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DS. Senado, Pleno, núm. 78, de 02/02/2022
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANDER GIL GARCÍA


Sesión núm. 43


celebrada el miércoles, 2 de febrero de 2022


ORDEN DEL DÍA






ESTATUTOS DE AUTONOMÍA




CONOCIMIENTO DIRECTO




Propuesta de reforma de la Ley Orgánica
1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las
Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los Diputados y las
Diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del
Gobierno de las Illes Balears.


605/000003
Islas Baleares; autonomía; inmunidad
parlamentaria; modificación de la ley


PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS







PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




LECTURA ÚNICA




Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con
la Comunidad Autónoma del País Vasco. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


621/000044
Derecho regional; IVA; País Vasco;
fiscalidad; impuesto local; impuesto sobre la renta de las personas
físicas; impuesto sobre sociedades; política fiscal









CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO




Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de Aragón y la Comunidad Foral de Navarra para la ejecución de
los compromisos adquiridos por las partes en el Protocolo General de
colaboración, firmado el 1 de octubre de 2021, en relación a la
reordenación de materiales arqueológicos procedentes de ambas Comunidades
Autónomas.


592/000017
Aragón; Navarra; cooperación
administrativa; lugar histórico; protección del
patrimonio


GOBIERNO DE ARAGÓN
GOBIERNO DE NAVARRA





Protocolo general de actuación entre la
Comunidad Autónoma de Canarias, a través del Gobierno de Canarias, y la
Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del Gobierno Vasco y de las
Diputaciones Forales, en su calidad de entidades públicas de protección
de menores, para la coordinación de las actuaciones referidas al traslado
interterritorial y la protección de personas menores de edad migrantes no
acompañadas.


592/000018
Islas Canarias; País Vasco;
migrante; programa de actuación; protección de la infancia; traslado de
población


GOBIERNO DE CANARIAS
GOBIERNO VASCO
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA







MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar
la reforma urgente del modelo de financiación autonómica de conformidad
con los principios acordados en enero de 2017 en la VI Conferencia de
Presidentes.


671/000095
autonomía; financiación del presupuesto;
relación Estado-entidades territoriales


GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a
incrementar en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 la
dotación para compensar a la empresa concesionaria de la autopista AP-66
entre León y Campomanes (Asturias) por las bonificaciones de peaje a
vehículos ligeros y pesados hasta la supresión total del mismo.


671/000096
León (Provincia); Principado de
Asturias; peaje; presupuesto del Estado


GPP






MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a la
extensión del Programa Campus Rural a los estudiantes de Formación
Profesional (FP).


662/000097
asignación por estudios; despoblación;
formación profesional; hábitat rural; programa de
actuación


GPS





Moción por la que se insta al Gobierno a la
reapertura del eje ferroviario directo entre las provincias de Madrid,
Segovia y Burgos dentro del corredor central ferroviario, ramal norte, de
la península Ibérica.


662/000099

GPP





Moción por la que el Senado acuerda la creación,
en el seno de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, de una
Ponencia de estudio que elabore un informe con recomendaciones para la
adopción de medidas que garanticen la inclusión financiera en el mundo
rural.


662/000100

GPERB






DECLARACIONES INSTITUCIONALES




Declaración institucional con motivo del Día
Internacional de Memoria del Holocausto y la prevención de los crímenes
contra la Humanidad, celebrado el día 27 de enero.


630/000021

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPIC
GPN
GPD
GPMX




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor presidente abre a las nueve horas y dos minutos el
plazo de dos horas para la votación telemática del punto 5.1. del orden
del día, que se debatió en la sesión de ayer.






ESTATUTOS DE AUTONOMÍA




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
1/2007, DE 28 DE FEBRERO, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS
ILLES BALEARS, PARA LA SUPRESIÓN DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y LAS
DIPUTADAS DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS Y DE LOS MIEMBROS DEL
GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS.


605/000003

PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS


El señor presidente informa a la Cámara de que
no se han presentado enmiendas ni propuestas de veto a la propuesta de
reforma.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor Vidal Matas, por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); el señor Sánchez
López, por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de
Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); la señora
Pérez Esteve, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu; el señor Marqués Palliser, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado; y el señor Bonet Bonet, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


El señor presidente abre a las nueve horas y
cuarenta y dos minutos el plazo de dos horas para la votación telemática
de la propuesta de reforma en un solo acto.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




LECTURA ÚNICA





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO
CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


621/000044



Comienza el debate de totalidad.


El señor Sánchez López defiende la propuesta de
veto número 1, del señor Muñoz Lagares, de él mismo y de la señora Ponce
Gallardo, del Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de
Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria).


El señor Marín Gascón defiende la propuesta de
veto número 2, del señor González-Robatto Perote, de él mismo y de la
señora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor Martínez Urionabarrenetxea, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); la señora Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); el señor Marí Bosó, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado; y el señor Oleaga Zalvidea, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


El señor presidente abre a las diez horas y
cuarenta y nueve minutos el plazo de dos horas para emitir el voto
telemático para todas las votaciones reglamentariamente previstas para el
proyecto de ley.










CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS PARTES EN EL PROTOCOLO
GENERAL DE COLABORACIÓN, FIRMADO EL 1 DE OCTUBRE DE 2021, EN RELACIÓN A
LA REORDENACIÓN DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS PROCEDENTES DE AMBAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.


592/000017

GOBIERNO DE ARAGÓN
GOBIERNO DE NAVARRA





PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DEL GOBIERNO DE CANARIAS, Y LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, A TRAVÉS DEL GOBIERNO VASCO Y DE LAS
DIPUTACIONES FORALES, EN SU CALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS DE PROTECCIÓN
DE MENORES, PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES REFERIDAS AL TRASLADO
INTERTERRITORIAL Y LA PROTECCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD MIGRANTES NO
ACOMPAÑADAS.


592/000018

GOBIERNO DE CANARIAS
GOBIERNO VASCO
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor Chinea Correa, por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); la señora
Hernández Cerezo, por el Grupo Parlamentario Socialista; y el señor
Antona Gómez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


El señor presidente informa de que no se han
presentado propuestas de que la celebración de estos convenios necesite
la autorización de las Cortes Generales.


La Cámara toma conocimiento de la celebración
de estos convenio.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR LA REFORMA URGENTE DEL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA DE
CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS ACORDADOS EN ENERO DE 2017 EN LA VI
CONFERENCIA DE PRESIDENTES.


671/000095

GPP


El señor Martínez-Maíllo Toribio defiende la
moción.


El señor Mulet García y el señor Vidal Matas
defienden las doce enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera).


El señor Fernández Viadero defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores
«Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria).


El señor Sánchez-Garnica Gómez defiende las tres
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por iniciativa
suya.


El señor Cleries i Gonzàlez defiende la enmienda
del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario.


El señor Fernández Leiceaga defiende la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Martínez-Maíllo Toribio expone la posición
de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas y las rechaza.


El señor Fernández Leiceaga pide la palabra por el
artículo 89 del Reglamento del Senado y lee el segundo párrafo de la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Martínez-Maíllo Toribio interviene de
nuevo.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: el señor González-Robatto Perote y el señor Sánchez-Garnica
Gómez, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Muñoz Lagares, por el
Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores
«Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); el señor Cleries i
Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; la señora
González Modino, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera); la señora Etxano Varela, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Pérez Esteve, por
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el
señor Martínez-Maíllo Toribio, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; y el señor Heredia Díaz, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN DE APOYO A LAS PERSPECTIVAS DE
AUTONOMÍA O SOBERANÍA ESTRATÉGICA DE LA UNIÓN EUROPEA. (Proclamación del
resultado de la votación).


671/000094

GPV


Se aprueba la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos, 262; a favor, 259; en contra, 3.









ESTATUTOS DE AUTONOMÍA




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
1/2007, DE 28 DE FEBRERO, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS
ILLES BALEARS, PARA LA SUPRESIÓN DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y LAS
DIPUTADAS DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS Y DE LOS MIEMBROS DEL
GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS. (Proclamación del resultado de la
votación).


605/000003

PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS


Se aprueba la propuesta con el siguiente
resultado: votos emitidos, 263; a favor, 251; abstenciones, 12.


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, anuncia
a la Cámara que ha quedado definitivamente aprobada por las Cortes
Generales la Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de
febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para
la supresión del aforamiento de los Diputados y las Diputadas del
Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las
Illes Balears.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
INCREMENTAR EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2022 LA
DOTACIÓN PARA COMPENSAR A LA EMPRESA CONCESIONARIA DE LA AUTOPISTA AP-66
ENTRE LEÓN Y CAMPOMANES (ASTURIAS) POR LAS BONIFICACIONES DE PEAJE A
VEHÍCULOS LIGEROS Y PESADOS HASTA LA SUPRESIÓN TOTAL DEL MISMO.


671/000096

GPP


El señor Silván Rodríguez defiende la moción.


La señora Merelo Palomares defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto, presentada por iniciativa de los señores
González-Robatto Perote y Marín Gascón y por iniciativa suya.


El señor Mulet García defiende las dos enmiendas
del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més
per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera).


La señora Morán Franco defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Silván Rodríguez expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas y las rechaza.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: la señora Merelo Palomares, por el Grupo Parlamentario Mixto;
el señor Muñoz Lagares, por el Grupo Parlamentario Democrático
(Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido
Regionalista de Cantabria); el señor Mulet García, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); la señora Vaquero Montero, por el Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado (EAJ-PNV); el señor Silván Rodríguez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Vidal Varela, por el Grupo
Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




LECTURA ÚNICA





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO
CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA. (Proclamación del resultado de las votaciones).


621/000044



El señor presidente proclama el resultado de
las votaciones.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
EXTENSIÓN DEL PROGRAMA CAMPUS RURAL A LOS ESTUDIANTES DE FORMACIÓN
PROFESIONAL (FP).


662/000097

GPS


El señor Díaz Muñoz defiende la moción.


La señora Adrados Gautier defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Egea Serrano defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores
«Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria).


El señor Chinea Correa defiende las dos enmiendas
del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més
per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera).


El señor Díaz Muñoz expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas y las rechaza.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: el señor González-Robatto Perote, por el Grupo Parlamentario
Mixto; la señora Ponce Gallardo, por el Grupo Parlamentario Democrático
(Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido
Regionalista de Cantabria); la señora Castellví Auví, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Chinea Correa, por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); la señora Peral Díez, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); la señora Escandell Grases, por el Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; la señora Adrados Gautier,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Díaz Muñoz,
por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las catorce horas y
veinte minutos el plazo de dos horas para la votación telemática de los
siguientes puntos del orden del día: 9.1., 9.2. y 10.1.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
REAPERTURA DEL EJE FERROVIARIO DIRECTO ENTRE LAS PROVINCIAS DE MADRID,
SEGOVIA Y BURGOS DENTRO DEL CORREDOR CENTRAL FERROVIARIO, RAMAL NORTE, DE
LA PENÍNSULA IBÉRICA.


662/000099

GPP


El señor Lacalle Lacalle defiende la moción.


El señor Egea Serrano defiende las dos enmiendas
del Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores
«Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria).


La señora Agudíez Calvo defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Rollán Ojeda expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas y las rechaza.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: el señor Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; el
señor Egea Serrano y el señor Muñoz Lagares, por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria); el señor Gómez Perpinyà, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); la señora Vaquero Montero, por el Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado (EAJ-PNV); la señora Ayala Santamaría, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y la señora Arnáiz García, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO ACUERDA LA
CREACIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO,
DE UNA PONENCIA DE ESTUDIO QUE ELABORE UN INFORME CON RECOMENDACIONES
PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE GARANTICEN LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL
MUNDO RURAL.


662/000100

GPERB


La señora Bailac Ardanuy defiende la moción.


El señor Egea Serrano defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores
«Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria).


El señor Mulet García defiende las quince enmiendas
del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més
per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera).


El señor Nacarino Muriel defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Bailac Ardanuy expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas y anuncia que se ha
presentado una propuesta de modificación.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: la señora Merelo Palomares, por el Grupo Parlamentario Mixto;
la señora Ponce Gallardo, por el Grupo Parlamentario Democrático
(Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido
Regionalista de Cantabria); la señora Rivero Segalàs, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; la señora González Modino, por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); el señor Medina Martínez, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); el señor Castellana Gamisans, por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor
Martínez Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y la
señora Edo Gil, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las dieciséis horas y
veintisiete minutos el plazo de dos horas para la votación telemática de
los puntos 10.2. y 10.3. Asimismo, recuerda a la Cámara que los
resultados de estas votaciones serán comunicados a sus señorías,
publicados en la web del Senado y proclamados al inicio de la próxima
sesión plenaria.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR LA REFORMA URGENTE DEL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA DE
CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS ACORDADOS EN ENERO DE 2017 EN LA VI
CONFERENCIA DE PRESIDENTES. (Proclamación del resultado de la
votación).


671/000095

GPP


Se rechaza la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos, 261; a favor, 105; en contra, 137; abstenciones, 19.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
INCREMENTAR EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2022 LA
DOTACIÓN PARA COMPENSAR A LA EMPRESA CONCESIONARIA DE LA AUTOPISTA AP-66
ENTRE LEÓN Y CAMPOMANES (ASTURIAS) POR LAS BONIFICACIONES DE PEAJE A
VEHÍCULOS LIGEROS Y PESADOS HASTA LA SUPRESIÓN TOTAL DEL MISMO.
(Proclamación del resultado de la votación).


671/000096

GPP


Se aprueba la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos, 261; a favor, 115; en contra, 12; abstenciones, 134.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
EXTENSIÓN DEL PROGRAMA CAMPUS RURAL A LOS ESTUDIANTES DE FORMACIÓN
PROFESIONAL (FP). (Proclamación del resultado de la votación).


662/000097

GPS


Se aprueba la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos, 261; a favor, 256; abstenciones, 5.









DECLARACIONES INSTITUCIONALES





DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL DE MEMORIA DEL HOLOCAUSTO Y LA PREVENCIÓN DE LOS CRÍMENES
CONTRA LA HUMANIDAD, CELEBRADO EL DÍA 27 DE ENERO.


630/000021

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPIC
GPN
GPD
GPMX


El señor secretario, Landa Jáuregui, lee la
declaración institucional firmada por todos los grupos
parlamentarios.


Se levanta la sesión a las dieciséis horas y
treinta y cinco minutos.







Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Buenos días. Bon dia, señorías. Se reanuda
la sesión.


Moción de apoyo a las perspectivas de autonomía o soberanía
estratégica de la Unión Europea. Les recuerdo, señorías, que esta fue una
moción que se debatió ayer y que quedó pendiente de votación. Se vota en
sus propios términos. Por lo tanto, se abre la votación telemática desde
este momento, que son las nueve y dos minutos, hasta las once horas y dos
minutos de la mañana de hoy.






ESTATUTOS DE AUTONOMÍA




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
1/2007, DE 28 DE FEBRERO, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS
ILLES BALEARS, PARA LA SUPRESIÓN DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y LAS
DIPUTADAS DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS Y DE LOS MIEMBROS DEL
GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS.


605/000003

PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS


El señor presidente lee los puntos 6., 6.1.
y 6.1.1.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado
enmiendas ni propuestas de veto a esta propuesta de reforma. Pasamos
directamente al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto
tomará la palabra su señoría el senador González-Robatto. (El señor
González-Robatto Perote se acerca a la Presidencia). Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, ¿van a
tomar la palabra? (Pausa). Muchas gracias.


Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado,
¿tomará la palabra? (Denegaciones). Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tomará la palabra el senador Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Muchas gracias,
presidente.


El Parlament de las Illes Balears en esta
legislatura ha tramitado tres iniciativas legislativas diferentes. Tres
iniciativas legislativas que han tenido diferente suerte en las Cortes
Generales. Hoy tratamos en el Senado la abolición, la desaparición de los
aforamientos de los diputados y miembros del Govern de las Illes Balears.
La primera iniciativa legislativa que el Parlament de las Illes Balears,
por una abrumadora mayoría, tramitó y envió al Congreso fue la de
modificar el periodo de las rebajas, modificar y volver al tiempo clásico
de las rebajas con unos tiempos dados. Esa modificación en las Illes
Balears contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, pero,
desgraciadamente, una vez llegados a Madrid, los diputados del Grupo
Socialista y del Grupo Popular tuvieron la sorpresa de que ni los suyos
les dieron apoyo. Triste desgracia que una iniciativa legislativa del
Parlament de las Illes Balears acabara en la basura.


La segunda iniciativa legislativa que ha
tramitado el Parlament de las Illes Balears en esta legislatura viene de
la anterior, 2015 a 2019, y era un no claro a las prospecciones en el
Mediterráneo. Esa iniciativa legislativa topó con el Partido Popular y
Ciudadanos en la Mesa del Congreso y fue derribada en dos ocasiones.
Siempre en las Illes Balears todos los grupos parlamentarios defendían
que estaban en contra de las prospecciones, pero no era verdad, se
topaban con la cruda realidad. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Senador Vidal, espere un
momento, por favor.


Señorías, un poco de silencio, por favor.
Acabamos de empezar, así que vamos a empezar bien. Muchas gracias.


Disculpe, senador Vidal. Puede continuar.


El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidente.


Como decía, la segunda iniciativa legislativa
que trajimos desde el Parlament de las Illes Balears a las Cortes fue el
no a las prospecciones. El Partido Popular y Ciudadanos la vetaron en la
Mesa del Congreso en diferentes ocasiones y bajo diferentes excusas. Al
fin, en estos pasados meses se consiguió que se tramitara, pero,
desgraciadamente, ha caído en el olvido esa ley que protege más nuestro
Mediterráneo que la Ley de cambio climático.


Y la tercera iniciativa legislativa del
Parlament de las Illes Balears es la que ha tenido más suerte y ha
llegado hoy aquí al Senado, que es la de la abolición de los aforamientos
de los diputados y de los miembros del Govern de las Illes Balears. Es
una reforma que viene después de 15 años, tras la reforma de 2007. Y eso
me hace preguntarme varias cosas. Si la reforma de 2007, que logramos con
consenso, en la que todo el mundo estuvo de acuerdo —que hoy vamos
a modificar, espero que con una amplia mayoría y un amplio
consenso—, se modificó, ¿por qué 15 años después no se cumple ese
estatuto de 2007? Si ese estatuto de 2007, que hoy reformamos con
consenso, preveía todo un conjunto de traspasos de competencias, por qué
no se ha cumplido y tenemos que negociar competencia a competencia,
incluso, como han dicho algunos compañeros míos, haciendo chantaje en los
Presupuestos Generales del Estado para conseguir lo que está previsto en
una norma. Queremos el traspaso de costas, el traspaso de justicia, el
traspaso de la salud penitenciaria y todo el conjunto de competencias que
nuestro estatuto de autonomía prevé. Y si nuestro estatuto de autonomía
prevé un régimen especial desde hace más de 15 años, por qué este régimen
especial para las Illes Balears aún no se ha realizado. Si tenemos en
cuenta que esa norma es de hace más de 15 años y que contó con el apoyo
de todos los grupos, es inexplicable, señorías, y es una vergüenza. Y lo
que aún es peor, ¿por qué se cuestionan los pilares de ese estatuto de
hace 15 años, de gran consenso? ¿Por qué se cuestionan pilares como la
insularidad, recogido en su artículo 3, o que la lengua oficial de las
Illes Balears es el catalán, cosa que recoge el estatuto de autonomía en
su artículo 4? Son fundamentos y hoy todos hablaremos de nuestro Gobierno
y diremos que estamos a favor del estatuto de autonomía, pero no serán
las palabras sino los hechos los que permitan su desarrollo.


Los aforamientos han sido entendidos por la
sociedad como ese engranaje que ha permitido la corrupción; como ese
engranaje básico que ha permitido lo que se ha venido a llamar la
comisionópolis, ese sobre, esa mano por detrás. En Baleares llamamos a
Mallorca la Sicilia sense morts, esa Sicilia sin muertos que ha sido
Mallorca desde el túnel de Sóller, vía Cañellas, al caso Palma Arena de
Jaume Matas. Y no me alargaré con la lista, aunque algunos compañeros me
decían: Haz la lista de todos los casos de corrupción del Partido Popular
que han motivado esta reforma del estatuto de autonomía. Pero no me
darían los cinco minutos que me quedan de intervención. A esa Sicilia
sense morts es a la que hoy queremos dar carpetazo y eliminar quitando
estos aforamientos. O, como decía mi compañero Josep Castells, de Més per
Menorca, la tangentópolis en versión de la Italia de los 90 que vivíamos
en las Illes Balears. Por eso trajimos esta demanda aquí. Trajimos la
demanda de quitar los aforamientos. Y esperemos que hoy cumplamos todos
con los acuerdos que hemos tenido en las Illes Balears y que no se dé ese
clásico de que los consensos de las Illes Balears después, aquí en
Madrid, no se cumplen. Y demostremos que ese desencaje que existe entre
la realidad social y la política, entre el Estatuto de Autonomía de las
Illes Balears y lo que la gente nos pide, hoy podamos acercarlo un
poquito.


Y pensando en el futuro, hoy traemos una
reforma del estatuto de autonomía para cerrar una etapa de corrupción,
para dar un mensaje claro a la ciudadanía de que no queremos corrupción y
que la corrupción va a tener consecuencias sea de quien sea. Pero también
me gustaría pedirles que la próxima reforma del Estatuto de Autonomía de
las Illes Balears que podamos traer aquí, a esta Cámara, con consenso,
sea la que nos dé un nuevo modelo de Estado; un nuevo modelo de Estado
republicano; un nuevo modelo de Estado con más autogovern para las Illes
Balears.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará
la palabra su señoría el senador Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente, con la venia.


Señorías, hoy estamos de enhorabuena. Hoy es un
día festivo por lo que a esta iniciativa se refiere. Y, además, damos la
enhorabuena al compañero que me ha precedido porque un nuevo estatuto de
autonomía, en este caso el de Baleares, pasa por aquí y se aprueba, ya
termina su trámite definitivo y se reforma eliminando los aforamientos,
como ya ha pasado antes en esta legislatura en Murcia o en Cantabria, y
creo que viene de camino el de La Rioja. Pues, enhorabuena, señoría;
enhorabuena a todos los baleares. Obviamente, vamos a votar a favor y,
además, lo hacemos muy orgullosos y encantados. Tiene usted delante a la
persona que fue ponente en la eliminación de los aforamientos del
Estatuto de Autonomía de Murcia allí, en el Parlamento autonómico; y tuve
el honor de defenderlo también aquí en el Senado; oportunidades que a uno
le da la vida.


Siempre hemos estado en contra de los
aforamientos. En 2015, cuando nosotros entramos en política, cuando
entramos con fuerza en los parlamentos, con ocasión del pacto de Gobierno
que logramos en la Región de Murcia, recuerdo que las cuestiones que
pusimos encima de la mesa fueron el cambio de la Ley electoral, limpieza
política e institucional, fuera corrupción o imputados por corrupción
política de las instituciones y eliminar los aforamientos. Esa fue una de
las condiciones que nosotros pusimos. Al poco tiempo se consiguió, siguió
el trámite y luego vino aquí. Nuestra propuesta era suprimir los
artículos 71.3 y 10.2 de la Constitución, con el objeto de promover la
supresión sin matices de los aforamientos políticos; es decir, que
afecten a diputados y senadores, porque ese será el siguiente escalón.
Una vez que los hayamos eliminado de todos los parlamentos autonómicos,
nosotros también tenemos que quitarnos ese privilegio. Los diputados y
los senadores también tenemos que quitarnos el privilegio de los
aforamientos. Esto es lo que hemos propuesto en el Congreso; no solo en
los estatutos de autonomía sino ir más lejos y llegar a eliminar los
aforamientos del Congreso y el Senado; es decir, eliminar los
aforamientos de toda España porque es una figura arcaica.


Ya mencioné en la Región de Murcia y, además,
las dos veces anteriores que he intervenido —para el caso de
Murcia, de Cantabria y aquí— esa famosa frase donde se habló por
primera vez de los aforamientos en la literatura —medio literatura,
medio apartado jurídico—, cuando en El alcalde de Zalamea el
capitán don Álvaro de Ataide le dice a don Pedro Crespo, alcalde de
Zalamea: Sobre mí no habréis de tener jurisdicción. El capitán había
mancillado y violado a la hija del alcalde y se acogía a un fuero
especial, a un fuero militar. Y decía que, a él, por supuesto, no le iban
a juzgar. De tal suerte que aquello tuvo tanta repercusión que el propio
rey medió —está en la obra literaria— y, al final, claro que
hubo jurisdicción y claro que fue juzgado este malvado y perverso
capitán, y fue condenado, como no podía ser de otra manera. Pues bien,
esta es la primera vez que aparece en la literatura española esta figura
del fuero, esta figura de los aforamientos. Pero es que hoy tiene aún
menos sentido que en aquella época. No tiene ningún sentido que nosotros
tengamos un privilegio, una prebenda jurisdiccional, con respecto a
cualquiera de los españoles. No se sostiene. Y, además, nosotros lo
vemos, lo detectamos y lo modificamos. Le reitero la más absoluta
enhorabuena.


La figura de los aforamientos viene contemplada
en la Constitución española dentro de la garantía de los diputados y
senadores, circunscrita como un conjunto de privilegios de ámbito penal
para el presidente del Gobierno, los diputados y los senadores. Y esta
figura supone que la responsabilidad penal será exigible solo ante la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y no ante el juzgado de instancia
que, como a cualquier español, les corresponda; o sea, ante el juzgado
que por turno de reparto les corresponda como a cualquier hijo de vecino.
Nosotros tenemos que ir a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De
forma análoga se establece en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de
las Illes Baleares —no sé si lo he pronunciado bien— para los
diputados, y en el artículo 56.7 y 57.5 para el presidente y los demás
miembros del Gobierno, que durante su mandato y por los actos delictivos
cometidos en el territorio de las Islas Baleares no podrán ser detenidos
ni retenidos sino en supuesto de flagrante delito; o sea, salvo que te
pillen cometiendo un delito flagrante, que te pillen con las manos en la
masa, no puedes ser detenido. En todo caso, sobre su inculpación, prisión
o procesamiento conocerá o decidirá el Tribunal Superior de Justicia de
las Islas Baleares y no, como hemos dicho antes, el tribunal ordinario ad
quem que correspondería por turno de reparto o el que estuviera de
guardia ese día.


Esta supresión de los aforamientos afectaría en
la actualidad en total a 70 políticos en Baleares. Y es que no sé si
recuerdo bien —hablo de memoria—, pero en Italia solo estaba
aforado el presidente de la República; no sé si en Francia pasa lo mismo;
en Alemania había uno o dos aforamientos y más o menos en Portugal. Sin
embargo, en España están la intemerata, el número de aforados es
auténticamente disparatado. Vamos a tomar nota porque ahora en Baleares
esto va a afectar a un total de 70 políticos que, a partir de hoy, a
partir de que se publique en el boletín oficial, van a dejar de estar
aforados;.59 diputados del Parlament y los 11 miembros del Govern, que
actualmente gozan de unos privilegios que rompen con el principio de
igualdad entre todos los españoles en beneficio de determinadas personas
que están privilegiadas, que tienen una prebenda política, jurídica y
jurisdiccional, y que tienen derecho a ser juzgadas y encausadas por
determinados tribunales previamente señalados.


Debemos tener en cuenta, señorías —y me
refiero a todos, pero miro al compañero de las Islas Baleares—, con
todos los respetos y creyendo firmemente como jurista en la independencia
del Poder Judicial y en la independencia de los tribunales, que los
políticos tienen mucho que ver a la hora de elegir a los representantes
de estos altos tribunales que luego van a juzgar a los propios políticos.
Y uno no es que piense mal, pero vamos a hacer un sistema más justo,
puesto que estos altos tribunales en muchos casos son designados por
políticos que luego van a ser juzgados por los miembros que han designado
para estos altos tribunales. Apelemos al fumus boni iuris del que
hablamos en derecho, al fumus boni iuris del que hablaban los romanos; la
apariencia de buen derecho o apariencia de mal derecho. Pues vamos a
darle apariencia. Ya sé que los jueces son espectaculares, son
independientes, yo confío absolutamente en ellos, pero vamos a darle
apariencia de buen derecho, que vayamos al juez que toque y no al juez
del tribunal superior, donde seguramente los magistrados hace poco que
han sido designados por el político o por el partido político que va a
tener que ser juzgado en ese momento determinado. Por tanto, el
aforamiento, como decía, permite que tribunales elegidos por políticos,
directa o indirectamente, sean los que juzguen los presuntos delitos de
estos políticos.


La exigencia de regeneración democrática es lo
que todos debemos llevar en pleno siglo XXI, independientemente del pin o
de la bandera de nuestros partidos o de nuestras comunidades autónomas;
como Cámara territorial deberíamos llevar el pin de la regeneración
porque todos estamos en la regeneración. La regeneración democrática de
una sociedad moderna demanda la supresión de esta figura. Los políticos
no tienen necesidad alguna de disfrutar de un trato de favor; no tenemos
necesidad alguna de disfrutar de un trato de favor que, además de
injustificado, no hace sino incrementar la distancia entre los
representantes y los representados en contra del principio de
igualdad.


Por tanto, señorías, termino como empecé:
enhorabuena. Ya van tres en esta legislatura, esperemos que sean todos y
después que las Cortes Generales vengan detrás.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


¿Por el Grupo Parlamentario Vasco, van a tomar
la palabra? (Denegaciones). Muchas gracias, señorías.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tomará la palabra su señoría la senadora
Pérez Esteve.


La señora PÉREZ ESTEVE: Gracias,
presidente.


La reforma del Estatuto de Autonomía de las
Illes Balears para la supresión del aforamiento de los diputados y las
diputadas y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears nace de una
reflexión profunda sobre cómo debe ser el presente y el futuro de las
Illes limpio de corrupción. La iniciativa, aprobada por unanimidad en el
Parlament de las Illes, es fruto del trabajo de muchas personas y
partidos que quieren dejar atrás los años oscuros de corrupción que han
sufrido, en buena parte, por políticos corruptos de partidos
mayoritarios. Como ejemplo podemos recordar los casos del Palma Arena o
Nóos. Uno de los partidos que han luchado y luchan para que las Illes
salgan del mapa de corrupción, del que durante demasiado tiempo han
formado parte, es Més per Menorca, del que Esquerra Republicana formamos
parte y representamos en esta Cámara y en el Congreso de los
Diputados.


Sabemos que con la supresión de los
aforamientos no acabaremos con la corrupción, pero sí que es un gran paso
para que las personas corruptas puedan ser juzgadas por los canales
predeterminados y para acabar con la sensación, quizás psicológica de
algunos, de que es una oportunidad para poder quedar impunes. Así que en
Esquerra Republicana vamos a votar a favor, como no puede ser de otra
manera.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tomará la palabra su señoría el senador Marqués Palliser.


El señor MARQUÉS PALLISER: Gracias,
presidente.


Buenos días a todos. Hoy estamos aquí para dar
nuestra aprobación a la reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears y eliminar la figura de los aforamientos de los diputados y
diputadas del Parlament balear, así como de su Gobierno, algo en lo que
nuestro partido ya ha repetido en diversas ocasiones su voto favorable.
Nuestros compañeros del Partido Popular de Baleares defendieron dicha
eliminación en el Parlament de las Illes Balears y también en el Congreso
de los Diputados, por cierto, con la presencia de una delegación de
diputados de las Illes Balears, pero ahora, para el debate en el Senado,
se les ha avisado con demasiado poco tiempo.


Dicho esto, nuestra intención no es volver a
debatir sobre la figura del aforamiento, pero sí queremos hacer una
reflexión en el Partido Popular. ¿No hubiera tenido más sentido un
acuerdo amplio sobre la necesidad de eliminar los aforamientos, es decir,
un acuerdo para que todos los políticos dejaran de estar aforados y no
solo algunos? ¿Tiene sentido ir quitando los aforamientos de comunidad en
comunidad, y así hasta en diecisiete ocasiones? Esta es la tercera
reforma de estatutos que se tramita en el Senado y nos preguntamos si no
tendría mucho más sentido un acuerdo amplio entre todas las fuerzas
políticas que promueva la reforma de las leyes orgánicas que contemplan
esta figura. Si no hacemos esto, tendremos algunos políticos aforados y
otros no. Curiosamente, el Gobierno que no quería clases ni castas está
generando más clases y castas. Realizada esta reflexión, creo, sin duda,
que la inmensa mayoría de los representantes políticos queremos ser
simples ciudadanos que representan a sus vecinos, no constituir ni clase
ni casta. Somos personas que nos dedicamos al servicio público durante un
corto y determinado tiempo y, por tanto, no queremos ninguna
diferencia.


No obstante, también les digo que este debate
está muy lejos de la sociedad. Los aforamientos no son una de las
principales preocupaciones de los ciudadanos de las Islas Baleares. ¿Qué
creen ustedes que les preocupa más a las familias de las Islas Baleares,
la brutal subida de la luz, de la bombona de butano, de la gasolina, o
los aforamientos? Señorías, las familias de las Islas Baleares, igual que
las del resto del país, cada día tienen que destinar más dinero de su
sueldo a pagar algo tan básico como la factura de la luz o la bombona de
butano, con un agravante, y es que en Baleares tenemos la gasolina más
cara de toda España. Hoy hemos conocido los máximos históricos de los
carburantes. ¿Y qué hará el Gobierno? ¿Nada?


Pero es que tenemos graves problemas también en
materia de vivienda. Baleares es una de las comunidades donde el precio
de la vivienda es más elevado. Si quieren una prueba de ello, pregunten a
los funcionarios del Estado, esos que algunos se quieren cargar en
Baleares. ¿Cuántas plazas hay sin cubrir? Esa falta de servicios
convierte a los ciudadanos de Baleares en ciudadanos de segunda porque
tienen menos servicios. Por tanto, pedimos al Gobierno que, como mínimo,
se digne a realizar un estudio sobre los costes de vida en Baleares para
así actualizar el plus de residencia de los funcionarios, tal como les
hemos pedido el Partido Popular. ¿Qué creen ustedes que les preocupa más
a los trabajadores de las Islas Baleares, que tengamos 30 000 parados más
que antes de la pandemia o los aforamientos? Me sabe mal decirlo, pero
produce sonrojo ver a la presidenta Francina Armengol eufórica porque el
PIB en Baleares ha subido un 10 % en 2021. Señorías, en 2020 el PIB bajó
un 27 %, se dice pronto, ¡un 27 %! (Aplausos). Los datos reales son que
tenemos 30 000 parados más que antes de la pandemia; los datos hablan por
sí solos; Baleares es la región donde más ha aumentado la tasa de pobreza
y exclusión social en el último año. Hay cerca de 270 000 personas en
riesgo de pobreza, que representa el 22 % de la población balear, un 7 %
más con respecto al ejercicio de 2019.


¿Y si hablamos de empresas? ¿Qué creen ustedes
que les preocupa más a las empresas de las Islas Baleares, su
competitividad, sus altísimos costes de transporte o los aforamientos?
Reconozco que esta pregunta tiene trampa porque todos deberíamos saber
que en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado hay una
ponencia sobre el tema y, de primera mano, hemos escuchado los graves
problemas que tienen las empresas por el hecho de nuestra insularidad.
Por este motivo, en el Partido Popular pedimos al Gobierno que no demore
más la aprobación del régimen fiscal de Baleares porque es necesario, es
justo y se aprobó aquí, en esta Cámara.


Y no puedo terminar sin hacer una referencia a
mi isla. ¿Qué creen ustedes que les preocupa más a los ciudadanos de
Menorca, que Menorca sea la única isla sin cribado masivo para detectar
el cáncer de colon o los aforamientos? Miren, la sanidad en Baleares está
desbordada, faltan profesionales. Hoy los principales periódicos hablan
de esta saturación. Estos días un paciente de 75 años ha esperado más de
cien horas en un pasillo para ingresar en planta en un hospital de
Mallorca. Sí, en una comunidad gobernada por la izquierda, repito, en una
comunidad gobernada por la izquierda, cien horas esperando en un pasillo
para entrar en planta. Esta izquierda con sus políticas en sanidad
provoca que cada día tengamos menos sanitarios y que los ciudadanos de
parte de Baleares se queden sin poder detectar algo tan serio como el
cáncer de colon. Señorías, esto es lo que preocupa en Baleares, esto es
lo que preocupa a los ciudadanos de Baleares. Bajen a la realidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista en el
Senado, tomará la palabra su señoría el senador Bonet Bonet.


El señor BONET BONET: Gràcies, senyor
president.


En primer lloc, permeti’m que saludi al
diputat del Parlament de les Illes Balears, el senyor Ares Fernández, que
ens acompanya avui en aquest debat. Benvingut.


Señoras y señores senadores, llega a feliz
término el proceso de reforma del Estatut d’Autonomia de las Illes
Balears, que se iniciaba hace ya casi cuatro años, en junio de 2018,
cuando se registraba la iniciativa parlamentaria que hoy debatimos en la
sede del Parlament de las Illes Balears. Se presentaba con la firma de la
totalidad de diputados y diputadas que conforman la Cámara legislativa
autonómica balear y ha conseguido la unanimidad en todo su trámite
parlamentario, tanto en las Illes Balears como en su paso por el
Congreso. El motivo de la reforma estatutaria no es otro, como se ha
dicho, que la supresión del aforamiento para diputados y diputadas, así
como para los miembros del Govern de las Illes Balears, que hasta ahora
contempla el estatuto balear. Aun así, no deja de ser un ejercicio de
autogobierno de nuestra comunidad autónoma. Se modifican en concreto los
artículos 44.1, 56.7 y 57.5, que afectan a la presidenta, miembros del
Parlament y miembros del Govern respectivamente. Los intervinientes que
han participado en los debates previos sobre esta iniciativa han
coincidido en señalar que esta figura jurídica, que implica que los
aforados deben ser juzgados por un tribunal que predetermina la ley, son
fruto de otra época en que se presuponía que debía protegerse la figura
del parlamentario o, más bien, su actividad política. Lo que en el fondo
se quiere proteger con esta figura y otras como son la inviolabilidad y
la inmunidad parlamentarias es la libertad del representante del pueblo
de ejercer esa representación sin interferencias de la autoridad. Este
punto de vista puede parecer incluso absurdo visto desde la actualidad.
Por eso, tenemos que remontarnos a los orígenes del parlamentarismo para
entender que se pensó que los miembros del Parlamento debían tener
protegida su libertad frente a la autoridad real. Así lo hizo la
Constitución de Cádiz en 1812, nuestra primera Constitución, y cito: Los
diputados serán inviolables por sus opiniones y en ningún tiempo ni caso
ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ello. Las
constituciones españolas establecieron a lo largo del siglo XIX este
régimen especial, que se desarrolla en paralelo a la democracia
parlamentaria en nuestro país, que avanza poco a poco frente a la
autoridad tradicional que representa la figura del rey. Así, nos
encontramos con un Senado, en 1845, que se convierte en tribunal para
juzgar a los ministros que hayan sido acusados por el Congreso de los
Diputados. Ya en 1876, con la Constitución de la restauración, el
Tribunal Supremo es designado como el competente para juzgar las causas
criminales contra diputados y senadores. En cambio, en 1931, la
Constitución de la República, que sigue protegiendo el ejercicio de la
labor parlamentaria, dice: Los diputados son inviolables por los votos y
opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Mantiene la figura del
suplicatorio, pero no recoge la del aforamiento. La actual Constitución
española sí recoge esta tradición a nivel de diputados, senadores y
Gobierno, pero el desarrollo ulterior de nuestro ordenamiento jurídico
abre esta protección especial a otros colectivos del propio Estado, como
jueces, fiscales, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal
de Cuentas, miembros del Consejo de Estado o el Defensor del Pueblo, el
rey y su consorte, así como miembros de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado a nivel estatal o autonómico. A ello hay que sumar
los aforados que establecen los estatutos de autonomía, por supuesto,
como el que nos ha traído a debate hoy. El número total en España supera
los 200 000.


Hay que entender que cuando se elaboraron los
estatutos de autonomía y, por primera vez en nuestra historia, el régimen
de autogobierno se extiende a todas las regiones y nacionalidades que
forman el Estado español, estas toman como modelo de funcionamiento para
sus asambleas autonómicas el que existía para los parlamentarios en
Cortes Generales y miembros del Gobierno, que, como he dicho, establece
la Constitución española. Hoy, la existencia de las comunidades autónomas
demuestra su virtualidad en este debate, pues es en ellas donde se
propone un cambio en sus estatutos, que no deja de ser una adaptación de
la norma principal del ordenamiento institucional autonómico a la
realidad social de nuestro siglo. En este sentido, tal vez debiera cundir
el ejemplo aquí, en la capital, especialmente cuando estos cambios
demuestran la capacidad de diálogo y de acuerdo de la totalidad de las
fuerzas políticas representadas en los parlamentos autonómicos. ¡Qué
lejos de lo que vivimos aquí cada día!


El aforamiento, decíamos, es una situación
especial: el derecho a ser juzgado por un tribunal superior al que
correspondería a cualquier otra persona que no estuviera protegida por
esta figura. Esta figura es considerada un privilegio hoy en día, que se
utiliza no solo en casos que afecten al ejercicio de la tarea
parlamentaria, sino también en casos de delitos comunes que nada tienen
que ver con la preservación de las libertades de opinión o de expresión
de los parlamentarios o funcionarios públicos. El sistema presupone que
existe una mayor vulnerabilidad a las presiones por parte de los
tribunales de primera instancia, y eso la sociedad actual no lo entiende.
Es una opinión muy extendida la que considera que el aforamiento atenta
contra el principio de igualdad ante la ley. A todo ello cabe sumar que
los tribunales a los que se atribuye la competencia son nombrados por los
propios cuerpos legislativos o gobiernos a los que deben juzgar como
efecto del aforamiento.


Por otra parte, la gran cantidad de personas
aforadas crea recelo y desafección hacia esta figura. Si nos comparamos
con otras democracias de nuestro entorno, comprobaremos la enorme
diferencia —antes se hacía un apunte—; en Alemania o en
Finlandia no existe esta figura ni ningún tribunal especial; en Portugal,
como en otros países, las figuras protegidas son escasas, el presidente
de la República, el de la Asamblea legislativa y los magistrados de los
Tribunales Constitucional o Supremo; en Italia, el presidente de la
República; en Francia, únicamente el propio presidente de la República,
el primer ministro y su Gobierno.


Hoy venimos a proponer la supresión del
aforamiento en el Estatut de Autonomía de las Illes Balears como un acto
de regeneración democrática y transparencia, como han hecho otras
comunidades autónomas antes y harán otras en el futuro. En una democracia
plenamente consolidada no parece ya necesaria esta figura. Llegados a
este punto, me pregunto: ¿por qué en el momento de presentar la idoneidad
de esta propuesta lo hacemos desde el punto de vista de la regeneración
democrática y la transparencia? Hemos visto cómo es parte de nuestra
tradición jurídica, pero al mismo tiempo que responde más bien a las
necesidades de otra época. Nuestra época, nuestro tiempo, por desgracia,
ha venido marcado por otras realidades. La ciudadanía percibe el
aforamiento como un privilegio, y no podemos analizar esto al margen de
los casos de corrupción que han azotado a este país y, en particular, en
el caso que nos ocupa a las Illes Balears, desde los casos del túnel de
Sóller o Calvià, aún con el presidente Cañellas, hasta los gobiernos de
Jaume Matas, que ha llenado de vergüenza las páginas de la historia de
las Illes Balears en esta etapa, y que han llevado a la ciudadanía a
desconfiar de la política y de los políticos. (Aplausos). No solo
desconfían de los políticos corruptos sino de todo el sistema, pues ha
sido una forma de defensa habitual de los corruptos decir que todo el
sistema está tan podrido como ellos. Así, los corruptos, dándole al
ventilador, como dice la expresión popular, han erosionado nuestra
democracia haciendo que la larga sombra de la corrupción esté presente de
forma permanente en la política española. Incluso en la actual campaña de
Castilla y León, la sombra de la corrupción, las sospechas que genera el
caso primarias, pesan sobre el candidato Mañueco. (Aplausos).


El portavoz del PP ha dicho que los
aforamientos no son la principal preocupación de los ciudadanos de
Baleares, mezclando churras con merinas. Si hoy no preocupan los
aforamientos, señor senador, es porque los gobiernos progresistas al fin
han desterrado la corrupción de las Illes Balears. (Aplausos). Eso es lo
que ha pasado, eso es lo que ha pasado. (Aplausos). Se ha expandido en
pintar una catástrofe económica en una comunidad autónoma que durante
todo el año 2021 ha tenido protegidos por los ERTE a sus trabajadores; ha
recibido y ha pagado 855 millones de euros a sus empresas y autónomos;
hemos acabado el 2021 con un máximo histórico de afiliaciones a la
Seguridad Social, de empleo; tenemos el paro más bajo de Baleares en un
mes de diciembre desde el año 2008; somos el primer destino turístico de
España. ¿De qué me está hablando, señor Marqués? ¿De qué nos está
hablando? (Aplausos). Además, se atreve a hablar de sanidad, cuando su
modelo, aquí en Madrid, es el de autodiagnosticarse, automedicarse y
quedarse en casa haciendo que cada casa sea un hospital. (Aplausos). Por
favor, un poco de decencia. (Aplausos).


Regenerar la política obliga a tomar medidas,
esa es la verdad; demostrar que el sistema democrático español pueda
regenerarse y corregirse. Por eso son necesarias agendas de regeneración
democrática y transparencia, como la que impulsa el Govern de las Illes
Balears que preside Francina Armengol desde el año 2015, que en su debate
de investidura se marcó como objetivo recuperar la confianza de la
ciudadanía, y para ello es imprescindible acabar con toda forma de
corrupción que hace peligrar la fuerza de la democracia, y ofreció
compromisos como el que llevamos hoy a cabo. Y es con esto con lo que
acabaré; aprobaremos hoy una reforma del Estatut, un cambio importante en
el funcionamiento a nivel autonómico, que pone trabas a la corrupción.
Por eso queremos dar respuesta a la ciudadanía, para recuperar esa
confianza en nuestras instituciones. Hoy damos respuesta a esa ciudadanía
con un valor imprescindible en toda democracia y que los socialistas
tenemos siempre muy presente: la igualdad, la igualdad ante la ley, la
igualdad de derechos, la igualdad, a fin de cuentas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bonet Bonet.


Señorías, concluido el debate, procederemos a
la votación en un solo acto de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears. Se abre la votación telemática desde este
momento, en que son las nueve horas y cuarenta y dos minutos, hasta las
once horas y cuarenta y dos minutos.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




LECTURA ÚNICA





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO
CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


621/000044



El señor presidente lee los puntos 7., 7.1.
y 7.1.1.


El señor PRESIDENTE: Se han presentado dos
propuestas de veto a este proyecto de ley: la propuesta de veto número 1,
de los senadores Muñoz Lagares y Sánchez López y de la senadora Ponce
Gallardo, del Grupo Parlamentario Democrático; y la propuesta de veto
número 2, de los senadores González-Robatto Perote y Marín Gascón y de la
senadora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.


Procederemos a abordar un turno a favor de la
propuesta de veto número 1. Tomará la palabra el senador Sánchez
López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor
presidente, con la venia.


Señorías, si antes veníamos a hablar, y nos
congratulábamos, de la supresión de un privilegio, ahora venimos a
bendecir otro. Fíjense ustedes que en cuestión de minutos hemos suprimido
un privilegio y ahora venimos a defender otro privilegio que tiene igual
de poco sentido que el anterior, dicho sea con el debido respeto. Además,
nos quejamos del fondo y de la forma, y vamos a empezar por la forma. Por
un lado, la imposibilidad de llevar a cabo sobre esta norma un debate
pausado, constriñendo la acción del Parlamento a un mero refrendo, y, de
otro lado, la desigualdad entre españoles que esta ley perpetúa, son dos
de las principales razones por las que nosotros nos oponemos a su
aprobación y hemos presentado un veto. Se trata de un debate de urgencia
en lectura única, sin trámite de enmiendas, no se puede enmendar; no
entendemos esta necesidad, esta urgencia, este rodillo. Esto es así y ya
está, ustedes se lo comen y para adelante, hurtando el trámite de
enmiendas, hurtando lo que es una actividad parlamentaria lógica,
razonable y normal. Este procedimiento de urgencia no puede suponer otra
cosa que la opacidad de un texto que no puede corregirse en tramitación
parlamentaria porque se nos ha hurtado esta tramitación, no hay trámite
de enmiendas. El Congreso y el Senado no lo hemos podido enmendar, por lo
que se nos hace imprescindible, señorías, su devolución al Gobierno, es
la única alternativa que se nos plantea.


El artículo 150.1 del Reglamento del Congreso
de los Diputados reserva el procedimiento de lectura única a los
supuestos en los que la naturaleza del proyecto o proposición de ley
tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo
permita y, dado que no es este el caso, ni lo aconseja ni hay una
simplicidad de formulación —al revés, el tema es bastante complejo,
bastante complicado y tiene bastante enjundia—, no parece que se
cumpla ninguno de estos requisitos del Reglamento del Congreso. La única
explicación que encontramos es que se desee presentar esto como un
acuerdo bilateral entre dos gobiernos en el que las Cortes Generales, el
Congreso y el Senado, no tienen absolutamente nada que decir. No
existimos; pasa por aquí, el trámite se acorta, se reduce, no tiene nada
que ver con lo que dice el artículo 150.1 del Reglamento del Congreso, es
un acuerdo al que han llegado dos gobiernos y a nosotros se nos obvia,
limitando nuestras capacidades a una ciega aprobación.


De otro lado, es importante dejar claro que los
senadores que suscriben este veto no discuten la existencia
constitucional de la foralidad vasca ni del concierto; no discutimos la
existencia constitucional, como he dicho, de la foralidad vasca ni del
concierto; discutimos la desigualdad, la opacidad y el tacticismo
político, que desemboca en prebendas para unos ciudadanos en detrimento
de otros ciudadanos, situación reiterada durante toda la democracia por
mor del bipartidismo. Esto no solo ha pasado con el Partido Socialista.
El último episodio lo encontramos en la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado para el próximo año, donde se ha primado, señorías,
la producción audiovisual en euskera o en catalán por encima de las
ayudas —ahora que veo al señor Chinea— a la isla de La Palma,
por poner un solo y lamentable ejemplo. El régimen del concierto
económico y la consecuente fijación del cupo, es decir, el importe de las
cargas no asumidas por las administraciones forales y del Gobierno vasco,
tienen un anclaje constitucional en la disposición adicional primera de
la Constitución, que se limita a señalar que la Constitución ampara y
respeta los derechos históricos de los territorios forales. La
actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su
caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía.
Reitero, la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los
territorios forales, y la actualización general de dichos regímenes
forales se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y
de los estatutos de autonomía. Eso es todo lo que dice. Ahora bien, lo
que no establece de ningún modo, lo que no establece en ningún caso la
Constitución es que la metodología del señalamiento del cupo deba dar
lugar a una sobrefinanciación de las administraciones vascas, a costa de
las demás comunidades autónomas y, en general, de los contribuyentes
españoles residentes en los demás territorios del Estado. Señorías, eso
no lo dice la Constitución en ningún sitio. Mírensela, revísenla, por lo
menos yo no lo he visto en ningún sitio. Lo que sí establece la
Constitución en el artículo 138.2 es que las diferencias entre los
estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán nunca, en
ningún caso, implicar privilegios económicos y sociales. Esto sí lo dice
la Constitución, no podrán implicar las diferencias privilegios
económicos y sociales.


En este sentido, uno de los miembros más
destacados del grupo de expertos para la reforma fiscal que planea el
Gobierno para el próximo ejercicio, Alain Cuenca, ya definió hace años
este sistema de cálculo —que no es un tema fácil, no es un tema
simple, como dice el artículo 150.1 del Reglamento del Congreso, que es
para lo único que está habilitado el debate de urgencia con lectura
única, porque aquí hay un sistema de cálculo que es complejo, con lo cual
se debería haber tramitado con su debate parlamentario de enmiendas
correspondiente— como lleno de errores, incorrecciones y datos
inventados, y solicitó al Defensor del Pueblo la interposición de un
recurso de inconstitucionalidad contra el mismo. Esto lo dijo el Señor
Alain Cuenca, solo nos remitimos a sus palabras, uno de los expertos del
grupo para la reforma fiscal.


Al hilo de esto conviene tener en cuenta,
señorías, la absoluta inoportunidad política de la aprobación de la
actualización de este régimen con prioridad absoluta. Esto hay que
meterlo rápidamente, urgentemente, con calzador, deprisa, vamos, que se
nos va el tren, porque está encima de la mesa, señorías, la reforma de la
financiación autonómica de 15 comunidades y las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla. ¿Esto no tiene prioridad? No hay prisa; 15 comunidades
autónomas y Ceuta y Melilla, la reforma de su financiación, muchas
infrafinanciadas, como la mía, la Región de Murcia, que está
absolutamente infrafinanciada. Somos ciudadanos de tercera; además, así
se nos hace saber una y otra vez. Por no hablar de Murcia —yo
siempre hablo de Murcia—, pondré como ejemplo a Extremadura, con su
tren; la reforma de la financiación autonómica tampoco es urgente, pero
esto sí es prioritario y hay que tramitarlo por el procedimiento de
urgencia, con lectura única y no se admiten enmiendas porque esto corre
muchísima, muchísima prisa; la financiación autonómica, no, que haya
comunidades autónomas que estén infradotadas o infrafinanciadas no es
ningún problema, eso no corre ninguna prisa, pero esto sí. Esta injusta y
obsoleta financiación autonómica que afecta a la inmensa mayoría de
españoles lleva más de siete años esperando.


El reparto recaudatorio de las haciendas
forales vascas se nos pide que lo aprobemos de manera urgente y
precipitada con esta norma que entró en vigor hace nada. Este notorio
desequilibrio fue puesto de manifiesto —porque esto no es una
cuestión de partidos, ahora el Partido Socialista lo hace deprisa y
corriendo—, y es que cuando gobernaba el Partido Popular, mi
paisano, Pedro Saura, al que ustedes conocerán, el socialista Pedro Saura
—hasta hace poco ocupaba un cargo muy importante en un ministerio y
hoy flamante presidente y consejero delegado de Paradores—,
portavoz en aquel momento del Grupo Socialista en el Congreso los
Diputados, calificó al Gobierno de desidioso, incumplidor con sus
compromisos y con nula voluntad política para reformar un sistema de
financiación autonómica que, según el portavoz del Partido Socialista en
la oposición, remarcaba la discriminación de las comunidades autónomas de
régimen común. Por tanto, incumplidor con sus compromisos, nula voluntad
política —¿les suena?—, un sistema de financiación autonómica
que remarcaba la discriminación de las comunidades autónomas de régimen
común, algunas de las cuales calificó el portavoz del PSOE de
escandalosamente infrafinanciadas y cuya insuficiencia —sigo
leyendo— financiera afecta al Estado del bienestar. Esto lo decía
el PSOE hace siete años; ahora están gobernando y no solo esto lo han
dejado en el cajón, sino que deprisa y corriendo la actualización el cupo
vasco. Pues bien, el Partido Socialista, más de tres años después de
llegar al Gobierno, continúa sin traer al Parlamento una reforma para la
gran mayoría de los españoles que ellos mismos calificaban hace tres años
prioritaria y urgente cuando estaban en la oposición; y ahora ya esto sí
es lo urgente y lo otro ha pasado a un segundo término.


Por otro lado, recordemos que los presupuestos
para el 2022 contemplan una transferencia de más de 18 000 millones de
euros a la Seguridad Social para tapar parte del agujero del déficit. Una
de las consecuencias inmediatas de que el déficit de las pensiones pase a
sufragarse con impuestos, en vez de con cotizaciones sociales, es que
seremos los contribuyentes de las comunidades autónomas del régimen común
—vamos, los de segunda o incluso los de tercera, esos
contribuyentes de las comunidades autónomas de segunda y de
tercera— los que pagaremos las prestaciones de todos los
contribuyentes, incluidos los vascos, que, sin embargo, no satisfacen
impuestos en España de la misma forma que los demás. El Real Murcia, que
es mi equipo, está en tercera división, y yo lo asumo, pero es que yo,
como ciudadano, también estoy en tercera o en segunda RFEF, y me
fastidia, porque lo deportivo es una cuestión que depende de que una
pelota entre o no entre, pero lo político no; lo político depende de que
un Gobierno y sus representantes pongan encima de la mesa y prioricen la
igualdad efectiva de todos los españoles ante la ley, y eso no pasa,
porque hay comunidades mucho mejor dotadas, mucho mejor financiadas, más
privilegiadas que otras a las que no nos toca ni el chocolate del loro.
Esta situación se dio en el pasado y ahora el Partido Popular, el Partido
Socialista y Unidas Podemos, lejos de recortar las desigualdades que esta
situación provoca a todos los españoles de régimen común, redujeron el
cupo que el País Vasco debería pagar al Estado, obviando el necesario
ajuste y blindando esta financiación privilegiada. El traspaso de esta
transferencia y la no asunción de los gastos impropios a sufragar vía
impuestos de todos los españoles deberán llevar aparejada la revisión
inmediata, transparente, justa, del cálculo del cupo vasco.


Señorías, no somos muy dados a presentar vetos,
pero es que en el fondo es flagrante, y, además, en la forma, por el
procedimiento de urgencia y sin posibilidad de enmendar, no tiene un pase
lo que esta mañana se nos trae aquí y lo que pasó hace poco por el
Congreso de los Diputados.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa de la propuesta de veto
número 2, tomará la palabra su señoría el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.


Señorías, este Proyecto de Ley por el que se
modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, que aprobó el concierto económico
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, modifica dicho concierto
económico al objeto de que se deleguen nuevas competencias respecto de
determinados impuestos, lo que hace ahondar en las desigualdades entre
las personas físicas y jurídicas sometidas al régimen común y aquellas
sometidas al régimen foral.


Nuestro veto se justifica en tres razones:
principios constitucionales, asimetrías entre el régimen común y el
régimen foral y la cambiante posición política del Partido Popular y del
Partido Socialista en relación con el régimen foral. Paso a explicarles
dichas razones.


Primero, principios constitucionales. En
relación con el ámbito fiscal, se reputan como de gran importancia los
principios constitucionales de igualdad, solidaridad, autonomía y de
libre circulación, como queda reflejado en determinados artículos de
nuestra Constitución. Por ejemplo, el artículo 14: «Los españoles son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social». Artículo 31: «Todos los
españoles contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo
con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado
en los principios de igualdad y progresividad». Artículo 139: «Todos los
españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte
del territorio del Estado». Junto con el principio de igualdad entre
todos los españoles, el principio de solidaridad interterritorial exige
del Estado que garantice un equilibrio económico adecuado y justo entre
las diversas partes del territorio español, artículo 138.1, e implica que
las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades
autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o
sociales, artículo 138.2. Sin embargo, se ha afirmado que el principio de
autonomía parece chocar con el principio de igualdad y de libre
circulación. De este modo lo han entendido en diversas ocasiones tanto la
Administración General del Estado como las comunidades autónomas
limítrofes al País Vasco y muchos particulares, que han recurrido
diversas normas dictadas por las instituciones del País Vasco.


Segundo, asimetrías entre el régimen común y el
régimen foral. Las asimetrías, que derivan en desigualdades entre
españoles o, si se quiere, en privilegios para aquellos sometidos al
régimen foral, se han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones tanto
por la doctrina como por distintos órganos jurisdiccionales, nacionales y
europeos. Es también numerosa la doctrina contraria a la metodología
empleada para el cálculo del cupo vasco. Este cupo o aportación económica
se fija quinquenalmente y se actualiza de forma anual en atención al
importe fijado en el año base de un índice de actualización. Dicho índice
es el incremento de la recaudación líquida obtenida por el Estado en
tributos convenidos o concertados desde el año base hasta el año cálculo.
Las ecuaciones y variables que se tienen en cuenta para el cálculo del
cupo ponen de manifiesto un laberinto matemático de imposible comprensión
para los ciudadanos de a pie. Así, la principal problemática gira en
torno al cálculo de aquellas cargas no asumidas por la Comunidad Autónoma
del País Vasco, incluyendo la solidaridad interterritorial, y a los
ajustes a consumo de los impuestos indirectos.


Con carácter general, el concierto a través del
cupo no incluye un criterio de solidaridad interterritorial,
artículo 138.1, lo que plantea problemas específicos porque la normativa
foral no ha sido adaptada a la realidad actual del sistema autonómico,
donde solo una pequeña parte de los flujos financieros relevantes se
canaliza a través del Fondo de compensación interterritorial y gran parte
del resto proviene directamente de otras comunidades autónomas y no del
Estado. Por otro lado, los ajustes a consumo del IVA y los impuestos
especiales no cumplen satisfactoriamente con el objetivo de adecuar el
reparto de los rendimientos de tales tributos a la distribución
territorial de su carga efectiva y sufre también de un claro sesgo a
favor de las comunidades forales.


Otro aspecto de trascendental importancia y
cuya observancia es inexistente en el procedimiento de cálculo del cupo
es el déficit público anual. Así, la Ley 12/2002 dispone que ha de
descontarse el déficit público del Estado, pero, para su cálculo, se
emplea el déficit del año base del quinquenio. De esta forma, un ajuste
del déficit del Estado redunda en la disminución de la cuantía a pagar
por el País Vasco. El problema radica en que el déficit contemplado para
el cupo, como anticipábamos, se calcula por plazo de cinco años, conforme
al déficit público existente en el año base. De esta forma, no se aplica
el déficit correspondiente al año vigente, lo que supone que, en caso de
haber ajuste en el déficit del Estado, necesariamente disminuya la
aportación del cupo por el País Vasco.


Tercero, la cambiante posición política del
Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español en relación con
el régimen foral. En diciembre de 2017 el entonces ministro de Hacienda,
don Cristóbal Montoro, acordó con el Partido Nacionalista Vasco la
actualización del cupo vasco y la reforma de la normativa del concierto
económico para el quinquenio 2017-2021, promulgándose la Ley 11/2017, por
la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco
para dicho quinquenio. Dicha ley, al igual que la precedente Ley 29/2007,
de 25 de octubre, ignora las posibles diferencias entre lo presupuestado
y lo realmente ejecutado en lo que respecta a las partidas de gasto. La
aprobación de dicha ley suscitó gran controversia entre las comunidades
autónomas. Así, por ejemplo, don Francisco Javier Lambán, actual
presidente de Aragón, señaló que era difícilmente explicable en términos
democráticos pues profundizaba en las desigualdades. En el mismo sentido,
en marzo de 2018, el presidente y portavoz de la Plataforma Ahora y
exdiputado en el Parlamento vasco por Unión, Progreso y Democracia, don
Gorka Maneiro Labayen, advirtió que la sobrefinanciación del País Vasco
como consecuencia del cálculo del cupo se utilizaba para impulsar
políticas nacionalistas de avance hacia la independencia. Desde medios
políticos se solicitó al Defensor del Pueblo la interposición de un
recurso de inconstitucionalidad, lo que fue desestimado por esta
institución.


Asimismo, en el informe de Fedea del año 2020,
su director ejecutivo afirmó lo siguiente: Las Haciendas vascas deberían
haber cofinanciado un 63 % del gasto primario del Estado en 2017, año
base para el cálculo del cupo, pero solo han contribuido a pagar en torno
a un 42 %. Por lo tanto, la base efectiva del cupo estaría infravalorada
alrededor de un 30 %, lo que supone unos 32 000 millones de euros. Ello
conculca, indudablemente, lo dispuesto en el artículo 138 de la
Constitución. En el mismo sentido, la actual ministra de Hacienda,
entonces consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, doña María Jesús
Montero, dijo que acabaría con los privilegios vascos y que no tendría en
cuenta la reacción que pudieran tener tanto el PNV como EH-Bildu, hoy
socios clave del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. A estos efectos, la
hoy ministra de Hacienda y Función Pública pidió abordar un recálculo del
cupo vasco y de la aportación navarra a fin de que el reconocimiento de
sus derechos forales no se tradujese en privilegios financieros y
justificados.


Pese a las críticas que entonces efectuaba el
Partido Socialista, el proyecto de ley que por la presente se veta,
reafirma el modelo aquí criticado para el presente quinquenio. Puede
afirmarse así que los partidos que se han turnado en el Gobierno solo
critican los privilegios forales cuando están en la oposición,
entendiendo que les dan réditos políticos en el resto de las regiones o
como herramienta de desgaste político del Gobierno. Sin embargo, cuando
llegan al poder, es el primer instrumento que emplean como moneda de
cambio para granjearse el apoyo de los separatistas, con el fin de
mantenerse en el Gobierno, perpetuando ad aeternum las desigualdades
entre los españoles.


Por último, como conclusión, el concierto
económico, mediante el expediente del cupo, privilegia a la comunidad
autónoma vasca al hacer posible una presión fiscal efectiva menor. El
análisis de la presión fiscal efectiva de los contribuyentes de un
territorio debe hacerse teniendo en cuenta cuánto tributarán con las
leyes de ese territorio y cuánto tributarían aplicándoseles las leyes de
otro territorio, y no por cociente entre los ingresos tributarios y el
PIB. Y es que como quiera que el IRPF es progresivo, la presión fiscal
será siempre mayor en regiones con rentas más altas. Urge plantearse si
los contribuyentes vascos, con las normas que les son de aplicación,
pagan más o menos impuestos que con las normas de territorio común, y
parece claro que pagan menos. Además, según lo expuesto, el método de
cálculo del cupo sigue presentando en sí mismo dificultades no
despreciables. Es de exigencia constitucional que el concierto económico
incluya un elemento de solidaridad entre todos los territorios de la
nación, sin que el cupo se limite a ser un expediente de liquidación de
un crédito deuda entre acreedor y deudor, como si de una mera relación
civil de crédito de tratase.


Por las razones expresadas anteriormente, el
proyecto de ley objeto del presente veto ha de ser devuelto al
Gobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Correspondería en este momento un turno en
contra agrupado de ambas propuestas de veto.


¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).
¿Podemos pasar directamente a portavoces? (Pausa). Muchas gracias,
señorías. En consecuencia, iniciamos el turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿desean tomar
la palabra? (Denegaciones del señor Marín Gascón). No van a tomar la
palabra. Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, ¿van a
tomar la palabra? (Denegaciones del señor Sánchez López). Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado-Junts per Catalunya, ¿desean tomar la palabra? (Denegaciones del
señor Cleries i Gonzàlez). Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el señor Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente. Señorías, buenos días. Egun on.


Voy a empezar mi intervención contestando
brevemente a los dos grupos que han presentado un veto.


Señorías de Vox, lo que nos han traído en su
motivación es un copipega de los informes de Ángel de la Fuente, de
Fedea, que se refieren a la metodología y aplicación del cupo, no del
concierto. Una cosa es la Ley del concierto, y otra, la Ley del cupo; dos
leyes distintas. Por cierto, esto mismo vale para el veto de Ciudadanos,
que ha argumentado de una manera muy parecida. Lo que les estoy diciendo
es que lo que han planteado ahora no toca. El procedimiento de hoy es de
lectura única, se aprueba o se rechaza por las Cortes, pero el acuerdo es
bilateral entre los dos Gobiernos; por cierto, bilateralidad recogida en
la Constitución.


Señores Marín Gascón y Sánchez López, sus
grupos no soportan la diferencia, ni entienden ni quieren entender la
pluralidad de este Estado. Déjenme decirles que es desde el respeto al
que piensa diferente como se construye una sociedad más fuerte. Sumar en
libertad siempre dará una unión más sólida que imponer banderas o
identidades. Sus vetos se deben a que ustedes no ven en el sistema foral
una solución a uno de los males crónicos que aquejan a España: su
estructura territorial. La singularidad foral es algo con lo que ustedes
quieren acabar para que todos seamos uniformemente españoles; españoles a
su manera, claro. Lo curioso del asunto es que utilizan la Constitución
no como algo integrador, sino como un arma arrojadiza, olvidando, por lo
menos, el supuesto espíritu que la alumbró. Para muestra, un botón.
Recientemente, se ha renombrado en Pamplona la plaza que hasta hace unos
días se llamaba del baluarte como plaza de la Constitución. La placa que
recoge este nuevo nombre está escrita únicamente en castellano,
vulnerando la ordenanza municipal y el propio artículo 3 de la
Constitución. Esa modificación ha recibido el apoyo incondicional de UPN,
partido cuyo fundador, Jesús Aizpún, se posicionó en contra de la
Constitución por considerarla antiforal. Todos cambian; todos cambiamos.
A los promotores de ese cambio solo les importan los artículos 2 y 8 de
la Constitución y, como todos ustedes saben, la Constitución tiene muchos
artículos más. Precisamente es uno de ellos, la disposición adicional
primera, la que realmente están poniendo en solfa Vox y Ciudadanos con su
propuesta de veto, y es a ella a la que me voy a referir por impactar de
manera nuclear en las relaciones que mi comunidad, Navarra, tiene con el
Estado al ser foral, como lo son Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.


Desde que se alumbró el Estado moderno y se
proclamó la Constitución de Cádiz no ha habido generación de políticos
españoles que no haya querido arrasar, derogar o asimilar la soberanía
foral. Algunas veces han tenido éxito incluso por largos períodos de
tiempo, pero siempre ha sido bajo la bota de intervenciones militares o
de dictaduras porque siempre, siempre han vuelto a resurgir quienes
defienden y reclaman, quienes defendemos y reclamamos el autogobierno
foral. La Constitución de 1978 fue la primera constitución española que
recogió y protegió los derechos históricos de nuestra foralidad, la
capacidad incondicionada de decidir de los ciudadanos y ciudadanas de
Navarra, que fue un incuestionable avance en una reclamación política de
más de un siglo. Esta Cámara hizo un reconocimiento total de la foralidad
gracias a la defensa de senadores tan relevantes como Manuel de Irujo,
Michel Unzueta o Gregorio Monreal, hecha aquí, en el Senado. En concreto,
el senador Monreal decía en octubre de 1978 en esta Cámara lo siguiente:
Respetamos profundamente la voluntad del pueblo navarro. Entendemos que
esta no tiene ninguna limitación más que la de su propia voluntad, ni
incluso la ley —él decía paccionada, yo creo que mal llamada
así— paccionada es una limitación a esta voluntad. Nosotros no
negaremos en absoluto que esta voluntad constituyente navarra sea la
única razón legitimadora de cualquier estatus político. Tesis que
defendía el senador Gregorio Monreal y que desde luego hago totalmente
mía y que seguimos defendiendo en Geroa Bai.


A estas alturas de la historia, ninguna de las
dos identidades que hay hoy en Navarra y en el resto de los territorios
forales va a desaparecer. Eliminar el régimen foral, que es lo que
realmente piden ustedes, Vox y Ciudadanos —partido este que forma
parte, en coalición, con Unión del Pueblo Navarro en Navarra—, no
solo no solucionará el problema, sino que lo agravará. Les aseguro,
señorías, que quienes creemos, y no somos pocos, que lo que aprueba el
Parlamento de Navarra tiene el mismo rango que lo que aprueba esta Cámara
no nos quedaremos quietos ante cualquier atropello a nuestras libertades
forales. Así que tenemos que ser capaces de buscar desde la política con
mayúsculas una solución permanente que nos acomode a todos, sin imponer y
sin impedir. Hay que lograr, primero, una solución acordada entre
navarros y navarras, sin exclusiones, y, posteriormente, pactada de igual
a igual con el Estado; un pacto con mayúsculas. Esa es la vía y así ha
sido siempre: pacto y compromiso en una sociedad pluridentitaria, que
asume como riqueza y no como amenaza sus diferentes identidades; un pacto
en el que se asume como único orden político legítimo el que está fundado
en la voluntad democrática de la ciudadanía y en la negociación entre
ellos; un pacto en el que no cabe la imposición, la coacción, la
discriminación o cualquier forma de violencia. Pacto mayor, señorías;
pacto mayor por el que Navarra es sujeto político y, como tal, busca un
pacto entre iguales con España. Esto no es querer, como dicen algunos
torticeramente, que desaparezca Navarra, sino todo lo contrario.


Como he dicho, Navarra es un sujeto político en
el que ninguna propuesta democráticamente expresada puede sustraerse al
debate social ni a la libre decisión de la voluntad ciudadana, que no
puede encontrar límites infranqueables en estructuras
político-institucionales pasadas o presentes. En otras palabras, algo
parangonable a lo que históricamente sectores políticos de Navarra de
múltiples tendencias ideológicas interpretaban y calificaban como
reintegración foral plena. Y es que los fueros son un conjunto de
instituciones, al mismo tiempo que un principio político. En este
sentido, las instituciones pueden cambiar, pero el principio político
permanece.


Insisto, hablo de un pacto mayor, de un pacto
con mayúsculas en el que nosotros mismos nos autolimitamos buscando un
marco confederal. Repito: un pacto con mayúsculas en el que nosotros
mismos nos autolimitamos buscando un marco confederal, que no
independentista, donde todos nos reconozcamos y nos encontremos cómodos,
porque únicamente en ese marco confederal se podrá cohesionar una
sociedad con diferentes identidades nacionales. De esta manera,
cerraremos un conflicto identitario de siglos que, como he señalado, no
va a desaparecer hasta que tengamos la altura de miras de reconocernos
mutuamente.


He hablado de pacto con mayúsculas y también de
compromiso: ahí debe estar el cumplimiento íntegro del actual
ordenamiento jurídico. Sí, señorías, el cumplimiento íntegro de la
Constitución, con la que tanto se llenan la boca algunos de ustedes y de
la que a veces demuestran un atroz desconocimiento. Por eso, en Geroa Bai
exigimos que se cumplan los acuerdos del Gobierno en materia de
transferencias, así como el cumplimiento íntegro de la LORAFNA. Pacto con
mayúsculas y compromiso para garantizar la participación de Navarra en
las instituciones comunitarias europeas y cuyo objetivo es la
construcción de una Europa democrática y social, una construcción que
solo puede estar basada en la participación de todos los pueblos del
continente, con políticas económicas que se pongan al servicio del
bienestar de toda la ciudadanía; una Europa que, aprovechando los nuevos
marcos, como la eurorregión, nos permita fortalecer nuestros vínculos,
entre otros, con la ciudadanía navarra que está en el Estado francés y
que son tan navarros como lo somos los de este lado de los Pirineos.


En definitiva, vamos a dar nuestro sí a esta
Ley del concierto vasco, porque en Geroa Bai defendemos que es en este
pacto con mayúsculas donde debe estar la política, también con
mayúsculas. Como senador por Navarra, invito a sus señorías a defender
ambos, el pacto y la política, ambos con mayúsculas.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tomará la
palabra su señoría la senadora Etxano Varela.


La señora ETXANO VARELA: Eskerrik asko,
presidente jauna. Egun on guztioi.


Debatimos hoy, en lectura única, la
modificación del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley del
concierto económico. Hoy no estamos hablando del cupo, como bien ha dicho
quien me ha precedido en la palabra, el senador Martínez, con quien
comparto íntegramente su discurso en este estrado.


Este proyecto de ley es fruto del diálogo y del
consenso: ratifica lo acordado en la Comisión Mixta del Concierto
Económico de marzo de 2020 y julio de 2021; evidencia el acuerdo
bilateral entre el Gobierno vasco y el Gobierno del Estado, y pone en
valor el carácter pactado del modelo de financiación vasco que constituye
el concierto económico, componente esencial del autogobierno. Lo que
aprobamos hoy no es más que el cumplimiento de lo que establece la propia
ley en su disposición adicional segunda. En este caso, se conciertan
varios impuestos: el impuesto sobre transacciones financieras, el
impuesto sobre determinados servicios digitales y el IVA del comercio
electrónico. Así, a partir de ahora, la exacción, gestión y recaudación
pasan a manos de las diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Es un acuerdo coherente, además, con el sistema tributario internacional,
que establece que se tribute allí donde se genera valor.


En el caso de los impuestos sobre transacciones
financieras y determinados servicios digitales, se establecía en ambas
leyes, en sus disposiciones finales, un plazo de tres meses para ser
concertados; la publicación en el BOE es del 15 de octubre de 2020.


En cuanto al IVA del comercio electrónico, el
IVA OSS, hablamos de un impuesto que ya está concertado, pero para el que
es necesaria la modificación para cumplir las directivas europeas. En
marzo de 2020 se produjo un avance sustancial, ya que se acordó el punto
de conexión para que sus propios contribuyentes pudieran ingresar las
cuotas de IVA del comercio electrónico en las Haciendas forales. En la
comisión mixta de julio del 2021 se dio un paso más, se alcanzaron los
acuerdos para la modificación del concierto económico respecto a la
concertación del régimen especial del IVA aplicable a las ventas a
distancia y a determinadas entregas de bienes y prestaciones de
servicios, y para el intercambio de información de los flujos financieros
entre el País Vasco y el Estado, con el fin, como he dicho, de cumplir la
directiva europea.


Este es el acuerdo entre Gobiernos, esto es lo
que se modifica en este proyecto de ley del concierto económico: acuerdos
claros, concretos, concisos y públicos. Y luego están los discursos que
hemos escuchado, que creo que merecen, por lo menos, que intentemos
explicar de forma didáctica lo que supone el concierto económico vasco y,
si no, por lo menos frenar, desmontar y dejar en evidencia el discurso
demagógico, oportunista y manipulador de los partidos políticos que, no
diciendo la verdad, utilizan el concierto como fuente de agravio
básicamente frente a otras comunidades autónomas, con el objeto de
obtener rédito político. Esto se llama maniqueísmo en política.


En todo caso, las críticas vertidas en este
Pleno, el rechazo a este procedimiento de lectura única, la insistencia
en enmendarlo, el hablar de opacidad en el cálculo del cupo, decir que el
concierto es un privilegio que perpetúa o ahonda en las diferencias entre
los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi y del Estado, decir que el
concierto económico convierte a Euskadi en un paraíso fiscal o el mantra
de que Euskadi no es solidaria dan una idea del desconocimiento del
concierto, de la foralidad, del Estatuto de Gernika, de la disposición
adicional primera de la Constitución, de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y también de lo que es la justicia fiscal.


Empezamos por el trámite. La jurisprudencia
constitucional ha ratificado la tesis según la cual la justificación de
la aplicación del procedimiento de lectura única reside, precisamente, en
la naturaleza negociada y paccionada de los textos tramitados conforme a
esta variante procedimental. Así lo ha reconocido el Tribunal
Constitucional en varias sentencias: en la 79, en el año 1988; en la 208,
de 2012, y la 179 de 1989, que vienen a decir que el concierto y el cupo
—hoy no debatimos el cupo, insisto— son paccionados entre
administraciones. Hay una fase de negociación previa entre ambos
Gobiernos, que se plasma en un texto acordado, y una segunda fase
aprobada mediante leyes del Estado, con artículo único, sin que puedan
introducirse enmiendas de ninguna clase, ya que el núcleo esencial de la
garantía institucional de la foralidad reside en su carácter paccionado.
El carácter paccionado es, en términos de la doctrina constitucional, el
núcleo identificable de la institución, el mismo sin el que desaparecería
la misma imagen de la foralidad. Si no existe este contenido paccionado,
desaparece la foralidad que ampara y respeta la disposición adicional
primera de la Constitución. Por tanto, derivado de esta jurisprudencia
del Constitucional, el resumen es que estamos ante un proyecto de ley que
no se puede enmendar, de artículo único; se aprueba o se rechaza aquello
que ha sido pactado entre dos gobiernos y, por eso, el trámite que se
establece es el de lectura única, al uso del trámite de los tratados
internacionales.


Una vez aclarado el asunto de la tramitación,
sigo hablando del concierto económico. El concierto es un régimen
pactado, es solidario y es un régimen de responsabilidad o riesgo
unilateral. El concierto económico es el instrumento jurídico que regula
las relaciones tributarias y financieras entre Euskadi y el Estado, y
forma parte del bloque de constitucionalidad que conforman la
Constitución y el Estatuto de Gernika. Tiene un inmenso valor social y
así se percibe y comprende por la ciudadanía vasca. El sistema de
concierto económico, que inicialmente fue una imposición —para
quienes no lo conocen—, actualiza el régimen foral vasco y supone
el reconocimiento contemporáneo de los derechos históricos. Esta
legitimación, por tanto, no es solo histórica; la Constitución, en su
disposición adicional primera, no crea este derecho, sino que lo que hace
es simplemente reconocerlo, ampararlo y protegerlo. Es decir, que la
disposición adicional, como decía, no crea un derecho, es que el derecho
ya existía. El reconocimiento del concierto y su amparo y respeto no se
encuentran técnicamente en los artículos 156 y siguientes de la
Constitución española, que regulan el régimen financiero autonómico, sino
en esa citada disposición adicional primera, y también está legitimado en
el Estatuto de Autonomía de Gernika, en su artículo 41. Finalmente,
también está avalado por la Unión Europea a través de distintas
sentencias que establecen como condición, para que los sistemas
concertados sean legales, que cuenten con autonomía institucional,
normativa y económica, y, en cuanto a las consecuencias financieras, en
este caso, que la comunidad autónoma vasca no se vea compensada por
ayudas o subvenciones procedentes del Estado en el que está
integrada.


Hablan de opacidad de los acuerdos. Si nos
referimos a los acuerdos de la comisión mixta, son conocidos y están
publicados como anexo a este proyecto de ley. Si hablan de la Ley del
cupo —aunque no estamos hablando del cupo en este momento—,
tenemos que decir que no es un cálculo que sea sencillo —ningún
asunto tributario lo es—, pero eso no quiere decir que sea opaco.
Se trata de una cantidad que se fija entre técnicos de la Administración
General del Estado y técnicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y,
además, tienen a su disposición, en el Parlamento vasco, toda la
documentación relativa a cómo se ha calculado el cupo.


Hablan de inoportunidad política por aprobar
este régimen y no el régimen común. Mezclan todo con poco rigor y con
poco criterio. Plantean la aprobación de esta modificación como un
agravio frente al resto de comunidades autónomas por el retraso del
debate y de la actualización del sistema de financiación de las
comunidades autónomas de régimen común, pero no pueden ni deben buscar
ninguna explicación en la aprobación y en la modificación del concierto
económico. Sustentan discursos de agravio, hablan de supuestos trabajos
científicos que se basan en comparaciones homogéneas de regímenes de
financiación de territorio foral y común, trabajos que enfrentan
importantes dificultades conceptuales y metodológicas y que exigen asumir
condiciones e hipótesis más que discutibles para poder comparar regímenes
profundamente distintos en su concepción, principios y filosofía. La
viabilidad del modelo de financiación de régimen común —lo
saben— no está ni referenciada ni depende del concierto ni del
cupo, porque, en primer lugar, por mucho que el País Vasco, con un
cálculo que necesariamente debería ser erróneo, pagase más cupo, este
importe mayor de cupo no revertiría en las comunidades autónomas de
régimen común, iría el Estado y, en segundo lugar, esta cantidad no
arreglaría el problema de financiación del régimen común. De hecho, ni
toda la recaudación de la comunidad autónoma vasca podría arreglar el
problema que, evidentemente, tiene el régimen de financiación de las
comunidades autónomas de régimen común.


Euskadi recauda sus impuestos y, con carácter
prioritario, pagamos el cupo; pagamos al Estado el 6,24 % para el
sostenimiento de las competencias no transferidas: asuntos exteriores,
defensa, Casa Real, Fondo de compensación interterritorial, deuda pública
o Seguridad Social; también pagamos pensiones. Una vez abonado el cupo,
el resto de la cantidad es para hacer frente a los gastos públicos de
todas las instituciones vascas, por competencias propias. El concierto
supone la asunción de un riesgo unilateral. Dependemos de nuestra propia
recaudación para hacer frente a nuestros propios gastos y para el pago
del cupo, que se calcula en función de las variables que establece el
Estado, no las establecemos en Euskadi. No es un privilegio tener una
competencia fiscal actual con responsabilidad fiscal y presupuestaria
para atender las competencias en Euskadi. Tampoco es un privilegio tener
mejoras o más capacidad de gasto si esto se financia con impuestos, por
cierto, más altos.


En cuanto a que Euskadi es un paraíso fiscal,
nada más lejos de la realidad. El concierto no favorece la reducción de
impuestos ni posibilita que Euskadi sea un paraíso fiscal. El dato cierto
—y, además, se puede corroborar— es que la presión fiscal
media en Euskadi ha sido siempre superior. Pero, además, hay algo que
resulta contradictorio:






critican los Presupuestos Generales del Estado
porque suponen un hachazo fiscal y ese supuesto hachazo fiscal que
venimos aplicando en la Comunidad Autónoma del País Vasco se supone que
la convierte en un paraíso fiscal. No lo entiendo; es una gran
contradicción.


Dicen que no somos solidarios, pero aportamos
el 6,24 % del Fondo de solidaridad interterritorial, lo que figura en los
Presupuestos Generales del Estado.


La postura de Ciudadanos es totalmente
contradictoria. Dicen que no discuten la existencia constitucional de la
foralidad vasca; firman acuerdos en Navarra y en Euskadi diciendo que la
defienden, pero luego presentan un veto lleno de falsedades. No resulta
fácil entenderles; el problema no es que nuestro grupo no les entienda,
el problema es que ya no les entiende nadie en esta sociedad. Hacen
discursos llenos de mentiras y de agravios.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría,
por favor.


La señora ETXANO VARELA: Sí.


Votar en contra del concierto no es votar en
contra del PNV, es votar en contra de la sociedad vasca que lo
defiende.


Termino manifestando mi agradecimiento a todos
los grupos políticos que vayan a apoyar este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría.


La señora ETXANO VARELA: Y, a quienes van a
votar en contra, quiero tenderles mi mano para explicarles, con datos y
cifras, todo lo dicho aquí, para intentar en un futuro que puedan también
entenderla y apoyarla.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.


El Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu no interviene.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tiene la palabra su señoría Marí Bosó.


El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señor
presidente.


Señorías, voy a aclarar los términos del debate
porque, cuando se plantean mociones o proyectos de ley como el de ahora,
al final lo que se plantea es ¿adónde van? Y, en muchas ocasiones, grupos
de esta Cámara —y lo hemos visto esta mañana con Vox y
Ciudadanos— contestan: manzanas traigo. Y, así, es muy difícil.
Aparte de esto, he de decir que es contradictorio quejarse de la
tramitación si uno no emplea este tiempo para debatir de lo que tenemos
que hacerlo.


Lo que debatimos hoy, señorías, es el Proyecto
de Ley por la que se modifica la Ley del concierto. En este sentido, el
proyecto de ley que debatimos cumple con los mecanismos de actualización
del concierto económico con el País Vasco; es decir, se conciertan varios
impuestos de nueva exacción establecidos por el Estado —en concreto
la tasa Google y la tasa Tobin— y también se modifica un impuesto
ya concertado, el IVA, para adaptarlo a las directivas comunitarias en
materia de comercio electrónico. Por tanto, señorías, concertamos dos
nuevos impuestos establecidos por el Estado para que su exacción, gestión
y recaudación pase a las Haciendas forales vascas y adaptamos otro, el
IVA, que ya está concertado. De eso trata la modificación legislativa que
debatimos esta mañana.


Pero esta modificación legislativa también
trata, señorías, del correcto funcionamiento de nuestro Estado, de la
necesaria corresponsabilidad fiscal de las diferentes administraciones
territoriales. También trata, señorías, de que nuestras instituciones
funcionen de acuerdo con lo que prevé nuestro texto constitucional. Sí,
señorías, esta modificación de la Ley del concierto es cumplir la
Constitución y la Ley del concierto por la creación de nuevas figuras
impositivas que es necesario concertar o por la adaptación de las ya
concertadas. A nosotros nos gustaría más cumplir la Constitución y la Ley
del concierto, pero quitando impuestos, en vez de imponiendo nuevos
impuestos a los vascos y al conjunto de los españoles. De hecho, cuando
gobernemos, cumpliremos la Constitución y la Ley del concierto eliminando
impuestos, lo cual será, seguro, mucho más beneficioso para los vascos y
para el conjunto de los españoles. Sin embargo, es lo que hay, señorías,
y cumplimos la Constitución y la Ley del concierto para concertar nuevos
impuestos, aunque no nos guste hacerlo ni creamos que sea positivo, en
estos momentos, imponer a los vascos y al conjunto de los españoles el
pago de más impuestos.


Nosotros defendemos la España de la
Constitución, señorías. Defendemos la España del abrazo constitucional
incluso para los que denuestan el texto constitucional. Nosotros
defendemos la España de la Constitución, señorías, que es la España
diversa, la España plural, pero, al mismo tiempo, la España que se
entiende. Nosotros defendemos la España de la Constitución, que no es la
España del inmovilismo, pero que tampoco comulga con ruedas de molino,
como quienes solo se refieren a la Constitución para hablar de sus fueros
propios y nada más. Nosotros defendemos la España de la Constitución
frente a los que se sitúan en los tiempos del blanco y negro de la España
preconstitucional o frente a los que consideran la Constitución como un
candado que hay que descerrajar para sumirnos a todos en la pobreza.
Nosotros, el Grupo Popular, señorías, defendemos la España de la
Constitución, la España de los regímenes forales del País Vasco y de
Navarra, la de los regímenes fiscales especiales en Canarias, Ceuta y
Melilla, la del régimen económico especial de las Illes Balears, la del
régimen de financiación común, la de las especialidades para las grandes
ciudades y para los pequeños municipios; la España de la Constitución,
señorías, que trata a todos por igual, porque la igualdad es tratar a
cada quien según su condición. Sí, señorías, nosotros defendemos la
España de la Constitución, la España que se levanta temprano para sacar
adelante a sus familias, la que se esfuerza en progresar, la que ha ido
tejiendo durante estos años una amplia red de protección a la
discapacidad y a la dependencia; la España reformista que no quiere que
la dividan, la del progreso y la modernidad durante estos cuarenta años
de democracia; la España de la Constitución que quiere más y mejor
trabajo, la que va camino de superar la segunda gravísima crisis
económica en poco tiempo; la España que se siente orgullosa de su pasado,
pero que, sobre todo, confía en compartir su futuro. Esta es la España en
la que creemos, señorías; esta es la España por la que trabajamos; esta
es la España que defendemos.


Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará
la palabra su señoría el senador Oleaga Zalvidea.


El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko,
presidente jauna. Egun on guztioi.


Cuando accedemos a este Palacio del Senado por
la plaza de la Marina Española, nos encontramos con una escultura de
Antonio Cánovas del Castillo, cuyo autor, por cierto, se apellidaba
Bilbao —es una información, sin más—. El 5 de mayo de 1877,
Antonio Cánovas del Castillo, que era presidente del Gobierno, disolvió
las Juntas Generales de Bizkaia, y la diputación provincial; meses más
tarde lo hizo también con Araba y Gipuzkoa, con el argumento de que había
que introducir estas tres provincias en el concierto económico general de
la nación, en el contexto de un debate que tenían sobre cómo había que
cobrar los impuestos. Probablemente a alguno de los grupos que han
intervenido en los vetos les gustaría poder hacer eso, disolver los
parlamentos. Años más tarde —en concreto, el 23 de junio
de 1937—, solo cuatro días después de la toma de Bilbao por las
tropas franquistas, un decreto de los sublevados abolió el concierto
económico en el caso de Bizkaia y Gipuzkoa, con el argumento que hemos
escuchado también hoy, esas mismas palabras de «estos traidores que viven
de los privilegios». Son estos argumentos los que se vienen utilizando
cada vez que se trata de la cuestión del concierto económico.


Afortunadamente, cuando en 1978, tras la muerte
del dictador, se aprobó la Constitución, la disposición adicional primera
zanjó este debate y se reconocieron los derechos históricos de los
territorios forales y, específicamente, el concierto económico. Y el
Estatuto de Autonomía de Gernika, de 1979, también reconoció en su
artículo 41, como ya se ha señalado, el concierto económico.


Por tanto, estamos hablando de una cuestión que
está reconocida en la propia Constitución y, en consecuencia, el
concierto económico es una herramienta constitucional que establece cómo
tienen que cobrarse en los territorios forales los impuestos de ámbito
estatal; es algo tan sencillo como eso. En su día, se negoció la Ley del
concierto económico y se llegó a un acuerdo el 29 de diciembre de 1980,
pero las vicisitudes políticas —entre otras, la toma del Congreso
por Tejero— no permitieron la aprobación final de esta ley hasta
el 13 de mayo de 1981. Desde entonces, con estas leyes se va regulando el
cobro de los impuestos. Por cierto, se ha modificado en tres ocasiones:
en el año 2007, para recoger los nuevos tributos aprobados entre los
años 2002 y 2007; en el año 2014, y en el año 2017; una vez por el
Gobierno socialista y dos por el Gobierno del Partido Popular, y se ha
hecho de forma natural, como hoy lo hacemos aquí con la que será la
cuarta reforma de esta ley, precisamente para recoger —como ya se
ha indicado también— nuevos tributos, como son los de carácter
digital —la tasa Google, por ejemplo—, los que recaen sobre
las transacciones financieras o el IVA al comercio electrónico. Si no se
aprobase esto, ¿cómo se cobrarían esos impuestos allí? ¿Quién los
pagaría? Eso no tiene sentido. Por tanto, esto es una herramienta
absolutamente normal que responde a criterios que desde siempre se han
mantenido, por lo menos desde que la Constitución está vigente en nuestro
país.


Así pues, estamos hablando de un instrumento
constitucional, de un instrumento que tanto en la Constitución como en el
Estatuto de Autonomía de Gernika supone un elemento fundamental en las
relaciones públicas, en este caso de ámbito tributario. Y esto es algo
muy importante que tenemos que resaltar, porque la Constitución no es
solamente un texto legal; el cuerpo de la Constitución es la ley, pero el
alma es el pacto: el pacto entre los diferentes pueblos de España, el
pacto ciudadano que ha permitido la libertad y la democracia en nuestro
país y con el que la ultraderecha quiere acabar. Esto es lo que subyace
en este tema: la ultraderecha en contra de la democracia y de la
Constitución. (Aplausos).


Señorías del Partido Popular, permítanme que
les diga con todo el respeto que, después de escuchar estas cosas de la
ultraderecha, ¿de verdad ese es su aliado preferente? ¿Un partido que
está dispuesto a acabar con el pacto constitucional, sancionar a los
partidos políticos y acallar la voz ciudadana? Tenemos próximamente unas
elecciones en Castilla y León. ¿Cuál es la apuesta real de Mañueco? ¿Un
pacto real con la ultraderecha e introducir las políticas de la
ultraderecha en el Gobierno de Castilla y León, pero también
probablemente en el resto de autonomías que ustedes puedan llegar a
gobernar? ¿Esta es realmente su propuesta? Es verdaderamente
desesperante. Creo que ustedes deberían mirar esto y mirar a sus propios
socios europeos, a su propia familia europea. En Europa están perplejos,
y no solo por la actitud del Partido Popular con los fondos europeos, que
es ir en contra de tu propio país y en contra de obtener una financiación
que va a permitir acabar con la crisis económica que hemos sufrido como
consecuencia de la pandemia y que ha tenido una respuesta contundente de
la presidenta de la Comisión, la señora Von der Leyen, sino también
porque nadie entiende esos pactos con la ultraderecha; pactos que se
definieron en su día como vender el alma, en cierta manera, y pactos que
en Europa su propia familia política denosta e impide. Su familia
política, por ejemplo, en Alemania, en su momento se opuso a esta clase
de acuerdos. Por tanto, después de escuchar aquí a la ultraderecha,
solamente hay que decirle que el pacto constitucional está vivo y que los
y las demócratas vamos a defender por encima de todo ese pacto
constitucional que supone libertad, que supone democracia y que supone
prosperidad, en contra de lo que la ultraderecha quiere hacer en nuestro
país. (Aplausos).


Finalmente, he de decir que defender el
concierto económico para el País Vasco es perfectamente compatible con
defender que todas las comunidades autónomas tengan la financiación
adecuada para atender a las necesidades de sus ciudadanas y de sus
ciudadanos y para dotar adecuadamente los servicios públicos; es
perfectamente compatible. Tan es así que el actual Gobierno de Pedro
Sánchez, el Gobierno de la coalición democrática, está poniendo en manos
de las comunidades autónomas ingentes recursos que nunca se habían
conocido, precisamente para poder atender las necesidades, muchas de
ellas derivadas de los riesgos de la COVID. Y lo ha hecho de una manera
absolutamente transparente, no solo por los reconocimientos
internacionales, sino también porque las propias comunidades autónomas lo
necesitan. Y pese a las campañas obstruccionistas del Partido Popular, lo
seguirá haciendo porque el compromiso de este Gobierno es un compromiso
con el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas y con los
servicios públicos; va dirigido a los ciudadanos y a las ciudadanas,
independientemente de quién sea el que gobierne eventualmente una
comunidad autónoma. Por tanto, en el futuro habrá nuevos acuerdos, que no
son un privilegio y en absoluto puede servir de excusa el concierto
económico del País Vasco; concierto económico que defendemos.


Concluyo, señorías. Les pido, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, que voten favorablemente esta Ley del
concierto económico porque eso supone decir tres cosas. Supone decir,
primero, que apoyamos el pacto constitucional —esa alma de la
Constitución— entre los diferentes pueblos de España y el pacto
ciudadano; defendemos eso y lo seguiremos defendiendo. Segundo, supone
decir que no es privilegio alguno —sino todo lo contrario—
una fórmula concreta para poder tratar los temas tributarios entre el
Estado y la comunidad autónoma. Y tercero, supone decir no a la
ultraderecha y a todos los intentos de acabar con nuestro sistema de
libertades que tanto nos ha costado conseguir.


Eskerrik asko. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Finalizado el debate del proyecto de ley, se
procede a abrir el plazo para emitir el voto telemático para todas las
votaciones reglamentarias previstas, que son las dos siguientes: por un
lado, la votación de las propuestas de los dos vetos, para cuya
aprobación les recuerdo, señorías, que se exige la mayoría absoluta; y,
por otro lado, la votación en un solo acto del proyecto de ley.


Se abre la votación telemática desde este
momento, en que son las 10:49, hasta las 12:49.










CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS PARTES EN EL PROTOCOLO
GENERAL DE COLABORACIÓN, FIRMADO EL 1 DE OCTUBRE DE 2021, EN RELACIÓN A
LA REORDENACIÓN DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS PROCEDENTES DE AMBAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.


592/000017

GOBIERNO DE ARAGÓN
GOBIERNO DE NAVARRA


El señor presidente lee los puntos 8., 8.1.
y 8.1.1.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea
intervenir en este convenio? (Pausa).


Muchas gracias, señorías.









PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DEL GOBIERNO DE CANARIAS, Y LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, A TRAVÉS DEL GOBIERNO VASCO Y DE LAS
DIPUTACIONES FORALES, EN SU CALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS DE PROTECCIÓN
DE MENORES, PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES REFERIDAS AL TRASLADO
INTERTERRITORIAL Y LA PROTECCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD MIGRANTES NO
ACOMPAÑADAS.


592/000018

GOBIERNO DE CANARIAS
GOBIERNO VASCO
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA


El señor presidente lee el punto 8.1.2.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea
intervenir? (El señor Chinea Correa pide la palabra).


Senador Chinea, tiene la palabra.


El señor CHINEA CORREA: Gracias,
presidente.


Solo quisiera intervenir para denunciar, en
nombre de mi partido, la Agrupación Socialista Gomera, que este convenio
entre los Gobiernos de Canarias y del País Vasco es casi una excepción,
casi un oasis de esperanza en la casi inexistente solidaridad entre los
territorios que ha existido hacia mi tierra, Canarias, para esa
distribución de los más de 3000 niños, niñas y adolescentes migrantes que
permanecen hoy en día en el archipiélago. Es cierto que la tutela de los
menores corresponde a las comunidades autónomas, pero ha habido
muchísimas promesas, tanto por parte del Estado como de otras autonomías,
para aliviar ese drama que se vive en mi tierra, y son muy pocas
comunidades autónomas las que han respondido a la llamada desesperada que
hemos hecho desde las islas.


Señorías, nos echamos las manos a la cabeza
cuando vemos los rostros de esos niños y de esas niñas que huyen del
hambre y de la miseria, pero nos quedamos muchas veces en eso, en el
lamento. Créanme que me duele muchísimo ver cómo comunidades autónomas
que forman parte de este mismo país le dan la espalda a un territorio
como Canarias, que sufre desde hace casi dos años un drama humanitario
que no cesa. La llegada de más de 3000 personas en enero, muchos de ellos
niños y niñas, ha provocado que el Gobierno de Canarias haya hecho un
llamamiento urgente, porque ahora mismo no queda en mi tierra ni una sola
plaza para acoger a un menor o a una menor más. Todas y todos los que
lleguen a partir de ahora tendrán que dormir en una comisaría o en los
espacios habilitados por el Ministerio del Interior, que no reúnen las
condiciones de atención precisas para estos niños y estas niñas.
Señorías, me gustaría que viesen las imágenes difundidas ayer sobre las
condiciones en las que se atiende a estos menores en la ciudad de
Arrecife, en la isla de Lanzarote; es una auténtica vergüenza.


Por tanto, celebro y apoyo este convenio,
aunque lamento profundamente que sea manifiestamente insuficiente para
atender a un drama que mucho me temo que va a seguir en los próximos
meses. Así que, si el Gobierno del Estado no actúa con urgencia, serán
muchos los niños y niñas que se verán obligados y obligadas a dormir a la
intemperie por la incapacidad de quienes no han tomado una decisión a
tiempo para solucionar este grave problema que afecta a Canarias.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señorías.


Por parte del Grupo Socialista ha solicitado la
palabra su señoría Hernández Cerezo.


La señora HERNÁNDEZ CEREZO: Gracias, señor
presidente. Buenos días, señorías.


Tomo la palabra en nombre de mis compañeros y
compañeras del Grupo Territorial de Senadores Socialistas de
Canarias.


En primer lugar, me gustaría agradecer la
solidaridad mostrada con la firma de este protocolo entre nuestros
Gobiernos autonómicos. Gracias por tender la mano y escuchar la llamada
de auxilio de nuestras instituciones, que es también la llamada de
auxilio de estos niños y niñas. Este acuerdo, este protocolo va a
permitir una atención digna a 15 menores no acompañados que llegaron en
pateras para poder sobrevivir a la miseria, a la violencia y al abandono,
la mayoría de ellos solos y sin familia.


En segundo lugar, me gustaría dirigirme al
resto de grupos de la Cámara, que vienen de diferentes territorios y
representan a diferentes Gobiernos autonómicos, para apelar desde aquí a
que sigan el ejemplo de esta solidaridad interterritorial, y a que se
ofrezcan para seguir firmando nuevos acuerdos con el Gobierno de Canarias
que permitan la acogida de más menores. Señorías, más que solidaridad
debemos hablar de corresponsabilidad.


Cierto es que algunas comunidades ya el año
pasado acogieron algunos menores, pero han sido gestos muy tímidos: 208
menores para 11 comunidades autónomas; no es suficiente. Actualmente, en
las islas hay más de 2800 menores no acompañados en 48 centros. Nuestros
recursos de atención están desbordados, colapsados, especialmente en las
islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde a la falta de espacios físicos
para ubicarlos hay que sumar la falta de recursos humanos que los puedan
atender, con el personal exhausto, sin plazas de escolarización en
algunos casos y dificultando los correctos mecanismos de
integración.


Señorías, Canarias es España y Canarias es
Europa. El hecho de ser la primera tierra a la que llegan estas pateras
no quiere decir que seamos los únicos que asumamos su atención, máxime
siendo un territorio limitado y fragmentado como son las islas. Por ello
apelamos a la corresponsabilidad del resto de las comunidades autónomas
aquí, en la Cámara territorial, y al resto de los países europeos para la
acogida de los menores inmigrantes no acompañados.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


¿El senador Antona Gómez ha solicitado la
palabra? (Asentimiento). Tiene la palabra su señoría.


El señor ANTONA GÓMEZ: Gracias, señor
presidente.


Gracias por la deferencia de permitirme
intervenir, aunque no proceda detrás del Grupo Parlamentario
Socialista.


Hoy estamos debatiendo sobre la firma de este
protocolo de actuación entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con un tema muy importante
para Canarias, y para Ceuta y para Melilla: la inmigración. Señorías,
solamente en el mes de enero que acabamos de dejar atrás han llegado más
de 3000 migrantes a las costas canarias. Es el mes de enero con la mayor
llegada de migrantes a Canarias. Hace poco —ayer, creo— la
directora general de la Infancia decía que la política que se podía
desarrollar con los menores no acompañados —y voy a decirlo
textualmente— era una mierda. No lo digo yo, lo ha dicho la propia
directora general de la Infancia porque ya Canarias no puede soportarlo
más. Por tanto, protocolos como este, al que hoy vamos a dar el visto
bueno en el Senado vienen muy bien, pero con los protocolos no se
resuelve el problema de la migración. El problema de la migración y de
los menores no acompañados se resuelve con una verdadera política
migratoria que no existe por parte del Gobierno de España. Es verdad que
tenemos que hablar de la corresponsabilidad y de la solidaridad entre los
territorios, pero si no hay una política migratoria que lidere el
Gobierno de España, no se pueden poner de acuerdo las comunidades
autónomas. Y ha habido solidaridad por parte de las comunidades autónomas
de todos los colores políticos, porque todas las comunidades autónomas
han acogido a menores no acompañados, pero tiene que haber una política
humanitaria, una política diplomática, una política de control de la
frontera para que haya una verdadera política migratoria y que el drama
humanitario de la migración que azota de manera dramática a Canarias, a
Ceuta o a Melilla no continúe, para que no nos sigamos lamentando en
relación con este tema.


Señorías, señores del Grupo Parlamentario
Socialista, tenemos que exigir y lo vamos a seguir haciendo —como
lo hacen mis compañeros en el Senado permanentemente— una verdadera
política migratoria. Eso es lo que tiene que hacer este Gobierno,
propiciar que el señor Sánchez se reúna con todos los presidentes y
presidentas de comunidad autónoma para que todos, en torno a una mesa,
puedan hablar de la política migratoria que necesita este país, que
empieza, insisto, por una verdadera política humanitaria, que sigue con
una verdadera política diplomática y en la que también tenemos que hablar
del control de las fronteras. Esa es la política migratoria que
necesitamos porque, insisto, los protocolos de actuación entre
comunidades autónomas no resuelven el fenómeno dramático de la
migración.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Antona.


Señorías, no se han presentado propuestas de
que la celebración de estos convenios necesite la autorización de las
Cortes Generales. En consecuencia, lo que procede es la toma en
conocimiento de la celebración de ambos convenios de colaboración.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR LA REFORMA URGENTE DEL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA DE
CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS ACORDADOS EN ENERO DE 2017 EN LA VI
CONFERENCIA DE PRESIDENTES.


671/000095

GPP


El señor presidente lee los puntos 9. y 9.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de
interpelación se han presentado dieciocho enmiendas: tres del Grupo
Parlamentario Mixto; doce del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal; una del Grupo Parlamentario Democrático; una del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado, y una del Grupo Parlamentario
Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, su señoría
Martínez-Maíllo.


El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: Muchas gracias,
señor presidente.


Señorías, esta es una moción consecuencia de
interpelación urgente que se presentó y se debatió el 16 de noviembre
de 2021 y que defendió magistralmente, como siempre, mi compañera Elena
Muñoz. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).
Una interpelación urgente a la ministra de Hacienda donde se le pedían
plazos, fechas, se le pedía contenido, se le pedía un diagnóstico del
modelo autonómico y en qué estaba trabajando el Gobierno en este tema. Y,
sobre todo, lo que buscábamos es que hubiera elementos de acuerdo en
relación con los principios que deben inspirar ese modelo. La ministra no
avanzó en nada ni concretó, por eso hemos presentado esta moción, que lo
que busca, fundamentalmente, es recoger los principios básicos que debe
inspirar el nuevo modelo de financiación autonómica. La propia ministra
dijo que estaba de acuerdo con los principios a los que nosotros habíamos
hecho referencia, que no son otros que los derivados de la VI Conferencia
de Presidentes de comunidades autónomas y ciudades autónomas del
año 2017. Por lo tanto, es el momento de llegar de las palabras a los
hechos. Vamos a ver qué votan todos los partidos, todos los grupos
parlamentarios, especialmente el Grupo Socialista, y a ver si de esas
palabras, vamos a los hechos.


Es verdad que es una prioridad, no como Gobierno,
sino como país, mejorar el sistema de financiación autonómica; por unas
razones o por otras, todas las comunes autónomas así lo están
estableciendo. Pero también es cierto que el Gobierno está incumpliendo
una y otra vez todas y cada una de las fechas que se ha autofijado para
la presentación de ese nuevo modelo —es una táctica habitual de
este Gobierno no cumplir lo que prometen, ni siquiera sus anuncios—
y, por lo tanto, es el momento de que fijemos con claridad a través de
una moción cuáles son esas prioridades. Estamos hablando de servicios
públicos esenciales: educación, sanidad, servicios sociales... Y, además,
creo que estamos de acuerdo prácticamente todos. He visto algunas
enmiendas que dicen lo mismo: que estamos de acuerdo en todo, que hay que
superar el actual modelo de financiación autonómica del año 2009, que es
un grandísimo error. Un error en la metodología y un error en el fondo.
Un error en la metodología, porque está pactado bilateralmente con una
sola comunidad autónoma, no está pactado con el resto de las comunidades
autónomas. Un error, porque las demás comunidades autónomas en el
año 2009, en especial las del Partido Popular, tuvieron que entrar en
este modelo simplemente por chantaje del anterior Gobierno del Partido
Socialista, del señor Zapatero, que dijo que, si no entraban en este
modelo, no recibirían fondos adicionales. Ese chantaje, ese pacto
bilateral es el que tiene que ser superado. En aquel momento, en el
año 2009, el Gobierno tenía una serie de necesidades —estamos
hablando del tripartito en Cataluña— y ahora pueden tener
exactamente la misma tentación de volver a hacer un acuerdo bilateral,
que no multilateral. Por eso incluimos en esta moción la
multilateralidad. Ahora se puede repetir este error y eso es lo que
tratamos de evitar con esta moción.


Por cierto, señor Oleaga, ya se defenderá Vox como
quiera, pero que ustedes hablen de pactos... ¿Y los pactos que ustedes
tienen con Bildu? ¿Y los pactos que ustedes tienen con Esquerra
Republicana de Cataluña? ¿Y los pactos que tienen con la extrema
izquierda? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado). Claro, que se defienda cada uno como quiera. Y los pactos que
tienen con ellos, ¿qué? Es que los tienen en el Gobierno, es que ustedes
hablan mal de España incluso en el exterior, en contra de la carne de
Castilla y León y de toda España. Es que ustedes no tienen aquí ninguna
capacidad para dar lección al resto de grupos políticos. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.— Rumores en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). ¡Vamos, es que dicen que
no pactemos con unos, cuando ustedes están haciendo pactos, incluso, con
aquellos que no quieren, ni hablan de la Constitución, ni del acuerdo
constitucional, ni quieren el del año 78, como le pasa a Podemos! Y ya no
digo de Bildu, con quien cualquier acuerdo es, sin duda, un acuerdo
completamente inmoral.


¿Qué principios son esos que recogemos en la
moción? Transparencia —luz y taquígrafos—, equidad,
corresponsabilidad fiscal. La corresponsabilidad fiscal tiene mucho que
ver con la autonomía fiscal. ¿Por qué? Porque, para que haya
corresponsabilidad, tiene que haber autonomía, es decir, que cada
comunidad autónoma en su recorrido fiscal tome sus propias decisiones de
bajadas y subidas de impuestos. Y no queremos una ley, que llaman ustedes
de armonización fiscal, que en lo único que consiste es en subir los
impuestos al conjunto de los ciudadanos. Eso es lo que nosotros no
queremos. Nosotros defendemos una fiscalidad ajustada, que consiste,
básicamente, en bajar, si es posible, los impuestos a los ciudadanos;
como hemos hecho en muchas comunidades autónomas, por ejemplo, con el
impuesto de sucesiones y donaciones, que ha servido, fundamentalmente,
para que los hijos no vuelvan a pagar lo que han pagado sus padres
durante tantos años ahorrando, ahorrando para que ahora no tengan que
volver a pagar. Eso es responsabilidad fiscal y ustedes no pueden tratar
de imponer ahora un modelo que signifique aumento de impuestos.


Por lo tanto, señorías, estamos hablando,
fundamentalmente, de un nuevo modelo que trate de estos principios
básicos. Se trata de establecer un modelo que busque la multilateralidad,
la negociación con todas las comunidades autónomas, no con una sola
comunidad autónoma —acabo— y que, además, no introduzca ni
ocultismos ni privilegios, sino transparencia y que en la ejecución no
haya ningún tipo de discriminación y arbitrariedad. Ya sé que todo esto
para ustedes quizás es muy difícil, pero es lo más necesario e importante
ejecutar para el conjunto de los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador
Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, presidenta.


Bé, el deute del País Valencià continua creixent i
se situa com a segon més alt de tot l’Estat, amb 52 301 milions
d’euros, perquè tenim un model de finançament totalment injust, al
País Valencià des de fa dècades ens han estat maltractant pressupost
darrere de pressupost i finançament darrere de finançament. Estem
endeutats perquè paguem com a cinc milions però rebem com si fórem quatre
milions. Hem de donar sanitat, educació, atenció social, etc., per als
cinc milions de valencians i valencianes.


Al gener de l’any 2000 el PSOE va signar un
acord d’investidura amb Compromís en el qual es comprometia en els
vuit mesos següents a presentar un nou model de finançament. No es va
presentar. Van tornar a prometre durant la negociació dels Pressupostos
Generals de l’Estat per al 2021 i també de nou per a la negociació
dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022, i no el tenim
encara.


El nou model de finançament ha de tindre en compte
les variables i totes les realitats. Ha de ser un nou model que siga
just. No partim d’una situació normal, no partim d’un mateix
escenari; no aspirem ací ningú a màxims, simplement aspirem a un tracte
just. Partim d’una comunitat autònoma concreta a la qual s’ha
arruïnat amb un model econòmic colonial, d’extraure el màxim
possible i de retornar fins i tot ni el mínim necessari. Parlem
d’infrainversió, infrafinançament i el pagament d’un deute
il·legítim que a hores d’ara és el principal pagament a què ha de
fer front la Generalitat i que està ofegant econòmicament el nostre
Govern. Cal una aposta per fer una quita del deute il·legítim, perquè ens
toca pagar cada dia uns interessos il·legítims d’eixe
infrafinançament.


Fa falta un nou model. El criteri de població
entenem que ha de ser el fonamental, no el de quilòmetres quadrats,
perquè l’educació, la sanitat, els serveis socials, la política,
s’ha de fer per a les persones, no per als quilòmetres quadrats, i
el del despoblament o l’envelliment afecta totes les comunitats
autònomes, també al País Valencià tenim problemes de despoblament. O per
exemple, no és el mateix parlar d’un quilòmetre quadrat de meseta
que d’un quilòmetre quadrat de zona muntanyosa, i vull recordar que
per exemple la meua demarcació provincial és de les més muntanyoses de
tot l’Estat.


Per això proposem com a esmena a la proposta que fa
el Partit Popular que el model de finançament tinga en compte la
població, que mentres no es tinga un nou model de finançament hi haja un
fons d’anivellament per a que cap comunitat autònoma quede per
davall de la mitjana sense poder garantir els serveis bàsics que té
atribuïts per competències; un sistema de compensació dels deutes de les
comunitats autònomes infrafinançades i sobretot el reconeixement del
deute històric del País Valencià derivat d’este
infrafinançament.


Per tant, esperem que accepten alguna d’estes
esmenes per a poder votar a favor de la seua moció.


Gràcies.


La deuda del País Valenciano continúa creciendo y
se sitúa como la segunda más alta de todo del Estado, con 52 301 millones
de euros, porque tenemos un modelo de financiación totalmente injusto con
el País Valenciano desde hace décadas. Nos han estado maltratando
presupuesto tras presupuesto y financiación tras financiación. Estamos
endeudados porque pagamos como cinco millones, pero recibimos como si
fuéramos cuatro millones. Tenemos que ofrecer sanidad, atención social,
educación, para cinco millones de valencianos.


En enero del año 2000, el PSOE firmó un acuerdo de
investidura con Compromís en el que se comprometía en los ocho meses
siguientes a presentar un nuevo modelo de financiación, pero no se
presentó. Se prometió durante la negociación de los Presupuestos
Generales del Estado para 2021 y también, de nuevo, para la negociación
de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Y todavía no lo
tenemos.


El nuevo modelo de financiación ha de tener en
cuenta las variables y todas las realidades. Tiene que ser un nuevo
modelo que sea justo. No partimos de una situación normal. No partimos de
un mismo escenario. Aquí no aspiramos a máximos, simplemente aspiramos a
un trato justo. Partimos de una comunidad autónoma concreta, a la cual se
ha arruinado con un modelo económico colonial: extraer el máximo posible
y devolver, incluso, el mínimo necesario. Hablamos de infrainversión,
infrafinanciación, y el pago de una deuda ilegítima que, en estos
momentos, es el principal pago al que ha de hacer frente la Generalitat y
que está ahogando a nuestro Gobierno. Hace falta una apuesta por hacer
una quita de la deuda ilegítima, porque nos toca pagar cada día unos
intereses ilegítimos de esa infrafinanciación.


Hace falta un nuevo modelo y entendemos que el
criterio de población tiene que ser fundamental, no el de kilómetros
cuadrados, porque la educación, la sanidad, los servicios sociales, la
política, se tienen que hacer para las personas, no para los kilómetros
cuadrados. El despoblamiento o el envejecimiento afecta a todas las
comunidades, también al País Valenciano. Allí también tenemos problemas
de despoblamiento y no es lo mismo hablar de un kilómetro cuadrado de
meseta que de un kilómetro cuadrado de zona montañosa. Y he de recordar
que mi demarcación provincial, por ejemplo, es de las más montañosas del
Estado.


Por ello, proponemos como enmienda a la propuesta
que hace el Grupo Popular que el modelo de financiación tenga en cuenta a
la población y que, mientras no se tenga un nuevo modelo de financiación,
haya un fondo de nivelación para que ninguna comunidad quede por debajo
de la media, sin poder garantizar los servicios básicos que tiene
atribuidos por competencias; un sistema de compensación de las deudas de
las comunidades autónomas infrafinanciadas y, sobre todo, el
reconocimiento de la deuda histórica del País Valenciano derivada de esta
infrafinanciación.


Esperamos que acepten alguna de estas enmiendas
para poder votar a favor de su moción.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Tiene la
palabra el señor Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.


El Partit Popular a les Illes Balears, la senyora
Prohens, la seva presidenta, fa dues setmanes deia que hi havia quatre
principis, quatre criteris irrenunciables en el nou model de finançament.
La població flotant, el creixement de la població, la insularitat i
l’ordinalitat. Quatre criteris irrenunciables. Quatre criteris que
havien de ser presents a la proposta de finançament. I reptava a Armengol
a que havia de guanyar el pols a Sánchez. I la senyora Prohens hauria de
guanyar primer el pols al seu grup parlamentari perquè cap
d’aquests quatre criteris irrenunciables són avui presents a la
moció presentada pel Grup Popular.


Espero que acceptin la meva esmena on incorporo
aquests suposats quatre criteris irrenunciables per la senyora Prohens.
No pot ser que fem un discurs a les Illes Balears i un altre aquí a
Madrid.


Moltes gràcies.


La presidenta del Partido Popular en las islas
Baleares decía que había cuatro criterios irrenunciables en el nuevo
modelo de financiación: población flotante, crecimiento de la población,
insularidad y ordinalidad. Cuatro criterios irrenunciables que tenían que
estar presentes en la propuesta de financiación. Y retaba a ganar un
pulso a Sánchez. Tendría que ganar primero el pulso a su grupo
parlamentario, porque ninguno de estos cuatro criterios irrenunciables
está presente en esta moción.


Espero que acepten mi enmienda, donde incorporamos
estos cuatro criterios. No puede ser que hagamos un discurso en las islas
Baleares y otro discurso muy distinto aquí, en Madrid.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para la
defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Democrático,
tiene la palabra el senador Fernández Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Buenos días y muchas
gracias, presidenta.


Ayer celebramos en Cantabria el 40 Aniversario de
nuestro Estatuto de Autonomía, un instrumento que ha servido para el
desarrollo y consolidación del autogobierno en mi comunidad. En ese
desarrollo económico y social de Cantabria, y en el del resto de
comunidades autónomas, es esencial un modelo de financiación que haga
posible la autonomía financiera de las comunidades autónomas y que la
ciudadanía pueda acceder a unos servicios básicos dignos, sin importar
cuál sea el lugar donde residen. Por ello, la reforma que ha de acometer
el Gobierno gana importancia capital, al ser determinante para el
porvenir de nuestro Estado autonómico. En este sentido, en el PRC creemos
que es de la máxima importancia llegar a un consenso en el que ningún
territorio salga perjudicado, ya sea por el arrastre de ineficiencias del
pasado o por la introducción de nuevos criterios que alejen el texto
final de la realidad.


Dicho lo anterior, y analizada la primera propuesta
hecha por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el Partido
Regionalista creemos que aún queda o debería quedar un amplio margen para
el debate y la mejora de un proyecto que, a nuestro parecer, es
manifiestamente mejorable. Y decimos esto porque creemos que este
borrador nace basado en muchas variables que no tienen una
correspondencia real con la situación y las características de todos los
territorios del Estado. Así, se ha dado preponderancia en un primer
momento a un criterio poblacional, con el cual muchas autonomías salen
realmente perjudicadas. Un ejemplo es mi tierra, Cantabria, donde, según
las primeras estimaciones y siempre tomando como referencia la propuesta
del Gobierno, se perderían más de 450 millones de euros de financiación
con respecto a la situación actual. En la práctica, esto puede traducirse
en dos situaciones: una, que la comunidad autónoma sea financieramente
inviable y dos, que en la región dejen de ofrecerse servicios públicos
esenciales a todos los cántabros que tienen derecho a acceder a ellos. Y
es que en esto último es donde está la clave: en poder dar servicios a
toda nuestra gente, sin importar donde viva.


Muchos dirán que somos la comunidad que más dinero
recibe por habitante. Es cierto, pero les digo también que eso no es
ningún privilegio, sino un signo de las dificultades y los obstáculos que
nuestro territorio nos ofrece para llevar los servicios básicos a toda la
ciudadanía. Vengan a ver nuestra red de carreteras autonómicas y lo que
cuesta tanto construirlas como mantenerlas, y no por capricho, sino para
que hasta el último rincón de nuestra tierra pueda acceder un taxi, una
ambulancia, un autobús, que lleven a la gente a los distintos destinos.
Vengan a ver nuestra red de escuelas rurales y lo que cuesta mantener
tanto las infraestructuras como la dotación de personal que requieren;
como apunte, les digo que gastamos en transporte escolar 100 000 euros,
no al mes, sino diarios. Vengan a ver la red de ambulatorios en nuestro
ámbito rural. Vengan a ver lo que cuesta mantener un sistema de
dependencia, que sufragamos en mayor proporción de lo que nos
corresponde. Vengan a ver nuestros valles y su orografía. Vengan a ver
nuestros pueblos, por lo general, pequeños y muy dispersos.


Viendo todo esto sobre el terreno, comprenderían
que lo que pedimos no es un capricho ni un privilegio, sino una necesidad
a la que no podremos renunciar nunca. Y en ello no estamos solos, ya que
esta situación la compartimos, en parte, con otras comunidades como
Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja
o Extremadura, cuyos presidentes se reunieron en Santiago de Compostela
el pasado mes de noviembre para poner en común sus reivindicaciones. Sus
propuestas, nuestras propuestas, no pueden ni deben caer en el olvido,
pues supondría excluir del Estado del bienestar a muchos españoles que
tienen derecho a ser receptores de unos servicios esenciales dignos. Por
ello, presentamos esta enmienda, que esperamos sea aceptada y que
manifiesta en esta cámara, la Cámara de representación territorial, una
problemática que no puede ser ignorada, al igual que deben ser escuchadas
las necesidades de todas y cada una de las comunidades que hay dentro del
régimen común.


En el PRC somos conscientes, no obstante, de que
existen otros territorios con un contexto diferente y especificidades
propias que también requieren atención. Creemos, por tanto, que debería
ser así, a través del diálogo, como se llegara a una posición definitiva
que beneficie a todos, sin crearse guerras entre territorios ni dando
beneficios a unos a costa de otros. Eso sí, partiendo siempre de que el
statu quo se mantenga y no se planteen de entrada las reducciones que
hemos visto.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Pido disculpas al Grupo Parlamentario Mixto porque
ha habido un error en la ordenación del debate. Tiene la palabra el
senador Sánchez-Garnica.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Buenos días, señora
presidenta.


Señorías, el Partido Aragonés presenta tres
enmiendas a la moción del Grupo Popular. La primera y la segunda de
modificación, para tratar de adecuar el impulso de la reforma de
financiación autonómica a los principios acordados en la Declaración de
Santiago y también a la propuesta del Gobierno sobre población ajustada.
La tercera, de supresión del párrafo segundo, ya que es legítima, desde
nuestro punto de vista, la bilateralidad del Gobierno central y las
comunidades autónomas, sin que ello necesariamente tenga que suponer
ningún privilegio. Aragón lo prevé en su artículo 108 del Estatuto de
Autonomía. La bilateralidad es compatible con el sistema de financiación
autonómica y, además, complementaria.


Los presidentes de ocho comunidades autónomas, de
tres signos políticos distintos, que representan el 62 % del territorio y
el 24 % de la población, se reunieron el día 23 de noviembre del año 2021
en Santiago de Compostela. La llamada Declaración de Santiago acordó la
defensa de un modelo de financiación que aspira a garantizar la
suficiencia y sostenibilidad del sistema desde el diálogo y el consenso,
y lo hace bajo el paraguas constitucional de los principios de unidad, de
autonomía y de solidaridad, que vertebran la organización del
territorio.


Solidaridad, para garantizar los mismos derechos a
todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan. El nuevo modelo
de financiación debe tener en cuenta en mayor medida criterios
demográficos para responder con eficacia y equidad a las necesidades del
conjunto de los ciudadanos. La superficie, la dispersión, la baja
densidad, la orografía, la baja natalidad, el envejecimiento o el
sobrenvejecimiento de la población son condicionantes innegables de un
mayor coste en la prestación de servicios, que afectan especialmente a
los gastos vinculados a sanidad, educación y servicios sociales, por lo
que deben cuantificarse de forma completa en el nuevo modelo.


Autonomía, reforzar el principio de suficiencia
dinámica, de manera que se garanticen los recursos suficientes para
prestar los servicios que son competencias de las comunidades
autónomas.


Unidad, lealtad y cooperación institucional entre
todas las administraciones públicas. Es necesario un consenso
multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en
el cual se tengan en cuenta las necesidades de todas las
administraciones.


El objetivo, en definitiva, es definir los costes
reales de los servicios que prestamos las comunidades autónomas para
garantizar la igualdad de los ciudadanos y evitar desequilibrios
territoriales. Hay que recordar que el sistema de financiación actual
procede del año 2009 y está pendiente de reforma desde ese año. En la VI
Conferencia de Presidentes, de enero de 2017, se adoptó el acuerdo de
convocar una comisión de expertos, de conformidad con los principios en
los que se fundamenta o a los que hace referencia la moción. También se
pactó que debería promoverse el acuerdo a finales de 2017. El caso es que
el entonces Gobierno del Partido Popular no cumplió lo que ahora pretende
la moción. Se inició el informe de la comisión de expertos y Aragón
presentó su informe y análisis ante el comité técnico permanente de
evaluación el 21 de noviembre de 2017. Desde esa fecha, ya no se ha dado
ningún paso. Resulta, por ello, sorprendente que con fecha 17 de
noviembre, días antes del encuentro institucional en Santiago de
Compostela, el Grupo del Partido Popular en el Senado registre la moción
objeto de debate. Se pretende ahora que el Senado ratifique un acuerdo
que se tomó hace casi cinco años y que su Gobierno de entonces no
cumplió.


En los últimos meses, el Gobierno ha manifestado su
compromiso y voluntad de asumir la reforma del sistema. El 3 de diciembre
de 2021, se emitió el informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la
población ajustada del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Es el
primer documento oficial relativo a la financiación autonómica que
reciben las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Hacienda, y
es un buen documento, ya que, por primera vez, se viene a reconocer la
importancia de variables demográficas y territoriales, pero tan solo con
una incidencia del 3 % o 4 %. Ahora tenemos la oportunidad y el reto de
abordar que se tengan en cuenta los acuerdos de la Declaración de
Santiago, profundizando en la propuesta de población ajustada para
determinar el reparto de los recursos del sistema de financiación
autonómica. Hay que entender de una vez que las carreteras se miden por
kilómetros y no por habitantes, y que una escuela en el medio rural
cuesta tres veces más que en las ciudades.


Solicitamos, por ello, la posibilidad de que se
acepten las enmiendas.


Muchas gracias por su atención.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista, el senador Cleries i Gonzàlez.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Molts gràcies,
presidenta.


Bé, des de Junts per Catalunya, hem presentat una
esmena de substitució. Perquè, és clar, el Grup Popular demana la reforma
urgente del modelo de financiación. Però, escolti, aquí hi ha una prèvia.
Que és que els governs de l’Estat espanyol han estat incomplint la
Llei 22/2009 de 18 de desembre i aquí no passa res. I qui està
perjudicada per aquesta inacció dels governs de l’Estat? Algú pot
dir les Comunitats Autònomes, els governs. No. Els ciutadans i ciutadanes
de totes les Comunitats Autònomes del règim comú. Perquè estan tenint
menys recursos per a finançar els serveis que han de prestar. Perquè,
moltes vegades, parlem del finançament i això què vol dir? Doncs vol dir
els serveis que s’han de donar a la ciutadania.


I, és clar, el Grup Popular hi passa de puntetes. I
el Grup Socialista també. Per què? Perquè són responsables que farà ara
vuit anys que està caducat —si això fos un iogurt, ja caminaria sol
per la nevera faria dies—.


Aquí, molta importància, molta importància amb el
finançament, però recorden allò que ens deien a Catalunya? Las leyes
están para cumplirlas. Dia sí, dia també. Ara, el govern de
l’Estat, quan ha de complir amb els territoris, que vol dir amb la
ciutadania, miren cap a una altra banda i no passa res. I el Grup Popular
fa una moció de puntetes. Allò, ahora urgente, vamos a hacerlo. I amb uns
criteris que són aquests, són els altres. No, escolti’n. Nosaltres
diem, reprovem el Govern de l’Estat espanyol. Es digui del Partit
Popular, es digui del Partit Socialista. Perquè han incomplert la llei. I
fa vuit anys que la incompleixen i tan contents i feliços per la vida.
Doncs, escolti’n, no. I aquí veig moltes esmenetes, para mirar de
lo mío, de Santiago de Compostela. Escolti, aquí no parlem de Santiago de
Compostela, aquí a Madrid estan incomplint la llei, cada dia, cada dia,
vuit anys, i no passa res. I no hi ha Tribunal de Cuentas ni Fiscalía ni
ningú. Ara, si fóssim catalans, ja estaríem tots inhabilitats i a la
presó. Això sí, ara, como es el gobierno de España, mirarem cap a una
altra banda. Como siempre. Estem cansats, escolti’n.


Doncs la nostra esmena és valenta, reprovem el
Govern de l’Estat espanyol. S’hi apunten? Segur que no. No
sigui cas que algú s’enfadi. Doncs nosaltres reprovem el Govern de
l’Estat espanyol i afegim, atès que el Govern actual diu, a més a
més, que hi ha una esmena que va presentar Junts per Catalunya amb el vot
també de molts dels grups que estan aquí, —entre ells el Grup
Popular—, que deia que hi hauria uns diners per a un fons
extraordinari contra la pandèmia, que encara dura, —la prova està
que avui estem més buits aquí que l’últim ple que vam fer al
desembre— per què? Perquè hi ha d’haver mesures. Doncs que
aquests diners es paguin. Hi ha 9300 milions per totes les comunitats,
dels quals 1600 són per a Catalunya. Ho diu així l’esmena que
consta en una llei de Presupuestos Generales del Estado. I la ministra i
el Gobierno diuen no ho complirem, si això no ho pagarem. I ho diuen
també amb alegria. Amb alegria perquè l’atenció primària sanitària
de totes les Comunitats Autònomes, està fantàstica, no hi ha problemes,
tot va molt bé, senyora baronessa, llàstima que se li està cremant el
castell. Doncs seria bo que s’adonin que el castell s’està
cremant i que hi ha alguna cosa a solucionar.


Primer, denunciem l’incompliment durant vuit
anys del que ha de ser la renovació del que és el finançament autonòmic
de règim comú, nosaltres estem amb els comuns, amb els comuns dels
mortals, porque siempre Cataluña tiene privilegio, —però no amb
segons quins comuns, amb els comuns del régimen común— i després
diem que es compleixi la llei. És el seu mantra; las leyes están para
cumplirlas. Doncs algun dia pensin en les lleis que afecten a la gent, i
aquestes dues de les nostres esmenes afecten a la gent. No pensin en
vostès i comencin a pensar en la gent, seria bo.


Gràcies.


Muchas gracias, presidenta.


En Junts per Catalunya hemos presentado una
enmienda de sustitución, porque el Grupo Popular pide la reforma urgente
del modelo de financiación, etcétera.






Pero, escúchenme, aquí hay algo
previo: que los gobiernos del Estado español han estado incumpliendo la
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y aquí no pasa nada. ¿Y quién está
perjudicada por esta inacción de los gobiernos del Estado? Alguien puede
decir que los gobiernos de las comunidades autónomas, pero no, son los
ciudadanos y ciudadanas de todas las comunidades autónomas del régimen
común, porque están teniendo menos recursos para financiar los servicios
que tienen que prestar. Muchas veces hablamos de financiación, ¿pero eso
qué significa? Significa los servicios que se tienen que dar a la
ciudadanía.


Y, claro, el Grupo Popular pasa de puntillas y el
Grupo Socialista también. ¿Por qué? Porque son responsables de que ahora
hace ocho años que está caducado —si eso fuera un yogur, iría solo
por la nevera desde hacía días—.


Aquí se da mucha importancia, mucha importancia a
la financiación, pero ¿recuerdan aquello que nos decían en Cataluña? Las
leyes están para cumplirlas Nos lo decían un día tras otro, pero el
gobierno del Estado, cuando tiene que cumplir con los territorios
—que significa con la ciudadanía— hace la vista gorda y no
pasa nada. Y el Grupo Popular hace una moción de puntillas, urgente,
donde dice que vamos a hacerlo con unos criterios que son estos, son los
otros… Pues no, nosotros reprobamos al gobierno del Estado español,
sea del Partido Popular o del Partido Socialista, porque han incumplido
la ley. Hace ocho años que la incumplen y están tan contentos y van
felices por la vida. Pues no. Y aquí veo muchas enmiendas pequeñas, sobre
«que miren lo mío», «lo de Santiago de Compostela», etcétera. No,
hablamos de aquí, de Madrid. Están incumpliendo la ley cada día durante
ocho años y no pasa nada. No hay Tribunal de Cuentas ni Fiscalía ni
nadie. Si fuéramos los catalanes, todos inhabilitados y en prisión, pero
como es el Gobierno de España, vamos a mirar hacia otra parte, como
siempre. Estamos muy cansados. Estamos cansados.


Nuestra enmienda es valiente: reprobamos al
Gobierno del Estado español. ¿Se apuntan? Seguro que no, seguro que no,
no sea que alguien se enfade, ¿verdad? Pues nosotros reprobamos al
Gobierno del Estado español atendiendo a que el Gobierno actual dice y,
además, porque hay una enmienda que presentó Junts per Catalunya
—con el apoyo de muchos grupos que están aquí, entre ellos el Grupo
Popular— que decía que iba a haber un fondo extraordinario para
luchar contra la pandemia, pandemia que todavía dura —y la prueba
está en que hoy hay menos gente aquí que en el último Pleno que hicimos
en diciembre, porque tiene que haber medidas—, decía se iban a
destinar 9300 millones para todas las comunidades, de los cuales 1600 son
para Cataluña. Lo dice así la enmienda, que consta en una Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Y la ministra y el Gobierno dicen:
Pues no lo vamos a cumplir, no lo pagaremos —lo dicen así, con
alegría—. Se conoce que la atención primaria de todas las
comunidades autónomas está fantástica, ¿verdad?, todo va muy bien. Pero
se está quemando el castillo, se está quemando el castillo y hay algo que
hay que solucionar.


Primero, denunciamos el incumplimiento durante ocho
años de la renovación de la financiación autonómica de régimen común.
Nosotros estamos con los comunes, con los comunes de los mortales, porque
siempre dicen que Cataluña tiene privilegios, ¿verdad? Pues no, estamos
con los comunes —bueno, no según qué Comunes, con los del régimen
común—.


Segundo, pedimos que se cumpla la ley, que se
cumpla la ley. Es su mantra: Las leyes están para cumplirlas. Pues
piensen algún día en las leyes que afectan a la gente, y nuestras dos
enmiendas afectan a la gente. No piensen en ustedes y empiecen a pensar
en la gente, estaría muy bien.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la
defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador Fernández
Leiceaga.


El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: Buenos días.


La verdad es que estamos un poco sorprendidos de
que nuestra enmienda no pueda prosperar. Nosotros esperemos que prospere,
ya que lo normal sería llegar a un acuerdo, entre otras cosas porque,
como usted bien sabe, nuestros principios y los que ustedes defienden son
los mismos, porque son los que han informado e informan el funcionamiento
del sistema autonómico de régimen común. Por tanto, sería bueno que
pudiéramos llegar a un acuerdo en lo que estamos de acuerdo. Eso es lo
fundamental. Si no es así, no entendemos bien por qué no es posible.
Quizás sea porque esto está más al servicio de una estrategia diferente:
no sé si es una estrategia electoral de intentar encubrir deficiencias en
la gestión y situar el debate entre territorios, o bien una estrategia
más general de intentar meterle el dedo en el ojo a algún territorio para
ganar votos en el resto del país. Y ahí sí que no nos van a encontrar,
porque nosotros no buscamos la confrontación territorial ni ninguna otra,
buscamos los acuerdos, buscamos integrar y buscamos unir.


¿Por qué una enmienda? Nos sorprende la urgencia,
porque es como si ustedes no hubieran estado gobernando. Han evacuado los
años de gobierno del señor Rajoy y quiero recordarles que, desde el
año 2013, está pendiente la reforma del modelo, y un gobierno con mayoría
absoluta no ha hecho nada efectivo en relación con este tema. Esa
pasividad contrasta con su actual urgencia y frenesí —no sé si
querrán que esto también se apruebe antes del 13 de febrero—.


Además, como usted mismo ha dicho, es como si el
Gobierno no hubiese hecho nada y el Gobierno ha hecho tres cosas muy
importantes. En primer lugar, ha puesto recursos, ordinarios y
extraordinarios, a disposición de las comunidades autónomas para hacer
frente a la pandemia —muy importante; esto era necesario dada la
situación excepcional en que estábamos—.


En segundo lugar, ha conseguido los fondos
europeos, que en más de un 50 % están siendo gestionados por las
comunidades autónomas con transparencia, a través de conferencias
sectoriales, más de cincuenta y ocho, donde no ha habido desacuerdos
significativos. Con transparencia, señor Martínez-Maíllo, transparencia
que a mí me hubiese gustado ver también en las comunidades autónomas que
ustedes gobiernan, porque yo no veo que en Galicia o en Castilla y León
tengamos acceso a los mismos documentos que sí pone a disposición de
todos el Gobierno central en relación con los fondos europeos. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).


Y, en tercer lugar —muy importante—, la
ministra se comprometió aquí a mandar al conjunto de las comunidades
autónomas un documento sobre la población ajustada, y así lo ha hecho. Un
documento que merece debate —en Galicia, por ejemplo, lo estamos
debatiendo también en el Parlamento—, en un proceso que no ha
concluido y que dará lugar, seguramente, a que las distintas comunidades
formulen sus observaciones.


Porque esta es la otra parte: ustedes utilizan esto
para cargar contra la bilateralidad, igualando bilateralidad a
privilegios. Pero hoy mismo aprobamos aquí la reforma de la Ley del
concierto, que es, por definición, bilateral, y hemos hablado del régimen
especial de Canarias o de las islas Baleares, que también exigen una
relación bilateral. El problema no es este, porque las relaciones
bilaterales tienen que ver, justamente, con el funcionamiento del sistema
autonómico, que combina autonomía y equidad, y donde decimos autonomía
queremos decir responsabilidad, es decir, dar cuenta a los ciudadanos de
lo que hace cada uno con los recursos de los que dispone, pero también la
emergencia de intereses específicos. Y estos intereses específicos se
deben tener en cuenta como demandas, como demandas; es necesario, porque
esto forma parte del funcionamiento del sistema. Después, tiene que ir a
un modelo común, un modelo que garantice la equidad en el acceso a los
servicios públicos, y esto es el cometido principal que tiene el
Gobierno, que tiene el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, en
último extremo, las Cortes Generales, que son las que lo aprueban.


Este es el funcionamiento normal y es lo que
proponemos nosotros en nuestra enmienda. Por tanto, acéptenla, eliminen
esta estrategia de tensión interna territorial, de división, de fomentar
la confrontación, y lleguen a un acuerdo sobre lo que es razonable.
Porque este sistema se ha construido entre todos —ustedes,
nosotros, los representantes de muchas comunidades autónomas, que han
aportado ideas, soluciones, propuestas, que unas han sido tenidas en
cuenta y otras no— y se resuelven en una tensión, siempre presente,
entre autonomía y equidad, una tensión necesaria, pero una tensión que
permita avanzar. Retoquemos el modelo, pero no quebremos su espinazo, y
hagámoslo mediante el consenso, el acuerdo, mediante la integración y no
mediante el fomento de la confrontación y la división.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador proponente,
Martínez-Maíllo, para indicar si acepta o no las enmiendas
presentadas.


El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: Gracias,
presidenta.


Voy a comenzar por la enmienda del Grupo
Socialista. Qué más quisiéramos nosotros que llegar a un acuerdo, pero el
problema no es ese. El problema es que ustedes quieren eliminar de
nuestra moción la palabra mágica multilateralidad, que significa que
cuando un gobierno quiere tomar una decisión de esta envergadura, que
afecta a todas las comunidades y a los servicios básicos de todas las
comunidades autónomas, ustedes se empeñan en hacernos comulgar con ruedas
de molino y pretenden, fundamentalmente, poder llegar a acuerdos
bilaterales que perjudiquen al resto de las comunidades autónomas. Este
es el problema. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado). Este es el problema.


Si ustedes quieren —por la puerta de atrás,
como pasó en el año 2009— intentar llegar a acuerdos que
perjudiquen y discriminen al resto, ahí no nos van a encontrar. Mire, la
ministra de Hacienda decía: ¡Qué difícil es esto de llegar a un acuerdo!
Claro que es difícil. Si no saben, pues váyanse, pero lo que no puede ser
es que, por la puerta de atrás, busquen acuerdos discriminatorios para el
resto de comunidades autónomas. Lo que hay que hacer aquí es un modelo
que satisfaga a todas las comunidades autónomas, un acuerdo de país, y
ahí va a tener al Partido Popular. Pero no vamos a estar en el trágala,
no vamos a estar en el chantaje, no vamos a aceptar cualquier cosa.


Por eso, al resto de grupos políticos les digo que
no vamos a aceptar las enmiendas, porque aquí estamos hablando de los
principios básicos que deben regir el modelo y esos principios básicos
son una grandísima oportunidad para atar al Gobierno para que no haga lo
que hizo en el año 2009. Ese es el objetivo, que no vuelva a repetirse el
error. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado). Ese es el objetivo. Por eso hablamos de principios básicos y es
una oportunidad para que todos digamos al Gobierno dónde no puede estar y
dónde sí debe estar. ¿En el acuerdo? Sí, ahí sí. ¿En la discriminación?
No. ¿En el trágala? No. Ahí es donde tenemos que estar. Y el Partido
Popular, que gobierna en muchas comunidades autónomas, lo va a hacer, va
a estar y va a dar un paso al frente. Pero, oiga, no me diga usted que
quieren acordar con nosotros cuando no están dispuestos a aceptar la base
mínima, que es, por lo menos, que lleguen a un acuerdo con todas las
comunidades autónomas. Eso es lo que ustedes rechazan.


En relación con la enmienda del señor Mulet, señor
Mulet, cuando usted empiece a denominar a la Comunitat Valenciana como se
llama en el Estatuto de Autonomía (Denegaciones del señor Mulet García),
usted y nosotros empezamos a hablar, ¿eh? (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado). Usted y nosotros empezamos a
hablar. Porque ya está bien de País Valenciano, señor Mulet. Esto no cabe
en ningún caso, ¿de acuerdo? Le pido un poco de respeto a los
valencianos, que lo decidieron en su Estatuto de Autonomía. Simplemente
es eso: respeto, respeto y respeto.


Y al resto de grupos parlamentarios, insisto en la
necesidad de llegar a un acuerdo básico sobre los principios a los que
llegaron todas las comunidades autónomas en el año 2017.


Señor Cleries, me dan ganas de apoyar su enmienda,
¿sabe por qué? Porque pide reprobar al Gobierno. Qué más quisiéramos
nosotros que reprobar al Gobierno. El problema es que la razón por la que
usted lo reprueba es otra bien distinta a la nuestra: usted, porque no lo
han cumplido y nosotros, porque creemos que el acuerdo del año 2009 no es
bueno. Pero, sin duda, en la reprobación estaríamos completamente de
acuerdo.


Por lo tanto, no vamos a aceptar las enmiendas
porque estamos hablando de los principios básicos en los que todas las
comunidades autónomas se pusieron de acuerdo, y ese es el margen amplio
para llegar a un acuerdo entre todas, que es lo que necesita nuestro país
y es lo que necesita el conjunto de los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador González-Robatto. (El señor Fernández
Leiceaga pide la palabra).


Señor Fernández, dígame.


El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: Señora presidenta, en
función del artículo 89, me gustaría que pudiese leer el segundo apartado
de nuestra enmienda, porque contradice abiertamente lo que ha dicho el
portavoz del Grupo Popular.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Puede
hacerlo usted, léalo.


El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: En el segundo punto se
dice: «Promover que esta reforma cuente con el máximo apoyo posible en el
ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera». Por tanto,
multilateral.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.— La señora Pradas Ten: ¡Esto no es serio,
ha añadido otra coletilla!).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador. (El señor Martínez-Maíllo Toribio pide la
palabra.— Rumores).


Señor senador, tiene la palabra.


El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: Simplemente, es
que no está bien leído, es que ha añadido: «Por tanto, multilateralidad».
¡Es que eso no figura en el acuerdo! (Denegaciones del señor Fernández
Leiceaga). Pónganlo y ya verán cómo se lo aprobamos, pero es que ustedes
no dicen «por tanto, multilateralidad», hablan del mayor acuerdo posible.
Así estamos todos, pero la cuestión es «multilateralidad», que es un
concepto diferente de «posible», mucho más importante. No saben ni leer,
señorías, ni leer. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías,
después, en el turno de portavoces, tienen ustedes la ocasión de volver
sobre el tema.


Tiene la palabra el señor González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas gracias,
presidenta.


Esta moción es un apaño del sistema autonómico, que
no funciona. Nosotros no nos vamos a cansar de repetirlo: el modelo
autonómico es perverso tal y como está configurado, porque incita y
premia el egoísmo, la desigualdad y la ruptura de España.


Señorías del PP, hoy proponen una moción que nos
parece correcta, pero la presentan precisamente porque están en la
oposición y porque saben divinamente que no la van a aprobar —y,
aunque así fuera, tampoco la iba a cumplir el Gobierno—. Además, si
fuera aprobada y la cumpliera el Gobierno, tendrían un problema gordísimo
con sus líderes en Galicia; con ese PP —porque tenemos diecisiete
PP diferentes—, concretamente el de Galicia, tendrían un grandísimo
problema. Porque ustedes forman parte del pastel insolidario en el que
los menos patriotas son los que se llevan el mejor trozo, mientras que
los territorios que más lo necesitan no tienen la capacidad o la voluntad
de chantajear al Estado; estas son las regiones que caen en
desgracia.


¿De verdad creen ustedes que es un sistema viable,
es un sistema igualitario entre comunidades? La verdad es que nosotros
tenemos grandísimas dudas. Necesitamos un sistema que cohesione, por su
propia estructura, el territorio español y no requiera de mociones como
esta. Un sistema con diecisiete centralidades siempre va a desembocar
egoísmos, en chantajes y en nacionalismos, y siempre va a ir a más. Ayer
mismo, se publicaba en Cataluña que van a adoctrinar a los alumnos en
emancipación nacional. ¿Ustedes creen que estos alumnos en un futuro van
a aceptar algo mínimamente solidario con el resto de los españoles? No se
engañen. Esto, por no hablar de la duplicidad del gasto público que
ocasiona. De esto no se habla nunca en esta Cámara, porque lo importante
para ustedes siempre es atender a todos los supuestos derechos que las
comunidades autónomas van adquiriendo y que se traducen en competencias,
pero les da exactamente igual lo que tengan, porque lo importante es
ahondar más en las diferencias que tienen los distintos reinos de taifas.
En Vox, sin embargo, lo tenemos clarísimo: no va a haber españoles de
primera y españoles de segunda, mantenemos el mismo discurso solidario y
patriota en todas las regiones de España. Y, fíjense, la verdad es que
funciona.


Señorías del PP, sean valientes, mientras no lo
sean, nos abstendremos en las mociones tan inútiles.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el mismo grupo, senador Sánchez-Garnica, tiene
la palabra.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señora presidenta,
señorías.


Señor Martínez-Maíllo, comprendo que el Partido
Aragonés es un partido pequeño, en una comunidad pequeña, somos uno, no
me ha parecido escuchar nada de lo que he intentado tratar. En cualquier
caso, entiendo lo que dice, lo entiendo y lo comparto, pero no lo
comprendo. Y me preguntará: ¿Por qué no lo comprende si está de acuerdo,
según dice? No lo comprendo porque ahora quieren revivir un acuerdo que
no se cumplió. Lo dicen ahora, cuando pudieron hacerlo y no lo hicieron y
Aragón cumplió, en tiempo y forma, con las obligaciones que entonces les
requirieron desde el gobierno central.


No comprendo que obvien un acuerdo como el de
Santiago, que fue suscrito por ocho comunidades autónomas, y entre ellas
dos de las suyas, del Partido Popular, Galicia y Castilla y León, aparte
de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha..., un acuerdo completo y que,
precisamente en virtud de eso, el Gobierno central habla ya de un
concepto del que no se ha hablado nunca, que es el de población ajustada,
que habrá que ajustarlo porque, en definitiva, lo que se persigue
—creo que en eso estamos de acuerdo todos— es intentar
ajustar el coste efectivo de los servicios a la prestación de esos
servicios.


En Aragón tenemos muchos problemas, sobre todo en
sanidad, sobre todo en servicios sociales, sobre todo en educación,
porque no es lo mismo prestar esos servicios públicos en Madrid que en
Teruel, en Huesca o en Zaragoza. Esa es una reivindicación en la que en
Aragón hemos conseguido ponernos todos de acuerdo en el último informe
que se ha remitido al Ministerio de Hacienda, incluso el Partido Popular,
solo hay un grupo —que saben ustedes cuál es— que no ha
querido sumarse a eso. Por eso, yo le rogaría que dijera algo, porque
creo que podríamos llegar a un punto de encuentro e ir en el mismo
camino, coordinados con otras comunidades autónomas, entre ellas, con las
de su propio partido en Aragón, que sí que está de acuerdo con las demás
fuerzas políticas.


En el tema de la supresión, yo entiendo lo que
ustedes quieren decir, pero entiéndame a mí que, desde el punto de vista
de Aragón, nosotros tenemos que defender nuestro artículo 108 del
Estatuto de Autonomía.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra el senador Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Buenos días.


El problema de la financiación autonómica es un
problema enquistado desde el anterior modelo, que no contenta a nadie; un
modelo que el bipartidismo no ha sabido ni ha querido solucionar. El
actual sistema de financiación autonómica está obsoleto; es un sistema
injusto; es un sistema que ha evolucionado en base a parches; es
complejo; poco transparente y genera desigualdades entre los españoles.
Lo que procede es una reforma integral y urgente tras trece años de
inacción.


La propia ministra de Hacienda, María Jesús
Montero, le recriminaba al PP, siendo consejera de Hacienda de la Junta
de Andalucía, que había dos maneras de desmantelar el Estado de las
autonomías: una de ellas, mediante el desmantelamiento constitucional y
la otra, más sutil, mediante la asfixia financiera. Hoy, esta persona, la
actual ministra, tiene en su mano la responsabilidad y la posibilidad de
terminar con esta asfixia, y no lo hace. Ya hace cuatro años que llegó a
la cartera de Hacienda y prometió iniciar la reforma del sistema de
financiación autonómica: «En los próximos meses», decía. Aún seguimos
esperando. Todo son excusas para no mover nada, un Gobierno incumplidor
con sus compromisos y poco escrupuloso con la defensa de la igualdad
entre los españoles.


Ni el PP ni el PSOE han hecho nada para acabar con
esta situación y abordar la reforma urgente del sistema de financiación
que este país necesita. Los vicios típicos del bipartidismo, un
bipartidismo que siempre ha bloqueado un nuevo sistema de financiación
que ponga fin a la desigualdad existente entre las comunidades autónoma,
que está permitiendo hoy en día que muchas comunidades estén totalmente
infrafinanciadas, mientras riegan de millones a los nacionalistas.
(Rumores). En lugar de hablar de financiación justa, la señora ministra y
el Gobierno prefieren hablar de la mesa del diálogo con Cataluña,
reactivada el pasado septiembre con la presencia del señor presidente del
Gobierno y que se volverá a activar cuando se convoque, por intereses
políticos siempre. ¿Realmente es prioritario activar la mesa del diálogo
con Cataluña o es más prioritario activar de una vez la financiación
autonómica, que desde 2009 está totalmente parada y bloqueada? ¿Va a
claudicar el Gobierno ante la centralización fiscal que pide Esquerra?
¿Cuáles serán las concesiones al separatismo en el caso de que se ponga
en marcha un nuevo modelo de financiación autonómica? Son dudas que nos
surgen.


En Ciudadanos llevamos tiempo pidiendo reformar
este sistema y proponiendo medidas en la línea de las recomendaciones
realizadas por el comité de expertos creado en el 2007 para este fin, y
cuyas conclusiones llevan años obviadas e ignoradas, guardadas en un
cajón: recomendaciones para hacer el modelo más transparente y
equitativo; para realizar cambios en el cálculo de la población ajustada
o necesidades del gasto; para aumentar la responsabilidad fiscal y la
autonomía de las comunidades; para potenciar la cooperación entre
territorios y la lealtad institucional, tan fundamental; para reforzar el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, adscribiéndole un equipo
técnico, y creando comisiones especializadas.


Los liberales españoles seguiremos denunciando la
discriminación que supone el actual sistema de financiación autonómico y
luchando para que genere una distribución más justa, más equitativa y
menos privilegiada para los intereses de unos pocos.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra el senador Cleries i Gonzàlez.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies,
presidenta.


Bé, el senyor Martínez-Maíllo deia que era un error
el sistema de finançament pactat el 2009. I, miri, a vegades coincidim.
Doncs amb això coincideixo. Perquè allà ja van començar els acords entre
el Partit Socialista i el tripartit a Catalunya i res del que es va
acordar. Ens van vendre uns números fantàstics— doncs no van ser
aquells números. I, després, el gran acord que el conseller
d’economia del moment ens va explicar, era que cada cinc anys es
revisaria el model. Doncs tampoc s’ha complert. Perquè ara ens
trobem que porta vuit anys caducat perquè no s’ha respectat aquesta
renovació que preveu la llei. Per tant, amb això coincidim.


Per una altra part, veiem —i avui ho hem vist
i ho celebrem, i el nostre grup sempre hi ha votat a favor— la
renovació, per exemple, del concert basc. Com quan es faci per Navarra,
nosaltres sempre hi donarem suport. Ara, el que no entenem és com les
Comunitats autònomes que estem en el règim comú, no es respecta aquesta
renovació i han passat vuit anys i aquí ningú no piula. I aquest és
l’interès espanyol per la descentralització i l’autogovern de
les comunitats autònomes.


Però, fixem-nos, en el cas de Catalunya, estem en
el règim comú. Però, en canvi, el dèficit fiscal que tenim no és comú.
Tenim un dèficit fiscal de 18000 milions d’euros. Que vol
dir 2400 euros per cada ciutadà i ciutadana de Catalunya que es perden,
que se’n van a l’Estat i no tornen, i que vol dir que aquell
ciutadà i ciutadana rep 2400 euros menys en serveis dels que hauria de
rebre pel seu esforç fiscal, pel que paguem. Aquesta és la realitat. I, a
més a més, aquest sistema tan bo que es va pactar al 2009, al tripartit,
amb el Govern socialista del moment, ha portat a Catalunya un
infrafinançament crònic. Ha portat aquest dèficit fiscal, que, en perdó,
popularment i no se m’enfadin, se li diu espoli fiscal. I a un
dèficit d’inversions. L’altre dia, Foment del Treball, posava
exemples de tot el dèficit crònic que tenim en infraestructures a
Catalunya. I citava Vallirana, la variant de Vallirana que, durant 15
anys va constar en els Presupuestos Generales del Estado. I constava als
Presupuestos, però l’obra no es feia mai. Va ser l’obra
eterna, —que ara ja està inaugurada—.


I les grans perjudicades del règim comú doncs són
Catalunya, País Valencià, Illes Balears. I no es té en compte
l’orografia, la capacitat adquisitiva, no es té en compte el cost
de la vida i no es té en compte la població real. I, és clar, en la
segona part de la moció del Partit Popular, parlava de greuges. Quins
greuges hi ha. Doncs, mirin, els explicaré greuges, pels que estan
preocupats per la bilateralitat, que és un tema que contemplen els
estatuts vigents de les comunitats. O és que no podem parlar directament
amb el Govern de l’






Estat. Clar que hi podem parlar. I s’ha de
poder explicar am transparència si s’ha arribat a aquest acord o
no. Però, si volen parlar de greuges, els en explicaré dos si em dona
temps amb el minut que em queda. Un president al Gobierno de España fa
campanya des de La Moncloa. Una multa. La Junta Electoral, una multa. Una
presidenta d’una Comunitat Autònoma fa campanya en actes
institucionals, la Junta Electoral, una multa. El president de Catalunya
posa una pancarta demanant llibertat, inhabilitació li diu la Junta
Electoral. Això no és un greuge? O un membre de la Mesa del Parlament
posa un llaç a la quarta planta del balcó de l’Ajuntament de la
Paeria de Lleida i, per això, l’inhabiliten. Uns una multeta,
utilitzant La Moncloa o els actes institucionals per campanya electoral,
una multita, i els altres inhabilitats. Home, això no és un greuge?


I, si volen parlar de greuges, mirin, notícia, ja
que els agraden tant les notícies: El Estado ha asumido un agujero
superior a los 40.000 millones de euros por decisiones del Gobierno de
Mariano Rajoy que han sido un fiasco o han acabado anulando la justícia
espanyola o la europea. 40 000 millones de euros. Escoltin, si això ha
passat, doncs m’imagino que vostès que estan tan entusiasmats amb
el Tribunal de Cuentas ara mateix ja els aniran a veure perquè
intervingui i els demani responsabilitats econòmiques amb els que van
generar un forat de 40 000 milions d’euros i que, no saben no
contestan.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidenta.


El señor Martínez-Maíllo decía que era un error el
sistema de financiación pactado en 2009. Pues mire, a veces coincidimos,
en eso coincidimos, porque allí empezaron los acuerdos entre el Partido
Socialista y el tripartito en Cataluña. Nos vendieron unos números
fantásticos y luego no fueron esos números. Después, el gran acuerdo que
nos explicó el consejero de Economía del momento fue que cada cinco años
se revisaría el modelo; tampoco se ha cumplido. Lo que ahora nos
encontramos es que hace ocho años que ha caducado porque no se ha
respetado esa renovación que prevé la ley. En eso coincidimos.


Por otro lado, celebramos la renovación del
concierto vasco —que se ha aprobado hoy y nosotros hemos votado a
favor, como cuando se haga para Navarra, siempre vamos a apoyarlo—,
pero lo que no entendemos es cómo para las comunidades autónomas que
estamos en el régimen común no se respeta esa renovación; han pasado ocho
años y nadie dice nada. Este es el interés español hacia la
descentralización y el autogobierno de las comunidades autónomas.


En el caso de Cataluña, estamos en el régimen
común; en cambio, el déficit fiscal que tenemos no es común: tenemos un
déficit fiscal de 18 000 millones de euros, que significa 2400 euros para
cada ciudadano o ciudadana de Cataluña que se pierden, que se van al
Estado y que no vuelven, por lo que ese ciudadano o ciudadana recibe 2400
euros menos en servicios de los que debería recibir por su esfuerzo
fiscal, por lo que paga. Esta es la realidad. Además, este sistema tan
bueno, que pactó en 2009 el tripartito con el gobierno socialista del
momento, ha supuesto para Cataluña una infrafinanciación crónica, un
déficit fiscal al que popularmente se le llama expolio fiscal, y un
déficit de inversiones. El otro día, Fomento del Trabajo ponía ejemplos
de todo el déficit crónico que tenemos en infraestructuras en Cataluña y
citaba la variante de Vallirana, que durante quince años constó en los
Presupuestos Generales del Estado, pero la obra no se ejecutaba nunca,
era eterna —ahora ya está inaugurada—.


Las grandes perjudicadas del régimen común son
Cataluña, País Valenciano e islas Baleares y no se tiene en cuenta la
orografía ni la capacidad adquisitiva ni el coste de la vida ni tampoco
la población real. En la segunda parte de la moción del Grupo Popular se
refieren a agravios. ¿Qué agravios? Se los voy a explicar, para aquellos
que están preocupados por la bilateralidad, que es un tema que contemplan
lo vigentes estatutos de las comunidades. ¿O es que no podemos hablar
directamente con el Gobierno del Estado? Claro que se tiene que poder
hablar y explicar con transparencia si se ha llegado a un acuerdo o no.
Pero si quieren hablar de agravios, les voy a contar dos, a ver si me da
tiempo. Un presidente del Gobierno de España hace campaña desde la
Moncloa; la Junta Electoral le impone una multa. Una presidenta de una
comunidad autónoma hace campaña en actos institucionales; la Junta
Electoral le impone una multa. El presidente de Cataluña pone una
pancarta pidiendo libertad; inhabilitación, le dice la Junta Electoral.
¿Esto no es un agravio? O un miembro de la Mesa del Parlamento pone un
lazo en la cuarta planta del balcón del Ayuntamiento de la Paeria, de
Lleida, y le inhabilitan. Unos, una multa, utilizando la Moncloa o los
actos institucionales para campaña electoral, una multita, y los otros,
inhabilitados. ¿Esto no es un agravio?


Y si quieren que hablemos de agravios, noticia, ya
que les gustan tanto las noticias: El Estado ha asumido un agujero
superior a los 40 000 millones de euros por decisiones del Gobierno de
Mariano Rajoy, que han sido un fiasco o ha acabado anulando la justicia
española o europea; 40 000 millones de euros. Si esto ha sucedido, me
imagino que ustedes, que están tan entusiasmados con el Tribunal de
Cuentas, ahora mismo irán a verlos para que intervengan y les pidan
responsabilidades económicas a los que generaron un agujero de 40 000
millones de euros, y que ni saben ni contestan.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
tiene la palabra la senadora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias,
presidenta.


Señorías, en primer lugar, queríamos expresar, en
nombre del Grupo de Izquierda Confederal y de todas las fuerzas políticas
que lo componemos, nuestro pesar y nuestro afecto a la familia y a los
compañeros del senador Miquel Aubà, de Esquerra Republicana. No habíamos
tenido ocasión de hacerlo en ninguna intervención de este Pleno y no
queríamos dejar de hacerlo.


Según el último informe sobre la evolución de la
financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2019,
que se publicó este mismo lunes, Andalucía es la tercera comunidad
autónoma peor financiada según el actual sistema, junto con el País
Valencià y Murcia, con un índice sobre población ajustada del 95,6 %,
frente a los 116,9 de la comunidad mejor financiada, comunidad de régimen
común.


Además, ha empeorado la financiación de Andalucía
con respecto al anterior sistema, al de 2002, hemos retrocedido 3,8
puntos en el de 2009, y en todos los años que llevamos sin renovar el
sistema de financiación autonómica Andalucía está perdiendo recursos para
financiar sus servicios públicos.


En marzo de 2018, con una amplia mayoría en el
Parlamento de Andalucía —solo se quedó fuera el Grupo de
Ciudadanos, los liberales españoles—, se aprobó el dictamen de la
Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía
sobre la reforma del sistema de financiación autonómica con el objeto de
paliar la infrafinanciación de Andalucía. Este acuerdo lo firmaron el
Partido Socialista y el Partido Popular, entre otros. Entonces estaban de
acuerdo, ¿y ahora ya no? ¿O es que lo que se firma en las instituciones
andaluzas tiene que ser de algún modo validado o revalidado por las
direcciones de los partidos en Madrid?


Uno de los principales problemas para la autonomía
política y económica de las comunidades autónomas de régimen común ha
sido la infrafinanciación estructural que sufren, fruto del actual
sistema de financiación autonómica, de la debilidad de nuestro sistema
tributario estatal y autonómico y de las políticas de desfiscalización o
dumping fiscal que se han puesto en marcha tanto en España como en
diferentes comunidades autónomas, incluida Andalucía. La reforma del
actual sistema de financiación autonómica es una necesidad y una urgencia
que debería acompañarse de un cambio sustancial del marco fiscal y de
medidas extraordinarias para la sostenibilidad de la deuda pública
autonómica, en gran parte resultado de la infrafinanciación.


Desde nuestro punto de vista, y atendiendo a la
población y a los desequilibrios estructurales de Andalucía, sería
urgente que Andalucía liderara el debate del nuevo modelo de
financiación, una reforma de la financiación autonómica basada en la
lealtad institucional, en reforzar la suficiencia fiscal, en proponer el
aumento de la participación de las comunidades autónomas que lo quieran
—desde luego, en Adelante Andalucía lo queremos— en los
impuestos que más recaudan, como el IVA y el IRPF. En Adelante Andalucía
no renunciamos a la bilateralidad en una relación con el Estado. Está
recogida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía; estuvo recogida en el
Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981 y en el 2008 una relación
bilateral, un pacto y un acuerdo cuando es necesario. Los estatutos de
autonomía son las constituciones territoriales, forman parte del bloque
de la Constitución. Tanto insistir en el debate anterior sobre el
concierto vasco en el cumplimiento de la Constitución, también los
estatutos de autonomía, ¿o vamos a cumplir solo los artículos de la
Constitución que nos interesan y no todos?


Un apunte más. En los criterios que deberían
tenerse en cuenta a la hora de reformular el nuevo sistema de
financiación autonómica debería estar el de la equidad. La
multilateralidad es un procedimiento, no es un acuerdo; no es un
principio; no es un objetivo. El objetivo debe ser revertir los
desequilibrios, revertir la desigualdad estructural y que todos los
ciudadanos y ciudadanas, independientemente del lugar en que residan,
tengan los mismos servicios públicos. Para eso, quien menos tiene es
quien más necesita. Eso es la equidad. Es un principio definidor de un
sistema de financiación autonómica y no que el procedimiento sea
multilateral o pueda ser bilateral siempre que se base en pactos, en
acuerdos transparentes entre instituciones, como son los gobiernos
autonómicos y el Gobierno central. A ver si ponemos el foco en la luna y
no en el dedo. Lo importante en la reforma del sistema de financiación
autonómica tiene que ver con el objetivo y, desde luego, para Andalucía
el objetivo es la equidad. Si no, a ver cómo explica el presidente de la
Junta de Andalucía que entre la dispersión y la concentración de la
población a la hora de definir criterios nos interesa más la
concentración; o que nos interesa mucho más paliar la pobreza infantil
que el envejecimiento de la población, porque en Andalucía la mayoría de
la población es menor de 18 años, es población joven. Luego, todos esos
criterios, que son los que finalmente dificultan alcanzar el acuerdo, son
sobre los que, desde nuestro punto de vista, es necesario hablar.


No me da tiempo de mencionar la deuda histórica,
que es aparte del sistema de financiación, evidentemente.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría,
vaya terminando.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Termino, señora
presidenta; ya sé que la luz está en rojo. Le agradezco que me permita
cerrar la última frase.


Hay que tener en cuenta que hay una nueva deuda
histórica acumulada por la infrafinanciación de muchas comunidades
autónomas, entre ellas la de Andalucía.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
senadora.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la senadora Etxano Varela.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidenta.
Intervengo desde el escaño brevemente para fijar la posición de mi grupo
en esta iniciativa.


Como conocen, es costumbre de mi grupo
parlamentario no intervenir ni adentrarnos en el debate sobre cuál debe
ser el sistema de financiación de las comunidades de régimen común. Lo
hacemos por estricto respeto competencial y no intromisión, al entender
que dicho debate sobre cómo debe ser el sistema de financiación
corresponde a las comunidades autónomas de régimen común con el Gobierno.
En este caso concreto, el de la financiación de las comunidades
autónomas, que es del 2009 y cuya revisión debería ser quinquenal, parece
evidente que hay que afrontar la revisión del modelo hacia un sistema que
permita a las comunidades autónomas poder atender eficientemente los
servicios públicos esenciales que son de su competencia: sanidad,
educación, servicios sociales, entre otros, y mucho más en este contexto
excepcional de pandemia. Dicho esto, y como he mencionado al principio de
la intervención, no es este el debate en el que mi grupo debe decir cómo
debe ser el sistema de financiación. Por ese estricto respeto
competencial y no intromisión, nos abstendremos.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
senadora.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herría Bildu, tiene la palabra la senadora Pérez
Esteve.


La señora PÉREZ ESTEVE: Gràcies, presidenta,


Abordar la problemàtica de la reforma del model de
finançament ha de partir del reconeixement d’allò que el PP porta
dècades negant, el dèficit fiscal desproporcionat que llastra les
economies del conjunt de territoris dels països catalans.


Des de la transició, només Madrid ha guanyat pes
econòmic relatiu a costa de la resta de territoris de l’estat,
molts d’ells suposadament beneficiaris de les transferències
fiscals provinents de les regions més riques. Madrid és avui
l’epicentre de tots els projectes de grans infraestructures i la
seu de totes les grans empreses públiques i de la majoria de les
privades. Madrid s’ha convertit, a més, en el laboratori polític de
la dreta més bel·ligerant contra les polítiques redistributives i el
motor de les pràctiques d’absorció de recursos mitjançant un
sistema d’incentius fiscals, perquè les grans empreses de la resta
de l’estat traslladin a la capital les seves seus. Absorció de
recursos econòmics que genera absorció de mà d’obra i de teixit
productiu. Aquest model jacobí ha afectat negativament l’economia
catalana, cert, però Catalunya ha estat capaç de mantenir el seu pes
econòmic respecte al conjunt de l’Estat al voltant del 19 % del
PIB, però amb un cost social enorme.


La manca d’inversió pública de l’Estat
a Catalunya s’ha pogut compensar amb la participació privada i la
iniciativa social per a fer escoles, centres de salut i infraestructures.
La capacitat econòmica i productiva de Barcelona i la seva àrea
metropolitana han permès mantenir Catalunya com a motor econòmic i
avantguarda del desenvolupament al conjunt de l’estat. No obstant,
altres territoris de l’Estat han sofert amb més cruesa el modelo de
desequilibri territorial en matèria de finançament. El País Valencià i
les Illes Balears, zones amb un teixit productiu i industrial
significatiu, han suportat una política de desinversió crònica com també
Catalunya, motiu pel qual han viscut un procés de declivi progressiu i
pèrdua de pes respecte a Madrid. Aquest model que perjudica de manera
evident uns territoris que representen el 40 % de les exportacions de
l’estat i que permeten equilibrar la balança comercial, és un model
que no respon a un criteri econòmic, respon a un model polític i
ideològic.


El Partit Popular, amb el cinisme amb què ens té
acostumats, reclama amb aquesta moció la solidaritat, suficiència,
equitat, transparència, coresponsabilitat fiscal i garantia. Dic que són
cínics, perquè han col·laborat en la perpetuació d’un sistema que
no ha portat als ciutadans dels Països Catalans,  ni solidaritat, ni
suficiència, ni equitat, ni transparència, ni coresponsabilitat fiscal ni
garantia; aquest sistema de finançament només ha dut al País Valencià,
Illes i Catalunya, pobresa, deute i menys infraestructures. La seva
declaració d’intencions no ens serveix, senyors del Partido
Popular; cada vegada que parlen d’igualtat entre españoles, uns
acaben sent més iguals que els altres. El País Valencià, Catalunya i les
Illes Balears acaben sent una unitat de destí en dèficit fiscal.


Amb aquesta moció, el PP, fent veure que li
preocupa la reforma del finançament autonòmic, aprofita per seguir
buscant confrontacions amb el seu segon punt, que diu textualment:
Rechazar cualquier negociación bilateral entre el Gobierno de la nación y
Comunidades y Ciudades Autónomas para el establecimiento de privilegios y
agravios en la financiación autonómica.


La bilateralitat no és un problema, la
bilateralitat pot ser el camí per començar a construir la solució. La
bilateralitat pot ser el camí que les majories demogràfiques no aixafin
els interessos de les minories. La bilateralitat pot ser el camí, de fet,
ha de ser el camí perquè el País Valencià, les Illes i Catalunya parlin
de tu a tu amb l’Estat. I deixem d’ofrenar a canvi de
desprecis.


Esquerra Republicana votarà en contra
d’aquesta manera de fer, en contra d’aquesta obsessió
malaltissa per aconseguir diàleg i igualtat, en contra d’un partit
popular desbocat que es incapaç de veure més enllà dels seus interessos
electoralistes.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidenta.


Abordar la problemática de la reforma del modelo
financiación tiene que partir del reconocimiento de aquello que el PP
hace décadas que está negando: el déficit fiscal desproporcionado, que
lastra las economías del conjunto de los territorios de los países
catalanes.


Desde la transición, solo Madrid ha ganado peso
económico relativo a costa del resto de territorios del Estado, muchos de
ellos beneficiarios de las transferencias fiscales procedentes de las
regiones más ricas. Madrid es hoy el epicentro de todos los proyectos de
grandes infraestructuras y la sede de todas las grandes empresas públicas
y de la mayoría de los privadas. Además, se ha convertido en el
laboratorio político de la derecha más beligerante contra las políticas
redistributivas y el motor de las prácticas de absorción de recursos
mediante un sistema de incentivos fiscales para que las grandes empresas
del resto del Estado trasladen a la capital sus sedes. Absorción de
recursos económicos que generan absorción de mano de obra y de tejido
productivo. Este modelo jacobino ha afectado negativamente a la economía
catalana, cierto, pero Cataluña ha sido capaz de mantener su peso
económico respecto al conjunto del Estado en un 19 % del PIB, pero con un
coste social enorme.


La falta de inversión pública del Estado en
Cataluña se ha podido compensar con la participación privada y la
iniciativa social para construir escuelas, centros de salud e
infraestructuras. La capacidad económica y productiva de Barcelona y su
área metropolitana han permitido mantener a Cataluña como un motor
económico y a la vanguardia del desarrollo del Estado. Sin embargo, otros
territorios han sufrido con más crudeza el modelo de desequilibrio
territorial en materia de financiación. El País Valenciano y las islas,
zonas con un tejido productivo industrial significativo, han soportado
una política de desinversión crónica como también Cataluña, motivo por el
cual han vivido un proceso de desequilibrio progresivo y pérdida de peso
respecto a Madrid. Esto perjudica a unos territorios que representan
el 40 % de las exportaciones del Estado y permiten equilibrar la balanza
comercial. Es un modelo que no responde a un criterio económico, sino
político-ideológico.


El Partido Popular, con el cinismo con el que nos
tiene ya acostumbrados, reclama con esta moción la solidaridad,
suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y
garantía. Como digo, son cínicos porque han colaborado en la perpetuación
de un sistema que no ha aportado a los ciudadanos de los países catalanes
ni solidaridad, ni suficiencia, ni equidad, ni transparencia, ni
corresponsabilidad fiscal, ni garantía. Este sistema de financiación ha
supuesto para el País Valenciano, las islas y Cataluña pobreza, deuda y
menos infraestructuras. Esta declaración de intenciones no nos sirve,
señores del Partido Popular, porque cuando hablan de igualdad entre
españoles, unos acaban siendo más iguales que otros. El País Valenciano,
Cataluña y las Islas Baleares acaban siendo una unidad de destino en
déficit fiscal.


Con esta moción, el PP, fingiendo que le preocupa
la reforma de la financiación autonómica, aprovecha para seguir buscando
confrontaciones con el segundo punto, que dice textualmente: Rechazar
cualquier negociación bilateral entre Gobierno de la nación y comunidades
y ciudades autónomas para el establecimiento de privilegios y agravios en
la financiación autonómica.


La bilateralidad no es un problema. La
bilateralidad puede ser el camino para empezar a construir la solución;
puede ser el camino para que las mayorías demográficas no aplasten los
intereses de las minorías; puede ser el camino, de hecho, tiene que ser
el camino para que el País Valenciano, las islas y Cataluña hablen de tú
a tú con el Estado y dejen de ofrendar a cambio de desprecios.


Esquerra Republicana votará en contra de esta forma
de hacer; votará en contra de esta obsesión enfermiza para conseguir
diálogo, igualdad; votará en contra de un Partido Popular desbocado que
es incapaz de ver más allá de sus intereses electoralistas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador
Martínez-Maíllo.


El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: Muchas gracias,
señora presidenta.


Los términos del debate de esta moción son bastante
claros y evidentes. Nosotros no rechazamos que el Gobierno pueda hablar
con las comunidades autónomas, ¡hasta ahí podíamos llegar! Con lo que no
estamos de acuerdo es con que se negocie y se cierre un acuerdo con una
sola comunidad autónoma en detrimento del resto de comunidades autónomas.
¿Es tan difícil de entender? (Aplausos). De verdad, ¿es tan difícil de
entender? Lo que queremos es un acuerdo global; lo que queremos es un
acuerdo en el que todas se sientan cómodas; lo que queremos es un acuerdo
que recoja los planteamientos legítimos de todas aquellas comunidades
autónomas que plantean mejor financiación, un acuerdo de verdad entre
todas. Este es el acuerdo. ¿Y quién lo tiene que liderar? Pues el
Gobierno de España. Y si la ministra de Hacienda dice que menudo lío, que
esto es muy difícil, pues váyanse y déjennos a otros hacerlo que
seguramente lo haremos mejor. (Rumores.— Aplausos). No puede ser
que, porque no estén, porque no quieran o porque no sepan, se queden ahí.
Oiga, no; queremos un acuerdo multilateral. Y ¿saben por qué? Porque no
nos fiamos de ustedes.


Me decía el senador del Grupo Socialista: lea, lea
usted. Lo ha leído, pero lo ha leído mal. Perdóneme, sabe leer, pero lo
ha leído mal, no sé si consciente o inconscientemente. No es que se
llegue al mayor acuerdo posible, como ustedes dicen, no es eso; insisto,
es que se impida un acuerdo bilateral. Por eso, usted y nosotros no
podemos llegar a un acuerdo, porque esa es la clave. Alguno dice: es que
la metodología. Pues miren, en democracia, la metodología es un valor
esencial y, en función de cómo sea la metodología, así será el acuerdo.
Evidentemente, si la metodología es mala y teniendo en cuenta los
precedentes del año 2009, donde se llegó a un acuerdo por razones
políticas con una sola comunidad autónoma, díganme ahora si el señor
Sánchez no es capaz de volver a llegar a un acuerdo para seguir en la
Moncloa con quien sea y a costa de lo que sea. (Aplausos). ¡Si tiene una
situación política todavía más complicada que la anterior! ¡Si estamos
acostumbrados a que el señor Sánchez diga una cosa y haga la contraria!
¡Si estamos acostumbrados a que ponga a todo el país a su servicio
particular para estar en el Gobierno! Ese es el sanchismo en estado puro.
Por eso, como tenemos desconfianza hacia el sanchismo, queremos un
acuerdo global que ponga las bases para que no se repita lo mismo que en
el año 2009. Señores del Partido Aragonés y del Partido Regionalista de
Cantabria, no les he citado porque he hecho una argumentación global,
discúlpenme, pero esa es la base y lo que buscamos son los principios
generales que tienen que servir para que todos nos sintamos cómodos. Esa
es la base de nuestra propuesta.


Se ha hablado aquí de lealtad institucional.
Lealtad consiste en que el que tiene que tomar la decisión sepa que el
otro va a tomar una decisión ajustada a derecho y yo confío. Esa es la
lealtad institucional. Oiga, pues este Gobierno, de lealtad, poquita. Hoy
sabemos que la ministra de Hacienda se ha comprometido con Castilla y
León a devolverle los 182 millones de euros que no quiso entregarle del
IVA del año 2017; eso sí, con cuatro años de retraso y después de que el
Tribunal Supremo dictara una sentencia demoledora. (Aplausos). Y lo
quiere hacer ahora en campaña electoral a ver si no se nota demasiado.
Eso es deslealtad institucional porque ni siquiera fueron capaces de
contestar a los recursos que planteó el Gobierno de Castilla y León.
Cuatro años de retraso que afectaron a los ciudadanos y a los servicios
básicos de Castilla y León.


Usted, señor senador del Grupo Socialista, me pone
como ejemplo los fondos europeos. Oiga, ¿no tenían otro ejemplo de
negociación que los fondos europeos? ¿Me pueden decir dónde está la
ventanilla donde se piden? ¿Me pueden decir dónde hay que ir? ¿Me pueden
decir cuáles son los criterios que están utilizando? (Rumores). Bueno,
sí, los criterios los sabemos: los políticos; los políticos, esos sí los
sabemos. (Aplausos). Dicen: no hablen mal de los fondos europeos porque
están hablando mal de España. Tenemos la obligación de ejercer la
oposición. Quien habla mal de España en Europa es el señor Garzón, el
ministro, cuando habla mal de la carne española. ¡Ese sí que habla mal!
(Aplausos). Fíjese, qué mal lo deben de estar haciendo para tener que
utilizar una carta protocolaria de la presidenta de la Comisión Europea
para tratar de justificar sus propios atropellos; ¡qué mal lo deben de
estar haciendo ustedes!, ¡qué mal! (Rumores.— Aplausos). Y la
ministra hablando de justicia social. ¿No han visto el IPC en España
desbocado en el 6,5 %? ¿No lo han visto? Quejas sobre la justicia social.
¿Han visto ustedes el informe de Cáritas en el que se dice que hay 11
millones de españoles en exclusión social? ¿De qué sonríen con la famosa
recuperación económica, con la recuperación justa? Más injusta que esta
recuperación no hay ninguna, y ustedes están teniendo el auxilio de
Europa absolutamente para todo. Ahí va a estar el Partido Popular para
controlarles. ¿Saben por qué? Porque no nos fiamos de ustedes; porque la
experiencia es un grado, y en esto les puedo asegurar que los españoles
también lo saben.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Heredia Díaz.


El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, hoy el Grupo Popular trae una moción
sobre financiación autonómica, ¡pero si cada vez que se habla de este
tema el Grupo Popular debería esconderse debajo de la mesa! ¿O ya no se
acuerdan de lo que hicieron Rajoy y Montoro ahogando a las comunidades
autónomas? (Aplausos). Este Gobierno ha transferido 490 000 millones de
euros a las comunidades para sanidad, educación, dependencia o el reto
demográfico; un 36 % más de lo que destinó el Partido Popular en el mismo
tiempo. Estamos hablando de transferencia, no de deuda, como el FLA de
Montoro. En 2022 va a destinar otros 126 500 millones de euros, donde se
incluyen, por ejemplo, el pufo, la deuda que dejó Rajoy con las
comunidades. ¿O ya no se acuerdan del IVA de 2017, que no lo
transfirieron? (Aplausos). A este Gobierno le va a costar 3600 millones
el pufo que dejó Rajoy. Nunca ningún otro Gobierno ha destinado más
recursos a financiar las comunidades autónomas que el Gobierno de Pedro
Sánchez.


Hablan también de la reforma del modelo de
financiación autonómica, y lo critican. Yo le pregunto al Grupo Popular:
y ustedes ¿por qué no lo cambiaron?






El anterior modelo caducó en 2013 y
¿quién gobernaba en 2013 en nuestro país? Gobernaba el Partido Popular y
lo hacía con mayoría absoluta, no necesitaban pactar ni acordar con
nadie. Podrían haberlo hecho perfectamente, pero no lo hicieron. ¿Por
qué? Porque no les importó lo más mínimo. Ya está bien de demagogia. Con
este tema les pasa como con los fondos europeos, donde Casado va
reiteradamente a Europa a hablar mal de nuestro país para que no venga
ningún fondo europeo. (Aplausos). Votó en contra de ellos en el Congreso
de los Diputados y cuando perdió la votación, lo recurrió al
Constitucional. Este es su patriotismo: ninguno. El señor Casado falta a
la verdad y lo hace a conciencia porque sabe perfectamente que de las
seis comunidades autónomas en nuestro país que van a recibir más dinero,
cuatro están gobernadas por el Partido Popular, y la que más recibe es la
de Andalucía. El otro día, el señor Moreno Bonilla, presidente, iba de
palmero, como Casado, a Europa a cuestionar el reparto de los fondos.
Señor Moreno Bonilla, ¡si usted tiene 700 millones de euros en un cajón
sin gastar! ¡Destínelos a crear empleo y riqueza! (Aplausos). Hoy, en los
datos de enero del paro, Andalucía está a la cabeza del paro en España,
con 20 000 parados más. Señor Moreno Bonilla, si no sabe gobernar o no
quiere, váyase hoy mismo a su casa, que es lo que tiene que hacer.
(Aplausos).


Señorías del Partido Popular, el nuevo modelo de
financiación autonómica es una prioridad para este Gobierno, y ustedes lo
saben. Hacienda envió en diciembre a todas las comunidades y a las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla un documento para abrir ese debate;
un documento que es un informe serio y riguroso de 240 páginas, elaborado
por la comisión de expertos y por el Comité Técnico Permanente de
Evaluación, que incluye la opinión de las comunidades autónomas que han
formado parte y han participado en los foros; un documento que ahora, en
enero, recibía las observaciones y las aportaciones de todos los
territorios. Esa reforma se va a hacer con consenso, con diálogo, con
cooperación, con acuerdo, palabras que el Partido Popular parece no
conocer. Y les diré una cosa más: antes de pedir una reforma del modelo
de financiación, pónganse ustedes de acuerdo, porque el Partido Popular
no sabe lo que quiere: lo que defiende el señor Moreno Bonilla en
referencia al modelo de financiación no es lo que defiende Ayuso; lo que
defiende Ayuso no es lo que defiende Mañueco; lo que defiende Mañueco no
es lo que defiende Feijóo. Pónganse ustedes de acuerdo primero y hagan
una propuesta en ese tema.


En segundo lugar, lo que no vamos a permitir los
socialistas es que, con una mano, Moreno Bonilla, Ayuso o Mañueco bajen
los impuestos a los millonarios, a las rentas más altas, a los que más
tienen, y, con la otra y al mismo tiempo, pidan más financiación
autonómica. Eso no lo vamos a permitir. (Aplausos).


Y, en tercer lugar, señor portavoz del Grupo
Popular, la palabra multilateralidad no aparece en su moción. Por tanto,
usted no se ha leído lo que le han escrito para hablar en esta sede.
(Aplausos).


Y termino. Señorías del Partido Popular, terminemos
con los frentismos, busquemos un acuerdo, que es lo que necesitamos, para
garantizar una financiación suficiente a fin de que las comunidades
puedan prestar servicios públicos de calidad y para que todos los
ciudadanos, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades de acceder
a esos servicios públicos.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Señorías, esta moción se votará en sus propios
términos durante el plazo que esta Presidencia abrirá al concluir el
debate de la primera moción ordinaria.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN DE APOYO A LAS PERSPECTIVAS DE
AUTONOMÍA O SOBERANÍA ESTRATÉGICA DE LA UNIÓN EUROPEA. (Proclamación del
resultado de la votación).


671/000094

GPV


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los
puntos 5. y 5.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Paso a la
proclamación de resultados de votaciones telemáticas. Se ha votado en sus
propios términos.


Votos emitidos, 262; a favor, 259; en
contra, 3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobada.









ESTATUTOS DE AUTONOMÍA




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
1/2007, DE 28 DE FEBRERO, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS
ILLES BALEARS, PARA LA SUPRESIÓN DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y LAS
DIPUTADAS DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS Y DE LOS MIEMBROS DEL
GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS. (Proclamación del resultado de la
votación).


605/000003

PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS


La señora vicepresidenta lee los
puntos 6., 6.1. y 6.1.1.


La señora VICEPRESIDENTA: Proclamación del
resultado de la votación de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía.


Votos emitidos, 263; a favor, 251;
abstenciones, 12.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobada definitivamente por las Cortes Generales la Propuesta de reforma
de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los
diputados y las diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los
miembros del Gobierno de las Illes Balears.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
INCREMENTAR EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2022 LA
DOTACIÓN PARA COMPENSAR A LA EMPRESA CONCESIONARIA DE LA AUTOPISTA AP-66
ENTRE LEÓN Y CAMPOMANES (ASTURIAS) POR LAS BONIFICACIONES DE PEAJE A
VEHÍCULOS LIGEROS Y PESADOS HASTA LA SUPRESIÓN TOTAL DEL MISMO.


671/000096

GPP


La señora vicepresidenta lee el punto 9.2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta
moción consecuencia de interpelación se han presentado cuatro enmiendas:
una del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores Jacobo
González-Robatto Perote y José Manuel Marín Gascón y de la señora Yolanda
Merelo Palomares; dos del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, y
una del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
tiempo de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador
Silván Rodríguez.


El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Muchas gracias,
presidenta.


Señorías, con los socialistas suben los impuestos;
con los socialistas se implantan peajes; con los socialistas se suben los
peajes de nuestras autopistas: tres afirmaciones, tres realidades que
demuestran la forma de hacer política cuando de un Gobierno socialista se
trata. (Aplausos.— Rumores).


El Grupo Parlamentario Popular en el Senado
presenta esta moción consecuencia de interpelación para que esta Cámara
demuestre, con su voto a favor, que está por la supresión de los peajes,
por el transporte y los transportistas, por la actividad económica, por
la movilidad y por el equilibrio territorial, y no está por incrementar y
mantener el peaje más caro por kilómetro del conjunto de la red viaria
española. El Grupo Parlamentario Popular pide con esta moción, como paso
previo a la supresión del peaje de la autopista entre León y Asturias,
una bonificación de 45 millones de euros que garantice la movilidad y la
actividad económica entre los dos territorios; una moción que trae su
causa en la interpelación brillantemente defendida por la senadora por
Asturias, Mercedes Álvarez Fernández, que conoce y sufre, como asturiana
que es, el despropósito del peaje más caro por kilómetro de la red viaria
española; una interpelación a la que la señora ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana no dio más que respuestas huecas, insolidarias
con leoneses y asturianos y profundamente inmerecidas para asturianos y
leoneses. ¿Y saben por qué? Porque asturianos y leoneses sencillamente
queremos que se nos trate como iguales en relación con otros
territorios.


Señores socialistas, desde noviembre de 2018 se han
liberado un total de 1029 kilómetros de autopistas de peaje: en la AP-7,
Tarragona-La Junquera, y en la AP-2, Zaragoza-El Vendrell. ¡Qué
casualidad! En contraposición a ello, la AP-71, León-Astorga, y la AP-66,
León-Asturias, continúan con la marginación socialista, con la
discriminación —marca de la casa socialista— de unos
territorios frente a otros. Una vez más, el dedo socialista discrimina
entre territorios, como están haciendo ahora mismo los socialistas con su
nefasta, sectaria y discriminatoria gestión de los fondos europeos.
(Aplausos).


Estamos en 2022, con un Gobierno socialista, y fue
otro Gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero,
quien prometió en 2004, 2004, eliminar el peaje del Huerna. Dieciocho
años después, con otro Gobierno socialista, no solo se ha eliminado el
peaje, sino que, año tras año, este aumenta: el último tique de peaje de
diciembre de 2021, 13,50 euros; el primer tique de peaje en enero
de 2022, 13,75 euros. Sigue habiendo peaje, se incrementa año tras año y
sigue siendo la autopista más cara por kilómetro de la red viaria
española. Fíjese hasta dónde llega la desfachatez de los gobiernos
socialistas con la autopista del Huerna que Zapatero prometió suprimir el
peaje; como no lo eliminaron, propusieron hacer otra autovía, y como esta
tampoco la construyeron por razones medioambientales, prometieron
construir una autovía paralela a la autopista del Huerna. Sí, no se
sorprendan; es lo que podemos llamar matar moscas a cañonazos o mejor el
zoco socialista de los peajes: te prometo quitar el peaje, no te lo
quito; te construyo otra autovía, no te vale; te prometo otra más.
Conclusión: lo mismo, mentira sobre mentira. Señores socialistas,
cualquier día ustedes prometen a los asturianos y a los leoneses viajar
en el Falcon Sánchez con tal de no decirnos la verdad. Y es que con el
peaje del Huerna pasa como con mil cosas más, España no se merece un
Gobierno que les mienta.


Señores socialistas, el peaje del Huerna grava la
movilidad entre Asturias y León; grava la unión de León con su puerto
natural, que es Asturias; grava la entrada y salida de mercancías entre
Castilla y León y Asturias y entre Asturias y Castilla y León. Pero no
solo grava la salida por el norte, hay que añadir otro peaje: el de
Guadarrama. Norte: Huerna. Sur: Guadarrama. Conclusión: peajes y
marginación, peajes y desequilibrio.


León fue un reino histórico y ahora, con los
gobiernos socialistas, a León y a Asturias se les está sometiendo a una
marginación histórica. Leoneses y asturianos, asturianos y leoneses
—y voy terminando— no queremos más mentiras, queremos
realidades, propuestas y el mismo trato que el presidente Sánchez da a
otras zonas de España. Por ello, hemos presentado una alternativa clara,
seria, rigurosa y creíble para mejorar el agravio que recae sobre la
autopista del Huerna. Es el momento de rectificar y cumplir con su
promesa dieciocho años después. De ustedes depende, señores socialistas.
(Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Merelo
Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Muy buenas tardes,
señorías.


Esta moción que nos trae hoy el Grupo Parlamentario
Popular habla del agravio comparativo que, para castellanos y leoneses y
asturianos, implica el alto coste del peaje de la autopista del Huerna.
No obstante, fieles a nuestra regla de afrontar los problemas, siempre
que sea posible, en términos nacionales, consideramos que el Senado debe
pronunciarse sobre esta cuestión de un modo más general, y ello sin
perjuicio de nuestro apoyo a esta iniciativa.


En efecto, nuestra propuesta consiste en que el
Senado exhorte al Gobierno a estudiar la liberalización progresiva de los
peajes en las carreteras de alta capacidad españolas; es decir, desde
nuestro punto de vista no podemos detenernos exclusivamente en casos
puntuales, sino que es necesario que el Gobierno de la nación impulse
políticas que fomenten la comunicación entre los distintos territorios.
Somos conscientes de que es una medida ambiciosa, pero son demasiadas las
cosas que se hallan en juego: la continuidad del turismo, la agilidad en
el tráfico de mercancías y, en general, estrechar las comunicaciones con
las regiones alejadas del centro, con especial mención de esa España
abandonada que, gracias a nuestra fuerza política, está cada día más de
actualidad en el debate.


Este estudio por parte del Gobierno, para el que
solicitamos a esta Cámara una declaración favorable, debe realizarse sin
perjuicio del cumplimiento de los contratos previamente suscritos con las
empresas concesionarias. Esta es una exigencia del respeto a los derechos
adquiridos y del fundamental principio de seguridad jurídica, los cuales
son inseparables del Estado de derecho, con cuya defensa siempre hemos
estado comprometidos en VOX. La compatibilidad entre liberalización de
peajes para los usuarios y el respeto a los contratos en vigor con las
empresas concesionarias se puede arbitrar a través de fórmulas, como las
propuestas en la moción original, de compensación presupuestaria a las
empresas de los ingresos que dejen de percibir por cesar el cobro de este
peaje.


En definitiva, la política debe compatibilizar la
solución de los problemas concretos con su contemplación más general y a
largo plazo. Por ello, pensando en nuestros compatriotas de Asturias y de
Castilla y León, proponemos esta enmienda poniendo nuestro pensamiento en
el bien común y en el desarrollo futuro de España.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Mulet
García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, presidenta.


El señor Silván recordará perfectamente el debate
que tuvimos en comisión en octubre de 2020, cuando presentó una moción
sobre materia ferroviaria para la ciudad de León y ya en aquel momento le
reprochamos que no hubiera traído la mayoría de las reivindicaciones que
se aprobaron por unanimidad en León. Era una moción presentada allí por
Unión del Pueblo Leonés que usted trajo aquí amputada y, de sus múltiples
peticiones, se olvidó prácticamente de todas. Y hoy lo vuelve a hacer,
porque quiero recordar —y usted seguro lo sabe— que el 21 de
septiembre de 2021, hace pocos meses, se debate y se aprueba por
unanimidad, en las Cortes de Castilla y León, una PNL, también presentada
por Unión del Pueblo Leonés, por su procurador, Luis Mariano Santos, que
pedía dos puntos muy concretos: suprimir el peaje de la AP-66 entre León
y Asturias y suprimir el peaje de la AP-71 entre León y Astorga. Y de
nuevo traslada aquí una petición aprobada en su territorio, también por
su partido político, amputada, a la baja, para pedir mucho menos de lo
que piden en su territorio. No sé qué complejo tienen ustedes, los
leoneses del Partido Popular: no vayan a pedir demasiado para la ciudad,
no vayan a pedir demasiado para revertir la situación de vaciado de la
región leonesa, no sea que les pequen un toque desde Valladolid. Es la
hipocresía normal del Partido Popular. Se vuelve a ver cómo esta misma
PNL, que votaron a favor hace escasos meses, la votaron en contra
en 2016, cuando en España gobernaba M. Rajoy. Entonces, el Partido
Socialista votó a favor. En 2018, esta misma moción se vuelve a presentar
como PNL en las Cortes de Castilla y León; continuaba gobernando M. Rajoy
y vuelven a votar en contra. Por fin, como ya no gobierna M. Rajoy, la
votan a favor en las Cortes de Castilla y León, pero aquí la traen
amputada.


En el debate de las Cortes autonómicas del 22 de
septiembre, el PP, por boca de su procuradora, defiende tanto la
supresión de la AP-71 como de la AP-66. Señores del Partido Popular, no
se preocupen, ahora pueden pedir sin complejos, como no lo hacían en 2016
o en 2018, porque M. Rajoy ya no está gobernando en Madrid. Entonces, no
tienen ningún tipo de problema; pueden pedir también la AP-71, que es lo
que pedimos en nuestra enmienda.


Quiero recordar que la concesión de la AP-66
finalizaba en 2021, después de cuarenta y seis años de concesión, y fue
el Partido Popular, su partido, el que acordó alargar esta concesión
hasta el año 2050, seis días antes de salir del Gobierno. También fue su
partido, el Partido Popular, el que impuso alargar el peaje de la AP-71,
que acababa en 2021, hasta el 2055. Ahora quiere que el Estado, que todos
asumamos la indemnización a estas concesionarias, cuando, si ustedes no
hubieran alargado de manera injustificable el peaje que terminaba
en 2021, ya sería gratuito desde finales de año y no tendríamos que pagar
absolutamente nada. Son ustedes tremendamente hipócritas a la hora de
plantear este tipo de debates. Piden ahora lo contrario que hicieron,
piden ahora lo contrario que votaron en 2016 y en 2018. Por eso entiendo
que es bueno para Castilla y también para León que ustedes no gobiernen
nunca en el Gobierno central, porque así sí que reivindican, aunque que
sea a la baja y amputando las peticiones como hacen. Espero también que
dejen de gobernar la próxima semana en Castilla y León, porque seguro que
entonces ustedes serán mucho más reivindicativos.


Las enmiendas son claras. La primera es de forma,
porque ustedes piden modificar la tramitación de los Presupuestos
Generales del Estado. Como se presentó antes de su aprobación, entendemos
que toca ahora. Es simplemente buscar la fórmula para que se asuma la
gratuidad de la autopista. Y también pedimos incluir la AP-71.


Aprovecho este turno para responder al señor
Maíllo, que no está ahora en el Pleno, porque antes ha hecho una mención
quejándose de la denominación oficial de mi comunidad autónoma. Lo
primero que le diría es que se lea el Estatuto entero, el preámbulo
también. Igualmente quiero recordar que muchas veces el nombre popular de
las cosas es también un nombre reconocido, igual que ustedes se llaman
Partido Popular y en muchos pueblos se les conoce simplemente como los
fachas de siempre. Entonces, no hay ningún problema en los nombres
habituales.


Gracias. (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador.


Tiene la palabra, para la defensa de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Morán
Franco.


La señora MORÁN FRANCO: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías.


Señoras y señores del PP, señor Silván, en su
moción instan al Gobierno a incrementar una dotación presupuestaria para
el año 2022 para compensar a la empresa concesionaria de la autopista
AP-66 entre León y Campomanes por las bonificaciones de peaje a vehículos
ligeros y pesados hasta la supresión total del mismo.


Estoy perpleja. El PSOE lleva en el Gobierno casi
cuatro años y parece que somos los que originamos el problema. ¿Por qué
no lo resolvieron los gobiernos del PP cuando podían hacerlo y gobernaban
con mayoría absoluta? (Aplausos). La autopista debería ser libre de peaje
hoy en día, y fue prorrogada hasta el año 2050 con José María Aznar como
presidente del Gobierno. En Castilla y León y en Asturias sabemos que hay
un único responsable: el Partido Popular (Aplausos), y que este Gobierno
va a tener que enmendar lo que ustedes, señores del PP y señoras del PP,
decidieron en su día. Cuando eres Gobierno amplías la concesión hasta
el 2050 y cuando eres oposición le pides al Gobierno —en este caso
al Gobierno socialista— que lo resuelva, como todos los entuertos
en los que nos metemos. (Aplausos). Qué falta total de coherencia. ¿No
será que hay elecciones en Castilla y León y que, como el día 13 no
tienen nada que ofrecer, esta moción forma parte de su estrategia para
hacer ruido y tapar la indecente gestión del señor Mañueco al frente de
la Junta de Castilla y León? (Aplausos).


Señores del PP, para la autopista AP-66 se destina
la importante cantidad de 6,16 millones de euros en los Presupuestos
Generales del Estado para el 2022 en bonificaciones; bonificaciones que
ya fueron aprobadas por el Gobierno socialista en los años 2006 y 2007;
para vehículos pesados un 30 % del importe del peaje y por habitualidad
de hasta el 50 % para vehículos ligeros recurrentes, respectivamente. El
descuento para vehículos pesados en 2020 ha supuesto 3,81 millones de
euros y para vehículos ligeros, 1,29 millones de euros, incrementando las
partidas de bonificaciones destinadas a la AP-66, a la autopista del
Huerna, que seguirán ampliando. El Gobierno quiere explorar medidas que
puedan abaratar el coste del peaje en esta autopista y que, en todo caso,
serán consensuadas con el Principado de Asturias y con Castilla y León
para aligerar la carga que supone el pago de un peaje que se encuentra en
vigor desde hace muchos años gracias al Partido Popular.


Por todo ello, presentamos esta enmienda de
sustitución: El Senado insta al Gobierno a estudiar medidas que puedan
abaratar el coste del peaje en la autopista AP-66 Campomanes-León.
Señores y señoras del PP, ayudan bien poco a su candidato, Mañueco, con
esta moción; ruido y más ruido. ¿Tan inseguros están? Si tienen un mínimo
de sentido común, acepten esta enmienda de sustitución por el bien de los
ciudadanos de Castilla y León y de Asturias.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
senadora.


Tiene la palabra el autor de la moción, el senador
Silván, para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.


El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Gracias, señora
presidenta.


Ya les adelanto que el Grupo Parlamentario Popular
no va a aceptar ninguna de las enmiendas presentadas tanto por Vox,
señora Merelo, como por el Grupo de Izquierda Confederal, señor Mulet
—al que ahora le contestaré alguna cosa—, y por la señora
Morán. La razón es que las diferentes enmiendas recogen lo que podríamos
llamar patada a seguir, es decir, mantener la situación actual. Y los
populares queremos ir más allá y queremos que antes de la supresión del
peaje, que es nuestro objetivo, se materialice ese apoyo a través de esa
importante cantidad de 45 millones de euros para compensar a la
concesionaria; y no 9 millones, porque ni para pipas, si me permiten la
expresión. Y queremos ya que se cumpla esa promesa de hace dieciocho
años; queremos certezas y queremos concreciones, y los populares las
cuantificamos en esos 45 millones de euros. Las enmiendas hablan de
conceptos y términos indeterminados: adoptar medidas, seguir adoptando
medidas, estudiar medidas, estudiar la liberalización. Parece mentira,
señor Mulet. ¿Así se defiende un territorio? Por eso presentamos esta
moción. Señor Mulet, usted defenderá a León. No se desde dónde, pero
nunca más y nunca tanto como yo al menos. (Aplausos). Se lo digo así de
claro: nunca más que yo.


Hemos hablado aquí de peajes, hemos hablado aquí de
ferrocarriles; ¡ya lo creo que hemos hablado! Y usted, la callada por
respuesta. Eso sí, cuando entramos en periodos electorales, ustedes
tienen buenos amigos en León y les trasladan ideas, pero ¿sabe lo que le
pasa, señor Mulet? Que habla de oídas, no de conocimientos. (Aplausos). Y
para defender León hay que hablar con conocimientos. Y como leonés que
soy, me brindo a enseñarle las necesidades y las demandas que tiene León;
se lo brindo, pero además se lo brindo allí, in situ, no aquí haciendo
manifestaciones de salón. Sea valiente y vote a favor de esta enmienda.
Así sabremos que defiende usted León, porque lo demás es toreo de
salón.


Señora Morán, no creo yo que el señor Zapatero sea
o haya sido del Partido Popular. No creo yo que la ministra doña
Magdalena Álvarez sea o haya sido del Partido Popular. No creo yo que el
señor Borrell, que quiso poner un peaje en el tramo Benavente-León, sea o
haya sido del Partido Popular. Esa es la realidad, y su hoja de ruta
cuando gobiernan es la misma: subir los impuestos y poner peajes. ¿Para
qué? Para paliar su nefasta gestión económica siempre que gobiernan.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
senador.


Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, consideramos que esta iniciativa referida
a la autopista del Huerna merece todo nuestro apoyo a pesar de que el
grupo proponente no haya aceptado nuestra enmienda. Hablamos de una
autopista en la que se paga uno de los peajes más caros de España y que,
además, comunica una región alejada del centro de la Península, como es
Asturias, con otra región que ha sufrido especialmente el abandono y la
desidia de los poderes públicos, que es Castilla y León. Estos peajes
elevados suponen una restricción para las comunicaciones entre ambas
regiones y de ellas con el resto de España. Por tanto, estamos hablando
de graves perjuicios para la circulación de personas y para el transporte
de mercancías, lo cual en estos momentos de crisis económica es una
amenaza para el tráfico comercial, para el turismo, para los sectores
productivos de ambas regiones y para el bienestar de nuestros
compatriotas de Asturias, de Castilla y León y de los españoles en
general. Así, aprovechamos esta ocasión para pedir al Gobierno que adopte
medidas análogas en todas las autopistas de España para que no se
establezcan restricciones al transporte.


Por otro lado, reclamamos también una rebaja de los
impuestos al carburante, vehículos de tracción mecánica o análogos que,
en definitiva, supongan un impuesto a la circulación de vehículos. No
tiene sentido que se pague lo que equivaldría a una tasa por uso, como
los peajes, y los impuestos por el mismo hecho imponible, como son la
tracción mecánica, las viñetas de circulación, los combustibles,
etcétera. Es un abuso tanto por la duplicidad como por el excesivo coste
que conlleva cada uno de ellos. Los españoles, que están sumidos en una
crisis y cuyo poder adquisitivo es cada vez menor, ven cómo su Gobierno
siempre se preocupa más por aspectos ideológicos que deberían ser
secundarios. Prioricen y hagan la vida más fácil a sus ciudadanos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra el senador Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidenta.


La presente moción es un claro ejemplo más de la
ineficiencia del bipartidismo que no soluciona, que alarga los problemas
de los ciudadanos sin aportar soluciones a corto plazo, sin pragmatismo
ni rigor alguno. Ciudadanos apoyará esta moción del Grupo Popular porque
la consideramos justa; sí, pero no vamos a obviar que es una moción
profundamente hipócrita, porque no olvidemos que fue el Gobierno de los
populares, presidido por el señor Aznar, el que en el año 2000 prorroga
la concesión de una autopista de peaje que castiga a los
castellanoleoneses y asturianos hasta el 2050. Y un Gobierno socialista,
presidido por el señor Zapatero, fue el que en el 2004 promete con
vehemencia ante miles de asturianos que se eliminaría este peaje del
Huerna. Hoy, en 2022, dieciocho años después, este Gobierno sigue sin
aclararse. Llevan desde hace más de dos años o bien sumidos en la
confusión con este tema, sin saber qué hacer, o bien con una gran
mentira, porque sí saben lo que van a hacer y no nos lo quieren contar.
Agosto de 2019: oímos al anterior ministro, el señor Ábalos, decir que el
Gobierno se planteaba un pago simbólico por el uso de las autovías,
mientras que en diciembre se fotografiaba en la AP-4 y la AP-7 levantando
barreras, orgulloso de haber terminado con los peajes; es decir, quitaba
los peajes que iba a sustituir por otros peajes y los llamaba simbólicos,
como si el dinero con el que íbamos a pagar todos fuera simbólico, como
si fuera dinero del Monopoly. Desde entonces todo ha sido un goteo de
intenciones. Septiembre de 2020: un informe de trabajo del Ministerio de
Transporte manifestaba que acabar con los peajes era insostenible. Abril
de 2021: nos enteramos de que el Gobierno había mandado a Europa un
documento en el cual condicionaba la llegada de los fondos europeos y,
curiosamente, aparecía el pago por uso como uno de los compromisos que se
adquirían. Peaje simbólico, decía el señor Ábalos. Lo de simbólico ya
empieza a coger cuerpo y a convertirse en algo cada vez más real.
Llegamos al año 2022: la nueva ministra, la señora Sánchez, que venía a
traer aires nuevos al ministerio, mantiene la misma postura. Nos van a
poner un impuesto más. Sí, señorías, es un impuesto más. Nos mienten y
nos mienten, porque vamos a pagarlo todos: los autónomos, los
transportistas, la clase media trabajadora, los ciudadanos, usemos o no
la autopista. El problema es que nos han engañado y nos han engañado
siempre; ahora nos engaña el Partido Socialista cuando gobierna y antes
nos engañó el Partido Popular. Ambos apostaban o bien por prorrogar
concesiones y mantener peajes, como hizo el Partido Popular, o bien por
quitarlos para volver a ponerlos, como hace el Partido Socialista.


La posición de Ciudadanos en este tema va a ser
siempre tratar a los españoles como personas maduras y, sobre todo,
explicar que las carreteras y su mantenimiento, por supuesto, no son
gratis. En Ciudadanos optamos por tener un modelo viable, una propuesta
coherente sobre la que podamos debatir y acordar la financiación de la
construcción y mantenimiento de las vías. Queremos hacerlo y queremos
explicárselo sin mentir a nadie, sin tratar a los españoles como niños,
como hace el bipartidismo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
el senador Mulet García tiene la palabra.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, presidenta.


Señor Silván, su intervención parecía un mitin. He
entendido que no era un mitin porque no había vacas ni ovejas, que es lo
que se lleva ahora en Castilla y León. (Protestas.— Rumores). En su
intervención únicamente ha dicho una verdad; ha dicho una verdad en su
réplica, y es que tenemos buenos amigos en León; efectivamente, es
verdad. No hace falta que usted nos explique nada de lo que está pasando
en León porque directamente la Unión del Pueblo Leonés sabe que trabaja
más en esta Cámara sin estar que usted estando, porque desde 2020 hasta
ahora es la segunda vez que le oigo intervenir. Estamos en campaña en
Castilla y León y está muy bien que salga usted aquí y luego venda en su
territorio que ha venido a defender una infraestructura para su tierra,
pero usted no me ha explicado por qué ustedes no piden hoy disculpas a
León por alargar injustamente la concesión de la AP-66 o de la AP-71. Son
ustedes los únicos responsables de que hoy los leoneses y las leonesas,
los asturianos y los gallegos que pueden utilizar la AP-66 o la AP-71
estén todavía pagando peajes. Lo que quieren ustedes hoy es que
—porque ustedes tuvieron la enorme gracia de alargar esa concesión
de manera injusta— el Estado asuma esa deuda con las
concesionarias. O sea, ustedes gobiernan para las concesionarias, no
gobiernan para las personas y hoy quiere que todos carguemos con esa
decisión tan arbitraria que ustedes tuvieron. Lo primero que tienen que
hacer hoy es pedir disculpas a los leoneses y las leonesas. No han
explicado por qué no quieren incluir la AP-71, cuando ustedes lo
defendían hace escasos meses en el Parlamento autonómico. Tampoco
entiendo cómo el Partido Socialista votaba a favor en el Parlamento
autonómico de la liberalización y de buscar el rescate de la AP-66 y de
la AP-71, y hoy simplemente buscan una rebaja en el precio del peaje.
Ustedes hacen un discurso en un territorio y cuando llegan aquí se
pliegan a los intereses de los partidos. Es muy complicado contradecir lo
que se dice desde León. Es muy bonito pedir máximos, pero, claro, luego
tienen que pedir permiso a Valladolid y luego tienen que pedir permiso a
su partido aquí, en Madrid. Por eso, vienen con propuestas de mínimos,
como esta. No podemos estar en contra, obviamente, pero es una propuesta
de mínimos que deja en la estacada lo que ustedes pedían en el Parlamento
autonómico. Queremos repetir que hoy estas autopistas serían gratuitas si
no fuera por ustedes, señores del Partido Popular.


A pesar de la barbaridad que supone que por su
culpa tengamos que pagar una indemnización astronómica a las
concesionarias, que no se lo merecían, podría ser positivo que se
rescataran estas autopistas. Esto supondría el desarrollo logístico de la
provincia de León; la conexión con los puertos asturianos, como ustedes
plantean, pero también la conexión con los puertos gallegos, como se
propone con la liberalización de la AP-71; descongestionaría, de paso, la
nacional 630, paralela a la AP-66, y la nacional 120, paralela a la
AP-71. Obviamente, esta solución es mucho más económica para las arcas
públicas que el coste que supone a fecha de hoy y que lastra la
dinamización económica de esta región tener que elegir o la AP-66 o
atravesar el puerto de montaña de Pajares por la nacional 630. Esta
moción es una falta clara de ambición. Nosotros, no como Compromís, sino
como socios de la Unión del Pueblo Leonés, solicitamos lo que se pedía en
el Parlamento autonómico en 2016 y en 2018 y que se aprobó hace escasos
meses.


Hace poco la ministra de Fomento declaraba que no
veía posible rescatar el peaje de León a Asturias, alegando costes
económicos, como si no tuviera coste económico, por ejemplo, el
transporte de mercancías por esos territorios con peajes o el impacto
sanitario que pueda tener la peligrosidad de la nacional 630. No lo
entendemos y no ha explicado por qué amputan y por qué no aceptan pedir
también la AP-71, ya que pedir es gratis y ahora que no gobiernan ustedes
no tiene ningún coste electoral. Seguramente tendrán que explicar cuando
hagan campaña en Ponferrada, en Astorga o en El Bierzo por qué se olvidan
de una reivindicación que allí sí que la piden, pero aquí omiten. Es tan
fácil como aceptar la segunda enmienda, que simplemente pide incorporar
lo que se solicitaba en las Cortes de Castilla y León. Sabemos que detrás
de este debate está el debate de qué tipo de transporte queremos.
Obviamente, apostamos por un transporte por ferrocarril, un transporte
verde, un transporte descongestionado. El transporte por carretera no es
nuestra opción, pero entendemos que, como la política ferroviaria de un
Gobierno y del otro ha sido tan caótica, hoy por hoy lo más viable y lo
más inmediato sería buscar una solución a los peajes de las
autopistas.


Gracias, señoría.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco,
la senadora Vaquero Montero.


La señora VAQUERO MONTERO: Mila esker. Con su
permiso, voy a hablar desde el escaño.


Nuestro grupo no va a apoyar esta moción presentada
por el Grupo Popular. Pensamos que lo lógico habría sido modificarla,
debido a que lo que se propone formaba parte del debate de los
Presupuestos Generales del Estado. Pero, evidentemente, este es un
escenario ideal para una campaña política, tal como se está viendo hoy,
que corresponde a Castilla y León. Estamos en campaña, y es un tema que
se ha presentado con ese fin, aunque tengo que reconocer que hay una
moción previa, que todavía no se ha debatido en comisión, que trata este
tema y que hasta ahora no ha sido prioritaria para el debate.


Pero más allá de lo que dice la moción sobre el
agravio comparativo que está denunciando, entendemos que el tema de los
peajes, de la financiación de las infraestructuras del transporte,
requiere de un debate sereno y no demagógico en el que se dé cumplimiento
a lo que dice la directiva europea de que quien usa la infraestructura y
contamina tiene que pagar. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con hacer
un uso demagógico de la financiación de las infraestructuras, y más
teniendo en cuenta que después vamos a debatir una moción en la que vamos
a hablar de eliminar los tráficos de la carretera para ir al modo
ferrocarril. Como digo, entendemos que tiene que haber un debate sereno
sobre la financiación de las infraestructuras y no hacer un uso
demagógico y electoralista de este tema.


Mila esker.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.


Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Silván
Rodríguez tiene la palabra.


El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Quizás empiece por donde acabé mi intervención
anterior. Los distintos grupos enmendantes están manifestando con las
enmiendas que quieren mantener el statu quo, mantener la situación
actual, y no es para nada lo que se traduce en nuestra moción, de ahí que
no aceptemos ninguna de las enmiendas. Sean valientes. Esa defensa de
León, esa defensa de Asturias, esa defensa de la España equilibrada, se
demuestra apoyando esta moción.


Señor Mulet, ¿usted cree que con su enmienda se
defiende a los leoneses diciendo que el Senado inste al Gobierno a
adoptar las medidas oportunas y efectivas para hacer posible la inmediata
compensación a la empresa concesionaria? ¿Usted cree, de verdad, que con
eso se defiende a los leoneses? (Asentimiento del señor Mulet García).
Rotundamente no. Y le digo una cosa: si vota en contra, está a favor de
incrementar el peaje y de mantener el peaje de la autopista, el peaje por
kilómetro más caro de la red viaria española. Sea valiente y vote a
favor; entonces los leoneses le creeremos, aquí, en sede parlamentaria, y
también allí, en León. Por cierto, desde aquí, desde el Senado, y desde
Castilla y León, siempre diremos sí a nuestra ganadería, sí a nuestra
agricultura, sí a nuestros ganaderos, sí a nuestros agricultores.
(Aplausos). Y sabemos que usted está más cerca cuando no se identifica
con la posición del ministro que ataca a España, y además, fuera de
ella.


Señora Morán, le invito a través de usted y a
través de la interlocución con los compañeros de bancada a que de una vez
por todas cumplan la promesa incumplida del presidente José Luis
Rodríguez Zapatero, asumida ante leoneses y asturianos en el año 2004. ¿Y
cómo?






Sencillamente, votando a favor de esta moción, que es un paso
previo a lo que el señor Rodríguez Zapatero prometió: la supresión del
peaje. Nosotros somos conscientes de esa realidad y decimos: no, la
supresión es un paso futuro. El primer paso es poner en los presupuestos
ese importe de 45 millones de euros, y con eso se defendería claramente a
asturianos y leoneses y a nuestro tráfico por esa autopista. Pero le digo
una cosa: no tengo ninguna esperanza, porque, además de no cumplir la
palabra dada o de mentir después de dieciocho años, además de todo eso,
saben que no van a suprimir el peaje del Huerna; todos sabemos que van a
implantar más peajes, y ahora no solo en autopistas, sino también en
autovías y carreteras convencionales. Y no estamos hablando de estudios,
estamos hablando de un documento oficial de nuestro Gobierno, de su
Gobierno, del Gobierno Sánchez, que remitió a Europa para recibir
los 70 000 millones de los fondos europeos. Sí, esos que ustedes graciosa
y sectariamente están distribuyendo de manera discriminatoria.


Y no digo más. Ha sido el único Gobierno, el único
presidente, que, en un documento aprobado, un documento votado y
presentado ante Europa, dice que no solo peajes en autopistas, sino
también en autovías y carreteras convencionales. (El señor presidente
ocupa la Presidencia). Mal vamos a circular por esas autovías y
carreteras convencionales si ustedes imponen esos peajes. Es un auténtico
despropósito, es pagar dos veces por una carretera ya construida, una
carretera también pagada y una carretera que, señoría, es ya gratuita. Y
los españoles tenemos también un derecho adquirido que se tiene que
manifestar ahí. Una vez más, impuestos, cargas, peajes... ¿Para qué? Para
salvar su nefasta gestión económica, diaria cuando gobiernan en España.
Por eso les digo que tengo muy pocas esperanzas de que voten a favor de
esta moción Y usted, como leonesa, y su compañero el señor Vidal, como
leonés, tienen la oportunidad hoy de demostrar esa defensa de León
votando a favor e instando a sus compañeros a que voten a favor. Pero me
temo que van a seguir por la linde.


No hagan campaña electoral de salón…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: … y hagan una
campaña electoral positiva de defensa de los leoneses votando a favor de
esta moción. Y no contribuyan a aumentar más aún la deficiente
competitividad, a veces por razón de esos peajes, de nuestros centros
productores.


El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría, por
favor.


El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Acabo, señor
presidente.


Acabe y complete también esta petición…
(Fuertes rumores). Acabo, señorías, no se pongan nerviosos. No se pongan
nerviosos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, un momento de
silencio, por favor.


El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Voten a favor de esta
moción, y estaremos todos contentos de la defensa que, desde aquí, desde
el Senado, se hace a leoneses y a asturianos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Silván.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tomará la
palabra su señoría Vidal Varela.


El señor VIDAL VARELA: Sí, señor presidente.


Señorías, señor Silván, los leoneses, los senadores
leoneses y los parlamentarios leoneses en general defendemos León, y se
lo voy a demostrar. Esta moción que hoy tratamos aquí procede de una
interpelación de la senadora de Asturias Mercedes Fernández, en
noviembre, que defendía a su Asturias; también la mía por razones de
parentesco y laborales y también del señor Silván. La ministra en aquel
momento le respondió con argumentos contundentes admitiendo más
bonificaciones y nuevas medidas en colaboración con las comunidades
afectadas. Parece que sirvió de muy poco, porque el señor Silván
—vecino mío, de mi barrio, por cierto— vuelve a preguntar lo
mismo. Qué cara más dura tienes, compañero Silván, exconsejero de Fomento
que fuiste de los años 2003 a 2015 (Aplausos), doce años. Nunca vimos que
mencionaras la autopista ni el peaje en todos esos años.


Voy a señalar un detalle importante. La senadora
citada y el senador Silván compararon la A-66 con la AP-66. Aclaro este
tema. Se llama Ruta de la Plata, Sevilla-Gijón, a su paso por la
provincia de León y tiene dos vías: la autovía A-66, Benavente-León, que
pasado León se convierte en peaje hasta Campomanes, con unos paisajes
maravillosos que recomiendo que visiten. Dijo la senadora en aquel
momento: Gracias a la gestión y a la decisión del Gobierno Aznar la A-66
se construyó en tres años, en tiempo récord y sin peaje. Y dio por hecho
que toda obra pública rápida y barata es un beneficio para la ciudadanía.
Pues, miren, no lo fue. Esto ocurrió por el año 2003, cuando ya Mañueco
era consejero de la Presidencia en la Junta de Castilla y León. Bien, esa
autovía A-66 en pocos años tuvo baches y socavones, más profundos durante
la época de la crisis económica, años en los que, por cierto, el PP
aprovechó para ahorrar en carreteras, en servicios sociales, en las cosas
del día a día, y no así en los bancos rescatados, que siguen destruyendo
empleo y suprimiendo servicios en las zonas rurales.


Sigo con los baches del señor Álvarez-Cascos, que
fue el autor, del asturiano Álvarez-Cascos. Hablamos de 53 kilómetros de
grietas en cada sentido, velocidad limitada a 100 —a veces
a 80—, 11 000 vehículos diarios y 20 accidentes al año, algunos
graves. Y sí, es cierto, el señor Cascos quitó el peaje de la autovía
A-66 y lo puso en la A-71, que mencionaba el señor Mulet. Ahí lo puso, en
la León-Astorga. (Aplausos). La A-66 se llegó a llamar por la prensa la
autovía del infierno. Se convirtió en la única autovía del mundo
civilizado en la que se permitía de hecho, que no de derecho, circular
por el carril de adelantamiento o utilizarlo para adelantar y seguir
varios kilómetros usando la picaresca. Son baches que el Gobierno actual
ha solucionado mediante el programa de conservación y explotación de
carreteras del Estado en los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021, y que
sigue en el 2022, dotando de dinero suficiente a esa reconstrucción
estructural del firme de la calzada. Así de sencillo. Baches que, por
cierto, usted ya ha visto reparados, señor Silván.


Y paso ahora a la AP-66, la de peaje. Ruego
atención para no perderse, aunque procuraré ser didáctico. El momento
inicial de este tema es el año 75. La AP-66, León-Campomanes, fue
adjudicada por cuarenta y seis años, hasta octubre del año pasado. Los
primeros años tuvo dificultades económicas por el importante coste de
construcción. Era una zona de montaña, túneles, atraviesa la cordillera
cantábrica, etcétera. En el año 83 el Estado tiene que nacionalizarla y
pasarla a la empresa que luego se llamara Aucalsa, que estuvo
gestionándola hasta el año 21 porque tenía que hacerlo. Hubo dos
decisiones intermedias. En el año 2000 el Gobierno de Aznar, y como
ministro de Fomento Arias-Salgado, dicta un decreto en el que fija como
fecha final del plazo octubre de 2050 —señores, 2050—. Y en
el año 2003 el Gobierno de Aznar la privatiza —¿les suena la
palabra?— Es decir, primero prorroga la carga del peaje veintinueve
años más y luego la privatiza. Situación actual: el Gobierno de Pedro
Sánchez se encuentra con este sistema de bonificaciones creado por
Zapatero y sigue incrementándolas, como ha dicho mi compañera.


Resumiendo, ¿qué hizo el PP por los leoneses? Pues
nada, prorrogar la carga veintinueve años más y después privatizarla.
¿Qué ha hecho el Gobierno del Partido Socialista actual? Una gestión
equilibrada y justa para todos los ciudadanos y territorios, con medidas
como liberar peajes, rebajar las tarifas con bonificaciones y estudiar
nuevas medidas con el Principado de Asturias y la Junta de Castilla y
León. Por cierto, Junta de Castilla y León que el día 14 de febrero
dirigirá Luis Tudanca. (Aplausos).


Acabo, señor presidente.


Por cierto, se me olvidaba, señor Silván: no sé si
ya se lo ha comentado al señor Mañueco, su contrincante en las primarias,
esas que están en vía judicial, uno de los motivos de adelanto electoral
en nuestra comunidad. Señores del PP y compañeros de Mañueco, ¿cuántos
años tuvieron para hacer lo que proponen ahora y no hicieron? Dejen de
hacer demagogia con las cosas serias, especialmente estando en campaña
electoral, con unas elecciones convocadas a medida por ustedes para
lucimiento del PP nacional sin pensar en la gente de Castilla y
León.


Después de todo esto, diré que nos abstenemos en
este apartado.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Señorías, esta moción se votará en sus propios
términos y será sometida a dicha votación durante el plazo que esta
Presidencia abrirá al concluir el debate de la primera moción
ordinaria.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




LECTURA ÚNICA





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO
CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA. (Proclamación del resultado de las votaciones).


621/000044



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder
a la proclamación de resultados de votaciones telemáticas.


El señor presidente lee los puntos 7., 7.1.
y 7.1.1.


Propuesta de veto número 1, de sus señorías
Miguel Sánchez López, María Ponce Gallardo y José Luis Muñoz
Lagares.


Votos emitidos, 261; a favor, 5; en
contra, 256.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta de veto número 2, de sus señorías
José Manuel Marín Gascón, Jacobo González-Robatto Perote y Yolanda Merelo
Palomares.


Votos emitidos, 261; a favor, 5; en
contra, 256.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votación del proyecto de ley.


Votos emitidos, 261; a favor 253; en contra, 5;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Queda aprobado definitivamente por las Cortes
Generales el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23
de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
EXTENSIÓN DEL PROGRAMA CAMPUS RURAL A LOS ESTUDIANTES DE FORMACIÓN
PROFESIONAL (FP).


662/000097

GPS


El señor presidente lee los puntos 10. y 10.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han
presentado cuatro enmiendas: una del Grupo Parlamentario Popular, una del
Grupo Parlamentario Democrático, y dos del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario Socialista, su señoría el senador Díaz Muñoz.


El señor DÍAZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario
Socialista trae hoy aquí una moción que creemos de especial relevancia
para nuestro país, una moción que aúna dos cuestiones en las que este
Gobierno está trabajando con muchísima intensidad y muchísima
credibilidad: el reto demográfico y la formación profesional. Miren,
señorías, en nuestro país existen muchas brechas, brechas que un
Gobierno, cualquier Gobierno, tiene el deber de intentar reducir. Qué les
voy a decir yo, que soy un joven castellanoleonés, de una tierra
enormemente castigada, una tierra en la que las brechas territoriales y
las brechas sociales son patentes y que sufre especialmente en sus carnes
la gente de mi generación, una tierra castigada por un Gobierno sumido en
la autocomplacencia y la desidia. Un Gobierno, señorías, que va a
finalizar el 13 de febrero con la victoria del Partido Socialista de
Castilla y León en las elecciones. (Aplausos).


Señorías, trabajamos para dignificar la ruralidad,
trabajamos para dignificar la vida en el medio rural, trabajamos para dar
vida a nuestros pueblos y nuestras ciudades. A eso se dedica el Gobierno
de España. A eso se dedica a la Secretaría General para el Reto
Demográfico, que, como saben, hace pocos meses ha aprobado un paquete
de 130 medidas innovadoras que cuentan con presupuesto y que están ya en
marcha y empezando a funcionar en muchos pueblos y provincias de nuestro
país. Una de esas medidas es el Erasmus rural. Conocerán todos ustedes el
programa Erasmus, del que han disfrutado casi tres millones de
universitarios europeos desde que se puso en marcha en el curso 87-88. De
hecho, España es el país que más estudiantes recibe y que más estudiantes
envía también a estudiar con este tipo de programas. Qué les voy a decir
yo, que soy salmantino y conozco de primera mano, con una universidad de
gran excelencia, el impacto que tiene a nivel cultural, emocional, de
ruptura de fronteras y de eliminación de barreras el hecho de que tanta
gente de tan diversos países pueda convivir durante unos meses en un
mismo espacio formándose académicamente.


¿Qué podría ocurrir, señorías, si este modelo
Erasmus se trasladara para reducir una brecha que existe y que nos
preocupa, que es la existente entre el medio rural y el medio urbano?
¿Qué podría ocurrir, señorías, si cientos de estudiantes universitarios,
y también de FP, que es por lo que traemos esta moción, al acabar sus
estudios de formación profesional básica o de formación profesional
superior en la universidad pudieran hacer prácticas en el medio rural,
conocer cómo se vive en los pueblos, conocer que en los pueblos hay vida,
conocer que en los pueblos merece la pena formar, si así lo desean, un
proyecto vital? De este programa Erasmus, que, como digo, se ha puesto en
marcha este año, ya se benefician 200 alumnos universitarios que pueden
desarrollar sus prácticas entre tres y cinco meses de forma remunerada,
recibiendo hasta 1000 euros al mes en el medio rural, y también dando
vida a las empresas y el tejido productivo y empresarial que allí existe.
¿Por qué no ampliarlo a la formación profesional? ¿Por qué no hacerlo
ahora, cuando el Gobierno de España tiene una decidida apuesta por el
Programa de formación profesional, que se va a tratar, por cierto, en
próximas fechas en esta Cámara, con esta nueva ley que impulsa la
formación profesional dual, que impulsa un nuevo modelo en el que se van
a ofertar más plazas, se va a ofertar una formación profesional acorde a
las circunstancias para que los jóvenes que lo deseen puedan emprender
unos estudios tan dignos? Porque esa es otra cuestión: hay que dignificar
la FP frente al falso estigma de que quien iba a la universidad era
superior por el mero hecho de optar por estudios universitarios.
(Aplausos). ¿Por qué no aprovechar este tirón, como digo, para dar vida
al tejido empresarial de nuestro medio rural?


Y es que, señorías, en estos días de campaña
intensa en la que algunos estamos inmersos —y muchos de los que
están por aquí evidentemente también lo están— vemos diversas
formas de entender la ruralidad. Los socialistas entendemos la ruralidad
como dar vida a nuestros pueblos con servicios públicos de calidad, con
servicios públicos que permitan que no haya ciudadanos de segunda por el
mero hecho de residir en pequeñas ciudades o pequeños municipios.
(Aplausos). Claro, hay quienes se unen ahora a este modelo de ruralidad
con promesas falsas. Fíjense qué puede pensar un habitante de Molinillo,
que es un pequeño municipio de la provincia de Salamanca, en la Sierra de
Francia —una zona preciosa, por cierto, que les invito a
conocer—, donde llevan dos años sin recibir un médico en su
consultorio, dos años por la política sanitaria que está llevando a cabo
el presidente Alfonso Fernández Mañueco, dos años de recortes que están
destruyendo el medio rural en Castilla y León. (Aplausos). El otro modelo
de ruralidad es el que vemos en campaña, el modelo de hacerse la foto con
atuendos pintorescos en algunos casos, con granjas y ganado detrás,
cuando Castilla y León, que tiene competencias en los ámbitos ganadero y
agrícola, es una comunidad autónoma que pierde a chorros agricultores,
que pierde a chorros ganaderos, que pierde a chorros explotaciones
agrarias. (Aplausos). Como para que vengan aquí algunos a darnos
lecciones todos los días, lecciones que no se las cree nadie. Esa es la
mala noticia que les voy a dar: no se las cree nadie porque llevan
treinta y cinco años dedicados a otras cosas, llevan treinta y cinco años
malgobernando Castilla y León. Y yo me pregunto a qué se han dedicado
ustedes en estos treinta y cinco años, a qué se han dedicado ustedes
cuando Castilla y León ha perdido 200 000 habitantes en los treinta y
cinco años que llevan gobernando. Mientras España ha ganado un montón de
población, mientras comunidades autónomas que tienen problemas de
despoblación, como Castilla-La Mancha o Aragón, han ganado población,
Castilla y León se desangra, ha perdido el 7 % desde que ustedes
gobiernan. Pero esto se va a acabar. Decía: ¿a qué se dedican? ¿De qué
están ustedes preocupados cuando han convocado elecciones de una forma
tan apresurada? Se lo voy a decir: caso Primarias, Eólica, Perla Negra,
Gürtel, Lezo, Púnica, la corrupción inmunda del Partido Popular en
Castilla y León, la corrupción de un régimen. (Aplausos), un régimen que
va a finalizar, como decía, el 13 de febrero, porque así va a ser el
deseo mayoritario de los castellanoleoneses. Por lo tanto, señorías, yo
les diría que se pongan a trabajar. Trabajará un Gobierno socialista en
Castilla y León por solucionar problemas complicados, problemas
estructurales, problemas que, desde luego, no se van a solucionar en dos
tardes tampoco, pero que con voluntad política se pueden abordar, con un
Gobierno de España que apoya, con un Gobierno de España que va a
invertir 8500 millones de euros de los fondos europeos única y
exclusivamente al medio rural, destinados única y exclusivamente al campo
y a mejorar la vida en nuestros municipios.


Señorías, ustedes a lo suyo: a sus guerras, al
Twitter, a desestabilizar gobiernos, a no aprobar presupuestos, a
disolver un Gobierno vía Twitter, al más puro estilo trumpista; nosotros,
a proponer; nosotros, a trabajar; nosotros, a dar vida y esperanza a una
Castilla y León y a una juventud muy especialmente que, créanme, lo
necesita y lo demanda. (Aplausos). A ello nos vamos a dedicar en el Grupo
Parlamentario Socialista y a ello nos dedicaremos a partir del 13 de
febrero, gobernando la Junta de Castilla y León después de treinta y
cinco años.


Muchísimas gracias. (Fuertes aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, tomará la palabra su señoría la senadora
Adrados Gautier.


La señora ADRADOS GAUTIER: Gracias, señor
presidente.


Señorías, señor Díaz, el Grupo Popular ha
presentado una enmienda de modificación a la moción presentada por el
Grupo Socialista. Más allá del mitin que usted nos acaba de soltar, no sé
cómo no se le cae la cara de vergüenza de hablar de corrupción cuando
ustedes, con el dinero de la formación profesional, el dinero de los
parados, han hecho el mayor caso de corrupción que ha habido en España.
(Aplausos). Y eso, señoría, es la antesala de lo que van a hacer con los
fondos europeos.


Pero volvamos a la formación profesional. Yo creo
que el Senado no tiene que instar al Gobierno a hacer estudios, como
plantea la moción. Instemos a que ese programa se extienda a la formación
profesional, porque, si no, sería una moción vacía de contenido, que creo
que era lo que pretendía para hacer su mitin.


En segundo lugar, en el texto de la enmienda se
especifican los tres grados de formación profesional porque ustedes dejan
fuera la formación profesional de grado superior. Supongo que es una
omisión, pero creo que es importante, porque esos programas se van a
utilizar precisamente más en el caso de los titulados de grado superior y
de grado medio, de ahí que se especifique en la enmienda.


Creo que se deberían incluir las enseñanzas
artísticas, tanto los profesionales como las superiores, de artes
plásticas y diseño, así como de música y de artes escénicas. Y deben
tener cabida, porque el objetivo es que exista igualdad de oportunidades
entre el alumnado de las distintas familias de formación y también los
tipos de enseñanza para que los jóvenes puedan realizar esas prácticas en
entornos rurales o en riesgo de despoblación. Ustedes proponen un
programa muy parecido al Erasmus+. Creo que quieren ofrecer —no lo
ha explicado muy bien— experiencias prácticas en entornos
profesionales similares, aun cuando estas se desarrollen en entornos
rurales en España. Y creo, de verdad, que es muy importante incluir estas
enseñanzas de régimen especial. Porque ¿cómo se entiende que se pueda
concurrir a esos programas si se es un estudiante de los distintos ciclos
de formación profesional, por ejemplo, de la familia de vidrio y cerámica
y, sin embargo, no se pueda concurrir a ellos si los alumnos cursan en
escuelas de arte? Por ejemplo, el título de técnico superior de artes
plásticas o de diseño de cerámica artística. Comparten competencias
profesionales, hay una gran similitud entre ellas, sin embargo, unos
estudios se realizan en centros integrados o en IES y otros se hacen en
escuelas de arte. Señor Díaz, creo que no se deben dejar fuera porque la
propuesta de inclusión enriquece. Las enseñanzas artísticas, además,
ponen en valor el patrimonio histórico y cultural que atesoran nuestros
pueblos, que tienen un potencial de crecimiento muy considerable,
especialmente en el ámbito del turismo.


Por último, la referencia que se hace en la
enmienda a las personas con necesidades especiales es algo que recogen la
Carta Social Europea y también el programa Erasmus+. Simplemente es un
tema de equidad y de igualdad de oportunidades.


Espero que considere usted el contenido de nuestra
enmienda.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, para la
defensa de su enmienda, tomará la palabra su señoría Egea Serrano.


El señor EGEA SERRANO: Gracias, señor
presidente.


En primer lugar, quiero mostrar mis condolencias a
los compañeros de grupo del senador Miquel Aubà y también mandar nuestro
más sincero pésame a la familia y amigos de este compañero, que,
desgraciadamente, perdimos esta semana.


Y quiero aprovechar también, porque creo que no lo
ha hecho nadie, para condenar los hechos que ocurrieron en Lorca a
principios de esta semana. Creo que todos nosotros, desde aquí, tenemos
la responsabilidad de dar la imagen a la ciudadanía de que así las cosas
no se pueden hacer. No hay nada que justifique esos actos, y creo que hay
gente más preocupada en justificar que en condenar. Mi más sincera
condena a los actos que a mí, como español, me avergüenzan.


Vamos a la cuestión. El programa Campus Rural ha
demostrado ser un gran medio para acercar jóvenes al mundo rural, jóvenes
que en muchos casos han podido conocer unos territorios y una realidad
desconocidos para ellos. Permite también un trasvase de conocimientos y
experiencias que enriquecen a ambas partes, y es precisamente en este
trasvase de conocimientos y experiencias en el que creemos que se debe
avanzar. Es necesario que la Administración apueste por que el medio
rural sea un banco de estudio y de pruebas en el que se desarrollen
nuevos conocimientos y tecnologías. Por eso, en nuestra enmienda pedimos
extender el programa Campus Rural, ya en marcha, para fomentar trabajos
de investigación académicos realizados por estudiantes universitarios y
proyectos de emprendimiento realizados por estudiantes de formación
profesional sobre cuestiones específicas de las áreas despobladas y del
mundo rural. Los trabajos de investigación se corresponderán con trabajos
de fin de grado, trabajos de fin de máster y tesis doctorales. En la
selección se primará el reconocimiento académico del trabajo y las
posibilidades de aplicación y experimentación en las áreas despobladas.
Los proyectos de emprendimiento serán realizados por estudiantes de grado
superior de formación profesional e incluso ciclos formativos de
formación dual. En la selección se primará el rigor en la elaboración del
trabajo y la viabilidad del proyecto presentado para su implementación en
las áreas despobladas.


Si de algo carecemos en la España vaciada es de
masa crítica para desarrollar proyectos e ideas. Ser receptores de
jóvenes estudiantes e investigadores sería de gran ayuda para nuestros
territorios. Es necesario que, tras décadas de ver cómo nuestros jóvenes
se marchan después de formarse, sean capaces ahora de volver para
desarrollar sus estudios y rejuvenecer y crear arraigo en el medio rural.
Si somos defensores del medio rural, como algunos abanderan, sean
valientes en sus políticas contra la despoblación.


Como no voy a poder hablar en portavoces, les
informo que votaremos a favor de la moción presentada.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
para la defensa de las dos enmiendas, tomará la palabra su señoría Chinea
Correa.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.


Señorías, ¿venimos aquí a hablar del Campus Rural o
a pedir el voto para las elecciones de Castilla y León? La verdad es que
es muy triste que este debate se convierta en acusaciones y reproches por
ambas partes que nada tienen que ver con el programa Campus Rural, que es
lo que vamos a debatir ahora.


Vaya por delante que nosotros vamos a apoyar esta
iniciativa porque, sinceramente, nos parece que el programa Campus Rural
es un acierto del Gobierno y refleja el camino que se debe recorrer en
los distintos ámbitos para recuperar las zonas rurales y abrir nuevas
oportunidades y espacios que, efectivamente, pueden tener bastante
futuro. Sin embargo, como todos los programas nuevos, cuenta con algunas
lagunas y carencias que precisan de un cambio importante si el Gobierno
quiere que este programa sea mucho más que una iniciativa casi
testimonial. Con ese espíritu, con la intención de contribuir y sumar en
este debate, en Agrupación Socialista Gomera presentamos dos enmiendas,
pero, lamentablemente, el grupo proponente me ha avanzado que no las va a
admitir. Mucho me temo que esta moción, como otras iniciativas que hemos
debatido en el Pleno, como ya he dicho, tiene más que ver con las
elecciones en Castilla y León que con el futuro del mundo rural de este
país.


Si este programa quiere ser mucho más ambicioso,
creemos que debe garantizar la participación e implicación de todas las
universidades públicas para que esta iniciativa se desarrolle en todas
las comunidades autónomas, así como en aquellos municipios y entidades
colaboradoras donde las y los estudiantes podrán hacer las
prácticas.


Y con el prisma de quienes vivimos fuera del
continente, pero que no somos ajenos ni ajenas a la despoblación,
propongo también, vía enmienda, que la beca se amplíe a una cuantía
de 1500 euros para aquellos y aquellas estudiantes que quieran realizar
las prácticas en los dos archipiélagos, las islas Baleares y Canarias,
con el objetivo de facilitar la movilidad.


Espero que el Grupo Socialista, que me ha expresado
que coincide con el objetivo de estas dos enmiendas, las incorpore al
texto presentado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Socialista, autor de la moción, para manifestar si acepta o
no las enmiendas que han planteado los diferentes grupos.


El señor DÍAZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Una cuestión: yo hablo de Castilla y León porque es
verdad que estas elecciones son cruciales para el medio rural, que es de
lo que va esta moción. Ya que algunos están empeñados en que de Castilla
y León no se hable ni siquiera en Castilla y León, y mucho menos en el
resto de España, no sea que se conozcan sus vergüenzas, al menos los
socialistas aquí vamos a decir la verdad de lo que ocurre en mi tierra,
mal que les pese. (Aplausos).


En cualquier caso, agradezco al Partido Popular,
Teruel Existe y Agrupación Socialista Gomera las enmiendas presentadas,
aunque es cierto que no vamos a aceptar ninguna, y voy a explicarlo.


Respecto a lo que proponía el senador Chinea sobre
la insularidad, ya he manifestado que es probable que, a medida que
avance el tiempo, a medida que avance este programa, a medida que podamos
conocer cuál es el impacto de las políticas públicas que el Gobierno de
España está desarrollando sobre el reto demográfico, podremos ir
modificando cuestiones, ver en qué podemos mejorar y qué tipo de
cuestiones se pueden perfilar. Una de ellas probablemente pueda ser,
llegado el caso, dar una cuantía mayor a quienes decidan hacer este
programa en Baleares o en las islas Canarias. Es una posibilidad.


En cuanto a que se garantice que llegue a todas las
universidades —se lo he comentado también—, hay una cuestión
que se llama autonomía universitaria. Nosotros no podemos obligar
—nadie absolutamente lo puede hacer— a una universidad a que
se acoja a este programa. Evidentemente, creo que es muy aconsejable y
recomendable y estoy convencido de que el Gobierno de España fomentará
que así sea, pero eso depende únicamente de la autonomía
universitaria.


En relación con lo que decía el senador de Teruel
Existe, coincido en que tendremos que ir viendo cómo se desarrollan estos
temas, en qué se puede avanzar y en qué cuestiones técnicas puede incidir
el Ministerio de Educación, en este caso, a la hora de dar este tipo de
becas. Coincido también en que tienen que premiarse, como no puede ser
otra manera, el mérito y la capacidad, como ocurre en todas las
convocatorias públicas, por otra parte, pero no nos podemos ceñir a
ningún tipo de cuestión. Creo que el estudio en el ámbito del reto
demográfico puede ser muy amplio y no solo ceñirse a la realización de un
trabajo de fin de grado. Por ejemplo, una persona que esté dedicada a la
FP y quiera dedicarse a un aspecto de la industria agroalimentaria puede
iniciarse en ella, por lo que, como digo, no hace falta ceñirlo tanto de
momento, aunque tiene la mano tendida del Grupo Parlamentario Socialista
para lo que venga.


Y respecto al Partido Popular, tengo que decirles
una cosa: para haber convocado ustedes las elecciones y para decir que
van a tener mayoría absoluta, están muy enfadados y muy nerviosos.
(Aplausos). Tranquilícense, que la campaña electoral se les va a hacer
larga; ya les adelanto que se les va a hacer bastante larga. Y en cuanto
a lo que proponía el Partido Popular sobre las necesidades de los alumnos
con educación especial, ya está incorporado en la Ley de educación, que
fue aprobada hace poco más de un año, y estará incorporado en la Ley de
formación profesional, que vendrá a esta Cámara próximamente. Por lo
tanto, entendemos que recurrir a este elemento de una forma directa
—y acabo, señor presidente—, es redundante y no necesario en
este caso.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tomará la palabra
su señoría González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidente.


Señores del PSOE, les voy a contar algo que no sé
si saben: que son ustedes el Gobierno. Vengan a la Cámara Alta con
políticas, no vengan aquí para hacer campaña, además, campaña de algo
vacío. Nos traen una moción del senador por designación autonómica que ha
estado vendiendo en las redes sociales como si fuera la solución a la
despoblación de la región. Sorprendente. Y cuando nos paramos a leerla
resulta que lo que ustedes proponen es estudiar la extensión del programa
Campus Rural a la formación profesional. Esa es la parte que han omitido.
Yo me pregunto quién va a hacer ese estudio, qué empresa amiga ha tenido
la genial idea de hacer ese estudio, otro más, por cierto. La realidad es
que ustedes jamás se han ocupado del mundo rural. Han atacado
directamente, a través de su Gobierno, a la carne española a través de un
medio extranjero, atentando contra todos los ganaderos y los agricultores
de España. ¿Qué están ustedes hablando del mundo rural, cuando les
imponen cuotas y les imponen chorradas, cuando ni ustedes mismos lo
cumplen, cuando ustedes dicen que las vacas contaminan y se
va…


El señor PRESIDENTE: Señoría, un momento.


Aunque no me ampara el Reglamento para hacer
determinadas consideraciones, con el respeto debido, señoría, a que usted
exprese libremente sus opiniones, creo que no hay mejor reglamento que el
reglamento del respeto y del decoro parlamentario, y le rogaría que
evitara la utilización de algunas expresiones que usted ha utilizado. Sé
que usted es capaz perfectamente de hacerlo.


Continúe, por favor. (Aplausos).


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Me gustaría,
señor presidente, que usted tuviera también la misma consideración cuando
nos llaman aquí de todo: fascistas, racistas, xenófobos, etcétera.
(Rumores). Que tuviera la misma consideración cuando las políticas que
ustedes hacen son aquí chorradas, que tenga usted la misma consideración
respecto a nuestro grupo parlamentario, que representa a cuatro millones
de habitantes, y en los grupos de los que usted forma parte. Y tanto a
nosotros como a las señorías del Partido Popular. (Aplausos). Haga su
labor como presidente, siendo neutro a la hora de criticar, y no compare
chorradas con fascismo, que es bastante más grave. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señoría, sin el ánimo de
querer entrar en un debate con usted, le he hecho amablemente una
sugerencia. Habitualmente trato de que las sesiones plenarias transcurran
en términos flexibles, pero siempre intentando que no se salgan de lo que
aconseja el decoro parlamentario. Está usted en su derecho de reconocer o
no la expresión, creo que poco afortunada, que ha utilizado.


Continúe, por favor.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Esperemos que sus
críticas ahora para criticarnos a nosotros y decirnos esto las haga
también cada vez que su grupo se pase de listo. (Rumores).


Ustedes no se han ocupado jamás
—reitero— del campo, y ahora el mundo rural les está dando la
espalda y ustedes son conscientes de ello. Porque no se puede estar con
el pin de colores en la solapa, que culpabiliza a los agricultores y a
los ganaderos del cambio climático y les trae competencia desleal de
países terceros. Y encima ustedes van y les piden el voto. Eso no,
señorías, eso no. La España olvidada se ha cansado de promesas falsas, y
ustedes tienen una larguísima trayectoria de estas y de casos de
corrupción. El Partido Popular tiene un puñado, pero es que ustedes se
llevan la palma; y aquí voy a corregir a la senadora del Partido Popular,
bueno, no le voy a corregir, le voy a matizar que no es España, que es de
Europa entero su caso de corrupción de los ERE.


Ambos han podido evitar la despoblación, y aun así
no han hecho nada. Ahora vienen a campaña porque ha entrado Vox y saben
que Vox está ofreciendo cosas que no han oído jamás y, sobre todo, que
las cumple, no como todas las promesas que ustedes nos han hecho,
empezando por el señor Sánchez. Y ahora es cuando llegan los nervios,
unos con mil medidas, tras treinta y cinco años que han tenido para
hacerlas. ¿Qué van a hacer ahora a partir del 14 de febrero? Espero que
estas promesas no se las hagan a su pareja, porque luego igual se enfadan
y vienen los lloros. Los del PSOE piden a los jóvenes volver a la tierra,
les piden quedarse quienes proponen llenar esa España vaciada de
inmigrantes ilegales. ¿Y los abuelos y padres que han animado a sus hijos
a salir de los pueblos porque allí no tenían futuro? ¿Y los jóvenes que
se querían quedar en su tierra y no han podido por culpa de las
políticas? Ustedes, señores del PSOE, y señores del PP también, han
abandonado el estilo de vida de la España rural, su modelo económico y
sus tradiciones, y han permitido que las élites globalistas les acosen. Y
ahora les dicen que les van a proteger. No, señorías, su tiempo realmente
ya pasó. Hasta aquí hemos llegado. Y se implementará en la Agenda España
en Castilla y León cuando nosotros estemos gobernando. Llenaremos la
región de niños, de familias, de trabajo y de prosperidad, cosa que
ustedes no han hecho allá por donde han pasado. Y reindustrializaremos,
bajaremos los impuestos, y ese dinero público irá a lo realmente
importante, a lo verdaderamente necesario, a sanidad y educación. Y de
ustedes no nos olvidamos; se irán a engrosar las filas del paro con su
pin de colorines, y veremos si entonces se preocupan tanto por la
contaminación de las vacas y por llenar nuestros pueblos de inmigración
ilegal o porque la televisión de Castilla y León esté regada con los
impuestos de todos los españoles. Esto será el principio, después vendrá
España, así que vayan actualizando cursos de reciclaje; igual pueden
utilizar el WordPerfect, ir actualizándolo un poquito, y pidiendo hora en
el SEPE. Les va a hacer falta.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático tomará la
palabra su señoría, la senadora Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías del Partido Socialista, bienvenidos. La
verdad es que no saben cómo nos alegra que por fin empiecen ustedes a
preocuparse y a ocuparse del empleo y la formación de nuestros jóvenes y
de la despoblación de las zonas rurales. Estamos totalmente de acuerdo
con que los estudiantes de formación profesional puedan realizar
prácticas en el mundo rural. La formación profesional es una herramienta
fundamental de nuestro sistema educativo para reducir los porcentajes de
fracaso escolar y también el paro juvenil. Por eso, queriendo entender
que ustedes traen esta moción, no con intenciones electorales, sino con
la de favorecer la formación para mejorar la empleabilidad juvenil
—y me van a permitir que no hable ahora de Castilla, sino de mi
tierra, Andalucía—, en mi grupo no nos explicamos cómo siendo
Andalucía una de las comunidades autónomas con mayor índice de desempleo
juvenil de Europa dejaran ustedes fuera a los jóvenes andaluces del
reparto de los fondos europeos que la señora Yolanda Díaz, su ministra de
Trabajo, distribuyó para el fomento del empleo juvenil. Y es que
recordarán que la distribución no se hizo acorde a las necesidades, no se
hizo entre las comunidades autónomas que más desempleo juvenil presentan,
sino entre las comunidades autónomas donde gobierna su partido o los
partidos nacionalistas que les sostienen a ustedes en el Gobierno.


Como les decía, nos alegramos de que se suban
ustedes al carro de esta apuesta por la formación profesional, ya sea en
el medio rural o incluso también en el medio urbano, porque nosotros en
Ciudadanos lo venimos defendiendo y lo hemos puesto en práctica desde el
minuto uno en los gobiernos donde hemos tenido responsabilidades en
educación. En Andalucía, por ejemplo, desde la Consejería de Educación
hemos tenido que realizar un esfuerzo titánico, porque lo cierto es que
si la formación profesional en España ha sufrido un gran abandono, en
Andalucía el abandono ha sido brutal. En Andalucía, el Partido
Socialista, su partido, dejó estancada la formación profesional para el
empleo durante casi una década, pero no solo la dejaron ustedes
estancada, sino que cuando Ciudadanos entró en la Junta de Andalucía se
encontró con 30 000 solicitudes de becas de esos jóvenes que a ustedes
ahora les han comenzado a preocupar, jóvenes que querían formarse y a los
que su Gobierno socialista no les había siquiera respondido sí o no a sus
solicitudes de becas. Eran 30 000 jóvenes con expectativas de formación,
de un futuro mejor, 30 000 jóvenes andaluces que ustedes habían dejado
metidos en los cajones, sin contestar a algunas de las solicitudes,
incluso desde el año 2010. Son solicitudes que miles de jóvenes andaluces
llevaban esperando que resolvieran y que nueve años después, señorías,
Ciudadanos tuvo que analizar una a una y responder. Además, tengo que
recordarles que hay un altísimo porcentaje de alumnos que se quedan sin
poder estudiar ciclos de formación profesional por falta de plazas. Por
eso, ya durante la tramitación de la Ley de ordenación de formación
profesional en el Congreso manifestamos que el siguiente paso que los
poderes públicos debían dar en esta materia era precisamente aumentar la
inversión pública para contar con las infraestructuras suficientes para
acoger a todo el alumnado que se decantara por la formación
profesional.


La extensión del programa Campus Rural a los
estudiantes de formación profesional puede ser precisamente una de esas
inversiones estratégicas por parte de los poderes públicos que sirva para
acercar a los estudiantes a las zonas rurales de nuestro país, explotar
allí su potencial y dotar de mayor dinamismo económico a estas regiones.
Las regiones menos pobladas de nuestro país se encuentran afectadas por
dos fenómenos que comprometen su futuro: en primer lugar, gran parte de
los jóvenes que viven en estas zonas acaban emigrando a las grandes
ciudades por falta de oportunidades laborales; y, en segundo lugar, el
porcentaje de personas que ni estudian ni trabajan en las zonas rurales
es un punto mayor que en las urbanas. Esta es la parte que no se aborda
tampoco en esta moción que presenta el Grupo Socialista y que también
merece una solución urgente por parte de los poderes públicos. No se
trata solo de que se ofrezcan oportunidades para importar talento a las
zonas más castigadas por la despoblación, sino que también resulta
necesario crear esas oportunidades para que nuestros jóvenes, los que han
crecido en esas regiones, permanezcan en ellas y no se vean obligados a
marcharse. El desarrollo de estudios formativos profesionales ligados a
la actividad económica de esas zonas también puede ser, por supuesto, una
herramienta muy importante para frenar la despoblación. Ya les digo que a
nosotros nos parece insuficiente lo que están haciendo, pero también es
un paso importante, por lo que vamos a votar a favor.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista tomará la
palabra su señoría la senadora Castellví Auví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Bon dia, president.


Senyories, la veritat és que la iniciativa és
positiva i per tant votarem que sí a la moció. Ampliar els destinataris
del Programa Campus Rural per incloure els i les estudiants d’FP és
encertat. Hi ha moltes persones joves que no arriben a la universitat
precisament perquè territorialment als indrets rurals hi ha dificultats
d’accés a la formació superior, als estudis de grau. I molt de
jovent arriba la FP, més econòmica, com a recurs per adquirir formació
postobligatòria i capacitadora. Però el web del programa Campus Rural on
hi ha l’explicació del projecte ens ha generat una sèrie de dubtes.
En la selecció d’estudiants posa «antes del 12 de abril la
asignación, la selección de los estudiantes, se llevará a cabo atendiendo
al expediente académico del alumno». Senyories, com? A Junts ens
agradaria que, de la moció, ens aclarissin aquests interrogants.
D’aquests 200 estudiants que es beneficiaran del programa, ¿quants
seran catalans? Com faran la selecció? Com faran el repartiment de
places? Seran places equilibrades segons el nombre d’estudiants de
cada comunitat autònoma? Seran equilibrades les places dels qui provenen
de les universitats i dels qui provenen de l’FP? Qui i com faran
l’assignació atenent l’expedient acadèmic de l’alumne
que vostès proclamen?


A Catalunya estem fent moltes coses des de fa anys.
Som pioners en aquest tema. A Catalunya anem per davant de les polítiques
de joventut. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, i la Direcció General de Joventut del Departament
d’Afers Socials i Famílies està portant a terme el projecte Odisseu
que pretén incentivar i facilitar el retorn i la inserció laboral dels
joves al medi rural, amenaçat pel despoblament i l’envelliment
demogràfic. Territori ha engegat dos nous programes d’habitatge
adaptats a les necessitats del món rural i a les zones urbanes més
poblades. Hem engegat el Programa de les dones al món rural i
marítim 2021-2025. La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la
Universitat de Lleida, la Universitat Politècnica de Catalunya, la
Càtedra del món rural de la Universitat de Vic, una investigació de la
Universitat Autònoma de Barcelona, i un llarg etcètera
d’universitats catalanes treballen, fan estudis, i han posat damunt
la taula la necessitat d’implementar polítiques actives per atreure
i frenar el despoblament. Exemples: impulsant la bioeconomia,
l’emprenedoria social, fent programes de mobilització de
l’habitatge a l’entorn rural per atraure més població jove,
proposant la masoveria urbana, i donant noves maneres de teletreballar;
una llarga llista de fórmules per atraure més població jove als entorns
rurals. Per tant us poso exemples per si els voleu copiar. Per tant, cal
seguir treballant per fer més atractiva la ruralitat. Viure en un poble
pot ser una oportunitat laboral però, sobretot, ha de ser un projecte de
vida. Un projecte de vida per a joves grans, mitjans, i petits. Només
quan ets i tu et fas teu el poble, quan estimes cada racó, i quan vius i
convius amb la seva gent, amb els seus problemes i les seues alegries,
aquell poble és part de la teva vida i no desapareixerà. I us ho puc
assegurar perquè visc en un municipi, Vandellòs i l’






Hospitalet de
l’Infant, format per sis nuclis urbans petits l’Almadrava,
Masboquera, Masriudoms, Vanessa Park, Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant. En total, uns 6.800 habitants, i entre tots i totes, allí
hem creat un projecte de vida. Ens estimem els nostres pobles, i estem
orgullosos i orgulloses de viure en ells. Per tant, així no
minvaran.


Moltes gràcies.


Buenos días, presidente.


Señorías, lo cierto es que esta iniciativa es
positiva, por tanto, vamos a votar sí a la moción. Ampliar los
destinatarios del programa Campus Rural para incluir a los y las
estudiantes de FP es acertado. Hay mucha gente joven que no llega a la
universidad porque territorialmente en los lugares rurales hay
dificultades para acceder a la formación superior, a estudios de grado. Y
hay mucha juventud que llega a la FP, más económica, como recurso para
adquirir formación posobligatoria y capacitadora. Sin embargo, en la web
del programa Campus Rural, donde aparece la explicación del proyecto, se
nos han generado una serie de dudas. En la selección de estudiantes, se
dice: La asignación, la selección de los estudiantes se llevará a cabo
atendiendo al expediente académico del alumno. Señorías, ¿cómo? En Junts
nos gustaría que nos aclararan estos interrogantes de la moción. De
estos 200 estudiantes que se beneficiarán del programa, ¿cuántos van a
ser catalanes? ¿Cómo van a hacer esa selección? ¿Cómo van a hacer el
reparto de plazas? ¿Serán plazas equilibradas, en función de la cantidad
de estudiantes de cada comunidad autónoma? ¿Serán equilibradas las plazas
entre aquellos que proceden de las universidades y los que proceden de la
FP? ¿Quién y cómo va a hacer la asignación, habida cuenta del expediente
académico del alumno que ustedes proclaman?


En Cataluña estamos haciendo muchas cosas desde
hace años, somos pioneros en este tema. En Cataluña vamos por delante de
las políticas de juventud. El departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación y la Dirección General de Juventud del departamento
de Asuntos Sociales y Familias está llevando a cabo el proyecto Odisseu,
que pretende incentivar y facilitar el retorno y la inserción laboral de
los jóvenes en el medio rural, amenazado por la despoblación y el
envejecimiento demográfico. Territorio ha puesto en marcha dos nuevos
programas de vivienda adaptados a las necesidades del mundo rural y de
las zonas rurales más pobres. Hemos puesto en marcha el Programa de
mujeres del mundo rural y marítimo 2021-2025. La Universidad Rovira i
Virgili, de Tarragona, la Universidad de Lleida, la Universidad
Politécnica de Cataluña, la cátedra del Mundo Rural de la Universidad de
Vic, una investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y un
largo etcétera de universidades catalanas, trabajan, hacen estudios y han
puesto sobre el tapete la necesidad de poner en marcha políticas activas
para atraer y frenar la despoblación. Ejemplos de ello pueden ser
impulsar la bioeconomía, el emprendimiento social, con programas de
movilización de la vivienda en el entorno rural para atraer a más
población joven, proponiendo el desarrollo y dando nuevas maneras de
teletrabajo y una larga lista de fórmulas para atraer a más población
joven a los entornos rurales. Tienen estos ejemplos, por si quieren
copiarlos. Por tanto, hay que seguir trabajando para hacer más atractiva
la realidad. Vivir en un pueblo puede ser una oportunidad laboral, pero,
ante todo, debe ser un proyecto de vida, un proyecto de vida para
jóvenes, mayores, gente de mediana edad y pequeños. Solo cuando haces
tuyo el pueblo, cuando amas cada rincón, cuando vives y convives con su
gente, con sus problemas y sus alegrías, solo entonces ese pueblo se
convierte en parte de tu vida y no desaparecerá. Os lo puedo asegurar,
porque vivo en un municipio, Vandellós y L’Hospitalet de
l’Infant, formado por seis núcleos urbanos pequeños:
L’Almadrava, Masboquera, Masriudoms, Vanessa Park, Vandellós y
l’Hospitalet de L’Infant. En total, son 6800 habitantes,
aproximadamente, y entre todos y todas hemos creado un proyecto de vida.
Queremos a nuestros pueblos y estamos orgullosos y orgullosas de vivir en
ellos. Por lo tanto, así no van a decrecer.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora senadora.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
tomará la palabra su señoría Chinea Correa.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.


Como comentaba en mi primera intervención, creemos
que este programa debe aspirar a ser mucho más ambicioso si se pretenden
obtener esos objetivos reales, con una inmersión rural de los jóvenes
universitarios, de los alumnos de formación profesional y de aquellos que
estén dispuestos y dispuestas a sumar en el desafío que representa la
despoblación. El Gobierno cuenta con los recursos económicos necesarios,
pero hay que avanzar en la implicación de los centros educativos, de las
administraciones autonómicas y locales y de los agentes económicos
privados. Todos y todas son importantes si queremos que este programa se
transforme en una oferta que sea atractiva para el mayor número de
estudiantes. Es imprescindible, como dijo en su momento la vicepresidenta
del Gobierno, establecer lazos más profundos entre los jóvenes y las
jóvenes y el territorio, y la línea que ha trazado el Gobierno en esta
primera edición nos parece bastante acertada, pero entendemos que debe ir
mucho más allá. Las y los estudiantes que se acojan a esta iniciativa
representan el futuro de nuestro país y son ellos y ellas los y las que
deben ver con sus propios ojos que las zonas rurales pueden y deben ser
espacios de emprendimiento, de empleo y de oportunidad para todos y todas
ellas. Sin embargo, creemos que debe ser un programa mucho más abierto,
un programa mucho más flexible, un programa que debe adaptarse a una
realidad bastante compleja y heterogénea.


Las zonas rurales y despobladas se enfrentan en la
inmensa mayoría de los casos a las mismas amenazas, pero necesitan
diferentes herramientas para transformarse en espacios que generen
riqueza. Tenemos que potenciar estas iniciativas, extenderlas y
adaptarlas a la realidad de cada territorio para abordar, con una
voluntad de éxito, la cohesión territorial, el reto demográfico y, por
supuesto, la lucha contra la despoblación. Dicho esto, espero que, una
vez que volvamos todos y todas a la normalidad después de las elecciones
de Castilla y León, podamos tener un debate sin tanta crispación y con
más visión de futuro; un debate centrado en los desafíos de la
despoblación y menos en las aspiraciones políticas de algunos y
algunas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tomará la palabra
su señoría la senadora Peral Díez.


La señora PERAL DÍEZ: Eskerrik asko, mahaiburu
jauna.


Señorías, el Grupo Socialista nos presenta para su
aprobación una moción cuyo objeto es estudiar la extensión del Programa
Campus Rural —puesto en marcha el año pasado para 200 estudiantes
universitarios— a estudiantes de formación profesional. Este
programa nació como una herramienta para evitar la despoblación de las
zonas rurales, dando a conocer a los estudiantes otra forma de vida,
eliminando prejuicios y permitiendo de esta manera rejuvenecer o
revitalizar aquellas poblaciones con menos de 5000 habitantes. El
Programa Campus Rural fue un acuerdo del Ministerio de Transición
Ecológica y Reto Demográfico y el Ministerio de Universidades y se
pretende extenderlo a más estudiantes en los próximos años. No podemos
estar en contra de una iniciativa que pone en valor el mundo rural y, al
mismo tiempo, da la oportunidad a jóvenes estudiantes para realizar
prácticas remuneradas. En la Comisión de reto demográfico esto ya suscitó
el apoyo unánime de todos los grupos.


Hablamos de un programa que está inspirado en el
Erasmus+ europeo para favorecer la movilidad estudiantil, que es similar
a los desarrollados por las universidades de Castilla-La Mancha y
Zaragoza. Estos programas ya llevan funcionando al menos un año, por lo
que cuentan con datos sobre su resultado. En el caso de la Universidad de
Castilla-La Mancha, en su primera edición, el Programa UCLM rural
proporcionó prácticas a 56 alumnos y alumnas en municipios de menos
de 5000 habitantes de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y
Toledo. En el caso de la Universidad de Zaragoza los Programas Desafío y
Arraigo de prácticas universitarias en la provincia de Teruel
incorporaron a 9 universitarios y un titulado en distintas actividades en
el entorno rural, después de una selección entre más de 200 solicitudes.
En este caso, el requisito era que las poblaciones debían tener menos
de 1000 habitantes y las empresas solicitantes contar con menos de 50
trabajadores.


No contamos con datos todavía del Programa Campus
Rural, ya que este es el primer curso en el que se ofrece. Este punto es
básico para proponer la extensión de un programa de estas
características.


Las enmiendas presentadas por los distintos grupos
también abogan por extender aún más el programa, sin contar con ningún
dato que avale su resultado, algo básico y exigible en cualquier
actuación pública antes de ampliarla. Es más, deberíamos tener definidos
desde el inicio aquellos indicadores que marquen si el programa cumple
con los objetivos para los que estaba diseñado y si, por ejemplo, el
presupuesto destinado es suficiente o no; en definitiva, que posibiliten
hacer una evaluación de esta política.


Creemos que el programa Campus rural, tal y como
está diseñado en estos momentos, puede adolecer de varios inconvenientes
para llegar a cumplir su objetivo y garantizar su éxito. El primero, la
exigencia de realizar las prácticas en una comunidad distinta de la de
los estudios universitarios y de la de empadronamiento. En el caso de que
el estudiante o la estudiante resida en una comunidad con graves
problemas de despoblación en su entorno rural, le estamos forzando a
solicitar las prácticas en otra comunidad que igual no los tiene, ya que
el único requisito es que el municipio tenga menos de 5000 habitantes.
Las ayudas están destinadas únicamente a universidades públicas cuando lo
que se persigue es que los estudiantes conozcan el medio rural; por
tanto, debería ser independiente del tipo de universidad en la que se
estudia, igual que ocurre con el Programa Erasmus+. Por último, está la
dificultad para encontrar empresas o entidades en las que realizar las
prácticas en municipios o núcleos pequeños o aislados con problemas de
despoblación. Precisamente este es uno de los inconvenientes de las zonas
rurales: atraer empresas que puedan proporcionar oportunidades laborales
a las personas que ya viven en la zona. En el Programa Campus Rural las
entidades tienen que solicitar su adhesión al programa, luego tienen que
existir ya en la población.


Por estos motivos, y dado que el objeto de la
moción es estudiar su extensión a la formación profesional, podría ser el
momento de flexibilizar las condiciones del programa para que la
comunidad en la que se realicen esas prácticas pueda ser cualquiera,
siempre y cuando el estudiante se instale en el núcleo rural, de manera
que se facilite el arraigo; y que se dirija a universidades públicas y
privada, y en el caso de la Función Pública, a centros públicos,
concertados y privados, de forma que se pueda incrementar la demanda.
Como en toda política pública confiamos en que se aproveche, además, para
definir los indicadores de esta actuación que permitan medir el
cumplimiento de los objetivos planteados y corregir aquellos elementos
que no han funcionado. En cualquier caso, mi grupo votará a favor de esta
enmienda y estaremos atentos a la presentación de los resultados de esta
primera convocatoria.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, senatori
andrea.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tomará la palabra su señoría la senadora
Escandell Grases.


La señora ESCANDELL GRASES: Bon dia, senyor
president. Bon dia, senyores i senyors senadors.


Al meu grup el plantejament de la moció li sembla
positiu, perquè ofereix als joves —no només universitaris que ja
s’està fent, sinó ampliant a nois i noies que estudiïn Formació
Professional— fer pràctiques formatives en el món rural. Això
permet la possibilitat de conèixer des de la implicació i la vivència
directa una realitat que massa sovint és desconeguda. Per altra banda
ofereix als territoris amb menys població la possibilitat d’acollir
i fer-se conèixer. L’apropament i el coneixement fan caure els
estereotips i obre noves possibilitats, i no només econòmiques sinó també
de coneixement directe, de coneixement de les llengües, de les maneres de
fer, de la història. Realment no és una mesura gran contra la
despoblació, però representa una voluntat en aquest sentit. I en aquest
sentit qualsevol iniciativa és benvinguda.


El que en sortirà d’aquesta relació, no ho
sabem. Per això resulta tan necessari que es fixin criteris
d’avaluació perquè, si l’experiència resultés exitosa,
—que així ho esperem— es pugui anar ampliant en quant a
pressupost però també a nombre d’alumnes que hi poden
participar.


A Catalunya, de fa més de quinze anys, existeixen
impulsats pel Departament d’Educació el que s’anomenen
projectes de mobilitat, projectes de cooperació, i es participa en xarxes
transaccionals. Tot això amb l’objectiu que no només es beneficiïn
d’aquesta relació amb l’exterior els nois i les noies del món
universitari, sinó també de la formació professional. Per tant,
benvinguda sigui la iniciativa, i esperem que d’aquí un temps breu,
amb el que acordem, puguem avaluar com hem d’avaluar totes les
polítiques públiques.


Moltes gràcies.


Buenos días, señor presidente. Buenos días, señoras
y señores senadores.


A mi grupo el planteamiento de la moción le parece
positivo porque ofrece a los jóvenes, y no solo universitarios —ya
se está haciendo—, el hecho de poder hacer prácticas en el mundo
rural. Eso permite conocer, desde la implicación y la vivencia directa,
una realidad que demasiado a menudo les resulta desconocida. Por otra
parte, ofrece a los territorios con menos población la posibilidad de
acoger y darse a conocer. El acercamiento y el conocimiento hacen caer
los estereotipos y abre nuevas posibilidades no solo económicas, sino
también de conocimiento directo de las lenguas, de la manera de hacer, de
la historia. Realmente, no se trata de una gran medida contra la
despoblación, pero representa la voluntad en este sentido. A este
respecto, cualquier iniciativa es bienvenida.


Lo que saldrá de esta relación es algo que no
sabemos. Por eso, es necesario que se fijen criterios de evaluación
porque, si la experiencia resultara exitosa —así lo
esperamos—, se podrá ampliar, en términos de presupuesto y
cantidad, los alumnos que puedan participar.


En Cataluña desde hace más de quince años existen,
impulsados por el Departamento de Educación, lo que se denominan
proyectos de movilidad, de cooperación y transaccionales con el objetivo
de que no se beneficien solo de esta relación con el exterior chicos y
chicas del mundo universitario, sino también de la formación profesional.
Por lo tanto, bienvenida sea esta iniciativa, y esperemos que en un
tiempo breve lo que acordemos podamos evaluarlo como debemos evaluar
todas las políticas públicas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señora
senadora.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
tiene la palabra la senadora Adrados Gautier.


La señora ADRADOS GAUTIER: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, la formación profesional ha demostrado
ser una alternativa de formación para muchos jóvenes; además de una
alternativa que facilita el acceso al empleo. Es más, ofrece más
probabilidades para el acceso y la inserción de los jóvenes en el mercado
de trabajo. También contribuye a mantener la población joven en el
territorio.


Señor Díaz, lamento mucho que no haya considerado
la enmienda que hemos presentado. Creo que no me ha entendido bien. Le he
hablado del régimen especial de artes gráfica y diseño, que ustedes van a
discriminar, lo van a dejar fuera de este programa. Como usted sabe, en
el mes de octubre de 2021 en la Comisión de Despoblación y de Reto
Demográfico aprobamos una moción del Grupo Popular que iba en este
sentido; por cierto, la aprobamos todos. Espero que lo de hoy no sea un
brindis al sol por estar en campaña electoral.


Señor Díaz, de nervios, nada; insisto, de nervios,
nada. Sin embargo, a usted le he visto un poquito preocupado con esa
sobreescenificación mitinera con la que nos ha regalado hoy. No obstante,
tengo que decirle que celebro que los estudiantes de formación
profesional puedan hacer prácticas en los pueblos, porque estoy
convencida de que eso posibilita el conocimiento de la realidad rural,
conecta a los jóvenes con el territorio, dinamiza los pueblos, y también
acerca el talento a las zonas rurales; además, genera oportunidades de
emprendimiento y desarrollo profesional para los jóvenes.


Para afrontar el reto demográfico, hay que hacer
muchísimas más cosas, y la más importante de todas ellas es cambiar la
tendencia demográfica, porque si no nacen más niños, no haremos nada.
Esta es la principal medida: más nacimientos y rejuvenecimiento de la
población. Y es una realidad absolutamente objetiva. Podremos llevar
internet, escuelas, formación profesional, pero necesitamos revertir esa
tendencia demográfica. Precisamente en esa dirección va la estrategia de
protección de la maternidad, de la paternidad, de fomento de la natalidad
y de conciliación de la señora Ayuso. Son 80 medidas que intentan
afrontar problemas como la conciliación, la estabilidad económica de las
familias, el acceso a la vivienda, las ayudas directas a las madres,
beneficios fiscales para las familias y un largo etcétera. Una gran
apuesta por la natalidad para empezar a revertir la situación demográfica
que tenemos.


Señorías, en el gran trabajo que se está haciendo
en muchas comunidades autónomas, incluso en municipios, se necesita que
el Gobierno de la nación, en el marco de sus competencias, actúe, que
haga sus deberes, porque el reto demográfico nos afecta a todos. Es
necesario que se tomen medidas que refuercen a las comunidades autónoma.
Estoy deseando conocer la promesa que hizo ayer la señora Montero sobre
una fiscalidad distinta para las zonas rurales y despobladas. Es la
segunda vez que lo dice, pero no sabemos en qué se va a centrar. Le voy a
dar algunas ideas. Se puede mejorar la fiscalidad de las familias,
especialmente de las numerosas y de las monoparentales. Se pueden rebajar
las cotizaciones, y estoy pensando en los autónomos, esos que ustedes
maltratan de forma permanente. Se pueden poner incentivos a las empresas
que potencien la conciliación. En definitiva, es necesario que el Partido
Socialista, que el señor Sánchez deje de tomar medidas que van en la
dirección contraria.


Acuérdese, señor Díaz, de las conclusiones de la
Comisión especial sobre evolución demográfica del Senado que se hicieron
en el año 2019. Es un buen documento; es un buen trabajo. Así podremos
afrontar el reto demográfico. Decía el señor Lincoln que se puede engañar
a algunos todo el rato, a todos por un cierto tiempo, pero no se puede
engañar a todos todo el rato. Eso es lo que ustedes están haciendo. Y los
ciudadanos están harto, créame, señor Díaz, y ustedes lo van a comprobar
el próximo día 13.


Antes de terminar quisiera preguntarle dos cosas,
si tiene a bien contestarme en su turno. ¿Van a contemplar una
compensación económica en forma de beca? Entendemos que sería importante
para los estudiantes de formación profesional. ¿De qué volumen de plazas
estamos hablando, señor Díaz? Es verdad que este programa, que ya se ha
puesto en marcha con los universitarios, ha tenido 200 plazas.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría, por
favor.


La señora ADRADOS GAUTIER: Termino, señor
presidente.


Es totalmente insuficiente. Le anuncio que vamos a
apoyar esta moción pese a que ustedes no hayan apoyado nuestra enmienda;
pero es una medida claramente insuficiente, un pequeño grano de
arena…


El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría, por
favor.


La señora ADRADOS GAUTIER: Como decía, un grano de
arena en una balanza para compensar el peso del enorme reto de la
despoblación en el medio rural.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su señoría Díaz Muñoz.


El señor DÍAZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor
presidente.


La verdad es que tampoco hemos descubierto nada
nuevo, pero, escuchando al portavoz de la extrema derecha, me pregunto,
señores del Grupo Popular, qué mal tienen que estar ustedes para que la
única esperanza que tengan de sostener al Gobierno de la Junta de
Castilla, después de treinta y cinco años, vaya a ser de la mano de estos
señores. (Aplausos). Estos señores que representan a la internacional de
la extrema derecha, esa internacional que se ha reunido en Madrid este
fin de semana con Le Pen y Orbán. ¡Vaya compañeros de viajes, señorías
del Grupo Popular! (Aplausos). ¡Vaya mal camino el que les auguro a
ustedes como partido político! Por tanto, no me voy a referir más a las
descalificaciones del señor portavoz de Vox, que le califican a él, como
todo lo que hace su partido político.


La portavoz de Ciudadanos —no sé si está por
aquí— ha hablado mucho de Andalucía, de lo mal que lo hemos hecho
en Andalucía y de los superbién que lo están haciendo ustedes. En pocos
meses habrá elecciones en Andalucía y creo que también se van a llevar un
susto ustedes y el Partido Popular.


No quiero ser cruel y hablar de lo que han hecho en
Castilla y León, porque les han tirado del Gobierno por la ventana un 20
de diciembre. Desde luego es una lástima que con la de cosas que podrían
haber hecho con la Vicepresidencia de reto demográfico, al final, se haya
reducido a la nada. Con el Partido Popular no hemos tenido estrategia de
reto demográfico en treinta y cinco años y con ustedes, que han pasado
por el Gobierno, tampoco. Es una verdadera lástima. Pero de ellos, como
digo, ya no podemos esperar nada. Por lo tanto, confío en que emprendan
ahora un camino diferente, porque el señor Igea cuando está en campaña
electoral la verdad es que es bastante más interesante que cuando era el
mamporrero del señor Mañueco, se lo puedo asegurar. (Protestas —
Aplausos). Tranquilícense.


Respecto a lo que decía la senadora de JuntsxCat,
agradezco sus palabras. Ha hecho bastantes preguntas, que también han
realizado otros grupos parlamentarios. Esas respuestas no las puede
ofrecer ahora mismo el Grupo Parlamentario Socialista, las tiene que
ofrecer el Gobierno. Nosotros estamos instando al Gobierno y al
Ministerio de Educación y al de Reto Demográfico a que pongan en marcha
este programa. Por lo tanto, confío en que sean bastantes las plazas que
se pongan a disposición —contesto en ese sentido a la portavoz del
Grupo Popular— y confío en que la dotación de becas sea
interesante. Creo que 1000 euros al mes no está nada mal para empezar.
Veremos si en algunos casos, como decía el señor Chinea, incluso se pueda
ampliar por criterios de insularidad o de cierta distancia. Lo que sí
puedo decirles es que nuestra mano está tendida para que podamos hablar
sobre este tipo de cuestiones, así como sobre la evolución de este
programa y sobre todas las políticas demográficas que está llevando a
cabo el Gobierno de España en la Comisión de Despoblación; para que
podamos ver en qué hemos fallado; para que podamos ver qué se puede
mejorar y para que podamos ver entre todos y con consenso —porque
es verdad que es una comisión en la que, por fortuna, llegamos a
bastantes consensos— en qué cuestiones podemos mejorar.


Agradezco también el apoyo del PNV y de Esquerra
Republicana a esta iniciativa parlamentaria. A la senadora del Grupo
Popular, a la portavoz del Grupo Popular, quiero decirle que nosotros no
discriminamos a nadie. De hecho, hoy traemos una moción para ampliar una
cuestión, que ahora mismo solo se ciñe a estudios universitarios, a los
alumnos y alumnas de formación profesional. Confío en que, a medida que
vaya funcionando y cada vez sea más gente la que se incorpore a este
programa, podamos ir incorporando otro tipo de variedades dentro de la
formación profesional. Le tiendo la mano para que así sea.


¡Hombre!, la verdad es que hablar de reto
demográfico poniéndome de ejemplo a Ayuso y a Madrid, la verdad es que
hasta a sus compañeros del Grupo Popular les tiene que chirriar. Hablar
de reto demográfico y de Ayuso… Es verdad que el señor Mañueco
ahora se está ayusizando; no sé si ahora se ayusiza y luego, a lo mejor,
se tiene que abascalizar. Miedo me da cualquiera de las dos cosas, se lo
tengo que decir. Las recetas que necesita Castilla y León no son ni las
de Madrid, ni las de Ayuso, ni las políticas fiscales agresivas y
absolutamente insensibles con los servicios públicos que están llevando a
cabo la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso, que son los mismos que
está haciendo ya el señor Mañueco y que lleva haciendo el Partido Popular
desde hace treinta y cinco años. Por lo tanto, permítame que del Partido
Popular de Madrid y de la señora Ayuso no cojamos ningún tipo de idea
para arreglar la situación de Castilla y León, porque ni nos sirve lo que
hace el Partido Popular de Madrid, ni nos sirve lo que dice Ayuso, ni nos
va a servir, desde luego, lo de la extrema derecha y no nos sirven ya
treinta y cinco años más de prórroga de un Gobierno que está agotado, que
no tiene ideas y que tiene que finalizar por el bien de los castellanos y
leoneses.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Señorías, terminado el debate de esta moción,
procedemos a continuación a la votación de los siguientes tres
puntos.


Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar
la reforma urgente del modelo de financiación autonómica, de conformidad
con los principios acordados en enero de 2017 en la VI Conferencia de
Presidentes. Autor: Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios
términos.


Moción por la que se insta al Gobierno a
incrementar en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 la
dotación para compensar a la empresa concesionaria de la autopista AP-66
entre León y Campomanes, Asturias, por las bonificaciones de peaje a
vehículos ligeros y pesados hasta la supresión total del mismo. Autor:
Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios términos.


Y moción por la que se insta al Gobierno a la
extensión del Programa Campus Rural a los estudiantes de formación
profesional. Autor: Grupo Parlamentario Socialista. También se vota en
sus propios términos.


Se abre la votación telemática desde este momento,
que son las catorce horas y veinte minutos, hasta las dieciséis horas y
veinte minutos.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
REAPERTURA DEL EJE FERROVIARIO DIRECTO ENTRE LAS PROVINCIAS DE MADRID,
SEGOVIA Y BURGOS DENTRO DEL CORREDOR CENTRAL FERROVIARIO, RAMAL NORTE, DE
LA PENÍNSULA IBÉRICA.


662/000099

GPP


El señor presidente lee el punto 10.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han
presentado tres enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Democrático y una
del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, su señoría Javier Lacalle
Lacalle.


El señor LACALLE LACALLE: Muy buenos días a todos.
Gracias, señor presidente.


Fran, último compañero en intervenir, compañero
senador de Castilla y León, te puedo decir a ti y al resto de los
senadores socialistas que es un auténtico lujo la política que está
haciendo el presidente Mañueco en Castilla y León, que es la misma que
está haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid; es un auténtico
lujo por mucho que a vosotros os moleste. (Aplausos —
Rumores).


Y querido Fran —lo han dicho algunos
compañeros con anterioridad—, por favor, no nos hables de
compañías. Que no nos hable de compañías el Partido Socialista cuando
pacta todos los días con Bildu, con los golpistas y con todos los
radicales comunistas en el Gobierno de España. (Aplausos). Por favor, no
vuelvan a decirlo; se les debiera caer la cara de vergüenza.


Pero vayamos a lo importante en estos momentos, que
es hablar del ferrocarril, un ferrocarril directo entre Madrid y Burgos,
pasando por la provincia de Segovia.


En primer lugar, es una propuesta que traemos los
senadores de la provincia de Madrid, de la provincia de Segovia y de la
provincia de Burgos, con nuestro portavoz Javier Maroto al frente.
Nuestro grupo quiere agradecer en estos momentos la presencia de quien
está en el territorio en el día a día, sufriendo además el cierre de este
ferrocarril por parte del Partido Socialista, que ya va a hacer este mes
de marzo once años. Queremos agradecer la presencia de los distintos
alcaldes de la sierra norte de Madrid y del resto de provincias, con la
alcaldesa de Aranda de Duero, la principal localidad, al frente.
(Aplausos).


Hoy el Partido Popular se erige en portavoz de la
sociedad castellana y leonesa, en portavoz de tantas y tantas personas,
sobre todo de la iniciativa empresarial en la Comunidad de Madrid y, por
extensión, también de muchos ciudadanos y mucha actividad comercial e
industrial del País Vasco.


Esta breve intervención la dividiré en tres
bloques: por un lado, los antecedentes de este ferrocarril; el segundo
bloque, saber cómo estamos, qué es lo que hay en estos momentos y lo que
significaría la reapertura de este ferrocarril para toda la zona norte de
España, y, cómo no, explicar las gestiones que se han realizado durante
los últimos años para que este ferrocarril pueda volver a ser una
realidad como lo fue durante cincuenta años.


Como decimos en la moción y como saben ustedes, es
un ferrocarril que se inauguró en el verano del año 1968 y que discurre
por las tres provincias que hemos citado con un recorrido de 282
kilómetros. Es un ferrocarril que, efectivamente, como ya he apuntado, se
cerró en el mes de marzo del año 2011. Y se cerró porque hubo una
desgracia, un accidente. Afortunadamente, no hubo pérdidas personales,
pero ese accidente en el túnel de Somosierra produjo un desprendimiento
de tierra y una bateadora, una máquina de mantenimiento del ferrocarril,
quedó ahí atrapada. En ese momento, el Ministerio de Transportes de
entonces —gobernaba el Partido Socialista— en lugar de hacer
lo evidente, que era sacar la batidora, volver a abrir el túnel y, en
consecuencia, restablecer el tráfico, optó por lo más sencillo y lo más
fácil: ya que tenemos tapado el túnel, cerramos el ferrocarril. Esta es
la situación.


En estos momentos, en pleno siglo XXI, ya en el
año 2022, el ferrocarril —es importante que compañeros de otras
regiones lo sepan— está abierto parcialmente. El 50 % del
ferrocarril está abierto. Los trenes están circulando entre Aranda de
Duero y Burgos, y también lo están haciendo aquí la Comunidad de Madrid,
entre la capital de España y Colmenar, pero faltan los
aproximadamente 140 kilómetros desde Colmenar hasta Aranda de Duero. Esto
es lo que falta; esto es lo que está cerrado, y esto es lo que estamos
reivindicando. ¿Por qué? Porque, al final, evidentemente, la línea recta
entre dos puntos es fundamental. Este ferrocarril, paralelo a la N-I,
evitaría dar un rodeo de casi 100 kilómetros a través de la provincia de
Valladolid a todo el transporte de mercancías y de viajeros, pero
especialmente a aquel transporte que tiene relación con la actividad
económica. Esta es la situación.


¿Por qué consideramos que es muy importante la
reapertura de este ferrocarril? Pues, entre otras cosas, porque esto
significaría un abaratamiento del transporte. Evidentemente significaría
poder eliminar gran parte del transporte de mercancías por carretera y,
lógicamente, hacer más competitivo todo el transporte de mercancías a
través de este ferrocarril. Y, desde el punto de vista medioambiental,
qué duda cabe que, si la mercancía utilizara este ferrocarril, estaríamos
evitando que cientos de miles de camiones fueran por carretera, con lo
que eso significa de contaminación ambiental, de deterioro de esta
infraestructura y, cómo no, de agilidad en el tráfico para todos los
turismos.


También decimos que es importante porque permitiría
asentar a la juventud en el mundo rural. Nos cansamos de hablar de
despoblación todos los días. Bueno, pues esta es una medida muy concreta
que permitiría reforzar la población en todos los municipios que están
representando esos señores que aquí presentes a lo largo del trazado
ferroviario. Y es importante no solamente para la juventud, que podría
permanecer ahí, sino también, lógicamente, para la estancia e incluso la
incorporación de nuevas industrias y empresas, que se apoyarían en todo
este eje ferroviario, en los distintos pueblos por los que transita el
ferrocarril, lo que generaría nuevas oportunidades para las familias,
nuevos empleos en cada una de esas localidades.


Y, cómo no, es importante desde el punto de vista
turístico, y de esto saben mucho en el norte de la Comunidad de Madrid.
Tenemos, por ejemplo, a Galsinma, un grupo de acción local que cogió un
tren, concretamente un TER, lo rehabilitaron y lo tienen a disposición
para poder hacer uso de ese transporte desde el punto de vista turístico,
que es una de las grandes riquezas económicas para el sector rural, para
todo el ámbito territorial de los distintos pueblos.


Como sabemos la importancia que tiene la reapertura
de este ferrocarril, muchas entidades e instituciones de Burgos
—concretamente algunos que hemos tenido la responsabilidad y el
orgullo de ser alcaldes de la ciudad de Burgos— lo que hicimos fue
reunirnos con los distintos ministros. De hecho, en el mes de enero del
año 2017, nos reunimos con el ministro Íñigo de la Serna en el
ministerio. El ministro abrió la puerta a esa reapertura y solo nos pidió
una cosa: «hagan ustedes un estudio que demuestre la demanda que tendría
ese ferrocarril en el futuro de proceder a la reapertura». Hicimos ese
estudio —ese estudio que tenemos aquí y que ustedes tienen a su
disposición— y lo entregamos en el Ministerio de Transportes en el
mes de diciembre del año 2017. Se nos pidió, en el mes de enero del
año 2018, que reforzáramos toda la parte de la demanda, más allá del
estudio de la viabilidad técnica que definía y, sobre todo, concluía que
era factible la reapertura porque existía una demanda industrial y
empresarial para ponerlo en servicio. Daba distintas opciones: un mero
acondicionamiento de 20 millones; una opción B, que sería una inversión
de aproximadamente 140 millones con algunas mejoras como un bloqueo
automático, un control centralizado, etcétera, y, por supuesto, una
opción C, que sería la electrificación que llegaría hasta los 400
millones. El trabajo se hizo, se justificaba la demanda, pero en el mes
de junio del año 2018 pasó algo en este país: hubo una moción de censura,
hubo un cambio de Gobierno; entró el Partido Socialista a gobernar en
España y no han querido volver a saber absolutamente nada de este
ferrocarril durante los tres años y medio que llevan al frente del
Gobierno.


Y esto es lo que estamos pidiendo en esta moción,
que procedamos a adoptar un acuerdo en esta Cámara que exija al Gobierno
de España el acondicionamiento oportuno de los kilómetros que faltan de
este ferrocarril —esos kilómetros centrales— y pedimos, en
consecuencia, su reapertura. Esto es lo que estamos pidiendo. Que no nos
maree el Partido Socialista diciendo que van a hacer un estudio y que van
a sacar la famosa bateadora del túnel de Somosierra, porque eso no sirve
de nada. Podemos tener un túnel precioso, pero ¿de qué sirve tener ese
túnel precioso si los trenes no puede circular ni un solo metro más hacia
el norte ni un metro hacia el sur, hacia la Comunidad de Madrid?
(Aplausos). ¿De qué sirve tener ese túnel? Absolutamente de nada.


Por eso, señorías, compañeros senadores, por favor,
dejemos de marear la perdiz, cojamos el toro por los cuernos y exijamos
al Gobierno de España que, de una vez por todas, realice las obras que
tiene que realizar y vuelva a poner en servicio este eje central
ferroviario de España, concretamente este ramal norte, por el bien de
Madrid, de Castilla y León, del País Vasco y de tantos y tantos lugares
de la península ibérica.


Muchísimas gracias a todos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Lacalle.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Democrático, tiene la palabra su señoría Egea Serrano.


El señor EGEA SERRANO: Gracias, señor
presidente.


Haré primero una consideración: no hagan mucho caso
de estudios de viabilidad y demanda. Hay veces que la rentabilidad social
es mucho más que todo el estudio de la viabilidad y a veces es necesario
desarrollar infraestructuras; luego ya vendrá la demanda. O sea, no hagan
mucho caso, porque suele ser una manera de perder el tiempo y de distraer
a la ciudadanía.


El año 2021 fue declarado por la Unión Europea como
Año Europeo del Ferrocarril. El ferrocarril es un medio de transporte
sostenible, innovador, seguro y, sobre todo, vertebrador del territorio;
un medio de transporte que, si el Gobierno así lo quiere, tendría mucho
futuro y daría muchas posibilidades de desarrollo en nuestros
territorios. La pandemia ha servido de excusa para ir abandonando
servicios ferroviarios que, a día de hoy, aún no tienen fecha para volver
a la normalidad. El problema de la línea Madrid-Burgos-Aranda es parecido
al de otras líneas de España —líneas en su gran mayoría que
pertenecen a la España vaciada— y que, como otros servicios, vemos
cómo poco a poco se van perdiendo entre promesas de mejoras y estudios de
viabilidad. Si realmente hay un compromiso del Gobierno y de las
comunidades autónomas para cambiar sus derivas políticas actuales y
apostar realmente por la lucha contra la despoblación, esta moción es una
oportunidad para ver ese compromiso. Pero no es suficiente con aprobar
una moción; muchas se aprueban y después se quedan en nada. Los
ciudadanos están esperando de verdad un cambio en el rumbo actual. Ese es
el sentido de nuestras enmiendas.


Es necesario pasar de las musas al teatro, de
olvidar el lenguaje político, de amagar y de no dar; pero, sobre todo, es
el momento de olvidar la disputa política estéril entre unos y otros.
Demostremos a la ciudadanía que lo que realmente nos importa es su
bienestar y mejorar sus posibilidades de desarrollo.


Nuestra primera enmienda pide fijar un horizonte
temporal para la reapertura de la línea entre Burgos y Aranda, para el
transporte de pasajeros y de mercancías que no supere enero de 2023; del
mismo modo, pedimos un horizonte de modernización completa de la línea
antes de finalizar 2026. Aprovechemos los fondos europeos para mejorar y
desarrollar nuestras redes de tren convencional para mejorar la
vertebración de nuestros territorios. Por ello, pedimos en nuestra
segunda enmienda, instar al Gobierno de España para que, en colaboración
con la Junta de Castilla y León y utilizando las infraestructuras de
Renfe, elabore un plan de modernización del ferrocarril de media
distancia en Castilla y León, que permita el diseño de una red regional
que garantice la movilidad en toda esta comunidad; una red que sería
beneficiosa para los ciudadanos de Castilla y León y que permitiría la
mejora de la vertebración de esta comunidad y, además, sería una
importante medida para luchar contra la despoblación.


Mostremos a los ciudadanos que somos capaces de
llegar a acuerdos que les benefician, independientemente de a quién hayan
votado.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría la senadora
Agudíez.


La señora AGUDÍEZ CALVO: Buenos días a todos y a
todas. Gracias, presidente.


El Grupo Parlamentario Popular presenta una moción
para su debate en el Pleno de hoy sobre la reapertura del eje ferroviario
directo entre las provincias de Madrid, Segovia y Burgos, dentro del eje
central ferroviario ramal norte. A esta moción mi grupo parlamentario ha
presentado una enmienda que contiene dos puntos. Es una enmienda
rigurosa, sensata y que debería ser aceptada por el grupo proponente si
de verdad quiere que sea una realidad el tren directo, aunque mucho me
temo que seguirán instalados en el negacionismo. No voy a entrar en el
juego de trileros del Partido Popular, en ese mitin, señor Lacalle; no
voy a entrar porque no entiendo esa forma de hacer política basada en la
falta de rigor y en el discurso de la mentira y la confrontación.
(Aplausos).


Recordemos que en marzo de 2011 un derrumbamiento
en el túnel de Somosierra dejó a Burgos desconectada de Madrid por tren
directo, con parada en pueblos de la sierra de Madrid, Segovia, mi
provincia, y la provincia burgalesa. Una década después, un Gobierno
socialista será el que aporte soluciones concretas: se invertirán 16
millones de euros para la rehabilitación integral del túnel, un primer
paso de vital importancia para recuperar el tren directo entre Madrid y
Burgos, atravesando el nordeste segoviano, que, sin duda, será un
revulsivo económico de primer orden para nuestras provincias.


Como vemos, diez años después —siete
gobernados por el Partido Popular, que no hizo absolutamente nada por
impulsar este eje ferroviario— (Aplausos), el horizonte, gracias al
Partido Socialista, es más esperanzador, y evidencia el firme y absoluto
compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez por recuperar una
infraestructura férrea de vital importancia para el desarrollo de
nuestras provincias frente a la actitud de los gobiernos del Partido
Popular, que se mostraron contrarios a reabrir esta línea. ¿Dónde estaban
entonces los senadores del Partido Popular? Como nos tiene acostumbrados
el Partido Popular cuando gobierna, sus senadores, en este caso los de
Burgos y Segovia, no dicen ni mu, y eso que no paran de hacerse fotos con
vacas. (Aplausos). Pero cuando están en la oposición, de repente les
entran las prisas y reivindican al Gobierno socialista lo que nunca
reivindicaron a los gobiernos de M. Rajoy. (Aplausos).


Señores del Partido Popular, solo piensan en los
intereses de su partido y no en servir al interés general de los
castellanos y leoneses. Por el contrario, el trabajo conjunto, discreto y
tenaz realizado por el Partido Socialista de Burgos y de Segovia,
liderados por Esther Peña y José Luis Aceves, y nuestro partido a nivel
autonómico, con nuestro secretario general y próximo presidente de mi
querida tierra, Castilla y León, Luis Tudanca, ha dado sus frutos con
hechos y con financiación. (Aplausos).


Por lo que respecta al ministerio, la ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció en noviembre la
elaboración del estudio para la rehabilitación integral del túnel de
Somosierra. En este contexto, ADIF ya ha licitado el contrato el
pasado 12 de enero. El Gobierno de Pedro Sánchez cumple, y los
socialistas y las socialistas cumplimos. Y el primer paso, que es poner
las obras de desbloqueo del túnel, ya está dado. Ahora vamos a seguir
trabajando con el ministerio para afianzar su apuesta por esta línea, de
modo que se pueda reabrir al tráfico lo antes posible. Por lo tanto,
agradezco la receptividad del Ministerio de Transportes, así como el
impulso final dado a esta operación por la ministra, Raquel Sánchez, y su
apuesta por la movilidad sostenible y la vertebración del territorio. Los
y las socialistas vamos más allá, porque consideramos necesario que todas
las administraciones remen en la misma dirección.


Así pues, en nuestra enmienda instamos al Gobierno
a la firma de un convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León
y con la Comunidad de Madrid que concrete las aportaciones económicas de
los firmantes para la revitalización del eje ferroviario, para garantizar
el compromiso de todas las administraciones públicas implicadas y, así,
satisfacer la demanda empresarial y ciudadana. ¿Es esto lo que no les
gusta? ¿O sí les gusta? Yo creo que no, porque no se fían del señor
Mañueco ni de Casado. Porque hablar de Mañueco es hablar de decadencia,
de recortes, de despoblación. Si es que, además, hace trampas cuando hay
debates. ¡Ay, madre mía! (Aplausos). Pero tranquilidad, el cambio y la
esperanza son imparables, y a partir del 13 de febrero Luis Tudanca será
el presidente de Castilla y León, el presidente que necesita y merece y
trabajará codo con codo con el Gobierno para que este proyecto se haga
realidad.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora AGUDÍEZ CALVO: Termino. Y se hará
realidad porque es nuestro compromiso, el compromiso de Pedro Sánchez y
el compromiso de Luis Tudanca.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para
indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.


Senador Rollán, tiene la palabra.


El señor ROLLÁN OJEDA: Gracias, señor
presidente.


Señorías del Partido Socialista, posiblemente, el
señor Tudanca tendrá la oportunidad de trabajar los próximos cuatro años
por los castellanos y leoneses, pero lo hará desde la oposición, se lo
puedo asegurar. (Aplausos).


Deseo destacar que ha sido mi grupo, el Grupo
Popular, el que ha presentado la moción que solicita que se inicie
urgentemente la necesaria redacción del proyecto de acondicionamiento de
la totalidad —repito, de la totalidad— de la línea
ferroviaria Madrid-Burgos para, acto seguido, ejecutar y ponerla en
servicio. De poco o de nada sirve sacar una bateadora del interior de un
túnel. Su enmienda es la máxima expresión de la falta de convicción y
absoluto desinterés, que tiene como principal objetivo embarrar el
terreno de juego para confundir a la población. Por una parte, pretenden
blanquear el nulo compromiso del Gobierno del señor Sánchez de
restablecer el servicio, porque ustedes no tienen ni el más mínimo
interés en que así sea. No lo digo yo, lo insinuó —se le van a
torcer los dedos, señoría— en sede parlamentaria la propia
secretaria de Estado. En paralelo, pretenden excusarse en los Gobiernos
populares de la Junta de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid de
cara a la financiación, cuando ustedes se jactan de que van a recibir ni
más ni menos que 140 000 millones de euros de Europa. ¿Acaso este
proyecto, que revitalizaría la población, la economía y el empleo, no
merece su atención? ¿Acaso prefieren que las dos comunidades autónomas
detraigan recursos de la educación o de la sanidad para cofinanciar una
infraestructura ferroviaria que compete al ministerio? ¿Dónde ha quedado
su apoyo para combatir la despoblación? ¿Dónde ha quedado su apuesta por
el uso de medios de transporte respetuosos con el medio ambiente? ¿Dónde
ha quedado fomentar el transporte de mercancías ferroviario? ¿Dónde,
señoría? Las han archivado en la carpeta de las mentiras. Esta enmienda
es un insulto a los madrileños, especialmente a los que viven y trabajan
en la sierra norte, así como a todos y cada uno de los castellanos y
leoneses. Repito, es un insulto y por ello no la aceptaremos.


Con respecto a la enmienda presentada por los
senadores de Teruel Existe, se aprecia que ustedes van de oídas porque,
de otra forma, resulta incomprensible tomar en serio su enmienda, porque
parece ser que desconocen que en el trazado existente de la vía, entre
traviesa y traviesa, hay árboles de más de cinco metros de altura. Eso es
lo que ocurre cuando se viene aquí a aprovecharse del trabajo de los
senadores de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid, que llevan
mucho tiempo reivindicando y defendiendo la recuperación y puesta en
servicio de esta infraestructura absolutamente esencial.


En estos diez segundos que me restan les diré que
llega el momento de retratarse, llega el momento de votar. Ustedes
decidirán si quieren apostar por el futuro de todos y cada uno de los
municipios de Castilla y León y de la sierra norte de Madrid o estar al
servicio de un Pedro Sánchez que no atiende a ninguno de estos
municipios.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Rollán.


Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra su señoría Marín Gascón. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, la línea ferroviaria Madrid-Burgos,
también conocida como el ferrocarril directo, forma parte de la red
ferroviaria de interés general. Tiene 282 kilómetros de longitud, es de
ancho ibérico, sin electrificar en su mayor parte y de vía única, aunque
preparada para doble vía. Fue inaugurada el 4 de julio de 1968; fue de
gran utilidad durante tres décadas y soportaba gran parte del tráfico
desde Madrid a Bilbao, pero tras valorar que su coste de mantenimiento no
se amortizaba con los pocos trenes que pasaban al día, sobre todo tras la
apertura de la línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid, unido a
diversos accidentes, como el desprendimiento del túnel de Somosierra en
marzo de 2011, la línea fue abandonada para el tráfico de pasajeros,
excepto los 25 primeros kilómetros del área de Madrid hasta Colmenar
Viejo, que están electrificados y duplicados. Asimismo, fue
infrautilizada para el tráfico de mercancías, que, desde 2012, tan solo
se mantiene entre las ciudades de Burgos y Aranda de Duero.


En febrero 2018, la Cámara de Comercio de Burgos y
las instituciones provinciales realizaron la petición de un corredor
central ferroviario que usaría la línea directa Madrid-Aranda como eje
principal en su recorrido por la Península. Por otro lado, la Plataforma
por el Ferrocarril Directo Madrid-Burgos ha entregado al Consejo
Económico y Social de Castilla y León un documento con el fin de que este
organismo presente alegaciones para la apertura y modernización de la
línea Madrid-Aranda-Burgos en vistas a la estrategia indicativa
ferroviaria; un proyecto este, el de la estrategia, que se encuentra en
exposición pública para actuar sobre las grandes carencias del
ferrocarril en España. Y es que, según el último informe de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia de 2019, la tasa de transporte
en España por ferrocarril se situaba en solo el 1,4 %. La estrategia, que
viene elaborándose desde 2020, pone en marcha un ambicioso plan de
inversión de hasta 24 000 millones de euros para actuar principalmente
sobre las líneas de ferrocarril convencional y promover el crecimiento
económico nacional hasta el 0,30 %. Por otro lado, la Plataforma pretende
que la justicia esclarezca el paradero de los más de 10 millones de euros
desaparecidos del mantenimiento de la vía del ferrocarril. En
diciembre 2017 había 120 000 euros para el cambio de traviesas, que no se
realizó. Entre 2018 y 2021 se cuantificaron 9 millones de euros para el
mantenimiento de la línea entre Colmenar Viejo y Burgos, algo que tampoco
se hizo. Y el año pasado se incluían 250 000 euros para actuar contra la
vegetación, algo que tampoco queda demostrado. En noviembre de 2021 la
ministra de Transportes anunció la inversión de 10 millones de euros para
proceder al arreglo del túnel de Somosierra, así como la posterior
reapertura de la línea. Se estima que para abrir la línea completa se
necesitan 14 millones de euros, que aumentarían hasta los 100 millones de
euros para abrirla con sistemas mínimos de seguridad y calidad y hasta
los 150 millones de euros para electrificar toda la línea.


Señorías, España padece un problema estructural en
cuanto al transporte por ferrocarril. Esta situación supone, entre otras
cosas, un abandono absoluto del mundo rural, el agravamiento de la
situación de despoblación, una restricción de la movilidad de los
españoles y una situación discriminatoria entre las regiones. Limitar la
movilidad para las personas y mercancías es limitar el crecimiento
económico en zonas que ahora más que nunca precisan un impulso. Para
intentar paliar esta situación Vox presentó en el Congreso una
proposición no de ley dirigida a la reactivación de servicios
ferroviarios en todo el territorio nacional.


Por lo expresado anteriormente, votaremos a favor
de esta moción. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra el señor Muñoz Lagares que compartirá el tiempo con el señor
Egea. Primero interviene el señor Egea.


El señor EGEA SERRANO: Intervendré desde el escaño,
señora presidenta, para resaltar que no hace falta hablar mal de los
compañeros ni menospreciar su trabajo. El senador se ha referido al
nuestro sin saber lo que habíamos hecho y ha hablado de una enmienda
cuando hemos presentado dos. Hablé ayer con su compañero sobre los
horizontes que proponemos en nuestra primera enmienda. Independientemente
de cómo esté en estos momentos, creo que la vía no está desmantelada,
porque si está desmantelada..., no sé para qué presentan ustedes una
moción que necesitará tanto tiempo para ponerse en marcha. (Aplausos).
Por lo tanto, creo esto se podía haber hablado; de hecho, le mandé un
correo a usted ayer para ver si había alguna manera de llegar a algún
acuerdo.


Y a la segunda enmienda no me ha contestado. La
segunda habla de establecer un plan de movilidad en toda Castilla y León
aprovechando las infraestructuras de Renfe; no creo que sea tan
descabellado. Por supuesto, considero que nadie viene aquí a hablar de
oídas y que no hace falta hablar en estos términos de ningún compañero de
trabajo.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Señor Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidenta.


No quería terminar mi participación en el Pleno sin
dar el pésame a la bancada de Esquerra por el fallecimiento de su
compañero.


Hoy la bancada de los populares está sembrada con
sus mociones en este Pleno porque nos traen un nuevo ejercicio de
cinismo, una falta de respeto a los ciudadanos de Castilla y León, y lo
digo por lo siguiente. En su exposición de motivos recuerdan que el
desprendimiento del túnel de Somosierra ocurrió bajo un Gobierno
socialista, en marzo de 2011, algo que es objetivamente cierto, como
también es objetivamente cierto que el Partido Popular llegó al Gobierno
solo unos meses después, en diciembre, con mayoría absoluta, y que en los
siete años que gobernó no hizo absolutamente nada de nada. Fueron siete
años de dejadez, que han hecho que la recuperación de la línea sea
infinitamente más costosa de lo que habría sido si el Partido Popular
pensara en los intereses de los ciudadanos de Castilla y León y de los
españoles en general. Los ciudadanos de Castilla y León no se merecen las
mentiras del Partido Popular. En Ciudadanos sí creemos en el valor de la
palabra y lo ejercemos, aunque nos paguen con deslealtad, con mentiras e
injurias por simples intereses partidistas, desplazando los intereses de
los ciudadanos. El transporte y una red de infraestructuras son un
elemento de control y organización del territorio que condiciona los
límites del desarrollo económico y evita la fractura social para que los
ciudadanos puedan construir en libertad el proyecto vital que deseen. El
cierre de la línea 102, ferrocarril Madrid-Aranda de Duero-Burgos, ha
roto un enlace importante en el mallado de la red ferroviaria; un enlace
que conectaba con el gran centro industrial de Aranda de Duero y
Burgos.


Ciudadanos siempre ha mostrado su preocupación por
garantizar la racionalidad, la eficacia y la eficiencia de las
infraestructuras, así como por planificar de una manera ordenada todo el
territorio nacional. Por ello, vamos a apoyar esta moción y esta línea
férrea que facilita el transporte de mercancías, una línea necesaria y
respaldada por el sector ferroviario, por el tejido empresarial, por los
ayuntamientos afectados y por una sociedad civil cansada de esperar y de
escuchar promesas vagas de un bipartidismo ineficiente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
el senador Gómez Perpinyà.


El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señora
presidenta. Señorías, creo que es de sobra conocido el compromiso de Más
Madrid y del Grupo de Izquierda Confederal con el objetivo de promover un
transporte limpio y sostenible en nuestro país. Lo hicimos en la ciudad
de Madrid cuando tuvimos la oportunidad de gobernar, desarrollando el
plan contra la contaminación más ambicioso de toda Europa; y lo hemos
defendido a capa y espada frente a Gobiernos negacionistas y aficionados
a los atascos, como el de la señora Ayuso y el señor Almeida en Madrid.
Hoy, señorías, estamos hablando en el Senado sobre la línea que une
Madrid y Burgos, que lleva una década bloqueada por el derrumbamiento del
túnel de Somosierra y, también —por qué no decirlo— por la
incapacidad de los Gobiernos que se han ido turnando en el poder en los
últimos años para encontrar una solución.


Señorías del Partido Popular, con total franqueza,
celebro de verdad su iniciativa. Para mí es el síntoma inequívoco de la
victoria moral y cultural de quienes defendemos un modelo de movilidad
que pone a las personas y al planeta por delante de los intereses del
globalismo de mercado, pero no podemos ser ajenos al hecho de que ustedes
solamente traen este tema al Pleno en el día de hoy no tanto por una
sensibilidad sobrevenida con el transporte público del conjunto de los
españoles, sino exclusivamente por el interés que despiertan las próximas
elecciones en Castilla y León. Y es que ustedes, igual que un día se
visten de ganaderos para posar frente a las Cámaras o mandan a las
juventudes de su partido a asaltar ayuntamientos haciéndose pasar por
ganaderos o se toman un vino a las once y media de la mañana, no sabemos
muy bien para demostrar qué, hoy nos quieren decir que también les
preocupa el futuro del transporte ferroviario. Pues, señores del PP, no
seré yo quien se lo recrimine. Así que, de verdad, de corazón, les doy la
bienvenida.


La propuesta es importante como apuesta por la
movilidad sostenible, pero también para la vertebración del territorio y
para la industria española y, por qué no decirlo, para la industria
madrileña. Ponerse manos a la obra para reabrir la línea ferroviaria
Madrid-Burgos es una solución de futuro fundamental para la Comunidad
Madrid y, por supuesto, también para el resto de regiones afectadas. Por
eso formó parte de nuestro programa electoral, y por eso lo vamos a
apoyar con absoluta independencia de quién sea el partido que lo
proponga. Ojalá sus señorías hicieran lo mismo en otras ocasiones. Sin
embargo —y se lo tengo que reconocer—, no deja de
sorprenderme que sean precisamente ustedes, señorías del Partido Popular,
los que traigan hoy aquí esta iniciativa. ¿Acaso no son ustedes el mismo
Partido Popular que gobernó en España entre el año 2011 y 2018, o estoy
yo equivocado? Este, señorías, no es un problema de ahora, por más que
ustedes no se hayan interesado por él hasta el día de hoy. Por tanto,
aquí solamente hay dos posibilidades. O ustedes vienen aquí hoy a pedir
perdón por la nefasta gestión de Mariano Rajoy, o ustedes pretenden darse
una capita de green washing de cara a las elecciones castellanoleonesas,
ahora que toda España sabe que lo que a ustedes verdaderamente les gusta
son las macrogranjas.


Tampoco, señorías del PP, han propuesto ni una sola
solución en la Comunidad Madrid donde llevan gobernando 25 años, y
oportunidades no les han faltado. En los últimos presupuestos, Más Madrid
les presentó dos enmiendas. La primera para firmar un convenio entre la
Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes para la puesta en
marcha del tramo madrileño de la línea Madrid-Burgos. y la segunda para
acordar el mantenimiento de las infraestructuras de esta línea para su
puesta en funcionamiento. ¿Saben ustedes lo que votó el Partido Popular
de Pablo Casado y de Isabel Díaz Ayuso a estas enmiendas? Votó en contra.
¿Saben ustedes lo que votaron sus socios, esos que se hacen pasar por los
Peaky Blinders y que no son más que una versión urbanita y dominguera de
Pasión de gavilanes? Votaron también en contra.


Con estos precedentes, señorías de la derecha,
entenderán que su credibilidad no pase por su mejor momento y quizás por
eso las plataformas de la España vaciada, que sí están en los pueblos,
que sí están en las ciudades más afectadas, les inquietan tanto. Pero,
por si todavía hay alguien que pueda dudar de la fiabilidad de la palabra
y de las promesas del Partido Popular cuando estamos en campaña
electoral, nosotros desde Madrid podemos dar buena cuenta de ello, no
solamente de las palabras, sino fundamentalmente de los hechos. Hoy en
día miles de madrileños del suroeste llevan años esperando el tren
Móstoles-Navalcarnero que el Partido Popular anunciaba que se inauguraría
en el año 2015. Estamos a 2 de febrero del año 2022 y ese tren sigue sin
existir y las obras están abandonadas. Y, por supuesto, como toda
infraestructura que depende del Partido Popular, está salpicada de
corrupción.


Termino ya. Señorías del Grupo Socialista, me
encantaría que saliéramos de este Pleno con el compromiso por parte de
todos de pasar de las palabras a los hechos y de solucionar ya un
problema al que llegamos una década tarde, porque es una demanda justa,
porque es necesario favorecer la movilidad sostenible, porque dinamiza
nuestra industria y porque España, Castilla y León y Madrid no pueden
perder más trenes.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra
la senadora Vaquero Montero.


La señora VAQUERO MONTERO: Mila esker, presidenta
andrea. Arratsalde on.


Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a
todos.


El debate propiciado por el Grupo Popular en esta
Cámara viene de lejos. Se aprovecha nuevamente, porque parece que en el
Pleno de hoy solo hablamos de Castilla y León. Entendemos que estamos en
campaña electoral y se está aprovechando el escenario del Senado para
hacer campaña electoral y reprocharse mutuamente de bancada a bancada qué
han hecho o qué han dejado de hacer los grupos parlamentarios. No quiero
entrar en ese debate electoral; me voy a centrar en hacer algunas
reflexiones sobre lo que dice la moción en su parte expositiva. El Grupo
Popular defiende la reapertura de esta línea para unir los tráficos desde
el norte de África y el sur del Estado —es lo que dice— en
dirección a Bilbao-Irún y de aquí conectar con el tráfico internacional
existente al oeste de Francia, Reino Unido, Países Bajos y oeste de
Alemania, canalizando también el tráfico de mercancías con Portugal. Es
un plan muy ambicioso.


El Partido Nacionalista Vasco defiende las
inversiones que posibiliten el desarrollo de los proyectos europeos de la
Red Transeuropea del Transporte, evidentemente, tanto de la red básica,
que consiste en actuaciones de máxima importancia y cuyo horizonte
temporal es 2030, como de la red global, que engloba el conjunto de
infraestructuras existentes y planificadas dentro de esta red, cuyo
horizonte temporal es 2050, aunque, por su importancia, por la suma de
diferentes factores económicos y sociales y por su horizonte temporal,
defendemos que se ejecute prioritariamente la red básica, lo que no se
está haciendo con la celeridad debida, hecho que denunciamos
reiteradamente gobierne quien gobierne para dar cumplimiento a los
acuerdos ya adoptados en Europa. Y me refiero expresamente al corredor
atlántico, cuyo calendario de puesta en marcha acumula retraso tras
retraso. ¿Y qué decir de la Y griega vasca?


La moción, en su parte expositiva defiende también
la reapertura de la línea para abaratar el transporte de mercancías
—hablamos de un ahorro de 100 kilómetros—, la disminución de
la intensidad del tráfico por carretera, rebajar la contaminación y el
desgaste de las infraestructuras y reducir la siniestrabilidad, ya que el
tren es un modo de transporte más seguro, fiable y sostenible. Y esto es
así si la apertura de esta vía va acompañada de inversiones en su
mantenimiento, inadecuado y no suficiente, a tenor de lo que hoy se está
debatiendo, ya que estamos hablando de un tramo abierto en 1968 que quedó
parcialmente inutilizado cuarenta y tres años más tarde.


Llama la atención la defensa que se ha hecho antes
de la eliminación de peajes cuando se habla de intentar eliminar el
tráfico de la carretera para llevarlo vía tren; y es una vía
verdaderamente útil para lo que se dice perseguir si se invierte en
electrificación, si se acomete la implementación del denominado ERTMS, es
decir, del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, en
definitiva, si se garantiza la interoperabilidad de la red para formar
una única red y que un tren pueda circular libremente por la Unión
Europea, algo que no es posible por los diferentes anchos de vía, gálibo,
electrificación y sistemas tecnológicos existentes. Por ello, no solo
consiste en abrir túneles para recuperar tramos ferroviarios; se tiene
que garantizar su sostenibilidad y operatividad, y si no, invertiremos en
infraestructuras obsoletas y no funcionales que poco van a aportar a los
fines que se dice perseguir.


Sin embargo, en la parte expositiva, esta moción no
recoge nada de la electrificación de la vía, de su seguridad y
operatividad ni de su ancho métrico para hacerla operable en su conexión
con Europa. Evidentemente, como dice la moción, la distancia más corta
entre dos puntos es una línea recta, y en el transporte el tiempo es
competitividad. Sin embargo, el transporte de mercancías, más allá del
ahorro del tiempo en su recorrido, exigía ante todo seguridad, fiabilidad
y operatividad, ya que el tiempo ahorrado en los kilómetros evitados no
supone mucho si tenemos que perder tiempo en los cambios de carga para
poder operar en diferentes anchos de vía.






Por ello nuestra apuesta es la
Y griega vasca, en la que confluyen tanto tráfico de personas como de
mercancías y es interoperable, y a la que el Gobierno del Estado tiene
que dar continuidad con un tercer hilo para las mercancías, paralelo en
la red actual hasta Burgos, ya que la alta velocidad, más allá de Euskadi
no es operable para mercancías.


Desconocemos, igualmente, lo que puede decir el
estudio sobre la apertura del túnel para la recuperación total de la
línea que el ministerio ha licitado. Sería interesante conocer sus
conclusiones antes de adoptar más medidas.


Finalizo. Este grupo apuesta por el ferrocarril,
tanto para mercancías como para pasajeros, por unas infraestructuras que
den servicio al tejido socioeconómico y a la ciudadanía. Apostamos por
las cercanías, por la media y larga distancia, por la alta velocidad, por
la disminución del tráfico de mercancías de la carretera al tren, pero no
de cualquier manera; con planificación y priorizando la ejecución de los
ejes estratégicos ya acordados y pactados.


Mila esker.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Ayala Santamaría.


La señora AYALA SANTAMARÍA: Alcaldes, gracias por
acompañarnos. (La señora Ayala Santamaría se dirige a la tribuna). Es un
placer teneros aquí y defender lo que vosotros defendéis.
(Aplausos).


Decía antes muy bien mi compañero el senador por
Burgos, Javier Lacalle, y lo comentaba ahora la senadora del País Vasco,
que de toda la vida de Dios, la distancia más corta entre dos puntos
siempre es la línea recta. Es lo que estudiábamos cuando éramos pequeños:
de Madrid a Irún por Burgos; esta era la vía habitual por carretera. Esto
que pasa en la carretera, lamentablemente no pasa en la vía férrea; por
lo menos, desde Aranda hasta Burgos se puede circular, pero, como hemos
comentado, en la parte anterior no se puede circular.


Señorías, les voy a mostrar unas fotos que se
tomaron este verano. Esto que ven copado de vegetación es la vía férrea
de la que estamos hablando. Y nos dicen que con un estudio para sacar la
bateadora, que está en uno de los muchos túneles del recorrido, es
suficiente, y con eso cumple el compromiso el Partido Socialista. Pírrico
compromiso el del Partido Socialista. Esto, sencillamente, no soluciona
nada. Por abundar en la realidad de esta línea férrea, diremos que hace
unos diez años se hizo una revisión —obviamente todo esto ha ido a
peor— y dijeron que había diez túneles dañados y catorce trincheras
en riesgo, y hemos visto fotos de una cascada de una tubería en la sierra
norte que está mandando agua constantemente. Sin embargo, la
superestructura está en buen estado, con lo cual es más que evidente que
esas obras se pueden llevar a cabo y contribuir a todos esos objetivos de
los que hemos hablado.


Es increíble que Más Madrid nos reproche no haberlo
hecho entre 2012 y 2018. Parece que se olvidan de la situación en la que
la izquierda dejó a este país, en plena ruina. (Aplausos.—
Rumores). No teníamos dinero para pagar absolutamente nada. Obviamente,
una intervención de unos 400 millones en aquel momento no se podía llevar
a cabo. Es que no podemos comparar las cosas como si fueran totalmente
iguales, porque, señorías, sencillamente no lo son.


El PSOE en este tema ha estado entre dos posturas
desde que gobierna: entre la dejadez y la ocurrencia. Ha estado en la
dejadez cuando en los presupuestos que ha elaborado o aprobado ha
consignado exactamente cero euros para esta infraestructura, cero euros,
señorías, y ante la indignación general en Burgos, lo que han hecho es
sacarse de la chistera la bateadora para ver si hacemos algo, si
disimulamos y la gente nos cree. ¡Claro! Les ha salido bastante mal,
porque todo el mundo ha entendido que ese, ni mucho menos, es el
objetivo.


Esa ha sido la primera ocurrencia, la de vamos a
sacar la bateadora. Pero la segunda ocurrencia es la que nos traen hoy
vía enmienda, y es que los gobiernos del PP nos solucionen la papeleta.
Oigan, ¡si a mí me parece muy bien!, ¡si yo confío en los gobiernos del
PP!, pero si ustedes lo que quieren es que los gobiernos del PP resuelvan
la papeleta, dejen el Gobierno y dejen que los gobiernos del PP
solucionen la papeleta. Pero esto de decir en una enmienda que sean los
gobiernos del PP los que lo solucionen no parece muy serio. Esta es la
segunda ocurrencia.


A todo lo que les acabo de decir hay que sumar que
este año, con la lluvia de millones europeos, a Burgos ha venido un 20 %
menos de presupuesto para inversiones, un 20 % menos, y a ello hay que
sumar que ya tuvimos una reunión de senadores y diputados en la que se
dijo que la única posibilidad para sacar esto adelante eran los fondos
europeos. Y llevar a cabo en su totalidad este proyecto de unos 400
millones solo tiene cabida con fondos europeos. Lo tuvimos perfectamente
claro. Pero ¿qué ha pasado? Que los socialistas han vuelto a dejar en la
estacada a Castilla y León y no han incluido este proyecto en los fondos
europeos. Nos han vuelto a dejar en la estacada.


Señorías, les quiero enseñar algo más: este titular
que dice que el Gobierno pierde 2074 millones de los fondos europeos por
su lenta ejecución. Es decir, no han comprometido este tren, que es tan
necesario para toda esta zona de Madrid, Segovia y Burgos, y no
comprometen los fondos que tendrían que comprometer. ¡Menuda gestión de
los fondos europeos, señorías! ¿Saben cuántos trenes directos podrían
hacer con estos dos mil millones? Seis trenes directos entre Madrid y
Burgos. Si aún estamos a tiempo, la única solución son los fondos
europeos, señores del Grupo Socialista, no hay ninguna otra
posibilidad.


El otro día vino la ministra y nos dijo que quiere
hacer un estudio sobre las alternativas posibles del destino de este
túnel. ¿Alternativas del destino de este túnel? No, lo que necesitamos es
el compromiso de que vuelvan a circular trenes en la vía. Alternativas al
destino del túnel, no. Dejar el túnel muy bonito no nos sirve de nada. Ya
han visto cómo está la vía. Lo que necesitamos es el compromiso real, que
vayan de nuestra mano para que el compromiso real se plasme y para que
vuelvan a circular trenes en la vía.


Termino ya. Los burgaleses estamos hartos de que
los ministros socialistas se paseen por Burgos y prometan y prometan
inversiones y que luego el presupuesto se recorte un 20 %, o que nos
digan que van a sacar la bateadora y sea todo lo que quieren hacer, o que
las comunidades del PP resuelvan sus problemas. Apoyen esta iniciativa,
será la forma de sacar adelante esta inversión que todos
necesitamos.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Arnáiz García.


La señora ARNÁIZ GARCÍA: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.


Debatimos esta mañana una cuestión que ha llenado
páginas e informativos de mi provincia en los últimos diez años. Hay que
remontarse al 8 de marzo de 2011, cuando una bateadora que se desplazaba
desde Aranda de Duero a Fuenlabrada arrolló material desprendido de la
bóveda del túnel de Somosierra quedando inmovilizada dentro del túnel. A
partir de ese momento, quedó suspendido el tráfico ferroviario comercial
en esa línea, como se ha dicho aquí. Han pasado más de diez años y al
Grupo Popular le entran las prisas de pronto de reabrir esa línea.
(Aplausos). Instan a que se inicie urgentemente la redacción del proyecto
de acondicionamiento de la totalidad de la conexión ferroviaria, así como
su posterior reapertura al tráfico.


Señorías del Grupo Popular, los burgaleses y las
burgalesas estamos hartos de postureo en momento electoral, hartos.
(Aplausos). Porque la respuesta a las demandas de la comarca de la Ribera
y de los municipios de Segovia y las exigencias a los gobiernos
implicados hay que demostrarla gobernando y en la oposición. ¿Qué hizo el
Partido Popular cuando gobernó en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
y 2018 para la reapertura de esta línea? Ese lapsus de tiempo que parece
que sufren ahora mismo el señor Lacalle y la señora Ayala se responde con
una sola palabra: Nada. (Aplausos). No hicieron nada. Es más, decretaron
el cierre de la estación de trenes del Montecillo el 1 de septiembre del
año 2015. Eso es lo que hicieron en siete años. Así que les digo que la
misma pulsión y celeridad en atajar el problema podrían haberla
demostrado entonces. Siete años gobernando el país. ¡Es que tienen un
cuajo! Siete años, pero no hubo ni un solo paso, y les digo por qué. El
Partido Popular tenía un estudio de viabilidad que guardó en el cajón
para no decir la verdad a la ciudadanía, para no decirles que su apuesta
era cerrar todas las oportunidades para el tren directo. Eso es lo que
realmente estaban escondiendo. Desoyeron las demandas de asociaciones
empresariales, cámaras de comercio, plataformas, colectivos e
instituciones, como el Ayuntamiento y la Diputación de Burgos. Lo que
ustedes no hicieron en diez años lo vamos a hacer nosotros ahora.
(Aplausos.— Protestas)


Sí, sí, escuchen, señores alcaldes. Como siempre,
tuvo que ser un Gobierno progresista, a partir del año 2018, el que
rompiera esta parálisis. En primer lugar, con la vigilancia, limpieza y
tratamiento de maleza tras años de incumplimientos —la foto que nos
ha enseñado la señora Ayala es de su etapa—. Y en segundo lugar,
con la licitación del estudio para la rehabilitación del túnel con todas
las garantías de seguridad y con un coste estimado de 11 millones de
euros o los que sean necesarios.


Sabemos que al Partido Popular de Castilla y León
le ha producido un enorme disgusto, porque año tras año han estado dando
largas, porque nunca hicieron nada y nunca creyeron en el proyecto. No
invirtieron ni un euro en su recuperación ni el Gobierno central ni el
Gobierno autonómico. Ahora quieren solucionar de un plumazo años de
parálisis e incompetencia abriendo el tráfico de la línea con la sola
redacción del proyecto. ¿Esa es su apuesta? Señor Lacalle, demos pasos
firmes y seguros, porque la rehabilitación del túnel y sacar la bateadora
es la primera y necesaria actuación que acometer para la reapertura de la
línea.


Señorías, diez años el PP de Mañueco sin solventar
un problema y el Gobierno de Pedro Sánchez cumpliendo con hechos y
trayendo 140 000 millones de euros, a los que, por cierto, votaron
ustedes en contra. (Aplausos). Porque creemos en esta línea, pedimos en
nuestra enmienda la implicación de la Junta de Castilla y León, para que
se moje; sí, sí, para que se moje, firmando un convenio para la
revitalización de la línea —revitalización, no
reconstrucción—. Pero el PP de Mañueco nuevamente se aparta, como
las Cortes de Castilla y León, y no se compromete con Burgos rechazando
la enmienda. Dicen que no va con ellos apostar por la línea Madrid-Aranda
de Duero-Burgos. ¡Qué diferencia con la Junta de Extremadura! donde el
presidente Vara —escuchen, escuchen— aporta recursos para
servicios ferroviarios, como la línea CáceresValencia de Alcántara.
(Aplausos). Eso sí que es velar por los habitantes del medio rural.


Escuchen también, señores alcaldes. Ustedes no
quieren que la Junta de Castilla y León participe. Nosotros, sí. Y
atendiendo al interés general, aunque no nos acepten la enmienda, no nos
vamos a oponer a su iniciativa. No nos vamos a oponer, porque tenemos la
certeza de que Luis Tudanca no actuará como Mañueco y sí pondrá de su
parte, firmando un convenio con el Gobierno de España para potenciar esta
línea tan importante para el desarrollo económico, para la creación de
empleo y para fijar población. (Aplausos). ¡Hombre, no tengo ninguna
duda!


Y han traído hoy a esta Cámara la campaña de
Castilla y León. Pues vamos a hacer balance de esos treinta y cinco años
en los que han pasado cosas muy graves en Castilla y León y en mi
provincia.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría,
vaya terminando.


La señora ARNÁIZ GARCÍA: Sí, sí, señorías, Castilla
y León se desangra. En diez años hemos perdido 170 000 habitantes; en
Castilla y León, uno de cada cinco jóvenes vive fuera por falta de
oportunidades.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría,
vaya terminando.


La señora ARNÁIZ GARCÍA: Ese es el drama y la
nefasta hoja de servicios de los gobiernos del PP, del consejero y ahora
presidente Mañueco.


Ustedes prometieron un nuevo hospital en Aranda de
Duero desde el año 2003 y lo repitieron campaña tras campaña. Nosotros lo
haremos. Llevan décadas prometiendo el parque tecnológico y el
centro…


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría,
por favor, tiene que terminar. Pasa un minuto.


La señora ARNÁIZ GARCÍA: Llevan décadas prometiendo
el parque tecnológico y el Centro de Salud García Lorca en Burgos.
(Rumores). Nosotros lo haremos. (Aplausos). Incumplimientos históricos
que tienen plazo de caducidad, porque los burgaleses y burgalesas están
hartos. Saben que no son de fiar, no, y no quieren que les vuelvan a
tomar el pelo. (Rumores).


El 13 de febrero, Castilla y León votará cambio y
esperanza. Castilla y León tiene un pasado que ha sido un lastre, pero
tiene un futuro que ofrecer, que es Luis Tudanca.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías,
esta moción, en sus propios términos, será sometida a votación durante el
plazo que esta Presidencia abrirá al concluir el debate de la última
moción.









MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO ACUERDA LA
CREACIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO,
DE UNA PONENCIA DE ESTUDIO QUE ELABORE UN INFORME CON RECOMENDACIONES
PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE GARANTICEN LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL
MUNDO RURAL.


662/000100

GPERB


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 10.3..


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta
moción se han presentado diecisiete enmiendas: una del Grupo
Parlamentario democrático, quince del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal y una del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, la
senadora Bailac Ardanuy.


La señora BAILAC ARDANUY: Gràcies.


El món rural no pot sostenir una fuga de serveis.
Les mancances en infraestructures, les deficiències en la prestació del
servei postal, o el tancament de moltes oficines bancàries posen en risc
un equilibri molt fràgil. I és que mantenir els serveis essencials de
dinamització econòmica, com pot ser el de l’accés als serveis
financers, és clau per a l’arrelament de les persones que viuen a
l’entorn rural. Cada vegada hi ha menys caixers automàtics i
oficines bancàries a totes les poblacions. I això no només passa a
Catalunya, és un problema a tot l’Estat. La gent gran i les
persones més vulnerables veuen amb impotència com aquest servei es cada
cop més inaccessible, i per tant, se’ls dificulta el seu dia a dia.
Els bancs baixen la persiana i la gent es queda penjada. Catalunya ha
perdut 3 de cada 5 oficines bancàries en els últims 12 anys. 5.256
sucursals bancàries han tancat deixant municipis sense accés als serveis
financers o limitant l’accés de la gent gran i dels col·lectius
vulnerables. Només a Catalunya hi ha 480 municipis que no disposen
d’oficina bancaria, una realitat que afecta 254.000 persones. I
d’aquests, Lleida concentra 130 municipis sense accés als serveis
bancaris, a més de les desenes de milers de persones que s’han de
desplaçar un mínim de 5 kilòmetres per poder accedir a un caixer. Aquesta
és una realitat que afecta els Països Catalans, però també a tot el
territori de l’Estat, on s’ha retallat ... (Rumors).


Gracias.


El mundo rural no puede sostener una fuga de
servicios. Las carencias en infraestructuras, las deficiencias en la
prestación del servicio postal o el cierre de muchas oficinas bancarias
pone en peligro un equilibrio muy frágil, y es que mantener los servicios
esenciales de dinamización económica, como puede ser el acceso a los
servicios financieros, es clave para el enraizamiento de las personas que
viven en un entorno rural. Cada vez hay menos cajeros automáticos y
oficinas bancarias en todas las poblaciones, y eso no sucede solo en
Cataluña; es un problema en todo el Estado. La gente mayor y las personas
más vulnerables ven con impotencia que este servicio es cada vez más
inaccesible y, por consiguiente, se les dificulta su día a día. Los
bancos bajan la persiana y la gente se queda colgada. Cataluña ha perdido
tres de cada cinco oficinas bancarias en los últimos doce años; 5256
sucursales bancarias han cerrado, dejando municipios sin acceso a los
servicios financieros o limitando el acceso de la gente mayor y de los
colectivos vulnerables. Solo en Catalunya hay 480 municipios que no
disponen de oficina bancaria, una realidad que afecta a 254 000 personas,
y de estas, Lérida concentra 130 municipios sin oficinas bancarias,
además de las decenas de miles de personas que tienen que desplazarse un
mínimo de 5 kilómetros para acceder a un cajero. Esta es una realidad que
afecta a los países catalanes, pero también a todo el territorio del
Estado, donde se ha recortado... (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Silencio,
por favor. Permitan que se pueda oír la intervención de la oradora.


La señora BAILAC ARDANUY: Gràcies.


Deia que aquesta és una realitat que afecta a tots
Països Catalans, però també a tot el territori de l’Estat, on
s’ha retallat la meitat de les oficines bancàries en els últims
anys. Resulta molt difícil explicar que mentre els bancs impulsen EROs
massius que suposen enormes retallades de plantilla i tancaments de
sucursals, les sis entitats que estan a borsa sumaran uns resultats
conjunts, per sobre dels 20.000 milions d’euros de beneficis. Un
volum de beneficis, mai vist. És a dir, mentre la Banca impulsa fusions
per tal d’augmentar el volum de capitalització, retalla tota la
seva estructura de serveis als territoris i ho fa amb un record de
beneficis.


Les coses canvien, això ningú no ho nega, internet
i els telèfons mòbils s’han convertit en instruments indispensables
per anar pel món, però encara existeix una generació, o diverses, que van
créixer sense internet, sense accés a la tecnologia i se’ls està
demanant ara que facin massa. És la generació que va viure la postguerra,
les generacions dels meus padrins o de molts dels vostres pares i mares,
que veuen la revolució digital que els imposen els bancs com un greuge
que avança massa ràpid, i que molts cops se’ls demana que facin
quilòmetres per tal de tenir un servei que fins fa quatre dies tenien al
costat de casa. I tot perquè les entitats bancàries van decidir un dia
per ells, en base als seus propis interessos, i van jubilar als 50 anys a
les persones que cada matí atenien a tota aquesta gent. Ahir llegia una
notícia, que deia, «els bancs necessiten els clients i els clients
necessiten els bancs, però convindria que les dues parts quedessin
contentes. I que els bancs rectifiquessin la seva labor de servei». I es
per això, entre d’altres coses, que des del nostre grup
parlamentari presentem aquesta moció. Ens preocupa aquesta tendència que
deixa sense opcions a molta gent. Estem preocupades per aquesta retallada
de serveis financers que s’afegeix a les dificultats que pateix el
món rural. I que s’afegeix també a les dificultats que viuen moltes
persones grans que pateixen la bretxa. I aquesta realitat té un nom:
exclusió financera, i posa en risc l’equilibri territorial però
també la cohesió social i l’activitat econòmica a les zones rurals.
Hem de garantir l’accés de la ciutadania, en peu d’igualtat,
a tots aquells serveis bàsics en el marc socioeconòmic en el qual es
desenvolupa la nostra societat i, en especial, a les operatives
bancàries, l’accés al diner en efectiu, i les gestions bancàries
personalitzades fora de l’àmbit digital. La moció que presentem té
l’objectiu de sumar esforços per donar resposta a aquesta
necessitat que preocupa a la ciutadania de les comarques de Lleida i
d’altres territoris. I les solucions passen per posar sobre la
taula les bones pràctiques que ja es porten a terme i la veu de les
persones expertes i coneixedores d’aquesta realitat. Coneixem
iniciatives que estan portant a terme municipis com el de Ciutadilla, on
l’alcalde Òscar Martínez, ha pogut intermediar amb les entitats
bancàries per assegurar l’atenció presencial periòdica al municipi,
a través d’un servei de corresponsalia bancària. Sabem que les
diputacions estan buscant solucions, que també la Generalitat hi està
treballant. Veiem iniciatives que ens sorprenen com la del projecte de
Correus d’instal.lar caixers per combatre l’exclusió
financera. Però entenem el criteri d’instal.lar aquests caixers a
municipis que ja en disposen, de caixers, i no en altres pobles a la vora
quer no tenen accés als serveis bancaris. Considerem que podríem trobar
solucions i plantejar propostes en aquesta ponència d’estudi. Per
exemple, quines solucions legislatives podrien garantir el manteniment de
la prestació d’aquests serveis bancaris. O com podríem supeditar
l’autorització de possibles fusions bancàries al manteniment
d’aquesta xarxa important d’oficines de proximitat. Són dues
qüestions, les que acaba de mencionar, que ha plantejat el Parlament de
Catalunya.


Sigui com sigui, creiem que cal que aquesta cambra
promogui l’anàlisi, el debat, sobre les millors solucions per
garantir la inclusió financera per a tothom, en especial en l’àmbit
rural, i que aquesta ponència d’estudi arribi a conclusions que
puguin ser executables al més aviat possible. Per això, creiem que
aquesta cerca de solucions ha d’anar lligada necessàriament a la
reflexió general sobre l’equilibri territorial i sobre el
despoblament del món rural. D’aquí que proposem la creació
d’una ponència d’estudi al sí de la Comisión para la
Despoblación y el Reto Demográfico, que ens sembla una opció adient
perquè l’exclusió financera al món rural i la problemàtica del
despoblament són dues cares de la mateixa moneda. Creiem que la missió de
la ponència ha d’anar encaminada a elaborar un informe amb
recomanacions per garantir la inclusió financera de la població,
especialment a les persones que viuen al món rural i per les persones més
vulnerables, com la gent gran o les persones amb dificultats en entorns
digitals o amb rendes baixes.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias.


Decía que esta es una realidad que afecta a todos
los países catalanes y también al territorio del Estado, donde se han
recortado la mitad de las oficinas bancarias en los últimos años. Resulta
muy difícil explicar que mientras los bancos impulsan ERE masivos que
suponen enormes recortes de plantilla y cierre continuo de sucursales,
las seis entidades que están en la bolsa sumarán unos resultados
conjuntos por encima de los 20 000 millones de euros de beneficios; un
volumen de beneficios nunca visto. Es decir, mientras la banca impulsa
fusiones para aumentar el volumen de capitalización, recorta toda su
estructura de servicio en el territorio y lo hace con un récord de
beneficios.


Las cosas cambian, eso nadie lo niega. Internet y
los teléfonos móviles se han convertido en instrumentos indispensables
para ir por el mundo, pero todavía existe una generación o diversas que
crecieron sin internet, sin acceso a la tecnología y a las que se les
está pidiendo que hagan demasiado, es la generación que vivió la
posguerra, la generación de mis padrinos o de buena parte de vuestros
padres y madres, que ven la revolución digital que les imponen los bancos
como un agravio que avanza demasiado rápido, y muchas veces se les pide
que hagan kilómetros para obtener un servicio que hace cuatro días tenían
al lado de casa, y todo porque las entidades bancarias decidieron un día,
en función de sus propios intereses, jubilar a los 50 años a las personas
que cada mañana atendían a todas estas personas. Ayer leía una noticia
que decía que los bancos necesitan a los clientes y los clientes
necesitan a los bancos, pero convendría que ambas partes quedaran
contentas y que los bancos rectificaran su labor de servicio.


Por ello, entre otros motivos, nuestro grupo
presenta esta moción. Nos preocupa esta tendencia que deja sin opciones a
mucha gente; estamos preocupadas por este recorte de servicios
financieros, que se suma a las dificultades que ya sufre el mundo rural y
a las dificultades que viven muchas personas que sufren la brecha
digital. Esta dificultad tiene un nombre: exclusión financiera, y pone en
riesgo el equilibrio territorial, la cohesión social y la actividad
económica en las zonas rurales. Debemos garantizar el acceso de la
ciudadanía en igualdad a aquellos servicios básicos en el marco
socioeconómico en el que se desarrolla nuestra sociedad, y en concreto
las operaciones bancarias, el acceso al dinero en efectivo y las
gestiones bancarias personalizadas fuera del ámbito digital.


La moción que presentamos tiene por objetivo sumar
esfuerzos para responder a esta realidad que preocupa a la ciudadanía de
las comarcas de Lérida y de otros territorios, y las soluciones pasan por
poner sobre el tapete las buenas prácticas que ya se llevan a cabo y la
voz de los expertos y conocedores de esta realidad. Conocemos iniciativas
que se están llevando a cabo, como el caso de Ciutadilla, donde el
alcalde, Óscar Martínez, ha podido intermediar con las entidades
bancarias para garantizar la atención presencial periódica en el
municipio a través de un servicio de corresponsabilidad bancaria. Sabemos
que las diputaciones también están buscando soluciones y que la
Generalitat también está trabajando en ello. Vemos iniciativas que nos
sorprenden, como el proyecto de Correos de instalar cajeros para combatir
la exclusión financiera —dicen—, aunque no entendemos que se
instalen estos cajeros en municipios que ya disponen de ellos y, en
cambio, a pocos kilómetros, en otros municipios que no disponen de este
servicio no se instalen. Creemos que se podrían aportar soluciones en
esta ponencia de estudio. Por ejemplo, ¿qué soluciones legislativas
podrían garantizar el mantenimiento de la prestación de los servicios
bancarios? o ¿cómo podríamos supeditar la autorización de posibles
fusiones bancarias al mantenimiento de las redes de oficinas de
proximidad? Estas dos cuestiones que acabo de mencionar las ha planteado
el Parlamento de Catalunya.


Sea como fuere, creemos que es preciso que esta
Cámara promueva el análisis y el debate sobre las mejores soluciones para
garantizar la inclusión financiera a todo el mundo, en especial en el
ámbito rural, y que esta ponencia de estudio llegue a conclusiones que
puedan ser ejecutables lo antes posible.


Creemos que esta búsqueda de soluciones tiene que
ir vinculada necesariamente a la reflexión general sobre el equilibrio
territorial, sobre la despoblación del mundo rural. Por ello proponemos
la creación de una ponencia de estudio en el seno de la Comisión de
Despoblación y Reto Demográfico, y nos parece que esta es una opción
correcta, porque la exclusión financiera en el mundo rural y la
problemática de la despoblación son dos caras de la misma moneda. Creemos
que la misión de la ponencia debe ir encaminada a elaborar un informe con
recomendaciones para garantizar la inclusión financiera de toda la
población, especialmente de las personas que viven en el mundo rural y de
los más vulnerables, como las personas mayores o las personas con
dificultades en entornos digitales o con rentas bajas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para la
defensa de su enmienda, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Democrático, el señor Egea Serrano.


El señor EGEA SERRANO: Gracias, señora
presidenta.


Hay 4400 localidades en España en las que viven al
menos un millón y medio de personas que no disponen de sucursal bancaria;
en general son pueblos con muy poca población, pero donde además hay un
alto porcentaje de personas de avanzada edad. En la provincia de Soria
solo en 23 de sus 183 municipios hay cajero automático; en la provincia
de Palencia los hay en 23 de 191 localidades, y en mi provincia, Teruel,
solo en 51 municipios, de un total de 236, hay cajeros automáticos para
disponer de nuestros fondos. Estas cifras son muy parecidas si observamos
el resto de provincias de la España vaciada, y el problema se agranda día
a día, porque las cifras indican que las pérdidas de servicios va en
aumento. Es verdad que hay muchos municipios en los que hay oficinas
bancarias que dan servicios al ciudadano; sin embargo, sus horarios de
apertura y de atención al público distan mucho de poder considerarse un
servicio de fácil acceso para el ciudadano. Europa ya ha alertado de la
vulnerabilidad financiera que tenemos en este país. La Comisión Europea
ha advertido de que los derechos de los usuarios bancarios vulnerables
debe ser un tema de especial protección por parte tanto de las entidades
como de los gobiernos. Tanto es así que recientemente un usuario, de
manera particular, ha iniciado una campaña en Change.org, reclamando una
mejor atención humana en las oficinas bancarias.


La banca ha dejado a un gran número de personas
vulnerables, dependientes y mayores abandonadas, presuponiéndoles unas
destrezas digitales que no tienen, porque nadie se ha encargado de
alfabetizar y ayudar a estas personas, y hasta han eliminado el personal
que acudía en días concretos, muchas veces durante la semana, a los
diferentes puntos de atención. Semana tras semana llegan avisos de
cierres de oficinas bancarias en nuestros pueblos. El compromiso de un
Gobierno debería ser que a donde no lleguen estas iniciativas privadas,
porque no se quiere o no se puede, llegue la Administración, porque, como
decimos siempre, ser pocos no resta derechos.


Sabemos que se está negociando una transaccional
para poner en marcha una ponencia de estudio en el seno de la Comisión de
Despoblación y Reto Demográfico, una ponencia cuyo ámbito y finalidad
marcamos en nuestras enmiendas; una ponencia que consideramos debe ser
ágil y en la que comparezcan colectivos y asociaciones directamente
involucradas tanto con el problema como con la solución. Y, sobre todo,
es necesario que exista un compromiso del Gobierno para aceptar y adoptar
las conclusiones y recomendaciones que salgan de su informe.


Ya en septiembre de 2020 se debatió en esta misma
Cámara una moción del Grupo Socialista relativa a la exclusión
financiera. Se aceptaron nuestras enmiendas sobre la necesidad de crear
una red de cajeros multientidad en todo el medio rural; además, también
se aceptó la necesidad de, utilizando los recursos educativos que hay en
nuestros pueblos, alfabetizar a los vecinos del medio rural para que
aprendan a usar estas nuevas tecnologías. Se aprobó por mayoría, pero
todo quedó en nada. Tanto en los presupuestos de 2021 como en los
de 2022, y junto a varias formaciones de esta Cámara que comparten con
nosotros la problemática del mundo rural, presentamos enmiendas para
poner en marcha esta moción. Ninguna fue aprobada. Esperemos que las
conclusiones de la ponencia sean consideradas. Como solemos decir, en los
problemas de despoblación es necesario pasar de las palabras a los
hechos, y quiero destacar en este punto que tanto Cantabria como la
Comunidad Valenciana o Galicia ya han puesto en marcha planes para
instalar cajeros en aquellos municipios afectados por esta exclusión
financiera.


Y un último ruego respecto a la ponencia: no
eternicemos sus trabajos. Hay muchos colectivos esperando que aportemos
pronto soluciones a este grave problema.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
tiene la palabra el senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, presidenta.


Entenem que les esmenes que aportem puguen semblar
quedar-se un poc fora de l’objecte d’esta moció. Vostès
proposen crear una comissió d’estudi, dins de la Comissió de
Despoblament, per emetre un informe d’una ponència, i moltes
vegades sabem això, que eixes ponències són molt lentes, i el problema
que tenen és que després no són d’obligat compliment. Ens sembla bé
que es facen ponències, però moltes vegades s’eternitzen, i segur
que de la gent que vinga ací a parlar-ne aprendrem moltíssim, perquè
segurament se citarà gent molt interessant, es donaran punts de vista que
segurament no havíem caigut en ells… Però pensem que sí, està bé
que es faça eixa ponència, que vinguen ací a donar la seua visió, però hi
ha moltíssima gent que du molts anys treballant en este aspecte, i pensem
que a banda de la ponència sí que hi ha mesures urgents que s’han
d’emprendre, perquè hi ha molts pobles de qualsevol part del
territori, al País Valencià ho estem patint: a la meua demarcació
provincial molts pobles de l’interior no tenen oficines bancàries
des de fa molt de temps, i no estan esperant que ara vinga una ponència
del Senat a fer una recomanació al Govern i el Govern vorem si en fa cas
o no en fa cas.


Està clar, totes les administracions estan fent
coses: les diputacions, els governs autonòmics, alguns ajuntament estan
assumint competències que no els són pròpies per a donar eixe
servei… però pensem que, ja que estem on estem, sí que podem anar
molt més enllà d’esta proposta, no? Per tant, sí que ens sembla bé
que es faça ponència però sí que pensem que és complementària a que es
puguen prendre mesures ja concretes que crec que sí que poden ser de
consens de tots i totes. Per això entenem, i hem proposat ací, i ens
agradaria (sabem que és complicat) però ens agradaria que acceptaren les
nostres esmenes. També em pot dir vostè que sí, efectivament, podem
presentar una moció amb estes propostes. També saben perfectament que hi
ha cupos i nosaltres tenim molt complicat que una proposta nostra es puga
debatre en el plenari o en una comissió.


Per tant, nosaltres alguna d’estes propostes
ja les vam aportar durant debats semblants que hem tingut sobre este tema
o el tema del despoblament, moltes d’elles no es van aprovar, però
entenem que continuen de plena activat. Per tant, el que hem fet ha sigut
això: proposar mesures, ho hem comentat adés, quan hem intervingut, que
s’ha posat de moda açò; hi ha hagut una campanya d’un ciutadà
indignat que ha aconseguit milers de signatures. Però és un problema que
malauradament no és un problema de fa quatre mesos, és un problema que
venim arrossegant des de fa molt de temps i és un problema global. Esta
és una de les mancances que té el món rural. Ara en campanya electoral
hem vist com tots van a fer-se la foto en el món rural, i com ens diuen,
gent que en la vida ha xafat el camp o el món rural, quines són les
solucions, no? I es fan eixes fotos, eixes rodes de premsa, acompanyats
del ramat darrere, o ens diuen que quan no hi havia aigua havien de beure
vi. Això segurament justifica el que després hem vist que fan les
joventuts del Partit Popular assaltant els ajuntaments, com el de Lorca.
La gent que sí que vivim en el món rural sí que tenim clares mesures
concretes com són el paquet de mesures que hem proposat que pensem que
serien d’aplicació algunes d’elles immediates, altres a mitjà
termini i altres que van a molt més llarg termini que sí que donarien una
resposta.


Demanem això; volem recordar quan hi va haver molta
urgència entre el Partit Popular i el Partit Socialista a reformar la
Constitució per a blindar el negoci dels bancs. Però ara eixa urgència no
la veem, a l’hora d’aplicar mesures. Volem que s’ajude
a formar la gent del món rural o la gent amb més desconeixement. Perquè
no fa falta equiparar, seria molt incorrecte equiparar, la falta de
coneixements tecnològics amb el món rural. També hi ha gent en el món
rural, gens major que no té eixe tipus de coneixements. Sí que faria
falta això, una implicació directa a formar la gent en esta nova realitat
virtual si volem dir, perquè afecta no únicament els bancs: afecta també
el seu desenvolupament en la vida actual.


Instar que s’oferisquen atencions
personalitzades en les finestretes durant l’horari en què les
oficines estiguen obertes; inspeccions per a vore l’abús que suposa
el tancament d’oficines allà on aquests bancs no siguen rendibles;
intentar recuperar d’alguna manera els diners que ens ha costat el
rescat bancari i que això puga revertir també a donar un major servei a
la ciutadania; transformar l’Institut de Crèdit Oficial en una
banca realment pública; apretar un poc el negoci dels bancs, que han
sigut els grans beneficiats d’aquesta crisi, com sempre, que han
hagut de pagar els ciutadans i les ciutadanes el seu rescat i ara veem
com per a moltíssima gent, per a massa gent, no els donen el servei que
faria falta. Estem expressament pensant en la gent de les zones rurals,
de les zones despoblades, que possiblement no tinguen l’accés a les
noves tecnologies ni a la formació que faria falta.


Front a això sí que fem un paquet de mesures que
ens agradaria molt que les tingueren en consideració, no per a les
conclusions de l’informe, sinó ja per a exigir-li al Govern que
aplique mesures i no esperar-nos mesos més.


Gràcies.


Gracias, presidenta.


Entendemos que pueda parecer que las enmiendas que
aportamos quedan fuera del objeto de esta moción. Ustedes proponen crear
una ponencia dentro de la Comisión de Despoblación para que emita un
informe, pero sabemos que muchas veces esas ponencias son muy lentas, y
el problema es que tampoco son de obligado cumplimiento. Nos parece bien
que se haga, pero a veces se eternizan. Y seguramente aprenderemos mucho
de la gente que venga aquí a hablar, porque probablemente se citará a
personas muy interesantes y se darán puntos de vista que no se habían
planteado. Pensamos que está bien que se cree esta ponencia y que vengan
a dar su opinión, pero hay muchísima gente que lleva muchos años
trabajando sobre este aspecto y, aparte de esta ponencia, hay medidas
urgentes que se tienen que emprender, porque este problema afecta a
muchos pueblos en cualquier parte del territorio, y en el país valenciano
lo padecemos. En mi provincia, muchos pueblos del interior no tienen
oficinas bancarias desde hace mucho tiempo y no pueden quedarse esperando
a ver si el Gobierno hace caso a la recomendación que le haga ahora una
ponencia del Senado.


Todas las administraciones, las diputaciones, los
gobiernos autonómicos y algunos ayuntamientos llevan a cabo actuaciones,
asumen competencias que no son suyas para dar este servicio, pero
pensamos que, ya que estamos aquí, podríamos ir más allá de esta
propuesta. Nos parece bien que se cree esta ponencia, pero creemos que es
complementaria a que se puedan tomar medidas concretas que creo que sí
pueden alcanzar el consenso de todos. Por ello, y aunque sabemos que es
complicado, nos gustaría que aceptaran nuestras enmiendas. También me
puede decir que, efectivamente, podríamos presentar una moción con estas
propuestas, pero sabe perfectamente que hay cupos, y nosotros tenemos muy
complicado conseguir que una de nuestras propuestas se debata en un
plenario o en una comisión.


Nosotros ya hemos aportado algunas propuestas en
este sentido en debates parecidos que mantuvimos sobre este tema o sobre
el despoblamiento. Muchas no se aprobaron, pero continuamos en plena
actividad, y, por tanto, lo que hemos hecho es proponer una serie de
medidas. Ahora se ha puesto esto de moda porque ha habido una campaña de
un ciudadano indignado que ha conseguido miles de firmas, pero es un
problema que, por desgracia, no es de hace cuatro meses, sino que lo
arrastramos desde hace mucho tiempo. Es un problema global y es una de
las carencias que tiene el mundo rural. Ahora, en campaña electoral,
hemos visto cómo todos van a hacerse la foto al mundo rural y que
personas que en la vida habían pisado el campo ahora nos dicen cuáles son
las soluciones, y se hacen fotos y ruedas de prensa con ganado detrás, y
nos dicen que cuando no había agua tenían que beber vino, lo que
seguramente justifique eso que hacen las juventudes del Partido Popular
asaltando ayuntamientos como el de Lorca. La gente que sí vivimos en el
mundo rural tenemos claras las medidas concretas a implementar, como es
el paquete de medidas que hemos propuesto, algunas de las cuales serían
de aplicación inmediata, otras a medio plazo y otras a mucho más largo
plazo, que darían una respuesta.


Y esto es lo que pedimos. Queremos recordar que
hubo mucha urgencia por parte del Partido Popular y del Partido
Socialista en reformar la Constitución para blindar el negocio de los
bancos, pero ahora no vemos esa urgencia a la hora de aplicar medidas.
Queremos que se ayude a formar a la gente del mundo rural, a gente con
menos conocimientos, porque no hace falta equiparar la falta de
conocimiento tecnológico con el mundo rural; también hay gente mayor en
el mundo urbano que no tiene esos conocimientos. Por tanto, haría falta
formar a la gente en esta nueva realidad virtual, si es que queremos
llamarla así, porque no afecta solo a los bancos, también afecta al
desarrollo en la vida actual.


Instamos a que se ofrezca atención personalizada en
las ventanillas durante el horario de apertura de los bancos;
inspecciones para ver los abusos que hacen los bancos allá donde no son
rentables, e intentar recuperar de alguna forma el dinero que nos ha
costado el rescate bancario de forma que se pueda revertir en dar un
mayor servicio a la ciudadanía; transformar el Instituto de Crédito
Oficial en una banca realmente pública; apretar un poco el negocio de los
bancos, que han sido, como siempre, los grandes beneficiados de esta
crisis y cuyo rescate hemos tenido que pagar los ciudadanos y las
ciudadanas, y vemos que ahora a mucha gente no les dan el servicio que
necesitan. Estamos pensando en la gente de las zonas rurales y
despobladas que posiblemente no tengan acceso a las nuevas tecnologías ni
a la formación que les hace falta. Por ello proponemos un paquete de
medidas que quisiéramos que tomaran en consideración, no para las
conclusiones del informe, sino para exigir ya al Gobierno que aplique las
medidas sin tener que esperar más meses.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Nacarino
Muriel.


El señor NACARINO MURIEL: Gracias, presidenta.
Buenas tardes ya, señorías.


Si me permite, presidenta, voy a iniciar mi
intervención recordando la figura de un hombre honesto, bueno y
comprometido con la igualdad y la libertad, porque me siento no solo con
la responsabilidad de hacerlo, sino también con la necesidad de trasladar
desde este atril el pésame a toda su familia, a los socialistas
cacereños, a los socialistas extremeños por el fallecimiento en el día de
ayer del que fuera el primer alcalde socialista de la democracia de la
ciudad de Cáceres y también senador durante cinco legislaturas en esta
Cámara, don Juan Iglesias Marcelo. (Aplausos).


Entrando ya en materia, quiero indicar que estamos
ante una moción que el Grupo Parlamentario Socialista no solo considera
interesante sino también de suma necesidad, ya que permitiría poner en
marcha una herramienta muy potente de la que disponemos en esta Cámara,
las ponencias de estudio, en un ámbito tan necesario como es la atención
a las personas que residen en las zonas menos pobladas y a aquellas con
limitación de acceso a diferentes servicios. Y esto, a nuestro entender,
debe estar por encima de cualquier debate ideológico, de cualquier debate
partidista; debemos trabajar todos y todas de una forma conjunta, cada
uno desde nuestras responsabilidades y sobre todo con el máximo respeto a
las instituciones y a la democracia con el fin de revertir un problema
que afecta a gran parte de nuestro territorio. En el Grupo Socialista así
lo decimos y así lo cumplimos, pero, desgraciadamente, no podemos decir
lo mismo de otros grupos parlamentarios que siempre dicen pero nunca
cumplen. Y es que de nada sirve el compromiso verbal para hacer frente al
reto demográfico si existen fuerzas políticas en nuestro país que
justifican altercados violentos como los que acontecieron hace pocos días
en Lorca y que, además, defienden el feudalismo como medio de vida en los
pueblos. Tampoco sirve de nada el compromiso con la defensa del medio
rural y con el desarrollo y el progreso de su ciudadanía si existen
grupos parlamentarios que votan en contra de la revalorización y de la
subida de las pensiones, muchas de las cuales van destinadas a personas
mayores que residen en zonas rurales y menos pobladas. ¿Cómo es posible
que defiendan la inclusión financiera de nuestros mayores si no quieren
mejorar su capacidad y poder adquisitivo? Tampoco sirve de nada querer
frenar la despoblación si se hace oposición negando y mintiendo de forma
permanente sobre la correcta gestión de los fondos europeos, gran parte
de los cuales van destinados a generar empleo, a permitir el acceso a una
vivienda digna y a mejorar los servicios en el medio rural, ayudando
también a las micropymes y autónomos que desarrollan su actividad
económica en los pequeños municipios. Y tampoco sirve apostar por el
correcto equilibrio entre lo rural y lo urbano si existen gobiernos
autonómicos como el del señor Mañueco en Castilla y León que durante
treinta y cinco años han ido desmantelando los servicios y los pilares
básicos del Estado del bienestar dejando a muchas personas sin acceso
directo a la sanidad pública, habiendo cerrado más de 3000 centros y
consultorios médicos.


¿Y qué pasa ante esta situación? Ante esta
situación, el Gobierno de España, las comunidades autónomas, las
diputaciones provinciales y los ayuntamientos gobernados por el Partido
Socialista seguiremos trabajando, dialogando, debatiendo y coordinando
las mejores políticas progresistas que sigan afianzando la recuperación
justa, la recuperación rápida y sobre todo los buenos datos económicos y
de empleo que nos acompañan, muy a pesar de los negacionistas.


Por todo ello, senadora Bailac, y debido a nuestro
firme compromiso de lucha contra la despoblación y con el fin de plantear
debates e iniciativas que permitan garantizar servicios de calidad en
igualdad de condiciones, el Grupo Socialista ha planteado esta enmienda
con la intención de ampliar el estudio de su propuesta más allá de la
inclusión financiera de zonas rurales, que, por supuesto, es importante,
pero, a nuestro entender, no es lo único que podemos abordar.


La reorganización estructural de muchos sectores
productivos de la economía, los grandes cambios y transformaciones que se
han producido de forma muy rápida por la pandemia han cambiado nuestra
forma de consumo, nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarnos y
han traído consigo la automatización, la falta de atención personalizada,
lógicamente de una forma transversal y muy generalizada, mucho más allá
de las personas mayores y de las zonas rurales y mucho más allá de los
servicios financieros, también en ciudades de las provincias de interior,
donde el envejecimiento de la población es acusado y donde además existen
también otras personas vulnerables para los que la digitalización no
puede ser una barrera de acceso a determinados servicios.


Por ello, sin querer entrar mucho más allá de la
definición del ámbito de estudio de la futura ponencia, ya que en caso de
su aprobación se definirá por todos los grupos parlamentarios su
contenido, su funcionamiento y cómo llegar a las conclusiones finales,
pretendemos que tomen a bien nuestra enmienda y que se pueda llegar a la
transaccional que estamos negociando.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora proponente para
indicar si acepta o no las enmiendas.


La señora BAILAC ARDANUY: Moltes gràcies.


Gràcies als grups esmenants, Democrático, Izquierda
Confederal y Socialista per les seves aportacions a través
d’esmenes per millorar el contingut d’aquesta moció.
Compartim la necessitat que aquesta ponència pugui tenir un funcionament
àgil, que no dilati en excés els seus treballs.


I també és cert que la creació d’aquesta
ponència d’estudi no eximeix als poders públics, ni tampoc a les
entitats financeres, de la seva responsabilitat respecte d’aquest
problema, al contrari.






És cert que algunes de les esmenes que s’han
presentat han estat molt detallades. Considerem que avancen conclusions i
temes que segur que hauran d’estar sobre la taula en el contingut
del debat d’aquesta ponència. Però, per tot això, han fet un
esforç, i ho agraeixo així a la pràctica totalitat de grups parlamentaris
que n’han format part, per poder aconseguir arribar a un text
transaccional que creiem que, sense dubte, millora el contingut de la
nostra proposta, perquè detalla quin hauria de ser l’àmbit
d’actuació de la ponència d’estudi sobre la inclusió
financera. Deixi’m, doncs, que agraeixi la predisposició de la
pràctica totalitat de grups d’aquesta càmera per arribar a acords,
i per fer-ho sobre necessitats que té la ciutadania en el seu dia a dia.
Segur que això és el que les persones al món rural esperen de nosaltres i
de la feina que fem al Senat.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Muchas gracias.


Quiero dar las gracias a los grupos que han
presentado enmiendas, por su aportación para mejorar el contenido de esta
moción. Compartimos la necesidad de que esta ponencia tenga un
funcionamiento ágil, que no dilate en exceso sus trabajos.


Es cierto que la creación de esta ponencia de
estudio no exime a los poderes públicos ni tampoco a las entidades
financieras de su responsabilidad respecto a este problema, al contrario.
Es cierto que algunas enmiendas que se han presentado han sido muy
detalladas y avanzan conclusiones en temas que sin duda deberán estar
sobre el tapete en el debate de esta ponencia, y que la práctica
totalidad de los grupos parlamentarios han hecho un esfuerzo para
conseguir llegar a un texto transaccional que, sin duda, mejora el
contenido de nuestra proposición, puesto que detalla cuál debería ser el
ámbito de actuación de la ponencia de estudio sobre la inclusión
financiera. Así que permítanme que agradezca la predisposición de la
práctica totalidad de los grupos de esta Cámara para llegar a acuerdos
sobre las necesidades que tiene la ciudadanía en su día a día, lo que,
sin duda, es lo que las personas del mundo rural esperan de nosotros y de
la labor que realizamos en el Senado.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): En turno
de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la
señora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Buenas tardes. Gracias,
presidenta.


Señorías de Esquerra Republicana y Bildu, les
decimos lo mismo que hemos dicho al PSOE, a los que ustedes apoyan y
sostienen en el Gobierno: al Senado se viene a hacer política y no
brindis al sol. Resulta que ustedes pretenden instar a que el Senado
impulse la creación de una ponencia de estudio en el seno de la Comisión
de Despoblación y Reto Demográfico que elabore un informe con
recomendaciones para la adopción de medidas que garanticen la inclusión
financiera en el mundo rural. ¿Ustedes creen verdaderamente que a estas
alturas tenemos tiempo de ponernos a hacer una ponencia que elabore un
informe con recomendaciones? Señorías, la gente come todos los días, la
gente va al banco todos los días, nuestros mayores cobran su pensión
todos los meses y aún muchos pagan sus recibos en el banco. ¿Es que creen
que van a dejar de pagar o de cobrar hasta que ustedes vengan con el
informe de la ponencia? Los poderes públicos se han retirado de estas
zonas abandonando a los españoles que viven allí a su riesgo y a su
suerte, más aún cuando a personas de avanzada edad o que se encuentran
poco familiarizadas con las nuevas tecnologías se les exige que se
relacionen telemáticamente con la banca y con la desconfianza que este
tipo de gestiones genera a nuestros mayores.


Si ustedes quisieran hacer políticas para el mundo
rural, para empezar, abandonarían la política; pero ya no sirven ni para
disimular. Entre el año 2010 y 2020 se han cerrado el 48 % de las
oficinas bancarias en España. En estos momentos hay 4109 municipios en
España que no cuentan con dichas oficinas, la mayoría, por cierto, en
Castilla y León, y ustedes nos proponen crear una ponencia ahora. ¡Pero
si todos sabemos lo que ha pasado! ¡Todos sabemos que han abandonado a la
España rural! Ahora, en elecciones, todos se ponen a hablar de la España
abandonada. Se acuerdan de ella cada cuatro años, cuando hay elecciones,
y la misma noche electoral se olvidan de ella. Hace solo unos meses en
esta Cámara y dentro de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico se
debatió una moción para instar al Gobierno a impulsar y poner en marcha
medidas contra la exclusión de servicios financieros en el entorno rural,
y ustedes nos vinieron con sus nacionalismos inexistentes: ¡en Cataluña
las competencias de servicios financieros son del Gobierno de la
Generalidad y, por lo tanto, hay que respetar la diversidad competencial!
Y en Vox nos preguntamos: ¿Qué ha cambiado en estos meses, señorías?
¿Cómo pretenden que nos tomemos en serio esta iniciativa suya? Primero,
porque es imposible de un grupo formado por golpistas y herederos de
terroristas (Protestas), y, segundo, porque nos tratan de tomar el pelo
sesión tras sesión. Y ahora mismo, con los problemas que tiene España en
el entorno rural, estamos perdiendo el tiempo al hablar con ustedes de
absolutamente nada. Lo que tienen que hacer es pedir perdón y abandonar
la política, y los integrantes de Bildu ir a colaborar con la policía
para esclarecer los asesinatos de ETA sin resolver. (Protestas). Dejen a
gente competente ocuparse de los problemas de los españoles, porque
ustedes no aportan soluciones, sino complicaciones.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra la senadora Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señorías, la igualdad de todos los españoles, la
necesidad de garantizar que ningún español tenga ni más ni menos derechos
que otro por una cuestión de nacimiento o de residencia y que no haya
españoles de primera y de segunda son precisamente parte de los
principios fundamentales de la acción política de mi partido, Ciudadanos.
Por desgracia, que se cierre una entidad financiera en uno de nuestros
municipios ya ni tan siquiera es noticia, porque en la mayor parte de
ellos ya cerraron o ni siquiera hubo jamás ninguna. Cuando no hay
servicios en los municipios empiezan a despoblarse, y cuando no hay
población, tampoco hay servicios, y comienza así un círculo vicioso en el
que se pierden tanto servicios como empleos en nuestros pequeños
municipios.


Es evidente que el problema de la despoblación no
está en que los habitantes del medio rural busquen mejores oportunidades
en las grandes ciudades, sino en que se vean obligados a marcharse
precisamente por la falta de servicios y por la falta de infraestructuras
que posibilitarían más oportunidades en el medio rural.


Los servicios financieros son imprescindibles hoy
día. Nadie puede tener electricidad, nadie puede tener gas ni agua si no
tiene un banco donde domiciliar el recibo; tampoco se puede cobrar una
nómina o una pensión si no se tiene una cuenta corriente. Pero son muchas
las personas que tienen que desplazarse kilómetros para poder acceder a
un banco o a un simple cajero automático y además hay muchas personas
también que no tienen ni tan siquiera acceso a internet para poder hacer
una operación online. Entendemos que una forma de combatir la
despoblación es precisamente evitar esa exclusión financiera y somos
conscientes también de que estamos inmersos en una reconversión acelerada
de nuestro sistema financiero y de que la gestión de empresas financieras
se debe regir por unos criterios de prudencia y de ortodoxia que además
están ligados también a la búsqueda de la eficacia empresarial y
económica y a la búsqueda de beneficios como una fórmula para sobrevivir
en un mercado que cada vez es más competitivo. Pero, por otra parte,
estas empresas financieras también son una pieza clave en el apoyo y
respaldo a la población general y a los pequeños comerciantes, autónomos
y empresarios que están extendidos por toda nuestra geografía. Muchas
veces compaginar esos criterios de eficacia y rentabilidad con la función
social que también tienen que cumplir estas y otras instituciones
empresariales se hace muy difícil.


Nuestra Carta Magna en su artículo 1 propugna la
igualdad como uno de los valores superiores, pero también reconoce la
libertad de empresa, concretamente en su artículo 38. Para ofrecer
alternativas reales a los habitantes del mundo rural es necesario que se
propongan medidas ambiciosas que realmente atajen la sangría de población
y que se afronten desde múltiples sectores, y esto tiene que hacerse
obviamente desde las instituciones; se tiene y se puede hacer respetando
siempre la libertad de empresa, como he dicho anteriormente.


En Ciudadanos llevamos años ya presentando
propuestas en todas las instituciones donde tenemos representación. Hemos
propuesto, por ejemplo, en las diputaciones de Huelva, de Sevilla o
incluso de Jaen medidas reales para que, a través de las diputaciones y
de los ayuntamientos, se convenie con las entidades financieras y se
provean de espacios para implantar cajeros automáticos en zonas y en
pueblos más despoblados. Hemos puesto en marcha medidas de nuestro plan
naranja contra la despoblación allá donde estamos gobernando. Las pusimos
en marcha en Castilla y León, también las hemos puesto en marcha en
Andalucía, donde, además, en colaboración con entidades financieras,
hemos puesto recientemente en marcha un programa de formación en
competencias digitales para nuestros mayores, que son los más vulnerables
y los más perjudicados en este asunto. Esto es realmente hacer política
útil: implicar también a las instituciones en este problema precisamente
para luchar contra la despoblación de esta España vaciada que parece que
ahora se ha puesto muy de moda y que otros partidos utilizan como un arma
electoral, pero a la hora de la verdad, señorías, cuando toca tomar
decisiones y poner dinero sobre la mesa, tengo que decir que el Gobierno
esconde la mano y abandona a la España rural y convierte a esa España
vaciada en lo que algunos de mis compañeros denominan la España vacilada,
y es que, cuando ha tocado tramitar los Presupuestos Generales del Estado
para 2022, tengo que recordarles que el Gobierno ha vetado enmiendas en
las que mi partido, Ciudadanos, proponía, por ejemplo, una partida de 150
millones de euros para el despliegue del 5G en las zonas rurales y
despobladas, y vetaron que se garantizara, por tanto, la llegada de
internet a las zonas rurales, que también es imprescindible para luchar
contra la exclusión financiera. En este aspecto les pediría un poquito
más de compromiso.


En conclusión, nos parece una moción acertada. Por
supuesto, es un paso más hacia adelante en la lucha contra la exclusión
financiera y nosotros vamos a votar a favor.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra la senadora Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Buenas tardes,
señorías.


Nos encontramos con una propuesta de la senadora
Bailac, a la que debo agradecer que de nuevo la haya puesto sobre la mesa
en esta Cámara. No es un tema que no hayamos debatido ya; de hecho, se ha
dicho, en 2020 el Grupo Socialista trajo una propuesta con la misma
dinámica para la creación de un plan. Esta propuesta fue aprobada por
mayoría absoluta, y es obvio que hoy celebramos un fracaso porque
volvemos a estar hablando de lo mismo en esta Cámara. Por lo tanto, el
plan ha fracasado. Esperemos que el estudio prospere.


Ya les avanzo que nosotros vamos a votar a favor de
esta iniciativa. Hemos firmado también la transaccional. Quiero agradecer
el trabajo de la senadora que ha propuesto la moción por su empeño en
encontrar consensos. Estamos todos de acuerdo en que hay que hacer
cosas.


Empieza la parte expositiva diciendo que la falta
d’oficines bancàries és un dels principals problemes per la
sostenibilitat de l’ecosistema econòmic de les zones rurals amb
menys concentració demogràfica i a l’entorn rural. Jo diria, ho
proposaria de la següent manera: hi ha zones amb poca concentració
demogràfica que continuen patint una hemorràgia poblacional, que les fa
apropar al despoblament del que ja tant es parla i la falta
d’oficines bancàries només és una cosa més que ha vingut a
ajudar-hi. Podem parlar també de l’exclusió cultural, de
l’exclusió en oci, de l’exclusió virtual o física en algunes
infraestructures. Però avui estem parlant aquí d’aquesta exclusió
financera.


Mentre tothom apel.la a la digitalització, i al
despoblament, la falta de visió rural sobre el món rural i la seva
necessitat de serveis proporcionats i efectius, fan que els pobles vagin
perdent accés a aquests serveis. Aquesta pèrdua encara és més greu quan
parlem de gent gran. Ja se n’ha parlat. I aquí també vull cridar
l’atenció respecte d’un estudi que ja s’ha fet en
aquesta cambra, un estudi sobre envelliment, on ja es crida
l’atenció sobre aquesta escletxa digital, amb la gent gran, als
nostres territoris, especialment al món rural.


Ja tenim recomanacions en aquesta línia. Doncs
aprofitem-les. També tenim recomanacions respecte al despoblament i al
que aquesta falta de serveis suposa. Hi ha dos estudis de despoblament en
aquesta Cambra. De despoblament al món rural i de despoblament al món
rural en zones de muntanya, que ja apuntaven mesures en aquest sentit i
també parlaven de discriminació positiva. Que pensem que és on s’ha
d’anar.


Continuem, doncs, tal i com deia a la part
expositiva la proposant, amb un degoteig d’aquesta disminució
d’oficines, un 50 % ja i anem seguint. Però l’exclusió
financera de molts municipis ve, d’una banda, que es va perdent
població i, de l’altra, —no se li escapa a ningú— que
cada vegada es fan més operacions online. Nosaltres pensem que no només
cal la presència sinó també la presencialitat de sucursals bancàries al
món rural. A Lleida i a l’Alt Pirineu tenim pobles petits amb molt
alt nivell d’envelliment i, en molts casos, ocupats, no només, però
principalment en el sector primari i agrari. Per això, no només ens cal
la presència i la presencialitat, també caldria —i això és molt
important— que les oficines bancàries tinguessin especialització en
la naturalesa financera de les zones rurals. Per què? Perquè a les zones
rurals no només —com tothom— tenen necessitat de treure
diners o d’ingressar-los, sinó que també els cal assessorament,
préstecs, pagament d’impostos —quan tenim en compte que hi ha
persones molt grans— però també en la gestió d’assegurances
agràries, amb la tramitació de les ajudes de la PAC.


Per això, per a Junts per Catalunya, la principal
cosa passa per reclamar que aquests serveis estiguin adaptats als
territoris. I no només això. Al nostre parer, és la nostra obligació
demanar responsabilitat social a les entitats bancàries. S’ha
parlat de la responsabilitat de les administracions públiques. Però crec
que legislant també podem demanar aquesta responsabilitat social a
aquestes entitats que durant la crisi del 2008 vam salvar amb diners
públics, que no han estat recuperats i que, d’una manera o altra,
han de revertir ara quan aquestes entitats estan anunciant dia rere dia
els seus beneficis. Per tant, gent al carrer i diners a la saca mentre
van despullant els nostres pobles de serveis.


Davant de tot això, nosaltres estem d’acord
que es faci aquest estudi, pensem que cal alguna cosa més que un estudi,
pensem que l’estudi no és la solució, i sí que voldríem manifestar
el nostre prec que això no es quedi novament com el pla anunciat el 2020,
en un mer enunciat i que es pugui traduir el més aviat possible en
serveis reals per a les zones que han d’estar incloses en
l’ecosistema d’oportunitats.


Moltíssimes gràcies.


... la falta de oficinas bancarias es uno de los
principales problemas para la sostenibilidad del ecosistema económico de
las zonas rurales con menos concentración demográfica y entorno rural. Yo
lo propondría de la siguiente manera: Hay zonas con poca concentración
demográfica que siguen sufriendo una sangría poblacional que las acerca a
la despoblación, de la que ya tanto se habla, y la falta de oficinas
bancarias es un elemento más que ayuda a ello. Podemos hablar también de
la exclusión cultural, de la exclusión en el ocio virtual o física de
algunas infraestructuras, pero hoy hablamos aquí de la exclusión
financiera.


Mientras todo el mundo apela a la digitalización y
a la despoblación, la falta de visión real sobre el mundo rural y su
necesidad de servicios proporcionados y efectivos hace que los pueblos
vayan perdiendo acceso a estos servicios. Esta pérdida todavía se agrava
más cuando hablamos de gente mayor; ya se ha hablado de ello. Y aquí
quiero llamar la atención sobre un estudio sobre envejecimiento que se ha
hecho en esta Cámara, donde se llama la atención sobre esta brecha
digital con la gente mayor en nuestros territorios, especialmente en el
mundo rural.


Tenemos ya recomendaciones en esta línea. Pues
aprovechémoslas. También tenemos recomendaciones respecto a la
despoblación y a esta falta de servicios. Se han hecho dos estudios de
despoblación en esta Cámara, sobre el mundo rural y sobre el mundo rural
en zonas de montaña, que también apuntaban medidas en este sentido. Y
también se referían a discriminación positiva, que es donde creemos que
hay que ir.


Como decía la proponente en la parte expositiva,
llevamos un 50 % de disminución de oficinas, y continúa. Pero la
exclusión financiera de muchos municipios se produce, por un lado, porque
se va perdiendo población y, por otro —no se nos escapa a
nadie—, porque cada vez hay más operaciones que se hacen online.
Pensamos que no solo hay que tener presencia, sino también la
presencialidad de sucursales bancarias en el mundo rural. En Lérida y en
el Alto Pirineo tenemos pueblos pequeños con un alto nivel de
envejecimiento, es decir, en muchos sitios ocupados, sobre todo, en el
sector primario. No solamente necesitamos presencia y presencialidad,
sino también —algo muy importante— que las oficinas bancarias
tuvieran especialización en la naturaleza financiera de las zonas
rurales. ¿Por qué? Porque las zonas rurales no solo tienen necesidad de
sacar o ingresar dinero, sino necesidad de asesoramiento sobre préstamos,
pago de impuestos —hay personas muy mayores—, gestión de
seguros agrarios, tramitación de las ayudas de la PAC, etcétera.


Por eso, en Junts per Catalunya reclamamos que
estos servicios estén adaptados a los territorios. A nuestro entender, es
nuestra obligación pedir responsabilidad social a las entidades
bancarias. Se ha hablado de las responsabilidades de las administraciones
públicas, pero creo que legislando también podemos pedir esta
responsabilidad social a estas entidades que salvamos durante la crisis
de 2008 con dinero público, que no se ha recuperado, y que, de una forma
u otra, tienen que revertir ahora, cuando estas entidades están
anunciando día tras día sus beneficios. Con lo cual, gente en la calle y
dinero en la mochila mientras van dejando sin servicios a nuestros
pueblos.


Ante todo esto, estamos de acuerdo en que se haga
este estudio. Pensamos que hay que hacer algo más que un estudio, porque
el estudio no es la solución. Y queremos manifestar nuestra petición de
que esto, como el plan anunciado en 2020, no se queda en agua de borrajas
y en un enunciado, sino que se traduzca cuanto antes en servicios reales
para las zonas que deben estar incluidas en el ecosistema de
oportunidades.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias.


Por el Grupo de Izquierda Confederal, tiene la
palabra la senadora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias,
presidenta.


Nosotros vamos a apoyar la moción que presenta el
Grupo de Esquerra Republicana-Bildu. Pero permítame, presidenta, expresar
nuestro rechazo al lenguaje faltón, provocador y frentista que utilizan
habitualmente las personas que representan a Vox en esta Cámara. El sueño
de la razón engendra monstruos, y estamos en vísperas de la conmemoración
de la desbandá, de Málaga.


Un poco de memoria, un poco de respeto y mucha
prudencia, porque la hibris solo conduce al horror.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el senador Medina Martínez.


El señor MEDINA MARTÍNEZ: Eskerrik asko, presidenta
andreak. Arratsalde on, danori.


El Grupo Parlamentario ERC-EH Bildu presenta esta
tarde en esta sesión plenaria una moción con la intención de impulsar la
creación de una ponencia de estudio dentro de la Comisión de
Despoblamiento y el Reto Demográfico que elabore un informe con una serie
de recomendaciones para la adopción de medidas que garanticen la
inclusión financiera en el mundo rural.


A mi parecer, esta ponencia de estudio bien podría
ser creada en otras comisiones, como la de Economía o la de Consumo. Y
digo esto porque, aunque el motivo de esta moción se centra en la
situación financiera de las zonas rurales, perfectamente se puede
extrapolar a las capitales y municipios más poblados. Creo que todas y
todos los aquí presentes hemos sufrido la penuria que supone hoy en día
realizar una gestión en una entidad bancaria: menos oficinas disponibles,
cita previa para poder ser atendidos, largas colas en la calle bajo las
inclemencias del tiempo, tiempos muy restringidos para poder realizar
diferentes gestiones bancarias, y podría continuar.


Pero como el motivo de esta moción se centra en las
zonas rurales, me referiré a ello. Debemos tener en cuenta que el
servicio financiero es un servicio básico y que su desaparición en
municipios menores es un elemento más que contribuye y alimenta su
despoblación. Está muy bien, como expresa la moción, que haya que llevar
a cabo un estudio de la situación de la banca en las entidades menores;
de acuerdo, pero, por desgracia, las y los habitantes de municipios
rurales ya conocemos esta realidad y la estamos sufriendo desde hace ya
un tiempo. Estamos de acuerdo en que se deben impulsar medidas que
faciliten la accesibilidad a los servicios financieros, así como la
formación de la población rural, con cursos y acciones que familiaricen a
las personas con los servicios de banca electrónica. En Euskadi, este
propósito ya se está realizando con diferentes proyectos financiados por
las administraciones vascas, como la canalización, distribución y
disponibilidad del servicio de fibra, llegando hasta municipios más
pequeños y lejanos. También se ha realizado una planificación a través de
las administraciones públicas, como ayuntamientos y diputaciones,
apoyadas por las diferentes fundaciones de las cajas vascas, para
realizar cursos de formación y aprendizaje para la utilización de estos
servicios informáticos por personas mayores. Todo este tipo de acciones,
necesarias para actualizar y acercar a la ciudadanía rural estas nuevas
tecnologías, no hace más que asumir una realidad, y esta, señorías, es
contradictoria con el objetivo de mantener la actividad de oficinas y
cajeros. Me explico. Estamos formando y familiarizando a la población
mayor rural con herramientas, con acceso a tecnologías que pueden hacer
justificar a estas entidades bancarias la disminución y sustitución de
los servicios presenciales, es decir, todo lo contrario del sentido de
esta moción.


Por esto, estando de acuerdo, por un lado, en que
todas estas medidas de aprendizaje y conocimiento son necesarias y, por
otro, en la existencia de un mínimo presencial para continuar realizando
el servicio financiero y de asesoría —algo fundamental este
servicio de asesoría para las personas mayores, ya que no todas las
personas del mundo rural se encuentran en disposición de acceder y
conocer estas tecnologías informáticas y online—, todas las
administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones y gobiernos, en
sintonía con las entidades financieras, debemos realizar una serie de
esfuerzos, en este caso económicos, para tener un tejido y una estructura
de servicio de oficinas y cajeros, evitando así una injusta situación de
desamparo. Como he citado anteriormente, se trata de un vector que
contribuye y alienta a lo que no queremos que suceda y ocurra: en una
sola palabra, a la despoblación rural.


Por lo expuesto, no debemos permitir que todos
estos servicios, o su disponibilidad, se valoren por ratios de población
o por rendimientos económicos de las diferentes entidades bancarias.


Para finalizar, tampoco debemos olvidar que los
derechos y necesidades de las personas son los mismos, habiten donde
habiten.


Eskerrik asko.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Eskerrik
asko, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana,
tiene la palabra el senador Castellana Gamisans.


El señor CASTELLANA GAMISANS: Gràcies,
presidenta.


D’entrada, agrair a tots els grups i a les
persones senadores que amb el seu suport faran possible l’aprovació
d’aquesta iniciativa, d’aquesta moció i que, per tant,
comencin els treballs de la ponència d’estudi. Que sí, que al final
elaborarà unes recomanacions, però és important que acabem transformant
això en serveis pràctics que afectin el dia a dia de la ciutadania.


Permetin-me ara que per focalitzar la qüestió
d’entrada parli d’un gran poble. Camarasa. Camarasa és un
municipi de 807 habitants, dels quals 571 viuen al poble mateix. Algú
podria pensar, per a mi són números apreciables, però algú podria pensar
que aquests números són d’un poble petit. Doncs, no. Camarasa és un
gran poble. Per a aquells que no ho sàpiguen, fa més de cent anys, allà
es va iniciar la vaga de la canadenca, que al final va comportar que tota
la població de l’estat tingués reconegut el dret a les 8 hores de
treball. Allà va començar, un gran poble. Doncs en aquell poble, es volia
tancar l’única oficina bancària disponible. I hi ha hagut un
important moviment veïnal —el qual hem d’agrair— amb el
suport de l’ajuntament —aquí un record per la companya
Elisabet Lizaso i Cantón— l’alcaldessa, i aquest moviment
veïnal ha aconseguit, de moment, que es mantingui el servei. Amb
freqüència setmanal, però que es mantingui aquest servei. Per a tots
ells, perquè no calgui que aquest moviment veïnal —que està bé,
però podem dedicar-lo també a d’altres coses— es repeteixi a
cada poble, és per ells que hem d’aconseguir acabar d’una
vegada per a totes amb aquesta amenaça que pesa sobre molts pobles.


La digitalització és una oportunitat. Jo mateix en
sóc un fervent creient. Però hem de veure també els efectes colaterals.
Com que ja s’ha parlat molt de l’exclusió financera, i
s’ha parlat dels efectes que té sobre el teixit econòmic,
permetin-me que faci una cosa que, de vegades, els senadors o els
legisladors en general no fem prou, que és parlar del fenomen humà. Totes
nosaltres, les persones que som aquí, segurament cap de nosaltres hem
patit aquest fenomen en pròpia carn de l’exclusió financera. Però
sí que hem experimentat la sensació d’indefensió, la sensació de
frustració quan ens hem d’enfrontar a una paret, a una màquina, a
una veu que ens contesta automàticament i que no hi ha cap persona
darrera. Ho dic perquè, d’aquesta manera, siguem empàtics amb què,
cada vegada que una persona, o bé per ser al món rural, o bé per ser una
persona que no està en condicions de rebre el servei adequat i necessita
que algú li doni resposta, pateix aquesta sensació d’indefensió i
aquesta sensació d’impotència. O la por a que, una mala decisió, un
mal botó, faci que perdi part dels pocs estalvis que li queden i que li
han costat molt, i dels quals depèn la qualitat de vida del poc que li
pugui quedar. És important que siguem empàtics amb els sentiments de les
persones.


Perquè no siguin números sinó persones. I que els
serveis —s’ha parlat abans de la llibertat d’empresa,
no entraré a parlar del liberalisme—, sigui el servei de
l’INSS, que n’hem parlat, sigui el servei del SEPE, que
n’hem parlat, sigui el servei de Correus, que n’hem parlat,
els serveis públics són indispensables però, al final, el que és
indispensable és la prestació de serveis per a totes les persones que els
necessiten. I, si és un servei que es presta des d’empreses
privades, això no vol dir que, des del món públic, no hàgim
d’establir els mecanismes, això sí, sense assumir els costos de
l’empres privada, no fent més transferència de rentes públiques cap
a rentes privades; però proveïm una solució. Perquè, al final, el que és
rellevant, que és el servei, es presti.


Permeteu-me que acabi reiterant l’agraïment a
totes les persones que avui farem possible un pas més, farem possible
aquesta feina i que, és aviat que tard, si us plau, ho convertim en
coses, en accions, que canviïn la vida de les persones.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidenta.


De entrada, quiero agradecer a todos los grupos y a
los senadores que con su apoyo harán posible la aprobación de esta moción
y que, por lo tanto, empiecen los trabajos de la ponencia de estudio que,
al final, elaborará unas recomendaciones, pero es importante que acabemos
transformando esto en servicios prácticos que afecten el día a día de la
ciudadanía.


Permítanme ahora que, para focalizar la cuestión,
hable de entrada de un gran pueblo, de Camarasa.






Es un pueblo de 807
habitantes, de los cuales 571 viven en el mismo pueblo. Para mí son
cifras apreciables, pero alguien podría pensar que son de un pueblo
pequeño. Pues no; Camarasa es un gran pueblo. Para aquellos que no lo
sepan, hace más de 100 años se inició allí la huelga de la canadenca, que
al final comportó que toda la población del Estado tuviera reconocido el
derecho a las ocho horas de trabajo. Allí empezó, en un gran pueblo; y
allí se quería cerrar la única oficina bancaria disponible, y ha habido
un importante movimiento del vecindario, con el apoyo del ayuntamiento
—quiero recordar aquí a la alcaldesa de este pueblo—, que ha
conseguido que se mantenga el servicio, aunque con frecuencia semanal.
Para todos ellos, para que se puedan dedicar a otras cosas, tenemos que
conseguir acabar de una vez por todas con esta amenaza que pesa sobre
muchos pueblos.


La digitalización es una oportunidad; yo mismo creo
firmemente en ella, pero tenemos que hablar también de los efectos
colaterales. Se ha hablado mucho de la exclusión financiera y de los
efectos sobre el tejido económico, y voy a hacer ahora algo que a veces
los senadores o legisladores en general no hacemos suficientemente, y es
hablar del fenómeno humano. Seguramente ninguna de nosotras, las personas
que estamos aquí, hemos sufrido este fenómeno de la exclusión financiera
en propia carne, pero sí hemos experimentado la sensación de indefensión,
de frustración cuando tenemos que hacer frente a una pared, a una
máquina, a una voz que nos contesta automáticamente sin haber ninguna
persona detrás. Lo digo para que seamos empáticos y sepamos que cada vez
que una persona, bien porque es del mundo rural, bien porque no está en
condiciones de recibir el servicio adecuado y necesita que alguien le dé
respuesta, sufre esta sensación de indefensión y de impotencia, o el
miedo a que una mala decisión, un mal botón le haga perder parte de los
pocos ahorros que le quedan, que le ha costado mucho conseguir y de los
que depende la calidad de vida del poco tiempo que le pueda quedar. Es
importante que seamos empáticos con los sentimientos de las personas para
que no sean un número, sino personas.


Se ha hablado antes de la libertad de empresa, y no
voy a hablar ahora de liberalismo. Al final, sea el servicio del INSS,
del que hemos hablado, del SEPE, del que también hemos hablado, o de
Correos, los servicios públicos son indispensables, pero, al final, lo es
también la prestación del servicio para todas las personas que lo
necesitan, y que el servicio se preste desde empresas privadas no
significa que desde el mundo público no tengamos que establecer
mecanismos, eso sí, sin asumir los costes de la empresa privada, es
decir, sin hacer más transferencias de rentas públicas a rentas privadas;
pero, como digo, sí hay que aportar una solución para que lo importante,
que es el servicio, se preste.


Y déjenme terminar reiterando mi agradecimiento
hacia todas las personas que a partir de hoy van a hacer posible avanzar
un paso más; vamos a facilitar este trabajo y espero que más pronto que
tarde lo convirtamos en cosas, en acciones que cambien la vida de las
personas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Martínez Martínez. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).


El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, señor
presidente.


Señorías, para el Partido Popular las personas
constituyen el eje central de todas sus políticas, porque la política
tiene que estar al servicio de las personas y tiene que servir para
ayudarlas precisamente a eso, a solucionar sus problemas y, en la medida
de lo posible, a mejorar su bienestar y calidad de vida. Cuando hablamos
de exclusión financiera, estamos hablando de personas; cuando hablamos
del cierre de sucursales bancarias, estamos hablando de personas; cuando
hablamos de supresión de cajeros automáticos o de recortes en horarios de
atención al público, estamos hablando de personas. Señorías, si todo esto
lo circunscribimos al entorno del medio rural, la situación es mucho más
grave y preocupante, porque este recorte de servicios contribuye,
desgraciadamente, a fomentar la despoblación de los territorios rurales.
El cierre de las oficinas bancarias supone, además de la pérdida de
servicios, la pérdida de puestos de trabajo. En España hay 8131
municipios y, según la Federación Española de Municipios y Provincias,
el 50 % de ellos no tiene ninguna oficina bancaria. Además, el 16 % solo
dispone de una sucursal, y desgraciadamente en los últimos años hemos
visto, además, cómo se han ido cerrando casi el 50 % de las sucursales
bancarias.


Esto supone un gran problema para las personas que
residen en el medio rural y también para las personas más vulnerables,
generalmente personas mayores, de avanzada edad, que tienen que
trasladarse a otros municipios y tienen que movilizarse para resolver sus
gestiones financieras, algunas tan básicas como es la retirada de dinero
en efectivo, actualizar las libretas o hacer transferencias bancarias.
Pero, señorías, todavía se agrava más la situación cuando estas personas
mayores carecen de formación o de conocimientos de la banca digital, e
incluso carecen en sus pueblos de conectividad, algo que no es raro en
muchos territorios, con lo cual no pueden realizar estas operaciones a
través de internet. Y esto, en vez de reducir la brecha digital, lo que
hace es incrementarla.


La pérdida y escasez de oficinas bancarias en el
medio rural supone también, como todos ustedes reconocerán, señorías, una
pérdida de competitividad para los sectores productivos vinculados al
mundo rural, que son precisamente los que sostienen esos territorios,
como la ganadería, la agricultura, los autónomos y los empresarios, donde
la gestión de las oficinas bancarias juega un papel muy importante en
cuanto a productividad, ahorro, inversión y crecimiento.


El Grupo Popular, consciente y conocedor de esta
nueva realidad, ya presentó tres mociones: dos en la Comisión de Asuntos
Económicos y Transformación Digital y una en la Comisión de Despoblación
y Reto Demográfico para abordar esta cuestión, aportando soluciones como
la potenciación de programas de educación financiera online para personas
mayores, el impulso de acuerdos con las comunidades autónomas para evitar
el cierre de oficinas, el impulso en la instalación de cajeros de marca
blanca o la cita previa; muchas de ellas recogidas, precisamente, en la
moción del día de hoy. Moción y medidas que fueron rechazadas y votadas
en contra por el Grupo Socialista en la comisión, en tanto que hoy las
van a votar a favor. Nunca es tarde si la dicha es buena. Como también
votaron en contra a una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado
por importe de cinco millones de euros que presentó el Grupo Popular para
combatir la exclusión financiera. Por lo tanto, no es un tema nuevo ni
desconocido para el Grupo Socialista ni para esta Cámara de
representación territorial.


Ante esta situación, el Gobierno no puede
permanecer impasible y tiene la obligación de buscar alternativas y
soluciones, y lo tiene que hacer de manera rápida, porque, de lo
contrario, seguiremos perdiendo oficinas. Por estos motivos, nos parece
fundamental que el Gobierno promueva medidas de apoyo a este grupo de
edad, impulsando la adopción de medidas de humanización de los servicios
financieros por parte de las entidades financieras. No deja de ser un
contrasentido que estos colectivos paguen las consecuencias cuando son
los que, con sus depósitos en las cuentas bancarias en los momentos de
máximos beneficios de las entidades financieras, salvaron esa situación;
no deja de ser un contrasentido.


Pero el Gobierno llega tarde una vez más, y no lo
digo yo, lo dice la ministra Calviño en un tuit que ella misma colgó
recientemente, el día 28 de enero, en el que decía textualmente: Es muy
importante y urgente abordar las dificultades de inclusión financiera. No
podemos retrasar la solución a un problema que ha agravado la
pandemia.


Pues agradecemos que lo reconozca la propia
ministra. Pero el Gobierno también llega tarde al tema de la fiscalidad
diferenciada de Soria, Teruel y Cuenca, que debería haber entrado en
vigor el día 1 de enero, lo que desgraciadamente no ha sucedido. No
podemos perder más tiempo y tenemos que invitar a sentarse en la mesa de
la ponencia no solamente a comunidades autónomas y a ayuntamientos, sino
también a los responsables de las entidades financieras para que aporten
soluciones.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Tenemos que ser ágiles
y útiles a la sociedad, y la manera de ser ágiles es que esta ponencia se
constituya lo antes posible para que antes de que termine este periodo de
sesiones seamos capaces de tener unas recomendaciones y unas
conclusiones. Porque se lo debemos a nuestros mayores, porque se lo
merecen, porque son dignos de nuestra admiración y nuestro respeto vamos
a votar a favor de esta ponencia de estudio, y por coherencia, para
defender los intereses…


El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría.


El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: … de las personas
mayores del mundo rural y de los más vulnerables.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la
palabra su señoría la senadora Edo Gil.


La señora EDO GIL: Gràcies, president.


Bona vesprada, senyories. Viure al món rural ha de
ser una opció. Jo he triat seguir vivint en el meu poble, on vaig nàixer,
Benlloc, un municipi de poc més de 1000 habitants, en la província de
Castelló. He tingut la possibilitat de poder fer-ho. Però per a que les
persones puguen triar viure en el món rural hem de ser capaços, totes les
institucions i agents implicats, de garantir la cohesió territorial i
social necessària per a aconseguir la igualtat de drets, la igualtat
d’oportunitats i la igualtat en serveis bàsics, drets i serveis
essencials que han d’arribar a totes les persones per igual,
visquen en una gran ciutat o en el poble més menut.


L’Espanya rural pateix desequilibris
territorials, bretxa digital, i manca d’infraestructures així com
de serveis bàsics, entre ells els financers, a les quals cal afegir la
pèrdua de població, sobretot jove, deguda a la manca d’oportunitats
per emprendre i continuar el seu projecte vital que pateix el món rural
des de fa dècades i provoca un envelliment de la seua població.


Si unim bretxa digital i la reestructuració
bancària amb el tancament de milers d’oficines bancàries i la
reducció dels serveis d’atenció personal en els mateixos, el
resultat és l’exclusió financera de les persones majors i de les
més vulnerables, que no poden o no saben accedir a la banca online o
tenen dificultats en la utilització de les targetes davant la
transformació digital en què estem immersos. Una situació molt més
preocupant en l’àmbit rural, amb una població més envellida, amb
escassa o nul·la formació digital, en municipis sense oficina
bancària.


Recentment, la vicepresidenta econòmica del Govern,
Sra. Nadia Calviño, va convocar les tres patronals bancàries per tal
d’abordar aquesta problemàtica amb el compromís de revisar el
protocol estratègic per reforçar el compromís social i sostenible de la
banca, plantejant noves solucions i accelerant els avanços cap a una
economia inclusiva per garantir l’accés als serveis, especialment
en l’entorn rural, des de les persones majors, o col·lectius més
vulnerables amb risc d’exclusió financera.


El repte demogràfic i la lluita contra la
despoblació necessiten, com he dit, la implicació de totes les
institucions, dels agents socials i sectorials, entitats i associacions
vinculades a cada territori. És imprescindible l’anàlisi i la
visualització no només de les necessitats, sinó també de les oportunitats
dels pobles i el resultat d’aquesta ponència d’estudi
proposada és una eina més que ens ajudarà a fer-ho.


Per al Govern d’Espanya, el repte demogràfic
i la lluita contra la despoblació són prioritaris. En 2021, la posada en
marxa del pla de 130 mesures davant el repte demogràfic, amb un
pressupost superior als 10 milions d’euros, va mobilitzar més
de 3000 milions posant en marxa més del 75 % de les mesures. Per a aquest
any 2022, els Pressupostos Generals de l’Estat inclouen actuacions
que superen els 4200 milions d’euros. Les mesures que venen
realitzant-se són el resultat de l’acció transversal amb
perspectiva de repte demogràfic d’aquest Govern per combatre la
despoblació i garantir la cohesió social i territorial, en línia amb els
objectius establerts en l’estratègia nacional 2030, que estableix
les bases per a l’articulació del Pla de recuperació, transformació
i resiliència a les àrees rurals i xicotets municipis en la implementació
de l’Agenda de recuperació verda, digital i inclusiva.


El Govern de Pedro Sánchez compleix amb fets, amb
reformes i polítiques, pensant en la ciutadania. Programa Único per a
garantir la connectivitat universal, descentralització de
l’Administració, Programa DUS para projectes de transició
energètica, el Programa Campus Rural, programes de diversificació i
creació de nous serveis i d’ocupació, Pla de vivenda 2022-2025, bo
jove per al lloguer, i sí, Sra. Melero, els pensionistes cobren tots els
mesos, cert, no podria ser d’altra manera. Però se li oblida que
cobren més gràcies a aquest Govern, igual que molts treballadors cobren
més amb la pujada del salari mínim interprofessional o amb l’ingrés
mínim vital que ha aprovat aquest Govern, el Govern del Sr. Sánchez.
(Aplaudiments).


I Sr. Martínez, afegir-li al llistat que ha fet que
quan el PP tanquen centres de salut o privatitzen serveis quan governen i
allà on governen, també parlem de persones.


No m’agrada parlar de l’España vaciada;
el món rural, si encertem amb les polítiques adients i som capaços de
revertir la situació, és i serà un món ple d’oportunitats.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Vivir en el mundo rural
tiene que ser una opción. Yo he escogido seguir viviendo en el lugar
donde nací, un municipio de 1000 habitantes. He tenido la posibilidad de
hacerlo, pero para que las personas puedan elegir vivir en el mundo rural
hemos de ser capaces todas las instituciones y agentes implicados de
garantizar la cohesión territorial y social necesaria para conseguir la
igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades y la igualdad en
servicios básicos; derechos y servicios esenciales que tienen que llegar
a todas las personas por igual, vivan en una gran ciudad o en el pueblo
más pequeño.


La España rural sufre desequilibrios territoriales,
brecha digital y falta de infraestructuras, así como de servicios básicos
—entre ellos, los financieros—, a los cuales hay que añadir
la pérdida de población —sobre todo joven, debido a la falta de
oportunidades para emprender y continuar su proyecto vital— que
sufre el mundo rural desde hace décadas y que provoca un envejecimiento
de su población.


Si unimos brecha digital y la reestructuración
bancaria al cierre de miles de oficinas bancarias y la reducción del
servicio de atención personal en ellas, el resultado es la exclusión
financiera de las personas mayores y de las más vulnerables, que no
pueden o no saben acceder a la banca online o tienen dificultades en la
utilización de las tarjetas ante la transformación digital en que estamos
inmersos, una situación que es mucho más preocupante en el ámbito rural,
con una población más envejecida, con escasa o nula formación digital y
en municipios sin oficinas bancarias.


Recientemente, la vicepresidenta económica del
Gobierno, la señora Calviño, convocó a las tres patronales bancarias para
abordar esta problemática con el compromiso de revisar el protocolo
estratégico para reforzar el servicio social de la banca y acelerar los
avances hacia una nueva economía inclusiva para garantizar el acceso a
los servicios, especialmente en el entorno rural, de las personas mayores
o colectivos más vulnerables en riesgo de exclusión financiera.


El reto demográfico y la lucha contra la
despoblación necesitan, como he dicho, la implicación de todas las
instituciones, de los agentes sociales y sectoriales, de entidades y
asociaciones vinculadas a cada territorio. Es imprescindible el análisis
y la visualización no solo de las necesidades, sino también de las
oportunidades de los pueblos, y el resultado de esta ponencia de estudio
propuesta es una herramienta más que nos ayudará a hacerlo.


Para el al Gobierno de España el reto demográfico y
la lucha contra la despoblación son prioritarios. En 2021, la puesta en
marcha del plan de 130 medidas frente el reto demográfico, con un
presupuesto superior a los 10 millones de euros, movilizó más de 3000
millones, poniendo en marcha más del 75 % de las medidas. Para este
año 2022, los Presupuestos Generales del Estado incluyen actuaciones que
superan los 4200 millones de euros. Las medidas que se están realizando
son el resultado de la acción transversal con perspectiva de reto
demográfico para combatir la despoblación y garantizar la cohesión social
y territorial en línea con los objetivos establecidos en la estrategia
nacional 2030, que establece las bases para la articulación del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia en las áreas rurales y
pequeños municipios y en la implementación de la agenda de recuperación
verde, digital e inclusiva.


El Gobierno de Pedro Sánchez cumple con hechos, con
reformas y políticas, pensando en la ciudadanía. Prueba de ello es el
programa único para garantizar la conectividad universal, la
descentralización de la Administración, los programas municipales de
transición energética, los programas de diversificación económica y
creación de empleo, el plan de vivienda 2022-2025, el bono joven para el
alquiler, y, sí, señora Merelo, los pensionistas cobran todos los meses,
cierto, no podría ser de otra manera, pero se le olvida que cobran más
gracias a este Gobierno, igual que muchos trabajadores cobran más con la
subida del salario mínimo interprofesional o del ingreso mínimo vital que
ha aprobado este Gobierno, el Gobierno del señor Sánchez.
(Aplausos).


Señor Martínez, quiero añadir al listado que ha
hecho que cuando el PP cierra centros de salud o privatiza servicios allá
donde gobierna y cuando gobierna también hablamos de personas.


No me gusta hablar de la España vaciada. El mundo
rural, si acertamos en las políticas adecuadas y somos capaces de
revertir la situación, es y será un mundo lleno de oportunidades.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
senadora.


Señorías, a continuación, procedemos a la votación
telemática de los dos siguientes asuntos:


En primer lugar, de la moción por la que se insta
al Gobierno a la reapertura del eje ferroviario directo entre las
provincias de Madrid, Segovia y Burgos, dentro del corredor central
ferroviario, ramal norte de la península ibérica, autor Grupo
Parlamentario Popular, que se votará en sus propios términos.


Y en segundo lugar, moción por la que el Senado
acuerda la creación, en el seno de la Comisión de Despoblación y Reto
Demográfico, de una ponencia de estudio que elabore un informe con
recomendaciones para la adopción de medidas que garanticen la inclusión
financiera en el mundo rural, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria-Bildu. Se vota en los términos de la propuesta
de modificación suscrita por varios grupos, con número de registro de
entrada 130915.


Se inicia la votación telemática cuando son las
dieciséis horas y veintisiete minutos hasta las dieciocho horas y
veintisiete minutos de la tarde de hoy. Les recuerdo que los resultados
de la votación de estas dos iniciativas serán comunicados a sus señorías,
publicados en la página web del Senado y proclamados al inicio de la
próxima sesión plenaria.


Señorías, asimismo, procedemos a la proclamación
del resultado de algunas votaciones que paso a comunicarles.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR LA REFORMA URGENTE DEL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA DE
CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS ACORDADOS EN ENERO DE 2017 EN LA VI
CONFERENCIA DE PRESIDENTES. (Proclamación del resultado de la
votación).


671/000095

GPP


El señor presidente lee los puntos 9. y 9.1.


Votos emitidos, 261; a favor, 105; en contra, 137;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
INCREMENTAR EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2022 LA
DOTACIÓN PARA COMPENSAR A LA EMPRESA CONCESIONARIA DE LA AUTOPISTA AP-66
ENTRE LEÓN Y CAMPOMANES (ASTURIAS) POR LAS BONIFICACIONES DE PEAJE A
VEHÍCULOS LIGEROS Y PESADOS HASTA LA SUPRESIÓN TOTAL DEL MISMO.
(Proclamación del resultado de la votación).


671/000096

GPP


El señor presidente lee el punto 9.2.


Votos emitidos, 261; a favor, 115; en contra, 12;
abstenciones, 134.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
EXTENSIÓN DEL PROGRAMA CAMPUS RURAL A LOS ESTUDIANTES DE FORMACIÓN
PROFESIONAL (FP). (Proclamación del resultado de la votación).


662/000097

GPS


El señor presidente lee los puntos 10. y 10.1.


Votos emitidos, 261; a favor, 256;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos).









DECLARACIONES INSTITUCIONALES





DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL DE MEMORIA DEL HOLOCAUSTO Y LA PREVENCIÓN DE LOS CRÍMENES
CONTRA LA HUMANIDAD, CELEBRADO EL DÍA 27 DE ENERO.


630/000021

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPIC
GPN
GPD
GPMX


El señor PRESIDENTE: Señorías, asimismo, esta Mesa
ha recibido una declaración institucional que ruego al secretario segundo
de la Mesa, senador Landa, que lea. Muchas gracias.


El señor LANDA JÁUREGUI: «El pasado jueves, 27 de
enero, conmemoramos en el Senado el Día Internacional para el Recuerdo
del Holocausto, participando de este modo en el homenaje a los más de
seis millones de víctimas del mayor crimen de masas perpetrado en la
historia de la humanidad.


»En 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas
designaba con su resolución 60/7, recordando la fecha en la que en 1945
las tropas soviéticas liberaban el campo de exterminio de
Auschwitz-Birkenau, el 27 de enero como Día Internacional de
Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto para que se
mantuviera siempre una advertencia para todo el mundo de los peligros del
odio, el fanatismo, el racismo y los prejuicios.


»Los senadores que formamos parte de esta Cámara
queremos recordar con esta declaración aquel atroz hecho histórico para
que su memoria sea una exhortación y sirva para la reflexión continuada
sobre los riesgos de la intolerancia religiosa, étnica o ideológica. En
pleno siglo XXI seguimos enfrentándonos a los crímenes de guerra, al
genocidio y a los crímenes de lesa humanidad, que nos advierten de lo
fácil que puede resultar repetir la historia y nos exigen continuar
consolidando los valores de la democracia, la diversidad y la tolerancia
sin los que no puede existir un mundo justo.


»Guetos, escuadrones de fusilamiento o campos de
concentración y de exterminio fueron parte de los métodos que utilizó el
régimen nazi y sus colaboradores para acabar con la vida de más de seis
millones de judíos y millones de gitanos, opositores políticos,
homosexuales, testigos de Jehová y personas con discapacidad, cometiendo
el mayor genocidio de la historia de la humanidad, como dice el Estatuto
de Roma en su artículo 6, con intención de destruir total o parcialmente
a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Los métodos
pudieron ser diferentes en distintos puntos de Europa, pero, al final, se
dirigía a la degradación absoluta, a la deshumanización total, con la
supresión de sus derechos civiles y económicos y la denegación de toda
dignidad, porque el objetivo final era uno solo: desarrollar una política
de exterminación. Esta atrocidad, que aún podemos conocer de primera mano
en las palabras y en el testimonio de algunos supervivientes, no puede
caer en el olvido y mucho menos en el negacionismo que algunos todavía
pretenden desde el más absoluto relativismo moral.


»Nuestro país, como miembro de la Alianza
Internacional para el Recuerdo del Holocausto, está comprometido desde
hace años en la promoción de la memoria y la divulgación sobre la Shoah,
y en julio de 2020 refrendaba la definición operativa de antisemitismo,
no vinculante jurídicamente, que adoptó la Alianza el 26 de mayo de 2016
como una herramienta indispensable de orientación en la educación y la
formación.


»El pasado mes de octubre, la Comisión Europea
aprobaba su Estrategia de lucha contra el antisemitismo, y en ella
reiteraba que la Unión Europea se fundamenta sobre los valores del Estado
de derecho, de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia,
igualdad y respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a
pertenecer a una minoría. Para los europeos, el antisemitismo es
incompatible con los valores nucleares de nuestra Unión y representa no
solo un desafío para la comunidad judía, sino para la sociedad, la
democracia y el modo de vida europeo.


»Por todo ello, las instituciones públicas
europeas, y con ellas el Senado, unidos con la sociedad civil, debemos
impulsar el conocimiento, la divulgación y la memoria del holocausto.
Como sostiene Primo Levi, «si comprender es imposible, conocer es
necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder. Las conciencias
pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo: las nuestras, también».


»El Senado quiere ser punto de encuentro con el
Gobierno para continuar trabajando en la elaboración de todas aquellas
medidas que sirvan para hacer frente a todo tipo de actos de intolerancia
religiosa, étnica o ideológica. Del mismo modo, el Senado hace un
llamamiento para movilizar y sensibilizar a la sociedad civil, a través
de la educación, en el recuerdo del holocausto, para preservar la memoria
del más trágico drama en la historia de Europa y de los europeos.


»Palacio del Senado, 2 de febrero de 2022».
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.


No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión.


Muchas gracias.


Eran las dieciséis horas y treinta y cinco
minutos.