La señora PRESIDENTA: Señorías, con la celebración de este Pleno
cerramos el actual periodo de sesiones. Han sido meses muy duros. En cada
sesión plenaria hemos lamentado y recordado la pérdida de vidas
ocasionada por una emergencia sanitaria sin precedentes que, sin duda, va
a marcar un antes y un después en nuestra historia y también en la
historia del parlamentarismo español. Desgraciadamente, la pandemia no ha
finalizado; vemos cómo afloran nuevos casos y focos de contagio en
distintos puntos de la geografía española, que nos recuerdan la gravedad
de la situación. Y nos conviene actuar con prudencia, responsabilidad y
precaución. Es una obligación cívica que cada uno y cada una de nosotros
debemos asumir y exigir para poder superar definitivamente esta
emergencia.

Con este anhelo, y en nombre del Senado, trasladamos a los familiares
de las víctimas nuestras condolencias, nuestro pésame, nuestro respeto,
nuestro más sentido pésame. Les solicito a sus señorías, en consecuencia,
que se pongan en pie para que guardemos un minuto de silencio en su
memoria.

La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Antes de pasar a los asuntos del orden del día, les comunico que, al
amparo de la norma supletoria de la Presidencia del Senado sobre la
utilización del voto telemático, de 9 de junio de este año, se realizarán
de manera telemática todas las votaciones correspondientes a los asuntos
que se debatan durante el día de hoy y el día de mañana y durante los
plazos que serán fijados por esta presidenta. Por acuerdo de la Junta de
Portavoces de 7 de julio de 2020, el plazo de dos horas para la votación
telemática de la Proposición de Ley por la que se modifica el
artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se abrirá mañana, desde
las 9 hasta las 11 horas de la mañana. Las primeras siete mociones que
figuran en el orden del día serán todas ellas sometidas a votación
telemática durante el plazo que esta Presidencia abrirá al finalizar el
debate de la última de ellas y el plazo de votación telemática para la
tres últimas mociones se abrirá antes de finalizar la sesión plenaria;
los resultados serán comunicados a sus señorías, publicados en la página
web del Senado y proclamados al inicio de la primera sesión plenaria del
siguiente periodo de sesiones.

La señora presidenta lee los puntos 1. y 1.1.

La señora PRESIDENTA: ¿Hay alguna observación? (Denegaciones).

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).

En consecuencia, queda aprobada.

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Pregunta de la senadora María Salom Coll, del Grupo Parlamentario
Popular. Tiene la palabra su señoría.

La señora SALOM COLL: Gracias.

¿Cree usted que el Gobierno actúa inspirado en los objetivos de la
Agenda 2030?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría,

Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente segundo del
Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y
AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, senadora.

Efectivamente, el Gobierno de España asume los objetivos de
desarrollo sostenible y la Agenda 2030 como una política de Estado. Como
seguramente usted sabrá, hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado el
informe de progreso de la Agenda 2030, que será presentado mañana en las
Naciones Unidas, dejando a España en una posición muy interesante, como
uno de los países que más importancia ha dado a la Agenda 2030 como
política de Estado.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Senadora Salom, tiene la palabra.

La señora SALOM COLL: Gracias.

Yo creo que no, y le pondré tres ejemplos. El primer objetivo de la
Agenda es el fin de la pobreza para todos, no solo para usted, y usted se
ha encargado de asegurarse para usted, y no para todos, unos ingresos
mensuales de 12 000 euros, olvidando los límites salariales de los cargos
de Podemos. El tercer objetivo habla de bienestar y usted renunció al
bienestar de Vallecas para comprarse un casoplón en Galapagar. Esto sí
que es progreso. (Rumores).

Especial importancia tiene el punto quinto de la Agenda 2030, la
igualdad de género, y ahí usted va un poco descarriado, señor
vicepresidente, y me preocupa su visión paternalista del asunto y, sobre
todo, sus actitudes machistas. Usted, cual macho alfa de la manada, es
quien toma las decisiones en nombre de sus colaboradoras. Por eso, cuando
en enero de 2016 un medio de comunicación le entrega una tarjeta robada
de una excolaboradora suya, Dina Bousselham, usted decide lo que para
ella es mejor: mantenerla en la ignorancia sobre el paradero de la
tarjeta; pero no solo eso, usted se queda la tarjeta, accede a su
contenido violando la intimidad de la señora Bousselham y finalmente se
la devuelve, pero se la devuelve después de meses e inservible,
asegurándose de que no queda contenido alguno que pueda dañarle a usted,
no a ella. Usted, hombre, decide por ella, mujer, en clara muestra de su
actitud machista, que probablemente también sea constitutiva de un
delito. Y la pregunta es obligada: ¿Qué información sobre usted contenía
esa tarjeta que le llevó a actuar de una forma tan desleal con su
colaboradora? Nadie en su sano juicio aceptará que usted se deshiciera
del contenido para protegerla a ella. Usted se estaba protegiendo a sí
mismo. ¿Y de qué? ¿De qué? Todo eso representa violencia de género, y
esto es machismo puro y duro. (Aplausos). Y quién lo iba a decir,
señorías, el señor Iglesias convertido ahora en un recalcitrante
machista.

En fin, señorías, otros incumplimientos hemos visto de la
Agenda 2030. Lo que debería hacer usted es pedir perdón aquí por tanta
mentira. Pero, claro, su teoría es que en política uno no tiene que pedir
perdón, en política uno tiene que dimitir. Por lo tanto, señor Iglesias,
aplíquese su medicina y dimita. ¿O esa será otra de sus mentiras? El
tiempo lo dirá. Y ahora le toca a usted, conteste a mi grupo, contésteme,
sea valiente, no sea cobarde y se esconda detrás de la mentira y del
insulto hacia mí o hacia mi grupo. Si utiliza esa cortina de humo falsa
será porque no tiene argumentos para defender lo indefendible.
(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor vicepresidente segundo del Gobierno,
tiene la palabra.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y
AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señora presidenta.

Señora senadora, gracias por su intervención; en particular por el
tono constructivo, prudente y moderado que ha empleado. (Risas). Fíjese
bien, si de lo que usted está hablando es del caso Villarejo, reconocerá
que se investigan delitos graves que, básicamente, tienen que ver con la
construcción de una trama parapolicial con la que su Gobierno trató de
espiar a partidos de la oposición y trató de protegerse de la corrupción.
Como usted sabrá, ni a mí ni a doña Dina Bousselham ni a Podemos se nos
acusa de ningún delito. Usted aquí me ha acusado de varios delitos;
entonces, creo que lo razonable es que vaya a un tribunal para ver si
esta vez consiguen encontrarlo.

Hay algo en lo que usted seguro que está de acuerdo conmigo. A pocas
formaciones políticas en España se les ha investigado tanto para
encontrar algo turbio, algún delito o algo sucio como a nosotros. Y
fíjese, después de que le robaran el teléfono móvil a Dina Bousselham,
¿sabe qué encontraron para hacernos daño? Dos cosas: un vídeo de Pablo
Echenique cantando una jota y unos comentarios soeces y desagradables por
mi parte en un chat por los que pedí disculpas. ¿Se imagina usted qué
hubiera ocurrido si en España a ustedes se les hubiera investigado con la
misma intensidad que a nosotros? Quizá muchos de los que están ahí
estarían en la cárcel. (Rumores). Sin embargo, permítame, señora
senadora, que le diga algo: yo creo en la justicia de este país y, aunque
ustedes vayan a mover Roma con Santiago para que Villarejo, para que
Fuentes Gago, para que Eugenio Pino se vayan de rositas, estoy convencido
de que en España no habrá impunidad para los delincuentes.
(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, vicepresidente segundo.

La señora PRESIDENTA: Pregunta del senador don Javier Ignacio Maroto
Aranzábal, del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra su señoría.

El señor MAROTO ARANZÁBAL: Gracias, señora presidenta.

No ha contestado a la pregunta, como era obvio. Lo que es obvio es
que usted disfruta hablando de cloacas cada vez que puede, pero también,
después de todo lo que vamos descubriendo, señor Iglesias, lo que parece
claro es que la cloaca es el hábitat en el que usted se mueve como pez en
el agua. (Aplausos).

¿No siente bochorno, señor vicepresidente, por utilizar la
naturalización del insulto para amedrentar a los periodistas que le sacan
los trapos sucios por el caso Dina-Iglesias?

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Le recuerdo que la pregunta es la que consta en
el orden del día.

Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y
AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias por la pregunta, señor
Maroto.

¿De verdad viene usted aquí a hablar de libertad de prensa y de
amedrentar a periodistas? ¿Sabe lo que es amedrentar a periodistas?
Amedrentar a periodistas es lo que hacía Soraya Sáenz de Santamaría
cuando maniobraba para que algunos perdieran su trabajo. (Rumores).
Atacar la libertad de prensa es untar con dinero público a medios afines;
atacar la libertad de prensa es hacer ruedas de prensa por plasma en
Moncloa sin contestar preguntas. ¿Sabe lo que es atacar la libertad de
prensa, después del peor atentado que se ha producido en España? Convocar
a los principales directores de periódicos de España a Moncloa para
mentirles sobre la autoría porque tenían miedo de perder las elecciones.
Eso son ustedes, señoría. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Senador Maroto Aranzábal, tiene la
palabra.

El señor MAROTO ARANZÁBAL: Gracias, presidenta.

Los insultos a los periodistas son injustificables, sean en las redes
sociales o en cualquier otro formato. Esta frase no es mía, esta frase es
de una compañera de su Gobierno, Margarita Robles, ministra de Defensa, y
esto es lo que pensamos todos los que le hemos visto señalar a
periodistas como a Vicente Valles, Esteban Urreiztieta o Eduardo Inda en
la sala de prensa de Moncloa, simplemente, porque no comulgan con lo que
usted ha dicho o, lo que es peor, con lo que usted ha hecho. Eso se llama
señalamiento de periodistas. Por favor, no venga con ocurrencias como las
que ha contado de algunos de mis compañeros o como la que tuvo el otro
día, cuando incluso me aludió a mí diciendo que había señalado a no sé
qué periodista por una pregunta incómoda. ¿Pero a usted nadie le cuenta
que esa entrevista, por ejemplo, era de cuando yo era portavoz en la
oposición en un ayuntamiento y que el programa y el periodista siguieron
en antena durante más de dos años? Mire, si usted necesita taparse las
vergüenzas con bulos, al menos búsquese bulos creíbles.

A usted, señor Iglesias, lo que le gusta es ser el que controla, no
ser el controlado, e ir por la vida haciéndose la víctima de complots que
solo existen en su imaginación. En nuestro país, la prensa es necesaria
porque con ella se garantiza la pluralidad de ideas y el debate; a veces
te critican y a veces no, pero tienen que ejercer su trabajo con
libertad.

Decía Dürrenmatt que son tiempos tristes aquellos en los que hay que
luchar por defender lo obvio. Pues aquí estamos con usted, señor
Iglesias, en mitad del año 2020 enseñándole al vicepresidente del
Gobierno de España lo que es la libertad de expresión, lo que es el
derecho a la información. Así que mire: uno, naturalizar el insulto no se
ajusta a la democracia; dos, atacar a periodistas que no le gustan no se
ajusta a la democracia; y tres, ocultar un caso como el Dina-Iglesias no
se ajusta a la democracia, por mucho que a usted le encantaría cambiarles
las mascarillas a los periodistas por mordazas, que, por cierto, eso lo
lleva usted bien dentro porque usted considera que en la España de
Sánchez se puede señalar a los periodistas como en la Venezuela de
Maduro. Pero ni usted es tan poderoso para poder señalar a los
periodistas ni este país, España, tiene una democracia tan débil como a
usted le gustaría. Por eso, vamos a defender a todos los periodistas y le
aseguro que ni ellos ni nosotros vamos a ser callados por alguien como
usted.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Señor vicepresidente segundo del Gobierno, tiene la palabra.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y
AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señora presidenta.

Gracias, señor Maroto.

Fíjese, a mí los insultos no me gustan. Estará usted de acuerdo
conmigo en que pocas figuras políticas hay en este país que reciban
tantos insultos como yo. Y precisamente como recibo muchos —algunos
vienen de sus filas—, no solo los recibo yo, sino que los recibe mi
padre simplemente por ser mi padre, al que su portavoz parlamentaria
llamó terrorista, simplemente por ser mi padre. (Protestas).

Aun así, señorías, entiendo que los insultos, que son muy
desagradables y que ojalá no existieran, forman parte de esta realidad.
Cada uno podemos tener los instrumentos jurídicos para intervenir si
pensamos que los insultos se han pasado de madre y la crítica también. Le
voy a leer una cita —yo no tengo que mirar el nombre del autor para
leérsela—: La libertad de expresión es un valor fundamental y,
cuando un periodista critica a un político que ejerce la libertad de
expresión, también se puede ejercer a la inversa. Es un derecho que
podemos ejercer todos los ciudadanos al margen de nuestra condición.
¿Sabe de quién es esta frase? De la Clara Zetkin de la política española,
Cayetana Álvarez de Toledo. Usted tiene que estar de acuerdo con esto, lo
que pasa es que da la impresión de que usted está de acuerdo si lo dice
la señora Álvarez de Toledo, pero si lo digo yo, no. Y eso le quita a
usted muchísima credibilidad. Nadie como ustedes en este país ha atacado
de manera tan vil y tan desvergonzada la libertad de prensa y ha
amenazado a periodistas. Creo que deberían ser ustedes un poco más
prudentes y tener una pizquita de decencia, señoría. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, vicepresidente segundo del
Gobierno.

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Pregunta de la senadora María Elena de Diego Castellano, del Grupo
Parlamentario Socialista.

La señora DIEGO CASTELLANOS: Gracias, presidenta. No tengo ningún
marquesado, lo digo con todo el cariño.

Señora ministra, le doy la bienvenida por estar hoy aquí en su
condición de ministra de Cooperación para el Desarrollo y también le
felicito por el trabajo que se ha venido haciendo durante toda la
pandemia en relación con su ministerio y, en concreto, con las políticas
que se han llevado a cabo en estos meses para reforzar la estrategia de
cooperación de nuestro Gobierno, del Gobierno de España.

Después de la primera intervención de la senadora del Partido
Popular, que trae aquí una pregunta tan interesante sobre la Agenda 2030
y hay que escucharla hablar de cuestiones tan graves como acusar al
vicepresidente del Gobierno de que lleva a cabo acciones de violencia de
género o que la Agenda 2030 realmente no se está cumpliendo porque en
este país no se está luchando contra la pobreza, tengo que decir que
tenemos aquí una ministra que desde el minuto uno tiene muy claro que la
Agenda 2030, junto con la Vicepresidencia, es clave para este Gobierno,
como lo es para este presidente del Gobierno. (Aplausos).

Tenía la preocupación de que pudiera ocurrir algo así al hablar de un
asunto como la cooperación para el desarrollo, y lo temía, señores y
señoras del Partido Popular, porque llevamos años manteniendo un consenso
muy importante en esta materia, pero hoy, desgraciadamente, ha sido
terrible que en su intervención la señora senadora hable de la
Agenda 2030 en esos términos. Solamente pone de manifiesto una cosa,
¿sabe cuál? Yo le invito a que escuche la intervención de su portavoz en
el Congreso en la Comisión de Cooperación para el Desarrollo de hace unas
semanas. Creí que quien hablaba era Vox. Casi tuve que pensar que el
senador de Vox les daba una lección, una lección real de que la
cooperación para el desarrollo es una política de Estado, pero si también
la van a meter en el bolso contra la violencia de género, contra las
feministas y contra todo lo que ustedes están desmantelando por apoyar
única y exclusivamente cuestiones populistas, eso de los pobres de dentro
y los pobres de fuera, es que también se les ha pegado. Estoy
absolutamente segura y lo digo con mucha tristeza.

Señora ministra, nosotros no creemos que haya pobres de fuera y
pobres de dentro. Nosotros creemos que esta crisis global es una crisis
donde sobre todo hay que trabajar y luchar por los pobres de fuera.
Frente al populismo, frente a aquellos que cogen todo lo que el populismo
está poniendo encima de la mesa, queremos que nos cuente qué medidas y
qué trabajo se ha llevado a cabo por los médicos y médicas españoles en
relación con la cooperación, con los sistemas sanitarios de aquellos
países más vulnerables; trabajo que se ha llevado a cabo por esos médicos
y médicas que hemos llamado héroes, aunque ellos dicen que no lo son, y
que hoy se manifiestan y están en huelga en la Comunidad de Madrid por el
trato que se está dando a estos médicos y médicas. (Aplausos). Por lo
tanto...

La señora PRESIDENTA: Señoría, su tiempo ha terminado. Gracias,
señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación.

La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
(González Laya): Gracias, señora presidenta.

Señorías, finalmente voy a poder hablar de la Agenda 2030, que se
suponía que eran los dos primeros puntos la agenda del día. (Aplausos). Y
voy a hacerlo con la cabeza muy alta porque así tiene que tenerla este
país en lo que respecta a la cooperación al desarrollo.

La Aecid, junto con profesionales sanitarios de este país, a la vez
que luchaban contra la COVID en España no ha dejado de apoyar a otros
países en su lucha contra la COVID. En países como Mozambique, Jordania,
Etiopía, Níger, Bolivia o Mauritania, nuestros epidemiólogos, radiólogos,
internistas y especialistas de las UCI han trabajado con todos ellos para
acompañarles en su lucha contra la COVID. Pero, además, como sabemos que
en muchos países esta presencia física era difícil, hemos arbitrado
mecanismos de cooperación, de colaboración técnica a distancia. Más de 50
profesionales españoles del Ramón y Cajal, del Gregorio Marañón, de la
Fundación Jiménez Díaz, del Hospital Clínico de San Carlos, todas estas
personas, que también se manifiestan por sus derechos en España, han
tenido un poquito de tiempo para ocuparse no solo de los enfermos en
España, sino también de los enfermos en países terceros. Ellos en foros
interactivos, a través de videoconferencias y herramientas en línea, han
acompañado a más de 1000 profesionales en países terceros, y también a
través de la red de formación de centros españoles en lugares como
Montevideo o como Antigua; lo han hecho también identificando puntos
frágiles en los hospitales de cada país y ayudando a contener la
enfermedad, educando a la población, haciendo un seguimiento
epidemiológico, ayudando a la detección rápida, al aislamiento de los
casos positivos y al manejo clínico, y han hecho todo lo posible para que
hubiese una respuesta clínica apropiada. El último ejemplo de esto lo
tenemos en los cinco médicos que se desplazaron hace apenas dos semanas a
Mauritania, donde durante una semana han podido trabajar con los
especialistas en este país, un país en el que —quiero
recordarlo— no existen más de dos camas de UCI; país al que, por
cierto, España acaba de hacer una gran donación de respiradores,
entendiendo, como entendemos en España, que no se trata solo de decir,
sino que se trata de hacer. Se trata de luchar contra la COVID aquí en
España y en los países terceros, orgullosos de la cooperación española y
poniendo la Agenda 2030 al servicio de que nadie se quede atrás.

Gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de
Justicia.

Pregunta del senador Bernabé Pérez, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra su señoría.

El señor BERNABÉ PÉREZ: Gracias.

Señor ministro, ¿qué opinión le merece la actuación de los fiscales
en el caso Dina-Iglesias?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Gracias, señora
presidenta. Buenas tardes.

Señor Bernabé, le invito a que lea conmigo la pregunta, y después
reflexionaremos sobre ella. Me pide la opinión sobre la actuación de los
fiscales en el caso Dina-Iglesias. Como me la formuló la señora Pradas
igual, no he tenido tiempo ni de leerla.

Me está pidiendo mi opinión sobre la actuación de unos fiscales en un
caso que usted se ha permitido denominarlo así. El párrafo segundo del
artículo 66 de la Constitución establece que las Cámaras controlan la
acción del Gobierno. Y ahora me pregunto, señor Bernabé: ¿qué
interpretación hace de lo que es el control de la acción del Gobierno
para que pueda entender que yo tengo que mostrar mi opinión sobre la
actuación de unos fiscales en unas actuaciones judiciales concretas?
(Aplausos). Mire usted, no tengo opinión. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

Senador don Francisco Martín Bernabé Pérez, tiene la palabra.

El señor BERNABÉ PÉREZ: Señor ministro de Justicia, ¿de quién depende
la Fiscalía? Del Gobierno. Pues ya está. Semejante disparate no lo ha
dicho el dictadorzuelo de turno de ninguna república bananera, sino que
lo anunció públicamente el presidente del Gobierno de nuestra nación hace
unos meses, vulnerando con ello de forma flagrante el principio de
separación de poderes consagrados en nuestra Constitución, que establece
que la Fiscalía forma parte del Poder Judicial y, por tanto, es
independiente del Ejecutivo. (Aplausos).

Cierto es que fueron ustedes, los socialistas, los que proclamaron
hace unos años aquello de que Montesquieu había muerto, pero lo que no
podíamos llegar a imaginar es que el certificado de defunción lo iba a
firmar en persona el doctor Sánchez en la España del siglo XXI. Pero no
pensemos que esto es una anécdota, porque recientemente su jefe volvió a
la carga nombrando como fiscal general del Estado nada menos que a su
antecesora en el cargo, doña Dolores Delgado, la de las amistades
peligrosas con el prevaricador Garzón o el encarcelado Villarejo, además
de candidata socialista, diputada socialista, ministra socialista. En
suma, un compendio de la objetividad, imparcialidad, neutralidad y
autonomía que debe poseer quien ostente tan alta institución del Estado.
¿No cree usted que es así?

Y es en este escenario donde surge de repente el escándalo
Dina-Iglesias, que vincula directamente a la Fiscalía con el
vicepresidente segundo del Gobierno, y vaya por delante nuestro más
absoluto respeto a la ejemplar labor que realizan a diario los más
de 2500 fiscales que hay en nuestro país, pero, como en todas las cestas,
en esta también parece que hay manzanas podridas. Porque, según vamos
conociendo detalles de este caso, aquí todo apesta de forma cada vez más
nauseabunda, señor ministro; aquí todo es pestilente, hedor a cloaca para
favorecer y proteger a Pablo Iglesias, el político que retuvo ilegalmente
en su poder durante casi un año la tarjeta del teléfono móvil de su
secretaría, con datos muy comprometidos para él y para Unidas Podemos; el
político que nos ocultó a todos esa circunstancia, incluida su
propietaria, para no poner más presión sobre una mujer de veintipocos
años. Sí y de este, del de los azotes, es de quien depende la igualdad en
nuestro país. ¡Arreglados vamos! Y lo más grave de todo, es el político
que destruyó esa tarjeta y la información que contenía para, a
continuación, montar una falsa denuncia, en la que llegó a dar hasta dos
números distintos como pertenecientes al teléfono supuestamente
sustraído, para presentarse ante la opinión pública española como víctima
de un Estado que nada le había hecho. Absolutamente despreciable.

Y ahora, a modo de epílogo de estas maniobras orquestales en la
oscuridad, al estilo del caso Delcy de su compañero Ábalos, descubrimos
que el señor Iglesias tenía su propio caballero negro, de nombre Stampa y
de profesión fiscal anticorrupción, cuyos líos con la abogada de su socio
podemita han propiciado que sepamos de los oscuros tejemanejes y
filtraciones entre esa Fiscalía y el Gobierno que usted representa, lo
que ya ha motivado que por parte de la Fiscalía de Madrid se hayan
abierto diligencias de investigación para esclarecer lo ocurrido. Frente
a su Fiscalía patriótica, señor ministro, la Fiscalía de toda la vida,
que de esa sí nos fiamos.

Y concluyo con una recomendación: mucho ojo porque el señor Iglesias
puede terminar, muy posiblemente, en el banquillo por haber cometido seis
delitos. ¡Ojo!, que el caso Dina va a resultar pura dinamita para hacer
saltar por los aires su Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Gracias, señora
presidenta. Gracias, señor Bernabé.

Ahora sí le voy a contestar, porque ahora he entendido su pregunta.
(Rumores). Usted quiere que yo le dé mi opinión sobre lo que ha dicho
usted, y se lo voy a decir. Usted no cree en la presunción de inocencia
de nadie. Usted no cree en la actuación y la autonomía de funcionamiento
del ministerio fiscal, figura con acogimiento constitucional que promueve
la acción de la justicia. Usted no cree en la justicia. Usted acaba de
hacer un juicio de intenciones —y por eso estoy opinando sobre
él— que desmerece la actuación de nuestros tribunales de justicia.
Ha dado por hecho elementos que son propios de un juicio anticipado o un
juicio paralelo, y no me voy a permitir calificarlo, pero usted sabe lo
que estoy pensando.

Le digo: valore a la justicia, valore a los operadores, valore al
ministerio fiscal que promueve la acción de la justicia, la suya y la
mía, y la de todos los ciudadanos.

Y mire, me encantaría que alguna vez me preguntaran sobre el papel de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el papel de la extensión del
fortalecimiento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; me gustaría
que alguna vez arrimaran el hombro para la renovación de los órganos
constitucionales; me gustaría que cumplieran esa Constitución, que se les
llena la boca, pero es solo de boquilla, porque son incapaces de creerse
los principios y valores que consagra nuestro texto constitucional.

Y le diré, este ministro defenderá al ministerio fiscal hoy y
siempre, porque está muy por encima incluso de sus opiniones.
(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro de Justicia.

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro del
Interior.

Pregunta del senador Vázquez Bermúdez del Grupo Parlamentario
Socialista.

El señor VÁZQUEZ BERMÚDEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes,
señorías, señor ministro.

Antes quiero recordar que el Campo de Gibraltar es mucho más que
narcotráfico e inmigración. Es una tierra que tiene un enorme potencial y
ese potencial lo tenemos que convertir en alternativas, en educación y en
empleo, en empleo y en educación; o dicho de otra manera, en seguir
desarrollando el Plan integral que aprobó el Gobierno socialista en el
año 2018.

Señor ministro, la puesta en marcha del Plan de seguridad para el
Campo de Gibraltar ha significado un antes y un después en la lucha
contra el narcotráfico. Se ha intensificado la presión policial y a nadie
se le escapa el importante número de operaciones que se vienen
produciendo con éxito. Un dato muy elocuente: en pleno estado de alarma,
desde el 14 de marzo a principio del mes de junio, se registraron 25
operaciones contra el narcotráfico, pero se ha seguido trabajando en este
tiempo; hoy mismo, una nueva operación, un nuevo golpe. Y eso es fruto de
la voluntad política, la voluntad política de un Gobierno
socialista.

Y lo que hace este Gobierno contrasta con lo que hacía el Partido
Popular cuando estaba en el Gobierno, en los seis años anteriores. El
paso del Partido Popular por Interior se resume en cosas como intrigas
patrióticas, el barco del Piolín o recortes, muchos recortes. Recortando
todo; recortando en sanidad; recortando en educación; recortando en
dependencia, en servicios sociales y también en seguridad: 12 000
efectivos menos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
casi 2000 menos en Andalucía. También le pasó lo mismo al Partido Popular
cuando gobernaba Aznar. Con lo cual, muchos golpes de pecho del Partido
Popular, pero, luego, la realidad de su gestión dice justo lo
contrario.

Señorías, señor ministro, creo que hay que felicitar a la Guardia
Civil, a la Policía Nacional y también al Servicio de Vigilancia
Aduanera; son los protagonistas del éxito de este plan. Creo que es de
justicia reconocer que su llegada al ministerio ha supuesto un impulso en
la lucha contra el narcotráfico en la comarca. Los de la bancada de la
crispación, los de la bancada de la bronca, los de la bancada del fango
tendrían que tener un gesto de altura y reconocer su trabajo, porque
nunca como hasta ahora se ha actuado con tanta contundencia y con tanto
éxito en la lucha contra el narcotráfico en la comarca del Campo de
Gibraltar.

Señor ministro, por todo esto, el Grupo Socialista le pregunta por el
balance del Plan de seguridad para el Campo de Gibraltar y qué medidas
piensa adoptar su ministerio a corto y medio plazo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

El señor ministro del Interior tiene la palabra.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Gracias,
señora presidenta.

Senador Vázquez, muchas gracias por su pregunta. Quiero referirle que
no todo es seguridad lo que necesita el Campo de Gibraltar. El Campo de
Gibraltar necesita una inversión fuerte, transversal y en todos los
ámbitos: educativo, social, económico, financiero. Y, como usted ha
recordado, en eso está el Gobierno, que ya, en noviembre de 2018, aprobó
un plan con más de 1000 millones de euros. En esos términos,
evidentemente, dependemos de los presupuestos, esos presupuestos tan
ansiados que espero que las Cámaras próximamente se dignen en aprobar por
el bien de toda la ciudadanía española. No obstante, también en ese
ámbito se ha trabajado; se ha trabajado desde Transportes en la vía
férrea a Boadilla; se ha trabajado desde Hacienda también —y quiero
reconocerlo— en la zona franca de Los Barrios. Pero el plan de
seguridad, como usted ha dicho, fue uno de nuestros primeros retos,
porque veíamos que el principio de autoridad había fracasado en esa
zona.

En julio de 2018 ya acordamos y adoptamos las medidas. Incrementamos
las plantillas de Policía y de Guardia Civil en más de un 12 %. Hemos
mantenido el catálogo cuatro puntos por encima del resto de España. Hemos
hecho incautaciones superiores a 268 toneladas de droga, de hachís, de
cocaína. Pero lo que es más importante también, hemos atacado el elemento
patrimonial económico de las organizaciones criminales a través de
información e inteligencia, incrementando los grupos de trabajo, los
grupos de inteligencia y los operativos, tanto los de las zonas como las
unidades centrales. En esos términos, hemos colaborado con los jueces y
con los fiscales; con el Ministerio de Justicia se crearon juzgados en la
zona del Campo de Gibraltar, en La Línea, en San Roque. Seguimos
trabajando. Hemos aprobado un plan para el próximo año y medio, hasta
el 31 de diciembre de 2021, con una inversión —porque para nosotros
esto es inversión, no es gasto— de más de 48 000 000 de euros en
ese año y medio. En eso seguimos y seguiremos trabajando y, como usted ha
dicho, con una incautación de drogas de más de 13 000 kilos al mes. Hoy
mismo ha habido una operación. Quiero que mis últimas palabras en este
sentido sean de reconocimiento, como usted ha dicho, a la Policía
Nacional, a la Guardia Civil, a Vigilancia Aduanera dependiente de
Hacienda, que han trabajado de una forma intensa, importante y relevante
para luchar contra esa lacra. Seguiremos en ello y seguiremos haciendo
frente. Hemos ampliado la zona no solo al Campo de Gibraltar, porque no
hay que estigmatizarlo, sino también a otras zonas de Cádiz, de Málaga,
de Huelva; y estamos trabajando en ello, evidentemente.

Termino diciéndole que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
y todas las instituciones trabajamos porque hay gente que nos incita a
trabajar, que es la sociedad civil. Déjeme que hable de todas las
coordinadoras de la zona, como la Coordinadora Alternativas, con Paco
Mena...

La señora PRESIDENTA: Señor ministro...

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): ... y mucha
más gente trabajando y con una persona recientemente fallecida, una de
esas madres que lucharon desde los ochenta contra la droga, Isabel
Rodríguez Martos. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la senadora Otaola Urquijo del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado.

La señora OTAOLA URGUIJO: Señor ministro, el problema de la falta de
examinadores en Guipúzcoa está siendo evidente. Muchos aspirantes llevan
varios meses sin poder obtener la pertinente licencia de conducir. Hay
que tener en cuenta que entre estas personas se encuentran profesionales
que requieren permisos de conducir, como de autobús, camión, taxi, con
las consecuencias laborales que ello puede acarrear. Esta situación no es
nueva; desde hace al menos diez años las plazas de examinadores no se
cubren en este territorio; de una plantilla estimada de unos 10
examinadores, en la actualidad hay solamente 4. A esto hay que añadir que
la ratio del número de aspirantes por examinador al día se ha visto
disminuida como consecuencia de las medidas adoptadas por la COVID-19,
pues ha bajado de 12 a 10 aspirantes por día y por examinador. En la
actualidad, hay casi 5000 aspirantes en Guipúzcoa esperando a realizar su
examen y esto significa que, a diferencia de Vizcaya y Álava donde todas
las autoescuelas pueden presentar semanalmente un número de aspirantes,
en Guipúzcoa este periodo se alarga. Estamos ante una situación que se ha
ido cronificando a lo largo del tiempo y se han ido buscando soluciones
temporales a este problema, como trasladar examinadores de Álava a
Vizcaya o de otros territorios, durante periodos críticos como el actual,
al territorio histórico de Guipúzcoa, pero no nos parece que esta sea la
solución adecuada.

Las plazas en Guipúzcoa no se cubren, y cuando se cubren, pasado el
tiempo mínimo exigido, los funcionarios piden los traslados
principalmente por falta de arraigo. Ante esta situación, le preguntamos:
¿Cómo prevé el Gobierno solucionar el problema existente en las escuelas
particulares de conductores de Guipúzcoa en relación con la falta de
examinadores?

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas
gracias, señora presidenta.

Senadora Otaola, gracias por la pregunta. Le referiré cómo estamos
trabajando desde el minuto cero de llegar al Gobierno: reforzando las
medidas destinadas a suplir la falta de examinadores, tanto en Guipúzcoa,
como ha dicho, como en el resto de provincias, donde se ha objetivado
dicha problemática.

En ese sentido, estamos habilitando convocatorias de exámenes en
sábado; estamos trasladando también examinadores itinerantes que apoyen
la carencia de determinadas provincias, como es el caso de Guipúzcoa; y
sobre todo, señoría, estamos reforzando la provisión de puestos mediante
procesos selectivos del Cuerpo General Administrativo en la especialidad
de Tráfico. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

Senadora Otaola, tiene la palabra.

La señora OTAOLA URQUIJO: Entenderá, señor ministro, que todos los
días tenemos manifestaciones en Guipúzcoa que no comparten lo que usted
está exponiendo. Lo que necesitamos es un calendario concreto,
necesitamos fechas concretas y que estos 5000 aspirantes que están
esperando a sacar la pertinente licencia de conducir sepan cuándo se
pueden examinar. Consideramos que llevan ustedes diez años en punto
muerto en esta cuestión y que es hora de que se pongan en marcha y
adopten soluciones concretas para resolver este problema.

El Gobierno vasco está dispuesto a desarrollar, a través de fórmulas
jurídicas, el ejercicio material de esta competencia. Nos consta la
preocupación del director general de la DGT en este asunto, pero
entendemos que esta cuestión no se puede seguir demorando y que
necesitamos una solución inmediata.

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Gracias,
señora presidenta. Gracias, senadora Otaola.

Estoy totalmente de acuerdo con sus palabras. Usted ha hablado de
diez años y en esos diez años —nosotros llevamos dos— le voy
a refrescar quién estaba gobernando. En el desarrollo de estos dos años,
por ejemplo, en la Función Pública, que para nosotros es importante,
tenemos ya en fuerzas y cuerpos de seguridad 5000 efectivos más de
los 12 000 que se perdieron; en instituciones penitenciarias tenemos 2100
funcionarios más, pero también la Dirección General de Tráfico, por
supuesto, es importante. Dentro de nuestro concepto de seguridad humana,
la seguridad vial es relevante y trascendente, y aprovecho este momento
para decir que no confundamos libertad con velocidad en la campaña de
verano. Déjenme que aproveche para concienciar, porque en este país, como
decimos, no nos podemos permitir más muertos.

En lo referido a tráfico, la Dirección General de Tráfico, como usted
ha dicho, también ha sido víctima de recortes durante todos estos años y
de la insensibilidad social de los gobiernos del Partido Popular durante
los siete años anteriores. En este sentido, le recordaré que desde el
año 2018 se han convocado, estando nosotros, 7 puestos con destino en
Guipúzcoa y 41 plazas por acceso libre, fruto del compromiso del director
de tráfico y el nuestro con la recuperación y fortalecimiento de todos
los servicios públicos. A este respecto seguiremos trabajando y
seguiremos haciendo todo lo humanamente y presupuestariamente posible
para que esas 5000 personas que usted dice puedan examinarse a la mayor
brevedad posible. Es un compromiso también de este ministro y de este
Gobierno. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Pregunta de la senadora Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado.

La señora VAQUERO MONTERO: Mila esker, presidenta andrea, arratsalde
on guztioi. Buenas tardes.

Señor ministro, el 3 de marzo le pedíamos una previsión para la
conexión en alta velocidad del tramo Burgos y Vitoria-Gasteiz. Hoy le
volvemos a preguntar por lo mismo, y es que llevan ustedes más de dos
años para tramitar la declaración de impacto ambiental, no el proyecto de
construcción ni la licitación de la obra; seguimos en estudios previos y
queremos más implicación. Le pedimos al Gobierno que se comprometa con
esta infraestructura y no alargue su tramitación sine die. Estamos
preocupados, y más cuando leemos las contestaciones que recibe nuestro
grupo en el Congreso.

Hagamos un repaso a lo que ustedes han dicho. A finales del 2018 el
Ministerio de Fomento, promotor de la obra, remite el estudio informativo
para su evaluación por el Ministerio de Transición Ecológica. Con la
entrada en vigor de la Ley 9/2018, y para dar cumplimiento a la reforma
legal, el ministerio tuvo que elaborar un documento adicional y someterla
nuevamente a audiencia. Esta documentación adicional fue remitida
nuevamente al Ministerio de Transición Ecológica en julio de 2019. Seis
meses más tarde, el Ministerio de Transición Ecológica considera que la
documentación técnica es insuficiente para evaluar las alternativas
planteadas y nuevamente se solicitan estudios complementarios. Nos
preguntamos cómo es posible tanta descoordinación, pareciera que son
ministerios de gobiernos diferentes y de partidos políticos diferentes. Y
por si tanta descoordinación fuera poco, el 9 de junio el Ministerio de
Transportes solicita la suspensión de la tramitación del procedimiento de
evaluación ambiental, alegando la imposibilidad de completar en plazo el
expediente por el estado de alarma y acuerda, el 17 de ese mes, la
suspensión durante el tiempo que sea necesario.

Esta es la contestación que recibe mi grupo en el Congreso y que,
tras aparecer publicada en prensa, es ampliada por el ministerio, en la
cual se hace un relato cronológico de los pasos dados por el Gobierno en
la tramitación, que más parece un cuento para intentar justificar un
retraso injustificable que demuestra la no apuesta del Gobierno por este
corredor.

El retraso acumulado, señor ministro, supone que Euskadi, y también
todas aquellas comunidades autónomas a las que abarca el corredor
atlántico, pierda oportunidades sociales y económicas y que, debido a los
repetidos retrasos de este proyecto, se pierda financiación europea;
bastante, por cierto, si hacemos caso a los datos facilitados por su
ministerio.

Por ello, le reformulamos la pregunta. ¿Qué medidas va adoptar el
Gobierno para poner fin a los continuos retrasos en la línea de alta
velocidad del tramo Burgos-Vitoria/Gasteiz?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Ábalos
Meco): Muchas gracias, presidenta.

Señora senadora, efectivamente, usted me hizo una pregunta a
principios de marzo y, efectivamente, ya le planteé cuál era la
tramitación que teníamos. A lo que usted se refiere ahora que apareció en
prensa es consecuencia de una respuesta parlamentaria por escrito de
fecha 29 de junio, que fue la que, como digo, trascendió a la prensa y
que solo contenía la información correspondiente al actual Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. No se preguntó al
Ministerio de Fomento. Por lo tanto, la respuesta se limitó estrictamente
a los antecedentes que tenía.

En efecto, en enero nos pidieron requerimientos adicionales, como ya
le dije también en marzo y, en consecuencia, en junio nos vimos obligados
a pedir una suspensión del procedimiento de evaluación ambiental, como
trascendió a la prensa, pero para poder dar respuesta a esos
requerimientos, es decir, no para frenar el procedimiento, sino para que
este no decayera, porque en los meses de la pandemia fue imposible
completar esos trabajos de campo y, por lo tanto, para que no decayera
precisamente la evaluación y no tuviéramos que volver a empezar de cero,
pedimos esa suspensión. De no haberla pedido, se hubiera perdido todo el
trabajo que se había hecho y tendríamos que volver a empezar.

Al detectar que eso se publicó así y se interpretó equivocadamente,
el día 8 de julio, un día antes de que se registrara esta misma pregunta
que usted me hace ahora, el Gobierno remitió una ampliación a dicha
respuesta que no fue recogida ya por la prensa, no tuvo ya el mismo
impacto. ¡Claro!, aclarar las cosas cuesta más que denunciarlas.

Y en este periodo sí que le quiero avanzar, para que vea que vamos
consiguiendo algo, que hemos completado el estudio hidrogeológico, que no
es poca cosa. Sin embargo, lo que no hemos podido concluir todavía son
otras tareas relacionadas con el censo de aves rapaces y esteparias, la
estimación de la población del visón europeo en la zona y las
prospecciones de campo de ciertas especies vegetales. Esto ha sido
debido, como le decía antes, a que para realizar los estudios hay que
adaptarse a los ciclos biológicos y era necesario realizar estos trabajos
de campo que, como le he dicho, se vieron afectados por la crisis del
coronavirus y fue imposible la movilidad en ese tiempo.

Por lo tanto, lo que quiero, una vez más, es ratificar también la
voluntad de que en el tramo de línea de alta velocidad Burgos-Vitoria
continuamos con los trámites necesarios para la aprobación de la DIA y,
por ello, seguimos avanzando en esos trabajos. Espero que la demora se
refiera estrictamente a esos tres meses que tuvimos de estado de
alarma.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

Senadora Vaquero Montero, tiene la palabra.

La señora VAQUERO MONTERO: Con ustedes tenemos que hacer un acto de
fe en relación con este tramo y con el corredor atlántico. Lo podemos
hacer nuevamente.

El dictamen de mayo del Consejo de Europa sobre el Programa de
estabilidad 2020 recomienda a España que haya políticas presupuestarias
que fomenten la inversión. Y, en concreto, la tercera recomendación habla
de anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en fase
avanzada de desarrollo y, entre ellos, cita los proyectos de transporte
sostenible. La Y vasca y este corredor son parte de esos proyectos.

Por lo tanto, nos alegramos de que ustedes estén tan implicados.
Volveremos a hacer un acto de fe, pero seguiremos insistiendo en que esta
obra acabe culminándose.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿El señor ministro desea intervenir?

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Ábalos
Meco): Muchas gracias.

Nuestra intención, en la medida en que esto entra dentro de los
requerimientos y las directrices de la Comisión, es trabajar intensamente
en ello.

Como le digo, espero que solamente se vea afectada por la demora de
estos tres meses. Espero que sea así. Yo creo que lo vamos a
conseguir.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la senadora Castel Fort del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.

La señora CASTEL FORT: Buenas tardes, señor ministro.

¿Tiene este Gobierno algún plan de electrificación de puertos para
que los barcos amarrados puedan funcionar sin emitir contaminantes?
Sabemos que el puerto de Tarragona presentó el pasado jueves un plan de
sostenibilidad muy interesante, donde se compromete a reducir un 96 % las
huellas de carbono en sus instalaciones. Pero es en el transporte
marítimo donde hay que intensificar los esfuerzos, pues este tipo de
transporte emite 940 millones de toneladas de CO2 anualmente y el 2,5 %
de los gases de efecto invernadero. Barcelona lidera un ranking de
los 50 puertos con mayor nivel de contaminación de Europa y la costa
española es la más expuesta a la polución de los barcos, con 14 500
toneladas de óxido de azufre. Eso significa 50 veces más que 23 millones
de vehículos. Repito, 50 veces más que 23 millones de vehículos.

Sería interesante la creación de áreas de control de emisiones, como
las establecidas en el mar Báltico, en el del Norte y en el Canal de La
Mancha, así como promover una normativa de 0 emisiones en los muelles que
incluya los cruceros. Una solución parcial es la electrificación de los
puertos para que los grandes cruceros se conecten a la red y se reduzcan
al mínimo las emisiones. También es factible que se acelere la transición
hacia el uso de combustibles limpios, ya sea hidrógeno, baterías o
biodiésel. Un crucero consume como 12 000 coches de fueloil, que es cien
veces más tóxico que el diésel de automóviles, un combustible que está
prohibido en tierra y que, sin embargo, se permite en el transporte
marítimo.

El Harmony of the Seas, que alberga a 10 800 pasajeros, consume 2,5
millones de litros de fueloil al día. Insisto, 2,5 millones de litros de
fueloil al día. Estas emisiones afectan directamente a la salud de las
poblaciones y ecosistemas y se agrava cuando atracan en un puerto. El
establecimiento de impuestos sobre emisiones de óxidos de nitrógeno
reduciría las emisiones hasta un 70 %. También entendemos que ahora es el
momento de paralizar las ampliaciones proyectadas de este tipo de
infraestructuras. Muchos puertos no son viables y es necesario un plan de
redimensionamiento para enfrentarse a los retos económico, climático y de
calidad del aire, como también replantearnos qué tipo de modelo económico
asociado queremos. Hasta este momento hemos soportado un modelo económico
expansivo a costa de la contaminación de ciudades, con barrios muy
expuestos. Pero ha llegado el momento de reducir los puntos críticos de
emisión. La ciudad de Oslo está cerrando tres de las cuatro terminales de
cruceros. Y el Parlament Balear ha decidido paralizar la ampliación del
aeropuerto.

Sabemos que la electrificación de los puertos solventa solamente una
parte del problema, pero la contaminación durante las maniobras de
entrada y salida sigue generando una emisión intolerable para la salud de
la población. Señor ministro, ¿qué va a hacer su Gobierno al
respecto?

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Ábalos
Meco): Gracias, presidenta.

Muchas gracias, señora Castel.

Respondiendo a la pregunta, sí que está previsto. El Marco
estratégico del sistema portuario de interés general contempla la
sostenibilidad ambiental de los puertos como una de las líneas de
dirección y planificación importantes. Este objetivo incluye una apuesta
firme del sistema portuario por la electrificación de los puertos,
incluidos sus muelles. Esta apuesta del Gobierno por la ecoeficiencia
tiene como soporte la autogeneración y el autoconsumo de energía con
origen en renovables, supeditado al objetivo de huella de carbono
neutral.

Con este plan estamos ejecutando, con ayuda comunitaria, el proyecto
OPS Master Plan para los puertos españoles, con el fin de elaborar un
plan marco de suministro de energía eléctrica a buques en atraque, con un
presupuesto total en torno a 5 millones de euros, lo que facilitará la
implantación de esta tecnología alternativa a quemar combustibles fósiles
en el entorno de las ciudades. Dicho plan se fundamenta en los proyectos
piloto en Tenerife, Baleares y Las Palmas. Con este proyecto varios fast
ferry y ferris convencionales, así como buques atracados durante largas
estancias, podrán ser conectados a la red general eléctrica y apagar
también así sus motores auxiliares. Además, el Master Plan incluye varias
medidas administrativas identificadas como barreras que impiden su
desarrollo. Ahora le comentaré alguna.

De las siete medidas incluidas, ya tenemos implementadas seis de
ellas. Aún quedan retos pendientes. Nuestro compromiso, de todas formas,
es firme en este sentido, y dentro de nuestro ámbito estamos trabajando
para solventar algunos problemas que tenemos. Es cierto que solo una
parte de la flota está preparada o que no siempre hay disponibilidad de
potencia, por lo que estamos trabajando en adoptar medidas que nos ayuden
a superar estos inconvenientes. No es inmediato obligar a los buques a
conectarse, porque hay una importante componente global y es en el seno
de la comunidad internacional donde tenemos que superar este
inconveniente y debatirlo.

También hay que llegar a un equilibrio entre las inversiones a
acometer, para las que estudiaremos todas las fuentes de financiación
viables y la garantía de que las nuevas instalaciones se utilicen. Y en
el caso particular de la Autoridad Portuaria de Barcelona, tenemos en
marcha un proyecto piloto que prevé llegar a sus muelles más de 60
megavatios de potencia.

En caso de confirmarse la modificación de la Directiva 94/2014
reguladora de esta materia, lo recogeremos en nuestro plan. Puertos del
Estado ya tiene planificado un paquete de diez nuevas instalaciones de
suministro eléctrico en atraque para los próximos ejercicios 2021 a 2025,
por un importe de 25 millones de euros, que, incluso, podría ser objeto
de una solicitud de subvención a la Unión Europea.

El objetivo del Gobierno es lograr que en 2030 el 100 % de los
puertos se encuentren electrificados, al menos, en lo que respecta a sus
operaciones más relevantes con energías renovables.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de
Educación y Formación Profesional, de la senadora Roldán Suárez, del
Grupo Parlamentario Socialista, que será formulada por el senador Marcos
Arias.

Tiene la palabra su señoría.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidenta.

Le preguntamos sobre las desigualdades educativas surgidas tras la
COVID-19. Señora Celaá, si el virus ha afectado por igual a todos los
centros educativos y a todas las familias, lleven a sus hijos a la
escuela pública o a la concertada, ¿por qué se empeñan en dejar a la
escuela concertada fuera de las ayudas para la reconstrucción?

Miren, señorías, todo empezó en 2017 con este titular que apareció en
el diario El Mundo: «Podemos exige suprimir la concertada». Y después nos
desayunamos con otros titulares como estos: La Ley Celaá crispa a la
concertada. Celaá declara la guerra a la concertada. Celaá irrita a la
concertada al decir que la Constitución no avala la libre elección del
colegio. Estos titulares aparecieron en La Vanguardia, en El Mundo y en
el diario El País. Efectivamente, son informaciones anteriores a la
pandemia. Pero, señora Celaá, aprovecharse de la pandemia, de la
COVID-19, para imponer sus prejuicios es una irresponsabilidad y un grave
ataque a la igualdad de todos los alumnos.

En estos momentos es vital garantizar la igualdad de oportunidades de
todos los niños y las niñas, evitando cualquier discriminación y
corrigiendo cualquier desventaja que pueda producirse por razón de
centro, condiciones personales, familiares, socioculturales, económicas o
del territorio de residencia. Dígame por qué nos plantea este falso
dilema en la educación. Si ayudamos a la pública y a la concertada no
perjudicamos a la pública, sino que reforzamos la pública, que es muy
diferente. Porque la red pública, como bien sabe, está formada por la
escuela pública y la concertada.

Todos los alumnos de España se han visto perjudicados por la
pandemia, por la brecha digital o por el tiempo dispuesto de sus
familias. No importaba la titularidad de la escuela: pública o
concertada, o su modalidad: ordinaria, específica o especial.

No copien, señorías, los peores vicios y usos de Podemos. Cada vez
que hay un problema, toman el camino fácil. Buscan algo a lo que
enfrentarse. No afrontan la crisis de la COVID. Y no se afronta la crisis
de la COVID enfrentando a la sanidad pública con la concertada o de
titularidad público-privada, a la escuela pública con la escuela
concertada, a los centros de educación especial con los centros
ordinarios. Enfrentar no aborda el derecho a la educación. Enfrentar no
impulsa la igualdad de oportunidades. Enfrentar, señora ministra,
profundiza en la discriminación.

Señoría, usted sabe que hemos acordado documentos de reconstrucción
económica, sanitaria y de la Unión Europea en la Comisión para la
Reconstrucción, pero el documento social sigue pendiente. ¿Votará su
grupo parlamentario en el Congreso a favor del voto particular que ha
presentado Ciudadanos en favor de las ayudas a la escuela
concertada?

Señorías, abandonen el camino de Podemos, abandonen el sectarismo.
Recapacite y rectifique, señoría. ¿Sabe por qué? Porque hay dos millones
de alumnos y alumnas que necesitan su ayuda y que tienen derecho a ser
ayudados.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de Educación y Formación
Profesional

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá
Diéguez): Gracias, señora presidenta.

Gracias, señor Marcos. Todo lo que usted ha mencionado aquí es
prejuicio. Todo lo que usted ha expuesto aquí son titulares de
periódicos. Todo es crítica gratuita. Todo son fake news. La verdadera
preocupación del Ministerio de Educación y Formación Profesional, como no
podría ser otra, es atender a los alumnos más vulnerables que hay en el
sistema, al margen de la titularidad de los centros educativos. Y he de
decirle que, durante siete años, la escuela pública ha estado innominada
en este país, nadie la ha mencionado, y los resultados han sido una
reducción del gasto por alumno del 13,5 en la educación pública y del 0,5
en la educación concertada.

Pero no es eso lo que tenemos que confrontar, no es eso lo que
preocupa al Ministerio de Educación. Lo que al ministerio le preocupa es
precisamente atender las necesidades de las personas más vulnerables al
margen de la titularidad del centro, y por ello miraremos a todos los
alumnos, estén en el centro que estén, para atender sus necesidades. Para
ello hemos puesto más inversión encima de la mesa, hemos contestado a la
crisis con más inversión educativa, no con más recortes y, desde luego,
con más modificaciones en el proyecto de ley que vienen a atender
precisamente aquellas cuestiones que usted ha pretendido poner encima de
la mesa y que no son preocupación ni inquietud de este ministerio,
sencillamente porque no nos reconocemos en ello. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
(Rumores).

Señorías, les ruego silencio, porque en esta sala cualquier rumor se
oye muchísimo más que en el hemiciclo. Si desean hablar, pueden salir de
la sala cuando lo consideren oportuno para no molestar al orador o a la
oradora que esté en el uso de la palabra.

Le restan cuatro segundos, senador Marcos. ¿Desea hacer uso de ese
tiempo?

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidenta.

Solo quiero decirle a la ministra que fake, no. Soy un senador más y
de un grupo parlamentario como es Ciudadanos.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá
Diéguez): Senador Marcos, son 2000 millones de euros contemplados en un
real decreto ley, destinados a la educación, que se distribuirán a las
comunidades autónomas en septiembre para su administración; 624
millones; 1900 millones en becas; 386 millones de euros más para becas,
que irán, obviamente, a aquellos alumnos que lo necesitan; y 500 000
dispositivos electrónicos, con solo una condición: que vayan a los más
vulnerables. De nada servirá dar un segundo dispositivo electrónico a
quien ya tiene uno porque entonces tendrá dos, mientras que quien no lo
tenga de esa manera podrá conectarse a la educación.

Señor senador, estos son los temas que nos preocupan. Nos preocupa la
pobreza infantil, nos preocupa la vulnerabilidad, nos preocupan aquellos
alumnos que han permanecido desconectados durante la pandemia, nos
preocupa precisamente que aquellos que son más vulnerables hayan sufrido
más estando desconectados de la escuela. Esta es nuestra
preocupación.

Convirtamos esta crisis en oportunidad. Y le invito a trabajar
conjuntamente para poder poner fórmulas encima de la mesa, respuestas
encima de la mesa en términos de mayor inversión y de mayor innovación
para la educación.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de
Trabajo y Economía Social.

Pregunta de la senadora Heredia de Miguel, del Grupo Parlamentario
Popular.

La señora HEREDIA DE MIGUEL: Buenas tardes, señora ministra.

¿Cuántos trabajadores incluidos en ERTE quedan sin cobrar la
prestación que les corresponde?

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de Trabajo.

La señora MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Buenas
tardes, presidenta.

Muchas gracias, señora Heredia. Se han resuelto y se han abonado
todos los expedientes que correctamente han entrado en el Servicio
Público de Empleo. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

Senadora Heredia, tiene la palabra.

La señora HEREDIA DE MIGUEL: Muchas gracias por su respuesta.

Mire, nosotros confiábamos en sus declaraciones cuando afirmó, en el
mes de mayo, que todos los expedientes pendientes estarían pagados en
dicho mes. En junio, los medios de comunicación han venido publicando que
miles de personas todavía permanecían sin cobrar, y las cifraban
en 200 000. Ahora, en julio, un informe interno del Ministerio de
Hacienda cuestiona la credibilidad de los datos de paro de su ministerio.
Y el otro día, el 11 de julio, nos desayunábamos en un medio de
comunicación con una entrevista en la que el Gobierno catalán les acusa
de falta de transparencia por no querer facilitar los datos de las
personas que todavía no han cobrado. Son sus socios, no nosotros, los que
en esa entrevista dicen que todavía hay miles de personas que no han
cobrado. Nosotros no hemos dicho nada.

Lo cierto es que el baile de cifras ha sido una constante en su
caótica gestión de los ERTE, una gestión caótica por los retrasos en los
pagos; por no haber sabido rentabilizar el refuerzo de los 1000 interinos
ni del famoso contrato de Tragsatec; por causar problemas a todos los
implicados: empresarios, trabajadores, empleados, gestorías y hasta los
bancos; por la falta de sensibilidad con los más necesitados, compensando
deudas en un programa informático en un momento en que eso no procedía y
permitiendo que se aprobaran prestaciones ridículas por importe de 1 euro
o de 14 euros —eso se podía haber evitado—; y porque ha
conseguido colapsar todo el Servicio Público de Empleo Estatal.

Ahora que los ERTE se han prorrogado, medida que a nosotros nos
parece muy bien —lo pedimos en esta Cámara y también nosotros lo
incluimos en nuestro proyecto de Activemos España—, el SEPE está
totalmente colapsado, porque, como usted sabe, miles de trabajadores,
sobre todo del sector del turismo, se están incorporando a tiempo parcial
y eso dificulta enormemente la gestión; por la gestión en la tramitación
de las devoluciones, porque muchos trabajadores recibieron la prestación
cuando ya se habían incorporado a su trabajo; y por la gran cantidad de
recursos presentados, porque todo eso hay que tramitarlo ahora, cuando
además se ha retomado la atención al público.

Me imagino que me contestará como usted acostumbra, diciendo que no
nos enteramos de nada, que no sabemos nada, pero que nos lo va a volver a
explicar. Pero lo que aquí está en duda es su capacidad de gestión y no
nuestra capacidad para entenderla a usted. Nosotros entendemos
perfectamente a usted y sus políticas. La entendemos tan bien, que
incluso entendimos a la primera lo que eran los ERTE en aquella rueda de
prensa tan surrealista en la que usted no lo sabía explicar. (Aplausos).
Quizá si lo entendimos tan bien, aunque usted lo explicara tan mal, es
porque esos ERTE eran los de nuestra reforma, por mucho que usted la
niegue y se vaya otra vez a la Ley de 2010. De 2010 sí que es el famoso
Real Decreto Ley 8, de 20 de mayo, del Partido Socialista, el de los
mayores recortes que nunca se han dado en la Administración: paralizaron
las ofertas de empleo, prohibieron las contrataciones y rebajaron un 5 %
el sueldo de todos los empleados.

La señora PRESIDENTA: Señoría...

La señora HEREDIA DE MIGUEL: A mí me emociona y me enternece ver
ahora cómo ustedes sienten todo aquello y se acuerdan de todos sus
empleados públicos. Se lo digo, por si usted lo quiere tener en cuenta de
cara a los próximos presupuestos. No hablo de...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de Trabajo y Economía
Social.

La señora MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez):
Gracias, presidenta.

Señora Heredia, tengo entendido que usted es una técnica superior de
la Administración del Estado, exactamente de la Seguridad Social
(Rumores), y me preocupa muchísimo que una funcionaria como usted haga
afirmaciones de esas características en esta Cámara. (Rumores.—
Aplausos). Y me preocupa muchísimo, porque es la línea que viene
siguiendo el Partido Popular.

Los medios de comunicación, cuando ustedes dan esas cifras, les
preguntan de dónde salen sus fuentes de información. ¿Y sabe qué
responden el Partido Popular y el señor Casado? No responden. ¿Sabe por
qué no responden, señora Heredia? Porque usted conoce perfectamente, como
técnica superior del Estado, que esos datos no son ciertos. Pero sigan
alimentando la bola. (Rumores).

Señora Heredia, le voy a decir lo que ha pasado hasta el 30 de junio
en nuestro país. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): El 30
de junio, en nuestro país, hemos reconocido y pagado —usted es
funcionaria superior del Estado— 5 129 620 prestaciones públicas,
de las cuales 2 840 735, señora Heredia, por si tiene interés, son
prestaciones COVID. Le voy a dar un dato positivo que seguro que le va a
alegrar a usted y al Partido Popular: de esas personas en ERTE, se han
incorporado ya a su actividad laboral 1 700 000, lo que demuestra que el
sistema funciona. Por esa razón, este mes de junio hemos pagado una
nómina de 4115 millones de euros, 1392 millones menos. Seguro que se
alegra de este dato.

Señora Heredia, le voy a contar la verdad de los hechos. ¿Sabe cuáles
son los únicos ERTE que no se han pagado en nuestro país? Los del Partido
Popular del 2012, los del Partido Popular del 2013, los del Partido
Popular del 2014. (Rumores.— Aplausos). ¿Sabe por qué, señora
Heredia? Sencillamente porque no existieron. Y si por su partido fuera,
tampoco se pagarían los del 2020. ¿Sabe por qué? Porque han votado en
contra sistemáticamente de las políticas de este Gobierno. (La señora
Pradas Ten: ¡Mentira!). Han votado en contra de las políticas de este
Gobierno. (Aplausos), salvo el último real decreto ley, el primer acuerdo
social por el empleo, al que se han visto abocados, obviamente, porque
había dos grandes acuerdos sociales de este Gobierno. Por esa razón.
Pero, en cuanto a los restantes decretos, si por usted y su partido
fuera, los españoles y las españolas no cobrarían nada porque
sencillamente no los han apoyado. (Protestas.— Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Sanidad.

Pregunta de la senadora Bailac Ardanuy, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-EH Bildu.

La señora BAILAC ARDANUY: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, hace meses que la Generalitat de Catalunya y los
ayuntamientos trabajan intensamente para garantizar la salud de las
personas en la comarca de El Segrià. Durante meses se ha trabajado para
asegurar la campaña agraria atendiendo a las medidas de protección de la
salud. Se han fijado protocolos de actuación, se ha reforzado el control
en las residencias y los cribajes en las empresas, y todo ello en
coordinación con los ayuntamientos. Pero, pese a todos los esfuerzos, el
número de casos positivos de COVID-19 en Lleida ha ido aumentando de
forma preocupante. Este incremento ha llevado a la Generalitat a adoptar
nuevas medidas para el control de la pandemia en Lleida y en la comarca
de El Segrià, primero, con medidas perimetrales y, posteriormente, con
medidas de contención reforzadas para proteger la salud de las
personas.

¿Sabe su Gobierno con qué criterio de salud pública la Fiscalía de
Lleida propuso suspender una resolución del Govern dictada para proteger
la salud de la ciudadanía? ¿Cómo valoran que haya fiscales jugando a
epidemiólogos? Mientras algunos intentan hacer una batalla jurídica con
la gestión, nos permitirán que nosotros trabajemos para reducir la
transmisión del virus e intentar ayudar tanto como sea posible a la gente
de Lleida. Somos muy críticos con la judicialización de la gestión de la
pandemia. Cuando se trate de la vida y de la salud de las personas, desde
Catalunya actuaremos como haga falta y cuando haga falta. Y no nos
cansamos de recordar que la sanidad pública catalana espera que se
revierta la infrafinanciación endémica que padece.

Por todo ello, le preguntamos sobre la evolución de la pandemia en la
comarca de El Segrià.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Sanidad.

El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Muchas gracias, señora
presidenta.

Señoría, en la provincia de Lleida tenemos un incremento de unos 200
casos diarios en los últimos días. Un 63 % de estos casos son
asintomáticos, lo que indica que hay una labor de cribado, de realización
de pruebas diagnósticas, alta. La incidencia acumulada de esta provincia
es la más alta de España. Hay unos 20 brotes activos en estos momentos,
según nos ha comunicado la comunidad autónoma, y es evidente que hay
transmisión comunitaria en la comarca de El Segrià y en Lleida. Por
tanto, valoramos con preocupación la situación de los brotes que tenemos
en Lleida y en El Segrià.

Estamos en un escenario de control, después de que el 21 de junio
consiguiéramos controlar la epidemia en nuestro país, y en este escenario
el papel preponderante corresponde, como es conocido de todos ustedes, a
las comunidades autónomas. Y el Gobierno de España está ahí, en una
relación muy fluida con todas las comunidades, en particular con la de
Cataluña, ayudando y dispuesto a ayudar en todo lo que haga falta.

Hay un conjunto de medidas e instrumentos disponibles en la
legislación vigente que permite controlar los brotes. Algunas de esas
medidas se tienen que tomar, evidentemente, siempre con respeto al marco
legal vigente, y en algunos casos ciertas medidas tienen que estar
sometidas al control de autorización judicial. Hubo una resolución
contraria a esas medidas. Me consta que hoy se ha presentado una nueva
resolución que va a ser sometida a control jurisdiccional. Aquello que
afecte a una restricción de derechos fundamentales o es controlado por el
Congreso de los Diputados o es controlado por la autoridad judicial. Por
tanto, lo valoro con preocupación, pero insisto en que hay una relación
muy fluida, constante y permanente con las comunidades autónomas, en este
caso con la de Cataluña, que tiene todo nuestro apoyo y lo va a tener en
todo lo que pida para controlar este brote lo antes posible.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

Tiene la palabra la senadora Bailac.

La señora BAILAC ARDANUY: Señor ministro, compartimos entonces la
preocupación por la situación en El Segrià. La ciudadanía está cumpliendo
con su parte y sabe que no podemos bajar la guardia, pero ni jueces ni
fiscales ni partidismos ni electoralismos nos van a desviar del camino.
Nos guía proteger la salud de la población. Apelamos a la colaboración, a
la cooperación entre administraciones. Que nadie juegue a hacer un debate
competencial con la salud de las personas.

El mejor apoyo a los ayuntamientos de El Segrià en estos momentos es
permitir que movilicen sus superávits. Quienes trabajan en la Conca
d’Òdena y en El Segrià esperan ver reconocida la baja por IT. Los
agricultores que están tirando hacia adelante con la campaña en una
situación excepcional esperan una rebaja en los módulos del IRPF. Muchas
personas esperan que sus derechos sean reconocidos con una
regularización. Y muchos trabajadores y trabajadoras en Lleida siguen
esperando el pago de los ERTE. Y todo ello, señor ministro, está en sus
manos. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Sanidad.

El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): La atención, el enfoque
tiene que ir dirigido a controlar el brote. En eso está el Gobierno de
España, y me consta que también está la comunidad autónoma de Cataluña.
Todo lo demás: debates competenciales, discusiones jurídicas, nosotros lo
dejamos al margen. El enfoque —insisto— tiene que ser
controlar el brote, y hay instrumentos para hacerlo respetando la
legalidad vigente. En este escenario de control es clave detectar
precozmente los brotes y actuar con muchísimo contundencia con los
instrumentos que hay disponibles. Todo lo demás no me interesa, se lo
aseguro. Estoy en eso. El Gobierno de España está en eso: apoyando a
quien le corresponde tomar la iniciativa en esta fase, en este escenario
de control en el que estamos, que son las comunidades autónomas. Y le
puedo garantizar la absoluta lealtad del Gobierno de España en este y en
todos los momentos futuros.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

La señora PRESIDENTA: Pregunta del senador Sanz Vitorio, del Grupo
Parlamentario Popular. Tiene la palabra su señoría

El señor SANZ VITORIO: Gracias, señora presidenta.

La doy por formulada en sus propios términos.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Sanidad.

El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Muchas gracias, señora
presidenta.

Muchas gracias, señoría. Desde el primer momento, el Gobierno de
España fue consciente de que nos enfrentábamos a un virus y a una
enfermedad desconocida que podía requerir la adopción de medidas
extraordinarias. Le quiero recordar que el 7 de enero, cuando tuvimos
comunicación oficial de este virus, el Centro de Coordinación de Alertas
y Emergencias Sanitarias alertó al conjunto de las comunidades autónomas
de la existencia de este nuevo virus, de esta nueva enfermedad. A partir
de ahí, hemos ido adoptando medidas extraordinarias en función de cuatro
criterios. En primer lugar, adaptándolas a la evolución de la epidemia en
nuestro país, con un seguimiento que se hizo, al menos desde que yo me
incorporé al ministerio, diariamente. En segundo lugar, apoyándonos
siempre en las recomendaciones de la ciencia y de los expertos. En tercer
lugar, en estrecha colaboración con las comunidades autónomas. Y, en
cuarto lugar, siguiendo siempre las recomendaciones de los organismos
internacionales y en particular la Organización Mundial de la Salud y el
Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

Senador Sanz, tiene la palabra.

El señor SANZ VITORIO: Muchas gracias.

Señor ministro, como usted dice, vamos a tratar de eludir lo que son
las profecías del pasado y vamos a los hechos, como a usted le
gusta.

El día 3 de marzo el ministro de Sanidad firma y remite un documento
a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, un escrito de
medidas extraordinarias en las que se contempla, entre otras, la
supresión de congresos, la supresión de seminarios, e incluso la
supresión de cursos de formación para los sanitarios, con dos objetivos
fundamentalmente: uno, que no se contagien, y dos, impedir que pudieran
contagiar a los más vulnerables; y ello porque se les iba a necesitar en
las próximas semanas. Son medidas absolutamente excepcionales,
absolutamente extraordinarias. Son medidas sin precedentes, señor
ministro. ¿Y por qué lo hizo? Solamente hay dos razones por las que podía
hacerlo: la primera, por una oculta animadversión hacia el sector
sanitario, cosa que dudo y que le inhabilitaría para seguir siendo
ministro; y la segunda, porque era usted absolutamente consciente de la
gravedad de la situación.

¿Qué es lo que ocurre, señor ministro? Que en esos mismos momentos
miembros de su Gobierno llamaban a acudir a manifestaciones masivas.
Porque nos va la vida en ello. ¿Lo recuerda? Carmen Calvo dixit; ella
solita, sin Pixie ni nada. O aportaciones a la ciencia como la de la
ministra de Igualdad: Al virus se le vence con más feminismo. No sé qué
pensaron los que estaban trabajando en la búsqueda de una vacuna, pero
sería interesante saber qué pensó usted. Tal vez lo mismo que yo, tal vez
pensó en Einstein cuando decía: Solamente hay dos cosas infinitas, el
universo y la estupidez humana, y de lo primero no estoy seguro. He aquí
dos claros ejemplos de lo segundo.

Pero mire, señor ministro, dijo usted recientemente: Tal vez fuimos
arrogantes con el virus. Arrogantes, soberbios e incapaces, una
incapacidad que les llevó a negligencia, siendo suave, con causa de
muerte. Y digo siendo suave, porque esa firma en ese documento se puede
convertir en un incómodo testigo de cargo contra el ministro en un
proceso judicial. Pero esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad
aquí, en sede parlamentaria, es exigirle las responsabilidades que
conlleva la mala gestión de esta pandemia, y eso solamente se salda de
una manera: dimitiendo. Le ayudaré con otra posibilidad más para que
tenga en cuenta. A fecha de hoy, después de casi un mes de supresión del
estado de alarma, aunque parezca increíble, y lo vemos con enorme
preocupación, no existe un marco normativo, probablemente con rango de
ley orgánica, que disipe la inseguridad jurídica en la que se encuentra
en estos momentos el conjunto de las comunidades autónomas. Suena a
broma, pero es cierto. Es así.

Señor ministro, si le queda un mínimo de dignidad política...
—fíjese lo que le digo: política, no personal, que estoy seguro de
que aún es íntegra—. Es más, apelo a su dignidad personal para que
se dirija a su dignidad política y le invite a dimitir, que es lo que
procede en estos momentos. (Rumores). Y es que tarde o temprano el señor
Illa tendrá que mirarse al espejo y tendrá que hacerlo con las gafas de
ver, no con las de mirar; y lo que va a ver le aseguro que no le va a
gustar absolutamente nada. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Señoría, déjeme empezar
agradeciéndole su ayuda con mucha sinceridad. Le voy a dar alguna idea
para que sea útil. ¿Por qué no nos concentramos en combatir los brotes
que hay en nuestro país ahora? Hoy hemos sacado una actualización, y en
nuestro país hay en estos momentos 123 brotes activos. ¿Por qué no nos
concentramos en concienciar a la ciudadanía de que el virus sigue ahí; de
que hemos conseguido controlar la pandemia con mucho esfuerzo, pero el
virus sigue ahí y está entre nosotros; de que no hay que celebrar con
aglomeraciones multitudinarias ascensos a primera división; de que hay
que ir con mucho cuidado con los brotes en comidas y celebraciones en el
ámbito familiar, porque de ahí viene el 45 % de los 123 brotes activos?
En cualquier país del mundo, en cualquiera —escoja usted el que
quiera—, puede encontrar una medida del Gobierno similar a la que
usted ha mencionado. Nosotros desde el principio hemos tenido una actitud
de humildad; de reconocer que no sabíamos todo lo que ocurría con este
virus; de ir aprendiendo de él sobre la base de lo que nos decían los
científicos. Las decisiones que usted me saca a colación fueron tomadas
con el acuerdo de las comunidades autónomas, y me parece que no hace
falta que le recuerde que su partido gobierna en cinco de ellas.
(Aplausos). Ellas también apoyaron estas decisiones. Es más, algunas
fueron acertadamente sugeridas por algunos de sus colegas que gobiernan
esas comunidades autónomas.

Por tanto, muchas gracias por su ayuda. A ver si conseguimos que esa
ayuda, además de ser proclamada, sea un poco útil.

Gracias, señoría. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro de Sanidad.

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de
Igualdad.

Pregunta de la senadora Acedo Reyes, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra su señoría.

La señora ACEDO REYES: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, ¿considera el Ministerio de Igualdad que visionar y
custodiar imágenes e información íntima de una tercera persona constituye
una forma de violencia?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Gracias, señora
presidenta.

Gracias, señora senadora. Mire, ustedes llevan toda esta sesión de
control haciendo afirmaciones y acusaciones muy graves. Yo no sé si
ustedes están ubicados ni si lo está usted. Esta es una de las sedes del
Poder Legislativo, y aquí vienen ustedes a controlar al Poder Ejecutivo.
Si tienen unas acusaciones tan graves, pónganse a trabajar y llévenlas a
los tribunales. (Rumores).

Si tiene usted alguna pregunta sobre la gestión del Gobierno, y en
concreto sobre la acción de mi ministerio, estaré encantada de
responderle.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

Tiene la palabra la señora Acedo.

La señora ACEDO REYES: Lamentablemente, la que debe ubicarse es
usted.

Veamos. El señor Iglesias afirmó: Cuando yo examino el contenido
—él— tomo la decisión de no someter a Dina a más presión. Es
decir, que el señor Iglesias accede al contenido íntegro de la tarjeta de
memoria de su asesora, y sin el consentimiento ni conocimiento de ella,
de su asesora, él decide que, para protegerla, va custodiar esa tarjeta
de memoria. Y ahora yo deduzco de todo esto, señora ministra: devolver la
tarjeta a su legítima dueña habría sido muy del heteropatriarcado,
¿verdad? Habría sido empoderar demasiado a las mujeres, en este caso a la
señora Dina, ¿verdad? Es decir, que el señor Iglesias decide por todas
porque unidas podemos, verdad, señora Montero? (Aplausos).

Mire, su compañera Elizo afirmó en el Congreso de los Diputados lo
siguiente: No sé si es una actitud machista o paternalista. Se lo digo
yo: ni machitos ni padres en política que nos protejan a las mujeres,
señora Montero. Entérese de una vez. (Aplausos). Como política me indigna
muchísimo el silencio atronador de todas las feministas que
permanentemente nos dicen a las demás cómo hay que defender a las
mujeres, pero permítame que le diga cómo me sienta como mujer: me resulta
degradante, además de tremendamente indigesto, tener que escuchar al
señor Iglesias afirmar que las mujeres debemos ser protegidas, y menos
aún por nuestros jefes.

La pregunta es muy sencilla: ¿el control a través del móvil es
violencia machista? ¿Sí o no, señora Montero? Su departamento. Es
lamentable que usted dé la callada por respuesta, pero más lamentable aún
es que el Partido Socialista sea corresponsable mirando hacia otro lado.
Aquí se produce una paradoja, y es que usted es ministra de Igualdad de
un Gobierno que se autoproclama y define feminista por los cuatro
costados, pero sostienen a un vicepresidente, al señor Iglesias, con
actitudes y comportamientos absolutamente machistas y por los cuatro
costados. A mí esto me recuerda a la película Durmiendo con su enemigo.
Nada más machista que la actitud del señor Iglesias y la sumisión de
todas ustedes. Nada más machista. (Aplausos).

Mientras la sociedad española avanza permanentemente, día a día, en
la consecución de la igualdad real, usted permanece instalada en un
feminismo ideológico, sectario y, además, absolutamente vacío, con
eslóganes como el de: Sola y borracha quiero llegar a casa. Muy bien,
llegue a su casa como quiera, pero hágalo con su teléfono móvil y con su
tarjeta de memoria. Que su intimidad esté en sus manos y no en manos de
nadie, tampoco en las del señor Iglesias. Siento decirle, señora Montero,
que si el príncipe azul no existe, en versión morada tampoco lo va a
encontrar.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de Igualdad.

La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Muchísimas gracias,
presidenta.

Señoría, se lo digo honestamente: yo pensé que ustedes se habrían
puesto a trabajar llegado el mes de julio y que vendrían con alguna
propuesta (Fuertes rumores); que vendrían incluso a mostrar cierto
arrepentimiento por no haber apoyado las medidas que este Gobierno ha
puesto en marcha para defender a las víctimas de la violencia de género
en los peores momentos de la pandemia. (Rumores.— Aplausos). Pero
me doy cuenta de que no: ni una sola propuesta ni una sola muestra de
arrepentimiento por aquellas cosas que objetivamente ustedes han hecho
mal en estos meses, como es no apoyar esas medidas. Y la cuestión es que
a ustedes el feminismo les importa bien poco, por eso gobiernan con la
extrema derecha, que niega la violencia machista. (Protestas). Por eso
tienen ustedes una portavoz parlamentaria como Cayetana Álvarez de
Toledo, que niega abierta y públicamente que solo sí sea sí. Por eso
ustedes llevan meses intentando criminalizar a todas las mujeres y
también a los hombres que salieron a movilizarse el día 8 de marzo.

Pero como ustedes tienen la costumbre de utilizar el Poder
Legislativo para su propio beneficio y de convertir también el Poder
Legislativo en una cloaca, le voy a leer a usted algo que no son
imaginaciones, como decía antes el señor Maroto. No sé cuánto dedica
usted a la imaginación, pero debería dedicar usted más tiempo a leer la
conclusiones de la comisión del Congreso sobre las cloacas del Estado, y
se las voy a leer, porque me queda justo el minutito que voy a tardar en
hacerlo. (Protestas). Despacito, para que lo escuchen. (Varios senadores
del Grupo Parlamentario Popular: ¿Sí o no, señora Montero, sí o
no?— Fuertes protestas).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): En el Ministerio del
Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera
fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo (Rumores), se creó una
estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez
—de su partido también—, por orden del director adjunto
operativo Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del
ministro, señor Fernández Díaz, del Partido Popular (Protestas),
destinada a obstaculizar la investigación de escándalos de corrupción que
afectaba al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su
caso, la persecución de adversarios políticos (Protestas). A modo de
ejemplo: Podemos, informe PISA. Estas decisiones han supuesto una
inaceptable utilización partidista de efectivos, medios y recursos del
Departamento del Interior y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la
democracia y del Estado de derecho. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Por favor, no interrumpan a la oradora. Les
ruego respeto a la oradora.

La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Señorías, su forma de
hacer oposición es tan sucia como las cloacas que se dedicaron a
construir mientras gobernaban. (Fuertes protestas.— Aplausos)

Pidan perdón y hagan un favor a la democracia (Aplausos). Y pónganse
a trabajar, que es lo que corresponde en estos momentos tan importantes
para el país. Pónganse a trabajar, por favor. (Aplausos.—
Rumores).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.

Pregunta de la senadora Surra Spadea, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-EH Bildu. Tiene la palabra su señoría.

La señora SURRA SPADEA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, ¿tiene previsto el Gobierno hacer una regularización
ya de los ciudadanos en situación administrativa irregular?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
(Escrivá Belmonte): Gracias, presidenta.

Gracias, senadora Surra. (En el momento en que la señora ministra de
Igualdad, Montero Gil, va a abandonar la sala un senador del Grupo
Parlamentario Popular dice: ¡Enhorabuena por los resultados!—
Rumores.— Protestas).

La señora PRESIDENTA: Senador Erguido, por favor... Senador Erguido,
estamos en un debate, se oye absolutamente todo lo que se dice en la
sala. (Protestas). Les ruego, por favor, que tengan en cuenta que estamos
en un debate, y no me interrumpan tampoco en la otra bancada. (El señor
Erguido Cano: Yo no he sido, yo no he sido.— Rumores).

Les ruego respeto porque se oye absolutamente todo. (Denegaciones del
señor Erguido Cano.— Rumores). Tenemos esta dificultad y esta
singularidad el día de hoy. Vamos a ver si podemos llevarlo de la mejor
manera posible. Ojalá podamos volver al Pleno cuanto antes.

Señor ministro, discúlpeme; tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
(Escrivá Belmonte): Estaba indicando, a la pregunta de la señora Surra,
que el Gobierno considera que cualquier planteamiento que tenga que ver
con la migración hay que encuadrarlo en un doble nivel. Por un lado, un
pacto de Estado, porque tenemos una Ley Orgánica, que es la Ley de
Extranjería del año 2001, y yo en comisión, tanto aquí en el Senado como
el Congreso, he invitado a todos los grupos políticos a que intentemos
conformar un pacto de Estado que permita generar un nuevo marco mucho más
moderno y activo.

Por otro lado, en un plano igualmente importante, incluso diría que
tan importante o más, es el marco europeo. Es decir, la migración tiene
que resolverse en el marco europeo. Hay un pacto europeo sobre migración
del año 2008 y en este momento, justamente en este semestre, tanto la
Comisión Europea como la Presidencia alemana han abierto un debate, que
creo que se sustanciará en el otoño, sobre repensarse y rediseñar la
política de inmigración y de asilo a nivel europeo. Es en ese doble marco
en el que tenemos que encajar cualquier iniciativa que queramos
empujar.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias señor ministro.

Senadora Surra, tiene la palabra.

La señora SURRA SPADEA: Gracias, presidenta.

Primero que nada, quisiera que se separara lo que es inmigración,
futuros programas para inmigración, etcétera, de la gente ciudadana que
está viviendo aquí hace más de diez años y que no ha podido regularizar
su situación administrativa, que no son más emigrantes, son ciudadanos de
este país, trabajan para desarrollar este país y hay que buscarles una
solución ya. Ese es el tema, separemos la otra discusión, si no, se
mezclan las cosas y no vamos a llegar nunca a que esto se
solucione.

Con respecto a Europa, le pido por favor, ya se lo pedí en comisión,
que nos dé el texto de la Unión Europea al que usted se refiere, porque
nosotros no hemos encontrado nada que diga que los países no tienen la
prioridad para decidir su propia política con respecto a la gente que
está dentro del país, así que esperamos esa comunicación.
(Aplausos).

Igualmente, le quería decir con respecto a Europa, que una cosa es lo
que va a discutir sobre el futuro y otra es el desarrollo. Todos los
países de Europa tienen un desarrollo desigual y combinado con la
inmigración. Por ejemplo, los países del Este de Europa, a pesar de que
se están fundiendo económicamente, no quieren que entre inmigración, no
dejan entrar a nadie y se van a fundir por culpa de esa política tan
reaccionaria y racista con respecto a la inmigración. Tenemos otros
países, los países del norte, que no tienen ciudadanos sin papeles, todos
los ciudadanos que trabajan ahí, vengan de donde vengan, tienen su
situación regularizada; por lo tanto, tampoco nos podemos comparar a
ellos. Y existen otros países, por ejemplo, que no tienen la misma ley de
extranjería que tenemos nosotros, ni siquiera tienen CIE en donde llevar
presa a la gente por estar en situación administrativa irregular.

Entonces, no nos podemos comparar al conjunto de Europa con estas
diferencias. Tenemos que buscar una solución aquí para los temas de aquí.
Nosotros estamos con mucha ciudadanía, mucha, 800 000 más o menos,
ciudadanos sin papeles y esta situación se produce porque ha habido una
reforma laboral; ese es el tema que impide que la gente tenga papeles,
porque no pueden presentar una promesa de trabajo, un contrato-promesa de
trabajo que no sirve para nada, que sirve solamente para impedir que la
gente pueda tener papeles y la situación laboral luego se va a ir
regularizando con las reformas de las diferentes tarjetas.

Por lo tanto, nosotros le pedimos que ponga remedio a esa situación.
Tenemos que lograr que no se pida más esa promesa de trabajo para la
primera solicitud de papeles, y usted verá que vamos a solucionar el
problema a miles y miles de personas. No le pedimos que cambie nada más y
este es un tema del reglamento de aplicación que lo puede cambiar el
Gobierno sin ningún problema.

Con respecto a por qué hemos llegado a esta situación...

La señora PRESIDENTA: Señoría, vaya terminando.

La señora SURRA SPADEA: Y usted hablaba del pacto de Estado. El pacto
de Estado está muy bonito, ¿pero cómo vamos a llegar a un pacto de Estado
con gente que provocó que estuviéramos en esta situación?

La señora PRESIDENTA: Debe ir terminando.

La señora SURRA SPADEA: Termino.

Porque la provocación de que estemos en esta situación ha sido dada
justamente por la reforma laboral del Partido Popular y las políticas de
inmigración del Partido Popular. Con ellos no vamos a llegar a ningún
lado.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migración.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
(Escrivá Belmonte): Gracias, presidenta.

Señoría, agradezco que me haya preguntado por el marco europeo porque
es muy importante que todos interioricemos la dimensión europea que marca
toda la política migratoria. El Pacto Europeo de Inmigración y Asilo,
también conocido como el Acuerdo de Dublín y que ahora está repensándose
y discutiéndolo en Europa en este momento, tiene un título dos que se
denomina: «Combatir la inmigración irregular, en particular garantizando
el retorno a su país de origen o a un país de tránsito de los extranjeros
en situación irregular». Y concretamente su apartado a) dice: «El Consejo
Europeo conviene en lo siguiente: A) Limitarse a regularizaciones caso
por caso y no generales en el marco de legislaciones nacionales por
motivos humanitarios o económicos». Este es el marco en el que nos
movemos, caso por caso, a nivel individual, y exactamente así está
reflejado igualmente en la Directiva de retorno europea. Nosotros tenemos
una normativa consistente con este modelo, caso por caso, y tampoco lo
estamos publicitando continuamente, pero la Secretaría de Estado de
Migraciones, caso por caso, por razones humanitarias, regulariza personas
en España todos los meses. Ese es el modelo que tenemos, que es el modelo
en que se enmarca el marco europeo. Tenemos que esperar a ver cómo se
resuelve el debate europeo y en qué dirección nos movemos, y ese será el
momento en que nosotros podamos articular una modificación.

Y respecto a lo que ha planteado usted del reglamento de la Ley de
Extranjería, que tiene que ver fundamentalmente por los procedimientos de
arraigo y lo que viene a continuación, es algo que, como he explicado
anteriormente en esta Cámara o quizá el Congreso, estamos explorando y
estudiando en el ministerio. Cuando tengamos una visión sobre ello lo
pondremos encima de la mesa.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Hacienda.

Pregunta del senador Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado. Tiene la palabra.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidenta.

Señora ministra, el Senado insta al Gobierno del Estado a abonar de
forma inmediata a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales
el IVA que debe de la liquidación del ejercicio 2017. Este mandato se
aprobó el 26 de febrero de 2020 en el Pleno del Senado: 2500 millones son
de las comunidades autónomas y unos 750 millones de las corporaciones
locales. No son del Estado, son de las administraciones
territoriales.

El Senado lo decidió, igual que el Congreso decidió hace unos días
que los ayuntamientos puedan hacer uso de los remanentes de tesorería
para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19.

¿Cumplirá y respetará la democracia el Gobierno que se llama
progresista y de izquierdas? ¿Cumplirá los mandatos del Congreso y del
Senado?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Señor Cleries
—buenas tardes a todas sus señorías—, creo que es evidente
que la pregunta que usted ha planteado omite una parte fundamental en la
introducción y me llama la atención. Usted omite que ese efecto se
produce en un Gobierno del señor Rajoy, en el año 2017, además, en un
ejercicio en el que con alevosía y nocturnidad se cambia el sistema de
información del IVA sin comunicarlo a ninguna comunidad autónoma. Que
siendo yo consejera de Hacienda denuncié la situación que se estaba
produciendo y no recuerdo, señor Cleries, el clamor del Gobierno catalán
en ese momento —se lo digo por refrescar la memoria de todo lo que
ha ocurrido— y que además en el año 2019 este Gobierno presenta un
proyecto de presupuestos donde corrige esa situación y pretende, a través
de ese vínculo legal, mandar la corrección del IVA a comunidades
autónomas y a ayuntamientos, y ustedes, señoría —se lo quiero
recordar—, votaron en contra. Por tanto, creo que esa parte de la
introducción es fundamental a la hora de contextualizar dónde nos
encontramos.

En segundo lugar, ¿le parece a usted, señor Cleries, que poner a
disposición de las comunidades autónomas 16 000 millones de euros exige
un reproche por parte de su grupo parlamentario respecto a que se debe o
no una liquidación? ¿No cree usted que está compensado con creces el
efecto del IVA, que no provoca este Gobierno, pero que soluciona este
Gobierno mandando recursos a las comunidades autónomas para que la
pandemia no tenga efectos en términos de deuda o en términos de déficit?
Creo que este Gobierno ha dado sentida cuenta de que, efectivamente, le
importa y mucho lo que ocurre en las comunidades autónomas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra de Hacienda.

Tiene la palabra el senador Cleries i Gonzàlez.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: ¿Cuál es la calidad democrática de este
Gobierno? Porque, por lo que usted dice, no piensa cumplir el mandato del
Senado, que es de este año, del 26 de febrero de este año. Su democracia
incumple los mandatos del Parlamento. Su democracia impide la comisión de
investigación sobre las presuntas irregularidades de la Casa Real. Su
democracia impide la comisión de investigación sobre presuntos vínculos
de los Gobiernos de Felipe González con los GAL. Su democracia impide que
se conozca la verdad de los atentados del 17 de agosto de 2017, en
Cataluña. Su democracia, en cambio, sí que permite espiar los móviles de
cargos institucionales de Cataluña con el programa Pegasus, que solo
puede comprar un Gobierno. Su democracia tiene presos políticos
—algunos ya llevan más de mil días en prisión— y exiliados.
Su democracia quiere reeducar y cambiar la ideología de los presos
políticos. Su democracia persigue la libertad de expresión. Su democracia
bloquea, incluso, protegernos de la COVID-19, como hemos visto en Lleida.
Fiscalía siempre lo afina, señora ministra. ¿De quién depende la
Fiscalía?

Ayer supimos que el Gobierno prepara un documento para definir las
capacidades de respuesta de las comunidades. ¿El mando único sigue
vigente? Nosotros no necesitamos que nos digan qué podemos hacer, ya lo
sabemos: poner la salud por delante de todo, y es lo que está haciendo el
president Torra.

Señora Montero, no queremos ni podemos perder más tiempo en este
Estado. Exigimos el derecho a decidir de Cataluña y la libertad de los
presos políticos y exiliados, porque realmente ustedes tendrán que
repetir mucho y mucho que son progresistas y de izquierdas. Lo difícil es
creérselo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias,
señora presidenta.

Creo, señor Cleries, que nos acaba usted de anunciar que va a haber
elecciones en Cataluña y que van a ser pronto. (Aplausos). Porque el tono
de su intervención solo se puede explicar si es que está usted ya en una
clave electoral, en la que le dijera yo lo que dijera respecto a la misma
pregunta —reconózcalo, señor Cleries— ya traía usted toda una
serie de cuestiones que quería lanzar, probablemente a su
electorado.

Señor Cleries, este Gobierno lo que ha hecho desde el principio de su
legislatura es mostrar voluntad de diálogo. ¿Quieren ustedes dialogar,
señor Cleries? Porque el Gobierno ha mostrado su disponibilidad a
convocar la mesa de diálogo y estamos esperando a que el Govern diga, o
no diga, si quiere o no quiere dialogar. ¿Quieren ustedes seguir
trabajando, aportando al crecimiento de Cataluña, al crecimiento del
conjunto de España? Es fácil: apoyen ustedes el proyecto de presupuestos
para que podamos darles también la inversión necesaria para que Cataluña
se pueda recupera.

En definitiva, señor Cleries, me parece una deslealtad —se lo
tengo que decir— que usted diga que este Gobierno ha puesto algún
tipo de impedimento a las actuaciones sanitarias del señor Torra, porque
el propio ministro de Sanidad ha estado trabajando, apoyando y
coordinándose con el Govern de la Generalitat desde el primer minuto. Se
nos podrá reprochar cualquier cuestión, lo que nunca se nos podrá
reprochar es que este Gobierno no ha respetado, no ha trabajado y no ha
apoyado... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, ministra.

La señora PRESIDENTA: Pregunta del senador Fernández Viadero, del Grupo
Parlamentario Mixto en el Senado.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señora presidenta. Buenas
tardes, señorías.

Señora ministra, en mi tierra, en Cantabria, un apretón de manos era
suficiente para cumplir un compromiso. Ustedes tienen no solo dada la
palabra, sino un documento firmado, un documento público, entre el señor
Ábalos, del PSOE, y el señor Mazón, por el Partido Regionalista de
Cantabria. Esperamos que dichos acuerdos aparezcan reflejados en los
presupuestos para 2011, porque los cántabros no se merecen ser
maltratados por el Gobierno del Estado. No se merecen ser la comunidad
autónoma que menos recibe de los fondos de los 16 000 millones de euros;
no nos dan ni lo que representamos en tanto por ciento a nivel
poblacional de España. Nos recurren el pago de los 2 millones de euros
relativos al año 2016 que se debe a los cántabros por la financiación del
Hospital Marqués de Valdecilla. No nos dan, como ahora se ha visto, la
devolución del dinero del IVA.

Y seguimos teniendo una necesidad en infraestructuras que servirían
para reactivar la economía de una comunidad autónoma eminentemente rural,
porque se nos llena la boca de que hay que hacer muchas cosas frente a la
despoblación, y aquellas comunidades como la mía, que más dispersión de
población tienen, peor orografía y peores comunicaciones, necesitan esos
compromisos. No pedimos nada que otros no tengan. Somos leales, somos
cántabros y españoles. Todo lo que he mencionado son datos objetivos. Ha
llegado el momento de que en ese documento, en ese borrador, se reflejen
los compromisos que tiene el Gobierno de España con Cantabria. ¿Va a ser
esto así?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Señora ministra de Hacienda, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias,
señora presidenta.

Señor Fernández, ha comenzado usted su intervención trasladando un
escenario que todavía no se ha producido, que es el de la presentación y
elaboración de los presupuestos, pero de alguna forma poniendo en
cuestión que el Gobierno vaya a cumplir con los supuestos o con las
cuestiones que estableció en los acuerdos a los que llegó con las
diferentes fuerzas políticas para hacer posible el arranque de la
legislatura y, por tanto, la investidura. Y ¿por qué, señor Fernández? El
año anterior presentamos un proyecto de presupuestos donde los
compromisos que se habían adquirido se cumplían. El problema es que el
proyecto de presupuesto no vio la luz y, evidentemente, no podemos
subsanar todo aquello que el proyecto de presupuestos lleva consigo,
porque para eso existe una ley que permite rehacer el conjunto de las
cuentas. Por tanto, no entiendo por qué usted tiene algún tipo de duda en
relación con que se va a cumplir con la subvención nominativa que se
comprometió con su formación política para hacer posible un elemento que
ya este Gobierno había reconocido durante la legislatura anterior, no el
Gobierno este exactamente, sino el que presidía también el señor Sánchez.
Por tanto, la respuesta es muy sencilla, señor Fernández, no tenga duda:
el proyecto de presupuestos contemplará los acuerdos con los que se firmó
la posibilidad de investidura con su grupo parlamentario.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

Senador Fernández Viadero, tiene la palabra.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias.

Señora ministra, no quiero poner en cuestión absolutamente nada, pero
si usted revisa el documento de los presupuestos que no fueron aprobados,
Cantabria no salía muy favorecida. Le invito a que lo revise y verá que
nada tiene que ver el acuerdo que ustedes firmaron con mi grupo político
con lo que en ese documento aparecía. Espero que el nuevo documento, como
bien ha dicho usted, sí refleje esas inversiones para la Comunidad
Autónoma de Cantabria, inversiones que van desde la necesidad de la
conexión por vía férrea del AVE Madrid-Santander; compromisos con las
cercanías; compromisos con la conexión de Bilbao a Santander; compromisos
con el Centro Logístico de La Pasiega; compromisos con la deuda de
Valdecilla; compromisos que su ministro Pedro Duque hizo aquí, en
comisión, con la financiación del Instituto de Hidráulica Ambiental,
dependiente de la Universidad de Cantabria; compromisos con carreteras
del Estado, como el desfiladero de La Hermida, tercer carril de la
autovía Santander-Torrelavega, tercer carril de Laredo-Bilbao, variante
de Lanestosa, carretera del puerto de Los Tornos, carretera del puerto de
San Glorio, enlace de Quintanilla de las Torres a la A-67, tramo de
Aguilar de Campoo-Báscones de Valdivia de la A-73...

La señora PRESIDENTA: Señoría, debe ir terminando.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: ... resto de los tramos de la A-73,
Aguilar-Burgos.

Como ve, es amplio el compromiso, veremos. Y le he leído el acuerdo,
si quiere le paso una copia.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias,
presidenta.

Yo tengo poco más que añadir, señoría, ya he comprometido lo que le
he dicho. Creo que no hay duda de que este Gobierno cumple con aquello
que firma. Le he comentado que para las próximas cuentas públicas, y
ojalá sea pronto, tengan ustedes la posibilidad de poder comprobar esa
cuestión.

Y aprovechando la oportunidad de su pregunta, como siempre hago,
animo a todas formaciones políticas a que apoyen unos presupuestos
imprescindibles para la reconstrucción económica, para el refuerzo del
sistema sanitario, para la reconstrucción social de nuestro país. No
estamos en momento de estar en las cosas que nos diferencian; tenemos que
encontrarnos en aquello que nos une, es lo que nos piden los ciudadanos.
Este Gobierno está empeñado en que se haga contando con todos aquellos
que no se autoexcluyen e, incluso, a aquellos que se autoexcluyen
invitándolos a que vuelvan también a esa situación de consenso.

Por tanto, ese es mi compromiso, señor Fernández, y espero no solo
que lo pueda cumplir presentando esas cuentas públicas, sino que espero
que en el año 2021 podamos hacer efectivo ese pago porque esta Cámara
haya aprobado unos Presupuestos Generales del Estado.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la senadora González Modino, del
Grupo Parlamentario Izquierda Confederal. Tiene la palabra su
señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias presidenta.

Buenas tardes, ministra. Seguimos hablando de presupuestos y en
Andalucía no hay elecciones cerca —previsiblemente, digo—
(Risas), con lo cual no tengo la menor estrategia electoral ni ningún
interés en confrontar con usted. Persigo un compromiso, señora ministra,
un compromiso del Gobierno central con Andalucía.

Usted conoce sobradamente la fortaleza y las potencialidades de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Permítame señalar entre las debilidades
estructurales una de las más importantes: un paro estructural siempre muy
por encima de la media del Estado, que la debilita absolutamente. Según
el dato de la EPA del último trimestre, Andalucía estaba en un 21,2 % y
la media del Estado en un 14,4 %. Esto produce situaciones muy duras: en
Andalucía los municipios con mayor índice de paro, los municipios más
pobres del Estado, los que tienen menor esperanza de vida. En fin, a esta
realidad, que es estructural, se le suma la crisis socioeconómica que
viene aparejada a la crisis sanitaria. Por eso, necesitamos los esfuerzos
de todas las administraciones para conseguir hasta el último euro que le
corresponda a Andalucía. Usted misma, cuando era responsable de Hacienda
del Gobierno andaluz, reclamó con insistencia al Gobierno central. Yo
reconocí y aplaudí entonces —y lo aplaudo hoy— que fijara el
criterio de la población real para presupuestar las inversiones del
Estado en Andalucía.

Creo que usted y yo compartimos la certeza de que Andalucía ha estado
infrafinanciada durante mucho tiempo. Por eso le pedimos un compromiso,
señora ministra, en el corto plazo, en los Presupuestos Generales del
Estado. ¿Garantiza el cumplimiento de la disposición adicional tercera
del Estatuto de Autonomía de Andalucía en los Presupuestos Generales del
Estado que su Gobierno está preparando para el próximo año?

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora González Modino.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias
presidenta.

Encantada, señora González, de responder a su pregunta y en su mismo
tono. Yo creo que es absolutamente de justicia que se pueda reflejar en
las cuentas públicas, el trato que merecen, por supuesto, todas las
comunidades autónomas y, en ese sentido, como ministra del Gobierno de
España intentaré que las cuentas públicas reflejen los compromisos que se
tienen con todas las comunidades autónomas, algunos como el que usted
acaba de comentar, recogido los estatutos de autonomía para cada una de
ellas. Y quiero también señalarle, señora González, que en los
Presupuestos Generales del Estado fallidos, que se presentaron el año
pasado, constaba justamente la inversión para Andalucía en el porcentaje
que establece su estatuto de autonomía en torno a su 18 % de población.
Es evidente que una filosofía que inspira la elaboración de los
presupuestos, es tener la capacidad de acompañar con ese respeto a las
disposiciones que tienen cada uno de los estatutos. Por tanto, esa es la
voluntad también, señora González, para este año, pero no depende
solamente de mí, ojalá dependiera solo de poder culminar un proyecto de
presupuestos. Le digo lo mismo que le decía al senador anterior. Ojalá no
solamente sea una voluntad que yo exprese en alto, sino que sea un
reflejo y podamos el año que viene empezar alguna obra tan importante
como la de Algeciras-Bobadilla, que usted conoce, que es fundamental para
nuestra tierra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

Senadora González Modino, tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, presidenta.

Lo tomo como un sí ministra, es un compromiso y espero que, si tengo
que recordárselo, sea para celebrarlo.

Pero ya que estoy, dos compromisos más en los pocos minutos que me
quedan, porque todos tienen que ver con una situación de
infrafinanciación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que
probablemente —estaba mirando algunos de sus compañeros— la
ministra de Hacienda conoce mejor que nadie en esta sala y que, además,
eso se convierta en tendencia, o sea, que se cumpla anualmente la
disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía,
porque, como usted sabe, el haber dejado de hacerlo durante mucho tiempo
ha generado un déficit de inversión, una deuda del Estado con Andalucía.
El siguiente compromiso que queríamos pedirle es que en la medida de lo
posible, cuanto antes, se cuantifique y se liquide esa deuda del déficit
inversor del Estado con Andalucía. Y el último compromiso, señora
ministra, no es en el corto ni en el medio plazo, sino en el largo, el
sistema de financiación autonómica. Usted fue partícipe muy importante de
un acuerdo que se produjo en el Parlamento de Andalucía sobre la
modificación o sobre en qué criterios debería pivotar o bascular el nuevo
sistema de financiación autonómica. Ese es el largo plazo. Esa es la
posibilidad de cambiar la economía y la necesidad de convergencia de
Andalucía con el resto de las comunidades autónomas del Estado. Permítame
que se lo recuerde y que insista en que se comprometa con ello.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Gracias, señora
presidenta.

Señora González, coincido en que, por una parte, tenemos que ser
capaces de dotar a las comunidades autónomas, incluida Andalucía, de un
sistema de financiación justo. Si hemos aprendido algunas lecciones en
esta pandemia, una de ellas es, sin duda, la obligatoriedad, ya no la
necesidad, la obligatoriedad de contar con unos servicios públicos de
calidad que sean capaces de responder en tiempo y en forma, que reconozca
a sus profesionales, que tenga capacidad de ampliarse en aquellos
momentos donde la enfermedad o donde las situaciones así lo requieran.
Por tanto, un buen sistema de financiación y una vertebración del
territorio que permita que todas las regiones sean atractivas para la
inversión y que permitan también ser competitivos en términos productivos
por que se disponga de infraestructura de redes viarias que realmente
permitan que las empresas, las que producen en Andalucía o en cualquier
parte de la periferia de España, tengan la capacidad de colocar sus
productos al mismo tiempo, con el mismo ritmo que el resto de comunidades
que tienen ya unas radiales mucho más avanzadas.

Por tanto, ese es mi compromiso, señoría, que se hará realidad en la
medida en que podamos, y que ojalá que sea muy pronto. Pero lo que sí
deseo y espero es que la actitud de los grupos políticos presentes en la
Cámara permita hacer un debate tranquilo, sosegado, que nos conduzca a un
buen final. Así lo espero. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

La señora presidenta lee los puntos 3. y 3.1.

La señora PRESIDENTA: Para exponer la interpelación, tiene la palabra
la senadora interpelante por tiempo máximo de diez minutos. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes,
señorías.

El pasado 2 de julio, el presidente Sánchez anunciaba, en una
entrevista en un medio de comunicación, una reforma fiscal que va a
realizar el Gobierno de España, una reforma fiscal que, al parecer,
supone una subida de impuestos a todos los españoles, una subida de
impuestos que, en palabras del presidente del Gobierno, es inevitable.
Debe de parecerle que los españoles pagamos pocos impuestos. Este anuncio
ha producido, como es evidente, una profunda preocupación en todos los
españoles, en las familias, en los autónomos, en las pequeñas y medianas
empresas, en los trabajadores, y, en definitiva, también en todo nuestro
sector productivo. A pesar de insistir, una y otra vez, en que esa subida
solamente va a afectar a las rentas más altas —por cierto, una
afirmación recurrente de este Gobierno—, esa afirmación ni deja
tranquilo ni se la cree nadie, señora ministra. No dio más datos el
presidente del Gobierno, no dijo nada más, y este es el motivo por el que
hoy traemos aquí esta interpelación. A ver, señora ministra, si usted en
su intervención nos aclara y detalla el alcance de esa subida de
impuestos. No es que realmente fuera una sorpresa, puesto que la subida
de impuestos ya estaba pactada con sus socios de gobierno, esa hoja de
ruta que tienen para que todos los españoles paguemos más impuestos; no,
no ha sido ninguna sorpresa, aunque sí lo ha sido el momento que han
elegido para hacerlo: la crisis que estamos encarando en este momento.
Pero digo que no ha sido una sorpresa, y que tienen una hoja de ruta,
porque ya a principios de año aprobaron dos nuevos impuestos, y el pasado
mes de junio los llevaron al Congreso para el inicio de su tramitación:
el impuesto sobre determinados servicios digitales, o la denominada tasa
Google, y el impuesto de transacciones financieras, la tasa Tobin. Ya
empezamos con esto antes de que ocurriera nada e, incluso, se han llevado
al Congreso en pleno estado de alarma dos impuestos sin esperar, por
cierto, al consenso que se había pactado que iban a tener todos los
países, por lo menos europeos, para sacar adelante estas medidas. Estos
impuestos, por cierto, nos están trayendo represalias y anuncios de
represalias de algún país y, además, tienen cuestionada su eficacia
recaudatoria —es el propio Gobierno el que ha modificado, como no
puede ser de otra manera, sus propias previsiones de ingresos de esos dos
impuestos—, ya que, a pesar de todos los esfuerzos que está
haciendo el Gobierno para convencernos de que, una vez más, lo pagarán
los ricos, son impuestos que ya se ha probado que se van a trasladar al
consumidor, a todas las familias españolas, y, por tanto, los van a pagar
los de siempre, la clase media, a la que ustedes parece que tienen tanta
manía, y que está soportando, día sí y día también, su afán de
recaudación. Es curioso el concepto de justicia fiscal que tienen
ustedes, es curioso cuando vemos, al final, quiénes son los perjudicados
por sus decisiones de subida de impuestos, por no hablar de que esos
impuestos provocarán deslocalización, pérdida de competitividad en
empresas, distorsiones en la economía... Y no lo dice el Partido Popular,
sino que lo dicen el propio Banco Central Europeo e, incluso, la Comisión
Nacional de Mercado de Valores. Pero a ustedes les da igual, siguen con
su hoja de ruta, siguen queriendo subirnos los impuestos a todos los
españoles. Por eso, le decía que no sorprendía el anuncio del presidente
del Gobierno, pero sí el momento. Sorprende que, cuando estamos en una
crisis económica sin precedentes, provocada por una pandemia también sin
precedentes, ustedes insistan en subir los impuestos, cuando lo que
necesita este país son medidas de reactivación económica, que fomenten la
competitividad, que reactiven el consumo, y que se realicen reformas
estructurales, pero ustedes siguen con esa hoja de ruta, insisto, cuando
lo que necesita este país es todo lo contrario: más inversión, generar
estabilidad y, desde luego, menos impuestos. Porque sí, señora ministra,
necesitamos menos impuestos para salir de esta crisis. ¿Le parecen a
usted pocos los impuestos que pagan las familias españolas? Me gustaría
que les preguntaran a ellos o que preguntaran a las empresas o a los
autónomos, que están asfixiados para llegar a fin de mes.

Su argumentario recurrente en materia de impuestos ya lo conocemos,
se basa en dos pilares: uno, que pagamos poco y, dos, que cuando nos los
suben es por justicia social y los van a pagar solamente los más ricos.
Los dos son falsos, los dos parten de un concepto erróneo porque no
pagamos pocos impuestos, porque ustedes sacan la bandera de la presión
fiscal y la presión fiscal mide los ingresos sobre el PIB nominal, pero
no tiene en cuenta cuáles son las rentas que se perciben y quiénes
perciben esas rentas. No se puede comparar y no se puede decir que en
España se pagan menos impuestos que nuestros socios europeos cuando
nuestros socios europeos tienen menos paro que nosotros, tienen menos
economía sumergida que nosotros y, por tanto, nosotros tenemos menos
personas que soportan una carga fiscal superior. Por tanto, no se pagan
pocos impuestos en España, señora ministra, se pagan muchos y ustedes
quieren hacernos pagar más. Tampoco los van a pagar solo los ricos, los
van a pagar todos los españoles, los van a pagar la clase media y para
saberlo basta con echar un vistazo a la estructura de renta de nuestro
país, porque al hacerlo se puede ver que con su afán recaudatorio y lo
que pretenden recaudar, desde luego, si solo pagan los que más renta
tienen no van a llegar a esos importes.

Por consiguiente, necesitamos otra política, no estamos de acuerdo
con esa subida de impuestos. Queremos escucharla, queremos que nos dé
detalles sobre las razones, la cuantía y qué impuestos van a tocar porque
la política que el Partido Popular cree que hay que aplicar en este
momento es exactamente la contraria. Nuestros sectores productivos
necesitan pagar menos impuestos; nuestros sectores productivos necesitan
que se les apoye; tenemos que aligerar la carga fiscal que soportan las
familias y, por tanto, tenemos que utilizar la política fiscal como
medida de política económica. A ustedes solo les importa la política
fiscal para ingresar y financiar su exceso de gasto sin control. Pero la
política fiscal se puede utilizar como medida de política económica para
incentivar la economía y es, exactamente, lo que hay que hacer.

Mire, le voy a poner solo dos ejemplos, uno que afecta a la economía
y otro que afecta a las familias. El primero es una bajada fiscal que es
absolutamente imprescindible hacer en este momento: bajar el IVA al
turismo. El sector turístico es esencial en nuestro país. No puede ser
que no activemos medidas concretas y reales y, además, pedidas por el
sector —no lo dice el Partido Popular—, para incentivar y
apoyar al sector turístico. Solo hay que mirar a otros países de Europa,
como el Reino Unido, que acaba de tomar la decisión de bajar,
temporalmente, el IVA del turismo y de la hostelería para potenciarlo.
Nuestro sector turístico, que es uno de los pilares de nuestra economía
—aunque compañeros suyos de gobierno parece que no lo entienden
así—, es absolutamente clave: 2,7 millones de españoles trabajan en
el sector turístico, que genera el 13,6 % de todo el empleo de nuestro
país. Yo creo que bien merece tomar esta decisión para apoyar el turismo
y para incentivar un sector al que tanto le debe este país y en el que
también ha basado su desarrollo. Por tanto, quiero pedirle que
reconsideren su negativa en el Congreso a tomar esta decisión, como
también quiero pedirle que reconsideren su negativa a bajar el IVA de las
mascarillas. Hablaba de sectores productivos y ahora hablo de economía de
las familias. El IVA de las mascarillas no puede seguir en el 21 %, hay
que bajarlo, no lo dice solo el Partido Popular —a ustedes les
molestan las propuestas del Partido Popular—, sino que lo dice el
defensor del pueblo que, recientemente, pedía una reducción porque las
mascarillas se han convertido en un bien de primera necesidad. Mire,
ministra, según los datos de la OCU, cada familia española con dos niños
gasta 110 euros al mes de media solo en mascarillas y, si hablamos de
personas más vulnerables, si hablamos de los pensionistas, por ejemplo,
que tienen que comprar mascarillas FPP2, el gasto se eleva a 266 euros al
mes. ¿Sabe cuál es la pensión media en nuestro país? Es de 1000 euros. Si
tienen que dedicar 266 euros al mes a la compra de mascarillas para
proteger su salud, ¿qué le estamos provocando a los pensionistas, señora
ministra? A ustedes se les llena la boca de hablar de la revalorización
de las pensiones, y se ponen muchas medallas y critican mucho al Partido
Popular. ¿Pero qué es lo que les estamos haciendo a las familias y a los
que más lo necesitan? Por lo tanto, es imprescindible tomar una medida de
reducción de impuestos, en concreto, de reducción del IVA del 21 % al,
como mínimo, 4 %. No tenga usted miedo a Bruselas, y no me diga que la
Unión Europea no nos va a dejar, porque Portugal ya lo ha hecho y no ha
tenido ningún problema, y porque en Europa van a entender perfectamente
que estamos en una situación absolutamente excepcional.

También hay que exonerar del pago de impuestos a las empresas que
vuelvan a abrir o a reabrir y que hayan cerrado por la COVID. También hay
que hacer una política fiscal para hacer atractiva España y atraer
inversiones. En definitiva, el camino que apoya el Partido Popular es
otro, pero queremos saber cuál es el suyo, queremos que nos explique en
esta interpelación exactamente qué impuestos quieren subir y cuánto.
Queremos que nos diga la verdad, señora ministra. Los españoles se
merecen que les digan la verdad y que les digan a las familias, a las
empresas o a los autónomos exactamente qué impuestos les van a subir. Se
merecen saber a qué atenerse, se merecen saberlo, se merecen la verdad.
No nos venga con eufemismos, se lo pido por favor, no nos empiece a
hablar con grandes palabras y con demagogia, no nos hable de justicia, no
utilice palabras vacías, porque lo que importan son los hechos, ministra.
No haga tampoco oposición de la oposición. Lo que queremos es que nos
responda a una pregunta clara y directa, constructiva. Queremos que nos
diga qué es lo que están planeando, qué es lo que quieren hacer, qué
impuestos y en qué cuantía nos van a subir a todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la ministra
de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias,
presidenta.

Señora Muñoz, yo podría contestarle con una sola frase, pero voy a
hacerlo con una pregunta que, de alguna manera, pondría en cuestión todo
lo que usted ha dicho durante su intervención. ¿Cuándo subió los
impuestos el señor Montoro, señora Muñoz? ¿No subió los impuestos el
señor Montoro y dijo textualmente que en una época donde el PIB estaba
cayendo era necesario subir los impuestos, si queríamos mantener unos
servicios públicos al servicio de los ciudadanos? El Partido Popular en
la anterior crisis económica subió hasta cuarenta veces los impuestos.
(Aplausos). Y entiendo que usted no pensaría entonces que ese tipo de
actuaciones —no sé si lo hizo— supondrían deslocalización, o
que se iban a trasladar al consumo, o que iban a arrasar el país o a
agotar la economía, porque lo que digo forma parte de su recetario,
practicado por el propio señor Montoro durante los gobiernos del señor
Rajoy.

Le decía que, para contestar, podría limitarme a hacer esa pregunta,
y ponerla en evidencia, porque así el resto de su intervención caería
sola, pero voy a hacer el esfuerzo de contextualizar. Hace ya bastantes
semanas estuve en esta misma Cámara explicando cuál era la hoja de ruta
que sigue este Gobierno, en concreto el pasado 28 de mayo, hace
aproximadamente un mes o mes y pico, y tuve la ocasión de explicar en la
comisión cuáles eran las intenciones del Gobierno en todas las materias,
incluida la fiscal. Yo entonces, señoría, les anuncié tres objetivos
prioritarios, que usted pretende vaciar de contenido. No lo entiendo,
porque creo que todos compartimos que una fiscalidad tiene que ser
progresiva, que tiene que ser justa, y que tiene que atender al principio
de redistribución, que es, en definitiva, la función social que la
fiscalidad tiene asociada y que establece el artículo 31 de la
Constitución. Yo le puedo asegurar, señora Muñoz, que para mí eso no son
palabras vacías. Imagino que para su grupo tampoco, pero cuando usted ha
dicho que yo iba a apelar a la justicia fiscal, ha añadido que eran
palabras sin contenido. Imagino que no se estaba refiriendo a la voluntad
de cualquier persona y de cualquier hacendista de intentar al menos
contribuir a que la fiscalidad sea lo más justa posible.

Y es evidente, señoría, que este Gobierno pelea por un Estado del
bienestar fuerte, que se sustente en unos servicios públicos de calidad y
que permitan reducir la brecha que se generó a partir del año 2008, desde
la anterior crisis económica. Por cierto, señora Muñoz, una crisis
económica que tuvo como resultado —no lo dice este Gobierno, sino
los analistas expertos internacionales y el propio relator de la
ONU— una clarísima desigualdad. Este Gobierno no va a seguir esas
recomendaciones, ese recetario, ese austericidio que el Gobierno del
Partido Popular practicó durante la anterior crisis económica. No hay
Estado de bienestar sin una fiscalidad adecuada, señora Muñoz. Y usted,
por algunas tareas que ha desarrollado anteriormente, lo debe conocer.
Creo que es importante hacer y ejercer una función pedagógica con los
impuestos y la fiscalidad. Considero particularmente una enorme
irresponsabilidad que se intente transmitir que da igual que los
ciudadanos contribuyan o no en función de su capacidad, en función de su
renta, porque eso es, por una parte, ponerse un velo ante una realidad
que es manifiesta, señoría y, por otra, negar que el Estado tiene que
construir unos servicios públicos que permitan que todos, en la
educación, la sanidad o la vulnerabilidad social, al menos en eso,
podamos ser iguales.

Como hacía usted referencia a la comparativa internacional, le diré
que cuando uno se pregunta si lo que hace es mucho o es poco, se tiene
que comparar con los países de su entorno y en esa comparativa ver qué
posición relativa tiene respecto al conjunto de países. Usted acaba de
cargarse de un plumazo cualquier comparación internacional en materia de
fiscalidad, que es de lo que hablamos hoy, pero daría igual si hablásemos
de gasto público, porque quiero recordarle que nuestro país se sitúa seis
puntos por debajo de lo que gasta el promedio del resto de países de
nuestro entorno y que la brecha es mucho más amplia con países como
Francia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, países que son reconocidos y
reconocibles por tener estados del bienestar fuertes, potentes y que
atienden al conjunto de los ciudadanos.

Yo considero, señora Muñoz, que es legítimo que su grupo defienda en
materia fiscal lo que considere que tiene que defender. ¡Faltaría más!
Pero lo que no podemos hacer es engañar a los ciudadanos sobre las
consecuencias que tiene el hecho de que un Gobierno, un país, cuando está
sometido a una bajada de ingresos, como la que tiene en este momento,
fruto de la pandemia sanitaria, se vea también con una bajada añadida,
voluntaria según su planteamiento, que haga que los niveles de ingresos
que se recauden no permitan siquiera cubrir las necesidades mínimas del
Estado del bienestar. Es lo que llevó al señor Montoro a subir los
impuestos, justo cuando la crisis económica estalló. Se lo he querido
recordar, aunque usted dice que no. Es un hecho objetivo, evidenciable, y
que está ahí, en las actas del Congreso de los Diputados y de este
Senado, y usted no me puede decir que no porque lo puede usted comprobar
en cualquier momento y, además, el señor Montoro lo justificaba diciendo
que en un momento de caída de ingresos era imprescindible subir la
recaudación para que todos los ciudadanos pudieran tener derecho a un
Estado del bienestar. Subió cinco veces el IRPF, cuatro veces el Impuesto
de Sociedades, cuatro veces los impuestos especiales, dos veces el IVA,
otras dos el IBI, y una vez el impuesto de patrimonio. Además,
establecieron copago sanitario para los pensionistas y elevaron las tasas
universitarias. Todos conocemos lo que hizo el Partido Popular en la
anterior crisis económica. Lo que sí les puedo decir, señorías, señores
de esta Cámara, es que el Partido Socialista no va a seguir la estela del
Partido Popular y va a salir de la situación económica de una forma
absolutamente distinta. (Aplausos).

Claro que el país tiene margen fiscal, señoría, si nos atenemos a los
datos de comparativa internacional. No lo dice este Gobierno, debe ser
que solo lee usted la estadística desde un prisma muy personal, porque el
resto de los organismos, incluido el FMI, la Comisión Europea y todos los
organismos que hacen el informe-país sobre España aconsejan que se eleve
la presión fiscal y concretamente algunas figuras tributarias además de
las que el Gobierno tiene previsto modificar. Le comenté en la Comisión
de Hacienda, y se lo vuelvo a decir hoy, que este Gobierno ha sido
absolutamente transparente con su hoja de ruta fiscal. La tienen ustedes
en el proyecto de presupuestos para el año 2019, y la tienen ustedes
reconfirmada en el acuerdo programático que se firmó con Unidas Podemos
para la investidura y para la formación de este Gobierno de coalición;
una hoja de ruta, como digo, con una seña de identidad clara: que en
ningún caso se va a subir la fiscalidad ni a la clase media ni a la clase
trabajadora.

Yo puedo comprender que al Partido Popular le guste confundir con
esta cuestión. Ustedes siempre que han hecho una reforma fiscal han
favorecido a los de siempre, señora Muñoz, a los que más tienen, a los
que más capacidades tienen, a los que más posibilidades de defensa tienen
ante la vulnerabilidad. Le puedo asegurar que a la reforma fiscal que
promueva este Gobierno contribuirán más aquellos que más tienen, que será
una reforma que protegerá a las clases medias y a las clases trabajadoras
no solamente manteniendo la actual presión fiscal, sino, además, señoría,
redoblando unos servicios públicos de calidad que permitan ser el colchón
de seguridad que necesitamos en nuestro país para que, llegadas las
circunstancias, tengamos que hacer uso de la sanidad pública, de una
residencia de mayores o de cualquier otra prestación, de las que en este
momento provee el Estado del bienestar.

Por tanto, señoría, creo que hay que ser serios en esta cuestión.
Ustedes han apoyado todas las partidas de gasto que este Gobierno ha
desarrollado durante esta pandemia sanitaria; y no solamente las han
apoyado, sino que ustedes han dicho —déjeme utilizar la expresión
coloquial—: Y también dos huevos duros al referirse a esas partidas
de gasto. Por tanto, no parece que sea sospechoso el nivel de gasto
público que este Gobierno ha tenido durante la pandemia. Y la pregunta
es, ¿con qué recursos entiende su señoría que hay que pagar ese
incremento del gasto para que los trabajadores estén en los ERTE, para
dar las prestaciones a los autónomos o para dotar un fondo de 16 000
millones para las comunidades autónomas? (Aplausos). Estos que le doy son
argumentos suficientes, señoría, para zanjar esta cuestión, que yo sé que
nos diferencia, pero, no obstante, para que este país tenga futuro, para
que pueda seguir avanzando y construyéndose, ojalá que las formaciones
políticas presentes en esta Cámara seamos capaces de construir unas
cuentas públicas con un común denominador que nos permita seguir
avanzando; ojalá que demos una señal de unidad, que todos arrimemos el
hombro en un momento complicado para nuestro país, que todos demos una
señal inequívoca ante Europa, que Gobierno y oposición caminen de la
mano, porque este país nos espera, este país nos necesita, señora Muñoz.
(Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señora
ministra.

Tiene la palabra la senadora interpelante.

La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muchas gracias, presidenta.

Mire, ministra, que le he pedido que no hiciera oposición de la
oposición y que hablara de las cosas que van a hacer y de los impuestos
que piensan subir (Aplausos), y usted ha venido aquí y lo primero que ha
hecho es oposición de la oposición. Pero es que es usted ya tan
previsible que, mire, le voy a dar algunos datos que le van a interesar
muchísimo y que le van a refrescar la memoria, porque nada más y nada
menos que son los de la herencia del Gobierno socialista: 25 000 millones
de déficit oculto, un 9 %, nada más y nada menos; 20 730 millones de
deuda en infraestructuras ferroviarias; 56 000 millones de deuda en
empresas públicas; 16 000 millones de deuda en el ámbito sanitario; un
déficit estructural de la Seguridad Social de 7000 millones; el Fondo de
reserva comprometido; 5 000 000 de parados. Esa es la herencia del
Gobierno Socialista y esa es la razón por la que el Gobierno de Mariano
Rajoy se vio obligado a subir impuestos, no porque bajaran los ingresos,
sino para tapar los agujeros que nos dejó el Gobierno Socialista, que nos
dejó su gestión. (Aplausos). Esa es la realidad, miles de millones de
facturas en el cajón y deuda y déficit oculto. Esa es la realidad, señora
ministra. Así que le pediría un poquito más de humildad, es necesario
tener un poquito más de humildad.

Igual que necesita usted un poquito más de humildad con los datos tan
estremecedores que tenemos de la actividad económica en nuestro país. La
Airef acaba de empeorar todas sus previsiones económicas; prevé una caída
del PIB del 12 % o más; y un déficit de hasta el 14 %. Dice, además, que
la Seguridad Social incrementa el déficit igualmente, que hay récord de
deuda pública y una pérdida de empleo por encima del 10 %. A la vista de
esto, ¿pero exactamente de qué hay que estar tranquilos? ¿Exactamente de
qué quieren ustedes darnos lecciones? Lecciones, ninguna, porque siempre
que gobierna el Partido Socialista, siempre, tenemos exactamente la misma
foto.

Insisto, no nos ha concretado ni uno solo de los impuestos que
piensan ustedes subirnos a los españoles. No ha contestado nada sobre mi
petición de bajada de impuestos para las familias, del IVA de las
mascarillas, del 21 al 4 %, o para el sector turístico, y tampoco ha
dicho nada sobre lo de potenciar que vengan turistas a España.

Desgraciadamente, señora ministra, le tengo que decir que, como decía
el presidente Sánchez, hay muchas cosas inevitables: inevitable es la
tendencia al despilfarro de recursos públicos del Partido Socialista;
solamente le pongo un ejemplo, el incremento del 46 % de asesores.
Inevitable es su tendencia a ocultar datos y maquillar las cuentas
públicas. Inevitable también es que hagan predicciones erróneas, que
tienen constantemente que rectificar. Inevitable es que con sus
decisiones erróneas, en vez de solucionar los problemas de los españoles,
lo que hacen es crear un nuevo problema más a los españoles, y es muy
grande. Inevitable también será, señora ministra, que ustedes, con sus
medidas, agraven la crisis económica, y finalmente tendrá que venir un
Gobierno del Partido Popular, que inevitablemente volverá a aplicar
políticas que generen empleo, que ocasionan la reactivación económica y
que, en definitiva, le den a los españoles más inversión, menos impuestos
y más empleo, porque empleo es lo que necesitan los españoles; por el
empleo es por lo que hay que trabajar. Y, desde luego, subiendo los
impuestos a los sectores productivos lo que van a conseguir solamente es
incrementar el paro e incrementar la crisis económica en la que
desgraciadamente... (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría. El tiempo
se termina. Muchas gracias.

Tiene la palabra, por tiempo de tres minutos, en nombre del Gobierno,
la señora ministra de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias,
señora presidenta.

¿Esta es la regeneración del Partido Popular? La señora Muñoz se
remonta a hace la friolera de diez años para intentar justificar lo
injustificable. (Aplausos). Esta es la regeneración del Partido Popular,
que sigue con ese mantra de paro —a ver si lo recuerdo y, si no,
ustedes me lo van a recordar—, despilfarro, corrupción. (Rumores).
¿No era ese? Sí: paro, despilfarro, corrupción. No han cambiado el lema
desde hace... (Rumores). Yo he respetado la intervención de la señora
Muñoz, señorías, yo la he respetado; y a lo mejor no me han gustado
determinadas cuestiones que ha comentado, pero, desde luego, la he
respetado y he intentado escucharla. Repito: ese el lema que siempre ha
acompañado al Partido Popular; un mantra falso, mentira, que repiten
permanentemente a ver si algo de ello queda.

Me puede decir, señora Muñoz, ¿qué partida de gasto hemos aprobado
que no sea el presupuesto del señor Montoro? Es que yo sigo con las
cuentas del señor Montoro, un presupuesto prorrogado, con unas partidas
de gasto extraordinarias, aprobadas este año con el voto favorable del
Partido Popular, pidiendo el doble de lo que se planteaba en esas
políticas de gastos. ¿Dónde está el despilfarro? Señorías, ustedes
quieren o han querido que incluso ese gasto fuera superior durante este
año 2020.

Ustedes hablan también de un mantra, que repiten permanentemente,
respecto al paro. ¿Saben ustedes que presidente del Gobierno alcanzó la
cifra de paro más importante que hemos tenido nuestra democracia
reciente? El señor Rajoy. Sí, el señor Rajoy, pero ustedes hablan
permanentemente de que son los grandes hacedores de la construcción del
empleo.

El resumen de su intervención lo hizo el señor Montoro también hace
unos años: que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Esa es la
actitud del Partido Popular, lo que lleva predicando todo este tiempo,
que no contribuye para nada al bienestar de nuestro país, que no permite
arrimar el hombro: que caiga España, que ya la levantaremos nosotros, que
es lo que usted ha hecho, en definitiva, en su intervención.

Señoría, usted sabe que el IVA de las mascarillas no se puede
cambiar, y por eso ha aludido al reglamento europeo; es que ustedes lo
saben, que no se puede cambiar, porque España efectuó la consulta, y así
se ha comunicado, y así se trasladó.

¿Usted cree realmente, señoría, que el problema del sector turístico
es el IVA? España es el segundo país en recibir turistas del mundo. El
problema del sector turístico, señoría, se llama COVID-19, se llama
pandemia mundial, se llama...y hay muchas personas que han decidido...
(Rumores). Ustedes dicen que no, ustedes niegan la pandemia sanitaria y
niegan que haya un problema con el turismo en todo el mundo, no solamente
en España, por la situación de confinamiento en la que nos hemos visto
involucrados.

Termino, señoría, diciéndole lo que le he dicho en mi anterior
intervención: este Gobierno impulsará una reforma fiscal progresiva,
justa, equitativa, que haga que aquellos que más tienen puedan contribuir
a que todos tengamos unos servicios públicos de calidad que sean el
orgullo de la clase media y que permitan seguir avanzando en cotas de
bienestar. Y le digo, señoría, que evidentemente no vamos a compartir la
política que ustedes plantean porque cuando ustedes han tenido que
gestionar una crisis económica lo que nos han dejado ha sido desigualdad,
injusticia, beneficios para unos pocos y malestar para la gran mayoría de
los ciudadanos de nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
ministra.

La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el punto 3.2.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para exponer la
interpelación, tiene la palabra el senador Vázquez Abad por tiempo de
diez minutos.

El señor VÁZQUEZ ABAD: Muchísimas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, ministra.

Hoy hemos sacado esta interpelación debido precisamente a la honda
preocupación que hemos detectado entre una importante parte de los padres
y de la comunidad educativa ante la incerteza respecto a la asignación de
recursos correspondientes al Fondo COVID-19, principalmente a causa de
sus contradicciones o de lo que usted llama matizaciones. Esperemos que
entre todos seamos capaces de llegar a acuerdos, especialmente en el
ámbito educativo, porque este partido que le interpela quiere llegar a
acuerdos, aunque su presidente Sánchez se empeñe en bloquear todo acuerdo
con el Partido Popular.

En estas últimas semanas se ha venido hablando de los 2000 millones
del Fondo COVID-19 que serán entregados a las comunidades, dirigidos a
educación, para paliar los déficits detectados en el propio sistema
educativo durante dicha pandemia, así como para solventar los perjuicios
derivados de esta en nuestros alumnos. Hasta ahí perfecto, todo bien. El
problema viene cuando vuelven ustedes a lanzar su mensaje político de que
ese fondo iría dirigido únicamente a la escuela pública dejando fuera de
esa ayuda al 25 % de los alumnos españoles de todas condiciones y con
todo tipo de necesidades. Hecho peligroso si lo que pretenden ustedes es
bifurcar el sistema, creando dos sendas con diferente nivel de calidad,
que nos lleve a un sistema educativo deficiente e injusto basado en los
recursos aportados por la Administración Pública. No creo que haga falta
recordarle que el sistema de concertación en la enseñanza se estableció
en el año 1985 gobernando el Partido Socialista, precisamente con Felipe
González al frente, mediante la Ley Orgánica reguladora del derecho a la
educación. Se creó así una única red de educación sostenida por el Estado
cuyo fundamento teórico era universalizar la educación básica en un
periodo en el que las necesidades de crecimiento del sistema educativo
superaban con creces las capacidades presupuestarias del Estado,
incorporando por este mecanismo a muchos de los que hasta ese momento
eran centros privados pero que dejaron de serlo.

Hoy en día, del 100 % de los alumnos que estudian en centros
sostenidos con fondos públicos, un 25 % lo hacen en centros concertados,
uno de cada cuatro, que en el caso del País Vasco, que usted conoce muy
bien, podemos decir que es prácticamente uno de cada dos, es decir,
el 50 %, del cual, por cierto, ha sido usted defensora al igual que otros
socialistas ilustres como Rubalcaba, quien defendió siempre que el modelo
de concierto garantizaba la gratuidad de la educación y quien en su
momento ya manifestó que no era un tema tranquilo para la
izquierda.

Teniendo en cuenta estos datos, hay una cosa que está clara: la
libertad de los padres a la hora de escoger la educación de sus hijos es
sagrada. Independientemente de los recursos económicos de los que
dispongan y sea cual sea la opción elegida, deben contar con todas las
garantías para lo más importante y lo que nunca debemos olvidar, los
niños y las niñas españoles. Es más, jamás me atrevería a criticar que un
cargo militante político elija una opción u otra pues lo que debe ser
incuestionable es esa libertad a la que acabo de hacer referencia. Lo que
ya no comparto bajo ningún concepto es la doble vara de medir muchas
veces de alguna parte de la izquierda.

Me gustaría, ministra, que dijera claramente aquí, ante esta Cámara,
evitando sus contradicciones o matizaciones, que los fondos serán
dirigidos al cien por cien de nuestros niños en función de sus
necesidades, evitando discriminarlos por el mero hecho de que sus padres
hayan elegido un centro u otro, derecho que además la Constitución
reconoce sin fisuras, hecho que también me gustaría que defendiese con
mayor énfasis y que su propio presidente y sus propios socios de gobierno
no coartasen la libertad para ello.

Qué bonita es la libertad, señora ministra, en todos los sentidos,
pero también la libertad de los padres para elegir centro. Los españoles
pagamos nuestros impuestos para, entre otras cosas, financiar la
educación sostenida con fondos públicos. Por lo tanto, la educación es un
derecho y su gratuidad también. Así pues, evitemos la confrontación,
evitemos el enfado y el malestar de los padres y evitemos un sistema
educativo que vaya hacia la inequidad. Recientemente manifestó que
aquello que funciona, también puede ser cambiado, y yo le pido que
aquello que funciona no lo cambie, mejórelo, pues corremos el riesgo, en
este caso el peligro, de atentar contra el derecho que todos los niños
tienen a recibir una educación de calidad. Estamos a tiempo de paralizar
ese malestar y de que usted diga alto y claro que los fondos que destina
el Ministerio de Educación, presentes y futuros, serán destinados al cien
por cien de los niños y niñas, atendiendo a sus necesidades y procurando
así un sistema educativo financiado con fondos públicos que sea
equitativo y de calidad.

Por favor, en su caso no lo deje como una recomendación, diga
claramente a todas las comunidades que, con carácter obligatorio,
evitemos recomendaciones —recomendaciones a las que, además, nos
tiene usted tan acostumbrados, al igual que el ministro de
Universidades— para que en este caso no se provoquen diferencias
entre comunidades, como hemos visto durante este curso con otros temas
—me refiero en concreto a las pruebas EBAU o a la promoción de
nuestros estudiantes— que hacen que después el sistema haga
injusticias que son difíciles de corregir.

Por eso, me parece pernicioso que deje usted la distribución de los
fondos COVID-19 en una mera recomendación. Si me permite una expresión,
eso es lanzar la piedra y esconder la mano, dejando el campo abierto a
una confrontación política que pasaría a determinadas comunidades
autónomas. Yo le pido que no convierta esos fondos en un regalo
envenenado porque desde el momento en que esa recomendación sea foco de
desigualdad deja de lado su filosofía cohesionadora y se convierte en
todo lo contrario, en un conflicto incipiente.

Me gustaría, señora ministra, que usted se basara en criterios
objetivos, y no dudo que lo quiera hacer. Lo que sí sospecho es que su
presidente y sus socios de gobierno, como antes dije, lo quieran. ¿Tiene
usted las manos atadas? Tiene en su mano el poder de evitar diferencias
muy peligrosas para la educación en mayúscula, pero dígalo sin temor,
diga que los recursos serán distribuidos en función de las necesidades de
los niños y jamás en función del colegio en el que estén matriculados.
Porque estamos hablando del bien más preciado de nuestra sociedad, es
decir, de los niños y las niñas de este país y, por tanto, del futuro de
nuestro país; diga claramente que usted no va a discriminar al 25 % del
alumnado español y yo la creeré. Zanje ya este debate que les preocupa a
miles de familias. Tiene hoy una gran oportunidad. Cortemos de raíz esa
crispación y construyamos en positivo. Dé tranquilidad a la familia y
sume esfuerzos. Sumando nos tendrá de su lado, dividiendo no cuente con
nosotros.

Ministra, ¿usted se imagina que una parte de nuestro sistema
educativo desaparezca? Yo no quiero pensarlo, y por un doble motivo:
primero, porque estaríamos eliminando el derecho a que los padres puedan
elegir el centro educativo que quieren para sus hijos y, segundo, y no es
baladí, ¿cómo sería capaz en un momento de dificultades económicas en un
país como España de garantizar la educación de calidad al cien por cien
de nuestros alumnos? ¡Sabe usted perfectamente lo que costaría para las
arcas públicas que todos los alumnos pasasen a estudiar en centros
públicos! Usted sabe que eso sería imposible, lo sabe perfectamente y lo
sabemos bien todos aquellos que hemos tenido responsabilidades en el
ámbito de la administración educativa, y usted, en este caso, lo sabe
perfectamente con un 50 % de esos alumnos en el País Vasco. Por lo tanto,
dejemos de lanzar mensajes políticos. Todos nuestros colegios en España
luchan día a día por el bien de sus alumnos, todos, por una educación
inclusiva, apostando por la innovación, por la formación en cuanto a
competencias, trabajando por proyectos, aprendizaje cooperativo,
competencia emocional, buscando acercarse a metodologías activas
centradas en la comunicación, tratando de buscar la participación y la
cooperación de la comunidad, permitiendo integrar los elementos del
currículum mediante el desarrollo de tareas y actividades relacionadas
con la resolución de problemas de la vida real. Pero todos, todos los
centros sin excepción precisan de la ayuda económica y el aliento que les
permita seguir en ese trabajo.

Le pongo ejemplos que son la realidad de nuestro sistema educativo:
Centro Educativo Cisneros, en Ourense, tiene el 53 % de alumnos que
proviene del extranjero con 15 nacionalidades, el 33 % del alumnado
sometido a medidas de protección y tutela y 15,58 % tiene reconocida una
discapacidad igual o superior al 33 %. El Centro Educativo Plurilingüe
Ventín tiene el 23 % con necesidades educativas especiales, un alumnado
de más de 13 países. El Centro Plurilingüe La Grande Obra de Atocha tiene
un alumnado de más de 19 nacionalidades, 279 alumnos con necesidades
educativas especiales y un 25 % del total, de los cuales 19 son de
educación combinada. El Centro Educativo Paradai tiene el 60 % de alumnos
extranjeros, con una gran población de la etnia gitana, el 4 % de los
niños con necesidades educativas especiales y un 40 % de esos alumnos en
riesgo de exclusión. Todos ellos, públicos y concertados, con un
porcentaje muy elevado, como antes le decía, de niños en riesgo de
exclusión. Conforman un pequeño ejemplo de Galicia, pero es extrapolable
a cualquier rincón de nuestro país.

¿Cuál es la diferencia entre estos centros públicos o concertados que
le he dicho? Ninguna, ministra, ninguna. Todos nuestros centros luchan
por dar lo mejor a sus alumnos; centros, maestros y maestras entregados
en la búsqueda de un futuro para nuestros alumnos, que, en muchos casos,
provienen de familias en situaciones de riesgo de exclusión,
marginalidad, migración, violencia de género, familias desestructuradas,
etcétera.

Por eso le digo, ministra, que debemos dejar de buscar la
confrontación y la división. No hay buenos ni malos, hay centros
educativos que quieren sacar adelante a los más jóvenes de la sociedad
española, por lo que la financiación para la gratuidad de los centros
sostenidos con fondos públicos se debe basar precisamente en el principio
de igualdad. Y por eso le pido que lo diga aquí claramente —tiene
hoy una gran oportunidad— y zanjemos este tema: que esos fondos,
los de hoy y los que van a venir dentro de esos planes, serán para
el 100 % de los alumnos, que serán sostenidos con fondos públicos y que
estarán especialmente centrados en aquellos que tienen una mayor
necesidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra la ministra de Educación y
Formación Profesional.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá
Diéguez): Muchas gracias, señor Vázquez, por su amable
interpelación.

Creo que no sería muy difícil llegar a ponernos de acuerdo.
Coincidimos en la bancada de consejeros. Y, desde luego, si hablamos de
los más vulnerables, podemos coincidir en cinco minutos, porque,
efectivamente, usted estará de acuerdo conmigo en que el derecho
fundamental de la persona a ser educada —que no es el derecho del
Estado, que no es el derecho de las entidades privadas, que no es el
derecho de las entidades públicas— tiene que corresponderse con la
obligación de los poderes públicos de prestarlo —esta es una
cuestión importante—, porque el mismo derecho fundamental de esa
persona, de ese ciudadano, de ese alumno, está vigente tanto en el centro
de la ciudad como en el pico del monte, como en el ámbito rural. Y
sabemos que ese servicio constará de manera diferente en un sitio o en
otro, pero el mismo derecho rige para el alumno, para la persona. Una
facultad específica del poder público es justamente prestar esa
obligación; una facultad, una función, que no vive igual el que lo hace
por libertad, por iniciativa legítima. Por tanto, la red pública tiene la
obligación de atender el derecho a la educación de todos. Sin embargo, la
educación, el sistema educativo de iniciativa privada o concertada, es
decir, de iniciativa social, tiene la libertad de prestarlo, porque ha
tenido la libertad de creación de centros.

Pero, con toda seguridad, estará usted también de acuerdo conmigo,
señor Vázquez, porque creo que nos conocemos un poco. Usted ha mencionado
aquí el término equidad, y esta es precisamente la cuestión. Equidad,
como bien decía Aristóteles en la Ética a Nicómaco —y seguro que
usted también lo sabe—, es justo la aplicación individualizada del
principio de justicia. Es decir, es dar a cada quien lo que le
corresponde. ¿En función de qué? En función de sus necesidades. Por
tanto, más que de titularidad de los centros, debiéramos hablar de las
necesidades de los alumnos, de la vulnerabilidad de los alumnos, siendo
este precisamente el principio que ha de regir lo que es la distribución
—una facultad también de los poderes públicos— de los
recursos públicos, la función redistributiva de esos recursos públicos
que por naturaleza son escasos. Esta es una cuestión importante.

Y, dado el preámbulo que ha hecho usted, mire usted las obras de este
ministerio. Son justamente aplicar las políticas educativas que están en
las antípodas de lo que ustedes hicieron. Y le voy a decir con mucho
afecto por qué, señor Vázquez. En primer lugar, tenemos un proyecto de
ley que reconoce, acredita y respeta tanto la red pública como la red
concertada, que, como usted bien ha dicho, se creó por la LODE en 1985 y
que siempre se ha respetado. Se ha respetado tanto que el 68 % de
incremento de estudiantes —131 000— se produjo en los centros
concertados durante la década de 2009 a 2018 con la LOE, antes del 2013.
Y, sin embargo, vino una ley, la LOMCE, que ustedes introdujeron ahí, a
romper esos principios de acuerdo de una ley, de la LOE, que estaba
respaldada por todas las fuerzas políticas con excepción de la suya, y
que ha traído desfase en el sistema educativo, ha traído un 15 % más de
repeticiones, ha traído menos recursos y menos posibilidades para la
titulación. Esto es lo que se hizo. Aquí nunca ha habido un prejuicio ni
un deslinde ideológico. Lo que hay es una herencia abandonada de
determinados centros, y no solo de titularidad pública, también hay
algunos vulnerables de titularidad no pública. Y fíjese usted la herencia
que nos han dejado. Ustedes entraron y la primera medida del Gobierno en
diciembre de 2011 fue la no disposición de 487 millones de euros en
educación. Es decir, el recorte fue para la educación, de manera lineal,
socavando uno de los cimientos más importantes del Estado del bienestar
cual es la educación, junto a la sanidad.

Pero no contentos con esto, aprobaron el Real Decreto Ley 14/2012
—que nosotros a principios de 2019 logramos derogar—, que,
por las medidas urgentes de racionalización del gasto público, aumentaba
las ratios, sobrecargaba a los docentes y, además, recortaba el gasto
público en una cantidad de 3439 millones de euros, también para la
educación en su conjunto. Pero, asimismo, en 2012 recortaron 647 millones
de euros para la educación en su conjunto. Total, 5868 millones en 2012
y 2013. Es decir, ante una crisis, el Gobierno del Partido Popular restó
recursos a la educación. Y esta es una cuestión acreditada y que todo el
mundo conoce, o sea, está verificada, es verificable. Y, obviamente,
supone socavar, como le digo, una de las principales columnas del Estado
de bienestar. Y mientras tanto, ¿qué ocurría? Pues que los alumnos de
enseñanzas de régimen general se incrementaron en 600 000
estudiantes.

¿Cuál es el resultado de esta política que ustedes tienen? Pues que
ustedes nos han dejado una herencia en la cual, por un lado, tenemos un
gasto educativo o una inversión por alumno, que en la pública es de -13,8
con respecto a lo que había en 2009, y en la concertada o en la no
pública es de -1,5. Es decir, ustedes recortaron en educación, castigaron
a toda la educación, pero, en el castigo, precisamente aquellos que
tienen que tratar los temas que requieren más esfuerzo por parte de la
educación y del profesorado fueron más castigados que los otros.

¿Y qué ocurrió en inversiones, señor Vázquez? Pues que las
inversiones para la construcción de centros públicos se fueron del 100
al 50, es decir, bajaron un 50 %. Mientras tanto —y esto lo hemos
sabido recientemente a través de una respuesta dada por el Portal de
Transparencia de la Comunidad de Madrid— había cesión de centros
públicos a algunos centros. A algunos no, a toda la concertada, a 45 o 50
centros de la educación concertada en esta comunidad. Esto ocurría
mientras se recortaba la inversión en educación pública y se iba
al 50 %.

Entonces, no es que se discrimine ahora, no, no. No queremos
discriminar nada. Lo que queremos es aplicar lo que usted nos ha dicho,
señor Vázquez, es decir, aplicar la equidad, tratar de compensar las
desigualdades. Uno de los grandes problemas de la pandemia ha sido que al
cerrar la escuela y no cerrar la educación, obviamente gracias a la
digitalización, la vulnerabilidad de los alumnos se ha exacerbado, porque
la desigualdad social existe y la escuela lo que hace es compensar esa
desigualdad social.

Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es compensarla; esa es la
equidad de la que usted habla y con la que yo estoy de acuerdo. Hay que
actuar, aplicar la equidad y pensar en los alumnos vulnerables. Y ahí nos
vamos a encontrar, señor Vázquez, ahí nos vamos a encontrar. Esto es
importante y esto es lo que estamos haciendo. ¿Con qué políticas? Con la
política de la ley, porque la ley reconoce la educación pública y la
educación no pública. ¿Con qué política? Obviamente, con el ejercicio de
la libertad, que es constitucional. ¿Con qué políticas más? Con la
política de convenios para la digitalización, que dice: usted trabaje con
la vulnerabilidad como principio, trabaje con ello, porque ¿de qué sirve
dar una tablet más a quien ya tiene una? ¿Para que tenga dos tablets? No;
vamos a pensar en aquel que no la tiene para conectarlo a la educación.
¿Con qué más? Con los 2000 millones que ustedes tienen en el real decreto
ley que van a debatir los grupos parlamentarios, que han sido detraídos
de los 16 000 millones y que serán distribuidos por las comunidades
autónomas. ¿Y con qué más? Con las becas; las becas van al alumno que lo
necesita, y se han aumentado las becas en un 22 %. ¿Y con qué más? Pues
con la inversión que vamos a hacer en FP. ¿Y con qué más? También con el
Plan Reactiva, de FP, y con el Plan PROA plus, que también irá a los más
desfavorecidos.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señora ministra, vaya
terminando.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá
Diéguez): Por lo tanto, si su principio es la equidad, si su principio es
la vulnerabilidad de los alumnos, ahí nos vamos a encontrar, señor
Vázquez, y yo se lo agradezco.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
ministra.

Tiene la palabra el senador interpelante por tiempo de tres
minutos.

El señor VÁZQUEZ ABAD: Gracias, señora presidenta.

Gracias, señora ministra.

Entonces estamos de acuerdo con que presentaremos una moción en
defensa de todos los niños que pertenecen al sistema financiado con
fondos públicos y en que, evidentemente, aquellos que más lo necesiten
tendrán garantías de que el Gobierno del Partido Socialista los apoyará.
Eso es lo que quiero oír de usted claramente. Estamos hablando de algo
muy importante que es el futuro de nuestros niños y de nuestras niñas, y
no podemos discriminarlos por el mero hecho de que los padres elijan un
centro u otro. Y se lo dice una persona educada en un colegio público y
que es profesor público, pero creo en la libertad de elección de las
familias y creo que es vital que el Estado mantenga ese derecho que,
además, la Constitución establece. Veo que estamos de acuerdo en el fondo
y me ratifico en que probablemente sean su presidente y sus socios de
Gobierno los que obligan a esos titulares, no dichos por usted
probablemente, de que la concertada se quedará fuera, titulares que
generaron esta polémica.

Aquí tenemos una oportunidad. El Partido Popular quiere ese pacto por
la educación, quiere ese pacto defendiendo la libertad de elección por
parte de las familias, y creo que usted lo comparte, porque, como bien
dijo antes, nos conocemos desde hace muchos años, y creo que buscamos que
aquellos niños y niñas que más lo necesitan tengan recursos, sean de un
colegio o de otro. Antes le he puesto ejemplos. Es que no me valen esos
mantras de que unos van a uno y otros van a otro. Quien diga eso
desconoce la realidad de esta sociedad española. Le leo muy brevemente,
porque no tengo tiempo, lo que me dice una madre y además profesora de un
centro: «Creo que la libertad de los padres no se debe coartar a la hora
de decidir dónde y cómo quieren educar a sus hijos. No hay educaciones
mejores o peores, no hay escuelas de ricos o de pobres, de derechas o de
izquierdas. La escuela es una y su finalidad es desarrollar todas las
capacidades que los alumnos tienen. Invirtamos más en formación y
actualización del profesorado, en infraestructuras docentes para
desarrollar esas competencias dando la misma igualdad a todos y ganaremos
en una sociedad formada por unos buenos y preparados ciudadanos en un
futuro».

Ministra, esta petición que le he hecho en nombre del Partido Popular
demuestra nuestra intención de dejar de lado cualquier tipo de interés
partidista, porque lo que le estamos pidiendo con esas recomendaciones o
matizaciones, por favor, es que todas las comunidades, en ese reparto
redirijan sus recursos no a los centros en función de la titularidad,
sino a los alumnos en función de sus necesidades. Y de herencias no me
hable, ministra. Quiero que sepa que cuando yo tuve responsabilidades en
el ámbito de la Administración, nos encontramos con un 26 %, que fue la
herencia de las leyes anteriores a la LOMCE, y en este momento Galicia
está por debajo del 13 %. Y precisamente eso es lo que ha valorado el
pueblo gallego a la hora de elegir en las urnas masivamente al Partido
Popular este domingo. (Aplausos). Si usted me va a hablar de ajustes, de
recortes, yo le digo que Galicia es la comunidad que tiene las tasas
públicas más bajas de universidad y también la primera que ha dado el
paso para que en los másteres se iguale el precio del crédito al del
grado.

Por eso le digo, ministra: por favor, pongámonos de acuerdo. Y es así
de fácil: hablemos a partir de este momento de centros financiados con
fondos públicos; dejemos ese mantra de la izquierda de que un colegio es
para unos y otro colegio es para otros.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Vaya concluyendo,
señoría.

El señor VÁZQUEZ ABAD: Sí, señora presidenta.

Centrémonos en los niños, que es lo importante. Y con eso me
gustaría, repito, señora ministra —se lo pido por favor y mirándola
a los ojos—, que su final sea que sí va a aceptar esa moción y que
vamos a trabajar por el bien del cien por cien de los niños y de las
niñas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.

Tiene la palabra, por tiempo de tres minutos, la señora
ministra.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá
Diéguez): Sí, señor Vázquez, pero no se salte la línea. ¡No se salte la
línea! Estamos hablando de más vulnerables. Es que usted ya, de pronto,
se ha saltado la línea. ¿Sabe usted que hay centros de titularidad no
pública que no atienden a los más vulnerables, verdad? ¿Lo sabe? (El
señor Vázquez Abad: Y públicos). Bueno, pues vamos a ello. ¿Sabe usted
que la tasa de pobreza infantil en España es más del 20 %? ¿Sabe usted
dónde han estado la mayor cantidad de alumnos que no han estado
conectados al sistema? ¿Sabe usted dónde se concentra el 72 % de los
niños y niñas más vulnerables? ¿Sabe usted dónde se concentra el 75 % de
los niños y niñas con padres o madre extranjera? ¿Sabe usted lo que dice
el estudio de Xavier Bonal, que interrelaciona precisamente los estudios
de la madre con el resultado académico de los hijos?

Por tanto, no se salte la línea de repente. Estábamos en la equidad,
estábamos en la vulnerabilidad, estábamos en los alumnos, pero de pronto
usted ha hecho titití y por arte de birlibirloque se lo ha llevado ya a
todos los centros. No, mire, aquí vamos a hilar fino: los recursos son
escasos, pero usted y yo tenemos elementos para poder acordar esto, y yo,
desde luego, le invito a hacerlo, porque sería estupendo acordar
realmente una buena política educativa para el sistema español, que tanta
modernización y tanto afecto requiere en términos de innovación.

Yo le digo: vamos a trabajar, pero precisamente teniendo muy en
cuenta dónde tenemos la necesidad, no, de pronto, llevando la necesidad a
donde no está. Y, desde luego, la necesidad se ha concentrado en centros
públicos y en algunos centros de titularidad no pública que atienden al
alumnado vulnerable, y en algunas cooperativas también. Vamos primero a
atender eso, porque los recursos públicos son escasos y tenemos que
proporcionarlos y tenemos que atribuirlos con justicia, precisamente por
equidad. Y en eso, bienvenido. Pero estando de acuerdo en que no hay
ningún prejuicio ideológico, sino que lo que hay es justicia
redistributiva que este grupo parlamentario ha venido aplicando
históricamente —y otros también—, estando de acuerdo con eso,
vamos a aplicarlo. Dejemos de decir que lo que vamos a hacer es matar a
la concertada, porque eso es ir a la discriminación, eso es ir al
enfrentamiento por el enfrentamiento, y esa política hoy ya no vale, está
desfasada, no sirve, no hace avanzar. Por lo tanto, invitémonos
conjuntamente a hacer una buena política educativa que sirva a los más
vulnerables.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
ministra.

La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el punto 3.3.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para exponer la
interpelación, tiene la palabra el senador Martí Deulofeu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, vicepresidenta.

Señora ministra, aunque si bien es cierto que en circunstancias
actuales debemos centrar la mayoría de nuestros esfuerzos de gestión y
cooperación entre administraciones y gobiernos para dar respuesta a la
crisis sanitaria, no lo es menos que los municipios deben hacer frente a
multitud de problemáticas, y que los ayuntamientos y las entidades
locales requieren todo el apoyo necesario para prestar servicios públicos
básicos dada su proximidad con la ciudadanía y el principio de
subsidiariedad. En este sentido, para muchos ayuntamientos el año 2020 ha
sido especialmente duro. En el mes de enero la borrasca Gloria provocó
todo tipo de daños como consecuencia de fuertes vientos, inundaciones,
nevadas, temporal de levante, etcétera, con un balance de 14 víctimas
mortales, 83 heridos y 2 personas desaparecidas. Por si fuera poco, en
octubre de 2019 una nueva depresión aislada en niveles altos, DANA, en el
Mediterráneo, afectó a la Península siguiendo al episodio de gota fría,
con lluvias torrenciales, que en septiembre dejó 6 muertos y obligó a la
evacuación de más de 4000 personas. En noviembre, la borrasca Cecilia
puso en alerta a 39 provincias y a Ceuta como consecuencia de un temporal
de lluvias fuertes, abundantes y persistentes, rachas de viento
huracanado de 163 kilómetros/hora en Vizcaya y olas de hasta cinco y seis
metros. Son solo algunos ejemplos de los fenómenos meteorológicos que
desde el 1 de abril de 2019 vienen causando situaciones de emergencia o
de naturaleza catastrófica, produciendo graves daños personales y
materiales tanto en bienes privados como en bienes, instalaciones y
servicios públicos, así como en explotaciones agrarias y en
infraestructuras municipales. Este fragmento, señora ministra, es del
Real Decreto Ley 11/2019, de 20 de septiembre, que precisamente adoptó
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras
situaciones catastróficas.

Según la ministra portavoz, María Jesús Montero, en comparecencia
pública del 28 de enero después del Consejo de Ministros, el Consorcio de
Compensación de Seguros empezaría a pagar a los afectados por el temporal
Gloria a partir del 7 de febrero pasado, calculando que en el plazo de
cuatro meses se habrían desembolsado las compensaciones de un 85 % de los
siniestros, abonando el resto a la mayor brevedad. Las estimaciones
globales del Consorcio de Compensación de Seguros a fecha de 29 de enero,
basadas en los informes periciales de urgencia, fueron las
siguientes: 11 630 solicitudes de indemnización, con un coste total de 76
millones de euros. Si nos fijamos en la estimación por zonas, Catalunya,
con 5100 siniestros y 51,1 millones de euros, y el País Valencià,
con 4100 siniestros y 15,3 millones de euros, fueron de largo las más
afectadas, destacando las localidades de Malgrat de Mar, Castelldefels y
Blanes, y Denia, Peñíscola y Daimús, respectivamente.

Hasta aquel momento se habían recibido 5011 solicitudes de
indemnización: 1 por daños personales, 2950 por viviendas, 1225 por
automóviles, 761 por comercios, oficinas y establecimientos no
industriales, 64 por industrias y 10 por obras civiles. Los efectos de
las lluvias y aguaceros del DANA en las comarcas de Lleida
significaron 119 solicitudes de subvención en el marco del Real
Decreto 307/2015.

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu
considera que para un buen ejercicio de transparencia y fiscalización
sería necesario disponer de datos actualizados sobre el pago de las
indemnizaciones por siniestro y de las subvenciones. Sin embargo, desde
el punto de vista municipal y de las entidades locales, muchos
ayuntamientos siguen a día de hoy sin certezas acerca de las medidas
económicas concretas del Gobierno para hacer frente a los efectos de los
temporales ocurridos en otoño de 2019 y enero de 2020, entre muchos
otros. Debemos tener en cuenta que los gastos imprevistos de inversión y
mantenimiento derivados de los daños pueden alterar notablemente el
equilibrio económico-financiero, el equilibrio presupuestario de los
ayuntamientos. Si a esto le sumamos que la conocida regla de gasto de la
Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
de 2012 no permite hacer un uso libre del superávit y de los remanentes
de tesorería acumulados, del ahorro, para llevar a cabo las actuaciones
necesarias sin incumplir el principio de estabilidad presupuestaria son
imprescindibles medidas extraordinarias en forma de ayudas
económicas.

Así pues, en primer lugar, nos gustaría saber si, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1.3 del citado Real Decreto Ley 11/2019, el
Gobierno ha acordado declarar zonas afectadas gravemente por una
emergencia de protección civil —lo que antes se conocía como zonas
catastróficas— a las provincias y comunidades autónomas afectadas
por el temporal Gloria. A tales efectos, la aplicación de las medidas
necesarias previstas en el real decreto ley las podría acordar el
Gobierno, con una nueva delimitación de las zonas afectadas a otros
sucesos de características similares que pudieran acaecer hasta el 31 de
marzo de 2020, mediante un nuevo real decreto a propuesta de la persona
titular del ministerio competente. La borrasca Gloria, ocurrida en enero
de 2020, cumpliría con esta limitación temporal. Señora ministra, ¿ha
acordado el Gobierno un nuevo real decreto ley de adopción de medidas
urgentes para paliar los daños causados por el temporal Gloria?

En segundo lugar, el Fondo de solidaridad de la Unión Europea permite
a esta última prestar ayuda financiera a un Estado miembro, un país en
vías de adhesión o una región en caso de catástrofe natural grave. La
presentación de la solicitud debe hacerse a más tardar en un plazo de
doce semanas a partir de los primeros daños causados por la catástrofe.
El Estado afectado presentará a la comisión una solicitud de contribución
financiera del Fondo social de la Unión Europea para prestar asistencia
en caso de catástrofe natural grave con repercusiones importantes en las
condiciones de vida, el medio natural o la economía de una o varias
regiones de un Estado miembro. Además, existe la posibilidad de que los
Estados miembros soliciten el pago de un anticipo. El importe no excederá
del 10 % del importe total previsto y no podrá ser superior a 30 millones
de euros. Sin ir más lejos, en el caso de Catalunya las valoraciones de
los daños, a priori superarían con creces el umbral para acogerse al
Fondo social de la Unión Europea al producirse daños directos superiores
al 1,5 % del producto interior bruto —PIB— de la
región.

Señora ministra, la pregunta es muy clara y creemos que es importante
que nos dé información al respecto. ¿Ha presentado el Gobierno la
solicitud a la Comisión Europea de contribución financiera del Fondo
social de la Unión Europea por catástrofe natural grave? En caso
afirmativo, ¿cuál ha sido la respuesta?

En tercer lugar, nos gustaría averiguar si existe el compromiso firme
y la voluntad política por parte del Gobierno de establecer algún tipo de
fondo económico específico a fondo perdido, a modo de transferencia
directa a las comunidades autónomas, o para complementar las ayudas
económicas de estas. ¿Qué pasos se han dado en esta dirección y cómo
piensan formalizar la cooperación y colaboración económica entre
administraciones, pensando sobre todo en los plazos, los porcentajes de
ayuda y las cantidades máximas que se podrán percibir? A modo de ejemplo,
la Generalitat de Catalunya aprobó el 9 de junio una partida de 14
millones de euros para paliar los efectos de los temporales Gloria y DANA
y destinar ayudas a las infraestructuras y equipamientos de titularidad
municipal que quedaron dañados por los temporales. Los aguaceros y las
lluvias torrenciales del DANA tuvieron un gran impacto en comarcas como
Les Garrigues y la Conca de Barberà; en total, 400 municipios, de los
cuales 266 con afectaciones graves en infraestructuras municipales. Los
municipios y las entidades locales agradecerán sobremanera un poco de luz
y concreción, señora ministra.

En la gestión municipal es indispensable saber con qué recursos se
cuenta. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació ha convocado ayudas destinadas a las explotaciones agrarias
afectadas por las lluvias de octubre de 2019 o por el temporal Gloria de
enero de 2020 para la restitución del potencial productivo, con una
dotación presupuestaria de 4,1 millones de euros, que próximamente se
ampliarán con 7 millones de euros más, llegando a los 11,1 millones de
euros. Más aún, la Diputaciò de Girona ha acordado 2 500 000 euros en
subvenciones a los ayuntamientos para mantenimiento y otros 2 500 000
euros para inversiones en carreteras de titularidad de la propia
Diputaciò de Girona y Vías Verdes. Pongo como caso concreto la inversión
en el puente entre los municipios de Anglès y La Cellera, con una
inversión de 600 000 euros. En las comarcas de Girona la suma de los
daños asciende a más de 25 millones de euros, si hablamos únicamente de
inversión y de competencias estrictamente municipales. Destaca la
afectación en la comarca de La Selva, con más de 6 millones de inversión
y más de 4 millones de mantenimiento. Aquí deberíamos añadir todas
aquellas actuaciones que son competencia de otras administraciones, como,
por ejemplo, las que se dan en el dominio público marítimo-terrestre o en
el dominio público hidráulico.

Los efectos del temporal Gloria en municipios como Cadaqués,
Castell-Platja d’Aro y Calonge i Sant Antoni han sido muy visibles.
No todos los trabajos de reparación de los desperfectos se han realizado
antes de empezar la temporada turística.

Por todo ello, señora ministra, nos gustaría conocer su respuesta a
nuestra interpelación.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra la ministra de Política
Territorial y Función Pública por tiempo de diez minutos.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Darias
San Sebastián): Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Martí,
buenas tardes y saludos cordiales.

Como bien saben, el Sistema Nacional de Protección Civil definido en
la Ley 17/2015 tiene como objetivo reforzar los mecanismos que potencien
y mejoren el funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Protección
Civil de la ciudadanía ante situaciones de emergencia y catástrofes, como
es el objeto de la interpelación en el día de hoy. Sobre la base de esa
previsión legal, el Gobierno de España aprobó, como ha citado su señoría,
el Real Decreto Ley 11/2019, de 20 de septiembre, en virtud del cual se
adoptaron medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales
y otras situaciones catastróficas, atribuyendo en este caso al Ministerio
de Política Territorial y Función Pública la gestión del régimen de
ayudas a las entidades locales para la recuperación de la zona
siniestrada. Entidades locales a las que pueden acceder en este caso
nuestras subvenciones del ministerio y que acogerían hasta el 50 % del
coste de dicha inversión.

En ese sentido en el ministerio estamos atendiendo las demandas que
han ido planteando distintas entidades locales como consecuencia de los
daños por diversas catástrofes que han acaecido entre los años 2019
y 2020, por referirme a las últimas dos, que creo que es el objeto de la
interpelación que el señor Martí presenta.

Yo me voy a referir a lo que tiene que ver con entidades locales.
Usted ha hecho referencia aquí a cuestiones de bienes personales del
Consorcio de Compensación de Seguros, que no es competencia de mi
ministerio y, por tanto, entenderá que lo obvie.

Los acontecimientos a los que usted se refiere, señor Martí, se
produjeron en el año 2019. Fueron varias DANA: Cecilia, en noviembre
de 2019, y Gloria, a comienzos de 2020. Por aclarar las acciones que
hemos realizado, y por hacerlo de manera metodológica, para que sea más
comprensible, voy a describir la situación catastrófica con la ayuda
correspondiente: Respecto a las DANA de 2019, a lo largo del año 2019
sucedieron diferentes depresiones aisladas en niveles altos en nuestro
país. La primera de ellas, que recorrió la Península y Baleares de oeste
a este, tuvo lugar los días 25 a 27 de agosto y afectó a zonas
importantes, como Madrid, Zaragoza, Cáceres, La Rioja, Segovia,
Valladolid, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Castellón, Valencia,
Lleida, Sevilla, Málaga, Murcia y Baleares. La segunda DANA sucedió entre
los días 12, 13 y 14 de septiembre, afectando también gravemente a zonas
de Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid. La respuesta
del Gobierno a los daños causados por estos dos episodios catastróficos
tiene lugar en el Real Decreto Ley 11/2019, de modo que me voy a centrar
en esta norma.

Para atender a estas situaciones catastróficas, el Consejo de
Ministros acordó el 5 de mayo de 2020 autorizar la aplicación del Fondo
de contingencia por importe de 151 millones de euros y la concesión de un
crédito extraordinario al Ministerio de Política Territorial, conforme a
este real decreto ley. Como digo, 151 millones de euros que van de la
anualidad 2020 al 2022, correspondiendo a la anualidad de 2020, 129,1
millones de euros. Pues bien, con este importe, mediante resolución de 25
de mayo de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función
Pública, hemos aprobado las convocatorias de las subvenciones previstas
—Boletín Oficial del Estado de 2 de junio del
año 2020—.

Señorías, el número de solicitudes y el importe de daños es, de forma
somera, el siguiente: Andalucía 17,8 millones, con 201 solicitudes;
Madrid, 526, siendo la más numerosa; Aragón, 1, e islas Baleares, 25. Y
me estoy refiriendo a las dos DANA, para hacerlo de manera metodológica.
En total —si lo quieren de forma pormenorizada, por supuesto, lo
daré— han sido 1129 solicitudes de entidades locales por importe
de 113,9 millones de euros. Esto quiere decir, señorías, que si 151
millones eran para las anualidades 2020, 2021 y 2022 y se han presentado
importes por 113,9 millones, tenemos un sobrante de más de 90 millones.
Es decir, las entidades locales no han presentado proyectos por el valor
total por el que podían hacerlo. Pero no creo que sea un inconveniente,
porque la idea del ministerio es que lo podamos incorporar a la
ampliación del real decreto que estamos preparando y al que ahora me voy
a referir.

Además, señoría, como usted bien sabe, en el caso de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, en virtud de la sentencia del Tribunal
Constitucional 87/2016, hay un convenio específico que ya ha preparado
nuestro ministerio y está a la espera de que la comunidad autónoma lo
quiera firmar. Pero, como digo, por nuestra parte, el trabajo está hecho
en lo que se refiere a estas dos DANA de 2019.

Borrasca Cecilia. En esta borrasca la actuación del Gobierno ha sido
similar. Es la tercera de la temporada del año 2019, también con
importantes afecciones a las que usted se ha referido; precisamente fue
el día de santa Cecilia cuando se produjo, de ahí su nombre.

Temporal Gloria. Recién llegada al ministerio se produce ese temporal
en los primeros días de enero, también con importantes afecciones en la
zona que usted señalaba, y me voy a remitir a lo que usted ha dicho para
no reiterarme.

Para atender las necesidades de estas dos borrascas que no
contemplaba el Real Decreto Ley 11/2019, el Ministerio de Política
Territorial, haciendo uso de la previsión que hace el propio real decreto
ley, está tramitando actualmente un real decreto ley —creo que eso
responde a la petición que su señoría ha hecho— que extienda, que
prolongue las medidas previstas en el Real Decreto Ley 11/2019, y por
tanto, tengan cabida las situaciones catastróficas ocasionadas tanto por
Cecilia como por Gloria, y ya estamos trabajando, señoría, en esta
situación, hasta tal punto que ya tenemos la última versión del proyecto
del real decreto, que contempla aplicar las medidas previstas en el
artículo 9 del Real Decreto Ley 11/2019. Creo que con esto respondo a
gran parte de su preocupación.

También le anticipo, señoría, que mientras estamos tramitando este
real decreto estamos recabando las delegaciones de Gobierno y
subdelegaciones la información necesaria para proceder a la valoración
correcta, y a tal fin, darle la máxima celeridad. Porque tengo que ser
absolutamente franca y decir que es un sistema bastante engorroso y
complicado que tenemos que intentar mejorar procedimentalmente para
llegar más rápidamente, pues estoy de acuerdo con usted en que las
entidades locales necesitan esa ayuda, el 50 % por nuestra parte. Y en la
situación actual también ayudaría a la generación de empleo, que también
creo que viene muy bien, porque, aunque tengamos COVID, y es verdad que
las administraciones están volcadas en ello, tenemos que atender estas
demandas. Y ese es el compromiso del Gobierno de España, tal y como le
estoy refiriendo.

En estos seis meses transcurridos desde que tomé posesión como
ministra el 13 de enero, y teniendo en cuenta los casi tres meses y medio
que hemos estado paralizados, hemos realizado dos convocatorias, que creo
que, por lo menos, intentan dar respuesta, es verdad que no la que
nosotros hubiéramos querido, porque que se hayan dejado sin aplicar más
de 90 millones en las anteriores indica que tenemos que mejorar el
sistema, y no solo nosotros, sino especialmente las entidades locales.
Por tanto, ahí tenemos un trabajo que realizar que creo es tremendamente
constructivo. El espíritu de esta ministra y de este Gobierno es intentar
que cuando se produzca una emergencia la ayuda llegue cuanto antes. Pero
para que eso tenga lugar, señor Martí, tenemos que precisar todo el
camino. Nosotros estamos simplificando los procedimientos, porque creo
que es importante hacerlo, y sacando las convocatorias entre el mes de
mayo y junio, pienso que el interés del ministerio ha sido importante. Es
verdad que ahora tenemos la parte de Cecilia y Gloria, que es muy
importante, y vamos a añadir algo más de 90 millones, que es lo que
estamos negociando con Hacienda.

La petición que usted ha mencionado del Fondo de solidaridad no la
hemos hecho, pero teniendo en cuenta esta situación, que ya digo que no
es menor, de que tenemos 90 000 000 de más para añadirle y teniendo en
cuenta que nosotros abonamos el 50 %, y el resto de las entidades el
otro 50 %. No obstante, tendríamos que ir viendo cómo evoluciona, y el
fondo siempre estaría ahí para, en caso de que fuera necesario, acudir a
él.

En cualquier caso, culmino mi intervención. Tenemos que mejorar,
hemos hecho un trabajo, pero, desde luego, la visión y ambición de esta
ministra es, de la mano de las entidades locales y de las comunidades
autónomas, mejorarlo y poder firmar el convenio específico que pueda dar
lugar a estas emergencias que cubran las DANA que se produjeron en el
año 2019, y especialmente volcarnos, como estamos haciendo con este real
decreto para dar respuesta a Cecilia y también en este caso a la borrasca
Gloria. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Espero haber contestado a la solicitud de interpelación que usted me
ha hecho, señor Martí.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.

A continuación, tiene la palabra el interpelante, señor Martí
Deulofeu, por tiempo máximo de tres minutos.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, presidenta,

Señora ministra, usted se ha referido al convenio específico con
Cataluña. Si es posible, nos gustaría tener más detalles al respecto,
sobre todo en lo que se refiere a las cantidades totales, si la
aportación del Estado español va a ser al 50 %, y la aportación que va a
hacer en este caso el Govern de la Generalitat, que ha dotado esta
convocatoria con 14 millones de euros. Y, por tanto, para dar respuesta
precisamente a los municipios, a los ayuntamientos que están en primera
línea de las demandas de los vecinos y vecinas, nos gustaría saber con un
poco más de precisión el contenido de este convenio que, según he
entendido, ya está en manos de la Generalitat de Cataluña, y entiendo que
solo es cuestión de buena voluntad política desencallarlo y que vea la
luz.

Lo que voy a hacer ahora es bastante sencillo. Voy a leer una serie
de municipios afectados para que sirva de ilustración de la magnitud del
impacto. En la demarcación de Barcelona, Arenys de Mar, Tiana, Canet de
Mar y Palafolls. En la demarcación de Girona, Cadaqués, Sant Pere
Pescador, Calonge i Sant Antoni, Torroella de Montgrí, Verges, Das,
Besalù, la Vall d’en Bas, Girona, Salt, Crespià, Blanes, Lloret,
Susqueda, Arbúcies, Riells i Viabrea, Hostalric, Fogars de la Selva y
Vallfogona de Ripollès. En la demarcación de Lleida, Les Borges Blanques,
Vinaixa, Juneda y Arbeca. En la demarcación de Tarragona, L’Espluga
de Francolí, Montblanc, EMD de Campredó (Tortosa) y Tivenys (en les
Terres de l’Ebre). Y aquí paro un momento para hacer referencia a
dos enmiendas que presentamos el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana
de Cataluña-Euskal Herria Bildu a una moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista en la que pedíamos elaborar a la máxima brevedad
una estrategia de actuación para hacer frente a la regresión del litoral
y a los efectos del cambio climático y llevar a cabo un estudio integral
de la dinámica del litoral para identificar su estado y comportamiento,
que nos parece muy importante para hacer frente a uno de los retos más
importantes que están sufriendo las Terres de l’Ebre. Continúo, en
el País Valencià, Vilafranca Beniarrés, Peñíscola, Sueca, Cullera,
Almenara, la Vila Joiosa, Dènia, Xàbia, Bellreguard, Gandía, València,
Sagunt, Borriana, Orpesa, Benicarló, Vinaròs, Mareny de Barraquetes,
Xaló, Alberic, Ontinyent, Crevillent, Almussafes, Benifaió y Sollana,
Puçol y Alcoi.

El mundo local, señora ministra, reclama respuestas rápidas, claras y
precisas, con compromisos firmes e inequívocos y no visitas oficiales
simbólicas, como las del presidente Sánchez a les Illes Balears. Es el
momento de ponerse manos a la obra sin más dilaciones.

Muchas gracias, señora ministra.

La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra la ministra de Política
Territorial y Función Pública.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Darias
San Sebastián): Muchas gracias, presidenta.

Señor Martí, si el Gobierno de España no hubiera visitado las zonas
catastróficas, ¿qué hubiese dicho usted aquí en esta tribuna? ¿Qué
hubiese dicho? Le he manifestado cuál ha sido la determinación del
Gobierno y de esta ministra en el tiempo que llevo y descontando los tres
meses y medio de pandemia, sacando dos convocatorias. ¿Y cuál ha sido la
respuesta? Le he dicho que tenemos que mejorar.

Respecto al litoral, yo sí estoy de acuerdo —y ahí está el
Grupo Parlamentario Socialista, por supuesto— con que tenemos que
plantearnos qué hacer, porque es verdad que muchos litorales están siendo
golpeados una y otra vez por catástrofes naturales que cada vez se
suceden con mayor frecuencia, lo que, evidentemente, debería llevarnos a
una reflexión sobre cómo seguir creciendo y sobre si tenemos que seguir
actuando en la mismas zona o no, porque la naturaleza está golpeando de
la manera que lo está haciendo, señor Martí.

Pero quiero volver a incidir en que en la relación de los municipios
que usted ha leído entiendo que se debe referir a Cecilia y a Gloria, no
a las DANA, que ya han presentado las convocatorias y que ha sido una
cantidad pequeña. Usted me pide el convenio específico, y yo le voy a dar
cuenta. Está pendiente de si la Generalitat lo quiere firmar o no y
responde a actuaciones en las provincias de Tarragona y de Lleida
referidas a las DANA de agosto, que es lo que estamos valorando en este
caso.

Por tanto, señor Martí, le digo una vez más que en este asunto tiene
que haber una cooperación territorial importante, cooperación territorial
para alcanzar una cohesión social, que es el objetivo fundamental de
cualquier política territorial; cooperación territorial y cohesión social
para llegar, desde el ámbito competencial que sea, al máximo nivel de
eficacia y eficiencia en la actuación de las administraciones públicas, y
la cooperación tiene que ser de ida y vuelta, evidentemente. Desde luego,
en el Gobierno de España lo va a encontrar, y de hecho, el balance de
gestión que he hecho aquí siempre es mejorable, pero sacando dos
convocatorias en el tiempo que lo hemos hecho creo que da muestra de la
determinación, del compromiso y de la voluntad del Gobierno de España
liderado por el presidente Pedro Sánchez.

Por tanto, visitas sí; acciones, también. Este Gobierno hará las dos
cosas, estará cerca de la gente cuando haya catástrofes y también
actuando con contundencia y con la mayor rapidez que sea posible,
mejorando los procedimientos cuando haya que hacerlo y estando en
coordinación con las entidades locales para que también presenten
proyectos y que seamos capaces, teniendo dinero y crédito, de que puedan
llegar a destino.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.