El señor presidente lee los puntos 5., 5.1.
y 5.1.1.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto
del orden del día. Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, su
señoría el senador Fernández Blanco.

El señor FERNÁNDEZ BLANCO: Buenos días,
presidente.

Me corresponde, por decisión de la Comisión de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, celebrada el pasado día 11 de
mayo, la presentación del dictamen del Proyecto de Ley por el derecho a
la vivienda. Este proyecto de ley que se somete en este caso a la
consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en la Cámara el día 28
de abril de 2023, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento de urgencia.
El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 4 de mayo de 2023.
A este proyecto de ley se han presentado seis propuestas de veto y
trescientas veinticuatro enmiendas, de las cuales ha sido objeto de
corrección de errores la enmienda número 40, del senador Vidal Matas, del
Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, y retirada la enmienda
número 297 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Asimismo, el
Gobierno, al amparo de lo establecido en el artículo 134.6 de la
Constitución, y conforme a lo dispuesto en el artículo 151 del Reglamento
del Senado, no ha dado conformidad a la tramitación de las siguientes
enmiendas: 41, del senador Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista; 45, del senador Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático; 52 a 54 y 64, del señor Martínez Urionabarrenetxea, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal; 139, del senador Vidal
Matas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal; 186 y 190, del
senador Marín Gascón y las senadoras Merelo Palomares y Rodríguez de
Millán Parro, del Grupo Parlamentario Mixto; 192, del senador Gómez
Perpinyà, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal; 252, 274
y 296, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. En consecuencia,
dichas enmiendas no fueron objeto de tramitación.

La ponencia encargada de informar este proyecto
está compuesta por los siguientes senadores y senadoras: la señora Bailac
Ardanuy, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana; el señor Cleries i
Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista; la señora Martín Larred,
del Grupo Parlamentario Democrático; el señor Martínez Urionabarrenetxea,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal; los señores Morales
Quesada, Moreno Duque y Poveda Zapata, del Grupo Parlamentario
Socialista; la señora Rojo Noguera y el señor Silván Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Popular, y el señor Sánchez-Garnica Gómez, del Grupo
Parlamentario Mixto. Dicha ponencia se reunió el 11 de mayo de 2023,
acordando no introducir modificaciones en el texto remitido por el
Congreso de los Diputados. El mismo día se reunió la Comisión de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aprobando como dictamen el texto
remitido por el Congreso de los Diputados. A este proyecto se han
presentado catorce votos particulares, manteniéndose todas las propuestas
de veto y todas las enmiendas.

Quiero agradecer a ponentes, miembros de la
comisión y servicios de la Cámara todo su trabajo y aportaciones en este
importante Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda, que será ahora
debatido en el Pleno del Senado.

Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

A este proyecto de ley se han presentado
diferentes propuestas de veto. Para la defensa de la propuesta de veto
número 2, del senador Catalán Higueras, tiene la palabra su señoría.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías, muy buenos días. Unión del Pueblo
Navarro ha presentado este veto porque está en total y absoluto
desacuerdo con el proyecto de ley que hoy se presenta por dos razones
fundamentales: por las formas utilizadas y por el fondo. Ayer el ministro
de Presidencia ensalzaba la obra legislativa de este Gobierno y la
calificaba de impresionante. Pero, claro, el ministro no reconocía que
impresionante ha sido también el desprecio a esta Cámara por la mucha
normativa que ha venido y ha traído el Gobierno, ya sea como proyecto de
ley o como proposición de ley, porque ha abusado en exceso —según
dicen algunos nunca antes conocido en esta Cámara— del
procedimiento de urgencia, algo que limita los derechos, las
posibilidades de los propios miembros de esta Cámara para poder estudiar,
para poder contrastar y para poder también oír a los afectados, y eso es
algo que este Gobierno ha hecho de manera excesivamente reiterada. Pero
es que, además, se olvida que lo impresionante, lo impresentable y, cómo
no, lo vergonzoso de una parte de la obra legislativa de este Gobierno,
que ha llevado a cabo la mayor ignominia que se podía realizar a las
mujeres desde las últimas décadas, ha sido la ley del solo sí es sí. Nada
más y nada menos que más de mil agresores sexuales han visto reducida su
condena y más de cien han sido también excarcelados. Por lo tanto, en esa
línea, nosotros queremos denunciar las formas con las que se utiliza por
parte del Gobierno, y no pasa nada, señorías, aquí nadie asume
responsabilidades.

Otra cuestión en relación con las formas en
este proyecto de ley —con el que nosotros discrepamos de manera
radical y lo decimos bien alto— es que esta ley es fruto del
acuerdo entre los socios de Gobierno, fundamentalmente entre el Partido
Socialista, Esquerra Republicana y EH Bildu. Estos días, señorías, hemos
conocido una ignominia más por parte de los herederos de ETA hacia las
propias víctimas de terrorismo y de la sociedad. Desde nuestro punto de
vista, es una indecencia, una indignidad, una ofensa, un desprecio este
comportamiento de Bildu de incorporar a personas condenadas por
terrorismo, por delitos de sangre y por pertenencia y colaboración en
banda armada en las listas electorales forales y municipales del
próximo 28 de mayo (Rumores). Y nosotros hoy lo tenemos que denunciar y
también hoy le preguntamos al Partido Socialista si este acuerdo en
materia de la ley de vivienda sigue vigente después de esta ofensa que se
ha realizado al sistema democrático español. Nosotros, Unión del Pueblo
Navarro, hemos venido denunciando el blanqueamiento que se ha hecho por
parte del Gobierno, no solamente del Gobierno de Pedro Sánchez, sino
también del Gobierno de María Chivite en Navarra, a la hora de pactar y
buscar el voto de Herri Batasuna. Basta ya de tanto engaño (Rumores) y de
tanta mentira. Tras la provocación de Bildu, el Gobierno debiera decir,
como le exigen también líderes del Partido Socialista, como el señor
García-Page o el señor Lambán, que se rompan todos los acuerdos con
Bildu. ¿Está vigente hoy, señorías, el acuerdo con Bildu para aprobar
esta ley de vivienda? (Rumores). Esto es lo que nos debe decir el
Gobierno. Y se lo he dicho en alguna otra ocasión, nosotros no utilizamos
a las víctimas del terrorismo (Protestas)…

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden
silencio, por favor, guarden silencio. Continúe.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Nosotros no
utilizamos a las víctimas del terrorismo, nosotros somos víctimas del
terrorismo y no nos callaron (Aplausos), no nos callaron cuando nos
asesinaban, cuando nos perseguían, cuando nos amenazaban (Aplausos del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado)…

El señor PRESIDENTE: Senador
Catalán…

El señor CATALÁN HIGUERAS: … cuando nos
coaccionaban…

El señor PRESIDENTE: Senador
Catalán…

El señor CATALÁN HIGUERAS: … y no lo
vamos a hacer ahora. Ustedes…

El señor PRESIDENTE: Senador Catalán
Higueras…

El señor CATALÁN HIGUERAS: Ustedes han pactado
esta ley de vivienda con Herri Batasuna.

El señor PRESIDENTE: Senador Catalán Higueras,
acérquese un momento a esta Mesa, por favor. (El senador Catalán Higueras
se acerca a la Presidencia.— Pausa).

El señor CATALÁN HIGUERAS: No nos callaron
entonces y no nos callarán ahora, y eso que quede claro.

Por otro lado, en cuanto al fondo, porque una
cuestión son las formas, y son las que yo he denunciado, y otra el fondo
de la ley, por tanto, señorías, en este caso concreto nosotros también
tenemos muy claro que este proyecto de ley lo que hace es una invasión
totalmente descarada de las competencias que en materia de vivienda
tienen las comunidades autónomas y que vienen amparadas en la
Constitución española, y más concretamente en el artículo 141, apartado
primero, sección tercera, que lo deja muy claro. En el caso concreto de
la Comunidad Foral de Navarra, la Ley Orgánica de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra en su artículo 44.1 recoge las
competencias exclusivas de la Comunidad Foral de Navarra, ¿y saben cuál
es la primera de todas las que vienen recogidas en la LORAFNA, en la Ley
de amejoramiento? La ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
Pero no solamente eso, también el informe del Consejo General del Poder
Judicial deja muy claro cuáles son las competencias que en esta materia
tienen las comunidades autónomas y que deben ser respetadas, incluso hace
una relación de las iniciativas y de las actividades que las comunidades
autónomas han venido realizando en esta materia de vivienda, y habla de
elaborar y desarrollar planes de vivienda. Habla también el Consejo
General del Poder Judicial de llevar a cabo promociones de viviendas
públicas, de gestionar los parques de vivienda, de inspeccionar, de
controlar, de ejercer la potestad sancionadora en la materia que
aprueban, programas de ayuda, etcétera. Esto lo reconoce hasta el propio
Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno se lo salta a la torera.
Sobre la base de esa competencia exclusiva que tiene, la Comunidad Foral
de Navarra ha venido aprobando diferente normativa y podríamos recordar,
por ejemplo, la Ley de 1989, de medidas de intervención en materia de
vivienda y de suelo; la Ley de 2004, de protección pública a la vivienda
en Navarra; la Ley de 2008, del derecho a la vivienda en Navarra; la
Ley 2009, de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda, y la
Ley de 2010, de derecho a la vivienda en Navarra, y todas las
modificaciones legislativas de esta propia ley. Junto a ello, ha habido
otros decretos forales que han regulado la cuestión y, por lo tanto, el
proyecto incluso llega en algunas ocasiones a establecer alguna normativa
con la que nosotros ideológicamente estamos en desacuerdo, pero que están
vigentes ya en la Comunidad Foral de Navarra. Este proyecto de ley lo
único que hace es vender humo y, sobre todo, es otro ejemplo más del
trilerismo que caracteriza a este Gobierno.

También es cierto que el Gobierno de España no
puede justificar esta intromisión en las competencias que tienen las
comunidades autónomas conforme al artículo 149 de la Constitución, que
garantiza la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y también de las obligaciones que tiene, pero sobre todo de los
deberes constitucionales, y no lo puede hacer porque hay sentencias ya
del Tribunal Constitucional, incluso algunas referidas a asuntos
enmendados, y sobre todo con el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por el Parlamento de Navarra que dio lugar a la sentencia 61,
de 1997, en la que se establece cuáles son los derechos básicos a los que
se refiere este artículo 149, que en ningún caso tiene que ver con el
derecho a la vivienda digna que recoge el artículo 47 de la Constitución.
También señala el informe del Consejo General del Poder Judicial que el
Gobierno de España tiene que tener en cuenta otro tipo de competencias,
por ejemplo, las que en materia de legislación civil tienen las
comunidades autónomas y que en el caso concreto de Navarra sería el
derecho civil foral. Pero, además, les voy a poner un ejemplo también
claro de por qué se invaden competencias y por qué en este caso la
Comunidad Foral de Navarra, como otras comunidades autónomas, tiene
competencias exclusivas, y es que en el caso concreto de Navarra no
participa del Plan estatal de vivienda porque se lo financia directamente
la propia comunidad. Con ser suficientes la invasión de competencias o
las formas a las que me refería por el desprecio al Parlamento y el
acuerdo alcanzado con Bildu, también queremos denunciar que no estamos de
acuerdo, y por eso discrepamos, con aquellas cuestiones que vienen a
establecer planteamientos totalmente perniciosos, salpicados de
reiteraciones, de incumplimiento de la propia Constitución, muchas
medidas son intrusivas en las relaciones contractuales privadas,
prohibiendo cláusulas, confundiendo obligaciones civiles, generando
inseguridad jurídica con una falta de rigor más que evidente. Pero es
que, además, señorías, esta ley está generando unas expectativas que
lamentablemente para sus promotores y para la gente que está esperando
ese acceso a la vivienda no se van a cumplir, están engañando a la
sociedad.

Otro de los aspectos en los que ha hecho
hincapié el Gobierno de España con este proyecto de ley tiene que ver con
las limitaciones o con el control de los precios del alquiler. El informe
del Banco de España del año 2021, presentado hace unos meses y que hace
unas semanas volvió a estar de actualidad, dice que puede ser efectivo
para moderar a corto plazo el precio de los alquileres en los segmentos
regulados, pero al mismo tiempo puede causar aumento de los precios de
alquiler de la vivienda en los segmentos no regulados. A medio plazo
—afirma— podrán aparecer efectos adversos, como puede ser la
contracción de la oferta y también la falta de mantenimiento de los
edificios. Pero si todo esto es grave, más grave todavía es —y
algunos lo podríamos calificar de desgarrador— comprobar cómo este
proyecto de ley hace una norma que permite la ocupación de viviendas. Y
permite la ocupación de viviendas no porque les ponga a los okupas un
puente de plata, no, no, es que les coloca también una alfombra roja. ¿Y
por qué? Porque dificulta todavía más el acceso de los propietarios a la
hora de desocupar la vivienda. Pero, además, el Gobierno, porque le
resulta muy fácil legislar y que la factura la paguen otros, hace
dejación de sus responsabilidades no solo a la hora de combatir lo que es
la ocupación ideológica antisistema, que se está dando y estamos viendo
ejemplos concretos en diferentes ciudades y capitales de nuestro país,
sino también de aquellas familias desfavorecidas. Al Gobierno le resulta
más cómodo que sean los propietarios de vivienda los que tengan que
aguantar los costes de tener a estas familias desfavorecidas en sus
domicilios y en sus pisos que el Gobierno y las administraciones públicas
actúen con diligencia, con eficacia, con inmediatez a la hora de cubrir
las necesidades de estas familias. Como decía, qué fácil es legislar y
que la factura la paguen otros.

En definitiva, señorías, no estamos en ningún
caso, como dijo el presidente Sánchez, en un hito histórico, estamos en
un trampantojo. Y, en este sentido, una vez más, se vuelve a demostrar la
forma de hacer política que tiene este Gobierno basada en el engaño, en
la falsedad y en la mentira, el trilerismo en estado puro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de la propuesta de veto
número 4, de sus señorías Marín Gascón, Merelo Palomares y Rodríguez de
Millán, tiene la palabra su señoría la senadora Rodríguez de Miñón.

La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias,
presidente.

En Vox vetamos esta ley de vivienda que
presenta el Gobierno por varias razones de peso. En primer lugar, porque
se trata de una ley que no va a atajar los principales problemas de la
vivienda en España, porque protege más al okupa que al propietario y
porque se trata de una ley inspirada por aquellos que alientan el
movimiento okupa. Se trata de una ley que no va a hacer crecer el parque
de vivienda en España, que va a desincentivar la apuesta de las viviendas
en alquiler, que va a perjudicar al conjunto de las familias españolas y
que introduce por primera vez el derecho a ocupar.

El proyecto comienza haciendo referencia al
artículo 47 de la Constitución, y lo que demuestra es que el Gobierno no
ha entendido el contenido del derecho ni ha entendido que el mandato
constitucional para garantizar el acceso a la vivienda corresponde a los
poderes públicos y no a los particulares; repito, a los poderes públicos.
Y aquí radica la primera señal de la ya conocida ignorancia jurídica de
este Gobierno. Porque precisamente lo que hace esta ley es dejar caer el
peso de la responsabilidad que por mandato constitucional tiene conferida
la Administración sobre los hombros de los ciudadanos. Es el Gobierno el
que tiene la obligación de promover las condiciones necesarias y
establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la
vivienda y lo que hacen es descargar esta responsabilidad sobre los
hombros de los particulares en forma de intromisión en su patrimonio,
desprotección de la propiedad privada y aumento de los impuestos.

Una ley dirigida a garantizar el acceso a la
vivienda, que es obligación de los poderes públicos, no puede sustentarse
prácticamente en su totalidad en medidas de injerencia en la propiedad
del sector privado y sus relaciones jurídicas, como el control de renta,
la ampliación forzosa del contrato de arrendamiento a ocho y diez años o
el recargo en el impuesto del IBI, porque los españoles tienen que saber
que gracias a esta ley se va a permitir que las entidades locales
incrementen el IBI con un recargo de hasta un 150 % a aquellos que tengan
viviendas desocupadas, estén o no en zonas tensionadas, lo que nos va a
llevar al absurdo de que, por ejemplo, una persona que tiene una vivienda
desocupada en una zona rural y que no la puede alquilar por razones
evidentes tenga que pagar más impuestos por este solo hecho. Un verdadero
atraco a mano armada. Una ley que establece la protección de los okupas y
la obligación del propietario a acreditar que ha existido un intento de
conciliación previo y la no vulnerabilidad del ocupante ilegal. El mundo
al revés. Resulta que el propietario de una casa tiene que demostrar que
la casa es suya y al okupa no se le exige absolutamente nada. ¿Por qué
una persona que ha trabajado toda su vida, que ha ahorrado con mucho
esfuerzo para tener una casa o que cuenta solamente con la renta del
alquiler para subsistir tiene que ver cómo cuando le ocupan la casa está
totalmente desprotegida? ¿Hay derecho a que una persona que paga sus
impuestos para el Estado del bienestar, que trabaja, y resulta que le
ocupan la casa se tenga que aguantar, porque si encima intenta echarlo el
delincuente es él? Con Vox este ocupa ilegal estaría fuera
inmediatamente. Pero es que estamos hablando del mismo PSOE que ha puesto
en libertad a los agresores sexuales, que ha rebajado las penas a los
malversadores, que ha beneficiado a los golpistas y que ahora vuelve a
demostrar que está del lado de la delincuencia protegiendo a los okupas.
Este grave ataque al derecho a la propiedad privada debería bastar para
devolver el texto al Congreso de los Diputados, pero es que, además, hay
otros motivos por los cuales lo vetamos.

Esta ley no va a subsanar la falta de oferta de
vivienda en nuestro mercado inmobiliario, sino que va a ahondar en ella
por culpa de su intervencionismo, por medio de la limitación de los
alquileres o la prórroga de los contratos, como se ha comprobado en
aquellos países donde se han implantado estas medidas, a nivel nacional
en Cataluña y en otros países, como ha ocurrido en las ciudades de Berlín
o París. Por eso, porque el Gobierno conoce perfectamente los
contraproducentes efectos de esta medida, y así lo señala el Consejo
General del Poder Judicial en su informe, no han incluido justificación
suficiente de la necesidad de esta medida, porque es ampliamente conocido
y sabido que sus consecuencias son negativas. La ley, además, es nefasta
jurídicamente. Se hacen continuas remisiones a la legislación autonómica,
lo que hace que se esté desarrollando un texto absolutamente
contradictorio cuando el Gobierno dice querer hacer de ella una ley
básica. Por no hablar del trámite, una ley que ha estado más de un año en
el cajón con enmiendas transaccionales acordadas sin haberlas negociado
previamente con el resto de los grupos parlamentarios, sin separación
alguna entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, una ley cerrada en una
ponencia de menos de una hora, con una votación en comisión a los dos
días para que fuera aprobado en una semana. En definitiva, otro ataque a
la función legislativa de las Cortes, vulnerando flagrantemente el
artículo 23 de la Constitución por parte de un Gobierno que, encima, se
dedica a dar lecciones de democracia.

La manera de solucionar la insuficiencia de la
oferta para satisfacer la demanda es incrementar la oferta estable de la
vivienda en arrendamiento a disposición de los colectivos vulnerables,
algo que se hace con cosas muy básicas, como estímulos al sector privado
para que participe en la construcción de vivienda dirigida al alquiler
para facilitar incrementar la oferta sostenida, una provisión pública de
vivienda en alquiler, seguridad jurídica, dotación de garantía y
beneficios fiscales por parte del sector público. Y esta ley, de
deficiente nivel jurídico y dudosa constitucionalidad, es
intervencionista, generara inseguridad jurídica en el sector
inmobiliario, deja vendido a los propietarios y no contempla los
incentivos necesarios para acabar con las disfunciones de ofertas
existentes en el mercado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de la propuesta de veto
número 3, tiene la palabra su señoría Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, con
la venia.

Señorías, buenos días. Los que me conocen
personalmente saben que no yo soy muy partidario de los vetos como una
cuestión general, sino como una cuestión más casuística o excepcional.
Soy partidario de que las leyes se debatan, se mejoren, se enmienden y
salgan de las Cámaras mucho mejor de lo que entraron, pero en esta
ocasión no nos han dejado ustedes más remedio que vetar esta ley, tanto
en el Congreso como aquí en el Senado, veto que me toca defender a mí
esta mañana, porque que esta ley no tiene un pase. Esta ley se debe
devolver tal y como está; no es una ley buena. No es una ley adecuada, no
es una ley trabajada y no soluciona los problemas de los ciudadanos, es,
más que nada, una ley cortoplacista; una ley llena de llena de
ocurrencias y sacada deprisa y corriendo, pues llega en un periodo
electoral para el anuncio y para la pancarta. Pero va a generar más
problemas que soluciones.

Señorías, en España pagar la casa donde uno
vive puede ser uno de los principales problemas de las familias
españolas, y de hecho prácticamente lo es. Incluso acceder a una vivienda
por primera vez puede ser uno de los grandes retos que tienen los jóvenes
de este país, y de hecho lo es. Esto nos lleva, y todos ustedes lo saben,
a que los jóvenes en España se emancipen incluso cinco años más tarde de
media que los jóvenes de algunos de los países de nuestro entorno. Este
problema tan estructural, tan importante, que está al pie de la calle y
que viene de tan lejos no se soluciona, como he dicho antes, con una
medida populista y total y absolutamente improvisada en un cuarto de
hora. Pero lo peor de todo es que el Gobierno no solo está legislando o
está pretendiendo legislar una medida que no soluciona el problema, sino
que a la postre lo va a agravar, que es lo peor y es lo que más nos
preocupa, porque esto no es una ley, señorías, es un anuncio electoral,
una pancarta electoral, vacío y absolutamente contraproducente para el
problema grave que tenemos encima de la mesa y que entre todos deberíamos
solucionar.

Los principales daños que va a causar esta ley
se los voy a resumir básicamente en tres. El primero es el
intervencionismo. El intento de intervención de precios va a provocar, y
no hace falta ser un economista de Oxford para saberlo —lo ha
provocado donde se ha propuesto esta medida, porque esta medida ya se ha
propuesto y se ha implementado con tremendo y rotundo fracaso en algunos
otros lugares—, lo que va a provocar el intervencionismo es la
reducción de la oferta. Esta cuestión ya está estudiada, no lo digo yo
aquí porque sea una ocurrencia mía, es la ley. Es una cuestión que
cualquier economista de segunda podría vaticinar sin ningún
problema.

El segundo de los problemas es la inseguridad
jurídica, básico. En un Estado de derecho la seguridad jurídica no se
puede atropellar de esta manera. Los propietarios de los pisos se van a
ver afectados por una tremenda inseguridad jurídica, lo que va a provocar
que haya menos proyectos de inversión y que muchas personas se piensen
mucho poner sus pisos en alquiler en el mercado o rehabilitarlos para
alquilarlos, porque tienen miedo de no poder subir las rentas después.
Hay que tener en cuenta que, tal y como están las hipotecas, tal y como
van subiendo las hipotecas, al final las rentas se tienen que actualizar.
Es un principio básico del alquiler. Tampoco va a haber seguridad
jurídica para esto.

El tercero de los problemas es la ocupación.
Les puede pasar a cualquiera de ustedes, a cualquiera de ustedes que hoy
van a votar a favor de esta ley les puede pasar perfectamente, no es una
cuestión baladí. Para lo que sirve esta ley es para que los okupas, un
colectivo que en España es cada vez más numeroso, estén mucho más
tranquilos. Esta ley realmente a quien genera tranquilidad y certidumbre
es a los okupas y no a los propietarios de las viviendas. Ellos sí que
están satisfechos y contentos con esta ley. Esta es una ley de vivienda
asequible, sí, pero de vivienda asequible para los okupas que son los
principales y absolutos beneficiados y beneficiarios de esta ley. Es en
lo que se ha puesto el acento y en lo que se ha pensado.

Señorías, resumiendo, la intervención de
precios no funciona, no ha funcionado nunca en ningún lugar donde se ha
implementado. Como he dicho antes, ojalá no hubiera que estudiar la
carrera de economía y si las cosas están muy caras, que el Gobierno las
controle. Para eso no hacen falta economistas ni estudiar. ¿Las cosas
están caras? Pues, controlamos los precios. No necesitamos economistas en
este país, nosotros nos bastamos. Ojalá fuera tan fácil, pero es que no
es así.

Como he dicho antes, señorías, esto ya se ha
intentado en otros países y en otras ciudades, como San Francisco o
Berlín, y siempre ha generado el mismo efecto. Lo hemos comprobado
también en Barcelona. La ley del Gobierno de la Generalitat y las medidas
de la señora Colau —los números están ahí, los pueden ver
ustedes— han reducido en Barcelona casi en un 20 % la oferta de
pisos. Esto ha sido así. Ahora traemos aquí lo que no funciona y, además,
deprisa y corriendo; por la puerta de atrás, como siempre. Es una ley
cortoplacista, sin el mayor estudio. Pero es que, además, cierran los
ojos a la realidad. Este caso puede ser el de cualquiera de ustedes o el
de cualquiera de las personas que entren en el Diario de Sesiones, que
nos pueda ver, leer o escuchar. Este puede ser un caso típico, un caso
medio, el de una familia que con su esfuerzo y con su trabajo de muchos
años ha podido ahorrar para comprarse primero un pisito pequeño, ¿les
suena?, porque a lo mejor es el caso de algunos de ustedes; y luego,
cuando tienen niños, cuando van desarrollando la familia compran una
segunda vivienda más grande donde pueda vivir toda la familia,
manteniendo el primer pisito pequeño —mírense al espejo, porque
puede ser el caso de alguno de ustedes— para alquilarlo y tener
unos ingresos extra, incluso para pagar la hipoteca. Pues a esto ustedes
también le aplican el control de precios. No parece muy serio. Así que no
mientan, señorías del Gobierno; no mientan, señorías que sustentan al
Gobierno, no mientan diciendo que la intervención de precios solo va a
afectar a los grandes tenedores. Eso es mentira, va a afectar
perfectamente a cualquiera de ustedes sin ser grandes tenedores. No sé si
alguno de ustedes es gran tenedor, pero, desde luego, muchos de ustedes
sí que pueden estar en el caso y en el ejemplo que les acabo de poner,
igual que muchísimos de los ciudadanos de este de este país. Es mentira
que vaya a afectar a los grandes tenedores. No es verdad, también va a
afectar a la familia media de este país que con su esfuerzo, con su
trabajo, con su dedicación, con sus ahorros puede llegar a tener más de
una vivienda —lo que es totalmente legítimo— y poner la
segunda en alquiler y de esta manera tener unos ingresos extras o pagar o
ayudar a pagar la hipoteca.

A estas familias que mantienen la hipoteca del
primer piso y a las que le ha subido, como ustedes comprobarán en sus
carnes, 200 o 300 euros la hipoteca, no les van a dejar actualizar la
renta. ¿Saben ustedes lo que es el IPC, la actualización del IPC? ¿Han
hecho o han leído alguna vez algún contrato de arrendamiento? ¿La
actualización del IPC? No se les va a poder actualizar y, sin embargo, sí
les va a aumentar de manera exponencial la hipoteca. ¿Creen que se van a
sacar de esta manera muchos más pisos al mercado? Faltan viviendas de
alquiler en este país. El problema de España es, sobre todo, la falta de
oferta, porque la ley de la oferta y la demanda, que les recuerdo que
rige en este país, va a seguir aplicándose y va a seguir rigiendo, como
la ley de la gravedad, por mucho que ustedes la quieran prohibir en el
BOE. El programa de vivienda en España se soluciona con más viviendas, se
soluciona con promoción pública de viviendas, se soluciona con
colaboración público-privada entre administraciones y el sector privado.
Y, sobre todo, se soluciona con más seguridad jurídica y más confianza en
la administración para quienes tienen que poner en el mercado sus
inmuebles.

La solución no pasa por regular o hiperregular
aquello que no necesita ser más regulado, porque tiene que ser un bien
administrado. Y ustedes mismos lo saben. Todo esto lo conocen. No estoy
diciendo nada que todos ustedes no sepan. Estas últimas semanas hemos
sido testigos de un chorreo de anuncios de viviendas proveídas por el
Gobierno vía Sareb, vía suelo de Defensa. Porque el Gobierno sabe que la
solución es la oferta de vivienda, tanto pública como público-privada,
como la colaboración, seguridad jurídica y confianza. Por tanto, esta
misma propuesta del Gobierno lo que viene a confirmar es que para
solucionar el problema de la vivienda no hace falta tanta legislación
—que también— y no hace falta esta ley de vivienda en ningún
caso. Lo que falta es actuar. El propio presidente vino a decirlo el otro
día, porque parece que ha abierto los ojos —siempre se abren los
ojos justo cinco minutos antes de una campaña electoral, y no en los tres
o cuatro años anteriores—, y el Gobierno ha entendido que el
problema se soluciona con poner más viviendas en el mercado. Por tanto,
lo que se está creando con esta ley es un nuevo derecho. No se ponen más
viviendas en el mercado, se hace un anuncio electoral. Ojalá se pusieran
de verdad, pero no se ponen más viviendas en el mercado. Lo que sí se
crea es un nuevo y preocupante derecho: el derecho a ocupar. Es el
derecho que ustedes están legalizando, y, si me apuran,
constitucionalizando. ¿Por qué legitimamos el derecho a la ocupación?
Porque esta ley genera sensación de intranquilidad y, sensu contrario,
genera sensación de tranquilidad para los okupas. Va a generar —y
con esto voy terminando, señorías—, más miedo a los propietarios,
va a generar más frustración a los jóvenes, y va a generar más
satisfacción a los okupas.

Por favor, señorías, no jueguen ustedes con las
expectativas de los jóvenes, porque las promesas de vivienda, que mucho
me temo que van a incumplir, y el control de precios, que, sin duda, van
a sancionar, no va a funcionar, como no ha funcionado en ningún sitio
donde se ha instaurado. Por tanto, les pedimos que reflexionen, que
recapaciten. Ciudades como Viena, que tiene un parque de vivienda en
alquiler, lleva más de cien años haciendo políticas para tener este
porcentaje de vivienda social. ¿Qué hay que hacer en España?

Pues ayudar a que salgan más pisos de alquiler
en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Málaga, en Murcia, así como en
otras ciudades, donde tienen precios muy elevados y donde hay muchísimas
viviendas vacías por esta inseguridad jurídica. Hay que fomentar que
estas viviendas salgan al mercado. Y para eso hay que bajar impuestos,
con el fin de que los propietarios se animen a alquilar. Y hay que
bonificar el 100 % del ITP para la primera vivienda, así como aumentar la
oferta, como he dicho antes, en colaboración público-privada, en
colaboración con las administraciones y con las comunidades
autónomas.

Les pido que apoyen este o cualquiera de los
otros vetos y que tumbemos esta ley, porque, de verdad, no tiene un
pase.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de la propuesta de veto
número 1, tiene la palabra su señoría, Cleries i Gonzàlez.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Molt bon dia.

Gràcies, president. En Junts per Catalunya
vamos a defender esta propuesta de veto, este veto a esta ley. Pero
quiero empezar saludando al señor Gerard Duelo, president del Colegio de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y a la persona que lo acompaña, y
agradecerles que hoy hayan venido a este debate.

Esta es una ley muy importante, pero aquí hay
mucha silla vacía. Y, como portavoz de un grupo y como senador, siento
una gran decepción al ver cómo se tramita este proyecto de ley. Cuando yo
llegué al Senado me explicaron —y el otro día lo decía en la
Comisión de Transportes— que el Senado es la Cámara de segunda
lectura. El que era portavoz en aquel momento, Jordi Vilajoana, me dijo:
«Aquí se hace un trabajo más sosegado, de debate, de análisis de la ley,
de ver aquellos temas que en el Congreso no han acabado de fructificar
por la tensión mediática que hay». Y resulta que la tensión la tenemos
ahora aquí en el Senado, porque hemos de ir a toda velocidad. La ley
entró el 28 de abril y se acabó el plazo de enmiendas, que no se podía
prorrogar, el 4 de mayo. Además, la sede del Senado es en Madrid, donde
eran fiesta los días 1 y 2. Así que cuenten los días hábiles que había
por medio. Si esto es una tramitación... (El señor Cleries i Gonzàlez
pronuncia palabras en catalán), que me perdonen. Y si esto es un trabajo
sosegado... La tensión está aquí, porque hemos de ir a gran velocidad.
Así, pues, al final, la Cámara de segunda lectura pasa a ser una Cámara
de segunda, sin lectura, porque no te da tiempo ni de leerlo. No nos da
tiempo de leer el proyecto en profundidad. Por tanto, yo creo que hemos
de hacer una reflexión para saber si este es el debate que esperan los
ciudadanos precisamente de una ley como esta.

En Cataluña conocemos directamente las
necesidades sociales, y, por tanto, en Cataluña, como en otras
comunidades que tienen las competencias en el ámbito de vivienda, es
donde se han de aportar las soluciones adecuadas. Es por todo esto, que
el Govern de Cataluña hasta ahora ha ejercido sus competencias en
vivienda y consumo, lo que siempre ha faltado es lo que depende de los
poderes del Estado, que es aportar los recursos suficientes. Y Cataluña
las tiene, pero tenemos un déficit fiscal de 20 000 millones de euros. Si
no tuviéramos este déficit fiscal podríamos afrontar muchas de las
políticas que no podemos afrontar.

A lo largo de esta legislatura, PSOE y Podemos
se han instalado de forma silenciosa y con la complicidad de partidos
independentistas, en la voluntad de armonizar las distintas materias, más
allá de las competencias propias del Estado español, vulnerando las
competencias de las comunidades autónomas. Existe una clara intención de
tutelar a las comunidades autónomas. ¿Para qué queremos autogobierno si
no podemos decidir ni en las políticas de vivienda? Esto es un gran
engaño. Hablar de comunidades autónomas, de un Estado descentralizado, si
cada ley que han elaborado en esta legislatura ha servido y sirve para ir
cargándose las competencias de las comunidades.






Es la legislatura del
gran retroceso autonómico, avalado con el voto de partidos
independentistas. Suerte que son independentistas, porque no llegan ni a
autonomistas. Esta es una ley que se envuelve con un propósito y unas
preocupaciones que son ampliamente compartidas por la sociedad, pero que
vuelve a limitar nuestro ya escaso autogobierno y no aporta soluciones.
Esta ley huele a Loapa. Esto es Loapa en sesión continua. La legislatura
de la Loapa en sesión continua. Volvemos a estar delante de una chapuza
legislativa. Es una nueva ley de cara a la galería, preocupada por las
elecciones. Y por eso vamos tan deprisa, no sea que se vaya a las
elecciones sin poder decir que se ha aprobado la Ley de vivienda. Pero
quiero recordar que el Gobierno socialista y de Podemos han pasado cinco
años de sequía —aparte de la sequía que tenemos con el agua—
de políticas de vivienda. Y ahora ha de llover mucho... (El señor Cleries
i Gonzàlez pronuncia palabras en catalán). Ahora, venga política de
vivienda, de tal forma que el presidente del Gobierno cada día nos
anuncia unas viviendas, eso sí, en cómodos plazos: hoy los de la Sareb,
hoy los del Ministerio de Defensa. Además, es muy curioso que el Estado
le ha de comprar al Estado los terrenos, una cosa nunca vista. Ayer lo
decía muy bien Vicenç, el compañero de Més Mallorca: al final, el dinero
de la vivienda irá para armamento, lo que es bien triste. Esta es la
realidad que vivimos.

Es una nueva ley, como decía, de cara a la
galería. Más preocupada por las elecciones que por lo que se tendría que
resolver, que es garantizar el acceso a una vivienda digna y accesible.
Están legislando mal y lo que tocan acostumbra a necesitar muchas
rectificaciones. Aquí les invitamos a rectificar desde el primer momento.
Lo hemos visto con la ley del sí es sí, con la reforma de la malversación
y la incorporación del nuevo delito de desórdenes agravados, y con el
engaño de la violencia o la intimidación. Han ido legislando error tras
error. Por esto presentamos el veto a la totalidad de esta ley, porque es
una oportunidad perdida. Es una ley que no aporta respuestas que puedan
facilitar esta vivienda digna y asequible. Sigue perpetuando los
problemas vigentes, no da respuestas a las ocupaciones que tantos
problemas generan en muchos barrios y pueblos. Un proyecto de ley que,
como decía, no respeta las competencias de las comunidades autónomas. En
nuestro caso, en Cataluña, en el ámbito de vivienda y consumo. Es decir,
vacían de competencias estas políticas que son claves. Si un Gobierno
quiere responder a las necesidades de sus ciudadanos, como ahora el
Govern de la Generalitat de Catalunya, lo ha de hacer teniendo estas
competencias.

Cataluña tiene competencia exclusiva en
vivienda, como dice el artículo 137 del Estatuto de Autonomía de Cataluña
—es mejor que no hablemos del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
pero esto es lo que dice el artículo 137—. El artículo 110 del
Estatuto de Autonomía define lo que es una competencia exclusiva:
«Corresponde a la Generalitat el ámbito de sus competencias exclusivas,
de manera íntegra, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y
la función ejecutiva. Corresponde únicamente a la Generalitat el
ejercicio de estas potestades y funciones mediante las cuales puede
establecer políticas propias». Todo esto entrecomillado. Lo dice
l’estatut, que es una ley orgánica. Esto se lo dedico a los que
dicen que la ley se ha de respetar. Se ve que se ha de respetar en
algunos casos, en otros no. Destaco algunos artículos donde queda
evidente la invasión competencial. Algunos artículos de la ley que
ustedes proponen. El artículo 2 define la finalidad que ha de tener la
política de vivienda. ¿Dónde quedan las competencias exclusivas? En
ningún sitio. Artículo 1: principios de la vivienda protegida. Cuando en
Cataluña tenemos competencias exclusivas, esta ley impone cuáles han de
ser los principios que rigen en materia de vivienda. Invasión
competencial. Lo digo con artículos para que no quede en un discurso. Lo
digo con artículos, sobre todo, para los más independentistas, incluso
para los autonomistas. Artículo 18: las circunstancias en las que se
puede declarar mercado residencial tensionado las marca el Estado
español. ¡Caramba! Las marca el Estado español. Si se hace, se han de
seguir las reglas que marca España. En Cataluña, las circunstancias y
contextos son diferentes a otros territorios. Cada uno tiene los suyos.
Por eso queremos autogobierno. Si nos lo ha de marcar el Estado español,
apaga y vámonos. Entonces no sé por qué tenemos Senado, pues,
teóricamente, esta es la Cámara territorial. Pero si ya nos viene marcado
por el Estado, entre que hacemos un... (El señor Cleries i Gonzàlez
pronuncia palabras en catalán). Esto es una invasión competencial en toda
regla. Artículo 19: Colaboración y suministro de información de los
grandes tenedores en zonas tensionadas. Determina la información que las
comunidades autónomas tienen que aportar al Gobierno del Estado y el
procedimiento a seguir. Invasión competencial en toda regla. El
artículo 28 marca los criterios de los parques de vivienda, cuando los
criterios de los parques públicos en los que tenemos competencias
exclusivas lo ha de definir Cataluña, en nuestro caso, u otras
comunidades, en su caso.

Alguien me tendría que explicar cómo una
formación independentista puede votar a favor de esta ley y no votar este
veto, u otros vetos, si es que el nuestro le da cosa. El otro día se
reprobó a la ministra de Transportes. Yo la reprobaba también por esta
chapuza legislativa. Porque uno ha de aprovechar el viaje, que no sea
solo por las rodalíes, sino por todo lo que está haciendo. Y este también
es un caso claro. ¿No será que algunos gobiernan en Cataluña en minoría
para ocupar sillas, pero no para ocupar responsabilidades,
desarrollarlas, gobernar y aplicar políticas al servicio de las personas?
¿Qué importan, las sillas o las políticas? Porque ahora ya no se puede
hacer ni el juego de las sillas. Porque se reprueba a un ministro o a un
conseller, y allí sigue sentado y enganchado a la silla. El Gobierno en
minoría hoy nos demuestra que dimite de sus responsabilidades de defender
el autogobierno de Cataluña. Y en esta ley también lo demuestra. Es una
renuncia total al autogobierno de Cataluña. Vergonzoso. Además, esta ley
no tiene en cuenta la importancia del tercer sector; se lo han dejado.
Tratan igual a las entidades del tercer sector en el ámbito de vivienda
que muchos ayuntamientos y comunidades que han solucionado muchos
problemas a familias con problemas económicos, facilitando vivienda
asequible, con alquileres bajos. Y resulta que esta ley las trata igual
que una empresa mercantil. Miren las enmiendas que nos ha enviado a todos
Cohabitat, que es lo mismo que las fundaciones que están en la Taula del
Tercer Sector Social de Catalunya o en cada sitio del Estado español.
¿Por qué esta ley olvida al tercer sector social? Porque, como digo, se
las trata como empresas mercantiles enfocadas al beneficio económico, sin
ninguna finalidad social, cuando estas entidades tienen una finalidad
social que no han de demostrar, porque la han demostrado años y años,
cuando las administraciones estaban por otras cosas y no por las
políticas de vivienda. Por tanto, esta también es una realidad.

Y, como veo que el tiempo se me va acabando,
diré que ayer, en el Consejo General de Economistas, intervinieron cuatro
economistas especializados en temas de vivienda —pueden ver la
reseña en algunos periódicos, concretamente, lo he visto en La
Vanguardia—. Uno de los intervinientes, el economista Joan Ràfols,
que fue director general de Vivienda en la Generalitat, dijo que la
intervención de precios en las zonas tensionadas no funciona, reduce la
oferta, beneficia a las rentas altas y bloquea el acceso a la vivienda a
las rentas medias y bajas. Lo dice un economista. Otro economista, el
economista Juan Salcedo, advirtió de una posible retirada de viviendas
del mercado de alquiler para destinarlo a otras finalidades, o sea, un
objetivo muy loable de esta ley: al final, tendremos menos pisos para
alquiler. También dice que un 95 % de las viviendas de alquiler
pertenecen a pequeños propietarios a los que mayoritariamente les sirve
para complementar su pensión, o a algunos para pagar la residencia. No sé
si saben de qué va esto, pero parece que lo han olvidado, y, en cambio,
los vamos a perseguir. Me pregunto si alguien que posee —también lo
dice el mismo economista— cinco viviendas puede ser considerado
gran tenedor. Es una definición que tiene un contenido peyorativo, porque
cinco viviendas no dan para tanto. La solución no pasa por una
intervención de precios, sino por impulsar los inmuebles sociales y
subvencionar los alquileres a las rentas más bajas.

Tenía más temas, porque la verdad es que el
veto da para mucho ya que es una ley que no se puede coger prácticamente
por ningún sitio.Felicito a los autores y colaboradores necesarios para
hacer esta ley. (El señor Cleries i Gonzàlez pronuncia palabras en
catalán). Lo que hemos de hacer es apoyar este u otro veto, que la
devuelvan al Congreso y que la devuelvan a quien la haya hecho, que mire
a la sociedad y dé respuestas positivas y no respuestas para quitar
autogobierno y no solucionar nada.

Moltes gràcies.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de la propuesta de veto
número 6, del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su señoría la
senadora Vaquero Montero.

La señora VAQUERO MONTERO: Egun on, guztioi.
Milla esker, presidente jauna.

Partimos de una realidad que nos interpela a
todos y a todas: la dificultad del acceso a una vivienda digna y
asequible que condiciona el proyecto de vida de las personas. La vivienda
es una de las preocupaciones de la ciudadanía vasca y, también, de la
ciudadanía española y, a su vez, una de las causas que retrasa la edad de
emancipación de la juventud. Tal y como recoge el preámbulo de este
proyecto de ley, la Constitución española señala, en el capítulo III,
referido a los principios rectores de la política social y económica, en
concreto, en su artículo 47, el derecho de todos los ciudadanos a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y atribuye a los poderes
públicos la responsabilidad de hacer efectivo este derecho. ¿Cuáles son
los poderes públicos interpelados y sobre la base de qué título
competencial, teniendo en cuenta que es un Estado compuesto, de
conformidad con el artículo 148.1.3.ª de la Constitución? Tal referencia
se ha de entender hecha, en principio y sin perjuicio de los títulos
transversales, a las comunidades autónomas, a quienes la Constitución
atribuye dicha responsabilidad. En el caso de la comunidad autónoma de
Euskadi, esta competencia viene recogida en el Estatuto de Gernika, en su
artículo 10.31, en cuyo ejercicio Euskadi ha desarrollado, durante
décadas, su política de vivienda, incluso, previa a la aprobación de la
Ley 3/2015, de vivienda de Euskadi.

Visto el Proyecto de Ley por el derecho a la
vivienda, aprobado por el Gobierno del Estado, el Grupo Vasco en el
Congreso registró una enmienda a la totalidad en la que pedía su
devolución. En la justificación de aquella enmienda destacamos dos
cuestiones subrayadas por el Tribunal Constitucional en relación con el
reparto competencial en la materia: primero, que las políticas de
vivienda se integran en ámbitos de competencia autonómica y, segundo, que
son funciones autonómicas las regulaciones orientadas a atender los
intereses generales relacionados con la garantía de los ciudadanos del
disfrute a una vivienda digna, recogido en el mencionado artículo 47.
Siendo este precepto un mandato o directriz constitucional que ha de
informar a todos los poderes públicos, y atendiendo al reparto
competencial aludido, siempre hemos defendido que corresponde a cada una
de las comunidades autónomas el desarrollo de sus políticas en materia de
vivienda, en el marco de su propio debate político, por los parlamentos
elegidos por su ciudadanía y de conformidad con sus necesidades e
intereses. A nuestro juicio, el texto legislativo presentado para su
tramitación en el Congreso incurría e incurre en evidentes excesos, tanto
en su contenido sustantivo, allí donde pretende actuar en ejercicio de
sus propios títulos competenciales, como en abuso o extralimitación, allí
donde el Estado carece de título alguno en materia de vivienda. En la
tramitación se han incorporado enmiendas o parte de estas sin que la
petición previa y primera de mi grupo fuera satisfecha, es decir, que
esta norma no limitara el autogobierno vasco. No basta para ello aludir a
fórmulas estereotipadas, como la continua referencia en el articulado a
los constantes «sin perjuicio de». Dichas referencias son una excusa
anticipada y premeditada para regular en exceso allí donde el legislador
estatal tiene título y solapar con sus determinaciones allí donde no lo
tiene, ya que la concreción de tales determinaciones corresponde al
legislador autonómico y, en nuestro caso, al Parlamento vasco. Voy a
poner algunos ejemplos, aunque el senador Cleries ya ha citado muchos de
ellos con los que estamos de acuerdo. No le corresponde al legislador
estatal definir ni establecer la finalidad y los parques públicos de
vivienda ni establecer los criterios orientadores de su gestión, sino que
corresponde a quienes tienen la competencia: las comunidades autónomas.
También se extralimita en la regulación en relación con las referidas
zonas del mercado residencial tensionado y, sobre todo, en el apartado
tercero del artículo 18, cuando define cuáles son las circunstancias que
deben concurrir para declarar zona tensionada. Dicha precisión debiera
ser ejercida por el titular de la competencia de vivienda porque el
análisis de la situación, y, por tanto, de la definición de los criterios
generales y particulares para tal declaración, forma parte de las
funciones normativas y ejecutivas de la política de vivienda, o cuando se
incluyen comunicaciones obligadas al Ministerio de Transportes.

Hoy, a los grupos que van a defender a capa y
espada esta ley y nos intentan y se intentan convencer de que es una ley
respetuosa con los marcos competenciales, les hacemos la siguiente
pregunta: ¿Era necesaria esta ley? ¿Era necesaria la extensa regulación
de este proyecto de ley para que las comunidades autónomas pudieran tener
un paraguas normativo que pudiera dar seguridad a sus parlamentos, a fin
de adoptar las medidas conducentes a garantizar el acceso a una vivienda
digna y asequible? ¿Era necesario? Ya les adelanto que no. Este proyecto
de ley no aporta soluciones materiales al problema de la vivienda, no
limita realmente los precios de alquiler, solo topa sus actualizaciones,
coloca en una posición difícil al propietario ante los requisitos
exigidos para hacer frente a la okupación ilegal de su vivienda, no crea
vivienda y las medidas que prevé, tal y como están propuestas, pueden
provocar la disminución de la oferta e, incluso, el desplazamiento del
tensionamiento a zonas hoy no tensionadas; es decir, a nuestro juicio, no
satisface las necesidades de la ciudadanía y, sobre todo, cercena la
capacidad de las administraciones obligadas a garantizar dicho derecho,
se extralimita cuando condiciona las políticas ya ejercidas por
diferentes legisladores y pretende desarrollar sus propias políticas de
vivienda aun cuando carece de título material para ello. Así expresó su
intencionalidad, entre otros, el presidente del Gobierno cuando afirmó
que la intención de la ley era alinear las políticas públicas de
vivienda. Por lo tanto, es una posición política la que recoge este
proyecto de ley: alinear las políticas públicas, en este caso, como he
dicho, las de vivienda. Y tal cometido, a nuestro juicio, excede de las
que pudiera ejercer, en virtud de los títulos transversales esgrimidos en
la ley, en especial, el 149.1.13.ª De su regulación tampoco se deduce
compromiso material alguno, ni siquiera en el aspecto financiero, sino
que se limita a imponer a las administraciones públicas fines, objetos,
criterios y medidas que habrán de implementar en su ordenamiento interno.
También debe destacarse aquí el empleo indiscriminado de ese
artículo 149.1.13.ª de la Constitución, en su ataque a las normas
autonómicas de vivienda, que deja una gran puerta abierta, pues habilita
al Estado a hacer prevalecer sus políticas económicas y financieras sobre
las autonómicas, pudiendo el Tribunal Constitucional de parte determinar
que son inconstitucionales las políticas autonómicas que contradigan o
resten eficacia a las estatales, y hay sentencias para todos los gustos.
También aquellas que contradicen el principio constitucional de
autonomía, recogido en el artículo 2 de la Constitución española, según
el cual cada comunidad autónoma puede buscar su propia solución a un
determinado problema, máxime en materias de su competencia exclusiva,
donde no hay que confundir igualdad —otro de los principios muy
esgrimidos por parte del Estado— con homogeneidad. Se puede esperar
—y no sería la primera vez— que un partido estatal y, sobre
todo, un partido estatal sin representación en esta Cámara y con casi
nula representación en las comunidades autónomas, como en Euskadi,
pretenda alinear las políticas públicas para incidir donde no tiene poder
ni capacidad de hacerlo. Lo que no se entiende es la postura de quien se
convierte en cómplice necesario para que así sea desde la atalaya
soberanista.

El Grupo Vasco opina que la regulación que
recoge este proyecto de ley es tan exhaustiva que condiciona las
facultades del legislador autonómico para establecer, conforme a la
orientación política de sus parlamentos, la regulación en materia de
vivienda. A nuestro juicio —y es lo que defendemos con este
veto—, hubiera bastado con crear un marco para que las comunidades
autónomas pudieran desarrollar con seguridad jurídica medidas necesarias
en su propio ámbito. Sin esta ley y con la suya propia, Euskadi ha
desarrollado, durante décadas, y dispone ya de medidas que conforman una
política propia de vivienda, medidas mucho más garantistas y protectoras
que las que pretende impulsar este texto. Con otra ley del Estado o
modificaciones puntuales de otras leyes, que se limitaran a ofrecer a las
comunidades autónomas un marco jurídico mínimo y suficiente para regular
aquellos aspectos para los que carece de cobertura suficiente, como la
limitación de renta o las zonas tensionadas, Euskadi y otras comunidades
autónomas podrían disponer de herramientas para actuar en aquellos
aspectos necesarios a fin de garantizar el acceso a una vivienda digna y
asequible. Esa sería una ley que nuestro grupo hubiera apoyado, pero no
podemos hacerlo con esta. En resumidas cuentas, entendemos que, mediante
esta ley, el Estado se excede allí donde no puede intervenir e interviene
de forma indebida allí donde no debiera.

Milla esker.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de la propuesta de veto
número 5, del Grupo Parlamentario Popular, tomará la palabra su señoría
la senadora Rojo Noguera.

La señora ROJO NOGUERA: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.

Quiero comenzar saludando a don Gerard Duelo y
a don Jaime Cabrera, representantes del Consejo General de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria, que hoy nos acompañan.

Señorías, el Grupo Popular presenta un veto a
un proyecto de ley que, desde el principio, nació e inició su tramitación
parlamentaria con muchas incertidumbres y una gran oposición. Cinco vetos
y una devolución en el Congreso con texto alternativo y, ahora, seis
vetos en el Senado la convierten en una ley más que cuestionada, incluso,
por algunos de sus socios de Gobierno, además de una tramitación exprés
que, desde el primer momento —y hoy se ha dicho aquí—, ha
dado lugar a numerosas críticas de distintos grupos por cómo se está
llevando a cabo, sin prácticamente margen para una negociación. Esto
llevó también a que mi grupo presentara una queja formal en el Congreso
ante la falta de respeto y el desprecio del Gobierno y de los grupos que
lo sustentan hacia el Parlamento, hacia el proceso y la tramitación
parlamentarias, un hecho al que estamos asistiendo atónitos en los
últimos años y que menoscaba esa demandada excelencia de la labor
legislativa y hace imposible un análisis en profundidad de las leyes que
se tienen que aprobar en esta Cámara. (Aplausos). Ejemplos recientes y de
consecuencias nefastas para los ciudadanos, como la Ley del solo sí es
sí, un precedente en el que también la ideología se impuso sobre la
técnica legislativa y de la que todavía estamos sufriendo sus
consecuencias —no creo que quieran que les recuerde aquí—,
demuestran que la aprobación de las iniciativas legislativas exige un
análisis riguroso y sereno, alejado de intereses exclusivamente
partidistas. Este Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda es el
último ejemplo de ello, especialmente significativo y preocupante por el
trascendental valor de su contenido, que afecta al derecho a la propiedad
y a la vivienda, ambos derechos consagrados en nuestro texto
constitucional y en cuya tramitación han mantenido ustedes a la mayor
parte de los grupos parlamentarios absolutamente al margen de la
información, del debate o del diálogo con la oposición. Pero nada de esto
les ha importado y, así, nos encontramos con una ley aprobada sin la
mitad de los socios del Gobierno y marcada en su origen por el acuerdo
—yo diría más bien chantaje— con Bildu y con Esquerra
Republicana de Catalunya, que fueron los encargados de presentarla. Se
diría, señorías, que ellos sí les están ocupando el Gobierno porque
cuesta creer que, con esos promotores, las intervenciones llamadas a
cambiar el paradigma en un ámbito esencial —en palabras del
presidente Sánchez— supongan un avance que responda al interés
general y favorezcan soluciones justas y eficientes. Señorías, España no
necesita la política de vivienda de los independentistas —ya
sabemos adónde nos lleva—, y menos de Bildu, que, una vez más, han
mostrado lo que son y hasta dónde pueden llegar en su indignidad. Señores
socialistas, yo espero que ustedes puedan dormir tranquilos —el
presidente ayer dijo que parece que sí— con un socio que no solo
humilla y desprecia a las víctimas, sino que se burla de todos los
españoles. (Aplausos). Es simplemente inaceptable que sigan siendo sus
socios y no hagan nada.

Ahora dicen que es una ley urgente, pero la han
tenido guardada en el cajón más de un año; les recuerdo que fue aprobada
en febrero del año 2022. Pero la verdad es que no era urgente hasta unas
semanas antes de unas elecciones sin buenas perspectivas para el Partido
Socialista, lo que pone de manifiesto una clara obviedad, como es el
carácter electoralista de la medida que hasta la parte podemita del
Gobierno les ha afeado. La realidad es que la vivienda, el gran reclamo
ahora para el sanchismo, ha estado olvidada en estos años de gobierno, en
los que apenas han mostrado mayor interés o preocupación por los
problemas de muchos españoles, especialmente, de los jóvenes. Llevan
cinco años sin hacer absolutamente nada y, ahora, asistimos con
expectación a los anuncios por fases en los que el presidente promete, en
cada mitin, 50 000, 30 000, 100 000 viviendas, ya hemos perdido la cuenta
del número de viviendas que compromete, eso sí, sin aportar el más mínimo
detalle porque prima más el anuncio que la concreción. Una subasta,
señorías, de viviendas que aumenta día a día, y lo peor es que ya no se
lo creen ni los suyos. Yo les pregunto: ¿por qué los españoles les van a
creer ahora si el presidente lleva cinco años mintiéndoles? (Aplausos).
Al final, el problema es que se está generando una serie de expectativas
que, quizá, van a provocar a corto plazo una gran frustración porque la
gente se va a dar cuenta de que esas viviendas no están ni se las espera.
Como ha dicho nuestro presidente Feijóo, no habrá milagro de los panes y
los pisos, señorías, entre otras razones, porque el Gobierno carece de
competencias en un ámbito transferido a comunidades autónomas y
ayuntamientos, con las que, por cierto, ni siquiera se dignaron a hablar
y algunas de las cuales ya han anunciado que recurrirán la ley al
Tribunal Constitucional, lo que plantea muchas dudas sobre su posible
efectividad y a pesar de los lamentos y los deseos de la ministra Belarra
de cumplir hasta la última coma. Puro teatro y propaganda, como intentar
coaccionar a los gobiernos autonómicos del PP acerca de un acatamiento de
esta ley sin ningún fundamento, señorías, porque el Gobierno sabe que no
puede obligarles a nada en esta materia, salvo que pretenda atropellar el
Estado de las Autonomías. Algo que hasta la propia ministra Raquel
Sánchez ha reconocido cuando señaló en una entrevista que, efectivamente
—cito textualmente—, son las comunidades autónomas y los
ayuntamientos los que proceden a la construcción de esas viviendas
públicas, lo que pone de manifiesto que está muy bien hacer anuncios,
sobre todo, cuando podrás echar la culpa a otros de tu inacción.

Es una ley sin consenso y el informe del
Consejo General del Poder Judicial es demoledor para el texto legal, no
solo desde el punto de vista de su posible inconstitucionalidad, sino de
su propia coherencia interna. El rechazo a muchas de sus medidas no solo
ha sido puesto de manifiesto por las autonomías o por las organizaciones
y asociaciones del sector, que hablan de numerosos e importantes vicios
invalidantes de la ley, sino también instituciones independientes y de
alto crédito analítico lo alertan: el Banco de España, universidades,
como la Autónoma de Barcelona o la Francisco de Vitoria, organismos de
análisis autonómicos, como, por ejemplo, la Comisión Gallega de la
Competencia —por hablar de mi tierra—, de igual modo que las
organizaciones internacionales, entre las que destaca por su relevancia
la OCDE. Todos, señorías, todos han coincidido con un frontal rechazo a
muchas de las medidas de una ley que consideran ineficaz y generadora de
inseguridad jurídica y que dificultará el acceso a la vivienda, todo lo
contrario de lo que dicen que pretende. Lo peor es que ustedes lo saben.
Conocen los graves problemas de esta ley, pero no han escuchado a nadie
más que a los que querían oír y a pesar de que el rechazo a muchas de las
medidas lo puso de manifiesto el mismo Gobierno, al que hemos oído decir
una cosa y la contraria: al presidente, a la vicepresidenta Calviño,
incluso, señorías, a algunos de los ministros, pero, como suele ocurrir
con el sanchismo, donde dije digo, digo Diego, cuando las necesidades
obligan y algunos les recuerdan que los pactos se cumplen. Así, nos
encontramos con una ley intervencionista que va en la dirección contraria
a lo que se necesita, con medidas que se han demostrado ineficaces y
contraproducentes allí donde se han aplicado, y que evidencia la falta
del consenso necesario y la ausencia de una reflexión profunda sobre una
cuestión compleja y esencial para el bienestar social.

Señorías, el control de precios en el mercado
del alquiler es la medida estrella, pero también una de las más lesivas
que incorpora este proyecto. Su argumento para justificarla es el de
proteger a los inquilinos, queriendo mandar el mensaje de que estas
medidas van en contra de esos fondos de inversión y de esos grandes
propietarios, pero la realidad es que, en España, más del 95 % de los
alquileres tiene lugar entre particulares y el arrendador típico,
señorías, se parece más a un jubilado, cuya pensión es la vivienda que
alquila, que a un gran fondo de inversión americano. Pocas políticas
económicas concitan tanto consenso en la comunidad científica en cuanto a
sus efectos negativos como esta. Es una medida que donde se ha implantado
ha fracasado, provocando más perjuicios que beneficios. Hay ejemplos
contrastados que se han comentado aquí, pero yo voy a dar algún dato
concreto. En Cataluña, solo en el primer año de aplicación, la oferta de
alquileres se redujo un 42 % y, en Barcelona, las rentas del alquiler
aumentaron más de un 11 % en los últimos doce meses, provocando también
la aparición de un mercado negro en las zonas tensionadas. En Berlín, ese
hipotético modelo teórico que ustedes defienden, entre 2015 y 2019, la
oferta de alquiler cayó un 25 % y los precios subieron un 36 %, hasta que
el Tribunal Constitucional alemán tuvo que anular la medida. Mientras, en
otras ciudades, como Hamburgo, Dusseldorf, Colonia o Munich, a modo de
ejemplos, y sin controles, el número de viviendas en alquiler subía de
media más de un 30 %. París y San Francisco optaron por controles de
precio, con los mismos resultados: reducción de la oferta y aumento de
precios. En Estocolmo, señorías, el control de precios ha provocado
listas de espera de hasta ocho años para conseguir viviendas de precios
regulados. Estas consecuencias las conoce sobradamente el Gobierno. Y
vuelvo a recordar aquí las declaraciones de todos los que quisieron
hablar, sobre todo la vicepresidenta, que dijo que esta medida suponía
simplificar cuestiones importantes. Pero lo que es inaudito e
incomprensible es que, siendo el Gobierno consciente de todo esto,
incorpore esta medida a nuestro ordenamiento jurídico, sabiendo que puede
ser tan perjudicial para los derechos e intereses de los españoles
porque, como afirma el Consejo General del Poder Judicial, quizá no
resulte adecuado el mantenimiento de una medida nacida para combatir los
efectos de la pandemia cuando esta haya decaído, y añade además que la
carga patrimonial que conlleva no se afronta por las administraciones
públicas, sino por los arrendadores privados.

El proyecto de ley propone también que la
vivienda protegida no pueda descalificarse; una propuesta ideológica que
de nuevo socava la propiedad privada, pero que sobre todo desconoce
nuestra realidad histórica y genera distorsiones en el mercado de la
vivienda. Se argumenta que con esta descalificación la vivienda se
convierte en un negocio, pero no dicen que precisamente para evitarlo se
establecen plazos de protección que hoy llegan a los treinta años,
señorías, periodo durante el que no se pueden enajenar por encima del
precio protegido. Si el objetivo del Gobierno es contar con un gran
parque de viviendas sociales en alquiler, parece razonable que lo
construya y lo financie con sus recursos o a través de modelos de
colaboración público-privada, y no derivando a los propietarios privados
la obligación de asumir, sin contraprestación alguna, la necesidad social
de las familias vulnerables. La política social que no hace el Gobierno,
señorías, la tienen que hacer finalmente los ciudadanos. Es una ley
okupa, claro que sí, que blinda a los okupas, y están ustedes regulando
la ilegalidad. El informe del Consejo General del Poder Judicial concluye
que el proyecto de ley altera el entendimiento de la propiedad privada de
la vivienda, que queda sometida al Estado para el desarrollo de sus
políticas de vivienda. Suman ustedes nuevos recortes al derecho del
propietario ante okupaciones sin títulos de su vivienda al ampliarse los
plazos en los procedimientos de desahucio y las garantías de los
okupantes. De nuevo, el informe del Consejo General del Poder Judicial es
contundente y dice que se carga al propietario, que puede ser una persona
igualmente vulnerable, y no a la Administración con el costo de mantener
la okupación, y es el propietario quien soporta el derecho de su
incumplidor al disfrute de una vivienda digna y adecuada.

Señorías, la postura a respaldar tiene que ser
absolutamente la contraria, tal y como señala también la OCDE. El
Gobierno se aleja, sin embargo, de todas estas recomendaciones, y no
solamente en este proyecto de ley, sino amparando la okupación con
diversos reales decretos que suspendieron ya lanzamientos e impidieron la
expulsión de los okupas cuando entrasen sin intimidación o violencia
sobre las personas. Claro que sí, se ha dicho aquí y yo lo repito, han
creado ustedes el derecho a okupar. ¿Qué mensaje están enviando con esta
medida, señorías? ¿Cómo pueden ustedes defender al que asalta una
vivienda frente a su legítimo propietario? ¿Qué puede pensar gente
honesta y legal que espera años y años apuntada en una lista para una
vivienda social que no llega? ¿Les estamos diciendo que mejor den una
patada en la puerta y entren? Además, si tienen un poco de suerte y es de
la Sareb, encima recibirán 200 euros al mes. Como comprenderán, el
Partido Popular, en defensa de los más elementales derechos, no puede
compartir estas medidas, habiéndolo recurrido al Tribunal Constitucional
que ha admitido el recurso. Podríamos hablar también —me falta
tiempo— de las cesiones obligatorias para vivienda protegida, que
se ha acreditado por iniciativas similares, por ejemplo, también en
Cataluña, donde el 50 % de los promotores han parado su inversión allí,
donde más del 30 % la ha reducido y donde un 12 % ha optado por trasladar
sus promociones a otras comunidades. También podríamos hablar de la
arbitrariedad en la definición de los grandes tenedores, de las
definiciones ambiguas en las clasificaciones de viviendas o de las
medidas que plantean relativas a la fiscalidad, medidas que van en
sentido opuesto a lo que manifiestan que se pretende conseguir. La carga
fuerte y creciente fiscal, que están incrementando ustedes, aumenta con
ello el coste de la propiedad y repercute en el precio de los alquileres,
de forma que penaliza también el acceso a la vivienda. Son medidas
absolutamente desincentivadoras, señorías, tanto el recargo del IBI a los
inmuebles desocupados como la subida por la puerta de atrás del IRPF a
todos los propietarios que declaran el alquiler, que suponen un ataque a
la capacidad económica y de ahorro de las familias. En definitiva,
señorías, las medidas que plantea este proyecto de ley van en sentido
opuesto a lo que se manifiesta que se pretende conseguir, porque
establecen un nuevo marco que agravará la crisis de la vivienda. La ley
Sánchez fracasará, porque estas políticas ya lo han hecho donde se han
aplicado y suponen, en el fondo y en la forma, un ataque al derecho a la
propiedad y, con ello, a la libertad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para el turno en contra de las propuestas de
veto presentadas, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, su señoría Morales Quesada.

El señor MORALES QUESADA: Buenos días,
señorías.

La vivienda es un requisito imprescindible para
nuestro desarrollo como personas y como ciudadanos. Nuestra vivienda,
nuestro hogar, siempre es un lugar de referencia; en cambio, no disponer
de vivienda, según un estudio sociológico y psicológico, es una de las
causas más determinantes de la exclusión social y del hundimiento
personal. Para los socialistas, dar respuesta a esta situación de
desamparo habitacional es mucho más que un genérico mandato
constitucional, es uno de nuestros mayores compromisos y uno de nuestros
mayores desafíos. Con esta ley, que será la primera norma de la
democracia que desarrolla el derecho constitucional a garantizar una
vivienda asequible para todos y todas, pretendemos dar una respuesta
necesaria a muchas familias y jóvenes en el acceso a una vivienda digna y
adecuada. Este proyecto de ley será el instrumento legal para que se
reconozca la vivienda como el quinto pilar del Estado de bienestar. La
intención del Partido Socialista es abordar el problema de la vivienda en
toda su dimensión, con el fin de acabar con las desigualdades en el
acceso a la vivienda del que es víctima gran parte de la población,
especialmente jóvenes, familias y colectivos vulnerables. Seguimos
ampliando derechos, y, con la aprobación de la ley, la vivienda pasará al
centro de las políticas progresistas y dejará de ser un problema. Esta
norma está orientada a dotar de instrumentos efectivos a las
administraciones territoriales competentes para incrementar la oferta de
vivienda en condiciones asequibles y ofrece atención a aquellas zonas de
mercado residencial sujetas a mayor tensión en el mercado de la vivienda,
así como a las personas y colectivos que tienen mayores dificultades para
el ejercicio del derecho a la vivienda.

Esta ley que debatimos hoy en el Senado
incluirá medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles
y adaptada a las realidades de los ámbitos urbanos y rurales, evitar que
se den situaciones de tensión en el mercado de alquiler y facilitar el
acceso a una vivienda digna y adecuada, prestando especial atención a
jóvenes y colectivos vulnerables. Nuestras políticas de vivienda sirven
para garantizar una respuesta útil, gobernando para y por los ciudadanos
y las ciudadanas y por el acceso a la vivienda de las personas que más lo
necesitan. Frente a los gobiernos del Partido Popular, donde su única
propuesta era la liberalización del suelo, la especulación urbanística,
la burbuja inmobiliaria, la venta a fondos buitre del parque público de
vivienda, recortando los presupuestos de viviendas públicas, aumentando
los desahucios y dejando a los más vulnerables desprotegidos —y eso
era lo que no necesitaba España, señora Rojo—, nosotros adquirimos
un compromiso con los jóvenes de nuestro país para que puedan realizar
sus proyectos vitales y tengan acceso a una vivienda a precios
razonables. Durante la crisis financiera la respuesta de la derecha fue
rescatar a los bancos comprándoles los activos inmobiliarios; ahora es el
momento de devolver a los jóvenes en forma de vivienda asequible todos
los errores que cometió el Partido Popular. (Aplausos). Se movilizarán
las 50 000 viviendas de la Sareb y ahora una línea ICO de 4000 millones
para la promoción de unas 43 000 viviendas de alquiler social a precio
asequible. Es el momento de evitar que se vuelva a esa especulación feroz
que vivimos en nuestro país, en la que se vendían bloques de vivienda
social a fondos especulativos;






para ello, el proyecto de ley establece
mecanismos de cooperación con las administraciones autonómicas y locales
para que el régimen de protección de las viviendas en suelo destinado en
el planeamiento de la construcción de viviendas protegidas y en el ámbito
de su marco competencial tenga un carácter permanente y que no sea
posible su descalificación. Asimismo, ofrece a las comunidades autónomas
y a los municipios diferentes herramientas que contribuirán a contener o
reducir el precio del alquiler y aumentar el parque de vivienda en
alquiler social, respetando las competencias que constitucional y
estatutariamente corresponden en exclusiva a las comunidades autónomas en
materia de vivienda, detallándose en la disposición final séptima de la
norma los títulos que amparan al Estado para regular cada una de las
diferentes materias.

Las limitaciones de los incrementos en el
precio del alquiler y la duración de los contratos en zonas residenciales
tensionadas son un instrumento del que se dota a la ley para que no se
produzca un incremento desproporcionado de los precios; además, estas
limitaciones tienen una duración temporal limitada, pero hay que dejar
claro que la iniciativa y capacidad para la declaración de zonas con
precios de alquiler tensionado y la aplicación de las limitaciones
corresponderá a cada comunidad autónoma en lo que respecta en todo
momento a la distribución de competencias entre administraciones.

Este proyecto de ley, a diferencia de lo que se
ha dicho aquí, tiene como objeto reforzar la seguridad y la protección de
la ciudadanía, tanto la protección general a todos los propietarios e
inquilinos como la protección específica a los grupos más vulnerables.
(Aplausos). Y hay que aclararle a la derecha y a los de la ultraderecha,
que intentan meter miedo con un debate malintencionado, que un inquilino
que deja de pagar un alquiler es un moroso, nunca es un okupa.
(Aplausos). Tengan bien claro ese término. Basta ya de meter miedo, basta
ya de los bulos, que no saben ustedes hacer otra cosa. Por eso, en esta
ley, en el ámbito procesal, se refuerza la conexión entre los
procedimientos judiciales que supongan el lanzamiento de personas o
familias en situación de vulnerabilidad y los servicios sociales
correspondientes a efectos de que por estos puedan encontrarse soluciones
alternativas de alojamiento. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz,
ocupa la Presidencia). Pero hablemos de la okupación, un tema recurrente
que ustedes utilizan para meter miedo a la población y alarmar de forma
sobredimensionada y sobre el que les voy a dar unos datos. En España
hay 26 millones de viviendas. Las denuncias de usurpación en el último
año representan el 0,01 % y las viviendas okupadas son el 0,07 %. Estos
números son un claro ejemplo de lo que ustedes están queriendo generar:
una alarma absolutamente desproporcionada con el tema de la okupación.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, las sentencias
por usurpación alcanzan las 4302, mientras que las sentencias por
desahucio superan las 16 000. Esta es la diferencia, que a nosotros nos
preocupan los desahucios de familias vulnerables, y eso sí se regula en
esta ley; en cambio, saben ustedes bien que la usurpación se regula en el
Código Penal, en el artículo 202.1, y que está penado con seis meses a
dos años de cárcel. Por lo tanto, es una falsedad lo que hoy se ha dicho
aquí sobre que se favorece a los okupas.

La ley distingue también entre propietarios
particulares y grandes tenedores, que serán los titulares de más de diez
inmuebles. Se podrá considerar gran tenedor a aquellos titulares de cinco
o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en la misma zona
declarada como tensionada cuando así lo solicite la comunidad autónoma.
También hay que aclarar —se han dicho aquí falsedades— lo de
la vivienda vacía, porque lanzan ustedes otra vez otro bulo. Definición
de vivienda vacía para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo
del impuesto sobre bienes inmuebles a aquellas viviendas que lleven
vacías más de dos años y que el propietario tenga un mínimo de cuatro
viviendas en esta situación, por lo que vuelven ustedes a mentir y hacer
ruido, amedrentar a la población, pues aquellos propietarios que tengan
una vivienda en venta o que tenga una vivienda heredada en algún pueblo o
en algún sitio no son grandes tenedores. Seguimos avanzando en derechos,
tener una vivienda digna es una de las prioridades políticas que se están
desempeñando porque van dirigidas a la ciudadanía. Y en los hechos están
claros los objetivos: se han multiplicado por ocho los Presupuestos
Generales del Estado destinados a la vivienda, el Plan estatal
lleva 60 000 viviendas entre acabadas y en fase de ejecución, medio
millón de viviendas que se están rehabilitando y en cinco años
aumentaremos un 50 % la vivienda protegida, que es de lo que aquí estamos
hablando. No es aceptable que nuestro país tenga menos de un 3 % de
vivienda protegida. No asumimos que la gente joven tenga que esperar a
los 30 años para emanciparse, pero saben ustedes, señorías del PP, que
critican el Plan de vivienda estatal, que la mayoría de estas viviendas
están conveniadas y acordadas con comunidades autónomas y ayuntamientos,
muchos de ellos gobernados por el Partido Popular, con lo cual infórmense
con sus alcaldes y con sus presidentes de comunidades autónomas. Cuando
la derecha habla de vivienda, habla de suelo para especular y dar
pelotazos, convirtiéndola en un bien de lujo y no en un derecho
constitucional, como indica la Constitución. (Aplausos). Ustedes hablan
de suelo, nosotros hablamos de vivienda; ustedes hablan de bien de lujo,
nosotros hablamos de bien de primera necesidad. La vivienda será un
derecho y no un bien de mercado y este Gobierno no ha parado de pelear
para preservar el bienestar de los ciudadanos de este país. Les voy a
poner un ejemplo de mi comunidad autónoma. Cuando llega el Gobierno
progresista que actualmente gobierna la comunidad de Canarias se han
promovido más de 6000 viviendas públicas, que serán entregadas antes del
año 2025. Por ejemplo, en mi municipio hoy se están construyendo 24
viviendas; en cambio, mientras gobernaban las derechas en Canarias, en el
caso de Lanzarote durante veintiséis años no se ha construido ni una
vivienda pública.

Este Gobierno se dedica a avanzar y ampliar los
derechos a los ciudadanos y tenemos al Partido Popular que está a sus
cosas —ya lo vimos ayer—, haciendo ruido y ninguna propuesta.
La ciudadanía sabe perfectamente cuando un partido político que aspira a
gobernar juega a: cuanto peor le va a la gente, mejor va a sus intereses
particulares, pero es de una indecencia política absoluta que ustedes
sigan mintiendo, que sigan ante el cuanto peor, mejor; que sigan creando
bulos y mentiras; que hagan solamente ruido sin hacer una sola propuesta.
Bueno, sí, sus propuestas son las de derogar todas las leyes aprobadas en
esta legislatura, que lo único que ha hecho es ampliar derechos a la
ciudadanía. Nosotros estamos en la política para dar dignidad a las
personas, ser capaces de construir una sociedad en la que todos tendamos
hacia la igualdad. Es una indecencia política que ustedes se reúnan con
fiscales conservadores y presuman de que, si llegan al gobierno —y
ya les digo que lo van a tener difícil—, van a derogar todas las
leyes que en esta legislatura lo único que han hecho es ampliar derechos.
Tengan valentía para decir claramente a los ciudadanos que van a derogar
la reforma laboral, que ha dado estabilidad laboral; tengan valentía para
decirles que bajarán el salario mínimo interprofesional, que permite la
mejora económica y la emancipación principalmente de nuestros jóvenes;
tengan valentía para decirles que van a quitar el ingreso mínimo vital,
que permite a muchos ciudadanos vivir dignamente; tengan valentía para
decirles a los pensionistas que les van a rebajar las pensiones; o tengan
valentía para decir que también van a derogar esta ley, que lo que hace
es dar el derecho a los ciudadanos a tener una vivienda digna. Porque
ustedes, como no pueden atacar la política, porque la política en estos
momentos es buena y los números les fallan a ustedes, recurren al miedo y
sacan a pasear los fantasmas de cara a las elecciones. (Aplausos).

Señorías, a pesar del ruido, seguimos creciendo
en derechos, frente a su proyecto, que es nada. En la hoja de ruta del PP
y sus acólitos está la privatización. Solo defienden sus intereses
económicos, porque a ustedes les da alergia la palabra público cuando son
las políticas públicas, los servicios públicos los que garantizan la
igualdad de oportunidades. Este proyecto de ley convertirá, por primera
vez, a la vivienda en el quinto pilar del Estado de bienestar, que, por
más que les pese, no lo podrán eliminar. Después de escuchar a algunos de
los proponentes de los vetos, me da la sensación de que han venido con
los titulares ya escritos, pero que no se han leído en absoluto la ley.
Espero haberles contestado a los vetos. Por lo expuesto, el Grupo
Socialista votará en contra de todas las propuestas de veto que aquí se
han presentado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Señorías, pasamos al turno de portavoces
relativo a los vetos presentados.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra la senadora Goñi.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias,
presidenta.

El Gobierno presenta una ley de vivienda que no
soluciona el problema y que solo lo agravará, porque esta ley es
meramente electoral y solo nos va a traer más problemas. Para elaborar
esta ley han partido de ideas como que la política de vivienda es la
historia de la gran estafa española. La vivienda en España era un gran
negocio amparado por el pelotazo y la especulación. El alquiler es una
máquina de extraer recursos a las clases populares y las clases más
humildes. El mercado de la vivienda ha sido la ley de la selva y se pone
siempre del lado del más fuerte. Por eso, ahora, por primera vez en la
historia de España, quieren reorientar toda la política de vivienda y
buscan la equidad, garantizar el derecho de acceso a la vivienda y
fomentar la cohesión social. Se ve que hasta ahora no, hasta ahora todos
debíamos buscar el enfrentamiento social, la desigualdad y quitar
derechos a los ciudadanos. Señorías, con estas ideas como base para
legislar sobre la vivienda, y además en periodo electoral, no puede salir
nada bueno, y si añadimos la ignorancia de parte del Gobierno, ya tenemos
el pleno al 15. La competencia de vivienda es exclusiva de las
comunidades autónomas. El Gobierno de España no hace ninguna vivienda,
las viviendas las hacen las comunidades y los ayuntamientos, y, claro, ya
hay alegaciones de invasión competencial realizadas por PNV, PDeCAT,
Junts o la CUP. Esta ley caerá ante el primer recurso de cualquier
comunidad autónoma por este asunto, porque es un ataque frontal a las
competencias autonómicas y municipales. El Gobierno ha pactado esta ley
con Esquerra y con Bildu; sí, con ese partido que lleva en las listas
a 44 etarras y que no condena la violencia. Ambas formaciones son
nacionalistas independentistas, pero, curiosamente, para esta ley no les
importa la invasión de competencias de Madrid. Bildu dice que es un paso
corto, pero necesario, y se calla sobre la competencia autonómica. Me
gustaría saber qué han pactado con el Gobierno para que este robo de
competencias les dé igual.

Un asunto que preocupa especialmente es que la
ley ampara y favorece a los okupas. Aquellos con ingresos de hasta 1800
euros serán considerados vulnerables y su desalojo será más difícil. Es
curioso, porque jóvenes y familias con ingresos de hasta 1800 euros no se
les considera vulnerables para otro tipo de ayudas, como el bono social o
las ayudas para la hipoteca. El Gobierno parece que, de esta forma,
castiga a la clase media y subvenciona a su antojo a determinadas
personas y núcleos sociales. El Gobierno deriva a los propietarios
privados la obligación de asumir sin contraprestación la necesidad social
de las familias vulnerables y, así, el Gobierno vulnera el derecho a la
propiedad. Además, esta ley interviene los precios, cuando todos sabemos
que eso no funciona y generará unos precios de alquiler disparados, y
aporta inseguridad jurídica a los propietarios. Los propietarios privados
ahora tendrán más obligaciones que las entidades públicas de
vivienda.

Los expertos avisan de los despropósitos de
esta ley de vivienda. ¡Qué novedad!, ¿verdad? Y, por supuesto, el
Gobierno ignora a los expertos. ¡Qué novedad!, ¿verdad? Y, por supuesto,
habrá efectos indeseados. ¡Qué novedad! Los expertos avisan de que esta
ley será nefasta para arrendadores, inversores, promotores y para los
propios arrendatarios. Avisan sobre que la intervención de precios no
funciona, que reduce la oferta de pisos, que distorsiona el mercado y que
ataca a los propietarios. Advierten de que la ley reducirá drásticamente
la oferta porque todas las medidas van en contra de arrendadores e
inversores. La figura del inversor va a disminuir porque, con todas las
limitaciones impuestas, no les van a salir los números. Además, aumenta
la seguridad jurídica a la hora de que un arrendador tenga que recuperar
su vivienda por impago del inquilino.

Esta ley lo que sí va a conseguir es que haya
un trasvase importante de viviendas del alquiler hacia la compraventa. Va
a conseguir que los arrendadores inviertan en otros campos donde no les
afecten esas limitaciones, como el alquiler turístico de temporada o
alquiler de habitaciones. Va a conseguir que se produzcan desigualdades
sociales y económicas entre las comunidades que apliquen o no la nueva
ley y, dentro de las que la apliquen, se crearán guetos para poder
acceder a un alquiler en una de las llamadas zonas tensionadas. Esta ley
va a perjudicar a muchos arrendatarios porque se van a endurecer
muchísimo los requisitos de acceso que los arrendadores exijan a los
futuros inquilinos. Esta ley va a tranquilizar a los okupas, que son los
principales beneficiarios.

Señorías, la propaganda política e ideológica
se ha impuesto a la razón en esta nueva ley de vivienda. La okupación va
a pasar a ser un derecho, la propiedad privada va a ser una anécdota, y
por supuesto algo censurable, y el alquiler va a ser una operación de
riesgo. Esta ley es un despropósito, otro más de este Gobierno en esta
legislatura que está siendo ya eterna, la verdad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Democrático no habrá ninguna
intervención.

Por el Grupo de la Izquierda Confederal, tiene
la palabra el senador Chinea.

El señor CHINEA CORREA: Gracias,
presidenta.

Hoy debatimos una ley que, tras muchos meses de
tiranteces entre los socios de Gobierno, llega a la recta final en una
tramitación exprés; una vez más, se ha usurpado a esta casa, a los
senadores y senadoras, la posibilidad de analizar en profundidad los
objetivos de la ley y debatir con los expertos el contenido de esta
materia.

Es verdad que para la Agrupación Socialista
Gomera esta ley supone un avance, pero nos tememos que no va ser la
solución deseada. Muchas y muchos podrán felicitarse por su aprobación,
que previsiblemente será a partir de hoy, pero todos y todas somos
conscientes de que esta ley no va a ser suficiente si no se destinan
muchos más recursos a las políticas de vivienda. Su desbloqueo por la vía
rápida en pleno proceso electoral no ha servido y no está sirviendo sino
para ahondar en la polarización política cansina e irresponsable sobre
aquellas personas que sufren en primera persona las consecuencias de la
subida de precios en el mercado, con unos alquileres y unos precios
desorbitados. Especialmente, nuestros jóvenes ven cómo se evaporan las
opciones de emancipación de la casa de sus padres y ser
independientes.

La ley plantea cuestiones que son un importante
paso adelante, como la nueva categoría de vivienda asequible o, por
ejemplo, también el mecanismo de incentivos fiscales por reducción del
precio o por alquilar esas viviendas a los jóvenes. Es verdad que estos
pasos se sitúan en la buena dirección, pero existen otros, en cambio,
como la absoluta desprotección, a nuestro juicio, de los propietarios,
con los que nosotros discrepamos abiertamente en la ley. Señorías, muchos
de esos propietarios son personas con apenas recursos económicos que
sobreviven gracias a lo que perciben por el alquiler de sus viviendas;
personas con pocos recursos que se quedan totalmente desprotegidas ante
un proceso de desahucio. Es una pena que, tras un debate largo e intenso,
el Gobierno no haya sido capaz de encontrar una salida para ellos a
través de esta ley.

Y es que la vivienda tiene que ser un objetivo
de este país. Señorías, hay que diseñar, en colaboración con las
comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia
de vivienda, un plan que vaya mucho más allá de los anuncios que ha
realizado el Gobierno sobre las viviendas que se van a llevar a cabo en
terrenos del Ministerio de Defensa o aquellos hogares adscritos al
conocido como banco malo. Un problema tan grave no se soluciona con
medidas estrella en pleno proceso electoral. Aumentar el parque de
vivienda asequible es positivo, pero es una medida a largo plazo; hay que
pensar también en el corto y en el medio plazo. Por eso, hay que
profundizar en la búsqueda de soluciones eficaces, y una de ellas podría
ser perfectamente la cesión de viviendas por parte de los llamados
grandes tenedores, porque la colaboración público-privada es clave para
que la respuesta se agilice cuanto antes. Quienes se empeñen en creer que
solo con la parte pública se soluciona este problema cometen un grave
error. La media europea es destinar un 0,6 % del PIB a vivienda, mientras
en nuestro país se destina apenas el 0,1. Señorías, esto no puede ser en
pleno año 2023. Necesitamos promover un pacto de vivienda con todas las
administraciones implicadas para reformar y reforzar esas ayudas y
ampliar nuestro parque de viviendas de alquiler. Además, es
imprescindible establecer la reserva de suelo para la vivienda protegida
en los planes urbanísticos municipales y reservar en los cupos de
adjudicación un porcentaje para los jóvenes de este país.

Así que solo espero que cuando se celebren las
elecciones, que serán dentro de once días, la vivienda siga siendo tan
importante como lo está siendo en estos días.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el senador
Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidenta.

Señorías, ¿qué beneficio aporta esta ley a la
ciudadanía de Navarra en relación con el derecho a la vivienda? Ninguno,
cero patatero. Lo que sí nos trae es una invasión competencial; una
disminución de nuestro autogobierno con la ayuda, por cierto, de los
grupos independentistas, convertidos ahora en los lacayos más fieles del
PSOE, en los perritos falderos de Pedro Sánchez: Bildu, Sortu, HB, quién
te ha visto y quién te ve.

No resulta admisible, como se afirmaba en la
exposición de motivos del proyecto, y que el Congreso ni se molestó en
cambiar, leer que las normas autonómicas, de forma más coyuntural que
estructural, han tratado de dar respuesta a las necesidades sociales de
la vivienda más perentorias. ¿De forma coyuntural? Las políticas que se
llevan a cabo en Navarra desde hace ocho años en materia de vivienda por
impulso de Geroa Bai, y, por cierto, con el apoyo de Podemos y Bildu en
aquel Gobierno liderado por Usue Barcos, al que ahora, en la legislatura
actual, también se ha sumado el PSN y que han inspirado gran parte de
esta ley, ¿de verdad creen ustedes que son coyunturales? ¿No se dan
cuenta de que con esta ley están haciendo una enmienda a la totalidad a
lo que ya hemos aprobado en comunidades como en Navarra?

En Navarra tenemos una ley que califica a
perpetuidad la vivienda protegida sin medias tintas. Sin embargo, la ley
que nos traen aquí abre la puerta a que haya excepciones, con lo que no
pone fin a la posibilidad de especular. En Navarra tenemos la figura de
la expropiación del pleno dominio y del uso a aquellos grandes tenedores
que persistan en mantener viviendas vacías, competencia que el Tribunal
Constitucional nos ha reconocido y que ustedes no se han atrevido a
incluir. En Navarra tenemos ya un índice de sostenibilidad y un registro
obligatorio de contratos que nos permite crear medidas de control de
precios en las zonas tensionadas. En Navarra nuestras políticas de
vivienda priorizan el alquiler sobre la compraventa, y el departamento
del Gobierno, que lidera Geroa Bai, destina el 75 % de los recursos para
vivienda a políticas de alquiler social y asequible. En Navarra tenemos
deducciones fiscales para los propietarios que optan por alquileres
asequibles por debajo del precio del mercado. En Navarra nuestra ley
prevé ya una reserva mínima del 50 % para VPO y, de esa reserva, el 30 %
tiene que ser, como mínimo, en alquiler social.

Por tanto, no estamos para nada en desacuerdo
con las medidas que propone la ley estatal porque en Navarra ya están en
marcha, incluso hemos ido mucho más allá en el concepto del uso social de
la vivienda. En lo que sí estamos en total desacuerdo es en el
paternalismo de esta ley, donde papá Estado nos dice a las autonomías
cómo tenemos que actuar en una materia que es de nuestra exclusiva
competencia. En Navarra no solo hemos asumido la competencia de vivienda,
la hemos ejercido; hemos hecho uso de nuestras potestades legislativa y
reglamentaria. No hacía falta meter mano en las competencias de las
comunidades para hacer una ley que diera a los parlamentos autonómicos
más herramientas para convertir el derecho a la vivienda en una realidad.
Bastaba con modificar tres o cuatro leyes: la Ley de arrendamientos
urbanos, la de enjuiciamiento civil, la del IVA y poco más. Señorías,
nosotros hubiéramos apoyado esas modificaciones sin ninguna duda.

Lo que ustedes quieren hacer es aprobar una ley
para alinear desde el Estado —así lo expresó el presidente
Sánchez— las políticas de vivienda de comunidades gobernadas por la
derecha. Y no, señorías, ese no es el camino. Loapizar las políticas de
vivienda inmiscuyéndose en las competencias de las comunidades autónomas
no solventa el problema. El problema se soluciona sacando con los votos a
la derecha de sus feudos y favoreciendo gobiernos de progreso, justo lo
que el Partido Socialista no hizo en Pamplona ni en muchos municipios de
la comarca en 2019 y lo que parece que tampoco quiere hacer tras el
día 28 de mayo.

Por todo ello, porque no queremos que nos
alineen ni queremos ser alienados por el Estado, porque creemos en
Navarra como sujeto político sin ataduras ni condicionantes, apoyaremos
algunos vetos a esta ley. Por cierto, si alguien quiere profundizar en
políticas de progreso en materia de vivienda, les invito, señorías, a
visitar Navarra; les haremos una visita guiada y prometo no cobrarles
royalties.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

En turno de los vetos, no habrá intervención
por parte del Partido Nacionalista ni del Grupo Vasco.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana, tiene la palabra la senadora Bailac Ardanuy.

La señora BAILAC ARDANUY: La garantía del
derecho a la vivienda es una cuestión de primera magnitud, y lo es porque
los jóvenes del Estado español son los que más dificultades tienen para
emanciparse. Es un tema de primera magnitud porque fuerza a vecinos de
toda la vida a abandonar sus viviendas en las grandes ciudades por la
imposibilidad de hacer frente a unos alquileres disparados con unos
salarios bajos. Es un problema que debemos abordar porque los fondos
buitre echan a los inquilinos que pagan el alquiler para instalar pisos
turísticos.

El acceso a la vivienda es un problema de
primera magnitud porque el incremento de las hipotecas está obligando a
las familias a elegir entre pagar al banco o llenar la nevera. Esto, que
es un déjà vu de lo que ya vivimos en la crisis de 2010, sabemos cómo no
se debe resolver. Pero, escuchando a los representantes de la derecha en
la presentación de sus vetos, parece que el problema de la vivienda sea
otro muy distinto; de hecho, parece que nada de lo que he mencionado sea
un problema para ellos. En sus discursos nos hablan de los okupas y de
los pequeños propietarios que tienen más de diez pisos que si no suben el
alquiler no van a poder complementar su pensión. Casualidad que sea el
mismo discurso que llevamos meses escuchando en algunos medios. Con sus
mentiras, juegan con el miedo y la vulnerabilidad de la gente. Defienden
la propiedad privada sin contar con la función social de la vivienda y
hablan de los pisos como si se tratara de una mercancía o de un objeto al
servicio de las élites rentistas. Además, relegan el derecho a la
vivienda de la gente trabajadora, de los jóvenes y de las personas
vulnerables por debajo de los intereses de los especuladores. Con sus
vetos, se ponen al lado de quienes han convertido la vivienda en un bien
de lujo. Algunos no se andan por las ramas y directamente vienen a decir
que quien no pueda acceder a una vivienda debe esforzarse más; otros
utilizan subterfugios más sofisticados. Es decir, aquellos que han
llevado al Tribunal Constitucional todas las leyes que ha aprobado el
Parlament de Catalunya en uso de su soberanía pretenden venir a esta
Cámara a hablarnos de competencias, y otros apoyan sus vetos. En
ocasiones como esta, nos da la sensación de que la defensa del
autogobierno se utiliza como comodín para no reconocer que lo que pasa es
que se defiende un modelo conservador y contra los avances sociales. Una
cortina de humo que esconde un debate ideológico: regular o no regular el
acceso a la vivienda; garantizar el derecho a una vivienda digna o
proteger los intereses de los de siempre.

En cualquier caso, nosotros vamos a votar en
contra de las propuestas de veto porque creemos que el derecho a la
vivienda es un derecho que hay que garantizar a toda la población y
porque creemos que proteger los intereses de los buitres del pelotazo
frente a las necesidades de la gente es profundamente reaccionario, se
disfrace como se disfrace. Nosotros somos Esquerra Republicana;
trabajamos por una vivienda digna para toda la ciudadanía; trabajamos
para lograr todas las competencias y todos los recursos de un Estado
propio, la república catalana, y trabajamos para mejorar la vida de los
catalanes y de las catalanas. Sin duda, esta ley hubiera podido ser
mejor; sin duda. Pero sin duda también esta ley es lo que es y hace lo
que hace gracias a Esquerra Republicana y gracias a la larga trayectoria
de Cataluña en defensa del derecho a la vivienda, que inspira en gran
medida esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Por el mismo grupo, tiene la palabra la
senadora Bideguren Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gracias,
presidenta. Egun on.

Señorías, creo que la mayoría de la Cámara
comparte que existe un problema con el acceso a una vivienda digna y
adecuada en condiciones asequibles. Cada vez hay más problemas para pagar
una hipoteca o el alquiler. Casi la mitad de la población que vive en
alquiler está en riesgo de pobreza o exclusión social. Por otra parte,
vemos 113 desahucios diarios, tenemos los peores datos de emancipación de
toda Europa y cada vez hay más gente sin hogar y con hogares que no
cumplen las condiciones mínimas para vivir adecuadamente. Ante esta
situación, la mayoría de la sociedad nos está pidiendo que seamos
constructivos y aportemos soluciones.

Los seis vetos presentados son ejemplo de las
diferentes ideas que cada formación política defiende porque tenemos unas
prioridades u otras, unos intereses que prevalecen a otros.

Así, en algunos vetos leemos que algunos
rechazan las limitaciones de la propiedad por una función social;
rechazan el derecho subjetivo de la vivienda; rechazan controlar los
precios de los alquileres; ponen el foco en la okupación, como hemos
oído; critican el carácter intervencionista de la ley, la definición de
grandes tenedores o de la vivienda vacía o el procedimiento de
desahucios. En fin, estas cuestiones que la derecha critica son
precisamente los motivos por los cuales Euskal Herria Bildu ve la
necesidad de esta ley, porque, para hacer efectivo el derecho a una
vivienda digna, Euskal Herria Bildu lo tiene claro: hay que regular el
mercado inmobiliario, hace falta poner límites a la propiedad privada y a
la libertad de empresa. Señorías de la derecha, las fórmulas de hacer
cada vez más viviendas, ocupar más suelo y apostar por la propiedad no
han funcionado, son recetas caducas.

Pero además del debate político, que es
necesario y lo agradezco porque así se confrontan las diferentes ideas,
hay un debate competencial. No hay duda, no tengo ninguna duda, de que
las comunidades autónomas tienen asumida la competencia plena en materia
de vivienda, pero también es cierto que ha habido numerosos conflictos,
como ha mencionado mi compañera de grupo, Sara Bailac, en el marco
normativo y hay jurisprudencia que delimita el ámbito de la intervención
pública. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional lo ha dejado muy claro,
nos guste o no nos guste, y es que solo el Estado puede definir la
función social del derecho a la propiedad. De hecho, Euskal Herria Bildu
ha presentado diferentes iniciativas legislativas en el Parlamento vasco
para regular los precios del alquiler pensando que con nuestro
autogobierno tendríamos margen para actuar, pero el Partido Nacionalista
Vasco nos cerró la puerta porque consideraba que existía una falta de
seguridad jurídica y había que esperar a la ley estatal que hoy tenemos
entre manos. Sin embargo, ahora vetan la ley precisamente por invasión
competencial y no entran ni a discutirla. Sinceramente, el argumento
competencial nos parece una cortina de humo para no entrar en el debate
político y confrontar las prioridades que tiene cada uno, modelos
conservadores frente a modelos progresistas.

Euskal Herria Bildu ha hecho todo lo que hemos
hecho en otras leyes: introducir salvaguardas competenciales que han sido
aceptadas. Señorías del PNV, ¿por qué no habéis hecho lo mismo?, ¿por qué
lo que ha valido para otras leyes no vale para esta? Además, quiero
sugerirles algo: si se han dado cuenta de que existe una trampa
competencial del Estado cuando se otorga competencias de coordinación
política y ven ahora la necesidad de superar el actual marco
competencial, saquen del cajón la propuesta del nuevo estatus político
vasco, porque Euskal Herria Bildu, como sabéis, está dispuesto a hablar y
a avanzar en ese sentido. Mientras tanto, consideramos que esta ley
define un nuevo marco jurídico que es necesario para limitar el derecho a
la propiedad. Y a partir de aquí, esta ley no es perfecta, no solucionará
todos los problemas que tenemos, pero se abre una oportunidad para que
las comunidades que quieran avanzar en este sentido tengan mayor
cobertura jurídica, que hasta ahora no la teníamos. Y esto no lo digo yo,
lo han dicho ya reconocidos juristas vascos.

Lo que no me queda claro, señorías del Partido
Nacionalista Vasco, es cuál es su alternativa para garantizar el derecho
efectivo a la vivienda. ¿Podemos saber si estáis a favor de regular los
precios del alquiler? ¿Podemos empezar a trabajar esta cuestión? ¿O están
en contra de declarar zonas tensionadas en la comunidad autónoma vasca,
aun cumpliendo las condiciones que prevé esta ley? Y lo pregunto porque
ha sido imposible aclarar estas cuestiones ni en las instituciones vascas
ni aquí, en Madrid. Ahora no debería haber ninguna excusa de inseguridad
jurídica para seguir trabajando en este sentido.

Dicen en el veto que la ley no crea
herramientas para que los ayuntamientos puedan enfrentarse a la
problemática de pisos turísticos. Esto sí que sería una invasión
competencial, y esto es una incoherencia.

Por último, en el veto presentado por el Grupo
Parlamentario Vasco se hace gala de la Ley vasca de vivienda,
reconociendo que contempla medidas mucho más garantistas y protectoras.
Me alegra escuchar esto porque en su día, además de votar en contra de
esta ley, dijeron cosas como que era una ley técnicamente mala, que era
un brindis al sol, que iba a tener un efecto llamada masivo con
proyección mundial; en fin, el tiempo ha demostrado que esto no es así.
Pero la mejor defensa que se puede hacer de una ley es cumpliéndola, y de
momento lo que hemos visto es una clara falta de voluntad, porque la Ley
vasca de vivienda contempla, por ejemplo, la posibilidad de gravar con un
canon las viviendas vacías. En el Ayuntamiento de Bermeo, como en otros
ayuntamientos gobernados por Bildu, lo pusimos en marcha, pero cuando
llegó el PNV lo quitó. Se contemplaba, además, la posibilidad de
expropiar viviendas de bancos que durante más de dos años hubieran estado
cerradas, pero no se ha expropiado ninguna. ¿Así se defiende una
ley?

Concluyo. Euskal Herria Bildu tiene muy claro
que para dar respuesta a esta situación hay que regular el mercado, y a
nosotras esto no nos provoca ningún conflicto de interés, porque nuestra
prioridad es mejorar la vida de la mayoría social de nuestro país, y lo
estamos demostrando.

Por supuesto, votaremos en contra de todos los
vetos presentados a este proyecto de ley.

Muchas gracias. Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Eskerrik asko, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Popular, en este
turno tiene la palabra la senadora Rojo Noguera.

La señora ROJO NOGUERA: Gracias,
presidenta.

Señor Morales, yo siento realmente que les meta
miedo la verdad, pero nosotros no mentimos, decimos la verdad, ustedes
no, porque cuando no les gusta sacan a relucir los tópicos y los
argumentarios de siempre. Al final, yo lo único que tengo que decir aquí
es que la política es algo muy serio, por lo menos yo así lo creo, y
nuestras acciones, nuestras iniciativas tienen que ir siempre encaminadas
a lograr el bienestar de los ciudadanos con medidas positivas y que
ayuden, no todo lo contrario. Por eso, a mí lo que me parece inaudito es
que ustedes incluyan en una ley cuestiones que saben, porque además lo
han reconocido, que pueden generar muchos problemas. Yo quisiera decir
aquí que legislar es muy importante, tenemos que ser responsables y saber
las consecuencias que tiene para los ciudadanos todo lo que hacemos en
las Cámaras, todo lo que hacemos aquí, y a veces ustedes parece que lo
olvidan y que niegan la realidad, niegan la realidad de que están
asumiendo propuestas de Eskerra Republicana y de Bildu —aquí lo
acaba de decir la portavoz de Esquerra—, propuestas que no llevan a
ningún lado. La medida del alquiler es la medida estrella de cualquier
política populista ligada a la historia de la humanidad y que siempre ha
fracasado. Está más que demostrado que, si se controlan los alquileres,
muchos propietarios de viviendas las retirarán del mercado —ya lo
están haciendo—; que los pisos serán viejos y sin reformar porque
los propietarios no tendrán ningún incentivo para poner sus viviendas en
buenas condiciones; que los empresarios o los inversores que quieran
hacer viviendas huirán e invertirán y crearán vivienda donde las
condiciones les sean más favorables. Sinceramente, señorías, yo creo que
esta no es forma de trabajar, sobre todo en un tema tan sensible. Hay que
trabajar con responsabilidad y hay que tener muy claro para lo que
estamos aquí.

El Gobierno debería hacer también una reflexión
y analizar si cabe hablar de la inexistencia de vivienda en España ante
esta situación cambiante de nuevos modelos habitacionales o si la
inseguridad jurídica que provocan todas estas medidas que ustedes están
aceptando es también un factor determinante que está provocando esta
distorsión, porque no deja de ser paradójico que con todas las viviendas
que han quedado disponibles como consecuencia de la crisis turística
durante la pandemia de la COVID —estamos hablando de en torno a
un 76 % de viviendas en toda España—, no hayan sido ustedes capaces
de asumirlo. Y la situación descrita no solo persiste, sino que
empeora.

Han hecho ustedes un totum revolutum con esta
ley de vivienda y no han sido capaces ni de establecer claramente el
marco competencial legal entre el Estado y las comunidades autónomas, un
marco que dé cobertura a la situación actual en función de las
competencias que ya les otorga la propia Constitución y que no haya
conflicto con las comunidades autónomas. Está perfectamente delimitado el
marco competencial, así que no sé por qué no se puede trabajar en
coordinación y en colaboración con las comunidades autónomas y con los
ayuntamientos. Creo sinceramente, señorías, que la Ley de vivienda no
debe ser un instrumento cuya finalidad sea meramente intervencionista,
algo que, además, venden ustedes como un mecanismo para resolver un
problema, un problema que, al margen de ser transitorio, deben tener
ustedes claro, como aquí también se ha reconocido, que no responde por
igual en todo el territorio nacional.

Yo podría decir, en nombre de mi grupo, que hay
alternativas frente a una mayor intervención pública que limita el
derecho a la propiedad y que desincentiva la inversión; es posible
plantear alternativas con soluciones que respetan la libertad individual
y que favorecen también, por qué no, la iniciativa privada, medidas que
ya se han aplicado con éxito. Señorías, cuando se quiere resolver un
problema yo creo que lo primero que hay que hacer, sobre todo, es
identificarlo y su causa, y ante la escasez de vivienda a precios
asequibles lo más normal y lo más lógico es estimular la oferta, que es
lo que hará caer los precios y aumentar la accesibilidad. Pero para ello
no se puede improvisar, como han hecho ustedes aquí con esta ley, sino
que necesitamos un debate serio y riguroso que permita diseñar la
política de vivienda que realmente España necesita; necesitamos
involucrar a todos los agentes del sector en un amplio consenso;
necesitamos, en definitiva, que la política de vivienda realmente sea una
política de Estado, porque en la industria de la promoción inmobiliaria
hay un ciclo de un número determinado de años y las decisiones que hoy se
toman van a solucionar los problemas de la próxima legislatura.

En definitiva, lo que debe contemplar una ley
de vivienda, señorías, son medidas útiles y eficaces, alejadas del
populismo y del intervencionismo, medidas que debemos poner en marcha
coordinadamente a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local;
medidas como, por ejemplo, simplificar la normativa y reducir la
burocracia. Los largos procesos que conlleva la transformación de suelo
para hacer viviendas está claro que reducen la oferta y encarecen la
vivienda. Debemos reforzar la seguridad jurídica en el mercado de
vivienda, puesto que somos el único país que, frente a la okupación,
defendemos al que okupa y no al propietario. Necesitamos utilizar todo el
suelo vacante que podamos de las administraciones públicas y, desde
luego, ahora nos alegramos de que anuncien miles de viviendas porque han
descubierto los suelos del SEPE, de la Sareb y también del Ministerio de
Defensa, aunque creo que les podíamos acusar casi de negligencia y de
dejación de funciones, como dice un compañero mío, porque cómo es posible
que con tantas oportunidades que tenían ustedes para hacer suelo público
no hayan hecho absolutamente nada. Yo creo que el señor Morales tampoco
tiene muy ajustados los datos, porque ha sido la propia Sareb la que les
ha dicho que los datos, esos que dicen de 50 000 viviendas, no son los
correctos, porque solo poseen 9000 ya terminadas, señor Morales. Lo que
tendrán que ver es qué pasa con el resto, y yo se lo puedo decir:
viviendas en estructura, viviendas okupadas, viviendas sin terminar o
viviendas en lugares en los que no hay absolutamente ninguna demanda. Por
lo tanto, hagan números y vean realmente cuántas son las viviendas de las
que pueden disponer, que ojalá sea el mayor número posible.

La demanda de vivienda no puede ser satisfecha
solo por la Administración Pública —yo espero que eso lo tengan
claro—, no tiene capacidad para financiar 1,2 millones viviendas en
alquiler que se estima que hacen falta en este momento. Por lo tanto, yo
creo que no pasa nada si hay un modelo de colaboración público-privada
que se ha puesto en marcha muchos sitios y que funciona.






Incluso ustedes
también lo han puesto en marcha en otros momentos. Está claro que debemos
facilitar y reforzar esa política social de vivienda dirigiéndonos, sobre
todo, a hacer más sencillo el acceso a viviendas en alquiler,
concentrando las ayudas en los segmentos más desfavorecidos, no puede ser
de otra manera. Tenemos que superar el debate propiedad-alquiler, porque
es necesario promover toda la vivienda de alquiler que sea necesaria,
pero también toda la vivienda en propiedad que sea posible. No olvidemos
que el alquiler facilita el acceso a la vivienda y la movilidad laboral,
y la propiedad, señorías, en nuestro país es el mejor plan de pensiones
porque favorece el ahorro y también la estabilidad.

También creemos que es necesario repensar el
modelo de vivienda protegida, porque después de más de ochenta años y sin
apenas cambios posiblemente tengamos que hacer un debate en profundidad
sobre un tipo de vivienda que lleva sin ayudas públicas desde el año 2013
y, además, con la amenaza de muchas de las medidas que ustedes incluyen
en este proyecto de ley, como es la calificación permanente. Habrá que
valorar si tiene sentido una vivienda de protección oficial como la que
tenemos en pleno siglo XXI o hay que apostar por alternativas, por
ejemplo, a través de las ayudas fiscales.

El acceso de los jóvenes a la vivienda es una
prioridad y, desde luego, nosotros compartimos esa barrera insuperable en
el pago del 20 % de la hipoteca, que en las comunidades gobernadas por el
Partido Popular ya se está aplicando. Asimismo, estamos aplicando medidas
que no nos importaría explicárselas al Gobierno cuando quieran y que las
pueden copiar sin ningún problema. Creemos que es necesario apostar por
la regeneración urbana de las ciudades, porque hemos desarrollado las
viviendas hacia la periferia y nos hemos olvidado del interior de las
ciudades, donde existen entornos degradados que requieren una urgente
cirugía urbana. Necesitamos pasar de la rehabilitación de edificios a la
regeneración de barrios —nos parece muy importante— y
necesitamos, en definitiva, que los fondos europeos sean una oportunidad
para que la solución del problema de la vivienda forme parte de la
recuperación y, por tanto, debemos hacer de la construcción de vivienda
asequible y la regeneración urbana motores de la recuperación
europea.

En definitiva, señorías, medidas de alcance,
consideraciones que debería regular una normativa estatal en materia de
vivienda y que ponemos encima de la mesa porque creemos que es posible
diseñar una política de vivienda eficaz que responda a las necesidades
actuales de los ciudadanos y que se favorezca la recuperación con el
mayor consenso posible. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, creemos
que la única alternativa a un pacto serio, a un acuerdo serio y a una
política de vivienda seria es un pacto con el Partido Popular. Estamos
viendo que no son capaces ni de ponerse en muchas cosas de acuerdo con su
Gobierno y, por tanto, lo único que nos queda es empezar cuanto
antes.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Moreno Duque.

La señora MORENO DUQUE: Gracias,
presidenta.

Nunca de una ley se dijo tanto conociéndola tan
poco. (Aplausos). Y no me refiero a las críticas que recorren las
justificaciones de los vetos, centradas en su mayoría en la invasión
competencial, el ataque a la propiedad privada o el mecanismo de
contención de precios, que trataré de contrargumentar, es que desde
octubre de 2021 el señor Casado —hoy lo dice el señor Feijóo—
ya anunció que la recurriría sin conocer su contenido, que el PP la
recurriría ante el Tribunal Constitucional, un recurso de
inconstitucionalidad apriorístico, sin conocer el contenido.

Señorías, dicen que quieren un pacto de Estado.
Pues empiecen tratando este problema de la vivienda como una cuestión de
Estado y déjense de falacias, de bulos y de conjeturas (Aplausos), que
era lo único que tenían ustedes cuando ya anunciaron que la recurrirían.
Impulsar la construcción de un eficaz derecho a la vivienda es el
objetivo principal de la ley, porque, como en la mayoría de los países,
no es un derecho fundamental, como por ejemplo sí lo es el derecho a la
libertad de expresión, por lo que carece de una acción judicial a nivel
internacional que garantice su ejercicio. Como aquí en nuestro país, por
la situación de tal derecho dentro del texto constitucional, ni siquiera
es un derecho individual que la ciudadanía pueda reclamar o exigir a los
tribunales, porque no es justiciable ni exigible por sí mismo, el
Gobierno tenía claro desde el inicio de la legislatura que tenía que
legislar, porque cuando el derecho a la vivienda no obliga a los poderes
públicos, sino que solo informa porque son los principios rectores de la
política social y económica, cuando no vincula, cuando no obliga, se
tiene la tentación de no cumplirlo. Y eso es lo que ha venido sucediendo,
señorías, que ha quedado relegado a una mera aspiración sociopolítica.
Sujeto a la voluntad del gestor de lo público, su reconocimiento se ha
abandonado a su expresión más privada e individualista y se ha sometido a
las reglas del mercado, cuando debería haber formado parte de ese mínimo
vital que toda persona debiera tener garantizado. (Aplausos). Por eso,
señorías, insisto en que el Gobierno lo tenía claro desde el inicio de la
legislatura, que tanto desde el punto de vista jurídico y político, pero
sobre todo desde el punto de vista ético, la efectividad de tan esencial
elemento para la vida humana no podía quedar sujeta a los caprichos y a
la voluntad del gestor público de turno, que podía obedecer a intereses
espurios, como la venta de las viviendas sociales a los fondos buitre en
la Comunidad de Madrid. (Aplausos). Por eso, con esta ley se acabó, se
acabó esa práctica indecente que deja abandonadas a las familias más
vulnerables a la intemperie.

Esta ley no invade competencias autonómicas;
eso sí, limita esta práctica indecente del Ayuntamiento de Madrid y de la
Comunidad de Madrid, y que la recurran, como ya han dicho que harán, que
las recurran ante el Tribunal Constitucional, que el Tribunal
Constitucional les quitará razones, como ha hecho con la limitación de
los desahucios durante la pandemia. Pero ¿cómo es posible, señorías, que
la medida que adoptó el presidente Sánchez durante la pandemia en cuanto
a limitar los desahucios fuera la misma que adoptó la señora Merkel en
Alemania y aquí el PP la recurriera al Tribunal Constitucional, que le ha
quitado la razón? No olvidemos que la condición para limitar el desahucio
era que la familia vulnerable no tuviera alternativa habitacional durante
la pandemia. ¿Es que ustedes no tienen alma? (Aplausos). ¿Es que no
tienen alma? Porque el sentido de la justicia dice que tiene que haber un
límite a la inhumanidad. La ley no invade competencias autonómicas porque
no pretende uniformar las legislaciones autonómicas en materia de
vivienda, no va a suponer una inconstitucionalidad sobrevenida de las
legislaciones existentes, porque el Ejecutivo no quiere que el
Legislativo reconozca al Estado una competencia que no tiene, sino que lo
que quiere es ofrecer un parámetro de constitucionalidad desde el plano o
la perspectiva de la igualdad de acceso de toda la ciudadanía a ese
derecho a la vivienda digna y adecuada para que la legislación sustantiva
en materia de vivienda tenga efecto real, aplicable e incuestionable ante
los tribunales. Por cierto, ¿no es sospechoso ese súbito e inusitado
interés del Partido Popular por la salvaguarda de las competencias
autonómicas? ¿No es sospechoso? (Aplausos). Si tan autonomistas son, ¿por
qué no las respetaron cuando estaban gobernando? ¿Por qué el señor Rajoy
recurrió sistemáticamente todas y cada una de las leyes autonómicas que
incluían la función social de la vivienda? ¿Por qué las recurrió? A ver
si es que van a ser como el perro del hortelano, ni legislan ni dejan
legislar. (Risas).

Por cierto, la otra justificación de los vetos
—me voy a centrar en tres— es el ataque a la propiedad
privada. Niego la mayor: derecho a la vivienda versus derecho de
propiedad. El antagonismo, la antinomia es falsa. El derecho de propiedad
va a quedar con el mismo contenido que reconoce la Constitución, el mayor
poder reconocido sobre una cosa por el ordenamiento jurídico, que exige
que su regulación, su desarrollo normativo, sea por ley e impide su
regulación por decreto ley. ¿No les parece suficiente? Porque el derecho
de contenido débil, el derecho débil, es el derecho a la vivienda, y su
fortalecimiento no va a suponer en ningún caso un menoscabo del derecho
de propiedad porque se recoja, por ejemplo, el IBI a las viviendas
vacías. Cosa distinta es que la función social que justifica la
imposición de ese recargo tenga que limitar el derecho de propiedad, pero
es que eso está así desde 1978. (Aplausos). Claro, a ustedes no les gusta
tampoco el derecho de propiedad como está regulado, no les gusta. Dicen
que defienden la Constitución, pero gran parte de sus artículos no les
gustan. Por eso, el parlamentario de Alianza Popular encargado de
proponer la redacción del artículo 33, el que regula el derecho de
propiedad, y del artículo que regula el derecho a la vivienda, no votó la
Constitución. Por eso, el 31 % de sus antecesores no la votó.
(Aplausos.— Rumores). No les gustan, estas verdades no les gustan,
dicen que hacen daño, claro que hacen daño las verdades, sí.

En vivienda, el PP se ha movido en la aporía
política, la política sin programa, y ahora se permiten cuestionar el
mecanismo de contención de precios como una interferencia inadmisible en
el mercado inmobiliario. Pero, señorías, si cuanto más alejado esté el
componente especulativo mayor garantía de estabilidad y equilibrio se
dará a un mercado altamente imperfecto, porque pertenece a un sector
cíclico en grado extremo. Documéntense. (Aplausos). Por eso, se está
extendiendo por toda Europa. Yo no sé qué datos tienen ni cuáles son las
fuentes a las que acuden. ¿O es que ustedes son más listos que el
ministro del Interior de la señora Merkel, que extendió el mecanismo de
contención de precios por los länder? Lo extendió hasta en 203
municipios, la derecha bávara. En Francia, son los alcaldes franceses los
que están pidiendo la limitación de precios. Y en Holanda quieren llegar
hasta el 90 % del parque inmobiliario en la contención de precios, en la
limitación de los alquileres. Aquí la derecha llegará tarde, como ha
llegado tarde a todas las leyes socialistas que han supuesto avances en
derechos. A la limitación de precios también llegarán tarde.
(Aplausos).

Señorías, los vetos presentados se sustentan en
falacias para poder poner en el rechazo social. Si ustedes tenían otro
modelo de vivienda, el que han anunciado desde un ático en Madrid, ¿dónde
está el texto alternativo en el veto? Si tenían otro modelo de vivienda,
¿dónde está el texto alternativo? (Aplausos). Cimentar la justificación
de los vetos en una cacofonía de mensajes y consignas solo contribuye a
convertir este debate en un espectáculo, donde la pérdida de sentido y
del valor de la palabra empobrece la esencia del pensamiento. (Aplausos).
Están abusando ustedes d del relato de los okupas, pero el cuento sin más
ya no les va a resultar tan eficaz como esperan y corren el riesgo de
convertir a su líder en un cuentacuentos sin criterio.

Nada más y muchas gracias. (Fuertes y
prolongados aplausos de las señorías del Grupo Parlamentario Socialista
puestas en pie).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Señorías, pasamos al debate del articulado.
Para la defensa de las enmiendas 164 a 185 y 187 a 189, tiene la palabra
la senadora Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario
Mixto.

La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias,
presidenta.

Vox ha formulado distintas enmiendas al
proyecto de ley, además del veto, con el objetivo de mejorar un texto
absolutamente deficiente. El hecho de que sea una ley del partido de
Otegui que fomenta la ocupación, que desprotege a los españoles, ya es
razón suficiente para vetarla. Introducimos enmiendas porque la ley
tiene, además, errores técnicos absolutamente garrafales. Entre otras,
introducimos modificaciones en relación con la función social de la
vivienda, porque el artículo 47 de la Constitución establece un mandato
para garantizar el derecho al disfrute de la vivienda dirigido a los
poderes públicos y no a los particulares, porque el Gobierno, cuando no
manosea la Constitución o la pisotea, entiende lo que quiere, y resulta
que, basándose en esto, el proyecto contiene constantes injerencias en la
propiedad privada, mal justificadas, en el intento de hacer valer este
derecho.

Esta traslación de funciones es una intromisión
basada en la sujeción sin límite del derecho de la propiedad a la función
social de la vivienda, olvidando la utilidad pública, que, junto con la
función social, conforma el contenido esencial del artículo 33 de la
Constitución.

Las enmiendas de Vox van dirigidas a impedir
que el PSOE y sus socios sigan atentando contra la propiedad privada y a
corregir los innumerables errores garrafales de la ley, por ejemplo, la
modificación del artículo 3, para suprimir la explicación de cuándo una
vivienda no cumple con las condiciones mínimas exigidas de conformidad
con la legislación aplicable en tanto que ya existe la cédula de
habitabilidad. O la eliminación de conceptos jurídicos indeterminados,
como gran tenedor o sinhogarismo; el primero, por la discriminación que
hace a los propietarios, y el segundo porque ni siquiera está recogido
por la RAE. Ese es el nivel de la ley. O pedimos también la supresión del
artículo 5, porque ya existe una acción pública en urbanismo contemplada
en el artículo 62 de la Ley del suelo.

Como ven, la ley tiene errores básicos que no
cometería ni un estudiante de Derecho.

Introducimos una enmienda de adición para hacer
constar el derecho a desalojar, por los procedimientos jurídicos
establecidos al efecto, a quien ocupe sin justo título un inmueble o
parte de él. Nosotros entendemos que el sectarismo de este Gobierno les
impide aceptar las enmiendas de Vox por el simple hecho de presentarlas
nosotros, pero rechazar estas enmiendas dará buena cuenta de lo que a
ustedes les importa en realidad el derecho a la vivienda e ilustrará muy
bien de parte de quién están ustedes.

El PSOE nos acusa de meter miedo con la
okupación, como cuando avisábamos de lo que ocurriría con la Ley del solo
sí es sí y el PSOE y toda la izquierda se dedicaron a decir que eso eran
bulos de la ultraderecha, y ahí están los violadores, campando a sus
anchas gracias a ustedes. Y aquí no ha dimitido absolutamente nadie. Los
que se ríen de los españoles y los que mienten son ustedes y, si no,
salgan a la calle, si es que pueden pisarla, vayan a Barcelona, hablen
con la gente de allí, hablen con las personas mayores de allí, a las que
les da miedo salir a la compra por si les okupan la casa. Eso está
pasando en Barcelona. O vayan a Canarias. Ahora que estamos en campaña es
una buena ocasión para ir a Canarias, donde según el Ministerio del
Interior la okupación ha crecido un 10,4 % respecto al mismo periodo del
año 2022. Ahora que estamos en campaña, vayan allí y digan que la
okupación no es un problema, que eso es un invento de la ultraderecha. El
final, de todas maneras, ya lo conocemos todos.

Pedimos también la supresión del artículo 26,
que propone la creación de un consejo asesor específico para políticas de
vivienda, porque, por si no lo sabían, desde el año 2015 ya existe un
Consejo asesor que tiene entre sus funciones asesorar al ministerio en
materia de vivienda, con lo cual, carece de sentido, a no ser que ustedes
quieran otro chiringuito donde dilapidar el dinero de los españoles.

Introducimos enmiendas para fomentar que los
propietarios pongan sus viviendas en alquiler a través del incremento de
beneficios fiscales de las rentas de alquiler para los arrendadores y
solicitamos la eliminación del incremento del IBI.

Estas son algunas de las enmiendas que
presentamos. La ley entera está mal hecha, razón por la cual presentamos
un veto. Presentamos enmiendas para intentar aminorar los perversos
efectos de una ley nefasta en la forma y en el fondo, y sabemos que no
nos las van a aceptar. No nos las van a aceptar porque su sectarismo se
lo impide, su sectarismo y sus pactos con el brazo político de ETA, el
partido de Arnaldo Otegi, cuya política de vivienda consistía
fundamentalmente en volar las casas cuartel de la Guardia Civil. Con esos
son con los que ustedes gobiernan, con esos son con los que ustedes sacan
adelante leyes, y esta ley en concreto, la Ley de vivienda, no la sacan
porque a ustedes les preocupe el derecho a la vivienda, la sacan porque
así se lo exigen sus indignos socios y así se lo permite su cinismo, si
es que quieren seguir en el sillón.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 46 a 50, del
señor Fernández Viadero, del Grupo Parlamentario Democrático, y del señor
Sánchez-Garnica Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Buenos días, señorías. El Partido Aragonés y el
Partido Regionalista de Cantabria han presentado enmiendas a este
proyecto de ley con el objetivo de garantizar los derechos de los
propietarios de bienes inmuebles que sean okupados, y no solo cuando
estas okupaciones se hacen a través de grupos organizados que sacan
réditos económicos de ellas, que también. Como se ha tratado a lo largo
de esta legislatura varias veces en el Senado, las okupaciones ilegales
de viviendas en diversos puntos del Estado es un hecho contrastado que ha
supuesto un perjuicio manifiesto para las víctimas, desamparadas por una
legislación que no da respuesta ni soluciones eficaces ante hechos
realmente graves. Si analizamos cuál es el procedimiento a la hora de
desokupar una vivienda okupada ilegalmente, solo encontramos trabas y un
largo proceso que puede dilatarse hasta tres años, con lo que podríamos
llegar a la conclusión de que nuestro ordenamiento jurídico ampara a los
delincuentes frente a los propietarios legítimos. Esto se debe a una
serie de vacíos jurídicos y ambigüedades en nuestra legislación que
impiden la actuación de los tribunales y las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado de forma inmediata tras denunciarse una usurpación.
A pesar de lo que muchos defienden, este sí es un problema real que nos
traslada la ciudadanía, independientemente de los tantos por ciento que
nos dan aquí de viviendas o personas afectadas. ¿Es aceptable que una
familia pueda perder el uso de una casa, que es el resultado del trabajo
de toda la vida, por falta de voluntad política para realizar
modificaciones legislativas? Para los regionalistas no lo es y, además,
nos parece una injusticia. Los que conocemos casos como estos sabemos los
problemas que suelen surgir con los okupas. En mi municipio, en Meruelo,
hemos llegado a tener seis inmuebles okupados de forma simultánea,
sufriendo todos los vecinos las consecuencias. Suciedad, ruidos,
destrozos de los inmuebles, trifulcas, miedos, inseguridad son algunos de
los problemas, a los que se unen, por ejemplo, los problemas para el
propio propietario, que tiene que hacerse cargo de los pagos de la luz,
del suministro de agua, etcétera. Por tanto, aunque el uso de la vivienda
lo hagan los okupas, las facturas y los embargos por los impagos les
llega a los propietarios legítimos. Esto, por tanto, es un auténtico
disparate.

Insisto, estas okupaciones generan, además,
como he dicho antes, esa sensación de inseguridad generalizada entre la
ciudadanía, sobre todo, tras la aparición de grupos organizados cuya
actividad y beneficio consiste en localizar pisos de segunda residencia,
los cuales okupan y subarriendan. Dado que esta es una ley de vivienda,
creemos que tenemos la oportunidad de dar solución a esta serie de
situaciones que hemos descrito. Es más, creemos que nuestro deber como
legisladores es hacerlo, pues así nos lo trasladan los ciudadanos.

Coincidimos en que se debe garantizar el
derecho a la vivienda y que el Estado tiene la obligación de dar
soluciones a aquellas personas en situación de vulnerabilidad que no
tienen recursos para acceder a una vivienda digna. Ahí encontrarán a los
regionalistas. Igualmente, creemos que deben garantizarse con claridad
los derechos de los propietarios de inmuebles a través de las
modificaciones legislativas pertinentes que proponemos a través de las
citadas enmiendas y que venimos defendiendo a lo largo de toda la
legislatura tanto en las Cortes Generales como en el Parlamento de
Cantabria y ayuntamientos. Por eso, pedimos que sean las
administraciones, por un lado, las que asuman el pago de los alquileres
en aquellos casos en los que los inquilinos dejan de pagar el alquiler y
no abandonan el inmueble, cuando sean casos de familias vulnerables. En
segundo lugar, la modificación de la Ley del Tribunal del Jurado para
agilizar los procesos que llevan a la desokupación. También proponemos
modificar el Código Penal para endurecer las penas por okupación,
haciendo especial hincapié en aquellas bandas organizadas, de las que ya
hemos hablado, que se lucran arrendando ilegalmente pisos ocupados.

Finalmente, creemos necesario, en consonancia
con lo expuesto anteriormente, cambiar las leyes de Enjuiciamiento Civil
y Enjuiciamiento Criminal para contribuir a agilizar los procesos de
recuperación de viviendas okupadas por parte de los legítimos
propietarios. Creemos que la inclusión de estas enmiendas es necesaria y
contribuye a mejorar sustancialmente el texto y, por ello, esperamos el
apoyo del resto de los grupos. En caso de que no se incorporen al texto,
no apoyaremos la Ley de vivienda.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 42 a 44, del
Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador Sánchez
López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Sí, presidenta,
intervengo desde el escaño para darlas por defendidas.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 7, tiene
la palabra la senadora Martín Larred, del Grupo Parlamentario
Democrático.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias,
presidenta.

A pesar de que en el Congreso se lograron
aprobar doce de las enmiendas que habíamos propuesto, nos quedaban
algunas cosas pendientes y son las que hemos propuesto en estas
enmiendas, porque creemos que es más beneficioso para el desarrollo de
las viviendas en los pueblos. En una de ellas, sobre todo, pedimos la
definición de vivienda protegida de tipología rural. Me gustaría que el
resto de los grupos las leyeran, las tuvieran en cuenta y se pudieran
incluir en una ley en la que por primera vez se tiene en cuenta el
desarrollo de vivienda en las zonas rurales, que hasta ahora no se habían
incluido.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 51, 55 a 63
y 65, del senador Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, tiene la palabra el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidenta.

Quiero iniciar la defensa de las enmiendas de
Geroa Bai a esta Ley estatal de vivienda mostrando mi más absoluta
indignación ante la decisión torticera del Gobierno de impedir que se
debatan en esta Cámara algunas enmiendas nuestras que, supuestamente,
tienen incidencia en los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno
alega que nuestras enmiendas vetadas aminoran los ingresos, pero esto es
solo una estrategia que tiene por objeto aminorar otra cosa, la capacidad
de esta Cámara para hacer propuestas de calado y su capacidad para
debatir y abordar cuestiones que mejoran la vida de las personas. El
episodio más siniestro de este intento de restar protagonismo al Senado
lo sufrimos en junio de 2021, cuando la entonces presidenta, Pilar Llop,
en lugar de defender, como era su obligación, la capacidad legislativa de
esta Cámara, decidió, por mandato del Gobierno, negarse a trasladar al
Congreso el acuerdo tomado aquí para bajar el IVA de las peluquerías. Por
sus servicios, la señora Llop fue nombrada ministra poco después, nada
más y nada menos que de Justicia, y no sé si Roma pagaba o no a
traidores, pero, desde luego, el PSOE sí hace regalías a quienes obviando
su papel institucional se pliegan a sus órdenes.

Nuestras enmiendas vetadas buscaban poner fin
al castigo fiscal que supone para los agentes públicos que trabajan por
dotar a sus comunidades autónomas y ayuntamientos de un parque de
vivienda en alquiler social tener que asumir un IVA del 21 % a la entrega
de las viviendas, sin poder deducírselo, mientras que sí se lo pueden
deducir en las promociones en venta. Dudo mucho de que, a medio y largo
plazo, se diera una minoración de ingresos, porque, como ha ocurrido con
el programa renove de vehículos, el resultado ha sido siempre un
incremento de la recaudación por el efecto de tirón que tienen estas
medidas. De todos modos, ese supuesto efecto de minoración de ingresos se
hubiera podido resolver, simplemente, señorías del Grupo Socialista,
derivando la medida al ejercicio 2024. Aquí, por tanto, lo que está claro
es que hay un problema de voluntad política y de seguir castigando
fiscalmente la vivienda en alquiler social y asequible, mientras el
presidente va soltando, día tras día, pildoritas de promociones de VPO,
que no concreta, y que son tan etéreas como sus mitineros compromisos
para colocar a España entre los países europeos con más porcentaje de
vivienda protegida.

Y es que el presidente Sánchez afirmaba de
forma enérgica en un mitin hace unos días que quiere que España se
convierta en un país con un 20 % de vivienda protegida en diez años.
Señorías, en el Estado hay hoy 290 000 viviendas públicas. El parque
total de viviendas alcanza casi los 26 millones, por lo que, para
alcanzar ese objetivo del 20 % de vivienda protegida, sería necesario
construir alrededor de 5 millones de viviendas. ¿Piensa, de verdad, el
presidente Sánchez que va a construir en la próxima década 5 millones de
viviendas protegidas? ¿Eso qué es, insolvencia o mala fe? Porque,
obviamente, el filón de las ayudas europeas no va a durar eternamente, y
con los presupuestos de las administraciones ese objetivo es totalmente
inabordable. Si realmente hay voluntad de afrontar uno de los mayores
retos a los que se enfrenta la ciudadanía española, que es el de dar una
alternativa habitacional a quien de verdad lo necesita, hay que buscar
otras opciones. Y el reloj corre muy deprisa para quienes tienen
necesidad de una vivienda y no pueden recurrir al mercado libre. Por eso,
Geroa Bai ha presentado y ha buscado modelos exitosos en otros países.
Uno de ellos es la Livret A, una libreta cuyo interés lo marca el
Gobierno francés, hoy día el 3 %, y gran parte de cuyos fondos se
transfieren y reinvierten para otorgar préstamos a las entidades públicas
y mixtas que promueven y gestionan vivienda social en alquiler asequible.
En 2022, en Francia, de esta libreta salieron 11 500 millones de euros
para vivienda social. Es decir, en un solo año tres veces los 4000
millones que el presidente Sánchez comprometió hace unos días de créditos
del ICO. La libreta actúa como una cuenta de ahorro para ciudadanos y
residentes franceses, y sus declaraciones anuales no están sujetas a
impuestos. En enero de este año 2023 había 55 millones de Livret A, con
un importe total de 384 700 millones de euros. Con ese método se han
promovido 4 760 000 viviendas, en las que viven ya más de 13 millones de
franceses y francesas. Solo se puede abrir una libreta por persona y el
saldo máximo que se remunera es de 22 950 euros, por lo que los bancos
privados siguen teniendo margen de negocio para captar ahorro. La
remuneración media de los depósitos en Francia se situó en el 2,37 %,
cuatro veces más que lo que pagan los bancos en España, el 0,6.
Seguramente algo tendrá que ver la Livret A, que actúa como incentivo
para que la banca privada francesa remunere también el ahorro.

Esta iniciativa, por tanto, además de ofrecer
financiación para hacer realidad el sueño del presidente Sánchez de
contar con un parque público de vivienda del 20 %, animaría, o podría
animar, si ustedes así lo quisieran, a la banca española a ser un poco
menos cicatera a la hora de pagar por la materia prima que ahora le sale
gratis, mientras cobra por presentar esa misma materia prima, es decir,
el dinero a casi un 4 %. Imagino que al Gobierno más progresista de la
historia, que a ustedes, no le temblará el pulso a la hora de reducir,
aunque sea un poquito, el negocio de la banca, cuyo rescate, por cierto,
nos ha costado a todas y todos 52 000 millones de euros. Y digo que
espero que se animen a rebajar un poquito la ganancia de los bancos a
cambio de financiar una tarea tan primordial como es la vivienda pública,
con la que se llenan ustedes la boca, tarde, pero se la llenan.

Pero, a pesar de que el Gobierno no ha prestado
su conformidad, o, dicho de otra forma, ha vetado y, por tanto, ha
impedido discutir aquí las enmiendas de Geroa Bai que pedían aplicar un
IVA reducido del 4 % a la entrega de viviendas y solares destinados a
vivienda pública en alquiler, estoy seguro, no tengo la menor duda, de
que partidos progresistas, como el Partido Socialista o como Bildu,
apoyarán esta iniciativa, que supondría revolucionar el mercado de la
vivienda en España y hacer realidad lo que hoy es un mero enunciado, el
derecho a una vivienda digna. Si no lo hacen, señorías, estaremos de
nuevo ante ese Partido Socialista que cada día actúa más como el perro
del hortelano, que ni hace ni deja hacer. Prometer, promete mucho.
Cumplir, poco, muy poco. Y ahora, además, con el apoyo de partidos
autodenominados soberanistas o independentistas, se entromete en las
comunidades donde sí hacemos lo que debemos, y no solo en materia de
vivienda. Todo un despropósito, señorías.

Para finalizar, comentaré otras enmiendas que
hemos presentado. Una de ellas pide la creación de un fondo estatal que
cubra la minoración de los ingresos de los pequeños propietarios para
compensar el efecto que tendrá el retraso en resolver los impagados en
caso de inquilinos vulnerables. Yo estoy de acuerdo con esa medida, pero,
puesto que ustedes la van a poner en marcha con la aprobación de esta ley
estatal, adquieran también la responsabilidad, financien también el
retraso en cobrar los impagados. Nos parece muy bien que se proteja a las
familias necesitadas, que no pueden hacer frente al alquiler ante
situaciones sobrevenidas hasta que se les dé una solución habitacional
por parte de la Administración competente, pero no parece justo que
tengan que ser los pequeños propietarios, muchos de los cuales
complementan sus pensiones con esas rentas, quienes corran con ese
sobrecosto. Me da la sensación de que ni se les ha pasado por la cabeza,
señorías del PSOE. De ahí que pidamos que el Estado compense solo
—insisto, solo— a los pequeños propietarios el dejar de
obtener la renta durante más meses al alargar los plazos la ley que
parece que van a aprobar.

Finalmente, hemos recogido una decena de
enmiendas de la ONG Save the Children. Por cierto, una de ellas también
vetada por el Gobierno, que buscaba que se tuviera más en cuenta en la
ley a las niñas y a los niños vulnerables. Save the Children también
vetada por el Gobierno más progresista de la historia de España.

Señorías, defendemos nuestras enmiendas no
porque sean nuestras. Las defendemos porque son buenas para las personas,
y ese es el motivo por el que esperamos que las voten a favor.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 66 a 134,
tiene la palabra el senador Mulet García, del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies,
presidenta.

Es la primera Ley de vivienda que se aprueba
durante la democracia y nos felicitamos por ello, pero nos hubiera
gustado llegar antes y, sobre todo, llegar mejor. Ya sabemos que el freno
a este Gobierno de coalición siempre es el PSOE, y aquí lo hemos visto.
Se han dedicado a tener paralizada esta ley durante demasiado tiempo y
luego a recortarla. Además, al margen de esta ley, como han visto que se
quedaba muy corta, se han dedicado a lanzar ristras de anuncios vacíos,
contradictorios y muchas veces hasta hipócritas. Nosotros continuamos
queriendo ser más ambiciosos y acabar con fenómenos como el de los
apartamentos turísticos, que expulsan a los residentes. Es un fenómeno
cada vez más presente en las ciudades turísticas, donde cada vez es más
difícil encontrar alquileres a precios normales. Y no han querido ponerle
freno a esto. Una vez más les han temblado las piernas.

En cuanto a los pisos de la Sareb, ya se lo
dijimos aquí al presidente del Gobierno durante su comparecencia, aunque,
como siempre, ni nos escuchó, ya que aquí viene a hablar mucho, pero a
escuchar nada. Criticamos los anuncios de destinar pisos de la Sareb para
viviendas, porque, en lo peor de la crisis, nos quitaron a todos y a
todas 63 000 millones de euros para rescatar a la banca, que había dejado
a miles de personas sin casas, sin ahorros y sin futuro. Fueron, en
teoría, 50 000 los inmuebles que se quedó la Sareb. ¿Qué han hecho
—vuelvo a preguntar— para recuperar ese dinero o esas
viviendas? No han hecho absolutamente nada. Fuera de esta ley, el
presidente anunció destinar las viviendas de la Sareb para el alquiler
social, pero tendrán que pagarlas las comunidades autónomas. Está muy
bien anunciar medidas para que las paguen otros. No hemos recuperado
los 63 000 millones de euros, y, si queremos las viviendas, las tenemos
que pagar de nuevo. No sé si alguna comunidad autónoma tendrá capacidad
para hacerlo. Otras estamos ahogadas, y luego lo debatiremos durante la
moción que hemos presentado.

O medidas como anunciar la construcción
de 20 000 nuevas viviendas públicas en terrenos comprados al Ministerio
de Defensa. O sea, el Gobierno anuncia la compra al Ministerio de Defensa
de este suelo. Es decir, terrenos que en su día fueron cedidos, ocupados
o pagados por las Administraciones locales y cedidos al Ministerio de
Defensa, o vendidos, en su caso, y pagados con dinero público, ahora una
Administración del Estado ha de comprar, en teoría, a otra del Estado. ¿Y
qué hará Defensa con el dinero que recibirá de esa compra por parte del
Estado, o sea, de sí mismo? Pues ampliar el gasto militar. Ya puestos,
compren con ese dinero a propietarios privados y que estos usen el dinero
en economía circular y no en armas que acaban siempre matando
personas.

Otro chupi anuncio que ha hecho el presidente
del Gobierno es avalar a los jóvenes con las hipotecas. O sea, no van a
cambiar las condiciones laborales, el precio de la vivienda, sino
perpetuar la esclavitud económica de los jóvenes para dejarlos atados a
una hipoteca de por vida, una hipoteca que no debería suponer nunca más
del 30 % del salario —quien tenga salario, obviamente—. Hoy
en día, con avales del Gobierno o sin ellos, si el 30 % del salario queda
libre para otros gastos que no sean la hipoteca es casi un milagro.
Venimos de una zona devastada por los grandes programas de actuación
integrada, los PAI, que han dejado al territorio hecho trizas. Han
corrompido a alcaldes y concejales de los partidos mayoritarios, han
alimentado y propiciado una burbuja que ha dejado a gente sin casa y con
deudas, han dejado miles de viviendas vacías, urbanizaciones a medio
terminar y bancos que no saben que hacer con esas viviendas. Y la
solución del Gobierno es pagar otra vez con dinero público, pero, eso sí,
que paguen otros, que paguen las comunidades autónomas.

Nosotros queremos ser más valientes, como, por
ejemplo, lo es Canadá, con la prohibición de compra de viviendas por
parte de capital extranjero. Canadá ha dado una lección, prohibiendo
desde el día 1 de enero de este año, y durante dos años, la compra de
viviendas a no residentes para controlar el precio, al haberse convertido
la adquisición de inmuebles en este país en objeto de especulación. Como
ven, la situación de Canadá, con este fenómeno, no es muy diferente a lo
que pasa en demasiados territorios del Estado. Nuestra propuesta, que ya
ha escandalizado a algún dirigente mojigato del Partido Socialista, lo
que pide textualmente es que, con el fin de evitar la especulación con la
compra de las viviendas, se aplique desde la entrada en vigor de esta ley
una moratoria de 36 meses para la venta de viviendas a las personas
físicas o jurídicas, entidades y empresas, no españolas, o que no
ostentaren esta condición de nacionalidad o residencia con una
anterioridad de un año a la compra del inmueble. Esta prohibición,
emulando también a Canadá, no sería de aplicación a las personas con
permiso de trabajo en el Estado español durante un periodo mínimo de tres
años anteriores al año en que se realizó la compra, y que no hayan
comprado más de una propiedad residencial. Tampoco sería de aplicación a
las personas exiliadas o refugiadas, o en situación de vulnerabilidad
acreditada, que no hayan comprado más de una propiedad residencial.
Tampoco sería de aplicación a ciudadanos y ciudadanas sin nacionalidad
española con estatus de residente temporal válido durante un periodo
mínimo de cinco meses anterior a la compra de la vivienda y que no hayan
comprado más de una propiedad residencial, o a las entidades cuyo objeto
sea el uso social de estas viviendas.

Asimismo, hemos querido ir más allá y
proponemos un impuesto, como está proponiendo también Canadá o Países
Bajos, al flipping inmobiliario para evitar la reventa especulativa de
las viviendas. Queremos poner fin a sacar un rápido beneficio de la venta
de viviendas acabadas de comprar. Por eso, proponemos un nuevo impuesto
que penalice las ventas de aquellas viviendas compradas en un plazo
inferior a 18 meses antes de la nueva venta. Este impuesto se aplicaría
progresiva y proporcionalmente al incremento del precio de venta del
inmueble respecto al precio al que fue adquirido. Y no sería tampoco de
aplicación en aquellos casos acreditados de cambio de circunstancias:
ampliación de la familia, divorcios, cambios laborales o emergencias
económicas, siempre y cuando no se haya procedido a la venta de otra
vivienda durante los 18 meses anteriores.

En esta ley hemos de decidir si estamos
hablando de la vivienda como un derecho o como un bien de mercado o de
inversión. El problema radica cuando lo segundo impide lo primero. Y es
imposible la convivencia de los dos supuestos cuando se especula con la
vivienda, cuando se convierte en un bien de mercado en exclusiva y se
priva a miles de personas de tener ese derecho y se convierte en un bien
inalcanzable para demasiada gente. Hasta que la vivienda no sea
asequible, su venta se ha de blindar para vivir, no para especular,
invertir o revenderla. Por eso hemos de apostar por medidas valientes,
como las que están aplicando muchísimos países mientras que España, una
vez más, se queda en la cola.

Por eso pedimos medidas como el impuesto al
flipping, para que deje de ser rentable la compra de viviendas para
revenderlas en un periodo muy corto de tiempo. También enmendamos la ley
para introducir una mayor protección a la infancia y a la adolescencia en
casos de lanzamientos. Atendemos a peticiones de organizaciones como Save
the Children, que, lamentablemente, no se han visto tampoco recogidas en
el Congreso. Pedimos que la ley contemple que, en casos de lanzamiento de
quienes ocupan una vivienda, se dé traslado a las administraciones
públicas competentes en materia de vivienda, asistencia social,
evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, por si
procediera su actuación, de manera que, en presencia de menores de edad
en el hogar, las administraciones públicas tengan que emitir un informe
obligatoriamente y como paso previo para prevenir situaciones de
vulnerabilidad en la infancia y en la adolescencia. Save the Children
anunció que esta Ley de vivienda no abordaba con la suficiente
contundencia la protección de la infancia frente a los desahucios.
Desde 2008 se han producido en el Estado español cerca de 700 000
desahucios, y se estima que entre el 70 y el 80 % afectan a familias con
menores, según datos de la ONU.

Urge, por tanto, una medida clave, como la
propuesta para proteger a los niños en los desahucios, que es la forma
más extrema de exclusión residencial y puede tener efectos irreparables
sobre ellos. De esta manera, hacemos caso a los informes del Comité de
Derechos del Niño y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, de Naciones Unidas, y a la Garantía Infantil Europea, de la
Unión Europea. Los derechos de la infancia deben reforzar el derecho a
una vivienda digna y adecuada a precio asequible en el espíritu de la
legislación ahora propuesta. Así, hasta 60 enmiendas que presentamos,
como siempre con urgencia, con el nulo interés por parte del Partido
Socialista de mejorar esta ley, que demasiadas ONG y movimientos sociales
están remarcando que es insuficiente. Aquí, el verdadero problema de la
okupación lo podemos constatar en casos muy concretos: en el Consejo
General del Poder Judicial o en la Zarzuela. En otros casos, estamos
hablando de personas en situación de emergencia social, a las cuales
también queremos dar respuesta con esta ley.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas número 135
a 138 y 140, tiene la palabra el senador Vidal Matas, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal.

El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.

Lo que nos pasa con esta ley es que se nos
había prometido un gran avance, y avanzamos, sí, avanzamos, y eso es
positivo. Pero uno esperaba dar un gran salto hacia delante de forma
potente, y nos hemos quedado en un pequeño pasito. Esto genera
frustración, porque teníamos la mayoría suficiente para dar ese gran
salto. Hemos avanzado y eso es positivo, pero hemos quedado muy lejos,
porque los retos que nos plantea la vivienda son muy grandes.

Señorías, evidentemente, el Estado tiene que
intervenir y las comunidades autónomas tienen que intervenir en el
mercado, porque el mercado, el libre mercado, su santo sagrado mercado,
nos ha llevado a una situación insostenible. Les Illes Balears es la
comunidad autónoma con los precios de vivienda más elevados y se han
incrementado en estos últimos cinco años en más de un 50 %. ¡Claro que
tenemos que intervenir en el mercado porque si no, no sé dónde acabaremos
viviendo! Les Illes Balears es un territorio limitado con una demanda
ilimitada, con una demanda internacional, con una demanda que hace que en
estos últimos diez años 60 000 viviendas hayan ido para no residentes, no
para vivir, para venir de vacaciones, para pasar el rato, para venir en
algún momento. Lo primordial para nosotros es defender el derecho a la
vivienda digna. Una de cada tres operaciones de venta de viviendas en les
Illes Balears el año pasado fue comprada por no residentes. De diciembre
a enero, los alquileres subieron un 20 % en les Illes Balears. Por tanto,
claro que tenemos que intervenir en el mercado, porque el mercado está
siendo salvaje y durísimo con los ciudadanos de les Illes Balears.

Planteamos unas enmiendas muy sencillas. La
primera propone que los pisos de la Sareb que ya hemos pagado no los
tengamos que volver a pagar, pero en ese aspecto no hay acuerdo. Entiendo
que la parte privada se pueda compensar, pero la pública se tiene que
regalar.

La segunda enmienda, que nos han vetado,
defiende que unos terrenos públicos son públicos, y pongo el ejemplo de
Son Busquets. Es indecente que 52 millones de euros del Ministerio de
Vivienda para política de vivienda acaben comprando armas; eso no se
puede entender. Esos 52 millones se tendrían que dedicar a construir
vivienda; el solar ya es público y, por tanto, no tendríamos que volver a
pagarlo.

El tercer bloque de enmiendas se refiere a los
no residentes. El Partido Socialista de les Illes Balears lo ha puesto en
su programa y eso nos alegra. Cada vez que nosotros planteamos un tema y
al cabo de un año o dos el Partido Socialista coge el guante y levanta la
misma bandera, estamos contentos, porque avanzamos, pero estaríamos más
contentos si hoy votaran a favor de nuestras enmiendas, de crear una
comisión para estudiar el tema de venta a los no residentes. Este Senado
aprobó esa comisión en una moción y ahora lo queremos incorporar en la
ley, pero ustedes hoy votarán en contra. No entendemos que la gente que
se rasga las vestiduras por España, con pulseritas y con todos estos
temas tan nacionalistas y españoles que defienden, después venden esa
gran patria al que compra una casa. Por tanto, no entendemos que las
golden visa sigan existiendo en el Estado español.

Visto que ustedes no nos plantean alternativas
para los no residentes, a través del cliché de una figura que ustedes
introducen aquí, el de la vivienda asequible incentivada, pedimos que
todas las zonas tensionadas sean declaradas total o parcialmente con esta
figura. Esta figura permite incentivar que el uso residencial sea el
prioritario en estas zonas, y en eso es en lo que a nosotros nos gustaría
trabajar. Por eso, trasladamos esta figura que ya plantea la ley a todas
las zonas tensionadas, porque, como les digo, todas les Illes Balears son
zona tensionada.

Como decíamos ayer, la política de vivienda no
se va a arreglar solo con esta ley, no se va a arreglar solo con la Ley
de vivienda de les Illes Balears, que va muy mucho más allá en temas
sociales que esta ley.






Nos hacen falta tres cosas básicas: una, la
financiación. No hay política de vivienda en la comunidad autónoma de les
Illes Balears que sea digna si no tenemos un modelo de financiación
digno. Tenemos el presupuesto justo para hacer políticas de vivienda
justas, para construir vivienda, rehabilitar, ayudar a la emancipación,
dar complementos a las ayudas al alquiler, porque los alquileres en les
Illes Balears son más caros. Dos, necesitamos un régimen especial que
contemple la insularidad de verdad, porque los costes de construcción en
les Illes Balears son muchísimo más caros que en la Península; construir
una vivienda en les Illes Balears es muchísimo más caro y, por tanto,
tenemos que contemplar medidas como el IVA diferenciado. Y tres, las
competencias. Esta ley tenía que ser un paraguas para les Illes Balears;
tenía que darnos las competencias necesarias para regular la compra por
parte de los no residentes; tenía que transferirnos ya todas las
competencias que tenemos recogidas en el estatuto de autonomía, porque
necesitamos regular la compra de los no residentes, necesitamos
desarrollar nuestra autonomía y, sobre todo, necesitamos controlar
nuestra puerta de entrada, puertos y aeropuertos, porque da igual la
política que construyamos en les Illes Balears si AENA cada día decide
cuánta gente entra en nuestra casa.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 191
y 193 a 205, tiene la palabra el senador Gómez Perpinyà, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, en Más Madrid tenemos un único
objetivo en este trámite legislativo: que lo que los especuladores, los
grandes propietarios y el Partido Popular no consigan en el Parlamento no
lo consigan por la puerta de atrás, o, lo que es lo mismo, que se respete
la voluntad del pueblo español expresada a través de sus representantes
en el Parlamento. Esto, señorías, se consigue con dos elementos: con
determinación política y con buena técnica legislativa. Vamos con la
primera.

La semana pasada, el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, nos sorprendió anunciando su nueva medida estrella para
resolver el problema de la vivienda en España: avales públicos a través
del ICO para favorecer la concesión de créditos de hasta el 100 % por
parte de las entidades bancarias, una medida muy buena, entre paréntesis,
para un Gobierno del Partido Popular y de Vox. El propio Gobierno de
Ayuso, de hecho, lo puso en marcha en el año 2022, por cierto, con unos
resultados nefastos, con aproximadamente una ejecución del 9 % del
presupuesto previsto para esta medida. Pero, señorías, en el hipotético
caso de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hubiera ejecutado el 100 %
del presupuesto previsto para esta medida, el número de jóvenes afectados
habría sido absolutamente irrisorio, aproximadamente el 0,07 % del total,
unos 600 jóvenes en la Comunidad de Madrid. Es fácil entender por qué
esta medida, que ahora hace suya el presidente Pedro Sánchez, fue
defendida ayer en el debate electoral madrileño por la candidata del
Partido Popular y por la candidata de Vox, porque, señorías, no es la
medida de Pedro Sánchez; es la medida de Ana Patricia Botín. ¿Por qué?
Pues muy sencillo, porque los bancos son los grandes beneficiados de esta
medida, que, lógicamente, estarán encantados de cobrar más intereses en
sus hipotecas como consecuencia de la ampliación de la deuda y que, en
caso de impago, el Estado responda. Más negocio, más garantías, un win
win para los bancos. A quienes no parece que les va a venir tan bien esta
medida es precisamente a las personas que aspiran a comprarse una
vivienda, y el ejemplo más claro es el Reino Unido, donde se aplicó una
medida muy parecida a la que ustedes han puesto sobre la mesa en estos
momentos y supuso un incremento sin precedentes del precio en la
compraventa de inmuebles.

Señorías, a ver si somos capaces, por una vez,
de dejar de hacernos trampas al solitario. El problema de la vivienda es
bastante concreto. Las viviendas en estos momentos son demasiado caras y
la gente que quiere comprar viviendas no gana lo suficiente y, por tanto,
son dos las políticas necesarias: regular el mercado de la vivienda y
subir los salarios de los trabajadores. El objetivo no puede ser el
sobreendeudamiento de las familias porque ese fue uno de los factores que
desencadenó la última burbuja inmobiliaria, ya sea mediante avales
familiares o mediante avales públicos. No puede ser que en este país a un
inversor le resulte más rentable comprar un piso y ponerlo en alquiler
que invertir en una empresa. Ese mito del país de propietarios, que fundó
el ministro de la Vivienda franquista, José Luis Arrese, hace tiempo se
demostró fracasado, no solo porque es un modelo antagónico al que siguen
los países más desarrollados de nuestro entorno, sino porque las
dificultades para el acceso a la vivienda lo han quebrado. En 2011,
el 70 % de las personas que tenían menos de 35 años tenían un piso en
propiedad y en estos momentos, tan solo un 36 %. La vivienda, señorías,
ha dejado de ser un instrumento de ahorro para la inmensa mayoría de los
jóvenes.

Hoy algunas personas que me han precedido en el
uso de la palabra han defendido la importancia del rentismo. El rentismo
no genera riqueza, el rentismo no hace crecer la economía y, desde luego,
agudiza las desigualdades. La nueva oligarquía de los fondos de
inversión, que acumulan miles de pisos en los barrios más tensionados y
manipulan el mercado para maximizar sus beneficios, es la otra cara de un
problema que está recayendo sistemáticamente sobre las espaldas de las
familias trabajadoras. Frente a quienes defienden esta ley de la selva,
en Más Madrid defendemos la Ley de la vivienda. ¿Por qué? Pues muy
sencillo, porque defendemos aumentar la oferta de vivienda asequible y
pública, porque defendemos regular el precio del alquiler y porque
defendemos aumentar el presupuesto en vivienda en la Comunidad de Madrid
hasta el 4 %, y en estos momentos, señorías —da vergüenza hasta
decirlo—, no llega ni al 1 %.

Para lograr estos objetivos, como les decía
inicialmente, hace falta buena técnica legislativa, hay que generar
buenas leyes en el Parlamento. La buena técnica legislativa consiste en
garantizar que el texto de la ley se corresponda exactamente con el
objetivo que se pretende alcanzar, con el bien jurídico que pretendemos
proteger, que en este caso es el acceso a una vivienda digna y, sobre
todo, garantizar que no se dejan flecos sueltos a los que alguien se
pueda agarrar para sortear la aplicación de la ley.

Estamos a tiempo, señorías del Grupo
Socialista, de impedir que se utilicen de forma fraudulenta los contratos
de temporada, el alquiler por habitaciones o las viviendas turísticas
para saltarse los objetivos que están recogidos en esta ley. Esto,
desgraciadamente, ya está ocurriendo. Hay una noticia de hace algunas
semanas que les leo literalmente: «Una sentencia judicial fuerza al
Ayuntamiento de Barcelona a transformar 120 pisos de alquiler en
apartamentos turísticos», todo ello a pesar de la prohibición municipal
de conceder este tipo de licencias, que aprobó hace tiempo el equipo de
gobierno de Ada Colau. Esto, señorías, no es ninguna broma. Ayuso, y
ustedes lo habrán podido comprobar en los medios de comunicación, ya ha
amenazado con insubordinarse a la ley y negar a los madrileños los
derechos de los que se va a beneficiar el resto de españoles de otras
comunidades autónomas. Por tanto, lo que estamos discutiendo hoy es cómo
de fácil se lo vamos a poner a los que pretenden eludir la ley para que
se salgan con la suya. Los especuladores y los grandes propietarios ya
aprovecharon en Barcelona el vacío legal de los pisos turísticos y de los
contratos por habitaciones para sortear la ley catalana. Yo creo que
sería una irresponsabilidad no aprender de esta experiencia.

En Más Madrid hemos presentado un total de
catorce enmiendas porque, a pesar de la cantidad de tiempo que ustedes
han tardado en traer este proyecto para su tramitación, creemos que hay
riesgos evidentes que pueden impedir su aplicación efectiva.

No me resisto a terminar esta intervención sin
contestar a la derecha, que, en su dogmatismo habitual, hoy ha llegado a
decir incluso que la ley de la oferta y la demanda aplicada al mercado
inmobiliario es tan perfecta como la ley de la gravedad. ¡Qué científicos
se ponen ustedes para defender los intereses de los grandes propietarios!
Pero, eso sí, cuando les hablamos del cambio climático, dicen aquello de
que no se dan por aludidos. Bajo esta pretendida perspectiva científica,
que no es otra cosa que la ideología del poder de toda la vida, España,
en la primera década de los años 2000 debería haber sido el país de
Europa en el que más bajaran los precios de la vivienda, ya que éramos,
de largo, el país de Europa en el que más viviendas se construían. La
realidad, señorías, es que los precios no pararon de crecer. Supongo que
la culpa de todo esto, desde su perspectiva dogmática, seguirá teniendo
que ver con la falta de cultura del esfuerzo de los jóvenes, con la
okupación o con el socialcomunismo internacional.

Por último, señorías, voy a hacer dos
comentarios que quizá pueden romper la euforia electoralista en la que se
enmarca la discusión que estamos teniendo hoy, pero que es conveniente
mencionar. En primer lugar, resolver el problema de la vivienda no es
cuestión de una medida mágica; hay que hacer muchas cosas, en ocasiones,
en direcciones diferentes, pero esta ley sí es un buen comienzo. Pero sin
que los ayuntamientos y las comunidades autónomas remen en favor de los
objetivos que establece esta ley será bastante difícil alcanzarlos. Y, en
segundo lugar, como les he dicho, este proyecto de ley, tal y como viene
redactado desde el Congreso, tiene un riesgo evidente de que ciertos
gobiernos y ciertos sectores económicos impidan su aplicación efectiva.
Por eso, en Más Madrid hemos presentado estas catorce enmiendas.

Tenemos que impedir que se utilice, como les he
dicho, de forma fraudulenta los contratos de temporada, el alquiler por
habitaciones o las viviendas turísticas para saltarse los objetivos de la
ley. Necesitamos también un censo público de vivienda vacía que ayude a
las administraciones públicas a elaborar políticas que sean efectivas
para movilizar el parque de vivienda vacía. Es muy importante establecer
un régimen sancionador para que haya consecuencias legales para quien
decida no cumplir la ley, porque si no, esta ley se va a quedar en una
especie de quiero y no puedo, y eso sería un desastre absoluto para la
protección del derecho a la vivienda, pero también sería un desastre
político sin paliativos para el Gobierno de coalición. Necesitamos una
moratoria a los desahucios, si el propietario es un gran tenedor de
vivienda, hasta que se pueda ayudar a las familias vulnerables afectadas
por dichos desahucios. Entre julio y septiembre de 2022, se
realizaron 7397 desahucios en toda España; como en los telediarios parece
que salen más los nazis de Desokupa campando a sus anchas por la Bonanova
que la realidad social de esas miles de familias que sufren los
desahucios, es interesante decirlo también en este debate parlamentario.
Hay que aumentar el parque público de vivienda, con la devolución por
parte de la banca de las ayudas públicas otorgadas por el rescate
bancario; en este país nadie regala duros a cuatro pesetas, excepto el
Estado, y yo creo que ya es hora de que se haga justicia y de que los
bancos paguen su deuda con la sociedad. Hay que evitar el abuso contra
los inquilinos, a los que se les exige garantías adicionales a la fianza;
una cosa es exigirle a un inquilino que ofrezca garantías de que va a
poder pagar su alquiler y otra es que una persona que quiera alquilar un
piso en este país tenga que pasar las doce pruebas de Astérix para poder
vivir en una vivienda, con avales, con garantías, con seguros y con
cualquier otra categoría que se inventen para exprimir al máximo al
eslabón más débil de esta cadena, que no deja de ser el inquilino. Y, por
último, señorías, una enmienda fundamental es la número 205. En ella
proponemos eliminar la bonificación del 50 % del IRPF a aquellos
propietarios que no limiten el precio del alquiler. Ya está bien de dar
regalos fiscales a los que lo único que están haciendo es un negocio. Una
cosa es que estén en su derecho de hacerlo y otra que, encima, tengamos
que subvencionarlo el Estado con rebajas fiscales. Es una medida al más
puro estilo Ayuso, perdónenme que se lo diga, y que nos parece impropia
de un Gobierno progresista. Otra cosa es la bonificación propuesta de
hasta el 90 % para quien sí limite los precios del alquiler; eso sí tiene
sentido y es positivo, pero lo otro no tiene ningún sentido y es
altamente contraproducente.

Son catorce enmiendas, señorías, que vamos a
llevar hasta el final y esperamos que puedan ser incluidas en la ley. Soy
plenamente consciente de que la intención de este Gobierno es aprobar la
Ley de vivienda hoy de manera definitiva y sin ningún cambio. Entiendo el
interés partidista, me parece legítimo, pero también me parece una
absoluta irresponsabilidad. Todos sabemos que hay unas elecciones a la
vuelta de la esquina, pero eso no puede significar que esta ley deje la
puerta abierta a que los grandes propietarios, los especuladores, se
salten los límites que se establecen a través de los contratos de
temporada, el alquiler por habitaciones o las viviendas turísticas. Si
ustedes, señorías del Grupo Socialista, deciden finalmente rechazar las
enmiendas, la única posibilidad que les quedará a los madrileños para que
esta ley se aplique también en la Comunidad de Madrid es que a partir del
próximo 28 de mayo haya un Gobierno progresista liderado por Más Madrid;
de lo contrario, seguirá imperando en la Comunidad de Madrid esa otra ley
que hace que los jóvenes de mi región tengan que destinar más de la mitad
de su salario a pagar su vivienda.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas número 8 a 40,
tiene la palabra el senador Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: (El señor senador
comienza su intervención en catalán).

En Junts per Catalunya hemos presentado cuatro
bloques de enmiendas que van en línea con lo que hemos dicho en el veto,
pero además demuestran lo que hemos dicho en el veto, porque alguien
habla de cortina de humo en lo que respecta a la vulneración de
competencias, por ejemplo de la Generalitat de Catalunya, que se produce
en esta ley y quiero recordar que he citado los artículos que vulneran
artículos del Estatuto de Autonomía y nadie ha dicho lo contrario, porque
no se puede decir, e incluso he leído estos artículos, y tal vez les he
aburrido, pero creo que era necesario hacerlo porque muchas veces se dice
que esta es una ley progresista. Lo único que progresa en esta ley es la
invasión competencial a las comunidades autónomas. Este es el gran
progreso de esta ley, porque, el tiempo lo dirá, esta ley no resuelve los
problemas, este es el progresismo que aplican el PSOE y sus socios.

Uno de los bloques de enmiendas se refiere al
ámbito competencial. Frente los artículos que vulneran los estatutos de
autonomía de todas las comunidades, hemos presentado enmiendas que
modifican estos artículos, por tanto, queda demostrado que vulneran estas
competencias.

Otro bloque es de ámbito social y de protección
de menores —algún otro senador lo ha dicho—. Algunas
enmiendas nos las ha propuesto Save the Children, y nosotros también
hemos incorporado gran parte de estas enmiendas y otras para promover el
ámbito social del derecho a la vivienda y que sea una vivienda
asequible.

Otro bloque pretende el reconocimiento de las
entidades del tercer sector. Les quiero preguntar a los que voten en
contra de estas enmiendas con qué cara se sentarán a hablar con entidades
y fundaciones del tercer sector social que han estado facilitando
vivienda social hasta hoy. Una la rechazó de entrada el Gobierno porque
modificaba el IVA que se aplica a las entidades del tercer sector. ¿A
quién se ha de aplicar un IVA superreducido sino a las entidades del
tercer sector? ¿El Estado también quiere recaudar con estas entidades que
están haciendo un servicio público de colaboración público-privada? Esta
es una realidad. El Gobierno ahora opta por eso. Que alguien me explique
cómo hemos de modificar el IVA si no nos lo dejan hacer en la tramitación
de la Ley de presupuestos y tampoco nos lo dejan hacer en las leyes
sectoriales que se van aprobando. Quiere decir que el Gobierno hará
siempre, sea del color que sea, lo que le dé la gana. Es una forma muy
rara de gobernar, porque entonces ¿la soberanía dónde está, en las Cortes
o en el Gobierno? Que yo sepa, la soberanía del pueblo está,
teóricamente, en las Cortes Generales.

Por tanto, hemos presentado un conjunto de
enmiendas que nos han propuesto las entidades y fundaciones del tercer
sector social en varios temas, como en la definición de los grandes
tenedores de viviendas, porque el proyecto de ley no hace distinción
entre los que operan en el mercado privado empresarial y las fundaciones
y otros operadores sociales o públicos. Este olvido pone en serio
compromiso las estrategias de alquileres sociales que se aplican a la
población más vulnerable, ya que va a impedir modificar estos precios
allí donde se declaren zonas tensionadas y se tendrán que quedar con el
mismo importe. Una parte importante de las viviendas que gestionan las
fundaciones o entidades sin ánimo de lucro para dar alojamiento a
colectivos vulnerables proceden de cesiones o del alquiler de viviendas
ya existentes de propietarios privados, personas físicas o
jurídicas.

El proyecto de ley, en la disposición final
segunda introduce una importante modificación en la fiscalidad de las
personas físicas que alquilan viviendas a entidades del tercer sector,
pero no hace lo mismo con las personas jurídicas, con lo cual estas
pierden todo interés en alquilar viviendas, que son totalmente necesarias
para las entidades sociales sin ánimo de lucro. Hace años que el tercer
sector social reclama que la promoción de viviendas de alquiler social
tenga un trato fiscal igual al que reciben las viviendas de promoción
pública y las protegidas de régimen especial, con un tipo superreducido
en el impuesto sobre el valor añadido. El IVA es un elemento de coste que
juega contradictoriamente con la responsabilidad colectiva de ofrecer
este tipo de viviendas, y esta nos la ha rechazado el mismo Gobierno. Por
tanto, es necesario este cambio, tanto en el IVA como en otros impuestos
que nosotros precisamente hemos destacado en estas enmiendas, que, por lo
que parece y es prácticamente seguro, ustedes van a rechazar. Ya digo que
después hablarán mucho del tercer sector, pero cuando, utilizando sus
palabras, es el momento de arrimar el hombro, no arriman nada.

Otro bloque se refiere a los agentes
inmobiliarios y a los requisitos de protección a los consumidores. Los
agentes inmobiliarios, personas físicas o jurídicas que se dedican de
forma habitual y retribuida a prestar servicios de mediación,
asesoramiento y gestión no quedan bien definidos en esta ley. De la misma
manera que la disposición adicional sexta incluye la obligación de una
póliza de seguro de responsabilidad civil para los profesionales que
ejercen de administradores de fincas, no hay ningún motivo, y menos con
las normas citadas en los párrafos de esta ley, por el que no se deban
articular medidas de similar calado para la profesión de agente de la
propiedad inmobiliaria. Además, teniendo en cuenta que los agentes que
intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios son los
administradores de fincas y los agentes inmobiliarios, resulta
incongruente que la Ley por el derecho a la vivienda describa unos, que
serían los administradores de fincas, y establezca seguros obligatorios y
no aparezcan en la ley los otros, los agentes inmobiliarios. En las
normas autonómicas sobre vivienda que se refieren a estos colectivos
aparecen ambos de forma conjunta; en esta los olvidan.

Por tanto, Junts per Catalunya ha introducido
unas enmiendas que son absolutamente razonables para modificar esta ley.
Como no se van a admitir, nosotros vamos a votar en contra. Vamos a
votar, evidentemente, a favor del veto que hemos presentado y pedimos a
los distintos grupos el apoyo a estas enmiendas.

Y un apunte final. La forma en la que el
Gobierno está proponiendo el conjunto de propuestas electoralistas es tan
electoralista que ya no lo hace en el Gobierno, sino en mítines, y está
proponiendo pisos y pisos que se van a poner a disposición. En cinco años
no se ha visto ni un piso y resulta que ahora salen de debajo de las
piedras. ¡Venga pisos, venga pisos! Está muy bien, pero he de decirles
que ustedes están proponiendo pisos para jóvenes, y al ritmo que van, les
aseguro que cuando esas personas lleguen a tener el piso, ya no serán
jóvenes, estarán en una edad muy avanzada, porque ese es el ritmo del
Partido Socialista Obrero Español y esto es un engaño.

Este es un tema muy delicado. La senadora
socialista antes ha hablado de espectáculo; pues bien, lo que es un
triste espectáculo es tramitar esta ley como se ha tramitado y hacer
promesas, que yo les aseguro que, si nos vemos de aquí a un tiempo, no
serán realidad y habrá mucha gente, jóvenes entre ellos, que se sentirán
defraudados.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

¿Las enmiendas del senador Clavijo?

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Doy por defendidas
las enmiendas del senador Clavijo. Perdón, que se me había quedado en el
tintero.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador.

Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco. Para la
defensa de las enmiendas 301 a 323, tiene la palabra la senadora Vaquero
Montero.

La señora VAQUERO MONTERO: Con su permiso,
intervengo desde el escaño.

Simplemente quiero recalcar nuevamente
—tal como ha hecho el senador Cleries— nuestra denuncia por
el escaso tiempo que hemos tenido para estudiar con profundidad las
nuevas enmiendas que se han incorporado o que se pretenden incorporar por
los diferentes grupos. Una ley que se dice tan esperada por el Gobierno,
que se atreve a decir incluso que es la primera ley de la democracia, no
se ha tratado con la seriedad debida, se habría necesitado más sosiego en
su tramitación parlamentaria, pero se ha primado que esta ley caiga en
plena campaña electoral y que tengamos que aprobarla con el Parlamento de
campaña.

Doy por defendidas las enmiendas relativas a
supresiones o modificaciones de aquellos aspectos a nuestro entender más
lesivos del ámbito competencial, aunque parece que alguna portavoz antes
no ha escuchado lo que he dicho, porque he puesto ejemplos exactos de en
qué artículos hay invasión competencial, incluso otros portavoces han
explicado también cuáles son esos artículos, pero parece que eso se
intenta tapar. Ahí está el velo, que lo quiere tapar todo.

Anuncio desde aquí que, por coherencia, vamos a
votar a favor de aquellas enmiendas con las que compartimos la parte de
invasión competencial y de algunas otras de tinte social.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.

Para defender las enmiendas 206 a 251, 253
a 273, 275 a 295, 298 a 300 y 324, del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el senador Silván Rodríguez

El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Señora presidenta,
señorías, buenos días.

Señores socialistas, ¿por qué? ¿Por qué estamos
debatiendo aquí una ley fruto del chantaje de los amigos de los asesinos
de las víctimas de ETA? (Aplausos). Señores socialistas, ¿no sienten
rubor, bochorno o vergüenza? Es cierto que ayer el grupo político que
chantajeó con esta ley para que Sánchez siguiera en la Moncloa anunció
que en sus listas no irían los asesinos de víctimas de ETA condenados.
¿Y? ¿Con esto se arregla todo? ¿Con esto, el señor Sánchez y ustedes,
señores socialistas, pasan página? Señores socialistas, ¿qué sucede con
los otros 37 condenados por terrorismo que siguen yendo en las listas
electorales? (Aplausos.— Rumores). Recuerden que los que disparaban
lo hacían sobre los que otros les señalaba. ¿Van a seguir mirando para
otro lado? Qué triste. Me da mucha pena, mucha, porque, además, lo sé, en
los escaños de la bancada socialista hay muchos que están pensando
exactamente lo mismo que yo. Pero hoy, a pesar de ello, el Grupo
Parlamentario Popular, cumpliendo con su obligación parlamentaria,
defiende en el Senado las enmiendas a esta ley, que es, repito, fruto del
chantaje de los independentistas y fruto del chantaje de Bildu, del
chantaje de los amigos de ETA, que tanto dolor nos han causado a todos.
(Rumores). De poco sirven las lágrimas de cocodrilo de ministros, de
dirigentes socialistas diciendo que no lo comparten, que es un ataque a
las víctimas. ¿Y, señor Sánchez? ¿Y, señores ministros? ¿Y, señores
presidentes socialistas de comunidades autónomas? ¿Y, señores
socialistas? Miren, tienen una oportunidad, retiren la ley, retiren esta
ley, resultado del chantaje a la democracia. No lo pueden consentir,
señores socialistas, pronúnciense hoy retirando esta ley. Es una nueva
oportunidad que hoy les brinda el Senado. Me gustaría confiar en ustedes,
pero, ante la duda, entro directamente en la defensa de las enmiendas de
esta Ley de vivienda, una ley que, a pesar de representar y regular uno
de los mayores retos y desafíos de nuestra sociedad, como es el acceso a
la vivienda, no es una prioridad para ustedes, y el ejemplo lo tenemos
hoy. Cinco años, cinco años llevan gobernando, y sin haber actuado en
estos cinco años, en el tiempo de descuento nos presentan un proyecto de
ley de vivienda. La pregunta es evidente: ¿qué han hecho durante estos
cinco años? Se lo voy a responder: Nada, absolutamente nada. Eso sí,
ahora promesas y viviendas por todas partes. Hemos perdido ya la cuenta
de las viviendas que lleva prometiendo el señor Sánchez en los últimos
días: 10 000, 20 000, 30 000, 100 000... Resultado: nada, o, lo que es lo
mismo, cero viviendas en cinco años. Además, nos presentan una ley sin el
acuerdo, sin el consenso de las administraciones competentes en materia
de vivienda. La primera enmienda es precisamente esa, ¿por qué esta ley
no es producto del consenso y del acuerdo? ¿Dónde están? ¿Dónde han
estado en su elaboración las administraciones que tienen competencia en
materia de vivienda? ¿Dónde están los ayuntamientos y las comunidades
autónomas? En ningún sitio, ni están ni se les espera. Ustedes los han
ignorado absolutamente, como también han ignorado todos y cada uno de los
informes preceptivos de la ley: los informes del Banco de España, del
Consejo General del Poder Judicial, de la OCDE, de las asociaciones
representativas del sector y de tantos y tantos otros. Ustedes tenían un
único objetivo: aprobar la ley, aunque fuera en tiempo de descuento, para
contentar a su parroquia electoral. Resultado: ley oportunista, ley
populista, ley intervencionista, ley okupista, ley atentatoria contra el
derecho constitucional a la propiedad privada. En definitiva, una ley
okupa de la propiedad privada. Les recuerdo que la solución al problema
de la vivienda es responsabilidad de las administraciones públicas, no de
los particulares.

Señorías, ninguna ley ha despertado en el
Senado tanta oposición como la Ley de vivienda; nada más y nada menos
que 6 vetos, 6 enmiendas a la totalidad de otros tantos grupos
parlamentarios y cerca de 400 enmiendas parciales, 92 del Grupo
Parlamentario Popular.

Las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Popular van precisamente a eso, a paliar, a evitar el
despropósito que esta ley genera de inseguridad jurídica, atacando
gravemente el derecho a la propiedad privada, invadiendo igualmente
competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos; un texto que no da
respuesta ni solución a los problemas de acceso a la vivienda de los
españoles y que genera, nos genera a todos, grandes incertidumbres.
Precisamente las enmiendas del Grupo Popular tanto de adición como de
modificación o supresión van dirigidas precisamente a dotar de
certidumbre a todos los actores que intervienen en la política de
vivienda: administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas,
promotores, constructores, propietarios, inquilinos, arrendadores... Son
enmiendas que no van dirigidas a generar lo que propicia precisamente
este proyecto de ley, es decir, inseguridad jurídica, y a facilitar la
okupación de las viviendas y a ser tolerantes con los okupas; van
dirigidas a todo lo contrario, a defender y respetar por encima de todo
el derecho constitucional de la propiedad privada. El Partido Popular lo
viene diciendo desde hace tiempo: viviendas, sí; okupas no.

Nuestras 92 enmiendas, que las doy todas por
defendidas en esta sesión plenaria, van dirigidas a paliar todos los
efectos nocivos que tiene el texto legal presentado. Van dirigidas a dar
solución a los problemas de acceso a la vivienda de todos los españoles,
y en especial a nuestros jóvenes y familias vulnerables, porque,
señorías, la Ley de vivienda socialista es lo contrario a lo que se
necesita para abaratar los precios y ajustar la oferta a la demanda. Las
enmiendas que presenta el Grupo Popular van precisamente a conseguir unos
precios asequibles en propiedad y en alquiler, a aumentar la oferta de
vivienda. Todas las enmiendas tienen como objetivo hacer frente, con
medidas, con estrategia, a una verdad incuestionable: hoy es más caro,
más difícil y consume más renta tener una vivienda en alquiler o comprar
una vivienda que cuando Sánchez llegó a la Moncloa. Sánchez y su ley de
vivienda han podemizado la vivienda. Y les diré algo que ustedes saben,
aunque no lo reconozcan: el intervencionismo puro y duro no ha funcionado
donde se ha aplicado. Miremos a Cataluña, miremos a Barcelona. Las
enmiendas que presentamos van dirigidas a que el acceso a la vivienda sea
asumible por todos los españoles en términos de precio, porque, señorías,
el precio de la vivienda baja cuando se construyen más viviendas, cuando
hay más viviendas disponibles, no interviniendo el mercado. Intervenir
precios puede sonar bien, pero funciona mal. Si por algo se caracteriza
esta ley es por su intervencionismo, y las enmiendas del Grupo Popular
van precisamente a paliar ese efecto negativo.

El argumento para justificar las limitaciones
en el precio del alquiler es la necesidad de proteger a los inquilinos y
asegurar la accesibilidad a la vivienda. Es la idea del mercado de
alquiler que entiende que los propietarios de las viviendas son los
grandes tenedores, bancos o fondos; sin embargo, la realidad demuestra lo
contrario. En España más del 95 % de los alquileres tiene lugar entre
particulares, y el arrendador típico se parece más a un jubilado cuya
pensión es la vivienda que alquila que a un gran fondo de inversión.

Los controles de precios del alquiler reducen
la oferta, generan inseguridad jurídica, generan ineficiencia en la
asignación de viviendas, limitan a su vez la movilidad y aceleran el
deterioro del parque edificado. El experimento catalán de
intervencionismo, de control de precios de alquiler arroja resultados
claros: expulsión de la inversión, reducción de la oferta y aumento de
precios. Un dato muy elocuente. Señorías, en Barcelona, con controles de
precios de alquiler, el precio del alquiler subió un 3,1 % en 2021; en
Madrid, sin control de precios del alquiler, el precio del alquiler se
redujo un 2,7 %.

Frente a una mayor intervención pública en el
mercado de la vivienda limitando el derecho de propiedad con medidas que
generan inseguridad jurídica y desincentivan la inversión es posible
plantear alternativas con soluciones que respetan la libertad individual
y favorecen la iniciativa privada. Ese es precisamente el objetivo de
todas y cada una de nuestras enmiendas. En este sentido, a través de
nuestras enmiendas proponemos el impulso de la colaboración
público-privada y el Fondo social de vivienda mediante la utilización de
suelo vacante de las administraciones públicas a través de un gran parque
de vivienda asequible y con fórmulas de colaboración público-privada. El
sector privado dispone de materia prima, de suelo, y de la capacidad
financiera y de gestión para desarrollar los proyectos. El modelo de
colaboración público-privada que ha puesto en marcha de forma pionera la
Comunidad de Madrid es un ejemplo de ello.

Señores socialistas, señorías, entre todos
debemos también superar el debate propiedad versus alquiler. Debemos
promover toda la vivienda en alquiler que sea necesaria y toda la
vivienda en propiedad que sea posible. El alquiler facilita el acceso a
la vivienda y la movilidad laboral y la propiedad es el mejor plan de
pensiones y favorece ahorro y estabilidad.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado
enmienda a la totalidad de esta ley, como hemos visto, y presenta
estas 92 enmiendas parciales porque el texto legal no cumple con su
objetivo principal, como vengo señalando, que es facilitar el acceso a la
vivienda, y no lo cumple por su naturaleza marcadamente intervencionista;
porque carece de medidas claras y realistas; porque ataca directamente el
derecho a la propiedad; porque perjudica gravemente tanto a inquilinos
como a propietarios; porque facilita la okupación ilegal de las
viviendas, primando al okupa frente al legítimo propietario. Es un texto
legal que no respeta los derechos básicos de nuestro derecho y traslada
todo a una absoluta inseguridad jurídica.

Señores socialistas, todas nuestras enmiendas y
todas nuestras consideraciones y reflexiones sobre el Proyecto de Ley de
vivienda tienen el objetivo de que rectifiquen antes de que sea demasiado
tarde. No son conscientes de las gravísimas consecuencias que la
aplicación de esta ley puede tener, entre otras situaciones, en los
planeamientos que se estén desarrollando, si no se garantiza que los
porcentajes de cesión para la vivienda protegida se mantienen y solamente
entrarán los nuevos porcentajes una vez aprobada esta ley. Avisamos,
habrá consecuencias indeseadas en forma de indemnizaciones si no se
aprueba gran parte de las enmiendas que van dirigidas a este objetivo.
Avisamos hoy. Avisamos ya durante la tramitación de la Ley del solo sí es
sí de sus nefastas y perniciosas consecuencias, y ahí están los más
de 1000 delincuentes sexuales condenados que se han beneficiado de la
ley. Y hoy avisamos en la Ley de vivienda de sus consecuencias, porque no
va a servir para facilitar el acceso a la vivienda, no va a poner más
viviendas en el mercado, se acelerará el deterioro del parque de
viviendas, aumentará el fraude fiscal. Es una ley que atenta contra el
sentido común y, lo peor de todo, como dije al comienzo, aunque no les
guste, es una ley fruto del chantaje de un grupo político que lleva en
sus listas electorales a amigos de ETA.

Señorías, España no necesita una ley de
vivienda como esta. Lo que España necesita son viviendas para cubrir el
enorme déficit estructural entre oferta y demanda, más
de 500 000 viviendas, según un estudio reciente. En definitiva, señorías,
es una ley que no debería aprobarse, que no deberían aprobar. No nos
engañemos; no se engañen, señores senadores del Grupo Socialista, a nadie
le gusta este proyecto de ley, ni siquiera a ustedes. No sean cómplices
de una chapuza legislativa con gravísimas consecuencias. Hoy es el día de
votar con responsabilidad. Y ya les adelanto que es una ley que el
Partido Popular derogará cuando lleguemos próximamente al Gobierno de la
mano de nuestro presidente Núñez Feijóo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señorías.

Para intervenir en el turno en contra, tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Poveda
Zapata.

El señor POVEDA ZAPATA: Presidenta, señorías,
buenos días.

Parafraseando a Miguel de Unamuno, las cosas
son como son y no como quisiéramos que fueran. Por eso, para cambiar las
cosas están las leyes, y en este caso está la Ley de vivienda. Porque,
señorías del Grupo Popular, si miramos las cosas como son, la realidad de
la vivienda es un problema para la mayoría de las personas,
principalmente para los jóvenes y las personas con menos recursos, que
viven tanto en zonas especialmente tensionadas por el precio de la
vivienda como en zonas menos pobladas del Estado español. Esa es la
realidad. Las cosas son como son, no como los progresistas quisiéramos
que fueran. Y como queremos cambiar las cosas, impulsamos leyes que
beneficien a la mayoría de la ciudadanía, no solo a unos pocos.

Sabemos que a ustedes, señores del Grupo
Popular, a la derecha, les interesa mantener las cosas como están: la
vivienda exclusivamente como mercado y no como derecho constitucional; la
vivienda como valor especulativo, como meta y fin de grandes negocios
patrimoniales, de fondos que solo buscan rentabilidad, ganar dinero a
cambio del sufrimiento de las personas, que ven cómo se limita el acceso
a la vivienda. (Aplausos). Señorías del Grupo Popular, limitar el acceso
a la vivienda es imposibilitar y limitar hacer planes de vida a las
personas. Por eso queremos impulsar esta importantísima ley de nuestra
democracia. Estamos hablando de proyectos de vida de las personas de
nuestro país. Por ello, estamos ante la primera ley de vivienda de la
democracia; una ley necesaria para garantizar el acceso a la vivienda
digna y a un precio justo. Sin techo, evidentemente no hay futuro, no hay
proyectos, no hay avances. Es un elemento esencial que requiere de una
especial protección del Estado y del conjunto de las administraciones,
tanto autonómicas como también locales.

Señorías, su rechazo constata lo esencial de
nuestras diferencias. Ustedes, señorías del Grupo Popular, defienden que
el que pueda, puede y el que no pueda, da igual. El Partido Popular nunca
ha protagonizado ningún avance, nunca; ningún derecho para los españoles,
nunca. Son negativos; siempre restando. Han estado en desacuerdo con todo
lo que significa progreso, avance y dignidad de las personas. Recuerden
que estaban en desacuerdo con las leyes del divorcio, del aborto, del
matrimonio entre personas del mismo sexo, del apoyo a la dependencia, del
derecho a la eutanasia, de la Ley de reforma laboral y la subida de las
pensiones; en todas han estado en contra. Ahora tienen una oportunidad,
no se queden de nuevo atrás, escondiéndose en titulares, desviando la
atención y buscando desacreditar al Gobierno socialista.






Nosotros
defendemos un modelo basado en la dignidad de las personas, en la
igualdad de acceso a la protección mínima para todas las personas,
especialmente cuando deciden desarrollar un proyecto de vida.

Estamos ante una ley que ha tenido un largo
proceso participativo en estos dos últimos años por parte de la sociedad
civil, entidades sociales y empresas vinculadas al sector inmobiliario,
tratando la vivienda como un bien de primera necesidad.

Como saben, en el Congreso de los Diputados
hemos aceptado multitud de enmiendas a esta ley porque estamos
convencidos de que algo tan esencial requiere un amplio consenso. Hay
algunas enmiendas que no fueron aceptadas en el Congreso y que nuevamente
han sido presentadas en el Senado. En total, en el Senado se han
presentado 324 enmiendas. Una de estas enmiendas ha sido retirada y doce
han sido vetadas por el Gobierno, evidentemente no por una cuestión
ideológica, sino por una cuestión meramente económica. También hemos
tenido en cuenta que muchas de las enmiendas que se han planteado no
corresponderían propiamente a la Ley de vivienda, sino a la Ley
presupuestaria, a la Ley social o a los propios servicios sociales de los
ayuntamientos.

Esta ley no afecta a los pequeños propietarios,
señorías del Grupo Popular, a esos que llaman pensionistas y a quienes
ustedes les negaron que subieran sus pensiones. (Aplausos).

Creo que la mayoría de los grupos pueden verse
hoy representados en diferentes partes del texto de la ley. Por este
motivo y por el proceso participativo como por el elevado número de
enmiendas que ya fueron aceptadas en el Congreso, mantenemos el texto de
la ley.

Señor Silván, usted ha sido alcalde de León,
que tiene 120 000 habitantes; yo he sido alcalde de Sant Joan Despí,
con 35 000 habitantes. Yo he hecho más de 1000 viviendas, y usted
prácticamente no ha hecho ninguna. (Aplausos). Señor Silván, esta es la
diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Cuando
gobernamos nosotros hacemos viviendas públicas a las que puedan acceder
los ciudadanos, y ustedes, señorías del Partido Popular, solo están a
disposición de los grandes poderes económicos.

Hoy podemos estar orgullosos de la ley, en la
que también se pueden sentir representadas las comunidades autónomas y
los ayuntamientos. Una ley que persigue el derecho al disfrute de una
vivienda digna y adecuada con un derecho de rango constitucional.
Perseguimos que el derecho a la vivienda sea la clave necesaria para
mejorar la calidad de vida de las personas, como la sanidad, la
seguridad, los derechos sociales, el trabajo o las pensiones. Es una ley
que persigue hacer crecer el parque de vivienda pública, cuyo crecimiento
hasta ahora ha sido bajo. Ustedes, señores del Grupo Popular, defienden
la vivienda solamente como un elemento especulativo.

Señorías del Grupo Popular, no vamos a estar en
su ruido. Señor Silván, no vamos a estar en el ruido que usted hace,
hablando de otros temas que no son la vivienda. Ustedes están más de
acuerdo con Vox seguramente que con esta ley. (Aplausos). Nosotros
necesitamos dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. En su
intento de generar alarma social ante los propietarios de vivienda, han
fomentado el relato de que esta ley apoya la okupación ilegal, pero, en
rigor, saben que no es cierto. Ustedes, en vez de construir, pretenden
siempre destruir. Señorías del Grupo Popular, okupaciones ilegales cero;
con esta ley, okupaciones ilegales cero, ténganlo presente. Lo que sí
hace la ley y persigue es proteger a las personas más vulnerables,
especialmente cuando tienen una cierta debilidad. Esto es lo que hace la
ley. Nosotros, los socialistas, siempre estaremos en el bando de los más
necesitados.

Señorías, perseguimos que los poderes públicos
contribuyan a solucionar los problemas reales de la gente, y, sin duda,
la vivienda es un problema para muchas personas. A partir de ahora, vamos
a incrementar el parque público de vivienda, y no volverá a suceder como
pasó en Madrid con un Gobierno del Partido Popular, que vendió pisos a
fondos buitre cuando eran pisos públicos para la ciudanía de Madrid.
(Aplausos). Así es como entiende la política la derecha. Esta es la
política que ustedes querrían llevar a cabo: hacer vivienda pública para
darla después a fondos buitres. En definitiva, es la que ustedes
defienden. Señorías del Grupo Popular, ustedes están anclados en el
pasado; lo vimos ayer con la intervención del señor Feijóo, anclado
totalmente en el pasado, y lo estamos viendo hoy de nuevo aquí.
Ciertamente, la vivienda no es un problema para los más afortunados
económicamente, pero sí lo es para la mayoría de familias de clase media
y asalariada de este país. En el Grupo Socialista siempre vamos a estar a
favor de la redistribución de la riqueza y la potenciación de los
derechos sociales. Así, hemos contribuido a construir el presente y el
futuro de este país.

Por lo tanto, y para finalizar, creo
sinceramente que asistimos a uno de esos debates que marca un antes y un
después en la historia de nuestro país; un debate de estos que al Grupo
Popular le incomoda. Señorías del Grupo Popular, se sienten incómodos
debatiendo esta ley porque construye, avanza y progresa en la calidad de
vida de millones de personas del Estado español.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer
lugar, tiene la palabra la senadora Rodríguez de Millán Parro.

La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias,
presidenta.

El Gobierno de Sánchez, todo el PSOE ha
aprobado esta ley de vivienda en el Congreso con el voto favorable de
Bildu, con aquellos que llevan en sus listas a condenados por terrorismo.
Lo digo por aquellos barones del PSOE que juegan a ser el poli bueno
diciendo que con ETA ni a la vuelta de la esquina. Pues resulta que el
PSOE, con ETA gobierna, con ETA pacta leyes, con ETA saca adelante este
tipo de normas y con ETA seguirá pactando, digan lo que digan.

¿Cuál es el principal problema de la vivienda
en España? La escasez de la oferta. ¿Soluciona esta ley la escasez de la
oferta para satisfacer la demanda? Evidentemente, no. Esta ley, que ha
estado más de un año metida en el cajón, no va a contribuir a conseguir
viviendas más asequibles. Será declarada inconstitucional por alterar el
contenido del derecho a la propiedad privada. Asimismo, las medidas
excepcionales propuestas para viviendas situadas en zonas tensionadas han
demostrado ser sobradamente ineficaces.

La vivienda es un bien social primario,
fundamental para el desarrollo de la persona, donde viven las familias.
Por eso, es necesario y fundamental defender el derecho a la propiedad
privada, garantizar el acceso a una vivienda asequible y velar por que
las viviendas tengan un espacio y unas condiciones de salubridad y
suministros suficientes para una vida digna. ¿Qué hay que hacer para
satisfacer la demanda frente a la escasez de la oferta?

En primer lugar, incrementar los medios
materiales y humanos de los ayuntamientos para agilizar la concesión de
licencias. ¿Cuántas licencias tienen bloqueadas los ayuntamientos de
España? ¿Tiene ese dato el Gobierno? En segundo lugar, promover la
colaboración entre la Administración pública y las entidades privadas
para la rehabilitación de vivienda; liberalizar todo el suelo que no esté
medioambientalmente protegido; fomentar que los propietarios pongan su
vivienda en alquiler, mediante el establecimiento de bonificaciones y de
incentivos fiscales y, fundamentalmente, garantizar la autonomía de la
voluntad de las partes a la hora de determinar la renta en los contratos
de arrendamiento urbanos.

Y esta ley hace exactamente todo lo contrario,
además de facilitar la okupación. Porque los españoles deben saber y
tienen derecho a saber que gracias a este Gobierno hoy será más difícil
desalojar a los okupas que ayer. ¿Por qué? Principalmente porque ha sido
redactada por políticos prookupas, que alientan el movimiento okupa como
una forma más de vertebrar la política social del Estado. Esta ley va a
prolongar y va a dificultar los procedimientos para desalojar a los
okupas, de manera que si una persona quiere desalojar a una persona que
se le mete ilegalmente en su casa, esto va a ser el mundo al revés. Va a
tener que demostrar primeramente si el inmueble constituye su vivienda
habitual, y si tiene cinco viviendas o más estará obligado a certificar
si el okupa es vulnerable económicamente o no, una certificación que,
además, se va a tener que hacer con el consentimiento y con la
colaboración del okupa, y evidentemente ningún okupa va a facilitar la
tramitación de su desahucio; en definitiva, una ley hecha por
delincuentes para delincuentes. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

El problema de la vivienda en España es un
problema creado por las administraciones públicas y los gobiernos del
Partido Socialista y del Partido Popular, que han tenido durante años
secuestrado el suelo con recalificaciones, utilizando los planes
generales de ordenación urbana como medio de financiación, como se ha
visto con los casos de corrupción, y como medio de control de la economía
y el bloqueo de la concesión de licencias.

¿Qué ha hecho el Gobierno en toda la
legislatura por la vivienda? ¿Cuántas viviendas han construido ustedes?
¿Qué hacían los que ahora están en la oposición? ¿Qué hacían todos
mientras en Vox exigíamos bajar impuestos, liberalizar suelo y ampliar el
parque de vivienda? Pues todos ustedes votaban en Bruselas a favor de
todas esas directivas que se han impuesto en España como un auténtico
mazazo para nuestra economía.

El problema de la vivienda en España no se
soluciona solamente dándole un aval a los jóvenes, se soluciona liberando
suelo, bajando el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, bajando el
IVA relacionado con la adquisición de una vivienda, eliminando la
plusvalía municipal, bajando el IBI, bajando las tasas, y en su lugar la
brillante idea del Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda es la
de topar el precio de los alquileres, que sigue la misma lógica que la de
fabricar billetes para acabar con la pobreza en el mundo. Y el resultado
de eso ya lo conocemos: más mercado negro disuadirá a los propietarios de
poner en alquiler su vivienda, que optarán por vender, y además harán que
deje de invertir en el mantenimiento del inmueble, porque no va a salir
rentable. Todo esto sucederá. Pero ya conocemos el final: el PSOE le
echará la culpa a sus socios y dirá que son efectos indeseados de la ley.
Pero resulta que Sánchez preside el Consejo de Ministros y tanto él como
todo el PSOE y sus socios son los culpables de que hoy en España los
malversadores y los sediciosos sean quienes redacten el Código Penal, que
los terroristas sean los que diseñen la política penitenciaria y que hoy
sean los okupas los que redacten la ley de vivienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el mismo Grupo Parlamentario Mixto, tomará
la palabra su señoría Catalán Higueras.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías, estoy seguro de que el presidente
Lambán, allí en Pignatelli, en Zaragoza, en la sede del Gobierno de
Aragón, se está preguntando, ¿realmente ha roto el Partido Socialista el
acuerdo de la ley de vivienda con EH Bildu, sí o no? Porque eso es lo que
les ha pedido el líder del Partido Socialista en Aragón, y como él otros
líderes socialistas. Desde nuestro punto de vista —lo dijimos antes
y lo volvemos a decir— es una indecencia que Bildu incorpore a
asesinos en sus candidaturas —y todavía quedan treinta y
siete— y que el Partido Socialista pacte con ellos. Pero, señorías,
una de las cuestiones más llamativas de este proyecto de ley es cómo la
izquierda, la extrema izquierda independentista, se está mostrando sumisa
y obediente a los designios del Gobierno de España a la hora de la
intromisión en las competencias que en materia de vivienda tienen las
comunidades autónomas. Esto nos va a servir en otras ocasiones, en las
cámaras autonómicas, en este caso concreto en el Parlamento de Navarra,
para ver lo que sucede cuando Bildu levante la mano y diga que hay que
impugnar esta ley. Y si no es él, serán algunos socios del propio
Gobierno que están en contra de esta invasión de competencias
autonómicas. Llama poderosamente la atención. Un posicionamiento, como
digo, muy curioso; sorprendente.

Por otro lado, es evidente que, además, a la
hora de gobernar, la izquierda y la extrema izquierda en materia de
vivienda poco o nada han hecho. Este Gobierno ha tenido más de cinco años
para sacar este proyecto de ley y no lo ha hecho. Anteriormente otros
gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, tampoco
lo hicieron. ¿Por qué? Porque eran las comunidades autónomas las que
tenían las competencias y las que lo estaban haciendo. Nosotros, Unión
del Pueblo Navarro, hemos tenido responsabilidades de Gobierno y también
hemos discrepado de algunas de las políticas que se han llevado a cabo en
los últimos años por parte del Gobierno de Navarra con independentistas,
con la izquierda, con la extrema izquierda y también con el Partido
Socialista estos últimos cuatro años. Pero hemos respetado las
competencias que en la materia tenía la comunidad. Y nuestra política es
otra completamente diferente. Algunos aquí han dicho qué hicieron ellos
cuando estaban en una alcaldía determinada. Pues nosotros también; los
datos están ahí.

En el caso concreto de Navarra, en este
momento, familias demandando acceso a la vivienda serían 15 700 familias;
en el año 2015, con Gobierno de Unión del Pueblo Navarro, 4478 familias.
Pero es que podríamos hablar también de las miles de viviendas que se han
calificado como protegidas en los últimos ocho años, en las dos últimas
legislaturas, con gobiernos de izquierdas, de extrema izquierda
independentistas, y en estos últimos cuatro años del Partido
Socialista, 1500 y 1300; con gobiernos de Unión del Pueblo Navarro, los
ocho años anteriores, 9300 y 6600. Por lo tanto, en esa línea, señorías,
nosotros, los responsables del Gobierno de Navarra y de los presupuestos,
sí que hemos dedicado todo el esfuerzo que hemos podido a la hora de
abordar la política de vivienda, y creemos que todavía se puede seguir
haciendo más. ¿Qué aporta este proyecto de ley a las competencias y a las
medidas que ha venido tomando el Gobierno de Navarra de diferentes
colores políticos, también de estos últimos ocho años, los cuatro últimos
del Partido Socialista? Nada, absolutamente nada. Hay muchas medidas que
son mucho más progresistas, desde su punto de vista, que lo que viene
recogido en este proyecto de ley. Por lo tanto, en esa línea, poco o
nada.

Y otra cuestión que nosotros también queremos
denunciar: esa tómbola a la que se ha sometido a la vivienda por parte
del presidente Sánchez. Ha llegado a decir que miles y miles de viviendas
se iban a hacer y que se iban a poner en servicio todos los suelos, por
ejemplo, del Ministerio de Defensa o de la Sareb. ¿Y qué hacemos en
aquellas comunidades donde el Ministerio de Defensa no tiene ningún metro
cuadrado que aportar o son muy pocas las viviendas de la Sareb que se van
a poder asumir o dedicar a esta situación? ¿Qué hacemos?

Por lo tanto, en esa línea, señorías, como
hemos dicho anteriormente, el engaño, la manipulación y la mentira como
forma de hacer política, en este caso concreto, una vez más, el
trilerismo en su máxima expresión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará
la palabra su señoría Egea Serrano.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señor
presidente.

Agradezco al portavoz socialista que por lo
menos haya nombrado la problemática del medio rural en vivienda, porque
parece que esta ley exclusivamente habla de las áreas tensionadas y de
esas grandes ciudades donde hay problemas de vivienda. Hemos conseguido
en el trámite del Congreso —y lástima que aquí en el Senado no se
haya podido trabajar esta ley como se ha trabajado en el Congreso—
introducir el debate sobre la necesidad de la política de vivienda en el
medio rural, porque, por contrario que parezca o por extraño que les
pueda parecer, en los territorios de la España vaciada existe un gran
problema de vivienda; problemas para que la gente pueda comprar
viviendas, problemas para que la gente pueda alquilar viviendas. Y si no
hay viviendas, es muy difícil que alguien quiera venir a intentar vivir
en nuestros territorios, porque es muy difícil comprar una vivienda en
nuestros pueblos.

En el trámite del Congreso, se aprobaron doce
de las diecinueve enmiendas que presentamos, que introducían en la ley la
perspectiva rural, que no tenía cuando empezó su tramitación. De las
siete que no se aprobaron, hemos presentado cuatro, porque, aunque se ha
avanzado mucho en el Congreso, nos gustaría que se aprobara la creación
de la tipología de vivienda protegida para el medio rural; una tipología
especial de vivienda protegida que esté fuera de los estándares de la
vivienda protegida para las ciudades. Estas cuatro enmiendas se refieren
a una tipología que permitiría no solo a la provincia de Teruel, no solo
a Soria, no solo a Cuenca, sino a todas las provincias de España, a todas
las zonas rurales de España, generar una tipología de vivienda protegida
sobre todo en alquiler, que favorecería a las personas jóvenes y no tan
jóvenes, porque a veces hablamos solo de personas jóvenes y hay que
pensar que hay gente que no es joven y que también necesita emprender
nuevos proyectos de vida y por qué no lo va a hacer en nuestros
pueblos.

Así que les invito a leérselas, les invito a
apoyarlas y a intentar mejorar la ley. Es verdad que es la primera ley de
vivienda en muchos años, pero también es verdad que se ha traído a debate
en una semana que tenemos todos más la cabeza en nuestros territorios y
en nuestras estrategias electorales que en ver si la ley mejora o empeora
la realidad de la vivienda en este país. A ver si conseguimos mejorar un
texto que, a nuestro modo de ver, vino bien del Congreso.

Para terminar, solo quiero decirles que es muy
difícil hablar desde aquí con tanto follón. Es muy difícil intentar
escuchar e intentar comprender las razones que han expuesto mis
compañeros que han defendido sus enmiendas. Estoy de acuerdo con casi
todo lo que han dicho, pero es muy complicado.

Muchas gracias, señor presidente, y no voy a
decir gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, ¿va a
intervenir algún senador o senadora más? (Pausa). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tomará la palabra su señoría Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA:
Presidente, señorías, tengo la sensación de que las encuestas, que
parecen formar parte del desayuno en Moncloa, les susurraban a ustedes
que la vivienda era un asunto crucial para la mayoría social y por eso se
han visto obligados a meter mano en tiempo electoral, aunque esta
competencia es autonómica. Señorías, pudieron, porque han tenido cuatro
años y medio desde que el presidente lo anunció, haber hecho una ley que
resolviera los aspectos competenciales relacionados de una u otra manera
con la vivienda, que siguen en manos del Estado. Había aspectos que
convenientemente regulados y consensuados habrían dotado de más
herramientas a los ejecutivos autonómicos que realmente apuestan por la
vivienda como un derecho de verdad, y nosotros casi sin ninguna duda
habríamos votado a favor. Pero no, ustedes querían obligar a algunas
comunidades autónomas a adoptar políticas que de otra manera no se
aplicarían, y el resultado es que han legislado de forma uniformizadora,
disfrazada de armonización de políticas públicas. Es puro paternalismo,
lo más alejado de un Estado plural, en el que la capacidad de decidir
sobre múltiples materias, también sobre esta, la vivienda, está en manos
de los parlamentos autonómicos.

Lo que no podíamos imaginar es que uno de los
compañeros de viaje en esta uniformización iba a ser precisamente Bildu.
No seré yo quien quite o reste legitimidad a Bildu para hacer política,
porque es lo que siempre hemos pedido a la autodenominada izquierda
abertzale. Hemos asistido, es verdad, a una performance estratégica desde
aquel octubre de 2021, que ha incluido el abandono de estrategias
ilegítimas e injustas y nuevos posicionamientos sobre políticas
industriales, antes burguesas, parques eólicos, antes denostados, e
iniciativas público-privadas, antes condenadas. Y se agradece; se
agradece que entren a debates antes opacados por, como decía aquel,
aquello que nunca debió haber ocurrido. Pero lo que no imaginábamos es
que Bildu acompañara al rey Sánchez en esta nueva carlistada. Bildu,
Sortu, HB, quién te ha visto y quién te ve.

Quiero recordarles a todas y todos los
euskaldunes, que me escucharán, aquella canción titulada Otxagabian, que
cantaba Etxamendi eta Larralde, y que dice así. Presidente, son cuatro
versos. (Continúa en euskera). Traducido: Empezamos con los carlistas.
Seguimos con los requetés. Pensaban que salvaban toda España, pero desde
luego a Navarra, no. Pensando comprar un buen forraje, han vendido el
rebaño. Los pájaros se han callado en los prados antes del verano y, sin
embargo, la primavera aún no ha llegado a Navarra.

Por eso, a pesar de todo el camino que le queda
por recorrer a Bildu para ser una fuerza plenamente democrática —ya
saben ustedes, ni nada, ni nadie era democrático hasta que llegaron ellos
y mandaron a parar—, a pesar de su oscuridad intrínseca y todas las
sombras que le acompañan a Bildu, yo de verdad les doy la bienvenida al
debate democrático. Aunque, que Bildu fuera sumarse a la ofensiva del
PSOE, de su secretario general y presidente del Gobierno, al objeto de
alinear desde el Estado las políticas de las comunidades autónomas, de
verdad, de verdad, esto no nos lo imaginábamos. Lo de alinear desde el
Estado las políticas de las comunidades autónomas suena mucho a
armonizar. ¿Se acuerdan de la LOAPA, aquel intento de armonizar, es
decir, de someter a las comunidades autónomas? Vaya papelón para quienes
se definen soberanistas o independentistas. (Continúa en euskera). Han
pasado más de cuarenta años, y para esto, tanto sufrimiento inútil, tanto
sectarismo pretendidamente purista. (Continúa en euskera). No, no se
confundan, en Geroa Bai no solo damos por buenas la mayor parte de las
medidas que propone la ley estatal de vivienda, es que ya las aplicamos
en Navarra, desde que gestionamos esta área, primero en el Gobierno de
Uxue Barkos, y ahora en el de María Chivite. Para Geroa Bai el alquiler
es el elemento central de las políticas de vivienda, a diferencia del
presidente Sánchez, que hace cuatro días sacaba de la chistera
promociones y más promociones de alquiler social para luego imitar las
políticas del PP de incentivar la compra de vivienda mediante avales,
haciendo, por cierto, las delicias de la banca, que verá cómo con fondos
públicos se reduce su riesgo crediticio.

En Navarra estamos incrementando de verdad, no
de palabra, el parque de vivienda en alquiler social y asequible y con
elementos constructivos sostenibles. Tenemos una ley que evita que se
especule con los pisos que se han edificado con dinero público,
impidiendo descalificar la VPO. Estamos animando, con buenos resultados,
por cierto, a los propietarios que tienen viviendas vacías a que las
pongan al servicio del parque público. Tenemos programas, como Emancipa,
que subvencionan el alquiler a las y los jóvenes para que puedan tener un
proyecto de vida y salir de casa de sus padres, y tenemos ya las
herramientas que permiten limitar los precios de los alquileres. Las
tenemos ya, sí, no necesitamos que el Estado legisle sobre lo que ya
tenemos. Y no solo eso, hemos ido más allá al impulsar y aprobar una ley
foral de vivienda que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda
reclamable ante la justicia si no se satisface, algo a lo que la ley
estatal no se atreve, o la expropiación del uso de las viviendas vacías
propiedad de grandes tenedores y su incorporación al parque público de
vivienda, algo para lo que el Tribunal Constitucional no reconoció la
competencia, y lo hizo porque Navarra tiene las competencias exclusivas
en esta materia, como las tiene también en tráfico, aunque esta última y
otras están pendientes de transferir, porque a veces da igual el color de
quién esté en la Moncloa, siempre hay alguna excusa para no cumplir la
LORAFNA.

Por tanto, insisto, estamos de acuerdo con la
mayoría de las medidas que recoge la ley estatal, porque ya las venimos
aplicando. Sí creemos, por el contrario, que las consecuencias económicas
de los retrasos en los desahucios por impago que exige la ley estatal no
deben correr a cargo del pequeño propietario, y por eso proponíamos en
nuestras enmiendas un fondo estatal que les compense por ello. También
proponíamos, pero el Gobierno nos ha vetado el debate, una rebaja del IVA
que pagan las promotoras públicas de vivienda en alquiler y que lastra su
capacidad de invertir en nuevas viviendas. Un tema, este sí, que es
competencia exclusiva del Estado. Pero, claro, eso no vende, vende
anunciar fantasmagóricas promociones en terrenos de Defensa que
permitirán al ministerio que dirige la ministra Robles ingresar la
friolera de 620 millones. Con ello pagará la mitad del incremento
del 60 % que aprobó el Gobierno para 2023 respecto al año anterior o
decir ahora, tras año y medio negándonos en este hemiciclo que se pudiera
hacer, que se van a poner las viviendas de la Sareb en manos de
comunidades y ayuntamientos. Veremos en qué estado, porque también
pedimos información al respecto y se nos negó.

Sé que les molesta, señorías del PSOE, cuando
denuncio en esta tribuna el postureo y la propaganda de este Gobierno;
Gobierno, por cierto, con el que compartimos muchas cuestiones, claro que
sí, compartimos incluso un Gobierno en Navarra. ¡Cómo no vamos a
compartir cuestiones con el Gobierno más progresista de la historia! Pero
no, no estamos dispuestos, como otros que se llaman soberanistas, a
transigir en la limitación de la capacidad de autogobierno de Navarra,
una Navarra que reclamamos sujeto político propio, sin tutelas de nadie.
Y en esta ley, por mucho que se empeñen en negarlo algunos, se pretende
tutelar a las navarras y navarros por parte de un Gobierno al que, hasta
hace cuatro días, a un mes de las elecciones, no le ha preocupado la
vivienda lo más mínimo.

Señorías —y con esto quiero
terminar—, sí a las medidas que recoge la ley estatal de vivienda;
no, de manera rotunda, rotunda, rotunda, a la invasión de las
competencias exclusivas de Navarra, que ustedes, insisto, con el apoyo de
quienes se dicen independentistas, pretenden llevar a cabo al aprobar
esta ley. Ahí no nos encontrarán nunca. Geroa Bai defenderá siempre las
competencias de Navarra y su autogobierno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

¿Por el Grupo Parlamentario Nacionalista?
(Denegaciones). No van a intervenir. Muchas gracias. Por el Grupo
Parlamentario Vasco, senadora Vaquero Montero tiene la palabra.

La señora VAQUERO MONTERO: Mila esker,
presidente jauna.

El proyecto de ley de vivienda se publica en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales el 18 de febrero de 2022, el
tercer año de esta legislatura, y se pide tramitar por el procedimiento
de urgencia, una urgencia que se paraliza durante más de un año y que
curiosamente llega en esprint final a un mes de la cita electoral,
entrando con fuerza en la campaña electoral. Y así empiezan los anuncios
de quién da más, y llega un momento en que perdemos la cuenta de todas
las viviendas que de repente aparecen por doquier. Primero son los pisos
de la Sareb, que ahora sí están disponibles para alquiler social, que son
en un principio 50 000, pero que luego ya llegan a ser 21 000, de los que
disponibles, 9000, según la carta que está remitiendo Sareb a los
ayuntamientos de todo el Estado. En Euskadi, de esos hay 81, pero
disponibles, 10, y está haciendo una oferta de compra a los ayuntamientos
vascos para ver si les compran las 10 viviendas disponibles o las 71
viviendas que faltan para adecuar. Desde luego, una ganga.

Seguimos con la oferta de nuevas construcciones
de viviendas protegidas y ya perdimos la cuenta, pero con calculadora en
mano, 183 000. En cada acto de campaña nos hacían más anuncios. Primero
fueron los créditos ICO, luego los avales a la compra de vivienda,
primero en alquiler, luego en propiedad. Ya no sabíamos cuál era la
política de vivienda que tenía el señor Sánchez. Como si de repente el
Gobierno fuera consciente del problema de acceso a la vivienda. Y todo se
convierte en una carrera de anuncios y eslóganes por demostrar quién es
más, primero, apostando por el alquiler, como he dicho antes, y luego
avalando la compra. Un mercadeo de propuestas, cuando todos sabemos que
para desarrollar una política seria de vivienda se necesita primero
tenerla y luego invertir tiempo y dinero en desarrollarla. Por cierto,
los fondos europeos son una ayuda que no se alargará en el tiempo, no más
del 2026, y luego habrá que pagarlos.

El Gobierno del Estado nos anuncia que este
proyecto de ley será la primera ley de vivienda de la democracia, como si
las comunidades autónomas no hubieran desarrollado sus propias políticas
de vivienda y aprobado sus leyes. Demuestran así dónde consideran que
debe estar todo el ámbito de decisión y la ideología recentralizadora de
tales afirmaciones, que además vienen acompañadas de frases tales como
que a los ciudadanos les da igual de quién es la competencia, y lo dice
la ministra portavoz del Gobierno y de Política Territorial, nada más y
nada menos. ¡Qué tranquilidad!

Escuchando a la ministra portavoz me acuerdo de
las palabras de mi compañero Emilio Olabarría cuando escribía aquello de
que han derogado la Constitución y no nos hemos enterado. Si no es
importante la competencia de quien legisla, la próxima ley que afecte al
Estado que la debatan en el Parlamento alemán; entonces, ¿sí serían
importantes las competencias?

Pero lo más surrealista en este proceso, y no
soy la primera portavoz ni voy a ser la única en hacer referencia a esta
cuestión seguramente, es la participación y utilidad de quienes se llaman
soberanistas e independentistas, más allá del necesitado marco jurídico
para poder desarrollar parte de las políticas de vivienda por quien tiene
la competencia y que con esta se apruebe una ley armonizadora que
desautorice a todos los parlamentos de las comunidades autónomas y, en
nuestro caso, al Parlamento vasco.

Creo que solo desde el reconocimiento del
sujeto político, la voluntad libre y democráticamente expresada de la
ciudadanía y el anclaje de los derechos históricos se puede abrir una
negociación, pactando un fondo de poder, unos derechos y unas
obligaciones y un blindaje efectivo de nuestras decisiones, preservando
no solo la singularidad, sino el derecho a decidir de este pueblo. Todos
los demás serán parches y solo parches. Lo que les acabo de leer no lo he
dicho yo, pero lo suscribo en su totalidad. Son las palabras pronunciadas
por la señora Iriarte, portavoz hasta ayer de EH Bildu en el Parlamento
vasco, hoy de campaña por Guipúzcoa. Y me pregunto dónde ha quedado
aquello del blindaje efectivo de nuestras decisiones, las del Parlamento
vasco, con esta ley de vivienda; dónde ha quedado nuestra singularidad,
nuestro autogobierno, dónde nuestro pueblo. En qué lugar quedan las
decisiones tomadas por nuestras instituciones si lo que les interesa
ahora, sobre todo y ante todo, es el primer colaborador necesario de este
Gobierno, aunque armonice e invada, lo que el presidente Sánchez llama
alinear las políticas de vivienda. Porque las prioridades de la izquierda
abertzale son otras, que tienen que ver mucho más con el respaldo que se
le da al Gobierno del Estado, y no consiste en defender los intereses y
las instituciones de Euskadi, tiene más que ver con la gestión de las
consecuencias de su pasado.

Y nos dicen que utilizamos el autogobierno como
cortina de humo, un autogobierno que ha posibilitado que Euskadi sea hoy
lo que es; un autogobierno que hemos defendido nosotros solos. Porque,
¿dónde han estado ustedes durante todos estos años? Nos sacan a colación
el nuevo estatus. Es triste que utilice este atril del Senado para ello y
que quiera debatir desde Madrid lo que compete a Euskadi. Le voy a dar un
dato. Yo me acuerdo de lo que votaron ustedes en el 2004: tres sí y tres
no y un voto huido. Eso ha sido hasta ahora su aportación al nuevo
estatuto. Ustedes han decidido, y es una decisión ideológica, pactar una
ley que, pese a que repiten una y otra vez que no invade ninguna
competencia, que no cercena el poder de decidir del Legislativo, sí lo
hace. Y no me voy a repetir en todos los argumentos y todos los datos que
le he dado, porque no me quieren escuchar.

Es una decisión política ideológica, la de
ustedes y también la nuestra. Podíamos esperar recentralizaciones y
armonizaciones de los partidos estatales, de los partidos que no creen en
el Estado plurinacional, en el Estado compuesto, de los que no respetan
los derechos históricos, de los que hablan de privilegios, de los que
hablen del cuponazo, pero no llegar a este punto de surrealismo. Cómo ha
cambiado aquello de no venir a Madrid para no venderse por un plato de
lentejas, para poner la mesa y pagar la comida, y solo en dos actos. Y,
claro, por otro lado, es difícil no apoyar el Gobierno más progresista de
todos los tiempos, cuando nos han vendido hasta la saciedad yo o el
fascismo, como si todo tuviera que ver conmigo o con la ultraderecha o
con el neoliberalismo o defendiendo los intereses de los especuladores en
contra de la gente que no puede acceder a una vivienda.

No se puede ser tan simplista y decir que los
que están a favor de la ley son los que defienden a la gente y los que
votan en contra defienden la especulación, es un debate falso y
demagógico, o reducirlo todo a un debate derecha, izquierda. Porque, si
fuera así, ¿cuál ha sido el motivo de que la CUP no apruebe esta ley y
alegue invasión competencial? O el BNG. Son ustedes los únicos partidos
de ámbito no estatal, nacionalistas, soberanistas o independentistas, que
no han visto invasión competencial. ¿No creen que en lugar de
reprocharnos a nosotros nuestra posición deberían explicar mejor a qué se
debe su ceguera?

Yo creo que con esta ley sí han hecho una
elección consciente, y no solo consiste en el necesario paraguas para dar
seguridad a determinadas políticas en vivienda, con lo que coincidíamos.
Podríamos haberlo hecho de otra manera, pero no ha podido ser porque no
han querido que así fuera, y eso lo van a tener que explicar. En nuestro
grupo nos opusimos a tal nivel de armonización pensando que no sería
posible que el Gobierno del Estado consiguiera un acuerdo con grupos
independentistas, pero nos equivocamos. Porque, tal y como decía
Churchill, la política tiene extraños compañeros de cama y, como le dijo
el lehendakari al representante de EH Bildu en el Parlamento vasco en
relación con su colaboración necesaria, ver para creer.

El lehendakari expuso en el Parlamento vasco
los criterios para la colaboración en el ámbito de vivienda, que
compartimos, primero, que la vivienda es una prioridad para el Gobierno
vasco, también para el Partido Nacionalista Vasco; segundo, la garantía
del derecho a la vivienda de acuerdo con el artículo 2 de la ley vasca,
promoviendo la colaboración y coordinación con todos los poderes
públicos, incluido el Estado; tercero, defensa del autogobierno vasco y,
en particular, del marco competencial exclusivo en materia de vivienda
que le corresponde a Euskadi, de acuerdo con el Estatuto de Gernika y,
cuarto criterio, rigor en la elaboración de leyes, planes y estrategias
para evitar efectos contraproducentes o que actúen en sentido contrario
al buscado.

Y, por todo ello, el Partido Nacionalista Vasco
defiende la ley vasca, que, ya me han recordado, votó en contra en
el 2015. Es verdad, yo era parlamentaria vasca, yo voté en contra de esa
ley, una ley que hoy defiendo porque, como he repetido insistentemente,
es nuestra ley, la que democráticamente aprobó el Parlamento vasco de
acuerdo con el Estatuto de Gernika. El Partido Nacionalista Vasco no
plantea derogar cualquier ley que no cuente con su apoyo. Somos
demócratas y aceptamos el resultado de las votaciones de nuestro
Parlamento y tampoco buscamos modificar lo legislado en Euskadi desde el
Estado. (Continúa en euskera). Y también defendemos que, aunque quede
mucho por hacer, la política de vivienda desarrollada por las
instituciones vascas durante décadas es más progresista que lo que recoge
esta ley; políticas que han propiciado un parque de vivienda pública en
alquiler de 26 000 viviendas reales, con dotaciones de vivienda
protegida, reservas de suelo superiores a lo que marca la ley,
calificaciones permanentes de vivienda protegida en propiedad desde 2003,
ayudas a la emancipación, deducciones fiscales y prestaciones de vivienda
que perciben 35 000 familias, que son ayudas para acceder a la vivienda
que ya se daban antes de la aprobación de la Ley de vivienda de 2015,
porque estaban incluidas en la RGI y que, tras la entrada en vigor de la
ley vasca, son derechos subjetivos.

Y por si todavía no queda claro, no nos
oponemos al límite de rentas, para el cual hubiera sido suficiente
modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, aunque esta ley no las
limita, solo controla la subida del alquiler, como se recordó en comisión
y ayer lo hizo el portavoz de Més Mallorca, otra media verdad que no
interesa reclamar. En Euskadi hay programas como Bizigune y como ASAP que
limitan las rentas. Ya lo estamos haciendo, lo estamos haciendo desde
nuestro ámbito competencial. Y también se aprueban, y lo aprueban las
juntas generales, los recargos del IBI, y en esas juntas generales la
mayoría es del Partido Nacionalista Vasco.

Por lo tanto, lo que no vamos a hacer es pactar
una ley con el Gobierno del Estado, echar una alfombra roja a la invasión
de nuestro autogobierno. Nuestra labor en esta Cámara consiste justo en
lo contrario. Sin embargo, ustedes, diputados y senadores de EH Bildu,
han echado la alfombra y, como diría mi compañera Euge Arrizabalaga, el
elefante ya está en el salón. Ahora, con la Ley de vivienda y con el
Gobierno denominado más progresista de la historia; mañana será con la
modificación de esta ley o con otra, y puede que con otro Gobierno que
plantee medidas menos progresistas, pero ya no podrán alegar invasión
competencial, porque el elefante, con su permiso, ya está en el
salón.

Mila esker.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, tomará la palabra su señoría Bailac Ardanuy.

La señora BAILAC ARDANUY: Gràcies,
president.

Señorías, debatimos sobre una ley que bebe de
la experiencia de muchos años de trabajo en Cataluña para garantizar el
derecho a una vivienda digna. Hoy vamos a oír que esta es la primera ley
de vivienda de la democracia y no podemos dejar de señalar los dieciséis
años de antelación con los que un Gobierno progresista en Cataluña quiso
garantizar el derecho a la vivienda. La Generalitat promovió la Ley
catalana de derecho a la vivienda, una ley que fue recortada por el
Tribunal Constitucional, como cada vez que en Cataluña decidimos avanzar
en derechos. Pero no cesamos en nuestro empeño de garantizar una vivienda
digna a la ciudadanía de Cataluña. Por eso hace ocho años el Parlament de
Catalunya aprobó otra ley para afrontar la emergencia habitacional, la
pobreza energética y para frenar los desahucios de las familias
vulnerables. De nuevo, una ley recortada por el Tribunal Constitucional.
Pero quisimos dar un paso más y hace tres años el Parlament aprobó una
ley para limitar los precios de los alquileres, regulando las zonas más
tensas. Una ley pionera que también fue recortada por el Tribunal
Constitucional. Tampoco nos resignamos y el año pasado el Parlament
aprobó la Ley stop desahucios.

La historia de la defensa del derecho a una
vivienda digna en Cataluña ha sido la historia de un país con un Estado
en contra. Y en esta historia hemos visto varias veces al PP, pero
también al PSC actuando como un partido sucursalista y siguiendo las
directrices desde Madrid, imponiendo recursos de inconstitucionalidad a
los avances que Cataluña hace para garantizar el derecho a la vivienda.






Se pagan 1120 euros por un piso de 20 metros cuadrados en Barcelona, pero
la derecha mediática quiere que pienses que el culpable, que el problema
son los okupas. Y hoy nos encontramos debatiendo una ley de vivienda en
la que hemos trabajado haciendo lo que siempre hace Esquerra Republicana,
defender los intereses de la ciudadanía. Por eso, esta ley es como es,
inspirada en la experiencia catalana y, por eso, esta ley hace lo que
hace, limitar el precio de los alquileres y situar a las personas en el
centro, por delante de los intereses de los especuladores.

Y hemos hecho lo que siempre hace Esquerra
Republicana, defender la máxima soberanía de Cataluña. Hoy damos un paso
adelante siguiendo la estela de lo que llevan haciendo desde hace años el
Parlament de Catalunya y el Govern de la Generalitat, porque hoy este
debate sí va de estar con las personas, con los vecinos de toda la vida o
con los fondos buitre, este debate sí va, sí es entre quienes queremos
que las viviendas sean para vivir y los que las quieren para especular.
Lo que estamos haciendo hoy es un primer paso que se inspira en gran
parte en la experiencia catalana y que nos va a permitir seguir con la
trayectoria de garantía del derecho a una vivienda digna y asequible en
Cataluña.

Queremos seguir limitando los precios de los
alquileres en Cataluña, queremos poner freno a la especulación y a los
abusos, queremos hacer las políticas de vivienda que los catalanes
reclaman y necesitan. Y muestra de ello son los 605 millones de euros que
el presupuesto de la Generalitat destina este año a políticas de
vivienda; muestra de ello es el empeño por incrementar el parque de
alquiler social en Cataluña en 10 000 pisos; la expropiación de viviendas
vacías de los grandes tenedores por incumplir su función social para
ofrecerlas a las familias vulnerables; las sanciones a los grandes
tenedores por negarse a ofrecer alquileres sociales a familias
vulnerables antes de desahuciarlas por impago, y ahora, como ha dicho ya
el Govern de la Generalitat, utilizaremos todos los instrumentos y de
manera inmediata. Lo que estamos haciendo hoy contribuye a mejorar la
situación de la gente en Cataluña y somos conscientes de que queda mucho
por hacer. Venimos aquí a ser útiles, y somos útiles porque defendemos
Cataluña y priorizamos por delante de todo la protección y la justicia
social para todos los catalanes y catalanas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el mismo Grupo Parlamentario tomará la
palabra su señoría Bideguren Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko,
presidente.

Hoy estamos tramitando en la Cámara Alta, tras
muchos meses de negociaciones, el proyecto de ley por el derecho a la
vivienda, y para dar soluciones es importante hacer un buen diagnóstico.
La falta de vivienda asequible es un problema estructural que se ha
profundizado en parte por políticas públicas orientadas a la promoción
del acceso a la vivienda a través de la propiedad. Se ha fomentado más la
compra y no el alquiler, se ha fomentado más la vivienda libre que la
vivienda social y esta situación se ha visto agravada por la coyuntura
actual de inflación que afecta a las hipotecas y a los contratos de
alquiler, ahogando así a muchas familias y no permitiendo a las personas
más jóvenes desarrollar una vida digna. Históricamente, la política de
vivienda en la mayoría de los países del centro y del norte de Europa ha
estado basada en una fuerte intervención del mercado para dar respuesta a
las graves necesidades sociales. En cambio, el caso del Estado español ha
sido bien diferente. Hemos tenido un contexto que ha convertido la
vivienda en un bien para la especulación y el beneficio a corto
plazo.

El senador de Ciudadanos nos decía antes que
con esta ley la inversión en vivienda no será tan atractiva. Y no hace
tanto tiempo estábamos hablando de la burbuja inmobiliaria y sus
consecuencias sociales y económicas. Pero algunos todavía, como hemos
visto hoy, siguen defendiendo esa especulación frente al derecho a la
vivienda. El relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a
una vivienda digna asegura que en las últimas décadas, las diferentes
políticas llevadas a cabo en el Estado español, han hecho que España sea
el país de la Unión Europea con más viviendas construidas, más viviendas
vacías y menos vivienda asequible. Y, por tanto, señorías, es evidente
que hace falta un cambio de paradigma importante.

La Ley vasca de vivienda fue un avance
importante, sin duda. Pero sigue siendo un reto para los vascos y para
las vascas la vivienda digna y asequible, así como la prevención de los
desahucios. Y déjenme darles algunos datos de la Comunidad Autónoma
Vasca. La oferta pública de vivienda sigue siendo baja en relación con la
media europea. El 5,8 % de los hogares están en situación de
hacinamiento, muy por encima de la media europea. La edad de emancipación
está aumentando. Estamos con los peores datos de toda Europa. Y cada vez
hay más familias que tienen que dedicar más ingresos a pagar el alquiler
y la hipoteca. Y, ante esta situación, la derecha hoy nos ha desviado el
foco hacia la okupación, como si fuera este el problema capital del
acceso a la vivienda. Por cierto, en un momento en el que la okupación
está cayendo. Y aunque se repita una y otra vez, esta ley no favorece la
okupación, lo que hace es modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para
incluir un nuevo procedimiento de desahucio y ganar tiempo para buscar
una solución habitacional a las personas vulnerables, acreditadas, por
cierto, por los Servicios Sociales. Y esto nada tiene que ver con la
entrada ilegal a una vivienda, que, según la Fiscalía, representa
el 0,8 % de las denuncias, y es un delito de allanamiento. Pero es
evidente que hay interés de meter miedo en la sociedad para vender luego
seguridad. Y esto puede explicar que España sea el cuarto país del mundo
con más alarmas en los hogares.

Señor Martínez, hoy ha quedado evidente, una
vez más, la animadversión que tiene contra Euskal Herria Bildu. Pero creo
que hoy se ha equivocado enormemente, y le voy a decir por qué. Ninguna
campaña electoral merece, creo yo, lo que usted hoy ha hecho aquí. Se ha
colocado a la altura del Partido Popular, de Vox, y de UPN. Creo que el
debate político sobre el acceso a la vivienda digna merece ser un debate
de altura y no es lo que usted ha venido a hacer hoy aquí. He observado,
además, en todo este tiempo, cierto seguidismo al Partido Nacionalista
Vasco. Ustedes han pasado de no estar tan en contra de la ley a decir que
hay una cierta invasión. Y hoy nos vienen a decir que beneficio cero,
pero que está a favor de las medidas. Total, que va a apoyar algunos
vetos en contra de esta ley y a abstenerse, como lo ha hecho en la
Comisión, en los vetos de UPN y PP. Vetos donde se habla de okupación
ideológica, se rechaza la limitación de la propiedad privada, y el
derecho subjetivo a una vivienda. Curiosa actitud para alguien que
habitualmente reparte desde aquí, desde esta tribuna, carné de
independentistas y progresistas. (Rumores).

Con base en esta ley, ahora se podrá seguir
trabajando y tomar medidas importantes, también en Navarra, para dar
soluciones efectivas al acceso a la vivienda. Nosotras así lo haremos.
Cuando se aprobó la Ley de vivienda de Navarra surgieron ciertas dudas
jurídicas que se dijo que se despejarían con esta ley estatal. Pues de
eso se trata. ¿O no es bueno que se reconozca el derecho a la vivienda en
esta ley? ¿O no es bueno que se intervenga y se regule el mercado de
alquiler, topando precios? ¿O no es bueno que se dificulten los
desahucios de las personas más vulnerables? ¿O no es bueno que se
controle el aumento de los alquileres para facilitar así el acceso a la
vivienda en unas condiciones aceptables? Entiendo que esta ley no guste a
algunos sectores que tienen intereses económicos y rentistas, porque se
les está coartando el negocio. Pero ante intereses particulares
concretos, Euskal Herria Bildu lo tiene muy claro. Nos preocupan las
desigualdades sociales y la exclusión social; nos preocupa que el acceso
a una vivienda ahogue a las familias; nos preocupa que la juventud no
pueda emanciparse y desarrollar una vida digna; nos preocupa el
empobrecimiento de la mayoría social, el no poder tener una vivienda
digna y adecuada.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Sí, termino,
presidente.

No tener una vivienda digna y adecuada afecta a
la integridad física y mental de las personas, afecta a la salud, y
afecta a las posibilidades que tenemos de participar en el mundo laboral,
de participar...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Acabo diciendo
simplemente... Un segundo...

El señor PRESIDENTE: Señoría, lo siento, ha
terminado su tiempo.

Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tomará la
palabra su señoría Rollán Ojeda.

El señor ROLLÁN OJEDA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, ayer nuestro presidente, Alberto
Núñez Feijóo, pidió al ausente presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
que rompiera sus pactos con Bildu. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor ROLLÁN OJEDA: Que acabase con la
dependencia de su socio estratégico, Arnaldo Otegui. Sánchez y el PSOE
pudieron ponerse del lado de la decencia, pero han preferido estar al
lado de Bildu. Esta tramitación legislativa es la prueba evidente de la
alianza de PSOE y de Bildu. (Aplausos). El suyo, señorías, por mucho que
les pese, es un pacto a prueba de bombas. Resulta vergonzoso verles
arrastrarse de manera tan humillante ante Arnaldo Otegui. Los cimientos
de esta ley se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor,
con 21 muertos, 4 de ellos niños. (Aplausos.— Rumores). Sobre los
escombros de la Plaza de la República Dominicana, en la que fueron
asesinados 12 guardias civiles. Sobre los hierros retorcidos de la casa
cuartel de Zaragoza, donde les fue arrebatada la vida a 11 personas.
(Rumores).

Señorías del Grupo Socialista, están a tiempo
de impedir la aprobación de esta ley. Pero no lo harán. No lo harán
porque han preferido gobernar junto a Bildu, en lugar de respetar a la
gente. Esa gente de la que tanto habla, pero a la que ustedes tan poco
respetan. (Aplausos). Si medimos, señorías, el éxito y su compromiso con
las viviendas que ustedes dicen haber construido y sus inquilinos,
disfrutado, el resultado es redondo: cero. Sus viviendas, ni están, ni se
las espera. Son, simple y llanamente, castillos en el aire. Llevan cinco
años gobernando y han sido incapaces de entregar una única vivienda.
Desde que el presidente Sánchez está al frente del Gobierno, los okupas
son cada día más. La oferta disponible es cada día menor. Y los
alquileres suben día tras día. Esa es la realidad de su legado en materia
de vivienda.

Sánchez incorpora el discurso de la vivienda
cuando está a punto de ser desalojado de la Moncloa. Esta ley está
sustentada en experiencias fracasadas. Allí donde se ha aplicado el
resultado ha sido un desastre. Lo han dicho todos y cada uno de los
intervinientes. La solución no pasa por intervenir el mercado. Tampoco a
los propietarios. Como tampoco pasa por reducir las oportunidades para
que los jóvenes puedan acceder a la vivienda en alquiler, porque al
intervenir los precios, se reduce la oferta y se desincentiva la
promoción ante la incertidumbre que ustedes van a generar. La solución
tampoco pasa por atacar despiadadamente a la propiedad privada,
dificultando el que los propietarios puedan recuperar sus viviendas
okupadas. Sepan que a sus amigos los okupas no se les desahucia, se les
desaloja, señorías. Es al vulnerable al que se debe proteger. Y son estos
últimos, los vulnerables, los que cada día están más desprotegidos. El
suyo, señorías del Grupo Socialista, es el mundo al revés.

Nuestra posición no es única, es ampliamente
compartida. ¿Le suena Idealista? Sí, ¿verdad? Ellos son conocedores, como
pocos, de la realidad del acceso a la vivienda, y han sido los primeros
en criticar su ley. El Consejo General del Poder Judicial alerta del
problemático encaje en el orden constitucional de competencias, entre
muchas otras advertencias. El Banco de España afirma que la ley traerá
efectos indeseados, como la subida de los precios, y un menor número de
viviendas orientadas al alquiler.

¿Qué ha ocurrido para que Pedro Sánchez haga lo
contrario de lo que defendía por su boca el ministro Ábalos o la
vicepresidenta Calviño? Lo que ha ocurrido es que ve peligrar su
residencia, la Moncloa. A Pedro Sánchez, por mucho que les pese, no le
salen las cuentas. Es evidente que necesitaría el independentismo, y
estaría dispuesto a pagar el precio que fuera con tal de reeditar su
Frankenstein. Por esa razón concede la relevancia y el protagonismo,
tanto a Esquerra como a Bildu. Lo acabamos de ver en esta misma tribuna.
Esquerra entiende el acceso a la vivienda echando la puerta abajo a
patadas.

Señorías, con respecto al verdadero impulsor de
esta ley, tanto está blanqueando Pedro Sánchez a Bildu y Arnaldo Otegui,
que cualquier día de estos podrían verle sentado en el Consejo de
Ministros. He de recordarles, señorías del Grupo Socialista, que sus
socios de Bildu —porque son sus socios, aquí y ahora lo estamos
viendo— llevan en sus listas 44 condenados por la pertenencia a la
banda terrorista ETA, les guste o no les guste. (Aplausos.—
Rumores).

Decía Francisco de Quevedo: Nadie ofrece tanto
como el que no va a cumplir. Julio de 2018: Ábalos promete 20 000
viviendas. Febrero del 21: Sánchez, 26 000 más. Marzo del 21: Ábalos
incrementa la cifra hasta las 100 000. Octubre del 21: Sánchez, 100 000.
Julio del 22: Sánchez, Operación Campamento, 12 000 más. Abril del 23:
Sánchez, 50 000 de la Sareb. Cuatro días más tarde: otras 43 000. Una
semana después: 20 000. Sánchez ha promentido más de 325 000 viviendas y
no han entregado ni una. Esa es la credibilidad del presidente del
Gobierno, señorías. (Aplausos). Su seña de identidad es el trilerismo
residencial.

Voy concluyendo. Ustedes son conscientes de
que, si Pedro Sánchez tuviera que someterse al filtro de su comisión de
la verdad, no podría haber efectuado anuncio alguno. Aprovecho la ocasión
para dirigirme a sus señorías del Grupo Socialista. También a los que
piensan apoyar esta ley, la ley de okupación y reducción de la oferta
promovida por Bildu. Y lo hago para advertirles, con la suficiente
antelación, de las nefastas consecuencias que acarreará su aplicación.
Van a tropezar con la misma piedra que la vergonzosa aprobación de la ley
de solo sí es sí. Pretendiendo beneficiar a la emancipación de nuestros
jóvenes, serán los okupas, Bildu, y Esquerra, los que salgan ganando. Su
soberbia y su populismo les ciega y les impide ver la realidad.
(Aplausos). Recuerden que fueron ustedes los que, queriendo proteger a
las mujeres, pusieron a los violadores en la calle. No cometan el mismo
error. Si quieren acertar, cópiennos una vez más. (Rumores). Ahora bien,
háganlo en su totalidad, y serán nuestros jóvenes, y serán las familias
con menos recursos económicos, los que saldrán ganando.

De veras, señorías del Grupo Socialista, se lo
digo como lo siento. (Rumores). Estén atentos que esto les va a gustar.
(Rumores). No se humillen ante Bildu. Aquí está la mano tendida del
Partido Popular. (Rumores.— Risas). Pueden elegir entre la dignidad
o la ignominia. En su mano está, señorías. (Aplausos).

Y ya finalizo. Señorías del Grupo Socialista,
aún están a tiempo de impedir la aprobación de esta ley, que saldrá fruto
de su alianza y connivencia con Bildu. Las familias españolas con menos
recursos tendrán acceso a una vivienda social. Nuestros jóvenes podrán
emanciparse, pero no será bajo el techo de una de las viviendas fantasmas
de Pedro Sánchez. Llegarán de la mano de un presidente del Gobierno que
no mienta ni que mire hacia otra parte con respecto a la okupación, sino
que la combata, y la derrote. Un presidente que respete y haga respetar
el derecho a la propiedad. La solución llegará más pronto que tarde, y
llegará de la mano de Alberto Núñez Feijóo. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor ROLLÁN OJEDA: Gracias, señor
presidente.

Y ya les aseguro que Bildu no será nuestro
compañero de camino, como, lamentablemente, lo es de ustedes, señorías
del Grupo Socialista. Derogar el sanchismo es derogar también esta falsa
ley de vivienda.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
(Protestas).

Un poco de silencio.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, toma la
palabra su señoría, la senadora Moreno Duque. (Aplausos).

La señora MORENO DUQUE: Gracias,
presidente.

Yo sí vengo a hablar de vivienda.
(Aplausos).

Antes que nada, me van a permitir darle las
gracias a la ministra y a su equipo, por su valentía, por su
determinación, y por su capacidad de llegar a acuerdos. Darles las
gracias también a los grupos que apoyan la ley, por su respaldo, y a la
dirección de mi grupo parlamentario, porque en su día me nombrara
portavoz de vivienda, porque me está permitiendo fijar la posición
socialista en este debate tan importante sobre la primera ley de
vivienda, que es la primera ley por el derecho a la vivienda de nuestro
país, por el derecho a la vivienda. A ver si tenemos claros los
conceptos. Es la primera ley por el derecho a la vivienda de nuestro
país.

Y, además, me van a permitir participar en este
debate en el Senado, porque fue en esta Cámara Alta, donde el debate del
anteproyecto sobre la redacción original que debía tener el artículo 47,
que es el que regula el derecho a la vivienda, tuvo algo más de fuste
dentro de las Cortes Generales Constituyentes. Y me van a permitir un
breve apunte sobre la génesis del artículo 47. Porque conocer la
verdadera intención del legislador constituyente en cuanto a la precisa
terminología de cada artículo, la utilización de un término en lugar de
otro, no es algo insustancial, máxime cuando estamos ante un texto
sumamente relevante, como es el de nuestra Constitución, y ante un
derecho tan básico, tan sustancial, como es el de la vivienda.

Y ya desde el debate sobre el anteproyecto de
la Constitución se evidenciaron las diferencias entre progresistas y
conservadores en relación con la protección que debía tener el derecho a
la vivienda. Y, si finalmente el artículo 47 incluye la especulación para
poder hacer efectivo ese derecho a la vivienda digna y adecuada, fue
gracias a la presión de los partidos comunista y socialista. Por lo que,
está claro, señorías, ustedes dicen que la ley tiene una carga ideológica
importante, ¡cómo no va a tener una carga ideológica importante si la
tiene el artículo 47 desde 1978! (Aplausos). Una carga ideológica de la
que los progresistas nos sentimos especialmente orgullosos.

Si seguimos la génesis del 47, vemos como ya
desde entonces, a algunos parlamentarios de Alianza Popular, como Licinio
de la Fuente y de la Fuente —léanlo, ilústrense—, les parecía
que quedaba muy reforzado eso de la significación social de la vivienda.
Para ustedes la significación social de la vivienda siempre quedó muy
reforzada. Para nosotros nunca fue suficiente. Por eso, desde los
primeros parlamentarios constituyentes hasta la actualidad, los
socialistas siempre hemos insistido en que tenemos que reforzar la
función social de la vivienda, porque para nosotros es el quinto pilar
del Estado del bienestar. (Aplausos). A otro parlamentario Popular, De la
Mora y Mon, el derecho a la vivienda no le parecía, ni siquiera, materia
constitucional a proteger, porque intuían un atisbo de nacionalización
del suelo. Proteger un derecho a la dignidad que pertenece a la persona
como ser humano no era lo que importaba. Lo que importaba era impedir ese
atisbo de nacionalización que se intuía. Y, señorías, nacionalizar, no,
pero socializar, sí. Esa fue nuestra propuesta, la de nuestro
parlamentario, Manuel Sánchez Ayuso: Socialización del suelo para poder
hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada. Es que a los
socialistas nos gusta socializar. Lo único que rechazamos es la
socialización de las pérdidas, justo lo que hicieron ustedes con el
rescate a los bancos. (Aplausos). Justo esa receta fracasada: la
socialización de las pérdidas del capital financiero. Y ahora quieren
hacer lo mismo con el capital inmobiliario. Por eso, andan paseando por
todos los parlamentos autonómicos, como en el Parlamento gallego
—¡ah!, al señor Feijóo esto no le interesa, no—, iniciativas
de impulso de esta naturaleza. Como puntos de esta iniciativa de impulso
incluyen que el lucro cesante —es decir, la ganancia dejada de
obtener por los propietarios inmobiliarios— sirva como
justificación de una menor contribución fiscal. Es decir, que las
pérdidas del capital inmobiliario las asumamos todos, los que tienen
capital inmobiliario y los que no tienen ni para pagar el alquiler o la
hipoteca; nueva socialización de las pérdidas. (Aplausos).

Como vemos, señorías, aquí, en nuestro país, la
ideología influye de manera decisiva en la consideración del problema de
la vivienda y de las soluciones que se adoptan. No es el caso de otros
países. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, quiere limitar la
compra de vivienda a extranjeros, justo lo mismo que aquí propone la
Izquierda Confederal, y lo contrario de lo que hizo el señor Rajoy con la
Golden Visa, que, como recordamos el otro día, era para extranjeros que
compraran inmuebles millonarios, lo que ha agravado el problema alcista
de la vivienda en Baleares —se lo recordábamos al señor
Rollán—. Pero aquí, en nuestro país, influye la ideología de forma
decisiva en la consideración del problema y de las soluciones. Aunque
tiene parte de sentido, porque la ideología es ese conjunto de ideas que
caracterizan el pensamiento, y el pensamiento liberal o conservador nada
tiene que ver con el pensamiento socialista progresista; sin embargo,
bien haríamos en confluir en la consideración de unos mínimos. El
problema no es que no nos pongamos de acuerdo los progresistas y los
conservadores, después de cuarenta y cinco años desde ese debate
constituyente, y nos reafirmemos en nuestras posiciones, en nuestras
convicciones, sino que lo escandaloso, por inmoral, por indecente, es que
los problemas de la vivienda sigan siendo los mismos después de cuarenta
y cinco años, y, lo peor, sigan siendo afectados también los mismos, los
que menos tienen, los más vulnerables. (Aplausos).

Por eso, este debate no es solo un debate
jurídico ni un debate político, sino que es un debate ético, sobre la
ética, la moral, la decencia o indecencia que se esconde detrás de las
propuestas. Por tanto, la pregunta es bien sencilla, señorías: ¿les
parece moral o inmoral, decente o indecente, que las viviendas concebidas
para albergar y alojar a los más vulnerables se vendan a fondos de
inversión que, con un ánimo meramente especulativo, expulsan a las
familias a la calle dejándolas a la intemperie? ¿Es moral o inmoral,
decente o indecente? Se trata de eso. ¿Cuál es su modelo, señorías? ¿Su
modelo es el de las desgravaciones fiscales de la señora Ayuso —que
no han visto la luz porque es tan escandalosa la medida que no la apoyó
ni Vox en la Asamblea de Madrid—; desgravaciones fiscales del 20 %
para los extranjeros millonarios que compraran inmuebles por más
de 200 000 euros? ¿Ese es un modelo? ¿O el de la socialización de las
pérdidas del Parlamento gallego? Lo tienen ustedes por escrito. (El señor
Viso Diéguez: ¡Venga..!). No, no, ni venga ni nada, es lo que hay. Déjeme
intervenir.

El señor PRESIDENTE: Senador Viso Diéguez, sea
tan amable.

Muchas gracias.

La señora MORENO DUQUE: Por cierto, no me gusta
descender al lenguaje tabernario porque, como digo, se convierte esto en
un espectáculo. En cualquier caso, he de aclarar a la senadora de Vox
— no está—, que, cuando habla de delincuentes y se refiere a
la vivienda, solo tengo que recordar que los que están condenados por
obras ilegales son la señora Monasterio y Espinosa de los Monteros.
(Aplausos).

Termino. En la pasada legislatura, tuve la
oportunidad de organizar, junto con la ONU, un Congreso internacional de
vivienda, tutelado por Pepe Mújica, por el presidente Mújica, así que me
van a permitir que haga una breve alusión a este referente internacional
de justicia social. Dice Pepe Mújica que la vivienda tiene que ser el
nido donde se cultiven los afectos. Como el único tesoro que todos
tenemos es el milagro de haber nacido, todos tenemos el derecho a que la
vida sea una cuota, no una carga. Vida sencilla, sobria, pero con las
cuestiones materiales básicas resueltas: comida y techo. Por eso, nuestro
posicionamiento es claro: no titubeamos, no vacilamos. Los socialistas
hemos decidido que vamos a fortalecer el derecho a la vivienda y, como
decía Almudena Grandes, lo vamos a hacer sin pedir permiso.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos
con las señorías del Grupo Parlamentario Socialista puestos en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Conforme a lo establecido en el artículo 88.4
del Reglamento de la Cámara, para cerrar el debate tomará la palabra su
señoría la ministra.

La señora MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA (Sánchez Jiménez):






Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero intervenir brevemente, como no
puede ser de otra manera, para agradecer el apoyo de todas las
formaciones políticas que van a hacer posible esta ley. Muchísimas
gracias. También, quiero mostrar mi agradecimiento expreso, si me lo
permiten, a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra,
por su trabajo y por la aprobación de esta ley. Asimismo, y, en especial,
a mi equipo, al secretario de Estado del ministerio, David Lucas, al
secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, a Iñaqui Carnicero, y al
director general de Vivienda y Suelo porque han hecho un trabajo ingente
durante todos estos meses y, gracias a su trabajo, hoy podemos aprobar
esta ley de vivienda.

Cerramos un camino que ha sido largo y difícil,
un camino de casi tres años de intenso trabajo, realizado en diálogo
permanente con los representantes de los sectores afectados y, también,
con el mundo académico y profesional; un trabajo que se ha visto
definitivamente conformado gracias a las aportaciones de los diferentes
grupos parlamentarios que han apoyado este proyecto. Llegamos, pues, a
una meta largamente buscada, en la que podemos sentirnos orgullosos de la
ley que vamos a aprobar. Es una ley sólida jurídicamente, que toma lo
mejor de las regulaciones que se han puesto en marcha en otros países y
se define como socialmente ambiciosa, pues busca, nada más y nada menos,
cambiar la orientación tradicional de las políticas de vivienda en
nuestro país.

Como ha señalado en reiteradas ocasiones el
presidente del Gobierno, tenemos que asumir el reto de que el acceso a la
vivienda se convierta en el quinto pilar del Estado del bienestar, junto
con la educación, la sanidad, las pensiones y la dependencia, porque la
imposibilidad de acceder a una vivienda se ha convertido, junto al
desempleo, en el elemento más determinante de la exclusión social y de la
frustración de proyectos vitales. Esta frustración afecta, en especial, a
los jóvenes que ven imposibilitada su emancipación y a las personas y
familias que disponen de menos ingresos o que se encuentran en
situaciones de especial vulnerabilidad.

Con la aprobación de esta ley damos un paso
trascendental porque así se consigue que el derecho a una vivienda digna
y adecuada, que proclama el artículo 47 de la Constitución, pase de ser
un principio bien intencionado a ser un derecho jurídicamente
garantizado. La ley no solo busca hacer realidad ese mandato
constitucional del derecho a la vivienda, sino que ha tenido bien
presentes, durante su elaboración, otros mandatos constitucionales, como
el que contempla el artículo 33 de la Carta Magna al hablar del derecho a
la propiedad y de su función social, o cuando aborda, de forma
escrupulosa, la necesidad de compaginar las competencias
constitucionalmente reservadas al Estado en materia de legislación civil
y procesal con las competencias asumidas por las comunidades autónomas en
materia de vivienda.

La necesidad de dar cumplimiento al mandato
constitucional se ha ido haciendo cada vez más acuciante, a medida que
las sucesivas crisis económicas y sociales han ido alejando a un número
muy elevado de personas de la posibilidad de acceder a una vivienda
digna. Por ello, esta ley busca cubrir la brecha social que se ha ido
abriendo y agrandando en España en las últimas décadas en esta materia.
Esta brecha se proyecta más allá del ámbito habitacional porque es fuente
de exclusión en otros ámbitos de la vida cotidiana, desde el acceso al
trabajo a la preservación de la salud.

Yo diría que, con la aprobación de esta ley, el
centro de las políticas de vivienda ya no podrá volver a ser el ladrillo,
con sus secuelas de especulación y encarecimiento de precios, porque el
centro pasa ahora a estar ocupado por las personas y por su derecho al
acceso a una vivienda digna como elemento imprescindible para su
desarrollo personal y social. Por ello, la ley impone a las
administraciones públicas la obligación de orientar sus inversiones y sus
programas futuros hacia el cumplimiento de este objetivo de inclusión
social y de garantía de accesibilidad para todos. De ninguna manera puede
mantenerse que esta ley vaya en contra de nadie, más bien al contrario.
Si tenemos que buscar el espíritu de la ley, este sería el de promover la
colaboración; colaboración entre las distintas administraciones con
competencias en la materia, sí, pero también colaboración con el sector
privado, con promotores y con propietarios. Colaboración, porque es
necesario un esfuerzo colectivo para afianzar el quinto pilar del Estado
del bienestar, un pilar que algunos sociólogos definen como el pilar
débil por la tensión que tiene que soportar entre la concepción de la
vivienda como un bien de mercado y la concepción de la vivienda como un
derecho básico. La ley busca consolidar ese pilar y que no sea un pilar
débil, sino un pilar bien afianzado, que garantice el acceso de todos los
ciudadanos a una vivienda digna.

No se nos oculta la trascendencia de la ley que
ahora aprobamos, pero no olvidamos que esta ley también es un paso más en
el desarrollo de la Agenda urbana española, con la que este Gobierno está
firmemente comprometido desde el inicio de su mandato. Esta Agenda urbana
tiene, entre sus objetivos estratégicos, fomentar la cohesión social y
garantizar el acceso a la vivienda, una agenda en cuyo desarrollo vamos a
seguir trabajando. Tampoco ignoramos que la aprobación de la ley es un
requisito necesario, pero no suficiente y ha de encontrar su continuidad
y desarrollo en medidas y planes específicos, como los que el Gobierno ha
venido emprendiendo, multiplicando la inversión presupuestaria en
vivienda y asignando a este sector una parte sustancial de los fondos
europeos Next Generation. Con estas inversiones y con estos recursos ya
se han puesto en marcha diferentes programas para ampliar la dotación de
los parques públicos de vivienda, así como para facilitar la financiación
de nuevas actuaciones del sector privado o en colaboración
público-privada. Puedo asegurarles que también seguiremos trabajando en
esta línea.

Señorías, estamos escribiendo una página
especialmente brillante en el desarrollo de España como una sociedad
avanzada al aprobar la primera Ley de vivienda de nuestra democracia.
Esta ley viene a cubrir un vacío clamoroso en el desarrollo
constitucional, nos define como un país en el que nadie se queda atrás y
en el que se garantiza que todos, cualquiera que sea su situación
personal o su nivel de ingresos, tienen derecho a un hogar donde puedan
construir su vida y ser dueños de sí mismos.

Muchísimas gracias a todos y a todas. (Fuertes
y prolongados aplausos de las señorías del Grupo Parlamentario Socialista
puestas en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Finalizado el debate del Proyecto de Ley por el
derecho a la vivienda, se procede, a continuación, a abrir el plazo de
una hora para emitir el voto electrónico para los senadores y senadoras
autorizados, desde este momento, que son las catorce horas y trece
minutos hasta las quince horas y trece minutos. Asimismo, les recordamos
que la votación presencial de este proyecto de ley tendrá lugar una vez
finalizado este plazo, cuando sea anunciado por la Presidencia, y no
antes de las cuatro de la tarde.

Muchas gracias.

El señor presidente lee los puntos 5.2, 5.2.1
y 5.2.2.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la toma
en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal tiene la palabra su señoría Mulet
García.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies, president.
Gracias a los que todavía están en esta sala, después de cinco horas
debatiendo una ley de vivienda, donde hemos hablado más de ETA que de
vivienda.

Hoy, también es el Día Mundial contra la
LGTBIfobia. Por tanto, también aprovecho este turno para mandar un abrazo
a toda la gente que continúa, hoy en día, luchando por esos
derechos.

Hemos presentado una propuesta de modificación
de la legislación por un caso puntual, es cierto, que seguramente se
repetirá en buena parte de los territorios que tienen más de una lengua
oficial. Es una muestra más del supremacismo lingüístico que se vive en
este Estado, donde hay normas estatales que entran en colisión con
legislación autonómica o con derechos básicos y derechos
constitucionales. Hemos pedido la modificación del artículo 56 del Real
Decreto Ley 6/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, con el fin de
que las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles
de señalización de las vías públicas e inscripciones, figuren en idioma
castellano o en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en
los respectivos estatutos de autonomía, cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha comunidad. Entiendo que puede haber debate
sobre esa «o», pero esto viene a colación porque, por ejemplo, la
legislación autonómica deja claro que, en aquellas zonas de predominio
lingüístico valenciano, la rotulación se hará en valenciano. Por tanto,
esa «o», que puede ser objeto de controversia en este debate, se puede
perfilar más si se toma en consideración esta propuesta, pero refleja
claramente el problema que tenemos en el ámbito autonómico.

El porqué de esta modificación es que el uso
del valenciano en las señales de tráfico es la opción adecuada y legal
que nos hemos dado los valencianos respecto a la oficialidad de esta
lengua. Responde también al especial respeto y protección en las áreas de
predominio lingüístico valenciano determinada por la Ley de uso y
enseñanza del valenciano, vigente desde el año 1983. Además, es una
opción legítima recogida en los convenios internacionales ratificados por
el Estado español, como es la Carta Europea de las lenguas regionales o
minoritarias. También, el uso del valenciano en las indicaciones que se
añaden a las señales de tráfico responde a criterios de economía material
y a facilitar la lectura de las señales. Asimismo, pedimos la
modificación del artículo 138 del Real Decreto 1428/2003, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación. En este sentido,
solicitamos que las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a
los paneles de señalización de las vías públicas e inscripciones figuren
en idioma castellano o en la lengua oficial de la comunidad autónoma, tal
y como recoge nuestra normativa autonómica, que deja claro que, en los
ámbitos de predominio lingüístico valenciano, se ha de rotular en
valenciano. No existe derecho ninguno a incumplir las disposiciones de
tráfico expresadas en valenciano por el hecho de ignorar la lengua. El
principio de ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, por lo
que los conductores han de reconocer el significado del dibujo o el
pictograma, que son generales a los reglamentos de circulación de los
diferentes Estados. Las indicaciones que acompañan a una señal de
prohibición solo pueden ser, según el Convenio de Viena, artículo 8.4 y
anexo 1, sección C, excepciones a la prohibición, de manera que nunca
pueden ser indicaciones de prohibición añadidas o superiores a las que
indica el pictograma. Por lo tanto, el conductor está obligado a respetar
el pictograma, y el hecho de que diga que no comprende la información
escrita no le puede eximir de una sanción por infracción de la señal. Es
inadmisible pretender evitar una sanción derivada de una infracción
expresada en el pictograma; por ejemplo, los numerosos rótulos
informativos monolingües en castellano o bilingües con el castellano, en
primer lugar, de las carreteras estatales en el País Valenciano, que
infringen la legislación autonómica y estatal, son ilegales, pero eso no
produce que los conductores puedan ignorar estas señales, aunque sean
ilegales.

Según el Tribunal Constitucional, es oficial
una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno
social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal
de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos
privados, con plena validez y efectos jurídicos. Y añade también el
Constitucional que es inherente a la cooficialidad que, en los
territorios donde exista la utilización de una u otra lengua por
cualquiera de los poderes públicos en ellos radicados, tengan en
principio la misma validez jurídica. También el Tribunal Constitucional
—es fuerte también que esté aquí defendiendo al
Constitucional— en la sentencia 74/1989 ha afirmado que las
competencias sectoriales del Estado no pueden convertirse en un obstáculo
que bloquee o vacíe las competencias sobre normalización lingüística que
tienen las comunidades autónomas. Además, afirma que el ejercicio de la
competencia autonómica de normalización lingüística tiene por fuerza que
incidir en materias también acotadas a otros títulos competenciales
reservados al Estado. Podríamos también citar la sentencia del
Constitucional 69/1988, que señala que hay que procurar, en la definición
de lo básico, que no quede a la libre disposición del Estado, en
evitación de que puedan dejarse sin contenido o inconstitucionalmente
cercenadas las competencias autonómicas y velar por que el sistema no se
mantenga en la ambigüedad permanente que supondría reconocer al Estado
facultad para oponer sorpresivamente a las comunidades autónomas como
norma básica cualquier clase de precepto legal o reglamento, al margen de
cuál sea su rango y estructura. No se puede vulnerar la competencia
exclusiva del País Valenciano en materia de red viaria. El Estatuto de
Autonomía vigente establece en su artículo 49.14 que la Generalitat
Valenciana tiene competencia exclusiva sobre las carreteras y caminos
cuyo itinerario transcurra íntegramente dentro del territorio valenciano.
La disposición final primera del Real Decreto 1428/2003 dice que lo que
dispone este reglamento, de conformidad con lo que establece el
artículo 4 de la Ley sobre tráfico se entiende sin perjuicio de las
competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas, de acuerdo
con sus estatutos.

Para concretar, el derecho de rotulación en
valenciano de señales e indicaciones públicas en el País Valencià está
claramente marcado en el Decreto 61/2017 del Consell, por el que se
regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas
oficiales en la Administración. Artículo 9, rotulación informativa. En
los territorios de predominio lingüístico valenciano los rótulos,
indicadores interiores y exteriores, cualquiera que sea su soporte de
oficinas, y el resto de instalaciones de la Administración de la
Generalitat se redactarán en valenciano, únicamente en valenciano. En los
territorios de predominio lingüístico castellano la rotulación citada se
hará en castellano y además podrá hacerse también en valenciano. Pedimos,
por lo tanto, solucionar un problema que se ha ocasionado y que se puede
continuar ocasionando: la intromisión de la legislación de tráfico
estatal en las competencias autonómicas en cuanto a normalización
lingüística. Hemos sufrido un caso y nos gustaría que no se volviese a
producir y por eso hemos hecho esta propuesta para modificar la ley que,
como todo, es mejorable. Lo que estamos aquí votando no es el contenido
exacto de la ley, sino que se pueda admitir a trámite y seguramente
tendrán propuestas para mejorarla, porque se podrá mejorar durante su
tramitación parlamentaria, si así se estima.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Mulet.

Para la defensa de la toma en consideración de
la proposición de ley alternativa presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto tomará la palabra su señoría Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, señor
presidente.

Señorías, la unidad y la soberanía de España
son los principios indispensables del funcionamiento de la comunidad
política y de su capacidad para procurar el bien común. Desde hace mucho
tiempo la misma existencia de España se ve amenazada por fuerzas
separatistas, que han hecho de las lenguas españolas distintas del
español no un símbolo de la riqueza cultural e histórica de nuestra
nación, sino el instrumento predilecto de su labor destructiva de los
lazos que mantienen unido a nuestro país. Ciertamente, las distintas
lenguas de España forman parte de su patrimonio cultural e inmaterial y
son lenguas españolas tanto como el español. En este sentido, el
artículo 3 de la Constitución española dispone, en su punto número 1: «El
castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles
tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.» Punto 2: «Las demás
lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades
autónomas de acuerdo con sus estatutos.» Punto 3: «La riqueza de las
distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural
que será objeto de especial respeto y protección.» Sin embargo, el
especial respeto y protección preconizado por esta norma constitucional
para las lenguas regionales españolas en ningún caso puede justificar la
utilización de dichas lenguas contra la posición del español como lengua
común y única oficial de todo el Estado.

Durante muchos siglos el uso cotidiano y
literario de la lengua española consagró una riquísima toponimia, que no
se circunscribe a la geografía de los actuales límites nacionales. Al
contrario, los 5 continentes guardan vestigios de la enorme influencia
española en la historia, y aún hoy pueden encontrarse nombres de países,
islas, ríos, ciudades, montañas o lagos que tienen origen hispánico. Tal
riqueza constituye un patrimonio cultural reconocido y admirado en el
mundo entero. A pesar de lo anterior, el uso de los topónimos en español
de algunos municipios y provincias españolas ha sido reemplazado por el
topónimo en la lengua distinta del español correspondiente al territorio
respectivo. No se trata de que se haya impulsado un uso conjunto de los
términos en español y en lengua regional, sino que en la mayoría de los
casos se ha pretendido la total desaparición del topónimo español,
quitándole carácter oficial e incluso logrando que se excluya su
utilización en textos de todo tipo, incluso del ámbito privado. Esta
tendencia ha cristalizado en distintas leyes estatales y regionales, y,
como ha quedado de manifiesto, ha alcanzado de lleno al propio ámbito
legislativo nacional. En este sentido, no solamente constituye un
atentado contra el español como lengua oficial y común de la nación, sino
que es, asimismo, un ataque contra la propia configuración del español
como idioma. Algunos de los topónimos en lengua regional son invenciones
impuestas artificialmente como denominación del lugar correspondiente
para desplazar la tradicional designación en español. En otros casos, hay
un genuino nombre original de la localidad o zona que tiene su
procedencia en la lengua regional, y lo que se hace es excluir y tratar
de eliminar el exónimo en lengua española. Es indudable que al emplearse
la lengua española y aludirse a un lugar cuya designación tiene forma en
dicho idioma es precisamente esta forma la que debe utilizarse. Sin
embargo, distintas leyes han establecido normas en el sentido exactamente
contrario, excluyendo la oficialidad de los topónimos españoles. Hay que
decir que esta normativa constituye un intolerable ataque contra la
integridad del español, al excluirlo de la designación de los lugares de
varios territorios de nuestro país. La agresión, además, ha ido más allá
al pretenderse que los medios de comunicación, y en ámbitos no oficiales,
nunca se empleen los topónimos españoles. Se impone revertir la tendencia
descrita y restablecer la racionalidad en el empleo de la lengua española
en lo que a la toponimia se refiere, así como restituir al español la
plenitud de la posición oficial como lengua común que le corresponde. (La
señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia). Sin perjuicio
de la necesidad de que la materia sea regulada en un texto normativo más
general en el futuro, parece conveniente dar solución a esta situación en
el ámbito de las señales de tráfico, por ser el tráfico y la circulación
de los vehículos de motor cuestiones del máximo interés, no solamente por
su importancia para los transportes y para la economía en general, sino
por la relación que tienen con la prevención del peligro para la vida y
la seguridad de las personas. Es, asimismo, una exigencia de la
coherencia del ordenamiento jurídico, ya que, si las indicaciones
escritas de las señales han de expresarse siempre en español, las
referencias a los lugares deben constar siempre al menos en el mismo
idioma, a tal fin. En este sentido, se propone la modificación del
artículo 56 del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

Al amparo de lo expuesto presentamos esta
proposición de ley alternativa.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

En turno en contra en relación con esta
proposición de ley, no hay ninguna intervención.

Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra el senador Marín Gascón. (Denegaciones del señor
Marín Gascón).

Por el Grupo Parlamentario Democrático tiene la
palabra el senador Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señora presidenta, con
la venia.

Voy a empezar por el principio, ni más ni menos
que por la Constitución española, que establece en su artículo 3 que «El
castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el
deber de conocerla y el derecho a usarla.» Este artículo establece que
las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas
comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos de autonomía. Parece
claro, pareciera claro; pues bien, a pesar de la claridad de este
artículo de la Constitución, los partidos separatistas y nacionalistas
han ignorado en la práctica este principio, atacando por sistema al
castellano y utilizando la lengua como un activo arrojadizo de la
negociación y la discusión política. Existen, de hecho, numerosos
ejemplos de cesiones de los distintos gobiernos a los partidos
nacionalistas, que siempre usan la lengua como arma arrojadiza en materia
lingüística. En este sentido, el ejemplo paradigmático es el de la
inmersión lingüística en la educación, con casos tan sangrantes como el
que padeció la familia de Canet de Mar con el intolerable acoso que
sufrieron, por el simple hecho de pedir —fíjense ustedes— que
se cumplieran la Constitución y las sentencias de los tribunales de
justicia. Pues bien, repito, fueron acosados por esto.

El modelo de inmersión lingüística seguido
históricamente en Cataluña también se expande a la Comunidad Valenciana,
siguiendo la hoja de ruta trazada por el independentismo. En definitiva,
un modelo que pretende excluir cada vez de más ámbitos, y de manera
directa y absoluta, la vehicularidad e importancia del castellano, porque
este es el trasfondo de la cuestión. En este contexto, la proposición de
ley, cuya toma en consideración hoy se nos pide es un buen ejemplo de
ello. Nos encontramos aquí con una iniciativa de aquellos partidos a los
que les sorprende que alguien exija el cumplimiento de la ley. Así, de
este modo, explicitan en la exposición de motivos la queja por el hecho
de que distintos ayuntamientos hayan recibido escritos de sus
correspondientes delegaciones del Gobierno exigiendo el cumplimiento de
la ley, esto les sorprende, y esta sorpresa la plasman en su exposición
de motivos. Esto es: el cumplimiento de la obligación de regular también,
y además en castellano, todos aquellos carteles y paneles de señalización
de la vía pública que permanecen únicamente rotulados en la lengua
cooficial de la comunidad autónoma correspondiente. De hecho, justifican
su solicitud en que rotular en castellano sería un gasto innecesario.
Hablan de imposición lingüística y exigen y reclaman cambios normativos.
Pues, todo lo contrario, la exclusión del español en las indicaciones
escritas que se acompañan a los paneles de señalización de las vías
públicas no solo es contraria a la ley, señorías, sino, lo que es casi
más grave si cabe, atenta contra el más elemental sentido común,
tratándose de señales y vías públicas sitas en territorio español.
Además, dicha exclusión dificulta la comprensión de los conductores no
catalanohablantes o, en este caso, valencianohablantes. Pensemos en
palabras que son muy diferentes en catalán o en valenciano y en
castellano, como sucede con gual, que es vado en castellano; cruilla, que
es cruce en castellano; tallat, que es cortado en castellano; tancat, que
es cerrado o dilluns a divendres, de lunes a viernes. Esto está en
diferentes señales que impiden, de hecho, a una persona nacional o
extranjera que no conozca la lengua catalana o la lengua valenciana que
se mueva por territorio catalán o valenciano. Esto impide que sepan lo
que está indicando la señal. Los que no las conocemos y estamos en
territorio de nuestro país o incluso un extranjero que no sepa la lengua
de la comunidad autónoma tendremos también que respetar las señales de
tráfico. Parece del más elemental sentido común que estén también en una
lengua que podamos entender todos, amén de que la puedan entender los
propios del territorio, por supuesto.

El separatismo, como siempre, se dedica a
dividir más que a unir, discrimina en lugar de abrazar y resta en vez de
sumar. Nada nuevo, por otro lado, por parte de partidos para quienes el
cumplimiento de la ley, de nuestra Constitución y del propio y más
estricto sentido común solo es una prerrogativa a su antojo y no un pilar
básico de nuestro Estado de derecho.

Esta proposición tenía una propuesta
alternativa, en concreto del Grupo Mixto, de Vox, y en el entendido de
que la actual regulación de esta cuestión es adecuada y ya exige la
señalización en castellano —otra cosa es que lo cumplan, pero que
exigirse se exige—, además de en la lengua cooficial allí donde
exista una, tampoco la vamos a apoyar. Yo creo que nadie tiene ninguna
duda de que no íbamos a apoyar la propuesta inicial y tampoco vamos a
apoyar la alternativa.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal tiene la palabra el senador Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gracias,
presidenta.

Creo que en mi primera exposición ha quedado
claro que lo que pedimos es legal y está amparado por sentencias del
Constitucional. No estamos pidiendo nada que no sea cumplir la
Constitución y, concretamente, el artículo 3. La pluralidad lingüística
del Estado, según la Constitución, es una riqueza que ha de protegerse y
ponerse en valor. En el Estado conviven, han convivido siempre, diversas
lenguas, unas son cooficiales, otras únicamente tienen reconocimiento
oficial y otras ni eso, no tienen reconocimiento ni en sus propios
estatutos de autonomía. El artículo 3.3 de la Constitución deja claro que
todas las lenguas españolas son objeto de especial protección. Habla de
todas las lenguas; y tan española es el valenciano, como lo son el
castellano y el resto de lenguas.

En un territorio bilingüe, como ha sido el País
Valenciano, la lengua siempre ha sido un elemento de entendimiento entre
las zonas valencianohablantes y castellanohablantes. Únicamente las
derechas extremas se han dedicado a intentar usarlas como elemento de
confrontación. Desde que existe el pueblo valenciano como entidad, han
convivido en perfecta armonía las dos lenguas y no ha habido nunca ningún
tipo de problema.

Entendemos que la falta de costumbre a la hora
de enseñar el resto de lenguas cooficiales en el Estado español a veces
puede llevar a pequeños errores. Hay un error habitual en valenciano por
contaminación del castellano, que es la confusión del término tráfico y
tránsito. En castellano, todo es tráfico. En valenciano, se puede
diferenciar el concepto tránsito del de tráfico. Trafic, por ejemplo,
solamente era atribuible al comercio e intercambio de mercancías. Por
ejemplo, la concejal de Vox de Parla ha sido detenida por trafic de
drogas, no por tránsito. Marcial Dorado, el narco, practica presuntamente
el trafic de drogas, y transita al portavoz del PP en su lancha, que, si
va cargada de droga, será tráfico de drogas y no tránsito de drogas. A
veces, la falta de costumbre a la hora de explicar los idiomas del Estado
puede provocar algún tipo de confusión. Trànsit es cuando nos referimos a
la circulación de personas y vehículos por calles y por vías públicas. Un
ejemplo: se actúa contra las normas de trànsit cuando circulas sin seguro
y sin haber pasado la ITV desde 2019, como le ha pasado al candidato de
Vox en Cullera este fin de semana. Así pues, hablamos de tráfico en el
sentido de trànsit en valencià. Imagino que no es muy difícil, incluso
para la gente de Vox. Además, con pictogramas, es todavía más fácil de
entender.

Las señales de tráfico son pictogramas
perfectamente entendibles. Vemos decenas de casos de señales en inglés y
no le molestan a nadie. Por ejemplo, la señal de stop que les muestro no
está en ninguna lengua cooficial del Estado, y seguramente nadie se lo va
a saltar porque lo entiende; lo mismo que ocurre con estas otras
imágenes. Imagino que nadie se va a saltar un stop o un pare, y parar
también se puede escribir en valenciano. Si está en valenciano, ¿qué van
a hacer? ¿Se lo van a saltar porque no lo entienden? Imagino que no.
Imagino que esta señal la habrán visto también en muchas calles del
Estado. No está ni en castellano ni en valenciano, creo que en euskera
tampoco ni en gallego ni en asturiano ni en aragonés, e imagino que nadie
va a aparcar delante. Este cartel está en castellano y todo el mundo lo
entiende y hará el mismo caso que a este otro que les muestro. Ahora
bien, si ven esto, prohibit aparcar, ¿es tan difícil? ¿Esto no se
entiende? Puedes poner delante el coche, y si viene la grúa y te lo
quita, te vas a quejar porque no has entendido lo que ponía. Prohibit
aparcar cotxes es algo inentendible para una persona que no sepa
valenciano. Es grave. Yo sé que hay gente con muchas limitaciones, que
puede llegar incluso a esta Cámara, pero eso no les exime de cumplir la
ley.

Estamos hablando de leyes; estamos hablando de
que la señalética en el País Valenciano, en las zonas de predominio
lingüístico valenciano, según las leyes autonómicas, se ha de hacer en
valenciano. Otra cosa es que tengamos una Ley de tráfico —transit,
en este caso— que choque con el propio estatuto de autonomía y la
legislación valenciana.

Esta propuesta deriva de un caso concreto, el
de Bellreguard. En 2018, a principios de año, existía y existe todavía
esta señal que les muestro: prohibido aparcar —imagino que lo
entiende incluso la gente de Vox— any —también creo que se
entiende, incluso la gente de Vox, porque cambia la eñe por una y
griega— parell. Si pone any parell y en la otra pared pone any
imparell se entiende perfectamente año par y año impar. A pesar de tener
pocas neuronas, se puede entender perfectamente esta señal. ¿Qué pasó?
Que el coche que se ve en esta foto estuvo días aparcado bajo esta señal;
era el único coche que estaba aparcado. Por deducción, podía saber que
estaba mal aparcado. ¿Qué pasó? Que vino la grúa y se lo llevó,
obviamente; por cierto, sin sancionarlo. El ayuntamiento simplemente lo
quitó porque estaba molestando a los vecinos, como era normal, ya que no
podían circular por una calle que encima no es muy ancha. ¿Qué hizo la
persona a la que la grúa le llevó su coche? Primero, se quejó el
ayuntamiento. El ayuntamiento demostró que esa señalética era
perfectamente legal porque estaba cumpliendo con las normas que antes he
explicado; que se había presentado correctamente. Este ciudadano presentó
una queja al Síndic de Greuges del País Valencià, y el Síndic de Greuges,
a pesar de que es una institución que muchas veces deja mucho que desear,
dio la razón una vez más al ayuntamiento. Además, dijo que no le tenía
que devolver las tasas a esta persona porque, según la legislación
valenciana en vigor, que no ha sido llevada nunca ante el Constitucional,
estaba rotulado como corresponde, como hemos explicado antes, al ser un
municipio con predominio lingüístico valenciano. Como no obtuvo la
respuesta positiva —imagino que se habrá gastado más en abogados
que el gasto de la grúa—, presentó una queja a la Delegación del
Gobierno español en el País Valenciano y, ¡oh, sorpresa! ¡Dictaminó en
contra de la legislación valenciana! El delegado del Gobierno dijo que se
tenía que cambiar toda la señalética rotulada solo en valenciano porque
debería aparecer también en castellano, como marca la Ley de tráfico.
Como hemos dicho antes, la Ley de tráfico marca una cosa; la
Constitución, en su artículo 3, marca otra; el Estatuto de Autonomía
marca otra cosa, y las leyes valencianas marcan otra cosa.

Ante este requerimiento, el Ayuntamiento de
Bellreguard, que tiene aprobada una ordenanza de uso del valenciano desde
el año 1992 y que nunca había tenido ningún tipo de problema, comunicó a
la Delegación del Gobierno que no cambiaría las señales puesto que no
había ningún problema en este sentido y presentó una demanda ante los
tribunales. A estas alturas, el pleito todavía está en el Tribunal
Supremo pendiente de resolución, y el ex y futuro alcalde de Bellreguard
tiene la esperanza de que sea favorable para el consistorio, dado que
entiende que la imposición del castellano no tiene lugar cuando estamos
hablando de legislación autonómica en vigor, que blinda la señalética en
valenciano en nuestro territorio.

El artículo 3 de la Constitución dice que todas
las lenguas del Estado son patrimonio cultural y que tienen que ser
objeto de especial respeto y protección. Hay gente que se ve que
únicamente se ha leído sus lomos y la tapa, no el interior. El delegado
del Gobierno que abrió la puerta a ir al Tribunal Supremo al ayuntamiento
era en su momento el delegado del Gobierno del Partido Popular, el señor
Moragues, pero, los cargos de la Delegación del Gobierno socialista
posteriores no han variado su posición al respecto. Por eso pedimos
cambiar la ley, para que nuestros alcaldes no vuelvan a tener problemas
con delegados del Gobierno impresentables.

En cuanto a la propuesta que ha presentado la
extrema derecha sobre la toponimia en España, los municipios deciden cómo
se llaman, y sus nombres no son ni castellanos ni valencianos ni
gallegos; son los nombres que legítimamente han decidido. Existen algunos
casos en los que habrá una doble denominación por la tradición o por los
derechos históricos que sean, pero si un ayuntamiento oficialmente
determina que su nombre es uno, será igual en castellano que en
valenciano, que en inglés, que en euskera. Su nombre será el que decida
el municipio. València es con el acento abierto; Vinaròs es como se
escribe; Castellò de la Plana es sin la ene, y así sucesivamente. Por
tanto, el nombre que ha de figurar en la señalética, como dice también la
legislación autonómica, es el nombre oficial, no el que se inventen en
otras lenguas.

Las derechas son muy patriotas y
constitucionalistas, pero se ve que del artículo 2 no han pasado, y es
una lástima. Veremos qué vota el resto, pero nosotros, a pesar de todo,
continuaremos defendiendo la normalización plena de nuestro idioma en
nuestro territorio.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista tiene
la palabra la senadora Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias,
presidenta.

Señorías, el senador Mulet nos presenta una
proposición de ley ceñida a una casuística muy concreta, que él nos ha
planteado. En Junts per Catalunya pensamos que hay muchas maneras de
defender las lenguas y también de atacarlas.

El senador Mulet hace referencia a la Carta
Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. Esta Carta justamente
fue necesaria porque hay lenguas minorizadas, como el catalán, que
sufrieron prohibiciones con los decretos de nueva planta. Después, en
Cataluña hubo una bilingüización forzosa, y, escuchando discursos como
los que hemos oído hoy en esta Cámara, hay una voluntad también de que
sea una lengua minoritaria, aparte de minorizada.

En Junts per Catalunya nos gustaría que las
señales en Cataluña pudieran estar todas en catalán. Usted ha aclarado
perfectamente que los pictogramas no dejan lugar a dudas en el caso de
las señalizaciones de tráfico, que no de transit, pero me supone un
cierto problema su proposición. Votaremos a favor de la toma en
consideración, pero pensamos que debemos, si me permite el término,
apalancar más aquello que usted pretende conseguir y no dejar a la suerte
el que figuren en el idioma castellano o en el idioma de la lengua
oficial de la comunidad autónoma en vez de y. Si estuviéramos en Suiza,
se lo firmaría rápidamente porque en Suiza, como usted sabe, las lenguas
son todas iguales y, además, hay libertad por parte de los ciudadanos
para utilizarlas como ellos consideren mejor. Asimismo, están
consideradas y territorializadas y existe una protección por parte del
Estado de las lenguas minoritarias. Pero estamos donde estamos; estamos
en la Cámara de representación territorial y llevamos ya 59 prórrogas, si
no me equivoco, del Reglamento de esta Cámara para que podamos
expresarnos en nuestras lenguas. (Pronuncia palabras en catalán). Las
lenguas son riqueza, pero parece que, en este Estado, que se entiende
jacobino, no es así. Por tanto, pensamos que, más que modificar la y por
la o, habría que hacer una mención a esta excepción en aquellos
territorios donde los estatutos tienen reconocidas estas lenguas para que
algunos gobiernos no puedan venir y cambiárnoslo al castellano, como
proponía el señor de Vox. Al señor de Vox le decimos que no; que en
Cataluña no queremos traducirles ninguno de nuestros nombres, ninguno de
nuestros topónimos y, por supuesto, Cardedeu es Cardedeu. Tampoco se lo
vamos a traducir porque no lo encontrarían decoroso.

En cualquier caso, vamos a apoyar la toma en
consideración de la proposición de ley. Como le he dicho, haremos algunas
matizaciones para que no se nos escape lo poco que ya tenemos y, en
cualquier caso, podamos ir a más y no a menos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la
palabra la senadora Otaola Urquijo.

La señora OTAOLA URQUIJO: Eskerrik asko,
mahaiburu andrea.

Se presenta una proposición de ley al
artículo 56 del Real Decreto Ley 6/2015, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, así como el artículo 138 del Reglamento General de
Circulación. Pues bien, a nuestro parecer, hay tres cuestiones en
relación con esta proposición.

Primera, se argumenta que la propuesta deviene
de la recepción de escritos de las delegaciones de Gobierno a los
ayuntamientos por los que instan a estos a supervisar el cumplimiento de
los citados artículos 56 y 138, ya que, según estos escritos, existen
señales de tráfico escritas en lengua oficial distinta al castellano; por
ello, se insta a los ayuntamientos. Compartimos que es evidente la
conveniencia de fomentar las lenguas regionales o minoritarias y también
el compromiso de Euskadi en esta materia, que ha supuesto que, según la
última encuesta sociolingüística de 2023, el 76 % de la población mayor
de 16 años sea euskaldún y el 8 % de la población sea euskaldún
receptora; es decir, capaz de entender el euskera, pero sin conocimientos
suficientes para hablarlo.

Dicho esto, nos encontramos con que la
proposición que se presenta permite que una de las lenguas oficiales
pudiera acaparar todas las rotulaciones de tráfico, pudiendo ocurrir que
ese esfuerzo de normalización del uso del euskera se viera anulado por
priorizar el uso del castellano. Precisamente, el artículo 10 de la Ley
del uso del euskera, la Ley 10/1982, establece que las señales e
indicadores de tráfico instalados en la vía pública estarán redactados en
forma bilingüe, respetando en todo caso las normas internacionales y las
exigencias de intelegibilidad y seguridad de los usuarios. Traigo a
colación esta norma vasca porque en nuestro caso se puede dar el efecto
contrario, y es que, siendo competencia de las diputaciones forales la
señalización, toda vez que la titularidad de las vías es de los
territorios históricos, pudiera ocurrir lo que indicaba al inicio de mi
intervención, que nos encontráramos con una eliminación del euskera de la
señalización en pro del castellano, y desde luego es una puerta que no
queremos abrir de ningún modo. Solo hay que ver la intención respecto de
las lenguas propias de algunos grupos políticos.

Segunda, hasta la reforma del 2021, el artículo
objeto de la proposición de ley que debatimos señalaba que las
indicaciones escritas de las señales se expresarán, al menos, en la
lengua española oficial del Estado. Con el proyecto de ley de reforma de
dicho real decreto ley, Esquerra Republicana planteó la reformulación de
este artículo del siguiente tenor: Las indicaciones escritas de las
señales se expresarán, al menos, en la lengua española oficial del Estado
o en alguna de las lenguas oficiales distintas al castellano en sus
respectivos territorios. Esta enmienda sirve de base para plantear una
propuesta de modificación, que deja el artículo de la siguiente manera:
Las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de
señalización de las vías públicas e inscripciones figurarán en idioma
castellano, además de en la lengua oficial de la comunidad autónoma
reconocida en el respectivo estatuto de autonomía cuando la señal esté
ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad. Se votó en el Senado
en estos términos y quedó aprobada; el Congreso convalidó su
modificación; el grupo proponente de la proposición de ley, Compromís,
votó a favor de esta transaccional, y nosotros también la apoyamos. Lo
recogido en esta propuesta de modificación es lo que ha entrado en vigor;
es decir, es como está actualmente redactada. Por tanto, a nuestro
parecer, no tiene sentido que, habiendo sido acordada esta redacción del
artículo hace tan poco tiempo, volvamos ahora abrir el debate en términos
similares a los que proponía ERC en su enmienda original, que fue
acordada en los términos actuales, con los que estábamos y estamos
conformes. Vox presentó una enmienda muy similar a la que nos ha
planteado hoy.

Y, tercera, quizás habría que replantearse las
funciones de las delegaciones de Gobierno. No es ninguna novedad la
postura del Partido Nacionalista Vasco respecto de las delegaciones del
Gobierno. Son anacrónicas y no tienen cabida en la singularidad del
régimen vasco. Nuestra relación con el Estado es de carácter bilateral y,
por lo tanto, es una figura innecesaria que da más problemas que
soluciones. Por lo visto, también en otros territorios su objetivo es
promover conflictos. Quizás la proposición de ley adecuada hubiera sido
la de eliminar esta figura mediante una proposición de ley de supresión
del artículo 154 de la Constitución, igual que alguno que va detrás
también. Además, es significativo el ímpetu con el que se defiende el
respeto de la ley cuando el castellano, esa lengua en vías de extinción,
consideran que es atacado. Sin embargo, en Euskadi poco o nada hacen para
que se respeten los derechos lingüísticos de la ciudadanía en los
servicios que la Administración General del Estado presta en Euskadi
cuando se trata del euskera. Desde luego, mientras existan, la acción de
las delegaciones del Gobierno debería ser mesurada e intentar que sus
acciones vayan en beneficio de toda la sociedad. Estos requerimientos que
señala el proponente de la iniciativa poco o nada suponen de beneficio
para la sociedad, más bien todo lo contrario.

Lo positivo en materia lingüística debe ser el
acuerdo. (Pronuncia palabas en euskera). Debemos cuidar lo que amamos; en
nuestro caso, nuestra lengua propia. Así lo hemos hecho, lo venimos
haciendo y seguiremos en ello, pero no queremos que haya una lucha entre
lenguas oficiales. Por ello, entendemos que la redacción actual de la
norma permite a todas las personas hablantes de una u otra lengua que
veamos respetados nuestros derechos lingüísticos. Además, no debemos
perder de vista que en ningún caso se puede comprometer la seguridad
vial.

En cuanto a la proposición de ley alternativa,
les voy a decir que por mucho que la abeja le diga a la mosca que la flor
es mejor que la basura, la mosca no lo va a entender porque siempre ha
vivido en la basura y ahí es donde se siente cómoda. Votaremos en
contra.

Mila esker.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Bildu tiene la palabra el senador Castellana Gamisans.

El señor CASTELLANA GAMISANS: Graciès,
presidenta.

Me gustaría en esta intervención citar a
personas más sabias que yo y utilizar sus palabras para describir nuestro
sentir, aunque no sé si con tan buen sentido del humor como el que han
tenido los diferentes portavoces, que siempre es de agradecer, pero sí
con absoluta precisión. Decía el gran Josep Pla (Pronuncia palabras en
catalán). Al final, el uso de las lenguas se basa en la simplicidad, el
sentido común y el respeto a la diversidad. Es evidente que Josep Pla no
se lo planteaba porque en su época aún no se hablaban doscientas lenguas
en Cataluña. Si Josep Pla viviese hoy, evidentemente, no se propondría
saludar en doscientas lenguas a la persona que se encontrase no fuese que
se ofendiese por no haberle saludado en su lengua propia. Ahora bien, en
Cataluña, por ejemplo, ese territorio tan hostil al que se refieren
algunos que parece que vivamos en una especie de guerra o no sé qué, hay
paneles turísticos, informativos, etcétera, con información en catalán,
evidentemente, y, en función del tamaño del panel informativo, en
castellano, en inglés, en francés, en alemán o en otros idiomas, porque
hay gente, hay personas en el mundo —de hecho, la inmensa mayoría
de la humanidad— que no entienden un borrajo de castellano. El
sentido común, la simplicidad y el respeto a la diversidad son conceptos
fáciles de entender, pero hay otros que no son lo mismo, porque no sabes
dónde empieza uno y acaba el otro. El nacionalismo español, el
supremacismo, el imperialismo, el fascismo, llegan a esa especie de
colectivos, de seres —y aquí lo dejo— para enguarrarlo
todo.

En la historia de la humanidad, la mayoría de
las comunidades han sido monolingües cuando había poca movilidad, excepto
quizá algún puerto o lugares donde había alta movilidad. En el contexto
actual, con una amplia movilidad de las personas en todo el planeta, no
existen prácticamente sociedades monolingües. Quizá algunas muy
primitivas y arcaicas, que han hecho aportaciones a la humanidad como
reserva espiritual de Occidente o que inventen ellos.

Permítanme que me refiera a mis vecinos, a mi
pueblo, a mi casa. Mis vecinos, o yo mismo en mi casa, tenemos documentos
de varios siglos de antigüedad. ¿Les sorprendería saber que están todos
en catalán? Pues no están todos en catalán, están casi todos en catalán.
En mi casa, antepasados míos hicieron los capítulos matrimoniales en
catalán y la generación siguiente, en el siglo XIX, los hicieron en
castellano. ¿Por qué? Pues porque una ley de mediados del siglo XIX
—Franco aún no había nacido—, ya prohibía el uso del catalán
en documentos notariales.






Hablan de la riqueza cultural de las lenguas de
España, de que lo que nos une es el castellano… Pues es mentira.
Hay un proyecto supremacista del nacionalismo español y una serie de
conceptos para eliminar las lenguas que no son el castellano, primero
folclorizando y después, acabando de eliminar: prohibiendo. ¿Qué pasa?
¿Qué nos encontramos aquí? Permítanme que alguien que es de ciencias
puras investigue un poco en psicología. La agresividad —dicen los
psicólogos— normalmente responde a carencias, y son esas carencias
reflejadas en esa agresividad las que demuestra el nacionalismo español
para todos los que somos diferentes a ellos. Todas las personas somos
diferentes, no hay unas que sean iguales y otras que sean diferentes.
Todos somos diferentes. Pero como hay quien quiere poner el kilómetro
cero delante de su casa, pues hay quien quiere que la norma sea aquello
que no es. Permítanme que me dirija a todos los presentes, que se
consideran pertenecientes a la nación española. ¿Se imaginan vivir toda
su vida desde el momento que nacen al momento que mueren en un Estado que
no les acepta, en un Estado que les va a la contra? Porque no se trata
solamente de una generación, sino también de padres, abuelos, y
posteriormente de hijos, y de nietos. Imagínense vivir en un Estado que
les va a la contra, en un Estado que no les acepta, en un Estado, que
quiere uniformizar porque es un Estado alérgico a la diversidad.

Ovidi Montllor lo explicó muy bien, y
permítanme que recoja el hilo del nacionalismo español, del supremacismo,
del imperialismo, del fascismo. Dice así —me entenderán
perfectamente; vocalizaré para que me entiendan— (Pronuncia
palabras en catalán). (Aplausos). Precisamente aquellos a los cuales les
molestan las lenguas que no son las suyas son aquellas personas a las que
les molestan las personas que no responden a su patrón, porque
—continúo con el hilo porque la psicología o la sociología aquí
debería investigar mucho más— aquellas personas que creen que su
lengua es la nacional, es la importante, es la que debe predominar,
acostumbran a ser personas que creen que por ser de su color de piel son
mejores que otras, que por tener una renta con más ceros son mejores que
otras o que el barrio donde viven o los apellidos que tienen les hace
mejores que otras. Por eso, más allá del bochorno, la vergüenza y la
indignidad de determinadas expresiones que se vierten constantemente en
esta Cámara y en los debates públicos de eso que ustedes llaman España,
me gustaría dirigirme a las personas pertenecientes a la nación española
que hay aquí, en esta Cámara, o que nos puedan seguir, para decirles que,
si aman a su nación, extirpen el odio, el supremacismo y extirpen la
voluntad de hacer desaparecer al otro, al diferente.

Permítanme que acabe con las palabras de una
persona más sabia que yo, porque, al final, todos ustedes hacen un
discurso hipócrita, hablando de lo que nos une y de lo que nos hace ser
una comunidad y bla, bla, bla. Por eso, termino citando a Musa Anter,
escritor, pensador, periodista, intelectual kurdo, asesinado,
evidentemente por los servicios de inteligencia de un Estado unitarista,
como el turco, aquel que tantos paralelismos tiene con España, que decía
—oigan bien—: «Si mi lengua hace tambalear los cimientos de
tu Estado, significa que has construido tu Estado en mi tierra».

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Pradas Ten.

La señora PRADAS TEN: Muy buenas tardes, señora
vicepresidenta, señorías.

Del autor del Apocalipsis zombi, hoy llega un
nuevo capítulo. Vamos a cambiar las rotulaciones de las señales de
tráfico: un nuevo show. Hoy ha venido en tono cómico —casi se le
agradece, señor Mulet—, hasta ha mostrado una sonrisa, pero aquí no
venimos a reírnos; aquí no venimos a hacer ningún show, aquí venimos a
trabajar por los valencianos y por todos los españoles, señor Mulet.

Señoría, hoy usted ha defendido que las señales
de tráfico allí donde haya dos lenguas oficiales, como es el caso de
nuestra tierra, la Comunitat Valenciana, solo se roturen en una de las
dos lenguas. Usted de nuevo generando un problema donde no lo hay, porque
esto —lo ha dicho hasta la compañera del PNV— está ya más que
resuelto. Y yo me pregunto: ¿qué problema tiene usted con la convivencia
cordial de las lenguas oficiales allí donde hay dos lenguas oficiales?
¿Por qué se empeña Compromís en crear guerras inexistentes y en utilizar
la lengua como herramienta de confrontación? Porque nunca la lengua había
sido un motivo de confrontación hasta que llegaron ustedes a la
Generalitat Valenciana, señor Mulet. (Aplausos). ¿Qué tiene Compromís en
contra del castellano, que es la lengua hablada por más de 500 millones
de personas? Señor Mulet, el fin de su proposición de ley no es otro que
la ingeniería social, eso que tanto les gusta practicar a Compromís, y
ante eso, siempre va a tener enfrente al Partido Popular. Quiere usted
cambiar la ley para hacer ingeniería social, pero lo que hay que cambiar
es a ustedes; lo que hay que cambiar y lo que hay que hacer es echar el
sectarismo del Partido Socialista y de Compromís de las instituciones,
porque basta ya de que nos digan una y otra vez cómo hemos de vivir
nuestras vidas. ¡Basta ya! Hay que derogar el sectarismo.
(Aplausos).

Señor Mulet, con la que está cayendo en nuestra
provincia, en Castellón y en la Comunitat Valenciana, ¿no tiene Compromís
otra cosa mejor que hacer que traer hoy una proposición de ley para
modificar la rotulación del idioma de las señales de tráfico? ¿En serio
que no tienen nada mejor que proponer aquí en la Cámara Alta? Les falta
ambición política a ustedes, señorías de Compromís. Le aseguro que a los
castellonenses lo que hoy estamos debatiendo les importa cero, porque a
los castellonenses lo que les importa y les preocupa es que no llegan las
ayudas del azulejo que emplea a más de 70 000 castellonenses, o que la
sanidad esté colapsada en la Comunitat Valenciana. Les preocupa el
infierno fiscal que sufrimos con Sánchez y con Puig. Les preocupan los
casos de abusos sexuales a menores tuteladas, o el caso Oltra. Eso les
preocupa. (Aplausos). Y les preocupa que las ayudas públicas siempre
lleguen a los mismos, esto es, a los catalanistas y al hermano del señor
Ximo Puig. Eso es lo que les preocupa a los castellonenses y a los
valencianos. Eso es lo que les preocupa, y no la rotulación de las
señales de tráfico. Y como ni Compromís ni el Partido Socialista se
preocupan por los problemas reales de los castellonenses, de los
valencianos y de los alicantinos, ya lo haremos en el Partido Popular a
partir del 29 de mayo, porque nosotros sí gobernamos y sí gestionamos
para la España real. Por cierto, señor Mulet, en lugar de presentar
iniciativas a peso, ¿por qué no presenta usted iniciativas de peso?
Podría usted copiar al Partido Popular que sí presentamos iniciativas en
defensa de nuestra cerámica, de las cercanías, de nuestros sectores
productivos: la citricultura, la pesca, nuestras carreteras, la costa,
etcétera. Nosotros no las retiramos como usted, no. Nosotros las
defendemos hasta el final ante el maltrato del Gobierno de Sánchez.
(Aplausos).

Señor Mulet, hoy hubiese sido mucho más útil
para los castellonenses hablar de carreteras en lugar de hablar del
idioma en el que se rotulan las señales de tráfico de las carreteras.
Porque les recuerdo que nuestra autovía A-7 sigue sin finalizarse. Igual
usted no lo recuerda porque retiró todas las enmiendas a los Presupuestos
Generales del Estado; unos presupuestos generales que destinan cero euros
a la A-7 y que maltratan a la provincia de Castellón. Señor Mulet, ya le
anuncio que vamos a votar que no a su iniciativa. Lo habrá intuido. Y
también votaremos no a la del Grupo Mixto simplemente porque no puede
haber alternativa a algo que ni siquiera deberíamos estar considerando.
Votamos no porque, de aprobarse su iniciativa, los ayuntamientos tendrían
que incurrir en unos gastos innecesarios. Los ayuntamientos a lo que se
tienen que dedicar es a ayudar a sus vecinos a gastar en cosas útiles y
no en caprichos del Partido Socialista y de Compromís. Votamos no porque,
frente al intento de Compromís de decirnos en qué idioma hablar o
escribir, en el Partido Popular defendemos la libertad de hablar o
escribir en cualquiera de las lenguas oficiales allí donde tenemos dos.
Es una riqueza, por supuesto, siempre lo he dicho, tener dos lenguas
oficiales, siempre respetando al castellano y también a la lengua
cooficial, en mi tierra, el valenciano. (Pronuncia palabras en
valenciano). Yo estoy muy orgullosa de poder parlar valencià y de poder
hablar castellano. Eso sí, elegiré yo cuándo hablar castellano o cuándo
hablar valenciano. (Pronuncia palabras en valenciano).

En definitiva, nosotros defendemos el
bilingüismo cordial. La ley que usted quiere modificar respeta el
bilingüismo, señor Mulet. Yo no sé si es que no se leyó la última versión
—la compañera del PNV se la ha leído—, pero dice claramente
que las indicaciones escritas de señalización figurarán en idioma
castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma, por
lo cual, yo no sé, si usted votó a favor de esto, ¿por qué hoy nos trae
otra modificación de la modificación? Es inentendible. Está claro que a
lo que quieren llegar es a que se rotule solo en una lengua en detrimento
de la otra. (Denegaciones del señor Mulet García). ¡Hombre, claro, me lo
está diciendo! Pues, mire, no. Eso es sectarismo, y nosotros no vamos a
votar a favor porque es totalmente contrario a ese bilingüismo cordial
que nosotros promovemos. Votaremos no porque frente al sectarismo de
Compromís está la libertad de elegir que defiende siempre el Partido
Popular. Sectarismo o libertad, tan sencillo como eso, señor Mulet. Yo
conozco muy bien, porque lo he sufrido de primera mano, como todos los
castellonenses, el sectarismo que ha promovido Compromís, amparado por el
Partido Socialista en mi ciudad y que llevó a cambiar el nombre de mi
ciudad. Yo nací y crecí en Castellón de la Plana. (Pronuncia palabras en
valenciano). Pero ahora, por el sectarismo de Compromís, amparado por el
Partido Socialista, resulta que solo vivo en Castelló, porque ustedes nos
han recortado la libertad de elegir, de decidir, si denominar a nuestra
ciudad de una u otra forma según la lengua que libremente hablemos. Usted
ríase, pero no es para reírse, porque nos están recortando derechos; es
más, el sectarismo del Partido Socialista y de Compromís es tal que
ocasionó que en mi ciudad el Gobierno municipal incluso quisiera retirar
una calle al creador, al fundador de nuestro tradicional Pregó, don
Manuel Segarra Ribes, pero no pudieron hacerlo porque fue tal la
contestación y la oposición social que les ganamos. Ganó la libertad,
ganó la libertad frente al sectarismo; ganó el sentido común y ganó
Castellón, señor Mulet. El sectarismo sin límites del Partido Socialista
y Compromís llevó a que en mi ciudad se retirara una cruz dedicada a las
víctimas de toda violencia. Lema, elegido por acuerdo del ayuntamiento
democrático y, por cierto, de mayoría de izquierdas, en el año 1979. Pero
lo peor fue que durante la retirada —usted estaba allí, por
supuesto no se lo perdió; estaba allí, viviéndolo de primera mano, con
aplausos, con vítores— se vivió un espectáculo lamentable,
bochornoso, irrespetuoso con el símbolo de la religión mayoritaria de
este país, señor Mulet. (Aplausos). Y todo esto hay que pararlo. En
Castellón y en la Comunitat Valenciana estamos cansados del sectarismo de
Compromís amparado por el Partido Socialista. Por eso tanta gente pide un
cambio, y el próximo 28 de mayo elegiremos: Partido Socialista y
Compromís o Partido Popular. Elegiremos entre sectarismo y libertad. Yo
ya les digo, señorías, que hoy y siempre estaré con el equipo de la
libertad.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Gil Invernón.

El señor GIL INVERNÓN: Eskerrik asko, mahaiburu
andrea.

Después de lo que se ha oído aquí… ¡Dios
mío!! Yo venía a hablar de seguridad vial, fíjense. (Pronuncia palabras
en euskera y en catalán). Estos son los idiomas en los que me he criado,
aparte del castellano. Cada uno que hable como quiera. Y esto entronca
con un principio fundamental que los socialistas hemos defendido a lo
largo de la historia, que es la libertad, donde cada uno tiene que ser
respetuoso con su libertad y con la frontera de la libertad de sus
semejantes. Eso se lo dice alguien que la ha tenido secuestrada muchos
años, pero eso no me hace ni mejor ni peor. Lo que no hago es pervertir
los debates, ni los mezclo ni lo voy a hacer hoy. (Aplausos). Quiero
respeto a todos esos hombres y mujeres que han defendido la libertad, a
veces, y algunos con su propia vida. Y lo voy a dejar ahí, porque estamos
hablando de dos cuestiones que me parecen importantes.

En cuanto a las lenguas, para los socialistas
son un elemento fundamental del desarrollo de un país como el nuestro; es
cultura, es riqueza, y las reivindico, las hemos reivindicado todos. Ahí
tienen valencianos, de las Islas Baleares, tienen vascos, tienen
catalanes, gallegos, andaluces. Todos defendemos nuestra tierra y juntos
un proyecto común que se llama España, y a eso no vamos a renunciar,
señorías, a que cada uno defienda la manera de entender el país. Fíjense,
si nos oyeran los padres de la Constitución hoy en este debate, alguno se
revolvería hasta en el ataúd, porque personas de diferente tenor y
sentido ideológico se pusieron de acuerdo en la cooficialidad de las
lenguas y lo hicieron con una normalidad absoluta. Fíjense cuántos años
hace de eso y nosotros aquí nos las arrojamos unos contra otros. ¿Ustedes
creen que esto es serio?

Respecto a la seguridad vial, he de decir que
he sido teniente de alcalde de la capital del mundo, de Bilbao, hasta
hace un año, lo cual, a través de la gestión de las políticas de
movilidad, me llevó a ser presidente de la Comisión de movilidad,
seguridad vial y de transporte. Y les puedo decir una cosa. Yo no he
visto a los ayuntamientos preocupados por las señales. Los ayuntamientos
son los más cumplidores. Un ayuntamiento es la institución más cumplidora
de este país. Cuando les llega una instrucción la cumplen, sobre todo si
estamos hablando de gente que puede morir en el espacio público
compartido, porque es que aquí también hay vidas. Se ha banalizado aquí
la señal de stop, pero ¿saben de dónde viene esta señal? De Detroit y es
de 1915. Hubo un señor al que le preocupaba que en un cruce de calles la
gente moría y se inventó una señal. ¿Y saben cuándo se adopta
internacionalmente en Europa esa señal? En 1968. Fíjense si pasaron años.
Se llega a una señal que es un pictograma que lo que hace es orientar a
la gente para que no se mate en un cruce. No podemos banalizar esto
porque estamos hablando de gente que ha muerto en las calles. Antes se
hablaba de víctimas. Yo voy a reivindicar aquí a las víctimas de
violencia vial, a aquellas a las que se ha empezado a reconocer hace muy
poco tiempo, a gente que ha quedado bastante descacharrada fruto de
accidentes de tráfico, porque ¿saben qué pasa? Que cuando un coche
colisiona contigo a más de 50 por hora puedes morir o quedar bastante
mal. Y por eso, cuando mezclamos la siniestralidad vial y las lenguas, y
además hacemos un totum revolutum hablando de lo que va a pasar en las
elecciones, a mí no me causa más que indignación, señorías.
(Aplausos).

Por eso, nosotros vamos a votar en contra,
señor Mulet, y créame, yo me he leído —le voy a decir con fervor,
para que vea— lo que usted planteaba y he leído lo que planteaba
Vox y creo que no es oportuno, porque en el debate celebrado el 16 de
noviembre del año 2021 en esta Cámara, efectivamente, se pactó una
enmienda que recoge el espíritu general que la sociedad, por otra parte,
comparte, y es que las lenguas se tienen que compartir, tienen que
convivir y no se tienen que enfrentar, y menos en un espacio como la
seguridad vial.

Por eso, vamos a votar en contra. No voy a
reiterar argumentos que le he oído a la señora Otaola, que comparto al
cien por cien; vengo de Euskadi, que tiene territorios forales y unas
competencias determinadas, y puede pasar lo que ella ha contado, y ese es
un riesgo que no queremos correr.

Pero, señorías, por encima de elecciones, hay
lecciones, y la lección que tenemos que aprender es que cuando se sube a
esta tribuna no vale todo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Finalizado el debate de la toma en
consideración de la proposición de ley y de su alternativa, les recuerdo
que el plazo para emitir el voto electrónico remoto por los senadores
autorizados se abrirá al finalizar el debate de la última moción
ordinaria. Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de esas
iniciativas tendrá lugar una vez finalizado ese plazo, cuando sea
anunciado por la Presidencia.