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Notas de prensa

La Comisión de Justicia dictamina la modificación del Código Penal sobre delitos contra la libertad sexual y la remite al Pleno, que la debatirá y votará el jueves

18/04/2023
La Comisión de Justicia ha aprobado en su sesión de este martes el dictamen de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los delitos contra la libertad sexual, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. El texto y las enmiendas que continúen vivas serán debatidas y votadas en la sesión plenaria del jueves, donde se exige mayoría absoluta para su aprobación por su carácter orgánico.

La comisión ha dado luz verde, por 25 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, al dictamen, que incluye el informe de la ponencia, al que se le han incorporado una enmienda transaccional que modifica el artículo 132 del Código Penal y una corrección técnica en la exposición de motivos. En la ponencia, celebrada ayer lunes 17 de abril, se añadieron cinco enmiendas al texto original, así como "observaciones técnicas".

Esta proposición de ley, presentada por el Grupo Socialista, tiene como propósito "blindar" la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual "en favor de las víctimas" y "evitar el efecto no deseado de una posible aplicación de las penas mínimas de los nuevos marcos penales, que son más amplios, para que en casos graves no exista la posibilidad de que se impongan penas bajas". 

Además, en su exposición de motivos, se señala que ello no afectará "al corazón de la norma, ya que se mantiene la íntegra definición del consentimiento y, por tanto, la esencia de la regulación de los delitos contra la libertad sexual".

La iniciativa modifica el Código Penal referente a los delitos contra la libertad sexual, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

El texto contiene un artículo único, y un conjunto de disposiciones transitorias y finales. Por una parte se modifican los artículos 132, 173, 178, 179, 180, 181 y 189 bis del Código Penal. Los artículo 178 y siguientes se ubican en el Titulo VIII del Libro II referido a los delitos contra la libertad sexual. En este caso, las modificaciones atañen especialmente a la duración de las penas privativas de libertad. 

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se produce con la disposición final primera, que da una nueva redacción al apartado tercero del artículo 14. Y, en el caso de la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores, lo hace en el apartado 2 del artículo 10 ley, a través de la disposición final segunda, que añade diferentes medidas de impedimento de contacto con la víctima por parte de la persona agresora cuando se produzcan los supuestos contemplados en el texto. 

La nueva redacción del artículo 179 establece que ¿se impondrá la pena de prisión de seis a doce años¿ en lo casos en los que la agresión sexual consistente en ¿acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías¿ se cometa ¿empleando violencia o intimidación o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad¿. Asimismo, esta conducta será castigada con las penas de prisión ¿de doce a quince años¿ cuando concurra alguna de las circunstancias descritas en el artículo 180.1.


Además, en el artículo 181 se modifican las penas de prisión ¿cuando el acto sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o en introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías¿. En los casos a los que se refiere el apartado 1 del precepto se pasa de una horquilla de seis a doce años a otra ¿de ocho a doce¿. Y en los casos del apartado 2, el responsable será castigado con una pena ¿de doce a quince años¿, siendo la horquilla anterior de diez a quince.

Asimismo, se añade un apartado 6 al artículo 181 que incluye que ¿si concurrieren dos o más¿ de las circunstancias contempladas en el apartado 5, las penas del apartado 4 ¿se impondrán en su mitad superior¿.

En otro sentido, la modificación también contempla que en caso de que en la ¿descripción de las modalidades típicas previstas¿ en los artículos 178 y 179 ¿se hubieran tenido en consideración¿ alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 180.1, ¿el conflicto se resolverá conforme a la regla¿ del artículo 8.4 del Código Penal, que fija que ¿en defecto de los criterios¿ establecido en dicho artículo, ¿el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor¿. Lo mismo se regula para los apartados 1, 2 y 3 del artículo 181 en relación con las circunstancias previstas en el mencionado artículo.

Informe de ponencia y dictamen de la comisión

Durante su trámite en ponencia, se han incluido dos enmiendas al articulado, del Grupo Popular, y tres enmiendas transaccionales. Por una parte, la número 57 elimina la palabra "tres" en el quinto párrafo del artículo 173.1, que queda redactado con el siguiente tenor: "Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los párrafos anteriores, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años". De esta forma, esta previsión se aplica a los cuatro párrafos precedentes.

Además, mediante una transaccional de los grupos Socialista y Popular se modifica  la exposición de motivos, para explicar que la Ley Orgánica 14/2022 "conllevó que, al no adecuarse en el último párrafo del apartado el número de párrafos a que se refería, dejara fuera de responsabilidad penal a las personas jurídicas cuando se infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, por lo que se procede a reparar la omisión referida". Alude al primer párrafo del artículo 173.1, que establece que "el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años".

Por otro lado, la enmienda número 64 afecta el artículo 189 bis, en el que se modifica la referencia al "capítulos II bis" para referenciar el "capítulo II". La exposición de motivos arguye que "al haberse omitido la referencia al capítulo II, que sustituye al II bis (suprimido por el apartado nueve de la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 10/2022)", se produjo "la destipificación de la distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación, de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar, o incitar a la comisión de los delitos de agresiones sexuales cuando se trate de menores de dieciséis años, que se introdujo por la Ley Orgánica 8/2021". El texto sostiene que "debe recuperarse".

Por otro lado, el informe de la ponencia incorporó tres modificaciones fruto de transacciones entre los grupos Socialista y Popular. En primer lugar, referente a la enmienda 58, se elimina del artículo 178.2 la expresión "a los efectos del apartado anterior".

En segundo lugar, procediendo de la enmienda 62, en el artículo 181 se sustituye la palabra "circunstancias" por "modalidades". Y en tercer lugar, a través de la enmienda 56, se modifica la exposición de motivos para adaptarla a los cambios aprobados.

La Comisión de Justicia en su dictamen ha incorporado una corrección técnica en la exposición de motivos que modifica el antepenúltimo párrafo del apartado I, para especificar que se trata de los casos de víctimas mayores "de esa edad". Por otro lado, una enmienda transaccional presentada por los grupos Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Ciudadanos para modificar el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 132 del Código Penal con objeto de eliminar la referencia a los "delitos contra la libertad" y la alusión a la "indemnidad".

Tramitación parlamentaria

Esta proposición de ley fue tomada en consideración por el Pleno el pasado 7 de marzo con 231 votos a favor, 56 en contra y 58 abstenciones. Después de superar su primer examen parlamentario, la Mesa acordó el 14 de marzo que la iniciativa se tramitara por el procedimiento de urgencia, que reduce a la mitad la duración de los plazos establecidos con carácter ordinario. 

Una vez aprobado el dictamen por la Comisión de Justicia, la iniciativa se remite al Pleno, que debatirá y votará el texto el jueves. Se someterán a votación la proposición de ley y las enmiendas mantenidas vivas por los grupos parlamentarios. Además, dado su carácter orgánico, el texto deberá ser aprobado en una votación final de conjunto que requiere de la mayoría absoluta del Pleno.

En caso de que la sesión plenaria dé luz verde a la iniciativa, esta será remitida al Senado para continuar su tramitación en ponencia, comisión y pleno. Si la Cámara Alta introduce modificaciones o aprueba un veto, el texto deberá volver al Congreso para que se pronuncie sobre las mismas.