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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 175, de 21/04/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 175
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 14
celebrada el jueves, 21 de abril de 1994



ORDEN DEL DIA:
--Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley de
fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en
actividades de interés general. (Número de expediente 121/000025) (Página 5510)
--Comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez
Pertierra), para informar sobre la fecha en que enviará a la Cámara el
proyecto de ley de modificación de la Ley de Reforma Universitaria, así
como de las líneas fundamentales de su contenido. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000172) (Página 5510)
Proposiciones no de ley:
--Para impulsar las actividades y programas integrados en el proyecto
«Educación para la salud». Presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

(BOCG serie D, número 48.--Número de expediente 161/000104) (Página 5523)
--Sobre celebración del primer Congreso Internacional de la Lengua
Española. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D,
número 61.--Número de expediente 161/000132) (Página 5527)



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Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.




--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE
FUNDACIONES Y DE INCENTIVOS FISCALES A LA PARTICIPACION PRIVADA EN
ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL. (Número de expediente 121/000025.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la
sesión de hoy.

En primer lugar, quiero indicar a SS. SS. que la Mesa propone dos
modificaciones en el orden del día, si no hay inconveniente: la primera,
introducir un punto referente a la ratificación de la Ponencia del
proyecto de ley de fundaciones y de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general; y, la segunda,
el aplazamiento, por serle imposible asistir a esta Comisión a la
Diputada proponente, por estar en otra Comisión, de la tercera
proposición no de ley que estaba incluida en el orden del día.

Respecto a la primera modificación, ¿SS. SS. ratifican la Ponencia del
proyecto de ley de fundaciones y de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general? (Asentimiento.)
Esta Ponencia fue constituida con carácter provisional el pasado día 22
de marzo y esperamos que sus trabajos concluyan lo antes posible.

¿Hay algún inconveniente en que se quite temporalmente --volverá otra vez
al orden del día--, que se aplace, la proposición no de ley sobre
devolución a la ciudad de Figueres de diversos cuadros de Salvador Dalí?
¿Hay algún inconveniente? (Denegaciones.)



--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (SUAREZ
PERTIERRA), PARA INFORMAR SOBRE LA FECHA EN QUE ENVIARA A LA CAMARA EL
PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA, ASI
COMO DE LAS LINEAS FUNDAMENTALES DE SU CONTENIDO. A SOLICITUD DEL G. P.

POPULAR. (Número de expediente 213/000172.)



El señor PRESIDENTE: Comenzamos el orden del día.

El primer punto del orden del día es la comparecencia del señor Ministro
de Educación y Ciencia, para informar sobre la fecha en que enviará a la
Cámara el proyecto de ley de reforma universitaria, así como de las
líneas fundamentales de su contenido.

Saludando su presencia, tiene la palabra el señor Mi-nistro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Señor
Presidente, señorías, muy buenos días.

Comparezco ante la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los
Diputados al objeto de informar sobre las dos cuestiones a las que se ha
referido el Presidente.

Recuerdan SS. SS. perfectamente cómo un proyecto de ley que pretendía
adaptar la Ley de Reforma Universitaria de 1983, después de los diez años
de su vigencia, entró en las Cámaras la legislatura pasada, cómo llegó a
verse en esta Comisión y en el Pleno de la Cámara, así como en el Senado,
y decayó con motivo de la convocatoria de elecciones generales en el
pasado mes de abril. Se introdujo como planteamiento en el programa
electoral del Partido Socialista y a partir de la formación del nuevo
Gobierno comienza, por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, el
estudio de las líneas maestras del proyecto de ley que se retoma de la
legislatura pasada.

En mi primera comparecencia en esta Cámara para informar del programa de
actuación del Ministerio de Educación y Ciencia para esta legislatura, ya
hablé de la intención de traer el proyecto de ley a esta Cámara en la
primera parte de la misma.

Pues bien, a lo largo de estos meses se ha venido trabajando sobre los
contenidos del anteproyecto de ley, sobre los cuales cabían diferentes
posibilidades u opciones. Cabía la posibilidad de plantearse una
regulación del profesorado, como sustancialmente hacía el proyecto de ley
de 1993, o cabía la posibilidad de asignar al proyecto de ley contenidos
de carácter más amplio, según la experiencia de los diez años de vigencia
de la Ley de Reforma Universitaria hoy todavía en vigor, contenidos
relativos a participación, a organización universitaria o a cuestiones
relativas a la gestión de la universidad, etcétera.

Dos circunstancias, por intentar ser exacto, han debido tenerse en cuenta
de manera fundamental para decantarse por la opción del contenido general
del proyecto de ley. Una de ellas --las enuncio y brevísimamente pasaría
a tratarlas-- es el proceso de transferencias universitarias abierto y
otra el debate sobre financiación, que está abierto también en el Consejo
de Universidades.

El Gobierno está comprometido a profundizar en el proceso de
transferencias y a llevar a cabo, según lo que dispone la vigente
legalidad y también los pactos realizados entre diversas fuerzas
políticas representadas en las Cámaras, a acometer el proceso de
transferencia de la enseñanza universitaria. A lo largo del curso se han
producido reuniones, como ya he tenido ocasión de informar a esta
Comisión, con el conjunto de las comunidades autónomas que aún no tienen
asumida la competencia plena en materia de enseñanza, para determinar el
procedimiento y el momento más adecuado para que las transferencias
pudieran llevarse a cabo. Sin perjuicio de que los plazos son otros para
la transferencia de la enseñanza de niveles anteriores a la universidad,
se han fijado los procedimientos, que ya están funcionando, para proceder
a la transferencia de la enseñanza universitaria a lo largo del curso
1994-1995.

Estas son las fechas comprometidas para la realización de este proceso
entre Gobierno y comunidades autónomas frente a las cuales entendíamos
que emprender una regulación



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de carácter general que adaptara la Ley de Reforma Universitaria podía
plantear algunos problemas.

El segundo elemento, que, como decía, he debido tener en cuenta para
fijar los contenidos del anteproyecto de ley, hace referencia al debate
de financiación. Se introduce el debate en la comisión académica del
Consejo de Universidades, según conocen SS. SS., como un elemento de
contraste de las diferentes opiniones en relación con las fuentes o el
modelo de financiación de la enseñanza superior en España.

Después de algunos trabajos previos, el debate se introduce en el mes de
noviembre pasado, ya sobre la base de que afectara no sólo a los modelos
de financiación, sino de que produjera el estudio de las cuestiones
sustanciales relativas a la planificación, coordinación, financiación y
gestión de la universidad. El debate adquiría, por consiguiente, unos
contenidos más amplios, si bien su núcleo fundamental era, como estaba
previsto y como sigue siendo, el estudio del problema de la financiación.

Este debate está sustancialmente avanzado en el seno del Consejo de
Universidades y está tratando y concluirá sobre cuestiones tales como el
estudio en prospectiva del sistema universitario español con arreglo, por
una parte, a las proyecciones demográficas de la sociedad española y, por
otra, con arreglo a la demanda de estudios que es de prever para los años
futuros, incidirá sobre las necesidades de financiación del sistema,
sobre los modelos de financiación que decía, y sus consecuencias,
incidirá sobre las consecuencias de los diferentes modelos de
financiación con respecto de la política de becas y ayudas
universitarias, e incidirá, finalmente, sobre los procedimientos de
gestión universitaria más adecuados para enfrentarse con la nueva
realidad de la universidad.

Por todo ello, por esta razón también, además de la razón aludida en
primer lugar y que afectaba al proceso de transferencias, pareció
aconsejable esperar a que avanzara el trabajo, por una parte, antes de
presentar el proyecto de ley y, por otra, decantarse finalmente por la
opción de regular el profesorado, eso sí, de una manera global y
completa, sin perjuicio de que, en el caso de que más adelante, como
consecuencia de la finalización del debate de financiación, se
considerara conveniente atender otro tipo de revisiones de carácter
legal, pudieran producirse, después de estudiar detenidamente y con
participación de todos los sectores de la comunidad universitaria la
cuestión.

Ya estoy situado en uno de los elementos básicos, hoy el elemento básico
del contenido de nuevo proyecto de ley, que, como luego diré, pronto se
traerá a esta Cámara. El proyecto de ley verá fundamentalmente la
regulación del profesorado, con lo cual conecta de una manera directa con
el contenido del proyecto de ley de la legislatura pasada, que decayó.

De lo que se trata en el proyecto de ley es de encontrar una estructura
de profesorado adecuada para impartir una enseñanza en las mejores
condiciones de calidad posibles para una universidad que ha sufrido una
transformación sustancial, a lo largo de la última década,
fundamentalmente, que, en definitiva, es el tiempo regido por el vigor de
la ley de Reforma Universitaria.

Aunque sean datos suficientemente conocidos por SS. SS., convendría
recordar que, tanto en el número de alumnos como en el número de
titulaciones y de centros de enseñanza universitaria, se ha producido lo
que probablemente es uno de los signos más importantes de la
transformación de la sociedad española de los tiempos que vivimos.

La tasa de escolarización universitaria viene a ser, en estos momentos,
de tres estudiantes por cada cien habitantes, lo que constituye una de
las tasas de escolarización más altas de Europa; el número total de
estudiantes universitarios asciende a algo más de 1.300.000; mientras que
hasta hace muy poco tiempo se ofertaba en los estudios superiores
españoles en torno a unas 60 titulaciones hoy estamos situados ya
exactamente --creo-- en 127; el número de centros ha aumentado
sustancialmente, incluso hasta el momento de cerrar el mapa, con la
creación de la Universidad de Burgos, que SS. SS. están debatiendo.

Para atender a este nuevo fenómeno universitario español el anteproyecto
distingue, como viene siendo normal desde hace mucho tiempo en la
universidad, entre dos ámbitos de profesorado: uno, el profesorado
contratado y, otro, el profesorado permanente. El primero incluye
fundamentalmente categorías que tienen como misión el apoyo y la
colaboración a la docencia y la investigación, naturalmente, como es
propio de la universidad, pero acusando los componentes de formación
personal, tanto en el ámbito de la docencia como en el ámbito de la
investigación. Y el segundo es un profesorado permanente para encargarse
de las tareas universitarias de más peso, de las tareas universitarias
fundamentales, tanto en el ámbito de la docencia como en el de la
investigación.

En las categorías de personal contratado se parte, como actualmente, de
la figura del ayudante, que está concebido como el primer escalón de la
carrera universitaria; no es un profesor, aunque ocasionalmente pueda
tener funciones de apoyo a la docencia. El proyecto, con algunos
procedimientos, acusará los componentes de formación y de apoyo a la
docencia --fundamentalmente de formación-- de esta figura del ayudante,
cuya misión principal es la rea-lización de su tesis doctoral, es decir
el progreso en la función investigadora.

Aparecerá --como, por otra parte, ya estaba previsto en el proyecto de
ley que, en su momento, decayó-- la figura de un profesor ayudante, que
es una figura echada en falta en el ámbito de nuestro profesorado
universitario actualmente; un profesor con el doctorado ya realizado,
vinculado temporalmente a las tareas universitarias y con capacidad
docente en determinadas condiciones que el propio proyecto de ley habrá
de señalar. La dedicación de estas dos categorías de profesorado, puesto
que se entiende que constituyen los escalones básicos de la carrera
universitaria, será a tiempo completo, según prevé el proyecto.

Habrá otras figuras de profesorado contratado, de profesorado no
permanente, con funciones de colaboración en la docencia y la
investigación. El proyecto de ley intentará aquí hacer un esfuerzo en lo
que se refiere a la depuración de las figuras de profesorado contratado,
a los efectos de determinar claramente cuál es la función que en los
diferentes



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ámbitos de la actividad universitaria cada una de estas categorías de
profesores deberá ejercer. Las dedicaciones a tiempo parcial o completo
variarán, como es natural, en función del caso, de la proyección
fundamental sobre la actividad universitaria de cada una de estas
figuras.

Por lo que respecta a las categorías de profesorado permanente, es decir,
de profesores funcionarios, en principio se mantienen las cuatro
categorías fundamentales previstas actualmente en la legislación:
catedráticos y profesores de escuela universitaria. En estos ámbitos, y
para la determinación de a qué tipo de enseñanzas pueden afectar algunas
de estas figuras, se prevén algunas intervenciones del Consejo de
Universidades, para definir áreas de conocimiento y otras cuestiones.

Como he tenido ocasión de repetir, el anteproyecto pretende igualmente
adaptar la legislación general sobre jubilación de los funcionarios a las
condiciones singulares del profesorado a la luz de la experiencia
acumulada en los últimos años y teniendo en cuenta las características
específicas de la función docente e investigadora.

La universidad que queremos para el futuro es una universidad que habrá
de atender la satisfacción de criterios de mayor calidad en la enseñanza,
pero es también una universidad que se va a definir por sus
características singulares que me parece que es necesario tener muy en
cuenta siempre para acercarse al fenómeno universitario del futuro. Va a
ser una universidad forzosamente más adaptada al entorno social al que
sirve y, por ello, una universidad que tendrá que estar dotada de mayor
flexibilidad. Va a ser una universidad con gran número de estudiantes. En
alguna ocasión se ha dicho que seguiremos manteniendo una universidad que
pueda calificarse de universidad de masas; lo importante es que no se
trate de una universidad masificada en el sentido que normalmente se da a
ese término, razón de más para extremar los instrumentos de calidad. Va a
ser una universidad que deba compenetrar lo más posible, y ello causará,
sin duda, tensiones importantes, docencia e investigación. La mejor
manera de asegurar una enseñanza de calidad es trabajar en las
condiciones necesarias para que el profesorado que se obtenga sea un
profesorado cualificado en materia de docencia y en materia de
investigación. Esta es, como es natural, una de las preocupaciones del
proyecto.

Para tener este profesorado es preciso establecer mecanismos que regulen,
que garanticen el rigor en los procesos de incorporación del profesorado
a las actividades universitarias, entre otras cosas --aunque no sólo por
esto, como es natural-- porque las universidades van a verse obligadas a
competir entre sí con arreglo a esa nueva situación que se va a plantear
de los estudios superiores en España. Creo que debemos estar esperanzados
respecto al futuro en materia del ejercicio de esa competencia por parte
de las universidades, pero lo cierto es que para establecer esta
competencia con claridad y para que tenga buenas consecuencias será
necesario establecer mecanismos que, como decía, aseguren el rigor de los
procesos. Esos mecanismos pueden ser diversos y varios se contemplarán en
el proyecto de ley en que en estos momentos se está trabajando. Algunos
aparecerán establecidos en el propio texto del proyecto de ley, otros
habrán de ser establecidos por las administraciones educativas que, en su
momento, tengan la competencia exacta sobre la enseñanza superior, y
otros deberán ser establecidos por las normas que rigen el funcionamiento
de cada una de las universidades, por sus normas estatutarias. Los
mecanismos habrán de estar diferenciados en las etapas de profesores no
permanentes y permanentes y habrán de combinarse de tal manera que
existan mecanismos de carácter general que afecten a las condiciones que
habrá de reunir todo profesor universitario para vincularse de manera no
permanente o permanente a las tareas docentes e investigadoras. Habrán de
regularse estableciendo normas que fijen composiciones y contenidos de
las comisiones de selección de este profesorado en las diversas etapas; y
todo ello estará incluido con el criterio básico de referencia a la
calidad del profesorado en el anteproyecto de ley.

La comparecencia plantea también la cuestión acerca de fecha en que el
texto en forma de proyecto tendrá entrada en la Cámara.

En estos momentos puede decirse que ya hay un horizonte para que el
Gobierno remita el texto como proyecto de ley para su tramitación en el
Congreso y después en el Senado. Ya está tramitándose un anteproyecto en
el Gobierno. Dentro de muy poco tiempo llegará al Consejo de Ministros y
se remitirá inmediatamente a estas Cámaras. En breves fechas, por
consiguiente, SS. SS. tendrán oportunidad de debatir tanto las cuestiones
globales, a las que me he referido, cuanto las cuestiones concretas que
por no haberse aprobado todavía el proyecto de ley, no he podido
concretar en esta ocasión.

Señor Presidente, nada más.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, que ha solicitado la
comparecencia, tiene la palabra el señor Ollero por tiempo máximo de 10
minutos.




El señor OLLERO TASSARA: Confiando, como siempre, en su benevolencia a la
hora de apreciar el tiempo, doy ante todo la bienvenida al señor
Ministro. Me parece una circunstancia feliz que esta comparecencia de hoy
se produzca inmediatamente después del debate sobre el estado de la
nación, en el que, desgraciadamente, dado que la nación está preocupada
por temas de especial gravedad relacionados con la corrupción, sobre
todo, no ha habido ocasión de que ningún grupo se explaye hablando de la
universidad, lo cual hace que esta comparecencia pueda servir de modesto
debate sobre el estado de la universidad.

Vayamos más allá de las palabras comedidas del señor Ministro, que tiene
un concepto de la información realmente original, porque lo que ha dicho
hoy aquí lo podía haber dicho perfectamente en septiembre, antes de abrir
ni un solo papel de los que se encontró en su despacho al llegar.

Realmente, decir que se va a hacer un proyecto igual que el que ya había
y que va a haber mecanismos para garantizar la calidad del profesorado,
evidentemente, los habrá; pero si no explica en qué consisten, etcétera,
no es decir mucho.




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Voy a procurar ser lo más sintético posible y a la vez, dado que el
Ministro no lo ha hecho, aportar elementos para este debate.

En primer lugar, señor Ministro, nos encontramos ante una promesa
incumplida. Usted dijo aquí, concretamente el día 28 de septiembre, en
esta misma Comisión que pensaba enviar este proyecto. Han pasado siete
meses, nada menos, el proyecto sigue sin venir y esto exige una
explicación. El proyecto estaba prácticamente ultimado, como usted ha
recordado. Era un proyecto con muy escasas aportaciones, por otra parte,
respecto a la ley vigente, que explica el que siete meses después sigamos
igual. Desinterés personal por su parte --no considera usted que esto sea
un problema de cierta urgencia--; desinterés del Gobierno; no ha
conseguido usted que el Gobierno preste atención a estas cuestiones
porque las razones a que ha aludido, la verdad, no se tienen en pie.

Por un lado, proceso de transferencias. Sería una razón más para haber
enviado el proyecto cuanto antes, puesto que este proyecto sirve de norma
marco para el desarrollo en otras administraciones públicas de las
competencias que a ellas competan, que siempre son menos de las que
competen a la universidad como institución autónoma. Al fin y al cabo, es
una ley que tiende a marcar el ámbito de ejercicio de las autonomías que
la Constitución reconoce a las universidades. Por tanto, con
transferencias o sin transferencias, estamos en las mismas; simplemente
cambiará la Administración pública, respecto a la cual la universidad
sigue manteniendo su autonomía. Por tanto, no se entiende muy bien.

Financiación. No ha explicado usted que en el proyecto vaya a incluir
nada sobre financiación. Por tanto, no tiene sentido esperar siete meses
para luego no incluir nada.

Pensaba que usted intentaba abordar una rectificación de mayor
envergadura. Tampoco parece que sirvan de excusa las posibles consultas a
sectores implicados a las que usted aludía el pasado día 13, en respuesta
a la Diputada aquí presente, doña Blanca Fernández de Capel, cuando usted
dijo que estaba celebrando consultas con los sectores implicados. Por
cierto, aprovecharía para decirle, señor Ministro, que esas consultas,
que me parecen muy interesantes y necesarias, sería bueno que se
transparentaran en comparecencias como ésta. Cuando su Gobierno va a
elaborar una norma sobre contratación laboral, consulta a los sectores
implicados, pero también informa sobre cuáles son esos sectores. No lo
hace de tapadillo. Todo el mundo sabe que está hablando con los
empresarios y con los sindicatos como, por otra parte, es normal y
razonable. Lo que no tiene sentido es un período de consultas que no se
sabe con quién se realizan y en qué términos. Yo no creo que eso
contribuya a clarificar el debate como un sistema democrático exige y a
conseguir también mayor adhesión al proyecto que de ese debate
transparente surja.

Después de esta introducción, paso a referirme a aspectos concretos. El
primer punto que tenía previsto plantear es el único que ha abordado el
señor Ministro, bien es verdad que sin dar ninguna información. Es el
tema de la financiación de las universidades. ¿Piensa someter a la
aprobación de la Cámara un plan general de financiación de las
universidades que garantice el necesario ritmo de inversión en el próximo
decenio, por ejemplo, que es un tiempo razonable? Lo mismo que hay un
Plan general de Carreteras, lo mismo que hay planes que afectan a las
cuestiones que se entienden de especial interés nacional y que implican
unos compromisos también presupuestarios, ¿piensa establecer unos
criterios objetivos para abordar esa financiación? La financiación tendrá
que ser a la vez diversificada, porque las universidades son distintas,
pero equilibrada para evitar agravios comparativos. ¿Cuáles van a ser
esos criterios?
¿Se compromete usted, señor Ministro, a supeditar cualquier subida de
tasas al cumplimiento por el Gobierno de unas exigencias previas sobre
inversiones (eso fue dicho por el Gobierno; dijo que no se subirían las
tasas si no se cumplían unas inversiones que no se han cumplido) y a un
incremento, proporcional también, de la subvención a las universidades
para que no se produzca una transparencia de la financiación, sino un
incremento, que es lo que necesita la universidad? Antes he dicho que
hablando de corrupción estos días no se ha hecho referencia a la
universidad. Eso puede decir mucho de la categoría ética de la
universidad o puede decir mucho del escasísimo dinero que hay en la
universidad, que no da ni para que haya corruptos. Verdaderamente, con lo
que se reparte la verdad es que no da para mucho. ¿Condicionará usted
cualquier incremento de las tasas en nuevas titulaciones al cumplimiento
por los centros de unos requisitos objetivos de calidad? Decir que hay
una nueva titulación cambiando el nombre a lo de siempre y cobrar más no
parece muy presentable.

Segundo punto, señor Ministro. No habla usted para nada de un asunto
concernido a la Ley de Reforma Universitaria que cuando se vio dicha ley
se dijo que se iba a abordar en la LOGSE y que no se ha hecho. Es el
problema de la selectividad. ¿Qué modificaciones introducirá en el
sistema de selectividad, entre otras cosas para hacer posible la
movilidad de los estudiantes? Usted dijo aquí en septiembre, hace siete
meses, que le preocupaba mucho la movilidad de los estudiantes. Habló de
la movilidad europea, habló de la movilidad iberoamericana; la movilidad
española por lo visto no es necesaria. El estudiante español va a poder
ir a Europa y a Iberoamérica, pero no se va a poder cambiar a la
comunidad autónoma de al lado. Esto no parece muy razonable. ¿Qué medidas
va a tomar para que haya de verdad movilidad en los estudiantes y para
incrementar el número de aquellos que puedan cursar los estudios que han
elegido como primera opción?
Quisiera preguntarle qué medidas ha adoptado ya para favorecer esa
movilidad a la que usted se refería en esta misma Cámara en septiembre.

Ha tenido siete meses para adoptarlas. ¿Qué dificultades ve usted para
integrar en el llamado distrito compartido por lo menos el 50 por ciento
de las plazas disponibles en los Centros? ¿Qué problemas hay? Usted dijo
que era muy importante el distrito compartido, pero, como bien es sabido,
se reduce al 5 por ciento. Eso y nada es lo mismo. ¿Qué medidas concretas
piensa adoptar al respecto?



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Otro punto, señor Ministro. Usted ha hablado hace un momento del
profesorado y ha dicho que va a mantener las cuatro --nada menos que
cuatro-- categorías de profesorado existentes. Yo quiero que se
manifieste ante esta Cámara. Usted viene aquí a informar; diga lo que
piensa. ¿Qué razones justifican el mantenimiento de una distinción entre
cuerpos docentes de universidad --así se llaman-- catedráticos de
universidad y profesor titular de universidad y catedráticos y profesores
titulares de escuelas universitarias? ¿Es que las escuelas universitarias
no son universidad? ¿Es que cuando se imparte un ciclo corto lo que se
está haciendo no es impartir calidad universitaria durante menos tiempo,
sino impartir menos calidad universitaria hasta el punto de que la
preparación que se exija a este profesorado sea menor? ¿Qué sentido tiene
montar un sistema universitario de segunda división? Usted que estuvo
ayer en el fútbol disfrutando, le vimos en televisión, explíquemelo. ¿Por
qué quiere usted que haya universidades de segunda división? ¿Para que
den un espectáculo universitario como el que dieron ayer los equipos de
los que usted disfrutó? (El señor Nieto González: ¿Bueno o malo?) Pésimo.

¿Qué espera conseguir con eso? ¿No es consciente usted de que la figura
del profesor titular de escuela universitaria ha sufrido una
desvirtuación similar a la de los asociados? Ustedes van a cambiar --van
a intentarlo-- que los asociados cumplan una función como la que parecía
justificarlos y, sin embargo, no les preocupa que las facultades se estén
llenando de profesores titulares de escuelas universitarias, que no son
de universidad según la terminología, produciendo unos vicios que a usted
no le preocupan y que están deteriorando claramente la universidad. Dice
que se va a limitar sólo al profesorado; por lo menos aborde los
problemas reales del profesorado.

Siguiendo con el profesorado, otro punto, señor Ministro: la endogamia
localista en la selección del profesorado provocada gratuitamente por la
LRU. Usted no ha manifestado aquí siquiera qué va a hacer sobre el
particular. ¿Va a mantener la pretensión del proyecto anterior de
aumentar el número de vocales seleccionados por sorteo? ¿Van a ser cuatro
en vez de tres? ¿Piensa, incluso, recuperar el proyecto de rehabilitación
que en su día planteó el Grupo Popular, que en su momento hizo suyo el
ministerio como si se le hubiera ocurrido a él y que en su día abandonó
sin explicar por qué? ¿Por qué no asume usted un proyecto de habilitación
nacional dejando que de verdad luego las universidades autónomamente
elijan a quienes quieran? ¿Por qué mezcla lo que es apreciación de mérito
y capacidad y lo que es ejercicio de la autonomía? Dé razones concretas.

¿Piensa modificar las pruebas de acceso? Habla usted de mecanismos para
control de la calidad del profesorado. Yo no le pido mucho, señor
Ministro; yo le pediría algo muy simple: que los profesores sean
sometidos al control a que ellos someten a sus alumnos, al conocimiento
del programa. ¿Piensa usted poner una prueba, como ya la hubo siempre y
se consideró la prueba decisiva, donde el candidato a profesor tenga que
demostrar que se sabe el programa, como lo demuestran sus alumnos? ¿Quién
se opone a eso? Dígalo, señor Ministro. En esos contactos previos que ha
tenido, ¿quién se opone a eso? Dígalo para que se sepa y para que, quien
sea, asuma su responsabilidad ante la sociedad y ante la universidad. No
lo encubra. ¿O es usted el que opone? Y ¿por qué?
¿Qué procedimiento va a posibilitar algo que estaba previsto en el
proyecto anterior y sobre el que no se ha pronunciado: la presencia de
profesores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las
comisiones para plazas universitarias? ¿Va a mantener usted esa
prohibición? Y si la va a mantener, le pregunto. Esa equiparación, por
otra parte, es razonable si se dan las condiciones para que lo sea. ¿Se
van a dar esas condiciones? En concreto, ¿se va a producir una
equiparación de los procedimientos de acceso que evite inexplicables
asimetrías? No es explicable que un señor que ha sido nombrado profesor
por un tribunal nombrado a dedo, vaya a intervenir en un procedimiento de
acceso a plazas caracterizado por una exigencia clamorosa por parte de
los profesionales de que sea por sorteo. No es de recibo que un profesor
de la universidad vaya a un tribunal del Consejo, como ha ocurrido con el
Secretario General del Consejo de Universidades, un subordinado suyo, que
siendo profesor titular --así lo decía el «Boletín Oficial del Estado»--
fue Presidente de una comisión en el Consejo de profesores de
investigación, que tienen categoría de catedráticos. Eso no es de recibo,
señor Ministro, y el señor Ferrer se quedó lívido cuando lo oyó porque ni
él mismo se lo creía, pero está en el «Boletín Oficial del Estado».

Acabemos, por tanto, con esas asimetrías.

Por último, para acabar este tema relativo a profesorado, dígame: ¿Va a
incluir en el proyecto --no lo incluía, que yo recuerde, el anterior-- lo
relativo a evaluación de la investigación científica del profesorado, que
hoy día está en un decreto relativo sólo a retribuciones? No lo olvide.

¿Va a incluir eso en el texto legal como un arma fundamental para
promocionar la investigación del profesorado? ¿Piensa incluirlo o lo va a
dejar ahí como un decreto arrumbado de meras retribuciones?
Aprovecho para preguntarle: ¿Qué razones concretas le llevan a ocultar,
tanto a usted como a sus antecesores --hace tres años que lo vengo
pidiendo--, los resultados de esas evaluaciones y qué comisiones han sido
las que han evaluado? En un sistema caracterizado, afortunadamente, por
la publicidad, donde los tribunales o las comisiones para acceso a plazas
de profesorado se publican en el «Boletín Oficial del Estado», no se
entiende que una comisión, que tiene bastante más competencias, muchas
veces sea clandestina o que un comité asesor, del que dependen en
realidad de forma importante la decisión de la comisión, sea clandestino.

Tampoco se entiende que ustedes nombren un comité asesor, hagan una
evaluación como hicieron en Derecho --usted bien lo sabe porque fue de
los evaluados, supongo-- y a la hora de la verdad porque no le gusta al
ministro de turno, al señor Solana, se nombre otra para que cambie la
evaluación. Eso no es serio; eso tiene que estar en una ley claramente
regulado y tienen que ser públicos los procedimientos, de lo contrario,
eso es un tinglado o lo parece, señor Ministro y en política las cosas
son como parecen; por tanto, eso es un tinglado.




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Paso a otro tema que sí ha aludido usted: el tema de la jubilación del
profesorado. Voy terminando, señor Presidente. ¿Ha calculado el señor
Ministro adecuadamente el ritmo de debate parlamentario que esta casa
lleva habitualmente para hacer innecesario un nuevo decreto-ley que
aborde el problema de la jubilación? Imagino que usted no pensará
patentar la figura del decreto-ley, que siempre ha sido por razones de
urgencia, y crear ahora un decreto-ley por razones de falta de urgencia
ministerial. Durante siete meses usted ha tenido otras cosas que hacer
para mandar un proyecto calcado del anterior. Eso sería poco serio y,
desde luego, ni se le ocurra pensar que el debate del proyecto que usted
mande va a ser más rápido que el del proyecto anterior en lo que
significa de atención por parte de los grupos de la oposición, por lo
menos del mío. No venga usted luego con actitudes que podrían sonar
--perdone la palabra-- casi a chantaje y decir que no presentemos muchas
enmiendas que entonces no se van a poder jubilar. Ese es un problema de
usted. Usted es el que ha tenido siete meses olvidados a los que se van a
jubilar, por tanto, luego ni se le ocurra mencionar ese asunto; sería muy
poco razonable y elegante por su parte.

Terminando este apartado, ¿qué medidas piensa adoptar, señor Ministro,
para subsanar el agravio comparativo de los ya jubilados, muchos de los
cuales no tienen siquiera 70 años? ¿Va a incluir usted en el proyecto,
porque tampoco está en la LRU, la figura de los eméritos y la va a
incluir revisando su tratamiento actual, que es claramente inadecuado en
la medida que los coloca en una situación por lo menos desagradable y de
marginación? El simple hecho de que un emérito no esté en el tribunal --y
eso me lo reconoció en conversación personal su antecesor, el profesor
Pérez Rubalcaba-- significa --porque las cosas son así y usted lo sabe--
que va a ser invitado a muchas menos tesis doctorales, a muchas menos
conferencias; va a quedar marginado de la vida académica porque es una
persona que oficialmente, en un detalle tan decisivo, no existe.

Pasamos a otro punto, señor Ministro. Ustedes lanzan globos sonda y a la
hora de la verdad no responden. Ustedes afirmaron que iban a abordar los
órganos de gobierno de las universidades, ahora no ha hablado aquí para
nada de eso y es decisivo antes de las transferencias, porque debe ser
una ley aprobada aquí la que regule ese aspecto. Lo ha hecho la LRU, pero
lo ha hecho fatal y usted lo sabe. ¿Considera que el diseño actual de
esos órganos de Gobierno favorece la asunción de responsabilidades ante
la sociedad por parte de universidades reconocidas como autónomas por la
Constitución? Autonomía implica responsabilidad y el sistema de gobierno
que ustedes han implantado no permite, favorece ni facilita esa
responsabilidad. ¿Cree usted, señor Ministro, que la relación funcional
que establece la LRU entre órganos unipersonales y órganos colectivos es
la adecuada? ¿No es verdad que los rectores y los decanos se ven
secuestrados por órganos colectivos anónimos que no asumen
responsabilidad alguna? Sentado donde está usted ahora ha estado el
rector de una universidad y cuando le he planteado un disparate que está
en estos momentos haciendo su universidad y le he dicho si él asume
razones para justificarlo, me ha contestado: Lo ha decidido mi claustro.

Es algo que él ha sido incapaz de justificar. En concreto me refiero a la
existencia de alumnos que no van a ser alumnos oficiales realmente y a
los que, sin embargo, se les va a permitir que se matriculen como si lo
fueran. ¿No piensa usted, señor Ministro, que resultaría más positiva la
elección de los cargos unipersonales de rectores y decanos por sufragio
universal ponderado con arreglo a la representación de los diversos
sectores, cosa que ya ocurrió en la universidad y tuvo muy buen
resultado, para que esos gobernantes de la universidad puedan asumir
responsabilidades que deben asumir ante la sociedad?
¿Piensa usted, dentro de órganos de gobierno, replantear el Consejo de
Universidades? ¿Piensa usted, en concreto, dar paso a una conferencia de
rectores que sea de verdad la voz de la universidad o piensa seguir
manteniendo la mezcolanza existente actualmente, de la que tuvo que
ocuparse el Tribunal Constitucional y cuyos frutos conocemos? La Ley
encarga a ese órgano, a esa mezcolanza, que establezca módulos objetivos
de capacidad de los centros. Once años después no lo ha hecho, porque no
ha querido o porque a ustedes --usted es su Presidente-- no les ha
interesado. ¿Para qué nos sirve ese órgano? ¿Para escamotear cuestiones
incómodas que ustedes archivan en el Consejo de Universidades? ¿Es de
recibo que once años después no haya hecho una de las pocas cosas que
explícitamente le ordenaba una Ley aprobada en esta casa? ¿Es de recibo,
señor Ministro? Usted es responsable, porque usted es el Presidente de
ese órgano. ¿Piensa acabar con esa historia de una vez? ¿Piensa acabar
con un órdago cuyas actas son clandestinas y anónimas, donde no se indica
quién dice ni qué dice? ¿Eso es un órgano de debate? ¿Se imagina usted
que el acta de esta sesión de hoy dijera: En el debate se expusieron
estas ideas, y no dijera si las ha expuesto usted o yo? Así hacen las
actas en el Consejo de Universidades, para que nadie sepa lo que se hace
allí. ¿Esa es su función, que nadie sepa lo que se hace allí?
¿Piensa usted acabar con la pintoresca figura de los consejos sociales?
Ahora hay transferencias y puede haber la tentación en determinadas
comunidades autónomas de querer condicionar a las universidades más de lo
que el Ministro, desde el Gobierno de la nación, lo ha hecho, y sería muy
grave. También el Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse aclarando
que el Consejo Social, con intentos de control de la universidad, no
puede entrar en lo que es autonomía universitaria. Por tanto, sería grave
que se ampliaran incluso las competencias de esos consejos sociales; lo
que hace falta es acabar con ellos porque no sirven para nada. El lunes
pasado, en mi facultad, en una conferencia organizada por mí mismo, el
Presidente de la organización empresarial de agricultura de toda
Andalucía se quejaba de la ignorancia de ocho universidades que hay en
Andalucía respecto a sus problemas. Le pregunté: ¿Pero usted no sabe que
existe una cosa que se llama Consejo Social? ¿Usted no sabe que hay en
Andalucía ocho consejos sociales --bien es verdad que algunos de sus
presidentes viven en Madrid--, y esos consejos sociales no han hablado
con usted? Me dijo: Yo no sé ni que existan. ¿Quiere usted mantener ese
bodrio? ¿Para qué? ¿No sería mejor



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que cada universidad, en ejercicio de su autonomía, diseñe en sus
estatutos el órgano que estime adecuado para enlazar con la sociedad y no
mantener al señor Aureliano Recio de Presidente del Consejo Social de
Cádiz, y que, a la vez, lo van a nombrar ahora presidente de Puleva, en
Granada. Se apunta a un bombardeo, siempre por la vía de su Partido? ¿Le
parece lógico que la universidad sea como Puleva, algo que se le da a un
señor del Partido para quitárselo de encima? Eso no es serio; no es
serio.




El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Voy terminando, señor Presidente. Me queda un
punto.




El señor PRESIDENTE: Sí, señor Ollero, más vale. Su señoría ha hecho
mención al comienzo de su intervención a la generosidad de esta
presidencia, pero lleva ya más de veinte minutos.




El señor OLLERO TASSARA: De acuerdo, señor Presidente. Soy consciente de
que he abusado de ella y termino con el último punto.

El último punto es relativo a algo a lo que tampoco ha aludido el señor
Ministro y que estaba contemplado en el proyecto: las plazas de
facultades, sobre todo de Ciencias de la Salud, Medicina, vinculadas a
asistencia sanitaria. ¿Piensa mantener el proyecto anterior en lo
relativo a esas plazas? No ignoro que eso es una polémica complicada y
que ahí se pueden incluir determinados intentos corporativistas, lo sé
perfectamente. Como me parece también intuir que ha cambiado bastante la
actitud de los profesores de Medicina que cada vez están haciendo
propuestas más razonables. ¿Se van a contemplar esas propuestas? ¿Va a
cambiar el tratamiento?
Esto es todo. Muchas gracias, señor Presidente, por su benevolencia. Me
excuso por haber abusado tanto de ella y, quizás también para
contrarrestarlo, si me lo permite el Presidente, voy a pasar al señor
Ministro un esquema de los problemas que le he señalado para que le sea
más fácil contestarme.




El señor PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias.

¿Algún otro grupo, además de Grupo Popular, quiere intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor González.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Mi grupo no tenía esperanza de que la
información fuera exhaustiva, además lo considera incluso razonable. Por
eso, no voy a hacer muchas preguntas al señor ministro, sino que más bien
le voy a manifestar cuáles son las preocupaciones fundamentales de
nuestro grupo de cara a esa modificación de la Ley de Reforma
Universitaria.

Tenemos una universidad --se lo hemos dicho muchas veces, señor
Ministro-- en cierto modo abandonada a su suerte, con motivo del también
abandono presupuestario al que se tiene sometida a la universidad en
estos últimos tiempos. Nosotros consideramos que la Administración debe
adquirir el compromiso firme de ir acercando el gasto público en
universidad a la media de los países europeos. De la misma manera,
nosotros entendemos también que debe establecer claramente qué parte de
los gastos que genera la universidad deben ser sufragados por los
usuarios, sobre todo en un momento como el actual que viene precedido de
algunos problemas en ese sentido. Desde luego, sea cual fuere la fórmula
consensuada, mi grupo cree que ésta debe estar en íntima conexión con
mecanismos que, como las becas, los créditos blandos, a largo plazo o
cualesquiera otros que se adopten, impidan que exista el más leve indicio
de selectividad por motivos económicos. También en el aspecto económico
entendemos que en ese debate de la financiación de la universidad se
deben racionalizar los ingresos que percibe la universidad por cualquier
otra vía, convenios universidad-industria, fundaciones, titulaciones,
etcétera, de tal manera que éstos repercutan en su totalidad en los
presupuestos universitarios, estando controlados por el órgano social
correspondiente, que entendemos no es otro que el Consejo Social en una
versión renovada y democratizada.

La universidad pública está sometida también a un proceso de masificación
creciente que hace prácticamente imposible en este momento, si no se
cambia la situación, conseguir esos objetivos a los que usted se refería
de que los alumnos disfruten de una enseñanza de calidad. Persisten
también, por otra parte --y no sabemos qué ocurrirá después del proyecto
de ley--, las pruebas de selectividad, que se han mostrado hasta ahora
incapaces de seleccionar de forma más o menos adecuada a los alumnos.

Alguien ha dicho, y se ha puesto de manifiesto en sucesivas ocasiones,
que la mayor parte de estos alumnos todavía no pueden cursar sus estudios
de primera opción; sólo lo consigue, aproximadamente, el 50 por ciento.

Existe también en la actualidad, y nos preocuparía que siguiera
existiendo después del proyecto de ley, un escaso protagonismo de la
institución universitaria como punto de referencia y foco de irradiación
de valores culturales, sociales, éticos, políticos, así como de
desarrollo personal en todas sus dimensiones. Yo creo que éste debe ser
uno de los papeles que la sociedad puede y debe demandar de sus
universidades.

La elaboración de los planes de estudio que conducen al nacimiento de
nuevas titulaciones no se ha visto rodeada de la necesaria transparencia
en el debate, y sobre todo participación, que las conviertan en un punto
de partida para una renovación de los estudios universitarios y también
para la adecuada inserción de la universidad española en el contexto de
la construcción europea. Persiste, por tanto, en cierta medida, esa
selvática e irracional situación citada en su día en el preámbulo de la
LRU, aplicada también a la jerarquización de los cuerpos docentes. Pueden
darse algunas irregularidades en la contratación del personal de
administración y servicios y puede haber problemas de precarización en el
empleo. Asimismo, se pueden constatar, y de hecho se constatan, algunos
déficit democráticos en los órganos de gobierno y participación social,
que generan muchas veces frustraciones



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y disfuncionalidades en la vida universitaria. Por tanto, después de su
información, escasa he dicho, pero razonablemente escasa, nos preocuparía
fundamentalmente no que fuera escasa en este momento, sino que el futuro
proyecto de ley fuera simplemente una cara renovada --ya se lo dije en
otra ocasión-- de los viejos defectos en que nos venimos moviendo hasta
estos momentos.

Por tanto, es importante, a nuestro juicio que, con valentía y de una vez
para siempre, estudiemos, valoremos y debatamos la rentabilidad social y
académica de las pruebas de selectividad, como le decía antes; sistema de
acceso, por otra parte, que, por ustedes mismos, en nombre del Gobierno,
sus antecesores y yo creo que por usted mismo y desde múltiples sectores
sociales, no ha sido defendido, sino simplemente ha sido considerado como
un mal menor.

Asimismo, la permanencia en la Universidad es un tema que puede ser
regulado en el marco del ejercicio de la autonomía universitaria y en una
orientación que permita contribuir a la desmasificación, así como a una
optimización de los recursos públicos. Hablaba al principio de mi
intervención de que la Universidad sigue masificada. Estas limitaciones a
la permanencia en las aulas, no obstante, dado su delicado carácter y la
irreversibilidad que el proceso lleva consigo, deben ser fruto, repito e
insisto en ello, del debate amplio, de la racionalidad, del consenso
entre todos los sectores implicados.

Vuelvo a insistir, para resumir, en los órganos de participación y
control social. Para nuestro Grupo, nuestras universidades deben recorrer
aún un largo camino, en un doble sentido: el primero corresponde a la
democratización plena de sus estructuras y órganos de Gobierno; el
segundo, a lo que se refiere a una creciente interpretación con la
sociedad, aumentando el peso de sus demandas sobre la Universidad. Todo
ello sin menoscabo y en armonía con el respeto a la autonomía
universitaria.

Hay que potenciar el asociacionismo estudiantil y sindical; hay que
aumentar las competencias de estos órganos de representación, a que me
refería antes, que permitan canalizar adecuadamente la participación en
la gestión y en el día a día del universitario, permitiendo a todos los
sectores que componen la institución una mayor integración en la misma.

Hay que replantearse la función docente en la Universidad, dotando de
mayor relevancia a los aspectos pedagógicos de la misma, lo que debe
implicar, a nuestro juicio, el diseño de un plan de formación inicial y
perfeccionamiento del profesorado. Se hace necesario, asimismo, una
revisión en profundidad de los actuales órganos de evaluación de la
docencia y de la investigación.

Por no alargarme, no sólo porque el señor Presidente no me llame la
atención, sino por ajustarme al contenido y al tiempo que se nos da para
la intervención y también en justa correspondencia con la escasa
información del señor Ministro, he dejado algunas de las cuestiones que a
mi grupo le tiene preocupado desde hace mucho tiempo y que espero, con la
modificación de la Ley de Reforma Universitaria, se solucionen de una vez
para siempre.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Lazo.




El señor LAZO DIAZ: Yo he pedido la palabra, en nombre del Grupo
Socialista, no para entrar en un debate sobre el estado general de la
Universidad española, sino para atenerme estrictamente al primer punto
del orden del día y, en consecuencia, para referirme a las palabras del
señor Ministro sobre el próximo proyecto de ley de modificación de la
LRU. No voy a hablar, en absoluto, de inversiones, no voy a hablar de
tasas, no voy a hablar de titulaciones, no voy a hablar de cómo hace las
actas el Consejo de Universidades y tampoco voy a hablar del señor
Aureliano Recio, que me imagino que la mayor parte de los comisionados no
tendrán ni idea de quién es. Tampoco voy a adelantar, podíamos decir, un
debate sobre los detalles de lo que pueda ser el proyecto de ley que
llegue a esta Cámara. Ya tendremos ocasión de debatirlo. Si empezamos
ahora a debatir esos posibles detalles estaremos debatiendo de una forma
permanente durante años sobre la LRU.

En consecuencia, mi intervención va a ser muy breve y sobre dos
cuestiones tan sólo. Primero, quiero manifestar nuestro total acuerdo con
la intervención del señor Ministro de Educación. De sus palabras se
deduce que el proyecto de ley sobre modificación de la LRU llegará a esta
Cámara con el tiempo justo, se dará así cumplimiento a la proposición que
se aprobó en su día en el Pleno y estamos seguros de que antes de que
comience el próximo curso la ley estará aprobada en su totalidad.

Es curioso, y seguramente inevitable, cómo con bastante frecuencia la
oposición de derechas acusa al Gobierno o bien de precipitación o bien de
lentitud en la presentación de una ley, al margen del tiempo real que el
Gobierno emplee en presentarla. Recuerdo, por ejemplo, cómo en un debate
de totalidad en el Pleno sobre una ley universitaria por parte del
portavoz de la derecha parlamentaria se acusaba al Ministro de entonces
de haber presentado la ley --se decía textualmente-- con precipitación,
con nocturnidad y con estiaje, sencillamente porque empezábamos a
discutirla a la puesta del sol y porque se estaba discutiendo a comienzos
del verano. La elaboración del proyecto de ley a mí me parece que va por
sus pasos, está siendo meditada como hay que meditar las leyes
importantes, está siendo consultada con los Grupos políticos y con los
grupos interesados y el señor Ministro nos ha dicho que el proyecto
estará aquí pronto. A partir de ese momento, a partir del momento en que
el proyecto entre en esta Cámara, lo que tarde en aprobarse, desde luego,
no depende ni del señor Ministro ni del Gobierno; dependerá de los Grupos
Parlamentarios del Congreso y de los Grupos Parlamentarios del Senado.

Por nuestra parte, queremos adelantar que, sin merma del rigor, sin merma
de la seriedad en el debate, nuestro Grupo está dispuesto a dar a las
discusiones la máxima celeridad posible, pero repito que eso ya, desde
luego, no dependerá del señor Ministro.

Segunda cuestión. El proyecto de ley que va a venir aquí es un proyecto
elaborado por un ministro socialista. Por lo tanto, no puede tener
grandes diferencias con el anterior



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proyecto que estuvimos a punto de aprobar, también elaborado por un
Gobierno socialista. Lógicamente, no puede haber grandes diferencias.

Pero es lógico también que existan nuevos matices. De las palabras del
señor Ministro deducimos que esos nuevos matices están en la línea,
podríamos decir, en la filosofía que el Gobierno y el PSOE vienen
manteniendo desde hace algún tiempo. Cada vez que haya que modificar en
algún sentido algún aspecto de la educación española y, por lo tanto, de
la educación universitaria, habrá que colocar el acento, habrá que
convertir en prioritaria la defensa, la mejora de la calidad de esa
enseñanza.

Nada más, señor Presidente. Quedamos a la espera de la pronta llegada del
proyecto de ley y estamos convencidos --lo repito una vez más-- que
significará un nuevo paso en la mejora de la calidad de la docencia y de
la investigación en las universidades españolas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Señor
Presidente, muchas gracias, señorías, por sus intervenciones. Creo que, a
lo largo del conjunto de debates que reglamentariamente se prevén en esta
Cámara, vamos haciendo, poco a poco y día a día, ese debate general sobre
la universidad al que se refería no sé si el señor Ollero, pero sí el
señor Lazo.

Efectivamente, esta no es la ocasión de hacer un debate sobre el estado
general, pero muchas de las cuestiones que el portavoz del Grupo Popular
ha planteado han sido contestadas por mí o por mis colaboradores de una
manera satisfactoria o no para el señor portavoz en diferentes ocasiones
y según determinadas figuras de las previstas reglamentariamente. Yo creo
que, según el texto de la comparecencia a la que soy llamado, hoy
fundamentalmente tengo la misión de informar a SS. SS. sobre criterios
generales y sobre fechas. Creo que en la medida en que estas cuestiones
pueden determinarse en el estado actual de los trabajos sobre la
actualización de la Ley de Reforma Universitaria a que me he referido,
han sido cumplidamente satisfechas. En cualquier caso, digo a SS. SS. que
me he esforzado en hacerlo.

Desde una perspectiva general, señoría, me interesa señalar dos
cuestiones. Creo que criterios generales son criterios generales y que se
pueden entender identificados con el contenido de mi primera
intervención. Es verdad, señoría, que no he hablado de cómo se van a
componer los tribunales o de las plazas vinculadas. Señoría, eso no son
criterios generales desde mi punto de vista. Pero además de esto
concédame que difícilmente me puede estar permitido hablar de cuestiones
tan concretas, que no son general, cuando en estos momentos el
anteproyecto de ley en su estado actual de redacción ha salido de las
manos de mi Departamento y está sometido a consultas en los órganos
colegiados del Gobierno, a consultas y a decisión, según proceda, de
otros departamentos ministeriales. Creo que esta mañana --no estoy seguro
porque ha habido un cambio de fechas-- se está celebrando la Comisión
general de Secretarios de Estado y Subsecretarios y esta Comisión está en
estos momentos, señor Presidente, seguramente repitiendo con más
intensidad y con un texto naturalmente escrito, el debate que sólo sobre
criterios generales yo me puedo permitir hacer aquí. De esta manera, creo
que estoy cumpliendo con mi función y si no la Presidencia me lo dirá.

Lo que debo dejar claro a S. S. es que he intentado explicar --y voy a
insistir de nuevo-- cuáles han sido las razones por las que no he traído
hace cinco meses o hace seis meses y medio el proyecto de ley a esta
Cámara. Me parece que una cuestión de una envergadura como ésta, que va a
afectar a una institución de funcionamiento tan complejo y de una
incidencia social tan profunda como es la universidad, debe ser
responsablemente tratada. Yo le aseguro a S. S. que, sin perjuicio de
haber ido ayer al partido de fútbol, por obligación, pero también he
disfrutado, como es natural, ese retraso al que S. S. se refiere no se
justifica en función de ningún desinterés por parte de ninguno de los
miembros del Departamento que tienen que ver en la cuestión, desde luego
por parte de este Ministro, y no digamos ya por parte del Gobierno. Por
eso, para justificar el momento en que traigo el proyecto a las Cámaras,
he querido comenzar mi intervención poniendo de manifiesto a SS. SS.

cuáles han sido las circunstancias que he tenido presentes para decantar
mi opción sobre los contenidos del futuro proyecto de ley, del
anteproyecto que ahora estoy proponiendo al Gobierno, y que me han
impedido traer antes el proyecto de ley a estas Cámaras. Y, sin perjuicio
del pensamiento de S. S., estoy convencido de que he actuado de una
manera responsable, como SS. SS. tienen que exigirme en la labor de
Gobierno que me están encomendadas.

A mí me parece que el proceso de transferencia de la enseñanza superior,
en que estamos avanzando en estos momentos (y del que informé
cumplidamente a SS. SS. de que lo habría y de su estado), es de una
envergadura tan importante para la futura ordenación de nuestra enseñanza
superior que, sin perjuicio de que las autoridades de la Administración
central, el Ministro, el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno,
mantengan las capacidades de organización general del sistema, que luego
le permitirán regular, en términos de ordenación general del sistema, la
enseñanza superior, es, sin embargo, repito, el proceso de tal
envergadura que me parece que no conviene interferirlo con otras
cuestiones desde la misma perspectiva, ya que acabarían tocando el propio
proceso de transferencias. Este es mi criterio, respecto de cuya
significación podría ofrecer ejemplos que, sin embargo, me parece que
estarían en estos momentos fuera de lugar. Pero, además, se ha
introducido, y creo que correctamente, si se me permite decirlo (creo que
estuvo bien planteada la cuestión), se ha introducido un debate también
de mucha importancia en el Consejo de Universidades. Los miembros del
Consejo de Universidades, junto con expertos de las diferentes
Administraciones educativas, están dedicando esfuerzo, imaginación y
estudio. Un debate que va avanzando según las fechas fijadas y que se ha
convertido, del mero debate de financiación, que ya de por sí es
importante, en un debate general acerca de planificación universitaria
(me parece



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que al principio decía también coordinación universitaria) y acerca de lo
que es la necesidad de puesta en práctica de instrumentos de gestión de
la política universitaria para el futuro.

Entre otras cuestiones, ese debate de financiación va a obtener
conclusiones, que luego el Gobierno tendrá que explicar ante esta
Comisión y ante la Comisión homóloga del Senado, en relación con el
problema de la financiación; o en relación con la cuestión tasas, que a
SS. SS., como a mí, por supuesto, preocupan; o en relación con la futura
conformación del Consejo Social de las Universidades; o en relación con
algo que S. S. ha puesto de manifiesto, tan importante como es la
instrumentación de un Consejo de Universidades futuro que tenga que
responder a una nueva realidad de enseñanza superior española
transferida.

Todo esto me parece (y así lo he explicado para justificar mi opción y el
momento en que va a ingresar en estas Cámaras el proyecto de ley) que es
suficientemente justificativo del planteamiento que se ha hecho por parte
del Ministerio de Educación y del Gobierno en relación con este problema.

Habría que decir seguramente bastantes cosas en relación a la consulta a
los sectores implicados a que S. S. se refería también en un momento de
su intervención. Solamente voy a decir una cosa, señoría: para esta tarde
está convocada una reunión informal de los rectores de las Universidades
(no estoy hablando ahora del Consejo de Universidades) para tratar con
ellos determinadas cuestiones que me siguen preocupando en relación con
el propio proyecto de ley. Desde esta perspectiva es desde la que yo creo
que hay que contestar a determinadas cuestiones que S. S. me plantea o
derivar la contestación de otras cuestiones al momento en que el proyecto
de ley ingrese.

¿Voy a presentar, señoría, un plan general que garantice la financiación
universitaria? ¿O voy a presentar --por qué no decirlo, para qué vamos a
huir de las grandes categorías-- una ley de financiación de la
Universidad, que seguramente no es a esto a lo que S. S. se refiere?
Pues, señoría, créame que lo que he dicho en otros foros es absolutamente
significativo de mi pensamiento y que voy a repetir aquí. Voy a esperar a
que finalice el debate del Consejo de Universidades; voy a esperar los
resultados que la puesta en común de los esfuerzos de las
administraciones educativas con los responsables universitarios produzca
y, en función de eso, propondré --después de explicarlo a estas Cámaras--
planteamientos de gestión o planteamientos de elaboración y exposiciones
jurídicas que respondan a las conclusiones a las que llegue el propio
Consejo de Universidades en su debate de planificación universitaria.

Esto vale para cuestiones relativas a la financiación de la Universidad o
a la programación de la financiación de la universidad; vale para
cuestiones relativas a la necesidad o no futura de hacer una mayor
revisión legal de la Ley de Reforma Universitaria, para tratar cuestiones
tales (a las que he aludido en mi primera intervención y no he rehuido,
por consiguiente) como participación, gestión, órganos de Gobierno,
etcétera. Lo que sucede es que, en función de estas circunstancias, me
decido por proponer al Gobierno un proyecto de ley que, enlazando
directamente con el proyecto decaído el año pasado, intente regular de
una manera global, completa, con rigor y con un horizonte de mayor
calidad la de carrera del profesorado universitario.

Su Señoría pasa a algunas cuestiones concretas, casi todas exceden el
planteamiento de los criterios generales a los que yo pueda aludir, pero
voy a intentar hacer un rápido repaso de algunas de ellas, las que
estarían directamente implicadas en la ley, en la medida en que pueda
decir a S. S. alguna cuestión más concreta.

He dicho que el proyecto de ley, en mi propuesta al Gobierno (pero, como
esa propuesta se basa en el proyecto anterior, creo que en estos momentos
puedo decirlo tranquilamente en esta Cámara), mantiene las cuatro
categorías de profesorado permanente, pero no es verdad, señoría, que no
me preocupe el que determinadas categorías de profesorado resulten
falseadas por la práctica porque pasen en un nivel, o en una etapa
educativa, o en un ámbito que no les corresponde, a ejercer la docencia
o, en su caso, la investigación. Pretendo que el proyecto de ley incluya
elementos de control del no falseamiento del funcionamiento de estas
figuras del profesorado, y eso va a servir para el caso de los profesores
asociados --al que no sé, pero me parece que S. S. se ha referido en
concreto-- y va a afectar, por ejemplo, al caso de los profesores de
escuelas universitarias que imparten docencia en el ámbito de enseñanzas
de ciclo largo en la universidad. Habrá previstos en el proyecto de ley
mecanismos --me permitirá S. S. que me mantenga en mi comparecencia en el
ámbito de los criterios generales-- que intenten impedir esto. Su Señoría
comprobará lo que estoy diciendo y determinará si le gustan o si no le
gustan.

El problema de la endogamia, aumentar el número de vocales por sorteo y
una serie de cuestiones que me parece que dentro de este epígrafe S. S.

ha planteado.

El problema de la endogamia, señoría, me preocupa también, no sé si tanto
como a S. S., supongo que sí, pero, desde luego, me preocupa. Bien es
verdad que mucho más me preocupa que el profesorado sea de calidad. Me
preocupa que el profesorado, extraído de donde sea y cambie o no de
lugar, garantice la calidad de la docencia y la investigación; voy a
decir más: que garantice para el futuro una mejora en la calidad de la
docencia y de la investigación. Por eso quiero establecer una serie de
controles de carácter general que, sin que constituyan --y ahora me
detendré medio segundo en esto-- un sistema de habilitación --con ello me
apartaría del proyecto de ley anterior; quizás pueda apartarme en otras
cosas, pero creo que no debo apartarme en esto--, sin embargo garanticen,
con carácter general, una serie de controles, digamos, de todo el ámbito
territorial del Estado.

Yo, que no participé más que como un mero espectador en los prolegómenos
de la discusión del proyecto de ley anterior, y mucho menos en las
conversaciones privadas de S. S. donde se planteó el problema de la
habilitación, tengo, sin embargo, la sensación de que sí se explicó por
qué no se aceptó la idea; no sabía que la idea se hubiera primero
aceptado y luego abandonado; seguramente S. S. tendrá razón. La cuestión
sí me consta que se trató, señoría, en un Consejo de Universidades, por
lo menos, y que



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se recabó la opinión de los miembros del Consejo de Universidades y que
ésta, en términos generales (no estaba presente, señoría; permítame que
siga hablando así) fue contraria al sistema. Creo que, además, hay otras
razones de fondo que sin embargo me parece que no son constitutivas de
argumentar en este momento.

Ahí, por lo menos, me reconocerá S. S. que en el ámbito de nuestra
comunidad universitaria no hay una posición pacífica en relación a si
deben existir lo que yo llamaría en este momento --no recuerdo como S. S.

lo ha mencionado-- pruebas de programa en las oposiciones a los
diferentes puestos de profesor permanente.

Todos estamos de acuerdo en el ámbito de la universidad en que las
oposiciones o los concursos-oposición o los sistemas de contratación del
profesorado no permanente deban de ser regidos con el mayor rigor posible
y permitiendo el mayor grado de control posible. Muchos de los miembros
de la comunidad universitaria no quieren que existan unas oposiciones de
corte clásico; otros miembros de la comunidad universitaria desean
ampliar las oposiciones a determinados ámbitos que constituyan
demostración exacta de la lección del programa. Señoría, en esto creo que
la ordenación general del sistema, que es lo que constituye función
fundamental del Gobierno y del Ministerio de Educación y Ciencia, deba
tener en cuenta el sustrato común de lo que piensa la comunidad
universitaria, y me parece que ese sustrato común (entre otras cosas,
porque son muy diferentes las pruebas de acceso a las categorías de
profesorado permanente en el ámbito de las técnicas, o de las ciencias
puras o de las ciencias sociales o de las humanísticas) me parece,
repito, que está en exigir un conjunto de ejercicios que son los que
prevé hoy la legalidad vigente y quizá en algunos extremos posibilitar, a
través de la regulación de cada universidad, por qué no --y con esto
conecto con otra cosa que decía S. S. cuando recababa más regulación de
los estatutos universitarios--, la posibilidad de que en determinados
supuestos se amplíen esas pruebas para concurrir.

En cualquier caso, señoría, no es pacífico que ni se diga que la
comunidad universitaria en este momento está deseando volver al sistema
de siete ejercicios, de cinco ejercicios que se hizo en algún momento.

(El señor Ollero Tassara: Eso no lo ha dicho nadie, es una caricatura), o
de tres, que eso sí lo ha dicho alguien.

Evaluación científica del profesorado. La evaluación científica del
profesorado tendrá un papel en la determinación, según el proyecto de
ley, de la calidad del profesorado universitario, jugará un papel, quizá
más que el simple papel de los efectos retributivos que hoy tiene, como
indicábamos. Han tenido ocasión SS. SS. de plantearlo a través de
preguntas parlamentarias y ha provocado algún debate --creo recordar-- en
el seno de esta Comisión.

Yo creo que la no publicidad de los datos de la actuación de la Comisión
nacional de evaluación de la actividad investigadora es un sistema
correcto. Se trata fundamentalmente de garantizar la reserva de estos
datos para el interesado, que en ningún momento por la actuación de la
Comisión nacional de evaluación de la actividad investigadora se ve
indefenso, incluso en el recurso ante los tribunales. Por consiguiente,
me parece que prima la reserva sobre otras condiciones sobre las que no
primaría si esto produjera indefensión.

Este es mi criterio, señoría, que palmariamente le expongo. En cualquier
caso, sí que soy inocente de una cosa: yo no he sido evaluado. (El señor
Ollero Tassara: Porque no ha querido.) Porque no he querido, pero no he
sido evaluado. Como usted se refería a que seguramente había sido
evaluado, quiero responderle que yo no he sido evaluado, no he querido
ser evaluado.

Respecto a la jubilación, sinceramente no hay que ver ninguna razón
escondida. Puedo recabar de SS. SS. el que no vean tampoco ninguna razón
de desinterés por mi parte o de falta de dedicación para justificar que
sólo traigo el proyecto --lo traeré muy pronto-- en este momento, y no lo
he traído antes en relación con la solución del problema de la jubilación
del profesorado.

Como ritmo normal de debates estamos en tiempo, pero nunca me permitiré,
porque no es mi estilo ni el del Gobierno ni el del Grupo Parlamentario
que lo sustenta, el producir nada que pueda sonar a chantaje de S. S. en
relación con el ritmo del debate. Antes bien, mi deseo, en contra de lo
que pudiera parecer a un responsable del Ejecutivo, es que el proyecto se
discuta a fondo y se enriquezca en las Cámaras. Eso sí, si por las
razones que he indicado no llegáramos a tiempo para resolver la cuestión,
yo pienso que SS. SS. acordarían conmigo que habría que instrumentar los
procedimientos adecuados para resolver la cuestión para los profesores
que habrían de jubilarse antes del inicio del curso próximo. Espero que
no será necesario, pero si el ritmo de los debates así lo exige,
resolveríamos la cuestión de igual manera en que lo hicimos en septiembre
pasado.

Podríamos extendernos sobre la marginación que produce la regulación de
la figura de los eméritos. La figura de los eméritos irá, como ya recogía
el proyecto de ley decaído, en el nuevo proyecto de ley. Ha dicho S. S.

que no he explicado si se recoge en la LRU el tema de los órganos de
gobierno. Ya he explicado que no se va a recoger en el nuevo proyecto de
ley más que la regulación de las figuras del profesorado y las cuestiones
directamente conexas. En alguna ocasión podríamos extendernos sobre esto.

(El señor Ollero Tassara: Hoy.)
Me he referido, en el ámbito del Consejo de Universidades, a la necesidad
de replantear el Consejo. No es una cosa que oculte. Coincido con S. S.,
no sé si en el resultado pero sí en la necesidad de replantear el Consejo
de Universidades en su funcionamiento y en su composición ante las nuevas
transferencias en las que estamos trabajando. En su función, desde el
punto de vista de la ordenación general del sistema y de la garantía de
la movilidad interuniversitaria, ya he planteado la cuestión en el
Consejo de Universidades, lo que ha dado lugar a algún debate. Pienso que
habrá que replantear el Consejo de Universidades para el futuro. Eso sí,
no lo replanteo como he dicho al principio (que sí lo he dicho) en el
ámbito del proyecto de ley que mandaré.

No pienso como S. S. en relación con el papel de los consejos sociales en
la universidad. Me parece que es un órgano que podría ejercer una
importante función, un papel



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privilegiado en el ámbito de la universidad, sin que ello signifique
alterar decisiones tales como la del Tribunal Constitucional, que no es
otra que la de consolidar el planteamiento de la Ley de Reforma
Universitaria con respecto a la autonomía de la universidad.

Señorías, sí les digo --y permítanme que no sea más concreto-- que en un
plazo muy breve, cuando el anteproyecto acabe de discutirse en el
Gobierno, estaré en condiciones de traer el proyecto de ley a esta Cámara
y SS. SS. tendrán ocasión de contrastar su contenido con los criterios
generales a los que ya me he referido, y de discutir pormenorizadamente
todas las soluciones que a los problemas se dan desde la perspectiva, que
yo entiendo que es la fundamental del proyecto, de garantía de una mayor
calidad para nuestra enseñanza superior.

El señor portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
ha hecho un planteamiento de carácter general que sustancialmente
conozco. He tomado buena nota del conjunto de cuestiones que desde esa
perspectiva general plantea. Señoría, el proyecto estará depurado de tal
manera, que por el momento y por las razones que he indicado, no
contendrá cuestiones relativas a problemas tales como financiación,
formación o evaluación del profesorado en determinados aspectos, porque
en otros sí los contendrá. Está sujeto a la regulación del profesorado,
como decía, junto con sus aspectos conexos, sin perjuicio de que más
adelante todas estas cuestiones puedan ser recogidas bien en el ámbito de
normas jurídicas de carácter legal, que desarrollen lo previsto en la
LRU, en normas jurídicas de rango reglamentario, o desde la perspectiva
de la propia práctica de la gestión, a la que pueden referirse cuestiones
tales como la de los planes de formación del profesorado. Como digo, he
tomado buena nota de todas las cuestiones que ha planteado, señoría, y
espero sinceramente que el proyecto de ley satisfaga a las Cámaras, sirva
de discusión y ojalá pueda suscitar, en un debate sosegado y con el ritmo
requerido, el mayor consenso posible.

Quiero dar las gracias al portavoz del Grupo Socialista por sus palabras,
con las que, como es natural y no sólo obligado, me muestro plenamente de
acuerdo.




El señor PRESIDENTE: Señorías, les recuerdo que no está previsto en el
Reglamento un turno de réplica, sino un turno excepcional para los grupos
y para algún diputado o diputada que quiera hacer preguntas
complementarias o pedir aclaraciones. En ese sentido, se abre ese turno
excepcional para solicitar aclaraciones o preguntas complementarias.

¿Algún grupo o Diputado quiere utilizar este turno? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Ollero en los términos que esta Presidencia ha
señalado, no para replicar.




El señor OLLERO TASSARA: De acuerdo, señor Presidente. Es difícil
replicar a lo que no se ha dicho, por tanto, no tenga miedo alguno al
respecto. En primer lugar, es complicado debatir el germen de una ley
universitaria sin hablar del estado de la universidad. Lo que ocurre es
que como la ley anterior se hizo de espaldas al estado de la universidad,
comprendo que se dé la coherencia de mantener la incoherencia. Así sí lo
entiendo.

Ante todo, señor Ministro, quisiera decir una cosa: haría bien en leerse
las comparecencias de sus antecesores ante esta Cámara, para comprobar en
qué medida su intervención de hoy ha sido pobre o nula en información. El
señor Maravall, cuando venía aquí, tenía muy claro lo que iba a hacer y
lo decía. El señor Solana toreaba pintureramente, pero decía cosas. El
señor Pérez Rubalcaba también decía con claridad lo que pensaba: sí o no;
y a usted se le ido el toro vivo, como a uno que yo sé ayer.

Me ha preocupado una cosa que ha dicho, señor Ministro. Usted dice que
esta tarde se va a reunir con los rectores para hablar de esto. Me
preocupa, porque si se reúne con los rectores para decir lo que ha dicho
aquí, está despilfarrando el dinero público y si les dice a los rectores
una palabra más de lo que ha dicho aquí, no tiene usted ni la más remota
idea de lo que es el Congreso de los Diputados. ¿Es que la universidad le
importa más a los rectores que a los representantes de los ciudadanos?
¿Es que le va a decir a los rectores más que a los representantes de los
ciudadanos? ¿Por qué? ¿Qué curioso corporativismo es el que usted
suscribe? ¿Qué pasa con usted, es que es el Ministro de los rectores, o
de los ciudadanos españoles? Los ciudadanos españoles somos nosotros, no
los rectores. Sería muy grave que dijera a los rectores siquiera una
palabra más de las que usted ha pronunciado aquí. Además, se le ha
llamado aquí no para dar criterios generales. Lea usted el papel: «... de
las líneas fundamentales». Y en una miniatura, que es lo que es el
proyecto, las líneas fundamentales son mínimas, inevitablemente. Haga
usted un proyecto mayor y hablaremos de cosas de mayor envergadura.

Me preocupa el retraso que el proyecto lleva. Se ha dicho que llega ya
con el tiempo justo para el estiaje, para que se apruebe cuando ya no hay
nadie en la universidad, porque decir que se va a aprobar antes de que
empiece el curso es no conocer la universidad. Usted sabe que todo lo
relativo al profesorado no se podrá poner en marcha para el curso
próximo. Eso cualquiera que conozca la universidad --y parece mentira que
se digan ciertas cosas-- lo sabe perfectamente.

Señor Ministro, aclaraciones concretas. Usted puede mantener a los
profesores de escuelas universitarias o no mantenerlos. A lo que está
obligado, por cortesía parlamentaria por lo menos, es a explicar por qué
los mantiene. Alguna razón tendrá usted. No me dirá que todo el mundo en
la universidad está de acuerdo en que se mantengan. ¿Qué sentido tiene
que exista un centro que se llama escuela universitaria cuyo profesorado
es de inferior rango a otro centro que se llama escuela técnica y ambos
estén dando títulos de ciclo corto? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Es que el
título de ciclo corto de la escuela universitaria es de inferior nivel?
¿Por qué y para qué? Explíquelo, alguna razón tendrá usted. Yo no conozco
ninguna, por eso se lo pregunto. ¡Dígalo, para eso viene aquí! Yo no
pretendo que me cuente los secretos de alcoba del Gobierno, quiero
simplemente que me explique por qué usted adopta determinadas opciones.




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Medidas contra la endogamia. Usted tiene que aclarar algo por lo menos
--luego se resolverá lo que se resuelva-- y decir que se están barajando
varias posibilidades, ya veremos cuál de ellas se ha adoptado. Señor
Ministro, lo que es grave es que se diga por ahí --y usted no lo
desmiente-- que es determinado grupo parlamentario o fuerza política la
que impide que usted aumente los vocales por sorteo; grupo que,
casualmente, está ausente de esta Cámara, con lo cual usted acaba
consensuando las leyes con señores que rehúyen el Parlamento. ¡Ya está
bien! Usted pacte con quien quiera, consensúe con quien quiera, pero no
vacíen de sentido a esta Cámara, que es la Cámara de los españoles, y no
hay derecho a que ustedes se la pasen por el arco del triunfo; no hay
derecho. Claramente díganos con quién habla, de qué habla y quién le
impide hacer lo que usted quiere y asuma su responsabilidad; no la
traslade, vía prensa, a otras personas, filtrando no se sabe qué
oposiciones. Dice usted que la prueba del programa dependerá de las
universidades. Si lo que va a evaluar eso es el mérito y la capacidad
para ser catedrático o titular. ¿Cómo va a depender eso de las
universidades, si es un cuerpo nacional? Señor Ministro, usted ha sido
jurista alguna vez. ¿Cómo me dice usted estas cosas? ¿Cómo se va a tener
que demostrar diferente mérito y capacidad para ser catedrático de un
cuerpo nacional en Murcia o en Vigo? ¿Qué dice usted? ¿Eso qué es? ¿De
qué me habla? ¿Va usted a acabar con el cuerpo nacional de catedráticos?
Dígalo. No lo entiendo. Me parece que se le han olvidado algunas nociones
jurídicas.

Que pertenece a la reserva de los profesores la elaboración de su
investigación científica. ¿Es que a partir de ahora los resultados de las
oposiciones a las plazas de universidad van a ser secretos? ¿Es que eso
no afecta a la intimidad del que no sale? ¿Es que a partir de ahora no se
va a poner en el tablón de anuncios cuál es el resultado? ¿Por qué un
asunto que es fruto de una comisión, comisión publicada en el BOE, se
pone en un tablón de anuncios y lo que es fruto de un comité se hace de
tapadillo y usted se niega a dar sus nombres porque quiere defender las
reservas de los señores del comité, quiere que no se sepa quién ha
evaluado? ¿Por qué quiere usted que no se sepa quién ha evaluado? Eso de
los tribunales secretos, ¿a qué tipo de organización pertenece? ¿Estamos
en la Inquisición? ¿Eso qué es? Haga público, por lo menos, quién es el
que evalúa. Yo le he pedido a usted los nombres de los que tienen todos
los tramos positivamente evaluados, para su orgullo y gloria. Defiende
usted la reserva, la humildad. Usted es ahora aquí el defensor de las
virtudes más recónditas de los ciudadanos: la humildad, no vaya a
subírsele a la cabeza a alguien el que tiene todos los tramos. Señor
Ministro, eso ya es pasarse un poco del Derecho eclesiástico.

Medidas respecto a los jubilados. Desde luego, si usted trae a la Cámara
un decreto-ley para que se pueda salvar lo de los jubilados, hará el
ridículo político más espantoso de la historia de esta Cámara. Hágalo, es
su problema. Desde luego, para traer el proyecto que va a traer --por lo
que ha dicho, lo debía haber traído en noviembre--, para dejarlo todo
como está, no necesita siete meses. Para decirnos que habrá que cambiar
el Consejo de Universidades... eso lo debía usted saber en octubre.

Reformas de órganos de gobierno universitario. ¿Por qué no los cambia?
Usted mismo ha dicho públicamente que había que cambiarlos...




El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Termino enseguida, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: No se trata de que termine, sino de que utilice el
turno para pedir aclaraciones, no para expresar opinión diferente...




El señor OLLERO TASSARA: Estoy pidiendo que me aclare por qué no cambia
los órganos de gobierno de la universidad.




El señor PRESIDENTE: Pero le ruego a S. S. que utilice el turno para
pedir aclaraciones, no para expresar su opinión en contra, porque no
estamos en turno de réplica.




El señor OLLERO TASSARA: De acuerdo.

Me gustaría, señor Ministro, que me aclarara por qué no cambia los
órganos de gobierno de la universidad. Me gustaría que me aclarara si el
tratamiento de las plazas vinculadas, que es un detalle pequeño, pero es
que el proyecto sólo tiene detalles pequeños, según ha aclarado usted, va
a cambiar o no; así de fácil. Si me responde que no me lo puede decir
porque lo tiene que discutir mañana con los subsecretarios de Hacienda me
parece muy bien, ya me ha dicho algo. Ahora bien, no me diga que es
porque lo va a discutir esta tarde con los rectores, porque es una ofensa
a esta Cámara. Además, demuestra que usted no tiene ni idea de lo que es
ser Ministro de los españoles. Que le nombren a usted presidente de una
conferencia de rectores, que usted se niega a poner en marcha, y entonces
lo entenderé.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: El señor Lazo tiene la palabra.




El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, es evidente, a todas luces, que
esto no ha sido un turno de preguntas, sino de consideraciones y de
réplica. Por consiguiente, pido también una mínima intervención en ese
sentido de preguntas del señor Ollero. Simplemente me limitaré a hacer
preguntas como las ha efectuado el señor Ollero.




El señor PRESIDENTE: Perfectamente, pero sepa S. S. que si reabre turno
de réplica y ataca a otro grupo o a la posición de otro grupo, volverá a
iniciar el debate.




El señor LAZO DIAZ: No, señor Presidente. Haré preguntas filosóficas
(Risas.), sin referirme a ningún grupo.

Nuestro Grupo considera absolutamente correcta, pertinente y completa la
intervención del señor Ministro. Este



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no es el momento de entrar en detalles de acuerdo con lo que dice el
orden del día: líneas fundamentales. Se podrá dar, evidentemente, toda la
interpretación retorcida que se quiera a la expresión «líneas
fundamentales», pero líneas fundamentales significa líneas fundamentales
y, desde luego, no detalles. Además, es de sentido común.

No se puede hablar de todo en todas las reuniones de esta Comisión,
porque esto nos lleva a una situación absolutamente anárquica. Ni
siquiera se puede hablar de todo sobre la LRU en esta Comisión, porque
también podríamos introducir aquí los problemas del transporte, los
problemas de comedores de los estudiantes universitarios, los problemas
de calefacción... Necesitaríamos una hipercomisión por lo que se refiere
al tiempo.

Cuando llegue su momento se presentarán enmiendas y discutiremos sobre
ellas y sobre detalles. Bien es verdad que este Diputado que habla no
tiene ninguna esperanza en la originalidad formal que puedan revestir los
debates sobre la LRU, porque estamos seguros de que volverá, por parte de
la oposición de derecha, a realizarse exactamente el mismo tipo de
intervención que viene efectuándose desde hace años y, por lo tanto,
habrá que contestar de la misma manera.

Acabo ahora mismo. Desde nuestro punto de vista, es absolutamente
impresentable que, por un lado, se acuse al Ministro de Educación de no
tratar con los sectores políticos y con los sectores sociales antes de
presentar el proyecto de ley y, a renglón seguido, al minuto siguiente,
se le ataque por haber tratado justamente con esos sectores sociales y
con esos sectores políticos, antes de haber presentado el proyecto de
ley.

Creo que han sido preguntas precisas, al estilo Ollero.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Señor
Presidente, yo no sé qué contestar a lo que el señor Ollero me ha
planteado, porque me habla de una serie de cuestiones de carácter general
y, de nuevo, polemiza sobre asuntos relativos a aspectos concretos a los
que sinceramente entiendo que ya he dado contestación. Lo que sucede es
que la contestación que he dado seguramente al señor Ollero no le
satisface.

En cualquier caso, creo que he explicado lo que opino y por qué en
relación con la reserva de los resultados de la Comisión nacional
evaluadora de la actividad de investigación. Sólo podría decir ahora,
frente a la única cuestión nueva que ha presentado S. S., que poco tiene
que ver con el sistema de oposiciones. Luego, no se puede comparar para
favorecer el argumento de la publicidad frente a la argumentación de
privacidad que contiene la reserva. Creo que he contestado --otra cosa es
que no satisfaga a su señoría-- por qué no cambia los órganos de
gobierno. Le he dicho a S. S. exactamente lo que me ha preguntado y
espero que, por lo menos, eso conteste a lo relativo a las plazas
vinculadas. Déjeme saber lo que la estructura del Gobierno opina antes de
traerlo a esta Cámara. Lo podrá discutir S. S. en un plazo muy breve.

Esto es lo que podría decir a S. S. frente a las tres preguntas que me ha
hecho.

Quisiera añadir una cosa. Me parece que S. S. ha empleado la expresión:
«se va a reunir a hablar con los rectores». No, voy a hacer una cosa más
seria con los rectores. Creo que he dicho, cuando me he referido al tema,
que voy a contrastar determinadas cuestiones que creo que debo contrastar
con los responsables universitarios. Es una sesión de trabajo. Creo que
debo contrastar con los responsables de la universidad. No es una
cuestión de índole política, sobre todo no se la hurto a sus señorías.

Esperemos a los resultados, porque me precio de conocer lo que es ser
ministro y me precio de conocer lo que es el funcionamiento democrático
del Parlamento. Desde luego --se ha referido a ello S. S. en plural--, no
nos pasamos nada por el arco del triunfo; en absoluto. No sé por qué S.

S. emplea esa expresión. Nunca se ha podido decir eso de mí, sobre todo
adivinando lo que S. S. piensa que yo voy a hacer esta tarde. No filtro
nada a la prensa. Aprecio mucho la labor del Parlamento para hacer eso.

Desde luego, señoría, como generalmente me hace alusiones a mi condición
de jurista y hoy además me ha dicho que he debido olvidarme del poco
Derecho que creo saber, le digo a S. S. que yo, en cualquier caso, no
estoy dispuesto a examinarme ante S. S. ni ante esta Cámara de mis
conocimientos de Derecho, sí de mi actividad política al frente de las
responsabilidades que me son asignadas.

Señor Presidente, con esto termino, no sé si el Gobierno se moverá un
ápice en relación con el proyecto de ley de 1993. Desde luego, me parece
que el Grupo Popular no se va a mover un ápice de lo que fueron (que sí
me la estudio en el «Diario de Sesiones») las discusiones parlamentarias
en relación con dicho proyecto.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro, por su presencia, por su
comparecencia en esta Comisión. Damos con ello por concluido el primer
punto del orden del día.




DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--PARA IMPULSAR LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS INTEGRADOS EN EL PROYECTO
«EDUCACION PARA LA SALUD». PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.

(Número de expediente 161/000104.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día: Debate y
votación de las proposiciones no de ley. Primera proposición no de ley,
para impulsar las actividades y programas integrados en el proyecto
«Educación para la salud», presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Por el Grupo proponente, tiene la palabra el señor Villalón.




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El señor VILLALON RICO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el
Grupo Popular presenta esta proposición no de ley como consecuencia de la
preocupación generalizada de la sociedad española por el aumento de
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en general por parte de los
jóvenes de nuestro país.

Son alarmantes, señoras y señores diputados, los datos que se barajan en
el inicio del hábito de fumar entre los jóvenes y que se establece este
inicio entre los 12 y 14 años, así como que el 85 por ciento de jóvenes
entre 14 y 18 años, al parecer, consumen de forma ocasional alcohol, e
incluso un 57 por ciento de estos jóvenes lo hace semanalmente. Por otra
parte, en relación con lo que es el consumo de lo que denominamos drogas
ilegales, parece ser que el inicio se produce entre los 16 y 18 años.

A mí me parece que hoy no es el momento de incidir sobre la importancia
del denominado problema de la droga. Sin embargo, queremos incidir y
remarcar las propuestas que el Grupo Popular ha presentado en el Congreso
a lo largo de los últimos años, sobre las tres grandes líneas de
actuación en el problema de las drogas, fundamentalmente basadas en la
prevención, en la asistencia al enfermo y en la represión del traficante.

En el día de hoy lógicamente me voy a referir a la prevención teniendo en
cuenta, dentro de este apartado, que uno de los aspectos más importantes
para prevenir es el conocimiento por los ciudadanos de nuestro país de
los problemas que se pueden derivar del consumo de drogas.

Señoras y señores Diputados, a la hora de establecer las distintas
medidas preventivas que los poderes públicos pueden ofrecer a la sociedad
española, yo creo que es obligado remitirse a las propuestas que a lo
largo del año 1992, fundamentalmente, se presentaron en el Plan Nacional
sobre Drogas para actuar sobre situaciones, actitudes y comportamientos
tanto individuales como colectivos.

En ese Plan se establecían unas advertencias, desde el punto de vista de
la prevención escolar, en enseñanza primaria y secundaria, con
implicación de padres de alumnos y miembros de las APA. También se
hablaba de una prevención comunitaria en unos ámbitos especiales, como
podrían ser el laboral, a través de una intensa colaboración con las
organizaciones sindicales y en algunos sectores, como podría ser la
población militarizada, teniendo en cuenta fundamentalmente a los jóvenes
que cumplen con el servicio militar, que pudiera ser un sector proclive a
la iniciación al problema de las drogas.

Por lo que nosotros vemos y la experiencia que adquirimos a lo largo del
año 1992, todo el año 1993 y lo que llevamos del año 1994, hay que decir
que no se ha cumplido ninguna de estas propuestas que se establecieron en
el Plan Nacional.

Para hablar de medidas preventivas relacionadas con este problema, más en
concreto, hay que señalar los objetivos y prioridades que se indicaban en
la Memoria del Plan Nacional sobre Droga, en el año 1992. Voy a hacer una
relación somera de estos objetivos, que eran los siguientes. Impulsar la
incorporación de la «Educación para la salud» a los programas educativos;
estimular la presencia de la «Educación para la salud»; estimular la
participación de los padres de alumnos; intervenir en la formación del
profesorado; ayudas para el desarrollo de proyectos de «Educación para la
salud»; elaboración de materiales curriculares de «Educación para la
salud»; y proporcionar información y documentación sobre material
didáctico para la salud. Pues bien, señoras y señores Diputados, nosotros
creemos que la Administración y fundamentalmente el Gobierno socialista
no han cumplido todos estos objetivos, motivo por el que nosotros
incidimos en esta proposición no de ley.

También habría que decir que dentro del ámbito de los países de nuestro
entorno España es uno de los países que menos dedica a los programas y
recursos sobre medidas preventivas contra las drogas. Es por esto que
nosotros presentamos esta proposición no de ley desde el punto de vista
de la consideración de que una de las principales medidas de lucha contra
la droga es la prevención partiendo de la formación en colegios y centros
docentes.

Cuando se debatió la Logse pedimos que se introdujera una asignatura en
el bachillerato y aducíamos razones científicas y de conocimiento para
los jóvenes que estaban en ese período de formación. Por contra, el Grupo
y el Gobierno socialistas planteaban, en lugar de esta asignatura, lo que
se denominan programas transversales para educación contra la droga, que
seguramente pueden ser recomendables en lo que es la enseñanza básica
pero que nosotros creemos que se aleja de lo que es la enseñanza indicada
a nivel de la secundaria.

Aparte de este criterio diferente entre el Grupo Socialista y el Grupo
Popular, hay que decir que, a pesar de todo, con aquellas propuestas
socialistas no se han cumplido ninguno de los objetivos que se marcaban
en estos programas transversales. No se ha suministrado material
educativo; no ha habido profesores suficientes para dar esta formación a
los alumnos y no se ha fomentado la participación de padres ni miembros
de las APA. Ha habido insuficiencia de material didáctico; no se ha
fomentado entre los profesores el interés por acudir a cursos de
formación, que se podría haber hecho a través de mejoras en los
currículum de los profesores y de mejora en el material didáctico y, por
lo tanto, al no haber aumentado esa incentivación de los profesores
tampoco ha habido un mayor conocimiento de estas materias, tanto por
parte de los padres de los alumnos como de las APA, de las Asociaciones
de Padres de Alumnos.

Hay que decir también que otro aspecto importante sería el fijar los
recursos económicos para estas materias. Somos conscientes de ciertas
limitaciones y lo que pueden restringir los presupuestos a la hora del
establecimiento de algunas unidades como pueden ser en este caso las
unidades para formación contra los riesgos de la droga. Consideramos que
ante las limitaciones presupuestarias, lógicamente, hay que establecer
prioridades para aquellas zonas que, por sus limitadas posibilidades
económicas, comportamientos sociales o conocimientos culturales, son
consideradas de alto riesgo y a las que hay que ayudar desde el punto de
vista presupuestario, suministrando



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recursos materiales y humanos. En algunas zonas del territorio nacional,
incluso dentro de las zonas urbanas, puede haber barrios que sean de
mayor riesgo que otros y, por lo tanto, es ahí donde la Administración
debe incorporar de manera eficiente las materias que nosotros planteamos.

Consideramos que experiencias piloto, como podría ser el establecer
equipos multidisciplinares, son las que debemos fijar, cuando hay
limitaciones presupuestarias, a la hora de establecer esta formación
desde el punto de vista de lo que se denomina educación para la salud.

Para terminar, señor Presidente, dado que consideramos insuficiente la
formación del profesorado en esta materia, inexistente un currículum
formativo para profesionales por parte del Ministerio y escasas las
partidas presupuestarias en algunos programas preventivos es por lo que
consideramos que es irrenunciable integrar estos programas en el conjunto
de asignaturas y actividades regulares del programa académico, para
proporcionar una formación integral y generar hábitos saludables en los
jóvenes en relación con estos temas que enumeraba al principio de mi
intervención.

Por todo esto, el Grupo Popular en el Congreso presenta esta proposición
no de ley donde se dice textualmente que el Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a impulsar las actividades y programas integrados en el
proyecto «Educación para la salud» e incorporarlos plenamente en el curso
académico 93-94 dentro de una asignatura con la misma rúbrica.

Para terminar, señor Presidente, hay que incidir en que, a la altura del
curso académico en que nos encontramos, transcurrido ya la mayor parte de
este curso, habría que asimilar esta iniciativa para el curso 94-95, pero
no desaprovechando este tercer trimestre académico que queda. Se podría
aprovechar este breve espacio de tiempo para establecer unos cursos
trimestrales, unos cursos intensivos de formación de los alumnos en estas
materias. Por ello, nosotros solicitamos el apoyo de la Comisión a esta
iniciativa del Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición en relación con
esta proposición no de ley? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán tiene la palabra el señor Sedó.




El señor SEDO I MARSAL: Muy brevemente.

Nuestro Grupo cree que la exposición que se hace en la proposición no de
ley tiene un carácter positivo, pero, por otra parte, es una temática que
ya está muy programada dentro de lo que se está haciendo en base a la
Logse. Nuestro voto a la proposición no de ley, que va a ser negativo, se
fundamenta en que la proposición no de ley insta al Gobierno a impulsar
las actividades y programas cuando justamente en el día de ayer, en la
sesión plenaria, en una de las propuestas de resolución que se aprobaron
con una transaccional del Grupo Nacionalista Vasco, creo que llevaba el
número 41, se decía lo mismo, posiblemente con otra redacción. Por tanto,
creo que hoy sería una redundancia instar al Gobierno a algo que ayer, en
la sesión plenaria, ya se aprobó.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra el señor González.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: A pesar de que pudiéramos estar de acuerdo en
la crítica que se ha hecho, totalmente fundada a nuestro juicio, sobre el
fracaso que ha tenido la aplicación de los objetivos del programa
«Educación para la salud» en los centros de la reforma, no obstante,
consideramos que la educación para la salud es una materia transversal,
es decir, no es considerada como una asignatura, sino como un conjunto de
contenidos y actitudes que deben imbuirse a través de todas o parte, al
menos, de las áreas curriculares. En este sentido, sucede lo mismo con
otros aspectos como la educación medioambiental, la educación no sexista,
la educación para la paz, etcétera.

Estamos de acuerdo con este planteamiento de materias regladas y
transversales en la medida en que los objetivos de estas últimas no son
tanto la adquisición de conocimientos, sino la adquisición de hábitos
saludables, de convivencia, de respeto al medio ambiente, pero estos
objetivos no deben constituirse en una asignatura porque se desvirtuaría,
desde nuestra perspectiva, su cometido, convirtiendo la adquisición de
estos hábitos en objeto de aprobado o suspenso.

De la misma forma --y por ser breve-- la adquisición de estos hábitos a
que me refería (tabaquismo, alcoholismo, higiene dietética y, sobre todo
--creo que es fundamentalmente lo que motiva la proposición no de ley--
la lucha contra la drogadicción) no debe constituirse en objetivo de una
clase magistral de efectos que, a nuestro entender, podrían ser incluso
contraproducentes. Más bien debemos buscar que la concienciación sobre
estos hábitos sea el resultado de una reflexión sobre los efectos del
tabaco en el aparato respiratorio, por ejemplo en biología, del alcohol
sobre el hígado y la voluntad, de la misma forma que la concienciación
sobre las toxicomanías viene de unos conocimientos pluridisciplinares, de
fomento de las aficiones deportivas, de actividades al aire libre, de
ocio creativo, fomento del espíritu crítico, combate de determinados
estereotipos de imitación, sobre todo en zonas socioeconómicas
deprimidas, etcétera.

Así pues, estamos parcialmente de acuerdo en lo que ha dicho sobre el
fracaso de la política educativa en el programa de «Educación para la
salud» y, en general, en la misma medida, en la aplicación de todos los
temas transversales, pero estamos en abierta discrepancia con la solución
de asignaturización de hábitos. Por tanto, por esas razones vamos a votar
negativamente esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Martínez Martínez.




El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Señorías, acabamos de oír la
intervención del señor Villalón.




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En su opinión --y ése es el motivo por el que el Grupo Popular presenta
esta proposición no de ley--, se ha producido si no un estrepitoso
fracaso, sí un evidente incumplimiento por parte del Gobierno a la hora
de aplicar los programas, las actividades que constituyen la Educación
para la salud.

Permítanme que con la mayor ecuanimidad posible trate de mostrar si no la
falta de veracidad, sí al menos la inexactitud de esta apreciación que es
la que, como dije antes, impulsa al Grupo Popular a presentar esta
proposición no de ley, y para ello creo que procede, aun cuando sea de
una forma concisa, una rápida valoración de estos programas y de estas
actividades.

Señorías, estos programas están funcionando de forma normalizada y,
naturalmente, enriqueciéndose a lo largo del tiempo, según la práctica,
desde el año 1988, con una estructura, con unos objetivos y con unas
actividades que, en líneas generales, son las siguientes: primero, en
cada una de las delegaciones de educación existe un responsable, un
coordinador de este programa, responsable, por tanto, de su aplicación y
de hacer una evaluación procedente en cada uno de los cursos escolares.

El modelo curricular establecido se diseñó de forma transversal, es
decir, de manera que afectase a todas las áreas y a todas las edades de
los alumnos y del currículo y, por tanto, concibiéndolo como una
responsabilidad no individualizada de un profesor, sino, en general, de
toda la comunidad escolar, por tanto, no como responsabilidad de una
asignatura específica, como voy a tener ocasión de demostrar a
continuación.

Cuenta con recursos. Su señoría podría preguntar si son óptimos. Esta es
una apreciación en la que caben matices y valoraciones subjetivas por
parte de los grupos. Digamos que hay recursos tanto en lo humano como en
lo económico que no desmerecen de lo que como promedio tienen el resto de
las materias que forman parte de los currícula escolares. También quiero
indicar que son programas no circunscritos al ámbito exclusivo del
Ministerio de Educación. Son programas que se han diseñado y que
funcionan en coordinación con el Ministerio de Sanidad y también con
determinados programas de ámbito europeo, por ejemplo: el de Europa
contra el cáncer, el de Red de escuelas saludables, etcétera.

Los medios --S. S. ha hecho referencia a alguno de ellos yo creo que con
una apreciable inexactitud-- no es que sean idóneos, repito, pero
consideramos que sí son suficientes o, al menos, como dije antes, no
desmerecen del resto de los que puedan tener las demás áreas
curriculares. Por ejemplo, se está formando a los padres y a los
profesores en estas materias, señor Villalón, y usted lo sabe; se está
formando a padres y a profesores para que sean más eficaces en las
acciones que directamente, en el aula o de manera paralela en el ámbito
de la familia, deban realizar en este campo. Se ha procedido a la
creación y a la dotación de materiales adecuados para trabajar en el
aula. Se realizan actividades extraescolares de refuerzo para procurar
una mayor eficacia, y yo creo que, en estos momentos, ustedes al menos,
padecen de una evidente focalización en relación con estos programas. Mi
grupo no niega que sean importantes estos problemas por los que se
preocupan; naturalmente que son temas que afectan de manera muy grave a
la comunidad y, por tanto, son objeto de preocupación, tanto por parte de
los poderes públicos como por parte de las familias, temas como el de la
drogadicción concretamente, pero ¿no creen ustedes que, dentro de estos
programas de la salud, no debemos olvidar cuestiones que también afectan
de manera fundamental a los alumnos, a la comunidad escolar y, por tanto,
a la sociedad, como puedan ser los relativos a los accidentes, por tanto
a la educación vial, a la alimentación, a la educación de la afectividad,
a los temas de la autoestima de los propios alumnos? Nos parece que los
programas para la salud deben incidir en materias que van más allá, por
importantes que sean, de los temas de drogadicción.

La prevención de la drogadicción, por otra parte, no es una cuestión que
afecte exclusivamente ni de manera fundamental --sí en la prevención,
pero no en otros ámbitos-- al Ministerio de Educación, por tanto a los
programas escolares, y usted sabe que, desde este punto de vista, la
prevención de la drogadicción que se ejerce desde las aulas, desde las
instancias educativas, se lleva mediante acciones coordinadas tanto con
los poderes municipales como con el Plan Nacional de Prevención de las
Drogodependencias.

Hay un segundo aspecto, una segunda consideración a la que quisiera
dedicar unos minutos, con permiso de la presidencia, y es el de la
entidad didáctica que ustedes otorgan a esta materia de los programas
para la salud. El planteamiento que se hizo de estos programas de
Educación para la salud, usted sabe que fue debatido y consensuado en el
ámbito de la experimentación de la reforma y que fueron equipos
integrados, equipos multidisciplinares, equipos plurales de sociólogos,
pedagogos, psicólogos, etcétera, quienes diseñaron las políticas a llevar
a efecto en este campo, y que, colectivamente, estos equipos
multidisciplinares --repito-- optaron por la integración de los programas
y de las actividades de Educación para la salud en el currículo de las
distintas áreas y etapas y se rechazó expresamente la creación de una
asignatura específica, porque se entendió que el objetivo, como acaba de
indicar el representante de Izquierda Unida, era fundamentalmente crear
en los alumnos hábitos saludables.

Señor Presidente, a mi Grupo le parece que no es procedente la creación
de una nueva asignatura por las siguientes razones: primero, no parece
oportuno sobrecargar el currículo de los escolares en sus materias
obligatorias con una nueva asignatura. Es cierto que la escuela, como
institución en un sentido amplio, tiene que estar abierta a la vida, a
las nuevas demandas que surjan en la vida y a los problemas de los
escolares y de la sociedad, pero si a cada una de esas nuevas demandas
vamos a responder creando una nueva asignatura, llegaríamos a hacer,
desde luego, una institución escolar absolutamente abigarrada, en la que
sería imposible que los alumnos atendieran esta multitud de obligaciones
a las que, por vía de lo académico, les íbamos a someter. Nos parece que
hay que ser cautos en este terreno y que, por tanto, esa responsabilidad
propia de toda la comunidad escolar no debe circunscribirse por vía de



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asignatura específica a temas exclusivos que tienen que ver con lo que,
en una taxonomía de valores educativos, podríamos denominar el dominio de
lo cognoscitivo. Nos parece que la conducta de los humanos, la conducta
de los alumnos, es mucho más compleja, no influyen en ella solamente
aspectos de tipo cognoscitivo; en la conducta de los humanos influyen
fundamentalmente aspectos que tienen que ver con la volición, con el
mundo de los valores, con las actitudes, etcétera, y, en consecuencia, no
podemos caer, como creemos que cae el Grupo Popular, en una especie de
error socrático que es el de presumir que todo conocimiento proporciona
virtud, y lamentablemente no es así. Ojalá en algunos aspectos las cosas
fueran así, porque simplemente con proporcionar información estaríamos
garantizando la rectitud de las conductas, y usted sabe que muchos de los
drogadictos conocen, desde el punto de vista teórico, la perversidad de
la droga y sus consecuencias y, sin embargo, no por ello dejan,
lamentablemente, de incidir en este tipo de conductas.

Nos parece, por tanto, que no es mediante una asignatura específica o con
especialistas como se debe abordar este problema, sino que debe hacerse
en el aula, en el mundo concreto de la docencia, de las actividades
curriculares. El papel de los especialistas debe jugarse en el diseño de
los programas e incluso, de manera incidental, podrían acudir al aula a
hacer alguna de sus aportaciones, pero, en general, es un trabajo que
corresponde a la comunidad escolar en su conjunto en las distintas áreas
y no, desde luego, en una asignatura específica.

Para terminar, no coincidimos con la valoración que se ha hecho desde el
Grupo Popular en cuanto a la prevención que se está llevando a cabo en el
país en el tema de la drogadicción. Las evaluaciones que se están
haciendo, tanto en los aspectos cuantitativos como en los cualitativos,
indican que se está en un camino que podríamos considerar como
pertinente. Es un camino quizá menos vistoso, menos espectacular que el
que algunos aconsejan, pero es un camino eficaz.

Por todas estas cosas, porque nos parece que ese modelo de trabajo está
en consonancia con el modelo europeo de lo que se llama la «escuela
saludable» y con lo indicado por la Oficina Europea de la Red de Escuelas
Saludables es por lo que mi Grupo se va a oponer a la toma en
consideración de esta proposición no de ley que ha traído el Grupo
Popular.




El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, se va a proceder a la votación.

Ruego a los diferentes grupos que comuniquen a la Mesa las sustituciones
que se hayan producido. (Pausa.)
Ya están comunicadas a la Mesa las sustituciones.

Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo
Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 22.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




--SOBRE CELEBRACION DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA
ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 161/000132.)



El señor PRESIDENTE: Segunda proposición no de ley sobre celebración del
primer Congreso Internacional de la lengua española.

Por el grupo proponente, tiene la palabra el señor Cortés.




El señor CORTES MARTIN: La proposición no de ley que presentamos es una
proposición breve y pacífica. Espero que así sea tanto mi intervención
como el resto del debate.

Con ocasión de la celebración del V Centenario del Descubrimiento de
América se acordó que sería conveniente la celebración periódica de
congresos internacionales de la lengua española. A Méjico le correspondía
acoger la celebración del primer Congreso de la Lengua Española y, por
dificultades internas que están en la mente de todos, se ha decidido por
parte del Gobierno mejicano no acometer la organización de este congreso
en las fechas previstas.

Señor Presidente, creemos que la lengua española es el principal activo
que tenemos los españoles en el mundo. A todos nos corresponde, y en
primer lugar a las Cortes Generales, adoptar las iniciativas que estén en
nuestras manos para fomentar, potenciar y favorecer el uso y el prestigio
de la lengua española. Esta es la razón por la que hemos presentado una
proposición no de ley que dice simplemente dos cosas. Primero, que el
Congreso de los Diputados, como representación de la soberanía nacional,
apoya la celebración de este Congreso; y, segundo, que se insta al
Gobierno, que ya debe contar en la realización de estas gestiones y en la
adopción de estas medidas con el respaldo de los representantes de los
españoles, para que adopte las medidas que considere convenientes para
que este Congreso pueda llevarse a cabo.

Me parece, señor Presidente, que una proposición no de ley como la que
acabo de presentar no requiere ulterior justificación. Por lo tanto,
solicitamos a los miembros de la Comisión el respaldo a esta iniciativa,
que es la celebración del Congreso y el apoyo a las gestiones que haga el
Gobierno para que sea posible.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha sido presentada una
enmienda por parte del Grupo Socialista. Para la defensa de la enmienda,
tiene la palabra la señora Rodríguez.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Ciertamente, señorías, no es ésta la primera
ocasión en la que debatimos en esta Comisión de Educación y Cultura algo
que nos parece importante --coincidimos, evidentemente, con el portavoz
del Grupo Popular-- como son todos los temas relacionados



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con el estudio, fomento e investigación de nuestra lengua. Se ha hecho en
anteriores ocasiones y, además, en la legislatura pasada aprobamos una
ley fundamental, como fue la creación del Instituto Cervantes, que dotaba
a nuestro país de una institución, al igual que otros países de nuestro
entorno, que llevara a cabo todos estos mecanismos, todos estos programas
y actividades de difusión, de estudio y de investigación de nuestra
lengua en países que no son el nuestro pero que sí son de habla hispana.

Entre las actividades que viene programando el Instituto Cervantes,
quiero recordar una a la que también se ha referido el señor Cortés, que
fue la celebración, conjuntamente con el pabellón español, a finales del
año 1992, de un congreso que se ha denominado «Congreso preparatorio del
I Congreso Internacional de la Lengua Española» que contó con la
presencia de representantes de otros países hispanoamericanos; entre
otros, estaba el Secretario de Educación Pública de Méjico, que hizo en
aquella ocasión el ofrecimiento para que su país acogiera la celebración
de este I Congreso, estableciéndose como fecha el año 1994.

Efectivamente, este Congreso estaba programado para que se realizara
entre los días 23 y 28 de junio, pero, por problemas que evidentemente
todos conocemos, se pide por parte del Gobierno mejicano un aplazamiento
para su celebración en un período posterior. Este aplazamiento es
aceptado por el organismo español, que es el Instituto Cervantes, que
estaba participando en la organización del Congreso. En estos momentos,
el propio Instituto Cervantes está haciendo unas gestiones para buscar la
fecha idónea para la celebración de este Congreso. No se ha descartado la
posibilidad de que siga siendo la ciudad de Méjico la que acoja a este I
Congreso Internacional, que además se quiere establecer con una
periodicidad trianual en distintos países de habla hispana, pero no se
están descartando tampoco otras posibilidades, como es el caso de otras
ciudades de países hispanoamericanos, incluso de alguna ciudad española
--se está barajando la posibilidad de celebrarlo en las Islas Canarias.

Lo que sí es cierto, y de ahí la motivación de la enmienda que presenta
el Grupo Parlamentario Socialista, es que en estos momentos hay casi una
imposibilidad material de que el Congreso se pueda realizar en las fechas
previstas, porque tendríamos un plazo de dos meses. Manifestamos el
interés del Grupo Socialista en apoyar la celebración de este Congreso y
también, por supuesto, el interés del propio Instituto Cervantes y del
Ministerio de Educación y Ciencia que así lo han hecho saber
expresamente. Pero también, señorías, deberíamos tener en cuenta que se
han presentado hasta el momento más de 600 comunicaciones, puesto que ya
los preparativos estaban muy avanzados. Tengo un folleto, que incluso se
llegó a enviar a todos los países para que pudieran participar, en el que
aparecían las seis áreas temáticas a las que debían ajustarse las
comunicaciones; estaban perfectamente configuradas las distintas
comisiones --la asesora, la científica y la organizadora--, pero, como
digo, la gran cantidad de comunicaciones que se han presentado es un
motivo, añadido a otras circunstancias, como la propia situación de
Méjico, para que todos seamos conscientes de la complejidad de la
organización y de la casi imposibilidad de cumplir las fechas previstas.

También debemos ser conscientes de que este Congreso se debe celebrar con
las mayores garantías de éxito y de buena organización, y los contenidos
que formen parte del mismo han de dar una respuesta satisfactoria a las
expectativas y al interés que ha suscitado la celebración de este I
Congreso Internacional, que abarcaría el estudio de una lengua que es
hablada en este momento por más de 300 millones de personas, yendo en
aumento el número de personas que en el próximo siglo podemos estar
hablando esta lengua, el español. Por ese motivo la enmienda que
presentamos incluye dos modificaciones que, a nuestro entender, son
necesarias para abordar este tema.

Por una parte, instamos al Gobierno a que continúe las gestiones, porque
de la formulación del Grupo Popular parece desprenderse que el Gobierno
español no había intervenido hasta este momento en lo que era la propia
organización y el apoyo a la celebración de este congreso. Desde nuestro
punto de vista eso no es exactamente correcto y le instamos a que
continúe las gestiones para que se produzca, como decía, la celebración
de este congreso en las mejores condiciones. No estaba desvinculado el
Gobieno español ni tampoco el Instituto Cervantes de los preparativos y
de la celebración de este congreso y, por tanto, nos parece que la labor
del Gobierno sería continuar esta gestión que ya venía realizando.

En segundo lugar decimos que este congreso se debe realizar lo más pronto
posible, pero tampoco queremos dejar cerrada la fecha de forma rígida y
el cumplimiento de un primer compromiso para junio de este año, por las
razones a que ya me he referido. Entendemos que esta formulación sería
más correcta y proponemos que el congreso se celebre lo más pronto
posible. Sin embargo, por los datos, la información y por la propia
entidad y número de las ponencias y comunicaciones que se han ido
presentando, parece que no sería posible celebrarse este año 1994, sino
que tendríamos que esperar al primer trimestre de 1995.

Hay una razón a la que me referiré también con toda brevedad, señor
Presidente, para que entendamos que, apoyando la iniciativa y
considerando que es absolutamente oportuna y necesaria la celebración de
este congreso, quizá la fecha idónea sería a principios del próximo año
1995. La próxima semana se va a celebrar en nuestro país un congreso
convocado con motivo de la conmemoración del centenario del edificio de
la Real Academia Española; la propia Real Academia ha convocado ese
congreso en el que participan las Academias de países hispanoamericanos,
además de Estados Unidos y Filipinas, con un contenido muy parecido, no
se nos escapa, a la propia celebración de este otro congreso. Incluso por
la proximidad de la fecha y porque realmente el objetivo coincide en
dicho planteamiento con la celebración de este primer congreso
internacional, además de todas las razones a las que me he referido
anteriormente, nos parece más oportuno que se buscara una fecha a
principios del próximo año.

Señor Presidente, señorías, doy por defendida la enmienda de sustitución
que presenta mi grupo parlamentario. Insisto en que apoyamos la
iniciativa de celebración,



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creemos que es oportuna y, al mismo tiempo, deseamos que esta enmienda de
sustitución sea bien acogida por parte del grupo proponente, puesto que
coincidimos en el planteamiento, pero consideramos absolutamente
necesario que estas precisiones aparezcan en la proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición sobre esta
proposición no de ley? (Pausa.)
El señor González tiene la palabra.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Con mucha brevedad diré que, para fijar mi
posición, me gustaría conocer si se acepta o no la enmienda del Grupo
Socialista.




El señor PRESIDENTE: No es posible.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Ya sé que no es posible. Gracias, Presidente.

Voy a votar favorablemente esta proposición no de ley, sobre todo si se
acepta la enmienda, justamente razonada por la portavoz del Grupo
Socialista. Lo importante es que se celebre este congreso con los
objetivos planteados, no tanto con unas fechas encorsetadas, sino en su
día y a la mayor brevedad posible.




El señor PRESIDENTE: El señor Cortés tiene la palabra, a efectos de si
acepta la enmienda.




El señor CORTES MARTIN: Sí, señor Presidente, anuncié que era una
proposición breve y pacífica. La Comisión estará de acuerdo conmigo en
que ha sido mayor la brevedad del Grupo proponente en la presentación de
la misma que la del grupo enmendante, lo que también es razonable porque
el grupo enmendante tiene más información que el proponente. Es una de
las muchas ventajas que tiene estar respaldando al Gobierno. Esa es la
única razón y voy al contenido pacífico de la proposición.

Habíamos dicho simplemente que se realicen las gestiones. Ahora nos dice
la señora Diputada que ya se están realizando. No hay ningún
inconveniente y, entonces, señor Presidente, lo que voy a proponer al
Grupo Socialista es una transaccional entre su enmienda y el texto que
hemos presentado, que quedaría redactado de la siguiente forma: «El
Congreso de los Diputados apoya la celebración del Primer Congreso
Internacional de la Lengua Española» (parece que es conveniente que el
Congreso de los Diputados se pronuncie sobre este apoyo, queremos que ese
Congreso se celebre) «e insta al Gobierno de la nación a que continúe las
gestiones» --ponemos continúe en vez de realice-- «y adopte las medidas
necesarias para que pueda llevarse a cabo lo más pronto posible».

En nuestra proposición no se fijaba una fecha; somos conscientes de que
no podíamos fijar una fecha ni un lugar, eso quedaba en manos del
Gobierno, que tenía que realizar las gestiones para que fuese posible,
pero si se prefiere que quede redactada así la proposición no de ley,
aceptando como transaccional la enmienda del Grupo Socialista, quedaría
redactado de la siguiente forma: «El Congreso de los Diputados apoya la
celebración del Primer Congreso Internacional de la Lengua Española e
insta al Gobierno de la nación a que continúe las gestiones y adopte las
medidas necesarias para que pueda llevarse a cabo lo más pronto posible.»



El señor PRESIDENTE: Supongo, señor Cortés, que terminará diciendo «el
previsto Primer Congreso». Lo digo porque así figura en el texto.




El señor CORTES MARTIN: No; es que la enmienda es sobre nuestro texto:
apoya la celebración de Primer Congreso Internacional de la Lengua
Española.




El señor PRESIDENTE: En todo caso, señor Cortés, S. S. puede pasar por
escrito el texto completo.




El señor CORTES MARTIN: Por supuesto, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Sobre la aceptación de la transacción, la señora
Rodríguez Ortega tiene la palabra.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Con absoluta brevedad, señor Presidente, diré
que me alegro de que en este tema también encontremos un consenso y un
apoyo suficiente y necesario, entre otras razones para no romper la
dinámica de los anteriores debates.

Entendemos que en la formulación de nuestra enmienda de sustitución
quedaba implícita la idea de que, efectivamente, el Congreso de los
Diputados apoya la celebración de este Primer Congreso. No tenemos ningún
inconveniente en que aparezca esa frase que estaba en el texto presentado
por el Grupo Popular y, por tanto, estamos de acuerdo en que la redacción
quede tal y como ha indicado el señor Cortés, aceptando nuestra enmienda
de sustitución y añadiendo, al mismo tiempo, la frase en la que se hace
constar que el Congreso de los Diputados apoya la celebración de este
Primer Congreso.




El señor PRESIDENTE: Entonces, va a ser sometida a votación la
proposición no de ley en los términos siguientes: «El Congreso de los
Diputados apoya la celebración del Primer Congreso Internacional de la
Lengua Española e insta al Gobierno de la nación a que continúe las
gestiones y adopte las medidas necesarias para que pueda llevarse a cabo
los más pronto posible.»



Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad la proposición no de ley.

(El señor Pérez Segura pide la palabra.)
Señor Pérez Segura.




El señor PEREZ SEGURA: Es sólo para una cuestión de orden relacionada con
el procedimiento de esta Comisión.




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Soy consciente de que al inicio de la sesión y por asentimiento general
se ha concedido el aplazamiento de la proposición no de ley presentada
por la señora Rahola. También soy consciente de que la simultaneidad de
las comisiones en esta mañana ha hecho que por cortesía se accediese a
ello. Asimismo entiendo que el nivel de proyección de la Comisión no
permanente a la cual asiste la proponente es superior al de la Comisión,
pero quiero que conste mi protesta por la desatención que supone a los
grupos, incluso a los grupos que han presentado enmiendas, como es el
caso del PP, y el quebranto temporal que, al menos a mí personalmente, ha
producido en tanto en cuanto este aplazamiento no se ha conocido hasta
esta propia mañana. Creo que es lógico que, al menos personalmente,
presente esta protesta.




El señor PRESIDENTE: Señorías, su protesta figurará en el «Diario de
Sesiones». En todo caso, sin que, efectivamente, sirva de ningún tipo de
justificación, pero sí de explicación, diré que SS. SS. ya saben que
incluso la propia convocatoria de esta Comisión fue hecha en términos
condicionales; podía haber sido celebrada ayer u hoy y, efectivamente,
hasta que no se resolvió la condición no ha sido posible establecer esta
circunstancia.

Que sirva en todo caso de explicación, no de justificación, puesto que
esta Presidencia no es la proponente. En todo caso figurará en el «Diario
de Sesiones».

Concluido el orden del día, se levanta la sesión.




Eran las doce y quince minutos del mediodía.