telemáticamente las senadoras Ibarz Ibarz, García
Carrasco y Nevado del Campo, y han emitido voto telemático solamente las
senadoras García Carrasco y Nevado del Campo, que lo han hecho en sentido
contrario a las propuestas de veto.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos,
249 más 2 votos telemáticos, 251; a favor, 95; en contra, 151 más 2
telemáticos, 153; abstenciones, 3.


Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente
resultado: presentes, 245 más 2 votos telemáticos, 247; votos emitidos,
245 más 2 votos telemáticos, 247; a favor, 91; en contra, 151 más 2
telemáticos, 153; abstenciones, 3.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 248 más 2 votos telemáticos, 250; votos emitidos,
247 más 2 votos telemáticos, 249; a favor, 92; en contra, 152 más 2
telemáticos, 154; abstenciones, 3.









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Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos,
248 más 2 votos telemáticos, 250; a favor, 94; en contra, 152 más 2
telemáticos, 154; abstenciones, 2.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos,
249 más 2 votos telemáticos, 251; a favor, 94; en contra, 153 más 2
telemáticos, 155; abstenciones, 2.


Se rechaza la propuesta de veto número 7 con el siguiente
resultado: presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos,
249 más 2 votos telemáticos, 251; a favor, 94; en contra, 153 más 2
telemáticos, 155; abstenciones, 2.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió con el siguiente
resultado: presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos,
249 más 2 votos telemáticos, 251; a favor, 94; en contra, 153 más 2
telemáticos, 155; abstenciones, 2.


Se rechaza la propuesta de veto número 8, con el siguiente
resultado: presentes, 249, más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos,
249, más dos votos telemáticos, 251; a favor, 94; en contra, 153, más 2
votos telemáticos, 155; abstenciones, 2.


Comienza el debate de los votos particulares.


La señora Santos Fernández defiende las enmiendas 2 a 13,
del señor. Fuster Muniesa, la señora Ibarz Ibarz y la señora. Santos
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Mariscal Cifuentes da por defendidas las enmiendas
14 a 32, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el
señor Iglesias Fernández y este senador.


La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas 113 a 123,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 55 a 93 y la vuelta
al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por
las enmiendas 163 a 167, 177 y 179 a 181 del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado


El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 94 a 112,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Bel Accensi defiende las enmiendas 33 a 54, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


La señora Sanz Murillo defiende enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista 124 a 162 y el voto particular respecto del
Dictamen modificado por la aprobación de las enmiendas 163 a 167, 177 y
179 a 181, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Romero
Bañón, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen la señora Martínez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los
señores Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, y Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; las señoras Sanz Murillo, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Romero Bañón, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


El señor presidente informa a la Cámara de que se procederá
a las votaciones de este proyecto de ley tras debatir el siguiente.









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10.1.2. Proyecto de Ley de transformación del Fondo para la
financiación de los Pagos a Proveedores. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


11408


(Núm. exp. 621/000077)


El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.


El señor Mariscal Cifuentes defiende la enmienda 1, del
Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentada por el señor Iglesias
Fernández y este senador.


La señora Martínez Muñoz da por defendidas las enmiendas 4
y 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), inicialmente
presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió.


La señora Sequera García defiende las enmiendas 2 y 3, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Vázquez García defiende la enmienda 6, del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sanz
Ruiz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen las señoras Martínez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Sequera
García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; los
señores Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Sen Vélez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y
la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se procede a votar


11416


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.


El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


10.1.1. Proyecto de Ley de racionalización del sector
público y otras medidas de reforma administrativa. (Votación)


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


11355


(Núm. exp. 621/000072)


Se procede a votar


11417


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con
números de registro 135795, 135796, 135831, 135832, 135837 y 135838.


El señor presidente informa a la Cámara de que la propuesta
de modificación con número de registro 135839 ha decaído al haberse
retirado la enmienda 24, del Grupo Parlamentario Mixto.


Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones
anteriores.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.


El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.


Se suspende la sesión a las veintidós horas y cinco
minutos.










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11284




Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la
sesión.


8. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA
PÚBLICA


8.1. ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL
PERÍODO 2015-2017 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL
ESTADO PARA 2015.


(Núm. exp. 702/000004)


El señor presidente da lectura a los puntos 8. y 8.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación de este acuerdo,
tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señorías, tengo el honor de volver a representar al
Gobierno en la defensa del acuerdo del Consejo de Ministros relativo,
como se conoce popularmente, al techo de gasto, el máximo de gasto y los
objetivos de déficit y de deuda correspondientes al ejercicio 2015,
último año de esta legislatura.


Comienzo mi intervención en el Senado recordando algunas de
las expresiones con las que finalicé hace justo un año una intervención
con este mismo motivo, el inicio del proceso presupuestario de
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y del conjunto de
las administraciones públicas, puesto que el contenido de los escenarios
económicos y también el contenido de las propias previsiones derivadas
del escenario económico en lo que se refiere a ingresos impositivos,
ingresos tributarios, determina el conjunto de las previsiones
presupuestarias de nuestras administraciones públicas.


El año pasado, acababa esa intervención utilizando la
figura de la salida de la crisis económica en forma ―que ya se ha
hecho bastante tópica― del túnel y decía entonces: «La perspectiva
del Gobierno es que tengamos, a partir del próximo año, un crecimiento
económico que empezará siendo moderado, para ir, a partir de las bases
sanas que se están estableciendo, a más a lo largo de la legislatura
—obviamente, me refería a 2014 y 2015— ,lo que permitirá
alcanzar en el 2016 el objetivo de que el conjunto de las
administraciones públicas de España estén por debajo del 3%.» Además,
utilizaba una figura retórica y, si quieren, incluso un poco manoseada,
cuando afirmaba que «España ve ya la luz del túnel ahí, muy cerca. La
salida del túnel está muy cerca y, por consiguiente, estamos viendo luz,
no luz artificial, sino luz natural, que es la que realmente muestra que
estamos al término de un recorrido que ha sido muy doloroso, pero del que
podemos decir que va a acabar pronto.»


Esa forma retórica, insisto, era relativa a que en el año
2013, cuando hablaba desde esta tribuna, lo que estaba finalizando en
España era la recesión económica y también decía entonces que, a partir
de la segunda mitad de 2013 finalizaría en España la recesión económica
y, por tanto, abriríamos un nuevo período de crecimiento económico y de
creación de empleo. Ese nuevo periodo de crecimiento económico y de
creación de empleo ya está aquí, ya está entre nosotros. Hoy, la economía
española ya está creciendo. Está creciendo en la primera parte del año
2014, aunque con crecimientos todavía moderados, modestos; crecimientos
en el primer trimestre que hemos conocido del 0,4% en términos
intertrimestrales; crecimiento que todo anuncia a que en el segundo
trimestre de este mismo año 2014 que acabamos de cerrar puede haber sido
algo mayor del 0,4%, lo que significaría, si ha sido así, un 0,5% caso de
registrarse, que la economía española estaría creciendo en términos
interanuales en 1,4% o 1,5%.


Por tanto, está acelerándose el crecimiento económico y, lo
que es más importante, con esos crecimientos económicos, por primera vez
en nuestra historia, se está creando empleo en términos de registro de
afiliados a la Seguridad Social, de cotizantes a la Seguridad Social.
Esto ocurre desde el mes de febrero de este año, en que ya hemos entrado
en tasas positivas de afiliación a









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la Seguridad Social y tasas que se han ido fortaleciendo
hasta la última que hemos conocido, la tasa del mes de junio, que eleva
el crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social, de nuevos
cotizantes, al 1,8%.


Quiere decir ello que está ocurriendo algo inédito en
España, y es que con crecimientos económicos claramente inferiores al 2%
se está creando empleo por primera vez en nuestra historia. Quiere decir
ello que cuando hace un año afirmábamos desde esta tribuna que se estaban
sentando las bases sólidas del crecimiento económico, no nos
equivocábamos. No pecábamos de un exceso de optimismo, sino que hoy todos
—y estoy seguro de que todos los que van a ocupar la tribuna
también insistirán en ello— reconocen que hoy en España hay una
recuperación económica. ¿O hay quien lo va a negar? ¿Lo va a negar
también algún grupo político de los que suban a esta tribuna? Sí, seguro
que lo niega y que va a decir que no hay recuperación económica para una
parte de la sociedad. Está en el guion, pero cuando diga eso no diga que
la gente no está participando de esta recuperación económica. ¿O no son
gentes los que están encontrando empleo? ¿No son gentes los que se están
dando de alta como autónomos a la Seguridad Social? Hay 250 000 nuevos
autónomos en la Seguridad Social desde que esta Cámara, el Senado, aprobó
la tarifa plana de 50 euros. Repito, 250 000 dados de alta en la
Seguridad Social. Son personas, no son números —ahora me referiré a
los números, a las bases de ese crecimiento económico—. ¿O no son
personas las que están liderando con su conducta esas compras en nuestras
empresas que hacen que la formación bruta de capital fijo, los bienes de
equipo, se estén incrementando por encima del 10%? ¿No son personas los
que están tomando esas decisiones? ¿No son personas las que están
aumentando su capacidad de consumo? Porque esto hace que modestamente el
consumo se esté recuperando en nuestro país, como se aprecia también en
otros indicadores, como el pago de impuestos y la recaudación del IVA,
que en el Estado, en términos de contabilidad nacional, según los últimos
datos publicados, el incremento de recaudación en el mes de mayo en el
Estado en contabilidad nacional, insisto, es del 7,7%. ¿De dónde viene
eso? ¿No es de las conductas de las personas en nuestro país? Por
supuesto que eso es compatible con que hay mucha gente que lo está
pasando mal, por supuesto que no ha llegado a todo el mundo, por supuesto
que esta recuperación económica, como todas las recuperaciones
económicas, comienza en una parte de la población y va extendiéndose.
Debemos interpretarlo como si fuera la subida de una marea que va
llegando a todos.


Lo que es fundamental es que sigamos sentando las bases de
nuestro crecimiento económico, las mismas bases de hace un año cuando
decíamos con rotundidad que qué había cambiado en España, esas bases que
hoy todavía permanecen, el signo positivo de nuestra balanza por cuenta
corriente, el signo positivo de nuestra capacidad de financiación frente
al resto del mundo. Eso es lo que cambió. Y la pregunta que nos hacíamos
también hace un año era esta: ¿Hubiera sido posible ese cambio drástico,
dramático de nuestra balanza por cuenta corriente si no hubiésemos
corregido, reducido el déficit de nuestras administraciones públicas con
la intensidad con que lo hicimos? La respuesta es no. Si hubiésemos hecho
esa política que algunos pretendían hacer en nuestro país de no reducir
el déficit público asumiendo, por supuesto, las consecuencias de esa
reducción, hoy no estaríamos hablando de crecimiento económico ni de
creación de empleo en nuestro país, hoy no estaríamos dando la sorpresa,
expresión que hoy domina en los informes internacionales. Por citar uno,
The Economist, el prestigioso semanario británico, también califica la
recuperación económica de España de: asombrosamente rápida. Es decir,
hemos roto perspectivas y pronósticos porque estamos haciendo política,
lo que significa tomar decisiones en materia económica para que esos
pronósticos y esas opiniones tan negativas sobre la economía española
pudieran cambiar. Eso es lo que estamos consiguiendo mostrar de nuevo,
como en los años noventa, cuando se veía como imposible que España
fundara el euro. Pues lo fundó, pero también fundó algo más importante
todavía: el período de crecimiento económico creador de empleo más
intenso de su historia.


Pues bien, a eso nos estamos refiriendo cuando decimos que
en el primer trimestre de este año 2014 seguimos teniendo una capacidad
de financiación frente al resto del mundo equivalente al 1% del producto
interior bruto. A eso nos estamos refiriendo, a que tenemos un
crecimiento económico sin inflación por primera vez en nuestra historia;
a eso nos estamos refiriendo cuando afirmamos y reiteramos que tenemos
que seguir reduciendo el déficit público, porque lo que nos conviene a
los españoles es que nuestras finanzas públicas vuelvan al equilibrio
cuanto antes, que









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se elimine el déficit primario todavía existente en nuestro
país, lo que causa que la deuda pública sobre el PIB siga aumentando.
Tenemos que parar ese crecimiento de deuda pública para conseguir llegar
al superávit nominal primario puesto que el superávit estructural, el que
descuenta los efectos del ciclo, ya lo hemos conseguido en nuestro país,
y hoy España tiene un superávit estructural primario, esto es, descontada
la carga de intereses, y nuestras administraciones públicas, en términos
estructurales, que son los importantes, están saneadas. Ese es el gran
esfuerzo de ajuste presupuestario que hemos logrado en nuestro país.


Además, voy a dar un dato, aún incompleto, en esta
intervención. Es un dato que trata de romper un cliché: la reducción del
déficit público en España se ha hecho sin tener que reducir el conjunto
de los gastos sociales de nuestras administraciones públicas. (Rumores).
Esos son los datos. En España la previsión para 2014 es que las
administraciones públicas gastaremos, en el llamado gasto social, el que
incluye las pensiones, el seguro de desempleo, la educación y la sanidad,
es decir, los grandes componentes del gasto social, del orden de 186 000
millones de euros. Y en el año 2011 nuestras administraciones públicas
gastaron 184 560 millones de euros. Por tanto, estamos haciendo una
reducción del gasto claramente solidaria, sin olvidarnos de la cohesión
social.


Estos son los datos, luego vienen las retóricas pero, en
fin, contra eso no vamos a esforzarnos demasiado a estas alturas y, sobre
todo, en el comienzo de un debate parlamentario a esta hora de la mañana,
a las 9,15. Puesto que cerraremos la contabilidad nacional de forma
definitiva en el próximo septiembre, tendré oportunidad de traer los
datos en el debate de los Presupuestos Generales del Estado. Año 2012:
gasto social de nuestras administraciones públicas, 28,4% del producto
interior bruto. Año 2011, 28,4% del producto interior bruto. Año 2010,
28,6% del producto interior bruto.


Estos son los datos que demuestran que en nuestro país se
ha hecho un ajuste presupuestario con cohesión social. Si quieren les
puedo leer los datos que demuestran de donde procede la mayor recaudación
tributaria pero no sé si les aburriré. (Rumores).Yo les invito a que los
estudien, a que los conozcan, reflexionen y que antes de emitir estos
juicios políticos tan extendidos al menos los contrasten porque si no
estaremos dando una imagen falsa de lo que está siendo el ajuste
presupuestario en nuestro país, señorías. Lo que no se sustenta en datos
en los debates parlamentarios relativos a la utilización del gasto
público, de los ingresos públicos, es falso; por tanto, vamos a calificar
las cosas como son, y como esto tiene un gran contenido político voy a
insistir en ello.


Ya les he dicho lo que ha sido la evolución de la
recaudación tributaria pero voy a referirme únicamente a lo que ha
supuesto el pago del incremento del impuesto sobre sociedades, es decir,
lo que encontramos cuando llegamos al Gobierno, cómo estaba la
tributación del impuesto y cómo ha evolucionado. Entre los años 2007 y
2011, con un Gobierno socialista, se produjo una caída de ingresos
tributarios por el impuesto sobre sociedades del 62,9%: la crisis. Ante
esta situación, llegamos al Gobierno y tomamos medidas; esta Cámara tomó
medidas de cambio tributario en el ámbito de este impuesto, que todos
recordarán: limitamos la libertad de amortizaciones, redujimos la
capacidad de deducción de los gastos financieros, etcétera, medidas que
afectaron exclusivamente a las grandes empresas de nuestro país. Las
pequeñas y medianas empresas no incrementaron la recaudación tributaria
en los ejercicios 2012 y 2013, sí lo están haciendo a partir del año
2014. Leo: «Los ingresos tributarios por el impuesto sobre sociedades
pasaron de 16 611 millones de euros en el año 2011 a 21 435 millones de
euros. Por tanto, casi 5000 millones de euros, exactamente 4800 millones
de euros más, en el año 2012, año de recesión económica, en términos de
recaudación de las grandes empresas.


Por tanto, si contempláramos los pagos a cuenta de los
grandes grupos de nuestro país del año 2011 con la perspectiva de 2013,
observaríamos que se han duplicado prácticamente, mientras que los pagos
a cuenta de las pymes, que en el año 2011 eran de 1800 millones de euros,
en 2013 eran de 1400 millones de euros. Estas son las políticas
tributarias que piden que haya más aportación a la recaudación
tributaria, al ajuste del déficit público, de quienes tienen más
capacidad económica.


Datos de recaudación. Espero que estos datos sean
compartidos, son públicos. (Risas). No se los creen tampoco. Sus señorías
socialistas no se los creen. Pues bien, los datos del escenario económico
actual que les voy a dar ahora son los que marcan la evolución, los que
marcan no ya









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la situación económica actual sino también, obviamente, el
techo de gasto del año 2015. La situación económica es de recuperación.
Los pronósticos de nuestra economía no son los del año 2012, cuando se
decía: ¡Vamos a ser rescatados! ¡Habrá rescate en España! ¡España saldrá
del euro! ¡España se llevará por delante al euro! Nadie se plantea estas
cuestiones que se formulaban en el año 2012.


¿Qué ocurrirá con la evolución económica de España? ¿Se
saldrá lentamente de la crisis económica? Esta no es la cuestión ahora.
La cuestión ahora es que todos los pronósticos, y también los del
Gobierno de España que trae esta mañana al Senado, son de crecimiento, de
un crecimiento más intenso a partir del año 2015. Ese es el crecimiento
que se espera. El pronóstico del Gobierno para el año 2015 es de un 1,8%
de crecimiento, el mismo del programa de estabilidad. Y ese 1,8% para el
año que viene es moderado, se está quedando en la banda baja de los
pronósticos. Ya se han realizado numerosos pronósticos dentro y fuera de
España que vaticinan un crecimiento económico mayor, incluyendo la propia
Comisión Europea, que para el año próximo vaticina un crecimiento para
España del 2,1%. Es decir, en el año 2015, España liderará el crecimiento
de la Unión Europea. Vamos a estar a la cabeza del crecimiento de la
Unión Europea. Y si ya se está creando empleo con un crecimiento mucho
más moderado registrado en la primera parte del año 2014, eso significa
que en el año 2015 se creará bastante más, y de ello se deriva, por
tanto, que las reformas estructurales del Gobierno, la reforma laboral
que actualizaba nuestras relaciones laborales, la reforma de saneamiento
bancario, la reforma energética, la reforma del sector público, están
cambiando las condiciones para la creación de empleo y la economía de
nuestro país.


Crear empleo. La política más solidaria que puede existir,
que se puede aplicar en cualquier país, pero más aún en un país cuya tasa
de paro es sencillamente inaceptable, como es el caso de España. Crear
empleo es también crear optimismo, ilusión y confianza; es abrir un
horizonte de futuro para todos, pero especialmente para nuestros jóvenes,
para que realmente entiendan que España es ese gran país al que
pertenecen, miembro de Europa de pleno derecho, y que ejerce en Europa
toda su capacidad de acción para conseguir un futuro esperanzador.


Ese crecimiento económico está cambiando en términos de
componentes, y ahí hay uno de los mayores desafíos. Es lógico que el
crecimiento económico, a medida que va avanzando, como ya está
ocurriendo, lo que haga es que aumente la demanda interna de la economía.
El componente más dinámico de esa demanda interna es la formación bruta
de capital fijo en su vertiente de bienes de equipo, que está creciendo
por encima del 10 o del 11%. A ello se añade un crecimiento también más
moderado, pero fundamental, del consumo. El desafío de España —e
invito a todos a que no lo veamos como un riesgo, sino como un
desafío— es compatibilizar la recuperación de la demanda interna,
que es absolutamente necesaria si queremos crear empleo. El sector
exportador, el sector exterior, la aportación de la demanda interna
siempre será insuficiente en términos de creación de empleo. Por tanto,
necesitamos más impulso de la demanda interna, pero que ello sea
compatible con un hecho que también es nuevo en nuestra historia, la
elevada cuota de participación de nuestras exportaciones en el producto
interior bruto. Nunca España había tenido tanta capacidad exportadora
como la que tiene actualmente. La cuota de la exportación sobre el
producto interior bruto español supera el 30%, está en el orden del 31%.
Eso nos coloca a la cabeza de los países desarrollados exportadores del
mundo. Y eso es lo que tenemos que preservar. Estoy seguro de que
nuestras empresas, que han hecho una gran tarea en términos de ganancia
de competitividad, lo van a compatibilizar con la recuperación de la
demanda interna. Tenemos, por tanto, por delante, ese caminar, pero no
tiene por qué encerrar riesgos excesivos si lo que hacemos es seguir
ganando competitividad. No debemos aspirar a que la demanda procedente
del exterior, en suma, la que procede no solo del avance de las
exportaciones, sino de la debilidad de las importaciones, se mantenga,
aportando a nuestro producto interior bruto como lo ha hecho hasta ahora.
Eso está cambiando, las importaciones se están recuperando como
consecuencia de la demanda interna y lo que tenemos que hacer es que sea
compatible con estar presente en los grandes mercados internacionales a
través de esa muy elevada cuota de exportación que debemos considerar
como uno de los hechos más relevantes de nuestra evolución económica.


Durante este tiempo en nuestro país ha ocurrido, por un
lado, que el entorno de baja inflación —inexistente— ha
mejorado la capacidad adquisitiva de las familias, sin necesidad de que









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aumenten sus rentas monetarias. Ha ocurrido que la
evolución muy positiva de los mercados financieros desde el año pasado ha
mejorado la riqueza financiera neta de las familias, los activos
financieros netos en los hogares. El año pasado se incrementó un 23,5%,
pasando de 830 000 millones de euros en 2011 a 1 billón 26 000 millones
de euros en 2013. Un avance semejante de la riqueza financiera es
histórico. Nunca se había producido en un solo ejercicio. Es una
revalorización de activos que lo que está haciendo es que la riqueza
financiera de las familias compense la pérdida de la riqueza
inmobiliaria, del valor inmobiliario que está viviendo el ajuste a la
baja. Por tanto, esta combinación que también se está dando en la
sociedad española es muy positiva y por eso era tan importante abrir esos
mercados financieros, como ocurrió en el año 2013.


Las sociedades no financieras y las familias están ahora
aprovechando el esfuerzo de ahorro que han llevado a cabo en los últimos
años, impulsando el consumo y la inversión. Las sociedades no financieras
y los hogares residentes en España han sabido adaptarse a la crisis
desapalancándose —y este es el gran término económico— y han
reducido su endeudamiento.


Las cifras las recordé ayer en el Congreso, y las voy a
repetir esta mañana. En el año 2011 las sociedades no financieras
redujeron su endeudamiento en 24 400 millones de euros, exactamente en 24
440 millones de euros, un 1,9% respecto al año anterior. En el 2012,
respondiendo al incentivo de las reformas fiscales, bajaron un 6,1%, lo
que significó 76 700 millones de euros de desapalancamiento de las
empresas no financieras en el año 2012. A ello cabe añadir una caída, en
el año 2013, de 58 290 millones de euros, es decir un –5% respecto
del año anterior. Observen qué proporción de desapalancamiento hemos
generado en España en términos de empresas no financieras. Y a todo esto
hay que añadir lo que ya ha ocurrido en los cinco primeros meses del año
2014: que las empresas no financieras han desapalancado otros 20 378
millones de euros. Ese es el proceso sano que está ocurriendo en nuestro
país, y los mercados lo están reconociendo y nos lo devuelven con una
valoración más positiva de las empresas de nuestro país.


El proceso de desapalancamiento también ha tenido lugar en
los hogares, donde el ratio de endeudamiento, que se redujo ya en el año
2011 en 21 844 millones de euros, siguió bajando en el 2012 en 32 980
millones de euros, en el 2013 en 42 155 millones de euros y en los cinco
primeros meses ha caído en 14 636. Por lo tanto, estamos viviendo un
desapalancamiento financiero del sector privado que en esta legislatura,
como ven, supera los 250 000 millones de euros. Estas cifras
extraordinariamente positivas están aliviando y mejorando la capacidad de
respuesta de nuestro país.


Por supuesto que eso tiene su reflejo en las cotizaciones
de la bolsa, cuyo valor más bajo se registró en julio del año 2012. ¡Qué
mes de julio el del año 2012!, lo recordarán sus señorías. Hace solo dos
años estábamos donde estábamos. En julio del año 2012 estábamos tomando
decisiones con ese mínimo de cotizaciones bursátiles, pero desde entonces
la bolsa ha recuperado 326 000 millones de euros de capitalización.
Repito, 326 000 millones de euros. Estas son las proporciones de la
recuperación financiera de España, además de todo lo que implica en
términos de renegociación de la deuda del Estado, de las deudas del
sector privado, de las grandes empresas españolas, que como es bien
conocido son multinacionales presentes en todo el mundo, y eso es lo que
nos está conduciendo a esa situación de superávit en la capacidad de
financiación de la economía frente al resto del mundo.


El techo de gasto que traemos a la Cámara insiste en la
necesidad de la consolidación fiscal de las administraciones públicas en
España. No hay que cansarse. Comprendo que es fatigante el camino, vaya
por delante, pero todas las administraciones públicas y todos los que
tenemos responsabilidades políticas debemos ser conscientes de lo que
estamos haciendo en política presupuestaria. Gracias a esa política
presupuestaria, hoy es posible la recuperación económica y la creación de
empleo, y hoy es posible que España vuelva a ser un país respetado en
Europa y en el mundo. Eso es lo que estamos haciendo, así que no cabe
fatiga alguna, ni a la hora de seguir reduciendo el déficit público ni a
la hora de seguir aplicando reformas estructurales en la economía de
nuestro país que sigan mejorando nuestra competitividad.


Ese es el sentido de que este nuevo techo de gasto albergue
una reforma tributaria. Una reforma tributaria que pretende devolver a la
sociedad buena parte de los esfuerzos que han materializado los españoles
a lo largo de esta crisis, en concreto en la segunda fase de esta
recesión: años 2012 y 2013. Una reforma tributaria que en el ámbito de la
reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del
impuesto sobre sociedades supone una devolución de









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prácticamente 3700 millones de euros, lo que significa 9000
millones de euros de impacto ex ante acumulado en el periodo 2015-2016.
Una reforma tributaria que se enmarca dentro de las previsiones
correspondientes a esta evolución del techo de gasto que para el año
próximo prevemos que se reducirá en el 3,15%, quedando, por tanto, fijado
el techo de gasto del Estado en 129 060 millones de euros, lo que es
compatible con un aumento de la recaudación tributaria de algo más del 4%
habida cuenta de que durante este ejercicio —y ayer avanzaba
también la cifra, aún provisional obviamente— los ingresos
tributarios del Estado hasta el mes de junio están creciendo del orden
del 5%, lo cual es un crecimiento bastante más holgado que el que viene
simplemente del crecimiento económico. Y ello también quiere decir que se
está luchando con gran eficacia contra el fraude fiscal porque, de lo
contrario, no sería posible explicar aumentos de recaudación del orden
del 5% como están ocurriendo en nuestro país con crecimientos que son,
insisto, aumentos de bases imponibles mucho más moderados.


Quiero insistir también en la idea de que cuando
pronosticamos una reducción del gasto público para el año próximo en
términos de techo de gasto no equivale en modo alguno a que se vaya a
reducir en términos absolutos el gasto de nuestras administraciones
públicas. ¿Y ello por qué? Pues porque el ahorro vendrá del propio ciclo
económico que permitirá un ahorro en las prestaciones de desempleo y un
ahorro en la carga de intereses a medida que vamos afianzando la
fiabilidad de nuestras finanzas públicas. El primero se deriva del hecho
de que cientos de miles de personas no van a perder su puesto de trabajo
el año que viene, y por tanto, no van a ir al paro y no van a requerir
prestación por desempleo. Y ahí tendremos un importante ahorro
presupuestario que nos permite que no tengamos que reducir en términos
absolutos el gasto público como hemos tenido que hacer en el pasado.
Ahora, para que el año próximo el gasto público baje en términos de
producto interior bruto, es decir, que quede en el 43% de nuestro
producto interior bruto, tenemos que hacer una política de contención en
el aumento del gasto público de forma que quede por debajo del
crecimiento de la economía. Eso es lo que hay que hacer y es la nueva
senda que entrará en vigor con toda claridad a partir del año 2015,
aunque ya lo estamos haciendo en el 2014. Basta con que el total del
gasto de nuestras administraciones públicas crezca por debajo del
crecimiento nominal del producto interior bruto, y desde luego también
del crecimiento en términos reales puesto que hoy las inflaciones son tan
bajas que el nominal se parece muchísimo al crecimiento en términos
reales. Estamos, pues, ante esa obligación que no debe confundirse con
las reducciones drásticas que se han practicado en el pasado, pero que,
como antes explicaba, no han afectado al total del gasto social en
nuestro país.


Esto lo explico también como un recordatorio en el sentido
de que esta política presupuestaria en la que el gasto público crece
menos que la evolución de la economía es la política que hacíamos los
gobiernos del Partido Popular y la que ahora estamos empezando a hacer;
es la política que nos hizo fundar el euro; es la política que nos
permitía reducir impuestos de forma sucesiva, puesto que el crecimiento
económico ensanchaba las bases imponibles. Por lo tanto, esa es nuestra
política, y a esa política estamos volviendo con rapidez y es la que
—insisto— planteamos y proponemos a la Cámara.


Termino, porque tampoco pretendía extenderme mucho
—un poco sí lo he hecho— (Risas), diciéndoles que la salida
de la crisis es una realidad; que la recuperación económica es innegable;
que de esta crisis tenemos que aprender y sacar lecciones. España siempre
fracasa cuando desequilibra su balanza de pagos. España siempre fracasa
cuando trata de salir de las crisis con más déficit público. España
siempre fracasa cuando genera desequilibrios económicos y no utiliza las
crisis para sentar las bases sanas de un crecimiento económico. Esa es la
lección, la lección que tenemos que aprender los españoles, y la lección
que estoy seguro que hemos aprendido de esta crisis tan dura, en términos
de pérdida de puestos de trabajo, de la que ahora podemos salir
afrontando las consecuencias y aplicando las políticas prácticas.


Es el momento de devolver el esfuerzo, el afán, la ilusión.
Es el momento de devolver la confianza, porque es la confianza que merece
el pueblo español que, como afirmaba ayer, cuando se cae, se levanta; y
se levanta con fuerza, con la capacidad que tiene de hacerlo una sociedad
emprendedora; y se levanta con esa fuerza que hace que desde fuera de
nuestro país algunos —bastantes— sigan asombrándose, como se
asombraban antes en los años noventa y en los años dos mil, que se
referían a lo que ocurría en España como si fuera un milagro. No era un
milagro, era el resultado del esfuerzo y de la ilusión de un pueblo; era
el resultado de la confianza









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de una sociedad; y era el resultado también del tesón de
políticas económicas comprometidas con la estabilidad económica,
políticas económicas que favorecen que prosigan las reformas para
garantizar la solución y la salida de la crisis.


Hoy nuestro objetivo, el objetivo del nuevo presupuesto
será promover ese crecimiento sostenible creador de empleo, que es
también el crecimiento que, a través de la solidaridad y de la cohesión
social garantizará el mejor, el más equitativo reparto de la distribución
de los beneficios del crecimiento económico que, afortunadamente, se está
iniciando entre nosotros.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


¿Turno a favor?


Tiene la palabra el senador Utrera.


El señor UTRERA MORA: Señor presidente, señoras y señores
senadores, es para mí una ocasión —una muy grata ocasión—,
una vez más, de reafirmar el convencimiento que tiene el Grupo
Parlamentario Popular de que se está aplicando una política económica
adecuada, que está dando resultados, y que esa política económica nos
está conduciendo a una situación absolutamente diferente a la que nos
encontrábamos hace algunos años. Y quizá de este debate, si alguno de
ustedes se toma la molestia de repasarlo en los anteriores ejercicios
2013 y 2014 —incluso si va más allá, también podrá ver cómo eran
los debates en la época del Gobierno socialista para poder contrastar
unos con otros—, podemos sacar algunas conclusiones que entiendo
son muy importantes. En el debate de estabilidad financiera y límite de
gasto público para el año 2013, el Grupo Parlamentario Popular tuvo la
sensación de que a todos los grupos de la oposición, prácticamente de
forma unánime, se nos pedía, se nos sugería, se nos indicaba o en
cualquier caso se apuntaba que la idea de una cierta intervención o
rescate de la economía española era ineludible, cosa a la que nosotros
nos negamos desde el primer momento por las gravísimas consecuencias que
eso habría de tener. Sí, así era; se nos pedía rescate. Incluso algunos
medios de comunicación insistían en que era imposible evitar ese rescate.
Y cuando, al final, en la Unión Europea posteriormente hubo una
aportación financiera, un apoyo financiero para la reforma del sistema
financiero, se habló de rescate, lo que no era un rescate sino un
préstamo a largo plazo, un préstamo, por tanto, que tenía sus
condiciones, sus tiempos y sus estipulaciones; y se habló o se quiso
sugerir que eso era un rescate a la economía española, fruto de la
política que se estaba aplicando. Y eso es estrictamente cierto.


Por tanto, pasamos de un debate del rescate, de la
intervención o de la dirección exterior de la economía española a la
situación del pasado año, cuando ya el ministro de Hacienda, aquí
presente y a quien agradezco la exposición —la de ahora y la del
pasado año—, pudo manifestarlo, porque punto por punto se han ido
confirmando todos los extremos que entonces se dijeron. Estábamos
iniciando una recuperación económica, todos los indicadores económicos
apuntaban a que se iniciaba esa recuperación —suave, ciertamente,
puesto que veníamos de una muy grave posición financiera, tanto de
empresas, de familias, como del sector público— y que ya sería en
la segunda parte del año 2013 y, desde luego, en 2014 cuando empezaríamos
a apreciar la recuperación económica y la creación de empleo.


Pues bien, así ha sido, y llegamos ahora al debate
correspondiente al techo de gasto para el año 2015 y nos encontramos con
unos datos que, como se ha apuntado, son datos. Podemos discutir sobre
algunos decimales, podemos incluso discutir sobre algunas consecuencias
de esos datos, pero no negarlos, porque volveríamos a una época
pretérita, una época que espero esté superada, en que la fantasía
prevalecía sobre la realidad, fantasía que llevaba a despilfarrar los
muchos miles de millones que se despilfarraron, por ejemplo, en los
planes de empleo municipales, con muy escasa eficacia, y que ahora el
mismo grupo, el Grupo Socialista, lamenta que el ajuste para el próximo
año —que no es tal, sino, como se ha apuntado, una política de
contención de gasto público— apenas va a suponer 5000 millones de
euros, cuando entonces se despilfarraban sin mayor cuidado, sin prestar
mayor atención, más de 15 000 millones de euros.


Por tanto, hemos avanzado, hemos avanzado mucho. Los datos
de empleo confirman que en el último año se ha reducido el número de
parados en algo más de 300 000, que hay casi 300 000 nuevos cotizantes a
la Seguridad Social en términos medios anuales, que la economía española
está creciendo —lleva tres trimestres de crecimiento y cuando
tengamos los datos correspondientes









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al segundo trimestre podremos confirmar ya un cuarto
trimestre de crecimiento económico continuado—, que nuestra
presencia exterior está aumentando a tasas muy importantes en
exportaciones, y ahora veremos también una cierta progresión en las
importaciones, fruto del crecimiento económico del que estamos empezando
a disfrutar, lo que va a permitir que en el sector exterior podamos
mantener una presencia internacional que ciertamente colabora,
contribuye, junto con la demanda interna, a sostener este crecimiento
estable, duradero y a largo plazo. Por consiguiente, estamos en una
situación mucho mejor que la pretendida, en la que nos encontrábamos hace
tres años y a la que algunos todavía parecen retrotraerse.


Frente a esto —por eso para nosotros este resulta un
debate muy sencillo, muy cómodo—, hay que proseguir con los
esfuerzos de contención del gasto público para el año 2015 porque es lo
que está dando resultados, es lo que está permitiendo que crezca la
economía y es lo que está permitiendo que se cree empleo en nuestro país,
de forma que los resultados en este segundo semestre de 2014 y en el año
2015 serán mucho más evidentes que lo están siendo hasta ahora. Y por
tanto, sin perder de vista el conocimiento de que la tasa de paro en
España sigue siendo insoportablemente alta, por lo que no podemos dar por
concluida una crisis económica cuando todavía hay una tasa de paro por
encima del 20%, sin embargo sí que tenemos la seguridad de que este
problema se va a ir resolviendo.


Y ante todo esto se esgrimen argumentos, cuya consistencia
es bastante endeble. Yo voy a resumirlos en 3, escucharé a los portavoces
de los otros grupos y ya veremos cuál de ellos se confirma en mayor o
menor medida.


El primero es el del agravio. Hay gente que se siente
agraviada, agraviada en distintos grados, algunos por la mera existencia
de un techo de gasto público porque lo que piden es libertad para gastar
lo que quieran, como ocurrió en el pasado con el Gobierno socialista
presidido por el señor Zapatero. Por tanto, hay un cierto agravio aquí,
lo bueno es gastar y cuanto más se gaste mejor, incluso despilfarrando no
pasa nada; lo que ocurre es que al final sí pasa, al final se destruyen 3
millones de puestos de trabajo y se sitúa a la sociedad y a la economía
española en la situación en que estamos hoy.


Otro grado de agravio es que se distribuye mal, no sabemos
muy bien qué, si el déficit público o la capacidad de endeudarse, porque
piden más déficit público algunos gobiernos regionales que no tienen
capacidad de endeudarse porque los mercados no les prestan y, por tanto,
lo que quieren es una apariencia de mayor déficit público para financiar
unos gastos que no pueden financiar por sí mismos, con lo cual lo único
que harían sería alterar la posición española de credibilidad que hemos
conseguido en el resto del mundo. En definitiva, ese agravio en cuanto a
los repartos de déficit público no deja de ser un juego bastante
pueril.


El segundo argumento es todavía más consistente desde el
punto de vista argumental, pero ciertamente mucho más incoherente desde
el punto de vista social y político, y sería el de la pretendida
superioridad ética y moral que algunos esgrimen como norma para valorar
las políticas que hacen los demás. Así pues, frente a una política de
hechos —de creación de empleo, de promoción de las oportunidades de
empleo, que es el mejor mecanismo para reducir las desigualdades
sociales—, se habla de desigualdad, de falta de cohesión social y
de algunos otros productos sucedáneos, de un crecimiento económico
sostenido y estable como el que se está promoviendo para España como si
fuera de peor calidad que una situación de política económica en la que
se gasta sin medida, se controla muy mal el déficit público y al final
llegamos a una situación de deuda financiera, una posición financiera
insostenible, como nos ocurrió en el pasado. Lo que ocurre es que esa
posición, esa pretendida superioridad moral ya quedó en evidencia, quedó
en evidencia en el año 2010, y esa es una realidad que nadie puede negar
aquí. Cuando exhaustas las arcas…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor UTRERA MORA: Termino en un minuto, señor
presidente.


Exhaustas las arcas públicas, cuando algunos decían que
teníamos las despensas llenas, hubo que dar un zapatazo —y nunca
mejor dicho— al gasto público recortando sueldos, pensiones y todo
lo que se pusiera por delante. En esos recortes, en esos hachazos
brutales terminan las políticas de alegrías presupuestarias.









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Por último, y con esto concluyo, señor presidente, el
tercer argumento —veremos hasta qué punto se extiende— es la
fiabilidad de las previsiones, si son fiables o no son fiables. Este
argumento ha perdido fuerza porque está claro que el cuadro
macroeconómico laboral, las previsiones en él fundamentadas...


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor UTRERA MORA: ...son bastantes razonables e,
incluso, bastante conservadoras. Veremos a ver lo que da de sí este
argumento.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Utrera.


Para turno en contra, tiene la palabra el senador López
García.


El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias.


Señor presidente, señor ministro, señoras y señores
senadores, demasiado eufórico y autocomplaciente veo al señor ministro
con las cosas que dice. Es evidente que se retroalimenta en una parte
privilegiada de la sociedad y que ciertamente está más en sintonía con
los aromas que desprende el parqué de la bolsa y el Ibex 35 que con lo
que ocurre en muchos pueblos y ciudades de España.


Usted decía —lo ha dicho literalmente porque he
estado escuchando su intervención— que la recuperación comienza en
una parte de la sociedad y se irá extendiendo. Lo cierto es que hay una
situación real. Usted habla del crecimiento. Para nosotros el crecimiento
es absolutamente insuficiente, es condición necesaria pero no suficiente.
El tema es que haya desarrollo, crecimiento y redistribución. Empieza,
efectivamente, a haber crecimiento pero justamente para los que antes
estuvieron en el origen de los problemas, después no asumieron ninguna
responsabilidad y hoy están incrementando su riqueza. Este es el cuadro,
señor ministro. Por lo tanto, los problemas de la sociedad española hoy
son básicamente los de la desigualdad, los de la profundización en la
desigualdad.


El portavoz del Grupo Popular nos ha hecho algunos
comentarios en relación con nuestra supuesta demanda de gasto ilimitado e
infinito. No sé de dónde saca eso en función de la trayectoria del
Gobierno anterior. En el año 2007 había un superávit presupuestario del
2%. En el año 2011 acabamos con un déficit del 11%. Ustedes utilizaron un
ardid electoral que les funcionó —no se lo voy a negar, señor
ministro—, pero usted no es un mitómano, no se cree sus propias
mentiras. Ustedes elaboraron como partido una mentira que fueron capaces
de colocar en el imaginario colectivo de forma eficaz. Hasta ahí, de
acuerdo; pero usted sabe lo que había, sabe cuál era el origen de los
problemas que teníamos, ciertamente; una retahíla de hechos que ustedes
conocen perfectamente: en 2008 quiebra de un banco del que, por cierto,
era representante en España un compañero de su gabinete, problemas de
transferencia, como siempre ocurre con las grandes crisis, de deuda
privada al sector público, problemas lógicamente de deterioro crediticio
de lo que representaba la solvencia del sector público, inestabilidad,
incremento del coste de la deuda, esa bomba externa que por simpatía hace
estallar otra bomba interna en la que ustedes estaban como gobierno. En
fin, no voy a repetirle lo que usted sabe. Pero después de todo eso, ¿qué
camino se elige para salir de la situación? Esta es la cuestión. ¿Qué
camino se elige? Ustedes han elegido un camino que no sé si es el fruto
del error o ha sido deliberadamente elegido. ¿Para qué? Pues para que,
efectivamente, el coste de esta crisis lo acaben soportando aquellas
espaldas que precisamente tuvieron poco que ver con su generación y lo
que se está produciendo es una transferencia de recursos de las rentas
medias y bajas a las rentas de los sectores privilegiados. Ese es el
hecho.


A usted le han señalado hace poco que hay unos informes que
le contradicen, informes que usted ha recibido con bastante desagrado
porque todo lo que no sea coincidir con usted en que esto es maravilloso
y en lo que dice The Economist no le gusta. Hablo de informes de
organizaciones no gubernamentales muy solventes, como el de Cáritas, que
usted descalificó, y que decía que España era, en términos de pobreza
infantil, el segundo país peor de Europa después de Rumanía. No le gustó
el informe. Hace pocos días un informe de Unicef señalaba,
lamentablemente, que los datos eran desoladores. No nos regodeamos en
esos informes y ojala









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esto no estuviera sucediendo. Lo que estamos diciendo es
que hay caminos alternativos que ustedes no quieren recorrer, que ustedes
como gobierno y la Unión Europea, en su empecinamiento por elegir un
camino que profundiza en las desigualdades, no quieren recorrer. Ahora ha
habido, es verdad, una llamada de atención cuando se han producido las
elecciones europeas y el resultado ha empezado a conmover los cimientos
de algunas cancillerías. Y es que el problema no es solo la inmoralidad
de la profundización de la desigualdad, el problema es que además la
desigualdad es un poderoso disolvente para la cohesión social, para el
funcionamiento eficaz de la economía y desde luego para un aceptable
funcionamiento de la democracia; y la democracia no puede funcionar con
niveles de grandísima desigualdad lacerante.


Renzi, el actual presidente de turno de la Comisión
Europea, hablaba de la inmoralidad de seguir avanzando con políticas que
profundizan en la desigualdad. Y lo decía, desde otra perspectiva
ideológica, no coincidente, pero que en términos de acción política puede
ser un camino compartido, aunque los postulados iniciales sean
diferentes, la señora Lagarde, y es que, efectivamente, es ineficaz desde
el punto de vista económico y del sostenimiento del crecimiento en el
medio plazo que haya un aumento de las desigualdades, una menor capacidad
de gasto, de compra y de satisfacción de las necesidades básicas de los
ciudadanos, con salarios que van cayendo y con menos renta disponible. La
mitad del consumo, como mínimo la mitad de la demanda, es demanda
interna, como usted sabe. Y las exportaciones —ojalá crezcan—
no pueden ser solo a costa de una depauperación sostenida de los salarios
de los trabajadores. Por cierto, el otro día, el señor presidente de la
patronal, en un escenario propicio, la fundación que ustedes tienen, en
FAES, pedía otro apretón de tuerca sobre la reforma laboral; más leña al
mono, si usted me permite la expresión. No le oí ningún comentario, en
relación con ese razonable reparto de esfuerzo que tenía que haber, sobre
esa indemnización indecente de un directivo de la Caixa de 11 millones
euros.


Hemos hablado aquí de reforma laboral unilateral impuesta
para que las rentas de pocos crezcan a mucha velocidad y las rentas de la
mayoría se acaben depauperando. Y frente a eso había una solución: un
pacto de rentas que hacía moderar el salario, pero un pacto de rentas de
todos, no solo de la franja media y baja de la sociedad, sino de todos,
porque esos siguen creciendo y, por supuesto, un compromiso de
reinversión de los beneficios empresariales. En definitiva, un camino que
es el que ustedes, en las políticas que les corresponden, no han elegido.
Y, además de esos informes de las ONG, que he señalado antes, y que
ustedes desprecian, están los informes oficiales. Eurostat. Es un dato de
la Unión Europea. Váyase usted al coeficiente de Gini, que nos coloca,
lamentablemente, como el segundo país en desigualdad de la Unión Europea,
detrás de Letonia. No creo que ese informe sea discutido por ustedes.
Pero hay otro informe, de su Gobierno, del Ministerio de Economía, del
Instituto Nacional de Estadística, que, con otro índice, el que mide las
políticas de convergencia en el horizonte 2020 en la Unión Europea, el
índice AROPE, nos coloca con el 27,5% de la población en pobreza o riesgo
serio de exclusión social.


Este es el tema: cómo salimos, qué políticas se aplican.
Para algunos, evidentemente, esto va bien, siguen incrementando su
riqueza. Hay un 11% más de ricos en el año 2013, gente que tiene una
disponibilidad de más de un millón de dólares. Las sicav en el año 2007
eran 23 000 y en el año 2013 son 28 000, siguen tributando al 1% y, por
supuesto, están ajenas al control de la Agencia Tributaria; siguen
estando en la órbita de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


¿Ustedes qué políticas hacen? Lo que les digo es que el
interés de España en este momento, señor ministro, es que el Gobierno de
España, siendo un Gobierno conservador y de derechas, acabe sumándose a
la estrategia que está preconizando el presidente de turno de la Unión
Europea. No hay salida posible que no sea una que focalice la atención,
fundamentalmente, en la necesidad de crecimiento de la economía y de
redistribución, es decir, de desarrollo.


Por tanto, lo que le estamos planteando es que se sumen a
la estrategia de pedir otra flexibilización en la aplicación del objetivo
de déficit. Nosotros no estamos en contra del control del déficit. Se
hizo una reforma en la Constitución, que es la base de la Ley de
estabilidad presupuestaria, y del artículo 15, que le obliga a traer este
acuerdo del Gobierno hoy aquí. Lo que decimos es, la modificación del
artículo 15 ¿tiene que llevar inherente el incumplimiento del artículo 1,
que está en el Título Preliminar de la Constitución, que dice que España
es un Estado social y de derecho, por lo que la igualdad es uno de los
temas que hay que preconizar y perseguir?









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El problema es que si se quiere sacrificar lo segundo sobre
lo primero, intentaremos la falacia de que sobre la necesaria estabilidad
financiera acabemos haciendo imposible la insostenibilidad social. Pero
sobre la sostenibilidad financiera no se puede colgar la insostenibilidad
social, y este es el elemento que determina qué camino se elige a la hora
de establecer las políticas.


Por lo que se refiere a la estrategia de la Unión Europea,
hay que pedir que determinadas inversiones no sean computables en el
déficit; hay que buscar una fórmula para que el crédito llegue a las
pymes —en lo que va de año ha caído el 19%, como usted sabe—;
hay que plantear que haya una programa de inversiones paneuropeo, ahora
que los intereses están bajos, que permita infraestructuras en energía y
que se desarrollen políticas imprescindibles en la Unión Europea, como el
programa Conectar Europa y el programa de la Red Transeuropea de
Transportes, que puede tener un impulso que genere empleo, que genere
oportunidad de desarrollo en el futuro, ciertamente, si se cambia el
timón de esa política.


Por tanto, los intereses del Gobierno de España hoy están
en ponerse de acuerdo con los gobiernos socialdemócratas de la Unión
Europea, que están planteando...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.


...no renunciar al objetivo de déficit, sin hacerlo por una
senda que sea compatible socialmente con el mantenimiento de la cohesión,
porque, si no, al final estaremos dando lugar al descrédito de la
política y, lo que es más grave, a escenarios populistas, y en
situaciones extremas, lamentablemente, tenemos experiencia en Europa
décadas atrás. Busquemos un camino que haga posible que no haya un
crecimiento de los populismos de un lado y de otro, donde la política
sensata acabe siendo la que gobierne las sociedades, donde la gente tenga
credibilidad, y con posibilidad de que, efectivamente, no haya una
fórmula desequilibrada de abordar los problemas que tenemos, porque los
problemas están ahí.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.


Diez minutos no dan mucho de sí para contestar una
intervención suya —obviamente, es Gobierno—, de cuarenta y
cinco minutos, por lo que en el segundo turno haré algunas
consideraciones sobre lo que en el ámbito de su responsabilidad como
Gobierno, no ya de la Unión Europea, podrían hacer y no hacen.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López
García.


Pasamos al turno de portavoces.


Grupo Parlamentario Mixto. ¿Van a compartir turno?
(Asentimiento).


Senador Iglesias, tiene la palabra.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor ministro.


Usted no nos aburre nunca, efectivamente. En todo caso,
como decía el portavoz socialista, yo creo que los estados de ánimo
positivos son imprescindibles para el desarrollo de cualquier acción en
la vida, y en la política son fundamentales, pero la euforia es un estado
de ánimo peligroso porque es incompatible con la racionalidad al cien por
cien. En consecuencia, no me gusta un Gobierno eufórico, prefiero un
Gobierno prudente, un Gobierno sensato.


Decía una vez más el señor ministro que vamos a ser el
asombro de Occidente. Yo no voy a discutir los datos positivos que
existen, simplemente voy a apuntar algunos que deben contribuir a paliar
ese entusiasmo. Seguramente estaremos saliendo del túnel, pero quienes ha
tirado del tren a lo largo de estos tres años están hoy exhaustos.
Estaremos saliendo de la crisis económica, pero los riesgos siguen
estando ahí. Ahora que estamos en los Sanfermines, diré que tenemos
todavía el toro en el cogote y sigue lanzando cornadas a derecha e
izquierda y dejando aún víctimas. Por lo tanto, prudencia.


En relación con el crecimiento, en los últimos trimestres
crecemos, pero estamos a punto de que el Fondo Monetario Internacional
presente —en los próximos quince días— sus previsiones de
crecimiento para la eurozona. La señora Lagarde ha adelantado que
probablemente se haga









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una revisión a la baja de las previsiones, señala que la
recuperación está lejos de ser suficiente para bajar el paro y el
endeudamiento, y apuesta por la inversión tanto pública como privada para
impulsar la actividad económica.


Los dos elementos sobre los que giraba el discurso
optimista hace un año —y lo sigue haciendo en esta
intervención— del señor Montoro son el sector exterior y el consumo
interno. Nos decía que España está en riesgo cuando se producen
desequilibrios en la balanza de pagos. Y es curioso que nos diga eso,
cuando los datos de los últimos meses apuntan riesgos en esa dirección.
El sector exterior apunta a un claro agotamiento en marzo. Mientras que
las importaciones subieron el 22%, las exportaciones han experimentado un
crecimiento muy inferior, fundamentalmente como consecuencia de la
fortaleza del euro; crecen un 8% en la zona euro, pero caen un 4,3% fuera
de ella. Es bueno que se adquieran bienes de equipo, porque eso indica
voluntad inversora y la mejora de la capacidad productiva, pero ello se
está traduciendo en que la deuda exterior española aumentó en el primer
trimestre —datos del Banco de España— en 38 615 millones,
hasta situarse en 1,67 billones, es decir, el 163% del producto interior
bruto. Lo que es bueno para el cuerpo es malo para el espíritu.


El repunte del consumo interno se está haciendo a costa del
ahorro, lo cual supone tener un techo muy bajo de crecimiento. Y es
lógico: si la renta disponible de los hogares bajó el 2,7%, la elevación
del 1,9% del consumo solo se puede hacer a costa de los escasos recursos
que aún conservan los hogares. Y va a incrementarse el PIB, no hay
ninguna duda, incluso desde una perspectiva meramente estadística, aunque
no me voy a detener en ello.


Desempleo. Según los datos de la EPA del primer trimestre,
hay 483 000 personas que han dejado de buscar trabajo, un 21% más que en
2011. Por otra parte, 633 000 extranjeros en edad de trabajar se han ido
de nuestro país; también se van jóvenes españoles. Durante el último año
y medio la población activa descendió en más de medio millón de personas.
Y si vamos a los datos del INEM, en junio se produjo un descenso de 122
700 personas, pero aplicando a la desestacionalización solo hubo una
caída de 16 000. Si nos fijamos en los datos de afiliación a la Seguridad
Social, hay una ligera tendencia positiva desde el segundo semestre de
2013, con un aumento de 56 000 afiliaciones en junio, aunque si
desestacionalizamos es de solo 9000. Y todo esto ¿a qué costa? Nos decía
que sin reducción del gasto social, pero el gasto en sanidad ha caído en
7179 millones desde 2010 y la sanidad pública ha perdido entre 2012 y
2012 —son datos de su ministerio— 28 500 trabajadores.
Durante ese mismo periodo la enseñanza pública ha perdido 24 000
profesores; el copago de los dependientes ha aumentado el 68%; las
familias que cobran rentas de inserción se han duplicado desde 2007; los
desahucios han aumentado en 2013 un 11%; y la desigualdad avanza.


Tengo que terminar, porque debo compartir mi tiempo, pero
creo, señor ministro, que la respuesta a esta realidad no es una reforma
fiscal. Si está aumentando la recaudación, aprovéchense esos recursos
para realizar esa inversión pública necesaria y la generación de
empleo.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Tiene la palabra, senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia a tothom; bon dia,
ministre.


Una vez más, ministro, debemos constatar lo que
representará fijar el objetivo de estabilidad presupuestaria para las
comunidades autónomas, y en especial para Cataluña. Estoy hablando del
ahogo económico que, de forma sistemática, el Gobierno del Estado español
ejerce sobre Cataluña y los catalanes. No les voy a defraudar con lo que
voy a decir. En definitiva, estamos hablando de la capacidad de atender o
no a las necesidades y demandas de nuestra ciudadanía, de dar
cumplimiento a las obligaciones que tenemos como Administración que tiene
las competencias, que las debe ejercer plenamente y que las quiere
ejercer.


Con el techo de gasto que nos imponen, no solo mantienen la
asfixia económica de las comunidades autónomas, sino que la van
agravando. Y una advertencia: en el caso de Cataluña esta asfixia
económica no nos frena ni nos frenará. A pesar de ustedes, Cataluña
ejercerá democráticamente su derecho a decidir; y decidirá, les guste o
no les guste, y lo hará el próximo 9 de noviembre. No se equivoquen, la
asfixia económica que nos imponen repercute en las políticas









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sociales, no en las convicciones de la ciudadanía. El 80%
de nuestro presupuesto va destinado a políticas sociales y, en
consecuencia, los recortes y el ahogo financiero al que someten a las
comunidades autónomas son recortes en gastos sociales y, por extensión,
en estímulos de la propia economía.


Ministro, a menudo —prácticamente siempre—
usted imputa la responsabilidad de lo que acaece al pasado, a mi partido
y a los gobiernos de izquierda que se formaron en Cataluña. Bien, con la
capacidad económica que se tenía en ese momento y que se tiene en este
momento en Cataluña los datos económicos, de los que usted alardea a
menudo, no engañan. Es como la prueba del algodón. A pesar de los
pesares, estaríamos en situación de poder pagar el cien por cien de
nuestras políticas sociales si no tuviéramos que cargar con ustedes y si
ustedes cumplieran con las obligaciones de financiación que se derivan de
los acuerdos estatutarios; si ustedes cumplieran, repito, con las
obligaciones de financiación. Y todavía tienen ustedes la desfachatez, no
solo de señalarnos, sino de aparecer como los austeros salvadores que
permiten que podamos pagar nuestras deudas con los proveedores necesarios
para mantener los servicios sociales.


Ministro, ustedes nos dejan nuestro dinero y nos cobran
unos intereses altísimos por ello. Es dinero que se recauda en Cataluña,
pagado por los catalanes y catalanas de su bolsillo y que no vuelve en
forma de servicio. Así de simple y sencillo.


Y no me hable de nuevo de despilfarro o de malgasto, para
evitar tener que leerle la lista del despilfarro del Estado. Basta con
leer cada día el Boletín Oficial del Estado para verlo. Le recomiendo un
libro muy saludable, escrito por un diputado del Parlament de Catalunya,
de Esquerra Republicana, Pere Aragonès, y un periodista, Andreu Mas. Se
llama Les #cosesdelBOE. De verdad, quedaría usted maravillado de la
capacidad de gasto y de despilfarro del Estado. Le citaré algunos
ejemplos de ello: subvenciones a las empresas eléctricas o el
desproporcionado e innecesario gasto militar, de alrededor de 50 millones
de euros al día, mientras que a nosotros, a Cataluña, nos prohíben
endeudarnos. Ustedes han incrementado este año el gasto militar, vía
Fondo de contingencia, en 500 millones de euros, una cantidad equivalente
a lo que obligan a recortar a la Generalitat de Catalunya.


Para el Gobierno del Partido Popular la consolidación
fiscal es un dogma. Ustedes, el Gobierno del Estado español ¿qué han
hecho en este proceso de consolidación fiscal? Centrifugar el esfuerzo,
manteniendo la capacidad recaudatoria del Estado, imponiendo unos
objetivos de déficit que nada tienen que ver con la proporcionalidad ni
con el gasto que asumen las comunidades autónomas, al tiempo que
restringen las capacidades de autonomía financiera, en este caso, de la
Generalitat de Catalunya, para poder gestionar de forma autónoma su
tesorería conforme a su realidad y a las obligaciones asumidas. Y esto no
se lo dice esta senadora, sino que se lo dice al Gobierno del Estado
español la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y les dice,
además, que es necesaria más transparencia en la fijación de los
criterios de reparto vertical de los objetivos de déficit entre el
Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Ministro,
dígame de lo que presume y les diré de lo que carecen.


Le dije que cada vez que bajase a esta tribuna de oradores
le recordaría qué representa Cataluña. Cataluña representa el 16% de la
población del Estado, aportamos el 22% de los impuestos, somos el 20% de
la riqueza del Estado. ¿Y qué recibimos a cambio? El 9% de las
inversiones; y padecemos el 29,7% de los recortes del Estado. Y, esto,
ministro, es incontestable.


Por cierto, ya sabemos cuál es su receta para salir de la
crisis: mayores desigualdades sociales, y en este punto le recuerdo en
qué situación aparece España en los informes internacionales con respecto
a la pobreza infantil y también qué resultado obtuvieron las diferentes
enmiendas que Esquerra Republicana de Catalunya presentó a los
presupuestos generales del Estado para poder abordar la pobreza
infantil.


Por tanto, aplíquense ustedes su propia receta y cumplan
con las obligaciones que tienen contraídas ―que no las
cumplen― y también con esas recomendaciones de esa autoridad
independiente, que ustedes mismos han defendido que lo era.


Repito, cumplan con sus obligaciones, ministro.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Martínez.









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La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, quiero agradecerle una vez más su presencia
aquí para defender este acuerdo de estabilidad para el conjunto de las
administraciones públicas.


Siento decirle que aquí se acaba la cortesía, tanto por el
contenido del acuerdo que hoy nos presenta, como por el tono de que han
hecho gala usted, en su intervención, y el señor Utrera. Y a continuación
me voy a referir a ello.


Para empezar, se habla de acuerdo de estabilidad, pero
acuerdo ¿con quién? ¿Con el resto de fuerzas políticas? Es evidente, dada
la contestación que tuvo ayer en el Congreso y la que previsiblemente va
a tener hoy en el Senado, que no ha hecho un mínimo esfuerzo para
consensuar todas estas medidas con el resto de fuerzas políticas. Tampoco
lo ha hecho con los agentes sociales. Ni siquiera con la ciudadanía. Y no
hablemos ya de las comunidades autónomas, particularmente de aquellas
comunidades con las que usted sabe que tiene forzosamente que acordar,
como es el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de
Navarra, a través de la comisión mixta del concierto y del convenio
navarro. Una vez más, usted sigue haciendo su política y la sigue
imponiendo al resto.


Tampoco hay compromiso con los ciudadanos, como le estaba
diciendo. Además, en sus propias notas de prensa ustedes adolecen muchas
veces incluso de falta de sensibilidad respecto de este tema, como cuando
en la nota de prensa de asunto generales del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas —leo textualmente— dicen: Asimismo,
y dado que el objetivo prioritario de la política presupuestaria del
Gobierno continúa siendo la reducción del déficit público y el
cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal con la Unión
Europea —no con los ciudadanos, sino con la Unión Europea—,
el Gobierno ha decidido acelerar el ritmo de reducción del déficit
estableciendo un objetivo más ambicioso, del 5,5% del PIB, en lugar del
5,8% exigido. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).


Es decir, esto ya no es una imposición europea. Esto es que
ustedes quieren ser, como le dijo ayer Pedro Azpiazu, más papistas que el
papa. No solamente se limitan a establecer los compromisos que han
adquirido con la Unión Europea, sino que están yendo muchísimo más allá.
Tienen totalmente asimilado que la política de austeridad es el único
camino posible, y ahí, señor ministro, es donde discrepamos.


Y quiero hacer referencia a una cuestión. En su
intervención usted ha venido a decir prácticamente que está en los genes
del Partido Popular, no solo facilitar la estabilidad presupuestaria y la
reducción del déficit, sino también iniciar un proceso natural y
consustancial con el Partido Popular, que es el de la reducción de
impuestos. Que usted, precisamente usted, que es el responsable de la
subida del IVA más importante que se ha dado en España en los últimos
años, venga diciendo eso… Cuando ustedes realmente empiecen a bajar
los impuestos, lo veremos.


Ha hecho referencia también a la reforma fiscal, y ha
llegado incluso a decir que la reforma fiscal va a ser, además, la forma
que va a tener el Gobierno de compensar a la ciudadanía por los esfuerzos
que ha venido realizando durante todos estos años de crisis económica. E
incluso ha cuantificado en 3000 millones el retorno económico que van a
percibir los ciudadanos españoles en los años 2015 y 2016. Creo que ha
utilizado la expresión de cantidad ex ante o retornos ex ante, y los ha
valorado en más de 9000 millones. Pero debemos tener en cuenta, señor
ministro, que ustedes se gastaron 102 000 millones de euros, según lo
cuantifica el Tribunal de Cuentas, en rescatar a la banca. Hasta los 3000
efectivos que va a suponer la reforma fiscal, en palabras suyas, o los
9000 agregados o de impacto ex ante que pueda tener su reforma fiscal,
todavía queda mucho trecho para corresponder a los ciudadanos en la justa
medida por el esfuerzo financiero que han estado haciendo para sujetar y
sostener sus políticas de ajuste.


Y, señor Utrera, le voy a dar la razón, porque voy a hacer
referencia a las tres cuestiones, a los tres argumentos que usted decía
que seguramente saldrían a la palestra por parte de la oposición. Además,
sé que usted —y esta es una cuestión que generalmente hacen en el
Partido Popular— cuando se refiere a la oposición se refiere
exclusivamente al Partido Socialista. Y, efectivamente, muchas de las
cuestiones que usted está diciendo se referían exclusivamente al Partido
Socialista y no al resto de partidos políticos representados aquí, como
es el caso de mi partido político, que lleva treinta años gobernando en
el País Vasco. Por lo tanto, algo tendremos que decir.









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A lo que voy. Usted hablaba de agravios, de que iba a salir
el argumento del agravio, de que realmente saldrían algunos diciendo que
les molesta que desde el Gobierno central se estén estableciendo techos
de gasto y límites al déficit porque lo que nos gustaría sería gastar
alegremente, como se hacía durante la época socialista. Creo que estas
han sido más o menos sus palabras literales. Y por supuesto que nos
consideramos agraviados cuando desde el Gobierno central se nos establece
el límite de gasto y cuál debe ser el límite de endeudamiento al que
hacemos frente desde nuestras administraciones públicas. ¿Por qué? No
porque queramos gastar alegremente, sino porque no necesitamos ningún
tipo de tutela, ni suya ni de nadie, para establecer la política
presupuestaria y financiera de las administraciones públicas que nosotros
gobernamos. Y no es que tengamos una superioridad ética ni moral al
respecto, no somos ni más ni menos que nadie, pero sí tenemos treinta
años de gestión eficaz que avalan que no necesitemos que ustedes nos
vengan a decir ni cuándo, ni cómo ni en qué gastamos el dinero que además
es nuestro. Por lo tanto, le voy a dar la razón: nos sentimos agraviados.
No nos gusta ni nos ha gustado ni nos va a seguir gustando. Y, en segundo
lugar, ninguna superioridad ética, pero sí treinta años de gestión
contrastada con la que además hemos posibilitado, primero, tener una
gestión en la que la deuda ha sido sumamente reducida. Durante muchísimos
años, hasta que llegó el Partido Socialista a la Lehendakarizta, fue una
deuda de cero. Una política presupuestaria que ha sido ejemplar
—estará de acuerdo conmigo, señor ministro—, con la que no
hemos gastado por encima de nuestras posibilidades y además hemos
conseguido que el 80% de lo recaudado, 8 de cada 10 euros recaudados,
vaya a sostener sanidad, servicios sociales y educación, lo que nosotros
consideramos que es prioritario dentro de nuestra política de Gobierno. Y
esto lo hemos hecho sin necesidad de que ustedes nos vengan a tutelar y
sin necesidad de que tengan que ponernos límites en un campo que, además,
no es el suyo.


Y respecto de la fiabilidad de los datos, los podemos poner
en duda; como todas las estimaciones, están sujetos a error,
evidentemente. Pero solo tenemos que remontarnos a dos ejercicios
presupuestarios para recordarle que, en esta misma Cámara, en el año 2012
tuvimos dos debates sobre techo de gasto porque los datos en los que se
estaba basando el Gobierno para hacer sus estimaciones, tanto de déficit
como de deuda, no se cumplieron. Por eso tuvimos que debatirlo aquí en
dos ocasiones. Por tanto, la fiabilidad de los datos es la que es y la de
las estimaciones también es la que es. Y a los datos me remito para
demostrar que en los últimos años su Gobierno no ha sido el más certero
precisamente a la hora de clavar tanto los datos de déficit como de deuda
pública. Así pues, señor ministro, es evidente que vamos a votar en
contra de este objetivo de déficit y de este techo de gasto.


Y también consideramos que esto es sumamente injusto con
aquellas comunidades autónomas y aquellos ayuntamientos, muchos de ellos
vascos, como usted sabe, que no tienen problemas ni de déficit ni de
deuda. Pero ustedes hacen tábula rasa y tratan de la misma forma a las
administraciones públicas que tienen buenos resultados y buenos
comportamientos financieros y a las que no los tienen. Y en eso desde
luego no va a contar nunca con el apoyo de mi grupo parlamentario.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Martínez.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
el president Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, mediante esta intervención fijaré
la posición de mi grupo parlamentario respecto de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como el límite de
gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2015.


La economía europea está mejor que hace un año; es una
evidencia, y las evidencias conviene no negarlas. Y también lo está la
economía española. La integración europea y el proceso de globalización
sin duda ayudan a ello. Es obvio que en algún momento teníamos que dejar
atrás la recesión. Hemos dejado de caer, y ahora ha de venir la
recuperación. El problema será el ritmo y las características de
esta.


Es también una obviedad que la economía española ha ganado
en competitividad, ahora bien, a costa de paro, de ajustes salariales y
de trabajo precario —también conviene decirlo—. Y un ejemplo
es la tasa de ahorro, que si en el año 2010 significaba el 17,8% de la
renta disponible,









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en 2014 significa el 9,4%, debido fundamentalmente a la
reducción de la renta disponible por la bajada de los salarios y la
desaparición del subsidio de desempleo para muchas personas. En más de
dos millones de hogares todos sus miembros están en paro a pesar del
repunte de la economía; seguramente por eso la encuesta del CIS de hace
dos días cifraba en más del 80% los españoles que piensan que la economía
está mal o muy mal. Repito que son datos del CIS.


Las propias recomendaciones del Consejo Europeo relativas
al Plan nacional de reformas de 2014 presentado por España no solo ponen
de relieve la delicada situación del mercado de trabajo —un paro
juvenil del 54,3% y un 49,7% de paro de larga duración—, sino
también la limitada eficacia de la protección social para reducir la
pobreza. La Comisión recuerda que España se sitúa por debajo de la media
en lo que respecta a los indicadores de pobreza y exclusión social.
Porque, señor ministro, el problema no es que algunos neguemos lo
evidente, cosa que no hacemos, el problema es la magnificación y la
propaganda que ustedes están orquestando ante esta todavía tímida
recuperación, de la que, por supuesto, nos alegramos. Porque con ello
intentan ocultar problemas existentes y justificar decisiones equivocadas
en materia de política económica. Problemas existentes, como, por
ejemplo, que los ingresos fiscales crecen menos que los intereses de la
deuda a pesar de la caída de la prima de riesgo, entre otras causas, por
la deflación salarial. Problemas existentes como que, a pesar de tener
290 000 altas más en la Seguridad Social que hace un año, en el primer
semestre esta haya recaudado 1300 millones de euros menos que en el mismo
período de 2013 y pagado 1800 millones de euros más; y mientras, tirando
de la hucha heredada. Problemas existentes como las subsistentes
dificultades de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas
empresas, para acceder al crédito, y ello a pesar de la política
monetaria expansiva del Banco Central Europeo.


Señor ministro, hacen falta cambios en la política
económica de la Unión Europea, pero a veces parece que ustedes están de
observadores, solo dando un tímido apoyo a la canciller Merkel, en ningún
caso planteando iniciativas necesarias para nuestro país; cambios que
posibiliten que la política fiscal pueda actuar como instrumento de
estabilización cíclica. Como usted sabe, nosotros compartimos la
necesidad de mantener un saldo público equilibrado a lo largo del ciclo
que garantice la sostenibilidad de la deuda pública, pero la política
europea no puede limitarse en las actuales circunstancias a exigir la
consolidación fiscal, los objetivos a medio plazo deben complementarse
con una labor estabilizadora a corto plazo, y en situaciones como las
actuales, de débil crecimiento todavía, las consolidaciones fiscales
deben diseñarse de un modo y con un horizonte temporal tal que su
implementación no solo no perjudique sino que coadyuve a la recuperación
de la economía, y el nuevo marco de supervisión macroeconómica la
posibilita. Se trata, por tanto, de tener iniciativas y ser capaces de
forjar mayorías políticas que la impulsen en el seno de la Unión
Europea.


Continúa siendo necesaria la flexibilización de las normas
fiscales comunitarias. Una cuestión básica sería plantear la exclusión de
determinadas partidas del gasto del conjunto del déficit a efectos del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es un sinsentido que las actuales
cláusulas de inversión y cláusulas de pensiones sean de carácter
sumamente restrictivo y solo de aplicación por los Estados miembros con
un déficit inferior al 3% del PIB; la protección de la inversión pública
en infraestructuras y en I+D+i a través de esta flexibilización de las
reglas fiscales sería imprescindible para ayudar a recuperar actividad
económica y empleo.


La Unión Europea ha de ser percibida no como un problema
—solo hay que ver el crecimiento del populismo y del
euroescepticismo en las últimas elecciones europeas— sino como el
mejor instrumento para ayudar a la recuperación económica. Si las recetas
a la crisis continúan siendo exclusivamente las políticas de austeridad
impulsadas por la Troika, la legitimidad y el atractivo del proyecto
europeo se irán debilitando, reforzando el populismo y el nacionalismo
milagrero y falso. Ustedes tienen la obligación como Gobierno de hacer
propuestas y avalar aquellas otras realizadas en estos momentos por la
presidencia italiana que vayan en la dirección que antes apuntaba, y la
Unión Europea y el Banco Central Europeo han de ejecutar, por tanto,
medidas de estímulo que ayuden al crecimiento de nuestra economía.


En otro orden de cosas, ustedes conocen las dificultades
que para la consolidación fiscal en el horizonte de 2017 tiene el elevado
nivel de deuda acumulada; con la baja inflación, sin mayores tasas de
crecimiento real y sin mejoras del superávit primario será muy difícil
reducir esta ratio, deuda pública que durante 2015 seguirá creciendo,
como ustedes admiten, superando ya









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largamente el cien por cien del PIB, superior en más de 30
puntos a la existente a finales del año 2011. Cada español hemos pasado a
deber 6000 euros más desde que ustedes gobiernan; ahora bien, uno de los
problemas fundamentales de nuestras cuentas públicas continúa siendo la
insuficiencia de ingresos, incluso el ortodoxo Fondo Monetario
Internacional lo pone de relieve en su último informe sobre España:
España dispone de unos ingresos fiscales 7,9 puntos por debajo de la
media comunitaria, ello a pesar de tener unos tipos impositivos en el
IRPF y en el impuesto sobre sociedades superior a la media; además, la
elusión y el fraude fiscal son una lacra superior también a la de otros
países, ya que nuestra Agencia Tributaria no dispone de instrumentos
legales, materiales y humanos suficientes para luchar contra ello.


¿Con qué nos encontramos? Con una reforma tributaria que,
aunque anunciada como global, después del informe de la comisión de
expertos acaba siendo parcial, regresiva y dirigida básicamente a tratar
de obtener réditos electorales a corto plazo. Después de subir casi todos
los impuestos en contra de lo prometido, el IVA, impuestos especiales,
sociedades, IRPF, medioambientales, etcétera, tratan ahora de que los
ciudadanos olviden su incumplimiento bajando algún impuesto solo a
algunos colectivos, entre los que no se incluye a los trabajadores que
sean despedidos, que tendrán que tributar más por la indemnización que
reciban. No serán las clases medias las que, en 2015, ganen entre 20 000
y 30 000 euros; 3 millones de contribuyentes pasarán de pagar el 31%
frente al 30% actual. Eso sí, los que ganen más de 300 000 euros pasarán
del 52% actual a tributar al 47%. La reforma no es precisamente muy
equitativa, mientras se sube el IVA sanitario, se reducen las rentas de
alquiler exentas o se elimina la deducción por alquiler. Ya tendremos
tiempo de debatirlo, pero sus efectos ya se contemplan en las cifras
macroeconómicas que hoy aprobaremos, como muy bien nos explicaba el señor
ministro, lo cual comportará menos ingresos y, por tanto, más recortes en
las políticas sociales.


Una última cuestión, para acabar. Nuevamente, la
Administración central efectúa un reparto injusto y discriminatorio del
objetivo del déficit para las comunidades autónomas. Si en 2012 el
déficit de las comunidades autónomas era porcentualmente del 27% del
total, en 2013, pasó al 22,7%, al 18,1%, en 2014, y se prevé que al
16,6%, en 2015. Por tanto, el esfuerzo creciente de reducción del déficit
público recae sobre las administraciones territoriales y, especialmente,
sobre las comunidades autónomas, cuando no disponen de autonomía fiscal
sobre los ingresos, y son las responsables directas de las grandes
políticas del Estado del bienestar: la salud, la educación y los
servicios sociales. Esta es una razón importante más que, sumada a todas
las expuestas anteriormente, hacen que nuestro grupo vaya a votar
negativamente la propuesta de acuerdo que nos propone el Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría;
gracias, president Montilla.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al ministro su
presencia en esta Cámara para presentar su propuesta de acuerdo y dejar
constancia de que es uno de los ministros más fieles a la hora de
presentar los proyectos legislativos. En segundo lugar, quiero hacer una
consideración previa. En mi opinión, ha debido haber una modificación del
Reglamento del Senado porque hemos asistido a un turno a favor que
realmente ha sido un turno en contra de la posición de la oposición, que
todavía no se ha manifestado. Han perdido una oportunidad. Lo ha hecho
muy bien el ministro, pero el portavoz del Partido Popular ha perdido la
oportunidad de defender su propuesta, pues en el turno a favor hemos
asistido a una crítica de lo que diría la oposición. Habrá que ver cómo
evoluciona este Reglamento.


Señor ministro, quiero hacer algunas consideraciones a su
intervención y después concretaré nuestra posición. Nosotros no vamos a
negar la recuperación económica, al contrario, creemos que hay
recuperación económica, aunque es absolutamente insuficiente. Estoy
seguro de que compartimos este diagnóstico, y si en algún momento tenemos
que felicitarles, lo haremos, no nos importa, pero creemos que todavía es
incipiente. Sinceramente, creemos que estamos mejor de lo que lo
estábamos hace un año, y eso hay que reconocerlo.









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Dicho esto, le diré que discrepamos de algunas de sus
afirmaciones expuestas desde la tribuna. En primer lugar, nos gustaría
que nos dejara el cuadro sobre el cual basaba su exposición, pues no
disponemos de esos datos relativos a que el gasto social en el conjunto
de las administraciones públicas, en términos globales y del porcentaje
del PIB, se ha incrementado a lo largo de estos últimos años o no ha
disminuido. No son los que nosotros tenemos —los
analizaremos—, no dudamos de ellos pero no los entendemos, y le voy
a explicar rápidamente por qué. En el periodo 2010—2013, las
comunidades autónomas han reducido su déficit en 18 000 millones de
euros. De estos 18 000 millones, prácticamente, la reducción se ha
producido vía gasto; el incremento de ingresos de las comunidades
autónomas ha sido muy modesto. De estos 18 000, la Generalitat de
Cataluña ha reducido 5000 millones. Por tanto, ha reducido su presupuesto
en 5000 millones. Algo más del 70 por ciento del presupuesto de la
Generalitat de Cataluña es gasto social. Es matemática, físicamente
imposible no disminuir el conjunto del gasto social reduciendo 5000
millones. En porcentaje de presupuesto, el gasto social de la Generalitat
se ha incrementado. Gastamos una mayor parte de nuestro presupuesto en
servicios sociales, en sanidad y en educación. Pero respecto al global si
nos hemos visto obligados a reducir 5000 millones, es prácticamente
imposible. En todo caso, estudiaremos el cuadro al que hacía
referencia.


Yendo a la sustancia de lo que nos proponen, se fijan los
objetivos de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no
financiero del presupuesto de las administraciones públicas.
Efectivamente, en la distribución de los objetivos de estabilidad
presupuestaria no estamos de acuerdo. No le va a venir de nuevo. Nuestra
posición es clara, entendemos que se tenía que reducir el déficit
público. Sabe que nosotros inicialmente aprobamos la Ley de estabilidad
presupuestaria, que, en esencia, podemos compartir. Pero, no estamos de
acuerdo en cómo se ha aplicado después esta ley. Disposición adicional
primera de la Ley de estabilidad presupuestaria: La reducción del déficit
se deberá efectuar de acuerdo con las proporciones de déficit estructural
que mantiene en el momento de aprobación de la ley cada una de las
administraciones públicas. Las comunidades autónomas, en aquel momento,
representaban aproximadamente un 40% del déficit estructural. En la
actualidad, los objetivos de déficit que estamos aprobando fijan para las
comunidades autónomas el 17% del déficit. Por tanto, esta reducción no se
ha hecho de acuerdo con lo que establece la disposición adicional primera
de dicha ley. Y sabe que por este motivo la Generalitat de Cataluña ha
planteado el correspondiente recurso.


En efecto, nos sentimos agraviados. No porque no queramos
reducir el déficit, no porque no queramos contribuir a esta reducción. Lo
que queremos es contribuir de acuerdo con la proporción que nos
corresponde. Y las comunidades autónomas deben reducir su déficit de
forma más paulatina. No le voy a dar todos los datos porque los conocen,
pero si comparan el déficit que tenía cada nivel de administración en el
conjunto del Estado español en 2011 con los objetivos para 2015, verán
que gran parte de la reducción del déficit es asumida exclusivamente por
las comunidades autónomas, también por las corporaciones locales y, en
menor medida, aunque también contribuye la Administración General del
Estado. Por tanto, no estamos de acuerdo. Tampoco lo estamos en cuanto al
límite de gasto no financiero, en cuanto al techo de gasto. Voy a
intentar ser didáctico, lo que no es fácil en este tema. Hace un año
aprobamos un límite de gasto y unas previsiones de techo de gasto en esta
Cámara. En estas previsiones, para 2015 el límite que ustedes preveían
era del 1,7%. Hoy nos presentan el límite del 1,3%. Por tanto, respecto
al año pasado este límite lo han reducido en 2015 un 27%. ¿Qué nos dice
el artículo 14 de la Ley de estabilidad presupuestaria? Que no podrá
crecer el gasto público en una cantidad superior al límite previsto de
crecimiento del PIB a medio plazo. Las tasas de crecimiento del PIB
previstas en 2014 son muy superiores a las tasas de crecimiento previstas
en 2013. Por tanto, si todo el mundo entiende que no debemos superar
estas tasas, si incrementamos nuestras previsiones de crecimiento del
PIB, alguien podría pensar razonablemente que este límite de gasto
tendría que incrementarse, no reducirse. Porque la cuestión es la
siguiente: A pesar de que incrementamos nuestras previsiones de
crecimiento del PIB, estamos reduciendo el techo de gasto en relación con
las previsiones del año pasado, ¿pero qué ocurre? Que están pidiendo a
las administraciones que gasten menos que el crecimiento del PIB previsto
y sustancialmente menos de lo que les pedían el año pasado. Y eso, desde
nuestra óptica, no tiene sentido. No tiene sentido para el conjunto de
las administraciones públicas pero, señor ministro, desde nuestra
perspectiva —y









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usted lo sabe—, tampoco lo tiene para las
corporaciones locales. Las corporaciones locales, mayoritariamente y en
conjunto, generan superávit, reducen su deuda, ¿qué sentido tiene
pedirles que no incrementen su gasto en un porcentaje muy inferior al
crecimiento del PIB? Les estamos pidiendo que reduzcan su participación
en la actividad económica local; les estamos pidiendo que reduzcan su
participación en la prestación de determinados servicios públicos de
muchísima proximidad.


Tampoco estamos de acuerdo —y sé que no es materia
del acuerdo de hoy— en que este techo de gasto se imponga de forma
lineal en todos los niveles de la Administración. Entendemos que las
corporaciones locales deberían tener un límite de gasto diferente, si es
que han de tenerlo, y eso no quiere decir despilfarrar, porque existen
otros sistemas de control, como los objetivos de déficit, que las
corporaciones locales han cumplido escrupulosamente llegando incluso a
generar superávit.


Por tanto, no estamos de acuerdo ni en la distribución del
déficit ni con el límite de gasto, creemos que ustedes son demasiado
restrictivos. En su intervención final usted ha dicho que es importante
que el crecimiento del gasto sea sustancialmente inferior al crecimiento
del PIB, pero nosotros creemos que eso puede tener un efecto perverso en
la evolución económica, así que ahí discrepamos.


En todo caso, nuestro grupo va a votar en sentido negativo
estos objetivos de estabilidad presupuestaria, como ya hizo el año pasado
y el anterior.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador López García.


El señor LÓPEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.


He terminado mi anterior intervención diciendo que,
efectivamente, los intereses de España, señor ministro, pasaban por
sumarse a la estrategia que los gobiernos socialdemócratas en Europa
están planteando para hacer posible ese pacto de estabilidad y
crecimiento. Hasta ahora solo ha prevalecido el término estabilidad
—y, obviamente, no estamos en contra—, dejando orillado el
crecimiento, pero hay que hacerlos compatibles porque ello tiene mucho
que ver con una salida equilibrada de la crisis.


Usted ha traído aquí unos números, que son ciertamente
modificables. En el año 2013 al final se rectificaron, después de aceptar
que intentar hacer una reducción del déficit al galope introducía la
economía en un ciclo recesivo y producía una consolidación fiscal
autodestructiva. Pero razonablemente se modifica —a la fuerza
ahorcan, ¿verdad?— el calendario porque aquello era indigerible, y
no tanto por el sufrimiento que podía ocasionar a la sociedad, sino
porque en términos económicos era ineficiente. Lo que planteamos es que
esa modificación, a resultas de la evidencia, no sea algo excepcional.
Hay que poder flexibilizar ese calendario pero, sobre todo, hay que poder
flexibilizar la aplicación de las normas, como antes he señalado, para
permitir la adopción de una estrategia diferente. Por ejemplo, que el
Banco Europeo de Inversiones o la propia Comisión, aprovechando los bajos
tipos de interés, puedan llevar a cabo un programa de inversiones o
facilitar que fluya el crédito a las empresas; se trata de permitir que
se adopten una serie de medidas que faciliten el asunto.


Yo creo que cuando uno se equivoca tan solo hay que hacer
el ejercicio razonable de asumir esa equivocación. El presidente saliente
de la Comisión, como todos los incompetentes, acabó buscando una excusa
externa para no asumir su propia responsabilidad, y se despidió con una
frase. No digo que no tuviera responsabilidad el supervisor en España,
seguramente sí, pero desde luego los gestores de las cajas tenían más
responsabilidad que el supervisor, aunque también la tuviese el
supervisor. En cualquier caso eso solo pretendía tapar su incompetencia
como responsable de la Comisión, fijando una estrategia que a todas luces
ha sido equivocada.


Pero al margen de ese trabajo que tiene que hacer el
Gobierno en defensa de los intereses nacionales, y coincidiendo más con
los gobiernos socialdemócratas que con los conservadores a cuya cabeza
está la señora Merkel, quiero referirme a las decisiones propias del
Gobierno que no son impuestas ni interferidas por la Unión Europea y que
usted ha elegido, desde nuestro punto de vista, de manera errónea. Usted
sabe, como todo el mundo, que el problema de España es fundamentalmente
de ingresos, no de exceso de gasto. Dice usted en su intervención que
hasta









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junio ha habido un crecimiento del 5% del incremento de la
recaudación, algo que saludamos, pero lo que también es cierto es que,
por ejemplo, en la lucha contra el fraude el primer año en el que ha
retrocedido la recaudación desde que se creó la Agencia Tributaria ha
sido en el 2013 con 540 millones menos de recaudación. ¿Qué cosas creemos
que ha hecho mal el Gobierno y puede rectificar en esa estrategia
nacional de búsqueda de un punto de equilibrio entre la reducción del
déficit y el mantenimiento de la cohesión, de las políticas sociales, del
equilibrio y, en definitiva, del reparto de cargas? Es verdad que, como
ha señalado también algún interviniente y usted lo sabe perfectamente,
según los datos de Eurostat España tiene un nivel de ingresos fiscales
medios por debajo de la Unión Europea, casi en torno al 9%. ¿Qué hace el
Gobierno para mejorar esa situación? Pues algunas cosas que forman parte
de las decisiones que el Gobierno y usted han tomado no han ido en la
dirección de incrementar esos recursos. Por ejemplo, hizo una amnistía
fiscal que mandaba un mensaje al conjunto de la sociedad diciendo que
habían buscado una forma de exonerar a aquellos que estaban en una
posición de privilegio de su obligación de contribuir al sostenimiento de
las cargas públicas y que tenían puente de plata para huir al módico
precio del 3%, cuando el resto de los trabajadores estaban pagando un
impuesto sobre el IRPF suficientemente razonable. Cuando hacen una
reforma del Código Penal nominalmente con un endurecimiento de las penas
lo que sucede en la práctica es que se mantiene la llamada cláusula
absolutoria o excepción absolutoria que los inspectores fiscales les
están diciendo reiteradamente que eliminen, porque al final es una
invitación a que haya menos ingresos en el Estado, ya que cuando la gente
tiene la certeza de que a lo más que se enfrenta luego es a una sanción
administrativa que más o menos viene a ser lo que ha defraudado no hay
incentivo para acabar pagando. Por tanto, háganles caso a quienes están
todos los días en el tajo luchando contra el fraude fiscal y les sugieren
que se elimine eso —creo— en el artículo 305.6 del Código
Penal. Y es que no tiene sentido que en una situación donde el problema
es fundamentalmente de ingresos se esté dando estímulos de forma tácita a
los grandes defraudadores.


En cuanto a los medios con los que cuenta la Agencia
Tributaria presupuesto tras presupuesto —usted es el responsable
del Ministerio de Hacienda, y de Administraciones Públicas—, la
tasa de reposición no se puede sostener en los términos en los que está
cuando hay una carencia de medios objetiva, absolutamente insuficiente
para que la Agencia Tributaria pueda enfrentarse al problema que tiene.
La referencia del 0,1% del gasto en relación con el PIB dedicado
precisamente a la caldera que tiene que nutrir de energía al conjunto de
la sociedad siendo eficaz en su tarea de recaudación. El problema no es
lo mal que lo hacen los trabajadores de la Agencia Tributaria, sino de
los medios absolutamente insuficientes que tiene, y el Gobierno no se
plantea eso como una tarea prioritaria y, por tanto, no está haciendo
nada para resolver el problema fundamental que es, insisto, de ingreso y
no de gasto. Ha hecho usted un anteproyecto del impuesto sobre sociedades
que le da otra vuelta más en la dirección inadecuada desde nuestro punto
de vista. Esos llamados activos fiscales diferidos. La pregunta es: ¿Por
qué las empresas del sector financiero son las empresas que tienen que
trabajar siempre con una red de seguridad de forma que puedan asumir los
riesgos que quieran, pues si pierden, al final está el conjunto de la
sociedad para acabar absorbiendo las pérdidas de decisiones tomadas, a
veces temerariamente, para maximizar sus beneficios, y, si les sale mal,
paga toda la sociedad? Eso es lo que se ha hecho con el rescate bancario
en España y en otros países en Europa, y es lo que está usted planteando
al ampliar las oportunidades de que esos activos fiscales diferidos
acaben siendo compensados, no ya en dieciocho años, con futuros
beneficios, sino como una exigencia, en términos de requerimiento contra
el Tesoro público para ser canjeable por deuda pública. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).


¿Por qué ese tratamiento absolutamente privilegiado de las
entidades financieras cuando todos los ciudadanos están apretándose el
cinturón y ya no les quedan agujeros en el cinturón? ¿Eso va en la
dirección de incrementar los recursos que el Estado necesita para
responder a sus obligaciones? Evidentemente no, señor ministro. Y son
decisiones que no se las están imponiendo en Bruselas, porque si
pretendemos realmente un Estado que tenga suficiencia financiera para
atender a sus necesidades, tendría que hacer esa recaudación de forma
equitativa —el término de equidad es siempre absolutamente
imprescindible—, y en situaciones como estas mucho más, porque la
gente siente como un agravio insoportable que, estando padeciendo
situaciones de









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carencia, acabe habiendo sectores de la sociedad
—que, evidentemente, como decía antes, está en el origen de los
problemas— que tengan un tratamiento privilegiado.


Señor ministro, ha hablado usted de una reducción en el
techo de gasto de 5000 millones de euros menos. Evidentemente, al margen
de que se incremente algo la recaudación, fruto del crecimiento del PIB,
serán más recortes de servicios públicos básicos.


Ha hablado de la reducción de los gastos de desempleo.
Señor ministro, hoy hay 845 000 personas más paradas en España sin
cobertura que cuando ustedes llegaron al Gobierno. Pueden seguir
recortándolo. En lo que va de año, ha habido un recorte del 10% en el
número de perceptores, y de un 7,5 % en la cantidad percibida; es decir,
una reducción del 17%, lo que da 2200 millones de euros en lo que va de
año; extrapolado a todo el año, estaríamos hablando de 5000 millones. Esa
no es una forma de ahorrar para la gente que de verdad tiene más
necesidad, que está en una situación de carencia; hay millones de
personas padeciendo una situación absolutamente insostenible, y por ahí
no se puede recortar.


Y haré un último comentario sobre la distribución de los
márgenes de déficit en relación con las comunidades autónomas, que nos
parece absolutamente injusto, pues no se puede ignorar que las
comunidades autónomas son una parte importante del Estado que tienen a
sus espaldas la competencia y la obligación de cumplir exactamente
servicios públicos básicos como la salud, la educación, los servicios
sociales, la atención a la dependencia. En el reparto de 2013, excluida
la Seguridad Social, la distribución del margen de maniobra en cuanto al
déficit era de 73,8 para la Administración General del Estado, 26,2 para
las comunidades autónomas. En 2014, se modificó a favor de la
Administración General del Estado: 78% para el Estado, 22% para las
comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor LÓPEZ GARCÍA: Concluyo, señor presidente.


Usted, en el escenario de 2015, trae otro apretón: 19,4% de
margen para las comunidades autónomas, 80,6% para la Administración
General del Estado. En 2016, todavía más: 12% para las comunidades
autónomas, 88% para la Administración General del Estado.


En definitiva, estamos hablando de que es un planteamiento
absolutamente desequilibrado, que no tiene proporcionalidad ni
racionalidad y, salvo que albergue un propósito político no explicitado,
que es: deterioremos el espacio de los servicios públicos básicos
—algo que decía un representante del Tea Party republicano:
realmente no queremos que desaparezca el Estado, lo que pretendemos es
reducir su tamaño lo suficiente como para poder ahogarlo en la
bañera—.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.


Pues bien, creo que las comunidades autónomas, que tienen
una función política fundamental para sostener los pilares del Estado de
bienestar, no pueden estar sosteniendo un reparto tan desequilibrado de
los márgenes de maniobra que hay en la distribución del déficit.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López
García.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Utrera.


El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.


Efectivamente, en turno de portavoces, y sin modificación
reglamentaria, voy a ceñirme a hacer algunas reflexiones sobre lo que
hemos venido a debatir aquí, sobre el programa de estabilidad, la
proyección de estabilidad a tres años, tanto de la posición financiera en
relación con el déficit público como con la deuda pública y el techo de
gasto.


Creo que hemos asistido a un debate interesante, en el que
además algunos de los argumentos más manidos, más desgastados sobre la
cuestión del gasto público, el déficit público y la consolidación fiscal
prácticamente han sido desechados, no se han utilizado, de lo cual me
alegro. Es decir, no se ha cuestionado o se ha cuestionado muy poco la
credibilidad de los datos que nos presenta el Gobierno en el programa de
estabilidad para los próximos años, lo cual creo que es una muy buena
noticia y, en segundo lugar, se ha puesto de manifiesto lo que,
efectivamente,









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todos sabemos, que en los dos o tres últimos años de
ejecución presupuestaria se ha ganado credibilidad también en las cifras,
también en las proyecciones económicas, y que esa credibilidad hay que
presumirla para el próximo ejercicio. Por tanto, creceremos a tasas
moderadas, quizá de algo menos del 2% —el 1,8%, como está previsto,
o quizás algo más—, se va a crear empleo a tasas superiores al
1,3%, 1,4% de la población activa y, en definitiva, vamos a vivir una
situación económica mucho más holgada que la que hemos vivido hasta el
presente; holgura respecto de la que, sin embargo, ya se está pidiendo
laxitud, es decir, que se utilice para —y ahí aparece una vez más
el buenismo, aparecen las buenas intenciones y esa superioridad moral a
la que antes me refería— gastar.


En fin, ya he asistido a muchos debates y ya sé cómo
funciona esto: no hagan reforma fiscal y ese margen queda para gastarlo;
para gastarlo en cosas buenas, en cosas razonables. Pero ocurre que desde
esa premisa prácticamente está garantizado en qué derivaría esto.
Lógicamente, cuando deriva ya en una posición extrema, fantasmagórica,
como sucedió en la anterior legislatura socialista, se llega a un
descontrol absoluto de cuentas públicas, a una necesidad de ajuste total
y, en definitiva, a una posición de inferioridad y una consideración de
España como país de segunda o tercera división, que nos impide la
financiación exterior que la economía requiere, al tiempo que impide
llevar a cabo ese gasto tan bien intencionado que se pretendía.


Por tanto, de la propuesta de reforma fiscal del Gobierno,
actualmente en fase de anteproyecto y próximamente de proyectos de ley,
cuatro proyectos de ley, estamos muy contentos y muy satisfechos en el
Grupo Parlamentario Popular, porque creemos que es lo que ahora hace
falta, y hace falta por dos razones: en primer lugar, para dinamizar el
crecimiento económico y potenciar la creación de empleo, ahora que
precisamente la economía está dando señales favorables para iniciar esa
tendencia y fortalecerla, y en segundo lugar, el objetivo de la reforma
fiscal es hacer lo que hasta ahora no ha sido posible, que es bajar los
impuestos, como fue nuestra propuesta inicial y es nuestro mayor deseo, y
sobre todo, bajar los impuestos de forma ciertamente selectiva,
favoreciendo, por un lado, la generalización de los impuestos, evitando
deducciones específicas —ya fueran grandes o pequeñas— que
afectan a unos y no a la mayoría, y por otra parte, bajando los impuestos
sobre las rentas más reducidas, sobre las rentas del trabajo y las de
menor cuantía.


Siendo eso así, el portavoz socialista —me va a
permitir la expresión, sin acritud, señoría—, creo que ha hecho una
intervención realmente disparatada en materia fiscal. En realidad, no le
he entendido bien. Lo que está diciendo es que se aumente la recaudación,
pero no se ha atrevido a decir que se aumenten los impuestos. Y, claro,
como siempre ocurre cuando no se sabe de qué hablar, se recurre al fraude
fiscal; el margen está en el fraude fiscal. Si hay 40 000, 50 0000 o 100
0000 millones, a por ellos, y entonces uno puede hacer propuestas
altisonantes, prácticamente sin ninguna coherencia, aunque eso sí: vamos
a por el fraude fiscal. Y así, se atreve usted —y en ese sentido, o
bien está equivocado porque no hay datos que lo confirmen o directamente
usted miente— a acusar al Gobierno de que está propiciando,
estimulando a los grandes defraudadores en España. Eso es lo que usted ha
dicho, que está estimulando a los grandes defraudadores. (Rumores). Eso
no deja de ser, y sobre todo en boca de quienes han tenido
responsabilidades de gobierno los pasados ejercicios, que pusieron a la
Hacienda Pública al pie de los caballos, en gravísimo riesgo financiero,
no deja de ser —decía— una afirmación como mínimo temeraria.
Y si me permite, lo dejamos así, sin entrar en más detalles.


En el fraude fiscal ha habido avances sustanciales año tras
año y quienes como usted y como el ministro Solbes —el ministro
Solbes, ministro de grato recuerdo para muchos de ustedes, supongo—
basaban en la corrección del fraude fiscal la solución de todos los
problemas de España vieron que los problemas no se resolvían, que el
fraude fiscal estaba más o menos a los mismos niveles y que España
entraba en crisis total. Por tanto, quienes hablan mucho de fraude fiscal
normalmente no me atrevería yo a decir que son defraudadores o favorecen
a los defraudadores, pero algún dato tenemos que apunta en esa dirección:
la tributación de grandes empresas en España, año 2011, en torno a 4-5%
por impuesto sobre sociedades; tributación de las empresas, de las
grandes sociedades, año 2013, un 12-13%. ¿Por qué? Porque, como ya ha
señalado el señor ministro, se ha reducido la deducibilidad. No porque
hicieran fraude, no es eso, es porque se ha reducido la capacidad de
deducir algunos elementos que lo que hacían era reducir la capacidad
tributaria, y había que mantener una capacidad tributaria porque lo que
nosotros no hemos consentido es que, a pesar de la crisis, se nos
desplome la recaudación, como se les









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desplomó a ustedes. ¿Recuerdan los años en que preveían un
superávit del 2% y cerraron con un déficit del 4%, para posteriormente,
al año siguiente, 2009, tener un déficit del 11%, que es un déficit
único, irrepetible, un caso único en toda la historia financiera de
España? Solamente nuestra pertenencia al euro pudo permitir un déficit de
esa magnitud, pero al cabo de dos años, en realidad ya a partir de aquel
momento, empezamos a pagar muy duramente ese déficit.


Por tanto, nada hay tan demagógico como cargar a
intangibles, a propuestas y a afirmaciones como esa del estímulo de los
grandes defraudadores soluciones que cuando ustedes gobernaron fueron
incapaces, no ya de aplicar, sino ni siquiera de concebir. Permítame que
sea reiterativo en este punto. Ustedes se limitaron a hacer planes de
empleo rural, a arreglar aceras en los pueblos, no hicieron otra cosa
para resolver la crisis y nos pusieron en la situación financiera en que
nos encontramos.


Por lo demás, reafirmo que el techo de gasto es una
necesidad, que fueron los gobiernos del Partido Popular los que
establecieron este procedimiento de inicio del proceso presupuestario,
puesto que le da coherencia, y dentro del Gobierno, da al ministro de
Hacienda la capacidad incluso de limitar a los demás miembros del
Gobierno y sujetarles a un programa de gasto público autorizado desde las
Cámaras. No vaya a ocurrir como le ocurrió al ministro de Hacienda y a la
ministra posterior del Gobierno socialista, que no controlaban nada, o
casi nada, y que presuntos superávits del 2% terminaban en déficits del
5% ese mismo año; es decir, 70 000 millones de diferencia entre lo
previsto y lo ejecutado. Bien, no se va a dar ese caso. Nosotros
creemos…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor UTRERA MORA: ...en la necesidad —termino,
señor presidente— del techo de gasto y no solamente como un mero
acto formal de presentación para mañana o pasado tener algún titular de
prensa, sino para cumplirlo. En este sentido, instamos al ministro de
Hacienda a que lo cumpla porque vamos por muy buen camino.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a votar el Acuerdo del Gobierno
sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria. Les anuncio que ha
habido votación telemática. Se han autorizado los votos de las senadoras
Ibarz Ibarz, García Carrasco y Nevado del Campo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado. Las tres han emitido el voto y las tres han emitido
el voto favorable al acuerdo. Como siempre, sumaré este dato al resultado
de la votación que celebremos ahora en el hemiciclo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241 más 3 votos telemáticos, 244; votos emitidos, 241 más 3
votos telemáticos, 244; a favor, 151 más 3 votos telemáticos, 154; en
contra, 89; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado el acuerdo
del Gobierno. (Aplausos).


9. MOCIONES


9.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO, EN
COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A REALIZAR CUANTOS
ESFUERZOS SEAN NECESARIOS, INSTITUCIONALES Y ECONÓMICOS, PARA LOGRAR LA
CONSECUCIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE COMO SEDE DEL HEMISFERIO NORTE DEL
PROYECTO CTA (CHERENKOV TELESCOPE ARRAY).


(Núm. exp. 662/000147)


AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO


El señor presidente da lectura a los puntos 9. y 9.1.









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El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo
Parlamentario Mixto a iniciativa del Senador Quintero Castañeda.
(Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Popular, el senador Alarcó. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Señorías, buenos días.


Me complace, una vez más, comparecer ante todos ustedes
para defender, en nombre del Grupo Popular, una moción de las
características que tiene la que hoy presentamos. Por mi formación, por
mi devoción, por mi dedicación me siento muy cómodo planteando mociones
como esta —y agradezco a mi grupo que me permita una vez más
hacerlo—, porque tiene una importancia decisiva.


El título de la moción es muy sencillo, pero detrás de ese
título se esconde —entre comillas— uno de los proyectos
científicos más importantes de la historia de la ciencia en estos
momentos; detrás de ese título hay un proyecto de ese estilo. Debo decir
—y lo digo con orgullo, como senador en esta segunda legislatura,
que lo soy gracias a mi partido y a los ciudadanos que me han
elegido— que esta Cámara, el Senado, que algunos ponen en tela de
juicio de forma injusta, tiene un papel decisivo como Cámara territorial
de la ciencia, y eso se debe a que ha tenido iniciativas muy importantes
respecto a lo que significa la ciencia de forma global. Además, en una
iniciativa de este tipo, una moción, no hay ideología, y no es que no me
guste la ideología, presumo de la que tengo y creo que es importantísima,
pero no es una moción ideológica, porque los ciudadanos y los científicos
nos exigen principalmente que busquemos grandes consensos, ya que es
trascendental que así sea.


También es verdad que en esta Cámara los consensos en la
materia de la que estamos hablando han sido un ejemplo. Podríamos hablar
de la unanimidad, después de muchos trabajos, de arduos trabajos, de
todos los partidos con respecto a la Ley de la ciencia; unanimidad,
después de mucho consenso, con respecto de una ponencia que pronto verá
la luz, en la que hablamos de fondos éticos, de responsabilidad social
cooperativa, de micromecenazgo y mecenazgo, dedicado concretamente a las
pymes, pero también, en general, a la I+D+i. Fue en esta Cámara donde se
añadió —que, por cierto, se habrá de aclarar siempre bien— la
«d» de divulgación, investigación, desarrollo, innovación y divulgación.
Esa «d» pequeña, que es de obligado cumplimiento y que en muchos
documentos oficiales se sigue sin poner, nace en esta Cámara, y es la
necesidad de divulgar de forma normal, de buscar la complicidad de los
ciudadanos con la ciencia, porque la ciencia que no tiene que ver con los
ciudadanos, igual que la economía y otras materias, no se entiende, no
hay complicidad y, si no hay complicidad, no se justifican las acciones
que se hacen. Por eso, entiendo que esta Cámara tiene fundamentos
políticos muy importantes para decir que es Cámara territorial de la
ciencia.


También es verdad que ha habido iniciativas que se han
discutido en esta Cámara y nos hemos puesto de acuerdo, como el proyecto
de El Telescopio Europeo Extremadamente Grande, el E-ELT, que aquí se
votó por unanimidad. Yo creo —y no es cuestión de reprochar nada a
estas alturas— que por no conseguir un lobby fuerte —lobby
con mayúsculas— en el anterior Gobierno, se ha ido a Chile
—proyecto europeo en Chile—. Era una gran inversión
astronómica de 1200 millones de euros; está en Chile, que es América, un
gran país, pero no se ha terminado. No es que desee que no se termine,
pero está en Chile, donde hay una serie de problemas, entre otras cosas,
un terremoto en el lugar donde se estaba instalando, y creo que Europa,
que Canarias, que España, se podía haber ofrecido, pero se fue.


A pesar de todo, tenemos que conseguir consenso. Esta
iniciativa lo que pide es que la infraestructura más revolucionaria y más
grande desde el punto de vista científico, como es el Cherenkov Telescope
Array —como siempre, todo en inglés—, el CTA, para el estudio
de reacciones gamma, se instale en España, porque tiene el mejor cielo
astronómico del mundo y dentro de España en Canarias, porque Canarias,
como España que es, tiene, sin lugar a dudas, el mejor cielo astronómico
conocido desde el punto de vista científico.









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Y esto, ¿para qué sirve? Porque los ciudadanos se
preguntan: ¿qué están discutiendo en el Senado estos políticos de todos
los partidos para instalar un gran telescopio que tiene un nombre en
inglés y que además viene de Rusia? Pues es algo trascendental para
conocer los orígenes del universo. Y los ciudadanos se preguntarán para
qué sirve saber dónde está el universo, para qué sirve buscar la materia
oscura, para qué sirve la comprobación del espacio y el tiempo, para qué
sirven los restos de supernova, para qué nos sirven los grupos y sistemas
estelares. Pues nos sirve para la vida cotidiana. Ese es el esfuerzo de
la «d» pequeña. Esto que suena a algo muy científico, que lo es, si no
tiene traducción en esa «d» pequeña, no se va a entender. Y la
transferencia de conocimiento de la astronomía —y en España
concretamente más— que afecta a la vida diaria de todos los
españoles es importantísima, y hay que transmitirlo de forma
correcta.


Este es un telescopio solar, muy grande, que tiene 19
dispositivos. Somos candidatos firmes, nos lo merecemos por lo que hemos
hecho en astronomía y por el cielo astronómico que tenemos. Por eso
estamos pidiendo que se instale en suelo español, y dentro del suelo
español en suelo canario y dentro del suelo canario en el Instituto
Astrofísico de Canarias, que es una institución científica española a
nivel mundial que está asociada a la isla de La Palma, en el Roque de los
Muchachos y que unido a las Cañadas del Teide componen uno de los lugares
científicos más importantes del mundo y uno de los lugares científicos
más importantes de España. Eso lo sabemos bien. Entre nosotros hay una
senadora, y amiga, del Partido Popular de La Palma, María de Haro, que
sigue muy de cerca este tema, a la que, por cierto, tengo que felicitar
públicamente por la aclaración que ha hecho hoy en un medio de
comunicación. Porque esto no es un problema de medallas, es, simplemente,
ponernos cada uno en su sitio y luchar para que esta infraestructura
venga aquí, haciendo un esfuerzo colectivo que nos tiene que llevar a
sumar y conseguirlo.


Por eso no tenemos que realizar maniobras de distracción,
ni pedir más, solo esto, porque si unimos otra serie de peticiones,
creyendo que es bueno pedir mucho, distrae y, al final, es
contraproducente.


Señorías, señores senadores, señoras senadoras, nosotros
creemos que podemos, de forma clara, seguir pidiendo que este gran
instrumento científico de rayos gamma se ubique en España. Se va a
decidir en octubre. La fortaleza política que tiene sacar una moción como
esta, en una Cámara como esta es trascendental. Y debo decir que en
España tenemos muchas fortalezas dentro del mundo científico que nos dan
una ventaja evidente. La primera fortaleza es el cielo, los centros de
astronomía que tenemos, que son muy importantes. Y una cosa hay que decir
con orgullo: una industria española, predominantemente vasca, ha
conseguido ser pionera en el mundo e imprescindible para el desarrollo de
cualquier estructura de astronomía de valía, incluido el Telescopio
Extremadamente Grande Europeo; nombre que a mí me recuerda siempre a un
chiste que me contaron una vez. No sé de dónde proviene esa traducción
inglesa tan mala.


Señorías, en Chile la ESO está pidiendo piezas a España,
concretamente al País Vasco, porque son los únicos que están a la altura
de las circunstancias para poder competir. Por lo tanto, la industria
española proporciona ya grandes ventajas y brinda una holgura clara a
este tipo de proyectos para construir un gran telescopio. En este sentido
quiero decir también que deberíamos consolidarnos como sede del
hemisferio norte en España, lo cual pasa por que se instale el Cherenkov
Telescope Array, algo trascendental que nos diferenciaría del resto del
mundo científico y nos situaría en avanzadilla científica casi 30 años.
Este objetivo supone la instalación de 2 decenas de telescopios —lo
cual no es baladí— de 6 a 25 metros, de altísima tecnología,
fabricados principalmente en España, instalados en España, en el
Astrofísico de Canarias, en Tenerife, La Palma, etcétera. Hay que decir
que nuestro cielo es globalmente muy bueno y que contamos con otros
lugares astronómicos de primera categoría, por ejemplo Almería, cada uno
de los cuales se está especializando.


Para todo ello necesitamos un apoyo explícito y decidido.
En honor a la verdad debo decir también que esta no es la primera
iniciativa al respecto. Se han llevado a cabo preguntas como las
formuladas por el senador Narvay Quintero, las realizadas en el Congreso
de los Diputados por la diputada Ana Oramas o las de quien les está
hablando, o las del Partido Socialista que también ha presentado algunas
iniciativas. Sin embargo, no es cuestión de que nos pongamos ninguna
medalla sino de que todos nos sintamos orgullosos de una infraestructura
absolutamente imprescindible para consolidar el puesto mundial de España
en el ámbito del desarrollo científico, concretamente el astronómico, que
nos ha permitido ser pioneros en el mundo y definitivamente









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mucho más importantes. Debemos transmitir a los ciudadanos
que esto no solo supone la instalación de un aparato que sirve para ver
las estrellas, lo que también es verdad, sino que se trata de un aparato
que mejora su vida diaria, para que cuando aprieten su vitrocerámica se
sientan más confortados, y todo ello sale de la astronomía. Para que
cuando le den al interruptor de la luz sepan que eso proviene de la
I+D+i, que mucha gente cree que es un partido. De verdad, yo he hecho la
prueba de preguntar a la gente qué es para ellos la I+D+i y compruebo que
se quedan despistados. Hay que traducir y realizar el esfuerzo para que
se entienda lo que significa la ciencia, y ahora que veo a un gran
jurista, para que se entienda también la justicia, como para que se
entienda también la medicina. Si todos los políticos no hacemos ese
esfuerzo estaremos hablando de cosas que no se entienden. Por eso le doy
tanta importancia a que en esta Cámara se aprobara la «d» pequeña de
divulgación, porque si no divulgamos estos asuntos de forma normal, para
que nos entienda el ciudadano medio, estaremos hablando de algo que se
les escapa y no entenderán ni verán justificado que nos gastemos, por
ejemplo, 70 millones de euros en la inversión primaria. Es verdad que en
este movimiento está colaborando el Gobierno actual, el Ministerio de
Economía, la secretaria de Estado, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno
de Canarias. En cuanto a los fondos Feder, existe el compromiso formal,
si nos los conceden en octubre, de una hoja de ruta de inversión que no
es baladí —y se la muestro porque siempre se ve más en una gráfica
aunque no sea muy grande—, que supondría que a partir de octubre se
produciría una inversión muy fuerte durante los primeros cuatro años y se
mantendría hasta 2030. Por la edad que tengo a mí me suena raro hablar de
2030, pero desde el punto de vista científico y astronómico es una cifra
muy pequeña que nos consolida de forma definitiva.


Señorías, estoy convencido de que entre todos hay que hacer
un lobby profundo —y vuelvo a hablar de lobby porque es una palabra
a la que no le tengo ningún miedo— desde el punto de vista
científico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista
político, desde el punto de vista de los medios de comunicación y desde
el punto de vista económico para llevar a buen puerto este proyecto. En
el Grupo Parlamentario Popular creemos que si este proyecto lo llevamos a
buen puerto haciendo ese lobby con mayúsculas, claro, transparente y
público en los medios de comunicación, diciendo lo que tenemos que hacer
estaremos en la senda adecuada que nos consolide definitivamente como un
país científico de primer orden, con gran transparencia.


En definitiva, debemos conseguir ―y ruego
humildemente a todos los partidos que lo tengan en consideración―
un acuerdo. Hay quien lo llama prepotencia pero en mi caso lo llamo
pasión porque me apasiona lo que estoy transmitiendo. La pasión es
importante en política y esto es para apasionarse porque estoy convencido
de que puede ser una sede importante, después de lograr el apoyo en
octubre de Alemania, Italia, Francia, el Reino Unido, el Gobierno
autónomo, el Gobierno central, el Feder, etcétera, para contar con una
fortaleza insustituible, que será la infraestructura científica en este
momento más importante de la historia de nuestro país en el mejor cielo
astronómico del mundo, en España-Canarias-Tenerife-La Palma.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alarcó.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Fuentes Curbelo.


El señor FUENTES CURBELO: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.


El asunto que se plantea en esta moción ya se ha abordado
en otras ocasiones en el Senado. De manera general, lo hizo mi compañero
el senador Andrés Gil, en una interpelación y su consecuente moción, en
la que pedía una mayor implicación del Gobierno en el impulso a la
fortaleza y competitividad de la industria aeroespacial española,
alarmado porque la contribución como país a los programas de la Agencia
Espacial Europea se ha reducido en los últimos años, nada más y nada
menos, que en un 80%.


También hemos estudiado esta cuestión en esta Cámara en una
pregunta planteada por el senador Quintero, en la que el ministro de
Economía y Competitividad respondía literalmente que el Gobierno era
sensible, es sensible a esta realidad, a la aspiración de Tenerife y de
Canarias de albergar esta infraestructura astronómica y que el Gobierno
ya le ha transmitido a la Presidencia del Consorcio Cherenkov Telescope
Array su apoyo firme a la candidatura de Tenerife como sede de este.









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En este caso, estamos hablando de una red de telescopios
que está en la hoja de ruta del Observatorio Austral Europeo y que se
instalarán tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Se
trata de una red de última generación de telescopios para el estudio de
los rayos gamma, que supondrá un salto cualitativo en el conocimiento del
universo; un proyecto internacional del que forma parte una comunidad de
más de 1000 científicos e ingenieros de 27 países de todo el mundo.


El ministro De Guindos aseguró en esta misma Cámara que
estamos trabajando, junto con el Gobierno de Canarias ―y recalco lo
de Gobierno de Canarias― para definir el marco de financiación
conjunta y ahí está la cuestión porque no se trata solo de manifestar la
buena voluntad para traer esa infraestructura científica a nuestro país y
a Canarias sino que hace falta un marco de financiación y compromisos de
los gobiernos de Canarias y de España; esa será la clave del éxito ya que
tenemos que competir duramente con otras candidaturas, especialmente con
la de Arizona, de los Estados Unidos, y son candidaturas también muy
potentes.


Es decir, que parece meridianamente claro que el Gobierno
de España, al igual que ya lo hizo en su día el Gobierno de Canarias,
apoya la candidatura de Tenerife y el Grupo Parlamentario Socialista
comparte el objetivo de que el telescopio Cherenkov del hemisferio norte
se instale en Tenerife. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la moción
del Grupo Parlamentario Popular, que incide en el asunto, ya que lo que
abunda no daña. No basta con las palabras del ministro, porque cuando los
representantes de nuestro país se sienten en los centros de decisión
donde se va a determinar dónde irán ubicados los telescopios del
hemisferio norte, deben llevar no solo el respaldo y las palabras del
Gobierno, sino también acuerdos de las cámaras legislativas, en este caso
del Senado. Sin embargo, los socialistas hemos considerado que es
conveniente presentar una enmienda que creemos que mejora la redacción de
lo que se pide, del petitum, ya que nos pareció un tanto engorrosa desde
el punto de vista sintáctico, sobre todo, y al mismo tiempo poner en
valor la denominada Ley del cielo —exactamente se llama Ley sobre
protección de la calidad astronómica de los observatorios del Instituto
de Astrofísica de Canarias—, promovida por el Gobierno de Canarias
y que fue aprobada por las Cortes Generales en el año 1988. Precisamente
esa es la ley que nos ha permitido llegar hasta ahí y que Canarias y
España se coloquen a la cabeza de la investigación astronómica y de la
industria aeroespacial.


En la enmienda hacemos un reconocimiento específico a todas
las administraciones públicas que han venido contribuyendo al impulso de
la investigación astronómica a través del Instituto de Astrofísica de
Canarias, del que forman parte el Estado, a través de la Secretaría de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación; el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; el Gobierno de Canarias, con la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información; y
también la Universidad de La Laguna.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor FUENTES CURBELO: Termino, señor presidente.


Es el trabajo del Instituto de Astrofísica de Canarias el
que, además de los incuestionables beneficios en el campo de la
investigación, genera beneficios económicos porque de cada euro que se
inyecta en este campo retornan, como mínimo, 4, y aporta un valor añadido
al reconocimiento internacional de Canarias y de la marca España. Es una
experiencia tecnológica que aun pasando estrecheces, ya que el Instituto
de Astrofísica de Canarias dispone de un presupuesto de 3 a 5 veces
inferior al de otros centros de investigación, ha permitido situar a
España en la vanguardia de la astrofísica mundial.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor FUENTES CURBELO: Termino.


Conseguir este objetivo de albergar el telescopio Cherenkov
en Tenerife significaría la consolidación definitiva de Canarias y de
España como país puntero en la observación astronómica, especialmente en
los rayos gamma, donde ya disponemos en la isla de La Palma de dos
telescopios más, los Magic, muy sensibles y los más potentes de todo el
mundo.


Muchísimas gracias. (Aplausos).









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuentes
Curbelo.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra el senador Quintero.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.
Buenos días.


La enmienda que yo presento es de adición —no es ni
de modificación ni de sustitución— porque, evidentemente, estamos
hablando de algo muy importante. No es la primera vez que se habla de
este asunto y seguramente tendremos que seguir debatiendo en el futuro
sobre el mismo.


La enmienda persigue algo que el señor Alarcó ha dicho, y
que yo ratifico: la consolidación del Instituto de Astrofísica de
Canarias, del IAC, dentro del hemisferio norte, para la astrofísica
mundial. A su vez, también hay dos proyectos, que aunque no están en la
hoja de ruta del consorcio, como sí lo está el telescopio ruso, el
Cherenkov, sí estarán planificados en pocos años. Me refiero al
telescopio solar europeo y al futuro telescopio gigante ruso. De lo que
se está hablando hoy más estas dos nuevas instalaciones consolidarían
dentro del hemisferio norte a Canarias como sede puntera y mundial.


Con esa inquietud y con ese pronóstico intento que esta
enmienda sea aceptada por el Grupo Parlamentario Popular y por el senador
proponente, Antonio Alarcó, sin ningún tipo de discusión ni de entrar en
detalle, pero creo que sería positivo ir más allá de lo que plantea dicha
moción para intentar consolidar a Canarias como sede mundial, puesto que
si no lo hacemos hay otros sitios del mundo muy interesados en
conseguirlo. Podemos hablar de Estados Unidos, de Méjico y de otros
países. Nosotros creemos que Canarias tiene las mejores condiciones de
cielo del mundo, y si no son las mejores del mundo, evidentemente sí son
las más estables para poder instalar ese tipo de telescopios.


El senador Alarcó decía que ese telescopio extremadamente
grande se ha trasladado a Chile; es una pena. En la pasada legislatura
creo que todos luchamos por que se instalara en España, concretamente en
Canarias, pero desgraciadamente esa inversión, que es muy superior a esta
de la que estamos hablando, se fue a Chile aunque nosotros creíamos que
Canarias tenía las condiciones necesarias para albergarlo. Aunque ya no
podemos retroceder sí podemos avanzar en el tiempo. La enmienda insta,
aparte de la instalación en Canarias del telescopio Cherenkov, a que
también se instale el telescopio solar europeo y el telescopio gigante
ruso.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Quintero.


Tiene la palabra el senador Alarcó, para indicar si acepta
o no las enmiendas.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Nosotros hemos hablado con todos los portavoces, incluidos
el señor Quintero y el senador por Fuerteventura del Grupo Parlamentario
Socialista, y les hemos transmitido que no hay que hacer sumas distintas;
hay que sumar todo tipo de cosas que puedan llevar a que se pueda
conseguir este objetivo, y una vez realizado esto, si es que lo
conseguimos, lo que supondría un éxito, habrá que traer a esta Cámara, si
fuera necesario, mociones en ese sentido que puedan dar cabida a lo que
está diciendo el senador Quintero. Con lo cual, la respuesta es que
dejamos el mismo texto tan solo modificado gramaticalmente —lo
hemos hablado con el Grupo Parlamentario Socialista—. Creemos que
no es conveniente unir ninguna petición más.


Por tanto, nuestra contestación a la propuesta del senador
Quintero es no. En cuanto al senador del Grupo Parlamentario Socialista,
hemos acordado una redacción a la que el propio senador se ha referido,
con lo cual le decimos sí, lo que no significa aceptar su enmienda sino
corregirla tan solo gramáticamente. Eso, por tanto, no tiene nada que ver
con su exposición de motivos.


El señor PRESIDENTE: Senador Alarcó, eso sería objeto de
una enmienda transaccional.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Señor presidente, si lo quieren
llamar transaccional..., pero es simplemente el mismo texto de nuestra
moción colocado gramaticalmente en un orden distinto. Yo me pongo a
disposición de la Presidencia, como no podría ser de otra manera, para
llamarlo como estimen oportuno.









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El señor PRESIDENTE: Los servicios de la Cámara lo van a
estudiar a lo largo del debate, pero yo creo que eso es objeto de una
transaccional. Ya veremos.


¿Desean hacer uso de la palabra en turno en contra?
(Denegaciones).


Pasamos a turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Quintero.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Señor presidente, no seré yo
quien se oponga a cualquier texto. Entiendo que cualquiera de ellos va a
ser positivo para Canarias, pero sí creo que, como dice el señor
presidente, deberíamos tener el texto de esa transaccional, que apoyaré
con toda seguridad puesto que tanto el senador Alarcó como el senador
Domingo Fuentes han llegado a un acuerdo positivo para Canarias. Lo que
sí entiendo es que deberíamos tener por lo menos el texto de la moción
antes de que terminemos este debate, para saber en qué términos vamos a
hablar y después poder votar


Dicho esto, también diré que es una pena que no se haya
aceptado la enmienda que yo proponía. La moción que se presenta sin lugar
a dudas es muy interesante y prioritaria para Canarias, pero también
tengo que decir que en este caso aporta poco a lo que ya se está
haciendo. Ya el ministro dijo aquí el pasado febrero que el Gobierno de
España junto con el Gobierno de Canarias están trabajando en ello y han
propuesto al consorcio que Canarias sea sede del telescopio Cherenkov.
Tanto la Secretaría de Estado del Gobierno de España como el Gobierno de
Canarias han trabajado y están trabajando en ello; de hecho, como se ha
dicho anteriormente, el pasado 11 de febrero, el ministro de Economía, en
respuesta a una pregunta oral, dijo que el Gobierno ya había transmitido
a la Presidencia del Consorcio su apoyo firme y decidido a la candidatura
de Canarias como sede del telescopio Cherenkov dentro del hemisferio
norte, y dijo también que estaba trabajando, junto con el Gobierno de
Canarias, para definir un marco de financiación conjunta, que hoy en día
casi es una realidad, como ha significado el señor Alarcó. Es cierto, ya
hay un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado
para la financiación económica de esa instalación, pero nos extraña que
en la moción se plantee realizar una serie de esfuerzos institucionales y
económicos a coste cero. Desde nuestro punto de vista, hubiera sido más
oportuno haber fijado el coste real y, aunque es cierto que hay un
compromiso entre la Secretaría de Estado del Gobierno de España y el
Gobierno de Canarias, pensamos que las buenas intenciones del Gobierno
deben quedar plasmadas en hechos.


Antes de entrar en el fondo de la cuestión, les diré que no
será este senador quien vote en contra de esta moción, evidentemente,
votaré a favor, y tengo que reconocer la labor del senador Alarcó, que ha
hablado con todos nosotros, no solo en esta legislatura sino también en
la pasada, en defensa de la ciencia, pero me gustaría que muchas
iniciativas que he presentado aquí, que no tienen que ver con este asunto
pero sí con la mejora de la calidad de vida de los canarios, también sean
fruto de un consenso. Si no se acepta mi enmienda, yo aceptaré la moción
de Antonio Alarcó o la transaccional que están firmando, porque es bueno
para Canarias, pero por el bien de los ciudadanos canarios,
democráticamente, podríamos consensuar algunas de las propuestas e
iniciativas que he traído a esta Cámara pues, desgraciadamente, me iré de
esta legislatura con la percepción de que todas las que he presentado son
negativas para Canarias, que son malas y no sirven.


España acaba de anunciar, y lo repito, una importante
contribución económica al Telescopio Europeo Extremadamente Grande, aquel
que se fue a Chile; nosotros no vemos con malos ojos esta aportación
económica, evidentemente, pero nos gustaría que el Gobierno del Estado
hiciera la misma aportación económica a la astronomía y a la
investigación española, de la que se está hablando mucho, pero que ha
bajado sustancialmente en los Presupuestos Generales del Estado, y por
eso me gustaría que nos aclararan la inversión de capital que se va a
destinar a la instalación del telescopio en Canarias.


Europa está orientando principalmente sus esfuerzos hacia
Chile, pero en nuestra opinión debe existir el mismo compromiso para el
hemisferio norte, y al Gobierno español le corresponde ser más incisivo
en el seno de la Unión Europea y negociar un desarrollo paralelo al menos
con la misma intensidad que se está haciendo en otros países; de no ser
así, podríamos perder la referencia astronómica del hemisferio norte, que
se podría situar en Hawái, en Arizona, incluso en Méjico, que está
empujando fuertemente por conseguirla, lo cual sería una pérdida no solo
para









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Canarias, como he dicho, sino también para toda España,
incluso para la industria española, que es puntera; una pérdida que no
nos podemos permitir.


El consorcio no ha dicho todavía donde se va a instalar,
tiene serias dudas al respecto; la primera opción es Tenerife y la
segunda La Palma; evidentemente, nosotros estaríamos de acuerdo en
cualquiera de las 2 opciones pero, en todo caso, esto corresponde al
consorcio y no a nosotros, pero también intentamos que este consorcio se
comprometa a instalar las 2 grandes infraestructuras del futuro en
Canarias.


Nadie duda de la excelente calidad astronómica del cielo de
Canarias y de sus observatorios, tanto el de la isla de La Palma como el
de Tenerife, abiertos a la comunidad científica hace ya casi 35 años; su
desarrollo es fundamental en nuestra apuesta por la diversificación de la
economía canaria a través, entre otras medidas, de un mayor peso
específico de la investigación dentro de nuestro modelo económico. Este
sector es uno de los más proclives a la creación de empresas de base
tecnológica en Canarias y a la creación de grandes empresas del sector
hacia el archipiélago y hacia España, y el aprovechamiento
socioeconómico, en definitiva, de las actividades de I+D+i en torno al
desarrollo de la astrofísica. Asimismo, la calidad de la infraestructura
científica disponible y la excelencia investigadora del personal con la
que cuenta el Instituto de Astrofísica de Canarias es fundamental para
que infraestructuras como estas se desarrollen en nuestro territorio.


Cuando recibamos la enmienda transaccional, evidentemente,
votaremos afirmativamente la moción, pero consideramos, sinceramente, que
se debería haber hecho un esfuerzo mayor y haber incluido un compromiso
económico directo para esta instalación. Esperemos que así sea. Sabemos
que se ha llegado a un acuerdo entre el Estado y la Comunidad Autónoma de
Canarias para cofinanciarlo entre ambos. Esperemos que no se quede en
simple papel, como ha pasado con otras mociones aprobadas en esta Cámara,
y se lleve a la realidad, porque sería bueno no solo para Canarias sino
también para España.


Vuelvo a decir al senador Alarcó que no pongo en duda el
trabajo que ha realizado por la ciencia en España, que hemos compartido,
no solo en esta legislatura sino también en la anterior, y, en concreto,
por el Instituto de Astrofísica de Canarias, pero me hubiera gustado
haber llegado a un consenso entre todos, no al consenso del «digo yo
solo». Yo votaré a favor de su moción porque es positiva para Canarias y
para España, pero me gustaría que cuando habláramos de consenso en la
ciencia, sea el consenso de todos y no de lo que plantea uno solo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Egun on, eskerrik asko
mahaiburu jauna.


Bueno zalantzarik gabe, talde popularrak eta Alarcó
senatariaren eskutik dakarkigun mozioaren edukiarekin ezin dugu
desadostasun batetan egon. Bat gatoz planteatzen den edukiarekin, eta
aurretik entzun ditugun beste senatariaren hitzekin. Garbi dago aurkezten
dena garrantzizkoa dela, eta zalantzarik gabe Ganbera honen ahalik eta
kontsentsu gehienarekin lortzeak ere bere garrantzia daukala.


Horrekin aipatzen dut nire taldeak babestuko duela mozio
hau. Baina hori esanda ere, eta Alarcó senatariarekin diodan estimarekin,
esango nuke ere, berriro aurkitzen garela talde popularrak aurkezten duen
edo aurkezten digun mozio baten aurrean, non esan genezake, kupoa
betetzeko, berriz diot, edukiak duen garrantzia kendu gabe, kupoa
betetzeko iruditzen zaigula.


Mozioak berak aipatzen du aurrera eramaten ari den gai bat
jorratzen ari garela. Planteamendu hori talde popularrarentzat
baliagarria den heinean, inoiz edo ia inoiz ez da baliagarria izaten
oposizioak aurkezten dituen mozioak aurrera eramateko. Hau da, talde
popularrak beste oposizioko taldeak —nire taldearen izenean hitz
egingo dut—, mozioa atzera botatzeko askotan erabiltzen den
argudioa izaten da aurrera eramaten ari dela dagoeneko mozio horretan
eskatzen dena. Kasu honetan, talde popularrak aurkezten digun mozioaren
edukia aurrera eramaten ari da eta zalantzarik gabe hemengo
bultzakadarekin aurrerago joaterik badauka, gure taldeak babestuko du.
Zalantzarik gabe Kanariasentzako onuragarria izango dena gure taldeak
babestuko du. Baina eskaera bat egingo nuke, hemendikan. Talante
demokratiko hori beste kasuetara ere islatu dadila. Eta ez naiz ni izango
kontsentsu horretaz hitz egiten dudan bakarra; hain zuzen ere, Alarcó









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senatariak hemen bertatik duela minutu batzuk aipatu digu
«kontsentsu» hitza. Bera murriztu da zientzia arlora, baina zalantzarik
gabe, kontsentsu hitza, daukan garrantzia edota maiuskulaz idazterik
baldin badaukagu, edozein arlotara trasladatzeko garrantzia dauka.


Beraz, eta kontsentsu hitz horrek daukan garrantziari
helduta, aipatuko nuke duela oso minutu gutxi nire alderdiaren
presidenteak gosari batean aipatu duen hitza, Espainiako Gobernuari
buruz, eta berak zioen, euskal esaera batek zioen modura: «ez da hitz
txar bat bera ere, baina ezta ekintza on bat ere» ez dugula jasotzen.
Horrekin zer esan nahi dut? Kontsentsua bilatzen baldin badugu, jo
dezagun ekintzetara, jo dezagun adibideetara, eta ez gaitezen geratu
hitzetan, edo kasu honetan, hitz txarrik gabekoetan. Zeren Narvay
senatariak, Quintero senatariak aipatzen zuen modura, kontsentsu bat
lortzeko, askotan, batek jartzen duenaz gain, beste zeozer jaso behar
dugu, eta hemen askotan aurkitzen garen kontsentsura iristeko, beti da
«baldin eta nik proposatzen dudana» aurrera eramaten bada. Gustatuko
litzaiguke berez transakzional hori aurrera eramaten bada, Alderdi
Sozialistak aurkeztu duenarekin, babestuko dugula, baina berriro diot:
kontsentsuen bila edo behar den talante hori, haratago joan behar du. Ez
da bakarrik izan behar nik proposatzen dudana zuek erakarri hontara,
baizik eta nik ere nire aldetik zeozer jarri beharko dut adostasun
horretara iristeko. Ez da lehenengo aldia ni neu eta mikrofono hauetatik
aipatu dudala hori, eta jarraituko du erreibindikatzen. Benetan,
kontsentsutan sinesten badugu, hitzetatik ekintzetara pasatu behar dugu,
eta gure ekintzak eredua izan behar dute.


Mila esker.


Buenos días. Gracias, señor presidente.


Sin duda, el Grupo Parlamentario Popular y, en concreto, el
señor Alarcó, han presentado una moción con la cual nosotros, sin ninguna
duda, podemos estar disconformes con su contenido. Por tanto, estamos de
acuerdo con el contenido planteado y con otras intervenciones que hemos
escuchado esta mañana. Es evidente que se trata de algo muy importante.
Esta propuesta es fundamental, sin duda, y necesita del mayor consenso
posible de esta Cámara.


Además de manifestar que mi grupo apoyará esta moción, me
gustaría hacer un apunte. Tengo que decir que estimo al senador Alarcó,
cómo no, pero, una vez más, nos encontramos ante una moción del Grupo
Popular en la cual solicita simplemente cumplir un cupo, es decir, sin
dar importancia al propio contenido del texto. Es lo que parece, es
nuestra impresión.


La moción dice que este es un asunto en el que ya se está
trabajando, pero este planteamiento puede ser válido para el Partido
Popular pero casi nunca es válido para aprobar las mociones que presenta
la oposición. Es decir, el Partido Popular —hablo en nombre de mi
grupo, cómo no—, rechaza muchas veces las mociones que presentan
otros grupos con la argumentación de que ya se está trabajando en su
contenido. En este caso, la moción del Partido Popular va a salir
adelante con el apoyo de esta Cámara, y nuestro grupo la va a apoyar
porque pensamos que es beneficioso para Canarias. Pero me gustaría hacer
una petición, y es que se aplicara también en otros casos, que se
reflejara esta tendencia. No soy la única que habla de consenso; de
hecho, hace unos minutos, el senador Alarcó mencionaba la palabra
consenso en el ámbito de la ciencia, pero es evidente que la palabra
consenso se tiene que escribir con mayúsculas y trasladar y reflejar
siempre en todos los ámbitos.


Por tanto, por la importancia que tiene el término
consenso, me gustaría apuntar que hace algunos minutos el presidente de
mi partido ha mencionado una palabra en un desayuno sobre la actitud del
Gobierno español, y decía que no se dice ni una sola mala palabra pero
que tampoco recibimos ni una sola acción positiva. Es decir, si queremos
realmente obtener consenso tenemos que pasar a los hechos, no podemos
quedarnos simplemente en las palabras o en no decir palabras feas, nada
malo, tal y como nos decía el senador Quintero. Muchas veces, para
obtener consenso tenemos que saber qué opinan los demás. Esto es
necesario, porque cuando reflejamos nuestras opiniones vemos que de
alguna manera están condicionadas por otros grupos. Nosotros vamos a
apoyar la transaccional, pero diré una vez más que si pretendemos obtener
consensos tenemos que llegar más allá. No se trata de que se acepte lo
que yo propongo, sino que todos tenemos que poner de nuestra parte para
estar de acuerdo. No es la primera vez que hablo de esto en este
micrófono y voy a seguir reivindicándolo. Tenemos que pasar de las
palabras a los hechos y nuestras acciones tienen que ser un modelo.


Muchas gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Gracias señor presidente,


Des de l’escó, amb molta brevetat, per manifestar el
nostre suport a la moció, malgrat que encara no coneixem el text que serà
fruit d’aquestes converses que donaran lloc a una transaccional. Ho
farem perquè donaríem suport a qualsevol projecto o iniciativa
relacionada amb la investigació, el desenvolupament i la recerca, la
innovació, qualsevol projecte sigui benvingut sempre que a més a més
porti a un acord, un cert consens entre les forces d’aquesta
cambra.


Certament Canàries és un espai privilegiat per
l’astrofísica, no és casualitat que des de fa dècades les
principals instal·lacions en aquesta disciplina estiguin ubicades allà.
Òbviament en el passat més recent s’han perdut algunes
oportunitats, com s’ha posat de relleu a la discussió. No hauria de
ser aquest el cas amb aquest projecte, amb la seu de l’hemisferi
nord amb el projecte i la instal·lació d’aquest telescopi Cherenjov
Telescope Array. Per això la col·laboració i el compromís entre les
institucions ha de ser decisiva, i en aquest sentit l’aportació que
pugui fer aquesta Cambra i també és una aportació, un petit gra de sorra
per fer-ho possible. I nosaltres contribuirem amb el nostre vot positiu a
la moció que es presenta.


Moltes gràcies.


Intervendré brevemente desde el escaño para manifestar
nuestro apoyo a esta moción, a pesar de que todavía no conocemos el texto
que será fruto de estas conversaciones y que dará lugar a la
transaccional. Lo haremos porque apoyaríamos cualquier proyecto o
iniciativa relacionada con la investigación, el desarrollo y la
innovación. Cualquier proyecto será bienvenido, siempre que se llegue a
un acuerdo, a un consenso, de las fuerzas de esta Cámara. Canarias es un
espacio privilegiado para la astrofísica. No es casual que desde hace
décadas las principales instalaciones de esta disciplina estén ubicadas
allí. Obviamente, en el pasado más reciente se han perdido algunas
oportunidades, como se ha puesto de manifiesto a lo largo del debate.
Ahora este no debería ser el caso de este proyecto concreto, el de la
sede del hemisferio norte del proyecto e instalación del Cherenkov
Telescope Array. Por ello, la colaboración y el compromiso entre las
instituciones deben ser decisivos. En este sentido, la aportación que
puede hacer esta Cámara es un pequeño grano de arena para hacerlo
posible. Y nosotros contribuiremos con nuestro voto positivo a la moción
que se presenta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies senyor president,
senyories, molt bon dia.


Vagi per davant que el nostre Grup donarà suport a la moció
que ens presenten aquí, però deixi’m que li digui senyor Alarcón,
que quan vaig llegir la moció i el text de la mateixa, la veritat és que
em va causar sorpresa. I li diré perquè: perquè habitualment les mocions
que des de l’oposició presentem, de caràcter territorial, i no
ideològiques, com deia vostè, gairebé totes són rebutjades de manera
sistemàtica. I li poso com a exemple la darrera Comissió
d’Economia, o la darrera Comissió d’Indústria, i sempre amb
el pretext que, o bé s’han de complir els objectius de dèficit, o
bé el Govern ja està treballant en aquest tema, o bé també aprofito per
dir una famosa frase seva, que ens diu de manera reiterativa: que en
política la mesura del temps és la legislatura, però és que aquesta
legislatura s’acaba, i per tant, moltes de les iniciatives que
s’han presentat, gairebé no hi haurà temps de portar-les endavant.
Per tant li dic tot això perquè després de tot el que està succeint, que
vostè ens presenti una moció d’aquestes característiques perquè
després no hi haurà temps per tirar-les endavant.Per tant li dic tot això
perquè després de tot el que està succeint, que vostè ens presenti una
moció d’aquestes característiques, a la que reitero que donarem
suport, no deixa de causar-nos una sorpresa.


Realment quin és l’objectiu? És complir un cupo com
deia la senadora Iparraguirre? O també podria posar com a exemple al
senador Quintero, la quantitat d’iniciatives que ha plantejat i que
ha









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fet aquí per Tenerife i que vostès han rebutjat
sistemàticament. Per tant, això ens fa sospitar i dir on és la
credibilitat d’aquesta moció que vostès ens presenten?


Jo li demanaria 2 coses en aquest sentit: primera, quin és
el pressupost que assignen per fer aquest objectiu viable, i segona,
quines són les actuacions que està portant a terme el Govern amb caràcter
internacional perquè realment Tenerife sigui la base d’aquest
projecte tant important i tant potent que nosaltres també creiem. Per
tant, m’agradaria conèixer què s’està fent des del govern per
tirar endavant aquest projecte.


I vostè ens parla molt de la recerca, el desenvolupament la
innovació i la «d» de divulgació. Molt bé, deixi’m que li digui que
justament en els darrers pressupostos no es caracteritzant per donar
credibilitat en aquest missatge que vostè ens està donant aquí. És a dir,
parlem molt de la recerca, del desenvolupament, de la innovació, de la
divulgació, però a l’hora dels pressupostos: 2012, retallada
importantíssima en aquest capítol, 2013, retallada importantíssima que
ens situa al 1,3% del producte interior brut. I aquest 2014 em dirà: no,
aquest 2014 s’ha posat els pressupostos una partida important.
Certament, però no hem arribat a compensar les retallades que s’han
fet en aquests dos anys. Per tant, des d’aquest punt de vista, poca
credibilitat, perquè en definitiva són molts els projectes que es veuen
afectats per les retallades pressupostaries que estan practicant.


Voldria dir-li que des de Convergència i Unió, al llarg de
la legislatura, hem manifestat sempre el nostre compromís per a la
investigació, per la innovació com a instruments de creixement i de
competitivitat. Projectes com el CTA que ara és objecte d’aquesta
moció, ens ajudaran evidentment a ser més competitius, per això nosaltres
recolzem i unim tots aquells esforços que siguin necessaris per
aconseguir que l’illa de Tenerife amb el seu projecte CTA pugui ser
una realitat.


Per tant, senyor Alarcón, procurin que quan es presentin
mocions, com diu vostè, encara que no siguin ideològiques i siguin de
l’àmbit territorial, puguin atendre’ns com nosaltres ara
farem amb aquesta moció perquè creiem que beneficia a Tenerife i per tant
hem de col·laborar però desitjaríem la mateixa consideració quan es
presentin mocions com d’altres grups estem fent reiteradament i que
vostès per els objectius de dèficit o per els arguments que ja els he
dit, ens rebutgen sistemàticament.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos
días.


Vaya por delante que nuestro grupo apoyará la moción que
nos presentan aquí. Pero déjeme decirle, señor Alarcó, que cuando leí la
moción y su texto, la verdad es que quedé sorprendido. Y le explicaré el
porqué. Porque habitualmente casi todas las mociones que presentamos
desde la oposición, de carácter territorial y no ideológicas, como usted
decía, las rechazan de manera sistemática —le pongo como ejemplo la
última Comisión de Economía o la última Comisión de Industria—,
siempre con el pretexto de que, o bien se han de cumplir los objetivos de
déficit, o bien el Gobierno ya está trabajando en ello. Y aprovecho para
decir una famosa frase suya que repite: en política, la medida del tiempo
es la legislatura. Pero esta legislatura está acabando y, por tanto, no
habrá tiempo para seguir adelante con muchas de las iniciativas que se
han presentado. Le digo todo esto porque después de todo lo que está
sucediendo, que usted nos presente una moción de estas características
—y reitero que daremos nuestro apoyo— no deja de causarnos
sorpresa.


¿Cuál es realmente el objetivo? ¿Es cumplir un cupo, como
decía la senadora Iparragirre? También podría poner como ejemplo al
senador Quintero, que ha planteado aquí cantidad de iniciativas sobre
Tenerife, si bien ustedes las han rechazado sistemáticamente. Por tanto,
el objetivo nos hace sospechar y preguntarnos dónde está la credibilidad
de la moción que ustedes presentan.


Quiero preguntarle 2 cosas. Primero, ¿qué presupuesto
asignan para que ese objetivo sea viable? Segundo, ¿cuáles son las
actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno con carácter
internacional para que realmente Tenerife sea la base de este proyecto
tan importante y tan potente? Nosotros también lo consideramos
fundamental, por eso me gustaría saber qué está haciendo el Gobierno para
sacar adelante este proyecto.


Usted habla mucho de la investigación, del desarrollo, de
la innovación y de la «d» de divulgación. Pues bien, déjeme decirle que
los últimos presupuestos no les caracterizan a ustedes









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por dar credibilidad al mensaje que nos han transmitido
aquí. Hablamos mucho de la investigación, del desarrollo, de la
innovación y de la divulgación, pero en los presupuestos del 2012 se
produjo un notable recorte en este capítulo; y en el 2013, otro recorte
importantísimo que nos situó en el 1,3% del producto interior bruto; y en
el 2014 —y usted puede decir que en el ejercicio 2014 se destina
una partida considerable, y es verdad— no se llegan a compensar los
recortes de los últimos años. Desde este punto de vista, poca es su
credibilidad, porque son muchos los proyectos afectados por los recortes
presupuestarios que están aplicando.


A lo largo de la legislatura en Convergència i Unió siempre
hemos manifestado nuestro compromiso por la investigación y la
innovación, entendidas como instrumentos de crecimiento y de
competitividad. Proyectos como el CTA, objeto de esta moción, nos
ayudarán, evidentemente, a ser más competitivos, de ahí nuestro apoyo. Se
trata de aunar todos los esfuerzos que sean necesarios para conseguir que
el proyecto CTA en la isla de Tenerife pueda ser una realidad.


Pero, señor Alarcó, cuando desde un ámbito territorial se
presenten mociones, aunque no sean ideológicas, como dice usted,
atiéndanlas. Nosotros lo hacemos con esta moción porque creemos que
beneficia a Tenerife, así que hemos de colaborar, y deseamos la misma
consideración cuando otros grupos —nosotros lo hacemos
reiteradamente— presenten mociones, aunque ustedes, ya sea por los
objetivos de déficit o por los argumentos ya comentados, las rechacen
sistemáticamente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fuentes Curbelo.


El señor FUENTES CURBELO: Muchas gracias, señor
presidente.


Señor Alarcó, gracias por la alusión que ha hecho a mi
condición de senador por la isla de Fuerteventura, donde tuve la suerte
de nacer, pero no soy senador por esa isla. Fuerteventura tiene su
senadora en el Grupo Parlamentario Mixto y yo soy senador por toda la
Comunidad Autónoma de Canarias. Creo que es importante el matiz porque
estamos defendiendo un proyecto, no para mi isla, sino para nuestra
comunidad autónoma y, al fin y al cabo, para toda España.


Gracias por aceptar la nueva redacción del acuerdo que se
pretende en el Senado. Quiero confesarle que no me hubiera importado
retirar mi enmienda, convertirla en una transaccional e incluso
incorporar la enmienda del senador Quintero, que amplía nuestras
aspiraciones con otros telescopios que podrían instalarse también en
Canarias. Yo creo que este es uno de los asuntos en los que evidentemente
todos debemos remar en la misma dirección. Señor Alarcó, podemos
coincidir en que fue el Gobierno de Canarias a través de la Agencia
Canaria de Investigación, que forma parte del IAC, quien dio el primer
paso a la hora de ofrecer a la candidatura de Tenerife un paraguas
institucional e, incluso —y doy un dato preciso porque es
importante—, el 10% de la aportación española a través de la
Agencia Canaria de Investigación. En una respuesta escrita a la diputada
doña Ana Oramas en el Congreso, el Gobierno dice exactamente que apoya el
proyecto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Estas son palabras del
Gobierno para albergar dicha instalación en Tenerife y así —dice el
Gobierno— se lo han hecho saber a la presidenta del Resource Board
del Cherenkov Telescope Array, que es la Presidencia de este proyecto.
Son palabras del Gobierno las que habíamos puesto en la enmienda. No
obstante, aunque usted hubiera mantenido su texto y hubiera rechazado
nuestra enmienda, también lo habríamos apoyado, porque nosotros
consideramos que efectivamente estas no son cuestiones para una política
de vuelo raso o de regate en corto. El objetivo merece un esfuerzo de
generosidad por parte de todos. Por tanto, le agradezco que al fin y al
cabo hayamos convertido el acuerdo que se pretende en el Senado en una
transaccional. Asimismo quiero agradecer al resto de los grupos
parlamentarios el apoyo manifestado.


El Grupo Parlamentario Socialista sabe estar al lado del
Gobierno sin fisuras cuando se trata de asuntos de interés general, sin
sospecha de falta de implicación. Un apoyo que ciertamente no tuvimos
nosotros cuando, estando en el Gobierno, nos tocó traer ese otro
proyecto, el European Extremely Large Telescope, el telescopio europeo
extremadamente largo que finalmente se fue para Chile, donde, por cierto,
el Observatorio Europeo Austral tiene instalados prácticamente el 100% de
sus telescopios. En aquel caso sí era realmente complicado y difícil
hacerlo porque durante la última década este organismo, ESO, lleva
instalando todos sus telescopios en el









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hemisferio austral. Usted sabe que no hubo pasividad ni
desidia. Esa decisión la tomaron delegados de 14 países miembros de ese
observatorio respaldados y apoyados por la decisión de un comité
científico. No se trata de ningún apaño. Aun así, el telescopio
extremadamente largo sigue sin instalarse por diversos motivos y tendría
que haber estado en funcionamiento este año.


Pero independientemente de que ustedes siguen pensando que
en aquella ocasión se podría haber hecho algo mejor, como he leído
haciendo repaso de las hemerotecas, el Grupo Parlamentario Socialista va
a apoyar la candidatura de Tenerife para el telescopio Cherenkov, porque
eso constituiría el afianzamiento definitivo de todo el esfuerzo que se
está haciendo en astrofísica en España. Al fin y al cabo se trata de
recuperar el espíritu de la moción que presentó nuestro compañero, el
senador don Andrés Gil, que inexplicablemente fue rechazado por esta
Cámara, y ahí coincido con los portavoces del Grupo Vasco y de
Convergència i Unió cuando dicen que aquí se rechaza todo por sistema,
cuando lo que pedía el Grupo Parlamentario Socialista en aquella ocasión
era recuperar el ritmo que estábamos perdiendo, ya que hemos pasado de
aportar el 6% del total de lo que dan el conjunto de los países que están
en estos proyectos a solo el 1,4%; asimismo hemos pasado de participar en
15 programas de la Agencia Espacial Europea a solo 5, y del quinto puesto
en el ranking al duodécimo.


En el caso que nos ocupa el proyecto Cherenkov ya ha
superado algunas fases, como la de estudio y la preparatoria, y ahora
estamos en la fase decisoria sobre la ubicación para su posible
construcción. Dicho consorcio internacional invertirá alrededor de 4
millones de euros al año para el funcionamiento del telescopio Cherenkov
durante los próximos treinta años, por lo que la inversión externa que
llegaría a Canarias sería de más de 100 millones de euros en ese
período.


A mí me gustaría, señor Alarcó, que esta moción no se
convirtiera en un acuerdo más de esta Cámara y en papel mojado; este
acuerdo tiene que tener después un reflejo presupuestario. Si ustedes no
consiguen que el Gobierno incluya en los presupuestos de 2015 la parte
que le corresponde a España para participar en ese proyecto —en el
caso de que España tuviera posibilidades—, nosotros nos
comprometemos a presentar una enmienda para defender la participación
española en el proyecto Cherenkov. En su momento afirmé que el Gobierno
de Canarias ha comprometido su participación al 10%.


El pasado día 10 de abril los delegados de los gobiernos de
12 países que forman parte de ese consorcio, entre los que se encuentra
España, se reunieron para dar comienzo a las negociaciones que concluirán
con la elección del lugar donde se construirán los observatorios norte y
sur que conforman el proyecto. Los socialistas queremos que Canarias y
España formen parte de un proyecto enorme, de una gran ventana para mirar
el universo, una experiencia tecnológica importantísima que nos va a
permitir seguir trabajando al límite del conocimiento. El proyecto
Cherenkov significa multiplicar por 10 el alcance actual; es decir, vamos
a acercar 10 veces más las fuentes conocidas y nos vamos a acercar 10
veces más a nuevas fuentes que hasta ahora han sido insondables por su
lejanía.


En Canarias y en España ya somos los más avanzados en la
investigación de rayos gamma, gracias a esos 2 telescopios que he
comentado en mi primera intervención, los Magic, instalados en la isla de
La Palma. En Canarias tenemos, como se ha dicho, uno de los mejores
cielos del mundo, y por eso queremos seguir haciendo ciencia, queremos
seguir haciendo tecnología que, señorías, al fin y al cabo, significa
generar riqueza y generar empleo.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuentes
Curbelo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Alarcó.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


El señor PRESIDENTE: Senador Alarcó, tiene que entregar el
texto a los servicios de la Cámara para que lo registren.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Tenía usted razón, como siempre, de verdad, y lo digo
públicamente. (Risas). Yo asumo la responsabilidad de decir como siempre;
estoy hablando yo...


El señor PRESIDENTE: Nadie es perfecto, senador Alarcó.
(Risas).









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El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente. No quiero utilizar todo el tiempo en este tipo de
explicaciones.


Voy a intentar responder a todo lo que me han preguntado
mis compañeros. En primer lugar, muchas gracias a todos por el clima, por
el entendimiento, por el tono, a todos, sin excepción; y eso es
importante. Claro que uso la palabra consenso, yo la uso con mayúsculas,
y esto son consensos en la Cámara, y consensuar significa esfuerzo,
ceder, dar; en definitiva, en unos casos se puede y en otros no se puede.
Pero es evidente que en ciencia el consenso es imprescindible, y ahí hay
muy poco margen para la ideología, e intentar introducir ideología donde
no se puede es malo, no nos lo perdonarían los ciudadanos que nos han
votado y no nos lo perdonarían nuestros científicos, que son buenos, y
son muchos.


Con respecto al senador Domingo Fuentes Curbelo, tiene
usted razón; usted es senador autonómico, y le pido disculpas al
respecto. Es senador autonómico y Fuerteventura tiene concretamente una
senadora.


Usted ha dicho muchas cosas. En cuanto a su referencia al
E-ELT, el Telescopio Extremadamente Grande, que no se consiguió para
España y se fue para Chile, debo decirle que cuando lo planteamos
—y, por cierto, en el Senado lo aprobamos por unanimidad— le
dijimos al Gobierno de turno —y el presidente europeo fue el señor
Zapatero durante seis meses—, que, utilizando la Presidencia,
comunicara a Europa que era imprescindible instalar en España ese gran
telescopio. Decirlo tenía coste cero, pero hubiera tenido una repercusión
importante donde se tenía que decir, que era en la Comisión Europea, pero
no se dijo.


No es cuestión de recortes o no recortes. Es cuestión de
que haya o no haya ajustes. Usted no se puede gastar lo que no tiene. Y
debo decirle que en la anterior legislatura, la ministra Garmendia, con
quien tuvimos un trato muy fluido en esta Cámara —concretamente yo
también era portavoz de Innovación por el Grupo Popular—, dejó de
utilizar 1000 millones de euros. No es cuestión de tener dinero, sino de
gastarlo bien. Y no es cuestión de hacer ajustes o no, sino de que uno no
puede gastarse lo que no tiene. Pero si lo tiene y no se lo gasta, no
sirve absolutamente para nada.


Esta moción —que agradezco se apruebe por
unanimidad— deja muy claro que es un factor muy relevante a nivel
europeo, a nivel del ESO. Y hay unanimidad por parte de todas las fuerzas
políticas en pedir apoyo para que se instale aquí.


Me preguntaba por el presupuesto. Señoría, el presupuesto
vendrá cuando venga; no voy a obviar la pregunta. Pero este es un apoyo
decidido para que se instale en España. No es una cuestión regional. Se
instala en España, concretamente en Canarias, y es beneficioso para toda
España. Señoría, la ciencia no es territorial. Lo que estamos intentando
en Europa todos los europeos —y todos los que estamos aquí somos
europeos— es la libre circulación del conocimiento y el Espacio
Único Europeo de Investigación, eso que se llama la quinta libertad en
ciencia. Y eso es lo que se está consiguiendo. Por tanto, es muy
importante para España y, por ende, para Canarias, que tiene un gran
cielo astronómico español. Y también, por cierto, en Cataluña, senador
Alturo, influye directamente, primero, porque la ciencia es europea, la
ciencia es nacional, la ciencia también es catalana, con lo cual también
influye en industrias importantes en Cataluña, su comunidad autónoma,
aunque no queremos entrar en diatribas de ese estilo.


¿El momento? En octubre si tenemos la suerte; y estoy
convencido de que la habremos de tener, porque tenemos fundamento
científico. Es un compromiso real con presupuesto previsto. Hay un
compromiso del Gobierno. Si nos lo dan, inmediatamente tendrá que
acompañarse del presupuesto, del que le he enseñado un diagrama, que se
mueve del siguiente modo: entre 2014 y 2020 hay que gastar 200 millones
de euros —entre todos, porque también participan otros países:
Japón, etcétera—, y España tendrá que colaborar aproximadamente en
esa fase con unos 70 millones de euros —estoy hablando de
memoria—, que vendrán de comunidad autónoma, fondo Feder, Gobierno
nacional y de otros países; y a partir de 2020 hasta 2030, otros 250
millones de euros. Pero este es el momento de tener que ver los
compromisos económicos, y no dude usted de que, si lo conseguimos
—y es muy bueno para todos que nos lo den—, será así. Luego,
sí al consenso; sí, con mayúsculas. Y los consensos son los que son.


Senador Fuentes, en la anterior legislatura el Partido
Popular presentó en los últimos presupuestos más de 7000 propuestas de
modificación y no se aceptó ninguna. Pero yo no estoy en el discurso del
y tú más, y menos hablando de ciencia, porque este no es el tema. La
cuestión









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es la que estamos tratando: tenemos que conseguir que este
gran telescopio venga para España y, concretamente, se pueda instalar en
el mejor cielo astronómico.


Senador Alturo, ciertamente, la unidad de tiempo en
política es una legislatura, y esta legislatura no está a punto de acabar
ni ha terminado. Podrá ser más pequeña, quedará menos tiempo o también es
que nos queda menos vida porque vamos cumpliendo años, pero ese no es el
tema; la cuestión es que la unidad no la va a alterar nadie y hay que dar
tiempo al tiempo.


Por otra parte, nosotros estamos en contacto permanente con
el Astrofísico de Canarias, que es uno de los más destacados del mundo, y
mantenemos un diálogo fluido con su director, el señor Rebolo, así como
con el profesor Francisco Sánchez, que fue el inventor de la astronomía
moderna en nuestro país, el primer catedrático en la materia. Con él he
mantenido un diálogo fluido no solo por mis anteriores responsabilidades
como vicerrector de Infraestructura, sino también por la actividad
política y científica que desarrollamos. Y, en ese sentido, están
absolutamente identificados con lo que estamos haciendo, como no podría
ser de otra manera; si el Astrofísico, La Palma y Tenerife van a ser los
receptores, claro que estamos absolutamente en contacto con ellos.


Con respecto a la senadora Iparragirre, sí, estoy de
acuerdo y le digo lo mismo que al señor Alturo: muchas gracias por su
apoyo, estamos en eso y, por cierto, ya comenté con orgullo que tenemos
un valor muy importante que nos hace ser favoritos en ese sentido, que es
la industria que se ha desarrollado en nuestro país y concretamente en el
País Vasco, que es puntera en el mundo; el Telescopio Europeo
Extremadamente Grande que se está haciendo en Chile, que está teniendo
dificultades, necesita a nuestro país y a las industrias, a las 50
industrias que se han unido para hacer un consorcio y dar salida a
nuestro país, de las que un porcentaje muy importante son del País
Vasco.


En definitiva, agradecimientos a todos por su colaboración,
creo que estamos haciendo lo que nos corresponde, buscando unanimidad en
lo que significa la ciencia y no es nada oportuno intentar unir otro tipo
de peticiones —y me refiero a la petición del señor Quintero; él lo
sabe porque he hablado con él muchas veces— porque son un factor
disuasorio, que vendrán en su momento si a partir de octubre conseguimos
que se instale el gran telescopio de rayos gamma en España, concretamente
en Tenerife.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.


La propuesta de modificación transaccional ha sido
repartida a todos los grupos. ¿Puedo someterla a asentimiento o necesito
llamar a votación? (Pausa). ¿Están todos los grupos de acuerdo en que se
apruebe por asentimiento? (Asentimiento).


Queda aprobada por asentimiento. Muchas gracias.
(Aplausos).


9.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DIVERSAS MEDIDAS PARA LA MEJORA DEL SECTOR PORCINO.


(Núm. exp. 662/000148)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura al punto 9.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 3
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Socialista, otra del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y finalmente otra del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el senador Cotillas.


El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.


Subo a esta tribuna a defender en nombre del Grupo Popular
una moción que este grupo presenta a debate ante esta Cámara para instar
al Gobierno de España a seguir generando medidas, generando actuaciones
políticas y administrativas que permitan ayudar a la economía real en
nuestro país, a la economía productiva en el sector agroalimentario y muy
especialmente en este caso a la economía en el sector cárnico y en el
sector porcino.









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Hoy proponemos 4 actuaciones que pretenden lograr unas
mejores condiciones para ayudar a ganar más competitividad, para ayudar a
ganar una calidad aún mayor en las producciones agroalimentarias, para
lograr más apoyo a las exportaciones y una mayor rentabilidad con mayor
transparencia en el sector cárnico, en concreto en el sector porcino en
España.


Este sector productivo ha visto cómo en los años 2012 y
2013 se produce un ligero descenso en el número de animales sacrificados
en nuestro país, de 41 743 000 a 41 418 000; aunque este descenso se ha
producido, como digo, en los años 2012 y 2013, se mantiene por encima del
período 2008-2012. Ya en este año, en el período de enero a abril, se
está invirtiendo esa tendencia con un incremento del 2,5% en sacrificio
de animales, aunque el incremento en toneladas es inferior en un
1,2%.


Actualmente, España es el segundo país de la Unión Europea
en producción de carne de porcino, con un 17,5% del censo comunitario y
con un 15,7% de toneladas producidas; solo nos supera Alemania. A nivel
mundial, somos los cuartos productores, tras China, Estados Unidos y la
propia Alemania, como ya se comentaba.


El número de explotaciones porcinas registradas a diciembre
del año pasado es de 85 449, con un descenso del 14,2% en referencia al
año 2007 —año anterior a la crisis— y un 2% en ese mismo año
2013. Asistimos, por lo tanto, a un proceso continuo de concentración de
las explotaciones más pequeñas, lo que ayuda a ganar competitividad y
capacidad de negociación en la oferta del sector.


El sector del porcino es el más importante de nuestra
ganadería y el que contribuye, por tanto, en mayor medida en la renta de
nuestros ganaderos. Supone casi el 40% de la producción final ganadera y
más del 14% de la producción final agraria, con más de 6270 millones de
euros el año pasado frente a los 5528 millones de euros en el año 2011.
Este sector, además, contribuye a la generación de empleo en nuestro país
con unos 200 000 ocupados en las tareas propias de la producción de
ganado porcino. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).


Los datos de consumo en España en 2013 muestran una
estabilidad con respecto al año 2012 tanto en la carne fresca como en los
transformados, con un ligero descenso en los volúmenes y un ligero
aumento en el valor, tendencia que se mantiene en el período enero a
abril de este año en el producto fresco, pero que cae en el 3,2% en los
transformados. Este hecho y el hecho también de que el nivel de
autoabastecimiento de España de carne de porcino es muy elevado, el 151%,
convierten a las exportaciones en un elemento clave para el equilibrio
del mercado, para lograr una balanza positiva en el mercado.


Tras el descenso de las exportaciones españolas en el año
2013, España se posicionó como cuarto país mayor exportador de porcino de
la Unión Europea, tras Alemania, Dinamarca y Polonia. El 38% de las
exportaciones mundiales son y provienen de la Unión Europea. El año
pasado, el año 2013, nos ha mostrado un precio medio de la canal clase E
superior en un 11,4% al año precedente, al año 2012, y superior en un
11,3% al mercado alemán o en un 10,3% a la media de la Unión Europea.
Esto ha permitido compensar el coste de la alimentación y recuperar
margen de beneficio a los ganaderos productores. Este año 2014 se ha
iniciado de una manera irregular, con tendencia a la baja, y así, el mes
pasado, junio, se sitúa en 1,867 euros/kilo/canal, un 4,9% menos que en
2013, aunque sigue siendo un 7,3% superior a la media comunitaria.


El cierre de las fronteras rusas al porcino europeo y una
mayor producción en China a precios más bajos pueden explicar en parte
estos datos. En el lado de los costos, los datos de este año 2014 apuntan
a un descenso en el precio de las materias primas para alimentación y se
prevé que esa tendencia continuará y, por lo tanto, sucederá lo mismo que
ha ocurrido a lo largo del año 2013. Como les decía anteriormente,
señorías, tras el récord de exportaciones en el año 2012, con 1 408 000
toneladas y más de 3240 millones de euros, en el año 2013 hay un descenso
del 4% en volumen, con un incremento del 2,5% en valor, hasta los 3327
millones de euros. Retroceden las exportaciones a terceros países,
principalmente Rusia, que supone el 30% de nuestras exportaciones fuera
de la Unión Europea y que hasta entonces este era nuestro principal
receptor, y en cambio aumentan las que se producen a nivel
intracomunitario, así como en China, Hong Kong y Japón. En este inicio de
año vuelve a producirse una recuperación de las exportaciones, tanto en
volumen —con un 9,3% más— como en valor —con un 5,5%
más—, y aun así nos siguen penalizando las restricciones rusas,
creciendo en la Unión Europea las exportaciones, y también en Japón y
Corea del Sur.









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Señorías, en el programa electoral presentado a los
ciudadanos en el año 2011 por el Partido Popular decíamos que
promoveremos la innovación en la industria agroalimentaria para mejorar
las posibilidades comerciales del mercado doméstico y la exportación y
consolidar una estructura empresarial capaz de afrontar la complejidad
creciente de un negocio cada vez más globalizado. Y también, que
fomentaremos la internacionalización del sector agroalimentario español
mediante la promoción de su industria y el apoyo a la implantación de
nuestra gastronomía en el ámbito europeo e internacional.


A lo largo de la legislatura actual el Grupo Popular ha
traído a esta Cámara, entre otras, las siguientes iniciativas: una moción
relativa a la adopción de determinadas medidas para la promoción y
conservación de las razas autóctonas del patrimonio ganadero español; una
moción para la adopción de determinadas medidas en relación con los
precios de los alimentos y el sector agrario y ganadero; y una moción
para la adopción de determinadas medidas a favor del sector cárnico
español. En todas ellas hacíamos referencia también al sector del
porcino.


Garantizada la más importante aportación de la Unión
Europea a las rentas de nuestros agricultores y ganaderos a través de los
fondos de la política agraria común para el período 2014-2020, el Grupo
Popular y el Gobierno de España seguimos trabajando junto a los
agricultores, los ganaderos, sus representantes en organizaciones
agrarias y sectoriales y la industria agroalimentaria y las cooperativas
para impulsar las condiciones legislativas, administrativas y políticas
más óptimas para que las inversiones, el trabajo y los esfuerzos de
nuestros agricultores y ganaderos obtengan el mejor fruto en forma de
renta y generación de oportunidades al empleo. Trabajamos para hacer más
competitivas las explotaciones agrarias y ganaderas y la producción en la
industria agroalimentaria. Impulsamos y colaboramos en la adopción de
actuaciones basadas en la investigación, la innovación y la modernización
de todos los sectores agroalimentarios. Nos esmeramos en mejorar la
calidad de las producciones agroalimentarias y su control sanitario.
Propiciamos la salida al exterior para consolidar los mercados existentes
y ganar nuevos mercados para la producción industrial agroalimentaria
española con las mejores condiciones de seguridad y de rentabilidad. Y
hemos propiciado también una mayor trasparencia en la fijación de precios
y márgenes comerciales a lo largo de todo el proceso de negocio que se
produce desde el campo a la mesa, desde el productor al consumidor
final.


La moción que hoy traemos a debate continúa en esa línea
argumental de actuación del Grupo Popular en el Senado en apoyo a la
labor del Gobierno de España y, por tanto, en apoyo al trabajo y esfuerzo
de los agentes que actúan en el sector del porcino, en el caso de hoy, y
de manera muy especial a los ganaderos e industriales que generan
bienestar, empleo y oportunidades de vida en el mundo rural.


Por el alto grado de autoabastecimiento en el sector
porcino español, dependemos enormemente de la exportación. Por
consiguiente, es importante mantener la actividad exportadora como
estrategia sectorial de manera relevante de cara al consumidor europeo,
ya que, según estudios de la Comisión, para el período 2012-2020, aunque
disminuya ligeramente el consumo de carne de cerdo, seguirá siendo la más
consumida en Europa, un mercado difícil, exigente. Hemos de trabajar para
que nuestros ganaderos, empresarios porcinos, logren una mejora de la
eficiencia y la eficacia de sus explotaciones, de sus empresas. La
extraordinaria calidad de nuestro porcino debe conocerse más y mejor, al
igual que hay que señalar la necesidad de impulsar proyectos de
investigación que promuevan la innovación y la generación de empleo. Con
la implantación de tecnología moderna y la especialización de la mano de
obra se promueve la competitividad en el sector del porcino español, un
sector que ha sido siempre punta de lanza, pero en el que, como en todo,
hay que seguir avanzando, hay que seguir haciendo más. Nuestro país debe
ser capaz de competir en calidad y diferenciación, pero también en
eficiencia, tanto en los mercados interiores como internacionales.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone al
Senado una moción, cuyo texto es el siguiente: Primero, potenciar la
imagen del sector del porcino, así como la de la carne de cerdo y de sus
productos elaborados entre la sociedad española. Es necesario, a su vez,
un consumidor formado e informado que sepa valorar el esfuerzo productivo
que supone el modelo europeo de producción para nuestros ganaderos.


Segundo, promover las actividades de investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica en el sector del
porcino.









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Tercero, fomentar la comercialización de la carne de
porcino en el exterior, aprovechando el incremento de la demanda de
países emergentes, el cuidado que se presta al consumidor y la promoción
en los mercados exteriores.


Y cuarto, dotarse de la suficiente información
técnico-económica que sirva de herramienta para vigilar los costes de
producción y el margen de beneficio de nuestros productores de porcino y
permita evaluar y/o anticipar impactos y la toma de decisiones.


Por lo tanto, se trata de ayudar a la imagen del porcino en
el consumo interno; garantizar la calidad de la producción; también la
sanidad alimentaria; hacer posible que la investigación y la innovación
no sean solo palabras, sino hechos continuos en la industria
agroalimentaria; fomentar, como no puede ser de otra manera, el consumo,
la promoción exterior de un producto que es punta de lanza en nuestro
mercado exterior, en nuestras exportaciones; y, por último, hacerlo todo
cuidando al consumidor del siglo XXI y también al productor del siglo XXI
con absoluta transparencia, tanto en lo que respecta a la elaboración y
producción, como en el mercado, al igual que a la hora de la fijación de
los precios, márgenes y costos que se dan en ese mercado.


Espero contar con el apoyo de sus señorías.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría;
gracias, senador Cotillas.


Pasamos a la defensa de las enmiendas. Tiene la palabra,
por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador señor Arrufat.


El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente. Buenos
días.


Señor Cotillas, coincidimos totalmente en la importancia
socioeconómica del sector porcino en nuestro país, sobre todo en la
España rural, esa España en la que sufrimos una continua despoblación.
Efectivamente, está contribuyendo, como otras actividades, por ejemplo,
el ganado ovino, a fijar la población, dado que la actividad ganadera es
muy diferente a la agrícola, sobre todo la de secano, y exige a los
actores, en este caso a los ganaderos, permanecer en el lugar de
ubicación de las explotaciones.


Su señoría hacía referencia a las iniciativas presentadas
por ustedes. Le voy a recordar dos: una moción que presentaron en febrero
sobre el sector cárnico, y otra sobre la cadena alimentaria. En ambos
casos entendimos que solo se trataba de una declaración de intenciones,
puesto que no había voluntad de abordar un tema de gran calado, como es
la creación de empleo en territorios en que es necesario. Con lo cual,
sin lugar a dudas se trataba de un brindis al sol.


La propuesta que defendemos en la enmienda va encaminada a
fortalecer el sector porcino incrementando el valor añadido y creando
empleos en terrritorios con problemas de población. La primera parte se
refiere a apoyar con dotación presupuestaria la concentración de oferta y
la promoción de productos elaborados de carne de primera calidad. Nos
referimos a los productos de denominación de origen, productos de
dedicación geográfica protegida y productos de carnes de marca de
calidad, tanto en el mercado interior, como fundamentalmente en el
exterior. Con ello, ¿qué pretendemos? Potenciar el valor añadido, crear
riqueza y aumentar los puestos de trabajo.


Somos un país de alta tradición chacinera, y
—permítanme que lo diga— hay una provincia a la que tengo
especial cariño y a la que voy a hacer referencia, porque es la que nos
enseña a todos. Me refiero a Salamanca, la provincia de mayor tradición y
mayor calidad, lo que nos permite aprender y crear un valor añadido en
nuestra actividad, no solamente en las carnes de ibérico, como Guijuelo,
Dehesa de Extremadura, Serranía de Huelva o Pedroches, sino en las carnes
de cerdo blanco, como Jamón de Teruel y Paleta de Teruel, Jamón de
Trévelez y Jamón Serrano.


Una segunda parte se refiere a dotar presupuestariamente
las agrupaciones de defensa sanitaria. Señorías, el Partido Popular se ha
cargado en dos años los apoyos económicos a las ADS. Estas estructuras,
que son asociaciones de ganaderos, han sido fundamentales en este país
por muchos motivos, y luego hablaré del más importante; pero sobre todo
han creado una actitud de convivencia y entendimiento entre las
administraciones públicas autonómica y central, los ganaderos y los
técnicos veterinarios que están trabajando en el sector, una actitud que
ha permitido la transparencia y sobre todo la fortaleza del sector. Les
invito a que recuerden cómo estábamos años antes de entrar en la entonces
Comunidad Económica Europea —nunca mejor dicho lo de comunidad
económica— y después de entrar en ella, cuando teníamos
condicionantes comerciales por razones sanitarias. Con lo cual, volver a
la estructura y al apoyo de las









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agrupaciones de defensa sanitaria es fundamental en este
país, queramos o no entenderlo. Vimos que el ministro que desapareció de
tal ministerio se las cargó en los presupuestos, y entendemos que es un
error porque hay que seguir velando, previniendo y protegiendo, siempre
pensando en futuros mercados. Si queremos exportar debemos tener una
sanidad de primer orden; si no la tenemos difícilmente vamos a llegar a
los mercados, en los que defendemos tanto la carne fresca como los
elaborados.


Y para terminar permítanme resaltar un tema también muy
importante. Si queremos que un sector tenga fortaleza y esté posicionado
en el medio rural, no olvidemos los productos que traen consigo, como los
purines. Aunque esta cuestión se ha debatido en repetidas ocasiones, no
me voy a cansar de decirlo por enésima vez: es fundamental continuar con
el aprovechamiento de purines para la energía de cogeneración o con las
medidas transitorias sobre el transporte de purines de origen a destino
—sobre todo en origen si hay zonas vulnerables— y tener
sensibilidad sobre este tema.


Por lo tanto, como decía al principio, nuestro grupo cree
que con estas medidas se incrementa el valor añadido y se crea empleo en
territorios con dificultades de población.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría; gracias, senador Arrufat.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.


Senyores i senyors senadors, aquest és un debat a una moció
a la qual certament nosaltres hi hem presentat una esmena perquè ens
sembla, amb tot el respecte pel portaveu del Grup Popular, que no és
raonable parlar del sector porcí després dels conflictes, dels debats que
hem tingut en aquesta Cambra, per un problema molt greu, com ha estat i
com és encara avui, perquè no s’ha resolt, el tema de la gestió
dels purins. Puc entendre la intervenció que ha fet el senyor Cotillas,
però certament a nosaltres ens sembla que en aquest moment no podem
abordar una qüestió com és el sector del porcí sense ser capaços de donar
una solució i una alternativa a un problema que continua molt viu, que ha
fet i està fent pràcticament impossible la gestió de moltes explotacions
que en aquests moments no saben què fer amb el tema dels residus que
generen. Com deia vostè molt bé, senyor Cotillas, un sector porcí que és
un sector clau per a la nostra agricultura. Vostè ha explicat molt bé,
amb unes xifres que jo comparteixo plenament, la transcendència que té
aquest sector per a aquestes regions, però efectivament no podem oblidar
que en aquests moments aquest país no sap què fer-ne amb 7 milions de
tones de purins que van directes a contaminar els nostres aqüífers.
Catalunya, avui, després del succeït els anys noranta, encara té gairebé
el 30% o el 40% dels seus aqüífers subterranis contaminats, amb una sèrie
de problemes i una crisi ambiental de primer ordre en el seu moment; i
vostès, francament, s’han ventilat aquesta qüestió d’una
forma que a nosaltres no ens sembla en absolut rigorosa. Tot i les dades
aportades pel ministre d’Indústria, Energia i Turisme, no és
veritat segons cap dels sectors, que ho han expressat en premsa
d’una manera reiterada, que el tancament de les plantes respongui a
les xifres que ha donat el ministre Soria; és a dir, mentre uns parlen
d’un benefici del 3%, el ministre Soria diu que això queda en un
benefici del 7%, mentre que abans deia que en tenien el 15%. Per tant, el
ball de xifres és evident.


Ara no hi entrarem en aquest debat perquè no toca, però és
veritat que aquests 7 milions de tones de purins que en aquest moment no
es gestionen, o en tot cas la solució que se’ls ha donat de
transportar aquests purins a unes distàncies molt àmplies, no és
sostenible per al sector. Per això, espero que accepti la nostra esmena
en aquesta moció, ja que efectivament és molt difícil centrar-se en el
debat —segurament l’hem de fer i jo procuraré també en la
meva intervenció en el torn de portaveus fer-ho—, però efectivament
no tindria sentit parlar dels problemes que tenim amb l’exportació
i amb qüestions com l’ibèric quan tenim en aquest moment 3000
explotacions que estan en risc de tancar perquè no saben què fer amb els
seus purins.


Vostè a això no li ha dedicat ni una paraula. Crec que tots
els grups hem presentat esmenes en aquest sentit, i això també ens dona
un argument molt potent per dir-li que ho acceptin, que dialoguem, parlem
i veiem quina és l’alternativa per tots aquests problemes que tenen
a veure









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amb una decisió aliena al sector i pressa pel Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme i que, per tant, arribem a algun
acord.


Segurament alguna solució hi ha a aquest problema,
segurament haver raonat en el temps una solució per veure si les
concentracions que en aquests moments tenim de granges de porcs en
determinats territoris és positiva o no, si hem d’obrir un temps
perquè aquest mapa de les nostres explotacions canviï. En tot cas, és
evident que —insisteixo— no podem abordar aquest debat sense
tenir en compte el principal problema del sector en aquests moments, que
és la gestió dels purins.


Per tant, li demanaria que pogués acceptar la nostra o
alguna de les esmenes que es presenten en aquesta línia per poder llençar
un missatge a un sector que en aquest moment està, i ha estat durant tots
aquests mesos, molt preocupat i que encara avui no té cap solució per al
seu problema principal.


Gràcies.


Gracias, señor presidente.


Señoras y señores senadores, hemos presentado una enmienda
a esta moción, porque, con todos los respetos hacia el portavoz del Grupo
Popular, no nos parece razonable hablar del sector porcino tras los
conflictos y debates que hemos tenido en esta Cámara por un problema tan
grave como ha sido y es, porque todavía no se ha resuelto, el de la
gestión de los purines. Puedo entender la intervención realizada por el
senador Cotillas, pero creemos que en estos momentos no podemos abordar
la cuestión del sector del porcino sin ser capaces de dar una solución y
una alternativa a un problema que continúa muy vivo, que ha hecho y está
haciendo prácticamente imposible la gestión de muchas explotaciones, que
en estos momentos no saben qué hacer con el residuo que generan. Como
usted muy bien decía, señor Cotillas, se trata de un sector clave para
nuestra agricultura. Usted ha explicado muy bien, con unas cifras que
comparto plenamente, la trascendencia de este sector para estas regiones,
pero no podemos olvidar que actualmente en este país no se sabe qué hacer
con 7 millones de toneladas de purines, que van directas a contaminar
nuestros acuíferos. Tras lo que sucedió en los años noventa, Cataluña
todavía tiene entre el 30% y el 40% de los acuíferos subterráneos
contaminados, con una serie de problemas y una crisis ambiental de primer
orden en su momento; y, francamente, ustedes se han ventilado esta
cuestión de una forma que no nos parece nada rigurosa. En este sentido,
ninguno de los sectores ha expresado en prensa de forma reiterada que el
cierre de las plantas responda a las cifras que ha dado el dado el
ministro Soria; es decir, que mientras unos hablan de un beneficio del
3%, el ministro Soria dirá que esto queda en un beneficio del 17% y decía
que ya tenían el 15%. Por tanto, el baile de cifras es evidente.


No vamos a entrar ahora en este debate porque no toca, pero
lo cierto es que la solución que se ha dado, consistente en transportar a
distancias muy amplias esos 7 millones de toneladas de purines que en
este momento no se gestionan, no es sostenible para el sector. En
consecuencia, espero que acepten nuestra enmienda a esta moción porque,
efectivamente, es muy difícil centrarse en el debate —seguramente
haya que hacerlo, y en mi intervención en el turno de portavoces lo
procuraré— ya que no tendría sentido hablar de los problemas de la
exportación y del ibérico cuando en este momento tenemos 3000
explotaciones en riesgo de cierre porque no saben qué hacer con sus
purines.


Usted no ha dedicado a esto ni una palabra, a pesar de que
todos los grupos hemos presentado enmiendas en este sentido, y eso
también nos da un argumento muy potente para pedirle que dialoguemos, que
hablemos y veamos cuál es la alternativa para llegar a un acuerdo en
relación con todos estos problemas, que están relacionados con una
decisión que afecta al sector y que ha tomado el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.


Seguramente exista alguna solución a este problema, y sería
conveniente razonar una solución para ver si las concentraciones de
granjas de cerdos en determinados territorios es o no positiva, o si
debemos abrir un debate para que cambie este mapa de nuestras
explotaciones. En todo caso, es evidente que no podemos abordar este
debate sin tener en cuenta el principal problema del sector en este
momento, que es la gestión de los purines.









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Por lo tanto, he de pedirle que acepte alguna de las
enmiendas que se han presentado en esta línea para lanzar un mensaje a un
sector que está y ha estado muy preocupado durante estos meses y que
todavía no cuenta con ninguna solución para su problema principal.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Plana.


El señor PLANA FARRAN: Gràcies, senyor president.


El Grup de Convergència i Unió voldríem, en primer lloc,
que aquesta moció, presentada pel Grup Popular, i que no neguem pas que
tingui la seva part positiva, hagués tingut també associada una dotació
pressupostària per fer aquests plans.


Aquest és un element essencial, perquè aquí podem fer
brindis al sol, podem explicar que es vol estar al costat del sector, que
es volen fer diferents actuacions o que s’insti al Govern perquè
faci diferents actuacions, però a l’hora de la veritat no hi ha cap
tipus d’actuació que sigui tangible.


És per això que les esmenes que s’han presentat van
en aquesta línia, però no únicament i exclusiva en unes qüestions que
poden ser crítiques i que ja n’hem parlat aquí. Aquest mateix
senador va fer una interpel·lació al ministre Soria i després va fer una
moció conseqüència d’interpel·lació que no va tirar endavant, i els
únics que van votar en contra de la qüestió de la gestió de purins, que
és un element crític juntament amb l’abastament de matèries
primeres, van ser els membres del Partit Popular. Per tant, sí que hi ha
una certa uniformitat per part de totes les altres forces amb què no
s’està tractant de la forma més adequada possible un element crític
com és la gestió dels excedents de purins. Aquí, amb aquesta moció que
vostès presenten, tenien una oportunitat magnífica per incloure-ho, per
intentar trobar algun punt d’acord entre les diferents parts que es
troben afectades, siguin productors, siguin les plantes de tractaments de
purins, siguin les administracions autonòmiques —que al final se
n’hauran de fer càrrec— i l’Administració estatal. I li
dic això perquè, entre d’altres coses, parlaré de Catalunya i li
diré que el 70% del cens estatal porcí es troba a Catalunya, i el 30% de
les exportacions surten de Catalunya. Aquestes exportacions estan
d’alguna manera molt forta aportant aquest valor afegit tant al que
és el PIB com el que és al manteniment del sector agroindustrial. I és
per això que sí que li diem que tenim un pla, en aquest cas, des del
Govern de la Generalitat i des de la representació que jo tinc com a
senador d’una província que està totalment afectada per les mesures
preses en aquest cas per part del ministre Soria, induït pel ministre
d’Hisenda degut a les retallades que va haver de demanar. I el que
li demanem, doncs, és això; en primer lloc, la millora de la dotació
econòmica de les ajudes estatals destinades a potenciar, conjuntament amb
les comunitats autònomes, això que sí que volen fer vostès, que és posar
en valor el sector porcí —ja hi estem d’acord—. En
segon lloc, un element fonamental és que hi hagi un increment de partida
pressupostària per a la investigació, el desenvolupament i la
transferència des dels centres d’investigació cap al sector privat.
Aquesta convivència adaptable entre el sector públic, la iniciativa
privada i els centres d’investigació, que poden ser perfectament
diferents centres com universitats.


Després també demanem que hi hagi un suport financer a les
comunitats autònomes pel que fa al foment de comercialització de la carn
de porcí i l’element clau i fonamental que li he comentat: un
tractament crític, que és que es doni solució a l’excés dels purins
a les zones que estan taxades com a vulnerables. Hi ha zones concretes,
com poden ser —ja li vaig exposar aquí al ministre Soria i els hi
torno a exposar— com és la vall de l’Ebre. Fixi’s
vostè, de les 600 granges que es veuran afectades per l’ordre
ministerial que fa poc es va publicar per part del Govern del Partit
Popular, 400 i escaig es troben a Catalunya. No vull dir que hagi estat
una normativa per anar en contra de ningú, en contra de cap territori,
però sí que li vull dir, per una qüestió numèrica, que té una afectació
concreta en una zona determinada i això és Catalunya i Aragó. I vostès
tenen l’obligació, ja que tenen la possibilitat de regular i han
regulat aquesta normativa, tenen l’obligació de donar una solució,
perquè evidentment des de les administracions autonòmiques es dona o
s’intenta posar les mesures per poder donar aquest tipus de solució
a uns purins, a uns excedents que, si no es fa una gestió adequada,
després vindran des de la Unió Europea i ens sancionarà i sancionarà
l’Estat espanyol. Però tenen l’obligació de donar una solució
i de parlar amb tots els actors que estan relacionats amb aquesta
situació, amb aquest excés de purins, amb aquesta problemàtica que ens
afecta, i molt, a unes zones concretes com poden ser Catalunya, com poden









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ser Aragó, així com altres comunitats autònomes però no amb
un nivell d’intensitat tan fort com el que tenim nosaltres.


Per tant, espero que siguin coherents i que vulguin
acceptar les esmenes que ha presentat aquest grup per mitjà
d’aquest senador.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


En primer lugar, el Grupo Convergència i Unió quiere dejar
constancia de que no niega que la moción presentada por el Grupo Popular
tenga su parte positiva, pero hubiera sido deseable que hubiera llevado
asociada una dotación presupuestaria para esos planes.


Este es un elemento esencial, porque aquí podemos hacer
brindis al sol, podemos explicar que queremos estar al lado del sector,
que queremos realizar distintas actuaciones o que se inste al Gobierno a
que las realice, pero a la hora de la verdad no hay ningún tipo de
actuación que sea tangible.


Y la enmienda que hemos presentado va en esta línea, pero
no única y exclusivamente en relación con unas cuestiones que puedan ser
críticas, y de las que ya se ha hablado aquí. En este mismo sentido, este
senador presentó una interpelación al ministro Soria y después, una
moción consecuencia de interpelación que no salió adelante y a la que
votaron en contra únicamente los miembros del Partido Popular, sobre la
gestión de purines, que es un elemento crítico junto con la consecución
de las materias primas. Por lo tanto, sí existe cierta uniformidad por
parte del resto de los grupos en que no se está tratando de la forma más
adecuada posible un elemento crítico, como es la gestión de los
excedentes de purines. Y en la moción que ustedes presentan tenían una
oportunidad magnífica para incluirlo, para intentar encontrar algún punto
de acuerdo entre las distintas partes afectadas, sean productores, sean
las plantas de tratamiento de purines, sean las administraciones
autonómicas —que al final deberán hacerse cargo de ello— y la
Administración estatal. Se lo digo, porque, entre otras cosas, el 70% del
censo estatal porcino se encuentra en Cataluña, y el 30% de las
exportaciones sale también de Cataluña. Las exportaciones están siendo
muy fuertes y aportan ese valor añadido, tanto al PIB como al
mantenimiento del sector agroindustrial. Y desde el Gobierno de la
Generalitat, y desde mi representación como senador de una provincia que
está totalmente afectada por las medidas adoptadas por parte del ministro
Soria, inducido por el ministro de Hacienda debido a los recortes que
tuvo que pedir, les decimos que tenemos un plan. Y lo que le solicitamos
es la mejora de la dotación económica de las ayudas estatales destinadas
a potenciar y poner en valor, conjuntamente con las comunidades
autónomas, el sector porcino —estamos de acuerdo con ello—.
Otro elemento fundamental es que exista un incremento de la partida
presupuestaria para la I+D+i y la transferencia desde los centros de
investigación hacia el sector privado. Esta convivencia debe ser
adaptable entre el sector público, la iniciativa privada y los centros de
investigación, que pueden ser tanto distintos centros como las
universidades.


También pedimos un apoyo financiero a las comunidades
autónomas para el fomento de la comercialización de la carne de porcino.
Y solicitamos algo clave y fundamental que ya he comentado, que se dé
solución al exceso de purines en las zonas que están tasadas como
vulnerables. Porque existen zonas concretas —ya se lo expuse aquí
al ministro Soria y lo vuelvo a decir—, como el valle del Ebro.
Fíjese, de las 600 granjas que se verán afectadas por la orden
ministerial que hace poco se publicó por parte del Gobierno del Partido
Popular, más de 400 se encuentran en Cataluña. No quiero decir con esto
que haya sido una norma en contra de nadie, en contra de ningún
territorio, pero, por una cuestión numérica, eso tiene una afectación
concreta en una zona determinada, como Cataluña y Aragón. Y puesto que
ustedes tienen la posibilidad de regular, y de hecho han regulado esta
normativa, tienen la obligación de dar una solución, porque desde las
administraciones autonómicas se intentan poner medidas para dar una
solución a unos excedentes de purines, y si no se realiza una gestión
adecuada vendrán estas normas de la Unión Europea y sancionarán al Estado
español. Pero ustedes, repito, tienen obligación de dar una solución y
hablar con todos los actores relacionados con este exceso de purines, con
esta problemática que nos afecta, y mucho, a unas zonas concretas, como
Cataluña y Aragón, así como a otras comunidades autónomas, pero no en un
nivel de intensidad tan fuerte como el que tenemos nosotros.









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Por lo tanto, espero que sean coherentes y que quieran
aceptar la enmienda que ha presentado este grupo a través de este
senador.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.


Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si
acepta o no las enmiendas presentadas.


El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo simplemente para decir que no podemos aceptar
las enmiendas presentadas por los tres grupos. Entendemos la intención de
cada uno de ellos y la posición, siempre agradable, de promover una mayor
dotación presupuestaria para todo, pero a este grupo le corresponde
gestionar con el Gobierno una situación económica, que es la que es, que
nos obliga a mantener la estabilidad presupuestaria, a reducir el déficit
y, por lo tanto, que nos obliga a priorizar en el gasto. Me gustaría que
concretasen siempre mucho más esas peticiones de aportación económica y
que lo hiciesen con lógica presupuestaria, diciendo de dónde sale el
dinero que piden y, por lo tanto, a qué otros sectores o partidas del
ministerio aplicarían ustedes la reducción oportuna, en un ministerio que
ha hecho un ajuste importante en sus propios gastos.


Y en cuanto a las enmiendas relacionadas con el sector de
los purines, es evidente. Hubo una interpelación presentada por CiU al
ministro señor Soria que dio lugar a una moción, que fue debatida. El
Grupo Popular manifestó en aquel momento su posición —muy
recientemente—, por lo que no hay nada nuevo que aportar a ese
posicionamiento de nuestro grupo. Eso sí, quiero decirles que el
Ministerio de Agricultura se ha reunido en tres ocasiones con las
comunidades autónomas en una comisión de trabajo, porque esto no solo
afecta a Cataluña, senador Plana; también en mi región hay una provincia
muy afectada por este sistema y eso también ocurre en muchas otras
regiones. Y la voluntad del Ministerio de Agricultura que se ha planteado
en esas reuniones es muy clara: apoyar medidas en el corto plazo; pero,
eso sí, las comunidades autónomas tienen que asumir su responsabilidad en
el medio y en el largo. Y a eso les emplazo a ustedes, a que si en
Cataluña es tan importante ese problema, sea la Generalitat catalana la
que adopte las medidas a medio y a largo plazo, como le corresponde y le
están pidiendo en el sector.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


¿Turno en contra? (Pausa).


No hay turno en contra.


Pasamos, por tanto, al turno de portavoces.


¿Por parte del Grupo Parlamentario Mixto?
(Denegaciones).


No hace uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna.


Señorías, no sé si podemos decir que esta moción es
oportuna o no, pero lo que sí creo es que es oportunista, y además de
cupo, porque coincide prácticamente con la última asamblea de la
Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino. Y esta
coincidencia podría haber sido una fortaleza y una gran oportunidad para
presentar una iniciativa parlamentaria como la presente, pero ocupándose
de forma realista y completa de todo lo que preocupa y debería preocupar
al sector y también al Gobierno, al menos en lo que le compete. Podría
haber sido una iniciativa que contemplara y no obviara la distribución
competencial de la agricultura y de la ganadería en el Estado, una
iniciativa que, como han dicho todos los portavoces que me han precedido,
incluyera y buscara soluciones a problemas ya mencionados y a otros a los
que esta misma Cámara, ante iniciativas de otros grupos, por supuesto ha
dicho no con los votos únicos del Grupo Parlamentario Popular; sin ir más
lejos, hace escasas semanas, en una moción consecuencia de interpelación
sobre el tema de la gestión de los purines, a iniciativa del grupo
catalán.


En fin, de nuevo esta es otra gran oportunidad para incluir
en la moción original las aportaciones que han hecho los grupos
enmendantes, que parecen lógicas y razonables; pero no va a ser así y,
sinceramente, lo sentimos. Y no es que en el País Vasco haya un gran
sector porcino, pero









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creemos que este se merece algo más que esas buenas
palabras. Y como ha comentado en euskera mi compañera la senadora
Iparragirre en la moción anterior, aunque ella lo ha dicho en euskera y
yo lo voy a hacer en castellano, el presidente de mi partido ha dicho en
un desayuno hoy aquí, en Madrid, que el Gobierno español, el Gobierno del
Partido Popular cumple a la perfección lo que dice una vieja sentencia
vasca: ni una mala palabra ni una buena acción. Esto es aplicable sin
duda al Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara. Muchas buenas
palabras, pero muy escasa, sino nula, aceptación de aportaciones y
consensos.


En fin, resumiendo, señorías, el Grupo Vasco no puede
apoyar este texto, meramente testimonial, que no aporta casi nada nuevo y
obvia la realidad política y competencial del Estado español.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.


Senyories, efectivament ja sabem que les nostres esmenes no
seran acceptades. Estem, doncs, com deia el senador Cazalis, davant
d’una moció oportunista, perquè com altres que hem vist ve a donar
un missatge a un sector, un missatge, diguem-ho així, tranquil·litzador,
però en definitiva una d’aquests mocions neutres que manifesten una
bona voluntat únicament en paraules i que està mancada de tota capacitat
d’acció i de tota capacitat de manifesta voluntat de canviar allò
que realment avui és un problema per a aquest sector que, ho hem
explicat, crec que condiciona d’una forma molt directa el
sector.


El senyor Cotillas deia aquí que hem de potenciar la imatge
del sector porcí, però s’estan generant en aquest moment conflictes
de caire social, perquè efectivament el purí és un residu que genera
olors, que genera problemes ambientals greus i que els consumidors saben
perquè pateixen aquests efectes d’una manera directa. Això doncs,
senyor Cotillas, afecta o no afecta a la imatge del sector? Jo crec que
sí, que l’afecta d’una forma molt directa i que és un
problema molt greu, no només per al senyor que té la granja, que té
l’explotació i que hem dit que està patint en aquest moment un
problema molt seriós perquè no sap què fer amb els dipòsits que té
absolutament plens a vessar i que ja no pot gestionar de cap manera sense
incomplir la normativa de la Unió Europea i, per tant, com està succeint
en algun lloc, ser sancionat pel Seprona.


És a dir, aquest és un problema real, és un problema
tangible. Vostè diu que això ja ho hem debatut i com tenim la majoria
absoluta ja s’ha acabat el problema. No, el problema continua,
vostès, amb el seu dit, amb la seva votació, no tenen la capacitat de
canviar les coses, la realitat és la que és, i malgrat que vostès votin
no, malgrat neguin la veritat, la veritat continua allà i nosaltres, és
veritat, ens cansem d’explicar-la i serveix de poc, perquè vostès
no escolten.


He viscut el debat anterior que hi ha hagut, en què el
portaveu del Partit Popular reclamava, jo crec que amb raó, que es
tractava d’una moció objectiva, una moció que reclamava
l’I+D, la ciència, etcètera i que, per tant, això no és política;
jo els podria dir el mateix ara. Crec que nosaltres en aquest moment no
estem parlant de política; estem parlant de purins, estem parlant
d’un problema del país i l’únic que demanem és que ho
arreglem; vostès estan al Govern, busquem una solució transitòria. Si
volen, fins i tot, i mirin que jo he estat crític amb el ministre Soria,
he estat molt crític amb això, amb la cogeneració i amb els purins, però
donem-li la raó, posem-nos en el paper del ministre i donem-li la raó i
diem escolti no, la solució no és aquesta. Bé, tenen la possibilitat
d’obrir un període transitori, de dir això, que sàpiguen vostès que
progressivament, en un termini de dos o de tres anys, aquest escenari
canvia i el que avui hem tingut com a regla de joc canviarà i es situarà
en aquesta posició.


Per tant, senyors que gestionen les plantes de purins,
ramaders, vagin adaptant les seves explotacions a una nova normativa que
els obligarà a estar en unes altres condicions i, per tant, en aquest
termini vostès facin els canvis que convinguin i amb comunitats autònomes
i Administració General de l’Estat nosaltres pactarem de quina
manera ajudem i fem possibles aquests canvis. Però res de tot això,
vostès han canviat les regles del joc a meitat de la partida, les
empreses han tancat, les transformadores d’aquests purins estan en
aquests moments parades amb unes pèrdues importantíssimes i moltes
d’elles encara no havien finançat els costos de les instal·lacions.









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Vostè ens diu que això ja és un problema passat, doncs no
ho és, aquest és un problema molt real, com se n’ocupen de dir cada
dia als mitjans de comunicació els ramaders d’aquest país.


Francament penso —i ara ho ha dit el senyor
Cazalis— que aquest joc no és estimulant, ni per la política ni és
estimulant pels ciutadans, ni ens dona prestigi ni crec que ens ajudi a
posar el nostre paper a la societat en el lloc que ens correspon. I per
tant, facin algun gest algun dia, amb un problema real del país, que és
tangible, que no ens l’estem inventant nosaltres, facin un gest per
dir, volem dialogar, volem arreglar aquesta qüestió, i no només la volem
tapar o cobrir amb una tapa de vernís, de pura literatura, en què
nosaltres intentem quedar bé i únicament i exclusiva ens dediquem a fer
coses absolutament neutres i que serveixen per ser llegides en jocs
florals, en aquest cas diguem-ne d’odes a l’alimentació.


Per tant, mirin, jo no parlaré de res més. És veritat que
volia parlar també de tot el tema del mercat amb Rússia, volia parlar
dels problemes de la innovació, però és que em sembla que francament no
val la pena. Si davant d’un tema com aquest, amb un problema greu
com el que tenen les explotacions del porcí en aquest moment, nosaltres
l’únic que fem és aixecar cortines de fum i negar-nos a parlar de
la realitat que en aquest moment està preocupant i té entre
l’espasa i la paret a un sector tant important. Estic absolutament
d’acord que és un sector vital per la nostra agricultura, que ha
demostrat que ha estat capaç d’innovar. El senador Manel Plana ho
ha dit molt bé, cal visitar el grup sanitari del porcí, a Lleida, per
veure quin nivell d’innovació i de capacitat ha demostrat el sector
per ser competitiu i distribuir absolutament totes les parts del porc
col·locant-les a mercats diferents en el conjunt del món, i resulta que
aquest mercat i aquest sector, que és un sector punter, que és un sector
absolutament capdavanter de la nostra agroalimentació, resulta que
s’ha d’enfrontar a aquelles normatives del Govern que es fan
sense pensar que, d’una forma molt directa i molt greu afecten a la
competitivitat i a l’esforç que ha fet tot aquest sector per ser
competitiu i per ser el que és avui. Francament, és que no hi ha res més
a parlar.


Vostès han de reaccionar, han de rectificar, i han de ser
capaços d’entendre que la veritat no és la que vostès voten, la
veritat és la que té el país, a les explotacions, la que tenen els
ramaders, i aquesta és la que hem de canviar i, per tant, mentre vostès
no rectifiquin nosaltres no hi podrem fer res, i els adverteixo que la
meva sensació davant d’aquesta situació és d’absoluta
desolació; per tant, lamento una vegada més que no s’acceptin les
esmenes.


Gràcies, senyor president (Aplaudiments).


Gracias, señor presidente.


Señorías, efectivamente, ya sabemos que nuestras enmiendas
no van a ser aceptadas. El senador Cazalis decía que estamos ante una
moción oportunista porque, como algunos hemos visto, viene a dar un
mensaje tranquilizador a un sector, una de esas mociones neutras que
manifiestan buena voluntad pero a la que falta toda capacidad de acción
para cambiar aquello que hoy supone realmente un problema para este
sector al que, como hemos explicado, este hecho lo condiciona de una
forma muy directa.


El señor Cotillas decía que debemos potenciar la imagen del
sector porcino, pero en este momento se están generando conflictos de
tipo social porque el purín genera graves problemas ambientales y los
consumidores lo saben porque sufren sus efectos de forma directa. Por
tanto, señor Cotillas, ¿este hecho afecta o no a la imagen del sector? Yo
creo que sí, de forma muy directa, y es un problema muy grave, y no solo
para el señor que tiene una granja, una explotación, que no sabe qué
hacer con los depósitos que tiene absolutamente rebosantes y que no puede
gestionar sin incumplir la normativa de la Unión Europea, porque sabemos
que en algunas zonas ya han sido sancionados por el Seprona.


Por tanto, este es un problema real, tangible. Usted dice:
ya lo hemos debatido y como tenemos mayoría absoluta se ha terminado el
problema. Pero el problema persiste, ustedes, con su votación, no tienen
la capacidad de cambiar las cosas, la realidad es la que es, y a pesar de
que ustedes nieguen la verdad, la verdad sigue presente, nosotros nos
cansamos de explicarla pero sirve de poco porque ustedes no escuchan.


Yo he vivido el debate anterior en el que el portavoz del
Partido Popular decía, y creo que con razón, que es una moción objetiva,
una moción en la que se reclama I+D, ciencia, etcétera, y que, por tanto,
no es política; pues bien, yo les puedo decir lo mismo, en estos momentos
nosotros no hablamos de política, estamos hablando de purines, estamos
hablando de un problema de país y









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lo único que decimos es: arreglémoslo; ustedes están en el
Gobierno, busquemos una solución transitoria. Incluso vamos a dar la
razón al ministro Soria, y miren que he sido crítico con él en el tema de
los purines, vamos a ponernos en su papel y digamos que la solución no es
esta; pues bien, tenemos la posibilidad de abrir un periodo transitorio y
sepan ustedes que, progresivamente, en un plazo de dos o tres años, este
escenario cambiará, y las actuales reglas del juego les situarán en otra
posición.


Por tanto, señores que gestionan las plantas de purines,
ganaderos, vayan adaptando sus explotaciones a una nueva normativa que
les obligue a tener otras condiciones y realicen en ese plazo los cambios
que sean convenientes; nosotros pactaremos con las comunidades autónomas
y con la Administración General del Estado para ver de qué forma podemos
ayudar y hacer posible estos cambios. Pero nada de eso, ustedes han
cambiado las reglas del juego a mitad de la partida, las empresas han
cerrado, las transformadoras de los purines están paradas en estos
momentos, con unas pérdidas importantísimas, muchas de las cuales todavía
no han acabado de financiar los costes de sus instalaciones. Usted nos ha
dicho que es un problema pasado, pues no lo es, es un problema muy real,
del cual se ocupan a diario los medios de comunicación y los ganaderos de
este país.


Como ha dicho el senador Cazalis, este juego no es
estimulante, ni para la política ni para los ciudadanos, ni nos da
prestigio ni nos ayuda a poner a la sociedad en el lugar que le
corresponde. Por tanto, hagan algún gesto algún día, alguna vez, ante un
problema real y tangible que padece el país, que no nos estamos
inventando. Hagan un gesto para decir: queremos dialogar, queremos
arreglar esta cuestión, y no solo lo queremos tapar o cubrir con una capa
de barniz de pura literatura en la que intentamos quedar bien, y que
única y exclusivamente nos dedicamos a hacer cosas absolutamente neutras
que sirven para ser leídas en lugares forales alejados de la
alimentación.


No voy a añadir nada más. Quería hablar de todo lo
relacionado con Rusia, de los problemas de la innovación, pero es que,
francamente, no vale la pena. Si ante un tema como este, con el grave
problema que tienen las explotaciones de porcino en estos momentos, lo
único que hacemos es lanzar cortinas de humo y negarnos a hablar de la
realidad que actualmente nos preocupa y que tiene entre la espada y la
pared a un sector tan importante, francamente no hay nada más que hablar.
Estoy absolutamente de acuerdo en que es un sector vital para nuestra
agricultura, que ha demostrado que ha sido capaz de innovar. El senador
Manel Plana lo ha dicho muy bien, hay que visitar al grupo sanitario del
porcino, en Lleida, para ver qué grado de innovación y capacidad ha
demostrado el sector para ser competitivo y para distribuir todas las
partes del cerdo, colocándolo en distintos mercados en todo el mundo, y
ahora resulta que este mercado y este sector, que es puntero en nuestra
agroalimentación, se tiene que enfrentar a aquellas normativas del
Gobierno que se hacen sin pensar, de una forma muy directa y grave, que
afectan a la competitividad y al esfuerzo que ha realizado este sector
para ser competitivo y para ser el que es hoy en día.


Por tanto, ustedes deben reaccionar, deben rectificar y
tienen que entender que la verdad no es la que ustedes votan, la verdad
está en las explotaciones de los ganaderos del país, y esta es la que se
debe cambiar. Mientras ustedes no rectifiquen, nosotros no podremos hacer
nada y, francamente, les advierto que mi sensación ante esta situación es
de absoluta desolación; por tanto, lamento, una vez más, que no se
acepten las enmiendas.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.


El señor PLANA FARRAN: Senador Cotillas, le voy a leer una
noticia que aparecía en la página web del Partido Popular catalán, de 4
de abril de 2014, y dice lo siguiente: La presidenta del Partido Popular
catalán, Alicia Sánchez-Camacho, se ha comprometido hoy a ejercer de
interlocutora con el Gobierno de España para conseguir una moratoria
hasta 2015 para el cierre de las plantas de purinas; de hecho, la
presidenta del Partido Popular catalán ya había iniciado gestiones en esa
línea con los ministros de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y de
Industria, José Manuel Soria, aprovechando su presencia en Cataluña esta
semana.









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Suspesa, la senadora, suspesa, perquè hi havia un mandat
per part del Parlament de Catalunya, hi havia una demanda per part de tot
el sector porcí, en el qual hi havia organitzacions professionals
agràries, productors, transformadors i les plantes de purins, i no li han
fet cas. Però li donaré un altre argument, que sortia a la pàgina web, en
aquest cas, del Ministeri d’Agricultura, del Magrama. La Comisión
Europea acepta una excepción a la Directiva de nitratos para el periodo
2014-2017, refiriéndose a los Países Bajos. La exención, también llamada
derogación, implica que los agricultores, en este caso los ganaderos
holandeses, podrán usar 250 o 230 kilogramos en lugar de 170 kilos de
nitrógeno de estiércol por hectárea durante los años 2014 a 2017.


És a dir, la capacitat d’incidència i de negociació
que té l’Executiu dels Països Baixos, d’Holanda, és molt
superior a la que té en aquest cas la del Govern de l’Estat
espanyol. Poden anar a la pàgina web de Magrama, i això ho diuen. I
aquesta seria una solució màgica, factible, i acceptada per tots els
actors que es troben implicats amb el tema dels purins, des dels
productors fins aquells que tracten els excessos de purins.


Per tant, senyor Cotillas, sense cap tipus d’acritud,
sense cap tipus d’aixecament del to de veu, ans al contrari, amb
positivitat, li dono un exemple que en aquest cas la presidenta del
Partit Popular català també va intercedir al Govern de l’Estat
espanyol i no va aconseguir res, i després una solució que ha trobat, en
aquest cas, l’Executiu dels Països Baixos, d’Holanda, i que
aquí no s’ha portat a terme.


I retorno a l’argument que vostè em feia quan ens
demanava concreció de partides pressupostàries, d’on les trauríem i
on les aplicaríem. Això no ens correspon a nosaltres. Fins i tot li dic
que una certa valoració econòmica quan es volen establir segons quins
plans s’hauria de fer, i això li correspon al Govern de
l’Estat espanyol o, fins i tot vostès, com a grup polític que dona
suport al Govern de l’Estat espanyol, que els proposés que fessin
unes actuacions i que els demandés que hi ha unes certes necessitats, i
aquestes necessitats, tal com han exposat els senadors que m’han
precedit, són factibles, són palpables i són reals.


I després també li comentaré el principi de subsidiarietat,
és a dir, que aquelles administracions que estan més properes als
problemes són les que donen solucions. I en aquest cas la Generalitat de
Catalunya el que està fent és una actuació dirigida, entre d’altres
coses, perquè la dieta dels porcs tingui uns nitrats menys elevats, i
després l’aplicació d’uns xumets, que això també redueix el
nombre de dejeccions. I aquestes accions s’estan fent, i s’ha
demanat per part de tots els col·lectius que hi hagués una moratòria.
Perquè la pregunta del milió és: per què serveix l’Estat? Per
generar problemes i després per centrifugar les responsabilitats cap a
les altres administracions o per establir un marc regulador que sigui
favorable a que l’activitat privada, el procés de vertebració i el
procés de manteniment d’aquell projecte social que ha d’anar
acompanyat d’un projecte econòmic com són en aquest cas els
productors de porcí, puguin establir-se al medi rural? Perquè tots
nosaltres, totes aquelles persones que avui hem sortit a aquest faristol
o hem intervingut des de l’escó, estem perquè volem un territori
vertebrat i que hi hagi l’entorn rural el més adequat possible. Que
no hi hagi aquest procés de fugues de la gent del món rural cap al món de
la ciutat. Per tant, ja estem donant solucions, solucions que no serien
de molt calat econòmic.


A més a més, li diré que aquesta moció és parcial, perquè
no parla res del porc de capa blanca, que representa el 90% de la
producció. I això ho haurien de tenir en compte, i en totes aquelles
actuacions que van en aquesta línia s’haurien d’incloure i no
deixar de banda el porc de capa blanca. No em vull estendre més. Ja hem
parlat, també el senador Boya que m’ha precedit, d’aquells
problemes d’exportació, sobretot en un mercat tan dependent com
podem ser nosaltres ja que tenim el 145% de la producció o de cobertura
com pot ser el mercat rus. Se n’ha parlat, és necessari que es
fomenti l’exportació. Sense cap mena de dubte. És necessari que hi
hagi un procés de transformació i d’investigació, que hi hagi una
transferència de tecnologia del món de la investigació cap al sector
privat, per millorar la productivitat i per millorar el rendiment
econòmic, això sense cap mena de dubte. Hi ha hagut un increment. Fa vint
anys, des de l’Estat espanyol tan sols s’exportava la carn
del porcí a Andorra, ara s’està exportant a tot el món. Evidentment
que hi ha hagut millores, però ara, davant d’una situació com la
que ens trobem, davant d’una directiva europea que estableix uns
requisits que són inamovibles, el que els demanem és que tots aquests
excessos, totes aquestes situacions de tractament de purins —torno
a repetir i no vull fer-me









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pesat, al final em diran el chico de los purines— que
tot això es tracti de la millor manera possible, i això depèn únicament i
exclusiva de vostès, del Govern de l’Estat espanyol.


Li he donat una solució, que ha fet en aquest cas el Govern
dels Països Baixos, i l’insto que facin les gestions pertinents
perquè el Govern de l’Estat espanyol agafi consciència, a no ser
que aquestes actuacions, que aquestes maniobres, vagin a reduir la
producció del sector porcí. Però llavors diguin-ho clarament. Si vostès
han creat un marc normatiu en el qual s’estableix que la producció
és la que és i que és necessari, mitjançant els elements crítics
—li he dit, el tema del gra i el tema del tractament de les
dejeccions— i s’ha creat aquest escenari concret,
mantinguin-lo, o parlin d’una forma clara. Diguin, s’ha de
rebaixar la cabanya porcina. No facin fer treballs en de baldes a tots
aquells productors, a tota aquella gent que ha fet unes inversions, que
està aplicant la normativa europea, les directives de benestar animal,
les directives de transport d’animals, i que després a l’hora
de la veritat que es trobin, quan hi ha un marc normatiu que estableix
des de l’any 2007 que ha de tenir una vigència de 15 anys amb el
tema del tractament i de la cogeneració, que a meitat de partida es
canviï la normativa i fins i tot amb efectes retroactius, que serà la
mort de totes aquelles empreses que estaven fent aquesta activitat
relacionada amb un element crític com és el sector del porcí.


Jo no voldria estendre’m més, e intentat ser
propositiu, espero i desitjo que, aquí no em donaran la raó, però que
després no caiga en saco roto i que facin les actuacions pertinents.


Moltes gràcies.


La senadora, suspendida, porque había un mandato del
Parlamento de Cataluña y una demanda de todo el sector porcino, de las
organizaciones profesionales agrarias, productores, transformadores y de
las plantas de purines, y no les han hecho caso. Pero le daré otro
argumento que aparecía en la página web del Ministerio de Agricultura, y
es el siguiente: La Comisión Europea acepta una excepción a la Directiva
de nitratos para el periodo 2014-2017, refiriéndose a los Países Bajos.
La exención, también llamada derogación, implica que los agricultores, en
este caso los ganaderos holandeses, podrán usar 250 o 230 kilogramos en
lugar de 170 kilos de nitrógeno de estiércol por hectárea durante los
años 2014 a 2017.


Es decir, la capacidad de incidencia y de negociación que
tiene el Ejecutivo de los Países Bajos, de Holanda, es muy superior a la
que tiene en este caso el Gobierno del Estado español. Ustedes pueden ir
a la página web del Magrama. Esta sería una solución mágica, factible y
aceptada por todos los actores que se encuentran implicados en el tema de
los purines, desde los productores a aquellos que tratan los excesos de
estos residuos.


Señor Cotillas, sin ningún tipo de acritud, ni de subida de
tono de voz, sino, todo lo contrario, con positividad, le diré que la
presidenta del Partido Popular también intercedió con el Gobierno del
Estado español y no consiguió nada. Asimismo, el Ejecutivo de los Países
Bajos ha hallado una solución para este caso y aquí no se ha llevado a
cabo. Por ello, vuelvo a la cuestión que usted nos preguntaba cuando nos
pedía concreción de partidas presupuestarias, de dónde las sacaríamos y a
dónde las aplicaríamos. Esto no nos corresponde a nosotros. Incluso le
diré que cuando se quieren establecer, según qué planes, debería hacerse
una cierta valoración económica. Y esto le corresponde al Gobierno del
Estado español. Incluso ustedes, como grupo parlamentario que le da
apoyo, deberían proponerle que realizara algunas actuaciones, así como
demandarle que existen ciertas necesidades que, tal y como han expuesto
algunos senadores que me han precedido, son factibles, palpables y
reales.


También he de comentarle en relación con el principio de
subsidiariedad que aquellas administraciones que están más cercanas a los
problemas son las que deben darles solución. Y, en este caso, la
Generalitat de Cataluña lo que está haciendo es una actuación dirigida,
entre otras cosas, a que la dieta de los cerdos tenga unos nitratos menos
elevados, así como la aplicación de unos chupetes que reducen el número
de deyecciones. Estas actuaciones se están llevando a cabo y se ha
solicitado una moratoria por parte de todos los colectivos. Porque la
pregunta del millón es: ¿Para qué sirve el Estado? ¿Para generar
problemas y después centrifugar las responsabilidades hacia las otras
administraciones o para establecer un marco regulador que sea favorable a
que la actividad privada, el proceso de vertebración territorial y el
proceso de mantenimiento de aquel proyecto social que debe ir acompañado
de un proyecto económico como, en este caso, el de los productores de
porcino, puedan establecerse en el medio rural? Porque









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todos nosotros, todas aquellas personas que hoy hemos
salido a este facistol o hemos intervenido desde el escaño, queremos un
territorio vertebrado en el que haya un entorno rural lo más adecuado
posible. Que no exista este proceso de fugas de la gente del mundo rural
hacia el mundo de la ciudad. Por lo tanto, estamos aportando soluciones
que no serían de un excesivo calado económico.


Además, le diré que esta moción es parcial. Porque no habla
nada del cerdo de cuerpo blanco que representa el 90% de la producción. Y
esto debería tenerse en cuenta para todas aquellas actuaciones que vayan
en esta línea. No quiero extenderme más. El senador Boya, que me ha
precedido, también ha hablado de estos problemas de exportación, sobre
todo, en un mercado como el nuestro, en el que tenemos el 145% de la
producción de cobertura y como ocurre en el mercado ruso. Se ha hablado
de ello. Es necesario que se fomente la exportación. Sin duda. Es
necesario que exista un proceso de transformación y de investigación, una
transferencia de tecnología del mundo de la investigación hacia el sector
privado para mejorar la productividad y la rentabilidad económica. Y ha
habido incrementos. Hace 20 años el Estado español solo exportaba la
carne de cerdo a Andorra, ahora se está exportando porcino a todo el
mundo. Evidentemente, ha habido mejoras pero ahora, ante una situación
como la que nos encontramos, ante una directiva europea que establece
unos requisitos que son inamovibles, le solicitamos que todos estos
excesos y la situación en el tratamiento de los purines —lo reitero
y no quiero hacerme pesado, que al final me llamarán el chico de los
purines— se trate de la mejor forma posible, y esto depende única y
exclusivamente de ustedes, del Gobierno del Estado español.


Les he aportado una solución: lo que ha hecho en este caso
el Gobierno de los Países Bajos, así que le insto a que haga las
gestiones pertinentes para que el Gobierno del Estado español sea
consciente de ello, a no ser que estas actuaciones y maniobras vayan en
la línea de reducir la producción del sector porcino. Pero entonces
díganlo claramente. Si ustedes han creado un marco normativo en el que se
establece que la producción es la que es y que es necesario, mediante
elementos críticos —y le he citado temas como el del grano o el
tratamiento de las deyecciones—, este escenario concreto,
manténganlo o hablen de forma clara. Digan si se debe rebajar la cabaña
porcina, pero no hagan trabajar en balde a todos aquellos productores y
personas que han hecho unas inversiones y que están aplicando la
directiva europea y las directivas sobre bienestar y transporte animal,
porque después, a la hora de la verdad, van a encontrarse que el marco
normativo que existe desde el año 2007 —y debe tener una vigencia
de 15 años en cuanto al trato y la cogeneración— se cambia a mitad
de la partida, incluso con efectos retroactivos, lo que supondrá la
muerte de todas aquellas empresas que desarrollan esta actividad
relacionada con un elemento crítico como es el sector del porcino.


No quiero extenderme más. He intentado ser propositivo y
espero y deseo que, aunque aquí no me den la razón, todo esto no caiga en
saco roto y realicen las actuaciones pertinentes.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Plana.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Arrufat.


El señor ARRUFAT GASCÓN: Muchas gracias, señor
presidente.


Señor Cotillas, usted ni ha intentado hablar de las
enmiendas. Ha dicho que no las aceptaba pero no ha tenido la delicadeza
de sentarse a tomar un café para hablar las cosas.


A mí me llama la atención que diga que propicia la
exportación. ¡Solo faltaría que el Gobierno pusiera trabas! Cuando
ustedes van, los empresarios han vuelto tres veces. Solo faltaría
eso.


Le voy a recordar una serie de cosas para que esté al tanto
del alcance de la exportación de la carne de porcino, que son muchos los
motivos. Primero, es un sector muy profesionalizado, tanto en cuanto a
los cuidadores de ganado como a los técnicos que trabajan en el tema.
Segundo, cuenta con empresarios con capacidad de asunción de riesgos,
gran voluntad, talento y una notable visión comercial. Tercero, mantiene
las estructuras de las agrupaciones de defensa sanitaria, a las que antes
he hecho referencia. Imprescindible es también el papel desempeñado por
las Cámaras de Comercio; vamos a poner a cada uno lo que tiene. La
evolución de los precios de mercado, a lo que luego haré referencia, y de
la renta agraria; eso que tanto nos dicen que ha subido gracias a
ustedes, y luego verán por qué. La climatología de España. Es más
competitivo producir porcino en España que no en países nórdicos, como
Suecia o Noruega, por ejemplo. La









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disponibilidad de terrenos para poder verter purines y allí
donde no existe posibilidad de vertido de purines por ser zonas
vulnerables la capacidad de hacer plantas de cogeneración. Esto es lo que
permite la exportación de carne de porcino a los españoles.


Y eso de la evolución de la renta se lo voy a explicar
claramente. Hablaré de la evolución en los sectores industrial,
industrial-agroalimentario y agrario. La evolución de empleo en el sector
agroalimentario entre el 2011 y el 2013 ha sido de un crecimiento del 2%
frente a una disminución del 2,8% en el total agrario y a un 8,5% en el
total industrial. Con lo cual cuando se defiende una serie de enmiendas a
favor de la transformación para crear puestos de trabajo, se nos da la
razón, porque al final ello indica que lo que está creciendo es esa
actividad en contra del 8% que va al resto de la industrial. Habrá que
ser inteligentes y pensar, y apoyar a la gente que tiene capacidad de
asumir riesgos.


En cuanto a la renta agraria, que es otro tema
importantísimo, yo he oído decir en esta tribuna que gracias al Gobierno
ha crecido la renta agraria, pero, ¿saben gracias a qué ha crecido? A dos
factores: a la climatología del año pasado y a los precios de mercado, y
se lo voy a demostrar. En el año 2013 la producción vegetal creció un
10%, los precios disminuyeron un 2,8%, la producción de cereal el 42% y
la de vino el 41%. Con lo cual la climatología permitió que la cosecha
fuera excepcional, cosa que este año no está siendo así. Pero en la
producción porcina los precios subieron un 8,6% y la producción disminuyó
un 1%. Es decir, dos razones por las que sube la renta agraria: el
mercado, y en este caso los precios de porcino, y la alta producción de
cereales, de lo cual nos alegramos.


Y en cuanto a cómo han evolucionado los mercados, le daré
unos datos. El año 2011 el precio medio del porcino vivo fue de 1,15
euros por kilo, en el año 2012 de 1,34 euros por kilo, el 2013 de 1,41
euros por kilo, y este año de 1,47 euros por kilo. Ayer coincidí en el
AVE con un buen amigo responsable de una de las empresas porcinas de
España y me dijo que estaban ante una situación de incertidumbre, que no
saben qué hacer, si crecer o sujetarse un poco, porque el crecimiento no
ordenado puede tener sus consecuencias. Y les hablo de una conversación
que mantuve ayer con el responsable de una gran empresa productora de
porcino y de exportación de cerdo en España.


El senador Plana hacía referencia a un tema muy importante
porque a mí me llama la atención que ustedes en la defensa de motivos
solo hagan alusión al cerdo ibérico. Ya sabemos que era un capricho del
que fue ministro de Agricultura que ha sacado pecho y está acostumbrado a
hacerlo con este tema, pero les voy a recordar una serie de cosas muy
importantes. Primero, la realidad es que el cerdo blanco —y el
señor Plana se ha referido a él— tiene una importancia económica en
España mucho mayor que el ibérico, y por ello hago un paréntesis, pues es
una hora oportuna para decir que todos los jamones que tenemos en España
son buenos, unos son buenos y otros mejores, y yo siempre he dicho que el
jamón de Teruel nunca está reñido con el ibérico; ambos son compatibles,
y esto lo he defendido a lo largo de mi vida profesional durante muchos
años. Pero volviendo al tema del cerdo ibérico y a lo que supone, lo que
realmente importa en una actividad económica es la base genética que
producimos, la carne, y la estructura comercial que tenemos en el
mercado. Lo demás se compra, se vende o se alquila, es fácil
ordenarlo.


En la cabaña porcina de cerdo blanco tenemos razas y unas
líneas genéticas que tienen una calidad de carne igual o incluso superior
a lo que durante años hemos llamado recebo, una palabra que se ha
utilizado a veces en plan comercial aunque también en ocasiones se han
pintado las pezuñas de los jamones. Pues bien, volviendo a la estructura
comercial, que es vender, ampliar mercados, crear empleo y fortalecer un
sector, les voy a poner un modelo que tenemos que imitar y en el que nos
falta mucho por avanzar. Me refiero al modelo italiano. Italia es un país
que con cerdo blanco ha llegado a los mercados internacionales más
importantes, y no solo con el jamón de Parma, sino con todos los
elaborados, con toda la gama de productos transformados que tienen. ¿Y
cómo lo han hecho? Pues con estructuras comerciales fuertes, con
promoción y sobre todo poniendo dinero encima de la mesa, un dinero que
no tiene que venir solo de la Administración, sino que los empresarios
también tienen que asumir que tienen que poner su parte. Es decir, que
nadie piense que somos pedigüeños y que creemos que con el dinero todo se
soluciona; tendremos que poner todos parte del dinero.


Y volviendo al cerdo blanco, al que hacía referencia con el
cerdo italiano —y lo digo para los del ibérico—, les voy a
recordar que la primera denominación de origen de España que aprobó el









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Ministerio de Agricultura, hace treinta años, fue la del
jamón de Teruel. Algunos tuvimos la oportunidad de participar dentro de
nuestra actividad profesional en aquellos tiempos —repito, de
1984—; este año se han cumplido treinta años. Pero vuelvo a
insistir —y máxime a la hora en que estamos— en que
cualquiera de los jamones españoles es bueno y, dentro de los buenos, hay
buenos y hay mejores, y todos son compatibles.


Ya terminando, haré una referencia al modelo italiano, que
voy a comparar con el modelo español, que es la faena que nos queda por
hacer, que es la asignatura pendiente que tenemos. Repito que cuando
hablamos de dinero no solamente hablamos de lo que tiene que venir de la
Administración, hablamos de recursos que tienen que partir de diferentes
entidades. Nuestro país tiene una alta atomización del sector y necesita
más que nunca medidas sólidas; necesita concentrar la oferta con
estructuras comerciales sólidas; necesita la promoción de productos;
necesita productos con seguridad alimentaria —a los que antes hacía
referencia: cuidadín, y aviso para navegantes—, que los empresarios
del porcino de este país hemos tenido la espada de Damocles por la
exportación a la Unión Europea y la hemos sufrido durante años. Por lo
tanto, no caigamos otra vez en la misma trampa. Aviso para navegantes
porque es seguridad alimentaria: transformación de productos en origen
para crear valor añadido, crear riqueza y puestos de trabajo y permitir
el mantenimiento y crecimiento de la actividad ganadera con medidas de
trazamiento y/o transporte de purinas.


La industria cárnica española ha sufrido una fuerte crisis
durante los tres últimos años. Las medidas de recesión —que
recuerdo que han aplicado ustedes desde que entraron en el
Gobierno— ¿saben a qué han contribuido? A que se hayan vendido
productos de calidad por debajo del precio, porque la gente se ha
retraído por miedo. Esa es una de las facetas que tienen que apuntarse en
su activo de lo que han conseguido cuando hablan de los modelos
económicos, y hoy viene muy bien a colación con los presupuestos.


Por todo ello, y dado que el Partido Popular no admite ni
negocia enmienda alguna, nosotros vamos a votar en contra, dejando
presente nuestra propuesta de aplicación de medidas que incentiven el
empleo e incrementen el valor añadido en territorios rurales
despoblados.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Arrufat.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador señor Cotillas.


El señor COTILLAS LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Quiero agradecer las intervenciones de los diferentes
grupos, evidentemente, unas más que otras. Porque, señor Cazalis, la
moción puede ser oportunista, la moción puede ser un brindis al sol; la
moción puede ser muchas cosas, pero la posición del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado en este caso ha sido clara, contundente y concisa:
nada. Usted no ha propuesto nada ni como enmienda ni en el debate; no ha
propuesto nada; su intervención no ha favorecido en nada al sector del
porcino, aparte de calificar de una manera más o menos agradable, de una
manera más o menos oportuna o de una manera más o menos acertada a este
grupo y a este portavoz. Por lo tanto, permítame que no me dirija más a
usted en este turno.


Señor Boya y señor Plana, si la moción lleva un mensaje
tranquilizador al sector, ya hemos cubierto una parte del objetivo. Si
traemos a esta Cámara la oportunidad de hablar de un sector, del que
hemos coincidido todos en que es muy importante en el ámbito ganadero y
agrario de nuestro país, en torno al 40% de la producción final ganadera
y el 14% de la producción final agraria; si, además, coincidimos en que
hay que propiciar la innovación, la investigación, hay que propiciar la
salida al exterior, hay que propiciar la mejor información, la mayor
transparencia en los mercados, la mayor seguridad alimentaria para el
consumidor… Señor Arrufat, si coincidimos en todo eso, ya hemos
adelantado algo en el día de hoy.


Si todo se circunscribe a lo que ustedes y nosotros hemos
propuesto, creo que en la anterior intervención ya les había contestado
sobre las razones claras por las que no admitimos las enmiendas: unas,
porque producen un aumento del gasto indeterminado en un presupuesto que
claramente está fijado para garantizar, además de la estabilidad
presupuestaria y la contención del déficit, la garantía de los servicios
básicos a los ciudadanos, la promoción de nuestra economía y la
generación de empleo. Por tanto, concreten en qué partidas, en qué
medidas, de dónde sale el dinero, a quiénes se retiran los fondos, es
decir, cómo se administra el presupuesto de todos.









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Dicen ustedes que esa es labor del Gobierno y,
evidentemente, de este grupo parlamentario que apoya al Gobierno, de modo
que nosotros aceptamos que nos hablen de brindis al sol, pero en materia
presupuestaria intentamos siempre ser claros y precisos, y les animamos a
lo mismo.


Entiendo también que en el afán de crítica a lo que
presenta el Grupo Popular algunas veces hasta se exceda en lo que
nosotros mismos proponemos. En ningún caso nuestra moción olvida al
sector porcino de capa blanca. Solo hay un párrafo en la exposición de
motivos que habla concretamente del ibérico. El resto de la moción, al
igual que todas y cada una de las propuestas, se refiere al sector
porcino. Por tanto, ibérico y capa blanca; absolutamente todo:
productores y transformadores. Hemos hablado de carne en fresco y de
productos transformados. Es decir, no lo estamos circunscribiendo al
ibérico, aunque es verdad que hacemos referencia a que el Gobierno de
España ha aprobado recientemente, después de mucho debate y después de
intentar acuerdos con todos los sectores implicados, una norma de calidad
del sector ibérico y que además está trabajando con este sector productor
para hacerlo lo más eficaz posible. Por lo tanto, hablamos de todo.


También entiendo que los grupos nacionalistas están, no sé
si en su obligación, sí en su derecho, de posicionarse prácticamente
siempre en contra del Gobierno central, haga lo que haga. Es decir,
hablan ustedes de competencias y las quieren todas y las quieren
ejercer… (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías. No se puede oír al orador.


El señor COTILLAS LÓPEZ: ...y luego echan la culpa al
Gobierno central de no ejercer las competencias del Gobierno central.
Quieren competencias pero que las financie el Gobierno central. Quieren
que el Gobierno central legisle y armonice, eso sí, con lo que ustedes
digan en la comunidad autónoma, y eso es complicado. Por lo tanto, es
difícil para este grupo, que intenta legislar, animar al Gobierno,
impulsar la acción del Gobierno para todos los españoles,
independientemente del territorio donde vivan y en igualdad, es
complicado muchas veces —digo—, poder atender sus sugerencias
y sus propuestas, pero se agradecen, como siempre, porque generan la
oportunidad de debatir y generan la oportunidad, por supuesto, de pensar
que puede haber matices, que puede haber otras soluciones, que puede
haber otras propuestas.


En cuanto a entrar o no en el debate sobre los purines,
tampoco quiero que se malinterpreten mis palabras. He sido escueto por no
abrir un debate con ustedes, que hablan tanto de las competencias, que se
escapa un poco a este humilde portavoz, que es portavoz de agricultura.
Estamos hablando de un debate reciente en materia de medio ambiente, un
debate cuyas competencias corresponden a las comunidades autónomas y un
debate en el que, como le he dicho, el Ministerio de Agricultura se ha
puesto al lado de las comunidades autónomas para tratar de solucionar un
problema en el corto plazo. Creo que a las cosas hay que llamarlas como
hay que llamarlas y, si ustedes dicen que hay un problema medioambiental
con los purines, es una cuestión que competencialmente afecta a las
comunidades autónomas. Por lo tanto, centremos allí el debate, el
ministerio está dispuesto a colaborar, sin duda; ya se ha ofrecido y
además ha mantenido reuniones para llevarlo a cabo.


Pero centrémoslo también en su posición. Estamos hablando
de un sector, el porcino, de capa blanca y de ibérico, muy amplio, en
todo el territorio nacional, cuya problemática en estos momentos en esa
materia de los purines —según ha dicho el ministro de Industria en
esta misma sede— equivale a un tanto por ciento importante para
quien le toca, importante para quien le preocupa, importante para quien
tiene que poner remedio y solución a la problemática, pero no es todo el
sector del porcino, ni siquiera la amplia mayoría del sector del porcino
el que se ve afectado por esta situación. Por lo tanto, tenemos que
esmerarnos en que ese problema puntual no entorpezca, señor Boya, la
imagen que tiene el sector del porcino en el resto del territorio
nacional, donde está haciendo las cosas sin que tenga que repercutirle
este problema.


Y eso es lo que buscábamos con nuestra moción, potenciar la
imagen del sector del porcino, con transparencia, con claridad, buscando
un consumidor informado y bien formado que sepa las dificultades que
tiene elaborar un producto de calidad, dificultades económicas,
medioambientales y de todo tipo que tiene ese producto y que, por tanto,
lo valore y lo incluya más en su dieta en nuestro territorio, puesto que,
como he dicho antes, el 151% producimos, el 151% es lo que consumimos y,
por lo tanto, hay que aumentar el consumo interno a la vez que buscamos
el mercado exterior.









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No hemos eludido problemas, hemos hablado de un enorme
problema que existe ahora mismo en el mercado exterior. Si más del 30% de
nuestras exportaciones fuera de la Unión Europea van al mercado ruso y
hay restricciones de entrada a Rusia, evidentemente estamos centrándonos
en un problema muy importante para el sector porcino, para el que tiene
problemas con los purines y para el que no tiene problemas con los
purines, para los dos, y en eso es en lo que hemos querido avanzar. Y
hemos dicho que hay que buscar mayor internacionalización dentro de la
Unión Europea, que es también nuestro principal cliente y nuevos mercados
fuera de la Unión Europea; fomentar la comercialización de carne dentro y
fuera; promover las actividades de investigación, que ya está haciendo el
ministerio —el año pasado 3 millones de euros, este año 6 millones
de euros, y el año pasado 3 proyectos en el sector porcino, este año 8
proyectos en el sector porcino—; aprovechar el trabajo que está
haciendo la interprofesional de capa blanca y también la interprofesional
de ibérico; y, en definitiva, nos hemos dado también una ley, la Ley de
la cadena alimentaria, por lo que instemos al Gobierno a que ponga en
marcha todos los recursos posibles para que esa ley garantice la
transparencia, tanto para el productor como para el consumidor final y
todo aquel que participa en el proceso.


Dicen ustedes que…


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
finalizando.


El señor COTILLAS LÓPEZ: Voy acabando, señor
presidente.


Dicen ustedes que estas mociones son un brindis al sol.
Estas mociones son el cumplimiento de nuestro programa electoral, como he
detallado, es una línea argumental que sigue este grupo de manera
continua, que incide en lo que el ministerio presenta también como su
plan estratégico en estos cuatro años y que anima al Gobierno,
evidentemente, a tomar medidas como las que ya ha tomado, que también
surgieron de iniciativas como esta: cadena alimentaria, fusión de
cooperativas, promoción e internacionalización del sector alimentario e
innovación.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, acabe,
por favor.


El señor COTILLAS LÓPEZ: Acabo.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Llamamos a votación. (Pausa.—El señor presidente
ocupa la Presidencia).


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado tal y como ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 149; en contra, 77;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.


9.3. MOCIÓN POR LA QUE SE PROPONEN DETERMINADAS MEDIDAS
DIRIGIDAS A LA REBAJA DE LOS PRECIOS DE LOS CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN,
SOBRE LA BASE DEL AUMENTO DE LA COMPETENCIA EN EL SECTOR.


(Núm. exp. 662/000149)


AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


El señor presidente da lectura al punto 9.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción no se han presentado
enmiendas. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.
(Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Alique por tiempo de quince, minutos.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.









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Señorías, durante este mes de julio está previsto que se
produzcan unos 38 millones de desplazamientos de largo recorrido por las
carreteras españolas. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Y como todos los años, la operación
salida llega con los precios de los carburantes más caros, a pesar de que
en esta ocasión la cotización internacional del petróleo ha bajado. A
ello me referiré posteriormente. Con la subida de la última semana,
llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 80 euros, y de gasóleo
74. De esta forma, coincidiendo con la primera operación salida de
vacaciones, el precio de la gasolina ha marcado un nuevo máximo no solo
en lo que va de año, que ha crecido un 3,4%, sino desde septiembre del
año 2013; y en lo que se refiere al gasóleo ha alcanzado el nivel más
alto desde la primera semana de este año. Estos precios no solo son muy
elevados en términos de evolución, también lo son en términos
comparativos. Les recuerdo, señorías, que el precio de los carburantes en
España antes de impuestos, antes de la gasolina y del gasóleo, es de los
más elevados de Europa, más que los países de la zona euro, de la Unión
Europea a Veintiocho y de la Unión Europea a Veintiséis. Estas subidas se
han producido —esto es algo muy importante— en un contexto
muy determinado que viene a desmentir la tesis de quienes atribuyen
exclusivamente esta situación a los problemas de países como Irak. En
concreto, estas últimas subidas se han producido cuando el barril de
crudo Brent, que es el de referencia en Europa, ha bajado 5 dólares,
situándose en 110 dólares.


Señorías, el encarecimiento del precio de los carburantes
en nuestro país se localiza en la mitad del precio sin impuestos, es
decir, en el segmento que recoge el precio de los carburantes antes de
impuestos y el margen empresarial. Por tanto, si la cotización
internacional, como he dicho anteriormente, ha bajado, ¿qué es lo que ha
subido en estas fechas? Ante esta situación, ¿quién puede seguir
defendiendo que las recientes subidas del precio de los carburantes se
deben, por ejemplo, al conflicto de Irak? Obviamente, nadie,
señorías.


Todos somos conscientes de lo que pasa. En España los
precios antes de impuestos de los carburantes, es decir, de la gasolina y
del gasóleo, incluidos los márgenes empresariales, están por encima de la
media de la Unión Europea, pero al añadir los impuestos al precio final
de venta, este es inferior por la menor fiscalidad. No lo digo yo, lo ha
dicho el señor Soria en más de una ocasión. Por tanto, el problema son
los excesivos márgenes empresariales, muy superiores a los de los
homólogos europeos, que lejos de disminuir, van aumentando año tras
año.


Le voy a dar un dato comparativo: agosto del año 2012,
según datos del propio Gobierno, el margen que se llevaba cada operador
español por litro, en este caso de gasolina, era de 15 céntimos por litro
y en el caso del gasóleo, de 15,1 céntimos por litro. Pues bien, según
los datos a abril del año 2014, es decir, dos años después, según el
informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, esos
márgenes eran de 15,7 céntimos por litro en el caso de la gasolina, es
decir, 0,7 céntimos por litro más que hace dos años y en el caso del
gasóleo, de 16,3 céntimos por litro, es decir, más 1,2 céntimos por litro
que hace dos años.


El problema, por tanto, está, como digo, en la falta de
competencia por la posición dominante de 3 grandes operadoras, en este
caso Repsol, Cepsa y BP, que copan en torno al 75%, del mercado nacional,
un porcentaje excesivamente alto si tenemos en cuenta lo que ocurre en
otros países, como el caso de Italia, donde las 3 grandes operadoras no
llegan ni siquiera a cubrir el 50% del mercado. Por consiguiente,
señorías, todos somos conscientes de lo que pasa, pero eso no es
suficiente. Debemos hacer algo más para dejar que eso pase.


En este sentido, la voluntad del Grupo Parlamentario
Socialista desde el primer momento ha sido esa. Lo hicimos en el año 2012
con la presentación de una moción en la que pedíamos la creación de una
ponencia de estudio que, en primer lugar, reflexionase sobre sendos
informes: uno, el de la Comisión Nacional de la Energía y otro, el de la
Comisión Nacional de la Competencia, que nos alertaban de que se habían
incrementado los márgenes empresariales en plena crisis en un 20% y que
no había competencia en el sector. Pedíamos en esa moción que se
escuchase al sector, a los consumidores y también que participase el
Gobierno para trazar entre todos las líneas básicas de lo que debía ser
una reforma en profundidad para que hubiese competencia y bajasen los
precios de los carburantes. Sin embargo, como suele ser habitual en esta
legislatura, el Partido Popular votó en contra, como también votó en
contra de una proposición de ley que presentó el Grupo Socialista en el
Congreso de los Diputados con la misma finalidad, en la que se
introducían









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varias medidas con el único objetivo de poner coto a esa
injustificable subida de los carburantes en nuestro país.


Pues bien, señorías, a pesar de la falta de diálogo, a
pesar de la falta de consenso de este Gobierno, nosotros insistimos
porque consideramos que esta situación es muy importante y continuamos
esperando que el Gobierno reaccione, que el Gobierno entre en razón. Por
eso, presentamos esta moción, que va en línea con las anteriores
iniciativas parlamentarias a las que he hecho referencia, con la única
finalidad de resolver un problema que daña muy directamente la
competitividad de nuestras empresas, especialmente de nuestras pymes y de
nuestros autónomos y que también daña muy seriamente al bolsillo de los
ciudadanos, seriamente asfixiados por las políticas económicas y sociales
de este Gobierno.


Señorías, con este problema, el de la falta de competencia
en el sector de los carburantes, el Gobierno actúa con el mismo patrón
que en otros problemas a los que ha sido incapaz de hacer frente, un
patrón que evidencia la debilidad de un Gobierno al que le viene grande
la situación que en este momento está atravesando España y que estamos
pagando entre todos, especialmente las clases medias y los sectores más
desfavorecidos.


¿A qué me refiero cuando hablo de ese patrón, de ese modus
operandi? Me explico, señorías. Cuando el Gobierno se encuentra un
problema, llámese el déficit de tarifa o llámese las prácticas
anticompetitivas en el mercado de los carburantes de automoción, sin
contar con nadie, sin escuchar a nadie, legisla, es decir, dicta sus
propias recetas, y meses después comprueba que el problema sigue estando
ahí cuando no se ha agravado. Cuando esta situación se pone de
manifiesto, el Gobierno, como siempre, se pone a la defensiva, niega la
mayor y dice que lo único que se puede hacer es lo que ellos proponen y
que no tienen la culpa. ¿Les suena? En unas ocasiones los culpables son
las energías renovables y en otras, como ahora, son países lejanos los
que generan el problema. Pero atisbo de autocrítica, señorías, ninguno.
Seamos serios, señorías, señorías del Partido Popular de manera muy
especial. Hace 17 meses, el Partido Popular, el Gobierno, utilizando un
real decreto que no tenía que ver nada con esto, el de apoyo a
emprendedores, introdujo una serie de medidas que luego se plasmaron en
la Ley 11/2013. Esas medidas —cito textualmente— tenían por
objeto, según palabras del propio Ejecutivo, por razones del interés
nacional, velar por la estabilidad de los precios de los combustibles de
automoción y permitir un funcionamiento más eficiente de ese mercado. Y
un año después podemos afirmar que el Gobierno, señorías, ha fracasado.
En el mejor de los casos estamos igual, cuando no peor, como señala un
informe reciente de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, que dice que las enmiendas que introdujo el Grupo Popular a
ese proyecto de ley generan un efecto desfavorable sobre la competencia
de carburantes, especialmente en lo que se refiere a los contratos en
exclusiva. Por tanto, que el Gobierno ha fracasado no lo dice el Grupo
Socialista, lo pone de manifiesto los altos costes de los carburantes,
del gasóleo y la gasolina, en España, y lo pone de manifiesto distintos
informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que
nos habla de aumento de los márgenes empresariales, que nos habla de que
ha vuelto el efecto lunes o de que es una realidad el efecto cohetes y
plumas. Es decir, que cada vez que sube la cotización internacional del
petróleo, las operadoras suben el precio del gasóleo y de la gasolina
como un cohete, de una forma rápida, y sin embargo, cuando baja, lo hacen
muy lentamente, como cuando cae una pluma.


Pues bien, en este sentido, es especialmente significativo
el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
referido, escuchen bien, al mes de enero del año 2014, hace seis meses.
En ese informe afirman que el margen bruto, es decir, el precio de los
carburantes antes de impuestos menos la cotización internacional, es
decir, el margen empresarial, superó al de enero del año 2013 —en
tan solo un año— un 25%, en lo que se refiere a gasolina, y un 11%,
en lo que se refiere al gasóleo. Un incremento nada coherente, señorías,
sobre todo, si se tiene en cuenta que desde septiembre del año 2013
bajaron las cotizaciones internacionales y, por tanto, el precio del
petróleo, y así se mantuvo estable. Por tanto, mientras que no se
introduzca ninguna medida para que haya competencia en el sector,
seguiremos exactamente igual, con precios altos en los carburantes. A las
pruebas me remito, el Gobierno ha fracasado porque después de un año el
sector de los carburantes sigue siendo un sector opaco, altamente
concentrado en 3 grandes operadoras, como decía anteriormente, y actúan
en la práctica como si fuesen un verdadero monopolio. Como ya decía la
extinguida Comisión Nacional de la Competencia, esto seguirá









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ocurriendo mientras que los tres grandes operadores sigan
siendo dominantes por 3 aspectos: el primero, porque tienen el control
sobre la producción nacional a través de sus respectivas refinerías; en
segundo lugar, porque siguen ejerciendo una importante influencia sobre
la empresa que se encarga de la distribución, del almacenamiento y del
transporte de los carburantes, es decir, CNH, y, en tercer lugar, porque
las tres operadoras son las propietarias de la inmensa mayoría de las
estaciones de servicio. Pues bien, mientras que no se alteren estas
condiciones, no habrá una competencia efectiva. Y ¿quién lo puede
cambiar? El Gobierno, pero también, señorías, esta Cámara instando al
Gobierno a que lo haga, porque no parece de recibo que unos pocos, muy
pocos, estén haciendo caja a costa de millones de consumidores, de pymes
y de autónomos en este país, sobre todo, en un momento, en un contexto,
que claramente es injustificable e incomprensible, no ya por el alto
precio de la gasolina y el gasóleo, sino, sobre todo, como decía
anteriormente, por los excesivos y crecientes márgenes que las operadoras
tienen sobre estos productos.


Como vemos, en estos 17 meses no se ha puesto punto y final
a esta situación; muy al contrario, estas medidas han sido insuficientes,
cuando no contraproducentes, para resolver el problema de los elevados
precios de los combustibles en España antes de impuestos. Como dijimos
hace un año, el problema no es, como proponía el Partido Popular,
aumentar el número de gasolineras, porque, como decía la Comisión
Nacional de la Energía, España tiene más gasolineras que la media de la
Unión Europea, tanto por habitante como por kilómetro. Por eso, no
entendemos la injerencia que ha hecho este Gobierno en la autonomía
municipal y no entendemos cómo se prima el interés económico frente a la
seguridad y a la vida de las personas, como denunciaba mi compañero, el
senador Martín, por la provincia de Ciudad Real, y alcalde de
Valdepeñas.


El problema no está en la fiscalidad, señorías, porque en
España la carga impositiva sobre los carburantes es inferior a la de la
zona euro. El problema, por tanto, está en la posición de dominio que
tienen estas tres grandes operadoras, que no solo no se ha limitado con
la Ley 11/2013, que aprobó mayoritariamente el Partido Popular, sino que,
como dice la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
ha salido reforzada.


Por ello, como dijimos hace dos años es necesario poner en
marcha cambios regulatorios tanto en el sector mayorista como en el
minorista para que las grandes operadoras no puedan seguir utilizando su
poder de mercado en detrimento de una competencia efectiva; esta sí,
señorías, es la única garantía de una moderación real de precios. Por
este motivo hemos presentado esta moción en la que se recogen una serie
de medidas precisamente para erradicar las prácticas anticompetitivas,
medidas que muy resumidamente les expongo. Se trata en primer lugar de
medidas que tienen que ver con limitar la participación en el
accionariado de CLH y en el ejercicio de los derechos políticos de esta
compañía y con un régimen estricto de incompatibilidades para los
miembros de los órganos de dirección de CLH. En segundo lugar, medidas
para asegurar un buen funcionamiento de la red de transporte para reducir
los precios finales de los carburantes y fomentar la igualdad de
oportunidades de los operadores mayoristas y minoristas. En tercer lugar,
aplicar limitaciones a los vínculos contractuales de suministro en
exclusiva cuando el gestor de la estación de servicio tiene arrendada la
estación a un tercero o bien tiene el derecho de superficie sobre ella.
En cuarto lugar, la reducción de la cuota de mercado de las operadoras al
25% en todas y cada una de nuestras provincias. En quinto lugar, ampliar
los criterios de competencia en la adjudicación de las concesiones de
áreas de servicio en las carreteras estatales. En sexto lugar, avanzar en
la armonización metodológica a nivel europeo en cuanto al recorte de los
precios al consumidor de las petroleras y, en séptimo lugar, fomentar la
transparencia, de tal manera que se publique el listado de las estaciones
de servicio más baratas en los entornos locales en la página web del
ministerio.


Señorías, termino. Es urgente devolver al sector de los
carburantes a la senda de la competitividad. Es una obligación conseguir
que los precios de los carburantes, de la gasolina y del gasóleo, no sean
un lastre para el bolsillo de los ciudadanos, para el poder adquisitivo
de los ciudadanos y una rémora para la competitividad de la economía, de
las empresas y de manera muy especial de las pymes y autónomos de nuestro
país. Señorías, nuestra economía y nuestra sociedad no pueden permitir ni
un minuto más que España tenga los precios de los carburantes, de la
gasolina y el gasóleo, más altos de toda Europa. No podemos permitir que
tengamos los márgenes empresariales más grandes, muy superiores a los de
nuestros homólogos europeos,









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porque, señorías, eso contribuye al empobrecimiento de la
población y al estancamiento, cuando no a la recesión, de la economía
española.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.


Pasamos al turno en contra.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor
presidente.


Cuando se habla de los carburantes de automoción hay que
ser conscientes de que desde 1998, cuando se aprobó la Ley de
hidrocarburos, la distribución de carburantes en nuestro país está
liberalizada y tiene que responder a los principios de competencia,
libertad de mercado y transparencia. El Gobierno, por mucho que quiera,
no puede establecer unos precios máximos para los carburantes. Este no es
un asunto nuevo. Tanto la Comisión Nacional de la Energía como la
Comisión Nacional de la Competencia lo han venido denunciando desde hace
ya muchos años. El hecho es que en este país tenemos uno de los precios
más caros de Europa, tanto de gasolina como de gasóleo antes de
impuestos. Es cierto que nuestra fiscalidad está por debajo de la media
europea y como consecuencia de ello también nuestros precios de venta al
público. Por eso para atravesar el continente, antes de llegar a Francia
se reposta aquí. Pero el hecho es que, si llegamos a reducir los precios
de los carburantes antes de impuestos, esto tendrá un impacto directo en
el bienestar de los ciudadanos y en la competitividad de nuestra
economía. Por esa razón se ha convertido en una de las prioridades del
actual Gobierno. Ahora, el Grupo Socialista, que poco o nada hizo en esta
materia durante su etapa de Gobierno, nos presenta esta moción que
contiene un amplio petitum. Se trata de 3 folios con 8 puntos y muchas
medidas a las cuales voy a tratar de dar cumplida respuesta.


En el primero de esos puntos, y para asegurar que ninguna
empresa que opere en la actividad de refino y comercialización de
carburantes pueda ejercer un control o una influencia significativa sobre
la compañía logística de hidrocarburos, se pretende endurecer los límites
ahora establecidos en el artículo 1 del Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de
junio, en el que se dice que ninguna persona física o jurídica podrá
tener más del 25% del accionariado y se establece también que la
totalidad de los accionistas con capacidad de refino no puedan tener más
del 45% de ese accionariado. Lo que se pretende con esta moción es
limitar al 10% donde pone 25% y al 30% donde ahora pone 45%.


Les tengo que decir que esta medida restrictiva tendría
unos efectos mínimos porque en la actualidad ninguno de los accionistas
de CLH posee más del 10% del capital social de la compañía y la suma de
las participaciones de todos los sujetos con capacidad de refino en
España es también inferior al 30%. Por tanto, la propuesta planteada en
este primer punto no tendría efectos sobre la competencia en el sector de
la distribución minorista de hidrocarburos líquidos y, en consecuencia,
parece que es una medida innecesaria.


En el segundo de los puntos de la moción se pretende
modificar esa Ley 11/2013 a la que se ha referido el señor Alique
―y que mencionaré en reiteradas ocasiones― con el fin de que
respetando el libre ejercicio de la actividad de distribución al por
menor se devuelva a las administraciones locales y autonómicas, sobre la
base de los planeamientos urbanos, una serie de competencias sobre todo
lo que es la regulación de las instalaciones de suministro de
combustibles al por menor. Tengo que decir que es sorprendente que se
plantee algo así en una moción con la que parece ser que se pretende todo
lo contrario porque yo pensaba que estaba demostrado y que era evidente
que una de las mayores trabas que había para la apertura de nuevas
estaciones de servicio era la obtención de las licencias municipales
porque los grupos de presión ligados a las estaciones de servicio
influían sobre los ayuntamientos y las autoridades autonómicas. Esta fue
la razón por la que en esa Ley 11/2013 se le dio una nueva redacción al
artículo 43.2 de la Ley de hidrocarburos del año 1998. Ahí están los
datos y el hecho es que en el primer año de vigencia de esa Ley 11/2013
se ha demostrado que esta ha sido una de las medidas más eficaces para el
fomento de la competencia en el sector de la distribución al por menor de
hidrocarburos líquidos y para el crecimiento y la creación de empleo
porque entre el mes de febrero de 2013 y el mismo mes de 2014 se han
abierto un 41% más de estaciones de servicio que en el mismo período de
los años 2012 a 2013 y un 36% más que en el período 2011-2012.









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Por tanto, volver a la situación anterior, tal y como se
solicita en esta moción, es algo que perjudicaría notablemente a la
competencia en el sector minorista de hidrocarburos líquidos.


En el tercer punto se pretende la adopción de una serie de
medidas para reducir los precios finales de los carburantes y para
fomentar la igualdad de oportunidades entre los distintos operadores
mayoristas y minoristas. Así, por ejemplo, en ese punto tercero se pide
que el acceso de terceros a las instalaciones de transporte de la
compañía CLH se conceda por el estricto orden de solicitud, cuando en la
actualidad ya se hace mediante un procedimiento negociado, en unas
condiciones técnicas y económicas transparentes y objetivas que no son
discriminatorias, y no solo eso sino que, además, la ley ya prevé que sea
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la que tenga que
resolver los conflictos relativos al acceso de terceros a las
instalaciones de transporte o almacenamiento de productos
petrolíferos.


En este punto tercero de la moción se pide también que las
tarifas por el uso de la red de transporte de la compañía CLH y su
metodología estén sujetas a autorización por el regulador, cuando en la
actualidad esas tarifas ya están basadas en unas condiciones técnicas y
económicas no discriminatorias, transparentes y objetivas y son
comunicadas al regulador junto a la metodología aplicada para su cálculo,
por lo que no es necesario ni está justificado que este las tenga que
aprobar a priori. Se pide también en este punto tercero que se reduzcan
las obligaciones sobre reservas mínimas de seguridad a nuevos entrantes,
cosa que si bien es cierto que podría favorecer la entrada de nuevos
operadores, habría que estudiar cuidadosamente los términos en los que se
realice tal reducción, ya que podría suponer una mayor carga para los
operadores existentes o un incumplimiento de los compromisos
internacionales adquiridos por España en esta materia.


En el cuarto punto tengo que decir que la redacción que se
le da no nos parece muy clara y queremos pensar que en él lo que
pretenden es que en los casos en los que el propietario de la estación
tiene establecidos contratos de arrendamiento con un tercero con el que
tiene suscrito un contrato de suministro en exclusiva, que se pueda
cambiar y pueda comprarles a otros, y si esto es así, no nos parece
razonable que en una estación propiedad de un operador mayorista el
gestor decida adquirir combustible a un operador mayorista diferente del
propietario de la estación, ya que si lo hicieran es de prever que se
abrirían procesos judiciales de un resultado incierto.


En el punto quinto lo que pretenden es modificar esa Ley
11/2013 para reducir al 25% la cuota de mercado de los principales
operadores, así como para impedir la renovación de los contratos de
suministro en exclusiva. Si esto se llevase a cabo no supondría una
variación importante en los territorios y operadores, ya que la
disposición transitoria quinta de esa Ley 11/2013 establece una cuota
provincial o por islas máxima del 30%, a partir de la cual los operadores
al por mayor no pueden aumentar el número de estaciones de servicio que
gestionan directa o indirectamente ni pueden firmar nuevos contratos de
suministro en exclusiva.


Por otro lado, hay que decir que con la prohibición que
pretenden de la renovación de los contratos de suministro en exclusiva,
que en la actualidad tienen una duración máxima de un año, los operadores
afectados tendrían que dar por finalizados todos sus contratos de
suministro en exclusiva en estaciones que no sean de su propiedad en las
provincias afectadas, medida que a todas luces es desproporcionada y
podría llegar a ser considerada como confiscatoria.


En el punto sexto pretenden modificar la Ley de carreteras
de 1988 con objeto de ampliar los criterios de competencia en la
adjudicación de las concesiones sobre las áreas de servicios en las
carreteras estatales. Hay que tener en cuenta que esa ley únicamente hace
referencia a las áreas de servicio y no entra a detallar los requisitos y
las condiciones para la adjudicación de las concesiones en áreas de
servicio que debe contener el pliego de condiciones generales, que es el
que rige en el otorgamiento mediante concurso del correspondiente
contrato. Por tanto, no resulta adecuado introducir en la ley una
condición de este tipo cuando otros condicionantes de adjudicación que
incluye el pliego de condiciones no se contemplan en el texto legal.


Lo que se plantea en el punto séptimo es que se siga
avanzando en la armonización metodológica a nivel europeo en todo lo que
es el reporte de precios al consumidor de productos petrolíferos.
Efectivamente, es positivo seguir trabajando en esa armonización con
objeto de incrementar la homogeneidad de los datos de productos
petrolíferos en la Unión Europea. Ahora bien, hay que tener en cuenta que
la recomendación de la Comisión de 12 de noviembre de 2013 sobre el
reporte semanal de los precios de productos petrolíferos fue elaborada
tras las quejas de









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algunos Estados miembros, entre otros de España, y se
elaboró gracias a las aportaciones de esos Estados. Es cierto, hay que
seguir avanzando, porque se ha mejorado en la comparabilidad de los
datos, pero todavía siguen existiendo diferencias en la forma de su
obtención entre los distintos países, y tales recomendaciones no son
obligatorias, pero esto ya se está haciendo y no es preciso una moción
para ello.


Por último, en el punto octavo se pide que se elaboren y
publiquen en la página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
los ranking de las estaciones de servicio más baratas, así como los
servicios adicionales con los que cuentan esas estaciones de servicio.
Nos da la impresión de que al hacer esta petición no se ha tenido en
cuenta que en estos momentos en la página web del geoportal gasolineras,
creada y mantenida por ese ministerio, ya se pueden encontrar las
gasolineras más baratas por provincia, por localidad e incluso por código
postal. Y en ese ministerio se sigue trabajando, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias, para mejorar esa página y para que siga
siendo una herramienta útil y eficaz para todos los usuarios.


Señorías, creo que antes de pensar en cambiar las medidas
introducidas por el actual Gobierno el año pasado, es necesario conocer
con detalle cuáles han sido sus efectos. Pues bien, a pesar del corto
tiempo transcurrido ya hay algunos datos interesantes. Así, el margen
bruto observado hasta el día 12 de mayo de 2014 respecto de 2013 se ha
reducido en casi un 0,7% en gasolina, cuando en ese mismo período en la
zona euro ese margen se ha incrementado en un 1,3, es decir, en dos
puntos de diferencia. Y el precio de venta al público de la gasolina se
ha reducido en ese mismo período de tiempo en un 2,1%, colocándose así en
línea con lo que ha sucedido en la eurozona.


Por todo lo expuesto, y por considerar que las medidas que
se plantean en esta moción son innecesarias o van en contra de la
competencia, que es lo que se dice defender con ella, vamos a votar en
contra.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.


Pasamos a turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario
Mixto veo que no hay intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el
senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías,
señor Palacios, me ha llamado la atención que haya utilizado usted el
turno en contra en lugar del turno de portavoces porque, indudablemente,
es una manifestación muy negativa ante una iniciativa que creemos tiene
su momento y su interés político. Los compañeros que han intervenido
antes que yo, en relación con una frase que se atribuía al propio
Gobierno del presidente Zapatero, han dicho: ni una mala palabra ni una
buena acción. Pero es que casi siempre hay cantidad de mociones que puede
admitir el Grupo Parlamentario Popular, porque a fin de cuentas son
instancias que se le hacen al propio Gobierno para que tome en
consideración ciertas cosas, pero no solamente no se hace eso, es que se
toma en contra y se vota en contra. He de decir que ese tipo de
parlamentarismo me parece insólito. Debe ser la mayoría absoluta.


En relación con esta moción, nosotros decimos que la vamos
a apoyar porque creemos que está bien estudiada y bien planteada y que ha
recogido con rigor y exactitud todas las observaciones que la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia ha realizado en sus informes
sobre el asunto. Hay 3 temas dentro de la moción que a nuestro juicio
tienen relevancia política e incluso hasta prioritaria. En primer lugar,
la posición de dominio del mercado por las 3 grandes distribuidoras,
Repsol-Petronor, Cepsa, Bp Oil, un oligopolio que domina el 72% del
mercado de distribución. Y señalaba la Comisión Nacional de Energía en el
año 2013 —no es tanto el tiempo transcurrido— lo siguiente:
«En España, las dos operadoras principales ostentan cuotas de mercado de
estaciones de servicio muy elevadas, no solo en términos relativos
respecto a Francia, sino también en términos absolutos. Alcanzan un
porcentaje superior al 45% en el ámbito nacional y local, y son
especialmente altas en el caso de algunas carreteras y autopistas donde
pueden ascender hasta el 100%. Ello aconseja revisar la aplicación y el
diseño de los criterios de competencia en los procesos de concesión y
autorización de las estaciones de servicio en estos entornos». Esto lo
decía la Comisión Nacional de Energía. Es decir, favorecer la entrada de
operadores independientes y limitar la acción de los grandes.









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En segundo lugar, el desproporcionado margen bruto, 25% en
gasolina y 12% en gasoil antes de impuestos, aunque el coste de
aprovisionamiento en España es uno de los más bajos de la Unión Europea.
En tercer lugar, la inmediata aplicación de la subida del precio del
barril a los carburantes existentes en el mercado diario. Es decir, a un
carburante comprado a precios menores de mercado se le aplica el nuevo
precio del día anterior, generalmente más elevado. Y, a la recíproca,
cuando baja el precio del barril no se produce un rápido descenso de los
precios de los carburantes en las estaciones de servicio, y esto no tiene
ninguna racionalidad.


A estos asuntos, denunciados por la antigua Comisión
Nacional de Energía y la actual Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia en sus informes, se ha respondido con absoluta pasividad,
tanto por gobiernos socialistas como del Partido Popular, y es que el
ministerio tiene capacidad regulatoria e interventora, a través de la
inspección y de la sanción, y no se actúa, siendo perjudicado el
ciudadano de a pie.


La subida de los carburantes y de los precios energéticos
ha sido la principal causa de la inflación en el Estado en la última
década, y hay temas que en la Unión Europea son relevantes por su
eficacia en la competencia y que la moción no trata, como es la
dispersión de estaciones de servicio y la baja presencia del suministro y
distribución en los centros comerciales.


Decía la Comisión Nacional de Energía en el año 2013
—solamente ha pasado un año—: «En España se han introducido
medidas regulatorias de promoción de la competencia; el Real Decreto Ley
6/2000 limitó temporalmente la cuota de mercado a los operadores
dominantes en la distribución de carburantes pero no tuvo el éxito
esperado, pues las limitaciones no se establecieron en cuota de ventas
sino en número de puntos de suministro. Tampoco las facilidades para la
apertura de estaciones de servicio en grandes superficies surtió el
efecto deseado, dadas, entre otras, las trabas administrativas para
acometer este tipo de inversiones». Sin embargo, la experiencia europea,
según los estudios de la hoy Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, dice que las estaciones de servicio localizadas en centros
comerciales son las que presentan costes inferiores, pues priorizan otras
fuentes de negocio derivadas del carry trade y los beneficios de la
distribución de carburantes son indirectos.


Una cuestión diferencial frente a España es que en Francia
las cadenas de hipermercados participan en el mercado de
aprovisionamiento e importan directamente los carburantes que
comercializan, lo que les otorga ventajas de costes. En España, los
supermercados se aprovisionan de las operadoras al por mayor instaladas;
esta experiencia la practican aquí Eroski y Carrefour, con evidente
competencia sobre las operadoras. En general, puede decirse que la
situación de la distribución de carburantes en España, con una alta
participación de las estaciones de servicio convencionales vinculadas a
los operadores, una escasa presencia de hipermercados y una fuerte
concentración de mercado, conducen a una estructura de costes mucho menos
competitiva. Esta es una tarea cuya promoción corresponde a la
Administración central, a la autonómica y también a la Local. Si hubiese
tiempo, se podría poner sobre la mesa que la Comisión Nacional de Energía
realizó un exhaustivo estudio sobre el sector de carburantes en España
comparado, en este caso, con Francia, y podemos decir que se nota una
postura similar de argumentos en esta moción que, como he dicho, vamos a
apoyar.


Un paso importante que hay que tener en cuenta en cuanto a
la ordenación de las áreas de servicio en carreteras, autovías y
autopistas es que la moción no trata las competencias que tenemos en
Euskadi con las diputaciones forales, así como en Navarra; la moción no
hace mención a un tema que tiene su relevancia, y es el olvido de los
biocombustibles, que por su efecto en las consecuencias de la reducción
de gases de efecto invernadero deberían ser tenidas en cuenta. La
Asociación de Productores de Energías Renovables ha realizado un
interesante estudio diciendo que el objetivo global de los biocarburantes
en España, fijado desde el pasado año en el 4,1% del consumo de
carburantes de automoción, está a la cola de la Unión Europea; de los 25
países comunitarios que utilizan este mecanismo de apoyo a los
biocarburantes solo 3 tienen un objetivo mínimo para 2014 inferior al
español, según el análisis comparativo «Objetivos mínimos de
biocarburantes en la Unión Europea» realizado, como he dicho, por la
Asociación de Productores de Energías Renovables. El objetivo español es
entre un 45% y un 35% inferior a los vigentes en los 2 principales
mercados de biocarburantes de la Unión Europea, Francia y Alemania, al
tiempo que queda un 20% por debajo de la media comunitaria.









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Todos estos datos ponen de manifiesto la necesidad de que
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo incremente los actuales
objetivos de biocarburantes con el fin de retomar la senda de
cumplimiento de la meta de energías renovables en el transporte fijada
para el año 2020, que es un10%.


Finalizo, señor presidente. Aunque, en la actualidad, son
más caros, de 10 a 15 euros, que los derivados del petróleo, tienen su
importancia por su papel de reducción de la contaminación y de la factura
del petróleo, además de impulsar la industria y el empleo en el Estado,
podrían tener un menor impuesto, con lo que serían competitivos, y la
planta más importante, lo tengo que decir, está en el puerto de
Bilbao.


Por todas estas razones, consideramos que esta moción es
interesante, y nuestro grupo parlamentario la va a apoyar.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagsti.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies senyor president. Bona
tarda senyories.


En un context com el que vivim de profunda crisi econòmica,
és evident que el control del preu dels carburants no sols aquest, però
també aquest, es converteix en un element estratègic en les polítiques de
redreçament econòmic, tant des del punt de vista de la millora de la
competitivitat del nostre teixit productiu, de les nostres empreses, com
també des del punt de vista de la millora de l’economia familiar,
de les economies domèstiques, i per tant el foment del consum intern.


En aquest sentit, fa un any, com ja s’ha dit
anteriorment, el Govern i el Grup Parlamentari que el sustenta, aprovaven
una Llei, la Llei 11/2013 de 26 de juliol, de Medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. Un
conjunt de mesures molt heterogènies, diverses, que afectaven molts
àmbits, però pel que fa al tema que ens ocupa, pretenia com a objectius,
en primer lloc establir mesures d’establiment d’estabilitat
dels preus dels combustibles d’automoció, pretenia adoptar mesures
directes per el control dels preus dels carburants, aconseguir un
funcionament més eficient d’aquest mercat i, finalment incrementar
la competència en el mercat dels hidrocarburs líquids.


La veritat senyories és que, transcorregut un any,
fonamentalment la mesura estrella, que era l’increment
d’estacions de servei, de benzineres, que per cert, des del nostre
punt de vista, vulnerava les competències que en matèria
d’ordenació del territori tenen els municipis, aquesta era
fonamentalment la mesura estrella. L’argument era: més gasolineres
igual a més competència, i per tant més competència igual a major
control, disminució per tant, del preu dels carburants.


Doncs senyories, transcorregut un any, res més lluny de la
realitat. L’aprovació d’aquesta Llei no ha ajudat a la
consecució dels objectius que es plantejaven, altrament lloables,
carregats de bones intencions i que em sembla que tots podem compartir.
Cal reconèixer, per tant, que les mesures que pretenia adoptar aquesta
Llei no han aconseguit els objectius desitjats i, per tant en aquest
sentit, transcorregut un any, repeteixo, hauríem de parlar de fracàs. I
no sols ho diem nosaltres, no sols ho diem els grups parlamentaris, sinó
que també ho diuen els informes reiterats, constants, els informes de
supervisió de la distribució de carburants en estacions de servei que,
mensualment emet la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i em
refereixo especialment a l’informe del mes de gener de l’any
2014, en el que es diu en primer lloc que el preu dels carburants, lluny
de baixar, augmenta, en segon lloc, que el increment del preu
internacional del petroli, conegut com Brent del cru es trasllada
immediatament al preu dels carburants a les benzineres quan puja, però en
canvi, quan baixa, quan es produeix un descens, el preu final es
trasllada d’una manera molt lenta, i en tot cas, mai en la seva
totalitat. I com ja s’ha dit, el preu abans d’impostos, tant
de la gasolina com del gasoil, Espanya és dels més elevats dels països de
la Unió Europea, i que per contra, el marge de benefici brut a Espanya és
molt superior a la mitjana dels països europeus, com ja s’ha dit un
25% en la gasolina i un 11% gairebé un 12% en el gasoil. I finalment
l’informe també diu que les estacions de servei independents tenen
preus de venda al públic, en general, molt més baixos que les tres
empreses que copen la majoria, gairebé les ¾ parts del mercat
espanyol, com són Repsol, Cepsa i BP.









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En aquests sentit i en aquest context és en el que
s’ha d’emmarcar la moció que ens presenta el Grup
Parlamentari Socialista, vista la ineficàcia i el fracàs de les mesures
contemplades a la Llei que hem comentat anteriorment. En aquest sentit,
el Grup Parlamentari Socialista proposa una sèrie de mesures que,
d’alguna manera també tenien un precedent com ja ha dit el senador
Alique, en una moció que havien presentat ells mateixos fa dos anys, i
també en la proposició de Llei per l’increment de la competència
efectiva en el mercat dels hidrocarburs líquids. Mesures que no varen ser
tingudes en compte per el Grup Parlamentari Popular.


En quina línia van aquestes mesures que proposa en aquesta
moció el Grup Parlamentari Socialista? Doncs en la de garantir que cap
empresa que operi en l’activitat de refinament i comercialització
de carburants pugui exercir un control o influencia significativa sobre
la Companyia Logística d’Hidrocarburs, la coneguda com CLH. En
segon lloc retornar als municipis i comunitats autònomes les competències
i, per tant modificar la Llei que hem comentat anteriorment, sobre la
regulació d’instal·lacions a subministrament minorista de
combustible. En tercer lloc fomentar la igualtat d’oportunitats
entre els diferents operadors, tant majoristes com minoristes i els
propietaris d’instal·lacions competidores de la CLH, reduir la
quota màxima de mercat dels principals operadors al 20%, ampliar els
criteris de competència en l’adjudicació de concessions i,
finalment establir una metodologia comuna dins la Unió Europea per el
càlcul dels preus de venda mitjans nacionals.


A nosaltres també ens ha sorprès la utilització del torn en
contra. Pensem que hauria estat més intel·ligent proposar una
transaccional, proposar alternatives si en algun cas algunes de les
mesures no es veien prou concretes o no s’entenien prou eficaces.
En definitiva, lamentem que el Grup Parlamentari Popular no doni suport a
aquesta moció, fonamentalment perquè, vist el fracàs de les mesures
previstes a la llei de fa un any, potser les propostes que puguin venir
des de l’oposició, es pot intentar si redunden en els objectius que
pretenia la llei i que repeteixo, compartim, com és la millora de la
competència i per tant una lluita per una posició de domini i de monopoli
per part d’algunes de les operadores.


Repeteixo, lamentem la utilització del torn en contra, que
no s’hagin presentat alternatives i, en tot cas, i finalitzo,
senyories, dient que nosaltres donarem suport a la moció presentada per
el Grup Socialista.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.


En un contexto, como el que vivimos, de profunda crisis
económica, es evidente que el control del precio de los carburantes se
convierta en un elemento estratégico en las políticas de enderezamiento
económico, tanto desde el punto de vista de la mejora de la
competitividad del tejido productivo de nuestras empresas como desde el
punto de vista de mejora de la economía familiar, de las economías
domésticas y, por tanto, del fomento del consumo interno.


En este sentido, hace un año, como se ha dicho
anteriormente, el Gobierno y el grupo parlamentario que lo apoya,
aprobaban la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la creación de empleo, que
incluía un conjunto de medidas muy heterogéneas, diversas, que afectaban
a muchos ámbitos. Por lo que respecta al asunto que nos ocupa, tenía como
objetivos, en primer lugar, adoptar medidas para la estabilidad de
precios de vehículos de automoción; en segundo lugar, adoptar medidas
directas para el control de los precios de los carburantes; en tercer
lugar, conseguir un funcionamiento más eficaz de este mercado y,
finalmente, incrementar la competencia en el mercado de los hidrocarburos
líquidos.


La verdad, señorías, es que, transcurrido un año,
fundamentalmente la medida estrella que se planteaba era el incremento
del número de estaciones de servicio de gasolineras —por cierto,
desde nuestro punto de vista, como ya le dijimos, vulneraba las
competencias que en materia de ordenación del territorio tienen los
municipios—, y el argumento que la sustentaba era el de más
gasolineras igual a más competencia y, por tanto, más competencia igual a
un mayor control y descenso de precio de los carburantes.


Señorías, transcurrido un año, nada más lejos de la
realidad. La aprobación de esta ley no ha ayudado a la consecución de los
objetivos que se planteaban, por otra parte, loables, cargados de buenas
intenciones y que todos podemos compartir. Hay que reconocer, por tanto,
que las medidas que pretendía adoptar esta ley no han conseguido los
objetivos deseados y, por tanto, en este









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sentido, después de un año, repito, deberíamos hablar de
fracaso, y no solo lo decimos nosotros, no solo lo decimos los grupos
parlamentarios, también lo afirman los reiterados y constantes informes
de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio que, mensualmente, como ya también se ha dicho, emite la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y me refiero
especialmente al informe del mes de enero del año 2014, de este mismo
año, en el que se dice que, en primer lugar, el precio de los
carburantes, lejos de bajar, aumenta; en segundo lugar, que el incremento
del precio internacional del petróleo, conocido como barril Brent de
crudo, se traslada inmediatamente al precio de los carburantes en las
gasolineras cuando sube el precio, pero, en cambio, cuando baja, el
precio final se traslada de una manera muy lenta y, en todo caso, nunca
en su totalidad. Y, como también ya se ha dicho, el precio antes de
impuestos, tanto de la gasolina como del gasóleo en España son de los más
elevados de los países de la Unión Europea. Por contra, el margen de
beneficio bruto en España es muy superior a la media de los países
europeos, como ya se ha dicho, un 25% en la gasolina y casi un 11% en el
gasóleo. Finalmente, este informe dice que las estaciones de servicio
independientes tienen precios de venta al público, en general, mucho más
bajos que las 3 empresas que copan las 3/4 partes del mercado español,
que son Repsol, Cepsa y BP.


En este contexto es en el que tenemos que enmarcar la
moción que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista, vista la
ineficacia y el fracaso de las medidas contempladas en la ley que hemos
comentado anteriormente. En este sentido, el Grupo Parlamentario
Socialista propone una serie de medidas que de algún modo tienen un
precedente, como ha dicho el senador Alique, en una moción que habían
presentado ellos mismos hace 2 años y también en la proposición de ley
para el incremento de la competencia efectiva en el mercado de los
hidrocarburos líquidos, medidas que no fueron previstas ni tenidas en
cuenta por el Grupo Parlamentario Popular.


¿En qué línea van las medidas que propone en esta moción el
Grupo Parlamentario Socialista? Pues en la de garantizar que ninguna
empresa que opere en la actividad de refinamiento o comercialización de
carburantes pueda ejercer control o influencia significativa sobre la
Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH. En segundo lugar, en la de
devolver a los municipios y comunidades autónomas las competencias, y,
por tanto, en la de modificar la ley que hemos comentado anteriormente
sobre la regulación de instalaciones de suministro de combustible. Y, en
tercer lugar, en la de fomentar la igualdad de oportunidades entre los
diferentes operadores, tanto mayoristas como minoristas y los
propietarios de instalaciones competidoras de la CLH, en la de reducir la
cuota máxima de mercado de los principales operadores al 20%, en la de
ampliar los criterios de competencia en la adjudicación de concesiones,
y, finalmente, en la de establecer una metodología común dentro de la
Unión Europea para el cálculo de los precios de venta medios
nacionales.


A nosotros también nos ha sorprendido la utilización del
turno en contra. Creemos que hubiera sido más inteligente, en todo caso,
proponer una transaccional, alternativas, si algunas de las medidas no se
veían demasiado concretas o eficaces. En definitiva, lamentamos que el
Grupo Parlamentario Popular no apoye esta moción, fundamentalmente,
porque visto el fracaso de las medidas previstas en la ley de hace un
año, quizás podrían contemplarse las propuestas que pudieran venir de la
oposición si redundan en los objetivos que pretendía la ley que, repito,
compartimos, como en el caso de la mejora de la competencia y, por tanto,
en la lucha contra la posición de dominio y de monopolio por parte de
algunas operadoras.


Repito que lamentamos la utilización del turno en contra,
que no se hayan presentado alternativas y, en todo caso, para finalizar,
señalaré que nosotros apoyaremos la moción presentada por el Grupo
Socialista.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies senyor president.


Senyor Alique, nosaltres compartim molts dels punts
d’aquesta extensa moció que avui aquí ens ha presentat, no tots,
però la gran majoria els compartim, com aniré detallant a llarg de la
intervenció, i el que és evident és el que fa referencia en el camp de
l’evolució preus dels carburants d’automoció, i el que està
clar és que alguna cosa no va bé perquè quan el preu del cru, i en









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referència al Bren, puja, pugen els preus de manera
immediata i quan aquest preu del cru baixa, es tarda un temps. Per tant,
alguna cosa no acaba de funcionar de manera correcta.


Però per analitzar tot això voldria com han fet també
d’altres portaveus que ha intervingut anteriorment, analitzar
alguns dels aspectes que contempla la Llei que es va aprovar justament fa
un any, una Llei de mesures de suport a l’emprenedor, una Llei
amplia, mesures transversals en diferents àmbits, en l’ocupació, en
l’empleabilitat, en la feina dels joves, etc. però també en el camp
dels hidrocarburs i especialment pel que fa referencia als combustibles
per els cotxes.


Val la pena recordar quines intencions hi havia en aquesta
llei, ´quin era l’esperit que recollia, i el que és evident és
que l’actual escenari de recessió econòmica i tenint en compte
l’evolució de les cotitzacions dels productes petrolífers, es
considerava justificat per raons d’interès nacional, vetllar per
l’estabilitat dels preus dels combustibles d’automoció i
adoptar mesures directes d’impacte immediat sobre els preus dels
carburants, alhora que permetessin un millor funcionament i més eficient
d’aquest mercat. Això eren intencions de la llei.


També reconeixia algunes coses que val la pena posar damunt
la taula: el major nivell de preus abans d’impostos, que també hi
ha fet referència gairebé tots els portaveus, dels carburants a Espanya
respecte a Europa es constata de forma reiterada que són superiors, per
tant aquesta és un altre realitat reconeguda a través dels informes de la
Comissió Nacional de la Energia. Així mateix, la Comissió Nacional de la
Competència conclou en els diferents informes que, a partir d’una
comparació de preus dels carburants de diversos països d’Europa, el
comportament dels preus i marges de mercat de distribució de carburants a
Espanya mostra signes d’una reduïda competència efectiva. Es a dir,
reconeixement que hi ha manca de competència, i d’una competència
com cal.


En aquest sentit, s’adopten una sèrie de mesures tant
en l’àmbit del mercat majorista com en l’àmbit del mercat
minorista, i per destacar les principals, es deia que en l’àmbit
majorista es considera necessari garantir que l’eficiència de la
logística d’hidrocarburs permeti que els costos de distribució
siguin el més baixos possible. D’acord, siguin el més baixos
possible. I en l’àmbit minorista del sector es proposen mesures per
eliminar barreres administratives, simplificar tràmits, l’apertura
de noves instal·lacions de subministrament minorista, de carburants i
mesures per fomentar l’entrada de nous operadors. Tot això es
contemplava, totalment d’acord, però la realitat és que la Llei en
aquest sentit s’ha manifestat totalment insuficient per aconseguir
tots aquests aspectes.


Però jo voldria també, ja que parlem de carburants
d’automoció, és també parlar de energia i de política energètica i
crec que val la pena també manifestar en aquests sentit la preocupació
general que tenim de que no hi ja una política energètica per part dels
Governs de l’Estat espanyol. Una política energètica clara, una
política energètica definida i una política energètica que venim demanant
de maner reiterada des de fa molt de temps. Des de la Legislatura
passada, quan governaven els Socialistes, a l’actual.


I per tant, estem veient en aquests moments diferents
moviments en països a nivell europeu i fora d’Europa, de les pugnes
que hi ha per liderar la política energètica mundial. La manca de
subministraments en alguns països europeus, i com s’exerceix el
lideratge a partir de l’energia. Per tant tot això què ens posa de
manifest, que vull dir amb tot això? Que la política energètica és una
qüestió estratègica d’un país de cabdal importància per qualsevol
Estat, i que lamentablement aquí no veiem que aquesta sigui una prioritat
per aquest govern, i per tant ho lamentem i ho estem patint.


Evidentment, per fer referencia a la moció que ens
presentava el senyor Alique, és evident que totes aquelles mesures
favorable a la transparència, la competitivitat, la transparència entre
subministradors perquè en definitiva el consumidor pugui tenir un millor
preu, amb tot això, totalment d’acord. Però també hi ha alguns
aspectes en que nosaltres discrepem i és a dir que un excés
d’intervencionisme en els mercats va en contra d’un procés
liberalitzador del sector, i per tant veiem que hi ha algun punt en el
que no estem totalment d’acord. I també voldria dir que hi ha
aspectes que són competències de les comunitats autònomes i que ens
hagués agradat que s’hagués detallat de manera clara que moltes de
les iniciatives que es proposen com a objectius en aquesta moció, són
competència de les comunitats autònomes.Per tant, i atès que no es pot
votar una moció punt a punt, i estan d’acord en molts dels punts,
n’hi ha alguns en els que nosaltres discrepem, i per tant, per tot
això, la nostre posició en aquesta moció és d’una abstenció, tot i









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reconeixent que estem molt d’acord en que cal
fomentar la competitivitat, la transparència, la competència i que, en
definitiva els preus han de ser molt més competitius, perquè realment
això té una incidència diària i pràctica sobre l’evolució de
l’economia espanyola i d’aquest país, i en definitiva cal fer
encara molts esforços en aquesta línia.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señor presidente.


Señor Alique, nosotros compartimos muchos de los puntos de
esta extensa moción que nos ha presentado hoy aquí. No todos, pero sí la
gran mayoría, como iré detallando a lo largo de mi intervención. Lo que
es evidente es que, sobre todo, en lo que se refiere al campo de la
evolución de los precios de los carburantes de automoción, algo no está
funcionando bien, porque cuando el precio del crudo —en referencia
al Brent— sube, los precios suben inmediatamente, y cuando este
precio del crudo baja, se tarda un tiempo. Por tanto, algo no acaba de
funcionar correctamente.


Para analizar todo ello, quiero, como han hecho los
portavoces que han intervenido anteriormente, analizar algunos de los
aspectos que contempla la ley que se aprobó justamente hace un año, la
Ley de medidas de apoyo al emprendedor; una amplia ley que contiene
cuestiones transversales sobre diferentes ámbitos: el empleo, el trabajo
de los jóvenes, etcétera, y también la situación de los hidrocarburos,
especialmente de los combustibles para los coches.


Es necesario recordar qué intenciones tenía esta ley, cuál
era su espíritu. Lo que es evidente es que en el escenario actual de
recesión económica, teniendo en cuenta la evolución de las cotizaciones
de los productos petrolíferos, se consideraba justificado por razones de
interés nacional velar por la estabilidad de los precios de los
combustibles de automoción y adoptar medidas directas de impacto
inmediato sobre esos precios, a la vez que permite un mejor
funcionamiento y una mayor eficiencia en este mercado. Estas eran las
intenciones de la ley.


Pero reconocía más cosas, y conviene ponerlo encima de la
mesa. Existe un mayor nivel en los precios antes de impuestos de los
carburantes —y todos los portavoces han hecho referencia a
ello— respecto a Europa; se constata de manera reiterada que son
superiores. Esta es una realidad reconocida en los informes de la
Comisión Nacional de la Energía. Sin embargo, la Comisión Nacional de la
Competencia en sus diferentes informes concluye, a partir de la
comparación de los precios de los carburantes de diferentes países de
Europa, que el comportamiento de los precios y márgenes de mercado de
distribución de carburantes en España muestra signos de una reducida
competencia efectiva. Es decir, reconocemos una falta de competencia al
respecto.


En este sentido se propusieron una serie de medidas, tanto
en el ámbito del mercado minorista como en el del mercado mayorista, y
voy a referirme a ello destacando las principales. En el ámbito mayorista
se considera necesario garantizar que la eficiencia de la logística de
hidrocarburos permita que los costes de distribución sean lo más bajos
posible y para el ámbito minorista del sector se proponen medidas para
eliminar barreras administrativas, simplificar trámites, la apertura de
nuevas instalaciones de suministro de carburante a minoristas y medidas
para fomentar la entrada de nuevos operadores. Todo esto se contemplaba,
estoy totalmente de acuerdo, pero la realidad es que la ley se ha
manifestado totalmente insuficiente para conseguir estos objetivos.


Ya que hablamos de carburantes y automoción, también quiero
referirme a la energía y a la política energética. En este sentido, es
necesario manifestar la preocupación general que existe porque no haya
una política energética por parte del Gobierno del Estado español; una
política energética clara y definida que venimos pidiendo de forma
reiterada desde hace mucho tiempo, desde la legislatura pasada, cuando
gobernaban los socialistas, hasta la actual.


En este momento vemos diferentes movimientos en países
europeos y de fuera de Europa por las pugnas que existen para liderar la
política energética mundial. Se ha evidenciado la falta de suministro de
algunos países europeos y cómo se ejerce un liderazgo a partir de la
energía. Y todo esto, ¿qué pone de manifiesto? Que la política energética
es una cuestión estratégica para un país, es de vital importancia para
cualquier Estado, pero lamentablemente no vemos que para este Gobierno
sea una prioridad. Lo lamentamos y también lo estamos sufriendo.


Si nos referimos a la moción que ha presentado el señor
Alique, es evidente que todas las medidas van encaminadas a favorecer la
transparencia, la competitividad, la competencia entre los
suministradores y, en definitiva, a que el consumidor pueda obtener el
mejor precio. Estoy









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totalmente de acuerdo con todo esto, pero también hay
algunos aspectos en los que discrepamos, y es que un exceso de
intervencionismo en los mercados va en contra de un proceso liberalizador
del sector, y por tanto, vemos que hay algún punto con el que no estamos
de acuerdo. Y también hay aspectos que son competencia de las comunidades
autónomas, y nos hubiese gustado que se hubiera dicho de manera clara que
muchas de las iniciativas que se proponen como objetivos en esta moción
son competencia de las comunidades autónomas. Así pues, y ya que no se
puede votar solo un punto de la moción, estando de acuerdo con muchos de
ellos, hay otros con los que discrepamos, y por tanto, nos abstendremos
en la votación, aunque reconocemos que estamos muy de acuerdo en que hay
que fomentar la competitividad, la transparencia y la competencia, y que
en definitiva los precios tienen que ser mucho más competitivos porque
esto tiene una incidencia diaria y práctica sobre la evolución de la
economía española, y todavía hay que hacer muchos esfuerzos en esta
línea.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, quiero agradecer, en primer lugar, el apoyo del
Grupo Vasco y las palabras del senador Anasagasti, así como el apoyo del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, pero simple y
llanamente no entiendo al Grupo Convergència i Unió, porque ustedes
coinciden mayoritariamente con lo que plateamos; podrían haber presentado
una enmienda y seguramente habríamos podido llegar a un acuerdo. Así
pues, si creen que la finalidad es buena, les pido que reflexionen de
aquí a la votación.


Señorías, en el último Pleno defendí en esta Cámara lo que
considero es un ataque de este Gobierno a las energías renovables. Dije
entonces, y lo repito ahora, que esta es la legislatura de las
oportunidades perdidas, y me reafirmo en ello. ¿Recuerdan las primeras
declaraciones del presidente del Gobierno y de sus ministros? Hablaban de
forma un tanto grandilocuente de reformas estructurales, de políticas a
largo plazo, de planes de competitividad, de reorientación del tejido
productivo, y al final, ¿adónde hemos llegado?, ¿qué es lo que queda de
todo aquello? Pues, señorías, nada de nada. El Partido Popular engañó a
los ciudadanos para ganar las elecciones cuando prometieron que crearían
3,5 millones de puestos de trabajo y se ha destruido 1 millón; cuando
dijeron que no recortarían en educación, sanidad y dependencia, y lo han
hecho un día sí y otro también en el Estado de bienestar. Ustedes han
utilizado el paraguas de la crisis para llevar a cabo su ideología, para
modificar el modelo económico y social, para cambiar servicios públicos
por negocio privado y, en definitiva, para institucionalizar la
precarización. ¿Y cómo lo han hecho? Pues precarizando el empleo y
bajando los salarios, rebajando el poder adquisitivo de las pensiones, y
deteriorando la educación, la sanidad y la dependencia. El resultado es
más paro, más desigualdad, más pobreza, más dolor y más sufrimiento. A
este Gobierno, que no va más allá de la reducción de los costes
salariales y del gasto social, el Grupo Parlamentario Socialista le
quiere decir que hay otra forma de hacer política, de gestionar la
economía, de defender los intereses de los ciudadanos y de mejorar el
tejido productivo sin que nadie pierda y sin que nadie quede excluido. Es
más, el Grupo Parlamentario Socialista considera que sin esas políticas
que les estaba comentando cualquier salida de la crisis será, por
ortodoxa que sea, una salida en falso porque seguiremos estando
condenados a seguir padeciendo los mismos males.


Por tanto, el Gobierno no puede mirar para otro lado y
tiene, y es su obligación, que adoptar medidas encaminadas a introducir
más competencias en los mercados, porque, señor Palacios, los mercados no
están funcionando en este momento; lo dijo hace dos años la Comisión
Nacional de la Competencia y ahora la Comisión Nacional del Mercado y de
la Competencia que ustedes han creado. Señor Palacios, es increíble que
diga usted que el Gobierno no puede hacer nada, echando balones fuera. Le
recuerdo que la liberalización de este sector la hizo el Partido Popular
a finales de los años noventa. ¿Y sabe lo que dijeron entonces? Que lo
hacían para mejorar los servicios y para que bajasen los precios, y ha
sido un fracaso porque los precios no han bajado. ¿Y por qué no han
bajado los precios? Porque no hay competencia —se lo dijo hace dos
años la Comisión Nacional de la Competencia y ahora la actual Comisión
Nacional del Mercado de la Competencia—, y siguen ustedes mirando
para otro lado. Parece que aceptan que unos pocos









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—muy pocos—, las grandes petroleras, sigan
forrándose —hablando en plata— a costa del bolsillo de los
ciudadanos, de las pymes y de los autónomos de nuestro país.


Señoría, le voy a decir cómo funciona esto. Yo algunas
veces echo gasolina en Alcalá de Henares, en Alcampo, y pone: gasolina
suministrada por Repsol, hace unas semanas a 1,259. Voy hacia
Guadalajara, hacia mi ciudad, y me encuentro 2 gasolineras de Repsol y
del oligopolio, y están a 1,359 y a 1,459. ¿Por qué ocurre esto,
señorías? Porque 6 de cada 10 gasolineras son de las 3 operadoras
dominantes, y porque 7 de cada 10 litros los venden estas operadoras. Por
lo tanto, más gasolineras no es igual a más competencia; pero menos
posición dominante de las 3 grandes operadoras sí es competencia.


Eso es lo que le estamos pidiendo, señorías. Este Gobierno
debe dejar de jugar al ratón y al gato con los consumidores, con las
pymes y con los autónomos y dar la cara de una vez por todas. En este
contexto es donde se enmarcan precisamente las reformas que les pedimos
que hay que acometer para que el mercado de los carburantes y el de la
electricidad dejen de ser un lastre y una rémora para la competitividad
de nuestra economía y pasen a ser una palanca y un factor de desarrollo,
de creación de riqueza y de empleo. Pero con medias tintas, con
servidumbres espurias y con comportamientos injustificados como los de
este Gobierno, no va a cambiar absolutamente nada; eso sí, a Repsol, a
Cepsa o a BP le irá bien, pero les irá mal a los ciudadanos, a las pymes
y a los autónomos de nuestro país.


Señorías, no son de recibo los márgenes brutos de
distribución a corto y a medio plazo para los consumidores españoles en
el mercado de los combustibles, tanto de la gasolina como del gasóleo,
porque esa es la principal causa de los precios desorbitados que hay en
este momento antes de impuestos en los carburantes, que no tienen ningún
parangón con Europa, como tampoco es de recibo que se cobre sobre
retribuciones de las centrales nucleares o de las hidroeléctricas.


Pues bien, señorías, en uno y en otro caso hay un primer
denominador común, que son las grandes empresas, oligopolios de oferta,
comportamientos monopolísticos, fijación de precios, beneficios
extraordinarios. Esa es la película. Y en uno y en otro caso hay otro
segundo denominador común: un Gobierno títere que no hace absolutamente
nada y que permite que esas grandes empresas se apropien indebidamente de
parte de la renta de los consumidores en detrimento de su poder
adquisitivo y del conjunto del sistema.


Le voy a dar 2 datos. Cada familia necesita un 4,4% de sus
gastos para abastecerse del carburante al cabo del año; es decir, unos
1300 euros al año. Otro dato: el gasóleo para un transportista significa
un 40% de sus gastos de explotación. Señorías, la relación que mantiene
este Gobierno con las grandes empresas es una especie de toma y daca que,
en cierto modo, recuerda a uno de esos partidos amañados de un mundial
cuando a uno y a otro contendiente le sirve el empate para clasificarse,
que en algunos casos, no pocos —y ahora me refiero a la política
del Gobierno—, han acabado en comedia cuando no en tragedia.


Señorías, todos hemos conocido y hemos sido testigos de las
fervorosas defensas de la libertad de mercado para la fijación de precios
que ha hecho el señor Soria en esta Cámara —ahí está el Diario de
Sesiones para atestiguarlo—; fervorosas defensas de la libertad de
mercado para la fijación de precios que inmediatamente, en algún caso,
han sido seguidas de actuaciones intervencionistas que venían a
contradecir ese credo expresado con tanta vehemencia tan solo unos días
antes. Para muestra un botón: en el recuerdo quedan hitos tan
sobresalientes, desde el punto de vista del esperpento político, como la
archiconocida —y la recordarán— anulación de la subasta
eléctrica y el establecimiento de unas normas nuevas para fijar las
tarifas, que ya veremos dónde acaba; de momento puede acabar en una
importante subida del recibo de la luz en este mes.


Por lo tanto, vamos de vodevil en vodevil, vamos de sainete
político en sainete político, vamos de despropósito en despropósito, y se
me acaban los calificativos. Pero, señorías, no se me acaban los
calificativos para denunciar, alto y claro, y para exigir un respeto para
cada uno de los ciudadanos, de las pymes, de los autónomos de este país
que, señorías del Grupo Parlamentario Popular, tienen todo el derecho a
tener y a disfrutar de unos mercados competitivos en sectores tan
estratégicos como el de los carburantes o el de la electricidad. Basta ya
de medidas inocuas como las que aprobaron ustedes hace tan solo un año,
porque solo son una cortina de humo; basta ya de políticas serviles;
basta ya de sumisión al poder de las grandes empresas; y basta ya de
anteponer los intereses particulares a los intereses generales.









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El Grupo Parlamentario Socialista les pide, les exige que
haya un cambio de rumbo, empezando por este sector, el de los carburantes
y el de los combustibles de automoción, en un momento en el que, como le
decía al principio, muchas personas que utilizan el vehículo han visto
que ha subido de una forma considerable el precio de los carburantes.
Este sector de los carburantes es vital para el bolsillo de los
ciudadanos, es vital para el transporte terrestre y es vital para la
competitividad de nuestras empresas, especialmente para nuestras pymes y
autónomos, y es un sector, señorías, que debe estar en la matriz del
cambio de un nuevo modelo económico, innovador, competitivo y sostenible,
que genere empleo, que genere riqueza, que genere igualdad y también
cohesión económica y territorial.


Creemos que esta moción que presenta el Grupo Socialista va
en el buen camino. Son medidas valientes, atrevidas y antimonopolio,
medidas necesarias para romper las barreras que hoy existen y que
dificultan que entren nuevos competidores en el mercado de los
hidrocarburos líquidos, abriéndose así a la competencia, porque es
necesario que haya competencia en este sector, y contribuyendo con ello a
reducir los márgenes empresariales, que son abusivos en este país, y a
que se moderen los precios y se ajusten a la evolución de las
cotizaciones internacionales del petróleo.


Señorías, simplemente es vergonzoso e inaceptable que
ocurra esto al mismo tiempo que estas grandes empresas anuncian
importantes beneficios en sus cuentas de resultados. Señorías del Grupo
Popular, el Grupo Parlamentario Socialista está del lado de los
ciudadanos, de las pymes, de los autónomos; ustedes están del lado del
oligopolio y de los poderosos. Por eso les pedimos que rectifiquen.
(Protestas.—Aplausos). Sí, señorías, hoy tienen ustedes oportunidad
de cambiar de bando y defender el interés de los ciudadanos, de las pymes
de nuestro país y de los autónomos. ¿Saben cómo? Votando a favor de la
moción del Grupo Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor
presidente.


En primer lugar, senadores Anasagasti y Bruguera, he de
decirles que no tengo por costumbre utilizar el turno en contra, pero en
este caso esta es una moción muy técnica, muy larga —son 3 folios
de petitum— y he considerado que era necesario hacerlo para poder
explicar los argumentos por los que entendíamos que esta moción era
innecesaria.


En mi primera intervención les decía que el problema de
este país está en los precios antes de impuestos de los carburantes. ¿Y
cuáles son las razones? Ya las han dicho algunos de los portavoces que
han intervenido desde esta tribuna. En primer lugar, el grado de
concentración en la propiedad de las refinerías y de las estaciones de
servicio, que es mayor que en los países de nuestro entorno, y, en
segundo lugar, los elevados márgenes de nuestros carburantes.


Pero esta situación no es nueva, no es de hoy, porque desde
hace muchos años las 9 refinerías aptas para producir carburantes
pertenecen a 3 operadores, y estos, a su vez, tenían el 55% de las
estaciones de servicio. Y no solo eso, sino que entre los años 2007 y
2010, es decir, durante la etapa del Gobierno socialista, esos operadores
aumentaron su margen bruto de beneficio en un 20%. Esto no me lo estoy
inventando; fue la anterior Comisión Nacional de la Energía la que año
tras año venía denunciando ese mayor nivel de precios antes de impuestos
de los carburantes en España en sus informes de supervisión, y lo hacía
también la Comisión Nacional de la Competencia, que advertía que el
comportamiento de los precios y los márgenes del mercado de distribución
de carburantes era una muestra de la reducida competencia efectiva que
había en este país. Pero no solo eso, sino que además esos informes
recomendaban al Gobierno anterior de manera reiterada que tomara una
serie de medidas para paliar los efectos perniciosos. Y este, a pesar de
que las operadoras aumentaron el margen, como les he dicho, en un 20%, y
a pesar de que la gasolina subió en un solo año un 16%, la única medida
efectiva o efectista que tomó fue la de reducir la velocidad máxima en
las vías rápidas a 110 km/h. ¿Lo recuerdan, señorías? Esta era la
situación. Esto es lo que nos dejó el Partido Socialista. Porque la
Comisión Nacional de la Competencia en un informe del año 2012 describía
muy bien la situación que se había producido en España a finales del año
2011: los precios y los márgenes de los carburantes en nuestro país
seguían estando entre los más altos de la Unión Europea, estaban por
encima de los de las









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economías de un tamaño comparable al nuestro y se producía
ese efecto de plumas y cohetes que nos ha explicado el portavoz
socialista.


El hecho es que estos mismos que ahora presentan esta
moción nada hicieron en los años en que gobernaron, y ahora en su moción
lo que pretenden es que se devuelvan a las administraciones locales las
competencias para la concesión de licencias municipales en la apertura de
nuevas gasolineras, lo cual es algo insólito, porque la antigua Comisión
Nacional de la Competencia señaló reiteradamente esto como uno de los
obstáculos para poder rebajar el precio final de los carburantes, puesto
que, como decía esa comisión, la escasez de estaciones de servicio en
muchas zonas de nuestro país se debía a las trabas burocráticas y
administrativas que ponían los ayuntamientos, y decía además que la
apertura de nuevas estaciones de servicio en entornos urbanos seguía
siendo muy complicada porque los procedimientos administrativos de
concesión de licencias podían prolongarse durante demasiado tiempo debido
a que los ayuntamientos seguían disponiendo de numerosos instrumentos con
los que controlar o retrasar la apertura de gasolineras en sus términos
municipales. Esto no lo dicen ahora, lo decían en la etapa del Gobierno
socialista. (Rumores).


Estas trabas son las que se han subsanado con la Ley
11/2013, y ahora, cuando se está demostrando que esa medida ha sido
efectiva para mejorar la competencia, vienen ustedes y nos plantean
volver a la situación anterior, es decir, la que influía negativamente en
la concentración minorista, en la estabilidad de cuotas de mercado, en la
introducción de nuevos modelos de negocio competitivos y en el tamaño
potencial del mercado mayorista. Y les tengo que decir que la verdad es
que no lo entiendo. (Rumores).


Señorías, el actual Gobierno tiene entre sus prioridades
que en este país podamos tener una gasolina y un gasóleo a unos precios
similares a los de los países de nuestro entorno y por eso ha tomado una
serie de medidas —lo que no hicieron ustedes— para acabar con
todas esas barreras para la entrada y expansión de otros operadores, para
acabar con los elevados márgenes en los carburantes de automoción y para
acabar con esas trabas burocráticas. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio,
por favor.


El señor PALACIOS ZUASTI: Y lo ha hecho a través de 2
disposiciones: el Real Decreto Ley 4/2013 y la Ley 11/2013, de medidas de
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo, con las que se han incluido una serie de medidas tanto en el
mercado de mayorista como en el de minorista para introducir una
competencia más efectiva, limitar el poder de los operadores dominantes,
reducir la barrera de entrada a nuevos operadores, velar por la
estabilidad en el precio de los combustibles de automoción, facilitar la
apertura de nuevas estaciones de servicio, al tiempo que se limita el
poder de mercado de los grandes operadores, y lograr un funcionamiento
más eficiente de este mercado.


Por tanto, este Gobierno, el actual Gobierno, a diferencia
del anterior, no ha perdido el tiempo, se ha ocupado del tema y ha tomado
medidas que están contribuyendo a que el precio de la gasolina y del
gasóleo pueda abaratarse; medidas que ya están dando resultados: el
margen bruto, como les decía antes, se ha reducido en un 0,7% en el caso
de la gasolina, mientras que en la eurozona se ha incrementado en el
1,3%. Unas medidas, unas modificaciones que han sido analizadas por la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en su informe del
pasado 6 de marzo, en el que se valora favorablemente la nueva regulación
de los contratos de suministro en exclusiva de carburantes, se dice que
los contratos anteriores constituían una de las principales barreras a la
entrada y expansión en España de operadores petrolíferos y se dice
expresamente que las limitaciones establecidas en la nueva ley son
recomendables y coherentes con la normativa de competencia e incluso va
más allá de lo que impone la normativa comunitaria en el caso de la
duración de los contratos. Esto lo dice la Comisión Nacional, por tanto
no entiendo, señor Alique, que diga que este Gobierno ha fracasado en la
materia.


Aunque el tiempo transcurrido desde esta reforma es poco
todavía, sus efectos favorables ya los estamos viendo. La realidad es que
los 3 grandes operadores han perdido 9 puntos de cuota de mercado en
estaciones de servicio en favor de otros mayoristas de hipermercados y de
supermercados. Entre el mes de febrero de 2013 y febrero de 2014, con la
nueva normativa, con esa medida, que el señor Bruguera decía que era la
medida estrella, se ha conseguido que se hayan abierto un 41% más de
estaciones de servicio que en el mismo período









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de los años 2012-2013 y un 36% más que entre los años
2011-2012. Por tanto, señor Bruguera, de fracaso nada de nada. Las
reformas puestas en marcha por el actual gobierno están empezando a
reconducir la situación, y no solo eso sino que, además, este Gobierno
sigue muy de cerca la cuestión y está realizando una supervisión
permanente del sector de los combustibles, por lo que va a seguir
impulsando cuantas medidas sean necesarias y oportunas para garantizar un
funcionamiento del mercado que sea transparente y competitivo y con un
único objetivo: que los carburantes en este país no lastren a nuestras
familias, a las pymes y al resto de nuestra industria. Y esto lo va a
hacer, señor Alique, aunque tenga que ir contra su famoso oligopolio. Lo
hará. En definitiva, va a tomar las medidas que sean necesarias para que
los carburantes coadyuven al bienestar de todos los ciudadanos, a la
competitividad de la economía en general y a la creación de empleo. Y,
por eso, señor presidente, vamos a votar en contra de esta moción.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 230; a favor, 74; en contra, 143;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Señorías, se suspende la sesión hasta las 4 de la tarde.
Buenas tardes.


Eran las quince horas.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco
minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se reanuda la
sesión.


10. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


10.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


10.1.1. PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO Y OTRAS MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA.


COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


(Núm. exp. 621/000072)


El señor presidente da lectura a los puntos 10., 10.1. y
10.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra el senador Sanz.


EL señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Proyecto de Ley de racionalización del sector
público y otras medidas de reforma administrativa tuvo su entrada en esta
Cámara y fue publicado el día 22 de mayo de este año, y se ha tramitado
por el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de enmiendas y
propuestas de veto finalizó el día 3 de junio, y fue ampliado hasta el
día 9 del mismo mes. Se presentaron 8 propuestas de veto y 181 enmiendas.
Las 8 propuestas de veto fueron las siguientes: de los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto; de la senadora Capella i
Farré, del Grupo Mixto; del Grupo Catalán en el Senado Convergència i
Unió; de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa;
de los senadores Almiña Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí
Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo
Entesa; del senador Martínez Oblanca, del Grupo Mixto; del Grupo Vasco en
el Senado; y finalmente, del Grupo Socialista.


Por su parte, las enmiendas se distribuyeron de la
siguiente forma: 13 enmiendas de los senadores Fuster Muniesa, Ibarz
Ibarz y Santos Fernández, del Grupo Popular en el Senado; 19









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enmiendas de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, del Grupo Mixto; 22 enmiendas del Grupo Catalán en el Senado
Convergència i Unió; 58 enmiendas del Grupo Entesa; 11 enmiendas del
Grupo Vasco; 39 enmiendas del Grupo Socialista; y 19 enmiendas del Grupo
Popular en el Senado.


La comisión se reunió el pasado 24 de junio y acordó
designar la siguiente ponencia para informar este proyecto de ley: por el
Grupo Popular, don Juan Antonio de las Heras y doña Virginia Romero
Bañón; por el Grupo Socialista, la senadora Sanz Murillo y el senador
Vázquez García; por el Grupo Catalán, el senador Ferran Bel Accensi; por
el Grupo de la Entesa, el senador Montilla Aguilera; por el Grupo Vasco,
la senadora Martínez Muñoz; y por el Grupo Mixto, el senador Martínez
Oblanca. Dicha ponencia elevó a la comisión el informe que introducía
como modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados
las enmiendas 163 a 167, 169, 172 y 173, 175 y 177 a 181, presentadas por
el Grupo Popular.


La comisión se volvió a reunir el pasado 26 de junio para
dictaminar, y tras el debate correspondiente se votaron las propuestas de
veto, quedando todas ellas rechazadas. Se debatieron las enmiendas, y
finalmente se sometió a votación el texto propuesto por la ponencia en su
informe, con la inclusión de una enmienda transaccional sobre la enmienda
número 1, de los senadores Fuster Muniesa, Ibarz Ibarz y Santos
Fernández, del Grupo Popular, resultando aprobado por 16 votos a favor, 8
en contra y ninguna abstención.


Han presentado votos particulares el Grupo Mixto, respecto
a las propuestas de veto número 1 y número 2 y a las enmiendas 14 a 32;
el senador Martínez Oblanca, respecto a su propuesta de veto número 6; el
Grupo Vasco en el Senado, respecto a su veto número 7 y a sus enmiendas
presentadas; el Grupo Catalán, respecto a su propuesto de veto número 3 y
a sus enmiendas presentadas; los senadores Fuster Muniesa, Ibarz Ibarz y
Santos Fernández, del Grupo Popular, respecto a sus enmiendas 2 a 13; el
Grupo Socialista, respecto a su propuesta de veto número 8 y a sus
enmiendas presentadas; el Grupo Popular, respecto a sus enmiendas 168,
171 y 176; los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, respecto a su
propuesta de veto número 4; los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y
Sequera García, del Grupo Entesa respecto a su propuesta de veto número
5; y el Grupo Entesa respecto a sus enmiendas 55 a 112. Además, el Grupo
Entesa ha presentado un voto particular para volver al texto del Congreso
en la parte enmendada por las enmiendas 163 a 167, 177 y 179 a 181 en la
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.


Por último, señorías, debo advertirles de que, como
consecuencia de la retirada de las enmiendas número 170 y 174, del Grupo
Popular, han quedado sin sentido las referencias a los apartados uno a
cinco del artículo 28, apartados seis a ocho del artículo 28 y a la
disposición transitoria novena, que figuraban en la disposición adicional
quinta, por lo que se suprimirán del texto oficial del Senado.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.


Entramos en el debate de las propuestas de veto.


En primer lugar, propuesta de veto número 2, de la senadora
Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.


Tiene la palabra la senadora Capella para su defensa.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda.


Señorías, una vez más debo iniciar mi intervención en esta
Cámara adjetivando el Proyecto de Ley de racionalización del sector
público y otras medidas de reforma administrativa de proyecto no
compartido y de reforma impuesta. Asimismo, describo una realidad que va
siendo cada vez más habitual: el grado de desencuentro o, mejor dicho, de
fractura entre el Gobierno y el partido que le da apoyo con el resto de
los partidos políticos que conforman el actual Senado, lo que se traduce
una vez más en 8 vetos presentados al proyecto de ley y, en consecuencia,
en un rechazo frontal al proyecto de ley que nos presentan hoy aquí.


Dirán que las posiciones de los distintos partidos que
conforman la oposición política al Gobierno no son monolíticas o al cien
por cien coincidentes. Cierto, pero es evidente que existen muchos puntos
de coincidencia respecto de por qué el presente proyecto de ley no es un
buen proyecto y no cumplirá con los objetivos que ustedes dicen
perseguir. Efectivamente, en la









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exposición de motivos del proyecto de ley se nos dice que
obedece a criterios de sostenibilidad de la Administración pública a los
efectos de que esta sea eficaz y eficiente. A priori este planteamiento
es asumible por todo el mundo, por toda la Cámara, y lo compartiríamos al
cien por cien todos los grupos del hemiciclo; pero a criterio de Esquerra
Republicana este proyecto de ley no nos explica cómo será de eficiente y
eficaz la Administración pública a la hora de dar respuesta a las
necesidades de la ciudadanía y, en cambio, sí nos explica la
intencionalidad política del propio proyecto de ley.


La dimensión de la Administración pública, la reforma que
ustedes proyectan, se plantea desde la óptica de la reducción del gasto,
de la estabilidad presupuestaria, de la reducción del déficit público y
la priorización del gasto y de la deuda. Ustedes en ningún momento
plantean esta reforma desde la óptica de la Administración central en
atención a las muchas competencias que ya no ostenta la Administración
central y que han sido transferidas a las comunidades autónomas. Tampoco
se formulan la pregunta que deberían formularse antes de proceder a
cualquier reforma política: qué necesito y para qué, para hacer qué.
Deberían formularse esta pregunta en todas las acciones que llevan a
cabo; se habrían ahorrado un montón de disgustos, entre ellos, trenes que
no llevan a ninguna persona, carreteras por las que no circulan coches,
aeropuertos donde no aterrizan aviones.


Nos dicen que la redimensión tiene que ver con la
consolidación del déficit y la estabilidad presupuestaria. Este es su
dogma de fe. Ahora bien, en la exposición de motivos de la ley reconocen
que el porcentaje de gasto público en el PIB español es bajo respecto de
la media de los países europeos —lo dice la propia exposición de
motivos—, si bien ustedes olvidan una parte importante de cómo se
sostiene lo público, de qué manera debe ser sufragada la Administración
pública, el sector público. La Administración pública y los servicios
públicos, efectivamente, deben ser sufragados con los ingresos. Es cierto
que estos han descendido a consecuencia de la crisis económica y el
descenso de la actividad económica. También resulta sorprendente que la
lucha contra el fraude fiscal no haya sido ni sea una prioridad de este
Gobierno, pero, se mire por donde se mire, es evidente que existe y
persiste una enorme bolsa de fraude fiscal, a pesar de lo que diga su
compañero de partido, el señor Utrera, que nos decía esta mañana que no
es cierto que el fraude fiscal esté dimensionado, como manifiestan los
partidos de la oposición. De manera que el gasto público no es el
problema; el problema, en todo caso, es la falta de ingresos.


Este es un proyecto de ley recentralizador, no nos
cansaremos de decirlo. Ustedes tienen un plan preconcebido. Este proyecto
de ley es fruto de la visión nacionalista, centralista y homogeneizadora
del Estado mantenida por el Partido Popular.


De la Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas se desprenden dos grandes reformas o dos reformas de gran
calado: la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración
local, que ha supuesto limitar la autonomía local y reducir sustancial y
notablemente las competencias locales y autonómicas. Y la segunda gran
reforma, también de enorme calado, es este proyecto de ley, que pretende
eliminar, en palabras de la propia ley, las duplicidades administrativas
entre administraciones del Estado y comunidades autónomas.


Se trata de un proyecto de ley elaborado con el objetivo de
laminar las competencias de las comunidades autónomas, sustrayéndoles
cualquier ámbito de decisión y subordinando sus políticas a los dictados
del Gobierno del Estado. Se trata, a fin de cuentas, de reducir las
comunidades autónomas a meras delegaciones de la Administración General
de Estado dedicadas a la ejecución de las políticas elaboradas por el
Gobierno del Estado español. Este proyecto de ley forma parte del
programa de reformas que continúa con el desarrollo del artículo 135 de
la Constitución, con el fin de garantizar el principio de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, pese a que el estricto
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria supone
afectar gravemente a las políticas sociales. La disciplina presupuestaria
está repercutiendo en la atención a las personas, especialmente de las
más necesitadas, se mire como se mire. Lo hemos recordado esta mañana en
el debate sobre el techo del déficit. Además, la falta de recursos
públicos que supone sirve como coartada para la privatización de los
servicios sociales, afectando a su calidad y universalidad. Poner límites
al déficit público, y más cuando dichos límites están vinculados a
decisiones europeas, supone el certificado de defunción de la política
económica y la aniquilación ideológica de la salida social a la
crisis.









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El presente proyecto de ley se dicta en el ejercicio de las
competencias exclusivas del Estado para determinar las bases del régimen
jurídico de las administraciones públicas que prevé el artículo 149.1.18ª
de la Constitución. Se trata de una competencia de carácter transversal
que es utilizada de forma sistemática por el Estado para laminar las
competencias autonómicas, dejando sin efecto muchas de las competencias
exclusivas asumidas estatutariamente por las comunidades autónomas. De
nuevo, ustedes infringen, en este caso, el Estatut d’Autonomia de
Catalunya, porque en este proyecto de ley se extralimita la determinación
de aquellas materias que deben tener la consideración de básicas, de
acuerdo con el actual marco de distribución de competencias. El ámbito de
decisión del Generalitat de Catalunya y del resto de las comunidades
autónomas queda enormemente reducido y se le impide el desarrollo de
políticas propias. De este modo, se reduce la descentralización política
a mera descentralización administrativa, imponiendo una rigurosa y
monolítica uniformidad.


Así pues, por ejemplo, y en el ámbito de la fiscalización
de cuentas, se modifica la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas
para favorecer la supresión de la Sindicatura de Comptes y el resto de
órganos autonómicos equivalente. Por ello, se crean secciones
territoriales del Tribunal de Cuentas desde una visión absolutamente
centralista y homogeneizadora. Y también en el ámbito de las funciones de
acreditación y evaluación del profesorado universitario, pretendiendo así
facilitar la integración en la Aneca de las entidades de las comunidades
autónomas que ejercen dichas funciones.


Además, y en otras muchas medidas, el proyecto de ley
pretende imponer la licencia federativa única mediante la modificación
del apartado cuarto de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
Dicha imposición es de nuevo fruto de la visión nacionalista, centralista
y homogeneizadora del Estado mantenida por el Partido Popular. La
modificación proyectada supone convertir a las federaciones autonómicas
en simples delegaciones de la federación española, sustrayendo cualquier
ámbito de decisión y subordinándolas a esta. Todo ello por un interés
eminentemente recaudatorio, que pretende dotar de recursos a las
federaciones estatales sustrayendo a las autonómicas, con las
consecuencias que ello comporta para el deporte de base, en este caso en
Cataluña.


La Administración del Estado, por otro lado, queda indemne
a la racionalización. Se convierte en el tablón de anuncios del Boletín
Oficial del Estado y reasume competencias. Ustedes desatienden con ello
los mandatos constitucionales del artículo 9.2, que dice que la principal
función de los poderes públicos es remover los obstáculos que impiden el
pleno desarrollo de la personalidad, y en este caso, las políticas de
proximidad, que también ayudan a remover los obstáculos.


Ustedes caminan en sentido contrario a las demandas de la
ciudadanía. Ustedes se apoyan en menos Administración activa, menos
Administración próxima, menos Administración eficaz y eficiente.


Por todo lo expuesto, parece que de lo que se trata es de
imponer un marco homogéneo a una realidad heterogénea que a ustedes no
les gusta.


Por los motivos expuestos, y por otros muchos que ya han
sido relatados a lo largo de mis muchas intervenciones en esta Cámara,
hemos presentado el siguiente veto al Proyecto de Ley de racionalización
del sector público y otras medidas de reforma administrativa, para el que
solicitamos el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Y por estos
motivos y por los que también expresarán el resto de portavoces, que han
quedado transcritos a través de los vetos presentados, apoyaremos los
presentados por los demás grupos parlamentarios.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


Propuesta de veto número 6, presentada por el senador
Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Martínez
Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente. El último paso parlamentario de este proyecto de ley culmina
un fracaso del Gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular para
llevar a término una de las reformas de mayor complejidad pero también de
mayor necesidad para España. Hemos consumido abundantemente la mitad de
la X Legislatura,









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estamos enfilando el periodo preelectoral de las elecciones
locales y autonómicas, y el Gobierno nos aporta una iniciativa
legislativa que en la práctica rubrica la renuncia a pegar el escobazo a
la multitud de chiringuitos y demás sucedáneos, parásitos de los recursos
públicos, que han proliferado a lo largo de la última década por toda la
geografía administrativa española.


Asombra, aunque ya no sorprende, que quienes desde la
oposición esgrimieron bandera de combate contra el inaceptable derroche
del coste de nuestras administraciones hoy hagan renuncia de aquella
lucha. Entonces se alarmaban, muy razonablemente, por el aumento del
coste de nuestras administraciones, que en el periodo comprendido entre
2005 y 2011 se disparó desde el 38,4% del PIB hasta el 45,2%. Pero ahora
no entran en el fondo del problema y avalan una ley de efecto blandiblú,
producto de una especie de faena normativa de aliño con la que aspiran a
superar un trámite que no responde ni de lejos a lo que el PP reclamaba
durante esos años y la sociedad española exige de forma inexcusable.
Basta ver las secuelas económicas derivadas de una crisis devastadora,
absolutamente incompatible con organismos públicos innecesarios,
duplicados, a veces hasta triplicados, y con frecuencia opacos, hasta el
punto de burlar los controles democráticos más elementales. Más de dos
años y medio hemos esperado para esto que el Gobierno titula como
racionalización y que resulta una renuncia a la búsqueda de consenso por
parte de un partido que gobierna con mayoría absoluta la Administración
del Estado y también en 12 de las 17 comunidades autónomas, así como en
una gran mayoría de los 8000 ayuntamientos y entes locales.


Como presidente, Rajoy ha desperdiciado una oportunidad
histórica y probablemente irrepetible en mucho tiempo para propiciar el
saneamiento de las administraciones y despejarlas de tantísimo tejido
adiposo, sobrante, carísimo y nocivo para la economía española.


Así las cosas, tras dos años y medio de espera, lo único
que se confirma con este proyecto de ley es que el Partido Popular vuelve
a desistir de sus propios compromisos electorales. Se han olvidado de
ellos, pese a que hablamos de la primera página del programa, escrita y
firmada por el propio Mariano Rajoy. Hoy el Gobierno da esquinazo al
problema y esquiva el fondo del asunto del sobrepeso generalizado en el
sector público, teniendo como tiene la enorme ventaja de ser del mismo
signo político que muchas de las comunidades autónomas y ayuntamientos,
lo que sin duda hubiese facilitado la interlocución para llevar a término
las cosas que se reclamaban con mucho ahínco desde los bancos de la
oposición y hacerlo además desde un amplio consenso. Esperábamos desde el
principio de la legislatura, allá por diciembre de 2011, que el combate
contra el sobredimensionamiento del sector público fuese una constante y,
de hecho, no tardó muchas semanas el Gobierno en comparecer ante el
Senado para anunciar medidas iniciales muy ambiciosas en el corto plazo,
que acabaron resultando un auténtico bluf. Yo mismo tuve oportunidad de
utilizar algunos turnos en las sesiones de control para interesarme por
los avances en el adelgazamiento del sector público, porque ya se
percibía un giro copernicano respecto de la multitudinaria e
hipermediática comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno ante la
Comisión Constitucional, en la que fijó en 2381 empresas, 613 fundaciones
y 1029 consorcios los entes públicos existentes en España. El resultado
final de este proyecto de ley está muy lejos de ayudar al factor de
competitividad que deben jugar las diferentes administraciones públicas
en el desarrollo de sus ámbitos territoriales.


Tampoco parece muy claro el devenir legislativo sobre la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, afectada por un sector
público sobredimensionado en el que no pocos organismos y entidades se
solapan, son perfectamente prescindibles y recargan sobre el bolsillo de
los ciudadanos unos costes inasumibles que acaban por repercutir
negativamente en el objetivo de crear empleo, la gran necesidad de España
y la prioridad absoluta de toda acción política.


Una vez más hay que reseñar que el Gobierno ha ido a lo
cómodo, a lo fácil, sin medir las consecuencias futuras porque en algunas
medidas planteadas en este proyecto de ley se detecta un riesgo de
invasión competencial y un claro avance de intromisión en la gestión
ajena, bajo unas premisas de eficiencia en el gasto, simplificación en el
funcionamiento administrativo y eliminación de duplicidades que,
paradójicamente, el Gobierno no se aplica a sí mismo.


Ya lo sospechábamos mientras pasaba, pasaba y pasaba la X
Legislatura y se diluía aquella notoria operación de autopropaganda
protagonizada por la vicepresidenta del Gobierno, porque sus
grandilocuentes anuncios de reducción del sector público, que constan en
el Diario de Sesiones, fueron quedando en el olvido y, de hecho, como
varias veces se ha censurado desde









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diferentes grupos parlamentarios, la señora Sáenz de
Santamaría se dejó ver muy poco por este salón de Plenos, eludió dar
explicaciones y cuando al Gobierno no le quedaba otra que responder a la
oposición, envió al ministro de Hacienda de presunto apagafuegos; es
decir, de bombero pirómano, que es su especialidad, como bien sabemos en
Asturias por sus inolvidables intromisiones y amenazas en contra del
Gobierno autonómico de Foro.


Ahora, con este proyecto de ley se reconvierten en
auténtica farsa las intervenciones que los portavoces del Partido Popular
realizaban desde sus escaños en el Congreso de los Diputados y en el
Senado. Igualmente, se hace trizas el programa electoral, se incumplen
los compromisos enunciados por el candidato a la Presidencia en aquel
discurso de investidura en el que prometió también bajar los impuestos
unas horas antes de aplicarse a subir más de 50 y, como señalé antes,
también se incumple lo que enfáticamente se expresó en ambas Cámaras y en
no pocos escenarios mediáticos por parte de diferentes miembros del
Gobierno, que entonces parecían firmes y decididos para impulsar una
reforma de muchísimo mayor fuste.


¿Cuándo se produjo el giro copernicano? ¿Cuándo ese cambio
profundo entre lo comprometido y lo puesto realmente en marcha? Fue en
octubre de 2012, precisamente aquí, en el Palacio del Senado, durante la
V Conferencia de Presidentes, que, a la vista de los acuerdos realizados
por el Gobierno y por los presidentes autonómicos, acabaron transmutando
aquellas medidas que eran urgentes, necesarias e inaplazables para
aparcar lo del sobrepeso y, dos años después, acabar presentando a las
Cortes Generales un texto que no convence a nadie ajeno al Partido
Popular, ni a los que pedimos cambios profundos y sustanciales para
evitar el costosísimo y monumental descontrol de nuestro sector público
ni a quienes ven en la ley un afán centralizador. Solo así se explica
esta amplia cosecha de vetos, que reflejan la manifiesta desconfianza
hacia un Gobierno que ha quebrado sistemáticamente sus compromisos
electorales más importantes; entre ellos, el de convertir a las
administraciones en motor del cambio que la sociedad española necesita
imperiosamente.


En esto de los incumplimientos, no quisiera dejar de
mencionar el recientísimo anuncio de prolongar en el tiempo el sistema de
financiación autonómica, que hablando de administraciones públicas es
clave para que los principios constitucionales de solidaridad y
equilibrio territorial sean una realidad. ¿Cómo profundizar en objetivos
de control, transparencia y responsabilidad administrativa cuando el
Gobierno, contrariamente a lo que prometió, mantiene un sistema de
financiación injusto y perverso con el que se maltrata a algunas
comunidades autónomas ―desde luego al Principado de Asturias―
y se las arrastra a la desigualdad? ¿Cómo aceptar sin rechistar que el
sistema continúe vigente, pese a que el hoy ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas lo rechazó en su momento calificándolo entonces
de ejercicio de petulancia y de prepotencia rayano en el delirio, a la
par que se comprometió a reemplazarlo por cojo, desasistido, empobrecido,
insolidario y antisocial? Pues bien, ahí siguen, el sistema y el
ministro, a dúo.


Esto es lo que define al Gobierno y que se remacha con este
proyecto de ley: los clamorosos incumplimientos a costa de no afrontar
las grandes necesidades del conjunto de españoles y de las diferentes
administraciones que les deben garantizar la calidad de las prestaciones
esenciales, unos servicios modernos y un mucho mejor futuro. Este
proyecto de ley resulta decepcionante porque es otro aderezamiento
normativo para tratar de hacer ver que el Gobierno está haciendo cosas
sustanciales que en la práctica no van a suponer avances significativos
en la lucha política contra el costosísimo sobrepeso del sector público.
De hecho, no existe una cuantificación de los recursos económicos que los
españoles nos vamos a ahorrar con las supresiones que se fijan en este
proyecto. Hubiera sido de gran utilidad hacer un cálculo preciso de lo
que supone la aplicación de esta ley en términos contantes y sonantes, un
dato clave que se elude porque en la práctica corre el riesgo de alejarse
muchísimo de las estimaciones que se barajaron inicialmente y que
ascendían a unos 8000 millones de euros. Desconocemos la evaluación
económica que supondrá la aplicación de esta ley porque una vez más se
relega la búsqueda de un imprescindible control en el gasto público
mientras se acomoda con leyes pirotécnicas la escalada recaudatoria
basada en sangrar a los ciudadanos con mayor fiscalidad, directa e
indirecta, y la imposición de tasas a saco, aunque de ello se derivase
dificultar e incluso privar a los ciudadanos de servicios clave.


Este proyecto entra de lleno en el capítulo de las leyes
decorativas, porque es más que dudosa la eficacia de unas medidas que no
resuelven ni afrontan el fondo del galimatías tremebundo y costosísimo de
entidades sostenidas con dinero público. En España, tras esta ley,
persistirá el









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lamentable récord de observatorios de cualquier cosa y
centros de interpretación de lo inútil. También seguiremos contando con
el mayor número de museos de la nada. Es más, continuaremos consultando
el inventario oficial de entes públicos estatales, Invespe, para
confirmar que el mismo Gobierno que iba a recortar, según sus propias
afirmaciones, en un primer paso la quinta parte del sector público, tiene
bajo su competencia a fecha de hoy 414 entes, solo 33 menos que a la
llegada del Gobierno de Rajoy, apenas el 8% de recorte. ¿Dónde está aquel
20% que iba a suprimir el Gobierno según el propio anuncio de su
vicepresidenta ante la Comisión Constitucional de esta Cámara en febrero
de 2012? Es la misma vicepresidenta que, siendo como es ministra de la
Presidencia, se ufanó en su segunda comparecencia del pasado 4 de
noviembre de los resultados de la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas, CORA, pero tiene aún adscrito entre sus
competencias el Consorcio del programa de preparación de los deportistas
españoles de los juegos olímpicos, aclaro, de los Juegos Olímpicos de
Londres de 2012. Ya se creó el Consorcio para los juegos de Río de
Janeiro de 2016, pero nuestro Gobierno mantiene vivo y coleando el de
2012, en una muestra simple pero reveladora de la parsimonia del Gobierno
para resolver sus propias duplicidades y entes inútiles o caducados.


La limpieza de entes vacíos debería estar consumada desde
hace un par de años, y la que el Gobierno plantea ahora mediante este
proyecto legislativo es timorata con lo propio y arrogante para con los
demás, como prueba esta cosecha de propuestas de veto que augura los
votos negativos de la oposición y la alarma de no pocos ayuntamientos,
que volverán a ser los sufridores finales de la falta de claridad en el
redimensionamiento del sector público. Los paganos finales serán los
ciudadanos, que continuarán abonando las facturas derivadas de tanto
organismo y ente prescindible, a la par que notarán los efectos del
desconcierto derivado de este proyecto en la liquidación de otros entes
que sí son necesarios.


Señor presidente, con este fiasco que lleva por título
Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de
reforma administrativa, el Gobierno de Rajoy, renunciando a su propio
programa y a sus compromisos ante las Cortes, ha malogrado la gran
ocasión de poner orden, concierto y sentido común en el farragoso
panorama del sector público heredado del Gobierno de Rodríguez Zapatero,
un panorama que por costosísimo continuará siendo en el conjunto de las
administraciones públicas una de las grandes asignaturas políticas
pendientes de España, tan necesitada de corregir toda la sobrecarga
administrativa innecesaria y eliminar las rémoras de entidades absurdas
en la España del siglo XXI.


Como somos de los que creemos en la Administración pública,
entendiéndola como una institución que sirve con objetividad a los
intereses generales, lamentamos constatar la deriva del Gobierno, que
culmina con esta ley. Como también creemos en la Constitución y en sus
principios sobre una Administración pública eficaz, con jerarquía,
descentralizada, desconcentrada y coordinada, rechazamos dar nuestro
apoyo a esta mala ley que los desdeña. El Gobierno ha desdeñado, ha
desperdiciado los dos años y medio de mandato y, lo que es peor, una
legislatura en condiciones políticas irrepetibles.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.


La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por los
senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.


Para su defensa tiene la palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


Señorías, buenas tardes. La verdad es que cuando termine
esta legislatura habrá que darle un repaso y un gran reconocimiento a la
persona que ha puesto título a los proyectos de ley del Partido Popular.
Para poder entender de qué va una ley del Partido Popular basta con
cambiar el sentido del título. Cuando hemos oído ley de protección del
litoral estaba claro que lo que quería decirse era exactamente lo
contrario. Y cuando hemos escuchado decir ley de mejora de la calidad
educativa, resulta que significa justamente lo contrario. Y ya nos
echamos a temblar cuando la palabra racionalización aparece en el título
de la ley. Es entonces cuando empezamos a pensar y a saber perfectamente
que lo de racionalización suele querer decir eliminación absoluta de
todo. Racionalización de la Administración Local ha querido decir, y se
comprobará, eliminación de un sector público que a nivel local aún existe
y que va a ser laminado como consecuencia de esta ley.









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Y la ley de racionalización del sector público significa
exactamente continuar con una óptica en la que, en opinión del Gobierno
del Partido Popular y de la Troika, la atención a la ciudadanía y la
calidad de los servicios públicos depende siempre del presupuesto que se
tenga sin tener en cuenta ni mirar cómo puede aumentar el presupuesto
para que la calidad y la mejora del servicio público vaya en aumento para
que también vaya en aumento la atención a la ciudadanía, a sus
necesidades y a los derechos sociales y ciudadanos que aparecen recogidos
en la Constitución española... Pero no, todo se hace desde un fundamento
de tipo radical, encaminado hacia los recortes constantes y permanentes
de todo lo que significa lo público.


Y en este aspecto podemos comprobar que en esta ley,
efectivamente, siguen apareciendo dos vectores que han sido quizá los
fundamentales en la producción legislativa del Gobierno de la nación
durante esta legislatura y de sus propuestas en las dos Cámaras de las
Cortes Generales. Un vector consiste en hacer caso a aquellos y a
aquellas que plantean que todo lo público debe ser laminado, debe ser
eliminado tendiendo hacia el déficit cero, hacia la estabilidad
presupuestaria, lo que hemos dado en llamar el austericidio, la prioridad
en el pago de la deuda, aun reconociendo, como también aparece en este
mismo texto, que el porcentaje del producto interior bruto que se destina
al gasto público en nuestro país es de los más bajos de la Unión Europea
y que la mejor manera de armonizar nuestro gasto público con el conjunto
de la Unión Europea será, no ya reducir, sino aumentar el gasto que, en
proporción al PIB, tenemos en torno a la gestión y garantía de los
servicios públicos.


El segundo vector tiene que ver con una recentralización
autoritaria de la Administración hacia el centro, cosa que se viene
produciendo en el Reino de España desde que ustedes están gobernando y
que está afectando a las competencias autonómicas y también a las
competencias en la financiación a nivel local, lo cual está convirtiendo
este país en algo muy alejado de lo que aparecía en los inicios en el
espíritu del título VIII de la Constitución española y que tiene que ver
más con un entendimiento del ordeno y mando desde Madrid hacia
absolutamente todo; y si además pudiera ser ordenar y mandar para reducir
desde una óptica neoliberal la calidad de los servicios públicos, mucho
mejor.


El papel del sector público puede tener, grosso modo, tres
opciones: En primer lugar, el mejor sector público es el que no existe.
Creo que ustedes están en esta visión claramente. En segundo lugar, tiene
que existir un sector público para atender, es decir, una especie de
Estado caritativo para aquellos que no tienen recursos para poder acceder
a los bienes en los sectores privados, llámense sanidad privada,
educación privada... Y para aquellos que no tienen recursos para alcanzar
todo eso ya se encarga el Estado de suministrar servicios públicos a esas
y a esos más necesitados. No estamos nosotros en ninguno de esos dos
espacios. A nuestro entender el sector público, y creo que cada vez al de
más gente, debe ser, no un agente pasivo sino un agente activo, un agente
fuerte, un agente dinámico, generador de sinergias favorables para el
empleo de calidad, para la universalidad de los servicios públicos, ese
concepto tan abandonado y que habrá que recuperar porque creemos que de
él depende en gran medida la calidad de la democracia y, cómo no, un
sector público generador de actividad económica.


Lejos de este planteamiento extensivo, ustedes están
permanentemente tirando a la baja en los ingresos, con el enorme problema
de ingresos fiscales que tiene este país, con las sucesivas reformas
fiscales que están favoreciendo la imposición de impuestos indirectos
sobre los impuestos directos. E, incluso, esta última propuesta, con el
reconocimiento del Gobierno de España, relativa a que como se van a tener
9000 millones menos a ver dónde recortamos para poder cumplir con los
objetivos que la Troika nos ha fijado y que ustedes obedecen sin
pestañear. Esa prioridad en el pago de la deuda y ese menor gasto público
respecto al producto interior bruto que tenemos en nuestro país es lo que
lleva a una progresiva disminución y eliminación de los servicios
públicos en España. Y a eso sumamos las privatizaciones, pues pese a que
a lo largo de estos años pensábamos que no quedaban cosas sin privatizar,
parece que todavía quedan y ustedes van a por todas, especialmente
—¡faltaría más!—, en todo aquello que pueda generar
beneficios. Ahí tenemos el último ejemplo con lo de AENA y si no lo
frenamos, si no lo paramos antes, esa puerta que se abre a la
privatización de los ferrocarriles en nuestro país, a través del aspecto
primero de la liberalización. Siempre siguen el mismo guion,
descapitalizan con dinero público la calidad de los servicios públicos,
una vez descapitalizada dicha calidad hablan de la necesidad de buscar la
competencia y de la liberalización de los servicios públicos en ese
sector. Y, el tercer paso —en la









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agenda siempre ha sido así, con Gobiernos de distinto
color, a lo largo de la democracia en España—, es la privatización
inevitable y, por lo tanto, prestar desde el Estado los servicios de
segunda división a aquellos que tienen menos recursos. A eso también hay
que añadir la tasa de reposición, criminal, desde nuestro punto de vista,
que está consiguiendo que los servicios públicos no funcionen como deben
funcionar en nuestro país. Cada vez hay menos empleados públicos y
creemos que esto redunda en la calidad de los servicios públicos que
deben prestarse y que aparecen en la Constitución.


Termino refiriéndome a 3 elementos a los que luego
aludiremos en la presentación de las enmiendas parciales y que confirman
de lo que va esta ley, así como de lo que va la política del Partido
Popular en el Gobierno. Nos hemos referido al Instituto de la Mujer.
Después presentaremos una de las enmiendas en la que exponemos que esta
ley deja a dicho instituto absolutamente devaluado. No necesitamos en
estos momentos de apuesta por políticas de género en nuestro país
devaluar el carácter del Instituto de la Mujer y es por lo que vamos a
proponer en nuestras enmiendas que sea adscrito al Ministerio de la
Presidencia. Asimismo, se devalúa el Observatorio Nacional de Salud. Pero
para nosotros lo más escandaloso, ejemplo clarísimo de cuáles son y hacia
dónde derivan las políticas del Gobierno, es la eliminación del Consejo
de la Juventud de España. Esta eliminación conculca los derechos de
participación democrática de la juventud española organizada como
sociedad civil en un órgano participativo que era escuchado y que ha
tenido a lo largo de su existencia una actividad notable en la defensa
participativa de los intereses, poniendo el dedo en la llaga de los
problemas que aquejan a la juventud española. Cargarse a un órgano de
participación para ir a un órgano meramente dependiente del Gobierno dice
mucho sobre cuál es su manera de entender la política, de entender la
participación y de entender la atención a los problemas de los jóvenes y
de las jóvenes de nuestro país.


Por todos estos argumentos y por otros que tendremos
ocasión de desarrollar en la presentación de las enmiendas parciales es
por lo que hemos presentado este veto, con la esperanza de que sea
apoyado por sus señorías y de que este proyecto sea devuelto al Congreso
de los Diputados.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


La propuesta de veto número 4 ha sido presentada por los
senadores Guillot y Saura del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, el senador Saura y yo, en representación de
Iniciativa Verds, presentamos este veto por las siguientes razones: La
primera es porque consideramos que este tótum revolútum de medidas
parciales e inconexas no es la adecuada propuesta de reforma de la
Administración pública que necesita España ahora. Con los contenidos de
este proyecto de ley, por ampuloso que sea su nombre, ni se logrará la
eficiencia en el gasto, ni la simplificación, ni la eliminación de
duplicidades. Para conseguir la reforma de las administraciones públicas,
tarea nada sencilla, a nuestro entender, es necesario, en primer lugar,
tener un modelo claro, criterios precisos y las alianzas políticas y
sociales necesarias para realmente poder reformar el sector público. Este
Gobierno adolece de todo ello; ya lo demostró con la Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y lo vuelve
a demostrar con este proyecto de ley.


Es por todos compartido el papel fundamental que desempeña
la Administración pública en la estructura de nuestra sociedad, su
importante papel como vector económico y como factor de cohesión social.
Es necesario un sector público eficiente y de calidad que cubra todos los
ámbitos y las funciones que tiene encomendadas. Requerimos de una
Administración flexible que pueda irse adaptando a los cambios que se van
produciendo en la realidad.


¿Es necesaria una reforma de las administraciones públicas?
Sí. ¿El batiburrillo de propuestas que va realizando este Gobierno es el
camino? Evidentemente, no.


¿Por qué este Gobierno es incapaz de abordar una reforma en
profundidad de la Administración pública? A nuestro entender, por varios
motivos. En primer lugar, por rigideces ideológicas. Este es un Gobierno
profundamente neoliberal e, inspirado por esta doctrina, desconfía de lo
público y está firmemente convencido tanto de que el sector privado puede
desempeñar en mejores









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condiciones muchos de los servicios y prestaciones
actualmente reservadas al sector público, como que deben ser los
ciudadanos quienes se paguen el acceso a muchos de estos servicios y
prestaciones; y para quien no pueda pagarlo, un mínimo asistencialismo.
Como ejemplos de estas afirmaciones, tenemos la privatización de los
servicios públicos de empleo o el copago sanitario.


También tiene una visión muy neoliberal del concepto de
gasto público. Estamos frente a un Gobierno que no sabe distinguir entre
gasto público productivo, gasto público socialmente necesario y gasto
público improductivo. Ejemplo de ello es la laminación de las partidas
destinadas a I+D+i, gasto público productivo; los recortes en salud o
educación, gasto público socialmente necesario; o el rescate de las
autopistas privadas, gasto público improductivo.


Y junto a esto, cabe hablar de la incapacidad a la hora de
presentar una reforma fiscal que aborde el principal reto planteado para
garantizar la sostenibilidad de nuestro sector público: el incremento de
los ingresos. Hay que recordar lo dicho anteriormente por otros
portavoces, que España es uno de los países de la UE con menor gasto
público en relación con el PIB, y también cabe recordar que nuestra
presión fiscal está entre 7 y 8 puntos por debajo de la media de la Unión
Europea.


Otro motivo, como decía al inicio de mi intervención, es la
falta de un modelo claro de reforma de la Administración pública. Lo que
el Gobierno presenta como propuestas de racionalización y reforma de la
Administración pública tiene como único objetivo recortar el gasto
público para cumplir los objetivos del déficit. Recortar, podar y
eliminar: a esto se reducen las reformas de este Gobierno, que siempre ve
como prescindibles aquellas partidas u organismos con función social.
Luego me referiré en concreto a esta cuestión.


Señorías, los recortes para cumplir con los objetivos de
reducción del déficit son la verdadera motivación de la cascada de
decretos leyes y leyes presentadas por este Gobierno que afectan al
sector público. El proyecto de ley que hoy debatimos forma parte de este
paquete de recortes.


Como me imagino que saldrá en el debate, permítanme que
haga referencia al déficit. Desde el inicio de esta legislatura, tanto el
senador Saura como yo, hemos insistido en que los objetivos de reducción
del déficit, marcados por la Troika y aceptados por este Gobierno
—al principio suponían un 3% del déficit respecto al PIB para el
2013 y luego se han ido suavizando—, eran un profundo error. Ya
advertimos que España ni podía cumplir con esos objetivos ni debía
cumplirlos, aunque tampoco lo ha hecho. Y sin desentendernos del problema
del déficit ni de la deuda, pusimos de manifiesto que eran necesarios
plazos y ritmos más acompasados para poder abordar otras necesidades que
tenían el país y nuestra economía, así como que necesitábamos recursos
para impulsar la economía y proteger a los sectores más castigados por la
crisis. El tiempo nos ha dado la razón, pero el daño ya está hecho. Los
responsables son la Troika, la señora Merkel, pero también este Gobierno
del PP.


El ministro Montoro ha afirmado hoy que ya se ve la luz, la
luz natural al final del túnel, ¿pero a qué precio, señorías? Es evidente
que algunos datos macroeconómicos mejoran, como también lo es que la
sociedad española es hoy más pobre, más precarizada y más dual, o que
para amplios sectores, especialmente los jóvenes, no existen motivos de
esperanza, pues no atisban un horizonte próximo que les indique que
podrán gobernar su vida con autonomía y la mínima dignidad exigible.


Señorías del PP, es imposible intentar reformar la
Administración sin alianzas sociales, políticas y territoriales. Este
proyecto de ley tiene enfrente a los sindicatos más representativos de la
función pública. Hoy en el Senado vamos a discutir y votar ocho vetos.
Pocos proyecto de ley se merecen tantos vetos y eso significa que todos
los grupos de la oposición estamos en contra. Y como señala muy
acertadamente el informe del Consejo de Estado, este proyecto de ley no
cuenta con diálogo ni consenso con las comunidades autónomas. Señorías
del PP, ¿creen ustedes que se puede reformar la Administración sin
diálogo ni consenso? No, claro que no. Podrán imponer medidas concretas
como las que plantean en este proyecto de ley y sacarlas adelante con su
mayoría absoluta, pero nunca podrán reformar ni racionalizar el sector
público sin consenso. Aunque la verdad es que tampoco lo pretenden; más
allá del título de la ley lo único que pretenden es recortar.


¿Cuáles han sido las verdaderas políticas de este Gobierno
con el sector público? Recortes —antes me refería a ellos— y
aplicar la devaluación interna también a los empleados públicos. En dos
años se han perdido 400 000 empleos públicos. Me sorprende que el
ministro Montoro se









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refiriera a ello en el Congreso como un logro positivo.
Recortes y congelaciones salariales, eliminación de pagas extra, en
definitiva, una degradación de las condiciones salariales y laborales de
los empleados públicos, lo que junto con los recortes en los servicios
públicos esenciales perfila un panorama desolador de este sector.


Como viene siendo habitual el Gobierno del PP no
desaprovecha ninguna iniciativa legislativa para ir recentralizando. Así,
establecer en el BOE el tablón edictal único para el conjunto de las
administraciones públicas es una medida recentralizadora. La implantación
de una licencia deportiva única es una medida recentralizadora, aunque
parece que esto lo vamos a poder ir resolviendo con transaccionales. La
unificación en la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación de
determinadas funciones de evaluación y acreditación en el ámbito
universitario es otra medida recentralizadora como tantas otras recogidas
en este proyecto de ley.


En su informe el Consejo de Estado señalaba —y lo leo
literalmente— una concentración de medidas de supresión de órganos
entre aquellos llamados a actuar en el ámbito de las políticas sociales,
y reclamaba velar por que tales reformas no comporten una minoración del
cumplimiento de los fines atribuidos a los órganos suprimidos. El Consejo
de Estado acierta totalmente. Y pondré solo tres ejemplos: la devaluación
del Instituto de la Mujer; lo mismo pasa con el Observatorio Nacional de
la Salud y la desaparición del Consejo de la Juventud de España. Por otra
parte muchas de las agrupaciones de diversos organismos en uno único se
realiza sin garantizar su adecuada financiación ni la preservación de los
puestos de trabajo.


Señorías, el senador Saura y yo emplazamos al Gobierno a
realizar una verdadera reforma de la Administración pública desde el
diálogo y el consenso. Lo que hoy discutimos por parcial, innecesario y
contraproducente no puede contar con nuestro apoyo, y por ello les pido
su voto a favor de este veto.


Gràcies, senyor president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


La propuesta de veto número 5 ha sido presentada por las
senadoras Almiñana y Sequera García y por los senadores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Para su defensa tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a defender el veto al Proyecto de Ley de
racionalización del sector público y otras medidas de reforma
administrativa que presentamos los senadores socialistas de la Entesa.
Estamos de nuevo ante un intento por parte del Gobierno del Partido
Popular de legislar en contra del reparto constitucional de competencias,
intento que seguramente se va a consumar hoy. Es una vuelta a la
centralización, una vuelta a la limitación y reducción de las
competencias descentralizadas de los distintos organismos del Estado,
especialmente de las comunidades autónomas.


Estaríamos de acuerdo en racionalizar la Administración
pública en aras de hacerla más eficaz y eficiente, pero no se trata de
eso. Estamos ante una serie de medidas de reducción del sector público
con un soterrado objetivo ideológico de recentralización y de deterioro
de los servicios públicos. Estamos ante un título ampuloso que no se
corresponde en absoluto con el contenido del proyecto de ley; habla de
racionalización del sector público, habla de reforma administrativa y, en
realidad, estamos ante una serie de medidas variopintas e inconexas con
un alcance mucho menor que el que se pretende dar a entender. Así lo dice
el propio Consejo de Estado en su informe, al que han hecho referencia
otros portavoces. El Consejo de Estado dice textualmente: El título de la
norma parece un tanto excesivo, dado que se refiere solo a la
Administración General del Estado, y su alcance material no es tan amplio
como la voz racionalización evoca y, por tanto, el propio Consejo de
Estado recomienda por lo menos cambiar el título del proyecto de ley;
precisamente un cambio que se ajuste al contenido.


El proyecto de ley, una vez más, constituye un ataque claro
contra el sistema de competencias autonómicas y descentralización. Por
ejemplo, genera un conflicto innecesario con el sistema de licencias
deportivas autonómicas, que funcionan perfectamente, y un impacto
negativo en las federaciones deportivas, afectando también a sus
ingresos. Estamos en vías de negociar unas transaccionales, que espero
lleguen a buen puerto y permitan aminorar o matizar el impacto









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negativo que en principio podría tener el contenido del
proyecto de ley tal y como ha venido del Congreso de los Diputados.


Asimismo, centraliza las funciones de organismos
autonómicos sobre evaluación de la enseñanza en la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación —por tanto, vuelta a la
centralización—, y convierte al Boletín Oficial del Estado en
tablón edictal único para todas las administraciones, despreciando los
boletines oficiales autonómicos o los diarios oficiales provinciales.


Pretende ser una gran reforma administrativa que tiene como
puntos fuertes, entre otros de similar tenor, la supresión de la Obra Pía
de los Santos Lugares. Si los caballeros cruzados levantasen la cabeza,
no sé si estarían de acuerdo con esta supresión clave, entre otras, de
esta reforma de las administraciones públicas y del sector público en
España. O también —otro punto importante— la integración de
los coros de Radiotelevisión Española con los coros dependientes del
Inaem, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música; o lo
que es peor —y esto con mucho más contenido—, se suprimen
organismos destinados a garantizar la igualdad de oportunidades; se
suprime la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades
—precisamente se llama así— y se la integra en el Instituto
de la Mujer, que también pierde su consejo rector y que desaparece como
tal integrándose en una nueva entidad que lleva el nombre de Instituto de
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, pero que, evidentemente,
limita mucho su capacidad de actuación; y se suprime el Consejo de la
Juventud de España, se suprime como organismo público y pasa a ser una
entidad corporativa de base privada. Son supresiones de una fuerte carga
ideológica camufladas como racionalización de las administraciones
públicas; no es racionalización, es ideología y, a nuestro entender, de
la peor.


Asimismo, señorías, consideramos totalmente improcedente la
regulación de los consorcios; instituciones que implican la colaboración
entre administraciones y, en algunos casos, también con participación de
la iniciativa privada, que realizan una buena labor de servicio público.
Es del todo incomprensible que se exonere a cualquier entidad de la
Administración General del Estado que participe en un consorcio del pago
de la aportación comprometida porque otro de los miembros no lo haya
efectuado por razones diversas, lo que constituye un ataque claro a los
principios básicos del derecho, porque no hay ningún principio del
derecho que pueda eximir del cumplimiento de las obligaciones a la
Administración pública porque otro miembro consorciado deje de
atenderlas.


Entendemos que pretenden facilitar la salida de la
Administración General del Estado de los consorcios en los que participa.
No entendemos muy bien las razones profundas de esta actitud. Es una
situación que va a provocar un claro perjuicio a los ciudadanos
beneficiarios de los servicios que prestan; es el caso, por ejemplo, de
determinados consorcios sanitarios en Cataluña y, señorías, no se percibe
una alternativa clara a esta posible desaparición de los consorcios, si
no es la absorción de los servicios sanitarios que prestan por la
Administración General del Estado; por lo tanto, no entendemos cómo se
pretende racionalizar y aligerar la carga de la Administración General
del Estado y el conjunto de las administraciones públicas.


Como les he dicho, señorías, estamos ante un proyecto de
ley que recorta servicios públicos y, por otra parte, no hay una sola
medida de innovación que mejore la eficacia o la eficiencia de las
administraciones públicas. No estamos, por tanto, ante un proyecto que
signifique innovación, que signifique mejora, que signifique adaptación a
los nuevos tiempos, sino que, en realidad, han cogido de nuevo las
tijeras y recortan sustancialmente los servicios públicos para la
sociedad. Responde a una concepción ideológica de radicalidad liberal en
cuanto a los servicios públicos, reducción y privatización. Siguen
adelante con la ingente tarea de desmontar los avances en derechos
sociales, fruto de la acción de los gobiernos socialistas; gobiernos que
a lo largo de todo el periodo democrático iniciado con la Transición y la
Constitución de 1978 precisamente han significado un avance
importantísimo en la calidad de vida, gracias a generar igualdad de
oportunidades sobre la base de un Estado de derecho y unos servicios
públicos sólidos, eficaces y eficientes, que afectan a todos los
ciudadanos.


Ustedes se han propuesto acabar con esa tarea, dar marcha
atrás, una vuelta de 180º y situar de nuevo al Estado en muchos aspectos
en una situación incluso anterior al franquismo. Y en esta tarea, señoras
y señores senadores del Grupo Popular, desde la radicalidad democrática,
entendida como derecho a la igualdad de oportunidades, y desde la
radicalidad socialista, en esta tarea de desmontar el Estado de derecho y
sobre todo el Estado social nos tendrán siempre en









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contra. Y es por todo esto, señorías, por lo que
presentamos un veto a la totalidad de este proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


La propuesta de veto número 7 ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Vasco. Para su defensa, tiene la palabra la senadora
Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, en términos generales, quisiera hacer una
aproximación política a este proyecto de ley, y entiendo que debería
empezar constatando que la sociedad ha cambiado y que con ella no solo
debe cambiar la forma de hacer política, sino también la forma de
gestionar lo que nos es común a todos los ciudadanos. Y en ese sentido,
la reforma de la Administración pública, de la estructura de la que se
dota el Estado para gestionar lo que nos es común, es una cuestión
ineludible para cualquier Gobierno siempre, pero más aún en estos tiempos
de crisis económica y política. Eficiencia, eficacia, transparencia,
accesibilidad y trazabilidad de los recursos públicos son los principios
fundamentales que hoy más que nunca está pidiendo la ciudadanía. Son
también los principios a los que se comprometió el Partido Popular tanto
en su programa como en su plan de gobierno. Y no es que ponga en duda ese
compromiso, señorías, pero me van a permitir que ponga en duda la
capacidad de este proyecto de ley que hoy debatimos para contribuir
mínimamente a estos principios.


Este proyecto de ley de racionalización del sector público
y otras medidas de reforma administrativa es el hijo nacido fuera de
cuentas del famoso informe CORA, que a su vez fue el hijo del programa
electoral del Partido Popular que prometía un ambicioso plan de reformas,
sin precedentes, que iba a modernizar la Administración pública, reducir
costes de gestión y trámites burocráticos y duplicidades entre las
diferentes administraciones públicas. La cosa empezó mal con la
designación del comité de expertos que iba a elaborar el famoso informe:
todos de la casa, señorías, designados a dedo por el ministerio, es
decir, el partido empezaba con el árbitro comprado y sin contrarios.
Cuando publicaron el informe CORA, vimos muy claro por dónde iban los
tiros: recentralización y corporativismo central a raudales, ignorando
medidas de reforma que implicasen una reforma real y eficaz de la
Administración central.


Señorías del Partido Popular, en los últimos seis años se
han reformado todos y cada uno de los estatutos de autonomía de todas y
cada una de las comunidades autónomas excepto de la Comunidad Autónoma
vasca. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). En
todas estas reformas se han transferido competencias a las comunidades
autónomas, con el consiguiente vaciamiento de las competencias del
Estado. Si hay estructuras obsoletas, que no responden a necesidades
reales de gestión, es precisamente en el ámbito de la Administración
central, en su maraña de sociedades, fundaciones, institutos, agencias,
observatorios y también de ministerios —por qué no decirlo—
que no responden a competencia alguna.


En el informe CORA, en vez de poner orden dentro de su casa
y su trastero, presuponen sin más base ni justificación que su
jacobinismo congénito que el problema gordo, importante de la
Administración está en las casas ajenas: en las comunidades autónomas, en
las provincias y en los ayuntamientos, sin hacer distingos entre unas y
otras, claro, y sin tentarse la ropa antes de pasar por encima del
ordenamiento jurídico vigente, emanado no ya de los estatutos de
autonomía recién reformados con los votos, cuando no con el entusiasmo,
del Partido Popular, decía que pasan por encima de esos estatutos y
también de la propia Constitución española que los ampara, esta
Constitución que ustedes veneran y de cuya defensa hacen bandera cuando
les conviene, pero que no dudan en ignorar y contravenir cuando sus
preceptos no convienen a sus intereses.


Hasta tal punto es así, que tras la publicación del informe
CORA se les revolvieron hasta dentro de sus propias filas, y es posible
que esa sea la razón que explique la mediocridad del proyecto de ley que
hoy debatimos; mediocridad porque no responde ni a lo establecido en el
título del mismo proyecto de ley. En esta ley hay poco, por no decir
nada, de racionalidad, ni ordena ni reduce costes ni mejora la eficiencia
de la Administración; es más, buena parte de sus preceptos provocarán el
efecto contrario no solo en la Administración central, sino también en la
de las comunidades autónomas y en los entes locales. Así, dentro de esta
ley hay medidas que desbaratan estructuras centrales que funcionan, como
es el caso del Consejo de la Juventud; que









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crean conflictos entre diferentes ámbitos administrativos
donde ayer no existía conflicto, como es el caso de la regulación que se
hace en el tablón edictal único; o que despojan de sus funciones a
órganos eficientes de ámbito territorial para transferir dichas funciones
a instituciones centrales que no funcionan, como es el caso, por ejemplo,
de las disposiciones que hacen referencia a la Aneca, aplicando la
política del perro del hortelano, donde ni trabajan ni dejan trabajar. Y
todo esto al margen de la ley, como ya he dicho antes.


Durante el debate en comisión de este proyecto de ley ya
hice referencia a la cuestión competencial, que es la que viene a
sustentar jurídicamente nuestro veto. Ustedes acaban estirando el
artículo 149.1 de la Constitución hasta límites absurdos, ignorando
alevosamente la propia Constitución y la amplia jurisprudencia del
Tribunal Constitucional anterior sobre esta materia, que consta en la
justificación tanto del veto como de las enmiendas que ha presentado el
Grupo Vasco, por lo que en este momento no me voy a extender sobre estas
cuestiones.


Se apropian de competencias que les son ajenas sin ningún
rubor y estiran las que sí les son propias hasta desbordar los límites
jurídicamente racionales y aceptables. Esto no es algo nuevo, lo vienen
haciendo sistemáticamente toda esta legislatura, porque lo que hay detrás
de todas estas medidas no es más que una estrategia concebida y
planificada con toda intencionalidad de acabar con la descentralización,
con el Estado de las Autonomías. Y como no tienen el coraje, la valentía
política de admitirlo públicamente, están acometiendo este
desmantelamiento del Estado de las Autonomías de forma taimada, de
tapadillo, pasito a pasito, ley a ley, con la complicidad además de un
nuevo Tribunal Constitucional que en los últimos años y mediante
sentencias les está haciendo el trabajo de uniformización territorial que
ustedes no se atreven a hacer abiertamente.


El otro día, durante el debate que hubo aquí en el Pleno,
ustedes instaban a la oposición a trasladar el debate sobre el modelo de
Estado, sobre república o monarquía, a la acción política; pedían coraje
a la oposición y que incluyesen la reforma constitucional en su programa
electoral y en caso de ganar las elecciones iniciasen los trámites
necesarios para la reforma constitucional. Bien, pues yo durante mi
intervención en este veto les voy a decir exactamente lo mismo: les voy a
pedir aquí y hoy que se apliquen el cuento, que dejen de tirar la piedra
y esconder la mano, que dejen de una vez por todas claro cuál es su
modelo de Estado. ¿Monárquico y centralista? Pues muy bien, es una opción
tan legítima como cualquier otra, pero defiendan su opción abiertamente,
con valentía y respetando el fair play parlamentario y político; a las
claras y de frente, señorías, como hay que hacer las cosas, reformando la
Constitución y sin escudarse en las sentencias de aquellos jueces que
ustedes designan a dedo.


Por lo tanto, hemos presentado un veto a este proyecto de
ley y una serie de enmiendas que más adelante voy a defender
tranquilamente aprovechando todos los turnos de portavoces, pero valga
esta breve intervención para dejar clara cuál es nuestra postura: no a
esta ley, porque es contraria al ordenamiento jurídico, a la autonomía y
a la capacidad organizativa de las comunidades autónomas.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Martínez.


La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Para su
defensa, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, esta es una ley que, como indica su título,
parece ambiciosa, de calado, una ley con la que, si nos ceñimos
estrictamente a su título, podríamos estar de acuerdo. Lo que pasa es que
tenemos que acudir a los orígenes de esta ley, y los orígenes de esta
ley, más allá —como decía algún portavoz— de las críticas del
partido de la oposición, en aquel momento el Partido Popular, o del
programa electoral, el verdadero origen de esta ley está el 26 de octubre
del año 2012. El 26 de octubre del año 2012 aprueba el Gobierno crear una
comisión para la reforma de la Administración y esta comisión tenía que
iniciar sus trabajos. De aquel acuerdo ya se extraían unas primeras
conclusiones que yo mismo y otros compañeros hemos expuesto en esta
tribuna, desde la que también interpelé en su momento al ministro. Le
dije: ministro, están creando una comisión para la reforma de la
Administración en su globalidad sin tener en cuenta las comunidades
autónomas, sin tener en cuenta a las corporaciones locales. La comisión
que emitió el informe, la









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comisión CORA, no tenía ni un representante de las
comunidades autónomas y no consensuó el informe con las comunidades
autónomas ni con las corporaciones locales. Por tanto, ya era de intuir
cuál podría ser el final, que es el que hoy nos encontramos.


Efectivamente, esto se concreta en junio de 2013 con la
presentación del informe. De la lectura del informe Cora se desprende
claramente que no se había tenido en cuenta a las comunidades autónomas,
que no se había tenido en cuenta a las corporaciones locales y que no
podría eximirse el atenuante de que lo que pretendía reformarse era la
Administración General del Estado porque, como se aprecia en el presente
texto legislativo, se modifica la Administración General del Estado, pero
se continúa un proceso de recentralización extremadamente preocupante. De
hecho, nuestro grupo parlamentario presenta este veto esencialmente
porque esta ley no respeta el reparto competencial que establece la misma
Constitución. Ya les avanzamos que si esta ley prospera —y así va a
ser vistas las mayorías de esta Cámara— va a acabar en el Tribunal
Constitucional porque no nos queda otro remedio para defender el reparto
competencial que ha estado vigente.


¿Vulnera una ley, dos, o tres leyes? Vulnera varias leyes.
Vulnera varios artículos de los estatutos de autonomía, concretamente del
Estatuto de Autonomía de Cataluña y este es el motivo por el cual
sustentamos el veto. No es que estemos en desacuerdo en que se pueda
racionalizar la Administración pública, por supuesto, pero igual que les
anunciamos que con el proyecto de racionalización y en aquel momento de
sostenibilidad de la Administración Local ni se hacía racional ni se
hacía más sostenible la Administración Local, intuimos que con este
proyecto de ley no se hace más racional el sector público español, al
contrario, lo que sí se hace es mucho más centralizado.


Los avances que se han producido prácticamente a lo largo
de los últimos treinta años en un Estado autonómico relativamente
descentralizado retroceden de forma importante. ¿Por qué digo esto?
Porque haciendo un repaso al texto legislativo, constatamos que las
invasiones de competencias son en diferentes ámbitos, todos ellos
importantes —algunos se han nombrado en varias intervenciones en la
defensa de los anteriores vetos—.


Efectivamente, con una licencia única deportiva, ¿qué se
pretende racionalizar? Si está funcionando bien y si las federaciones
deportivas, a nivel de comunidades autónomas, están dando sus licencias,
eso no crea ningún problema, ni ningún sobrecoste, ni ninguna
ineficiencia. Por supuesto, con una licencia única deportiva se está
recentralizando, incluso aquel niño o niña que va a practicar deporte
exclusivamente en su ciudad o en su comarca, va a tener que someterse a
esta licencia única deportiva que va tener que dar una única federación a
nivel estatal. Este es un ejemplo.


Podíamos poner otro ejemplo importante para nosotros: la
regulación de los consorcios, que es uno de los aspectos que más nos
preocupan de esta ley, no solo de los consorcios sanitarios, respecto de
los cuales estamos intentando mantener negociaciones hasta el último
momento, sino de los consorcios en su forma conceptual. Si ha habido
abusos en algún consorcio —que no voy a decirles que no— lo
que no se puede hacer es intentar combatir estos abusos eliminando o
dejando sin efecto prácticamente todos los consorcios que han demostrado
a lo largo de los últimos años que han sido una forma útil de cooperación
entre administraciones de diferente nivel y que han servido en diferentes
ámbitos: en el ámbito sanitario, en el ámbito social, en el ámbito de la
investigación, en el ámbito de la gestión de determinados servicios
públicos en el ámbito local y en el autonómico y de cooperación entre
estos dos niveles. Usted dice: no, si no los eliminamos; los consorcios
se pueden mantener. Efectivamente, se pueden mantener, pero les ponen una
serie restricciones que los van a hacer inviables o, a algunos, los van a
cuestionar.


Nosotros tenemos algunos consorcios que a lo largo de estas
últimas semanas nos han hecho llegar su inquietud, hasta el extremo de
que están convencidos de que en pocos meses van a desaparecer. ¿Por qué?
Porque si alguna entidad consorciante, que puede ser una Administración
local con graves dificultades financieras a corto plazo, una
Administración autonómica con graves dificultades financieras a corto
plazo, no realiza las aportaciones, la Administración General del Estado
también deja de realizar las aportaciones. Ergo, el consorcio se irá a
pique. ¿Eso es lo que pretendemos, o pretendemos darles viabilidad a
estos consorcios? Este es, entendemos, otro motivo importante para
presentar el veto a este proyecto legislativo.


El tablón único edictal, bajo una teórica argumentación de
simplificación o de racionalización, supone una clara invasión de las
competencias autonómicas y, evidentemente, lleva a la práctica









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desaparición de los diarios oficiales de las comunidades
autónomas o los boletines oficiales de las provincias que cumplían
perfectamente su papel y que no eran ningún elemento de ineficiencia en
la Administración pública española. Por ello, en este ámbito también les
presentamos el veto.


Evidentemente hemos presentado enmiendas a todos esos
artículos, enmiendas que mayoritariamente entendemos que no van a
prosperar. Si no van a prosperar y se aprueba la ley en esencia, como
ustedes la plantean, vamos a comprobar en muy pocos meses, yo diría que
en muy pocas semanas, que no se va a conseguir el objeto de racionalizar
el sector público español. Efectivamente se va a recentralizar, va a
estar mucho más centralizado, eso sí que lo van a conseguir con este
proyecto legislativo, pero no lo van a racionalizar.


En suprimir algunos organismos podríamos estar de acuerdo,
en generar alguna fusión de algunas entidades u organismos, también
podríamos estar de acuerdo, pero para eso no se requiere un texto
legislativo con el título de racionalización del sector público y otras
medidas de reforma administrativa. ¿Por qué? Porque ustedes han sido muy
exigentes con las corporaciones locales, y tengo que decirles que las
corporaciones locales han respondido y lo han hecho de forma sobrada, han
hecho muy bien su trabajo. Han sido exigentes con las comunidades
autónomas, incluso se ataca a las comunidades autónomas con que
despilfarran en embajadas, que despilfarran con determinado gasto, y todo
eso es racional y muy productivo y, si no, que pregunten a las empresas
catalanas si suprimirían o no algunas de estas oficinas comerciales en el
exterior. Pero cuando vamos a ver en qué racionaliza el sector público
estatal y vemos la ley, ¿hay alguna reorganización de algún ministerio?
¿Se plantea eliminar algún ministerio que ya no tiene competencias? ¿Se
suprime alguna dirección general? ¿Se suprime alguna secretaría de
Estado? ¿Se hace algún esfuerzo para racionalizar la organización del
propio Estado? ¿Aprovechan esta ley para ir en esta dirección? Y la
respuesta sencillamente es no.


Por tanto, la percepción que puede quedar es que ustedes,
el actual Gobierno son muy exigentes con el resto de los niveles de la
Administración, yo diría excesivamente exigentes y, en cambio, este nivel
de exigencia no se lo autoimponen ustedes mismos. Es muy similar a lo que
hablábamos esta mañana. Reducción del déficit, sí. ¿A quién imponen la
reducción del déficit? A las comunidades autónomas y a las corporaciones
locales. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales han tenido
unos porcentajes de reducción del déficit muy importantes. ¿Cuál es el
nivel de la Administración que ha reducido menos su déficit? La
Administración General del Estado.


Por tanto, aquello de predicar dando ejemplo seguramente no
se lo están aplicando, y esta ley no es una muestra de ello.
Independientemente de que intentemos negociar alguna enmienda, mantenemos
por supuesto el veto a una ley que no mejora la situación del sector
público español y, en todo caso, empeora los avances que se han realizado
a lo largo de los últimos treinta años en la configuración de un Estado
que se aproxime a un Estado descentralizado donde la Administración
autonómica y la Administración local pueden tener un papel tan relevante
como la propia Administración General del Estado. Por ello les pedimos el
voto favorable a nuestro veto.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bel.


La propuesta de veto número 8 está firmada por el Grupo
Parlamentario Socialista.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Vázquez
García.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


Señorías, con una gran puesta en escena, el 26 de octubre
de 2012 el Gobierno crea la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas, CORA, y se nos vende, dentro y fuera, como la
gran reforma que nuestro país necesita para funcionar y que acabaría con
todas las duplicidades, simplificaría los procedimientos, eliminaría
costes superfluos, suprimiría entes innecesarios, etcétera. Consecuencia
de esta gran reforma, sería una nueva Administración, mucho más moderna,
racional, eficaz, eficiente y sostenible, nos decían. Una vez más, se
demuestra hoy que este Gobierno es un gran vendedor de humo; una vez más
lo que traen al Parlamento nada tiene que ver con lo anunciado; una vez
más mantienen el título pomposamente, pero el contenido, como veremos
está vacío; una vez más tenemos que reconocer que acertaba Horacio en su
fábula: Con gran estruendo parirán los montes; nacerá un ridículo ratón.
No le da el propio Gobierno la importancia que esta ley tendría que tener
por su título, pues el ministro no ha









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querido venir a presentarla a esta Cámara. Todos los
portavoces lo han destacado. El propio Consejo de Estado indica en su
informe, y lo indica claramente, la falta de correspondencia entre el
título y el contenido, tachándolo de excesivo y recomendando su
modificación. Pero una vez más a este Gobierno y al Grupo Popular les da
igual. Para qué, si no, su mayoría absoluta.


Fue en esta Cámara, señorías, en febrero de 2012, cuando la
vicepresidenta, en una de sus escasas comparecencias, nos anunciaba una
gran liquidación de lo que denunciaba como un derroche innecesario de
fundaciones, de empresas públicas, de consorcios. Pues bien, han
transcurrido 28 meses y, como ya se ha denunciado, de los 447 entes del
sector público estatal existentes entonces, continúan vivos 414. ¿Qué es
lo que ha pasado? ¿Por qué se ha renunciado a ese anuncio? Lo que ha
ocurrido es que han ido a lo fácil, a reducir, sí, pero en las
comunidades autónomas y ayuntamientos. En ellos se ha reducido, se han
recortado los gastos, se han destruido centenares de miles de empleos,
400 000, según palabras del propio ministro Montoro, se han eliminado
convenios y subvenciones, se han cerrado centros y eliminado servicios
mientras en la Administración General del Estado no lo han hecho, apenas
han reducido, como veremos con esta ley. Posiblemente de eso se trataba,
de ideología, de ideología pura y dura, ese programa oculto que tantas
veces desde el Grupo Socialista hemos denunciado y que ha ido paso a paso
desmantelando servicios de sanidad, de educación, de ayudas a
intermediación social, etcétera, resquebrajando, señorías, en definitiva,
el Estado de bienestar que los españoles nos habíamos dado y destruyendo
poco a poco espacio público.


El primer envite fue con la contrarreforma local, una
auténtica irracionalidad, un atentado contra la autonomía de esta
Administración cercana al ciudadano y a sus problemas, un atentado contra
esa gran red asistencial que amortigua en primera instancia las carencias
sociales, que añade valor siempre a las políticas, a todas, a las
culturales, a las sociales, pero sobre todo a las participativas. Hoy,
tras la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional por más
de 3000 alcaldes, más de 3000 ayuntamientos de este país, podemos decir
que está tocada. Confiamos en que pronto quede hundida, a ello nos
comprometimos todos los grupos políticos en el Congreso de los
Diputados.


Posteriormente, todas las iniciativas legislativas han ido
avanzando en el proceso recentralizador, han ido eliminando competencias
de otras administraciones para evitar que puedan desarrollar sus propias
políticas, muy especialmente en la materia que hemos comentado, y cuando
ahora parecía que le tocaba a la Administración central, la que este
Gobierno gestiona, no traen ni una sola medida de auténtica reforma, de
mejora en la calidad de los servicios públicos, ninguna innovación ni
nuevos mecanismos de rendición de cuentas y control. Nada, absolutamente
nada.


¿Cuáles son los criterios, los principios sobre los que los
basan? No lo dicen más allá de los lugares comunes, aunque algo sí
veremos, porque, señorías, el debate sobre este asunto debiera ser sobre
qué modelo de Administración queremos para nuestro país, a qué países de
nuestro entorno queremos que se parezca la Administración española, sobre
cómo la financiamos, sobre el nivel de descentralización y de
subsidiariedad que deben tener los distintos niveles de Administración
territorial. Este debería ser el debate y, además, en esta Cámara, la
llamada Cámara territorial. Pero lo que nos traen hoy aquí ni es reforma
ni es racionalización; no pasa de ser una apresurada, caótica y
totalmente alejada de su enunciado, propuesta de flecos sueltos, mínimos
flecos sueltos. Y aprovechan, eso sí, para otras cosas aún peores, como
suprimir algunos organismos sociales que obligan al Consejo de Estado a
decir, en el mismo informe, lo siguiente: «Se aprecia una concentración
de medidas de supresión de órganos entre aquellos llamados a actuar en el
ámbito de políticas sociales». Esto lo tiene que decir el Consejo de
Estado en el informe de la ley que hoy aquí debatimos.


Señores del Partido Popular, nuestro país, lo saben
ustedes, no tiene un exceso de gasto público, más bien al contrario,
estamos 7 puntos por debajo de la media, muy alejados de los países más
avanzados y cerca, peligrosamente cerca, de los más atrasados, Bulgaria y
Rumanía, por ejemplo. Incluso Grecia nos supera en porcentaje de gasto
público. Nuestro problema, lo hemos dicho muchas veces, ya lo ha
reconocido el propio presidente Rajoy, es de ingresos, de falta de
ingresos. Y esa también es una función del ministerio y del ministro que
nos trae aquí esta ley que, también bajo su responsabilidad, pretende,
con lo que han llamado pomposamente de









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nuevo una reforma fiscal —y que yo no iría más allá
de rebajas electoralistas fiscales— pensar que esto lo va a
resolver. Nuevamente ha parido un ratón.


Nosotros sí tenemos un modelo. Defendemos un Estado fuerte
que permita afrontar con eficacia los desequilibrios territoriales y
sociales que puedan producirse en nuestro país, que esté sustentado en
una Administración que reúna todas las cualidades que hemos descrito.
Sabemos que no es sencillo, ni puede ser rápido, Por eso, le ofrecimos la
colaboración, porque sabemos que esa gran reforma o se hace con consenso
político y social o no se hace. Pero su actitud de rechazo al diálogo,
sus medidas impuestas con su mayoría, nos hace pensar que no creen en lo
público. Lo consideran una carga para la sociedad y se olvidan de que es
la Administración la que articula esa sociedad, la hace más justa, más
equitativa e igualitaria; que es la que posibilita la participación y
garantiza la efectividad de los derechos y las libertades de todos los
ciudadanos. Otra oportunidad perdida, otra tarea para una nueva mayoría
parlamentaria.


Es cierto que en la ley que debatimos se contemplan algunas
medias —se podía entender que lógicas—, por ejemplo, se
suprimen entes desfasados o de escasa actividad —en términos de
ahorro, prácticamente irrelevante, el 0,09%—, se unifica la
tesorería, se unifican los coros de Radiotelevisión Española con los del
Instituto de Artes Escénicas, se hace un registro de vehículos oficiales
—asombra que todavía no lo hubiese— o se pone algún tipo de
premisas para la eficacia energética de los edificios públicos. Eso es lo
que da de sí, pero al mismo tiempo aprovechan para cargarse el Consejo de
la Juventud o transformar, quitándole protagonismo, el Instituto de la
Mujer, que lleva muchos años promoviendo la libertad e igualdad desde la
participación, que tienen acreditadas sus funciones de interlocución y
que sí, que algunas veces son incómodos para el poder, es verdad, pero
nuevamente está la ideología, señores del Partido Popular, no creen en
esas cosas, molestan: las quitamos.


Deberían releer el artículo 4 de nuestra Constitución que
dice que los poderes públicos promoverán la participación libre y eficaz
de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Se lo han cargado. También reconocemos que CORA haya sacado a la luz
algunos entes auténticamente ya desfasados y que se elimine la Real
Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla, que se creó en el año
1938, pero no entendemos mucho que se refuerce otro patronato del año
1940, la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén, porque yo creo que
en el Ministerio de Asuntos Exteriores podrían hacer sus labores, que
supongo importantes.


Pero esto son anécdotas. Hay cosas mucho más preocupantes
en el texto —y no me refiero solamente a lo ya denunciado por otros
grupos— en cuanto a las licencias federativas deportivas o en
cuanto a los boletines oficiales correspondientes. Estoy hablando de los
consorcios. Introducen una carga de profundidad que, además de vulnerar
los principios generales del derecho, va a suponer en la práctica la
desaparición de muchos de ellos y, por tanto, la posibilidad de que desde
lo público se puedan prestar servicios con eficacia y eficiencia. Todos
sabemos que esta figura es utilizada en muchas comunidades autónomas como
órganos supramunicipales para prestar servicios básicos locales. ¿Se
quiere que dejen hacerlo? Nuevamente la ideología, nuevamente estrechando
el espacio de lo público y ampliando la gestión privada. Lo que dicen es
que la Administración General no aportará su cuota cuando pertenezca a un
consorcio si alguno de los consorciados no lo ha hecho. ¿Imaginan dónde
podríamos llegar aplicando este principio a otras cosas? Yo no pago mi
comunidad porque el vecino del quinto no la paga; yo no pago a Hacienda o
a la Seguridad Social porque conozco a gente que no lo paga; yo no pago a
mi sindicato o a mi partido porque hay otros que no lo hacen. Señores,
seriedad en este aspecto. En ningún ámbito del ordenamiento jurídico se
contempla que el incumplimiento de terceros pueda exonerar las
aportaciones propias, máxime si pueden cobrarlo de alguna forma, como
bien hacen en otros asuntos cuando así lo han querido.


Modifican el Estatuto Básico del Empleado Público, el EBEP.
Primero demonizan a los funcionarios con aquello de tomar el cafetito y
leer los periódicos que dijo el número 2 del ministerio, el señor Beteta,
a quien yo califico como un gran depredador de lo público, y a
continuación les castigan, les quitan la paga extra, los días de asuntos
propios, los derechos de bajas médicas... Y ahora, cuando según ustedes,
como repiten día tras día, nos estamos recuperando, ¿les devuelven los
salarios? No. ¿Las extras? Tampoco. ¿Los derechos eliminados por el Real
Decreto 20/2012? No. Les devuelven un día y a cambio tocan la movilidad
interna, introducen militares en la Administración civil, tocan asuntos
básicos del EBEP —que obtuvo un gran consenso— y lo hacen









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como acostumbran: sin diálogo y sin consultar con nadie,
solos. Donde antes hubo acuerdo, ahora están solos.


Otro asunto es el de las subvenciones. Estamos todavía
contemplando una transaccional para ver cómo se puede mejorar esta
cuestión. Se ha tratado de centralizar todos los datos, y aunque en
principio no nos negaríamos a hablar sobre la existencia de una gran base
de datos que incluyera todas las subvenciones, nosotros iríamos más. En
aras a esa transparencia que todos pregonamos, y que los ciudadanos tan
deseosos están de que se haga efectiva, propondríamos que esto se hiciera
público. Yo les propongo un lema: céntimo público, céntimo publicado. Ese
sí sería un importante avance.


Señorías, al menos han retirado las enmiendas que afectaban
a los empleados públicos indefinidos y que crearon una gran alarma dentro
de las decenas y decenas de miles de posibles afectados y de los
sindicatos correspondientes. Esto nos lleva a pensar en el tipo de mentes
que hay en el ministerio, y en cómo piensan acerca de lo público, cuando
se atreven a mandar aquí enmiendas de ese tenor sin tener en cuenta las
consecuencias de todo tipo, sociales pero también políticas, que ello
puede tener.


Otra vez se trata de evitar el debate en el Congreso y los
informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo Económico y
Social cuando se incluyen aquí un buen número de enmiendas que afectan a
materias como estas y a otro tipo de leyes que no tienen nada que ver.
Pero, claro, qué decir después de la aprobación el viernes de ese real
decreto ley que modifica 26 leyes de distintos ámbitos sectoriales que
ustedes publicaron el sábado para que mañana lo convalide el Congreso de
los Diputados, como así lo hará; más de 172 páginas del boletín, más de
126 leyes modificadas y sin ningún tipo de debate en esta Cámara. Se
trata de nuevo de un desprecio palpable a esta Cámara para sacar leyes
adelante sin que haya necesidad, porque ninguna de ellas es urgente y
todas las podrían resolver con su mayoría absoluta.


Termino, señor presidente. Al Grupo Parlamentario
Socialista, y creo que a todos los grupos de esta Cámara, nos hubiera
encantado poder participar para hacer entre todos la reforma de la
Administración de nuestro país, que sin duda necesita, con la implicación
de los territorios y también de los propios empleados públicos, que
seguro que tendrán mucho que decir. Una Administración que se acercara,
por supuesto, a la de los países más avanzados de nuestro entorno, que
distinga claramente la esfera pública de la privada, pero que pueda
facilitar también la colaboración entre ambos ámbitos, que elimine la
burocracia innecesaria y sea de verdad eficaz y eficiente; todo eso que
ustedes enumeran pero que no se corresponde en absoluto con lo que
presentan. En ese debate nos encontrarán siempre.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Vázquez.


Pasamos al turno en contra.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
señor De las Heras.


El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.


Intervengo en este turno en contra de los 8 vetos
presentados a este Proyecto de Ley de racionalización del sector público
y otras medidas de reformas administrativas para rechazarlos en
representación de mi grupo parlamentario. Intentaré dar cuenta de ellos
uno por uno.


Evidentemente, una cosa es lo que presentan los grupos
políticos en el Registro General y otra cosa es subir a esta tribuna
pública y, aprovechando que el Tajo pasa por Toledo, poner en tela de
juicio cuestiones que nada tienen que ver con el proyecto de ley y con el
propio veto presentado por los grupos, pero eso es algo ya habitual.


Los grupos políticos que presentan estos 8 vetos los basan
fundamentalmente en atribuir a este proyecto de ley ―yo creo que
erróneamente, aunque pueda estar equivocado― o bien un espíritu
recentralizador o bien una invasión competencial, e incluso hay grupos
políticos que dicen que ambas cosas o incluso también alguna otra.


En cualquier caso, no tanto en la lectura y análisis de los
vetos que he realizado como en la presentación de cada uno de los señores
portavoces que han intervenido y que me han antecedido en el uso de la
palabra, me ha parecido más un concurso de ideas para ver cuál era el que
daba el adjetivo calificativo más ocurrente, más gracioso o más chistoso,
pero no creo que se tratara de eso. Sin embargo, no toca ahora hablar de
quién es más chistoso que quién, a quién se le ocurre









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un adjetivo descalificativo más sonoro y más contundente
sino que lo que corresponde es hablar de los vetos que ustedes
presentaron en el Registro General de esta Cámara.


Así, el Grupo Parlamentario Mixto, concretamente los
senadores Iglesias y Mariscal, han presentado el veto número 1, y tal y
como presentaron el veto en esta Cámara hablan, como no podía ser menos,
de recortes, de reducción de empleo público y de deterioro de los
servicios públicos. En las veces que he subido a esta tribuna se lo he
repetido por activa y por pasiva, y ahora se lo repetiré por
perifrástica: señorías del Grupo Parlamentario Mixto, representantes de
Izquierda Unida, quienes pusieron en peligro los servicios públicos
básicos fueron ustedes, la izquierda de este país, con los apoyos y
silencios, entre otros, de los diputados y senadores de Izquierda Unida
al anterior Gobierno socialista en minoría y a su negación de lo
evidente: la crisis; la crisis y la herencia recibida. Si quieren, podría
estar otros tres cuartos de hora recordándosela, pero no seré tan cruel.
(Rumores).


Señorías de Izquierda Unida, senadores Iglesias y Mariscal,
la consolidación fiscal es irrenunciable para el Grupo Parlamentario
Popular y para el Gobierno de España, por dolorosa que esta haya sido y,
evidentemente, estarán ustedes conmigo ―aunque es posible que no
porque niegan hasta lo evidente― en que ya está empezando a dar sus
frutos. Las limitaciones al déficit y a la deuda no son un capricho del
Gobierno y ni tan siquiera del Grupo Parlamentario Popular sino que es
una auténtica necesidad para la supervivencia. Las políticas de gasto sin
límite, a las que ustedes, la izquierda de este país estaban
acostumbrados, no tuvieron éxito en el pasado reciente de España; es más,
queridos compañeros de bancada, llevaron a este país a la cuasi
bancarrota y dejaron más de 4 millones de desempleados. Esas son sus
políticas keynesianas. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.


El señor DE LAS HERAS MUELA: El problema, senador Mariscal,
sí es el gasto público, como también lo es la falta de ingresos para
financiarlo, y cuando se carece de ellos ―que es lo que ha ocurrido
habitualmente en España durante estos últimos años― hay que
pedirlos prestados al exterior y, evidentemente, hay que ser creíble
porque nadie presta nada a nadie si no es creíble.


Señorías, aquí no se socava ni el principio de autonomía ni
el principio de autogobierno ni nada que se le pueda parecer, se legisla
para racionalizar el sector público, les guste más o menos. En este
sentido, tal y como han dicho los que me han antecedido en el uso de la
palabra, si el texto prácticamente no dice nada no sé qué es entonces lo
que les preocupa.


Sobre su impacto en el empleo, del que habla el senador
Mariscal, tiempo tendremos de analizar qué reformas laborales, apoyadas
por ustedes, destruyeron centenares de miles de empleos y qué otras
reformas, no apoyadas por ustedes, empiezan a generar datos de empleo que
son los mejores en las series históricas conocidas del empleo o desempleo
español.


Señora Capella, usted presentó el veto número 2, y como no
podía ser de otra forma, habla de laminación y subordinación de las
competencias de las comunidades autónomas, atribuyendo a este proyecto de
ley una visión centralista y homogeneizadora del Estado. ¡Mira que le
gusta buscar adjetivos complicados para decir algo que es mucho más
evidente, que es lo que es!


El Grupo Parlamentario Popular no puede estar más en
desacuerdo con esa visión, a mi juicio —y puedo estar
equivocado— trasnochada de la realidad de España. El Parlamento
español —le recuerdo, señora Capella, del que usted forma parte, no
sé si por imperativo legal— legisla, que es lo que corresponde al
Poder Legislativo, que es lo que somos. Le podrá gustar más o le podrá
gustar menos, pero sobre la base de la mayoría que le otorgó el pueblo
español, el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular del Congreso
y del Senado, junto con el Gobierno, legislan. Efectivamente, senadora
Capella, el artículo 135 de la Constitución española garantiza la
estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, y ello, por
perifrástica, es irrenunciable para este grupo parlamentario y para el
Gobierno. Y no lo es por capricho —se lo decía antes al senador
Mariscal—, créannos. Sería mucho mejor recibido un anuncio del
Ministerio de Hacienda para continuar con el barra libre para todo y para
todos, pero le repito que esa no es la cuestión. La cuestión es la
supervivencia del Estado del bienestar que ustedes dejaron absolutamente
tocado, porque la salida de la crisis, senadora Capella, nunca será
ideológica, sino por aplicación del principio de rigor
presupuestario.









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En cualquier caso, si como manifiesta en su veto este
proyecto de ley es tan solo una mera descentralización administrativa, no
acabo de entender por qué les preocupa tanto a algunos el régimen
competencial. Es absolutamente contradictorio. Sus críticas más
sobresalientes, como las del resto de los grupos, se centran en las
secciones del Tribunal de Cuentas, la integración de la Aneca, las
licencias federativas —sobre las que hay propuesta también una
enmienda transaccional—, y lo primero y necesario, puesto que hay
comunidades autónomas sin órganos externos de control y fiscalización
respecto del Tribunal de Cuentas —no son pocas, creo que 5—,
es más que razonable que el propio Tribunal de Cuentas tenga una sección
territorial en aquella comunidad autónoma como Extremadura, Castilla-La
Mancha, La Rioja o Murcia, que no tienen Tribunal de Cuentas.


Respecto de la Aneca, creo que es absolutamente razonable
que al Estado sea al que le corresponda la evaluación del conjunto del
sistema educativo español y, por lo tanto, se trata tan solo, senadora
Capella, de lograr la interconectividad entre todas las agencias
autonómicas. Finalmente, sobre la licencia deportiva, creo que estamos
intentando llegar a un acuerdo respecto a una transaccional.


El veto número 3 se corresponde con el presentado por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Senador
Bel, este proyecto de ley —ya se lo he manifestado con
anterioridad— no vulnera competencia autonómica alguna ni en
materia de universidades ni por la licencia deportiva única —sobre
la que estamos trabajando— ni por el boletín edictal único o por el
tema de los consorcios que tanto le preocupa. Pero claro, para lo que
quieren, para unas cosas el Estado tiene que ser el papá Estado que
sujete todos los consorcios de todo el mundo, y para otras, el Estado no
pinta absolutamente nada y el régimen competencial de las comunidades
autónomas es inviolable. Intuyo, senador Bel, y puedo estar equivocado,
una cierta dosis de revancha —igual es un término excesivo—,
como si estuviera un poco quejumbroso porque desde el Estado se ha
legislado para corregir el déficit y el gasto público en comunidades
autónomas y en ayuntamientos, y entonces se enfada y presenta un recurso
de inconstitucionalidad respecto de algunos artículos de esta ley. Dígame
qué artículos de esta ley vulneran el estatuto de autonomía, porque yo no
los veo.


El veto número 4 fue presentado por la parte de Entesa que
es Iniciativa per Catalunya, y sinceramente, después de lo que ha
manifestado el senador Guillot, que ha hablado de muchas cosas, cuando
uno lo analiza, queridos compañeros de bancada, cambian 3 palabras,
exposición de motivos por preámbulo, y el resto es exactamente el mismo
veto que ha presentado su compañero ideológico, el señor Mariscal. Lo
mismo, no se le cae de la boca el recorte, el hachazo, etcétera. Quién
puso en riesgo los servicios públicos, y sobre todo en algunas
comunidades autónomas, fue la izquierda de este país. Ha tenido que venir
el Gobierno del Partido Popular y tomar medidas muy dolorosas para poner
blanco sobre negro y garantizar el Estado del bienestar.


Señor Sabaté, corresponde su veto número 5 con la parte
socialista de la coalición electoral con la que concurrieron a las
elecciones, y no tengo si no que negarle la mayor. Ni se legisla contra
el reparto constitucional de competencias ni mucho menos existe el
objetivo ideológico soterrado de recentralización. ¡Es que hay que ver
qué complicación de frase! ¡Objetivo ideológico soterrado de
recentralización y deterioro de los servicios públicos! ¿De verdad, señor
Sabaté, creen ustedes que el objetivo soterrado del Gobierno, del grupo
parlamentario y de quien les habla es la aniquilación de los servicios
públicos? ¿Usted cree que alguien podría demostrarnos semejante
barbaridad? Porque es una auténtica barbaridad. No es ningún objetivo
soterrado ni del Gobierno ni del Grupo Parlamentario Popular ni de quien
les habla el aniquilar ningún tipo de servicios públicos sino de ponerlos
en alza y en valor y, evidentemente, partiendo de la cuestión previa de
que hay que ser eficaces y eficientes sobre todo cuando se hereda una
situación como la que se ha heredado.


Le preocupan también las licencias deportivas únicas,
cuestión sobre la que hay una transaccional, las federaciones
territoriales, tema en el que también se está trabajando, y al igual que
a casi todos los grupos parlamentarios el tema del boletín edictal único,
el tema de los consorcios. Y hablan de la desaparición del Instituto de
la Juventud o del de la Mujer. Yo creo, aunque puedo estar equivocado,
que nada más lejos de lo pretendido por este proyecto de ley, que tan
solo pretende, vuelvo a repetirlo, racionalizar y simplificar el sector
público estatal.









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Señor Sabaté, el boletín edictal único permitirá que
comunidades autónomas y entes locales puedan insertar sus anuncios
gratuitamente en el Boletín Oficial del Estado y que todos los españoles
tengan esa posibilidad y referente de garantía jurídica de que todo lo
que se publica en este país de forma oficial está en un único boletín.
Respecto de los consorcios, creo que la cuestión que se plantea es
garantizar su sostenibilidad y a la vez su eficiencia, y de paso dotar de
una mayor seguridad jurídica a sus miembros. Porque está claro que si un
consorcio está en riesgo de extinción no lo estará porque el Estado deje
de aportar, sino porque los propios estatutarios están incumpliendo las
obligaciones por las que firmaron formar parte de ese consorcio. Y
¡claro!, para lo que queremos, que venga papá Estado a solucionarlo todo,
pero cuando me viene bien, es mejor que sea una competencia. Y respecto
del Consejo de la Juventud, tres cuartas de lo mismo. Sus funciones serán
asumidas por el Instituto de la Juventud, que es el actual referente de
la juventud para comunidades autónomas y entidades locales y todo el
movimiento asociativo, por cierto, creado por ustedes, por los
socialistas en el año 2005. No sé, por tanto, qué tienen en contra del
Instituto de la Juventud.


El señor Martínez Oblanca en su veto número 6 insiste en
aquello de la vulneración e invasión del ámbito competencial de las
comunidades autónomas, y hace lo que muchos otros grupos, que tan solo lo
reflejan en el texto pero no lo demuestran. Hace mención expresa a la V
Conferencia de Presidentes como fórmula para abordar lo que todos creemos
que ocurre, es decir, el sobredimensionamiento del sector público, pero
ahora que tienen una propuesta sobre la mesa, directamente la rechazan.
Paradójicamente también se definen ustedes contrarios al déficit a la
carta, y usted, y solo usted, dice que fue impulsado por el Gobierno en
2013. Pero, efectivamente, estará usted conmigo en que fue aprobado por
el Consejo de Política Fiscal y Financiera de todas las comunidades
autónomas. Porque, claro, si el Principado de Asturias no está conforme
con esto, lo que es absolutamente imposible es buscar la unanimidad de
todas las comunidades autónomas, corporaciones locales y el propio Estado
cada vez que planteamos una reforma de cualquier tipo.


Finalmente critica la calidad de las prestaciones públicas
y la política fiscal del Gobierno recién anunciada. Creo que usted mismo
y algunos de los que me han antecedido en el uso de la palabra no ven
algo que es evidente, la propuesta de reforma fiscal que ahora se esboza
y va a beneficiar a todos, a las familias, a los autónomos y a las
propias empresas. También le gusta ponerle adjetivos calificativos a la
ley y dice que es una ley decorativa, con lo cual no acabo de entender la
ferocidad de su crítica.


Voy terminando. El veto número 7 fue el presentado por el
Grupo Parlamentario Vasco, y en él se manifiesta, como en el veto de Foro
Asturias, que este proyecto de ley vulnera la distribución competencial.
Díganme concretamente qué artículo del Estatuto de Autonomía de Euskadi
vulnera este proyecto de ley.


Senadora Martínez, nada más lejos de la realidad. No es
voluntad del Gobierno. Hagan ustedes un repaso; ya sabe usted que el
derecho es una fina línea con dos caras. Hagan un repaso al amparo
habilitante del artículo 149 de la Constitución.


Dice que es un texto que proviene del CORA y, además, que
hemos puesto un árbitro que está comprado y sin rivales. Pues está de
actualidad, pregunte usted a los brasileños qué les ha pasado. Dice que
es un proyecto mediocre porque ni ordena ni reduce gastos y cuyo único
objetivo es acabar con el Estado de las Autonomías. Nada más lejos de la
realidad, senadora Martínez. Sobre una de sus críticas al proyecto de
ley, el boletín edictal único, le repito lo que acababa de manifestarle
al senador Sabaté, ¿no cree usted que es mucho más eficiente para todos
los españoles navegar en un único boletín en vez de tener que navegar en
1, más 17, más 2, más 50? ¿No lo cree usted? Nosotros sí, por eso lo
proponemos.


Respecto del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio
Público Estatal de Empleo, le diré que para nada supone una invasión
competencial. Léase el artículo 16 del proyecto de ley. Se trata de una
mera colaboración con las comunidades autónomas en un tema tan
trascendente para el futuro de España como es el empleo.


El perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Esa es
la sensación que tenemos algunos miembros de mi grupo respecto de la
postura de ciertos grupos parlamentarios, pues basta que el Gobierno
presente un proyecto de ley para con toda excusa y protesta darle hasta
en el cielo del paladar.









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Respecto a la supuesta recentralización de la Aneca o del
Organismo Autónomo de Programas Europeos, o a los desbordamientos o
recentralizaciones, más bien al contrario, le repito, senadora Martínez,
total voluntad de colaboración y racionalización del sector público. Pues
tan Estado es el propio Estado, la Administración General del Estado,
senadora Martínez, como las comunidades autónomas o los propios entes
locales.


Finalizo ya, señor presidente. Senador Vázquez, le voy a
dedicar tres minutos al Grupo Parlamentario Socialista. Comienzan ustedes
calificando este proyecto de ley como eliminador o reorganizador de
algunas estructuras administrativas y añaden en su escrito
—entrecomillo— que la crisis— y añado yo, crisis que
ustedes negaron primero y luego no supieron atajar por absoluta
inoperancia— es la excusa de este Gobierno para establecer las
políticas de retroceso y deterioro de los servicios públicos. Y lo dicen
ustedes, los socialistas, aquellos que dejaron, queridos compañeros de
bancada, la peor de las herencias que Gobierno alguno haya recibido. ¡Qué
paradoja y qué deslealtad política, senador Vázquez! Les pediría que, al
menos, en algunos temas que afectan a la gobernabilidad, a la economía y
al empleo, se mantuviesen, si no callados, porque creo que eso es
imposible, con un mínimo de autocrítica, y, sobre todo, que pidieran
perdón a los ciudadanos por lo mal que lo hicieron durante los últimos
cuatro años de Gobierno.


Dicen que este proyecto de ley es una cuestión ideológica.
¿El qué, senador Vázquez? ¿El sacar a España del agujero es una cuestión
ideológica? Pues si usted cree que sacar a España del agujero es una
cuestión ideológica, me reafirmo en la ideología. Dicen, además, que
antes apoyando las medidas del Gobierno de Zapatero y ahora, en la
oposición, defienden lo mismo: una Administración pública y sostenible al
servicio de los ciudadanos. Y lo peor, estimados compañeros, es que
incluso se lo creen, cuando en realidad son meras palabras, muy bonitas,
pero palabras. Porque los hechos, el pretérito y el pasado corroboran
todo lo contrario. Sus políticas contradictorias son las que en verdad
pusieron en peligro los servicios públicos, la sostenibilidad de las
administraciones públicas y el propio Estado del bienestar.


Se preguntan ahora cuál es el modelo del Partido Popular
respecto de los servicios públicos. Desde luego, cualquiera menos el
suyo. Hablan en su veto de la supresión del Consejo de la Juventud y del
Instituto de la Mujer. Y no es cierto. En cuanto al primero, simplemente
sus funciones pasan a ser asumidas por el Instituto de la Juventud, que,
repito, crearon ustedes en 2005. Y, el segundo, pasa a integrarse en la
Dirección General de Igualdad de Oportunidades. Aseveran que son
elementos recentralizadores el boletín edictal único, las licencias
deportivas y la posible transaccional. Nada más lejos de la voluntad
política del Gobierno y de este grupo parlamentario. Se trata tan solo de
racionalizar.


Y no quisiera finalizar sin aclararles un par de puntos
referidos en su veto acerca de que en este proyecto de ley y en algunos
otros incluimos cuestiones que nada tienen que ver con él. En eso fueron
ustedes auténticos maestros.


Para acabar el análisis de su veto —y me quedan doce
segundos— solicitan del Gobierno un nuevo texto que recoja aspectos
como la adecuación constitucional de España, que sea un proyecto de ley
fielmente racionalizador y que se recojan un conjunto de disposiciones
para reorganizar todos los organismos públicos. Señorías del Grupo
Parlamentario Socialista, eso es lo que tienen hoy encima de la mesa para
discutir, para valorar y para votar.


Nosotros votaremos en contra, evidentemente, de los 8 vetos
presentados.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Sí, señor presidente.
Compartiré el turno del Grupo Parlamentario Mixto con la senadora
Capella.


En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario
Popular y a su portavoz la atención que ha prestado al contenido de los 8
vetos y cómo ha ido analizando su contenido. Al menos nosotros nos
sentimos atendidos, y lo digo porque en esta ocasión no ha dedicado todo
su tiempo al Grupo Socialista. Para nosotros eso está bien, es bueno.


No estamos tan de acuerdo con los elementos de análisis de
nuestro veto, señorías. Ha utilizado usted 4 veces la expresión papá
Estado, una expresión cuyo contenido denota lo que









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antes hemos afirmado desde la tribuna: su entendimiento de
que un Estado, siempre con un papel paternalista, debe ser eliminado.
Este es el contenido que subyace de la utilización permanente de la
expresión papá Estado. Pero es curioso que ustedes no hagan mención a la
expresión papá Estado cuando en nuestro país papá Estado ha salvado a la
banca con 60 000 millones de euros. Y es curioso que no utilicen la
expresión papá Estado cuando sus amigos de las empresas de las autopistas
de peaje están a punto de quebrar y aparece papá Estado para salvarlas.
Es realmente curiosa la utilización de la expresión papá Estado.


Hay 2 cuestiones que quiero aclarar. Señoría, estoy
intentando recordar el nombre de los ministros de Izquierda Unida en los
Gobiernos de Zapatero, porque no los recuerdo. (Un señor senador del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado: Rosa Aguilar.) Le pido, si es
usted tan amable, que me diga cuáles son los nombres de los ministros
comunistas y de Izquierda Unida en el Gobierno de Zapatero, así como
cuáles son las leyes que en Izquierda Unida acordamos y aprobamos durante
la época del Gobierno del señor Zapatero. Creo que fueron ustedes los que
consensuaron bastantes más leyes que nosotros con ellos, y para empezar
puedo citar la reforma del artículo 135 de la Constitución, a la que
usted ha hecho referencia.


También estoy intentando recordar, porque no me viene a la
cabeza, qué reforma laboral ha apoyado Izquierda Unida en el Congreso de
los Diputados a lo largo de la democracia. Señorías del Grupo Popular,
nosotros somos los que estábamos al frente de las huelgas generales, no
los que hemos apoyado las reformas laborales que se han puesto en marcha
en este país. No estamos de acuerdo con ninguna de ellas, siempre nos
hemos movilizado en contra y vamos a seguir haciéndolo.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra la senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.


Señor Suárez, qué mala suerte tiene aquí la oposición.
Parece que llevamos fatal lo de la comprensión lectora, pues resulta que
siempre vemos y leemos cosas que ustedes dicen que no han escrito y que
no ven. Pero qué extraña coincidencia que aquí grupos parlamentarios que
representan a partidos políticos muy distintos seamos tan coincidentes a
la hora de hacer una misma lectura, o al menos aproximada, de este
proyecto de ley. Creo que ustedes alguna vez deberían hacerse la pregunta
al revés: ¿no será que lo que ustedes están haciendo no está demasiado
bien? ¿O realmente que todo lo que están haciendo es lo que nosotros les
adjetivamos y resaltamos porque, evidentemente, no coincide con lo que
nosotros defendemos? En consecuencia, no ataquen por este lado porque
dejan ver claramente sus debilidades.


¿Intencionalidad política de la ley? Por descontado. Como
he dicho antes, es la segunda parte de lo que les ha recomendado la
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. La primera, la
reforma de la Administración Local. La segunda, este segundo proceso de
recentralización: invasión de competencias y su correspondiente pérdida
por parte de las comunidades autónomas y la vulneración del Estatut de
Autonomía de Cataluña. ¿Saben qué pasa? Que se les ven los dientes aunque
no abran la boca; aunque la tengan cerrada, nosotros les vemos los
dientes.


Por descontado que la política económica es ideológica, y
la legislación también. La legislación no es neutra porque a través de
ella se pretende incidir en la realidad para cambiarla en función del
modelo de sociedad que cada uno de nosotros estamos defendiendo.
¡Faltaría más! Y ustedes efectivamente tienen ideología y la demuestran a
través de la política económica que ustedes desarrollan, legislan y
promocionan, y a través de su propia legislación, y ya se lo he dicho en
múltiples ocasiones: evidentemente,


entre el modelo de sociedad que defiende Esquerra
Republicana y el que defienden ustedes hay una eternidad ideológica.


Gracias. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Martínez.









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La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Empezando por lo más importante, quiero anunciar que, como
no podía ser de otra forma, mi grupo parlamentario va a votar a favor de
los 8 vetos presentados dada la coherencia y coincidencia de nuestros
argumentos, unos argumentos que parece ser que al señor De las Heras le
han resultado del todo insuficientes. Porque no sé si se refería a mí o a
otros portavoces, pero ha iniciado su intervención diciendo que esto
parecía un concurso para ver quién era más ocurrente o más chistoso. Vaya
por delante, señoría, que en ningún momento es mi intención resultar ni
ocurrente ni chistosa, sobre todo en este tipo de materias que para mí
son de una seriedad fundamental; lo son para mí y para el Gobierno que
nosotros apoyamos. Porque le voy a decir lo siguiente: a día de hoy y en
los últimos dieciocho meses, los dieciocho meses de Gobierno del Partido
Nacionalista Vasco en esta última legislatura, se han presentado ni más
ni menos que 26 conflictos competenciales. Cuando se acogen además esos
conflictos competenciales es porque los órganos ante los que se presentan
entienden que hay una base jurídica suficiente. Si quiere le puedo traer
una lista exhaustiva de cuáles son los preceptos constitucionales,
jurídicos, jurisprudenciales y de estatutos que vulneran cada uno de los
26 conflictos; y no solamente este proyecto de ley. Y mi enfado viene
precisamente porque esta es la gota que colma el vaso. Esta ley es el
paradigma de cuál ha sido realmente la estrategia del Partido Popular
respecto de la estructura territorial del Estado desde el principio. Y
estos 26 recursos que hoy día están encima de la mesa corresponden en
buena medida a recursos presentados por el Gobierno vasco, pero también a
recursos presentados por su Gobierno en contra del nuestro en aquellas
materias que consideran, no ya que hay una cuestión competencial, sino
muchas veces por una cuestión de mero fondo.


Así, por ejemplo, el Gobierno de Rajoy ha recurrido una
modificación que incluyó el Gobierno vasco en el decreto de víctimas
policiales, dejando así en el aire las compensaciones y el reconocimiento
a parte de los damnificados. También el Ministerio del Interior ha
rechazado y ha recurrido el repliegue de las fuerzas de seguridad del
Estado de la comunidad autónoma vasca, no basándose en cuestiones
competenciales, que esas están bien claras, sino en cuestiones tan
subjetivas como el hecho de considerar que Euskadi no es ninguna
república independiente, para nuestra desgracia, diría yo.


El margen de maniobra que se está dejando a los gobiernos
autonómicos —y cuando hablo del Gobierno vasco me van a disculpar
sus señorías si no me puedo referir al resto de gobiernos autonómicos,
pero es sencillamente porque esa es la cuestión que yo mejor
conozco—, como digo, el margen de maniobra que está dejando a los
gobiernos autonómicos el Gobierno de Rajoy con su mayoría absoluta es
ciertamente limitado, y por ello muchas veces no nos queda más remedio
que recurrir ante el Tribunal Constitucional, algo que no nos gusta,
porque, como antes decía, dudamos muchísimo de la objetividad de un
árbitro tan parcial, dado que sus componentes están designados a dedo por
el ministerio, a la hora de dirimir las cuestiones competenciales. Pero
de los 26 conflictos competenciales que hay encima de la mesa, 7 los ha
presentado Lakua, 2 los ha presentado el Gobierno español, 3 conflictos
de competencia son positivos y en ellos no se están tratando leyes de
alto rango, sino que son normas de carácter menor, y hay 2 peticiones de
aclaraciones para solventar a quién corresponde la competencia en esas
medidas.


También es cierto que estamos negociando; lo hemos hecho
siempre y lo seguiremos haciendo, porque, además, entendemos que ese es
el papel fundamental que justifica nuestra presencia en esta Cámara.
Porque muchas veces nos vemos ante la tesitura de elegir entre Guatemala
y Guatepeor, y vaya por delante que mi grupo parlamentario siempre va a
estar, aquí y en el Congreso, más a favor de Guatemala que de Guatepeor,
aunque no nos guste ni la una ni la otra. Y por eso seguimos manteniendo
negociaciones pendientes en la comisión bilateral Euskadi-Estado, que
existe, señor De las Heras, una comisión bilateral Euskadi-Estado, donde
se dirimen de forma previa estas cuestiones de carácter competencial. Y,
además, le voy a decir que durante esta legislatura también hemos llegado
a 8 acuerdos parciales, muy parciales, en asuntos sumamente menores que
afectan a cuestiones muchas veces secundarias de los proyectos de ley.
Pero así se demuestra que nosotros estamos aquí no solamente para lanzar
ocurrencias y chistes, como dice usted, sino para trabajar los temas y
para buscar siempre la mejor solución, en este caso para Euskadi.









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Volvamos al proyecto de ley que nos ocupa. Decía usted que,
efectivamente, el objetivo de este proyecto de ley es racionalizar. Usted
me pide que le pase una lista de cuáles son los títulos competenciales
del estatuto que vienen vulnerados por esta ley, y le prometo que se la
voy a hacer. Pero yo también le voy a poner a usted deberes. En la
réplica, por favor, dígame usted dónde hay reducción de costes en este
proyecto de ley. Porque racionalizar es reducir costes sin reducir
servicios, mejorando, por lo tanto, la eficiencia y la eficacia de las
funciones de la Administración pública. Dígame usted dónde hay un único
recorte de costes en este proyecto de ley. Racionalizar es también
ordenar estructuras de modo que sean más accesibles y más transparentes.
Ambos criterios me valen: el de la accesibilidad y el de la
transparencia. ¿Me está diciendo usted, sinceramente, que el tablón
edictal único va a facilitar la accesibilidad de las notificaciones
públicas a los ciudadanos de a pie y a las pequeñas y a las medianas
empresas, que en un solo tablón van a tener que hacer referencia a todas
y cada una de las notificaciones que pueda haber, a las convocatorias de
subvenciones y a las modificaciones catastrales de todo el Estado? Pues
yo le digo que no. Y no se lo digo desde planteamientos ideológicos, sino
desde una cuestión de mera practicidad. Cuando estamos hablando de
accesibilidad, cuando estamos hablando de transparencia, es evidente que
desde lo más cercano se gobierna mejor porque precisamente somos más
accesibles y muchísimo más transparentes. Y eso es así; y eso, llevado a
un extremo, llevado a temas políticos se llama principio de
subsidiariedad, donde se viene a decir que lo que se puede hacer mejor a
nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico no tiene por qué ser
regulado a un nivel superior.


Y sobre el contenido de los artículos competenciales, me da
la sensación, señor De las Heras, de que no se ha leído mis enmiendas,
que ni siquiera se ha leído el veto que hemos presentado, porque todos y
cada uno de ellos están justificados competencialmente. A veces incluso
tengo la sensación de que nos pasamos con el tema competencial, de que
estamos siempre mirando hasta el último milímetro, pero es que está claro
que ese es el único trabajo posible que podemos hacer aquí, porque
ustedes, a la mínima, nos la cuelan, y a la mínima intentan recentralizar
y uniformizar el Estado de las Autonomías. Y en eso, señor De las Heras,
una y otra vez, las que hagan falta, nos va a encontrar de frente.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador señor Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señor De las Heras, si usted cree que con desfachatez,
descaro y sarcasmo puede resolver 8 vetos, va aviado; la verdad es que
no. Son 8 vetos a un proyecto de ley que sí que es una ocurrencia, porque
llamar racionalización del sector público y otras medidas de reforma
administrativa a este batiburrillo de propuestas, esto sí que es una
ocurrencia.


En segundo lugar, señor De las Heras, sea un poco sutil. Si
yo he aprendido la diferencia que hay entre UPyD, PP o Vox, hasta usted
puede ser capaz de entender la diferencia que hay entre Izquierda Unida,
PSOE, etcétera. Hay que leer, enterarse un poco y ver la evolución en las
votaciones que antes le recordaba el señor Mariscal.


Respecto a la consolidación fiscal —lo he dicho antes
en mi intervención—, Iniciativa per Catalunya Verds jamás se ha
desresponsabilizado ni del déficit ni de la deuda. Siempre hemos
insistido en que hacían falta ritmos y plazos más sosegados para hacer
frente a la reducción de ese déficit y para poder liberar recursos a fin
de impulsar la economía y proteger a los sectores más golpeados por la
crisis. Pero, señor De las Heras, este es el debate hoy en Europa; y la
realidad es que España, a pesar de su buena gestión, hasta ahora no ha
cumplido con ninguno de los objetivos del déficit. ¿Que lo han hecho
mejor que otros? No lo sé; pero ustedes no han cumplido. Así que menos
lobos.


Respecto a la buena gestión, es cierto que hay algunos
datos macroeconómicos que mejoran, sí. Pero la pregunta es ¿a qué precio?
Le voy a dar 4, los que indica la Unión Europea: paro, precariedad,
pobreza y deuda. Esos son los 4 principales datos macroeconómicos que hoy
en día explican la situación de España.









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Y de verdad, senador De las Heras, que usted, que es
compañerete del señor Camps o del señor Fabra, del señor Ruiz-Gallardón o
de la señora Botella, me hable de buena gestión, lo encuentro descarado.
¿Cómo alguien comprometido con la gestión de la Comunidad Valenciana o
del Ayuntamiento de Madrid nos puede hablar de buena gestión? ¿Cómo se le
ocurre? Cállese, sea prudente, ignórelo, porque lo que está pasando en
Madrid, más allá del café con leche en la plaza Mayor, o lo que está
pasando en la Comunidad Valenciana a nivel de gestión no tiene nombre; a
nivel de déficit, no tiene nombre; y a nivel de corrupción, no tiene
nombre. Por tanto, cállese. (Aplausos).


Y respecto del sector público y el Partido Popular, también
se lo voy a decir con mucha claridad. La relación del Partido Popular con
el sector público está muy clara: el intento de privatización de la
sanidad en Madrid, el cierre de Canal 9, los despidos en Telemadrid y la
entrada de agentes privados en los servicios públicos de empleo. Esta es
su relación con el sector público y esta es la manera en que ustedes
entienden el sector público. Ese es el motivo por el que insistimos en la
presentación y justificación de este veto.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Guillot.


Completa el turno de portavoces de la Entesa el senador
Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, he defendido la posición de los senadores
socialistas de la Entesa en la defensa de nuestra posición sobre nuestro
veto en la intervención anterior. Ahora querría centrarme en algunas de
las afirmaciones que ha hecho el senador De las Heras en el turno en
contra.


Decía su señoría que el problema es de gasto público.
Precisamente esa es, no digo la obsesión, pero sí la profunda convicción
del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular. Pero, senador De
las Heras, los datos contradicen sus reiteradas afirmaciones de manual de
recomendaciones y de libro de estilo que les manda el partido. El
problema de los gobiernos socialistas no fue de exceso de gasto; en todo
caso, como consecuencia de la crisis económica, sí de disminución de
ingresos. Y la evidencia de que el problema no lo es de exceso de gasto
público —y me remito a los datos— es que en 2011 el gasto
público en España sobre el producto interior bruto era del 45,2%, por
debajo de la media de la Unión Europea, que era del 49,1%. Por tanto, por
qué hablar de esa afición a la que se refería usted de los gobiernos de
izquierdas y de los gobiernos socialistas al gasto, al gasto y al gasto,
cuando en realidad el gasto público sobre el producto interior bruto en
España era inferior a la media europea y, sobre todo, bastante inferior a
la de la mayoría de los países más desarrollados y que precisamente más
tiran de la Unión Europea y especialmente de la zona euro. España estaba
en el 45,2%, Dinamarca estaba en el 57,6% y, en cambio, Bulgaria se
situaba en el 35,6%. Hoy en día el gasto público en España sobre el
producto interior bruto, gracias a los esfuerzos denodados del Gobierno
del Partido Popular y de los grupos parlamentarios que le dan apoyo, ha
disminuido al 42,3% en 2014 respecto al producto interior bruto, 7 puntos
por debajo de la media de la Unión Europea que sigue en el 49,2%; en
concreto, de la zona euro. Pero lo que sí ha aumentado —y esto es
paradójico, dada su voluntad de disminuir precisamente la carga del
sector público— es la deuda pública, que se ha disparado desde
2011, llegando al 100% del producto interior bruto. Le recuerdo que
precisamente al final del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, del
último Gobierno socialista, la deuda pública española estaba por debajo
de la media de la Unión Europea.


Por tanto, insisto, es absolutamente falso que sea un
problema de exceso de gasto por esa afición a derrochar que usted da a
entender que tienen los gobiernos de izquierdas. Es posible mantener un
importante gasto público, evidentemente de manera eficiente, de manera
eficaz prestando servicios públicos porque esto no solo da cohesión
social, no solo mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanos,
sino que puede ayudar incluso a ser un estímulo para la economía y, en
cambio, debilitar al sector público puede tener también efectos nefastos
para la economía. A la vista está que sus políticas lo que han hecho es
incrementar el endeudamiento, la deuda, y disminuir precisamente los
servicios públicos que reciben los ciudadanos, especialmente en temas de
dependencia, de sanidad, de educación, etcétera; por lo tanto, lo que
están haciendo precisamente es debilitar los servicios públicos,
debilitar el Estado del bienestar.









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Decía usted que yo hablaba de un objetivo soterrado, que
dónde lo veía. Tiene usted razón seguramente, senador De las Heras, no es
un objetivo soterrado, es un objetivo evidente, no está bajo tierra, sino
que está a la vista esa voluntad insistente, esa voluntad profundamente
ideológica de la derecha española, del Partido Popular de debilitar los
servicios públicos, con esa concepción de radicalismo liberal de
debilitar en lo máximo el sector público y, en todo caso, intentar
privatizar aquellos servicios que se deban mantener.


Y finalmente quiero hacer referencia a su alusión a mis
comentarios sobre el tema de los consorcios. Ya le he dicho que es
inadmisible que la Administración General del Estado pueda aprovechar la
situación de crisis actual, las dificultades de algunas administraciones
que participan en consorcios que prestan servicios fundamentales para la
sociedad precisamente para, con la excusa de que determinado
ayuntamiento, determinada comunidad autónoma no ha atendido en su debido
momento sus obligaciones, incumplirlas también los organismos de la
Administración General del Estado y aprovecharlo como excusa para acabar
haciendo desaparecer el propio consorcio. Dice usted que lo que se
pretende con este proyecto de ley es evitar la desaparición de los
consorcios; muy al contrario, lo que intentan es buscar una razón
—por no decir una excusa, pero sí una razón— que se ampare en
la ley para poder debilitar los consorcios, para hacerlos desaparecer con
la excusa de que alguno de los miembros, sea alguna de las
administraciones coparticipantes sea el sector privado, no ha podido
atender sus obligaciones, pero, evidentemente, desatendiendo e ignorando
aquellos servicios públicos que se atienden por estos consorcios que, por
ejemplo, en Cataluña en muchos casos atienden y prestan servicios
sanitarios de carácter absolutamente prioritario para la sociedad. Y
ustedes sí prevén la salida de la Administración General del Estado de
los consorcios, su desaparición y su destrucción, pero en ningún caso
plantean quién va a atender esos servicios que se prestaban por parte de
administraciones y de sectores privados consorciados y si la
Administración General del Estado se va a hacer cargo realmente de esas
obligaciones y de la prestación de esos servicios.


Por tanto, nos reafirmamos en nuestra voluntad y en nuestra
intención de presentar el veto porque estamos radicalmente en contra de
lo que pretenden el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular con
este proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Sabaté.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


La verdad, senador De las Heras, es que, a diferencia de lo
que le han dicho el resto de grupos, yo no puedo estar muy satisfecho en
mi consideración en los vetos porque hasta el final de su intervención he
tenido la duda y he pensado que como no ha nombrado nuestro veto, igual
es que es el único que van a admitir. (Rumores.—El señor De las
Heras Muela pronuncia palabras que no se perciben). Sí, claro, lo he
comprobado con mi compañero Plana. (Rumores).


En todo caso, he escuchado el reto que proponía a la
senadora del Grupo vasco: Ustedes dicen que vulnera el estatuto de
autonomía, pero no me concreta. Señoría, empiece a buscar: el artículo
68.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que todos los actos
de la Generalitat deben ser publicados en el diario oficial de la
Generalitat y eso es suficiente y no requiere ninguna otra publicación en
ningún diario oficial, ni del Estado ni en ningún otro. Uno, vulneración:
artículo 68.5. Vulneración: artículo 134 del Estatuto de Cataluña, que
regula las competencias en el ámbito deportivo, donde se establece
claramente que a nivel de comunidad autónoma es suficiente que la
licencia sea de una federación autonómica. Por tanto, ya tenemos uno: el
68.5. Y otro más: el 134. ¿Son los únicos? No, habrá más; yo no me
acuerdo de todos. Busque el 172, sobre competencias en universidades. La
evaluación de la calidad de las universidades catalanas corresponde a la
Generalitat de Cataluña. Con la ley que ustedes están aprobando están
vulnerando también el artículo 172 del Estatuto de Autonomía de
Cataluña.


Y van a decirnos: no, es que ustedes generalizan, eso no es
verdad. Pero es verdad. Ahora, en el turno de portavoces, van a subir a
esta tribuna y van a decir: no vulnera el 68.5, el 134 y el 172 por esto,
por esto y por esto. Pero ya les he avanzado antes desde esta tribuna que
vamos a presentar recurso de inconstitucionalidad, por lo que tienen que
pensar que al menos nos lo









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hemos mirado, que hemos visto sobre qué artículos vamos a
presentar recurso de inconstitucionalidad y qué competencias se vulneran,
si se vulneran algunas de ellas. Tienen que ser, pues, un tanto
respetuosos con el trabajo del resto de los compañeros, como nosotros lo
somos con su trabajo. Podemos discutirlo y cambiar opiniones, pero si
ustedes me dicen que no vulnera ningún artículo del estatuto de
autonomía, en el caso catalán ya he nombrado tres en que los vulnera
claramente.


Pero no solo es esta la razón. Nosotros les hemos
preguntado, sobre qué base racionalizan el sector estatal? Fusionan
alguna entidad; de acuerdo. Hacen desaparecer alguna otra; sí. Pero en lo
que se refiere a la estructura del Estado, a la organización del Estado,
¿el Gobierno central ha suprimido algún ministerio? ¿Ha suprimido alguna
secretaría de Estado? ¿Ha fusionado algunas direcciones generales? Hay
ministerios en los que todas sus competencias están en manos de las
comunidades autónomas. ¿Qué sentido tiene que esos ministerios se
mantengan? Quizás lo racional, lo sostenible, lo eficiente sería dar
ejemplo suprimiendo esos ministerios o esas secretarías de Estado. Por
ello, no solo presentamos y mantenemos el veto, sino que vamos a apoyar
los 7 vetos restantes, presentados por los otros grupos
parlamentarios.


Algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra
ha hecho la siguiente reflexión: si en una ley que teóricamente es
importante, si en una ley que teóricamente tiene que fundamentar la
organización del sector público a nivel estatal, ustedes se quedan solos
y tienen 8 vetos, algo no se habrá hecho bien. Ustedes pueden pensar que
se equivocan todos los otros, pero si esta fuera una verdadera ley de
reforma administrativa se tendría que haber intentado consensuar. ¿Es un
tema de los grupos parlamentarios? Bueno. Pero ¿lo han consensuado con
las comunidades autónomas? No. Esta es una ley que va a generar muchos
recursos de inconstitucionalidad, muchos recursos de invasión de
competencias de diferentes comunidades autónomas. Quizás no la hayan
hecho del todo bien. ¿La han consensuado con el resto de la
Administración? Porque si tiene vocación de permanencia, si tiene
vocación de verdadera reforma de contenido, tendrían que haber buscado
este consenso. Y no ha sido así.


Me van a permitir que insista en que en el tema
estrictamente de los consorcios no están acertados. Que incumpla un
ayuntamiento o que incumpla una comunidad autónoma no habilita para que
hundan el consorcio. Si lo que ustedes pretenden es hundir el consorcio,
esta es una buena medida; pero porque un ayuntamiento o una comunidad
autónoma no pueda hacer las aportaciones de un ejercicio, obligatorias en
el consorcio, eso les habilite para que el Estado deje de hacer esas
aportaciones, con lo cual no se solventa el problema del consorcio, sino
que se agrava, lleva, evidentemente, a la desaparición de muchos
consorcios. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Son consorcios
que han hecho bien su trabajo, que no han despilfarrado y que han sido
una herramienta útil para desarrollar diferentes ámbitos, como el
universitario o el de la investigación y el desarrollo
—fundamentales—, sobre los cuales pivota una parte del futuro
de nuestro sector productivo. Y venimos aquí y hacemos leyes de I+D. De
acuerdo. Pero ¿sobre qué se van a apoyar estas leyes? ¿Sobre unos
consorcios que, por situaciones absolutamente coyunturales, vamos a poder
hundir? Creo que eso es una equivocación, que es un error y no solventa
nada, porque, que el Estado no haga su aportación, ¿qué va a solventar?
Repito que no va a solventar nada; va a hacer que ese consorcio se tenga
que disolver.


Y la actividad que hacía ese consorcio, ¿quién la va a
hacer? ¿Se va a poder continuar haciendo o simplemente se va a suprimir
ese tipo de actividad? Creo que eso es elemental. En definitiva, es una
norma que no aporta ningún beneficio, más allá de la dificultad en que
ponen al resto de consorcios en general. Ya saben que les he expresado
antes mi inquietud respecto de los consorcios sanitarios; pero no se
trata exclusivamente de los del ámbito de la sanidad, sino de otros
servicios públicos, que van a dificultar. ¿Ustedes quieren eliminar el
sector público? Yo no me instalo en ese discurso, lo haré de otra forma.
Pero, de forma consciente o de forma inconsciente, están tomando unas
medidas que ponen en grave riesgo una parte del sector público que ha
sido eficiente, una parte del sector público que ha cumplido una función
fundamental y que vamos a poner en una coyuntura mucho más difícil de la
que ha tenido hasta estos momentos.


Muchísimas gracias. Y repito que vamos a apoyar cada uno de
los 8 vetos presentados a esta ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.









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Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señor De las Heras, ¿de verdad cree usted que este es un
proyecto de reforma de la Administración o siquiera de racionalización de
algo? No creo que usted se lo crea, de verdad. Si fuese así, tendría que
decirle que no se lo ha leído.


En su intervención usted no ha hecho ni una sola propuesta
de contenido de esa supuesta reforma. Es verdad que nos ha hablado del
registro de los vehículos, de la unificación del Coro de Radio Televisión
Española con no sé qué, de la unificación de las cuentas corrientes de la
Administración central del Estado, y de cuatro cositas más, pero reforma
reforma de la Administración… ¡Hombre! No, no pueden creérselo ni
ustedes mismos.


Nos decía que los socialistas pidiésemos perdón. Pues,
mire, señor De las Heras, ni perdón ni permiso a ustedes para decir lo
que pensamos cuando salimos a la tribuna. (Aplausos). Ni perdón ni
permiso a ustedes, señor De las Heras.


Ayer, en la interpelación con el ministro Soria, ya dije
que me aburre tener que hablar de desmontar lo de la herencia. Pero,
claro, que ustedes me hablen de deuda, cuando la han subido en más de 340
millones de euros diarios —festivos y fiestas de guardar
incluidos—; que me hablen de déficit, cuando al final de 2013 el
déficit de la Administración del Estado, que es responsabilidad del señor
Rajoy, era superior al que tenía a finales de 2011 el señor Zapatero; que
me hablen de facturas en los cajones, cuando son sus facturas y sus
cajones o de las comunidades valenciana, murciana, de Castilla y León, de
Galicia, y sobre todo del ayuntamiento de Madrid. (Rumores). Que me
hablen de eso… ¡Por favor! (Aplausos.—Rumores). Y que me
hablen del Plan de pagos a proveedores como algo graciable que el
Gobierno del Partido Popular ha hecho en los ayuntamientos, cuando es un
dinero que el Banco Central Europeo dio al 1% y se les ha cobrado al
6%... Pues vaya favor que les han hecho.


Señorías, deberíamos intentar encauzar un debate sobre lo
importante que sería una gran reforma de la Administración, pero,
evidentemente, ustedes no creen, ustedes no tienen modelo más allá del
adelgazamiento, la reducción de lo público, la desprotección de aquellos
más débiles, que no pueden valerse por sí mismos para acudir a lo
privado.


La consecuencia de estos dos años y medio es menos
servicios, de menor calidad, más alejados y más costosos para los
ciudadanos; menos derechos, en definitiva. Eso es así. Dicen que no, que
integran el Consejo de la Juventud. Pero, no, se lo cargan. Han
presentado una enmienda en la que le dan seis meses más de vida, le
prorrogan seis meses la vida pero se lo cargan, porque el Injuve depende
del Gobierno y el Consejo de la Juventud era un organismo autónomo. Por
lo tanto, no es así.


Señorías, racionalizar la Administración es un proceso
permanente de adaptación a la realidad en cada momento, pero sabiendo que
hay esferas públicas que no deben ser privatizadas porque sostienen el
pilar de la igualdad: la sanidad, la educación, la seguridad. Esas
esferas no pueden ser privatizadas. Por supuesto, tiene que haber más
coordinación, menos duplicidades o ninguna de ellas, pero eso no supone
más centralización en aquello que no se ha decidido entre todos, que es
lo que ustedes hacen: centralizo, pero sin hablar con los que tenían la
competencia.


Los socialistas queremos más reformas. Es verdad, señorías,
¡claro que sí!, pero para recuperar servicios de calidad, para acercar la
Administración a los ciudadanos, hacerla más transparente y que esté
servida por profesionales, por profesionales prestigiados y motivados
desde todos los puntos de vista y no denostados, como aquí se ha
intentado hacer. Queremos más recursos, sí, pero para combatir la
exclusión social y la pobreza, para combatir el desempleo y las
desigualdades, y menos para sanear bancos y rescatar autopistas ruinosas.
Queremos más para los que más han perdido. Eso es lo que nosotros
queremos.


Le voy a hacer un relato, porque la coincidencia de que
haya tenido que trabajar en una serie de leyes en los últimos meses me
permite hacerlo. Ustedes han diseñado una estrategia muy elaborada,
porque si todo lo que aquí voy a relatarles lo hubieran hecho en una sola
ley, el escándalo hubiese sido monumental. Por eso, pasito a pasito,
aprovechando leyes que nada tenían que ver, han construido el camino
perfecto para el asalto de lo privado a lo público, a la gestión de lo
público, especialmente en lo municipal. Veamos.









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En varias iniciativas legislativas introdujeron
bonificaciones de hasta el 95% de todos los impuestos municipales
importantes: el IBI, el IAE, el de plusvalías, aprovechando en este
último caso la Ley de impuestos medioambientales. Como sabemos, eso va a
beneficiar a las grandes empresas porque son las que van a tener
capacidad de presión sobre los ayuntamientos para que les rebajen el 95%
de sus tributos locales.


En la reforma local, que yo llamo contrarreforma, permiten
hacer paquetes. La concesión de servicios públicos municipales ya no
tiene que ir a 8000 municipios No, concentremos en las diputaciones y
hagamos los correspondientes 50 pliegos de condiciones, lo que es muchos
más fácil, mucho más manejable, y sobre todo es menos costoso para las
empresas hacerse con la concesión de los servicios públicos y repartirse
el papel sin tener que entrar en la atomización de lo que significaban
los municipios o mancomunidades. A través de la Ley de deuda comercial
les resuelven a estas empresas concesionarias en el futuro el gran
problema que tenían cuando trabajaban con las administraciones locales o
autonómicas, es decir, el cobro de los servicios a esas administraciones.
La Ley de deuda comercial se lo resuelve perfectamente, porque les
garantiza que van a ser, después de los bancos, los primeros que cobren,
incluso antes que los empleados públicos. Les paga directamente el
Estado, si no lo hace la Administración.


A través de la Ley de la factura electrónica se garantiza
la obligatoriedad de presentar y cobrar la factura en un tiempo corto, y
se evita incluso que se pueda negociar el retraso. Como no ha sido de
mucha aceptación, se presiona a los ayuntamientos, como veremos en la ley
próxima, de pago a proveedores, para que tengan obligatoriamente que
entrar en el asunto de las facturas electrónicas.


Pero, señorías, lo más grave, a mi entender, es que se
aprovechó esa Ley de factura electrónica para introducir en la comisión
del Senado, como acostumbran —estamos ahora viendo transaccionales
a la ley que estamos debatiendo—, una enmienda muy amplia, de
muchas páginas, que modificaba la Ley de contratos de las
administraciones públicas. Y de esta forma, como ya denuncié en el debate
de esa ley, se permite hacer un traje a medida para realizar la concesión
de servicios, aunque sea a muy largo plazo.


Todo esto, señorías, se llama facilitar al máximo a las
empresas que vayan a quedarse con esa tarta tan importante que son los
servicios municipales del sector público local, y hacerlo con garantía de
cobro y beneficio, sin pliego de concesiones imprevisibles y que les
garanticen las adjudicaciones pactadas sin tener que ir a licitaciones
dolorosas económicamente y con los mayores beneficios fiscales. Sí, la
verdad es que está bien pensado; por eso creo que, al igual que la Ley de
reforma laboral, fue hecho por algunos despachos.


En la otra intervención les he dicho que no tenían modelo
de lo público, pero posiblemente no sea así. Quizás en su partido existan
dos tendencias: unos quieren reducir la Administración al mínimo y otros,
privatizar y externalizar los servicios; unos quieren matarla y otros
hacer negocio con ella. Pero en un futuro tendremos que procurar hacer
una ley de racionalización, una ley de reforma de verdad de la
Administración de este país. Y lo vamos a hacer contando con el consenso;
esta gran reforma —lo decía antes— no pueden hacerla solos,
por mucha mayoría que se tenga en un Parlamento. Tiene que hacerse
contando con el resto de los grupos políticos, pero, sobre todo, y se ha
dicho aquí, con las otras administraciones territoriales. Hay gobiernos
de comunidades autónomas, hay gobiernos locales a los que afecta
muchísimo esta reforma de las administraciones y, por lo tanto, hay que
negociarla con ellos. Pero hay representantes de los empleados públicos,
hay sindicatos, hay organizaciones a las que también hay que convocar y
con las que también hay que pactar. Nosotros a eso estamos ofreciéndonos
permanentemente; pero, por favor, si no retiran la ley, al menos retiren
la denominación, y así podremos en el futuro afrontar conjuntamente
—incluso en esta legislatura, si quisieran— una auténtica
reforma de las administraciones públicas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador de las Heras.


El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor presidente.


Quiero hacer 4 apuntes respecto de algunos de los
comentarios que en este turno final de portavoces han hecho los grupos
parlamentarios. No veo al senador Mariscal, pero me preguntaba por un
ministro de Izquierda Unida. Se me ocurre una directamente: la señora
Aguilar, que fue









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alcaldesa de Córdoba; luego se pasó al PSOE, pero creo que
era procedente de Izquierda Unida. (Aplausos).


Senadora Capella, no me llamo Suárez, me llamo de las
Heras.


Senador Guillot, lo del batiburrillo, el compañerete y el
cállese me ha sonado a bolivariano. (Aplausos.—Rumores). Respecto
del precio que hemos tenido que pagar todos por la crisis, que es el
paro, la precariedad y la deuda, estoy conforme con usted, pero en
sentido inverso al que usted alega.


Senadora Martínez, no me dirigía a usted cuando hablaba de
los adjetivos calificativos y epítetos; lo hacía por otros grupos. Si
usted ha intuido que iba por ahí, le tengo que decir que no, que era
genérico y no relativo a su persona. ¿Que de dónde hemos reducido costes?
Con esto va a pasar como con la reforma laboral: tiempo al tiempo. Datos
históricos, pues tiempo al tiempo. Y en cuanto a su comentario sobre si
me he leído el veto y las enmiendas, es tan gratuito como que yo le
dijera exactamente lo mismo, lo que no voy a hacer.


Senador Sabaté, le acepto lo del gasto. Es posible que
aceptemos que igual no hemos gastado tanto como algunos intuimos, pero
estará usted conmigo en que, no sé por qué extraña circunstancia,
incurrimos en un protocolo de déficit excesivo, consecuencia de la caída
mayoritaria de los ingresos fiscales, y que no tenemos ingresos fiscales
suficientes para el gasto que este país necesita. Por lo tanto, sí, es
una cuestión de gasto y de ingreso.


Senador Bel, como ahora, no me atiende, porque está
hablando por teléfono o está hablando con una compañera. Sobre los 3
artículos que usted dice que vulneran el estatuto de autonomía, creo
que... (Rumores). Que conste que no lo hago aposta, luego se lo digo.
¿Que se quedan solos? No, aunque a veces más vale estar solos que mal
acompañados, porque, para algunas compañías, casi es mejor aquello de que
el buey solo bien se lame.


Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, senador
Vázquez, dice usted que he tenido una intervención que… no sé cómo
la ha calificado, poco menos que de ocurrente. Pero, no, he rebatido
punto por punto todas y cada una de las cuestiones que ustedes planteaban
en sus vetos. Y con respecto a las bondades de la ley, las tiene usted
muy claras; y le digo lo mismo que le decía a la senadora Martínez: el
preámbulo, los 29 artículos, las 13 disposiciones adicionales, las
transitorias, las finales. Y las enmiendas, muchas de las cuales están
firmando todos los grupos.


En este turno final me voy a centrar en resaltar algo que
se viene produciendo de forma habitual cuando el Grupo Parlamentario
Popular y el Gobierno presentan un proyecto de ley, y es que parece que
el resto de grupos, más que buscar el consenso, que tanto nos reclaman,
lo único que están buscando es la confrontación y el hecho diferencial
para, en vez de resaltar lo que nos une, resaltar lo que nos separa. Por
mucho que les duela a algunos, sobre todo a la parte de la izquierda
parlamentaria más a la izquierda, y a otros que no estaban tan a la
izquierda pero que ahora intentan desmarcarse, este proyecto de ley de
racionalización del sector público, del que tampoco les gusta su nombre,
tiene un antecedente trascendente, que es la Ley Orgánica de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, que creo que constituye un
hito en la gestión eficiente de los escasos recursos públicos de los que
hoy —y ayer— disponemos en el conjunto de las
administraciones públicas. Y les vuelvo a repetir, señorías, que dicha
opción ni es ideológica ni pretende aniquilar los servicios públicos ni
recentralizar la Administración, y mucho menos invadir marco competencial
alguno de comunidad autónoma. Dicha ley orgánica se aprobó con el acuerdo
mayoritario —y se va a aprobar con el acuerdo mayoritario— de
las Cortes españolas, y eso es absolutamente democrático. El desarrollo
posterior de la Ley Orgánica de estabilidad en 2012 y en 2013 se resume
en varias circunstancias: austeridad, ajuste fiscal y reducción de gasto.
Y todo ello, además, acompañado de reformas estructurales que España
necesitaba: la reforma laboral, la reforma del sector financiero y la
reforma del sector energético. Señorías, si hay algo patente que esta
crisis ha puesto de manifiesto es que el sector público debe cumplir una
doble premisa: ser sostenible en el tiempo y garantizar la eficiencia en
la gestión de los recursos públicos.


Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, 4 años 4
—como se anunciaban los toros—, repitiéndoles en las Cortes
Generales que hicieran algo coherente frente a la crisis que se venía
encima. Pero cuando fueron capaces de reconocerlo ya era tarde, y además
con sus medidas provocaron el agravamiento de dicha crisis, dejando más
de 4 millones de parados, un descontrol absoluto y falta de supervisión
en todas las administraciones públicas. Había 8 millones de facturas









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del conjunto de las administraciones públicas en los
cajones; de todas. Un coste, a través del Plan de pago a proveedores, de
42 000 millones de euros, liquidados mediante ese mecanismo para acabar
con la morosidad de las administraciones públicas. Algunas atesoraban
facturas impagadas de forma supermillonaria que pusieron en peligro la
continuidad de 230 000 pymes y pequeños autónomos. Y el pago de facturas
ha permitido que se mantuvieran con empleo más de 400 000 españoles. Y
ahora llega un Gobierno capaz, toma las medidas, seguramente duras, pero
que van surtiendo efectos —y ahí están todos los indicadores, por
mucho que les duelan, señorías del Grupo Parlamentario Socialista—,
y la culpa es del Gobierno del Partido Popular. ¡Qué lástima!


Senador Vázquez, me habla del incremento de la deuda a
partir de no sé qué año y lo achaca usted al Gobierno de Rajoy, un
Gobierno que ha tenido que salir a rescatar a muchas comunidades
autónomas con un mecanismo como es el Fondo de Liquidez Autonómica, que
ha contado con más de 62 000 millones de euros. Y responden algunos
grupos parlamentarios que eso es una invasión competencial. Un Gobierno
que ha tenido que acudir a la titulización de los casi 30 000 millones
del déficit de tarifa. Eso debe ser ideológico. Un Gobierno que ha tenido
que conseguir 40 000 millones del mecanismo europeo de estabilidad para
rescatar los depósitos que los ciudadanos tenían en las entidades
financieras que por falta de supervisión suya se fueron casi al
garete.


Señorías, situaciones económicas depresivas —y no les
entra en la cabeza— como la vivida en España desde la negación de
la crisis, allá por el segundo semestre de 2007, y hasta el inicio de la
recuperación, en el segundo semestre de 2013, provocaron —estarán
ustedes conmigo— una disminución generalizada de la renta
disponible de los ciudadanos, un crecimiento galopante del desempleo y
una disminución muy considerable de la recaudación fiscal del conjunto de
las administraciones públicas, lo que a su vez puso en marcha los
estabilizadores automáticos de la economía, y estos provocaron un
incremento desmesurado de la deuda y del déficit público para intentar
contrarrestar la caída de la demanda interna agregada; déficit y deuda
que no son sostenibles en el medio y largo plazo y cuya única solución, y
compromiso de este Gobierno y de este grupo, es la consolidación fiscal.
En poco más de dos años el presidente Rajoy ha conseguido, con el
esfuerzo de todos los españoles, embridar la crisis primero, empezar a
tener crecimiento económico constante, reducir las tasas de desempleo con
los mejores datos históricos de que se tiene conocimiento, que la prima
de riesgo deje de ser un problema, que hoy nos financiemos incluso mejor
que la todopoderosa Estados Unidos, salvaguardar los depósitos de los
ciudadanos en las entidades financieras que ustedes, por falta de
supervisión, dejaron prácticamente en quiebra. Evidentemente, no estamos
satisfechos y lo mejor está por venir. Tenemos un objetivo prioritario,
que es dar lo mejor de nosotros mismos para conseguir el objetivo
fundamental: reducir el desempleo y afianzar el crecimiento
económico.


Ustedes hablan de consenso. Desde el Grupo Parlamentario
Popular les ofrecemos que se sumen a este proyecto de ley y a las
reformas emprendidas por el Gobierno del presidente Rajoy, apoyadas por
nuestro grupo parlamentario, para favorecer dos aspectos fundamentales,
la creación de empleo y garantizar la credibilidad de la economía
española, acabando con la morosidad pública.


Señor presidente, termino este turno final de portavoces, y
lo hago solicitando a mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular el
voto en contra de los 8 vetos presentados.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De Las
Heras.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas
de veto.


Les anuncio que ha habido votación telemática, al igual que
esta mañana. Han sido autorizadas para votar telemáticamente las
senadoras Ibarz Ibarz, García Carrasco y Nevado del Campo, y han emitido
voto telemático solamente las senadoras García Carrasco y Nevado del
Campo, que lo han hecho en sentido contrario a las propuestas de veto;
resultado que iré sumando al que se produzca aquí, en el hemiciclo.


Comenzamos votando la propuesta de veto número 2, de la
senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.









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Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 249 más 2
votos telemáticos, 251; a favor, 95; en contra, 151 más 2 telemáticos,
153; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 6, del
senador Martínez Oblanca.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245 más 2 votos telemáticos, 247; votos emitidos, 245 más 2
votos telemáticos, 247; a favor, 91; en contra, 151 más 2 telemáticos,
153; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 1, de los senadores
Iglesias y Mariscal.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248 más 2 votos telemáticos, 250; votos emitidos, 247 más 2
votos telemáticos, 249; a favor, 92; en contra, 152 más 2 telemáticos,
154; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 4, de
los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de la Entesa.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 248 más 2
votos telemáticos, 250; a favor, 94; en contra, 152 más 2 telemáticos,
154; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 5, de los senadores del
Grupo Parlamentario de la Entesa, excepto los senadores Guillot y
Saura.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 249 más 2
votos telemáticos, 251; a favor, 94; en contra, 153 más 2 telemáticos,
155; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 7, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 249 más 2
votos telemáticos, 251; a favor, 94; en contra, 153 más 2 telemáticos,
155; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 249 más 2
votos telemáticos, 251; a favor, 94; en contra, 153 más 2 telemáticos,
155; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 8, del
Grupo Parlamentario Socialista.









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Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 249 más 2
votos telemáticos, 251; a favor, 94; en contra, 153 más 2 telemáticos,
155; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las
enmiendas.


En primer lugar, las senadoras Ibarz y Santos y el senador
Fuster, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, han presentado las
enmiendas 2 a 13.


Para su defensa tiene la palabra la senadora Santos.
(Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.


El objeto de mi intervención es la defensa de las enmiendas
presentadas al proyecto de ley por el Partido Aragonés. Son 12 enmiendas
que tienen por objeto lo que a nuestro entender es la defensa de las
competencias del estatuto de autonomía y que ya anticipo que hubieran
sido más de haber conocido el contenido de las enmiendas presentadas por
el Partido Popular en el trámite del Senado, enmiendas que no solamente
han ampliado de manera notable el contenido del texto que procedía del
Congreso, sino que además han incorporado materias nuevas de las que
después hablaremos, como es el caso de la Ley de subvenciones.


Señorías, bajo el pretexto de la eficiencia y el ahorro de
costes, el Informe CORA ya anunciaba la eliminación de algunas
instituciones muy importantes para las comunidades autónomas.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Instituciones que prestan
importantes servicios a las comunidades autónomas, en algún caso
históricas, como es el Justicia de Aragón, una institución con más de
siete siglos de historia, tres siglos más que la propia conformación de
España.


Finalmente, conseguimos ahuyentar el peligro de su
eliminación como conseguimos también, a través de la Ley de reforma de
régimen local, salvaguardar nuestra singularidad territorial. Una ley que
era, como esta, una de las derivadas del Informe CORA, al que hacía
referencia hace un momento.


Señorías, vaya por delante que los objetivos señalados en
la exposición de motivos de la ley los compartimos plenamente: mejorar la
eficiencia de las administraciones, reducir el gasto, simplificar los
procedimientos, evitar trabas y solapamientos, fomentar la transparencia
son también objetivos compartidos por el Partido Aragonés. La cuestión es
que, a nuestro entender, esta ley no garantiza el cumplimiento de estos
objetivos. Esta ley, señorías, no resuelve ni siquiera los principales
problemas de eficiencia de la Administración General del Estado. Para no
reiterarme con respecto a quienes me han antecedido en el uso de la
palabra, les diré que no resuelve cuestiones tan básicas como la
posibilidad de que funcionarios de la Administración de Justicia que
trabajan, por ejemplo, en lo contencioso-administrativo, pasen a lo
social ahora que la distribución de cargas se ha visto alterada como
consecuencia de las últimas reformas legales.


Señorías, se hablaba de su ampuloso título en las
intervenciones anteriores. Decíamos que no resuelve los problemas
principales de la Administración General del Estado. Lo que la ley
plantea en realidad son una serie de reformas, de modificaciones
organizativas y legislativas que afectan a competencias autonómicas unas
veces compartidas y otras veces exclusivas, como es obvio en un Estado
descentralizado, con un modelo de Estado y de organización territorial
como el que establece el título VIII de la Constitución.


Señorías, a nuestro entender, en la ley sí que se produce
un desbordamiento casi general de la competencia general para legislar
que tiene el Estado. Quizá esta sea la razón por la que la disposición
final quinta apenas base los títulos competenciales del Estado, salvo en
unos pocos artículos. Pero vayamos por materias, como nos pedía el
senador De las Heras.


La evaluación de las titulaciones universitarias y de los
docentes, la calidad del sistema, son competencias compartidas entre el
Estado y las comunidades autónomas. Lo dice el artículo 31.3 de la Ley
Orgánica de Universidades, lo dice el Tribunal Constitucional en una
recientísima









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sentencia con motivo del recurso emitido por la Generalitat
de Cataluña y lo dice también el Consejo de Estado. Pero el artículo 32
del proyecto de ley que hoy se debate en esta Cámara silencia de manera
consciente las competencias de las comunidades autónomas en esta materia.
La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, con un
presupuesto exiguo, realiza labores de prospección, autoriza la
implantación de titulaciones, realiza su seguimiento y renovación de la
acreditación, evalúa los centros de investigación, la actividad del
profesorado y la calidad del sistema y en breve evaluará también las
titulaciones procedentes de otras universidades.


Señorías, para nosotros es estratégico decidir las
titulaciones que queremos implantar, como viene haciéndose hasta la
fecha, al igual que es importante analizar las tendencias del mercado
laboral, a través de nuestro observatorio, que son competencias
ejecutivas de la comunidad autónoma. En nuestra opinión, la coherencia
entre la especialización de nuestros sectores económicos y las
titulaciones universitarias y de FP garantizan la empleabilidad de
nuestros titulados así como también la retención del talento en Aragón.
De igual manera, el análisis certero de la evolución de los sectores de
actividad nos ofrece mayor predictibilidad a la hora de establecer
nuestras políticas de formación y empleo para incrementar la
formación.


Señorías, la competencia exclusiva para legislar en materia
laboral no puede enmascarar ni la supresión de los observatorios
autonómicos ni la homogeneización de las políticas autonómicas como
anuncia con claridad la exposición de motivos de la ley. Y no lo puede
hacer ni en esta materia ni en materia de licencias deportivas ni de
juventud ni de igualdad de oportunidades, siendo estas tres últimas
competencias exclusivas de la comunidad autónoma según establece el
artículo 71 de nuestro Estatuto de Autonomía y desarrollan el Instituto
Aragonés de la Juventud y el de la Mujer.


Señorías, nosotros creemos que es nuestra obligación
canalizar y garantizar la eficiencia de nuestras políticas y actuaciones
en las muchas materias que aborda la ley, y creemos que debemos hacerlo
efectivamente con respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y,
por supuesto, también al techo de gasto, y como no podía ser de otro modo
también con respeto a las competencias del Estado.


Nuestro último bloque de enmiendas se refiere al tablón
edictal único. Señorías, reconocemos que puede otorgar facilidades al
administrado, pero también creemos que en la era de la globalización y de
la comunicación en red hay mecanismos que son técnicamente sencillos,
jurídicamente seguros y perfectamente viables y acomodados a lo dispuesto
en la Ley de acceso electrónico y en la Ley de transparencia para poder
dar esas facilidades al administrado sin alterar el principio de unidad
de expediente, sin alterar el estado jurídico de los boletines oficiales
de ámbito inferior al Estado y sin quebrantar los principios de
descentralización y territorialidad que están en la esencia misma de
nuestra Constitución. De ahí la redacción alternativa que proponemos.


Y soluciones similares aplicaríamos en relación con las
modificaciones que se proponen en las enmiendas 171 y 176 del Grupo
Parlamentario Popular referentes a la Ley de subvenciones, materia
propuesta que entendemos cercena la autonomía en la gestión de las
administraciones autonómicas y locales en la medida en que supedita la
validez de las convocatorias y sus resoluciones a la publicación en una
base de datos nacional con la que ya les anuncio estaríamos de acuerdo si
es que se facilita la actividad de los administrados y no se interfiere
en la gestión de las administraciones.


Celebramos la retirada de las enmiendas 170 y 174, por las
que se acuñaba la figura de los indefinidos no fijos, figura
verdaderamente extraña a la que me quiero referir muy brevemente. Y lo
celebramos por las razones de legalidad que ya apuntamos a los portavoces
del grupo parlamentario y que en aras de la brevedad no voy a
relatar.


Señorías, en sus 39 años de historia el PAR ha demostrado
siempre su compromiso con España y seguiremos haciéndolo en el futuro,
cualesquiera que sean las circunstancias. Y lo haremos, como siempre lo
hemos hecho, con lealtad a la Constitución, con lealtad al Estatuto de
Autonomía y con lealtad a los acuerdos alcanzados con nuestros socios,
pero sin renunciar ni a nuestra identidad ni a nuestros principios. En el
pacto de gobernabilidad firmado con el Partido Popular, que es la hoja de
ruta conjunta de los dos partidos para este periodo, para la
gobernabilidad de esta legislatura, uno de los objetivos que se relatan
es el desarrollo máximo de las competencias









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dispuestas en nuestro Estatuto de Autonomía. Entendemos que
pueden existir interpretaciones diferentes en cuanto a esta ley. La
posición del Partido Aragonés ha quedado claramente expresada en esta
tribuna. Nosotros no aceptaremos un retroceso de las competencias
expuestas en nuestro Estatuto de Autonomía, porque entendemos que es lo
que está en el espíritu de la Constitución, porque entendemos que es lo
que está en nuestro modelo, en la esencia misma de nuestro modelo de
Estado y también porque es lo que está en los acuerdos firmados con
nuestros socios, en este caso, con el Partido Popular de Aragón, pero,
sobre todo y principalmente, porque creemos que es lo mejor para Aragón y
para los aragoneses.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Santos.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, los senadores Iglesias y
Mariscal han presentado las enmiendas 14 a 32.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


Doy las enmiendas por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las
enmiendas 113 a 123.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Las voy a dar todas por defendidas de antemano, no vaya a
ser que se me olvide alguna, o que no me dé tiempo, y esto pueda dar
lugar a problemas.


Mi grupo parlamentario ha presentado una serie de enmiendas
que voy a defender por bloques en función de la temática de cada una.
Pensaba hacer una disquisición bastante más política de cada una de
ellas, pero ya que se me ha pedido que enumere cuáles son todos los
artículos de nuestro estatuto de autonomía y otras leyes de carácter
básico que, a nuestro juicio, vulnera el proyecto de ley, voy a hacer
esto último, pese a que entiendo que esta solicitud lo que hace es
invertir la carga de la prueba, pues en realidad debería ser el propio
proyecto de ley el que en la disposición que establece el título
competencial justificase cada una de las medidas y de las cuestiones que
incorpora. Y, como ya dije en la comisión correspondiente, este proyecto
de ley no lo hace así. No hay más que mirar la disposición final quinta,
donde se recogen los títulos competenciales en los que se basa este
proyecto de ley y ver cómo ha ido evolucionando el proyecto desde que fue
publicado en el Congreso de los Diputados hasta que salió de allí, y lo
que ha salido después de la ponencia, en la que esta disposición final
quinta se ha visto también modificada. Ya le afearon que no había
justificación competencial suficiente en el Congreso. Se lo dijo también
el Consejo de Estado. Y ustedes han intentado alargar, como dije en mi
primera intervención, este artículo 149 hasta lo imposible. Pero es que
donde no hay, no hay, y no se puede sacar de la chistera. Por ejemplo,
podemos ver que prácticamente la totalidad del capítulo I no tiene
fundamento jurídico en el título competencial que acompaña a esta ley. No
tiene fundamento en ningún tipo de competencia. Está en una especie de
terreno de nadie en función de este proyecto de ley. Entendemos que si
ustedes legislan es porque el Gobierno tiene esas competencias, pero en
el momento en que entramos a mirar artículo por artículo, nos damos
cuenta de que la cuestión no puede ser así. De ahí la justificación
competencial de todas y cada una de las 13 enmiendas que presenta mi
grupo parlamentario.


En el caso de la Aneca, hay dos enmiendas, la 114 y la 117.
Competencialmente, basta recordar que la práctica totalidad de las
funciones que se asignan a la Aneca, excepto lo relativo a los
funcionarios docentes universitarios, lo son con participación de las
comunidades autónomas. Es decir, le corresponde al Estado la legislación
básica y a las comunidades autónomas su desarrollo. Evidentemente, con
respeto a la autonomía universitaria y pudiendo crear agencias de
evaluación para la ejecución de dicha normativa, como es el caso de la
universidad vasca. Por ello, en todo caso, la normativa estatal debe
encauzar exclusivamente la actuación de la Aneca, sin perjuicio de las
competencias de las comunidades autónomas, y la integración de agencias
autonómicas en la estatal ha de tener carácter potestativo. La medida que
se propone en este









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proyecto de ley se entiende potestativa, como ya he dicho,
en el marco del Proyecto de Ley de racionalización del sector público,
pero en el caso de la comunidad autónoma de Euskadi entendemos que, desde
el punto de vista del desarrollo autonómico, no es de interés unificar
nuestra agencia de acreditación, Unibasq, con Aneca ya que, en virtud del
artículo 16 del Estatuto Autonómico del País Vasco —no está el
señor De las Heras, pero este es el primer precepto del Estatuto de
Autonomía que ustedes se están cargando—, esta comunidad tiene
atribuida y desea seguir ejerciendo su competencia en materia
universitaria. Este es el primero.


En cuanto a las medidas relativas al BOE, presentamos las
enmiendas 114, 115, 120, 121, 122 y 123. Aquí me voy a alargar un poquito
más, espero que me dé tiempo a todo. La centralización en el Boletín
Oficial del Estado y la totalidad de las notificaciones que deban
practicarse por edictos por cualquier Administración pública resulta
contraria al principio de descentralización que rige la actuación de las
administraciones públicas, que se encuentra consagrado, no ya en el
Estatuto de Autonomía, sino en el artículo 103 de la Constitución
española, y está también recogido como principio general en la Ley que
regula el régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común. Entendemos, además, que la propuesta
neutraliza de forma absoluta el principio de territorialidad de las
actuaciones de las administraciones públicas, al establecer un único
sistema de notificación por edictos para el conjunto de las
administraciones públicas de todo el Estado. Esto se sustenta en
preceptos tan importantes como los recogidos en la Constitución, pero
además toda la cuestión de la autonomía de las administraciones públicas
es respaldada por las correspondientes sentencias del Tribunal
Constitucional.


Otra cuestión se recoge en la enmienda 116, que hace
referencia al artículo que modifica el Organismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos. Esta enmienda y este caso lo considero
paradigmático, y más adelante veremos que es recurrente en todo el
proyecto de ley. Nosotros venimos a decir que corresponde a las
comunidades autónomas competentes en materia de educación —la
comunidad autónoma vasca es una de ellas— la ejecución de los
créditos presupuestarios de procedencia europea que puedan contemplarse
en el Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente de la
Unión Europea. Digo Programa de acción en el ámbito de aprendizaje
permanente, pero podría decir exactamente igual Plan de garantía juvenil.
Y cabe decir lo mismo en el caso de una enmienda posterior, la relativa
al Observatorio de Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal,
porque ustedes hacen exactamente lo mismo. No pueden ampararse en
normativa comunitaria sobre los fondos públicos para luego arrogarse una
competencia que no es suya. La función que puede reservarse al Organismo
Autónomo de Programas Educativos Europeos se concreta exclusivamente en
la gestión coordinada de la aplicación de los fondos comunitarios, tal y
como se expresa en la decisión comunitaria que regula este programa
europeo. La función de información a las comunidades autónomas que se
introdujo por enmienda en el Congreso es a todas luces insuficiente para
satisfacer el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Esto
resulta coherente, además, con la distribución competencial vigente en el
Estado en esta materia, sobre la que la normativa europea no tiene efecto
alguno, tal y como señala el Tribunal Constitucional en varias
sentencias, siendo las más remarcables la 146/1996 y la 208/1999. De
nuevo encontramos preceptos de jurisdicción constitucional que se carga
su proyecto de ley.


Con el Observatorio de Ocupaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal ocurre lo mismo, y este caso lo recogemos en la enmienda
118. Las funciones propias de un observatorio de estas características se
insertan en el ámbito de ejecución de la legislación laboral, competencia
una vez más de las comunidades autónomas, y por tanto de los servicios
públicos de empleo autonómico. En consecuencia, este Observatorio de
Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal no puede obviar el
régimen de distribución competencial vigente, consagrado por los
estatutos de autonomía y la propia Constitución, relegando a los
servicios públicos de empleo autonómicos al papel de meros colaboradores
del observatorio estatal.


Instituto de la juventud. Otra vez se cargan aquí un
precepto establecido. El Gobierno central no tiene ninguna competencia en
materia de juventud. La competencia en esta materia corresponde en
exclusiva a las comunidades autónomas; en el caso de la comunidad
autónoma vasca, de conformidad con el artículo 10.31 de su Estatuto de
Autonomía. Segundo precepto del Estatuto de Autonomía que vulnera este
proyecto de ley. El señor De las Heras decía que no había ninguno, que le
dijese alguno, pues aquí los tiene todos. En deporte con el tema de la
licencia única sucede









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exactamente lo mismo. ¿Dónde está el señor De las Heras? No
le veo. Deporte. Competencia exclusiva de todas las comunidades
autónomas. No son ustedes quiénes para regular este asunto.


Y vamos a la última cuestión. Me quedan exactamente tres
minutos para hablar del tema de las subvenciones. La modificación de las
subvenciones se ha introducido en este proyecto de ley a través de dos
enmiendas aquí en el Senado. A las cinco de la tarde ha venido una de las
portavoces del Grupo Parlamentario Popular para proponerme una
transaccional. Señoría, lo siento, pero la verdad es que ni siquiera me
las pienso leer, porque no me parece de recibo que cuando llevábamos ya
una hora debatiendo este proyecto de ley nos vengan a proponer, en una
cuestión tan sustantiva como son las subvenciones públicas,
modificaciones y transaccionales menores. No me parece de recibo, porque,
además, no es la primera vez que lo hacen, no es una excepción; lo han
hecho en infinidad de proyectos de ley, al menos en los que me ha tocado
a mí ser ponente, y considero que no es serio introducir modificaciones
tan sustantivas en el Senado; eso es hacerlo por la puerta de atrás, es
vulnerar cualquier principio de participación. No podemos presentar
enmiendas a las que a su vez han presentado ustedes, no podemos más que
opinar sobre ellas y resignarnos a la pataleta. Pues aquí está la mía, y
les voy a decir lo siguiente: al margen de las funciones que se modifican
con el tema de las subvenciones con carácter general entendemos que la
modificación propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado a
la Ley general de subvenciones merece una valoración altamente negativa
en la medida en la que constituye una extralimitación del título
correspondiente al artículo 149.1.18.ª de la Constitución española que
otorga al Estado competencia exclusiva sobre las bases de régimen
jurídico de las administraciones públicas. Es contraria a la
Constitución; es inconstitucional y se avecina un nuevo recurso.


De la lectura de la modificación propuesta por la enmienda
se desprende también la vulneración de determinadas sentencias del
Tribunal Constitucional, porque sitúa a los órganos de las comunidades
autónomas en una posición de subordinación permanente de las actuaciones
y directrices que marque la Intervención de la Administración General del
Estado, por lo que por sí mismo supone una vulneración directa de la
autonomía política de las comunidades autónomas. Además, los límites para
la determinación de lo básico en el ámbito del régimen jurídico de las
administraciones públicas han de tener en cuenta la competencia de libre
organización de la Administración autonómica que se consagra otra vez en
el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Y ya van cuatro, señor De las
Heras. El artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco en el
caso de la comunidad autónoma de Euskadi. Imagino que otras comunidades
autónomas también tendrán competencias similares en una cuestión tan
básica como esta. Es más, la pretensión recogida en el artículo 20.1 de
que la base de datos nacional de subvenciones se convierta en un
instrumento de planificación de las políticas públicas vulnera el
principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas contenido
en el artículo 156 de la Constitución —otro artículo constitucional
que vulnera— y también en el artículo 10.25 del Estatuto de
Autonomía del País Vasco. Ya son cinco los artículos estatutarios que
vulnera este proyecto de ley que otorga a la comunidad autónoma vasca
competencia exclusiva sobre la planificación general de la actividad
económica del País Vasco.


Tengo, además, aquí también ni más ni menos que tres
páginas de sentencias del Tribunal Constitucional que vienen a avalar
esta interpretación. Asimismo la competencia tanto para incoar, como para
tramitar o imponer las sanciones son funciones ejecutivas que
corresponden a las comunidades autónomas. Por todo ello entendemos que la
propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado desborda el límite
de la legislación básica en materia de régimen jurídico de las
administraciones públicas al conferir a un instrumento de gestión de la
actividad de fomento propia de la actuación de las administraciones
públicas carácter único, centralizado y sometido al exclusivo control y
supervisión de un órgano estatal, en este caso la Intervención General de
la Administración del Estado.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Termino ya.


Además, la subordinación del ejercicio de la actividad
subvencional de las administraciones, organismos y entidades
pertenecientes al sector público a un órgano estatal constituye una
minusvaloración absolutamente injustificada de la actuación pública del
sector público inexistente









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en este Estado descentralizado que lleva aparejada la
adopción de una iniciativa de marcado carácter centralizador y
neutralizador de competencias autonómicas.


Pues bien, de forma resumida, rápida y veloz les diré que
son siete los preceptos del Estatuto de Autonomía vulnerados; cuatro
artículos constitucionales y un sinfín de sentencias del Tribunal
Constitucional que este proyecto tira a la basura. Pero yo ya he hecho mi
parte y he justificado jurídica y estatutariamente todas mis enmiendas.
Espero que en la réplica el Grupo Parlamentario Popular sea capaz de
hacer la mitad respecto de los preceptos de este proyecto de ley.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Martínez.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas: El primero comprende las enmiendas
55 a 93 y vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por
las enmiendas 163 a 167, 177 y 179 a 181 del Grupo Parlamentario
Popular.


Para su defensa tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Los senadores socialistas del Grupo Parlamentario Entesa
hemos presentado un total de 38 enmiendas que concretan nuestra
discrepancia fundamental con el proyecto de ley que nos ocupa, y que
hemos explicado en la defensa del veto en la primera parte del debate de
este proyecto de ley. A partir de aquí, voy a destacar algunas de las
enmiendas más relevantes y, por supuesto, el resto las doy por
defendidas.


En concreto, en la enmienda 55 planteamos la modificación
del título del proyecto de ley, porque, como hemos señalado, en absoluto
se ajusta su contenido a tan ampuloso enunciado: proyecto de ley de
racionalización del sector público y de otras medidas de reforma
administrativa. Por tanto, proponemos que se denomine Proyecto de ley de
supresión y reorganización de determinados organismos públicos y otras
medidas de orden administrativo.


Asimismo, en las enmiendas 61, 62, 63 y 64 proponemos la
supresión de los artículos 12, 13, 14 y 15. Son los artículos que regulan
los consorcios, tema que ha salido en el debate anterior y sobre el que
hemos explicado nuestra posición. Entendemos que lo que se pretende es
debilitar estos consorcios y, en muchos casos, propiciar su disolución.
Estamos en contra de la propuesta que tiende a facilitar, de manera
abusiva, el abandono de estos por parte de los organismos de la
Administración General del Estado, y como hemos señalado, la posibilidad
de que estos organismos de la Administración General del Estado incumplan
sus obligaciones económicas con dichos consorcios es contraria a los
principios básicos del derecho.


En la enmienda 65 hacemos referencia al observatorio de las
ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. Entendemos que no
debe eliminarse la referencia a los servicios públicos de empleo de las
comunidades autónomas. Estos organismos públicos existen, y no
mencionarlos, en ningún caso significa que no existan y, por tanto, no
supone ningún ahorro. En realidad, hay que reconocer aquello que existe y
no obviarlo en la redacción de la ley.


En la enmienda 66 proponemos la supresión del artículo 17,
que elimina la Dirección General para la igualdad de oportunidades,
integrándola en un solo organismo con el Instituto de la Mujer.
Entendemos que se degrada su relevancia institucional propositiva y se
pierde especialización, incidiendo negativamente en su eficacia; se
subsumen dos organismos en un solo y pierden su propia identidad.
Seguramente de lo que se trata es de debilitarlos, por lo que nos
oponemos frontalmente a ello.


En la enmienda 67 planteamos la supresión del artículo 18.
Estamos en contra de la integración de la Dirección General para la
igualdad de oportunidades y el Instituto de la Mujer en un mismo
organismo y por las mismas razones estamos en contra de que también se
subsuma en él el Consejo para la discriminación racial o étnica, porque
pierde identidad y capacidad de cumplir con su objetivo importantísimo de
actuar en aquellos casos en los que se pueda producir una discriminación
de carácter racial o étnica.


En la enmienda 68 planteamos la modificación del artículo
19, que hace referencia al observatorio de la salud. Nos parece bien que
haya un observatorio de la salud con competencias transversales, pero no
estamos de acuerdo en la supresión de los observatorios de la salud de la
mujer y de prevención del tabaquismo. Consideramos que son organismos
específicos que cumplen una función muy importante, tanto en cuanto a la
salud femenina como en cuanto a algo









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de gran relevancia para la salud, como es la prevención del
tabaquismo, e integrarlos en esos organismos puede acabar desdibujando el
cumplimiento de sus funciones.


En la enmienda 69 planteamos la supresión del artículo 21,
que hace referencia al Consejo de la Juventud. Se le convierte en un
organismo de carácter privado, pierde la condición de institución pública
y, por tanto, afecta claramente a su carácter de organismo participativo
y representativo de la juventud. Se nos ha ofrecido la posibilidad de
firmar una enmienda transaccional, pero no altera en lo fundamental el
motivo de nuestra oposición, que es precisamente el carácter de entidad
de derecho privado del nuevo Consejo de la Juventud. Entendemos que se
hace desaparecer una institución fundamental para encauzar la
participación de las organizaciones juveniles en la vida pública de
nuestro país.


Con la enmienda 70 planteamos la supresión del artículo 22.
Hace referencia a la posibilidad de abrir delegaciones autonómicas del
Tribunal de Cuentas, con una referencia solo en este proyecto de ley. En
principio, no nos parece mal que se puedan abrir dichas delegaciones
autonómicas del Tribunal de Cuentas, siempre y cuando
—evidentemente, entendemos que es así— esto no afecte a las
comunidades autónomas que tienen instituciones propias, como es el caso
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Pero en todo caso debería
modificarse, porque el Tribunal de Cuentas está regulado por una ley
orgánica, la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, que prevé sus funciones,
y por exigencia constitucional, por exigencia del artículo 136.4 de la
Constitución. Por tanto, no es mediante este proyecto de ley que estamos
debatiendo mediante el que se deben modificar las funciones, las
competencias y las intervenciones del Tribunal de Cuentas. No debe
aprovecharse este proyecto de ley como un cajón de sastre, como ya se ha
denunciado por algunos portavoces.


En las enmiendas 73, 74 y 75 pedimos la supresión de los
artículos 25, 26 y 27. Hacen referencia a la función del Boletín Oficial
del Estado como tablón edictal obligatorio. No estamos de acuerdo, lo
hemos dicho y lo mantenemos. Supone una pérdida de garantías para el
ciudadano en la medida en que estaba bien regulada la posibilidad de las
publicaciones de los edictos y requerimientos en los boletines
autonómicos así como en los boletines de las diputaciones
provinciales.


En la enmienda 76 planteamos la modificación del artículo
28, que hace referencia al Estatuto Básico del Empleado Público.
Proponemos la supresión de distintos puntos, debido a que aborda
cuestiones sustanciales de una ley, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público. Entendemos que una cuestión de
tanta importancia, que precisamente afecta a los empleados del sector
púbico, al conjunto de la función pública, requeriría una norma nueva o,
en todo caso, una reforma de esta ley y un debate específico, sin
enmascararlo en el debate de este proyecto de ley ómnibus o cajón de
sastre que estamos debatiendo en estos momentos.


Finalmente, las enmiendas 77, 78 y 79 hacen referencia a
artículos que ya son disposiciones adicionales: adicional primera,
adicional segunda y adicional tercera, que hacen referencia a la
desaparición de organismos, que ya hemos denunciado en otras enmiendas,
como son el Consejo de la Juventud de España, el Consejo Asesor del
Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías y distintos
observatorios en el ámbito de la salud. Pedimos la supresión de estas
tres disposiciones adicionales, porque entendemos que estos organismos
son absolutamente necesarios, ya que contribuyen a la calidad de vida de
nuestros conciudadanos y conciudadanas.


Como he dicho, señorías, doy por defendidas el resto de las
enmiendas y espero, aunque sin demasiado fundamento, que el Grupo Popular
pueda atender a alguna de ellas.


Muchas gracias, señorías, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


El mismo grupo parlamentario ha presentado también las
enmiendas números 94 a 112. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, el senador Saura y yo hemos presentado 18
enmiendas a este proyecto de ley. Las defenderé de forma agrupada para su
mejor entendimiento.


La enmienda 94 hace referencia al cambio del título en la
lógica de la recomendación del Consejo de Estado.









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Las enmiendas 95 y 96 tienen como objetivo garantizar la
financiación necesaria en la preservación de los puestos de trabajo del
nuevo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que va a integrar una
serie de organismos ya existentes.


Un segundo bloque, de la 97 a la 101, hace referencia al
Instituto de la Mujer. En este grupo de enmiendas reivindicamos que ese
instituto dependa de Presidencia para así poder garantizar que las
políticas del instituto sean transversales y, asimismo, salvaguardar las
funciones sobre cuestiones propias y específicas de la mujer; además,
pretendemos garantizar una vía presupuestaria para su financiación y que
no sea por donaciones ni legados.


Las enmiendas 102, 103 y 110 van dirigidas a preservar las
funciones del Observatorio Nacional de la Salud y a dotarlo de una serie
de cargos que creemos del todo imprescindibles para su mantenimiento y
sostenimiento, así como del Sistema Nacional de Salud.


Las enmiendas 104, 109, 111 y 112 hacen referencia al
Consejo de la Juventud de España. Señorías, hay que decir las cosas
claras: ustedes eliminan este organismo; que lo subsuman en el Instituto
de la Juventud, que es un organismo dependiente del Estado, no tiene nada
que ver con el actual Consejo de la Juventud en su concepción,
funcionamiento y en sus funciones y objetivos. Creemos que esto es un
grave error, que va a laminar y a dificultar la participación de las
organizaciones juveniles de todo tipo y que, evidentemente, hacen
desaparecer un espacio de crítica hacia el Gobierno.


La enmienda 105 hace referencia a la licencia deportiva
única —ahí tenemos el debate para ver si somos capaces o no de
conseguir una transaccional— y la 106 y 107 hacen referencia a todo
el tema de que el BOE sea tablón edictal único.


Señorías, termino mi intervención con 3 o 4 frases más. Lo
decía antes el portavoz socialista, yo creo que el Pleno de esta Cámara
tiene que ser consciente de que 29 artículos, 13 disposiciones
adicionales, 8 disposiciones transitorias, 1 derogatoria y 9
disposiciones finales, viendo, además, el contenido de esas
disposiciones, no es una propuesta de reforma y de racionalización de la
Administración pública, esto es un suma y sigue de propuestas de fusión,
de integración, de eliminación, que en una verdadera ley de reforma de la
Administración pública podían ser disposiciones adicionales, pero,
evidentemente, el objetivo de esta ley no es ni racionalizar ni reformar
la Administración pública.


En segundo lugar, insisto en que es imposible afrontar la
racionalización y reforma de la Administración pública sin el consenso y
el diálogo imprescindible tanto a nivel social, sindical y político como
territorial. En ningún sitio del mundo civilizado de nuestro entorno se
ha podido afrontar una racionalización y reforma del sector público sin
este imprescindible diálogo y consenso. Hoy no lo hay y, evidentemente,
con su mayoría absoluta lo máximo que van a poder alcanzar es aprobar
estos recortes, fusiones, eliminaciones, pero no la reforma del sector
público.


Y por último, también les quiero decir —y esto es una
constante en los proyectos de ley de este Gobierno— que siempre que
los proyectos van dirigidos a cuestiones que afectan al sector público,
salimos con la misma situación: menos Estado y más centralista;
discutamos de lo que discutamos, siempre es menos Estado y más
centralista. Ya pasó con la reforma de la Administración Local: el
trasvase de competencias hacia las diputaciones. Con muchos proyectos de
ley, con este también, pasa lo mismo: de las comunidades autónomas al
Estado. Por ello, nuestro grupo en el Parlamento catalán va a apoyar la
presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra este proyecto
de ley.


Quiero terminar con 2 afirmaciones respecto al anterior
debate. En primer lugar, lamento haber expresado el concepto de
compañerete, sobraba y lamento si he ofendido al señor De las Heras; con
compañero de partido había más que suficiente.


En segundo lugar, les digo que yo no soy ni bolivariano ni
castrista ni chavista, soy simplemente comunista y con eso hay
bastante.


Gràcies, senyor president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


El Grupo Parlamentario Convergència i Unió presenta las
enmiendas 33 a 54. Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Presidente, muchísimas gracias.









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Efectivamente, presentamos las enmiendas 33 a 54; las doy
todas por defendidas y voy a intentar explicarles el contenido general y
los objetivos que se pretenden con ellas. Con su permiso, señor
presidente, debo hacer una matización previa sobre mi intervención en los
vetos. El senador de las Heras, que veo que no está en este momento en la
sala, me ha recriminado que no le escuchara porque debía estar hablando
por teléfono con una compañera. A efectos de que conste en las actas de
esta sesión, voy a decirle que, efectivamente, senador de las Heras,
estaba hablando con una compañera y le voy a dar nombre y apellidos y
razones por las que estaba hablando con ella. Estaba hablando con doña
Roser Fernández, secretaria general del Departamento de Salud de la
Generalitat de Catalunya. Estaba hablando con ella porque ustedes, que
disponen de un gran aparato administrativo entre el grupo parlamentario y
el Gobierno, que tienen no sé cuántos asesores transaccionando las
enmiendas, me han hecho salir 3 veces una vez iniciado el debate, me han
presentado 6 propuestas diferentes, y en ese momento, su asesora me
acababa de hacer llegar una propuesta y me pedía una respuesta inmediata.
Yo tengo que atender al debate y tengo que atender al requerimiento de
sus asesores. No es una falta de interés. Si estas enmiendas
transaccionales se hubiesen tramitado hace quince días, desde que estamos
con este tema, seguramente yo habría podido prestar más atención a su
intervención y no tendría que haber hablado con mi compañera por teléfono
en esta ocasión.


En todo caso, sería prudente pensar que cuando algún
senador o senadora no se encuentra en la sala o está atendiendo al
teléfono no es que esté hablando con su hijo o su hija, con su compañero
o su compañera, con su mujer o con su marido, sino que seguramente estará
trabajando sobre un tema que nos ocupa, como ha ocurrido en este
caso.


Dicho esto, y aclarado a efectos de actas, centrémonos ya
en las enmiendas. Decía que las enmiendas que presenta Convergència i
Unió hacen esencialmente hincapié en alguna de las líneas apuntadas en
los vetos. Hemos dicho que había una vulneración del estatut de autonomía
en diferentes aspectos y sobre estos aspectos presentamos enmiendas de
supresión.


Me explico. Licencia única deportiva. La única enmienda que
nos cabe es de supresión de la propuesta del proyecto de ley. Aneca. La
única enmienda que procede es supresión del nuevo articulado que vulnera
clarísimamente el artículo de competencias en el ámbito de universidades
del estatut de autonomía. Efectivamente, como ustedes recordarán, el
tablón edictal único vulnera el artículo 86.5 del estatut de Catalunya
con lo cual también presentamos una enmienda de supresión. Aunque, en
honor a la verdad, en el caso de la licencia única deportiva ustedes nos
proponen alguna transaccional, no podemos transaccionar en un tema que
vulnera clarísimamente el estatut de autonomía. No es falta de voluntad
política, sino un ejercicio de realismo. No podemos transaccionar un
artículo que vamos a llevar al Tribunal Constitucional. Presentamos, por
tanto, un conjunto de enmiendas de supresión, algunas a la exposición de
motivos y otras al articulado.


Respecto a los consorcios, presentamos también un conjunto
de enmiendas, algunas estrictamente de supresión y otras para intentar
matizar algunos aspectos que creemos que generan conflictos en estos
consorcios. Me explico. La única solución que se plantea, si la
Administración General del Estado puede prescindir de realizar sus
aportaciones si otro consorciado, que no se establece si es público o
privado, deja de hacer sus aportaciones, es suprimir. Por tanto,
presentamos enmienda de supresión a esta disposición adicional.


Respecto a la regulación de los consorcios y a la
posibilidad de su disolución, entendemos que se facilita en exceso esa
posibilidad de disolución, incluso en casos en los que solo sea un
consorciado el que manifieste su voluntad o su deseo. Por ello,
efectivamente, se debe facilitar en algún caso la disolución de los
consorcios, pero no se les puede dejar a la intemperie. Por este motivo
hemos presentado estas enmiendas.


Hemos presentado también enmienda en el ámbito de los
consorcios de investigación y desarrollo, sobre todo en los ámbitos de
investigación y en los ámbitos sanitarios.


Respecto a los consorcios de investigación, que en
Cataluña, y no solo en Cataluña, en el conjunto del Estado español,
tenemos unos cuantos, creemos que se les perjudica gravemente. Incluso
consorcios importantes, como ALBA, que gestiona el sincrotron en
Cataluña, van a quedar muy afectados, incluso se va a poder cuestionar su
futura viabilidad. En este ámbito hemos presentado enmiendas no solo en
lo que hace referencia estrictamente al consorcio y a que se exima a los
consorcios de investigación de su regulación general, sino que en una
disposición adicional nueva también abrimos la posibilidad de
flexibilizar la contratación de investigadores por









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parte de estos consorcios. Si no se flexibiliza, nos
encontraremos en pocos meses con la siguiente paradoja: que se ha estado
formando, se ha estado trabajando con un personal investigador de
altísima calidad, que es muy difícil de atraer a España y a Cataluña, y
si no se le dan expectativas de continuidad se volverán a marchar. Si no
se flexibiliza la contratación de personal muy especializado por parte de
los consorcios de investigación, estos consorcios no van a tener futuro
porque no van a poder ser competitivos, al no tener el personal adecuado.
Nos consta que en esta ley no van a prosperar estas enmiendas, pero ya
les avanzo que las vamos a plantear en futuras leyes, incluso como un
último acto de desesperación en la propia Ley de Presupuestos Generales
del Estado.


Hemos presentado también una enmienda que estamos a punto
de transaccionar —yo diría que estamos ya llegando al acuerdo
final—, la enmienda llamada Telefónica —la pueden denominar
así—, que hace referencia a los consorcios sanitarios. Los
consorcios sanitarios tienen una importancia especial en toda Cataluña.
Para que ustedes se hagan una idea: solo 12 consorcios sanitarios tienen
en estos momentos 14 000 empleados. Si no se corrige el texto propuesto
en el proyecto de ley que estamos analizando, estos 14 000 trabajadores,
la mayoría laborales, adquirirán de forma inmediata su condición de
funcionarios, con lo cual yo no entiendo tampoco que esto vaya
precisamente en la línea de trabajo de la ley y del Gobierno. Pero lo más
importante es que inviabiliza la prestación de los servicios sanitarios a
través de estos consorcios.


He de valorar la predisposición no solo del Grupo Popular,
sino —hay que ser justos— del mismo ministro Montoro para
poder solventar este error de planteamiento en el proyecto de ley. En
este sentido, espero que podamos transaccionar con el Grupo Popular y que
se puedan sumar a dicha transacción el resto de grupos de la Cámara, tal
como hemos ido comentando.


He hablado ya de la enmienda que se refería al Diario
oficial de la Generalitat, de supresión, y no voy a insistir en ella. Sí
me voy a detener en un organismo concreto, que es el Consejo de la
Juventud. En principio planteaban su desaparición y su conversión en un
organismo de carácter privado, pero no estaba asegurada su continuidad.
De hecho, nuestro grupo cree que no sería necesaria la supresión del
Consejo de la Juventud. No obstante hemos presentado enmiendas en un
doble sentido: de no supresión, por tanto una enmienda de supresión del
artículo en cuestión, y en caso de mantenerse la supresión, otra para
poder matizar su continuidad, y lo hemos hecho de acuerdo con las propias
propuestas del Consejo de la Juventud. Recientemente el Consejo se ha
dirigido a nuestro grupo para poder facilitar una transaccional que
parece que tienen pactada con el grupo mayoritario de la Cámara. Nuestro
grupo va a facilitar el trámite de esta enmienda transaccional porque nos
lo ha solicitado explícitamente por correo electrónico el mismo Consejo
de la Juventud. En todo caso, esperamos que se pueda aprobar también esta
transaccional. Aunque, repito, no responde esencialmente a nuestra idea
de no supresión, dado que el mismo Consejo nos pide que transaccionemos,
aceptaremos esta transacción del Grupo Popular.


El resto de enmiendas las doy todas por defendidas, y
aunque hemos intentado que prosperen unas cuantas, al final solo podremos
transaccionar como tal, a propuesta de Convergència i Unió, una, la de
los consorcios sanitarios, que si es así, le agradezco al Grupo Popular
su disposición, pero evidentemente queda muy corta.


Como ya les anuncié, y después aprovecharé el turno de
portavoces para hacerlo, dado que la ley vulnera en diferentes aspectos
el Estatut de Catalunya, nuestro voto se va a mantener contrario a la
ley, más allá de que podamos votar a favor no solo de nuestra
transaccional sino de alguna que puedan haber acordado con algún otro
grupo de la Cámara.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas 124 a 162 y el voto particular respecto del dictamen modificado
por la aprobación de las enmiendas 163 a 167, 177 y 179 a 181 del Grupo
Parlamentario Popular.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Sanz.


La señora SANZ MURILLO: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes. El Grupo Socialista presenta un total de 39
enmiendas al proyecto de ley titulado Proyecto de ley de racionalización
del sector público y otras medidas de reforma administrativa.









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En primer lugar, quiero destacar la enmienda número 124 al
título del proyecto de ley. Nosotros proponemos Proyecto de ley supresión
y reorganización de determinados organismos públicos y otras medidas de
orden administrativo. Consideramos que es necesario adecuar el título al
contenido del proyecto de ley ya que después de tanto esperar una reforma
real de las administraciones públicas y el informe de la tan traída y
llevada CORA, esperábamos encontrarnos con un claro modelo por parte del
Gobierno y del Grupo Popular sobre cómo quieren prestar los servicios
públicos a la ciudadanía. Queríamos saber cuál es su modelo, si nos iban
a presentar menos Administración pública o más servicios públicos en
manos privadas o tal vez un modelo nuevo y diferente, y en vez de eso nos
encontramos con un batiburrillo de organismos que quitan y ponen según
claros intereses ideológicos.


En las enmiendas 130, 131, 132, 133 y 150 proponemos la
supresión de los artículos 12, 13, 14 y 15, ya que consideramos del todo
inapropiada la propuesta de regulación de los consorcios en este proyecto
de ley.


En la enmienda 134, de modificación, consideramos que con 6
millones de desempleados la mejora de la eficiencia de las políticas
activas de empleo y de la empleabilidad de los trabajadores es una
necesidad que exige nuevos recursos económicos y demanda, asimismo,
instrumentos de coordinación que analicen de forma conjunta el mercado de
trabajo y no la desarticulación de los mismos, como hace el proyecto de
ley. Esta coordinación se efectúa con los organismos que a tal efecto ya
han sido creados y dependen de las competencias de las comunidades
autónomas, con lo que la eliminación de estos organismos no supone ahorro
en el gasto y sí incide en la eficiencia de las funciones del
Observatorio de las Ocupaciones, que pierde su función de
coordinación.


En las enmiendas 135 y 149 proponemos la supresión del
artículo 17. No nos parece procedente la inserción de la Dirección
General para la Igualdad de Oportunidades en el Instituto de la Mujer.
Cuestionamos que tenga efectos sobre la reducción en el gasto público y,
sin embargo, sí se degrada la relevancia institucional y el organismo
autónomo pierde su especialización. Asimismo, el nuevo organismo se ve
privado de sus competencias de impulso y coordinación de las distintas
políticas públicas relacionadas con la igualdad de trato y eliminación de
la discriminación existente entre hombres y mujeres. Las funciones del
nuevo organismo quedan diluidas en declaraciones competenciales
genéricas. Estamos ante una reforma con fondo ideológico, que elimina la
forma y funciones del organismo sobre la igualdad de trato. Se eliminan
líneas claras de actuación, que quedan encubiertas en un principio
genérico de no discriminación, es decir, perdemos los análisis de la
perspectiva de género en las políticas públicas.


En la misma línea, proponemos la enmienda 136, de supresión
del artículo 18. Al igual que en el artículo anterior, se aprovecha esta
supuesta reordenación para realizar reducciones competenciales
significativas, como todas las relativas a la igualdad de trato y se
degrada institucionalmente un órgano de consulta y de coordinación,
limitando sus actuaciones.


En cuanto a las enmiendas 137 y 148, de modificación y
sustitución, consideramos de utilidad que exista un Observatorio de Salud
con competencias transversales, pero no consideramos oportuna la
supresión de los observatorios de la Salud de la Mujer o el de la
Prevención del Tabaquismo, cuyas funciones específicas deben estar
garantizadas. Nos parece muy grave el artículo 21. No se justifica por
motivo de ahorro la desaparición de instituciones de larga tradición e
historia que representan a la juventud. Está claro que el Gobierno del
Partido Popular sigue con su ataque ideológico contra órganos de
participación social de la sociedad civil, precisamente cuando la
ciudadanía nos demanda mayores cauces de participación y decisión. En la
misma línea, también proponemos la supresión de la disposición adicional
primera.


En cuanto a la enmienda 139, consideramos injustificada la
necesidad de establecer secciones territoriales del Tribunal de Cuentas,
sobre todo cuando existe la posibilidad de modificar la legislación
reguladora de dicho tribunal. Asimismo, la atribución de una nueva
función, en este caso consultiva, al Tribunal de Cuentas, no puede
llevarse a cabo por medio de una disposición adicional, puesto que las
funciones de dicho tribunal están previstas en la Ley Orgánica 2/1982, de
12 de mayo, por exigencia del artículo 136 de la Constitución.


En la enmienda 141, de supresión, consideramos razonable el
punto 1 del artículo 24, de admisión de diferentes certificados para
contribuir a aumentar la facilidad y el uso de la Administración
electrónica, pero no estamos de acuerdo con el punto 2, que suprime las









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especificaciones del actual artículo 15.2 de la Ley
11/2007, de 22 junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos.


Respecto a las enmiendas 142, 143 y 144, no podemos asumir
la pérdida de garantías para la ciudadanía que los artículos 25, 26 y 27
pueden suponer en la notificación administrativa, además de no tener en
cuenta las competencias autonómicas y locales.


En la enmienda 147, nos oponemos a la supresión del grupo
interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas porque es necesario
para el adecuado desarrollo de dicho plan.


También queremos destacar las enmiendas 145 y 153.
Consideramos que los empleados públicos han soportado como colectivo una
disminución de derechos económicos y laborales. El Grupo Socialista
estima que se debe regresar a la situación previa a 2012 para restituir
los permisos y también las circunstancias laborales en caso de
enfermedad, sin menoscabo de que en el sentido estricto del absentismo es
en el que se deben arbitrar las medidas oportunas para combatir los
abusos. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia). La regulación actual resulta punitiva y eleva a categoría
el caso patológico que hay que combatir por otros medios.


En la enmienda 140, a pesar de las modificaciones
incorporadas en la tramitación parlamentaria en el Congreso, seguimos
opinando que el proyecto de ley vulnera la distribución de competencias
entre Estado y comunidades autónomas establecida en la Constitución
española y los estatutos de autonomía, por lo que proponemos una
redacción que contemple un sistema alternativo y respetuoso con el
reparto de competencias.


Asimismo, quiero destacar que, efectivamente, hemos firmado
algunas transaccionales que se van a presentar y algunas que todavía
estamos viendo con otros grupos políticos. Señorías, estas son las
enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. Esperamos contar el apoyo
de los distintos grupos para poder sacarlas adelante, con el único ánimo
de mejorar este proyecto de ley, el cual consideramos que adolece de
muchas carencias, ya ampliamente debatidas en nuestra propuesta de
veto.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para turno en contra, tiene la palabra la senadora
Romero.


La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señora presidenta. Buenas
tardes, señorías.


En primer lugar, quiero agradecer a los portavoces de los
distintos grupos políticos que conforman esta Cámara su voluntad, como
dijimos en la comisión, de llegar a acuerdos hasta el último momento.
Todavía estamos intentando transaccionar alguna de las enmiendas, porque
creemos que son importantes y porque ha sido voluntad del Gobierno y del
Grupo Popular en el Senado que este proyecto de ley, a pesar de lo que
hayan manifestado algunos portavoces, salga con el mayor consenso
posible. En ese sentido, se transaccionó y se incorporó a la ponencia una
enmienda del Partido Aragonés; se ha transaccionado también, y ya está
entregada, una enmienda sobre las licencias deportivas que creemos que es
importante, porque intenta facilitar a los deportistas que con una única
licencia puedan actuar en todo el territorio español y en las comunidades
autónomas. Se está intentando transaccionar una enmienda sobre los
consorcios sanitarios, a propuesta de CiU, que creemos que es importante
y también se están intentando transaccionar unas enmiendas relativas al
Consejo de la Juventud, porque con ellos hemos mantenido diferentes
reuniones y hemos recogido en esas enmiendas el sentir que ellos nos han
manifestado y que luego, cuando hablemos, en concreto, del artículo que
se refiere a ellos, nos detendremos. Igualmente, se están intentando
transaccionar las enmiendas relativas a las subvenciones. Como no está la
señora Martínez, me guardaré la interlocución sobre lo que ha dicho sobre
las subvenciones y la función que esta Cámara está desempeñando para
cuando ella esté


El resto de enmiendas, señorías, lamentablemente no han
podido ser aceptadas, aunque se ha hecho un estudio exhaustivo de cada
una de ellas. Se ha procedido a realizar un esfuerzo, tanto por parte del
Gobierno como por parte de este grupo, para llegar a acuerdos, y
agradezco a los portavoces su paciencia.


En cuanto al bloque de enmiendas referidas a los puntos III
y IV de la exposición de motivos y a los artículos 16 y 25, relativos al
Observatorio de Empleo, mencionados por la portavoz del









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Partido Aragonés, la portavoz del PNV —que en este
momento no se encuentra presente— y también el portavoz de Entesa,
quiero decir que uno de los objetivos de la política de empleo que
contiene la Ley de 16 de diciembre de 2003 es el mantenimiento de la
unidad de mercado laboral en todo el territorio estatal. Es cierto que en
el ámbito autonómico existen numerosos observatorios que se están
dedicando a analizar la evolución del empleo y otros indicadores del
mercado de trabajo. Una de las medidas que se aprobaron en la Comisión
para la Reforma de las Administraciones Públicas en materia de
duplicidades administrativas fue precisamente la de racionalizar los
observatorios del empleo, mercado de trabajo y relaciones laborales,
medida que pretende, como su nombre indica, racionalizar y evitar
duplicidades. En consonancia con lo anterior, este proyecto de ley
establece que sea el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal el que analice la situación y las tendencias del
mercado de trabajo, la situación de la formación para el empleo en el
conjunto del Estado y que se evite así la superposición ineficiente de
los observatorios en las diferentes administraciones públicas en el
ámbito del empleo y así mejorar la utilidad y la definición de las
políticas públicas.


Además, el pasado 18 de diciembre la Conferencia Sectorial
de Empleo y Asuntos Laborales trató esta medida y se propuso la creación
de una comisión de estudio, además de mantener contactos bilaterales con
las comunidades autónomas. Por eso le quiero decir al senador Bel que sí
se han mantenido en este proyecto de ley conversaciones con las
comunidades autónomas para llegar a diferentes acuerdos. El actual
reparto competencial no está siendo en ningún caso vulnerado por esta
medida en cuestión, como tampoco se vulneran ninguna de las otras
competencias de las comunidades autónomas ni existe intento de injerencia
en las competencias de las mismas. Lo que se está intentando precisamente
—me refiero en este caso a la señora Martínez, que ha preguntaba
quién sería capaz de dar fundamentos jurídicos— en cuanto al
Observatorio de Empleo con este proyecto de ley es cumplir lo que dice la
Ley 30/1992 del régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, y es que las administraciones
públicas en sus relaciones se rigen por el principio de cooperación y
colaboración y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio
a los ciudadanos. Eso es lo que se pretende con este proyecto de ley.


También se ha hecho referencia, y han incidido en ello casi
todos los grupos políticos, al rechazo a la implantación del tablón
edictal único a través del BOE y a las modificaciones en la Ley general
tributaria y en la Ley del catastro inmobiliario en lo que respecta a las
notificaciones de sus actos. En cuanto al tablón edictal único, señorías,
tenemos que manifestar que su objetivo es reducir la carga que supone
para los ciudadanos y las empresas el no disponer de un emplazamiento
electrónico único para conocer todos los anuncios de la notificación que
pueden afectar a sus derechos e intereses legítimos. Hasta el momento,
los anuncios que la Administración tiene que realizar cuando los
interesados de un procedimiento son desconocidos, se ignora el lugar o
medio de la notificación, o se ha intentado y esta no se ha podido
practicar se realizan en el ayuntamiento de su último domicilio, el
Boletín Oficial del Estado de la comunidad autónoma o de la provincia, o
las diversas sedes y tablones electrónicos existentes. Señoría, este
abanico de notificaciones ocasiona una carga absoluta e innecesaria al
ciudadano. Con la propuesta que introduce este proyecto de ley el
ciudadano que entre en el Boletín Oficial del Estado va a poder conocer
qué notificación afecta a sus derechos e intereses. Esto no supone una
injerencia en las competencias de las comunidades autónomas pues no
significa que estas notificaciones se puedan publicar con carácter previo
en el boletín de cada comunidad autónoma; con carácter previo, señorías,
porque de lo contrario haría ineficaz la finalidad del tablón único y nos
encontraríamos ante una absoluta inseguridad jurídica.


Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas a los
artículos 26 y 27, relativos a la Ley general tributaria y a la Ley del
catastro el argumento es el mismo, señorías. Con el tablón edictal único
la Administración tributaria y el catastro pueden notificar sus actos y
eso ofrece protección y confianza a los propios ciudadanos.


En cuanto a una enmienda presentada y dada por defendida
por Izquierda Unida sobre la integración de los centros de I+D para la
defensa, he de decir que lo que se intenta es que estos organismos
autónomos sean autosuficientes y si bien ahora se están financiando con
las transferencias del Ministerio de Defensa, que con el tiempo no
dependan económicamente de este y se financien de manera progresiva con
los ingresos que generen las actividades que realicen.









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También se han presentado enmiendas a los programas
educativos europeos. He de señalar que el organismo autónomo encargado de
los programas educativos europeos va a integrar la actividad de la
fundación para la proyección internacional de las universidades españolas
y, recogiendo el sentir de una enmienda del Partido Socialista
―pendientes de la autorización de la Comisión Europea―, que
se pase a denominar servicio español para la internacionalización de la
educación, o como se denominará de ahora en adelante, Sepie.


En relación con la Aneca, señora Santos, no se pueden
aceptar las enmiendas que ha presentado el Partido Aragonés porque harían
perder el sentido del texto, el papel y el refuerzo que precisamente se
le está dando en este proyecto de ley. Tampoco es aceptable, señores del
Partido Socialista, la creación de agencias.


Además, quiero señalar, como regla general, que el uso de
la cláusula de salvaguarda de las competencias autonómicas en las leyes
estatales, tal y como se plantea en las enmiendas, resulta innecesaria
desde el punto de vista de la técnica normativa y además es irrelevante
por el orden de distribución de competencias porque el bloque de
constitucionalidad, el parámetro y marco donde se fijan las competencias
del Estado y las comunidades autónomas, está precisamente en la
Constitución.


En lo referente al Instituto de la Mujer, al que también se
ha hecho referencia, les diré que no se pueden aceptar las enmiendas al
artículo 17 y a la disposición adicional quinta porque pueden resultar
redundantes y dar lugar a confusión. El objetivo de este proyecto es
precisamente asegurar que las políticas de igualdad se incorporen
transversalmente en el conjunto de las políticas públicas y que no estén
condicionadas por ninguna posición ministerial que ocupen sino por el
peso institucional que se les dé.


Por otra parte, dentro del esquema general del Gobierno, y
más allá del alcance competencial de estas medidas, es lógico que
incardinemos las políticas transversales dentro de un departamento gestor
y, en particular, del más similar en alcance.


La reforma que ahora se plantea fue aprobada en la CORA y
no se considera adecuada la adscripción formulada porque supondría un
cambio en la organización del Ejecutivo que ahora no se contempla.


También quiero señalar que son inviables las enmiendas que
remiten a competencias de un órgano del que no se llega a proponer su
creación porque en ningún artículo del proyecto de ley existe la
secretaría general para políticas de igualdad.


La reforma que se plantea en este proyecto de ley,
señorías, surge de la necesidad de armonizar las políticas de igualdad
dentro de un contexto general mucho más amplio, y aceptar estas enmiendas
supondría duplicidades, disfunciones, más gasto público y, además, se
excluiría cualquier vinculación en políticas generales de igualdad si
solo las circunscribiésemos a las mujeres. (El señor vicepresidente,
Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Por lo tanto, todas estas enmiendas
van precisamente en contra de la filosofía de la reforma, que lo que
pretende es que se armonicen estas políticas de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, dentro de un contexto general en el que también
estén presentes de una forma integrada todas las políticas de igualdad.
El resto, repito, supondría incrementar el gasto público y, además, ir
hacia atrás en un escenario de modernidad y de progreso.


También quería detenerme en el Consejo de la Juventud.
Quiero felicitar a los grupos políticos por haber conseguido
transaccionar estas enmiendas. Desde el Grupo Parlamentario Popular tanto
el senador De las Heras como yo hemos mantenido diversas reuniones con el
anterior y con el actual presidente del Consejo de la Juventud, y me
gustaría hacer referencia a lo que ellos han sentido. Ellos tienen claro
su modificación como entes privados, tienen claro que pertenecen al
tercer sector, tienen claro que tenerlos como entes de derecho público
suponía un agravio comparativo respecto de otros consejos, como el de
discapacidad, y lo que nos pedían es precisamente lo que se ha recogido
en estas enmiendas, en primer lugar, que durante el periodo de seis
meses, hasta que entre en vigor, puedan seguir desempeñando sus
funciones; en segundo lugar, que el nuevo consejo de naturaleza privada
integrase a todas las entidades y asociaciones juveniles que legalmente
puedan formar parte de ellos y que forman parte del Consejo de la
Juventud; y sobre todo les preocupaba —por eso se presentó la
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, la 165, que está
incorporada— el no poder participar en el Foro Europeo de la
Juventud. También está salvada esta participación con un informe de la
Abogacía del Estado









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que dice que también es de naturaleza privada y que el
hecho de que estuviesen como un ente de derecho público constituyó una
excepción. Creo que aquí podemos felicitarnos todos los grupos por haber
llegado a este consenso, sobre todo porque hemos recogido el sentir del
propio Consejo de la Juventud.


Me gustaría referirme al tema de los funcionarios, al que
algún grupo político también ha hecho referencia. Lo que se ha recogido
en esta ley se refiere a la movilidad de algunos funcionarios y a la
seguridad del periodo transitorio, es decir, de aquellos que ya
estuviesen ocupando una plaza en el momento de la entrada en vigor de
esta ley. Lo que se pretende es que se involucre tanto la Administración
de destino, que es la actualmente obligada, como la Administración de
origen, pero se sigue manteniendo, para salvaguardar los derechos de los
que se encuentren actualmente en esta situación, que se rijan por la
legislación anterior. Creo que con eso salvamos y protegemos la situación
de estos funcionarios.


En cuanto al nuevo régimen de los interinos, me gustaría
decir dos cosas brevemente. Se añade un día más en permisos y hay que
hacer un gran elogio de los empleados públicos porque han tenido que
soportar una parte importante de este esfuerzo de austeridad que ha
tenido que soportar toda la sociedad española y que se ha llevado a cabo
en este último periodo. Además, esto no ha venido acompañado de un
descenso en su eficiencia porque han seguido prestando sus servicios con
un alto nivel de calidad. Con esta nueva reforma que se plantea en este
proyecto de ley lo que se le ofrece son mayores posibilidades
profesionales al interino seleccionado porque va a poder desarrollar sus
mismas funciones en un periodo de tiempo mucho más prolongado y dentro
del límite máximo previsto normativamente, es decir, no va a haber que
cesarlo y designar un nuevo interino.


Por último, me gustaría detenerme en el artículo 29 en lo
relativo a las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular planteó en
esta Cámara. Me refiero en concreto a la señora Martínez porque ha sido
la más vehemente en el rechazo para transaccionar estas enmiendas.
Agradezco al resto de los grupos políticos su voluntad y que lo hayan
hecho para que podamos tramitarlas. Creo que enmiendas se pueden
presentar en cualquier momento, y en esta Cámara siempre hemos criticado
que hacemos lo que hace el Congreso. Si presentamos enmiendas cumplimos
el Reglamento y, además, damos función a lo que precisamente se está
poniendo en cuestión, que es la función del Senado. En segundo lugar,
señora Martínez, no me puede decir que hemos hablado a las 5 de la tarde
porque desde el día de la comisión todos los grupos políticos saben que
estábamos pendientes precisamente de mejorar la redacción de esas
enmiendas. ¿Por qué? Porque lo que se hace con estas enmiendas es cumplir
escrupulosamente los requisitos de la Ley de transparencia. ¿Qué se
quería hacer con ello? Garantizar que todas las subvenciones fuesen
públicas, que además se clarificase cuál es el papel de la base de datos
nacional y que se clarificase también que no existen injerencias en las
competencias ni en las publicaciones de las comunidades autónomas.


Y yo creo, señorías, que si tenemos que estar negociando
hasta el último momento, hasta el último minuto, bien vale ese
esfuerzo.


No entiendo por qué la señora Martínez se siente tan
ofendida ni tan molesta cuando lo que se está tratando aquí es
precisamente que las subvenciones sean públicas, transparentes, que todos
los ciudadanos puedan acceder a ellas y que, además, exista una base
nacional de datos centralizada para conocer las subvenciones que se dan
en todo el territorio español y que se tenga la obligación de que esa
base de datos se publique en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario
de las Comunidades Autónomas, según proceda. ¿Dónde está el problema,
señora Martínez? ¿En la transparencia, en la publicación? ¿Dónde está el
problema? Yo creo que aunque se negocie hasta última hora, merece la
pena. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Por mi parte, señorías, quiero hacer una breve referencia a
otra enmienda que ustedes han presentado en relación con el Tribunal de
Cuentas. Quiero decirles que tampoco supone una injerencia en las
comunidades autónomas sino una posibilidad que se le da al Tribunal de
Cuentas para que pueda establecer sus propias secciones
territoriales.


Lamentamos mucho no haber podido aceptar las enmiendas y
agradecemos las que se han transaccionado. Nos gustaría que votasen a
favor de este proyecto de ley así como a las enmiendas que ha presentado
el Grupo Parlamentario Popular.


Muchísimas gracias. (Aplausos).









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero.


Pasamos a turno de portavoces. ¿Desea intervenir el Grupo
Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la
senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré desde el escaño brevemente en primer lugar para pedirle
disculpas a la senadora Virginia Romero porque mientras que ella se
refería a la interpretación de mis enmiendas yo estaba hablando por
teléfono, concretamente con el vicepresidente del Consejo de la Juventud
de España, al que he llamado para asegurarme de cuál era la posición que
tenía respecto de las enmiendas transaccionales que el Grupo
Parlamentario Popular nos ha presentado, diciendo, además, que habían
sido transadas con ellos.


Efectivamente, una de las enmiendas transadas corresponde
con el criterio que en este caso mantiene el Consejo de la Juventud de
España, y valga decir que no están contentos en absoluto con el hecho de
que vayan a desaparecer ni con que sus funciones vayan a ser asumidas por
el Injuve, pero lo que sí estaban pidiendo es que, al menos en la
disposición transitoria no se limitase a seis meses el período de
transición desde el Consejo hacia el Instituto porque podría crear un
vacío legal de difícil encaje jurídico y en el que la juventud se podría
encontrar sin ningún tipo de representación.


Pero resulta que hay una segunda enmienda que hace
referencia a la composición de este nuevo organismo que va a crear el
Partido Popular, donde la intención del Consejo de la Juventud de España
—vaya por delante que no estoy hablando del Consejo de la Juventud
Vasco— era tener garantizada al menos la participación en él de los
Consejos de Juventud territoriales. Para ello, hay una justificación que
venía a decir lo siguiente: «Un concepto exclusivamente vinculado al
asociacionismo excluye un enorme número de organizaciones juveniles no
amparadas estrictamente en la LODA, y que, sin embargo, representan un
gran porcentaje de la juventud asociada y organizada. La composición de
un órgano de participación juvenil no puede quedar constreñida al mundo
configurado jurídicamente como asociativo federativo, sino que, como
indican distintas recomendaciones y mandatos internacionales, deben
tender a integrar al mayor número posible de organizaciones». Entre ellas
destacan las amparadas bajo figuras jurídicas de otros marcos jurídicos,
y abro comillas: derecho canónico, Ley de partidos, agentes sociales y
entes públicos. Además, «La representación debe ser integral del
territorio y, por tanto, no excluir los niveles locales y autonómicos de
la participación estatal y europea. Por este motivo es imprescindible la
asistencia y la integración en el Consejo de la Juventud de España de los
consejos autonómicos de juventud».


Si ustedes han tenido ocasión de ver las enmiendas
transaccionales presentadas por el Partido Popular, se darán cuenta de
que los consejos autonómicos en absoluto aparecen mencionados en el nuevo
texto transado. Por tanto, no se corresponden con el deseo del Consejo de
la Juventud de garantizar la participación de todos los jóvenes,
independientemente de su origen geográfico, favoreciendo también de esa
forma su participación en Europa.


Por consiguiente, si usted, senadora, me confirma que
dentro de otras asociaciones, esa coletilla que han puesto ustedes en
esta enmienda transada, tienen cabida los consejos autonómicos de la
juventud, la primera que le firma una transacción soy yo, pero que conste
en el Diario de Sesiones. Que conste en el Diario de Sesiones que ese y
otros grupos juveniles entran también en los consejos autonómicos de
juventud. Porque entonces estaríamos hablando realmente de esa vocación
de acuerdo que usted invoca cuando critica la oposición y el rechazo a
las enmiendas transaccionales del resto de los grupos parlamentarios.


Y me reafirmo una vez más. Ya vale de que el Partido
Popular presente las enmiendas por la puerta de atrás y de que nos venga
5 minutos antes de su debate con enmiendas transadas del calado de las
que estaban proponiendo ustedes hoy aquí relativas a las subvenciones.
Eso no es de recibo y, desde luego, flaco favor le hace a la democracia,
al debate parlamentario y a la transparencia en este país. Por lo tanto,
en ese sentido, ni ahora ni en posteriores leyes van a contar con este
grupo parlamentario.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.









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Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Intervendré simplemente para reiterar nuestra oposición al
proyecto de ley. Como es evidente, mantenemos las enmiendas que hemos
defendido y lamentamos el fondo del proyecto, así como la voluntad del
Gobierno de reducir las administraciones públicas, los servicios
públicos, como ya hemos denunciado. En cualquier caso, quiero agradecer
la disponibilidad de la senadora Romero y del senador De las Heras, que a
lo largo de estos días, y especialmente en el día de hoy, aunque sea
tarde, han hecho un esfuerzo por transaccionar algunos aspectos que,
aunque no invalidan la opinión general de que consideramos negativo este
proyecto de ley, sí hemos avanzado algo, atendiendo los requerimientos de
las federaciones deportivas autonómicas en el caso de las licencias, que
es un tema importante, o, por ejemplo, en el caso del personal de los
consorcios, sobre todo de los sanitarios, donde ha habido avances que
permiten mejorar en cierta forma el contenido del proyecto de ley. Y en
otros casos, como en el tema del Consejo de la Juventud u otros, no hemos
llegado a un acuerdo porque no hay una modificación sustancial de lo que
significa hacer desaparecer dicho consejo como ente de derecho público,
como institución, convirtiéndolo en un ente privado. Por tanto,
mantenemos nuestras enmiendas de supresión.


En cualquier caso, como digo, agradezco la disponibilidad
de haber mejorado aquello que ha sido posible y, por lo demás, reitero
nuestra oposición al proyecto de ley y el mantenimiento de las
enmiendas.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.


Voy a hacer un breve resumen de la posición de mi grupo.
Entendemos que el global de esta ley no es óptimo. Pensamos que no va a
contribuir a la racionalización del sector público, ni mucho menos.
Creemos que es una ley recentralizadora y, como ya les he avanzado, el
correspondiente órgano lo dirá, puesto que la Generalitat de Cataluña
recurrirá diferentes artículos de esta ley.


La verdad es que no hemos tenido mucho éxito con las
enmiendas que hemos presentado. Seguramente no será por falta de empeño
de mi grupo. Quiero agradecer el trabajo de la senadora Romero y del
senador De las Heras, aunque no cristalice, aunque no se concrete en
enmiendas transaccionadas. Es cierto que hemos transaccionado una muy
importante, la de los consorcios sanitarios, pero tampoco nos tenemos que
engañar, la hemos transaccionado para dejar las cosas como estaban. No es
que hayamos mejorado, hemos dejado las cosas como estaban hasta hoy
mismo. Si hubiera prosperado el texto original del proyecto de ley,
hubiese causado un grave perjuicio a los consorcios sanitarios, no solo
en Cataluña, sino en el conjunto del Estado español, aunque,
evidentemente, una parte importante de estos consorcios se concentra en
Cataluña. En este sentido, quiero agradecer, como he dicho antes, la
disposición del ministro Montoro para encontrar una solución a un
problema que se había creado, creo que de forma un tanto
inconsciente.


En todo caso, lamento que no haya más propuestas que puedan
prosperar. Sé que es difícil gestionarlo pero sería importante que
tuviéramos cierto margen para alcanzar todos esos acuerdos y no tener que
esperar al último segundo del último minuto, que seguramente sería más
operativo para todos.


En cualquier caso, entendemos que esta ley es una
oportunidad perdida. Compartimos el objetivo inicial, aunque ya anuncié
que el informe de la CORA tenía un defecto de configuración, un defecto
que se ha agravado con la cristalización de este informe en un proyecto
legislativo. Yo, sinceramente, creo que no hace honra al propio informe
de la CORA, sobre el que mantenemos muchas discrepancias, porque
entendemos que era mucho más ambicioso de lo que ha quedado en el propio
texto legislativo.


No obstante, repito que mi grupo va a apoyar todas aquellas
enmiendas que vayan en una dirección similar a las que él ha planteado y
en contra del conjunto de la ley, como pueden entender.


Muchas gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Sanz.


La señora SANZ MURILLO: Buenas tardes de nuevo.


En el Grupo Parlamentario Socialista sentimos profundamente
que no hayan sido aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular ninguna de
las enmiendas que hemos presentado, así como que se haya desaprovechado
la oportunidad de acometer una reforma ambiciosa de la Administración
para hacerla eficiente y eficaz. Ustedes solo se han fijado en el tamaño,
solo quieren una Administración menos costosa y más pequeña, y eso que
estamos a la cola de Europa en cuanto al tamaño de nuestras
administraciones. Pero repito que eso es lo que ustedes tienen en
cuenta.


Esto no es ni reforma, ni modelo, ni lo que nuestro país
necesita en estos momentos. Precisamos de unos servicios públicos de
calidad prestados desde la esfera pública con cauces de participación,
que es lo que de verdad vertebra a una sociedad y hace avanzar en
igualdad y en libertad. Una vez más, nos encontramos con una ley
anunciada como la gran reforma de la Administración, una ley fruto del
informe CORA, encargado en octubre de 2012 por el Gobierno del PP a una
comisión integrada por expertos, que se vendió como un nuevo proceso de
reforma de la Administración pública.


Nosotros estábamos esperando lo que se había prometido, la
gran reforma de la Administración, pero se ha quedado en la eliminación
de algunos organismos, algunos más intrascendentes, otros con gran calado
social y vertebrador de la participación ciudadana, como el Consejo de la
Juventud, y otros fundamentales en políticas de igualdad de género.


La tan esperada reforma de la Administración, el modelo de
gestión y prestación de servicios públicos del Partido Popular ha
brillado por su ausencia. Seguimos sin conocer ese modelo y sin saber si
se mueven entre el liberalismo absoluto o la privatización de los
servicios públicos en aras de la eficiencia, esa palabra tan pronunciada,
pero yo añadiría transparencia, cercanía, garantía de servicios
esenciales y políticas sociales, gestión pública.


En periodos de crisis debemos seguir apostando por las
políticas sociales, garantizando los cauces de participación ciudadana,
porque lo contrario solo conduce a mayores desigualdades, a informes y
realidades preocupantes sobre la exclusión social, sobre la pobreza
infantil o a que haya un 43% de desempleados sin ninguna cobertura ni
prestación.


Está claro que este proyecto de ley no es la tan traída y
llevada reforma de la Administración pública, pero tampoco es una
verdadera racionalización del sector público; es un pequeño enjuague, con
un nombre demasiado pomposo para su contenido; son una serie de medidas
para realizar un lavado de cara y cumplir con un objetivo impuesto por la
Comisión Europea. Además, los pretendidos costes que se quieren reducir
se aplican en las cuestiones sociales, como la salud de la mujer, el Plan
nacional sobre drogas o la juventud, pretendiendo la supresión del
Consejo de la Juventud, cuando lo que habría que hacer es regularlo y
dotarlo de autonomía financiera y funcional.


Lo dice el propio Consejo de Estado textualmente: Se
aprecia de lo expuesto una concentración de medidas de supresión de
órganos entre aquellos llamados a actuar en el ámbito de las políticas
sociales. Suprimir órganos que tienen fines sociales no es ahorro, sino
ideología, y profundizar en el desmantelamiento de lo público no es
mejora de gestión, sino ideología. Por cierto, no puedo dejar de
mencionar las formas utilizadas porque a veces estas son tan importantes
como el fondo, y no entendemos cómo el Grupo Parlamentario Popular
presentó al principio un total de 17 enmiendas a este texto de las que
retiró 2, algo de lo que nos congratulamos ya que ustedes mismos se
dieron cuenta de que abrían un debate cuando menos delicado e
innecesario, pero con ello han obviado el dictamen del Consejo de Estado
sobre asuntos relevantes. Además, a última hora nos han presentado
transaccionales sobre sus propias enmiendas, y aprovechando que el
Guadalquivir pasa por Sevilla, han introducido modificaciones importantes
a última hora de gran calado.


No obstante sí quiero mencionar el talante del senador De
las Heras y de la senadora Romero, con quienes hasta el último momento
hemos intentado llegar a acuerdos puntuales o al menos a presentar
transaccionales. Pero a pesar de ese buen talante, consideramos que
estamos ante un nuevo capítulo de ataque a las administraciones públicas,
un suma y sigue después de la reforma









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de la Ley de bases de régimen local, como ya explicó
detenidamente mi compañero de grupo en su anterior intervención.


Y para concluir, diré que no se puede presentar la
Administración como una carga para la sociedad, porque precisamente esta
construye esa sociedad, la hace más justa e igualitaria, favorece la
participación y hace efectivos los derechos y las libertades de la
ciudadanía.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sanz.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Romero.


La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora Martínez, no hemos introducido nada por la
puerta de atrás. Hemos presentado unas enmiendas con arreglo al
Reglamento del Senado, y además le vuelvo a repetir que en tanto en
cuanto podamos mejorar un proyecto de ley que venga del Congreso, ¿por
qué no lo vamos a hacer en el Senado? Yo creo que respecto de estas
enmiendas en concreto merecía la pena agotar el último minuto porque se
está refiriendo a temas muy importantes, se está refiriendo a la
transparencia, a la publicidad en las subvenciones que se van a dar con
dinero público; es decir, señorías, con dinero de todos los españoles.
(Aplausos). Yo creo, señora Martínez, que merece la pena haber presentado
las enmiendas cumpliendo, además, con la legalidad vigente. ¿Dónde está
aquí la puerta de atrás?


Tampoco entiendo el tono tan enfadado de su intervención.
Yo no puedo saber el contenido de su conversación privada, pero sí puedo
decirle que yo no he hablado con ellos por teléfono, sino que mi
compañero y yo nos hemos reunido 2 veces con ellos personalmente aquí, en
el Senado, y además también hemos hablado varias veces con ellos, y yo le
puedo transmitir lo que a nosotros nos dijeron; usted transmitirá lo que
le han dicho ahora. Nosotros hemos recogido el sentir que nos
transmitieron, pero además hemos recogido más, porque a ellos lo que les
preocupaba —y lo vuelvo a repetir— son los seis meses.


Señorías, lo que hoy estamos intentando conseguir con este
proyecto de ley es que se pongan bajo control las cuentas públicas que,
coincidirán ustedes conmigo, estaban desordenadas; que se eviten
situaciones de duplicidad y de ineficiencia, que es a lo que estábamos
acostumbrados. Se trata de un proyecto que hay que verlo dentro del
conjunto de las reformas estructurales que ha hecho el Gobierno del
presidente Rajoy durante toda esta legislatura, y todas estas reformas,
señorías, están sentando las bases para un nuevo ciclo de prosperidad
económica y de empleo para todos los españoles, y esta nueva reforma va a
ser otra pieza más que va a contribuir a ello.


Senadora Sanz, quiero agradecerle también su actitud como
al resto de portavoces de los grupos parlamentarios, porque el esfuerzo
que ustedes han hecho por llegar a un entendimiento ha sido grande y
loable. Pero le digo que ese es nuestro modelo; el modelo es sanear las
cuentas públicas; el modelo es devolver a España la prosperidad que ha
perdido; y el modelo es emprender y continuar la ruta del empleo.


Senadora Sanz, en los años 2004 a 2011 un Gobierno
socialista, un Gobierno de izquierdas, incrementó el gasto público en
España en un porcentaje del PIB que pasó del 38,4% al 45,2%; desde 2008 a
2011 se incrementó el empleo público en más de un 9,84%, más de 288 600
empleados públicos, para después ser el primer Gobierno de la historia
que congeló los salarios de los empleados públicos; fueron el Gobierno de
Rodríguez Zapatero y el primer Gobierno Felipe González quienes
congelaron los salarios de los empleados públicos; incrementan los
empleados públicos y luego es el Gobierno el que congela los
salarios.


Desde 2012, con el Gobierno del Partido Popular, el gasto
público ha bajado en un 44%. Señorías, 2/3 de ese gasto público se está
dedicando a gasto social y a servicios básicos que están atendiendo las
necesidades de nuestros ciudadanos. Todas las reformas que se contienen
en este proyecto de ley van a seguir permitiendo que se reduzca el
déficit y se recupere la competitividad y la credibilidad de nuestra
economía y de nuestro país. Además, el Gobierno del Partido Popular ha
sido el que más ha hecho por las autonomías, por las empresas y por los
pequeños empresarios, primero, con el plan de pago a proveedores, para el
que se destinaron 42 000 millones de euros para el pago a proveedores, a
pymes y a pequeñas empresas, que ha permitido pagar más de 8 millones de
facturas que estaban sin consignación, y que ha permitido pagar a más de
230 000 pymes, y con ello se ha evitado perder y destruir 400 000









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puestos de trabajo. Un segundo instrumento ha sido el FLA,
con el que se ha ayudado a las comunidades autónomas en beneficio de toda
la sociedad española y ha contado con más de 60 000 millones de euros,
además de otras medidas, como el control de la deuda pública. Lo que se
propuso este Gobierno cuando inició la legislatura fue favorecer el
empleo y la credibilidad de nuestra economía y acabar con la morosidad de
las administraciones públicas. Señorías, ese es nuestro modelo de Estado,
ese es: acabar con la morosidad y caminar hacia una prosperidad.


Señorías, lo que hoy estamos debatiendo aquí no es la
injerencia del proyecto de ley en las comunidades autónomas, no es la
eliminación de los servicios públicos —porque no se está eliminando
ningún servicio público—, no es la inconstitucionalidad de muchos
de sus preceptos —como han señalado algunas de sus señorías—,
lo que estamos debatiendo es si hoy queremos una Administración moderna y
eficaz; si queremos que preste mejores servicios a los ciudadanos; si
queremos que esos servicios se presten con menores costes; si queremos
evitar que varios órganos de la Administración ejerzan las mismas
competencias y, en definitiva, si esta Cámara, el Senado, es capaz de
afrontar este reto junto con el Gobierno: la reestructuración de nuestra
Administración pública para convertirla en la Administración que la
sociedad española necesita en el siglo XXI.


Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tengo
que decirles que nosotros sí estamos dispuestos a ello, sí nos vamos a
sumar a la modernidad, sí nos vamos a sumar a la reestructuración de la
Administración pública en una Administración eficaz, y nos gustaría
—y por eso les invitamos a que se sumen a ello—, vuelvo a
reiterarles, que se sumasen a este proyecto y votasen favorablemente las
reformas que en él se contienen, porque con ello vamos a obtener una
Administración adecuada a las necesidades del siglo XXI.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero.


Señorías, los servicios de la Cámara están ordenando la
votación de las enmiendas, que es complicada por las transaccionales de
última hora. Por lo tanto, vamos a entrar en el debate del siguiente
proyecto de ley y luego las votaremos todas juntas.


10.1.2. PROYECTO DE LEY DE TRANSFORMACIÓN DEL FONDO PARA LA
FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


(Núm. exp. 621/000077)


El señor presidente da lectura al punto 10.1.2.


El señor PRESIDENTE: Para su presentación, tiene la palabra
el senador Sanz.


El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el proyecto de ley de transformación del Fondo
para la financiación de los pagos a proveedores tuvo su entrada en esta
Cámara y fue publicado el día 27 de junio. Se tramita por el
procedimiento de urgencia. Y el plazo de presentación de enmiendas y
propuestas de veto finalizó el pasado día 3 de julio.


Se han presentado las siguientes enmiendas: 1 de los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto; 2 del Grupo Entesa; 2 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; y 1 del Grupo Socialista.


Se reunió la comisión el pasado día 7 de julio, que acordó
designar la siguiente ponencia para informar del proyecto de ley: por el
Grupo Parlamentario Popular, doña María del Mar Angulo Martínez y yo
mismo; por el Grupo Parlamentario Socialista, don Juan María Vázquez
García y don Nicanor Jorge Sen Vélez; por el Grupo Entesa, doña María
Jesús Sequera García; por el Grupo Parlamentario Vasco, doña Rut Martínez
Muñoz; y por el Grupo Parlamentario Mixto, don Isidro Martínez Oblanca.
Dicha ponencia elevó a la comisión el informe en el que se mantenía el
texto remitido por el Congreso de los Diputados, y la comisión procedió
entonces a dictaminar. Tras el debate de las enmiendas, se sometió a
votación el texto propuesto por la ponencia en su informe, resultando
aprobado por 16 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones.


Por último, señorías, se han presentado votos particulares:
el Grupo Parlamentario Mixto, respecto a la enmienda 1; el Grupo
Parlamentario Vasco, respecto a las enmiendas 4 y 5; el Grupo









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Entesa, respecto a sus enmiendas presentadas; y el Grupo
Socialista, respecto a su enmienda presentada.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.


Comenzamos el debate de las enmiendas.


Del Grupo Parlamentario Mixto, los senadores Iglesias y
Mariscal han presentado la enmienda número 1. Para su defensa, tiene la
palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Muchas gracias, señor
presidente. Intervengo desde el escaño.


Como aparece en la motivación de nuestra enmienda a este
nuevo proyecto de ley, tenemos que denunciar en este momento lo que nos
ha parecido la utilización una vez más del Poder Ejecutivo a nivel
central para ajustar las tuercas y entrar en mecanismos de planes de
ajustes con la excusa de los pagos a proveedores. El estallido de la
burbuja inmobiliaria, la necesidad del aumento de tasas e ingresos
fiscales por parte de los ayuntamientos y la conversión de la deuda con
proveedores a corto plazo en deuda a largo plazo pero tras aprobar duros
planes de ajuste están llevando, junto con otros elementos que ya han
sido considerados a lo largo de este debate y en otros, a la
privatización de servicios públicos, a despidos de trabajadores y
recortes de todo tipo de prestaciones de servicios básicos.


Nuestra enmienda tiene 3 funciones: aumentar el periodo de
carencia, ampliar el periodo de amortización y reducir el tipo de
interés. Nos parece que estas 3 medidas que planteamos en nuestra
enmienda —que, por lo que hemos visto, son compartidas en enmiendas
parciales de otros grupos— contribuirían a mejorar el
funcionamiento del plan de pago a proveedores por parte de los
ayuntamientos y la transformación del fondo para la financiación de estos
pagos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


El Grupo Parlamentario Vasco se ha hecho cargo de las
enmiendas números 4 y 5, inicialmente presentadas por el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la palabra
la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Solamente intervengo para darlas por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.


El Grupo Parlamentario Entesa ha presentado, por una parte,
la enmienda número 2 y, por otra, la número 3. ¿La senadora Sequera va a
defender las 2?


La señora SEQUERA GARCÍA: Sí. Hemos presentado las
enmiendas números 2 y 3, de los senadores Guillot y Saura, que doy por
defendidas.


Creemos que es deber del Gobierno velar constantemente para
que la deuda pública de cualquier Administración se pueda financiar en
las mejores condiciones y la máxima flexibilidad. Por eso, la enmienda de
adición que hemos presentado es a través de una disposición adicional,
con 3 objetivos.


En primer lugar, que se puedan revisar las condiciones
financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas por
administraciones locales y comunidades autónomas, en concreto en lo
referente a plazas de amortización, períodos de carencia y reducción de
tipos de interés. En segundo lugar, que estas mejoras no supongan una
exigencia de condiciones adicionales distintas o superiores a las ya
adquiridas. Y en tercer lugar, en aras de una mayor transparencia, que se
emita un informe semestral que refleje la evolución desde diferentes
ópticas financieras.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda
número 6. Para su defensa, tiene la palabra el senador Vázquez.









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El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias.


La enmienda del Grupo Socialista pretende que se aprovechen
por parte de las corporaciones locales las mejoras que se han producido
en el sistema financiero en cuanto a tipos de interés. Por eso, lo que
decimos es que se puedan revisar las condiciones que ahora tienen los
préstamos que se les otorgaron para el pago a proveedores y que lo puedan
hacer en las siguientes condiciones: que afecten tanto al plazo de
amortización —que puedan ampliarse estos plazos de
amortización—, los períodos de carencia —que pueda
establecerse algún período de carencia— y, fundamentalmente, la
reducción de los tipos de interés que vienen pagando.


Al mismo tiempo, solicitamos que no se pongan
condicionantes nuevos a los ayuntamientos que quieran acceder a estas
nuevas y mejores condiciones, que en ningún caso se les exijan nuevas
condiciones, y también que el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas remita semestralmente a las Cortes Generales un informe sobre el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición. Creemos que es
de justicia con los ayuntamientos, que tanto esfuerzo están haciendo, que
han conseguido pasar de un déficit a un superávit —la primera
Administración territorial que lo ha hecho— y que gracias al
superávit de los ayuntamientos las cuentas del Estado, el déficit del
Estado ha podido presentarse decentemente, que ahora llegue el momento de
que se les ayude con este tipo de refinanciación de los préstamos en
condiciones adecuadas. Es lo que solicitamos en nuestra enmienda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Sanz.


El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar quiero agradecer a los grupos que
han presentado enmiendas el trabajo que han realizado para intentar
mejorar esta ley, pero tengo que decirles que mi grupo va a rechazar
todas las enmiendas que han presentado el Grupo Mixto, Izquierda Unida,
el Grupo Entesa y el Grupo Socialista.


Ya hace casi tres años, el 20 de enero de 2012, que el
Gobierno del Partido Popular, a través del ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, anunciaba la creación de este plan de
proveedores, la creación de este mecanismo extraordinario de financiación
para pagar las muchas deudas que tenían nuestras administraciones
locales, nuestra Administración autonómica. Un proyecto, señorías, que ha
supuesto el pago de más de 42 000 millones de euros, que ha supuesto que
cobren más de 200 000 proveedores —muchos de ellos autónomos, todos
ellos pequeñas y medianas empresas—, que ha permitido sacar 8
millones de facturas de los cajones, resolver la difícil situación
económica que estaban viviendo 4000 ayuntamientos en nuestro país y 14
comunidades autónomas y, por qué no decirlo, un plan de proveedores que
ha servido también para poner fin a esa etapa inaceptable en la que el
Partido Socialista nos decía que la morosidad era algo normal y habitual
en la Administración española. Ahora que se ha completado el mecanismo y
que no se prevén nuevas fases para este plan, el Gobierno presenta este
proyecto de ley.


Como les decía, señorías, vamos a rechazar todas las
enmiendas que han presentado y les quiero hacer algunas consideraciones.
Todas ellas plantean la necesidad de incorporar una disposición adicional
para modificar las condiciones financieras de los préstamos formalizados
y, en este sentido, debo decirles que ha sido la propia Federación
Española de Municipios y Provincias la que ha valorado muy positivamente
las condiciones de los préstamos acordadas por la Comisión Delegada para
Asuntos Económicos. Las condiciones iniciales fueron establecidas por la
comisión delegada y es esta misma comisión la que el pasado 24 de abril
adoptó un acuerdo modificando las condiciones financieras de los
préstamos, un acuerdo que está en proceso, como ustedes saben, de
desarrollo y de aplicación.


Por lo tanto, señorías, desde nuestro punto de vista no es
necesario incorporar esas nuevas condiciones a este proyecto de ley
porque no existen motivos para su inclusión en normas con rango de ley.
Las nuevas condiciones no son caprichosas ni tampoco onerosas para la
mayoría de los ayuntamientos que se acojan a las rebajas de tipos de
interés y a la ampliación de los plazos de amortización. Van simple y
fundamentalmente en la línea de apoyo permanente que ha prestado









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el Gobierno de España a la Administración Local y que,
junto con el esfuerzo impresionante que hemos hecho las corporaciones
locales, ha permitido que entre 2011 y 2013 hayan pasado del 0,39 de
déficit al 0,41 de superávit.


Señorías, las nuevas condiciones instrumentales, como la
adhesión a la factura electrónica o a la plataforma Emprende en 3, por
ejemplo, tienen por objeto conseguir una mayor eficiencia en la actuación
administrativa, algo en lo que estoy seguro que todos coincidimos. En
definitiva, señorías —y termino—, no debemos buscar problemas
donde no los hay y convertir en algo negativo lo que es muy positivo para
nuestros ayuntamientos y para las comunidades autónomas.


Muchas gracias señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, hace dos años y medio el Grupo Parlamentario
Vasco mostró su apoyo más absoluto a los objetivos del Real Decreto Ley
7/2012, que puso en marcha el Fondo para la financiación del pago a
proveedores. Considerábamos entonces, igual que ahora, que la situación
era y sigue siendo especialmente delicada para el tramo más vulnerable de
la Administración pública, es decir, el ámbito local, que se ha visto
particularmente afectado por la crisis debido a que a su ya de por sí
escasa capacidad de financiación se le ha unido durante los últimos años
la creciente dificultad para acceder a los créditos bancarios, bien por
falta de oferta de las entidades bancarias, bien por las restricciones al
endeudamiento dictadas en el ámbito internacional y ratificadas por la
extensa normativa del Ministerio de Hacienda, que todas sus señorías
conocen porque la hemos estudiado recientemente. Y ha sido
particularmente difícil para los pequeños ayuntamientos y también para
las miles de pequeñas y medianas empresas que les suministran bienes y
servicios, que han visto su viabilidad amenazada, no ya solo por los
vaivenes del mercado causados por la crisis financiera, sino también en
muchos casos por el impago de las facturas correspondientes a los
servicios prestados a la Administración pública.


Por todo ello, por lo que de beneficioso tenía y tiene el
Fondo para la financiación del pago a proveedores, tanto para los
ayuntamientos, como para las pymes y autónomos, valoramos como muy
positiva esta iniciativa del Gobierno, compartiendo los objetivos con los
que fue creado. Pero lo que no compartimos en su día fue la omisión al
marco competencial foral, pues el real decreto ley no incluía la
tradicional cláusula foral, preceptiva en este caso, dado que tanto el
Estatuto de Autonomía de Guernica como la Ley del concierto en Navarra
consagran a los territorios históricos del País Vasco la tutela
financiera de los ayuntamientos, algo que el convenio también establece
para los ayuntamientos navarros. Eso no se hizo, como digo, durante la
tramitación del real decreto hace dos años, pero sí se tuvo en cuenta en
la puesta en marcha de la segunda fase del Fondo para el pago de
proveedores, donde ya se incluía la posibilidad de firma de un convenio
entre la Administración General del Estado y las diputaciones forales del
País Vasco y entre aquella y la Comunidad Foral de Navarra, reconociendo
implícitamente así la carencia de sensibilidad autonómica del Real
Decreto Ley 7/2012. Nunca es tarde si la dicha es buena.


Este inciso me permite entrar de lleno en la valoración que
nosotros hacemos de los contenidos del actual proyecto de ley y que
guarda cierto paralelismo con la postura que mantuvimos hace dos años. Si
entonces ya denunciamos que el real decreto ley no era congruente con el
sistema competencial vigente en el Estado, no es menos cierto que el
actual proyecto de ley se regodea en estas mismas carencias o incluso
diría que va mucho más allá. Y me explico, señorías. Este proyecto de ley
tiene como objetivo modificar el estatus jurídico del Fondo para la
financiación de pagos a los proveedores para mejorar las condiciones de
los créditos otorgados a los ayuntamientos adscritos a este fondo.


Todo esto está muy bien. No voy a pasar a detallar las
condiciones, porque todos ustedes ya las conocen. Nada que objetar desde
el Grupo Parlamentario Vasco, ya que es evidente que suponen una mejora
para la devolución de los fondos por las entidades locales adscritas al
plan. Lo que ya no compartimos es que los ayuntamientos deban renunciar a
su autonomía organizativa para poder gozar de estas ventajas en los
créditos otorgados. Y eso es precisamente lo que









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implica la adscripción automática de las entidades
suscritas al fondo al punto único de recepción de las facturas
electrónicas de la Administración General del Estado y a la Plataforma
Emprende en 3, de reciente creación, así como la obligatoriedad de
modificación de un 30% de las licencias de inicio de actividad económica
para adecuarlas a la Ley de unidad de mercado, o la exigencia de que los
ayuntamientos elaboren un informe donde justifiquen la coherencia de su
normativa, de toda su normativa, con la Ley de unidad de mercado. Por
cierto, la ley no entra a valorar el coste económico de las
contrapartidas exigidas a los ayuntamientos, pero estoy segura de que en
buena parte de los casos —al menos en lo que respecta a los
ayuntamientos más pequeños— las ventajas financieras ofrecidas por
el nuevo fondo no compensarán ni de lejos el coste económico ni la
creciente carga de trabajo administrativo que implican estas
contrapartidas exigidas por el Gobierno. Esto supone una considerable
merma de la autonomía local y un ejemplo más del afán recentralizador de
su Gobierno.


No quiero extenderme más en este asunto, porque ya lo han
hecho los portavoces que me han precedido en el turno de las enmiendas, y
todas y cada una de ellas hacían hincapié en esta misma cuestión.


Para finalizar, quiero señalar que mi grupo parlamentario,
a la luz de las razones expuestas, votará a favor de todas las enmiendas
presentadas y se abstendrá en la votación final a este proyecto de
ley.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.


Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra la
senadora Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Presidente, buenas noches.


En primer lugar, quiero decir que esta ley es básicamente
una ley de trámite, y en el artículo 1 se puede apreciar de qué se trata:
de liquidar el Fondo para la financiación de pago a proveedores y de
crear un segundo fondo sin personalidad jurídica propia para establecerlo
como un instrumento de gestión. Y hay algo que me ha extrañado muchísimo,
y es que no sé qué tiene que ver el campeonato mundial de ciclismo con el
Fondo de pago a proveedores. No se le hace ningún favor al trabajo
riguroso que se hace en las Cortes, porque se está pervirtiendo la
gestión legislativa.


Dicho esto, aprovecho la ocasión —prácticamente no
hay nada más que decir sobre la ley— para hacer una serie
reflexiones. En primer lugar, el problema de fondo, que no es más que la
financiación local y la financiación autonómica, continúa sin tratarse. Y
la realidad es que todavía no se ha afrontado, que aún persiste.


En el debate de la Ley 27/2013, LRSAL, ya se planteó que la
cuestión básica es atajar de una vez por todas el problema de la
financiación local y autonómica. Espero que no salgan aquí y me digan que
tampoco lo hicieron los socialistas, porque ahora hay un Gobierno que
tiene que hacer frente a los problemas que se debaten hoy en esta Cámara
y, por lo tanto, se debería afrontar. Prueba de que no se ha solucionado
el problema es que, después de haber liquidado todas las facturas
vencidas y no pagadas a través del Fondo de pago a proveedores, los
ayuntamientos hoy han vuelto a acumular en los cajones más facturas, que
están vencidas y pendientes de pago. La situación es delicada. Tienen un
déficit excesivo, pero lo cierto es que debemos ser rigurosos. Y no se
puede achacar la culpa de este déficit excesivo al Gobierno estatal
socialista, cuando la responsabilidad de esas facturas es de quienes las
aceptaron, es decir, de los gobiernos municipales y autonómicos. No
podemos aprovechar la ocasión para crear fantasmas. Debemos tener claro
que en muchas situaciones eso es debido a una mala gestión, pero en la
mayoría de ellos se debe a una bajada de los ingresos, y prueba de ello
es que en el municipio de Barcelona no tuvieron que hacer frente a pagos
de facturas vencidas, no tuvieron que acceder al Fondo de pago a
proveedores y, en cambio, el municipio de Madrid sí tuvo que hacerlo. ¿Y
quién paga el pato? Los madrileños y las madrileñas. Esa es la diferencia
entre una buena gestión y una mala gestión.


Se ha hablado de que se ha pasado de tener un déficit a un
superávit. Mentira. La verdad es que ese déficit se ha convertido en
deuda.


Otra reflexión es que el Gobierno del PP no ha inyectado ni
un solo euro a través del Fondo de pagos a proveedores. Lo que sí ha
hecho es permitir que las administraciones locales y las comunidades
autónomas concierten créditos con entidades bancarias, con lo cual
deberán









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devolver esos créditos a través de las arcas, tanto
municipales como autonómicas, con unos intereses mucho más altos de los
que consiguió el Gobierno del Estado. Eso debe quedar claro.


Además de que no se haya inyectado ni un solo euro de las
arcas del Estado a las comunidades autónomas y a las entidades locales,
hay que hacer hincapié en que los recortes que se han hecho en materia de
políticas sociales desde el Estado han repercutido en los servicios
públicos que los ayuntamientos y las comunidades autónomas están
prestando en cada territorio, con lo cual, han tenido que eliminar
servicios públicos o recortar los que se están llevando a cabo.


En definitiva, no se ha acabado con la morosidad. Lo
reitero: el debate pendiente es erradicar definitivamente el problema de
la financiación, tanto local como autonómica.


Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Sequera.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.


Voy a aprovechar este turno de portavoces para comentar las
dos enmiendas que habíamos presentado y que por un problema personal no
pudimos mantener, lo que hizo el Grupo Vasco, al cual quiero agradecer su
defensa.


Eran dos enmiendas, una de carácter técnico y otra de mayor
contenido. En cuanto a la de carácter técnico, se trata de que cuando
hablábamos de la retención de la participación en tributos del Estado por
el impago de las operaciones del Fondo de proveedores se podía perjudicar
el pago del resto de compromisos financieros de la misma corporación
local. Me explico. Hicimos una modificación de la Ley de estabilidad
presupuestaria por la cual se daba prioridad absoluta al pago de la carga
financiera y la devolución de la deuda, y ahora nos podemos encontrar con
que la retención por parte de la participación en tributos del Estado
perjudique a esta prelación del resto de operaciones financieras. En todo
caso, lo planteamos. De hecho, hubo un acuerdo de la comisión delegada
que posibilitaba a las corporaciones locales acceder a una reducción del
tipo de interés de las operaciones de pago a proveedores, pero iba
condicionada —lo ha dicho algún otro portavoz— esencialmente
a la adscripción al Emprende en 3 y a la factura electrónica en el módulo
que había establecido el ministerio. Yo mismo tuve la ocasión, en el seno
de la Comisión de la Administración Local, de mostrarle el desacuerdo al
ministro, porque de hecho había muchas corporaciones locales que ya
estaban utilizando la factura electrónica, que lo hacían a través de otra
plataforma diferente de la establecida por el ministerio y que
obligatoriamente han tenido que rectificar y acudir a esta plataforma,
dejando la que estaban utilizando para recepcionar ya sus facturas de
forma electrónica, con lo cual seguramente esto no tiene sentido. El
ministerio podrá salir de aquí a pocos días diciendo que ha conseguido
que más de 2000 ayuntamientos se adhieran a su plataforma, pero ha sido
una adhesión obligatoria. En algunos casos, los de aquellos que no tenían
adhesión a otra plataforma, podía tener un sentido, pero en otros no
tenía ninguno. Por eso, lo que propone la enmienda es que para acogerse a
estas reducciones de tipo de interés o a esta mejora de las condiciones
financieras en ningún caso se puedan establecer condiciones adicionales.
Por tanto, mantenemos estas enmiendas y pedimos su voto favorable.


También anuncio el voto favorable a todas las enmiendas
presentadas, y la del Grupo Socialista me sugiere un comentario especial.
Alguien podría decir —seguramente pueda hacerlo el Grupo
Popular— que con la aprobación el sábado del Real Decreto 8/2014
queda en parte subsumida, y es verdad. Este decreto, que modifica 25
leyes, con una cierta indefensión por parte de las Cámaras, recoge en
parte una demanda que planteó la FEMP al ministro, tal como comentaba el
portavoz del Grupo Popular, y es que aquellos ayuntamientos que tengan
acceso a los mercados financieros puedan cancelar esas operaciones del
Fondo de proveedores y sustituirlas por otras operaciones. No obstante,
establece algunas restricciones, entre ellas, que se tienen que mejorar
las condiciones financieras —en eso estamos de acuerdo— y que
no se puede ampliar el plazo de amortización. Entendemos que si una
corporación local y una entidad financiera se ponen de acuerdo para
sustituir una deuda por otra, y la entidad financiera es capaz de ofrecer
un mayor plazo de amortización, eso en nada perjudicaría a los objetivos
de consolidación fiscal y se tendría que dejar abierto. Por ello, aunque
este aspecto se modifique a través del Real Decreto 8/2014,
entendemos…









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El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BEL ACCENSI: Termino, señor presidente.


Decía que entendemos que la enmienda del Grupo Socialista
mantiene su vigencia, y por eso también la vamos a votar
favorablemente.


Muchísimas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Sen.


El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


El Grupo Socialista, al cual represento en esta tribuna, va
a abstenerse en este proyecto de ley, y me gustaría dejar claro que para
nosotros es una mera reorganización administrativa. También quiero
aprovechar la ocasión, en este caso como alcalde, para hacer una
valoración de las repercusiones que este primer Fondo para el pago de
facturas ha tenido en las cuentas municipales.


De las administraciones publicas de este país, los
ayuntamientos, y principalmente los de menor entidad hemos sido, a
nuestro entender, los grandes perseguidos por el Gobierno del Partido
Popular. Durante muchos años de bonanza, de esa bonanza económica que se
ha desarrollado principalmente en los ayuntamientos de la costa y en las
grandes ciudades, muchos pequeños municipios, que somos la inmensa
mayoría de los municipios de este país, no hemos tenido la ayuda
prácticamente de ninguna Administración, ni de la central ni de la
autonómica, para poder tener una carta digna de servicios públicos que a
su vez nos permitiera mantener espacios de convivencia ante la fuerza y
la competencia de los grandes núcleos urbanos. Me refiero a los
ayuntamientos de menos de 5000 habitantes, que entiendo que hemos sido
los grandes olvidados de la Administración central de este país.


Señorías, el Fondo para la financiación del pago a
proveedores ha sido la herramienta financiera llevada a fin en las peores
condiciones posibles, utilizada, sí, para conseguir un resultado, para
pagar unas deudas e inyectar liquidez a una parte importante de la
sociedad, pero eso también ha supuesto dejar en un absoluto estado de
inanición a un gran número de corporaciones locales españolas. Convertir
esa deuda comercial en una deuda financiera, para algunos catalogada como
la mayor operación financiera de la historia de este país, ha dejado a
los mayores prestadores de servicios, que somos los ayuntamientos
—que nunca se nos olvide—, en una ruina técnica. Este es un
hecho que a fecha de hoy se produce en la inmensa mayoría de las
corporaciones que se acogieron a este plan impuesto por el Gobierno por
las leoninas condiciones financieras a las que nos obligaron a acogernos.
Condiciones abusivas —se ha dicho también por parte de algún
compañero que me ha precedido en el uso de la palabra— de un dinero
que nos llegaba de Europa entre el 1 y el 1,5% y que a los ayuntamientos
se nos ha obligado a devolver a casi al 6%. Una operación de crédito que
era sí o sí, en la que siempre había un gran beneficiario, que en este
caso, como no podía ser de otra manera, era la banca privada. Si la
desmesura del interés es de venganza, el plazo de amortización es de
escándalo. Diez años para devolver un crédito de estos importes deja en
una situación muy muy, mala, de extrema crisis, a la tesorería de las
entidades locales. Vuelven a utilizar la política del embudo —lo
ancho para ustedes y lo estrecho para los demás—, y eso se ha visto
reflejado nuevamente en la política de ejercer su poder a través del
legislar sin conocer la realidad de los municipios españoles.


La difícil situación por la que atraviesan estos municipios
y sus habitantes ha desembocado en una caída importante de ingresos por
impuestos, en situaciones dramáticas que los alcaldes nos encontramos
cada día encima de nuestra mesa, a lo que ustedes han colaborado con la
adopción de recortes en todos los sectores de la sociedad. Hay pueblos
pequeños prestando un número importante de servicios públicos, muchos de
ellos impropios, como han sido las escuelas infantiles, y a los que la
Administración autonómica dio la espalda retirando su cofinanciación y
dejándonos solos; servicios sociales que no nos corresponden, como
residencias de mayores, de obligado ejercicio también por las comunidades
autónomas, que son las que tienen la competencia; y protección civil y
otros servicios comunitarios o sociales que prestamos los ayuntamientos o
que no les ofrece ninguna otra Administración. Estas competencias
impropias, la pérdida de población por la emigración a espacios de mayor
vida económica, el elevado desempleo y el empobrecimiento









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de muchas unidades familiares, mediante el principio
causa-efecto han elevado la morosidad, la falta de ingresos por la caída
de la recaudación y el estancamiento total de la economía.


Lo que pedíamos era una ampliación del plazo, porque nos
parecía que era lo más importante.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor SEN VÉLEZ: Finalizo, señor presidente.


La petición, que también se hacía desde la Federación de
Municipios y Provincias, de que se eliminara la limitación de acudir a un
crédito público—privado, pero a largo plazo, no solo para unos
pocos, sino para los que así lo entendieran, al final ha quedado en agua
de borrajas y el Gobierno de España ha respondido dándonos la espalda.
Toma nada, que no te engaño.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sen.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Esta ley no es de trámite, señorías. Esta ley es un paso
más en el apoyo permanente que el Gobierno del Partido Popular viene
prestando a las administraciones territoriales y en concreto a los
ayuntamientos de toda España. Porque las entidades locales se van a poder
beneficiar de un aumento en la liquidez por la ampliación de los plazos
de carencia y de amortización y por la rebaja de los tipos de interés,
porque así lo decidió el Gobierno hace ya dos meses, el 24 de abril, en
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, cuando ustedes, alcaldes o no
alcaldes, ni se habían acordado de pedirlo, como no se habían acordado en
los ocho años anteriores de exigir nada al Gobierno anterior, señorías.
Porque esas mejoras en las condiciones las ha aprobado el Gobierno de
España, acordándose de todos los ayuntamientos y estableciendo
condiciones distintas para las distintas situaciones que se viven en los
ayuntamientos y con medidas extraordinarias de liquidez para aquellos que
tienen problemas financieros especiales. Senador Sen, ¿dónde estaba usted
cuando estaba su Gobierno? Nada de nada de todo eso había entonces.
Ahora, piense en sus vecinos y acuérdese de eso. (Rumores).


Condiciones a las entidades locales. La adhesión a la
factura electrónica, la adhesión a la plataforma Emprende en 3 y la
sustitución de autorizaciones por declaraciones responsables en al menos
un 30% son mayores garantías de algo que es un compromiso esencial, como
es mejorar el entorno institucional; se trata de políticas de apoyo
institucional a los emprendedores y de facilitar a las personas que
inician un negocio y crean empleo su relación con la Administración y
eliminarles trabas administrativas.


Miren, señorías, el Plan de pago a proveedores es
probablemente una de las medidas económicas más importantes que se han
aprobado en este país. Estamos hablando de más de 8 millones de facturas
pagadas a más de 200 000 proveedores, de los que más de un 90% eran
autónomos y pequeñas y medianas empresas; de salvar del orden de 400 000
puestos de trabajo y evitar una caída de 3 puntos del PIB; de un ahorro
para comunidades autónomas y ayuntamientos, entre el FLA y el Plan del
pago a proveedores, de 20 000 millones en seis años, que es la duración
media de la financiación. Estamos hablando, señorías, del saneamiento de
las cuentas públicas, de poner orden y transparencia en estas; y, sobre
todo, responsables socialistas, de muchas facturas en los cajones sin
pagar. (Rumores). Estamos hablando de una medida profundamente social,
porque 7 de cada 10 facturas que se han pagado eran de servicios
educativos, de servicios sanitarios y de servicios sociales. (Aplausos).
Si alguien puso en riesgo el Estado del bienestar fue quien dejó 7 de
cada 10 facturas sin pagar. (Rumores). Señores alcaldes del Partido
Socialista, ¿dónde estaban ustedes escondiendo las facturas?
(Rumores.—Aplausos). Esta medida ha permitido inyectar liquidez;
entre el FLA y el Plan de pago a proveedores, 102 000 millones de euros
de liquidez sobre la mesa para que los ayuntamientos y las comunidades
pagaran, para que los proveedores pudieran cobrar y no tuvieran que
cerrar. Qué gran diferencia con aquel Plan E: 15 000 millones tirados
para crear 8000 empleos estables (Rumores.—Aplausos), cuando en
tres años hubo medio millón de proyectos empresariales destruidos y 3 800
000 puestos de trabajo destruidos. Y ustedes, bien callados, guardando
las facturas en los cajones, señorías. Ustedes. (Rumores).









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El Plan de pago a proveedores es una inyección de liquidez
y de credibilidad, una inyección que ha supuesto recuperar la imagen de
nuestro país como un país donde se pagan las facturas, un país donde el
Gobierno afronta los problemas, donde no solo saca las facturas sino que
afronta la realidad y da respuesta y solución a cada problema.


Señorías del Partido Socialista, aquí se ha hablado de la
FEMP, y yo recuerdo oír decir en 2010 a un representante de la FEMP: el
problema de los ayuntamientos no es que queramos otro Plan E, es que
queremos que nos ayuden a tener las puertas abiertas y a poder pagar la
luz y la calefacción. Pero para entonces el Gobierno socialista y todos
ustedes —algunos, senador Sen, ya bien cómodos e instalados en sus
ayuntamientos— estaban bien callados mientras el Gobierno
socialista incumplió más de una docena de veces ese compromiso asumido de
resolver la financiación local, mientras el Gobierno socialista no ponía
ni una de esas medidas sobre la mesa, mientras el Gobierno socialista
decidió más de una docena de veces desentenderse de los alcaldes, de los
ayuntamientos y, por lo tanto, de los vecinos de los más de 8000
municipios de toda España.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a votar el Proyecto de Ley que acabamos de
debatir, de transformación del Fondo para la financiación de los Pagos a
Proveedores.


En primer lugar, votamos la enmienda número 1, de los
senadores Iglesias y Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 94; en contra, 149.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación las enmiendas 4 y 5, inicialmente
presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 242; a favor, 92; en contra, 150.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 2 y 3, del Grupo Parlamentario de la
Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 93; en contra, 150.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Finalmente, votamos la enmienda número 6, del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 243; a favor, 93; en contra, 149;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, a continuación votamos en un solo acto el
proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 244; a favor, 149; en contra, 4;
abstenciones, 91.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.









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Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el Proyecto de Ley de transformación del Fondo para la
financiación de los Pagos a Proveedores. (Aplausos).


10.1.1. PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO Y OTRAS MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA. (Votación).


COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


(Núm. exp. 621/000072)


El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a votar las
enmiendas y el Proyecto de Ley de racionalización del sector público.


Comenzamos votando las enmiendas de las senadoras Ibarz y
Santos y del senador Fuster.


En primer lugar, votamos las enmiendas 8 y 10.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 90; en contra, 147;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 12.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 91; en contra, 147;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las números 3, 9, 11 y 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 242; a favor, 94; en contra, 147;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos la 2 y de la 4 a la 7, y me explico.
Votamos la 7 porque al final no se ha podido transaccionar.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 95; en contra, 147;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los senadores Iglesias y Mariscal comenzamos votando la
número 17.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 22; en contra, 153;
abstenciones, 67.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 15 y la 16.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 93; en contra, 148;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 27.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 93; en contra, 150.









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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 19.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 87; en contra, 153;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 21; en contra, 216;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 21.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 243; a favor, 20; en contra, 213;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 18 y la 30.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 89; en contra, 147;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 22, 23 y 28.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 74; en contra, 148;
abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 14 y la 26.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 93; en contra, 148;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos las enmiendas 24, 25, 29, 31 y 32,
teniendo en cuenta que la 24 y la 31 no se han podido transaccionar.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 240; a favor, 92; en contra, 146;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Vasco votamos la 119.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; emitidos, 242; a favor, 25; en contra, 217.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las números 113 y 117.


Comienza la votación. (Pausa).









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; emitidos, 243; a favor, 22: en contra, 147; abstenciones,
74.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 116 y la 123.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; emitidos, 243; a favor, 21; en contra, 147; abstenciones,
75.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las números 114, 115, 118 y de la 120 a la 122.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; emitidos, 242; a favor, 95; en contra, 146; abstenciones,
1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
comenzamos votando la 83.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; emitidos, 243; a favor, 70; en contra, 161; abstenciones,
12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las números 57 y 92.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; emitidos, 242; a favor, 71; en contra 154; abstenciones,
17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 71.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; emitidos, 243; a favor, 87; en contra, 155; abstenciones,
1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 58 y la 89.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; emitidos, 241; a favor, 78; en contra, 147; abstenciones,
16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 65 y de la 73 a la 75.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; emitidos, 243; a favor, 95; en contra, 148.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 88.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; emitidos, 242; a favor, 73; en contra, 151; abstenciones,
18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.









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Votamos la 59, de la 61 a la 64, la 69 y la 77.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; emitidos, 243; a favor, 94; en contra, 147; abstenciones,
2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 86.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; emitidos, 243; a favor, 88; en contra, 147; abstenciones,
8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 56, 60, 68, 70, 76, 78, 79, 82, 84 y
93.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 71; en contra, 148;
abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 55, 66, 67, 72, 80, 81, 85, 87 y
91.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 79; en contra, 147;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 97.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 4; en contra, 152;
abstenciones, 87.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 95 y 96.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 76; en contra, 150;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 107.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 90; en contra, 149;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 108.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 70; en contra, 161;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 104, 105 y 112.


Comienza la votación (Pausa).









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 242; a favor, 93; en contra, 147;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 100.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 8; en contra, 215;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 101.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 4; en contra, 213;
abstenciones, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 94, 109 y 111.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 75; en contra, 148;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 99.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 71; en contra, 152;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 98, 102, 103 y 110.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 71; en contra, 148;
abstenciones, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 106.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 76; en contra, 148;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, comenzamos votando la enmienda 33.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 90; en contra, 149;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 45.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 85; en contra, 147;
abstenciones, 11.









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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 36, 37, 42 y 43.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 89; en contra, 148;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 35, de la 38 a la 41, la 44, de la 46 a la 52 y
la 54.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 88; en contra, 148;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 34.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 240; a favor, 88; en contra, 145;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la 152.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 69; en contra, 160;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 126 y 161.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 240; a favor, 70; en contra, 151;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 140.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 83; en contra, 151;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 127 y 134 y de la 141 a la 144.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 240; a favor, 90; en contra, 147;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 157.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 71; en contra, 147;
abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 158.


Comienza la votación (Pausa).









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 77; en contra, 147;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 124, 149, 150, 154, 156 y 160.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 77; en contra, 147;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 125, 129, 145, 147, 148, 151, 153,
155 y 162.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 69; en contra, 148;
abstenciones, 25.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 139.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 83; en contra, 147;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 128, de la 130 a la 133, de la 135 a
la 138 y la 146.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 89; en contra, 147;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en
lo modificado por las enmiendas 163 a 167, 177 y 179 a 181 del Grupo
Parlamentario Popular.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 92; en contra, 146;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con el
número de registro 135795, sobre la enmienda 168 del Grupo Parlamentario
Popular, firmada por todos los grupos parlamentarios.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 149; en contra, 17;
abstenciones, 76.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 135796, sobre la enmienda 90 del Grupo Parlamentario
de la Entesa y la 159 del Grupo Parlamentario Socialista, firmada por
todos los grupos parlamentarios.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 147; en contra, 17;
abstenciones, 78.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 135831, sobre la enmienda 171 del Grupo Parlamentario
Popular, firmada por cuatro grupos parlamentarios.


Comienza la votación (Pausa).









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 153; en contra, 20;
abstenciones, 68.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 135832, sobre la enmienda 176 del Grupo Parlamentario
Popular, firmada por cinco grupos parlamentarios.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 144; en contra, 12;
abstenciones, 85.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 135837, sobre la enmienda 53 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió y firmada por todos los grupos
parlamentarios.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 229; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 135838, firmada por todos los grupos
parlamentarios.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 162; en contra, 1;
abstenciones, 79.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.


La propuesta de modificación con número de registro 135839
ha decaído al haberse retirado la enmienda número 24, de los senadores
Iglesias y Mariscal, sobre la que estaba soportada.


Votamos, a continuación, en un solo acto, aquellas partes
del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la
votación anterior.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 147; en contra, 26;
abstenciones, 72.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos a continuación, en un solo acto, el resto del
proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 147; en contra, 93;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.
(Aplausos).


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.


Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las 9 de la
mañana. Buenas noches.


Eran las veintidós horas y cinco minutos.