Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 118, de 22/12/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 118 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 117
celebrada el jueves, 22 de diciembre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Modificación del orden del día (Página 6337)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales:
--Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la República de Croacia sobre transporte internacional por
carretera, firmado «ad referendum» en Madrid el 28 de junio de
1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 150.1, de 17 de octubre de 1994 (número de expediente
110/000122) (Página 6338)
--Acuerdo de Cooperación y de Unión Aduanera entre la
Comunidad Económica Europea y la República de San Marino,
hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1991. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie C, número 151.1, de 17 de
octubre de 1994 (número de expediente 110/000123) (Página 6338)
--Convenio Internacional del Café de 1994, hecho en Londres el
30 de marzo de 1994. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 152.1, de 17 de octubre de 1994
(número de expediente 110/000124) (Página 6338)
--Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Comunidad
Europea de la Energía Atómica por una parte, y por otra parte
el Reino de España, sobre el establecimiento del Instituto de
Prospectiva Tecnológica en Sevilla, firmado en Sevilla el 15
de abril de 1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 153.1, de 17 de octubre de 1994 (número de
expediente 110/000125) (Página 6338)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario
por importe de 3.145.445.073 pesetas, para el pago de
indemnizaciones, derivadas de sentencias del Tribunal Supremo
y de la Audiencia Nacional, a titulares de las oficinas de
farmacia. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 81.1, de 7 de octubre de 1994 (número de expediente
121/000068) (Página 6338)
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario
y un suplemento de crédito por importes de 2.295.268.422
pesetas y 1.324.581.156 pesetas, respectivamente, en el
presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para
hacer frente a los gastos por prestaciones derivadas del
síndrome tóxico en los ejercicios 1993 y 1994. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 85.1, de 7
de noviembre de 1994 (número de expediente 121/000072)
(Página 6338)
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario
por importe de 1.430.420.000 pesetas, al Ministerio de
Industria y Energía, para completar el pago a la Empresa
Nacional Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA), de la subvención
de explotación correspondiente al ejercicio 1992, según
contrato-programa. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie A, número 91.1, de 14 de noviembre de 1994 (número de
expediente 121/000076) (Página 6339)
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación:
--Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre
el uso irregular que se ha venido dando a los gastos
destinados a los fondos reservados, formulada por 77 Diputados
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de
expediente 156/000010) (Página 6345)
SUMARIO
Se reanuda la sesióna las nueve y cinco minutos de la mañana.
Modificación del orden del día (Página 6337)
El señor Presidente propone a la Cámara, de acuerdo con el
artículo 68.1 del Reglamento, la exclusión del orden del día
de la presente sesión del dictamen correspondiente al Proyecto
de Ley de contratos de las Administraciones públicas que
figura como punto 38.
Se aprueba por asentimiento su exclusión del orden del día.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
convenios internacionales (Página 6338)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de
la República de Croacia sobre transporte internacional por
carretera, firmado «ad referendum» en Madrid el 28 de junio de
1994 (Página 6338)
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 245 votos a
favor.
Acuerdo de Cooperación y de Unión Aduanera entre la Comunidad
Económica
Europea y la República de San Marino, hecho en Bruselas el 16
de diciembre de 1991 (Página 6338)
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 244 votos a
favor y dos abstenciones.
Convenio Internacional del Café de 1994, hecho en Londres el
30 de marzo de 1994 (Página 6338)
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 248 votos a
favor y una abstención.
Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Comunidad
Europea de la Energía Atómica por una parte, y por otra parte
el Reino de España, sobre el establecimiento del Instituto de
Prospectiva Tecnológica en Sevilla, firmado en Sevilla el 15
de abril de 1994 (Página 6338)
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 249 votos a
favor.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
(Página 6338)
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario
por importe de 3.145.445.073 pesetas, para el pago de
indemnizaciones, derivadas de sentencias del Tribunal Supremo
y de la Audiencia Nacional, a titulares de las oficinas de
farmacia (Página 6338)
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario y
un suplemento de crédito por importes de 2.295.268.422 pesetas
y 1.324.581.156 pesetas, respectivamente, en el presupuesto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para hacer frente
a los gastos por prestaciones derivadas del síndrome tóxico en
los ejercicios 1993 y 1994 (Página 6338)
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario
por importe de 1.430.420.000 pesetas, al Ministerio de
Industria y Energía, para completar el pago a la Empresa
Nacional Hulleras del Norte, S.A. (Hunosa), de la subvención
de explotación correspondiente al ejercicio 1992, según
contrato-programa (Página 6338)
El señor Burgos Gallego defiende la enmienda del Grupo Popular
en relación con el Proyecto de Ley de concesión de un crédito
extraordinario para abonar a titulares de las oficinas de
farmacia. Anuncia el voto favorable a la concesión de dicho
crédito, sin embargo, por la única y primordial razón de que
se trata de dar cumplimiento a una serie de sentencias del
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que dan la razón a
los recursos contencioso-administrativos presentados por
varios miles de farmacéuticos contra la decisión en su día,
arbitraria, unilateral y, como se ha visto, manifiestamente
ilegal, de recortar los márgenes de las farmacias. Por tanto,
prima en el voto de su Grupo la necesidad de resolver un tema
importante pendiente y corregir una costosa arbitrariedad,
dando satisfacción a quienes sufrieron una actuación cuando
menos precipitada y desmedida por parte de la Administración
sanitaria.
Aclarado lo anterior, señala que presentaron una enmienda al
artículo 1 por considerar que corresponde al Ministerio de
Sanidad y no al de Economía y Hacienda asumir el gasto
derivado de las indemnizaciones a los titulares de farmacia
por razones de competencia sobre la materia. Pretenden con la
enmienda responsabilizar política y presupuestariamente a
quien generó en su día el problema, a quien ejerció una
potestad de forma improcedente e incurrió en una ilegalidad.
De no ser así, entiende que se estaría maquillando una vez más
y disfrazando el auténtico gasto sanitario en nuestro país, lo
cual constituye una práctica no por reiteradamente utilizada
menos rechazable y menos perversa.
Expone algunas consideraciones de índole formal y política en
torno al Proyecto de Ley objeto de debate y concluye señalando
que el Grupo Popular considera exigibles las responsabilidades
políticas de las decisiones lesivas para los intereses de los
farmacéuticos y las que se derivan del derroche improcedente
de fondos públicos, atribuido en exclusiva a la arbitrariedad,
a la falta de rigor, a la falta de competencia de los gestores
de nuestra sanidad, lo que a estas alturas ciertamente no
resulta ya ninguna novedad.
En turno en contra de la enmienda interviene, en nombre del
Grupo Socialista, el señor Gimeno Marín, considerando que la
enmienda del Grupo Popular carece de un cierto rigor, puesto
que la atribución de competencias a los distintos
departamentos es una facultad que se atribuye al Gobierno. De
otra parte, se encuentran ante un Proyecto de Ley de la misma
naturaleza que aquel que dio lugar a la Ley 6/1993, que en su
artículo 1 señalaba que la concesión del crédito lo era a
cargo de la Sección 15, por lo que de alguna manera y de por
sí
determinaría también una cierta incongruencia el cambio de
Sección, sin que haya aparecido un elemento nuevo para variar
el criterio anteriormente sustentado.
Expone que la decisión del Gobierno en la redacción del
Proyecto de Ley no fue algo impensado sino que ha tenido en
cuenta el cumplimiento de las sentencias de los distintos
tribunales, que atribuyen y determinan que el órgano
competente en estas materias, corresponde, no al Departamento
de Sanidad y Consumo, sino al de Economía y Hacienda, y tienen
también en cuenta el parecer del Consejo de Estado y de la
Dirección General de Régimen Jurídico del Estado, que se han
pronunciado uniformemente sobre el tema. Cuestión distinta es
que se intente aprovechar cualquier tipo de enmienda para
intentar descalificar la política del Ministerio de Sanidad y
Consumo, en este caso concreto la política de la sanidad
farmacéutica.
El señor Landeta Alvarez-Valdés defiende la enmienda del Grupo
Popular postulando la modificación del artículo 2 del Proyecto
de Ley de concesión de un crédito extraordinario por importe
de 1.430 millones de pesetas a Hunosa y que pone de relieve
que las desviaciones entre las subvenciones otorgadas de forma
preliminar y las que finalmente hay que liquidar son muy
significativas y sistemáticas y que no se tiende en modo
alguno a corregir, lo cual resulta muy preocupante en un
entorno comunitario tendente al recorte de las subvenciones
públicas a las explotaciones mineras no viables
económicamente.
Menciona una serie de cifras relacionadas con el déficit de
Hunosa en los últimos años, concluyendo que el Grupo Popular
no puede oponerse a la concesión de este crédito
extraordinario, pero sí pide mayor transparencia en su control
a través de la enmienda presentada.
En turno en contra de la enmienda interviene, en nombre del
Grupo Socialista, el señor González García. Informa que el
crédito en cuestión trata de completar el pago a Hunosa de la
subvención de explotación correspondiente al ejercicio de 1992
en los términos previstos por el contrato-programa firmado por
la empresa con el INI y con el Estado. Considera que la
exposición de motivos que acompaña a este Proyecto de Ley
sería suficiente para aclarar el porqué de este pago. Anuncia
el voto negativo a la enmienda del Grupo Popular, al que le
pediría que la retirara porque, de aprobarse la misma, se
entorpercería el trámite del pago y no se lograría ninguno de
los objetivos que ellos mismos dicen defender.
Sometida a votación la enmienda del Grupo Popular al Proyecto
de Ley de concesión de un crédito extraordinario para el pago
de indemnizaciones a los titulares de las oficinas de
farmacia, es rechazada por 117 votos a favor, 158 en contra y
dos abstenciones.
Se aprueba el dictamen de la Comisión sobre concesión de un
crédito extraordinario y un suplementode crédito para hacer
frente a los gastos por prestaciones derivadas del síndrome
tóxico en los ejercicios de 1993 y 1994, por 278 votos a
favor, uno en contra y una abstención.
Se rechaza la enmienda del Grupo Popular en relación con la
concesión de un crédito extraordinariopara el pago a Hunosa de
la subvención de explotación correspondiente al ejercicio de
1992, por 119 votos a favor y 161 en contra.
Se aprueba el dictamen de la Comisión sobre la concesión de un
crédito extraordinario a Hunosa, por 280 votos a favor y uno
en contra.
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación
(Página 6345)
Solicitud de creación de una comisión de investigación sobre
el uso irregular que se ha venido dando a los gastos
destinados a los fondos reservados, formulada por 77 Diputados
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Página 6345)
El señor Alvarez-Cascos Fernández, en nombre del Grupo
Popular, manifiesta que el vergonzoso escándalo llamado Roldán
sirvió para reabrir en la sociedad española el debate sobre el
uso irregular y arbitrario de los fondos reservados, que por
su naturaleza es necesario administrar con especial seriedad
si no se quiere colocarlos bajo sospecha de servir de soporte
a conductas deshonestas o delictivas. Por eso el Grupo Popular
entendió y entiende que la única vía de justificación de los
fondos reservados en estas circunstancias no puede ser otra
que la demostración palpable y contundente de una actitud
beligerante y sin cuartel contra toda desviación irregular o
delictiva en el uso de los fondos reservados.
Afirma que la Comisión de investigación del escándalo Roldán
concluyó con una exhibición clamorosa de pruebas de uso
delictivo de los fondos reservados por el ex Director General
de la Guardia Civil, y si era necesario entonces continuar con
la investigación sobre los mismos mucho más lo es en este
momento ante la proliferación de pruebas testimoniales y
documentales que demuestran que no sólo el señor Roldán abusó
del manejo de los fondos reservados a su cargo. Cualquiera
puede
comprobar sin ninguna dificultad que la utilización de los
fondos reservados para pago de sobresueldos es un secreto a
voces entre los funcionarios del Ministerio del Interior y del
Ministerio de Defensa, con el carácter además de dinero negro,
ajeno a todo control fiscal.
Recuerda el artículo 103 de la Constitución, según el cual las
Administraciones públicas están sometidas a la ley y al
Derecho, y el artículo 59.1 de la ley General Presupuestaria,
que es taxativo al afirmar que los créditos para gastos se
destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la
que hayan sido autorizados. Además, el fraude de ley es una
figura legal que pesa permanentemente sobre cualquier acto de
la Administración, según dispone el artículo 6.4 del Código
Civil.
Pregunta si alguien conoce la existencia de alguna norma
jurídica o alguna interpretación jurisprudencial de una ley
que ampare la comisión de ilegalidades o delitos, habida
cuenta que durante los últimos cinco ejercicios el Ministerio
de Defensa dispuso de 8.492 millones de pesetas de fondos
reservados y el Ministerio del Interior de otros 8.280
millones, encontrándose, por tanto, ante una potencial bolsa
de fraude fiscal de 17.000 millones de pesetas. Ocurre, por
otra parte, que, mientras esto sucede, faltan medios para
luchar más eficazmente contra el terrorismo y el narcotráfico
por falta de dinero y se produce el total incumplimiento del
acuerdo-marco para la mejora y modernización del Cuerpo
Nacional de Policía, suscrito en 1992.
Agrega que están ante un fraude a los intereses generales de
la sociedad española y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, que es un verdadero atentado de lesa patria. Por
si todo ello fuerapoco, en los últimos meses han aparecido
testimonios de nuevas irregularidades, algunos de los cuales
menciona, afirmando que la Cámara está obligada a no ser
cómplice de estas irregularidades y a depurar las
responsabilidades políticas que procedan. Pide a la Cámara
que, por el buen nombre de las instituciones y en defensa del
Estado de Derecho, vote a favor de la propuesta del Grupo
Popular de crear una comisión de investigación sobre el uso
irregular e ilícito de los fondos reservados atribuidos a los
ministerios de Interior y de Defensa.
El señor Cuesta Martínez, en nombre del Grupo Socialista,
interviene en turno en contra de la iniciativa del Grupo
Popular, considerando que la misma va un tanto a remolque de
una información o de determinadas informaciones tergiversadas,
transmitidas por una determinada empresa periodística y
diseñadas estratégicamente por su director, lo que demuestra
un cierto carácter de rehén a la hora de fijar la estrategia
política. Considera, además, que se hallan ante una iniciativa
ambigua e injustificada, que no concuerda tampoco con el marco
legal que en estos momentos diseña el contexto regulador de
todo lo concerniente a los fondos reservados.
Desde otro punto de vista, es una iniciativa que está fundada
en hechos que tienen una carga de inexactitud muy elevada, si
analizan incluso lo que fueron actos parlamentarios de esta
Cámara. Cree, además, que son de un cierto doble lenguaje,
porque no se corresponde esta iniciativa con lo que es el
comportamiento político en otros ámbitos territoriales cuando
se trata de investigar temas menos complicados o menos
complejos incluso que el que hoy se les somete a votación. Es,
por otra parte, una iniciativa que califica de errática y
contradictoria, y en una materia como ésta es un acto de
irresponsabilidad y de falta de realismo al pretender una
actuación parlamentaria cuando existen ya unas actuaciones
judiciales dirigidas en varios frentes.
Alude a continuación a la nota distintiva del carácter secreto
de los fondos reservados y al marco regulador de los mismos,
así como a lo que establece el Derecho comparado en estas
materias y, por otro lado, al hecho de que la Cámara ya ha
estudiado el tema a través de la Comisión Roldán, donde se ha
llegado a conclusiones importantes, afirmando que en el propio
Grupo Popular hay diputados que pueden explicar lo complejo
que es este asunto y el ejercicio de responsabilidad que hay
que hacer cuando se aborda esta cuestión.
Replica el señor Alvarez-Cascos Fernández, duplicando el señor
Cuesta Martínez.
Para fijación de posiciones intervienen la señora Rahola i
Martínez, del Grupo Mixto, y los señores Mauricio Rodríguez,
de Coalición Canaria; Anasagasti Olabeaga, del Grupo Vasco
(PNV); López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència
i Unió), y Romero López, de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Sometida a votación la solicitud de la citada creación de una
Comisión de Investigación, es rechazada por 142 votos a favor
y 169 en contra.
Se levanta la sesión a las once y cincuenta y cinco minutos de
la mañana.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Antes de entrar a debatir los siguientes puntos del orden del
día, la Presidencia, de acuerdo con el artículo
68.1 del Reglamento, somete al Pleno la exclusión del orden
del día de la presente sesión del dictamen de la Comisión del
proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas
que figura como punto número 38.
¿Acuerda la Cámara esta exclusión? (Asentimiento.)
Queda aprobada la exclusión del orden del día del punto de
referencia.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE
CONVENIOS INTERNACIONALES:
--ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE CROACIA SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR
CARRETERA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MADRID EL 28 DE JUNIO DE
1994 (Número de expediente 110/000122)
El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día: Dictámenes
de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales.
¿Algún Grupo desea intervenir en relación con alguno de estos
dictámenes? (Pausa.)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de
la República de Croacia sobre transporte internacional por
carretera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 245; a favor, 245.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--ACUERDO DE COOPERACION Y DE UNION ADUANERA ENTRE LA
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA Y LA REPUBLICA DE SAN MARINO,
HECHO EN BRUSELAS EL 16 DE DICIEMBRE DE 1991 (Número de
expediente 110/000123)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo de Cooperación y de Unión
Aduanera entre la Comunidad Económica Europea y la República
de San Marino.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 246; a favor, 244; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFE DE 1994, HECHO EN LONDRES EL
30 DE MARZO DE 1994 (Número de expediente 110/000124)
El señor PRESIDENTE: Convenio Internacional del Café de 1994.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 249; a favor, 248; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA Y LA COMUNIDAD
ECONOMICA DE LA ENERGIA ATOMICA POR UNA PARTE, Y POR OTRA
PARTE EL REINO DE ESPAÑA, SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL
INSTITUTO DE PROSPECTIVA TECNOLOGICA EN SEVILLA, FIRMADO EN
SEVILLA EL 15 DE ABRIL DE 1994 (Número de expediente
110/000125)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre la Comunidad Económica
Europea y la Comunidad Económica de la Energía Atómica por una
parte, y por otra parte el Reino de España, sobre el
establecimiento del Instituto de Prospectiva Tecnológica en
Sevilla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 249; a favor, 249.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO
POR IMPORTE DE 3.145.445.073 PESETAS, PARA EL PAGO DE
INDEMNIZACIONES, DERIVADAS DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO
Y DE LA AUDIENCIA NACIONAL, A TITULARES DE LAS OFICINAS DE
FARMACIA (Número de expediente 121/000068)
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO
Y UN SUPLEMENTO
DE CREDITO POR IMPORTES DE 2.295.268.422 PESETAS Y
1.324.581.156 PESETAS RESPECTIVAMENTE, EN EL PRESUPUESTO DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA HACER FRENTE A
LOS GASTOS POR PRESTACIONES DERIVADAS DEL SINDROME TOXICO EN
LOS EJERCICIOS 1993 Y 1994 (Número de expediente 121/000072)
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO
POR IMPORTE DE 1.430.420.000 PESETAS, AL MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y ENERGIA, PARA COMPLETAR EL PAGO A LA EMPRESA
NACIONAL HULLERAS DEL NORTE, S.A. (HUNOSA), DE LA SUBVENCION
DE EXPLOTACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1992, SEGUN
CONTRATO-PROGRAMA (Número de expediente 121/000076)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día, dictámenes
de comisiones sobre iniciativas legislativas.
Vamos a proceder a los debates correspondientes a estos
dictámenes, advirtiendo que las votaciones correspondientes a
los mismos tendrán lugar una vez concluidos todos ellos.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario
para el pago de indemnizaciones derivadas de sentencias del
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional a titulares de las
oficinas de farmacia.
Enmiendas del Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Burgos.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Mi Grupo va a expresar su voto favorable a la concesión de
este crédito extraordinario por una única y primordial razón:
se trata de dar cumplimiento a una serie de sentencias del
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que dan la razón a
los recursos contencioso-administrativos presentados por
varios miles de farmacéuticos contra la decisión, en su día,
arbitraria, unilateral y, como se ha visto, manifiestamente
ilegal, de recortar los márgenes de las farmacias. Por tanto,
prima en el voto del Grupo Parlamentario Popular la necesidad
de resolver un tema importante, un tema pendiente, de corregir
una costosa arbitrariedad y dar satisfacción a quienes
sufrieron una actuación, cuanto menos, precipitada y desmedida
por parte de la administración sanitaria.
Dicho esto, tengo que manifestar que nuestro Grupo presentó
una enmienda que se explica por sí sola. Hemos enmendado el
artículo 1 porque consideramos que corresponde al Ministerio
de Sanidad y no al de Economía y Hacienda asumir el gasto
derivado de las indemnizaciones a los titulares de farmacia
por razones de competencia sobre la materia. Pretendemos con
esta enmienda responsabilizar política y presupuestariamente a
quien generó en su día el problema, a quien ejerció una
postestad de forma improcedente y a quien incurrió en una
ilegalidad. Y esto con indepedencia de que el Ministerio de
Economía y Hacienda haya sido reconocido competente para
conocer sobre los expedientes de reclamación, lo cual no
interfiere en absoluto, señorías, con el hecho de que el
montante económico del crédito sea asumido por el presupuesto
del Ministerio de Sanidad y Consumo, y ello por dos
principios. Por un principio de responsabilidad de los propios
actos y por un principio de transparencia en el gasto que nos
permita conocer en todo caso el gasto generado en farmacia por
cualquier concepto, ya sea el farmacéutico propiamente dicho,
ya sean las indemnizaciones o consecuencias económicas
derivadas de la mala o negligente gestión. De no ser así,
señorías, se estaría falseando una vez más, se estaría
maquillando una vez más, se estaría disfrazando el auténtico
gasto sanitario en nuestro país, lo cual constituye una
práctica no por reiteradamente utilizada menos rechazable y
menos perversa.
Hay que tener en cuenta quién emitió en su día las
resoluciones que dieron lugar al recorte de los márgenes de
las farmacias, a quiénes se reclamó en su momento, y ello,
como decía anteriormente, con independencia de que nuestro
Grupo no cuestiona que el Ministerio de Economía y Hacienda
también pueda ser competente para conocer de dichas
reclamaciones. Mucho han cambiado las cosas desde entonces, y
como ya hemos reiterado en más de una ocasión, las
disposiciones de los Presupuestos Generales del Estado
autorizan este año al Ministerio de Economía y Hacienda a
controlar, a conocer y a modificar la gestión, así como al
seguimiento de los créditos del Instituto Nacional de la
Salud. No sabemos, señorías, si será por inmadurez del
Ministerio de Sanidad o por desconfianza en su gestión, pero,
en cualquier caso, parece que quien está en estos momentos
realizando prácticas tuteladas en este país no son
precisamente los estudiantes de Medicina, a quienes se les
niega, sino precisamente la señora Ministra de Sanidad y
Consumo.
Dicho esto sobre la enmienda presentada, mi Grupo quiere hacer
una serie de consideraciones sobre el contenido del proyecto,
consideraciones de índole formal y política.
En primer lugar, y sobre el fondo del asunto, nos gustaría
decir que no debatimos aquí solamente una cuestión de mero
trámite, sino que estamos aprobando resolver con fondos
públicos un problema generado por una actuación gubernamental
carente de rigor y carente de responsabilidad; una muestra de
la ausencia de un adecuado estudio de las decisiones que se
toman. En definitiva, señorías, una vez más, el inevitable
pago con fondos públicos de los errores de la política
socialista con el dinero de todos los ciudadanos. Cierto que
hay que enmendar el error, cierto que hay que indemnizar
cuanto antes a los afectados, sin embargo, a mi
Grupo le gustaría expresar su criterio sobre si, realmente,
aprobando este crédito las cosas van a seguir exactamente
igual que hasta ahora.
Conviene recordar, señorías, que a la vía
contencioso-administrativa tuvieron que recurrir, en su día,
11.605 titulares de farmacia, que fueron indemnizados con un
crédito que ya otorgó esta Cámara por valor de más de 11.000
millones de pesetas; conviene recordar que, con posterioridad,
otros 3.420 titulares de farmacia han solicitado amparo
jurídico a sus derechos vulnerados por resoluciones poco
meditadas, peor fundamentadas, discrecionales y arbitrarias. A
estos últimos, a estos más de 3.000 titulares de farmacia
responde el proyecto de ley que hoy nos ocupa. Por tanto,
señorías, el quebranto no ha sido sólo económico ya que un
total de 15.025 titulares de farmacia han tenido que
movilizarse con recursos individualizados, con las
consiguientes incomodidades y complicaciones. Conviene
recordar también, como contempla el propio informe del Consejo
de Estado en sus consideraciones a este proyecto de ley, que
este crédito no cierra el problema sino que existen todavía
casi un millar de casos pendientes de sentencia por los
tribunales o pendientes de resolución por la vía
administrativa.
Como pueden ver SS.SS., la entidad del problema creado es
proporcional al nivel de irresponsabilidad de quienes lo
suscitaron en su momento. Por tanto, no estamos ante un mero
trámite administrativo y parlamentario, sino que es evidente
la responsabilidad política que cabe exigir derivada de la
adopción de medidas cuya paralización supone pérdidas para el
erario público que se cuentan por miles de millones de
pesetas, 1.105 millones de pesetas vamos a aprobar hoy en
concepto de intereses de demora desde las reclamaciones hasta
la notificación de las sentencias. No tengo que recordarles,
señorías, cuántas actuaciones, cuántas realizaciones podrían
haberse efectuado en la sanidad española con todos estos
fondos tirados por la borda. Cuando se argumentan problemas
económicos a la hora de no resolver determinadas cuestiones
pendientes conviene recordar cuántas prácticas improcedentes
del estilo de la que estamos tratando hoy se realizan,
desgraciadamente, en nuestro país.
En tercer lugar, consideraciones sobre el mecanismo elegido
para solventar este problema. A mi Grupo Parlamentario le
preocupa sobremanera el abuso permanente que se hace de los
créditos extraordinarios, una práctica que se ha convertido en
algo así como en el deporte nacional de la sanidad española o
del Gobierno socialista en su conjunto. Avalar la concesión de
este crédito extraordinario argumentando únicamente su
necesidad y su urgencia o que el retraso en el cumplimiento de
la obligación puede convertirse en una nueva lesión
patrimonial para los demandantes puede ser una opción
razonable, pero entonces cabría preguntarse, y desde luego mi
Grupo se quiere preguntar en este trámite, si el Tribunal
Supremo y la Audiencia Nacional dictaron las diez sentencias
que dan lugar a este proyecto de ley entre el 24 de enero de
1992 y el 5 de julio de 1993, ¿por qué razón no se incluyó en
el presupuesto de gastos de 1994 crédito para atender estas
obligaciones? ¿Se ha incluido, señorías, crédito en el año
1995 para afrontar lo que queda pendiente, aproximadamente
unas 930 sentencias o se nos pedirá otro crédito
extraordinario en el próximo período de sesiones, fruto de la
imprevisión dentro de lo que es, desgraciadamente, habitual en
la práctica de este Gobierno? ¿O no
se hizo, señorías, por no incrementar el capítulo de gastos y
contribuir una vez más a un ejercicio de maquillaje
presupuestario tan del agrado de la Ministra, no sé si
precisamente por su condición femenina? ¿Era necesario
esperar, señorías, al 16 de septiembre de 1994 para que el
Gobierno remitiera este proyecto, con la consiguiente
acumulación de nuevos intereses de demora?
Señorías, la condición de ampliable de este crédito
extraordinario nos lleva a una natural preocupación sobre el
coste final de este asunto. Se faculta en el proyecto para
satisfacer el exceso de intereses que se devenguen hasta que
se produzca el pago. ¿A cuánto ascenderá finalmente la
resolución económica de un problema que sólo la negligencia o
la incapacidad del Ministerio de Sanidad y Consumo generó en
su momento?
Hacemos notar el problema de credibilidad que se genera sobre
el presupuesto y el pernicioso efecto del permanente recurso a
la deuda pública en este país, que casa muy mal con las
declaraciones efectuadas y nunca cumplidas por los
responsables políticos del Gobierno. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Burgos.
Señorías, ruego guarden silencio.
Le ruego concluya.
El señor BURGOS GALLEGO: Como conclusión, señor Presidente, mi
Grupo va a votar a favor de este proyecto de ley para no
perjudicar aún más a los afectados y, por supuesto, para no
perjudicar aún más a las arcas ya maltrechas del Estado. Pero
mi Grupo considera criticable el mecanismo elegido,
injustificable el retraso en dar cumplimiento a las
consecuencias económicas de este problema y, desde luego, y
fundamentalmente, mi Grupo considera exigibles las
responsabilidades políticas de las decisiones lesivas para los
intereses de los farmacéuticos y las que se derivan del
derroche improcedente de fondos públicos, atribuido en
exclusiva a la arbitrariedad, a la falta de rigor, a la falta
de competencia de nuestros gestores en nuestra sanidad, lo
cual por cierto, señorías, a estas alturas, ya no resulta
ninguna novedad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Gimeno
Ortiz.
El señor GIMENO ORTIZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a hacer una breve intervención para oponernos a la
enmienda presentada por el Grupo Popular, mediante la cual
propone que el crédito extraordinario solicitado por el
Gobierno para el pago de indemnizaciones a consecuencia de los
márgenes comerciales de oficinas de farmacia se atribuya a la
Sección 26, Ministerio de Sanidad y Consumo, y no a la Sección
15, de Economía y Hacienda.
Entendemos, señorías, que esta enmienda carece de un cierto
rigor, pues, de un lado, de acuerdo con los artículos 97 y 98
del texto constitucional, en relación a los artículos 12, 13 y
18 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la
atribución de competencias a los distintos departamentos es
una facultad que se atribuye al Gobierno. De otro lado, nos
encontramos ante un proyecto de ley de la misma naturaleza que
aquél que dio lugar a la Ley 6/1993, de 16 de abril, que en su
artículo 1.º señalaba que la concesión del crédito lo era a
cargo de la Sección 15. De alguna manera, el cambio de Sección
a aprobar por el propio Legislativo que en aquel momento
aprobó la citada Ley, sin que haya aparecido un elemento
nuevo, un elemento distorsionador que haga variar el criterio
anteriormente sustentado, de por sí supondría también una
cierta incongruencia.
A mayor abundamiento, y solamente a título ilustrativo, quiero
recordar y manifestar a S.S. que la decisióndel Gobierno en la
redacción del proyecto de ley no fue algo impensado, sino que
ha tenido en cuenta el cumplimiento de las sentencias de los
distintos tribunales, que atribuyen y determinan que el órgano
competente en estas materias corresponde no al Departamento de
Sanidad y Consumo, sino a Economía y Hacienda, y tiene
igualmente en cuenta el parecer del Consejo de Estado y de la
Dirección General del Régimen Jurídico del Estado, que se han
pronunciado uniformemente, señalando que el margen comercial
es un componente del precio final de los fármacos y cuya
regulación forma parte de la política económica.
Otra cosa bien distinta es que usted aproveche cualquier tipo
de enmienda para intentar descalificar la política del
Ministerio de Sanidad y Consumo, en este caso concreto la
política de la sanidad farmacéutica. Tuve oportunidad de
decirle en la Comisión que realiza una política de oídos
sordos. En cualquier caso, no tiene en cuenta aquellas
explicaciones que los distintos portavoces del Partido
Socialista le manifiestan reiteradamente y hace reiteradamente
este tipo de insinuaciones y este tipo de descalificaciones. A
usted le da igual cuáles han sido los resultados del Real
Decreto de la financiación selectiva de medicamentos, no tiene
en cuenta, en el ataque permanente que usted realiza a la
política farmacéutica, cuál ha sido el diálogo y cuáles han
sido las conversaciones mantenidas por la Ministra, por el
Ministerio, tanto con la industria farmacéutica como con los
farmacéuticos titulares, para conseguir reducciones en los
márgenes comerciales del 3 y del 2 por ciento respectivamente.
A usted le da igual, usted nunca tiene en cuenta cuál era el
gasto real farmacéutico de hace unos años, a usted le da igual
que la proporción entre el gasto farmacéutico público y el
gasto sanitario total sea, comparándola a nivel internacional,
el primero a nivel europeo. A usted también le da igual cuál
es el porcentaje o la relación del gasto farmacéutico con
otras variables, por ejemplo, con el PIB.
En lo que sí estoy de acuerdo con usted, y creo que es
lo verdaderamente importante por lo que hay que aprobar el
proyecto de ley presentado por el Gobierno para un crédito
extraordinario, es en una de las cosas que ha dicho, que lo
que desean los farmacéuticos es cobrar lo que legalmente les
corresponde y cobrarlo pronto.
Antes de finalizar quería expresarle mi opinión sobre lo que
creo que desean los ciudadanos. Los ciudadanos pretenden una
racionalización del gasto farmacéutico para continuar
garantizando la prestación farmacéutica, sin recorte de
prestaciones, garantizando la calidad, potenciando lo genérico
y, algo importante, sin incrementar el aporte económico de los
usuarios. Esa es la política que está siguiendo el Ministerio
de Sanidad y Consumo en relación con los productos
farmacéuticos, y todo ello a su pesar, señoría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
No hay más enmiendas mantenidas a este proyecto de ley.
El señor RIOS MARTINEZ: ¿No hay turno de fijación de
posiciones?
El señor PRESIDENTE: No hay fijación de posición en este
trámite. Para intervenir en los debates correspondientes a los
dictámenes o hay que mantener enmiendas o hay que hacer
explicación de voto, después de la votación
No hay enmiendas mantenidas al proyecto de ley de concesión de
un crédito extraordinario y un suplemento de crédito en el
presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para
hacer frente a los gastos por prestaciones derivadas del
síndrome tóxico en los ejercicios 1993 y 1994. (El señor
Villalón Rico pide la palabra.)
Señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Señor Presidente, para hacer la
fijación de posición del Grupo Popular sobre este proyecto de
ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Villalón, acabo de manifestar al
Grupo de Izquierda Unida que ha solicitado intervenir bajo el
mismo concepto en el proyecto anterior...
El señor VILLALON RICO: En todo caso, para hacer la
explicación de voto.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Villalón (Rumores.)
El señor VILLALON RICO: ¿No se puede hacer? (Un señor
Diputado: Después de votar.)
El señor PRESIDENTE: Decía, señor Villalón, que acabo de
manifestar, a petición del Grupo de Izquierda Unida para
intervenir en el mismo concepto en relación con el proyecto de
ley anterior, que en este momento de la tramitación de los
proyectos, cuando se discuten los dictámenes, las
intervenciones son para defender las enmiendas que se han
mantenido en el Pleno y para consumir turnos a favor de las
mismas o turnos en contra. No hay fijación de posición en este
trámite.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario
al Ministerio de Industria y Energía para completar el pago a
la Empresa Nacional Hulleras del Norte, S.A. (Hunosa), de la
subvención de explotación correspondiente al ejercicio 1992,
según contrato-programa.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor
Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, me corresponde defender, en nombre del
Grupo Popular, la enmienda de modificación al artículo 2 del
Proyecto de ley de concesión de crédito extraordinario a la
Empresa Nacional Hunosa, por importe de 1.430 millones
resultado de la diferencia entre las entregas a cuenta y la
liquidación definitiva del año 1992, correspondiente al
contrato-programa con Hunosa que mantiene la Administración
general del estado.
Puesto que el contrato-programa está ya firmado y finalizado,
no es pertinente oponerse a la aprobación del crédito
extraordinario al que se refiere el proyecto de ley. Sin
embargo, lo que sí debe de exigirse es que este crédito
extraordinario esté incluido en el marco presupuestario en
vigor reflejado en los Presupuestos Generales del Estado de
1994, al no haberlo hecho en el año 1993, y sujeto en todo
momento al control que se establece en esta Ley de
Presupuestos, justificación que se refleja en la enmienda que
se ha presentado al artículo 2 del proyecto de ley de
referencia.
Lo que se constata con la petición de este crédito
extraordinario es que las desviaciones entre las subvenciones
otorgadas de forma preliminar y las que finalmente hay que
liquidar son muy significativas y sistemáticas. La desviación
frente a la subvención prevista que este crédito
extraordinario quiere compensar representa el 3 por ciento de
la subvención inicial que figura en los Presupuestos Generales
del año 1992. Esta cantidad fue de un 7 por ciento en el año
1989 y más de un 8 por ciento en el año 1990. Esto demuestra
la existencia
de un déficit en la empresa mayor del previsto y, por tanto,
un comportamiento más ineficaz que el inicialmente estimado,
que no se tiende en modo alguno a corregir, lo cual resulta
muy preocupante en un entorno comunitario tendente al recorte
de las subvenciones públicas a las explotaciones mineras no
viables económicamente.
Tenemos que recordar las manifestaciones del Presidente de
Hunosa sobre las pérdidas de la empresa. En el año 1991 fueron
64.000 millones de pesetas; en el año 1992, 65.000 millones de
pesetas; en el año 1993, 55.000 millones de pesetas; y las
previstas para el ejercicio actual superan los 50.000 millones
de pesetas. Es decir, las pérdidas se reducen lentamente y
esta reducción no tiene un reflejo en la disminución del
recurso a la subvención de los Presupuestos Generales del
Estado, ya que la cuantía que figura en los mismos se mantiene
y se ve añadida año tras año con créditos extraordinarios
significativos. Este es un dato más que obliga a tomar
conciencia de la necesidad de la mejora de los indicadores
económicos de la empresa minera sujeta a contrato-programa y
de que la carga sobre el contribuyente español se reduzca
eficazmente.
Sin embargo, también existe la posibilidad de que desde el
principio el cálculo de las subvenciones a estas empresas
fuera demasiado optimista y estimado por defecto, con objeto
de no reflejar en el presupuesto todos los gastos en los que
realmente la empresa iba a incurrir en el ejercicio al que
pertenecen las subvenciones que ahora se liquidan
definitivamente, haciendo muy difícil la estimación real de
desviaciones presupuestarias de cada ejercicio y creando una
ilusión presupuestaria. Es preciso corregir estos errores
sistemáticos de técnica suplementaria. En cualquier caso, sea
cual sea el desfase de una y otra, hay que constatar que se
están liquidando en este momento las cuentas correspondientes
a un ejercicio del que han transcurrido nada más y nada menos
que dos años. Esto implica unas cargas financieras que agravan
la situación económica de las empresas.
El Presidente de Hunosa declaró en el Congreso de los
Diputados que, en el año 1991, de los 12.708 millones de
gastos financieros de la empresa en ese ejercicio, 4.268
millones, más del 33 por ciento, habían sido precisamente
consecuencia de gastos financieros, y eso es consecuencia del
retraso en la entrega de las subvenciones estatales. La
situación en modo alguno ha mejorado, ya que se puede estimar
que, de los 14.395
millones de gastos financieros de Hunosa en el año 1993, 4.500
millones de pesetas son debidos a retrasos en la percepción de
las subvenciones. Los gastos financieros que la empresa prevé
para los años 1994 y 1995 son de 10.000 y 9.000 millones,
respectivamente.
Es necesario demandar una mayor celeridad en las operaciones
necesarias para llegar a las liquidaciones definitivas de las
cantidades que hay que dar a las empresas, en virtud de los
contratos-programas, para evitar, indiscutiblemente, el hecho
del retraso presupuestario. Es también necesario exigir a la
Intervención Delegada del Ministerio de Industria mayor
celeridad en los informes preceptivos sobre las cuentas de
resultados.
En resumen, el Grupo Parlamentario Popular no puede oponerse a
la concesión de este crédito extraordinario, pero sí pide
mayor transparencia en su control a través de la enmienda
presentada. Asimismo, también se demanda reflejar en los
Presupuestos Generales del Estado cantidades destinadas a
subvenciones a las empresas mineras con contratos-programas
más próximos a la realidad indicada como liquidación
definitiva, y que estas últimas se practiquen con la
suficiente celeridad como para no gravar la situación con
costos financieros adicionales que finalmente recaen sobre los
contribuyentes.
Y no sólo no se quedan en palabras nuestras manifestaciones
para la aprobación de esta enmienda, sino que, acudiendo al
dictamen del Consejo de Estado, éste manifiesta tajantemente
que la remisión de las cuentas anuales a la Intervención
General de la Administración del Estado, a efectos del informe
financiero que se ha de emitir, se ha previsto con
anterioridad al 1 de julio de cada año, y estima el Consejo de
Estado que hubiera debido proveerse a la conveniencia para que
el complemento de la subvención que se propone se hubiera
incluido en los presupuestos del ejercicio inmediato
siguiente, en vez de acudir al recurso de modificación
presupuestaria, cuya excepcionalidad exige extremar el mayor
rigor en su aplicación.
Creo que existen suficientes argumentaciones, tanto desde el
punto de vista técnico como desde el punto de vista política,
en lo manifestado en la justificación que avala nuestra tesis
con el informe del Consejo de Estado y por ello solicitamos el
voto favorable para la enmienda que acabo de defender.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Landeta.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor González García.
El señor GONZALEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, entramos en el debate de una enmienda presentada por
el Grupo Popular a la concesión de un crédito extraordinario
para cubrir el déficit de cuenta de resultados de la Empresa
Nacional Hulleras del Norte (Hunosa).
Dividiré mi intervención en dos partes muy breves. La primera,
respecto al contenido de este crédito extraordinario y la
segunda respecto al proceso de su tramitación.
En cuanto al contenido --y creo que es necesario aclararlo por
la intervención del representante del Partido Popular--, este
crédito extraordinario de 1.430 millones de pesetas, trata de
completar el pago a Hunosa de la subvención de explotación
correspondiente al ejercicio de 1992, ni más ni menos que en
los términos previstos por el contrato-programa que tiene
firmado la empresa con el INI y con el Estado.
La exposición de motivos que acompaña este proyecto de ley
creo que sería suficiente para aclarar el porqué de este pago,
pero, en cualquier caso, quisiera decir que las subvenciones
previstas en el contrato programa 1992/1993 tienen tres vías
de previsión de desfase. La primera es para compensar las
pérdidas que se preveían, de 61.785 millones de pesetas. La
segunda es para costes de las medidas de acompañamiento
social, que preveían 7.078 millones de pesetas, y la tercera
es por pérdida de activos y costes de concentración de
instalaciones y mantenimiento de servicios en las unidades que
se van cerrando a lo largo del proceso de reestructuración de
la empresa, y se preveían para ello, en este capítulo, 9.667
millones de pesetas. El total de estas tres partidas suma
78.520 millones de pesetas, y el propio contrato-programa
estipula como previsiones que el pago se haga en dos partes,
una por los Presupuestos Generales del Estado, que sería de
44.526 millones, y otra por el INI, que sería de 34.004
millones de pesetas.
El contrato-programa también prevé que estas previsiones sean
actualizadas al final de los ejercicios correspondientes, por
lo que para el punto 1 prevé que las variaciones del IPC o
bien las variaciones de los tipos medios de interés, el Mibor,
que estén previstos en los mismos sea una de las condiciones
que se utilicen como reflejo para la actualización. En cuanto
a los puntos 2 y 3 de las cantidades descritas anteriormente
no se prevé actualización alguna porque en todo caso se
consideran cantidades máximas. Asimismo prevé este
contrato-programa que lo que se corresponde a este punto 1, de
variaciones del IPC o de variaciones del Mibor, sean abonadas
por el Estado. Por tanto, la liquidación de las subvenciones
deberá posteriormente ser revisada por la Intervención General
de la Administración del Estado, y así se hizo, de acuerdo con
el informe que consta entre la documentación que acompaña a
este proyecto de ley, por este organismo, en fecha 24 de
febrero de 1994.
¿Cuál fue la subvención que se aceptó como ampliación de las
previsiones? Los 1.430,42 millones de pesetas. ¿Y a qué se
correspondían? Exactamente a las
variaciones del IPC, que estaba previsto en el
contrato-programa del 5 por ciento y fue del 5,3 por ciento, y
a las variaciones del Mibor, es decir, de los intereses
previstos en los créditos de que dispone la empresa, que
estaba previsto el 12 por ciento y fue el 13,3 por ciento. En
total la diferencia son los 1.430 millones de pesetas
estipulados en este Proyecto de Ley.
Pero es que si éstas son las razones y --como se ve-- en
cuanto a las desviaciones no existe ningún problema de
explicación, ya que se atienen exactamente a unos datos que
son totalmente objetivos, en lo que se refiere al porqué de la
prolongación del dictamen tampoco puede acusarse ni a la
empresa ni siquiera en este caso a la Administración del
Estado en cuanto a la gestión del crédito, porque todos los
controles que exige el propio contrato-programa y todas las
verificaciones que exige el mismo llevan a plazos que en el
abono de los créditos no siempre es posible desarrollar a lo
largo del año siguiente al que se cumple el ejercicio. Por
eso, en este caso nos hemos visto en la necesidad de habilitar
en 1994 este crédito extraordinario para Hunosa.
Podría dar cuenta de las fechas de cuáles son los controles
tanto de la comisión de seguimiento del contrato-programa como
de la Intervención General de la Administración del Estado, de
cómo la Intervención General de esta Administración del Estado
emite un informe en febrero, de cómo la Dirección General de
Minas, del Ministerio de Industria, en marzo aprueba asimismo
el expediente, cómo llega este expediente a la Dirección
General de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda
en abril, cómo en junio de 1994 esta Dirección General emite
su preceptivo informe de propuesta favorable para este crédito
extraordinario, al amparo del artículo 91 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobada por Real Decreto
legislativo 1091 de 1988, de 23 de septiembre, etcétera.
En todo caso, la apelación que se hace al informe del
organismo competente respecto al desfase de los gastos, que se
corresponde --digamos que por exceso de tiempo-- con un
incremento de los costos financieros de la empresa podríamos
asimismo argumentarla en contra. Sus señorías saben que las
cuentas de resultados de las empresas en el concepto de costos
o gastos financieros siempre disponen de unas cantidades. Yo
no sé si los representantes del Partido Popular en este
trámite están pidiendo que en el caso de Hunosa se obvien al
cien por cien, lo cual requeriría una capitalización
importante en la empresa, pero quizá sea éste el objetivo. Si
fuera así, me gustaría que lo manifestaran en sus posteriores
intervenciones o en otro trámite parlamentario cualquiera.
También establece el dictamen del Consejo de Estado --habría
que leerlo de forma completa para ver cuál es su
intencionalidad y cuál es su veredicto final-- claramente cómo
ha de financiarse este crédito y dice que se financiará de
acuerdo con el artículo 64.1 in fine del texto refundido de la
Ley General Presupuestaria. Dicho artículo establece que en
los proyectos de ley de concesión de créditos extraordinarios
o de suplementos de crédito debe especificarse el recurso que
haya de financiar el mayor gasto público, y aquí viene, por
tanto, a cuento la enmienda del Grupo Popular. Pide el Grupo
Popular que se obvie este trámite, y nosotros, en función de
lo que pretende el crédito extraordinario, que es precisamente
evitar más desfases entre las necesidades empresariales y la
llegada de este dinero, lo que pedimos es que si realmente,
tal como dice el representante del Partido Popular, pretenden
apoyar el crédito extraordinario, insisto lo que pedimos es
que retiren la enmienda, porque dicha enmienda, además de no
cumplir con los requisitos que el mismo Consejo de Estado
exige, podría llevarnos a que en la tramitación de este
crédito extraordinario, una vez aprobado, se desfasara su
pago, no pudiendo ser abonado con cargo a los presupuestos de
1994, lo que incrementaría a su vez, digamos, los gastos que
corresponden a la financiación de los intereses empresariales,
etcétera, cuestión que parece que no es la que quiere el Grupo
Popular. Por lo tanto, señorías, nuestro Grupo, que va a votar
negativamente esta enmienda, quisiera que fuera el propio
Grupo Popular el que la retirara, porque si realmente
pretenden aprobar el crédito extraordinario y que éste se
abone a la mayor brevedad, tienen que ser conscientes de que,
de aceptarse su enmienda, entorpeceríamos el trámite, con lo
cual no se lograría ninguno de los objetivos que ellos mismos
dicen defender.
En cuanto a lo que se refiere a Hunosa y a sus condiciones de
todo tipo --de explotación, de cuenta de resultados,
etcétera--, le he manifestado al interviniente del Grupo
Popular en la Comisión y le repito ahora que nuestro Grupo
está dispuesto a entrar en un debate cuando lo entiendan
oportuno. Lo que no nos parece oportuno es que en un trámite
de un proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario para Hunosa se trate de hablar de las
condiciones empresariales, tema que sería bastante más largo a
nuestro entender y que requeriría tratarlo monográficamente, a
lo que --insisto-- estamos dispuestos.
Nada más, señor Presidente. Manifestamos de nuevo nuestra
voluntad de votar en contra de esta enmienda presentada por el
Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González García.
Vamos a proceder a las votaciones de los dictámenes debatidos.
Enmienda del Grupo Popular al proyecto de ley sobre concesión
de un crédito extraordinario para el pago de indemnizaciones,
derivadas de sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia
Nacional, a titulares de las oficinas de farmacia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 277; a favor, 117; en contra, 158; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación del dictamen correspondiente a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 279; a favor, 278; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen del proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario y un suplemento de crédito en el presupuesto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para hacer frente
a los gastos por prestaciones derivadas del síndrome tóxico en
los ejercicios 1993 y 1994.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 280; a favor, 278; en contra, uno; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Enmienda del Grupo Popular al proyecto de ley sobre concesión
de un crédito extraordinario al Ministerio de Industria y
Energía, para completar el pago a la Empresa Nacional Hulleras
del Norte, S.A. (HUNOSA) de la subvención de explotación
correspondiente al ejercicio 1992, según contrato-programa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 280; a favor, 119; en contra, 161.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación correspondiente al dictamen de este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 281; a favor, 280; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
SOLICITUDES DE CREACION DE COMISIONES DE INVESTIGACION:
--SOLICITUD DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE
EL USO IRREGULAR QUE SE HA VENIDO DANDO A LOS GASTOS
DESTINADOS A LOS FONDOS RESERVADOS, FORMULADA POR 77 DIPUTADOS
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de
expediente 156/000010)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto X del orden del día,
solicitud de creación de una comisión de investigación sobre
el uso irregular que se ha venido dando a los gastos
destinados a los fondos reservados.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Presidente,
señorías... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alvarez-Cascos.
(Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio; ocupen sus escaños. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor
Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, el vergonzoso escándalo llamado Roldán sirvió para
reabrir en la sociedad española el debate sobre el uso
irregular y arbitrario de los fondos reservados, fondos que,
por su naturaleza, es necesario administrar con especial
seriedad, si no se quiere colocarlos bajo la sospecha de
servir de soporte a conductas deshonestas o delictivas. Por
eso, mi Grupo entendió y entiende que la única vía posible de
justificación de los fondos reservados, en estas
circunstancias, no puede ser otra que la demostración palpable
y contundente de una actitud beligerante y sin cuartel contra
toda desviación irregular o delictiva en el uso de los fondos
reservados.
La Comisión de investigación del escándalo Roldán concluyó con
una exhibición clamorosa de pruebas de uso delictivo de los
fondos reservados por el ex director general de la Guardia
Civil, pero, además, como consta en el voto particular de mi
Grupo Parlamentario, propusimos --cito literalmente-- que,
habiéndose apreciado y aparecido en el transcurso de la
investigación datos sobre irregularidades diversas que superan
los límites del mandato que recibió la Comisión, y habiéndose
denunciado públicamente en los medios de comunicación otros
usos ilegales de dinero público, procede que la Comisión
reanude sus tareas para continuar investigando con el fin de
completar su informe y, por ende, evitar en el futuro la
repetición de situaciones como la investigada. Comprobará
usted, señor Almunia, que mi Grupo sí advirtió, en el
transcurso de las investigaciones de la Comisión Roldán, la
necesidad de continuar estas investigaciones.
Y si esto era necesario entonces, ahora añadimos que lo es
mucho más ante la proliferación de pruebas testimoniales y
documentales que demuestran que no sólo el señor Roldán abusó
del manejo de los fondos reservados a su cargo, cualquiera de
ustedes puede comprobar, sin ninguna dificultad, que la
utilización de los fondos reservados para pago de sobresueldos
es un secreto
a voces entre los funcionarios del Ministerio del Interior y
del Ministerio de Defensa. En la Secretaría de Estado para la
Seguridad, en la Dirección General de la Guardia Civil, en la
Dirección General de la Policía y en el CESID se repartían,
mensualmente, durante años, sobres a altos cargos y a
funcionarios de a pie, como práctica normal de retribución
complementaria por su trabajo habitual y ordinario, con el
carácter, por supuesto, de dinero negro, ajeno a todo control
fiscal.
Basta, señorías, citar el artículo 103 de la Constitución para
recordar que las administraciones públicas están sometidas a
la Ley y al Derecho. Estar sometidas a la Ley supone aceptar,
primero, que el artículo 59.1 de la Ley General Presupuestaria
es taxativo al afirmar que los créditos para gastos se
destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la
que hayan sido autorizados; segundo, que es esta misma Ley
General Presupuestaria la norma competente para fijar las
retribuciones de quienes trabajan para las administraciones
públicas y no la voluntad arbitraria de ningún alto cargo o
del mismo Gobierno. Estar sometida al Derecho supone que el
fraude de ley es una figura legal que pesa permanentemente
sobre cualquier acto de la Administración, de tal forma que
cualquier acto realizado al amparo del texto de una norma que
permita un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico es
contrario a él, se considerará ejecutado en fraude de ley y no
impedirá la debida aplicación de la norma que se hubiese
tratado de eludir; artículo 6.4 del Código Civil.
Señorías, ¿conoce alguno de ustedes alguna norma jurídica o
alguna interpretación jurisprudencial de una ley que ampare la
comisión de ilegalidades o delitos? Pagar sobresueldos a altos
cargos y a funcionarios con fondos reservados, señorías, es,
además de fraude de ley, un monumental fraude fiscal. Habida
cuenta de que durante los últimos cinco ejercicios el
Ministerio de Defensa dispuso de 8.492 millones de pesetas de
fondos reservados y el Ministerio del Interior de otros 8.288
millones de pesetas, nos encontramos ante una potencial bolsa
de fraude fiscal de 17.000 millones de pesetas. ¿Tampoco
merece atención esta irregularidad para quienes presumen todos
los días --ayer mismo, una vez más-- de combatir sin tregua el
fraude fiscal?
Mientras todo esto sucede, resulta que no hay medios para
luchar más eficazmente contra el terrorismo y el narcotráfico
por falta de dinero. Al mismo tiempo, también por falta de
recursos, se produce el total incumplimiento del acuerdo-marco
para la mejora y modernización del Cuerpo Nacional de Policía,
suscrito en el año 1992; la reducción de alumnos en la
Academia de la Guardia Civil de Ubeda y Baeza; la supresión
del Gabinete de Asuntos Legales, dejando sin protección
jurídica a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
del Estado; la negativa a constituir un fondo de ayuda a las
víctimas del terrorismo que permita indemnizar por los daños
ocasionados en los actos terroristas cometidos hasta la fecha;
la precariedad de los medios empleados para garantizar la
seguridad ciudadana, y la imposibilidad de equiparar los
salarios de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía
con los de las policías autónomas.
En resumen, señorías, no estamos sólo ante presuntas
ilegalidades, delitos o fraudes de ley. Estamos ante un fraude
a los intereses generales de la sociedad española y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es un verdadero
atentado de lesa patria.
Señorías, por si fuera poco la evidencia de irregularidades en
el uso de los fondos reservados con destino al pago de
sobresueldos, en las últimas semanas, en los últimos meses han
aparecido nuevos testimonios que justifican nuevas
irregularidades. Por ejemplo, la utilización de los fondos
reservados dedicados a gastos de las comisiones de Policía
Judicial. Estos fondos han sido dedicados para el pago de
alquiler de sedes de estas comisiones y para sus gastos de
funcionamiento. Queda constancia de este uso irregular a
través de ingresos efectuados en la Caja Postal de Madrid.
Además, el uso irregular de estos gastos ha sido rubricado y
reconocido posteriormente, porque el entonces vocal del Poder
Judicial, Soledad Mestre, y el entonces Secretario de la
Comisión, don Carlos Granado, tenían que estampar su firma
para disponer de estos recursos. Han aparecido pruebas y
testimonios de que en ese período, entre 1987 y 1993, dos
sindicatos policiales mayoritarios recibieron ayudas
procedentes de los fondos reservados. Y hay que resaltar que
es justamente el interés de los propios sindicatos afectados
el que exige, como exigen ellos mismos, que se depure el
alcance de esta denuncia; que se compruebe si, efectivamente,
alguien percibió cantidades procedentes de los fondos
reservados, porque en ningún caso están dispuestos, y
nosotros, por supuesto, amparamos su presunción de inocencia,
a aceptar que el uso de esos recursos salpique la buena imagen
del sindicato. Salpicará, en el momento que la comisión de
investigación permita acceder a la información completa, a las
personas que han recibido estos fondos y no lo han justificado
ante sus respectivas organizaciones sindicales.
En cuarto lugar, señorías, también recientemente han aparecido
pruebas evidentes de que con fondos reservados del Ministerio
de Defensa se han financiado informes para recabar datos, no
sobre presuntos narcotraficantes ni presuntos terroristas,
sino sobre ciudadanos normales y sus actividades normales
también; para eso han sido utilizados los fondos reservados
del Ministerio de Defensa, y han aparecido facturas que
demuestran, por ejemplo, que con estos fondos se ha pagado a
la Agencia de Detectives Croll para investigar, en concreto,
las actividades privadas de don Mario Conde.
Señorías, podemos, si ustedes quieren, abrir un debate sobre
el alcance penal de este conjunto de responsabilidades.
Nosotros nos hemos decidido a poner en conocimiento del Fiscal
General estos datos para que sean los tribunales ordinarios,
la jurisdicción ordinaria la que depure las responsabilidades
penales, pero es evidente que en el uso de los fondos
reservados ha habido conductas irregulares, en unos casos
ilícitas y en otros delictivas, que, o bien suponen grave
perjuicio al interés general del Estado, o bien suponen la
comisión de delitos de malversación al amparo de los artículos
394, 395 y 396 del Código Penal en sus diversas variantes, o
bien constituyen fraude fiscal o, en todo caso, constituyen un
monumental fraude de ley. Señorías, si esto ha ocurrido y de
él se derivan presuntas responsabilidades penales, esta Cámara
está obligada a no ser cómplice de estas irregularidades y a
depurar las responsabilidades políticas que procedan.
Sin hacer en este caso ninguna declaración ni ningún juicio
previo del alcance de estas responsabilidades políticas,
pedimos a esta Cámara que por el buen nombre de las
instituciones y en defensa del Estado de Derecho vote a favor
de la propuesta del Grupo Popular de crear una comisión de
investigación para investigar el uso irregular, ilícito o
delictivo de los fondos reservados atribuidos a los
Ministerios de Interior y de Defensa.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez-Cascos.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a
consumir, en nombre de mi Grupo Parlamentario, un turno en
contra de esta iniciativa que hoy nos presenta a la Cámara el
Grupo Popular.
Considero que ésta es una iniciativa que de alguna forma, y
dicho con todos los respetos, va un tanto a remolque de una
información o de determinadas informaciones tergiversadas,
transmitidas por una determinada empresa periodística y
diseñadas estratégicamente por su director, lo que demuestra
un cierto carácter de rehén a la hora de fijar la estrategia
política.
Considero, además, que estamos ante una iniciativa
disparatada, ambigua e injustificada, por razones que
posteriormente expondré. (El señor Cisneros Laborda: ¿Una
comisión es algo ambiguo?) Creo que es una iniciativa que no
concuerda tampoco con el marco legal que en estos momentos
diseña el contexto regulador de todo lo concerniente a los
fondos reservados.
Además, y desde otro punto de vista, es una iniciativa que
está fundada en hechos que tienen una carga de inexactitud muy
elevada, si analizamos incluso lo que fueron actos
parlamentarios de esta Cámara. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.) Pienso, incluso, que esconde un
cierto doble lenguaje, porque no se corresponde esta
iniciativa que hoy se defiende en esta Cámara con lo que es el
comportamiento político en otros ámbitos territoriales cuando
se trata de investigar temas menos complicados o menos
complejos que el que hoy se somete a nuestra consideración.
(La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¿Qué tiene que ver el
tocino con la velocidad?)
Señor Presidente, señorías, estamos ante una iniciativa que
podríamos calificar de errática y contradictoria, y me
explico. Creo que en una materia como ésta es un acto de
irresponsabilidad y de falta de realismo el pretender una
actuación parlamentaria cuando existe ya una actuación
judicial dirigida en varios frentes. Digo errática y
contradictoria porque el propio Grupo Popular presentó una
iniciativa ante la Fiscalía General del Estado, que
posteriormente fue remitida a la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, y que ha merecido un auto de 2 de diciembre de 1994,
en virtud de la cual la Sala acuerda remitir el escrito del
Fiscal General del Estado y la denuncia que lo acompaña,
firmada por parlamentarios del Partido Popular, al Juzgado
Decano de Madrid para su reparto al juzgado de instrucción al
que por turno corresponda. Es decir, que parece que, de alguna
manera, hay una especie de competitividad interna en el seno
del Partido Popular para ver quién presenta la iniciativa más
sonora. En todo caso, y sin hacer un juicio de intenciones
sobre las competitividades internas de ver quién tiene la
iniciativa más brillante en el seno del Grupo Popular, es lo
cierto que tenemos una iniciativa residenciada en los
tribunales que hoy pretende ser solapada con una iniciativa de
investigación parlamentaria sobre los mismos hechos, sobre el
mismo problema, y desconociendo el carácter secreto de los
fondos reservados. Subyace en su planteamiento, señor
Alvarez-Cascos, una cierta falacia. Los fondos reservados son
secretos, bien es cierto que en nombre del secreto no se
pueden ocultar actuaciones ilícitas, pero tampoco se puede
hacer una acusación indiscriminada para encontrar un portillo
para violentar ese secreto en sede parlamentaria e iniciar una
investigación sobre la totalidad de los fondos reservados, que
en su realización práctica, por la compleja forma de ser
documentados, plantean serias dificultades de trabajo a esta
Cámara que mejor que ella podrá solucionar el Poder judicial.
Hay reglamentos de parlamentos, de asambleas legislativas, que
suspenden el trabajo de las comisiones de investigación cuando
sobre los mismos hechos y las mismas circunstancias --ahí
tenemos, por ejemplo, el modelo francés-- se inician
actuaciones judiciales. Aquí hay una actuación judicial
iniciada por el propio grupoproponente. Además, también hay
una actuación judicial, la que está investigando las
actuaciones, presuntamente delictivas, del ex director general
de la Guardia Civil, que también van dirigidas al análisis, a
la evaluación
y a la investigación de qué uso se ha hecho de los fondos
reservados en esa área concreta de gestión de la Dirección
General de la Guardia Civil. Por tanto, parece que ahora se
intenta buscar un atajo para ocultar o para superponerse, yo
creo que de manera irresponsable, a una actuación judicial en
marcha.
Además, considero, señor Presidente, señorías, que esta
iniciativa del Grupo Popular es desconocedora del marco legal
en el que operamos, porque, con independencia de la valoración
que este marco legal nos merezca, en estos momentos esa
regulación implica cierta complejidad para poner en práctica
la investigación que se nos solicita en sede parlamentaria.
Ustedes saben, son perfectamente conscientes, de que no es
necesario justificante contable, que existe una singularidad
contable en materia de fondos reservados. La inversión de los
gastos reservados no exige justificante alguno en la
contabilidad pública, bastando, como muy bien sabe el señor
Alvarez-Cascos, que el titular del departamento acredite que
han sido destinados correctamente.
En efecto, la circular 366, de la Intervención General de la
Administración del Estado, regula, desde el punto de vista
presupuestario, estos fondos, y en cuanto a su justificación
se dice: Bastará que por el titular del Departamento se
acredite que las correspondientes cantidades han sido
destinadas a los fines para los que figuran consignados en el
presupuesto de gastos. Y la resolución de 6 de abril de 1989,
cuando marca las notas distintivas de estos fondos reservados,
dice: Gastos necesarios para la defensa y seguridad del Estado
cuyadiferencia fundamental, respecto al resto de los gastos
públicos, es la relativa a su publicidad y justificación.
Convendremos, por consiguiente, en que hay, para empezar, una
cierta singularidad contable derivada de un marco legal que no
puede ser luego usada como arma arrojadiza de manera aviesa
para intentar imputar conductas irregulares en sede
parlamentaria desconociendo actuaciones que están en estos
momentos residenciadas en sede judicial. Unos fondos que
tienen la nota distintiva del carácter secreto, son fondos
secretos, y el marco regulador que se desprende de la
legislación de secretos oficiales deja claro que estos fondos
son instrumentos fundamentales que tienen un carácter secreto
y que, por consiguiente, cualquier actuación no puede
violentar esta realidad, que a su vez proyecta también
especificidades en el ámbito procesal.
Esta materia tiene, además --y lo tendría que saber el señor
Alvarez-Cascos como portavoz del Grupo Popular--, una
especificidad en el control parlamentario, porque estamos
hablando de fondos secretos, de actividades secretas, que
están en el marco de una legislación secreta, y esta Cámara,
en virtud también de su aplicación reglamentaria, en virtud
del artículo 7 del Reglamento, en virtud de las disposiciones
que desarrollan este artículo 7 del Reglamento, en virtud de
la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados
sobre secretos oficiales, de 2 de junio de 1992, cuenta con
una comisión integrada por un diputado de cada Grupo, elegidos
por tres quintas partes. En esta Comisión, que es la
competente para conocer, para analizar los secretos, las
materias que están sometidas a secreto, es donde se podrían
residenciar iniciativas, o preguntas, o análisis, o
informaciones como las que hoy nos intenta suscitar el señor
Alvarez-Cascos.
Esto tampoco es una especificidad de nuestro ordenamiento
jurídico. Analice usted, señor Alvarez-Cascos, cómo regula
esta cuestión el Derecho comparado. En el ámbito occidental,
el control y el análisis de los fondos reservados que son
materia secreta por parte de las democracias homologables y de
nuestro entorno, recae en una comisión específica y
permanente, especializada en el análisis y evaluación de los
datos secretos, no en una indiscriminada comisión de
investigación que más parece en el planteamiento de la
iniciativa del Grupo Popular una especie de orgía que pretende
acabar con unas conclusiones a las que le falta poner una
fecha final, porque diseñan ustedes una comisión con duración
de cuatro meses que tal parece que pretenden finalice sus
trabajos en torno a la jornada de reflexión de las elecciones
municipales del próximo año. Léanse ustedes su propia
iniciativa.
El Derecho comparado nos da ejemplos suficientes de que en
esta materia no estamos en condiciones de dar lecciones a
nadie, y de que en esta materia todos los países de nuestro
entorno operan con una absoluta responsabilidad, sin merma de
las capacidades y de las posibilidades del parlamento.
Además, esta iniciativa, señor Presidente, señorías es una
iniciativa que desconoce, que intenta solapar, que intenta
ocultar a los ciudadanos, que intenta intranquilizar a los
ciudadanos, que intenta hacerles desconocedores de que en
estos momentos nuestro sistema democrático se dota de más y
mejores controles. Porque en esta Cámara --parece que lo
desconoce también el señor Alvarez-Cascos-- se está tramitando
un proyecto de ley reguladora de la utilización y control de
los créditos destinados a gastos reservados, que procede de
una resolución de esta Cámara con motivo del debate sobre el
estado de la Nación; que procede también de una proposición no
de ley aprobada en esta Cámara unánimemente por todos los
grupos; que procede de las conclusiones de la Comisión de
investigación en torno a la gestión presupuestaria del ex
director general de la Guardia Civil. Son actos parlamentarios
y tenemos en sede parlamentaria una iniciativa legislativa que
es fruto, casi propiedad, de la unanimidad de esta Cámara.
¿Qué dice esta iniciativa? Precisa el concepto y régimen
jurídico de los gastos reservados; establece una especial
vinculación presupuestaria de los créditos respecto de los
gastos así calificados; determina cuáles son los Ministerios
que pueden disponer de créditos
de esa naturaleza, y prevé expresamente la aplicación a los
mismos de la Ley de Secretos Oficiales a fin de salvaguardar
su finalidad esencial.
El proyecto de ley, como muy bien saben, regula un control
parlamentario directo a través de una comisión especial.
Fíjese, señor Alvarez-Cascos, en la disposición transitoria
única --a lo mejor, sus múltiples ocupaciones le han impedido
leerla-- se dice: En la actual legislatura, la Comisión
parlamentaria prevista en el artículo 7 --es decir, la que
controla los fondos reservados con carácter secreto y
permanente-- se constituirá a partir de la publicación de la
presente ley.
Este proyecto de ley regula también un sistema específico de
registro de intereses especial en esta Cámara y secreto y un
nivel de comparecencias periódicas de las autoridades gestoras
de los fondos reservados. Espere usted a que se ponga en
práctica este instrumento del que nos hemos dotado; agilicemos
entre todos la tramitación parlamentaria de este proyecto de
ley; mejoremos, efectivamente, nuestros instrumentos. Yo le
hablaba de un marco legal que ha demostrado con el devenir de
los tiempos insuficiencias, un marco legal que arranca de una
circular de 1966 y que ha validoa muchos gobiernos, no sólo a
los gobiernos socialistas, en la historia de nuestro país,
pero de un marco legal que creemos que hay que mejorar.
Mejorémoslo, pero no solapemos iniciativas con este otro tipo
de iniciativas que lo único que pretenden es la ceremonia de
la confusión, señor Cascos.
Ha habido y he percibido inexactitudes importantes en lo que
ha sido el fundamento de su iniciativa. Nos ha hablado, por
ejemplo, de la actitud de su Grupo de no conformarse, en el
apartado de conclusiones, con lo que fueron las conclusiones
de la Comisión parlamentaria investigadora de la gestión
presupuestaria de la Dirección General de la Guardia Civil en
la época en que el director general fue el señor Roldán. Pues
bien, quiero, una vez más, que esta Cámara sepa y conozca...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo, por
favor.
El señor CUESTA MARTINEZ: Sí, señor Presidente.
Quiero que esta Cámara conozca y sea consciente de que sobre
esta materia hubo investigación. Es verdad que la
documentación obra en su poder, pero repásenla, pídanles a los
compañeros que fueron miembros de la Comisión que repasen las
páginas de las grabaciones 760, 761, 769, 1.555, 1.606, 1.611,
etcétera, y se encontrarán con que muchas personas vinculadas
al ámbito del Ministerio del Interior, muchos ex altos cargos
del Ministerio del Interior fueron interrogados en la Comisión
parlamentaria de investigación sobre el problema de la gestión
de los fondos reservados, sobre la existencia o no de
sobresueldos, sobre la existencia o no de irregularidades. Ha
habido una actividad de investigación en esta Cámara sobre
esta iniciativa y ha habido conclusiones importantes.
Yo también tengo aquí el dictamen de la Comisión Roldán.
Hagamos una autocrítica colectiva, señorías, y, cuando citemos
un texto, citémoslo completo. En el apartado de gestión de los
fondos reservados, que aborda la Comisión Roldán, se dice: Con
anterioridad a 1986 la caja de fondos reservados es un cajón
de sastre. Se parte del reconocimiento, ya con anterioridad a
1986, de una dificultad en la organización de los fondos
reservados. Hasta se ha analizado el pasado anterior al
señorRoldán y hemos analizado también los instrumentos
operativos que se han dado, con motivo de los fondos
reservados, en el ámbito de esa dirección general.
Es cierto también que durante los últimos ejercicios, y se
indica en la Comisión parlamentaria de referencia, en la
Comisión de investigación, se ha producido un exceso de
modificación de créditos de gastos reservados, pero
--digámoslo todo-- también se dice en el informe de la
Comisión Roldán: si bien, de conformidad con la normativa
vigente. Página 23 del dictamen de la Comisión.
Voy finalizando, señor Presidente.
Señorías, creo que también hay una cierta actitud de
contradicción, por no llamarlo hipocresía política, en el
comportamiento que en esta sede nos presenta el Grupo
Parlamentario Popular en temas que pueden denominar ustedes
como menores. Fíjense, señorías. En el Pleno del Parlamento
gallego del día 13 de diciembre de este año se produjo la
solicitud de una comisión de investigación sobre gestión
presupuestaria de la Secretaría General de Seguridad, adscrita
a la Presidencia de la Xunta. El tema era de gestión
administrativa; se planteaban posibles irregularidades en la
certificación de obras aún no ejecutadas: instalación de unos
sistemas de seguridad de comunicaciones en la sede del
Gobierno gallego y adquisición de un «overcraft» de rescate
(vehículo aerodeslizador). Pues bien, por razones de
seguridad, por razones de seguridad, fíjense ustedes, el Grupo
Popular se opuso a la creación de la citada comisión de
investigación. No estamos hablando de fondos reservados; por
razones de seguridad no se ha querido que hubiese un análisis
de la gestión presupuestaria de la Secretaría General,
adscrita a la Presidencia de la Xunta. Y estoy hablando de
este mes, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cuesta, termine,
por favor.
El señor CUESTA MARTINEZ: Un periodista respetado y de
prestigio (Rumores.) recientemente apelaba a la psicología
elemental y nos recordaba la ley de Weber y Fechner, según la
cual, para que las sensaciones percibidas crezcan en
progresión aritmética, los estímulos suministrados tienen que
hacerlo en progresión
geométrica. Y yo creo, señor Presidente, señorías, que esto es
lo que practica en este tema el Grupo Popular: la denuncia, el
descrédito, las medias verdades, la ocultación o el
desconocimiento del marco legal, la ocultación o el
desconocimiento de lo que son iniciativas en este Parlamento
de regeneración e impulso democrático, la actitud, de alguna
manera, destructiva y sin alternativas en el ejercicio de su
oposición, desde mi punto de vista, irresponsable en esta
materia. (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se
perciben.)
Fondos reservados, señor Alvarez-Cascos, y usted lo sabe, los
ha habido desde 1987 en adelante.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cuesta, termine,
por favor.
El señor CUESTA MARTINEZ: Los ha habido en 1982, en 1977 y
antes. Hasta hubo fondos de reptiles. Pregunten, señor
Alvarez-Cascos (Un señor Diputado: Ahora.), en su Grupo
Parlamentario y que les expliquen lo complejo que es este
asunto y el ejercicio de responsabilidad que hay que hacer
cuando se aborda esta cuestión.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.--Rumores.).
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de
réplica, tiene la palabra el señor Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Con la venia, señor
Presidente.
Señorías, mi Grupo Parlamentario comprende las enormes
dificultades del señor Cuesta para montar una intervención
como la que ha tenido que hacer, en su condición de portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, para oponerse a nuestra
petición de comisión de investigación.
Señor Cuesta, los que, como usted sabe mejor que yo, conocen
las técnicas jurídicas dicen que cuando en un alegato jurídico
hay más adjetivos que sustantivos es que faltan razones
jurídicas y hay muchos intereses de parte. (Un señor Diputado:
¡Muy bien!) Y éste, señor Cuesta, es su caso. No se ha
referido usted, señor Cuesta, a las cuestiones de fondo. Y la
primera cuestión de fondo que quiero reiterarle es que los
fondos que quiere investigar mi Grupo hace tiempo que dejaron
de ser secretos, salvo que usted no se haya enterado; han
dejado de ser secretos. Acérquese usted hoy al Ministerio de
Interior y al Ministerio de Defensa y se lo cuentan (los
sobres, la cuantía, quién lo recibía, quién los daba...); lo
cuentan, señor Cuesta. No son fondos irregulares secretos; son
fondos reservados usados irregularmente y que todo el mundo
conoce, y hay personas dispuestas a venir aquí a
testimoniarlo, si ustedes lo permiten.
Además, señor Cuesta, usted ha hecho una intervención hablando
del futuro y escapándose del pasado y aquí hay que hablar de
las responsabilidades políticas del ejercicio del poder, de
las responsabilidades en la administración del Estado durante
estos años, señor Cuesta.
Usted, señor Cuesta, dígalo, ¿niega los testimonios de pagos
de sobresueldos con fondos reservados? ¿Lo niega o no lo
niega? ¿Usted niega los testimonios de pago a comisiones
judiciales? Porque es que lo reconoce el actual Fiscal General
del Estado. ¿Usted lo niega? El señor Granados lo ha
reconocido. ¿Usted lo niega, señor portavoz del Grupo
Socialista? ¿Usted niega lo que los portavoces sindicales han
reconocido, que se han pagado subvenciones a determinadas
organizaciones sindicales policiales mayoritarias? ¿Usted lo
niega? ¿Usted niega, señor Cuesta, que a la Agencia americana
de detectives Kroll se la ha pagado con fondos reservados del
Ministerio de Defensa? ¿Usted lo niega? Dígalo aquí. Eso es
entrar en el fondo de las cuestiones y no confundir el futuro
con el pasado y acomodarse o acogerse a la protección con la
que cuentan los fondos reservados usados lícitamente.
Señorías, usted dice que es irresponsable plantear el debate
sobre los fondos reservados; querrá usted decir que es
irresponsable denunciar el uso irregular de los fondos
reservados, y, entonces, ¿qué calificación política le concede
usted a los que manejan irregularmente los fondos reservados y
amparan el uso irregular? Si es una irresponsabilidad
denunciarlo, ¿qué adjetivo, en esa sarta de adjetivos, le pone
usted a la comisión de las irregularidades?
Señor Cuesta, mire usted, en los tribunales y en esta Cámara
no hay más que una competencia interna: la que ustedes han
establecido, en una carrera de obstáculos, donde cada vez
superan al anterior; los últimos obstáculos han ido de Rubio a
Roldán y ahora de Roldán a los GAL; son ustedes los que
compiten con ustedes mismos y los que colocan a esta Cámara
ante cada vez mayores y más crecientes responsabilidades para
defender las instituciones. Nosotros hoy estamos defendiendo
las instituciones y usted está colaborando al desprestigio de
las mismas. (Varios señores Diputados de los bancos del Grupo
Popular: Muy bien.--Aplausos.)
Señor Cuesta, ha utilizado usted un ejemplo muy poco
convincente; ha dicho usted que, precisamente porque nosotros
habíamos instado al Fiscal General del Estado a intervenir, no
debíamos de poner en marcha un proceso de responsabilidades
políticas. Verá usted, eso es lo que ustedes querían. Cuando
esta Cámara tenía en marcha las investigaciones de la Comisión
Roldán, ¿qué hubiera ocurrido si hubiéramos aplicado esa
doctrina? ¿A ustedes les hubiera venido bien que en el momento
en que comenzaron a actuar los tribunales de justicia se
hubiera suspendido la actividad de investigación de la
Comisión Roldán? Quiero decir, señor Cuervo... (Risas.) Señor
Cuesta, perdón, quiero decirle rotundamente que mi Grupo
Parlamentario considera
un éxito para la democracia y para el prestigio de las
instituciones que la Comisión Roldán haya podido investigar en
paralelo a las actuaciones jurisdiccionales, lo consideramos
un éxito de la democracia.
Porque, claro, usted se ampara en que para investigar los
fondos reservados, como no hay justificantes, no se puede
investigar. Es una teoría un tanto peculiar, porque ustedes
van a luchar contra el fraude fiscal, parece ser; normalmente,
el dinero negro no tiene justificantes. ¿Cómo piensa usted
recomendar que actúen los inspectores de Hacienda? Mire usted,
señor Cuenta, exactamente igual que van a actuar los
inspectores fiscales para detectar bolsas de fraude fiscal en
operaciones opacas de dinero negro de otros ciudadanos de este
país que presuntamente han cometido irregularidades, por ese
mismo procedimiento nosotros pedimos que actúe la inspección
fiscal colaborando con la Comisión de investigación de esta
Cámara para depurar las responsabilidades de carácter fiscal.
Fíjese usted si hay vías de acceso al conocimiento del uso
irregular de los fondos reservados. No cite usted países a los
que quiere compararse y homologarse, porque, si lo hace, debía
haberlo hecho a tiempo, porque en esos países no se producen,
ni surgen ni actúan «roldanes» y «rubios». Ese es el problema,
señor Cuesta, que en esos países no hay «rubios» y «roldanes»
y en este país sí los hay. (Fuertes rumores y
protestas.--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
Vaya terminando, señor Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Termino, señor Presidente.
Señorías, reitero que el Grupo Socialista, si quiere oponerse
a esta Comisión de investigación, lo tiene que hacer con
argumentos de fondo y no puede hacerlo con simples
descalificaciones o mirando para otro lado, porque a mí la
intervención del señor Cuesta me recordaba la figura del tero,
del pájaro de Martín Fierro, aquel que, para esconder sus
niditos, a un lado pegaba los gritos y en otro ponía los
huevos, es decir, los fondos reservados.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Bien, bien!
Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Cuesta. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
El señor CUESTA MARTINEZ: Nada nuevo bajo el sol, señor
Alvarez-Cascos, nada nuevo. (Rumores.) Puro humo. Adjetivos es
lo único que ha usado usted. Usted ha confundido en mi
argumentación lo que son adjetivos con normas adjetivas y lo
que son sustantivos con normas sustantivas (Rumores), porque
yo le he citado un marco legal y no me puede negar la
existencia de ese marco legal. Y, en virtud de ese marco legal
(no me lo puede negar nadie que conozca esta materia y que
esté en el ámbito de la gestión presupuestaria --y en su Grupo
hay especialistas-- y que haya tenido también experiencia en
la gestión presupuestaria de los fondos reservados), saben que
hay una especificidad a la hora de hacer o realizar los
asientos o las justificaciones contables, como ha llegado a
reconocer el propio Tribunal Supremo. No le he citado la
jurisprudencia que existe en nuestro país del Tribunal
Supremo, las sentencias de la Audiencia Nacional, las
sentencias del Tribunal Constitucional. Es que hay que
estudiar, no hay que quedarse sólo en los adjetivos, porque
eso, a veces, nos lleva a confundir lo que es el adjetivo con
la norma adjetiva o procesal, señor Alvarez-Cascos (Rumores.)
La jurisprudencia en nuestro país deja claras las dificultades
operativas para que, con el actual marco legal, se pueda hacer
una reconstrucción mínimamente fiable que nos llevase a la
conclusión de un uso irregular de los fondos reservados. Esa
es la trampa, ésa es la media verdad que usted, de manera
deshonesta, desde el punto de vista intelectual, nos está
intentando transmitir en la Cámara. Como existe una dificultad
de resconstrucción documental de los asientos contables porque
el marco legal que regula la gestión de los fondos reservados
impide una investigación a fondo, lanzo aquí esta iniciativa
para crear la sombra de sospecha, para ocultar lo que es
también un esfuerzo de regeneración de nuestro sistema
democrático. (Rumores.)
Mire, señor Alvarez-Cascos, yo hablo del futuro, porque tengo
una coherencia y parto de unas raíces sólidas con el pasado.
(Rumores.) Yo soy más fiel a mi pasado de lo que probablemente
sea usted con el pasado de su Grupo (Rumores.--Aplausos en los
bancos del Grupo Socialista.), pero, a pesar de todo, señor
Alvarez-Cascos...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
El señor CUESTA MARTINEZ: ... yo hablo del futuro porque en
esta Cámara es futuro inmediato un marco normativo que nos va
a colocar en la vanguardia de nuestro ámbito occidental.
(Rumores.) Usted me hablaba, por ejemplo, de que escándalos
como el producido en nuestro país no se han dado en otros
países de nuestro entorno. Miente, señor Cascos (El señor
Michavila Núñez: ¡Artista!), y desconoce también la historia
reciente de nuestro tiempo. Estudie usted la gestión
presupuestaria de los fondos reservados, los sistemas que
existen en el Derecho comparado y todos llegan a una
conclusión: a pesar de todo, en todos los lugares existen
casos de irregularidades, en todos los lugares, por perfecto
que sea el sistema normativo, existen dificultades. Le pongo
un ejemplo, señor Cascos: ¿Qué está ocurriendo en nuestro país
vecino? ¿Cuál es el nivel de regeneración democrática que la
derecha está aplicando en el Parlamento francés? (Protestas.)
¿Qué vendían antes y qué venden ahora? (El señor
Fernández-Miranda y Lozana: Habla de aquí.) He ahí también
ejemplos claros de corrupción, de hipocresía, de doble moral,
de doble lenguaje. Yo hablo de futuro y de respeto al pasado.
Ha usado usted una argumentación desconocedora de lo que era
la regulación del marco normativo. Ha querido hacer virtud de
lo que para usted son fugas sobre determinadas actuaciones o
informaciones surgidasy tergiversadas de algunos niveles, dice
usted, presuntamente policiales o presuntamente funcionariales
y nos ha hablado, por ejemplo, de un tema que afectaba a la
Comisión de Policía Judicial. (El señor Fernández-Miranda y
Lozana: como Roldán.) Bien, ahí hay un seguimiento contable.
¿Está usted acusando de delito al señor Fiscal General del
Estado? (El señor Rato Figaredo: ¡Al Ministro!) ¿Está usted
acusando al Gobierno de cometer un delito? (Varios señores del
Grupo Popular: ¡Sí! ¡Sí!--Rumores.--Fuertes protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
(Un señor diputado: ¡Fariseos!)
El señor CUESTA MARTINEZ: Cuando acabe mi intervención les
desearé a ustedes las felices Pascuas, pero antes déjenme
acabar mi argumentación.
Me acaban de demostrar, desde el coro colectivo, que ustedes
ni siquiera saben leer lo que firman, porque en el escrito que
firman y han remitido a la Fiscalía General del Estado no
hacen una acusación sobre la comisión de un delito concreto,
no califican, por ejemplo, el tema de las cantidades que se
han enviado a la Comisión de Policía Judicial, no lo plantean
como un delito.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cuesta, termine,
por favor.
El señor CUESTA MARTINEZ: Ustedes no han leído ni siquiera los
escritos que firman. (Protestas.)
Finalizo ya, señor Presidente, señorías.
El Grupo Popular sigue instalado en la dinámica de la
destrucción (Fuertes protestas.), el Grupo Popular sigue
instalado en la página y en la dinámica de la hipocresía (Un
señor Diputado: ¡Sí, señor!), el Grupo Popular sigue temiendo,
porque yo creo que ustedes temen, que este país se regenere y
que los ciudadanos sepan y conozcan que vamos a tener y
estamos teniendo instrumentos de regeneración democrática que
van a permitir mayores cotas de control en todos los aparatos
del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos.--Protestas y rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos Parlamentarios
que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Hoy mismo --y no nos podemos perder, por tanto, en los
recuerdos de la memoria-- dice el diario «El País» --y cito a
éste y no a los demás para no herir esas finas sensibilidades
de la Cámara-- que un Juez tiene en su poder documentos que
prueban que el secuestro de Segundo Marey por parte de los GAL
se pagó a cargo de los fondos reservados de Interior.
Si no fuera, por tanto, poca la información que ya conocemos,
la que no conocemos, pero sospechamos y la que no hemos
conseguido saber a causa de los muchos obstáculos que hemos
tenido, ahora tenemos que añadir lo que se sabe en la calle a
raíz de las investigaciones sobre el caso GAL.
Soy de los que piensan, señorías, que hay un exceso de
comisiones de investigación, como hay un exceso de alarma en
la calle, como hay también, seguramente, un exceso de
judicialización de la propia política, pero ello no es
responsabilidad de quienes pedimos investigar, sino de
quienes, creyéndose fuera de todo control, abusaron del enorme
poder que tuvieron entre manos. Son, por tanto, ustedes
quienes obligan a esta Cámara a llenarse de investigaciones,
como son ustedes los responsables de la enorme perplejidad que
se vive fuera de ella.
Esta es una comisión, a mi entender, necesaria, quizá de las
más necesarias. Primero, porque los fondos reservados se han
convertido en un pozo de irregularidades y de compadreo que
incluso llegó a ser reconocido por un ex Ministro en un
arranque de sinceridad, si no de prepotencia. Lo vimos en la
Comisión Roldán, donde casi todo nos llevaba a los fondos
reservados y ahí, por su opacidad y su falta de control, nos
quedábamos varados, clavados en la opacidad.
Segundo, porque necesitamos explicar a los ciudadanos o que ha
habido un uso correcto de los fondos o que conocemos los
responsables de su uso incorrecto. ¿Duda alguien hoy en día de
que el señor Roldán utilizó abusivamente los fondos
reservados? ¿Y qué ocurre con los Ministros de Interior que
ocuparon la cartera durante el mandato de este señor? ¿Qué
ocurre con el caso GAL? ¿Cómo se financió? ¿De dónde llegaban
los fondos? ¿Quién pagaba a los ejecutores?
Es cierto que los delitos, en su caso, se tipificarán en sede
judicial, pero, no nos cansaremos de decirlo, es en sede
política donde hay que saber, hay que preguntar, hay que
conocer los abusos políticos.
Tercer motivo, porque aunque el partido proponente pensó,
lógicamente, en otro escenario cuando planteó la proposición,
lo cierto es que la nueva explosión del
caso GAL y la enorme alarma que produce la hace especialmente
oportuna.
Aquí quiero expresar mi profunda perplejidad por las
declaraciones que el portavoz de Convergència i Unió, señor
Roca, a quien le deseo suerte en su nuevo reto político, ha
hecho referente al caso GAL. Ha dicho que los más contentos
por la investigación del GAL son los señores de Herri
Batasuna. Me parece indignante para cualquier demócrata, para
un demócrata que, consecuentemente, nunca justificará la
violencia, venga de donde venga, este tipo de equívocos. Todo
demócrata tiene que alegrarse de que se aclare de una vez una
de las vergüenzas más sangrantes de la democracia: que se sepa
quienes fueron los responsables de esa vergüenza. La carpeta
GAL se tendrá que cerrar algún día con todos los nombres
propios delimitados, y ese día los demócratas tendremos un
motivo de satisfacción.
En fin, no voy a alargarme, sólo repetir un hecho que es
fundamental: que tenemos el convencimiento, especialmente los
que estuvimos en la Comisión Roldán, de que los fondos
reservados acabaron siendo fondos incontrolados; que pudieron
ser utilizados ilícitamente, cuando no, claramente, con fines
personales.
No es cierto, señor Cuesta, que hayan sido nunca investigados.
Han sido permanentemente camuflados; han sido permanentemente
camufladas las respuestas y han variado las preguntas, y se ha
escondido todo lo que pudo ocurrir en esos años de alegría
roldaniana, en ese período oscuro de Interior que, a pesar de
vivir ya en época democrática, quizá mantuvo tics y maneras de
hacer.
Hay que saber qué ocurrió con los fondos reservados durante
estos años, y hoy en día, si algo es realmente cierto, es que
no sabemos qué hicieron y cómo se utilizaron los fondos
reservados, pero algunas de las sospechas son terribles.
Señor Cuesta, y acabo aquí, todos queremos regenerar el país,
pero no a costa de ser amnésicos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola.
Por el grpuo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías,
nuestro Grupo hace uso, muy breve, de su turno de intervención
para fijar posición sobre la proposición que presenta el Grupo
Popular. Les adelanto que nuestro voto va a ser afirmativo,
favorable a la creación de una comisión de investigación para
el estudio de los fondos reservados.
Sin duda alguna, todos sabemos que este asunto de los fondos
reservados es enormemente delicado, que exige altas dosis de
responsabilidad, de rigor, de seriedad y hasta de prudencia.
Es un asunto que debería llevarse en el seno de la Cámara de
la forma más secreta, responsable y discreta posible. Pero lo
que hoy está en discusión no son sólo actividades irregulares,
que sin duda alguna tienen responsabilidades políticas, aunque
no delictivas, sino al mismo tiempo malversación de fondos
públicos, hechos delictivos, que también tienen
responsabilidades políticas, que últimamente ha puesto de
actualidad, aunque son hechos viejos, el gran debate de que
desde el Ministerio del Interior, y posiblemente desde los
fondos reservados, hay indicios que pueden apuntar la
posibilidad de la utilización de la guerra sucia, es decir,
del terrorismo de Estado contra las actuaciones terroristas.
Este es un asunto que abre un debate de enorme gravedad, de
grandes consecuencias para el Estado de derecho de este país.
Nuestro Grupo, preocupado --y creo que hemos dado muestras
sobradas anteriormente de la no utilización partidista ni de
hacer discursos electorales con temas tan delicados como éste,
como aquí se hacen con frecuencia-- por reforzar las
instituciones democráticas de este país, quiere decir que
nuestro voto de hoy va en la línea de que entendemos que
reforzar las instituciones democráticas de este país obliga a
que no queden impunes actuaciones que han degradado el Estado
democrático de derecho de este país; que la impunidad crearía
un gravísimo precedente, un premio a actuaciones que hay que
erradicar. Creemos que votar en contra de esta propuesta es
ser cómplices, de alguna manera, de la impunidad.
Con todos los argumentos discursivos sobre derecha e
izquierda, retórica pura, sobre ejemplos de países próximos,
en este país, por suerte, no tenemos un Il Cavaliere. Los
posibles cavalieri me parece que en este momento también están
a punto de ser procesados. Pero esos peligros que acechan a la
democracia española sólo se afrontan reforzando las
instituciones y éstas sólo se refuerzan buscando la verdad y,
sobre todo, ofreciendo alternativas. En nuestra opinión, ni es
alternativa deteriorar al Gobierno acosándolo, buscando
siempre responsabilidades de uno u otro signo, sin ofrecer
soluciones para los problemas de fondo, ni es alternativa que
este Gobierno se esconda y huya permanentemente para no sólo
investigar la verdad, dirimir responsabilidad, sino ofrecer
soluciones. En el caso de la corrupción sigue esquivando las
soluciones de fondo y en el caso del terrorismo de Estado y de
los desastres del Ministerio del Interior sigue esquivando la
búsqueda y la investigación de la verdad. Nuestro Grupo no es
cómplice de esa actitud y vota a favor de la proposición que
presenta hoy el Grupo Popular.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mauricio.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señorías, la
iniciativa del Partido Popular solicitando la creación de una
comisión de investigación sobre el uso irregular de los fondos
reservados tiene plena actualidad. No es una iniciativa
alejada del sentir popular, que sigue con alarma las continuas
noticias sobre malversación de estos fondos tras el caso
Roldán y, mucho antes, tras conocerse el caso GAL.
Nuestro Grupo ha estudiado con interés esta cuestión y no
desea eludir el debate actual, vinculándolo con las últimas
actuaciones judiciales. Para ello tenemos claras dos cosas.
Toda policía para funcionar y combatir el delito tiene que
hacer uso de fondos reservados, y si estos fondos reservados
son investigados no son fondos reservados, sino fondos de
conocimiento público y, por tanto, carecen absolutamente de
eficacia en la lucha contra el delito organizado. Por
consiguiente, nos encontramos ante un dilema. Estamos ante
evidencias continuas de indebida utilización de los fondos
reservados. El caso Roldán lo ha puesto de manifiesto. Siempre
con la lucha contra ETA como gran telón de fondo y antes la
famosa X del caso GAL.
Cuando en este momento se acusa al juez Garzón de por qué
investiga ahora un asunto con casi 12 años de antigüedad, no
deja de tener su carga de interesada amnesia el no recordar
que este caso no pudo ser investigado en profundidad, en su
día, precisamente a cuenta de que el juez no pudo acceder al
movimiento de los fondos reservados, por lo que esa
argumentación es absolutamente tendenciosa, como lo es el
tratar de descalificar al magistrado por su paso por la
Administración. Al parecer, lo que aquí no se desea es que
ciertos asuntos sean investigados, porque parece que hay una
cierta comprensión con el buen terrorismo combatiendo el mal
terrorismo. Y esto, señores, en un Estado de Derecho es
absolutamente inaceptable y hay que denunciarlo con
vehemencia. Es una auténtica aberración y el rompimiento más
flagrante de las reglas del juego del sistema democrático.
Porque se empieza justificando cierta violencia, se apoya la
tortura y se termina solicitando la pena de muerte. Y es que
ciertos argumentos exculpatorios escuchados estos días,
recordando el clima vivido en aquellos años ochenta nos
parecen gravísimos.
Todo el esfuerzo deslegitimador de la violencia realizado por
el Pacto de Madrid, el Pacto de Ajuria Enea y la propia
sociedad caen estrepitosamente abajo si no somos
contundentemente beligerantes al decir que no puede haber
muertos buenos y muertos malos, que todo asesinato es una
mutilación de cada uno de nosotros, que todo atentado es
inasumible, y que un Estado de derecho pierde su legitimidad
cuando empieza a hacer matizaciones o a decir que en una
balanza hay tantos muertos y en otra menos, que eran otros
tiempos o que la sociedad está harta. Nosotros nos imaginamos
la alegría que por este debate se está teniendo en el seno de
ETA. Y he decir con dolor y angustia que estos días, a cuenta
de este debate de los fondos reservados y del caso GAL,
nosotros, el Grupo Vasco, hemos visto con horror que el grito
salvaje, animal, primario, sanguinolento, absurdo y bestial
de: ¡ETA, mátalos!, es sustituido en Madrid por el de: ¡GAL,
mátalos!, por un sector de la población y de la opinión.
Contra el terrorismo no puede haber matices, porque al final
el terrorismo nos divide, y con la misma lógica que un Estado
democrático desde sus cloacas más sucias organiza una trama
asesina, con la misma lógica mortal ETA organiza su propia
trama asesina, mientras es coreada por los mismos que creen
que su violencia es la buena violencia. Y esto, señorías, es
desolador.
El martes, el Diputado socialista Nicolás Redondo manifestó
que mi persona no tenía capacidad ética para pedir la dimisión
de nadie. Con la velocidad del ave de rapiña --dijo Redondo--
el Diputado del PNV ha pedido la dimisión aduciendo motivos
morales. El Ministro del Interior luchaba desde su puesto por
la paz y la libertad de España, y también en el País Vasco,
mientras el Diputado y su partido comprendían los desmanes de
los llamados chicos de ETA. Cada quien es libre de opinar como
guste. Efectivamente, yo pedí una dimisión y la sigo pidiendo,
porque no se puede designar a Luis Roldán y tener como
Director de la Seguridad del Estado a una persona que está
encarcelada presuntamente por indicios suficientes y alabar en
público, sin ningún pudor, a unos leales colaboradores que
luchaban contra el terrorismo. Si la prudencia hubiera
presidido las manifestaciones y no se hubieran excitado las
bajas pasiones de la ciudadanía, yo no hubiera hablado de
dimisión alguna y que la justicia siguiera actuando. Pero no
se puede justificar algo tan tenebroso como el GAL, como es
inadmisible justificar a ETA. Y si hay que presumir la
inocencia de cualquier inculpado, también hay que tener coraje
político y recordar que tantas equivocaciones y tanta alarma
social exige por lo menos un gesto ético, como se exige una
intervención del Gobierno y del Ministro de Justicia e
Interior ante lo que está ocurriendo y el Gobierno está
callando, y ante las inquietantes justificaciones de los GAL y
de sindicatos policiales y de prisiones. Por responsabilidad
no se puede estar callado y por discreción democrática no es
correcto callar de manera tan burda ante los indicios
delictivos observados por Garzón. Con el silencio se está
avalando un peligroso discurso según el cual la erradicación
del terrorismo a cualquier precio merecería, incluso por
medios ilícitos, el reconocimiento social.
Pero he de recordar también que ETA nació del PNV en 1960
porque el PNV no era partidario de la acción armada aunque
fuera bajo la dictadura, por razones éticas, políticas y
cristianas: no hay causa que valga la vida de un ser humano y,
si esa causa necesita matar, esa causa es despreciable. Por
eso conviene también recordar
que la primera manifestación contra la violencia tuvo lugar en
1978, en pleno debate constitucional, rompiendo todo el recelo
que el aparato militar y policial franquista incólume nos
ofrecía a los demócratas. Y en aquella época también había
fondos reservados y guerra sucia. ¿O es que acaso nadie
recuerda el Batallón Vasco Español de la época de la UCD o a
la Triple A? De ahí que no es tolerable se diga que a los
encarcelados por el juez Garzón hay que mostrarles la
simpatía, la solidaridad y el afecto sobre todo en los días
señalados en los que estamos. ¿De qué se trata? ¿De excitar
las pasiones de una ciudadanía? ¿Qué se diría si a los
presuntos culpables del recientemente detenido comando
Nafarroa nosotros dijéramos lo mismo? ¿Pero en qué país
estamos? ¿Cómo se puede permitir semejante apología? ¿Por qué
no se hizo lo mismo con Luis Roldán?
Señor Presidente, señorías, estamos en un Estado de derecho.
La lucha contra el terrorismo es algo demasiado serio para
utilizarlo como arma arrojadiza de unos contra otros. Los
fondos reservados tienen que existir y de ahí que esperemos la
discusión del proyecto de ley para regular esta situación para
que no vuelvan a repetirse los casos Roldán, GAL y otras
aberraciones de la democracia. Y la opinión pública está
confusa. Ciertos medios incluso han visto bien la existencia
del GAL. Una buena parte de la población española ve bien al
GAL. Y si la gente con responsabilidad abona este discurso sin
matizarlo, buscando explicaciones, estamos absolutamente
perdidos. De ahí que pensemos que una comisión de
investigación ahora, entendiendo la iniciativa, respetándola y
no criticándola, iba a arrojar más mal que bien a una sociedad
que no puede poner absolutamente bajo sospecha todo, aunque
haya motivos mil para hacerlo. Creo que hay que dejar a la
justicia que actúe, dejar al juez Garzón que actúe, dejar a
las instituciones que funcionen y ser absolutamente claros y
rabiosamente demócratas para no romper regla de juego alguna.
El consejero Atutxa, condenado a muerte por ETA, manifestó
anteayer en Pamplona algo en lo que coincidimos plenamente.
Dijo que la democracia sólo puede defenderse desde el derecho
y cualquier tentación de abandonar estos parámetros, además de
ser moralmente reprochable, es democráticamente impresentable
y políticamente ineficaz. La muerte como instrumento para
zanjar disidencias es miserable y no puede contagiarnos. Para
quienes tenemos convicciones morales y creemos en el diálogo y
en la democracia, en suma en el género humano, la sangre no
tiene bandos. Su derramamiento es siempre trágico, lamentable
y nos empobrece a todos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Anasagasti.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías,
nuestro Grupo Parlamentario, como es lógico --ya lo ha
manifestado en repetidas ocasiones dentro y fuera de este
hemiciclo--, considera que la vigente regulación legal de los
fondos reservados es, como mínimo, por ponerle un
calificativo, insuficiente. En esto creo que compartimos la
opinión unánime de la Cámara, manifestada a lo largo de los
últimos meses.
De hecho, como ha expuesto el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular y como ha recordado el del Grupo Parlamentario
Socialista, la regulación legal de la administración de esos
fondos por parte del Gobierno de turno data de 1966. Por lo
tanto, no es una circular que se inventa, que fabrica, que se
crea a su medida el actual Gobierno o los gobiernos
socialistas que le han precedido, data de 1966. Es una
circular de la Intervención General de la Administración del
Estado que regula estos fondos desde un punto de vista
estrictamente presupuestario y que, a mi juicio, es un
auténtico modelo de inutilidad preconstitucional que usaron
los gobiernos de la UCD y que han venido usando los gobiernos
socialistas; una inutilidad preconstitucional puesta de
manifiesto cuando la investigación parlamentaria del
denominado caso Roldán, que es cuando se observa la existencia
de una circular de 1966 que han utilizado gobiernos de la UCD
y gobiernos socialistas. También existe una resolución
posterior, de 1989 --por tanto ya en época de mandato
socialista--, de la Dirección General de Presupuestos, por la
que se establecen códigos de la estructura económica diseñada
por el Ministerio de Economía y Hacienda. De hecho, es cuando
por primera vez se produce una definición legal de los gastos
reservados al decir --cito literalmente-- que son gastos
necesarios para la defensa y la seguridad del Estado. Además,
esta resolución, por primera vez en nuestro ordenamiento,
diferencia estos gastos del resto de los gastos públicos por
su restringida publicidad --cito literalmente-- y su especial
justificación.
Por lo tanto, hemos venido viviendo --permítanme la expresión
coloquial-- de una normativa preconstitucional, actualizada
mediante una definición de gastos reservados, de fecha 6 de
abril de 1989. Ello avala nuestra manifestación inicial, señor
Presidente, de que la vigente normativa legal es a todas luces
insuficiente. De ahí precisamente que el Congreso de los
Diputados, en sendos acuerdos de fechas 21 y 28 de julio
últimos --si la memoria no me es infiel--, insta a una nueva
regulación por ley, esta vez no por circular de la
Intervención General del Estado o por resolución de la
Dirección General de Presupuestos sino por ley, que nunca ha
tenido este país, por lo que vamos a homologarnos con lo que
es habitual y usual en nuestros socios comunitarios; una
regulación por ley del uso de la administración interna y del
control parlamentario de estos fondos, sabiéndose que desde
junio de 1992, por lo tanto hace ya algún tiempo, la Cámara
disponía y dispone hoy
de posibilidades legales de conocimiento y control de esos
fondos, gracias a una resolución de la Presidencia del
Gobierno sobre mecanismos de acceso a los secretos oficiales.
De esa insuficiencia en la regulación y de esos deseos
unánimes de todos los grupos, de todas SS.SS., de un mayor
conocimiento y un mejor control parlamentario de esos
créditos, nació un proyecto de ley que en estos momentos está
en trámite parlamentario en esta misma Cámara; un proyecto de
ley que nace de dos iniciativas, como aquí se ha puesto de
manifiesto. Por un lado, una proposición no de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, a caballo de las
investigaciones del llamado caso Roldán y, por otro lado, como
una de las conclusiones --creo yo-- más preciadas y más
positivas de los miembros de esa Comisión que a su vez,
también por unanimidad, procedieron a proponer al Pleno --y
así lo acordó éste-- el instar al Gobierno a la presentación
de este proyecto de ley, cuya administración parlamentaria y
la urgencia que queramos darle está ahora en nuestras manos.
Nuestro Grupo va a oponerse a la iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular, reconociendo de antemano, como he
dicho, la insuficiencia de la normativa, pero subrayando que
esta Cámara está ya en disposición de ir hacia una nueva
regulación, esta vez por ley, que no por circular, de los
fondos reservados. ¿Por qué nos vamos a oponer? Vamos a
hacerlo por tres motivos. El primero, porque pese a esas
insuficiencias que acabo de exponer, señorías, la Cámara ya
dispone de un instrumento parlamentario específico para
conocer, saber y, si se quiere, controlar, esos fondos y su
correcta utilización, basada, eso sí, en el carácter de
secreto como materia clasificada otorgado por el Consejo de
Ministros. Ese instrumento existe ya, está en vigencia desde
junio de 1992, mediante una resolución de la Presidencia
aprobada por unanimidad, con la única discrepancia de los
entonces miembros del Grupo Mixto, y por una resolución que la
precedía, que data de 1986 (por tanto desde hace ya, si se me
permite decirlo, un montón de años), que regulaba por primera
vez en nuestro ordenamiento parlamentario, por primera vez en
la historia del parlamentarismo español, el acceso del
Congreso de los Diputados a materias clasificadas que hasta
entonces no estaba regulado y, por tanto, el Parlamento
quedaba al margen del conocimiento y del control de unos
fondos que él mismo aprobaba y que ponía en manos del Gobierno
de turno. Entiende nuestro Grupo que cuando se tiene un
instrumento parlamentario que goza del apoyo de la práctica
totalidad de cuantos formamos el Congreso de los Diputados,
cuando tenemos un instrumento común para todo lo que sea
materia clasificada, no es necesario un instrumento específico
para un caso o unos casos concretos, porque sería tanto como
desautorizar hoy aquello que hace tiempo aprobamos por
unanimidad, al dar el consentimiento a la Presidencia en su
resolución de acceso a las materias clasificadas como
secretas. Por tanto, tenemos ya un instrumento de
conocimiento, de control y, si se quiere, de investigación,
porque nada prohíbe esa resolución respecto a investigar, a
conocer, a saber, a controlar cómo se han utilizado esos
fondos dados al Gobierno para un uso muy concreto.
Hay un segundo razonamiento. Los fondos reservados lo son
porque así lo ha determinado esta Cámara. Si existen fondos
reservados es porque el Congreso de los Diputados y el Senado,
en la aprobación de los presupuestos, así lo ha querido, y lo
ha querido a lo largo de los años: este año también. Y además
son secretos porque así lo ha decidido, de acuerdo con la
normativa vigente, el Consejo de Ministros. Y tienen un
tratamiento diferenciado en cuanto a conocimiento por esta
Cámara de su uso y su administración porque nosotros mismos le
hemos dado el calificativo de gastos reservados y porque el
Consejo de Ministros le ha dado el carácter de secreto como
materia clasificada. ¿Cómo casa esa voluntad de la Cámara a lo
largo de tantos y tantos años, al menos desde 1977, con las
comisiones de investigación que ahora son abiertas? Y en la
propuesta del Grupo Parlamentario Popular nada se dice sobre
si esta comisión de investigación que se nos propone debería
ser secreta. Si los fondos son reservados porque así lo ha
querido, año tras año, esta Cámara desde 1977, si esta Cámara
se ha dado a sí misma un mecanismo normal, habitual, común, de
acceso a su conocimiento y a su control en el mayor de los
secretos, porque aquí todos estamos de acuerdo en que es algo
delicado a tratar, ¿cómo se nos puede proponer una comisión de
investigación que, al menos en la propuesta, no se pide que
sea secreta? ¿Cómo podemos, ante las cámaras de televisión,
ante los micrófonos, ante los periodistas, manejar
correctamente una información clasificada secreta y como
reservada por acuerdo unánime de esta Cámara? Nos parece una
evidente contradicción que refuerza nuestra tesis de que
instrumentos parlamentarios para conocer, controlar y saber ya
tenemos y que, por lo tanto, no es lógico crear una nueva
comisión de investigación que, de acuerdo con una petición
unánime de la Cámara y ya incorporada en nuestro Reglamento,
tiene carácter de abierta porque hemos cambiado el principio
de secreto por el principio de publicidad en nuestras
comisiones de investigación.
Hay un tercer argumento. A nadie se le escapa que el Grupo
proponente, en uso de sus legítimos derechos, ha llevado a la
vía judicial el tema que hoy nos ocupa parlamentariamente. Yo
no estoy en contra, lógicamente, de que en paralelo pueda ser
investigado un mismo tema por la vía judicial y por la vía
parlamentaria; no voy a estar en contra porque la propia
Constitución protege esta vía. Lo que ocurre es que tratar
ahora de parlamentarizar una investigación ya abierta en el
ámbito judicial es tanto --permítanme la sinceridad-- como
desconfiar, en la práctica, de las posibilidades de éxito
de esa vía judicial que voluntariamente se ha escogido. Es
tanto como decir: no nos acabamos de fiar del proceso judicial
que nosotros hemos instado, quizás el resultado no sea el que
a nosotros nos pueda apetecer políticamente, vamos ahora a
cambiar de tercio, vamos ahora a situar paralelamente en el
Parlamento una investigación, no sea el caso que en el ámbito
judicial no sean buenos los resultados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López de Lerma,
vaya concluyendo.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Voy a terminar, señor
Presidente. Gracias.
La verdad es que no lo creemos procedente. Cuando se ha
abierto, por un acto voluntario, una vía judicial de
investigación, no creemos procedente abrir ahora en paralelo
otra vía parlamentaria, porque creemos que no es bueno
confrontar espacios de actuación, judicial y parlamentaria,
cuando el mismo Grupo Parlamentario que hoy nos insta a una
investigación parlamentaria hace tres semanas instó a una
investigación judicial.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la creación de una comisión de investigación sobre
los fondos reservados es una necesidad en nuestro país. En
España el Gobierno ha utilizado cerca de 20.000 millones de
pesetas en el período comprendido entre 1983 y 1994; el 60 por
ciento de esta cantidad corresponde al Ministerio de Interior.
También hay que destacar el que se haya producido un
incremento sobre los créditos iniciales presupuestados por el
Parlamento en más del 50 por ciento, a través de la
transferencia de otras partidas. Los fondos reservados se han
de utilizar siempre para combatir el narcotráfico, las mafias
y el terrorismo. Se trata de aumentar la información para
garantizar la seguridad del Estado de derecho y el disfrute de
las libertades ciudadanas. Las investigaciones realizadas
desde el plano parlamentario en la Comisión de investigación
Roldán y desde el plano judicial en el tema del GAL-1, han
tropezado, hasta ahora, con el muro de la reserva para no
acceder a su uso ilegal y corrupto.
El Gobierno y todos los grupos de la Cámara, los medios de
comunicación y la opinión pública, hemos venido reivindicando
mayor control mediante mecanismos parlamentarios y judiciales
de los fondos reservados.
En la actualidad hay una ley en trámite en esta Cámara. El
Gobierno, su Presidente, el Ministro de Interior y Justicia,
su núcleo duro, en definitiva, pretende un borrón y cuenta
nueva; quieren tapar todo lo que se ha hecho con los fondos
reservados en la etapa anterior, que hoy se propone aquí
queremos investigar.
La nueva doctrina del Supremo, con el auto dictado
recientemente, la actuación de la Fiscalía General del Estado,
el sentido común y la decencia de la sociedad española, no
pueden cerrar los ojos ante los hechos siguientes: Primero, el
pago de sobresueldos con fondos reservados. Segundo, la compra
de apartamentos o chalés. Tercero, la apropiación para
enriquecerse personalmente. Cuarto, financiar informes que
vulneran los derechos constitucionales. Quinto, financiar
actividades terroristas y criminales con dinero reservado.
Sexto, abrir cuentas en el extranjero, sin ningún control de
su uso.
No se pueden cerrar los ojos ante estos usos delictivos de los
fondos reservados. Hay que actuar, y hacerlo ahora, antes de
que nos coloquen en la evidencia más absoluta las
investigaciones judiciales en curso. Cuando las equis tengan
nombres y apellido, que los tendrán; cuando haya cantidades
concretas con recibo, que aparecerán y han aparecido, se
esclarecerá la verdad.
¿Cómo se puede, señorías, justificar la guerra sucia contra el
terrorismo? Al dar luz verde a la creación de un grupo
terrorista con funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad en su seno, con financiación e infraestructura de
los fondos reservados desde el Gobierno, cuando eso se hace se
desploma el Estado de derecho, se vulnera la Constitución, se
pisotea la división de poderes; se crea, de facto, un Estado
de desecho con un grupo terrorista en su seno para luchar
contra otro grupo terrorista. Los GAL, señorías son la página
más sucia y horrorosa de la historia moderna de la democracia
española. Ahora nuestro pueblo asiste con estupor a las
descalificaciones al trabajo de Baltasar Garzón, un trabajo
serio, tendente a esclarecer los numerosos y graves
interrogantes que quedaron pendientes en el GAL-1. No se
pueden pedir dos varas de medir. La Justicia adquiere su
prestigio y hace honor a su nombre al abordar con igual trato
a un terrorista de ETA, a su infraestructura y colaboradores
que han arrebatado la vida a un guardia civil, que a los que
arrebataron la vida a García Goena desde el GAL.
Ahora se dice que el error del GAL fue su chapucero montaje.
Es que, si se monta bien, con eficacia para matar mejor, con
la aprobación del Estado, ¿habría que aprobarlo y
comprenderlo? Si se mantiene esa tesis se está justificando el
fascismo tecnológico con métodos avanzados; se están ignorando
los derechos humanos y el patrimonio de civilidad de la
humanidad, que tantos sufrimientos ha costado ganar.
Ahora se nos propone una comisión que investigue los fondos
reservados. Nosotros denunciamos, en su día, que la Comisión
Roldán se había cerrado en falso. No hubo comparecencias
claves; no se acudió a la utilización
de fondos reservados; no se accedió a las cuentas en Suiza y
en otros lugares del extranjero. Todo ello, y los
espeluznantes datos de los GAL hacen que mi Grupo apoye esta
investigación. No podemos renunciar a intervenir, como
representantes del pueblo con el argumento del secreto o del
carácter reservado de dichos fondos. Si lo hiciéramos,
aceptaríamos que el secreto proteja a sinvergüenzas, a
ladrones y a criminales. Si se ha teorizado que la Justicia no
intervenga; si se ha dicho que el Parlamento no intervenga,
ahora sólo queda cerrar periódicos y meter periodistas en la
cárcel.
Señoras y señores diputados, no podemos continuar diciendo que
el Parlamento no debe intervenir ni que la Justicia no debe
acceder a los fondos reservados, porque si continuamos
manteniendo esas tesis sólo queda la censura para hablar de
esos temas y a partir de ahí la vulneración del Estado de
derecho y de las libertades constitucionales.
No hay atajos, señoras y señores diputados para luchar contra
el terrorismo y la criminalidad. La Constitución y el Estado
de derecho es la fortaleza de los demócratas. Nada de borrón y
cuenta nueva como pretenden el Gobierno y el Grupo Socialista
argumentando que ahora se pondrá orden con una nueva ley;
también lo han planteado otros grupos parlamentarios que
apoyan esta tesis.
Antes de la llegada de Roldán a la Dirección General, su
antecesor, el señor Sáenz de Santamaría, dejó un remanente de
fondos reservados de 102 millones sin gastar. Se gastaban unos
dos millones al año y había un libro de asientos. Los
confidentes son baratos en España y en todos los países. Las
comandancias mediante oficio, como se demuestra con estos
oficios concretos que hay aquí (Mostrando unos documentos.),
pedían de la Dirección General de la Guardia Civil y del
Estado Mayor, un premio para un colaborador. El oficio dice
textualmente: El pasado día 28 de diciembre se detuvo a dos
individuos apropiándoles 51.200 cajetillas de tabaco de
contrabando, 14.092.000 pesetas, dos vehículos y droga. En
concepto de premio por colaboración a los mencionados
servicios realizados, el comandante que suscribe pide que sea
recompensado con 100.000 pesetas como premio a su actuación,
como estímulo para otras veces, del fondo de confidencias y
reservados. Todo esto se asentaba para pagar con Fondos
reservados dichas confidencias.
También se plantea que el 1.º de febrero de 1987 se detuvo a
tres individuos aprehendiendo 14 kilogramos y 100 gramos de
hachís, valorados en 28 millones de pesetas, se propone un
premio de 25.000 pesetas, y solicitaba permiso de su
excelencia el Director General para la concesión a cargo del
fondo de confidencia y reservado de dicha Dirección General.
Un colaborador viene trabajando con este grupo central de
investigación facilitando información de las personas
dedicadas al tráfico de estupefacientes, así como colaborando
con determinados servicios dando como resultado la aprehensión
de 1.000 gramos de cocaína, 400 dólares de Estados Unidos y
vehículos con una valoración oficial de más de 25 millones de
pesetas. Al no haber recibido cantidad en concepto de premio a
la colaboración prestada, el suboficial que suscribe propone
sea recompensada con 200.000 pesetas la confidencia recibida.
Por tanto, no existía la trituradora; hay documentos que
demuestran los asientos legítimos de la utilización de los
fondos reservados. No se da el nombre de los confidentes, pero
se registran los pagos que se hacen para estas confidencias.
Señoras y señores Diputados, hoy tenemos en España a un ex
Director General de la Guardia Civil huido, a un Director
General de Seguridad del Estado en la cárcel y, cuando todo
esto sucede, el parlamento se niega a investigar los fondos
reservados. A raíz de las fijaciones de posición y del turno
en contra se desprende que existirá mayoría en la mañana de
hoy para negarse a investigar los fondos reservados, fondos
que hoy se publica que han financiado el secuestro en un zulo
de Estado de un ciudadano como Segundo Marey.
Es necesario que en este marco un tal don Felipe González
Márquez no continúe con la actitud de no sabe y no contesta.
Es fundamental, señoras y señores Diputados, que el Estado de
derecho se defienda, pero el Estado de derecho no se defiende
en los desagües y en las alcantarillas, como dijo en su día el
Presidente Felipe González, porque eso significa justificar
intelectual, ética, moral y políticamente la guerra sucia, la
criminalidad terrorista del Estado contra un grupo terrorista
que actúa contra la convivencia pacífica en la sociedad
española y en Euskadi.
Desde nuestro grupo parlamentario no entendemos cómo a partir
de un discurso riguroso ética y políticamente irreprochable
del portavoz del Partido Nacionalista Vasco no se vota a favor
de una comisión de investigación. No entendemos tampoco cómo
se puede argumentar para negarse a votar esta comisión de
investigación que no se solicite por el grupo proponente su
carácter secreto, cuando puede ser habilitado por decisión de
esta Cámara el carácter reservado de los trabajos de esta
Comisión para tener acceso a esta documentación y demostrar el
uso irregular, criminal y corrupto de fondos reservados en
toda una época que no debemos tapar con el borrón y cuenta
nueva.
Es necesario, por tanto, señoras y señores Diputados, que se
investigue este asunto, que es una asignatura pendiente de la
democracia española. Es necesario que la gente comprenda la
importancia que tiene la votación que vamos a realizar y que
no se asista, desde diversos medios, desde distintos ángulos
de la sociedad española al desprestigio de un juez que quiere
esclarecer la verdad, una verdad de la que saldrá ganando la
sociedad española y el Estado de derecho.
Con estos métodos no hay impulso democrático, no hay
regeneración ética y política de las instituciones
democráticas
en España. Hay autoamnistía, borrón y cuenta nueva y manto
para tapar actividades corruptas y criminales.
Nuestro grupo parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, votará a favor de la creación de esta comisión de
investigación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
vamos a someter a votación la iniciativa de los diputados del
Grupo Popular. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la solicitud de
creación de una comisión de investigación sobre el uso
irregular que se ha venido dando a los gastos destinados a los
fondos reservados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 142; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud. (La señora
De Palacio Valle-Lersundi pide la palabra.)
Señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, estaba
mirando la cuestión de los votos y la situación de los señores
diputados que están en este momento detrás de la columna.
Nada más. (Fuertes y prolongados rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio señorías. (Continúan los rumores
y las protestas.)
¡Silencio! (Rumores.) Señorías, les ruego guarden silencio.
(Pausa.)
Señorías, si guardan silencio, podremos terminar la sesión y
permitirán a la Presidencia, en nombre propio y en nombre de
la Mesa, desearles toda la felicidad indiscriminadamente
(Risas.); a cada cual según sus necesidades. (Aplausos.)
Se levanta la sesión.
Eran las once y cincuenta minutos de la mañana.