decir, la finalidad es que las Cortes y cada uno de los
diputados o senadores dispongan de todos los datos de la inversión
regionalizada con carácter semestral.

Entendemos que la enmienda 634, presentada por el Grupo
Popular, que inicialmente pretendía suprimir este artículo, mejora
sustancialmente pero no recoge íntegramente nuestras pretensiones.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.

El Grupo Socialista presenta la enmienda 2219 y 2232.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Vicente.

La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Socialista presenta dos enmiendas, la 2219 y la
2232, para que se cumplan los estatutos de autonomía de diferentes
comunidades autónomas, Aragón, Castilla y León, Andalucía, Extremadura e
Islas Baleares, porque entendemos que si esta Cámara, la Cámara
territorial por excelencia, no aprueba estas enmiendas, pone a los
senadores de estas comunidades autónomas en entredicho ya que, en lo que
se refiere a las inversiones del Estado, no se cumplirán los estatutos de
autonomía, o se volverá a saltar la ley por cuarto año consecutivo, en
este caso con estos presupuestos.

Por eso, esperamos que el resto de los grupos aprueben
nuestras enmiendas que, como he dicho, se refieren a las inversiones del
Estado en estas comunidades autónomas y, por consiguiente, a que se
cumplan sus estatutos de autonomía.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vicente.

El Grupo Parlamentario Popular presenta las enmiendas 517 a
519, 633, 634, 638, 639, 640 y 4065.

Tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Gracias, señora presidenta.

Toda vez que están incorporadas en el informe, las
enmiendas ya incluyen la justificación oportuna.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Utrera.

Turno en contra.

Tiene la palabra la señora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Intervengo para defender el título I, que es el marco que
recoge las grandes cifras que encuadra el presupuesto que, a nuestro
juicio, son unas previsiones realistas y creíbles; un presupuesto que va
a afianzar la consolidación fiscal y el equilibrio de las cuentas
públicas; un presupuesto que tiene además una fuerte componente social;
un presupuesto de un Estado garante del Estado del bienestar, y un
presupuesto que va a impulsar, sin duda, la recuperación en la que ya
estamos, el crecimiento y el empleo.

Votaremos en contra de las enmiendas que han planteado
otros grupos. En primer lugar, me referiré a los créditos ampliables, a
becas o al Imserso. Independientemente de que se produzca un debate con
mayor profundidad en las secciones o en los ámbitos correspondientes, hay
un elemento fundamental, a nuestro juicio, en este presupuesto, y es que
es un presupuesto con una componente social muy importante. El Grupo
Popular ha entendido, y así lo ha entendido también el Gobierno, que los
presupuestos para 2015 están precisamente centrados en las personas, en
los ingresos, con esa reforma fiscal que nosotros entendemos que es
idónea —y con esto respondo también a la enmienda de Izquierda
Unida y de la Entesa—, una reforma fiscal que es compatible con
nuestro objetivo de déficit y que, además, se presenta en el momento
idóneo. Como digo, son unos presupuestos centrados en las personas, no
solo en los ingresos, a través de esa reforma fiscal, sino también en los
gastos.

En particular, hablando de becas tenemos que señalar que el
presupuesto de Educación aumenta un 4,5%, precisamente, por esos más de
1413 millones que se destinan a becas y que nosotros consideramos una
cantidad necesaria, suficiente e importante.

El presupuesto del Imserso se aumenta en un 6%, aunque se
presenta una enmienda para declarar ampliable el crédito para la
cobertura del mínimo garantizado en dependencia, una enmienda que
nosotros votaremos en contra porque, saben sus señorías, que en este
caso, si el crédito resultara insuficiente, el mecanismo para su
cobertura sería tramitar un suplemento de crédito en el presupuesto del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que sería financiado
por el Fondo de contingencia. Por lo tanto, no es necesario adoptar
ninguna normativa a mayores. En cualquier caso, en cuanto a

dependencia, a pesar de que se produzca un debate más
amplio en la sección correspondiente, me gustaría dejar constancia de
tres datos. Un porcentaje muy importante —primer dato—, más
del 60% del presupuesto del ministerio va precisamente a consolidar la
Ley de dependencia —por cierto, 5 puntos más de lo que establecía
el Gobierno socialista—. En segundo lugar, se mantienen más de 1000
millones de euros para financiar el nivel mínimo de dependencia que se
transfiere a las comunidades autónomas para el pago de prestaciones y,
además, se incrementan las transferencias para garantizar la asistencia a
los grandes dependientes. Yo creo que es importante y, tanto hablando de
becas como hablando de dependencia, son datos que ponen de manifiesto el
compromiso del Gobierno con el gasto social, un gasto social que vuelve a
aumentar en este presupuesto hasta el 54% en gasto consolidado.

Convergència i Unió se refería también al envío de
información —un debate que tenemos otros años— sobre el grado
de ejecución de la inversión. En este caso, entendemos que la enmienda no
va a mejorar de forma sustancial lo que nosotros hemos presentado, y
mantenemos el envío de información tal como lo planteaba el Grupo
Popular.

El Grupo Socialista y la Entesa hacen referencia en otras
enmiendas a la financiación territorial, en particular a las
disposiciones estatutarias. Es un debate que hemos tenido otros años, e
igual que hemos hecho otros años, hay que recordar al Partido Socialista
que presentar esas enmiendas es el reconocimiento de sus propios
incumplimientos a lo largo de muchos años; es volver a recordar el famoso
sudoku de Solbes. Yo creo que no hubo mayor deslealtad institucional que
prometer inversiones que sumaban más del 100%, comprometer inversiones
que nunca tuvieron intención y que desde luego no había ninguna
posibilidad de cumplir. Eso sí fue un claro ejemplo y un claro ejercicio
de deslealtad institucional con las comunidades autónomas y con las
provincias. En ese sentido, presentan una serie de enmiendas que
pretenden dar cumplimiento a los estatutos de autonomía de algunas
comunidades autónomas, y tengo que decir que, con independencia de que el
debate se produzca en la sección correspondiente, en ellas figuran muchos
compromisos incumplidos, muchas inversiones sin ejecutar, que en algunos
casos quedaron abandonadas, pero que hoy se incluyen en estos
presupuestos para asegurar su reactivación, y también se pagan aquellas
cantidades que se dejaron sin pagar, en muchísimos casos incluso en
expropiaciones.

En cuanto al cumplimiento de los estatutos, señorías, hay
una sentencia del Tribunal Constitucional, la 31/2010, que en relación
con la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de
Cataluña señala que esas disposiciones no vinculan al Estado a la hora de
definir su política de inversiones ni pueden condicionar la voluntad de
las Cámaras en el ejercicio de sus funciones sobre los Presupuestos
Generales del Estado, y que esos compromisos formalizados en un estatuto
de autonomía no constituyen un recurso que el Estado deba consignar
obligatoriamente en los presupuestos generales de cada ejercicio
económico. En todo caso —lo conocen sobradamente—, si alguien
incumplió todos esos compromisos fue el Gobierno anterior y el Partido
Socialista, que se mantuvo bien callado a lo largo de esos años.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Angulo.

¿Algún portavoz desea intervenir en el turno de portavoces?
(Pausa).

Tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

Voy a intervenir muy brevemente para plantear de nuevo la
necesidad de una reforma fiscal diferente a la que planteó, defendió y
sacó adelante el Partido Popular para conseguir la suficiencia financiera
y el respeto escrupuloso a los principios de justicia y
progresividad.

En relación con el debate sobre los estatutos de autonomía,
siendo conocedor de la doctrina del Tribunal Constitucional, quiero
destacar la anomalía de que leyes orgánicas se incumplan constantemente;
lo racional y razonable sería que el Partido Popular planteara
abiertamente la reforma de sus estatutos para que no reflejen
pronunciamientos y manifestaciones que, año tras año, en la Ley de
presupuestos se incumplen.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

Tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero decir que la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular ha hablado de enmiendas que no corresponden a este
título. No sé si vamos a repetir el debate de todo el articulado

cada vez que discutamos un título porque, por ejemplo, ha
hablado de enmiendas de mi grupo que son de otro título, no del título I,
y que yo no he defendido, por tanto, difícilmente puedo haberme
manifestado en contra.

En segundo lugar, efectivamente, hay una sentencia del
Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña pero
no del resto de estatutos de autonomía, Andalucía, Aragón, Castilla y
León, Extremadura e Islas Baleares. Por tanto, que no se ponga de excusa
la sentencia de Cataluña para incumplir el resto de estatutos.

En tercer lugar, es verdad lo que dice el Tribunal
Constitucional pero no es menos cierto que hay un acuerdo de la Comisión
Bilateral Estado-Generalitat que sí vincula; es un acuerdo voluntario,
suscrito por el Gobierno del Estado español. Mi grupo parlamentario
insiste en que hay una manera de solucionar este asunto, y es que el
Gobierno convoque —que puede hacerlo— dicha comisión
bilateral y proponga revocar el acuerdo que se tomó en su momento para
respetar el Estatuto de Autonomía de Cataluña en su disposición adicional
tercera.

Por tanto, que se digan las cosas como son. Se incumplen
todos los estatutos, y en el caso de Cataluña —que tiene una
sentencia, el resto no— hay un acuerdo de la Comisión Bilateral
Estado-Generalitat.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bruguera.

Tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora
presidenta.

Creía que este debate iba a ser más ligero y que íbamos a
consumir menos tiempo, pero intuyo que no va a ser así, vistos los
inicios. Empezamos en el título I con el debate de la disposición
adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, ya que ustedes
apelan constantemente a la doctrina del Tribunal Constitucional, quiero
recordarles que el Partido Popular recurrió el Estatut de Catalunya al
Tribunal Constitucional en diferentes artículos, algunos de los cuales
fueron declarados inconstitucionales y otros, incluida la disposición
adicional tercera, constitucionales. Por tanto, es constitucional.

Ustedes tendrán su opinión, les afectará o no respetar una
ley orgánica aprobada por las Cámaras, pero está claro que el Partido
Popular muestra constantemente, año tras año, su falta de voluntad para
respetar el acuerdo con Cataluña, acuerdo que fue suscrito a través del
correspondiente referéndum por la mayoría de catalanes. ¿Están en su
derecho? Sí, están en su derecho pero, en todo caso, que quede constancia
de que esta disposición adicional fue declarada constitucional por el
Tribunal Constitucional.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.

Tiene la palabra la señora Vicente.

La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.

Comenzando este debate en el título I nos damos cuenta de
que no existe rigurosidad a la hora de presentar estos presupuestos, y lo
digo porque, a pesar de que las enmiendas del Partido Popular han sido
incorporadas al informe de la ponencia debido a su mayoría absoluta, son
todas muy variopintas, porque se refieren a diversos temas, como la
crisis del ébola, la Ley de dependencia, la supresión de las becas y
ayudas a universitarios y no universitarios, créditos destinados a la
aplicación de un real decreto que se aprobó el viernes en consejo de
ministros —ni siquiera esperan a que se debata en las Cortes
Generales—, todo lo cual pone de manifiesto que abusan de su
mayoría absoluta. A pesar de que llevan ya tres años no han aprendido
nada y, al menos, tienen que tener respeto en el debate
parlamentario.

Como he dicho, son temas muy diversos pero quiero referirme
expresamente a la enmienda 638, del Grupo Parlamentario Popular, que se
ha incorporado al informe de la ponencia —a la que desde luego el
Grupo Parlamentario Socialista presentará votos particulares— y que
pretende suprimir el crédito destinado a becas y ayudas de carácter
general para estudiantes universitarios y no universitarios. Señorías, la
beca es un derecho pero con esta enmienda ustedes pretenden que más de
693 111 personas no puedan beneficiarse de él; es decir, que los 275,5
millones de euros destinados en los dos últimos años —que al
Partido Socialista le parece poco— a becas y ayudas al estudio se
van a suprimir. Estos son datos del Ministerio de Educación del curso
escolar 2014-2015, no me los invento yo, y me parece grave que el Partido
Popular abuse de su mayoría absoluta para introducir desde el inicio de
este debate

parlamentario cuestiones tan relevantes como esta. También
se han incorporado en la ponencia una serie de enmiendas del Grupo
Popular relativas al Real Decreto del PIMA Aire 4, aprobado en Consejo de
Ministros el 28 de noviembre, es decir, hace tres días, y el Partido
Popular ni siquiera ha tenido el respeto de esperar a que se apruebe en
el Congreso de los Diputados y se pueda debatir este asunto que nos
parece relevante.

Senadora del Grupo Popular, su partido lleva tres años
gobernando y ustedes continúan haciendo alusiones a la herencia recibida
del Partido Socialista.

La señora PRESIDENTA: Debe terminar, señora Vicente.

La señora VICENTE GONZÁLEZ: Y por último quiero decir que
las dos enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista lo único
que pretenden es que se cumplan las inversiones del Estado, como bien
indican los estatutos de autonomías de las comunidades autónomas
afectadas.

Queremos que el Grupo Popular introduzca estas enmiendas en
el debate y esperamos que voten a favor de ellas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vicente.

Señora Angulo, tiene la palabra.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

En relación con la aseveración que ha hecho el senador
Bruguera, quiero manifestar que son enmiendas relativas a la declaración
de créditos ampliables en relación con las inversiones, enmiendas que
aparecen en el anexo II, al cual nos estamos refiriendo de manera
conjunta al título I.

En cuanto a las enmiendas sobre las disposiciones
estatutarias, a las que también se refería el senador Bel, quiero
insistir en lo que figura en la sentencia del Tribunal Constitucional, y
es lo siguiente: «Las disposiciones estatutarias no vinculan al Estado, a
las Cortes Generales, a la hora de definir sus políticas de inversiones,
y las configura como compromisos de carácter político y no como un
imperativo que deba reflejarse obligatoriamente en los presupuestos.» En
todo caso, conocemos las distintas posiciones, ya que es un debate que se
reproduce todos los años. A lo largo de varios años, el Partido
Socialista también estuvo incumpliendo ese famoso sudoku, que yo insisto
en que fue el mayor ejercicio de deslealtad institucional con las
comunidades autónomas, y por tanto con las personas, que se había
producido en muchos años.

En relación con las otras enmiendas a las que se refiere,
yo creo que no han entendido el contenido, porque están hablando aquí de
que se suprime el dinero de becas o de dependencia. No, señorías del
Grupo Socialista, lo que plantean en sus enmiendas es declarar esos
créditos ampliables, y lo mismo que he explicado respecto a la cobertura
de los mínimos por dependencia, ocurre con las becas. Saben que si el
crédito fuera insuficiente, el mecanismo para su cobertura sería tramitar
un suplemento de crédito, que sería financiado con cargo al ministerio
correspondiente —de Sanidad, en un caso, o de Educación, en
otro—, y no es necesario adoptar ni declarar ampliables esos
créditos, que es lo que ustedes proponen, ni, por tanto, adoptar ninguna
normativa a mayores. En todo caso, vuelvo a insistir: coberturas de
mínimos por dependencia, 5 puntos más que con el Gobierno socialista;
presupuesto para becas, 1413 millones de euros, lo que supone una cifra
récord para becas en un presupuesto de contenido claramente social.

La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señora
Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino con una frase relativa a
la herencia. En mi opinión, la recuperación económica en el contexto en
el que se presentan estos presupuestos, y que es el que encuadra este
título I, es totalmente diferente a la del año 2011 y eso nos permite
precisamente adoptar ese 54% de gasto social que contiene este
presupuesto.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Angulo.

Señorías, pasamos al título II, capítulo I, artículos 15 y
16, y anexos IV, V y VI. El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya ha presentado la enmienda 1679.

Tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Esta enmienda propone la supresión del artículo 15 apartado
ocho por considerar que favorece la segregación por sexos en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bruguera.

Enmienda 2172, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra su señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Efectivamente, nosotros planteamos
que se suprima el apartado ocho del artículo 15 porque sus previsiones
favorecen la segregación por sexos en los centros educativos, cuando el
Gobierno tiene la obligación de respetar y garantizar el cumplimiento de
sentencias emitidas por el Tribunal Supremo que dictan claramente que no
se puede establecer conciertos con los centros que discriminan por razón
de sexo para su sostenimiento con fondos públicos.

Ese apartado tampoco responde a los supuestos que la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional admite para que la regulación
por ley de presupuestos de una materia que no forma parte de su contenido
sea legítima constitucionalmente. Ni la materia guarda relación con los
ingresos y gastos ni es un complemento necesario para la mayor
inteligencia y para la mejor ejecución del presupuesto y, en general, de
la política económica del Gobierno.

Con respecto a los costes de personal de la UNED que
figuran en el anexo VI, es un presupuesto reiteradamente insuficiente,
porque desde hace años, desde que gobierna el Partido Popular, ha ido
bajando y se ha alterado la proporción entre la financiación pública y la
privada, a pesar de que han aumentado considerablemente los alumnos.

La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor
Álvarez.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Es decir, hemos pasado de una
financiación de 60-40% procedente de la financiación pública privada en
tasas de matrícula, a una exactamente al revés, 40-60%, lo que repercute
en la caída de la financiación por estudiante, hasta el punto de que
estos ahora tienen que hacer frente al 60% del coste de sus estudios.

La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor
Álvarez.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Sí, señora presidenta.

Esto es lo que quiero decir, aparte de otras referencias
educativas que analizaremos en el artículo 21, donde hay una serie de
enmiendas que cumplen todo lo que la CRUE planteaba de forma
satisfactoria, aun cuando no se recogen.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez
Areces.

En el turno en contra tiene la palabra el señor Peral.

El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, señora
presidenta.

El Partido Socialista Obrero Español y el Partido
Socialista de Cataluña reiteran su oposición a los conciertos de
educación diferenciada que ya hicieron con motivo del debate de la LOMCE,
y yo les voy a contestar prácticamente lo mismo que en aquella ocasión.
En primer lugar, yo lo tengo claro en lo referente a mis hijos, que han
ido a colegios mixtos, pero el que no lo tiene tan claro es el Partido
Socialista Obrero Español, porque cuando Izquierda Unida presentó sendas
enmiendas en el Congreso y en el Senado que hubieran hecho imposible la
concertación de colegios de educación diferenciada, el Partido Socialista
votó en contra. Concretamente, me refiero a la enmienda 1066 del
Congreso, que obtuvo 6 votos a favor, 324 en contra y 4 abstenciones, y a
la enmienda 459 del Senado, que obtuvo 21 votos a favor, 216 en contra y
7 abstenciones. A esto se añade que en las distintas comunidades
autónomas, gobiernos socialistas concertaron 30 de los 102 colegios
concertados de educación diferenciada existentes en España, exactamente
12 en Andalucía, 3 en Aragón, 8 en Castilla-La Mancha, 2 en Extremadura y
5 en Madrid. Con lo cual, ahora que ha concluido la maravillosa serie
Isabel, debo decir al Partido Socialista y también al Partido Socialista
de Cataluña lo siguiente: No llores como oposición lo que no supiste o
quisiste defender como Gobierno.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Peral.

¿Algún portavoz desea intervenir en este turno?
(Asentimiento).

Señor Álvarez Areces, tiene la palabra.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Muchas gracias, señora
presidenta.

Quiero intervenir para reiterar nuestra posición en un
elemento muy sustantivo, que es la igualdad de derechos, y para referirme
a la interpretación que se ha hecho sobre las becas, dado que no he
tenido tiempo para hacerlo anteriormente.

Los créditos ampliables los ha apoyado el Grupo Popular en
el Congreso, y aquí vienen con una enmienda a retirar lo que votó allí
favorablemente. Por tanto, la intervención de la portavoz no puede ser
admitida como tal porque es un asunto sustantivo que afecta a un derecho
reivindicado constitucionalmente y que se está vulnerando a través de
estas enmiendas. El Grupo Popular votó afirmativamente los créditos
ampliables en el Congreso de los Diputados, y hay que decir que es un
verdadero escándalo que sea el Senado el que tenga que retirar a través
de una enmienda lo que se vota en el Congreso respecto a una consecución
y consolidación de un derecho que no puede ser eludible a través de
técnicas presupuestarias.

En cuanto a cuestiones educativas, dado su encaje en el
articulado —ya que somos muy estrictos en cada epígrafe, voy a
tratar de ceñirme a él—, voy a hacer una levísima referencia a un
asunto muy sustantivo que afecta a las tasas de reposición, aunque no
obedece a ello. Es muy importante que las tasas de reposición se
restituyan al 100% y por ello hay una serie de enmiendas —a las que
hago referencia aquí porque no puedo defenderlas en la sección— que
hacen alusión, no solo a los ámbitos no universitarios, sino, dentro del
ámbito universitario, sobre todo a los catedráticos, profesores titulares
y contratados, doctores, etcétera, una serie de categorías que exponemos
en 4 enmiendas al artículo 21.

Quiero hacer referencia, por último, a lo que estaba
defendiendo en torno a la UNED, que es una universidad a distancia de
gran prestigio y con un futuro ineludible, porque el mundo actual va a
tener una clara orientación hacia los sistemas de formación a distancia,
vinculaciones con otras universidades, compromisos con otras áreas de la
esfera de la Administración del Estado que han participado recientemente
en estudios y trabajos para la Administración pública, y no puede ser que
aumente considerablemente el número de alumnos cada año y disminuya en
términos estrictamente inversos la financiación de la UNED.

La señora PRESIDENTA: Debe terminar, señor Álvarez.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya.

Quiero hacer aquí una clara apuesta por que el Gobierno
muestre sensibilidad a fin de que la universidad y sus entidades
asociadas dispongan de la financiación adecuada,y no se castigue con una
sobrefinanciación o sobrepago de tasas a los alumnos que estén en la UNED
simplemente por ser alumnos a distancia.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Álvarez Areces.

¿Algún otro portavoz desea intervenir? (Asentimiento).

Tiene la palabra el señor Peral.

El señor PERAL GUERRA: Intervengo muy brevemente, señora
presidenta, para decir, en relación con la educación diferenciada, que el
Partido Popular respeta profundamente a ese 0,7% de los padres que, en su
legítimo derecho y amparados por la convención de la Unesco, eligen la
educación diferenciada para sus hijos, independientemente de que la
inmensa mayoría de nosotros los llevemos a colegios mixtos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Peral.

Al título II, capítulo II, artículos 17 y 18 no se han
presentado enmiendas.

Al título II, capítulo III, artículo 19 no se han
presentado enmiendas.

Al título III, artículos 20 a 36, ha presentado enmienda el
señor Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: La doy por defendida, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

Los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes han
presentado las enmiendas números 687, 688 y 735.

Para su defensa tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

La enmienda número 687 pretende sustituir la congelación
salarial, prevista en el artículo 2, de los trabajadores del sector
público por una subida del 2,6%. La enmienda número 688, al artículo 21,
pretende que se produzca una adaptación a los mecanismos propios de la
universidad, de la práctica de la promoción interna. Y la enmienda número
735, también al artículo 21, plantea que se aumente hasta el 100% la tasa
de reposición de los trabajadores públicos que desarrollan su actividad
en los servicios esenciales.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas
4038 a 4040.

Para su defensa tiene la palabra la señora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señora
presidenta.

La enmienda 4038 ha sido incorporada en la ponencia
anteriormente. La enmienda 4039 propone la modificación del artículo 21,
sobre la oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión
de la provisión de necesidades de personal, a fin de establecer
excepciones a la tasa de reposición para organismos de nueva creación,
para la Ertzaintza y para las plazas ocupadas por interinos o personal
laboral indefinido. Y la enmienda 4040 propone una modificación del
apartado seis del artículo 34, entendiendo que se deben sustraer a las
mutuas de accidentes, en cuanto asociaciones privadas, del ámbito de
decisión de la Comisión de seguimiento de la negociación colectiva de las
empresas públicas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Iparragirre.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado las enmiendas 1680 a 1699 y 2064 a 2068.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias de nuevo, señora
presidenta.

Las doy todas por defendidas y, en todo caso, me referiré
brevemente a algunas de ellas.

En una enmienda proponemos la subida salarial del 1,5%
respecto del año 2014 para los empleados públicos con el objetivo de que
puedan recuperar la pérdida de poder adquisitivo que han padecido a lo
largo de estos últimos años, y a la vez como mecanismo para incentivar la
reactivación económica y el consumo. Otra enmienda propone prever una
oferta de empleo público suficiente que evite descapitalizar el sector
público. Otra se refiere a las ofertas de empleo público en la misma
línea que ha defendido Izquierda Unida, que sea el 100% de las vacantes
que haya en los servicios públicos esenciales. Otra pretende facilitar la
cobertura de los profesionales de apoyo educativo de los centros
docentes. Y finalmente hay 2 enmiendas, una pretende homogeneizar a los
empleados de CEVE con los de Adif y Renfe Operadora, y la otra pretende
garantizar las necesidades mínimas de personal en las actividades de
I+D+i de las universidades y organismos públicos de investigación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora
presidenta.

Mi grupo parlamentario ha presentado 6 enmiendas a este
título III, de ellas 5 son al artículo 21 y 1 al artículo 34.

La enmienda número 3261 pretende evitar las limitaciones a
la contratación en programas de fomento a la investigación, desarrollo e
innovación cuando esta contratación se efectúe sobre la base de programas
competitivos o recursos externos de investigación. Entendemos que no
tiene sentido que una universidad que obtenga recursos por convenios con
empresas privadas o con programas europeos y que puedan financiar un
personal a tal efecto, tenga una restricción para la contratación. Lo
podríamos entender cuando los fondos provienen de presupuesto público con
subvenciones concretas, pero para la libre concurrencia o recursos
externos entendemos que no es de recibo.

La enmienda número 3262, también al artículo 21, apartado
uno.2 persigue una tasa de reposición del 50% para plazas de servicios de
epidemiología. Hemos tenido el caso del ébola, pero hay otras
enfermedades víricas o bacterianas que así lo recomiendan.

La enmienda número 3263 introduce unos matices propios en
el ámbito universitario en relación con la tasa de reposición. Proponemos
sustituir la denominación de los cuerpos de catedráticos de universidad y
profesores titulares de universidad por docentes de universidad y plazas
de profesores contratados. Entendemos que ello es más amplio; no excluye
a los catedráticos de las antiguas escuelas universitarias ni a los
profesores titulares de escuelas universitarias, con lo cual la tasa de
reposición sería un poco mayor.

La enmienda número 3264, también al artículo 21, pretende
claramente eliminar la restricción respecto a la capacidad de aprobar la
oferta pública de ocupación para aquellas administraciones que cumplen
todos los principios de estabilidad y equilibrio presupuestario derivados
de la Ley de estabilidad presupuestaria. No tiene ningún sentido que a un
ayuntamiento que no está endeudado, que tiene ahorro neto positivo, que
está pagando a sus proveedores en tiempo y forma se le limite su
capacidad de aprobar la oferta pública de empleo que la corporación
decida. No entendemos esta restricción, más aun cuando estas
administraciones están cumpliendo todo lo establecido, ya sea por la Ley
de haciendas locales o por las diferentes leyes que les afectan. Esta
enmienda va, pues, en esta dirección, y la número 3265 es una alternativa
a la anterior con un redactado diferente a efectos de establecer una tasa
de reposición al 100% para aquellos casos ya concretos en que se está
cumpliendo con la Ley de estabilidad presupuestaria. Por tanto,
entendemos que es razonable lo que pedimos en estas 2 enmiendas.

Finalmente la enmienda número 3266 pretende permitir que el
personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social y sus centros mancomunados no estén
sujetos a las condiciones del personal laboral del sector público. De
hecho el personal de las mutuas no está en el ámbito del estatuto básico
del empleado público, y por tanto, consideramos que se debe excluir de la
aplicación de este sistema a los trabajadores de las mutuas de accidentes
de trabajo.

Y estas son, señorías, nuestras 6 enmiendas al título
III.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas
2173 a 2197.

Para su defensa tiene la palabra la señora Sanz.

La señora SANZ MURILLO: Gracias, señora presidenta. Buenos
días, señorías.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta 25 enmiendas a
este título III.

En primer lugar quiero destacar un grupo de 16 enmiendas
que proponen una subida salarial del 1,5% respecto del año 2014, aunque
este incremento salarial no se aplicará a los altos cargos del Estado. Es
cierto que nosotros redujimos los sueldos públicos y ustedes los han
congelado, y consideramos que cuatro años de congelación salarial de los
empleados públicos —este será el quinto consecutivo— ha
supuesto una pérdida importante de su poder adquisitivo, un 30%.
Entendemos que una medida que debería ser coyuntural se ha convertido en
algo crónica, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de un
colectivo tan importante de nuestro país y de nuestra economía como es el
sector público. Además, esta medida incentivará la reactivación económica
y el consumo, dará seguridad a nuestros empleados públicos y contribuirá
a paliar el malestar profundo que alberga la función pública. Dejarían de
ser paganinis de la crisis y podría ser un elemento clave para empezar a
vislumbrar que de verdad esa crisis empieza a remontar. Y también sería
un gesto, señores del Partido Popular, un gesto de que de verdad les
preocupa el servicio público y de reconocimiento del sector público, un
sector a veces denostado y humillado; y también un gesto de que no se
persigue la privatización del servicio público y de que ustedes, de
verdad, creen necesaria una Administración eficiente con clara vocación
de servicio al ciudadano.

Asimismo, presentamos otro bloque de 8 enmiendas. Quiero
destacar la número 2176, con el fin de prever una oferta de empleo
público que, aunque limitada, de acuerdo con criterios de austeridad,
evite la descapitalización de la Administración pública. Además permite
continuar con los procesos de consolidación de empleo respecto de
funcionarios interinos que llevan prestando servicios en la
Administración muchos años.

También quiero destacar la enmienda 2177, con la que
pretendemos garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales
fijados en la enmienda, para lo que es necesario que al menos las ofertas
de empleo público incluyan el 100% de las vacantes; facilitar la
cobertura de plazas de profesionales de apoyo educativo, que son
imprescindibles ante necesidades educativas especiales, e incluir el
sector del personal con funciones de atención a las personas en situación
de dependencia y promoción de la autonomía personal entre aquellos cuya
tasa de reposición sea del 100%. En el proyecto de ley este sector no
está incluido ni siquiera entre aquellos cuya tasa puede llegar al 50%,
lo que indica la intención

del Gobierno de desmantelar el sistema de dependencia. Por
otra parte, respecto a la tasa de reposición del personal de la policía
local, será suficiente con la exigencia del cumplimiento del principio de
estabilidad presupuestaria.

Destacamos también las enmiendas 2179, 2181 y 2183, para
atender adecuadamente las necesidades de personal mínimo para la
realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación en
universidades y organismos públicos de investigación, un sector de
importancia estratégica para la recuperación económica.

El Grupo Parlamentario Socialista considera que esas
enmiendas son necesarias, sobre todo porque es necesario generar
confianza, y si ese cambio de ciclo que el Gobierno pregona tiene algún
atisbo de realidad, hay que demostrarlo, y eso se hace con medidas
concretas, y qué mejor que hacerlo con el sector público, que está
pagando un alto precio desde el inicio de la crisis.

Asimismo, debemos garantizar unos servicios públicos
eficientes y necesarios porque los ciudadanos y ciudadanas de este país
así lo demandan.

Por lo tanto, esperamos el apoyo de todos ustedes a
nuestras enmiendas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sanz.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado las enmiendas
507, 508, 635 a 637, 4066 y 4074.

Para su defensa tiene la palabra el señor Peñarrubia.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Señora presidenta, esas
enmiendas están incorporadas a la ponencia y, por tanto, procede pasar al
turno en contra.

La señora PRESIDENTA: De acuerdo.

El señor UTRERA MORA: Si me lo permite, señora
presidenta.

Doy ya por defendidas todas las enmiendas presentadas por
el Grupo Popular que han sido incorporadas al informe de la ponencia,
tanto en los títulos de la ley como en las secciones.

La señora PRESIDENTA: Me parece muy bien, señor Utrera. No
obstante, le preguntaré cada vez que lleguemos al título correspondiente,
para que su señoría manifieste su opinión.

El señor BEL ACCENSI: A efectos de una aclaración. Entiendo
que las que están incorporadas han desaparecido, no existen, pero ha
habido unas enmiendas suscritas por el Grupo Popular que no se han
incorporado en la ponencia y que han sido presentadas por 3 senadores del
Partido Aragonés Regionalista. Mi pregunta es ¿estas deben defenderse
para que se mantengan vivas en el Pleno, o no?

La señora PRESIDENTA: Entiendo que debe defenderlas quien
las ha presentado.

El señor VICEPRESIDENTE (De las Heras Muela): Están
excluidas.

El señor BEL ACCENSI: Están excluidas.

La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos entonces al turno
en contra.

Tiene la palabra el señor Peñarrubia.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, básicamente las enmiendas presentadas por los
diferentes grupos parlamentarios a este título III, gastos de personal,
se concretan en 2 cuestiones: política retributiva y oferta pública de
empleo.

Con respecto a la primera, somos conscientes del esfuerzo
que están haciendo los funcionarios públicos. Dije en la sesión de
comparecencias de responsables de los distintos departamentos
ministeriales que soy funcionario; lo soy además por partida doble
―del Ministerio de Educación y Ciencia, transferido después a la
comunidad autónoma, y de Administración Local― y sé de ese
esfuerzo, al que el Partido Popular estará siempre agradecido. Ahora
bien, este sacrificio ―que, repito, es importante― se produce
en un marco de contención de la inflación, con tasas de IPC cero o
negativas, con lo que la pérdida de poder adquisitivo, si la hubiera, es
moderada, porque no es lo mismo, señorías, incrementos de IPC entre el 3%
y el 4%, como ocurría entre 2004 y 2008, por citar un ejemplo, paralelo a
su vez a incrementos salariales del 1,5% en esas fechas, cuando el IPC se
movía por encima de ese

aumento que figuraba en los Presupuestos Generales del
Estado. Ahí sí había pérdida de poder adquisitivo, y la había también
cuando un Gobierno socialista, sin precedentes en nuestra reciente
democracia, recortaba ―no congelaba, recortaba― los haberes y
salarios de los funcionarios y empleados públicos. Por tanto, en esta
cuestión vamos a ser firmes y vamos a mantener el criterio, porque creo
que ese enorme sacrificio que están haciendo los funcionarios públicos
está dando sus frutos.

En relación con la segunda cuestión, la oferta pública de
empleo, los criterios del proyecto de ley intentan al menos ser
homogéneos para poder cumplir las directrices económicas del Gobierno de
la nación. En este sentido, sus señorías saben que no debe, que no puede
haber excepciones en base a situaciones puntuales o coyunturales
—es decir una Administración o un ente que en este momento presente
unas cuentas saneadas— porque el control del déficit público,
fundamentalmente en las comunidades autónomas —y nos lo ha
recordado recientemente la Unión Europea—, debe ser el objetivo
prioritario del Gobierno y de quienes tienen responsabilidades
políticas.

La más que incipiente recuperación económica se ha logrado
gracias a medidas —es verdad— a veces duras, extraordinarias
y urgentes que ha venido tomando el Gobierno, en principio en los
ejercicios 2011 y 2012, y luego, con la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por cierto consecuencia de la
reforma del artículo 135 de la Constitución, de la que hoy algunos
reniegan. Gracias a ellas en este momento, somos un país fiable, serio y
que, con algunas dificultades, cumple con el objetivo de déficit. Es más,
hemos conseguido embridar unas cuentas públicas —que, por cierto,
nos dejaron quienes gobernaron anteriormente— que nos llevaban a la
quiebra y a la intervención. Señorías, ha sido la sociedad española en su
conjunto quien ha hecho este esfuerzo, junto con las administraciones
públicas, los funcionarios, las familias y las empresas, y gracias a eso
hemos podido refinanciar nuestra deuda en condiciones razonables y
asumibles. Y una de esas medidas, y no la menor, fue establecer en un
principio una tasa de reposición del 0% con carácter general, con la
excepción del 10% para determinados servicios públicos esenciales:
sanidad, educación y seguridad. Y claro que eso fue complicado y difícil,
pero se hizo con seriedad, con credibilidad y sobre todo con firmeza. Con
el tiempo, a medida que la situación económica ha ido controlándose, se
ha podido flexibilizar esa tasa de reposición, de manera que el proyecto
de ley para 2015 que hoy debatimos aumenta el límite para esos servicios
básicos o esenciales al 50%. A esto hay que añadir que en el propio texto
se recoge, e incluso vía enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que
los entes locales y las administraciones autonómicas podrán aplicar tasas
del cien por cien en determinados servicios que consideramos prioritarios
y fundamentales.

Esta es la postura del Grupo Parlamentario Popular, y de
ahí nuestro rechazo a las enmiendas presentadas por los diferentes grupos
parlamentarios.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Peñarrubia.

¿Algún portavoz desea intervenir? (Pausa).

Señora Iparragirre, tiene la palabra.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias,
presidenta.

Únicamente quiero señalar que durante el turno de enmiendas
he mencionado que la número 4038, presentada por mi grupo a este título,
ha sido incorporada a la ponencia. No he hecho referencia a ella, y me
gustaría decir que la enmienda aceptada pretende facilitar que las
administraciones públicas puedan, en el ejercicio de su autonomía, seguir
haciendo aportaciones a los planes de pensiones de empleo o contratos de
seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de
jubilación suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011, siempre
y cuando no supongan un incremento de la masa salarial. La presente
enmienda tenía para nosotros mucha importancia, por lo que quiero
resaltar nuestra valoración positiva por su aceptación por parte del
grupo mayoritario al incluirla en la ponencia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Iparragirre.

Señor Bel, tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias.

Simplemente quiero reiterar la defensa de nuestras
enmiendas y señalar que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el
senador Peñarrubia, dice que el objetivo del control de déficit público
es prioritario

y no admite excepciones. Y eso no es del todo cierto.
Ustedes mismos aprobaron que, en determinadas situaciones, a las
inversiones financieramente sostenibles se les podía aplicar el resultado
presupuestario positivo, cosa que antes no se permitían. Por tanto, no lo
entendemos. Y quiero que se lo expliquen también a sus alcaldes, porque
también hay alcaldes del Partido Popular cuyos ayuntamientos tienen una
situación saneada, con superávit presupuestario, no de este año ni del
anterior sino desde hace muchísimos años, y que están pagando a sus
proveedores en tiempo y en forma. Por tanto, ¿por qué no pueden aprobar
su oferta pública de empleo? ¿Por qué no pueden contratar en un momento
en que tienen disponibilidad para hacerlo y cuando seguramente el que se
cree empleo en sus municipios es importante para sus conciudadanos? ¿Por
qué motivo no pueden contratar? Este va a ser el tercer año consecutivo
en que las corporaciones locales van a generar superávit presupuestario.
No tienen ningún problema de déficit público y así lo han acreditado.
Repito, pues, que no tiene sentido que se mantenga esta restricción en
relación con las corporaciones locales, como tampoco respecto a algunas
comunidades autónomas que están en la misma situación; y, como puede
entender, no me refiero a la Generalitat de Cataluña.

Tampoco entendemos que se cierren a la posibilidad de que
universidades o consorcios públicos de investigación que obtienen
recursos de convenios, acuerdos o contratos con el sector privado, es
decir, con financiación privada, tengan restricciones a la hora de
contratar personal de investigación, desarrollo e innovación. No lo
entendemos. Si los recursos son privados y llegan a la universidad o al
consorcio en cuestión, ¿en qué afecta eso al déficit público? Afecta en
que esos recursos son desviados a centros de investigación estrictamente
privados porque los públicos no los pueden absorber ya que no pueden
contratar todo el personal de investigación necesario. Repito que tampoco
entendemos esta restricción, como tampoco las restricciones para aquellos
centros que se financian con subvenciones de concurrencia pública
europea, por ejemplo. Puede ocurrir que se esté desviando...

La señora PRESIDENTA: Debe terminar, señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Voy terminando.

Puede ocurrir que se esté desviando una parte de la
actividad de investigación y desarrollo de los centros públicos a los
centros privados.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.

Señora Sanz, tiene la palabra.

La señora SANZ MURILLO: Gracias, señora presidenta.

Está claro que estos presupuestos tampoco serán los de la
recuperación para los 2 600 000 empleados públicos que seguirán viendo
sus retribuciones congeladas un año más; y ya van cinco, como ya he
dicho. Creemos que el daño que se ha causado durante estos años a la
función pública es muy grande. Se ha deteriorado la calidad de los
servicios públicos, con la destrucción de casi 300 000 empleos en lo
público, y no solo por jubilaciones sino también por expedientes de
regulación de empleo, lo que ha echado a muchas familias a la
desesperación del paro. Además, esos empleos se han destruido de manera
injusta y desproporcionada; han sido los ayuntamientos y las comunidades
autónomas los que más han sufrido estos recortes y regulaciones de
empleo, y son ellos, los gobiernos locales y las comunidades autónomas,
los que tienen las competencias de algo tan importante para la ciudadanía
como son la sanidad, la educación o los servicios sociales. El propio
señor Beteta reconocía hace unos días que las comunidades autónomas han
hecho mucho esfuerzo y el Estado ha hecho poco.

Es fundamental aumentar la tasa de reposición. Hay que
tener en cuenta la crítica situación de los servicios públicos en las
autonomías y en los municipios de menos de 20 000 habitantes, donde se
están dando situaciones cuando menos muy preocupantes. ¿Y qué me dicen de
las vacantes que aparecen en las ofertas de empleo? Porque nunca se
convocan las oposiciones o estas se retrasan y retrasan.

Los empleados públicos están siendo los paganinis de la
crisis —lo dije antes y lo vuelvo a repetir—, y un año más
continúan siéndolo. Se les congela el salario, se les reducen las
vacaciones, los permisos, la incapacidad laboral transitoria, y se
incrementa la jornada laboral. Y en cuanto a la devolución de la paga
extra, es algo que los tribunales han reconocido como parte
correspondiente a la parte devengada; no es ningún regalo. Lo que
quisiéramos saber es qué pasa con el otro 75%. Esa pregunta la dejó en el
aire el señor Beteta en la pasada comparecencia del día 19. No sé si el
portavoz del Grupo Popular nos dará alguna buena noticia al respecto.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz.

Señor Peñarrubia, tiene la palabra.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señora presidenta.

Senadora Sanz, no es verdad que la congelación salarial de
los funcionarios públicos sea algo crónico. Estamos en una situación
especialmente difícil y crítica, como todos ustedes saben, y gracias a
esas medidas hemos podido vencer la situación de quiebra, de dificultad,
y la posibilidad de ser intervenidos. La congelación salarial —se
lo he explicado antes y lo vuelvo a repetir— está compensada con un
IPC negativo, y este año con la restitución del 25% de la paga
extraordinaria suprimida. Usted no se meta en las razones del porqué de
esa paga extra, que estaba suspendida y se retoma ahora, y que estoy
convencido —lo dije en la comparecencia del señor Beteta, en la que
usted estaba presente— de que se va a recuperar al cien por cien en
próximos ejercicios. Estoy absolutamente convencido. Como lo estoy de
que, cuando las circunstancias lo permitan, los funcionarios públicos,
que están haciendo un enorme sacrificio y a los que, vuelvo a repetir,
estamos infinitamente agradecidos, recuperarán, si la hubiera, la pérdida
de poder adquisitivo.

En cuanto al límite a la tasa de reposición señalado por el
señor Bel, le recuerdo que ha de ser algo homogéneo. Ya se permite el
cien por cien en las entidades locales para policías locales y servicios
de prevención. Creo que ese es un paso importante, positivo, y lo otro
nos obliga a seguir siendo exigentes. Le voy a dar un dato. Si todos los
ayuntamientos españoles que cumpliesen los requisitos establecidos
hicieran uso de la posibilidad de reponer al cien por cien sus plazas,
eso supondría un coste de 181 millones de euros. (Rumores). Sí, sí, pero
en este momento, cuando los presupuestos son los que son, hay que pedir
el esfuerzo conjunto de todos y que estas decisiones sean, como he dicho,
homogéneas, lo que además nos da credibilidad en el concierto
internacional.

Por tanto, creo que los argumentos son sólidos y
suficientes. Y no tengo nada más que añadir, señoras y señores
senadores.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Peñarrubia.

Pasamos al título IV, artículos 37 a 47; título VIII,
artículos 103 y 104; y sección 07.

Han presentado enmiendas los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto; concretamente las enmiendas 689, 690
y 694.

Tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

Con la enmienda 689, formulada al artículo 37, pretendemos
que el incremento de la prestación que reciben los beneficiarios de
clases pasivas del Estado sea del 1,5%. En la misma línea, la enmienda
690, al artículo 41.Uno, también establece con carácter general una
revalorización de las pensiones del 1,5%. Y a través de la enmienda 694,
al artículo 103.Tres, planteamos un incremento en las reducciones a las
cotizaciones en el sistema especial para trabajadores por cuenta propia
del régimen especial agrario.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iglesias.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado las enmiendas 1700, 1701, 2069, 2070 y 2074.

Tiene la palabra, señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Con las enmiendas 1700 y 1701
pedimos el incremento del 1% de las pensiones globales del sistema de la
Seguridad Social y también del 1% en clases pasivas, así como el
incremento del 2% de las pensiones no contributivas.

En cuanto al resto de enmiendas de nuestro grupo
parlamentario, las doy por defendidas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bruguera.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado las enmiendas 3267 a 3269.

Tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.

Efectivamente, hemos presentado tres enmiendas, una al
artículo 37 y dos al artículo 41. Las enmiendas 3267 y 3268 van en la
dirección de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Entendemos
que se lleva a cabo la revalorización de acuerdo con un procedimiento que
no dispone del consenso necesario en este aspecto, y nosotros, de acuerdo
con un nuevo indicador, el deflactor del PIB previsto para el 2015,
proponemos un incremento del 0,6% para intentar, repito, garantizar el
poder adquisitivo de las pensiones en 2015.

Por otro lado, la enmienda 3269 pretende que las pensiones
del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, las pensiones
SOVI, puedan experimentar revalorizaciones en el 2015 aunque concurran
con otras pensiones, esencialmente porque la mayor parte de los
perceptores del SOVI son mujeres mayores, viudas, con pensiones de
viudedad muy bajas o bajísimas en algunos casos, por lo que consideramos
que también se debería permitir la revalorización de las pensiones SOVI
aunque concurran con otras, que también son de muy escasa cuantía.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.

¿Por el Grupo Socialista? (Pausa).

¿Va a intervenir algún portavoz para defender las
enmiendas?

Tiene la palabra, senadora Marra.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Doy por defendidas las
enmiendas.

La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Utrera.

El señor UTRERA MORA: Doy por defendida la enmienda
509.

Y en este turno en contra me van a permitir…

La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Utrera. No ha llegado
ese momento. Le he dado la palabra para defender la enmienda 509.

Ahora tiene usted la palabra. (Risas).

El señor UTRERA MORA: Pues en este turno en contra, y muy
brevemente, he de recordar a los portavoces del resto de los grupos
parlamentarios las circunstancias en las que se ha elaborado un sistema
que es sencillo de entender, fácil de perturbar demagógicamente y
necesario a largo plazo para mantener el sistema de pensiones.

Lo que se ha hecho esencialmente es fijar unos rangos de
crecimiento de las pensiones que garanticen el mantenimiento del poder
adquisitivo pero que al mismo tiempo no pongan en peligro el equilibrio
financiero a largo plazo de la Seguridad Social. En eso parecía que
estábamos todos de acuerdo; tan de acuerdo, que algunos, concretamente el
Gobierno anterior, el Gobierno del señor Zapatero, congeló las pensiones
cuando se vio en una situación en la cual eso no se podía pagar.
Ciertamente, la pura y simple congelación es una forma de equilibrar el
balance de la Seguridad Social a largo plazo. Nosotros nos hemos negado a
ello, y hemos puesto en marcha un procedimiento que toma en consideración
las variables que tienen que ser tomadas en consideración: un porcentaje
mínimo de crecimiento, la previsión de inflación y la previsión de
crecimiento económico. Estos tres factores, más las variaciones en la
población beneficiaria, lógicamente. Con estas variables se toman
decisiones automáticas en el crecimiento de pensiones que generan para el
año 2015 el resultado que todos conocemos, y que también lo generará en
2016 y 2017. Esa es la forma de garantizar la viabilidad a largo plazo de
las pensiones. Por tanto, no solo estamos conformes, sino dispuestos a
mantener este sistema a largo plazo, porque creemos que es lo mejor para
los pensionistas.

Veo también que el rango de crecimiento depende: va desde
el 1,5, como propone Izquierda Unida, hasta el 1% o el 2% de la Entesa,
pasando por el 0,6, de Convergència i Unió. Y ese es el problema: si nos
ponemos a discutir porcentajes diferenciados esto se convierte en una
puja para ver quién da más. Y al final no se da más, se da menos. La
apariencia de que las pensiones van a crecer a corto plazo, a uno o dos
años, se convertiría a medio y largo plazo en un desequilibrio y, por
tanto, en una quiebra del sistema de pensiones que nosotros de ninguna
manera queremos corregir a la socialista, es decir, congelándolas.
Queremos que se mantenga una pauta de crecimiento sosegada en el tiempo,
continua en el tiempo, que precisamente garantice en el tiempo la
viabilidad del sistema de pensiones.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Utrera.

¿Algún portavoz desea intervenir? (Pausa).

Tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

No voy a reproducir los argumentos que hace algo menos de
un año expusimos cuando se debatió la reforma de las pensiones en el
Senado, también entonces al calor del debate presupuestario, puesto que
tuvieron una tramitación simultánea, pero quiero constatar que la
revalorización que se incorpora a este presupuesto no garantiza la
capacidad adquisitiva de los pensionistas. La pensión media subirá algo
menos de 2,50 euros y la subida de la pensión no contributiva no llegará
a un euro, aproximadamente unos 90 céntimos. Como además la estrategia
económica supone una apuesta por combatir la deflación y, en
consecuencia, intentar que la dinamización económica se traduzca en un
incremento de los precios —desde el 2% planteado como objetivo por
la Comisión Europea, al que se fija, del 1,5%, en este
presupuesto—, todo ello se traduce en que con esta subida de las
pensiones, en nuestro país los pensionistas difícilmente van a ser
capaces tan siquiera de afrontar el incremento de los costes energéticos
y, por tanto, van a abundar en una situación de pobreza energética y
graves limitaciones para afrontar sus necesidades vitales.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

Tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

No voy a discutir con el señor Utrera sobre la
revalorización de las pensiones. Su grupo aprobó una ley con una revisión
de las pensiones que acordaron unilateralmente —tenían la mayoría
para hacerlo, por tanto, nada que decir—, y nuestra propuesta es la
que hemos explicado. Pero voy a insistir en la enmienda 3269, porque me
parece de justicia. La propuesta no va a desequilibrar los Presupuestos
Generales del Estado y, en cambio, puede ayudar —mínimamente, pero
ayudar— al colectivo que he nombrado antes, esencialmente de
mujeres viudas con pensiones muy bajas.

Como ya he dicho, en la enmienda 3269 proponemos la
supresión del apartado tercero del artículo 47, que invalida la
posibilidad de que las pensiones SOVI se revaloricen. Y es que cuando una
pensión SOVI —repito que son pensiones muy pequeñas, de muy
reducida cuantía— concurra con otra que no sea SOVI, y también de
pequeña cuantía, se establece que la pensión SOVI no se pueda revalorizar
en 2015. Dado que hablamos de un colectivo a extinguir, de un colectivo
con recursos muy limitados, solicitamos que al menos se pueda aplicar la
revalorización del 0,25% a las pensiones SOVI. Insisto en que eso no va a
desequilibrar el presupuesto y que con ello se va hacer un poco de
justicia para esas personas, todas ellas, como digo, de recursos muy
limitados.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.

Señor López, tiene la palabra.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Creo que la percepción del Grupo Parlamentario Popular en
relación con la revalorización de las pensiones obedece muy poco a la
realidad. El colectivo de pensionistas de España, de más de 9 300 000
personas, está perdiendo de forma clara capacidad y poder adquisitivo y,
ciertamente, desde que gobierna el Partido Popular vive bastante peor de
lo que lo hacía.

La referencia del 0,25% supone en la práctica que en los
próximos años haya una devaluación de las pensiones, como se está
haciendo con los salarios, con una pérdida superior al 20% —si no
cambia el Gobierno, cosa que ocurrirá—. No tiene más que ese fin y,
desde luego, está abriendo un espacio al negocio privado, como se puede
observar en los medios de comunicación, con una ofensiva clarísima por
parte del conjunto de entidades para favorecer planes de pensiones
privados. Para el que pueda costeárselos no está mal, pero no se pueden
incorporar dudas más que razonables, como se están incorporando, sobre la
viabilidad del sistema público de pensiones.

Cuando se plantea una subida del 0,25% y hay una inflación
prevista del 0,7% se está perdiendo poder adquisitivo. Cuando se hace una
subida del IVA, que soportan todos los ciudadanos y desde luego los que
dedican toda su renta al consumo, como los pensionistas, se están
deteriorando las condiciones de vida. Y cuando se establece un copago
sanitario —la adquisición de medicamentos en el año 2013

representó un desembolso en torno a 1000 millones de euros
por parte de los pensionistas, porque la gente mayor consume el 80% de la
factura farmacéutica global del Estado— se les está restando
posibilidades de vida y el acceso a bienes y servicios con la renta que
tenían disponible antes de que se tomaran todas estas medidas. Por tanto,
el colectivo de pensionistas no debe estar muy contento con las medidas
tomadas por el Gobierno.

Se hace una apelación continua a la congelación de las
pensiones durante el tiempo de Gobierno socialista, pero el año en que se
hizo no afectó a las pensiones mínimas —eso hay que
remarcarlo— y, desde luego, en el período de Gobierno del Partido
Socialista hubo una subida media en torno al 25%. Ciertamente, los
comentarios que se hacen tienen poco que ver con la realidad que en este
momento están percibiendo los pensionistas después de las medidas tomadas
por el Partido Popular.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor López.

Señor Utrera, tiene la palabra.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Seré breve, para no repetir argumentos. Los hechos son los
hechos. En el año 2013 los pensionistas en España ganaron poder
adquisitivo, y mucho más las pensiones mínimas. En el año 2014, con la
variación de precios, con el IPC que se está registrando, todas las
pensiones van a ganar poder adquisitivo. Y en el año 2015, con el
porcentaje establecido de crecimiento de pensiones y la tasa de inflación
prevista, los pensionistas van a mantener sustancialmente o a equilibrar
el poder adquisitivo; pueden producirse ligera variaciones negativas,
pero dentro de lo normal. Y dado el aumento de la población beneficiaria
y dado ese porcentaje suave de crecimiento el sistema de Seguridad Social
podrá responder a futuro de sus compromisos. No entendemos, pues, el
discurso de intentar presentar como un éxito a corto plazo crecimientos
—en este caso de pensiones, en otros, de otra naturaleza—,
cuando en realidad —ustedes lo saben muy bien y eso se ha estado
discutiendo en varios foros— lo importante es el equilibrio del
sistema a largo plazo.

Por tanto, cada uno con su responsabilidad, cada uno con su
irresponsabilidad. Vamos a trabajar todos, cada uno desde su perspectiva,
en la Seguridad Social, en el equilibrio del sistema que tenemos de
Seguridad Social. Y nosotros, desde luego, nos inclinamos por el largo
plazo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Utrera.

Pasamos, señorías, al título V, artículos 48 a 60, anexo
III y sección 06.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado la enmienda 3270.

Senador Bel, tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

En coherencia con la enmienda presentada a la
correspondiente partida presupuestaria en relación con el Fondo de
Cooperación para la Promoción del Desarrollo, regulado en el artículo 56,
pretendemos un incremento de 110 millones de euros que se incorporan a
los dos apartados, tanto al apartado uno como al apartado dos.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado
la enmienda 4078.

Tiene la palabra, senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias.

La damos por defendida, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Angulo.

¿Turno en contra? (Pausa).

Señora García Carrasco, tiene la palabra.

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millones de euros, bajando el déficit del 9 al 4,2%. Y
quiero recordarle que es el déficit el que engorda la deuda porque como
dejaron ustedes un déficit del 9%, la deuda ha seguido aumentando, y
también por otra razón importante, porque estamos pagando las deudas que
ya existían y que, como dice el gobernador del Banco de España, estaban
escondidas en los cajones de muchas administraciones y en particular del
Estado.

Pagar el sistema financiero, asegurar el crédito y los
depósitos de los ahorradores, como se hizo, ha supuesto 40 000 millones;
garantizar los servicios esenciales, senadores del Grupo Parlamentario
Socialista, garantizar el Estado del bienestar, 163 000 millones; las
contribuciones a organismos, que el Gobierno anterior dejaba sin pagar,
incluida la ayuda al desarrollo, 20 000 millones. Y la hipocresía y la
falsa preocupación por la deuda de quienes solo en tres años la
incrementaron desde el 34 hasta el 80%, eso, como dice el anuncio, no
tiene precio.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Angulo.

Pasamos al título VI, artículos 61 a 71 y anexo XII al que
presenta la enmienda 546 el senador Quintero Castañeda.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: La doy por defendida, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió presenta la enmienda 3354.

Tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Efectivamente, presentamos esa
enmienda al anexo XII. Lo que pretendemos, señora presidenta, es
incrementar la bonificación en relación con la actividad de suministro de
GNL como combustible marino en puertos de interés general, también en
alguno de Cataluña, porque los haría mucho más competitivos. Lo que
pretende la enmienda es generar mayor competitividad en algunos puertos
catalanes y en los del conjunto del Estado.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.

En turno en contra, tiene la palabra la senadora
Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Quiero señalar, en relación con la enmienda 546, que la
propuesta de congelación de las tarifas de las prestaciones patrimoniales
de carácter público de AENA para 2015 se ha realizado, como otras veces,
tras la celebración de un proceso de consulta con los usuarios y tras su
supervisión por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Estamos hablando de una propuesta de congelación de las cuantías de esas
prestaciones en lugar del incremento del 4,5% que está previsto en la Ley
21/2003 tras el acuerdo alcanzado en 2013 con las asociaciones de
compañías aéreas. Eso ha sido posible gracias al esfuerzo que realiza
AENA en materia de reducción de gastos, de modo que para mantener los
ingresos necesarios para AENA esa propuesta de reducción de cuantías en
los aeropuertos canarios implicaría una subida de tarifas en los
restantes aeropuertos de la red, lo que sería contrario a ese acuerdo al
que me refería, alcanzado en el proceso de consulta, y a la posterior
supervisión.

En cuanto a la enmienda 3354 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió al anexo XII he de decir que
propone nuevas bonificaciones a la tasa del buque y a la de mercancía
para la actividad del suministro de gas natural licuado, que en el caso
de la primera sería mayor del máximo permitido por la Ley de puertos del
Estado y de la marina mercante, que establece que no se puede superar el
40%. Por eso vamos a votar en contra. Pero, además, sería preciso que el
tráfico y el servicio marítimo fueran previamente calificados como
estratégicos, prioritarios o sensibles no solo por la Autoridad de
Barcelona sino por cada una de las autoridades portuarias propuestas en
la enmienda en el marco de su plan de empresa. Eso se ha verificado
exclusivamente por la Autoridad Portuaria de Barcelona en su plan de
empresa para 2015, que ha acordado bonificar en un 40% la tasa del buque,
pero no por el resto de autoridades portuarias.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Angulo.

¿Algún portavoz desea intervenir? (Pausa).

Pasamos, pues, señorías, al título VII más artículos
nuevos, artículos 72 a 102 y secciones 32 y 33.

Ha presentado la enmienda 544 la señora Domínguez Hormiga,
del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: La doy por defendida, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Enmiendas 547, 613 a 624 del señor Quintero Castañeda.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

Enmiendas 691 a 693, 798 a 803 y 1023 de los señores
Iglesias y Mariscal.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Las doy todas por
defendidas.

Solo me detendré en la 691, en la que planteamos que se
difieran las cantidades a devolver por las entidades locales como
consecuencia de la liquidación definitiva de su participación en los
tributos del Estado correspondientes al ejercicio de 2013.

En la 692 planteamos un nuevo artículo para que se cree un
fondo especial de financiación a favor de los municipios de población no
superior a 20 000 habitantes, fondo que ya existió entre 2007 y 2012.

En la enmienda 693 planteamos también un nuevo artículo
para que se produzca una retención en las transferencias que se realizan
a las comunidades autónomas de las cantidades que estas adeudan a las
entidades locales.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. El señor Fuster
Muniesa, y las señoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular, han presentado la enmienda 684.

Tiene la palabra la señora Ibarz.

La señora IBARZ IBARZ: Intervendré con brevedad.

Esta enmienda se refiere a las conexiones ferroviarias,
industriales y tecnológicas del Bajo Aragón aprovechando las
infraestructuras en uso y otras que están abandonadas, a la vista de la
importancia estratégica de Motorland o la red de Cercanías de Zaragoza,
de manera que se garantice su conexión mediante líneas de ferrocarril
convencional con Huesca y Gallur, La Almunia, Cariñena, Alcañiz y Caspe
con las prioridades que marca el PAR en las enmiendas 656 y 684.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Enmiendas 1676, 1702 a 1704, 2055 a 2058 y 2071 a 2073.

Tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Las doy por defendidas, si bien haré alusión a un par de
ellas. Una de ellas se refiere a la financiación de instituciones del
municipio de Barcelona porque Barcelona, como capital de Cataluña,
dispone de importantes instituciones no únicamente de ámbito catalán e
incluso estatal, sino también internacional. Lo que se propone es un
convenio entre la Administración General del Estado y el municipio de
Barcelona para cooperar en la financiación de este tipo de instituciones
de las que dispone el municipio de Barcelona. Es un añadido al artículo
posterior al 88.

Finalmente, la enmienda 1703 es de modificación y con ella
se pretende sustituir el apartado 3 por un texto referente a la
liquidación definitiva de los recursos del sistema de financiación de las
comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía y su
participación en los fondos de convergencia, con la introducción de una
excepción en la aplicación del artículo 11.3 de la Ley 22/2009, de 18 de
diciembre.

Gracias, señora presidenta.

Página
21

inversión, pero eso no es incompatible con que se
distribuyan con arreglo a lo contenido en esos estatutos. En el caso de
Andalucía, alcanza ya los 2300 millones de euros si hacemos la suma de
todas las inversiones no realizadas, tal y como recogía la disposición
adicional tercera del estatuto.

Junto a eso, planteamos otras enmiendas que tienen que ver
con una dotación de 1000 millones de euros para dar un impulso especial a
la política de empleo, con planes especiales. Particularmente, en el caso
de Andalucía, con 200 millones de euros, y en Canarias y Extremadura, con
50 y 21 millones, respectivamente.

Hay otras enmiendas relevantes, que tienen que ver con una
dotación de un programa de desarrollo rural y la financiación mediante un
fondo especial para los municipios menores de 20 000 habitantes. Tiene
una intencionalidad política, que es corregir diferencias entre
territorios y desigualdades entre ciudadanos y comunidades autónomas. Por
lo tanto, creemos que ese mandato que contiene la Constitución debe
cumplirse, de ahí la presentación de esta enmienda.

Presentamos 2 enmiendas más, una de ellas referida a la
sección 32, y otra a las relaciones financieras con los entes
territoriales, que ya se ha comentado. Con este presupuesto las
comunidades autónomas están obligadas a cumplir el objetivo de déficit
del 0,7%. Ya se las constriñe suficientemente y sabemos que tienen la
competencia básica de lo que representa los ejes fundamentales del Estado
del bienestar, a excepción de las pensiones, que es competencia del
Estado. Si además de hacer una distribución injusta del margen de
maniobra que se tiene, del 4,2% para el año 2015 en el objetivo de
cumplimiento del déficit —solo se deja a las comunidades autónomas
el 0,7— añadimos que, según lo previsto inicialmente, con un
incremento a través de este fondo iba a haber un 5,3 de crecimiento, el
resultado es que prácticamente se queda en 0, porque se va a hacer una
compensación de liquidación de años anteriores, incluyendo la de 2013,
que va a añadir más dificultades y va a estrangular más las finanzas de
las comunidades autónomas y, por tanto, lo que representa el cumplimiento
de las obligaciones que tienen en relación con las políticas sociales:
sanidad, educación, dependencia y todo lo que constituye el cuerpo
fundamental de una sociedad decente del Estado del bienestar.

Otra de las enmiendas tiene que ver con el Fondo de
compensación interterritorial. Creemos que es necesario rectificar la
dotación de este fondo, que durante los tres años de Gobierno del Partido
Popular está congelado en 432 millones de euros —se está haciendo
es un truco contable para mantenerlo congelado— y, en lugar de eso,
habría que considerar el conjunto de inversiones que hay en todo el
Estado. Esto implica tener en cuenta las realizadas por las agencias
estatales, por las sociedades mercantiles y por el resto de entes del
sector público estatal. Si las consideráramos todas, este fondo debería
tener una dotación de 2654 millones de euros y no de 432 como tiene. Por
tanto, el objetivo fundamental de este Fondo de compensación
interterritorial, que es contribuir al desarrollo regional y a la
cohesión territorial de España, haciendo una corrección lógicamente de
las dificultades que las diferentes comunidades autónomas tienen para
converger, podía ser avanzado si tuviera la dotación que correspondería
en función de los criterios que antes hemos comentado y podría
efectivamente representar un mayor volumen de inversión para las
comunidades autónomas, haciendo converger ese nivel de desarrollo de los
distintos territorios, tal y como se plantea en la Constitución y como se
plantea en la existencia del propio Fondo de compensación
interterritorial.

Creemos que estas enmiendas tienen todo el sentido político
del mundo, y naturalmente vamos a mantener su defensa en estos
términos.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado presenta la
enmienda 2102.

El señor PAGOLA SÁENZ: La damos por defendida.

La señora PRESIDENTA: Turno en contra.

Tiene la palabra la señora Navarro.

La señora NAVARRO PÉREZ: Gracias, señora presidenta.

Como bien saben sus señorías, el título VII se estructura
en dos capítulos dedicados respectivamente a entidades locales y a
comunidades autónomas. Dentro del capítulo I se contienen normas
relativas a la financiación de las entidades locales y en el capítulo II
se regulan determinados aspectos de la financiación de las comunidades
autónomas de régimen común y de las ciudades con estatuto de
autonomía.

Antes de pasar a analizar el fondo de las enmiendas
presentadas, me gustaría aplaudir la posición financiera de las
corporaciones locales que han cerrado el año 2013 con un superávit del
0,5%, cuando en el año 2011 estaban en un déficit de -0,4. Por tanto, en
2 ejercicios, estamos hablando de una mejora de casi 1 punto del producto
interior bruto, estamos hablando de 8100 ayuntamientos en toda España,
sumadas diputaciones y otras entidades locales.

Paso a analizar las enmiendas por artículos presentadas por
los grupos en el Senado al título VII, que avanzo que mi grupo votará en
contra por los siguientes motivos.

Al artículo 72 se han presentado 3 enmiendas, una de la
Entesa, otra del Grupo Mixto y otra de CiU, las 3 en relación con la
flexibilización de la evolución del saldo deudor de la liquidación de
2013 de las entidades locales, y piden que se habilite el mismo
procedimiento que para las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y un
plazo de devolución de 240 mensualidades.

Como saben, recientemente, la disposición adicional única
del Real Decreto Ley 12/2014, de 12 de septiembre, amplió el periodo de
reintegro de diez a veinte años para las entidades locales con saldos a
reintegrar en las liquidaciones de aquella participación correspondiente
a 2008 y a 2009. Se estima que de la liquidación definitiva
correspondiente a 2013 resultarán saldos a reintegrar por las entidades
locales por importe de 819 millones de euros, que equivale a la séptima
parte de los saldos que resultaron de aquellas liquidaciones de 2008 y de
2009. Por esta importante diferencia cuantitativa, no deberían tener
idéntico tratamiento.

Se han presentado 2 enmiendas de adición por parte de la
Entesa y del Grupo Socialista, en las que proponen añadir un nuevo
artículo sobre financiación de instituciones del municipio de Barcelona,
previéndose la posibilidad de reconocer obligaciones hasta un montante
global de 10 millones de euros con cargo a créditos de la aplicación
presupuestaria 1813334A465. Cabe recordar que los Presupuestos Generales
del Estado de 2015 contemplan la financiación de instituciones del
municipio de Barcelona en las que el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte está presente, entre otros el consorcio del Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el
Consorcio del Palau de la Música Catalana, la Fundación Gran Teatre del
Liceu, la Fundación Joan Miró, la Fundación Teatre Lliure y el Consorcio
de Mercat de les Flors.

También el Grupo Parlamentario Ciu ha presentado una
enmienda de supresión al artículo 92. Proponen la supresión de la
referencia a la Estrategia española de movilidad sostenible de los planes
de movilidad sostenible exigibles para la percepción de cualquier ayuda o
subvención pública incluida en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y destinada al transporte urbano metropolitano. Cabe recordar que
esta exigencia está establecida en el artículo 102, fomento de los planes
de movilidad sostenible, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía
sostenible, y es por tanto, de obligado cumplimiento. (El señor
vicepresidente, de las Heras Muela, ocupa la Presidencia).

También Entesa y el Grupo Mixto han presentado 2 enmiendas
de adición al artículo 98. Estas 2 enmiendas se refieren a la
recuperación del Fondo especial de financiación en favor de municipios de
población no superior a 20 000 habitantes. Es preciso recordar que en los
ejercicios 2011, 2010, 2009 y 2008, cuando la financiación local cada año
decrecía, eran necesarios fondos especiales para poder llegar a los
mínimos necesarios y legales. Hoy, con una financiación local que crece
cada año, este año el 5%, no se hacen necesarios estos fondos específicos
porque la financiación incondicionada puede resolver todos estos
problemas.

El Grupo Socialista y la Entesa han presentado 2 enmiendas
de modificación al apartado 3 del artículo 100, que establece la forma en
la que se realizarán las compensaciones de los saldos de la liquidación a
favor del Estado con los saldos a favor de la comunidad autónoma cuando
el saldo global de la liquidación sea a favor del Estado. Mediante la
enmienda se pretende que no se aplique la devolución prevista en el
artículo 11.3 de la Ley 22/2009, sino que se aplique en su lugar la
disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el 2005.

Hay que indicar al respecto que la forma en la que se debe
realizar la compensación del saldo a favor del Estado de la liquidación
está recogida en la citada Ley 22/2009, que regula el sistema de
financiación. Por ello, debe aplicarse esta regulación.

También tenemos 2 enmiendas de CiU relativas al Fondo de
suficiencia global. La primera enmienda presentada pretende la adición de
un artículo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado con el objeto
de suprimir el supuesto de revisión del Fondo de suficiencia global ante
variaciones en los tipos

impositivos estatales de los impuestos especiales de
fabricación e IVA, regulado en el artículo 21.2 de la Ley 22/2009. La
enmienda propuesta solicita esta supresión, pero es que esa modificación
no ha sido acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal y
como se exige. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

La segunda enmienda que ha presentado CiU respecto al Fondo
de suficiencia global pretende la modificación del artículo 100 con el
objeto de que se suministre a las comunidades autónomas la información
detallada sobre las revisiones del Fondo de suficiencia global por
variación de tipos de IVA e impuestos especiales. Cuando se procede a la
práctica de la liquidación se proporciona la totalidad de los datos
remitidos por otros centros de la Administración General del Estado, que
se han tenido en cuenta en la determinación de las cuantías de las
revisiones mencionadas y se detallan los cálculos efectuados para llevar
a cabo dicha cuantificación. Es decir, se proporciona toda la información
de la que se dispone, que es utilizada para el cálculo de las revisiones
sin necesidad de que exista este tipo de previsión legal.

Otra enmienda de adición de CiU es al artículo 100
—artículo 100bis— y modifica el apartado A1 del artículo 26.2
de la Ley 22/2009 de 18 de diciembre por la que se regula el sistema de
financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con
estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. En
ella se establece que se entenderá que la deuda tributaria cedida a las
comunidades autónomas por el IRPF estará compuesta por la cuota líquida
autonómica de los residentes en el territorio de la comunidad autónoma
que hayan consignado su declaración, incluyendo la derivada de la
aplicación del gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para la
reducción del déficit público. Minorarán el 50% de las deducciones por
doble imposición y el 50% de las compensaciones fiscales previstas en la
disposición transitoria decimotercera de la Ley del IRPF.

El vigente sistema de financiación de las comunidades
autónomas de régimen común y de las ciudades con estatuto de autonomía en
el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 15 de
julio de 2009, aprobado por las Cortes mediante Ley Orgánica 3/2009 y Ley
22/2009, ambas de 18 de diciembre, no permite dicha modificación sin que
haya sido acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal y
como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la
materia.

Respecto a la enmienda al artículo 101 de adición del Grupo
Parlamentario Mixto, les diré que no procede la inclusión del fondo
propuesto en la sección 36, sistema de financiación de entes
territoriales, ni en el programa 941, transferencias a comunidades
autónomas por participación en ingresos del Estado, puesto que no está
integrado en el sistema de financiación regulado por la citada Ley
22/2009.

De las 3 enmiendas al artículo 102, una es de modificación
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y 2 son de adición del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y del Grupo
Parlamentario Mixto. La enmienda de modificación del Grupo Parlamentario
Socialista propone un aumento en la dotación de los fondos de
compensación interterritorial, modificando la base de cálculo de dicho
fondo, en el que se incluye la inversión inmaterial del Estado y la que
realizan las agencias estatales, las sociedades mercantiles, y el resto
de entes del sector público.

La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señora
Navarro.

La señora NAVARRO PÉREZ: Voy terminando.

No compartimos el contenido de la enmienda, ya que los
créditos dotados para los fondos de compensación interterritorial se han
determinado sobre la base del artículo 3.1 de la Ley 22/2001, de 27 de
diciembre, que dispone que la base de cálculo estará constituida por la
inversión pública, entendiendo por tal, a estos efectos, el conjunto de
los gastos del ejercicio incluidos en los Presupuestos Generales del
Estado y de sus organismos autónomos correspondientes a inversiones
reales de carácter civil.

La señora PRESIDENTA: Turno de portavoces.

Tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

Intervengo brevemente para manifestar que, en relación con
la negativa en 2013 de las corporaciones locales de no aplicar el régimen
de diferimiento de las cantidades negativas de la liquidación definitiva
de la participación de tributos del Estado, no consideramos suficiente
argumento decir que hay menos cuantía y menos afectados; efectivamente,
hay menos corporaciones locales, afortunadamente, y la cuantía está en
unos 800 millones de euros, pero eso se lo deben explicar a cada uno de
los alcaldes o corporaciones locales afectadas, también a algunas del
Partido Popular, porque la circunstancia es la

misma, el Estado les asigna una participación en tributos
del Estado, unas entregas a cuenta, que después en la liquidación
definitiva son inferiores a lo previsto por el mismo Estado. Creemos que
a estas corporaciones locales se les debería dar el mismo trato; en todo
caso, esa también es una propuesta que procede del órgano de dirección de
la Federación Española de Municipios y Provincias y, por tanto, no es muy
disparatado plantearla.

Respecto a si el Fondo de suficiencia global de las
comunidades autónomas ha pasado por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, he de decir que me parecen simplemente excusas. La realidad
es la voluntad porque, de hecho, no se tendrían que haber presentado
estas enmiendas a este presupuesto; en estos momentos, se tendría que
estar aprobando un nuevo sistema de financiación de las comunidades
autónomas, que no está encima de la mesa, ni se le espera. Por tanto, nos
podríamos haber ahorrado estas enmiendas, pero las hemos presentado
porque lo que no se subsana es la realidad, y como he dicho
anteriormente, la realidad es que todos los ciudadanos de las comunidades
autónomas han sufrido un incremento de la presión fiscal, pagan más IVA,
pagan más IRPF, y todo esto que se paga en todas ellas, también en
Cataluña, no revierte en aquella comunidad autónoma ni en la Generalitat
de Cataluña, porque la mayor participación en IRPF o en IVA se ve
compensada con una disminución del Fondo de suficiencia global; eso no se
arregló en los presupuestos anteriores y no se va a arreglar tampoco en
este. Si lo creen oportuno, lo corregirán en el nuevo sistema de
financiación de las comunidades autónomas, lo que yo considero que se
debería hacer, entre otras cosas porque no se trata solo de una petición
de la Generalitat de Cataluña exclusivamente, sino también de otras
comunidades autónomas que han hecho una petición en este mismo
sentido.

En todo caso, nosotros vamos a mantener obviamente las 6
enmiendas a este título.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.

Señor López, tiene la palabra.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, presidenta.

Quiero hacer alguna consideración en este turno de
portavoces. Desde luego, el cuarto presupuesto elaborado por el Partido
Popular es una consecuencia lógica de una ideología conservadora en lo
social y en lo territorial. En lo social, hay una distancia
lamentablemente creciente entre la gente acomodada y privilegiada y la
gente con renta baja y media, somos el segundo país en desigualdad en la
Unión Europea, lamentablemente; y en lo territorial, se está produciendo
un proceso de recentralización, con un deterioro de las capacidades de
las diferentes comunidades autónomas. El presupuesto contiene una
previsión de ingresos de 10 000 millones de euros añadidos respecto a
2014, solo para las comunidades autónomas, 1000 millones de euros, y, por
tanto, hay una clara manifestación de la prioridad.

Hemos dicho en reiteradas ocasiones, y lo seguimos
manteniendo, que no estamos de acuerdo con la distribución del déficit:
4,2 % para este ejercicio, arrastrado de años anteriores, y creemos que
se deja un margen excesivamente estrecho a las comunidades autónomas con
el 0,7%. Al final, esta actitud respecto a las comunidades autónomas es
coherente con lo que el propio Partido Popular mantiene en la Cámara en
relación con la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que no ha
sido convocada, y por iniciativa propia solo en una ocasión para
dictaminar la más que dudosa reforma electoral del Estatuto de Autonomía
de Castilla-La Mancha, en términos de lo que hemos considerado como
pucherazo electoral con visos de legalidad, pero no cabe duda de que, al
final, eso es lo que se pretendía por otra vía. La comisión que imprime
el carácter territorial a esta Cámara no se ha convocado en la
legislatura, a pesar de las más que evidentes tensiones territoriales.
Seguimos pensando que se está haciendo un esfuerzo en materia de
comunidades autónomas y ayuntamientos. Antes se ha citado el paso del
déficit al superávit de las corporaciones locales, lo cual es meritorio,
pero, ciertamente, eso no puede tapar los errores cometidos por el
Gobierno desde el inicio de la legislatura.

Ayer, estaba el presidente del Gobierno en Francia y, en mi
opinión, si hubiera buscado desde el principio alianzas diferentes a las
que ha mantenido en términos de subordinación absoluta a la señora
Merkel, todo hubiese sido diferente. Lo cierto es que, a lo largo de la
legislatura, se ha tenido que rectificar el calendario de convergencia y
de ajuste del déficit. Se podría haber hecho de otra manera y no hubiese
habido tantas restricciones. Se podría haber buscado un mecanismo para
conjugar la corrección del déficit y no infligir un daño mayor a la
economía, de nuevo recesión hace dos años y, por tanto, menos capacidad
de gasto para las comunidades autónomas. Sin duda, el propio Plan Juncker
no es otra cosa que la rectificación por parte de la Comisión y una
posición más conservadora de la Unión Europea.

La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor López.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino, señora presidenta.

Estamos hablando ciertamente no solo de hacer prevalecer el
objetivo de corrección del déficit, sino también de la otra pata
contenida en el programa de convergencia pero ignorada, que es el
crecimiento. Este Plan Juncker, al igual que antes se hizo con los
tiempos del ajuste de déficit, no es más que una rectificación para
intentar que no solo se prevea esa reducción del déficit sino también el
crecimiento económico. De todas formas, consideramos insuficiente el
contenido del plan, y pensamos que, en definitiva, si el Gobierno de
España hubiese buscado alianzas con Italia, Francia, o con gente de otra
posición política, estaríamos buscando una salida a la crisis.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, tiene la palabra el señor Pagola.

El señor PAGOLA SÁENZ: Gracias, señora presidenta.

Todos los grupos proponen actas en los fondos de
compensación interterritorial con bajas en el Fondo de contingencia. En
primer lugar, habrá que decir que la distribución por comunidades
autónomas se ha realizado teniendo en cuenta los criterios de ponderación
de renta y población contempladas en la Ley 22/2001.

Además, dado que en los Presupuestos Generales del Estado
se tiene un objetivo muy claro de control estricto del déficit y de
llegar a la estabilidad presupuestaria, se ha hecho necesario adoptar
medidas relativas a la totalidad del gasto púbico, habiéndose decidido
limitar la financiación estrictamente a los recursos derivados del
vigente sistema de financiación, sin permitir ningún tipo de financiación
de dichas administraciones con carácter complementario o carácter
especial.

Hemos visto detalles de algunas enmiendas relativas al
transporte y, por último, quiero decir que siempre se propone una baja en
la sección 31, que es una dotación para imprevistos y funciones no
clasificadas de diferentes ministerios, por lo que una baja en la
dotación propuesta hasta su completa desaparición podría comprometer el
cumplimiento de los objetivos previstos.

Finalmente, al senador de CiU quiero decirle que la
financiación territorial hay que considerarla en el conjunto de las
secciones 31, 33 y 36 y que el conjunto del sistema de financiación lo
aprobó el Grupo Parlamentario Socialista de acuerdo con la Generalitat de
Cataluña. A este respecto, quiero decirle que su comunidad va a recibir
50 000 millones de euros a lo largo de la legislatura, pero, además, para
el año 2015 el incremento de financiación para la Generalitat, para
Cataluña, va a ser del 11,41%, cuando la media nacional es del 6,14%.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagola.

Pasamos, señorías, a las disposiciones adicionales y anexos
XIII y XIV.

Han presentado la enmienda 520 el señor Eza Goyeneche, la
señora Salanueva y el señor Yanguas.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: La doy por defendida, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

Del señor Quintero Castañeda, enmiendas 548 a 550.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

Del señor Fuster Muniesa, y señoras Ibarz y Santos
Fernández, enmiendas 649 a 652.

Tiene la palabra la señora Ibarz.

La señora IBARZ IBARZ: Gracias, presidenta.

Daré por defendidas las enmiendas 650 y 651, si bien deseo
dedicar un especio singular a las enmiendas 649 y 652. La primera, la
número 649, prevé que los créditos e inversiones del Estado en la
Comunidad Autónoma de Aragón se realicen de conformidad con los acuerdos
alcanzados en la Comisión Bilateral Estado-Aragón como máximo órgano de
cooperación, dando cumplimiento a los artículos 89 y 90 del estatuto de
autonomía.

La segunda, la 652, aborda el grave problema de la
despoblación en Aragón con comarcas con una densidad de población similar
o inferior en algunos casos al desierto del Sahara: Teruel, las comarcas
de Daroca, Calatayud o Belchite en Zaragoza o los Monegros, Sobrarbe,
Ribagorza, Jacetania o Alto Gállego en Huesca, a modo de ejemplo. En este
caso, proponemos la creación de una unidad de inversión territorial que
integre las comarcas despobladas de Aragón y de otros territorios
limítrofes, en su caso, en el marco de la Unión Europea, encaminada al
desarrollo poblacional y socioeconómico de dichos territorios,
considerando, tanto a nivel operativo como de gestión, la organización
territorial y administrativa prevista en los estatutos de autonomía de
los territorios integradores de la ITI y, en el caso concreto de Aragón,
las comarcas.

Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ibarz.

El señor Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes han
presentado las enmiendas 695 a 727, 736, 1024 y 1025.

Tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

Con estas enmiendas, que enunciaré de forma muy rápida y
que doy todas ellas por defendidas, pretendemos lo siguiente: en primer
lugar, que se extienda el reconocimiento del derecho de los trabajadores
públicos a la recuperación de la paga extraordinaria del mes de diciembre
de 2012 y, a la vez, que esto se produzca sin que ello repercuta de forma
negativa en el techo de gasto de las entidades locales.

Igualmente, enmendamos para ampliar la oferta pública de
acceso a la carrera judicial y fiscal para que sea no inferior a 200
plazas.

Pretendemos con otra enmienda que frente a la decisión del
Gobierno de mantener congelado el avance en el incremento del porcentaje
para el cálculo de la pensión de viudedad sobre la base reguladora, en
este ejercicio pase ese porcentaje de ser el 52% a ser el 54% de dicha
base reguladora.

Planteamos otra enmienda para recortar la asignación
tributaria a la iglesia en un 20% y para acabar con la exclusión de la
obligación de contribución por el IBI para los bienes eclesiásticos.

Planteamos la desaparición de la restricción a la hora de
la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las
entidades locales dado el esfuerzo que han realizado y su situación
financiera general bastante saneada. Incrementamos el índice Iprem con un
aumento del 8%, y que la integración presupuestaria en el INTA de
determinados institutos cuente con suficiencia presupuestaria.

Dos enmiendas pretenden conseguir el mantenimiento de la
actividad de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre como fabricante de
las monedas. Igualmente presentamos una enmienda para que se dé una
afectación a los fines locales de la participación en los tributos del
Estado de las comunidades autónomas uniprovinciales, que se produce como
consecuencia de la histórica integración de las diputaciones
provinciales.

Con otra enmienda pretendemos que se asuma la obligación de
someter a referéndum el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Estados
Unidos. Mediante varias enmiendas aspiramos a mejorar las condiciones de
remuneración y las condiciones laborales de la Guardia Civil. Igualmente,
que se concrete el régimen de representación y participación de las
asociaciones representativas en las tareas de prevención de riesgos
laborales y que se les dé cabida en la determinación de la formación que
al Cuerpo corresponde, que el Gobierno plantee un catálogo de puestos de
trabajo, así como medidas para mejorar las condiciones retributivas y
profesionales de las Fuerzas Armadas con varias enmiendas.

Con otra enmienda pretendemos que el régimen de
trasparencia de la Casa Real se homologue con el que se aplica a los
altos cargos de la Administración General del Estado y a los miembros del
Gobierno.

Mediante otra enmienda pretendemos…

La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas, ya que
es imposible.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iglesias.

La señora Capella i Farré ha presentado las enmiendas 17 a
30.

Tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las
enmiendas 4041 a 4045.

Tiene la palabra la señora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señora
presidenta.

La enmienda 4041 es la que nosotros habitualmente solemos
llamar de régimen foral, debido a que esta disposición hace referencia a
las leyes de estabilidad presupuestaria. Es una cláusula que viene siendo
habitual en la legislación y que se refiere a temas financieros y
tributarios con la comunidad autónoma. Es una salvedad que mi grupo
considera que ya está aceptada y entendemos que no teniendo casi costes
añadidos, podría ser asumida sin problema.

En cuanto a la enmienda 4042, entendemos que es
imprescindible garantizar mediante la recuperación de una partida
presupuestaria específica en los presupuestos para el 2015 los recursos
económicos suficientes para compensar la asistencia sanitaria que prestan
los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de
Salud para garantizar el acceso de todos los pacientes a los llamados
medicamentos huérfanos. Son imprescindibles para facilitar a los
pacientes que padecen enfermedades raras la atención más adecuada en el
centro más preparado. Entendemos que la disposición de una partida
presupuestaria específica aseguraría el cumplimiento de lo acordado el 11
de junio por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud.

La enmienda 4043 es una modificación de la disposición
adicional septuagesimosexta. Como sus señorías saben, el salario mínimo
interprofesional es el indicador sobre el que se adoptan importantes
decisiones relativas a salarios, prestaciones y compensaciones entre
otras cuantías básicas, como, por ejemplo, el acceso a la VPO. El valor
de dicho índice dice mucho también sobre el valor social del trabajo de
un país, razón por la que la Carta Social Europea, en aras de una
revalorización en el más amplio sentido del término del trabajo en toda
Europa, ha establecido recomendaciones generales de incremento del
salario mínimo interprofesional en España para alcanzar el 60% del
salario medio, que es donde se establece el umbral europeo de la dignidad
salarial. Desde 2004 el salario mínimo interprofesional se calcula sobre
la base del indicador público de renta de efectos múltiples, establecido
por la Ley de presupuestos. Desde entonces, este indicador ha
evolucionado al ritmo marcado por el objetivo de la inflación o incluso
por encima. Sin embargo, su moderación en 2010 al 1% y su posterior
congelación desde entonces ha provocado una creciente pérdida de poder
adquisitivo real, que hasta el 2014 se sitúa en 6,3 puntos. En este
sentido, en el Proyecto de Presupuestos Generales para el 2015 el
Gobierno congela el Iprem por quinto año consecutivo, lo que supondrá una
nueva pérdida de su poder adquisitivo, hasta alcanzar los 7,2 puntos.
Entendemos que es el momento de invertir esta tendencia y empezar a
incrementar el Iprem progresivamente para poder alcanzar el objetivo del
60% del salario medio recomendado por la Carta Social Europea, que, por
cierto, España suscribió. Así lo exige también el Parlamento Vasco, que
en el pasado 21 de noviembre ha aprobado una proposición no de ley
instando al Gobierno a incrementar el Iprem para el 2015 en un 2,5% y que
constituye la base de la enmienda presentada por mi grupo a este proyecto
de ley.

La enmienda 4044 plantea una modificación de la disposición
adicional octogésima, proponiendo excluir del presupuesto estatal los
programas y actuaciones públicas en el ámbito del trabajo, el empleo y la
formación profesional en aquellos casos en que dichas competencias ya han
sido transferidas a las comunidades autónomas.

Para finalizar, la enmienda 4045 propone una adición de una
nueva disposición adicional décima cuarta bis sobre el régimen foral de
la Ertzaintza, de modo que el cupo policial de la Ertzaintza quede
garantizado al margen de las tasas de reposición establecidas por el
artículo 21 para otros sectores.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado las enmiendas
1705 a 1760, 1762 a 1779 y 2075 a 2094. Para su defensa, tiene la palabra
el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Muchas gracias, presidenta.

Las enmiendas 2075 a 2094 pertenecen a los senadores
Guillot y Saura y las doy por defendidas.

En cuanto al resto de enmiendas, que pertenecen a los
senadores y senadoras socialistas, son un total de 74, por lo que, como
el tiempo no me permite referirme a todas, las doy por defendidas en su
totalidad, y solo me voy a centrar en algunas de ellas.

La enmienda 1705 propone la supresión de la disposición
adicional décima, que es la que sirve de pretexto al Gobierno para
reducir el déficit que provoca en el sistema de la Seguridad Social a
través de mecanismos, por una parte, infravalorando el gasto y, por otra,
sobrevalorando los ingresos.

La enmienda 1706 propone la modificación de la disposición
adicional decimosegunda, uno, para recuperar la paga extraordinaria y
adicional de diciembre de 2012 en el sector público.

La enmienda 1707 pretende la modificación de la disposición
adicional decimotercera para facilitar la cobertura de la planta judicial
y la consolidación del empleo de los que actualmente están ocupando
plazas vacantes y poder recuperar la plantilla de fiscales y secretarios
judiciales.

Las enmiendas 1708 y 1709 proponen atender las necesidades
del personal mínimo para la I+D+i en consorcios y fundaciones del sector
público.

La enmienda 1710 propone la modificación del párrafo
segundo del primer apartado de la disposición adicional decimosexta,
sobre contratación de personal de los consorcios del sector público para
el año 2015.

La enmienda 1711 propone la modificación de la disposición
adicional vigésima, tres, sobre las retribuciones del personal al
servicio de las mutuas, para que queden sometidas a lo dispuesto para el
personal laboral del sector público estatal.

La enmienda 1712 propone la adición de un nuevo párrafo en
la disposición adicional vigesimoquinta para dar aplicación al mandato
legal de la Ley 40/2007 en lo que hace referencia a la prolongación de la
vida activa en el régimen de clases pasivas del Estado.

La enmienda 1714 propone la modificación de los apartados
uno y cuatro de la disposición adicional vigesimosexta para establecer en
600 euros las prestaciones no contributivas.

La enmienda 1715 propone la supresión de la disposición
adicional vigesimoséptima para poder actualizar, adecuar y modernizar las
pensiones de viudedad.

La enmienda 1719 propone la modificación de la disposición
adicional cuadragesimonovena para que se destine el 1% de la cuota
íntegra del IRPF a subvencionar actividades de interés social.

La enmienda 1720 propone la supresión de la disposición
adicional quincuagesimoprimera para que el sistema de autonomía y
atención a la dependencia pueda seguir desarrollándose con
normalidad.

La enmienda 1723 y siguientes se refieren a disposiciones
adicionales nuevas. La 1723 propone instar al Gobierno a presentar en el
plazo de cuatro meses un Proyecto de Ley de tributación sobre la riqueza
patrimonial, los fondos de inversión, las sicav, las sociedades
instrumentales y las entidades y sociedades en general.

La enmienda 1724 es relativa al impuesto transitorio sobre
grandes fortunas.

La enmienda 1726 es sobre fiscalidad medioambiental.

La enmienda 1727 es relativa al impuesto sobre
transacciones financieras.

La enmienda 1728 se refiere a la lucha contra el fraude
fiscal y el incremento de un número de efectivos de los cuerpos adscritos
a la Agencia de Administración Tributaria.

La enmienda 1729 es relativa a la coordinación
internacional para la lucha contra la evasión fiscal de empresas
multinacionales.

La enmienda 1731 se refiere al aplazamiento de la
liquidación negativa de 2013 y financiación de las comunidades autónomas
y ciudades con estatuto de autonomía.

La enmienda 1732 persigue una mejor regulación de los
fondos de compensación interterritorial.

La enmienda 1733 propone una mejor regulación del estatuto
de municipio turístico.

La enmienda 1734 pretende acometer la revisión de la
financiación autonómica a partir de un análisis y evaluación del modelo
actual, es decir, como mínimo, se tenía que haber empezado a negociar ya
un nuevo sistema de financiación autonómica, y en este sentido el
Gobierno está incumpliendo, puesto que ya estamos en diciembre del
ejercicio presupuestario.

La enmienda 1750 propone incrementar un 5% el salario
mínimo interprofesional para el año 2015 y acercarlo gradualmente al 60%
del salario medio nacional, a la vez que impedir la pérdida de poder
adquisitivo.

La enmienda 1751 propone una nueva estrategia global para
fomentar el empleo entre las personas de más de 50 años.

La enmienda 1754 propone una nueva disposición adicional
para que el Gobierno remita antes de finalizar el mes de enero del
próximo año un real decreto ley sobre medidas extraordinarias para
compensar los daños causados por sequías, incendios, inundaciones y otras
catástrofes.

La enmienda 1760 es relativa a un programa de
restructuración de la deuda de las familias y los autónomos.

La enmienda 1762 propone una modificación de la escala
general del IRPF para establecer una mayor tributación de las rentas más
elevadas, de acuerdo con los principios de progresividad y capacidad
económica, así como varias enmiendas sobre el IRPF y el impuesto sobre
sociedades. También presentamos varias enmiendas sobre el IVA; en
especial, me refiero a 2, al tipo superreducido para los productos de
primera necesidad que precisan las personas celiacas y al IVA relativo al
material escolar y al IVA cultural, porque nos parece un agravio muy
importante el que causa el Gobierno en esta materia, especialmente, como
se ve, en el caso de los cines, teatros y de la música en general en
nuestro país.

La enmienda 1771 es relativa a la regulación del juego y un
reparto distinto —creemos que más adecuado— del impuesto
sobre apuestas mutuas deportivas de fútbol, incluyendo el fomento del
fútbol femenino, fútbol no profesional y la aportación a las diputaciones
provinciales.

Las enmiendas 1772, 1773 y 1774 insisten sobre el
cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de
Autonomía de Cataluña en 2 sentidos: en la ampliación del periodo de
vigencia de esta disposición adicional sobre inversiones debido al
incumplimiento en los años 2012, 2013 y 2014 y con el objetivo, como ya
se ha dicho, de que se equipare la participación relativa del PIB de
Cataluña en relación al PIB del Estado, que es del 18,8%; y, en segundo
lugar, la recuperación de las desviaciones negativas de los años 2008,
2009, 2010 y 2011.

Asimismo, proponemos el mantenimiento de la Academia
General Básica de Suboficiales de Talarn, la creación de un fondo para la
homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes...

La señora PRESIDENTA: Debe terminar, señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Me quedan dos, señora
presidenta.

La enmienda 1778 es para compensar económicamente a las
comunidades autónomas por el incremento del IVA de los productos
sanitarios.

Finalmente, la enmienda 1779 es relativa al impuesto
transitorio sobre las grandes fortunas.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Bruguera.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado las enmiendas 3277 a 3302, 3304 a 3329. Para su
defensa, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora
presidenta.

Efectivamente, hemos presentado a las disposiciones
adicionales 52 enmiendas y, dado que tengo 10 minutos y he consumido unos
cuantos segundos en esta introducción, me corresponden 11 segundos por
enmienda, de modo que no me veo capacitado para defender cada una de
ellas en ese tiempo, por lo que ya avanzo que las doy por defendidas. Sin
embargo, si me lo permiten, voy a nombrar algunas, aunque sea muy
rápidamente.

Hay un grupo de enmiendas, las números 3282 a 3286, que se
centran en la posibilidad de flexibilizar la contratación de personal por
las sociedades mercantiles públicas, fundaciones, fundaciones del sector
público, consorcios del sector público, etcétera.

La enmienda 3288 pretende incrementar de forma importante
—lo reconocemos— la cuantía de las prestaciones con hijos a
cargo, con objeto de luchar contra la pobreza infantil. (No detallo las
cuantías, pero nos parece una enmienda importante.)

La enmienda 3292 a la disposición adicional cuadragésima
novena pretende dar cumplimiento —ya que nos instan a ello— a
las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en
relación con la competencia de las comunidades autónomas en cuanto a
gestionar los recursos procedentes de la asignación del 0,7% del IRPF y
que se trasladen estos fondos a las comunidades autónomas para que sean
ellas quienes los asignen —repito, de acuerdo con las sentencias
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo—.

La enmienda 3302 guarda relación con los beneficios
fiscales a Barcelona Mobile World Capital.

Quiero dedicar una parte de mi tiempo a la enmienda 3308
dado que la consideramos importante. Esta enmienda introduce una
disposición adicional nueva en relación con el pago de las deudas a la
Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad ostentan
las administraciones públicas o instituciones sin ánimo de lucro. Hay que
recordar que en el año 1995 se concedió un aplazamiento a 10 años, con 3
años de carencia, para el pago de las deudas a la Seguridad Social de
aquellos hospitales

que mantenían un concierto con la sanidad pública, la
mayoría de titularidad municipal, o, en algunos casos, de entidades sin
ánimo de lucro. Pues bien, desde 1995 se han ido sucediendo las
correspondientes modificaciones en los Presupuestos Generales del Estado
al objeto de ampliar estos años de aplazamiento y los años de carencia.
En este sentido, en los últimos tres presupuestos, en los que he podido
participar en esta Cámara, hemos presentado esta enmienda y he de
reconocer que ha sido aprobada por el grupo mayoritario. Espero que en
esta ocasión, tal y como figuraba también en el compromiso en el Congreso
de los Diputados, se pueda solventar esta cuestión en el Senado, a
efectos de que se amplíe un año más y que la carencia concedida pase de
20 a 21 años, con la correspondiente moratoria, hasta un máximo de 10
años. Esta es una enmienda importante porque situaría a estos hospitales
—y no solo en Cataluña, porque fuera de Cataluña también hay muchos
hospitales con una situación similar, que están en una verdadera
encrucijada económica— más allá de las dificultades actuales.

La enmienda 3312 pretende dar cumplimiento a un acuerdo de
la Comisión Bilateral Generalitat-Estado de 19 de julio de 2011 sobre el
traspaso de la titularidad de los inmuebles de la Tesorería General de la
Seguridad Social a las correspondientes comunidades autónomas. Todavía
hoy hay determinados inmuebles —en el caso de Cataluña, si no
recuerdo mal, son 9 hospitales— sobre los que mantiene la
titularidad la Tesorería General de la Seguridad Social cuando,
evidentemente, todas las inversiones, todas las actuaciones que se llevan
a cabo en relación con estos hospitales dependen de la correspondiente
comunidad autónoma. Por lo tanto, y en cumplimiento de estos acuerdos,
deberían proceder a su traspaso.

La enmienda 3315 pretende que se compense a las comunidades
autónomas por la menor recaudación del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados que se ha producido debido a
la decisión legítima pero unilateral del Gobierno de ampliar las
exenciones en operaciones susceptibles de gravamen a dicho impuesto,
algunas derivadas del procedimiento de restructuración bancaria. Dicha
compensación, solo en el caso de Cataluña, equivaldría a los 850 millones
de euros que se indican.

Las enmiendas 3317, 3318, 3319, 3320 y 3321 tienen cada una
de ellas el objetivo de dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión
Bilateral Generalitat-Estado también de 19 julio de 2011 —ya no
hablo de la disposición adicional tercera del estatuto, que
también— en referencia al ejercicio 2008. La disposición adicional
tercera del estatuto y el acuerdo de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado, que no ha sido derogado —este acuerdo continúa
en vigor— implicarían que en Cataluña se invirtieron 759 millones
de euros menos en el año 2008 de los que corresponderían. La enmienda
3318 hace referencia al ejercicio 2009, y habla de 211 millones de euros;
la 3319 hace referencia al ejercicio 2010 y son 710 millones de euros; la
3320, en referencia al ejercicio presupuestario en 2011 y son 776
millones de euros; y la 3321, referente al ejercicio presupuestario 2012
—recuerdo, disposición adicional tercera y acuerdo Comisión
Bilateral de 19 de julio de 2011—, y son 849 millones de euros. Les
hemos facilitado el trabajo. Por si no quieren aprobar estas seis
enmiendas, se las hemos concentrado en una única enmienda sustitutoria de
las anteriores, la 3323, que establece la cantidad global de 3967
millones de euros.

La enmienda 3324 propone repartir el objetivo de déficit
entre los niveles de la Administración pública para el período
2015—2017, coherente con la distribución del gasto de cada una de
ellas y también de acuerdo con lo establecido por la propia Ley Orgánica
2/2012, concretamente en la disposición transitoria primera. Les recuerdo
que esta ley orgánica se aprobó en esta Cámara con nuestro apoyo y, por
tanto, dado que apoyamos la ley, estamos legitimados para exigir su
cumplimiento, concretamente la disposición transitoria primera, que
pretende que cada nivel de administración asuma un porcentaje de déficit
similar al gasto gestionado.

La 3328 propone introducir un IVA reducido en relación con
aquellos bienes y servicios utilizados en la producción agrícola,
ganadera y forestal.

También me gustaría introducir en esta defensa alguna otra
enmienda que no he defendido explícitamente, en concreto la 3290, con la
que se pretende doblar la dotación de recursos destinados al Fondo de
apoyo para la promoción y desarrollo en infraestructuras y servicios del
Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y a su vez prever la
territorialización de los recursos. En todo caso, doy por defendidas el
resto.

Muchísimas gracias.

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deudores. Por tanto, creemos que ese camino tiene que
complementar lo que ha hecho el Gobierno en esta etapa para atender de
forma exclusiva a los grandes grupos financieros, a los grandes grupos
empresariales. Ese equilibrio, para mantener el imprescindible nivel de
equidad, exige dirigir la mirada precisamente a las familias y a los
autónomos que están en riesgo de exclusión social, que, evidentemente,
representan una amenaza no solo social en términos de desagregación y en
términos de exclusión, sino —como derivada también— para el
propio sistema financiero. Según los datos del Banco de España, la
morosidad está creciendo de forma importante. En el año 2013 las
ejecuciones hipotecarias se han planteado hasta el nivel de 50 000
—son datos del Banco de España—, de las cuales 38 000 son
viviendas habituales. Creemos que es una necesidad de justicia social y
al final también de eficacia del sistema económico. No está reñida la
justicia con la eficacia, y yo creo que hay que buscar ese punto de
encuentro —que es el que el Gobierno no está queriendo hacer en
estos tres años— de responsabilidad gubernamental.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor López.

Señor Martín, dispone su señoría de cuatro minutos.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, me refiero a las 168 enmiendas comprendidas entre
la 2103 y la 2271, de las que 150 son de adición, 14 de modificación y 4
de supresión. Como algún predecesor ha dibujado, el tiempo entre las
enmiendas ni a segundo llega. Por lo tanto, habida cuenta de que obra en
conocimiento de sus señorías la argumentación de las mismas, las daré por
defendidas, aunque haré algunas consideraciones al conjunto.

La primera reflexión que me hago —para quien empezó
de novato y ahora es aprendiz— es que si algo he aprendido en esto
de los presupuestos es que los mismos no son sino una carta a los Reyes
Magos. Ahora bien, para que los magos atiendan nuestras demandas, se han
de dar dos consideraciones: la primera es creer en ellos; y la segunda,
ser unos niños buenos.

Con esta carta de presupuestos dudo que el Gobierno cumpla
ninguno de los dos objetivos, y me explico. Es obvio que la primera regla
de un presupuesto es que sus ingresos sean iguales a sus gastos, y como
quiera que los ingresos que reflejan estos presupuestos se sitúan entre
el mito y la leyenda de un crecimiento que no se dará, la redistribución
de sus gastos son apócrifos sin más. Lo que sí es verdad es que este
Gobierno no es un niño bueno, no puede serlo si no atiende la demanda de
la enmienda de modificación número 2242 y la 2154, de adición, por la que
solicitamos sacar de la pobreza y de la miseria a más de 2 000 000 de
niños y niñas que en España, según la Unicef, están por debajo del nivel
de la pobreza, como también es verdad que de estos presupuestos se deduce
que España hoy no tiene un consejo de ministros. España lo que tiene es
un consejo de administración que cada semana, lejos de poner en valor sus
activos, los devalúa para servírselos al menor costo posible a Dios y al
Gobierno — sabe a qué mercados—. Se me podrá argumentar que
esto ya lo dije en presupuestos anteriores, pero lo traigo hoy aquí a
colación para verificar que este presupuesto es amanuense del anterior,
si no, ¿cómo se entiende que en los mismos se prive a la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre de la impresión del billete euro? A mayor
abundamiento, la Ley Presupuestos Generales del Estado no es un vínculo
legal adecuado para la modificación estructural y organizativa de esta
entidad pública dado que es una materia que excede del ámbito reservado a
las leyes de presupuestos, y todo ello para la creación de una sociedad
que supondrá para la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la pérdida de su
actividad industrial en esta materia y su posible desaparición. Si no es
cierto que estos presupuestos están privatizando lo poco que queda de lo
público, atiendan la enmienda de supresión 2251.

Termino, señora presidenta.

Señorías, comparto con Albert Camus que la verdadera
generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente, y
lamento que la mayoría de esta Cámara haya vetado en Mesa nuestra
enmienda de adición número 2267 por la que solicitábamos añadir una nueva
disposición adicional, entre otras medidas, permitir que los contratos de
arrendamiento de local de negocio celebrados antes del 9 de mayo de 1985,
cuya extinción se encuentra prevista en la disposición transitoria
tercera de la Ley 29/1994, de arrendamientos, se vieran prorrogados
—dada la situación— por cinco años contados a partir de enero
de 2015.

La señora PRESIDENTA: Debe terminar, señor Martín.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Termino, presidenta. Medio
minuto o quizás menos.

Es obvio que el legislador en 1994 no pudo prever la
realidad económica de 2015, y se hace necesario que el Gobierno incorpore
acciones específicas al Plan integral de apoyo a la competitividad en el
comercio minorista y en la línea ICO del comercio minorista.

Entiendo, señora presidenta, que mi tiempo está agotado,
por lo que, sin perjuicio de que en el turno de portavoces vuelva para
pormenorizar otras enmiendas, doy por defendidas todas las
presentadas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Martín.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado
las enmiendas 510 a 515; 644 y 645; 4064, 4068 y 4072.

Tiene la palabra el señor De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Señora presidenta, las damos
por defendidas y, evidentemente, incorporadas también a la ponencia.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor de las
Heras.

Pasamos al turno en contra.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra su señoría, señor De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Buenos días a todos.

Intervengo en este turno en contra de las 338 enmiendas
presentadas a las disposiciones adicionales de este Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2015, que, como bien decía el
senador Bel, y como tengo que compartir el tiempo con mi compañero el
senador Muñoz, me toca exactamente a 1,78 segundos por enmienda.

Yo hablaré y debatiré de las 94 enmiendas que han sido
presentadas al texto remitido por el Congreso de los Diputados,
concretamente a las disposiciones adicionales primera a octogésima
séptima, y de las que se corresponden con las disposiciones adicionales
nuevas intervendrá mi compañero, el senador Muñoz.

Las dos presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto,
concretamente de Coalición Canaria, supondrían un incremento del gasto de
112 millones de euros en forma de planes de empleo para Canarias y
subvenciones al transporte. Loable intención manifiesto, pero fuera de la
realidad presupuestaria.

El Grupo Parlamentario Mixto, concretamente de Esquerra
Republicana, la senadora Capella, ha presentado cuatro enmiendas que
destilan de forma inequívoca su perfil político, es decir, suprimir la
financiación de la Iglesia, que se publique su inventario, reducir 29 000
efectivos la plantilla del ejército y que el 0,7% del IRPF para
subvenciones de actividades de interés social lo gestionen directamente
las comunidades autónomas. Ahí quedan para el Diario de Sesiones.

Nueve son las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto,
concretamente la parte de Izquierda Unida, para que, entre otras cosas,
no se compute como gasto el tema de la paga extra de la Función Pública;
para duplicar las plazas en la justicia; para incrementar un 2% la
pensión de viudedad; para reducir un 20% la financiación a la Iglesia
—ojo con la Iglesia—; para que vuelva a haber barra libre
para el endeudamiento de las corporaciones locales; o subir un 8% el
IPREM; o algún programa en cuanto a la integración de determinados
organismos; y sobre la viabilidad —que también lo ha señalado algún
otro senador— de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que
entendemos que está completamente garantizada. Evidentemente, votaremos
en contra en conjunto de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado cuatro
enmiendas. Entre otras cosas, podrían suponer la habilitación de gateras
para el incumplimiento de la regla de gastos, de la deuda o el equilibrio
presupuestario. También proponen suprimir la garantía que presta el Fondo
de cohesión sanitaria, lo que pondría en peligro el propio sostén del
sistema de pensiones; o subir un 2,5% el IPREM; y, finalmente, la
supuesta invasión competencial en materia de empleo, trabajo y formación
con el Servicio Público Estatal de Empleo, cuando en realidad debe ser
entendido como mera colaboración.

Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado 27 enmiendas,
claramente divididas en dos partes; la parte socialista de la coalición,
que forman las enmiendas 1705 a 1722, y la parte comunista de la

coalición, que va de la 2072 a la 2083. La parte socialista
plantea la imposibilidad de acceder al fondo de reserva de la Seguridad
Social, que, de hecho, pondría en peligro el propio sistema, cuando ha
sido, como en el tema de la paga extra de los funcionarios, voluntad del
Gobierno. Pretenden igualmente el acceso a la carrera judicial por
concurso para sustitutos y/o suplentes y asimismo autorizar los contratos
indefinidos para la ciencia, para las fundaciones o para los consorcios
públicos. Sobre el personal de las mutuas, creemos que es mejor la
regulación de la norma, y no consideramos conveniente incentivar la
demora en el acceso a la jubilación de las clases pasivas.

Ahora viene otra serie de enmiendas que son las de más
gasto: un incremento del 106% a las prestaciones familiares; un 300% a la
gran invalidez de las Fuerzas Armadas; el 15% más para la financiación de
Radiotelevisión Española; un 33% más para subvenciones o actividades de
interés social; incrementar el gasto de la dependencia; subir un 2% el
IPREM; más gasto para la Agencia de investigación; y no puede haber más
gasto del que contemplan los propios presupuestos.

Del resto, idénticas a las planteadas en Izquierda Unida
son las enmiendas 695, 696 a 698 y 699 a 703. Valga lo dicho para ellas
en las que ha presentado el Grupo Parlamentario Entesa.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado un total de 22 enmiendas a estas disposiciones
adicionales, que, fundamentalmente, y debido al tiempo, las definiría
como un compendio de incremento de gasto, lucha por el ámbito
competencial y excusas o gateras al cumplimiento de la Ley de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Me gustaría pararme en dos de ellas. De entre todas, me
llama la atención la 3290 y 3291, que pretenden que la ayuda a la
dependencia se financie por la SEPI con 10 millones de euros. ¿Guarda
alguna relación la SEPI con el tema de la dependencia? Además, a nosotros
nos parece adecuado que la mili compute a efectos de jubilación.
Finalmente, una de sus enmiendas forma parte del ADN de la Agencia
Estatal de Investigación, que su desarrollo sea competitivo y de
excelencia.

Termino, señora presidenta, para dejar el resto de este
turno en contra —como el turno de portavoces— a mi compañero,
el senador Muñoz, con las 19 enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Senador Martín, me decía un profesor de la facultad que el
presupuesto es materia viva, no lo que usted ha referido. Sus enmiendas
son en un 90% coincidentes con las presentadas por sus correligionarios
de la Entesa; un 5% coincidentes exactamente con una enmienda de
Izquierda Unida; y otro 5% con una enmienda presentada por Coalición
Canaria; es decir, como siempre, contentando a todos. Su enmienda 2119 es
idéntica a la 548 de Coalición Canaria —bueno, un poco más
generosa, 8 millones de euros más para el empleo canario—. De la
2201, 2202 a la 2236 y a la 2250, salvo alguna coma o punto y aparte, son
calcadas a las presentadas por Entesa con los números 1707 a 1722.
Valgan, pues, lo dicho para ellas para la suyas. Y la última, la 2251 es
literalmente la 703 de Izquierda Unida. En definitiva, sus enmiendas
tienen mucho de socialismo catalán, algo de nacionalismo canario y unas
gotas de comunismo real.

Y respecto de la pobreza de los niños, senador Martín, qué
lástima que no se dieran cuenta de tantas cosas como no se dieron cuenta
cuando gobernaban España.

Dejo el resto del turno para mi compañero, el senador
Muñoz.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De las Heras.

Su compañero, el senador Muñoz, dispone exactamente de tres
minutos y medio o cuatro.

El señor MUÑOZ MARTÍN: Serían cuatro, señora presidenta. De
cualquier manera, muchas gracias.

En todo caso, de las 240 enmiendas nuevas que hay
adicionales, obviamente, no voy a tener tiempo prácticamente ni de
enumerarlas.

Sí puedo decir que el Grupo Parlamentario Socialista
presenta 90; el Grupo Mixto 39; Entesa 68; Convergència i Unió 31; y que
la casi totalidad de estas enmiendas son repetición de las que ya fueron
presentadas y rechazadas en el Congreso.

En esta situación, salvo error, están 86 de las 90 del
Grupo Parlamentario Socialista; 37 de las 39 del Mixto; 29 de las 31 de
CiU. Esto no es más que constatar un dato, sin prejuzgar el trabajo de
sus señorías, que yo dejo patente que ha sido arduo, por lo menos en lo
que representa a este portavoz en leerlas todas.

Antes de hacer un intento rápido del repaso de estas,
quiero decir que vamos a rechazar su totalidad, aunque si me da tiempo,
daré las razones específicas. Diré los motivos más genéricos y aplicables
a la casi totalidad de las mismas: que la práctica totalidad exigen un
gasto adicional no previsto en estos

presupuestos, sin que además indique partida alguna con la
que compensar rebajando este incremento para que dicho presupuestos siga
nivelado y cumpliendo con nuestros compromisos con Europa.

Otras muchas pretenden modificar, mediante disposiciones
adicionales, proyectos de ley que están en trámite en las Cortes o normas
legales en pleno vigor, incluso de las que tienen rango de leyes
orgánicas o incluso de la propia Constitución; tal es el ejemplo de la
3300 de Izquierda Unida al artículo 135.

Como es habitual en el Senado, diferentes enmiendas se
repiten miméticamente con otros grupos, como ha señalado el senador De
las Heras. Así, por ejemplo, al menos 35 de las 68 de Entesa son iguales
que otras tantas del Grupo Parlamentario Socialista. Así, están las que
podríamos llamar reformas fiscales mediante adicionales —tales son
las 2104 del PSOE, equivalente a la 1729 de Entesa, evasión fiscal
internacional; 2105, con la 1726, fiscalidad medioambiental; 2106 con la
1723, imposición patrimonial; 2107 con la 1724, impuesto de grandes
fortunas; 2108 con la 1728, fraude y elusión fiscal; 2109 con la 1725,
IVA; 2135 con la 1727, impuesto de transacciones financieras;
etcétera—. Otro grupo, que podríamos denominar de enmiendas
sociolaborales, serían: la número 2128, del Grupo Socialista, equivalente
a la 1748, de Entesa, referente al sistema nacional de empleo; la número
2124, a la 1746, sobre el subsidio de desempleo de larga duración; la
número 2129, a la 1749, sobre la revisión de incentivos para la
contratación; la número 2130, a la 1750, relativa a la revisión de
salario mínimo. Son enmiendas que no entendemos por qué no se plantearon
cuando gobernaban si las encuentran tan adecuadas. Y alguna de ellas,
como la 2154, que es la 1759 de Entesa y coincide igualmente con la 24,
de Esquerra, lucha contra la pobreza infantil, en la misma línea que la
2151, 1738 o 2088, de Entesa, o 23 de Esquerra y 720, de Izquierda Unida,
sobre pobreza sobrevenida. En lo que no coinciden es en el montante de la
petición. Esquerra e Izquierda Unida piden 100 millones de euros y
Entesa, 150 millones.

Permítame un inciso breve sobre este asunto para reiterar
la atención especial del Gobierno y de estos presupuestos en gasto
social, al que destinan un 54%. Hay una dotación de apoyo a la familia y
a la infancia de 32 millones de euros. A estas dotaciones se añaden las
del plan concertado, que se mantiene en 27,4 millones de euros, con lo
que se llegaría casi a los 68 millones de euros para los colectivos que
necesitan más ayuda. El Plan nacional de acción para la inclusión social
2013-2016 incluye una partida nueva de 17 millones de euros para
transferir a las comunidades autónomas. Y, además de todo ello, las
liquidaciones definitivas de asignaciones tributarias permiten igualmente
nuevos fondos para actuaciones sociales de esta índole.

Esta misma diferencia de petición económica entre unos
grupos y otros se ve en lo referido a la Agencia EFE —ya es un
clásico de cada año en estas enmiendas—, para la que el Grupo
Socialista solicita 50 millones de euros mientras que Izquierda Unida y
Entesa, aunque no con el mismo texto, solo piden 45 millones. Debemos
recordar que en el capítulo del programa 2503921K hay un crédito de 38
millones de euros para este mismo apartado.

Otro clásico se repite en las enmiendas 2263 y 1775 de
Entesa, centros militares de Talarn y Cefot, que traen todos los años
pese a las interpelaciones y preguntas reiteradas al ministro, para que
les digamos una vez más que este año no hay previstas modificaciones.

El Grupo Socialista coincide también con CiU en 2
enmiendas, en las números 3570 y 3572, petición de condonación de deudas
a la Seguridad Social y petición de compensación a las comunidades
autónomas por incrementos de IVA, más las tradicionales peticiones en
base al estatuto de Cataluña, las números 2221 y 2222, que, lógicamente,
se dan más en CiU —enmiendas números 3318, 3319, 3320, 3321, 3322 y
3323—.

La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor Muñoz.

El señor MUÑOZ MARTÍN: Igualmente sucede con las de
Entesa.

Dado el brevísimo tiempo que tengo, luego, en el turno de
portavoces, hablaré brevemente de algunas enmiendas de los otros grupos
parlamentarios, en concreto de las que han hablado los portavoces.

Reitero que vamos a rechazar todas las enmiendas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Muñoz.

Turno de portavoces.

Señor Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

No es difícil de entender que los grupos de la oposición
podamos coincidir en algunas cuestiones en nuestros planteamientos. Es
que ustedes están acostumbrados a coincidir solo consigo mismos, y la
prueba es que de las 3900 enmiendas que presentamos el resto de los
grupos, en la ponencia han incorporado 1, imagino que con carácter
simbólico.

Segunda consideración. Los portavoces del Grupo Popular
insisten mucho en que se plantean enmiendas que suponen incremento de
gasto. Las enmiendas casan el presupuesto, donde hay altas hay bajas. De
todas maneras, planteamos una serie de modificaciones fiscales que
ustedes no aceptan — porque, legítimamente, no las comparten, y han
planteado una reforma fiscal recientemente— y que en nuestra
opinión resolverían esa cuestión.

Efectivamente, aunque antes no he tenido oportunidad de
decirlo, también nosotros habíamos planteado una enmienda contra la
pobreza infantil, porque entendemos que es una de las realidades más
dramáticas y dolorosas en este momento, y todos los estudios que se están
realizando constatan un incremento notable de este fenómeno en los
últimos años.

Y concluyo con una enmienda de la que no tuve oportunidad
de hablar antes y que no supone ningún incremento de gasto, la que
formulamos para que se conceda una moratoria de 2 años a las entidades
locales menores para presentar sus cuentas, porque si no, de forma
automática, el 31 de diciembre de 2014 muchas de ellas se verán incursas
en causa de disolución. No es que pretendan ocultar nada, simplemente
carecen de los medios humanos y materiales imprescindibles para poder
presentar estas cuentas y están buscando soluciones alternativas,
fundamentalmente con el apoyo de las comunidades autónomas. Concedámosles
un plazo —no cuesta nada— de 2 años más —enmienda
721— para que puedan presentar formalmente esas cuentas y cumplir
los requisitos.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

Señor Bruguera, tiene la palabra.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias.

No puedo dejar de hacer un brevísimo comentario a algunas
frases del senador De las Heras. No sé si se refería a este senador
cuando hablaba de nacionalismo catalán. Por si así fuese —me lo ha
parecido—, quiero decir que yo nunca he sido nacionalista, no lo
soy, y si tengo una cosa clara es que no lo seré nunca. Ahora bien, visto
el tono y algunas expresiones utilizadas por el señor De las Heras, ya me
entran dudas de si en alguna ocasión seré independentista.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bruguera.

Señor Bel, tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señora presidenta.

Insto al senador Bruguera a que no se lo piense tanto y que
se decida, porque las cosas van como van. (El señor Martín Rodríguez: No
es broma). No, no, no es broma; ya le aseguro yo que no es broma.
(Risas).

En todo caso, bromas aparte, me voy a centrar en las
enmiendas. Reincido en la defensa de las enmiendas que no generan gasto,
porque ya he visto que las que generan gasto van a crear un problema y ya
no tengo tal pretensión. Pero sí les pediría que nos justificaran por qué
no las admiten. Si tenemos que hacer una transaccional, ya la haremos,
estamos de acuerdo. Pero la enmienda 3308, que plantea una disposición
adicional nueva, la hemos venido aprobando de forma reiterada durante los
últimos veinte años, y no entiendo por qué hay tanta reticencia a
aprobarla cuando la hemos transaccionado a lo largo de los últimos tres
años. Lo único que les pido es que sean sensibles, como lo han sido hasta
ahora, y que la aprobemos, porque no genera más gasto y viabiliza una
parte importante de las instituciones sanitarias de carácter público
local o de entidades sin ánimo de lucro en relación con una deuda a la
Seguridad Social que se ha ido aplazando constantemente. Y no genera más
gasto. Tampoco genera gasto cumplir con los acuerdos de la comisión
bilateral a través de los cuales se traspasa la titularidad de aquellos
inmuebles afectos a servicios sanitarios que son todavía de titularidad
registral de la Tesorería General de la Seguridad Social y sobre los
cuales hace más de veinte años que invierten cada una de las comunidades
autónomas. Esto no genera más gastos, no genera más déficit y no
perjudica para nada al

objetivo de consolidación fiscal. Al contrario, mostraría
su sensibilidad ante demandas de las comunidades autónomas, y
concretamente de la comunidad autónoma catalana. Esta tampoco genera
gasto, como no generan gasto ni dejan de generar ingresos algunas de las
que proponemos y que son relativamente razonables. Por tanto, les
insistiría en que sean sensibles a algunas de estas disposiciones
adicionales que les proponemos, en su modificación o en su nueva
redacción, igual que hicieron en otros presupuestos correspondientes a
otros ejercicios presupuestarios, y que las aprobaran o transaccionaran.
Ya les anticipo de forma gustosa mi agradecimiento si fuera el caso.

La señora PRESIDENTA: Gracia, señor Bel.

Señor Martín, tiene la palabra.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Intervengo por el turno de portavoces y por alusiones.
Decía el señor De las Heras que todas las enmiendas presentadas por mi
grupo eran para contentar a todos. Pero ¿no es eso lo que tiene que hacer
un buen Gobierno, señor De las Heras? Porque lo contrario es contentar
solo a unos pocos, y si es posible, a los propios y a los ricos. Y le voy
a poner un ejemplo. De más de 4000 enmiendas que tienen sobre la mesa han
aceptado una. Una.

Pero para que no caiga en la demagogia de pobres y ricos,
¿por qué no aceptan ustedes la enmienda por la que se les solicita que,
de acuerdo con la directiva de la Comisión Europea, entre en vigor en
2015 en España el Proyecto de Ley por el que se crea el impuesto sobre
transacciones financieras, que aportaría a la hucha más de 5000 millones?
Y ya le digo yo que con 5000 millones de euros se les puede dar de comer
a 2000 niños en España que están por debajo del nivel de la pobreza
—esto no lo dice Cáritas, lo dice ya hasta Unicef—.

Y, segundo, yo he dicho que estos presupuestos, como sus
precedentes, no dejan de ser un consejo de administración para devaluar
lo público. Le voy a poner el ejemplo más claro y palmario en estos
presupuestos de intento, de una manera somormuja, de privatizar lo que es
de todos. ¿Por qué no derogan ustedes lo que pusieron en valor a través
del real decreto por el cual pueden disponer de más del 3% del fondo de
la hucha de las pensiones? ¿Por qué no derogan eso y se atienen al 3%?
Porque en los últimos tres años que llevan ustedes gobernando han
descapitalizado la caja en un 37%, con 25 000 millones de euros de la
herencia, que les permite a ustedes descapitalizar la caja. Han hecho una
reforma laboral, y como han devaluado los salarios devalúan también la
aportación a la Seguridad Social, y como devalúan la aportación a la
Seguridad Social y están sacando las reservas de la hucha, a este paso,
en cuatro años, dirán ustedes que no hay hucha y que el sistema no se
sostiene. Y ahora, a privatizar. ¡Por favor!

¿Por qué no cumplen el Pacto de Toledo? ¿Por qué no admiten
esta enmienda? Llevan tres años chupando de una herencia que no
denuncian. Y es la herencia que les permite corregir el déficit a cuenta
de quitarles las reservas de los dineros a los jubilados que llegaremos a
ser todos. Eso es privatizar somormujamente y eso es hacer trampas en el
solitario. Intentar contentar a todos, si es la mayoría, es gobernar con
criterio. Hacerlo para los propios, para los amigos, y desde un concepto
ideológico como es este presupuesto, sencillamente, es llevarnos al
camino de lo sectario y no interesarnos este país nada más que para
negociarlo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor De
Las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Le voy a robar treinta
segundos a mi compañero, el senador Muñoz, lógicamente, por
alusiones.

Señor Bruguera, efectivamente, yo nunca seré ni
nacionalista ni independentista; eso lo puede usted tener meridianamente
claro. Senador Martín, español hasta la médula, por supuesto.
(Rumores).

Senador Martín, contentar a todos es lo que ustedes
llevaban haciendo durante ocho años y condujeron a este país a una
situación económica de ruina. Y gracias a tres años de embridar las
cuentas de toda la Administración pública hemos conseguido llegar a la
situación en la que ahora estamos.

Le dejo el turno a mi compañero.

El señor MUÑOZ MARTÍN: Muchas gracias, señoría.

Al portavoz de Izquierda Unida debo decirle que sus
enmiendas, de las cuales ocho están dedicadas a la Guardia Civil y tres a
las Fuerzas Armadas, incumplen claramente por ir contra la Ley Orgánica
de

derechos y deberes de las Fuerzas Armadas. Es decir, no es
el marco adecuado este en el que usted ha planteado las enmiendas.
Igualmente debo decirle que la mayoría de las suyas, a pesar de lo que ha
dicho, incumplen precisamente al no compensar el gasto en otras partidas
presupuestarias.

Respecto a CiU, debo decirle al senador Bel que la enmienda
que pretende aplicar supondría un agravio comparativo con todos los
centros sanitarios de las comunidades autónomas. Y respecto a otra en la
que ha incidido, la de los beneficios fiscales, me sorprende que no haya
retirado la de los teléfonos en Barcelona, que ya está admitida por el
Grupo Popular para dos años. Ha estado los tres años anteriores, ahora
dos años, y usted quería uno más. En fin, podría haberla retirado,
porque, además, creo que ustedes no pueden quejarse de estos
presupuestos, en cuanto a que tienen también la enmienda de beneficios
fiscales de los caballos, la enmienda de los barcos... Por tanto, creo
que ustedes deben mirar un poco más fuera del condado de Barcelona, y no
que el resto de las comunidades autónomas tengamos que esperar 400 años
para Santa Teresa u 800 para la Universidad de Salamanca. Por
consiguiente, vamos a ser un poco objetivos en estos temas.

En relación con el Grupo Socialista, ni siquiera voy a
mencionar que ustedes se autoenmiendan con una enmienda que no ha
admitido el Senado, que supone ir contra la ley que hizo el señor Boyer.
De eso no podemos hablar, aunque está ya hablado.

En cuanto al resto, usted ha hablado de la carta a los
Reyes Magos. Yo diría que este es el tercer apartado del grupo de
enmiendas tradicionales del Grupo Socialista. Uno es el de las reformas
fiscales. Otro es, como he dicho, la carta a los Reyes Magos, y en este
podríamos incluir todas las que meten ustedes para ofrecer a las
comunidades autónomas, a diferentes provincias, a diferentes capitales
una serie de proyectos, de ofertas, de planteamientos, que luego sirven
para dar ruedas de prensa locales, pero que realmente son enmiendas de
campanario, incluso algunas sin ningún contenido. Le puedo señalar, como
anécdota, la que por error se admitió en el Congreso del Grupo
Socialista, que hablaba, en concreto, de mi provincia, de hacer
actuaciones en el Parador de Béjar, un parador que solo existió en la
mente del tristemente recordado en la provincia, ministro Caldera, y que
no se ha realizado. Es decir, se pedía llevar a cabo actuaciones en algo
que no existía. Por tanto, como he dicho, las enmiendas del Grupo
Socialista no tienen una contraprestación para solventar la deuda que
crean, la mayoría son cantos al sol.

La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor Muñoz.

El señor MUÑOZ MARTÍN: Son planteamientos de reformas
fiscales o legales, y el Senado no es el marco para plantear las
disposiciones adicionales.

Muchas gracias, señoría.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Muñoz.

Señorías, llegado este punto, les propongo que suspendamos
la sesión hasta las cuatro. (Asentimiento). Así lo haremos.

Se suspende la sesión.

Muchas gracias.

Eran las catorce horas y veinte minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco
minutos.

La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos con la sesión
de la comisión.

Nos quedamos en las disposiciones transitorias, a las que
los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes han presentado las
enmiendas números 728 y 729.

Tiene la palabra, senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

En la enmienda 728 proponemos una disposición transitoria
nueva, dando a los ayuntamientos la posibilidad de que finalicen en 2016,
con cargo a los remanentes de tesorería de 2015, los proyectos que no se
hayan concluido en este ejercicio.

Y en la enmienda 729 planteamos igualmente una prórroga a
los ayuntamientos para el año 2015, con el fin de que puedan aplicar el
superávit que se haya producido en la liquidación del ejercicio de
2014.

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aplicado durante el ejercicio actual, 2014, y está
permitiendo afrontar determinadas inversiones, siempre dentro de la
sostenibilidad financiera, y también amortizar parte de su deuda.

Por tanto, señorías, reconozco su interés y su mejor
voluntad, pero mi grupo entiende que tratar de prorrogar esta medida
pondría en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit para el próximo
año, y eso es absolutamente inasumible en este momento.

El señor Bel presenta también una enmienda que tiene que
ver con la adaptación de los consorcios a la nueva normativa. Debo
confesarle que a juicio del Gobierno y de mi grupo no existen razones
legales que impidan la ampliación del plazo, tal como se solicita, si
bien consideramos que el escaso número de entidades a las que se dice
representar en esta enmienda, así como los plazos que aún tenemos para
que finalice el año y, por tanto, para la adaptación al cambio normativo,
hacen absolutamente inviable una aplicación con carácter general de esta
prórroga. Y permítame decirle, señoría, que un año me parece un tanto
excesivo.

Finalizo haciendo referencia a la enmienda que tiene que
ver con los compromisos de gastos plurianuales en materia de
investigación, desarrollo e innovación, señalando que no existe ningún
riesgo de desatención financiera por parte del Gobierno sino más bien
todo lo contrario: hay un compromiso claro, firme por parte del Gobierno.
Es el Gobierno el que está garantizando el desarrollo territorial de la
investigación dentro de España y fundamentalmente su integración en el
Espacio Europeo de Investigación. Y lo hace a través de compromisos negro
sobre blanco, con acuerdos tales como los adoptados por el Consejo de
Ministros, que establecen medidas como la Estrategia española de ciencia
y tecnología y de innovación o el Plan estatal para la ciencia, la
tecnología y de la innovación. Y lo hace también incluyendo en estas
cuentas públicas más de 6000 millones de euros para modernizar y seguir
contribuyendo a la investigación en este país. Por tanto, vamos a
rechazar las enmiendas aquí presentadas.

Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Luzardo.

¿Algún portavoz desea intervenir? (Pausa).

Señor Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Voy a hacer dos brevísimas consideraciones.

La primera es que los municipios españoles no solamente han
hecho el esfuerzo de estabilizar sus cuentas, sino que han garantizado el
cumplimiento del objetivo de déficit por el incumplimiento de las otras
administraciones. En consecuencia, no se puede pretender mantener de
forma prolongada en el tiempo esa realidad injusta.

La segunda es que, habiéndose incorporado ya al discurso
político y económico que los elementos de dinamización son claves en este
momento para conseguir una auténtica recuperación de la economía,
renunciar a la capacidad que puedan tener los municipios con superávit
con sus aportaciones supone negar el discurso político.

Por tanto, las enmiendas que hemos formulado debieran ser
tomadas en consideración por el grupo mayoritario.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora
presidenta.

Yo ofrecería una transaccional al portavoz del Grupo
Popular, que dice que un año es un plazo excesivo para la adaptación de
los consorcios. De acuerdo, quizás sea así, pero el plazo dado, hasta
principios de año, también nos parece corto. Por tanto, como digo,
podríamos llegar a una transaccional: ni a principios de año ni dentro de
un año; quizá habría que alargarlo unos meses más. En todo caso, este no
es un motivo de preocupación excesiva para mi grupo. Sí lo son, en
cambio, las enmiendas que hacen referencia a la aplicación del superávit
por la Administración Local, es decir, por las corporaciones locales, los
ayuntamientos y las diputaciones. Y es que con la argumentación que se
nos da: que se pone en peligro el objetivo de déficit público en España,
se constata claramente que se fuerza a ahorrar a los ayuntamientos para
compensar el déficit excesivo de la Administración General del Estado, la
Seguridad Social y las comunidades autónomas.

Estas medidas no tienen por objetivo sanear y consolidar la
Administración Local, sino simplemente que genere un superávit, forzarla
a continuar generando un superávit que no pueda aplicar, y que ese
superávit, que se va manteniendo a lo largo de los años, sirva
exclusivamente para que se puedan cumplir en todo el Estado los objetivos
de déficit. Cuando ustedes planifican los objetivos de déficit asignan a
la Administración Local un déficit cero, pero a través de la normativa la
fuerzan, como digo, a un superávit. Y no ponemos en riesgo el resultado
de la corporación local, no ponemos en riesgo el ejercicio presupuestario
de cada una de las corporaciones locales. Evidentemente, si no existe ese
superávit no puede servir para compensar el déficit excesivo de las
comunidades autónomas, la Seguridad Social y la Administración General
del Estado, con lo cual tienen que decir claramente: no queremos que la
Administración Local decida por ella misma en qué va a aplicar su
superávit, porque pretendemos apoderarnos de él para consolidar un
excesivo déficit en otro nivel de la Administración.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.

¿Algún portavoz más desea intervenir? (Pausa).

Entonces, pasamos a las disposiciones derogatorias.

Los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto, han presentado las enmiendas 730 y 731.

Tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

La primera de las enmiendas busca que se derogue la
decisión de transferir la gestión del Registro Civil a los registros
mercantiles, que se derogue la normativa que propicia esta situación. Y
la segunda, que se derogue la aprobación en su día de las tasas
judiciales.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

Entesa ha presentado las enmiendas 1780 y 2097.

Tiene la palabra, señor Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

La enmienda es idéntica a la presentada y defendida por el
senador Iglesias, con lo cual la doy por defendida.

La señora PRESIDENTA: Gracias. (El señor Bruguera Batalla
pide la palabra).

Señor Bruguera, tiene la palabra.

El señor BRUGUERA BATALLA: Voy a defender la enmienda 1780,
presidenta.

Se trata de una enmienda de supresión de la disposición
derogatoria única, sobre la cobertura por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales a todos los trabajadores, cualquiera que sea
el régimen de la Seguridad Social en el que estén afiliados. Desde
nuestro punto de vista se ocasiona un grave perjuicio a los trabajadores
afectados, que se ven privados de esa cobertura frente a la contingencia
profesional.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

El Grupo Socialista ha presentado la enmienda 2207.

Para su defensa, tiene la palabra el señor López.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Efectivamente, el Gobierno, después de posponer dos años la
entrada en vigor de la ampliación de la cobertura por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales a todos los trabajadores,
independientemente de su régimen, ahora deroga definitivamente la
disposición adicional quincuagésima octava de esa ley, ocasionando, por
tanto, un grave perjuicio a los trabajadores afectados, a los que se les
priva de la cobertura frente a la contingencia profesional.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Turno en contra.

Tiene la palabra el señor Luzardo.

El señor LUZARDO FUENTES: Gracias, señora presidenta.

Entiendo que lo que se hace con esta enmienda de supresión
no es otra cosa que solicitar que los trabajadores autónomos paguen
obligatoriamente esa cuota por contingencias profesionales, alegando que
lo contrario ocasionaría un perjuicio notable para ese colectivo, para
esos trabajadores. Pero nada más lejos de la realidad, de la intención
del Gobierno. Será una ventaja competitiva que los trabajadores autónomos
no tengan la obligación sino la posibilidad de elegir libre y
voluntariamente si desean o no asumir ese sobrecoste que significa pagar
las cuotas por contingencias profesionales. Pero repito que nada les
impide hacerlo.

Es una obviedad, una evidencia que el Gobierno está volcado
con la creación de empleo. Desde luego, los autónomos y las pequeñas y
medianas empresas, que suponen en este país el 80% del empleo, son una
absoluta prioridad, y jamás tomaríamos ni apoyaríamos decisiones que
fuesen en la línea contraria. Son muchas las decisiones, muchas las
acciones puestas en marcha por el Ejecutivo para estimular, para ayudar
al crecimiento y al aumento del número de trabajadores autónomos. La Ley
de emprendedores es un claro ejemplo. Las tarifas planas es otro. Y hay
acciones más concretas, como la inyección económica de más de 170 000
millones de euros en las cuentas de las comunidades autónomas y
ayuntamientos para hacer frente a los 8 millones de facturas que se
debían precisamente a gran parte de este colectivo y particularmente a
pequeñas y medianas empresas y también a autónomos.

La propuesta es muy ambiciosa. Como todos saben,
recientemente se ha aprobado, y el próximo año va a entrar en vigor, la
reforma fiscal, especialmente pensada para rentas medias y bajas, que va
a beneficiar particularmente a los autónomos y llegará a 20 millones de
contribuyentes. Esas son las líneas que se ha fijado el Gobierno: líneas
de menor presión fiscal, de menor tributación, de mayor liquidez para los
ciudadanos y las empresas, de mayor consumo, de crecimiento de la
economía y, por tanto, de mayor creación de empleo.

En cuanto a la reforma del Registro Civil, se pretende
dejar sin efecto que la gestión de dicho registro se realice a través de
los registradores de la propiedad y mercantiles, y en opinión del
Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular eso está aportando mayor
eficacia y dinamismo al funcionamiento del sistema. Se pretende que la
situación se revierta al estado anterior. Se pretende una vuelta al
pasado, una vuelta al aumento de gastos en el Ministerio de Justicia,
aumento que obligaría a incorporar nuevos recursos tanto humanos como
materiales y que mermaría la capacidad que hoy se tiene para mejorar el
funcionamiento de juzgados y de tribunales. El objetivo de esta medida y
de toda la política estructural del Gobierno no es otro que garantizar la
prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, pero, desde
luego…

La señora PRESIDENTA: Debe terminar, señor Luzardo.

El señor LUZARDO FUENTES: Gracias. Termino enseguida.

Pero, desde luego, no reparando en quién se ocupa de
ello.

Sobre las tasas judiciales, a las que también se refieren
las enmiendas, solo quiero resaltar que en mi opinión es un asunto
ampliamente debatido en esta Cámara y considero que esta norma no es el
foro adecuado para su discusión.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Luzardo.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

En relación con las tasas, una vez que la recaudación por
esas tasas se consigna como ingreso, el debate presupuestario es un marco
adecuado para hacer una reflexión sobre la conveniencia de obtener o no
ese ingreso.

Por otro lado, los datos indican que la caída de la
recaudación por tasas judiciales demuestra que se están convirtiendo en
un obstáculo para el acceso efectivo a la justicia, un derecho
constitucionalmente reconocido.

En cuanto a la transferencia de la gestión de los registros
civiles a los registradores mercantiles, que se cuestiona con la enmienda
que hemos formulado, hay que decir que cada vez se mueve en un terreno
más nebuloso, en tanto en cuanto parece que aquella famosa corporación de
derecho público que se iba a crear para gestionar las aplicaciones
informáticas que ello demandaba es una idea que se ha abandonado en este
momento sin que nadie haya explicado las alternativas. Por tanto, más
allá del

cuestionamiento de la decisión privatizadora, el hecho de
que se mantenga esa nebulosa aconsejaría que la idea fuera aparcada y que
su reflejo presupuestario, como veremos en la sección correspondiente, e
incluso las consignaciones para la modernización de los registros
civiles, que luego redundarán en beneficio de quienes los gestionen, se
retiraran.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

¿Algún portavoz quiere intervenir? (Denegaciones).

Pasamos, pues, a las disposiciones finales.

El señor Quintero Castañeda ha presentado las enmiendas 551
a 568.

Señor Quintero, tiene la palabra.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señora
presidenta.

Hemos presentado dos bloques de enmiendas. Uno de ellos
comprende las enmiendas 551 a 561, que se refieren a las tasas,
bonificaciones e impuestos que se crean en la red aeroportuaria. Nosotros
entendemos que el Estado trata a los aeropuertos canarios igual que al
resto de aeropuertos del territorio, y digo a los canarios pero en las
enmiendas incluimos a los que están fuera de la Península, es decir,
estoy hablando de Canarias, Baleares, Ceuta y el helipuerto de Melilla.
Pues bien, con estas enmiendas pretendemos garantizar la competitividad
de los aeropuertos canarios; y lo hacemos porque la actividad turística
es la que más producto interior bruto y empleo genera en Canarias a nivel
global, pero también los aeropuertos a nivel interinsular cohesionan el
territorio, es decir, cohesionan tanto la economía como la sociedad
canaria.

Hay algunas enmiendas que son muy llamativas. Por ejemplo,
la estacionalidad de temporada baja se establece por igual para todo el
territorio español, cuando en Canarias ocurre todo lo contrario. Y es que
en nuestro caso es en verano cuando a los hoteleros les cuesta llenar más
los hoteles y a los turoperadores, los aviones, por lo que queremos que
se haga un cambio. Estas medidas quedan justificadas porque, como digo,
Canarias, por su clima, recibe la mayor cantidad de turismo en invierno,
mientras que en verano pasa todo lo contrario. Por tanto, en Canarias esa
estacionalidad se debe bonificar, no en invierno, sino en verano.

También presentamos algunas correcciones, porque en los
pasados presupuesto se aprobaron unas tasas para todos los aeropuertos
canarios, pero se dejaron fuera —entiendo que por error y no por
desconocimiento— las islas de La Gomera y El Hierro. Se reflejaron
en una tabla las islas, y no se consideró la bonificación a las tasas de
los aeropuertos de La Gomera y de El Hierro, que también existen. Como
digo, lo advertimos en los presupuestos pasados y entendimos que fue un
error. Esperamos que en estos presupuestos acepten estas enmiendas,
relativas a estas dos islas que tienen aeropuertos.

También planteamos —volvemos a insistir— que la
bonificación del 50% sea fija, para siempre, y no que pueda sufrir
vaivenes según el partido político que gobierne o la ideología política.
Esta garantía está marcada por ser una región ultraperiférica —así
lo establece Europa— y repito que debería considerarse como fija en
el caso de los aeropuertos. Por otro lado, hay algo muy curioso: para
recibir la subvención del 50% existe una normativa y un tiempo. Y al
elaborar los Presupuestos Generales del Estado a veces no se considera
que si se sale de El Hierro para ir, por ejemplo, a Galicia, antes hay
que ir a Tenerife y de allí a Madrid, y pueden pasar más de doce horas,
con lo cual no se tiene derecho a ese 50% por ser residente. Nosotros
pedimos que la temporalidad se marque en función de la operación que se
vaya a hacer, es decir, el tiempo mínimo en el que se pueda hacer una
conexión y no que se establezcan doce horas, como se hace en el
documento, porque eso a veces puede ser un problema para los canarios de
las islas periféricas, que entonces no se pueden acoger a dicha ayuda.

También volvemos a insistir en que para obtener la
bonificación solo se tenga que presentar el carné de identidad. Desde
hace dos años estamos presentando el certificado de residencia, el
ministerio anunció que el 1 de noviembre se eliminaría ese requisito,
pero todavía hay que presentar el certificado de residencia para obtener
la subvención. Repito que volvemos a exigir que simplemente el carné de
identidad en vigor acredite la residencia de cada ciudadano.

Por último, las enmiendas 562 a 568 se refieren a la
financiación autonómica, que consideramos injusta —así lo han
manifestado también diferentes comunidades autónomas—; y no se ha
hecho nada por cambiarla. Con estas enmiendas, y en función de la Ley del
régimen económico y fiscal y el Estatuto de Autonomía de Canarias,
queremos que se compensen, como establece nuestro REF, aquellas
deficiencias que como región ultraperiférica y como islas tenemos en la
financiación de los Presupuestos Generales del Estado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Quintero.

Los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes han
presentado las enmiendas 732 a 734.

Tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

Con la enmienda 732 planteamos que, en cada ejercicio, en
el mes de julio el Ministerio de Hacienda publique un avance de la
estimación de las entregas a cuenta de las liquidaciones definitivas de
años anteriores, de las retenciones y de los anticipos en relación con
las transferencias a los ayuntamientos, para que estos los conozcan con
la antelación suficiente para elaborar sus proyectos de presupuestos con
una base sólida en relación con el capítulo de ingresos.

Con la enmienda 733 queremos recuperar el mecanismo previo
a la reforma del sistema de pensiones para la revalorización de
pensiones.

Y con la enmienda 734 planteamos una rebaja en los tipos de
cotización del régimen especial de trabajadores por cuenta propia del
régimen agrario.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas
4046 a 4050.

Tiene la palabra la señora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Defenderé tres de ellas, y dejaré que mi compañero Cazalis
defienda las otras dos.

La enmienda 4046 se presenta a la disposición final
primera, y con ella se propone una modificación de la regulación del
sistema de cómputo para las clases pasivas al acceder a la jubilación
voluntaria, con el fin de que todos los empleados públicos reciban un
tratamiento igual, con independencia de la Administración, sea del Estado
o autonómica, en la que hayan prestado sus servicios.

El objetivo de la enmienda 4047 no es otro que hacer
cumplir el precepto constitucional de reinserción del penado y el derecho
de todo ciudadano a integrarse en la sociedad como el resto de
ciudadanos, una vez cumplida la pena.

Por último, la enmienda 4050 plantea una nueva disposición
final octava, la de la salvaguarda foral. Se pretende que en esta ley,
como ya se hizo en otras ocasiones con la Ley de estabilidad
presupuestaria, la Ley de bases de régimen local o la Ley de haciendas
locales, se incluya la salvaguarda foral, que establece que la aplicación
de esta ley se hará sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto de
Gernika, en la Ley del concierto y en las salvaguardas anteriormente
mencionadas. Lo que pedimos es que se cumpla la ley, concretamente el
Estatuto de Autonomía de Euskadi y el concierto económico, leyes que
encuentran su sustento jurídico en la propia Constitución. Parece absurdo
que a estas alturas de la democracia tengamos que pedir cosas tan
evidentes como estas, pero, a la vista de los derroteros que ha tomado el
Gobierno en los sucesivos proyectos de ley aprobados en lo que llevamos
de legislatura, no nos queda otra opción que exigir en cada proyecto de
ley, uno tras otro, que se incluya la salvaguarda foral, recogida en esta
enmienda, de modo que las leyes se apliquen desde el respeto a las
competencias que la ley de rango superior les atribuye.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Iparragirre.

Tiene la palabra el señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Vasco en el Congreso planteó una enmienda para
ampliar la aplicación de la exención de la tasa portuaria también a los
buques que utilizaran la energía eléctrica de la propia red del puerto
para los servicios del barco cuando está atracado. Y con las enmiendas
4048 y 4049 pretendemos ampliar la exención total a barcos que utilicen
el gas natural licuado y el gas natural comprimido. Es un tratamiento
justo para barcos de menor porte que han apostado por este combustible,
que sin duda es menos contaminante. También se amplía la exención a
aquellos buques que utilicen el gas natural de la red de los puertos para
generar electricidad para sus servicios, con lo que entendemos que se
mejora y se completa sustancialmente lo aprobado en el Congreso.

Muchas gracias, señora presidenta.

Página
46

La enmienda 3340 es una enmienda prácticamente de sentido
común; pretende modificar el Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales, a efectos
de que las entidades locales puedan elaborar sus marcos presupuestarios.
La Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria, en su artículo 27
establece que antes del 1 de octubre las comunidades autónomas y
corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda la información
sobre las líneas fundamentales que contendrán sus presupuestos. Parece
razonable que, si las comunidades autónomas y las corporaciones locales
tienen que remitir las líneas fundamentales al ministerio el 1 de
octubre, este avance una estimación de cuáles serán las entregas a cuenta
y liquidaciones definitivas de años anteriores en relación a la
participación en tributos del Estado. No es razonable que se tenga que
hacer un avance de presupuesto si no se cuenta con una parte importante
de los ingresos de aquella corporación. Por lo tanto, si se exige a las
corporaciones locales que manden unas líneas presupuestarias antes del 1
de octubre, es evidente que en junio se les tendría que dar la
información necesaria para que pudiesen confeccionar estas líneas
fundamentales.

Hay varias enmiendas que insisten en algunos de los
aspectos que se han tramitado recientemente con la reforma fiscal. Acerca
del impuesto sobre sociedades, la enmienda 3341 pretende reintroducir
algunas de las deducciones por inversiones con objeto de mejora
medioambiental suprimidas recientemente.

La enmienda 3342 hace referencia a la recuperación de
determinados tipos de IVA reducido para determinados sectores de
actividad. Hay que decir que en este apartado podríamos mencionar muchos
pero nuestro grupo insiste en el IVA cultural. Recientemente —y hay
que agradecerlo— se aprobó una enmienda presentada por Convergència
i Unió en relación con el sector de las plantas y flores y se dejó de
aplicar el tipo general, para aplicarse el tipo reducido. Entendemos que
en el IVA cultural también se debería proceder en esta dirección.

La enmienda 3346, mediante una disposición final nueva,
pretende modificar el artículo 7 del impuesto sobre el valor añadido a
efectos de que queden exentas del IVA aquellas entregas de bienes,
productos o servicios realizados por empresas de manera gratuita a
entidades sin ánimo de lucro declaradas de interés público.

Mediante la enmienda 3348 se pretende modificar el apartado
13 del artículo 19 de la Ley 16/2012 a efectos de que la Generalitat de
Cataluña tenga derecho a recibir la compensación por los cambios
efectuados por el Estado en relación con el impuesto sobre depósitos de
entidades de crédito, una demanda reiterada que, aunque parece que había
cierta voluntad, no se acaba de concretar.

La enmienda 3350 reitera una enmienda anterior respecto a
las disposiciones transitorias en cuanto a la aplicación de la nueva
regulación de los consorcios y la posibilidad de poder adaptarse antes
del día 1 de enero de 2015, que pasaríamos al día 1 de enero de 2016.

Finalmente, quiero defender explícitamente la enmienda
3353, que propone una modificación de la Ley 38/1992, de impuestos
especiales, para introducir cambios en los gravámenes del tabaco, con el
fin de tratar de equilibrar en la estructura de los cigarrillos el
elemento proporcional, vinculado al precio, y el componente específico,
vinculado a las unidades vendidas, y dotar de una mayor equidad a dicho
impuesto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas 2110 a 2118, 2208 a 2216 y 2218.

Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra el
señor López.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Voy a hacer referencia a algunas de ellas, a las que me dé
tiempo.

La enmienda 2112 tiene por objeto la modificación de
algunos artículos de la Ley del IRPF y modificaciones parciales también
de la Ley del impuesto sobre sociedades, sobre la renta de no residentes
y sobre el patrimonio.

¿Qué es lo que pretendemos? Aproximar el límite máximo de
deducción por aportaciones y contribuciones al sistema de previsión
social a la media de la realizada por los contribuyentes en el ejercicio
2012; aproximadamente, 1500 euros anuales. Estamos convencidos de que la
actual situación aconseja modificar estos límites, de forma que cubra a
todos los contribuyentes que de verdad necesitan este mecanismo como
auténtica previsión social y no como un producto de ahorro, beneficiado
claramente desde el punto de vista fiscal.

La enmienda 2110 propone modificaciones en la escala del
IRPF, y modificaciones parciales de la Ley del impuesto sobre sociedades,
de la renta de no residentes y de patrimonio, con aplicación de nuevos
tipos, con minoración en el importe mínimo personal y familiar y, en el
artículo 65, la escala aplicable a los residentes en el extranjero. Todas
estas modificaciones están motivadas por el establecimiento de un mayor
nivel de tributación para las rentas más elevadas, que responden al
principio de equidad, en términos de capacidad económica y progresividad,
que es lo que ha de informar nuestro sistema tributario.

La enmienda 2111, a la disposición final nueva, pretende
modificar el tipo del IVA aplicado a las actividades culturales, que se
modificó con el Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, y se elevó del 8% al
21%, 13 puntos. Esta subida ha penalizado el acceso a la cultura para el
conjunto de los ciudadanos y está teniendo un efecto negativo sobre el
sector cultural, que representa alrededor del 3% del producto interior
bruto y que proporciona miles de puestos de trabajo. Por ello, pensamos
que es necesaria una rectificación de esta política tan poco acertada,
tan injusta y planteamos que el IVA ligado a las actividades culturales
tenga un tipo diferente, del 5%.

La enmienda 2113 propone igualmente una modificación del
impuesto sobre la renta de las personas físicas relacionada con la
reforma del Gobierno que elevó el tipo de retención del 15% al 21% para
los autónomos. Desde nuestro punto de vista, es conveniente recuperar el
porcentaje de retención del 15%, que mejorará la situación de liquidez de
los perceptores de rendimientos derivados de actividades económicas.

La enmienda 2114 es de adición. La reducción en el impuesto
sobre sociedades de los tipos efectivos de los grandes grupos
consolidados ha sido muy elevada, de modo que se ha producido una
diferencia muy notable de tributación entre los grupos empresariales
grandes y las pequeñas y medianas empresas, en perjuicio de estas
últimas, lo que lógicamente resta la equidad que debe tener el sistema
tributario. Todo esto no solo está provocando perjuicios a la Hacienda
pública al contar con una menor recaudación para sostener políticas
públicas sino que también está teniendo un efecto en términos de
competencia desleal entre empresas. Por ello, pensamos que es
imprescindible establecer un tipo mínimo en el impuesto sobre sociedades
sobre la magnitud que mejor refleja realmente la capacidad económica de
una empresa: el resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias
de cada ejercicio.

La enmienda 2115 pretende también recuperar la aplicación
del tipo reducido para plantas vivas de carácter ornamental y las flores
cortadas, que es un sector económico que ha sufrido con la crisis un
importante impacto debido a la fuerte reducción de la demanda y, en
consecuencia, con un gran perjuicio para el empleo. En este sentido,
planteamos la aplicación del tipo reducido tanto para este campo como
para otro sector también muy importante, en términos de generación de
empleo —y también muy perjudicado por la subida del IVA— que
es el de los servicios de peluquería. Igualmente, solicitamos que se
aplique el tipo reducido para los servicios de veterinaria, en la medida
en que es un servicio de carácter sanitario y, lógicamente, tiene que ver
con la salud pública.

La enmienda 2116 pretende también introducir modificaciones
en la Ley 35/2006, del IRPF, del impuesto sobre sociedades, sobre la
renta de no residentes y sobre el patrimonio. Con este planteamiento lo
que queremos es la creación de un nuevo impuesto sobre las personas
físicas que tenga como objetivo la renta y el patrimonio de los
contribuyentes de manera conjunta. Este impuesto tendría en consideración
la capacidad económica derivada de la riqueza patrimonial, con
independencia de cuál sea la naturaleza de esa riqueza —bien sea
mueble o inmueble— integrada en una única figura tributaria, de
forma que hubiese una valoración del patrimonio homogénea, sin
excepciones, con la tributación de la renta y, lógicamente, corrigiendo
las dobles tributaciones que pudieran generarse. Creemos que esto tiene
un efecto coherente con los principios de progresividad y de capacidad
que han de orientar un sistema tributario justo.

En la enmienda 2117 pretendemos que haya también un tipo
superreducido en el IVA para la harina de pan, para los productos de
higiene personal y para el pan común y sin gluten. En la misma enmienda
planteamos también la aplicación del tipo superreducido para el material
escolar, que dejó de tributar al 4% y pasó al 21%; es decir, 17 puntos de
diferencia.

La enmienda 2210 propone una disposición final, añadiendo
al texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales alguna
información que añada transparencia a la elaboración de los presupuestos
de las entidades locales, con la publicación por parte del ministerio de
la estimación de lo que son las entregas a cuenta, de la liquidación y de
las retenciones y anticipos. Creemos que este es un nivel de exigencia
mínimo en relación con los derechos de las entidades locales que además
están haciendo un esfuerzo extraordinario por cumplir con las
obligaciones que le impone el Pacto de estabilidad.

La enmienda 2211 tiene por objeto establecer una regulación
en la previsión de la recaudación del impuesto sobre actividades del
juego en relación con las apuestas mutuas de fútbol, de forma que el
49,95% se destinase a las diputaciones, a través de las respectivas
comunidades autónomas; el 42,5% para la Liga Nacional de Fútbol
Profesional; el 4,55% para la Real Federación Española de Fútbol con
destino al fútbol no profesional; y el 3% para el fomento del fútbol
femenino en todas sus categorías.

La enmienda 2212 modifica el fondo de bienes decomisados
por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Las enmiendas
2213 y 2214 proponen, como ya se ha comentado en otro apartado, la
derogación de las tasas judiciales establecidas en la Ley 10/2012 por
cuanto lo que realmente suponen en la práctica es una vulneración de la
tutela judicial efectiva porque impide la defensa para continuar en el
litigio, dado que las tasas son desproporcionadas, disuasorias,
desorbitadas y eso se traduce en la práctica en una imposibilidad de que
las paguen un porcentaje alto de población.

La enmienda 2215 pretende también la modificación de la Ley
de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, a fin
de realizar un cambio normativo.

La señora PRESIDENTA: Debe terminar, señor López.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino, señora presidenta.

En el turno de portavoces intentaré explicar las restantes
enmiendas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado las enmiendas
646 a 648, 4073 y 4075.

Tiene la palabra el señor Bosch.

El señor BOSCH LLITERAS: Damos todas estas enmiendas por
defendidas.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bosch.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra el señor Bosch.

El señor BOSCH LLITERAS: Gracias, presidenta.

Quiero anunciar nuestro voto en contra de las enmiendas
presentadas y, por el bien común y por el número de enmiendas, permítanme
que las englobe.

En primer lugar, un grueso de las enmiendas se refiere a
temas de impuestos, especialmente a IRPF, impuesto de sociedades, IVA e
IBI. En las grandes materias como IRPF y sociedades hemos tenido ocasión
de fijar ya la posición del grupo en recientes leyes aprobadas y
debatidas en la Cámara; por tanto, a ellas me remito. El impuesto sobre
el valor añadido en gran medida viene marcado por la transposición de
directivas comunitarias. Hay una enmienda referida al IBI, que ya ha
venido en otros presupuestos, que tiene que ver con la exención del IBI
de los centros sanitarios —el señor Bel se ha referido a que
vulneraría el principio de autonomía municipal— y es, además, un
ingreso importante para los municipios. Por tanto, es evidente que siendo
voluntaria cada municipio puede decidir si la condona o no.

El segundo bloque básicamente son enmiendas del Grupo
Mixto, y prácticamente casi todas ellas están ceñidas a Canarias, a la
bonificación del 50% con carácter indefinido. La ministra anunció en su
momento que no haría uso de la orden ministerial para retocar esta
bonificación, y así lo ha hecho. En cuanto se solicita la acreditación de
la condición de residente mediante el DNI y no el certificado de
empadronamiento puedo manifestar que el plazo de caducidad es
excesivamente dilatado. A la vista está que las plataformas ya están
funcionando perfectamente, que ya no se pide certificado de residente;
los demás temas: áreas de influencia, los días valle y la congelación de
importe mínimo de aterrizaje, han sido debatidos y contestados en sendas
preguntas en la Cámara.

Otro gran bloque se refiere a la financiación y a los
fondos de compensación interterritorial. Quiero manifestar que
prácticamente a día de hoy ninguna comunidad autónoma está satisfecha con
el reparto. Ya se ha dicho por parte del ministro que ahora no toca y que
hay que esperar a un mejor momento para abrir el tema y el melón de la
financiación. A partir de aquí haré referencia a una serie de enmiendas,
concretamente a una referida a la Ley de clases pasivas del Estado y a la
jubilación voluntaria, para que se puedan equiparar indistintamente de la
Administración a la que se pertenezca. Si ello fuera así, se perdería la
finalidad perseguida. Si durante los últimos cinco años no se ha cotizado
en el sistema de Clases Pasivas

evidentemente se produce un quebranto en las arcas del
sistema, toda vez que se ha cotizado a la Seguridad Social en otras
administraciones y después se pretende cobrar la jubilación de Clases
Pasivas.

En cuanto a la ampliación del permiso de paternidad, es
cierto que hay la máxima voluntad para que pueda entrar en vigor el 1 de
enero de 2015; se prorroga un año más, pero esto puede costar al Estado
en torno a la friolera de 200 millones de euros, que es una cifra más que
considerable que, en el entorno de estabilidad presupuestaria en que
estamos y por ajustes, se prorroga durante un año. Lo mismo pasa con la
jornada a tiempo parcial en el caso de los autónomos o trabajadores por
cuenta propia. Había esa voluntad pero tiene que prorrogarse un año más
al no ser compatible con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Respecto a la Ley de tasas estamos en lo mismo, si bien
parece que desde el Gobierno se está estudiando la posibilidad de revisar
una ley que ha sido muy contestada. También hay una previsión de
recaudación de 359 millones de euros; y sin que esto, evidentemente, sea
el objetivo, el carácter recaudatorio, son cifras más que considerables
en un contexto como el actual.

Se pide también en otra enmienda incorporar definitivamente
el 100% de la tasa sobre la reserva del dominio radioeléctrico para
financiar el Ente de Radio Televisión Española. En estos momentos está
incluido en el presupuesto, pero dicha modificación no corresponde a
estos presupuestos, sino que tendría que modificarse la Ley 8/2009, que
prevé que mientras el presupuesto no diga lo contrario se dará el 100% de
la tasa con un máximo de 330 millones.

En cuanto a la Ley de dependencia lo que se ha hecho ha
sido intentar mantener todo el sistema; por tanto, en función de los
acuerdos tomados en el consejo territorial, de 10 de julio de 2012, donde
se toman toda una serie de medidas, hasta la fecha se van incorporando
distintos dependientes al sistema.

La inclusión de las medidas para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria no es propia de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.

Y en cuanto a la revalorización de pensiones, ya ha sido
sobradamente debatida con una ley ex profeso, cuyo objetivo fundamental
es la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, garantizando
además la suficiencia de las mismas, tal y como exige el artículo 50 de
la Constitución española.

En última instancia —lo han presentado distintos
grupos— está la posibilidad de que desde el ministerio se informe,
en torno a julio, a los ayuntamientos de cuál será más o menos el importe
de su participación en los tributos del Estado. Se considera que la
información de la que disponen es suficiente, toda vez que no se pueden
dar datos exactos debido a que la población de derechos se cierra a final
de año y que, además, en estos momentos, con los anticipos, el ministerio
desconoce las deudas que puedan tener los ayuntamientos con los
acreedores públicos. Por tanto, grosso modo, por todos los motivos
expuestos, vamos a votar en contra de las enmiendas presentadas.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bosch.

¿Algún grupo desea intervenir en turno de portavoces?
(Pausa).

El señor Quintero tiene la palabra.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente.

Creo que el senador Bosch ha defendido sus enmiendas sin
ninguna acritud, con un planteamiento que yo respeto, pero discrepo en
algunas cosas. Por ejemplo, en cuanto al 50% es verdad que la ministra
dijo que no iba a utilizar esa medida para rebajarlo incluso hasta el 37
o 27%, aunque eso está en discusión. Pero lo que quiero garantizar es la
vigencia indefinida. Ya que lo ha dicho, vamos a plasmarlo en un papel,
por si acaso algún día se le ocurre cambiarlo a ella o a otros ministros
sucesivos. Yo creo que es una garantía; ella lo ha dicho y estamos
conformes con eso. Es una de las cosas que yo creo que ha hecho bien este
ministerio, pero se debe plasmar para que no tenga tentaciones ningún
Gobierno, ni en el presente ni el futuro, de cambiar esto que, como el
senador sabe, es vital para los territorios extrapeninsulares.

Las medidas de tasas de aeropuerto que proponemos,
simplemente las pedimos porque la propia Comisión Europea, en la revisión
de las directrices sobre ayudas estatales a aeropuertos y compañías
aéreas, aprobadas en 2004, dice que hay que revisar las vigentes de 2005,
y reconoce las desventajas inherentes de aquellos aeropuertos que están
en regiones ultraperiféricas, incluyendo a estos efectos unas directrices
diferentes para estas regiones remotas, con lo cual ya la directiva
europea de la Comisión nos marca que para aquellos aeropuertos que están
en regiones ultraperiféricas, como Canarias, tiene que haber un apartado
especial de bonificaciones, por un lado, y un apartado especial de todas
las diferentes tasas que tienen los aeropuertos, por otro; por eso,
planteamos esta medida.

Por último, me vuelvo a referir a los días valle. Se han
puesto unos días valle en todos los aeropuertos, y le reitero al Partido
Popular —a lo mejor de aquí al Pleno podemos llegar a
acuerdos— que lo ponen en todos los aeropuertos, pero se olvidan de
dos islas y dos aeropuertos —pienso que se han despistado, y así lo
quiero creer—: el aeropuerto de La Gomera y el de El Hierro que no
tienen ese beneficio que tienen todos los demás, no solo Baleares y
Canarias, sino también Ceuta y Melilla; excepto estos dos. Simplemente
quería hacer estas tres aclaraciones.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Quintero.

Señor Cazalis, tiene la palabra.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señora presidenta, creo que voy a
ser una rara avis en esta jornada, pero también creo que tenemos que
congratularnos en lo personal, como grupo y también como Cámara de que el
Gobierno haya hecho caso a la recomendación número 7del informe de la
ponencia de estudio sobre el uso del gas natural licuado como combustible
marítimo, que se aprobó por unanimidad en esta Cámara, y que planteaba la
exención, en este caso del 50% de la tasa portuaria, a los buques que
utilicen como combustible marino el gas natural, el gas natural licuado
especialmente.

Ya he dicho antes que estas dos enmiendas que hemos
presentado mejoran y completan lo aprobado en el Congreso. Por lo tanto,
nos gustaría que las enmiendas 4048 y 4049 se tuvieran en cuenta en este
trámite del Senado. Estamos abiertos a la negociación y por eso hemos
planteado una transaccional, en la que podríamos unir tanto la enmienda
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió como las nuestras. Creemos
que estaría bien conseguir una pantalla verde en este asunto, tal y como
lo logramos en la aprobación del informe de la ponencia.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Cazalis.

Señor Bel, tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.

Empezaré por la enmienda 3336 y con ello me sumo también a
las palabras del senador Cazalis, pues ellos han presentado dos
enmiendas, la 4048 y 4049, en el mismo sentido. El senador Maluquer, que
es quien está siguiendo este asunto, me ha dicho que ya estaba
prácticamente pactada la transaccional, aunque compruebo que a ese
prácticamente le debe faltar una semana de maduración. En todo caso,
confiamos en que el acuerdo acabe llegando.

El senador Bosch decía que las corporaciones locales tenían
ya información suficiente como para poder avanzar las líneas
fundamentales el día 1 de octubre. Información suficiente no, no tienen
información respecto a la previsión del año siguiente en cuanto a la
participación en los tributos del Estado. Lo que hacen todas las
corporaciones locales es una aproximación y, según cómo ven que va el
viento, elaboran sus líneas fundamentales. En estos momentos las
corporaciones locales hacen las líneas fundamentales sin tener un avance
de por dónde va a ir la participación en tributos del Estado, más allá de
la intuición del concejal de Hacienda, del alcalde o del interventor de
turno. Por ese motivo hemos presentado una enmienda. En relación con el
resto de enmiendas, ya veo cuál será el argumento: todas las enmiendas
acaban poniendo en riesgo el objetivo de consolidación fiscal y de
estabilidad presupuestaria, y como todo lo pone en riesgo menos las
enmiendas del PP, intuyo por dónde van a ir. Aun así vamos a insistir en
defender cada una de las enmiendas presentadas porque muchas de ellas
—como ocurría, por ejemplo, con el caso de las corporaciones
locales— no ponen en riesgo ningún objetivo de consolidación
fiscal. Se trata exclusivamente de una cuestión de voluntad política y de
mejorar algunos aspectos. En todo caso, estamos empezando el debate de
las enmiendas y vamos a perseverar en cada una de ellas.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.

Señor López, tiene la palabra.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Siguiendo por donde se quedó el turno anterior, quiero
decir que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado algunas otras
enmiendas que consideramos relevantes. Una de ellas tiene que ver con

retomar de forma rápida la implantación del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia, que el Gobierno ha ido mermando y
reduciendo desde que asumió la responsabilidad en el año 2012. Creemos
que es importante hacerlo por razones de justicia y también de eficacia
económica. Estamos hablando de un servicio de proximidad muy importante y
de un sector de generación de empleo fundamentalmente femenino
—sector especialmente castigado por la razón de la crisis—,
pues aunque no sean en exclusiva las mujeres las trabajadoras de esta
actividad, sí lo son en un porcentaje muy elevado.

Hemos tenido suerte, por rebote, en cuanto a la enmienda
2218 al haber incorporado el Grupo Parlamentario Popular al dictamen,
informe de la ponencia, la enmienda 648 coincidente con la nuestra.
Supongo que no habrá sido por esa razón por la que el Partido Popular la
habrá incorporado a la ponencia, pero, en fin, la consecuencia de orden
práctico es que aumenta la duración de los beneficios fiscales que se
habían planteado para la Universidad de Invierno de Granada hasta junio
de 2016. Esto es lo importante al final ¿no?

Otra de las enmiendas que planteamos trata de modificar la
Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, de
manera que se cree la figura del mediador de la cadena alimentaria. Ya
existe en otros países y es una figura útil para resolver conflictos y
desequilibrios en la contratación a lo largo de la cadena sin tener que
recurrir necesariamente al ámbito de los juzgados y los tribunales.
También pretendemos modificar la disposición adicional primera que
transforma la Agencia del Aceite de Oliva en agencia de información y
control alimentario. Creemos que esto va a en perjuicio del sector del
aceite de oliva, pues con los mismos recursos se amplía el abanico
competencial. Ciertamente, cuando estamos hablando probablemente del
único producto agroalimentario en el que España es líder mundial, con las
connotaciones que ello tiene también en el sector del empleo en términos
intensivos, creemos que no es muy acertada la medida que ha tomado el
Gobierno en esta dirección.

En otra enmienda pretendemos que se amplíe el permiso de
paternidad, cuestión que no puede continuar posponiéndose ya que afecta a
las expectativas de conciliación de la vida familiar y laboral de los
padres trabajadores y que de forma indirecta constituye una
discriminación para las mujeres.

Por otra parte, creemos que se está ocasionando un
perjuicio serio a los trabajadores autónomos al continuar de forma
reiterada posponiéndose la regulación de su actividad a tiempo parcial
pues ello permitiría que, al acogerse a esta vía, se pudiera evitar el
cierre de empresas y la eliminación de negocio en un momento en que el
sector de los autónomos está siendo especialmente castigado.

La señora PRESIDENTA: Debe terminar, señor López.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino en treinta segundos, señora
presidenta.

En cuanto a la modificación de la Ley de financiación de
Radiotelevisión Española, creemos que el rendimiento de las tasas o
reserva del dominio público debe quedar fijado al cien por cien.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López.

Señor Bosch, tiene la palabra.

El señor BOSCH LLITERAS: Gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer el tono de la
intervención de todos los portavoces y ratificarme ya en lo
antedicho.

Diré que subyace en el trasfondo de la orden ministerial
que podría corregir las bonificaciones, a la que hacía referencia el
senador Quintero, que el Gobierno pudiera con esta normativa manejar una
herramienta por si en algún momento tiene que negociar con las compañías
aéreas. Entiendo la preocupación, pero, como ya dijo la ministra, y
siendo un servidor de Baleares, es evidente que se mantiene el 50% de
bonificación.

Les comento a los señores Cazalis y Bel, que han hablado
del modelo de gas natural, que no me cabe la menor duda de que si hay
voluntad de consenso, se podría llegar a algún tipo de acuerdo. Por otro
lado el señor Bel hacía referencia a la información relativa a las
corporaciones locales, de la que ya habíamos hablado. Generalmente, las
corporaciones locales elaboran sus previsiones con las del ejercicio
anterior, que no suelen diferir mucho. Quiero ratificar lo que el
ministerio ha señalado y es que no puede trasladarles mejor información
toda vez que no cuenta con los datos de la población de derecho hasta
finales de año y que además tampoco conoce en julio las deudas que los
distintos ayuntamientos tienen contraídas con acreedores públicos.

Quiero decirle al señor López que en materia de dependencia
—un asunto muy sensible— el Gobierno está trabajando con
intensidad de acuerdo a lo que se pactó en el consejo inicialmente.

Ya hemos dicho en cuanto a la financiación de
Radiotelevisión Española que el cauce oportuno es en todo caso la
modificación de la ley. En estos momentos percibe el cien por cien, pero
quien marca el margen que puede establecerse en el presupuesto es esta
ley y no el propio presupuesto.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bosch.

Pasamos a los anexos XV, XVI y XVII.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado las enmiendas
641 y 643.

Señor Utrera, tiene la palabra.

El señor UTRERA MORA: Ya están incluidas en el informe de
la ponencia, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Utrera.

Entiendo que no hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Señor López, tiene la palabra.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Consideramos que estas enmiendas
incorporadas a la ponencia van en la dirección inadecuada, pues tratan de
suprimir lo que el Congreso había aprobado, reconociendo en el anexo de
inversiones a las comunidades autónomas de Baleares, Castilla y León y
Extremadura. Creo más bien que lo que debía haberse hecho era haber
incorporado a las que faltaban —Aragón, Andalucía y
Cataluña—, establecer esta cuestión en términos de incorporación y
no de supresión. Sin embargo, esta es la decisión del Grupo Parlamentario
Popular.

La señora PRESIDENTA: Señor Utrera, tiene la palabra.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, presidenta.

Con suma brevedad.

Como sabe muy bien el portavoz Socialista, esos tres
anexos, correspondientes a inversiones, fueron aprobados por un error de
votación. Yo entiendo que, a falta de otros argumentos, agarrarse a
errores de votación puede aportar alguna ventaja menor. Pero, hablando
con propiedad, estos presupuestos están diseñados, pensados, elaborados
sobre la base de argumentos que no quiero volver a reiterar otra vez
—equilibrio presupuestario, consolidación de cuentas,
etcétera—. Ciertamente, la aprobación inoportuna, con error en
votación, de tres anexos de inversiones no era conveniente, de la misma
manera que si nos equivocáramos nosotros en el Senado y votáramos y
aprobáramos inversiones por 800 000 millones de euros. Esos 800 000
millones de euros, en la fase siguiente del Congreso, serían suprimidos,
sencillamente porque no forman parte de lo que se pretende con estos
presupuestos. Nosotros ya hemos explicado hasta la extenuación qué es lo
que se pretende y qué es lo que buscan estos presupuestos, y estos anexos
de inversión sencillamente no están en esa confección.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Utrera.

Señorías, pasamos a anexos nuevos.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado la enmienda 1794.

Tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señora presidenta.

Respecto a Cataluña, si estos presupuestos se pueden
calificar de alguna manera, es de muy poco inteligentes, incluso me
atrevería a decir que de provocadores. Un ejemplo es esta enmienda, que
insiste en un hecho que ya hemos tratado en otros títulos, y es el
cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut de Autonomía
de Cataluña. Repetimos, no pedimos más inversiones, no pedimos aumentar
el déficit, no pedimos aumentar la deuda, lo que pedimos es que se cumpla
el estatuto, es decir, que la inversión en infraestructuras
regionalizada, la que sea, y que, según el Estatut, le corresponde a
Cataluña el 18,8%.

Ya hemos hablado de la sentencia del Tribunal
Constitucional, y nosotros volvemos a insistir. Es verdad, ¿pero qué
ocurre con los estatutos que no han pasado por la sentencia del Tribunal
Constitucional? Porque el Partido Popular solo presentó impugnación al
Estatut de Autonomía de Cataluña, el resto de comunidades autónomas que
tienen el mismo texto —porque fue copiar y pegar— no fueron
denunciados en su momento al Tribunal Constitucional y, por lo tanto,
están vigentes. Nosotros lo que decimos es que, independientemente del
Tribunal Constitucional, hay un acuerdo vo-lun-ta-rio —que no se ha
roto— entre el Estado y la Generalitat en la comisión bilateral, y
es lo que refleja la enmienda que nosotros presentamos en este título de
los Presupuestos Generales del Estado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bruguera.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas 2233 a 2235.

Tiene la palabra el señor López.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Ciertamente este comentario complementa el que hacíamos con
antelación. Se trata, efectivamente, de unos anexos que contemplan
inversiones en Andalucía, en Cataluña y en Extremadura en cumplimiento de
lo contenido en sus respectivos estatutos de autonomía.

Yo reitero lo que decía el portavoz de Entesa, el señor
Bruguera, que no estamos hablando de incrementar el déficit, sino de que
se haga una distribución de los recursos disponibles para la inversión en
el presupuesto con arreglo a los acuerdos que el Parlamento de la nación
adoptó en su momento cuando aprobó leyes orgánicas, que es lo que son los
estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. Y esto no está mal
desde muchos puntos de vista, no es contradictorio con el objetivo de
déficit, pero en cualquiera de las circunstancias, mucho más en unas
circunstancias como en las que estamos, donde hay —por poner una
expresión suave— una corriente de poquísima confianza y de
poquísima lealtad en las relaciones institucionales entre las diferentes
partes del Estado. El cumplimiento de las obligaciones que nos hemos dado
todos a través de la aprobación de leyes vendría en la dirección de
establecer algunos puentes que fuesen restituyendo la confianza perdida.
Creo que también es una ocasión perdida por el Gobierno a la hora de
plantear esto, insisto, porque no se está proponiendo que haya 5000
millones de euros más de inversión, sino que haya una distribución de los
recursos destinados a la inversión acorde con lo que establecen leyes
orgánicas como son los estatutos de autonomía. Otro debate sería que
podría haber más recursos para la inversión, lo que nos llevaría a lo que
ya hemos discutido en otros espacios del presupuesto —otro
calendario de convergencia fiscal, otro de reducción del déficit, otro
esquema de tributación para diferentes grupos de renta en el conjunto del
Estado—; es decir, ese es otro debate. Pero, circunscribiéndonos a
lo que plantean estos anexos, creo que es una oportunidad perdida por el
Gobierno para hacer ese ejercicio de restitución de espacios de confianza
entre diferentes partes del Estado.

Gracias, señora presidenta.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López.

Para un turno en contra, tiene la palabra el señor
Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, presidenta.

Voy a empezar por la última de las observaciones del
portavoz socialista.

Le diré que, efectivamente, no supondría un aumento de
inversión, pero tendrían dos efectos inducidos que usted no ha
mencionado: el primero, que ciertamente hay una reasignación de
inversiones y, por tanto, habría comunidades autónomas en las que se
invertiría menos. O sea, la aplicación natural de este principio es que
en algunas se invertiría más y en otras menos. Y ustedes en sus anexos y
en sus propuestas no nos dicen en cuál se va a invertir menos,
simplemente dicen que en algunas se invierta más, no nos dicen dónde
menos, y eso también hay que decirlo.

En segundo lugar, porque tampoco cita el hecho de que este
Parlamento, Congreso y Senado de España, son los soberanos en materia de
Presupuestos Generales del Estado, y ese es un principio que hasta que no
nos entre en la cabeza veremos enmiendas reiterativas hasta el absurdo
sobre unos condicionamientos que se hacen a quien tiene la soberanía
exclusiva, reconocida por la Constitución española, en materia de
inversión, en materia de ordenación económica general —como son los
Presupuestos Generales del Estado—, y todos los años veremos el
mismo tipo de enmienda; es decir, que se están condicionando unos
estatutos y obviando que se pretende condicionar el poder constitucional
que se otorga al Parlamento de España.

Por esa razón, jurídicamente está resuelto, jurídicamente,
esta cuestión está resuelta, y básicamente lo que se dice es: si las
comisiones mixtas o la comisión equis —dependiendo del
estatuto— acuerdan mediante convenios u otra fórmula inversiones
específicas que puedan aplicarse sobre la base de esas adicionales
estatutarias, entonces se hará, y el Parlamento de España lo aprobará o
no. En caso contrario podríamos llegar a la solución tan poco coherente
de que a través de otras leyes —sean estatutarias o sean de otro
tipo— condicionáramos la decisión de este Parlamento para los
próximos 50 años. Imagínense ustedes que un grupo parlamentario es
favorable a determinada opción —pongamos una inversión en aguas
salinas y prospecciones de alguna naturaleza—, y entonces se
condiciona —efectivamente, con una mayoría parlamentaria hoy—
y se establece que durante los próximos 50 años hay que gastar
determinado porcentaje en inversiones. ¿Se dan ustedes cuenta de lo
absurdo que sería eso? Por eso precisamente la Ley de presupuestos está
reservada a la decisión que cada año haga el Parlamento de España,
anualmente, y solo hay una excepción, que está recogida en la Ley general
presupuestaria, que son las anualidades de inversiones, porque como en
ese caso los proyectos de inversión —pongamos, por ejemplo,
inversiones complejas— de grandes infraestructuras públicas
requieren períodos de ejecución, entonces se establece una reserva para
años siguientes —que es más indicativa que vinculante—, una
reserva para años sucesivos, pero en función del proyecto de inversión,
no en función de una afirmación genérica de que a una parte tiene que ir
un porcentaje concreto o una cantidad fija de inversión.

La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor Utrera.

El señor UTRERA MORA: Por lo tanto, las cuatro enmiendas
presentadas van en este mismo sentido, y por la misma razón que apuntaba
en los anexos anteriores, el Grupo Parlamentario Socialista incide sobre
el mismo error que supone la aprobación de los anexos XV, XVI y XVII. Lo
que pretenden es que haya unos anexos XVIII, XIX, XX, XXI y XXII
—creo que eran cuatro— nuevos adicionales, que no vamos a
apoyar. Consideramos que no es más que una enmienda que tiene un vuelo
muy corto.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Utrera.

Turno de portavoces.

Señor Bruguera, tiene la palabra.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias.

Lo que el senador Utrera nos ha venido a decir con otras
palabras es que se tienen que cumplir las leyes, excepto que lo decida el
Partido Popular, puesto que el senador Utrera votó, por ejemplo, el
Estatuto de la Illes Balears, que no son susceptibles de estar gobernadas
desde hace algunos años por la izquierda nacionalista catalanista
independentista, ni mucho menos Castilla y León, que supongo que de
catalanistas y de independentistas catalanes no tienen nada. Por lo
tanto, que quede claro que el Partido Popular, con su mayoría absoluta,
decide cuáles son las leyes que se cumplen y cuáles las que no se
cumplen. Y después vienen a Cataluña a decirnos lo importante que es el
cumplimiento de las leyes para todos. Pues no, para todos, no; para
todos, menos para el Grupo Parlamentario Popular. Estamos hablando de
leyes orgánicas, independientemente de la de Cataluña. El resto, que
tienen el mismo texto, no fueron impugnadas y no hay sentencia del
Tribunal Constitucional y están vigentes, por lo tanto, el Gobierno está
obligado a cumplirlas.

Condicionar por 50 años. Pues no, porque estamos hablando
de anexos que precisamente tienen un acotamiento temporal. En el caso de
la disposición adicional tercera del Estatut —si no recuerdo
mal— era desde el año 2007 hasta el año 2011. Como no se han
cumplido los años 2012, 2013 y 2014, nosotros proponemos —y creemos
que la ley nos da la razón— prorrogarlo, porque no se han cumplido
los años de gobierno del Partido Popular. Durante los años que gobernó el
Partido Socialista no se cumplió totalmente, pero sí una buena parte de
la letra y del espíritu de la disposición adicional tercera de los
estatutos, no únicamente el de Cataluña. Creo que es de justicia
decirlo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Señor Bel, tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora
presidenta.

Quiero ahondar en el argumento del senador Utrera respecto
a la obligación o no de invertir, en este caso, en Cataluña, que dice que
eso condiciona a futuros parlamentos, condiciona a futuros presupuestos

y, por tanto, no vale. El ejemplo que ponía el señor Utrera
era: Imagínense que alguien decide que durante los próximos 50 años se
tiene que invertir una determinada cantidad. Llega un nuevo parlamento y
toma un nuevo acuerdo. Yo creo que deben ser valientes y decir: Oiga,
vamos a derogar las disposiciones adicionales terceras de las leyes
orgánicas que se aprobaron en referencia al Estatut de Cataluña, porque
somos soberanos para poder derogarlas, y eso estaría bien, pero no
respetarlas por no respetarlas, bajo el condicionante de que no se pueden
condicionar las inversiones futuras. También se lo podrían decir los
consumidores de gas: el real decreto ley que aprobó el Gobierno ha
condicionado el coste del gas durante los próximos 30 años, porque
repercute en los consumidores de gas 1350 millones de euros de
indemnización del proyecto Castor al sistema gasista durante los próximos
30 años. ¡Claro que lo condiciona! Y si viene un nuevo Gobierno que cree
que esto no debe ser así, tomará un acuerdo y dirá: Oiga, estos 1350
millones de euros los cargamos al presupuesto o los reclamamos a la
empresa, como tendría que haber hecho en su momento.

En todo caso, yo creo que tienen que ser sinceros y cuando
venga el presidente del Gobierno, aparte de hacer los actos de partido,
tiene que decir explícitamente a Cataluña: Nosotros no vamos a respetar
el Estatut de Cataluña.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Señor López, tiene la palabra.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Está clara la posición del grupo parlamentario que apoya al
Gobierno, tiene su derecho a mantener sus posiciones lógicamente, pero yo
creo que no hay razones que se puedan explicar con suficiente nivel de
solvencia para mantener esa posición.

El señor Utrera dice que jurídicamente el tema está
resuelto. Aquí estamos hablando de leyes aprobadas que son acuerdos
políticos, y esta es una Cámara, igual que el Congreso —las Cortes
Generales— donde se acaba concretando en una ley un acuerdo
político. Los acuerdos políticos en aquel momento dieron lugar a esas
leyes orgánicas, que son los estatutos, y no se cumplen. ¿Condiciona las
decisiones del Parlamento? Naturalmente, como todas la leyes. Hay un
camino. Las mayorías aprueban leyes y las mayorías modifican leyes.
Modifíquense las leyes. Las leyes no están modificadas, por tanto, lo que
están haciendo es un incumplimiento flagrante de lo que contienen leyes
orgánicas. Así pues, no vale la justificación de que jurídicamente está
resuelto porque lo dice el Tribunal Constitucional. No, estamos hablando
de la vulneración de acuerdos políticos reflejados en el máximo nivel de
expresión que es una ley orgánica. Y eso va en la dirección de seguir
alimentando ese principio de inseguridad jurídica y de inseguridad
política cuando las normas que nos damos acaban siendo incumplidas sin
mayores consecuencias, porque no obligan a nadie. Yo creo que los caminos
están ahí, incluso los formales. Las normas existen y estas ciertamente
son temporales —era para siete años el contenido de las
disposiciones adicionales terceras de los estatutos de Andalucía y
Cataluña—, pero se han incumplido sistemáticamente —y en el
caso de Andalucía, la cuenta en el debe va ya por 2300 millones de
euros—.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor López.

Señor Utrera, tiene la palabra.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Reitero los argumentos que expuse en el turno en
contra.

Quiero recordar al portavoz de Convergència i Unió y al
portavoz socialista —porque me parece que lo desconocen—
quién tiene capacidad de iniciativa a la hora de reformar estatutos de
autonomía. Han planteado esa pretendida reforma de leyes orgánicas como
si fuera esto, y no es así. Se pueden modificar ciertas cosas y otras
no.

En cualquier caso, repito que jurídicamente está resuelto,
es decir, el Tribunal Constitucional ha dicho con claridad los términos
en los cuales es aplicable la disposición adicional tercera del Estatuto
de Autonomía de Cataluña y, por extensión, de los demás, y sobre esa
base, la inversión pública, que crece en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2015 de forma sustancial, está distribuida entre
comunidades autónomas. Me sorprende mucho la argumentación del senador
Bel, porque él mismo, en alguna moción, nos insistió hasta la saciedad en
que había que ir por proyectos y no tanto por territorios. Incluso a
algunos territorios les quería excluir, por cuestiones de eficiencia
económico-financiera, de algunos grandes proyectos de
infraestructuras.

Pues bien, estas inversiones, las de los Presupuestos
Generales del Estado para 2015 —no las que algunos imaginan que
deberían ser, sino las que son, porque son las que ha decidido el
Gobierno, las que propone el Gobierno y las que apoya el Grupo
Parlamentario Popular— atienden precisamente a la necesidad de
proyectos y a los requerimientos técnicos de los proyectos de inversión
recogidos y también a otras circunstancias, como puede ser el
reequilibrio territorial. En esa línea nosotros estamos muy satisfechos
con las inversiones que están programadas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Pasamos a la sección 01, Casa de S. M. el Rey.
(Rumores).

Señorías, les ruego atención, por favor, y si tienen que
debatir entre ustedes, por favor, abandonen la sala.

Decía que pasamos, señorías, a la sección 01, Casa de Su
Majestad el Rey, a la que ha presentado la enmienda número 31 la señora
Capella i Farré.

Tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: La doy por defendida, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

El señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes
han presentado la enmienda 737. Para su defensa tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

La enmienda plantea una reducción del 30% en la
consignación presupuestaria, acorde con nuestro cálculo sobre la pérdida
de poder adquisitivo de los trabajadores públicos a lo largo de estos
años de ajuste, para que el esfuerzo sea compartido.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

El Grupo Parlamentario Entesa plantea la enmienda 1795.
Tiene la palabra el señor Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: La doy por defendida, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pasamos al turno en contra.

Tiene la palabra la señora Elorriaga.

La señora ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, señora
presidenta.

Como dije el otro día en el Pleno cuando se debatió la
sección, debo decirles que esta recoge las dotaciones de gasto que se han
considerado necesarias para poder atender las actuaciones a desarrollar
por este órgano constitucional. En las dos enmiendas, la 733 y la 1795,
se propone una reducción del 30% para acomodarlo. Señorías, insisto en
que la dotación consignada es la necesaria. Y en cuanto a la parte del
control a la que también se refieren ustedes, porque estos son los 2 ejes
que defienden, por un lado la reducción y por otro el control, les vuelvo
a recordar el artículo 65 de nuestra Constitución. El rey puede no
someterse y aun así ha decidido someterse a unas auditorías externas. Por
tanto, vamos a rechazar estas enmiendas.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Elorriaga.

¿Algún portavoz desea utilizar el turno en contra?
(Denegaciones).

Pasamos a la sección 02. Los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes han presentado la enmienda 738.

Tiene su señoría la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

La enmienda plantea el alta de una pequeña dotación de 55
000 euros para financiar el funcionamiento del Observatorio de la vida
militar. Sabemos que hay una partida presupuestaria a través de una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular, si no me equivoco, en el
Ministerio de Defensa, pero desde la configuración de este observatorio,
creemos que resulta más respetuoso con la visión con la que se creó que
cuelgue de Cortes Generales.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta la enmienda
2571.

Tiene la palabra el señor López.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Efectivamente, nuestra enmienda es básicamente coincidente
con lo que plantea el Grupo Parlamentario Mixto. Solicitamos que se dote
presupuestariamente este Observatorio de la vida militar con cargo al
presupuesto de las Cortes Generales, a las que está adscrito por otra
parte, para garantizar el cumplimiento de las funciones y de las
competencias que le asigna la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes
de los miembros de las Fuerzas Armadas. Con este presupuesto el
observatorio debe desarrollar las distintas actividades para cumplir con
el mandato que tiene y, desde luego, con la emisión de los informes y las
recomendaciones oportunas a las comisiones de Defensa del Congreso de los
Diputados y del Senado. Creemos que debe ser apoyada y, en consecuencia,
aceptada por el Grupo Parlamentario Popular la enmienda que
presentamos.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor López.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra la señora Elorriaga.

La señora ELORRIAGA PISARIK: Gracias, señora
presidenta.

Se pretende que se dote con 55 000 euros el Observatorio de
la vida militar que, efectivamente, depende de Cortes Generales. Ya se ha
dicho aquí que es un organismo que se ha creado por ley orgánica,
adscrito, insisto, a las Cortes Generales y constituido en el mes de
enero, pero no se tiene constancia de que esta institución tenga más
gastos de los planteados. No voy a entrar tampoco en los aspectos
técnicos —la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista está bien formulada, no así la del señor Mariscal que no ha
detallado exactamente el alta—, pero sí manifestar que estas
enmiendas las vamos a rechazar por no considerarse adecuadas para la
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con las prioridades
del centro proponente en la elaboración del proyecto de presupuestos de
Cortes Generales. No creo, señorías, que sea necesario recordar que
estamos ante unos presupuestos que pretenden ser realistas en un momento
complejo y con un marcado compromiso por parte del Gobierno con el gasto
social.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Elorriaga.

¿Turno de portavoces? (Pausa).

Pasamos, señorías, a la sección 03. No hay enmiendas.

Tampoco hay enmiendas a la sección 04.

La sección 05 tampoco ha sido objeto de enmiendas.

A la sección 08 tampoco se han presentado enmiendas.

Por tanto, pasamos a la sección 12, Asuntos Exteriores y
Cooperación, a la que ha presentado las enmiendas 32 a 39 y 271 la señora
Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

Las doy por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iglesias.

Los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes han
presentado las enmiendas 739 a 750. Tiene la palabra el señor
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

Con toda rapidez, diré que planteamos una enmienda de baja,
la número 742, que plantea la eliminación de los fondos reservados. El
resto de las enmiendas buscan incrementar, en primer lugar, la
consignación dedicada a la protección de españoles en el extranjero.
Igualmente hay varias enmiendas que intentan que se aumente la dotación
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Lo más importante es que se plantea un incremento de 400 millones de
euros, en tanto en cuanto a lo largo de los últimos años se ha venido
produciendo una reducción sustancial de los recursos con los que esta
agencia cuenta.

Mediante otra enmienda, también dirigida a incrementar la
transferencia a la agencia, se plantea que se canalice por las ONG un
incremento de 4 000 000 de euros dirigidos fundamentalmente a las
situaciones de crisis humanitaria.

Otra de las enmiendas es para que se establezca un marco
financiero que permita suscribir convenios de colaboración con las
organizaciones no gubernamentales, de ahí que se pretenda introducir una
enmienda de 50 millones de euros.

Asimismo, se propone una aportación mayor a la agencia para
que desarrolle programas y proyectos para mejorar el acceso a la salud
sexual y reproductiva de los países en vías de desarrollo. Si en la
primera enmienda a la que hice referencia se planteaba un incremento de
400 millones, en esta solicitamos un incremento de 179 millones.

Se pretende crear un programa para la suscripción de
convenios que tengan como finalidad la erradicación del trabajo infantil,
así como un nuevo programa específico para la defensa y protección de los
derechos humanos con una consignación de 9 500 000 euros.

Por otro lado, se trata de impulsar un programa de ayuda a
las organizaciones de exiliados colombianos en España, como una
aportación al proceso de paz que permita el retorno de los exiliados.

Y por último, se presentan otras 2 enmiendas que
incrementan la consignación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo para programas, proyectos y otras ayudas a
las organizaciones no gubernamentales.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las
enmiendas 4051 a 4053. Tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señora
presidenta.

La enmienda 4051 hace referencia a la solicitud de un apoyo
al proceso de democratización de Guinea Ecuatorial. A principios de
septiembre dicho Gobierno anuncia el inicio de un período de diálogo para
lograr la reconciliación y la apertura política. En esa misma semana el
citado anuncio fue corroborado por el decreto de amnistía general por la
máxima autoridad del país. Presentamos dicha enmienda a fin de coadyuvar
a que dicho proceso llegue a buen término y apoyar activamente a los
agentes implicados, muchos de los cuales carecen de recursos y medios
tras décadas en el exilio. Este es el objeto por el que presentamos esta
enmienda, el de dar cumplimiento a la voluntad de un acuerdo
parlamentario en el Congreso instando al Gobierno a seguir impulsando las
relaciones bilaterales.

Por otra parte, presentamos la enmienda 4052 destinando una
cantidad determinada para la ayuda a los refugiados en el ámbito del
Kurdistán. La situación que las ofensivas del Estado islámico han
producido en Irak y en Siria ha supuesto que todas las minorías, yazidis
y cristianos, prácticamente todos ellos hayan huido a la zona norte de
Irak regida por el denominado Gobierno regional del Kurdistán. Ello hace
que haya prácticamente 2 000 000 de refugiados, por lo que se hace
necesario la aportación urgente de ayuda para contribuir a ir paliando
sus necesidades sanitarias, de escolarización, sociales y demás.

Por último, en la tercera enmienda solicitamos una partida
para apoyar la celebración de la Conferencia de Afrodescendientes en
Madrid.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Iparragirre.

El Grupo Parlamentario Entesa presenta las enmiendas 1349 a
1358 y 1796 a 1808. Para su defensa tiene la palabra el señor
Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Defenderé las enmiendas 1796 a 1808, el resto de las
enmiendas las defenderá el senador Bruguera.

De esas 13 enmiendas hay 3 específicas sobre los fondos
reservados —eliminarlos supondría casi el presupuesto de la
Aecid—; la protección española al extranjero en estos momentos de
incremento de la inmigración, así como la colaboración para el proceso de
paz en Colombia. Estas 3 serían las específicas.

El resto de las 9 enmiendas tienen una única finalidad, que
es, en primer lugar, corregir el desmantelamiento de las políticas de
cooperación internacional para el desarrollo que ha llevado a cabo este
Gobierno a lo largo de la legislatura. La ayuda oficial al desarrollo se
ha recortado en más de un 71% desde el 2011 hasta ahora. Año tras año se
ha ido recortando, y este año, que el presupuesto se basaba en una
previsión del crecimiento económico, después de las promesas del señor
Rajoy de que si había

crecimiento económico, habría un incremento de las partidas
de la ayuda oficial al desarrollo, nos hemos encontrado con la sorpresa
de que disminuyen en el presupuesto de la Administración General del
Estado para 2015. Es verdad que el conjunto de la ayuda oficial al
desarrollo del Estado, de España, se incrementa, pero lo hace por los
incrementos que se producen en comunidades autónomas y municipios. En lo
que afecta a la ayuda oficial al desarrollo que desembolsará del
presupuesto de 2015 el Estado, disminuye.

Creemos que esto es gravísimo. España cumple sus
compromisos internacionales y España recorta más que países intervenidos.
Esto está colocando en crisis a todo un sector fuerte, potente y
preparado como son las ONG para el desarrollo que existen en nuestro
país. Por eso hemos presentado estas enmiendas, para incrementar la ayuda
oficial al desarrollo por sí misma, para incrementar las aportaciones que
gestiona la Aecid y para incrementar los convenios que desarrolla la
Aecid con las ONG.

Muchas de las enmiendas responden a las peticiones que nos
vienen del sector de las ONG para el desarrollo. Luego, nos centramos
también en el impulso de una serie de programas específicos, salud sexual
y reproductiva, trabajo infantil, derechos humanos.

Con estas enmiendas intentamos corregir lo que ha sido una
hecatombe a lo largo de esta legislatura y que se perpetúa en estos
Presupuestos Generales del Estado del 2015, que es, insisto, y con esto
termino, señora presidenta, el desmantelamiento de las políticas de
cooperación que, independientemente de la voluntad política o los deseos
que pudieran tener los portavoces o ministros del Partido Popular, la
realidad es que año tras año se ha ido recortando.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señora presidenta.

Voy a defender las enmiendas 1349 a 1358. Van básicamente
en dos líneas, dirigidas hacia dos políticas distintas. En primer lugar,
respecto a la acción exterior del Estado, hace pocos meses se aprobó la
Ley de acción exterior, y francamente en estos presupuestos no hay
ninguna partida presupuestaria. Nosotros, coherentes con esta ley,
queremos dotar una partida para la acción del Estado en el exterior para
la defensa y protección de los derechos humanos.

El resto de enmiendas van fundamentalmente dirigidas a la
cooperación internacional, entendiendo, por una parte, que las políticas
de cooperación son vistas, y a las pruebas me remito, por el Gobierno del
Partido Popular como un problema no como una posibilidad de cooperar a
nivel internacional, no como una oportunidad sino como un problema, y,
por otra parte, que España forma parte desde hace poco del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.

En este sentido, nuestras enmiendas van dirigidas a fondos
para el FONPRODE, para garantizar las aportaciones del Estado al fondo
mundial de la lucha contra el VIH, contra el sida, la tuberculosis y la
malaria o aportaciones a la Agencia Española de Cooperación
Internacional, la protección de españoles en el extranjero o el Instituto
Europeo del Mediterráneo, el IEMed, el Cidob o la Fundación Centro de
Estudios Internacionales. A estas dos líneas van dirigidas nuestras
enmiendas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bruguera.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió presenta las enmiendas 3355 a 3364 y 3645 a 3648.

Tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.

Efectivamente presentamos 14 enmiendas a esta sección del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

La enmienda 3355 pretende dotar adicionalmente con 34 000
euros al Instituto Europeo del Mediterráneo para su funcionamiento y sus
actividades.

La 3356, es similar a la anterior, en relación con Casa
Asia también para su funcionamiento y actividades.

La 3357 pretende una dotación de 180 000 euros para el
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a efectos de financiar programas
y proyectos de cooperación y desarrollo en el ámbito de la gestión
medioambientalmente sostenible.

La 3358 supone una dotación para la Cuarta Semana Forestal
Mediterránea que se tiene que celebrar en marzo del 2015. Es un proyecto
organizado con la FAO, ONFI y el mismo Centro Tecnológico Forestal de
Cataluña.

La enmienda 3359 a la Fundación Privada Casa América de
Cataluña para su funcionamiento y actividad, una dotación de 20 000
euros.

La enmienda 3360, ayuda humanitaria a Instituciones sin
ánimo de lucro, 10 000 euros.

Y la 3361 para incrementar la partida para ayuda oficial al
desarrollo en 150 000 euros. Sabemos que es un incremento modesto. Hay
que tener en cuenta que esta partida desde el año 2011 se ha reducido en
un 58%, es decir, casi 2500 millones de euros, pero entendemos que sería
razonable esta pequeño aportación adicional.

La 3362, 90 000 euros para ayuda humanitaria concretada en
organizaciones internacionales a efectos de la lucha contra el ébola.

La 3363 en consonancia con la enmienda que hemos presentado
en el apartado correspondiente del articulado para el Fondo para la
promoción del desarrollo con 100 000 euros adicionales.

La enmienda 3364 para un encuentro que se va a celebrar en
Madrid en el 2015, el Encuentro Mundial de Afrodescendientes, 100 000
euros.

La enmienda 3645 es importante, es de aquellas de
cumplimiento de las leyes que tanto gustan al Partido Popular. Como
ustedes sabrán, la aportación a través del 0,7% del IRPF que efectuamos
cada uno de los declarantes da lugar a que, de acuerdo con el real
decreto ley, aprobado en junio del 2013, una parte de esta aportación se
pueda destinar a cooperación para el desarrollo. Pues bien, en
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo número 8750/2011, la
sentencia de la Audiencia Nacional número 178/2013, de 23 de enero de
2013 y las sentencias del Tribunal Constitucional números 21/2013,
52/2013 y 70/2013, todas ellas publicadas en el Boletín Oficial del
Estado, se transferirá la parte correspondiente del 0,7% a las
comunidades autónomas. Hecha esta estimación, entendemos que esta
cantidad debería ser de 24 956 000 euros, y así lo refleja la
enmienda.

La enmienda 3646 es una aportación para la Fundación Centro
de Información y Documentación Internacional de Barcelona, que está
cumpliendo una función importante.

La 3647 una aportación a la Liga Europea de Cooperación
Económica, muy testimonial si ustedes quieren, de 20 000 euros, pero
necesaria.

Y, finalmente, en la enmienda 3648 pedimos una aportación
de 5 millones de euros —esta, quizá, sí más importante, pero lo
requiere el objeto— al Institut Ramon Llull para el fomento de la
lengua y la cultura catalana en programas de colaboración con el
Instituto Cervantes para poder fomentar la lengua catalana en el exterior
a través del Instituto Ramón Llull y siempre en colaboración con el
Instituto Cervantes. Como digo, pedimos una dotación de 5 millones de
euros.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas
2273 a 2290.

Tiene la palabra el señor Tovar.

El señor TOVAR MENA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, como venimos enunciando en el Grupo Socialista
tanto en el Congreso como en el Senado, este anteproyecto de presupuesto
para el ejercicio 2015 no solo no va a servir para sacar a España de la
crisis, sino que, por el contrario, va a consolidar el desempleo, el
empleo de baja calidad y los recortes que el Gobierno del Partido Popular
viene ejecutando desde que gobierna. El ejemplo más claro de la
aplicación de esas políticas se puede comprobar en esta sección que
estamos debatiendo, en la política exterior y la ayuda oficial el
desarrollo, la cooperación internacional. Se intenta maquillar con
pequeñísimos repuntes partidas que fueron literalmente amputadas en
anteriores presupuestos; otras se mantienen tal cual estuvieron en el
presupuesto del 2015; e incluso hay algunas que desaparecieron no han
vuelto a aparecer.

Comenzando por la acción exterior, les diré que son unos
presupuestos insuficientes y poco ambiciosos, que nos sitúan en el
escenario de 2005, y hacen que España deje de ser un referente, tanto en
los conflictos internacionales como en el apoyo a los españoles y
españolas que por una u otra circunstancia se

encuentran fuera de nuestro país. España necesita más
recursos humanos y económicos para colaborar en la solución de los
numerosos conflictos graves que existen a lo largo y ancho del mundo.

Asimismo, ante el éxodo de cientos de miles de jóvenes que
tienen que abandonar España en busca de trabajo, es necesario reforzar el
presupuesto en las dotaciones para la asistencia a españoles en el
exterior, potenciando las partidas en asesoramiento, asistencia social,
evacuación, hospitalización y repatriaciones. Creemos insuficientes las
partidas que se dotan para estas cuestiones, 2,3 millones de euros, baste
recordar que en 2011 estas partidas superaban los 4 millones de euros y
el número de personas a atender era bastante inferior al actual.

Proponemos también realizar un esfuerzo mayor en el
presupuesto de las casas para reforzar nuestra diplomacia pública. Como
sabemos, el presupuesto de Asuntos Exteriores se ha reducido en los
últimos años en un 50% y así no hay marca España que pueda tener
autoridad moral ni ética en ningún rincón del mundo, porque la solución
no puede ser Repsol España ni Santander España. España no puede estar al
servicio del lucro sino el lucro al servicio de España, y este debe ser
siempre un principio político.

Pero siendo grave el recorte en Exteriores, lo es mucho más
en la ayuda oficial al desarrollo, porque, como han recordado diversos
portavoces que han intervenido anteriormente, en cooperación supone un
70% y más de un 80% en la ayuda humanitaria, el 0,17% del PIB para el
próximo año, mientras que en países desarrollados está en una media del
50%. Regresamos, pues, a la época de los años noventa. Supongo que los
senadores del Grupo Popular se habrán leído el informe de la Coordinadora
de las ONG sobre este proyecto de presupuestos, que es auténticamente
demoledor, y que les debería hacer pensar que tanto los vetos como las
enmiendas de esta sección no son un capricho de los grupos de la
oposición, sino la pura realidad que se refleja en este informe que
indica claramente que con estos medios es difícil, por no decir
imposible, trabajar en este campo, y a ello hay que añadir que el
Ministerio de Asuntos Exteriores ha dejado de ser de Cooperación, ya que
gestiona solo el 46% de la ayuda oficial al desarrollo y es el Ministerio
de Hacienda, con sus criterios economicistas e insolidarios, el que marca
la pauta de cooperación y gestiona la mayor parte de los recursos. Todo
esto, señorías, puede tener solución si el Grupo Popular y el Gobierno
escuchan y aceptan las propuestas que en forma de enmiendas presentamos
los diferentes grupos políticos, una vez que hemos escuchado a las ONG y
a los profesionales de la cooperación, que, además, según he podido ver,
unos y otros van en la misma línea.

Mi grupo parlamentario presenta una disposición adicional
en la que pedimos al Gobierno que presente ante las Cortes Generales para
su aprobación un proyecto de ley consensuado con la mayoría de los grupos
para la creación del impuesto o tasa a las transacciones financieras en
España y grave las operaciones que se especifican en las propuestas de la
directiva europea, y que los ingresos generados se destinen a financiar
prioritariamente políticas sociales específicas dirigidas a las personas
más vulnerables en España, así como al incremento de los fondos a la
cooperación internacional contra el hambre, la pobreza y la desigualdad.
Mientras esto se lleva a efecto y para el presupuesto del próximo año, mi
grupo presenta una serie de enmiendas que mejoran sensiblemente este
proyecto de presupuestos y que consideramos pueden ser asumidas
perfectamente por el Grupo Popular si hubiera voluntad para ello.

En Asuntos Exteriores planteamos incrementar las partidas
para la protección y defensa de los derechos humanos en 200 000 euros, la
información y protección de españoles y españolas en el extranjero, en
1,9 millones de euros, y las relativas a la Casa de América, la Casa
Árabe, Casa África, y el Centro Sefarad-Israel. Asimismo, solicitamos un
incremento para el Real Instituto Elcano y el Instituto Europeo del
Mediterráneo, entre otros.

En cuanto a la ayuda oficial al desarrollo, nos parece
todavía más necesario incrementar las partidas presupuestarias debido a
los drásticos recortes a los que anteriormente hice alusión, y por ello
proponemos un incremento de al menos 12 millones de euros para programas,
proyectos y ayudas a las ONG, que realizan un gran trabajo y que se
encuentran en una situación límite. Proponemos también una partida de 1,5
millones de euros para los campos de refugiados saharauis, así como
incrementar en 10 millones más la ayuda humanitaria, para que no vuelva a
ocurrir lo que sucedió con la crisis del ébola, que hasta que no nos tocó
a los españoles no reaccionamos, y lo hicimos mal y tarde.

El FONPRODE, que es el fondo destinado a erradicar la
pobreza, planteamos incrementarlo en 10 millones de euros y destinarlos
fundamentalmente a la lucha contra el sida, la tuberculosis y la
malaria.

Me gustaría incidir ante el Grupo Popular —y con esto
acabo ya— para que sean especialmente sensibles a las enmiendas
2274, 2276, 2281, 2282 y 2283, que se corresponden con lo que he apuntado
en la última parte de mi intervención.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Tovar Mena.

Turno en contra.

Tiene la palabra la señora Jurado.

La señora JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: Muchas gracias,
señora presidenta.

Voy a intervenir brevemente, aunque las enmiendas que hemos
presentado dan para un profundo debate, y quiero decir al senador
socialista que de ninguna manera consideramos que sus enmiendas sean un
capricho, todo lo contrario, tienen todo el respeto de este grupo que
sostiene al Gobierno por entender que todas y cada una de ellas vienen a
sumar a la cooperación española pero, evidentemente, no todo es posible
porque los presupuestos tienen un límite y la función del Gobierno es
establecer esos límites para seguir trabajando por la cooperación y por
la acción exterior del Estado.

En este sentido, intervendré en este turno en contra de las
enmiendas presentadas sobre la base de unos argumentos. Estas 79
enmiendas las podemos englobar en unos 15 aspectos fundamentales porque
muchas de ellas son idénticas a las de otros grupos. Algunas pretenden,
como la última a la que ha hecho referencia el senador socialista, el
aumento en la partida para la Agencia Española de Cooperación, una
agencia fundamental que lleva a cabo de una manera brillante la
cooperación y la coordinación de la cooperación española. Si bien es
cierto que esta agencia necesita más recursos, no podemos obviar que para
este ejercicio presupuestario de 2015 cuenta con un aumento de 35
millones de euros para el desempeño de sus objetivos, aunque de alguna
manera será insuficiente.

Respecto al FONPRODE, el fondo de cooperación para el agua
y el saneamiento, cuenta con unos fondos que se verán aumentados, que
consideramos adecuados, así como la ubicación presupuestaria en la que se
encuadran dentro del Ministerio de Hacienda. (El señor vicepresidente, De
las Heras Muela, ocupa la Presidencia).

Hay enmiendas referentes a incrementar la dotación de la
Casa Sefarad-Israel, así como también la Casa Árabe, la Casa América y la
Casa Asia. En lo que se refiere a la Casa Sefarad-Israel tiene una
dotación de 415 000 euros, con lo cual aunque siempre, repito, sería
deseable una mayor dotación presupuestaria para todas y cada una de las
partidas —en este caso para todas y cada una de las casas— se
estima que el cumplimiento de sus objetivos es posible con la dotación
económica con que cuentan.

Me gustaría detenerme especialmente en las enmiendas
relativas a la dotación para la defensa y la protección de los derechos
humanos porque este concepto aglutina muchas enmiendas. Uno de los
portavoces del Grupo Mixto hablaba de financiar la ley a través de la
financiación de los derechos humanos, en concreto, hay alguna enmienda
específica a este respecto, como la que se refiere a la salud sexual
reproductiva o la erradicación del trabajo infantil. El grupo que apoya
al Gobierno considera que desde luego sería más aconsejable una mayor
dotación pero en todos los presupuestos se cuenta con una dotación
específica; es más, hay organizaciones internacionales que tienen este
mismo objetivo, de las que formamos parte y en las que colaboramos con
una contribución, tanto obligatoria como voluntaria.

Por tanto, estos objetivos de defensa y protección de los
derechos humanos, y específicamente de la salud sexual y reproductiva y
de la erradicación del trabajo infantil, cuentan, como digo, con una
contribución económica propia en los presupuestos y también a través de
la contribución a organizaciones internacionales como Naciones
Unidas.

Respecto a las fundaciones o institutos, como Elcano, o la
formación, información y documentación del Centro de Estudios
Internacionales de Barcelona, consideramos que cuentan con dotación
suficiente para los objetivos que persiguen.

La protección, asistencia social, evacuaciones,
hospitalización y repatriaciones de españoles en el extranjero, que
fundamentalmente son los objetivos que persigue esta partida, cuentan con
una dotación de 2 304 000 euros, que consideramos suficiente y
adecuada.

Respecto a las enmiendas que se refieren a la Liga Europea
de Cooperación Económica, consideramos que ya cuentan con una
financiación adecuada en estos presupuestos para 2015.

Por último, en cuanto a los gastos reservados, en los que
han hecho hincapié algunos grupos —ya hemos defendido este aspecto
años anteriores en otra enmienda—, me gustaría decir, una vez más,
que están desarrollados en la Ley 11/1995, de 11 de mayo, que regula la
utilización y los gastos de este carácter, para que se destinen a
sufragar los gastos que se estimen necesarios para la seguridad del
Estado, y que por su naturaleza deben estar sometidos a un régimen
especial. Esta ley contempla que estos gastos, además, deben estar
consignados y reservados al Ministerio de Asuntos Exteriores y de

Cooperación, con lo cual, considero una temeridad que se
pida que se eliminen, porque, repito, son necesarios para la seguridad
del Estado.

Estas son las justificaciones para votar en contra de
algunas enmiendas que se han presentado.

Voy a terminar esta parte diciendo que consideramos que
todas y cada una de las enmiendas son absolutamente deseables, más para
nosotros que para cualquier otro, y deberían poder recogerse, pero la
realidad presupuestaria es otra y el marco social, económico y político
en el que vivimos es otro. Entiendo que a ustedes, como grupo de la
oposición, les corresponde pedir lo que consideren oportuno, y lo hacen
de forma responsable, pero a nosotros, también de forma responsable, nos
corresponde establecer los límites para que el presupuesto de este
ministerio se corresponda con la acción exterior que necesita un país,
como el nuestro, y que la cooperación siga manteniéndose como una
política pública de ayuda oficial al desarrollo, que es la que
perseguimos todos y cada uno de los integrantes de este grupo al que aquí
represento.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (De las Heras Muela): Gracias,
señora Jurado.

¿Algún portavoz desea intervenir? (Pausa).

Tiene la palabra el señor Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Señora Jurado, en primer lugar, cuando ustedes estaban en
la oposición hacían lo mismo con los gastos reservados; no es algo nuevo.
En segundo lugar, ya no hay excusas, el ciclo presupuestario de esta
legislatura se ha cerrado. La realidad es que, a pesar de que haya
crecimiento económico, que ustedes introducen en el proyecto de
presupuestos, vuelven a recortar, porque el FONPRODE crece y se congela,
es decir, se incrementa gracias a los 140 millones de remanentes de
ejercicios anteriores, pero es que un fondo reembolsable, que es lo que
critican todas las políticas de cooperación responsables, ha llegado a
suponer el 21% de la ayuda oficial al desarrollo. Esa es su aportación
propia, genuina, a los presupuestos de cooperación. Esas han sido sus
opciones, sus prioridades. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia).

Señora Jurado, ¿cómo se justifica que el 46% de la ayuda
oficial al desarrollo la gestione el Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, y el otro 54% lo gestionen otros ministerios, entre
ellos, especialmente el de Hacienda? Todo esto empieza a ser un
sinsentido, una sinrazón, que dudo que ustedes puedan explicar. Lo que sí
es cierto es que ustedes han desmantelado las políticas de cooperación.
Usted y yo, junto a otros portavoces, hemos estado presentes en
comparecencias donde se nos ha dicho que por debajo del 0,20% de renta
nacional bruta no hay política de cooperación posible, y estamos en el
0,17% y aquí nos hemos quedado. Esta es su realidad.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Guillot.

Tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Voy a intervenir muy brevemente.

En todo caso, agradezco la buena intención de la portavoz
del Grupo Popular al valorar todas las enmiendas. Si aparte de
valorarlas, algunas la tuvieran en cuenta, ya sería casi perfecto. Cuando
voy a hablar con los miembros de la Fundación Cidob, de Barcelona, no sé
cómo explicarles que no tienen el mismo trato que el Real Instituto
Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos y por qué a esta
fundación que acabo de citar se la dotó adicionalmente con fondos, a
través de una enmienda también del Grupo Popular en el Senado, con cargo
a los presupuestos de ejercicios anteriores —en este presupuesto
también tiene dotación—, y no la tiene la Fundación Cidob. Si se es
coherente con el ajuste fiscal y con que es necesario que todos hagamos
un esfuerzo, si el esfuerzo es por todos se entiende mejor; si es por
algunos, es difícil de entender.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.

Señor Tovar, tiene la palabra.

El señor TOVAR MENA: Gracias, señora presidenta.

En mi opinión, los miembros de la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo del Senado estábamos casi convencidos de
que este ejercicio presupuestario iba a ser de otra manera; yo

creo que incluso los senadores y senadoras del Grupo
Popular en la comisión así lo pensaban. Pensaban que al menos un 0,20 o
0,21% del PIB se destinaría a cooperación al desarrollo, pero nos hemos
encontrado con la desagradable sorpresa de que nos quedamos en el 0,17%,
cuando la media de los países desarrollados está en el 0,50%, como se ha
dicho antes. Está muy bien que el ministro o el secretario de Estado y
los miembros del Grupo Parlamentario Popular crean que se necesitan más
recursos, que la cooperación es muy necesaria, pero está muy mal que no
consigan dichos recursos, porque su responsabilidad es conseguirlos. A
nosotros nos tienen para ayudarles, para colaborar en la línea que ellos
nos digan, pero no nos podemos cruzar de brazos y mirar para otro lado.
El ministro y el secretario de Estado no pueden echarle la culpa al
Ministerio de Hacienda, porque su responsabilidad es conseguir recursos
dignos, al menos en materia de cooperación al desarrollo, y si no lo
consiguen tienen que dedicarse a otra cosa.

Por tanto, me alegro de la posición del Grupo Parlamentario
Popular en esta materia, pero, sinceramente, considero que no es
suficiente.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Tovar.

Señora Jurado, tiene la palabra.

La señora JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: Muchas gracias,
señora presidenta. Voy a intervenir brevemente.

Senador del Grupo Parlamentario Socialista, sin afán de
polemizar, ha dicho que nuestra responsabilidad es buscar fondos, y eso
es precisamente lo que hacemos, pero también es nuestra responsabilidad,
y lo estamos haciendo, levantar este país de la crisis, sacarlo de la
ruina, darle la vuelta y generar empleo. Son muchas las responsabilidades
que tiene un Gobierno en todos los aspectos, e intenta cumplirlas de la
mejor manera posible. Ahora estamos debatiendo la sección 12,
correspondiente al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y
luego se irán viendo los sucesivos ministerios, y en todos se verá el
profundo esfuerzo que está haciendo el Gobierno de este país y el
ejercicio de responsabilidad de los grupos de la oposición justificando
que se sigan aumentando las partidas.

Repito, la responsabilidad de un Gobierno es tomar
decisiones escuchando a todo el mundo y, evidentemente, a los grupos
parlamentarios. En mi anterior intervención decía que, aunque la
situación económica y la subida presupuestaria de este ministerio no son
las deseables, se ha producido un aumento en las dotaciones económicas,
como son los 35 millones de euros para la Agencia Española de Cooperación
Internacional, o los 9 millones de euros para la secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, que supone un aumento del
10,10% de la cooperación internacional dentro del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

En la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica es importantísimo el Fondo para la promoción del
desarrollo y el Fondo de cooperación para agua. Además, hay destinada una
partida global para vacunas y para la inmunización, de 9,4 millones de
euros, algo fundamental en este momento. La Agencia Española de
Cooperación va a contar con 35 millones de euros más. Además contamos con
más de 23 millones de euros correspondientes a la cooperación delegada en
la Unión Europea, una nueva herramienta con la que conseguimos fondos
para solventar los problemas que hay en torno a la ayuda oficial al
desarrollo. En estos años es cierto que ha habido menos recursos, es
cierto que económicamente hemos sufrido muchísimo en la cooperación
internacional, pero también es cierto que hemos hecho muchos esfuerzos y
hemos conseguido que haya una concentración geográfica sectorial y
multilateral, que haya una nueva rendición de cuentas y que se hayan
corregido las carencias de las que nos venía informando el Comité de
Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Es cierto que son momentos difíciles, que
están siendo años muy duros para la cooperación internacional y para la
acción exterior, pero también es cierto que el Gobierno de España está
llevando a cabo una política de cooperación que, por supuesto, es una
política pública y que tiene como amigos y socios fundamentales a las
organizaciones no gubernamentales, que cuentan con más de 54 millones de
euros y, desde luego, muchísimas otras cantidades y muchísimas otras
partidas que están ayudando, como digo, a mantener estas políticas de
cooperación en un momento tan difícil.

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bruguera.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, ha presentado las enmiendas 3365 a 3367 y 3649.

Tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias.

Efectivamente, señora presidenta, voy a tratar de explicar
cada una de ellas. La 3365 pretende dotar una partida presupuestaria para
efectuar una transferencia a la Generalitat de Cataluña por su
participación en los gastos de la justicia gratuita y en la modernización
de la Administración de Justicia. Hay que recordar que con la
implantación de la Ley de tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia, la Generalitat de Cataluña tiene competencias, y se debería
transferir una parte de la recaudación recogida en esta Ley de tasas a la
Generalitat. El Estado no está realizando esta transferencia y se está
incumpliendo la Ley 10/2012, que establece las mismas tasas judiciales y
las disposiciones de la Ley 1/1996, sobre asistencia gratuita en el
sistema de justicia gratuita. De hecho, el cálculo de la enmienda se
realiza aplicando el 15,39% de los ingresos previstos del Estado por la
recaudación de las tasas en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
De hecho, el 15,39% son los expedientes judiciales que se tramitan en
Cataluña. Por tanto, sobre estos 365 millones de euros la transferencia
debería ser de 55 250 000 euros.

La enmienda 3366 quiere dotar una partida para efectuar una
transferencia a las comunidades autónomas en función del porcentaje con
el que deben participar estas comunidades autónomas con competencias en
el ámbito de la justicia en relación con los intereses de las
consignaciones judiciales. Estos intereses acaban estrictamente en el
Ministerio de Justicia, y las comunidades autónomas que disponen de
competencias deberían participar también de estos intereses.

La enmienda 3367 prevé dotar una partida adicional de
dotación de transferencias a la Generalitat de Cataluña en relación con
un programa de menores extutelados que había existido también en otros
momentos. Y la enmienda 3649 es una transferencia, también para la
Generalitat de Cataluña, como consecuencia de la participación en las
multas judiciales. Hay que recordar que Cataluña es la única comunidad
autónoma que tiene transferidas las competencias en materia de ejecución
penal de adultos y justicia juvenil. Por ello se solicita que la
participación de los ingresos generados por las multas judiciales que
estén afectados a la ejecución penal también se transfiera a Cataluña. El
importe se basa en la función del peso relativo de los expedientes
judiciales sobre el total estatal, que ciframos en 1 millón de euros.

Muchísimas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.

El Grupo Socialista ha presentado las enmiendas 2572 a
2594.

Tiene la palabra la señora Marra.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un veto a
esta sección 13, pidiendo su devolución, y 12 enmiendas parciales a esta
sección, y lo hace porque cualquier afán reformador en materia de
justicia se hace totalmente inviable con estos presupuestos. El
Ministerio de Justicia no es prioritario para el Gobierno, como podemos
ver con las dotaciones presupuestarias que se establecen, en la que si
hacemos una comparativa con el año 2011 cae en 2015 millones de euros
menos —reitero, con respecto a los presupuestos del año 2011, del
Gobierno socialista—. Son unos presupuestos marcados por un
continuismo con respecto al año 2014, que no abordan una reforma en
profundidad de la Administración de Justicia. Por consiguiente, unos
presupuestos que deberían incorporar, a nuestro entender, dotaciones
adecuadas para abordar las graves deficiencias que tiene la
Administración de Justicia, tanto en medios personales, como materiales,
para acometer con éxito la modernización tecnológica, el nuevo mapa
judicial, una mejora en materia de equipos e infraestructuras, mejoras
tecnológicas, mejoras en dotaciones de recursos humanos, jueces,
fiscales, etc.

Todo ello, señorías, lleva a concluir que el Plan de acción
2012-2015, ese plan anunciado por el Gobierno, a un año vista de su
finalización no depara que cumpla con los objetivos planteados en él. De
hecho, si hiciéramos una comparativa, que sí hizo recientemente la
Comisión para la Eficiencia de la Justicia, del Consejo de Europa, en
octubre de 2014, en la que se compara la justicia en la Unión Europea en
el año 2012, la verdad es que España no sale en muy buen lugar. Así, los
presupuestos generales del sistema judicial en España se sitúan en un
0,9%, frente a Europa, con un 2,2%. Si hablamos de tribunales

de justicia gratuita y fiscales, es decir, sistema
judicial, nos encontramos con el mismo resultado: España en este caso
32,4 euros por habitante, frente a Europa, con 60,6 euros por habitante.
Esto significa la mitad. Gasto en Fiscalía por habitante: España 4,6
euros por habitante; Europa, 11,4 euros por habitante. Y si hablamos de
justicia gratuita, España se sitúa en 0,8 euros por habitante, frente a
Europa, con 8,63 euros por habitante. Esto es 10 veces menos España en
relación con Europa.

A la vista de estos datos, resulta prioritario abordar la
reforma de la justicia en profundidad, dotándola de mayor eficiencia y
eficacia; avanzando en medios materiales, equipamiento, infraestructuras,
modernización tecnológica y de la información, pero sobre todo en medios
humanos, necesarios para garantizar a la ciudadanía un servicio público
de calidad, rápido y eficaz. Las enmiendas que presentamos a esta sección
van en esa línea.

En primer lugar, en relación con los medios materiales,
proponemos dotaciones para ampliar y mejorar los registros civiles, e
inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de servicios en
tribunales de justicia y en el ministerio fiscal, por señalar algunos de
ellos, en Albacete y Villarrobledo; hacer frente a las necesidades
múltiples que tienen los juzgados de paz y, como bien señaló
anteriormente el senador Bruguera, subvenciones por gastos en juzgados de
paz, donde se está incumpliendo el artículo 52 de la Ley de demarcación y
planta. Asimismo, proponemos nuevas dotaciones en edificios judiciales,
como, por ejemplo, los de Badajoz, Toledo, Talavera de la Reina,
Villablino, Segovia y Soria. Asimismo, obras de accesibilidad en los
juzgados como, por ejemplo, el de Medina del Campo. Quiero también
mencionar aquí, por su importancia, el Campus de la Justicia de
Valladolid, que año tras año este Gobierno deja de lado. Nosotros
proponemos una dotación de 1 150 000 euros. Asimismo, proponemos
dotaciones en edificios para la sede de órganos judiciales y reformas,
que son muy necesarias, en edificios que son sede de órganos
judiciales.

Con respecto a medios humanos —y termino,
presidenta— recogemos la enmienda 2590, que hace referencia al
Consejo General de la Abogacía Española, para indemnizar a los abogados
en los asuntos de asistencia jurídica gratuita, así como la enmienda
2591, al Consejo General de los Procuradores de España, para indemnizar a
los procuradores en los asuntos de asistencia jurídica gratuita. También
proponemos la enmienda 2593 para un plan de modernización tecnológica de
la Administración de Justicia, dotado con 15 millones de euros.

Termino, presidenta, diciendo que el objetivo de nuestras
enmiendas es avanzar en garantizar un servicio público de la justicia
cercano a los ciudadanos, de calidad, rápido y principalmente eficaz y
eficiente. Por ello les pido que apoyen estas enmiendas.

Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marra.

El Grupo Popular en el Senado ha presentado las enmiendas
445 a 452.

Tiene la palabra la señora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Sí, señora presidenta, son
enmiendas de vital importancia porque hablan de nuevas infraestructuras,
de la habilitación de una partida para transferencias a las comunidades
autónomas y para contratación de interinidades, pero las doy por
defendidas.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Franco.

En el turno en contra, tiene la palabra la señora
Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.

Sin mayores preámbulos, trataré de contestar a todas las
señorías que me han precedido en el uso de la palabra y que han defendido
sus enmiendas, y en este turno en contra les expondré las razones por las
cuales mi grupo parlamentario va a votar en contra de ellas.

Quisiera comenzar diciendo que los presupuestos de la
sección 13 son realistas y responsables, y que, a pesar de que tiene
partidas ajustadas y que se inscriben dentro de la senda de la
consolidación fiscal, por primera vez en la legislatura, aumentan.

Entrando ya de lleno en las enmiendas que han defendido los
grupos parlamentarios, y que trataré conjuntamente, tengo que decir, en
primer lugar, que algunas solicitan un incremento de la dotación para la
prestación de la justicia gratuita, y se ha hecho referencia a las tasas.
Quiero recordar que la relación entre las tasas y la justicia gratuita no
es de afectación sino de vinculación y, por tanto, no todo lo que se
recaude por tasas debe destinarse obligatoriamente a la financiación de
la justicia gratuita.

Dentro de estos presupuestos, las partidas destinadas a la
justicia gratuita aumentan un 2,3%. Este aumento se cuantifica en unos
785 000 euros. Hay que recordar que estas partidas son exclusivamente
para el territorio ministerio, para las 5 comunidades autónomas donde el
ministerio ejerce sus competencias, y es una cuantía total, incluido este
aumento que he mencionado que se ajusta a la previsión real de ejecución
presupuestaria en esta materia. Sin embargo, quiero recordar que aunque
hubiera luego un devengo de mayores derechos por parte del Consejo
General de la Abogacía o el Consejo General de Procuradores en relación
con los trabajos que realizan en materia de asistencia jurídica gratuita,
si dichos devengos y dichos gastos superan la dotación autorizada en
estos presupuestos, sin duda se recurriría, como se ha recurrido en otras
ocasiones, a los mecanismos previstos por la normativa presupuestaria
para adecuar esta dotación y pagar ese mayor gasto, si lo hubiera. En
todo caso, son partidas que se encuentran ajustadas a la realidad de lo
que va a suponer el gasto en materia de asistencia jurídica gratuita.

El Grupo CiU ha presentado una enmienda por la que se
solicita una transferencia a la comunidad autónoma en relación con el
incremento de los gastos en materia de asistencia jurídica gratuita que
han experimentado varias comunidades autónomas que tienen la competencia
transferida. A este respecto quiero destacar una de las enmiendas que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular, por la que se habilita una
partida de 6 millones de euros, de transferencias a las comunidades
autónomas, y entre otros conceptos, aparte de los programas de
modernización y demás, se incluye la posibilidad de dedicarlo a
asistencia jurídica gratuita. Yo creo que esto es una noticia
extraordinaria, es una buena noticia para las comunidades autónomas con
competencia transferida y que viene a recoger el compromiso que el
ministro de Justicia adquirió con las comunidades autónomas en la
conferencia sectorial que se celebró el pasado 6 de noviembre.

En segundo lugar, hay un conjunto de enmiendas destinadas a
la modernización. Doy por respondida con los mismos argumentos la que
solicita una mayor transferencia a las comunidades autónomas con
competencia transferida para esta materia de modernización, de acuerdo
con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular que acabo de
mencionar.

Respecto al resto de enmiendas de los otros grupos que
solicitan un incremento de las cuantías en materia de modernización,
quiero destacar que este es uno de los ámbitos en el que se ha hecho un
mayor esfuerzo presupuestario, con un incremento de la partida de 16
millones de euros, lo cual supone un incremento para la Administración de
Justicia de un 45,4% respecto a las partidas del año 2014, y en el
ministerio fiscal, un incremento del 255,3% en relación con lo previsto
en el año 2014.

Por lo tanto, consideramos que estas partidas para
modernización que se contienen en los presupuestos son suficientes para
hacer frente a los objetivos del plan de acción de la Secretaría General
de la Administración, para continuar con las acciones tecnológicas
derivadas del despliegue de las oficinas judicial y fiscal, para
consolidar el cambio que ha habido en el expediente judicial electrónico,
para seguir avanzando en la renovación del sistema de gestión procesal o
para seguir avanzando en interoperabilidad. Como digo, la modernización
es una de las prioridades de este presupuesto y se pone de manifiesto en
ese incremento de 16 millones de euros.

Muy relacionado con la modernización están las enmiendas
que solicitan mayores cantidades para impulsar la oficina judicial. Creo
que todos coincidimos en que es necesario potenciarla e implantarla en
todo el territorio nacional, pero consideramos que las partidas previstas
son suficientes. Hay que tener en cuenta que la organización de la
actividad judicial conlleva importantes actuaciones que afectan a
aspectos organizativos, tecnológicos, de infraestructuras y de personal.
Además, es necesario dedicar una gran cantidad de recursos y consideramos
que no es recomendable abordar varios proyectos de implantación a la vez
a fin de garantizar el éxito de esa implantación. Tengo que disentir
sobre que esta es una asignatura pendiente. Se ha seguido avanzando, se
ha implantado la Oficina Judicial en Ceuta y Melilla, se ha revisado el
funcionamiento de todas las oficinas judiciales iniciadas en la anterior
legislatura que adolecían de defectos graves y se prevé la próxima
implantación en mi ciudad, Ponferrada, en Murcia la segunda fase, en
Palma de Mallorca y en Plasencia, y también está en estudio su
implantación en el Tribunal Supremo.

Hay otro grupo de enmiendas destinadas a solicitar nuevas
infraestructuras. Quiero señalar que la partida dedicada a
infraestructuras y equipamientos alcanza los 18,28 millones de euros. Es
verdad que sirve para hacer frente al mantenimiento de los edificios, a
la realización de los proyectos de obras más urgentes y a la acometida de
las obras más importantes y necesarias. Hay otras que tendrán que
posponerse para los siguientes ejercicios, pero para nada se puede hablar
de un retroceso en infraestructuras. Sí quisiera destacar aquí ese
conjunto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular

que suponen establecer partidas nuevas para obras
necesarias, entre ellas, por ejemplo, la del campus de la Justicia de
Valladolid, a que hacía referencia la senadora Marras. El resto de las
enmiendas presentadas se desestiman porque no se corresponden con la
programación que ha realizado el ministerio en materia de inversiones de
órganos judiciales.

Otro conjunto de enmiendas, que han reiterado varios
grupos, son las relativas a la memoria histórica. Este es un asunto
sensible y hemos tenido ocasión de debatir esta mañana sobre él en la
comparecencia del ministro de Justicia; también se ha debatido hace poco
tiempo en el Pleno en una interpelación que presentó el Grupo
Parlamentario Vasco y se debatirá en el próximo Pleno una moción
consecuencia de esa interpelación. A este respecto es verdad que el
incremento de este presupuesto se destina a dos áreas prioritarias, que
son justicia gratuita y modernización, quedando el resto de las partidas
en la misma situación en que se encontraban. Quiero destacar que desde el
año 2006, cuando se abrieron las primeras líneas de financiación para la
recuperación de la memoria histórica, se llevaron a cabo la mayor parte
de las actividades en materia de localización y exhumación desde entonces
hasta el año 2011, pero es cierto que la crisis económica agravó la
situación de las cuentas públicas y se adoptaron una serie de medidas
restrictivas que afectaron a estas partidas. A pesar de ello, quiero
recalcar algo que ya ha dicho el señor ministro, y es que, sin embargo,
se sigue trabajando en materia de memoria histórica, no con cargo a
partidas específicas pero sí con cargo a las partidas generales del
ministerio.

Otras enmiendas están destinadas al establecimiento de
planes de mejora, especialización y funcionamiento de los juzgados de
vigilancia penitenciaria, de menores, de familia y de incapacidades, en
su mayoría transferidos a las comunidades autónomas. A este respecto hay
que señalar que las competencias transferidas se financian de acuerdo con
un sistema tasado y determinado, cuya gestión corresponde al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas y que, por tanto, el Ministerio
de Justicia no se puede apartar de él, de modo que las comunidades
autónomas, dentro de este sistema de financiación, pueden destinar
partidas a estos planes de mejora o especialización si lo estiman
conveniente.

En cuanto a la aportación a los juzgados de paz, se
mantiene un año más la misma cantidad. El ministerio y el Grupo
Parlamentario Popular consideramos que es la adecuada para que los
ayuntamientos puedan afrontar sus gastos corrientes relativos a esta
materia y, por tanto, se desestiman las enmiendas presentadas.

El Grupo de Convergència i Unió ha presentado otras
enmiendas que solicitan transferencias a la Comunidad Autónoma de
Cataluña por la participación en los intereses de las cuentas de depósito
de las consignas judiciales o multas judiciales. Esta es una enmienda que
ya hemos visto en ejercicios precedentes y, desde luego, el argumento
para denegarla tampoco ha variado. Han de tener en cuenta que sobre estos
ingresos, tanto por multas judiciales como por intereses de las cuentas
de depósito, no tiene competencia ninguna comunidad autónoma, pues se
derivan de forma indirecta del ejercicio de una función jurisdiccional
que es propia y exclusiva de uno de los poderes del Estado, que es
precisamente el Poder Judicial, o del ejercicio de ese concepto estricto
de Administración de Justicia que ha señalado la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, y, por tanto, es una competencia exclusiva
estatal, sin perjuicio de reconocer que estos ingresos posteriormente
pasan a la cuenta general, de donde se financian precisamente estas
competencias transferidas, con lo cual al menos de un modo indirecto las
comunidades autónomas sí participan de estos ingresos.

También hay una enmienda de CiU relativa a menores
tutelados y sé que es una enmienda importante para ustedes. He tenido
ocasión de hablar con la senadora Rieradevall de esta cuestión, pero,
como ya le anticipé, diré que es una competencia que excede de la
política de justicia y que más bien se incardinaría en políticas de
acción social o de servicios sociales, por lo que se desestima.

Por último, se ha presentado otra enmienda para incrementar
la aportación de España al Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción.
Hay que señalar que España aporta una contribución obligatoria, que es
precisamente la que fija este organismo internacional, que se determina
anualmente y que consideramos es la adecuada y correcta para su
finalidad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Franco.

¿Algún portavoz desea intervenir? (Pausa).

Tiene la palabra el señor Iglesias.

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71

sus declaraciones ha sido que se mantendrían los partidos
judiciales, pero que llevaría adelante una racionalización del sistema de
reparto de cargas de trabajo entre los juzgados. La verdad es que tenemos
dudas en relación con los criterios que va a utilizar a la hora de llevar
adelante ese sistema de reparto de cargas de trabajo entre los
juzgados.

Asimismo, nuevamente ha dejado en el aire qué es lo que va
a pasar con las tasas judiciales. Habla de una revisión de estas tasas,
pero el Partido Socialista lo tiene muy claro, y así lo hemos dicho a lo
largo de esta legislatura, que la única solución es la derogación de la
Ley actual de tasas judiciales; una ley que, de hecho, cuenta con 5
recursos ante el Tribunal Constitucional. Se trata de una ley de tasas
que estaba destinada a sufragar el beneficio de la justicia gratuita y
que en el ejercicio anterior supuso una recaudación de cerca de 300
millones de euros, cuando la partida destinada a la justicia gratuita
ascendió a cerca de 35 millones de euros. Por lo tanto, existe una
divergencia que solamente es entendible si pensamos que el objetivo
último de las tasas judiciales es el recaudatorio, al tiempo que coarta
el acceso de los ciudadanos a los juzgados y a los tribunales de nuestro
país; es decir, coarta el derecho que todos los ciudadanos tienen a la
tutela judicial efectiva. Creo que tras dos años de vigencia de esta ley
ha llegado el momento de analizar cuáles han sido sus efectos, efectos
perjudiciales, tanto para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, en
la disminución de asuntos ingresados y de procedimientos interpuestos por
los ciudadanos que llegan a nuestros juzgados y a nuestros tribunales,
como en la reducción de la litigiosidad.

En cuanto al Registro Civil, consideramos que es
prioritario deshacer el camino andado hacia su privatización, iniciado
casi a escondidas a través de la disposición adicional vigésima del Real
Decreto Ley 8/2014, que atribuye la llevanza del Registro Civil a los
registradores de la propiedad y mercantiles, a pesar del pronunciamiento
expreso de que se mantendría su gratuidad.

La señora PRESIDENTA: Debe terminar, señora Marra.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Sí, señora presidenta.

Termino mi intervención diciendo que es especialmente grave
la situación de la Administración de Justicia y, en concreto, la falta de
medios humanos, la sobrecarga de trabajo de estos órganos judiciales para
poder atender las distintas funciones constitucionales. En algunos casos,
de hecho, las causas penales tardan cerca de diez años en solucionarse
jurídicamente, lo que es claramente intolerable.

Por todo ello, consideramos que de no abordarse una reforma
en profundidad de la Administración de Justicia ―y estos
presupuestos no lo hacen― será otra oportunidad perdida por parte
de este Gobierno.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marra.

Tiene la palabra la señora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Es cierto que sus señorías han planteado cuestiones que
realmente son muy importantes, pero en cierta medida ajenas al debate
presupuestario. Sin embargo, aunque solo sea brevemente, quiero referirme
a ellas.

Respecto a las tasas, les diré que el señor ministro ya ha
manifestado en reiteradas ocasiones su disponibilidad para estudiar en
detalle los datos en relación con su aplicación, tanto los que maneja la
Agencia Estatal de Administración Tributaria como el Consejo General del
Poder Judicial, y su disponibilidad para ajustarlas ―que no
derogarlas, porque las tasas van a continuar― si fuera
necesario.

En relación con la privatización del Registro Civil, vuelvo
a decir ―como ya mencioné en el debate de los vetos― que es
inexistente. El Registro Civil lo van a llevar funcionarios públicos, que
tienen un sistema de retribución especial pero que, insisto, son
funcionarios públicos.

Respecto a la carencia de medios, le puedo dar los datos:
100 plazas en la oferta de empleo público y la inclusión de una enmienda
en materia de interinidades que a lo largo de este ejercicio puede
suponer la contratación de más de 1000 interinos para la Administración
de Justicia. Creo que son datos que habría que valorar muy
positivamente.

En relación con la agilización de las causas penales, lo
veremos. Nos preocupa lo mismo y, por ello, a lo largo de esta
legislatura se presentará una modificación de la Ley de enjuiciamiento
criminal cuya principal finalidad será precisamente agilizar las causas
penales.

Son cuestiones muy importantes y que generan debate, pero
hoy debemos centrarnos en el debate presupuestario. Por ello, simplemente
terminaré diciendo que los presupuestos de la sección 13 para el año 2015
se insertan, como dije, en esa senda de la consolidación fiscal, pero que
aumentan y que ponen sobre todo el acento en las partidas destinadas a la
financiación de la justicia gratuita en el territorio ministerio y en las
comunidades autónomas con competencia transferida, a través de esa
enmienda de 6 millones de euros. Es cierto, como señalaba el señor Bel,
que no solo van orientadas a la asistencia jurídica gratuita, sino
también a modernización y a reforma en el ámbito territorial de las
comunidades autónomas de ese diseño de la Administración de Justicia,
pero espero que sea una partida suficiente para afrontar esa financiación
suplementaria de la asistencia jurídica gratuita.

Además, son unos presupuestos que también apuestan por el
impulso decidido a la modernización tecnológica que, como ya he dicho, es
la que experimenta el mayor aumento, con esos 16 millones de euros de
incremento.

La señora PRESIDENTA: Debe terminar, señora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Creo que son unos presupuestos
realistas y que, desde luego, el Grupo Parlamentario Popular defiende
porque le parecen adecuados para este ejercicio presupuestario.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, señora Franco.

Pasamos a la sección 14, Defensa.

La señora Capella i Farré ha presentado las enmiendas 40 a
47.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

Los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes han
presentado las enmiendas 763 a 770.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Seré muy breve.

Nuestras enmiendas más destacadas tienen como fundamento la
financiación de dos proyectos que son garantía de empleo en el sector de
la industria militar y que, además, forman parte ya de un largo proceso
de desarrollo y reflexión sobre su necesidad. El primer proyecto es el
vehículo blindado 8x8, que sustituiría a los vehículos BRM-600.

Señora presidenta, le pido un poco de paciencia porque los
temas militares no son mi especialidad. (Risas).

La señora PRESIDENTA: Lo hace usted muy bien, señor
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: El otro proyecto que también
ha sido motivo de reflexión durante largos años es el de la nueva fragata
F-110. Para respaldar este proyecto, planteamos 2 enmiendas, una de 30
millones de euros y otra de 8 millones de euros.

Además, hay 5 o 6 enmiendas, que son de menor relevancia y
que plantean cesiones de inmuebles militares a municipios o comunidades
autónomas, en la mayor parte de los casos. Por ejemplo, la cesión de la
batería de costa de Cartagena a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, con una consignación de 10 millones de euros; la transferencia de
titularidad de la dársena de El Espalmador a Costas para su
transformación en playa urbana; el acondicionamiento del cuartel del
Bruc, en Barcelona.

Además, se han presentado 2 enmiendas en relación con el
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Estaban Terradas que pretenden
garantizar las remuneraciones de los trabajadores de otros institutos que
se han integrado en este.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

El señor Martínez Oblanca ha presentado la enmienda
1305.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: La doy por defendida, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

El Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya presenta las
enmiendas 1819 a 1821.

Tiene la palabra el señor Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Son unas enmiendas idénticas a las del senador Iglesias,
con lo cual las doy por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guillot.

El Grupo Catalán en el Senado Convergència i Unió presenta
las enmiendas 3650 y 3651.

Tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Igual que el senador Iglesias, yo no
soy especialista en temas de defensa, pero las enmiendas son muy
sencillas. Una consiste en dotar de 1,5 millones de euros a un fondo de
reconocimiento de los servicios prestados en el territorio Ifni-Sahara.
Esta es una larga reivindicación del senador Maldonado desde hace mucho
tiempo, y la verdad es que, como tardemos mucho, ya no va a quedar
ninguna de aquellas personas para poder disfrutar de este fondo. De todos
modos, continuamos presentándola.

La otra —aquí no hay problema de que no contribuyamos
a la consolidación fiscal— es la enmienda 3651, que reduce el gasto
y lo aporta a una partida genérica para que lo podamos aplicar a
cualquier otra partida presupuestaria. Reducimos el gasto que proviene de
reducir la publicidad y propaganda del Ministerio de Defensa en 4 012 000
euros, en tres partidas. Creemos que reducir estos gastos de publicidad
posibilitaría destinarlos a inversiones o políticas activas más
necesarias en este momento que en gastos de publicidad del Ministerio de
Defensa.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.

El Grupo Socialista presenta la enmienda 2595.

El señor Ángel tiene la palabra.

El señor ÁNGEL BATALLA: Gracias, señora presidenta.

Saben ustedes que mi grupo presentó un veto que defendió el
senador Abad en el Pleno. Era un veto con el que queríamos trasladar
nuestras preocupaciones a la configuración del presupuesto del Ministerio
de Defensa que no solamente recogía las partidas presupuestarias, sino
que también hablaba del horizonte de nuestras Fuerzas Armadas en los
próximos años, y planteábamos nuestras interrogantes. Nos preocupaba que
en el presupuesto del Ministerio de Defensa 3 de cada 4 euros se
dedicasen a capítulo 1. La enmienda que hemos presentado pone de
manifiesto la necesidad de mejorar y unificar las infraestructuras en la
ciudad de Ceuta, de recogerlas bien en una encomienda militar, bien en
una encomienda del propio ejército, con el fin de hacer nuestras fuerzas
operativas. Se trata de recoger las más de 10 instalaciones militares que
se encuentran en la ciudad de Ceuta en una instalación operativa,
moderna, funcional que dé respuesta a las necesidades de nuestras Fuerzas
Armadas, en un lugar geoestratégico y de futuro al que debemos prestar
muchísima atención, tal y como todos estamos exponiendo.

Por eso hemos defendido y hemos presentado esta enmienda,
señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ángel.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado presenta la
enmienda 2101.

Tiene la palabra el señor Canals.

El señor CANALS LIZANO: La enmienda 2101, señora
presidenta, ya está incorporada al informe de la ponencia.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Canals.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra, señor Canals.

El señor CANALS LIZANO: Muchas gracias, señora
presidenta.

La mayor parte de las enmiendas que han presentado los
diferentes grupos a la sección 14 están vinculadas con la potenciación de
las inversiones, la I+D+i, y la industria relacionada con la defensa.
Destacan, como les he comentado, las que vinculan la fabricación de los
vehículos blindados 8x8 y la fragata F-110. Nosotros compartimos el
interés por el aumento de la producción nacional de la infraestructura y
la industria de la defensa, y también para el Ministerio de Defensa es
sin ninguna duda

una de las actuaciones más relevantes. Pero, como ustedes
saben perfectamente, la actual situación económica no nos lo permite. No
obstante, hay que dejar claro que hay dotación presupuestaria suficiente
en el Ministerio de Industria para nuevos desarrollos tecnológicos que
potenciarán y mejorarán los vehículos blindados 8x8.

En cuanto al aumento de las transferencias corrientes al
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, por la integración
de la ITM y Labinge, creemos que no es necesario porque ya el Ministerio
de Defensa ha previsto los créditos suficientes para esta coyuntura; por
lo tanto, no hay problemática respecto a la retribución de los
trabajadores pues están perfectamente dotados.

En relación con la construcción de una base única en Ceuta,
es un planteamiento que compartimos y que debe ir hacia delante. En estos
momentos saben ustedes que no es una de las prioridades del Ejército de
Tierra, pero sí está planificado y se contemplan actuaciones relacionadas
con la base única para el año 2018.

Otro grupo de enmiendas pretenden que se acondicionen
determinadas propiedades del Ministerio de Defensa para que sean después
cedidas a otras instituciones. Sin ninguna duda ustedes saben que antes
de la cesión es necesario que haya cierta negociación y, cuando se
produzca esta cesión, tendría que estar contemplada la correspondiente
contraprestación al Ministerio de Defensa y no al revés, como plantean en
estas enmiendas.

Se han presentado también una serie de enmiendas en las que
se propone el aumento de la ayuda humanitaria y hay que dejar bien claro
que los presupuestos contemplan las operaciones de paz previstas;
aquellas que no están previstas no lo están, pero sí sería posible que
estos créditos se ampliasen si fuera necesario. Por lo tanto, se prevé
esa cobertura.