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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 122, de 19/06/2013
cve: DSCD-10-PL-122
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 122
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 116
celebrada el miércoles,
19 de junio de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página5)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno continúa con la tramitación del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local a pesar del rechazo que ha suscitado en el
ámbito municipalista. (Número de expediente 172/000133) ... (Página30)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los criterios de jerarquización y priorización del Gobierno para la ejecución y puesta en marcha de los tramos que faltan para completar la red de alta velocidad española y la planificación
resultante de la aplicación de los mismos. (Número de expediente 172/000132) ... (Página37)
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre política energética. (Número de expediente 172/000130) ... (Página44)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre propósitos del Gobierno en relación con las reformas legales necesarias a fin de eliminar distintos supuestos de aforamiento y otros privilegios procesales de políticos y cargos
públicos. (Número de expediente 173/000092) ... (Página53)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para agilizar y mejorar la concesión de visados turísticos y de visados para la participación en ferias de negocios y congresos
académicos a ciudadanos de terceros países. (Número de expediente 173/000093) ... (Página61)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Preguntas ... (Página5)
De la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué medidas concretas ha previsto su Gobierno para erradicar de España la pobreza infantil
con el consiguiente atraso educativo y exclusión social de los niños afectados? (Número de expediente 180/000589) ... (Página5)
Del diputado don Cayo Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Tiene previsto proponer la supresión de la modificación realizada en el artículo 135 de la
Constitución? (Número de expediente 180/000585) ... (Página7)
Del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Considera que la política del Gobierno en materia de I+D+i es la que necesita España? (Número de expediente
180/000593) ... (Página8)
De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Qué razones justifican el ataque del Gobierno a la igualdad de
oportunidades en la educación? (Número de expediente 180/000594) ... (Página10)
De la diputada doña Gema Conde Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué valoración hace el Ministerio del Interior de las recientes modificaciones legales relativas a la
destrucción de drogas tóxicas y estupefacientes aprehendidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? (Número de expediente 180/000590) ... (Página11)
Del diputado don César Luena López, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué objetivos se plantea el Gobierno para cambiar el sistema de concesión de becas y ayudas al estudio?
(Número de expediente 180/000598) ... (Página12)
Del diputado don Germán Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Cree que su política al frente del ministerio garantiza el derecho de todos los ciudadanos a la
educación? (Número de expediente 180/000599) ... (Página14)
Del diputado don Ángel Luis González Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Cuáles son las novedades que introduce la última reforma por la que se modifica la
regulación de la distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado? (Número de expediente 180/000592) ... (Página15)
Del diputado don Sabino Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Asume el Gobierno la responsabilidad por los daños derivables de las obras de recrecimiento
del pantano de Yesa? (Número de expediente 180/000586) ... (Página17)
Del diputado don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Qué importancia concede el Gobierno a la lucha contra el cambio climático?
(Número de expediente 180/000600) ... (Página18)
De la diputada doña María Concepciò Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Cuándo prevé el Gobierno poner en funcionamiento el
Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones? (Número de expediente 180/000588) ... (Página20)
De la diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Cuáles son las modificaciones legales que prepara el Gobierno en materia de
discapacidad? (Número de expediente 180/000601) ... (Página21)
Del diputado don Gabriel Echávarri Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Cómo valora el actual nivel de protección de las mujeres ante la violencia de
género? (Número de expediente 180/000602) ... (Página23)
De la diputada doña María Carmen Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Defiende el Gobierno los intereses públicos de la Zona Franca de Cádiz? (Número de
expediente 180/000595) ... (Página24)
Del diputado don Odón Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cómo ha establecido el Gobierno el cálculo del supuesto ahorro económico que produciría la
aplicación del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local? (Número de expediente 180/000596) ... (Página26)
Del diputado don Luis Tudanca Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Ha valorado el Gobierno los efectos negativos que tiene su reforma local en ámbitos
importantes como el empleo o los servicios públicos? (Número de expediente 180/000597) ... (Página27)
Del diputado don Pedro María Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Cuál es la política del Gobierno en relación con la central nuclear de Garoña? (Número
de expediente 180/000587) ... (Página29)
Interpelaciones urgentes ... (Página30)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno continúa con la tramitación del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local a pesar del rechazo que ha suscitado en el
ámbito municipalista ... (Página30)
Formula la interpelación urgente el señor Zarrías Arévalo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).
Replica el señor Zarrías Arévalo y duplica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los criterios de jerarquización y priorización del Gobierno para la ejecución y puesta en marcha de los tramos que faltan para completar la red de alta velocidad española y la planificación
resultante de la aplicación de los mismos... (Página37)
Formula la interpelación urgente la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).
Replica la señora Sánchez Robles y duplica la señora ministra de Fomento.
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre política energética ... (Página44)
Formula la interpelación la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En nombre del Gobierno contesta el ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López).
Replica la señora Ortiz Castellví y duplica el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación) ... (Página53)
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre propósitos del Gobierno en relación con las reformas legales necesarias a fin de eliminar distintos supuestos de aforamiento y otros privilegios procesales de políticos y cargos
públicos ... (Página53)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario
Socialista y Conde Bajén, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Díez González. Replica el señor Conde Bajén.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para agilizar y mejorar la concesión de visados turísticos y de visados para la participación en ferias de negocios y congresos
académicos a ciudadanos de terceros países ... (Página61)
Defiende la moción el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista y Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Yuste Cabello, Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Xuclà i Costa.
Se suspende la sesión a las dos y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS CONCRETAS HA PREVISTO SU GOBIERNO PARA ERRADICAR DE ESPAÑA LA POBREZA
INFANTIL CON EL CONSIGUIENTE ATRASO EDUCATIVO Y EXCLUSIÓN SOCIAL DE LOS NIÑOS AFECTADOS? (Número de expediente 180/000589).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Preguntas dirigidas al presidente del Gobierno. En primer lugar, pregunta de la diputada doña Rosa Díez, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, 2.200.000 niños viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza en España. El 30,6 % de los menores se hayan en riesgo de pobreza. El 16,7 de los niños viven en hogares que sufren pobreza extrema. Por primera vez en la
historia los niños son el colectivo de edad más pobre de España, más que los mayores de sesenta y cinco años. En Barcelona se han detectado 2.865 casos de escolares con malnutrición, algunos se desmayan en clase. En Andalucía se reparten
diariamente a 11.000 escolares bolsas de desayuno y merienda, precisamente para evitar estos casos de malnutrición. La Cruz Roja anuncia un plan de emergencia de alimentación en España. ¿Cree usted, presidente, que estos datos son compatibles con
la definición del artículo 1 de nuestra Constitución que dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho? ¿Qué piensa hacer su Gobierno para combatir el obsceno e inaceptable crecimiento de la pobreza en general y
particularmente la pobreza infantil?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente.
Señora Díez, la pobreza infantil, como sabe, no puede valorarse en relación directa con los propios niños que la sufren sino con la situación económica, laboral y social del hogar en el que viven. Es decir, los niños viven normalmente en
una familia y su situación es, lógicamente, la que determina su propia situación. Una familia en una buena situación económica en la que haya trabajo y un ambiente de vida razonable atenderá, sin duda, mejor a los niños. (Rumores). Lo primero, es
procurar que haya empleo y, por tanto, recursos que permitan a la gente vivir, llevar adelante un proyecto de vida y atender a sus hijos. A partir de ahí, cuando hay empleo -como usted sabe- también hay más recursos para hacer todas las políticas
sociales que pueden resolver buena parte de los problemas a los que usted se ha referido. Por tanto, esta es la prioridad básica y es el objetivo fundamental -como usted sabe- del Gobierno que presido. Además de eso, es necesario llevar a cabo
políticas sociales que atiendan a las personas en situación de especial dificultad. Es importante mantener el sistema público de pensiones, la sanidad, la educación, las políticas sociales del Estado y también de las comunidades autónomas, y en una
situación difícil como la que estamos viviendo desde el punto de vista presupuestario, el Gobierno y el conjunto de las administraciones que también tienen competencia hacen cuantos esfuerzos estén en sus manos para superar esta situación, esfuerzos
que hay que procurar incrementar en los próximos tiempos si las cosas siguen como usted las ha descrito.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora diputada.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Efectivamente, no son los niños. Son los niños que viven en España -el 16,7 % de ellos- en hogares que sufren pobreza extrema. La malnutrición infantil es propia de países subdesarrollados, no de un país que tiene
una renta per capita de 22.700 euros. El incremento de la pobreza y la desigualdad no se explica ni se justifica por la crisis económica. El incremento de la pobreza y la desigualdad es consecuencia directa de las políticas de los Gobiernos, en
este caso del suyo. La malnutrición infantil está directamente relacionada con la reducción de becas de comedor, entre un 20 % y un 30 %.
Señor presidente, a lo largo de este último año y medio su Gobierno ha aprobado y ha traído a la Cámara treinta y cinco reales decretos sobre las más diversas materias. ¿No cree que no hay nada más urgente, que más justifique un real
decreto, que actuar para rescatar a los niños que sufren la pobreza, la malnutrición y la exclusión, por cierto? Ya sé que usted piensa que no actuar también es una decisión política. ¿No podría hacer en este caso, en el caso de la pobreza y de la
pobreza infantil, una excepción a su propia regla?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Señora Díez, insisto en que las políticas para crear empleos son sin duda capitales a estos efectos. Es verdad que hemos tomado decisiones presupuestarias como consecuencia de la situación en que
vivimos y cuyo objetivo básico es que haya crecimiento económico, empleo y mejorar las políticas sociales, pero también es verdad que lo hemos hecho de forma equitativa. Las políticas de pensiones y las políticas en materia de desempleo,
que sin duda alguna afectan también a los niños, a los hijos o a los nietos de esas personas, las hemos mantenido. Hemos tomado también algunas decisiones que sin duda alguna son muy útiles para la gente. En primer lugar, todos aquellos parados de
larga duración no tendrán que pagar los gastos farmacéuticos. Todo el 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas lo vamos a dedicar a pobreza infantil. Hemos prorrogado el Plan Prepara. Hemos tomado decisiones en materia de
viviendas sociales. Tomaremos medidas para pagar a los centros sociales concertados de las comunidades autónomas. Hemos aprobado el Plan de estrategia nacional de infancia y adolescencia y este año presentaremos el plan de inclusión social y el
plan contra la pobreza infantil, para lo cual contaremos con todas las aportaciones que quieren hacer usted o cualquier otro de los miembros de esta Cámara, desde la convicción de que estamos ante un tema ciertamente difícil, complejo y al que
tenemos que... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON CAYO LARA MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO PROPONER LA SUPRESIÓN DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN EL ARTÍCULO 135 DE LA
CONSTITUCIÓN? (Número de expediente 180/000585).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Cayo Lara, del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.
El señor LARA MOYA: Señor Rajoy, ¿tiene previsto proponer la supresión de la modificación del artículo 135 de la Constitución?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Como usted sabe, cuando estábamos en la oposición apoyamos la reforma de la Constitución, de su artículo 135. Después, ya estando en el Gobierno, aprobamos la Ley orgánica de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera que desarrolla esta reforma y a lo largo de los últimos meses hemos hecho un gran esfuerzo entre todos para corregir el déficit público y sanear las cuentas públicas. Ninguna de estas tres decisiones fue
caprichosa. Una de las lecciones que creo que todos hemos aprendido es la necesidad de mantener las cuentas públicas en orden y para ello nada mejor que contar con un marco de disciplina presupuestaria para todos los niveles de la Administración.
Digo esto porque el déficit público solo lleva a la pérdida de riqueza, a poner en riesgo nuestro Estado de bienestar y a la pérdida de capacidad de decisión sobre la política económica. Pero además, la disciplina presupuestaria es un requisito
para garantizar la estabilidad en la zona euro. Lo fue desde el principio. Cuando entramos en el euro lo hicimos porque cumplimos determinadas condiciones en materia de déficit público. Lo fue después con el programa de estabilidad y lo es ahora
tras aprobarse el pacto fiscal que obliga a todos los países de la Unión Europea a recogerlo en su propio texto constitucional. En el supuesto de que nosotros liquidáramos el artículo 135 de la Constitución lo que estaríamos haciendo sería irnos de
la zona euro, cosa que ni yo deseo ni creo que desee una mayoría de miembros de esta Cámara. Otra cosa es que haya decisiones europeas que a mí me gustaría que se tomaran y otra cosa son los plazos para corregir el déficit público, que es también
un tema distinto, aunque muy importante. Por tanto, no está entre mis prioridades ni es mi intención, al contrario, plantear una reforma de la Constitución para suprimir el artículo 135.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor LARA MOYA: Señor Rajoy, nosotros no estamos planteando con esta pregunta la salida del euro. Nosotros entendemos que la aplicación del artículo 135 tiene un nombre; se llama hambre. (Varios señores diputados: ¡Hala!
¡Hala!-Rumores). Cuando sellaron en la Constitución que el pago de la deuda y los intereses gozarán de prioridad absoluta, entregaron la soberanía nacional a la troika y a los
mercados financieros; propiciaron la destrucción de empleo público; incrementaron la pobreza, la exclusión social, la pérdida de dignidad de muchas personas, el hambre; y los recortes en la sanidad, la educación y los servicios sociales.
La deuda creciente y los intereses son impagables; 100 millones de euros cada día de intereses, que es lo que cuesta construir un hospital de quinientas camas, son intolerables. Es urgente auditar y conocer la parte de la deuda ilegítima. Hay que
plantar cara y renegociar. Para ello, evidentemente, hay que reducir el déficit y la dependencia del crédito, somos conscientes, pero no por la vía de los recortes, que es el círculo vicioso que sigue hundiendo el consumo y nuestra economía; sí
por la vía de los mayores ingresos, luchando contra el inmenso fraude fiscal que hay en nuestro país y una reforma fiscal que grave a los beneficios del capital, el impuesto sobre sociedades de las empresas y a las grandes fortunas, que son los que
pagan menos en toda la etapa democrática del conjunto de ciudadanos. El objetivo para nosotros es reducir el déficit en 3 puntos y plantarse ante el pago de intereses. Es radicalmente incompatible pagar los intereses y la deuda y decir que hay que
preservar la educación y la sanidad sin más ingresos. El déficit no puede ser la coartada para recortar en sanidad y en educación y deteriorarlas como para reducir los servicios en los ayuntamientos y, en definitiva, justificar su privatización.
Supriman, pues, la modificación del artículo 135 de la Constitución. Plantemos cara a la troika. Creemos y recuperemos nuestra soberanía y garanticemos los derechos básicos que sí están recogidos en la Constitución. Señor Rajoy, sí se puede, como
dicen muchas voces en este país. Es solo cuestión de voluntad política. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lara.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Señor Lara, yo creo que España tiene que pagar los intereses de sus créditos. De hecho, lo hace España y cualquier otro país del mundo. Si no pagamos los intereses, simplemente lo que va a pasar es que nadie nos preste nunca y, por tanto,
no podremos financiar la economía y no habrá ni política de bienestar ni política de infraestructuras ni servicios públicos ni nada. Usted dice que no plantea la salida del euro, pero la propuesta que propone nos lleva directamente a la salida del
euro. Por tanto, lo que está planteando es la salida del euro. Otra cosa es que no lo quiera explicitar así.
Yo creo que el déficit público no es bueno por muchas razones. Primero, porque cuanto más nos endeudemos más difícil es financiarse y mayor es la carga de intereses. Cada euro que tenemos que pagar de los intereses es un euro menos para
los servicios públicos. La Administración absorbe todo el crédito que podría ir a las pequeñas y medianas empresas que podrían generar riqueza y empleo. La Administración deja de pagar a los proveedores y, por tanto, es fundamental, además de
nuestros compromisos europeos, luchar contra el déficit público, porque esto es lo mismo que luchar contra la falta de crecimiento económico, contra la falta de empleo y contra la falta de mejora del nivel de bienestar y riqueza del conjunto de los
ciudadanos. Esa es mi opinión. Esa es la opinión de los Veintisiete de la Unión. Otra cosa es que haya que reducir el déficit en más tiempo. Nos han dado más y creo que esa es una buena noticia. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA QUE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE I+D+i ES LA QUE NECESITA ESPAÑA? (Número de expediente
180/000593).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba del Grupo Socialista.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, ¿considera que la política de investigación, desarrollo e innovación que está desarrollando su Gobierno es la que necesita España?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Considero que el I+D+i es una pieza clave para la competitividad de un país. Considero muy importante la inversión en I+D+i; creo que es un activo esencial para poder competir en las economías de nuestro entorno. Además, creo que nuestro
talento no debe ser desaprovechado y los investigadores deben tener más y mejores oportunidades. Dicho esto quisiera apuntarle algunas debilidades del I+D+i en España. Primero, la baja intensidad del I+D+i de nuestras empresas, la mitad de la
media europea, aunque va mejorando. Sin embargo, la financiación pública se encuentra alineada con los países de nuestro entorno. Hay un segundo tema preocupante en el que estamos trabajando, que es la escasa utilización de la financiación
europea. Los grupos españoles reciben menos que lo que aportamos, no tanto las empresas pero sí lo hacen las universidades. Y por último, tengo que añadir los problemas presupuestarios que usted conoce. A partir de ahí hemos tomado algunas
decisiones importantes, primero, en la Ley de apoyo al emprendedor. Después de la reducción del presupuesto en 2012, igual que había ocurrido en los años 2010 y 2011, hemos hecho un esfuerzo mayor en este año 2013. También estamos desarrollando un
esfuerzo para mejorar la participación española en los programas europeos y recientemente hemos aprobado la estrategia y el Plan estatal 2013-2016 para dar un impulso a la I+D+i en nuestro país, partiendo de la base y con la convicción de que sin
duda alguna aquí hay un elemento de competitividad ciertamente importante y que por tanto afecta a nuestro bienestar y a nuestra riqueza.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, el viernes pasado la comunidad científica respondió a la pregunta que le acabo de hacer, lo hizo de forma unánime y de forma rotunda. Los rectores, las sociedades científicas, los jóvenes investigadores, los sindicatos le
dijeron con mayúscula que no a su política científica. No están solos, las revistas científicas más prestigiosas lo vienen denunciando frecuentemente y aquí en este mismo hemiciclo, con ocasión del debate del Plan nacional de reforma, yo le dije
dos cosas. Le dije, primero, que los datos que ustedes habían enviado a Bruselas no eran ciertos porque en 2012 cayeron los gastos de I+D y en 2013 lo están haciendo aún a más velocidad. Y le dije que no podíamos renunciar al objetivo del 3 % para
2020 porque en ciencia, como usted bien sabe, parar es retroceder. El problema de esta política científica es que detrás del desprecio presupuestario hacia la I+D+i se esconde un modelo de crecimiento, que ustedes defienden sistemáticamente y que
consiste en ganar competitividad bajando salarios. Por eso hicieron la reforma laboral, bajando salarios de forma unilateral y sin contar con los beneficios, que es algo así como decir injusticia para hoy y hambre para mañana, porque usted sabe,
señor Rajoy, que no podemos bajar los salarios indefinidamente y que por mucho que bajemos los salarios siempre habrá países que compitan con salarios más bajos. Por eso, le voy a pedir con relación a la comunidad científica, a los científicos,
tres cosas: primero, que nos les desprecien, que les reciban, que no les dejen a la puerta del Ministerio de Economía porque son gente que merecen atención y respeto; segundo, que no les castiguen y que no haya grupos de investigación que se
queden sin subvenciones porque sus comunidades autónomas no cumplan los objetivos de déficit, que eso está pasando, y tercero, que no les expulsen, porque verá, señor Rajoy, aquí no hay fuga de cerebros, aquí hay expulsión de cerebros. Eso quiere
decir que tienen ustedes que convocar las becas a tiempo, los contratos a tiempo y las plazas a tiempo. En resumen, señor Rajoy, como dijo un profesor de la Complutense la semana pasada, lo que le estoy pidiendo es que para intentar arreglar el
presente no se cargue usted el futuro.
Muchas gracias, señor presidente. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Señor Pérez Rubalcaba, tengo que decir que no puedo compartir algunos de sus juicios de valor. Yo creo que el I+D+i es un elemento clave para la competitividad de la economía española y en cuanto recuperemos la normalidad presupuestaria en
nuestro país, porque estamos en una situación de extrema dificultad, eso lo verá usted plasmado en los Presupuestos Generales del Estado. Tampoco puedo compartir sus afirmaciones sobre desprecios y expulsiones, no son ciertas. Estamos haciendo
todo lo que
está en nuestras manos en un momento difícil. Hemos aprobado recientemente la Ley de Emprendedores que, entre otras cosas, establece un sistema de devoluciones para las deducciones en I+D. No será necesario tener beneficios para poder
aplicar la misma, es decir, por primera vez hay un impuesto negativo sobre sociedades. También hay otras mejoras fiscales que van a suponer el poner a disposición de la comunidad científica 570 millones de euros. Hemos creado el visado científico;
hemos recuperado las bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social para el personal investigador; los préstamos estarán por debajo del 1 %; vamos a aprobar en próximos días un crédito extraordinario para el CSIC y para el nuevo Plan de
I+D+i; estamos tomando decisiones importantes para conseguir retornos en Europa y se ha mejorado la situación respecto del año pasado 2012, y el Plan Ramón y Cajal... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ RAZONES JUSTIFICAN EL ATAQUE DEL GOBIERNO A LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN LA EDUCACIÓN? (Número de expediente 180/000594).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. Pregunta de la diputada doña María Soraya Rodríguez, del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: ¿Qué razones justifican el ataque del Gobierno a la igualdad de oportunidades en educación? (Un señor diputado: ¡Vaya pregunta!-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. Silencio, por favor.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, permítame que le diga que lo que carece de justificación es su pregunta, primero porque el Gobierno defiende la igualdad de oportunidades, en educación y en cualquier otra reforma. (Rumores). Segundo, porque el modelo actual no
garantiza la igualdad, y perdone que le diga, el Gobierno socialista muchas oportunidades no es que dejara a este país. Por eso hay que hacer reformas, señoría, en educación y en todo, para garantizar la igualdad y las oportunidades. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señora vicepresidenta, a pesar de su propaganda sobre su política educativa, al finalizar el curso académico más de 30.000 estudiantes se enfrentan al drama de no poder continuar sus estudios, y las universidades
estiman que para el próximo curso serán más de 80.000 estudiantes los que abandonarán la universidad por motivos económicos. Señora vicepresidenta, lejos de rectificar, ustedes dan otra vuelta de tuerca; una reforma del reglamento de becas para
acabar definitivamente con el concepto de beca como derecho. Ayer, el Consejo Escolar les presentó una gran enmienda a la totalidad a esa política de su Gobierno porque rechazó en pleno la propuesta de este reglamento.
La beca es un derecho, señora vicepresidenta, y además es un instrumento fundamental de la política de igualdad de oportunidades. La beca, señora vicepresidenta, no consiste en que la obtengan los mejores, sino en que todos puedan tener
derecho y acceso a una educación de calidad. (Rumores). Señora vicepresidenta, no tienen derecho a decir desde una posición privilegiada donde ustedes pueden pagar cualquier matrícula, que en España sobran universitarios (Rumores y protestas),
porque para ustedes siempre sobran los mismos universitarios, los universitarios de las familias de menos renta, a los que suben las tasas y recortan las becas. (Protestas). Eliminar una beca es recortar el futuro y ustedes no tienen derecho a
recortar el futuro de nadie. (Rumores). Hoy, señora vicepresidenta, espero que conteste. Nada de frases huecas como el otro día. A usted le preocupa Roma y a mí me preocupa Pisa. Para ir a Roma hace falta solamente ponerse una mantilla, para ir
a Pisa hacen falta becas en España y Erasmus en Europa. (Aplausos.-Rumores). Además, hoy se impone una respuesta, señora vicepresidenta, seria y responsable. Ayer conocimos que supuestamente su tesorero repartió más de 22 millones de euros
entre cuarenta altos dirigentes; 3.660 millones de pesetas entre cuarenta personas. (Rumores y protestas). Usted dijo que esto no le constaba. Hoy también le pregunto: ¿le consta hoy algo de esto? (Rumores y protestas.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Señora Rodríguez, acaba de hacer la demostración más palmaria de lo que le importan a usted las becas (Protestas), la educación, los estudiantes, los universitarios, todo el sector educativo. (Aplausos). La demostración más palmaria, de
eso y de que a lo mejor no tiene mucho de lo que va la pregunta, señoría. (Rumores y protestas). En segundo lugar, debería usted ordenarse un poco, porque no se ha aprobado el decreto de becas y ya habla usted de futuros becarios. No se ha
aprobado la ley de educación y ya van ustedes anunciando recursos y derogaciones. Primero los recursos y luego las enmiendas; ustedes van siempre por ese orden, señoría. (Rumores). Si de verdad quieren arreglar los problemas de la educación
deberían tratar de no enrocarse en los fracasos del modelo socialista, porque si hay un consenso social unánime en toda España es sobre que el modelo no funciona. (Rumores). Somos el país que más invierte en educación. (Rumores). Ténganla un
poco y dejen escuchar a quien tenga interés de verdad en la educación de este país. (Rumores y protestas).
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio. Es un espectáculo denigrante que no se deje hablar a los oradores. Por favor, dejen expresarse a los oradores. (Aplausos.-La señora Grande Pesquero: ¡Que hable, que hable!).
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Somos de los países que más invierten en formación y lo debemos seguir haciendo, señoría, pero también somos de los que peores resultados
tenemos, con lo que algo falla; algo falla porque sencillamente no se trata tan solo de recursos, señoría, sino de aprovecharlos bien. Aquí coincido con lo que decía el señor Rubalcaba en el año 1992, cuando era ministro de Educación: no solo con
recursos se arregla la educación, tendremos que cambiar el sistema educativo. Y eso es eficacia para una formación de calidad para todos y una beca para que el que quiera estudiar la aproveche, señoría, porque creo que hay que tener respeto a dos
cosas: al esfuerzo de todos los españoles que pagan con sus impuestos las becas y las matriculas de todos y, en segundo lugar, a aquellos que quieren estudiar. (Rumores). No sé por qué a usted le molestan el mérito y la capacidad. No sé por qué
al Partido Socialista le son tan ajenos estos valores, señoría (Rumores), pero la igualdad de oportunidades no es la indiferencia ante los resultados, y este Gobierno quiere trabajar por unos buenos resultados, que son oportunidades y empleo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DE DOÑA GEMA CONDE MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LAS RECIENTES MODIFICACIONES LEGALES RELATIVAS A LA DESTRUCCIÓN DE
DROGAS TÓXICAS Y ESTUPEFACIENTES APREHENDIDOS POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000590).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta de la diputada doña Gema Conde, del Grupo Popular.
La señora CONDE MARTÍNEZ: La incautación y posterior depósito de los alijos de droga no es, per se, una cuestión polémica, antes bien es una buena noticia que nos gustaría no tener que dar porque eso supondría que el tráfico de drogas no
constituiría un problema de criminalidad en el territorio español. Sin embargo, en los últimos cinco años hemos podido comprobar que en distintas capitales andaluzas -concretamente en Sevilla, en Málaga y en Cádiz, y en algunas de ellas en
distintas ocasiones- se han producido robos de alijos de droga incautada y depositada en distintas instancias pertenecientes a
diferentes administraciones. El Ministerio del Interior, con buen criterio, ha promovido una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la cual se plantea sobre todo la agilización de los procesos de destrucción de droga garantizando
en todo momento, como siempre, el proceso de custodia de la misma, de tal manera que se pueda reducir a un mes y medio o dos meses el proceso de destrucción de drogas frente a los nueve meses que con anterioridad se tardaba única y exclusivamente en
realizar los análisis de los estupefacientes y demás drogas de tipo tóxico.
Señor ministro del Interior, en los distintos depósitos distribuidos por la geografía española se mueven anualmente unos 300.000 kilos de droga incautada que generan, como he podido explicar anteriormente, problemas de insalubridad y de
inseguridad. Con la cantidad de recursos, tanto personales como materiales, que su ministerio destina contra el tráfico de drogas, contra el blanqueo de capitales que lleva aparejado y otros delitos conexos no nos podemos permitir que la droga
vuelva a ser robada y puesta en circulación. Por eso le pregunto, señor ministro, ¿cuál es su valoración de las últimas modificaciones normativas realizadas sobre todo con ese objetivo de agilizar los procesos de destrucción en evitación de robos
posteriores?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.
Le agradezco la pregunta, señoría, porque efectivamente tiene mucho interés. Tengo que comenzar por decir que la valoración no puede ser sino muy positiva, porque mediante la reforma el pasado mes de febrero por real decreto-ley de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, nos hemos dotado de un sencillo pero muy eficaz instrumento jurídico para luchar de manera más eficaz contra el tráfico criminal de drogas tóxicas y sustancias estupefacientes que son aprehendidas e incautadas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ese instrumento jurídico permite que, previas las pruebas analíticas correspondientes y tomada la muestra correspondiente para el eventual proceso penal y garantizada la cadena de custodia, si en el plazo
de un mes el juez competente no dice lo contrario, la droga esté en condiciones de ser destruida. Mediante ese sencillo instrumento jurídico, como digo, acompañado de otras medidas que hemos adoptado en el Ministerio del Interior como son la
racionalización del mapa de almacenamiento en España, que va a pasar a ser de aproximadamente veinte lugares, y del incremento de los hornos de destrucción por cremación en España -hasta mitad del pasado año solo había uno en España, en el norte,
ahora ya tenemos cinco-, puedo decirles que podemos conseguir un objetivo largamente perseguido y es que estoy en condiciones de afirmar que a final de año estará destruida toda la droga almacenada. En los cinco primeros meses de años llevamos ya
destruidos aproximadamente 300.000 kilos de droga, que es casi lo mismo que se destruyó en todo el pasado año y, con esas medidas complementarias, además a un coste muy inferior, puesto que hasta ahora costaba destruir una tonelada de droga por
cremación 560 euros y en estos momentos hemos bajado a 210 euros por tonelada. Podemos estar muy satisfechos porque, como digo, con esta medida cerramos el círculo que precisábamos para ser eficaces en la lucha contra ese tráfico criminal de droga
que alimenta el crimen organizado, que dota a las redes criminales de unos beneficios que se estiman en España de 6 millones de euros al día y que la agencia especializada de Naciones Unidas de lucha contra las drogas y la criminalidad estima en
torno a los 32.000 millones de dólares. Por tanto, esta medida es muy eficaz y la valoración ha de ser, como es, muy positiva.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CÉSAR LUENA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ OBJETIVOS SE PLANTEA EL GOBIERNO PARA CAMBIAR EL SISTEMA DE CONCESIÓN DE BECAS Y AYUDAS AL
ESTUDIO? (Número de expediente 180/000598).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. En primer lugar, pregunta del diputado don César Luena, del Grupo Socialista.
El señor LUENA LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
¿No tienen suficiente, señor ministro? La verdad es que son ustedes insaciables. Primero subieron las tasas, le pegaron un tajazo a las becas, endurecieron los requisitos para acceder a ellas, y los resultados ahí los tienen: más familias
y alumnos con muchas dificultades para acceder a la universidad, más desigualdad y menos alumnos con becas y ayudas al estudio. Y en estas nos trae un nuevo golpe de mano en forma de real decreto; por cierto, ayer le dieron un palo en el Consejo
Escolar del Estado. Por tanto, explique a esta Cámara qué objetivos persigue, qué intenciones tiene, qué intereses defiende usted con este real decreto. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señor presidente.
Señor Luena, los objetivos que persigue el Gobierno están claros: preservar la equidad en el sistema educativo, conseguir que ningún estudiante deje de estudiar por razones socioeconómicas y conseguir la máxima efectividad en los ingentes
recursos que los ciudadanos, a través de sus impuestos, destinan a las becas y ayudas generales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor LUENA LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Creo que no nos ha dicho la verdad. Su objetivo es cambiar un derecho por una gracia, por una concesión, poniendo una carrera de obstáculos. Diga la verdad, lo que pretenden es apartar a muchos alumnos de la universidad, concretamente a
los hijos de las clases medias y trabajadoras, y eso es pura ideología de derechas; ese es su verdadero objetivo, señor ministro, y lo tienen bien pensado. En el instituto ponen los itinerarios para separar, la religión para adoctrinar y la
reválida para molestar, y luego en la universidad suben las tasas para expulsar y quitan becas para excluir. Usted se esconde en el déficit, en el rendimiento de los alumnos, pero diga la verdad, lo que quieren es que no todo el mundo estudie en
igualdad de oportunidades; de ahí su intención de manchar la imagen de los estudiantes, de mancharla como hizo ayer en el Senado. Por eso yo proclamo en esta Cámara y defiendo que los estudiantes españoles son buenos, son trabajadores, son
responsables y no merecen pagar más y recibir menos; lo que merecen es respeto, apoyo, comprensión, ayudas y becas. Miles y miles de alumnos que se van a quedar -que se han quedado ya- sin becas, sin ayuda este año, y algunos, hasta 30.000, que
están atosigados. Y usted, ¿sabe lo que propone? Usted propone un real decreto que lo que hace es dejar la cuantía a la mitad y subir la nota para que tengan dificultades. Eso es lo que hace, reducir, ahorrarse unos millones de euros y expulsar y
excluir a alumnos del sistema universitario. Un Gobierno decente lo que hace, señor Wert, es defender a los estudiantes, eso es lo que hace un Gobierno decente y eso es lo que usted no está haciendo en este momento. Por tanto, lo que le pido es
que sea usted decente, que baje las tasas, que suba las becas y que retire este real decreto de la vergüenza. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Luena, ninguna de las afirmaciones que ha hecho se sostiene mínimamente. Vamos a empezar por lo fundamental: el derecho. Se mantienen las becas como derecho. No podría ser de otra manera. Si está proclamado por ley. Hubiera sido
necesaria una ley para eliminar ese derecho, pero, por supuesto, nada más lejos de nuestra intención que desproveer a las becas de esa condición de derecho. ¿Qué es lo que se hace a través del real decreto? Algo que, al parecer, a ustedes les
molesta extraordinariamente, y es que unas ayudas que son configuradas como becas generales y ayudas al estudio se relacionen con el resultado de ese estudio, pero no con un resultado de excelencia, como ustedes proclaman muy a menudo, sino
simplemente con un resultado satisfactorio. Y la prueba de que eso es así, es una prueba empírica, no hay que acudir a figuraciones ni a imaginaciones, hay que acudir a la realidad. ¿Qué ha sucedido este año? Ha sucedido justamente lo que se
pretendía con el decreto umbrales del año pasado,
que los estudiantes, particularmente los becarios, han mejorado sus resultados y por eso la disminución en el número de ayudas concedidas ha sido muy inferior, muy inferior -un 3 % en general a falta de consolidar los datos de Cataluña que
gestiona y tramita las becas a través de un convenio- a la que se hubiera producido si el resultado académico de los alumnos se hubiera mantenido en línea con el de años anteriores. Se trata de que el esfuerzo, el inmenso esfuerzo que hace la
sociedad española para preservar la equidad en la educación, se relacione con el resultado educativo de los alumnos y se premie a quienes tienen un mejor resultado educativo, y no es que se excluya, porque no se excluye a nadie... (Rumores). No,
no se excluye a nadie, señor Luena. Eso lo podremos discutir cuando usted desee, pero las becas no son una concurrencia competitiva, son un derecho y se mantienen como un derecho. Y me parece razonable que el alumno que obtenga mejores resultados
tenga, por esta concepción de una parte fija y una parte variable, una beca de mayor cuantía. Si a ustedes esto les parece mal, explíquenle a la sociedad por qué. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Que poco ministro!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CREE QUE SU POLÍTICA AL FRENTE DEL MINISTERIO GARANTIZA EL DERECHO DE TODOS LOS CIUDADANOS A LA
EDUCACIÓN? (Número de expediente 180/000599).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Germán Rodríguez Sánchez, del Grupo Socialista.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, aprovechando que estamos en época de evaluaciones, ¿cómo valora su política al frente del Ministerio de Educación?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Me formula usted, señor Rodríguez, una pregunta distinta a la que habían consignado por escrito y para la que, en mi modestia, me considero incapaz de responder. Creo que
valorar mi comportamiento y mi desempeño al frente del Ministerio de Educación no me corresponde a mí, sino a los ciudadanos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿de verdad cree que esa es la respuesta que están esperando los miles de jóvenes a los que usted está dejando sin oportunidades y sin futuro?
Usted habla de excelencia y de calidad, pero la realidad es que no hay nada de eso. La situación de las escuelas, de los institutos y de las universidades es hoy peor y además muchos jóvenes están viéndose excluidos del derecho a la
enseñanza, y eso no lo digo yo ni mi grupo, son los datos. Usted ha recortado 5.000 millones en Educación en año y medio, 35.000 universitarios se han quedado sin beca este curso, según algunas estimaciones. Ya sé que usted habla de 18.000, pero
sigue siendo igualmente una pésima noticia. Además, fíjese, usted ha propiciado que las tasas universitarias se hayan disparado. En Cataluña sus alumnos aventajados de Convergència i Unió las subieron al máximo, de manera que hoy las matriculas en
Cataluña son hasta un 67 % más caras. Resultado: tenemos 3.000 alumnos en situación de impago y 30.000 en el conjunto del Estado. El colmo es que usted presume de que endurecer los requisitos de las becas ha tenido efectos saludables. Dice que
ha mejorado el resultado de los alumnos. Claro, si ha subido la nota de corte a los becarios y ha dejado un montón fuera, ¿cómo no va a subir? ¿Se cree que es el único que sabe de estadística en la Cámara? (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy
bien!). ¿Usted exactamente de qué alumnos habla? ¿De los que se han quedado fuera de las aulas? ¿De los que no se plantean volver porque saben que no pueden pagarse los estudios? Esos a usted le traen sin cuidado. La prueba es que ya tiene
usted otro decreto para recortar más las becas y reducir la cuantía. Luego se extraña, señor ministro, de que le retiren el saludo. Lo tienen ustedes muy claro: lo que quieren es que en este país no todos tengamos las mismas oportunidades.
Cuando peor lo están pasando las familias y
cuando más gente quiere volver a las aulas para tener nuevas opciones laborales, más palos les ponen en la rueda. ¿Cómo puede usted dormir tranquilo sabiendo que está frustrando los proyectos de vida de miles de jóvenes españoles? ¿Cómo
puede, señor ministro?
Como decía al principio, estamos en época de evaluaciones y no le doy ninguna exclusiva si le digo que a estas alturas, por mucho que usted apriete, el curso lo tiene perdido. Solo tiene que ver la nota que le dan las encuestas. La suerte
-eso sí- es que no tiene que pedir ninguna beca. Pero puede rectificar. Empiece esta misma tarde en la conferencia sectorial poniendo soluciones encima de la mesa para los alumnos que no pueden pagar las matrículas y escuche a la comunidad
educativa que va a venir a esta Cámara en julio para opinar de su ley, de la ley Wert. Atienda a sus razones, hágale caso y retire su ley. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez, sobre este tema -que es un tema de enorme sensibilidad social y soy el primero en reconocerlo- se puede hablar de dos formas. Una es como lo ha hecho su señoría, es decir, dando unos datos no contrastados y manifiestamente
falsos. (Protestas). Comprendo que todo el mundo se puede poner a hacer cuentas con los ingredientes que le dé la gana, pero los datos que facilité ayer en el Senado y que vuelvo a facilitar hoy, tanto sobre matriculación como sobre becas,
acreditan que ninguno de los fenómenos a los que ustedes se están refiriendo está teniendo lugar en la realidad. Dijeron ustedes que con la subida de tasas la matrícula universitaria se iba a desplomar. No es el caso. Los datos no están todavía
enteramente consolidados porque faltan algunas matriculaciones del segundo cuatrimestre pero, por los datos que hasta este momento tenemos, estamos en condiciones de asegurar que la matrícula universitaria no ha descendido en el curso 2012-2013.
(Rumores). En segundo lugar, dicen ustedes que masivamente se han perdido becas, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito no universitario. No es cierto. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor ministro.
Señor Campos, le ruego silencio.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señor presidente.
Falta por consolidar una comunidad autónoma, que es Cataluña, pero, salvo que hubiera una diferencia brutal en Cataluña, el número de becas ha descendido en 18.480, que representa un 3 %. Pero le diré algo más. Ha aumentado el número de
becas concedidas en aquellas modalidades universitarias que tradicionalmente comportan mayor dificultad y ha descendido en las que comportan menor dificultad; es decir, ha habido un grado mejor de ajuste. Como decía a su compañero el señor Luena,
insisto una vez más en que si a ustedes les parece que pedir como máximo -porque es la exigencia máxima que se contempla en el proyecto de real decreto- un seis y medio como nota a un becario es exigirle un esfuerzo extraordinario y si ustedes
piensan que un seis y medio es una nota inalcanzable para esos que ustedes -ustedes, no yo- denominan los pobres o los alumnos con menores recursos, explíquenlo ustedes a esta Cámara o a la opinión pública, porque creo... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CUÁLES SON LAS NOVEDADES QUE INTRODUCE LA ULTIMA REFORMA POR LA QUE SE MODIFICA LA
REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y PREMIOS EN LAS APUESTAS DEPORTIVAS DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000592).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, del diputado don Ángel González, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GONZÁLEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, permítame que empiece mi intervención manifestándole mi satisfacción por poder intervenir en este Pleno poniendo de manifiesto la buena labor que viene haciendo usted al frente del ministerio y de la presidencia del Consejo
Superior de Deportes. (Fuertes protestas.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Ruego que respeten al orador.
El señor GONZÁLEZ MUÑOZ: Ladran, luego cabalgamos.
Hoy que tanto se habla de la marca España, a nadie se le escapa que el deporte supone un pilar fundamental de nuestra imagen en el exterior. (Rumores). Los éxitos de nuestros deportistas tanto en el ámbito colectivo como en las disciplinas
individuales son, sin duda alguna, una de las mejores tarjetas de visita que tiene España en todo el mundo. Estos éxitos, fruto del buen trabajo que hacen los deportistas y que hacen los entrenadores, los equipos y la base, significan que estamos
haciendo las cosas profundamente bien desde el ministerio desde que usted está al frente de la responsabilidad del deporte. (Rumores).
La labor de la Administración en el ámbito deportivo tiene que ser en todo momento la de garantizar en el ámbito de sus competencias y posibilidades que todos los deportistas, nazcan donde nazcan y vivan donde vivan, puedan tener las mismas
posibilidades de competir en igualdad en competiciones de ámbito nacional. Vivir en Canarias, en Baleares, en Ceuta o en Melilla no puede suponer un rasgo diferenciador a la hora de poder practicar competiciones de ámbito nacional. El coste que
conlleva el desplazamiento de sus deportistas y de los clubes no puede suponer un handicap, un agravio comparativo para estos clubes a la hora de competir en igualdad de condiciones con el resto de los que lo hacen en toda España. Esto, que se
supone una cosa lógica, se había puesto en entredicho gracias a la gestión del Gobierno socialista y a la incompetencia de algunas comunidades autónomas, incapaces de hacer frente a sus responsabilidades. (Rumores). Usted, con ingenio, con
dedicación, ha conseguido dar solución a un problema que verdaderamente preocupaba a muchos jóvenes, principalmente a los jóvenes deportistas de estas comunidades autónomas que veían en su situación territorial un agravio comparativo para competir
en igualdad de condiciones con el resto de jóvenes que residen en la Península. Hoy podemos afirmar que gracias al Gobierno del PP la igualdad es posible en la competición, por eso le traslado la pregunta que figura en el orden del día.
Muchas gracias, señor ministro. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.-El señor Sicilia Alférez: ¡Bravo!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor diputado. Le agradezco especialmente los elogios que a mi desempeño ha realizado (Varios señores diputados: ¡Oh!-Risas), y se los agradezco en nombre
del Grupo Socialista, que ha podido disfrutar de un momento de esparcimiento gracias a esos elogios. (Rumores). Pero quiero aprovechar su condición de diputado por Málaga y la intervención que ha realizado para felicitar a la Selección Española de
Fútbol Sub-21, que ayer se proclamó brillantemente por cuarta vez campeona de Europa (Aplausos), y especialmente siendo usted diputado por Málaga quiero felicitar a quien ha sido señalado como mejor jugador del torneo, el malagueño Isco.
Y voy ya al motivo de su pregunta. (Rumores). Lo que hemos hecho a través del Real Decreto que modifica temporalmente el reparto de las cantidades derivadas de las apuestas deportivas gestionadas por el Estado es fundamentalmente, como su
señoría ha puesto claramente de manifiesto, permitir que sobre todo los deportistas que viven en Ceuta y Melilla y en las dos comunidades insulares no se vean en una situación de desprotección o en una situación de agravio comparativo respecto a los
que viven -estamos hablando naturalmente de deporte amateur- en la Península y que puedan por tanto tener unas ayudas y unas subvenciones para sus viajes (La señora Aguilar Rivero pronuncia palabras que no se perciben). Esto se consigue sobre las
reglas de reparto, que asignan el 49,95 % a las diputaciones, es decir, a los fines benéficos de estas apuestas (La señora Aguilar Rivero pronuncia palabras que no se perciben), el 45 % a la Liga de Fútbol Profesional y el 4,5 % a la Federación
Española de Fútbol. Hemos conseguido que estas dos últimas entidades -no así las diputaciones, que son las que atienden los objetivos benéficos- cedan temporalmente durante los ejercicios 2013 y 2014 unas cantidades
equivalentes, en el caso de la Liga de Fútbol Profesional al 10 %, como máximo, de sus ingresos, con un tope de 4 millones anuales, y en el caso de la Federación Española de Fútbol, una cantidad fija de 750.000 euros al año. Con ello vamos
a conseguir ese objetivo: preservar la igualdad en el ejercicio del deporte amateur, apoyar a nuestros deportistas, y tengo que agradecer muy especialmente a la Federación Española de Fútbol y a la Liga de Fútbol Profesional su colaboración en este
proceso.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. (La señora Grande Pesquero: En Canarias hay cabildos, no diputaciones, señor ministro). Señora Grande, le ruego silencio o tendré que llamarla al orden. (La señora Aguilar Rivero
pronuncia palabras que no se perciben).
- DEL DIPUTADO DON SABINO CUADRA LASARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿ASUME EL GOBIERNO LA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS DERIVABLES DE LAS OBRAS DE
RECRECIMIENTO DEL PANTANO DE YESA? (Número de expediente 180/000586).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pregunta, en primer lugar, del diputado don Sabino Cuadra, del Grupo Mixto.
El señor CUADRA LASARTE: Señor ministro, ¿asume el Gobierno la responsabilidad que pueda derivarse de las obras de recrecimiento de la presa de Yesa?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, presidente.
El Gobierno en todo momento ha actuado y seguirá actuando de forma responsable, profesional y con plenas garantías de seguridad, tanto en las obras de recrecimiento del pantano de Yesa como en todas las que se están ejecutando.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor CUADRA LASARTE: Señor ministro, como usted sabe, el ingeniero constructor de esta presa, el señor René Petit, ha señalado que ya en su día hubo sus más y sus menos sobre si la presa aguantaría o no, por lo que este recrecimiento le
da mucho miedo. Por su parte, el geólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza, señor Casas, ha señalado cómo la presa actualmente corre peligro como consecuencia de estas obras y ha aconsejado la evacuación de la población cercana. Debido a
ello, los ayuntamientos de Gallipienzo, de Aibar y de Sangüesa han apostado por la paralización inmediata de estas obras. Desde el inicio de las mismas en el año 2001 el presupuesto inicial del proyecto se ha triplicado y todo este dinero se ha
gastado en el afianzamiento de las laderas; las obras de recrecimiento propiamente dichas apenas han empezado. A pesar de ello, los deslizamientos han sido continuos; en el año 2006, 3,5 millones de metros cúbicos de tierra se deslizaron hacia el
vaso del embalse y en diciembre pasado se dio otro corrimiento importante que ocasionó el desalojo obligado de dos urbanizaciones habitadas cercanas. El frente de tierra medía medio kilómetro, la longitud era de otro medio y la profundidad era de
50 o 60 metros y, a pesar de ello, su ministerio, la Confederación Hidrográfica del Ebro, de forma irresponsable, se han negado a acudir al Parlamento de Navarra a requerimiento de este para dar explicaciones por lo que está pasando. Esto no es un
comportamiento democrático en modo alguno. Y a nuestro grupo, a Amaiur, y al propio Ayuntamiento de Yesa su ministerio les ha dicho expresamente que no va a reconocer responsabilidad alguna por los daños que se puedan derivar de estos desalojos,
trasladando toda esta responsabilidad al ayuntamiento. Señor ministro, ¿en caso de suceder alguna tragedia, se va a seguir usted lavando las manos? ¿Conoce usted la sentencia del Tribunal Supremo en relación con la rotura de la presa de Tous, que
declaró la responsabilidad de la Administración por todos los daños ocasionados?
Termino, señor ministro, con lo más importante: Si no hay ningún peligro, ¿por qué no va usted a vivir a una de estas urbanizaciones desalojadas, porque no se va usted a vivir a Sangüesa?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, presidente.
Las obras de recrecimiento de Yesa, como usted ha dicho, fueron declaradas de interés general por Real Decreto-Ley 392, de 22 de mayo, están contempladas en el Pacto del Agua de Aragón, recogido en resolución del Pleno de las Cortes de
Aragón de 30 de junio de 1992, relativa a criterios de política hidráulica en la comunidad, y están recogidas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1998. El proyecto está supervisado técnicamente
y cumple todos los requisitos técnicos para su ejecución y toda la normativa vigente en materia de seguridad que le son de aplicación. Precisamente el seguimiento exhaustivo que se hace de los trabajos es lo que permitió a los técnicos detectar un
pequeño desplazamiento en la ladera derecha del embalse y por ello se tomaron de inmediato las medidas necesarias para frenar ese deslizamiento. A partir de aquí se ha cumplido escrupulosamente lo establecido en el plan de emergencia de la presa.
El pasado 21 de diciembre, se aprobaron obras de emergencia por cuantía de 10 millones de euros para adoptar algunas medidas dirigidas a acabar con el problema; son actuaciones destinadas a disminuir el peso de la zona superior de la ladera, la
ejecución de muros de hormigón armado y la ejecución de anclajes en determinadas zonas de la ladera para estabilizar el embalse. Los trabajos, que continúan al ritmo previsto, han dado sus frutos. Se ha demostrado que las medidas adoptadas han
logrado frenar casi totalmente el deslizamiento a pesar de las intensas lluvias registradas durante todo el año y, si continúan las actuaciones propuestas, se podrá conseguir la estabilización de la ladera, de acuerdo con la normativa vigente.
El Gobierno ha asumido en todo momento sus responsabilidades. La primera responsabilidad es la de asegurar la seguridad de los ciudadanos de la zona y evitar riesgos. El ministerio, a través de la Dirección General del Agua y de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, en colaboración con el Ayuntamiento de Yesa, ha contribuido a la reubicación y alojamiento de las diez familias que tenían como primera residencia una vivienda en las dos urbanizaciones que el ayuntamiento acordó
desalojar para evitar riesgos, Mirador de Yesa y la urbanización Lasaitasuna. En concreto, el Gobierno ha asumido los gastos que se generen en el pago de alquileres de viviendas y de facturas de luz, agua y gas que se produzcan hasta la vuelta de
las personas desalojadas a sus viviendas.
A fecha de hoy, no se han producido los daños por deslizamiento pronosticados por los más alarmistas ni el colapso de ninguna vivienda ni se ha puesto en riesgo a ninguna persona. No obstante, hemos puesto en marcha un equipo
multidisciplinar para garantizar absolutamente que estas situaciones no se vuelvan a repetir y, a la espera de los resultados, todos los estudios apuntan...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ IMPORTANCIA CONCEDE EL GOBIERNO A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO?
(Número de expediente 180/000600).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula también al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el diputado don Pedro Sánchez, del Grupo Socialista.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué importancia concede su Gobierno a las políticas de cambio climático?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, presidente.
Este Gobierno le concede la máxima importancia a la lucha contra el cambio climático. Y desde que me hice cargo del ministerio he trabajado activamente para desarrollar una política sobre cambio climático que dé soluciones y respuestas a
este problema y que, a diferencia del Gobierno anterior, se hará utilizando recursos presupuestarios para reducir emisiones en España, al mismo tiempo que se genera empleo y actividad económica baja en carbono.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor ministro.
No parece que usted crea mucho en lo que dice porque tiene que leer incluso que cree en las políticas de cambio climático. Y el hecho cierto es que ustedes no creen, al contrario, desprecian las políticas de cambio climático. Lo hacen en
Europa, donde votan sistemáticamente que no a todo lo que tenga que ver con cambio climático: votaron en contra de la Directiva de Eficiencia Energética; votan en contra de reducir los niveles de emisión de CO2 de los vehículos nuevos y votan en
contra, hoy precisamente sus parlamentarios en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo -para su vergüenza, señor ministro-, la reforma del sistema de comercio de emisión de CO2, que sí apoyamos, por cierto, los socialistas. Si eso
ocurre en el Parlamento Europeo, señor ministro, lo que ocurre en el Consejo, que también debe pronunciarse, es bastante sintomático, porque, a diferencia de otros países como Alemania, Francia o el Reino Unido, que sí están apoyando la reforma del
mercado de CO2, el Gobierno de España no se pronuncia. No sé si es verdad eso que dicen por ahí de que efectivamente el Gobierno de España no tiene posición porque hay un enfrentamiento entre el ministro de Agricultura y el ministro de Industria al
respecto, pero le voy a decir una cosa, señor ministro: ni lo sé ni me importa, porque esta no es una película de buenos y malos. Lo trascendente, lo de verdad importante desde el punto de vista político es que su silencio cómplice lo que está
haciendo es poner en un brete al principal instrumento que tiene la Unión Europea de lucha contra el cambio climático, que es el mercado de derechos de emisión.
En relación con la política de cambio climático a nivel nacional, qué decirle, señor ministro, si ustedes no tienen política de cambio climático a nivel nacional, si ustedes no han aprobado aún el plan nacional de adaptación al cambio
climático, si ustedes han cerrado el Observatorio de la sostenibilidad en España, si cada vez que aprueban una ley que tiene que ver con el cambio climático o con el medio ambiente es un canto a la contrarreforma medioambiental. Y, si no, vea lo
que ha pasado con la Ley de Costas.
Yo sé que usted me va a decir que uno de sus principales logros es esto del Fondo de carbono, que va a dejar de emitir un millón de toneladas de CO2 a la atmósfera, y nos alegramos, señor ministro; pero también hay que recordarle que su
ministerio, que su Gobierno, mejor dicho, está poniendo en jaque al sector de las renovables, que ha logrado evitar en el año 2012 la emisión de casi 38 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Así pues, su política, señor ministro, es una
política de contrarreforma medioambiental que tiene dos principales objetivos: acabar con las políticas de cambio climático y también poner en un brete la protección ambiental en este país. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias.
Señor diputado, me parece una osadía que un diputado socialista quiera dar lecciones sobre lucha contra el cambio climático. Mire usted, la situación que nos encontramos al inicio de la legislatura era lamentable. Toda la política de lucha
contra el cambio climático del Gobierno socialista era gastarse 770 millones de euros en comprar derechos de CO2 en el extranjero. Ustedes no hacían nada para limitar emisiones en España pero, eso sí, con el talonario, con los impuestos de los
españoles se gastaron 770 millones de euros. Nosotros vamos a cumplir con Kioto porque somos muy conscientes de que somos un país vulnerable a los impactos del cambio climático. Este ministerio se ha comprometido con los restantes socios de la
Unión Europea y resto de la comunidad a llegar a los acuerdos necesarios para reducir nuestras emisiones. Tenemos una fluida comunicación con la Comisión, con las oficinas iberoamericanas de cambio climático, y en el ámbito nacional hemos dado un
giro a la política de lucha contra el cambio climático trabajando en España; poniendo en marcha políticas nacionales en España; convocando los proyectos Clima, de mitigación en los sectores difusos, cuyas reducciones compramos con el Fondo de
Carbono durante los cuatro años de vida del proyecto -2012 con 37 proyectos, en 2013 con 187 proyectos-; poniendo en marcha el Plan PIMA Aire para la mejora de la calidad de aire en España mediante la renovación del parque del vehículos
comerciales, los más contaminantes en las grandes ciudades, sustituyéndolos por modelos más eficientes; poniendo en marcha el proyecto Huella de carbono, que vincula el cálculo y reducción de la huella de carbono de las empresas con el fomento de
los sumideros nacionales; poniendo en marcha la Hoja de ruta 2020 para difusos, que se aprobará en este
mismo año con las medidas sectoriales necesarias y en el marco del Plan nacional de adaptación -el tercer programa de trabajo que aprobaremos a finales de año-, y será coherente con la estrategia europea de adaptación; poniendo en marcha la
plataforma AdapteCCa; lucha contra el cambio climático en las costas, por primera vez la Ley de Costas incorpora políticas contra el cambio climático. Y hablando del backloading, nuestro grupo no se ha opuesto, se abstendrá en el Parlamento
Europeo porque estamos conciliando la necesidad de dar respuesta... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA CONCEPCIÒ TARRUELLA TOMÀS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CUÁNDO PREVÉ EL GOBIERNO PONER EN FUNCIONAMIENTO EL
FONDO DE GARANTÍA ASISTENCIAL (FOGA) PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3 DEL REAL DECRETO-LEY 16/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD Y
SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES? (Número de expediente 180/000588).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta en primer lugar la diputada doña Concepciò Tarruella, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿cuándo prevé el Gobierno poner en funcionamiento el Fondo de Garantía Asistencial, el FOGA, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno considera el FOGA como un importante instrumento para garantizar la equidad y la cohesión en la prestación de la asistencia sanitaria en todo el territorio nacional. Precisamente por ello estamos trabajando con todas
las comunidades autónomas para su definición y puesta en marcha. Nuestra voluntad es que el marco normativo del FOGA esté listo para finales de este año.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Señora ministra, la estimación, la valoración de la actividad que hacemos desde Cataluña para enfermos que provienen de otras comunidades autónomas que no nos compensa actualmente el Fondo de Cohesión Sanitaria
está alrededor de los 53 millones de pesetas del año 2012. Por ello, estamos muy interesados en el desarrollo de este Fondo de Garantía Asistencial que, recuerdo otra vez, se creó por real decreto-ley con urgencia. Estamos a mitad del mes de junio
y, según nuestras informaciones, en la última reunión de la Comisión de seguimiento del Fondo de cohesión sanitaria, que se realizó el 22 de enero de 2013, se empezó a perfilar cómo se desplegará este FOGA pero sin ninguna propuesta todavía firme y
elaborada presentada por el ministerio. Las conclusiones a las que se llegó en esa reunión eran que el Fondo de cohesión sanitaria recogería toda la actividad actual referida en el Real Decreto 1207/2006. Es decir, esa actividad derivada de unas
comunidades autónomas a otras no será financiada por el ministerio, sino por las comunidades autónomas que derivan a los enfermos. Nosotros nos preguntamos: dada la gran dificultad que hasta ahora había para cobrar de unas comunidades a otras por
los pacientes que se trasladaban cuando había el Fondo de cohesión en el ministerio, si ahora desde Hacienda tienen que compensar y descontar de las comunidades autónomas deudoras para pagar a las comunidades autónomas receptoras de esos pacientes,
tememos que el papeleo y todo el trámite
administrativo lo haga mucho más difícil para las comunidades y haga atrasar todo para que pueda llevarse a cabo la compensación necesaria.
Nosotros le pedimos...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, la obligación del Gobierno es proteger la salud de todos los españoles y que todos los pacientes del Sistema Nacional de Salud sean atendidos de igual
manera, con independencia de su lugar de procedencia. En ese sentido, como sabe, queremos contar con un sistema que permita compensar económicamente a las comunidades autónomas por las actuaciones que realizan sus servicios de salud en el marco de
la cartera común de servicios y también de la cartera suplementaria, tanto cuando se producen desplazamientos temporales como cuando se utilizan servicios sanitarios distintos a los del lugar de residencia. Para ello pusimos en marcha el FOGA. Su
funcionamiento, como sabe, tiene complejidades técnicas que entre todos estamos solucionando. Con este fin hemos mantenido diversas reuniones con las comunidades autónomas para que el FOGA, como digo, pueda entrar en funcionamiento a finales de
este año. Puedo avanzarle que hemos dado pasos importantes. Primero, se ha acordado incorporar en una primera etapa la compensación de la actividad primaria por primera vez con una propuesta de tarifa única que ya ha sido aceptada por todas las
comunidades autónomas. También se está estudiando incorporar en esta primera etapa la prestación farmacéutica vinculada a la atención primaria. Más adelante implantaremos la compensación por desplazamientos de larga distancia. Por otro lado,
estamos trabajando -creo que le agradará oírlo- en un sistema de información conjunto que servirá tanto para el FOGA como para el Fondo de cohesión a través de la tarjeta sanitaria individual.
Creo que con su intervención, constructiva como siempre, se abre el camino de la cooperación entre todas las administraciones, que sin duda es básica para iniciar el FOGA, pero especialmente para su desarrollo posterior. Creo que la lealtad
institucional, si se produce a diario, nos hará tener grandes éxitos en esta materia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA LAURA CARMEN SEARA SOBRADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CUÁLES SON LAS MODIFICACIONES LEGALES QUE PREPARA EL GOBIERNO EN MATERIA DE
DISCAPACIDAD? (Número de expediente 180/000601).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Laura Seara, del Grupo Socialista.
La señora SEARA SOBRADO: Muchas gracias, presidente.
Señora Mato, quiero empezar recordándole que existe una Comisión de Políticas de Discapacidad en esta Cámara en la que a usted todavía no la hemos oído porque no ha aparecido. Como no ha ido por allí durante todo este tiempo, hoy le
preguntaré aquí esperando tener más suerte.
Hace más de un año anunció usted una ley general de la discapacidad como si de una novedosa legislación se tratara, pero omitió que lo que de verdad se va a aprobar será la refundición de tres textos legislativos ya existentes. No habrá,
por tanto, aportaciones que puedan hacer los diferentes colectivos ni habrá tampoco trámite parlamentario en esta ley. Por consiguiente, no comprendemos, primero, que tarden dos años en aprobarla, ni tampoco la confusión que están generando sus
palabras, señora Mato. Se lo digo porque no pierde ocasión, cada vez que tiene la oportunidad, de explicar las bondades y novedades de esta futura ley, pero ¿no es acaso una refundición legislativa, señora Mato? ¿En qué quedamos?
En el Grupo Socialista entendemos que caben tres posibilidades: una, que usted mienta; otra, que no le cuenten bien las cosas en su ministerio, y otra, que esté tramando algo, que es lo que nos estamos temiendo. Hoy le pedimos que nos lo
aclare. Mi grupo le pide que nos lo aclare a nosotros y a las personas con discapacidad de este país. Señora Mato, es un tema demasiado serio, demasiado importante como para jugar con él al despiste. ¿No cree? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.
Señoría, cabe una cuarta opción: que la discapacidad sea para este Gobierno un foco prioritario de atención y que estemos trabajando con todo el sector precisamente para seguir avanzando en esta cuestión. Como sabe, hemos promovido durante
este año multitud de cambios en beneficio de las personas con capacidades diferentes y de sus familias. Y sí, de todas formas, contestando a su pregunta, le diré que para finales de año aprobaremos -será una realidad- la nueva ley general de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, que es una reivindicación histórica que por fin se va a hacer realidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora SEARA SOBRADO: Señora Mato, ¿dos años para aprobar un texto refundido? Usted no está en esto, y lo peor de todo es que ni está, ni se la espera. No se la espera en el debate del aborto; ya está el señor Gallardón. No se la
espera en el debate sobre los recortes sanitarios, no se la esperó; estaba el señor Montoro hablando por usted. No se la espera en el debate sobre la violencia de género; ya sale un fin de semana su secretario de Estado a hablar. Y no se la
espera en el debate sobre la pobreza; en este debate, desgraciadamente, no esperamos a nadie porque no está nadie.
Saben que están estrangulando las políticas de discapacidad. Han dejado sin un céntimo el Plan de acción en materia de discapacidad. Han desaparecido diecisiete programas de atención. Les han impuesto el copago farmacéutico y el copago
protésico. Esto es cierto. En definitiva, una escabechina de desigualdades. Es posible que sea usted una víctima de sí misma. Es posible...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
La señora SEARA SOBRADO: Lo que es imposible es que nunca haga nada y nunca sepa nada. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, aunque veo que a usted no le preocupa absolutamente nada, creo que este asunto sí que le interesa extraordinariamente al mundo de la discapacidad. La ley
general de derechos para las personas con discapacidad es una demanda histórica. Nosotros hemos tardado un año, pero ustedes han estado ocho años en el Gobierno y no han sido capaces de presentarla. (Aplausos).
Señorías, esta nueva ley supone el reconocimiento expreso -y hable con las asociaciones de discapacidad- de que las personas con capacidades diferentes son titulares de derechos y que los poderes públicos estamos obligados a garantizar su
ejercicio pleno, superando el concepto asistencial de antaño. Es una ley elaborada con la participación y consenso de las asociaciones de las personas con discapacidad, con las que todo este año hemos estado avanzando en las siguientes cuestiones.
Uno, hemos recuperado los incentivos para la contratación. Dos, hemos establecido medidas a favor de los jóvenes emprendedores con discapacidad. Tres, hemos puesto en marcha el convenio de Seguridad Social que les permite, por primera vez, poder
cotizar por sí mismos y generar derecho a prestaciones que, en otro caso, nunca podrían tener. Hemos aprobado además por primera vez una reserva del 7 %, tanto en plazas de formación sanitaria especializada como en oferta pública de empleo.
Señoría, este Gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo minuto por las personas con capacidades diferentes, contando siempre con ellas. Y estamos en lo de siempre, señoría, lleva usted más de un año haciendo esta misma pregunta en el
Parlamento, pero no le interesa la respuesta. Todas sus iniciativas se limitan simplemente a desgastar al Gobierno y a intentar conseguir beneficio partidista. Usted ha demostrado hoy que los derechos de las personas de la discapacidad no le
importan absolutamente nada. Si cambiaran, saldrían ustedes ganando, y especialmente saldría ganando la sociedad española. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON GABRIEL ECHÁVARRI FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CÓMO VALORA EL ACTUAL NIVEL DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES ANTE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO? (Número de expediente 180/000602).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Gabriel Echávarri, del Grupo Socialista.
El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: ¿Cómo valora el actual nivel de protección de las mujeres ante la violencia de género?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.
Señorías, seguimos trabajando todos los días para mejorar la protección de las mujeres en relación con la violencia de género. Ojalá que pudiéramos, desde los poderes públicos, controlar el cien por cien de los riesgos que son resultado de
este tipo de violencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor diputado.
El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Señora ministra, dice que siguen trabajando, que están empezando a trabajar, pero, señora Mato, llevan casi dos años en el Gobierno, media legislatura, y todavía no han puesto en marcha nada. ¿No tenía ningún
plan antes de llegar al Gobierno? ¿Pensaban que los asesinatos machistas iban a desaparecer con su mera presencia, como el déficit o el paro? Dese prisa; menos presentaciones, menos anuncios y más actuaciones, porque se le acaba la legislatura y
las mujeres siguen siendo asesinadas. El terrorismo machista no conoce de vacatio legis. Cada día es un día perdido, porque el machismo mata y lo hace todos los días. Este año son ya 27 mujeres las que han sido asesinadas; 1.237 mujeres desde
1999. En esta materia sabe que siempre podrá contar con nuestro apoyo. Para nosotros la violencia de género es materia de pacto de Estado y a eso llamamos a todas las fuerzas. Pero no vamos a dejar que nos engañe, señora ministra. En la lucha
contra la violencia de género y hasta la fecha lo único que ha hecho su Gobierno es recortar, y ahora por la presión mediática, para salvar la cara, se han sacado de la manga un plan nacional, que básicamente compila medidas que ya están aplicando
las comunidades autónomas. Hablan, por ejemplo, de una nueva red de casas de acogida basada en la red que ya existe. ¿Cómo tienen la desfachatez de llamarla nueva red?
Señora ministra, con una mano presentan un plan a desarrollar por las comunidades autónomas y con la otra mano les recorta dinero para la asistencia social a mujeres víctimas y a sus hijos. A esto se suma la reforma del Código Penal, con
medidas que van en contra de esta lucha e incluso le niegan el nombre, violencia de género. O la todavía a fecha de hoy vergonzante obligación de que las mujeres víctimas de violencia de género paguen tasas judiciales; las tasas de la vergüenza,
señora ministra. A la mujer que huye de su maltratador, ningún obstáculo; ninguno. Señora Mato, empiece a ejercer como ministra de Igualdad de verdad, empiece a luchar contra las desigualdades, desigualdades como las que se producen en su
Gobierno. Un Gobierno que niega el indulto a María del Carmen García Espinosa, la madre de Benejúzar que agredió al violador de su hija de 13 años, a pesar de tener todos los informes favorables; pero un Gobierno que no dudó en indultar a un
kamikaze que mató a un joven inocente en Alzira, a pesar de tener todos los informes negativos. Uno es hombre y poderoso; la otra mujer y humilde. Estos son el tipo de agravios que su ministerio consiente cada día. Estas desigualdades son
muestra del sexismo y del clasismo que está instalado en el Gobierno. Señora Mato, honre el nombre que lleva su ministerio, Igualdad; Igualdad en mayúsculas. Hónrelo, o renuncie al mismo. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, siento que intente usted desgastar al Gobierno en una lucha común que comparte toda la sociedad y también lamento que nunca traigan ustedes una sola
propuesta a esta Cámara.
Señorías, es obvio que hemos avanzado mucho, pero también es evidente que nos queda muchísimo camino por recorrer. Cualquier propuesta constructiva que usted traiga, la voy a aceptar de inmediato porque será bueno para la lucha contra la
violencia de género. Yo sigo teniendo tres objetivos fundamentales: en primer lugar, que se denuncien todos los actos de violencia contra las mujeres; en segundo lugar, que cada día endurezcamos más las penas contra los agresores y que todo el
peso de la ley caiga sobre ellos, y en tercer lugar, que las mujeres sepan que si denuncian tienen garantizada su autonomía vital y también su libertad. Acabamos de presentar la estrategia nacional de violencia de género con más de 250 medidas y
1.500 millones de euros de compromiso presupuestario en tiempo de crisis. Son 1.500 millones de euros destinados a mejorar la seguridad, la protección y la atención personalizada a las víctimas y por primera vez, como ustedes saben porque ustedes
nunca quisieron, también a los menores. Hemos puesto en marcha una red de casas de acogida que permite su incorporación inmediata en 24 horas. Estamos reformando el Código Penal para que el maltratador, o aquel que tenga intención de hacerlo, se
sienta acorralado social y judicialmente. En este momento cerca de 100.000 mujeres cuentan con protección policial y 10.000 están atendidas mediante el servicio Atenpro. La red de Empresas por una sociedad libre de violencia de género está
permitiendo independencia económica a muchas mujeres a través del empleo. Esas son las realidades, como también es una gran verdad que cuando ustedes gobernaban nosotros siempre les apoyamos en la lucha contra los malos tratos. Ahora lo que
ustedes hacen es atacar a diario a este Gobierno. Si quieren seguir por ahí, sigan, pero no encontrarán ni una sola mujer que les diga que las críticas demagógicas son eficaces para acabar con la violencia de género. Señorías, espero que opten por
el camino de la unidad y sobre todo que avancemos juntos para terminar con el silencio de las víctimas, que conlleva la impunidad de los maltratadores.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿DEFIENDE EL GOBIERNO LOS INTERESES PÚBLICOS DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ? (Número de
expediente 180/000595).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Pregunta en primer lugar la diputada doña Carmen Sánchez, del Grupo Socialista.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señor ministro, no sé cómo va a contestar a mi pregunta, si jugando al despiste como cuando dice que no sabe nada de esos informes de la Agencia Tributaria, o jugando al detective listo que lo sabe todo sobre
deportistas, políticos y periodistas. Mi pregunta es: ¿defiende el Gobierno los intereses públicos de la Zona Franca de Cádiz? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Permítame, señora diputada, que comience felicitándola por la brillante intervención que acaba de tener. (Rumores). Después de esto, mañana pasará a los anales de la crónica parlamentaria de esta mañana, y a partir de ella. (Protestas).
Estoy felicitándola. (Continúan las protestas.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor ministro. Ruego silencio. Al terminar las intervenciones se puede aplaudir o no aplaudir, pero durante la intervención ruego silencio para que se pueda oír lo que dicen los intervinientes.
(Rumores.-La señora Montón Giménez: ¿Y faltar al respeto, se puede?-La señora Aguilar Rivero: Eso ha sido personal).
Continúe, señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Volviendo a la cuestión. ¿Defiende el Gobierno los intereses públicos de la Zona Franca de Cádiz? Sí, el Consorcio de la Zona Franca es una entidad del sector
público estatal en el que, además del Estado, participan otras administraciones públicas: la comunidad autónoma, la diputación y el ayuntamiento. Y como sector público estatal, nada más lógico y natural que el Gobierno apoye todas las actuaciones
que son necesarias.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señor ministro, caso Rilco, uno más que añadir a los de Bárcenas, Gürtel, etcétera. Dos delegados de la Zona Franca de su anterior etapa como ministro de Hacienda están siendo juzgados por la vía penal, denunciados
por la Abogacía del Estado y condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar más de 4 millones de euros que gastaron ilegalmente en un portal informático. Y de todo esto, ¿sabe lo que sorprende? La actitud de su partido eximiendo de
responsabilidades a los dos acusados y culpando a la Abogacía del Estado y al Tribunal de Cuentas. Sorprende también que el Ministerio de Industria le pase información sin que nadie se lo haya pedido a los abogados de los acusados, y más sorprende
que el Partido Popular le pague los abogados a uno de estos acusados.
Señor ministro, ¿cómo puede pretender que no pensemos que se están defendiendo más los intereses privados de dos altos cargos del Partido Popular que los intereses públicos de una entidad que depende de su ministerio? ¿De qué parte está el
Gobierno? ¿De parte de los acusados, como defiende el Partido Popular, o de la investigación de la Abogacía del Estado? ¿De los acusados, como defiende el Partido Popular, o del Tribunal de Cuentas, que pretende que se devuelva ese dinero público
a las arcas del Estado? Y lo que es más importante, ¿qué está haciendo usted, señor ministro, para hacer que esos 4 millones de euros se devuelvan a las arcas del Estado?
Usted está en el punto de mira. Espero que conteste a mi pregunta, pero también los españoles esperan de usted que explique ese informe de la Agencia Tributaria enviado al juez Castro. Demuestre que, por encima de los fallos de su gestión,
usted es capaz de dar la cara y explicar esas actuaciones que le competen. Ahora tiene una oportunidad; rompa su silencio, señor Montoro. Todos los españoles están esperando su respuesta. Tiene un minuto y cuarenta y nueve segundos para
contestar a las dos preguntas.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señoría, ¿a qué contesto? ¿A la pregunta que ha formulado o a la siguiente? (Risas.-La señora Sánchez Díaz: ¡A las dos!-Rumores). No se preocupen. Está usted en su derecho de hacer las preguntas pertinentes de control al Gobierno en la
sesión, pero es que no se pueden hacer afirmaciones contrarias a la realidad, como usted ha hecho. En relación con el caso Rilco, usted ha hecho una acusación que es falsa respecto de la posición política del Partido Popular. Es exactamente la
contraria, fue el Partido Popular el que primero apoyó esa investigación en el Tribunal de Cuentas. Fue el Partido Popular el que lo hizo. (Rumores). Sí, sí, fue exactamente así. Por supuesto que también fue a iniciativa del Grupo Socialista,
apoyada en una enmienda transaccional por el Grupo Parlamentario Popular con mayoría absoluta. Así fue y a partir de ello está sometido a un proceso judicial. ¿Cuál es la posición del Gobierno en términos de recuperar el dinero en el caso de que
haya habido malversación de caudales públicos? El resultado de la sentencia. Eso es lo que estamos esperando y lo que corresponde hacer. Esa es la defensa que hacemos, la defensa de los intereses generales del Estado y de la Hacienda pública. No
puede haber otra postura en el Gobierno. Y le insisto en lo que ha sido la posición del Partido Popular porque eso lo conoce usted y lo ha vivido, señora Sánchez, y por tanto no puede falsear esas circunstancias.
A partir de ello, en relación con el otro asunto, no me da tiempo a contestar. (Rumores). Ahora lo haré, no se preocupen. Pero ustedes están en el ejercicio democrático de hacer las preguntas pertinentes en esta Cámara. Solo le haré una
recomendación, no vea política donde no la hay.
Gracias. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CÓMO HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO EL CÁLCULO DEL SUPUESTO AHORRO ECONÓMICO QUE PRODUCIRÍA LA
APLICACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL? (Número de expediente 180/000596).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Odón Elorza, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Señor Montoro, para lucirse, ¿en qué informe se basa para obtener los datos de ahorro como consecuencia de la aplicación de la contrarreforma local? Segundo, ¿cuál es ese ahorro global y desglosado por objetivos o
por capítulos? Tercero, ¿cómo se obtiene ese coste estándar de los servicios?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señoría, primero, otra vez pregunte correctamente. (Rumores). Le ha llamado contrarreforma y las contrarreformas son las que se hicieron en el tiempo de Lutero. (Protestas). Lo que se está haciendo ahora es un anteproyecto de ley que
está en este momento sujeto a dictamen del Consejo de Estado y que no ha sido aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros. A partir de ello existen unas estimaciones de ahorro de doble origen: las primeras basadas en estudios realizados
por reputados expertos en el seno del Instituto de Estudios Fiscales en relación con la aplicación de costes estándares en las prestaciones locales y, en segundo lugar, estudios que se derivan del propio conocimiento de los presupuestos de esas
entidades locales. Por tanto, son estudios que tienen un solo origen que es, por un lado, el análisis científico y, por otro lado, el conocimiento real de lo que significan esos costes de prestaciones en el ámbito de las corporaciones locales.
Tenemos un largo trayecto para debatirlo, señor Elorza, y espero de su grupo político una actitud constructiva en una reforma de ese calado como es la nueva ley de régimen local.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: No me responde, señor Montoro.
Le voy a desinflar el suflé. El 15 de febrero del año 2013 usted anunció que, como consecuencia de la aplicación de ese anteproyecto de ley, iba a conseguir un ahorro de 7.129 millones en un periodo de tres años; 7.129 millones. En el
programa nacional de reformas 2013, aprobado hace un mes, la cantidad no es 7.129 sino 8.000 millones de ahorro en los ayuntamientos, pero a dos años no a tres, y entre medias se publica en los medios de comunicación una información del Instituto de
Estudios Fiscales -el que le ha hecho ese tinglado, esa vergüenza- y la información dice que los estudios de ese instituto dan un ahorro ficticio de 3.900 millones. ¿Me quiere usted explicar a qué están jugando? ¿Me quiere usted explicar de qué va
esta historia? Yo me adelanto a decirle, en nombre del Grupo Socialista, que su contrarreforma local pretendida no es sino un sumando más de esa política de recortes, de reducciones en educación, en sanidad, en dependencia, reforma laboral,
pensiones, para ofrecer en una especie de altar del sacrificio, en este caso los ayuntamientos, ante Bruselas o ante la troika, con unas cifras bien diseñadas aparentemente, un programa de reformas que realmente no se corresponde con la realidad.
Usted se va a cargar el funcionamiento de los ayuntamientos, usted va a incapacitar al poder democrático local. Dedique su tiempo, por favor, que es importante, a cosas como ayudar a investigar para poner en la cárcel al señor Bárcenas y no dedique
el tiempo a los ayuntamientos, a negarles competencias, a negarles servicios sociales y a impedirles hacer la cohesión social. Deje a los ayuntamientos en paz. Realmente su aportación al déficit público es ridícula, es un 3 % o un 4 %. Dedíquese
usted a negociar, por favor, con todas las fuerzas políticas cómo debe ser una reforma local en profundidad, pero retire este proyecto, este contraproyecto...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. (Aplausos).
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): España necesita una reforma de la Administración local. (La señora Aguilar Rivero: Pero no esa). Una reforma que subraye y defina la competencia que ejercen los
ayuntamientos y la deslinde de las actividades que ejercen las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. De eso se trata, de hacer una reforma donde gane el municipalismo, donde realmente las corporaciones locales ocupen la
situación que deben tener en la constelación de las administraciones públicas españolas. (La señora Aguilar Rivero y el señor Elorza González hacen signos negativos). Por eso es oportuna esa reforma, es una reforma esperada y que tiene su asiento
en la reforma de la Administración local que está impulsando el Gobierno, y está deseando el Gobierno que negociemos en términos políticos con el resto de los grupos de la Cámara. Invito al Grupo Socialista en concreto a que reflexione y haga
aportaciones constructivas (El señor Elorza González muestra un documento en soporte informático y pronuncia palabras que no se perciben.) Trate de hacerlo, trate de hacerlo, verá cómo no le ocurre...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor ministro.
Señor Elorza, compórtese adecuadamente. Le están contestando a lo que usted ha preguntado. Ahora es su turno de escuchar, no de hablar. (El señor Elorza González: No está contestando, no).
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Vamos a tener muchas ocasiones para insistir y discutir sobre este asunto en el día de hoy y en los días que vendrán cuando el Gobierno presente en esta Cámara este
proyecto de ley.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Elorza González: No contesta a nada.-Protestas).
El señor PRESIDENTE: Señor Elorza, no tiene usted que expresar su opinión de esa forma, así que haga el favor de guardar silencio, estamos en el turno de preguntas, turno muy tasado.
- DEL DIPUTADO DON LUIS TUDANCA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿HA VALORADO EL GOBIERNO LOS EFECTOS NEGATIVOS QUE TIENE SU REFORMA LOCAL EN ÁMBITOS
IMPORTANTES COMO EL EMPLEO O LOS SERVICIOS PÚBLICOS? (Número de expediente 180/000597).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Luis Tudanca, del Grupo Socialista.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿ha valorado el Gobierno los efectos que tiene su reforma local en ámbitos como el empleo o los servicios públicos? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señoría, en el ámbito del empleo público y los servicios locales podemos decir que el ajuste ya está hecho, y por tanto la aplicación de la nueva ley no tendrá otra consecuencia que no sea fortalecer la eficiencia de los servicios públicos y
a partir de ahí generar empleo público local de calidad.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Señor Montoro, hace dos meses le pregunté cuáles iban a ser los efectos de su reforma de los ayuntamientos para los servicios públicos. Entonces usted se fue por los cerros de Úbeda -provincia de Jaén, para más
señas- y no sé si por esto de estar hablando de los municipios está haciendo usted un viaje virtual por España, porque me da la sensación de que
esta semana se la ha pasado en Babia -provincia de León-, porque todavía no ha explicado el esperpento que ha creado la Agencia Tributaria con sus contradicciones y sus errores con las fincas de la infanta. Tiene usted una oportunidad -no
es cuestión de que le falte tiempo, es cuestión de que lo use bien- para explicar en el Parlamento lo que le pregunta la oposición (Una señora diputada: Muy bien.-Aplausos).
Los sindicatos han calculado que su reforma supondrá la desaparición del 60 % del empleo público en los ayuntamientos de nuestro país. ¿Usted cree que nos podemos permitir en la España de los 6 millones de parados la pérdida de 300.000
empleos públicos en los ayuntamientos? Con esto tiene un motivo para felicitarse: usted ha sido el artífice de un verdadero pacto de Estado en nuestro país, un pacto unánime de sindicatos, partidos políticos, alcaldes, comunidades autónomas y la
FEMP, en contra de su reforma, todos contra su reforma. Fíjese que en Castilla y León, la comunidad autónoma con el mayor número de ayuntamientos de España y gobernada por el Partido Popular con mayoría absoluta, se ha logrado una votación en
bloque en el Parlamento autonómico contra la reforma de los ayuntamientos que usted propone; es para pensárselo. Ustedes son especialistas en crear una realidad paralela para justificar un cambio de modelo, para imponer su ideología y aumentar las
desigualdades, lo han hecho con la sanidad, con la educación, y ahora pretenden ayuntamientos con menos competencias, con menos autonomía, con menos democracia, con peores servicios públicos y con un grave perjuicio para el empleo. Pero para que no
diga que todo son críticas, le traigo también una propuesta, ahora que están tan de moda lo que podía hacer es crear un grupo de expertos; tiene usted a 70.000 expertos en este país, todos los alcaldes y concejales; elija usted a uno de Galicia, a
otro de Andalucía, a otro de Castilla-La Mancha; escójalos a todos del Partido Popular si quiere, todos le van a decir lo mismo: retire su proyecto de reforma de los ayuntamientos, dese una vuelta por los ayuntamientos de nuestro país y entonces,
solo entonces, quizá sepa lo que necesitan para atender mejor a los ciudadanos.
Permítame un último comentario para defender a los miles de alcaldes y concejales de nuestros municipios. Es muy triste que sea más convincente y firme en su defensa una marca de refrescos en un anuncio que el ministro de Administraciones
Públicas; piénselo. (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, llega usted a unas conclusiones absolutamente anticipadas a lo que debe ser un debate parlamentario respetable y en orden, que es el que tendrá que tener lugar en esta Cámara; pero es que con esos prejuicios con los que
usted camina no se pueden afrontar las reformas estructurales profundas que necesita nuestro país, que necesita nuestra Administración pública, que necesitan nuestras corporaciones locales. El Gobierno y yo mismo, por supuesto, somos conscientes de
las inquietudes que generan las reformas estructurales. Por descontado que las generan, pero también debemos ser todos conscientes de las oportunidades que abren esas reformas estructurales para recuperar mucho tiempo perdido, para recuperar lo que
debió ser en el diseño del Estado de las autonomías el papel del municipalismo, que no es agolpar competencias impropias, que no es hacer lo mismo que hacen otros niveles de Administración pública, y que no es tener una capacidad de retribuir
determinados cargos públicos olvidándose de otro tipo de condicionantes públicos y sociales que existen en una España y en una España de crisis. Por tanto, claro que se pueden hacer muchas cosas en términos de reorganización y no le quepa duda de
que las haremos con la sensibilidad de escuchar, de escuchar en todo ese trayecto, de escuchar a los que están a pie de obra de la política, a los concejales y a los alcaldes de todos los pueblos de España, de cada uno de esos municipios, que son
los que hacen digna a la actividad pública y a la actividad política. No nos vamos a equivocar en el enfoque de hacer que esta sea la oportunidad que nunca tuvo el municipalismo para ocupar el papel y el relieve que merece el Estado de las
autonomías de España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿CUÁL ES LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA? (Número
de expediente 180/000587).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Industria, Energía y Turismo. La formula el diputado don Pedro María Azpiazu del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor ministro, no sabemos qué futuro le depara a la central nuclear de Santa María de Garoña, no sabemos las intenciones de su Gobierno a este respecto y nos preocupa profundamente, puesto que está en sus manos la
capacidad de decidir este futuro. En el año 2009 Nuclenor, Iberdrola y Endesa solicitaron la prórroga de su explotación y el Consejo de Seguridad Nuclear se la concedió por diez años. El Gobierno anterior... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.
Por favor, ruego silencio y que los que abandonen el escaño lo hagan con toda rapidez.
Continúe, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Decía que el Gobierno anterior fijó en el año 2013 el fin de la actividad de la central, plazo que fue ampliado por su Gobierno hasta el año 2019. Sin embargo, tras la aprobación de la fiscalidad de los residuos o con su disculpa, Nuclenor
alega razones de rentabilidad económica y manifiesta su voluntad de proceder al cierre de la central. Usted sabe que tan solo es posible paralizar una central nuclear por motivos técnicos y a instancias del Consejo de Seguridad Nuclear, por tanto,
existe un evidente vacío legal al respecto. ¿Piensa, señor ministro, cubrir este vacío el próximo viernes cuando el Gobierno apruebe una retahíla de iniciativas que nos ha anunciado en materia energética o piensa modificar la fiscalidad para que a
Nuclenor le salgan los números y continúe con la explotación? Si nada se hace en apenas quince días, el 6 de julio vence la concesión y se procederá al cierre y al desguace de la central que, en nuestra opinión, es lo correcto, pero queremos que
nos diga usted cuáles son las intenciones del Gobierno en relación con el futuro de la central nuclear de Garoña.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, el Gobierno considera que en las circunstancias económicas actuales, y teniendo en cuenta que España es uno de los Estados miembros de la Unión Europea con una mayor
dependencia energética del resto del mundo, no se puede ni se debe infrautilizar ninguna de las fuentes energéticas disponibles. En razón a ello, justamente para disminuir la vulnerabilidad y la dependencia y aumentar la seguridad del sistema
energético en España, la intención del Gobierno es que siempre y cuando el Consejo de Seguridad Nuclear, que es quien puede determinarlo, determine que uno de los ocho reactores o todos los reactores nucleares que hay en España pueden seguir
funcionando, será favorable a esa continuidad en el funcionamiento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor ministro.
Me temo que malas noticias. A nuestro juicio, la única decisión razonable, como le decía, es cerrar definitivamente la central. Es una central de primera generación, obsoleta y amortizada y otras de su misma generación están ya
desmanteladas. El exceso de potencia instalada, según su secretario de Estado, que va en contra de lo que usted acaba de decirnos, y la caída de la demanda hacen que cerrar una institución de apenas 450 megavatios no genere ningún problema en
términos de seguridad de suministro, es decir, se puede prescindir perfectamente de esta, entre comillas, luciérnaga. Existe igualmente un consenso político amplio al respecto. El Parlamento vasco -incluido el alcalde popular de Vitoria-Gasteiz- y
el Gobierno vasco se han mostrado favorables a su cierre, al igual que nos manifestamos también desde el Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso.
Señor ministro, háganos caso y cierre la central. No va a afectar en absoluto al suministro energético.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, el pasado día 16 de mayo Nuclenor, que es el operador de la central nuclear de Santa María de Garoña, solicitó la modificación de la Orden ministerial del año 2012
que revocaba la fecha del 6 julio del año 2013 como fecha de cese definitivo de la explotación de esa central, al objeto de que se le concediera un nuevo plazo para que pudiera presentar una solicitud de renovación de la autorización de explotación
por un periodo de un año en el que la central se mantendría sin operar a potencia. Esta modificación no ha podido ser concedida por parte del ministerio por la imposibilidad del cumplimiento de los plazos previstos en la ley que regula el
procedimiento administrativo. Por tanto, en el momento actual, conforme a lo previsto en el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, con anterioridad al 6 de julio el ministerio deberá declarar mediante orden ministerial el cese
definitivo de explotación de esta central. La tramitación de esta orden incluye la remisión de la documentación del expediente para las alegaciones a las tres comunidades autónomas afectadas -Castilla y León, País Vasco y La Rioja-, trámite que ya
se ha efectuado. Asimismo, se ha remitido la documentación a los interesados a los efectos de llevar a cabo el trámite de audiencia. No obstante, se está analizando en la actualidad la situación en relación con los aspectos relacionados con la
regulación de ese cese definitivo de explotación de las centrales nucleares, ya que el cese se produce por razones distintas a la seguridad nuclear. Es un cese que se basa única y exclusivamente en consideraciones económicas y eso es lo que está
estudiando en estos momentos el ministerio.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
V. INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO CONTINÚA CON LA TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL A PESAR DEL RECHAZO QUE HA SUSCITADO EN EL
ÁMBITO MUNICIPALISTA. (Número de expediente 172/000133).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la primera interpelación del Grupo Parlamentario Socialista que se realiza sobre las razones por las que el Gobierno continúa con la tramitación del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de
la Administración local, a pesar del rechazo que ha suscitado en el ámbito municipalista. Para la defensa de la interpelación, tiene la palabra el señor Zarrías.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Montoro, le pido que se no enfade usted conmigo. Se ha enfadado con mi compañero Elorza y con mi compañero Tudanca, pero no pretendo que se enfade conmigo. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la
Presidencia). Pretendo interpelarlo bien dentro de mis posibilidades y capacidades, que son infinitamente menores que las suyas. Si alguna ley tiene que salir de esta Cámara con un amplio consenso, es la ley que va a regir los ayuntamientos de
nuestro país durante los próximos años, que son 8.116. Por lo tanto, quería saber si continúan ustedes con la idea de presentar aquí en las Cortes el anteproyecto que bajo la denominación de racionalización y sostenibilidad de la Administración
local modifica la actual Ley de Bases de Régimen Local. Se lo pregunto porque ha sido amplísimo -casi unánime- el rechazo que este texto que hoy está en el Consejo de Estado ha recibido de la inmensa mayoría de la comunidad municipal. Imponer una
ley local me parece una equivocación de bulto y, por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para llegar al acuerdo. Se enfadaba con mi compañero Elorza porque le hablaba de contrarreforma. He de decir que el título me parece un sarcasmo. No hay nada
de sostenibilidad ni de racionalización, sino que conforme está hoy el texto supone simple y llanamente el desmantelamiento y la privatización de los ayuntamientos en nuestro país.
Quiero decirle en nombre del Grupo Socialista que creemos que es necesaria una reforma de la Ley de 1985; una reforma integral que hoy por hoy debe actualizar y modernizar la vida local en nuestro país, que aborde los retos que tienen los
ayuntamientos, que son muchos. Pero tiene que ser una reforma que aborde de verdad la calificación de competencias, acompañando esta calificación de la adecuada financiación que garantice la prestación correcta de los servicios públicos. Antes de
que usted me lo diga,
ya se lo digo yo. Lo intentamos en dos ocasiones en la pasada legislatura -la última en el año 2010- y no pudo ser aprobada por el veto radical del Partido Popular. Personalmente el entonces encargado de estos menesteres, hoy secretario de
Estado de Políticas Sociales, me dijo que no eran tiempos de acuerdo y que por tanto no era posible llegar a ninguna conclusión. Ante eso, tomamos la decisión de retirarla porque entendíamos que un acuerdo unilateral, una mayoría absoluta sin el
Partido Popular era un error de bulto. Hoy se encuentra en el Consejo de Estado -veremos qué dice el Consejo de Estado- una propuesta limitada, parcial. Después de muchos globos sonda, una propuesta que me va a permitir que califique de
incoherente y contradictoria y que viene a sumarse a todas esas idas y venidas de desaparición de ayuntamientos, de fusión manu militari de ayuntamientos, de supresión del 30 % de los alcaldes, y ahora la presentan como la solución, la panacea al
despilfarro que hacen los ayuntamientos de nuestro país, sacrificando, como decía mi compañero, en el altar de la troika un modelo que necesita, como todos, actualizarse pero que lleva años vertebrando España y haciendo más iguales a los españoles.
Desliza que los ayuntamientos son los culpables de la crisis. Los datos -sus datos- no dicen eso sino más bien todo lo contrario.
Señorías, la deuda a 31 de diciembre de 2012 en nuestro país era de 800.416 millones de euros, un 84 % del PIB; había crecido respecto al año anterior un 20 %. Un 72 % corresponde a la Administración del Estado, un 17 y pico % a las
comunidades autónomas, mientras que los ayuntamientos están en torno al 4 % y han cumplido con el objetivo que usted les propuso. No solamente lo han cumplido sino que lo han cumplido bien; era del 0,3 % y se han quedado en el 0,15 %, pudiendo
prorratear esa minoración en el conjunto de déficit del conjunto de comunidades autónomas. Por tanto, señorías, el déficit no es ni mucho menos el problema. No son unos despilfarradores, no se gastan el dinero en festejos sino en prestar servicios
a los ciudadanos. Si hablamos de la deuda, está en torno a 35.000 millones de euros, el 4 %. Si quita usted lo que dejó su compañero de escaño, el señor Gallardón, en Madrid -los 7.000 y pico millones-, suma Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla o
cualquier otra ciudad importante, podrá ver que prácticamente el 70 % de ese dinero se debe a los grandes ayuntamientos. Esas son las cifras, no otras, pero han visto que los ayuntamientos son la víctima propiciatoria; han visto que son víctimas
más indefensas, son víctimas más dispersas que lo que puede ser la Administración General del Estado o pueden ser las comunidades autónomas. En palabras del profesor Muñoz Machado en ese documento que ha realizado y que titula, Ocho mil millones de
euros de ahorro: la compleja reforma de la Administración local, viene claramente a demostrar que el mundo local es donde ustedes se ceban simple y llanamente porque creen que las repercusiones políticas será menores.
De nuevo, señorías, se equivocan, porque lo que hacen es desapoderar a todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, más de 6.600 -no estamos hablando de una docena-, a favor de las comunidades autónomas o de las diputaciones
provinciales. En el caso de los servicios mínimos obligatorios es el paso previo -estoy convencido de que así va a ser- y también necesario para la privatización de los servicios que en estos momentos se están prestando desde el ámbito de lo
público. Me imagino que podremos hablar de esto a continuación. Primera conclusión. Desapoderan ustedes a los ayuntamientos que han cumplido con su objetivo de déficit, que tienen superávit presupuestario, y los llevan a otras administraciones
-ya le he dado los datos de la autonómica; ahora le doy los de las diputaciones- que han incrementado significativamente su déficit, su deuda viva en estos momentos, de 6.300 a 6.467 millones de euros. Con esta reforma que conocemos, y que hoy
está en el Consejo de Estado, ustedes hablan de tres objetivos: clarificar competencias -es el mantra de una administración, una competencia-, racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de
eficacia y estabilidad presupuestaria y fortalecer la entrada de la iniciativa económica privada. De todos los objetivos, el último es el que cumplen a la perfección. Evidentemente consiguen que entre la iniciativa privada a prestar servicios que
ahora se ofrecen desde la esfera pública local, porque lo que es clarificar competencias, señor Montoro -me va usted a decir que lo van a arreglar de un plumazo-, es mentira. No se corresponde el texto, ninguno de los artículos a los que hace
referencia la ley, que prácticamente no varían respecto a los de la actual Ley de Bases del Régimen Local, exceptuando la supresión del artículo 28. No elimina duplicidades sino más bien todo lo contrario, establece la posibilidad de imponer a las
entidades locales competencias sin ningún tipo de estabilidad financiera ni temporal. El mismo Muñoz Machado, al que antes hacía referencia, dice que con este texto es de todo punto imposible la realización del principio, que para ustedes es más
esencial en el borrador, de una administración, una competencia. Pero el nudo gordiano, señorías, se encuentra desgraciadamente en el otro artículo, concretamente en el artículo 26, donde se encuentra la carga de profundidad más potente, la carga
que
me hace llegar a la conclusión de que la desmantelación y la privatización de los ayuntamientos está a la vuelta de la esquina si esta ley entra en el Boletín Oficial del Estado en los términos que está en el Consejo de Estado. Es el efecto
demolición, que desgraciadamente va a echar por tierra los ayuntamientos en nuestro país. ¿A qué me refiero cuando hablo del efecto demolición? Me refiero a ese concepto del que hablaba mi compañero Elorza en su pregunta: el coste estándar.
Habla usted de un documento científico y yo le pediría -se lo he pedido por escrito y lo hago ahora aquí en la tribuna ante el conjunto de la Cámara- que nos dé ese estudio científico que parece ser que han elaborado no sé qué científicos
porque, con lo que hoy tenemos sobre la mesa, me parece que será de todo menos científico. No es de recibo que el Estado marque los costes estándar porque es simple y llanamente entrar a saco en la inconstitucionalidad que establece el artículo 9.3
de la Constitución en materia de arbitrariedad. Viene a decir por lo tanto que ese coste estándar reposa sobre una base empírico- económica absolutamente imprecisa, absolutamente incompleta, parcialmente incoherente y absolutamente inadecuada para
la reestructuración competencial. Señorías, ese coste estándar es -me va a permitir- un monumento a la arbitrariedad, además de, por supuesto, en ningún caso eficaz y sin la más mínima lógica racional. Es simple y llanamente la fórmula para
bendecir la privatización de los servicios públicos que hoy se prestan por parte de los ayuntamientos, que los darán en gran medida las diputaciones bien de forma directa o, como ustedes dicen, de forma indirecta. Por no hablar de la violación de
la autonomía local, ese principio democrático porque, a partir del desapoderamiento, a partir de que la intensidad de la prestación de los servicios públicos no sea el resultado de la voluntad de los ciudadanos expresada en una urna a la hora de
elegir a sus representantes sino que sea el resultado de una reflexión -entre comillas- que se haga en la calle Alcalá o en la Castellana, me va usted a decir para qué van a prestarse o van a querer prestarse los servicios que hoy día prestan, para
qué sirve esa reflexión a la hora de gestionar, por ejemplo, el servicio de recogida de basuras. Si se determina por real decreto estaremos vaciando de contenido a los ayuntamientos. Será, como digo, un real decreto del Ministerio de Hacienda -me
imagino- el que establezca la frecuencia, la calidad y el presupuesto de esos servicios. ¿Para qué quedan los alcaldes? Como ha dicho algún presidente de su partido, para pasear el santo en las procesiones cuando llegue la fiesta del patrón. Los
alcaldes son algo muy importante en nuestro país, son la columna vertebral de la base de la democracia, son aquellos que en el día a día tienen que resolver los problemas de millones de ciudadanos que en ocasiones no tienen dónde agarrarse, tienen
que ir al ayuntamiento para que les echen una mano, y lo que ustedes están haciendo, simple y llanamente, es buscar la fórmula para privatizar servicios. Le llevo a una segunda conclusión: esos servicios serán prestados con menos cercanía y con
menos eficiencia porque si se recoge la basura siete días, se recogerá cuatro. Serán menos eficaces porque habrá menos trabajadores y sobre todo serán más caros para los ciudadanos.
Con esta ley los que pierden no son los alcaldes, señorías, son los ciudadanos y -como bien decía mi compañero Tudanca- existe la posibilidad -no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista sino que lo han manifestado los sindicatos de todo el
arco sindical, nunca mejor dicho, desde los de clase a los que son de otra clase- de que se prescinda nada más y nada menos de 200.000 a 300.000 empleos públicos, la parte laboral de los 550.000 empleados públicos locales que existen en estos
momentos en nuestro país. Sobre todo, señorías, de aquellos trabajadores que están dedicados a los servicios de proximidad y que por lo tanto están más cerca de aquellas personas que más lo necesitan.
Señorías, voy concluyendo. Los socialitas antes, ahora y siempre estamos de acuerdo en hablar, pero hay que hablar en serio. Lo que no vamos a hacer es ser cómplices de esta tropelía, señor Montoro, porque esto es una verdadera tropelía.
No vamos a ser cómplices de la intervención manu militari de los ayuntamientos, del desmantelamiento de los servicios públicos que se prestan...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Zarrías, ha finalizado su tiempo.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Voy terminando, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, tiene que terminar.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Termino, señora presidenta.
Señor ministro, tendré oportunidad de continuar en la réplica. Simplemente le pido que no se convierta usted en el enterrador de los ayuntamientos de nuestro país.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Zarrías.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señor Zarrías, señorías, el proyecto del Gobierno pretende promover una racionalización de la Administración pública que garantice que cada nivel de la misma tenga una competencia adscrita en exclusiva. Deslindar el ámbito competencial no
solo es una gran tarea que no se agota en ese anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, sino que también es una gran demanda social, una demanda pública, una demanda que está en los intérpretes exteriores de
España, en la propia Comisión Europea, que realiza y materializa una recomendación a ese respecto en sus consideraciones del pasado 29 de mayo cuando habla sobre la estructura administrativa altamente descentralizada en España, que precisa de una
coordinación reforzada entre las distintas administraciones públicas y que recomienda -para un país como España una recomendación del ámbito de la Comisión Europea es una exigencia- aprobar la reforma de la Administración local y elaborar un plan de
aumento de la eficiencia de toda la Administración pública. Esos son los criterios que todos tenemos por delante y que tenemos que atender. En este año y medio de legislatura hemos progresado mucho. Hoy, dice el señor Zarrías con toda la razón,
que el problema del déficit público en España no radica en los ayuntamientos. Hoy confirmo esa afirmación. Ese es el resultado de la última CNAL, de la Comisión Nacional de la Administración Local, donde, conjuntamente con todos los representantes
de las corporaciones locales de España, llegamos a la advertencia positiva de que el comportamiento presupuestario y financiero de nuestras corporaciones locales en el año 2012, un año de fuerte ajuste presupuestario, había sido modélico, señorías.
Ha bajado su déficit público a menos de la tercera parte de lo que estaba situado en el año 2011. Por tanto, hoy estamos acometiendo esta reforma, una reforma estructural, cuando ya hemos avanzado muchísimo en materia de saneamiento financiero de
los ayuntamientos.
¿Qué ha hecho que los ayuntamientos de España pasen de una posición de déficit público del 0,4 % del producto interior bruto a una décima y media que, como ya he dicho reiteradamente en esta Cámara, confío en que sea menor cuando en
septiembre tengamos las cuentas públicas definitivas, puesto que la décima y media, el 0,15 actual, es provisional? -Recuerde-. A partir de septiembre lo enviaremos al Eurostat, cuando la Intervención General del Estado haya hecho el análisis y la
traducción en contabilidad nacional de todo el cierre presupuestario de los más de 8.100 ayuntamientos que hay en España, y confío en que todavía esa décima y media pueda ser menor. Por tanto, coincidimos en que estamos abordando una reforma no por
razón de la necesidad, de la urgencia financiera de los ayuntamientos ni por su déficit. Pero vuelvo a mi pregunta, que no es retórica precisamente: ¿Qué ha hecho que los ayuntamientos de España, más de 8.100 unidades administrativas, hayan
saneado sus cuentas? Lo ha hecho la arquitectura institucional que hemos aprobado en esta Cámara, señoría. Lo ha hecho la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Lo ha hecho el Plan de proveedores que ha aprobado
esta Cámara -por cierto, señor Zarrías, no con ustedes-. El Plan de proveedores ha sido absolutamente fundamental, hemos tomado la deuda de esos ayuntamientos y la hemos transformado en un crédito a diez años con dos primeros años de carencia de
vencimiento en la devolución del principal. Y esto ha hecho que quienes gestionan bien, que son la gran mayoría de los alcaldes, de los concejales y del pleno que se atienen a sus ingresos de orden corriente derivado de la Ley de financiación local
del año 2012 y no gastan más hayan equilibrado sus cuentas y hayan pasado incluso a superávit. Esta es la situación, una situación que tenemos que celebrar todos que haya ocurrido, señorías.
Hace catorce o quince meses pocos hubieran apostado en esta Cámara y fuera de ella porque hoy tuviéramos este debate en estas circunstancias financieras. Por tanto, celebremos que estamos en esa circunstancia financiera positiva donde la
demanda que tengo de más de 4.500 ayuntamientos es que cambiemos temporalmente la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para permitirles que por lo menos parte de ese remanente positivo pueda ir a inversión. Excelente situación. Como
responsable de las finanzas públicas del conjunto del país, la verdad es que estoy encantado de estar ante esa decisión y no la contraria, la de tener que articular mecanismos financieros excepcionales para atender tantas situaciones excepcionales.
Sigue habiendo todavía ayuntamientos en situaciones muy difíciles y vamos a hacer también para ellos un plan financiero excepcional para que realmente en esos ayuntamientos no falle la oferta de servicios públicos para esos ciudadanos.
A partir de ahí, la reforma se define por los criterios, como decía, de delimitar una competencia clara a una administración pública, evitar la superposición de competencias. La reforma introduce elementos de eficiencia en los servicios
públicos, no de privatización de servicios públicos, que es el lema político, que no es exacto. No tiene nada que ver. Es como decir que, si un ayuntamiento que hoy tiene la prestación cedida a empresas de recogida de basuras que son privadas,
estuviera ya privatizado. Están confundiendo a la opinión pública cuando hacen ese tipo de afirmaciones. Hay muchos servicios públicos que son realizados por empresas privadas en nuestro país, muchísimos. Me atrevería a decir que casi la gran
mayoría de ellos. Y otros que son reserva propia de la entidad local y, por tanto, estamos introduciendo racionalidad en los costes de esa prestación de servicio. Y estamos introduciendo más rigor en el control. Más rigor en el control de las
cuentas públicas no debería perturbar a nadie, a no ser que alguien entienda de otra manera el uso de las cuentas públicas. Introduce ese rigor a través, precisamente, de un anteproyecto de ley que establece la funcionarización de ese control. Eso
es lo que hace, van a ser funcionarios de los cuerpos generales del Estado los que se encarguen de esa intervención. ¿A quién le estorba eso? ¿A quién le molesta? Yo pregunto. Si es una garantía de todos y para todos. Otra cosa es como algunos
entiendan la gestión política. Me sonrío -y perdonen que lo haga-, pero es que es una garantía para todos para que no ocurra ninguno de esos problemas que están ocurriendo y que salpican la geografía política de España. Esos son los elementos que
estamos introduciendo en esa reforma local, lo demás son estos criterios políticos que van y vienen.
Yo respeto muchísimo las procesiones de todos los pueblos de España. Por eso, me parece que menoscabar el papel de un político refiriéndose a su participación en una procesión es un ejemplo muy mal traído por quienquiera que lo pronuncie.
Me parece muy mal y una falta de respeto respecto de lo que representa ese acto procesional y la presencia de las fuerzas políticas en él. Nadie pretende reducir las competencias a ese extremo, sino clarificarlas para que los ciudadanos,
dondequiera que vivan, en una gran ciudad o en el pueblo más pequeño de España, tengan acceso a los derechos que les otorga nuestra Constitución en forma de acceso a servicios públicos en las mejores condiciones de coste, porque eso significará
también que esos ciudadanos pagarán menos impuestos. Eso es lo que nos está animando a llevar adelante esa reforma.
Como ya sabemos cómo funciona esto de la política, que hoy estamos aquí y estaremos allá, hemos aguantado -para entendernos- la presentación de este anteproyecto de ley en el tiempo. Lo hemos ido perfeccionando, hemos ido hablándolo,
negociándolo con mucha gente, con la Federación Española de Municipios y Provincias, y yo quiero que esta interpelación vuelva a ser una suma de cooperación. Yo entiendo que el Grupo Socialista se pueda distanciar en algunos elementos de esa
todavía no nacida ley, el anteproyecto de ley, pero estoy seguro de que vamos a coincidir en muchos otros porque desde el Gobierno estamos articulando todos los mecanismos para la financiación correcta de esos ayuntamientos y porque el Grupo
Socialista sabe que no existe por parte del Gobierno de España el ánimo de suplir la iniciativa política de ningún grupo político, sino bien al contrario. En los ayuntamientos, en nuestras corporaciones locales, es donde realmente se hace la
política, donde se ejerce la política y, como he dicho antes, donde se dignifica la política, pero eso hay que hacerlo con los resortes del Estado, con las garantías de la ley y con la seguridad de que nuestros ciudadanos están entendiendo que ese
ejercicio de la política es el que está favoreciendo la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos dondequiera que habiten, por cierto, en una elección libre de su lugar de residencia.
Señor Zarrías, yo le vuelvo a invitar a una posición constructiva. Hemos tenido ocasión de hablar sobre los contenidos de ese anteproyecto de ley. Estoy seguro de que vamos a tener ocasión de seguir trabajando sus contenidos porque desde
el Gobierno de España vamos a buscar con el Grupo Socialista y con todos los grupos presentes en esta Cámara el máximo grado de coincidencia posible, porque lo que estamos haciendo es cumplir con dos objetivos: la dignificación de la política, en
primer lugar, y la reorganización del Estado de las autonomías, que es lo que realmente conviene en un proceso de crisis económica como está viviendo España.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señor Zarrías.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Señorías, desde mi agnosticismo militante, nada más lejos de mi intención que ir contra el santo. El señor Herrera, presidente de Castilla y León, es el que pronunció esa frase que he leído, que los alcaldes con
esta ley iban a quedar para acompañar al santo en las procesiones. Si usted tiene que decirle algo, le llama por teléfono, que seguro que tiene hilo directo, cosa que yo no tengo.
No es un lema. (Aplausos). Cuando hablamos de privatizar no es un lema. Desgraciadamente, va a ser una realidad que va a hacer que nuestros ayuntamientos tengan menos capacidad de prestar servicios y que estos sean menos eficientes, menos
eficaces, con menos trabajadores y más caros para los ciudadanos. No le quepa la menor duda. Como no nos vamos a morir, como dicen en mi pueblo, tendremos oportunidad de verlo.
Es mentira, señorías -permítanme la expresión cruda-, no es verdad eso de que se vaya a hacer una administración. Lo he leído en boca del señor Muñoz Machado por no ponerlo en mi boca, pero también se lo digo. El apartado que regula las
competencias crea un sistema confuso y enrevesado que hace imposible reconocer a un ayuntamiento en el conjunto del país. Es una barbaridad lo que ustedes pretenden hacer con las competencias en estos momentos, porque no solamente no clarifican, no
solamente no predeterminan, sino todo lo contrario. Así que lo de una competencia queda muy bien, lo de una administración queda muy bien para un titular, pero no se corresponde en absoluto con la realidad.
Sobre el Plan de proveedores, lo único que le hemos dicho es que una buena idea se ha convertido en un problema. Un plan de proveedores que significara ayudar a los proveedores para que cobren y que los ayuntamientos paguen nos parece bien,
pero que no sean, desgraciadamente, los ciudadanos de esos municipios los que al final paguen el crédito, que luego tendrán que devolver, a unos intereses leoninos. Sí al Plan de proveedores; no al Plan de proveedores. Sí a la reforma de la
Administración local; no a la reforma que ustedes plantean de la Administración local. (Aplausos). No sé lo que ustedes entienden, señorías, por gestión política. Usted, como sabe mucho de la Agencia Tributaria, seguro que estos días sabe muy
bien lo que es la gestión política.
Señorías, quiero decirles algo que me parece importante. Nosotros nunca vamos a negar la voluntad del acuerdo. De hecho, me senté con usted o usted conmigo, y me he sentado con otros dirigentes del Partido Popular, pero no para buscar un
modelo que aproveche la coyuntura y haga de los ayuntamientos instrumentos mucho más fuertes a la hora de afrontar la crisis y dar servicio a los ciudadanos; todo lo contrario. Nos vimos simplemente como coartada para el tema de los sueldos de los
liberados y los eventuales, y ahí no entramos. Le voy a decir una cosa, las cuentas que ustedes han hecho y que no han querido confirmar a mi compañero Elorza no se corresponden con la realidad. Con esa tabla que ustedes han puesto de
retribuciones, en estos momentos no solamente no van a ahorrar 100 millones de euros, sino que posiblemente si se llevan a su máxima expresión el capítulo 1 signifique que se eleve en 100 millones de euros. Es decir, todo lo contrario de lo que
están pretendiendo. Anteayer estuve en Miranda de Ebro. En Miranda de Ebro el alcalde cobra 41.000 euros; podría cobrar hasta 58.000. Tiene dos concejales liberados; podría tener hasta once. Tiene un eventual; podría tener hasta seis. Por lo
tanto, señorías, racionalización, sostenibilidad, me parece que más bien es todo lo contrario. (Aplausos).
Señorías, esta ley no debe imponerse, se lo repito, porque esta ley tal y como está es absolutamente inaplicable. Esta ley va a hacer tal galimatías que va a tener a los ayuntamientos de nuestro país durante diez años empantanados. Es tal
el galimatías que va a ser imposible. Tampoco son palabras mías. El profesor Muñoz Machado habla de lío enorme. Pero no es solamente el profesor Muñoz Machado; alguien más del ámbito doctrinal, del ámbito académico, como es el profesor Tomás
Ramón Fernández, dice -y leo textualmente-: Con este texto terminará resultando insoportable para cualquier Gobierno y conducirá a la absoluta inaplicación del sistema que se plantea en la norma. No se lo digo yo, señorías. No sé quién es el
padre de la criatura. Lo he preguntado y me han dicho que no es usted. Creo que tampoco el señor Beteta. No sé quién es el padre de esta criatura, pero ese padre merece la pena que lo vuelva a pensar; y si ustedes están dispuestos a volver a
pensarlo, no tenemos ningún inconveniente. Pero sí le pedimos una cosa, y me voy a arrogar la representación de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara que firmamos un documento con el señor Esteban el día 16 abril, si no me equivoco, en el
que manifestábamos nuestro rechazo a la norma. Me voy a arrogar, si me permiten, un instante esa representación que no tengo, y le pido lo que le pedimos en aquel momento: retire usted el texto. Si retira usted el texto, a partir de mañana nos
ponemos a hablar desde cero de cómo somos capaces de hacer ayuntamientos más eficientes, más eficaces, más austeros y mejores a la hora de servir a los ciudadanos en nuestro país. Si usted hace eso, no le quepa la menor duda de que, a partir de ese
momento, nos tendrá usted a su disposición. Si no -y no quiero clamar en el desierto, y conociendo el patio me da la impresión de que ustedes no se van a bajar del burro-, simple y llanamente estamos hablando de que van a darle un nuevo hachazo al
Estado del bienestar; es decir, a los derechos de la gente. En este caso, el hachazo se lo van a dar en el tronco de los ayuntamientos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Zarrías.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señor Zarrías, en los procedimientos de nuestra democracia, en todas las democracias occidentales, en las iniciativas del Gobierno, una vez consultados los órganos para garantizar la legalidad, en este caso es el Consejo de Estado, lo que
hace es llevar esa iniciativa a la Cámara. Y es en la Cámara donde sus representantes y los grupos políticos tienen la capacidad de expresarse respecto de este texto, o de cualquier otro tipo de iniciativa. Por tanto, no hace falta hacer ahora
ningún tipo de alharaca en el Estado en el que estamos, donde esa reforma está inscrita en el conjunto, en el programa de reformas, como he leído antes, que recomienda la Comisión Europea y que recomiendan también todos los organismos
internacionales, respecto de lo que debe ser la organización de la Administración pública en un Estado profundamente descentralizado como es el Estado español.
Si me permite, recojo esa petición que acaba de hacer, pero la traslado al ámbito parlamentario. Yo ofrezco la mejor disposición para que, una vez aprobado ese texto en Consejo de Ministros, venga a esta Cámara y se realice un planteamiento
completamente abierto, buscando la máxima coincidencia con los grupos políticos aquí y en el Senado. Más no puedo hacer ya -créame, señor Zarrías- por buscar esa coincidencia. Me parece importante en términos de lo que significa la estructura
política de nuestro país, pero no negando las evidencias de que realmente hay que racionalizar, también los costes de funcionamiento de nuestras corporaciones locales, eso sería un error, por ejemplo como ha hecho usted. (El señor Puig Ferrer
pronuncia palabras que no se perciben). ¿No sobran eventuales contratados por las corporaciones locales en España? ¿No sobran eventuales? (La señora Rodríguez Ramos: En el Ayuntamiento de Madrid). En el ayuntamiento que usted acaba de citar no,
pero en otros sí. Sobran eventuales contratados por unos y por otros, pero lo que quiero es que lleguemos a un acuerdo para racionalizar esa estructura de funcionamiento y es lo que le estoy ofreciendo, remarcando ese ofrecimiento.
No hace falta retirar ningún anteproyecto de ley, todo lo contrario, debemos hacerlo expresión aquí en la Cámara con el protagonismo de los grupos políticos, que además estos grupos políticos tienen en su seno alcaldes, concejales y, por
tanto, tienen una profunda experiencia de lo que están hablando y por parte del Gobierno tendrán la máxima receptividad porque tratamos de acertar. Si podemos coincidir en lo máximo posible, no digo ya en todo, será bueno para todos y será bueno
para quienes desde fuera puedan entender de una manera crítica un proyecto de tanta ambición, un proyecto de tanto calado reformista como es este proyecto. Pero ya le digo, señor Zarrías, que entraremos con este proyecto en esta Cámara con el
máximo grado de apertura, de coincidencia, buscando que realmente quede completo el contenido de ese anteproyecto de ley, hoy dependiendo también del dictamen del Consejo de Estado, al que quiero también desde esta Cámara reconocer que tiene un gran
valor, porque estamos hablando de la delimitación de competencias entre las diferentes administraciones públicas de España, que es un asunto de gran trascendencia y de gran calado. A partir de ello, haremos un trabajo parlamentario, con el apoyo
del Gobierno y buscando la máxima coincidencia. Por eso agradezco la interpelación y las preguntas, por supuesto orientadas en la sesión de control y vamos a buscar -insisto- esa coincidencia, ese pacto político que nos haga viable y que potencie
al municipalismo. Se trata de una oportunidad para potenciar al municipalismo, para mirar hacia delante. No se trata de hacer reformas definitivas porque ya no existe ese concepto, sino de dar pasos hacia delante en la estructura del Estado.
Estado somos todos, somos todas las administraciones, todos los responsables políticos. Por tanto, la única intención que anima al Gobierno es precisamente confirmar que efectivamente ese Estado, el Estado de la garantía de los servicios públicos,
llega al nivel más pequeño de nuestras administraciones, junto a los controles por supuesto que significa el rigor, la seriedad, en el manejo de las cuentas públicas garantizando también el equilibrio presupuestario que supimos llevar a la
Constitución en la legislatura pasada.
No entiendo por qué habiendo hecho lo que hicimos juntos en la legislatura pasada no podemos llegar en esta a acuerdos que se concreten en grandes reformas estructurales de nuestra Administración, pero también desde la vertebración política
e institucional de nuestro Estado.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LOS CRITERIOS DE JERARQUIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS TRAMOS QUE FALTAN PARA COMPLETAR LA RED DE ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA Y LA PLANIFICACIÓN
RESULTANTE DE LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS. (Número de expediente 172/000132).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Continuamos con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre los criterios de jerarquización y priorización del Gobierno para la ejecución y puesta en marcha de los tramos
que faltan para completar la red de alta velocidad española y la planificación resultante de la aplicación de los mismos. Para su defensa tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señora presidenta, señorías, señora ministra, el propósito de nuestra interpelación es claro, queremos conocer los criterios de jerarquización y priorización del Gobierno para la ejecución y puesta en marcha de los
tramos que faltan para completar la red de alta velocidad española y la planificación resultante de la aplicación de los mismos. Trataré de explicarles cuáles han sido las razones que nos han llevado a la presentación de esta iniciativa, no sin
antes realizar un somero análisis de contexto.
Señora ministra, haciendo un repaso de los titulares de prensa de los últimos meses se puede constatar el elevado número de compromisos que al menos verbalmente ha ido contrayendo con unos y con otros en relación con el despliegue de la alta
velocidad a lo largo y ancho de la geografía estatal. De la conexión con Europa, ni una palabra ni una fecha ni un compromiso cierto. Podría ponerle numerosos ejemplos, pero no quiero incurrir en comparaciones porque, como sabiamente dice el
refrán, las comparaciones suelen ser ociosas. Sinceramente, esta es una cuestión que nos preocupa. En todo caso, lo que es incuestionable es que el tren de alta velocidad está de moda, y entendemos la lícita aspiración de gestores y representantes
políticos de distintos lugares del Estado de contar con una macroinfraestructura tan glamurosa. Pero, dicho esto, le precisaré que esta es una realidad que amenaza el correcto y ordenado desarrollo de la alta velocidad en España. Créame,
constituye además una amenaza seria, y es que el impulso de las grandes infraestructuras no puede ni debe obedecer al capricho de los gobernantes de turno o a intereses partidistas ajenos a lo que debe ser premisa básica de la buena gobernanza: el
interés general. Sí, el interés general, que, como usted bien conoce, es mucho más que un concepto jurídico público de amplia tradición teórica. Es absolutamente necesario no sucumbir a esa recidivante tentación tan instaurada en el Estado de dar
satisfacción a caprichos personales y partidistas a costa del sacrificio del bien común. Por poner algunos ejemplos, en el pasado reciente hemos asistido a diversas versiones de este fenómeno en formato aeropuertos, instalaciones museísticas o
palacios de congresos y de la música que han proliferado sin ton ni son a lo largo y ancho de la geografía española y que hoy están vacíos, sin aviones, sin visitantes, sin eventos, sin conciertos, sin danza, como no sea la del fantasma de la ópera
si es que alguna vez tuvieron ocasión de acoger la representación de esta magnífica obra. En definitiva, se trata de inversiones multimillonarias que no soportaban el más superficial de los análisis en términos de coste-beneficio o en términos de
impacto económico y social. Muy al contrario, han devenido en ruinosas cargas que han multiplicado de forma exponencial los gastos financieros y el gasto corriente de municipios, provincias y comunidades autónomas, y se han traducido en problemas
de recortes en las prestaciones más básicas a las que tiene derecho la ciudadanía.
En el caso de la alta velocidad, corremos el riesgo de seguir insistiendo en una dinámica perversa que ha llevado a que en la actualidad, tal y como señalé en la última sesión, en el debate de la moción presentada por Geroa Bai, nos
encontremos con tramos ejecutados que van de ninguna parte a ningún lugar, con proyectos redactados carentes de financiación para su ejecución, con tramos supuestamente prioritarios que carecen de proyectos, con trazados puestos en marcha y
estaciones en algunos casos sin viajeros, con comisiones de trabajo constituidas y jamás convocadas. Compartirá conmigo que esto no puede ser. Seguramente comprenderá también que con este panorama estemos profundamente preocupados, porque la
gestión de los proyectos y las obras del TAV en el Estado hasta la fecha solo se puede calificar de absolutamente irracional, y viene de años, no es culpa suya.
Así pues, señora ministra, más allá del acreditado entusiasmo que le reconocemos y de la dedicación a su labor al frente del ministerio, es preciso que ponga freno a la inercia en la que han caído los sucesivos gobiernos de España -y aquí no
voy a hacer ningún distingo entre populares y socialistas-, que ha tenido como resultado que la puesta en marcha de la alta velocidad en España no haya respondido en
ningún caso a la debida planificación sistemática y sistémica que un proyecto de esta naturaleza y envergadura requiere. Se mire por donde se mire no ha sido en ningún caso fruto de un ejercicio de priorización basado en parámetros
objetivos; muy al contrario, se puede concluir que la inmensa mayoría de las decisiones tomadas han sido únicamente sustentadas en intereses políticos, en la búsqueda de votos, donde quienes decidían tenían intereses electorales. Pero, como ya
comenté y como ha quedado demostrado, los votos no viajan en tren.
Otra cuestión de extraordinaria relevancia es la necesidad de que España, de una vez por todas, se adecúe y respete los criterios de prioridad expresados por la Unión Europea. En este sentido es precisa una apuesta decidida por los
corredores ferroviarios atlántico -del que forma parte la Y vasca- y mediterráneo, en tanto que son elementos esenciales de la red transeuropea de transporte. Supongo también que no es necesario que le recuerde que constituyen una herramienta
estratégica para unir regiones europeas y las redes nacionales que son indispensables en el marco de un mercado único europeo para garantizar la libre circulación de mercancías, personas y servicios. Esto también es internacionalización, señorías,
esto también es europeización. En este sentido es necesario impulsar los proyectos ferroviarios que cumplan determinados criterios con el objetivo de dar prioridad a las inversiones que finalmente configuren un sistema de transporte transfronterizo
e intermodal verdaderamente eficiente. Y no lo digo yo, señora ministra, lo dice la Comisión y el Consejo Europeo: los corredores atlántico y mediterráneo son prioritarios. De hecho, han descartado la inclusión de otros proyectos que ni siquiera
están iniciados y me estoy refiriendo al intento fallido de España de introducir en sus planes un tercer corredor no previsto -la señora ministra y la mayor parte de sus señorías saben bien de qué les hablo-.
Pero volvamos al meollo de la cuestión. El objetivo que se plantean las instituciones europeas es desarrollar una red completa de ferrocarril, vías de navegación interior, carreteras, transporte marítimo y aéreo para mejorar el mercado
interior y reforzar la cohesión interna; ni más ni menos, un objetivo tan ambicioso como imprescindible. Tengan ustedes en cuenta que, a efectos de transporte, y especialmente ferroviario, tenemos aún una verdadera frontera con Europa, una
frontera física que superar y es lógico hacerlo por donde es más fácil y más rápido. La celeridad es clave para mejorar nuestra competitividad y es especialmente importante en momentos de crisis y restricciones presupuestarias. Llegados a este
punto, yo me pregunto qué está haciendo el Reino de España a este respecto, y la respuesta a esta pregunta es que no lo sé; y la verdad es que no lo sé, señora ministra -o, mejor dicho, muchos de nosotros no lo sabemos-.
Me voy a explicar. Supongo, señora ministra, que en su réplica me remitirá al Pitvi, pero tengo que decirle que lo he mirado detenidamente y la conclusión a la que he llegado ha sido la misma: no lo sé, porque lo que el Pitvi recoge es un
catálogo de actuaciones previstas, pero no aporta una visión integral e integrada, una visión ordenada de futuro, no tiene presupuesto, no hay fechas, ni siquiera del futuro más próximo de la alta velocidad en España. Creo que es el reflejo de una
realidad inconexa, que es exactamente en lo que se ha convertido eso, la alta velocidad en el país.
Por ello consideramos fundamental que por parte del ministerio se aclaren las dudas y sombras que existen. Queremos transparencia, queremos conocer los criterios de jerarquización y priorización de su ministerio para la ejecución y puesta
en marcha de los tramos que faltan para completar la red de alta velocidad española y la planificación prevista de la aplicación de los mismos, por supuesto también con especial referencia a la Y vasca. Ello, en el caso de que estén definidos y, si
no lo estuvieran, les pedimos que los definan, que trabajen en términos de proyecto y que se tomen esta cuestión con la altura de miras política que una cuestión de semejante trascendencia requiere. El desarrollo de la red de alta velocidad
española debe ser sinónimo de europeización.
Muchísimas gracias, y espero su respuesta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sánchez Robles.
Señora ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, agradezco a la representante del Grupo Parlamentario Vasco que haya traído a debate en el Congreso un tema tan importante para el desarrollo económico, la vertebración territorial y la cohesión de nuestro país, que
es, ni más ni menos, como ha dicho su señoría, fijar los objetivos para extender la alta velocidad a todas nuestras comunidades autónomas. Voy a exponerle lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, señoría, y se lo voy a decir desde luego
desde la responsabilidad que me toca en este momento, en un momento difícil, en un momento complejo, pero un
momento en el que España y la red ferroviaria de nuestro país tienen que llegar a alcanzar los objetivos de una red propia del siglo XXI, como lo estamos haciendo también en materia de carreteras.
Señorías, cuando llegué al Gobierno, como saben, la situación era bastante compleja. En 2004 estaba planificada una red de alta velocidad que llegaba a todas las provincias, con obras en sus principales ejes, hablo de 2004. Estaban en
servicio Madrid-Sevilla y Madrid-Zaragoza-Lleida, y estaban en obras Lleida-Tarragona-Barcelona, Córdoba-Málaga, Sevilla-Cádiz, Madrid-Valladolid, la conexión con Asturias, la variante de Pajares, la Ourense-Santiago, Madrid-Toledo y
Madrid-Valencia. Y había una planificación, a mi juicio rigurosa, con los trayectos que estaban en estudio o en proyecto y que eran los corredores correspondientes al norte-noroeste, Extremadura, Andalucía, la parte que quedaba de Madrid-Levante,
el Mediterráneo, el norte-noroeste, el Cantábrico, y lo que se conocía como el subcantábrico. Todas estas actuaciones estaban programadas en unos casos encomendadas a ADIF y en otros a la Dirección General de Ferrocarriles.
En el caso de la Y vasca, señoría, para esta línea como usted sabe se aprobó en el año 2000 el estudio informativo del proyecto de la nueva red ferroviaria; en la redacción y en la tramitación se tardaron cuatro años, y con el objetivo de
potenciar su integración en los grandes corredores europeos se consideró necesario por el equipo que estaba en el ministerio entonces que tuviera pendientes máximas de 15 milésimas para hacerla apta para tráfico mixto, es decir, para viajeros y
mercancías, cosa que no se había hecho en otras líneas. Además había que salvar las dificultades orográficas del terreno, y se consideraba necesario construir viaductos y túneles; de hecho estas estructuras singulares suponían el 60 % del ramal
Vitoria-Bilbao y el 80 % del ramal guipuzcoano, todo ello con un coste -hablo de 2004- de 4.600 millones de euros.
¿Qué es lo que yo me encontré a final de 2011? Lo siguiente: que en alta velocidad en España había pendientes 76.000 millones de euros, concretamente 75.932,5, y actuaciones en 5.400 kilómetros; pero de esos 5.400, más de 3.700 estaban en
fase de estudio, esta es la realidad que yo me encontré. Además muchos de estos estudios y proyectos estaban paralizados o se había firmado algo que se llevaba mucho en el Ministerio de Fomento, que eran esos memorándum de entendimiento, esas
cartas de intenciones, y esos protocolos que no tenían más que una foto, eran una foto y un papel, pero no había ni presupuesto ni nada detrás de la foto y el papel. Además en muchos de esos estudios, una vez firmada la foto que yo llamo firma de
foto, no había nada más, no se había movido absolutamente un papel, y la situación de las obras no era mucho mejor, estaban prácticamente paralizadas. En el caso concreto de la Y vasca estaban iniciadas obras pero estaban pendientes de ejecutar
3.342 millones de euros, esta cantidad es la suma de lo pendiente de ejecutar por el Estado a través de ADIF y de las obras ejecutadas por el Gobierno vasco. Tampoco estaban solucionados los accesos a las ciudades; no me podré detener en los
accesos a las ciudades, señoría, pero puedo darle luego en la réplica tres o cuatro datos que ya dicen lo que había de planificación.
A eso, señorías, se añadía una cosa mucho peor, que es la situación financiera de ADIF, que por muchas veces que se cuente no es creíble, o sea, es increíble, señorías: 14.600 millones de deuda, ¡14.600 millones! ¡Va a haber décadas de
españoles pagando la deuda de ADIF, señorías! Estamos hablando de una cosa muy seria, estamos hablando de cómo devolver 14.600 millones además de lo que hay que invertir ahora, ¿y todo eso por qué señorías? Porque efectivamente la planificación
adolecía, primero, de realismo. Realismo es saber qué tienes y qué puedes hacer, porque hacer, a todos nos gusta hacer muchísimas cosas, nos gusta quedar muy bien, ir a los sitios, decir qué vas a hacer, prometer muchas cosas, pero luego la
realidad es otra distinta. Para que se hagan una idea de lo que esto significaba, en los últimos años de la inversión de ADIF más de la mitad era endeudamiento, es decir, se hacía todo con dinero prestado, pero sobre todo lo que se generaban eran
expectativas que no se van a cumplir, algunas de ellas nunca, por los menos en los tiempos que nos toque vivir a algunos, que espero que sean para sus señorías y para la que les habla muchos. Señorías, este es el punto de partida.
¿Y qué es el Pitvi, señorías? El Pitvi es un documento de planificación estratégica, un proyecto realista, y un proyecto por cierto, señoría, en el que la invito a participar porque sé que ustedes tienen muchas propuestas. Es un proyecto
que lo hacemos entre todos porque lo que yo quiero es que el Pitvi, cuando se apruebe de forma definitiva, sea un documento estratégico de país y que pueda durar a lo largo de distintos Gobiernos. Voy a estar un tiempo, el que decida el presidente
del Gobierno, al frente de este departamento, y como hice en el departamento de Sanidad o como he hecho desde la oposición, siempre quiero que en las responsabilidades que se me encarguen queden documentos que puedan dar estabilidad al país y sean
racionales. No me mueven en ningún caso, señorías, porque no es mi forma de hacer las
cosas, los caprichos. Nunca lo haría, señoría. Me mueve el interés general, claro que sí. ¿Y por qué me mueve el interés general? Porque lo que he vivido hasta ahora en política es que se había hecho una España muy asimétrica, con
algunas comunidades autónomas donde había de casi todo y otras comunidades autónomas donde no había de casi nada en materia de infraestructuras, y veía que para llegar a Madrid recorriendo 500 kilómetros en muchos casos eran dos horas y veinte
minutos y en otros eran ocho horas. Esa es la asimetría que yo he vivido, y por eso el plan de actuaciones, señorías, es potenciación sobre todo de aquellas infraestructuras que tienen retorno económico y social. Y es demagógico, y no justo, decir
que tiene que tener todo retorno económico. No es verdad, señorías. El Estado, las comunidades autónomas y las instituciones tenemos que hacer infraestructuras que tengan retorno social también, porque si no muchos pueblos, muchas pedanías y
parroquias de nuestro país no tendrían infraestructuras; el retorno social es muy importante, pero el económico es inexistente.
Señoría, coincido totalmente en eso con usted. Tiene que haber una planificación rigurosa. Señoría, me voy a llevar desde luego para siempre lo que no he conocido en ningún sector. Nunca conocí ni en sanidad ni en educación ni en
interior, en todas las responsabilidades que he tenido, cómo alguien puede planificar estaciones de 200 millones de euros y todas las entradas en las ciudades con soterramiento, sin tener por cierto ni un solo euro y firmar grandes convenios para
hacer operaciones urbanísticas porque iban a vender los terrenos e iban a obtener cientos de millones. Eso ha sido engañar a los españoles. Eso ha sido engañar. (Aplausos). Por eso, señoría, lo que estamos haciendo, y se lo voy a enumerar, es
poner en servicio obras e infraestructuras importantes, ir pagando todo lo que podemos con el presupuesto que tenemos, y por eso, señoría, hemos terminado y pagado la línea de alta velocidad hasta la frontera francesa, y eso fue posible, señorías,
porque licitamos, que estaban sin licitar, y ejecutamos todo el montaje de vía y la estación de Girona, o como hemos hecho hace dos días en Madrid-Alicante porque hemos puesto en servicio una infraestructura, pero hemos tenido que pagar lo que se
debía y licitar cosas que estaban sin licitar. Ahí ha sido donde nos hemos gastado el presupuesto con absoluta transparencia. A algunos les ha parecido mal que el Ave a Alicante tarde en una fase inicial dos horas y veinte minutos. A mí me
encantará que tarde dos horas y cinco, pero es que hay muchísimos españoles que tardan ocho horas, señoría. Por eso me parece que es un discurso asimétrico; no solo las infraestructuras son asimétricas, sino que el discurso también lo es. Hay que
tener un poco de responsabilidad. Hemos puesto en servicio unos kilómetros en la línea Sevilla-Cádiz; son 7 kilómetros, que es poco pero es lo que hemos podido. En los próximos días vamos a poner 32, y la variante de Lebrija y la nueva estación
de Lebrija. Eso es lo que vamos pudiendo hacer. O la finalización del Eixo Atlántico, que también lleva años y años, donde hemos puesto 9,3 kilómetros. No vengo aquí a decir que pongo 150, sino que vengo a decir que pongo 9 u 8. Señorías, este
es un tiempo en el que hay lo que hay, y no voy a ser una fantasma ni una campeona de los anuncios. Eso no lo esperen de mí, señorías.
También estamos impulsando el corredor mediterráneo, y como ustedes saben otras líneas como la Madrid-Galicia. Por cierto, si ha habido algún engaño en este país ha sido en Galicia, donde se ha dicho que llegaba el AVE en 2012 y no había
prácticamente nada invertido. Faltaban 5.000 millones. La variante de Pajares, señorías, es también una infraestructura costosísima y complejísima en la que se han gastado prácticamente 3.000 millones, y entra agua por todas partes y hay taludes
que se van abajo. En este momento puedo decirles que estamos intentando repararlo y vamos a licitar ya la vía de una fase inicial en un túnel, porque no tenemos para licitar dos. ¡Fíjense si les hablo con claridad! Si tuviera para licitar mañana
los dos túneles de Pajares lo haría, pero hay para uno. Lo mismo estamos haciendo en Extremadura, dando soluciones realistas. Hemos llegado a un acuerdo con la Junta de Extremadura; Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz van a tener una infraestructura
que les haga acercarse más pronto, pero no la que estaba planificada. Lo mismo vamos hacer en el resto de las líneas, señorías.
¿Qué estamos haciendo en la Y vasca? Señorías, en la Y vasca estamos avanzando todo lo que podemos para reducir el tiempo de viaje y para hacer una línea propia del siglo XXI, que es la que tiene que tener el País Vasco y toda España para
comunicarnos con el País Vasco. Por eso estamos haciendo un esfuerzo muy importante, pero el que podemos. Se han puesto en el presupuesto -y esperamos ejecutarlo- 504 millones entre 2012 y 2013 que corresponden al dinero que pone el Estado de
forma directa en el presupuesto, y al que ejecuta el País Vasco pero que paga la Administración General del Estado. A día de hoy tenemos ya las certificaciones hasta abril de lo que se lleva ejecutado, y eso es lo que luego paga el Estado. Por lo
tanto, señorías, lo que estamos haciendo es actuar con responsabilidad con el dinero que tenemos. Estamos actuando con responsabilidad en toda España intentando acercar y hacer más cortas las distancias, pero en ningún caso estamos diciendo
fantasmadas o firmando protocolos
de intenciones. Algunos dicen: tengo intención de hacer... ¿Es usted un responsable público y dice que tiene intención? Usted haga, pero no diga que tiene intención de hacer. Si luego de la intención al hecho no hace nada, usted no
puede estar en política y se tiene que ir. Por lo tanto no estamos en tiempo de promesas. Por tanta promesa y por iniciar cosas para las que no había dinero es por lo que estamos como estamos.
Quiero decirles que hay planes de futuro concretos, pero hay que tener financiación. Vamos a sacar proyectos de alta velocidad de colaboración público-privada -y hay una parte que afecta al País Vasco- por 1.650 millones de euros con CPP
para el montaje de vías, energía, señalización y comunicaciones de las líneas Madrid-Levante, Monforte del Cid-Murcia, La Encina-Valencia, Valladolid-Palencia-León, la variante de Pajares, Venta de Baños-Burgos, Vitoria-Bilbao-San Sebastián,
Bobadilla-Granada o Plasencia-Badajoz. En esos tramos la parte de las vías, energía, señalización y comunicaciones la van a hacer empresas privadas financiadas desde los presupuestos del Estado, pero como saben con una concesión. Esas son las
propuestas reales que vamos a hacer y que estamos tramitando en este momento. Y como saben sus señorías los planes para la Y vasca son ejecutar la previsión que hay en el presupuesto, proseguir las obras de plataforma que están en marcha, y
comenzar las obras Atxondo-Abadiño, que vamos a remitir en esta semana al Ministerio de Hacienda y que esperamos poder llevar al Consejo de ADIF en los próximos dos meses, es decir, al próximo o al siguiente. También queremos iniciar la licitación
de los tramos correspondientes al nudo de Vergara antes de que termine el año, y así poder continuar con la Y vasca, y a la vez pagar a través como ustedes saben de la devolución de cupo los 350,7 millones que está previsto que el Gobierno vasco
ejecute este ejercicio. Es decir, 350,7 millones para 17 tramos que están en obras de lo que es la rama guipuzcoana de la Y vasca, pero que paga el Estado, señorías, que paga la Administración General del Estado. Por eso, señoría, quiero decirle
que continuaremos con ello. Eso sí, señoría, tengo una deuda con usted -debo tener alguna más- y tengo que decirle que este mes de julio nos vamos a reunir con los responsables de los ayuntamientos de todas las provincias vascas y con todos los
responsables políticos para hablar del macroproyecto de 600 millones de euros de integración en Bilbao, del de 500 de Vitoria o del de San Sebastián (El señor Elorza González hace gestos negativos), sí, señoría, me gusta que usted haga signos y
señales con las manos, pero le puedo decir que de todo eso de lo que ustedes tanto hablaron hay cero, cero y cero. Había mucho proyecto, mucha foto y mucha historia, pero lo que no había era ni un euro ni para Bilbao, ni para Vitoria, ni para San
Sebastián. (Aplausos). Está muy bien hablar, pero está mucho mejor hacer, y aquí no se ha hecho absolutamente nada, porque mire para donde todas las sociedades de integración están en quiebra. La de Zaragoza está como está, pero si quiere
continúo. Todas las sociedades de integración, todas ellas, están en una situación lamentable. Solamente hay una que ha sido un ejemplo para todas, la de Ría de Bilbao -lo digo para todos los que han participado y han tenido responsabilidad en
ella-, que ha sido un ejemplo de buena gestión. Quitando esa, en ninguna sociedad de integración se ha hecho una buena gestión; era todo el cuento de la lechera. Era: hago obras y ¿quién las paga? La sociedad de integración. ¿Y con qué paga la
sociedad de integración? Con un préstamo que me da el banco. ¿Y cómo le pago al banco? Con la venta de terrenos. ¿Y cuándo he vendido los terrenos? Nunca. Eso es lo que ha pasado.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora ministra, tiene que ir finalizando.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchísimas gracias por su paciencia. Termino ya, aunque tendré oportunidad en la réplica de comentar algunas cosas más.
Señoría, el Gobierno tiene un compromiso con el País Vasco, un compromiso al que me he referido en todos los Consejos de Ministros de la Unión Europea; tiene un compromiso con los corredores que nos comunican con Francia y con Portugal,
nuestros países vecinos. Lo tiene, y por eso hemos peleado en Europa por esa conexión, por eso tanto en la Cumbre hispanofrancesa como en la luso-española hemos tenido en cuenta que esta es una de las conexiones prioritarias con Europa.
Muchas gracias, por el tono y el contenido de su intervención, con el que coincido, señoría, en una grandísima parte. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
Señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señora ministra, le agradezco la amplia y concreta información que habitualmente nos reporta, pero siempre vemos en su discurso una foto fija, una foto del estado actual de la alta velocidad en el Estado, y yo me
referiré a la mía, a la Y vasca.
De su discurso deduzco que me da la razón, hay iniciadas obras, tramos, y proyectos en el norte, en el sur, en el este y el oeste del Estado. Estoy absolutamente de acuerdo con usted en que es preciso establecer el valor de una inversión no
únicamente en términos económicos, sino también por supuesto en términos de cohesión social, de retorno social, pero dicho lo anterior creo que la parte importante de este debate está precisamente en eso, en que aunque todo es importante, el
objetivo debe ser no tener una red radial, sido una red mallada que permita que se generen círculos concéntricos, que multiplique las relaciones comerciales, empresariales, personales y laborales, esto hay que hacerlo por orden, y yo sinceramente
creo que la gestión de la alta velocidad en España ha sido kafkiana. Es preciso jerarquizar y priorizar, estando absolutamente de acuerdo con usted en que se debe concluir el proyecto llegando a lugares donde no se observa una rentabilidad
económica, absolutamente de acuerdo, pero por orden. Y esa no ha sido la tónica de la gestión de la alta velocidad en el Estado e insisto en que sigue siendo una amenaza. La verdad es que el panorama es kafkiano, señora ministra, es kafkiano, de
verdad, incluida la propia situación de ADIF, que comparto con usted, porque endeudarse sin saber con qué pagar es algo muy poco inteligente también en política.
Estoy de acuerdo también en que la planificación ha sido absolutamente carente de realismo, pero reconduzcamos la situación. ¿Se han generado falsas expectativas? Absolutamente de acuerdo, pero aquí hay una cuestión importante: Europa ha
dicho lo que es prioritario; el sentido común dice que es prioritario que conectemos con Europa, bien por un plan bien por otro, es vital para la internacionalización. La internacionalización es riqueza, riqueza en todos los ámbitos: económico,
social, emocional, mírenlo por donde lo miren.
En cuanto al Pitvi, que efectivamente es un proyecto de planificación estratégica, le agradezco muchísimo su disposición para facilitar nuestra participación. Seguramente nos ayudará a ir aclarando el oscuro panorama que desde Euskadi vemos
en relación con la alta velocidad, y más concretamente como le decía con la Y vasca. También estoy de acuerdo en que no se debe consentir que se profundice más en un país de dos velocidades, y no se trata de poner 4 o 400 kilómetros de línea, se
trata de hacerlo por orden y con rigor. Volvemos a recordar la importancia de llegar a construir una red mallada, pero paso a paso.
De su discurso se puede deducir que en estos años se ha ido abordando todo a la vez, y eso no es racional, es absolutamente irracional, como ya le he comentado en la primera parte de mi intervención. Ayer escuchaba y he leído los discursos
que, tanto el príncipe Felipe como el presidente del Gobierno pronunciaron con motivo de la inauguración de la vez Madrid-Alicante, y se escucharon frases que hablaban de la alta velocidad como palanca para la recuperación, de impulso a la
dinamización económica, de contribución a la cohesión social. Señora ministra, el arco atlántico concentra y aporta entre el 30 y el 40 % del PIB del Estado.
Me he dejado unos papeles en el estrado pero me hubiera gustado que vieran cómo queda el mapa de la alta velocidad en Euskadi, cómo queda Euskadi en ese mapa de alta velocidad. Y es que la Y vasca -está sacado de la cabecera de la página
web de ADIF- no aparece, no está, y lo que no está, señora ministra, no existe. En ese dibujo Euskadi ha quedado absolutamente aislada. Voy a hacer un chiste con ello, pero a mí de verdad me parece absolutamente incomprensible, como no sea que
pretendan reconocernos de facto el estatus de Estado soberano e independiente, porque somos una isla, Euskadi no está en ese mapa. Usted sabe cuál es la situación de las obras, está avanzando el tramo guipuzcoano y el tramo alavés está parado
prácticamente. Vamos a hacer un planteamiento hipotético en un escenario a cuatro años. ¿Qué va a ocurrir cuando se concluya el ramal guipuzcoano y aquello sea una plataforma preciosa? ¿A qué lo vamos a destinar, a andar en bicicleta? Va a ser
un bidegorri para los vascos, que es como les llamamos a los carriles bici en Euskadi. Sinceramente, igual estoy exagerando, pero el crecimiento de los dos ramales sí está siendo de dos velocidades, absolutamente desigual. Eso hay que
solucionarlo, porque va a ser una inversión absolutamente baldía, que además con el paso del tiempo va a sufrir un deterioro que va a incrementar sensiblemente los costes para la puesta en marcha definitiva de este proyecto.
De verdad, señora ministra, si realmente hay un compromiso, le voy a emplazar a que me concrete en breve, si puede, dos cuestiones. Una vez que se haya hecho ese ejercicio de jerarquización, priorización y planificación, necesitamos un
plazo, necesitamos un horizonte. En este momento para nosotros el tren
de alta velocidad es un fondo de saco, no vemos la salida del túnel, y en ese sentido le requerimos para que trabajen en una posible fecha; y por supuesto, en breve se iniciará la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y ahí
nos podremos ver las caras. Nosotros conocemos las dificultades presupuestarias, pero si esto se hace de una manera ordenada, jerarquizada, se puede tratar de recuperar el tiempo perdido; y vuelvo a reiterarle la relevancia que tiene la conexión
con las redes transeuropeas, pero no solo para Euskadi, sino para todo el Estado. Quiero pedirle que nos concrete su compromiso. Valoro muchísimo como le digo su disposición y la positividad que me transmite, pero esto lo tenemos que concretar,
tenemos que fijar fecha y presupuesto en términos realistas; pero hay alternativas y ustedes las conocen. Ha sido un éxito el funcionamiento de la encomienda que se ha hecho a Euskadi. Es verdad que al final financia el Estado -es una competencia
exclusiva-, pero el mecanismo está resultando eficaz. ¿Por qué no retomarlo? No es una única alternativa, seguramente habrá más. Lo que le pido es que las trabajen y que en general, en un futuro cercano comencemos a trabajar en términos de
proyecto en la construcción definitiva de la red de alta velocidad en todo el Estado, porque al final el beneficio va a ser para todos y para todas, en general para toda la sociedad española.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sánchez.
Señora ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, la Y vasca no está parada. Tengo aquí -se las voy a entregar, si quiere, al terminar la sesión- las fotos que se han tomado el día 17 y se ha visto cómo están las obras. Aquí ve usted que se sigue avanzando, que se están haciendo
grandes infraestructuras. Esto es lo que hay, señoría. Aquí hay obras, aquí se continúa, hay una responsabilidad y hay obras comprometidas.
Hay cosas que usted ha dicho con las que coincido totalmente, pero también hay un antes y un después. Aquí no se están haciendo estaciones de autor, aquí no se están haciendo esos soterramientos que costaban cientos y cientos de millones;
aquí lo que se está haciendo es acercar personas e incluso en aquellos lugares donde no hay alta velocidad, que todavía son muchos, lo que estamos haciendo es poner trenes híbridos, estamos mejorando las circulaciones, se están haciendo cosas para
intentar acortar los tiempos.
Es paradigmático el caso de Cantabria. Cantabria es una comunidad autónoma en la que el ejercicio de responsabilidad del Gobierno anterior era ninguno, porque tenían una catenaria de 1930. Pero se está haciendo, se ha llegado a un acuerdo
con una entidad financiera para que pueda hacer un préstamo, y se va a hacer la renovación entera, porque Cantabria necesita estar comunicada con Madrid en un tiempo razonable. Estamos dando una solución realista que llega a los 100 millones, que
es la inversión que podemos hacer; o la que le explicaba de Extremadura, porque el objetivo es acercar personas, no hacer estaciones de autor. Alguno se ha confundido, ha pensado que esto era hacer monumentos al despilfarro y no lo es.
Le voy a dar los datos de la inversión de la Y vasca. Respecto de Vitoria-Bilbao-San Sebastián el coste total de la rama de Bilbao es como usted sabe de 2.842 millones, y están invertidos ya 1.135; y del ramal guipuzcoano el coste total es
de 1.700, y están invertidos 789, señorías, pagado todo además por el Estado, que parece que es una cosa secundaria, pero no, señoría, lo paga el Estado, lo pagamos todos los españoles, porque esto es importantísimo. Señoría, los presupuestos son
los que usted conoce. En el presupuesto de 2012 la Administración General del Estado invirtió 655 millones de euros en la Y vasca. Ojalá pudiera subir a esta tribuna a decirles a todas las comunidades autónomas que he invertido 655 millones, no lo
puedo hacer, porque en algunas los españoles no hemos invertido 655 millones. Por lo tanto, señoría, creo que hay que saber en qué situación estamos en este momento y que más de 600 millones en un año ¡hombre! no es mucho, pero con ese dinero hay
para hacer tres hospitales, si me permite la comparación. Osea que estamos hablando de una cuantía muy importante.
Señoría, también quiero decirle -y creo que esto también es de responsabilidad- que continuar una infraestructura como esta es continuarla para todos los españoles, como cuando se ha inaugurado el AVE a Alicante. El AVE a Alicante no es
para los de Alicante, es para todos los españoles y para todos los que vengan a visitarnos. Por eso, hay que actuar a mi juicio con responsabilidad en lo que se dice. Señoría, responsabilidad es poder priorizar. Usted me dice que priorice, pero
eso sí, todo lo mío. No señoría. Cada uno viene diciendo qué hay de lo mío y yo digo qué hay de lo nuestro. Porque si solo priorizamos en un sitio, el de al lado no le priorizamos nada. Por eso, le he dicho que hay un compromiso Atxondo-Abadiño
de poder tramitar su licitación y empezar los tramos del nudo de Vergara y continuar. Ese es un compromiso. Señoría, por eso le digo que tenemos que hacer posible entre todos seguir. Usted me pide que le dé plazos, pero, señoría, con una
deuda de 14.500 millones que tengo que devolver, con la financiación que tenemos y cuando me faltan más de 2.000 millones ¿cómo le puedo dar plazos? ¿Pero usted cree que tengo una bola de cristal? Yo tengo la responsabilidad de hacer posible que
haya un presupuesto realista y que ese presupuesto se pueda llevar adelante -esa es mi responsabilidad-, pero no soy la señora de los milagros. Soy la persona que está en este momento poniendo un poco de orden donde había un desorden absoluto. Por
eso, señoría, le estoy diciendo que la Y vasca es una línea fundamental para nuestro país y para Europa. Tan importante es, que el ramal atlántico del eje ferroviario de alta velocidad -que es el proyecto prioritario PP3, como se le conoce en
Bruselas- es uno de los proyectos clave en los que estamos trabajando y también porque forma parte -como usted sabe- del corredor número 4. Estamos comprometidos en ello, de hecho acaba de haber una reunión la semana pasada aquí en Madrid a la que
ha venido el equipo de Francia. Hemos mantenido una reunión, hemos hecho ya las consultas previas al Ministerio de Medio Ambiente y, como sabe, antes de final de año se va a sacar la información pública de Lezo-Oiartzun-frontera, porque es una de
las infraestructuras más importante que tenemos los dos países en común, y los dos Gobiernos estamos trabajando de forma conjunta porque para nosotros es fundamental, al igual que estamos haciendo con el Gobierno de Portugal. Por ejemplo, en el
tramo Salamanca-Medina -y seguro que hay diputados de Salamanca, a lo mejor no están aquí, están en su despacho- lo que se va a hacer es electrificar la vía. ¿No ve que estamos dando soluciones realistas a cada uno de los proyectos que hay en
España? ¿No se da cuenta de que ya no se está hablando de que todo el mundo va a tener doble vía, ancho internacional, estación soterrada, estación de autor? ¿No ve que eso ha cambiado radicalmente? Y eso es lo que vamos a seguir haciendo,
señorías, actuar con responsabilidad, porque no lo podemos hacer de otra manera. Yo, que tengo la responsabilidad en este momento no solo de poner en marcha y llevar a cabo las obras sino de visitarlas, cuando voy, por ejemplo, a León y me
encuentro que se han gastado una cantidad ingente en hacer una estación en fondo de saco donde los trenes entran pero para salir tienen que ir marcha atrás, me he preguntado si alguien con responsabilidad política fue a León. Y no lo digo con mala
fe, pregunto si alguien fue a León, porque hay que tener valor para hacer una estación en la que los trenes entran -pierden, por cierto, quince minutos- y tienen que salir marcha atrás. Esa es la planificación que yo me he encontrado y lo estamos
cambiando. Eso sí, señorías, lo que no hago es milagros; es imposible hacer milagros. Con una planificación de más de 70.000 millones, debiendo 14.000 y con la situación financiera del conjunto de España que nos hemos encontrado, cuéntenme cómo
es posible que en una línea en la que se han invertido, no planificado, 612 millones de euros en el año 2012 digamos en este momento que no se ha hecho nada y hoy esa línea sigue en obras. Por cierto, sigue en obras la parte que se le ha
encomendado al Gobierno vasco, que a final de año, cuando se regularice el cupo, el Estado va a financiar.
Por eso, señorías, estoy dispuesta a mejorar todo lo que podamos. Si alguien me ayuda a hacer milagros, serán muy bienvenidos, pero de mí nunca oirán cosas que no vaya a poder hacer y nunca hablaré de grandes proyectos de futuro que no
pueda hacer. Esta es la época del realismo y aquí a los políticos se les conoce sobre todo por no decir tonterías.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE POLÍTICA ENERGÉTICA. (Número de expediente 172/000130).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la interpelación de La Izquierda Plural sobre política energética. Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidenta.
Señor ministro, bienvenido a esta Cámara. Llego a esta interpelación con infinitas preguntas por hacerle y con poco tiempo para entrar en profundidad, pero después de más de quinientos días de Gobierno, constantes modificaciones normativas
y crecientes problemas, nos anuncian una reforma energética de la que no sabemos nada. Muchos globos sonda publicados, pero nada real, porque se van modificando las informaciones y solo sabemos a través de las filtraciones. Secretismo absoluto,
ningún diálogo, ninguna participación, ¿o sí? (Rumores). También nos gustaría que el ministro pudiera
escuchar. Como decía, nos gustaría saber, ante ese secretismo absoluto de la reforma energética, si ha habido participación, porque no nos lo parece. Como mínimo, lo que nos llega es que ninguna parte del sector ni las asociaciones han
podido participar en esa reforma, desde luego tampoco los diputados que llevamos estas cuestiones. No se ha podido debatir previamente, pero nos gustaría saber quién ha sido el interlocutor principal, si ha vuelto a ser el sector eléctrico el gran
interlocutor que ha marcado la reforma. Esta interpelación, señor ministro, es una oportunidad para aclarar algunas cuestiones, para informar y comprometerse con la ciudadanía y para que este Congreso haga bien las cosas. Será útil esta
interpelación si usted se digna a responder, a dar información sobre objetivos, medidas, calendarios y cifras de esa reforma energética. ¿Cuando va a llevarla a cabo? Porque hoy ya no sabemos si va a ser el propio 21 de junio, el 28 de junio o si
llegará ya en julio. Nos gustaría que nos aclarara esta cuestión. También nos gustaría saber si va ser provisional o permanente, cómo se va a modificar, si va a ser por real decreto-ley y va a entrar enseguida o va a permitir un trámite y un
debate en este Congreso. Díganos también la fórmula.
Señor ministro, ustedes llevan un año y medio gobernando, centrados en el déficit tarifario, olvidando la equidad, la sostenibilidad, la transparencia y la democracia e hipotecando el futuro energético. Solo se fijan en el déficit, que
evidentemente es un problema muy grave de este país, pero han olvidado todo lo demás. Nos preguntamos si esta reforma que pretenden llevar a cabo insistirá en los errores de culpar de todo a las energías limpias o irá por fin a la raíz de los
problemas entrando en conflicto con aquellos a los que les interesa que todo siga igual. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora Ortiz.
Por favor, ruego un poco de silencio porque, si no, es imposible que el señor ministro pueda escuchar a la señora Ortiz y por tanto difícil que le pueda contestar.
Adelante, señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Le preguntaba si va a insistir en el mismo diagnóstico o va a entrar en la raíz de los problemas. Ese es el quid de la pregunta. ¿Va a seguir, como hasta ahora, con parches y recortes que pagan los ciudadanos y
las renovables o pondrá sentido común y entrará en el fondo? De hecho, en esta interpelación le quiero plantear cinco cuestiones sobre la reforma y el déficit tarifario. Pero le quiero hablar también de pobreza energética y de equidad. Le quiero
hablar de sostenibilidad, de democracia y autonomía energética y de racionalidad y visión de futuro, ilustrándolo también con debates muy actuales, como la cuestión de Garoña o el fracking.
En cuanto al déficit tarifario, vamos a los conceptos. Ustedes culpan insistentemente a las renovables, pero antes de ellas el déficit ya existía, porque el déficit es la herencia de decisiones políticas, de no cubrir los costes con la
tarifa. Pero vamos a ver qué componentes no logran ustedes tocar o no quieren tocar y que forman parte de esa deuda que tiene hoy la ciudadanía. Me gustaría saber qué sucede con los costes de transición a la competencia. Más de 3.600 millones
cobrados indebidamente, como así indica la Comisión Nacional de la Energía, y por los que hoy pagamos intereses todos. ¿Va a tener algún instrumento para recuperar ese dinero, más allá de que haya prescrito? Porque si se aplica la retroactividad
con las renovables, ¿por qué no recuperamos 3.600 millones que son de todos? Por lo que se refiere a los costes extrapeninsulares, el hecho de que todos compensemos el mayor coste de la producción eléctrica en Canarias y en las islas acaba siendo,
sobre todo, por el coste del combustible. En cambio, usted hace una ley de costes extrapeninsulares y mantiene la moratoria renovable en Canarias, que sería lo que permitiría abaratar los costes de la producción extrapeninsular. ¿Por qué no
suspende esa moratoria, aunque sea como mínimo en Canarias? En cuanto a los pagos por capacidad, tenemos un sistema completamente sobrecapacitado, mucha más potencia de la que necesitamos. En cambio, mantenemos los incentivos a la inversión de los
ciclos. ¿Qué sentido tiene que desde 2008 los pagos por capacidad hayan crecido un 402 % mientras cae la demanda? ¿Por qué? ¿Por qué esa insistencia en seguir pagando?
Otra estafa de la que ustedes no hablan, la ininterrumpibilidad, que aumenta un 117 %. No necesitamos que se interrumpan esas grandes empresas porque ahora tenemos sobrecapacidad. ¿Por qué hemos pagado 497 millones de euros en 2011? Son
prebendas del Gobierno, son subvenciones o política industrial, pero no deberían formar parte de esa tarifa. Por lo que se refiere a los intereses de la deuda, pagamos más de 3.000 millones de deuda anual a unos tipos del 6 y el 7 % a las
eléctricas. ¿No va a intervenir en esas rentabilidades? Porque ahí se debería entrar claramente. ¿Usted cree que es justo que retribuyamos así a empresas con unos beneficios del 25 % de su volumen de negocio, de más de 2.000 y 3.000 millones
ahora en crisis? Señor ministro, necesitamos una auditoría ya del déficit, de esta estafa
a la ciudadanía. Si miramos los costes de transporte y distribuciones, otro escándalo, 6.000 millones, y aquí la Comisión Nacional de la Energía nos dice que estamos sobrerretribuyendo el transporte, que pagamos por activos que ni se están
utilizando. Red Eléctrica, que solo cobra en función de una tarifa regulada y, por lo tanto, que decide el ministro, tiene un volumen de negocio, unos beneficios de un 25 %. No tiene ningún sentido, a no ser que se esté planteando vender el 15 % y
quieran una buena retribución. Nos gustaría saber si es así y si es eso lo que se está planteando. Lo mismo sucede por el mal funcionamiento del mercado de las subastas que encarecen precios, la sobrerretribución nuclear, que es en España un 60 %
mayor que en Alemania y un 40 % superior a Francia. ¿Va a tocar el pool y el mercado eléctrico? ¿Va a cambiar la forma de configurar los precios? Sinceramente, señor ministro, son unas empresas que tienen al regulador y al Gobierno cautivo hasta
ahora. Unas empresas con puertas giratorias y, así, el margen de beneficio de las compañías eléctricas españolas es del doble de las compañías europeas, y eso es lo que se refleja en lo que estamos pagando. Nos gustaría saber si va a cambiar el
mercado y si va a entrar en esos beneficios caídos del cielo.
Otra reflexión es sobre la equidad, un sistema justo y la accesibilidad a la energía. España tiene una de las electricidades más caras, sobre todo para consumidores y pequeñas y medianas empresas, porque ahí también hay una injusticia sobre
lo que se paga. En esta inequidad hay una cuestión que nos alarma, señor ministro, la pobreza energética; el 10 % de la población española la sufre según la Cruz Roja. Los cortes de suministro y la vuelta a la bombona de butano son otra dramática
consecuencia de la crisis. Las compañías no ofrecen datos para cuantificar, pero hoy sabemos que son los ayuntamientos los que están pagando con los servicios sociales. Sin embargo, son las compañías -estas con unos beneficios multimillonarios-
las que están cortando la luz a gente que tiene unas deudas irrisorias. Según este estudio, ya hay entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en invierno por pobreza energética. Lo que no es justo es que hablemos de estos superbeneficios, que estas
compañías sean multimillonarias y que no cambiemos la regulación. Le emplazo, por favor, a modificar la regulación del sistema de suministros básicos para incluir un mecanismo efectivo en el que se prime el ahorro y se penalice el consumo
ineficiente, pero que sea realmente progresivo.
Una tercera reflexión, la sostenibilidad. Un elemento que debería ser central en cualquier política energética. Señor ministro, debemos apostar por una transición energética a energías limpias y autóctonas, de aquellas que sí disponemos.
Eso es sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica. Los cambios regulatorios desde 2011 han afectado muchísimo más al sector de las renovables que a las convencionales, yendo en la dirección contraria y España no se lo puede permitir.
Ustedes han destrozado un sector industrial, miles de puestos de trabajo y España ha pasado a ser una república bananera en la que nadie quiere invertir. De hecho es el país con mayor riesgo regulatorio en toda la Unión Europea. Sus recortes han
salido carísimos a todos los niveles, a nivel económico y a nivel ambiental. La inversión actual vale la pena porque reduce los costes de producción y dejamos de depender de combustibles fósiles. Nos gustaría saber que la próxima reforma, aunque
no parece que sea así, no va a atacar de nuevo al sector de las renovables. En realidad son las renovables las que han reducido el precio del pool eléctrico. Claro que hablamos de primas, pero forma parte de internalizar el coste ambiental de la
producción eléctrica. Nos gustaría que incorporara en ese ahorro también el ahorro de las toneladas de CO2, más de 420 millones de euros, o en la balanza comercial. Nos gustaría que tuviera en cuenta que el propio Ecofin ya advierte que España no
va a cumplir con la directiva de renovables y sus compromisos al ritmo que avanza, por no hablarle de eficiencia energética cuando hablamos de sostenibilidad.
Otra cuestión de la que le quiero hablar es el autoconsumo, porque esto es hablar de democracia y de soberanía. El hecho de que cada ciudadano pueda producir y autoabastecerse con energías limpias y sin depender de las grandes empresas.
Ustedes han retardado el autoconsumo y plantean peajes también para la energía autoconsumida. Es un auténtico despropósito, alejándose de lo que hacen todos los países. ¿Y eso por qué? Porque quieren mantener el monopolio de las cinco grandes
eléctricas, ese es el miedo que tienen con el autoconsumo. Si le hablo de democracia y de soberanía quiero hablar también de independencia de los reguladores. Han cambiado a la Comisión Nacional de Energía, ahora subsumida en el propio Ministerio
de Industria, y podemos decir lo mismo del CSN, donde su exsecretario de Estado se ha ido a tutelar ahora el CSN, que está tocado de muerte después del último sainete que ha pasado con Garoña. Vamos a hablar de Garoña, señor ministro. Usted se ha
empecinado aquí en esta cuestión. Lo primero que dijo: alarguemos vida útil, y está haciendo el mayor ridículo ilustrado de una política energética de este país; se hace a dedo y por interés. Debemos reducir la potencia instalada, no necesitamos
esos megavatios de Garoña, lo que necesitamos es sustituirlos por energías limpias. Nos
gustaría que nos explicara aquí esa pugna. Ha obligado al CSN a pronunciarse por una semana por una petición que hizo Nuclenor, y luego, cuando el CSN incumple toda la regulación, todas las previsiones de seguridad, todos los requisitos y
todos los protocolos, ha obligado a pronunciarse, contradiciéndose entre sí con los distintos votos internos, al final no hace la orden desde el Gobierno. Nos gustaría saber qué va a pasar con Garoña después de que usted torciera el brazo al
Consejo de Seguridad Nuclear. Nos gustaría saber qué va a suceder. Y díganos si Nuclenor sabía que iba a hacer esa reforma energética para cambiar de opinión, qué prebendas le ha dado usted...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Voy terminando.
Qué prebendas le ha dado usted a Nuclenor para que ahora decida que sí que le conviene mantener Garoña abierta.
En ese sentido, quiero hablarle del fracking. Quiero saber si usted se compromete a respetar el deseo de las comunidades autónomas que decidan que no quieren fracking. Nos gustaría también que ante una práctica que es completamente nociva,
insostenible y que gasta agua que no tenemos -hoy hablábamos precisamente de la alerta sísmica por fracking en China, y tenemos fracking al lado de centrales nucleares como la de Garoña-, que ante esta temeridad e irresponsabilidad de abrazar esta
práctica, la ponga en moratoria, sea prudente y nos deje poder evaluar en este Congreso los riesgos que comporta en nuestro país abordar el fracking. Hemos pedido que lo prohíba, ahora pedimos que nos deje que haya una moratoria antes de explotarlo
y que nos deje estudiarlo en el Congreso en perspectiva comparada con lo que ha pasado en otros países. Por favor, nos gustaría que nos respondiera a estas cuestiones. Si acaso, continuaré en la réplica.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.
Señor ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, me interpela en relación con la política energética y con la reforma que el Gobierno está elaborando sobre el sector y me hace distintas consideraciones. Intentaré
contestar a cada una de ellas. Empieza su intervención diciendo que ninguna parte del sector ha participado en el conjunto de medidas que hemos ido adoptando y las que vamos a adoptar. No es verdad, señoría. Cuestión distinta es que estemos más
de acuerdo o menos de acuerdo con lo que dice el sector. Es verdad que el sector defiende su propio interés y es legítimo. Le digo más, dentro del sector hay una parte, que es la del régimen ordinario, que defiende unos intereses, y hay otra, la
del régimen especial, que defiende exactamente lo contrario, y me parece muy bien, porque ese es el interés legítimo privado. Ahora bien, si usted me pregunta si ese es el interés que persigue el Gobierno, le digo que no. El interés que persigue
el Gobierno es el interés general, y ese interés general unas veces coincide con ese interés privado -entonces estamos de acuerdo- y si no coincide el Gobierno por lo que opta es por el interés general. Pero sí le puedo decir que hemos escuchado y
estudiado las opiniones del sector y algunas están incorporadas en el conjunto de medidas que se van a aprobar y otras desde luego no.
Me pregunta usted cuándo vamos a llevar al Consejo de Ministros el conjunto de medidas de cambios regulatorios en el sector. Será o en el último Consejo de Ministros de este mes, el del día 28, o en alguno de los dos que se celebrarán en
los primeros quince días de julio. En cuanto a si va a ser un real decreto, un real decreto-ley o una ley, va a haber varias disposiciones normativas. Habrá un anteproyecto de ley que modifica determinados aspectos de la Ley 54/1997, del Sector
Eléctrico, también habrá un real decreto-ley, una serie de reales decretos y algunas órdenes ministeriales. Usted me podrá plantear que por qué no refundimos todo eso en una sola ley. Le diré por qué. Porque aunque esa sería nuestra intención y
nuestro deseo, el sector eléctrico está constituido por tal maraña de disposiciones y normas de distinto rango que todos los Gobiernos sin distinción de colores políticos hemos venido haciendo durante los últimos veinte años, que cada cuestión tiene
un aspecto regulatorio distinto. Esa es la razón por la cual haremos un proyecto de ley, un real decreto-ley, distintos reales decretos y algunas órdenes ministeriales.
Dice usted que nos hemos centrado en el control del déficit tarifario pero que nos olvidamos de la sostenibilidad del sistema. Lo primero es cierto, lo segundo no. ¿Nos hemos centrado en el déficit tarifario? Sí. ¿Por qué? Porque
difícilmente se puede reformar el sistema eléctrico si previamente no se pone
solución al principal problema que hay dentro del sector, que es la diferencia creciente entre los ingresos de las actividades reguladas, los costes de las actividades reguladas, que es lo que se conoce como déficit de tarifa. Esa es la
razón por la cual a lo largo de todo el año 2012 y parte de 2013 hemos venido adoptando medidas con el fin de aumentar los ingresos y disminuir los costes. Hoy ese déficit está ya encauzado pero no está solucionado. Ahora, la segunda parte de su
aseveración es que no nos hemos fijado en la sostenibilidad del sistema. No, esa es exactamente la razón por la cual hemos tomado medidas contra el déficit porque, claro, cuando hablamos de sostenibilidad del sistema energético tenemos que hacerlo
en una doble acepción: la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental -en esa estamos todos de acuerdo-, pero también la sostenibilidad desde el punto de vista económico y financiero, en lo cual parece que el Gobierno está de acuerdo,
pero hay algunas de sus señorías que parece que no lo están. Le diré una cosa: es condición necesaria -le diría incluso condición imprescindible- para poder tener un sistema energético equilibrado, seguro y sostenible, que también sea sostenible
desde el punto de vista económico y financiero. Ahora, en modo alguno estamos en contra del régimen de energías renovables, todo lo contrario, sigue siendo objetivo inequívoco del Gobierno que las energías renovables sigan teniendo una
participación importante dentro del mix energético. Respecto al déficit de tarifa, dice usted que se culpa a las energías renovables. No, aquí no culpamos a nadie, aquí lo que decimos es que a lo largo de muchos años una sucesión de normas de
distinto rango ha ido conformando un sistema eléctrico que es un auténtico galimatías y que al final se traduce en déficit del sector y además en un precio de la luz, tanto para el consumidor doméstico como para el industrial, que está por encima de
la media europea.
Hay cosas -dice usted- que no se tocan. No, no, le puedo decir que a lo largo del año pasado y de este año, como usted ha visto, todas las medidas que hemos tomado han afectado a toda la parte regulada del sistema: han afectado al
transporte, a la distribución, a los sistemas insulares y extrapeninsulares, a las primas del régimen especial, a los pagos por capacidad, a las restricciones de los precios del carbón, a la interrumpibilidad. No hay ni un solo aspecto, al
contrario, en relación con lo que usted ha manifestado, que haya dejado de tocarse. Y se van a tocar -se lo quiero decir- también en esta reforma de la que le estoy informando. Decía usted que en los sistemas insulares y extrapeninsulares uno de
los problemas es el precio del combustible y que todo es con combustible. Lo sé perfectamente, lo conozco muy bien, como sabe usted, por razón de origen. Es más, uno de los aspectos que va a modificarse radical y sustancialmente en esa reforma de
la que le estoy hablando es justamente el régimen de los sistemas insulares y extrapeninsulares. Es más, en el anteproyecto de ley que se tramita en estas Cortes Generales en relación con los sistemas insulares y extrapeninsulares una de las
cuestiones hace referencia justamente a lo que usted ha mencionado, y es que el coste del combustible que se utiliza para producir electricidad de los sistemas insulares y extrapeninsulares se ha adquirido en condiciones competitivas. Le voy a
poner un ejemplo: los costes totales de producir electricidad cada año en estos sistemas, es decir, en Canarias, en Baleares, en Ceuta y Melilla, son aproximadamente de unos 2.300 millones de euros -coste total- y el extracoste de eso -por ser
regímenes aislados, independientes y que tienen un coste superior- es de unos 1.800 millones de euros. Fíjese usted que coincide, casi exactamente, con la factura de combustible que se utiliza, fuel, para ser quemado y obtener electricidad. Esas
cuantías del combustible están referenciadas a los precios spot internacionales del petróleo y lo que se propone en ese anteproyecto de ley que ya se está tramitando en estas Cortes Generales es que en vez de ser en referencia a ello se haga en base
a mecanismos competitivos de mercado y se pueda disminuir el importe que esa factura supone en el total. Dice usted que se mantiene la moratoria para energías renovables en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y yo le digo que no, que en esta
reforma en la que estamos trabajando justamente uno de los aspectos es que haya una mayor penetración de esas energías en estos territorios, por una razón sencilla: si el coste medio de producción de un megavatio en la Península es de 50 euros
aproximadamente, en Canarias el promedio es de 220 euros; es verdad que en la isla de El Hierro es superior o en La Gomera y que en Gran Canaria o Tenerife es inferior, pero hay un promedio de unos 220 euros/megavatio. Pues bien, le anuncio hoy
aquí, en esta tribuna, que dentro de la reforma que estamos preparando y que irá al Consejo de Ministros introduciremos energías renovables en estos territorios para que el coste de ese megavatio baje de 220 a un nivel por debajo de 90 euros el
megavatio. Eso va a ser bueno para todo el sistema, ¿por qué? Porque ese extracoste de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no solo se paga en estos territorios, se paga absolutamente en toda España cada vez que pagamos nuestra factura energética.
Por tanto, no solo no va a haber moratoria sino que se va a impulsar y se va a hacer en una de las disposiciones de esta reforma.
Dice usted: ¿qué sentido tienen los pagos por capacidad? Tienen varios sentidos, y le voy a decir cuál es el más importante. Yo estoy de acuerdo con usted en que en nuestro sistema eléctrico tenemos que apostar, y apostar mucho, por las
energías renovables, que tienen enormes ventajas, y tienen algunos inconvenientes claro, porque el coste de estas tecnologías es superior al de las tecnologías convencionales, como usted y yo sabemos muy bien. Pero tienen otro problema, y es que
las energía renovables al depender del sol o del viento, es decir, de factores naturales, no siempre sabemos si van a poder responder. Pero claro, el día que no responden, ¿qué ocurre, que no tenemos luz? Tenemos que evitarlo, y esa es la razón
por la cual cada vez que hay una instalación de energía renovable, tiene que haber al lado otra instalación, como usted sabe muy bien, de energía convencional que funcione de respaldo, de backup, pero eso hay que pagarlo; es decir, por cada
proporción, por cada cuantía instalada de megavatios en renovables sabe usted que tiene que haber una cuantía, no la misma, inferior, que actúe de respaldo. La central tiene que estar lista para funcionar pero no en funcionamiento, y eso
lógicamente origina lo que se llama el pago por esa capacidad que no se está utilizando pero está disponible, pago por capacidad que comporta cada año aproximadamente unos 900 millones de euros para el sistema, y eso también lo estamos pagando todos
los españoles cada vez que encendemos la luz o que en una empresa utilizan electricidad. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).
La interrumpibilidad. Efectivamente, el sistema de interrumpibilidad, que es muy parecido a los pagos por capacidad, solo que consiste en que las grandes empresas consumidoras de energía tienen un tratamiento de interrumpibilidad porque
están dispuestas a que en el momento en el que sea necesario apagar y verter esa electricidad que están consumiendo a la red lo hagan a cambio de una cuantía al año. Estoy de acuerdo con usted en que esta es una cuantía muy elevada, que no se está
utilizando, pero también estará usted de acuerdo conmigo en que esas industrias muy intensivas en energía emplean a miles y miles de personas. Y ahora se lo digo ya no solo como responsable de energía sino también como responsable de industria,
porque he de velar no solo por el mantenimiento de la industria sino, si es posible, por el objetivo común en Europa de aumentar la reindustrialización de la Unión Europea y también de España.
En su intervención hablaba de la apuesta por las energías limpias y autónomas. Decía usted que estamos destrozando esas energías, que hay mucha inseguridad jurídica y que España -yo no estoy de acuerdo en absoluto- era una república
bananera donde nadie quiere invertir. ¿Se está refiriendo usted acaso a las inversiones que desde hace seis meses están anunciando en España empresas industriales de todo el mundo como, por ejemplo, Renault en Valladolid? Cuando usted habla de que
huyen los inversores extranjeros, ¿acaso se está refiriendo a las nuevas inversiones que Iveco, del grupo Fiat, Italia, decide llevar a cabo en Madrid y no en Italia? Cuando usted habla de inseguridad jurídica y dice que los inversores extranjeros
están huyendo de España, ¿se refiere acaso a la decisión que Nissan ha adoptado recientemente para fabricar su nuevo modelo en la planta de Barcelona y no en ninguna otra fábrica europea? Cuando usted habla de deslocalización de inversiones en
España, ¿se está refiriendo acaso a la inversión que han anunciado empresas de telecomunicaciones como, por ejemplo, Yoigo, operador que pertenece al grupo TeliaSonera, que no solo no se va de España sino que se queda, reinvierte y es de los
primeros que despliega la cuarta generación de telefonía móvil? Señoría, podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no -desde luego, en muchas de las cosas que usted ha manifestado, si no lo tiene a mal, estoy en desacuerdo-, pero en lo
que tendremos que estar de acuerdo es en cuestiones absolutamente objetivas como que a lo largo de los últimos meses, y fruto de la mayor confianza, de la mayor credibilidad que una determinada política económica del Gobierno está desplegando hoy,
hay muchas más empresas dispuestas y que quieren invertir en España. Si usted me pregunta si eso es bueno o es malo, le digo que es extraordinario porque eso es inversión, eso es crecimiento y eso es también empleo. Por tanto, no puedo compartir
el juicio y su opinión respecto a que España es un país de inseguridad jurídica. Si fuera un país de inseguridad jurídica, le puedo asegurar, señoría, que estas empresas no estarían relocalizando actividad industrial en España porque esas mismas
empresas tienen muchos centros de fabricación y de producción en otros países europeos.
Me habla de eficiencia energética y estoy encantado de hablarle de esa cuestión. Usted sabe que aquí, hace algunos años, como política estelar en materia de eficiencia energética se decidió regalar a cada español una bombilla eficiente para
que nos fuéramos habituando al consumo eficiente de energía. Pues bien, con total respeto a ese tipo de prácticas y políticas de eficiencia energética, creemos que no son las adecuadas. ¿Cuáles son las adecuadas? Si no lo tiene a mal, las que
está llevando a cabo el Gobierno. Por ejemplo, creemos que es una buena política de eficiencia energética retirar vehículos
ineficientes del mercado, vehículos que emiten mucho CO2 y sustituirlos por otros nuevos, de nueva generación que emiten menos gases de efecto invernadero. Por tanto, es bueno hacer políticas de eficiencia energética a través de planes de
incentivos al vehículo eficiente, los conocidos como PIVE, en su edición PIVE 1 y PIVE 2, que han contribuido a retirar vehículos ineficientes del sistema y meter vehículos eficientes. Además, hay otra cuestión. Eso estimula la fabricación. ¿Eso
es importante o no en España? Muy importante. ¿Por qué? Porque la industria del automóvil es la segunda en importancia en toda Europa, después de Alemania; es importante también porque mueve el mercado de la distribución de los automóviles; es
importante porque mueve también el mercado de la publicidad, y es importante porque, finalmente -cuestión no menor-, genera una recaudación que a la Hacienda pública le viene bien en un momento en que el objetivo prioritario es disminuir el déficit
público. Por tanto, he ahí una política de eficiencia energética que yo creo que está en la buena dirección. Pero no solo esto, también son eficiencia energética los dos reales decretos que sobre certificación energética hemos aprobado en Consejo
de Ministros hace solo tres semanas o, por ejemplo, el plan del Gobierno para la rehabilitación de la planta edificatoria tanto de viviendas como de hoteles en España, a través de incentivos, subvenciones y préstamos blandos para actualizarlas con
eficiencia energética. Todas esas actuaciones van en la dirección de una buena eficiencia energética.
Habla también de autoconsumo. Comparto con usted la necesidad de regular el autoconsumo y ya le anuncio que dentro de la reforma energética irá también regulado el autoconsumo. Es decir, cada cual podrá instalarse en el tejado de su casa o
vivienda una placa y consumir aquello que la placa produce y, si le sobra, verterlo a la red. Cuando lo necesite, porque no produce suficiente para consumir, lo puede atraer de nuevo en un sistema de balance neto. Ahora bien, esto solo tiene un
problema, y es que si usted consume la energía que se está produciendo, cuando la vierte a la red, esa red la estamos pagando el resto del sistema, todos los españoles que no tenemos autoconsumo. Y la pregunta es: ¿Dejamos eso gratis? ¿Lo pagamos
o tenemos que establecer un peaje para cuando se utilice esa red? Porque, claro, las redes no caen del cielo. Hay que hacerlas, hay que fabricarlas, hay que construirlas y luego -cuestión no menos importante- hay que pagarlas. Y eso, ¿quién lo
paga? Lo paga el sistema. ¿Y quién es el sistema? Todos nosotros, en el recibo de la luz. Luego autoconsumo, sí; va a estar regulado, pero lógicamente en unos términos en los que quien opte legítima y libremente por el autoconsumo sepa que el
resto del sistema no va a pagar por ese autoconsumo, sino que cada cual libremente elige la modalidad por la que quiera consumir.
Respecto al tema de Garoña, la posición del Gobierno en materia de seguridad nuclear -se puede compartir o no; usted tiene una posición distinta que yo respeto mucho- es la siguiente: En una economía con tal dependencia energética del
exterior y con tal vulnerabilidad, ¿podemos prescindir de la aportación y generación de una fuente de energía limpia y que es más barata que las demás? Ciertamente, el Gobierno piensa que no. Hay quienes piensan que sí, pero el Gobierno piensa que
no. ¿Cuál es el criterio sobre el que se basa el Gobierno para decidir si un reactor nuclear ...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor ministro, tendría que ir terminando.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Termino ahora mismo esta parte y después, si puedo continuar, prosigo.
¿Cuál es el criterio del Gobierno en esta materia? Es un criterio estrictamente de seguridad nuclear. ¿Y quién puede en España determinar si un reactor nuclear puede continuar su vida útil o no? Solo el Consejo de Seguridad Nuclear. Si
usted me pregunta cuál es el criterio que sigue el Gobierno entre un informe del Consejo de Seguridad Nuclear y un informe de cualquier otra parte, le digo que seguirá el criterio del Consejo de Seguridad Nuclear. Así ha sido siempre en España y,
desde luego, así va a seguir siendo con este Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias.
Señor ministro, usted ha dicho que sí que ha habido participación o diálogo. No lo dudo, pero hemos visto que hasta ahora lo que ha marcado la agenda del Gobierno no ha sido el interés general; y así han sido los resultados. Tenemos
energía cara, 10 millones de pobres energéticos y unas empresas que
continúan teniendo beneficios multimillonarios. ¿Se han reunido con todos? Seguramente. ¿Se han reunido ustedes con las organizaciones de consumidores? ¿Se han reunido con organizaciones sociales o se han reunido solo con empresas? Lo
que a nosotros nos llega es que quien ha marcado la agenda son las grandes empresas; especialmente una, aquella que quieren ustedes que cotice bien en Bolsa porque creen que eso es hacer patria. Hacer patria es mantener también el conjunto de
miles de pequeñas y medianas empresas que están creando tejido industrial y empleo, y que también son valor añadido para nuestro país, como son las de energías renovables.
Agradezco que nos hable del calendario. Usted decía que deberíamos hablar de sostenibilidad ambiental y de sostenibilidad económica. Señor ministro, el problema es que usted diferencia dos cuestiones. Hoy no hay ningún país que no
incorpore la sostenibilidad ambiental y que pueda hablar de sostenibilidad económica; ninguno. Cuando le hablo de sostenibilidad, le hablo de todo. Si estamos hablando de energías renovables, estamos hablando de unas energías que no son
importadas, que son autóctonas. Son energías que, una vez han acabado la curva de aprendizaje, no tienen que pagar combustibles que se agotan en el tiempo, mientras que usted apuesta por el petróleo o por el gas, que tienen un precio creciente.
Eso es sostenibilidad económica. Y ya no le hablo de los beneficios en términos de emisiones y de energías limpias. Eso es de lo que hablo todo el rato, de intentar ver la globalidad. España está hipotecando su futuro porque depende en un 80 % de
energía importada; y con las renovables no sería así, porque las tenemos en casa. Dice que es imposible tener las renovables porque no tienen capacidad suficiente. En Dinamarca, con bastante menos sol que en nuestro país, tienen un plan de
energías cien por cien renovables para 2050, con un mix adecuado, porque la tecnología también avanza y hay maneras de sostener las renovables con el minibombeo; y cada vez va evolucionando más. Ya no le hablo de que sea a corto plazo, pero
avancemos hacia ese horizonte. Apostar por los combustibles fósiles, como usted hace, lo único que hará será aumentar la factura energética de nuestro país. Usted hablaba de marasmo eléctrico. Eso ocurre porque usted se resiste a desplazar
energías. Tenemos un exceso de capacidad y de potencia instalada. ¿Por qué debemos mantener todo ese marasmo? ¿Por qué mantenemos Garoña? ¿Dice usted que no podemos prescindir de Garoña, cuando representa menos del 2 % de la potencia instalada,
es una central insegura y está más que amortizada? ¿Cómo me puede decir que Garoña es energía limpia? ¿Qué hacemos con los residuos tóxicos? ¿Son limpios? ¿Por eso tenemos tantos problemas para ubicarlos? ¿Miles de años de residuos tóxicos bajo
nuestro suelo es una energía limpia? Señor ministro, creo que hay que medir las palabras. Garoña es prescindible, sobre todo en el contexto que tenemos ahora de potencia instalada, y es una temeridad alargarle la vida útil.
Respecto a la inseguridad jurídica, se pone usted a hablar de coches. Yo le he dicho que nuestro país era el país con mayor inseguridad jurídica de la Unión Europea en el ámbito del sector eléctrico. Eso es lo que he dicho, esa ha sido mi
frase porque, según el informe del Citigroup, España lidera la inseguridad regulatoria, y eso es gracias a su Gobierno. Esto es así. ¿Que usted me habla de coches? Ya sabemos que usted es un entusiasta de este sector, pero no podemos poner todas
las cartas ni toda la inversión en el sector automovilístico. Eso es lo que le quería decir, así como que el sector de las renovables, que está huyendo hacia otros países, es un sector intensivo en puestos de trabajo, estaba liderando la creación
de puestos de trabajo. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí, también. España era el segundo país con más patentes en energías renovables y pionero en I+D, y esa inseguridad regulatoria se lo está cargando.
Usted me viene a hablar de eficiencia y lo que está claro es que el Decreto de 2012 eliminó los recursos para eficiencia y ahorro, y que en 2013 la eficiencia energética ha eximido todo el listado. Está claro que el papel que ha hecho
España en la Unión Europea es vetar la Directiva de eficiencia energética, así que de apuesta por la eficiencia, nada de nada. Sobre autoconsumo, hay lugares como California, Dinamarca, Italia, etcétera, que han apostado por un autoconsumo sin
peajes, pero lo que me parece cínico e hipócrita es decir que tienen que poner peajes porque forman parte de la red. Claro, pero no la energía que se autoconsume, ¿verdad? Para esa no necesitan red. Yo le hablo de unos peajes adecuados para esa
energía que van a volcar a la red, pero no para la energía autoconsumida, porque las empresas de Unesa cuando producen energía no pagan ningún peaje por la energía que consumen. ¿Por qué un usuario que tiene su miniplanta fotovoltaica o su
miniplanta eólica para autoconsumir energía le tiene que pagar a una red que no está utilizando? Eso sí es poner frenos al autoconsumo para evitar que el gran sector eléctrico pierda demanda, y de eso es de lo que le hablo. Nos gustaría que fuera
racional y que pusiera unos peajes adecuados.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Ortiz.
Para concluir el debate, tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, empezaba su segunda intervención hablando de la energía cara en España, y es verdad, España tiene una de las energías más caras de toda Europa, pero tengo que hacer
algún matiz. Sabe que en el precio de la energía cada vez que pagamos la electricidad hay dos componentes. Un componente, que es más o menos la mitad del precio, es lo que pagamos por generarla, por producirla, y eso cada tres meses es fruto de
una subasta: quienes producen y generan frente a quienes la comercializan. Si solo consideramos la parte de generación, sabe que el precio de la energía en España está por debajo de la media europea. El problema es cuando se le añade la otra
mitad, que ya no tiene que ver con la generación sino con los peajes que todos los consumidores tenemos que pagar para que esa electricidad que se produce en una nuclear, en una central térmica o en un huerto fotovoltaico llegue desde el lugar de
generación al punto de consumo. En todas esas actividades es donde se incluye el transporte, la distribución, los sistemas extrapeninsulares, las primas del régimen especial, etcétera. Cuando consideramos esta segunda parte es cuando el precio de
la electricidad en España es superior al que hay en la media europea. Esa es la razón por la cual estamos haciendo esta reforma, porque no tendría sentido ninguna de las medidas que hemos adoptado, que estamos adoptando y que vamos a adoptar si no
fuese para tener un modelo energético que aparte de seguro, equilibrado y sostenible, fuera además un sistema competitivo. Usted me decía que la sostenibilidad económica no se podía entender sin la medioambiental y viceversa. Estoy totalmente de
acuerdo con usted, por eso cada vez que hablamos de sistema energético sostenible hablamos de las dos cosas, a no ser que usted me diga que podemos tener la economía más verde del mundo aunque no sea competitiva. Pero eso no. ¿Sabe por qué?
Porque al final tenemos que crecer, tenemos que crear puestos de trabajo, tenemos que tener industria y unos costes industriales competitivos, y esos costes industriales son costes financieros, costes laborales, costes burocráticos pero también
costes energéticos. Esa es la razón por la cual van inequívocamente unidas la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad financiera.
Decía usted que lo que hacen las energías renovables es bajar el precio que pagamos por la energía. ¿Sabe usted cuál es el coste medio de producción de un megavatio en nuclear? 20 euros por megavatio hora. ¿Sabe usted cuál es el coste
medio del megavatio global en toda España? 50 euros por megavatio hora. El coste medio de producir con eólica no son 50, son 90. Y esa diferencia de 40, ¿qué es? La prima que pagamos. Me parece muy bien porque es una tecnología verde y tenemos
que seguir impulsándola, pero si en vez de eólica es fotovoltaica, en vez de 50 son 220 -y esa diferencia también la pagamos en el recibo de la luz-, y si en vez de fotovoltaica es termosolar, resulta que pagamos 450. Por tanto, señoría, sí tiene
efecto el importe de las primas en el coste de la energía, y creo que eso deberíamos racionalizarlo.
En cuanto a las energías importadas, petróleo y gas, decía usted que representan más del 80 %. No, más del 99,5 %, porque no tenemos ni petróleo ni gas. Ahora bien, si hay alguna posibilidad de que en algún lugar de España podamos obtener
petróleo o gas y podamos disminuir esa factura energética y el saldo negativo de la balanza comercial, ¿cómo no lo vamos a utilizar? Esa es la razón por la cual, sobre la base del principio de seguridad en los suministros, el Gobierno, dentro de
todas las prescripciones y condiciones medioambientales de España y de la Unión Europea, si debe autorizar prospecciones de petróleo o gas, las autoriza, porque uno de los objetivos en materia de política energética debe ser disminuir esa
vulnerabilidad.
En cuanto al fracking, señoría, tecnología de la fracturación hidráulica para obtener gas, solo le diré que, como usted sabe muy bien, hace cinco o seis años la primera potencia económica del mundo, Estados Unidos, tenía un problema muy
importante de deslocalización de la industria porque era muy dependiente del gas y del petróleo, y eso se estaba traduciendo en menor actividad económica y más desempleo, hasta que el presidente Obama -que sabe usted que es un presidente que tiene
un discurso muy verde, que yo comparto- decidió que la fracturación hidráulica tenía que ser utilizada para intentar sacar gas (El señor presidente ocupa la Presidencia). Lo han sacado, y en estos últimos cinco años -aparte de los 5 millones de
empleos que ha creado este sector en Estados Unidos- Estados Unidos ha conseguido darle un vuelco a su desequilibrio energético y donde era dependiente hoy es autosuficiente y, como usted sabe, de aquí a siete u ocho años hay previsiones de que sea
exportador neto. ¿Cree usted que en Europa -ya no le hablo de España- podemos permitirnos seguir dependiendo de la importación
de gas en los países europeos del centro, del este de Europa, y en el caso de España, del norte de África? ¿No cree usted que eso nos hace más vulnerables? ¿No cree usted que eso hace mucho más inseguros los suministros de hidrocarburos?
Esa es la razón por la cual si, dentro de las condiciones medioambientales de España y de la Unión Europea, se presentan proyectos que cumplan esas condiciones debemos autorizarlos. En ese contexto es donde hay que entender la modificación que
hemos hecho para, en ese anteproyecto de ley al que antes me refería de los sistemas extrapeninsulares, que hayamos introducido una disposición...
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene usted que ir terminando.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Ya acabo, presidente.
...que regule también la posibilidad de que en España se puedan hacer exploraciones y, en su caso, explotaciones de gas de esquisto, de shale gas, a través de la tecnología de la fracturación hidráulica. Si eso se consigue y disminuye
nuestra dependencia, habrá aumentado nuestra seguridad y, lo que es más importante, habremos introducido competitividad en la economía española, y eso al final es crecimiento y es empleo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LAS REFORMAS LEGALES NECESARIAS A FIN DE ELIMINAR DISTINTOS SUPUESTOS DE AFORAMIENTO Y OTROS PRIVILEGIOS PROCESALES DE POLÍTICOS Y CARGOS
PÚBLICOS. (Número de expediente 173/000092).
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de la interpelación del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre propósitos del Gobierno en relación con las reformas legales necesarias a fin de eliminar distintos supuestos de
aforamiento y otros privilegios procesales de políticos y cargos públicos. Para su defensa, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, señorías, en España hay 10.000 personas aforadas; en Portugal e Italia, una; en Francia, diez -más o menos porque depende del número de miembros que tenga el Gobierno-; en Alemania, cero; en el Reino
Unido, cero. Ya sé que se puso de moda en infaustos años en España esto de que España es diferente. Es todo un clásico, pero yo les pregunto -y me pregunto-, señorías: ¿Tan diferente? ¿Como esto de diferente? En cualquier país de nuestro
entorno un informe sobre los aforados se hubiera ventilado con un folio o dos; en España, los profesores Gómez Colomer y Esparza Leibar han necesitado escribir un tratado de mil páginas, un tratado que por supuesto se ha leído el ministro del ramo,
el ministro de Justicia, y supongo que también algún docto representante de su partido. Pero lo importante es eso, que en cualquier otro país de nuestro entorno una explicación sobre los aforados se hubiera ventilado en un folio o en dos, si le
querían dar muchas explicaciones, y en España estos dos doctos profesores -doctos sí, de verdad- han necesitado escribir un tratado de mil páginas. Como dicen ellos mismos en ese tratado, el aforamiento es, a nuestro juicio, también una excepción
al principio de igualdad; una excepción por eso, porque no te juzga el mismo juez que juzga a cualquier ciudadano, el de primera instancia. Por eso y en ese sentido, nuestro grupo considera también, como estos profesores, que es un privilegio.
A cualquier observador neutral le llamaría la atención la comparación con la que inicié esta intervención. Le llamaría la atención porque lo primero que nos preguntaríamos, que se preguntaría cualquier observador, insisto, neutral, es:
¿Qué pasa, que ninguna otra democracia europea es una democracia de calidad? ¿Qué pasa, que no es garantista ninguno de estos países, ni Alemania ni el Reino Unido -ni Estados Unidos, que no es Europa pero que también está en la misma situación,
con cero aforados- ni Francia? ¿No son democracias de calidad ninguna de ellas? ¿No son países garantistas? ¿Qué hay de diferente entre esos países y el nuestro en este sentido y en relación con el aforamiento, insisto?
Este debate es, claro, continuación del debate que tuvimos la pasada semana sobre lo que es puramente la interpelación con el ministro y, por tanto, permítanme que mi moción sirva para continuar con la reflexión que se inició la semana
pasada. El ministro se limitó a decirme en esa interpelación que no
eran 10.000 políticos, que solo eran 3.000; vamos, que no ganábamos 10.000 a cero, que solo ganábamos 3.000 a cero; o también me dijo que el Gobierno solo puede actuar sobre 57 sin tocar la Constitución. Pero no me dijo qué le parece el
aforamiento o actuar sobre 57, o qué le parece que sean 3.000, por qué hace falta esa figura en España así de extendida y por qué no existe en ninguna de las democracias de nuestro entorno, como les acabo de decir. Insisto, ¿está justificada esta
cosa tan peculiar jurídica y políticamente en España? ¿Acaso los jueces de primera instancia de todos esos países que he citado merecen más confianza que los españoles? Esta es una cuestión que les quiero preguntar ya que el ministro planteaba
tanto esto de: 7.000 jueces, entre los que usted no cita... ¿Acaso los jueces de primera instancia del resto de democracias europeas merecen más confianza que nuestros jueces de primera instancia? ¿Son de más y mejor calidad? ¿Más
independientes? ¿Sospechamos que no van a comportarse los jueces españoles de primera instancia con independencia ante nosotros los políticos? ¿Acaso que el órgano judicial sea más elevado garantiza más competencia y más pericia, por no hablar
solo de la independencia, o menor riesgo de politización? ¿Es eso lo que quieren ustedes decir, que no se puede uno fiar de juez de primera instancia ni desde el punto de vista de la pericia ni desde el punto de vista de la independencia? Me
gustaría que me lo dijeran, si es que alguien está en contra de esta moción, naturalmente.
También me dijo el ministro que no era un privilegio. Me dijo: Al contrario, es un trato discriminatorio porque los aforados perdemos nuestra posibilidad de recurso. A mí me parece un privilegio en el sentido que les dije inicialmente de
que es una excepción al principio de igualdad. En ese sentido es un privilegio. Pero si a juicio de los que pudieran estar en contra de esta moción y de acuerdo con el criterio expuesto en esta materia por el ministro resulta que no es un
privilegio, sino que, al contrario, es un desdoro para aquellos que somos aforados o para aquellos que, sin ser políticos, también lo son y es una discriminación, pues, como lo que nosotros defendemos lo defendemos desde el principio de la igualdad,
ni para ustedes ni para nosotros: que se quite. Así ni tenemos un privilegio, ni lo contrario: ni hay una penalización. Pues que se quite y que estemos en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos, con los que no son aforados.
Sospecho -a lo mejor me equivoco- que probablemente hoy perdemos el debate en términos de perder la votación, pero tengo para mí que, como ha ocurrido en tantas ocasiones y en tantos debates que hemos abierto a lo largo de esta y de la
pasada legislatura, perderemos la votación pero ganaremos el debate político. No solo como partido sino para el conjunto; se ganará. Ha ocurrido en otras muchas ocasiones y creo que hoy va a ocurrir lo mismo. Ganaremos el debate político porque
ustedes saben, señorías, como lo sabemos nosotros... (Varios diputados pronuncian palabras que no se perciben). Sí, hemos ganado muchos. Por ejemplo, la primera vez que trajimos aquí el tema de la corrupción política ustedes me dijeron que no era
verdad, que no hacía falta, y ahora están dispuestos a cambiar el Código Penal. La primera vez que trajimos aquí el debate sobre la reforma de la Ley Electoral todos dijeron que no hacía falta reformarla y ahora hay muchos que la incluyen en su
programa y que la incluyen en su discurso. Y así sucesivamente. Creo que la mayoría saben -aunque no lo quieran reconocer- que este es un anacronismo impropio del siglo XXI, impropio de un país miembro de la Unión Europea. Lo que hoy les
proponemos es que reflexionemos y actuemos sobre la justificación de mantener más de 10.000 aforados en España porque les aseguro que eso es algo que terminará haciéndose más pronto que tarde por muchas resistencias que alguien pueda poner -que a lo
mejor no las pone- y por muchas resistencias que pusiera el ministro Gallardón la pasada semana en su respuesta a esta iniciativa. Ni diez mil a cero como les dije, ni tres mil a cero. Acabemos con el anacronismo; acéptenlo hoy, señorías.
Abandonen toda esperanza -si es que tuvieran esa tentación- de que cualquier tipo de descalificación o adjetivo que se les ocurra va a hacer mella en nosotros. ¿Que no quieren aceptar que esto va a haber que hacerlo y qué mejor que empecemos a
hacerlo ya? Pues ya lo harán dentro de un año, o de dos, o de tres, algunas cosas les cuestan más, pero ya lo harán.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que ir terminando.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, presidente.
Terminarán haciéndolo, como han terminado haciendo todo lo demás, al cien por cien o al cincuenta por ciento, porque el debate político se ha abierto y, como pasa con el genio que sale de la botella, una vez que sale el genio de la botella
no hay nadie que lo vuelva a meter en ella. Además es de justicia y es propio de una democracia moderna que esta cuestión la revisemos y la cambiemos.
Agradezco -termino, presidente- a La Izquierda Plural su enmienda. Les vamos a plantear una transaccional que recoge el espíritu de la enmienda que ellos han presentado, porque en todo caso habrá
de limitarse el aforamiento -si se mantuviera en algunos casos- a los hechos relacionados con el ejercicio del cargo.
Concluyo, señorías. Si tienen alguna esperanza de que sus descalificaciones posibles, que no probables -no es probable que ocurra-, nos influyan y desistamos, abandonen toda esperanza, porque no olviden que lo que es de justicia termina
imponiéndose.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.
Como en efecto se ha manifestado, hay una enmienda del Grupo Socialista que ha sido retirada y una enmienda que está vigente del Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y que va a defender el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Hemos presentado una enmienda porque desde el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural compartimos que no deben existir privilegios o que por lo menos los comportamientos ante la ley deben venir únicamente del cargo que ocupamos. No
compartimos el tono de la exposición de motivos de esta moción en bastantes extremos. La portavoz, la señora Díez, ha hecho una intervención en la que ha hablado de diferentes países, y a diferentes países, diferentes costumbres. Yo no sé el
número de aforados que tienen otros sitios. Algunos cortaron la cabeza a reyes en el siglo XVII, otros en el XVIII, cada uno ha tenido su trayectoria democrática y parlamentaria, y nosotros todavía tenemos en el techo unos tiros de hace treinta y
tres años y en esta misma Cámara han entrado a disolverla por la fuerza en dos ocasiones. Nuestra democracia también tiene sus tradiciones y en un determinado momento, cuando se hace la Constitución de 1978, se decide aplicar las cuestiones de
inviolabilidad, de inmunidad y de aforamiento, que no son de los diputados, de la persona del diputado, sino de la Cámara, del conjunto de la Cámara.
Nos gustaría hacer la reflexión de que hasta cierto punto no son privilegios. Pongo un ejemplo. Si cualquiera de los miembros de esta Cámara tenemos un día un problema de tráfico, nos tiene que acabar juzgando el Tribunal Supremo. No
tenemos el derecho de que nos juzgue un tribunal, incluso no tenemos el derecho de que nos juzgue un tribunal sin que el tema acabe pasando, primero, por la Comisión del Estatuto del Diputado y, segundo, por el Pleno de esta Cámara, que es quien
tiene que otorgar el suplicatorio para poder proceder a ese juicio. Esos privilegios a veces conllevan grandes responsabilidades, normalmente casi siempre, y el gran privilegiado de este sistema es el jefe del Estado, que además es irresponsable
legalmente hablando porque así lo consagra la Constitución.
Nosotros hemos presentado una enmienda tratando de mostrar la voluntad de que las cosas tienen que evolucionar en el tiempo y que si el aforamiento en un momento determinado era una cuestión importante y se incluyó en la Carta Magna, por lo
menos para los miembros de estas Cámaras y después, en otra legislación, para otras autoridades del Estado, delegadas de aquí o no, sí se tiene que ir produciendo una evolución. Desde nuestro grupo parlamentario apoyaremos una transaccional en el
sentido de que esa evolución se vaya produciendo con el tiempo, de que esos privilegios vayan desapareciendo, que a veces no son privilegios, como ya he dicho, sino graves inconvenientes para la vida de cualquier miembro de esta Cámara o del Senado.
Pero lo que no compartimos, señora Díez, lo que no podemos compartir es el discurso de antipolítica que destilan las cinco páginas de la exposición de motivos de esta moción, porque para nosotros la política es algo absolutamente digno, y resulta
que al final parece que cualquier cuestión que dependa de nombramientos de esta Cámara esté contaminada políticamente. Yo no sé la diversidad ideológica del cuerpo de jueces y magistrados de España, pero de lo que estoy convencido es de que la
diversidad ideológica de los pueblos de España es mucho mayor que la de los jueces y magistrados que tenemos. Y a las gentes que a lo mejor no tenemos tantos jueces de izquierda como nos gustaría -ideológicamente más o menos progresistas-, sí que
nos gustaría que en los órganos que les rigen estuviesen representadas las ideologías más progresistas.
Señora Díez, la política no es intrínsecamente perversa. La política es una de las más nobles artes que podemos ejercer los seres humanos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señora Díez, comparto las reflexiones hechas por el señor Sixto en relación con la nobleza de la actividad que todos los que estamos aquí representamos. Desde la perspectiva incluso más
aristotélica del concepto de política es una actividad noble, pervertida por muchos o por pocos, depende de la calidad democrática de los países, pero noble por su propia naturaleza. Y el populismo es la antítesis; la demagogia es la antítesis de
la actividad política correctamente entendida, lo cual no es una descalificación.
En primer lugar, señora Díez, me sorprende su capacidad de augur. Ya nos ha aventurado, nos ha adelantado, que aunque no prospere su moción en el día de hoy, el año que viene, dentro de dos o tres años prosperará. Veremos qué ocurre dentro
de dos o tres años; hoy probablemente no va a prosperar; desde luego, no con esto voto, se lo adelanto. En segundo lugar, su capacidad de mensurar cómo se puede ganar el debate político en la calle, como usted ha dicho, sociológicamente, y
perderlo aquí, perderlo en la institución representativa del Estado. Esta es una forma de mensurar las pulsiones populares que obedece a su capacidad para mensurar lo paranormal, lo no mensurable por su propia naturaleza. Me agrada mucho que esté
tan satisfecha consigo misma y con sus propuestas, pero es que esta no tiene un pase, y perdone que se lo diga, esta raya en el arbitrismo. Esto me permite parafrasear a Wenceslao Fernández Flórez cuando decía, en relación a un políglota: Es un
arbitrista, pero como es políglota es un arbitrista en muchos idiomas, de muchas lenguas. Aquí se podría parafrasear diciendo que usted ha citado el derecho comparado y que el derecho comparado puede ser arbitrista o que se puede ser arbitrista
utilizando el derecho comparado cuando se usa mal, como usted lo ha hecho, porque confunde dos conceptos de aforamiento: el aforamiento vinculado al ejercicio de la función y el aforamiento vinculado al ejercicio de determinados cargos
institucionales, que son dos conceptos distintos, y no son ni uno, ni dos, ni doce, ni veinte los aforados en los países de referencia que usted ha utilizado, sino muchos más, en lo atinente, como ocurre con los jueces y con determinados cargos
policiales, al ejercicio de la función. Y no me diga que no, porque usted sabe perfectamente que es así, sobre todo si se ha leído su libro de referencia, su libro de cabecera en esta materia, el libro de Gómez Colomer y de Esparza; mil páginas.
Mil páginas no son mil razones legitimantes de su proposición; además, no dicen lo que usted dice. Mire, lo que usted pide aquí es desmesurado. Es tan arbitrista por su desmesura. Hay un doble pedimento en su moción. En primer lugar, que en el
próximo proceso de reforma constitucional -el que a usted se le ocurra, porque no hay ninguno previsto que sepamos- se eliminen los supuestos de aforamiento previstos en la Constitución, sometiendo a revisión en su conjunto todas las prerrogativas
parlamentarias. No sé a qué prerrogativas se refiere usted. Algunos vamos a dejar de ser diputados o nos vamos a morir sin haber disfrutado nunca de las mismas; pero bueno, vamos a llegar a la conclusión de que estas prerrogativas pudieran
existir. ¿Usted sabe para acometer esta reforma legislativa de la Constitución que usted propone cuántos preceptos de la Constitución deberíamos reformar? Le voy a decir cuántos: el artículo 71 y el artículo 102.1 -el primero hace referencia a
los diputados y senadores y el segundo, al presidente del Gobierno y a los ministros-; el artículo 143, porque usted ya extiende -que es lo que le molesta- a todos los aforados autonómicos las previsiones y los recelos que le provoca la institución
del aforamiento, bien vinculado a la función, bien vinculado al ejercicio de determinadas potestades públicas o determinados cargos públicos. En el ámbito foral, la disposición adicional primera, la disposición derogatoria 2 de la propia
Constitución y el artículo 153 de la Constitución. Pero vinculado al aforamiento en el ejercicio de funciones, que usted también considera perverso y antidemocrático, esto nos obligaría a reformar nada menos que la Ley Orgánica del Poder Judicial,
todos los estatutos de autonomía en lo atinente a los aforamientos previstos en todos los estatutos de autonomía; la Ley orgánica reguladora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde también se prevén aforamientos vinculados al
ejercicio de función; la Ley orgánica reguladora del Defensor del Pueblo; la Ley de Bases de Régimen Local. En definitiva, nos obligaría a una suerte de reforma universal del ordenamiento jurídico que yo no sé si forma parte de sus intenciones.
No sé si es una propuesta bienintencionada de voluntad, o si realmente usted pretende que esta institución que aquí representamos inicie todas las reformas que le estoy indicando. Desde la perspectiva del espíritu reformista que pretendidamente nos
presenta con sus iniciativas -algunas de las cuales merecen nuestra felicitación, aunque esta merece nuestra refutación, la más intensa refutación que sea posible-, usted pretende sintetizar aquí nada menos que las personalidades de Ortega y Gasset,
de Unamuno, del doctor Marañón; en el ámbito del orden revolucionario francés, que es donde se consagraron estas instituciones, de Mirabeau, de Voltaire, de Rousseau; y ya por citar algunos más de García Márquez; en el ámbito de los poetas
españoles de Blas de Otero, de Gabriel Celaya; ya que usted es mujer, le voy a citar otra, Rosalía de Castro. Usted pretende sintetizar el
espíritu renovador de todos estos autores mediante la invocación de una suerte de reforma universal del ordenamiento jurídico entero. Esto es mucha pretensión. Yo no sé si usted, en su condición de augur, va a conseguir esto dentro de un
año, o de dos años, o de tres, o la sociedad nos lo va a demandar. El señor Gorriarán, que también parece que tiene las mismas condiciones de augur que usted... (El señor Martínez Gorriarán hace gestos al orador). Me está diciendo que sí mediante
gestos, mediante el lenguaje semiótico que él utiliza con tanta perfección y corrección. Mire, es muy difícil reformar todo el ordenamiento jurídico para acabar con algo.
Por otra parte, señora Díez, usted ha citado y cita en la exposición de motivos solo una sentencia del Tribunal Constitucional. Mala suerte, señora Díez, porque cita la única sentencia del Tribunal Constitucional que no le da la razón, que
se la quita, que expresamente contradice sus argumentos. Utiliza la sentencia 22/1997, donde se establece por el Tribunal Constitucional -y le reproduzco textualmente el texto de la sentencia- que la prerrogativa del aforamiento actúa como
instrumento para la salvaguarda de la independencia institucional tanto de las Cortes como del propio Poder Judicial. Yo le pediría que por razones de pura coherencia...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente.
Cuando utilice una sentencia del Tribunal Constitucional, siendo la pretensión reformar el ordenamiento jurídico entero, en su totalidad, en su conjunto -ustedes son capaces de abordar una pretensión tan desmesurada y de esta grandiosidad-,
utilice por lo menos una sentencia del Tribunal Constitucional que le dé la razón. Es un consejo de amigo que le doy. No utilice una sentencia del Tribunal Constitucional que le quite la razón. Y en materia de aforamientos diga lo que pasa de
verdad en el derecho comparado, no lo que usted dice aquí que pasa; diga lo que pasa de verdad, sobre todo en materia de aforamientos vinculados al ejercicio de funciones, que no son ni uno, ni dos, ni tres, sino que son más de 1.000 en cualquier
país de los que usted ha citado.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Presidente, señorías, discutimos una moción de UPyD sobre el retiramiento de aforamientos. Creemos más bien que es un debate sobre el sentido de la realidad. Algo de esto ya ha dicho el señor Olabarría. Y es
que nosotros en política debemos ser anticuados, creemos que la realidad también tiene que ser un criterio, es bueno que la realidad sea un criterio. Empiezan ustedes hablando de una próxima reforma de la Constitución. Miro hacia allí
(dirigiéndose a los escaños del Grupo Parlamentario Popular) porque supongo que ustedes deberían saber algo del tema ¿no? Permítame que, como grupo nacionalista, que hablen de una próxima reforma de la Constitución desde UPyD nos cause decir: Ay,
qué miedo; ay, qué miedo UPyD intentando reformar la Constitución. Efectivamente, gestualmente nos dicen que sí, que ay, qué miedo. No sé si ustedes nos llevarían una nueva Constitución similar a la del año II, y no me refiero al año II después
de Jesucristo, la Constitución no escrita del emperador Augusto, sino que, como habrán adivinado, me refiero a la Constitución jacobina del año II, del año 1791, donde se pretendían cosas como esta, como distribuir Francia en cien departamentos
exactamente iguales de forma rectangular, sin mirar si las líneas rectas pasaban por medio de un pueblo, de una casa o de un campo. Parece que esta es la racionalidad que intentan introducir en el Estado, la racionalidad jacobina. Por suerte, hubo
quien arregló este desaguisado en la Constitución del año II. Lo siento, señor Olabarría, porque fue Mirabeau. En este caso Mirabeau hizo las cosas bien y consiguió, con sentido de la realidad, que los departamentos siguieran las formas
geográficas. Bueno, lo consiguió Mirabeau y lo consiguieron las costas, porque las costas tenían la antirrevolucionaria manía de mantenerse no cuadriculadas, tal y como pretendía el ordenamiento jacobino. Esta antirrevolucionaria manía hizo que se
tuvieran que hacer los departamentos franceses como se hicieron. Con esto entramos en el núcleo de lo que estamos hablando, de la realidad como criterio, del sentido de la realidad. Primero de todo, sus números, los números del Gran Capitán.
¿Saben ustedes de dónde viene la expresión? De las cuentas que mandó el Gran Capitán a la Corte diciendo: 10.000 ducados por desgaste de campanas ante la celebración de las victorias habidas. Más o menos, con la misma lógica ustedes han hecho su
número de aforamientos. Como muy bien les ha dicho el señor Olabarría, los policías no son gente aforada. Tienen una legislación en función del ejercicio que hacen
de determinadas materias. De la misma manera son agentes de la autoridad, de la misma manera tienen presunción de veracidad, y porque tengan presunción de veracidad no se nos ocurre a nadie decir que se viola el principio de presunción de
inocencia. Pues también tienen, dada su relación especial con el crimen, una situación según la cual se puede gestionar su posible procesamiento de una manera razonable. Y el mismo argumento se aplica a los jueces.
Dicen que el aforamiento ya no es necesario dado que la persecución judicial de los diputados, de los políticos era cosa del siglo XIX y que ahora ya no pasa. ¿Me puede mirar al blanco de los ojos y repetirlo? ¿Ahora no hay persecución
judicial por motivos políticos? Porque en esta Cámara hay gente que ha sido imputada ocho veces, no le diré quién, y ninguna de estas imputaciones ha llegado a ningún sitio. Es un mal uso de la democracia pero un mal uso de todos los tiempos el
hecho de judicializar la vida política. Aristófanes en el siglo V, en la obra Las nubes ya describe dos atenienses que, mirando un mapa de Atenas, le dice uno al otro: Qué raro, no se ve el tribunal de justicia. Y lo decía por la manía de los
atenienses de acabar políticamente unos con otros a través de los tribunales de justicia. Esto no ha terminado desde el siglo XIX, esto viene desde el siglo V antes de Cristo y dentro de 500 años volverá a existir. No puedo darle la lista de los
políticos atenienses que tuvieron que pasar por los tribunales y fueron condenados sencillamente porque son todos; todos. Y eso seguramente también acabó con la República romana.
Se dice que se ganan derechos, que es un privilegio. Esto es muy discutible. Se pierde el derecho a tener un recurso, se pierde el derecho a la doble instancia si se está aforado. Eso no es necesariamente una ventaja. Ahora, también
tengo que serle honesto, si a mí o a mucha gente le dieran a elegir entre tener un proceso más rápido o tener la posibilidad de recurso, mucha gente preferirá lógicamente tener un proceso más rápido y eso va también para la gente que se ve
arrastrada cuando hay un aforado en una causa, lo cual no quiere decir que a veces aquí retrasemos los suplicatorios y también lo hagamos lento. En todo caso, eso sería culpa nuestra. El hecho de que solo hubiera una instancia lo que aseguraría es
un procedimiento más rápido, lo cual en política es imprescindible cuando estamos hablando de situaciones de esta naturaleza.
Poca cosa más que decir. La realidad...
El señor PRESIDENTE: Debe usted ir acabando.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Señores de UPyD, la protección jurídica de agentes de seguridad, el aforamiento a jueces y políticos, ¿a reformar? Seguro. Nosotros mirábamos con buen ojo la enmienda socialista porque hablaba de eso, pero lo
que no podemos hacer -y su grupo insiste en ello- es dar soluciones facilonas a situaciones extraordinariamente complejas y complicadas. Vuelven ustedes a lo de siempre, a la república de los puros, a la antipolítica, y esto, señores, no funciona
así. Nosotros, como le he dicho, somos anticuados y para nosotros la realidad, lo que de verdad existe, también es un criterio a tener en cuenta y en este sentido vamos a comportarnos.
Gracias, presidente; gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, presidente.
Me veo obligado a repetir algunas expresiones que he oído casi literalmente. Por ser fiel a lo que quería decir, voy a hacerlo. Señora Díez, ustedes a veces presentan cuestiones para debatir que en un análisis desprejuiciado podrían
considerarse pertinentes, podría considerarse pertinente al menos abrir un debate o una reflexión. El problema no es lo que plantean sino cómo lo plantean -y se le ha dicho ya por alguno de los intervinientes-, porque lo hacen con un discurso tan
previsible, tan conscientemente agresivo y desenfocado que lo que hacen es perjudicar precisamente que ese debate se pueda abrir. No es casual ni episódico; su forma de acercarse a este tipo de asuntos institucionales es esa forma agresiva y, si
me permite, intelectualmente un poco soberbia. El objetivo parece obvio: sumarse o alimentar un estado de opinión muy crítico con eso que se llaman los supuestos privilegios de la casta. Por cierto, un estado de opinión no siempre tan espontáneo
como se nos pretende hacer creer porque viene alimentado por algunas troneras mediáticas y políticas. Creo que todos tenemos que atender a la calle y escuchar a los ciudadanos, pero también creo que hacer una cierta divulgación seria de la realidad
de las instituciones y de por qué existen este tipo de garantías nos ayudaría mucho a entender. No creo que nadie en esta Cámara se sienta no concernido por el hecho de que algún ciudadano pueda pensar que el Congreso son 350 desoficiados
que se pasan el día tomando gin-tonics baratos mientras esperan la siguiente citación del Tribunal Supremo. Sinceramente no lo creo y además tenemos que decir que esto no es así porque si no dejamos crecer ese estado de opinión en el que a
veces se apoyan algunos grupos políticos. Ustedes pretenden ser los únicos o los más esforzados paladines de la regeneración política y en este tema de la regeneración encontramos en la opinión pública opiniones y análisis sensatos y encontramos
también las soluciones fáciles, el arbitrismo -lo tenía aquí anotado- y en lo que tengo que coincidir con algunos de los compañeros que me han precedido. Mire, señora Díez, las soluciones más populares, las más publicitadas, las más facilonas no
son siempre las más adecuadas para acercarse a la complejidad de una reforma institucional. Por tanto, nosotros no podemos apoyar su moción en la forma en que venía aunque, como otros grupos, somos conscientes de que se puede abrir una reflexión
sobre el asunto, pero en un marco coordinado y coherente de reformas institucionales -creo que la cuestión lo merece- y no apoyando, si me permite la expresión, un parche arbitrista y coyuntural. El hecho de que sea así lo prueba que los grupos en
estas últimas horas nos hemos movido de nuestras posiciones iniciales. Usted ha hecho desaparecer del texto de la moción la palabra privilegio pero en la introducción aparece seis veces; es un desenfoque absoluto considerarlo un privilegio
personal; no me extenderé porque se ha dicho ya, y se lo dice a usted, como le han recordado, el propio Tribunal Constitucional: el aforamiento es una garantía de eficacia de la función representativa; trata de evitar un uso espurio de mecanismos
penales que puedan dificultar la función representativa. Decía usted hace una semana: es una garantía del órgano, por tanto que falte un diputado -decía usted-, que desaparezca o no una persona no impide al Parlamento seguir ejerciendo su plenitud
de competencias. No me lo parece. ¿De verdad usted cree que da igual que algunos diputados no puedan estar aquí presentes por una querella hecha espuriamente para sacarles de aquí? No me lo parece por mis votantes, desde luego, pero piense en los
diputados que representan ellos solos a un partido político, aquí tiene a la señora Barkos, al señor Baldoví, al señor Salvador, al señor Sostres, o piense en los senadores a los que los ciudadanos votan con su nombre y apellidos y no pueden ser
idealmente sustituidos por otra personas. Todos tenemos que tener la garantía de no ser apartados o estorbados en nuestra función representativa por un uso espurio de los tribunales, y se lo acaba de decir el señor Guillaume, la realidad indica que
en este país hay una excesiva judicialización de la política, por tanto no podemos fijarnos abstractamente en cuestiones de derecho comparado -por cierto, en Estados Unidos existe la figura del gran jurado, que es algo parecido a lo que tenemos
aquí-. Si tenemos un sistema político en el que hay una tendencia a judicializar la vida política nuestro análisis no puede ser un análisis solamente pensando en el derecho comparado, sobre todo, en la perspectiva de una instrucción penal en la que
el fiscal tenga un papel protagonista, porque el fiscal tiene una dependencia orgánica del Gobierno y eso cambia las cosas. Es una garantía de la Cámara pero es una garantía porque lo es de cada uno de nosotros.
Se le ha dicho también a usted que tiene una carga, la carga de no tener una segunda instancia, una subrevisión, es una carga, y el hecho de radicar en el Tribunal Supremo el juicio de estas personas aforadas garantiza la seriedad, la
profesionalidad, la experiencia, pero también algo que le sonará a usted, señora Díez, porque se lo he oído decir a su compañero el profesor Sosa Wagner cuando nos recuerda aquello de: todavía hay jueces en Berlín. Un cierto distanciamiento
territorial y psicológico de un problema les permite a los jueces dictar sentencia o hacer su papel de instrucción con una mayor tranquilidad. Por cierto, no lo ha dicho nadie y me alegro de que mis compañeros me dejen al menos ser original en una
cosa: esta debe ser la única posición política de UPyD en la que en vez de pedir recentralizar competencias pide una dispersión territorial de las competencias judiciales, lo cual es paradójico conociendo cuál es el discurso habitual de UPyD sobre
estos temas. Por tanto, no es un privilegio, es un riesgo o una carga el propio hecho de que personas que se han visto arrastradas a un procedimiento único en el Tribunal Supremo hayan recurrido para tener una doble instancia; nadie recurre contra
un privilegio, era una carga para esas personas, como se le ha dicho aquí, y mucho menos un privilegio personal porque no se puede renunciar a él y, por tanto, no tiene ese carácter personal. Nosotros creemos que se puede reflexionar sobre el
asunto, que se puede examinar si hay muchos o pocos aforamientos, pero no sobre la base de un discurso de supuestos privilegios de la insaciable casta política. Esa idea de la purificación de la clase política mediante una quema en la pira de toda
la clase política porque luego Dios ya distinguirá a los justos de los pecadores no nos parece la forma de hacerlo. Agradezco que se nos haya entregado por parte de los grupos la enmienda transaccionada que nos proponen. Es una mejora y es un
progreso que reconocemos y por eso nuestra posición será de abstención. Pero sigue teniendo un grave problema su transaccional con Izquierda Unida: dice que los casos de aforamiento solo se limiten a los hechos relacionados con el ejercicio del
cargo; no, no, si el problema es que con cualquier querella por cualquier otro asunto privado un diputado puede estar privado de su función
representativa, por tanto, el asunto no es de qué delito se acuse a un parlamentario porque con cualquier tipo de querella se le puede estar dificultando su función representativa; esa es una cuestión que nos impide aprobar la enmienda
transaccionada.
Resumo, señor presidente, nuestro sistema político necesita reformas pero no necesita arbitrismos inconexos que en parte...
El señor PRESIDENTE: Tiene usted que ir acabando, señor diputado.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Sí, termino.
Decía que nuestro sistema político necesita reformas, pero unas reformas sosegadas, tranquilas, en las que examinemos con la tranquilidad que merecen estos asuntos institucionales y sin dejarnos llevar por la última moda intelectual que sea
novedad en este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Amor.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Con la venia, señor presidente.
Señorías, en todo momento y bajo cualquier circunstancia la llamada clase política tiene que ser ejemplar y en eso estamos, especialmente en una situación de crisis económica en la que se están pidiendo muchos esfuerzos al conjunto de los
ciudadanos españoles. En eso estamos la inmensa mayoría de los miembros de esta Cámara y, desde luego, en eso está el grupo parlamentario en cuyo nombre tomo hoy la palabra. Confundir la diferencia con privilegio no es sino el ejercicio demagógico
que tiene por costumbre utilizar el partido Unión Progreso y Democracia cuya representante, por cierto, lleva treinta años disfrutando de su presencia en la clase política sin que jamás se le haya conocido la renuncia a ninguna de esas supuestas
gabelas ni privilegios. (Aplausos). Hoy examinamos una moción de Unión Progreso y Democracia que es un conjunto de inexactitudes, cuando no de puras y simples falsedades demagógicas y populistas. Y reflexionen cuando todos los portavoces que han
hecho uso de la palabra en esta tribuna, todos sin excepción, se han pronunciado exactamente en el mismo sentido. Señorías, diferencia no es privilegio y aquellos elementos que pretende suprimir la moción de Unión Progreso y Democracia no son
privilegios; son garantías hechas en beneficio de una democracia más pura y más libre. Cuando esos supuestos privilegios incluyen, por ejemplo, la inviolabilidad que supone que cualquier diputado como representante del pueblo puede hablar con
libertad sin que pueda ser perseguido por las opiniones que manifieste, eso no es un privilegio personal ni de la señora 'mocionante' ni de quien está haciendo ahora uso de la palabra. Eso se hace en beneficio de la democracia para que cada uno
pueda emitir sus opiniones con libertad y en modo alguno debemos renunciar a que este logro de la democracia se suprima por virtud de la moción de Unión Progreso y Democracia. Cuando estamos hablando de la inmunidad parlamentaria, que impide que un
diputado sea injustamente perturbado en el ejercicio de su función y no pueda ser detenido, impidiéndole emitir el voto para el cual el ciudadano le ha sentado aquí, no estamos hablando de un privilegio personal, estamos hablando de un logro de la
democracia. Este privilegio supuesto de la inmunidad implica que para procesar a un diputado o senador haga falta un suplicatorio.
¿Saben, señorías, desde el año 1988 en que quedó definitivamente fijada la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, cuántos suplicatorios se han pedido en esta Cámara? Diecisiete. En diecisiete ocasiones el Tribunal Supremo ha
solicitado procesar a un diputado. ¿Saben cuántas veces esta Cámara ha denegado uno de esos suplicatorios? Ninguna, lo cual quiere decir que no existe el problema que supuestamente denuncia de modo demagógico, como siempre, Unión Progreso y
Democracia. Y el tercero de esos supuestos privilegios es el aforamiento ante el Tribunal Supremo. Señorías, la portavoz de Unión, Progreso y Democracia ha venido aquí diciendo que hay 10.000 aforados y no es cierto, hay muchísimos más. Ella que
decía que se basaba en un libro que se había leído el ministro de Justicia, y quizá algún otro, quien demuestra no habérselo leído es ella misma porque en ese libro no se habla de 10.000, sino de 12.000 supuestos aforados. Señorías, de esos
aforados la inmensa mayoría son jueces y fiscales y el resto son efectivamente los diputados, senadores y diputados autonómicos que tienen ciertamente un fuero ante el Tribunal Supremo. ¿Por qué se tiene ese fuero? Porque lo dice el Tribunal
Constitucional en la sentencia a la que la señora 'mocionante' hace referencia, la sentencia 22/1997. En esta moción se dice por parte de la señora 'mocionante' que el Tribunal Constitucional cada vez que ha tenido ocasión se ha pronunciado en
contra de esos llamados privilegios parlamentarios.
Es falso, señora Díez. El Tribunal Constitucional ha tenido múltiples ocasiones de pronunciarse y siempre para decir que no son privilegios del parlamentario, sino que están en beneficio de la institución a la que representan. Sentencia,
señora Díez, 161/1988, fundamento jurídico sexto; 76/1989, fundamento jurídico segundo; 181/1989, fundamento jurídico cuarto y 205/1990, fundamento jurídico octavo. Y la señora Díez que hace referencia a una sentencia -la 22/1997- que le quita la
razón, se permite el lujo de decir en su moción que si bien es cierto que esa sentencia le quita la razón, lo hace con una falta de rigor y con unos argumentos tan endebles que no merecen ser citados. La señora Díez, como decía Antonio Machado,
desprecia cuanto ignora; y en este caso su ignorancia de la jurisprudencia es absolutamente enciclopédica. Señora Díez, estudie e infórmese un poco más. (La señora Díez González pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores). No se las dé usted
aquí de gran jurista y de gran defensora del interés del pueblo. Si de verdad quiere demostrar que está a favor de la renuncia a los privilegios, ¿sabe lo que le digo? Usted tiene ganada una pensión de privilegio como parlamentaria europea;
renuncie usted a esa pensión y entonces empezaremos a creerla. (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Conde. (La señora Díez González pide la palabra).
Señora Díez, primero le voy a hacer una pregunta de carácter formal y luego me pide usted la palabra. Aunque parece que ya se ha dicho, hay una enmienda y le pregunto si usted la acepta o no la acepta.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Hay una enmienda de La Izquierda Plural. Ya les he ofrecido una transaccional que pasaré a la Mesa en el momento oportuno que será mañana porque, según entiendo, se votará mañana.
El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, ha habido unas alusiones personales a su señoría. Si me pide la palabra para ello tiene usted tres minutos.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
No he estudiado suficiente según el señor Conde; desde luego no le alcanzo. Él es un docto jurista y, como docto jurista que es -que no político más docto que la que les habla, en eso estamos en igualdad de condiciones-, le pido que no
pervierta la realidad jurídica que la política la pervierte todo el tiempo. Ese docto jurista sabe que nadie puede renunciar a una expectativa del derecho, por ejemplo, a una pensión mas que en el momento en que le llegue la oportunidad de
cobrarla. Usted, que está tan formado y tan bien formado, puede decir a la Cámara que eso es así. Segundo, nadie puede renunciar personalmente a la prerrogativa del aforamiento, cosa que me ha dicho inicialmente. En treinta años no ha renunciado
nadie a esa prerrogativa. Nadie puede renunciar a esa prerrogativa. Habrá que cambiar la ley para que esa prerrogativa no exista.
El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Conde Bajén pide la palabra).
Señor Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Señora Díez, si hubiera usted cursado simplemente segundo de Derecho sabría que conforme al artículo 4 del Código Civil los derechos -todos- son renunciables siempre que ello no sea contrario ni a la ley ni a la moral
ni al orden público. Puede usted hacerlo cuando quiera -me refiero a lo de la pensión-, puede hacerlo cuando usted quiera. (La señora Díez González pronuncia palabras que no se perciben.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Conde.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA AGILIZAR Y MEJORAR LA CONCESIÓN DE VISADOS TURÍSTICOS Y DE VISADOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE NEGOCIOS Y CONGRESOS
ACADÉMICOS, A CIUDADANOS DE TERCEROS PAÍSES. (Número de expediente 173/000093).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para agilizar y mejorar la concesión de visados turísticos y
de visados para la participación en ferias de negocios y congresos académicos a ciudadanos de terceros países. Para su defensa, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, esta moción, que trae causa de una interpelación formulada justo hace una semana, plantea la necesidad de que el servicio exterior se reforme y se modernice para la mejora de la internacionalización de la economía y para la mejora
de los objetivos de la diplomacia económica. En cuanto a la diplomacia económica, hay un aspecto en el cual el servicio exterior español claramente puede mejorar: la concesión de visados para actividad económica, para hombres y mujeres de negocios
que se quieren desplazar al Estado español para interesarse sobre posibles inversiones o negocios, ferias, congresos; a los visados turísticos, ya que hoy por hoy tal y como se conceden hacen perder grandes oportunidades de negocio y de
reactivación económica en nuestro tan necesario marco de estímulo económico; y visados para participar en ferias o en congresos científicos. Recientemente tuvimos algún caso ilustrativo sobre esta frustrante imposibilidad de participar en
congresos científicos por miopía en este caso del Gobierno español respecto a las relaciones internacionales. Para centrar este debate, para reforzar los argumentos de esta moción consecuencia de interpelación les quiero aportar un par de datos que
nos invitan a la reflexión. En estos momentos, según el informe, Visados y competitividad de la Asociación de Exportadores de Maquinarias, dentro del espacio Schengen, con una norma común como es el Reglamento de la Comunidad Europea 810/2009, que
establece el Código de Visados, hay distintas aplicaciones que suponen un freno, que suponen una pérdida de competitividad evidente para la actividad económica en el marco del Estado español. Por ejemplo, en Alemania, Francia o Italia su red
consular es capaz de reaccionar y de conceder o denegar un visado en el periodo de entre dos y tres días. En el mismo caso, señorías, en la red consular española el plazo para la concesión o denegación de un visado de las distintas características
que les he descrito es de entre diez y veinte días. Ustedes pueden comprender perfectamente el impacto -la imagen de la marca España que tanto invoca el ministro de Asuntos Exteriores- que produce este hecho. Les voy a decir más, en la última gran
feria celebrada en España hace un par de años muchas de las 40.000 personas venidas de todo el mundo optaron por entrar en el espacio Schengen a través de un visado obtenido en la red consular francesa para después volar hacia Barcelona para
participar en el congreso, porque la red consular española con esta ineficacia de entre diez y veinte días para conceder un visado no daba respuesta y no permitía venir a hacer negocios. Esta política business friendly de la que habla este Gobierno
a la hora de la verdad, a la hora de lo concreto, no es así.
Les puedo ilustrar con otro caso muy evidente, el de esta compañía aérea que está operando habitualmente entre Colombia y Barcelona que a través de un touropeador quería ofrecer un paquete combinado de vuelo, más crucero por el Mediterráneo
con salida y llegada a Barcelona. Ante los graves inconvenientes que ponía la red consular española para ofrecer visados turísticos con rapidez, al final ha optado por ofrecer un gran paquete turístico -estamos hablando de miles, miles y miles de
personas de clase media colombiana-, un vuelo Bogotá-Miami, más crucero por el Caribe, una alternativa que resta competitividad y posibilidad de reactivación económica. Señorías, claramente se tienen que adoptar medidas para mejorar la situación, y
este es el objeto de nuestra moción, a la cual se han presentado enmiendas por parte del Grupo Popular y por parte del Grupo Socialista, y seremos capaces -en todo caso corresponde a los propietarios de las enmiendas presentar el espíritu de las
mismas- de llegar a un acuerdo, a un consenso que mandate al Gobierno a unos objetivos prácticos a favor de la reactivación económica. Un compromiso para agilizar los plazos de concesión, lo que quiere decir reducción de estos diez o veinte días
para llegar a los estándares europeos de dos y tres días. Un compromiso para aplicar el Código de Visados de la Unión Europea de acuerdo con los Estados más eficaces en la concesión de visados y que al final las personas no opten por entrar por
terceros Estados ante este dumping de ineficacia que supone hoy por hoy el servicio consular español. Igualmente conviene que acordemos en esta moción una adecuación del mapa de embajadas y de consulados. Señorías, el mapa de embajadas y de
consulados no es un mapa acorde con la realidad económica y de zonas emergentes en el conjunto del planeta. El ministro de Asuntos Exteriores lo recordaba hace una semana, no tiene sentido que no haya ninguna embajada u oficina consular en toda la
zona del Cáucaso, cuando el Cáucaso se está revelando como una zona económicamente emergente. Deberíamos revisar algunas embajadas bilaterales dentro del marco de la Unión Europea. Esto también es trabajar al servicio de unos recursos públicos, de
un presupuesto público, de una mejor acción exterior y de una mejor concesión de visados.
Además debemos comprometernos, señorías, a trabajar con la antelación suficiente para programar nuevas ferias y nuevos congresos. En la interpelación de la semana pasada tuve la oportunidad de anunciar algunas nuevas ferias y congresos
previstos para 2013, 2014 y 2015, y si no se refuerza la actual
red consular habrá colapsos como los producidos en el pasado. Se debe trabajar también en cooperación con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para favorecer el turismo y especialmente la opción de paquetes combinados de vuelos y
cruceros.
Con esto termino, señor presidente, en los dos últimos puntos que planteamos queremos poner en valor aquello que hemos conseguido aprobar en las Comisiones de Asuntos Exteriores y de Fomento respecto de la necesidad de que el Estado español
firme más convenios para abrir la Quinta libertad del Convenio de Chicago de aviación civil, que dicho de forma clara y sencilla quiere decir que los aeropuertos de la geografía española podrán acoger más vuelos internacionales, como aeropuertos de
tránsito para fomentar la globalización y la internacionalización de nuestra economía.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Como él mismo ha dicho, se han formulado dos enmiendas a esta moción. En primer lugar para defender la suya, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sáez.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el señor ministro de Exteriores se refirió constantemente en la interpelación del pasado miércoles con el señor Xuclà a la necesidad de la ley de acción exterior. Justificó que no se hubiera hecho un rediseño de nuestro mapa de
embajadas y consulados por el hecho de que no está todavía en vigor la ley. Pero esta justificación carece de sentido, no se ha hecho un nuevo mapa de embajadas y consulados, pese a que el ministro lo ha anunciado en diversas ocasiones durante su
mandato, por falta de voluntad política. Otros países como Reino Unido, Suecia o Francia lo han hecho, y ello parece absolutamente necesario con la entrada en funcionamiento del servicio exterior de la Unión Europea. No existe el trabajo previo,
la reflexión en el seno del ministerio sobre dónde debe estar presente España en el exterior y para qué finalidades. No hay ninguna relación entre la entrada en vigor de la ley y la necesaria reflexión y priorización de nuestro servicio exterior y
consecuentemente las medidas que debería haber tomado el Gobierno para el rediseño de nuestra política exterior. Se ha producido el cierre de una embajada, concretamente en Yemen, para lo que no ha sido necesaria la ley, y se nos dice que para las
demás si es necesaria. Es evidente que ni la ley ni la estrategia de política exterior deben condicionar totalmente la toma de decisiones del Gobierno en esta materia, sin embargo, si la estrategia de política exterior tiene que ver con ello,
¿dónde está la estrategia de política exterior de este Gobierno?
El ministro de Asuntos Exteriores no ha sido capaz de elaborar estrategia de política exterior alguna, en año y medio de Gobierno. Tenemos muchas dudas de que el Gobierno en realidad tenga política exterior. Como dijo el ministro en la
interpelación, vamos a tener estrategia de política exterior y nos recordó que la estrategia se la ha encargado a nuestro prestigioso think tanks del Instituto Elcano. Nos parecen oportunos la consulta y los trabajos que está realizando el
Instituto Elcano, si bien esta situación deja en entredicho la política del ministerio; ante la falta de política exterior -si se me permite la expresión- se subcontrata la elaboración de la estrategia al Instituto Elcano. (La señora
vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Pero hay algo más grave que quiero denunciar desde esta tribuna, que evidencia aún más la ausencia de cualquier reflexión del Gobierno en esta materia: la ley de acción exterior, para la
que el ministro nos pide la máxima celeridad, apenas se ocupa de cuestiones consulares; en realidad apenas considera algo que se encuentra en el núcleo del trabajo consular, la idea fuerza que lo debería sustentar, formar parte del frontispicio de
nuestros consulados y embajadas: la prestación de un servicio público de calidad orientado a los ciudadanos. Esta idea tan elemental se encuentra ausente en los principios, objetivos y disposiciones del proyecto de ley de acción exterior. Con
ello debemos concluir que la ley no es el marco necesario para emprender reformas en el mapeo de nuestras oficinas consulares, con lo que parece más acertada la propuesta de la moción de presentar un plan de redefinición de mapas de embajadas y
consulados.
Los visados también deben servir para ordenar los flujos migratorios. Si cumplen su función deben evitar que entre, que llegue la inmigración ilegal; pero igualmente si cumplen correctamente su función, no deben obstaculizar a aquellos que
con finalidades turísticas, científicas o artísticas viajan a nuestro país. En este caso, el instrumento no estaría cumpliendo con el objetivo. Hasta la fecha ha dominado en la concesión de visados la seguridad y prevención por delante de la
flexibilidad y la confianza. Existen múltiples casos de denegación, hasta cierto punto discrecional, de visados de corta duración en España. Que los visados impidan o dificulten la entrada de estos ciudadanos supone un coste en términos económicos
pero también un coste para la imagen de España. Valoramos positivamente el texto de la
moción, señor Xuclà, y las medidas concretas que propone para impulsar la mejora en los tiempos de concreción de los visados, por lo que le vamos a dar nuestro apoyo. Al texto inicial de la moción hemos presentado dos aportaciones o
propuestas que hacemos llegar en forma de enmiendas de adición. Una primera, para incorporar como aspecto prioritario de la estrategia de política exterior el objetivo de prestar un servicio público de calidad a los ciudadanos que incluye de manera
particular una mayor atención a los aspectos consulares; y una segunda propuesta, dirigida a incidir en un mecanismo para evaluar y analizar de forma más concreta la tramitación de determinados procedimientos ligados a la concesión de visados y a
la aplicación de la normativa Schengen. Se trataría de contar con un informe de carácter periódico que, incluso en el contexto de las funciones encomendadas al Consejo de Política Exterior en el proyecto de ley de acción exterior, diera cuenta de
los expedientes tramitados, y en especial de las causas de denegación con el fin de mejorar aquellas medidas que sirvan para dar una respuesta homologada de nuestra Administración consular tanto desde el punto de vista de la transparencia de
comunicación con el interesado como de la seguridad jurídica. Nuestra intención con la propuesta de estas enmiendas, señorías, es la de fortalecer la dirección política en torno al principio de unidad de acción en el exterior para un mejor servicio
a los ciudadanos, una cuestión que, como ya les hemos avanzado, deja mucho que desear en el proyecto de ley de acción exterior que nos han presentado.
Vamos a tratar de alcanzar un acuerdo con el Grupo Popular, que también ha presentado enmienda -a sugerencia igualmente del grupo proponente-, para que en esta materia podamos favorecer una transacción y llegar a un consenso amplio de la
Cámara sobre la necesidad de agilizar los visados.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sáez.
Por el Grupo Popular, para defender su enmienda, el señor Casado.
El señor CASADO BLANCO: Gracias, señora presidenta.
No hay que desenfocar el debate, que es suficientemente importante. Esta tarde tenemos en la Comisión de Exteriores al secretario de Estado de Exteriores y sería muy bueno hablar de esa propuesta, de ese proyecto de ley sobre acción
exterior, que ha sido presentado después de que todos los grupos lo reclamáramos, incluidos Convergència i Unió y Partido Socialista. He de recordar que es algo insólito en democracia que se haya presentado ya esta ley, que va a ser tremendamente
positiva y obviamente podremos debatir a cerca de ello largamente. Antes de entrar en materia con el tema de los visados, quiero hacer cierta referencia a lo que ha venido a decir el grupo proponente. Es una buena moción. Es bueno que todos los
grupos vayamos de la mano para apoyar algo que verdaderamente es esencial, siempre, en cualquier situación, pero más aun en una situación de crisis económica en España, en la que la palanca de desarrollo mayor, de crecimiento económico, incluso de
creación de empleo, está siendo el sector exterior, con lo cual es oportuno que cualquier agilización en la tramitación de visados sea efectiva. Pero yo no coincido con el señor Xuclà en esa miopía que dice que el Gobierno de España tiene en
política exterior. Todo lo contrario, creo que esa miopía a lo mejor venía de antes y que esa ley de acción exterior vienen a ser las gafas para corregir las ineficiencias que tanto el presidente Rajoy como el ministro Margallo han reconocido y han
puesto de relieve desde el primer momento. Cuando Margallo dice Spain is back, cuando el presidente del Gobierno de España dice que el Gobierno de España y España en su conjunto van a volver a ser respetados en los foros internacionales -cosa que
no pasaba, por desgracia, en las últimas dos legislaturas- quiere decir verdaderamente que se van a facilitar no solo que las instituciones, que el Parlamento, que la diplomacia económica y parlamentaria tenga su sitio en el mundo, sino que también
las empresas españolas tengan su sitio en el mundo. No estoy de acuerdo con el tema de los plazos tampoco, señor Xuclà. El ministro lo dijo el otro día con datos reales que no voy a repetir.
Tampoco estoy de acuerdo, señor Sáez, ni mucho menos con que diga que este Gobierno carece de política exterior. Además, me parece tremendamente sorprendente que lo diga el Partido Socialista. Si carecemos de política exterior, en
contraprestación a lo que ustedes hacían, creo que es algo de lo que estamos muy orgullosos. Si por algo se han caracterizado las legislaturas del señor Zapatero es de tener una política exterior tremendamente equivocada, no solo para los intereses
de España abandonando Latinoamérica como principal hub de inversiones, abandonando esa centralidad de Europa, cediendo demasiado en las negociaciones y no imponiendo -como hace ahora el presidente Rajoy- la postura de España en la negociación de los
convenios o de los fondos presupuestarios europeos, pero sobre todo teniendo aliados y compañeros de viaje que nada favorecen ya no solo las inversiones ni siquiera el prestigio exterior de España.
Como le decía, creo que es importante que hablemos de lo que hoy venimos a hablar aquí: de los visados. Por supuesto hay que ver de dónde partimos. La importancia del sector exterior la definiría en tres puntos fundamentales. Primero, el
sector exportador, que es un 30 % del PIB, es fundamental porque no solo acuden empresas al exterior, sino que también vienen extranjeros para ver las ferias, ver lo que ofertamos, para invertir en esos sectores, y los visados tienen que ser ágiles.
Segundo, el sector turístico, que representa ya un 11 % del PIB, que es un 10 % del empleo en España y que trae 58 millones de turistas todos los años a España -solo un 3 % necesita visado, pero por supuesto que coincidimos en que se tienen que
tramitar de forma ágil, como ya se está se haciendo, por cierto-. El tercer punto sería la formación. España empieza a ser un país que recibe estudiantes en escuelas de negocio, en universidades y esos estudiantes que quieren aprender español, que
ya está como segunda y tercera lengua en muchos de los países asiáticos y anglosajones.
El punto de partida es que el código de visados está limitado por la legislación comunitaria, por el Reglamento 810 y además la tramitación en el espacio Schengen, en el que las fronteras españolas ya no son solo españolas sino comunitarias,
se tiene que hacer muy homologada y coordinadamente con nuestros socios comunitarios. Aún así, con ese punto de partida, el Gobierno ya ha expresado muchos puntos de mejora. En primer lugar, la ley de acción exterior. No vamos a incidir en ella,
pero ya se ha hablado de diplomacia económica, se ha hablado de redistribuir esos consulados y esas embajadas. Por supuesto se tiene que hacer con una ley, pensamos hacerlo con una ley como se hace en el ámbito judicial con los criterios de
demarcación y planta judicial. No solo se está esperando a la ley de acción exterior es que ya se está reforzando con personal auxiliar los consulados con más carga de trabajo, ya se ha externalizado la tramitación de visados a empresas en
cincuenta consulados para hacerlo más ágil, ya se está hablando con la Organización Mundial de Turismo y con la Unión Europea para que las agencias de viaje puedan ayudar en la tramitación de los visados turísticos, ya ha habido una orden
ministerial diciendo que se tenga especial prevalencia para los visados en materia empresarial, ya está habiendo una negociación con la vicepresidencia de la Unión Europea para suprimir visados en países como Rusia -por cierto, señor Xuclà, Rusia el
año pasado incrementó la concesión de visados en un 30 % por parte de nuestros consulados-. En China, por ejemplo, el plazo es de dos, tres y cuatro días. Solo en Shanghai y en Cantón ha habido un incremento de un 113 % de concesión de visados.
Con lo cual, creo que los datos no son ciertos, creo que tenemos que ir de la mano en un esfuerzo común para que se siga agilizando, pero los servicios exteriores, el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ya están
haciendo una labor encomiable que todos debemos apoyar, que no tiene otro sentido y otra finalidad que incrementar esa palanca de desarrollo de inversión extranjera, que puedan venir a nuestro país inversores y que se pueda seguir expandiendo
nuestro sector exportador y que, verdaderamente, eso redunde en una creación de empleo y en un crecimiento económico que desde luego es lo que a todos nos ocupa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Casado.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Desde nuestro punto de vista, lo primero que hay que redefinir es la labor que desempeñan determinadas oficinas consulares, pues mientras hay algunas en las que la labor es inestimable y digna de mención en otras actúan alejadas de la
realidad social a la que se enfrentan muchos ciudadanos españoles que residen o visitan el país. El coste económico que supone mantener las oficinas consulares o abrir nuevas debe ir acompañado de una definición de las funciones que preceptivamente
se deben desempeñar en dichas oficinas.
Centrándome en la moción, entendemos que es muy importante que se agilicen los visados para participar en ferias de negocios, en congresos académicos o en actividades de investigación académica o agilizar los visados turísticos, pero echamos
en falta en la moción alguna inquietud social y entendemos que sería importante que apareciera en ella, en concreto el problema que suscitan los visados por reagrupación familiar, cuya tramitación es tan lenta y compleja en cuanto a los requisitos
que la mayoría de la gente humilde no puede ni siquiera solicitarlos. En muchas ocasiones el permiso de residencia finaliza antes de que se tramite el visado, por no hablar de los múltiples impedimentos. Otro de los problemas que cabría abordar es
la cuantía económica que se exige poseer como renta media. Si el Estado considera que una familia se las apaña con 400 euros, el 75 % del Iprem, ¿por qué se exige tener más dinero para reagrupar a la familia? En total se exige un 150 % para traer
a un familiar.
Acabo. Insisto, el problema está sobre todo en la lentitud de la tramitación. Es intolerable y permite sospechar que no se quiere facilitar, que detrás de la burocracia lenta e incompetente lo que hay es un deseo de negar implícitamente un
derecho. Por tanto -concluyo-, entendemos la necesidad de agilizar los visados, pero para todos, también para los reagrupamientos familiares.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Por el mismo grupo, el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señora presidenta.
Quisiera empezar con unas palabras de solidaridad y consuelo a la gente del Valle de Arán. (Pronuncia palabras en aranés, cuya transcripción al castellano, que entrega al 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: Quisiera expresar nuestra
solidaridad y apoyo con la gente de Arán y de los valles de las naciones occitana, española y catalana que sufren a causa de las recientes inundaciones).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, vuelva al castellano, por favor.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Estaba a punto de acabar, era una frase breve. Creemos que la lengua materna y propia tiene sus virtudes terapéuticas para gente que está sufriendo. (Una señora diputada: Yo no lo entiendo). La transcripción la podrán encontrar en el
'Diario de Sesiones', no se preocupe.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, no tiene usted que responder a los comentarios, pero hay un Reglamento que es el que es y yo tengo la obligación de aplicarlo y usted de cumplirlo.
El señor BOSCH I PASCUAL: De acuerdo. No me consta que el Reglamento hable de esto.
En cualquier caso, pasando al tema que nos ocupa, a veces suceden cosas insólitas. Estamos de acuerdo con la propuesta de Convergència i Unió, entre otras cosas porque suceden cosas como la que les cuento: a principios de mes las
autoridades españolas les niegan el visado a quince anestesistas de Kosovo que querían asistir a un congreso en Barcelona. Las razones que adujo la cónsul española fue que no se lo podían dar porque Kosovo no era un Estado reconocido por el Reino
de España y porque no existían razones humanitarias de emergencia o no había interés de España en la concesión de esos visados.
La pregunta es: ¿no interesa la ciencia? ¿No interesa que quince especialistas médicos puedan asistir a un congreso? ¿Qué política de visados es esa, la de conceder visados por política? ¿Eso es política de visados? ¿Eso no es
nacionalismo excluyente: estos sí porque son amigos y aquellos no porque son enemigos? ¿Estos son mis amigos y les doy el visado y a estos otros no? ¿Qué miedo les produce la asistencia de quince médicos kosovares a un congreso científico,
señorías del Partido Popular? ¿Qué miedo les produce? ¿Pavor a los pueblos libres que han ejercido la autodeterminación? ¿Ese es el problema? Están haciendo el ridículo, porque la actitud es peor que la del Gobierno de Serbia, que, como ustedes
saben, se las tuvo y cómo con la gente kosovar. Serbia y Kosovo ya han iniciado relaciones; están hablando, y ¿España no concede visados a quince científicos anestesistas kosovares para asistir a un congreso médico? Me parece ridículo y
bochornoso, bochornoso para las autoridades españolas especialmente.
Nosotros votaremos a favor de esta iniciativa de Convergència i Unió, en buena parte por las razones que ya se han planteado aquí y que entendemos que están bien, que mejorarían el tránsito de personas, y nosotros estamos de acuerdo con eso,
por supuesto; y también porque podrían acabar con situaciones absurdas como las que les he expuesto, que a veces parece que, en vez de tener un cónsul, tengan a Franz Kafka emitiendo visados en los consulados.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
Señores de Convergència i Unió, señor Xuclà, votaremos a favor de esta propuesta que nos trae hoy aquí. Nos parece necesaria, pero debo confesar un pequeño prejuicio; espero que entienda que a un diputado de Unión Progreso y Democracia,
cuando le llega una propuesta de Convergència i Unió que va
de embajadas, como mínimo nos entre un cierto picor, cierto miedo. Pero luego leyéndola es cierto que hace falta facilitar la inversión, la exportación, el turismo y la creación de riqueza en nuestro país, y uno de los ámbitos desde el que
podemos ayudar a eso es el consular. Nos parece bien que se pida una mejora de los recursos humanos, de los protocolos de actuación en los consulados para agilizar esa concesión o denegación de los visados para participar en ferias de negocios,
congresos académicos y actividades de investigaciones, ciudadanos de terceros países, etcétera. Nos parece bien que se pida un plazo concreto. Supongo que en esa transaccional el Grupo Popular les habrá aguado un poco la propuesta convenientemente
en cuanto a contenido y plazos; pero, en fin, estaremos de acuerdo de todas formas.
Existen estudios que demuestran que España está perdiendo capacidad competitiva en relación con otros socios europeos que conceden más visados; y eso, al final, siempre se traduce en dinero y, lo que también es muy importante, en empleo.
Es necesario que se acorte el plazo de concesión o denegación de los visados Schengen. Es cierto que en algunos países son de dos o tres días, y nosotros estamos en una media de diez a veinte. Eso -repito-, como ustedes decían al principio, y ha
nombrado también la marca España, ayudará a mejorar la inversión, la exportación y el turismo. Debemos redefinir también el mapa de nuestros consulados y nuestras embajadas. Estoy completamente de acuerdo, mejorará inversión, exportación y
turismo. También creemos que hay que liberalizar y mejorar la conectividad y competitividad de la economía española -como ustedes dicen en otro punto-, la creación de nuevas rutas comerciales que promuevan turismo y actividad empresarial; añadir,
si fuese posible, que sería necesario modificar la normativa en materia de tributos, de manera que los ingresos que se obtienen a base de conceder esos visados puedan destinarse a sufragar los costes de su infraestructura. Nos parece importante
recordar que se recaudan alrededor de 70 millones de euros anuales por los visados que van a parar al Tesoro y no al presupuesto de Exteriores, y esto no nos parece que tenga sentido.
Estamos de acuerdo con la propuesta. Vamos a contribuir -y en eso les apoyaremos siempre- a mejorar la inversión, la exportación, el turismo y la creación de riqueza. Pero yo termino de leerla y sigo con alguna que otra duda, señor Xuclà,
porque me temo que me encuentro con un ejemplo, un nuevo ejemplo, de esa dicotomía con la que nos encontramos a veces al hablar con ustedes, con Convergència i Unió, esa doble cara de comportamiento a veces institucional y otras veces -y permítame
la expresión- irresponsable y oportunista; porque, ¿cómo queda la aportación que han hecho ustedes hoy aquí, por poner un ejemplo y podría poner varios, con la creación de Diplocat? Por ejemplo, aquí tengo algunas de las afirmaciones que se hacen
desde este organismo al resto del mundo: Cualquier negociación con España resulta imposible. ¿Esto, señor Xuclà, nos ayudará a atraer inversores, como usted ha dicho desde aquí hoy? Otra: Muchos catalanes ya no reconocen a España como el país
tolerante e inclusivo que deseaban que se construyera después de Franco. ¿Esto va a atraer turismo, señor Xuclà, señores de Convergència i Unió? Hablan de fallos e ineficiencias del sistema en España, ¿esto contribuye a la marca España, contribuye
a la exportación? ¿Nos podrían explicar cómo? ¿La proliferación de organismos comerciales de marcas distintas no va en contra -nosotros lo hemos repetido muchísimas veces aquí y también en la Comisión pertinente- de una marca España sólida y
reconocible en todo el mundo? Repito el argumento que utilizamos nosotros siempre. ¿No es acaso el todo mayor que la suma de las partes, señor Xuclà? ¿El Gobierno, señores de Partido Popular, deberá contraatacar esta propaganda que se hace desde
los servicios exteriores de Cataluña con los suyos, eso que pide además hoy Convergència i Unió que se ha de reforzar? ¿Vamos a contribuir de esa forma al doble mensaje, a esta locura? ¿Seguirá el Gobierno financiando con el FLA este tipo de
locura soberanista catalana? Van a proyectar creo dentro de poco en la Unión Europea el documental Hola Europa y contará con la presencia, según ustedes están anunciando a bombo y platillo, del delegado del Gobierno catalán ante la Unión Europea.
¿Esto va a ayudar a crear confianza en España?
Señores de Convergència i Unió, es posible que mis claras limitaciones intelectuales me impidan alcanzar los arcanos que puede manejar un señor como Duran, que además ha sido y es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores durante
los Gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, y ese sí que es un arcano. Pero yo podría llegar a comprender, aunque no lo comparta, que ustedes no quieran contribuir de forma mucho más decidida a superar la crisis en un lugar como
Cataluña en el que parece que a veces ustedes se pierden en esa obsesión soberanista, perdiendo de vista lo que realmente es importante allí, pero nosotros le rogamos en nombre de las inversiones, en nombre de las exportaciones, del turismo, de la
creación de riqueza que dejen de torpedear la recuperación del resto del país.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Señora presidenta, señorías, quiero empezar expresando la preocupación por las consecuencias devastadoras de las riadas que se han producido en las últimas horas en las comarcas del Sobrabe y de Ribagorza en Aragón y
en Vall d'Aran en Cataluña. Ojalá las administraciones públicas reaccionen a tiempo para atender a los damnificados.
La moción que debatimos hoy aborda un problema real, la lentitud exasperante en la tramitación de visados que sufren muchos viajeros de distintos países cuando tratan de visitarnos. Suele centrarse el problema en los turistas, pero desde
luego no solo lo sufren los turistas, sino quienes quieren venir aquí a estudiar, como jóvenes estudiantes de posgrado que buscan especialización, o diversos profesionales como médicos que vienen en verano a hacer prácticas en nuestro sistema
público de salud o, como señala la moción, quienes realizan viajes de negocios o quienes quieren participar en congresos académicos o de otro tipo. Sin embargo, el Gobierno solo parece preocuparse por los turistas rusos y por los turistas chinos y
seríamos extremadamente injustos si no habláramos también de otros posibles visitantes profesionales latinoamericanos o de otros continentes. Tampoco es que el asunto sea una novedad, ya en mayo del año pasado un estudio de la Organización Mundial
del Turismo y del Consejo Mundial de Viajes y Turismo concluía que precisamente la agilización en la tramitación de visados era esencial para que el turismo estimulara el crecimiento económico y la creación de empleo. Y se atrevieron a dar cifras
hipermillonarias aplicables al ámbito de los países más desarrollados, al ámbito del G-20. Yo no sé si el Estado español estaría trabajando en ciertas previsiones económicas que se podrían obtener solo agilizando los visados turísticos. En todo
caso, nadie duda a estas alturas de que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han abierto nuevas posibilidades para la tramitación de visados, lo que debería permitir que se simplificaran los procedimientos actuales. ¿Por qué
-lo han repetido varios intervinientes- en el Estado español un visado turístico, por ejemplo, tarda entre diez y veinte días mientras que en la República Italiana, la República Francesa o en la República Federal Alemana se tarda solo dos o tres
días? Desde luego, nada justifica semejante dilación.
Hace un año una de las medidas estelares del Plan nacional integral de turismo que presentó el ministro Soria era precisamente lo que se llama la optimización en la expedición de visados turísticos. Se valoraba efectivamente el aumento de
solicitudes por parte de mercados emergentes, sobre todo Rusia, con la previsión además de ir creciendo de una manera importante en los siguientes años y se constataba también la saturación de personal en los servicios consulares. El plan del
Gobierno preveía la solución de descongestionar la planta consular española aumentando la externalización e implicando a las agencias de viajes en la recogida de documentos y de huellas. Un año después no sabemos si este Gobierno está cumpliendo
con el plan, si lo está haciendo lentamente o rápidamente o si no está haciendo nada. No se nos ha explicado con claridad. Sí sabemos que el ministro ha hecho acuerdos con turoperadores chinos y que está planteando ante la Unión Europea que se
eliminen los visados turísticos para los viajeros rusos, pero del resto del mundo y del resto de intereses, no solo turísticos, nadie ha dicho nada en este debate.
A La Izquierda Plural no le gusta que la única solución que se baraja sea la externalización de servicios. Eso es algo que precisamente nos lleva a ver con simpatía esta moción porque el texto de la moción de Convergència habla en sus cinco
primeros apartados de modernizar oficinas consulares, no habla de externalizar ni de privatizar. Habla de dotar los recursos humanos necesarios, habla de abrir nuevas delegaciones diplomáticas en zonas con infrarrepresentación del servicio
exterior, habla de coordinación entre los ministerios y las administraciones territoriales, pero no habla ni de externalización ni de privatización. Por eso nuestro grupo de entrada no tiene ningún inconveniente en apoyar esta iniciativa. Además,
tiene otro punto a favor, no habla solamente de turistas sino también de la participación en ferias de negocios y en congresos académicos. Por tanto, se está favoreciendo el intercambio de ideas y eso nos parece muy bien y por esa razón, de
entrada, somos partidarios de votar a favor.
Sin embargo, nos estorban -señor Xuclà, tengo que decirlo así- los dos últimos apartados. Su contenido ya se debatió en la última Comisión de Fomento y fue aprobada una proposición no de ley en estos términos, aunque nuestro grupo no pudo
apoyarla y se abstuvo porque esa liberalización del tráfico aéreo y la quinta libertad nos generaban algunas dudas que la portavoz de nuestro grupo parlamentario en dicha Comisión ya expuso, fundamentalmente porque no nos consta que se hayan
producido retornos económicos y sociales en aquellos territorios donde se han implantado estas medidas. Por lo tanto, sin profundizar más en ello, nuestra intención era pedir la votación separada. En estos momentos el portavoz
del grupo proponente nos ha confirmado que va a haber una modificación del texto, por lo que no cabe pedir votación separada. Lo que quiero es explicar que el voto de nuestro grupo probablemente va a ser favorable -habrá que ver la
transacción que se nos anuncia- porque apoyamos los apartados relativos a política exterior, pero quiero que quede constancia aquí que nuestro grupo mantiene una salvedad acerca de los dos últimos apartados por las serias dudas que tenemos respecto
a la liberalización del tráfico aéreo y a la quinta libertad, como he explicado anteriormente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Yuste.
Señor Xuclà, me da la sensación de que va a haber una transaccional. Por favor, confírmemelo.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señora presidenta, usted es una mujer con larga experiencia parlamentaria y con mucha intuición, y ciertamente se ha producido una enmienda transaccional entre el grupo proponente, el Grupo Popular y el Grupo
Socialista, que ahora mismo le haré llegar a la Mesa. Quiero también aprovechar para agradecer a todos los portavoces su predisposición positiva a votar esta moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.