CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 118



CONTROL PARLAMENTARIO DE RTVE



PRESIDENTA: DOÑA CARMEN ALBORCH BATALLER



Sesión núm. 9



celebrada el miércoles, 27 de noviembre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Proposiciones no de ley:



--Sobre extensión de la subtitulación por medio del teletexto a toda la
programación de televisión. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
161/000137) (Página 3202)



--Por la que se insta al Consejo de Administración de Radiotelevisión
Española (RTVE) para que elabore un texto que fije el Estatuto del
Profesional a partir del diálogo con los y las profesionales de RTVE.

Presentada por el Grupo Parlamentario anterior. (Número de expediente
161/000143) (Página 3205)



--Por la que se insta al Consejo de Administración de Radiotelevisión
Española (RTVE) a definir, en el más breve plazo de tiempo, un marco
estable para asegurar, de acuerdo con la legislación vigente y de manera
equilibrada, el derecho de acceso a las emisiones de RTVE de los grupos
políticos con representación parlamentaria y de los grupos sociales más
representativos. Presentada por el mismo Grupo Parlamentario. (Número de
expediente 161/000144) (Página 3210)

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--Por la que se insta al Consejo de Administración del Ente Público
Radiotelevisión Española (RTVE) para que apruebe un plan de programación
de radiodifusión y televisión en cada uno de los ámbitos territoriales
del Estado español que asegure el principio constitucional y estatutario
del pluralismo lingüístico. Presentada por el mismo Grupo
Parlamentario.

(Número de expediente 161/000166) (Página
3213)



--Sobre agilización y solución a la negociación mantenido entre el Ente
Público Radiotelevisión Española (RTVE) y sus sociedades y el Comité
General Intercentros. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.

(Número de expediente 161/000202) (Página
3216)



Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE EXTENSION DE LA SUBTITULACION POR MEDIO DEL TELETEXTO A TODA LA
PROGRAMACION DE TELEVISION. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000137.)



La señora PRESIDENTA: Señorías, abrimos esta sesión número 10 de la
Comisión de Control, para el debate y votación de las siguientes
proposiciones no de ley. No voy a leer ahora todas ellas, sino que vamos
a empezar, si les parece bien, con la primera presentada por Izquierda
Unida, sobre extensión de la subtitulación por medio del teletexto a toda
la programación de televisión.

Antes de conceder la palabra al representante de Izquierda Unida,
quisiera decirles que hemos comentado informalmente y hemos tomado la
decisión de que la votación de todas las proposiciones no de ley se
producirá al final de la sesión y estimamos que no será antes de las 12
del mediodía. Hacemos esta advertencia porque sabemos que muchas de
SS.

SS. tienen que participar también en otras comisiones y pensamos que así
podemos facilitar mejor el trabajo de todos.

Por tanto, empezamos ya con la primera proposición no de ley. El
representante de Izquierda Unida tiene la palabra.




El señor ALCARAZ RAMOS: Esta proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se refiere a la
rotulación por medio de teletexto de las programaciones de
Radiotelevisión Española, aunque, como luego aclararé, entendíamos que
sería deseable que se extendiera obviamente a todas las emisiones
televisivas que se producen en el Estado español, para facilitar el
acceso a la información, a la diversión o a la formación que se vincula a
través del importante medio televisivo para aquellas personas con
discapacidades auditivas.

Entendemos que difícilmente podremos encontrar un tema en el cual haya
tal unanimidad de todos los grupos, porque creo que la sensibilidad de
esta Cámara ha evolucionado pareja a la de la sociedad española, ya que
nos encontramos con que el colectivo de sordos conforma en cierto modo,
por aproximación, una auténtica minoría lingüística y que además se
encuentra sometida a una discriminación. De hecho, en muchos casos, la
posibilidad enunciada en la propia Constitución de recibir información
veraz y objetiva por todos los medios, incluido el televisivo, se
encuentra bastante frustrada. Por lo tanto, nuestra proposición incluye
una batería amplia de propuestas dirigidas desde diversas perspectivas a
buscar este objetivo y trata de conseguir que se pongan a disposición de
este objetivo compartido los medios necesarios y al mismo tiempo
contribuir a que esa sensibilización de la sociedad española, que ya se
va produciendo, tenga todavía un impulso mayor a partir de esta
sesión.

No es la primera vez que esta Cámara aprueba ya algún tipo de medidas en
esta materia tendentes a favorecer a las personas con discapacidad
auditiva. Cabe recordar, como se ha probado, la idea de que al menos
exista la subtitulación en todo caso en los debates de especial
relevancia política que sean retransmitidos por Radiotelevisión Española,
si bien es cierto que como no es una práctica habitual la retransmisión
de debates parlamentarios, ni los sordos ni los no sordos tienen la
posibilidad de acceder a esos debates. Sin embargo, en la programación de
Televisión Española todavía se está bastante lejos de conseguir unos
índices mínimamente aceptables y homologados en el contexto europeo.

Según reconoce el propio Gobierno en alguna respuesta, en 1995 se
subtitularon con teletexto aproximadamente unas 68 horas y 15 minutos, y
entre enero y marzo del presente año solamente unas 30 horas y 3 minutos
y siempre por la Primera Cadena. Estos datos contrastan con los de la
BBC, que emite 300 horas mensuales subtituladas; la RAI, 80 horas; la
ARD/ZDF alemana, 44 horas --siempre datos mensuales-- o la ORF austriaca,
88 horas. Podríamos seguir ampliando con cifras sobre Holanda u otros
países, pero no merece la pena. Hay que recordar que ninguna de las
televisiones privadas en España incluye este servicio de manera
significativa e incluso algunas televisiones autonómicas tampoco lo
hacen. En España, sin duda, y así hay que resaltarlo, quien más se ha
comprometido en la defensa de este servicio sería la TV3 de Cataluña, con
aproximadamente 30 horas mensuales, que trata de incluir siempre un
telediario más una película en prime time, recogiendo por tanto las dos
vertientes principales



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de la información y de la distracción. Parece que sería además un buen
ejemplo a seguir también técnicamente.

Sin embargo, el simple enunciado de voluntades para intentar que esto se
vaya desarrollando encuentra algunos problemas estructurales en
Radiotelevisión Española e incluso, en algún aspecto, en el conjunto de
la sociedad española. Va a ser difícil que se puedan cumplir los deseos
que hoy, espero, exprese esta Comisión si no se incrementa el personal y
sobre todo los medios técnicos para efectuar la subtitulación con
teletexto. Hay que recordar solamente un dato que va más allá de las
personas con discapacidad auditiva, y es que España todavía importa el 70
por ciento de la tecnología que precisan sus discapacitados.

Por todo ello entendemos que hay sobradas razones para la propuesta y
defensa de esa proposición no de ley. Hemos tenido conocimiento de la
existencia de una enmienda del Grupo Popular, que entendemos que en
muchos de sus rasgos coincide con la nuestra, y quiero decir que para
nosotros es absolutamente fundamental que se consiga el consenso en esta
materia, porque esos objetivos de asegurar los medios y de profundizar en
la sensibilización de la sociedad española sin ninguna duda se van a
lograr mejor si ese consenso se produce.

Sin embargo, ayer me reunía con algunos representantes de colectivos de
discapacitados auditivos y me decían algo que quiero citar a SS. SS.

porque me parece que es muy significativo de cuál es también el nivel de
esperanza de estas personas. Ellos me decían que se aprueban cosas,
continuamente se aprueban cosas, pero, por favor, que esta vez, si se
aprueba, se ejecute. Por lo tanto, esperando que esta vez se ejecute, que
sirva de verdad como un impulso decisivo y que hoy pudiera ser un hito en
un avance de progreso en favor de acabar con la discriminación de estas
personas, es por lo que aceptamos gustosamente la enmienda, no sin
indicar que hubiéramos preferido que incluyera algún tipo de compromiso
por parte del grupo mayoritario, que hubiera sido acogido por el resto de
grupos, en el sentido de que se marcara algún tipo de fechas algún tipo
de plazos, para que el Gobierno, la dirección general de Radiotelevisión
Española, etcétera, informaran de los avances que se van produciendo en
esta materia. Insisto en que en aras del consenso tampoco vamos a
profundizar por esa vía, pero sí desde luego entenderán ustedes que les
anuncie que por las vías reglamentarias habituales el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a mantener, en el caso que se
aprobara la proposición una vigilancia muy estricta sobre el cumplimiento
de lo que aquí se apruebe.




La señora PRESIDENTA: Al texto de la proposición no de ley del Grupo
Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se han presentado dos
enmiendas, una por parte del Grupo Socialista y otra por parte del Grupo
Popular.

Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Socialista.




El señor MORENO FRANCO: Señorías, efectivamente, se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que no viene a
alterar los contenidos básicos de la propuesta que se nos hace por parte
de Izquierda Unida, sino que trata de sistematizar un poco el tratamiento
de tales contenidos, fundamentalmente tratando de diferenciar lo que, en
nuestra opinión, por corresponder al ámbito de responsabilidad del
Gobierno, debe ser dirigido al mismo, de aquello que por estar dentro del
ámbito estricto de las competencias de la actuación del ente público,
debe dirigirse en consecuencia a dicho ente público. En este sentido no
podemos por menos dejar de señalar, si me lo permiten SS. SS., un par de
cosas o quizás tres.

Primero, que estamos ante una cuestión que ha ocupado bastante tiempo a
lo largo de los trabajos de la Comisión. Sin pretender, ni mucho menos,
ser exhaustivo ni remontarme demasiado en el tiempo, quisiera recordar
una serie de preguntas: en marzo del 94, de la señora Rodríguez Calvo; en
septiembre del 94, del señor Martínez Martínez y de la señora
García-Alcañiz; en diciembre del 94, de doña Matilde Fernández; una
proposición no de ley, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, en
noviembre del 95, y esta misma proposición que se nos plantea hoy de
hecho la podemos encontrar ya en julio de 1996 como propuesta de
Izquierda Unida. Creo que lo que esto viene a señalar es que hay una
preocupación por parte de los diversos grupos parlamentarios, que
efectivamente no acabamos de ver que se corresponda con la capacidad de
respuesta a la hora de hacer accesibles lo que son las emisiones de
Televisión Española a una minoría importante, una minoría además en la
que antes o después todos acabamos estando algo incursos por el simple
avance de la edad, como es el caso de las personas con deficiencias para
la audición.

Como decía, nuestra enmienda lo que trata es de sistematizar un poco las
propuestas que se nos hacen. Por tanto, acogemos con satisfacción la
enmienda que se formula, a su vez, por parte del Grupo Popular, porque
creo que va exactamente en la misma línea y tiene sin duda alguna, es
verdad, el valor añadido del compromiso por parte del Partido del
Gobierno, un bien político que nosotros siempre hemos apreciado y que
naturalmente hoy, cuando estamos en la oposición, seguimos
apreciando.

Por tanto, básicamente nuestra posición vendría a ser que estamos
totalmente de acuerdo con el fondo de la cuestión, pensamos que los
efectos que jugaría nuestra enmienda lo juega también la propuesta que se
hace por parte del Grupo Parlamentario Popular, y por tanto, estaríamos
de acuerdo con el portavoz de Izquierda Unida en el sentido de que éste
pudiera ser el texto sobre el cual se produjera el acuerdo de la
Comisión.

Una última cosa sí quisiéramos señalar, sobre todo a los efectos del
seguimiento futuro de las consecuencias de lo que hoy vamos, sin duda, a
aprobar. Nosotros pensamos que llevamos bastante tiempo, o al menos algún
tiempo, escuchando por parte tanto de la Directora General como del señor
Vicepresidente del Gobierno, el que en breve habrá --y tendrán que verse
esos contenidos en esta Cámara-- un plan de renovación de
Radiotelevisión. Qué duda cabe que el núcleo central del mismo, no puede
ser de



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otro modo, debe estar centrado en la garantía de la viabilidad económica
del proyecto, pero pensamos nosotros que ése puede ser también un buen
lugar para ver no sólo si se garantiza la viabilidad económica del futuro
de la Radiotelevisión pública en España, sino también para ver si
definitivamente se produce el arranque en un ente público que presta un
servicio público, en el sentido no solamente de mantener la gratuidad, no
solamente de mantener la universalidad, sino también de facilitar la
accesibilidad, en este caso al servicio que se presta de la totalidad de
los españoles y muy particularmente de aquellos que más dificultades
tienen.

Sólo me resta, por tanto, felicitarme porque el acuerdo sea de todos los
grupos, cuestión que algunos pensarán que es menor aunque desde luego
para los afectados no lo es, ni mucho menos. Intentemos lograr un grado
de acuerdo interesante y también animarnos todos para procurar que de
modo gradual, no puede ser de otra manera, pero también con decisión, se
vaya avanzando en este terreno.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el representante del Grupo
Popular.




El señor DE LUIS RODRIGUEZ: El Grupo Parlamentario Popular ha analizado
con mucho detalle, debido al gran interés que hemos manifestado por este
problema en repetidas ocasiones, la iniciativa que se somete a debate de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, publicada en el Boletín de las
Cortes del 22 de julio.

La lectura de la exposición de motivos recoge ideas que nosotros hemos
manejado en distintas ocasiones cuando hemos planteado asuntos
relacionados con la necesidad de eliminar las barreras de comunicación
que atañen al colectivo de afectados por minusvalías auditivas. Nosotros
siempre hemos defendido la necesidad de tomar medidas concretas en
relación con esta materia porque somos conscientes del enorme problema
que significan estas barreras de comunicación para la integración social
de un colectivo muy importante. En España, según algunos datos no
oficiales, por cuanto que las estadísticas oficiales son muy antiguas,
ellos sitúan el número de sordos profundos en un número próximo a las
100.000 personas, superando el millón las personas con alguna
discapacidad auditiva.

Nosotros hemos defendido también que es necesario adoptar medidas para
borrar las barreras de comunicación porque son el primer inconveniente
que impide la plena integración de este colectivo en la sociedad. Estamos
convencidos asimismo de que las modificaciones o las innovaciones
tecnológicas que se producen en un sector tan dinámico como es el de las
comunicaciones abren nuevas oportunidades u ofrecen nuevos recursos para
conseguir este objetivo que, como ha expresado el representante de
Izquierda Unida, en nuestro país está muy lejos de los niveles de los
países de nuestro entorno. Creemos que, en efecto, hay muchísimo camino
por andar y entendemos que es una obligación fundamental contribuir a que
este camino se recorra cuanto más rápido mejor.

Los planteamientos que el Grupo Parlamentario Popular ha defendido desde
hace mucho tiempo en relación a esta materia se fundamentan en dos ideas
básicas. La primera, naturalmente, es el mandato constitucional de que
los poderes públicos contribuyan a lograr la integración plena en la
sociedad de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, y pensamos
que --también como alguien ha dicho antes--, siendo Televisión Española y
el grupo Radiotelevisión unas sociedades de titularidad pública y que
prestan un servicio público, siempre hemos entendido que podrían ser un
instrumento muy eficaz para conseguir el objetivo que perseguimos. En
este caso veo que una vez más va a haber unanimidad de todos los grupos
representados en la Comisión.

Por estas razones, tal y como ya quedó expuesto en un debate en el mes de
septiembre en esta misma Comisión, que llevó por parte de mi grupo don
Tomás Burgos, miembro de esta Comisión, desde el año 1992, con motivo de
la presentación de propuestas de resolución en la Comisión que estudiaba
los problemas que afectaban a los minusválidos españoles, mi grupo ya
defendía la necesidad de incrementar las horas de emisión. Esta misma
idea se repitió posteriormente en 1994, en una propuesta de resolución de
mi grupo, que fue transaccionada con otros grupos en el Senado en la
misma línea. En la legislatura pasada, del año 1993 al año 1995, otro
representante de nuestro grupo en la Comisión de Control presentó, como
instrumento para conseguir el objetivo que nos anima, varias preguntas
orales en distintos momentos al entonces Director General, señor García
Candau, para que en efecto incrementara los tiempos de emisión. En aquel
momento, el señor García Candau, que compartía la preocupación y que se
mostraba favorable, se amparó en dificultades de carácter técnico y en
otras razones, y la realidad es que poco se hizo y poco se avanzó en esta
materia. En 1995, una vez más, el Grupo Parlamentario Popular presentó
una proposición no de ley, que tuve la ocasión de defender, ya
incorporado a la Cámara como Diputado, para la que al final
transaccionamos un texto que pretendía que el entonces Ministerio de
Asuntos Sociales contribuyera, a través de un acuerdo con el grupo
Radiotelevisión Española, para la consecución de este objetivo. Disueltas
las Cámaras a principios de 1996, el asunto quedó parado y hemos vuelto
otra vez sobre la carga en este nueva legislatura.

Como decía antes, en septiembre de 1996 ya se defendió en esta Comisión
una iniciativa, en la que quedó clara la posición de nuestro grupo.

Además yo tuve ocasión de formular una pregunta al Ministro de Trabajo,
en el Pleno, en septiembre de 1996, en la que quedó más que patente la
sensibilidad y la preocupación del Ministro por este asunto, y estoy
seguro de que su preocupación y su celo darán lugar a que tengamos
resultados de forma más o menos inmediata.

La enmienda que mi grupo presenta es de carácter técnico y en ningún
momento modifica en profundidad el contenido de la iniciativa por cuanto
que, como he dicho antes, en líneas generales compartimos plenamente el
planteamiento. La enmienda, que es muy similar a la presentada por el
Grupo Socialista, pretende distinguir de entre el conjunto de ideas que
recoge la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya aquellas que



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entendemos son competencia del ámbito de la gestión del grupo de
Radiotelevisión Española, y por lo tanto, respetamos la libertad de
gestión del grupo de sociedades del Ente Público RTVE, de aquellas que sí
pueden ser competencia del Gobierno. En esta línea, la enmienda nuestra,
en una primera parte, pretende una manifestación de voluntad del Congreso
relacionada con el aumento de las horas de emisión, con los aspectos
relacionados con la política de producción de Radiotelevisión o con lo
que influye o que afecta a la política que Televisión puede mantener o
realizar con sus anunciantes, y aquello que afecta a la agencia EFE; y
luego un conjunto de mandatos al Gobierno por parte de la Cámara, que sí
entendemos que son competencias del Ejecutivo, como es el desarrollo de
los reglamentos de las distintas modalidades de televisión, la política
de subvención que el Gobierno realiza en apoyo a la industria
cinematográfica española y aquellas que pueden tener un carácter
informativo para concienciar a la sociedad y al sector de la necesidad de
adoptar medidas.

He escuchado con mucho agrado la intervención del representante de
Izquierda Unida, que se muestra favorable a incorporar la enmienda y por
tanto a que pueda ser votada por la Comisión, y naturalmente también me
agrada conseguir el apoyo del Grupo Socialista, aunque estaba seguro de
que iba a ser así, porque la enmienda, como decía antes, no cambia
fundamentalmente o en profundidad el contenido de la iniciativa, sino
simplemente aporta ciertas correcciones de carácter técnico. Me parece
muy positivo que los grupos de la Cámara estén unidos en torno a esta
necesidad y estoy seguro de que, conocida la sensibilidad y la
preocupación del Gobierno, en muy poco período de tiempo podremos obtener
para este colectivo los resultados que todos deseamos.




La señora PRESIDENTA: ¿El resto de los grupos desean manifestar su
posición? La señora Diputada, representante del Grupo Catalán, tiene la
palabra.




La señora AMOROS I SANS: Una vez más nos hallamos ante una noble
iniciativa que choca con la realidad. Lo que se propone en estos diez
puntos es sencillamente imposible desde el punto de vista técnico y
económico, pero también conceptualmente, puesto que no hay ninguna
televisión en el mundo que haga o pueda hacer lo que se solicita.

El Grupo Parlamentario Catalán se ha caracterizado siempre por tener
clara conciencia de los problemas de población afectada por
discapacidades auditivas, y lo ha hecho de una manera realista, que es la
mejor manera de ayudarles consiguiendo cosas realmente posibles. Hemos de
recordar que la subtitulación para sordos no es la simple subtitulación
como las películas en versión original, sino específica y mucho más
compleja, ya que incluye distinción entre interlocutores, expresión de
efectos significativos y la utilización de un lenguaje adaptado a la
capacidad de conocimiento del idioma por parte de estas personas. La
tecnología para llevar a cabo esa subtitulación es limitada y sólo
cuentan con ella las televisiones, y no todas, que han desarrollado
teletexto. De todos modos, con iniciativa y perseverancia se puede
avanzar para lograrlo.

Durante los últimos años son muchas las actuaciones que el Gobierno de la
Generalitat ha efectuado en Catalunya para reglamentar los servicios y
las prestaciones sociales dirigidas a las personas sordas. En este
momento estamos en una línea de crecimiento ascendente, por lo que ahora
de subtitulación se refiere en la cadena autonómica de televisión, pues
hemos pasado de 28 horas/mes a 8 horas por semana, lo que hace un cómputo
de 32 horas mensuales. Otras actuaciones paralelas de refuerzo son las
emisiones de programas infantiles subtitulados en catalán y la venta de
los mismos en vídeos domésticos, siendo considerados material de soporte
educativo en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. La
Televisión de Cataluña también ha impartido cursos de lenguaje de signos
entre el personal del servicio de subtitulación con el objetivo de
sensibilizarles respecto a la problemática y a la vez facilitar su
comunicación con el colectivo de personas sordas.

La integración de las personas sordas al mundo de los oyentes requiere de
adaptaciones mutuas. En un mundo formado mayoritariamente por personas
oyentes, el acceso a la información y a la cultura en general, de
aquellas personas sordas que no tienen restos auditivos suficientes, se
produce única y exclusivamente a través de la visión. Por tanto, la
compleja incorporación de estas personas a la sociedad depende también de
que tengan acceso a la información que les rodea. Para el cumplimiento de
dicho objetivo han de poder visualizar la información que las personas
oyentes perciben por vía auditiva. Por ello no nos parece justo alimentar
falsas esperanzas con una proposición no de ley de imposible cumplimiento
a corto plazo y creemos más oportuno apostar por una gradual adaptación
de los medios de comunicación a la necesidad de las personas con
minusvalías auditivas, instando al ente de Televisión a que elabore un
plan de implantación de subtitulación específica y al Gobierno a que
ponga los recursos pertinentes o los busque para una necesaria
financiación. Por eso también creemos que es bueno apoyar la comisión
mixta entre el Real Patronato de Minusvalías, en la que ya están
presentes la Confederación Nacional de Sordos y Televisión Española.

El Grupo Parlamentario Catalán apoyará las enmiendas que han presentado
el Grupo Popular y el Grupo Socialista por creer que son más coherentes y
más realistas a la hora de su aplicación.




--POR LA QUE SE INSTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE RADIOTELEVISION
ESPAÑOLA (RTVE) PARA QUE ELABORE UN TEXTO QUE FIJE EL ESTATUTO DEL
PROFESIONAL A PARTIR DEL DIALOGO CON LOS Y LAS PROFESIONALES DE RTVE.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 161/000143.)



La señora PRESIDENTA: Como hemos acordado que las votaciones se
realizarán al final de la mañana, vamos a



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pasar, si les parece bien, a la segunda proposición no de ley, que
también plantea el Grupo de Izquierda Unida.

Tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ RAMOS: Esta proposición no de ley pretende, y ya ha sido
en ocasiones defendida en estos términos o similares por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, iniciar el
camino o posibilitar que se inicie para conseguir que en Radiotelevisión
Española exista un marco estable de derechos para todos los profesionales
que intervienen en la confección y difusión de la información, concepto
que es más amplio que el concepto estricto de periodista dedicado a la
elaboración de la noticia o el periodista dedicado a tareas de
redacción.

Por lo tanto, cuando nos referimos a ese estatuto del profesional, tal y
como figura en el enunciado de la proposición, nos estamos refiriendo a
ese deseo de establecer un marco estable de derechos para todos esos
profesionales.

¿Qué es lo que se pretende fundamentalmente con ese marco estable de
derechos? Ante todo, evitar posibles e indeseables actos de
discrecionalidad y arbitrariedad que pudieran producirse y, en segundo
lugar, asegurar que el buen funcionamiento de las relaciones
profesionales contribuya al cumplimiento de los mandatos constitucionales
del artículo 20 en el ámbito estricto de Radiotelevisión Española porque,
obviamente, nos encontramos ante la principal empresa de generación de
información, de difusión de información, que existe en el Estado.

En concreto, y en desarrollo de lo que prevé el artículo 20 de la
Constitución, entendemos que la existencia de este estatuto del
profesional, que también llevaría aparejada la existencia de un consejo
de redacción, vendría a tener cobertura en el artículo 4 del estatuto de
la Radio y la Televisión, en especial garantizando la objetividad,
veracidad e imparcialidad de la información, la separación entre
información y opinión y respeto al pluralismo.

Obviamente hablamos de derechos, y de lo que se trata es de establecer
derechos, pero lógicamente también esa existencia de derechos llevaría
aparejada el establecimiento de algún tipo de deberes por parte de los
profesionales, en cuanto a que se espera de ellos, al atribuirles esos
derechos, que ajusten su actuación profesional de una manera que permita
fundamentalmente asegurar estos principios del artículo 4 del estatuto de
la Radio y la Televisión y, por ende, de la Constitución, en su artículo
20. Por lo tanto, mejor sería hablar del concepto derecho-deber, sin
adelantarnos lógicamente a una posible redacción ulterior en aquellas
garantías o en aquellos aspectos que pudiera regular este Estatuto.

Y una vez definido qué es lo que se pretende, trataré de definir cómo se
pretende o cuál es el camino que nos parece que debe seguirse.

Entendemos que la fórmula más adecuada es la de instar al consejo de
administración. Sabemos que sobre esto ha habido debates en el pasado,
pero no encontramos ningún obstáculo de tipo jurídico, ni mucho menos de
carácter político --dada además la conformación del consejo de
administración por el actual estatuto de Radio y Televisión, dada la
pluralidad existente; aunque sea un modelo que a nosotros no nos guste,
existe una determinada pluralidad--. El consejo de administración de
Radiotelevisión Española es el órgano competente, repito,
fundamentalmente según el apartado a) del artículo 8.1 del mismo
Estatuto, que ordena al consejo de administración velar por el
cumplimiento en la programación de lo dispuesto por el capítulo 1 de la
presente Ley. El citado artículo 4, al que he hecho referencia antes,
está precisamente en ese capítulo.

Ahora bien, el consejo de administración debe actuar como impulsor,
estrictamente como impulsor. El protagonismo, en un momento determinado,
va a tener que pasar a otro tipo de órganos, a otro tipo de colectivos
existentes en Radiotelevisión Española. En algún momento tendrá que
intervenir, lógicamente, la dirección general, como organismo ejecutivo
fundamental, y sobre todo, esa actividad de impulso del consejo de
administración debe comenzar por favorecer la negociación con los mismos
profesionales. No tendría sentido, desde luego, una imposición por parte
del consejo de administración o de la dirección general; este estatuto,
este consejo de redacción debe ser el fruto de la negociación, del
acuerdo, del consenso entre los propios profesionales de Radiotelevisión
Española.

La proposición fija además dos ideas concretas. En primer lugar, que se
incluya lo referente al secreto profesional y a la cláusula de
conciencia, en desarrollo del artículo 20. Saben ustedes que esto es casi
una obsesión histórica de nuestro grupo y que en esta legislatura de
nuevo hemos intentado, con desigual suerte, que la Cámara tomara en
consideración su regulación. Por lo tanto, con independencia de la
evolución posterior de la ley, si llega a buen puerto, la ley de cláusula
de conciencia, cuyo trámite está ya admitido, entendemos que sería bueno
que ya figurara específicamente en este estatuto de profesionales.

Incidentalmente, también me atrevería a pedir a aquellos grupos que se
opusieron a la toma en consideración de la Ley orgánica sobre el secreto
profesional, en parte porque decían confirmarse en la autorregulación,
que ahora muestren su sensibilidad también al aceptar este punto concreto
de la proposición no de ley.

Un segundo aspecto que recoge la proposición es, como decía, la creación
de un comité de profesionales, lo que habitualmente se ha denominado
consejo de redacción, independiente de los órganos laborales, porque
obedece a otro tipo de funciones específicas y por lo tanto no podría en
ningún caso confundirse con los órganos de extracción estrictamente
sindical (comité de empresa, comité intercentros, etcétera), que vigile
--ésta debería ser la función de este comité de profesionales-- el
cumplimiento del estatuto y formule recomendaciones. Es lógica, a nuestro
modo de ver, esta cautela, pues no tendría sentido establecer un marco de
derechos, de derechos-deberes, o derechos-obligaciones, como antes decía,
y privar de voz a los principales interesados.

Señorías, estamos en un momento interesante en la evolución de la radio y
sobre todo de la televisión en España y habría seguramente un último
argumento que ofrecer, y es que sería bastante bueno que Radiotelevisión
Española, como ente público, cumpliera también una función de servicio



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público, que es hacer pedagogía, y ofrecerse de ejemplo para el resto de
medios de comunicación del Estado. Algunos ya lo están desarrollando, por
ejemplo, Radiotelevisión valenciana, otra radiotelevisión pública, pero,
salvo algún caso aislado, no existen estas experiencias. Por lo tanto,
esperamos contar con su apoyo.

La proposición está redactada con amplitud y quiero concluir indicando
que de todas maneras estaríamos abiertos, no sólo a escuchar con suma
atención sus opiniones, sino a la posibilidad de admitir enmiendas que
pudieran mejorar este texto.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.

¿Qué otros grupos quieren intervenir? Tiene la palabra el señor Burballa,
de Convergència i Unió.




El señor BURBALLA I CAMPABADAL: El Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, respecto a la iniciativa de fijar un estatuto del
profesional a partir del diálogo con los profesionales y las
profesionales de Radiotelevisión Española, entiende que esta iniciativa
mezcla diversas cosas que deberían quedar fuera de esta discusión.

En primer lugar, se insta a una actuación del consejo de administración
en un sentido determinado, cuando podríamos discrepar abiertamente sobre
si éstas son o no sus competencias. Quizá nos hallamos más ante una
cuestión que claramente afecta a las relaciones entre la dirección y los
profesionales.

Evidentemente, éste no es un tema fácil, y la prueba es que en ninguna
televisión pública ha sido resuelto. Una televisión pública no tiene un
propietario que libremente pueda acordar con sus periodistas, sus
profesionales, un determinado estatuto, sino que viene condicionada por
dos instancias de control: esta propia Comisión de control parlamentario
y el consejo de administración del ente público. Hay cosas que, como
hemos dicho, deben quedar fuera de este debate, como son, evidentemente,
la regulación del secreto profesional y de la cláusula de conciencia, que
no deben desarrollarse aisladamente en Radiotelevisión Española, sino que
deberían considerarse dentro de una regulación general más compleja y
fuera de este ámbito.

Por otro lado, en estos momentos la dirección de Radio Nacional de España
y Televisión Española ya ha ofrecido un diálogo sobre los consejos de
redacción, y en esto están, por lo que no parece procedente en estos
momentos tomar en consideración esta proposición, puesto que el diálogo
ya está en el ámbito en el que nuestro grupo entiende que verdaderamente
debe producirse.

Por lo tanto, nuestro grupo va a votar en contra de esta proposición no
de ley.




La señora PRESIDENTA: El representante del Grupo Socialista tiene la
palabra.




El señor MARTINEZ LASECA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición en relación con esta
proposición no de ley presentada ante la Comisión de control de
Radiotelevisión por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. En ella se viene a solicitar del consejo
de administración de Radiotelevisión que elabore un texto que fije el
estatuto del profesional a partir del diálogo con los y las profesionales
de Radiotelevisión Española y que debería regular al menos los dos
siguientes aspectos: en primer lugar, derechos y deberes de los
profesionales de la información, incluyendo el marco para el ejercicio de
la cláusula de conciencia y el secreto profesional y, en segundo lugar,
la creación de un comité de profesionales que vigile el cumplimiento del
estatuto y formule recomendaciones a la dirección general y al consejo de
administración, todo ello con total independencia de las relaciones
laborales.

Pues bien, señorías, esta proposición no de ley plantea a mi grupo, al
Grupo Parlamentario Socialista, una serie de reflexiones previas a la
fijación de su posición y que se desprende de su exposición de
motivos.

Primero, porque la misma se encauza a través del consejo de
administración, al que se viene a solicitar la elaboración del denominado
estatuto del profesional cabe advertir a este respecto que el actual
estatuto de Radiotelevisión Española, en su artículo 8.1, donde se
señalan las competencias que corresponden al consejo de administración,
no establece ninguna atribución para actuar en este sentido, por lo que,
en todo caso, para hacer viable esta posibilidad, habría que proceder a
la modificación o redacción de un nuevo estatuto para el ente público y,
en su consecuencia, la regulación de los derechos y los deberes de los
profesionales de la información quedarían sometidos en su cumplimiento y
salvaguarda a los tribunales de justicia, por lo que estaría de más la
creación de un comité de profesionales que vigilara su cumplimiento, tal
y como se reclama en el último párrafo de esta proposición no de ley.

Segundo, otro problema que se nos presenta es el derivado de la inclusión
del marco para el ejercicio de la llamada extraña pareja, que componen la
cláusula de conciencia y el secreto profesional. Respecto a la cláusula
de conciencia, que se ejercita frente a la empresa titular del medio de
comunicación para defender la libertad ideológica del periodista, el
Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión plenaria de 29 de
octubre de 1996, tomó en consideración la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, reconocida en
el artículo 20.1.d) de nuestra Constitución española. En consecuencia,
dicha ley orgánica, actualmente en tramitación, será la que en su caso
regule este aspecto.

Por otro lado, se habla del secreto profesional, que es oponible ante la
administración o el poder judicial con la finalidad de no revelar las
fuentes de información. En este caso, ni tan siquiera se ha iniciado la
correspondiente tramitación legal por este Congreso de los Diputados. Es
más, prestigiosos catedráticos de Derecho constitucional, como Pérez Royo
y Tomás de la Cuadra, mantienen criterios diversos. Así, algunos de ellos
opina que es mejor no regular este aspecto por ley, ya que acabará
teniendo su definición



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por los tribunales de justicia mediante las correspondientes sentencias
en cada caso.

Cabría, no obstante, en tercer lugar, pensar que lo que realmente se
pretende con esta proposición no de ley es dotar a los profesionales de
la información de Radiotelevisión Española de un estatuto de redacción
como el que ya rige para algunos medios de comunicación privados, como
son los periódicos El País, El Mundo, El Periódico de Cataluña y la
Cadena SER, entre otros. En este caso, se trataría del establecimiento de
normas voluntarias entre la empresa informativa y los periodistas, normas
que garanticen el ejercicio profesional y que obligan a las partes en
virtud del convenio que han suscrito. El contenido de estas normas tiene
carácter diverso, pero podemos destacar el establecimiento de principios
editoriales de carácter ideológico, la regulación del poder que sobre el
contenido de la información tiene el director o los redactores reunidos
en asamblea o representados por el comité de redacción, los principios
deontológicos de la información, los derechos y deberes de los
periodistas y el secreto profesional y la cláusula de conciencia, dentro
de un largo etcétera. Por supuesto que no se debe confundir el convenio
colectivo con los estatutos de redacción. Los convenios colectivos son
pactos necesarios que afectan sólo a las relaciones de carácter
laboral.

En cambio, los estatutos de redacción son pactos voluntarios entre los
titulares de los medios y los trabajadores.

En conclusión, señora Presidenta, creemos que el ejercicio del periodismo
comprende derechos y deberes, libertad y responsabilidad, con lo que esta
cuestión es de autorregulación o autocontrol, ya que supone autolimitarse
en el ejercicio de la profesión, por lo que se adentraría en el campo de
la ética periodística propia de los códigos deontológicos.

Aquí sí que cabría, si los trabajadores lo quieren voluntariamente, la
creación de ese comité de profesionales para su vigilancia a que se
refiere la proposición no de ley. Y, en este sentido, por citar un
ejemplo reciente, podemos referirnos a la iniciativa adoptada por el
Colegio de Periodistas de Catalunya, que muestra la necesidad de aprobar
un estatuto de redacción en el medio para el que trabajan y que asimismo
posibilitará que el próximo 1 de diciembre se constituya un consejo
regulador de la profesión periodística, como lo es el Consejo de la
Información de Catalunya, que es un órgano concebido para velar
precisamente por el cumplimiento del código deontológico de los
periodistas catalanes. Conviene resaltar que este tribunal deontológico
de notables ha sido promovido por los propios periodistas catalanes, que
prefieren autorregularse a que les regule alguna, entre comillas, ley de
prensa.

Nuestro grupo parlamentario es del parecer de que estas cuestiones deben
resolverlas las personas interesadas, o sea, los informadores y los
titulares de los medios, que, concretando, serían el Ente Público de
Radiotelevisión Española y sus profesionales de la información,
comprometiéndose en todo caso al sometimiento de principios deontológicos
rigurosos que aseguren la libertad de expresión y el derecho fundamental
de los ciudadanos a recibir noticias veraces y opiniones honestas.

En definitiva, coherentemente con lo expuesto, y al situarse el tema que
nos ocupa en el campo de la autorregulación y de la ética periodística,
nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, decantará su voto por
la abstención respecto a esta proposición no de ley.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, en primer lugar, quizá sorprenda la
posición del Grupo Parlamentario Socialista, después de la magnífica
exposición que ha hecho su portavoz, anunciando un voto de abstención
cuando todos los argumentos, a mi modo de ver y en mi corto entender,
indicaban el voto negativo.

En cualquier caso, y entrando en el fondo de la proposición no de ley,
nos sorprende que se haya dicho que es una proposición no de ley de
enorme amplitud y que no tenga una exposición de motivos que la
justifique.

La primera pregunta que tenemos que hacernos es qué motivaciones, en el
tiempo político actual, existen para presentar esta proposición no de
ley, qué se persigue con ella y por qué se presenta si se sabe que entre
las competencias del consejo de administración de Radiotelevisión
Española contempladas en el estatuto no figuran las de elaborar un texto
semejante, y el apartado número 1 del artículo 8, al que se ha hecho
referencia, es una vía posiblemente más adecuada a la dirección general
que al propio consejo.

Se comete de esta manera, en nuestra opinión, el mismo error, formal
probablemente, que ya cometiera Izquierda Unida en la pasada legislatura
cuando el 8 de marzo de 1994, al hablar, eso sí, de los consejos de
redacción, provocó la abstención de nuestro grupo, por estar de acuerdo,
en el fondo probablemente y no en la forma, y el rechazo mayoritario del
resto de los grupos parlamentarios de la Cámara, si bien por diferentes
razones. El Grupo Socialista se opuso frontalmente con palabras y
términos como que ninguna televisión pública tiene estos consejos de
redacción, las medidas que se proponen son medidas desmedidas, no es
competencia del consejo. Y otros grupos parlamentarios, por ejemplo,
Convergència i Unió, entonces indicaba algo bastante razonable, que
Izquierda Unida instara a la reforma del estatuto de Radiotelevisión para
poder darle mayores u otro tipo de competencias a su consejo de
administración.

Antes, el 27 de diciembre de 1993, el anterior Director General, señor
García Candau, consideraba que la independencia e imparcialidad de los
profesionales estaba garantizada desde su propia profesionalidad y por
los principios que emanan del estatuto así como por los principios
básicos de programación. Entonces la posición era una posición
frontalmente contraria a la creación de los consejos de redacción. Pero
no es de lo que se trata en esta proposición no de ley, según hemos
entendido, porque, como se ha dicho, y es cierto, los consejos de
redacción, a los cuales no se opuso el Grupo Parlamentario Popular en la
pasada legislatura, están ya en el nivel de diálogo donde tienen que
estar, que es entre la empresa y sus profesionales.




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Y yo me pregunto, señorías, ¿por qué un estatuto de los profesionales de
Radiotelevisión y no del conjunto de los profesionales de la información?
¿Es que sus derechos y sus deberes, la regulación o desregulación de la
cláusula de conciencia o el secreto profesional pueden ser distintos en
la radio o en la televisión pública que en cualquier otro medio privado?
El fondo de la cuestión, señorías, en cualquier caso es ahora bien
distinto en la nueva etapa de Radiotelevisión Española, digo el fondo y
no la forma, en lo que se refiere a la defensa de la pluralidad, a la
defensa de la participación, a la defensa de la libertad y a la ausencia
de sectarismo en los profesionales de Radiotelevisión Española.

Puede corresponder, señorías, al Gobierno o a cualquier grupo
parlamentario, incluso el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, si así
lo considera, la elaboración de un texto, de un proyecto de regulación de
lo audiovisual en lo público y en lo privado, y conoceríamos entonces sus
ideas al respecto, las discutiríamos. Por lo tanto, tomen la
responsabilidad de una propuesta más elaborada bajo su propio punto de
vista y sométanla al criterio de los grupos parlamentario de, lo que es
más importante, los trabajadores en general de la información y, lo que
es todavía más importante, de la opinión pública en general.

En consecuencia, señorías, nuestro grupo parlamentario, por las razones
expuestas, votará en contra de la proposición no de ley.




La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ RAMOS: Quería hacer, señora Presidenta, un turno de
réplica.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra.




El señor ALCARAZ RAMOS: En primer lugar, quisiera poner de manifiesto que
lamentamos por parte de nuestro grupo que, digamos, existiendo, parece
ser, coincidencias en algunas ideas genéricas, ningún grupo haya
presentado alguna enmienda parcial que, como yo he anunciado, hubiéramos
estado dispuestos a ver con cariño, para ver si se podía integrar en
nuestra proposición. Parece que en el momento en que un grupo llega al
Gobierno se le olvidan las ganas que en otros momentos ha tenido de
transigir o de facilitar la posibilidad de esto.

El señor Burballa aludía, y ha sido algo que se ha reiterado y a lo que
luego me referiré con alguna mayor amplitud, a la posibilidad de
competencias del consejo de administración. No nos hubiera importado que
se hubiera introducido una enmienda en la cual se pudiera haber hablado
de consejo de administración y dirección general, o incluso de dirección
general, si se entendía que era un órgano más adecuado.

Obviamente, entre las competencias del consejo de administración hay una
serie de preceptos difusos, donde difícilmente muchas de las cosas que el
Consejo de Administración hace podrían encontrar amparo con la letra
estricta del texto del estatuto de Radiotelevisión. Por lo tanto,
entendemos que sí que entra dentro del abanico genérico de competencias
del consejo, dado el espíritu del estatuto de Radiotelevisión, poder
impulsar --porque siempre hemos utilizado esta expresión-- esta
negociación entre trabajadores-dirección general, etcétera.

En cuanto a las alusiones que se han hecho sobre el secreto profesional y
la cláusula de conciencia, es cierto que ésta ha empezado su iter
parlamentario, pero no lo es menos que, después de las experiencias de
nuestro grupo en pasadas legislaturas, donde, después de empezar, al
final no se aprobaba, nosotros tenemos un cierto miedo. En el secreto
profesional, nos encontramos en tal situación que yo rogaría a algunos
grupos que se aclararan, porque si cuando se debate la toma en
consideración se dice que eso debe hacerse por autorregulación en las
empresas y que, por lo tanto, no debe ser votada como norma general, como
ley orgánica, y luego, cuando se plantea hacer eso en el marco de una
autorregulación, lo que se dice es que hace falta una norma general,
evidentemente lo que no hay es voluntad de acotar este derecho
constitucional.

Las motivaciones, por las que preguntaba el señor portavoz del Grupo
Parlamentario Popular yo creo que son obvias; entendemos que existe un
vacío, y ese vacío existe ahora y existía hace cinco años y hace tres
meses; por lo tanto no es un problema de que haya sucedido algo
especial.

Que no tema el Grupo Parlamentario Popular, que no piense que es que no
nos fiamos de la actual dirección general o algo por el estilo. Nos
fiamos en la medida en que nos debamos fiar, pero no hay nada nuevo que
motive una especial inquina.

Y en cuanto a, agradeciendo el tono, la educada información, aunque en
algún punto entenderá que discrepemos, del señor portavoz del Grupo
Socialista, decía que esto de dirigirse al ente público no está claro. Yo
creo que en muchísimas materias nos dirigimos con toda tranquilidad, y
seguramente en esta misma sesión nos vamos a dirigir al ente público a
través de sus diversos órganos, porque a alguien nos tenemos que dirigir,
porque, por definición, un ente, como categoría filosófica, es algo que o
bien se incardina a un tipo de cuerpo concreto o es difícil que tengamos
un interlocutor.

Y sí quisiera concluir con una reflexión general, sobre todo a cuento de
las diversas alusiones que se han hecho a la incompetencia de esta
Comisión de dirigirnos al consejo de administración y sí al Gobierno, por
ejemplo.

Seguramente, la Cámara debería plantearse una reforma reglamentaria que
pudiera crear una comisión de televisión, o de información, o de
comunicación general, donde pudieran ir todas las propuestas, porque la
filosofía real de esta Comisión, de la Comisión de control, establecida,
como no ignoran SS. SS., por la propia Constitución española, es
precisamente la de controlar a Radiotelevisión. Curiosamente nos
encontramos con una excepción prevista constitucionalmente a la filosofía
general de las comisiones parlamentarias. Es cierto que los usos
parlamentarios han hecho que en algunas materias se abra el abanico y se
produzca otro tipo de iniciativas no dirigidas al ente público, pero la
realidad es que, dadas esas convenciones parlamentarias que nos permiten
también hacer un control, en su caso, del Gobierno, por definición, a



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quien tenemos que controlar es a Radiotelevisión, a los organismos de
Radiotelevisión y a Radiotelevisión Española.

Y en ese sentido, dentro de las competencias parlamentarias de control,
que, siquiera sea de forma aproximada, incluirían también la figura
reglamentaria de las proposiciones no de ley, una de las formas, digamos,
de control --insisto, sin querer abrir en este momento un debate sobre
Derecho parlamentario--, una de las fórmulas es que, en aquellos puntos
donde entendemos que los órganos del ente público no han actuado de
manera acorde con lo que se espera de ellos, o simplemente que no han
actuado de ninguna de las maneras --y esta Comisión entiende que sí lo
deben hacer--, pidamos, según el entender de cada grupo, al órgano que
consideremos oportuno que se adopten determinadas medidas, determinadas
decisiones.

Si eso no se admite, vamos a encontrarnos con un muro reglamentario no
avalado por la Constitución, desde luego, ni entendemos que por el
Reglamento de la Cámara, por el cual va a ser muy difícil que nos
dirijamos al ente y, por lo tanto, no vamos a poder controlar a
Radiotelevisión Española, que es el objeto de la existencia misma de esta
Comisión.




La señora PRESIDENTA: Señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Alcaraz, simplemente quiero decirle que,
entendiendo parte de sus planteamientos, lo que me parece que usted no
alcanza a comprender, y lo digo con todo el cariño, es que las funciones
del consejo de administración son las que son: por lo tanto, inste usted
a una reforma del estatuto de la Radiotelevisión pública y hablamos de
eso. Pero la Comisión de control, entiendo yo, está perfectamente
regulada en sus funciones y ejerce la función principal para la que fue
creada, que es la de control del Ente Público Radiotelevisión
Española.

El consejo de administración es un órgano y probablemente no ejecutivo,
porque así lo marca una ley. Es un consejo de administración atípico que
está regulado por una ley específica; no es un consejo de administración
que pueda regular la Ley General de Sociedades Anónimas, por ejemplo.

Señor Alcaraz, ésta es otra cuestión.

Creemos que es un error formal, como ya se le dijo en la legislatura
pasada, instar al consejo de administración. Se puede instar al Gobierno,
se puede instar a la dirección general, que es un órgano ejecutivo por
sus facultades ejecutivas en el Ente Publico Radiotelevisión Española,
pero al consejo de administración entendemos nosotros, como entiende la
gran mayoría de los grupos parlamentarios, que no se le puede instar a
elaborar ningún tipo de plan concreto porque esa competencia no la tiene
asumida. Sí tiene la competencia de velar por el cumplimiento del
estatuto, como es lógico, y, además, aprobar las propuestas elaboradas de
funcionamiento, del plan de actuaciones, etcétera, de programación, que
le presente la dirección general. Esas son las competencias del consejo
de administración de Radiotelevisión.




--POR LA QUE SE INSTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE RADIOTELEVISION
ESPAÑOLA (RTVE) A DEFINIR, EN EL MAS BREVE PLAZO DE TIEMPO, UN MARCO
ESTABLE PARA ASEGURAR, DE ACUERDO CON LA LEGISLACION VIGENTE Y DE MANERA
EQUILIBRADA, EL DERECHO DE ACCESO A LAS EMISIONES DE RTVE DE LOS GRUPOS
POLITICOS CON REPRESENTACION PARLAMENTARIA Y DE LOS GRUPOS SOCIALES MAS
REPRESENTATIVOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000144.)



La señora PRESIDENTA: Pasamos a la tercera proposición no de ley, también
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ RAMOS: Esta proposición no de ley prentende asegurar el
establecimiento, en el más breve período de tiempo, de un marco estable
para asegurar el acceso de los grupos políticos y sociales más
significativos, como --y ahora trataré de recordárselo a SS. SS., porque
sin duda ya lo conocen-- requiere la legislación vigente.

Entendemos que es una cuestión redundante, y basta acudir a cualquier
sesión de preguntas de esta Comisión para encontrar, como decía, que lo
es, las quejas sobre la presencia descompensada de las diversas fuerzas
políticas en las informaciones de Radiotelevisión Española.

Si quisiéramos hacer historia, utilizando simplemente el «Diario de
Sesiones», encontraríamos que siempre ha sido así, que una de las
funciones de esta Comisión se ha convertido en muchos casos en tratar de
poner en evidencia que la dirección general, con independencia de la
persona que la ocupa en cada momento histórico, ha favorecido unas
formaciones políticas respecto de otras. Quizás el problema de fondo
radica en la gubernamentalización forzosa de la dirección general. Dado
el marco jurídico que establece el Estatuto de la Radio y la Televisión
en la forma de elección de la dirección general, nos encontramos con lo
que nosotros denominamos gubernamentalización, con independencia de la
buena o mala voluntad que pueda tener cada director o cada directora
general en cada momento; nosotros, de entrada, le otorgamos que actúa, o
que va a actuar, o que debe actuar, de buena fe.

Entendemos que cualquier director general, mientras el sistema de
elección no se modifique, va a estar en el punto de mira de la vorágine
política en muchos momentos, va a recibir presiones netamente políticas,
tanto en un sentido como en otro. Sin ninguna duda, como hace un momento
recordaba el señor portavoz del Grupo Popular, en nuestra mano está
modificar el Estatuto de la Radio y la Televisión. Nos parece, en
cualquier caso, que es un tipo de norma con suficiente enjundia como para
que ello no se deba hacer a parches y sí acometiendo una reforma integral
o en su globalidad.




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Con independencia de esa deseable reforma, también está en nuestra mano
dar una respuesta urgente al problema, en la medida de nuestras
posibilidades. Además, al fin y al cabo, las fuerzas políticas, los
grupos parlamentarios, todavía tenemos el instrumento de venir a esta
Comisión a formular nuestras quejas, nuestras críticas o nuestras
propuestas. Pero, ¿cómo pueden hacer eso los grupos sociales, en
definitiva, la sociedad civil?, ¿cómo encuentran un vehículo para que
grupos sociales que se sienten --y en muchos casos con razón-- plenamente
representativos y, por lo tanto, dentro de la legalidad vigente, puedan
aparecer de diversa manera en los espacios de Televisión Española, cómo
puede hacer valer eso que seguramente podrían reivindicar si hubiera
otros mecanismos?
Pensamos que el acceso equilibrado en un marco estable de los grupos
políticos y sociales más significativos es un componente consustancial a
nuestro sistema de radiotelevisión pública, pues nada menos que está
recogido con esas mismas palabras en el actual artículo 20.3 de la
Constitución, uniéndolo precisamente al control parlamentario. Por lo
tanto, es una obligación constitucional específica de esta Comisión velar
porque se verifique dicho acceso, más allá de la posibilidad de un
control a posteriori de las actuaciones de la dirección general. Sin
embargo, ese marco estable no existe, podríamos decir que no ha existido
nunca. No hay, hay que reconocerlo, una buena regulación. Y seguramente
los diversos grupos que han ostentado mayorías parlamentarias y que han
dado soporte al Gobierno no han tenido mayor interés en que se
desarrollara.

En cuanto a los partidos, la Ley Electoral General sólo se refiere a los
períodos electorales, por cierto de manera bastante obsoleta. El artículo
4 del Estatuto de Radiotelevisión alude al pluralismo como principio
inspirado de las programaciones públicas, pero no concreta más. El
artículo 8.1.k) dice que es función del Consejo de Administración
determinar semestralmente el porcentaje de horas de programación
destinadas a los grupos políticos y sociales significativos, fijando los
criterios de distribución entre ellos en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 20 de la Constitución, etcétera. Pero, como saben ustedes,
esta función no se cumple con asiduidad y rigor, y en este caso, el
recordatorio concreto a una función específica del consejo de
administración entendemos que sí que está absolutamente justificado. Por
lo tanto, se requiere, dentro de ese marco legal vigente, buscar una
solución imaginativa. Saben ustedes que en el derecho comparado
encontramos casos en los que la regulación se hace incluso por ley, o se
ha hecho en algún momento, por ejemplo, en Italia, por una ley específica
del Parlamento. En nuestro modelo parece preferible, insisto, en tanto
que no se produzca una reforma global de la legislación sobre estas
materias, que, aplicando ese artículo que acabo de indicar, el consejo de
administración fije este marco y que pueda actualizarlo semestralmente,
como quiere la norma.

De todas maneras, para concluir, quisiera hacer alguna anotación sobre
las posibles alternativas, aunque no hemos deseado, obviamente,
incluirlas en el texto de la proposición no de ley para que el consejo de
administración no se sintiera especialmente presionado. Simplemente me
gustaría desplegar el abanico de posibles alternativas, criterios
generales dentro del mandato del artículo 20.1.d), que fija el derecho a
recibir información veraz, y esto debe ser algo a priori, que quede
siempre por encima de los repartos rígidos del tiempo de los
informativos, entendiendo por informativos no sólo telediarios, para
entendernos, sino todo tipo de información. Por lo tanto, entendemos que
sería malo un sistema que tratara de fijar unos cupos rígidos para cada
partido político, para cada grupo social. Eso no sería bueno, porque
podría entrar en contradicción con lo que prevé la Constitución, el
derecho a recibir información veraz y objetiva, pero sensu contrario,
tampoco debería servir la invocación de este precepto constitucional de
excusas para primar a unos sobre otros de manera, digamos, permanente,
sobre la base de que a uno, por el hecho ya de estar en el Gobierno, se
le presupone que va a generar más información que otros, etcétera.

No creemos tampoco que puedan defenderse las apariciones de partidos en
función de resultados electorales, en ninguna norma se indica que esto
deba ser así, y si puede ser un criterio organizador en tiempos
electorales, su extensión a toda época genera distorsiones en el
principio de igualdad de oportunidades, que está en la base de una
opinión pública libre y de la misma democracia. En cuanto a los grupos
sociales, no hay que renunciar a ninguna posibilidad. Desde debates hasta
espacios autogestionados, con todas las comillas que se quiera poner,
pero, si se hacen de alguna manera para la información religiosa, por qué
no se puede hacer en otros campos.

Y además entendemos que hay criterios objetivos que podrían servir de
base reguladora. En primer lugar, la propia Constitución establece una
relación de entidades relevantes. Por lo tanto, cuando hablamos de grupos
significativos, estamos hablando ya de entrada de aquellos de los que la
Constitución ha querido hablar; por ejemplo, los sindicatos,
organizaciones empresariales, iglesias, organizaciones de consumidores y
un largo etcétera en el que podríamos extendernos. Incluso la
Constitución establece una especie prelación al definir estas
organizaciones a las que se da una cierta relevancia. En muchos casos,
por otro lado, hay leyes que ya fijan criterios estrictos sobre la
representatividad de grupos; así, los organismos que están en el Consejo
Económico y Social o en el Consejo Escolar del Estado. Existen ya
criterios en otras normas que podrían ser perfectamente de aplicación
para definir ese marco general al que luego, digamos, se trata de ajustar
la actividad cotidiana en la radio y en la televisión pública.

Por lo tanto, señorías, soluciones hay; sólo esperamos, y es lo que
intentamos con esta proposición no de ley, que espera contar con su
apoyo, que estemos entre todos dispuestos a encontrarlas.




La señora PRESIDENTA: ¿El resto de los grupos desean intervenir? La
señora Riera tiene la palabra.




La señora RIERA I BEN: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) apoyará la proposición no de ley que presenta el Grupo de
Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida, porque está de acuerdo con la
filosofía que



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inspira esta proposición no de ley. No obstante queremos hacer constar
que quizá discrepemos un poco de la interpretación actual.

Nosotros pensamos que el derecho de acceso de los diferentes grupos
políticos está contemplado ya en el Estatuto, lo que ocurre es que no ha
sido desarrollado hasta ahora. En todo caso, pensamos que el desarrollo
no compete al consejo de administración, sino que competería, sea por vía
reglamentaria o por vía legislativa, al Gobierno o al Parlamento. El
consejo debería hacer un reparto semestral de tiempos entre grupos que
tengan derecho a estos espacios, pero esto exige una regulación previa
sobre el derecho de acceso que es lo que pensamos que realmente haría
falta. Quizá sería conveniente que la Directora General del ente público
expusiera los planes que tiene al respecto.

No obstante esta posible interpretación que nosotros tenemos, reitero lo
que he dicho en un principio. Pensamos que la proposición no de ley que
propone el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene un
aspecto positivo porque pone en evidencia un sentir compartido por la
mayoría de grupos representados en este Parlamento que, además, como muy
bien ha expuesto el señor Alcaraz, no hace referencia sólo a los grupos
políticos, sino a la representación civil de todos los estamentos de la
sociedad que pueden estar interesados en que su voz pueda ser
escuchada.

Por lo tanto, vamos a votarla favorablemente.




La señora PRESIDENTA: Señora Conde.




La señora CONDE GUTIERREZ DEL ALAMO: Seré breve para explicar el voto
afirmativo de mi grupo parlamentario a la proposición no de ley que
presenta Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Entiendo, señor Alcaraz, que la proposición que su grupo trae hoy a esta
Comisión se refiere a dos artículos del estatuto de la Radio y la
Televisión: a uno que usted ya ha citado y ha leído, el 8.1, k), y
también al artículo 4, que dice que la actividad de los medios de
comunicación social del Estado se inspirará en los siguientes principios,
siendo uno de ellos el respeto al pluralismo político, religioso, social,
cultural y lingüístico. Por otra parte, según el artículo 8.1.K), como
usted ha dicho, corresponde al consejo de administración determinar
semestralmente el porcentaje de horas programadas destinadas a los grupos
políticos y sociales significativos, fijando los criterios de
distribución entre ellos, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 20 de la Constitución.

Por tanto, señorías, la competencia de asegurar, como dice la proposición
no de ley, el derecho de acceso a las emisiones de Radiotelevisión de los
grupos políticos con representación parlamentaria y de los grupos
sociales más representativos corresponde, a mi juicio --y no como parece
que es la posición del Grupo Catalán Convergència i Unió--, al consejo de
administración. Bien es verdad, como se ha dicho hoy, que hasta ahora
nunca se ha puesto en funcionamiento este derecho de acceso. Por lo que
yo he podido saber de las anteriores legislaturas, nunca ha habido una
gran pretensión de llevar esto adelante y nunca ha habido un consenso en
relación estas cuestiones. Por lo que yo sé, en la anterior legislatura
se ha debatido esta cuestión en el consejo de administración en dos
ocasiones, una el 16 de octubre y otra el 5 de diciembre de 1995, y en
ambas, pese a haber propuestas concretas, también en este caso de
Izquierda Unida, no se llegó a ningún consenso. Ya en este año, con el
antiguo consejo pero con la nueva directora general, en los meses de
junio y julio se volvió a debatir esta cuestión con una propuesta
concreta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con la
recomendación de su regulación por parte de uno de los representantes del
Grupo Socialista, el señor Santillana.

Las dificultades de consenso han sido grandes, y algunas de ellas las ha
expuesto ya el señor Alcaraz. Han sido muchas y se ha referido
básicamente a dos cuestiones: una, fijar qué son grupos políticos y
sociales significativos; y otra, la fijación de los tiempos. Pero siendo
cierto que no se ha llegado a ninguna conclusión y que hay algunas
dificultades, también lo es que la preocupación que subyace --aunque ha
sido muy cuidadoso el señor Alcaraz-- a la proposición no de ley de
Izquierda Unida es una preocupación real que comparte también mi grupo
parlamentario. Los seis meses que llevamos con este nuevo equipo al
frente de Radiotelevisión Española son suficientes para generar una
cierta inquietud en los grupos parlamentarios, desde luego en el mío,
acerca de la objetividad, la imparcialidad y el pluralismo de la
información en Televisión Española y en Radio Nacional de España. Mi
grupo lo ha expresado ya en múltiples ocasiones en las sesiones de
control parlamentario a la Directora General y nunca hemos obtenido una
respuesta satisfactoria ni tampoco hemos observado cambio alguno en la
orientación de los informativos. Nuestra preocupación, señora Presidenta,
es máxima en relación a este tema. Como seguramente ya saben SS. SS., hoy
día al telediario de Televisión Española se le llama el NO-DO, pero al
margen de la broma, lo que esta denominación encierra es que hay una gran
preocupación por la objetividad y el pluralismo en la información de
Televisión Española y de Radio Nacional de España.

Por tanto, teniendo estos dos hechos presentes, es decir, que el estatuto
de la Radio y la Televisión fija esta competencia en el consejo de
administración y que existe en mi grupo parlamentario una verdadera
preocupación acerca de la presencia de los grupos políticos y sociales en
los informativos de Radiotelevisión Española, mi grupo está de acuerdo
con que se inste al consejo de administración a que desarrolle esos dos
artículos del Estatuto, el artículo 4,c) y el artículo 8.1,k). Es este
órgano el que tiene, creo yo, y no la Cámara, la obligación de hacer este
seguimiento semestral y fijar las normas que regulen el acceso de los
grupos políticos y sociales más representativos a la radio y a la
televisión pública. Además, señorías, mi grupo consideraría oportuno
pedir la comparecencia del portavoz del consejo para que informe a esta
Comisión de la situación en la que se encuentra el desarrollo o los
debates sobre el derecho de acceso.

Por estas consideraciones, señora presidenta, señorías, mi grupo
parlamentario, que comparte --como digo-- la preocupación que subyace en
la proposición no de ley de Izquierda Unida, la votará
afirmativamente.




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La señora PRESIDENTA: El señor Peñalosa tiene la palabra.




El señor PEÑALOSA RUIZ: Desde el Grupo Parlamentario Popular, con toda
brevedad, intervengo sobre esta iniciativa, para decir que no sé si
estamos en las postrimerías del estatuto de Radiotelevisión Española, que
data de 1980 y sobre el que hay ya un acreditado consenso básico respecto
a la necesidad de su actualización o al menos de su revisión, pero en
todo caso, en cumplimiento de su artículo 24 y del resto de las
previsiones que contiene, y sin necesidad de ningún otro estímulo, parece
necesario que el consejo de administración establezca unos criterios
generales que garanticen e instrumenten adecuadamente el acceso a
Radiotelevisión Española que, como digo, reconoce ese artículo 24 del
estatuto, y que todo ello se haga en un marco de referencia claro para
que su aplicación resulte fácil a los grupos políticos y sociales más
representativos.

Es indudable que Radiotelevisión Española debe reconocer las diferentes
tendencias, opiniones e intereses existentes en la sociedad, y que por lo
tanto los programas informativos deben reflejar esa diversidad procurando
que todas las opiniones estén debidamente representadas. Como quiera que
además este Gobierno y la nueva dirección general de Radiotelevisión
Española han desistido de que Radiotelevisión Española se utilice para
fines distintos de los que les corresponden en el Estatuto y de los que
en los últimos años ha habido una consolidada doctrina, se está en la
mejor disposición de acometer lo que se pide en esta proposición no de
ley y que no se ha realizado en los últimos 16 años.

Por todo ello, señora Presidenta, votaremos afirmativamente a esta
proposición no de ley de Izquierda Unida.




--POR LA QUE SE INSTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL ENTE PUBLICO
RADIOTELEVISION ESPAÑOLA (RTVE) PARA QUE APRUEBE UN PLAN DE PROGRAMACION
DE RADIODIFUSION Y TELEVISION EN CADA UNO DE LOS AMBITOS TERRITORIALES
DEL ESTADO ESPAÑOL QUE ASEGURE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIO
DE PLURALISMO LINGÜISTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000166.)



La señora PRESIDENTA: Pasamos a la cuarta proposición no de ley, para la
que tiene la palabra la señora representante del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




La señora RIVADULLA GRACIA: Con mucho gusto me dispongo a descargar de
trabajo a mi compañero Manolo Alcaraz.

Nuestro grupo presenta esta proposición no de ley, dadas las noticias que
aparecieron en septiembre, pésimas noticias, que venían acompañadas
también con otras de la Ministra de Educación, en el sentido de no
potenciar la enseñanza pública. La verdad es que esa noticia de no
potenciar la enseñanza pública, unida a la de la señora Ridruejo de
supresión de las desconexiones en lengua catalana de la emisora de
Radio-5, constituyeron unas pésimas noticias a comienzos de otoño. Por
eso nuestro grupo parlamentario presenta esta proposición no de ley,
porque pensamos que no sólo no debe suprimirse ninguna de las emisiones
en lengua catalana, sino que se deben incrementar.

Si queremos hacer efectivo lo que establece el estatuto de la Radio y la
Televisión, que en su artículo 1 señala que la radiodifusión y la
televisión son servicios públicos esenciales, y que en el artículo 4,c)
establece que la actividad de los medios de comunicación social se
inspirará en los principios de pluralismo político, religioso, social,
cultural y lingüístico, la verdad es que estamos muy lejos de cumplir
este precepto del Estatuto y por eso pensamos que es importante esta
proposición no de ley que hoy se debate en el Congreso de los
Diputados.

Creemos que la situación actual no es nueva, ya de hecho cuando se
suprimió Radio-4 estábamos entrando en esta dinámica, pero yo voy a
centrar en la Comunidad Autónoma de Catalunya, que es donde todavía
persiste Radio-4, para explicar que es una emisora que se está dejando
morir, que no tiene organigrama, que no tiene presupuestos propios, y
pensamos que aunque políticamente no se quiere suprimir, realmente
tampoco se le han dado los medios para que pueda cumplir con este
precepto constitucional y estatutario de respeto al pluralismo
lingüístico.

Señorías, nosotros creemos que no se puede funcionar con presupuestos
congelados, que no hay sensibilidad por parte del ente público para
dotarla de un personal que esté cualificado y así establecer la
comunicación en los dos idiomas, en castellano y en catalán, o en
castellano y en euskera, o en castellano y en gallego, y que hasta el
presente momento todo esto no se ha tenido en cuenta.

En cuanto a Radio-5 se establecen pequeñas desconexiones informativas de
minutos, pero de momento son absolutamente insuficientes.

Como nosotros consideramos que debemos ir en la línea de incrementar y de
respetar esos preceptos constitucionales y estatutarios, creemos que
tampoco estamos en condiciones de poder dar una respuesta cerrada por
parte de nuestro grupo. Por eso, en la proposición no de ley solicitamos
que el Congreso de los Diputados inste al consejo de administración del
Ente Público Radiotelevisión Española para que apruebe UN PLAN de
programación de radiodifusión y televisión en cada uno de los ámbitos
territoriales del Estado español que asegure el principio constitucional
y estatutario de pluralismo lingüístico.

Señorías, lo que estamos realmente solicitando es que se apruebe un plan
de programación de radiodifusión y televisión, como dispone el artículo
13 del Estatuto. Creemos que estableciendo esas programaciones
territoriales con respecto al pluralismo lingüístico, podríamos desde
esta misma Comisión hacer un seguimiento para ver cómo esto se va
produciendo, ya que realmente una de las funciones del Congreso de los
Diputados es el seguimiento y



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el control del cumplimiento de las leyes que rigen nuestro sistema
normativo.

Señorías, a esta proposición no de ley el Grupo Socialista ha presentado
una enmienda de sustitución, como es habitual en él, aunque ya he dicho
de forma cariñosa a la Diputada que va a ser la portavoz que hubiese sido
suficiente una enmienda parcial para corregir un error técnico que tenía
nuestra proposición no de ley y que nosotros estaríamos en disposición de
aceptarla. La enmienda socialista señala que no se debe instar al consejo
de administración sino que se debe instar a Radiotelevisión Española para
que elabore una programación que deberá ser aprobada por el consejo de
administración. Estamos de acuerdo con esta enmienda del Grupo
Socialista.

Por mi parte, nada más que solicitar de los portavoces de los grupos
parlamentarios de esta Comisión que tengan en cuenta que sería muy
conveniente la aprobación de esta proposición no de ley para,
sencillamente, como he dicho al principio, dar cumplimiento a un precepto
constitucional y estatutario.




La señora PRESIDENTA: Efectivamente, el Grupo Socialista ha presentado
una enmienda a esta proposición no de ley, y por tanto, tiene la palabra,
la señora Valcarce.




La señora VALCARCE GARCIA: El Grupo Parlamentario Socialista adelanta su
voto favorable a esta proposición no de ley que formula el Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y ello por dos razones
esenciales.

La primera porque compartimos la filosofía que se trasluce en esta
proposición no de ley. Compartimos con el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya su preocupación porque el ente
Radiotelevisión Española garantice efectivamente el mandato
constitucional y también lo que prevé el Estatuto de la Radio y la
Televisión de respeto al pluralismo lingüístico de las diferentes
comunidades del Estado español. También queremos señalar que nuestro voto
será favorable porque compartimos con este grupo parlamentario nuestra
preocupación por las recientes manifestaciones de la directora general y
por algunas de sus decisiones, que entendemos pueden suponer que en los
centros territoriales con las comunidades con idioma propio no se
garantice una programación específica propia en su lengua. A nosotros nos
parece que esto puede ser muy dañino para la difusión de la cultura en
estas comunidades. Por ello, nosotros, que compartimos esta preocupación,
apoyaremos su proposición no de ley.

En este espíritu de colaboración con el Grupo de Izquierda Unida hemos
presentado una enmienda de sustitución que tiene un simple carácter
técnico, como ya ha señalado la señora Rivadulla. Nuestra mejora técnica
va orientada a conseguir que efectivamente el objetivo que persigue la
proposición no de ley se alcance, porque entendemos que es a
Radiotelevisión Española a la que se debe instar, puesto que ella es la
que tiene la competencia de elaborar la programación, y el consejo de
administración sólo la aprueba. Por ello hemos presentado esta enmienda
que esperamos que cuente con el apoyo favorable del resto de los grupos
de esta Comisión.

Por mi parte nada más.




La señora PRESIDENTA: ¿Resto de los grupos que quieran intervenir? Por el
Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Burballa.




El señor BURBALLA I CAMPABADAL: El tratamiento lingüístico de los medios
públicos de comunicación es un tema especialmente sensible para nuestro
grupo. En un primer momento estuvimos muy alarmados por las noticias que
parecían expresar una voluntad de la dirección general de suprimir
desconexiones en lengua catalana, lo que fue inmediatamente
corregido.

Desde nuestro grupo valoramos que hubiera este desmentido, que además fue
inmediato, desmentido que hizo tanto la dirección de Radio Nacional de
España como la propia Directora General. La profundización en el
tratamiento de las lenguas que son oficiales en las comunidades
autónomas, en Cataluña en este caso, en los medios de comunicación
públicos, es un tema que a nuestro grupo le parece imprescindible, ya que
la situación actual no nos satisface. Entendemos que verdaderamente haría
falta una mayor incidencia en la lengua propia de Cataluña en este caso,
dentro de la programación de Radio Nacional de España.

Nuestro grupo entiende, por otra parte, que en este caso, ya se ha dicho
también por parte de la portavoz del Grupo Socialista, no hace falta
aprobar ningún plan específico, sino que lo que hay que hacer es
incorporar este plan específico a la programación general que debe
aprobar el consejo de administración de Radiotelevisión Española. Esta
programación, que debe aprobar el consejo anualmente, es la que debe
incluir el tratamiento de las lenguas oficiales en las respectivas
comunidades autónomas y dar en la programación la verdadera dimensión de
lo que este tratamiento contiene. Por lo tanto, nuestro grupo entiende y
creo que estamos obligados a ello, que el seguimiento debe hacerse
respecto a la programación que aprueba cada año el consejo de
administración. Evidentemente, nuestro grupo incidirá con especial
atención, como he dicho antes, sobre el tratamiento de la lengua propia
de Cataluña en los medios de comunicación públicos a través de la
programación de Radiotelevisión Española, y en este caso concretamente de
Radio Nacional.

Si lo que se quiere es que Radio-4, en este caso Radio-5, sea una cadena
de noticias abundando en su carácter territorial, acentuando la
proximidad al ciudadano, hay que tener en cuenta que la lengua en la que
propiamente se expresa la mayoría de los ciudadanos de Lleida, de Girona,
de Tarragona, de Barcelona, evidentemente es la catalana. Este es también
el camino que han tomado las radiodifusiones públicas en el marco de la
Unión Europea, ya que se pretende que la inmediatez de la noticia, que el
ámbito mismo de la noticia, que los temas de que traten las noticias,
sean de la máxima proximidad al ciudadano y como he dicho de la máxima
inmediatez. En ese caso la tendencia es la de reservar a una sola gran
cadena de ámbito estatal la cobertura de noticias internacionales,
estatales, etcétera, dejando al resto de los medios públicos el ámbito
próximo del ciudadano y potenciando el carácter territorializado.

Las programaciones específicas a que deben responder a estas
sensibilidades deben estar incorporadas a la programación



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general. En ese sentido, nuestro grupo, en aras a encontrar una fórmula
que permita el consenso, que es en definitiva lo que debe procurar la
Cámara y en este caso esta Comisión, plantearía al Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y al Grupo Socialista que ha
presentado una enmienda transaccional, una enmienda in voce de
sustitución que diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta a
Radiotelevisión Española a que garantice en la programación de Televisión
Española y Radio Nacional de España, que debe aprobar el consejo de
administración de Radiotelevisión Española, el principio constitucional
de pluralismo lingüístico, en el marco de lo que establece el artículo 13
del estatuto de la Radio y la Televisión.

Nosotros entendemos que con esta fórmula, por un lado, mandaríamos a la
dirección general el mensaje de valorar positivamente su actitud de
potenciar en el futuro en las emisiones de Radio-5 y de Radio-4, en este
caso, de todos los medios de comunicación públicos territorializados, las
lenguas que son cooficiales, la lengua propia en la comunidad autónoma; y
por otro de alguna manera también conseguiríamos establecer una posición
de consenso en esta Comisión.




La señora PRESIDENTA: El señor Izquierdo, tiene la palabra.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, no me resisto a hacer, aunque sea de
modo breve, algún comentario a la exposición de motivos de la proposición
no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque
leo con agrado realmente y con satisfacción que uno de los párrafos dice
literalmente que estamos viviendo unos momentos políticos en donde se
están dando pasos ágiles en la profundización autonómica de un Estado
plurinacional, plurirregional, pluricultural y plurilingüista.

Yo creo que es verdad lo que dice en su exposición de motivos la
proposición no de ley. Es verdad que en estos momentos se están dando
unos pasos ágiles en la construcción de un Estado moderno y más de
acuerdo con su propia historia y su propia cultura de cara al próximo
siglo. Creeríamos esto también en este caso si no fuera porque tanto el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida como el Grupo Socialista,
en esta especie de colaboración nueva que hoy se plantea en esta Cámara,
utilizan habitualmente estas cuestiones no para la construcción del
diálogo, ni del consenso político, ni del acuerdo, sino que en sentido
bien contrario y bien distinto; hablaríamos del tema de la financiación
autonómica, pero, en fin, lo dejaremos ahí.

Por lo tanto me pregunto: ¿Esta proposición no de ley es un planteamiento
político de largo alcance? ¿Es lo que se persigue? Yo creo, señorías, que
no. Es un planteamiento estratégico, legítimo, que se plantea por una
cuestión particular y concreta, que es que en un momento concreto, una
determinada programación de Radio-5 es suspendida. ¿Es probablemente un
error? Pues probablemente es un error, corregido y vuelto a su sitio.

Entiende nuestro grupo parlamentario que hoy Radiotelevisión Española
atiende suficientemente en su programación los criterios de la pluralidad
cultural, política, lingüística en nuestro país. Lo que pasa es que esto
nunca es suficiente, y en eso yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho,
nunca es suficiente, siempre podemos avanzar más. La intención del
Gobierno y la del Grupo Parlamentario que lo apoya, y lo conoce muy bien
nuestros socios parlamentarios, es ésa. Probablemente no se consiga más
avance con la regulación, con la insistencia, y sí con el diálogo y
teniendo los criterios y los conceptos bien claros, pero bien claros, y
en este caso yo entiendo que lo están.

El Grupo Federal de Izquierda Unida vuelve a cometer, señorías, el mismo
error que en la proposición no de ley que he tenido el honor de defender
anteriormente, que es que el consejo de administración no tiene la
facultad de elaborar ningún plan, tiene la facultad de aprobar el plan
que se le presente por parte de la dirección general. Por lo tanto,
nuestro grupo entiende que no procede pedir al consejo de administración
la elaboración de un plan específico para garantizar eso. En
consecuencia, señorías, nosotros lógicamente apoyamos la enmienda in voce
que ha formulado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

Entendemos que es más ajustado a la realidad del Estatuto y entendemos
también que esa llamada de atención es una llamada de atención positiva,
no negativa, porque hasta estos momentos y en esta nueva etapa política,
como bien se dice en la exposición de motivos, el esfuerzo por la
consolidación de esa situación plural y pluralista de nuestras culturas,
de nuestros pueblos y de nuestras lenguas, es algo en lo que se ha
avanzado de una manera importante. Apoyaríamos en consecuencia, señorías,
la enmienda in voce planteada por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió).

Termino diciendo que no casa muy bien el comentario de que no se puede
hacer política con presupuestos congelados. A veces, los presupuestos
están congelados debido a situaciones terribles, tremendas, tremebundas,
de deuda pública, y para deuda pública, la que en este caso tiene
Radiotelevisión Española de doscientos y pico mil millones de pesetas,
provocada por una anterior gestión claramente deficiente. No es problema
de pesetas ni de presupuestos el garantizar la pluralidad lingüística en
la radio y televisión públicas, como se está viendo y como se verá en el
futuro.




La señora PRESIDENTA: La señora Rivadulla tiene la palabra.




La señora RIVADULLA GRACIA: En primer lugar, sin ánimo de aguar la
satisfacción del señor Izquierdo, quisiera decirle que efectivamente la
redacción de nuestro texto no está muy ajustada, pero lo que reflejaba
era una tendencia. Una tendencia que vino a romper de golpe unas
declaraciones poco afortunadas que han dado pie a la proposición no de
ley que hoy presentamos.

En relación a la aprobación o no de la enmienda que se nos presenta,
había dicho en mi intervención que en cuanto entendía que la enmienda del
Grupo Socialista respondía a los mismos objetivos que la que habíamos
presentado, estábamos en disposición de aceptarla, pero en aras a obtener



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el consenso y efectivamente a que de esta Comisión salga el objetivo de
que se garantice el pluralismo lingüístico, y dado que todo eso se
inscribe en el artículo 13 del Estatuto, en el que se establecen las
programaciones territoriales, señora Presidenta, señalo que en nombre del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya aceptamos la
enmienda in voce del Grupo Catalán (Convergència i Unió).




La señora PRESIDENTA: Señora Valcarce.




La señora VALCARCE GARCIA: También quiero señalar que el Grupo
Parlamentario Socialista antepone la voluntad de consenso de esta
Comisión a cualquier otra cuestión. Entendemos que el objetivo es
garantizar el pluralismo lingüístico, que la enmienda in voce del señor
Burballa ha conseguido ese consenso que el objetivo y la redacción
técnica de la proposición no de ley es muy buena, y nosotros anunciamos
nuestro voto favorable.




--SOBRE AGILIZACION Y SOLUCION A LA NEGOCIACION MANTENIDA ENTRE EL ENTE
PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA (RTVE) Y SUS SOCIEDADES Y EL COMITE
GENERAL INTERCENTROS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA.

(Número de expediente 161/000202.)



La señora PRESIDENTA: Pasamos a la última proposición no de ley que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Leguina.




El señor LEGUINA HERRAN: Señora Presidenta, voy a ser muy breve.

Lo que se pretende con esta proposición no de ley es no intervenir en la
negociación, que está, por cierto, en curso, sino recomendar una buena
solución en los términos en que se ha redactado y que voy a leer: El
Congreso de los Diputados insta a la Directora General del Ente Público
Radiotelevisión Española a que agilice la negociación que entre el ente
público Radiotelevisión y sus sociedades y el comité general intercentros
se lleva a cabo en este momento en la correspondiente mesa de
negociación, a fin de llegar a una solución consensuada entre las partes
implicadas y resolver el problema de un colectivo de aproximadamente 300
trabajadores contratados por Radiotelevisión Española, tal y como
manifestó de forma unánime el consejo de administración del ente público
en una de sus últimas reuniones.

No se pretende ni entorpecer, ni tomar partido, sino colaborar en la
solución de estos problemas, problemas que no son de ahora, debe quedar
esto claro, problemas que arrastran muchos años en algunos de los casos y
problemas que se encuentra, para ellos es nuevo, la nueva dirección de
Radiotelevisión. Por tanto, nadie entienda que esto es una crítica, una
presión o cosa parecida. Se trata, como he dicho, de intentar ayudar.

La negociación se ha iniciado ya. Concretamente ha habido reuniones el 17
de septiembre, el 15, el 17, el 23 de octubre y el 5 de noviembre, y se
ha llegado a acuerdos parciales. La negociación se ha detenido para
reflexionar y se reanudará suponemos que en breve plazo. Hay dos
problemas básicos en los que no ha habido acuerdo y que son los puntos
tres y cuatro de la plataforma de un grupo de trabajadores.

Por lo tanto, creemos que, si hubiera consenso, esto ayudará a solucionar
un problema que tiene unos caracteres humanos que no es necesario
subrayar. Me parece que con mi intervención quedan claras las intenciones
de mi grupo y también, caso de aprobarse, cuál es la posición de esta
Comisión.




La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir?
Tiene la palabra la señora Riera, de Convergència i Unió.




La señora RIERA I BEN: Muy brevemente voy a decir que nuestro grupo, como
no podía ser de otra manera, apoyará esta proposición no de ley del Grupo
Socialista; además, compartimos los argumentos que ha expuesto el señor
Leguina y nos felicitamos del extracto del acuerdo que el comité general
intercentros nos ha hecho llegar hoy a los portavoces de esta Comisión,
extracto que ya el señor Leguina ha reflejado en su comentario y que yo
no voy a reiterar, para no repetirnos.

Pienso que es un buen síntoma que se haya producido ya en estas reuniones
de los días 17, 15 y 23 una primera voluntad de acuerdo, que bajo este
mismo criterio probablemente se consiga cerrar los puntos que quedan
pendientes y nuestro grupo apoyará, en la medida de lo posible, que el
acuerdo entre estos trabajadores y Radiotelevisión llegue a buen
término.

Por lo tanto, vamos a votar favorablemente esta proposición.




La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, tiene la palabra.




El señor ALCARAZ RAMOS: Igualmente, en una brevísima intervención quiero
indicar nuestro apoyo a la propuesta. Nos parece evidentemente oportuna
en el tiempo y adecuada en las consideraciones. Entendemos que es bueno
que esta Comisión se pronuncie y si además conseguimos hacerlo por
unanimidad a favor de esta proposición, todavía sería mejor.

Creo que todos y todas ustedes coincidirán conmigo en que unas buenas
relaciones entre la dirección, los profesionales, los trabajadores en
definitiva del ente público, va a afectar a la gestión; por lo tanto,
todo lo que sea ir favoreciendo un marco de buena relación redundará en
esa gestión.

Pese a algunas alusiones, a nuestro modo de ver erróneas, que en el
pasado Pleno de debate sobre presupuestos se hicieron, como si nosotros
estuviéramos alentando algún tipo de confrontación, cuando nada más lejos
de la realidad, nosotros estamos convencidos de que todos deseamos



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evitar conflictos y que hoy es una buena ocasión para que eso se plasme
en el voto favorable a esta proposición no de ley.




La señora PRESIDENTA: Señor Peñalosa.




El señor PEÑALOSA RUIZ: Señorías, en Radiotelevisión Española hay muchos
problemas. Esta Comisión es perfecta conocedora de los numerosos y graves
problemas que tiene Radiotelevisión Española en prácticamente todos los
ámbitos de la gestión.

Uno de ellos es el de los contratados, que ahora nos ocupa. 340
trabajadores que se encuentran en una situación irregular; incluso hay
quien cree que fueron contratados en fraude de ley. 340 trabajadores a
los que se les ha creado un problema, pero a los que no se les ha dado
una solución hasta la fecha, demostrando, por tanto, una falta de
responsabilidad grande, a nuestro juicio, de las anteriores direcciones
de Radiotelevisión Española, que crearon el problema, que permitieron que
subsistiera en el tiempo y que no lo solucionaron.

Tiene, efectivamente, esta problemática, como reconocía el señor Leguina,
origen en etapas precedentes, porque durante años en Radiotelevisión
Española se han producido contratos temporales al amparo de contratos
artísticos y también de contratos de obra o servicio determinado. Alguno
de estos contratos al amparo de obra o servicio determinado están
incluidos en el convenio colectivo y otros, no. El número de estos
contratos temporales se ha ido incrementando incomprensiblemente a lo
largo de los años. Sepan SS. SS. que hay contratos temporales que duran
3, 6, 10 y hasta 15 años en Radiotelevisión Española. Los convenios
colectivos de Radiotelevisión Española en distintas ocasiones han
establecido el compromiso de estudiar en una comisión mixta este asunto
para adoptar propuestas de solución. Sin embargo, este compromiso ha sido
sistemáticamente eludido por las direcciones anteriores. En la nueva
etapa de Radiotelevisión Española la dirección abordó de manera inmediata
este asunto creando la correspondiente mesa de negociación entre la
dirección y el comité general intercentros. Se han producido ya
efectivamente diversas reuniones y las negociaciones están abiertas con
el fin de llegar a una solución consensuada entre las partes.

Desde este punto de vista, que es el que verdaderamente importa al Grupo
Popular, la iniciativa que nos ocupa es realmente innecesaria, tiene
incluso más que un carácter oportuno, como se la ha calificado aquí, un
carácter oportunista. Es probable incluso que este asunto no tuviéramos
que tratarlo aquí, no lo digo porque haya ningún inconveniente
reglamentario, sino en términos de sentido común. En los contactos que
nuestro grupo parlamentario mantuvo con los representantes de los
contratados, además de hacerles llegar nuestra comprensión por su
problema y nuestro apoyo para que se impusiera el diálogo, también les
hicimos ver la inconveniencia que supondría convertir su situación en una
coyuntural, en una circunstancial ventaja política mediante la
presentación de algún tipo de iniciativas como la que ahora estamos
debatiendo. A pesar de que los socialistas tienen bastante que ver con el
problema que nos preocupa, ahora nos urgen a su solución y creo que la
dirección general, con el apoyo de todos, va a conseguir
solucionarlo.

Recordemos, señorías, que las tres principales reivindicaciones de este
grupo importante de trabajadores son, en primer lugar, la creación de un
banco de datos y la prioridad de este personal para futuras
contrataciones; en segundo lugar, la igualdad de derechos con respecto al
personal acogido al convenio y, en tercer lugar, el reconocimiento de
fijeza.

Respecto al primero de estos puntos, se están desarrollando, por lo que
sabemos, las conversaciones en un buen clima de entendimiento y de
acuerdos concretos, que hoy mismo nos han confirmado antes de entrar en
esta Comisión los representantes de los contratados. También parece que
sigue el mismo camino el punto segundo, y así se está avanzando en la
equiparación de derechos del personal excluido por su propia naturaleza
del convenio colectivo; son los del personal temporal acogido al mismo,
mientras no haya contradicción de un lado con la capacidad y autonomía de
las partes para fijar en el contrato de trabajo condiciones laborales y
económicas específicas y no vulneren, por otro lado, las normas de
derecho necesario establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y en el
resto de legislación laboral aplicable. Y respecto al tercer punto, hay
que tener en cuenta la naturaleza jurídica de este tipo de contratos,
cuya característica esencial es, aunque parezca increíble, la
temporalidad y, por tanto, la vinculación de la duración a una obra o de
un programa en concreto. Hay que considerar, por último, también que
existen unos cauces reglados de acceso a la fijeza en Radiotelevisión
Española que tampoco podemos vulnerar.

En todo caso, nosotros no queremos en modo alguno resolver aquí la
cuestión ni prejuzgar su resultado. Nos atenemos al tenor literal de la
exposición de motivos y de la propia proposición no de ley, que coincide,
como no podía ser de otro modo, con la intervención sintética que ha
realizado el señor Leguina al comienzo de este debate.

Por todo ello, a pesar de lo innecesario de la iniciativa y de la
imposibilidad de acordar las soluciones definitivas de la negociación en
marcha, pero felicitándonos por que los propios contratados reconozcan
que desde la dirección general se les trata, a ellos y a su problema, con
respeto, votaremos afirmativamente esta proposición no de ley.




La señora PRESIDENTA: Suspendemos la sesión cinco minutos y agradecería a
los portavoces de los grupos que se acercaran a la mesa un momento.

(Pausa.) Vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de
ley.

Primera proposición no de ley sobre extensión de la subtitulación por
medio del teletexto a toda la programación de televisión. Señor
Alcaraz.




El señor ALCARAZ RAMOS: Nosotros aceptaríamos la enmienda propuesta por
el Grupo Parlamentario Popular y, por lo tanto, retiraríamos nuestro
texto.




La señora PRESIDENTA: Grupo Socialista.




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El señor MORENO FRANCO: Obre en consecuencia, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder a la votación de la enmienda.




Efectuada la votación, dijo:



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.

Segunda proposición no de ley por la que insta al consejo de
administración de Radiotelevisión Española para que elabore un texto que
fije el estatuto del profesional a partir del diálogo con los y las
profesionales de Radiotelevisión Española.

No se ha presentado ninguna enmienda.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 20; abstenciones, 14.




La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la proposición no de
ley.

Tercera proposición no de ley por la que insta al consejo de
administración de Radiotelevisión Española a definir en el más breve
plazo de tiempo un marco estable para asegurar de acuerdo con la
legislación vigente y de manera equilibrada el derecho de acceso a las
emisiones de acceso de Radiotelevisión de los grupos políticos con
representación parlamentaria y de los grupos sociales más
representativos.




Efectuada la votación, dijo:



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley por
unanimidad.

Cuarta proposición no de ley por la que insta al consejo de
administración del ente público Radiotelevisión Española para que apruebe
un plan de programación de radiodifusión y televisión en cada uno de los
ámbitos territoriales del Estado español que asegure el principio
constitucional y estatutario del pluralismo lingüístico.

Como ustedes saben, a esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Socialista, pero a su vez ha presentado una
enmienda in voce el Grupo de Convergència i Unió.

Vamos a proceder a la lectura de la enmienda in voce presentada por el
Grupo de Convergència i Unió, pero antes quiero conceder la palabra a la
representante del Grupo Socialista.




La señora VALCARCE GARCIA: El Grupo Socialista manifiesta la aceptación
de la enmienda in voce, como ya señalé antes, de Convergència i Unió y,
naturalmente, retira la propia.




La señora PRESIDENTA: Voy a proceder a su lectura.

El Congreso de los Diputados insta a Radiotelevisión Española a que
garantice en la programación de Televisión Española y Radio Nacional de
España que debe aprobar el consejo de administración de Radiotelevisión
Española el principio constitucional de pluralismo lingüístico en el
marco de lo que establece el artículo 13 del Estatuto.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señora Presidenta, entiendo que lo que vamos
a votar es la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya con la enmienda de Convergència i Unió.




La señora PRESIDENTA: Primero se vota la enmienda y después se vota la
proposición con la enmienda incorporada.




La señora RIVADULLA GRACIA: Lo que se vota, señora Presidenta, es la
proposición no de ley con la enmienda de Convergència i Unió.




La señora PRESIDENTA: Señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señora Presidenta, deduzco que el grupo
proponente acepta la enmienda, porque si no, no podemos votarlo.




La señora PRESIDENTA: Hay un procedimiento más sencillo y un
procedimiento más complejo. La señora Rivadulla tiene razón y vamos a
votar la proposición no de ley con la enmienda in voce.




Efectuada la votación, dijo:



La señora PRESIDENTA: Se aprueba por unanimidad.

Quinta proposición no de ley sobre agilización y solución a la
negociación mantenida entre el ente público Radiotelevisión Española y
sus sociedades y el comité general intercentros.




Efectuada la votación, dijo:



La señora PRESIDENTA: Se aprueba la proposición no de ley por
unanimidad.

Quiero agradecer a los señores y señoras Diputados no sólo su presencia y
sus intervenciones, sino su espíritu de consenso, que ha suplido las
deficiencias de la presidencia.

Se levanta la sesión.




Eran las doce y quince minutos del mediodía.




NOTA. El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de CONTROL
PARLAMENTARIO DE RTVE, del 27 de noviembre de 1996, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.