11. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

11.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

11.1.1. Convenio de colaboración entre la Comunidad de
Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la renovación
de la utilización de los títulos de abono transportes del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid en los desplazamientos entre ambas
Comunidades.

(Núm. exp. 592/000014)

Autores: GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID y JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Página
9785

Se rechaza la propuesta de veto con el siguiente resultado:
presentes, 234, más 3 votos telemáticos, 237; votos emitidos, 234, más 3
votos telemáticos, 237; a favor, 6; en contra, 161, más tres votos
telemáticos, 164; abstenciones, 67.

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende sus enmiendas números 35 a 38 y 40 a 45.

El señor Yanguas Fernández defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto números 1 a 5, inicialmente presentadas por el señor
Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas
Fernández.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixto números 6 a 17, 19 a 34, 46 a 49 y 51 y 52,
inicialmente presentadas por este senador y el señor Mariscal
Cifuentes.

El señor Martínez Oblanca defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto números 53 a 65 y 67 a 84, inicialmente presentadas
por este senador.

El señor Anasagasti Olabeaga defiende las enmiendas números
85 a 100, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 125
a 135 y 137 a 153, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

El señor Bruguera Batalla defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 154 a 189 y la
vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmiendas 226 a 252 del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.

El señor Sendra Vellvè defiende las enmiendas números 101 a
112, 115 y 117 a 124, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.

El señor Ángel Batalla defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 190 a 225 y la vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 226 a
230, 232 a 236, 238, 240 a 242, 244, 246, 247 y 252 del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Peñarrubia Agius, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, que anuncia la retirada de su enmienda número 18, y el señor
Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti
Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los
señores Guillot Miravet y Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sendra Vellvè, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Ángel
Batalla, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aznar
Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor vicepresidente Primero informa a la Cámara de que
se procederá a la votación al finalizar el debate del siguiente proyecto
de ley.

9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

9.1.1. Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

9828

(Núm. exp. 621/000064)

El señor López Rodríguez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende las enmiendas números 20 a 38.

La señora Salanueva Murguialday defiende las enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixto números 1 a 3, inicialmente presentadas por el
señor Eza Goyeneche y esta senadora.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixto números 5 a 15, inicialmente presentadas por
este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixto números 16 a 19, inicialmente presentadas por
los este senador y el señor Zerolo Aguilar.

La señora Iparragirre Bemposta defiende las enmiendas
números 88 a 91, 93 a 98 y 101, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV).

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 47 a 59, 39 a 45 y
72, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados
en lo modificado por las enmiendas números 68 a 71 del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, la número 100 del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y la enmienda transaccional aprobada sobre
la base de la enmienda 83 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió y las enmiendas 92 y 99 del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas números 73 a
82 y 84 a 87, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

El señor Manchado Lozano defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 60 a 66 y la vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas
números 68 a 71 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la número
100 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y la enmienda
transaccional aprobada sobre la base de la enmienda 83 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y las enmiendas 92
y 99 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Vallines
Díaz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; el señor Ortiz Molina, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Vallines Díaz, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

9844

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con
números de registro 112923, 112924, 112940 y 112941.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones
anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

El vicepresidente Primero anuncia el traslado de las
enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.3. Proyecto de Ley por la que se modifica el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo. (Votación)

Comisión: Interior

9850

(Núm. exp. 621/000061)

Se procede a votar

9851

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con
números de registro 112907, 112909 y 112953.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones
anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

El vicepresidente Primero anuncia el traslado de las
enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

10. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

10.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

10.1.1. Tratado sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva
York el 2 de abril de 2013

9858

(Núm. exp. 610/000111)

No se han presentado propuestas a este tratado.

El señor vicepresidente Primero informa a la Cámara de que
el voto telemático ha sido autorizado para las senadoras Excmas. Sras.
D.ª Catalina García Carrasco y D.ª María Navarro Viscasillas, así como el
senador Excmo. Sr. D. Benito Marín Torrecillas, todos del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, siendo los tres favorables a la
autorización de este tratado.

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para
obligarse mediante el citado tratado, por asentimiento de la Cámara, con
la suma de los tres votos afirmativos de los mencionados senadores.

11. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

11.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

11.1.1. Convenio de colaboración entre la Comunidad de
Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la renovación
de la utilización de los títulos de abono transportes del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid en los desplazamientos entre ambas
Comunidades.

(Núm. exp. 592/000014)

Autores: GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID y JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

9858

El señor vicepresidente Primero informa a la Cámara de que
no se han presentado propuestas de que la celebración de este convenio
necesite la autorización de las Cortes Generales.

La Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho
convenio.

Se levanta la sesión a las quince horas y diez minutos.

Página
9790

sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.
El proyecto incluye también un artículo único, con diferentes apartados,
en relación con los distintos preceptos del texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que se
pretende modificar. Asimismo, el proyecto de ley cuenta con una
disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición
derogatoria y cuatro disposiciones finales.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

A este proyecto se ha presentado una propuesta de veto,
firmada por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos
del Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa del veto, tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Buenos días.

El senador Mariscal y yo mismo, en nombre de la
organización a la que pertenecemos, Izquierda Unida, hemos presentado el
veto que sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara por
cuestiones de forma y de fondo.

En cuanto a la forma, el proyecto que entró en el Congreso
y que ahora llega al debate del Pleno del Senado no venía acompañado
entonces, y sigue sin estarlo hoy, de los antecedentes, informes
necesarios y memoria de impacto económico-ambiental que la propia
normativa reguladora de la elaboración de los proyectos de ley establece.
De forma más concreta, falta el informe preceptivo del Consejo Superior
de Seguridad Vial, que, obviamente, tratándose de lo que trata el
proyecto de ley, debiera ser un informe tomado en consideración por
concurrir en el Consejo Superior de Seguridad Vial la representación del
conjunto de sectores y administraciones que guardan una relación más
directa con el tráfico vial.

Por otro lado, entendemos que ha sido una desconsideración
por parte del Gobierno que el proyecto, con premura y furor legislativo
carente de justificación, fuera aprobado por el Consejo de Ministros sin
esperar a que concluyeran los trabajos y las comparecencias que formaban
parte de los mismos ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible del Congreso, incluso después de que tales trabajos y
comparecencias fueran instados y promovidos desde la Dirección General de
Tráfico. Medidas tan discutibles como elevar la velocidad máxima a 130
kilómetros/hora se introducen sin justificación suficiente, ni estimación
de costes ni consideración de cuál pudiera ser el impacto ambiental de la
aplicación de tal medida. Pero también discrepamos en el fondo de un
número importante de artículos, fundamentalmente porque entendemos que la
filosofía que inspira el proyecto ha sido superada por el tiempo.

En este proyecto nos seguimos moviendo en una visión del
tráfico que tiene como paradigma el dominio absoluto del automóvil, que
ha llevado en las últimas décadas a la constante proliferación de
infraestructuras dirigidas a intentar resolver, entre comillas, el
problema del tráfico y que, sin duda, no han conseguido en ningún caso la
superación de tal problema: a más infraestructuras, más uso del
automóvil, más saturación de las infraestructuras antiguas y de las
nuevas, y más problemas y conflictos en torno al tráfico; desde luego, de
forma más destacada en las ciudades, donde los problemas de congestión
del tráfico y los fenómenos de contaminación derivados del uso de los
vehículos a motor, el principal elemento de emisiones a la atmósfera,
están dando lugar a situaciones preocupantes, que incluso han sido motivo
de análisis, primero, y de expediente sancionador, después, por parte de
la Comisión Europea por el incumplimiento de los parámetros máximos de
emisiones a la atmósfera autorizados y considerados asumibles y
compatibles con la salud humana. La respuesta que se ha intentado dar
desde los municipios, la búsqueda de vías peatonales y de zonas
pacificadas al tráfico tampoco ha conseguido el objetivo de resolver esta
situación.

El proyecto de ley no hace el más mínimo esfuerzo por
buscar alternativas a esta realidad. Abunda en sostener la visión de
participar en una loca carrera que pretende facilitar el tráfico del
automóvil y que, de esa manera, contribuye al resultado absolutamente
contrario al buscado, a mayores situaciones de colapso, fruto del uso
desmedido ―injustificado en muchos casos― del vehículo a
motor. No se buscan alternativas potenciando otros medios de transporte,
lo que debiera ser una estrategia transversal en la acción del Gobierno,
en la que este proyecto jugara el papel de ser una pieza coherente.

Como decía, el tráfico es el primer factor de emisión de
partículas a la atmósfera y ello, según todos los estudios médicos que se
han realizado, tiene una repercusión directa sobre la salud, sin que se
haya buscado una respuesta similar, en contundencia, en compromiso
conjunto de las administraciones, a la que se buscó al fenómeno del
tabaco porque, seguramente, no difiere mucho en sus consecuencias y
resultados sobre la salud humana del que se produce como consecuencia de
las emisiones a la atmósfera generadas por los vehículos de motor.

Donde más clara se percibe en el proyecto esta filosofía
continuista que nos hace seguir instalados en el siglo XX es en la
habilitación que se pretende conceder al Gobierno para que elabore un
texto refundido, en lugar de invitar al Gobierno o aprovechar la
oportunidad de la elaboración de este proyecto para establecer una nueva
normativa inspirada por una filosofía diferente. Se sigue manteniendo una
regulación, en su conjunto, al servicio del tráfico; el concepto que
caracteriza el proyecto de ley, el término más utilizado es este, en
lugar de afrontar una normativa para garantizar una movilidad sostenible,
y eso no se soluciona con el cambio de denominación del Consejo de
Seguridad Vial que se ha planteado en algunas de las enmiendas del
Partido Popular, sino potenciando el transporte público, facilitando el
desplazamiento en vehículos no contaminantes y estableciendo medidas que
calmen el tráfico y, desde luego, el tráfico no se va a calmar con el
incremento del límite máximo de velocidad.

Se legisla manteniendo, además, el carácter de intruso de
la bicicleta. Según un informe reciente unos tres millones de ciudadanos
la utilizan casi a diario para sus desplazamientos, y en estos tiempos de
crisis, en los que es cierto que de forma puntual el problema de
congestión de tráfico en las ciudades ha podido descender de forma
coyuntural, muchos ciudadanos están buscando en la bicicleta una
alternativa. Incluso estrategias políticas desarrolladas por las
administraciones locales fundamentalmente, en colaboración con las
comunidades autónomas, han buscado propiciar ese incremento del uso de la
bicicleta como elemento de desplazamiento habitual. Desde la construcción
de carriles bici en muchas ciudades hasta el establecimiento de servicios
de uso o de alquiler de bicicletas públicas por parte de esos
ayuntamientos.

Pondré algunos ejemplos. Sevilla tiene construidos 138
kilómetros de carril bici y proyectados 35 más para el año 2020. Tiene un
sistema de préstamo o alquiler de bicicletas con dos mil quinientas
bicicletas y doscientas cincuenta estaciones a lo largo de la ciudad.
Aproximadamente en 2013 ello permitió unos movimientos para setenta mil
viajeros al día. Barcelona tiene 206,7 kilómetros bidireccionales de
carril bici y prevé concluir a lo largo de 2014 23,3 kilómetros más.
Tiene seis mil bicicletas en un servicio de arrendamiento o préstamo con
cuatrocientas veinte estaciones y cien mil abonados. Vitoria tiene 110
kilómetros de carril bici, calmado el tráfico en cuarenta y siete calles
con una velocidad máxima permitida de 30 kilómetros/hora para uso mixto.
Hay doscientas mil bicicletas particulares en una ciudad de doscientos
cuarenta mil habitantes. Palma de Mallorca tiene 51 kilómetros de carril
bici y en proyecto otros 5 más. Madrid tiene 293 kilómetros con la nueva
M-10. Son 60 kilómetros más de ciclocarriles en 2014. La previsión es de
creación de un servicio de mil quinientas sesenta bicicletas con ciento
veinte estaciones previstas.

Creo que esto demuestra que desde otras administraciones,
no la Administración central del Estado, se ha entendido la utilidad e
importancia de promover el uso de la bicicleta. Este proyecto de ley está
de espaldas a esa realidad. Ni contribuye a impulsarla ni da respuestas
que tan siquiera ayuden a esas otras administraciones a conseguir el
objetivo de propiciarla.

Para no haber presentado este veto o para haberlo retirado
antes de la celebración de este Pleno en el debate de la ponencia y de la
comisión, nos habría bastado con que se hubiese renunciado a incrementar
la velocidad máxima a 130 kilómetros, con que se hubiese renunciado a la
obligatoriedad para los ciclistas mayores de 12 años de llevar casco en
vía urbana y con que se hubiese aceptado que el régimen sancionador para
los ciclistas, que es compartido con el resto de usuarios de las vías
públicas, fuera regulado de forma específica considerando que las
infracciones que estos puedan cometer por el hecho de que su vehículo es
bastante menos peligroso que cualquier otro que pueda estar en las vías
públicas sean consideradas siempre como infracciones leves, salvo que
hubieran generado un peligro claro o inmediato para la seguridad del
tráfico.

Termino con una última consideración que hace referencia a
las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha incorporado en el
Senado a lo largo de la tramitación. Algunas de ellas afectan a una
cuestión que al menos a mí me cuesta trabajo entender, y por eso les
pregunto qué ha motivado al Grupo Parlamentario Popular a introducir unas
enmiendas para llevar a cabo una

liberalización extrema de los cursos de recuperación de
puntos y a generalizar con posterioridad la celebración de una prueba
para constatar el aprovechamiento de quienes siguieron estos cursos. La
información de la que en este momento dispongo apunta a que a lo largo de
los cinco años en los que se ha estado desarrollando este proceso, hasta
ahora regulado y establecido, el resultado ha sido positivo e incluso los
concesionarios de este servicio han solicitado que se amplíe el número de
concesiones. Desde luego, una lectura de las enmiendas que ustedes
plantean no excluye que la liberalización sea tan extrema que vaya más
allá del propio sector de autoescuelas, al que en principio la lógica del
conocimiento técnico sobre la materia debiera de considerar el más
adecuado para cubrir esta necesidad de formación complementaria como
requisito para la recuperación perdida de los puntos como consecuencia de
infracciones a la normativa de tráfico.

Muchas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

¿Turno en contra? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, señor Iglesias, ha basado usted fundamentalmente
el veto en una primera cuestión que yo, con todo el respeto, quiero
desmentir. Usted dice que en el trámite de este proyecto de ley efectuado
por parte del Gobierno se ha incumplido permanentemente el artículo 22.2
de la Ley 50/1987 y, señoría, yo quiero tranquilizarle y garantizarle que
esto no ha sido así.

En primer lugar, y no podría ser de otra manera, en la fase
de anteproyecto fue dos veces al Consejo de Ministros. En la primera
ocasión el Consejo decidió qué estudios era necesario realizar y en una
segunda ocasión —si no recuerdo mal fue en el mes de junio—
llegó al Consejo de Ministros y se aprobó. Por lo tanto, como primera
cuestión quiero aclarar que usted no tiene la información adecuada.

Dice usted que no tiene análisis de impacto normativo y sí
lo tiene, señoría, y la memoria económica se contiene dentro de ese
análisis, que se hizo y que se aprobó en el Consejo de Ministros.

Y por último, manifiesta usted también como una razón
fundamental para presentar el veto que no se hizo un informe preceptivo
por parte del Consejo Superior de Seguridad Vial. Señoría, usted sabe muy
bien que este es un órgano consultivo compuesto por más de ochenta
personas y que la forma de trabajo es la siguiente: se les envía el
anteproyecto de la ley o de la cuestión que sea para que todos y cada uno
de los miembros del consejo lo conozcan y puedan opinar y, con libertad
absoluta, hay quien opina y hay quien no opina. Este paso se cumplió con
todo el rigor, así que tengo que decirle que si esta era una de las
razones, por favor, piense usted que se ha seguido —y creo que un
Gobierno democrático como este no podía hacerlo de otra forma—
escrupulosamente el procedimiento que marca la ley.

En cuanto a la filosofía de la ley, que es el segundo
argumento que usted plantea, creo que todo es discutible y respeto, como
no puede ser de otra forma, su opinión. Da usted una visión un tanto
apocalíptica sobre la situación del automóvil y es verdad que en esta
sociedad del siglo XXI —no en España, en todo el mundo, y
probablemente por desgracia— el imperio del automóvil como pieza y
herramienta que utiliza el ciudadano está ahí. Dar la espalda a esta
cuestión no sería realista.

¿Qué intenta hacer este proyecto de ley? Pues intenta que
convivan de la mejor forma posible, por una parte, una realidad de la que
no nos podemos abstraer, y por otra, algo que cada vez tiene más pujanza
en nuestras ciudades, que es la utilización de la bicicleta. Pero creo
que en ningún momento querrá plantear usted aquí, aunque lo ha hecho de
pasada, una comparación con el tabaco, pues eso nos llevaría al absurdo
de prohibir, como se hizo con el tabaco, el uso del automóvil en
determinados sitios.

Yo creo que es más bien al contrario, es la vía de la
promoción. Usted ha citado una serie de ciudades, supongo que porque las
considera modélicas, que han promovido el desarrollo y la utilización de
la bicicleta, y entre esas ciudades se ha referido usted a Vitoria. Y
efectivamente, me alegro de esa cita, porque uno de los responsables de
ese desarrollo de la ciudad y de ese enfoque es un compañero nuestro, el
señor Ibarrondo, que durante la época en la que se promueve el uso de la
bicicleta y del tranvía como transporte sostenible ocupaba la
responsabilidad de urbanismo.

Estamos muy de acuerdo con esa filosofía, y eso también se
intenta proteger con esta reforma legislativa, pero dentro de la lógica
convivencia que tiene que haber con el automóvil.

Por otra parte, señoría, me sorprende la defensa que hace
de un tema como el del casco. Le invito a que lea cómo ha quedado el
proyecto de ley tras la incorporación de las enmiendas. Quizá yo le haya
entendido mal, pero en absoluto se hace obligatorio el uso del casco,
como dice usted, a los mayores de 16 años. El uso obligatorio ha quedado
restringido a los menores de 16 años en las ciudades. Y yo aquí sí quiero
transmitirles una reflexión, y es la siguiente: lo que usted está
poniendo en la balanza es un argumento económico frente a un argumento de
salud y seguridad de las personas, pero lo que creo que nadie en este
Pleno discutirá es que el casco salva vidas. Otra cuestión son todas esas
connotaciones económicas, algunas importantes, otras de molestia, para
los ayuntamientos que están, como decía usted, haciendo kilómetros de
carril bici y promocionando alquileres de bicicletas que pueden motivar
el uso del casco. Pero al final insisto, señor Iglesias, en que lo que me
pone usted en la balanza es el uso del casco como materia imprescindible
para salvar vidas, por un lado, y el peso económico de la repercusión
económica que la medida puede tener, por otro. Yo, señoría, siempre me
inclinaré del lado de la seguridad y de la salud del ciudadano.

Señorías, esta es una modificación parcial de la ley. Yo
respeto que planteen ustedes que se podía haber hecho una ley mucho más
extensa. Evidentemente son opciones que están ahí y que cada Gobierno, en
el legítimo uso de su facultad para proponer al Parlamento, puede hacer
de una u otra forma. Aquí se ha intentado, por una parte, mejorar el
régimen de concesión que había hasta ahora, liberalizándolo, no de forma
salvaje, como dice usted, sino de forma controlada, pero dando
oportunidad a que muchas pequeñas empresas, pequeñas autoescuelas puedan
optar también, cumpliendo con los requisitos y las garantías de calidad,
que sin ninguna duda el Gobierno va a exigir, acceder a dar esos cursos
de recuperación de puntos.

Yo creo que se potencia el ámbito de la seguridad vial con
la creación del Consejo Superior de Seguridad Vial y la conferencia
sectorial, que hasta ahora no existía, y que va a cumplir un papel
importante. Si algo pudiéramos decir sobre cuál es el modelo que esta ley
implanta, yo les diría, señorías, que es sobre todo el modelo de
seguridad para conductores, ocupantes de los vehículos, y todo ello
aprovechando la amplia experiencia que a lo largo de estos años se ha
tenido en materia de seguridad de los automóviles, con medidas en cuanto
a la implantación del casco y al uso de los cinturones. Hay otras medidas
de prohibición, como es la prohibición de los detectores de radar y
cinemómetros que se implanta para garantizar el cumplimiento de la ley en
materia de velocidad. Hay una parte muy importante a la que usted no se
ha referido y que yo creo que es de resaltar, que es el control de las
drogas en la conducción. Hasta ahora se ha hecho una grandísima labor que
ha tenido un reflejo en la disminución del número de víctimas mortales
que cada año se producen en nuestras carreteras con el control sobre el
alcohol. Señorías, ahora, a partir de esta reforma va a haber un control
también sobre la utilización de drogas, y yo creo que esto también es de
reseñar y forma parte de esa filosofía en torno a la salud a la que yo me
refería.

Respecto a los centros de formación —que a usted le
preocupan y yo lo entiendo, porque es evidente que es un sector
importante—, es cierto lo que usted ha dicho, que hasta ahora ha
funcionado muy bien el sistema de recuperación de puntos, y no se trata
de perjudicar lo que está funcionando bien, sino de ampliarlo. Señoría,
en ese sentido yo querría transmitirle la tranquilidad de que se piensa
seguir en la línea de control de calidad que se ha seguido hasta ahora,
ciertamente aumentando el número de centros que puedan impartir esa
docencia, pero sin renunciar al control de calidad.

En definitiva, si a eso le añadimos que hacemos la
trasposición de la directiva europea que permite que entre Estados
miembros de la Unión se produzca el tránsito de información respecto a
infracciones, etcétera, yo creo que estamos dando un repaso a la ley
importante y la convertimos en una herramienta que puede ser muy válida
para estos próximos años del siglo XXI que hace poco hemos comenzado.

Yo les pido a ustedes, señorías, que a pesar de que estamos
ya en el trámite que estamos hagan ese esfuerzo de acercamiento, se han
aceptado —como decíamos ayer también en relación con otra
ley— enmiendas, se ha mejorado el texto y en ese camino vamos a
seguir, teniendo muy en cuenta que el desarrollo posterior de la ley
también puede ser seguido de cerca desde el Parlamento, desde esta
Cámara, y en ello vamos a estar todos.

Por lo tanto, creemos que es una ley suficiente, creemos
que es una ley que garantiza lo que el Gobierno pretendía garantizar y
que está muy en la filosofía de velar por la salud y la seguridad de las
personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Aznar.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Obviamente, no estamos ante una ley de una profundísima
carga ideológica que exacerbe el debate y la confrontación. Sin embargo,
eso no significa que no estemos ante una ley de contenido político y
también con referencias ideológicas; no podemos pensar que estamos ante
una cuestión técnica que debe ser resuelta desde parámetros técnicos.

Nos decía el portavoz del Grupo Popular que no podemos
abstraernos de la realidad —desde luego, ni en este tema ni en
ningún otro; en política solo se pueden tomar decisiones mirando a la
realidad—, lo que ocurre es que tampoco podemos conformarnos con la
realidad, estamos en política para cambiar esa realidad, para transformar
esa realidad. Entonces, sin abstraernos, mirándola muy fijamente,
analizándola con absoluto detenimiento y profundidad, tenemos que buscar
las alternativas para cambiar, para bien —si no, nos
equivocamos—, para mejorar esa realidad, y eso es a lo que renuncia
este proyecto.

Este es un proyecto de ley absolutamente conformista, y
vuelvo a poner como ejemplo lo que apuntaba. Un proyecto de ley que tiene
como elemento más destacado habilitar al Gobierno para que haga un texto
refundido, es un proyecto de ley conservador, no desde la perspectiva
ideológica —no digo que sea conservador, aunque en algunos de sus
contenidos también lo es—, conservador de conservar, de mantener,
de sostener lo que ya hay. Es por lo que apuesta este proyecto de ley y
el objetivo que busca. Y nosotros entendemos que no, que es necesario
reconocer que la estrategia seguida hasta este momento en todo lo
relacionado con el tráfico —que, insisto, no es el término que debe
priorizar—, sería buscar como alternativa esa movilidad sostenible.
Lo que pasa es que el proyecto no la busca, su filosofía nos ha llevado a
una situación que no ha resuelto ninguno de los problemas.

Interpretaba mis palabras el portavoz del Grupo Popular
diciendo que cuando yo hacía una referencia al tabaco, estaba apuntando a
la prohibición del uso del automóvil. En primer lugar, haciendo una
interpretación auténtica de mis palabras por mí mismo, por mi mismidad
mismosa, lo que quería decir es que, así como en el tema del tabaco se
creó una conciencia social, que luego tuvo expresión política, de que era
un gravísimo problema para la salud pública que exigía respuestas, en el
tema del tráfico no hay ni esa conciencia social ni esta respuesta
política, como el proyecto demuestra y acredita. Es decir, que es
imprescindible que asumamos y, con una tarea pedagógica importante,
convenzamos a la sociedad de que el uso del vehículo de la forma
desaforada en la que esta sociedad hace uso de él tiene repercusiones
serias sobre su salud, no solamente por los cabreos que se pillan en los
atascos, o la tensión y el estrés que genera intentar entrar en una
ciudad a trabajar en hora punta entre las siete y las ocho de la mañana,
sino por las emisiones que esos vehículos generan, porque además, eso es
lo que va a permitir buscar alternativas, alternativas en el transporte
público que exigen no solamente inversión pública, sino que exigen un
cambio de mentalidad, un cambio de cultura, sobre el que se está
trabajando poco.

Por desgracia, durante mucho tiempo, esta sociedad ha ido
asentando —con la responsabilidad de todos, de nosotros
también— la idea de que el vehículo no es solamente una
herramienta, un instrumento para desplazamientos, sino una expresión del
estatus, y que ir en transporte público es de pobres y que tener un
coche, cuanto más grande y más caro, mejor, es expresión del triunfo
personal. Y, culturalmente, hay que combatir eso, porque si no,
efectivamente, por más inversión que se haga en mejora del transporte
público, los resultados no van a ser todos los resultados que se podía
alcanzar. Y el proyecto vive y se redacta de espaldas a esa realidad.

Señor portavoz, no hice mención en mi intervención anterior
a algunos temas porque, más o menos, podemos estar de acuerdo con ellos.
El tema de las drogas o del alcohol, si no lo mencioné como argumento del
veto es porque no motiva el veto, porque no cuestionamos, en términos
generales, la redacción que se da, aunque podamos tener nuestros
matices.

Concluyo con el tema del casco. Me decía el señor portavoz
que la cuestión del uso del casco en bicicleta estaba resuelta en el
proyecto. No es cierto. En primer lugar, yo no sé cuánta seguridad ofrece
el casco, pero lo que sí sé es que el uso del casco obligatorio en las
vías interurbanas no se ha traducido estadísticamente —voy a ser
muy cuidadoso en mis palabras— en un descenso de la mortalidad de
ciclistas en vías públicas. Ha aumentado la mortalidad de los ciclistas
en la vía pública, porque el peligro para el ciclista no es caer por sí
mismo y darse un golpe. El peligro, lo que causa la muerte a la mayoría
de los ciclistas, son los automóviles que los arrollan o los desplazan y
frente al golpe del automóvil el casco tiene una utilidad relativa. La
tiene, sin duda, si uno va pedaleando, tropieza con una piedra y cae de
cabeza. Ahora, si se lo lleva por delante un camión, el casco va a
solucionar pocas cosas. La mayoría de las muertes de ciclistas en la
carretera —no estoy haciendo referencia a la famosa
película—, se deben, precisamente, a la intervención de un vehículo
de motor.

En todo caso, ¿qué dice el texto? El texto no dice que en
las vías urbanas no va a ser necesario el casco, lo que dice es que los
ocupantes de bicicletas y ciclos en general están obligados a utilizar el
casco de protección en las vías urbanas, interurbanas y travesías, y con
las condiciones que reglamentariamente se determinen, siendo obligatorio
su uso, en todo caso, por los menores de 16 años, lo cual significa que,
reglamentariamente, la literalidad del precepto —no interpreto, leo
otra vez— dice que los conductores y, en su caso, los ocupantes de
bicicletas y ciclos en general estarán obligados a utilizar el casco de
protección en las vías urbanas, etcétera, en los casos y con las
condiciones que reglamentariamente se determinen, siendo obligatorio su
uso en todo caso —lo diga el reglamento o no lo diga el
reglamento— por los menores de 16 años, pero el reglamento puede
decir que los mayores de 16 años también tienen que llevar casco.
Entonces, señoría, atengámonos a la literalidad del precepto. Nosotros
hablábamos de 12 años, pero el problema no es ese. Al final, igual me
daría doce 12 que 16, pero es que lo que aquí dice es que el reglamento
puede establecer la obligatoriedad del casco para mayores de 16 años en
vías urbanas.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.
Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador señor Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, cuando
escuchaba al presidente de la Comisión de Interior, al señor Rabanera,
presentar el proyecto de ley y cómo se ha tramitado, pensé que
seguramente sería un buen ministro del Interior y, si así fuera, estaría
aquí defendiéndolo. No se da el caso ni se dio ayer, ¡qué le vamos a
hacer! El Partido Popular ─o el señor Mariano Rajoy─ elige a
sus ministros. ¡Es una lástima, señor Rabanera! (Risas).

Estamos aquí ante este proyecto de ley que, al fin y al
cabo, es una modificación del Real Decreto Legislativo 339/1990. Y la
arquitectura jurídica en la que está basado el tráfico en estos momentos
es la Ley 17/2005 —modificación que se hizo en su momento del
Código Penal para todos los delitos de tráfico— y la Ley 18/2009.
Evidentemente, los tiempos, las mejoras y la tecnología hacen que ciertas
leyes se tengan que ir modificando, porque la sociedad también va
avanzando, y esta es una de las iniciativas que cada cierto tiempo hay
que poner a punto; porque el tráfico es algo, nunca mejor dicho, que se
mueve y las necesidades que ello conlleva también. Por lo tanto, creemos
que era necesaria y fundamental una modificación de esta ley.

La modificación que el Gobierno nos ha traído, señores
senadores del Partido Popular, no nos satisface. Consideramos que el
objetivo prioritario es reducir la siniestralidad. Los datos reflejan que
así ha sido durante los últimos años, pero que se debe seguir hasta
alcanzar cotas de otros países y llegar a un momento en que ciudadano
pueda salir tranquilamente y con seguridad a la carretera. También hay
cuestiones en esta tramitación que no nos han parecido del todo correctas
en cuanto a la forma en la que se han tramitado. Por una parte, en cuanto
al procedimiento, estamos de acuerdo con algunas cuestiones que se
reflejan en el veto del senador Iglesias, del infatigable senador
Iglesias. En la tramitación no ha habido diálogo, aunque se haya
escuchado a varios interlocutores, pero la pregunta que nosotros nos
hacemos es: ¿de todas las colaboraciones que han solicitado los grupos, o
a los que se ha pedido que presentaran sus observaciones, por ejemplo, a
las comunidades autónomas, ¿a cuántos se les ha hecho caso? Sabemos que a
la Comunidad Autónoma de País Vasco le han solicitado opinión y ellos,
voluntariamente y con gusto,

han presentado observaciones, pero también sabemos que en
el texto legislativo que se presenta hoy para ser aprobado no está
recogida ninguna de las observaciones presentadas por el Gobierno vasco,
y eso que la Comunidad Autónoma de País Vasco tiene competencias
exclusivas en materia de tráfico. Es decir, una cosa es escuchar y otra
tomarse en serio lo que se dice. Aparentemente no se ha tomado en serio
absolutamente nada de lo que se ha planteado en este tipo de reuniones.
Esto es como decir cuénteme usted lo que quiera, que yo voy a hacer lo
que me da la gana. En este sentido, si no se hace caso a comunidades como
la de Euskadi o la de Cataluña, que tienen competencias en materia de
tráfico y a las que solicitaron y presentaron algunas alegaciones a
cuestiones que consideraban importantes, no decimos nada sobre lo que han
hecho respecto de aquellas que no tienen competencias en la materia.
También es verdad que el contraste necesario no se ha recogido en exceso.
Y no vamos a entrar a valorar detalladamente algunas de las cuestiones
que se han planteado respecto de qué tipo de memorias deberían tener.

Entrando ya directamente en esa posibilidad, que ustedes
plantearon al principio de la tramitación en el Congreso, de poder elevar
la velocidad, por ejemplo, a 130 kilómetros/hora, a nosotros lo que nos
preocupa es por qué quieren que ocurra esto. Es decir, cuál es la
necesidad para que legalmente un reglamento pueda después permitirlo,
cuando ustedes saben perfectamente que en cualquier texto legislativo se
recogen los máximos y después siempre se podrá reducir. ¿Cuál es el
objetivo de poner que está fijado en 120 kilómetros/hora, pero se podrá
subir a 130 kilómetros en unos casos muy concretos, en determinadas
situaciones y en ciertas carreteras? Esa es la pregunta que nosotros nos
hacemos, por qué se quiere subir hasta 130 kilómetros, aunque sea en
estos casos extremos, cuando aquí ya se ha tratado todo lo que supone
aumentar una velocidad que no es necesaria. ¿El lobby automovilístico ha
presionado? ¿Cuál es la razón?

Por otra parte, desde una perspectiva de ámbito
competencial —y ahí sí que volvemos a repetir lo que siempre
venimos diciendo en relación con los estatutos de autonomía, que son
leyes orgánicas refrendadas por el pueblo y por el ciudadano—,
ustedes plantean la modificación de lo que antes era el Consejo Superior
de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, y ahora es el Consejo
Superior de Seguridad Vial. Nosotros decimos que muy bien, pero en el
ámbito de sus competencias. Es decir, creemos que algunas cuestiones
están clarificadas y los informes que se pueden emitir deben sustanciarse
en el ámbito de las competencias, al igual que la creación de la
Conferencia Sectorial de Tráfico y Seguridad Vial. No es la primera vez
que se habla de la famosa conferencia sectorial que aparece en cualquier
tema que se está tratando, y con un pequeño riesgo; parece ser que
ustedes, no como grupo parlamentario, sino la Administración, han
descubierto de repente la conferencia sectorial como la panacea para
solucionar cualquier problema que tengan con algunas comunidades
autónomas. Se unen y de repente deciden, como si tuvieran un carácter
asambleario. Independientemente de lo que se decida en la conferencia
sectorial, existen estatutos de autonomía y unas competencias tasadas que
hay que respetar, y que nunca se respetan en los proyectos de ley que
emite esa Administración. Eso nunca puede suplantar las capacidades
bi-la-te-ra-les, si queremos que esto funcione, incluso las que puedan
tener algunas comunidades con el Gobierno central.

Hay otra serie de cuestiones que no son menores, que son
importantes, y que nuestro grupo parlamentario ha enmendado sin ningún
éxito, pero no vamos a entrar ahora en detalles porque son enmiendas
relativas a seguridad, notificaciones y a sanciones. Asimismo, hay otro
asunto que es el famoso tema que ha dado tanto que hablar, que es el del
casco. Imagínense la importancia que se le ha dado a este asunto, que en
el Congreso hasta se creó una especie de subcomisión del casco, que no ha
sido tal. Esas comparecencias especiales se centraron en detallar este
tema. Creemos que deberíamos haber diferenciado lo que estamos abordando
en el sentido de modificar la legislación en los conceptos que son
necesarios y el asunto del casco. Por lo tanto, creemos que en vías
urbanas deberían ser los ayuntamientos, los que en virtud de sus
ordenanzas y conociendo cómo son sus calles, cómo son sus vías, si tienen
bidegorris o carriles bici, etcétera, establecieran si es obligatorio o
no el uso del casco. Y en caso de que no haya ordenanza al respecto o los
ayuntamientos no lo establecieran, sería obligatorio para los menores de
15 años.

Para acabar, señor presidente, hay otra serie de cuestiones
que para nuestro grupo parlamentario también son importantes. Volvemos al
tema del ámbito competencial. Usted sabe, señor Aznar, porque ha sido
parlamentario en una comunidad autónoma como la de Castilla y

León, que hay comunidades, por ejemplo, la vasca, que tiene
la transferencia de tráfico. El artículo 17 del Estatuto de Autonomía del
País Vasco así lo dice, así como el Real Decreto 3256/1982 y el Real
Decreto 2903/1982, que recoge las competencias que corresponden a la
comunidad autónoma, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 17
del Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre,
cuyo desarrollo se inició a través del Real Decreto 2903/1982. Dicho real
decreto dice que en el reconocimiento expreso del Estado a unos
antecedentes históricos debidamente actualizados, corresponde a la
Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones, que en este acuerdo se
citan, de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico y
circulación de vehículos.

Por lo tanto, si esto es así, entendemos que la
bilateralidad no debe desaparecer porque así lo dice esta ley, es decir,
las relaciones entre el Estado —Administración central, porque las
comunidades también son Estado—, y la Comunidad Autónoma del País
Vasco deben mantenerse, independientemente de la conferencia sectorial o
del Consejo Superior de Seguridad Vial. Creemos que en materia de
tráfico, como en cualquier otra cuestión, es necesario hacer todavía más,
y todas las iniciativas siempre deben tener como objetivo la seguridad y,
sobre todo, su sostenibilidad.

La sostenibilidad podemos entenderla de muchas maneras,
pero estamos hablando de la modificación de una ley de tráfico, y
deberíamos hacer otros debates sobre qué modelo de movilidad, qué modelo
de sostenibilidad de tráfico necesitamos o queremos que en este proyecto
de ley se han soslayado, pero no sabemos si este es el momento o es la
ley adecuada para hacer esta reflexión.

Esperemos que las enmiendas que nuestro grupo ha presentado
sean aceptadas por el señor Aznar en ese sublime esfuerzo que nos pedía
ayer o por lo menos tomadas en consideración; creemos que no tiene margen
de maniobra porque la administración no le deja mover una coma, a
diferencia de lo que ha ocurrido con otras leyes en las cuales se nos ha
olvidado totalmente, aunque, a decir verdad, no somos ingenuos. La Loapa,
que significa Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico,
aprobada en 1982 tras el «tejerazo», sigue gozando de espléndida salud, y
por eso cualquier proyecto de ley que se presenta en esta Cámara siempre,
siempre, siempre, colisiona con competencias estatutarias.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Señor
presidente, señorías, buenos días.

Entendemos, comprendemos y compartimos los argumentos
esgrimidos por el senador Iglesias en la defensa de su veto tanto en las
cuestiones más formales como, y especialmente, en las de fondo. Por lo
tanto, quisiera empezar con esta afirmación.

Sin embargo, nuestro grupo parlamentario no ha presentado
veto a este proyecto de ley porque creemos que las políticas de seguridad
vial a lo largo de muchos años han contado con un importante consenso,
que se ha traducido en importantes éxitos: disminución de la
siniestralidad viaria, disminución de los accidentes, descenso muy
importante tanto de heridos como de fallecidos en accidentes de
tráfico... Por lo tanto, en aras a esta voluntad de consenso, a esta
voluntad de diálogo, por lo menos por nuestra parte, no hemos presentado
veto esperando gestos del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular.

Estas políticas de acuerdo, que han llevado a importantes
éxitos, especialmente se han traducido en la subcomisión creada en el
Congreso de los Diputados donde, efectivamente, se ha manifestado una
capacidad y una voluntad de diálogo y de acuerdo, y esto no es así en
este momento. En este momento, se ha roto este acuerdo, se ha roto este
consenso, se ha roto, incluso, yo diría, en parte, a pesar de los
esfuerzos del senador Aznar, la voluntad.

Es una ley hecha con prisas, según una expresión catalana
bastante bonita, a corre-cuita. Es una ley hecha con prisas, es una ley
que lo que ha hecho ha sido intentar resolver un problema creado por
haber publicado un reglamento que luego fue retirado por la presión
política y por la presión social que pretendía lo que pretendía y un
reglamento antes del debate y la aprobación de la ley y luego para poder
aprobar el reglamento, que es lo que realmente se pretende porque

constantemente se remite al reglamento en este proyecto de
ley, lo que se hizo fue deprisa y corriendo, a corre-cuita, elaborar un
proyecto de ley en el que se han perdido muchas oportunidades desde
nuestro punto de vista, lo digo sinceramente.

¿Cuáles son, por lo tanto, los objetivos de la ley? Dar
cobertura jurídica y dar cobertura legal a la reforma, que es realmente
lo que interesa, lo que importa, del reglamento general de circulación. Y
la otra es, desde nuestro punto de vista también clara, la voluntad, la
posibilidad de permitir el aumento de velocidades máximas en autovías y
en autopistas. También es una ley recaudatoria, prima las sanciones por
encima de la educación vial, la pedagogía, la prevención y las buenas
prácticas en la conducción y es una ley también, lo he dicho antes, no
discutida, no dialogada, no consensuada y que rompe los acuerdos y los
consensos que ha habido hasta ahora.

¿Qué novedades introduce? En primer lugar, nuevas
obligaciones y prohibiciones, como es el famoso caso del casco para los
ciclistas menores de 16 años en vías urbanas. El senador Aznar ha
argumentado la necesidad del uso del casco en las bicicletas por razones
de salud y de seguridad —me ha parecido que han sido las dos
expresiones que ha autorizado—, pero fíjese, señor Aznar, en la
incongruencia: por una parte, se obliga al uso del casco, lo que es
discutible —los países europeos donde hay más práctica de la
bicicleta no tienen normativas impositivas para el uso del casco—,
ustedes esgrimen salud y seguridad para argumentar su obligatoriedad y,
en cambio, ¿cómo se explica el aumento de la velocidad de 120 a 130
kilómetros?, cuando demostrado científicamente que el aumento de la
velocidad conlleva a más accidentes y los que hay son más graves. Por
otra parte, en cuanto a la conducción con alcohol y drogas, ¿dónde está
aquí la salud y la seguridad, cuando se opta por medidas sancionadoras,
por medidas coercitivas en vez de, por ejemplo, rebajar la tasa de
alcohol en sangre? ¿Por qué no se utiliza la salud y la seguridad también
en el tema del alcohol y en el de la velocidad? Por lo tanto, creemos que
utilizar este argumento para defender el uso del casco no es lógico.

Decía que introduce nuevas obligaciones y prohibiciones,
aumenta las sanciones, desde nuestro punto de vista, en algunos casos de
forma desproporcionada, y es una ley en la que hay unas ausencias
importantes. Se pierde una ocasión de oro para hacer pedagogía; se pierde
una ocasión de oro para primar la educación vial por encima de las
medidas coercitivas; de fomentar el uso de la bicicleta y también de
fomentar el uso del casco en vez de su obligatoriedad. A pesar de que es
una medida muy discutible, también creemos que es disuasoria de su uso y
que va a provocar, sin duda, problemas y les pongo un ejemplo: imagínense
un chico de 15 años que conduce en bicicleta por un pueblo o por una
ciudad sin casco, es atropellado por un coche y el culpable del accidente
es el conductor del coche y no el chico que va en bicicleta. Habrá
problemas seguro: problemas jurídicos, problemas desde el punto de vista
de la defensa jurídica del conductor del coche y problemas,
probablemente, para el padre del niño.

En todo caso, no hemos presentado veto. Pero quiero resumir
tres aspectos en los que, si se hiciese un esfuerzo, estaríamos
dispuestos a modificar nuestra posición y apoyar esta ley: en primer
lugar, fomentar el uso de la bicicleta en vez de su obligatoriedad; en
segundo lugar, garantizar que no aumente la velocidad en autopistas y
autovías en el futuro reglamento, y en tercer lugar, la conducción bajo
efectos de estupefacientes, que a nuestro juicio —lo mencionaremos
después en el turno de enmiendas— va a provocar muchos problemas,
entre otras razones porque en nuestro país no hay una definición
conceptual de droga.

Acabo diciendo que si en estos tres aspectos, que para
nosotros son los fundamentales, se hiciese un esfuerzo de acuerdo, de
consenso y de transacción, los senadores del PSC estaríamos dispuestos a
cambiar nuestra posición —que de momento está a la espera de ese
gesto— y votar abstención en el veto, que, evidentemente, si las
enmiendas posteriores no son aprobadas nos llevaría a votar en contra del
conjunto del proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bruguera.

Por el Grupo CiU, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta mañana debatimos sobre movilidad, tráfico,
circulación y seguridad vial. Hablamos de un asunto que afecta a todos y
cada uno de los ciudadanos. Nadie queda fuera del ámbito de la seguridad
vial. A unos les afecta de manera pasiva y a otros de forma activa. Por
lo tanto, con esta

ley estamos obligados a mejorar la regulación de una
actividad que nos afecta a todos. Por este motivo no debiera tener esta
ley una etiqueta de progresista o conservadora, sino la etiqueta de mejor
normativa para prevenir y evitar accidentes de tráfico y para incrementar
la seguridad vial.

Me van a permitir que para defender el posicionamiento de
Convergència y Unió respecto al proyecto de ley —en este caso, del
veto— me sirva de los mismos argumentos utilizados ayer en el
debate del Proyecto de Ley de seguridad privada. Tal y como les decía
ayer, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió da
apoyo al Gobierno de Cataluña. En este caso, el Gobierno catalán tiene
cada mañana la obligación de dirigir la gestión del tráfico, la
circulación de vehículos a motor y la seguridad vial, pues tiene las
competencias ejecutivas. Por eso, cuando el Gobierno central presenta un
proyecto de ley que afecta a esta gestión del tráfico tenemos la
obligación de intentar mejorarlo en beneficio de su aplicación y
garantizar el respeto a las competencias de las comunidades en la
materia, no solo en Cataluña sino en todo el Estado.

De la negociación con el grupo mayoritario en el Senado
hemos conseguido acuerdos suficientes para mejorar la ley, si nos aceptan
las aportaciones sobre plazos en los pagos de las sanciones y sobre todo
la enmienda que garantiza que en ningún caso se va a cambiar
reglamentariamente para reducir la edad máxima de dieciséis años para
llevar casco con el uso de la bicicleta.

Seguiremos batallando, porque continuamos descontentos con
la cruzada del Partido Popular en la cuestión nacional y estatal también
en esta ley, en este caso por el cambio del nombre del Registro Estatal
de Víctimas y Accidentes de Tráfico, registro que no es de nueva creación
y que pasará a llamarse nacional en este caso, señor Aznar, para su
tranquilidad, la enmienda 69 no corresponde a mi grupo sino al Grupo
Parlamentario Mixto; o en relación con el idioma de las señales, que no
pueden estar más que en español. El día en que en la escuela se hablaba
de la concepción plurinacional y plurilingüística del Estado, ustedes
debieron hacer campana. Seguiremos reivindicando, por eficiencia y
eficacia, que aquellas comunidades que tienen asignadas las competencias
de tráfico puedan ejecutar la retirada del permiso de conducir, llevar a
cabo campañas educativas en materia de sensibilización de tráfico o
decidir el contenido de los cursos formativos de sensibilización y
reeducación vial; o que sean las comunidades autónomas con competencias
ejecutivas en tráfico quienes determinen las pruebas de aprovechamiento
en relación con la pérdida de puntos.

En todo caso, al igual que decía ayer, la globalidad de la
mejora de este proyecto de ley es la que nos obliga a votar en contra de
este veto presentado al proyecto de ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor presidente.
Buenos días.

Coincidimos en muchos aspectos con el veto presentado, pero
también coincidimos con la intervención del senador Bruguera en el
sentido de plantear la necesidad de acuerdos. No entiendo que esta ley
salga adelante sin un acuerdo generalizado, porque tenemos buenos
antecedentes. Tenemos antecedentes del carné por puntos o del cambio de
tendencia histórica en temas de seguridad vial que han sido fruto del
acuerdo y del consenso, y si parece que ese fruto ha dado buenos
resultados, debería ser también la guía de lo que tenemos en este momento
por delante, que es la reforma de la Ley de seguridad vial, pero la
verdad es que no lo hemos conseguido. Creo que el acuerdo ha dado frutos
también en un cambio de comportamiento y de conducta social en la manera
de conducir, ha mejorado aspectos de sostenibilidad en las ciudades, sin
embargo los objetivos que debía plantear la ley sobre la base de ese
diálogo no se han conseguido. Aquí se ha argumentado que el Consejo
Superior de Seguridad Vial tiene muchos miembros, pero eso no elimina la
necesidad de debatir en esos términos.

Hay una denuncia de falta de diálogo y crítica fuerte por
las asociaciones de víctimas por accidentes de tráfico. Diversas
asociaciones —no hay más que ver lo que dicen en los medios de
comunicación— manifiestan su preocupación sobre este asunto. Hay
una denuncia expresa —luego me referiré a ella de forma más
detallada— de la Confederación Nacional de Autoescuelas de este
país que creo que agrupa a un buen número de autoescuelas, por no decir
prácticamente a la totalidad— en la que manifiestan su preocupación
por los cambios en los cursos de formación

de recuperación del carné por puntos, y algunas
organizaciones, muy variadas incluso tienen una plataforma en defensa y
fomento de la bicicleta en nuestro país. Todas ellas se sienten
frustradas por este proyecto, lo que nos debía hacer recapacitar.

¿Qué persigue la ley? Supongo que seguir avanzando en la
reducción de accidentes, fomentar una movilidad más sostenible o luchar
contra la emisión de gases de efecto invernadero. Estas son algunas de
las cuestiones que se podrían y se deberían abordar en el proyecto de
ley; pero si nos preguntamos por la mejora de la seguridad vial y las
medidas que se adoptan en esta ley, prácticamente todo se reduce al
famoso casco por parte de los ciclistas en vías urbanas, y llegamos al
absurdo de plantear que en una zona urbana puede ir el padre sin casco y
el hijo con casco. Los problemas de seguridad vial son los mismos para
uno que para otro, pero se ha planteado así. Es un absurdo que se da en
esta ley, cuando nos están diciendo que eso frena el fomento del uso de
la bicicleta, no solamente por las redes de alquiler en los municipios,
sino por más cosas. Además, países con mucha tradición ciclista no
plantean la obligatoriedad, sino la promoción y el cambio de hábitos en
materia del casco. ¿Era obligatorio esto? Si es por motivos de seguridad
vial entra en una contradicción absoluta con el incremento de velocidad a
130 kilómetros por hora. No podemos decir que el principal peligro de los
accidentes sea el incremento de velocidad y a la par no tomar medidas en
esa dirección. Lo dice todo el mundo. Lo dice el Observatorio Europeo de
Seguridad Vial, lo dice la Organización Mundial de la Salud y diferentes
estudios de organismos muy cualificados, que este es el problema
fundamental en cuanto al incremento de accidentes.

Sobre el fomento del uso de la bicicleta, le han pedido una
serie de cosas que parecen elementales, como eliminar las pinturas
deslizantes, el uso de rejillas, que la circulación en paralelo de
ciclistas sea entendida como tal, considerar al grupo como una unidad
móvil; les han pedido muchas cosas para mejorar la seguridad de los
ciclistas y no han admitido ninguna, y si estamos hablando de elementos
de seguridad hubiera sido importante abordarlo.

¿Fomenta una movilidad más sostenible la ley? Todos decimos
lo mismo. Las grandes ciudades sufren en muchas ocasiones un caos
circulatorio con efectos tremendos en la contaminación, algunas ciudades
son hostiles al peatón y al uso de la bicicleta, por lo que debíamos
haber aprovechado la ley para tomar alguna medida en esta dirección. Sin
embargo no ha sido así y la ley sigue manteniendo la preponderancia casi
absoluta del uso del vehículo a motor sobre cualquier otro tipo de
movilidad, cuando podríamos haber avanzado en esta línea. Saben ustedes
perfectamente que hay una iniciativa popular europea, la iniciativa
popular europea de la ciudad a 30; es decir, calmar las ciudades. Yo no
digo que deba ser en todos los espacios del ámbito urbano —para eso
están los municipios, la Federación Española de Municipios y
Provincias—, pero podríamos haber avanzado en esa dirección y haber
hecho algún gesto por un movilidad más sostenible.

¿Se lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero,
como decía antes? Señoría, la única y tímida medida que se plantea es la
restricción de vehículos por motivos contaminantes, y no explican por
qué. Porque se supone que se pueden valorar todos estos efectos
contaminantes de los vehículos a través de las revisiones de la
inspección técnica. Yo no sé si va a ser por antigüedad o por otro tipo
de cosas, pero lo que está claro, y lo dice el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, es que, como consecuencia del
incremento de los 10 kilómetros por hora, se va a incrementar el consumo
de combustible en nuestro país en un 11%, y esto tiene algunas
contradicciones con el objetivo de la Unión Europea, el Objetivo 2020,
sobre reducción de un 20% de los gases de efecto invernadero.

Por lo tanto, si no va en la dirección de la seguridad
vial, si no va en la dirección de mejorar la sostenibilidad y otra
movilidad más amable en las ciudades, ¿cuál es el objetivo? A simple
vista, le comento algunos: un afán recaudador aun a costa de una falta de
seguridad jurídica. Se incrementan las sanciones hasta 1000 euros, y las
incrementan no en lo que más accidentes produce, que vuelvo a repetir que
es el exceso de velocidad; un conductor puede ir a 200 y pico por hora y
tendrá 600 euros de multa; un señor que tome una sustancia para dormir
que puede ser calificada de droga puede tener una sanción de 1000 euros.
Y este tipo de casos vienen en la ley. Me preocupa ese afán recaudador
sin más. Hemos pedido que tenga efectos la reincidencia, y sobre todo la
seguridad jurídica, porque el concepto de drogas es muy amplio, tenemos
que acogernos a convenios internacionales para poder saber de qué
hablamos; hablaba de la mera presencia de drogas en el organismo.

Estas cuestiones se han planteado en la ley, y no sé si
están bien definidas. En mi opinión, se podrían haber mejorado
totalmente.

Y además, hay contradicciones. Dicen ustedes: vamos a
sancionar los detectores de radares, y a la vez dice: siempre y cuando no
sean para informar de la ubicación que la Dirección General de Tráfico
plantea claramente —esto lo dicen en la exposición de
motivos—, siempre y cuando no sea más que para informar de aquellos
datos de la Dirección General de Tráfico que son públicos, que no son
otra cosa que los lugares donde están ubicados los radares. Pues si dicen
una cosa no digan lo contrario en el articulado, porque hay
contradicciones entre lo uno y lo otro. La información está teniendo un
efecto disuasorio de reducir la velocidad y no es un mal elemento, es un
elemento pedagógico que está establecido en muchos sitios. No sé qué
norma van a aplicar finalmente en esta materia, si el preámbulo o el
articulado. Todo ello tiene un pequeño afán recaudatorio.

Hay medidas en perjuicio de las víctimas. ¿Para beneficiar
a quién? ¿A los titulares de cotos, a la Administración Pública, que
tiene la obligación de mantener la seguridad de las carreteras? ¿A las
compañías de seguros? Estoy hablando de aquellos accidentes que se
producen por atropellos denominados cinegéticos. ¿Qué va a pasar? Que la
culpa se traslada al conductor; la culpa anterior, que estaba regulada
con seguros de responsabilidad civil, pasa en este momento al conductor.
¿En qué queda la Ley sobre la responsabilidad civil y el seguro cuando
existan casos de fallecimiento o graves lesiones en el organismo de
cualquier ciudadano? ¿Van a cubrirlos las compañías de seguro o vamos a
ver otro tipo de pólizas próximamente?

Pero lo más alarmante, como he señalado antes, han sido las
enmiendas de su grupo con el objeto de cambiar los cursos de recuperación
del carné por puntos. Con ello, so pretexto de una supuesta libertad de
acceso y transparencia, ustedes ponen en cuestión un modelo de éxito de
ocho años; un modelo reconocido por las asociaciones de víctimas, por los
usuarios, por las universidades de nuestro país, sea la de Valencia o la
Politécnica. Llegan a decir que no hay libertad de concurrencia en un
concurso público, que es lo que se ha hecho. ¿Un mero sistema de
autorización llevado al reglamento no es más discrecional que un concurso
público en autoescuelas? ¿Hace falta incrementar el número de
autoescuelas que imparten estos cursos de recuperación del carné por
puntos? Auméntense, pero no digan que un concurso público elimina estas
cuestiones.

No va a garantizar más —lo dice la directora general
de Tráfico— la formación. ¿Por qué? Porque incrementar el número
dificulta que el personal especializado, los formadores con experiencia,
los psicólogos, las asociaciones de víctimas puedan intervenir en cada
uno de esos centros. Y esto va en detrimento de la calidad que se va a
pedir.

También me gustaría que me contestase a si van a poner
tasas al respecto. ¿Por qué no recibe el ministro a la Confederación
Nacional de Autoescuelas? ¿Por qué recibe el ministro a una supuesta
asociación —que no era ni asociación—, que es la que ha
plateado estas enmiendas en el Senado?

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, finalice.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Voy terminando, señor
presidente.

Esa es una pregunta que me gustaría que contestasen
ustedes, ya que es muy importante la contestación, porque hay un despacho
de abogados que en este momento está cobrando por las enmiendas
presentadas aquí, en el Senado. (Aplausos de una señora senadora del
Grupo Parlamentario Socialista). Y ese despacho de abogados está
planteando medidas que, en mi opinión, tachan la presentación de
enmiendas de poco transparente, señor Aznar, y usted lo sabe igual que
yo. No me gusta que un despacho de abogados haga contratos con supuestas
asociaciones que se crean a posteriori y haga contratos donde se dice,
entre otras cosas, que llevará al ministro a un congreso constituyente.
Bajo ningún concepto podemos tomar medidas de este tipo, que atentan a la
ética y, desde luego, pueden atentar claramente contra un principio y que
haya posibilidad de tráfico de influencias.

Yo les pido, por favor, que lo retiren.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, finalice.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: El modelo del carné por
puntos ha dado buen resultado. Y les pido que lo retiren, senador Aznar,
en favor de la transparencia y de la calidad de un proyecto que estaba
funcionando y que en este momento está bajo sospecha.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Cascallana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo en este último turno para intentar responder de
forma breve a las últimas cuestiones que se han planteado.

Senador Iglesias, en cuanto a la seguridad del casco, que
me parece elemento fundamental de esta reforma, me decían usted y algún
otro portavoz que la estadística no demuestra la efectividad del casco.
Señoría, los datos que este Gobierno está manejando, y son datos
científicos, de estudios científicos realizados con absoluta seriedad,
indican que el uso del casco reduce las muertes en torno a un 70%, un
poco más, y reducen las heridas graves entre un 40 y un 50%, y estos son
estudios científicos realizados expresamente sobre el uso del casco. Es
verdad que nadie discute la eficacia y, sin embargo, es discutible el
efecto disuasorio de su utilización. Por tanto, creo que esos datos
también hay que tenerlos en cuenta.

Hemos hablado de promover el transporte público, y señoría,
este bono de transporte es el que yo utilizo. Es verdad que hay que
buscar el equilibrio. Y hemos puesto el ejemplo de algunas ciudades en
España que están intentando promover esa sostenibilidad y buscar el
equilibrio entre un tipo de transporte y otro. Hablábamos de Vitoria.
Hace escasamente unos meses le han concedido el título de Green Capital.
¿Por qué? Por conseguir esos estándares máximos de calidad, que un
Gobierno Popular ha conseguido. Y ese es un ejemplo, pero podríamos poner
otros muchos.

Senador Anasagasti, no tengo la más mínima duda de las
cualidades que adornan a mi compañero Ramón Rabanera, pero le voy a decir
que si seguimos ofreciendo ministerios vamos a poner nervioso al
gabinete. Por lo tanto, vamos a olvidarnos de estas cuestiones.

Señoría, hablábamos ayer de ello y se lo voy a reiterar
hoy. Cada ley sectorial no es una pequeña conquista más en el tema
competencial, o no debe serlo. Hay un marco competencial formado por la
Constitución y los estatutos de autonomía al que deben ajustarse todas
las leyes sectoriales que aprobemos. Y lo que debemos vigilar todos es
que esas leyes que aprobamos están dentro del marco competencial que nos
hemos dado. Si no es así, denuncie usted qué artículos de esta ley no
cumplen el marco competencial.

Hay otros asuntos que usted plantea que son cuestionables.
Por ejemplo, dice usted: dejemos que sean los ayuntamientos los que
impongan el uso del casco o no. Se podría dar, llevando al absurdo esa
pretensión, el caso de una familia que saliera de Zarautz en bicicleta,
llegase a San Sebastián y se quitase el casco; fuera hacia Fuenterrabía y
volviera a ponerse el casco. Y, como cada ayuntamiento puede legislar lo
que quiera en relación con el casco, durante un trayecto de pocos
kilómetros, podríamos estar quito, pongo, quito, pongo. Señoría, este es
un marco general, y los ayuntamientos tienen su papel, pero nuestra
obligación, si creemos que la medida es buena, es hacerla desde aquí.

Señor Bruguera, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo.
En la fase de defensa de las enmiendas se podrán analizar algunas de
ellas con más detalle, lo hará mi compañero Peñarrubia. Pero yo
puntualizaría dos cuestiones que usted ha planteado. Dígame dónde, en qué
artículo de la ley ha visto usted el aumento de la velocidad a 130
kilómetros por hora. Dígamelo. Igualmente se lo podría decir al señor
Cascallana. ¿En qué artículo de la ley lo ha visto usted? Otra cosa es
que quede abierta la puerta para que en determinados tramos, muy tasados,
y en determinadas circunstancias, pueda llegarse a esa velocidad. Pero no
verá usted que esta ley consagre el aumento de velocidad a 130 kilómetros
por hora.

Y respecto a las drogas, es clarificador, señoría. Por
primera vez hay una preocupación. Estaba ya en el Código Penal, pero
ahora la trasladamos también, con la posibilidad de una sanción
administrativa, a esta ley, que, como decíamos, en el caso del alcohol ha
dado buenos resultados.

Señor Cascallana, el Gobierno ha mantenido reuniones con
las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. Sí señor. Las ha
mantenido, y no con una, sino con varias. ¿El Gobierno ha pedido a las
asociaciones de víctimas que aporten documentación? Sí, señor Cascallana.
Y ha tenido en cuenta esa documentación. Por lo tanto, dejemos de decir
que este Gobierno no ha dialogado con todos los sectores. Ha dialogado
con sindicatos, con asociaciones de víctimas, con empresarios, con todo
el mundo. Otra cosa es que todo el mundo esté contento al cien por cien
con los términos de la ley.

Ya que usted dice que todo lo que se aborda en la reforma
que el Partido Popular trae aquí era necesario, le pregunto por qué en
los ocho años anteriores no han traído ustedes aquí una ley que
modificase estas cuestiones que ahora pretenden que modifiquemos
nosotros. Hemos visto la necesidad, la hemos traído aquí y les ofrecemos
la posibilidad de participar en ella. Pero no nos acusen permanentemente,
si traemos una ley, porque la traemos, y si no la traemos, porque no la
traemos. Esta es una ley necesaria. Se podrá estar más o menos de
acuerdo, pero ustedes tienen la oportunidad de mejorarla.

En cuanto a la información de radares, señoría, dicen: por
una parte, limitamos la velocidad, y por otra, facilitamos artilugios que
permitan al conductor hurtar esa prohibición. No. Lo que estamos haciendo
es prohibir ese tipo de artilugios. Otra cosa es la información, y estoy
de acuerdo con usted, la que está en los carteles de las autovías y de
las autopistas o la que está en las ciudades ayuda a disuadir a que se
infrinja el límite de velocidad. Pero no artilugios que lo que hacen es
que determinados conductores trampeen para hurtar la posibilidad de
saltarse los controles. Por lo tanto, señoría, no hay contradicción.

Y por último, señoría, podríamos debatir si el sistema de
concesión es mejor o peor que el sistema de autorización previa que se va
a implantar ahora. Podríamos debatir sobre la oportunidad o no de la
implantación de este sistema, lo que no podemos hacer es poner en
cuestión la limpieza de los preceptos y de las enmiendas que aquí se
traen. El Grupo Popular es responsable de las enmiendas que vienen al
Parlamento. Yo no le voy a admitir que sobre nosotros deje usted una
sombra de duda porque tal o cual despacho de abogados, que ni lo sé ni me
importa, está actuando por ahí en determinada situación. Yo lo que le
digo es que este grupo es responsable de las enmiendas que firma como
grupo. Que a este grupo nadie le prepara enmiendas desde ningún despacho
de abogados, y esa sombra de sospecha que usted quiere dejar aquí no se
la voy a admitir bajo ningún concepto.

Señorías, podemos equivocarnos, podemos adoptar medidas que
no les convenzan. De acuerdo, en democracia todo es discutible. Pero lo
que no admitimos es la sombra de duda. Y, repito, este grupo
parlamentario apoya la medida que el Gobierno propone en cuanto a la
liberalización del sector, y lo que sí podemos garantizarles es que la
liberalización no va a suponer en ningún caso detrimento de la calidad ni
descontrol por parte del Ministerio del Interior en relación con la
formación de puntos.

Señorías, yo creo que hemos dado cumplida respuesta a los
fundamentos del veto que el grupo de Izquierda Unida ha traído a la
Cámara. En el transcurso del debate que va a seguir a continuación, mi
compañero, Joaquín Peñarrubia, va a debatir con ustedes los matices en
relación con algunas enmiendas que no dudamos que podrían mejorar esta
ley. Así se ha hecho desde la fase de ponencia y de comisión, y todavía
nos queda este trámite que, sin duda, puede ser fructífero.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Aznar.

Llamen a votación. (Pausa.)

8. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

8.1. DECLARACIÓN DE LA ALPUJARRA COMO PATRIMONIO MUNDIAL
POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA
Y LA CULTURA (UNESCO).

(Núm. exp. 630/000016)

AUTORES: GPV, GPMX, GPCIU, GPP, GPEPC y GPS

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías, antes de
proceder a la votación del veto presentado por los senadores Iglesias y
Mariscal, los señores portavoces han presentado una

declaración institucional a aprobar en el Pleno del Senado,
sobre la declaración de La Alpujarra como Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Dice así:

«La Alpujarra es un espacio que comparten las provincias de
Granada y Almería. Conforma cuarenta y seis municipios y vertebra en
torno a ella una serie de valles y barrancos que descienden desde las
cumbres de Sierra Nevada hasta el Mar Mediterráneo. Un territorio con
unos perfiles geomorfológicos propios al amparo de una reserva de la
biosfera, como es el Parque Natural de Sierra Nevada, en el que se
mezclan los bosques naturales de encinas milenarias, pinos y castaños,
con valles surcados por ríos y pueblos blancos, con sus características
chimeneas y terraos, suspendidos de las imposibles laderas de Sierra
Nevada. Un espacio que, además de una enorme belleza natural, atesora un
gran patrimonio histórico y cultural, fruto de la influencia de
pobladores como íberos, celtas, romanos, visigodos, musulmanes y
moriscos.

Gracias al esfuerzo de sus habitantes, verdaderos artífices
de este legado, la Alpujarra sigue conservando las costumbres,
tradiciones y formas de vida de los pobladores que a lo largo de los
siglos fueron asentándose en esta comarca, especialmente de la cultura
morisca, que le otorgó una identidad propia y es una huella hoy visible
en el paisaje agrario, la arquitectura cúbica, la gastronomía, la
artesanía y la permanencia de manifestaciones culturales como el trovo,
que han hecho de esta comarca algo singular y único en el mundo.

Conseguir que la Alpujarra sea declarada patrimonio mundial
no solo supondría salvaguardar un magnífico legado cultural y natural,
sino también un revulsivo para el desarrollo económico y turístico de
esta comarca y de toda la provincia de Granada, en general; un
reconocimiento que debe implicar el apoyo y la unidad de voluntades de
todas las instituciones públicas y privadas, así como de la sociedad en
general.

Por ello, el Pleno del Senado quiere manifestar de forma
solemne su apoyo a la iniciativa de impulsar la declaración de la
Alpujarra como patrimonio mundial de la Unesco, lo que se hará saber a la
Unesco, al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, a los
ayuntamientos afectados y diputaciones de Granada y Almería.»

¿Se puede aprobar por asentimiento?
(Asentimiento.—Aplausos).

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.3. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO
ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y
SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2
DE MARZO. (Continuación).

COMISIÓN: INTERIOR

(Núm. exp. 621/000061)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): A continuación
vamos a proceder a la votación del veto presentado por los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto.

Se han emitido tres votos telemáticos, correspondientes a
las senadoras García Carrasco y Navarro Viscasillas y al senador Marín
Torrecillas, todos ellos en sentido negativo a la aprobación del
veto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234, más 3 votos telemáticos, 237; votos emitidos, 234, más 3
votos telemáticos, 237; a favor, 6; en contra, 161, más tres votos
telemáticos, 164; abstenciones, 67.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazado.

Iniciamos el debate de las enmiendas. (Rumores).

Silencio, señorías.

Para la defensa de las enmiendas números 35 a 38 y 40 a 45,
tiene la palabra la senadora Capella i Farré. (Rumores).

Señorías, por favor, ruego silencio.

Señora Capella, un momento. (Fuertes rumores).

Señores senadores, la oradora no puede comenzar hasta que
no haya el silencio obligado en el hemiciclo. (Pausa).

Puede comenzar, senadora.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente. Bon
día.

Senadores, senadoras, a este proyecto de ley hemos
presentado once enmiendas de las cuales ha sido admitida una. Quiero
agradecer la predisposición del Grupo Parlamentario Popular para la
admisión de dicha enmienda, mérito que comparte también el compañero del
Grupo Parlamentario Mixto de Izquierda Unida al ser ambas coincidentes.
Se trata de una enmienda propuesta por la Associació Catalana de
Municipis, y en consecuencia tiene que ver también con la defensa de la
autonomía local. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia).

Las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana son
básicamente técnicas, de mejora del texto y de congruencia con el propio
proyecto de ley y con el reglamento de circulación. La número 35 es
congruente con la reforma propuesta del artículo 55 del Reglamento
General de Circulación.

En la número 36 proponemos que siempre proceda la
inmovilización del vehículo cuando se carezca de permiso de
circulación.

La número 37 pretende la supresión del artículo único,
diecinueve. Tal y como está redactada la proposición de ley, representa
un cambio en el sistema de reglas de la responsabilidad civil. No existe
justificación alguna para dar preferencia a los derechos de los
propietarios de los cotos de caza en lugar de dársela a las personas que
puedan padecer graves lesiones o incluso la muerte cuando van circulando
correctamente por una carretera y sufren un accidente. La regulación
propuesta en el proyecto de ley objeto de esta enmienda altera, como
decía, los actuales criterios de responsabilidad civil y contribuye a
responsabilizar al conductor, quien deberá sufragar las consecuencias
patrimoniales y para su integridad física, quedando absolutamente
desprotegido. No se entiende el contenido del articulado y, en
consecuencia, como también apuntaba el portavoz socialista, supone una
alteración en las reglas de la responsabilidad civil.

La enmienda número 38 es de adición. La consideramos
importante y por eso no entendemos que no haya sido admitida por el Grupo
Parlamentario Popular. Creemos que es necesario garantizar la
notificación de los procedimientos sancionadores y en consecuencia que
los expedientes sancionadores concluyan de forma correcta y se proceda a
efectuar la notificación correspondiente. Por ello proponíamos que se
hiciese a través de la Dirección Electrónica Vial de tal manera que
quedara garantizada, no únicamente la conclusión del expediente
sancionador y, por tanto, la correcta notificación y la posibilidad de
defensa de la persona sancionada, sino que desde el punto de vista de la
Administración los expedientes sancionadores concluyan correctamente, que
se garantice que la sanción tenga efectos, ya que por esos motivos se ha
procedido también a la apertura de un expediente sancionador. Entendemos
que de no procederse a la forma que proponemos en nuestra enmienda, lo
que se está garantizando es que aquellos que no actúan correctamente
queden de nuevo fuera del ámbito de sanción de la Administración. Estamos
hablando de las garantías de un proceso sancionador para todas las partes
y, en especial, para aquellas personas que efectivamente actúan
correctamente y que facilitan en todo momento sus datos para que les
pueda ser notificado el procedimiento sancionador.

La enmienda 39 ha sido admitida y aparece en el texto del
dictamen de la comisión, por lo que de nuevo agradecemos su admisión. En
dicha enmienda se propone ampliar la prórroga para la incorporación al
sistema de notificación hasta el 25 de mayo. Es decir, lo que hacemos es
facilitar que las administraciones locales tengan tiempo suficiente para
adaptarse a lo que se propone en el proyecto de ley.

Las enmiendas 40 y 41 garantizan la autonomía local y
defienden las competencias municipales.

En la enmienda 42 se hace una petición expresa para la
modificación del artículo 2 de la Ley de la gracia de indulto de 1870.
Evidentemente, para nosotros la Ley de gracia de indulto de 1870 no solo
ha de ser modificada en un solo aspecto, sino que debería ser derogada
por lo que significa. Es poco congruente y coherente en un Estado de
derecho porque, en definitiva, se

impide que sean ejecutadas las sentencias dictadas por los
tribunales. Entendemos que incluso en este supuesto debería procederse a
modificar el artículo 2 de la Ley de la gracia de indulto de 1870 para
evitar lo que se ha producido hace escasos meses, cuando se ha acordado
el indulto de una persona que provocó un accidente de tráfico con
consecuencias irreparables: la muerte de la persona que se vio
implicada.

En la enmienda 43 proponemos la sustitución de los
guardarraíles existentes en las vías, que son causa de la muerte de
muchos motoristas y también les ocasionan graves lesiones. Damos un plazo
de tiempo para que se proceda a su sustitución. Esta reclamación viene de
lejos y es evidente que evitaría las lesivas consecuencias que se están
produciendo en muchas de las carreteras del Estado español.

La enmienda 44 propone la aprobación de una ley orgánica
para solicitar las transferencias y la delegación de competencias en
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 150.2 de la Constitución Española, a favor de
la Generalitat de Catalunya.

Finalmente, la enmienda 45 garantiza la movilidad
sostenible en cuanto al uso de la bicicleta. En este caso, se recoge la
posibilidad de utilizar remolques y enganches en las bicicletas para
permitir el transporte de personas. Con ello se pretende adaptar la
normativa española a lo que se produce en nuestro entorno, en este caso
en los países europeos, donde se permite el transporte de personas a
través de remolques y enganches en las bicicletas.

Todas estas enmiendas básicamente son de mejora técnica,
salvo aquellas que expresamente he manifestado que suponen la defensa de
la autonomía local, así como la petición de transferencia y delegación de
competencias en materia de tráfico y seguridad vial, en este caso, a la
Generalitat de Catalunya. Por ello, solicitamos el voto favorable del
resto de los grupos parlamentarios a dichas enmiendas.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, corresponde
defender las enmiendas 1 a 5 del senador Eza, la senadora Salanueva y el
senador Yanguas.

Tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Seré breve porque vamos a compartir el turno los tres
senadores del Grupo Parlamentario Mixto.

En Unión del Pueblo Navarro hemos presentado cinco
enmiendas a este proyecto de ley de modificación de la Ley sobre Tráfico,
Circulación, Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Las voy a dividir en dos
bloques.

Las cuatro primeras, las números 1 a 4, simplemente
pretenden que se tipifique como infracción muy grave la utilización de
mecanismos detectores de radar, de lo que ya se ha hablado aquí en el
turno de defensa de los vetos.

Y con el segundo bloque, que se corresponde con la enmienda
número 5, se pide una cosa muy sencilla, y es que se compense a la
Comunidad Foral de Navarra por los procedimientos sancionadores que
ejecuta la Policía foral en nuestro territorio para poder llevar adelante
con la recaudación las mejoras relacionadas con la seguridad vial en
Navarra, tal y como viene sucediendo en otros territorios.

Creo que nuestras enmiendas son pocas pero que mejoran el
texto, y espero que en el trámite de votación sean aceptadas.

Muchas gracias, y buenos días.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Enmiendas números 6 a 17, 19 a 34, 46 a 49, 51 y 52 de los
senadores Iglesias y Mariscal.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Buenos días. Gracias, señora
presidenta.

El senador Mariscal y yo mismo, ambos de Izquierda Unida,
hemos formulado treinta y cuatro enmiendas. Tal y como apuntaba la
senadora Capella, una de ellas resulta coincidente con otra de Esquerra
que ha sido aceptada, y por ello la retiramos. Me refiero a la número
50.

Un grupo de nuestras enmiendas ha sido planteado a
sugerencia de la Federación Española de Municipios y Provincias, y gran
parte del resto afectan a la circulación en bicicleta, elevando otro
porcentaje importante de estas enmiendas a rango legal previsiones que ya
están recogidas en el Reglamento de Circulación.

Enmendamos para que se incorpore al Consejo Superior de
Tráfico, Seguridad, Vial y Movilidad Sostenible la Fiscalía de Seguridad
Vial, dada la amplia experiencia e información que puede aportar a los
debates de este órgano. Asimismo enmendamos para que el Consejo informe
las campañas de la Dirección General de Tráfico, algunas de ellas
polémicas. Enmendamos para prohibir el uso de pinturas de señalización
horizontal deslizante de reasfaltados a distinto nivel o de elementos
catadióptricos cuyo resalto sea un peligro para los ciclistas y también
para los motoristas. Planteamos que se pueda utilizar el móvil en
situación de detención del vehículo en los casos de semáforo en rojo o de
atasco, pues, no estando en circulación, ningún riesgo supone el uso del
móvil.

Nos oponemos a que se aumente el límite de velocidad a 130
kilómetros por hora —dos enmiendas van en esa dirección—
porque, reconociendo la eficacia de muchas de las medidas que se han
adoptado en los últimos años y que han dado lugar a una reducción en la
siniestralidad, consideramos que ello no debe servir como argumento para
relajar la atención sobre lo que sigue siendo un drama humano y económico
para el conjunto de la sociedad, y en consecuencia, incrementar la
velocidad a 130 kilómetros por hora nos parece que es ir en dirección
contraria de lo avanzado en los últimos años.

Por el contrario, planteamos enmiendas para generalizar en
todas las vías urbanas el límite de 30 kilómetros por hora en los
carriles de la derecha, pues ello facilitará, no solo la pacificación del
tráfico en las ciudades, sino la circulación de las bicicletas.
Rechazamos, como ya expresé en la defensa del veto, la obligatoriedad del
casco para los ciclistas en vías urbanas, y subsidiariamente planteamos
que solo sea obligatorio para los menores de 12 años.

Hay varias enmiendas para que las infracciones de los
ciclistas sean consideradas leves, salvo que estas conlleven un riesgo
grave e inminente para el tráfico, y desde luego, tal y como tuve
oportunidad de decir en la defensa del veto, porque la bicicleta es un
vehículo que comporta un riesgo mucho menor que los vehículos a motor. En
todo caso, si se mantiene la obligatoriedad del uso del casco en ciudad,
creemos que el cumplimiento de esta norma debe ser considerado leve y
sancionado con una mera reconvención policial.

No entendemos que precisamente en ese mantenimiento de la
homogeneidad en el régimen sancionador para todos los vehículos se
mantenga como una medida la inmovilización de la bicicleta, porque aunque
el ciclista se apee y no pueda circular sobre ella sí la puede desplazar
él mismo; no es necesario llevarla a ninguna parte y si se lleva a alguna
parte conllevará un coste que tendrá que asumir el ciclista. Por lo
tanto, si se le impide seguir circulando montado en la bicicleta, que no
se le inmovilice la bicicleta. (El señor Peñarrubia Agius: ¡Está aceptada
en Comisión!) ¿Esa está aceptada? Pues no consta en el informe, pero la
retiro entonces también.

Recogemos la posibilidad de que los ciclistas puedan
adelantar por la derecha en ciudad; que los ciclistas puedan circular en
paralelo aunque no exista arcén en todo tipo de vías y en columna de a
dos; que puedan circular en grupos y sean considerados entonces una
unidad móvil, lo que impediría que pudiera ser fraccionado por
automóviles que adelantasen; que el semáforo en rojo sea considerado un
ceda el paso para los ciclistas. Enmendamos igualmente para que los
ciclistas tengan prioridad en las glorietas y puedan circular por las
aceras, en las condiciones que se determinen, los menores de 14 años y
acompañantes; para que cuando un vehículo a motor adelante a un grupo de
ciclistas no ponga en riesgo la integridad de la unidad móvil y no pueda
cortarla; para que cuando una bicicleta lleve elementos reflectantes no
sea obligatorio el chaleco para el ciclista, ya que los elementos
reflectantes juegan ese papel de hacerlo visible; para que aunque haya
vías específicas para ciclistas estas sean optativas y los mismos puedan
optar por usar las vías convencionales; para que no se consideren uso
excepcional sometido a autorización las marchas cicloturistas que no
superen los cien participantes. Y, desde luego, rechazamos —como
también dije en la defensa del veto— que se autorice al Gobierno a
elaborar un texto refundido; creemos que la alternativa debe ser una
nueva ley, un nuevo texto que regule la seguridad vial y la
circulación.

Y como adelantaba, hemos presentado un grupo de enmiendas
de la FEMP, que facultan a la policía municipal a inmovilizar vehículos
cuando se conduzca sin permiso; otra para que el Instituto

Nacional de Estadística facilite a la Dirección General de
Tráfico los domicilios actualizados que figuren en los padrones
municipales para las notificaciones, para que se dé validez a las
notificaciones que se realicen en el domicilio que figure en ese registro
de la Dirección General de Tráfico; la que ha sido asumida en torno a
retrasar la notificación en la Dirección Electrónica Vial, y otra para
ampliar las competencias de la Policía municipal sobre vías urbanas que
no son de titularidad municipal.

Este es el conjunto de enmiendas que hemos formulado, para
el que solicitamos el apoyo de la Cámara.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Enmiendas números 53 a 65 y 67 a 84, del senador Martínez
Oblanca. Tiene la palabra, señoría.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora
presidenta. Buenos días a todos.

En el trámite que ha seguido en el Senado este Proyecto de
Ley por el que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, hemos presentado treinta y dos enmiendas
parciales a su redacción, de las que solamente una ha sido aceptada en la
sesión de la Comisión de Interior reunida el pasado 5 de marzo. Es una
enmienda incorporada al dictamen por la que se modifica el apartado c)
del artículo 84.1, en el sentido de no aplicar a los ciclistas las
medidas que sí son de obligación para conductores o pasajeros del uso de
casco de protección o dispositivos de retención infantil. Es una enmienda
idéntica a la presentada por el Grupo Parlamentario Entesa y también a la
formulada por los dos senadores de Izquierda Unida, y al menos en mi caso
ha sido producto de los razonados argumentos que nos han hecho llegar
conjuntamente diferentes organizaciones y entidades relacionadas con el
mundillo del ciclismo, de los ciclistas y de los usuarios de la
bicicleta. Celebro que el Grupo Popular, mayoritario en las Cortes
Generales, haya aceptado esta enmienda y la haya incorporado al dictamen.
Y puesto que quedan vivas otras treinta y una enmiendas, también
inspiradas en la sociedad civil, voy a tratar de referirme a ellas con la
esperanza de revocar el rechazo que el Grupo Popular ya expresó en la
Comisión de Interior.

Con nuestra enmienda número 53, relativa al artículo 8, que
fija la composición y competencias del Consejo Superior de Tráfico,
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, proponemos la incorporación de la
sala específica de la Fiscalía de Seguridad Vial par que también esté
representada en este órgano y pueda aportar criterio en una materia en la
que tiene por definición una labor armonizadora y unificadora de
criterios en materia de ilícitos penales contra la seguridad vial.

La enmienda número 54 promueve que, entre las funciones
definidas en el artículo 8, se dé participación al Consejo Superior en el
análisis e informe previo de las campañas de seguridad vial que emprende,
a menudo con mucha polémica, la Dirección General de Tráfico.

El artículo 10 también es objeto de la enmienda que lleva
por número el 55 y con la que tratamos de combatir el incumplimiento
contumaz y pertinaz de la norma 1436, que hace referencia a las pinturas
para señalización viaria y que es una de las grandes asignaturas
pendientes de las carreteras españolas, en las que se complica la
seguridad para ciclistas y motoristas con el uso de marcas viales que
están lejos de alternativas que ya se aplican en algunos de los países
más avanzados del mundo y que disminuyen los riesgos que provoca en las
carreteras españolas la utilización de pinturas para marcas viales que
contienen una alta cantidad de disolventes.

También abogamos por la corrección de los reasfaltados o la
colocación de catadriópticos o setas que no estén resaltadas, generando
peligro para los usuarios de las dos ruedas, tanto motos como
bicicletas.

Con la enmienda número 56 posibilitamos el uso del teléfono
móvil cuando el vehículo está parado como consecuencia de retenciones o
atascos, por lo que los conductores no deberían ser sancionados salvo que
hagan uso de su celular con el vehículo en movimiento. Esta enmienda
añadiría, por tanto, la expresión «en movimiento» después de la palabra
«conducción», en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11.

Pasamos a la siguiente enmienda, la número 57, que rechaza
el aumento del límite genérico de velocidad, porque consideramos que los
tiempos acreditan la necesidad de facilitar la integración de medios de
transporte no motorizados. De ahí que propongamos la supresión del

apartado siete de este proyecto de ley y una nueva
redacción al apartado 2 del artículo 19, en el sentido que indiqué y,
además, con la intención añadida de evitar el gasto energético que
conlleva el incremento de la velocidad, aparte de los riesgos y los
peligros que supone el aumento variable de la velocidad.

Si la enmienda número 57 era de supresión, la número 58 es
de adición, para añadir al apartado 3 del artículo 19 un párrafo en el
que se generaliza para todas las vías urbanas el límite de 30 kilómetros
por hora en los carriles de la derecha. Creemos que es una medida que va
en beneficio de la seguridad de peatones y de ciclistas, abriendo,
además, el uso de la bicicleta en aquellos municipios que no están
facilitando todavía el uso de este medio sostenible de transporte.

Con la enmienda de adición de un nuevo apartado al artículo
34 de este proyecto legislativo se amplía y se explicita la obligación
del conductor de un vehículo de no cortar en ningún caso a un grupo de
ciclistas y, por lo tanto, afrontar su adelantamiento con un cálculo que
impida la ruptura del grupo. Esta enmienda lleva el número 59.

La enmienda número 60 es de modificación del artículo 47,
apartado 1, en el sentido de regir la obligación del uso del casco para
los ciclistas en las travesías, excluyéndola en parques, aceras o
carriles bici, donde no hay vehículos a motor y haciéndola obligada para
los menores de 12 años. También consideramos que es la autoridad
municipal la competente para regular el uso del casco en las vías y
travesías del núcleo urbano correspondiente.

La enmienda número 61 es de supresión del apartado y
artículo que hacen referencia a la obligatoriedad del uso del casco
ciclista en las vías urbanas, interurbanas y travesías en los casos y en
las condiciones que reglamentariamente se determinen. También se
suprimiría, de ser aceptada nuestra enmienda, la obligación del casco de
protección para los menores de 18 años y también para aquellos que
circulen por vías interurbanas.

Considero que no existen razones suficientes para
establecer la obligación general de la utilización del casco por los
ciclistas en zonas urbanas e interurbanas. Será una medida que no tiene
precedentes en países europeos y en las políticas comunitarias de fomento
de la movilidad sostenible.

La clave de la elevada accidentalidad de los usuarios de la
bicicleta en España —como aquí se ha dicho a lo largo de esta
mañana— está en que son arrollados por los vehículos a motor. A
este respecto creo que hubiese sido de enorme utilidad la comparecencia
en esta Cámara de la señora directora general de Tráfico, que, pese a
haberse pedido su comparecencia desde junio de 2012, no ha encontrado en
estos dos años un hueco para expresar ante el Senado su posición ante una
materia: la siniestralidad, la enorme mortalidad de los ciclistas, que es
muy muy preocupante. Y esta Cámara Alta fue en su tiempo —y
conviene recordarlo— una cámara que realizó en favor de los
usuarios de la bicicleta un formidable trabajo con la ponencia de
estudio, que concluyó su tarea a finales de 1997 y que promovió una
proposición no de ley sobre adaptación de las normas de circulación a la
práctica más segura del ciclismo, proposición que fue respaldada por el
conjunto de la Cámara y que venía facilitando el consenso por el enorme
interés en favor de la práctica del ciclismo en España, que ahora se
trunca con este proyecto de ley que ha desperdiciado aquel ingente
trabajo de nuestros compañeros.

Con el enmienda 62, modificamos parcialmente el apartado 3
del artículo 65 para que se corrija la desproporcionada tipificación que
sanciona las infracciones cometidas por los ciclistas y que los equipara
con los conductores de vehículos a motor. No se trata de otorgar carta
blanca para los ciclistas, se trata de distinguir las calificaciones de
sus infracciones, sin que ello les exonere de su responsabilidad cuando
su conducta haya supuesto un peligro diáfano para la seguridad vial.

Con la enmienda 63 modificamos el apartado g) del artículo
65, en coherencia con la enmienda 56, que hacía referencia al uso de los
teléfonos móviles.

La número 64 corrige la generalización —como señalé
anteriormente— de las calificaciones de las infracciones de los
ciclistas, y los distingue, a estos efectos, de los conductores de
vehículos a motor.

Consideramos que con este proyecto de ley no hay
proporcionalidad en la gravedad de la infracción, dándose la
circunstancia de que la redacción de esta ley otorga la calificación de
grave al hecho de que un niño en bicicleta vaya sin casco por la
acera.

La enmienda 65 incorpora un nuevo párrafo al apartado 1 del
artículo 67 para atribuir un carácter simbólico a las sanciones por no
llevar casco ciclista de protección, de manera que la obligatoriedad
tenga un carácter de recomendación.

La enmienda 66 quedó incorporada en el dictamen anterior,
como dije al principio de mi intervención.

El tiempo se va acabando y no quisiera dejar de referirme
globalmente al resto de las enmiendas que están comprendidas entre los
números 67 a 84, ambas inclusive. Son todas enmiendas de adición que
abogan por una legislación que contemple al ciclista como un elemento
sensible del tráfico, al que se le deben otorgar algunas facilidades,
que, con la seguridad como premisa inexcusable, le permitan efectuar
desplazamientos y maniobras de adelantamiento o circulación paralela,
que, en todo caso, faciliten su movilidad y eviten su bloqueo en caso de
no existir rutas alternativas. En estos términos se han registrado las
enmiendas 67 a 70.

La enmienda 71 promueve facilitar la circulación de los
ciclistas en caso de ir en grupo, circulando con especial atención en
este caso para evitar alcances entre bicicletas. Consideramos que la
expresión «extremar» debe ser sustituida.

La enmienda 72, también de adición, pretende evitar que un
ciclista no resulte arrollado en las salidas semafóricas y facilitar su
circulación. No se trata de eliminar la regulación semafórica a los
ciclistas, sino permitirles a modo de ceda el paso el avance, siempre y
cuando haya ausencia de peligro.

Doy por defendidas en sus términos el resto de las
enmiendas, que, como señalé al principio, han sido inspiradas por
diferentes organizaciones muy representativas del ciclismo y de los
usuarios de la bicicleta. Creo que el mejor aval que se puede presentar a
todas las enmiendas registradas por Foro y que son coincidentes con las
formuladas por otros compañeros del Grupo Mixto y otros grupos
parlamentarios es citar sus nombres. Son la Asociación de Ciclistas
Profesionales, Asociación de Marcas y Bicicletas de España, Coordinadora
en Defensa de la Bicicleta, Plataforma Empresarial de la Bicicleta, Real
Federación Española de Ciclismo —que, por cierto, tendrá este año
2014 la responsabilidad de organizar en Ponferrada el campeonato mundial,
y seremos la referencia de los aficionados a la bicicleta y al ciclismo
en todo el mundo— y, finalmente, la Red de Cicloturistas. Todas
estas organizaciones son, repito, un aval extraordinario para mejorar
este proyecto de ley, y hay que agradecerles el esfuerzo realizado, que
me temo va a chocar con la escasa comprensión de la mayoría que sostiene
al Gobierno.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Pasamos al grupo de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado, números 85 a 100.

Tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señora
presidenta.

No solamente no está el ministro, sino que ahora tampoco
está el senador Aznar. Esto parece la novela de Agatha Christie Diez
Negritos, que van poco a poco desapareciendo. Tampoco está el señor
Rabanera. Y yo creo que aquí sería bueno que los senadores estuvieran
presentes en este debate porque, a fin de cuentas, estamos hablando de
circulación, de tráfico, y casi todos conducimos, salvo los que tienen
coche oficial. Sería una buena clase gratis de lo que significa un
proyecto de ley de este tipo, pero, bueno, así son las cosas. Ya sé que
es otro portavoz del Grupo Parlamentario Popular el que va a contestar,
porque se han dividido el trabajo.

Nosotros hemos presentado quince enmiendas con un éxito
apoteósico, porque no nos han admitido ninguna. Es normal. Nuestro grupo
parlamentario presentó ese paquete de enmiendas —pocas y sobre todo
competenciales— que podríamos desmenuzar en tres partes
importantes. Hay un primer grupo de enmiendas en torno al ámbito
competencial, que, insisto, consideramos que es fundamental, entre otras
cosas, porque nuestra comunidad tiene competencias transferidas en
materia de gestión de tráfico, y eso es algo que hay que tener en cuenta
y que nunca se ha tenido, ni en Cataluña ni en Euskadi; no se tiene en
cuenta. Quisiera decir que nosotros éramos bastante críticos con algunas
cuestiones en torno al tema de proponer planes de actuación conjunta,
porque consideramos que en aquellos ámbitos en los que la competencia
está transferida ya se realizan planes propios, por tanto, no hacen falta
duplicidades en este sentido, porque tienen

autoridad suficiente, tienen capacidad y profesionalidad
suficiente para ser los que generen este tipo de planes de actuación
propios en el ámbito que les corresponde. Esto en lo relativo al grupo de
enmiendas que se refieren a las competencias.

El señor Aznar nos ha dicho hace relativamente poco tiempo
respecto a nuestra iniciativa en relación con el casco que, por ejemplo,
si un ciclista de Zarauz quiere ir a San Sebastián, y en Zarauz es
obligatorio el casco y en San Sebastián no lo es, en qué sitio se tiene
que quitar el casco. Eso es ridiculizar nuestra iniciativa porque existe
una asociación de municipios en Euskadi en la que todo este tipo de
cuestiones se armonizan y se coordinan, no se imponen. Y eso se puede
hacer si hay voluntad política, si no, sin duda, no se puede hacer
absolutamente nada.

En el trámite del veto dijimos también que quizás el propio
proceso que ha llevado a la modificación de la ley no ha sido un proceso
habitual de contraste, sino que el Gobierno lo ha traído aquí y ha
impuesto su criterio. Es verdad que hemos tenido lo que nosotros
denominábamos subcomisión del casco en el Congreso. Es decir, han tenido
un grupo de trabajo y unas comparecencias, centrándose en el famoso
casco, que no sé si es el tema estrella —debían ser otros, este es
uno de ellos—, pero al final se ha convertido en una especie de
icono de este proyecto de ley. Y nosotros seguimos manteniendo el
criterio que proponíamos en torno a este tema.

Sabíamos que se ha llegado a un acuerdo, pero no lo
compartimos por una sencilla razón: no por el criterio de si son 16 años
o no, sino porque consideramos que es eliminar competencias a los
municipios, que son los que las tienen en ese ámbito, y siempre se les
ningunea. En este proyecto de ley, lógicamente, con ese criterio que se
ha llevado siempre a últimos términos, no se tiene en cuenta para nada a
los municipios. Nosotros proponíamos que fuesen las ordenanzas
municipales las que rigieran la obligatoriedad, la recomendación, el uso
debido o indebido del casco en áreas urbanas, porque, al ser áreas
urbanas, compete a las ordenanzas municipales decidir cómo se debe
utilizar este elemento de seguridad en sus ciudades y en sus pueblos.

Por último, quisiéramos decir que no se puede dejar todo en
manos del reglamento porque, si no, vamos a acabar con el criterio de
aquel famoso presidente del Gobierno y presidente del Senado, el conde de
Romanones, que decía que él se ocupaba de los reglamentos. La ley podría
haber considerado más cuestiones, más especificidades, sin dejar que sea
un reglamento el que después, en su desarrollo, lleve estos asuntos y,
además, a veces, en contra del criterio de un proyecto de ley. Por
ejemplo, respecto a las multas. Nosotros consideramos que hay que darle
muchas vueltas —no solamente basta lo que se ha establecido—
ya que es un tema sensible, y creemos que no se puede despachar como se
hace en este proyecto de ley, y no solo puede ser un criterio
exclusivamente pecuniario, sobre todo por la situación económica en la
que estamos, pues son cantidades muy, muy fuertes. Sí es verdad que la
conciencia social ha aumentado muchísimo en el ámbito del alcohol, que en
el ámbito de la velocidad la concienciación de la gente ya no es la que
era —y las medidas que se han tomado son positivas para
ello—, pero, llegado el momento, hay que tener en cuenta que en la
situación económica que estamos viviendo sería destrozar —no voy a
decir la vida— la situación de mucha gente con multas que a veces
son disparatadas.

Fuimos y somos críticos con la posibilidad de subir la
velocidad en casos muy especiales. Si la pregunta es tan especial, ¿para
qué entonces? ¿A quién va dirigida? ¿En qué casos? ¿Cuál es la necesidad?
Se nos dice que lo que se quiere es que en muchas ocasiones se pueda.
Pues se entendería, aunque esté de acuerdo o no. Pero es tanta la
excepcionalidad que se plantea, que nuestra pregunta vuelve a ser: ¿a qué
viene esto? Si es tal la excepcionalidad en ciertos momentos en algunas
carreteras, cuando se den condiciones y cuando no haya, ¿a quién se
quiere beneficiar, o cuál es la necesidad para que se dé semejante
excepcionalidad?

Y oídas y analizadas las intervenciones de los demás grupos
—que, además, nos parecen muy sugerentes y muy interesantes porque
muchas veces todos los grupos parlamentarios recogemos lo que nos viene
de la propia sociedad, lo que nos viene de las asociaciones y lo que nos
viene de las agrupaciones, por tanto, estamos en sintonía con lo que
quiere el ciudadano—, todos vemos, en un principio, la necesidad de
contribuir al descenso de la siniestralidad y que el objetivo de todo
sigue siendo hacer una legislación acorde a los tiempos actuales, a las
nuevas necesidades que han surgido tanto desde una perspectiva
tecnológica y social como de hábitos —porque creemos que han
cambiado muchas cosas y que esto es realmente importante—.

Ahora bien, dicho esto, esta ley podría haber dado mucho
más, podría haber respondido a estas necesidades de otra manera y podría
haber respondido a las aportaciones importantes que otros grupos, otras
asociaciones también han hecho y hemos hecho en unos ámbitos en los que
no sabemos por qué el Gobierno no ha querido entrar o no ha aceptado
nuestras recomendaciones, nuestras enmiendas, que creíamos que tenían su
sentido, sobre todo, en nuestro caso, en el tema competencial. (La señora
vicepresidenta, Vicenta González, ocupa la Presidencia).

Por tanto, nuestro grupo parlamentario se queda con la
sensación agridulce de que este proyecto de ley podría haber sido mucho
más acorde con las necesidades de todos. En ese sentido, nuestro grupo
mantiene todas las enmiendas que quedaron vivas, siguiendo el criterio
que nos dijo ayer el señor Aznar de que tenemos que hacer un sublime
esfuerzo. Y tienen que hacer ustedes un sublime esfuerzo para ver si
algunas de las enmiendas, sobre todo competenciales, nos aceptan en este
trámite hasta que se culmine con la votación de las enmiendas en este
proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, números 125 a 135 y 137 a 153.

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Señorías, voy a defender las enmiendas 125 a 153. El
senador Iglesias ha defendido pormenorizadamente el conjunto de las
mismas, que son idénticas, ya que parten de las enmiendas de la Izquierda
Plural en el Congreso.

Yo quería hacer referencia a dos enmiendas en concreto, a
la 137 y a la 138, en donde pedimos que no haya un incremento del límite
de velocidad a 130 kilómetro por hora.

El señor Aznar, en su intervención anterior, decía que en
el conjunto de la ley no está. Es cierto que no está en el articulado,
pero, en cambio, en la disposición final tercera —menuda
sorpresa— sí aparece a la hora de tipificar las sanciones el
incremento del límite de velocidad a 130 Kilómetros por hora.

Más allá de esto ha habido un debate social motivado por el
Gobierno respecto a esta posibilidad, una posibilidad que quedará
postergada a un posterior reglamento. Yo, señorías, creo que es
importante, máxime tramitando este proyecto de ley, no rehuir el debate.
Si el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular creen conveniente
alzar el límite de velocidad de 120 a 130 kilómetros por hora, lo
plantea, lo argumenta y lo discutimos. Lo que no se justifica bajo ningún
concepto es que el anterior portavoz del Partido Popular diga: No, no
está. Sí que está, aparece en la disposición final tercera y está en el
debate político social.

Yo voy a hacer referencia fundamentalmente a esta cuestión.
La pregunta es, señoría: si a 120 kilómetros por hora las cosas van bien,
¿por qué modificarlo? ¿Qué argumentación, qué justificación hay detrás de
la posibilidad de este incremento? Insisto en que no me digan que no está
porque, al final, ocurrirá.

Señorías, ¿con un aumento de la velocidad se va a
incrementar el consumo de combustibles fósiles? La respuesta es que sí.
Además son combustibles que importamos, que generan déficit, que aparecen
en la parte negativa de nuestra balanza de pagos. Por otra parte, se
producirá también mayor contaminación atmosférica, lo que conllevará otro
efecto negativo. Asimismo incrementará la accidentabilidad —todos
los estudios lo afirman—, otro factor negativo. Tampoco permitirá
calmar el tráfico ni ayudará a la reducción del 50% de la victimización
mortal y grave en 2020, objetivo planteado por el conjunto de la Unión
Europea. Además, este incremento de la velocidad máxima tampoco responde
a los objetivos fijados por la Unión Europea en el Libro Blanco
Transportes.

Por lo tanto, por razones económicas, por razones
ambientales, en defensa de la salud pública y de la protección y
seguridad de las personas y para apostar por una movilidad sostenible
considero que el Gobierno no se puede plantear el incremento de la
velocidad de 120 a 130 kilómetros por hora bajo ningún concepto y bajo
ninguna circunstancia. Nada responde a ello. Esta posibilidad está
cargada de efectos negativos y creo que no sería conveniente.

Por último, permítanme hacer una breve referencia a las
cuestiones competenciales. El señor Rajoy decía el otro día que su
obligación es cumplir la ley. Los estatutos son leyes orgánicas, por lo
que la obligación del Gobierno del Partido Popular y de los
parlamentarios y parlamentarias del Partido Popular es cumplir la ley.
(El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Y lo que
no puede ser es que en cada proyecto de ley que llega a esta Cámara
—en todos, incluido este— se haga una lectura cicatera,
cuando no recentralizadora, de lo que contemplan los estatutos. Es cierto
que algunos se pueden salvar y se mejoran —ayer discutíamos sobre
el de seguridad privada—, pero lo que no puede ser, y menos aún con
la situación que atravesamos, es que el mensaje continuo que mande el
Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular sea: ley que hago, ley
que aprovecho para recortar los ámbitos competenciales de los actuales
estatutos, que, insisto, son ley y, como tal, hay que cumplirla, y con
una visión política mucho más avanzada y no tan cicatera.

Por todo ello doy por defendidas las enmiendas 125 a 153,
que presento en nombre del senador Saura y en el mío propio, en
representación de Iniciativa per Catalunya Verds, y pido el voto a favor
para las mismas.

Gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Guillot.

Para la defensa de las enmiendas 154 a 189 y la vuelta al
texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado en las
enmiendas 226 a 252, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene
la palabra el senador señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

Nosotros hemos presentado las enmiendas 154 a 189, que voy
a defender en bloques.

En primer lugar hemos presentado siete enmiendas al
preámbulo, con las que tratamos de mejorar su redactado. Se trata de
enmiendas de mejora técnica, cuya aceptación, a nuestro juicio, no
debería suponer ningún problema. También, en coherencia con enmiendas a
las que posteriormente me referiré, hemos presentado una enmienda al
preámbulo relativa a la supresión de algunos párrafos, especialmente en
cuanto a la cuestión del uso del casco en las bicicletas y de los
inhibidores y detectores de radar.

Un segundo paquete de enmiendas es el relativo a las
competencias municipales. Se trata de dos enmiendas que pretenden
resolver, a nuestro juicio, un vacío legal: en primer lugar, que los
municipios tengan competencia, es decir, que puedan actuar en las vías
urbanas de titularidad no municipal —travesías, por ejemplo—,
o sea, que dispongan de competencias en todas las vías urbanas de su
término municipal sin excepción. En segundo lugar, que tengan
competencias en cuanto a las autorizaciones de pruebas deportivas o
eventos, o por lo menos que tengan algo que decir en este tipo de
actividades o actividades de ocio, culturales, tradicionales,
etcétera.

Otro paquete se debe a los inhibidores y detectores de
radar. La ley actual, la ley vigente, ya prohíbe de una manera clara y
taxativa los inhibidores y cualquier otro tipo de dispositivo que impida
el control y detección del vehículo. Todos los detectores de radar tienen
por objeto informar de su ubicación, es decir, tienen una voluntad de
prevención, hasta el punto de que su ubicación es pública —la
Dirección General de Tráfico la hace pública en su página web para que se
pueda consultar—. Otra cosa sería interferir la señal de radar,
este sería otro tema, pero los detectores no la interfieren. Por lo
tanto, se trata de dos enmiendas de supresión porque entendemos que la
actual regulación es suficiente y satisfactoria para resolver el
problema.

Otro paquete de enmiendas se refiere a la conducción bajo
los efectos del alcohol y las drogas. Aquí hacemos una crítica global en
el sentido de que se pierde una oportunidad, ya que, en vez de optar por
vías coercitivas, se opta por medidas sancionadoras, por lo tanto, por
una cierta recaudación; es decir, si el consumo del alcohol es
perjudicial para la conducción —cosa que está absolutamente
demostrada—, ¿por qué en vez de aumentar las sanciones, no
reducimos las tasas de alcohol en sangre para poder conducir? En este
sentido, proponemos su reducción para todos los conductores y también
para los profesionales.

Nosotros proponemos en cuanto a la conducción bajo los
efectos de drogas u otras sustancias estupefacientes la exclusión de
aquellas sustancias que se consumen bajo prescripción facultativa, porque
vamos a tener un problema: habrá personas que toman sustancias por
prescripción facultativa y que darán positivo. Por consiguiente, aquí
vamos a tener un problema serio de

aplicación si no se modifica esto. Proponemos que aquellas
sustancias que se consumen bajo prescripción facultativa, siempre que se
esté en condiciones de conducir, queden excluidas, porque si no,
tendremos dificultades importantes, y, evidentemente, existiría la
obligatoriedad por parte de los conductores de someterse a las pruebas de
detección de alcohol o de presencia de drogas en el organismo.

En concordancia con lo que he dicho anteriormente, también
proponemos que la sanción de 1000 euros sea exclusivamente para la
reincidencia y optamos, repito, por la reducción de las tasas de alcohol.
En este sentido, proponemos una enmienda —algún otro grupo
parlamentario también lo hace— para introducir la obligatoriedad de
instalar sistemas de bloqueo —los conocidos como sistemas
Alcolock—. De momento pensamos que sería importante para los
vehículos destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas,
para transporte escolar y de menores, ya que estos dispositivos impiden
que arranque el motor en caso de que el conductor haya tomado algún tipo
de sustancia que le prohiba conducir.

Finalmente presentamos otro paquete de enmiendas sobre las
bicicletas y los ciclistas. No me voy a extender excesivamente porque son
bastante reincidentes con las de otros grupos parlamentarios. Se refieren
a permitir la circulación de bicicletas en posición paralela y en
columnas de a dos; regular el adelantamiento de ciclistas o de la unidad
móvil que conforme un grupo de ciclistas; que cuando los conductores de
bicicletas circulen en grupo, sean considerados como una unidad móvil;
regular la circulación de bicicletas en vías peatonales y aceras de
acuerdo con la ordenanza municipal correspondiente; que las marchas
cicloturistas de cien o menos participantes no constituyan un uso
excepcional de la vía, ya que pueden desenvolverse con una disciplina y
con una organización interna propia; nos parece que puede funcionar
perfectamente.

Para terminar, el tema más importante es la eliminación de
la obligatoriedad del casco en vías urbanas a los menores de 16 años. No
me extiendo más porque lo hemos comentado en el turno de presentación del
veto, por lo tanto, no vamos a insistir más en ello.

Otro paquete de enmiendas se refiere a las velocidades
máximas. El senador Aznar —lo ha dicho también el señor
Guillot— nos ha interpelado en el sentido de dónde dice el proyecto
de ley que la velocidad máxima en algunas autopistas y autovías se
elevará de 120 a 130 kilómetros por hora. Pues bien, si esta no es la
intención, ¿por qué se prevé que el futuro reglamento lo pueda
contemplar? Es un ejemplo más de que esta ley pretende dar cobertura
legal y jurídica a unas decisiones que ya se han tomado, que ya fueron
publicadas en su momento en el reglamento, hurtando —como ha dicho
también el senador Guillot— el debate político. Por lo tanto, si se
quiere aumentar la velocidad, que se discuta y que se expongan los
argumentos, y si se quiere obligar al casco, discutámoslo también, pero
no, lo que se hace es remitir al futuro reglamento dos temas que no son
menores, hurtando del debate político y parlamentario a estas dos
cuestiones.

Termino. Si la intención no es aumentar la velocidad en
algunas circunstancias, ¿por qué en el cuadro de sanciones ya se prevé?
Se prevé la posibilidad, a partir de una velocidad de 130 kilómetros por
hora, de una tipología de sanciones. Por lo tanto, si en el cuadro de
sanciones está previsto, es que existe la intención de hacerlo.

Finalmente diré lo siguiente. El registro nacional de
víctimas de accidentes de tráfico versus registro estatal de víctimas de
accidentes de tráfico. La ley sustituye la palabra estatal por la palabra
nacional. Nosotros pensamos que es un error, un gravísimo error, por
muchas razones. España, desde nuestro punto de vista, es una nación de
naciones. Cataluña —lo dice su estatuto— es una nación, no un
Estado. La Constitución española, en su artículo 1, dice que España se
constituye en un Estado social y de derecho; que el castellano es la
lengua oficial del Estado, no de la nación; y que la capital del Estado
es la ciudad de Madrid. Por lo tanto, nos parece mucho más adecuado desde
el punto de vista constitucional y también de la defensa de la
plurinacionalidad, de la pluriculturalidad y del plurilingüismo del
Estado español que se conserve el término estatal y no el nacional.

Por último, el tema de los accidentes con animales. La
modificación que se propone por parte del Gobierno eleva claramente la
responsabilidad del conductor y reduce la de los titulares de los cotos
de caza en caso de accidente con animales —esto es así—. Por
tanto, lo que va a ocurrir a partir de ahora va a ser una de las dos
cosas siguientes: bien que el seguro, para el que tenga un accidente con
un jabalí, no va a responder, o para que le responda, el seguro tendrá
que ser más caro. Esto es lo que va a ocurrir, y nos parece una medida
injusta que pretendemos resolver en esta enmienda.

Respecto al consumo del alcohol, quiero recordar aquella
famosa frase, que creo que es bastante significativa, de que a mí nadie
me tiene que decir los vasos de vino que tengo que tomar al día. Me
parece que todos saben quién la dijo. (Risas).

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Señorías, ayer, en el debate de las enmiendas al Proyecto
de Ley de seguridad privada estuve desgranando una por una todas las
enmiendas que mi grupo mantenía vivas, y lo hice por un tiempo
probablemente excesivo. Visto el resultado obtenido ayer
—nulo— y en previsión de que hoy ocurra lo mismo, he optado
esta mañana por ahorrarles tiempo y no hacer una defensa de todas y cada
una de las enmiendas; enmiendas, por otra parte, conocidas por todos los
grupos parlamentarios.

Mi grupo ha presentado veinticuatro enmiendas a este
proyecto de ley, de las cuales cuatro han sido aceptadas o
transaccionadas, que consideramos de suma importancia y que indican el
sentido de nuestro voto a este proyecto de ley.

El resto de las enmiendas, también importantes, abarcan una
clara voluntad de mejorar técnicamente y en materia competencial el
proyecto de ley. Van desde obligar al conductor a facilitar sus datos y
los del vehículo cuando se vea involucrado en un accidente de tráfico,
pasando por mejoras sobre los controles de alcoholemia o que
reglamentariamente se establezca un marco regulador para obligar a las
empresas a someter a los conductores profesionales a controles
obligatorios para la detección de ingesta de drogas o alcohol; o, tal
como decía anteriormente, sobre el idioma de las señales de tráfico; o el
cambio de nombre del registro de víctimas de accidentes de tráfico; o que
aquellas comunidades que tienen competencias ejecutivas en materia de
tráfico puedan ejecutar la retirada del permiso de conducir o llevar a
cabo campañas educativas en materia de sensibilización de tráfico o
decidir el contenido de los cursos formativos de sensibilización y
reeducación vial; o que sean las comunidades autónomas con competencias
ejecutivas quienes determinen las pruebas de aprovechamiento para la
recuperación de puntos.

Todas estas enmiendas que siguen vivas no han sido
aceptadas por el Grupo Popular en el debate previo, y tengo la certeza de
que no lo van a ser hoy.

Por eso, tal y como les decía, al ser sobradamente
conocidas por todos los miembros de este Pleno, las doy por defendidas y
aquí acabo mi intervención.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas 190 a 225, y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los
Diputados en lo modificado en las enmiendas 226 a 230, 232 a 236, 238,
240, 242, 244, 246, 247 y 252 del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el senador señor Ángel Batalla.

El señor ÁNGEL BATALLA: Muchas gracias, presidente. Buenos
días.

Señorías, si en la vida las prisas siempre son malas
consejeras, hablando de seguridad vial o de tráfico la alta velocidad
nunca es recomendable. Esta ley llega con muchas prisas y con poco
consenso.

Las mejoras en la seguridad vial y las reducciones en la
siniestralidad han sido un logro del trabajo conjunto de mucha gente, de
muchos Gobiernos y durante muchos años, y nos parece peligroso que
algunos elementos que contiene este nuevo texto legislativo no
contribuyan a la reducción de las tasas de siniestralidad. Le hemos
pedido al Gobierno, a través de todas nuestras propuestas, que
reconsiderara algunas que nosotros estimamos como cuestiones bastante
peligrosas; además de contribuir en unos momentos complicados para las
familias con el problema del ahorro familiar, acciones medioambientales
que también deberían haberse tenido en cuenta a la hora de aumentar los
límites de velocidad. Saben perfectamente ustedes que la velocidad en
tráfico es sinónimo de siniestralidad.

Señorías, en dos cuestiones absolutamente polémicas
—nos preocupa mucho el probable incremento de velocidad de 130
kilómetros por hora en ciertos tramos de autopistas y autovías y la
obligatoriedad de llevar el casco en ciudad para los menores de 16
años— tienen detractores, como las asociaciones de víctimas de la
carretera, colegios de médicos, colegios de ingenieros, asociaciones de
ciclistas de amigos de la bicicleta, clubes deportivos, federaciones, tal
y como conoce el Partido Popular. Muchas de estas asociaciones recuerdan
que estudios científicos advierten y demuestran que a mayor velocidad
aumenta el riesgo de accidente. Algunas comunidades autónomas que tienen
transferidas competencias ya han anunciado que probablemente no aplicarán
este incremento de velocidad; ya saben ustedes que gozan de cierto margen
de discrecionalidad y competencial. Además, tenemos la opinión recogida
por el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, donde se
indica que la mitad de los españoles rechaza este aumento y solo el 37%
está a favor.

Si esta es una acción controvertida que ha generado
polémica, la mayor es la intención del ministerio de imponer por ley el
uso del casco —es cierto que de momento la ley solo prevé que sea
obligatorio para los menores de 16 años—, por no hablar del
excesivo aumento del régimen sancionador y del incremento de multas, una
medida que está en acción de vigilar y castigar. De acuerdo con sus
principios, paga tasas de abogados y luego las recurres; aumento
indiscriminado y desproporcionado, como luego veremos.

Hemos presentado más de treinta enmiendas: siete al
preámbulo, veintiocho al artículo único, como ustedes conocen, y una a la
disposición final nueva, que doy por defendidas en tiempo y forma. Pero
querríamos hacer algunas aportaciones relativas a nuestras treinta
enmiendas, cuya intención es mejorar el texto que ustedes nos
presentan.

Nosotros les decíamos que esta ley nos parece innecesaria,
inútil, incapaz e incompleta. Es innecesaria porque su único objetivo ha
sido dar cobertura jurídica a la reforma del Reglamento General de
Circulación que a bombo y platillo anunció el ministro Fernández mucho
antes de que se iniciara el proceso legislativo. Es incompleta porque, en
lugar de aprovechar la ocasión para regular la movilidad en los próximos
años e introducir los elementos jurídicos de la Unión Europea, nos han
traído un parche más, como suelen hacer últimamente con todas sus
acciones legislativas, es decir, sin tiempo para negociar. Bueno, es
verdad que el señor Peñarrubia y el señor Aznar se han esforzado en que
nos sumáramos, pero la verdad es que ha sido absolutamente imposible.
Buenas palabras, pero no ha habido posibilidad de aceptar nada,
entendemos que porque ha habido una negativa por parte de los técnicos
del ministerio o de sus autoridades políticas. Es incompleta también
porque han justificado razones de una mayor seguridad vial, y esto no es
así. Probablemente habrá nuevo límite de velocidad —130 kilómetros
por hora—, se prohibirán los detectores de radar, aumentará la
persecución de conductores que consuman drogas sin prescripción
facultativa, se responsabilizará a los conductores de los atropellos de
animales salvajes, habrá nuevos criterios para utilizar los sistemas de
retención infantil y los menores de 16 años deberán llevar casco siempre
que utilicen una bicicleta en vías públicas. No podemos desaprovechar
esta ocasión para enumerar todos estos puntos que destacamos de su
texto.

Probablemente habrá un nuevo límite de velocidad de 130
kilómetros por hora que solo tendrá efecto en tramos preparados y
debidamente señalizados. Aquí queremos destacar, cuando debatimos los
Presupuestos Generales del Estado, que desde 2012 el Gobierno de España
no recoge ninguna partida específica para el refuerzo de firmes, al
tiempo que el presupuesto de mantenimiento ha caído. El 20% de los
accidentes podría evitarse —dicen los responsables de las
asociaciones españolas de la carretera— con una adecuada
pavimentación y el cuidado de nuestras carreteras, lo que mitigaría el
número de accidentes. Por eso hemos querido poner el acento sobre esta
falta que hemos detectado.

Asimismo, si los agentes lo requieren, cualquier conductor
estará obligado a someterse a las pruebas de alcohol y drogas, no
solamente a través de la prueba salival, sino que además podrá llevarse
al laboratorio. Pero, atención, su detección va a suponer una sanción de
1000 euros. Y los peatones también están obligados a someterse a pruebas
de alcohol y drogas si han cometido alguna infracción o se han visto
implicados en un accidente, lo que nos parece que conlleva determinadas
deficiencias jurídicas.

Queremos poner un acento especial sobre los atropellos de
animales de caza en libertad. Al final, las presiones han dado sus frutos
y han conseguido que cuando se produzca un accidente

de tráfico por causa de un animal silvestre, como jabalíes
o venados, no se responsabilizará al dueño del coto, como hasta ahora, ni
a las sociedades de cazadores, sino que será el propio conductor el
responsable del accidente, sin derecho a ninguna indemnización porque las
compañías aseguradoras no se harán cargo del siniestro, dado que el
conductor va a ser el culpable. Son muchos los accidentes que la fauna
salvaje provoca en las carreteras españolas. Según las últimas
estadísticas de la Dirección General de Tráfico, cincuenta y una personas
resultaron con heridas graves y quinientas ochenta y seis con heridas
leves. Por ejemplo, si alguien está transitando por una zona donde haya
un coto de caza y tiene la desgracia de que se le cruce un jabalí, los
daños del vehículo ―si se tiene la suerte de sobrevivir―
correrán a su cargo. No sé si en el caso del accidente debe ser el
propietario de la finca, las compañías de seguros, las sociedades de
cazadores o la Administración quienes se hagan cargo de los daños, pero
el conductor que conduzca de forma correcta y cumpliendo con la normativa
de tráfico, desde luego que no. Desde nuestro punto de vista, se trata de
una normativa poco reflexionada y que resuelven muy mal.

Quedan prohibidos todos los detectores de radar
―luego me extenderé sobre ello― y su utilización será
sancionada con 200 euros y la detracción de 3 puntos. Los inhibidores
también seguirán estando prohibidos y, de ser detectados, acarrearán 6000
euros de multa y la detracción de 6 puntos.

Los avisadores de cualquier tipo siguen estando permitidos,
como dicen en su preámbulo, aunque nosotros entendemos que aquí existe
una clarísima contradicción entre el preámbulo y el texto
legislativo.

Nos preocupa si todo esto va a tener alguna repercusión en
el permiso por puntos. La Confederación Nacional de Autoescuelas ha dado
la alarma y ha intentado convencernos para que no se hagan una serie de
cosas, que no se introduzca determinada laxitud en el control, en la
formación y en el reciclaje de los conductores sancionados, pero la
verdad es que no ha sido así.

Adquirir y recuperar un comportamiento seguro al volante ha
sido una máxima y una constante de los últimos Gobiernos, y entendemos
que aquí se va a producir una fractura.

El Reglamento General de Circulación se modificará para el
uso de sistemas de retención infantil adecuados en función del texto que
van a presentar.

Habrá dos nuevos supuestos de inmovilización del vehículo
que afectarán a los transportistas: el incumplimiento de las condiciones
de autorización, de horario o de peso y la conducción sin el permiso
correspondiente para el camión o autobús. Nos ha parecido que en este
punto también ha habido realmente poco consenso. En este sentido, al
amparo de un supuesto aumento de la seguridad vial, se introducen un
conjunto de nuevas obligaciones y prohibiciones y se aumentan las
sanciones de forma desproporcionada.

¿Saben ustedes que tenemos que acomodar este nuevo texto
legislativo a las decisiones que emanen del Europarlamento en los
próximos meses? ¿Quieren ustedes comparar esta normativa con la de los
países de larga tradición ciclista, como es el caso de Holanda, Dinamarca
o Alemania? En este sentido, aquí se introduce una medida que o bien no
se aplica allí o, lo que es peor, si nosotros la aplicásemos solo
provocaría una sensación recaudatoria. Seguramente la eficacia de las
legislaciones de tráfico es que sean ponderadas, equilibradas,
consensuadas y debatidas por todos los usuarios y la Administración.

¿Quieren decir ahora que los policías locales de nuestros
pueblos podrán sancionar a los menores de 16 años, mientras que no
ocurrirá así con su padre o acompañante mayor de 18? ¿Quieren decir que
nuestros policías locales van a tener que perseguir esa acción por
nuestros pueblos y ciudades? ¿Cuál será el volumen de siniestralidad que
evitará esta nueva normativa? Por el contrario, ¿cuántas muertes puede
provocar el probable aumento selectivo de la velocidad a 130 kilómetros
por hora? La experiencia de los países que en algún momento han aumentado
sus velocidades ―como en el caso de Austria, Hungría o Estados
Unidos― deja claro que en ese caso siempre se produce un aumento
significativo de la siniestralidad y de la gravedad de las víctimas. El
caso más paradigmático es el de Dinamarca, que en el año 2004 incrementó
el límite de velocidad en algunas autopistas de 110 a 130 kilómetros por
hora y la consecuencia fue que aumentaron las muertes en un 38%.

¿Es que aquí no es importante prevenir? ¿Que no hay casco
que valga? ¿Lo que vale para el casco, en el caso de las bicicletas y los
menores de 16 años, no vale para los conductores, con el

probable aumento de velocidad hasta los 130 kilómetros por
hora? ¿Esto no es seguridad vial? ¿No interesa a la directora general de
Tráfico? ¿No interesa a las autoridades ministeriales? El Gobierno dice
que solo se aplicará en aquellos tramos en que sea seguro y en
condiciones climáticas adecuadas; es decir, que estamos hablando de un
sistema de velocidad variable que, señorías, es costoso de instalar. ¿De
verdad estamos en estos momentos para instalar en nuestra red de
carreteras todas estas infraestructuras tecnológicas? La respuesta que
nos da el Gobierno es que no va a suponer un gasto adicional porque se
usarán los paneles variables ya existentes. Por tanto, no se subirá donde
sea más seguro sino donde existan ya estos paneles variables. Es decir,
estamos restringiendo esta normativa. Otro aspecto que se modifica es la
forma sustancial de la conducción con alcohol o drogas, tema en el que ya
me he extendido antes.

Señorías, la lectura de este texto nos indica que la
reforma de esta ley está hecha para recaudar más. Ese es el único
objetivo, recaudar más. Este proyecto de ley está realizado a medida de
las necesidades recaudatorias de la Dirección General de Tráfico, que ha
visto mermados sus ingresos por multas en un 30% debido a la caída de los
desplazamientos por carretera en el último año. Para recaudar y cuadrar
los presupuestos, Tráfico —ya nos lo advertía en la discusión de
los Presupuestos Generales del Estado— tiene que imponer un total
de tres millones y medio de multas en 2014, la mayoría de ellas por
exceso de velocidad. La Administración central espera, por tanto, que se
impongan esas denuncias, lo que dará un montante de 384 200 000 euros. La
cifra de sanciones prevista este año es idéntica a la del presupuesto de
2013, es decir, unas trescientas mil menos que en 2014. Ahora bien,
Tráfico no parece tener problemas para cuadrar los presupuestos, toda vez
que durante los últimos años el número real de multas fue superior al
presupuestado en unas trescientas mil. Cabe pensar, por tanto, que la
Dirección General de Tráfico piensa imponer, como les he dicho, más de
tres millones y medio de sanciones.

Con la entrada en vigor de esta nueva ley de seguridad se
incluye una rebaja de la velocidad en carreteras secundarias hasta los 90
kilómetros por hora, lugar donde, en principio, la Dirección General de
Tráfico va a operar mayoritariamente con radares en helicóptero. Otro
aspecto van a ser las infracciones que habrá en este campo, pero, como
les decía, hay que recaudar, recaudar y recaudar. Van a pasar de 500 a
1000 euros aquellos casos en que se duplique la tasa permitida de
alcohol, a quienes se nieguen a someterse al control de alcoholemia y a
los reincidentes.

El presidente de los automovilistas europeos, Mario
Arnaldo, manifiesta estar en contra de la prohibición de los detectores
de radares. Conlleva multas de 200 euros y la retirada de 3 puntos del
carné de conducir. Y añade: Hay una preocupación, a nuestro juicio no
justificada, por la persecución de elementos que incluso pueden servir
para mejorar la seguridad vial. Señorías, es una oportunidad perdida para
atajar de frente el problema del alcohol al volante y que deja la
aparente firmeza de tolerancia cero con la bebida y la conducción, que
consistía en prohibir directamente dar ningún tipo de nivel de
alcoholemia y permitir que el conductor beba porque así podremos sacarle
dinero y recaudar. Pero eso además dentro del caos legislativo,
entendemos nosotros de este texto que nos presentan, que parece imperar
en materia de tráfico porque solo hace cuatro años se aprobó y por
consenso. Se argumentó entonces que conocer la posición de los radares
ayudaría a reducir la siniestralidad dado que su ubicación coincide con
aquellos tramos en que el exceso de velocidad puede resultar un riesgo
para la seguridad. Fue, además, una enmienda, si no recuerdo mal, de
Convergència i Unió la que permitió la aprobación de los detectores de
radar. Una vez más no se ha buscado consenso en este aspecto en el texto
de la ley respecto a la prohibición del uso de estos dispositivos. Una
vez más se prima la recaudación sobre la seguridad.

Otra de las que entendemos nosotros son grandes trampas de
esta ley se refiere a los límites de velocidad. Se abre la puerta a un
aumento de los límites de velocidad en autopista y autovía, ante la
presión, entendemos nosotros, y la famosa recogida de firmas que se hizo.
Lamentablemente está la ecuación de tercer grado que nos hace pensar que
pasará mucho tiempo antes de que se pueda poner en marcha a través de los
reglamentos.

Algún senador que ha intervenido con anterioridad ha dicho
que hubiera sido necesario hacer un estudio más riguroso, y es verdad. No
se han atendido determinadas propuestas que se han hecho desde el mundo
académico y desde algunas asociaciones. El resto del proyecto de ley que
se va a aprobar son puras florituras, eso sí, algunas llenas de espinas.
El Gobierno del Partido Popular, que tanto criticó y que se comprometió
en sede parlamentaria cuando estaba en la oposición a derogar aquellos
artículos de la ley que nos presentan ahora y que se mantienen, y que

enfatizaba que recortaban los derechos de los conductores,
no solo ha aprovechado esta reforma para no cumplir con su compromiso,
sino que parece que se le ha olvidado, como otras cosas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador
Peñarrubia.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, yo soy consciente de que estamos ante una ley
compleja, incluso en su propia formulación, un artículo único que cambia
toda una normativa en materia de tráfico y seguridad vial, con muchas
cuestiones sobre las que no hay unanimidad ni criterios cerrados. Es una
ley que viene impuesta por la necesidad de adaptar nuestra normativa a
las directivas europeas, y, a su vez, confeccionar, redactar un
reglamento general de circulación acorde con las necesidades, con los
tiempos, en definitiva, con las nuevas demandas de los usuarios, que
somos todos, de las vías públicas, bien como conductores, peatones o, en
el caso concreto de esta reforma, ciclistas.

Dicho esto, creo que no es razonable, por no decir injusto
—y lo digo con total sinceridad—, que tachen al Grupo
Parlamentario Popular de ser poco sensible a las propuestas que los
diferentes grupos han formulado a esta reforma. Yo he repasado, como
seguro que ustedes también lo han hecho, el trámite del proyecto de ley
en el Congreso de los Diputados y, a la vista de ello, nadie puede negar
el esfuerzo en busca de acuerdos que tanto en aquella Cámara como en esta
ha hecho el Grupo Parlamentario Popular para intentar incorporar al texto
que hoy debatimos el mayor número posible de enmiendas.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que muchas de
estas enmiendas —se ha reconocido aquí esta mañana durante la
intervención de los senadores representantes, portavoces de los
diferentes grupos— se repiten literalmente por varios grupos
parlamentarios, literalmente y en muchos de sus números, lo que indica, a
su vez, que todos hemos sido receptivos a muchas de las demandas
planteadas por colectivos e instituciones comprometidos con la seguridad
vial. Por ello, las diferencias —que las hay, evidentemente—
han quedado reducidas en esta fase del trámite parlamentario a unas
cuestiones muy concretas. Así, en un primer grupo se enmarcan aquellas
referidas al uso de la bicicleta, por cierto, la gran olvidada hasta hoy
por nuestra normativa. Ni en la reforma de 2009 ni en la de 2005 el Grupo
Socialista y los que entonces lo apoyaban se atrevieron a incorporar en
las correspondientes leyes de seguridad vial esta cuestión tan sensible
que ocupa y preocupa como practicantes, como usuarios, a gran parte de la
sociedad española. Entre ellas, la más discutida de este paquete de
enmiendas referidas al uso de la bicicleta ha sido el empleo del casco
por los menores en las vías urbanas. Sobre esta cuestión, polémica sin
duda, se han logrado acuerdos significativos, como ha sido rebajar a los
16 años la obligatoriedad de llevar el casco en ciudad. Saben sus
señorías que partíamos de unos criterios que fijaba esta obligación para
todos, absolutamente todos los ciclistas. En un primer paso o, si ustedes
prefieren, pedalada se redujo hasta los 18 años y en este momento del
trámite parlamentario está en los 16 años. A esta reducción de la edad se
ha llegado, como es natural, a través del diálogo y el consenso. No vale
decir que el Grupo Parlamentario Popular se ha cerrado a esas
pretensiones y propuestas, como anteriormente he mencionado. Siempre
hemos estado abiertos al diálogo y al consenso.

Además, señorías, creemos que los 16 años es una edad que
entra dentro de los criterios expuestos por parte de las asociaciones,
colectivos y expertos. Es cierto que unos, además de los 18 años,
apuntaban a los 14; otros, a los 16; y algunos —hay que decirlo con
claridad— a los 12 años. Nosotros entendemos que en estas
cuestiones es mejor ser prudente y por eso vemos razonable los 16 años.
Es un hábito al que hay que ir incorporando poco a poco a nuestros
jóvenes.

Hace unos años, por poner un ejemplo visible de carácter
deportivo que los de mayor edad conocemos y tenemos nítidamente grabado
en nuestra retina, era normal ver a los ciclistas profesionales sin casco
e incluso con el tubular cruzado sobre el pecho. Hoy, ir sin casco en el
ciclismo profesional es algo desterrado. Todo el mundo —los
equipos, los profesionales y los patrocinadores— está convencido de
que el casco salva vidas. Nadie discute, por otra parte, el uso del casco
sea cual sea la edad del ciclista en vías interurbanas. Y hay que empezar
a transmitir pedagógicamente a nuestros jóvenes, posiblemente los más
vulnerables, la necesidad de utilizar este elemento protector.

Es bueno recordar, dejando ya apartado el uso del casco,
que en defensa del uso de la bicicleta ya se aceptaron varias enmiendas
en el Congreso de los Diputados. Y en esta Cámara, en comisión, hemos
incorporado otras de los senadores Iglesias y Mariscal, Martínez Oblanca
y del Grupo de la Entesa. Y vamos a transaccionar con Convergència i Unió
la número 107, referida concretamente a esta cuestión, por seguridad,
para que se diga en la ley que el uso del casco está establecido a los 16
años. Las anteriores enmiendas se referían a la inmovilización de las
bicicletas. Por cierto, el señor Iglesias ha dicho que no tenía en ese
momento el dato, y creía que era un enmienda viva; no, señoría, era una
enmienda que el Grupo Parlamentario Popular había incorporado en la
comisión, consecuencia de la ponencia.

Por otro lado, existen enmiendas coincidentes, repetidas
por varios grupos, referidas a los detectores de radares, que no es lo
mismo, señorías, que los sistemas de aviso e información sobre la
ubicación de un radar, que no solo están permitidos sino además
aconsejados por la Dirección General de Tráfico, y que en sus páginas web
facilita a los usuarios la posibilidad de actualizarlos en cada momento.
Y tampoco se refieren a los inhibidores, que ya están prohibidos, como
todos ustedes saben. El proyecto de ley se refiere a sistemas más
complejos, cuya finalidad es eludir los límites de velocidad; y eso,
señorías, a nuestro juicio, debe estar prohibido.

Es cierto, por otra parte, que estamos ante una cuestión
sobre la que no existe un criterio unánime. Como he dicho al principio,
en todas estas cuestiones hay diferentes opiniones. Hay defensores y
detractores, y nunca se llega a un objetivo común, pero quien gobierna
tiene la responsabilidad de asumir en sus iniciativas aquello sobre lo
que está convencido; y, es más, esta polémica, como tantas otras, está
abierta a debate. Pero tan cierto como que no hay unanimidad es que
algunos Estados significativos de la Unión Europea, como Francia,
Alemania o Países Bajos, coinciden con el criterio del Gobierno del
Partido Popular en cuanto a su prohibición.

Hay un grupo de enmiendas que se refiere al debate sobre la
posible modificación de los límites de velocidad, tanto al alza —no
lo olviden— como a la baja. Decía mi compañero, el senado Aznar,
que en la ley no aparece nada sobre una rebaja ni un alza de los límites
de velocidad; aparece en un anexo, en un cuadro que ahora trataré de
explicar. Lo que pretende ese cuadro es que pueda rebajarse de 30 a 20
kilómetros por hora o aumentarse de 120 a 130 kilómetros por hora, eso
sí, en determinadas situaciones concretas y en los tramos y con las
condiciones que, en su caso, establezca el Reglamento General de
Circulación. Y para ello se ha modificado el anexo IV, con el fin de que
en un futuro el ya citado reglamento pueda tener margen suficiente para,
si así se decidiera, variar estos límites sobre la base de determinadas
situaciones y condiciones. Y de hacerlo, que no es seguro, lo haremos de
forma inteligente, sin costo alguno, no poniendo pegatinas
chapuceramente, como se hizo en otro tiempo por el señor Rubalcaba,
limitando de 120 a 110, lo que tuvo un coste que no sirvió para nada y
hubo que volver a la señalización anterior. Ese capricho del señor
Rubalcaba nos costó en su momento a los ciudadanos un montón de euros.
Como digo, lo vamos a hacer inteligentemente, con paneles electrónicos
—que los hay—, con un sistema moderno y sin coste alguno.

Por último, hay otro grupo de enmiendas a la disposición
adicional novena que se refieren a la responsabilidad en accidentes de
tráfico por atropellos de especies cinegéticas; se han comentado aquí, y
es una preocupación que tienen muchos de los portavoces parlamentarios.
En ese sentido, entendemos que el conductor no queda en absoluto
desprotegido en los casos de accidentes provocados por una especie
cinegética, por cualquier animal que pueda cruzarse en su camino. Y lo
que pretendemos con esta enmienda es delimitar bien las responsabilidades
de las partes implicadas.

Señorías, quiero adelantarles que el Grupo Parlamentario
Popular está abierto a todas las posibilidades, incluso a cambiar el
modelo en cuanto a los cursos de sensibilización y reeducación vial.
Ahora mismo se gestionan en régimen de concesión, pero si llegamos a un
acuerdo de última hora con los diferentes grupos parlamentarios, esta
posibilidad podría seguir en vigor y no afectarle las enmiendas que
introdujo en el trámite parlamentario el Grupo Popular.

Por cortesía, solo por cortesía parlamentaria, tendría que
descender a lo concreto y contestar a algunos de los portavoces que han
intervenido, pero ese relato sería árido, aburrido, pesado, y no me daría
tiempo. Sí quiero decirles a la senadora Salanueva y a los senadores Eza
y Yanguas, que no han intervenido en el debate de veto y, por tanto, sí
lo han hecho con mucha brevedad en el de enmiendas —creo que al
resto de portavoces de alguna manera ya les he contestado—, que

no podemos aceptarles sus enmiendas números 1, 2, 3 y 4,
desde un punto de vista sancionador, porque no pueden equipararse
—y apelo a los demás grupos para que vean bien la diferencia—
los detectores a los inhibidores, aunque ambos tengan una finalidad
similar —UPN pedía que se sancionara más elevadamente a quien
utilizase un mecanismo o instrumento de estas características—. Y
no podemos hacerlo, porque los detectores en estos momentos no están
prohibidos, y no parece razonable que una prohibición ex novo que
introduce la ley deba llevar aparejada una sanción tan elevada o una
pérdida de puntos incrementada, de los tres actuales, a los seis que
piden ustedes. Esa es la razón por la que no aceptamos sus enmiendas. Y
razones distintas, de carácter competencial, entre la Comunidad Foral de
Navarra y el Gobierno de la nación impiden, por otra parte, aceptar la
enmienda número 5.

A los señores Iglesias y Mariscal les he contestado, sin
entrar posiblemente en determinados detalles. Sus enmiendas coinciden
—y podría relatárselas— con la del senador Martínez Oblanca,
las de Entesa y algunas otras, pero haría interminable y, desde luego,
aburrida esta fase del debate parlamentario referida a las enmiendas.

Voy a concluir, señorías. Creo que hemos hecho o, mejor
dicho, estamos haciendo —hay que votarla—, una ley razonable,
una ley que da respuesta a los problemas y necesidades que en este
momento tiene la sociedad española. ¿Que es mejorable? Sin duda. ¿Que hay
puntos de vista diferentes? Sin duda. Pero no me negarán que a quien
corresponde tomar la decisión es al Gobierno de la nación; y, entre
dudas, el Gobierno adopta unas determinadas fórmulas. Y esas son las que
contempla, señorías, este proyecto de ley.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, retiro la enmienda número 18. He podido
comprobar que ha sido así: es un error. Pido perdón por ello. Son cuatro
proyectos, casi ochocientas enmiendas; llevo los cuatro proyectos y, por
tanto, las ochocientas enmiendas, y me equivoco.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Señor Martínez Oblanca, tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

El Proyecto de Ley por el que se modifica el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial es el relato de una oportunidad esfumada para establecer
un conjunto de medidas consensuado y que huyera de la voracidad
recaudatoria que ha impregnado la tarea legislativa del Gobierno de Rajoy
y de la que tampoco se va a librar el proyecto que debatimos esta
mañana.

Habría resultado mucho más útil elaborar una ley de
seguridad vial que hubiese puesto el acento en proporcionar herramientas
para combatir los riesgos del tráfico, disminuir los peligros de las
carreteras, estimular la mejora de los equipamientos y complementos de
los vehículos a motor y fomentar la educación vial, que encontrarnos con
este proyecto, en el que, bajo el presunto interés del Gobierno en la
seguridad vial, se camufla la merma presupuestaria en materia de
infraestructuras, que en el caso de Asturias, por citar mi origen, se
cifra en este ejercicio, 2014, en el 36%, a la par que las carreteras de
mi comunidad autónoma tienen el triste récord de contar con varios de los
puntos negros más longevos de todas las comunicaciones españolas por
carretera, que se cuentan por centenares.

Hace tres meses el Gobierno nos endosó el recorte
presupuestario, y ahora nos coloca, por la vía de la mayoría absoluta del
Partido Popular en ambas Cámaras, una ley que sitúa en la balanza de los
ciudadanos el peso de la carga que le corresponde al Estado. Y, así, nos
vamos a encontrar con un incremento de lo punitivo frente al descenso de
las inversiones en infraestructuras de transporte. Contrasta esta nueva
reforma legislativa con los objetivos que el Partido Popular comprometió
ante los españoles en su programa electoral, entre los que estaba
—cito

textualmente— desarrollar una política de seguridad
vial que prime los aspectos preventivos sobre los recaudatorios, en línea
con las mejores prácticas europeas. Ahora, ustedes promueven lo
contrario.

Pasados más de dos años de mandato, hoy tramitamos en el
Senado una reforma legislativa insuficiente, incompleta y que
decepcionará a quienes se ocupan y se preocupan de este tipo de
cuestiones, que no van a ver atendidas sus expectativas. En este sentido,
quiero señalar que, en mi opinión, no se va a dar una respuesta adecuada
a los retos y desafíos que se fijaron para avanzar y converger con la
Europa de la movilidad y que tienen como gran objetivo el estímulo hacia
lo sostenible, tener en cuenta todos los modos de transporte y tener una
sociedad y unas ciudades más seguras. El Gobierno, tras veintiséis meses
y medio de ejercicio, debería habernos propuesto una reforma más
elaborada y haber permitido y aceptado las aportaciones externas en una
cuestión en la que están acreditados los éxitos de anteriores Gobiernos y
la colaboración generalizada de todo el arco parlamentario nacional para
encontrar puntos comunes en pos de los objetivos de mejora para combatir
los factores de siniestralidad.

Señorías, las prisas y las paradojas han caracterizado
algunas de las medidas adoptadas en España sobre vehículos a motor y
seguridad vial en las últimas legislaturas. Cómo olvidar aquel episodio
que ha recordado hace un momento el senador Peñarrubia, del límite de
velocidad en autovías, rebajado a 110 kilómetros por hora en marzo de
2011 y revocado apenas cuatro meses después. Es decir, en unas pocas
semanas, y tras cambiar reglas y normas, y cambiar también la
señalización en todas las autovías españolas, el mismo Gobierno se
corrigió a sí mismo en una muestra demoledora de falta de rigor en
cuestiones de seguridad vial. Ahora el Gobierno es de diferente color
político, pero me temo que vuelven las prisas legislativas; de hecho,
este proyecto de ley ha seguido el periplo, ya clásico, de tramitarse con
celeridad. Deberían haberse tenido en cuenta los precedentes. Baste un
dato: esta es una ley que afrontamos en esta legislatura y la decimosexta
reforma de la Ley de tráfico que las Cortes Generales aborda en
veintitrés años. Dieciséis veces se ha reformado la Ley de tráfico en
menos de un cuarto de siglo, desde 1990, y ahora el trámite parlamentario
de este proyecto de ley ha excluido la participación directa de
comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades representativas de la
sociedad civil para contrastar pareceres en una materia, la del tráfico y
la seguridad vial, sobre la que gira toda la vida cotidiana y en la que,
por lo tanto, debería haber facilitado mucho más la participación.

No debemos olvidar que se trata prioritariamente de reducir
la siniestralidad, de disminuir o eliminar todos aquellos factores que
puedan generar riesgos, aun reconociendo que algunas de las medidas
adoptadas en los últimos años han resultado muy beneficiosas, como es el
caso del carné por puntos, que se ha exportado a otros países
europeos.

Echamos de menos en todo caso ese imprescindible proceso de
diálogo y de participación de la civilidad en este proyecto y, sobre
todo, la ausencia de receptividad a las propuestas generadas desde
comunidades autónomas, municipios, entidades y organizaciones
relacionadas con el sector del tráfico y con el sector de la seguridad.
También aquí el Partido Popular frustró su propio compromiso electoral de
dar mayor participación a los usuarios de las infraestructuras.

Señorías, como he señalado en el turno de enmiendas, este
proyecto de ley ha desperdiciado olímpicamente los abundantes trabajos
que el Senado realizó en pasadas legislaturas en relación con la
seguridad vial, y concretamente con el uso de la bicicleta en España y la
disminución del número de accidentes que tienen como protagonista directo
y gran víctima al ciclista frente al vehículo a motor. De hecho, en
nuestro país se han incrementado en los últimos años la cantidad y la
gravedad de los siniestros sufridos por los ciclistas, por los usuarios
de ese sistema de transporte limpio, sostenible y moderno en nuestras
ciudades. Si el Gobierno promueve iniciativas legislativas que ignoran
los trabajos que han realizado o se realizan en las Cámaras legislativas,
cabe preguntarse por la utilidad práctica de constituir comisiones
especiales, ponencias de estudio y comparecencias, y divulgarlo todo en
publicaciones especiales que posteriormente no se traducen en el entorno
legislativo, aunque ello suponga, paradójicamente, renegar de lo que
ustedes mismos, senadores del Partido Popular, votaron en esta misma
Cámara en anteriores legislaturas. Y conviene también destacarlo: fueron
ustedes pioneros entonces, políticamente hablando, en la defensa de la
bicicleta y de su uso seguro en las carreteras y ciudades españolas.

Finalizo, señor presidente, anunciando mi abstención ante
esta reforma incompleta que hemos tratado de mejorar con nuestras
enmiendas, que, al igual que la inmensa mayoría de las presentadas

por la oposición, van a ser rechazadas pese a estar
avaladas en nuestro caso por algunas de las entidades más representativas
y que mejor conocen las cuestiones de seguridad vial.

Nada más, y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor
presidente.

Como he comentado anteriormente, hemos tenido un éxito
fantástico: de las quince enmiendas no se ha admitido ninguna, y el señor
Peñarrubia ni nos ha nombrado. Es un debate parlamentario del cual
salimos muy satisfechos y, por tanto, no vamos a votar que no, pero nos
vamos a abstener.

El señor Aznar, en la intervención en relación con el veto
de Izquierda Unida, del señor Iglesias, nos ha dicho que esta es una ley
sectorial —efectivamente, es una ley sectorial—, que hay un
marco competencial y que hay que atenerse a las leyes sectoriales. De
acuerdo, pero también tenemos que recordar que los estatutos de autonomía
son Estado y son leyes orgánicas de obligado cumplimiento. Nos hubiéramos
sentido satisfechos si de las quince enmiendas nos hubieran aprobado
solamente una, que es la enmienda de adición en relación con las
comunidades autónomas con competencia ejecutiva en materia de tráfico y
seguridad vial, para que puedan establecer sus propios consejos
autonómicos de seguridad vial. Se hubieran solucionado muchas cosas.

Se ha hablado mucho del casco. Igual el señor Aznar se
tiene que poner algodones en los oídos para no escuchar la repetición de
nuestra argumentación. No nos gusta la ley desde el punto de vista del
enfoque competencial. Y volvemos a insistir: no nos gusta que el ministro
no haya estado presente. Esto demuestra el poco o nulo interés que tiene
por el proyecto de ley o por el Senado, una de dos. Porque si ayer no
pudo estar por las razones que nos esgrimió el señor Aznar, hoy por la
mañana podría haber estado. Vamos a ver en qué sarao ha estado el señor
Fernández, porque cuando ayer el señor Aznar nos dijo que tenía un acto
muy importante en relación con los víctimas del terrorismo, la verdad es
que yo me quedé preocupado y me dije: Iñaki has metido la pata. Pero hoy
por la mañana he estado ojeando periódicos; he ojeado La Razón, que es el
periódico de cabecera del ministro Jorge Fernández, y he pensado: ¿que
habrá hecho el señor Fernández ayer? Entonces, ayer a las siete parece
que, efectivamente, estuvo en un concierto en memoria de las víctimas del
terrorismo; pero a las siete, y la discusión empezó a las cinco y media.
Y de aquí al Auditorio tampoco hay tanta distancia. Se disfrutó del
célebre Gloria, de Francis Poulenc, con la voz de la soprano Auxiliadora
Toledano, y concluyó a las 21 horas —podía incluso haber venido
aquí, porque todavía seguía el debate— con la Sinfonía número 6,
Patética, de Chaikovsky.

Yo creo que patético es que el ministro, cuando se presente
un proyecto de ley, no esté presente. Estamos en un sistema
parlamentario, y los proyectos de ley se tienen que presentar por el
Gobierno porque es un proyecto de ley del Gobierno, no una iniciativa
aquí. Pero, bueno, ha decidido faltarnos al respeto, porque yo creo que
ha faltado al respeto a esta Cámara el ministro Fernández.

Volvemos a insistir en que es un proyecto de ley
interesante, importante, pero en el que no se toman en consideración las
competencias de los estatutos de autonomía. Y quizá lo procedente en
siguientes debates, aunque es muy importante la defensa que hacen los
senadores del Partido Popular, sería que viniera el técnico que dice que
no a todo, porque estos proyectos de ley se podrían mejorar muchísimo si
no hubiera técnicos en el ministerio, en el despacho 424 o 425, que
dicen: no, esto no se puede admitir. ¿Por qué no se puede admitir? ¿Dónde
está el juego parlamentario? ¿Dónde está el cumplimiento de las
leyes?

Yo creo que, como en las películas, en las que al final
suelen ponernos créditos, deberían poner: este es un proyecto de ley
firmado por el Rey, firmado por el presidente del Gobierno, y luego los
créditos de quienes han dicho que no o de quienes han elaborado este
proyecto parlamentario.

No nos vamos satisfechos de esta discusión parlamentaria, y
volvemos a insistir en que se ha desaprovechado una magnífica oportunidad
para haber hecho una buena ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador
Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Senador Peñarrubia, yo solo he hecho referencia a las
enmiendas que afectan al posible cambio de los límites de velocidad, y
solo me referiré a eso.

En los primeros días de marzo del 2011 el Gobierno aprobó
reducir el límite de velocidad en autovías y autopistas de 120 a 110. El
motivo era el encarecimiento del precio del petróleo, fruto de las
revueltas en el norte de África. El barril de Brent se llegó a cotizar a
120 dólares. El objetivo más concreto era reducir la factura en gasolina
en un 15% y reducir la factura del gasóleo en un 11%. Los costes de
señalización en 2011, según el Ministerio de Fomento, fueron
aproximadamente de 250 000 euros.

Usted hoy nos ha dicho, nos ha insinuado que, de manera
inteligente en la señalización —de manera inteligente—, van a
abordar el incrementar el límite de velocidad de 120 a 130. Pues mire,
esta inteligencia va a representar que vamos a consumir más gasolina y
vamos a consumir más gasóleo, y todo esto lo importamos, con lo cual
vamos a encarecer la factura energética. Gracias por su inteligencia,
pero —repito— vamos a encarecer la factura energética.

Gràcies, senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Guillot.

Tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Sí, señor presidente.

Intervengo brevemente para decirle al señor Peñarrubia que
le agradecemos de verdad la sinceridad en su intervención, porque ha dado
en el clavo. Ha venido a decir que esta ley viene impuesta por dos
motivos, por dos necesidades: la primera, la necesidad de adaptar la ley
a la normativa europea, y la segunda, la necesidad de facilitar el futuro
reglamento. Y este es el verdadero objetivo de la ley, porque ustedes
redactaron y publicaron el reglamento antes; y como se dieron cuenta,
porque la gente se quejó de que este reglamento no tenía cobertura legal,
cobertura jurídica, han elaborado esta ley de prisa y corriendo, en la
que han perdido una oportunidad magnífica, como ya se ha comentado, de
debatir en serio, por ejemplo, el uso de la bicicleta, su fomento,
etcétera. Por lo tanto, queremos agradecerle de verdad su sinceridad al
decir que uno de los objetivos es facilitar el futuro reglamento, que ya
tienen redactado.

Y en cuanto al cuadro de sanciones, también le quiero
agradecer su sinceridad, porque ha dicho: vamos a aumentar la velocidad
de 120 a 130 en algunas condiciones, en algunas situaciones, etcétera.
Por lo tanto, está claro que la voluntad es esta. Basta con ver el cuadro
de sanciones del anexo correspondiente a la ley, porque si no fuese esta
la intención no tendría que figurar de 130 a 150, como pasa. Por tanto,
para finalizar, quiero decir que nosotros estamos en contra de este
proyecto de ley y que se ha perdido una gran oportunidad.
Fundamentalmente estamos en desacuerdo con el aumento de los límites de
velocidad, en el no fomento del uso de la bicicleta, en la obligatoriedad
del casco para los ciclistas en los pueblos y ciudades y en un régimen
sancionador, a nuestro juicio, desproporcionado y recaudatorio.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Senador Sendra, tiene la palabra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, presidente.

Aunque francamente mejorable, creemos que los cambios
introducidos en la ley desde que entró en el Senado son globalmente
satisfactorios. En lo que hace referencia al cambio de posicionamiento en
relación con el régimen de autorización, que ahora vuelve al régimen de
concesión, consideramos que es positivo; rectificar es de sabios y lo
apreciamos.

Por estos motivos vamos a votar a favor del proyecto de ley
que nos ocupa.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Ángel, don José María.

El señor ÁNGEL BATALLA: Moltes gràcies, president. Muchas
gracias.

Me gustaría hacerle algunos comentarios, señor Peñarrubia.
En primer lugar, quiero agradecerle su tono conciliador. Lleva mucho
tiempo en esta Cámara y esas cosas se notan. No obstante, querría señalar
alguna imprecisión de su intervención, que no inexactitud. La reducción
de la velocidad máxima —como le decía un senador
anteriormente— no se produjo por una acción del Ministerio del
Interior ni desde la Dirección General de Tráfico, sino desde el
Ministerio de Industria y motivado por el alza de los precios del
crudo.

En su intervención ha puesto en valor parte de las
intervenciones que otros habíamos realizado. Nos preocupaba la
instrumentalización del juego de la velocidad y la motivación que
consideramos tienen ustedes encubierta, que al final ha quedado plasmada
en su intervención. Usted decía: tenemos un cuadro sancionador y en
función del cuadro podremos aplicarlo o no. Pero es que se va a subir la
velocidad. Y, señoría, ¿se va a reducir con este texto legislativo la
siniestralidad, sí o no? ¿Se va a consumir más gasolina, sí o no? Estas
son las cosas que importan a la mayoría de los conductores, y con este
instrumento ya le puedo asegurar que se va a contaminar más, que no se va
a producir una acción medioambientalmente sostenible y que va a aumentar
la siniestralidad, además de otras inconcreciones.

Decía usted que esta subida serviría para adecuarnos a las
propuestas procedentes del Parlamento Europeo. ¡Pero si están
debatiéndolo en estos momentos! Por eso nosotros les decíamos que era un
buen momento para no haber aplicado la velocidad en este texto.

Nos congratulamos que al final se vuelva al texto que vino
del Congreso de los Diputados en lo referido a la reeducación a través de
las autoescuelas. Nos congratulamos que se haya rectificado pues esta ha
sido una de nuestras causas y aportaciones.

¿Quién sale ganando con este texto legislativo? Ya se lo he
dicho: la directora general de Tráfico, que podrá cuadrar sus
presupuestos, y el señor Montoro. Recaudar, recaudar y recaudar. No hay
ningún apartado del texto que no aumente el régimen sancionador, además
de las complicaciones que se imponen al conductor para poder litigar
contra la Administración en caso de que considere que se ha producido
indefensión. Eso nos parece absolutamente peligroso y se lo hemos
advertido en estos debates. Consideramos que se conculcan algunos
derechos y que la Administración va a tener muchos problemas.

Por estos motivos votaremos en contra del proyecto, además
de por otras circunstancias como la indefensión del conductor,
concretamente en lugares donde existen cotos de caza. La solución
seguramente no era —como me decía un senador que lleva muchos años
en esta Cámara— simplemente que todas las cargas recayeran sobre
los propietarios de los cotos de caza o sobre las asociaciones de
cazadores. Seguramente no, pero, desde luego, tampoco lo es pasarle toda
la culpa al conductor. De un estadio hemos pasado al otro. Estas
circunstancias me parecen absolutamente peligrosas y creo que se van a
dar, por eso vamos a votar que no.

Por último, quiero hacer una reflexión. Yo creo que en un
asunto tan sensible para el conjunto de los ciudadanos españoles debían
haber hecho caso ustedes a las universidades, a las asociaciones de
víctimas de accidentes de tráfico y a todas aquellas personas que ustedes
han entrevistado y que les han hecho algunas reflexiones. Decía el
senador Anasagasti que alguno de los asesores que están en ese ministerio
no tienen ninguna sensibilidad con los conductores y su afán es
exclusivamente recaudatorio.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Ángel.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador
Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la duda metódica suele ser una buena compañera de
viaje, entre otras cosas, porque no te permite ensoberbecerte, te obliga
a pensar constantemente que no estás en posesión de la verdad ni que la
razón te asiste en todas las ocasiones. Créanme, este grupo practica la
duda razonable siempre.

Señorías, aunque se llame trámite, el viaje que hacen los
proyectos de ley por esta Cámara no es un mero trámite entendiendo este
como algo que hay que pasar sin más, es un viaje importante, donde el
proyecto de ley que sale del Gobierno y que nos llega del Congreso es
susceptible de mejora, es susceptible de cambios y es sobre todo una
posibilidad de encuentro entre los grupos

políticos que representamos a los ciudadanos. La voluntad
de este grupo mayoritario, como ustedes saben y nos recuerdan con tanta
frecuencia, es que a pesar de su mayoría, todos los apoyos que se puedan
conseguir de cara a una ley son buenos porque ustedes representan, igual
que nosotros, a una parte del ciudadano español y para nosotros uno de
los objetivos siempre es intentar que los proyectos que salen del Senado
lo hagan con el mayor apoyo posible.

Señorías, esta introducción viene a cuento de que hoy, una
vez más, hemos practicado esta máxima todos y por eso quiero
agradecérselo. Uno de los puntos que mayor discrepancia concitaba en la
aprobación de este proyecto de ley era el sistema de recuperación de
puntos para el carné de conducir. Parece ser que había unanimidad en los
grupos políticos en que el sistema estaba funcionando bien y yo como
portavoz del Grupo Popular y del Gobierno también lo admitía. Creíamos
nosotros y seguimos creyendo que es bueno ampliar la posibilidad de que
nuevas empresas en buenas condiciones se incorporen a impartir este tipo
de cursos. Pero sus señorías tienen otro punto de vista, que nosotros
recogemos y que nosotros aceptamos y lo aceptamos en aras de esa creencia
de que es bueno que el proyecto de ley que tenemos entre manos, que es
importante para la ciudadanía, salga con el mayor apoyo posible.

Hemos alcanzado el acuerdo que ustedes querían sobre este
punto y yo les agradezco a todos los grupos que hayan sido sensibles a
esta propuesta y que hoy podamos decir que en este punto ha habido un
acuerdo unánime. Esto mejora la ley, tal como se había planteado en el
Senado, señorías, y, por lo tanto, yo les pido también que hagan ese
esfuerzo de apoyo a la ley que nosotros les hemos solicitado. Pero hay
una razón más. Señor Cascallana, se lo decía en mi intervención y se lo
reitero ahora, y esta razón, créame, me sale de lo más profundo del alma:
nunca dude de la limpieza de este grupo, señor Cascallana, como yo nunca
dudaré de la limpieza de ese o de otro grupo de la Cámara. Este grupo
hace las cosas con la posibilidad de equivocarse, sin duda alguna, pero
con absoluta limpieza democrática. Yo quiero decirles que hoy podíamos
salir de aquí con una sombra de duda sobre el trámite del proyecto. Les
decía antes y se lo digo ahora, desechen esa sombra de dudas, señorías.
Este grupo trabaja con absoluta limpieza, y creo que el mensaje que
debemos enviar a los ciudadanos es ese. Los grupos parlamentarios, los
políticos que ejercen en este país lo hacen con limpieza, y esta es una
demostración más, conseguida en esta Cámara, de que ante cualquier sombra
de duda nos unimos, nos sentamos, hablamos y la disipamos entre
todos.

Por las dos razones yo quiero salir contento de este
debate, y espero que también salga contento el señor Anasagasti, aunque
no tanto como nosotros. Se ha hecho un esfuerzo, señorías, que a lo mejor
tiene mayor recompensa que en otras ocasiones. El grado de acuerdo con el
que va a salir este proyecto de la Cámara es muy elevado y, por lo tanto,
creo que legítimamente todos podremos salir satisfechos hoy de aquí.

Pero les voy a pedir algo más, y nos vamos a prestar
nosotros, como grupo que sustenta al Gobierno, y me refiero a mejorar
todavía la aplicación de esta ley. Decíamos nosotros en el planteamiento
inicial que el sistema de concesión era mejorable —era bueno, pero
era mejorable—, y yo les invito a que sigamos intentando mejorarlo
con el Gobierno. Vamos a mantenerlo, vamos a intentar que por la misma
vía que en este momento se está practicando pueda haber un mayor número
de empresas que accedan a la posibilidad de dar esas clases, pero vamos a
hacerlo con el control que ustedes y nosotros queremos.

Por lo tanto, y termino, gracias una vez más a mi compañero
José Joaquín Peñarrubia, que con el profundo conocimiento que tiene de la
materia les ha podido dar a ustedes argumentos a todas y cada una de las
enmiendas que han presentado. No hay que olvidar que él fue ponente en la
anterior reforma de la Ley de seguridad vial. Esto nos ha permitido
aclarar muchos puntos y salir con una mayor confianza en relación con el
texto legislativo que hoy aprobaremos. En consecuencia, señorías,
manifestando una vez más el agradecimiento y la satisfacción, termino
esta intervención.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Aznar.

Señorías, a petición de los señores portavoces este
proyecto de ley lo vamos a votar con posterioridad, una vez debatamos el
Proyecto de Ley de cámaras oficiales de comercio, toda vez que existe la
posibilidad de transacciones que se están negociando en estos
momentos.

9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

9.1.1. PROYECTO DE LEY BÁSICA DE LAS CÁMARAS OFICIALES DE
COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

(Núm. exp. 621/000064)

El señor vicepresidente da lectura a los puntos 9., 9.1.y
9.1.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Para la
presentación del dictamen tiene la palabra el presidente de la comisión,
el senador López Rodríguez.

El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a
la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el
día 21 de febrero de 2014, fecha asimismo de su publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento de
urgencia.

El plazo de presentación de enmiendas finalizó, previa
ampliación, el día 27 de febrero de 2014, presentándose un total de
ciento dos enmiendas, que se distribuyen de la siguiente forma. Enmiendas
1 a 4, del senador Eza Goyeneche y la senadora Salanueva Murguialday, del
Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 5 a 15, de los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas
16 a 19, de los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo
Parlamentario Mixto; enmiendas 20 a 38, de la senadora Capella i Farré,
del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 88 a 102, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas 39 a 59 y 72, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 73 a 87, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; enmiendas
60 a 67, del Grupo Parlamentario Socialista, y enmiendas 68 a 71, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El 4 de marzo se reunió la ponencia del presente proyecto
de ley y emitió informe acordando incorporar al texto remitido por el
Congreso de los Diputados las enmiendas números 68 a 71, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado. A continuación, se reunió la
comisión, aprobando como dictamen el informe de la ponencia, al que se le
añaden la enmienda 100, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado y dos
de las enmiendas transaccionales presentadas por las que se modifica el
artículo 31.1 del proyecto de ley y se introduce una nueva disposición
adicional.

Finalmente, han presentado votos particulares a este
dictamen la senadora Capella i Farré y los grupos parlamentarios Mixto,
Vasco en el Senado, Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán en el
Senado, Convergència i Unió y Socialista.

Señorías, estamos ante un proyecto de ley necesario que
permite adecuar la estructura, los fines, los cometidos y la naturaleza
de las cámaras de c).omercio, Industria, Servicios y Navegación de España
a las exigencias de los nuevos tiempos y a las demandas de la sociedad.
En el ínterin parlamentario que ha tenido este proyecto de ley hasta hoy
mucho ha sido lo acordado y lo consensuado. Ello ha permitido que a este
proyecto de ley no se haya presentado veto alguno.

Señorías, me van a permitir que agradezca, en mi condición
de presidente de la Comisión de Economía y Competitividad, además de la
presencia en este hemiciclo del presidente de las cámaras de comercio de
España, a todos los portavoces de los distintos grupos, y muy
especialmente a los ponentes de esta ley su actitud, su voluntad de
diálogo y el interés mostrado para llegar a acuerdos. Estamos en el tramo
final de la tramitación. Espero que todos seamos capaces de estar a la
altura necesaria para conseguir el mayor consenso posible sobre la base
de la no existencia de discrepancias sustanciales. A ello les animo en
defensa del interés general.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Antes de pasar al debate de las enmiendas, ¿alguien desea
intervenir en el debate a la totalidad? (Denegaciones).

Nos acompañan don Manuel Teruel, presidente del Consejo
Superior de Cámaras; don Javier Carretero, director general del Consejo
Superior de Cámaras; doña Carmen de Miguel, secretaria general; Antonio
Benito, director del gabinete, y Antonio Junco, jefe de protocolo. Les
damos la bienvenida al debate de esta ley tan importante y que tanto les
afecta.

Pasamos a las enmiendas. Enmiendas 20 a 38, presentadas por
la senadora Capella i Farré.

Para su defensa, tiene la palabra su señoría.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Muchas gracias, señor
presidente. Buenos días.

En el presente proyecto de ley fueron admitidas algunas de
las enmiendas que Esquerra Republicana había formulado en el trámite del
Congreso de los Diputados. De todas maneras, dicha admisión no obsta para
que continuemos pensando que el proyecto de ley es sustancialmente
mejorable. Por ello, en este caso no presentamos veto a la ley, pero sí
enmiendas, que no quieren otra cosa que mejorar técnicamente y en el
fondo también la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación.

Las enmiendas que hemos presentado en este trámite en el
Senado pueden ser consideradas en tres grupos. En el primero se engloban
las enmiendas relativas a las funciones que deben desempeñar las cámaras
y van en el sentido de establecer una perfecta delimitación entre las
funciones públicas que deben cumplir y las funciones privadas. Estas son
la mayoría de las enmiendas que hemos presentado, de la 20 a la 30.

Por otra parte, este proyecto de ley conduce a la necesidad
de un cambio en el sistema de financiación de las cámaras y en este
sentido hemos presentado un par de enmiendas que creemos que vienen a
solucionar en parte esta falta de financiación.

Y el tercer grupo de enmiendas son las que afectan a la
configuración de la representación de las distintas cámaras
territoriales, modificando los artículos referidos al pleno de la
asamblea general respecto a la necesidad de que en el mismo se garantice
la presencia de las comunidades autónomas y también de las cámaras
territoriales. Otras enmiendas inciden en el comité ejecutivo de las
cámaras oficiales, pues discrepamos sustancialmente de la previsión
relativa al orden de presencia en el mismo que figura en el proyecto de
ley, ya que el criterio seguido para la configuración de su composición
obedece más al monto de la aportación económica que a otros criterios
para determinar la representación en este comité ejecutivo.

Decía que el grueso de las enmiendas presentadas por
Esquerra Republicana a este proyecto de ley van dirigidas a la
delimitación de las funciones de las cámaras como organismos que cumplen
esta labor público-privada y básicamente se refieren a la necesidad de
que las cámaras deben hacer aquello que les toca hacer, en
correspondencia con sus funciones, y la ley que se apruebe no debería
contemplar que terminen realizando gestiones que corresponden a la
Administración Pública.

En este sentido, la enmienda número 21 solicita la
supresión de uno de los apartados del artículo 5, por entender que no es
función de las cámaras tramitar los programas públicos de ayuda a las
empresas ni gestionar los servicios públicos relacionados con ellas.

Presentamos la enmienda 22 porque entendemos que no
corresponde a las cámaras la función de ventanilla única empresarial, al
entender que esta función también corresponde a las administraciones
públicas.

La enmienda 23 pretende la supresión de aquellas funciones
de carácter privado que pueden provocar situaciones de competencia
desleal y abuso de posición dominante en relación con otras empresas o
entidades que también ofrecen servicios para las empresas. En el artículo
5.1.j) se encuentran englobadas como funciones propias de las cámaras
oficiales.

Respecto a la enmienda 28, consideramos que determinadas
funciones establecidas en el artículo 5.2.i) deberían corresponder a la
administración de las comunidades autónomas, y no deberían ser funciones
de las cámaras.

En la enmienda número 30 solicitamos la modificación del
artículo 5.3 porque nos preocupan las funciones de carácter privado que
el proyecto de ley reconoce a las cámaras. Si estas corporaciones
participan en el tráfico mercantil gracias a los recursos públicos, y con
la tutela de la Administración, se puede generar una situación de
competencia desleal y de abuso de posición dominante en relación con
otras empresas o entidades que también ofrecen servicios para las
empresas.

Por ello, entendemos que esta nueva ley debería articular
la relación que existe entre las cámaras y las organizaciones
empresariales, en lugar de confundirla, como Esquerra Republicana
considera que se produce debido a la redacción del artículo 5. El
proyecto de ley debería delimitar y concretar que las cámaras ejerzan una
representación de intereses generales, nunca privados y, por tanto, las
funciones de las cámaras que recoge el proyecto de ley han de ser
forzosamente consensuadas con las organizaciones empresariales más
representativas en cada territorio.

Paso ya directamente a la última de las enmiendas, la de
modificación del artículo 26. Hemos presentado esta enmienda porque
entendemos que la redacción del proyecto de ley favorece en exceso el
peso que tendrán las grandes empresas ―como decía cuando hablaba de
la agrupación de las distintas enmiendas― en detrimento de las
pequeñas y medianas e incluso de las organizaciones empresariales, a las
que el proyecto de ley solo reserva dos representantes.

Desde nuestro punto de vista, el sistema de representación
que prevé el proyecto de ley, en función de las aportaciones económicas,
es intolerable porque en una corporación de derecho público no es de
recibo que se acaben comprando las sillas ―si se me permite la
expresión, y entrecomillando― que se van a ocupar.

Por estos motivos, solicitamos el apoyo del resto de los
grupos a las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana de Catalunya
ya que entendemos que mejoran sustancialmente, tanto en el fondo como en
la forma, el proyecto de ley presentado y que es objeto de este
debate.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Capella.

El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado también las
enmiendas números 1 a 3, inicialmente presentadas por el senador Eza
Goyeneche y la senadora Salanueva Murguialday; las enmiendas números 5 a
15, inicialmente presentadas por los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes; y las enmiendas números 16 a 19, inicialmente
presentadas por los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 3, tiene la
palabra la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor
presidente.

Señorías, intervendré muy brevemente para defender las tres
enmiendas que han quedado vivas y que presentó Unión del Pueblo
Navarro.

Si bien estamos de acuerdo, en conjunto, con el proyecto de
ley, nos parece importante insistir ―como también han hecho otros
grupos parlamentarios― en la importancia de que exista una cámara
por provincia porque creemos que garantiza la vertebración de la red de
cámaras y la capilaridad ―término que se utiliza en el propio
texto―, así como la coordinación de la red cameral en todo el
territorio nacional. Insisto en que nos parece importante, máxime si
tenemos en cuenta la función que se otorga a las cámaras de comercio en
el nuevo proyecto de ley.

La enmienda número 2 tiene relación con el régimen
económico. El régimen económico es una de los aspectos que se aclaran,
pero después de lo ocurrido en 2010 sigue sin cerrarse la cuestión de la
financiación. En este sentido, y como técnica legislativa, debe quedar
constancia de la posibilidad de que las comunidades autónomas pudieran
hacer aportaciones a las cámaras de comercio para su sostenimiento. En
cualquier caso, el hecho de que quede constancia no significa que las
comunidades autónomas estén obligadas a hacerlo.

En cuanto a la enmienda número 3, que en parte se ha
paliado con una transaccional de los distintos grupos parlamentarios,
tiene que ver con la posibilidad de que las aportaciones voluntarias que
se realicen por parte de particulares o de empresas a las cámaras de
comercio pudieran tener un tratamiento fiscal específico que se pudiera
contemplar en la ley de mecenazgo. Me consta que el Gobierno ve con
buenos ojos esta posibilidad, y aunque ahora no se hace mención expresa a
dicha ley, sí se ha aprobado una enmienda transaccional en la que se
establece que el Ministerio de Hacienda, en el marco de la reforma
tributaria, va a establecer una serie de requisitos que tendrán en cuenta
esas aportaciones voluntarias que puedan hacer los particulares y las
empresas con el nuevo régimen fiscal. En definitiva, nos parece más
oportuna la ley de mecenazgo, pero en cualquier caso nos damos por
satisfechos con la previsión que se establece con la enmienda
transaccional citada.

Quiero agradecer algo que nos motiva y que posiciona el
voto de Unión del Pueblo Navarro, me refiero a que se ha llegado a una
transaccional sobre la enmienda número 4 de UPN en la que

solicitábamos la referencia explícita a las competencias
propias de la Comunidad Foral de Navarra. Dada la importancia que van a
tener los planes camerales de internacionalización en el convenio que se
realice con el Ministerio de Economía para impulsar la
internacionalización de las empresas españolas así como el plan de
competitividad —lo que sabemos se pretende sea para toda
España—, nos pareció muy importante que no hubiese dudas en esa
interpretación, que no pudiera haber opción para la exclusión de las
comunidades autónomas, y que por ello figurase en concreto la comunidad a
la que hacíamos referencia, la Comunidad Foral de Navarra. Por tanto,
entendiendo que nuestra enmienda número 4 se encuentra ya subsumida e
incorporada, con otra redacción pero con la misma filosofía que nosotros
pretendíamos, nos damos por satisfechos.

No voy a intervenir en el turno de portavoces y por eso
quiero decir muy brevemente que había que hacer una reforma de esta
naturaleza. Teniendo en cuenta el contexto, las circunstancias que han
acontecido y el tener que reasignar las funciones en las cámaras de
comercio, se mantiene la naturaleza como corporación de derecho público
garantizando el ejercicio de las funciones público-administrativas en el
actual contexto y, por tanto, aunque sigue quedando abierto el tema de la
financiación, entendemos que los tiempos son los que son. Se dan también
oportunidades para la búsqueda de recursos, y queremos reconocer desde
aquí el importante papel que juegan y deben seguir jugando las cámaras de
comercio en toda España para el apoyo a la pequeña y mediana empresa,
para la internacionalización y para estar a la altura de lo que los
tiempos nos exigen.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente, por
el trámite de urgencia en la presentación de las enmiendas que hemos
formulado el senador Mariscal y yo mismo.

Enmendamos el artículo 2.2., para que la contratación que
puedan realizar las cámaras en esas otras actividades de carácter
complementario no se rijan por el derecho privado, como prevé el
proyecto, sino que, entendiendo que estas forman parte del sector
público, creemos más adecuado, por motivos de legalidad y transparencia,
que deben regirse por la Ley de contratos del sector público.

Enmendamos el artículo 5.1., para explicitar el ámbito de
las funciones público-administrativas acotando al comercio, a la
industria, a los servicios y a la navegación el ámbito en que deben
desarrollar sus actividades de carácter público-administrativo las
cámaras.

Enmendamos el artículo 5.3., para que las cámaras oficiales
puedan llevar a cabo otras actividades de carácter privado, tal y como se
plantea, pero para poder desarrollarlas precisarán de un informe previo
de la Administración tutelante sobre la inexistencia de duplicidades en
relación con actividades que pudieran desarrollar en el mismo ámbito
otras administraciones.

Enmendamos el artículo 10 para garantizar una cierta
proporcionalidad en la configuración del pleno, para que haya una
representatividad del conjunto de los sectores económicos.

En el artículo 13.1. planteamos que el secretario de la
cámara sea titulado superior, funcionario con carácter general, aunque se
prevea la posibilidad de que se excepcione esta situación. Introducimos
también un apartado nuevo para que se aplique el régimen de
incompatibilidades de la Ley 53/1984 a los secretarios de las
cámaras.

En el artículo 20. 3. defendemos que se incorpore un
representante de la Federación Española de Municipios y Provincias al
Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de España.
Luego hay tres enmiendas que son simétricas, en relación con dicha
cámara, respecto a lo planteado para las cámaras de comercio. De nuevo
introducimos criterios de proporcionalidad y representatividad en la
elección de los vocales del pleno de la cámara, de nuevo demandamos que
el secretario general sea también licenciado y funcionario, con
posibilidades de excepción y, de nuevo planteamos que a este secretario
le sea aplicado también el régimen de incompatibilidades previsto en la
Ley 53/1984.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Tiene la palabra el senador Quintero, para defender las
enmiendas 16 a 19.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente. Presentamos cuatro enmiendas.
Tres de ellas, de la número 16 a la 18, con el mismo sentido, el de
solicitar que los ingresos puedan ser también los consignados en los
Presupuestos Generales del Estado y en los autonómicos para el ejercicio
de las funciones público-administrativas de las cámaras que se establecen
en el artículo 5.1. y 5.2. de este proyecto de ley. La obligación
público-administrativa que se establece en dicho proyecto genera unos
gastos que han de ser soportados por las administraciones públicas,
siendo absolutamente contradictorio atribuir funciones
público-administrativas sin garantizar mínimamente el cumplimiento de
dichas funciones y la viabilidad de los objetivos de la propia ley
mediante financiación pública.

Por lo tanto, creemos que tiene que contemplarse, tanto en
los Presupuestos Generales del Estado como en los autonómicos, la
posibilidad de financiación que garantice las funciones de las cámaras,
funciones señaladas en la exposición de motivos de este proyecto de ley.
Entendemos que en el plan cameral de competitividad ha de incluirse,
tanto su dotación económica como su reparto entre las cámaras, en
atención a las acciones que vayan a ejecutar cada una de ellas. Este plan
tiene una máxima importante, de hecho, es donde el Gobierno debería
apoyarse para llevar a cabo sus políticas económicas.

Por otro lado, el plan va a definir y decidir las funciones
públicas que tienen que ejecutar las cámaras para mejorar la
competitividad y el apoyo a las empresas españolas, basándonos,
especialmente, en la consideración de las pymes. Por todo ello, seguimos
entendiendo que deberían gozar de la financiación adecuada.

Por último, la enmienda 19 introduce una modificación, pues
entendemos que pasar de una representación de 62 a 19 miembros es
insuficiente y, por eso, pedimos que sean convocados todos aquellos que
estén a disposición de una cámara de comercio, con voz, pero sin
voto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Quintero.

Enmiendas 88 a 91, 93 a 98 y 101, del Grupo Parlamentario
Vasco Tiene la palabra la señora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias,
presidente.

Buenos días, señorías. Retomaré las palabras que el senador
Aznar ha utilizado durante su intervención en el proyecto de ley
anterior, cuando decía que el trámite, a su paso por el Senado, no es un
mero trámite, sino que es susceptible de mejora, de cambio o de encuentro
entre los grupos de la Cámara. Con esa intención, al hilo de la
intervención de mis compañeros en el Congreso, y dado que tras la
aceptación de alguna enmienda en el trámite parlamentario en la citada
Cámara se dejó abierta la posibilidad de que durante el trámite en el
Senado pudieran ser aceptadas algunas enmiendas nuevas, es por lo que mi
grupo presentado unas enmiendas que podrían agruparse en diferentes
grupos.

En un primer grupo —ya se ha mencionado por algún
otro portavoz anteriormente—, dada la importancia que para nosotros
tiene el tema de la financiación dentro de este proyecto de ley,
agrupábamos tres enmiendas, las números 91, 93 y 101. Entendemos que para
que las cámaras puedan llegar a cumplir las funciones
público-administrativas que les asigna la ley deberían, por coherencia,
tener asignada financiación para ello.

Un segundo grupo de enmiendas, las números 92 y 99, han
sido transaccionadas. Mi grupo entiende que hay que regular el reparto de
las aportaciones privadas; es decir, conviene establecer un mecanismo de
distribución de una parte de las aportaciones voluntarias que efectúen
las empresas a las cámaras de comercio de España, con el fin de que sean
distribuidas entre las cámaras donde se encuentra el domicilio social o
se realice la actividad económica de la empresa. Como digo, ambas han
sido transaccionadas en el trámite llevado a cabo en comisión.

En un tercer grupo incorporamos una enmienda que ya había
sido presentada por mi grupo en el Congreso. En ella se planteaba un
tratamiento fiscal especial a las aportaciones voluntarias de las
empresas y entidades a fin de incentivar la contribución y la
participación empresarial. Entendemos que esto va ligado a la ley de
mecenazgo. Como conocemos las dificultades a la hora de acercar posturas,
creemos que con una consideración en la exposición de motivos quedaría de
alguna manera contemplado.

Presentamos otro grupo de enmiendas, las relacionadas con
las especificidades de los territorios forales y el marco competencial de
las comunidades autónomas —y una de ellas también ha sido
transaccionada—, con la intención de que se tengan en cuenta los
regímenes forales en los aspectos que puedan corresponder, en nuestro
caso, a las cámaras de Euskadi, así como la financiación de competencias
asumidas por estas comunidades autónomas en materias tales como la
internacionalización y la competitividad.

Otro par de enmiendas, la número 100, que ha sido aceptada,
y la número 89 son de mejora técnica. La número 100 supone la aclaración
de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Congreso que fue aceptada aunque contenía un error en su redacción. Por
eso hemos procedido a su modificación en los términos en que ha sido
planteada y aceptada. Y la enmienda 89, importante también para nosotros,
guarda relación con el censo público de empresas que han de gestionar las
cámaras, para cuya elaboración se requiere la colaboración de la
Administración tributaria. En nuestra enmienda proponemos puntualizar que
los requisitos de utilización de los datos suministrados se exijan
exclusivamente —así entendemos que debe ser— para el
tratamiento de los datos de carácter económico y tributario que se
pudieran facilitar a las cámaras y no a los identificativos o censales
necesarios para elaborar, gestionar y, en su caso, difundir un censo
público de empresas del territorio.

Para finalizar, quiero referirme a dos enmiendas
relacionadas con los órganos de gobierno de las cámaras de comercio de
España. Entendemos que este es uno de los aspectos sobre los que pivota
la ley que hoy debatimos, por ello tiene tanta importancia para nosotros.
En este sentido, consideramos que resulta necesario que el representante
cualificado de las cámaras en el pleno de las cámaras de comercio de
España sea el presidente de la cámara correspondiente. Asimismo, en
referencia a las cámaras vascas, interesa que el criterio para
seleccionar a más representantes de las cámaras en los órganos de
gobierno de las cámaras de comercio de España se base en el peso
específico de las comunidades autónomas, en el PIB nacional y no en el
número de empresas. Por ello, hemos presentado dos enmiendas: la 96, que
ha sido transaccionada, y la 98.

Como he dicho al comienzo de mi intervención, la
presentación de estas enmiendas va en la línea de mejorar el cambio del
que puede ser susceptible esta ley, como ha manifestado el senador Aznar;
con esa intención se han presentado. Como ya he relatado, unas cuantas
han sido transaccionadas o aceptadas, pero en el turno de portavoces haré
una valoración general del resto del proyecto de ley que hoy
debatimos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

El Grupo Parlamentario de Entesa ha presentado dos grupos
de enmiendas. Para su defensa tiene la palabra el senador Montilla,
presidente Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo muy brevemente para decir que,
efectivamente, nosotros hemos presentado dos bloques de enmiendas,
algunas de ellas han decaído después del proceso negociador y de que
otras se transaccionasen, y en estos momentos las enmiendas que aún
quedan vivas son un primer bloque de siete enmiendas, que van de la
número 40 a la 45 y la 72, que se corresponden con enmiendas de los
senadores socialistas del Grupo Parlamentario de Entesa, y otro de trece
enmiendas, que van de la número 47 a la 59, de los senadores Guillot y
Saura, de Iniciativa per Catalunya.

Por lo que se refiere al primer bloque, consideramos que es
imprescindible que las cámaras dispongan de recursos para el desarrollo
de las funciones de carácter público y administrativo que les atribuye
esta ley. En este sentido nuestra enmienda número 41 garantiza la
sostenibilidad de las cámaras para el ejercicio de estas funciones
mediante ingresos públicos ya que la ley les otorga determinadas
funciones públicas.

Asimismo consideramos que cabe cuestionar la adscripción
obligatoria de las empresas a las cámaras de comercio, y al igual que en
la anterior reforma que supuso el Real Decreto-ley 13/2010, que eliminó
el recurso cameral obligatorio, parece razonable otorgar a las empresas
la posibilidad de solicitar su exclusión. Nuestra enmienda número 40
añade un párrafo al artículo 7.1 para permitir precisamente esta
exclusión.

Las enmiendas números 42 y 43 mejoran y hacen más racional,
adecuada y equilibrada la participación de las cámaras y de los
representantes del tejido empresarial de cara al ámbito territorial en el
pleno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de España. Por otro lado, y como medida de racionalización y
compromiso con las demandas de la sociedad creemos que es necesario
limitar las retribuciones o posibles indemnizaciones de altos cargos de
las cámaras dada su naturaleza de corporaciones de Derecho público.

La enmienda número 44 obliga precisamente a la aplicación
del Real Decreto Ley 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el
régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en lo que
sería el sector público empresarial y otras entidades.

La enmienda número 45 modifica la disposición adicional
primera para no aplicar la reforma laboral al personal de las actuales
cámaras de comercio, y de este modo dar garantías de seguridad jurídica y
respetar la confianza legítima generada en dichos trabajadores a los que,
además, les es de aplicación el régimen laboral especial que, desde
nuestro punto de vista, ha sido avalado por el propio Tribunal
Supremo.

También hemos presentado la enmienda número 72 para
garantizar de alguna manera que sea de aplicación a los secretarios
generales de las cámaras de comercio el régimen previsto en el Decreto
1291/1974, por el que se aprobaba el Reglamento general de las cámaras,
en el sentido de sus derechos adquiridos.

Para terminar, señorías, doy por defendidas las enmiendas
números 47 a 59, de los senadores Guillot y Saura.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president
Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.

Quiero dar la bienvenida al presidente del Consejo Superior
de Cámaras, don Manuel Teruel, y a quienes le acompañan. En nombre del
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, sean bienvenidos.

Mi grupo parlamentario ha presentado en el trámite del
Senado un total de quince enmiendas: una se transaccionó en comisión y
hemos mantenido vivas las restantes. Quiero manifestar que las doy por
defendidas, pero quiero hacer referencia a algunas de ellas.

Podríamos clasificar las enmiendas que hemos presentado en
cuatro bloques importantes: ámbito competencial; financiación de las
cámaras; duplicidad de funciones entre la cámara de España y el resto de
cámaras y, por último, cuestiones de representatividad, personal,
etcétera.

Desde nuestro punto de vista, el bloque más importante es
el competencial y voy a comentar algunas para que quede constancia de qué
pretenden cambiar estas enmiendas de este proyecto de ley.

La enmienda 73 hace referencia al artículo 5.1.d), que
habla de desarrollar actividades de apoyo y estímulo al comercio
exterior. Nosotros entendemos que hay que diferenciar entre lo que sería
el interés general de lo que puede ser el interés específico de las
cámaras de comercio locales y, en definitiva, también de las comunidades
autónomas. Consideramos que este matiz es importante desde el punto de
vista de competencias entre unas y otras.

La enmienda 74, al artículo 5.1.e), también de
modificación, es muy importante. Dice este apartado: «Participar con las
administraciones competentes en la organización de la formación práctica
en los centros de trabajo incluida en las enseñanzas de formación
profesional y en las acciones e iniciativas formativas de la formación
profesional dual…» Nosotros entendemos que al final dicha función
se tiene que desarrollar de acuerdo con el ámbito legislativo de las
comunidades autónomas porque, evidentemente, como es el caso de Cataluña,
tienen sus competencias; para la formación profesional y para la
formación profesional dual hay muchos trámites y variados aspectos, con
lo cual hay que tener presente esta cuestión.

Las enmiendas 75 y 76 hacen referencia al artículo 5.1.j) y
con ellas proponemos la supresión del texto de ese sitio y el traslado a
una nueva letra en el artículo 5.2. Con ellas se pretende impulsar
actuaciones dirigidas al incremento de la competitividad de las pequeñas
y medianas empresas y a fomentar la innovación y transferencias
tecnológicas a las empresas. Por lo tanto,

las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias
deben poder decidir cómo impulsar los centros tecnológicos presentes en
su territorio y, asimismo, deben poder articular las políticas
correspondientes. En definitiva, es una enmienda muy importante desde el
punto de vista competencial de las comunidades autónomas.

La enmienda 80, al artículo 22.3., trata de mecanismos de
cooperación entre las actuaciones del Plan cameral de
internacionalización y las que establezca cada comunidad autónoma en
función de sus competencias, especialmente en lo referente a las
actuaciones de interés específico. Pues bien, nosotros entendemos que el
«se podrán establecer», no condiciona, por lo que nosotros proponemos que
sea «se establecerán», puesto que es importante que haya este punto de
exigencia precisamente para que esta cooperación pueda considerarse más
efectiva.

Presentamos la enmienda 87 a la disposición final tercera,
también de modificación. Cuando comentamos aquí que el proyecto de ley
regula las actividades de las entidades de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación, cuya tutela corresponde a
las comunidades autónomas, también corresponde a las comunidades
autónomas la competencia sobre las actividades que constituyen la
finalidad. Por lo tanto, la regulación con carácter básico de la práctica
totalidad del proyecto de ley limita directamente la capacidad y el
impulso que puedan ejercer las comunidades autónomas. Así pues, la
presente enmienda lo que pretende es limitar el carácter básico de la
ley, facilitando que las comunidades autónomas adecuen las oportunas
políticas de impulso a través de las cámaras a las particularidades de su
tejido productivo. Por consiguiente, aquí estamos hablando de una serie
de puntos de la ley que, entendemos, no tienen que tener la condición de
carácter básico, sino que tiene que ser correspondencia con las
comunidades autónomas.

Si entramos en el bloque de la financiación, vale la pena
destacar la enmienda número 77 que hace referencia al artículo 19,
apartado nuevo. Remarcamos que las aportaciones voluntarias de empresas o
entidades comerciales tendrán un tratamiento fiscal equivalente a las
aportaciones declaradas como actividades prioritarias de la ley de
mecenazgo. Si una cuestión importante es la financiación de las cámaras,
lo que es evidente es que hay que facilitar que las donaciones de
empresas, de particulares o de entidades puedan tener desgravaciones
fiscales para que realmente puedan ejercer su función.

También quiero destacar la enmienda número 84, al artículo
35.1. que va en el sentido de las justificaciones que se exigen a las
cámaras de comercio en relación con el ámbito presupuestario y la
justificación de cuentas. Entendemos que no tiene sentido que la
Administración tutelante deba aprobar los presupuestos de las cámaras.
Creemos que esto resulta, casi casi, arcaico y que no le corresponde. La
presente enmienda lo que pretende adecuar la carga de la tutela al origen
de los ingresos de las cámaras; al origen, repito, de los ingresos de las
cámaras. Por otra parte, corresponde a la comunidad autónoma con
competencia en materia de cámaras la determinación de todos aquellos
supuestos en los que se debe ejercer la tutela y la concreción de los
mecanismos para hacerlos adecuados a un concepto moderno de
Administración Pública.

Y, finalmente, en relación con la financiación, presentamos
otra enmienda, que también consideramos importante, la número 86. Propone
una disposición adicional nueva para la financiación del plan cameral, de
modo que el Ministerio de Economía y Competitividad apruebe anualmente el
Plan Cameral de Internacionalización que le eleve la cámara de España,
que será ejecutado por las cámaras en beneficio de las empresas de sus
respectivas demarcaciones territoriales y dotado con recursos públicos
equivalentes, como mínimo, al 0,25% de lo recaudado por el impuesto sobre
sociedades en el ejercicio anterior, que serán repartidos entre aquellas
en proporción al producto interior bruto de cada demarcación territorial,
una vez detraído el 6% que corresponderá a la cámara de España.

Son enmiendas que van a mejorar la financiación de las
cámaras de comercio y que entendemos que son importantes.

Y quiero destacar alguna enmienda relativa a la duplicidad
de funciones entre la Cámara de España y las otras cámaras. Por ejemplo,
la número 78 al artículo 20.2., pretende que donde se dice: «La Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, que
tiene como finalidad la representación, promoción y defensa de los
intereses generales del comercio..., asimismo ejercerá sus competencias
en el de ámbito estatal —repito, en el de ámbito estatal—
nosotros proponemos que tiene que ser simplemente: en el ámbito estatal;
es decir, sin la

preposición «de», solo en el ámbito estatal. Esto evita,
evidentemente, duplicidad de funciones con las otras cámaras provinciales
o locales.

Finalmente, permítanme destacar la enmienda número 79, que
hace referencia también al artículo 21.1.d) que dice: «Ejercer en el
ámbito estatal y en coordinación con las cámaras de comercio...».
Nosotros lo que proponemos aquí es que se incluya la expresión: «mediante
acuerdo», porque evidentemente si no hay acuerdo puede generar
duplicidades entre unas y otro.

En definitiva, consideramos que nuestras enmiendas son un
bloque clave para el tema competencial de las comunidades autónomas, y en
especial para Cataluña y la Generalitat de Cataluña; unas van encaminadas
a la financiación de las cámaras de comercio y otras a evitar
duplicidades.

El Grupo Popular debería aceptar, para la mejora de este
proyecto de ley, gran parte de las enmiendas que nuestro grupo ha
presentado hoy en esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador
Manchado, para la defensa de las enmiendas 60 a 66, y vuelta el texto
remitido por el Congreso en lo que respecta a las enmiendas 68 a 71.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme empezar la intervención saludando, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al señor Teruel y a los
miembros de su equipo, que hoy están aquí en la tribuna acompañándonos.
Por otro lado, me consta que hay representantes de cámaras que nos están
siguiendo por Internet, a los que quiero también mandarles un saludo.

Voy a dar por defendidas las enmiendas que ha presentado el
Grupo Socialista, que son ocho, en primer lugar porque las he estado
defendiendo durante una semana y media, o dos, como les consta a todos
los portavoces; por lo tanto, no voy a repetir los argumentos que he
dado.

Quisiera ser un poco didáctico y explicar cuál es el
objetivo de esta ley. Esta es una ley muy importante, fundamentalmente
para aquellas empresas que constituyen el 90 o el 95% del tejido
empresarial español. En la economía española —ustedes lo
saben— en torno al 90 o 95% de las empresas que aportan riqueza a
este país son pymes industriales, comerciales o de servicios, y esta es
la ley que regula las cámaras de comercio, industria, servicios y
navegación españolas. Por lo tanto, estamos tratando un desarrollo
normativo, una ley que persigue dibujar, perfilar, un modelo de cámaras
que tiene que ser herramienta eficiente y eficaz para el desarrollo
empresarial de esas pymes; repito, es una ley importante.

Esta ley regula las cámaras que, como digo, se regularon
por primera vez en este país en el año 1886. Las cámaras son la
continuación de las organizaciones gremiales en su momento, y hoy
apostamos en esta ley por un modelo de cámaras en la que las empresas se
adscriban de manera obligatoria, pero que la aportación económica, la
cuota, sea voluntaria. Eso, como digo, dibuja un modelo de corporaciones
de derecho público sin financiación pública y sin financiación privada
obligatoria, con lo cual, una de las características que tenía esta ley
cuando entró en el Congreso, en el trámite parlamentario —ese que
el señor Aznar decía que no era tal trámite— entiendo que ha
mejorado. Por lo tanto, estamos apostando por cámaras que sean
sostenibles y sostenidas fundamentalmente por sus socios, modelo con el
que nosotros estamos de acuerdo. Pero también es cierto que en el trámite
del Congreso se aceptaron dos enmiendas nuestras y de otros grupos que
permitían el acceso de las cámaras a los fondos de competitividad
europeos para financiar el plan de competitividad de las cámaras, lo cual
es una buena manera de ayudar a su financiación y, por otro lado, también
permitían la posibilidad de que se llegara a convenios con las
administraciones para que, no por la vía de la subvención sino por la de
conveniar determinadas acciones, una parte de los ingresos de las cámaras
pudieran proceder del sector público. A pesar de todo, el grueso de los
ingresos deberá ser prestación de servicios, gestión del propio
patrimonio, etcétera.

Decía antes que las pymes son, en número, las más
importantes de las empresas españolas, y, por su propio tamaño, tienen
fundamentalmente dificultades para acceder a temas tan necesarios e
importantes, sobre todo en este momento, como a la internacionalización,
a la formación, a la información, al asesoramiento en temas de marketing.
Y ahí es donde las cámaras cobran especial significación y sentido.

Por tanto, entre todos debemos hacer lo posible para que
esta sea una buena ley. Yo creo que era una ley regular cuando entró en
el Congreso pero que ha ido mejorando. Y en este momento podemos decir
que es una buena ley, sin perjuicio de que de las ocho enmiendas que
hemos presentado, algunas no se hayan aceptado.

Quiero poner de manifiesto sobre todo dos enmiendas que sí
se van a aceptar y que considero importantes. Como les decía, la propia
característica de las pymes aconseja que el sistema de cámaras sea lo más
cercano a ellas. En ese sentido va la enmienda que nosotros presentamos,
a que la red de cámaras llegue, como los capilares del cuerpo humano, lo
más cercano posible a las empresas. Este es el objetivo de la enmienda
que hemos transaccionado estos días y que reconoce que tiene que haber
como mínimo una cámara por provincia en todo el territorio español,
independientemente de seguir reconociendo la posibilidad de que haya
cámaras de ámbito local o de ámbito autonómico. Creo que esa es una buena
decisión que ayuda a acercar la solución a las pymes.

Otra enmienda que nosotros calificábamos como importante, y
esta no se ha aceptado, pretendía clarificar el tema de los trabajadores
que tienen un estatuto específico en las pymes. Por aquellas cosas que el
señor Anasagasti mencionaba antes, alguien en un despacho dice que esto
no es posible. Bien, pues no lo es. En cualquier caso, nosotros seguimos
pensando que era una buena idea, pero no vamos a hacer de ello una
cuestión de Estado.

Habíamos planteado otras enmiendas que tampoco se han
admitido. Y así en la adscripción obligatoria de la que hablábamos
proponíamos algún tipo de excepcionalidad a petición de las empresas.
Hablábamos también de la limitación de la retribución de los cargos
directivos y de la composición de la Cámara de España que, como ustedes
saben y si no lo saben yo se lo digo— será la que sustituirá al
actual Consejo General de Cámaras. En cualquier caso, a pesar de que
estas enmiendas no se hayan aceptado, el Grupo Parlamentario Socialista
entiende que el acuerdo al que hemos llegado es suficiente. Es un acuerdo
suficiente que, además, arranca —quiero reconocerlo— de la
voluntad, las intenciones, la dedicación y el trabajo que hemos hecho
estas dos semanas todos los portavoces de todos los grupos
parlamentarios. Voy a referirme especialmente a los portavoces del Grupo
Popular porque son los que tienen la mayoría, y porque de alguna forma
son quienes hablan con esos funcionarios del despacho 424. Me estoy
refiriendo a los senadores López y Vallines, que han sido nuestros
interlocutores. Y asimismo hacer una mención especial al secretario de
Estado de Comercio, que también se ha implicado personalmente en las
negociaciones de esta ley. Quiero reconocer la voluntad de aceptar las
enmiendas que para nosotros eran más importantes, así como la capacidad
de incluir algunas cuestiones que, no por la vía de las enmiendas pero sí
por la vía de la exposición de motivos, se han incluido en esta ley. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

En este sentido, en nombre de mi grupo, anuncio aquí, a
expensas de que el discurso del señor Vallines nos haga cambiar de
opinión, que estamos seguros de que no va a ser así, que votaremos a
favor de esta ley porque nos parece importante y porque en su trámite
parlamentario, no solo en el Senado sino también en el del Congreso, ha
mejorado y permite diseñar un modelo de cámaras suficientemente bueno y
útil a las pymes.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

En el turno en contra, tiene la palabra el senador
Vallines.

El señor VALLINES DÍAZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
quiere también saludar, como no puede ser de otra manera, al presidente
del Consejo Superior de Cámaras, don Manuel Teruel, y a sus acompañantes,
así como a los directores y secretarios que están asistiendo a nuestra
intervención y que creo que tienen hoy una reunión colectiva.

Señores, estamos ante un proyecto de ley del que lo primero
que debo decir es que era bueno, o bastante bueno. La prueba está en que
no tuvo ninguna enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados y
que tampoco ha recibido aquí ningún veto el texto remitido por el
Congreso de los Diputados. Por tanto, se ha mejorado en el trámite, sin
duda alguna, en el Congreso y en el Senado, mediante un consenso que ha
llegado hasta donde ha llegado. Como decía el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, el señor Manchado, hemos hecho un esfuerzo
todos, un esfuerzo eficaz, un esfuerzo sobre todo dedicado a conseguir
mejorar la ley, que es en definitiva a lo que nos lleva.

Aparte de la dedicación de los ponentes, quisiera destacar
la dedicación del presidente de la comisión que, buscando que en su
comisión las cosas funcionen de la forma más consensuadamente posible, ha
hecho un esfuerzo personal por encima de su responsabilidad como
presidente y como portavoz del Grupo Popular.

Señores senadores, efectivamente las cámaras de comercio
—y voy a parafrasear un poco a nuestro portavoz en el Congreso de
los Diputados, señor Delgado, que hoy nos acompaña— tiene sus
orígenes en la edad media con los consulados, después con las juntas de
comercio y las sociedades económicas del país. La primera regulación
jurídica se establece en abril de 1886 por un real decreto que promulga
la reina María Cristina, impulsada por el ministro de Fomento, señor
Montero Ríos. Y quiero destacar esto porque ya en ese decreto se valoraba
la neutralidad política y la defensa de los intereses generales de las
cámaras como su gran patrimonio, patrimonio que hoy creemos que el
proyecto de ley, con las mejoras introducidas, garantiza, protege y
sostiene. La siguiente modificación fue en 1911, que obligaba a las
cámaras al pago obligatorio. En 1993 otra modificación adaptó la
situación de las cámaras al Estado autonómico y a nuestro Estado como
integrante de la Unión Europea. En 2010 un real decreto ley del Gobierno
anterior quitó el recurso cameral, es decir, la obligación de las
empresas de abonar obligatoriamente el recurso cameral. Y hoy, en este
proyecto de ley, efectivamente, como algún portavoz ha dicho, estamos
planteando un sistema mixto que implica la pertenencia obligatoria y la
no exigencia a las empresas de una contribución obligatoria. La exigencia
primera de pertenencia obligatoria, a mi modo de ver —en el sentido
contrario a lo que ha dicho algún portavoz—, protege a la pequeña
empresa; lejos de desampararla, la protege, porque obligatoriamente
pertenece, tiene derecho a pertenecer a las cámaras de comercio y, por
tanto, a implicarse en aquellas actividades, como el comercio
internacional, que se destaca como importante a efectos de los intereses
de las pequeñas empresas, que no tienen los recursos de las grandes.

Otro aspecto de la ley o del proyecto de ley es que la
financiación es pública en sentido estricto, es decir se contempla que
puedan participar de financiación pública en tanto colaboren con la
Administración Pública en determinados proyectos de desarrollo de
políticas determinadas.

Y en cuanto a los empleados, y quiero decirlo ya —el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se ha referido a ello—,
es una política clara de este Gobierno que los empleados públicos sean
solo de dos clases: laborales o funcionarios, y que no haya grupos con
circunstancias especiales. Y ese es el motivo por el que toma esa
determinación.

Como decía, el proyecto se ha rectificado sensiblemente en
el Congreso y en el Senado. El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco
decía: algo se nos ha aceptado en el Congreso de los Diputados. ¡Hombre!
De doce enmiendas, siete. Algo no; es bastante. De la misma manera que al
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió se le ha aceptado
bastante: en el Congreso, de veintinueve enmiendas, catorce. Tampoco está
mal. Gran parte de lo que querían se ha aceptado y otras cuestiones se
han corregido a través de las transaccionales que hemos llevado a cabo en
el Senado.

Señorías, en el Congreso, de ciento veintitrés enmiendas se
aprobaron o transaccionaron cincuenta y ocho. Por lo tanto, la
aproximación a los grupos que habían presentado enmiendas ha sido
suficiente. ¿Y qué hemos hecho en el Senado? En comisión se ha aprobado
la enmienda número 100, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y
hemos llegado a dos transaccionales con CIU, el Grupo Parlamentario
Vasco, e incluso, la segunda incluye al Grupo Parlamentario Socialista,
al Grupo de la Entesa y a Unión del Pueblo Navarro, del Grupo
Parlamentario Mixto. Todas las enmiendas aprobadas en el Senado van en la
línea de ser esta la Cámara de las comunidades autónomas, es decir, del
respeto a las competencias autonómicas en materia de cámaras de
comercio.

Después de la comisión hemos seguido trabajando para poder
presentar en este Pleno nada menos que cuatro transaccionales en relación
con la enmienda número 96, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado;
con una del Grupo Parlamentario Mixto; con la 60, del Grupo Parlamentario
Socialista; y con la 39, de la Entesa, y otras en conjunto, como las
relativas a una de las cuestiones que nos preocupaba a nosotros y a todos
los portavoces: la financiación. Nosotros ya decimos que no queremos que
la financiación sea pública, pero en relación con la ley de mecenazgo
—donde casi todos los grupos pretendían que las aportaciones
voluntarias de las empresas tuvieran esa consideración— en comisión
nos obligábamos a decir que estábamos de acuerdo, nos obligábamos

a decir que lo íbamos a manifestar aquí, nos obligábamos a
presentar una moción en ese sentido, pero creíamos que esta ley no era el
lugar adecuado para introducir una obligación de un proyecto de ley que
está ahora en desarrollo, que es la ley de mecenazgo,

Al final, ¿qué hemos conseguido? Que en la disposición
transitoria sexta se incluya que en la exposición de motivos haya una
referencia a que en la reforma tributaria se tenga en cuenta con mayor
beneficio estas aportaciones voluntarias de las cámaras, lo que parece
que deja satisfechos a la mayoría de los portavoces.

Poco más puedo decir. Agradezco una vez más a todos los
portavoces y al presidente de la comisión su trabajo. Ojalá contribuyamos
a que, a través de la ayuda a las cámaras de comercio, ayudemos a
nuestras pequeñas y medianas empresas y a nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

No hacen uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias.

En primer lugar, quiero saludar y pedir disculpas
—que antes no lo he hecho— a los invitados que están en la
tribuna y, como ha mencionado el senador Manchado, también a los que nos
están siguiendo desde Internet.

Yo quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el proyecto
que hoy se presenta y las enmiendas que, como he mencionado
anteriormente, ha presentado mi grupo. Un poco de pasada cuando
mencionaba las tres enmiendas que mi grupo ha presentado al primer
apartado, en torno a la financiación, manifestaba el desacuerdo con el
planteamiento general que se hacía del modelo de cámaras y decía que
entendíamos que para las funciones que se le daban a las cámaras no había
una asignación de recursos económicos mínimos o suficientes, que nosotros
entendíamos necesarios, para poder realizar la prestación de dichas
funciones. En el actual contexto socioeconómico, entendíamos que dejar la
ejecución de dichas funciones públicas esenciales un poco al arbitrio del
volumen de ingresos que como aportaciones voluntarias se pudieran
realizar por las empresas del ámbito territorial que cada uno tuviera, no
serviría del todo. Entendíamos que seguía sin regularse —y por ello
planteábamos la enmienda— el mecanismo de financiación pública y
estable que asegure el correcto desempeño de las múltiples funciones
público-administrativas que la ley atribuye a las cámaras.

Dicho esto y no compartiéndolo —como planteábamos en
las enmiendas— tengo que decir que sí es cierto —tal como el
senador Vallines ha mencionado— que de las enmiendas que mi grupo
ha planteado, son esas las que se han aceptado, y creo que en el
transcurso de la defensa de las enmiendas he ido mencionando las que han
sido transaccionadas, a pesar de que algunas se han quedado en el camino,
quizás, como decía mi compañero, porque alguien en su despacho ha
decidido que no es posible; y a lo mejor tampoco lo es en el ámbito de la
comisión en la que estábamos trabajando, porque me consta que sí se ha
hecho un gran esfuerzo, y me sumo a las valoraciones que han hecho mis
compañeros anteriormente, tanto los portavoces del Grupo Popular como el
presidente de la comisión, y extiendo al secretario de Estado el
agradecimiento.

Se ha demostrado que hay diferentes formas de hacer las
cosas. Yo misma en esta tribuna he criticado las formas, y es de recibo
que cuando las cosas se hacen bien también se diga. Lo comenté en la
comisión y lo repito aquí, en el Pleno. Hay que tener en cuenta los
tiempos para poder empezar un camino de encuentro o para poder buscar
puntos de encuentro, más allá de que sabemos que el proyecto que se
plantea no es el que mi grupo hubiera planteado, por lo que el encuentro
podrá ser mayor o menor. Sabemos que quedan aspectos muy importantes para
nosotros, con los que, como he manifestado, estamos en desacuerdo, pero
hay que hacerlo de esa forma, con tiempo para poder, tras una primera
manifestación de las opiniones, ir viendo dónde podemos encontrarnos. Y
hasta el último minuto hemos estado intentando buscar posiciones,
fórmulas o alternativas que pudieran satisfacer al proponente de la
enmienda, pero también encontrar en el camino a quien había propuesto el
proyecto. Así es como se puede conseguir. Y en esa línea es en la que,
intentando solventar los dos pilares sobre los que

entendíamos que podría pivotar el planteamiento de las
cámaras, han ido las aportaciones que hemos planteado. (El señor
Vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

No queda mucho más por decir. Algunas enmiendas han quedado
en el camino y no estamos de acuerdo con el contenido o el fondo de
algunos aspectos —como he comentado al principio—, pero con
las enmiendas que han sido aceptadas y en coherencia con el recorrido del
trámite parlamentario y la postura de mi grupo en el Congreso, comunico
que mi grupo va a votar a favor del proyecto de ley, siendo crítica,
repito, con algunos de los aspectos y sintiéndome satisfecha por las
enmiendas aceptadas, porque, como he mencionado anteriormente, de casi
todos los grupos de enmiendas que hemos presentado, alguna ha sido
aceptada. Es una lástima que algún informe de algún departamento no haya
conseguido un resultado favorable, lo tengo que decir hasta el final,
pero quisiera agradecer la paciencia que algunos han tenido por mi tesón
para conseguir algo más.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra su portavoz, el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el modelo de cámaras por el que apuesta el
proyecto de ley es en realidad una síntesis del viejo modelo de la
vigente Ley de 1993 y de las reformas que supuso en este caso el Real
Decreto Ley 13/2010 que estableció, como ustedes saben, la adscripción
voluntaria y la eliminación del recurso cameral permanente.

Se opta en el proyecto de ley que debatimos por la
adscripción universal y obligatoria, manteniendo la supresión del recurso
cameral permanente y, por tanto, la obligación económica de las empresas
para con la institución.

La verdad es que este modelo híbrido tiene pocos referentes
internacionales, como ustedes saben. Normalmente estas corporaciones, o
son de adscripción y cuota voluntaria, o de adscripción y cuota
obligatoria. Este segundo modelo es el de la mayoría de los países de la
Europa continental y tiene seguramente más sentido con el carácter de
corporaciones de derecho público que ostentan nuestras cámaras. Ahora
bien, está claro que volver al recurso cameral permanente provocaría hoy
menos consenso que el modelo híbrido por el que este proyecto de ley
opta. No obstante, ello pone de relieve la contradicción del proyecto de
ley de atribuir funciones públicas a las cámaras y no dotarlas de
recursos para el desarrollo correcto de sus funciones. Sobre el carácter
de corporaciones de derecho público de base privada con atribución de
finalidades públicas y administrativas pivotó y pivota la adscripción
obligatoria, como se menciona en la exposición de motivos, además de
afirmar que no pueden ponerse en riesgo sus funciones públicas.

Es verdad que la polémica, en su día, no tanto por la
adscripción obligatoria como por el recurso cameral permanente o cuota,
se saldó con una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1996 que
confirmó la constitucionalidad de la previsión de adscripción obligatoria
a las cámaras de comercio, no considerándolo contrario al artículo 22.1
de la Constitución. Justificaba el Tribunal Constitucional la conclusión
de la necesidad de afiliación obligatoria por las funciones que la Ley
3/1993, que ahora se derogará, otorgaba a las cámaras de comercio,
configurándolas como órganos consultivos y de colaboración con las
administraciones públicas.

El proyecto de ley prevé, como decía, la adscripción
obligatoria de oficio de todas las actividades empresariales, pero no el
que dichas empresas tengan obligación de mantenimiento de la institución,
es decir, se elimina de la regulación el recurso cameral. Esta
contradicción entre el mantenimiento de la naturaleza jurídica de las
cámaras como corporaciones de derecho público con relevantes funciones
público-administrativas y la no previsión de los recursos necesarios para
garantizar el desempeño de las funciones públicoadministrativas con
imparcialidad y servicio al interés general que se requiere es
evidente.

A solventar esta carencia y esa contradicción han ido
dirigidas algunas de las enmiendas que hemos formulado al presente
proyecto de ley. Igualmente han ido dirigidas algunas enmiendas a poner
de relieve la contradicción entre el carácter de corporación de derecho
público y el prescindir en parte de su funcionamiento de la legislación
básica en materia de contratación, como si la Ley de régimen jurídico o
la Ley de Contratos del Sector Público no las afectara.

Conviene igualmente recordar que la función de estas
corporaciones de derecho público es la defensa de la actividad
empresarial desde una perspectiva basada en el interés general, reforzada
además con las funciones público-administrativas que le confiere la
propia ley. Un papel muy diferente al de otro tipo de entidades, como son
las organizaciones empresariales.

Todas estas reservas, materializadas en enmiendas
—muchas de ellas no se han considerado, al menos
inicialmente—, obviamente, hacían que nuestro grupo tuviera
reticencias, cómo no, a este proyecto de ley. No obstante, compartimos su
necesidad y su oportunidad para adaptar la ley. Asimismo, vemos positivas
las enmiendas incorporadas en el proceso legislativo en el Congreso, como
se ha puesto de relieve, y en esta Cámara, las transaccionales, tendentes
a reforzar el campo de acción de las cámaras en aspectos tan importantes
para el tejido empresarial como los relacionados con la competitividad y
la internacionalización. Asimismo, también se ha reducido el potencial
intervencionista e invasor de competencias autonómicas del texto
inicialmente aprobado por el Gobierno. Aspectos positivos, pues, unos, y
otros no tanto.

Para terminar, todas estas consideraciones hacen que
nuestro grupo finalmente haya optado por dar su apoyo al proyecto de ley,
no de una manera entusiasta —tengo que decirlo—, pero sí como
reconocimiento en este caso de la voluntad demostrada por la mayoría; si
hay voluntad es posible negociar, acordar, transaccionar. Vemos, Pleno
tras Pleno, que esa no es la práctica habitual, que esta es la excepción
que confirma la regla, y solo por eso y porque la ley es mejorable, pero
aceptable, vamos a darle nuestro apoyo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
presidente Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, estamos ante un proyecto de ley fundamental para
el impulso de la economía de nuestro país. Las cámaras de comercio son
instituciones que han venido desempeñando un papel importantísimo, juegan
un papel estratégico clave y en el futuro serán imprescindibles para la
vida económica de nuestro país y sobre todo para la contribución a la
recuperación de la economía.

Esta ley, como se dice en su preámbulo, tiene como objetivo
una redefinición de las cámaras de comercio junto con su función
principal de prestación de servicios a las empresas; pretende reforzar su
papel en el ámbito de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en el
campo de la internacionalización y de la mejora de la competitividad,
prestación de servicios, aumento de la competitividad e
internacionalización, elementos claves para nuestra economía.

Hablamos con frecuencia del tejido productivo, de la
importancia que tiene en estos momentos para la creación de empleo. Pues
bien, en estos momentos, hay que poner a su servicio todos aquellos
instrumentos económicos, legislativos e institucionales para que puedan
conseguir dichos objetivos. Evidentemente, todo ello tiene que redundar
en la creación de empleo y de riqueza y, en definitiva, superar el actual
grave contexto de crisis que venimos padeciendo.

Estamos de acuerdo en que hay que potenciar las cámaras de
comercio y su función en pro de nuestro tejido empresarial. Esta ley
representa un modelo que, evidentemente, no es nuestro modelo, y por ello
hemos presentado enmiendas muy importantes tanto en el Congreso de los
Diputados como en el Senado, y hemos tratado de buscar y de llegar a
acuerdos y a consensos; repito, hemos buscado los consensos y,
sinceramente, creo que hemos dado buena muestra de ello, hemos tenido una
buena predisposición y, en definitiva, tanto en el trámite en el Congreso
como en el Senado en la comisión, hemos votado a favor del dictamen.

Pero quiero también remarcar que este dictamen era, por
decirlo de alguna forma, un voto condicionado a que aquí, en el Senado,
se mejoraran aspectos de ámbito competencial que para nosotros son
claves. Es cierto que se han mejorado muchos de los aspectos de este
proyecto de ley; es cierto, lo reconocemos; pero nos hemos quedado
cortos. Ustedes lo saben. Hemos hablado mucho estos días con el
presidente de la comisión, don Octavio Adolfo López y el ponente, don
José Luis Vallines y, por lo tanto, son conscientes de esta realidad y de
lo que nosotros les hemos comentado. Para nosotros son claves los hechos
competenciales y, en el trámite en el Senado, ninguna enmienda de ámbito
competencial ha sido aceptada, ninguna. Esto vino con un compromiso,
también en el Congreso, de que las enmiendas de tipo competencial
tuvieran una

solución en el trámite en el Senado. Repito, no ha sido
aceptada ninguna enmienda de ámbito competencial del Grupo de
Convergència i Unió.

Evidentemente, hay temas que son muy importantes, como que
no se respeta la competencia autonómica para el desarrollo de la
formación profesional dual; no se respeta la competencia autonómica para
impulsar las competencias camerales para incrementar la competitividad y
fomentar la innovación —cuestión muy importante—; no se
establece la obligación de que se colabore con las comunidades autónomas
en la redacción del plan cameral de internacionalización, etcétera. Saben
que Cataluña tiene un papel muy importante en el impulso y en la
estrategia de las pequeñas y medianas empresas, y entendemos que están
invadiendo competencias importantes.

Por tanto, en nuestro grupo así se planteó en el Congreso y
lo hemos planteado en la comisión. Lamentamos que ninguna de las
enmiendas de tipo competencial haya sido aceptada, por lo que, en estas
condiciones, aun reconociendo que se ha mejorado el proyecto de ley y que
nuestras enmiendas han mejorado muchos ámbitos, como, por ejemplo, en lo
relativo a la aportación del 30% que quedará en la cámara de comercio en
función del lugar en que se realice dicha aportación, resulta evidente
que para nosotros el competencial es un tema muy serio y hay ámbitos muy
importantes al respecto que no se han atendido.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, termine.

El señor ALTURO LLOAN: Termino, señor presidente.

Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener en este
proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor
presidente.

Yo también me sumo al saludo de mi compañero a la
representación cameral que nos acompaña.

Mi intervención será necesariamente breve. Solo pretendo
ratificar lo que ya mi compañero Manchado ha expuesto en esta tribuna y
ratificarme también en el voto favorable del Grupo Parlamentario
Socialista.

Esta es una ley muy importante, y así lo ha destacado él y
lo quiero destacar yo. Como sucede en la Europa continental, las cámaras
son una solución a las políticas en beneficio básicamente de las pymes y
el comercio, entendido este como conjunto de actividades de intercambio
de bienes y servicios y para la internacionalización de la economía. Así
lo ven los legisladores de los países de nuestro entorno y así lo debemos
ver nosotros también. Las cámaras se han consolidado como órganos
consultivos y de colaboración de las administraciones públicas en todo
aquello que tenga relación con la representación, promoción y defensa de
los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los
servicios. Si observamos la actual red cameral española ochenta y ocho
cámaras y cuatrocientos puntos de atención debemos valorar su amplia
presencia y potencialidad en la vertebración de las políticas de apoyo a
las empresas. Ello convierte a las cámaras en una herramienta muy eficaz
en manos del propio tejido productivo y en manos también de los Gobiernos
para articular e implementar políticas coordinadas de crecimiento y
evitar duplicidades. Además, las cámaras de comercio españolas tienen
presencia aproximadamente en cuarenta países.

La nueva legislación en la que nos movemos viene motivada
por la necesidad de racionalizar en el actual contexto económico en que
nos encontramos la estructura y el funcionamiento de las cámaras
españolas, algo perfectamente asumible por todos. La ley persigue
reforzar la eficiencia de las cámaras, mejorando los servicios que
prestan a las empresas y estableciendo nuevas funciones para ellas, de
forma que estos organismos actúen como instrumentos de apoyo al Gobierno
en su política económica y de regeneración del tejido empresarial, y todo
ello sin olvidar, a nuestro juicio y con todo respeto a otras opiniones,
la singularidad de las comunidades autónomas.

Señorías, en España estamos inmersos desde hace bastantes
años ya en la pelea que representa la lucha por la igualdad.
Afortunadamente, aunque queda mucho camino por recorrer, esta realidad
también se va abriendo paso en el ámbito empresarial y específicamente en
el

mundo cameral. Durante el año 2013 diez mujeres al día
montaron su propia empresa a través del programa de apoyo empresarial a
las mujeres de las cámaras de comercio. He querido destacar este aspecto
para que no pase desapercibido algo que me parece cualitativamente muy
importante pero que muchas veces tenemos tendencia a olvidar, a pesar de
los grandes discursos que a veces articulamos en torno a este punto.

Como decía al inicio de mi intervención, vamos a votar a
favor de esta ley, no tanto porque estemos totalmente de acuerdo, sino
porque el texto inicial ha mejorado en su tramitación, tanto en el
Congreso, como en el Senado, de tal manera que merece nuestro apoyo. Y
esto me permite traer a colación una breve reflexión con la que pretendo
concluir. Ya he dicho que esta no es nuestra ley. Si la tuviésemos que
hacer nosotros, probablemente no la haríamos igual. Sin embargo, sabemos
que estamos en la oposición, que el Partido Popular tiene la mayoría y es
razonable que las leyes respondan sustancialmente al criterio de la
mayoría.

Ante esta circunstancia debemos preguntarnos ¿por qué
podemos votar esta ley conjuntamente? ¿Por qué en la tramitación de esta
ley ha sido posible el diálogo y la cooperación —que dicho sea de
paso, es lo que los ciudadanos nos demandan— en lugar de la
habitual confrontación? En mi humilde opinión ha sido porque el Grupo
Popular ha hecho una excepción en este caso, ha renunciado a hacer un uso
de su mayoría absoluta desde una concepción absolutista, y ha hecho bien
porque el absolutismo ya fue superado por la modernidad que nos trajo las
sociedades democráticas de las que afortunadamente disfrutamos.

Quizá tengan algo que ver en esto los interlocutores.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, finalice.

El señor ORTIZ MOLINA: En este caso hemos contado con el
señor secretario de Estado de Comercio, el señor García-Legaz, y ha sido
posible el diálogo y el acuerdo, mientras que en otros casos, como hemos
podido comprobar en la Ley de Educación, la Ley de seguridad privada o en
la comúnmente conocida como Ley del aborto, ocurre lo contrario; no hay
el más mínimo espacio para el diálogo. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando. Ha consumido el tiempo que tenía asignado.
(Rumores).

El señor ORTIZ MOLINA: Tengan paciencia, señorías.
(Protestas).

En estos casos, ante el ministro de Educación, ante el del
Interior o ante el de Justicia, podríamos decir aquello de con la Iglesia
hemos topado.

Concluyo, para no molestar, señorías, porque son ustedes
muy sensibles creo que excesivamente sensibles. Vamos a votar
favorablemente esta ley y la vamos a respaldar, además creo que de forma
amplia en esta Cámara pero, como decía, no tanto porque sea la nuestra,
sino porque ha sido ampliamente consensuada y el texto definitivo nos
parece razonable y perfectamente asumible.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señor Ortiz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Vallines.

El señor VALLINES DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Empezaré por el final. El portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista se preguntaba por qué había sido posible el consenso. Ha dicho
que ha sido porque ha cambiado el Grupo Popular, pero también habrán
cambiado algo los grupos de la oposición en el debate de esta ley, que
han hecho posible —también con nuestra actitud— ese consenso.
Por tanto, todos tendremos que hacer el examen de conciencia, para ver si
en el futuro obtenemos más lugares de encuentro y más acuerdos, pero no
es posible dejar la carga de la prueba solamente al Grupo Popular.

Sin duda, esta es una ley imperfecta, como todas. Se ha
buscado un modelo de actividad pública, de derecho público o de derecho
privado, e incluso hemos contado con alguna aportación de la señora
secretaria de la comisión en esta materia, para lograr al final un
instrumento válido, que sea eficaz a esas pequeñas y medianas empresas,
que están más desprotegidas en relación con su presencia internacional,
por ejemplo.

Señora Iparragirre, no es su ley, pero se parece mucho; se
parece mucho y, de hecho, ni siquiera usted misma ha hecho demasiado
hincapié en el problema de las competencias autonómicas.

Tampoco lo ha hecho el señor Montilla, que se siente
satisfecho con las competencias autonómicas, aunque es verdad que tiene
imperfecciones.

Señor Alturo, usted renuncia a la paternidad de esta
criatura, pero su grupo es padre de esta criatura en gran medida.
(Denegaciones del señor Alturo Lloan). Como le he dicho antes, en el
Congreso de los Diputados se aceptaron catorce de las veintinueve
enmiendas que presentaron. Además, también se han hecho avances en
relación con las competencias autonómicas; quizá no todo lo que ustedes
planteaban, pero el avance del 70% y del 30% se ha logrado en la
comisión, y aquello a lo que daban ustedes mucha importancia en el
Congreso de los Diputados, que es el tratamiento de la consideración
tributaria de las aportaciones de las empresas a las cámaras, también se
ha tenido en cuenta. Respetando su actitud, como no podría ser de otra
manera, me parece que es usted un pelín injusto con el Grupo
Parlamentario Popular. Esperemos que mediten durante el tiempo que queda
hasta que esta ley llegue al Congreso y cambien de actitud.

En definitiva, señores portavoces que han anunciado que van
a votar a favor, muchísimas gracias y también gracias por el
reconocimiento del consenso. Y al portavoz de CiU le pido, por favor, que
de aquí al Congreso hagan un esfuerzo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Llamamos a votación. (Pausa).

Señorías, vamos a dar comienzo a la votación de la ley
básica de las cámaras de comercio. (Rumores). Les comunico que van a ser
dos votaciones largas, aparte de que aún quedan por tratar algunos puntos
del orden del día. (Continúan los rumores). ¡Silencio, señorías!

Vamos a iniciar la votación de las enmiendas de la senadora
Capella, del Grupo Parlamentario Mixto. Votamos en primer lugar la número
22.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 2; en contra, 156;
abstenciones, 66.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 31, también de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 2; en contra, 156;
abstenciones, 66.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas 26, 27 y 29.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 1; en contra, 145;
abstenciones, 77.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas 35 y 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 2; en contra, 141;
abstenciones, 81.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 3; en contra, 140;
abstenciones, 81.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas 20, 21, 28, 30 y 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 1; en contra, 146;
abstenciones, 77.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas 23 a 25, 33, 34 y 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 2; en contra, 146;
abstenciones, 76.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Dentro del Grupo Mixto, sometemos a votación la enmienda
número 2 de los senadores Eza y Salanueva.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 223; a favor, 72; en contra, 140;
abstenciones, 11.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 3 de los senadores Eza y Salanueva.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor, 85; en contra, 138;
abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Dentro del Grupo Mixto, enmiendas presentadas por los
senadores Iglesias y Mariscal. En primer lugar, la enmienda número 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 15; en contra, 144;
abstenciones, 65.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas 7 y 9 de los mismos senadores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 77; en contra, 144;
abstenciones, 3.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas 6, 8, 11 y 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 67; en contra, 144;
abstenciones, 13.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 67; en contra, 139;
abstenciones, 18.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 66; en contra, 140;
abstenciones, 18.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 10 y 14 de los mismos senadores Iglesias
y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 4; en contra, 146;
abstenciones, 74.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas números 16 a 19 de los senadores Quintero y
Zerolo, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 19; en contra, 139;
abstenciones, 65.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Por parte del Grupo Parlamentario Vasco, votamos las
enmiendas números 89 y 97.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 16; en contra, 137;
abstenciones, 70.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda 94 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 82; en contra, 138;
abstenciones, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos las enmiendas 98 y 101.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 16; en contra, 139;
abstenciones, 69.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda 90, del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 16; en contra, 203;
abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas 88 y 91.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 83; en contra, 139;
abstenciones, 2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda 93.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 82; en contra, 138;
abstenciones, 3.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda 95.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 83; en contra, 139;
abstenciones, 2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa.

En primer lugar, votamos la número 47.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 15; en contra, 145;
abstenciones, 64.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas 48, 50 y 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 67; en contra, 144;
abstenciones, 11.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas 49 y 51.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 77; en contra, 145;
abstenciones, 2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 52, también del Grupo Parlamentario
Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 5; en contra, 145;
abstenciones, 74.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 54, 55 y 57.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 67; en contra, 139;
abstenciones, 18.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas número 56.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 78; en contra, 138;
abstenciones, 7.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 58.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 4; en contra, 145;
abstenciones, 75.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 65; en contra, 146;
abstenciones, 13.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 67; en contra, 138;
abstenciones, 18.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 40, 42 y 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 77; en contra, 139;
abstenciones, 7.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 83; en contra, 138;
abstenciones, 2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 72.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 78; en contra, 139;
abstenciones, 7.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 78; en contra, 139;
abstenciones, 7.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

A continuación pasamos a votar las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

Votamos, en primer lugar, las número 78 y 86.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 16; en contra, 139;
abstenciones, 69.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 13; en contra, 192;
abstenciones, 19.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 81 y 82.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 77; en contra, 139;
abstenciones, 7.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 85

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 78; en contra, 139;
abstenciones, 7.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 74, 77, 84 y 87.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 82; en contra, 138;
abstenciones, 7.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas 73, 75, 76 y 80, del mismo grupo, de CiU.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 83; en contra, 137;
abstenciones, 2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista.

En primer lugar, la número 62.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 83; en contra, 139;
abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 64.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 65; en contra, 139;
abstenciones, 20.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 65.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 66; en contra, 140;
abstenciones, 18.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas 61, 63 y 66, del mismo grupo.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 78; en contra, 137;
abstenciones, 7.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas de la Entesa y del Grupo Socialista de vuelta al
texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 68 a 71, del Grupo
Popular, 100, del Grupo Vasco, y la enmienda transaccional aprobada sobre
la base de la enmienda 83 de CiU y las enmiendas 92 y 99, del Grupo
Parlamentario Vasco.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 65; en contra, 157;
abstenciones, 2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 112923, firmada por todos los grupos.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).

Aprobada.

Propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 112924, sobre la base de las enmiendas 1, del Grupo Mixto, 60,
del Grupo Socialista, y 39, de Entesa, firmada por todos los grupos,
excepto por el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 222; en contra, 1;
abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
aprobada.

Propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 112940, firmada por todos los grupos.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada.

Propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 112941, sobre la base de la enmienda 96, del Grupo Vasco,
firmada por todos los grupos, excepto por el Grupo Parlamentario
Mixto.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 219; en contra, 4;
abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
aprobada.

Votación de aquellas partes del proyecto de ley, enmendadas
en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos 223; a favor, 222; abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
aprobadas.

Votación del resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 209; en contra, 2;
abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.3. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO
ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y
SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2
DE MARZO. (Votación)

COMISIÓN: INTERIOR

(Núm. exp. 621/000061)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez):

Abran las puertas (Pausa).

Llamen a votación (Pausa).

Cierren las puertas. (Rumores).

Silencio, señorías.

Vamos a votar el proyecto de ley debatido anteriormente
sobre tráfico.

En primer lugar, votamos la enmienda número 42, de la
senadora Capella, del Grupo Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 6; en contra, 132;
abstenciones,68.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos la enmienda número 43, del Grupo Parlamentario
Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 76; en contra, 129.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos la enmienda número 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 15; en contra, 131;
abstenciones, 60.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos las enmiendas números 36 y 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 9; en contra, 132;
abstenciones, 66.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos las enmiendas números 35 a 37, 40 y 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 65; en contra, 131;
abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 5; en contra, 190;
abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 1, del Grupo Mixto, presentada por la
senadora Salanueva y el senador Yanguas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 60; en contra, 136;
abstenciones, 11.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas 2, 3 y 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 5; en contra, 193;
abstenciones, 9.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 6; en contra, 189;
abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Enmienda número
12, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 3; en contra, 145;
abstenciones, 59.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 6, del mismo grupo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 4; en contra, 194;
abstenciones, 9.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 2; en contra, 135;
abstenciones, 68.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 7 a 11, 14, 17, 19, 21 a 34, 47 y 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 9; en contra, 132;
abstenciones, 66.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas números 20, 48 y 49.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 9; en contra, 186;
abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas números 46 y 51.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 67; en contra, 131;
abstenciones, 8.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

También del Grupo Mixto, votamos las enmiendas presentadas
por el senador Martínez Oblanca. En primer lugar, la número 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 2; en contra, 140;
abstenciones, 64.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 61.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 60; en contra, 140;
abstenciones, 7.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos la enmienda número 67.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 3; en contra, 132;
abstenciones, 72.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos la enmienda número 54.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 67; en contra, 131;
abstenciones, 9.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos las enmiendas números 53 y 81.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 9; en contra, 189;
abstenciones, 8.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos las enmiendas números 55 a 59, 62, 65, 68 a 80 y 82
a 84.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 9; en contra, 131;
abstenciones, 67.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

En primer lugar, la número 88.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 15; en contra, 191;
abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos las enmiendas números 85 y 99 del mismo grupo
parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 17; en contra, 131;
abstenciones, 59.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos las enmiendas números 89 y 100.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 8; en contra, 189;
abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos las enmiendas números 95 y 96.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 8; en contra, 131;
abstenciones, 67.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos las enmiendas números 86, 87, 90, 94, 97 y 98.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 7; en contra, 132;
abstenciones, 68.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de la
Entesa. En primer lugar, votamos las números 125 y 138.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 12; en contra, 185;
abstenciones, 9.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos la enmienda número 131.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 4; en contra, 138;
abstenciones, 64.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos la enmienda número 148.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 6; en contra, 131;
abstenciones, 68.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos las enmiendas números 126 a 130, 132 a 135, 137,
139 a 147 y 149 a 153.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 9; en contra, 130;
abstenciones, 67.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos la enmienda número 156.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 66; en contra, 130;
abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos la enmienda número 165.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 107; a favor, 66; en contra, 132;
abstenciones, 9.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos la enmienda número 169.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 68; en contra, 131;
abstenciones, 8.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos la enmienda 189.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 74; en contra, 131;
abstenciones, 2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos las enmiendas números 178 y 179.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 75; en contra, 132.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos las enmiendas 157 y 173.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 62; en contra, 132;
abstenciones, 13.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos las enmiendas 154 a 155, 158 a 164, 166 a 168, 170,
172, 174 a 177 y 180 a 188.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 67; en contra, 131;
abstenciones, 8.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votación de vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por la enmienda 251 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 73; en contra, 132;
abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las más
231, 237, 239, 243, 245, 248 y 249 del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 66; en contra, 132;
abstenciones, 8.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, en primer lugar, la enmienda 108.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 15; en contra, 190;
abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos la enmienda 102.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 15; en contra, 181;
abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 106, 109 y 120.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 14; en contra, 192;
abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 115 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 14; en contra, 191;
abstenciones, 2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 121 y 123.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 14; en contra, 132;
abstenciones, 61.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 122.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 24; en contra, 132;
abstenciones, 50.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 101, 103 y 110.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 24; en contra, 131;
abstenciones, 51.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas números 104, 105, 111, 112, 117 a 119 y 124 del
mismo Grupo de Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 15; en contra, 132;
abstenciones, 60.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.

En primer lugar, enmiendas números 193 y 213.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 205; a favor, 60; en contra, 132;
abstenciones, 13.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas números 192, 201 y 225.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 67; en contra, 132;
abstenciones, 8.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas números 220 y 221.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 75; en contra, 132.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas números 190, 191, 194 a 212, 214 a 219 y 222 a
224.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 67; en contra, 133;
abstenciones, 7.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas del Grupo de la Entesa y Socialista de vuelta al
texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 241 del Grupo
Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 75; en contra, 132.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Vuelta al texto del Congreso de los mismos grupos
parlamentarios en lo modificado por las enmiendas 233 y 242 del Grupo
Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 67; en contra, 139;
abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las
enmiendas 227 a 230, 240 y 246.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 202; votos emitidos, 201; a favor, 66; en contra, 127;
abstenciones, 8.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen sobre la
enmienda 107, de CiU, con el número de registro 112907 firmada por todos
los grupos, con excepción del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 141; en contra, 64;
abstenciones, 2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
aprobada.

Propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 112909 firmada por todos los grupos.

¿Se entiende aprobada por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada.

Propuesta de modificación del dictamen con el número de
registro 112953 sobre la base de la vuelta al texto del Congreso en lo
modificado por las enmiendas 226, 232, 234, 235, 236, 238, 244, 247, 250
y 252 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 206.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
aprobada.

Votación de aquellas partes del proyecto de ley enmendadas
en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 206; en contra, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
aprobadas.

Votación del resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 139; en contra, 60;
abstenciones, 8.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del
texto definitivo por S.M. el Rey. (Rumores).

Silencio, señorías.

10. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

10.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

10.1.1. TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS, HECHO EN NUEVA
YORK EL 2 DE ABRIL DE 2013.

(Núm. exp. 610/000111)

El señor vicepresidente da lectura a los puntos 10., 10.1.
y 10.1.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Pasamos al
siguiente punto del orden del día.

No se han presentado propuestas a este tratado.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).

La votación telemática ha sido autorizada por las senadoras
García Carrasco y Navarro Viscasillas y por el senador Marín Torrecillas.
Los tres han emitido voto favorable a este convenio.

¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento).

11. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

11.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

11.1.1. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE
MADRID Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA PARA LA RENOVACIÓN
DE LA UTILIZACIÓN DE LOS TÍTULOS DE ABONO TRANSPORTES DEL CONSORCIO
REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID EN LOS DESPLAZAMIENTOS ENTRE AMBAS
COMUNIDADES.

(Núm. exp. 592/000014)

AUTORES: GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID y JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

El señor vicepresidente da lectura a los puntos 11., 11.1.
y 11.1.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Pasamos al
siguiente punto del orden del día.

No se han presentado propuestas de que la celebración de
este convenio necesite la autorización de las Cortes Generales.

¿Alguien desea intervenir? (Denegaciones).

En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la
celebración de dicho convenio.

Se levanta la sesión.

Eran las quince horas y diez minutos.