El Pleno, en su sesión de hoy 9 de junio, ha rechazado la enmienda a la totalidad de devolución, presentada por el Grupo Vox, al Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia por 52 votos a favor y 290 en contra y, en consecuencia, el proyecto de ley del Gobierno continúa su tramitación parlamentaria. Asimismo se ha acordado su avocación a Pleno. 

El proyecto de ley tiene por objeto conseguir "una mayor agilización en la tramitación de los procedimientos judiciales", tal y como señala la exposición de motivos, y para ello plantea la modificación de, entre otras, las leyes de Enjuiciamiento Criminal y la de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para "ofrecer a juzgados y tribunales de ese orden los instrumentos procesales óptimos para facilitar y hacer más ágil tanto la tramitación de los pleitos como su resolución".

La iniciativa se articula en tres títulos. El Título I abarca los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional, el cual contiene tres capítulos. El Título II plantea la modificación de leyes procesales. Por último, el Título III, dedicado a medidas de transformación digital.

En su Título I se incluyen las reformas para insertar medios de solución de controversias en vía no jurisdiccional, que "se consideran imprescindibles para la consolidación de un servicio público de Justicia sostenible". 

A continuación, el Título II recoge las propuestas que tienen por objeto agilizar los procesos judiciales que debido a la pandemia y al estado de alarma se ralentizaron, tomando como ejemplo la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde, solo en cuestiones puntuales,se ordenarán los procedimientos existentes para fomentar su utilización; entre otras. 

En este sentido se propone la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para integrar una nueva regulación del recurso de casación "para corregir las disfuncionalidades que presenta". Asimismo, se acomete una reforma de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, para redefinir las competencias procesales y los actos de conciliación.

Por último, el Título III modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia para adaptar la legislación española a las nuevas realidades, y en concreto "en lo concerniente a la implementación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el servicio público de Justicia".

La iniciativa continúa ahora su tramitación parlamentaria, toda vez ha sido rechazada la enmienda a la totalidad del Grupo Vox que solicitaba la devolución del texto al Gobierno y por lo tanto su no tramitación, ya que, consideraban que se trata de "un proyecto vacío de contenido real", y que "se traduce en un intento de aparentar hacer algo por nuestra Administración de Justicia". 

Ahora el proyecto de ley continúa su debate en la Cámara Baja, y de acuerdo con lo establecido en artículo 113 del Reglamento del Congreso, la Comisión de Justicia nombrará una ponencia que, a la vista del texto y de las enmiendas presentadas, redactará un informe. Este texto, junto a las enmiendas que, en su caso, se incorporen tras su debate en comisión, conformará el dictamen que será enviado al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria.