La Comisión, solicitada por Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, ha sido aprobada con 206 votos a favor, 88 en contra y 54 abstenciones. Tendrá una duración de tres meses desde su constitución, que podrá ser prorrogada por decisión del Pleno del Congreso de los Diputados. Finalizados los trabajos, se elevará al Pleno el dictamen en el que figuren sus conclusiones, así como los votos particulares que los grupos parlamentarios presenten, pudiendo acordar, en su caso y conforme a lo previsto en el artículo 76.1 de la Constitución, que la Mesa del Congreso traslade al Ministerio Fiscal las mismas para el ejercicio de las acciones que sean procedentes.
En la sesión de este jueves también se han aprobado seis dictámenes remitidos por la Comisión de Asuntos Exteriores, entre ellos el Convenio Multilateral sobre convenios internacionales para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios; el Convenio con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento; y convenios bilaterales con la República de Bielorrusia, con la República Popular China.
Proposiciones de Ley
Esta proposición de ley plantea la modificación de varios artículos de la Ley de protección de la seguridad ciudadana con el objetivo, asegura el grupo proponente, de mantener ¿el principio interpretativo de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana, por el cual debe primar la interpretación más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga".
Por contra, el Pleno rechazó con 151 votos a favor, 176 en contra y 23 abstenciones, la
Proposición de Ley para habilitar a los Ayuntamientos para que, de manera potestativa, puedan establecer bonificaciones del IBI a empresas, pymes, autónomos, comercio, sector primario y emprendedores que hayan visto suspendidas, restringidas y afectadas sus actividades por las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19, presentada por Foro Asturias, integrado en el G.P. Mixto.
El texto planteaba eventuales bonificaciones fiscales para el presente ejercicio con el objetivo, aseguran, de llevar a cabo "medidas proactivas que faciliten el desarrollo de la actividad económica, conserven el tejido productivo, generen confianza para la reacción económica y la generación de empleo".
Proposiciones no de Ley y Mociones
El Pleno también ha rechazado con 155 votos a favor, 180 en contra y 14 abstenciones, la Proposición no de Ley, del G.P. Ciudadanos,
sobre medidas encaminadas a prevenir y atajar el fenómeno de la "okupación", y que buscaba, entre otras cosas, instar al Gobierno a diseñar legislativamente los mecanismos necesarios "para que puedan resolverse los casos de okupación a través de un proceso sumario que garantice a los legítimos propietarios la recuperación de su vivienda en un plazo inferior a 24 horas". En este sentido planteaban varias reformas legislativas y se solicitaba "asegurar la protección social, económica y jurídica de las familias en situaciones de vulnerabilidad, en particular, habitacional".
De igual forma y con 25 votos a favor, 274 en contra y 50 abstenciones ha sido rechazada la Proposición no de Ley del G.P. Euskal Herria Bildu
sobre salario mínimo interprofesional y derogación de reformas laborales. Con ella se pretendía instar al Ejecutivo "a transferir a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral de Navarra la capacidad y competencia para establecer un Salario Mínimo Interprofesional propio y acorde a la realidad económica de cada territorio", implantar en esas Comunidades "un salario mínimo interprofesional neto de al menos 1.200 euros, con 14 pagas" y "derogar las reformas laborales de 2010 y 2012".
Sesión de Control al Gobierno
Esta semana también se ha celebrado la Sesión de Control al Gobierno, en la que se formularon 19 preguntas y dos interpelaciones urgentes. En esta ocasión las preguntas fueron dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; y los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Justicia, Juan Carlos Campo; Sanidad, Salvador Illa; Consumo, Alberto Garzón; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; e Industria, Comercio y Turismo; Reyes Maroto.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también respondió a la interpelación urgente del G.P. Ciudadanos "para valorar la ausencia de medidas puestas en marcha por parte del Gobierno para asegurar la supervivencia de los negocios y empleos en el sector de la hostelería y otros sectores relacionados con el turismo en España".
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, contestó a la interpelación urgente del G.P. Popular en el Congreso "sobre la gestión política del Gobierno, la defensa del Estado de Derecho y del orden constitucional".
