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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 111, de 22/03/2024
cve: BOCG-15-D-111
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
22 de marzo de 2024
Núm. 111
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
059/000016 Calendario de sesiones plenarias para el período febrero-junio de 2024.
Modificación... (Página3)
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página3)
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas ... (Página4)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página4)
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados... (Página4)
Declaración de intereses económicos ... (Página15)
PERSONAL
299/000002 Personal eventual adscrito a las Vicepresidencias y Secretarías del Congreso de los Diputados.
Nombramiento ... (Página18)
299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados.
Cese ... (Página18)
Nombramientos ... (Página18)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000166 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar un Pacto Nacional del Agua y una política hídrica coherente ... (Página19)
162/000167 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a las medidas para asegurar el derecho efectivo a la vivienda ... (Página21)
162/000168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a apoyar la vital labor de la UNRWA ... (Página23)
162/000169 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a garantizar una protección más eficaz a todo ciudadano español respecto a sus datos de carácter personal y sobre la nueva política de cookies ...
162/000170 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al uso de la inteligencia artificial y del contrato de empresas cómplices del genocidio que Israel está ejerciendo contra la población de
Gaza ... (Página27)
162/000171 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la reprobación del Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos Tortajada ...
162/000172 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la visibilidad, diagnóstico y tratamiento integral de la endometriosis ... (Página32)
162/000173 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre políticas de empleo innovadoras intergeneracionales y con perspectiva de género ... (Página33)
162/000174 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en defensa del empleo y en contra de la deslocalización industrial en el complejo industrial de SABIC en Cartagena ... (Página35)
162/000175 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al control y seguimiento de los residuos ocasionados por los productos textiles y su impacto real en la economía circular ...
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000034 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 231/2021, promovido por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, contra la Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que
se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para impulso y reactivación de la actividad urbanística ... (Página38)
232/000035 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 2061/2022, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra la disposición final trigésima
de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que modifica la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital ...
234/000007 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de amparo número 1209/2021-F, sobre las actuaciones relativas a los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados de 13 de enero y de 9 de febrero de 2021 y al
acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia de 16 de febrero de 2021 ... (Página40)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
059/000016
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado modificar, oída la Junta de Portavoces, el calendario de sesiones plenarias para el período de sesiones febrero-junio de 2024, en el sentido de que la semana del 7 al 9 de mayo
no se celebre sesión plenaria.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
DE ANDRÉS GUERRA, Javier 14-03-2024
Alta:
BARRIO BAROJA, Carmelo 19-03-2024
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Araba/Álava:
BARRIO BAROJA, Carmelo PP
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: BARRIO BAROJA, Carmelo
Circunscripción: Araba/Álava
Número: 378
Fecha: 19 de marzo de 2024
Formación electoral: PP
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
(061/000008)
Suplentes
Baja:
DE ANDRÉS GUERRA, Javier 14-03-2024
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
(010/000001)
Número de miembros al 19 de marzo de 2024: 137
Baja:
DE ANDRÉS GUERRA, Javier 14-03-2024
Alta:
BARRIO BAROJA, Carmelo 19-03-2024
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
OTERO RODRÍGUEZ, Patricia (GS) (núm. expte. 005/000377/0000)0... (Página5)
RIVERA DE LA CRUZ, Marta María (GP) (núm. expte. 005/000276/0001)2... (Página10)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de intereses económicos presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
OTERO RODRÍGUEZ, Patricia (GS) (núm. expe. 007/000377/0000)1 ... (Página16)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración de intereses económicos.
PERSONAL
299/000002
Nombramiento
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de marzo de 2024 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Alejandro López
Mollinedo, a propuesta del Excmo. Sr. D. Guillermo Mariscal Anaya, con efectos de 14 de marzo de 2024 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente de la Secretaría Tercera del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
299/000003
Cese
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de marzo de 2024 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del
Excmo. Sr. D. José María Figaredo Álvarez-Sala, con efectos de 17 de marzo de 2024, de D.ª Paulina Jiménez Menéndez, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los miembros del Grupo Parlamentario VOX.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nombramientos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de marzo de 2024 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Diana Pérez
Fernández, a propuesta del Excmo. Sr. D. Jaime Eduardo de Olano Vela, con efectos de 14 de marzo de 2024 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asesora de los miembros del Grupo Parlamentario Popular.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 15 de marzo de 2024, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Marta Lama
Fernández, a propuesta del Excmo. Sr. D. Jaime Eduardo de Olano Vela, con efectos de 18 de marzo de 2024 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente técnico para la atención de los miembros del Grupo Parlamentario Popular.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar un Pacto Nacional del Agua y una
política hídrica coherente, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La política de agua en España es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos como país, por su importancia estratégica en el desarrollo económico y social, por los compromisos medioambientales que hemos adquirido, por los
desafíos de adaptación al cambio climático que debemos atender, por el presente y el futuro de la España rural, por la cohesión territorial y social de nuestro país.
Los distintos Gobiernos de la democracia han venido trabajando para contribuir al desarrollo de una política del agua adecuada a este marco constitucional y al sistema político de distribución de competencias entre las diferentes
Administraciones Públicas. Una política capaz de atender las demandas de agua en cantidad y en calidad en todo el territorio, para todos los usos y en todo momento, de manera solidaria y compatible con la protección del medio ambiente.
Compartir entre todos los españoles la fuente de riqueza ambiental y económica que nos proporciona el agua ha sido y es el fundamento de la política del agua que el Gobierno del PP ha defendido para España.
Desde el Partido Popular, hemos trabajado intensamente en materia de planificación, cuando hemos tenido responsabilidades en el Gobierno de la Nación, y hemos liderado una política de agua que defienda la sostenibilidad presente y futura de
nuestros recursos y el desarrollo socioeconómico de todos los territorios de España.
Desde ese convencimiento, impulsamos un gran acuerdo político por el futuro del agua, un pacto para asegurar el equilibrio y la protección medioambiental del medio hídrico y la atención a las demandas de todo el territorio nacional que, al
tiempo, reforzara nuestra capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Trabajo en favor de un gran Pacto Nacional del Agua, que se presentó en el Consejo Nacional del Agua de marzo de 2017, una hoja de ruta para alcanzar el
acuerdo. Entonces al PSOE le pareció bien, participó en la negociación con el gobierno e incluso llegó a contener en su programa electoral de 2019 que 'se buscará un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas y sociales, que permita alcanzar un
Pacto Nacional del Agua'. Sin embargo, una vez llegado al gobierno, el PSOE ignoró y despreció todo el trabajo previo.
Abordamos este pacto por el agua desde el diálogo y el consenso, con participación de todas las Comunidades Autónomas y los sectores e interlocutores afectados, y con vocación de aportar soluciones en todo el territorio nacional.
Desde entonces el Partido Popular viene reivindicado retomar la negociación del Pacto Nacional del Agua, desde el diálogo y el consenso, con participación de todas las Comunidades Autónomas y los sectores afectados, y con vocación de aportar
soluciones en todo el territorio nacional. Un Pacto que incluya una serie de inversiones prioritarias en saneamiento, regulación y abastecimiento, mejora en la gestión de los recursos hídricos, ahorro y eficiencia, control de inundaciones, y
actuaciones para garantizar el recurso hídrico para regadíos, aprovechamiento y uso de las infraestructuras existentes.
La necesidad de un acuerdo se hace más patente en momentos en los que hay sequía y escasez de recursos. Se ha demorado demasiado tiempo esperando a que la naturaleza solucionara las ineficiencias de la política hidráulica.
Por todo ello, y con el fin de no interrumpir la necesaria política de planificación e inversiones en materia de agua, para exigir al gobierno una serie de inversiones prioritarias, que ya estaban contempladas en la anterior planificación, y
que son de vital importancia para las Comunidades Autónomas, es necesario alcanzar un consenso nacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a:
1. Reabrir un proceso político de negociación y adopción de un Pacto Nacional por el Agua, consensuado con las Comunidades Autónoma, regantes, entidades locales, y todos los sectores afectados, que dé cumplimiento a los objetivos
medioambientales, respuesta a los déficits hídricos y garantice la disponibilidad de agua en el futuro, desde la solidaridad y la cohesión territorial.
Un Pacto Nacional por el Agua que contenga medidas orientadas a mitigar los efectos del cambio climático y contemple todas las alternativas, tanto convencionales como no convencionales, incluyendo aquellas que por afectar a más de una cuenca
deben ser abordados en el PHN, de acuerdo con la legislación vigente.
2. Impulsar una Red Estratégica del Agua, como un conjunto de infraestructuras, sistemas de información, planes y procedimientos que tienen por objeto optimizar la gestión del recurso hídrico en España respetando al medio ambiente, así como
mantener y mejorar la seguridad hídrica de todos los territorios.
3. Que el Gobierno garantice la ejecución de las actuaciones previstas de su competencia en los programas de medidas de los planes hidrológicos destinadas al
cumplimiento de los objetivos ambientales asegurando las dotaciones precisas en los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2024.-Joaquín Melgarejo Moreno, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, Raquel Clemente Muñoz, Juan Diego Requena Ruiz, César Sánchez Pérez, Tomás Cabezón Casas,
Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Maribel Sánchez Torregrosa, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Alberto Herrero Bono, Guillermo Mariscal Anaya, Bella Verano Domínguez y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Mertxe Aizpurua, Portavoz de Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y Oskar Matute, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las medidas para asegurar el derecho efectivo a la vivienda, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La vivienda es un derecho, no un bien de mercado. Bajo esta premisa, las instituciones públicas, en el ejercicio de su función para respetar y asegurar los derechos de la ciudadanía, deben desarrollar las políticas de vivienda necesarias
para hacer respetar tal derecho.
Desde las administraciones locales y hasta las instituciones del Estado, todas ellas, cada una en función de sus reconocidas competencias y capacidades y desde el respeto escrupuloso a las mismas, deben de contar con todas las herramientas
posibles para hacer efectivo el acceso a una vivienda digna y asequible para todas las personas.
Actualmente, y desde que estallara la burbuja inmobiliaria en el 2007, con las dañinas consecuencias que aquello supuso para millones de personas y familias, el acceso a la vivienda es, a día de hoy, uno de los principales problemas y
preocupaciones de la ciudadanía vasca, así como de la ciudadanía del resto del estado y sus pueblos.
En un contexto de crecimiento del empleo y mejora de los datos macroeconómicos, los índices de desigualdad social siguen aumentando año tras año, resurgiendo la vivienda como uno de los factores clave de esta desigualdad. La vivienda se ha
convertido hoy día para las generaciones más jóvenes, pero también para personas y familias de mediana edad, en uno de los grandes problemas que lastran las condiciones de vida material y el desarrollo social de miles y miles de personas. Estamos,
por tanto, ante una situación de emergencia que necesita soluciones integrales, efectivas y rápidas, si realmente se desea asegurar un bienestar social para la mayoría social y trabajadora.
El aumento injusto e injustificado de los tipos de interés que afecta al aumento descontrolado de las hipotecas variables, junto con la abusiva y vergonzosa utilización que desde diversos sectores económicos, financieros, empresariales e
inversores se está haciendo de la vivienda de alquiler y vivienda turística, han generado una burbuja basada únicamente en la rentabilidad, en el negocio, y no en satisfacer la demanda y necesidad de vivienda. Han convertido una necesidad básica,
la vivienda, en un bien de mercado inalcanzable para muchas personas, al albur de un mercado salvaje fuera de todo control y regulación. Un modelo fallido que esta lastrando las condiciones de vida de la mayoría social y trabajadora y,
especialmente, de la juventud. Las administraciones públicas, todas ellas, son co-responsables de haber permitido esta situación, por lo que deben ser responsables también de ponerle solución.
En Euskal Herria hace años que, siendo plenamente conscientes de esta situación de emergencia habitacional y fruto del trabajo, movilización y exigencia de los movimientos sociales, se pusieron en marcha sendas leyes de vivienda en la CAV y
en la CFN. Ambas, pese a no ser perfectas, contienen medidas audaces y con capacidad para poder controlar la grave situación y avanzar en el camino hacia el respeto al derecho subjetivo a la vivienda. Lamentablemente, muchas de las medidas que
contienen estas leyes no han sido desarrolladas ni aplicadas por los gobiernos vasco y navarro.
Efectivamente, las instituciones vascas y navarras, desde sus gobiernos autonómicos hasta las entidades locales, tienen competencias y capacidades para desarrollar políticas de vivienda en beneficio de la ciudadanía, pero necesitan también
de garantías jurídicas para que estas políticas, estas leyes, no sean anuladas por los tribunales, tal y como ha venido ocurriendo. Por ello, también el gobierno del Estado debe, además dé desarrollar y aplicar medidas y políticas de vivienda en lo
que a sus competencias se refiéra, ampliando y mejorando las tomadas hasta ahora, poner todas las herramientas posibles en favor de aportar el marco jurídico necesario para que las políticas autonómicas y locales de vivienda puedan aplicarse con
todas las garantías.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados declara la Emergencia Habitacional, por la que se solicita a todas las administraciones públicas e instituciones, en ejecución y respeto de sus competencias, a tomar el derecho a la vivienda como eje
prioritario de las políticas públicas, desarrollando para ello leyes y planes específicos de vivienda ambiciosos que contemplen todas las medidas necesarias en los diferentes ámbitos y escalas institucionales para alcanzar el objetivo de asegurar el
derecho subjetivo a una vivienda digna y asequible para todas las personas.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
2.1 Regular, mediante las modificaciones legislativas oportunas y ofreciendo las garantías jurídicas necesarias a las instituciones competentes para ello, los alquileres de temporada con el objetivo de ajustarlos estrictamente a su diferente
casuística y a la cobertura de la necesidad a la que responden, diferente a la del contrato de vivienda habitual, debiendo quedar también esta modalidad de arrendamientos sujetos a las mismas obligaciones y regulaciones que los arrendamientos de
vivienda habitual.
2.2 Regular, mediante las modificaciones legislativas oportunas y ofreciendo las garantías jurídicas necesarias a las instituciones competentes para ello, los contratos de arrendamiento por habitaciones, que deberán regirse por los mismos
criterios y regulaciones que los contratos de vivienda completa habitual, por lo que la suma de las rentas por habitación nunca podrá superar el precio máximo de renta estipulado, en su caso, para la misma vivienda en régimen de alquiler completo.
2.3 Aumentar los medios de control para atajar el fraude que se comete mediante las figuras de arrendamientos temporales y por habitaciones, así como nuevos mecanismos para facilitar la denuncia y protección de los arrendatarios frente a
situaciones fraudulentas o abusivas.
2.4 Publicar, en el plazo máximo de 6 meses, el nuevo índice para la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler, el cual deberá sustituir la referencia al IPC y establecerse por debajo de este, acorde al objetivo de
contención de precios.
2.5 Analizar y adoptar, junto a las CC.AA. y asociaciones y federaciones de municipios, las modificaciones oportunas para ofrecer la seguridad jurídica necesaria para que estas administraciones, en el ejercicio de sus competencias, puedan
regular de manera efectiva los pisos turísticos y su nocivo impacto sobre el acceso a vivienda en alquiler.
2.6 Impedir la compra de viviendas a fondos de inversión e inversores extranjeros multi-propietarios que no acrediten un mínimo de 5 años de residencia continuada, y con la obligación de destinar los inmuebles a vivienda propia o alquiler
habitual.
2.7 Intensificar y acelerar el trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda y las haciendas torales para publicar los índices de precios para la CFN y la CAV en el menor tiempo posible.
2.8 Poner en marcha una campaña institucional en los diferentes medios de comunicación y difusión social para que la ciudadanía conozca los índices de precios de alquiler y las rentas estipuladas de las viviendas, reforzando así la posición
de las personas inquilinas y ofreciéndoles más herramientas a la hora de negociar y acordar los alquileres, así como dotar de referencias reales a los propietarios sobre los precios justos a la hora de alquilar una vivienda'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2024.-Mertxe Aizpurua Arzallus y Oskar Matute García de Jalón, Portavoces del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
162/000168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a apoyar la vital labor de la UNRWA, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo UNRWA es una organización de las Naciones Unidas que proporciona y atiende en la actualidad al desarrollo, la educación, la salud, los servicios sociales y la
ayuda de emergencia a más de 5.9 millones de refugiados y refugiadas palestinos, que viven en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza, en 59 campamentos de refugiados; continúa siendo la principal organización en acometer dicho
compromiso.
La UNRWA se estableció tras la guerra árabe-israelí de 1948, en virtud de la Resolución 302 de 1949, aprobada por unanimidad, con la única abstención de los países del Este. Su objetivo inicial fue la creación de campamentos de refugiados
en los que alojar a los más de 700.000 palestinos que fueron expulsados o tuvieron que huir ante el avance de las tropas israelíes durante ese conflicto. Entró en funciones el 1 de mayo de 1950 y la Asamblea General ha ido renovando sucesivamente
su mandato. UNRWA se caracteriza por ser la única agencia de Naciones Unidas dedicada a ayudar a refugiados de una región o conflicto específico. Se financia gracias a las donaciones voluntarias, de los Estados miembros de las Naciones Unidas, la
Unión Europeas y algunos gobiernos regionales, también recibe donaciones de otras agencias de la ONU, como también son relevantes las aportaciones de grandes y pequeñas empresas, multinacionales, fundaciones, ONG y otras organizaciones, sin tampoco
olvidar las aportaciones individuales.
Tras el atentado cometido por Hamas el 7 de octubre, y la posterior denuncia de Israel de la supuesta implicación de doce de los 13.000 empleados y empleadas de UNRWA en el mismo, ha supuesto que una veintena de los principales donantes:
Estados Unidos, Alemania, Australia, Austria, Canadá, Finlandia, Islandia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza, Estonia, Letonia y Lituania hayan retirado los fondos a UNRWA. Esto se ha traducido en la
suspensión de más del 68 % de los fondos que recibía la agencia.
Por otra parte, las medidas adoptadas por las Naciones Unidas frente a las graves acusaciones y la investigación que se está llevando a cabo, así como las medidas y controles adicionales para mitigar estos riesgos en el futuro, deberían ser
razones suficientes para que estos países se replantearan la suspensión de las donaciones.
Este brutal recorte traerá gravísimas consecuencias a los cerca de seis millones de refugiados y refugiadas que se beneficiaban día a día de su ayuda, pero sobre todo a los
dos millones de personas que necesitan de esta ayuda humanitaria en Gaza, para garantizar su supervivencia.
Tras 5 meses de conflicto, la situación en Gaza es cada vez más extrema, con más de 30.000 palestinos muertos, casi 200 personas cada día y de ellas, 90 son niños; más de 73.000 heridos, el 70% niños y mujeres; con más de 9000
desaparecidos. La población palestina en Gaza necesita una respuesta urgente ante la grave hambruna que sufren. Alrededor del 80% de la población con más hambre del mundo vive actualmente en la Franja de Gaza, donde el 16% de los menores de dos
años sufre desnutrición aguda.
En este tiempo han muerto más de 150 trabajadores de la ONU, más que en ningún otro conflicto asistido por Naciones Unidas desde su fundación. Igualmente, en estos cinco meses de contienda han sido también asesinados casi un centenar de
periodistas, el 95% palestinos, es una situación que se encamina a la destrucción de la zona.
Los equipamientos públicos en su práctica totalidad han sido dañados irremisiblemente: escuelas y universidades, centros de salud y hospitales, centros de culto, centros culturales, oficinas gubernamentales, edificios residenciales,
carreteras, plantas de desalinización y estaciones eléctricas, sin equipos médicos, medicinas y otros suministros hospitalarios o de cualquier otro tipo. El nivel de muerte y destrucción no tiene precedentes.
No toda la actividad de UNRWA se da en Gaza. Sin embargo, sí están en Gaza 1,2 millones, dos de cada tres de los 1,8 millones de refugiados palestinos que dependen casi exclusivamente de la ayuda alimentaria de emergencia de UNRWA, es
decir, dependen para comer de UNRWA.
Los civiles palestinos dependen exclusivamente del apoyo de UNRWA sobre el terreno, es una organización indispensable en la región, en consecuencia, no debemos modificar nuestra colaboración con UNRWA, a la que consideramos una organización
indispensable, cuyo trabajo es hoy más necesario que nunca.
Por eso, de nada sirve y es tremendamente irresponsable sancionar a una agencia y a toda la comunidad a la que sirve en base a acusaciones de algunos individuos, que deberán responder individualmente por sus actos.
Asimismo, tal y como manifiesta la sociedad española, seguimos condenando los ataques indiscriminados de Israel contra la población civil y contra las infraestructuras civiles, y reiteramos el necesario respeto del derecho internacional y
del derecho internacional humanitario. Sociedad que no ha dejado de pedir en cada pronunciamiento público: el alto el fuego inmediato y permanente, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Manifestar su respaldo a la imprescindible labor que realiza la UNRWA para con la población refugiada de Palestina, tanto en Gaza y Cisjordania como en los campos de refugiados y refugiadas existentes en la región, que acogen a dicha
población.
2. Instar a la comunidad internacional a respetar los compromisos políticos y económicos adquiridos con la UNRWA, y, ante los incumplimientos por parte algunos de sus miembros, exhortar a la comunidad a incrementar los fondos destinados
para que la organización pueda continuar con su labor.
3. Impulsar en la Unión Europea, a sus Estados miembros y a otros organismos concernidos a continuar e incrementar, en su caso, la colaboración con la UNRWA.
4. Estudiar la posibilidad de realizar contribuciones extraordinarias, respondiendo a la situación excepcional a la que se enfrenta la agencia de Naciones Unidas, por medio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), hasta que la situación se normalice.
5. Promover en la Unión Europea, a sus Estados miembros y en otros organismos internacionales concernidos, acordar una propuesta sobre la implementación de
instrumentos específicos para apoyar la reparación, la recuperación y la reconstrucción del futuro Estado Palestino.
6. Acoger con satisfacción la activación inmediata de la investigación de las denuncias por parte de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2024.-María Guijarro Ceballos, María Isabel Moreno Fernández y Susana Ros Martínez, Diputadas.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
162/000169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Pedro Fernández Hernández, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al objeto de garantizar una protección más eficaz a todo ciudadano español respecto
a sus datos de carácter personal y sobre la nueva política de cookies, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Constitución española reconoce en su artículo 18 la garantía del 'derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen', así como la limitación, por ley, 'del uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos'.
Por otra parte, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, define el consentimiento del afectado en los siguientes términos: 'toda manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen'. Asimismo, la norma señala que, cuando 'se pretenda fundar el
tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas'.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) actualizó la 'Guía sobre el uso de las cookies' 1 adaptándola a las Directrices 03/2022 sobre patrones engañosos en redes sociales 2 del Comité Europeo de Protección de Datos. En la nota de
prensa del 11 de julio del año 2023 de la AEPD se adelantaba que 'la nueva versión de la Guía aclara que dicha alternativa no tendrá por qué ser necesariamente gratuita' 3, aspecto que se está aplicando desde el 11 de enero del 2024.
Estas directrices establecen que las opciones para aceptar o rechazar cookies deben presentarse de manera destacada y equitativa, sin que una sea más compleja de realizar que la otra. Sin embargo, no abordan la cuestión del pago, una
adición unilateral por parte de la AEPD que introduce un elemento inédito en este contexto.
Actualmente, muchos son los portales de Internet que están solicitando a los usuarios el pago en caso de que no se acepte el consentimiento de registro de las denominadas cookies 4. Los portales de Internet y, más en concreto, las empresas
titulares, pueden utilizar dicha información para el estudio de comportamiento y preferencias del usuario en
1 https://www.aepd.es/guias/guia-cookies.pdf.
2 https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-032022-deceptive-design-patterns-social-media_en.
3 https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-actualiza-guia-cookies-para-adaptarla-a-nuevas-directrices-cepd.
4 https://www.rae.es/dpd/cookie.
caso de aceptación y también para su venta a otras compañías nacionales o extranjeras dedicadas al análisis de datos 5.
Ante la preocupante transformación en la política de aceptación de cookies que está teniendo lugar en el ámbito digital, los españoles necesitan certidumbre en cuanto al uso que se da a sus datos por parte de los portales web y las
condiciones que supone la aceptación de 'cookies' o el rechazo de estas mediante pago 6. La reciente normativa, vigente desde principios de este año, contempla como alternativa a la aceptación de cookies un 'muro de pago' 7. Esta dicotomía obliga
a los usuarios a elegir entre aceptar las cookies, permitiendo un seguimiento intrusivo de sus datos, o rechazarlas con la condición de abonar una cuantía económica por cada visita, y así poder salvaguardar su privacidad personal y familiar. Sin
embargo, el pago tampoco garantiza per se que no exista el rastreo de información personal, como con las cookies técnicas o necesarias.
Esta nueva política de aceptación de cookies ha generado un escenario donde la privacidad es, más que nunca, un bien de mercado. Muchos sitios web exigen tarifas mensuales para renunciar al rastreo de cookies, precios que no garantizan la
ausencia de publicidad dirigida 8 con fines comerciales ya que sigue existiendo la aceptación implícita de las cookies técnicas o necesarias. Esta situación, hace que la navegación sin seguimiento de cookies sea prácticamente inviable, poniendo en
duda la verdadera protección de datos de carácter personal 9.
Más allá de las repercusiones económicas, esta medida cuestiona directamente los derechos fundamentales de los usuarios, planteando dilemas éticos sobre la legitimidad de condicionar el acceso a contenidos digitales básicos a expensas de la
renuncia a la privacidad. Esta ambigüedad deja a los usuarios españoles en la encrucijada de aceptar la invasión de cookies o afrontar costos elevados para preservar su privacidad, convirtiendo así la privacidad en un privilegio en lugar de un
derecho fundamental.
En resumen, la nueva política de aceptación de cookies incrementa la vulnerabilidad de los españoles y transgrede sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, así como la autonomía de la voluntad, al comercializar con su
privacidad a través del chantaje. VOX seguirá defendiendo los derechos de los españoles, proponiendo medidas que compensen a los propietarios de datos por su uso y que garanticen su protección frente a la expropiación digital.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Impulsar el establecimiento de una pasarela de datos de peaje obligatorio para las grandes empresas tecnológicas extranjeras que deseen transferir datos obtenidos en territorio español a sedes en el extranjero, con el objeto de compensar
a los individuos de quienes se obtienen los datos, además de cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.
2. Promover la protección de la soberanía de los datos de los ciudadanos españoles garantizando la máxima información y transparencia en la cesión de datos personales en línea, siempre y cuando no represente una amenaza para la seguridad
nacional, la defensa y el interés general.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2024.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Pedro Fernández Hernández, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala y María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
5 https://telefonicatech.com/blog/sobre-cookies-y-sistemas-de-seguimiento.
6 https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor/informe/cookies-pago-rechazo.
7 https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/vender-en-internet/paywall/.
8 Anuncios que varían en función del comportamiento on-line de los individuos.
9 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673.
162/000170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en Pleno de la Cámara
relativa al uso de la Inteligencia Artificial y del contrato de empresas cómplices del genocidio que Israel está ejerciendo contra la población de Gaza.
Exposición de motivos
La masacre que está cometiendo Israel contra la población de Gaza desde el 7 de octubre arroja, por el momento, la cifra de más de 28.000 muertos. Y esto es posible, en buena parte, debido a la apuesta firme por el uso de la tecnología y la
Inteligencia Artificial (IA) con fines militares.
Las empresas que se dedican a la Inteligencia Artificial se han convertido en un atractivo para las inversiones mundiales. Clara evidencia de ello es el despliegue que está haciendo la empresa Microsoft en su apuesta por la tecnología que
desarrolla OpenAI, o el hecho de que en las negociaciones del Al Act algunos Estados presionaran para asegurar una regulación más laxa en lo referente a la salvaguarda de los derechos humanos y la transparencia.
Tecnología al servicio del régimen de apartheid y la masacre gazatí
En lo que se refiere al aumento de la 'eficiencia' en el campo militar, el sistema denominado Habsora (El Evangelio) que usan las fuerzas armadas israelíes sería el ejemplo paradigmático. Se trata de un conjunto algorítmico que permite
identificar y seleccionar los objetivos del bombardeo, infiriendo el número de personas que están en la zona. Es decir, se automatiza el genocidio y, a la vez, se utiliza de escudo para eludir la responsabilidad de un ataque. Según se revela en
una investigación llevada a cabo por la revista israelí +972 y Local Call, se ha pasado de concretar 50 objetivos al año a 100 en un día, el 50 % de los cuales acaban en ataque. Además, los expertos apuntan que tampoco es posible saber qué
criterios ha usado esta tecnología para sugerir un ataque, así como tampoco cuestionarlos, evitando la capacidad de evaluar el riesgo de daño a civiles.
Así lo explica un interesante artículo de Eurídice Cabañes y Judith Membrives i Llorens bajo el nombre El evangelio según Google: el rol de las tecnologías y las Big Tech en el genocidio palestino. En el texto se cita no únicamente la
inteligencia artificial aplicada a fines bélicos, también explica la utilización del reconocimiento facial y el big data para asediar a la población civil palestina, haciendo uso de la hipervigilancia y mecanismos de recopilación de datos usada para
el chantaje, una clara violación de los derechos humanos.
El papel de la tecnología civil
Esto, sin embargo, no quiere decir que sea únicamente tecnología militar la que da servicio al Estado de Israel en su afán genocida. Los avances tecnológicos y la infraestructura digital civil es hoy también un elemento clave para sostener
el régimen de apartheid y la masacre.
La tecnología y la IA no son buenas o malas en sí, son herramientas que, como sociedades, tenemos la obligación de asegurar que se desarrollan al servicio del bien común y del interés general. Los mismos trabajadores de empresas
tecnológicas como Google y Amazon han impulsado una campaña llamada No Tech for Apartheid en la que piden a los dos gigantes de la tecnología que rompan relaciones con Israel, mientras este siga usando su tecnología para la guerra, solicitan que se
rescinda el contrato del proyecto Nimbus (un acuerdo entre Google y Amazon para ofrecer servicios en la nube a Israel con contrato de 1,2 billones de dólares). A los más de 1000 trabajadores de ambas empresas que se han sumado ya a la campaña ha
recibido un amplio apoyo de la sociedad civil,
convirtiéndose esta en un espacio transversal de discusión sobre la intersección entre los crímenes cometidos en Palestina y otras violaciones de derechos humanos y la responsabilidad de estas empresas. El manifiesto de la campaña reza
'siguiendo los pasos de quienes lucharon por desinvertir en la Sudáfrica del apartheid y ganaron, es nuestra responsabilidad alzarnos en apoyo de la libertad palestina [...]. Al ampliar la capacidad de computación en nube pública y proporcionar su
tecnología punta al gobierno y al ejército israelíes, Amazon y Google están contribuyendo a que el apartheid israelí sea más eficiente, más violento e incluso más mortífero para los palestinos'.
Una de las últimas empresas en añadirse a la lista de contratos millonarios para ejercer el apartheid israelí ha sido Starlink, la compañía tecnológica de satélites del multimillonario Elon Musk. El servicio de internet satelital refuerza
la conectividad en las fronteras sur y norte de Israel, agilizando sus operaciones, pero no podrán tener acceso las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona. Unas semanas antes de cerrar ese acuerdo, Musk manifestó que quería que su
servicio de internet asistiera a las organizaciones humanitarias.
El uso de la tecnología y la IA para condicionar el relato sobre la masacre y la denuncia de la misma
Además, se pone en relieve también la utilización de los algoritmos para el control del relato por parte de Israel en la esfera digital, silenciando y señalando opiniones críticas con las actuaciones israelíes y el silenciamiento del pueblo
palestino. En este sentido, son múltiples las iniciativas y denuncias surgidas desde el inicio de la masacre que denuncian el shadowbanning practicado por empresas como Meta, se trata del silenciamiento o la invisibilización de las publicaciones
pro-palestinas, las cuales también ven limitada su capacidad de viralización. El estudio Human Rights Due Diligence of Meta's Impacts in Israel and Palestine realizado por la red BSR encargado por la propia empresa Meta recoge la violaciones de
derechos humanos en manos de esta empresa consecuencia de sobremoderación de contenido palestino e infra-moderación de contenido israelí ya en mayo de 2021.
Al mismo tiempo, el uso de las redes sociales está siendo clave a la hora de dar a conocer al mundo la masacre que se está perpetrando en la franja de Gaza: estamos asistiendo por primera vez a la narración en directo por parte de las
víctimas de su propio exterminio. Y si la tecnología no es neutral, menos lo son las grandes empresas que dominan el panorama comercial del sector. En ese sentido, Meta (antigua Facebook) ha sido objeto de múltiples denuncias públicas por estar
silenciando las voces contra el genocidio palestino. Se trata de la vulneración del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información con un fuerte impacto en profesiones como las de periodismo o en los defensores de derechos humanos.
Una de las campañas más conocidas es Stop Silencing Palestine -liderada por la organización palestina 7amleh-, la cual lleva más de dos años denunciando la censura de Meta al pueblo palestino, que restringe el contenido sobre el conflicto.
Esta iniciativa empezó a caminar en 2021, durante los desalojos forzosos de familias palestinas en Jerusalén, donde se sistematizó la censura generalizada al pueblo palestino en plataformas de Meta. Desde el 7 de octubre de 2023, esta coalición
global de organizaciones sigue denunciando las prácticas de moderación sesgadas de Meta, con eliminación de cuentas y censura de contenidos. El informe Meta's Broken Promises, de Human Right Watch, arroja datos preocupantes. Entre octubre y
noviembre de 2023 se documentaron más de 1.050 eliminaciones de contenido en Instagram y Facebook publicado por palestinos, inclusive mensajes sobre vulneración de derechos humanos. 1.049 de estos contenidos eran de contenido pacífico en apoyo a
Palestina, que provenían de más de 60 países del mundo.
Una de las 'novedades' (el fenómeno ya existía antes, pero ahora es exponencialmente más flagrante) de la situación actual es que las plataformas digitales no solo contribuyen al silenciamiento de voces palestinas y propalestinas, sino
también a que circulen mensajes de odio e incitación al odio contra los palestinos (contenido que no es eliminado), algo que se ha demostrado que tiene impacto en la situación sobre el terreno,
es decir, en la seguridad de las palestinas. 7amleh y otras organizaciones acaban de sacar un comunicado sobre las obligaciones de Meta y otras compañías (X y Telegram son las peores en este caso) tras la sentencia provisional de la CIJ.
La necesidad de impulsar la soberanía tecnológica
Tras la pandemia, las relaciones económicas entre España e Israel vinculadas al sector tecnológico han experimentado un notable crecimiento, reflejado en cifras concretas de flujo de inversiones. Según los datos del Ministerio de Economía,
Comercio y Empresa, en los primeros nueve meses de 2023 el flujo de inversión directa española en Israel relacionadas con la programación informática, consultoría de informática y bases de datos alcanzó los 8,5 millones de euros, casi el doble que
en 2019, y representando el 95% sobre el total de inversión. Por otro lado, Israel ha mostrado un interés mucho mayor en el mercado tecnológico español, con un flujo de inversión directa superior a los 70M en el mismo periodo, siendo el máximo de
la serie histórica y con una representación del 80% sobre el total de inversiones. Estas cifras no solo subrayan la creciente colaboración económica entre ambos países, sino también el marcado rumbo de las mismas hacia el sector tecnológico.
Es tal la velocidad de desarrollo y los intereses vertidos en estas nuevas tecnologías que las compañías se han encontrado sin respetar ningún marco regulatorio (como el UNGP -Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones
Unidas-) por parte de los poderes públicos que les impida cometer atrocidades como la que se están viendo en Israel. No se trata solo de cesar el comercio de armas con Israel sino también de poner fin a los acuerdos, contratos... con las empresas
que dan servicio, de manera directa o indirecta, al gobierno israelí en la masacre. Sin embargo, muchas de estas empresas ofrecen también servicio a las administraciones públicas españolas para la gestión o almacenamiento de infraestructuras
críticas como pueden ser los datos o los servicios de nube.
Por ello es necesario iniciar un proceso de impulso de infraestructuras digitales públicas que permitan a España desplegar una soberanía tecnológica plena sin dependencia de compañías que contribuyen a una guerra contraria a la legislación
internacional. A esta acción de obligada implementación, se suma la necesidad de desplegar líneas de financiación que fomenten y exploten el potencial del ecosistema español de empresas tecnológicas que puedan desarrollar soluciones para la
administración pública con una filosofía opensource que permita el control democrático de las mismas.
La necesidad de medidas extraordinarias
No se trata pues únicamente de cesar la colaboración con las grandes empresas tecnológicas que con su tecnología civil dan servicio a la guerra y de cesar el comercio de armas con Israel siguiendo la Ley de comercio de armas 53/2007 y la
Posición Común Europea sobre Ventas de Armas 2008/944, debemos poner fin a la compra de tecnología israelí siguiendo el espíritu de ambos textos legales previamente citados, especialmente a aquella 'tested in combat'. Israel es conocido como 'el
Silicon Valley de Oriente' por haber propiciado un contexto en el que el 5,4% del PIB se destina a inversión en l+D, en su gran mayoría para el desarrollo de tecnología militar. Evitar la complicidad con el genocidio nos obliga a cesar toda
relación comercial con este sector. Esto, además, en el caso de España, no ha de entenderse como una pérdida, sino como una oportunidad de potenciar un ecosistema de empresas propio, que actúen de acuerdo a los derechos humanos y una tecnología
netamente democrática.
La opinión pública española ha señalado en numerosas ocasiones la necesidad de cesar el comercio de armas con Israel. En un contexto en el que la tecnología ha ganado tanta importancia a la hora de decantar los conflictos bélicos, este cese
debe extenderse también a las empresas que proporcionan infraestructura tecnológica al Estado de Israel y que este usa para perpetrar el apartheid y aumentar la 'eficiencia' de la ofensiva bélica que está perpetrando en Gaza.
España firmó y ratificó en 2013 el Acuerdo sobre el Control del Comercio de Armas (Arms Trade Treaty, ATT) con el cual se pretende regular el comercio internacional de armas convencionales para prevenir su desvío hacia actividades ilícitas,
incluyendo conflictos armados. También entra en juego en este ámbito el Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y
el tránsito de productos de doble uso, un reglamento de la Unión Europea que establece un régimen de control de las exportaciones de productos de doble uso (productos que tienen tanto aplicaciones civiles como militares) y tecnología relacionada,
con el objetivo de prevenir la proliferación de armas y tecnologías sensibles. Es en momentos como el actual, de crisis, conflicto y horraren los que es necesario apostar por avances tecnológicos que afiancen la democracia, y apuesten por una
tecnología al servicio del bien común y de los derechos humanos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cesar la compra de tecnología israelí 'probada en combate' o de uso militar, como el nuevo contrato de 4 millones con la empresa Elbit Systems para modernización y mantenimiento de ciberseguridad de programas de defensa del pasado 15 de
enero, e iniciar los cambios legislativos necesarios para que este cese se vuelva permanente hasta el reconocimiento de los dos estados y el fin del apartheid palestino.
2. Impulsar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información relativa a los contratos que tienen las diferentes administraciones públicas con empresas tecnológicas que ya han sido denunciadas públicamente por su complicidad
con el genocidio en Gaza y el apartheid perpetrado contra la población palestina. Incluido el Centro Criptológico Nacional en relación a cualquier programa informático israelí de posible doble uso.
3. Adquirir el compromiso de denunciar ante las instancias nacionales e internacionales pertinentes la complicidad de las empresas tecnológicas con el régimen de apartheid que vive la población palestina y el genocidio en Gaza.
4. Promover la modificación de la ley de contratación para impedir la contratación de dichas empresas.
5. Impulsar la creación de las infraestructuras digitales públicas opensource adecuadas que permitan alcanzar la soberanía nacional y dejar de depender de grandes empresas cómplices del genocidio palestino.
6. Asegurar las partidas presupuestarias para ello.
7. Impulsar la regulación adecuada con el fin de asegurar que el despliegue del AI Act en España se inserta en un marco garantista que pueda servir de guía al resto de países europeos.
8. Promover la aplicación de la Directiva (y sus sanciones) sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad acordada por el Consejo y el Parlamento europeo en 2023.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2024.-Gala Pin Ferrando, Francisco Sierra Caballero, Teslem Andala Ubbi, Eloi Badia Casas, Engracia Rivera Arias, Félix Alonso Cantorné, Júlia Boada Danés, Esther Gil de Reboleño
Lastortres, Gerardo Pisarello Prados y Candela López Tagliafico, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero y Aina Vidal Sáez, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la reprobación del presidente
del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos Tortajada, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Desde su nombramiento en 2018, el Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha estado rodeado por la polémica.
A su designación, que se produjo cuando era miembro de la ejecutiva federal del PSOE, se unió que era y aún es Presidente del Patronato de la Fundación SISTEMA del Partido Socialista.
Ex presidentes del CIS, catedráticos de prestigio, politólogos y expertos del sector, mayoritariamente denuncian las apreciaciones de parcialidad y la ausencia de rigor científico que se han acumulado en el CIS desde el nombramiento de José
Félix Tezanos.
Los estudios del CIS desde su llegada constatan sus pronósticos siempre equivocados y siempre con un sesgo a la izquierda, sobrevalorando por sistema el voto de la izquierda en cada una de las encuestas que ha realizado y errando
estrepitosamente en sus predicciones demoscópicas con el único objetivo de crear un estado de opinión que movilice a los votantes de su partido.
Es enormemente grave el deterioro del prestigio del CIS, bajo la presidencia del Sr. Tezanos, así como el sectarismo ideológico que ha impuesto en esa institución.
Pero tanto más grave es que sin la más elemental objetividad y neutralidad por el cargo que ostenta, se dedique a criticar e insultar por escrito a los dirigentes y votantes del Partido Popular.
Esta actitud no es aislada, ya es reiterada a lo largo de los últimos años. Desde llamar 'tabernarios' a los votantes madrileños, dudar de la capacidad de la presidenta Ayuso, pasando por equiparar al centro derecha y al Partido Popular con
el partido nazi. Pero esa actitud reprobable ha subido en su último artículo en la revista Temas correspondiente a marzo, titulado Nuevas encrucijadas y tendencias electorales, donde insulta a los gallegos en general, a las monjas y mariscadoras en
particular, -en clara actitud machista-, y acusa al Partido Popular, sin ninguna prueba que le respalde, de utilizar el Gobierno de la Xunta para obtener votos con prácticas irregulares o a cambio de gratificaciones o recursos.
Lejos de asumir su nueva predicción errónea, considera que la mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular se debió a actuaciones tales como 'gratificaciones económicas extraordinarias a las mariscadoras, mensajes enviados al personal
sanitario prometiendo mejoras salariales y organizativas, monjitas organizando el voto de sus asilados e internos, etc.'.
Acusaciones infundadas e intolerables contra el Gobierno de la Xunta vulnerando con ello de manera palmaria su obligación de mantener una actitud neutral, alejada de toda crítica política por respeto al cargo que ostenta.
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas ya hace tiempo que debería haber dimitido no solo por su escandalosa e indisimulada vinculación partidista. También por su inaceptable falta de objetividad y neutralidad en su trabajo
y en su conducta dentro y fuera del CIS.
Este señor es el Presidente de una institución pública gestionada con fondos públicos y a quien el artículo 2 de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas, exige que en el cumplimiento de
sus funciones se conduzca de acuerdo con los principios de objetividad y neutralidad en su actuación, de igualdad de acceso a sus datos y de respeto a los derechos de los ciudadanos. Obligaciones que le acompañan y que le son exigibles en todo
momento, ya sea en sus actuaciones públicas como privadas.
El Gobierno que le ha nombrado acumula suficientes motivos para cesarle, y, él carece de la dignidad necesaria para dimitir, por lo que es necesario, además de reiterar su obligada dimisión inmediata, que la Cámara, que representa a todos
los españoles, muestre su rechazo a mantener un día más a personas como el Sr. Tezanos al frente de instituciones democráticas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación del Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, por su gestión sectaria y partidista al frente de la institución, así como, por sus reiteradas críticas y ataques contra líderes
políticos del centro y la derecha de España y contra los ciudadanos que ejercen libremente su derecho de sufragio y que han tenido como última expresión, las acusaciones infundadas para intentar empañar la contundente victoria del Partido Popular en
las últimas elecciones autonómicas gallegas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2024.-Marta González Vázquez, Tristana María Moraleja Gómez, Álvaro Pérez López, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Cristina Abades Martínez, Ana Belén Vázquez
Blanco, Rosa Quintana Carballo, Celso Luis Delgado Arce, Ana María Pastor Julián, Irene Garrido Valenzuela y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz adjunta, lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su tramitación ante el Pleno del Congreso relativa a la visibilidad, diagnóstico y tratamiento integral de la endometriosis.
Exposición de Motivos
En la Guía de atención a las mujeres con endometriosis en el Sistema Nacional de Salud publicada en 2003, el Ministerio de Sanidad define la endometriosis como 'la implantación y crecimiento benigno de tejido endometrial fuera del útero'.
La naturaleza benigna de estos tejidos, que diferencia a la endometriosis del cáncer, no implica que las mujeres afectadas por esta enfermedad no sufran importantes lesiones. Las localizaciones más frecuentes afectadas por la endometriosis son el
peritoneo pélvico y los ovarios, aunque tal y como reconoce la Guía del SNS, 'ocasionalmente pueden encontrarse (...) en otras muchas partes como el intestino, vejiga, estómago, pulmón, etc.', causando importantes lesiones y un dolor crónico.
Los síntomas más comunes de esta enfermedad son 'dismenorrea, dispareunia, infertilidad y dolor pélvico crónico'. Además, las mujeres que la sufren pueden presentar síntomas no ginecológicos como 'el dolor abdominal o de espalda, dolor al
orinar o defecar, hemorragias, etc.' Con respecto a la infertilidad, esta alcanza hasta a un 30-40% de las mujeres afectadas por endometriosis.
La incidencia de la endometriosis es enorme. Según la QMS afecta a un 10% de las mujeres en edad fértil, 176 millones de mujeres en todo el mundo y unos dos millones en toda España. Sin embargo, el tiempo medio desde la aparición de los
primeros síntomas hasta el diagnóstico de la enfermedad supera actualmente los cinco años y muchas mujeres no llegarán nunca a ser diagnosticadas, algo impensable en otras patologías. De
ello es responsable un desconocimiento social generalizado, desconocimiento que afecta también en parte al propio colectivo médico, así como la normalización social del dolor menstrual.
La invisibilidad de la endometriosis es una muestra más de violencia institucional contra la mujer y como tal debe ser abordada. Por ello esta proposición no de ley reclama la necesidad de dar a conocer la endometriosis y visibilizar a las
mujeres que la sufren, así como de incluir a la endometriosis en los planes de formación de nuestros profesionales sanitarios actuales y futuros.
A la situación de infradiagnóstico descrita anteriormente se une la ausencia de un tratamiento efectivo que a día de hoy pueda garantizar una cura para esta enfermedad. Que no exista una cura implica en primer lugar la necesidad de impulsar
la investigación en esta materia. Por otra parte, ello no implica que no se pueda mejorar sustancialmente la atención sanitaria recibida por las pacientes.
Aunque en los últimos años se han ido abriendo paso tratamientos cada vez menos agresivos y técnicas quirúrgicas menos invasivas como la laparoscopia, es necesario seguir avanzando hacia un protocolo de actuación unitario y específico para
las pacientes de esta enfermedad, centralizando la atención médica en una unidad especializada multidisciplinar, así como garantizar que esta atención integral queda cubierta íntegramente por el sistema público de salud. Se garantiza así que el
diagnóstico y el tratamiento de la endometriosis no dependa del lugar de residencia de la paciente y que todas sus consecuencias, tanto físicas como psicológicas, se aborden de forma integral y coordinada.
Por todo lo expuesto se plantea la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trabajar, en colaboración con las Administraciones Autonómicas, para garantizar una atención integral e interdisciplinaria para la detección, diagnóstico, control y tratamiento de la endometriosis, incluyendo en su cobertura los
medicamentos y las terapias de apoyo que se prescriban en cada caso, así como todos los procedimientos y las técnicas necesarias, las cuales incluyen, pero no se limitan a examen pélvico, histerosalpingografía, ecografía y cirugía/s laparoscópica/s,
laparotomía e histerectomía y fármacos.
2. Realizar campañas de concienciación sobre la endometriosis para toda la población.
3. Garantizar la formación especializada en endometriosis de todo el personal sanitario y sociosanitario, especialmente de aquellos especializados en ginecología y obstetricia.
4. Impulsar la investigación científica para poder elaborar tratamientos efectivos contra la endometriosis.
5. Trabajar, en colaboración con las Administraciones Autonómicas, la creación de protocolos que garanticen que todas las mujeres que sufren endometriosis tengan acceso a los mismos tratamientos y que estos sean ofertados por los centros
médicos del Sistema Nacional de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre políticas
de empleo innovadoras intergeneracionales y con perspectiva de género, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Euskadi entra en este año 2024 en unas condiciones de empleo ciertamente favorables.
Según los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA), Euskadi cerró 2023 con una tasa de paro del 6,3 % frente al 11,8 % para el conjunto de España.
Por sexos, si bien el paro femenino es también en este caso superior al masculino, la brecha entre ambos resulta menor que en el promedio estatal.
Estas bajas tasas de desempleo son el resultado de una combinación provechosa entre un modelo productivo que ha apostado tradicionalmente por la industria, y más recientemente también por otras actividades innovadoras y de mayor valor
añadido, junto con el impulso de unas políticas públicas, desarrolladas de forma alineada por los distintos niveles institucionales, que han contado con el acuerdo y la implicación de los agentes sociales.
El menor nivel de desempleo en Euskadi se combina con récord en número de afiliaciones a la Seguridad Social. Una dinámica de crecimiento robusto del empleo que también se observa en el conjunto de España.
Pero los buenos resultados de estas políticas, lejos de llevarnos a un conformismo triunfalista, nos apela a continuar haciendo frente a una serie de retos aún pendientes: desempleo femenino, juvenil y de mayores de 45 años, cronificación,
que forman parte del reto demográfico al que nos enfrentamos.
Abordar todos estos requiere de un enfoque integral y no tanto de políticas aisladas en determinados tramos, que posibilite el desarrollo de políticas públicas innovadoras, en las que se incorpore una dinámica de evaluación rigurosa, que
permita evaluar los impactos de las actuaciones realizadas, tal y como ya se ha comenzado a realizar en programas promovidos por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y que en Euskadi va a tener reflejo con la creación de un Órgano
Independiente de Evaluación de Políticas Públicas de Empleo e Inclusión.
Es necesario seguir apostando, tanto en Euskadi como en el conjunto de España, por este tipo de políticas públicas integrales intergeneracionales, políticas que a su vez tengan como eje transversal la igualdad de género y el objetivo de
fomentar los empleos de calidad.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar impulsando la colaboración entre Administraciones para hacer posible unas políticas que sitúen el empleo en el centro de las políticas públicas, y refuercen su relación con las políticas industriales, educativas y de inclusión
con el objetivo de procurar el acceso a un empleo digno.
2. Promover programas de apoyo a las pequeñas empresas para gestionar el relevo generacional, desde una perspectiva inclusiva, que combata el edadismo, en la línea de lo que se lleva desarrollando en los últimos años en el País Vasco.
3. Abordar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y desde el respeto a los ámbitos competenciales:
a) Programas de sensibilización general y específica, dirigidas a los agentes económicos y sociales, que combatan la discriminación en el acceso al empleo por razón de edad.
b) Monitorizar la detección temprana de ocupaciones en declive, de manera que se puedan focalizar con tiempo planes específicos de recualificación laboral y que permitan mantener población en el territorio, con especial atención a la
perspectiva de género,
promoviendo programas de formación y de empleo, que incorporen el objetivo de incorporación de mujeres en ocupaciones masculinizadas y de hombres en ocupaciones feminizadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2024.-María Guijarro Ceballos, Esther Peña Camarero, Rafaela Romero Pozo, Daniel Senderos Oraá y María Luisa García Gurrutxaga, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Patxi López Álvarez,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz Adjunta, lone Belarra Urteaga, miembro de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley en defensa del empleo y en contra de la deslocalización industrial en el complejo industrial de Sabic en Cartagena para su debate y aprobación en el Pleno del Congreso
Exposición de motivos
La empresa General Electric se instaló en La Aljorra (Cartagena) en 1989. En el año 2007, fue adquirida por la multinacional saudí Sabic y a lo largo de estos años ha tenido un impacto económico muy importante para la Región de Murcia,
alcanzando hasta el 2 % del PIB regional y el 10% de las exportaciones de esta CC.AA., llegando a tener 4 plantas en marcha (HPP, LEXAN 1 y LEXAN 2 y Compounding), más de 700 empleos directos y más de cuatro mil indirectos.
En el año 2020 SABIC lleva a cabo un ERE que afecta a 95 trabajadores y cierra la planta de HPP y en enero de 2023 paraliza 'temporalmente' la producción de la planta LEXAN 2 poniendo en marcha un primer ERTE que afecta a 106 empleados
directos y al que le sucede un segundo ERTE, en el mes de junio, que afecta a un número similar de empleados. Finalmente, en diciembre de 2023, SABIC pone en marcha un ERE para el despido de 137 trabajadores de los 600 con que cuenta actualmente.
De esta forma SABIC en Cartagena va a pasar en tres años de tener cuatro plantas operativas y 700 trabajadores directos a tener solo dos y menos de 500 empleos directos.
Y todo ello mientras en otros países como en Arabia o en China se amplía la capacidad productiva.
Es por ello que el Comité de Empresa lleva años advirtiendo, a la vista de la reducción progresiva de la carga de trabajo que viene haciendo la empresa en la planta de La Aljorra, que la intención de la empresa es llevar a cabo una
deslocalización encubierta de la actividad industrial hacia zonas y plantas de reciente creación en otros países como China y que pronto acabará con toda la actividad industrial en la comarca de Cartagena.
Urge, por tanto, una apuesta clara del Gobierno de España por el mantenimiento del empleo y velar por las máximas garantías para todos los trabajadores y trabajadoras, así como por el mantenimiento de la actividad industrial y económica de
la empresa, cuyo cierre total o parcial afectaría gravemente a Cartagena, su comarca y a toda la Región de Murcia.
Los objetivos legítimos de descarbonización que el Gobierno lleva persiguiendo desde hace años, no pueden perjudicar a empresas gas-intensivas como SABIC, que utilizan el gas natural no como combustible sino como materia prima y debe velar
por el mantenimiento de su actividad industrial y de su empleo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Mixto presenta para su debate y aprobación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España:
1. A manifestar la necesidad de evitar la deslocalización de las unidades de producción que se mantienen operativas en el complejo para salvaguardar el empleo y el tejido industrial.
2. A instar al Gobierno de la Región de Murcia, en colaboración con el resto de Administraciones, a poner en marcha un Plan Industrial con dotación presupuestaria suficiente y acordado con la empresa con el objetivo de establecer las
garantías para la continuidad de actividad industrial y el mantenimiento del empleo en el complejo industrial de Sabic en Cartagena. Asimismo, a requerir a la empresa a que exponga sus planes de futuro y los recursos que va a emplear para asegurar
la continuidad de la producción y que se prime la producción en España frente a otros emplazamientos europeos, dada la utilización de energías renovables, materias primas verdes y la descarbonización del proceso productivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno de la Cámara
relativa al control y seguimiento de los residuos ocasionados por los productos textiles y su impacto real en la economía circular.
Exposición de motivos
La producción y el consumo de productos textiles también tienen un enorme impacto en el clima, el agua y el consumo de energía. La producción textil mundial casi se ha duplicado entre 2000 y 2015. Se prevé que el consumo de ropa y calzado
aumente un 63 % de aquí a 2030, pasando de los 62 millones de toneladas actuales a 102 millones en 2030. Solo en el caso de las camisetas, se calcula que cada año se destruyen en la UE entre 11 y 32 millones de camisetas nuevas según datos del
grupo parlamentario de los Verdes en Parlamento Europeo.
En las últimas dos décadas se ha triplicado la exportación de ropa usada desde la Unión Europea: de 550.000 toneladas en 2000 hasta casi 1,7 millones en 2019. Se calcula que un 80 % de los residuos textiles que se recogen selectivamente en
los Estados miembros se destinan a la exportación fuera de la UE; en 2019 se exportaron 3,8 kilogramos por persona según datos de la Agencia Europea del Medioambiente.
En España, solamente el 12 % de los residuos textiles se recogieren selectivamente en 2019, muy por debajo de la media europea que se sitúa en el 38 %, según el informe de Moda Re Análisis de la recogida selectiva de la ropa usada en España.
Aun así, entre julio de 2022 y junio de 2023, se exportaron un total de 131.900 toneladas de residuos textiles desde España, el 90 % de las cuáles se hicieron catalogadas como 'ropa de segunda mano' según los datos de comercio exterior del
Ministerio de Hacienda analizados por Greenpeace.
Gran parte de estos residuos textiles acaban vertidos o quemados a cielo abierto en África o Asia debido a la falta de infraestructuras para eliminarlos o a la saturación de los vertederos oficiales. Según Afrika Collect Textiles, entre el
30 y 40 % de la ropa usada que reciben en Kenia es de tan mala calidad que ya no se puede vender y se convierte en
residuos textiles que no reciben el tratamiento adecuado para su eliminación (hasta el 69 % de las fibras utilizadas en la ropa son sintéticos, es decir, plástico).
Estos datos demuestran, por un lado, que se produce demasiada ropa, y por el otro, que no existen infraestructuras, mecanismos ni procesos adecuados para darle una segunda vida a la ropa o para proceder a la eliminación adecuada de textiles.
También demuestran que producir ropa en el sur global, importarla en el norte global y devolverla al sur global una vez usada, es injusto e insostenible.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el tratamiento de los residuos textiles en el marco de la revisión de la Directiva 2008/98/CE de residuos y del PERTE de Economía Circular, mediante el impulso de las medidas necesarias para
establecer criterios de diseño circular en la fabricación de prendas de vestir procurando, a su vez, que los productos sean también circulares y sostenibles, así como más duraderos, resistentes y reciclados, mediante la creación de requisitos
mínimos de rendimiento e información, tal como recogerá la Regulación sobre diseño ecológico para productos sostenibles de la Unión Europea. Así como, el impulso de medidas que faciliten un amplio despliegue del sector de la reutilización y
reparación el ámbito textil y de moda.
2. Estudiar medidas concretas sobre residuos textiles para poner fin a la destrucción de productos no vendidos, incluidas prendas que se hayan devuelto a los establecimientos de venta, con el fin de darles un uso útil y adecuado.
3. Elaborar, en coordinación con las ONG que han trabajado este tema y con las Comunidades Autónomas, un Programa Nacional de control y seguimiento del ciclo de vida de los productos textiles, con el objetivo de asegurar un sistema de
control que permita reducir los riesgos para la ciudadanía y el medio ambiente, derivados de la producción de los productos textiles en todo su ciclo de vida, e incluya objetivos específicos para la prevención, recogida, reutilización y reciclaje de
residuos textiles, así como de seguimiento de su destino hacia terceros países. Elaborar un informe anual en el que se actualicen los resultados.
4. Convocar a los responsables de las principales empresas multinacionales españolas dedicadas al diseño, la fabricación y la comercialización de prendas de vestir para diseñar estrategias de responsabilidad corporativa que, sin comprometer
su viabilidad ni sus beneficios, contribuyan a resolver el problema de la llamada moda rápida o ya 'ultra fast fashion'.
5. Impulsar las medidas necesarias en materia de etiquetaje de los productos textiles del ámbito de la moda con el fin de proporcionar la información adecuada para su reciclaje y respeto al medio ambiento, contemplando el ciclo de vida
completo del producto.
6. Impulsar desde el Gobierno de España una campaña para concienciar a la ciudadanía, en la necesidad de hacer un consumo responsable de las prendas de vestir.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2024.-Júlia Boada Danés, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000034
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 231/2021, promovido por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, contra la Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para impulso y reactivación de la actividad urbanística.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada Montalbán Huertas, don Ricardo Enríquez Sancho, doña María Luisa Balaguer
Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño, don Juan Carlos Campo Moreno y doña Laura Díez Bueso, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 231-2021, promovido por más de 50 senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Socialista, contra la Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad urbanística. Han comparecido y formulado alegaciones la Comunidad de Madrid y la Asamblea de Madrid. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido declarar extinguido, por pérdida sobrevenida del objeto, el presente recurso de
inconstitucionalidad núm. 231-2021, promovido por más de 50 senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Socialista, contra la Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
para el impulso y reactivación de la actividad urbanística.
Publíquese esta sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 28 de febrero de 2024.
232/000035
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2061/2022, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra la disposición final trigésima de la Ley
22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que modifica la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada Montalbán Huertas, don Ricardo Enríquez Sancho, doña María Luisa Balaguer
Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño y doña Laura Díez Bueso, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2061-2022 interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre,
por la que se establece el ingreso mínimo vital, en la redacción dada por la disposición final trigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Han comparecido el Congreso de los Diputados, el Senado,
el Gobierno de la Nación, la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Han formulado alegaciones los tres últimos. Ha sido ponente la magistrada doña Laura Díez Bueso.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar íntegramente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta
diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, contra la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, en la redacción dada por la disposición final
trigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022.
Publíquese esta sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 28 de febrero de 2024.
234/000007
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(234) Recurso de amparo.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de amparo número 1209/2021-F, sobre las actuaciones relativas a los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados de 13 de enero y de 9 de febrero de 2021 y al acuerdo de la Mesa de
la Comisión de Justicia de 16 de febrero de 2021, así como votos particulares formulados a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada Montalbán Huertas, don Ricardo Enríquez Sancho, doña María Luisa Balaguer
Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño y doña Laura Díez Bueso, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo avocado núm. 1209-2021, promovido por doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y doña Isabel María Borrego Cortés, en sus condiciones de portavoz y secretaria general adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados, respectivamente, contra el acuerdo de la mesa del Congreso de los Diputados de 9 de febrero de 2021, por el que se desestima la petición de reconsideración planteada contra el acuerdo de 13 de enero de 2021, sobre diversos
aspectos relativos a la tramitación de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en
funciones; y el acuerdo de la mesa de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de 16 de febrero de 2021, por el que se desestima la solicitud de comparecencias de expertos en la tramitación de la citada proposición de ley orgánica y la
petición de diversos informes. Ha comparecido el Congreso de los Diputados. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el recurso de amparo interpuesto por doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y doña
Isabel María Borrego Cortés, en sus condiciones de portavoz y secretaria general adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, respectivamente.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 28 de febrero de 2024.