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BOCG. Senado, serie II, núm. 91-b, de 01/06/1998
BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
VI LEGISLATURA
Serie II: 1 de junio de 1998 Núm. 91 (b)
PROYECTOS DE LEY (Cong. Diputados, Serie A, núm. 94
Núm. exp. 121/000092)
PROYECTO DE LEY
621/000091 Del Servicio Postal Universal y de liberalización de los
servicios postales.
PROPUESTAS DE VETO
621/000091
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del
Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley del
Servicio Postal Universal y de liberalización de los servicios postales.
Palacio del Senado, 27 de mayo de 1998.--El Presidente del Senado, Juan
Ignacio Barrero Valverde.--La Secretaria primera del Senado, María Cruz
Rodríguez Saldaña.
El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley del Servicio Postal
Universal y de liberalización de los servicios postales.
Palacio del Senado, 5 de mayo de 1998.--José Fermín Román Clemente.
PROPUESTA DE VETO NUM. 1
De don José Fermín Román Clemente (GPMX).
El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto.
Se presenta este veto al texto del Proyecto de Ley del Servicio Postal
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, porque el
contenido del mismo debilita el carácter social y público de la
prestación postal pública en favor del sector privado, dibuja un mercado
asimétrico e imperfecto, de liberalización excesiva y acelerada, e
insuficientemente regulado.
Esta situación se ve agravada al encontrarse el Correo español con una
situación de partida más desregularizada que el resto de Correos europeos
y con un desfase modernizador por la falta de inversiones en
infraestructuras y tecnologías que lo sitúa en una posición de debilidad
estructural frente a sus competidores tanto nacionales como europeos.
Esta posición de debilidad y desfase en el mercado no sólo no ha sido
corregida por los sucesivos Gobiernos, sino que ha empeorado por el
abandono que éstos han hecho de la situación.
De mantenerse los contenidos del Proyecto en cuanto a la no contemplación
de los servicios rentables, recogidos en la Directiva, y la posibilidad
de que parcialmente algunos puedan quedarse fuera del ámbito de la
prestación universal, junto a que el operador público tendrá que operar
con unos mecanismos de financiación, a través de un contrato-programa,
que en nada se corresponden con la realidad competitiva que deberá
afrontar ni con el compromiso por parte del Estado de garantizar la
prestación universal, terminará por abocar al operador público
a la prestación de servicios poco rentables, que unido a los elevados
costes de mantenimiento de su estructura, dada su extensa red, pondrá en
peligro la viabilidad del Operador Público Correos y Telégrafos y los
puestos de trabajo que de él dependen.
Esta situación, hace imprescindible el dotar de fórmulas específicas a su
financiación y regulación a la hora de aplicar los postulados de la
Directiva Postal europea y que deberán permitir al Correo Público español
adaptarse a un futuro régimen de libre concurrencia. Asimismo, debemos
destacar la necesidad de que la política inversora pública en
infraestructuras se dedique a superar los desequilibrios de carácter
social y territorial que actualmente existen, ya que en ningún caso éstos
serán cubiertos por el mercado, siendo el Estado el que con su actividad
reguladora y planificadora aproveche las potencialidades del sector.
Por el contrario, el enfoque existente en el Proyecto persigue fomentar
el aspecto mercantilista de las comunicaciones postales relegando los
aspectos relacionados con la prestación del servicio postal universal a
un segundo plano, dejando sin regular o supeditados a posterior
regulación reglamentaria aspectos determinantes del mismo como la
autoprestación, mecanismos de control e inspección para los operadores, o
los requisitos y condiciones para acceder al mercado. Este hecho viene a
mostrar el objetivo perseguido, es decir, un alejamiento de los controles
democráticos que se debe presuponer que existen en una norma en la que se
establece una distribución de competencias públicas. Así que en el texto
no se encuentran cuestiones tan razonables como la obligación del
solicitante de exponer su plan de servicios y redes, la cobertura
geográfica de los mismos, tarifas, precios, capacidad técnica y económica
para desarrollarlos, etcétera, lo que viene a reforzar este razonamiento.
En definitiva, nuestro Grupo Parlamentario propone la reelaboración del
Proyecto de Ley haciendo hincapié en una mejor regulación y
salvaguardando los siguientes planteamientos:
* Definición nítida del concepto de autoprestación.
* Clarificación del concepto del servicio universal.
* Mejora sustancial del modelo de financiación del operador público
postal.
* Regulación por ley de la composición y el funcionamiento del Consejo
Asesor Postal.
* Regulación más precisa, en general, de todas las materias y no acudir
tanto al desarrollo reglamentario, sino dar un giro hacia una regulación
legal de los aspectos más importantes de la ley.
* Salvaguardar el sector público, ya de por sí castigado por la libre
concurrencia a determinados servicios desde los años 60.
* Elaboración de un contrato-programa que permita la cobertura económica
de la prestación de los servicios a largo plazo.
* Llevar a cabo una serie importante de inversiones para permitir al
operador público acceder al futuro mercado libre en igualdad de
condiciones con el resto de competidores privados.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el
Reglamento del Senado, formula 1 propuesta de veto al Proyecto de Ley del
Servicio Postal Universal y de liberalización de los servicios postales.
Palacio del Senado, 26 de mayo de 1998.--El Portavoz, Juan José Laborda
Martín.
PROPUESTA DE VETO NUM. 2
Del Grupo Parlamentario Socialista
(GPS).
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de
veto.
JUSTIFICACION
La situación actual de los servicios de Correos debe ser enmarcada, de un
lado, en el común carácter público de todos ellos a lo largo del siglo
XIX y, de otra parte, en el cambio estratégico que se ha producido en las
funciones tradicionales que los mismos vienen realizando a partir de la
segunda mitad del siglo XX.
Los poderes públicos, a fin de superar la encrucijada en que se
encuentran los servicios de Correos, pueden optar por diferentes modelos.
El que deriva de la Directiva comunitaria de diciembre de 1997, opta por
un proceso de liberalización controlado que no ponga en peligro la
existencia de un servicio universal y de una red pública postal
universal; que cada operador de esta red pública no actúe desde una
posición absolutamente dominante en su mercado nacional, y que al mismo
tiempo mejore su calidad y su interoperabilidad con las demás redes
nacionales, a fin de conseguir un servicio universal comunitario más
eficaz.
Sin embargo, el Gobierno ha optado por otro modelo. El de un correo
social residual con liberalización total del mercado. El escenario final
de este modelo estratégico es el desmantelamiento del operador postal
prestador de un servicio y de una red universal pública, y su sustitución
por operadores privados en el mercado, que cubrirán las necesidades de
comunicación de los ciudadanos según las reglas de competencia y
beneficio empresarial, merced a las cuales los servicios se prestarán
allí donde su rentabilidad lo justifique, y cada ciudadano accederá a la
red postal según su capacidad para pagar el coste y extensión de la
misma.
Por ello, y porque, además, el Proyecto de Ley diseña el sector y el
nuevo mercado postal de tal manera que sitúa a Correos y Telégrafos en
una posición de debilidad e indefensión; introduce un manifiesto
desequilibrio entre la carga económica que se le impone a Correos como
prestador del servicio universal y el valor económico de los derechos
exclusivos que se le reservan; liberaliza de hecho todo el mercado postal
al segmentarlo con criterios geográficos; porque incrementa la
desigualdad entre los ciudadanos dañando gravemente un servicio que debe
garantizar la cohesión económica, social y territorial; y porque traslada
los criterios de la Directiva postal europea de forma parcial, incorrecta
y discriminatoria, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta
propuesta de veto para que el Gobierno promueva una redacción distinta de
la Ley que pueda ser aceptada mayoritariamente porque plantee un modelo
distinto.