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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 221, de 23/09/2014
cve: DSCD-10-PL-221
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 221
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 206
celebrada el martes,
23 de septiembre de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre derogación de las tasas judiciales establecidas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 153-1, de 20 de diciembre de 2013. (Número de
expediente 122/000132) ... (Página4)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de apoyo a las actividades de los emprendedores sociales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 140-1, de 18 de octubre de 2013. (Número de expediente 122/000119) ...
(Página16)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para garantizar la lucha real y efectiva contra la pobreza infantil en España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 417, de 7 de marzo de 2014. (Número
de expediente 162/000892) ... (Página26)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para el pago de la deuda histórica del Estado con Cataluña en materia de inversiones. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 477, de 13 de junio de 2014. (Número de
expediente 162/000976) ... (Página34)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página42)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página42)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página4)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de intercambiar el orden
de debate de las interpelaciones urgentes que figuran en el orden del día como puntos 22 y 24, de modo que se debate en primer lugar la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista y en último lugar la del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre derogación de las tasas judiciales establecidas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre ... (Página4)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Díez González,
del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Escudero
Berzal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de apoyo a las actividades de los emprendedores sociales ... (Página16)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; así como la señora Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Uriarte Ayala, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página26)
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para garantizar la lucha real y efectiva contra la pobreza infantil en España ... (Página26)
Defiende la proposición no de ley el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Martín Pozo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Cantó García del Moral.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para el pago de la deuda histórica del Estado con Cataluña en materia de inversiones ... (Página34)
Defiende la proposición no de ley el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y
Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Veray Cama, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor Sánchez i Llibre.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página42)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre derogación de las tasas judiciales establecidas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, se rechaza por 155 votos a favor más 1
voto telemático, 156, y 168 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de apoyo a las actividades de los emprendedores sociales, se rechaza por 34 votos a favor más 1 voto telemático, 35;
168 en contra y 122 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página42)
Sometida a votación la enmienda transaccional suscrita por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y el
Grupo Parlamentario Socialista, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para garantizar la lucha real y efectiva contra la pobreza infantil en España, se rechaza por 154 votos a favor, 169 en
contra y 1 abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para el pago de la deuda histórica del Estado con Cataluña en materia de inversiones, con la inclusión de la enmienda del Grupo Parlamentario
de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se rechaza por 145 votos a favor y 174 en contra.
Se suspende la sesión a las ocho de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
De acuerdo con el Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, propongo al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de intercambiar el orden de debate de las interpelaciones urgentes que figuran en el orden
del día como puntos 22 y 24, de tal manera que se pase a debatir en primer lugar la interpelación del Grupo Socialista y, en último lugar, la de La Izquierda Plural. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE DEROGACIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE. (Número de expediente 122/000132).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con las proposiciones de ley.
En primer lugar, la que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, sobre derogación de las tasas judiciales establecidas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
Para la presentación de la iniciativa y su defensa, tiene la palabra la señora Rodríguez García.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar esta intervención haciendo alusión a algo que acabamos de conocer hace apenas unos minutos, y es el anuncio del presidente Rajoy de retirar la reforma contra la Ley del Aborto. (Aplausos). Quiero mostrar mi
satisfacción y la del Grupo Parlamentario Socialista y sobre todo hacer un reconocimiento a las mujeres, a la sociedad en general, a las organizaciones que han combatido y rechazado con el Grupo Socialista y con otros grupos políticos esta injusta
reforma que pretendía el Gobierno de Rajoy y el señor Gallardón; señor ministro al que por cierto echo de menos en el debate de esta importante proposición de ley que se refiere a su gestión.
Se trata de la toma en consideración de la proposición de ley sobre la derogación de las tasas judiciales establecidas por la Ley 10/2012, de 20 noviembre, que hoy trae aquí el Grupo Socialista. Una proposición de ley que no es más que la
continuidad de otras iniciativas de rechazo que hemos venido abordando durante esta legislatura contra el llamado tasazo judicial. Un rechazo unánime no solo del Grupo Socialista, sino de todos los grupos en la oposición; un rechazo unánime
también por parte de los operadores jurídicos, de todos los profesionales de la justicia -abogados, procuradores, jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios-, que se han manifestado en contra de esta ley, un hecho sin precedentes; un
rechazo unánime desde luego de la ciudadanía, que sufre también un ataque sin precedentes a su derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Este será uno de los pocos éxitos que se podrá llevar en la cartera el señor Gallardón,
haber logrado el rechazo absoluto a sus políticas en materia de justicia (Aplausos), un rechazo que ha sido unánime. El único consenso alcanzado por el señor Gallardón, que llegó siendo el moderado del Partido Popular, será el consenso en contra de
la gestión de su ministerio; consenso y unanimidad en el rechazo a su política, especialmente en contra del tasazo judicial. Una gestión que, si tuviéramos que resumirla en dos palabras, podría sintetizarse en menos justicia y más desigualdad.
Si, menos justicia y más desigualdad, ese es el balance; más adelante desarrollaré esta conclusión.
Con esta proposición de ley desde el Grupo Socialista no pretendemos más que insistir en la necesaria derogación de esta Ley de Tasas. Hoy sigue asentado, tanto socialmente como en el ámbito jurídico, el rechazo a la misma. Además, estamos
pendientes del pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto, un pronunciamiento que, por cierto, deseamos sea lo más rápido posible, porque de esta ley penden diversas impugnaciones judiciales, por su falta de adecuación a la Constitución
Española, que mantienen paralizados aquellos procedimientos que quedan pendientes.
Durante la tramitación en esta Cámara de la Ley de Tasas, mostramos nuestro rechazo tanto a la ley como al real decreto que, en menos de dos meses, vino a modificarla, poniendo también de relieve la precipitación, la falta de sosiego y de
planificación que hubieran sido deseables en una ley de estas características. Fue una ley que recibió hasta siete enmiendas a la totalidad y, a pesar de ello, el Gobierno, el ministro, no tuvo la responsabilidad de abrir el diálogo para ver por
qué tanto disenso. Esta negación a
rectificar fue lo que nos obligó a interponer un recurso de inconstitucionalidad, un recurso que tuvimos que completar, por esa chapuza legislativa, con el recurso al real decreto. Nuestro recurso se basa, fundamentalmente, en que se está
produciendo una clara vulneración subjetiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que se reconoce a todas las personas en el artículo 24. 1 de la Constitución, y una quiebra al Estado de derecho, tal como se configura en nuestra
Carta Magna en el artículo 1.1. Es una ley contraria a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, tal y como dejamos constancia en nuestro recurso.
El objetivo de esta ley, el objetivo recaudatorio de la tasa es totalmente desproporcionado. El Partido Popular, el Gobierno, como ya ha venido practicando en otros ámbitos, como en el de la sanidad, las prestaciones de los servicios
sociales o la educación, ha hecho una apuesta clara por un modelo mercantilista de los servicios públicos, generalizando así la implantación de las tasas. No todo está en el mercado, no todo se puede comprar. Con su modelo, no pueden acceder a la
justicia todos en condiciones de igualdad; solo pueden acceder a ella aquellos que tienen dinero para pagar la tasa. Con este sistema de tasas también resulta extraordinariamente gravoso y casi impeditivo, en cualquier caso disuasorio, acudir a
los tribunales. Antes de acudir a un tribunal, lo que hacen las personas, lo que hacen las familias, ya no es valorar si les puede amparar la justicia o si tienen derechos que deben ser reconocidos, sino que sacan sus calculadoras y echan cuentas,
hacen cuentas en sus lastradas economías familiares. Estamos hablando de pagar 168 euros por divorciarse sin acuerdo, de 500 por recurrir un despido y, si se quiere llegar al Tribunal Supremo, de hasta 1.200 euros. De eso es de lo que estamos
hablando, señorías. Así, en este ámbito, el Gobierno de Rajoy, como decía, vuelve a dejar su impronta, marcando a unos ciudadanos de primera y a otros ciudadanos de segunda, según tengan o no recursos económicos para acceder a la justicia. La
implantación de las tasas judiciales vino también justificada con una gran mentira, también seña de identidad de este Gobierno. Nos dijeron que lo recaudado mediante las tasas vendría a sufragar y mejorar el servicio de justicia gratuita, y dos
años después estamos esperando a que nos explique el ministro -no sé si le dará tiempo a explicarlo- dónde ha ido, donde está la recaudación de las tasas, a qué se ha dedicado. Y lo que es peor, después nos presentó en esta Cámara la reforma de la
Ley de acceso a la justicia gratuita, que se está debatiendo y tramitando en estos momentos, y que en ningún modo viene a garantizar la financiación de la misma, ni por afectación ni por vinculación, por mucho que él quiera mantener ese debate. La
Ley de acceso a la justicia gratuita, por cierto, ha vuelto a alcanzar un nuevo rechazo social, político y profesional. Creo que ya se lo deberían de hacer mirar.
Otro de los argumentos utilizados por el Gobierno es que con esta ley se pretendía agilizar los procesos pendientes, la saturación en los juzgados. Ciertamente lo que requiere la justicia de nuestro país es de más medios económicos,
personales y materiales que garanticen un mejor funcionamiento y una mejor respuesta con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos. Hoy leía una noticia, en boca de la presidenta de la audiencia de mi provincia, que decía que ya no tenían
ni bolis en los juzgados. Este es el verdadero problema que atraviesa la justicia y que desde luego lo que requiere no es hacer trampas con los procedimientos sino dar una respuesta contundente desde el Gobierno. No podemos admitir que se pretenda
mejorar la independencia incrementando los costes de procedimiento, ni que se intente trasladar a los ciudadanos una responsabilidad que es de la Administración. Es cierto que han caído los asuntos pendientes, ¡claro que han caído!; lo que toca
ahora es analizar, pero, ¿a costa de qué? Sin duda a costa de la indefensión de los ciudadanos.
Como les decía al principio, el señor Gallardón ha conseguido unirnos a todos en el rechazo a su política y que por primera vez todos los operadores jurídicos hayan respondido de forma unánime. A continuación, haré un repaso sobre cómo fue
aquella tramitación. Se impuso por el trámite de urgencia, se sacó adelante, como decía antes con la oposición de todas las fuerzas políticas. Desde el principio fue respondida por el Poder Judicial, que mostró todo su rechazo y que apuntaba ya en
sus primeros informes que esta reforma de la Ley de Tasas solo respondía a motivos de oportunidad política y económica. Hizo surgir la plataforma Por una justicia de todos, donde estaban representados el Consejo General de la Abogacía, el Consejo
de Consumidores y Usuarios, los sindicatos UGT, Comisiones, USO, CSIF; todos ellos en contra de la implantación de la Ley de Tasas, poniendo el acento en los graves obstáculos que esta suponía para los ciudadanos cuando estos querían recurrir a una
instancia superior. Fue histórico también que más de 2.000 jueces y fiscales salieran a la calle y secundaran una jornada histórica. El Tribunal Constitucional entonces admitió a trámite los recursos que, como les decía, presentamos desde nuestro
grupo, pero también los presentados por la Generalitat de Catalunya y la Junta de Andalucía, recursos, como decía, pendientes de resolver, además de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó
la Audiencia Nacional. Con esto quiero decir que si lo que pretendía el señor Gallardón era hacer historia, lo ha conseguido; ha hecho la historia de ponernos a todos de acuerdo en contra de su gestión. El problema es que los damnificados
de esta historia tienen rostro, tienen nombre y apellido; el problema es que los damnificados de esta historia son los ciudadanos españoles que no pueden acceder a la justicia.
Los efectos de esta ley ya se pueden analizar, casi han pasado dos años. Para que no tengan que hacer ustedes, señorías del Partido Popular, el ejercicio de atender a mis argumentos, les relato los que recientemente, hace apenas una semana,
aducía el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. En su repaso a la memoria de la Fiscalía, decía el fiscal general que ha constatado un descenso generalizado en el volumen de la actividad de los juzgados de lo contencioso-administrativo y
afirmaba que una de sus principales causas radicaba en las nuevas tasas judiciales como, por ejemplo, las de multas de tráfico y las sanciones por infringir un horario de cierre de los locales, que antes eran recurridas automáticamente y ahora no lo
son debido al efecto disuasorio de estos tributos. Incluso la fiscalía de Sevilla advierte que el incremento del coste de las tasas parece estar generando un efecto restrictivo desigual en el acceso a los tribunales, que afecta más a los
particulares y menos a las personas jurídicas. Podría darles también los datos de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, que ha elaborado un informe sobre una primera valoración del impacto de la implantación de las tasas; datos
que en todos los órdenes jurisdiccionales, excepto en el penal, vienen a traer un descenso en el número de casos. Entre todas estas estadísticas lo que tendríamos que hacer es la valoración de qué efecto está produciendo ese descenso de los asuntos
porque sin duda es disuadir a los ciudadanos, a las personas jurídicas, frente a los poderosos que siguen recurriendo a la justicia porque tienen recursos económicos para hacerlo, porque para una empresa del IBEX 1.200 euros no son tan
significativos como lo son para una familia cuyas rentas ni siquiera llegan a esos 1.200 euros. Ese es el análisis que deberíamos estar haciendo y que trae consigo sin duda esta situación de desigualdad que hoy queremos denunciar respecto de las
personas físicas en relación con las personas jurídicas. Como decía al principio y en síntesis: menos justicia, más desigualdad y menos libertades y derechos.
Por eso traemos esta proposición de ley, una proposición de ley sencilla, apenas cuatro artículos y una disposición derogatoria que pueden explicarse también de manera muy sencilla y sintética: Se trata de derogar la Ley 10/2012 y el
posterior Real Decreto-ley 3/2012, que la modifica, y volver a la legislación anterior actualizando sus cuantías y con la exención clara a las personas físicas. Señorías, creo que estamos a tiempo de rectificar, creo que estamos a tiempo de
adelantarnos al dictamen pendiente del Tribunal Constitucional. Son ustedes, diputadas y diputados del Partido Popular quienes pueden permitirlo. Deseo mantener la esperanza por todas las personas que nos siguen y nos observan, que quieren que
solucionemos sus problemas, no que les compliquemos la vida.
Quiero agradecer de antemano también al resto de grupos políticos con los que he podido hablar y que me han mostrado su apoyo para que siguiera adelante la tramitación de este proyecto de ley. Algunos, incluso, me proponían ya mejoras
técnicas, y ojalá con su voluntad pudiéramos ponernos a trabajar en las mismas. Por los ciudadanos que se encuentran desamparados, por los pilares de nuestro Estado de derecho que se tambalean, por la justicia, en definitiva, creo que tendríamos
que hacer este esfuerzo. Ayer charlaba con una abogada que conocí a través de las redes sociales y esta me planteaba una cuestión; me dijo: Esta no es una cuestión de partidos políticos; esto está por encima de vosotros; cualquiera de los que
os sentáis en el Congreso de los Diputados podría haber firmado esta iniciativa. A sus señorías del Partido Popular -insisto- les sugiero que escuchen, que estén atentos a lo que sucede ahí fuera. Esto es serio; son los derechos más básicos de
las personas y solo con ellos se sostiene el Estado democrático y de derecho. Esto es demasiado importante como para que reflexionen.
Les daré otro argumento que yo no comparto, pero a veces tengo la sensación de que es el único ustedes comprenden. Además, estoy viendo que se viene utilizando este fin de semana con motivo de otras reivindicaciones que, afortunadamente, no
han triunfado. Dicen ya en los colectivos que con tasas no hay voto. Igual este planteamiento les resulta más atractivo para tener en cuenta.
Para terminar, me van a perdonar el atrevimiento, pero si me admite un consejo el señor Rajoy, yo le diría que si está pensando en nombres de personas para sustituir al ministro Gallardón al frente del ministerio podría pensar en alguien que
viniera a mejorar la Administración de Justicia y no a destruirla, alguien que mirara por el bien de España y de los españoles y no solo se mirara el ombligo.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez García.
En turno de fijación de posiciones, y empezando por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta proposición de ley pretende derogar las tasas de Gallardón y, de alguna manera, mantener las tasas de Michavila del Gobierno Aznar. El modelo económico es el mismo, el del pago por los servicios públicos ya pagados con nuestros
impuestos pero con cuantías menos desorbitadas, más discretas. Desde Compromís rechazamos cualquier tipo de tasa para acceder a uno de los servicios públicos que garantizan la democracia y la convivencia como es el acceso a la justicia. Cobrar por
intentar acceder a la justicia implica introducir un elemento de desigualdad entre la gente para acceder a mecanismos de reparación del daño padecido o la injusticia; disuadir a los humildes de perseguir la justicia y equidad y alejar a la gente
del mecanismo de solución de conflictos pacífico garantizado por el Estado; introducir en la sociedad el mensaje de que se ha de pagar por una infraestructura y servicio por la que ya ha pagado alejando de su mente la idea de servicio público
universal.
Señorías, las tasas judiciales son un obstáculo a la justicia y, a nuestro entender, no cabe ni en mayor ni en menor cuantía en un modelo de Estado social que pretenda combatir las desigualdades. No somos los únicos, pues en coherencia con
ello en el año 1986 el Gobierno de entonces ya aprobó la Ley de Supresión de Tasas Judiciales, Ley 25/1986, de 24 diciembre. Mucho ha llovido desde entonces. El modelo neoliberal de Estado ha avanzado enormemente apoderándose de las instituciones,
justificando los gobiernos de las élites y haciendo creer a la gente que no hay alternativa, pero la hay si garantizamos los servicios públicos universales y gratuitos mediante una recaudación tributaria progresiva y justa. Una justicia eficaz y
rápida es una obligación del Estado. Acceder a ella es un derecho ciudadano. Sin justicia no hay ciudadanía, no hay democracia, no hay igualdad. Las tasas son una traba para acceder a la condición de ciudadano, siendo este el objetivo del PP:
hacer sentir a la gente que si no paga no puede acceder a sus derechos. Construir un cambio de mentalidad en el que has de pagar por defenderte no es nuestro modelo, ni pagando mucho ni poco. Esperamos que el Tribunal Constitucional piense lo
mismo y tumbe este despropósito, tal y como lo están reclamando todos los profesionales del sector que día a día ven cómo las tasas judiciales impiden el acceso a la tutela judicial efectiva de miles de personas.
Acabo. Desde Compromís-Equo reclamamos que no existan tasas judiciales. No obstante, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley para que se pueda tramitar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, en primer lugar, quiero también congratularme por el anuncio del presidente de Gobierno de la retirada del anteproyecto que modificaba la Ley del Aborto. Señorías, quiero felicitar a todas las
mujeres -a todas- que desde las diferentes posiciones han contribuido a que esto sea posible. Me refiero a todas las mujeres tanto a aquellas que están en el ámbito político, cada una en su posición, como a las mujeres que se han movilizado. Todas
debemos congratularnos y deseamos que ese anuncio sea una realidad.
Centrándome ya, señor presidente, en la propuesta que hoy nos hace el Grupo Socialista de suprimir la Ley de Tasas Judiciales voy a leer el segundo párrafo de la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, por la que se suprimían las tasas judiciales
que hasta aquel momento venían funcionando. Este segundo párrafo decía: En el en el ámbito de la Administración de Justicia los valores constitucionales se manifiestan en el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses
legítimos, reconocido en el artículo 24 de la propia Constitución. El que, además de la justicia se manifiesten también la libertad y la igualdad, y el que todas ellas sean, como quiere la Constitución, reales y efectivas depende de que todos los
ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica o su posición social.
Señorías, la Ley Gallardón, la Ley de Tasas Judiciales echó esto por la borda. Si hubo un momento en que desde la oposición criticábamos esta cuestión argumentando todos estos asuntos para que la ley fuese retirada por el Gobierno, hoy son
los tribunales los que nos dan la razón porque tienen que, o bien emitir declaraciones o bien dictar sentencias relacionadas con este asunto. Así, por ejemplo, nos encontramos con que el Tribunal Supremo tiene que decir que los trabajadores no
tienen por qué pagar tasas judiciales en el ámbito laboral, o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Cataluña
que dice que el impago de las tasas judiciales no puede impedir la consideración a trámite de una denuncia. Podríamos dar muchos más ejemplos sobre esta cuestión, pero no tengo mucho tiempo.
Al igual que no tengo tiempo para explicar la teoría de que una medida tributaria o fiscal no puede interrumpir la marcha de la justicia. Esto, aunque sea de una ley del Ministerio de Justicia, no deja de ser una medida tributaria. No
obstante, después de los resultados de lo que esta ley provoca, compartimos con quien así lo manifiesta que estas medidas no tenían tanto afán recaudatorio como afán disuasorio, porque así está dicho por el Consejo General del Poder Judicial que
dice que se ha reducido entre un 15 % o 20 % el número de demandas judiciales, que el 70 % de los clientes de abogados renuncia a interponer una acción judicial por culpa de las tasas, o que simplemente son los bancos, las aseguradoras o las grandes
empresas las que pueden asumir los procesos judiciales por el pago de estas tasas judiciales.
Señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego vamos a votar afirmativamente la solicitud que se hace en esta proposición de ley del Grupo Socialista, porque entendemos que también esta ley debería ser retirada aunque esté aprobada. Hay
cauces para ello, uno de los cuales sería traer a las Cortes Generales una proposición de ley como esta para su supresión. Pedimos al presidente Rajoy que actúe también en este asunto, como ha actuado en el que he comentado al inicio de mi
intervención y por supuesto creo que un ministro que ha suscitado tanta controversia social debería dimitir.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Señora Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, como saben, con la Ley de Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia se consagró un sistema tan solo accesible a quien pudiera pagarlo. De hecho, esta ley vino acompañada de dos proyectos de ley, el de reforma de la
planta judicial y el de asistencia jurídica gratuita, que conforman la marcha aparentemente triunfal del ministro -la realidad es que es una marcha hacia el abismo, hacia su casa; hacia la casa del señor Gallardón-, un guión que él escribió para ir
desguazando el derecho a la tutela judicial efectiva. Así pues, su pretensión era clara, enterrar el acceso universal a la justicia, razón por la cual Esquerra Republicana de Catalunya, que está en contra de que los servicios públicos se financien
mediante tasas y que defiende la necesidad de que estos servicios públicos vayan a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, en su momento, en el año 2012, ya presentó una enmienda a la totalidad al entender que se trataba de una ley muy
cínica. Tengan en cuenta que lo que hacía precisamente la reforma laboral era judicializar los conflictos laborales, en la medida en que se pretendía relegar la negociación colectiva y la mediación. Por tanto, resulta evidentemente muy perverso
que por un lado se judicialice el conflicto laboral y por otro se impongan tasas en lo social. En definitiva, que se impida a los trabajadores defender sus intereses.
Así pues, y como no podría ser de otra manera, vamos a votar favorablemente esta proposición de ley del Grupo Socialista. Eso sí, a pesar de que han ido vehiculando y publicitando que esta vez sí están por el Estado federal, en las últimas
semanas en ninguna de las iniciativas parlamentarias que nos traen a este Pleno, ya sean proposiciones de ley o proposiciones no de ley, enseñan la patita en el sentido de que esta vez sí que va de verdad. Por ejemplo, en esta proposición de ley
hubieran podido escribir: Las tasas de carácter estatal serán subsidiarias de las autonómicas. Este ejemplo u otro sería percibido -por parte de aquellos que no les creemos pero que pudiéramos estar tentados de creer- como que esta vez están por
el Estado federal, como que van haciendo camino. Por tanto, vamos a votar a favor porque es evidente que hay que recuperar como mínimo el escenario anterior a la llegada al poder del Partido Popular, y aunque la verdad es que siempre hemos dicho
que entre unos y otros nos lo ponen mal, vamos a votar favorablemente esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, presidente.
Señorías, con carácter previo, para el Grupo Vasco también el anuncio de retirada del proyecto de ley del aborto es una extraordinaria noticia. Se trata de un proyecto de ley que nunca debió de ser impulsado contra la opinión y el consenso
mayoritario de la ciudadanía.
Paso ya a centrarme en el tema. Como diría el diputado Olabarría, la jurisprudencia constitucional -si bien de forma curvilínea- ha sentado con claridad el criterio de que el ejercicio y prestación de los derechos fundamentales no pueden
ser objeto de autofinanciación. La autofinanciación puede privar al contenido esencial de un derecho fundamental de una parte muy relevante de su perfil, de su carácter universal, gratuito y no discriminatorio por razones económicas. Las tasas
judiciales establecidas por la Ley 10/2012 pretendían establecer un sistema de autofinanciación del derecho previsto por el artículo 24 de la Constitución a la tutela judicial efectiva, ni más ni menos, y lo ha hecho de la forma más desafortunada de
todas las posibles. En primer lugar, se denominan tasas judiciales a exacciones que no poseen esta naturaleza en la Ley General Tributaria. Esto es de carrera, no hace falta haber hecho oposiciones a inspección. Una tasa compensa la prestación al
régimen público de un servicio o prestación individual o singularizable. Cuando la pretensión de la ley reguladora de la tasa es financiar el servicio de justicia gratuita, no se pretende financiar un servicio individualizado, individualizable o
singular, sino un servicio de carácter general, incardinado además en ese derecho a la tutela judicial efectiva.
En segundo lugar, y a pesar de las enfáticas invocaciones del ministro de Justicia indicando la estricta vinculación entre las tasas recaudadas y el servicio de justicia gratuita, hoy es el día -hoy- en que ni un solo euro se ha destinado a
la financiación del servicio de justicia gratuita del turno de oficio, con el quebranto económico que esta circunstancia provoca a la tutela judicial de los ciudadanos sin recursos para litigar y también a las comunidades autónomas que gestionan ese
servicio de justicia gratuita, cargándolo exclusivamente contra su presupuesto. Es un curioso efecto de la recentralización.
En tercer lugar, la aplicación de la Ley de Tasas ha generado una disminución de la litigiosidad de gran magnitud, muchísima, efectivamente, pero no por las razones que se esgrimen por parte del ministerio y no porque no existan conflictos
judicializables, sino porque evidentemente la ciudadanía no tiene recursos, no tiene medios para litigar. Por cierto, las tasas judiciales recaudadas han generado -modestos recursos económicos adicionales para el Ministerio de Justicia- entre 13 o
14 millones de euros cuyo destino hasta el momento desconocemos y lo desconocemos absolutamente. ¡Viva -una vez más- la transparencia! La disminución de la litiogiosidad, según palabras pronunciadas por el presidente del Consejo General de la
Abogacía, el señor Carnicer, ha disminuido a porcentajes similares a los de la década de los setenta del siglo pasado, ya que los ciudadanos se inhiben o sencillamente carecen de recursos económicos para afrontar las tasas o demás gastos de un
pleito. Esta mercantilización de la justicia constituye, a nuestro juicio, la más sangrante vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Esta limitación al derecho de la tutela judicial efectiva se produce además en un
contexto en el que la Administración de Justicia se ha convertido en la última ratio en la protección de los derechos de los ciudadanos más vulnerables. Solo unos ejemplos: los trabajadores despedidos a través de una reforma laboral que
descausaliza el despido, los desahuciados lanzados de la vivienda que ocupan por una legislación hipotecaria declarada además parcialmente ilegal por el Tribunal Europeo de Luxemburgo, los consumidores, las personas desprotegidas por las sucesivas
reformas del sistema de pensiones y un largo etcétera. En fin, como ven, una auténtica ruina.
Por todo esto, apoyaremos la iniciativa presentada, considerando particularmente que en la ponencia, si fuera aprobada, sobre el proyecto de ley de justicia gratuita, ya se ha producido la efectiva desvinculación entre las tasas y la
financiación del servicio de justicia gratuita y porque no puede ser objeto de disposición tan abusiva un derecho como el proclamado en el artículo 24 de la Constitución. No obstante, y a pesar de nuestro voto favorable, mantenemos algunas dudas o
reservas, como ha señalado la portavoz del Grupo Socialista -expresadas, por supuesto, como no podía ser de otra manera, por mi compañero, el diputado Olabarría, que es el experto en estas materias-, que pueden ser sustanciadas en el debate
parlamentario en relación con la configuración del hecho imponible de la tasa en dos aspectos concretos, en el debate parlamentario en caso de producirse: el procedimiento monitorio y el proceso monitorio europeo, dada su escasa cuantía y la
posibilidad de aplicar tasas al ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden contencioso-administrativo. Obsérvese además que en este orden de la jurisdicción los ciudadanos deben protegerse contra eventuales arbitrariedades de las
administraciones y para reivindicar la existencia de los denominados derechos difusos, los dos elementos que legitiman para actuar en esta jurisdicción. Como verán, nosotros nos lo hemos tomado muy en serio. Nos lo hemos tomado tan en serio que ya
estamos trabajando sobre las posibles modificaciones de esta iniciativa.
Como les decía -y voy concluyendo-, estamos totalmente de acuerdo con las exenciones objetivas y subjetivas y, sin perjuicio de las dudas indicadas y además atendiendo a la presentación
que de este proyecto ha hecho la portavoz socialista, votaremos de forma entusiasta favorablemente esta iniciativa.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia va a votar favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa presentada por el Grupo Socialista. En este caso, además, no solamente, como ocurre algunas veces en la
toma en consideración de proposiciones de ley, porque estamos de acuerdo en que sea admitida a trámite y pueda debatirse, sino porque estamos sustancialmente de acuerdo también en el fondo; es decir, naturalmente en el momento en que se admitiera a
trámite y empezáramos a discutir probablemente encontraríamos algunos elementos en los que podríamos intentar mejorar el texto, pero la verdad es que sustancialmente estamos de acuerdo en ambas cuestiones, en la fundamental, que es en la derogación
de las tasas judiciales que se establecieron por la Ley 10/2012, y también porque ahora tenemos la perspectiva; desde diciembre del año 2012 no solamente tenemos la opinión que ya teníamos entonces cuando todos presentamos nuestras enmiendas a la
totalidad, sino que además tenemos la experiencia de que efectivamente aquellas cosas que decíamos que iban a ocurrir han ocurrido y entonces las consecuencias de la ley han sido extraordinariamente negativas para el conjunto de los ciudadanos.
Pongamos, pues, que no era la intención del Gobierno provocar estas consecuencias tan negativas, pero como afortunadamente podemos analizarlas -o sea, que ya tenemos una certeza-, diría en nombre de mi grupo que no encontramos ningún elemento para
que el Gobierno mantenga una ley que tiene unas consecuencias tan negativas para la igualdad del conjunto de los ciudadanos españoles.
Hoy es un día -lo han dicho algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- especialmente proclive para el acuerdo. Hemos conocido que el Gobierno de la nación ha decidido retirar un proyecto de ley o un anteproyecto -no sé
ya cuál era el título en este momento-, en este caso la del aborto, haciendo un gran servicio al consenso y a la sociedad en su conjunto; no solo a las mujeres, sino a la sociedad española en su conjunto. Ya que se van a poner rojos una vez, ¿por
qué no ponerse una vez rojos y no veinte colorados? Ya que el Gobierno de la nación consigue el consenso cuando retira las leyes, aprovechen. Díganle a su Gobierno que, ya que han conseguido el consenso de la Cámara retirando una ley, por el mismo
precio y el mismo día deroguen también esta, porque van a hacer un servicio público al conjunto de los ciudadanos. Ya que se ponen hoy rojos, ya está, se ponen rojos en un día solo, hacen un servicio público, hacen propósito de la enmienda,
reconocen que se equivocaron -porque yo no presupongo que ustedes quisieran hacer daño, se lo digo sinceramente, pero el hecho es que han hecho daño- se corrigen a sí mismos, derogan esa Ley de Tasas con todas las consecuencias negativas que ha
tenido y les felicitamos. Esta portavoz les felicita, honestamente. Si quieren hacemos una rueda de prensa con ustedes y les felicitamos por haberlo hecho.
En ese debate del 20 de diciembre de 2013 les dijimos que la ley solo tenía un afán recaudatorio, cosa que ustedes negaban, aunque habían puesto en la exposición de motivos que iban a recaudar 300 millones de euros. Les dijimos también que
utilizaban la crisis para recortar un derecho tan básico, tan esencial, como el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos españoles. Lo negaron. Ante eso que decía el ministro -yo diría que tres veces en su
intervención defendiendo la ley- de que tenía un eminente carácter social, en plan Alicia en el país de las maravillas -las palabras son lo que yo creo que son y lo que yo diga que significan-, les dijimos: como lo del carácter social no sea porque
por primera vez los trabajadores van a tener que pagar en el Juzgado de lo Social aunque sea en segunda instancia..., es el único carácter social que incorporaba la ley. Aunque no fuera más que por eso... Nos lo negaron. Pero la verdad es que ese
ha sido el único carácter social que ha tenido la ley. Les dijimos: va a provocar un recorte en un servicio público esencial. Frente a algunos que presuponíamos o que advertíamos que cabía que la ley fuera inconstitucional porque iba en contra de
algunas sentencias pasadas del Tribunal Constitucional, que en su espíritu lo era, el Gobierno y el Grupo Popular decían: no, es constitucional. Les dijimos: ¿y qué si es constitucional? Es injusta. Aunque fuera constitucional es injusta.
Vamos a dejar de dudar sobre si es o no constitucional, pero es injusta. Hoy podemos decir que ya se ha demostrado que es injusta, que no solamente era un riesgo, sino que evidentemente es injusta, ha hecho
daño al conjunto de los ciudadanos españoles. Ahora ya se pueden evaluar las consecuencias de la puesta en práctica de esta ley.
Efectivamente tenía un objetivo, se ha demostrado: recaudar y disuadir. Les dijimos: no se trata de disuadir a los ciudadanos de que accedan a la justicia en condiciones de igualdad. Se trata de facilitar el acceso a la justicia de los
ciudadanos. Se trata de facilitar la tutela judicial, no de lo contrario, de poner pegas, de poner problemas. Se trata de establecer un nuevo elemento en el que los ciudadanos sean tratados en condiciones de igualdad en algo, insisto, tan básico
como la justicia. Les dijimos que iba radicalmente en contra del artículo 24 de la Constitución española, el del acceso efectivo de los ciudadanos en condiciones de igualdad a la justicia. Nos dijeron a todo que no. Yo digo: a lo mejor se
despistaron, a lo mejor es que tenían buena intención pero malos juristas, a lo mejor es que tenían buena intención pero malos consejeros, a lo mejor es que les nubló la vista lo de la recaudación y pensaron que, si el objetivo era bueno, cualquier
fin valía, y como se trataba de cuadrar las cuentas... Ya les dijimos que así no se podían cuadrar las cuentas, que recortar derechos no era nunca justificable. Vale que se despistaron, vale que creían que las consecuencias de la ley no iban a ser
tan negativas. Pues ahora que ya se han dado cuenta, porque ahora no pueden decir que no se han dado cuenta -ustedes saben que lo que decimos es verdad, que no estamos haciendo propaganda, que lo que estamos haciendo es una evaluación correcta y
justa de las consecuencias de la ley, que no estamos exagerando las consecuencias que ya ha tenido-, ahora que ya no lo pueden negar, busquen el consenso, aunque sea retirándola. Acepten la proposición de ley que presenta el Grupo Socialista.
Provoquen el consenso retirando las iniciativas, aunque no sea más que así, porque será un buen día para la Cámara. Si ustedes retiran esta ley, que es mala para los ciudadanos, el Grupo Popular se apuntará un tanto a favor de los ciudadanos.
Déjennos que les ayudemos a sacar la pata -perdónenme la expresión- de donde la metieron. Déjennos que les ayudemos y hagan un servicio público. Contarán con el apoyo de todos nosotros.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, me he referido ya a esta anécdota, pero no me resisto a volver a recordarla. A finales del siglo XVIII, un llamado capitán Arana o Araña, depende si su origen era vasco o portugués, se dedicaba a llevar ciudadanos españoles a
luchar a las colonias. Los embarcaba y él salía del barco. Hoy he oído que la retirada de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo del Partido Popular no solo es un triunfo de las mujeres, sino que también es un triunfo del señor Rajoy,
actuando en este caso como el capitán Arana. Nosotros queremos felicitar a la ciudadanía española, queremos felicitar a las mujeres y queremos felicitar también, si es necesario, al señor Rajoy porque prevalezca el pluralismo moral en nuestro país
y porque no prevalezca un dogma religioso como ética civil. No lo compartimos y nos parece bien que, finalmente, se haya decidido retirar esta ley. El señor Gallardón no solo ha adoptado una iniciativa de estas características, que podríamos
denominar del género del propagandismo, sino que ha tomado también iniciativas muy concretas que tienen que ver con la justicia y que nosotros en este caso quisiéramos rechazar, fundamentalmente lo que podríamos llamar en términos de hace dos
siglos, en términos de Burnham, las tasas de la aflicción, las tasas que se aplican a una persona que se ve obligada a acudir a la justicia porque tiene un daño moral o un daño económico. Pues bien, el Gobierno ha decidido que esa persona no solo
pague sobre el daño, sino que, además, si no puede pagar sobre el daño, no tenga derecho a la justicia. Esa es la realidad de la política de tasas del Gobierno, dentro de lo que podríamos llamar una justicia de mercado muy diferente de la justicia
como servicio público.
Señorías, hay varias razones para pedir, de nuevo, la derogación de la Ley de Tasas, una Ley de Tasas que no ha cumplido con ninguno de los objetivos proclamados y que ha provocado un retroceso histórico en relación con la tutela judicial
efectiva. Porque el Gobierno anunció que esta tasa era fundamentalmente recaudatoria, y realmente el Gobierno ha tenido un magro resultado de la aplicación de esta tasa, quizás porque no era recaudatoria, quizás porque lo que pretendía esta tasa,
como he dicho antes, es limitar el acceso a la justicia a un colectivo económico y social muy importante de nuestro país. El Gobierno anunció, además, que esta finalidad económica era fundamentalmente compensatoria, es decir, que pretendía
financiar la justicia gratuita. Pues bien, después de todo este tiempo de aplicación de la Ley de Tasas, nada sabemos de la financiación de la justicia gratuita, nada sabemos de la financiación del turno de oficio, y para demostrarlo las
comunidades autónomas siguen pidiéndole al Gobierno que
ponga encima de la mesa la recaudación obtenida y que tenga en cuenta la necesidad de financiar esa justicia gratuita anunciada. Por tanto, podemos decir que también desde el punto de vista de las tasas en la justicia, el Gobierno y el
señor Gallardón han tenido un verdadero fiasco por resultado.
Señorías, la iniciativa contó con el rechazo unánime de todo lo que no fuera el Grupo Parlamentario Popular; con el rechazo del resto de los grupos parlamentarios de la Cámara, con el rechazo de los operadores jurídicos; en general con un
rechazo público muy importante. Nada le importó al Gobierno este rechazo público, sino que intentó soslayarlo mediante el real decreto, evitando los informes preceptivos, evitando el estudio económico, evitando la consulta a los afectados. En
definitiva, un nuevo ejemplo de cómo el real decreto no solamente anunciaba ya un fiasco sino que además fue un real decreto que no era urgente y que tampoco era necesario, sino que lo que pretendía era soslayar, evitar la participación de los
operadores y la participación de los ciudadanos. Otro milagro más de la transparencia del Gobierno.
En segundo lugar, señorías, en relación con el fondo de la cuestión, es un fondo de la cuestión especialmente grave porque, si bien inicialmente todos los grupos de esta Cámara criticamos la medida, esta tasa de aflicción -sobre la aflicción
que dice Burnham- porque significaba una dificultad prácticamente inexpugnable para llegar a la justicia, sobre todo determinados colectivos, la aplicación de la tasa es particularmente grave, porque estamos asistiendo no solamente a un obstáculo a
la igualdad ante la justicia por parte de los ciudadanos, estamos asistiendo a una interferencia procesal por parte del Ministerio de Hacienda en lo que es un derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. Es decir, si un ciudadano no
puede pagar la tasa no es que sea Hacienda la que le pida ese dinero que no ha pagado o la que negocie el plazo del pago; no, señorías, sencillamente Hacienda decide que no hay justicia, Hacienda decide interferir en el proceso judicial y negar la
tutela judicial efectiva a un ciudadano. Señorías, eso, en toda tierra de garbanzos, es la negación de la tutela judicial efectiva; esa es claramente una intervención arbitraria del poder político en la división de poderes, una intervención
arbitraria en la justicia y una muestra absoluta de inseguridad jurídica que no se puede permitir un país como el nuestro. Cuando hablan tanto de la inseguridad jurídica de países con un nivel menor de desarrollo de sus instituciones, nos
encontramos aquí con un caso flagrante de inseguridad jurídica por parte del Gobierno en esta llamada Ley de Tasas.
Señorías, también en esta materia yo llamo al Gobierno y al señor Gallardón, y si acaso también al capitán Arana, para que retiren esta iniciativa antes de que sea demasiado tarde. En este caso el rechazo ciudadano y el rechazo de los
operadores jurídicos preludia el rechazo del Tribunal Constitucional. Si no, vean ustedes la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la tasa judicial catalana, en la que no discute tanto la cantidad de la tasa como que en una tasa de carácter
estatal se le pudiera ocurrir a alguien interferir en el procedimiento. Eso lo dice el Tribunal Constitucional. Es decir, discute el ámbito competencial de Cataluña pero fundamentalmente viene a decir que lo que no puede hacer una tasa judicial es
ser un obstáculo insalvable para la defensa de la justicia, pero sobre todo lo que no puede hacer una tasa es interferir en el procedimiento, ser un elemento que interfiera o que vete el procedimiento judicial. Ante eso nos encontramos, señorías,
ante una tasa sobre la aflicción. Aquí lo mejor sería que el Gobierno, aparte de este periodo de rectificación tan positivo en que nos encontramos -el Gobierno rectifica, según el señor De Guindos, en relación con la política económica, rectifica
en su voluntad de reformar la Ley Electoral, ahora rectifica en la Ley de interrupción voluntaria del embarazo-, que además, en este caso, se produzca una retirada, la retirada de la tasa judicial o la propuesta ante esta Cámara de una iniciativa de
esas características. Si no es la propuesta ante esta Cámara, que sea el voto a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, el voto a la toma en consideración y la modificación de una Ley de Tasas que va más en el sentido de una
justicia de mercado que no de una justicia como servicio público.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la Ley 10/2012 nació sin consenso, nació con enmiendas a la totalidad de todos los grupos parlamentarios excepto del Grupo Parlamentario Popular, pero el consenso era absolutamente inexistente, y esa ley conculcaba la propia
Constitución. En estos momentos que tanto se habla de respetar la Constitución, yo me dirijo en este caso al grupo mayoritario pidiéndole que hoy voten a favor de esta proposición de ley, porque con ello vamos a contribuir a derogar una ley que
desde que entró en vigor en diciembre del año 2012 está conculcando la Constitución, está conculcando directamente el título
preliminar, los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico -dice la Constitución-, la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Pues bien, esta ley va directamente en contra del valor superior justicia. No
podemos proclamar una justicia en mayúsculas en un Estado de derecho si obstaculizamos el derecho a la justicia a través de una Ley de Tasas desproporcionada y desmesurada. Por tanto, la Ley 10/2012, de Tasas, atenta contra el propio artículo 1 de
la Constitución y atenta directamente contra un derecho fundamental.
La propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos dice que los derechos fundamentales son el parámetro que nos guía para velar por la constitucionalidad de cualquier norma. Una norma que atente contra un derecho fundamental es una
norma que no es adecuada a la Constitución, y está ley atenta directamente contra el artículo 24 de la Constitución, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Es una ley que se aparta de un derecho fundamental y, por tanto, está
conculcando la Constitución. Evidentemente, no es este diputado, que está haciendo uso de la palabra en nombre de Convergència i Unió, el que puede definir los parámetros de lo qué es o no constitucional, está pendiente de una sentencia, pero si el
Tribunal Constitucional es fiel a sus sentencias precedentes sobre este mismo asunto, va a declarar que es inconstitucional la Ley de Tasas cuya derogación se está proponiendo hoy a través de esta proposición de ley, y lo va a hacer porque en su
sentencia 20/2012 el propio Tribunal Constitucional afirmó dos aspectos importantes en el debate de hoy. Primer aspecto, las tasas son posibles. No es inconstitucional que existan tasas para aquel ciudadano que quiere acceder a lo que es también
un servicio público, que es la justicia. Lo que pasa es que -segundo principio- nunca estas tasas pueden ser desmesuradas, nunca estas tasas pueden ser desproporcionadas, nunca esas tasas pueden obstaculizar ese derecho a la tutela judicial
efectiva. Por tanto, si somos fieles a esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su sentencia 20/2012, debemos presumir que el Tribunal Constitucional fallará en contra de una ley, en este caso la Ley 10/2012, de Tasas, que ha sido
recurrida no únicamente por los Gobiernos autonómicos con competencias en el ámbito de la Administración de Justicia, como Cataluña, el País Vasco, Andalucía y el resto que no pudieron articular ese recurso porque tienen mayorías del Grupo Popular
pero seguro que lo hubieran hecho; no únicamente se ha recurrido también desde el ámbito parlamentario, es que se han realizado cuestiones de inconstitucionalidad desde la propia Audiencia Nacional, que paraliza procesos en curso diciendo: esta
ley puede ser inconstitucional, por tanto paralizo el proceso y que sea el Tribunal Constitucional el que se pronuncie al respecto a través de una cuestión de inconstitucionalidad. Ha sido contestada, por tanto, desde el ámbito autonómico y desde
el político, pero también desde el propio judicial; igualmente ha sido contestada desde el conjunto de operadores jurídicos. Estamos dañando ese derecho a la tutela judicial y, con ello, lesionando un conjunto de profesiones jurídicas que anhelan,
desean, piden poder desarrollar su trabajo de acuerdo con unos parámetros fiables, proporcionados y que al final realmente permitan realizar esa defensa jurídica de sus clientes, esa llevanza de los asuntos que una ley como la aprobada a finales de
2012 dificulta.
Podríamos aportar muchos datos. ¿Cuál ha sido al final la repercusión más directa de la Ley de Tasas de 2012? Si analizamos el primer trimestre entero de vigencia de esa ley, que es el primer trimestre de 2013, veremos que con la
aplicación de esa nueva Ley de Tasas solo en el ámbito contencioso-administrativo el número de litigios disminuyó un 21 %, y en ese mismo periodo en el ámbito civil el número de litigios disminuyó un 14 %. Alguien se puede frotar las manos
diciendo: bien, vamos a tener menos litigiosidad. No, vamos a tener más ciudadanos que consideran que esas tasas excesivas son una barrera para acceder a un derecho a la tutela judicial efectiva que les reconoce la Constitución. Así pues, el
efecto final ha sido alejar al ciudadano de la justicia, por tanto conculcar ese artículo 1 de la Constitución, conculcar ese artículo 24 de la Constitución, así como la distribución de competencias en el ámbito de la Administración de Justicia. La
mayoría de las comunidades autónomas tienen transferidas la competencia de la administración de la Administración de Justicia. En la gran mayoría de los casos son ellas, las comunidades autónomas, las que tienen la atribución de poner los medios en
los juzgados, de tener a punto los edificios, de pagar al personal que trabaja en los juzgados. Las comunidades autónomas que tienen esas competencias están aún esperando que se pueda atender, por el artículo 11 de la Ley de Tasas, la compensación
directa por la asistencia jurídica gratuita; una vinculación que ese artículo 11 establece y que la aplicación práctica vía presupuestos ha ignorado totalmente. Se deja a las comunidades autónomas absolutamente al margen de esa Ley de Tasas sin
recibir los medios, las transferencias que necesitan. Por tanto, para muchísimos ciudadanos se obstaculiza el valor superior de la justicia, se niega el derecho a la tutela judicial efectiva o se conculca, ya que no pueden presentar esa demanda por
el exceso de la tasa que previamente van a tener que
pagar. Se conculcan también las competencias autonómicas, se lesiona a los operadores jurídicos y en conjunto se da la razón a todas esas formaciones políticas que, cuando se presentó sin consenso ese proyecto de ley, ya lo advertimos, ya
lo expusimos, ya defendimos aquí las enmiendas a la totalidad. Se lo advertía yo ahora a la diputada Surroca, que intervino en el debate a la totalidad del proyecto de ley defendiendo entonces la enmienda que presentó el Grupo de Convergència i
Unió. Les decíamos entonces: Frenen este proyecto de ley, abran una negociación desde el consenso.
Hoy mismo hemos observado cómo otro proyecto de ley, que aún no se había aprobado de forma definitiva por el Gobierno y regulaba modificaciones en la ley sobre la interrupción del embarazo, se ha aparcado, entre otras muchas razones, porque
no existía el consenso necesario. Esa apelación al consenso, a intentar que leyes importantes salgan con mayorías que legitimen después su aplicación es la que hoy les hace Convergència i Unió. Hagan un reset. Hagamos un reset respecto a las
tasas, derogando la ley de 2012, respetando las leyes -además, muy comedidas- que han realizado en este ámbito las comunidades autónomas siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; evitemos la doble imposición de tasas -estatales y
autonómicas- para acceder a la justicia y hagamos una normativa que sea de consenso, que ayude a los operadores jurídicos a cumplir su labor profesional y también al final al ciudadano que quiere acceder a la tutela judicial efectiva, tal como le
reconoce el artículo 24 de la Constitución como derecho fundamental.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Escudero.
La señora ESCUDERO BERZAL: Señor presidente, señorías, falta más de un año para que sean las elecciones generales pero el Partido Socialista ya está en campaña; falta más de un año para las próximas elecciones generales y el Partido
Socialista ya ha dejado de trabajar por los españoles, si es que en algún momento en estos tres años lo ha hecho -me remito a las hemerotecas de estos años-. Uno pone Partido Socialista Obrero Español en Internet y sale en todos los periódicos
quién se va, quién viene, cuándo se van, cuándo vienen, si ahora manda este, si ahora manda otro. (Rumores). Todas las noticias que aparecen son sobre personas y sobre puestos o cargos, pero pocas sobre programas o ideas. (La señora López i
Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.-Protestas). Solo hay que mirar a las gradas de Grupo Socialista para ver lo que les ha preocupado en estos tres años, cómo han ido cambiando de filas. (La señora Pérez Domínguez pronuncia palabras que
no se perciben.-Aplausos.- Protestas). Ahora que parece que ya están todos tan colocaditos y que, al menos, por un tiempo ustedes no se van a mover, los que están aquí abajo... (Rumores y protestas.-La señora López i Chamosa pronuncia palabras que
no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, silencio.
La señora ESCUDERO BERZAL: ... en lugar de centrarse en abordar los problemas de los ciudadanos y proponer soluciones, intentan deshacer en vez de hacer y destruir la labor del Gobierno y de este Parlamento en vez de construir. No importan
los problemas de la sociedad española, lo que importa es que ya estamos en campaña y pretenden paralizar a un Gobierno y a un Parlamento además de -lo más importante- a la sociedad española en un momento en el que no hay tiempo que perder para
seguir en el camino ya iniciado de la recuperación.
Supongo que como estrategia electoral hoy le ha tocado el turno a la Ley de Tasas. Después vendrá la proposición de ley de derogación de la Lomce, la proposición de ley de derogación de la reforma laboral, la proposición de ley de
derogación de la reforma fiscal; así podría enumerar muchas más. Supongo también que estarán asesorados por grandes empresas de márquetin, márquetin electoral pero no márquetin para dar propuestas y soluciones a los verdaderos problemas de los
españoles. Proponer hoy la derogación de una ley que lleva escaso periodo de aplicación, que impide una evaluación seria, razonable, ordenada y con sentido común en cuanto a sus efectos, solo puede considerarse márquetin electoral. Permítanme una
recomendación, señorías: revisen lo que están haciendo. Señores diputados del Grupo Socialista, con esta proposición de ley de derogación les están diciendo a los españoles que todas las reformas que este Gobierno ha hecho y que se han aprobado en
las Cortes Generales ustedes quieren que se eliminen, que desaparezcan. Ayer, el presidente del Banco Central Europeo decía que España se ha convertido en un modelo de reformas para consolidar la salida de la crisis, sin embargo
ustedes quieren que todo el esfuerzo, que todo el sacrificio que han hecho los españoles para salir del pozo en el que el anterior Gobierno socialista nos metió sea borrado, sea tirado por la borda y que volvamos -supongo- a las políticas, a
la forma de hacer del Grupo Socialista, que por la crudeza de la crisis en que nos dejó no es buen ejemplo a seguir. Quieren que volvamos a las políticas del derroche y del despilfarro, a las políticas del todo gratis y de la subvención; quieren,
en definitiva, deshacer todo lo que se ha hecho, todo lo que nos ha costado a todos tanto, con la misma irresponsabilidad y con la misma falta de respeto por lo público y por la ciudadanía que mostraron durante los años de gobierno socialista.
Exponen en su proposición de ley -cito literalmente- que no es admisible que se pretenda mejorar la tendencia de asuntos en juzgados y tribunales por la vía de incrementar los costes de los procedimientos ni que se intente trasladar a la ciudadanía
la responsabilidad de la situación en que se encuentra la Administración de Justicia. Con el máximo respeto, señorías, solo un figura del Partido Socialista podía decir esto. Lo que no es admisible, señorías, es derrochar, dilapidar el dinero
público, ese que es de todos aunque seguro que todos recuerdan a la ministra socialista que dijo que no era de nadie. Es inadmisible no solo dejar la caja vacía sino con mucha, muchísima deuda y ocultarlo, y luego decir que pobrecitos los
ciudadanos y que no se puede cargar sobre ellos. No es admisible poner en peligro la totalidad de los servicios públicos, como hicieron ustedes, incluido el de justicia, pero cuando se está empezando a levantar cabeza intentan deshacer las medidas
que están consiguiendo que avancemos hacia un futuro esperanzador, siendo conscientes de que aún nos queda mucho por recorrer.
Sobre el tema de las tasas judiciales ya se ha debatido en esta Cámara en multitud de ocasiones: en el debate de la Ley de Tasas de noviembre de 2012, en el debate del real decreto-ley de febrero de 2013 y en más de siete preguntas escritas
y orales entre el Congreso y el Senado. Son ustedes perfectamente conocedores de la posición de este grupo parlamentario sobre la cuestión que hoy nos plantean, de ahí mi extensa introducción. Solicitan la derogación de las tasas judiciales
establecidas en la Ley 10/2012 porque entienden -resumiendo- que vulneran la tutela judicial efectiva, impidiendo que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales de justicia para la defensa de sus intereses legítimos por carecer de recursos para
poder sufragar la excesiva cuantía de las tasas. Hoy piden la derogación de esta ley, pero además ya han planteado sendos recursos de inconstitucionalidad contra la ley y el real decreto-ley por este motivo.
Mi grupo parlamentario considera, al igual que lo hace el Gobierno, que las dos normas que regulan las tasas judiciales en modo alguno vulneran o atentan contra el derecho a la tutela judicial efectiva y que nadie que necesite acudir a un
tribunal de justicia para la defensa de sus intereses se verá impedido por ello. Estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad de las tasas porque, como muy bien saben y ha reiterado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional,
la justicia puede ser declarada gratuita, pero la justicia no es gratis; las tasas son un medio para sufragar una parte del coste de la Administración de Justicia, ese que ustedes con su gestión pusieron en peligro. Por ello el Gobierno presentó
un proyecto de ley de tasas que fue aprobado en noviembre de 2012 y posteriormente presentó un real decreto-ley aprobado en febrero de 2013, por el que se modificó el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de
asistencia jurídica gratuita -de esto hoy aquí no ha hablado absolutamente nadie-, al poner de manifiesto en la aplicación de la ley la posibilidad de que se produjeran casos concretos e individualizados en los que la cuantía fijada en la tasa
pudiera resultar excesiva, y se corrigieron. Por ello, y con el fin de eliminar esos supuestos, se aprobó su modificación a través del real decreto-ley con novedades muy importantes, que ustedes parecen obviar, como fue elevar los umbrales de renta
para poder acceder a este derecho -que personas que por sus ingresos anteriormente no podían acceder nunca a la justicia gratuita ahora van a poder hacerlo-; además, se amplió el ámbito a nuevos supuestos, con independencia de su nivel de ingresos,
como bien saben: las víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, así como para quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación
laboral o profesional habitual. Igualmente se redujo la cuantía de las tasas para las personas físicas y se introdujeron otras reformas puntuales de especial interés que conocen, pero de lo que no quieren hablar, y no voy a relatarles.
Señorías, que quede muy claro, las nuevas tasas no representan ningún obstáculo al acceso a la tutela judicial efectiva. Ustedes saben que en el orden penal, que representa aproximadamente el 72 % del total de los procesos judiciales en
España, no hay tasas. Esto quiere decir que de diez procesos se pagan las tasas en tres; repito, en tres. Esto no lo han dicho. Tampoco las hay en la primera instancia del orden social, en donde las empresas ya pagaban tasas; y en la segunda
instancia para los recursos de
suplicación y de casación interpuestos por los trabajadores con el real decreto-ley se redujo su importe en un 60 %. Por ello, en todos estos casos, señorías, no hay ningún condicionamiento nuevo en el acceso a los tribunales, que supone
casi el 85 % de los procesos que se están solventando en nuestros tribunales de justicia; el 85 %, y nos están hablando aquí de un 15 %. Se legisla para la generalidad, para la mayoría, no para la minoría. De manera que solo estamos hablando de
la jurisdicción civil y contenciosa. En estos casos las tasas afectan a los ciudadanos, que fuera de las exenciones reconocidas en la ley -que hay unas cuantas y de las que tampoco les interesa hablar- deberán pagar una tasa que supondrá en torno
al 10 % de la cuantía del proceso, lo que sitúa a España por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Les recuerdo que los ciudadanos pagan en Alemania un 44 % y en Austria el cien por cien del coste de la Administración de Justicia.
Como he dicho antes, la justicia comporta un coste que deben sufragar a mayores los justiciables que más se beneficien de este servicio público, sin que podamos confundir acceso a la tutela judicial efectiva con justicia gratuita. Me ha llamado la
atención que a ustedes les preocupa mucho que el número de pleitos se haya reducido. Es igual que si vinieran aquí y dijeran que les preocupa mucho que el número de accidentes de tráfico haya disminuido. Estos datos nos alegran: que se reduzca el
número de pleitos ante los tribunales de justicia y que se reduzca el número de accidentes de tráfico. De todas formas, señorías, si se reduce el número de pleitos, la culpa es del Partido Popular porque legisla mal; si aumenta el número de
pleitos, la culpa es del Partido Popular porque legisla mal. Aclárense, porque pedazo de argumento el que dan ustedes.
Termino con sus propios adjetivos. Lo que no es admisible, señorías, lo que es inadmisible es jugar con la gente, con su sacrificio, con su sufrimiento, con su puesto de trabajo, con su salud, con su educación, con su pensión, en definitiva
jugar con la dignidad, con la madurez y con la solidaridad de un pueblo. Señorías del Grupo Socialista, esto es lo que ustedes empiezan a hacer hoy y lo que desgraciadamente -no me cabe ninguna duda- seguirán haciendo. Será márquetin electoral,
señorías, pero no es márquetin de trabajo ni tampoco de compromiso, y desde luego no es lo que necesita ni España ni los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Escudero.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS EMPRENDEDORES SOCIALES. (Número de expediente 122/000119).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Catalán de Convergència i Unió de apoyo a las actividades de los emprendedores sociales. Para su defensa tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna para defender esta proposición de ley de apoyo a las actividades de los emprendedores sociales. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Este planteamiento que hoy expresa Convergència i Unió
con esta iniciativa, y que el señor Sánchez i Llibre ya tuvo ocasión de defender en la Ley del Emprendedor que se tramitó hace un año, creo recordar -alguien me señalaba que justamente celebramos un año de la aprobación de aquel proyecto de ley-,
pretende movilizar todas las energías de la sociedad para hacer frente a viejos y nuevos problemas. Estamos hablando de poner en marcha nuevos instrumentos que nos sean útiles para combatir el desempleo de los jóvenes, facilitar la inserción
laboral de las personas en riesgo de exclusión social, favorecer la eficiencia energética, favorecer la financiación del tercer sector, favorecer el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en las personas en riesgo de exclusión
social, luchar contra el fracaso escolar. Lo hacemos además reconociendo la existencia de empresas con vocación social; empresas, que están convencidas de que desde la lógica del mercado, desde la de la actividad de tipo mercantil pueden
combatirse esos problemas, y al mismo tiempo estamos reconociendo la existencia de esas empresas. Señorías, al margen de que hoy tomemos o no en consideración esta iniciativa, en nuestra realidad, en Barcelona, en Madrid, existen ya empresas que se
reclaman en los términos que formula esta iniciativa. Lo que nos están reclamando a este Parlamento en Barcelona -Up Social nos lo planteó a los candidatos que nos presentamos a las elecciones en 2010- es que seamos capaces de construir una
política pública de apoyo a esta realidad. Hoy esta iniciativa de Convergència i Unió no se inventa nada, simplemente aspira a crear un marco legal que reconozca esta realidad.
Como les decía, partimos del hecho de que desde una actividad empresarial orientada al mercado, ofreciendo bienes y servicios al mercado, podemos hacer frente a problemas sociales. Señorías, se trata
no de contraponer la empresa mercantil a la de la economía social, sino de ser capaces de reconocer que hay personas que aspiran a combinar lo mejor de estos dos mundos: el de la lógica capitalista -en el sentido más descriptivo de la
propia realidad de lo que es una empresa- y el de la lógica de lo que históricamente ha sido la economía social. Estas personas pretenden combinar lo mejor de lo uno y de lo otro. Con la propuesta que formulamos en esta proposición de ley, que es
reconocer una nueva denominación de sociedad limitada, hacemos un planteamiento de carácter híbrido que se mueve, en esa zona de los grises, entre lo mercantil y lo social; planteamiento híbrido que está muy vinculado también a un concepto que en
los últimos tiempos ha ido emergiendo no tan solo en el Estado español sino en Europa, en Estados Unidos o en Canadá, que es el de la innovación social. Se trata de aquellas medidas que tienen capacidad de introducir cambios mirando de manera
distinta los problemas y apostando por nuevas formas de hacerles frente. Ahí si me permiten, señorías, les sugiero que en el debate que tengamos esta tarde y en el que ojalá podamos tener en los próximos meses, si se toma en consideración esta
iniciativa, nos aproximemos sin la menor carga de prejuicio, sin suponer que no se pueden hacer cosas distintas sino que siempre las tenemos que hacer de la misma manera.
Además, esta propuesta que hoy formulamos pretende dar a las personas más libertad de acogerse a diversas formas jurídicas para hacer empresa y desde ella poder hacer frente a problemas sociales. No planteamos esta iniciativa en contra de
nadie ni como alternativa a nada, sino como una opción más que puedan tener los ciudadanos que crean que ese es su modelo de hacer empresa, su modelo de combatir problemas sociales. Estamos convencidos de que muchas de las personas que apoyan esta
iniciativa hoy desean tener un marco legal más flexible, porque a menudo la regulación de las formas jurídicas de fundación o asociación en las que han trabajado -formas jurídicas no estrictamente pensadas para operar en el mercado- dificultan la
actuación ante terceros operadores en términos de flexibilidad y de rapidez para responder a las nuevas demandas del mercado. Recordemos, por ejemplo, que nuestra legislación fundacional tanto en el ámbito estatal como en los autonómicos es muy
estricta, y así debe serlo. Al mismo tiempo se trata de iniciativas que a menudo, especialmente cuando quieren crecer, tienen dificultades para acceder a capital y a financiación, porque las formas jurídicas clásicas de la economía social tampoco
están pensadas para la incorporación a esa empresa de un socio con recursos económicos.
En el origen de esta iniciativa de Convergència i Unió figuran algunas experiencias vividas en Cataluña en los últimos tiempos de empresas de la economía social clásica que no han tenido más remedio que ir a fórmulas de carácter mercantil,
porque tienen dificultades para acceder al capital, para acceder a financiación. También existe la convicción -eso nos llevaría a otras reflexiones- de que a menudo para determinados operadores de los mercados una forma mercantil, una sociedad
limitada, da más seguridad; esto no es porque las formas de la economía social no la tengan sino quizás por desconocimiento de ese propio operador. Finalmente -nos comentaban que estos días el propio G-8 ha creado una task force en esa dirección-,
hay necesidad de desarrollar medidas capaces de captar capitales para ser utilizados en políticas, en decisiones que tengan impacto social, de transformación de realidades concretas desde la actividad económica.
Les decía que el contenido de esta proposición de ley en términos jurídicos no deja de ser una propuesta modesta, porque no optamos por crear una nueva forma jurídica sino una nueva denominación a la que pueden acogerse las personas que
apuesten por este modelo; se trataría de una sociedad limitada de interés general, en el marco de las sociedades mercantiles, que tendría como principal característica por un lado la definición de un determinado objeto social -el desarrollo de una
actividad económica con el objeto de reducir o transformar una necesidad social concreta, y señalamos lo que entendemos por esa necesidad social concreta- y por otro un compromiso estatuario de los fundadores de esa sociedad de perseguir el interés
general de la sociedad. Quienes afirmen tener vocación de constituir esa sociedad se comprometen a esos objetivos, a ese impacto social, a hacer frente a ese problema social.
Establecemos también una limitación en el reparto de beneficios de esta empresa, tan solo un 30 %. No apostamos estrictamente por una limitación de los sueldos de los directivos de esta empresa, pero establecemos una obligación de
transparencia de los sueldos superiores a los 40.000 euros anuales para esos directivos. Asimismo, incorporamos unos compromisos de transparencia muy claros relativos a aquello que esa empresa debe de informar. Por tanto, sería una empresa de
carácter mercantil pero con vocación social que debe expresar la voluntad de lucha contra determinados problemas sociales vinculados al interés general, con limitaciones en términos de remuneración, en términos de beneficios y compromisos en materia
de transparencia. Todo ello debe ir acompañado de una política de apoyo fiscal que favorezca
la irrupción de estas empresas tanto en términos del impuesto con el que tributan como del tratamiento fiscal de las donaciones que puedan recibir especialmente en relación con los inversores de proximidad.
Esta iniciativa forma parte de la lógica de la innovación social, porque en los últimos cuatro o cinco años en las políticas públicas, no tan solo en el Estado español o quizás en el Estado español con un cierto retraso, nos llegan
movimientos nacidos en Reino Unido, en Estados Unidos, en Suecia, hoy también en Francia y en los países escandinavos que parten de la idea de que es posible combinar instrumentos de la lógica de mercado con objetivos de carácter público; o, al
contrario, que desde una política de contratación pública sea posible alcanzar objetivos sociales más allá de la lógica estrictamente del coste económico de la contratación -discutimos hace unas pocas semanas otra iniciativa de Convergència i Unió
para favorecer la contratación pública responsable-; o la lógica de la valoración del impacto social y económico de la inversión pública o de las políticas sociales bajo los instrumentos del Social return on investment (SROI). Son nuevas
realidades que van emergiendo. La empresa social, el emprendedor social, la sociedad limitada de interés general responde a esa realidad. Les decía que se produce al margen de lo que podamos hacer nosotros. En nuestro país, en Cataluña, funciona
desde hace unos cuantos años un laboratorio de experiencias y de promoción de estos planteamientos, el UpSocial, que algunos de nosotros conocemos. Esade y el BBVA vienen favoreciendo este tipo de planteamientos a través del Momentum Project.
Precisamente la experiencia del Momentum Project nos traslada el problema de que empresas sociales con formas jurídicas no de carácter mercantil cuando tienen oportunidades de acceder a la financiación su forma jurídica no les permite acceder al
capital y les hace difícil crecer y, por tanto, les hace menos eficaces y menos eficientes en términos de los objetivos que buscan. O el Ship to be, otro laboratorio de experiencias en Barcelona que promueve nuevos proyectos empresariales que se
mueven en esa dirección. Por tanto, lo que les estamos solicitando es que acompañen a la sociedad en esa demanda de tener un marco legal que haga posible aquello que los ciudadanos esperan hacer posible, que no se aproximen a esta discusión desde
el prejuicio de pensar que desde lo mercantil no se puede resolver un problema social o que tan solo se puede hacer economía social desde las fórmulas societarias clásicas de la economía social. Esta iniciativa la hemos podido compartir con Cepes,
que es la patronal de la economía social en el conjunto del Estado, y hemos compartido el diagnóstico y la cuestión de fondo porque además, señorías, la iniciativa que les planteamos forma parte también de los discursos, de las ideas que la Comisión
Europea y actores públicos y privados de toda Europa están promoviendo. La Comisión Europea de nuevo va a celebrar un encuentro -creo recordar que en Estrasburgo dentro de muy pocos meses- recogiendo este tipo de planteamientos.
Por otro lado, en el trámite que estamos -que es el trámite de la toma en consideración de una proposición de ley- es razonable que los grupos expresen sus dudas en términos de los estímulos fiscales que figuran en esta iniciativa; es
razonable que los grupos puedan formular sus dudas, sus discrepancias o sus críticas en relación con la propuesta concreta en términos jurídicos que señala Convergència i Unió en su texto; es lícito -faltaría más- que alguien pueda decir, señores
de Convergència i Unió, no nos mezclen figuras del ámbito mercantil y figuras del ámbito de la economía social, no nos lo mezclen. Son cuestiones, críticas y comentarios más que legítimos, los imprescindibles en un debate parlamentario. Pero,
señorías, hoy estamos en la toma en consideración de una proposición de ley y les invitamos a abrir ese debate, pero a abrirlo de la mejor manera posible, que es optando por dar el sí a este texto y, una vez abierta la discusión en la Cámara, ser
capaces de alcanzar un acuerdo que nos permita que cuando dibujemos la economía social en el Estado español, junto con cooperativas, con fundaciones, con asociaciones...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.
... junto con centros especiales de empleo y con empresas de inserción, tengamos también la sociedad limitada de interés general. La sociedad se mueve en esa dirección, Europa se mueve en esa dirección y nosotros también debemos movernos en
esa dirección.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta.
Señorías, para nuestro grupo esta es una iniciativa que vamos a apoyar y lo vamos a hacer por varias razones. Creemos que la figura del emprendedor social posee un doble objetivo: por un lado, constituye un factor de generación de empleo,
y por otro, constituye un factor de mejora de la calidad de vida en colectivos vulnerables, mejorando el crecimiento económico en ese ámbito y por proyección también en el conjunto de la economía. Además, posee el aval de la Comisión Europea que ha
destacado que el emprendedor social debe ser visible y apoyado en el mercado. Existe también un proyecto de elaboración de una directiva que defina mejor los perfiles de la economía de iniciativa social y del emprendimiento, y en su seno estamos
ante una realidad que emplea a más de 11 millones de trabajadores en la Unión Europea y con porcentajes de la población activa del 7,5 % en Finlandia, del 4,1 % en Bélgica, del 5,7 % en Reino Unido o el 3,3 % en Italia.
Las empresas de iniciativa social, dado el fuerte compromiso personal de sus empleados, ofrecen mejores condiciones de trabajo y el impacto de su actividad es positivo para la sociedad, ya que sus objetivos empresariales no se limitan a
maximizar los beneficios, sino que buscan dar respuestas a problemas y demandas sociales. Las propuestas y demandas sociales que atienden se concretan en que estamos ante empresas cuyo objeto social es desarrollar una actividad económica con el fin
de reducir o transformar una necesidad social concreta, proporcionar productos y servicios a colectivos vulnerables, promover oportunidades económicas para ciudadanos en riesgo de exclusión social y preservar y mejorar el medio ambiente. Estas
empresas de iniciativa social y los emprendedores sociales complementan de forma conceptualmente más clara las actividades de las empresas de economía social previstas en la Ley 5/2011, fundamentalmente cooperativas y sociedades anónimas laborales
que, con sus características, no dejan de ser empresas mercantiles, incorporando los emprendedores sociales como elemento individualizador el sistema de reparto de dividendos, de manera que en cada ejercicio solo podrá repartirse el 30 % del
beneficio obtenido, siendo obligatoria la reinversión del 70 % como garantía de la creación de un valor social. Con el fin de proteger a los inversores minoritarios y evitar que la sociedad limitada de interés general se utilice incorrectamente,
cualquier modificación estatutaria que suponga la pérdida de los rasgos característicos se debe acordar a través de una mayoría reforzada del 80 %, y en aras de impulsar la transparencia de estas sociedades formará parte del consejo de
administración por lo menos un consejero totalmente independiente tanto del equipo de gestión como de los socios, resultando obligado que el consejo de administración deba elaborar un informe anual que se pondrá a disposición de todos los socios.
Las medidas que propone esta proposición de ley para incentivar este tipo de sociedades son de carácter tributario. En concreto, se plantea que tributen por las actividades económicas que realizan a un tipo reducido del 28 % o 22 % en
relación con la base imponible que obtengan. En relación con el inversor de proximidad o business angel en las diferentes modalidades de empresa social se regulan diferentes incentivos fiscales para el inversor de proximidad: serían del 30 % por
el capital aportado o por el préstamo participativo suscrito, sea en el IRPF o en el impuesto sobre sociedades. Los inversores de proximidad tendrán derecho a aplicarse una reducción de 1.500 euros anuales por los dividendos e intereses percibidos.
Los anteriores incentivos tributarios se articularán, en nuestra opinión, sin perjuicio de las previsiones consignadas en el Concierto Económico para el País Vasco y el Convenio Económico para Nafarroa. De la misma manera que el artículo 129.2 de
la Constitución obliga a los poderes públicos a promover mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas, resulta incuestionable hoy en día la necesidad de promover la actividad de quienes se comprometen no solo a obtener beneficios
económicos para trasformar la sociedad: las benefit corporation o las low-profit limited liability company en Estados Unidos, las community interest company en el Reino Unido o la impresa sociale en Italia. Este tipo de empresas son las que se
pretenden visibilizar por medio de esta proposición de ley de forma muy pertinente en nuestra opinión y por ello, desde el Grupo Vasco, votaremos favorablemente esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Aspiazu.
Por Unión Progreso y Democracia, el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
Desde esta tribuna a menudo tenemos ocasión en los debates de llamar la atención sobre los graves problemas sociales que aquejan a nuestro país: la creciente pobreza, la creciente exclusión social, y a mi grupo le parece no solo legítimo,
sino deseable, que para combatir estos problemas sociales, junto a la
acción de las administraciones públicas, llamemos también en nuestra ayuda a la acción espontánea de la sociedad. No se resuelven solo estos problemas con políticas públicas, sino también con la acción de la cada vez más importante economía
social que hay en nuestro país. Es cierto que en nuestro país ya existe una ley regulando y promoviendo este tipo de actividades, la Ley 5/2011, de Economía Social, que contempla diversas figuras jurídicas -fundaciones, asociaciones, cooperativas-
para promover esta actuación espontánea de la sociedad en la resolución de los problemas sociales. Pero también nos parece legítimo lo que se propone en esta proposición de ley, que es perfeccionar esa ley, incluir una nueva figura jurídica que no
existe todavía en nuestro país, pero sí existe ya en países como Estados Unidos, el Reino Unido o Italia. Esa nueva figura jurídica que perfeccionaría nuestro panorama es la llamada sociedad de responsabilidad limitada de interés general.
En esta proposición se perfila lo que deberían ser esas sociedades. En primer lugar, su objeto social: deben perseguir objetivos de interés común, ocuparse de cuestiones como la exclusión social o el medio ambiente. Se regula también toda
una batería de incentivos para promover su creación: incentivos en la propia sociedad, que tributaría a un tipo reducido, e incentivos para los inversores de proximidad que aporten recursos a esa sociedad, que tendrían deducciones de distintos
tipos al realizar la aportación o al cobrar los dividendos o en el caso de sufrir pérdidas. Junto a esa definición de las sociedades y esta batería de estímulos fiscales, la proposición incorpora también algunas cautelas. Por ejemplo, limitar el
reparto de dividendos -no se puede repartir más del 30 % anualmente-, dificultar los cambios de los estatutos -tiene lógica, porque si estas sociedades pierden su objeto social dejan de merecer estas ayudas que se les otorgan- y promover que haya
consejeros independientes en el consejo de administración. ¿Cuál sería la ventaja principal de todas estas propuestas? En nuestra opinión, la principal ventaja de este nuevo tipo de sociedad sería facilitar la captación de fondos en forma de
capital o préstamos y, por tanto, movilizar más recursos que otro tipo de figuras en la lucha contra los problemas sociales que nos aquejan.
Nosotros no compartimos al cien por cien la propuesta. Ya el señor Campuzano se anticipaba a las posibles críticas que legítimamente se pudieran hacer a la proposición de ley. Efectivamente, en nuestra opinión, hay muchas cosas mejorables
en esta propuesta, hay muchas imprecisiones. Por ejemplo, la definición del objeto social. Se nos dice que promueva el medio ambiente. Pero es que puede haber grandes empresas energéticas que digan: yo estoy promoviendo el medio ambiente. Se
nos dice que produzcan bienes y servicios que estén al alcance de colectivos vulnerables. Un fabricante de pan o de bienes de primera necesidad podría decir: yo soy una empresa incluida en esta definición. En nuestra opinión, habría que perfilar
la definición. Lo mismo sucede con los cambios en los estatutos que hagan perder la condición de sociedad que recibe este tipo de ayudas. ¿Cuáles son los rasgos esenciales que si los cambiamos hacen que la sociedad pierda su condición? Los
propios incentivos fiscales que se nos proponen pueden ser discutidos. ¿Son estos los más adecuados? ¿Son suficientes? ¿Son excesivos? Incluso echamos en falta una limitación en las remuneraciones de los directivos y consejeros de estas
entidades que ponga en relación las remuneraciones que puedan recibir con alguna variable que recoja el tamaño o los recursos de que disponen estas sociedades.
Pero, como también apuntaba bien el señor Campuzano, no estamos votando ya una proposición en su versión final, sino preguntándonos si hay que tomarla en consideración, si hay que iniciar su tramitación. Para nosotros la respuesta es
claramente que sí, porque se nos propone introducir una nueva figura jurídica que, como digo, ya existe en otros países y que promovería el emprendimiento social. Todas estas imprecisiones e inexactitudes se podrían corregir en el trámite que para
eso está pensado. Por tanto, el voto de mi grupo será sí a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Aprovecho para comentar al final de la intervención que vemos con agrado al partido proponente en esta faceta constructiva. En estos tiempos históricos que vivimos de división, de propuesta de creación de barreras que separen a unos
conciudadanos de otros, como si tuviésemos que defendernos unos de otros detrás de alguna muralla, nosotros seguimos pensando, y creemos que este tipo de propuestas lo demuestran, que en el fondo buena parte de los problemas que nos aquejan son
problemas comunes y que podemos resolverlos mucho mejor si los resolvemos juntos, intentando evitar esos radicalismos que hoy parecen estar tan de moda.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo, la Izquierda Plural, comparte con el grupo proponente de CiU la necesidad de potenciar la tarea de los emprendedores sociales. Las razones son muchas. Las que queremos destacar son las siguientes. Se trata de impulsar un
sector que tiene una doble capacidad, la de generar el empleo y, al tiempo, la de hacerlo mientras aborda, cubre, da satisfacción a necesidades sociales de primera magnitud. También, porque en estos momentos los emprendedores sociales se están
topando con importantes dificultades para desarrollar su función social. Quiero recordar algunas, especialmente la falta de recursos públicos y políticas sociales de los que los emprendedores sociales suelen ser muy dependientes para el desarrollo
de sus actividades, porque solo garantizar esas necesidades a partir de que las quiere comprar en el mercado, sin duda, eso es materialmente imposible, además de injusto. En segundo lugar, por la falta de financiación de sus proyectos, lo que
durante esta crisis está hundiendo a innumerables entidades que están desarrollando tareas a veces con esfuerzos hercúleos en el emprendimiento social. Son dificultades de financiación que comparten con otras situaciones empresariales como la
pequeña y mediana empresa y los autónomos. Pero en el caso de los emprendedores sociales es mucho más virulenta esa dificultad. También porque se está produciendo un comportamiento del sector público en la adjudicación de servicios que prima en
muchas ocasiones a los grandes grupos transnacionales en detrimento de estos emprendedores sociales que llevan mucho tiempo desarrollando actividades de cobertura de servicios públicos y son expulsados por las leyes del mercado impulsadas al mismo
tiempo por cambios legislativos. Eso sucede en muchos sitios de España, y en concreto también en Cataluña, como consecuencia de la acción del Gobierno de CiU. Y también porque es evidente, y en eso estoy de acuerdo con la propuesta del grupo
proponente, por la no visualización de su existencia que supone una cierta merma en la valoración social de su trabajo. En eso podemos compartir las razones por las cuales cabe impulsar, y a fondo, todo el trabajo del emprendedor social. Pero la
coincidencia en los objetivos de apoyar a los emprendedores sociales no es razón suficiente en estos términos para que nosotros compartamos el enfoque que le da a su proposición de ley el Grupo de Convergència i Unió. Y si es verdad que estamos en
un trámite puramente de admisión a trámite de esta proposición de ley, una cosa es que discrepes del volumen de las paredes, del color de las puertas o del tamaño de las ventanas, y la otra es que discrepes, coincidiendo con el diagnóstico, en la
estructura de la solución. Eso es lo que nos lleva a hacerle al grupo proponente algunas consideraciones en positivo, reconociéndole el mérito de suscitar el debate en esta Cámara, que seguro que más pronto o más tarde se abre camino en el sentido
positivo.
Primero, necesitamos definir claramente qué es exactamente emprendedor social y no filosóficamente, sino a los efectos de las leyes que puedan promover esa figura. Porque mucho me temo que existe el riesgo, con la actual redacción que le
dan ustedes, de incentivar determinados comportamientos oportunistas que se parapeten en el buen sentimiento de la ciudadanía y en el buen nombre del emprendedor social. Este riesgo no es nuevo, desgraciadamente; no me lo invento, no es que sea un
agorero, no es que anticipe las dificultades o los oportunismos. Recuerden lo que está pasando con la figura del autoemprendedor. Lo define muy bien Ulrich Beck, filósofo alemán: se está convirtiendo en el autoexplotador de sí mismo al servicio
involuntario, obligado, de una estrategia de externalización de riesgos que ha puesto en marcha el modelo de capitalismo dominante que controla mercados y productos y externaliza la producción hacia abajo, donde encuentras al autoexplotador. Desde
ese punto de vista, la proposición de ley que nos plantea CiU tiene una definición profundamente expansiva de ese concepto del emprendimiento social. Incluso, desde ese punto de vista, con elementos que yo creo que no ayudan mucho. Los supuestos
que prevé para la reforma en el artículo 540 de la Ley de Sociedades de Capital dan para todo. Si se fijan ustedes, dan para una escuela de negocios o para una empresa de producción de energía de renovables. Todos ellos son proyectos legítimos, no
los voy a criticar, pero creo que no están en el concepto de emprendedor social, al menos no parece ser el objetivo. Y, en cambio, caben.
El segundo interrogante que quiero plantear es si el apoyo al emprendedor social debe pasar por la creación de una figura mercantil específica cuando en estos momentos, especialmente desde la nueva Ley de Economía Social, existe una variedad
de supuestos en ese sentido al alcance de quienes se dedican al emprendimiento social. Quiero también poner de manifiesto -y eso es una evidencia de la experiencia histórica- que la creación de figuras jurídicas propias suele ser un incentivo para
la elusión, especialmente para la elusión fiscal, cuando de esa figura jurídica se desprende un tracto fiscal diferenciado. Esa es, desgraciadamente, la realidad cada vez que entramos en el terreno de la fiscalidad: regular de manera distinta, ir
haciendo cambios permite los procesos de búsqueda de espacios de mejor tratamiento. En ese sentido, creo que deberíamos hacernos la reflexión de si es necesaria esa figura específica. Y no,
como insinuaba el señor Campuzano, porque nosotros consideremos que la actuación sin ánimo de lucro con la actuación con ánimo de lucro no pueden compartir espacio en el emprendimiento social; por supuesto que sí, la realidad es que existe,
pero se trata de garantizar cooperación y complementación de iniciativas intentando eludir los riesgos de sustitución y desplazamiento. Porque de esta regulación yo preveo también un riesgo, la posibilidad de que se utilice como elemento de
desplazamiento, de expulsión de actividades que ya desarrollan hoy entidades de emprendimiento social con figuras jurídicas distintas como asociaciones, fundaciones, cooperativas. ¿Por qué? Porque el tratamiento fiscal diferenciado hacia ellas va
a producir un efecto de búsqueda de espacios más favorables. Y eso no es una entelequia, es una cosa que desgraciadamente pasa cada día.
En tercer lugar, porque no sé si la fórmula de apoyar siempre debe ser la de los beneficios fiscales. Puede ser una parte pero no exclusivamente. En ese sentido, yo les quiero recordar a ustedes -al Grupo de Convergència i Unió
especialmente- que estar permanentemente proponiendo beneficios fiscales, negándose a aumentar los impuestos para los ricos, garantizando más cobertura social es un triángulo que se parece bastante a creer en la Santísima Trinidad, pero no en una
cosa viable.
Señorías, yo he intentado hacer un ejercicio de proyección hacia el futuro. Con el texto en la mano, con su estructura, es posible lo siguiente: que un grupo empresarial pueda crear dentro una división específica como sociedad limitada de
interés general dedicada exclusivamente a desarrollar esas funciones de emprendedor social. No hay ningún inconveniente porque, como lo único que tiene que hacer es informar que tiene más del 5 % de las acciones, no es ningún inconveniente.
Además, como no hay ninguna exigencia en el proyecto de ley, podía estar operando con trabajadores en condiciones de profunda precariedad, que desgraciadamente es una realidad muy común en el sector de emprendimiento social por los costes tan
ajustados con los que trabajan y simultáneamente con unos sueldos directivos elevados, porque lo único que tiene que hacer es comunicar, solo comunicar. Y en cuanto a lo de consejero independiente, a mí me parece que los consejeros independientes
ya en las sociedades participadas es lo más parecido a la cooptación leninista, vienes, te coapto, callas y te pago. Eso no creo que sea extraño en esas figuras. Lo del reparto del 30 % de los beneficios, que debería ser en todo caso una cosa
recomendable en general, no me parece un factor que desincentive. En ese sentido, lo que estoy haciendo no es anticipar dramas, no soy especialmente agorero. Quiero recordar dos cosas que han pasado en los últimos años con iniciativas que
aparentemente se proponen con buenos fines y que terminan fatal. Por ejemplo, ustedes en el año 2007 forzaron al Gobierno Zapatero a que aceptara una reforma de la Ley de Sociedades teóricamente para potenciar a las pymes, 25 % para pymes, 30 %
para el resto. Resultado de aquella reforma: las pymes pagan un tipo real del 22 % del impuesto sobre sociedades y las grandes empresas han llegado a pagar entre el 5 % y el 10 %, eso sí, en nombre de las pymes. Otro ejemplo reciente, en estos
momentos las ETT pueden actuar como empresas intermediadoras en el mercado de trabajo. Eso que se puede hacer en estos momentos empezó con una loable intención en la reforma del año 2011 del Gobierno anterior de que las entidades sin ánimo de lucro
pudieran colaborar desde el punto de vista de la intermediación, y cómo se ha ido deslizando en cuanto se abre la puerta.
Termino, señorías. Primero, estamos completamente de acuerdo con ponernos a abordar esa realidad y vamos a compartir las soluciones. En este caso compartimos el diagnóstico, compartimos la necesidad de actuar, pero no podemos compartir las
paredes maestras y les sugiero que hagamos lo siguiente. Como sea que las entidades de este proyecto...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.
Como sea que las entidades impulsoras de este proyecto se han puesto en contacto con todos nosotros anunciándonos que en el mes de noviembre nos van a presentar unas propuestas que entre ellos han consensuado, cuando nos las presenten, nos
reunimos todos y construimos entre todos un diálogo social y parlamentario que permita presentar una proposición de ley conjunta donde podamos resolver esos riesgos que yo he detectado.
Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Socialista, señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, presidenta.
Señor Campuzano, usted ha dicho una frase en su intervención con la que me gustaría empezar. Dice: si es muy sencillo, se trata de algo muy reducido, se modifican dos o tres cosas y ya hemos resuelto el problema. Parece que hablaba un
poco de simplificación, déjeme que lo diga de esta manera aunque con un poco de inexactitud. A mí me parece lo contrario, me parece que estamos ante un nuevo reto, el de la sociedad de responsabilidad limitada de interés social, que merece unos
niveles de reflexión que con su proposición de ley no se están dando. Por este motivo voy a intentar hacer un pequeño relato de lo que ha sido el trabajo en la economía social, sobre lo que hemos trabajado durante este tiempo codo a codo. Hemos
visto cómo hemos discutido, cuál es el resultado, en qué situación están hoy las empresas sociales y veremos cómo desde nuestro punto de vista deberíamos avanzar. Tanto como ustedes o más mi grupo ha sido defensor e impulsor de la economía social.
En este Parlamento, en la acción de gobierno, en los ayuntamientos, cuando todavía esto no estaba tan en boga como ahora, fuimos avanzadilla en el fomento de la economía social en la emprendería con programas de formación, asesoramiento,
facilitación de infraestructuras, ayudas iniciales para facilitar la puesta en marcha y desarrollo del tejido empresarial y del tejido social. A nivel del Congreso de los Diputados alcanzamos en las dos legislaturas anteriores la unanimidad para
que la Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción y, posteriormente, la Ley de Economía Social salieran adelante. Trabajamos en subcomisión la Ley de Economía Social -el señor Sánchez i Llibre y el señor Erias se acordarán- con
una voluntad de reflexionar conjuntamente y llegar a acuerdos, como así ocurrió, pero no ha sido así en esta ocasión. Más importante si cabe fue el papel de las organizaciones de la economía social, que lideraron desde su lugar el debate, la
propuesta y el acuerdo con el Gobierno y con este Parlamento.
Hoy aquellas leyes están consolidadas, quizás más que otras, porque entre todos las trabajamos y las aprobamos. Con la ley salieron a la luz empresas sociales que actuaban entonces desde la invisibilidad y la falta de reconocimiento; en el
caso de las empresas sociales de inserción, al encontrarse en un limbo legal, daban como podían la atención a colectivos vulnerables intentando insertarlos por la vía económica, a través de un salario lo más normalizado posible, y se encontraban con
muchas trabas legales. Le recuerdo, señor Campuzano, cómo quedó configurado el objeto de la Ley de Economía Social, que es el conjunto de las actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que de
conformidad con determinados principios persiguen el interés colectivo y el de sus integrantes y el interés general económico o social o ambos.
¿Quiénes están dentro de este marco de referencia? Las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones, las asociaciones que tienen actividad empresarial, las laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las
cofradías de pescadores, sociedades agrarias, etcétera. Todo este conglomerado de empresas genera en estos momentos el 10 % del PIB, motivo para apostar y poner en valor su trabajo por la integración, por lo económico y el interés que esto genera
en el territorio, así como por la creación de empleo. A pesar del avance que ha supuesto esta ley en el trabajo de cada día de las empresas sociales, ya hay una experiencia, ya hay un poso. Nos quedan lagunas, y algunas de ellas son las
dificultades económicas con las que se encuentran estas empresas para crecer, porque no disponen de capital debido a que sus márgenes son inexistentes muchas veces. Para terminar de consolidar este tipo de tejido y crear de nuevo, se hace necesaria
una figura que permita arriesgar capital, que permita avanzar en un proyecto para colectivos vulnerables, pero que no desvirtúe para nada el objetivo y la misión que tiene encomendada. A nosotros no nos preocupa excesivamente que exista una
devolución a aquella persona que ha arriesgado un capital. La proporción del 70-30 es algo que se debe considerar. Todo esto sirve para la mejora de infraestructuras, de innovación tecnológica, etcétera.
Usted lo decía, hay grupos como UpSocial, Momentum y otros más, pero también el Cepes está reflexionando sobre esta cuestión. ¿No cree usted, señor Campuzano, y su grupo, que valdría la pena hacer algo que nos sirva? En esto necesitamos al
partido del Gobierno; Ignacio, aquí sí que les ruego encarecidamente que tomen este tema como una prioridad, porque la necesidad existe, pero desde nuestro punto de vista, señor Campuzano, se requiere un trabajo más riguroso, un poquito más a
fondo. Hay algunos ejemplos -voy acabando, aunque me quedan todavía tres minutos-, y les voy a dar uno que nos llamaba la atención. Dice su proposición de ley: colaborar económicamente o de otro tipo con las entidades contempladas en el artículo
5. Y yo le pregunto: ¿qué quiere decir colaborar económicamente o de otro tipo? Hacer un donativo, de qué importe, con qué frecuencia, participar en un congreso, ser cliente, ser su proveedor. Quiero decir que en esta proposición de ley no
quedan claras las garantías para que esto no sea un coladero, como decía el señor Coscubiela. Con esto le estoy diciendo que hay buenas
intenciones y buenos mimbres, pero el texto que proponen nos parece incompleto. No queda enmarcado en la Ley de Economía Social y es fácil que genere reservas y confusión legislativa. Cabría en el artículo 6 de dicha ley; se ha comentado
con el señor presidente de Cepes y podría ser una posibilidad de empezar o continuar con este marco con el que nos dotamos, porque, si no, todas estas propuestas se nos van alejando de la economía social y de sus fines.
Por ello, mi grupo se va a abstener, pero no porque no estemos de acuerdo en dar este paso, sino porque lo creemos insuficiente. Hay que trabajarlo mejor, hay que definir mejor el objeto, el sujeto, las condiciones, las casuísticas. Nos
quedamos cortos. No queremos que sea un coladero. Nos tomamos muy en serio aquello de la economía social en su día, ustedes también, y vale la pena que sigamos en la misma línea. Es fruto de nuestra convicción seguir avanzando y utilizar, igual
que ustedes, los recursos públicos con la máxima responsabilidad y acierto. Tanto es así que ya nos hemos ofrecido a las entidades. Usted sabe que los conocemos, que tenemos contacto con todos, y nos han escrito una carta. Decían que van a tener
un documento más elaborado -también lo han enviado al grupo del Gobierno- en el mes de noviembre, un documento que nos pueda servir de base para que los grupos lo debatamos, para que se debata más a fondo con las propias empresas sociales y, al
final, elaborar una propuesta que sea más sólida, que sea de todos, que sea del conjunto del mundo asociativo. Y aquí es cuando me dirijo al Grupo Popular: abran el margen para el debate y para seguir apostando. Ustedes lo hicieron; votaron
nuestras leyes, pero no solo las votaron sino que estuvimos discutiéndolas, las trabajamos, pensamos juntos, resolvimos juntos. Fue magnífico, vale la pena. Estamos acostumbrados, al menos en este ámbito, a trabajar de esta forma, y les emplazo a
que lo sigan haciendo. Como lo hicimos antes los socialistas lo pueden hacer ustedes ahora, porque es un objetivo que podemos compartir. Por tanto, a ustedes nos encomendamos. Y al Grupo de Convergència i Unió les digo que cuente con nosotros.
Vamos a seguir trabajando desde esta abstención, pero mañana nos sentamos, vamos a ver a UpSocial con todos aquellos grupos que tengan ganas de trabajar y que tengan ganas de avanzar en este sentido.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Esteve.
Por el Grupo Popular, señor Uriarte.
El señor URIARTE AYALA: Gracias, presidenta.
Señorías, me gustaría comenzar la intervención para posicionar a mi grupo respecto a esta iniciativa agradeciendo al señor Campuzano la voluntad de impulsar la empresa social en España y, de esta manera, la oportunidad que nos permite a
todos para seguir debatiendo y diseñando conjuntamente el futuro escenario para estas nuevas estructuras empresariales tan necesarias para España, para Europa y para una sociedad global.
Me gustaría contextualizar el posicionamiento de mi grupo en esta proposición de ley, a través del propio recorrido y la situación actual de las empresas sociales. Hoy, una de cada cuatro nuevas empresas que se crean cada año en la Unión
Europea es una empresa social. En palabras del señor Durao Barroso, el emprendimiento social demuestra que es posible actuar más responsable y equitativamente, sin por ello dejar de triunfar en el mercado y convertirse en un verdadero motor de
crecimiento en la Unión Europea. Europa no solo debe tomar parte de estos cambios, Europa tiene que liderarlos. La empresa social está viviendo un momento de intenso y hondo debate desde su impulso conceptual, inicialmente definido por el Premio
Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, en 2008, a través del trabajo de su compañía, como un negocio sin pérdidas ni dividendos, abocado enteramente a alcanzar un objetivo social. A partir de ahí, y dada la transversalidad necesaria en este ámbito,
economistas, expertos académicos, Gobiernos, organismos internacionales y una infinidad de asociaciones con objetivos sociales, así como empresarios sociales de éxito, siguen debatiendo profundamente sobre la forma, la estructura legal y los
distintos caminos de futuro que deben seguir los agentes que participen en este ámbito de la economía social. Existen empresas con fines sociales que no tienen por qué ser empresas de la economía social, que a su vez cohabitan con empresas
sociales, todas ellas con tipologías societarias distintas en función del emprendedor social.
Si el debate sobre las formas de una empresa social no es fácil, la forma de funcionamiento con la que deben regirse también da lugar a una infinidad de teorías. Todos estamos de acuerdo en el gran beneficio que las empresas sociales
aportan a nuestra sociedad, y es nuestra responsabilidad acompañarlas, visualizarlas e impulsarlas. De esta manera, y aunque no consideramos que la proposición de ley suponga un avance eficaz, sí quiero poner en valor que es importante para la
economía social y para miles de
ciudadanos españoles y europeos estar hablando hoy en este hemiciclo de empresa social, y así debe seguir siendo en el futuro. Desde la perspectiva del sector público, y dada la vocación de transformación social y el enfoque de
problemáticas internacionales que tiene la empresa social, no debemos perder de vista que este debate también se está esgrimiendo en la Unión Europea y que debemos ser inteligentes a la hora de promover figuras o delimitarlas en un escenario europeo
y global infinitamente competitivo.
Partiendo de esta idea, la Comisión Europea impulsó la Iniciativa de emprendimiento social en 2011, que definió tres líneas de acción al objeto de marcar un antes y un después y mejorar la situación de las empresas sociales sobre el terreno.
La primera, mejorar el acceso a la financiación, desarrollando incluso un mercado de valores sociales para el acceso al capital privado. En segundo lugar, mejorar la visibilidad de las empresas sociales creando una plataforma de innovación social
europea y diseñando y distribuyendo la guía de innovación social para ayudar a las autoridades nacionales. En tercer lugar, mejorar el entorno jurídico pensando y desarrollando figuras como la Fundación Europea o la Sociedad Cooperativa Europea.
Estos son dos de los tres ejes de contexto sobre la empresa social hoy.
El tercer eje, que hoy considero importante también señalar, es la vigencia y potencialidad de la actual Ley de Economía Social 5/2011, que puede y debe servir de marco legislativo para los posibles avances y modificaciones que afecten a
todas estas entidades, así como para la trasposición de directivas que con toda seguridad pronto irán llegando de Europa respecto de la empresa social y la economía social. En este punto, el presidente de Cepes, la Confederación Empresarial
Española de la Economía Social, don Juan Antonio Pedreño, animaba el 12 de septiembre, hace unas semanas, a abrir la puerta a la incorporación de una nueva fórmula jurídica que defina la empresa social dentro de la Ley de Economía Social 5/2011.
Textualmente decía: Sería importante abrir un debate a nivel nacional para ver la manera más adecuada de incorporar el nuevo concepto de empresa social en la Ley de Economía Social española, de manera que se dé cobertura y reconocimiento legal a
estas nuevas fórmulas de economía social.
Desde aquí, en nombre de mi grupo, y para que quede reflejado en el 'Diario de Sesiones', a efecto de que lo lean los expertos interesados en la economía y en la empresa social -que seguro lo harán-, estamos a favor de participar de ese
debate nacional para buscar entre todos mejores políticas públicas que impulsen la empresa social, que impulsen, por tanto, la economía social y, de esta manera, promuevan la creación de empleo y el bienestar social en nuestro país, que tanta falta
hace. Por todo esto, y por tercera vez, agradezco al señor Campuzano que hoy haya logrado que se hable de la empresa social en esta Cámara y, por tercera vez también, reiterar nuestro compromiso y nuestro esfuerzo de trabajar en el objetivo último
de lograr una mayor actividad empresarial que revierta con ese carácter social en el bienestar de los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión. Pero, como les decía al principio, no podemos hacerlo a través de esta proposición de ley, ya
que consideramos que no cumple con la 'dimensionalidad' y la transversalidad necesaria para una propuesta legislativa de este tipo.
Para no alargarme más, señorías, les enumeraré rápidamente los cuatro motivos que consideramos del texto de la proposición que se nos ha presentado hoy. En primer lugar, porque consideramos que el ámbito de la actuación de la proposición de
ley y de la Ley de Economía Social es el mismo, y es responsabilidad nuestra no solo no impulsar la proliferación de leyes que dificultan el entramado legislativo, sino fortalecer y definir marcos normativos amplios como es la Ley de Economía Social
donde consideramos que debemos tener este debate. En segundo lugar, la definición del objeto social de las sociedades limitadas de interés general que promueve esta iniciativa está poco definida, lo que no incentivaría en ningún caso la adopción de
este nuevo subtipo societario, ya que desde otro tipo de sociedades también se podrían beneficiar de las ventajas sociales que se proponen porque éstas se extienden también a las empresas que cumplen los requisitos del artículo 5 de la Ley 5/2011.
A su vez, las ventajas fiscales que parecen también -como han dicho algunos otros portavoces- la única argumentación mínimamente desarrollada en esta iniciativa para la creación de esta nueva forma societaria, generarían situaciones innecesarias, ya
que en ese sentido el artículo 3 de la Ley 49/2002 exige que las entidades que pretendan aplicar el régimen en ella previsto deben perseguir también fines de interés general, entre los que se señala la defensa de los derechos humanos, la asistencia
social, fines sociales, cívicos, educativos, culturales, de fomento de la economía social.
En cuarto lugar, como cuarto argumento, consideramos que no conocemos la justificación de la limitación del reparto de beneficios, el reparto máximo del 30 % obligando a reinvertir al menos el 70 % de los beneficios. No entendemos qué
justificación persigue esta disposición; ¿Por qué es el 30 % y no el 15 o el 40 %?, ¿por qué no en función de la facturación o de los márgenes de beneficio?, ¿por qué no atendiendo a la contingencia de las empresas? Señorías, reiterando el
compromiso de mi grupo para
participar en este debate, consideramos que el texto inicial no sirve porque no se ha reflexionado ni participado suficientemente como para aprobar hoy su toma en consideración. Quiero reiterar nuestro compromiso de participar en algún
grupo de trabajo que siga fortaleciendo este debate.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Uriarte.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA LUCHA REAL Y EFECTIVA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000892).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto referido a las proposiciones no de ley. En primer lugar, la del grupo de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para garantizar la lucha real y efectiva contra la pobreza
infantil en España. Para su presentación tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ¿en qué se parecen un niño rumano, un niño lituano, uno griego y uno español? -No es un chiste; es una de las peores pesadillas que estamos viviendo en nuestro país en estos momentos-. ¿En qué se parecen? Se lo diré: Se
parecen en que ninguna de sus familias recibe ayuda o prestación por hijo a cargo como, sin embargo, sí ocurre en el resto de los países europeos. ¿Qué Estado queremos, señorías?, ¿aspiramos a mantener el Estado del bienestar?, ¿un Estado que
garantice la igualdad de oportunidades entre todos los españoles, que garantice una educación y una sanidad pública de calidad y, sobre todo, unas administraciones que se ocupen de los que más dificultades pasan? Yo quiero creer en ese Estado y
quiero un Estado que se ocupe, unas administraciones que se ocupen de aquellos que más dificultades pasan, sobre todo, cuando esas dificultades son responsabilidad directa del mal gobierno que se ha llevado a cabo en las últimas legislaturas. Eso
es lo que ha pasado en este país.
La larga crisis económica, señorías, nos dejó en una situación económica dramática. Muchos países de nuestro entorno la sufrieron también, pero ellos están en una situación muy distinta a la nuestra porque fueron gobernados con más sentido
común. Sufrimos un paro que se mantiene en cifras altísimas, insoportables, que quedan lejos de esos países de nuestro entorno. Señorías, más del 38 % de los españoles llega a fin de mes con dificultad o con mucha dificultad. Desde 2007 se ha
duplicado el número de familias que no percibe renta o subsidio alguno. Son cerca de dos millones de hogares, señorías. La pobreza severa, aquella que sufren las familias que reciben menos de 300 euros al mes, afecta ni más ni menos que a más de 3
millones de personas y un 12 % de los españoles que sí tienen un puesto de trabajo no consiguen salir de la pobreza. Numerosos informes además nos ponen la alerta sobre algo que empieza a ser dramático: la situación de los más vulnerables y, entre
ellos, los niños, nuestros hijos. Según Save the Children hay casi 3 millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión social; el 27 % de nuestros niños viven bajo el umbral de la pobreza y el 46 % de los niños que conviven en familias
monoparentales viven en riesgo de pobreza. Un informe de la Comisión Europea dice que la situación en Rumania, España, Bulgaria, Grecia e Italia es muy preocupante; juntos combinamos las tasas más altas de pobreza infantil, con el más bajo impacto
de las ayudas sociales. Sin embargo, señorías, señores del Partido Popular, en los últimos tres años la crisis ha reducido en 6.370 millones de euros la dotación presupuestaria destinada a la infancia. Usamos el 0,5 % de nuestro producto interior
bruto en ayudar a las familias con hijos. En Europa la media es del triple, se utiliza el 1,4 % de media para ayudar directamente a las familias con hijos; el triple, señorías. Esta es la situación.
Hace poco el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, dijo en esta Cámara respondiendo a la diputada Rosa Díez que no pensaba hablar de ello, y yo entiendo que se avergüence. Pero, señorías, por más que demos la espalda a esta situación
este problema no se va a solucionar, seguirá incrementándose. El fondo extraordinario de 17 millones de euros que anuncia su partido, a bombo y platillo, destina ni más ni menos que 1,5 euros al año por niño; esto es claramente insuficiente.
Siguen sin existir estudios sobre pobreza infantil, como nuestro partido ha pedido insistentemente y, los planes complementarios, como aquel del que ustedes me hablarán sin duda después de más de 5.000 millones de euros, contienen multitud de
medidas que no están destinadas a disminuir las consecuencias de la crisis, por lo cual todo su efecto se difumina de forma notable.
Señorías, debemos ser valientes, aceptar el problema, reconocerlo, mirar hacia otros países y aprender cómo han hecho. Es necesario ayudar directamente a las familias con hijos, y nosotros proponemos ahora un sistema universal de
prestaciones por hijo a cargo. De los veintisiete países de la Unión Europea solo seis no cuentan con ellos -España, por ejemplo- y esos seis curiosamente, como no podía ser de otra forma, están entre los diez países con mayores tasas de pobreza
infantil. Hace falta un pacto de Estado. Unicef propone una ayuda de 1.200 euros al año por niño, como sucede en muchos países europeos. Save the Children denuncia que no haya medidas específicas contra la pobreza infantil, que la infancia ni
siquiera está contemplada en el capítulo dedicado a los grupos más vulnerables. En esta propuesta, señorías, pedimos analizar el impacto de las políticas realizadas, elaborar y aprobar un plan de apoyo a las familias, crear una nueva partida
presupuestaria adicional a ese insuficiente fondo de los 17 millones. Todo en consecuencia de otras medidas que hemos ido presentando en esta legislatura como medidas antidesahucios, prevención del 'sinhogarismos', préstamo de libros en las
escuelas, comedores escolares, posibilidad de que los niños lleven su comida al colegio, contrato indefinido, etcétera. Señorías, los más débiles de nuestro país, los niños, necesitan nuestra ayuda, pero mientras tanto de las 65.000 iniciativas que
hemos llevado a cabo en este Congreso, solo 142 se dedicaban a la pobreza infantil. Hemos intentado negociar hasta el final con el Partido Popular. Con el resto de los partidos fue fácil, todos hemos sido flexibles y hemos cedido porque somos
conscientes de la magnitud del problema. Sin embargo, no podemos aceptar la falta de concreción del Partido Popular en lo que nos importa, que es que haya una concreción presupuestaria.
Es una lástima porque seguimos sin entender sus prioridades. Esta medida costaría seis veces menos de lo que se gastan ustedes en diputaciones provinciales. Ustedes dicen que se van a gastar 17 millones, que es lo mismo que se gasta el
Congreso en material y suministros. Esas son sus prioridades. Ojalá hubieran aceptado nuestra propuesta de prestación por hijo, aunque la dotaran de una cantidad menor; sería un comienzo, señorías. Pero debemos actuar -y acabo- de forma urgente,
sobre todo, por los niños y también por nosotros. Esos niños son quienes deben garantizar nuestras jubilaciones, esos niños deben además rejuvenecer una sociedad que envejece rápidamente, pero sus propuestas, señores del Partido Popular, como dijo
el compañero Gorriarán, son el anticonceptivo más potente que existe, y recordemos que España es también líder mundial en eso. Tenemos amplia experiencia -por eso no aceptamos su enmienda- en cómo acaban esos: el Gobierno seguirá trabajando...; o
los: el Gobierno se compromete a... Pedíamos una concreción un poquito mayor, pedíamos números y pedíamos presupuesto, sobre todo, porque dentro de nada estaremos discutiendo sobre los Presupuestos Generales del Estado.
Acabo. Comenzaba hablando de rumanos, búlgaros, lituanos, griegos o españoles. Yo, con todos mis respetos, preferiría haberme emparejado con los nórdicos, con los alemanes o con los franceses.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias a sus políticas esto no será posible, pero no perdemos la esperanza. Empieza a ser tarde y este drama, señores del Partido Popular, puede ser irreversible.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.
Para la defensa de las diferentes enmiendas que se han presentado, en primer lugar, por el Grupo de La Izquierda Plural, la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.
Señorías, una vez más -mucho nos tememos, no será la última- venimos a debatir de pobreza infantil. La pobreza en nuestro país empieza a tener un carácter endémico. El número de personas pobres aumenta tanto si están en situación de
desempleo como si no. Hemos llegado a un momento en el que ni siquiera los que tienen trabajo están excluidos de caer en la pobreza -son los nuevos pobres con contrato-. Es un éxito que corresponde a aquellos que han puesto en marcha unas reformas
laborales tan dañinas para los trabajadores y trabajadoras de este país.
En junio de 2013 el Grupo Popular trajo a esta Cámara una iniciativa del mismo tenor que la que debatimos hoy. Tras esta iniciativa se escondía, por los resultados, una operación de márquetin que era vender las bondades del Plan nacional de
inclusión social. Sin embargo, como ya les he dicho, trascurrido un año y a la vista de los resultados no parece que haya tenido éxito alguno. En aquel instante mi grupo
ya puso de manifiesto que la política económica que hacía el Partido Popular, y continúa haciendo, no era ni es una política contra la pobreza sino contra los pobres. Esto es así porque esta basada en la reforma del artículo 135 de la
Constitución, que ha posibilitado los profundos recortes llevados a cabo en educación, sanidad, dependencia y en general en todas las políticas sociales.
La crisis, señorías, está golpeando a todos los españoles, pero golpea de forma especial a los más débiles, a los más vulnerables, a nuestros niños, a nuestras niñas, a los que priva de infancia y a los que afecta en muchos aspectos de su
desarrollo; por tanto, señorías, es urgente que se diseñen y ejecuten políticas específicas para mejorar esta situación de la infancia. Estas palabras las compartimos -las compartimos también en su momento-, y no son de esta diputada ni de ningún
diputado de mi grupo; fueron dichas por la señora Camarero, entonces diputada y hoy secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Fueron pronunciadas aquí hace exactamente catorce meses y hoy la situación, señorías, no solo no ha mejorado
sino que va a peor. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Durante este verano, como en todos los anteriores, no se han abierto los comedores escolares en numerosas comunidades donde gobiernan ustedes, señorías del Partido Popular, y muchos
niños y niñas se han visto privados de tener una alimentación adecuada. (Rumores). Este año, una vez más, muchas familias no pueden comprar libros y material escolar para sus hijos e hijas. Hemos de reconocer desde esta tribuna la labor que están
realizando ONGs o particulares, pero no es así como se solucionan los problemas y la situación de estos niños y estas niñas. Save de Children ha denunciado que la pobreza infantil no solo significa que no se cubran las necesidades básicas de los
niños y las niñas -el alimento, el vestido, la vivienda-; también significa que no puedan participar en actividades deportivas, culturales, etcétera. De esta manera, los niños y niñas pobres adquieren menos habilidades que les permitan salir de la
pobreza y contribuir luego como adultos al bienestar de la sociedad. Unicef ha elaborado también una serie de indicadores que vienen a demostrar cómo a día de hoy uno de cada cuatro niños vive en España en riesgo de pobreza. (Rumores).
Señorías, ya sé que la dimisión del señor ministro es muy importante, pero atiendan bien: uno de cada cuatro niños vive en España en situación de pobreza. Cuando se está en política se tiene la obligación de hacer política; cuando la
economía falla y el modelo económico no es válido hay que cambiar las políticas y el modelo económico. Señorías, no es verdad que estemos saliendo de la crisis, no es verdad que haya raíces vigorosas, no es verdad que la economía de mercado, la
economía de los recortes, la economía capitalista vaya a sacar a nuestros niños y niñas de la pobreza; simplemente no es verdad porque es mentira. Los presupuestos están a punto de entrar en esta Cámara. Es ahí donde comprobaremos hasta dónde son
ustedes capaces de llegar en la resolución de esta lacra social, de esta vergüenza nacional. Mientras tanto la realidad es que la brecha social se ha hecho más profunda en los últimos años, que el 20 % más rico de España gana 7,2 veces más que el
20 % más pobre, que al menos 3 millones de ciudadanos y ciudadanas españolas viven con pobreza severa y ya no son capaces de afrontar el coste de la bolsa de la compra y eso repercute negativamente en nuestros niños y en nuestras niñas. Hemos
presentado una serie de enmiendas a esta iniciativa que presenta el Grupo de Unión Progreso y Democracia con el único objetivo de mejorarla. Agradecemos precisamente a este grupo la voluntad de consenso que ha manifestado. Ya nos gustaría,
señorías, señores del Grupo de Unión Progreso y Democracia, que el grupo que se sienta en este lado (Señalando los bancos de la derecha) tuviera la misma voluntad de consenso para solucionar el grave problema de la pobreza en nuestro país y de la
pobreza infantil en nuestro país. No parece, una vez más y pese a las palabras de la señora Camarero, que esto pueda ser hoy.
Alabamos que haya dimitido el señor Gallardón, de la misma manera que lamentamos...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Con esto termino, señor presidente.
... que el Grupo Parlamentario Popular no apruebe hoy una propuesta que podría acabar con la pobreza infantil.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Al señor portavoz de UPyD hay que agradecerle la iniciativa en los términos que la formula en la defensa y en el texto que presentó. El texto en su literalidad era perfectamente compartible por Convergència
i Unió. También le agradecemos que haya ofrecido un texto tan racional, que incorpora una parte sustantiva de la enmienda de Convergència i Unió y además incorpora -y viniendo de su grupo mi grupo lo valora especialmente- el reconocimiento
de que el reparto de los recursos de la lucha contra la pobreza que el Estado ha puesto en marcha debe hacerse de manera territorial y teniendo en cuenta la afectación de la pobreza a los distintos territorios, en la línea de una moción que se pactó
en el Senado entre el Grupo Parlamentario Popular y Convergència i Unió. Ahora bien, hechos estos agradecimientos también he de decirle que mi grupo hoy podía haber tenido la tentación de verse contaminado en el debate sobre la pobreza infantil por
las últimas declaraciones de su portavoz, que no voy a reproducir en este debate por respeto a sus señorías y a los propios catalanes. Pero pretender mezclar de nuevo la violencia y las muertes del País Vasco con aquello que sucede en Cataluña es
indecente. (Aplausos). Y por nuestro compromiso en la pobreza infantil y por la coincidencia en el fondo en esta cuestión he empezado con ese agradecimiento y con el voto favorable a esa moción que además ha incorporado enmiendas de otros grupos
parlamentarios.
Señor presidente -entrando estrictamente en la cuestión que suscita la iniciativa-, decía que compartíamos el diagnóstico y ahí queremos poner el acento en que la cuestión de la pobreza infantil no es un problema exclusivamente vinculado a
esta crisis, sino que antes de 2007 el Estado español tenía tasas récord de pobreza infantil en el conjunto de la Unión Europea; insisto, antes de la crisis. Eso expresa, por un lado, la debilidad de nuestro Estado del bienestar, que no está
orientado a apoyar a las familias ni a los niños, que está más y mejor orientado a otras políticas públicas, pero no a esa realidad, y, por otro lado, que hay déficits en el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, lo que se refleja en esas
tasas de pobreza infantil; insisto, en 2007 ya íbamos por detrás de Bulgaria y de Rumanía, los países menos desarrollados del entorno de la Unión Europea. Efectivamente la crisis agrava, en términos de destrucción de empleo, en términos de que la
destrucción de empleo afecta fundamentalmente a familias con hijos a cargo, este problema; siempre que hay un niño pobre lo que encontramos detrás son unos progenitores pobres que no tienen empleo, que tienen un subempleo o un empleo precario y que
no ven compensadas esas carencias con una política pública que complemente las rentas que recibe esa familia o que sustituya las rentas que no recibe esa familia. Por tanto, la crisis agrava el problema y pone más de manifiesto problemas que
arrastramos desde hace bastantes años.
Desde el punto de vista de lo propositivo, más allá del texto que hoy se someterá a votación, mi grupo quiere insistir en dos ideas. Una, para las familias en situación más vulnerable, con personas más frágiles, el apoyo a los servicios
sociales especializados es imprescindible, y la reforma de régimen local que el actual Gobierno ha aprobado va en contra de eso, debilita la capacidad de los ayuntamientos de acompañar a las familias más débiles, más frágiles. En el resto de Europa
las políticas de lucha contra la pobreza infantil tienen mucho que ver con los servicios sociales de proximidad. Y, dos, al mismo tiempo también tenemos un reto pendiente en estos treinta y cinco años de democracia y de Estado del bienestar, y es
que la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social sea universal y con una cuantía suficiente. En España hoy son 291 euros al año para familias extremadamente pobres. Tan solo hay seis Estados en la Unión Europea a veintisiete que no tengan
una prestación por hijo a cargo que no sea universal. Los países que han combatido a fondo la pobreza infantil tienen instrumentos de transferencia de renta poderosos, eficaces, que reducen esa brecha. Le recomiendo el último informe de Unicef,
que es indiscutible en esta cuestión.
Finalmente, bienvenidos sean los fondos que el Gobierno puso en marcha, esos 17 millones, pero respecto a la dimensión del problema eso es claramente insuficiente. Va a ayudar, seguro, pero no va a resolver el problema de fondo que tenemos
planteado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista y para presentar su enmienda también, tiene la palabra el señor Sahuquillo.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Señor presidente, señorías, durante esta legislatura, tanto en sesiones plenarias como en la Comisión de Sanidad y Política Social, hemos debatido distintas proposiciones no de ley, interpelaciones urgentes,
mociones, en las que todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular, hemos pedido al Gobierno que apoyase innumerables propuestas para reducir primero y erradicar después la pobreza infantil. Y ante esto la respuesta de este Gobierno, de
derechas, siempre ha sido una demagógica larga cambiada, sin aportar ninguna medida eficaz, y prueba irrefutable de ello es que cada informe de los muchos que vamos conociendo arroja cifras dramáticas y cada vez más
preocupantes sobre este problema, el de la pobreza infantil, algo impensable que pudiera existir en nuestro país hace tan solo unos años. El impacto de la crisis, unido a las políticas antisociales del señor Rajoy, arrojan como resultado
que en esta etapa la pobreza haya aumentado de manera constante, afectando con mayor intensidad a los colectivos más vulnerables de la sociedad y alcanzando cifras alarmantes en el caso de la infancia.
Las medidas de austeridad han tenido un impacto particularmente negativo en los derechos de los niños, con unos servicios sociales que tienen cada vez menos recursos y que son incapaces, por tanto, de atender adecuadamente las necesidades de
los niños, de las familias azotadas por el desempleo, por los recortes producidos en protección social, y en general de la pobreza. Informes del Consejo de Europa afirman que las medidas de austeridad del señor Rajoy provocan un impacto negativo en
los derechos humanos de los niños; de Save the Children, que manifiesta que un tercio de nuestros niños vive en riesgo de pobreza; de Cáritas Europa, que señala a España como el segundo país de la Unión Europea con mayor índice de pobreza
infantil; o de Unicef, de hace tan solo tres meses, que indica que más de 2.300.000 niños viven bajo el umbral de la pobreza en España. ¿Y a ustedes, señores del Partido Popular, no se les abren las carnes con estas cifras? Ante tanto dato
escalofriante y preocupación objetiva, este Gobierno sin alma, tras mucha presión, fía todo al Plan nacional de acción para la inclusión social aprobado en diciembre de 2013 y, como si fuera la panacea a los problemas, utiliza una partida de 17
millones de euros para responder a cualquier cuestión que le es planteada sobre este asunto. Nunca 17 millones de euros dieron para tanto, ¿verdad? Pero no dan para mucho; un plan cuya vigencia es de cuatro años en un país de casi tres millones
de niños pobres es absolutamente insuficiente, supone un euro y medio por año y niño.
No existe un plan sobre pobreza infantil con actuaciones concretas y dotación presupuestaria suficiente, y cuando lo demostramos, como hoy, los miembros del Grupo Parlamentario Popular salen con la conocida letanía de esos famosos dos planes
del Gobierno, el de infancia y adolescencia o el mencionado de inclusión social, ambos llenos de buenos propósitos, pero también de generalidades, sin concretar actuaciones que sirvan para dar de comer a los niños, facilitarles sus libros de texto o
garantizarles su acceso en condiciones de igualdad a la asistencia sanitaria y farmacéutica. O ese tercer plan, todavía sin aprobar, de apoyo a las familias, que, conociéndoles, habrá que estar ojo avizor por el sesgo ideológico que desde el
Gobierno se impondrá. Les recuerdo que si el partido que sustenta al Gobierno hubiera apoyado las propuestas que a lo largo de esta legislatura todos los grupos políticos hemos realizado se habría evitado mucho sufrimiento a los niños y las niñas
españolas.
En el último debate sobre el estado de la Nación los socialistas les planteamos aprobar un plan contra la pobreza infantil que fuera acordado con las fuerzas políticas, las comunidades autónomas y las organizaciones en defensa de los
derechos de la infancia, un plan que contemplase medidas para brindar a los niños una protección más eficaz contra la pobreza y la exclusión, que contase con dotación presupuestaria suficiente para el cumplimiento de sus fines, un plan en el que
hablábamos de alimentación infantil, con medidas y recursos que garantizasen a los niños sus necesidades básicas de alimentación en colaboración con las entidades del tercer sector; también ayudas para comedor escolar, consiguiendo que al menos les
garantizásemos una comida diaria. ¿Saben lo que dice a esta propuesta en mi tierra su jefa, Cospedal? Que abrir comedores escolares estigmatiza a los niños. Señorías, lo que estigmatiza a los niños es la pobreza, el hambre. (Aplausos). Qué
ignominia de la número dos del Partido Popular nacional y presidenta de mi comunidad. Pedíamos también disponer de recursos económicos para libros de texto, becas y transporte escolar, para protección de la salud materno-infantil, para proteger a
niños que han vivido desahucios o están en viviendas inadecuadas, también medidas de protección y prevención de violencia contra la infancia o para generar un marco común que garantizase plenamente la realización de los derechos de los niños y las
niñas en territorio nacional.
Señorías, por todo lo dicho hemos propuesto una enmienda de adición para mejorar esta proposición, aunque estamos convencidos de que una vez más el Grupo Parlamentario Popular la descalificará y por consiguiente no la apoyará, utilizando
torticeramente su mayoría a modo de apisonadora parlamentaria, aunque nuestros niños y niñas sigan sufriendo una escandalosa e incompresible pobreza.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sahuquillo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Martín Pozo.
La señora MARTÍN POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, me corresponde defender la enmienda que mi grupo parlamentario ha presentado a una iniciativa que trae nuevamente a esta Cámara el debate sobre la pobreza infantil en España. Ante este problema son más las cuestiones que nos unen
que las que nos separan. De hecho, muchas de las cuestiones que usted plantea en su iniciativa ya han sido anunciadas por el Gobierno. Es cierto, señor Cantó, que en este asunto todavía nos quedan muchas cosas por hacer, pero también es cierto que
se han aprobado múltiples iniciativas a lo largo de esta legislatura sobre este tema y también que el Gobierno desde el minuto cero ha centrado todos sus esfuerzos en combatir la crisis económica y paliar sus dramáticas consecuencias, una de las
cuales ha sido el incremento del número de menores en riesgo de pobreza. No hay que olvidar que este número de menores en riesgo de pobreza se ha producido entre los años 2007 y 2011. ¿Quién gobernaba en esos años? El Partido Socialista, su
partido, señor Sahuquillo. Por tanto, provoca cierto rubor que cuando habla usted de los informes de Unicef y de Save the Children se olvide de mencionar los folios en los que pone los años en los que se incrementó tan dramáticamente el número de
menores en riesgo de pobreza. A lo mejor se los quitaron de los informes que le dieron y por eso no lo sabía.
Es cierto que aún queda camino por recorrer, pero es cierto también que vamos en la buena dirección. Y no lo dice este grupo parlamentario, que también, sino que ha sido el Consejo Europeo el que en la recomendación relativa al programa
nacional de reformas de 2014 ha señalado que el Plan nacional de acción para la inclusión social constituye un marco adecuado para reducir la pobreza infantil. Además, en la valoración del grado de cumplimiento, el objetivo 5, reducción de la
pobreza y promoción de la inclusión social de la estrategia Europa 2020, el país revisor valoró favorablemente las reformas realizadas por España para combatir las dificultades que están sufriendo muchas familias. Gracias a las reformas
estructurales del presidente Rajoy se ha producido un cambio de tendencia en relación al aumento de la desigualdad y la pobreza, que no solo ha frenado su crecimiento sino que se ha reducido por primera vez en los últimos años. Si bien entendemos
que no es suficiente y que no debe llevarnos a la autocomplacencia, sí a la esperanza. No podemos negar a las personas que más ha castigado la crisis el derecho a tener esperanza. Señor Cantó, la situación ha mejorado sustancialmente, pero, como
he señalado, no es suficiente. Mientras quede un menor riesgo de pobreza, el Grupo Parlamentario Popular seguirá elaborando, proponiendo y respaldando medidas en este sentido. Por eso hemos presentado una enmienda en la que recogemos la mayor
parte de sus planteamientos, 5 de sus 7 puntos iniciales. Estamos de acuerdo en la necesidad de elaborar un plan integral de apoyo a las familias, cuestión sobre la que ya está trabajando el Gobierno y que será aprobado en breve. Respecto a la
elaboración de metas e indicadores cuantificables, el Plan de inclusión social cuenta ya con un panel de indicadores estadísticos de carácter social. Consideramos también acertado valorar de forma previa el impacto de las medidas legislativas en la
infancia. Por eso, en el segundo Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia ya figura la medida 1.2, apartado 6, que señala la necesidad de incorporar en la memoria del análisis de impacto normativo que acompaña a todos los proyectos de
ley y de reglamento un informe sobre su repercusión en la infancia. Muchas de estas medidas han sido impulsadas por la señora Camarero, señora García.
Señor Cantó, el Grupo Parlamentario Popular también considera fundamental la coordinación y la cooperación institucional. ¿Y qué le voy a decir del apartado 9 de su iniciativa autoenmendada relativo a destinar los recursos materiales,
humanos y formativos, si este es precisamente el objetivo del plan? Pero no todo iba a ser miel sobre hojuelas. Hay algunas cuestiones sobre las que discrepamos, por lo que hemos propuesto un texto alternativo, que lamentamos que no haya habido la
voluntad necesaria para que se nos haya admitido. El principal punto de desencuentro es el relativo a la creación de una partida presupuestaria adicional a los 17 millones de euros destinados a la lucha contra la pobreza, partida que el Grupo
Catalán ha agradecido. En primer lugar, tengo que recordar que no solamente es esta la única cantidad que se destina a combatir esta lacra, hay que sumarle las partidas de la convocatoria de subvenciones del IRPF y habrá que sumar también los
nuevos fondos que contempla la nueva programación del Fondo social europeo para luchar contra la pobreza. Aun así, ¡claro que nos gustaría contar con más fondos para combatir este problema! Y también para avanzar en los mecanismos de protección
social. Por ello, en el texto alternativo que le proponemos hablamos de dotación económica, pero dentro de las disponibilidades presupuestarias y conforme a los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera. No se puede pedir a un Gobierno
responsable que se desvíe del objetivo de estabilidad presupuestaria. Ya
conocemos las consecuencias de una mala gestión económica. No hay más que poner el ejemplo de administración del anterior Gobierno socialista, que todavía estamos padeciendo.
Termino ya, señor presidente, lamentando que no haya habido voluntad suficiente -se nota que algunos ya están en campaña electoral- y que no hayan podido aprobar y admitir nuestra enmienda, pero reitero que el Partido Popular estará siempre
en la defensa de los más vulnerables. Esto lo está demostrando el Gobierno del Partido Popular con hechos y no con demagogia; con hechos, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín Pozo.
Para fijación de posiciones empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Me permitirán un inciso, señorías. Definitivamente parece que hoy está siendo un gran día. Primero el presidente retira el proyecto de ley de reforma del aborto y esta tarde uno de los ministros más controvertidos de Justicia de la
democracia dimite. Parece que por fin el PP está encontrando la buena dirección.
Anunciamos nuestro voto favorable a esta iniciativa y lo hacemos con algunos argumentos. En primer lugar, hay que decir que la pobreza y la exclusión social no son hijas de la crisis, como plantea la PNL, o al menos no solamente, son fruto
también de las políticas del Gobierno actual, que ha optado por castigar a las víctimas de la crisis financiera y proteger a los causantes. Los defraudadores tuvieron su amnistía; los bancos, su financiación pública. Y enfrente tenemos desahucios
bancarios, juicios por las preferentes costeados por sus víctimas, desmantelamiento de los servicios sociales, desmantelamiento de ayudas a la dependencia, menos becas, tasas educativas disparadas, copago farmacéutico, tasas judiciales, colegios con
clases abarrotadas, reducción de salarios, despidos sin indemnización, etcétera.
La pobreza no se resuelve con un fondo estatal ni con un informe anual; la pobreza desaparece con políticas públicas sociales universales. La educación pública universal y la sanidad pública universal son dos pilares fundamentales, pero
hay más: atención a mayores, a la dependencia, pensiones públicas, escuelas infantiles, servicios sociales, atención domiciliaria a personas con discapacidades, viviendas asistidas, vivienda social, programas de prevención de la exclusión social,
de integración de los inmigrantes, de formación profesional y un largo etcétera de servicios públicos y universales que donde han crecido han generado riqueza y bienestar y han eliminado la pobreza. Cuando el gasto social es exiguo y asistencial y
el acceso a las escasas prestaciones se condiciona al test de necesidad con el fin de atender al menor número de personas posible, la pobreza crece. Un compromiso público con la sociedad para huir de la pobreza y la desigualdad implica garantizar
que todo ciudadano y residente pueda tener los recursos necesarios para vivir una vida digna y ello implica a su vez que la Administración debe garantizar que los ciudadanos y residentes puedan alcanzar tal nivel de renta, bien a través del trabajo
y un salario digno, bien a través de otras fuentes. Ese es nuestro modelo de sociedad.
Este enorme crecimiento de las desigualdades y de la pobreza no se resolverá mediante transferencia de fondos a las poblaciones pobres para mantener un nivel de renta sino a través de políticas macroeconómicas con creación de empleo y subida
de salarios, también del salario mínimo, entre otras intervenciones y políticas sociales de carácter universal, con corrección del enorme déficit social que existe en España.
Señorías, agotado mi tiempo, anunciamos nuestro voto favorable a esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra la señora Pérez Fernández.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Señorías, 7 euros, menos de 7 euros destina el Gobierno de España a cada menor gallego en riesgo de pobreza. Los 17,4 millones de euros que ha repartido el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales entre las comunidades autónomas y que han
sido presentados por la ministra con un gran despliegue mediático han sido criticados incluso por la propia conselleira de Bienestar de Galiza al no haberse tenido en cuenta para su reparto variables como la de la población. Señorías, 17 millones
de euros para un problema tan grave y que sigue en aumento no parece que vayan a solucionar absolutamente nada.
Más allá de las cifras y de los datos que ha dado el señor Cantó y que figuran en la exposición de motivos de la proposición no de ley, les diré que en el caso concreto de Galiza no se ha hecho ningún informe oficial sobre la pobreza
infantil en los últimos cinco años, que son justamente los que coinciden con la crisis económica y también con el Gobierno del señor Feijóo, del Partido Popular. Distintas ONG cifran en más de un 20 %, es decir en más de 100.000, los niños y niñas
gallegas que a finales del año 2013 vivían en familias que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Frente a la magnitud de estos datos, el fondo extraordinario de 17 millones de euros se queda muy, muy escaso. Datos y cifras que no
provienen de una suerte de maldición divina frente a la que hay que resignarse; no, el incremento de la pobreza infantil es una de las muchas consecuencias que nos han traído las políticas de recortes llevadas a cabo por los Gobiernos y que han
provocado, entre otros muchos efectos, casi 3 millones de niños y niñas en situación de exclusión social dentro del Estado español, algo inasumible e incalificable que debería convertirse en una verdadera prioridad para las administraciones.
Porque, señorías, no se están garantizando los más elementales derechos de los niños, lo cual supone una total irresponsabilidad con los ya nacidos, nunca mejor dicho, en el día en el que se ha anunciado la retirada de la polémica contrarreforma del
aborto y también la retirada felizmente del ministro que la ha promovido.
En el BNG valoramos muy positivamente todas las iniciativas encaminadas a paliar y a solucionar esta situación, insostenible para un país que se dice desarrollado. Nosotros creemos que esta dramática situación debe atenderse: primero, con
planes urgentes suficientemente dotados y traspasando a las comunidades autónomas los recursos económicos necesarios, porque ellas son las que tienen las competencias, y, segundo, nos parece incontestable -termino, presidente- que la solución,
sostenida en el tiempo, pasa por un cambio de rumbo en las políticas económicas y sociales que todavía sigue adoptando el Gobierno. En cuanto a nuestro posicionamiento sobre su PNL, lo decidiremos a la vista de las enmiendas que acepten.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Voy a ser breve, pero quería intervenir desde la tribuna.
Sin duda, todos y cada uno de nosotros, de los diputados y diputadas que conformamos esta Cámara, compartimos que la protección de la infancia es una cuestión de Estado. Estoy completamente segura de que dialécticamente y desde donde estoy
defenderemos ahora y siempre esta afirmación, lo que ocurre es que esta es una cuestión para la que no sirven las palabras. Sin ser dramática, nuestros niños y niñas necesitan hechos y sobre todo necesitan resultados, y no hay resultados en
términos de eficiencia. Y no lo digo yo ni otros compañeros que representan otras sensibilidades políticas y que me han precedido, lo dice por ejemplo alguien tan cualificado y tan prestigiado como el presidente de Unicef, del Comité Español, y la
organización que representa: España invierte poco en infancia. Hemos tenido la oportunidad de leer sus reflexiones, publicadas en prensa, y yo además he tenido la oportunidad de escucharle y de cambiar impresiones personalmente con él, también con
otras organizaciones que trabajan en el mundo de la infancia y de la adolescencia. Y es que en España -ya se ha dicho también esta tarde aquí- el 27,5 % de la infancia vive por debajo del umbral de la pobreza. Es un dato contundente. Podría
continuar glosando en cifras la gravedad de la situación que atraviesan demasiados niños y niñas, pero poco aportaría a esta altura del debate, ha comenzado haciéndolo y citándolas el diputado Cantó y han continuado haciéndolo los diputados y
diputadas que me han precedido. Señorías, quizás sea mejor y más eficaz atender a la llamada de esta organización que he citado y de otras ONG, como Save the Children, que también trabajan en defensa de la infancia, escuchar su llamada y su
invocación a actuar rápido y sobre todo por encima de pruritos y diferencias ideológicas, trabajar con el ánimo y la voluntad de construir, de dar la vuelta al problema que, como ha señalado algún otro portavoz, es un problema viejo, endémico y
previo a la crisis. Por eso, y más allá de la enorme distancia que en otras cuestiones nos separa de UPyD, vamos a apoyar sin dudar esta iniciativa que consideramos necesaria y acertada.
Para concluir, quisiera dirigirme a los diputados y diputadas del Grupo Popular y decirles que yo personalmente y mi grupo compartimos algunas de las palabras de su portavoz, quien me ha precedido en el uso de la palabra, que literalmente ha
dicho: no es suficiente. Más claro, agua. Sin embargo no compartimos que haya esperanza, porque para muchos niños y niñas no la hay; no hay tiempo y evidentemente es preciso que nos pongamos a trabajar. Me provoca una sonrisa escucharles hablar
de campaña electoral, de demagogia, de que este lado de la bancada es demagógico y ustedes por supuesto
nos ofertan hechos. Es un tema suficientemente serio como para no recurrir a los tics a los que tradicionalmente estamos acostumbrados en esta Cámara.
Desde aquí les invoco a reconsiderar su posición, no solamente de cara a esta iniciativa sino de cara a la tramitación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, que nos brindarán una magnífica oportunidad de tratar la cuestión como
se debe, no el rábano por las hojas, e intentar acabar con la enorme vulnerabilidad que padecen algunos de los niños y niñas -muchos, demasiados diría yo- del Estado español.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Señor Cantó, le pregunto por el texto que vamos a votar o por las enmiendas que acepta.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Sí, acepto las enmiendas. Hemos hecho la transaccional y la hemos presentado.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, hay un texto consensuado.
Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA EL PAGO DE LA DEUDA HISTÓRICA DEL ESTADO CON CATALUÑA EN MATERIA DE INVERSIONES. (Número de expediente 162/000976).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley. Quiero advertirles que, de acuerdo con lo hablado en Junta de Portavoces, este será el último punto que debatamos esta tarde.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para el pago de la deuda histórica del Estado con Cataluña en materia de inversiones.
Para su defensa tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene dos objetivos fundamentales. El primero y más importante es el de instar al Gobierno del Partido Popular a que la
Generalitat de Catalunya pueda cobrar los 3.966 millones de euros que el Estado le debe por el incumplimiento de la disposición adicional tercera. Por lo tanto, repito, en primer lugar queremos que la Generalitat pueda cobrar una cantidad relevante
de euros, 3.966 millones de euros, para que el Estado pueda cumplir con su obligación y deje de ser moroso con la Generalitat de Catalunya.
Hay un segundo objetivo fundamental en esta proposición no de ley, y no es otro que el Gobierno del Partido Popular cumpla con la ley de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Estatuto de Cataluña del año 2006. Por tanto, pedimos,
por una parte, que la Generalitat pueda cobrar lo que se le adeuda y, por otra, como consecuencia de esta primera premisa, queremos que el Gobierno del Partido Popular cumpla con la legislación vigente, que es un tema muy importante: que el Estado
y los Gobiernos correspondientes puedan cumplir con la legislación vigente.
Al mismo tiempo, quisiéramos hacer unas consideraciones al respecto que creemos importantes. Primera consideración. Lógicamente, reclamamos al Gobierno del Partido Popular toda una serie de cantidades que el Estado adeuda a la Generalitat
de Catalunya por el incumplimiento de la disposición adicional tercera prevista en el Estatuto de Cataluña, y que no es otra que durante siete años, concretamente del año 2008 al año 2013, Cataluña tendría que recibir una serie de inversiones
previstas de acuerdo con el porcentaje del PIB catalán respecto al PIB español. Desgraciadamente, solo se cumplió en el año 2007 y quedan por liquidar ni más ni menos que seis años; queda por liquidar, señorías, del año 2008 al año 2013, y repito
que es una cantidad que asciende a 3.966 millones de euros.
Señorías, ya lo he dicho al inicio de mi intervención, también consideramos que es de justicia que el Estado, en este caso el Gobierno del Partido Popular, cumpla lo previsto en la legislación vigente, concretamente en la Ley Orgánica
6/2006, correspondiente a Ley Orgánica del Estatuto de Cataluña. Prediquen con el ejemplo, señores diputados del Partido Popular, ustedes que tanto proclaman día, tarde y noche que la Generalitat y los políticos han de cumplir con la legislación
vigente, tendrían que predicar con el ejemplo y cumplir con lo que está previsto en la legislación actual y pagar estas cantidades a la
Generalitat de Catalunya. En este sentido, hemos planteado en diferentes ocasiones que dejen de maltratar a Cataluña, porque si ustedes no pagan esta cantidad de 3.966 millones de euros están maltratando a Cataluña, que es lo mismo que
maltratar a una parte importante del Estado español; es decir, que el Estado español está maltratando a una parte importante del Estado español, porque la Generalitat de Catalunya no deja de ser, señorías, una parte del Estado español. También hay
que decir, como es de justicia, que estas deudas se la tendríamos que reclamar también al Partido Socialista cuando estuvo gobernando. Las cantidades correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011 también tendrían que haber sido pagadas por el
Partido Socialista para cumplir ese compromiso con la Generalitat de Catalunya.
Tercera consideración. El Estatuto de Cataluña del año 2006, que fue aprobado por mayoría absoluta en este Parlamento y refrendado por una mayoría muy importante del pueblo catalán, no dejó de ser un pacto de Estado entre el pueblo de
Cataluña y el Estado español. Concretamente, una parte importante de lo que se reflejó en este pacto de Estado fue hacer justicia por una serie de inversiones en nuestra reciente democracia. Quedó perfectamente planteado que históricamente
Cataluña, desde la reciente democracia, ha estado muy maltratada por los diferentes Gobiernos que se han sucedido en esta reciente democracia, en el sentido de que Cataluña nunca recibió todas aquellas inversiones que hacían referencia al porcentaje
de su PIB respecto al porcentaje del PIB español. Precisamente en este Estatuto de Cataluña se hizo justicia y se planteó que el Estado tendría que hacer inversiones durante siete años, desde el año 2007 al año 2013, para que se pudiera hacer
justicia con Cataluña y que recibiera estas inversiones. Estas inversiones no se han realizado y, como consecuencia, también planteaba que, si no se recibían estas inversiones correspondientes al porcentaje del PIB catalán respecto al español, el
Estado lo tendría que compensar económicamente. El resultado de este incumplimiento del estatuto son estos 3.966 millones de euros, por lo que con esta iniciativa legislativa instamos al Gobierno a cumplir con la legislación vigente.
Al mismo tiempo también quisiera hacerles una reflexión muy importante, señorías. No es una reflexión que vaya en contra de otras comunidades autónomas, pero yo pregunto, señorías del Partido Popular: ¿Por qué han cumplido ustedes con
todas aquellas disposiciones adicionales que están previstas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, pagando unas deudas contempladas en unas disposiciones adicionales previstas en dicho estatuto, y en el año 2009 el Partido Socialista cumplió y
pagó alrededor de 1.204 millones de euros? Es decir, el Gobierno del Partido Socialista cumplió con Andalucía y pagó la deuda histórica que estaba contemplada en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Recientemente, el Partido Popular ha cumplido
con la disposición adicional incorporada en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, efectuando el pago de la deuda histórica de Extremadura con cargo al presupuesto del año 2014 por un valor de 446 millones de euros. Y les digo una cosa, señores
del Partido Popular: Nosotros nos alegramos de que el Partido Popular y el Partido Socialista hayan cumplido con Andalucía y con Extremadura, pero a continuación les preguntamos: ¿Por qué cumplen con Andalucía y con Extremadura y no cumplen con
Cataluña? ¿Por qué? (Aplausos). Quisiera preguntar por qué estas diferencias. Y les repito, señorías, que desde Convergència i Unió nos alegra muchísimo que ustedes cumplan con Andalucía, ¡faltaría más! Están obligados a cumplir con la
legislación y me alegro muchísimo de que cumplan con Extremadura, pero lo que no entendemos, señorías, es por qué el Partido Popular, y el Partido Socialista en su momento, no cumplieron con la legislación vigente, maltratando a Cataluña, con la que
tiene una deuda aproximada de 3.966 millones de euros. Esto es inadmisible, por lo que pedimos que recapaciten y reconsideren estas decisiones anteriores y voten a favorablemente para hacer justicia con la Generalitat de Catalunya.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
La Izquierda Plural ha formulado una enmienda y para su defensa tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la propuesta que nos plantea Convergència i Unió sitúa un problema real, grave y urgente. Se trata del incumplimiento por parte del Gobierno del Estado de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña de
2006. Se trataba en su momento de la plasmación de un compromiso estatutario en relación con la inversión del Estado en Cataluña en materia de infraestructuras. Aquel fue un compromiso fruto de un pacto muy difícil y complejo que el Partido
Popular hizo saltar por los aires cuando puso en marcha su campaña contra el Estatut d'autonomia por intereses electoralistas, esa
palabra que tanto ha sonado hoy y que parece que ustedes, el Partido Popular, la imputan a los demás cuando son los reyes de utilizar el electoralismo, aunque sea poniendo en riesgo los acuerdos adoptados entre soberanías.
Con su comportamiento, el Gobierno Rajoy, que ha hecho de la Constitución y del cumplimiento de la ley una pared de frontón que rebota cualquier propuesta política, demuestra que su constitucionalismo lo es solo a tiempo parcial. El
constitucionalismo del PP sirve para negar el derecho democrático a decidir de los ciudadanos de Cataluña, pero ignora esa misma Constitución cuando se trata de cumplir con el estatuto de autonomía que, no se olvide, forma parte del bloque de
constitucionalidad y, por lo tanto, también es Constitución. Se pueden discutir los criterios de distribución de las inversiones pero lo que no se puede hacer es incumplir de manera permanente y constante con los compromisos de inversiones durante
tantos años seguidos. Las inversiones en infraestructuras deben distribuirse con criterios de eficiencia económica para no ahogar a los sectores y a los territorios más dinámicos, pero también con criterios de solidaridad para no condenar a los
sectores y territorios menos desarrollados. Ese es el equilibrio que debe hacerse. No estamos ante un tema de agravio comparativo entre comunidades autónomas porque lo que ha hecho el PP -y a veces no solo él- ha sido rechazar esos equilibrios
entre eficiencia económica y solidaridad. ¿Por qué? Porque el Partido Popular, desgraciadamente, en materia de infraestructuras -como en otros aspectos políticos- seguía con una mezcla perversa, corrosiva, entre ideologismo aznariano, que concibe
España como un sistema radial que solo se puede comunicar con la Corte, donde todo el resto España solo se puede comunicar con la Corte, y la sumisión al capitalismo concesional, a esas élites extractivas que han vivido durante tanto tiempo de ese
concubinato con el poder político del momento. No es pues un problema de agravio comparativo; es un problema de poner los servicios públicos al servicio de intereses privados, que es lo que se está haciendo, después de incumplir los compromisos
establecidos en pactos de Estado que deberían ser sagrados. Solo así se explican, por ejemplo, situaciones como el bloqueo ancestral del corredor mediterráneo, que es la gran barbaridad desde el punto de vista económico, porque ahoga el principal
eje económico de este país. Y no solo perjudica a Cataluña, perjudica la economía del país Valencià y de la Andalucía oriental. Eso que solo se puede sostener en términos no de eficiencia ni de solidaridad sino en términos -insisto- de ideologismo
aznariano de la España radial que se comunica solo con la Corte.
No se nos escapa que el PP no ha estado solo en ese planteamiento de sumisión a ese el capitalismo concesional. No estaría de más que en ese momento de indignación que ha tenido el señor Sánchez i Llibre hubiera recordado que durante la
tramitación de los presupuestos generales de 2011 quien planteó una enmienda para rescatar las autopistas radiales de Madrid fue el propio grupo de Convergència i Unió, y que también ha dado el voto favorable al Real decreto-ley 22/2012 que, en
nombre de la liberalización, abre la puerta a la privatización de los servicios ferroviarios. Menos rasgarse las vestiduras cuando se es cómplice activo o pasivo de las políticas que hasta estos momentos están desarrollando.
Señorías, pero vamos a las personas. Coincido con Convergència i Unió porque este tema no es un asunto de conflicto entre poderes; no es un conflicto entre partidos políticos; es un tema que afecta a la ciudadanía. Decenas de millares de
personas, millones de personas, cada año utilizan la red de cercanías de Cataluña y se ven obligadas a hacerlo en unas condiciones absolutamente deplorables en términos humanos, que además les provoca una cosa brutal y es que ven alargada su jornada
de trabajo cada día; cada día trabajan más horas de las que están obligados a trabajar porque el servicio de cercanías de Renfe carece de las inversiones necesarias para cubrir los horarios; trayectos donde hay momentos de una sola vía, como la
que une Barcelona con Osona con el Ripollès o con la Cerdanya; trayectos como el que une Barcelona y Lleida a través de Manresa, donde la duración de los viajes es superior, en ocasiones, a la de hace decenas de años; trayectos como los que unen
las áreas metropolitanas de Barcelona con Tarragona y Girona, que mueven a miles y miles de personas...
El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene usted que terminar.
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino, veintiocho segundos que voy a intentar agotar.
Resulta que desde ese punto de vista se ven afectados gravemente. En ese sentido, nosotros insistimos en que hay que cumplir el compromiso del Estatuto de Autonomía dando a Cataluña, dando al Govern de la Generalitat, los recursos
necesarios para poder aplicar esas políticas de infraestructuras que deberían utilizarse -y de ahí nuestra enmienda- con criterios de eficiencia económica, social y ambiental al servicio de las infraestructuras para las personas y no al servicio de
las infraestructuras para hace rico al capitalismo concesional. Esperemos que el Partido Popular y el Gobierno cumplan y esperemos que,
una vez que existan los recursos en Cataluña, el Govern de la Generalitat los sepa utilizar como corresponde. Desde ese punto de vista, déjeme terminar, señor presidente...
El señor PRESIDENTE: No, es que tiene que terminar, señor Coscubiela. No calcula usted su tiempo, yo creo. (Risas).
El señor COSCUBIELA CONESA: Es que no está hoy don Emilio Olabarría.
El señor PRESIDENTE: Por eso, pero no hay que aprovecharse de eso. Termine usted.
El señor COSCUBIELA CONESA: Solo una cosa a quienes no son capaces de entender el tsunami democrático que está en estos momentos recorriendo Cataluña. Piensen que ese tsunami lo están provocando ustedes con comportamientos como el
incumplimiento de las disposiciones adicionales del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Son ustedes los responsables de que la sociedad catalana se haya levantado porque piensa que con ustedes ya no es posible continuar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.
En turno de fijación de posiciones por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Bosch. (Pausa).
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente. Disculpen esta breve interrupción, apasionante discusión sobre el minutaje.
Básicamente estoy de acuerdo con lo que plantean Convergència i Unió y también nuestros compañeros de Iniciativa per Catalunya. Aquí hay una historia y bastante clara. En el año 2006 se aprueba el Estatut de Catalunya, con una disposición
sobre pagos relativos a infraestructuras. De tal manera que lo que se intenta es que la inversión en infraestructuras en Cataluña se vaya compensando equiparándola con el porcentaje que le corresponde a Cataluña según el PIB, producto interior
bruto; eso es ley orgánica del Estado. Eso es ley. En 2007 hay una gran manifestación algo insólita en Barcelona, con más de 500.000 personas -yo no conozco otra manifestación que se haya celebrado igual en el mundo- reclamando el derecho a
decidir sobre las infraestructuras. Una gran manifestación centrada en las infraestructuras por toda la discusión a partir del Estatut, por todos los desastres y catástrofes acaecidos con trenes y carreteras a lo largo de esos años, pidiendo la
capacidad de intervenir en decidir qué infraestructuras se quieren, cómo se pagan y cómo se optimizan los recursos. Ahí nace, en palabras del conocido articulista Enric Juliana, el concepto del català emprenyat, el catalán cabreado. Nace ahí, en
esos momentos y en torno a todo ese revuelo. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Una disposición legal que estipula claramente lo que los Gobiernos deben hacer y un malestar ciudadano profundo, arraigado y que se pone en conocimiento de forma sonora,
de forma evidente ante los gobernantes. ¿Qué pasa? Que los gobernantes españoles se dedican a ignorar ese malestar y a incumplir la ley. De forma creciente, es verdad. El primer año en concreto se cumple la disposición, es el único año. A
partir de ahí se empieza a incumplir sistemáticamente. Es decir, los Gobiernos españoles empiezan a saltarse la ley. Eso es lo que se hace, y debe decirse así. De manera que hasta ahora la deuda acumulada por ese concepto respecto a Cataluña
asciende prácticamente a 4.000 millones de euros. Es decir, en estos años hay 2.000 euros por familia de impuestos que se han pagado, que los ciudadanos catalanes han pagado, y que no han vuelto cuando legalmente deberían haber vuelto. Ese no
retorno es además una ilegalidad. Si calculamos la media, ese 19 % que correspondería a Cataluña en inversiones por infraestructuras, se ha reducido durante esos años -de 2007 a 2013- a un 13,6 % y si calculamos los últimos años, los del PP, a un
11,3 %. Es decir, por gentileza del PP, apenas la mitad de lo que está previsto según ley orgánica del Estado.
Ustedes dirán que no hay dinero, que hay crisis. Esas son inversiones necesarias en trenes, en carreteras, en infraestructuras, en el arco mediterráneo, el eje económico, turístico y comercial más importante de toda la Península y que está
básicamente incomunicado, debilitado. Eso no es un corredor, eso es un interruptus. Respecto a los peajes, tengo que decir que además de no invertirse lo que toca en Cataluña los catalanes periódicamente pagan peajes que se podrían rescatar y que
no son rescatados, a diferencia de lo que se hace en otras partes. A ver si no tenemos que estar enfadados. Por supuesto, es lo más lógico; lo ilógico sería que no lo estuviéramos. ¿Que no hay dinero? Tal y como apuntaban mis compañeros antes,
tanto Sánchez i Llibre como Coscubiela, hay dinero para otras cosas; hay dinero para
otras comunidades que reclaman exactamente lo mismo. ¡Fantástico! ¡Enhorabuena!, pero es que nosotros también lo necesitamos, no es un capricho. Y hay dinero, por ejemplo, para los presupuestos militares, que se aumentan cada año con
créditos extraordinarios más allá de lo que marcan los Presupuestos Generales del Estado, que también son ley -por si no se acordaban, son ley- y echando mano, por ejemplo, cada año -ya es una costumbre algo perversa- del Fondo de contingencia que,
si no estoy equivocado, según indica su nombre debe ser para contingencias. ¿Las armas son contingencias? ¿Comprar cascos a 1.000 euros la pieza es una contingencia? Un casco militar cuesta 1.000 euros y no lleva perlas incrustadas. Señorías, no
se invierte ese tipo de gasto en trenes necesarios o en rescatar peajes, porque ya sería hora de dejar de pagar lo que hemos pagado tres veces, y eso es ilegal. Usar el Fondo de contingencia para gastarlo en armas, en presupuesto militar, en
defensa, en incrementar lo que está presupuestado es ilegal.
El señor PRESIDENTE: Señor Bosch, tiene que terminar.
El señor BOSCH I PASCUAL: Acabo ahora mismo.
Claro que estamos molestos. Dirán que ya sale este con la cantinela de que España nos roba. No, señores, no lo he dicho. No lo he dicho nunca; no lo diré nunca; no lo diremos nunca desde Esquerra Republicana. Pobre gente, los españoles
no tienen ninguna culpa. Lo que sí decimos y repetimos con toda la razón del mundo es que el Gobierno español -en estos momentos el Gobierno del Partido Popular- nos estafa, y aquí tienen las cifras. Y no solo se trata de dinero, sino que además
es inmoral y es ilegal. Ustedes se llenan la boca de que tienen la remota sospecha de que algún día el presidente de Cataluña quizás haga alguna cosa fuera de la legalidad. No ha pasado todavía, pero ya están ustedes armando el revuelo y con el
redoble de tambores, cuando tenemos la certeza...
El señor PRESIDENTE: Señor Bosch, tiene que terminar; se ha pasado ya dos minutos.
El señor BOSCH I PASCUAL: Termino ya.
Tenemos la certeza, señorías del PP, de que ustedes se pasan la ley por el forro, por el forro del arco mediterráneo. Sí, señorías, eso es lo que hacen ustedes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, en nuestra opinión es difícilmente explicable a los ciudadanos que tengamos que defender el cumplimiento del Estatut, toda una ley orgánica refrendada por el pueblo catalán, y hacerlo a
través de una proposición no de ley. En el fondo, lo que está ocurriendo es que no respetar un estatuto de autonomía, en este caso el catalán, u otro estatuto de autonomía, no parece grave; no pasa nada. Hoy mismo las denuncias que el señor
Sánchez i Llibre o el señor Bosch hacían desde esta tribuna han sido francamente desoídas por una vacía bancada popular.
Un Estado que se denomina de derecho y un Gobierno, en este caso del PP, que nos muestra continuamente la Constitución como argumento de autoridad para enfrentar la Constitución a las demandas legítimas, por ejemplo, del pueblo catalán,
incumple un Estatuto que por cierto forma parte del bloque de constitucionalidad y no parece que le preocupe ni que tenga nada que decir. Tengo la impresión de que esto, señores del Partido Popular, no ocurre en otros parlamentos; mejor dicho, que
no ocurre en otros países democráticos de nuestro entorno, pero aquí desde luego que ocurre, y no solo esta vez sino desgraciadamente en multitud de ocasiones. Todos conocemos -y el Gobierno mejor que nadie- que la disposición adicional tercera del
Estatut recoge un compromiso claro por el cual la Administración del Estado debería haber invertido en Cataluña desde 2007 a 2013 inclusive una cuantía equivalente a la del PIB catalán. En torno al 18 % de la inversión pública del Estado se tenía
que haber invertido en Cataluña. Según plantea la iniciativa de Convergència i Unió, el Gobierno del Estado no lo ha hecho, ni este Gobierno ni el socialista. Por ello, desde Convergència i Unió se denuncia el incumplimiento y se reclama la
compensación oportuna. En opinión del Grupo Vasco esto no debería ser objeto de debate, simplemente se debería cumplir estrictamente lo establecido en el Estatut, es decir, calcular el desfase entre la inversión que se debería haber producido y la
que efectivamente se ha realizado, y abonar la diferencia. Es posible que para alcanzar un acuerdo haya que debatirlo en una comisión y una vez estimada la cuantía se estudie la mejor manera para ambas partes de hacerlo efectivo. Pues que se haga,
pero que en todo caso se cumpla el Estatut. Es lo que al Grupo Vasco le parece razonable, que las leyes hay que cumplirlas y especialmente las refrendadas por los ciudadanos, como son los estatutos de autonomía. Por ello, vamos a votar
favorablemente esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y esperamos y deseamos que así lo hagan todos los grupos de la Cámara. De lo contrario, estaríamos justificando que las leyes se cumplan solo
cuando le viene bien al Gobierno. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
No deja de producir cierta impresión enfrentarse a una proposición no de ley de un grupo nacionalista que tiene en su título el término de deuda histórica porque, conociendo las tergiversaciones de la historia que suelen realizar, uno se
pregunta a qué lugar de la historia nos quieren llevar, desde qué punto se habrá generado esta deuda. ¿Estarán pensando en el año 1714, en que hubo una guerra que fue de sucesión y ellos han decidido que fue de secesión? ¿Estarán pensando en el
Cantar de mio Cid, cuando el Cid pidió un rescate por el conde de Barcelona? Y en ese caso ¿a qué cifras nos atenemos? Porque, según las fuentes, unas hablan de 80.000 marcos de oro, otras de 8.000 y otras dicen que fue liberado sin rescate.
¿Cuánto debemos? ¿Desde cuándo? Tranquiliza saber por lo menos que, ya que estamos hablando de historia, estamos hablando de historia contemporánea, y en esta ocasión nos remontamos solo al año 2007 y estamos solo hablando de las inversiones del
Estado, estamos hablando de la disposición adicional tercera del Estatuto, que determina cuánto tiene que invertir el Estado en una comunidad autónoma y decide que tiene que ser el mismo porcentaje que supone el PIB de esa comunidad sobre el PIB
total. Por desgracia, hay también numerosos aspectos que no permiten aceptar esta argumentación. En primer lugar, resulta sorprendente que una parte dicte sus términos al todo. Sería difícil imaginar a California dictando al Gobierno federal
estadounidense qué tiene que hacer con sus inversiones o a Baviera haciendo lo mismo con el Gobierno federal alemán.
En segundo lugar, cuando se legisla conviene respetar algunas leyes superiores, y no me refiero a las leyes de la teología, me refiero a las leyes de la aritmética. En España ha habido diversas comunidades que han introducido cláusulas de
este estilo y cada una ha dictado al Estado cuánto tiene que invertir y cada una lo ha hecho con un criterio diferente, por supuesto el que le convenía a cada cual: unos el PIB, otros la población, el territorio, lo que sea. Esto tiene un pequeño
inconveniente y es que, de llevar este proceso hasta el final, la suma de los porcentajes sería mayor que el 100 % y sería difícil que cualquier Gobierno, incluso con mayoría absoluta, pudiese incumplir las leyes de la aritmética. Sin embargo, hay
que recordar -para perplejidad de las generaciones futuras- que los grupos nacionalistas catalanes introdujeron esto en su Estatut, que el Partido Socialista lo apoyó y que el Partido Popular ha introducido cláusulas similares en algunas de las
comunidades que gobierna. En la argumentación de los oradores precedentes han olvidado un pequeño detalle, y es que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que explicaba que este tipo de cláusulas, que esta cláusula en concreto no
podía condicionar la libertad del Gobierno ni de las Cortes Generales, de nosotros, para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de cada año; no era una obligación, y si no hay obligación, por tanto tampoco hay deuda.
Se podrían dar muchos más argumentos por los que no tiene sentido este supuesto agravio que aquí se nos trae; por ejemplo, lo discriminatorio que resultaría esto para las comunidades que no tienen cláusulas similares en su Estatuto. Si hay
seis comunidades que introducen estas cláusulas y once que no, ¿invertimos los recursos del Estado según dictan estas comunidades y a las demás las dejamos los restos? Otro argumento tiene que ver con que no deberíamos fijarnos solo en el flujo de
inversión, lo que se invierte en un periodo determinado -como aquí se nos dice, en unos años-, sino en el stock, en la inversión acumulada en ese territorio, porque tal vez un territorio haya recibido inversiones antes -por ejemplo, si ha celebrado
allí unos Juegos Olímpicos- y haya otros que reciban inversiones después; deberíamos fijarnos en el stock de inversión, no en el flujo de inversión. Son muchos los argumentos que van a llevar a mi grupo a votar que no a esta proposición no de ley,
pero un argumento adicional sería pedir a los señores nacionalistas que dejen de inventar y de atizar permanentemente agravios que no existen por el bien de la concordia de todos los conciudadanos de este país. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Mi grupo, señor Sánchez i Llibre, comparte con usted que el Estado tiene una deuda con Cataluña en materia de inversiones, una deuda que ha afectado gravemente a su competitividad y, por tanto, a su capacidad de
crecimiento y de reactivación económica. Efectivamente, esa deuda debe ser reparada. Vaya por delante, pues, señor presidente, que mi grupo va a votar a favor de esta iniciativa. Pero una cosa es compartir ese diagnóstico y otra muy distinta es
que coincidamos en las causas que lo han provocado. Porque usted sabe perfectamente que una de las causas que motivaron la introducción de la disposición adicional tercera del Estatut, a la cual usted ha hecho referencia, fueron precisamente los
ocho años de desinversión de los Gobiernos de Aznar, ocho años con todos sus presupuestos; y eso es así no porque lo diga yo, eso es un dato objetivo, como así lo reconocieron y denunciaron instituciones económicas como la Cámara de Comercio de
Barcelona o Foment del Treball. En honor a la verdad, usted debería haber recordado hoy también que su Grupo Parlamentario de Convergència i Unió votó sistemáticamente todos y cada uno de esos presupuestos. Ustedes legitimaron con sus votos
aquella desinversión, de donde trae causa esta deuda que hoy reclama. Y, claro, venir hoy aquí a reivindicar una deuda histórica, a la cual su grupo contribuyó, no parece lo más coherente, para utilizar un término suave, especialmente después de
haber escuchado la vehemencia de su intervención.
Le digo más, no por gritar más va a tener mucha más razón. No le voy a admitir, señor Sánchez i Llibre, primero, que diga que el Gobierno del PP haya pagado la deuda histórica de Extremadura -porque usted sabe que no es verdad-, como
tampoco le voy a admitir que diga que el Gobierno socialista no cumpliera con Cataluña, porque usted sabe que hoy puede exigir aquí el pago de esa deuda porque incorporamos en el Estatut la disposición adicional tercera, que permite reclamar aquello
presupuestado y no gastado, por un lado, y exigir aquello no presupuestado y que debería haber alcanzado el porcentaje del PIB en Cataluña respecto de España. Es decir, no solo es que cumpliéramos, es que además metimos unas garantías para que se
pudiera exigir el cobro de esa deuda, y ahí está la diferencia. Con lo cual tengo que reconocerle, señor Sánchez i Llibre, que no sé qué es exactamente lo que ustedes pretenden hoy con esta iniciativa. ¿Quieren realmente solucionar un problema?
¿Quieren cobrar esa deuda o, por el contrario, están únicamente provocando una sensación de agravio en un momento ya de por sí complicado? Porque si lo que realmente quieren es que Cataluña pueda cobrar esa deuda, eso debería ser fruto de la
negociación entre dos Gobiernos, y, claro, ustedes son Gobierno en Cataluña y, si lo traen al Parlamento, me da a mí que no tienen nada atado ni con el Gobierno ni con el grupo que le da apoyo en esta Cámara.
Con esto quiero decir que ustedes han tenido tres años para activar todos los mecanismos de los que dispone el Govern de la Generalitat para hacer efectivo el pago de esa deuda y no lo han hecho, mecanismos gubernamentales y bilaterales.
Ahora que ustedes hablan tanto de estructuras de Estado, usted debería saber que ya existen unos magníficos órganos de relación bilateral Estado-Generalitat: la Comisión Bilateral, la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales, la Comisión Bilateral
de Infraestructuras... Una comisión bilateral creada expresamente para garantizar el cumplimiento de la disposición adicional tercera. A veces uno tiene la sensación de que ustedes se han olvidado incluso de que existe esa comisión, porque ustedes
llevan tres años sin hacer nada. No han reunido a la Comisión Bilateral, no la han convocado cuando depende de ustedes, ni han convocado la de Asuntos Económicos, ni han convocado la de Infraestructuras. Pero es que además hasta el presidente de
estas tres comisiones bilaterales de la parte catalana, el señor Duran i Lleida, ha tenido que dimitir por el camino. Ustedes llevan tanto tiempo dedicado a sus cosas, que se han olvidado de gestionar el día a día. Están tan ocupados en sus temas,
que se han olvidado de cobrar, y no solo eso, es que se han olvidado de reclamar que le paguen a Cataluña lo que deben, y hoy vienen al Parlamento a airear un agravio que han sido incapaces de solucionar en tres años. Esa es la realidad, señor
Sánchez i Llibre. Y si lo suyo es grave lo del Partido Popular ya es injustificable, porque a un partido que está todo el día apelando al cumplimiento de la ley, al principio de legalidad y al Estado de derecho, curiosamente en este asunto se le ha
olvidado cumplir la ley. No solo no han cumplido ni un solo año las inversiones previstas en el Estatut, sino que tampoco han liquidado las cantidades presupuestadas y no ejecutadas, y encima nos dicen que no tienen la más mínima intención de
compensarlo en los próximos ejercicios. Un despropósito. En definitiva, a unos se les olvida cumplir la ley y a otros se les olvida exigir el pago de la deuda.
Señor Sánchez i Llibre, si quieren apoyos los van a tener, pero actúen, ejerzan sus responsabilidades como Gobierno y negocien, porque, si negociaran y pactaran, si hicieran política de verdad, habría menos problemas en Cataluña y en España.
Yo le pido que se pongan a trabajar y solucionen esto de una vez. Menos agravios y más firmeza. Eso es lo que esperamos todos los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vallès.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Veray.
La señora VERAY CAMA: Gracias, presidente.
Señorías, antes de iniciar mi intervención diré dos cosas. Señor Bosch, lo que es ilegal es el referéndum de la independencia que ustedes quieren convocar el 9 de noviembre en Cataluña. (Aplausos). Eso es ilegal. Señor Bosch, esto es lo
único ilegal. Señor Sánchez, no por gritar va tener más razón. A veces cuando se grita es al contrario, es porque no se tiene y se quiere justificar.
Yo voy a empezar mi intervención leyendo unas palabras textualmente: No es correcto ni justo reclamar al Estado la totalidad de los 3.500 millones de euros en aplicación de la disposición adicional tercera del Estatut, porque tengo que
recordar que el Tribunal Constitucional, en su sentencia del año 2010 sobre el Estatut d´ autonomia de Catalunya, dice claramente que la disposición adicional tercera no es de obligado cumplimiento para el Estado. Esto podría alguien pensar que son
palabras mías o de alguien de mi grupo o de mi partido político, pero no, son palabras del señor Duran, de su jefe de filas, señor Sánchez i Llibre, de hace un año. (Aplausos). ¿Me puede explicar hoy usted qué ha cambiado de hace un año a día de
hoy? ¿Qué ha pasado o qué quieren que pase para traer hoy esta proposición no de ley al Pleno de este Congreso de los Diputados? Yo se lo diré. Solo ha cambiado una cosa -la sentencia del Tribunal Constitucional, no-, solo una cosa, su obsesión
por la independencia, su obsesión por la ruptura y su obsesión por la separación de Cataluña del resto de España. (Aplausos). Es lo único que ha cambiado. El señor Vallès le decía: no agravios, no agravios, si lo ha hecho para agravios. Es la
única parte de la intervención del señor Vallès con la que estoy de acuerdo, porque le tengo que decir, señor Vallès, que ha hecho una intervención que pone tan difícil entender por qué vota que sí como entender qué está haciendo el PSC en Cataluña
a favor de la ley de consultas y del referéndum del 9 de noviembre. (Aplausos).
Con las palabras del señor Durán podría dar por terminada mi intervención. El señor Duran lo dijo muy claro: No es justo ni correcto pedirlo y el Tribunal Constitucional ha dicho que no es de obligado cumplimiento. Como no es de obligado
cumplimiento, nosotros no incumplimos leyes, porque no se puede obviar que la sentencia del Tribunal Constitucional es ley y que el Estatuto de Autonomía tal y como está hoy es después de aplicarle la sentencia que el Tribunal Constitucional dictó
en el año 2010. Los diputados de Convergència i Unió han traído esta proposición no de ley hoy aquí para hacer ver y hacer creer a los catalanes que el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular no quiere a Cataluña y no quiere a los
catalanes. Esto es falso. El Partido Popular quiere a Cataluña y a los catalanes. El Gobierno del Partido Popular quiere a Cataluña y a los catalanes y millones de catalanes quieren seguir siendo y formando parte de España, aunque ustedes lo
nieguen cada día. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!). Por eso, el Gobierno, estos últimos tres años, ha traspasado a la Generalitat más de 40.000 millones de euros para pagar a proveedores, para pagar a las farmacias, para asegurar
la prestación de los servicios públicos. ¿Todo esto no cuenta, señor Sánchez i Llibre? ¿Todo esto no sirve? ¿Y los 13.000 millones a entidades bancarias catalanas, a Caixa Catalunya y a Unnim, esto tampoco los contamos? (Aplausos). ¿Preferiría
usted 3.500 y olvidar todo lo otro? La Generalitat estaría en quiebra. Si el Gobierno de España no quisiera a Cataluña no hubiera estado al lado de los catalanes ni hubiera traspasado más de 40.000 millones de euros. La Generalitat estaría en
quiebra, señor Sánchez, y esto tienen que reconocerlo. (Aplausos).
¿Quiere hablar de infraestructuras? Hablemos. Alta velocidad, una realidad en Cataluña, la única comunidad autónoma que tiene las cuatro provincias unidas por la alta velocidad, y con Francia. Diecisiete ciudades importantes de España y
de Francia unidas por la alta velocidad. De esto tampoco hablamos. Corredor del Mediterráneo, de power point a una realidad. Tampoco les conviene hablar. Nacional II, Girona, mi provincia, las obras paradas, las obras anuladas. Las hemos
reanudado. Estamos invirtiendo y estamos apostando fuerte por esta infraestructura. Y así podría poner muchos ejemplos, pero ustedes siguen diciendo que no.
Señores de Convergència i Unió y señorías en global, me van a permitir que mis últimas palabras las diga más como catalana que como diputada del Partido Popular, porque soy catalana, no voy a decir más que ustedes pero sí igual que ustedes.
(Aplausos). No voy a permitir que en ningún momento se ponga en duda que la gente que es catalana y vota al Partido Popular es catalana de segunda o es mala o anticatalana por defender legalidad, por defender convivencia y por defender unidad. Por
lo tanto, les pido: rectifiquen, abandonen el camino del victimismo, de la confrontación y de la colisión. Vuelvan al camino
del diálogo y del consenso. Si lo hacen, que están a tiempo, millones de catalanes, y yo la primera, se lo agradeceremos.
Gracias señorías, presidente. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Veray.
Señor Sánchez i Llibre, le han hecho una enmienda, querría saber cuál es su posición.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a aprobar la enmienda que ha presentado Iniciativa per Cataluña-Izquierda Unida en su totalidad.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE DEROGACIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE. (Número de expediente 122/000132).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre derogación de las tasas judiciales establecidas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Hay un voto telemático.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323 más 1 voto telemático, 324; a favor, 155 más 1 voto telemático, 156; en contra, 168.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS EMPRENDEDORES SOCIALES. (Número de expediente 122/000119).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) de apoyo a las actividades de los emprendedores sociales. Hay también un voto telemático.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324 más 1 voto telemático, 325; a favor, 34 más 1 voto telemático, 35; en contra, 168; abstenciones, 122.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA LUCHA REAL Y EFECTIVA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000892).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo de Unión Progreso y Democracia sobre medidas para garantizar la lucha real y efectiva contra la pobreza infantil en España. Hay una enmienda transaccional suscrita por los grupos
parlamentarios de UPyD, Catalán (CiU), La Izquierda Plural y Socialista. Ese texto es el que vamos a votar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 154; en contra, 169; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA EL PAGO DE LA DEUDA HISTÓRICA DEL ESTADO CON CATALUÑA EN MATERIA DE INVERSIONES. (Número de expediente 162/000976).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) para el pago de la deuda histórica del Estado con Cataluña en materia de inversiones. Hay una enmienda de La Izquierda Plural que ha sido aceptada por el
Grupo Catalán de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 145; en contra, 174.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho de la noche.