El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. La iniciativa ha contado con 315 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Además, la Cámara ha aprobado que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia por 347 síes y 1 no.  

Esta norma se estructura en cuatro títulos dedicados a medidas en materia económica y de financiación territorial, de transporte terrestre, de Seguridad Social y, por último, medidas de apoyo a colectivos vulnerables. Por su parte, el texto amplía la vigencia de medidas puestas en marcha para afrontar las consecuencias económicas y sociales en España de la guerra en Ucrania, desarrolladas en ocho paquetes. 

El título I agrupa medidas en materia económica, como la “aplicación hasta el 31 de diciembre de 2026 del régimen transitorio de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas” realizadas por residentes de la UE y de la AELC; a la vez que medidas de financiación territorial, concretamente para la Comunitat Valenciana. Estas medidas buscan hacer frente a la situación de emergencia derivada de la DANA, de forma que se “contempla un régimen excepcional en materia de endeudamiento autonómico” a largo plazo cuyo objetivo será “cubrir las necesidades de financiación correspondientes a los gastos extraordinarios ejecutados por dicha comunidad autónoma”. 

Ayudas directas en materia de transporte terrestre 

En segundo lugar, el título II contiene las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 14/2022 en materia de transporte terrestre. En este sentido, se adoptaron un conjunto de actuaciones orientadas a promover el ahorro energético y contener la inflación, entre las que destaca “la gratuidad del transporte público de media distancia por ferrocarril y el incremento de la línea de ayudas directas para el transporte urbano y por carretera”. 

Dentro de esta iniciativa, se encuentran las ayudas directas para el transporte que se prolongarán hasta el 30 de junio de 2025 en el caso de la Media Distancia por ferrocarril. También se mantienen los descuentos en los servicios ferroviarios de Avant que seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025. 

Empleo y Seguridad Social

Asimismo, el título III recoge medidas en materia de Seguridad Social. Referente a las pensiones, “el presente real decreto-ley aborda, como cuestión urgente y prioritaria, la revalorización” de éstas, junto con otras prestaciones públicas en el año 2025. También se actualiza “la base máxima de cotización al sistema de Seguridad Social” y, en materia de empleo, “se disponen las medidas de acompañamiento necesarias para asegurar la protección social, evitando despidos y destrucción de puestos de trabajo”.

Finalmente, el título IV reúne medidas de apoyo a colectivos vulnerables. En materia de vivienda, y partiendo de “la realidad social y económica de los hogares en el actual contexto caracterizado por determinadas dinámicas de crecimiento de precios e insuficiencia de oferta asequible de vivienda, así como de sobreexposición financiera de los hogares al pago del alquiler” se prolongan “medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad”, como la suspensión de los procedimientos de desahucio hasta el 31 de diciembre de 2025. 

En paralelo, el arrendador o propietario tiene la posibilidad de solicitar hasta el 31 de enero de 2026 una compensación”.  También, referido a los colectivos más vulnerables, “se prevé la creación de una línea de avales por cuenta del Estado para la cobertura en caso de impago en el alquiler de vivienda para jóvenes y familias” desfavorecidas, cuyas condiciones se determinarán reglamentariamente”.

Esta parte contempla, además, la aplicación hasta el 30 de junio de 2025 de las medidas dirigidas a la reconstrucción económica de la isla de La Palma, ante los efectos producidos por la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Una medida que deriva en este caso de “la persistencia de las consecuencias negativas tanto económicas como laborales derivadas de la erupción volcánica lo que hace imprescindible prorrogar por seis meses más algunas de las medidas extraordinarias adoptadas para que tengan aplicación inmediata”. 

Además, se añaden determinadas medidas destinadas a consumidores vulnerables como es la garantía de suministro de agua y energía a consumidores en los que concurra la condición de “consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social”. De esta manera, las ayudas se prolongarán hasta el 31 de diciembre de 2025”. 

Finalmente, el texto cuenta con tres disposiciones adicionales: la primera, relativa a la vigencia de los Presupuestos Generales del Estado de 2023; la segunda, que recoge que “la propiedad del inmueble de titularidad de la Administración General del Estado sito en París, Avenue Marceau, número 11, quedará atribuida al Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco en atención a la vinculación histórica del edificio con este partido”; y la tercera, que refiere la extensión de medidas de apoyo agrario por la DANA en Valencia.