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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 471, de 04/04/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 471
P R E S U P U E S T O S
PRESIDENCIA DE DON ANGEL GARCIA RONDA,
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 29
celebrada el martes, 4 de abril de 1995
ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
--Del señor Subsecretario de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(Llardén Carratalá), para informar del reajuste presupuestario aprobado
por el Consejo de Ministros del día 27 de enero de 1995, así como del
efecto que provocará en el desarrollo del plan puente de carreteras, del
plan ferroviario, del plan hidrológico y del plan director de
infraestructuras. A solicitud de los Grupos Parlamentarios Federal IU-IC.
(Número de expediente 212/001372) y Popular (número de expediente
213/000542). (Página 14340)
--Del señor Secretario de Estado de la Defensa (Flos Bassols), para dar
cuenta del reajuste presupuestario aprobado en el Consejo de Ministros
del día 27 de enero de 1995, así como del efecto que provocará en la
industria pública española y en los proyectos de inversión recogidos en
los anexos de inversiones presupuestarias. A solicitud de los Grupos
Parlamentarios Federal IU-IC. (Número de expediente 212/001370) y Popular
(números de expedientes 212/001390, 212/001391, 212/001392 y 212/001393).
(Página 14352)
--Del señor Subsecretario de Industria y Energía (Girbau García), para
informar del reajuste presupuestario aprobado en el Consejo de Ministros
del día 27 de enero de 1995, así como de los efectos que provocará en el
desarrollo de una política industrial activa, en los sectores
estratégicos y en la investigación y desarrollo. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/001375). (Página 14360)
--Del señor Subsecretario de Justicia e Interior (Herrero Juan), para
informar del reajuste presupuestario aprobado en el Consejo de Ministros
del día 27 de enero de 1995, así como de sus efectos en la puesta en
marcha del Jurado y en los proyectos de inversión recogidos en los anexos
de inversiones presupuestarias. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 212/001371). (Página 14366)
--Del señor Subsecretario de Administraciones Públicas (Hernández
Spínola), para informar del reajuste presupuestario aprobado en el
Consejo de Ministros del día 27 de enero de 1995, así como del efecto que
provocará en la oferta pública de empleo comprometida por el Gobierno y
en los proyectos de inversión recogidos en los anexos de inversiones
presupuestarias. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
(Número de expediente 212/001373). (Página 14372)
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIAS:
--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Llardén Carratalá) PARA INFORMAR DEL REAJUSTE PRESUPUESTARIO APROBADO EN
EL CONSEJO DE MINISTROS DEL DIA 27-1-95, ASI COMO DEL EFECTO QUE
PROVOCARA EN EL DESARROLLO DEL PLAN PUENTE DE CARRETERAS, DEL PLAN
FERROVIARIO, DEL PLAN HIDROLOGICO Y DEL PLAN DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURAS. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/001372) Y POPULAR. (Número de
expediente 213/000542.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Buenos días. Comenzamos la
comparecencia del señor Subsecretario de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente. De acuerdo con la mecánica que estamos siguiendo, se
iniciará con una exposición a cargo del señor Subsecretario, a
continuación intervendrán los grupos solicitantes de la comparecencia,
acto seguido los demás grupos que lo estimen conveniente para fijar su
posición y se cerrará con un último turno muy breve para eventuales
aclaraciones o precisiones.
Tiene la palabra, por lo tanto, el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Llardén Carratalá): Señorías, buenos días. Cumpliendo con el mandato de
esta comparecencia, en primer lugar, voy a dar información a la Comisión
sobre los efectos, en el Presupuesto del año 1995 del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de los acuerdos del Consejo de
Ministros del 13 y del 27 de enero de este año, llamados normalmente
acuerdos para el recorte. Voy a dar, repito, la información general y
después estoy totalmente abierto, ya que tengo la información suficiente,
para ampliar o comentar lo que fuera menester en el turno de preguntas o
aclaraciones.
Los datos básicos, los números macro del recorte para el Ministerio de
Obras Públicas son los siguientes. Los acuerdos de Consejo de Ministros,
por lo que afectan al presupuesto de Ministerio, han establecido una no
incorporación de créditos por valor de 50.810 millones de pesetas y,
conjuntamente con esta no incorporación de créditos, una no
disponibilidad de 11.800 millones de pesetas. La suma global de estas dos
cifras arroja un total inicial de 62.610 millones de pesetas.
Ahora bien, simultáneamente a estos acuerdos de recorte, el Consejo de
Ministros acordó también un crédito extraordinario para el Ministerio de
Obras Públicas por 12.000 millones de pesetas, por motivos que después
comentaré y que, en todo caso, son conocidos por SS. SS., porque es el
tema de la sequía, lo cual quiere decir que el crédito realmente
disminuido en el Ministerio de Obras Públicas es de 62.000 menos 12.000,
es decir, 50.610 millones de pesetas. Este sería, por lo tanto, el
balance neto inicial del recorte.
Estos 50.610 millones de pesetas se repartirían por capítulos de la
siguiente manera. En el capítulo 4 tendríamos una no disponibilidad de
11.800 millones de pesetas. La cifra de no disponibilidad, como ven
ustedes, íntegramente va a parar al capítulo 4. El resto, que son
créditos de no incorporación, se reparten de la siguiente manera: 31.626
millones van al capítulo 6 y 7.184 al capítulo 7. Si sumamos los 11.800,
los 31.626 y los 7.184, nos da los 50.610 millones de pesetas de lo que
podríamos denominar recorte.
Junto con este recorte del crédito --porque esto sí que es recorte del
crédito--, el Consejo de Ministros decidió, a
propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, un no reconocimiento de
obligaciones por valor de 94.747 millones de pesetas. Como sin duda SS.
SS. conocen bien, las dos cifras que he dado no se pueden sumar, ya que
en realidad corresponden conceptualmente a aspectos presupuestarios
diferentes.
Los 50.610 millones es una partida correspondiente a crédito disminuido
en el Ministerio a través de dos formas de actuación: no disponibilidad
de 11.800 millones, lo cual significa que partidas que estaban recogidas
en el Presupuesto del año 1995 no son disponibles, es decir, el
Ministerio de Hacienda, para entendernos, las bloquea; en concreto, esta
partida está en el capítulo 4, como he dicho, y formaba parte de los
39.000 millones de pesetas de subvención corriente a la Secretaría
General de Comunicaciones. De acuerdo con los datos que ha suministrado
dicha Secretaría General de Comunicaciones, se ha entendido que para el
año 1995 no iba a ser necesaria esta cifra inicialmente presupuestada y,
por lo tanto, la no disponibilidad se ha afectado, en principio, a esta
partida.
Hay que decir, no obstante, que el acuerdo de Consejo de Ministros, como
más adelante veremos, es definitivo en cuanto a sus cifras, pero no en
cuanto a las partidas concretas. Por consiguiente, el Ministerio de Obras
Públicas, con el Ministerio de Hacienda, a lo largo del ejercicio tienen
la posibilidad de ver exactamente en qué partidas puede parecer más
oportuno introducir estas cifras.
Además de estos 11.800 millones netos, hay unos 38.000 millones más que
son de no incorporación y que van a parar a los capítulos 6 y 7. Aquí
tengo que hacer una observación. Esta cifra de no incorporación quiere
decir exactamente que créditos remanentes del ejercicio de 1994 no se
incorporan al ejercicio de 1995. Ahora bien, como conocen SS. SS., la
incorporación del gasto no es un derecho automático de los ministerios,
sino que el Ministerio de Economía y Hacienda, y más exactamente la
Intervención General del Estado, es la que en cada momento autoriza o no
la incorporación de una partida. ¿Qué quiero decir con ello? Que ésta es
una cifra máxima. Es decir, si realmente no se hubieran producido estos
acuerdos del Consejo de Ministros, como máximo hubiéramos podido
incorporar estos 38.000 millones de pesetas. Digo como máximo porque en
la práctica siempre hay un tanto por ciento de rozamiento, es decir, una
serie de créditos que, por diferentes motivos de tipo administrativo, de
tipo formal, el Ministerio de Economía y Hacienda no nos permite
incorporar. Estos motivos son tipo presupuestario, jurídico, etcétera.
Por lo tanto, la cifra de estos 38.000 millones, que junto con los 11.000
nos da los 50.000, es el crédito máximo al que hubiéramos podido aspirar
si se hubiera producido una incorporación del cien por cien. Como en la
práctica esto no es así, probablemente la incorporación real hubiera sido
algo menor.
En todo caso, ésta es una explicación más para dar una idea de contexto,
no para discutir la cifra.
En el capítulo 6 dejamos de tener crédito por valor de 31.626 millones de
pesetas. Tengo una lista adjunta de la que, para no leerla porque puede
ser algo farragosa, haré una fotocopia y se la entregaré, en la que verán
que, de estos 31.000 millones de pesetas, la partida más importante, de
lejos, es la destinada a la Dirección General de Carreteras; es de no
incorporación y suma 26.583 millones de pesetas. El resto de las cifras
corresponden a cada una de las direcciones generales --esta información
la daré posteriormente a la Comisión-- y no tienen una relevancia
fundamental.
El capítulo 7, que son 7.000 millones de pesetas, pertenece en su
práctica totalidad a la Dirección General para la Vivienda, que, como
saben, tenía un presupuesto de más de 100.000 millones de pesetas, y
haciendo los números con exactitud hemos comprobado que para el año 1995
podíamos retirar este crédito sin afectar, en el caso de vivienda, a los
objetivos previstos en los créditos del Ministerio de la Vivienda.
En resumen, los créditos en menos son 50.610 millones de pesetas.
Anteriormente decía que había una segunda parte, que era el no
reconocimiento de obligaciones. En este no reconocimiento de
obligaciones, el Ministerio de Economía y Hacienda ha cogido el conjunto
del Presupuesto del Estado, ha hecho una previsión de cuál va a ser el
grado de cumplimiento del conjunto de los ministerios y ha establecido
para cada uno de ellos lo que podíamos llamar un tope orientativo de cuál
va a ser su grado de ejecución. Haciendo estos números para el conjunto
del Estado, en concreto para el Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente se nos ha dado una cifra de ejecución del 92,7 por
ciento. Esto quiere decir que el Ministerio podría reconocer obligaciones
por un total de un billón 200.706 millones de pesetas.
Con esta cifra, aplicando el 92,7 por ciento al presupuesto inicial del
Ministerio, se obtienen estos 94.747 millones. Esta es una cifra hasta
cierto punto teórica, porque es la diferencia entre el cien por cien
teórico del presupuesto y el grado de ejecución que el Ministerio de
Economía y Hacienda ha supuesto que el Ministerio de Obras Públicas va a
tener en el año 1995, que es este 92,7 por ciento. Por lo tanto, dice:
ustedes van a dejar de ejecutar presupuesto por valor de 94.000 millones
de pesetas.
De hecho, este ejercicio no es novedoso porque lo realiza cada año el
Ministerio de Economía y Hacienda no en el mes de enero, sino normalmente
en septiembre u octubre, cuando establece más o menos las necesidades
presupuestarias y ve cuál va a ser el grado de cumplimiento de los
ministerios.
Para que tengan un dato orientativo, creo que fue en la Comisión de
Infraestructuras donde comparecí hace poco para explicar el grado de
ejecución del Ministerio en el año 1994. El grado de ejecución del año
1994 fue del 94 por ciento. Por lo tanto, el Ministerio de Economía y
Hacienda nos ha dado una cifra muy similar a la de dicho año.
Evidentemente, esta cifra de no reconocimiento de obligaciones es una
previsión que realiza el Ministerio de Economía y Hacienda no para el
Ministerio de Obras Públicas, sino para el conjunto de los ministerios y
da a cada ministerio, repito, una cifra orientativa. A lo largo del
ejercicio queda por ver el desarrollo real de cada ministerio y la
posibilidad --al menos teórica-- de que un ministerio suba su techo a
cambio de que otro lo baje, porque los grados de ejecución se van
modificando.
Por eso digo que técnicamente no se pueden sumar los 94.000 millones a
los 50.000. Los 50.000 corresponden a disminución de crédito, es menos
disponibilidad real de crédito para hacer cosas, y los 94.000
corresponden a una previsión de lo que el Ministerio de Economía y
Hacienda entiende que, de forma casi natural, va a ejecutar. Como digo,
el año anterior nosotros ejecutamos un 94 por ciento, es decir, un uno
por ciento más. Normalmente nos movemos alrededor de esta cifra, y cabe
la posibilidad de que si nuestro Ministerio, acercándose el mes de
octubre, viera que el grado de ejecución es algo mayor, pudiera pedir al
Ministerio de Economía y Hacienda que elevara algo nuestro techo a cambio
de que otro ministerio u otros ministerios tuvieran un grado de ejecución
menor. Pero, como digo, ésta es una previsión.
Por este mismo motivo no hago una división por capítulos, porque en este
momento no tendría ningún sentido y, al mismo tiempo, el Ministerio de
Economía y Hacienda admite perfectamente, en lo que son no reconocimiento
de obligaciones, trasvase de cifras de un capítulo a otro. Tan es una
previsión que en este acuerdo del Consejo de Ministros se determinó que
estos datos se revisarían mes a mes, para ver cómo evolucionaba el grado
de ejecución de cada ministerio.
Entrando en una segunda parte de lo que podía ser mi intervención, dadas
las cifras globales, vemos que al capítulo 6, que es lo que más
directamente podemos identificar como obra pública, el neto que se deduce
es de 31.000 millones de pesetas y en su gran mayoría van a parar a la
Dirección General de Carreteras.
El Ministerio ha estado estudiando esta cifra en relación con el plan de
inversiones y las obras que nosotros teníamos en marcha, y si bien en un
primer momento se hizo público que iba a fijar en qué obras concretas se
produciría esta disminución de crédito, un estudio posterior más
profundo, con las cifras ya definitivas que nos dio el Ministerio de
Economía y Hacienda, y sobre todo, poniéndolo en comparación con lo que
es el conjunto del presupuesto del Ministerio, nos llevan a la
determinación, hasta cierto punto novedosa para la Comisión ya que este
tema no se había comentado, de que el Ministerio no va a hacer, por el
momento, ninguna asignación concreta de recorte a una obra determinada.
El motivo de esto es el siguiente. Los 31.000 millones de pesetas
comparados con el inicial capítulo 6 del Ministerio --serían 31.000
contra 710.000--, nos dan un 4,5 por ciento de peso; es decir, el
presupuesto del Ministerio es ahora un 96 por ciento, en el capítulo 6,
del que era inicialmente. Si bien esa cifra en valor absoluto es una
cifra importante --son 31.000 millones de pesetas--, se ve fácilmente que
en valor relativo no llega ni al cinco por ciento del presupuesto del
Ministerio. Quiere ello decir que la previsión que en este momento
hacemos en la Subsecretaría es que el propio devenir normal de nuestras
obras a lo largo del año producirán, probablemente, y en este momento no
sabemos dónde, retrasos --por motivos climáticos, y por motivos de todo
tipo-- en algunos sitios que van a representar prácticamente los 31.000
millones de pesetas. Es decir, no es necesario afirmar ahora que estos
31.000 millones se aplican, vamos a suponer --si se me permite una
pequeña broma--, a la carretera en la cual está la circunscripción del
señor diputado X o el señor diputado Y. El propio devenir de las obras
del Ministerio tiene un rozamiento que podríamos calcular entre un cinco
o un diez por ciento y cada año sabemos que por motivos no previstos
inicialmente, decisiones judiciales sobre expropiaciones, etcétera, una
obra concreta se ralentiza o queda incluso parada. Por tanto, y en
principio, el Ministerio no va a asignar estos 31.000 millones de pesetas
a cinco o diez obras diferentes.
Para que SS. SS. tengan una información más exacta de este cálculo lo
podemos ver desde otro punto de vista. Si pensáramos que el presupuesto
del Ministerio del año 1995 era para hacer un conjunto de obras que iban
a terminar el 31 de diciembre y que después ya no tuviéramos más obras,
el que dejáramos de disponer de estos 31.000 millones de pesetas
equivaldría, más o menos, a unos catorce o quince días. Es decir, si
termináramos nuestras obras el 31 de diciembre con el presupuesto inicial
y ahora tenemos el presupuesto inicial menos 31.626, quiere decir que
terminaríamos todas las obras no el 31 de diciembre de 1995, sino el 14
de enero de 1996. Esto es, en media se retrasa el conjunto de obras en
catorce días. Esta cifra ya da una idea de que estamos hablando de algo
que, repito, en valor absoluto tiene peso, pero que en valor relativo,
para lo que hace el Ministerio, apenas representa algo significativo. No
se va a producir matemáticamente un retraso lineal de catorce días en
todas y cada una de las obras, pero supongamos que la mitad de las mismas
no se retrasen y la otra mitad se retrasen, hablaríamos de 28 días en
media. En cualquier caso, lo que estamos viendo es que el recorte, desde
el punto de vista del capítulo 6, representa un pequeño retraso que
pensamos, a fecha de hoy, a 4 de abril, que en la práctica se va a
producir y centrar de forma natural en algunas obras, como sucede cada
año. Por tanto, la intención del Ministerio en este momento, repito, no
es establecer un mapa concreto de obras en las cuales se aplica el
retraso, sino asistir a la ejecución normal del presupuesto, y en el mes
de agosto o septiembre, pasado el verano --que es cuando hay la obra
fuerte de obra pública por razones climáticas-- ver realmente cómo ha
evolucionado, ver si tenemos algunas obras que se han retrasado por
motivos normales y concentran el recorte y, si no fuera así, se tomaría
alguna medida. Este es el conjunto de información que tenemos.
Aprovecho el foro que me da la Comisión para comentar --éste es un tema
que los diputados de la Comisión de Infraestructuras conocen ya bien--
que la preocupación del Ministerio en el año 1995 no está tanto en este
recorte --que lo asumimos, aunque como todo ministerio nos gustaría tener
más crédito--, como en los problemas de medios humanos que nuestro
Ministerio tiene ya desde hace tiempo; es decir, el capítulo 1 y el
capítulo 2, especialmente el capítulo 1. Me refiero, fundamentalmente, a
los cuerpos técnicos del Ministerio. La estructura técnica, es decir,
ingenieros de caminos, ingenieros técnicos y un
poco el conjunto humano que da base a la política de inversión, no se ha
modificado en números redondos en los diez últimos años. La fuerza humana
del Ministerio --ingenieros, ingenieros técnicos, todos los técnicos,
hombres y mujeres que trabajan en la inversión-- es prácticamente muy
similar a la que podía tener en los años 80, cuando el Presidente de la
Comisión era Ministro; no creo que hayamos avanzado demasiado en eso y,
sin embargo, la inversión se ha multiplicado por dos, por tres o por
cuatro. Es cierto también que la técnica ha avanzado; ahora hay unos
sistemas informáticos que no teníamos hace años, pero, en definitiva, los
medios humanos de los que dispone el Ministerio para administrar y
gestionar la inversión no se han incrementado notablemente, y ahí tenemos
un verdadero cuello de botella objetivo que se salda o se palía, a veces,
con asistencias técnicas exteriores de empresas consultoras, lo cual no
es suficiente. Hemos iniciado una reflexión con el Ministerio de Economía
y Hacienda, no en el mejor momento, porque es evidente que este
Ministerio tiene problemas más importantes que resolver, pero la hemos
iniciado hace ya un cierto tiempo, sobre la correlación que tiene que
existir entre el nivel de inversión y el de medios humanos, de
funcionarios de calidad que tenemos.
En los dos últimos ejercicios presupuestarios hemos podido incrementar,
por ejemplo, la plantilla de ingenieros de caminos mediante oposiciones;
en el primero creo que fueron 37 plazas y, en el segundo, 44. Es gente
nueva en el Ministerio, pero con ello estamos cubriendo simplemente las
jubilaciones. Es decir, que el personal que desaparece del Ministerio por
jubilación difícilmente es sustituido por personal de nueva entrada, en
la medida en que, como SS. SS. conocen, con criterios generales se
decretó, hace ya tiempo, congelación de plantillas en la Administración.
Esto hace sufrir al Ministerio en su día a día de gestión, y como
Subsecretario del mismo, repito, aprovecho la posibilidad de comentar
esto ante ustedes. En este momento, para hablar con toda sinceridad, no
nos preocupa tanto este recorte, que puede quedar perfectamente asumido
dentro de lo que es la política del Ministerio sin menoscabar ninguno de
sus objetivos, y en cambio nos sigue preocupando la falta de medios;
falta de medios que en todo caso no es de hoy, no es un tema del año
1995, sino que arrastra desde hace tiempo. Como digo, en la Comisión de
Infraestructuras es bien conocido, ya que hemos comentado que puede
tener, a corto y a medio plazo, un efecto sobre la inversión en la medida
en que la capacidad de gestión es la que es y creo que el Ministerio hace
ya tiempo que está en el tope de su capacidad de digestión de estos
datos.
Señorías, he dado esta primera información, que sin duda será necesario
ampliar en algunas cuestiones. Pero estoy en condiciones de hacerlo si el
señor Presidente de la Comisión me lo indica. (El señor Posada Moreno
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Si es para una cuestión de
orden, adelante.
El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, es una pregunta que puede ser
una cuestión de orden. ¿Esta comparecencia que está haciendo el señor
Subsecretario a petición del Grupo de Izquierda Unida, subsume la
petición de comparecencia que hizo el Grupo Popular al Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente para hablar de este mismo tema?
El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Así es, señor Posada. Como
consta en el orden del día, que debe estar en poder de SS. SS., por
acuerdo de la Mesa y Portavoces de 15 de marzo, se subsume la petición
solicitada por el Grupo Popular y cita el número de expediente.
El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, querría decir que consideramos
que nuestro Grupo también es de los que han demandado la convocatoria.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Así es, y que conste claramente
en acta. En todo caso, como quiera que lo que debatimos en esta
comparecencia y la que corresponde a la solicitud del Grupo Parlamentario
Popular es la subsumida, entiendo que sigue teniendo la palabra, en
primer término, el señor Ríos y después puede tomar la palabra el señor
Posada en representación del Grupo Parlamentario Popular.
El señor RIOS MARTINEZ: La evolución que ha habido en todas las
comparecencias de este tipo no ha seguido el régimen reglamentario de
intervención de un grupo, réplica e intervención del mismo grupo, sino
que la intervención es general. Todos los grupos intervenimos demandando
información y después replica el señor Subsecretario.
Me gustaría que las precisiones que usted nos ha dado con datos y números
pudiéramos trasladarla a la información que tenemos cuando se presentan
los presupuestos y también cuando se liquidan, con un nivel de
desagregación por programas.
Es verdad que en el caso del capítulo 4 ha precisado que los 11.800
millones del recorte iban dirigidos a la subvención a Correos pero a
partir de ahí toda la información que se nos ha dado ha quedado más
inconcreta y ha sido referida a direcciones generales. Me parece bien que
el señor Subsecretario utilice la fórmula de direcciones generales, pero
a nosotros nos gustaría, puesto que tenemos una historia de
presupuestación por programas que debe objetivar la política del
Gobierno, conocer de qué políticas se trata.
Después me va a permitir el señor Subsecretario que haga dos bloques de
preguntas, dos bloques de demanda de información, porque a mi Grupo le
han quedado poco precisadas algunas de las cifras que ha ofrecido. Yo
acepto que ustedes relativicen los efectos de los dineros, porque creo
que entra dentro de su función, pero no que lo hagan con 50.610 millones
de pesetas, que son recorte puro y duro. ¿Y sabe por qué son recorte?
Porque o bien no acometen unas obras --como es el caso de la subvención a
Correos, 11.800 millones--, o bien con los dineros de que disponían para
1995 van a cumplir los compromisos u obligaciones que tenían reconocidas
de 1994.
Y me da la impresión de que el tiempo no está para llover. Es decir, al
final del ejercicio de este año vamos a tener una situación determinada y
el año que viene también, porque ya se anuncian otros recortes de
actuación para la presupuestación de 1996.
Pero al final tienen que cuadrar los números. No se pueden estirar,
explicar que son elásticos y hablar del retraso que llevan las obras,
pero que se deslizarán para otro año. Aquí tenemos su liquidación de
1994, que me la he estudiado íntegra, programa por programa, con las
modificaciones que ha tenido el presupuesto y, por tanto, con los
deslizamientos, los créditos por incorporación, obras reconocidas que
pasan a este año. Es decir, vamos a afectar un volumen total para el
ejercicio de 1995, aproximadamente, de 144.000 millones de pesetas. Por
poner un ejemplo, le reconozco que no tiene por qué estar precisada la
prevención de obligaciones a no reconocer. Es lógico, pero vamos a ver
cómo evoluciona. Se trata de créditos en que a ustedes les dicen que no
se pueden gastar más de un dinero y además se lo han fijado por meses:
este mes no se puede gastar más de esto o más de lo otro. Y al final, por
la evolución que tengamos, se cuadrará el círculo. En el mes de octubre o
noviembre se dirá: esta obra se desliza al año que viene porque no
tenemos dinero suficiente, o esta obra se renuncia a acometerla en este
ejercicio y se iniciará al siguiente. Pero al final, repito, los números
tienen que cuadrar o deben encontrar su propia ubicación.
Le voy a dar las cifras del año 1994 en cuanto a carreteras. Acepto la
explicación del recorte en Correos porque está claro y nítido. Puedo no
compartir que dicho recorte se dé ahí, pero la información, que es de lo
que se trata en esta comparecencia, está clara. En el capítulo 6, del
recorte de 31.626 millones de pesetas, 26.500 millones van al plan puente
de carreteras, a la Dirección de Carreteras. No sabemos qué parte irá a
creación de infraestructuras y qué parte a conservación. Por lo menos, de
su explicación no me ha quedado claro. Pero la red de alta capacidad para
el año 1994 tenía un presupuesto de una inversión de 150.000 millones de
pesetas; las actuaciones en medio urbano, redes arteriales de toda
España, tenía un presupuesto de 71.000 millones de pesetas, y los
acondicionamientos de las distintas carreteras nacionales tenían una
inversión de 86.100 millones de pesetas. A mí me gustaría conocer cómo se
va a distribuir en esos grandes bloques. Fíjese que no le estoy
preguntando si afecta a la autovía de Oviedo-Mieres, a la de
Murcia-Albacete, a la de Bailén-Jaén-Granada ni a la de las Rías Bajas.
Es decir, si usted se circunscribe al volumen total se pueden
relativizar. Pero por darle la obra más costosa que este año se iba a
acometer, que era la de las Rías Bajas, este año iban a gastar ustedes
31.000 millones de pesetas, y en lo que era la autovía del noroeste, La
Coruña-Lugo-Benavente, 28.000 millones de pesetas. Por consiguiente,
cuando bajamos a proyectos concretos las pesetas empiezan a no
relativizarse, a verse con mayor concreción.
En el capítulo 7 se ha referido usted fundamentalmente, en lo que es el
recorte de 150.000 millones, a los 50.610 que a usted le afectan, y
después ha hecho referencia a que hay un crédito extraordinario. Pero si
usted utiliza esa técnica me gustaría que me explicara si usa como
minoración de la reducción ese crédito extraordinario que se aprobó por
12.000 millones, porque en recursos hidráulicos también iba un recorte de
esa cuantía que se ha suplido. Por tanto, habrá políticas que se han
declarado no prioritarias. Si utiliza usted el argumento de los 12.000
millones del crédito extraordinario es porque había otros 12.000 millones
que se iban a gastar en otras cosas, de recursos hidráulicos o de lo que
sea, y debe precisarme a qué se ha renunciado con ese recorte. Hay que
entender bien --porque su explicación ha sido muy clara y concisa-- que
hay obras a que se renuncia, que no es el caso de Correos, y hay otras
que aceptando ustedes que se siguen haciendo con su evolución, las van a
pagar con dinero y recursos del año 1995. Por ello, me gustaría saber
cuáles de esas obras, de esas precisiones podríamos tener afectadas. Por
tanto, en esta parte de lo que son los dineros que ustedes iban a no
incorporar al año 1995, habrá obras de este año que no se harán y que se
deslizarán a 1996, y me gustaría que me precisara esa distribución.
En cuanto al otro bloque de explicaciones, lo ha cifrado en el grado de
cumplimiento. Usted ha dado cifras globales, pero yo le voy a utilizar el
grado de ejecución del año 1994, porque fue una argumentación que
brillantemente nos dio en esta Comisión de Presupuestos, cuando
compareció. Y no se puede generalizar, porque en su Ministerio, en el año
1994, respecto al capítulo 4, el grado de ejecución que usted nos
presentó era del 99,9 por ciento. En el capítulo 6, en dicho año 1994, el
grado de ejecución que nos dio fue del 98,6, y en el capítulo 7, fue del
94,9. Ese fue el grado de ejecución que usted nos presentó en los
presupuestos de 1994, y ahora dice que, en realidad, el 94,9 respecto al
92 tampoco supone tanto recorte.
Yo creo que lo bueno es reconocer que el Gobierno ha elegido una
prioridad, que es contener el déficit público, sobre todas las otras
políticas. Porque el arte de la política es eso, tomar decisiones que
tienen un orden de prioridad: lo prioritario es esto y renunciamos a
otras actuaciones. Pero no me quieran ustedes vender las dos cosas a la
vez. No digan que recortan pero que van a hacer lo mismo. Eso, en mi casa
nunca lo hemos podido hacer; con distintos dineros no hemos podido hacer
la misma compra, hemos podido hacer otras compras.
En cuanto a lo que es la contención de la obligación a reconocer, ésa es
la parte que ha detallado parcialmente. Yo veo más detallada la parte del
recorte, pero es que creo que está más precisada y más medida por
ustedes. Fíjese en que la contención que hoy en día está usted anunciando
en el Ministerio, que es de 94.000 millones de pesetas, puede convertirse
en recorte para el año que viene; eso puede suceder si ustedes no
ejecutan a este grado y al año que viene se dice lo que dijo el Ministro,
señor Solbes, en su comparecencia aquí, que como los ministerios no han
ejecutado no pasa nada, que si no han ejecutado es porque no sería
prioritaria la obra y renunciamos a ella. Eso fue lo que dijo el Ministro
aquí. Por tanto, la contención de hoy se puede transformar en recorte
para el año 1996, porque al no incorporarse y volver a hacerse otra
contención de obligaciones reconocidas para 1996 estaremos en las mismas,
pero con cifras mayores, porque ya se habla de cifras superiores.
También le he dicho antes que aquí solamente hay una precisión sobre este
volumen de 94.000 millones de pesetas. Nos ha explicado usted que 31.000
millones van al capítulo 6, si no he interpretado mal la información, y
me gustaría saber, de los 94.000 millones, no sólo a dónde van esos
31.000 millones, sino la distribución de dichos 94.000 millones en todos
los demás capítulos.
Usted hacía una reflexión en voz alta que yo comparto, y es que faltan
medios. Es verdad que no se toca el capítulo 2, pero sí el capítulo 1;
hay una diferencia de casi 2.000 millones de pesetas respecto a este
compromiso de no reconocer obligaciones que puede ser por la gestión de
un volumen de personal alto, de plazas vacantes que no se van a cubrir o
las actuaciones que sean. Pero es un compromiso que ustedes mismos han
mantenido. De la contención de la obligación a reconocer, ustedes se
autolimitan en personal en unos 1.800 millones si las cifras que tengo en
la mano pueden cuadrar con las previsiones de presupuestos de unos 50.325
millones de pesetas originarios pasan a unos 48.600 al final.
Me gustaría conocer la distribución de esos 94.000 millones de pesetas
por cada uno de los capítulos, y dentro de cada uno de los capítulos, y
con arreglo a los cuadros que usted tiene --que, además, nos ha dicho que
son los que nos va a entregar--, dónde están todos los programas.
Nosotros hacíamos referencia, fundamentalmente, a tres programas y al PDI
que lo engloba todo: programa-puente de carreteras, que iba a terminar en
1995 como enlace del anterior plan de carreteras con el PDI o con los
compromisos que el PDI podría adquirir para la nueva actuación; el plan
ferroviario, y el plan de recursos hídricos, porque son los de mayor
volumen dentro del capítulo de inversión. Es posible que cuando oiga la
cifra correspondiente al capítulo 7 compruebe que hay otros programas
afectados, como, por ejemplo, el de rehabilitación y acceso a la
vivienda, al que se destinan noventa y tantos mil millones de pesetas.
Como he dicho anteriormente, me gustaría conocer la distribución por
programas. Usted ha manifestado que no se han elaborado los proyectos y
ha fijado la cifra de 31.000 millones de pesetas. Ahora bien, me tendrá
que reconocer que 94.000 millones por el devenir de la gestión es un
porcentaje muy alto, y usted tiene un ministerio muy inversor. Pueden
darse dos casos: uno, que ustedes reconozcan unas obligaciones, pero que
no haya suficiente dinero para hacer frente a las mismas, por lo que
tardarían más tiempo en pagar --si ahora tardan tres meses pasarían a
cuatro o a cinco--, y, dos, que ustedes mantengan el criterio que han
seguido anteriormente, que prefieren no licitar para luego no tener
contenido el sector. Usted nos expuso este criterio con motivo de su
comparecencia para explicar el presupuesto, y nosotros podemos
compartirlo.
En consecuencia, nos gustaría que nos proporcionara una distribución más
exacta de este compromiso de ajuste, porque el Gobierno quiere hacer
frente a unas previsiones de contención del gasto público, de cubrir el
mayor costo de los intereses de la deuda por subir el producto que
estamos poniendo en circulación ahora mismo y otras políticas que se han
comprometido en los presupuestos. Si ustedes no están en condiciones de
decirnos --porque no lo han decidido-- cuál es la evolución de la gestión
de determinados proyectos en este año, sí me gustaría conocer la
evolución de los proyectos del año pasado, porque en carreteras, en
ferrocarril y en recursos hídricos la actuación es plurianual, hacen
previsiones para tres, cuatro o cinco años. Ustedes tienen un calendario
orientativo en cuanto a los volúmenes de recursos, en función de la
licitación puede ser un volumen menor, con lo que se podría hacer frente
a más obras, pero es evidente que ustedes tienen fijado un calendario.
En resumen, desearíamos que nos dijera --si no es ahora sí en septiembre
o en octubre-- cuál es la conclusión final y qué proyectos se aplazan, y,
en el mejor de los casos, cuál va a ser el efecto y cuáles son las
actuaciones del Ministerio que se retrasarán hasta 1996, cuáles no se han
realizado en 1994 y han pasado a 1995, y cuáles se aplazan por no
creerlas prioritarias, y no pasa nada, todos sabemos lo que hay encima de
la mesa.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): El señor Posada tiene la
palabra.
El señor POSADA MORENO: Señor Subsecretario, voy a hacer una intervención
que consta de dos partes diferenciadas. En primer lugar, quiero hacer una
reflexión de carácter general sobre la reducción del déficit público y la
detención o el retraso de las inversiones. Indudablemente, hay una
prioridad que ha establecido el Gobierno de lucha contra el déficit
público al objeto de reducirlo, prioridad que compartimos. Ahora bien, el
planteamiento político es el siguiente: ¿puede hacerse esa reducción sin
afectar, o afectando lo mínimo posible, a unas inversiones en
infraestructuras que son absolutamente necesarias porque nos tienen
retrasados respecto a Europa e impiden nuestra competitividad en un
mercado europeo?
Teniendo en cuenta la evolución que se está desarrollando con las
decisiones que está adoptando el Gobierno, la respuesta a esta pregunta
es que no es posible llevar a cabo las dos prioridades a la vez. Y yo lo
comprendo, porque le voy a decir, señor Subsecretario, lo siguiente:
actuar reduciendo con dureza el déficit público, como hay que hacerlo, y
mantener una inversión creciente para alcanzar a los demás países
europeos, es un programa muy difícil de llevar a cabo en un planteamiento
político nuevo, en una situación política distinta, con planteamientos
originales; esto desde el principio es difícil, porque siempre habrá
algunos partidos y algunos grupos que crean que el déficit público no es
tan malo como se dice, y para eso hay que recortar actuaciones de gasto
corriente que son buenas y que tienen buenos resultados en una parte de
la población, que a veces son bastante necesarias y, sin embargo, hay que
reducirlas. Yo veo difícil, repito, hacer esto con un nuevo
planteamiento.
Pero he de decir con toda sinceridad --y ésta es mi opinión-- que creo
que con este planteamiento actual es absolutamente imposible. ¿Por qué?
Porque el Gobierno y el grupo que le sustenta, el Grupo Socialista, están
presos en
una trayectoria de muchos años en la cual se han establecido otras
prioridades de gasto, se han fijado unos gastos de tipo corriente que han
tenido más importancia que los gastos de inversión, que hay un electorado
al que se ha dirigido el Gobierno socialista con toda legitimidad durante
muchos años, y se va a seguir dirigiendo a él en elecciones autonómicas o
en las generales, que demanda otro tipo de cosas. Todos los días estamos
viendo propuestas como, por ejemplo, del Grupo de Convergència i Unió,
que irían más hacia una economía productiva, más hacia reducir ese
déficit y, al mismo tiempo, mantener las inversiones y reducir el gasto
corriente, y aunque yo supongo que desde el Gobierno se estudian con
mucho interés, sin embargo no se aplican. ¿Por qué? Porque hay una
dificultad intrínseca --termino esta visión global--, me refiero a esas
declaraciones que ayer hizo el Secretario General de UGT, que en cierta
manera yo creo que reflejaban una realidad. Decía que de cara a estas
elecciones autonómicas y locales este planteamiento político, económico
del Gobierno trae tantos votos como un cubo sin base. Yo creo que en
cierta forma eso refleja una realidad. Ahora mismo, para reducir este
déficit público se está hablando de privatizaciones, 700.000 millones.
Inmediatamente ha habido grupos cercanos a la sensibilidad del grupo del
Gobierno que ha reaccionado contra esa actuación. Por tanto, yo veo muy
difícil que esa reducción del déficit público, que considero
absolutamente necesaria, se consiga recortando otros gastos que no sean
la inversión.
En consecuencia, ¿en qué panorama nos encontramos, y ahora entramos en lo
que estamos hablando aquí hoy? Nos encontramos con el panorama de que ya
ha habido un recorte de 50.000 millones, casi todos ellos de inversión;
se habla de una suspensión, de un no reconocimiento de obligaciones de
94.000 millones, pero --y esto es lo que más nos preocupa-- voy al año
1996. Todavía no está ese presupuesto, pero las noticias que nos van
llegando se refieren al planteamiento necesario de reducir ese déficit
público drásticamente. No obstante, si no se van a tocar las pensiones,
como ha dicho el Ministro de Trabajo; si no hay que pagar los intereses
de la Deuda pública; si, como yo insisto, se mantiene la misma filosofía
aplicada, la misma continuidad del Gobierno, todas estas condiciones
hacen difícil recortar un serie de gastos porque sería cambiar de
dirección demasiado bruscamente, y yo me temo que en 1996 la inversión
nuevamente vuelva a ser el pagano de la situación.
Dicho esto, que reconozco que es una manifestación de carácter global y
que no va dirigida al Subsecretario de Obras Públicas --que encuentra
esto como algo dado--, entro en los temas a los que él se ha referido.
Aprovecho el recorte de 11.500 millones de la subvención corriente a
Correos para citar un punto clave en lo que estoy diciendo. Si se quiere
que ese recorte en la subvención sea en realidad eso, un recorte de
subvención, hay que cambiar, y bastante drásticamente, ciertas políticas
en Correos que nos indiquen que esos 11.500 millones no se gastan porque,
a lo mejor, no se hacen determinadas obras de acondicionamiento, no se
llevan a cabo labores de actuación en determinados sitios, no se suben
determinados pluses, en definitiva, se recortan. Si no fuera así, se crea
una deuda que no se reconoce, pero que dentro de dos o tres años habrá
que sacarla, como ha ocurrido en el pasado, no en el pasado reciente,
sino también en el remoto, pero eso sería engañarnos.
En cuanto al recorte de 31.000 millones querría conocer perfectamente --y
en eso me sumo a Izquierda Unida-- ese documento que tiene el
Subsecretario, pero me preocupa la reacción del Ministerio de decir que
vamos a ver el devenir histórico, lo que vaya ocurriendo, y así
decidimos. Si hubiera un recorte único, esa política podría ser
aceptable, pero ya tenemos en cuenta que hay ese otro no reconocimiento
de obligaciones de 94.000 millones, que representa un 7 u 8 por ciento
del presupuesto, que es una parte importante y que se suma a esta
cantidad, no ahora, pero sí en noviembre. Al mismo tiempo, hay una
reducción del presupuesto de 1996, lo que quiere decir que no se pueden
desplazar hacia 1996 las decisiones de 1995. En septiembre, octubre o
noviembre va a haber una trampa, por la cual hay que reducir del orden
del 15 por ciento de la inversión. Entonces, me resulta poco aceptable
dejar que sea el azar el que nos marque las prioridades; que en un
momento dado una obra que se considera muy interesante no pueda
realizarse dependiendo de que una expropiación se pueda llevar a cabo o
no y, por tanto, se pueda decir que se ha paralizado, pero no por el
Ministerio, sino por el azar.
Creo que es una reacción del Ministerio, que yo puedo comprender, de no
querer afrontar lo que llamaríamos establecer prioridades, quizás porque
el propio Ministerio está haciendo una valoración y todavía no tiene
datos suficientes para saber qué va a ocurrir en septiembre u octubre con
el recorte total. Por lo tanto, transmito al Ministerio, a través de la
persona del Subsecretario, que si bien comprendo que quizá ahora se pueda
adoptar la actitud de ver qué nos dan las propias circunstancias, de cara
a septiembre u octubre, cuando haya que tomar las decisiones porque a lo
mejor el azar no ha frenado tanto los gastos y haya que retener ese
dinero que no hay que reconocer como obligaciones, debemos tener un
planteamiento que nos diga dónde recortar y dónde no.
Sobre todo esto quiero trasladar dos cosas, porque creo que son
importantes. Primera, no puede recortarse el tema hidráulico; me parece
que estamos todos de acuerdo en que debe tener máxima prioridad. Segundo
tema, cuidado con la conservación de carreteras. Ese es quizá el capítulo
más fácil de recortar porque es el que menos se ve, el que menos nombres
y apellidos tiene, no se establecen las obras de la misma forma, no se
cortan cintas, pero tiene una importancia absoluta en la seguridad vial.
Termino, para no alargarme, diciendo al señor Subsecretario que comprendo
que, en efecto, puede ocurrir que en algunos aspectos el capítulo 1 sea
necesario en el Ministerio, puede haber algunos departamentos, como la
propia Dirección General de Carreteras, donde sea necesario ese
incremento, pero vuelvo a decirles lo que he dicho al Ministro reiteradas
veces: creo que estamos en un momento en el que hay que aplicar, ante la
nación y ante todos los españoles, una austeridad, y una austeridad
difícil. Reitero que no es fácil para este Gobierno, con una trayectoria
de años, dar ese cambio. Si se pretende lanzar una imagen de austeridad,
si se pretende demostrar que algunos puestos del capítulo 1 son
necesarios, es preciso llevar a cabo una reorganización en la dirección
del Ministerio. Insisto, porque lo dije entonces, no para compensar el
dinero que se ahorra en las inversiones, quizá ni siquiera para compensar
todo lo que es necesario en el capítulo 1, pero sí para transmitir a los
ciudadanos que ese esfuerzo de austeridad que hay que hacer, el primero
que lo realiza es la dirección del Ministerio.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Por el Grupo Socialista, tiene
la palabra el señor Jeréz.
El señor JEREZ COLINO: Por parte de mi Grupo quiero dar la bienvenida al
Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y también reconocer su
esfuerzo y la valoración que ha hecho sobre recorte de gastos. Quizás por
algunos grupos puede haberse interpretado, por el tono del Subsecretario,
que ha hecho del recorte virtud; creo que un recorte nunca gusta en un
Ministerio. Por lo tanto, tiene sus consecuencias y entiendo, por su
exposición, que así se han reconocido.
No voy a entrar en situaciones globales de si lo mejor para el déficit es
ese recorte diversificado que se ha hecho o centrarnos en otros aspectos,
porque creo que los partidos políticos dicen esto en general en sitios
como éste, pero nunca en la definición de programas. Quizás esa teoría de
que el recorte social y no el de infraestructuras puede ser beneficioso a
largo plazo, pero los que propugnan eso debieran ser sinceros en la
elaboración de sus programas para decir si definitivamente el déficit se
realiza a costa de recortes sociales. Ese reconocimiento sería bueno.
Quiero circunscribirme a la intervención del Subsecretario. Creo que ha
sido interesante porque indica prudencia política, indica también ir a
una eficacia de gestión. El Ministerio de Obras Públicas tiene unas
singularidades, entre ellas la de ser un ministerio netamente inversor.
Los gastos de funcionamiento están en torno a algo más del 4 por ciento,
y algunos de ellos, como el gasto del capítulo 1 (prácticamente imposible
de mover), están en el 3 y pico, y las compras alrededor del 1 por
ciento. Por lo tanto, pretender eliminar cantidades dentro de ese 1 por
ciento para intentar satisfacer no sé qué determinadas opciones, me
parecería imprudente. No olvidemos que recortes en compras y en capítulo
1 supondrían dificultades en la inversión, pero cuando hablamos del
Ministerio parece que los distintos capítulos forman compartimentos
estancos y la eliminación de partidas en estos capítulos supone crear
dificultades en el proceso inversor.
Por hacer una análisis de lo que ha parecido a mi Grupo la inversión,
quizás lo más escandaloso por el número son los 94.700 millones de no
reconocimiento de obligaciones. Creo que en este Ministerio, que es
inversor, habría que distinguir entre muchos conceptos para no crear
confusión. Los voy a enumerar simplemente. hay que distinguir entre
créditos totales, compromisos de gastos, obligaciones reconocidas, pagos
ordenados y pagos realizados. Cuando estamos hablando de los 94.700
millones de pesetas, estamos hablando del no reconocimiento de
obligaciones. ¿Qué supone en otros presupuestos la relación de cantidad
crédito total y reconocimiento de obligaciones? Por ejemplo, el año
pasado estuvimos en el 93,9 por ciento, este año, el Ministerio de
Economía y Hacienda lo cifra en el 92,7 y se habla de que es una
previsión revisable mes a mes. Es decir, estamos a una diferencia de un
punto. Con esa revisión que se puede hacer parece que existe la intención
de que si la agilidad es mayor, podría haber una corrección. Por lo
tanto, entiendo que esta cantidad está ajustada al ritmo normal que puede
seguir el Ministerio de Obras Públicas. Creo que, con todo lo dramático
que puede resultar cualquier recorte en inversión, esta cuantía, que
puede ser la mayor, no tiene nada más que el reconocimiento de ajustarse
a una situación normalizada de gestión por parte del Ministerio de Obras
Públicas y no tiene otra connotación, porque el año pasado estaríamos muy
cercanos a esta cantidad y no hubo necesidad de verbalizarla para ver
cuál era su cuantía. Por tanto, ese aspecto está claro.
También hablaba de prudencia política, porque quizá lo que pueda ser más
evidente, que son los 31.626 millones de pesetas, no se realizan de
manera concreta hoy, porque, conociendo el funcionamiento del trámite
hasta llegar a la adjudicación y comienzo de obra que se realiza en el
Ministerio de Obras Públicas, parece mucho más sencillo seguir el trámite
y cortar en el último momento. Cortar se puede hacer cuando se quiera;
recomponer es mucho más difícil dentro del Ministerio. Por lo tanto, si
el Ministerio cometiera la imprudencia de dar nombres y apellidos a las
obras, pudiera encontrarse luego con sobrantes en función de la
tramitación normal: bajas de obras, situaciones especiales en
determinadas obras, convenios con otras administraciones, por los que hay
que demorarlas en función de situaciones nuevas que aparecen,
dificultades en expropiaciones, rescisiones, etcétera. Es decir, hay un
gran número de incertidumbres evidentes que yo no llamaría azar, sino
prudencia para no definir las obras en este tiempo en que hay que hacer
el recorte.
Por tanto, me parece correcta la postura del Ministerio en este campo,
que va a asignar las mayores cantidades en aquellos campos de la
contratación donde hay mayor cantidad de incertidumbres, y habla de
carreteras, porque no olvidemos que en esas obras de licitación de
carreteras son frecuentes, por ejemplo, bajas del 30 por ciento. Es
decir, ni podemos jugar con bajas supuestas que pueden no producirse ni
podemos partir de la base de que no va a haber bajas, porque entonces
estamos tomando decisiones antes de tiempo. Creo que sería necesario, y
por mi Grupo así se entiende, la prudencia política que en estos momentos
tiene el Ministerio de Obras Públicas a la hora de posponer las
decisiones completas, y además asignar con criterios en las distintas
direcciones generales.
También me parece adecuada la cantidad de 7.184 millones en el Capítulo
8, en la vivienda. No olvidemos que estas cuantías funcionan por convenio
y en muchos de ellos no están absolutamente definidas las cantidades. Por
tanto, es cierto que al final nos podríamos encontrar, como no sería el
primer año que ocurre, con cantidades asignadas no invertidas.
Por lo tanto, yo creo que el Ministerio lo que está haciendo al eliminar
estas cantidades es asumir más riesgo a la hora de los plazos y de los
tiempos que deben durar las obras. Lo que no sabemos es si ese riesgo
llevará a aplazamientos de obras de manera real o a no aplazamientos,
pero esto no lo vamos a poder saber hasta que los acontecimientos no nos
vayan dando la razón. Por eso me parece adecuada la distribución que se
realiza.
Por otra parte, creo también que la cantidad de 11.800 millones a Correos
permite un mayor control. Yo me imagino la eficacia y el sacrificio que
va a suponer a la gestión de Correos eliminar una partida de 11.800
millones, que permite mucho mejor su seguimiento no solamente por la
Administración, sino también por cualquier Grupo de esta Cámara, puesto
que se centra en un concepto claro y a lo largo del ejercicio se tiene la
facilidad de poder realizar el seguimiento. Pero sí es interesante que en
ese continuo trámite que se realiza en el Ministerio (desde que se
realiza el proyecto previo al proyecto de obra, a la licitación previa la
expropiación de los terrenos necesarios, licitación, adjudicación,
replanteo y a continuación comienzo de obra con la inversión propiamente
dicha) no se produzcan paralizaciones. Por eso, en esta línea, entendemos
los recortes, entendemos la prudencia política, ya que es más fácil
recurrir a parar en cualquier momento. El Ministerio puede parar en el
último instante, en cuestión de días, pero si se da cuenta en noviembre
de que tiene un sobrante y que quería reconstruir una obra que ya ha
tenido su coste político al decir que no se va a hacer, la posibilidad de
incorporarla es mucho más difícil debido a todos esos reconocimientos.
Yo quisiera hacer al señor Subsecretario una pregunta en cuanto a esta
situación que plantea de ir viendo cómo se produce el proceso real de
inversión de compromiso de gasto y de pagos respecto a que si en las
previsiones va a tener alguna repercusión, bien en las expropiaciones,
bien en otro tipo de incidencias que pudieran provocar a lo largo de ese
camino que ya he marcado alguna situación irreversible, si luego
ocurrieran fenómenos que nos permitieran hacer un gasto completo, porque
ahí es donde podríamos entrar en caminos que a estas alturas nos harían
difícilmente recuperable una posible inversión en función de bajas, de
alteraciones de obras, de expropiaciones no posibles o de convenios con
administraciones públicas que no están ajustados a lo previsto por
terceros dentro de ese convenio. Esa pregunta me interesaría, porque nos
dejaría el camino despejado en un futuro y no se producirían situaciones
irreversibles.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra el señor
Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Llardén Carratalá): Voy a intentar contestar por orden a las
intervenciones de sus señorías.
En primer lugar, me voy a referir a la documentada intervención del señor
Ríos. Voy a intentar agrupar en bloques el conjunto de temas que él ha
tocado y dar cumplida contestación a todos ellos.
Efectivamente, la información que yo he dado no la tengo --me refiero a
los 31.000 millones de pesetas del Capítulo VI-- desagregada por
programas; la tengo desagregada por direcciones generales, porque, como
bien ha indicado el señor Diputado, me es más sencillo a la hora de
presentar la documentación. Me comprometo a transformar estas cifras en
programas y políticas y hacérselo llegar por escrito --si el señor
Presidente me lo autoriza-- a los miembros de la Comisión.
También ha habido varias preguntas que han salido posteriormente.
En primer lugar, quiero aclarar una cuestión al señor Ríos. Cuando hemos
hablado de las obligaciones no reconocidas él me ha comentado cifras que
yo di en una comparecencia anterior sobre el ejercicio de 1994. (El señor
Ríos Martínez: Y el compromiso de gasto.) Efectivamente, como él bien me
indica, tenemos los dos grados de cumplimiento: el grado de compromiso y
el grado de obligación reconocida. Yo lo que he dicho, que es totalmente
correcto, es que en el ejercicio de 1994 la media del Ministerio, en
cuanto a obligaciones reconocidas o no reconocidas, era del 94 por
ciento. Efectivamente, el grado de compromiso es siempre, por fortuna,
superior (rozó el 99 por ciento), porque el compromiso en términos
presupuestarios es lo que se llama el AD y éste existe en el momento en
que existe un proyecto, este proyecto se ha licitado y tiene crédito
presupuestario. En cambio, la obligación reconocida o no reconocida es lo
que vulgarmente se denomina el ADOK, que es cuando realmente se ha hecho
una certificación.
Por lo tanto, lo que yo he dicho y mantengo es que el grado de
obligaciones reconocidas en el año 1994 fue en media del 94 por ciento
--el Diputado señor Jerez, del Grupo socialista, me precisa que ha sido
de 93,9-- y la previsión que ha hecho el Ministerio de Hacienda para
nosotros este año es del 92,7 por ciento. Por tanto, lo que realmente
estamos discutiendo y podríamos discutir no es tanto los 94.000 millones,
que ésta es la diferencia máxima teórica respecto del 100 por cien el
presupuesto, que nunca se alcanza por motivos ajenos al gestor, por
cuestiones de tipo jurídico, etcétera, sino realmente la diferencia entre
93,9 por ciento y el 92,7 por ciento. Aquí me remito a lo que yo he dicho
y reitero de que tenemos en principio una buena parte del año para ver si
efectivamente esta cifra se alcanza o no.
Le voy a dar un dato al señor Diputado. A 31 de marzo --no tengo los
datos aquí físicamente, pero lo estuve comentando ayer por la noche con
el Director General de Presupuestos, que me acompaña aquí--, la cifra de
ejecución del Ministerio es aproximadamente, en compromiso, obligaciones
reconocidas, de un 15 por ciento. Conocen ustedes bien la tipicidad de la
obra pública, que en el primer e incluso segundo trimestre del año suele
ir lenta con una gran subida en el tercer trimestre, que coincide con el
verano, y fuerte en el cuarto. Por tanto, esto quiere decir que si
habláramos en estos momentos de entre el 92 y el 93 por ciento --llevamos
un 15 por ciento-- sería muy difícil acertar.
No obstante, le puedo dar también al señor Ríos, porque la tenemos,
aunque yo no la he traído hoy aquí, una previsión de esas obligaciones no
reconocidas por capítulos, porque como el Ministerio de Hacienda nos lo
pide, nosotros mes a mes hacemos una previsión por capítulos, que es
sobre la que el señor Diputado me comentaba del Capítulo 1, que
efectivamente, como él bien ha dicho, en principio serían vacantes no
cubiertas que pensamos que podrían ir a parar ahí. Ahora bien, esa
previsión --lo he dicho aquí ya y lo reitero-- es móvil mes a mes. Por
tanto, yo le puedo dar en este momento cuál es la previsión por capítulos
de estos 94.000 millones en función de la historia del año anterior y,
por lo tanto, de una cierta previsión razonable que podemos hacer. El
Ministerio de Hacienda nos permite modificar esto cada mes en función de
la realidad del Ministerio y, como he dicho al principio, cabe incluso la
posibilidad de que, si realmente el grado de ejecución del Ministerio
fuera algo mayor de este 92,7 y otros ministerios compensaran este
«surplus», nosotros podríamos tener un techo algo mayor. Esto en cuanto a
este apartado.
Por otra parte, el señor Diputado del Grupo de Izquierda Unida, y, de
hecho, el señor Posada, del Grupo Popular, me han hecho la misma
pregunta, sobre infraestructura y conservación. Aquí sí puedo precisar
con toda claridad que el recorte, que yo he dicho que sería de 26.000
millones para la Dirección General de Carreteras, no va a ir al programa
de conservación (eso sí que ya está decidido por parte del Ministerio),
no va a ir al programa de conservación por los motivos que el señor
Posada ha dado y que yo hago míos, es decir, por motivos de seguridad,
etcétera, no va a ir ahí. Entonces, estos 26.000 millones (preciso algo
que no había precisado en mi primera intervención) serían íntegramente
del programa de creación de infraestructuras. Aquí, el señor Diputado por
Izquierda Unida me pide hasta qué punto no podemos dar ya una previsión
más concreta, según él mismo decía, no tanto por proyectos como por
programas. Como digo, se la voy a hacer llegar, pero será una previsión,
porque el «lei motiv» de mi anterior intervención (en parte contesto
también al señor Posada, que me ha comentado que era un poco por el azar)
es que el Ministerio --quiero dar una explicación muy precisa-- lo que
dice es que con la experiencia de gestión que tenemos (permítanme,
inmodestamente, porque ya llevo cuatro años de Subsecretario y creo que,
al final, sabe más el Subsecretario por viejo que por Subsecretario), con
la experiencia de gestión que tenemos, la cifra de estos 31.000 millones
que yo estoy dando en relación con el Capítulo VI inicial de 710 (que,
como he dicho, es un 4,5 por ciento) entra en términos estadísticos en el
rozamiento que cada año tiene el presupuesto por motivos absolutamente
naturales. Por lo tanto, el Ministerio dice: Hacer ahora, en el mes de
febrero, de marzo o de abril una previsión por proyectos concretos tiene
poco sentido, porque la cifra es pequeña, pequeña en valor relativo
(evidentemente, en valor absoluto, cuando nuestro Ministerio habla de
cifras son cifras millonarias), tiene poco peso en valor relativo; por
supuesto, si estuviéramos hablando de un 20 por ciento del presupuesto
serían otras palabras. En consecuencia, lo que hemos dicho es:
Mantengamos una prudencia de gestión, es decir, una frialdad en la
gestión; veamos cómo se desarrollan los diferentes proyectos, porque la
historia presupuestaria nos dice que, al final de año, en noviembre, que
es el momento en que se suelen tomar estas decisiones, vemos cómo, de
forma natural, no porque lo quiera el gestor, hay una serie de proyectos
que han tenido diferentes circunstancias que no permiten agotar ese
presupuesto. En parte, yo recojo la sugerencia, como no podía ser de otra
forma, que me hace la Comisión, y estoy totalmente dispuesto, para en el
mes de julio o septiembre, en el momento que la Comisión crea más
oportuno, a venir aquí con una concreción mayor. Con toda seguridad, en
septiembre estaríamos en condiciones de forma natural, de decir qué parte
de proyectos se han retrasado o han tenido pegas, ver si eso colma o no
los 31.000 millones, y, si no lo colma, ver en qué proyectos se toma la
decisión.
Tercera cuestión que quiero dejar muy clara. Ante un recorte, el señor
Jerez decía, con una cierta gracia, que el Subsecretario había hecho del
recorte virtud (que no me oiga el Ministerio de Hacienda porque va a
pensar que esto se puede hacer siempre). No, yo lo que he dicho, con toda
honestidad intelectual, es que, en comparación con las cifras globales
del Ministerio, este recorte era asumible, en términos de gestión, no
paralizaba la gestión del Ministerio; he hecho incluso mención a que nos
preocupan más problemas de medios del Capítulo I, de personal técnico
cualificado, etcétera, que nos falta, que no esto.
Dicho lo anterior, ante un recorte, filosóficamente, caben dos posturas:
dejar de hacer cosas o bien laminarlas en el tiempo. El Ministerio de
Obras Públicas, en concreto (otros ministerios no lo sé), ha decidido lo
segundo, por entender que la cifra del recorte es asumible y que no nos
obliga a eliminar ninguna actuación, en principio; por lo tanto, lo que
hacemos es retrasarlas en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? He dicho, en media,
si lo aplicáramos linealmente, catorce días, es decir, si cogiéramos las
obras del Ministerio y a todas les aplicáramos la parte proporcional del
recorte del Capítulo VI, catorce días, es decir, terminaríamos todas las
obras, que duran unos treinta meses de media, dos años y medio y catorce
días. Es evidente que esta cifra, hoy por hoy, no es una cifra
preocupante.
Ahora bien, tanto el Diputado señor Ríos como el Diputado señor Posada
han entrado ya más a fondo y han hecho una referencia al presupuesto de
1996. Bien, esto ya son palabras mayores y es otro problema. Aquí, hasta
cierto punto, como es obvio, no tenemos datos concretos; lo que hay ahora
en estos momentos es que, por parte del Ministerio de Hacienda y de los
diferentes Ministerios, hemos iniciado ya unas..., iba a decir unas
conversaciones, pero con el Ministerio de Hacienda en realidad no se
conversa, en realidad al Ministerio de Hacienda se le dan datos y el
Ministerio de Hacienda nos los devuelve, pero sí que estamos trabajando
conjuntamente con el Ministerio de Hacienda en el presupuesto de 1996, y,
como es evidente, éste es un tema de hondo calado político que está en la
opinión pública, y hay opiniones. Nosotros, en este momento, como
Ministerio, no tenemos ningún dato de que el presupuesto de 1996 nos vaya
a recortar inversión, lo digo con toda sinceridad; nadie nos ha dicho que
nos vaya a recortar
inversión. Sí es cierto que hay un debate público, lícito y lógico, sobre
si se recorta gasto social, se recorta inversión, no se recorta nada o se
hacen otras cosas. Por cierto, yo tengo interés en que el Portavoz del
Partido Popular me explique un día con detalle su programa económico,
porque realmente quedaba maravillado de que, sin subir los impuestos, más
bien bajándolos, sin recortar el gasto social y sin recortar la
inversión, van a reducir el déficit público. (El señor Ríos Martínez:
Cosas veredes.)
No obstante, el señor Posada me hacía una referencia a este presupuesto
que, en parte, yo comparto; es decir, el Ministerio de Obras Públicas
comparte el criterio de que la inversión, cualitativamente, es algo más
que el ingreso o el gasto presupuestario; la inversión pública tiene unos
efectos positivos, más allá del estricto valor que tenga la
infraestructura que se crea, dobles. Por una parte, la inversión pública,
en obra pública, crea puestos de trabajo. Ustedes, sobre todo en la
Comisión de Infraestructuras, donde tocamos estos temas con más
frecuencia que en la Comisión de Presupuestos, saben que la media que ha
calculado el Ministerio es que cada seis millones de pesetas de inversión
crea un puesto de trabajo durante un año; es evidente que un plan de
inversiones públicas, con la cifra que sea, da automáticamente un puesto
de trabajo durante ese año. En segundo lugar, la inversión pública tiene
unos retornos al Tesoro, vía impuestos IVA, etcétera, que hay que tener
en cuenta. Tiene un tercer apartado, que es que, como decimos, al crear
empleo, deja de crear paro, por lo que la inversión pública,
inmediatamente, produce un cierto incremento de la partida
correspondiente en gastos sociales y de desempleo. En cuarto lugar, lo
último, pero no lo menos importante, es que no hay que olvidar que la
inversión pública, en concreto la que estamos haciendo en este momento en
España, conlleva una parte de retorno de fondos europeos, que, en media,
podemos cifrar en un 50 por ciento. Por lo tanto, la postura del
Ministerio de Obras Públicas --que, evidentemente, va a ser respetuosa
con la decisión no ya del Gobierno, sino con la que al final adopte el
Parlamento respecto al presupuesto del año 1996-- es la de entender que,
cuando se examinen las cifras de inversión para el año 1996, sea cual sea
la cifra resultante, habrá que tener en cuenta, no sólo el dato frío de
cuánto dinero pones o dejas de poner en el presupuesto y si esto suma más
o suma menos, sino los efectos inducidos que la inversión pública tiene
de forma directa en la economía. Incluso yo me atrevería a dar una
opinión personal, que yo creo que la historia ha demostrado correcta, que
es que el ajuste del año 1991 en infraestructuras probablemente fue
erróneo porque fue procíclico, es decir, se ajustó a la baja la cifra de
inversión porque era un momento de crisis económica, y probablemente esto
hizo que el sector de la construcción en definitiva fuera mal y en el
fondo incrementara gastos sociales, vía desempleo, etcétera, y vía de
menos entrada de impuestos, que a lo mejor otro tipo de política o de
ajuste.
Este es un tema que el Ministerio de Economía y Hacienda conoce bien, y
yo estoy convencido de que en los contactos que vamos a mantener nosotros
con ellos a lo largo de este año --el Gobierno en su discusión y
posteriormente las Cámaras, que son las que en definitiva van a aprobar o
no el presupuesto del año 1996-- este elemento lo van a tener presente.
Por lo tanto, para el año 1996, en principio, nuestro Ministerio no prevé
que vaya a tener un recorte significativo, por lo que sería infundada
parte de la preocupación que me mostraba el señor Ríos, que yo comprendo,
sobre que si este recorte puede ser pequeño, pero que, si se le suma a
otro que va a venir, pueden ser palabras mayores. Si esto fuera así, sí
habría que plantearse dejar de llevar a cabo actuaciones, pero
evidentemente al día de hoy, con toda sinceridad y objetividad, esa
situación no se ha dado, y es más, yo entiendo que no tiene por qué
darse.
He comentado ya el tema de las obligaciones no reconocidas, y me
preguntaba el señor Ríos por el tema de la licitación. Efectivamente, el
Ministerio va a mantener la misma política, nosotros no licitaremos más
del volumen de créditos que tengamos, es decir, que vamos a continuar con
la política de mantener un flujo de licitación, en principio razonable y
estable, pero muy ligado al volumen de crédito presupuestario. Por eso,
en las cifras que el Ministro de Obras Públicas hizo públicas a mediados
de febrero en cuanto a los objetivos de licitación y de contratación del
año 1995 --que yo ahora no sé si en esta Comisión se han visto o no, me
parece que no, quizás sería un tema a comentar--, el Ministro ya dio
incluso una horquilla, en función precisamente de cuál fuera la evolución
presupuestaria del año, de forma que nunca vamos a licitar más de lo que
nosotros pensamos razonablemente que tenemos como presupuesto. Hasta el
momento, la cifra de licitación está perfectamente ligada con la cifra de
evolución de los créditos presupuestarios.
Hay que tener presente otro dato que no he dado yo en esta Comisión, y es
que, con el saneamiento que se hizo en los años 1991, 1992 y 1993 de las
cuentas del Ministerio, la sombra para el futuro, es decir, para 1996 y
especialmente para 1997 y 1998, es muy baja. Es decir, en este momento,
el presupuesto que tiene el Ministerio para este año tiene, como es
lógico, una sombra plurianual para los años siguientes; esta sombra baja
radicalmente en los años 1997 y 1998, entre otras cosas por el doble
efecto, por el saneamiento que se hizo y porque la obra pública cada vez
se concentra en menor período de tiempo; antes una obra pública normal
duraba cuatro o cinco años y ahora prácticamente en dos años y medio, e
incluso a veces en menos, se puede realizar. Por tanto, quiere decir que
en este sentido el Ministerio va manteniendo un ritmo de licitación
perfectamente coherente con el presupuesto que tenemos y el que vemos
para el año que viene. Si hubiera que reducirse, se podría hacer, espero
que no sea el caso, y si no es éste el caso se puede seguir licitando.
Probablemente me he dejado alguna cuestión, pero he intentado contestar
al máximo. Resumiendo, voy a hacer llegar al señor Ríos la previsión del
Capítulo 6, los 31.000 millones, por programas, con la previsión que en
este momento tenemos. Concreto que no vamos a hacerlo por proyectos, en
la medida que entendemos que de forma natural veremos, en agosto o
septiembre, qué proyectos han tenido algún tipo de problema, y le diría
por capítulos una previsión
de las obligaciones no reconocidas, habiendo aclarado ya a qué nos
referíamos.
El señor Posadas, en nombre del Partido Popular, ha hecho una reflexión
importante sobre el tema de las prioridades. Efectivamente, es una
discusión que está en la calle y yo no voy a terciar en ella. Ya he
dicho, no obstante, que para el año 1996 el Gobierno, y en definitiva el
Parlamento, se tendrá que plantear un presupuesto en donde el objetivo de
contención del déficit público, que todos compartimos, sea coherente con
unas políticas sociales y de inversión determinadas. Gobernar es decidir
y decidir es escoger. Por tanto, este Gobierno y cualquier otro, cuando
presenta un presupuesto, toma unas prioridades que, por otra parte, las
Cámaras convalidan o no. En el caso del Ministerio, yo ya he dicho que
nuestra postura va a ser --estamos trabajando en ello-- exponer muy
claramente cuáles son los proyectos del Ministerio, que, por otra parte,
son conocidos prácticamente en su totalidad por la Cámara vía Plan
Director, vía Plan de Actuación en Carreteras, etcétera, y en todo caso
argumentar ante quien corresponda, ante la propia Comisión de
Infraestructuras, que entendemos que, cuando se examine el presupuesto de
inversión pública, habrá que tener en cuenta no sólo los proyectos
concretos a los que nos referimos, sino la trascendencia económica que en
el empleo y en los gastos sociales y fiscales tiene la política de
inversiones.
En concreto, en cuanto a las preguntas que me hacía el señor Posadas, en
parte también las he contestado ya. Voy a hacerle llegar, como a todos
los miembros de la Comisión, este recorte de 31.000 millones transformado
de direcciones generales en programas, dejando claro que no va a afectar
a la conservación. La reducción de 1996 ya hemos dicho que es una
especulación en la que nosotros no entramos en este momento, y desde
luego le confirmo que no se trataría tanto del azar como de ver que el
devenir normal del Ministerio nos da una cifra razonablemente similar de
no ejecución.
El hablaba del tema del recorte hadráulico. En el plan del Ministerio
para este año 1995, dadas las circunstancias de sequía, no tenemos en
principio previsto recortar ninguna obra que tenga directamente que ver
con el tema de abastecimiento de agua o --más amplio-- de sequía, salvo
aquellas obras de tipo hidráulico en las que se puedan dar, por ejemplo,
cuestiones de tipo medioambiental que pueden paralizar o retrasar una
actuación, pero, salvo eso, el Ministerio está destinando una partida
específica de estos 12.000 millones; de hecho más, porque el crédito
extraordinario ha sido de 12.000 millones, pero el conjunto de obras que
en este momento está realizando el Ministerio para hacer frente a los
problemas de sequía estarían cerca de los 17.000 millones; o sea que hay
una partida importante.
En cuanto al Capítulo 1, compartimos los dos la necesidad de que
determinados medios técnicos del Ministerio estén más dotados. El habla
de austeridad y de reorganización; yo creo, sinceramente, que el
Ministerio --hablo en términos generales-- está eficazmente gestionado.
Como decía el señor Jerez, los gastos de funcionamiento son apenas del 4
por ciento y han disminuido en los dos últimos años. Yo creo que nuestro
problema, con toda sinceridad --yo no digo, como Subsecretario, que no se
puedan mejorar cosas, que es evidente que siempre se puede hacer--, en
términos macro, más bien es en este momento de incrementar niveles medios
y altos de personal cualificado, y probablemente, en cambio, es cierto
que, con la estructura antigua del Ministerio --me refiero a hace años--,
podemos tener personal a lo mejor menos necesario porque la técnica ha
cambiado, porque ahora se necesitan más informáticos que dibujantes, por
poner un ejemplo. Es evidente que hay un proceso de reconversión, y
estamos en conversaciones con el Ministerio de Administraciones Públicas
para ver cómo somos capaces de avanzar en él. Por poner un ejemplo bien
conocido por el señor Posadas, es evidente que la figura del peón
caminero ha variado con el paso del tiempo, y en estos momentos una parte
importante de este personal puede y debe ser reconvertida a otras
funciones útiles en el Ministerio, a lo mejor no en la dirección de
carreteras, pero sí en obras hidráulicas, en vigilancia de pantanos,
etcétera. Son cuestiones que tenemos entre manos.
El señor Jerez ha hecho una serie de comentarios a los que en parte ya he
contestado o que comparto con él, y no haría falta entrar en ello. El ha
hecho insistencia en que el tope provisional era las obligaciones no
reconocidas que el Ministerio de Hacienda nos ha puesto es muy parecido
al del año 1994 en media --92,7 contra 93,9--; esto ya lo he comentado y
no voy a incidir más.
El tocaba un tema que no sólo comparto, sino que, además, es exactamente
así. Al Ministerio, por la propia práctica administrativa, si ahora toma
una decisión de parar un proyecto --vamos a suponer--, esta decisión le
resulta mucho más costosa, en términos administrativos, de recomponer que
la contraria, es decir, ver cómo se van desarrollando todos los proyectos
y en agosto o septiembre ver, en función de esto, si los 31.000 millones
se han colmado o no, porque administrativamente, cuando se paraliza un
proyecto, por motivos formales y burocráticos, es mucho más complicado
posteriormente volverlo a poner en marcha.
En concreto, el señor Jerez me preguntaba si el recorte iba a afectar a
las expropiaciones, incidencias o este tipo de créditos. No.
Evidentemente, el Ministerio ha decidido que el recorte de estos 31.000
millones, más los 7.000 en Capítulo 7, no va destinado a expropiaciones,
ni a incidencias ni a conservación, como he dicho antes. Estas partidas
quedarían perfectamete exentas, y al contrario, la práctica de cada año
es que si vemos que el volumen de papel, para entendernos, es mayor,
detraemos créditos sobrantes de otras partidas para hacer frente a ello.
por tanto, el recorte que tenemos en este momento, que, repito,
entendemos que es manejable por el Ministerio, se centraría en lo que
sería proyectos de infraestructura normales, y a partir de ahí en
septiembre, probablemente, como digo, estaríamos en un buen momento para
ver qué proyectos son los que de forma natural han tenido algún retraso,
o bien aquellos en que el Ministerio decide voluntariamente aplicar este
retraso, que, como digo, en media, si lo hiciéramos lineal, sería de unos
catorce días. (El señor Posada Moreno pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Con ruego de brevedad, señor
Posada.
El señor POSADA MORENO: Sí, señor Presidente, voy a ser brevísimo.
Simplemente quiero decirle al señor Subsecretario que yo, que reconozco
su disposición siempre a comparecer ante esta Comisión y ante la Comisión
de Infraestructuras para explicar la política del Ministerio, estoy
dispuesto en cualquier momento a comparecer ante el Subsecretario y
explicarle la congruencia de nuestro programa como Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Con esto se da por terminada la
comparecencia del señor Subsecretario de Obras Públicas.
--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (FLOS BASSOLS) PARA DAR
CUENTA DEL REAJUSTE PRESUPUESTARIO APROBADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS
DEL DIA 27-1-95, ASI COMO DEL EFECTO QUE PROVOCARA EN LA INDUSTRIA
ESPAÑOLA Y EN LOS PROYECTOS DE INVERSION RECOGIDOS EN LOS ANEXOS DE
INVERSIONES PRESUPUESTARIAS. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS IU-IC (número de
expediente 212/001370) Y POPULAR (números de expediente 212/001390,
212/001391, 212/001392 y 212/001393.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): A continuación procederemos a
la comparecencia del señor Secretario de Defensa.
Tiene la palabra el señor Secretario de Defensa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Flos Bassols): Señorías, voy
a intentar ser breve, aunque no podré evitar, lógicamente, en una
comparecencia de este tipo, tener que tocar cifras concretas. Intentaré
ir a las más importantes.
Los acuerdos del Consejo de Ministros del mes de enero contemplan
básicamente dos puntos, como SS. SS. saben sobradamente. Uno de ellos es
la limitación en el reconocimiento de obligaciones del año 1995. Se trata
de una medida que no afecta a la capacidad de gasto, sino a la de pago,
es decir, no supone un recorte propiamente dicho.
En nuestro caso, el límite de obligaciones a reconocer supone que no
podremos reconocer un total de 42.503 millones de pesetas del presupuesto
aprobado, es decir, nos vamos a quedar en un 95 por ciento respecto de lo
que es el presupuesto, pero, insisto, éste no es un tema que afecte
propiamente a la capacidad de gasto este año. Si acaso podemos intuir que
tenga repercusiones en el próximo año. Quizá más adelante tocaríamos el
tema.
La segunda medida aprobada es la no incorporación de los remanentes de
crédito comprometidos del año 1994, y esta medida sí, obviamente --SS.
SS. lo saben--, es la que tiene efectos en la capacidad de gasto, ya que
significa que determinados compromisos que deberían ser cubiertos con
recursos de 1994 tendrán que serlo con recursos de 1995 que estaban
previstos para otros gastos. En definitiva, éste es el recorte.
Digo, de pasada, que en el Ministerio de Defensa las incorporaciones
pendientes del año 1994 ascendían a unos 30.000 millones de pesetas, que
se concentraban especialmente en el Ejército de Tierra, con un 60 por
ciento, y en el Ejército del Aire, con un 30 por ciento.
Afortunadamente, dentro de los acuerdos citados el Gobierno decidió
incorporar 18.000 millones de pesetas, con lo cual el recorte al que voy
a referirme a continuación será exactamente de la diferencia, es decir,
12.776 millones de pesetas. Se trata, obviamente, de una cifra no
excesivamente importante si la comparamos con el importe total del
presupuesto, ya que no alcanza el 1,5 por ciento del mismo. Es más, no
olvidemos que después de varios años de reducción presupuestaria, en 1994
el presupuesto creció más del 6 por ciento, y aun con este recorte crece
en más del 6 por ciento. Lo digo simplemente para poner las cosas en su
sitio. No estamos realmente ante un descalabro, aun con todos los
problemas que luego voy a citar, que son importantes. De todos modos, aun
con todo esto, se trata de una magnitud que debe ser distribuida muy
cuidadosamente si queremos evitar que sea lesiva para órganos concretos,
ejércitos concretos o para tipos de gasto concreto.
La distribución de este recorte la hemos hecho bajo el criterio --esto es
muy importante-- de salvaguardar, en la medida de lo posible, la
operatividad de las Fuerzas Armadas y, en consecuencia, no hemos jugado a
distribuciones que respondan a ningún tipo de proporcionalidad, ni con
cantidades globales, ni con incorporaciones pendientes, ni por capítulos
ni por órganos o Ejércitos, sino que hemos hecho un ejercicio meticuloso,
evitando hacer todo el daño que podamos evitar hacer. Hemos cogido
elemento a elemento y hemos escuchado y tomado como base las propuestas
de los Ejércitos, que son quienes en definitiva entienden realmente de
operatividad.
Voy a entrar en estos dos puntos, antes de hacer el examen por Ejércitos:
el tema de ditribución por capítulos y distribución por órganos.
Por capítulos, la distribución ha sido del siguiente tipo: 3.009 millones
en gasto corriente y 9.767 millones en gastos de inversión. ¿Qué
significa esta división? Que forzamos a que el gasto corriente asuma un
peso más importante en el recorte del que le habría correspondido de
atenernos a las incorporaciones que quedaron pendientes. Concretamente,
el gasto corriente soporta un 23 por ciento del recorte cuando, si nos
atenemos a las incorporaciones pendientes, le habría correspondido
solamente el 16 por ciento. Este es un punto que considero relevante y
que indica la preocupación que tenemos por no estropear la poca inversión
de que disponemos.
Por otra parte, por lo que respecta a los gastos de inversión, hemos
hecho también un esfuerzo por tocar lo mínimo posible los gastos de
mantenimiento, ya que a corto plazo, y siempre desde el punto de vista de
la operatividad, los gastos de mantenimiento son más eficaces que la
nueva
inversión. Este es un aspecto de gestión absolutamente normal y
corriente.
Vista esta distribución por capítulos, veamos lo que hemos hecho en
cuanto a órganos. En este aspecto hemos intentado que el efecto del
recorte sea el mínimo posible en los ejércitos, y también hemos evitado
cualquier tipo de distribución proporcional a las incorporaciones
pendientes de cada Ejército, ya que ello habría tenido efectos muy
negativos para el Ejército de Tierra. Concretamente, los 12.776 millones
de pesetas se han distribuido del siguiente modo: 2.950 millones de
pesetas al órgano central, con lo cual el órgano central absorbe el 23
por ciento del recorte, cuando en realidad, si nos atenemos a las
incorporaciones que tenía pendientes, le habría correspondido solamente
el 3,7. Más adelante entraré en este tema. Atribuimos 4.505 millones de
pesetas al Ejército de Tierra, lo cual supone un 35 por ciento del
recorte, cuando en realidad, por sus remanentes, le habría correspondido
quedarse con el 60 por ciento del recorte.
Por tanto, el planteamiento que hemos hecho lleva a apoyar
fundamentalmente al Ejército de Tierra, que, como luego se verá, es el
que está más en apuros, dentro de que los tres Ejércitos y el órgano
central están con un presupuesto de Defensa muy bajo. Ochocientos ochenta
y siete millones van a la Armada. Son magnitudes pequeñas, obviamente, y
están más o menos en proporción al nivel de lo que eran sus
incorporaciones pendientes. Y 4.434 millones de pesetas al Ejército del
Aire; un poco más, el 34 por ciento respecto al 30 por ciento, de lo que
le habría correspondido de acuerdo con sus remanentes.
En definitiva, ¿qué sucede con esta distribución por órganos y ejércitos?
Yo creo que lo destacable es que el órgano central, siguiendo el criterio
general, que he dicho, de mantener la operatividad de los ejércitos, ha
tenido que absorber una parte muy importante de los 12.000 millones.
También algo más han absorbido de lo que les correspondería el Ejército
del Aire y la Armada, pero en cantidades muy pequeñas.
Antes de entrar en las consideraciones por ejércitos --y voy a ser muy
breve--, quizás convenga tocar algunos puntos adicionales de carácter
general, que creo que son relevantes. Primero, que el recorte no supone
en ningún caso abandono de ningún programa, pero sí supone, obviamente,
retrasos, deslizamientos en el tiempo y reducción de algunas dotaciones
económicas concretas que ya eran de por sí muy bajas.
En segundo lugar, que la reducción de la demanda a la industria militar
será de unos 6.200 millones de pesetas, sumando mantenimiento y nueva
inversión. El carácter disperso de la reducción --también me remito a lo
que voy a explicar más adelante-- hace que no podamos hablar de efectos
decisivos en ninguna industria o en ningún programa, pero es evidente que
estamos empeorando la situación de un sector industrial que ya tiene
problemas de por sí. Por tanto, todo lo que estamos diciendo hay que
referirlo siempre a un presupuesto escaso y a una industria con
problemas. Esto es de una evidencia total.
El tercer punto general --éste sí que voy a repetirlo a lo largo de mi
exposición-- es que tanto más importante que el recorte, que, como digo,
no parece excesivamente importante, es que se conceda al Ejército de
Tierra la ampliación de crédito de 10.000 millones de pesetas, que estaba
prevista en el presupuesto de 1995 para acometer el Plan Norte. (El señor
Vicepresidente, García Ronda, ocupa la presidencia.) El Ejército de
Tierra tiene un crédito titulado Plan Norte, dotado con 5.000 millones de
pesetas y ampliable en 10.000 más. Muchos programas del Ejército de
Tierra y, por tanto, muchas expectativas de la industria de Defensa están
estrictamente ligadas a que se conceda o no esta ampliación de crédito,
que se conceda en todo o que se conceda en parte.
El cuarto punto de carácter general que tampoco quería saltarme, antes de
entrar en temas más concretos, es que uno de los elementos que ha ayudado
a absorber el recorte y que me permite decir que el recorte en sí mismo
no es tan grave es que hemos reducido gastos en infraestructura gracias a
que en este año tenemos unas previsiones de ingresos de la Gerencia de
Infraestructura muy cercanos a los 10.000 millones de pesetas. Lo cual
hace que podamos contemplar con relativa tranquilidad estos recortes
--que tampoco son tan grandes-- que hemos hecho en infraestructura. Desde
un punto de vista industrial, en su caso, el recorte en materia de
infraestructura afectaría, como SS. SS. saben, fundamentalmente al
servicio militar de construcciones.
Dicho esto, que creo que son los parámetros básicos, voy a tocar órgano
por órgano y sus repercusiones. En primer lugar, el órgano central, que
incluye el EMAD, es decir, el Estado Mayor de la Defensa. Los remanentes
con los que terminó el año 1994 eran de 1.148 millones de pesetas,
mientras que su recorte --como he dicho-- es de 2.950 millones; es decir,
dos veces y media más de lo que le habría correspondido. Esto significa,
en términos netos, que el órgano central transfiere a los ejércitos, a
efectos de conservar el criterio básico de mantener la operatividad,
1.800 millones de pesetas. Buena parte de este recorte debo decir que
corresponde al INTA, el cual tendrá que afrontar con sus propios recursos
por lo menos una cantidad de 500 millones, que estaba destinada al Centro
de Ensayos de Vuelos del EFA, y que no le será transferida. El INTA
tendrá, por tanto, que apretar, reducir su ritmo de actividad, sacarlo de
otros programas, pero tendrá que afrontar estos 500 millones de pesetas,
que pueden no ser mucho en relación al presupuesto de Defensa, pero en
relación al presupuesto del INTA suponen un esfuerzo muy importante. El
resto del recorte del órgano central se distribuye de modo disperso entre
distintos organismos. No suprimimos ningún programa, lo que hacemos es
retrasarlos en el tiempo. No hay ningún órgano concreto que vea puesta en
peligro su actividad. Es más, órganos tan relevantes, como es el propio
Estado Mayor de la Defensa, sólo ven afectado su presupuesto en 20
millones de pesetas. Todo ello responde, como he dicho al principio, a
defender, en la medida de lo posible, el mantenimiento de la
operatividad.
Entremos ahora en el Ejército de Tierra, que es el núcleo central del
problema. Ahí es donde hay mayores problemas, a pesar de que el esfuerzo
de otros órganos y ejércitos ha permitido reducir notablemente el recorte
que le
habría correspondido. Como ya he señalado anteriormente, en lugar de
atribuirle el 60 por ciento del recorte, se le atribuye estrictamente el
35 por ciento. Podríamos decir que en este caso ha existido la aplicación
estricta de un criterio político definido al principio y, sin duda
alguna, la solidaridad absoluta no ya del órgano central, que ha aportado
mucho, sino también de los otros dos ejércitos, que han entendido
perfectamente el problema. Podríamos decir, pues, que aplicando un 35 por
ciento del recorte los problemas no serían muy graves, pero, insisto, el
Ejército de Tierra tiene un problema grave, que es la necesidad
perentoria de que se le otorgue la ampliación del crédito denominado Plan
Norte en 10.000 millones o en una cantidad relevante que le permita
acometer debidamente las inversiones previstas en el Plan Norte.
Yendo a magnitudes concretas, tengo que decir que el recorte en el
Ejército de Tierra asciende, como he dicho, a 4.505 millones de pesetas,
que representa el 3,3 por ciento de su presupuesto. De estas cantidades,
1.505 millones corresponden a gasto corriente, con lo cual el volumen
total de gasto corriente está tocado en el 2,1 por ciento; 325 millones
--muy poco-- corresponde a mantenimiento, con lo cual el mantenimiento
está tocado solamente en un 1,4 por ciento. Esto responde al criterio
general de decir: por lo menos salvemos lo que es mantenimiento, porque
es eficaz a corto plazo. Y luego, 2.675 millones, que es lo que hay que
quitar del programa de modernización, es decir, de la nueva inversión.
En principio, puesto que tenemos --SS. SS. lo conocen-- ese crédito
genérico denominado Plan Norte, de 5.000 millones de pesetas, podríamos
decir: los 2.675 millones se quitan del crédito de 5.000 millones y el
resto lo distribuimos como estaba previsto hacerlo. Pero ello no puede
ser así, porque lo que se pensaba cubrir con los 5.000 millones
denominado Plan Norte incluía programas de mayor prioridad que otros que
estaban puestos explícitamente en el anexo de inversiones del
presupuesto. Por tanto, no ha funcionado así y el recorte en inversión ha
sido aplicado a programas concretos que voy a citar, que están en el
anexo de inversión, y que son los siguientes:
Primero, el programa TLE, que pasa en este año de 6.681 millones de
pesetas a 5.186 millones de pesetas; es decir, se reduce casi en 1.500
millones de pesetas. Una tercera parte de este importe corresponde al
desarrollo de un simulador para el M-60 y el resto son contratos diversos
que tocan a otros sectores y sobre los que se puede admitir un cierto
retraso. De hecho, estamos ante contratos que no se incluyeron en la
contratación inicial del programa TLE precisamente porque admitieron
cierto retraso, es decir, que puede preocuparnos como todo recorte, pero
no es una situación dramática, aunque yo no quiero quitar importancia a
ningún aspecto del recorte.
El segundo punto que se ha reducido es el programa del vehículo de
combate de infantería, el famosos VCI/Ascod, en términos hispánicos
«Pizarro», que pasa de 600 a 200 millones. Es evidente, no creo que haga
falta que se lo resalte a SS. SS., que tanto 600 como 200 millones son
cantidades muy reducidas en el conjunto del programa y en cierto modo
ello significa ralentizar el programa, pero, puesto que ambas son
reducidas, ello no significa que suprimamos el objetivo de adquirir, en
el plazo que sea, los 366 vehículos que consideramos que necesitamos.
El tercer punto que queda afectado por el recorte dentro del Ejército de
Tierra son los gastos de infraestructura, que pasan de 3.900 millones de
pesetas a 3.240 millones de pesetas; es decir, se reducen en 660 millones
de pesetas. Como he señalado antes, ésta es la reducción que nos preocupa
menos, puesto que los ingresos que la Gerencia de Infraestructura
obtendrá este año son elevados y calculamos que podrá proporcionar al
Ejército de Tierra exactamente 7.300 millones de pesetas para
infraestructura, con lo cual nos iríamos a magnitudes incluso algo
superiores de lo que había previsto el Plan Norte. Por tanto, ésta es la
parte del recorte que hacemos con toda tranquilidad. Aunque, insisto, en
el Ejército de Tierra el problema no es este tratamiento del recorte, que
es, obviamente, muy favorable gracias a los demás órganos, sino que es el
tema de la ampliación del crédito del Plan Norte. Este es un tema sobre
el que hay que transmitir un mensaje muy claro.
Por otro lado --y no forma ya parte del recorte--, los 5.000 millones de
pesetas precisamente de que ya disponemos de este crédito han permitido
iniciar 16 nuevos programas, incrementar el importe de cuatro programas y
los otros 16 programas del anexo de inversión quedan sin variación. Es
decir, el planteamiento con el que el Ejército de Tierra aborda este año,
obviamente no es el que queríamos, va a sufrir estrecheces y tensiones,
pero, aun así, se pueden abordar un número importante de nuevos programas
y aumentar la dotación de otros. Hay algo que luego comentaré como
conclusión importante: estamos moviéndonos siempre en cifras muy
pequeñas; por tanto, que nadie interprete que nada de lo positivo que yo
diga tiene el menor carácter triunfalista, en absoluto.
Visto el Ejército de Tierra, pasamos a la Armada. Por lo que respecta a
la Armada, los 887 millones de pesetas se distribuyen, más o menos, en
tres partes iguales: gasto corriente, mantenimiento y modernización.
Evidentemente, se trata de cantidades mínimas, inferiores al 1 por ciento
de sus gastos de inversión y sostenimiento, no afectan a ningún programa
importante, se distribuyen de modo disperso y no creo que merezca la pena
resaltar nada al respecto. Debo recordar a SS. SS. que éste es un hecho
muy espectacular; la Armada inició el ejercicio de 1995 habiendo
comprometido 43.000 de los 46.000 millones que tenía para nueva
inversión, programas de modernización. Quiero decir que por esto se toca
tan poco a la Armada, porque ésta no tiene margen de maniobra.
Finalmente, yendo al Ejército del Aire, el recorte --también como he
dicho-- es de 4.434 millones de pesetas y es algo superior al que le
habría correspondido de hacerse proporcional a sus remanentes. El recorte
se distribuye del siguiente modo: 734 millones a gasto corriente, 1.276
millones a mantenimiento y 2.424 millones a inversiones de modernización.
¿Qué programas de modernización se ven afectados? Son los siguientes: el
primero es el SIMCA, cuyo importe en el año 1995 pasa de 8.509 millones a
7.371 millones; es
decir, estamos ante un recorte de 1.137 millones, que es absorbido por
dos hechos: fundamentalmente, el replanteamiento del proyecto del
edificio del Centro de Mando y Operaciones, que se había previsto en
Morón y que se traslada a Zaragoza, así como un cierto retraso en la
instalación de algunos escuadrones de vigilancia aérea. Sus señorías
saben perfectamente la situación del escuadrón del Mulhacén.
El segundo programa que se toca en el Ejército del Aire es la reducción
en la adquisición de munición, que pasa de 1.922 millones a 1.522, es
decir, 400 millones menos.
El tercero que se toca es la infraestructura, que pasa de 2.382 millones
a 1.851 millones; es decir, 530 millones de pesetas menos. Buena parte de
esta reducción corresponde a los gastos de retrocesión de bases.
Por último, hay dos temas de inferior cuantía, que son la reducción en
adquisición de equipos para dotar los centros de mantenimiento, que se
reducen en unos ciento y pico millones y, por último, también una cierta
reducción de vehículos de transporte, que pasan de 600 a 500 millones de
pesetas. Estas creo que son las magnitudes globales que, a la vez, dicen
en qué quedan afectados los ejércitos y qué sectores de la economía
quedan tocados.
Recapitulando modestamente los efectos de la no incorporación, yo
destacaría lo siguiente: primero, el importe total del recorte podríamos
decir que no es excesivamente grande, ni en términos globales ni
relativos, pero que se produce sobre unos gastos de inversión y
sostenimiento que ya están a niveles mínimos.
En segundo lugar, que el procedimiento de distribución del recorte y la
aportación destacada del órgano central a los ejércitos hace que los
efectos sobre la operatividad sean limitados. Sin embargo, ello no quita
que se vayan a producir tensiones importantes en el desarrollo del Plan
Norte, de no obtenerse la ampliación de crédito a la que me he referido
reiteradamente.
En tercer lugar --y toco directamente el tema de la demanda industrial--,
hemos calculado que los efectos sobre la industria de defensa ascienden a
6.178 millones de pesetas, aunque su aplicación es un tanto dispersa,
como se ha visto por la lista de partidas que se han tocado, y digo, una
vez más, que toca un sector que ya está en graves dificultades y que, al
mismo tiempo, es un sector que contaba en sus planes de actuación con la
reiteradamente citada ampliación de crédito.
Por último, decir que aun con el recorte, el presupuesto de Defensa crece
por segundo año consecutivo en más del 6 por ciento y que esto es
positivo, sin duda alguna, con los tremendos recortes que hubo a
principios de los 90, pero que estamos ante un ritmo de crecimiento
insuficiente para hacer frente a los gastos previstos en el propio
quinquenio, y me refiero estrictamente a programas iniciados o a
programas cuyo inicio es imprescindible para mantener los niveles
actuales de operatividad, no para incrementarlos. En este sentido, más
importante que el recorte, más importante que la ampliación, creo que va
a ser lo que suceda en los próximos dos años con la aplicación de las
medidas de austeridad presupuestaria que proponga el Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: La intervención del señor Secretario de Estado ha
sido bastante prolija, bastante detallada, creo que meticulosamente
detallada, en la parte relativa a la no incorporación de créditos del año
1994 al ejercicio de 1995 en las dos vertientes: parte que no se vaya a
ejecutar o parte que se tenga que hacer frente con los créditos de 1995.
Por tanto, con el dinero de 1995 faltará para poder actuar.
La cifra definitiva que ha dado es superior a la inicialmente aprobada en
el Consejo de Ministros, que era de 11.882 millones. La cifra definitiva,
por lo que usted ha estado barajando, parece que está en torno a unos
12.776 millones, un poco mayor. No es ésa la pregunta que me gustaría
hacerle en cuanto al detalle que ha dado Ejército por Ejército. Su
Ministerio era el que más reaccionó cuando se planteó el ajuste, puesto
que entendía que era un presupuesto de gasto contenido en los ejercicios
siguientes.
Mi pregunta respecto al recorte va dirigida fundamentalmente a esa
apreciación que ha hecho en la distribución y que ha precisado a la hora
de hablar de las inversiones de los distintos Ejércitos. Por tanto, a lo
mejor está incluido. Ha venido a decir que el efecto que va a tener el
recorte sobre la industria militar va a estar cifrado en torno a unos
6.000 millones de pesetas. No sé si esa limitación de la demanda a la
industria militar de 6.000 millones es la suma de 2.675 millones de
modernización en el Ejército de Tierra, de un tercio de los 887 de la
Armada y de una parte del Ejército del Aire.
En todo caso, me gustaría preguntarle, sino fuera así, si fuera un efecto
distinto a éste, cuáles de las actuaciones de la industria militar ser
verían afectadas. Ahora mismo hay dos grandes bloques de la industria
militar que pueden verse afectados: uno, el que pudiéramos llamar
Programa 212A, gastos operativos, y otro, que podríamos llamar Programa
213A, modernización de las Fuerzas Armadas, y los proyectos que van
detallados en el anexo de inversión.
Si no he entendido mal, no hay ninguna renuncia, no se suprime ninguna
actuación, sino que se deslizará en el tiempo la ejecución de algunos
programas, y usted ha citado algunos de ellos. Ha hecho mucho hincapié en
el Plan Norte y en una posibilidad de ampliación de crédito y le voy a
hacer dos preguntas sobre esta vertiente. Una, en el Plan Norte, que se
habían previsto 5.000 millones de pesetas en el ejercicio de 1995,
tendría un deslizamiento del año 1994 inferior, que ha cifrado en un 35
por ciento. Por tanto, se recortarían unos 4.500 millones de pesetas en
el Plan Norte o en los efectos del Ejército de Tierra hacia el Plan
Norte. La explicación, en todo caso, no me ha quedado clara. Cuando habla
de la ampliación, ¿se refiere a que el Ministerio va a intentar que ese
crédito ampliable llegue al máximo o se pueda cubrir esa minoración del
Ejército de Tierra para hacer frente a algo que ha estimado como
prioritario dentro del Plan Norte? Es decir, dentro de las actuaciones
del Ejército de Tierra, el Plan Norte es prioritario y van a intentar
ejecutarle con independencia de
la contención. Lo malo de esto es que para el año que viene se anuncian
también recortes, que incluso para la ejecución de este año, que es la
parte que veo que está menos explicada de su exposición, a la que después
me voy a referir, también va a tener una contención de obligación
reconocida, una especie de compromiso de no licitar a nivel porcentual.
Esto en cuanto a lo que pudiéramos llamar recorte. Si va a afectar
solamente a los programas que usted ha citado, si otros programas que
vienen recogidos en el anexo de inversiones, como, por ejemplo,
construcción de cazaminas o modernización o reparación de submarinos S-70
o S-60 se van a ver afectados, si se ralentizará también en el tiempo o
si solamente quedaría circunscrito a los que usted ha dicho.
La parte que veo menos explicada o detallada de toda su explicación son
los 42.503 millones de pesetas que se han planteado como limitación que
el propio Ministerio debe marcarse para el ejercicio 1995, limitación de
la obligación reconocida; unos créditos iniciales de unos 866.000
millones de pesetas que van a limitar a 823.000. No he oído --se ha
podido decir en el tiempo que no he podido estar atento a su
explicación-- cuál es la distribución de estos 42.503 millones de pesetas
que, en principio, irían como la aportación a esos 407.000 millones de
pesetas que el Gobierno pretende contener para hacer frente a previsibles
evoluciones presupuestarias y obligaciones que considera prioritarias.
Me gustaría conocer la distribución de esos 42.500 millones, aunque no
sea con el mismo grado de prolijidad, porque estoy convencido de que los
proyectos no se podrán precisar hasta que llegue septiembre u octubre y
veamos cómo se ajusta definitivamente el presupuesto; quisiera saber de
qué manera van a afectar a los tres niveles que usted ha utilizado, a lo
que pudiéramos llamar órgano central y los tres Ejércitos y, sobre todo,
a los programas de actuación del propio Ministerio, es decir, las
inversiones que va a acometer, puesto que la distribución de este dinero,
fundamentalmente en la distribución que nos dio el Ministerio de Economía
y Hacienda, estaba también pivotando sobre el esfuerzo inversor, es
decir, comprometían la inversión o recortaban o limitaban su obligación
reconocida a 216.000 millones de pesetas para el año 1995, es verdad que
sobre créditos iniciales. Como usted ha explicado que hay una parte de
deslizamiento de 1994 que sí va a sumar, ésa estará añadida.
¿Por qué le digo esto? Creo --y se lo voy a decir sinceramente-- que lo
que hoy se anuncia como una contención de lo que pudiéramos llamar la
obligación reconocida puede verse al final del ejercicio 1995 como un no
deslizamiento al siguiente, marcando las prioridades. Puede darse la
siguiente circunstancia: que, de estos 42.000 millones, 40.000 no se
deslicen al año 1996. Por tanto, se considerarán como no ejecuciones,
como proyectos a no acometer o como aplazamientos, en el mejor de los
casos, a futuros años, pero usted sabe que cualesquiera de las
inversiones o cualesquiera de las actuaciones se pueden ralentizar en la
gestión del Ministerio bien limitando la oferta, sacándola a licitación,
o bien ralentizando la ejecución y, por tanto, aplazando los pagos
¿Tienen hecha una previsión de cómo van a afectar estos 42.500 millones a
los distintos programas? He utilizado los dos programas que creía que
requerían un mayor esfuerzo inversor: el de gastos operativos ligados a
las Fuerzas Armadas y el de modernización de las Fuerzas Armadas, pero
también puede contener otros gastos. En la distribución del recorte usted
ha citado un esfuerzo importante en gasto corriente que, si no he tomado
mal la nota, era de 3.000 millones de pesetas, aunque después no ha dicho
cuánto afectaría al Capítulo I, de transferencias corrientes, o al
Capítulo II, pero se hace un esfuerzo importante de 3.000 millones de
pesetas en gasto corriente a tener en cuenta.
Por tanto, mi pregunta iría dirigida a esos 42.500 millones de pesetas,
al estar convencido, como usted ha dicho, de que el esfuerzo en Defensa
va ligado al esfuerzo en la industria ligada a la Defensa y a toda una
estructura productiva. Es verdad que hay fuerzas políticas, como
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que han venido manteniendo la
contención del gasto de defensa y la ordenación de la estructura del
Ejército hacia otra orientación política. No es ése el centro de la
discusión, no quiero entrar en controversia, sino simplemente obtener la
información para conocer de verdad cómo va a evolucionar esta decisión
política del Gobierno en las actuaciones y los compromisos que el
Ministerio de Defensa tiene contraídos a la hora de presentar los propios
presupuestos, con independencia de que después podamos compartirlos con
unos y no compartirlos con otros, que no es el objetivo de nuestra
demanda de comparecencia de hoy.
De todas formas, quiero agradecerle lo exhaustivo que ha sido, el
realismo con el que ha explicado la contención y la valentía que ha
tenido para explicar que esos 12.000 millones de pesetas de recorte van a
afectar o pueden afectar a algunas políticas, aunque han intentado
reorientarlo hacia las políticas menos prioritarias, por así decirlo, del
Ministerio de Defensa.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra, por el Grupo
Popular, el señor Celdrán.
El señor CELDRAN VIDAL: Voy a hacer una breve intervención y la voy a
comenzar haciendo una valoración política, la que merece a nuestro Grupo
el recorte presupuestario que estamos comentando. Seguro que no
sorprenderá al Secretario de Estado que esta valoración política sea
negativa Estamos hablando de una reducción de 12.776 millones, pero el
Secretario de Estado se ha referido a la partida de 42.503 en unos
términos que no acabo de comprender; dice que no va a suponer una
disminución del gasto, sino del pago del gasto --en términos similares se
ha expresado--. Con toda sinceridad, no puedo entender qué significa
esto, salvo que se interprete como que se puede gastar lo que se quiera y
que ya veremos cómo se paga, dicho en términos coloquiales.
Quiero que amplíe su información sobre qué significa que se congele esta
partida de cuarenta y tantos mil millones, porque, una de dos, o se
dispone y se puede comprometer ese gasto o no se puede comprometer. Si no
se puede comprometer, estamos hablando de una reducción presupuestaria
no solamente de 12.700, sino que a esa cifra habrá que sumarle los
42.500. En cualquier caso, creemos que las repercusiones de esta
disminución de recursos del Ministerio de Defensa son bastante más
importantes de las que ha tratado de considerar o exponer el Secretario
de Estado.
En varias fases de su intervención ha tratado de disminuir la gravedad de
la repercusión de esta disminución de gasto, pero creo que ha incurrido
en una contradicción cuando --y empleo sus propios términos, si no me
equivoco-- ha hablado de que es perentoria la ampliación de ese crédito
ampliable de cinco a quince mil millones. Si es tan absolutamente
perentoria la necesidad de ampliar ese crédito, «sensu contrario» será
igualmente importante la reducción en una cuantía bastante similar. Si
una cosa es muy perentoria, la disminución tiene que ser igualmente
grave, valga la expresión, en sentido contrario.
Nosotros valoramos también muy negativamente que los encargos del
Ministerio de Defensa disminuyan, porque, tal y como ha dicho el
Secretario de Estado, estamos hablando de una industria con serios
problemas y esto no viene más que a agravar la situación. Me gustaría
conocer, si el Secretario de Estado puede informar, algún detalle sobre
qué industrias se verían afectadas y en qué medida aproximadamente, de
las principales que trabajan para el Ministerio de Defensa.
Quiero añadir que lo importante de esta reducción no es quitar el
porcentaje en términos relativos, porque estamos hablando de un
porcentaje modesto. La importancia de la reducción es que afecta a
mantenimiento y a inversiones. Porque el capítulo I es prácticamente
inamovible; el II, me refiero a gastos corrientes, se intentará reducir;
ya veremos si se consigue esa cifra que usted nos ha dado, pero lo que es
inevitable es que va a afectar a mantenimiento y a inversiones, va a
afectar a algo tan importante como la operatividad. Yo ahí soy menos
optimista y no le otorgo demasiada credibilidad o, por lo menos, no tengo
confianza en las palabras del Secretario de Estado, porque, según
nuestras informaciones, sobre todo en el Ejército, el estado actual de
mantenimiento es bastante inferior a lo que necesita; como, sin duda,
conocerá el Secretario de Estado, se habla incluso de que es del 45 por
ciento. Esto es en el momento actual. Si se ve reducido en alguna medida,
tal y como se nos ha informado, el déficit en este punto tan importante,
porque no es ni más ni menos que el que califica la operatividad de las
Fuerzas Armadas, del Ejército, en particular, creo que es algo muy
relevante, tan relevante como que, según un documento llegado a nuestras
manos, podría decirse que para 1995 se anula el programa de modernización
de materiales del Plan Norte. Esto no es un pequeño recorte, un pequeño
deslizamiento. Estamos hablando de algo a lo que quizá nosotros damos más
gravedad que la que se deduce de las palabras del Secretario de Estado,
aunque él tampoco ha ocultado que nos movemos en un contexto
presupuestario, en general, muy reducido. Y no hace falta que entremos
ahora en este debate porque no hay más que ver las estadísticas de los
últimos doce o quince años para ver cómo han evolucionado los
presupuestos de Defensa. En este contexto, este nuevo apretón de tuerca,
que yo cuestiono --vuelvo a mis palabras iniciales-- si es de 13.000
millones o de 55.000 porque, como digo, no he acabado de entender muy
bien esa diferencia, creo que va a tener un impacto muy negativo,
fundamentalmente en mantenimiento y en inversiones y, por qué no decirlo,
en la confianza, en la moral de nuestros Ejércitos, cuando vez que sus
necesidades son cubiertas con esta penuria, con esta escasez y que son
siempre los que sufren las necesidades, que todos comprendemos,
presupuestarias en las que se ve envuelto nuestro Gobierno.
Reitero si me puede aportar algún detalle sobre la repercusión en las
industrias de Defensa, profundizar un poco en la explicación de estos
cuarenta y tantos mil millones ¿son recorte o no?, ¿se pueden gastar?,
¿se van a gastar en un año, en dos? Otras preguntas que tenía anotadas,
las ha contestado ya en su primera intervención. Por tanto, aquí termino
la mía.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Marsal.
El señor MARSAL I MUNTALA: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del Secretario de Estado, señor Flos, y, en segundo, la
explicación que nos ha dado; creemos que ha sido muy clara y, además, muy
pedagógica y que nos ha permitido hacernos una clara idea de cuál es la
situación en un tema que, por las diferentes intervenciones, todos
lamentamos; no nos agrada mucho tener que hablar de estas cuestiones o,
mejor dicho, que estas cuestiones se produzcan.
Los recortes siempre son temas, para cualquier Ministerio o cualquier
Administración, que obligan a ciertos replanteamientos del presupuesto.
Sin embargo, todos reconoceremos que este recorte no es algo caprichoso
ni obedece a extraños designios, sino sencillamente a llevar a cabo
aquello que por todos los grupos políticos ha estado reconocido como uno
de los objetivos principales de la política económica que el Gobierno
debe tener, por no decir el principal, que es el de la reducción del
déficit. Incluso algunos grupos, desde la oposición, han empezado a
hablar de la necesidad de un plan de austeridad bastante duro para
reducir este déficit.
Cuando se enuncia como una voluntad general es muy fácil hacerlo pero,
después, cuando esto se define en las operaciones concretas para
conseguir el objetivo global de la reducción del déficit, resulta que no
se quiere recortar por ninguna parte. Cada Diputado, independientemente
del grupo político al que pertenezca, comparte las preocupaciones de su
área y de su ministerio cuando se producen unas reducciones. Como grupos
políticos parlamentarios debemos fijar los objetivos globales
prioritarios y garantizar la máxima racionalización en los efectos sobre
las partes, la máxima racionalización hacia fuera en los aspectos
externos, en las repercusiones sociales que puedan tener estos recortes y
también en la máxima racionalidad técnica o interna para ver que estos
recortes no afecten a lo que es el buen funcionamiento de cada uno de los
ministerios y, en el caso del que estamos hablando, al grado de
operatividad
de las Fuerzas Armadas, como el Secretario de Estado manifestaba en su
intervención.
En el Ministerio del que estamos hablando, ¿qué es lo que debemos
garantizar en los presupuestos y en los posibles recortes o en el recorte
real del que hablamos? Hay un objetivo fundamental, que es el
cumplimiento del modelo de Fuerzas Armadas 2000, que fue aprobado por
este Congreso. ¿Qué quiere decir esto, simplificando? Llegar a unas
Fuerzas Armadas mixtas y garantizar que estas Fuerzas Armadas sean
modernas. El ritmo de consecución de estos dos objetivos, Fuerzas mixtas
y Fuerzas modernizadas, vendrá marcado por la situación económica y la
capacidad de reducción del déficit que consigamos entre todos. En este
sentido, nos parece adecuado el procedimiento seguido por el Ministerio
sobre la distribución de la cantidad global procedente de los remanentes
de 1994 no aplicables a 1995 y que, como algún otro interviniente ha
recordado, inicialmente podrían haber sido más amplios y, al final, se
han centrado en estos 12.700 millones.
Nos parece que ha sido adecuado el procedimiento porque ha seguido cuatro
criterios, que hemos creído entender de la exposición del Secretario, que
compartimos: en primer lugar, la distribución no mecánica a cada uno de
los grandes centros gestores, y nos parece racional que haya habido una
mayor concentración en el órgano central para garantizar la mayor
operatividad de los otros tres grandes órganos gestores que son los tres
ejércitos. En segundo lugar, que se haya hecho con una fijación de
prioridades dentro de cada uno de estos centros en lo que son los gastos
corrientes, los gastos de mantenimiento y los gastos de inversión,
precisamente en este orden de prioridad en la reducción. En tercer lugar,
el criterio que se aplica a los programas que pueden dilatarse más en el
tiempo y, por tanto, nos satisface oír también que en este momento el
Ministerio puede afirmar que ningún programa desaparece y que aquéllos
que han sufrido algún recorte lo que se hace es alargarlos en su
ejecución en el tiempo. En cuarto lugar, también compartimos claramente
el intento de minimizar las consecuencias para la industria nacional que
puedan tener estos recortes.
En cualquier caso, nos alegra haber oído intervenciones que comparten
preocupaciones por la reducción, seguramente por motivos diferentes, pero
nos agrada el paso que ha dado algún grupo teniendo en cuenta que cuando
se aprobó el presupuesto de Defensa hace pocos meses la intervención fue
defendiendo que se tenían que reducir los gastos de Defensa. Hoy hemos
oído una intervención mucho más realista, más acorde con la realidad y
considerando que los recortes en el presupuesto de Defensa tienen
incidencia importantísima en sectores productivos que, si bien no tienen
mucha cantidad de trabajadores y un nivel de producción muy elevado, sí
tienen una importancia estratégica y tecnológica para el futuro del
tejido industrial en nuestro país.
Compartimos lo expuesto por el Secretario de Estado y por los otros
intervinientes respecto a dos preocupaciones: una, centrar esfuerzos para
garantizar el justo cumplimiento del Plan Norte, la importancia e incluso
necesidad de conseguir que se pueda hacer efectiva la ampliación del
crédito para el Plan Norte. Y, otra, lo que pueda pasar en los
presupuestos para 1996 y que los posibles planes de austeridad, de ajuste
presupuestario, se hagan con la máxima racionalidad posible y siguiendo
los ejemplos que este año el Ministerio ha dado en la aplicación del
recorte a su ministerio.
El señor VICEPRESIDENTE (Gracía Ronda): Para contestar a los problemas
planteados, a las preguntas formuladas, tiene la palabra el señor
Secretario de Estado de Defensa. Le ruego que sea lo más esquemático
posible.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Flos Bassols): Voy a ser muy
esquemático.
En primer lugar, quisiera referirme a un tema tocado por el señor Marsal,
la racionalización. A un Secretario de Estado le sería muy fácil y sería
muy bien aceptado según en qué ámbitos las distribuciones proporcionales.
Por esto he insistido en que no las hemos hecho; hemos ido por el camino
más difícil de todos en aras a defender algo a lo que también se han
referido los otros intervinientes, especialmente el Diputado señor
Celdrán: la operatividad. Cuando uno tiene que acometer un recorte,
aunque sea solamente --y permítanme que utilice este adverbio-- de 12.000
millones, hay que estudiarlo paso a paso; yo no creo en la aplicación de
porcentajes genéricos, hay que ver qué daño hacemos a los ejércitos y a
las industrias con cada una de las acciones. Por supuesto, el tema es muy
difícil, me encuentro siempre con estos dos platos de la balanza y llegar
a un equilibrio es algo muy complicado.
Voy a contestar muy esquemáticamente al señor Ríos. Hemos pasado a hablar
de 12.776 millones de pesetas, no de una cantidad menor, porque ahora ya
son cifras definitivas de presupuesto cerrado. ¿Cómo hemos contado el
efecto en la Industria? Está contado con la suma de gastos de
mantenimiento, gastos de nueva inversión y hemos restado los gastos de
infraestructura, no todos, una parte, los que están como gastos de
infraestructura en el presupuesto, y, obviamente, hemos contado lo que
adquieren los ejércitos, no lo que adquiere el órgano central como tal,
porque complicaríamos mucho la cosa y no son propiamente sistemas de
armas.
Respecto a lo que significa el crédito del Plan Norte he de decir que es
un crédito de 5.000 millones asignado al Ejército de Tierra con
posibilidad de ser ampliado a 10.000, como reza en el presupuesto. ¿Cómo
se articula el recorte? Quizá ha habido alguna confusión en el modo de
expresarlo --para simplificar la exposición yo me he saltado todos los
aspectos del procedimiento, que son complicados-- y voy a hacer unas
breves aclaraciones. Lo primero que se hizo, de común acuerdo,
conjuntamente con el Ejército de Tierra, que es el más afectado, fue ver
qué es lo que había que recortar porque era lo menos prioritario; lo
segundo que se hizo fue una reprogramación, tema complicadísimo y que
explicarlo aquí sería muy difícil, necesitaríamos otro tipo de ámbito; y
luego lo que se hizo fue sumar a lo reprogramado los 5.000 millones que
teníamos del Plan Norte. Este es exactamente el procedimiento que se
siguió.
Me pregunta S. S. si solamente afecta a los programas que he citado y no
a otros como, por ejemplo, los cazaminas. Efectivamente, sólo afecta a
los programas que he citado y no a otros como los cazaminas. También he
dicho, cuidado, porque muchos programas están en unos niveles de dotación
que a menudo son simbólicos. Es una palabra muy dura, pero tengo que
decir la verdad.
Me habla de que la parte menos detallada es la de los 42.500 millones de
recorte en la capacidad de obligación reconocida. En esto enlazaría
también con lo que ha señalado el señor Celdrán. Lo que no podamos
reconocer, lo que no pueda ser obligación reconocida no quiere decir que
no se pueda comprometer. Es más, el Diputado señor Celdrán se ha
expresado de la siguiente manera: Se puede gastar lo que se quiera y ya
veremos cómo se paga. Su señoría lo ha dicho de un modo un tanto brutal,
pero en cierta manera esto es la verdad. Nosotros podemos llegar a
comprometer todo el presupuesto del año 1995, sólo que no podremos
reconocer 42.000 millones de obligaciones. Y aquí vuelvo a lo que decía
el Diputado señor Ríos, quien, por desgracia, puede tener toda la razón,
y es que, por la experiencia que hemos tenido este año, lo primero que
piensa alguien que esté en este tema, el Secretario de Estado por
supuesto, es que éste es el anuncio de las incorporaciones que no nos van
a dar el año que viene, además de que, según cual sea el plan de
austeridad, puede haber recortes adicionales, tema que desconozco
absolutamente. Pero coincido totalmente con el señor Ríos en que esto es
una señal de alerta que no se le escapa a nadie.
¿A qué vamos a destinar estos 42.500 millones? ¿Qué es lo que no será
obligación reconocida? Esto lo veremos a medida que vayamos adelantando
en el presupuesto, es imposible tenerlo en cuenta ahora. Si hemos tenido
30.000 millones de no incorporaciones este año es porque hemos tenido
sorpresas. Normalmente, el Ministerio de Defensa es un ejecutor
magnífico, y yo he dicho en más de una ocasión, no en esta Comisión, sino
en la de Defensa, que somos un ejecutor extraordinario, entre otras cosas
porque tenemos muy poco dinero y llegamos al final. ¿Qué ocurrió en el
año 1994? Ya sé que habrá quien no se lo crea, pero el Ejército de Tierra
tuvo unos tropiezos inevitables con temas que no eran previsibles, en
concreto dos asuntos de misiles de importancia no pudieron entregarse a
tiempo por razones diversas e incluso se ha abierto un expediente de
penalización de las empresas; más muchas otras cosas. Digamos que ha sido
un año --permítanme que lo diga-- bastante atípico. Para nosotros llegar
al 99 por ciento no es un milagro, es habitual y, en cambio, no pudimos.
En cuanto a lo último que ha señalado el señor Ríos, a qué se refiere el
gasto corriente, es estrictamente el Capítulo 2. No toco nada del
Capítulo 1, que queda exactamente igual.
En relación a las observaciones del Diputado señor Celdrán, he hablado ya
de los 42.503 millones de pesetas. Usted, señoría, dice que ha habido una
cierta contradicción en mi modo de expresión. No lo he pretendido en
absoluto. No quiero minimizar en absoluto los efectos. Lo que sí quería
hacer es poner de manifiesto que tenemos un problema muy grave, que es
esta ampliación de crédito; veo que lo he conseguido. Que en un recorte
de 12.000 millones podamos imputar una parte a gasto corriente, que
podamos hacer esfuerzos, que intentemos dispersar el efecto en las
industrias, es posible, pero insisto en lo que he dicho: hay muchas
industrias y, por supuesto, el Ejército de Tierra, que han venido
manejando 10.000 millones más en su programación y lo sabe el Ejército de
Tierra y lo saben las industrias y son industrias que necesitan, si no
los 10.000, sí una buena parte. Hablo de industrias más bien de material
convencional.
Esto es lo que quería poner de manifiesto y me parece que lo he dicho. En
absoluto quería quitar hierro al asunto, la situación es grave, lo que
pasa es que yo doy por hecho que todo el mundo sabe que el presupuesto de
inversión y sostenimiento de las Fuerzas Armadas está por debajo de
mínimos, que la industria de Defensa está mal, ¡por supuesto!, y que
cualquier cosa que nos recorten nos hace muchísimo daño. Estas son cosas
que las doy por hechas. Y, además, en algunas empresas puede traducirse
en reducciones de personal. En algunas discusiones que he tenido,
lógicamente, con el Ministerio de Economía y Hacienda, traduzco las cosas
no sólo en términos operativos, sino en empleo y desempleo; es evidente.
Y en algunos casos es un empleo y desempleo que podríamos llamar de
tecnología media, pero en otros es de una tecnología punta. En España,
aún hoy, buena parte de la tecnología punta y de lo que tenemos para
salvaguardar nuestro futuro, nos guste o no, está en la industria de
defensa, de ahí que haya que defenderla. Esto es fundamental.
Me pregunta el señor Celdrán qué industrias se verán afectadas. Hemos
hecho un esfuerzo para distribuir el daño. He señalado, por no decir la
lista entera, que se tocaría el Programa TLE en 500 millones, que
afectarían a un simulador. No está contratado. Lógicamente un simulador
lo tiene que hacer una empresa del tipo Ceselsa u otra parecida.
Los otros casi 1.000 millones afectados por el Programa TLE tienen una
parte de casi 400 millones que son de I + D, que irían destinados a Santa
Bárbara, para seguir desarrollando un prototipo. Santa Bárbara seguirá
desarrollando un prototipo --es un problema de subvención, pero es un
problema que va a un tipo de empresa así-- y otros elementos --estamos en
el TLE-- afectan directa o indirectamente a Santa Bárbara, aunque en
algún caso haya alguna adquisición en el exterior. Es decir, que en este
caso tocaríamos prácticamente 1.000 millones de pesetas que, de un modo u
otro, están vinculados con Santa Bárbara u otra empresa similar.
Santa Bárbara --voy a darles el dato concreto-- facturaría este año 1995
a Defensa 7.215 millones y, como efecto del recorte, se quedaría a unos
6.000 y algo. Digo 6.000 y algo porque del recorte se infiere que
quedaría en 5.800, pero de la nueva asignación de créditos disponibles de
ese plan norte, no de los 10.000 millones, sino de los 5.000 que ya
tenemos, probablemente algo vaya adicional a Santa Bárbara. Por tanto, sí
recibiría Santa Bárbara una reducción de unos 1.000 millones de pesetas.
Otro organismo --no es industria pero está ligado a industria e
indirectamente afecta a industrias-- es el INTA,
que tendrá que absorber 500 millones del centro relacionado con el EFA y
tendrá que hacerlo con su dinero, es decir, recortando internamente otros
esfuerzos.
En cuanto al programa Simca, son 1.137 millones; tocarían básicamente al
servicio militar de construcciones más algunos aspectos de electrónica
asociada a los EVA o al centro de control.
Esta parte que está dentro de los 6.200 millones, es una parte que afecta
poco a lo que solemos entender por industria de Defensa.
No llega a 100 millones la cantidad que se reduce en vehículos --hablo de
vehículos de transporte-- y ahí puede afectar a diversas empresas. Es una
cantidad que queda muy dispersa.
En cuanto a la munición, 400 millones que deja de comprar el Ejército del
Aire, por lo que vemos sería más bien munición que se adquiere en el
extranjero; es un tipo de bomba que no se fabrica en España.
Por último, también en relación con lo que ha señalado el señor Celdrán,
manifestaba su preocupación por el Ejército de Tierra y por la
operatividad. He señalado al principio que el criterio básico es mantener
la operatividad y por esto al Ejército de Tierra, que tenía que haber
soportado el 60 por ciento del recorte, sólo le hacemos soportar el 35
por ciento, cosa que, le aseguro, señoría, no es nada fácil, porque para
cualquier órgano es muy fácil. Lo lógico es decir que tal ejército o tal
órgano es el que no cumplió con la ejecución del presupuesto del año
anterior, luego que asuma su culpa. En este caso, la culpa, aparte de que
no sea directamente gestión, es algo que afecta directamente a la
operatividad y por esto hemos hecho este esfuerzo, que, ya digo, ha
recaído mayormente en el órgano central, que es lo más alejado de los
aspectos operativos, pero también el Ejército del Aire ha hecho una
cierta aportación. Es decir, que sí nos ha preocupado mucho este tema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor Secretario
de Estado. Con esto termina su comparecencia y este punto del orden del
día.
--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (GIRBAU GARCIA) PARA
INFORMAR DEL REAJUSTE PRESUPUESTARIO APROBADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS
DEL 27 DE ENERO DE 1995, ASI COMO DE LOS EFECTOS QUE PROVOCARA EN EL
DESARROLLO DE UNA POLITICA INDUSTRIAL ACTIVA, EN LOS SECTORES
ESTRATEGICOS Y EN LA INVESTIGACION Y DESARROLLO. A SOLICITUD DEL G. P.
IU-IC. (Número de expediente 212/001375.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Comparece ahora el ilustrísimo
señor Subsecretario de Industria y Energía, para dar las explicaciones
correspondientes a los recortes presupuestarios del año en curso.
El señor SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Girbau García): Intentaré
brevemente explicar las operaciones que prevemos para la ejecución
presupuestaria de este año en el cumplimiento lo más estricto posible del
acuerdo del Consejo de Ministros.
Como ustedes saben, el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 27 de
enero estableció un límite máximo de reconocimiento de obligaciones que,
en el caso del presupuesto no financiero del Ministerio de Industria y
Energía, establecía un total de 172.487 millones de pesetas, respecto al
presupuesto inicial que, como ustedes saben, ascendía a 190.488 millones
de pesetas. Esto supone una aminoración en obligaciones por importe de
18.001 millones de pesetas, y quiero significarles que en el año 1994 la
aplicación del entonces, creo, artículo 10 de la Ley, representó una
cifra de 15.245 millones de pesetas.
La distribución por capítulos de este límite la hemos efectuado de forma
provisional y transitoria, en el sentido de que queremos trabajar durante
el año 1995 con esta previsión, entendiendo que hemos priorizado aquellos
programas y aquellas obligaciones que nos parecía que se deducía, tanto
de la discusión que en su momento tuvo el presupuesto del Ministerio de
Industria y Energía como de nuestros propios objetivos, que era lo que
deberíamos mantener en el transcurso del ejercicio presupuestario. Ello
no es óbice también para que, en caso de que surgiese alguna necesidad,
fuese posible, puesto que esto es una mecánica interna del propio
Ministerio, adoptar aquellas decisiones que pudieran modificar de alguna
forma esta previsión inicial.
Como les decía, lo que hemos efectuado es, por capítulos, una serie de
estimaciones. El capítulo I y el II no se ven afectados en absoluto por
este cumplimiento, simplemente porque lo tenemos ajustado al máximo y
cualquier recorte que hubiésemos efectuado en ellos nos provocaría
problemas de funcionamiento. Sí hemos efectuado el cumplimiento de las
obligaciones en los capítulos IV, VI y VII, con una diferencia respecto a
los créditos iniciales, en el capítulo IV, de 7.343 millones, en el VI,
Inversiones reales, por 59 millones, y en el VII, Transferencias de
capital, por importe de 10.599 millones.
Esto es, a nuestro juicio, lo que debíamos hacer en el sentido de que, si
vemos el análisis de las partidas, se puede apreciar que prácticamente en
su totalidad corresponden a programas que no inciden en la política
industrial activa que nosotros pretendemos llevar a cabo, que no afectan
tampoco a sectores estratégicos ni, por supuesto, a la investigación y al
desarrollo.
Las partidas más afectadas por estos ajustes de obligaciones son las que
tienen como destinatario al Instituto de Crédito Oficial, tanto como
perceptor de transferencias nominativas, y ustedes saben que en nuestro
presupuesto figuran partidas para compensación de quebrantos por
préstamos excepcionales y por avales de reconversión, como partidas no
nominativas, también al Instituto de Crédito Oficial, que afectan a los
planes de reconversión siderúrgica. También se ven afectadas las primas a
la construcción naval y en alguna cuantía las transferencias a empresas
mineras, entre ellas Hunosa.
El desglose por partidas, para que quede clara la cuestión. En el
capítulo IV, como les decía, por un total de 7.343 millones de pesetas,
se afectan a los siguientes conceptos: la compensación de quebrantos por
préstamos excepcionales al ICO, por importe de 980 millones de pesetas;
la subvención a Hunosa sufre una disminución en obligaciones de 4.053
millones de pesetas; la subvención a Minas de Figaredo de 230 millones;
el Plan de Seguridad Minera, de 80, y al ICO, para compensación de
quebrantos por avales y préstamos de reconversión, que es a lo que hacía
referencia en cuanto a la siderurgia, 2.000 millones de pesetas, lo que
totaliza los 7.343 millones.
En el capítulo VI, en la parte que corresponde a inversiones del área de
energía, efectuamos un ajuste o una previsión de 59 millones menos, que
afecta fundamentalmente a partidas de estudios, que ha llevado a cabo el
área de energía. También afecta en una cuantía insignificante a una
aportación que se hacía a los Laboratorios Madariaga, de la Escuela
Superior de Minas, para que fuesen adquiriendo material; según
entendíamos, de acuerdo con lo que el Secretario General de la Energía ha
previsto, la aportación en este momento no era necesaria y hemos operado
este pequeñísimo recorte.
En el capítulo VII afectamos a una serie de conceptos por unas cuantías
muy poco importantes: en el medio ambiente energético-minero prevemos 172
millones y luego, tres partidas de transferencia a los tres organismos
dependientes del área de energía, al IDAE, al CIEMAT y al ITGE, por
importe respectivamente de 185, 118 y 188 millones de pesetas. Los tres
conceptos presupuestarios afectados en mayor cuantía son, por orden, la
explotación, ordenación y seguridad minera, que experimentará un ajuste
de obligaciones de 1.524 millones de pesetas, las primas a la
construcción naval, que no se comprometerán 5.012 millones de pesetas, y
en planes de reconversión siderúrgica por 3.400 millones de pesetas. Así
nos da los 10.599 millones a que hacía referencia.
A nuestro juicio, este ajuste que efectuamos provisionalmente para la
ejecución del presupuesto de 1995 nos permite cumplir los programas que
sí representan la parte más importante en cuanto a objetivos prevista del
año 1995. No afectamos por minoraciones al programa 542-E, Investigación
y desarrollo tecnológico, que exclusivamente se vería disminuido en los
172 millones de pesetas a que he hecho referencia en el sector
energético-minero; nos parece una cuantía insignificante, teniendo en
cuenta que la totalidad del programa representa 58.814 millones. Y no
resultan minoradas partidas tan significativas como el PATI, las
transferencias al CDETI o la participación en la Agencia Espacial
Europea.
No hay ninguna afección a las partidas integrantes del Programa de
competitividad de la empresa industrial, que tenía una dotación de 3.034
millones de pesetas, en la que se incluye el PITMA y el Plan RETES, y
tampoco resulta minorado el Programa 722.C, de calidad y seguridad
industrial, ni el 724.B, de apoyo a la pequeña y mediana empresa
industrial, la conocida en este caso iniciativa PYME.
Esta es la situación de la que partimos. Quiero significarles dos cosas:
una, que en los criterios de ejecución presupuestaria que adoptó ya el
Ministerio a partir del año 1994 en la previsión de cumplimiento, tanto,
en el año 1994, en el artículo 10 como, en este caso, en el artículo 11,
nos esforzamos en que realmente no se produzca ningún compromiso de gasto
que afecte a las cuantías previstas para el cumplimiento de estos
artículos de la Ley General de Presupuestos; así, en el ejercicio de 1994
nos encontramos en una situación, al iniciar 1995, en la que habíamos
comprometido por debajo de los 15.000 millones, que entonces significaba
el cumplimiento del artículo 10, con lo que en el presupuesto real que
nosotros tendríamos que haber ejecutado, por dificultades técnicas de
última hora en el mes de diciembre, nos encontramos con unos compromisos
de gasto por un importe de 4.999 millones de pesetas con cargo al
presupuesto del año 1994, que serían los remanentes de crédito a
incorporar en el ejercicio de 1995. Y puesto que el Consejo de Ministros,
en el acuerdo del que estoy tratando de explicar la afección al
Ministerio, nos ha permitido una incorporación de 3.000 millones de
pesetas, hemos tenido, por decirlo de alguna forma, una pérdida, respecto
a la ejecución del presupuesto del año 1994, de 1.999 millones de
pesetas. Esta es, señoría, la situación del presupuesto del año 1995.
Entendemos que con esta previsión cumpliremos los objetivos que nos
habíamos propuesto al inicio del ejercicio y debo decir que, teniendo en
cuenta que seguimos practicando la misma política presupuestaria, es
decir, la de cumplir estrictamente los compromisos afectados y por tanto
no comprometer eso en el ejercicio de 1995, seguiremos en una situación
en la que, a nuestro juicio, siendo el presupuesto del Ministerio de
Industria un presupuesto ajustado, nos esforzamos en que no tengamos que
experimentar, por incumplimiento de estas previsiones, en los años
sucesivos, problemas que afecten a esos presupuestos justos que venimos
teniendo desde hace varios ejercicios.
Estoy a su disposición para completar la información y espero que haya
sido lo esquemática que la Presidencia me ha solicitado que sea y, al
mismo tiempo, lo completa que yo desearía.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: El objetivo de la comparecencia que nosotros
hemos solicitado tenía dos partes. Por un lado, conocer esto último que
usted ha citado, qué parte de la no ejecución o de la obligación
reconocida no ejecutada o no reconocida que existía en el año 1994 no
pasaba al año 1995, qué parte de ese volumen significaba que se
renunciaba a proyectos y actuaciones concretas y qué parte no significaba
eso pero sí que ustedes, con los dineros del año 1995, tendrían que hacer
frente al año 1994.
Ese volumen, inicialmente, lo que aprobó el Consejo de Ministros a
primeros de enero, estaba cifrado en 3.644 millones de pesetas, según los
datos que nos aportó el Ministro Solbes en su comparecencia.
Definitivamente, según los datos que usted nos acaba de dar al final, son
cuatro mil novecientos y pico millones de pesetas --no he cogido la cifra
exacta--. Me gustaría que usted nos explicara la distribución
de esa declaración de no disponibilidad derivada del ejercicio de 1994,
cómo va a afectar a los compromisos de 1994 que no se ejecuten y cómo va
a afectar a los presupuestos de 1995.
Ha explicado usted muy bien y muy detalladamente la otra parte, que
significa la contención en obligación reconocida, en principio unos
18.000 millones de pesetas y, según su distribución aproximadamente
también, de esos 17.000 millones de pesetas o algo más. Usted ha
explicado esa distribución muy exhaustivamente, citando los programas que
se van a afectar, inclusive los proyectos y los organismos. En la misma
medida que hemos tenido esta información dirigida a lo que pudiéramos
llamar la contención de la obligación reconocida de 1995, me gustaría
conocer la evolución de los otros cuatro mil y pico millones, si no es
con este mismo grado de precisión con el que usted crea oportuno, con un
comentario, y es que la liquidación del presupuesto de Industria en el
año 1994 venía de una evolución, tanto en el capítulo IV como en el VII,
de reducción sobre el año 1993. Mirando todos los parámetros que podamos
comparar, mirando la obligación reconocida, hay menos obligaciones
reconocidas en 1994 que en 1993, y se nos pueden proponer ahora todavía
menos --190.000 en 1994 y 172.000 al final de 1995; estoy hablando de
cifras globales del Ministerio--. Si hablamos de pagos ordenados, también
tienen una menor ejecución en 1994 que en 1993, y si hablamos de los
pagos realizados, exactamente igual, hay una distancia, según cada uno de
los escalones, en la ejecución. Quiere eso decir que esto choca con el
comentario de que hacen falta políticas activas e impulsar la política de
industria. Usted ha dicho, y lleva razón, que hay dos programas, el 722.C
y el 724.B, que no se tocan; es cierto. Me gustaría ver si la otra parte
tampoco los toca.
En los planes de reconversión, la prima a la construcción naval y todo el
tema de seguridad minera sí tienen su proyección a determinados sectores
que yo creo que hoy están en una situación complicada, máxime cuando
hablamos de empresas como Hunosa, que tiene una situación de debate, si
no permanente, muy encima de la mesa. Por tanto, mi pregunta iría
dirigida, señor Presidente, a una distribución mejor de lo que pudiéramos
llamar esa no derivación del año 1994 y a intentar acompasar, porque
aunque usted ha relativizado muy bien, lo ha hecho bastante bien, que
tampoco es para tanto porque los porcentajes son pequeños. Decía
Disraeli, que era Ministro de la Reina Victoria, que hay tres clases de
mentiras: la pequeña mentira, que se dice en familia; el perjurio, que se
dice en los tribunales, y la gran mentira, que es la estadística. En los
porcentajes ya sabe usted aquello de la distribución, que es muy malo
sacarlo, porque si me toca a mí el 0,01 me ha pillado el cien por cien.
En ese sentido era en el que yo le quería poner en relación voluntad y
declaración de mayor política industrial y, sin embargo, menores
recursos. Si usted lo hace, desde luego le tendrían que nombrar Ministro
de cualquiera de las carteras, porque es cuadrar el círculo, cosa
difícil.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Como aquí se ha puesto de manifiesto, en la
liquidación de 1994 ya observamos una reducción en los gastos
precisamente de los capítulos IV y VII, que son los más afectados
también, una vez más, en 1995, y nos da la sensación de que eso es un
preámbulo de lo que va a ocurrir en el año 1996. Por eso yo quiero
manifestar nuestro desasosiego o nuestro desencanto, porque quizás
hubiéramos deseado que se hubiera producido también un recorte similar al
total de lo afectado, que es el 8,5 por ciento del presupuesto inicial
previsto por el Ministerio, a los capítulos I y II. Ese paso que se ha
producido de 190.000 a 172.000, que son 18.000 millones, como ha
manifestado el señor Subsecretario, supone que su Ministerio, el
Ministerio de Industria, sea el cuarto más afectado de todos los
Ministerios. Después de los recortes que se han producido al Ministerio
de Administraciones Públicas, al de Asuntos Exteriores y al de Comercio y
Turismo, está el Ministerio de Industria. Lo que nos preocupa a nosotros
es si esto va a afectar, como nosotros nos tememos, a alguno de los
compromisos que se han venido realizando en los últimos tiempos y de qué
forma este recorte va a incidir en algo que ha presentado a bombo y
platillo su Ministerio, como son las realizaciones que se anuncian y se
prevén en el libro blanco de industria, en el cual se hablaba del
compromiso de alcanzar un 5 por ciento de producto interior bruto para
inversiones públicas dedicado a la promoción de nuestra industria; si
tiene algún dato más concreto sobre cómo va a afectar esto precisamente a
ese campo, al campo de las inversiones, y sobre todo a los compromisos
establecidos en el libro blanco.
Ya nos ha dicho que no va a afectar al compromiso adquirido por el
Ministerio de Industria en la llamada «Iniciativa Pyme de desarrollo
industrial»; veremos en qué queda al final ese compromiso y si son
ciertas sus palabras. Lo podremos ver cuando procedamos a hacer la
liquidación final. No tenemos mucha confianza en que se cumpla, porque
hemos visto cómo a su Ministerio le aplican recortes ya avanzado el año.
Concluyo diciendo que una vez más estamos ante una política
presupuestaria poco seria. Hemos visto cómo este año se ha batido
absolutamente el récord. Estábamos acostumbrados a que la política
presupuestaria presentada por el Gobierno al Parlamento no se cumpliera,
unas veces por exceso y otras veces, como pasó en el año 1994, por
recortes; pero nunca que estos recortes se habían aplicado de forma tan
rápida, un mes después de que se aprobaran los presupuestos en el
Parlamento. Esto parece que viene a demostrar que esa política
presupuestaria no estaba bien concebida, sino que era una política
presupuestaria que, en principio, puede soportar importantes ajustes,
porque según las propias declaraciones del subsecretario --y esto nos
choca-- estos recortes no inciden en la política industrial activa, no
afectan a los programas de I+D, y permiten cumplir la mayoría de los
programas. Me ha parecido observar en sus manifestaciones, señor
subsecretario, que usted no está disgustado con el recorte; que usted va
a realizar esfuerzos por soportar dicho recorte, pero que no está muy
preocupado en el cumplimiento de los objetivos que marcó el Gobierno en
el debate de presupuestos, en el
cumplimiento de los programas que en el mismo se presentaron.
Nosotros no estamos convencidos de que esos objetivos al final puedan ser
cumplidos con este recorte, tal como se ha producido, que, como decíamos,
afecta fundamentalmente a los capítulos 4 y 7.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Socialista tiene la
palabra el señor Ros.
El señor ROS MAORAD: Bienvenido, señor subsecretario, a esta casa en esta
mañana de subsecretarios.
Dicho esto quisiera hacer un «praevius». Yo no estoy de acuerdo con que
los grupos que han solicitado esta comparecencia hablen en la misma de
reajuste presupuestario, porque parece evidente que para que haya un
reajuste previamente ha debido de haber un ajuste; en un presupuesto que
hemos aprobado hace unos días y que no ha sufrido ningún tipo de ajuste,
no es adecuado, en absoluto, hablar de reajuste.
Por otra parte, no nos llama la atención que algunos se extrañen de que
algo que permite la Ley, como es proceder a este tipo --eso sí-- de
ajustes o de recortes para cumplir los criterios de convergencia, y que
ha sido aprobado en esta Cámara, se presente con unos tintes de
desasosiego político. No hay ningún tipo de desasosiego; no hay ningún
tipo de ilegitimidad a la hora de proceder a hacer estos ajustes y
recortes presupuestarios, sino simplemente, y mal que les pese a algunos,
se está actuando desde la seriedad del que tiene la responsabilidad de
gobernar para que precisamente esos compromisos que España tiene en lo
que es nuestra convergencia con Europa puedan ser cumplidos.
En el caso del Ministerio de Industria, ¿cuáles son esos recortes? Decía
muy bien el señor subsecretario que en ese Consejo de Ministros, del día
27 de enero, se adoptaron una serie de medidas, de acuerdo con el
artículo once de la Ley 41/1994, en las que se establecía que como máximo
el reconocimiento de obligaciones presupuestarias no financieras del
Ministerio de Industria quedara fijado en 172.487 millones de pesetas en
lugar de los 190.480 millones de pesetas del presupuesto inicial; supone,
indudablemente, una minoración en obligaciones de 18.001 millones de
pesetas.
Pero debíamos ir más allá, porque si estamos actuando de acuerdo con la
ley y tenemos también mandato de hacer esa aminoración, deberíamos
analizar, como muy bien hacía el señor subsecretario, dónde se produce
esa minoración.
Tengo que decir que desde mi grupo contemplamos desde un punto de vista
muy positivo las partidas que han sido minoradas. ¿Por qué? No porque nos
guste que haya menos dinero, sino porque lo que son los objetivos
fundamentales, los objetivos generales, los objetivos no negociables para
el Ministerio de Industria, permanecen intactos. Va a permanecer intacto
el programa 542. Todo lo que afecta al CDTI, al PATI, al Pitma, al Retex,
son programas que no se van a ver afectados por este ajuste. No se va a
ver afectado el programa 522.C, que es, nada más y nada menos, que el
segundo plan de calidad de la industria de España. Tampoco se va a ver
afectado el programa 724.B, uno de los programas presentados por el
ministerio como insignia de los presupuestos del año 1995.
En ese sentido tengo que felicitar al ministerio porque ha sido capaz de
reducir en aquellos programas lo que no era fundamental o esencial de los
presupuestos de este ministerio para 1995.
Por otra parte, tampoco deberíamos olvidar que el Ministerio de Industria
es responsable de lo que es, y que hay otros muchos organismos, entre
ellos comunidades autónomas gobernadas por algún grupo que reclamaba aquí
cosas al ministerio, que tienen transferidas las competencias en
industria. Por tanto, no me parece adecuado tener únicamente como frontón
de exigencia de la reclamación al Ministerio de Industria, cuando muchos
de los que reclaman pueden tener también, o deberían tener la obligación
de reclamar eso mismo allí donde gobiernan.
El que no haya ajuste ni recorte en los capítulos 1 y 2 me parece que no
debe producir desasosiego al Partido Popular. Cuando estos presupuestos
se presentaron a la Cámara se insistió por parte de los grupos de la
oposición que había que reducir los capítulos 1 y 2, eterno sonsonete de
aquellos que están en la oposición. Ya se dijo en aquel momento que los
presupuestos estaban hechos con gran austeridad y eran partidas que no se
podían rebajar en absoluto, a no ser que quisiéramos que se corriera el
riesgo de que se paralizara el propio ministerio. Prueba de ello es, una
vez más, que aun en momentos en que pueda haber una mayor dificultad
presupuestaria, no ha sido posible rebajar los capítulos 1 y 2; por
tanto, no es eso lo que me desasosiega, sino que me reafirma en que este
presupuesto fue hecho con criterio de austeridad.
Aunque no era la cuestión de la comparecencia, porque creo que el señor
subsecretario ha hecho una intervención muy ajustada, muy precisa y muy
adecuada, se ha planteado el eterno sonsonete del comprometido, obligado,
ejecutado. Estoy seguro que quien dice eso sabe que muchos programas cuyo
gasto se compromete en un mes, se obliga en otro y se llega a ejecutar
cuando han sido certificados y se ha garantizado que esos objetivos han
sido cubiertos; por tanto, no era el momento de plantear esas cuestiones.
Finalmente quiero decirle, señor subsecretario, que para nosotros,
sintiendo que se haya tenido que realizar ese recorte y sabiendo que se
hace de acuerdo con la ley, se ha producido de forma inteligente. Digo
esto porque los programas que eran la bandera de este ministerio, van a
estar en marcha, no dudo que se van a desarrollar y no dudo que esto no
afecta para nada a lo que aquí se ha llamado el Libro Blanco de la
industria o al plan de la industria de España que, por otra parte, hoy
parece ya reconocer la oposición, y el día que el Ministro vino a
presentarlo fue descalificado rotundamente.
Por mi parte, nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor
subsecretario para contestar a las cuestiones planteadas.
El señor SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Girbau García): Señor
Ríos, en primer lugar me pedía explicación más o menos detallada de los
4.999 millones de 1994. Con la misma precisión que, le agradezco,
reconoce en la información que previamente le he dado, intentaré
explicárselo y espero que sea así.
Los 4.990 millones --exactamente son 4.990,8-- se producen en los
siguientes capítulos y partidas. En el Capítulo 6, de inversiones reales,
la partida correspondiente a la Secretaría de Estado de Industria, una
partida de estudios y asistencia técnica, por importe de 8,6 millones. En
el Capítulo 7, transferencias de capital y en el ámbito de la Secretaría
General de la Energía, están afectadas las siguientes actuaciones: en I+D
energético-minero, 120,5 millones; por transferencias al IDAE, 594, en el
plan de ahorro y eficiencia energética, 1.729,5; una transferencia al
ITGE, por importe de 138,5 millones, y una transferencia al Ciemat, por
importe de 104,5 millones. En el mismo ámbito de la Secretaría General de
la Energía, Dirección General de Minas, en el programa de exploración,
ordenación y seguridad minera, está afectado un importe de 541,8
millones. En el ámbito de la Secretaría de Estado de Industria, en la
Dirección General de Tecnología Industrial, el PATI tiene una afección de
20,4 millones de pesetas; la Dirección General de Calidad, Plan de
calidad, 147,5; la Dirección General de Industria, el PATI-SBT, 115,7; el
Plan Retex, 139,5; el Plan de diseño industrial, 116,9, y en el Pitma,
1.213,4 millones de pesetas. Todo ello nos da el total, al que hacía
referencia, en el Capítulo 7, de 4.982,2 millones de pesetas, y la suma
de los Capítulos 6 y 7 nos proporciona la cifra de 4.990,8 millones de
pesetas.
Sobre esto, como les decía, y de acuerdo con la propuesta del Ministerio
de Economía y Hacienda, se pueden realizar, de hecho ya lo hemos
solicitado y esperamos seguir haciéndolo, incorporaciones hasta un
importe total máximo de 3.000 millones de pesetas. En consecuencia,
estamos en la obligación de seleccionar qué vamos a incorporar y qué no
vamos a incorporar. En ese sentido, estamos en trámites de solicitar las
incorporaciones y esperamos que, efectivamente, se computen y se cumplan,
en el plan de ahorro y eficiencia energética, 1.729,5 millones. Vamos a
solicitar la incorporación de los 20 millones del PATI, de los 147 del
plan de calidad, los 115 del PATI-SBT, los 139 del Plan Retex y 838,8
millones del Pitma. Esto nos da un total de 2.991,4 millones, a los que
añadiremos los 8,6 millones de estudios que realmente se contrataron, por
ineficiencias administrativas no se pudo contraer la cifra, y estamos
obligados a pagar el estudio por 8,6 millones, que nos da la cifra de
3.000 millones. Si ustedes comparan este programa de incorporaciones que
estamos solicitando al Ministerio de Economía y Hacienda, para dar
cumplimiento a los 3.000 millones, con las partidas afectadas por las
obligaciones del artículo once, verán que son plenamente concordantes y
que nuestras afecciones, en un caso y en otro, indican también las
prioridades de cumplimiento de programas.
Esta es la explicación que usted me solicitaba respecto a esos 4.000
millones. Insistiría en que crucen ustedes estas solicitudes de
incorporación con aquello que no solicitamos incorporación, y que se
corresponde exactamente con partidas o con programas que afectamos en el
cumplimiento de obligaciones, porque entendemos que no son prioritarios,
y en ese sentido verán que nuestra política presupuestaria y de objetivos
es absolutamente coherente.
Me preguntaba usted por varias cuestiones: el tema de la seguridad
minera, los planes de reconversión naval, el sector naval y Hunosa. Creo
que eran las cuatro cuestiones puntuales que debo responder. Si quiere
empezamos por Hunosa porque la explicación es muy cortita y me parece que
es plenamente comprensible.
Como usted sabe en Hunosa presupuestariamente teníamos 50.000 millones de
pesetas como aportación de los Presupuestos Generales del Estado al
contrato-programa. Ustedes saben también que en Hunosa hay un plan de
empresa, acordado con los sindicatos. Desde el Gobierno, desde el INI y
desde los sindicatos mineros la voluntad y creo que así se está
manifestando públicamente puesto que la situación de Hunosa en estos
momentos, al menos según reconoce la Comunidad asturiana, es inusitada
respecto a años anteriores, en sentido favorable, queremos que se cumpla
el plan aprobado y el convenio o acuerdo que, en su momento, se firmó con
los sindicatos de la empresa --se está cumpliendo positivamente a juicio
de todos-- y ello hace necesario respetar los compromisos que todos
tenemos.
Ustedes saben también que Hunosa se ha venido financiando
tradicionalmente por dos vías: la aportación del Estado vía
contrato-programa, que a su vez y por el «décalage» propio de las
liquidaciones en los contratos-programa, con el transcurso del tiempo
necesita créditos extraordinarios que esta Cámara aprueba por ley y se
producen por los cálculos numéricos necesarios de cumplimiento de las
estimaciones de ingresos de la empresa en el transcurso del ejercicio
anual y, por otra parte, anualmente el Instituto Nacional de Industria,
como accionista de Hunosa, aporta también capital a la empresa para su
funcionamiento.
Hemos hecho esta reducción en la aportación desde los presupuestos
generales a Hunosa, teniendo en cuenta la capacidad y la posibilidad, sin
ninguna duda, de que por parte del Instituto Nacional de Industria se
compense y complemente hasta cubrir el importe total del
contrato-programa de Hunosa, que en estos momentos se está debatiendo
entre nuestro Ministerio, el Ministerio de Economía y Hacienda y la
propia empresa con el Instituto Nacional de Industria, lo que nos
permitirá precisar exactamente la evolución de la financiación de la
empresa para el período de duración del contrato-programa.
En cualquier caso, esta afección de compromiso insisto en ello, porque
estamos hablando no de recortes, sino que estamos jugando con un concepto
que estaba en la Ley de Presupuestos que ustedes aprobaron y que, en
lógica coherencia y creo que en un ejercicio de realismo, intentamos
prever anualmente para no sufrir los embates posteriores que la no
incorporación de remanentes provocan, ello hace que estos 4.000 millones
--lo creemos así porque lo hemos consultado con el Instituto Nacional de
Industria--
podrán ser perfectamente soportados por el accionista dentro de su PAIF y
de sus aportaciones anuales a Hunosa.
Respecto al tema de planes de reconversión y sector naval, debo reiterar
algo que se expuso por parte del Secretario de Estado de Industria, en su
comparecencia para explicar los presupuestos del ministerio. Me parece
que en aquella comparecencia el Secretario de Estado de Industria hacía
referencia a que la situación tanto en los planes de reconversión de la
siderurgia, que son deudas anteriores que venimos computando y anotando
al Instituto de Crédito Oficial, como todo el plan del sector naval tenía
unas insuficiencias, de las que se sabía que partíamos, y afectar en
estos momentos la no obligación de esas cuantías por la totalidad que
figura en el presupuesto, el efecto que va a producir es desplazar en el
tiempo tanto las amortizaciones o los pagos que haya de hacer al
Instituto de Crédito Oficial como en su caso, al sector naval partiendo
de un dato, que me parece importante y al que creo también hacía
referencia el Secretario de Estado de Industria, que es la existencia de
un nuevo sistema o de una ampliación de plazo a través de un decreto que
regula las ayudas al sector naval y que ampliaba los plazos de estas
ayudas, por una parte, y la situación de cartera del sector que le hacía
prever a él como responsable de este sector la existencia
desgraciadamente para todos --porque a todos nos gustaría tener un sector
naval potente y con cartera de pedidos--, de esa cartera corta que
realmente hace que sea posible realizar estas previsiones. Me parece que
esto es lo que puedo explicarle respecto a sus preguntas.
Señor Hernando, en su intervención hay algunas apreciaciones de tipo
general sobre las que trataré, al menos, de explicar cuál es la posición
del ministerio. Hacía --eso he entendido-- algunas peticiones concretas;
en principio, nos solicitaba un recorte de los capítulos 1 y 2, eso me ha
parecido entender en su intervención.
Quiero insistir en la justeza de la consignación presupuestaria de los
capítulos 1 y 2 del Ministerio de Industria. El capítulo 2, por mucho que
nos empeñemos, estamos en los límites razonables de sostenimiento del
gasto corriente del ministerio. Cualquier reducción del capítulo 2 que no
se produzca por circunstancias de mercado, de precios que inciden en lo
que es el gasto corriente u otras circunstancias, nos impediría funcionar
razonablemente. Aquellas partidas que habitualmente son objetivo de
control, llámense gastos de representación u otras, quisiera
significarles simplemente que son tan cortas que andamos en los límites
justos de poder aguantar. Simplemente quiero decirle que el Ministerio de
Industria para gastos de representación de todos sus cargos, en los que
se incluyen, evidentemente, los gastos de desplazamiento y otros, tiene
11 millones de pesetas para el total del año. Me parece que no es una
cantidad excesiva para el número de cargos que tiene el Ministerio de
Industria y eso nos obliga, de verdad, a un esfuerzo de realismo, de
ahorro y de contención del gasto que creo resulta evidente por la
ejecución que hacemos del capítulo 2.
Respecto al capítulo 1, hay algo que me parece obvio. Tenemos el número
de funcionarios que tenemos; tenemos los niveles salariales que existen y
me parece que no tenemos vacantes suficientes que permitan efectuar
ningún ajuste, porque no lo hay, ni me parece que sea exigible al
Ministerio de Industria más recortes de capítulo 1 de los que realmente
hemos venido operando desde nuestra incorporación a las responsabilidades
del ministerio.
Quisiera simplemente recordarle dos cuestiones que hemos efectuado, que
son públicas, y me parece que es algo significativo. Nosotros hemos
suprimido una secretaría general, hemos suprimido la Secretaría General
de Promoción Industrial; eso significa un ahorro de estructura. Hemos
propuesto --aunque esté todavía pendiente de aprobación por el ministerio
competente-- una nueva estructuración de la Administración periférica del
Ministerio de Industria y Energía que, según nuestros cálculos internos,
caso de ser aprobada por el Gobierno y con el visto bueno del ministerio
competente, significaría una posibilidad de ahorro en torno a los 40
millones de pesetas anuales. Ese es nuestro esfuerzo de realismo que, en
un caso, viene efectuado y, en el otro, esperamos y confiamos que el
ministerio y el Gobierno entiendan que nuestra reforma se atiene a los
criterios que viene definiendo el ministerio competente de que es viable,
de que es posible y de que nos va a permitir seguir funcionando con unos
ahorros de coste que nos vendrían muy bien para poder aplicar en otros
capítulos presupuestarios, fundamentalmente de gasto corriente u otros en
los que realmente estamos ajustados y cortos. Lo único que pretendemos es
que los ahorros que generemos nos permitan al menos no tener holguras,
pero sí que no tengamos que andar con grandes justezas.
Le preocupa el cumplimiento del Libro Blanco de la industria. Quisiera
decirle que el debate de política industrial que en estos momentos se
está suscitando es un debate social que aportará --y creo que no debo
reiterarme demasiado en esta cuestión-- la previsión que el ministro ha
explicado suficientemente en su comparecencia; aportará al Gobierno un
criterio global, no de ministerio sino de Gobierno, que afectará o deberá
afectar a lo que sea el futuro de la industria de España. En
consecuencia, si ese debate es global, no afecta sólo al Ministerio de
Industria, y eso creo que ustedes lo saben muy bien; afecta al Ministerio
de Industria y a todo aquello en lo que el ministerio tiene competencias
y materias de competencia en el ámbito del debate que se está suscitando.
Como creo que ustedes conocen perfectamente, lo que piensa el ministerio
en este momento que será el futuro de la industria española no sólo se
cifra en actividades de fomento y apoyo económico a los sectores
industriales. Hay otras variables de tipo legislativo, de tipo fiscal, de
muy distinto tipo, que a juicio del Ministerio de Industria afectan y
servirán de apoyo y ayuda al futuro de la industria española. Eso será lo
que en su momento tendrán ustedes que sustanciar, una vez que el
Gobierno, terminado este debate con la sociedad, remita a la Cámara lo
que ha adquirido como obligación; las resoluciones que definan ese futuro
industrial.
En ese sentido, las afecciones, inversiones y otras materias deberán en
todo caso surgir de ese debate y deberán contemplarse no exclusivamente
en los presupuestos del Ministerio de Industria y Energía, sino en todos
aquellos
presupuestos de cuantos ministerios el Gobierno estime que estén
afectados y sea necesario afectar para lograr un futuro positivo para la
industria española.
Decía usted en su intervención que no confía en que se cumpla la
iniciativa PYME. Desde el punto de vista presupuestario, he manifestado,
y creo es patente, que no hemos modificado en una peseta a la baja las
cifras previstas de aportación por el Ministerio de Industria para la
anualidad de tal iniciativa. Usted sabe muy bien, porque creo que esto se
ha explicado, que la iniciativa PYME surge en la Conferencia Sectorial de
Industria. Es una iniciativa en la que no sólo se computa la cuantía
comprometida en presupuestos por el Ministerio de Industria y Energía,
sino aquellas cuantías que todas las comunidades autónomas que han
aceptado su participación en esa iniciativa PYME están presupuestando y
van a presupuestar.
El cumplimiento o la ejecución presupuestaria de esa iniciativa (y en
ello no excluyo, en absoluto, la responsabilidad que tenemos como
Ministerio de Industria y como promotores de tal iniciativa) sabe usted
que va a depender de la gestión conjunta que hagamos todas las
comunidades autónomas y el propio Ministerio de Industria a través del
IMPI. Hasta el momento, la marcha que se lleva en el período de
cumplimiento de la iniciativa en cuanto a la firma tanto de los convenios
marco como de los convenios específicos con todas las comunidades
autónomas sigue siendo a nuestro juicio absolutamente satisfactoria. En
aquellas comunidades que queda pendiente la firma --exactamente en
cuatro--, esperamos que sea posible cuanto antes, una vez que transcurra
el período o una vez que tomen sus decisiones. En algunos casos son
comunidades autónomas que ni siquiera han procedido a aceptar algún
paquete de transferencias en materia de industria y energía y tienen una
situación absolutamente atípica respecto al resto. Me estoy refiriendo a
una comunidad en concreto. En las otras comunidades autónomas, por
diversas razones, aún no se ha procedido a la firma. En aquellas en las
que se ha procedido a la firma tanto de los convenios marco como de los
específicos, la iniciativa está funcionando y supongo yo que los
resultados en su momento podrán ser tan positivos como todos esperábamos
en la Conferencia Sectorial de Industria en el momento que se acordó la
iniciativa PYME.
Respecto a la política presupuestaria poco seria, tengo la sensación de
que su manifestación afectaba a la política presupuestaria del Gobierno,
no exclusiva y directa del Ministerio de Industria. Supongo que voces más
autorizadas que la mía han respondido a cuál sea la posición de la
política presupuestaria poco seria a que usted aludía. En todo caso, debo
decirle que en mi opinión la política ha sido seria desde el momento en
que se está dando cumplimiento por parte del Gobierno a un artículo de la
Ley de Presupuestos que esta Cámara aprobó en su momento. Lo que se ha
hecho con el acuerdo del pasado mes de enero es dar cumplimiento a lo que
preveía el artículo once de la Ley de Presupuestos que aprobó esta
Cámara.
Respecto a los recortes, donde creo que realmente se ha producido un
ahorro es en lo que hace referencia a la posibilidad de incorporar
remanentes de créditos, me parece que a veces, y siendo todo lo estricto
que se quiera, quizás sea conveniente exigir más a los gestores para que
los presupuestos se ejecuten con precisión, seriedad y rigor y que no
haya excesos en ningún sentido. Me parece que ése es el esfuerzo que se
persigue por parte del ministerio competente y del Gobierno. Si ése es el
esfuerzo, me parece que difícilmente puede ser criticado como de política
presupuestaria poco seria.
Creo que podemos cumplir los objetivos por parte del Ministerio de
Industria, y me remito simplemente a mi intervención anterior, en el
sentido de que aquello que definimos como prioridades presupuestarias en
el debate o en la presentación del presupuesto del Ministerio de
Industria no se ha visto en absoluto afectado en cuanto a los límites de
obligaciones a reconocer en el mes de diciembre. Si somos capaces como
gestores --y espero que lo seamos-- de ejecutar tales partidas, eso
permitirá cumplir los objetivos que el ministerio se propuso.
Por mi parte, señor Presidente, he terminado.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchísimas gracias, señor
subsecretario. Con esto termina su comparecencia.
--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (HERRERO JUAN), PARA DAR
CUENTA DEL REAJUSTE PRESUPUESTARIO APROBADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS
DEL DIA 27-1-95, ASI COMO DE SUS EFECTOS EN LA PUESTA EN MARCHA DEL
JURADO Y EN LOS PROYECTOS DE INVERSION RECOGIDOS EN LOS ANEXOS DE
INVERSIONES PRESUPUESTARIAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
212/001371.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Continuando el orden del día,
vamos a pasar a la comparecencia del ilustrísimo señor Subsecretario de
Justicia e Interior.
Tiene la palabra el señor Subsecretario de Justicia e Interior para
exponer el tema objeto de la comparecencia.
El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (Herrero Juan): Señorías,
voy a tratar de hacer una exposición lo más ajustada posible a lo que se
me solicitaba en la petición de comparecencia, que exactamente decía: dar
cuenta del reajuste y del recorte presupuestario aprobado en el Consejo
de Ministros del 27 de enero, sus efectos en la puesta en marcha del
Jurado y sobre los proyectos de inversión recogidos en los anexos de
inversiones presupuestarias. Son tres, pues, las partes que trataría de
desarrollar sucintamente, en el entendimiento de que si dejo sin
desarrollar algún aspecto podría ser posteriormente aclarado o ampliado.
En primer lugar, como han pasado por aquí un buen número de
subsecretarios, creo que no hace falta señalar el marco normativo en que
nos movemos, el artículo once de la Ley de Presupuestos, que he oído
citaba reiteradamente
mi colega de Industria hace un momento. Hubo un acuerdo de Consejo de
Ministros, de 13 de enero, y posteriormente, que es al que se refiere la
comparecencia, otro de 27 de enero. Digamos que los dos aspectos
fundamentales que tienen algún impacto sobre el presupuesto del
Ministerio de Justicia e Interior son los siguientes. En primer lugar, el
establecimiento de un límite de obligaciones, de acuerdo con el artículo
once de la Ley de Presupuestos, que para el Ministerio de Justicia e
Interior supone el 3,53 por ciento del total de su presupuesto. La
distribución de este límite de obligaciones en el conjunto del
presupuesto resulta muy asimétrica, porque muy asimétrico es nuestro
presupuesto. Aproximadamente, el 80 por ciento de los créditos que tiene
asignados el Ministerio de Justicia e Interior se destina a retribuir a
empleados públicos; por tanto, tan sólo algo más del 20 por ciento del
presupuesto se dedica a otras atenciones, básicamente a gastos corrientes
(capítulo 2), y también a transferencias (capítulo 4), inversiones
(capítulo 6) y muy poco también a transferencias de capital (capítulo 7).
En términos porcentuales, ¿cómo afecta este límite de obligaciones a
nuestro presupuesto? Del siguiente modo: los gastos de personal, muy
poco; la característica de los gastos de personal es que son muy poco
flexibles, son bastante rígidos. Las retribuciones son las que son, la
nómina hay que pagarla y, por tanto, la limitación respecto del capítulo
1, que representa el 80 por ciento de nuestro presupuesto como he
indicado anteriormente, es más bien pequeña; en concreto, el 0,73 por
ciento.
Mayor impacto tiene sobre nuestro capítulo 2, que inicialmente estaba
presupuestado en ciento cinco mil y pico millones de pesetas y ha pasado
a 95.625; por tanto, el impacto ha sido del 9,45 por ciento. También
tiene importancia la limitación de obligaciones respecto del capítulo 4,
con un impacto del 15,7 por ciento. Finalmente y donde más impacto tiene
el límite de obligaciones es en el capítulo 6, siendo, como es evidente,
nuestro ministerio un ministerio no inversor específicamente, que llega
al 29 por ciento.
Podríamos decir, aunque éstas son generalidades, que la previsión del
límite de obligaciones no es algo nuevo en este ejercicio. Si acaso lo
nuevo puede ser la rapidez con que el Gobierno ha decidido establecer
este límite de obligaciones para los distintos centros gestores. Lo nuevo
también está en que este límite no tiene carácter anual, como venía
teniendo otros años, sino que tiene carácter mensual. La rapidez y la
periodificación mensual son dos instrumentos potentes en manos del
Gobierno para hacer que efectivamente los diferentes ministerios cumplan
las previsiones presupuestarias, incluido el artículo once, de no
desviarse, en definitiva, en el gasto respecto de créditos iniciales.
Este primer efecto es el del límite de obligaciones. Hay un segundo, que
seguramente la petición de comparecencia hacía más referencia a él, y
sería lo que ha venido en llamarse el efecto recorte. No es propiamente
un recorte, seguimos teniendo los mismos créditos iniciales que teníamos,
pero sí es cierto que la posibilidad que abre el artículo 73 de la Ley
General Presupuestaria de incorporar los gastos de inversiones ha quedado
limitada sustancialmente este año, como ustedes bien conocen. De hecho,
el ministerio tenía, a final de 1994, algo más de 6.000 millones
comprometidos y no pagados, por mor del límite de obligaciones del año
pasado, y tan sólo 1.000 millones han quedado incorporados a nuestro
presupuesto. Ciertamente, esto tiene el impacto de que hay unos 5.000
millones de obligaciones del año pasado que tendremos que satisfacer con
el presupuesto vigente de inversiones. En esa medida es absolutamente
natural y esperable que hayamos tenido que reordenar el anexo de
inversiones, porque, de los 29.000 iniciales que tenemos, tendremos que
emplear 5.000 millones de pesetas en pagar algunas obligaciones del
ejercicio anterior. Parece bastante claro que tendremos que reordenar
algo el capítulo de inversiones, aunque, como les diré, quizás no
sustancialmente.
Con independencia de que podamos aportar alguna información más
pormenorizada, si SS. SS. así lo desean, pasaría a comentar brevemente
también el segundo aspecto, que es si la Ley del Jurado se va a ver
afectada de alguna manera por la limitación en las obligaciones que
establece el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de enero. Quiero
empezar diciendo rotundamente que no --ahora desglosaré un poco mi
afirmación--; que la ley del jurado entrará en vigor cuando lo apruebe el
Senado, ya que está en este momento, como saben SS. SS., en el trámite
del Senado. Es una ley larga en su tramitación, compleja, se han
presentado, me parece, 138 enmiendas y, por tanto, todavía va a pasar
algún tiempo hasta que la ley esté en el «Boletín Oficial del Estado»,
pero razonablemente se puede pensar que estará en el boletín hacia el mes
de julio y como SS. SS. recuerdan, la ley prevé que entrará en vigor
hacia primeros de enero de 1996. Por consiguiente, es verdad que para que
la ley sea aplicable el día 1.º de enero de 1996 hay que incurrir en
algunos gastos este año ya que, como digo, y pese a la limitación de
obligaciones a que me he referido, el presupuesto del Ministerio de
Justicia e Interior va a hacer frente a ellos rotundamente.
Son tres tipos de gastos los que vamos a incurrir por aplicación de la
ley del jurado. En primer lugar, los que derivan de todo el proceso de
selección de los que van a formar parte de los jurados. Como saben SS.
SS., entre los artículos 13 y 23, en el actual texto, hay un complejo
sistema de designación de ciudadanos que formen parte de los jurados, que
involucran a las delegaciones provinciales de la oficina del censo
electoral y, en última instancia también, a órganos judiciales. Esto
produce una serie de gastos, fundamentalmente del capítulo 2, que de
acuerdo con la memoria económica que se elaboró cuando se hizo el
proyecto de ley, ascendía, en términos bianuales, porque el proceso de
selección de los que van a formar parte de los jurados es bianual, a 43,4
millones de pesetas cada dos años.
En segundo lugar, hay otro aspecto por el que vamos a incurrir también en
algunos gastos como consecuencia de la ley del jurado, que serían todos
los derivados del artículo 7, en su redactado actual, donde se prevé que
los jurados sean retribuidos. Hemos hecho una estimación, porque
la ley se remite a un desarrollo reglamentario, por tanto los datos que
doy son estimativos, pero bastante finos diríamos; hemos hecho una
estimación de qué puede suponer, en términos anuales, la retribución de
los jurados y esa estimación, valorando distintas variables, datos tales
como el salario medio, el número de juicios en los que van a intervenir,
valorando el grupo dos de las indemnizaciones en funcionarios y algunos
otros aspectos, tendrá un coste anual de 1.035 millones de pesetas. Es
obvio que si la ley del jurado, con independencia de que entre en vigor
con anterioridad, no se va a aplicar hasta el día 1.º de enero de 1996,
no habrá que retribuir a nadie y, por tanto, este aspecto fundamental en
el coste de aplicación de la ley del jurado no será soportado por el
presupuesto vigente.
El tercer elemento a tener en consideración para la aplicación de la ley
del jurado, desde el punto de vista del coste, es la adecuación de las
infraestructuras para que el jurado sea operativo desde el día 1.º de
enero de 1996. Tenemos que adecuar, como mínimo, o prever la existencia
de una sala de audiencias adaptada para tal fin, también una sala de
deliberación contigua y, en todo caso, un aseo. Estamos viendo la
posibilidad de que, además, existan progresivamente una serie de
dependencias anejas que puedan incluir una pequeña sala de descanso e
incluso un salón-comedor; y, desde luego, aseos masculinos y femeninos.
El coste de adecuación inicial para no hacer instalaciones faraónicas,
que como saben SS. SS. no son propias de la Administración de Justicia, y
dado el grado de saturación que tienen este tipo de edificios, está
precisamente previsto en el anexo de inversiones por 300 millones de
pesetas. Tengo que decir, como ya he anunciado cuando he empezado a
tratar este punto, que la decisión del Ministerio de Justicia e Interior
es abordar, de hecho ya lo estamos abordando, la ejecución de estas
adecuaciones, la construcción y, en algún caso, puede que incluso el
arrendamiento. En todo caso, durante el presente ejercicio seremos
capaces de gastar lo necesario para que la ley del jurado entre en vigor
cuando está previsto; es decir, 300 millones en infraestructuras y 43,4
millones en el proceso de selección de jurados. Por supuesto, se
pospondrá para el año que viene, tampoco es necesario, ni posible
siquiera que se realice este año, todo el tema de retribución de los
jurados.
Con esto, querría tocar el tercer punto anunciado, que sería la
repercusión de las medidas del control del déficit en los proyectos
incluidos en el anexo de inversiones del Ministerio de Justicia e
Interior. Quizá me gustaría hacer unas reflexiones previas, porque voy a
hacer una exposición obligadamente agregada, pero tal vez tengo que
explicar las razones por las que así lo pienso hacer. Con independencia
de la desagregación...
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Perdone, señor subsecretario,
haga todas las consideraciones que crea del caso, pero tenga en cuenta
que el tiempo es limitado y sea lo más breve posible.
El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (Herrero Juan): Así
procuraré hacerlo.
En todo caso, las reflexiones se enumeran brevísimamente del siguiente
modo: el Ministerio de Justicia e Interior es un ministerio reciente; es
un ministerio que se crea en el mes de mayo del año pasado, y el anexo de
inversiones se elabora en los meses de mayo, junio o julio. Ya
comprenderán ustedes, y no es una justificación, que un proceso de fusión
de dos ministerios tan importantes como los que dan origen al nuevo, no
es quizá el caldo de cultivo más adecuado para poder hacer un anexo de
inversiones muy fino. Por otra parte, el anexo de inversiones es habitual
que se haga tras los estados numéricos y en eso también hemos incurrido.
Por tanto, quiero hacer cierta autocrítica respecto de la posible no
excesiva finura del anexo de inversiones inicialmente elaborado.
Por otra parte, repito, se elabora en las fechas en que he dicho, en
junio, y es evidente que todo gestor cuando hace un plan lo va
reordenando y revisando. Evidentemente hemos revisado ese plan de
inversiones para 1995; por tanto, algunos proyectos que inicialmente
figuraban, no están; algunos que no figuraban, sí están; en algunos que
figuraban con determinadas cuantías vamos a ejecutar menos de lo
previsto, y también en algunos casos, que habíamos previsto gastar
ciertas cuantías, el gasto va a ser mayor del que inicialmente habíamos
previsto. En todo caso y por cerrar rápidamente este capítulo de
reflexión, el propio hecho de haber tenido que pagar en torno a 5.000
millones con el capítulo 6 vigente (de la cantidad inicial de 29.000
millones, que correspondían, repito, a lo no incorporado del año pasado y
que es el efecto realmente importante para el ministerio de la decisión
gubernamental de 27 de enero) supone disponer inicialmente de
aproximadamente el 15 por ciento menos de crédito para poder atender lo
que en principio estaba previsto. Quizá muy agregadamente diría, y creo
que ya lo he expresado, que de un inicial de 29.000 millones en el
capítulo 6 hemos pasado a no tener ningún recorte, pero a tener que hacer
frente a 5.000 millones correspondientes a obligaciones que no se han
incorporado de año pasado.
Por otra parte, y esto sí que estaba previsto en el plan de inversiones
de departamento, hay unos 8.800 millones que son anualidades de proyectos
que se iniciaron el año pasado o hace dos años, que tenían carácter
plurianual, y hay que pagar la anualidad que corresponda en este
ejercicio. Por dejar una cifra encima de la mesa, el resultado final es
que tenemos aproximadamente 15.300 millones para hacer frente a nueva
inversión. No pretendo, ni mucho menos, enumerar en este momento cada
proyecto. En nuestro plan de inversiones tenemos 284 proyectos que, a su
vez, se subdividen en un montón de obras; llevamos este año tasadas ya
454 obras, y el año pasado, en 1994, llegamos a un total de 2.936 obras.
Tengan en cuenta que el número de edificios que mantiene la estructura
del Ministerio de Justicia e Interior es muy elevado, son cerca de 5.000
edificios. Tenemos setenta y tantas instituciones penitenciaras; sólo en
el ámbito de la Guardia Civil tenemos unos 3.200 edificios,
casas-cuartel, etcétera. En consecuencia, hay gran cantidad de ellos en
los que no vamos a hacer ningún tipo de inversión nueva ni de reposición;
sin embargo, hay un buen número
de ellos en los que sí vamos a hacer pequeñas obras. Por tanto, lo que
quería dejar sobre la mesa es que la inversión que hace el Ministerio de
Justicia e Interior está muy distribuida en pequeñas obras en la mayor
parte de los casos.
En aras de la brevedad que me pide el Presidente, doy por concluida mi
intervención inicial y estoy a su disposición, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Ríos
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que esta mañana tenemos
heterogeneidad en la presentación de los distintos subsecretarios a la
hora de explicar los dos elementos que tenía nuestra parte de demanda: el
recorte presupuestario interpretándolo como este no deslizamiento de
5.000 millones de pesetas para este año. Estoy pensando en lo que usted
decía, que 6.000 millones deberían haberse deslizado, incorporado al
ejercicio de 1995 provenientes de 1994, y que solamente se han
incorporado mil. Nos ha hecho una distribución de ese volumen por
capítulos. Me gustaría que nos proporcionara por escrito, si no dispone
de los datos en este momento, la distribución de esos 5.000 millones de
pesetas que no se van a deslizar. Usted dice que son obligaciones
comprometidas que como no tienen los recursos para pagarlo de ese dinero,
tendrán que pagarlo del presupuesto para 1995, y me gustaría que me
precisara una cosa sobre ese número: cuántos de esos 5.000 millones puede
ser renuncia a acometerlo porque las obras no estén iniciadas o porque
las actuaciones no estén iniciadas, y cuánto es lo que se va a acometer
con presupuesto de 1995.
Usted lo ha distribuido fundamentalmente en tres capítulos, y la
explicación de lo que no es recorte sino que es uso de una posibilidad
reglamentaria cual es contener la obligación reconocida mensualmente y al
final del ejercicio en el propio ministerio, dicha explicación la ha
centrado usted en tres capítulos: capítulo 2, porcentaje en torno al 10
por ciento, capítulo 4, con un porcentaje en torno al 15 por ciento (es
importante el capítulo 4 y por eso le preguntábamos nosotros por el
jurado y por otras actuaciones, porque fundamentalmente las
transferencias son las que hacen uso de ese volumen); pero el mayor
volumen lo ha cifrado casi en el 30 por ciento, lo ha fijado en el 29 por
ciento es en inversiones si no he recogido mal sus datos.
A la hora de estudiar el anexo de inversiones yo he utilizado dos
programas fundamentalmente: el 142.A, que son tribunales de justicia y el
ministerio fiscal, las inversiones que hay para distintos juzgados, para
la actuación de todas las obras que se pretendían abordar; y el 144.A,
que son los centros e instituciones penitenciarias, un tema
permanentemente en la palestra sobre todo porque hacen falta grandes
inversiones, grandes recursos para hacer determinadas actuaciones. Usted
ha dicho, y lleva razón, que hay una atomización de proyectos, incluso lo
ha fotografiado diciendo que si miramos el anexo de inversiones hay 284
para este ejercicio a los que hay que sumar cuatrocientos y pico,
proyectos y subproyectos, porque muchos proyectos llevan luego a
actuaciones puntuales en cada provincia. Y ¿cuál es el objetivo? No es
que se recorten, sino que se deslizan en el tiempo de terminados
compromisos, y nos gustaría poder conocerlos. Por tanto, ¿que es lo que
se desliza en el tiempo? De estos dos programas, que son en los que se
concentran desde mi punto de vista los dos grandes volúmenes inversores,
nos gustaría saber en qué actuaciones se distribuyen.
En cuanto a lo que pudiéramos llamar contención de la obligación
reconocida este año en 28.195 millones de pesetas, le diría que, sumando
tanto en el capítulo 4 como en el 6 la ejecución de 1994, ya es un
ministerio que contiene su esfuerzo de actuación sobre el año 1993. He
sumado los dos, me he limitado a coger Ministerio de Justicia y
Ministerio de Interior, que era como funcionaba en 1994 a nivel
presupuestario, y tanto el capítulo 4 como el 6 ya tenían una contención
del esfuerzo. Por eso, le repito, y con esto termino, señor Presidente,
que me gustaría saber cuáles serían los efectos en las dos partes sobre
los programas, en general esos dos programas distribuidos por capítulos
porque entiendo que no es posible hacerlo ahora con los proyectos;
incluso puede ser uno ahora y dentro de seis meses pensar que es
preferible optar por dejar uno y deslizarlo para el año siguiente. Digo
en las dos partes por separado, pues aunque es verdad que contablemente
se suman, es lo mismo y usted después no tendrá que hacer uso de ese
recurso.
Como estoy convencido de que la evolución de la contención presupuestaria
la va a mantener el Gobierno al que usted representa hoy aquí durante los
próximos ejercicios, quiero hacerme a la idea de que deslizaremos sobre
1996 lo de 1995 y, previsiblemente, sobre 1997 lo de 1996. En todo caso,
no entro a discutir esto porque es un problema de prioridades que puedo
compartir o no.
Señor Presidente, como me voy a ausentar de la sala, si llego a tiempo a
la respuesta, bien; en otro caso, si me lo puede aportar por escrito,
mejor.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Así se hará, señor Ríos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Baón.
El señor BAON RAMIREZ: Nuestro reconocimiento al subsecretario por
comparecer. Es una comparecencia que entiendo técnica; los contenidos
políticos que esconde este reajuste son de otra ventanilla, por lo que no
me voy a referir a ellos, ya tendré ocasión, pero sí quiero que nos
suministre la información suficiente que pueda conformar esas otras
comparecencias, esa segunda ventanilla, sobre la que sí tenemos que
abundar.
Creo que ha hecho una buena disección del recorte de 28.000 millones de
pesetas, que es el total de lo que afecta a la Sección 13. No me voy a
referir a esto que se llama eufemísticamente reajuste, que además ha
tenido una presentación muy confusa en medios de comunicación, porque doy
por válido el principio de que a un Gobierno derrochador le sucederá --y
hago votos para que sea rápido-- un Gobierno administrador. No me voy a
referir a eso, pero sí
quiero aclarar posiciones. Digo esto porque nos parece un ministerio
macrocefálico, como he dicho, con 46 subdirecciones generales, 17
direcciones generales, tres secretarías de Estado, pero eso es de otra
ventanilla y al subsecretario no le voy a estrechar sino en orden a que
nos aclare el recorte.
Dice que evidentemente el capítulo 1, de personal, es el más constreñido,
es un presupuesto rígido en un presupuesto gastador, no porque sea altito
y bien parecido el ministro sino porque es verdad que el ministerio no es
de inversión, es gastador.
Creo que en el capítulo 2, gastos corrientes, se pueden dar recortes
sustanciales sin que que se resintiese el funcionamiento general del
ministerio. Eso no es una cantinela, es un objetivo nuestro que se ha
subrayado en las comparecencias previas a la aprobación del Presupuesto.
Ya veo que afecta muy poco, es el 9,45 por ciento dentro de ese
porcentaje interno del reajuste total.
En gastos financieros y en transferencias tampoco hay incidencia
importante. Sí llama la atención que sea en inversiones reales donde se
lleve el grueso del recorte, con el 29 por ciento, me ha parecido oír en
cuanto al porcentaje que ha resumido el señor subsecretario.
El señor subsecretario recordará que pusimos mucho énfasis al quejarnos
de que en los presupuestos referidos a todo el año, en el capítulo de
inversiones hubiese un decremento, una minoración del 2,3 por ciento,
pasando de 48.000 a 47.000 millones de pesetas. No es que fuesen muy
significativos 1.000 millones de pesetas, pero apuntaba una tendencia. En
este sentido, lamentamos que sea precisamente el capítulo de inversiones
el que vaya más a más, como dirían nuestros compatriotas catalanes, el
que descienda. Por eso mi primera pregunta, que abunda en lo que ha
indicado mi predecesor en el uso de la palabra, se refiere a los 5.000
millones que no son disponibles porque vienen arrastrados de compromisos
del ejercicio anterior y le pedimos que nos desglose cuáles son. Ya sé
que hay cinco mil edificios en el Ministerio y que, lógicamente, las
inversiones incidirán en no hacer la reforma o la mejora de muchos de
esos edificios, por lo que a mi Grupo le gustaría que nos especificase en
la réplica o por escrito cuáles son, dentro de los grandes programas del
Ministerio, los que se van a ver más afectados, si el de seguridad
ciudadana, el de la lucha contra la droga, etcétera. Eso en términos
generales. Y quisiera que también nos hablara de los proyectos
específicos más significativos, si lo puede hacer por grandes rúbricas.
Con ello podremos hacer un seguimiento de un presupuesto que yo siempre
he dado en calificar como un arcano y que ahora, a la vista de la
documentación que nos manda Presidencia del Gobierno para celebrar esta
comparecencia, es mucho más enigma. En términos generales ésa es la
información que le solicitamos. Si no nos la puede proporcionar ahora, le
pedimos que se comprometa ante la Comisión para enviarla por escrito,
porque, como digo, nos permitirá hacer un seguimiento sobre el
cumplimiento y la ejecución del presupuesto y ver cómo ha incidido.
Por último, quiero lamentar una vez más que sea en las exiguas
inversiones de este Ministerio donde se meta el bisturí para rebajar,
porque creo que el capítulo 6 se ha quedado en 15.000 millones. Pasar de
48.000 millones a 15.000 millones, que es lo que va a ocurrir en la
práctica, me parece muy grave. Es decir, en lugar de coches-patrulla
vamos a tener al troncomóvil patrullando por las ciudades.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Baón, respecto a la
petición de datos que ha hecho el Ministerio de Justicia e Interior, así
se hará.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor De la Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Intervengo brevemente en nombre de mi Grupo
para, en primer lugar, agradecer al señor Subsecretario la información
que nos ha avanzado verbalmente en su intervención sobre el ajuste o
recorte que se produce en el presupuesto del Ministerio de Justicia e
Interior como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno en el
mes de enero; medidas que a mi Grupo le parecen necesarias con carácter
general y que en lo que se proyecta sobre el presupuesto del Ministerio
de Justicia e Interior son razonables y acertadas. Hay quien interpreta,
por una parte, que es necesario reducir el déficit, y por tanto ajustar
los gastos, y por otra parte se lamenta de que se produzca ese tipo de
ajustes en los gastos, aunque sea fundamentalmente en los gastos de
inversión, en un ministerio en el que el capítulo 1 es de una rigidez
apabullante, porque tiene personas que fundamentalmente desarrollan
tareas al servicio de la seguridad del Estado, y en donde los capítulos 2
y 4 están enormemente ajustados, es muy difícil hacer un recorte en otros
capítulos.
Yo le pido en nombre de mi Grupo, señor Subsecretario, abundando en lo
que han dicho otros portavoces, que cuando pueda, en un plazo breve si es
posible, se nos aporte por escrito la información que usted ha dado,
concretándola en los recortes o ajustes por capítulos y dentro los
capítulos 4 y 6 qué programas y en qué cuantías quedan afectados. Usted
ha dicho --y yo creo que es un buen criterio-- que en el capítulo 6 lo
que se va a hacer fundamentalmente es deslizar en el tiempo las
inversiones. Supongo que en algunos casos quiere decir que una previsión
de 300 millones para este año se puede quedar en 100 ó 150 millones y,
por tanto, la obra se empieza un poquitín más tarde o se hace con un poco
más de lentitud y, en otros casos, pura y simplemente que se retrasa
hasta el año 1996. Qué inversiones se ven afectadas es algo que interesa
conocer a mi Grupo de manera más precisa, y ésa es la información que le
solicitamos.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra de nuevo el
señor Subsecretario para contestar a los problemas planteados.
El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (Herrero Juan): El señor
Ríos ha identificado bien el recorte. Quiero decir que, de las dos
medidas que adopta el Gobierno en enero, una es propiamente recorte, o al
menos esos efectos tiene, en cuanto que la no incorporación de
obligaciones que teníamos hemos de pagarla con el
presupuesto vigente, pero en modo alguno el límite de obligaciones, como
sugería ahora el señor De la Rocha, es un recorte. Es, efectivamente, un
deslizamiento en el tiempo, es un tener que retardar algunas inversiones
que finalmente (y creo que el señor Baón hacía referencia a ello)
acabarán siendo soportadas en el presupuesto del año que viene. Ahorrar
también se ahorra cuando las cosas se hacen más despacio de lo que uno
tenía previsto hacerlas, eso es evidente y pasa en las economías
domésticas, cuanto más en las macrocifras que estamos manejando.
Puedo dar algún detalle adicional sobre el que he proporcionado en mi
intervención primera, pero quizá no con tanta profundidad como los tres
Diputados han pedido, y desde ahora me comprometo a enviar una
información adicional por escrito, incluso identificando proyectos. En
cualquier caso, el efecto de la no incorporación de los 5.000 millones,
en números redondos, ha venido a ser el siguiente. Para los servicios
comunes, que prácticamente tienen muy poco asignado porque nos hacemos
cargo de lo que son los servicios centrales del Ministerio y de las
delegaciones del Gobierno y gobiernos civiles, el efecto de la no
incorporación viene a ser unos 162 millones de pesetas. En la Secretaría
General de Justicia (se ha hecho referencia a ello) son 956 millones de
pesetas. En la Dirección General de la Policía, que es donde se ha
producido el mayor efecto de no incorporación, son 1.775 millones de
pesetas. En la Dirección General de la Guardia Civil, una cuantía algo
inferior, 1.542 millones de pesetas, y en Instituciones Penitenciarias
son 451 millones de pesetas. El resto de la no incorporación hasta los
5.000 millones, que son 200 millones, son en capítulo 7, transferencias
de capital, no en capítulo 6. Sin duda el señor Baón, por error, ha
puesto algunos ceros; es lógico ponerlos de más. Ya quisiéramos haber
tenido en capítulo 7 los 43.000 millones y este año 15.000. Realmente
tenemos del orden de 1.000 millones y partíamos de 4.300, pero ya digo
que cuando tendemos a poner y quitar ceros nos liamos un poco todos.
¿A qué vamos a renunciar? Me parece que he dicho que no incorporamos el
15 por ciento en términos porcentuales. Por tanto, tendremos
razonablemente que renunciar a un 15 por ciento bien de proyectos, bien
de obra. Seguramente no vamos a dejar de hacer lo que teníamos previsto
en la mayor parte de los casos. Preferimos que las obras que teníamos
previstas hacer este año --vuelvo a decir-- bien hacerlas muy al final de
año, incluso prever que las hagamos el año que viene, pero no vamos a
hacer un recorte proporcional porque no nos llevaría a ningún sitio.
Pensamos que los proyectos están bien hechos en general, no siempre --y
creo que he hecho referencia a ello--, por tanto, preferimos concluir
proyectos, o abordar aquellos que creemos que están bien diseñados, y
posponer otros más que recortar proporcionalmente todos.
El señor Ríos me ha pedido la distribución del límite. Creo que la he
dado. Efectivamente he reconocido que en el capítulo 6 es bastante
fuerte, es un 30 por ciento, pero junto a ello quiero decir una vez más
que el límite de obligaciones no supone que no podamos abordar obras este
año con ese 30 por ciento; supone que no podremos pagarlas, pero antes de
pagar una obra hay que hacer toda una serie de operaciones que ustedes
conocen sobradamente y que requieren desde una programación adecuada a
una inclusión en el anexo de inversiones, a un redactado de proyecto
--por otra parte por muy poco dinero--, petición de licencias --he dicho
que normalmente tenemos una estructura muy capilar-- y todas estas
operaciones, de muy poco coste, sí que las podremos abordar en el último
trimestre del año.
Pide --ya he dicho que así lo haré con los tres Diputados que han
intervenido-- un mayor desglose especialmente en el área de tribunales y
de Instituciones Penitenciarias. También ha hecho alguna referencia a que
hay un esfuerzo de contención en el gasto en los años 1993-1994, que
efectivamente nuestro Ministerio ha soportado con un principio de
solidaridad muy fuerte. Nuestros gastos son muy poco flexibles, no somos
un Ministerio inversor, pero debemos poner la parte que corresponde al
Ministerio para hacer el esfuerzo de mejora de gestión y de minoración
del gasto. En cualquier caso, quiero dejar sobre la mesa que salvo los
ministerios que se dedican a prestaciones sociales, Educación, Trabajo y
Sanidad, es nuestro Ministerio el que porcentualmente menos recorte,
entre comillas, soporta o en el que menos impacto ha tenido el ajuste o
las limitaciones que ha establecido el Gobierno.
Señor Baón, le agradezco sus palabras y no me plantee cosas a las que no
puedo responder. Efectivamente, hay otras ventanillas donde algunas de
las cuestiones que sugería, más que enunciarlas, podrían ser mejor
contestadas.
El efecto de limitación ha repetido que son 28.000 millones de pesetas y
es realmente el 3,5 por ciento de nuestro presupuesto --es una limitación
relativamente pequeña-- y si hablamos de la no incorporación, los 5.000
millones de pesetas, estamos hablando aproximadamente del 0,7 ó el 0,8 de
nuestro presupuesto. Estamos hablando de un impacto que, aunque sea
bastante espectacular en algunos capítulos, es no voy a decir
irrelevante, porque toda peseta es buena para gestionar, pero sí de poca
importancia en el conjunto del presupuesto del Ministerio.
Lamenta el recorte en inversiones, que es donde se ha producido, lo
lamentamos todos, y especificaremos por escrito aquellos proyectos que,
insisto (en esto mantengo un criterio algo diferente), no tanto no
vayamos a abordar cuanto vayamos a retardar, aunque sea unos meses, su
ejecución.
Al señor De la Rocha le agradezco igualmente su intervención. Comparto
con él que los efectos del acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de
enero son responsables y acertados en el ámbito de Justicia e Interior,
especialmente en un año --y no he hecho referencia a ello-- en el que el
Ministerio va a tener que abordar algunos gastos adicionales,
precisamente en el capítulo que es más rígido el Ministerio, el capítulo
I. Creo que está en la mente de todos el pacto que ha suscrito el
Ministerio con los sindicatos policiales, que va a suponer un incremento
de retribuciones --entendemos que absolutamente justificado-- que va a
significar un aporte adicional al presupuesto del Ministerio este año del
orden de 11.200 millones y el año que viene de 14.500 millones. Haciendo
una cuenta probablemente algo tosca, pero bastante significativa, el
Ministerio
de Justicia e Interior ha dejado de incorporar 5.000 millones a su
presupuesto y por otra vía --y diré cuál es-- habrá que generar crédito
del presupuesto de la Dirección General de Tráfico, que afortunadamente
es un organismo excedentario, y allegaremos, como digo, del orden de
11.200 millones. Por tanto, nuestro presupuesto inicial, aunque pueda
resultar paradójico, es superior al que teníamos hace muy poco, y esto
tras las medidas de ajuste acordadas por el Gobierno. Ya sé que esto
último que he dicho me lo entienden ustedes bien. No estoy negando que
experimentemos la limitación de obligaciones e incluso el efecto de la no
incorporación, a la que creo me he referido antes con toda claridad. Por
supuesto, tal como pide el señor De la Rocha, remitiremos esta
información específicamente sobre los capítulos 4 y 5, y como he creído
entenderle que le interesa por programas tomo buena nota para hacerlo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor
Subsecretario. Con esto termina su comparecencia a los efectos que se
preveían en el orden del día. (Pausa.)
--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HERNANDEZ
SPINOLA), PARA INFORMAR DEL REAJUSTE PRESUPUESTARIO APROBADO EN EL
CONSEJO DE MINISTROS DEL DIA 27-1-1995, ASI COMO DEL EFECTO QUE PROVOCARA
EN LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO COMPROMETIDA POR EL GOBIERNO Y EN LOS
PROYECTOS DE INVERSION RECOGIDOS EN LOS ANEXOS DE INVERSIONES
PRESUPUESTARIAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO IU-IC. (Número de
expediente 212/001373.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): El último punto del orden del día
es la comparecencia del señor Subsecretario de Administraciones Públicas,
quien tiene la palabra al objeto de exponer el tema que le corresponde.
El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Hernández Spínola):
Señor Presidente, señorías, comparezco hoy para proceder a dar detalle
del ajuste presupuestario que en el seno del Ministerio para las
Administraciones Públicas se ha producido como consecuencia de los
acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en el mes de enero, todo
ello a petición del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Antes de empezar, quiero decir que tengo a disposición de los
señores Diputados unos cuadros que pueden contribuir al mejor seguimiento
de mi comparecencia.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Gracias, señor Subsecretario. Al
término de su comparecencia, ya que lo tiene preparado, lo mejor es que
dé el informe a cada uno de los grupos.
El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Hernández Spínola):
Los acuerdos del Consejo de Ministros de 13 y 27 de enero de 1995 suponen
un doble sistema de ajuste presupuestario. Por un lado se constituye una
reserva de en torno a 407.000 millones de pesetas, en forma de límite al
reconocimiento de obligaciones y, por otro lado, se restringen las
incorporaciones de crédito del ejercicio anterior por un importe
aproximado de unos 150.000 millones de pesetas. El objetivo de tales
ajustes, como todos ya conocen, es que el déficit público previsto para
el año 1995 no supere el 5,9 por ciento del PIB, como medida para
alcanzar el objetivo del 3 por ciento en el año 1997, de acuerdo con el
Programa de convergencia y con el fin de asegurar la incorporación de
España a la tercera fase de la Unión Monetaria Europea. Ambos ajustes han
tenido para el MAP un impacto de casi 5.900 millones de pesetas; de
ellos, 5.667,3 millones en forma de limitación al reconocimiento de
obligaciones y 231,7 en forma de créditos de 1994 cuya incorporación no
se prevé en el ejercicio corriente. Este ajuste supone para el MAP una
realización máxima posible para este ejercicio del 85 por cierto, si bien
la distribución no es uniforme entre todos los capítulos de gastos. En
definitiva, el ajuste esta cifrado en torno al 14,9 por ciento del total
del presupuesto del Departamento.
El presupuesto inicial no financiero de este Ministerio, como todos
conocen por la aprobación de la Ley de Presupuestos, es de 37,9 miles de
millones de pesetas; de ellos, 5.250 millones corresponden al capítulo 1,
1.858 millones al capítulo 2, 208 millones al capítulo 3, 2.000 millones
al capítulo 4, 470 millones al capítulo 5 y 28.120 millones al capítulo
7, transferencias de capital, que a su vez se subdivide en una
transferencias internas al INAP de 146,9 millones de pesetas en unas
transferencias externas, que van a corporaciones locales, del orden de
27.973,6 millones de pesetas. Sobre este presupuesto que tenemos aprobado
por el Parlamento se han producido, por aplicación del artículo 11 de la
Ley 41/1994, unas restricciones, de tal manera que afectan a cada uno de
los capítulos del siguiente modo. En los gastos de personal, sobre esa
previsión inicial que he comentado de 5.250 millones, que representa el
98,09 por ciento del total del presupuesto inicial. En el capítulo 2,
gastos corrientes en bienes y servicios, de un presupuesto inicial de
1.858,2 millones de pesetas hemos pasado a 1.800 millones de pesetas, que
representa el 96,87 sobre el crédito inicial. En el capítulo 3, gastos
financieros, tenemos 208 millones de pesetas y no le afecta en absoluto
la limitación de obligaciones, con lo que tenemos una previsión de gasto
del cien por ciento. En cuanto al capítulo 4, las transferencias internas
--son las transferencias que hace el Ministerio al organismo autónomo, al
INAP--, estaba inicialmente previsto que este año se fijase en un importe
de 1.882,4 millones, y después del límite de obligaciones ha pasado a
1.694 millones, lo que representa un 90 por ciento. En las transferencias
externas, sobre un crédito inicial de 117,7 millones hemos pasado a 105,8
millones, el 89,89 por ciento. En el capítulo 6, las inversiones reales,
de 470 millones hemos pasado, con el límite de obligaciones, a 292
millones, un 62,13 por ciento del total presupuestado
inicialmente. En el capítulo 7, las transferencias internas al INAP,
teníamos previsto un gasto, aprobado en el presupuesto inicial, de 146,9
millones y hemos pasado a 90, lo que supone un 61,27 por ciento. Y en las
transferencias externas, que es la partida sin duda más importante en el
Ministerio --son las transferencias externas a corporaciones locales--,
teníamos un presupuesto inicial de 27.973 millones y ahora, con la
limitación de obligaciones, hemos pasado a 22.900 millones, por tanto un
ajuste de alrededor de unos 5.000 millones de pesetas, lo que representa
un 81,86 por ciento. El porcentaje es siempre sobre presupuesto inicial.
El definitiva, y concluyendo, de un presupuesto de este Ministerio de
37.907 millones tenemos un límite de obligaciones en este momento de
32.240 millones, por tanto, un 85,05 por ciento para ejecutar el
presupuesto y una limitación del 14,9.
¿Qué tipo de incorporaciones hemos tenido? ¿Cómo ha afectado a este
Ministerio el ajuste, el recorte que ha establecido el Consejo de
Ministros sobre las incorporaciones de crédito? La verdad es que en este
punto el Ministerio ha salido muy bien parado, porque del total del
crédito que tenía, que era previsible o que se podía incorporar en la
medida en que estaba comprometido el gasto, de un total de 4.450 millones
--en cifras redondas-- se incorporan 4.211 millones, que es una cifra muy
importante, muy respetable. El Gobierno ha hecho aquí un esfuerzo enorme,
sobre todo para no perjudicar y para atender las transferencias que
efectuamos a corporaciones locales. Se incorpora un total de 4.000
millones del presupuesto de 1994 al de 1995 para atender esas
obligaciones que teníamos contraídas con las corporaciones locales, y
además se incorporan 211 millones de pesetas en el capítulo 4 para el
INAP. Del total del recorte que efectúa el Gobierno sobre las
incorporaciones de crédito, el MAP ha obtenido un 8,10 por ciento, una
cifra, como digo, muy importante, en la medida en que únicamente no se
nos han incorporado unos 200 millones de pesetas sobre un total de 4.400.
En cuanto a la incidencia por capítulos he dado las cifras. La incidencia
que tiene en cada uno de los capítulos también la voy a explicar de una
forma sucinta. En el capítulo 1, el ajuste afecta únicamente a una cifra
en torno a 100 millones de pesetas. Es decir, que de 5.250 millones de
pesetas la limitación al reconocimiento queda en 5.150 y, por tanto, hay
un ajuste de 100 millones de pesetas. Este reajuste de 100 millones, que
se debe realizar en este capítulo 1 de gastos, va a afectar
fundamentalmente a los artículos 12 y 13, que son las retribuciones de
funcionarios y laborales. En cualquier caso, quiero dejar sentado y
adelantarles que esta disminución no va a afectar, en absoluto, a los
programas de gastos del capítulo 1 del Ministerio. Las retribuciones del
personal, tanto funcionario como laboral, están perfectamente
garantizadas en la medida en que también en el Ministerio se ha producido
una disminución del número de efectivos reales y, por tanto, esta
reducción de 100 millones no va a afectar, en absoluto, al pago de la
nómina, hablando en términos claros.
Por lo que se refiere al capítulo 2 este Ministerio viene soportando,
como el resto de los ministerios, pero quizá más el nuestro al ser uno de
los que tiene menor presupuesto, un nivel de reducción muy importante.
Para que tengan algunas cifras comparativas les diré que en el año 1992
el Ministerio tuvo su máxima dotación, en gastos corrientes 2.228
millones de pesetas, y año tras año ha venido reduciéndose. En el año
1993 pasamos a 1.911; en 1994, a 1.831 y en este año 1995 hemos subido un
poquito, unos quince millones, y hemos pasado a 1.858. Por supuesto que
esta mínima subida no alcanzaba siquiera a la subida prevista por la
inflación. Y ahora este capítulo 2, como consecuencia del ajuste, se
queda cifrado en torno a 1.800 millones de pesetas, hay una reducción de
58 millones de pesetas, lo que representa un 3,1 por ciento respecto al
presupuesto inicial. Por tanto, por lo que se refiere al capítulo 2 les
adelanto que continuaremos, obviamente, por la senda de la austeridad que
venimos manteniendo desde hace varios años.
En el capítulo 3 no hay nada que comentar en la medida en que se trata
únicamente de pagar los intereses a la antigua IPPV, como consecuencia de
las viviendas que gestionaba la oficina liquidadora de patronatos de
casas.
El capítulo 4 presenta un presupuesto de 2.000 millones de pesetas, de
los cuales lo más importante es la subvención de 1.882 millones que
corresponde a la transferencia que efectúa el Ministerio al INAP, al
organismo autónomo, que lógicamente se financia del presupuesto del
Ministerio. La limitación de obligaciones, que se cifra ahora en torno a
1.800 millones de pesetas, supone una reducción del 10 por ciento frente
a la reducción del 14,9 que es global del Ministerio. Por tanto, en el
capítulo 4 la incidencia de esta reducción es menor, es sólo de un 10 por
ciento, y de este modo afecta de una forma menos contundente o menos
directa al INAP.
Las cifras en este Ministerio son muy pequeñas. Téngase en cuenta que
todo el Ministerio inicialmente tiene un presupuesto de 470 millones de
pesetas, por tanto es un presupuesto muy poco inversor. En el capítulo 6
se ha producido un límite de reconocimiento. Hemos pasado de 470 millones
inicialmente previstos a 292 millones, en que ha quedado fijado este
límite de obligaciones. Esto sí que representa una reducción importante,
en torno al 38 por ciento. La incidencia que puede presentarse en los
diferentes proyectos de inversión es difícil de cuantificar debido a que
alguna de las unidades poseen más de un proyecto y la marcha de las
actividades durante el año marcará, sin duda, la posible incidencia. En
definitiva, todavía estamos en una fecha muy temprana para determinar
cómo se va a producir la incidencia de esta reducción en los distintos
proyectos que gestiona el Ministerio. No obstante, en los cuadros que he
preparado podrán ver exactamente cómo distribuimos esa reducción por
centros directivos y por programas presupuestarios; en ellos queda
perfectamente reflejado cómo pasamos de los 470 millones a los 292.
La dotación inicial del capítulo 7, como les he indicado, era de 28.120
millones de pesetas y el límite de reconocimiento de obligaciones se
cifra ahora en torno a 22.900 millones de pesetas, lo que representa una
disminución del 18 por ciento. En la subvención al INAP, que también
figura en el capítulo 7, se efectúa una disminución de 56,9 millones de
pesetas en el reconocimiento de obligaciones,
aplicándose el mismo porcentaje de reducción, el 38,7 por ciento, que
vimos anteriormente en las inversiones. Las transferencias externas --que
es la gran partida del Ministerio, el programa 912.B, la cooperación
económica local--, que tenían un presupuesto inicial de 27.973,6 millones
de pesetas, han sido limitadas a 22.900, lo que supone una reducción del
18 por ciento con respecto a la dotación inicial. Esta disminución de
5.073 millones de pesetas, que es donde se concentra el 90 por ciento del
ajuste, no supone, sin embargo, desvirtuar los objetivos ni la estrategia
del MAP en este punto, aunque lo que sí ocurrirá es el deslizamiento para
el ejercicio siguiente del pago del 25 por ciento del importe de la
subvención, que se producirá como consecuencia de la certificación a
final de obra que pondrá fin a la subvención al municipio beneficiario de
la misma.
Quería hacer también una pequeña referencia a la oferta de empleo
público. Como saben, la planificación del empleo público es competencia
del Gobierno. La oferta de empleo público la aprueba el Gobierno, eso sí,
a propuesta del MAP, a través de la canalización que se efectúa por la
Secretaría de Estado para la Administración Pública. Lo que corresponde a
esta Subsecretaría obviamente es la gestión del personal que tiene
asignado el MAP. Ya dije antes la forma en que puede afectar a este
personal los acuerdos del Consejo de Ministros de los días 13 y 27 de
enero. Es decir, la reducción de los 100 millones no va a tener ningún
tipo de incidencia en la medida en que se ha producido de los años 1994 a
1995 una reducción de los efectivos reales en el Ministerio. No obstante,
y aunque no sea un asunto de mi estricta competencia, sí quiero dar a SS.
SS., a título meramente informativo, una evolución de la oferta de empleo
público desde el año 1989, donde se recoge una disminución muy importante
en cuanto a las ofertas que el Ministerio venía efectuando desde aquella
fecha. En el año 1989, por ejemplo --quiero recordarles el dato--, la
oferta de empleo fue de 27.242 efectivos; en el año 1990 bajó a 26.622
efectivos; en el año 1991 subió a 33.008 (es el único punto de inflexión
que hay, el único punto de subida es en el año 1991); en el año 1992 se
produce una reducción drástica en la medida en que la oferta de empleo se
cifra en 19.565 efectivos; en el año 1993 bajó a 13.900; en el año 1994
hay una bajada muy notoria, se alcanzó la cifra de 5.985 efectivos; y en
el año 1995 todavía no se ha aprobado la oferta de empleo público pero es
previsible que en el próximo Consejo de Ministros o el siguiente se
produzca la aprobación para 1995. Respecto de esa oferta de empleo
público para 1995 les puedo adelantar que también se producirá una
reducción muy notable sobre el porcentaje de la tasa de reposición de
efectivos, va a ser una cifra bastante reducida, como la situación del
país aconseja para reducir el déficit una contención de efectivos del
capítulo 1.
Por último, quiero referirme muy brevemente a los dos organismos que
dependen del Ministerio. En términos generales he cifrado ya cuáles han
sido los ajustes que afectan al INAP. Hay una reducción, fundamentalmente
en la transferencia que recibe del Ministerio, en torno a 188 millones en
los capítulos 2 y 4; también en el capítulo 6 existe una disminución de
56 millones de pesetas, lo que hace que el límite de obligaciones al INAP
le afecte en unos 245 millones de pesetas.
Por lo que se refiere a la Muface no se produce ningún tipo de
limitación. La Muface no tiene ningún tipo de ajuste y, por tanto,
ejecutará el presupuesto conforme a las dotaciones que inicialmente
aprobaron el Congreso y el Senado.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Izquierda Unida
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Seré muy breve, señor Presidente.
La explicación ha sido muy detallada. Me alegro de dos cosas. Una, del
efecto negativo en el sentido positivo, es decir, la no afectación de los
recortes a Muface; y dos, de la distribución de lo que pudiéramos llamar
previsión del recorte en los capítulos de mayor volumen, porque aunque el
porcentaje en inversión es del 38 por ciento estamos hablando de 400
millones de pesetas.
Me gustaría circunscribirme a dos cosas que me preocupan por el efecto
que tienen sobre algo que el Gobierno había anunciado que este año iba a
tener un tono diferencial, y es un proceso municipalizador o un proceso
de fortalecimiento de las corporaciones locales. Sin embargo, el volumen
mayor del recorte que tiene el Ministerio está en estos 5.073 millones de
pesetas que reciben las transferencias externas a las corporaciones
locales y precisamente los programas de cooperación local. Es verdad que
no se dice que estos efectos significarán una supresión de actuaciones
sino un deslizamiento. Eso es lo que me preocupa. Porque un deslizamiento
del 25 por ciento, aproximadamente --no sé ahora mismo la cifra exacta
porque he ido tomando notas de oído, cuando tenga los papeles lo veré--,
significa un deslizamiento de la carga hacia los ayuntamientos. Es decir,
si ustedes no les van a pagar y el pago en lugar de hacerse en el año
1995 lo van a deslizar al 1996, los ayuntamientos van a tener que hacer
frente a obligaciones para las que hoy en día se encuentran poco dotados.
Los ayuntamientos son hoy la parte del Estado que más dificultades tiene.
Dicho esto, me gustaría ver de qué manera puede afectar el recorte a
temas concretos del proyecto de cooperación. Es verdad que no los ha
detallado porque ha dicho genéricamente a las transferencias externas, el
capítulo 7, pero me gustaría saber si va a afectar a temas concretos, a
subproyectos, a actuaciones determinadas o si se ha hecho una proyección
simplemente. Pueden haber decidido aplicar prioridades o hacer tabla
rasa, un porcentaje y decir que todos los proyectos al 25 por ciento (y a
quien se la dé se la bendiga) o decir que se va a mantener al cien por
ciento porque se marca una prioridad sobre ello. Es decir, me gustaría
saber si han establecido prioridades o una acción general.
Sobre la contención del gasto hay algo que afecta al Ministerio, aunque
no directamente a la gestión del presupuesto del Ministerio. Son los
recursos que en la Sección 32, a través de entes territoriales, tienen
una contención
importante de 27.000 millones de pesetas (entes territoriales que son
tanto las comunidades autónomas como los municipios) además agravado con
la contención que significa el fondo de compensación interterritorial. Es
decir, de los 128.000 millones de pesetas de esfuerzo territorial del
Estado se van a contener 40.000 millones y para el año 1996 se deslizan
o, por lo menos, a esperar a octubre o noviembre a ver cómo queda esa
obligación reconocida. El fondo de compensación sé que no es una cuestión
suya, pero los entes territoriales sí, porque en cierta medida ustedes
son los que gestionan, tramitan o están permanentemente relacionados por
los convenios que hacen con las comunidades autónomas y las corporaciones
locales y son los que precisan estos volúmenes de dinero. Es verdad que
los recursos están cimentados en el capítulo 4. En entes territoriales la
mayor contención es en el capítulo 4 porque en el capítulo 7 es menor.
Pero si unimos la contención que ustedes tienen en el capítulo 4 hacia
municipios a esta contención que viene a ser de unos 27.000 millones de
pesetas, podemos encontrarnos ante una actuación del Gobierno en su
conjunto --y le pregunto a usted porque es el representante del
Ministerio de Administraciones Públicas y en teoría quien tiene relación
con la Administración a nivel territorializado de la gestión de
servicios-- con un efecto que yo considero complicado a la hora de
proyectar un volumen tan alto de estos 407.000 millones, porque a usted
prácticamente el recorte le afecta muy poco, el volumen que afecta al
Ministerio que usted representa hoy de esos 150.000 millones es escaso,
son unos 500 y pico millones en principio. Me gustaría que me dijera
definitivamente cuál es la cifra exacta de ese reajuste, que significaría
no deslizamiento, porque yo le he entendido 200 y pico millones y al
principio la cifra era mayor. Si se ha reducido definitivamente sería
bueno conocerlo.
Termino, señor Presidente, con el tema de la oferta pública que usted nos
ha radiografiado. Desde una óptica contable es razonable; desde una
óptica preocupada por la calidad de los servicios públicos que se prestan
es preocupante. Es decir, la oferta pública tiene relación, en el volumen
del capítulo 1, con los servicios que se prestan. En ese sentido, siempre
que hemos demandado la negociación para sacar la oferta pública hemos
entendido que hay determinados servicios --podemos decir que otros no--
en que el número de funcionarios tiene una relación directa. Hay una
contención voluntaria de la prestación de los servicios públicos que
deben sumar. En el año 1991 usted ha dicho que salieron a la oferta
pública 33.000; en el año 1992, 19.000, y posteriormente 13.000 y 5.000.
Para este año --usted tiene la cifra, la sabe-- ha dicho que va a ser
sensiblemente inferior a los 5.000. Yo no sé si habrá siquiera para
cubrir algunas vacantes que se produzcan este año o si hay una renuncia
expresa para reducir. Y le digo esto desde el convencimiento de que puede
haber aparato administrativo periférico innecesario que no tiene por qué
cubrirse con vacantes; es decir, aparato periférico que está en la
Administración ahora mismo y que, lógicamente, por la evolución de las
transferencias a las comunidades debe significar una simplificación y una
reducción. Si está dirigido en esa dirección, bien; si está dirigido a
los servicios públicos que se prestan o a limitar la calidad de los
servicios públicos, es otra cosa diferente. En todo caso, espero que el
tema municipal se me precise en la medida de lo posible, y como los datos
se me pueden dar de viva voz y después por escrito, le agradezco la
explicación que me pueda dar.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Popular tiene la
palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Subsecretario, muchas gracias por su
presencia aquí entre nosotros y por la información que nos ha facilitado.
Hubiera sido mejor, señor Subsecretario, que el informe y los cuadros que
tiene usted sobre la mesa nos los hubiera facilitado 24 horas antes de su
comparecencia, porque así tendríamos mayor fundamento en la alabanza o en
la crítica, por qué no. Ya se lo dije en la comparecencia que tuvimos el
5 de octubre al hablar de la ejecución del presupuesto, que también nos
llegaron deprisa y corriendo unos datos que a la postre sirven poco para
lo que se persigue en este tipo de comparecencias. Por eso le ruego que
en otras ocasiones, que no faltarán porque a lo mejor a la vista de sus
datos nuestro Grupo solicita otra vez su grata presencia aquí, nos los
facilite, repito, con la mayor antelación posible.
Los reajustes, las reducciones o los realineamientos --escoja usted la
palabra que más le guste-- producidos en los Presupuestos Generales del
Estado de 1995 a los quince días de su entrada en vigor, tienen
consecuencias inevitables en todos los ministerios. Usted ha hecho un
planteamiento general, que efectivamente conocemos y aceptamos como bueno
--como buena la explicación, no como buenas las causas del reajuste--,
según puede deducirse de los datos y cifras que sí que se nos mandó por
el Gobierno a esta Cámara con carácter general. Vistos esos datos y lo
que usted nos ha dicho esta mañana, yo quiero hacerle unas brevísimas
consideraciones.
Por ejemplo, en la página relativa a obligaciones reconocidas sobre
iniciales resultantes del ajuste en la Sección 22, hay una primera
reducción, como usted muy bien ha señalado, de 5.667 millones de pesetas
sobre los 37.907, lo que deja reducido este apartado, a efectos del
porcentaje, en un 85,05 por ciento de lo presupuestado inicialmente. Pero
hay otros 554 millones, a los que usted no ha hecho referencia en su
información del ajuste, que corresponden a la declaración de no
disponibilidad y que afectan al Ministerio de Administraciones Públicas.
Tengo aquí el cuadro que nos ha enviado el Gobierno y, si no lo tiene, yo
se lo facilito en un do ut des para que me explique, si no ahora en otra
comparecencia, de dónde sale esta cifra y por qué --repito-- a la
declaración de no disponibilidad corresponden estos 554 millones a los
que usted no ha hecho referencia.
Antes de seguir adelante, nos preocupa muy considerablemente lo que
pueden influir estos reajustes en las transferencias de capital, como es
lógico --y así lo decía el solicitante de la comparecencia señor Ríos--,
a las corporaciones locales, es decir, a las diputaciones, a los
cabildos, a los consejos insulares, a las comunidades autónomas,
etcétera,
como aportación a la financiación de las inversiones de las entidades
locales por cooperación económica del Estado. Sabemos que soportan el
mayor palo del reajuste. Usted cifraba en un 90 por ciento de todo el
reajuste que afecta al Ministerio el soportado por las corporaciones
locales. También estoy de acuerdo con el porcentaje. Lo que quisiera
saber es cómo se distribuirá este reajuste entre las corporaciones
locales. ¿Se hará una rebaja lineal para todas ellas? ¿Una rebaja
proporcional? ¿Una rebaja en función de los proyectos? Señor
Subsecretario, aquí sí estoy en desacuerdo con usted, amablemente se lo
digo. No se puede decir que este reajuste no afecte, no desvirtúe --son
sus palabras-- los objetivos del MAP, porque eso es puro voluntarismo.
¿Quién nos va a decir que dejándolos ad calendas graecas, para el año
1996, en ese año no tengamos que estar aquí hablando de otro reajuste? Si
estamos hablando de otro reajuste, ¿cuándo va a compensarse a las
corporaciones locales de esta rebaja o de este reajuste?
Por lo que se refiere a los gastos de personal hay una rebaja --aquí sí
que no me permito eufemismos, señor Subsecretario-- para todos los
ministerios de 22.000 millones de pesetas, en cifras redondas. Si el
objetivo de la comparecencia era calcular de verdad las consecuencias del
reajuste en la oferta pública de empleo, como bien decía mi compañero en
la anterior comparecencia, aunque no es su ventanilla, no cabe duda de
que es al Ministerio de Administraciones Públicas al que corresponde
ordenar este tema y es el responsable, efectivamente, de la marcha de las
ofertas públicas de empleo.
Por tanto, con todos los reajustes señalados y agradeciendo, repito otra
vez, de todas formas su información, no nos ha quedado nada claro el
asunto, sobre todo --reitero-- en lo que se refiere a la oferta pública
de empleo, donde ustedes como Gobierno y, como portavoz importante y
cualificado de ese Gobierno, el Ministerio para las Administraciones
Públicas tienen un doble compromiso: el primero se deriva del acuerdo
Administración-sindicatos, del 15 de septiembre de 1994; el segundo se
deriva del artículo 18 y de la disposición transitoria quinta de la Ley
de los Presupuestos Generales del Estado para 1995. Por lo que se refiere
al acuerdo Administración-sindicatos, cuyo cumplimiento íntegro, por
cierto, pusimos en tela de juicio en una pregunta oral en el Pleno que
tuve el honor de formularle al señor Vicepresidente del Gobierno y a la
que contestó de manera confusa y difusa, el capítulo 14 referido a la
oferta pública de empleo exige, creo, que se responda por usted, o en
otra comparecencia si ahora mismo no tiene a bien hacerlo, con mayor
precisión a las siguientes cuestiones.
Primero, como la oferta de empleo público debe tener carácter selectivo,
así lo pactaron ustedes con los sindicatos el 15 de septiembre, ¿en qué
sectores funcionales y categorías profesionales que ustedes consideran
prioritarias se va a concentrar la oferta y va a afectar el reajuste?
¿Qué número de plazas de nuevo ingreso se convocarán y cómo se
distribuirán para los distintos cuerpos generales y para los distintos
cuerpos especiales de la Administración? Repito que si hoy no tiene usted
los datos me los puede enviar, pero éstas son preguntas que,
efectivamente, enganchan y toman pie de verso en el objetivo de la
comparecencia.
Nos parece muy bien la evolución de la oferta pública de empleo; sus
datos ya los teníamos, los confirma usted. Pero en el próximo Consejo de
Ministros o en el otro, esta oferta pública de empleo tiene que reflejar
la voluntad de cumplimiento del acuerdo con los sindicatos y, si no, por
qué no se ha cumplido o no se puede cumplir en esa parte. Entre otras
cosas, yo tendré no una satisfacción personal --bien sabe Dios que no me
satisface lo negativo--, pero sí una justificación de que no se pueden
estar celebrando siempre alegremente acuerdos cinco minutos antes de
enviar los Presupuestos Generales del Estado a esta casa, para que luego,
habiendo aprobado esos presupuestos con ese argumento, se vuelvan a
incumplir un año tras otro.
Por ser muy respetuoso con el acuerdo con los sindicatos, como ve usted,
tengo que preguntarle: ¿Se ha reunido después del reajuste la mesa de
retribuciones y empleo, según dice el número 2 del capítulo IV del
acuerdo, para analizar las consecuencias de dicho reajuste sobre la
oferta pública de empleo? ¿Se ha reunido? Esa es una pregunta que tiene
que saber usted. ¿Se ha reunido por ese motivo? ¿Cuáles han sido los
acuerdos adoptados en función del reajuste? Eso es lo importante.
Finalmente, según dice el punto 3 del citado capítulo IV, las necesidades
y previsiones que se contengan en los correspondientes planes de empleo
servirán de base para elaborar la oferta de empleo pública relativa a los
ejercicios de 1996 y 1997. ¿Puede el señor Subsecretario adelantarnos las
necesidades y las previsiones contenidas en los planes de empleo? Dicho
en términos más claros y concretos, ¿cuántos planes de empleo están
elaborados? Le recuerdo al señor Subsecretario, lo sabe muy bien, que la
Ley 22/93, de acompañamiento a los Presupuestos generales del Estado para
1994 se aprobó por razones de urgencia y que uno de sus principales fines
era facilitar la reasignación de efectivos y promover unos planes de
empleo, de los cuales todavía no conocemos ni la muestra. Por tanto,
¿esta parte del acuerdo con los sindicatos se está cumpliendo? ¿Cómo se
ha cumplido? ¿Qué pasa con esto?
Finalmente, señor Subsecretario, hubiera querido conocer con más detalle
las influencias del reajuste en la reducción del capítulo de gastos
corrientes de su Ministerio. Le reconocí el 5 de octubre --y se lo
reconozco ahora-- el esfuerzo de austeridad de su Ministerio y de su
Subsecretaría en este capítulo. Pero de los distintos conceptos que
componen este capítulo --a lo mejor está en los papeles que tiene usted
ahí--, de verdad, ¿cómo se ha producido el reajuste y la reducción? En
todo caso, el porcentaje es muy pequeñito; en este capítulo me parece que
es el 3,1 por ciento, según usted nos ha dicho. De 1.858 millones se han
rebajado unos milloncitos, muy pocos, no tiene nada que ver con el 20 por
ciento que nosotros pedíamos. Pero algo es algo y yo se lo reconozco. Si
usted me da detalles sobre esta cuestión le quedaré muy agradecido.
Nada más, señor Subsecretario. Muchas gracias. Repito que nos gustaría,
para que las comparecencias sean más útiles, tener los datos un poco
antes.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Socialista tiene la
palabra el señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Gracias, señor Subsecretario, por su información,
detallada por cierto, de la repercusión que tiene en el presupuesto de su
Ministerio este ajuste, como usted lo ha calificado.
Indudablemente, el presupuesto de su Ministerio está muy ajustado ya de
por sí, porque hablar de 37.000 millones iniciales y de 32.000 millones
después de este ajuste la verdad es que es hablar de muy pocas pesetas en
el conjunto del presupuesto. Pero sí es cierto que es un grano de arena
importante que se suma a esa contención del déficit público que, por
parte del Gobierno, se pone de manifiesto en el acuerdo del Consejo de
Ministros de fecha 27 de enero; acuerdo que si de verdad se siguiera por
otras administraciones contribuiría a que ese déficit público de todo el
Estado español fuera menor y, por tanto, facilitaría el cumplimiento del
Plan de convergencia, que todo el mundo creo que desea --desde luego mi
Grupo sí-- que se lleve acabo en los plazos establecidos. Digo que es un
esfuerzo importante porque ya en el debate presupuestario de final de
año, cuando discutimos el presupuesto del Ministerio para las
Administraciones Públicas, yo planteé que la propia estructura
presupuestaria era demasiado ajustada a lo que tenía que ser el
funcionamiento de un ministerio que tenía que encargarse de trabajar para
alcanzar una mejor calidad y un mejor funcionamiento de los servicios
públicos. Cuando llega este ajuste, yo me pregunto si este esfuerzo que
se hace desde el Gobierno y desde el Ministerio va a suponer alguna
consecuencia negativa para el propio funcionamiento de la Administración,
al menos en lo que respecta a su Ministerio. Cuando hablamos de este
tema, se me ocurre centrarme en tres aspectos fundamentales. Son tres
temas que ya han tocado los portavoces de otros grupos, pero que yo
también quisiera indicar porque indudablemente afectan al funcionamiento
de su Ministerio y del conjunto de la Administración pública y desde su
Ministerio siempre se han tenido presentes en la Comisión de
Administraciones Públicas y en el debate presupuestario.
Efectivamente, en el campo de la cooperación económica local esa
reducción que se plantea de 5.000 millones de pesetas, a pesar de que hay
una aportación de créditos en 1994 de 4.200 millones de pesetas, es
cierto que es una disminución importante y sobre todo para estas
administraciones territoriales, las corporaciones locales, cuya situación
económica no es de las más boyantes actualmente. Por la explicación que
usted ha dado, creo que podemos estar tranquilos desde el momento en que
este deslizamiento que se produce no va a suponer merma alguna en las
inversiones de las administraciones locales y, por tanto, que lo que sí
se puede producir es un deslizamiento en el pago de las cantidades que
tiene que aportar el Ministerio contra certificación a final de año. En
consecuencia, la demora no creo que sea excesiva. Creo que estas
actuaciones suponen, es cierto, un esfuerzo no sólo por parte del
Ministerio, sino también por algunas administraciones locales, pero van
en la línea marcada por una política general que creo que todo el mundo
debería tener presente a la hora de elaborar y de diseñar las estrategias
presupuestarias y las de inversión.
En segundo lugar, en su Ministerio se han diseñado una serie de planes de
modernización de la Administración pública con unos proyectos que
claramente pueden verse afectados --me gustaría que usted me lo dijera
porque no se ha tratado en este debateÐ por el hecho de que este ajuste
se haya planteado. Es lo que no sé y me gustaría que usted me aclarara si
va a haber alguna consecuencia para el plan de modernización de la
Administración, los proyectos que lo configuran y los que están en estos
momentos en marcha.
En tercer lugar, estamos hablando también de los programas de formación,
de la aportación que hace el Ministerio al INAP. Me gustaría saber si
existe algún tipo de repercusión en el funcionamiento de los cursos de
formación del INAP.
Es cierto que en esos datos que nos ha suministrado sobre la diferencia
entre el presupuesto inicial de 1995 y el presupuesto de limitación que
surge de este acuerdo de Consejo de Ministros hay algunas partidas que
tienen una significación escasa. También es cierto que esa disminución no
puede ser mayor porque, si no, nos podríamos encontrar con que algunos
servicios del propio Ministerio no funcionaran. Me estoy refiriendo al
capítulo 2, en el que el señor Núñez siempre dedica una atención especial
a la cuantía de la reducción que tiene que haber. Yo, sinceramente, creo
que se está apretando demasiado el cinturón para que la Administración y
el Ministerio para las Administraciones Públicas tengan la capacidad
suficiente para desarrollar una serie de condiciones mínimas para mejorar
la atención y la calidad de los servicios.
Con estos puntos creo que está definida, señor Subsecretario, cuál es la
preocupación que tiene el Grupo Socialista respecto a las consecuencias
de este ajuste. De cualquier manera, le agradecemos la explicación que
nos ha dado y la que nos dé, así como la documentación que nos pueda
aportar para clarificar y tener mayor información.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra de nuevo el
señor Subsecretario para dar contestación a los asuntos planteados.
El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Hernández Spínola):
Voy a proceder a contestar a cada uno de los Diputados. Lógicamente,
empiezo por el señor Ríos, que ha sido el que ha tomado la palabra en
primer lugar.
Antes que nada, quiero decirle que también me congratulo de que no haya
habido reducción en la Muface, por tanto, de que la gestión del
presupuesto de la Muface no haya sufrido ningún tipo de limitación y
ajuste y, por consiguiente, puedan ejecutar la totalidad del presupuesto
aprobado por las Cámaras.
En segundo lugar, quiero explicar cómo funciona la cooperación local.
Antes que nada quiero tranquilizarle, en el sentido de que esta
limitación de obligaciones de 5.000 millones de pesetas no va a suponer
ningún trastorno para el programa de cooperación económica laboral. Este
programa,
como he dicho, es la base del Ministerio, representa 27.900 millones de
pesetas, que es una cifra importantísima. Tenemos una primera noticia muy
satisfactoria, y es que el Consejo de Ministros acuerda la incorporación
de 4.000 millones procedentes del ejercicio de 1994 al de 1995.
Realmente, lo que ocurre con este programa de cooperación económica local
es que, por imperativo del propio decreto que regula las subvenciones que
otorga el Ministerio, se produce siempre un deslizamiento en la medida en
que algunas obras no finalizan en el mismo año en que comienzan --muchas
de ellas sí y otras no--, y el decreto prevé un mecanismo de
aplazamiento, de tal manera que en el ejercicio siguiente, cuando
concluye la obra, se paga un 25 por ciento de esa obra con la
certificación final de la misma.
En definitiva, lo que quiero decir es que este programa está concatenado
un año con otro. En torno a un 25 por ciento del total del presupuesto de
este programa siempre está pendiente de la incorporación de los créditos.
Esto quiere decir que este año es absolutamente normal. Vamos a contar
con una incorporación de 4.000 millones de pesetas y no estamos previendo
en ningún caso una reducción de 5.000 millones. Unicamente estamos
presupuestando con las corporaciones locales, a través de la Comisión
nacional, sobre la totalidad de los 27.900 millones, sólo que estos 5.000
millones los vamos a diferir al año 1996 y, lógicamente, vamos a
incorporar al presupuesto de 1996 aquellas cantidades correspondientes al
25 por ciento de las subvenciones que se pagarán al finalizarse la obra,
junto con los certificados de ejecución final de la misma.
Por tanto, quiero decirle con claridad que no hay ningún tipo de
preocupación, que este programa va a mantener el mismo ritmo que ha
venido manteniendo en años precedentes. Incluso le podría dar algún dato
interesante en favor precisamente de la gestión de este programa, y es
que en el año 1994, en el que también, por cierto, hubo límite de
reconocimiento de obligaciones, concretamente en este Programa 912 B, el
Ministerio contó para todo el año 1994 con un límite de reconocimiento de
obligaciones de 20.586 millones. Este año el límite de obligaciones está
en 22.900, lo que quiere decir que hay un suplemento de 2.400 millones de
pesetas respecto del ejercicio anterior, con lo que se pone de manifiesto
el esfuerzo del Gobierno en tratar de atender estas transferencias a
corporaciones locales que consideramos que son vitales.
Creo que con esta respuesta, que en parte también afecta a alguna
pregunta que me ha hecho el Diputado señor Núñez, doy por contestadas las
preguntas que me habían formulado sobre cómo afectaba y si hay que
priorizar. En absoluto. La Comisión nacional para la Administración
local, cuando se ha reunido a finales de febrero, ha aprobado una
previsión sobre el gasto inicial de 27.900 millones. No ha tenido en
cuenta, lógicamente, este ajuste de 5.000 millones.
Hay otra cuestión que me ha planteado colateralmente. Bien sabe el
Diputado --y él mismo lo ha dicho-- que nosotros no somos los encargados
de la gestión de la Sección 32, relativa a los entes territoriales. La
gestión de esta Sección 32, de entes territoriales, por lo que afecta al
Ministerio estriba en negociar fundamentalmente los traspasos con las
comunidades autónomas y la materialización de esos traspasos. Cuando el
coste efectivo de los traspasos está cuantificado, se efectúa
materialmente por el Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la
Sección 32. Por tanto, en la medida en que vayamos concluyendo traspasos,
se irán dando de baja los créditos correspondientes y se traspasarán a
las comunidades autónomas.
También quería decirle que el Consejo de Ministros ha sido muy cauteloso
con los ajustes que puedan referirse al Fondo de Compensación
Interterritorial, porque los ha salvado. El acuerdo, en parte, permite
las incorporaciones procedentes o relativas al Fondo de Compensación
Interterritorial. Quiere esto decir que el Gobierno ha tenido en cuenta
ese aspecto muy concreto que permite, en definitiva, y con carácter
excepcional, incorporaciones procedentes de créditos del Fondo de
Compensación Interterritorial.
Respecto a la oferta de empleo público, yo comprendo la preocupación del
señor Diputado sobre la necesidad de mantener la calidad del servicio
público. Esto creo que debe primar antes que nada en todo estudio de
planificación de recursos, de racionalización de empleo público, que son
las políticas en las que está embarcado el Ministerio, que deben tender,
sobre todo, a preservar la calidad de los servicios públicos y a tratar
de combinar esa calidad de los servicios públicos con la reducción del
déficit, con el adelgazamiento de la Administración pública. La manera de
llevar a cabo las políticas del Ministerio en este punto tiene que estar
muy relacionada con la reasignación de los efectivos, en definitiva, con
la puesta en práctica de los planes de empleo. Por estudios del
Ministerio, está demostrado que hay algunos sectores en los que puede
haber excedentes de funcionarios y de lo que se trata es de recolocar a
los mismos, a través de los mecanismos aprobados en la Ley 22/1993, a
través de los planes de empleo. Por tanto, se trata, por un lado, de
asegurar la calidad del servicio; se trata, al mismo tiempo, de seguir
reduciendo la oferta de empleo público, de tal manera que en la
incorporación de efectivos del exterior continúe la tendencia actual de
reducción, pero al mismo tiempo lo que hay que hacer --y es el empeño en
el que el Ministerio está centrado en este momento-- es realizar la
reasignación de efectivos a través del instrumento que tenemos desde el
año 1993, que son los planes de empleo.
Contestando al señor Núñez, antes que nada y para sucesivas
comparecencias, atendiendo al ruego que me ha hecho, he de decir que
procuraré enviar a todos los miembros de la Comisión los cuadros que
puedan informarles sobre el contenido de mi intervención, porque eso no
cabe duda de que facilita la comprensión de la misma. Lo anoto y en
sucesivas comparecencias así lo haré.
En relación con el dato global que ha dado sobre el límite de
obligaciones y la no incorporación, el dato que tengo, contrastado con el
Ministerio de Economía y Hacienda, es que esta limitación afecta al
Ministerio en 5.667 millones y que la no incorporación se produce en una
cifra de 231 millones. Esto, sumado, hace un total de unos 5.900 millones
de pesetas. Esta es la cifra que maneja tanto el
MAP como el Ministerio de Economía y en la certificación del acuerdo del
Consejo de Ministros coinciden ambas. Yo no sé si a lo mejor se ha
producido algún error en la remisión por parte del Ministerio de la
Presidencia. En cualquier caso, luego podemos contrastarlo. Quiero
decirle en cualquier caso que los datos que yo he aportado son los
certeros, en la medida en que están certificados por el Consejo de
Ministros, y coinciden con el Ministerio de Economía. En cualquier caso,
si se ha producido algún error luego podemos comprobarlo.
A continuación se ha referido al programa de cooperación económica local.
Ya he explicado al Diputado señor Ríos cómo no va a afectar este reajuste
a los créditos del Programa 912 B. Por tanto, tengo que decirle que no es
necesario priorizar ningún tipo de proyectos; éstos se van a aprobar. Eso
sí, se va a producir un deslizamiento en la ejecución y en los pagos,
sobre todo, en la medida en que el decreto del año 1990 prevé este
supuesto de pago aplazado del 25 por ciento, coincidente con el momento
en el que se expide la certificación de terminación de obra. Por ello,
las cifras y la explicación que he dado corroboran mi afirmación de que
la puesta en práctica o la ejecución del programa de cooperación
económica local no afecta a los objetivos ni a la estrategia del MAP.
A continuación, el señor Núñez se ha referido al capítulo de personal, en
términos globales, genéricos, no únicamente referido al objeto de la
comparecencia, esto es, los efectivos del capítulo 1; ha hecho una
reflexión genérica, aunque luego ha concretado (El señor Núñez Pérez: El
objeto es ése, los planes de empleo.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Perdón, no establezcan el diálogo
ahora.
El señor NUÑEZ PEREZ: Perdón, señor Presidente, disculpe.
El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Hernández Spínola):
Respecto de los gastos de personal, esa disminución o esa retención de
los 22.000 millones de pesetas, lo que tengo que decirle es que se ha
producido por acuerdo del Consejo de Ministros. Era necesario producir el
ajuste como consecuencia de una serie de medidas de política económica
que el Gobierno ha explicado con reiteración. Ahora bien, me ha parecido
entender en la intervención del señor Núñez que por parte del Ministerio
se estaba produciendo un incumplimiento del acuerdo entre los sindicatos
y la Administración. Creo que esto no es así. Tengo delante el acuerdo
con los Sindicatos y, con relación a este punto concretamente, a la
oferta de empleo público, se habla claramente de la necesidad de la
racionalización del empleo a través de la oferta de empleo público, a
cuyo efecto la entrada de nuevos empleados públicos tendrá carácter
selectivo y se concentrará principalmente en sectores y categorías que se
consideren prioritarios y será globalmente inferior a la tasa de
reposición de efectivos. Creo que la política que está desarrollando el
Ministerio en este momento es perfectamente congruente y en línea con lo
acordado y con lo firmado con los sindicatos, como no podía ser de otra
manera. Ya indiqué que la aprobación por el Consejo de Ministros de la
oferta de empleo público está cercana, será en el próximo Consejo de
Ministros o en el siguiente; que en cualquier caso, la aprobación de la
oferta de empleo público será inferior a esa tasa de reposición de
efectivos, también lo he aclarado. No quiero dar la cifra porque, entre
otras cosas, la cifra no está cerrada, en este momento está discutiéndose
en el seno de los ministerios y también con la participación y la
información que se les proporciona a las centrales sindicales.
Una pregunta que me hacía el señor Núñez relacionada con este punto era
en qué sectores se va a concentrar la oferta de empleo público. Los
sectores considerados prioritarios son el sector de la enseñanza,
Correos, algunos puestos importantes de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y también es posible que afecte a personal del
Inserso. Son cuatro categorías importantes que creo yo que recogerá la
oferta de empleo público del año 1995; a estos cuatro grandes colectivos
afectará desde luego.
Me ha preguntado si se han producido reuniones, después del ajuste, de la
mesa de retribuciones. Lo que puedo decirle respecto a este punto en
concreto es que las reuniones que celebra la Secretaría de Estado para la
Administración pública con las centrales sindicales son continuas, son
permanentes. A las centrales sindicales se les está proporcionando todo
tipo de información relativa, por ejemplo, a la oferta de empleo público.
Ahora, la formalidad de si se ha producido la mesa en sí lo desconozco,
no formo parte de ese órgano, no tengo el dato, pero lo que sí sé es que
tanto los sindicatos como el propio Ministerio están en continuo y
permanente diálogo y contacto.
Se ha referido a los planes de empleo. ¿Cuántos se han aprobado? Ya lo
sabe el señor Núñez, no se ha aprobado ninguno, lo que no quiere decir,
ni mucho menos, que no se esté trabajando, que no existan planes de
empleo que estén en una fase final de aprobación. Le puedo decir, porque
parece que no tiene ningún dato al respecto, que hay cuatro planes de
empleo que están en una fase bastante avanzada y que se refieren: uno, al
Inem, concretamente; otro se refiere a Tráfico; otro a los servicios
periféricos del Ministerio de Comercio y Turismo, y otro al Ciemat. Estos
cuatro planes de empleo, como le decía, están bastante avanzados y yo
creo que en breve plazo se pueden concluir y aprobar. Por tanto el
Ministerio está trabajando; éste no es un asunto moribundo o semimuerto.
Estamos trabajando en ello y creo que en breve plazo, al menos estos
cuatro primeros planes de empleo, se pueden ya aprobar.
Ha terminado haciendo una reflexión sobre el capítulo 2, y le agradezco
de verdad el reconocimiento que presta al Ministerio por esa reducción
que viene acometiendo desde hace varios años en dicho capítulo 2. Como
bien ha explicado, el ajuste que se producirá en el año 1995 va a ser de
unos 50 millones de pesetas, que es una cifra muy exigua, pero no le
puedo detallar en qué partidas concretas se van a reducir estos 50
millones, porque ya sabe usted que el capítulo 2 no es vinculante a nivel
de subconceptos. Unicamente hay tres partidas, tres subconceptos que son
vinculantes. Por tanto, a lo largo del año iremos viendo de qué partidas
podemos
ir ahorrando. En cualquier caso, sí le puedo decir que ya estamos
prácticamente al límite de nuestras posibilidades. El capítulo 2 del
presupuesto de este Ministerio difícilmente se puede seguir reduciendo, y
en el año 1994 hemos tenido verdaderas dificultades para gestionarlo. Le
puedo decir que la ejecución que hemos conseguido en el capítulo 2 del
presupuesto ha sido prácticamente del cien por cien, y no puede ser de
otra manera porque estamos muy agobiados en este punto.
A continuación, me voy a referir a la intervención del señor Morlán, al
que agradezco, como al resto de los señores Diputados, su intervención.
Creo que ya he explicado en detalle la no disminución que se va a
producir en el programa de cooperación económica local, y el señor Morlán
ya había hecho referencia a ese dato importantísimo de la incorporación
de 4.000 millones de pesetas al presupuesto de 1995, que creo que supone
un balón de oxígeno muy importante para las corporaciones locales.
Después ha hecho dos reflexiones a las que también me quiero referir, la
primera de ellas relativa al plan de modernización. Como sabe, el plan de
modernización no es un plan que afecte exclusivamente a este Ministerio,
al MAP; es un plan genérico que afecta a todo el Gobierno, a distintos
ministerios. Algunos proyectos incluidos en el plan de modernización
afectan a varios ministerios y, por tanto, ahora mismo es de difícil
evaluación poder aplicar el plan de modernización sobre las previsiones
del ajuste que ha efectuado el Gobierno; es de muy difícil
cuantificación. En cualquier caso, como se trata de un conjunto de
medidas que casi nunca implican gasto público, que muchas de ellas no
suponen gasto público, creo que el recorte no va a afectar, en absoluto,
al plan de modernización.
Por último, se ha referido al programa de formación, al INAP, y se ha
planteado si la transferencia que le hace el Ministerio es o no
suficiente y si, al mismo tiempo, están garantizados los cursos de
formación. Creo que sí, que no hay inconveniente alguno, que el
presupuesto previsto para el año 1995 y la transferencia al INAP es
superior a lo presupuestado en el ejercicio del año 1994. En el año 1994
el INAP tenía un límite de reconocimiento de obligaciones de 1.513
millones y en el año 1995 va a tener 1.694 millones. Por tanto, el INAP
va a tener un incremento presupuestario. La transferencia que se le hace
es mayor, por lo que sí le puedo decir que estarán garantizados los
cursos de formación que tenga que acometer de acuerdo con el programa que
el propio Instituto establezca.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor
Subsecretario. Con estas palabras termina su comparecencia y concluye,
asimismo, el grupo de estas comparecencias que nos han traído a los
diversos subsecretarios de los departamentos ministeriales al objeto de
explicar las modificaciones presupuestarias del año 1995.
Se levanta la sesión, señorías.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.