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DS. Senado, Pleno, núm. 133, de 10/05/2023
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANDER GIL GARCÍA


Sesión núm. 70


celebrada el miércoles, 10 de mayo de 2023


ORDEN DEL DÍA






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la
Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se
modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa
en el ámbito de la fiscalidad, y otras normas tributarias (antes
denominado Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE)
2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se modifica la
Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el
ámbito de la fiscalidad).


621/000088
control financiero; cooperación
administrativa; datos personales; fiscalidad; fraude fiscal; institución
financiera; política fiscal


Hacienda






TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY





Proposición de Ley Orgánica de modificación de
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


622/000055
Código penal; crimen contra la
humanidad; modificación de la ley


GPERB
GPIC
GPN







TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO




Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso
a los documentos públicos, hecho en Tromso el 18 de junio de 2009, así
como Declaraciones y Reservas que España desea formular.


610/000115
Consejo de Europa; acceso a la
información







Quinta enmienda del Protocolo de Montreal
relativo a las sustancias que agotan la capa de Ozono, aprobada por la
28ª reunión de las Partes en Kigali el 15 de octubre de 2016.


610/000116
cambio climático; contaminación
estratosférica; contaminante atmosférico







Acuerdo entre el Reino de España y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte relativo a la cumbre de la
OTAN que se celebrará en Madrid los días 28, 29 y 30 de junio de 2022,
hecho en Bruselas el 20 de junio de 2022.


610/000117
OTAN; reunión en la
Cumbre







Acuerdo entre el Reino de España y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) relativo a la organización de la Tercera Conferencia
Mundial sobre la Educación Superior (CMES III), hecho en París el 17 de
diciembre de 2020.


610/000118
Conferencia internacional; Unesco;
universidad









PONENCIAS DE ESTUDIO




AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME





Ponencia de estudio sobre el fenómeno de la
sustracción de recién nacidos.


543/000012
justicia reparadora; ponencia
parlamentaria; primera infancia; protección de la infancia; secuestro de
personas


Justicia





Ponencia de estudio del deporte base y del
deporte femenino en España.


543/000008
condición de la mujer; deporte;
política cultural; ponencia parlamentaria


Cultura y Deporte







MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a la
adaptación de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, a la propuesta
de la Comisión Europea de 3 de mayo de 2023 de aumentar las penas en el
delito de malversación y homologación del resto de medidas anticorrupción
con el resto de Europa.


662/000170
Código penal; armonización de normas;
corrupción; fraude; modificación de la ley


GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a la
transferencia integral del servicio de Rodalies de Catalunya a la
Generalitat de Cataluña.


662/000172
Cataluña; relación Estado-entidades
territoriales; transporte de cercanías; transporte ferroviario; traspaso
de competencias


GPERB




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas y un minuto.


El señor presidente abre a las nueve horas y un minuto el plazo
para la votación del punto 4.1. que se debatió en la sesión de ayer.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA
LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRANSPOSICIÓN DE
LA DIRECTIVA (UE) 2021/514 DEL CONSEJO DE 22 DE MARZO DE 2021 POR LA QUE
SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2011/16/UE RELATIVA A LA COOPERACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS
(ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 58/2003,
DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA
(UE) 2021/514 DEL CONSEJO DE 22 DE MARZO DE 2021 POR LA QUE SE MODIFICA
LA DIRECTIVA 2011/16/UE RELATIVA A LA COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL
ÁMBITO DE LA FISCALIDAD).


621/000088

Hacienda


El señor Bonet Bonet, presidente de la Comisión
de Hacienda, presenta el dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


Interviene la señora Alía Aguado, del Grupo
Parlamentario Popular.


Comienza el debate del articulado.


La señora Rodríguez de Millán Parro, del Grupo
Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 6 a 8, presentadas por el
señor Marín Gascón, por la señora Merelo Palomares y por ella.


El señor Martí Deulofeu defiende la enmienda 1,
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


El señor Fragoso Martínez defiende las
enmiendas 2 a 4, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y la
vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda 15, del G. P. Socialista.


En turno en contra, interviene el señor Rey de
las Heras, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen las
siguientes señorías: la señora Rodríguez de Millán Parro, por el Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria); el señor Vidal Matas, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); el señor Cleries i
Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; la señora
Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
el señor Martí Deulofeu, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; la señora Alía Aguado, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y la señora Godoy Tena, por el Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las diez horas y
diez minutos el plazo de una hora para que las señorías autorizadas
realicen por vía telemática las votaciones previstas
reglamentariamente.


Se pospone la votación.









TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO
PENAL.


622/000055

GPERB
GPIC
GPN


Autores: GPERB, GPIC y GPN


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario, defiende la toma en consideración el señor Cervera Pinart.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, defiende la toma en consideración el
señor Reniu Vilamala.


En turno de portavoces intervienen las
siguientes señorías: la señora Rodríguez de Millán Parro, por el Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria); el señor Mulet García, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); el señor Cervera
Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; la señora
Beltrán de Heredia Arroniz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); la señora Bideguren Gabantxo y el señor Reniu Vilamala, por el
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; y
la señora De Pablo Dávila, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las once horas y
veinte minutos el plazo de quince minutos para que las señorías
autorizadas emitan el voto telemático.


Se pospone la votación.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
APOYAR EL ESTABLECIMIENTO DE UN DÍA INTERNACIONAL DE LOS CASCOS
HISTÓRICOS Y A LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL UBICADO EN LAS ZONAS
HISTÓRICAS Y MONUMENTALES. (Votación).


662/000171

GPS


Se aprueba la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos, 252; a favor, 220; abstenciones, 32.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA
LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRANSPOSICIÓN DE
LA DIRECTIVA (UE) 2021/514 DEL CONSEJO DE 22 DE MARZO DE 2021 POR LA QUE
SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2011/16/UE RELATIVA A LA COOPERACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS
(ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 58/2003,
DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA
(UE) 2021/514 DEL CONSEJO DE 22 DE MARZO DE 2021 POR LA QUE SE MODIFICA
LA DIRECTIVA 2011/16/UE RELATIVA A LA COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL
ÁMBITO DE LA FISCALIDAD). (Votación).


621/000088

Hacienda


Una vez realizadas las votaciones
reglamentarias, el señor presidente anuncia a la Cámara que, tal como
dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las
enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que
este se pronuncie sobre ellas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE EL
ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS, HECHO EN TROMSO EL 18 DE JUNIO DE 2009,
ASÍ COMO DECLARACIONES Y RESERVAS QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR.


610/000115






QUINTA ENMIENDA DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO, APROBADA POR LA
28ª REUNIÓN DE LAS PARTES EN KIGALI EL 15 DE OCTUBRE DE 2016.


610/000116






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA CUMBRE DE LA
OTAN QUE SE CELEBRARÁ EN MADRID LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2022,
HECHO EN BRUSELAS EL 20 DE JUNIO DE 2022.


610/000117






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA
CULTURA (UNESCO) RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DE LA TERCERA CONFERENCIA
MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CMES III), HECHO EN PARÍS EL 17 DE
DICIEMBRE DE 2020.


610/000118



El señor presidente informa a la Cámara de que
no se han presentado propuestas a estos tratados.


Se pospone la votación.










PONENCIAS DE ESTUDIO




AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME






PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL FENÓMENO DE
LA SUSTRACCIÓN DE RECIÉN NACIDOS.


543/000012

Justicia


El señor presidente informa a la Cámara de que
se solicita la ampliación del plazo hasta la finalización del actual
período de sesiones.


Se pospone la votación.









PONENCIA DE ESTUDIO DEL DEPORTE BASE Y DEL
DEPORTE FEMENINO EN ESPAÑA.


543/000008

Cultura y Deporte


El señor presidente informa a la Cámara de que
se solicita la ampliación del plazo por seis meses.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADAPTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DEL CÓDIGO PENAL, A LA PROPUESTA
DE LA COMISIÓN EUROPEA DE 3 DE MAYO DE 2023 DE AUMENTAR LAS PENAS EN EL
DELITO DE MALVERSACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL RESTO DE MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN
CON EL RESTO DE EUROPA.


662/000170

GPP


El señor Márquez Sánchez defiende la moción.


El señor Marín Gascón defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto, presentada por iniciativa suya, de la señora
Merelo Palomares y de la señora Rodríguez de Millán Parro.


El señor Márquez Sánchez expone la postura de su
grupo parlamentario respecto de la enmienda y la rechaza.


En turno de portavoces intervienen las siguientes
señorías: el señor Marín Gascón, el señor Catalán Higueras y la señora
Goñi Sarries, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Fernández
Viadero y el señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario Democrático
(Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido
Regionalista de Cantabria); el señor Gómez Perpinyà, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); el señor Cervera
Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; la señora
Otaola Urquijo, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
la señora Cortès Gès, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Márquez Sánchez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Lerma Blasco, por el Grupo
Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
TRANSFERENCIA INTEGRAL DEL SERVICIO DE RODALIES DE CATALUNYA A LA
GENERALITAT DE CATALUÑA.


662/000172

GPERB


La señora Cortès Gès defiende la moción.


El señor Mulet García defiende las dos enmiendas
del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera).


El señor Morales Quesada defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Bernabé Pérez defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


La señora Cortès Gès expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas y anuncia la presentación de una
propuesta de modificación.


En turno de portavoces intervienen las siguientes
señorías: la señora Rodríguez de Millán Parro, por el Grupo Parlamentario
Mixto; el señor Mulet García, por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal (Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera); el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; la señora Vaquero Montero, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Bailac
Ardanuy, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu; el señor Bernabé Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; y el señor Poveda Zapata, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación.


El señor presidente abre el plazo de quince
minutos, fijado por la Junta de Portavoces, para que las señorías
autorizadas emitan el voto telemático sobre los siguientes
asuntos: 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 7.1.1., 7.1.2., 8.1. y 8.2.


Se suspende la sesión a las trece horas y
veintiocho minutos.


Se reanuda la sesión a las trece horas y cuarenta y
cinco minutos.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO
PENAL. (Votación).


622/000055

GPERB
GPIC
GPN


Autores: GPERB, GPIC y GPN


Se rechaza la toma en consideración con el
siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 34; en contra, 218;
abstenciones, 1.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE EL
ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS, HECHO EN TROMSO EL 18 DE JUNIO DE 2009,
ASÍ COMO DECLARACIONES Y RESERVAS QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR.
(Votación).


610/000115



Se autoriza con el siguiente resultado: votos
emitidos, 253; a favor, 231; abstenciones, 22.









QUINTA ENMIENDA DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO, APROBADA POR LA
28ª REUNIÓN DE LAS PARTES EN KIGALI EL 15 DE OCTUBRE DE 2016.
(Votación).


610/000116



Se autoriza con el siguiente resultado: votos
emitidos, 253; a favor, 231; abstenciones, 22.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA CUMBRE DE LA
OTAN QUE SE CELEBRARÁ EN MADRID LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2022,
HECHO EN BRUSELAS EL 20 DE JUNIO DE 2022. (Votación).


610/000117



Se autoriza con el siguiente resultado: votos
emitidos, 253; a favor, 231; en contra, 4; abstenciones, 18.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA
CULTURA (UNESCO) RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DE LA TERCERA CONFERENCIA
MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CMES III), HECHO EN PARÍS EL 17 DE
DICIEMBRE DE 2020. (Votación).


610/000118



Se autoriza con el siguiente resultado: votos
emitidos, 253; a favor, 232; en contra, 3; abstenciones, 18.










PONENCIAS DE ESTUDIO




AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME






PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL FENÓMENO DE
LA SUSTRACCIÓN DE RECIÉN NACIDOS. (Votación).


543/000012

Justicia


Se aprueba con el siguiente resultado: votos
emitidos, 252; a favor, 249; en contra, 3.









PONENCIA DE ESTUDIO DEL DEPORTE BASE Y DEL
DEPORTE FEMENINO EN ESPAÑA. (Votación).


543/000008

Cultura y Deporte


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
emitidos, 253; a favor, 253.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADAPTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DEL CÓDIGO PENAL, A LA PROPUESTA
DE LA COMISIÓN EUROPEA DE 3 DE MAYO DE 2023 DE AUMENTAR LAS PENAS EN EL
DELITO DE MALVERSACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL RESTO DE MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN
CON EL RESTO DE EUROPA. (Votación).


662/000170

GPP


Se rechaza con el siguiente resultado: votos
emitidos, 253; a favor, 108; en contra, 145.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
TRANSFERENCIA INTEGRAL DEL SERVICIO DE RODALIES DE CATALUNYA A LA
GENERALITAT DE CATALUÑA. (Votación).


662/000172

GPERB


Se aprueba con el siguiente resultado: votos
emitidos, 253; a favor, 121; en contra, 113; abstenciones, 19.


Se levanta la sesión a las trece horas y cincuenta
minutos.







Se reanuda la sesión a las nueve horas y un minuto.


El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se reanuda la sesión.


Punto cuarto del orden del día: Mociones. Moción por la que se
insta al Gobierno a apoyar el establecimiento de un día internacional de
los cascos históricos y a la promoción del comercio tradicional ubicado
en las zonas históricas y monumentales, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Corresponde abrir el plazo para la emisión del voto telemático.
Esta moción se votará en los términos de la enmienda
transaccional 178250, suscrita por varios grupos parlamentarios.


Procedemos a abrir el plazo para la emisión del voto
telemático, cuando son las nueve horas y un minuto, hasta las nueve horas
y dieciséis minutos.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA
LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRANSPOSICIÓN DE
LA DIRECTIVA (UE) 2021/514 DEL CONSEJO DE 22 DE MARZO DE 2021 POR LA QUE
SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2011/16/UE RELATIVA A LA COOPERACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS
(ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 58/2003,
DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA
(UE) 2021/514 DEL CONSEJO DE 22 DE MARZO DE 2021 POR LA QUE SE MODIFICA
LA DIRECTIVA 2011/16/UE RELATIVA A LA COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL
ÁMBITO DE LA FISCALIDAD).


621/000088

Hacienda


El señor presidente lee los puntos 5., 5.1.
y 5.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Hacienda, su
señoría el senador Bonet Bonet.


El señor BONET BONET: Bon dia. Buenos días,
señoras senadoras y señores senadores.


El Proyecto de Ley por la que se modifican la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en trasposición de
la Directiva 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se
modifica la Directiva 2011/16, relativa a la cooperación administrativa
en el ámbito de la fiscalidad, y otras normas tributarias, tuvo su
entrada en esta Cámara y fue publicada el día 4 de abril. El plazo de
presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó el día 18 del
mismo mes.


Se presentaron un total de veintiuna enmiendas,
con arreglo a la siguiente distribución: la número 1, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; las números 2
a 5, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; las números 6 a 9, del
senador José Manuel Marín Gascón y las senadoras Merelo Palomares y
Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Mixto; y las números 10 a 21, del
Grupo Parlamentario Socialista.


Las enmiendas números 5 y 9 fueron objeto de
disconformidad por parte del Gobierno de España al amparo de los
artículos 134.6 de la Constitución y 151.2 del Reglamento de esta Cámara,
quedando, en consecuencia, excluidas del debate.


El pasado 3 de mayo se reunió la Comisión de
Hacienda, que acordó ratificar la siguiente ponencia para informar el
proyecto de ley: por el Grupo Parlamentario Socialista, doña María
Ascensión Godoy Tena, don Miguel Ángel Heredia Díaz y don Luis Alfonso
Rey de las Heras; por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, doña
María Pilar Alía Aguado y don Francisco Javier Fragoso Martínez; por el
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, don Jordi
Martí Deulofeu; por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, doña María
Dolores Etxano Varela; por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts Per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario, don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez; por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal (Més Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa
Bai y Agrupación Socialista Gomera), don Vicenç Vidal Matas; por el Grupo
Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel
Existe» y Partido Regionalista de Cantabria), doña Beatriz Martín Larred;
y por el Grupo Parlamentario Mixto, doña María José Rodríguez de Millán
Parro.


Dicha ponencia elevó a la comisión un informe
en el que se introducían modificaciones en el texto remitido por el
Congreso de los Diputados, incorporándose las enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Socialista. El mismo día 3 de mayo la Comisión de
Hacienda procedió a dictaminar el proyecto de ley. Tras el debate
correspondiente, se sometió a votación el texto propuesto por la ponencia
en su informe, que resultó aprobado por 27 votos a favor y 1 voto en
contra.


Han presentado votos particulares para el
debate de hoy el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu respecto a la enmienda número 1; el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, respecto a las enmiendas 2 a 4 y vuelta al texto del Congreso
de los Diputados en lo modificado por la enmienda 15 del Grupo
Parlamentario Socialista; y, finalmente, los señores Marín Gascón y las
señoras Merelo Palomares y Rodríguez de Millán Parro, por el Grupo
Parlamentario Mixto, respecto a las enmiendas 6 a 8.


Eso es todo. Señoras y señores senadores,
muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
senador Bonet.


Señorías, procede, a continuación, abordar el
debate de totalidad.


¿Algún grupo desea intervenir? (La señora Alía
Aguado pide la palabra).


Tiene la palabra, señoría.


La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.


La pasada semana, en la Comisión de Hacienda,
quedó elevado el informe de la ponencia, donde se incorporaban las
enmiendas del Grupo Socialista al texto remitido por el Congreso de los
Diputados con nuestro apoyo, pues consideramos que enriquecen el texto en
beneficio de evitar el fraude y la elusión fiscal, pero con el voto en
contra de nuestro grupo respecto a la enmienda número 15.


Es de agradecer el buen trabajo y el consenso
tanto en la reunión de la ponencia como en la comisión, siempre con el
interés de mejorar la trasposición de la Directiva 2021/514, adaptándose
a las necesidades de nuestra legislación. Quiero expresar también nuestro
agradecimiento a los letrados por la nota emitida relativa al proyecto de
ley.


Estamos ante la trasposición de la
Directiva 2021/514, la llamada DAC7, que introduce como novedad la
obligación de intercambiar con otros países de la Unión Europea la
información obtenida a través de los operadores de las plataformas
digitales, tan en auge, sobre todo tras la pandemia, y más con motivo de
abordar todo lo relacionado con la digitalización de la economía con la
finalidad de que la Administración tributaria recaude los impuestos de
forma mejor y más eficiente, pero no recaude más.


Es curioso ver cómo en la ponencia y en la
comisión hemos tratado todo tipo de temas. Se ha cambiado incluso,
mediante enmienda del Grupo Socialista, el título al proyecto de ley,
añadiendo «y otras normas tributarias», pues, para variar, ha aprovechado
este texto que llega a la Cámara para introducir modificaciones en otros
impuestos que no guardan relación con el título y el contenido, como el
IRPF, el IRNR, el impuesto sobre la renta de no residentes, y el impuesto
sobre sociedades. Pero la relevancia de esta trasposición es considerar
la importancia de las plataformas virtuales en la recaudación del IVA, su
rol, y, de manera especial, respecto de los bienes y servicios digitales
provistos por empresas extranjeras. En el IVA es imprescindible ampliar
la base impositiva minimizando distorsiones económicas. Estamos ante un
sistema económico en el que, cada día más, se intercambian bienes y
servicios a través de las plataformas digitales. La idea es que cada
usuario sea consumidor y proveedor, que ofrezca algo que tiene a alguien
que lo necesita.


Todo se puede compartir si se tiene la
información correcta y los medios seguros para hacer las transacciones.
Hablando de introducir modificaciones a leyes que guardan o no relación
con el contenido de esta trasposición de directiva, nos encontramos con
la enmienda 15 del Grupo Socialista, que lamentamos no haber podido
apoyar para su inclusión en el informe de ponencia, habiéndonos reservado
el voto particular para la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por esta enmienda, además de para la defensa en Pleno de las
enmiendas 2, 3 y 4, que llevará a cabo posteriormente mi compañero Fran
Fragoso.


Como ya les adelantamos en comisión, no nos
parecen adecuadas ni la redacción de la enmienda número 15 ni, por
supuesto, su finalidad. Se aprovecha la excusa de este texto que llega a
la Cámara para introducir una disposición adicional nueva y otorgar
beneficios sin revisión alguna, no sé si con afán electoralista, máxime
en las fechas que estamos. Y es que en el artículo 25 del Real
Decreto 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica
en el ámbito del transporte, materia de becas y ayudas al estudio,
etcétera, se abonaba una cuantía complementaria a las personas
beneficiarias de becas consistente en 400 euros a percibir entre
septiembre y diciembre de 2022. Era un abono que se realizaba por
adelantado, y se citaba textualmente: «… siempre que los
solicitantes cumplan los requisitos económicos establecidos en la
convocatoria. Según se produzca la resolución de las convocatorias
correspondientes al curso académico 2022-2023, se regularizará su
situación en el sentido que proceda.» Pues bien, hablaban ustedes de
requisitos en este artículo 25, hablaban también de regularización y, sin
embargo, mediante esta disposición adicional nueva quieren resolver de
otra forma y dicen lo contrario: se considerarán abonadas con carácter
definitivo, sin que se proceda a regularizar su situación, y no será
exigible su restitución. ¿En qué quedamos? ¿Regularizamos cuantías? ¿No
lo hacemos y regalamos 400 euros a todos los solicitantes de becas,
cumplan o no los requisitos marcados por la legislación competente?
¿Estos regalos se han contemplado en los presupuestos? Ante la petición
de información al respecto, en la reunión de ponencia la respuesta fue
que la decisión se toma para ayudar a las familias y los 400 euros de
ayuda adicional se publican con motivo de los problemas ocasionados en
ese momento con la guerra de Ucrania. No creo que en materia de becas
tengamos que mezclar la guerra de Ucrania. En materia de becas, como en
otras ayudas, quien no cumple los requisitos debe reintegrar las ayudas
correspondientes. Y la ocasión para regularizar la situación la tuvieron
ustedes muy fácil en la orden ministerial aprobada para confeccionar la
declaración de renta del pasado ejercicio 2022 —ahora, inmersos en
la campaña— y se podrían haber habilitado las casillas
correspondientes para proceder a esta regularización, igual que lo han
hecho para la regularización de las deducciones por maternidad de los
ejercicios 2020, 2021 y 2022. Si ustedes querían mirar por las familias
de este país, lo han tenido en su mano antes del inicio de esta campaña,
y lo llevamos reclamando durante meses: habrían podido deflactar las
tarifas del IRPF y la ayuda se hubiera ampliado a millones de familias en
España, lo que hubiese supuesto un ahorro en el bolsillo de estudiantes y
de padres de estudiantes sin necesidad de hacer regalos de 400 euros a
unos pocos. De ahí que parezca que estas concesiones tienen carácter
electoralista.


Además, ustedes mismos se definen, pues en la
motivación de la enmienda se limitan a decir: mejora técnica. Y, fíjense,
se debería utilizar la misma vara de medir en otros sectores, porque esta
semana hemos sabido que más de 262 000 autónomos están en riesgo de tener
que devolver las ayudas extraordinarias por cese de actividad que también
percibieron de forma adelantada. Se les va a pedir la justificación, y si
no cumplen los requisitos, tendrán que devolver esas ayudas. Para
nosotros los estudiantes son tan importantes como para ustedes, pero
también son muy importantes los autónomos porque son quienes generan
empleo en este país.


Todas las modificaciones legislativas que
redunden en la mejora de nuestra legislación en materia tributaria,
procedimental, etcétera, y que beneficien a los ciudadanos de nuestro
país contarán con el análisis y el apoyo del Partido Popular, pero
cuidemos las formas en beneficio de la seguridad jurídica, que tanto
echamos en falta por parte de ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


¿Algún grupo más desea intervenir?
(Pausa).


Pasamos entonces al debate de las enmiendas al
articulado.


Para la defensa de las enmiendas 6 a 8, de sus
señorías Marín Gascón, Merelo Palomares y Rodríguez de Millán, tomará la
palabra su señoría Rodríguez de Millán.


La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias,
presidente.


El Gobierno nos ha traído un proyecto de ley
absolutamente caótico que trata asuntos inconexos, que incluso ha
escandalizado al Consejo de Estado, que, en un durísimo dictamen, harto,
ha emitido su disconformidad respecto de la forma en la que Sánchez y su
Gobierno están legislando.


Vox ha presentado 4 enmiendas, 1 de
supresión, 2 de modificación y 1 de adición, respecto de la que el
Gobierno ha mostrado su disconformidad alegando que comporta una
reducción en los ingresos derivados de la recaudación previsible,
haciendo un uso abusivo del veto presupuestario de enmiendas y
proposiciones.


Solicitamos la supresión del párrafo del
preámbulo referido al reconocimiento de la facultad de comprobación de la
contabilidad mercantil por parte de los órganos de gestión de la
Administración tributaria para que puedan acceder a lo que hasta ahora
les está expresamente vedado y reservado a la Inspección, aunque
solamente sea para constatar la coincidencia entre la contabilidad
mercantil y la información que obra en poder de la Administración. Y en
el mismo sentido operan las otras dos enmiendas de modificación.


Nos parece que lo que aquí se plantea es una
enorme extensión de las competencias gestoras, la ampliación subjetiva
del control de los sujetos obligados y la deslegalización de competencias
reservadas a la Inspección, que, entre otras cosas, va a incentivar la
economía sumergida. La mera constatación de estos datos ya está
reconocida de alguna manera actualmente, al referirse la norma a la
posibilidad de que los obligados tributarios deban exhibir a los órganos
gestores la contabilidad mercantil. Y, además, se faculta expresamente a
los órganos de gestión para actuar fuera de las oficinas para llevar a
cabo ese examen, lo que excede con mucho la labor que se les dice
atribuir, con el consiguiente incremento de la inseguridad jurídica y la
reducción de las garantías del contribuyente.


Y, en último lugar, y aunque ha sido vetada,
proponíamos una enmienda de adición de una disposición adicional relativa
a la modificación de la Ley del IVA, con el fin de añadir un decimocuarto
apartado al artículo referido al tipo impositivo reducido del 10 %, para
que se contemplasen los servicios de peluquería, barbería y estética. El
Gobierno se ha limitado a vetar nuevamente esta enmienda, tirando del
argumentario de siempre y oponiéndose a satisfacer las demandas de un
sector que lleva reclamando ayudas desde el año 2020. Esgrimen para ello
un impacto de 56 millones de euros en el presupuesto, mientras que se
gastan 145 millones de euros en publicidad, por ejemplo; de manera que
esto sí, pero ayudar a los autónomos del sector, no. Haber rechazado una
iniciativa buena para los negocios del sector simplemente por este
motivo, teniendo en cuenta en qué se gasta el dinero este Gobierno,
solamente denota la falta de voluntad por parte de este de ayudar a miles
de autónomos, a los que vuelven a dar la espalda, rechazando esta
enmienda con el mismo argumento de siempre.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa de la enmienda número 1, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra su señoría
Martí Deulofeu.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidente.


Señorías, el objeto del proyecto de ley
consiste en regular determinados aspectos concretos de la presencia de
funcionarios de otros Estados miembros en el Estado español, y viceversa,
en todo lo que se refiere a la lucha contra el fraude fiscal, la evasión
y la elusión fiscal, así como los controles simultáneos con el objeto de
intercambiar información. Por otro lado, también procede a regular el
régimen de las inspecciones conjuntas realizadas por la Administración
tributaria con otros Estados, así como la obligación de información para
los intermediarios y la nueva obligación informativa de los operadores de
plataformas digitales. Tal y como se detalla en la exposición de motivos
del proyecto de ley, una de las principales novedades de la DAC7 es la
posibilidad de realizar inspecciones conjuntas en el ámbito de la
asistencia mutua y el intercambio de información. En el artículo único
del anteproyecto de ley se modificaba el artículo 177 quinquies, que
define el concepto de inspección conjunta y el procedimiento para
llevarla a cabo. Se observa que la nueva redacción propuesta de este
artículo de la Ley general tributaria se refiere siempre a la
Administración tributaria española y a los funcionarios de la
Administración tributaria española. Parece desprenderse así que las
peticiones de asistencia mutua no las van a poder solicitar las
comunidades autónomas ni tampoco van a poder participar funcionarios de
estas en las inspecciones conjuntas cuando se trate de un impuesto
cedido, es decir, con competencias en el ámbito de aplicación de los
tributos, o incluso de un impuesto propio. Por este motivo, para cubrir
estas eventualidades, se propone modificar el apartado ocho, del
artículo 177 quater, en los términos de la enmienda presentada por
nuestro grupo parlamentario.


Muchas gracias, presidente. Muchas gracias,
señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas 2 a 4 y la
vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda 15, del Grupo Socialista, tiene la palabra su
señoría Fragoso Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor FRAGOSO MARTÍNEZ: Muy buenos días,
presidente.


Sinceramente, menos mal que les quedan ya pocos
días en la Moncloa. Menos mal que les quedan pocos días en la Moncloa
(Aplausos), porque, desgraciadamente, tengo que denunciar un nuevo abuso
por parte del Gobierno, que hoy impide que podamos tratar una enmienda,
la número 5, sin ninguna justificación legal, además. Nuestra enmienda
intentaba corregir una injusticia, y es que, si un ciudadano ve que la
Administración tributaria le cobra de más, se encuentra con que tiene que
contratar a un abogado o a un asesor y pleitear durante años; y, después,
una vez que gana, se le devuelve su dinero. Y una vez que al ciudadano le
devuelven su dinero se le indemniza con los intereses legales por el
tiempo que no ha tenido a su disposición su dinero. Y ahora el Gobierno
quiere cobrar impuestos a los ciudadanos por esa indemnización, lo cual
nos parece tremendamente injusto. Esto ocurre porque el Tribunal Supremo,
sorpresivamente, ha cambiado su jurisprudencia a partir de enero, y en
ese cambio de jurisprudencia viene a decir que no hay base legal,
sustento para dejar exentas esas cantidades. Bien, con nuestra enmienda
nosotros queríamos dejar exentas esas cantidades para evitar la
injusticia de que a un ciudadano, después de tener que pleitear, se le
quieran cobrar impuestos. Pero su voracidad impositiva les obliga una vez
más a vetar una enmienda del Grupo Popular, no pensando en los ciudadanos
sino en recaudar, porque para ustedes los ciudadanos son simples
contribuyentes, paganinis, sin ningún tipo de derechos. Y nosotros hemos
querido evitar esa situación. (Aplausos).


Otra enmienda que pone de manifiesto su falta
de consideración hacia el contribuyente es la que se refiere al hecho de
que, una vez finalizado el informe conjunto de inspección, se da a la
Administración sesenta días para notificarlo. Nosotros entendemos que con
los medios que hay hoy en día no hacen falta sesenta días, sino que diez
son suficientes. Pero lo que es más grave es que le quitan al ciudadano
el derecho a presentar alegaciones a ese informe con la excusa de que la
directiva comunitaria no habla de periodo de alegaciones, cuando lo que
estamos haciendo precisamente es trasponer a la normativa española una
directiva comunitaria y en el derecho administrativo español está
consolidado, especialmente en materia tributaria, que cuando hay un acto
de trámite con la consecuencia inmediata de pagar impuestos el ciudadano
tiene unos días para formular alegaciones. Nosotros planteamos que el
ciudadano, el contribuyente, vuelva a tener esos quince días para poder
alegar y defenderse, y ustedes quieren quitar a los ciudadanos el derecho
a poder defenderse, yendo en contra de la tradición tributaria que existe
en nuestro país.


Y otro ejemplo de la falta de respeto al
contribuyente. La directiva comunitaria da entre cinco y diez años para
mantener la información de los apuntes en materia de IVA. ¿Ustedes saben
cuánto debe de costar mantener un programa informático diez años? Porque
ustedes van a la cifra máxima, diez años, lo cual no tiene sentido en la
jurisprudencia española. A los cuatro años prescribe el derecho de
comprobación de la Administración, a los seis años, con carácter general,
la obligación de mantener la contabilidad, y ustedes se van a los diez.
Lo que nosotros proponemos en nuestra enmienda es que el plazo sea de
seis años, que es el de la obligación de mantener la contabilidad.


Por último, tenemos otras dos enmiendas. Una de
ellas es muy técnica. Ustedes hablan de los funcionarios de otros
gobiernos, y nosotros proponemos que se utilice el término empleado
público, más genérico, porque la palabra funcionario no tiene la misma
consideración, y así evitar interpretaciones dudosas. Y en la otra
enmienda proponemos volver a la situación anterior en relación con la
enmienda 15, del Grupo Socialista, por la cual ustedes quieren que el que
no tenga derecho a la beca se quede con la ayuda complementaria. Nos
parece tremendamente injusto que cuando vamos a hacer que se devuelva la
ayuda por maternidad, la ayuda a los autónomos o la ayuda a los
damnificados de La Palma, el becario sin derechos se pueda quedar con una
ayuda que no le corresponde.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para el turno en contra, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría el senador Rey de
las Heras.


El señor REY DE LAS HERAS: Presidente,
señorías, buenos días.


Yo venía con ánimo positivo, pero después de
escuchar al señor Fragoso casi se me ha quitado ese ánimo positivo que
creo que ha imperado en la elaboración de esta ley por parte de todos los
grupos políticos.


Primero, creo que hemos hecho un ejercicio
legislativo en el Senado. Más allá de lo que habitualmente se puede
reprochar a esta Cámara, hemos hecho un amplio ejercicio legislativo en
el Senado trayendo hoy esta ley, a la que además hemos adicionado algunos
aspectos que inciden en esa capacidad legislativa. Y, segundo, también
hemos sido capaces de llegar a grandes consensos en la comisión para
aprobar una ley que seguramente no tiene el carácter mediático ni la
trascendencia mediática que pueden tener otras leyes, pero que sí tiene
una evidente trascendencia en este país si tenemos en cuenta que el
ámbito tributario y los ingresos que recibe este país y que gestiona el
Gobierno permiten prestar servicios a los ciudadanos. Además, en el campo
del control internacional, con un mercado cada vez más globalizado, es
fundamental que exista coordinación. Así que creo que es importante la
ley por la afectación a la Ley general tributaria precisamente por la
trasposición de la Directiva 2011/16, la denominada DAC7. Pero, luego, en
ponencia hemos sido capaces de ampliar el ámbito de esta ley a otras
leyes, en concreto, a la Ley 37/1992, del IVA, en este caso también para
aplicar normas marco comunitarias que afectan al régimen de depósito, a
la neutralidad de las operaciones de seguros y financieras o a facilitar
el comercio electrónico a Canarias, Ceuta y Melilla. Hemos modificado el
impuesto sobre la renta de no residentes, el Real Decreto 5/2004, para
trasponer también —ese es el hilo conductor de todo lo que se ha
introducido— normativas o directivas comunitarias, en este caso, de
la Directiva 2017/1852, que establece mecanismos de resolución de
litigios en el marco de la Unión Europea. Y también hemos modificado la
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades,
adaptándola a la Directiva 2016/1164, estableciendo la limitación de
intereses. Es decir, al margen de lo que ya establecía la ley, hemos
ampliado el campo de actuación, creo que de una manera
extraordinariamente positiva y con el consenso de la inmensa
mayoría.


¿Qué plantea esta ley? Aspectos tan relevantes
como la lucha contra la elusión y el fraude fiscal. Regula la presencia
de funcionarios de otros Estados y las comunicaciones electrónicas entre
ellos a la hora de hacer inspecciones. Permite la aplicación de los
acuerdos multilaterales en el marco de la OCDE para el intercambio
automático de información obtenida en las plataformas. Aporta seguridad
jurídica a los contribuyentes con la posibilidad de abordar una única
inspección de diversos Estados, estableciendo trámites de audiencia y
garantías en la protección de datos. Mejora la comunicación de datos para
el Plan de recuperación, e introduce la autoliquidación rectificativa o
la comprobación limitada de la contabilidad mercantil a favor de la
Agencia Tributaria. También, señor Fragoso, introduce simplificaciones
administrativas al Real Decreto Ley 14/2002, de medidas de sostenibilidad
económica en el ámbito del transporte, estudio y eficiencia energética, y
al Real Decreto Legislativo 11/2022, para las consecuencias de la guerra
y la recuperación de la isla de La Palma. (La señora vicepresidenta,
Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia). Y hay algunas modificaciones
técnicas al texto que nos vino remitido por parte del Congreso. Y con el
consenso de prácticamente todos los grupos, y es verdad que con seis
enmiendas pendientes. Había ocho, dos de las cuales, una presentada por
el Grupo Mixto y otra presentada por el Partido Popular, han sido vetadas
por Hacienda. No voy a entrar en el fondo de esas enmiendas ni tampoco en
la forma, al estar vetadas por Hacienda por temas de ingresos y gastos,
como ustedes conocen. Evidentemente, esa discusión corresponderá a otro
marco, a otro debate de esta Cámara seguramente, pero no en la ley que
hoy estamos debatiendo.


En cuanto a las enmiendas, animando,
evidentemente, a que se mantengan los votos favorables a esta ley de
todos los grupos políticos, respecto a las presentadas por Vox quiero
decir que son enmiendas que afectan fundamentalmente a la forma y no al
carácter sustantivo de la ley; desde nuestro punto de vista tienen poca
relevancia en cuanto al contenido, al carácter sustantivo de la ley. Las
tres enmiendas de Vox, números 6 a 8, tanto la relativa al preámbulo como
a la modificación de los apartados cinco y seis, hacen referencia a la
comprobación limitada de datos por parte de la Agencia Tributaria en
relación con la contabilidad mercantil de las empresas. ¿Qué plantea Vox?
Fundamentalmente, que la Agencia Tributaria no se va a limitar a lo que
la ley o el texto legal dicen que se tiene que limitar. Evidentemente,
nosotros no estamos de acuerdo con la enmienda presentada porque la ley
dice lo que dice, y esa comprobación limitada se refiere solo y
exclusivamente a comprobar la contabilidad mercantil de la empresa en
relación con los datos que obren en poder de la propia Agencia
Tributaria, y nada más. Y como eso dice la ley, con eso nos quedamos, y
creo que ustedes también estarán de acuerdo, sin que se pueda extender
más allá. Luego hacen una referencia al lugar de realización de la
inspección. En este sentido, evidentemente, una vez aclarado el primer
aspecto, entendemos que el lugar de celebración de la comprobación por
parte de la Agencia Tributaria no es relevante con respecto al contenido
global de la ley.


Respecto de las enmiendas 2 a 4, del Grupo
Parlamentario Popular, también son fundamentalmente enmiendas de forma,
más que sustantivas. En cuanto a la referencia al término funcionario o
empleado público, todos sabemos que en España la inspección tributaria se
realiza —lo dice el artículo 142 de la Ley general
tributaria— por funcionarios. A partir de ahí, si otras
administraciones u otros Estados utilizan otra terminología, creo que la
solución para esas inspecciones conjuntas resulta extraordinariamente
sencilla, pero nosotros nos tenemos que acoger a lo que nuestra
legislación marca y a que son los funcionarios en este caso quienes
pueden hacer esas inspecciones tributarias.


En relación con la notificación de diez días, a
la que hacen referencia, la propia Ley general tributaria dice en su
artículo 104 que el plazo de resolución es de seis meses, mientras que
aquí estamos hablando de sesenta días, por lo tanto, es un margen de
plazo extraordinariamente favorable que, desde luego, no dificulta las
labores que se realizan. Y respecto del plazo de seis años, es verdad que
la contabilidad mercantil hay que guardarla seis años, pero también lo es
que hay otros plazos, en este caso en cuanto a las posibles inspecciones
o al mantenimiento de la información cuando las liquidaciones de las
empresas son negativas, cuando hay que compensar bases o cuotas de años
anteriores, en el blanqueo de capitales o en el derecho penal, que
establece plazos más amplios para eso. En ese margen de cinco a diez
años, acogernos a los diez años para el mantenimiento de la contabilidad
creo que tampoco debe ser óbice para la aprobación de esta ley.


Señor Fragoso, quiero finalizar trasladándole
que el Gobierno no tiene ninguna intención de abandonar sus tareas a
partir de las próximas elecciones, como usted parece pretender, y que si
algo le preocupa a este Gobierno y a este grupo parlamentario es,
evidentemente, la protección del contribuyente, porque gracias a esa
protección del contribuyente y a la recaudación fiscal que hacemos se
pueden ampliar los derechos de todos los ciudadanos. Y ese es nuestro
objetivo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Señorías, pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la senadora Rodríguez de Millán Parro.


La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias,
presidenta.


La verdad es que el Partido Socialista ha
tenido una forma bastante pobre de justificar el rechazo a nuestras
enmiendas. Además, en una ley que debe surgir de la negociación, razón
por la cual se presentan enmiendas y se negocian, resulta que el Partido
Socialista decide lo que es relevante y lo que no lo es, de manera que
esto parece más un contrato de adhesión que otra cosa. Pero, claro, este
proyecto de ley es el paradigma de la trayectoria de este Gobierno en
materia legislativa, un Ejecutivo que muchas veces usurpa el Poder
Legislativo, que corresponde ordinariamente a las Cámaras legislativas,
al usar abusivamente del decreto ley y que otras veces impulsa
tramitaciones como esta, tramitaciones caóticas que producen textos
caóticos, inconexos y chapuceros. Es un proyecto que traspone cuatro
directivas, que trata temas distintos entre sí, que modifica varias leyes
y que parchea las deficiencias en la gestión tributaria que padecemos. Es
una manera atropellada de sacar adelante normativa, que incluso
escandaliza ya al propio Consejo de Estado, como refleja en el dictamen
que ha emitido y en el que avisa al Partido Socialista de utilizar
justificaciones de forma fraudulenta y de que se está menoscabando el
control de la legalidad y de la constitucionalidad.


De las cuatro directivas, solamente una, la que
corresponde a la digitalización de las sociedades, tenía vencimiento, y
tampoco consta ningún recurso de la Comisión contra España por retraso en
estas normas, con lo cual el requisito de urgencia que ustedes alegan
para traer estos textos y que tratan siempre de justificar vuelve a ser
inexistente. Esta forma de elaborar leyes es un auténtico desprecio a las
Cámaras y a todos los colectivos que buscan colaborar para mejorar el
texto. Esta debe ser la calidad democrática de sus normas que alegan
constantemente, pero nada más lejos de la realidad, porque a esto
simplemente se le llama rodillo, que es el que llevan aplicando desde que
comenzó la legislatura.


De todo el popurrí de leyes inconexas que nada
tienen que ver las unas con las otras con lo que no podemos estar de
acuerdo de ninguna manera es con el reconocimiento de las facultades a
los órganos de gestión tributaria, que hasta ahora les están expresamente
vetadas, de una forma excesiva y privando al contribuyente de las
garantías que solamente le ofrece la Inspección, porque no da igual que
los órganos de gestión se dediquen o no de manera encubierta a la
inspección. Es muy importante que los órganos de gestión se dediquen a
aquello para lo que están creados, que es la comprobación de datos
declarados en el marco de una actuación absolutamente reglada donde no
cabe la discrecionalidad, y que los órganos de inspección se dediquen a
aquello para lo que están cualificados, que es para la valoración de
hechos jurídicos, porque un mal funcionamiento de la Administración
tributaria lo acaba pagando siempre, sí o sí, el contribuyente. De manera
que, antes de hacer experimentos con los órganos de la Administración
tributaria, tal vez lo que tendría que hacer el Gobierno es poner orden
en la propia agencia. Porque lo que en todos sitios está regulado por
leyes y reales decretos de atribución de competencias en la agencia está
regulado por una relación de puestos de trabajo. En Hacienda, la
competencia de los órganos de gestión la otorga la relación de puestos de
trabajo. La Ley general tributaria no dice nada al respecto ni tampoco
los sucesivos reales decretos que han venido regulando la estructura
orgánica del ministerio. Así pues, este Gobierno no ha puesto fin a las
indeterminaciones que deben ser erradicadas de una materia tan sensible
como la tributaria y, por el contrario, insiste en el desprecio a la
tramitación legislativa, el funcionamiento de las Cámaras y los más
básicos procedimientos parlamentarios.


Nosotros rechazamos esta forma mal hecha de
hacer las cosas; una forma opaca, básicamente como al Gobierno le da la
gana, comprometiendo el voto de los asuntos que se discuten, corriendo y
dando buena cuenta de lo que le importa la calidad legislativa de las
normas que aquí se sacan adelante. Y rechazamos, en la parte sustantiva,
la deslegalización que se pretende respecto de estos determinados órganos
de gestión tributaria, porque al final los fallos de estos los van a
pagar los de siempre: el conjunto de los españoles.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático,
¿intervendrá algún senador? (Pausa).


Senador Sánchez López, tiene la palabra.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señora presidenta, con
la venia.


Señorías, no nos opondremos a la aprobación de
este proyecto de ley porque supone la trasposición de una directiva
europea en materia de cooperación administrativa y en el ámbito de la
fiscalidad. Esta normativa persigue mejorar el intercambio de información
y cooperación administrativa en la Unión Europea, extendiéndolo a nuevos
ámbitos, como los de los operadores digitales, en una economía cada vez
más digitalizada. Y no nos opondremos porque siempre estamos por las
medidas que persigan recaudar, no necesariamente más, pero sí de manera
mejor y más eficiente, persiguiendo el fraude allí donde esté o tratando
de evitarlo allí donde tenga potencialidad para introducirse.


Qué duda cabe de que la economía digital, que
nos rodea cada vez en más ámbitos de nuestra vida, tiene potencial para
constituir un pozo importante de fraude, deslocalizaciones ficticias y
una ausencia injustificada de recaudación para las arcas públicas que
debemos atajar, máxime si lo hacemos, como en este caso, de la mano de
Europa. En este sentido, encontramos positiva la nueva regulación sobre
los controles simultáneos que está consensuada a nivel europeo o las
inspecciones conjuntas, así como la nueva obligación de información de
los operadores de plataformas digitales. Sobre esto queremos hacer una
salvedad, y es, señorías, la necesidad de que estén aprobadas las normas
reglamentarias que deben desarrollar esta nueva obligación de información
para las plataformas digitales antes de que dicha obligación entre en
vigor, y que, si no estamos en un error, carece aún de desarrollo
reglamentario.


A pesar de no oponernos a esta norma por la
importancia de las muchas cuestiones que regula y por su aprobación, que
es un mandato europeo, no puedo dejar de discrepar de algunos modos
parlamentarios con que se ha manejado y, como siempre decimos, por la muy
cuestionable técnica legislativa, que entorpece el debate, el rigor
parlamentario y la labor de muchos grupos de la oposición. Acabamos de
experimentarlo en el proyecto ómnibus del último Pleno, en el que se
traspusieron hasta cinco directivas europeas inconexas y sin relación
alguna entre sí, sobre cuestiones tributarias, migratorias, jurídicas y
medioambientales, la última de las cuales se incorporó a través de una
enmienda. El Consejo de Estado ya ha tenido que denunciar en varias
ocasiones este modo de legislar, y volvemos con el proyecto que hoy vamos
a aprobar y cuyo contenido primitivo podríamos apoyar, que se ha visto
modificado con hasta veinticinco autoenmiendas de los grupos
parlamentarios del Gobierno, la mitad de ellas introducidas en el
Congreso y el resto en el Senado. El Gobierno se enmienda a sí mismo, no
solo con cambios en el texto original de la iniciativa que ahora nos
ocupa, sino en normas aprobadas por él mismo hace apenas unos meses, o
sea que no solo cambia la norma que trae aquí, sino que cambia normas que
hace unos meses hemos aprobado a instancia suya. Son enmiendas, señorías,
que en un proyecto sobre cooperación administrativa internacional
introducen cambios en nuestras leyes domésticas en el ámbito del IVA, del
impuesto sobre sociedades o del impuesto sobre la renta de no residentes,
que no guardan ninguna relación con el objeto principal de la norma. En
definitiva, hablamos de una tramitación caótica. Por tanto, aunque íbamos
a apoyar el proyecto inicial y el espíritu de este, por estos trámites
caóticos no vamos a votar en contra, pero nos abstendremos.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.


En esta ley se lleva a cabo todo un conjunto de
trasposiciones de directivas. Adaptar nuestra ordenación jurídica a lo
que Europa nos manda creo que siempre es positivo. Europa siempre ha sido
en muchos ámbitos el faro que ha hecho que España avance; en los temas
medioambientales no cabe duda de ello. Creo que es importantísimo seguir
avanzando en la persecución del fraude fiscal y la evasión fiscal y, por
tanto, cualquier iniciativa que llegue al Senado para luchar contra el
fraude fiscal y la evasión fiscal va a contar con nuestro apoyo. En esta
sociedad informatizada tenemos que potenciar el intercambio de
información. La información es poder, y conseguir que estas informaciones
se pueden intercambiar entre las diferentes administraciones y los
diferentes Estados es clave para perseguir la evasión fiscal y adaptarse
a las nuevas realidades. Si la economía se está digitalizando, los
métodos de persecución de la evasión fiscal tienen que digitalizarse,
tienen que ser compatibles y poder utilizarse y demostrarse que son
prueba. Por tanto, hoy procedemos a un gran avance.


También es importantísimo dar cobertura a los
funcionarios que hacen estas funciones fuera del Estado. Si tenemos que
hacer inspecciones conjuntas y trabajar de forma conjunta, porque,
evidentemente, somos un espacio económico conjunto, los funcionarios
deben poder actuar con todas las garantías jurídicas y los procedimientos
tienen que asegurarse. Los mecanismos de planificación fiscal
transfronteriza han demostrado que favorecen a los que más dinero tienen,
a aquellos que tienen más recursos para evadir. Los ciudadanos normales
no llegan a esos mecanismos, los que llegan son aquellos que tienen todos
los recursos para hacerlo posible y para ir siempre un pasito más
adelante de lo que va la normativa. Luchar contra el fraude fiscal,
luchar contra la evasión es clave básicamente para el sostenimiento de
los servicios públicos. Y no nos cansaremos de decirlo: con los impuestos
se pagan los servicios públicos, con los impuestos se paga la educación,
la sanidad, los servicios sociales. Por tanto, es importantísimo que
todos contribuyamos. Es importantísimo ese famoso eslogan que en los
años 80 decía: Hacienda somos todos. Hoy en día ese eslogan, que tuvo un
gran éxito, se tendría que adaptar a la realidad. Hacienda somos casi
todos, menos el jefe del Estado. Y, evidentemente, en la campaña de renta
que se ha iniciado hace poquito el eslogan debería ser: Vengan todos a
hacer la declaración de Hacienda. El Bribón ha vuelto a navegar, pero no
va a declarar.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Nacionalista, el senador Cleries i
Gonzàlez tiene la palabra.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies,
presidenta. Si me lo permite, intervendré brevemente desde el
escaño.


La trasposición de la Directiva
europea 2021/514, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito
de la fiscalidad, tiene como objetivo mejorar la cooperación entre los
Estados miembros de la Unión Europea en materia de fiscalidad. En
concreto, la directiva establece las reglas y procedimientos necesarios
para que los Estados miembros intercambien información fiscal de manera
eficaz y eficiente. Esto incluye la obligación de intercambiar
información sobre las rentas, los ingresos, las transacciones financieras
transfronterizas entre los Estados miembros, así como la obligación de
notificar a los demás Estados miembros cambios importantes en la
situación fiscal de los contribuyentes. La directiva también establece
normas para garantizar que los Estados miembros se comuniquen de manera
efectiva y oportuna entre sí en relación con la fiscalidad de las
empresas multinacionales y para evitar la doble imposición en el caso de
los acuerdos previos de precios de transferencia.


Como conclusión general, la directiva viene a
mejorar la transparencia fiscal y prevenir la evasión fiscal en el ámbito
de la Unión Europea. En Junts per Catalunya siempre abogamos por que el
Estado avance lo más rápidamente posible en trasponer todas las
directivas europeas. Esta es una de ellas, se ha hecho un esfuerzo en
parte para acordar varios temas y, por tanto, daremos apoyo a este
proyecto de ley.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, la senadora
Etxano Varela tiene la palabra.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidenta.
Egun on guztioi.


En primer lugar, votaremos a favor de este
Proyecto de Ley de trasposición de la Directiva 2021/514, conocida como
la DAC7, que tiene como objetivo mejorar el marco existente para el
intercambio de información y la cooperación administrativa en la Unión
Europea, así como ampliar dichos fines a ámbitos nuevos con el fin de
abordar los desafíos que plantea la digitalización de la economía. Esta
ley permitirá a las administraciones tributarias recaudar los impuestos
de mejor forma y de manera más eficiente, estableciendo una nueva
obligación de información precisamente respecto a los operadores de las
citadas plataformas digitales y, en definitiva, mejorar la transparencia
fiscal y prevenir la evasión fiscal en el ámbito de la Unión Europea. Es
un proyecto de ley que no hace más que seguir el continuo proceso de
mejora de la cooperación entre administraciones tributarias de los
Estados miembros de la Unión Europea mediante el intercambio de
información. Se centra, además, en tres ámbitos fundamentales: el
perfeccionamiento de la DAC6, la directiva 2011/16 de la Unión Europea,
el establecimiento de una nueva obligación de información de los
operadores de plataformas digitales, y la implantación de las denominadas
inspecciones conjuntas, que podrán realizar las administraciones
tributarias de los Estados miembros respecto a aquellos contribuyentes de
interés común. Obviamente, esta trasposición al derecho interno de la
DAC7 es un proceso que deben hacer las distintas haciendas del Estado,
que les recuerdo que son cinco. Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa
también están tramitando estos proyectos de ley.


En segundo lugar, quiero mencionar —lo
hice también en comisión— la mala técnica legislativa a la que creo
que no nos debiéramos acostumbrar. En la ponencia aceptamos las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Algunas, las menos,
tienen que ver con el texto que aprobamos, pero yo me voy a referir a dos
que no tienen que ver expresamente con el texto aprobado. Me refiero a
las enmiendas números 15 y 16. Ambas modifican, a través de disposiciones
adicionales, dos reales decretos: el 14/2022, de medidas de
sostenibilidad económica en el ámbito del transporte y en materia de
becas y ayudas al estudio, y el 11/2022, por el que se prorrogan
determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y
sociales de la guerra en Ucrania. Ambos reales decretos fueron
convalidados por nuestro grupo, y el compromiso del Gobierno con los
distintos grupos que los convalidamos fue que se tramitaran como proyecto
de ley. En el caso del primero que he nombrado, el plazo de presentación
de enmiendas está cerrado desde el 13 de octubre de 2022 y pendiente de
la constitución de ponencia; por tanto, su tramitación está paralizada.
En cuanto al segundo, el plazo de presentación de enmiendas se ha
prorrogado veintinueve veces; por tanto, también está paralizado o con
poca voluntad de cerrarlo y llevarlo a ponencia. Fíjense en que
tramitando como proyecto de ley este último real decreto, el 11/2022,
podrían haber solucionado, además de lo que hoy vamos a aprobar a través
de una enmienda del Grupo Socialista, otras cuestiones, por ejemplo, que
accedan a la ayuda de 200 euros pensionistas y/o las perceptoras y los
perceptores del ingreso mínimo vital, que inexplicablemente quedaron
fuera de este real decreto.


Con esto quiero decir que modificamos dos
aspectos de estos dos reales decretos que nos parecen razonables y por
eso hemos apoyado las enmiendas. Pero se deberían haber abordado
—tiempo ha habido— en su tramitación como proyectos de ley,
atendiendo a los compromisos que adquirió el Gobierno y no, como se hace
de forma tan habitual, paralizando la tramitación una vez que se
convalidan los reales decretos leyes. Esto, sin hablar de la urgencia
para la firma de las enmiendas en el último último momento, que salen más
por la responsabilidad de los grupos de esta Cámara que por la
responsabilidad del Gobierno, que las presenta, como digo, en el último
momento. Como dije en comisión, si hiciéramos mejor las cosas, mejoraría
el cumplimiento de los compromisos y también notablemente la técnica
legislativa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el senador Martí
Deulofeu.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidenta.


Señorías, la norma que se quiere trasponer con
la aprobación del presente proyecto de ley, conocida como DAC7, se
inserta en la regulación de la Unión Europea sobre cooperación
administrativa en el ámbito de la fiscalidad, que ya tiene su origen en
la aprobación de la directiva de 2011, conocida como DAC1, objeto también
de sucesivas modificaciones con el fin de dar cabida a nuevas iniciativas
de la Unión Europea en el ámbito de la transparencia tributaria. Estas se
han centrado fundamentalmente en el establecimiento de obligaciones de
comunicación de información a cargo de los obligados tributarios y el
subsiguiente intercambio de información entre las autoridades tributarias
competentes de los Estados miembros, que cuentan ahora con un conjunto
más amplio de herramientas de cooperación para detectar y combatir los
distintos tipos de fraude fiscal, evasión fiscal y elusión fiscal.


La Directiva DAC7 tiene como principales
objetivos mejorar el marco existente para el intercambio de información y
la cooperación administrativa en la Unión Europea, así como para ampliar
la cooperación administrativa a ámbitos nuevos con el fin de abordar los
desafíos que plantea la digitalización de la economía y ayudar a las
administraciones tributarias a recaudar los impuestos de una forma mejor
y más eficiente, a cuyo efecto se establece una nueva obligación de
información respecto de los operadores de las plataformas digitales y los
servicios que estas prestan. A tal fin, como señalaba el Consejo de
Estado en su dictamen, mediante la incorporación de la directiva DAC7 se
pretende el reforzamiento de los instrumentos de cooperación
administrativa e intercambio de información en el ámbito internacional y
de la Unión Europea y la articulación del marco normativo necesario para
afrontar los retos de la digitalización de la economía, y garantizar
asimismo el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias
correspondientes a los mencionados servicios de plataformas digitales,
habitualmente —este es un matiz importante que también comenté
durante el transcurso de la comisión— servicios que se prestan con
carácter transfronterizo y que se ofrecen —también lo he comentado
antes— a través del uso de plataformas.


Por todo lo mencionado, entendiendo que al
final el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo es una más de las
normativas necesarias para hacer frente al fraude fiscal, la evasión
fiscal y la elusión fiscal, el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu va a votar favorablemente al proyecto de
ley.


Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias,
señorías. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Alía Aguado.


La señora ALÍA AGUADO: Gracias,
presidenta.


Como venimos hablando, en esta trasposición la
idea es ofrecer transparencia entre Estados miembros y entre estos y los
contribuyentes, de ahí que las enmiendas que ha defendido mi compañero
Fran sean concretas y siempre con la finalidad de aportar. Porque
apostamos por la transparencia, no podemos estar de acuerdo con las
enmiendas de otros grupos y su oposición a la no utilización de la
contabilidad mercantil por parte de los órganos de gestión tributaria.
Ocultar la información no nos lleva a ninguna parte, pero tampoco creo
que actualmente la Agencia Tributaria esté pendiente de la modificación
de la ley, pues actúa a su antojo en lo referente a la revisión de
expedientes. Hoy en día se lanza una campaña de comprobación y de
revisión de libros contables, el de sociedades, y de libros de ingresos y
gastos para los contribuyentes personas físicas.


Estamos ante una modificación normativa que,
entre otros, da un papel importante a la contabilidad. Es el medio para
que autónomos y empresas puedan, a la hora de enfrentarse a la
Administración, a la Agencia Tributaria, demostrar que sus negocios
reflejan la imagen fiel. Como decía Fran, nos han vetado la enmienda
número 5 alegando motivos presupuestarios, disminución de ingresos
presupuestarios, y se callan el no ahorro en gasto público, el
despilfarro desmedido de este Gobierno. Entendemos que, claro, hay un
cambio de jurisprudencia que viene a modificar una doctrina muy
consolidada del Tribunal Supremo, pero eso no lo tenían ustedes previsto
a 31 de diciembre en los Presupuestos Generales del Estado. Entonces,
¿por qué nos vetan la enmienda poniendo esa excusa tan absurda? Porque es
una enmienda del Partido Popular, y si no les gusta, prohibir es lo más
fácil y rápido. Nosotros, sin embargo, tenemos otro talante.






A pesar de
haberse celebrado la pasada semana la Comisión de Hacienda, ustedes nos
han propuesto modificaciones al proyecto de ley, en concreto, modificando
el texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina
mercante, pero precisamente por eso, porque tenemos otro talante distinto
al suyo de vetar, lo hemos firmado.


Les voy a recordar que, sin embargo, han sido
ustedes listos y utilizando la coyuntura han tenido en cuenta propuestas
del Partido Popular cuando en su momento, en el mes de diciembre,
tratamos en el Pleno la ley que regula el impuesto de solidaridad de las
grandes fortunas, pues han aprovechado ese texto para introducir una
disposición adicional tercera referente a los beneficios fiscales
aplicables a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad
constituidos con arreglo al derecho civil propio autonómico. Cuando se
trató en su momento el impuesto en esta Cámara, les advertimos y les
propusimos que tuvieran en cuenta la reducción en la base imponible del
importe aportado a los patrimonios protegidos de personas con
discapacidad, pero hasta que no hemos llegado a esta trasposición para
modificar la Ley general tributaria no han tenido en cuenta esa
modificación. La verdad, aunque tarde, recapacitaran y corrigen, eso sí,
por aquel entonces no lo tuvieron en cuenta ni dieron su brazo a torcer;
por fin, hoy lo tenemos en el texto.


También les quiero hablar de otra de las
figuras introducidas por esta trasposición, que es la autoliquidación
rectificativa como medida de agilización en las relaciones tributarias
entre el contribuyente y la Administración. Nos parece acertado, siempre
y cuando la presentación de estas autoliquidaciones no genere costes
añadidos a los contribuyentes mediante sanciones, como viene siendo
habitual en casos similares cuando se presenta una declaración
complementaria que se considera extemporánea por parte de la Agencia
Tributaria y como tal lleva consigo una sanción y unos intereses de
demora. Esperamos que esta liquidación rectificativa no conlleve fines
recaudatorios.


En definitiva, entendemos que al intercambio de
la información y a la cooperación administrativa en la Unión Europea debe
dárseles la importancia que merecen con el fin de establecer los
controles relacionados con la digitalización económica, y en el Partido
Popular también trabajamos para conseguirlo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Godoy Tena.


La señora GODOY TENA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Como ya se ha dicho por parte de todos los
intervinientes, y me van a escuchar repetirme, estamos ante un proyecto
de ley que tiene como finalidad principal incorporar a nuestro derecho el
contenido de la Directiva 2021/514, que modifica la 2011/16. Esa
Directiva, la 2011/16, de febrero de 2011, estableció un sistema para la
cooperación administrativa segura entre las autoridades tributarias
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y dispuso normas y
procedimientos para el intercambio de información a efectos
fiscales.


Ha sido revisadas seis veces, esta sería la
séptima, por eso hablamos de DAC7. La última, la DAC6, fue en diciembre
de 2020, curiosamente me tocó también a mí, que incidía en nuevas y más
potentes herramientas de transparencia fiscal que han ayudado contra la
planificación fiscal agresiva y abusiva y en la lucha contra estos
mecanismos de elusión y evasión fiscal mediante la implicación de
jurisdicciones tributarias de varios países. Con la de ahora, con la
DAC7, continuamos con lo ya arrancando en el 2011 y tiene como
principales objetivos, que se han enumerado: mejorar el marco existente
para el intercambio de información; la cooperación administrativa de la
Unión Europea en el ámbito de la fiscalidad con iniciativas en el campo
de la transparencia tributaria, así como ampliar la cooperación
administrativa a ámbitos nuevos como es la digitalización de la economía,
que es lo más novedoso de esta trasposición, y ayudar a las
administraciones tributarias a recaudar los impuestos de una forma mejor,
más eficiente, a efectos de establecer una nueva obligación de
información respecto a los operadores de las plataformas digitales,
también una de las mayores novedades, si no la mayor, de esta
trasposición. Hay que recordar que España además ha firmado acuerdos
multilaterales en la OCDE; el modelo de reglas, como se denomina, es
parecido a la DAC7, en particular con normas y procedimientos de
diligencia debida.


Por todo ello, con este proyecto de ley
ampliamos las herramientas de cooperación para detectar y combatir los
distintos tipos de fraude, evasión y elusión fiscal. Como se ha dicho
aquí, y como señala el Consejo de Estado, esta norma afronta los retos de
la digitalización de la economía y garantiza el correcto cumplimiento de
las obligaciones tributarias a servicios, habitualmente transfronterizos,
que se ofrecen a través del uso de plataformas.


Esta reforma de la ley conlleva una reforma
parcial de muchas leyes —entre ellas, la más significativa es la
Ley general tributaria—, regulando el régimen de inspecciones
conjuntas, como se ha dicho, y los controles simultáneos, así como
creando la autoliquidación rectificativa, reconociendo a la
Administración Tributaria la facultad de comprobar la contabilidad
mercantil —algo muy importante para constatar la coincidencia entre
lo que figura en la misma y la información que la propia Administración
posee— y estableciendo nuevas obligaciones de suministro de
determinada información a los que están obligados, precisamente los
operadores de las plataformas digitales, y con su régimen sancionador,
que nadie lo ha mencionado, pero que también está. También incluimos a
través de enmiendas —ha sido aprobada, y aprovecho nuevamente, ya
lo ha hecho mi compañero, para agradecer el apoyo del resto de los
grupos— modificaciones en la Ley del impuesto sobre el valor
añadido para garantizar la neutralidad del impuesto al permitir a los
empresarios y profesionales de las islas Canarias, Ceuta o Melilla
acogerse al régimen de importación del comercio electrónico en el IVA
porque quedaban fuera, operando como el resto de miembros que sí están en
el territorio. Ya se ha hablado acerca del impuesto sobre la renta de los
no residentes, así como del de sociedades.


En definitiva, todas las medidas contenidas en
esta propuesta de ley redundan en el beneficio de los contribuyentes y en
su actividad económica. Voy a poner unos ejemplos de los ingresos
obtenidos con estas DAC, desde la 1 hasta la 7. Por ejemplo, con la DAC1,
en cooperación administrativa, más de 152 millones desde 2019. Por
ejemplo, como consecuencia de las actuaciones de comprobación, en 2021
más de 540 millones. Y se han conseguido ajustes en bases imponibles por
valor de 5578 millones, un 81,3. Básicamente, lo más relevante de este
proyecto, sin lugar a duda, son estas medidas legislativas que van a
conseguir que detectemos rentas ocultas obtenidas en otros países,
proteger los legítimos derechos de la tributación de nuestros países,
evitar que suframos mermas en los ingresos fiscales que impidan que
apliquemos políticas favorables al crecimiento económico y el gasto
social.


Ya se ha dicho —y nosotros también lo
defendemos, como he hecho otras veces— que, gracias a la
recaudación de los impuestos, se pueden hacer las políticas sociales y
las políticas públicas en este país. (Aplausos). Abogamos por eso y
pretendemos conseguir que afloren esos ingresos que ayudan a financiar
esas políticas públicas, contribuyen a garantizar la distribución de la
riqueza y la reducción de las desigualdades, aseguran y amplían los
servicios públicos, en definitiva, consolidan los pilares básicos del
bienestar. Y, además, lo hacemos demostrando que es eficaz la cooperación
entre los Estados. Espero que continuemos con el gran consenso que hemos
obtenido y que he escuchado en boca de los portavoces y que aprobemos
esta ley por una gran mayoría, porque somos y pretendemos ser
transparentes ante todo, pero, sobre todo, queremos conseguir los
suficientes ingresos para que nuestros jóvenes, por ejemplo, tengan todas
las becas que necesiten, que es lo que ha sucedido este año con el mayor
incremento en becas de la historia de este país, y para eso trabajamos en
el Gobierno de Pedro Sánchez.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.


Señorías, finalizado el debate del Proyecto de
Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general
tributaria, en trasposición de la Directiva de la Unión Europea 2021/514
del Consejo, de 22 de marzo de 2021, por la que se modifica la
Directiva 2011/16, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito
de la fiscalidad y otras normas tributarias, se procede, a continuación,
a abrir el plazo de una hora para que emitan el voto electrónico remoto
los senadores autorizados y realicen las votaciones previstas
reglamentariamente, desde este momento, en que son las diez horas y diez
minutos de la mañana, hasta las once y diez minutos. Asimismo, les
recuerdo que la votación presencial de este proyecto tendrá lugar, una
vez finalizado ese plazo, cuando sea anunciado por la Presidencia.









TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO
PENAL.


622/000055

GPERB
GPIC
GPN


Autores: GPERB, GPIC y GPN


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los
puntos 5.2. y 5.2.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para
la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra, en primer
lugar, el senador Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista.


El señor CERVERA PINART: Gracias,
presidenta.


Bon día, senyorias. Los grupos parlamentarios
Esquerra Republicana-Euskal Herría Bildu, Izquierda Confederal y el
Nacionalista presentamos para su toma en consideración una Proposición de
Ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.
Consiste esta modificación en añadir un nuevo artículo, el 2 bis, y dos
disposiciones finales con la finalidad de evitar que los artículos 1 y 2
del Código Penal impidan juzgar y condenar actos u omisiones que en el
momento de su comisión constituían, según el derecho reconocido por las
naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos señalados
en los capítulos II, II bis, III y IV del Título XXIV del Libro II del
Código Penal; finalidad que permitiría corregir la situación generada en
el Estado español respecto al mantenimiento de una impunidad derivada de
la falta de investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos
por la dictadura franquista, así como el enjuiciamiento de sus
responsables al amparar el principio de legalidad establecido en los
artículos 1 y 2 del Código Penal.


Al entender de los grupos proponentes, se hace
necesario incorporar al derecho interno una disposición contenida en
diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español
para que a las víctimas de la dictadura y a sus familiares les sea
reconocido de forma eficaz su derecho de acceso a la justicia conforme a
los estándares exigidos por el derecho internacional de los derechos
humanos. Desde el prisma del derecho internacional, la garantía y el
principio de legalidad e irretroactividad en la aplicación de la ley
penal desfavorable no queda vulnerado con la aplicación de un tipo penal
no existente en nuestro derecho interno en el momento de su comisión,
pero sí existente en el derecho penal internacional. Y de esto es de lo
que se trata, de aplicar los artículos 607.1 y 607 bis del actual Código
Penal a hechos anteriores a su aprobación y entrada en vigor, pues los
delitos que tipifican se encontraban ya vigentes en derecho
internacional.


Los delitos de genocidio y crímenes de lesa
humanidad estaban definidos de forma clara y comprensible a nivel
internacional previamente a que fueron cometidos por la larga dictadura
franquista. Consecuentemente, el crimen contra la humanidad como norma de
prohibición o mandato previamente a su comisión, reunía los
imprescindibles requisitos de certeza o accesibilidad y previsibilidad,
convirtiéndose en el test de control de suficiencia sobre la claridad y
precisión de la definición del crimen internacional. El Estado español es
parte de la mayoría de tratados internacionales en materia de derechos
humanos en los que se recogen los derechos de las víctimas como la
obligación de los Estados a perseguir penalmente crímenes internacionales
cometidos en su territorio. De conformidad con el principio de derecho
internacional pacta sunt servanda, los Estados están obligados a cumplir
sus compromisos internacionales, no pudiendo invocar a su derecho interno
como justificación para su incumplimiento. Así, al objeto de clarificar
definitivamente la cuestión, entendemos el grupo de proponentes que es
necesario clarificar definitivamente la cuestión, incorporando a nuestro
derecho interno las disposiciones necesarias para reforzar jurídicamente
el principio de legalidad desde una perspectiva de derecho internacional
de los derechos humanos.


Por todo lo expuesto, y por lo que añadirá a
continuación el senador Reniu, les pido que apoyen esta toma en
consideración para que todos tengamos la posibilidad de ahondar en el
contenido y en la forma de esta proposición.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Para la defensa también de esta toma en consideración,
tiene la palabra, por el Grupo Esquerra Republicana-EH Bildu, el senador
Reniu Vilamala.


El señor RENIU VILAMALA: Gracias,
presidenta.


En primer lugar, es necesario agradecer a los
grupos parlamentarios Nacionalista y de Izquierda Confederal que, junto
con el nuestro, hayan unido sus esfuerzos en llevar hasta el Pleno esta
proposición de ley, instada en su momento hace más de dos años por la
Ceaqua, una coordinadora que lleva sobre sus hombros a miles de mujeres y
hombres luchando por obtener justicia. Persistir, persistir, persistir,
no queda otra, podría pensar alguien, ¿o sí? Hay otras posibilidades,
como la que constituye esta proposición de ley.


Señorías, el senador Cervera Pinart ya ha
presentado perfectamente los fundamentos sobre los que se sustenta, y
únicamente cabe incidir en lo que consideramos el núcleo de esta, el
principio de legalidad. Efectivamente, el meollo de la cuestión pivota
alrededor del alcance y la configuración de dicho principio, toda vez que
incluso en la doctrina jurídica las posiciones no son en modo alguno
unánimes; para ello, la discusión parlamentaria sobre cómo lo modulamos
adquiere no solo relevancia teórica sino, además y sobre todo, relevancia
práctica.


Seguro, seguro, seguro que, en su fuero
interno, más allá de consideraciones ideológicas de cada cual,
coincidirán sus señorías de casi todo el espectro político en que el
principio de legalidad debe incorporar en su aplicación judicial la
perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Con su
apoyo podremos discutir, así lo esperamos, si el alcance de ese derecho
internacional se limita únicamente al convencional o llega hasta el
consuetudinario o si cabe incluso incidir en el texto constitucional para
garantizar precisamente su plena efectividad. Seguro, seguro, seguro que
en su fuero interno están de acuerdo en que el tipo de delitos a los que
nos referimos, en esencia crímenes de guerra y lesa humanidad, deben ser
perseguibles, justiciables, condenables penalmente. Pregúntense sus
señorías cuál sería su posición si, y no lo deseamos en modo alguno, lo
vivieran en su entorno personal y/o familiar. Tiene fácil respuesta,
¿verdad? Por eso esperamos que apoyen la toma en consideración de esta
iniciativa para que pueda empezar su trámite parlamentario y así podamos
confrontar las visiones diversas que tenemos; podamos lanzar un mensaje a
todos los familiares que persiguen justicia que no están solos, que les
hemos escuchado y, que más allá de nuestras diferencias, vamos a ser
capaces de enfrentar el reto que hasta la fecha no se ha resuelto.


Como ha dicho el senador Cervera Pinart, son
varios los instrumentos internacionales que ha ratificado el Estado
español y que, por el principio pacta sunt servanda, le obliga a cumplir
dichos compromisos. Seguro, seguro, seguro que saben perfectamente que no
se puede invocar el derecho interno como justificación a dichos
incumplimientos. No sirve, desde la óptica del derecho penal
internacional, apelar a que en su momento el ordenamiento interno no
contaba con el tipo penal a que nos referimos. Estamos convencidos,
seguro, seguro, seguro de que la dictadura franquista no tenía en su plan
normativo la creación de un tipo penal de crímenes de lesa humanidad,
¿verdad? Como referencia de autoridad, acudan a los principios de
Núremberg, donde se establece diáfanamente el reconocimiento a la
preeminencia del derecho internacional para fundar la exigibilidad de
dichos delitos, exista o no tipificación interna. Pero vayamos más allá.
Nuestra posición aboga por la interpretación extensiva del citado
principio de legalidad, ampliando así su contenido al derecho
internacional consuetudinario, porque la base es simple: nullum crimen
sine lege. Todo crimen internacional de primer grado, como los que están
en la base de esta proposición de ley, si está recogido por una norma
internacional previa, es un hecho típico del derecho internacional, esté
o no reconocido en la correspondiente legislación interna.


En resumidas cuentas, desde nuestras posiciones
se hace indispensable incorporar al derecho interno español las
disposiciones necesarias, a fin de reforzar y ampliar el alcance de ese
principio de legalidad desde una perspectiva del derecho internacional de
los derechos humanos. Se lo debemos a aquellas familias a las que los
tribunales les siguen negando la instancia interior, como los familiares
de Gustavo Muñoz, asesinado por un tiro en la espalda en la Diada
de 1978, o a los de la familia Reboiras, asesinado igualmente, a los que
les han archivado su denuncia primera bajo la Ley de memoria democrática.
Seguro, seguro, seguro que sus señorías no dejarán solas a las familias
que persiguen sin descanso lograr hacer justicia no solo para los suyos
sino para todos nosotros. A fin de cuentas, esto no va de Esquerra
Republicana, de Euskal Herria Bildu, de Junts per Catalunya o de los
partidos de la Izquierda Confederal; va de todos nosotros, de cómo seamos
capaces de configurar un escenario de garantía jurídica para los crímenes
pasados, presentes y, por desgracia, futuros que nos permita mirar a los
ojos de esas familias y ver que sus lágrimas de impotencia se tornan en
lágrimas de alegría y alivio.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Señorías, ¿algún grupo desea intervenir en el
turno a favor de la proposición de ley? (Denegaciones). ¿Algún grupo
quiere hacer una intervención en contra de la toma en consideración?
(Denegaciones).


Pasamos entonces, señorías, al turno de
portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora Rodríguez de Millán Parro.


La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias,
presidenta.


Una representación de la izquierda que se
sienta en esta Cámara trae una iniciativa que vuelve a demostrar cómo la
izquierda impone su memoria selectiva; una memoria que solamente tiene un
color, olvidándose de la otra parte que existe en toda historia. Manosean
las leyes y los principios más elementales del derecho penal, pero lo
hacen porque se sienten con la libertad para ello, cómo no iban a hacerlo
después de haber suprimido incluso delitos para beneficiar a miembros de
sus partidos.


Solicitan la modificación del Código Penal
aludiendo a todo tipo de normativa nacional e internacional los mismos
que la han vulnerado sistemáticamente y que han pisoteado la Constitución
en nombre del proceso separatista y de la completa subversión de las
instituciones. ¿Tenían presente todas las leyes que enumeran en la
exposición de motivos cuando cometieron delitos de malversación, daños
contra la propiedad, ultraje a los símbolos de España, incumplimiento de
resoluciones judiciales y delitos contra la libertad de reunión, o se las
han aprendido exclusivamente para redactar una iniciativa con la que
tratan de ocultar su expediente criminal? ¿Por qué piden solamente la
retroactividad de tipos penales a unos y no a otros? Porque, puestos a
juzgar crímenes contra la humanidad, podríamos hablar, por ejemplo, del
pasado de Esquerra Republicana, proponente de la iniciativa; podríamos
hablar de Companys, principal responsable político de la mayor matanza de
catalanes de la historia. ¿Por qué no piden ustedes justicia para los
miles de catalanes asesinados bajo su gobierno?, víctimas que, por
supuesto, no tienen la menor importancia para Esquerra, que se dedicó a
represaliar junto con las fuerzas revolucionarias a todos los que no
pensaban como ellos. ¿Por qué no hablamos de los más de trescientos
asesinatos cometidos por ETA sin resolver hoy? ¿Los han condenado y han
pedido justicia para las víctimas? ¿Los ha condenado Bildu, una
organización terrorista que abandonó las armas porque le regalaron las
instituciones y hoy sostiene al Gobierno de España, para indignidad de
los españoles? No les importan todas esas víctimas. ¿Saben por qué?
Porque las consideran daños colaterales de su causa, y por eso las
ocultan cada vez que vienen aquí a reivindicar su concepto selectivo e
hipócrita de justicia. Bajo el Gobierno de Companys, solo Barcelona, se
establecieron cuarenta y nueve checas y cualquier cementerio de Cataluña
era utilizado para asesinar a todos los que no encajaban en el perfil de
buen catalán. Entre ellos, por ejemplo, todos estos periodistas que
aparecen en este listado que les muestro, con nombres, apellidos y fecha
de asesinato en Cataluña; 16 poetas; 51 funcionarios del Ayuntamiento de
Barcelona; 31 nobles; 16 socios del Barcelona; 199 militares y hasta 99
miembros de su propio partido, por no hablar de todas aquellas personas
asesinadas por ser católicas, 1541 sacerdotes asesinados. Esas son las
grandes víctimas olvidadas en toda esta pantomima de la memoria
histórica. ¿No eran eso crímenes contra la humanidad? ¿Eso no merece ser
juzgado? Estas son las cosas que pasaban bajo el paradisíaco Gobierno de
Companys, el santo laico del separatismo y la izquierda, opresor y
violador de la libertad y de la vida de muchísimos catalanes, para los
que, por supuesto, ustedes hoy aquí no reclaman dignidad. Ningún gobierno
se ha atrevido a juzgar estos crímenes que están tipificados, ni se
incluirán en la Ley de memoria democrática; por supuesto, tampoco las
matanzas de Paracuellos o de Torrejón, por poner un ejemplo, que también
son crímenes contra la humanidad, pero, claro, eso no interesa. ¿Han
condenado ustedes el golpe de 1930, apoyado por destacados socialistas,
por cierto, o el de 1934 contra la Segunda República, perpetrado por
socialistas y que ni siquiera han condenado, el PSOE de Largo Caballero o
de Indalecio Prieto, responsable de miles de muertes en la retaguardia
del Frente Popular durante la Guerra Civil? ¿Han condenado ustedes los
crímenes del comunismo condenados por el Parlamento Europeo en octubre
de 2019, ustedes, que dicen tanto querer homogeneizar con lo que dice
Europa? ¿Lo han condenado? Estamos ante la más pura hipocresía y postureo
de la izquierda, del nacionalismo y del golpismo, que se sabe impune,
gracias a la aquiescencia de un Partido Socialista que ha dejado de
recordar a Besteiro o a De los Ríos para entregarse a su pasado más
criminal.


A nosotros lo que nos preocupa es que se
aplique el Código Penal contra los golpistas en Cataluña y contra los
terroristas de ETA que aún no han respondido por sus
crímenes; 44 condenados de ETA integran hoy listas electorales gracias a
quienes les han blanqueado, una auténtica vergüenza nacional. Nosotros
les dejamos la historia a los historiadores, esa que tratan de ocultar
porque evidencia su pasado más criminal, un pasado que en cualquier país
democrático impediría que partidos como el suyo estuvieran hoy sentados
en la sede de la soberanía nacional. Nosotros estamos aquí para defender
a los españoles de sectarios como ustedes, que alimentan el odio y
necesitan cultivar el enfrentamiento para justificar su propia
existencia. Nosotros trabajamos para ofrecer a los españoles de hoy el
futuro que les han arrebatado, de un lado, los partidos que se decían
representantes de la derecha y les han traicionado y, de otro, los
partidos de la izquierda, entregados por completo al golpismo y a los que
han sembrado el terror en España. Nosotros no estamos en esas guerrillas
que libran cobardemente contra los muertos, de los que predican el A moro
muerto, gran lanzada. Nosotros no estamos para reabrir heridas, estamos
por la solidaridad nacional y la fraternidad entre españoles, fueran
quienes fueran sus abuelos. De manera que ustedes traigan esta iniciativa
a modo de oda a la legalidad, cuando la violan sistemáticamente en
Cataluña hurtando los derechos políticos más básicos, Bildu en el País
Vasco y el resto del separatismo allá por donde va, la verdad, es un
insulto a la inteligencia, una tomadura de pelo, además de una ofensa a
todos los españoles que padecen sus sectarias políticas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático,
intervendrá el senador Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señora presidenta,
señorías, público asistente, buenos días, bienvenidos.


La proposición de ley presentada tiene por
objeto la modificación del Código Penal para incorporar un precepto que
permita el enjuiciamiento de las conductas consideradas como crímenes
contra la comunidad internacional desde el mismo momento en que ya eran
reconocidos como tales. En concreto, propone la adición de un nuevo
artículo 2 bis, que permita este enjuiciamiento.


Lo cierto, señorías, es que si bien podríamos
estar de acuerdo con el contenido de la propuesta, ya hemos señalado no
en vano en múltiples ocasiones que por razones de seguridad jurídica,
principal principio que rige nuestro ordenamiento jurídico, no podemos
apoyarla. Pero, amén de por una cuestión técnica y de seguridad jurídica,
entendemos que lo decisivo realmente para los grupos proponentes no es la
democracia y la reconciliación ni el futuro de este país en el que no
creen —no se lo crean, señorías—, su objetivo final no es
otro que dinamitar el pacto constitucional de reconciliación. Los
proponentes hoy, como tantas otras veces —de hecho, cada vez que
tienen oportunidad lo hacen—, eliminan la reconciliación a la que
sus antecesores se comprometieron y quieren volver al escenario del
enfrentamiento y la confrontación.


Por otro lado, señorías, resulta paradójico que
se hable de delitos internacionales de lesa humanidad y que siempre se
olviden de algunos de ellos; al final, unos sí y otros no, y curiosamente
de algunos siempre se olvidan. Queremos recordarles a los grupos
proponentes que, si hablamos de crímenes de lesa humanidad, hay una banda
terrorista en este país que también los ha cometido, y muchos. Está
denunciada por esos crímenes de lesa humanidad porque es una banda
terrorista que propició el éxodo de parte de un pueblo —no lo
olvidemos— y muchísimo dolor; propició crímenes, secuestros,
asesinatos, amenazó y extorsionó, pero ustedes siempre se olvidan de
ellos, nosotros no, nosotros sí que los ponemos porque hay que hablar de
todos. Si vamos a hablar de crímenes hablemos de todos, pero ustedes
siempre obvian unos por interés. Si pretenden hablar de crímenes de lesa
humanidad, vamos a ser serios y hablemos de todos, pongámoslos sobre la
mesa.


Nosotros estamos a favor de mejorar, de sumar,
de no dividir, de no excluir. Estamos a favor del pacto constitucional,
de la reconciliación, de aprender de las lecciones del pasado, pero a la
vez, señorías, de mirar de una vez por todas al futuro y preocuparnos, de
paso, de las necesidades presentes, que es lo que nos ocupa.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Dudaba si bajar aquí, a
la tribuna, porque todavía huele a azufre, como mínimo. ¡Qué porquería
nos toca escuchar aquí! Que la impunidad del franquismo todavía continúa
con todo vigor es escuchar lo que se puede escuchar en esta tribuna. En
cualquier país democrático partidos fascistas como el que tenemos que
aguantar en esta Cámara no tendrían lugar, pero sabemos que España es
diferente.


La proposición de ley es muy fácil de leer, de
entender, de comprender, poco hay más que añadir para defender el texto
que hemos presentado. No es la primera vez que exigimos ese tipo de
propuestas, lo hicimos aquí cuando presentamos una ley de víctimas del
franquismo, que no prosperó, y también durante la tramitación de la Ley
de memoria democrática, con enmiendas que los grupos mayoritarios
rechazaron. Muchas de las autodeterminadas democracias actuales han
sufrido en su pasado etapas oscuras, terribles dictaduras, regímenes
totalitarios, invasiones, etcétera, que han dejado enormes cicatrices,
algunas de las cuales todavía están al rojo vivo, y muchas de estas
democracias han tenido que adoptar medidas simbólicas para intentar
reparar, aunque sea de manera simbólica, el mal sufrido por las víctimas,
porque ni una medalla, ni un diploma, ni una pensión, ni una compensación
económica, ni un monolito, ni un día para el recuerdo repararan el perder
parte o totalmente la vida. Nada repara el daño de una violación, una
paliza, un exilio, un presidio, un asesinato, un expolio de bienes, las
humillaciones, y estas democracias lo han podido hacer porque se derrotó
a estos gobiernos, a estas dictaduras, a estas invasiones y los nuevos
representantes políticos cortaron las cuerdas con este pasado, con los
genocidas de su pueblo, y se ha entendido que no eran medidas de rencor
ni de revancha lo exigido, sino que era simplemente justicia.


Al nazismo se le juzgó en los juicios de
Núremberg; el franquismo, continúa impune, y hoy lo han visto en esta
tribuna. Solo hay que salir, a modo de ejemplo, fuera de esta sala y ver
el busto que preside el pasillo que tenemos enfrente. En las democracias
avanzadas se sentó a los dictadores, colaboradores y cómplices, autores
de crímenes en el banquillo; en España no ha sido así, porque el propio
régimen no se derrotó ni se ha derrotado; murió Franco, pero dejó sus
rizomas de su Estado totalitario bien extendidos, atado y bien atado. El
franquismo dejó sus larvas en el Poder Judicial, en la jefatura del
Estado, en el subconsciente, en el poder económico y en el mediático. Uno
de los dos partidos que se van alternando en el poder fue creado por
ministros franquistas, como también lo fue el primero que accedió al
Gobierno de España. Continúan existiendo trazas de franquismo también en
las estructuras caciquiles de los partidos mayoritarios en demasiadas
formas, y si no teníamos suficiente con esto, de los lixiviados del
Partido Popular se crea un partido todavía más tóxico, que es el que hoy
viene aquí a insultar a la memoria democrática. Así es imposible
sacudirse ese pasado y depurar la autoría de los crímenes, cuando más que
de pasado estamos hablando de presente; lo han visto hoy y lo verán en
más intervenciones. Con la navaja al cuello se impuso una nada modélica
transición, que han querido dulcificar para los que no la vivimos en plan
ultimátum —o lo tomas o vuelves a algo peor; cállate, no mires
atrás, no pidas justicia; no apuntes con el dedo a los asesinos; perdona,
olvida, humíllate, ríndete, cállate—, haciéndonos tragar con
símbolos, con monarcas, con leyes injustas y dando un portazo con una ley
de amnesia —que mal bautizaron como de amnistía— para dejar
los cadáveres debajo de la alfombra o, mejor dicho, en las fosas y evitar
cualquier tipo de reparación o de justicia. Reconciliación, o sea, no
pidas justicia si no quieres que te pase como a tus antepasados
políticos; cállate.


Así, los crímenes de lesa humanidad quedaron
impunes y sus responsables en consejos de ministros o de administración
de empresas construidas sobre las costillas de los presos del franquismo;
podríamos hablar de Ferrovial, que está tan de moda. Y los asesinos
quedaron impunes.


Y así reposaron nuestros muertos en las fosas
hasta que, en 2007, el PSOE, experto en bombas de humo y teatrillos
ilusionistas, nos presentó, porque le hacían falta los votos de la
izquierda para la investidura de Zapatero, una Ley de memoria histórica
que el tiempo nos demostró que no ha servido para prácticamente nada.
Hemos retirado más símbolos Compromís yendo por todo el Estado, pueblo a
pueblo, calle por calle, que el Gobierno con la no aplicación de esta
ley. Se exhumaron algunos restos, pero sin judicializar los crímenes, y
se permitían partidos y fundaciones que continúan hoy haciendo apología
del franquismo, como vemos en esta Cámara.


Vista la farsa, presentamos dos veces nuestra
propia Ley de memoria de víctimas en el Senado, en la que exigíamos
acabar con la ley de amnesia; la primera no prosperó por el voto en
contra de los neofranquistas, entonces mayoritario en esta Cámara
—y perdón por lo de neo— y la abstención vergonzante del
Grupo Socialista. La segunda está en lista de espera. Mientras, el
Gobierno impulsó, con terrible desgana, la Ley de memoria democrática
ahora aprobada, en la cual, por cierto, se negaron a aceptar ninguna de
las numerosas enmiendas que le presentamos la izquierda —porque
veíamos, y el tiempo nos vuelve a dar la razón, que era una ley
insuficiente— y volvieron a decir no a acabar con la
impunidad.


Los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar
nunca impunes. Todos los crímenes y delitos cometidos durante el
franquismo han de entenderse como crímenes de lesa humanidad y, por lo
tanto, imprescriptibles. Por ello, ha de buscarse la justicia y la
reparación. Volvemos a exigir, una vez más, que la Ley 46/1977, de 15 de
octubre, de amnistía, sea derogada en todo aquello que ampare la
impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa
humanidad no pueden quedar nunca impunes. Nosotros lo hemos pedido muchas
veces; hoy lo hacemos con la presentación de esta proposición de ley.
Nosotros no somos los de los pactos de silencio, los de la impunidad, los
de la justificación, los que dan balones de oxígeno a personas como
Martín Villa cuando la justicia argentina intenta juzgarle por criminal y
aquí se le da cobertura legal y amparo; no somos los hipócritas que
sacamos a Franco del Valle de los Caídos para dejarlo en un mausoleo del
Estado y continuar pagando cada mes 750 euros de dinero público en
seguridad y mantenimiento de una tumba propiedad del Estado, un dictador
en una sepultura del Estado con honores de jefe de Estado. (El señor
presidente ocupa la Presidencia). No somos los que nos negamos a
retirarle en su día las medallas y privilegios al torturador Billy el
Niño ni los que tenemos alcaldes, presentados con nuestras siglas, que se
niegan todavía hoy a retirar calles y honores a dictadores o a símbolos
de la dictadura. Por ello, una vez más, decimos no a la impunidad de los
crímenes de lesa humanidad; decimos no al silencio, no al olvido, y una
vez más pedimos, con esta iniciativa legislativa, verdad, justicia y
reparación.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tomará
la palabra su señoría Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gracias,
presidente.


Miren, lo que sirve para terminar con el
franquismo y con el fascismo es reconocer sin matices que los hubo; y,
para ello, se debe ir a los cimientos. Esta proposición de ley ayuda a
hacerlo, pero, con toda probabilidad, no pasará este trámite, el de la
toma en consideración, lo que confirmará que, en este campo, el Estado
español es irreformable, porque hay temas que no quieren ni tan siquiera
abordar con la profundidad que requieren. Y, a nuestro entender, es
fundamental hacerlo para fortalecer la democracia y frenar el ascenso del
fascismo, que hemos visto que campa a sus anchas, también está en esta
Cámara. Y queda claro que la conciliación no es suficiente solución.


De no prosperar esta toma en consideración, se
confirmará una vez más la sensación que algunos tenemos de que, pasadas
cuatro décadas desde la muerte del dictador y desde la entrada en vigor
de la Constitución española, el Estado español, en el ámbito que nos
ocupa, sigue legislando de forma acomplejada en el marco legal del 78, un
marco que, como ya hemos dicho en alguna ocasión anterior, es fruto, sin
duda, de una transición teledirigida y tutelada por el propio régimen.
Como prueba y evidencia, está la Ley de memoria democrática, una ley
incapaz de revertir el modelo de impunidad de los crímenes franquistas,
que, por tanto, no respeta el derecho a la tutela judicial efectiva y en
la que la referencia a la integración de la legalidad internacional es
una simple reiteración mientras continúa limitando las investigaciones y
las enmarca en procedimientos declarativos de tipo civil cuando deberían
extenderse, sin duda, a procedimientos de tipo penal. En definitiva, es
una ley que no cambió nada para forzar a los jueces y enjuiciar los
crímenes del franquismo, que continúan manteniendo su impunidad.


Esto es lo que pretendemos con este proyecto de
ley que traemos a consideración, un proyecto de ley que sabemos cómo
terminará, pero que volverá a confirmar quiénes impulsan estas
iniciativas para aflorar y terminar con la impunidad generada por los
crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura franquista y
quiénes se ponen de lado o claramente de espaldas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tomará la
palabra su señoría la senadora Beltrán de Heredia Arroniz.


La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik
asko, maiburu jauna.


Abordamos la toma en consideración de la
proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal, presentada
por diversos grupos parlamentarios de esta Cámara con el objeto de
introducir un nuevo artículo, el 2 bis, que permita allanar el camino
hacia la tutela judicial efectiva, hacia el acceso a la justicia de las
víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. No podemos permitir que
aquellos crímenes queden impunes. Y es que los tribunales españoles, en
la mayoría de los casos, han alegado falta de legalidad penal,
prescripción e incluso la Ley de amnistía para no investigar ni juzgar
delitos de lesa humanidad.


Esta proposición de ley, que ya fue apoyada por
nuestro grupo en el Congreso en marzo de 2022, complementa la regulación
que, en los artículos 1 y 2 del Código Penal, se establece respecto del
principio de legalidad abriendo la posibilidad del enjuiciamiento de
aquellas acciones u omisiones que, en el momento en el que se cometieron
y a tenor del derecho internacional, constituían delitos contra la
comunidad internacional, delitos de genocidio o delitos de lesa
humanidad. El objetivo, en definitiva, es reforzar jurídicamente el
principio de legalidad desde la perspectiva del derecho internacional de
los derechos humanos, porque es necesario hacer frente a la
interpretación que están haciendo los tribunales españoles a la hora de
abordar el examen judicial de las graves violaciones de derechos humanos
ocurridas durante la guerra del 36 y posterior dictadura franquista. Esta
aplicación tiene, en la sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, de 27 de
febrero, y en su posterior ratificación argumental por el Tribunal
Constitucional en 2021, su máxima expresión y, conforme han denunciado
expertos y cualificados representantes de organismos internacionales, no
se aviene a la realidad del derecho internacional, de los derechos
humanos. Esta interpretación ha supuesto, además del mantenimiento de una
situación de impunidad para las personas responsables de tan graves
crímenes, el cierre del acceso a la justicia y, por tanto, el cierre del
acceso a la verdad judicial para las víctimas de la Guerra Civil y del
franquismo.


Señorías, la posición del PNV es clara y es
suficientemente conocida. Siempre hemos estado trabajando y trabajaremos
por el desarrollo en plenitud del derecho a la verdad, la justicia y la
reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. De ello
da buena cuenta nuestra gestión en las instituciones vascas:
ayuntamientos, diputaciones forales y Gobierno, con el Instituto Gogora a
la cabeza. Yo quiero subrayar aquí iniciativas como la adoptada por la
Diputación Foral de Guipúzcoa en 2017 al presentar una denuncia ante los
tribunales de justicia por los guipuzcoanos y guipuzcoanas fusilados
durante la guerra, por los casos de 980 víctimas, y todo ello con un
único objetivo, el de hacer realidad el derecho al acceso a la justicia
de las víctimas de la dictadura franquista. Esta denuncia tuvo como
soporte jurídico el informe elaborado por la cátedra de Derechos Humanos
y Poderes Públicos de la UPV, de la universidad pública del País Vasco,
en el que se pone claramente de manifiesto la contradicción existente
entre el derecho internacional de aplicación en el ámbito de los derechos
humanos y la lectura que realizan los tribunales españoles, que apelan,
como he dicho antes, al principio de legalidad, a la figura de
prescripción y a la Ley de amnistía de 1977 para cerrar toda posibilidad
de enjuiciamiento y depuración de responsabilidades respecto a estos
atroces crímenes. Lo cierto, señorías, es que otra lectura más acorde con
el derecho internacional y con el derecho a la justicia de las víctimas
no solamente es posible, sino que es exigible, como lo demuestra también
la propia jurisprudencia española con la sentencia de 1 de octubre
de 2007, en el denominado caso Scilingo, exmilitar argentino condenado
por delitos de lesa humanidad, en el que el alto tribunal no tuvo ningún
tipo de reparo respecto al principio de legalidad. Y es que hay que
recordar también que el artículo 15 del Pacto internacional de derechos
civiles y políticos, tras reconocer el principio general de legalidad y
la irretroactividad, dispone que este artículo no impedirá el juicio o la
condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que en el
momento de su comisión constituía ya delito según los principios
generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. De la
misma manera, basta remitirse al artículo 29 del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, para verificar que la exclusión de los
crímenes de lesa humanidad de la aplicación general de las normas sobre
extinción de responsabilidad penal —entre ellas, la
prescripción— es un criterio plenamente consolidado en el ámbito
internacional. Finalmente, hay que recordar también que el propio
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puesto de relieve que la amnistía
es incompatible con la obligación que tienen los Estados de investigar
las violaciones de derechos humanos con la finalidad de ofrecer un
recurso efectivo a las víctimas.


Señorías, no podemos permitir que los delitos
de lesa humanidad cometidos durante el franquismo y la dictadura queden
impunes, pero lo cierto es que, en contradicción evidente con el derecho
internacional, la vía de la justicia española permanece cerrada a cal y
canto para las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Y esto,
señorías, resulta inadmisible para cualquier sociedad que se diga
democrática. Es cierto que la Ley de memoria democrática que aprobamos en
octubre de 2022 establece nuevas prescripciones sobre la garantía por el
Estado de la tutela judicial efectiva de las víctimas y también la
obligación de interpretar la legislación conforme al derecho
internacional humanitario, pero también es cierto que esta nueva
regulación tampoco ha impedido que se sigan archivando las querellas
presentadas tras su entrada en vigor y con los mismos razonamientos de
siempre. Tal es el caso de la querella presentada en Ferrol en denuncia
por el asesinato del sindicalista gallego Moncho Reboiras en 1975. Es
verdad que habrá que ver cómo evoluciona la interpretación de esta ley,
pero ello tampoco es impedimento para que apoyemos la toma en
consideración de la proposición de ley que examinamos, que es más
taxativa y clara en la aplicación del propio Código Penal.


Termino diciendo que existe una evidente
obligación legal internacional, pero, sobre todo, existe una obligación
moral del Estado de abrir las puertas a la justicia, a la investigación,
al esclarecimiento y a la depuración de las responsabilidades por tan
atroces crímenes. Los delitos de lesa humanidad cometidos durante el
franquismo y la dictadura deben ser investigados y juzgados. Por tanto,
no podemos continuar permitiendo que sigan impunes. Es un deber de
justicia para con las víctimas; es un deber moral de toda persona
demócrata. Iniciativas como las que hoy analizamos son necesarias, sin
perjuicio, por supuesto, de su examen técnico-jurídico, que habrá de ser
abordado con posterioridad. Nuestro grupo, de acuerdo con lo que he
expuesto, va a apoyar esta iniciativa. Apoyaremos, por tanto, la toma en
consideración de esta proposición de ley.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tomará la palabra su señoría Bideguren
Gabantxo.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko,
presidente. Egun on, señorías.


Como bien es sabido, Euskal Herria Bildu
votamos a favor de la Ley de memoria democrática. Lo hicimos, como
explicamos entonces, porque considerábamos que con ella avanzábamos hacia
la justicia, la verdad y la reparación que merecen las víctimas del
franquismo y sus allegados, pero ya avisamos que con aquella ley no
acababa nada porque la realidad es que estamos todavía muy lejos de los
estándares que marca la legislación internacional en materia de derechos
humanos. Por tanto, seguimos trabajando y caminando junto al movimiento
memorialista y, por ello, apoyamos esta iniciativa, impulsada por Ceaqua,
que propone una modificación de artículo único en el Código Penal para
facilitar la investigación judicial en los crímenes franquistas
introduciendo el derecho de legalidad desde una perspectiva de derecho
internacional de los derechos humanos, como bien han explicado otros
compañeros. El artículo 2 de la Ley de memoria democrática instituye que
todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de
octubre, de amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el
derecho internacional convencional y, en particular, con el derecho
internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra de lesa
humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de
imprescriptibles y no amnistiables. Sin embargo, dicha previsión, que
saludamos y apoyamos en su momento, es papel mojado si no se introduce en
el Código Penal una disposición que permita vehiculizar dicha
interpretación de manera imperativa; y esto es precisamente lo que hoy
proponemos. Estamos muy lejos de países que han conseguido derogar la Ley
de amnistía, que en realidad no eran más que leyes de impunidad ocultas,
leyes de punto final, prescritas por la legislación internacional y por
las recomendaciones fundamentales realizadas por el relator especial de
la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición. Países como Argentina, al que miramos con
envidia, han derogado la Ley de punto final que impedía juzgar los
crímenes de la dictadura y han condenado así a 1146 represores.


Señorías, déjenme dar un dato: 10 296. ¿A qué
creen que me refiero con este dato? No es el número de personas que
fueron torturadas durante el franquismo, tampoco es el número de presos y
presas que dieron con sus huesos en alguno de los 300 campos de
concentración que hubo en todo el Estado, ni tan siquiera son las
personas que quedan enterradas en fosas comunes o cunetas, pendientes
todavía de ser identificadas y de ser entregados sus restos a sus
familiares. 10 296 son los kilómetros que separan Gasteiz de Buenos
Aires. Hasta allí han tenido que ir en busca de justicia compañeros de la
asociación Martxoak Hiru y, también, otros compañeros de la asociación
Sanfermines 78: Gogoan y otras muchas personas. Gracias a la querella
argentina, algunas víctimas han conseguido que alguien los escuche, que
un tribunal los escuche. Argentina se ha convertido en referencia para la
búsqueda de justicia de muchas víctimas del franquismo. Señorías, ¿acaso
quieren que el Estado español pase a la historia por la cantidad de
kilómetros que víctimas del franquismo han tenido que recorrer en busca
de justicia?


Esta propuesta que debatimos hoy, de ser
aprobada, puede ser un paso importante en la búsqueda de esa justicia que
merecen estas víctimas. El pasado 22 de marzo, en el juzgado de Buenos
Aires que instruye la causa declaró el hermano de Gustau Muñoz. Gustau
fue asesinado a tiros por un policía, en Barcelona, en 1978, durante las
movilizaciones de la Diada de aquel año. Ojalá fuera este el último viaje
que alguien tenga que hacer para ser escuchado y pedir justicia.


Señorías del Partido Socialista, les pido que
sean valientes, que con su voto permitan hoy que esta proposición de ley
continúe su recorrido en las Cortes Generales, que no obstaculicen más el
camino para restablecer la dignidad de las víctimas. Es una oportunidad
para acabar con el desamparo de las víctimas y sus familiares. Cumplan
con las obligaciones internacionales, respeten el derecho a la justicia y
no impidan la investigación judicial de los crímenes franquistas. Para
avanzar en la democratización del Estado español es necesario, es
imprescindible dar respuesta a todas las consecuencias de la época
franquista.


Muchas gracias. (Termina su intervención en
euskera.— Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tomará la
palabra su señoría Reniu Vilamala.


El señor RENIU VILAMALA: Gràcies,
president.


Una aclaración a la senadora de la ultraderecha
ausente ahora: es molt honorable president Lluís Companys i Jover.
(Pronuncia palabras en catalán).


Señorías, a lo que ha dicho la compañera de mi
grupo parlamentario, la senadora Bideguren Gabantxo, voy a añadir,
simplemente, un par de cuestiones. Abro comillas: «Los anteriores
razonamientos son aplicables al presente caso y no se ven alterados por
lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de
memoria democrática, no pudiendo perseguirse penalmente los hechos
denunciados como delito de lesa humanidad ocurridos en 1975, cuando su
tipificación en España se introdujo en el Código Penal por la
Ley 15/2003, de 25 de noviembre, vigente a partir del 1 de octubre
de 2004, dada la vigencia en nuestro ordenamiento del principio de
legalidad, que exige que el derecho internacional sea incorporado a
nuestro ordenamiento interno en la forma dispuesta en la Constitución y
con los efectos dispuestos en la misma.» Cierro comillas. Este es uno de
los párrafos de los fundamentos de derecho del archivo de la querella
Reboiras a la que se refería mi compañera.


Señorías, estamos hablando de la toma en
consideración, estamos hablando de un procedimiento que lo que hace
simplemente es arbitrar la apertura de esa discusión a la que hacía
referencia en mi anterior intervención, pero, por lo visto, todo parece
indicar —espóiler— que ni el Partido Socialista ni,
obviamente, el Partido Popular van a estar por la labor. ¿Y cuál puede
ser la razón? Además de todo lo expuesto, hay una cuestión evidente: ya
han completado el check de la lista del plan normativo. Ya tienen una Ley
de memoria democrática, supuestamente fantástica y la más elaborada de
nuestra historia, pero cuyo despliegue realmente se incumple
sistemáticamente; no solo se incumple en la ausencia de concreciones
derivadas, por ejemplo, del nombramiento del comité de expertos, del
arranque de la comisión que tiene que evaluar las responsabilidades
patrimoniales del Estado con los individuos, pero también con las
asociaciones, ateneos, partidos políticos, etcétera, sino que, además
—y este es el caso que nos ocupa ahora—, estamos viendo una
inconcreción práctica, real, del artículo 2, que queda muy bien y que es
muy decorativa, es como un pongo para colocar en el salón, pero que
realmente es una inconcreción práctica de ese artículo 2, como les acabo
de leer, porque este auto de archivo tiene un mes, no tiene veinte años,
¡tiene un mes! Por lo tanto, la incorporación de ese artículo 2, con la
idea de interpretar la legislación en función del derecho internacional,
no sirve; de ahí la más que justificada proposición de ley que traemos a
su consideración. Pero fíjense, una muestra suficientemente importante de
la desidia del Estado español —yo diría que auspiciada por esa
casta ultraconservadora de que ocupa buena parte del Poder Judicial en
este Estado— es que aún no se ha ratificado la Convención
internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y
los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, con esas alforjas parece
evidente que el trayecto va a ser costoso.


Podría seguir dándoles argumentos, pero ni unos
atienden ni a los otros les interesa. Hay una prueba muy sencilla; los
que tenemos una edad o una edad y media recordarán perfectamente aquel
anuncio que decía: el algodón no engaña. Muy bien, apliquemos la prueba
del algodón a la capacidad de la Ley de memoria democrática para dar
respuesta a problemáticas como las que, auspiciados por la Ceaqua, hemos
traído los grupos proponentes. Si ese artículo 2 de la Ley de memoria
democrática permitiera lo que le hacen decir que permite, la querella
argentina habría decaído, y esos kilómetros a los que se refería mi
compañera Bideguren Gabantxo pasarían simplemente al recuerdo; y no es
así. Por lo tanto, menos florituras discursivas, menos cubrir el
expediente aprobando con carácter de urgencia y sin debate cualquier tipo
de legislación, y más ponerse en el lugar de esos familiares, que, de
todos, andan buscando justicia y que, por desgracia, no la están
encontrando.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


¿Por parte del Grupo Parlamentario Popular
tomarán la palabra? (Denegaciones). No van a intervenir. Muchas
gracias.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista,
tomará la palabra su señoría la senadora de Pablo Davila.


La señora DE PABLO DÁVILA: Gracias,
presidente.


Señorías, buenos días. Más que de técnica
jurídica, de principio de legalidad o de principio de irretroactividad,
hoy hemos oído hablar aquí de fascismo y de falta de democracia. Por eso,
quiero empezar señalando una cosa muy clara:






lo que más daño le hace a
este país y al Estado democrático de derecho es que cuestionen la
naturaleza democrática del Estado. (Aplausos). Eso es lo que más daño
hace a este país.


Se ha hablado varias veces de la Ley de
amnistía de 1977, que no es una ley de punto final, pero sí es cierto que
fue un logro democrático, ampliamente respaldada por todos los partidos
—el Partido Socialista, el Partido Comunista, los partidos
nacionalistas— y por los millones y millones de españoles que
salieron gritando amnistía y libertad (Aplausos), y que fue la base que
nos ha permitido tener esa convivencia pacífica en el Estado durante
tantos años. Sin embargo, voy a intentar reconducir el debate y
centrarlo, porque está claro que se ha ido deliberadamente por otros
derroteros e, incluso, yo diría —si me lo permiten, de forma
coloquial— por los cerros de Úbeda.


Compartimos que el Estado español debe
perseguir los delitos de lesa humanidad y por eso firmamos los convenios
de 2004 y se aprobó la Ley 15/2003, que recogía el delito de lesa
humanidad, pero su eficacia era a futuro, no podía tener efectos
retroactivos. El Partido Socialista también ha defendido siempre el
principio de justicia universal. Y debo recordar que ya hemos debatido
aquí, en octubre de 2021, sobre esta materia en la Comisión de Justicia,
y el Partido Socialista ha sido coherente diciendo que lo que quería era
volver a la regulación de 2009 y que estaba en contra de la reforma del
Partido Popular en 2014, que fue lo que claramente, bajo la presidencia
de Rajoy, eliminó la opción, vedando el trabajo en ese campo a juzgados y
tribunales, tal como ha señalado alguno de los senadores. Lo hemos
debatido en el Congreso tres o cuatro veces y la postura es clara.


Lo que plantea realmente la toma en
consideración de la proposición que ustedes traen a esta Cámara es una
modificación del Código Penal con la inclusión, efectivamente, de un
artículo bis en relación con los delitos de genocidio, de lesa humanidad,
delitos contra las personas y los bienes protegidos en caso de conflicto
armado. Sin embargo, yo quiero centrar el debate y decir que nadie puede
dudar del compromiso del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y, por
extensión, de mi grupo parlamentario con las víctimas de la dictadura
franquista, que no tiene nada que ver con lo que ustedes han planteado en
la reforma del artículo 2 del Código Penal. Me veo obligada y me resulta
cansino volver a recordar que fue el presidente José Luis Rodríguez
Zapatero quien aprobó la Ley de memoria histórica; que ha sido el
Gobierno de Pedro Sánchez el que ha aprobado la Ley de memoria
democrática, cuyo objeto es precisamente —y hoy se ha hablado aquí
de ello— el reconocimiento de los que padecieron persecución o
violencia por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia
religiosa, de orientación o identidad sexual, desde el golpe de Estado
de 1936 hasta la promulgación de la Constitución de 1978; y que algunos
de los grupos, como Junts o Esquerra, no votaron a favor en su momento.
Sin embargo, esa ley hace un reconocimiento de todo tipo de víctimas,
reconoce la justicia, la verdad y la reparación y declara la nulidad de
todas las sentencias, condenas y sanciones dictadas durante la Guerra
Civil y la Dictadura. (Rumores).


Señores del Partido Popular, ya sé que el tema
de las víctimas de la violencia de la dictadura franquista no les
importa. Incluso, se han exonerado de salir a defender el carácter
democrático de este Estado, pero, por lo menos, un poco de respeto, que
yo les escucho muchas cosas. (Aplausos).


Retomo lo que estaba diciendo. La Ley de
memoria democrática reconoce el carácter de todas las víctimas, reconoce
el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, se rige con arreglo
a los parámetros internacionales de los derechos humanos y declara el
carácter nulo de todas las condenas y sanciones, como señalábamos. No
obstante, acusaciones al Partido Socialista de falta de sensibilidad en
relación con las víctimas de la dictadura franquista, no se las vamos a
admitir, y no se las vamos a admitir porque siguen siendo los socialistas
y los sindicalistas de la Unión General de Trabajadores los que más
muertos tienen en las fosas comunes y en las cunetas (Aplausos), y porque
siguen siendo millones de españoles socialistas y sindicalistas, como
otros muchos progresistas, los que sufrieron la represión franquista en
las cárceles. Sin embargo, es verdad que no vamos a votar a favor de la
toma en consideración de esta proposición de ley fundamentalmente por
varias razones; en primer lugar, porque vulnera tres principios
fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico: el de legalidad penal
—que el senador Reniu dice que no lo ve—, el de
irretroactividad y el de seguridad jurídica. Uno de los rasgos
característicos del ordenamiento jurídico de la dictadura franquista fue
precisamente el escaso respeto por la legalidad penal y por el principio
de irretroactividad, con la invención, incluso, de tribunales nuevos de
orden público. Fue la Constitución de 1978 la que promulgó un Estado
social y de derecho y la que recogió las garantías legales y procesales
esenciales en su preámbulo, que garantizan el principio de legalidad, la
jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de
las disposiciones sancionadoras no favorables, la seguridad jurídica, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos en su artículo 9.3. Por lo tanto, si aprobásemos esta toma en
consideración, entendemos —y lo entendemos con todo respeto a las
distintas posiciones porque nos parece que el hecho de que no queden
impunes delitos de lesa humanidad es un tema serio que a todos nos
preocupa— que se produciría un grave efecto perjudicial al
principio de seguridad jurídica más elemental. Hay más argumentos que
justifican el rechazo a esta toma en consideración, y la postura del
Partido Socialista es muy clara. El primero de ellos es que discrepamos
de su afirmación de que las normativas internacionales nos estén
conminando a reformar nuestra normativa penal interior. Nosotros
entendemos que hay otras muchas cosas que el Estado puede hacer por las
víctimas de la dictadura franquista y, de hecho, las está haciendo;
además de con la aprobación de la Ley de memoria democrática, lo está
haciendo con millones de recursos económicos, con el reconocimiento a las
víctimas, la investigación, la creación de una base de datos de ADN,
etcétera.


Tras analizar la jurisprudencia —solo
daré una pincelada, sobre todo porque ninguno de ustedes ha hecho
referencia a ello—, el Auto del Tribunal Constitucional de 15 de
septiembre de 2021 nos genera muchas dudas acerca de que el derecho
internacional ampare la retroactividad que ustedes quieren introducir en
esta modificación del Código Penal, y voy a explicarlo. En el tiempo en
que se cometieron los delitos para los que se intenta aplicar la
retroactividad, no existía en el ordenamiento jurídico penal español la
figura del delito de lesa humanidad, que, como hemos visto, se introduce
en el artículo 607 bis del Código Penal, entrando en vigor el 1 de
octubre de 2004. Es cierto que el Estatuto de la Corte Penal
Internacional de 1998 —al que ha hecho referencia alguno de los
senadores— contiene una regla de imprescriptibilidad en su
artículo 29, eso es verdad, pero eso se proyecta solo a futuro —y
eso lo sabemos todos los que nos dedicamos al derecho— y no tiene
efectos retroactivos. Además, para comprender la excepcionalidad de lo
que ustedes están planteando, la aplicación del principio de
retroactividad penal, hay que destacar que la Corte Penal Internacional
recoge expresamente este principio de no retroactividad en los
artículos 11 y 24, y, además, incluye como única norma excepcional el
caso de la más favorable para la investigación, enjuiciamiento,
condena... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio,
señorías, por favor.


Senadora De Pablo, espere un momento, que no
hay manera.


Señorías, ¿pueden guardar un poco de silencio,
por favor?


La señora DE PABLO DÁVILA: Gracias,
presidente.


Y, sobre todo, la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, a la que también se ha aludido
reiteradamente, considera que, para que se pueda aplicar la
retroactividad, se tienen que dar condiciones de mínima certeza y
previsibilidad y que los principios y normas generalmente reconocidos del
derecho internacional ya hubieran sido aceptados y reconocidos en el
ordenamiento jurídico interno, y eso no se da en este caso. Por todo
ello, mi grupo no puede votar a favor de esta norma al considerar que
conculca principios básicos del ordenamiento jurídico español recogidos
en la Constitución española, pero, además, porque no entendemos que el
derecho internacional nos esté impeliendo a ello.


Señorías, en estos momentos de incertidumbre,
lo que más necesita la sociedad española es seguridad jurídica y
fortalecerla, y entendemos, honestamente —aunque sea objeto de más
debate en otro momento—, que lo único que hacemos con esta
propuesta es debilitarla, es buscar un revisionismo que no ayuda a la
sociedad en estos momentos, sino que lo único que hace es perjudicarla.
Por eso, nuestro voto va a ser en contra.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
senadora De Pablo.


Señorías, finalizado el debate de esta toma en
consideración, procedemos, a continuación, a abrir el plazo de quince
minutos para emitir el correspondiente voto telemático. Asimismo, les
recuerdo que la votación presencial de esta iniciativa tendrá lugar una
vez finalizado este plazo, cuando sea anunciado por la Presidencia. El
plazo será de quince minutos y comienza en este momento, que son las once
y veinte. Muchas gracias.


Ruego que llamen a votación. (Pausa).


Por favor, cierren las puertas. Muchas
gracias.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
APOYAR EL ESTABLECIMIENTO DE UN DÍA INTERNACIONAL DE LOS CASCOS
HISTÓRICOS Y A LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL UBICADO EN LAS ZONAS
HISTÓRICAS Y MONUMENTALES. (Votación).


662/000171

GPS


El señor presidente lee el punto 4.1.


El señor PRESIDENTE: Señorías, procede, a
continuación, la votación presencial de la moción. Se vota en los
términos de la enmienda transaccional presentada por varios grupos
parlamentarios con número de registro 178250.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 252; a favor, 220; abstenciones, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos).









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA
LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRANSPOSICIÓN DE
LA DIRECTIVA (UE) 2021/514 DEL CONSEJO DE 22 DE MARZO DE 2021 POR LA QUE
SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2011/16/UE RELATIVA A LA COOPERACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS
(ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 58/2003,
DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA
(UE) 2021/514 DEL CONSEJO DE 22 DE MARZO DE 2021 POR LA QUE SE MODIFICA
LA DIRECTIVA 2011/16/UE RELATIVA A LA COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL
ÁMBITO DE LA FISCALIDAD). (Votación).


621/000088

Hacienda


El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación
votamos el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, general tributaria, en transposición de la
Directiva 2021/514 y otras normas tributarias que aparecen en la
pantalla.


Votamos, en primer lugar, las enmiendas; las
que resulten aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al dictamen
del Pleno.


En primer lugar, de sus señorías Marín Gascón,
Rodríguez de Millán y Merelo Palomares, votamos las enmiendas números 6
a 8.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 250; a favor, 3; en contra, 247.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, votamos la enmienda número 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 252; a favor, 23; en contra, 216;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Popular, votamos, en
primer lugar, la enmienda número 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 252; a favor, 99; en contra, 140;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 252; a favor, 103; en contra, 144;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Por último, votamos la enmienda número 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 252; a favor, 106; en contra, 140;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Popular votamos, a
continuación, la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la
enmienda número 15.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 252; a favor, 102; en contra, 148,
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, a continuación, la propuesta de
modificación presentada por todos los grupos parlamentarios, con número
de registro de entrada 178251.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 252; a favor, 251; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, a continuación, votamos en un solo
acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no
comprendidas en las votaciones anteriores.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 252; a favor, 248; en contra, 3;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votación, por tanto, en un solo acto del resto
del proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 252; a favor, 248; en contra, 3;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal y como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre ellas en
forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE EL
ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS, HECHO EN TROMSO EL 18 DE JUNIO DE 2009,
ASÍ COMO DECLARACIONES Y RESERVAS QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR.


610/000115






QUINTA ENMIENDA DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO, APROBADA POR LA
28ª REUNIÓN DE LAS PARTES EN KIGALI EL 15 DE OCTUBRE DE 2016.


610/000116






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA CUMBRE DE LA
OTAN QUE SE CELEBRARÁ EN MADRID LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2022,
HECHO EN BRUSELAS EL 20 DE JUNIO DE 2022.


610/000117






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA
CULTURA (UNESCO) RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DE LA TERCERA CONFERENCIA
MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CMES III), HECHO EN PARÍS EL 17 DE
DICIEMBRE DE 2020.


610/000118



El señor presidente lee los
puntos 6., 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. y 6.1.4.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado
propuestas a dichos tratados. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa).
Muchas gracias.


Señorías, les informo que el plazo para que
emitan el voto telemático los senadores y senadoras autorizados se abrirá
al finalizar el último punto del orden del día. Asimismo, les recuerdo
que la votación presencial de la autorización de estos tratados
internacionales tendrá lugar una vez finalizado este plazo.










PONENCIAS DE ESTUDIO




AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME






PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL FENÓMENO DE
LA SUSTRACCIÓN DE RECIÉN NACIDOS.


543/000012

Justicia


El señor presidente lee los puntos 7., 7.1.
y 7.1.1.


El señor PRESIDENTE: Se solicita la ampliación
del plazo para la conclusión de los trabajos de la Ponencia de estudio
sobre el fenómeno de la sustracción de recién nacidos, constituida en el
seno de la comisión, hasta la finalización del presente periodo de
sesiones.









PONENCIA DE ESTUDIO DEL DEPORTE BASE Y DEL
DEPORTE FEMENINO EN ESPAÑA.


543/000008

Cultura y Deporte


El señor presidente lee el punto 7.1.2.


El señor PRESIDENTE: Se solicita la ampliación
del plazo para la conclusión de los trabajos de la Ponencia de estudio
del deporte base y del deporte femenino en España, constituida en el seno
de la comisión, por un periodo adicional de seis meses.


Señorías, les informo que el plazo para la
emisión del voto telemático se abrirá al finalizar el último punto del
orden del día. Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de estas
iniciativas tendrá lugar una vez finalizado este plazo.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADAPTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DEL CÓDIGO PENAL, A LA PROPUESTA
DE LA COMISIÓN EUROPEA DE 3 DE MAYO DE 2023 DE AUMENTAR LAS PENAS EN EL
DELITO DE MALVERSACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL RESTO DE MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN
CON EL RESTO DE EUROPA.


662/000170

GPP


El señor presidente lee los puntos 8. y 8.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado
una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, su señoría Márquez Sánchez.


El señor MÁRQUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias,
presidente.


Señorías, como bien saben, el pasado mes de
diciembre, el Gobierno de Pedro Sánchez tramitó con urgencia la
modificación del Código Penal suprimiendo los delitos de sedición, de
referéndum ilegal y rebajando las penas en el delito de malversación. El
motivo aducido por el Ejecutivo era homologar estos delitos a los países
democráticos europeos; una mentira más de tantas a las que nos tienen
acostumbrados el señor Sánchez y el PSOE, porque, como todos saben, el
motivo exprés de modificar esta ley era sencillamente contar con el voto
de Esquerra Republicana de Catalunya en la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado. No era para nada homologarnos con Europa, sino
sencillamente porque ya lo había advertido Oriol Junqueras en el mes de
noviembre en un periódico.


Señorías, la malversación es un delito que afecta
gravemente no solo a la integridad del sistema democrático, sino también
a la confianza de los ciudadanos en sus representantes, ya que se trata
de una desviación de los fondos públicos que tienen que ser utilizados en
beneficio de la sociedad en su conjunto. En nuestra opinión, es necesario
que las penas de malversación sean altas y disuasorias, de forma que si
el político o el funcionario público tiene la tentación de delinquir con
los fondos públicos, sepa que la justicia no lo va a tolerar y que las
consecuencias de sus acciones van a ser severas. Parece que no es
solamente nuestra opinión; inmediatamente después de ser aprobada la
reforma del Código Penal, la Comisión Europea inició un trámite de
revisión de la modificación efectuada de rebaja de penas o, dicho de otro
modo, de penas a la baja, y el pasado 3 de mayo hizo una propuesta de
directiva en la que se indica que debe haber una pena mínima en toda
Europa de 5 años de prisión, frente a la pena de 1 a 4 años aprobada por
el Partido Socialista Obrero Español.


Con esta propuesta de la Comisión Europea es
evidente que las vergüenzas del Gobierno de España, del Gobierno de
Sánchez, han quedado al descubierto. Han demostrado que el argumento de
que la modificación penal era por la homologación con Europa era
absolutamente falso. Es más, se trata de todo lo contrario, incluso en la
voluntad de derogar la malversación de caudales públicos como
administración desleal; delito que precisamente se incorporó en el
año 2015, cuando gobernaba el Partido Popular, que sí era homologarse con
Europa porque ese era un tipo delictivo muy clásico de la doctrina
alemana. La modificación del delito de malversación, junto a la supresión
del delito de sedición y de referéndum ilegal, demostró que Sánchez y el
PSOE anteponen sus intereses partidistas y personales a los de los
españoles. Demostró que Sánchez y el PSOE anteponen sus sillones a los
valores de la justicia y los valores democráticos que nos hemos dado
todos los españoles. Esa rebaja de penas demostró que Sánchez y el PSOE
prefieren antes pactar las penas a la carta con los políticos condenados
por el procés de 2017 que dejar que la justicia actúe; algo insólito en
la democracia española y que, por supuesto, la socava. No es una cuestión
que digamos nosotros; hasta el diario El País ha publicado: Bruselas
obligará a endurecer las penas por malversación. Y añade: […] que
fue rebajada hace apenas seis meses para beneficiar a los dirigentes del
procés. Es decir, que no era precisamente una rebaja para hacer justicia
ni para homologarnos, sino sencillamente para favorecer a personas con
nombres y apellidos. En definitiva, esta rebaja demostró que Sánchez y el
PSOE no creen en la justicia desde el mismo momento en que se vota y se
avala con su voto la supresión de estos tipos delictivos y la rebaja de
las penas por malversación de caudales públicos con mentiras sobre la
homologación con Europa.


Señorías, al rebajar las penas por el delito de
malversación de caudales públicos ustedes se han reído de los ciudadanos;
ustedes se están riendo de la justicia y se están riendo de las
instituciones democráticas que deben proteger los intereses de la
sociedad. Europa tiene razón al decir que no se pueden disminuir las
penas, sino todo lo contrario; es necesario aumentarlas para asegurar una
verdadera justicia y disuadir a aquellas personas que pretendan delinquir
con este tipo de delitos. Hay dos ideas claves; una, que reducir las
penas por el delito de malversación de caudales solamente beneficia a los
delincuentes —en este caso también a Sánchez— y solamente
perpetúa la impunidad, en un contexto en el que la corrupción y el
desfalco de las arcas pública son una lacra en todas nuestras sociedades.
No podemos permitir en ningún caso que se normalice la impunidad de los
delitos de malversación de caudales, y tenemos que luchar por una
justicia firme y efectiva que nos proteja de ese tipo delictivo. Hay que
tener tolerancia cero con estos temas. Reclamamos, al igual que hace la
Comisión Europea, que se refuercen las penas en los delitos de corrupción
en lugar de disminuirlas.


Señores del Partido Socialista, el Partido Popular
defiende que la reforma tendría que haber sido objeto de un mayor debate
y reflexión y, desde luego, no suprimir los delitos que se han suprimido,
porque precisamente se pretende luchar contra la corrupción en
consonancia con lo que está diciendo ahora la Comisión Europea. Al
aumentar las penas por el delito de malversación, se está enviando
también un mensaje bastante claro a la ciudadanía, y es que no se van a
tolerar las desviaciones de dinero público ni la malversación de caudales
públicos y que se utilicen para fines espurios. Subiendo las penas
también se está demostrando el compromiso de España con la ética y la
transparencia que últimamente tanto le faltan al Gobierno. Si proceden de
esta manera, señorías, tal y como pide Europa y como también nosotros
estamos reclamando, y se procede a ese cambio normativo subiendo las
penas por el delito de malversación, contarán con nuestro apoyo, como
hemos hecho al tener que arreglar el desaguisado de la Ley del solo sí es
sí.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su señoría Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, señor
presidente.


Señorías, la malversación es el peor delito que
puede cometer un político o funcionario público, sea en beneficio suyo o
no. El delito de malversación entró en vigor en 1996, siendo modificado
en 2015 con el Gobierno de Mariano Rajoy. Hasta ahora la malversación se
sancionaba con una pena de 2 a 6 años de prisión para todo aquel
funcionario público que realizase una administración desleal con el
dinero público. Con la modificación del 2015 el delito de malversación no
diferenciaba la finalidad de la apropiación indebida, es decir, a qué se
destinaba el dinero público malversado, siendo las penas las mismas para
todas las personas que utilizasen dinero público de forma desleal,
independientemente de si lo utilizaban para fines particulares o no. Con
la modificación aprobada el mes de diciembre pasado, a iniciativa de
Esquerra Republicana, lo anterior desaparecía. La propuesta de Esquerra
era crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación, con el
objetivo de castigar con menos años de cárcel —entre 6 meses y 3
años— a las autoridades que malversen dinero público sin ánimo de
lucro personal, es decir, que no utilicen los bienes apropiados para un
beneficio particular. Al final, la iniciativa del Gobierno se quedó en 4
años.


Primero fueron los indultos, luego la desaparición
del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación. Señorías,
¿dónde queda la tolerancia cero con la corrupción, con la que este
Gobierno pretendía regenerar la política? A lo largo de esta legislatura
hemos podido comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar este
presidente con la degradación de las más altas instituciones del Estado,
con el único objetivo de permanecer en el poder. La malversación cometida
por los condenados del procés es una corrupción peor que la estrictamente
personal, es una corrupción institucional que destinaba ilegalmente el
dinero público para un fin absolutamente perverso, como es destruir la
unidad nacional y acabar con el propio ordenamiento jurídico.


Señorías del Partido Popular, en nuestra enmienda
les proponemos la sustitución de la parte dispositiva de la moción por el
siguiente texto: El Senado insta al Gobierno a promover la modificación
de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, en el sentido de elevar las
penas establecidas para el delito de malversación con carácter general; y
de establecer como tipo agravado, sancionado con las penas más severas,
el destino de fondos o recursos públicos para la consecución de fines
abiertamente contrarios a la unidad de España o al orden constitucional.
Esperamos que acepten nuestra enmienda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Marín.


Tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Popular, autor de la moción originaria, para indicar si
acepta o no la enmienda presentada.


El señor MÁRQUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.


Con respecto a la enmienda que ha presentado el
Partido Vox, no la vamos a aceptar. El Partido Popular ya hemos planteado
—y nuestro presidente así lo ha dicho— que no solamente
queremos modificar al alza las penas del delito de malversación, sino,
además, reponer otros tipos delictivos como el de referéndum ilegal o el
de sedición. El problema es que es una enmienda de sustitución;
prácticamente se sustituye todo lo que nosotros hemos planteado por lo
que ellos proponen. Por eso, a lo mejor, lo prudente hubiera sido que
hubieran presentado ellos su propia moción. De todas maneras, es obvio
que hay determinadas cuestiones que allí se establecen que nosotros
compartimos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Mixto, interviene el senador Marín Gascón otra vez.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, señor
presidente.


Señorías, el pasado 22 de diciembre se aprobó en el
Senado la modificación del Código Penal con la eliminación del delito de
sedición y la rebaja del delito de malversación. La excusa del Gobierno
para esa modificación era la armonización con los estándares europeos,
pero con la decisión de la Comisión Europea presentada la semana pasada,
el Gobierno queda desacreditado una vez más, ¿y van, señorías del Partido
Socialista?, ¿cuántas llevan en esta legislatura? La Comisión Europea
advirtió el 14 de septiembre pasado, tres meses antes de que el Gobierno
plantease su rebaja del delito de malversación, su intención de castigar
la corrupción con más firmeza. Su presidente, Ursula von der Leyen,
indicó en el discurso sobre el estado de la Unión que la Comisión
presentaría en este año 2023 medidas para actualizar el marco legislativo
de lucha contra la corrupción. Por otro lado, en enero de este año, el
comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya avisó a España de que
la Comisión Europea analizaba si la reforma del Código Penal, sobre todo
en lo relativo a la malversación, era coherente con el derecho
comunitario y si suponía un riesgo para los intereses financieros de la
Unión. Señorías, los hechos demuestran que Sánchez era conocedor de los
planes de Europa para endurecer la corrupción, pero, a pesar de ello,
promovió una reforma que tenía como único fin satisfacer las expectativas
de sus aliados separatistas y ganar así su apoyo para mantenerse en la
Moncloa. Ese es su único objetivo, mantenerse en la Moncloa a toda costa
y por encima de todo y de todos. Señorías, el único objetivo de este
Gobierno y el de su presidente era favorecer a aquellos que, con
violencia, con intimidación y con coacción, llevan décadas intentando
romper la unidad de España, intentando romper el orden constitucional y
también favorecer, cómo no, a todos aquellos corruptos que desde las
instituciones se han lucrado. Ya lo dijimos, cualquier modificación del
derecho penal requiere un estudio técnico detallado, una valoración de la
necesidad y lo que no puede ser nunca es un traje a medida para resolver
una coyuntura política concreta.


Señorías del Partido Popular, votaremos a favor de
su moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra
el senador Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, muy buenos días. Las instituciones
europeas, como instituciones democráticas que son, tienen muy claro que
uno de los mayores riesgos del Estado de derecho y del sistema
democrático es la corrupción. De ahí las directrices, las decisiones que
se están tomando ahora de endurecer este tipo de comportamientos. Por
eso, un Gobierno, un país que se muestra permisivo con la misma
corrupción, al final está atentando contra los pilares de su propia
democracia. Por eso nosotros consideramos inadmisible el comportamiento
que tuvo el Gobierno a la hora de beneficiar a sus socios de Gobierno,
única y exclusivamente con el objetivo de mantenerse en el poder, con la
modificación del Código Penal. Ante el endurecimiento por parte de las
instituciones europeas de la malversación de fondos públicos, hoy no se
puede decir que a España nos coge con los deberes hechos; todo lo
contrario, esto es como el cuento El traje nuevo del emperador, está
desnudo, por mucho que algunos, desde su miopía sectaria y también
partidista, lo quieran ver totalmente vestido y reluciente. Sabemos que
el presidente del Gobierno, lamentablemente, no goza de credibilidad. A
lo largo de los años ha demostrado cómo decía una cosa y luego hacía la
contraria; el engaño, la falsedad, la mentira, en definitiva, como forma
de hacer política. Por otro lado, señorías, también es evidente que la
lucha contra la corrupción no se proclama, sino que se practica, y este
Gobierno, con su presidente a la cabeza, con esa modificación del Código
Penal fue un ejemplo claro de lo contrario. Lo dijimos en su día y lo
reiteramos hoy; este tipo de comportamientos obedecen más a conductas
prevaricadoras que a comportamientos basados en la legalidad, en la
equidad, en la igualdad y en el rigor legislativo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tomará la palabra
su señoría la senadora Goñi Sarries.


La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidente.


Esquerra doblegó al Gobierno de Sánchez y se
aprobaron leyes democráticas que desprotegen la democracia española. El
Gobierno suprimió el delito de sedición y rebajó las penas de
malversación para beneficiar a sus políticos condenados. Fue una reforma
del Código Penal indefendible, hecha exclusivamente en favor del
independentismo, un traje a medida, y eso es corrupción. Gracias a
Sánchez y al PSOE hoy en España un político puede malversar dinero
público y le va a salir gratis.


Hasta aquí la historia de una promesa cumplida de
Sánchez, pero, claro, ahora llega Europa y nos avergüenza, resulta, ¡oh,
sorpresa!, que rebajar las penas por corrupción no es homologarnos con
los países europeos, y nos piden rectificar; proponen una pena homogénea
y mínima de 5 años. Por supuesto, en España estamos muy lejos de esas
penas y tendremos que corregir esa legislación ad hominem que Sánchez
realizó como pago a su socio para seguir un año más en el Gobierno. En
España hoy desviar fondos públicos para asociaciones independentistas no
es delito porque no se benefician personalmente los políticos, esa
malversación sale gratis. No parece que eso sea ni armonizable ni
homologable con ningún país europeo. De hecho, la Comisión pide aumentar
las sanciones y armonizar la legislación española. Señorías, es
vergonzoso que Europa nos saque los colores con la corrupción y la
malversación; es vergonzoso tener que reformar el Código Penal de nuevo;
y es más vergonzoso aún que el presidente Sánchez diga que a España le
pilla con los deberes hechos. Lo de ser cínico a nuestro presidente se le
queda muy corto. Europa nos llama la atención y nos exige corregir porque
la reforma de Sánchez es inadmisible, y no hay más. En esta situación lo
único decente es disculparse con los españoles y reformar el Código Penal
a la mayor brevedad. Espero sinceramente que esta reforma se haga cuanto
antes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Goñi.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra el senador Fernández Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Buenos días y muchas
gracias, señor presidente.


Señorías, en el Partido Regionalista de Cantabria
estamos a favor de endurecer las penas por malversación. Esta propuesta
de directiva del 3 de mayo de 2023 que nos llega desde la Comisión
Europea la vemos correcta y deberíamos asumirla. Los que nos dedicamos a
la política tenemos que manifestar nuestro más absoluto rechazo a
cualquier forma de corrupción política, y corrupción también es malversar
el dinero que todos los contribuyentes aportan con sus impuestos. Nos
parece todavía mucho más grave este tipo de corrupción en la que se
utiliza el dinero de todos para fines espurios o para beneficio propio.
Por tanto, estamos de acuerdo con esta moción y votaremos que sí.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tomará la palabra
su señoría Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Sí, señor presidente, con
la venia.


Como ya ha quedado dicho y sentado en múltiples
intervenciones, rechazamos frontalmente cualquier forma de corrupción, y
la malversación también es corrupción. La reforma del Código Penal
español impulsada hace unos meses por el Gobierno, que benefició a varios
políticos juzgados por su implicación en el procés independentista,
podría tener una breve vida, pues hemos sido conocedores de la decisión
que la Comisión Europea tomó hace unos días y que pretende acabar con las
arbitrariedades en la modificación del Código Penal; arbitrariedades, y
digo bien. El objetivo de la iniciativa que ha elaborado la Comisión
Europea es armonizar la definición y las penas de todos los delitos
relacionados con la corrupción para, de este modo, atacarla desde todos
los frentes, como no podía ser de otra manera, y como se intentaba evitar
con esta capciosa reforma que se perpetró hace unos meses. Con la nueva
propuesta, la directiva, también estarían incluidos la apropiación
indebida, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el blanqueo
de capitales, la obstrucción a la justicia y el enriquecimiento ilícito,
y nosotros nos felicitamos por ello.


En Ciudadanos celebramos esta decisión instada
desde Europa y esperamos que el Gobierno trate de revertir este
despropósito para proteger a sus socios separatistas, que era el único
motivo por el que se legisló con un Código Penal a medida, ad hominem,
que hizo rebajar el delito de malversación. Si realmente el Gobierno
quiere cumplir con Europa, tiene que revertir esta situación, que, a
nuestro modo de ver, resulta sonrojante. Por supuesto, vamos a votar a
favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
tomará la palabra su señoría Gómez Perpinyà.


El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor
presidente.


Muy buenos días, señorías. Dice el Partido Popular
que la reforma del delito de malversación únicamente buscaba beneficiar a
los políticos separatistas. A estas alturas, señorías, me he comprometido
a no juzgar las intenciones, solamente juzgar los hechos; y los hechos yo
creo que son bastante más graves de lo que ustedes dicen en su moción. Lo
que pasa es que ustedes tienen un problema, y es que solamente saben ver
la paja en el ojo ajeno. Afortunadamente, no todos los días una comunidad
autónoma declara unilateralmente la independencia, y hay que recordarlo
porque, escuchándolos a ustedes y leyendo las iniciativas que traen a
este Parlamento, daría la impresión de que en estos momentos hay cientos
de independentistas malversando con total impunidad, y no es cierto. Lo
que sí que ha sucedido, desde muchísimo antes de que el independentismo
se convirtiera en el monotema de la derecha de este país, cada uno de los
días en los que ustedes han estado en muchísimos gobiernos a lo largo y
ancho de nuestro país, es el saqueo a manos llenas de las arcas públicas.
La corrupción sistematizada lleva el sello del Partido Popular y son
ustedes, los políticos del Partido Popular, los mayores beneficiados de
las rebajas de las penas del delito de malversación. Por eso,
lógicamente, esa reforma, señorías del Partido Popular, no contó con el
apoyo de Más Madrid. Que venga ahora el Partido Popular de Ignacio
González, de Luis Bárcenas o del señor Granados a decirnos cómo debe o
cómo debería regularse el delito de malversación, señorías, me parece que
es un chiste de mal gusto. Darles nuestro apoyo sería tanto como poner al
lobo a cuidar de los corderos. ¿Ustedes cómo verían que mañana viniera el
señor Puigdemont a proponer aquí al Senado una moción para defender la
unidad constitucional? ¿Cómo verían que la señora Ayuso viniera a
proponer una moción sobre la gestión de las residencias de mayores? ¿Cómo
verían una moción en la que el señor Feijóo nos alertara sobre los
riesgos de normalizar la presencia de la extrema derecha en las
instituciones? Pues lo mismo nos pasa hoy con ustedes, señorías.


Si hemos criticado, en este caso al Partido
Socialista y a Unidas Podemos por realizar esta reforma, no ha sido
porque el Partido Popular nos inspire la más mínima confianza cuando
habla de reformar el delito de malversación. El Partido Popular que hoy
reclama la armonización en materia penal con otros países de la Unión
Europea a partir de una directiva que, por lo que parece, todavía no ha
sido ni siquiera debatida, resulta que niega la armonización en otros
asuntos que son mucho más importantes para el día a día de los ciudadanos
y particularmente para el día a día de los madrileños, como, por ejemplo,
cuando hablamos de impuestos que sirven para financiar los servicios
públicos. Ahí ustedes no quieren armonizar ni una coma y practican el
dumping fiscal contra las regiones más desfavorecidas, y encima con el
pretexto de gobernar a la madrileña. Señorías, no hay nada menos
madrileño que cargar sobre las espaldas de tus compatriotas el peso de
tus privilegios. El paraíso fiscal para ricos que ha construido Ayuso en
Madrid lo pagan las familias trabajadoras de todo el país, pero las
primeras de todas, las familias trabajadoras madrileñas. Ya está bien,
señorías del PP, de cinismo, de llamamientos a la responsabilidad de
Estado, cuando ustedes son quienes pretenden romper España por la vía de
la desigualdad y de los privilegios de las mismas familias de toda la
vida. Dejen de agitar el avispero, dejen de buscar enemigos y entiendan
de una vez por todas que la única manera de defender el Estado de derecho
y la unidad constitucional es desde el diálogo y el reconocimiento
mutuo.


Porque la estrategia del Partido Popular,
desgraciadamente, nos aboca a quienes sí creemos en España, no como un
vestigio del pasado sino como un proyecto para el futuro, a un callejón
sin salida.


Señorías del Partido Popular, hoy ustedes piden
mayor debate y mayor reflexión. Y la verdad es que lo celebro, pero les
recuerdo que fueron precisamente ustedes quienes arrebataron esta
posibilidad al Senado no hace tanto tiempo a través de un recurso que
sirvió para que un Tribunal Constitucional secuestrado por ustedes
mismos, por la derecha, le quitara la palabra a la sede de la soberanía
popular. Ustedes no quieren negociar, señorías del Partido Popular,
ustedes lo que quieren es imponer. Mal que les pese, a imponer es
evidente que ustedes salen perdiendo, porque, aunque ustedes son muy
ruidosos, mal que les pese, son minoría. Un partido que perdió una moción
de censura como consecuencia de un escándalo de corrupción, desde el
punto de vista de Más Madrid está absolutamente inhabilitado para dar
lecciones sobre cómo debería reformarse el delito de malversación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Señorías, hoy nos acompaña en la tribuna del
hemiciclo una delegación parlamentaria de Rumanía encabezada por el
presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del Senado, el señor Vasile
Dîncu. Bienvenidos al Senado de España. Es un honor tenerles aquí
(Aplausos).


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tomará la
palabra su señoría Cervera Pinart. (La señora vicepresidenta, Narbona
Ruiz, ocupa la Presidencia).


El señor CERVERA PINART: Gràcies, senyor president.
Bon dia de nou, senyories.


Senyories del Grup Popular, mirin, des de Junts
estem d’acord amb vostès en què la reforma del Codi Penal, en
relació a la sedició i la malversació pactada entre els socialistes i
Esquerra, no ha tingut els resultats esperats. Saben que nosaltres ens hi
vam oposar per motius molt contraris als seus. I fins aquí el nostre
acord. Perquè la nostra reforma de la reforma, una reforma que vàrem
plantejar en la darrera revisió del Codi Penal tractada en aquesta Cambra
en el ple de fa quinze dies per part de la meva companya, la senadora
Rivero, en el marc de la reforma vinculada a la llei del sí és sí, doncs
nosaltres el que volíem plantejar o el que plantejàvem és una reforma per
tal d’evitar que un jutge pugui dir que hi ha malversació en
destinar diners públics a allò que ell, sota només el seu criteri,
consideri que no és d’interès general. Des de Junts estem
convençuts que dedicar diners públics a executar projectes establerts en
els programes electorals àmpliament avalats per la ciutadania, avalats a
les urnes, doncs no pot ser malversació, no hauria de ser delicte. Vostès
ja saben què és la corrupció. I com apuntava la senadora Rivero, el que
hauria de ser delicte és no executar en els programes electorals o
executar amb sentit contrari al que els electors voten.


Mirin, veurem com acabarà la proposta de la
Comissió Europea, però el que des de Junts per Catalunya continuarem
defensant és que l’1 d’octubre no és delicte i, per tant,
nosaltres el que no farem és avalar cap reforma que ho doni per fet i se
centri només en la pena. Ens és igual que sigui de 12, de 5, de 4 anys, o
d’un dia. L’1 d’octubre no és delicte.


I acabo fent referència a la intervenció en
l’anterior defensa de la presa en consideració que es debatia i
arran del que deia el senador Reniu al tracte que es mereixen els
presidents de la Generalitat de Catalunya. I li demanaria que recordés a
algun membre del seu partit que té responsabilitats de govern que el Molt
Honorable President Carles Puigdemont i Casamajó és això, Molt Honorable
President, i no és en Puigdemont.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente y buenos días de
nuevo.


Señorías del Grupo Popular, en Junts estamos de
acuerdo con ustedes en que la reforma del Código Penal en relación con la
sedición y la malversación pactada entre socialistas y Esquerra no ha
tenido los resultados esperados. Saben que nosotros nos opusimos por
motivos muy contrarios a los suyos, y hasta ahí nuestro acuerdo, porque
en nuestra reforma de la reforma, que planteamos en la última revisión
del Código Penal tratada en esta Cámara en el Pleno de hace quince días
por parte de mi compañera la senadora Rivero en el marco de la reforma
vinculada a la Ley del sí es sí, lo que planteábamos era una reforma a
fin de evitar que un juez pueda decir que se produce malversación a la
hora de destinar dinero público a lo que él, y solo bajo su criterio,
considere que no es de interés general. En Junts estamos convencidos de
que dedicar dinero público a ejecutar proyectos establecidos en los
programas electorales ampliamente avalados por la ciudadanía en las
urnas, no puede ser malversación, no debería ser delito. Ustedes ya saben
qué es la corrupción, y tal vez, como apuntaba la senadora Rivero, lo que
debería ser delito es no ejecutar los programas electorales o ejecutarlos
en sentido contrario a lo que los electores votan.


Señorías, vamos a ver cómo terminará la propuesta
de la Comisión Europea, pero lo que desde Junts per Catalunya vamos a
seguir defendiendo es que el 1 de octubre no es delito y, por
consiguiente, lo que no vamos a hacer nosotros es avalar ninguna reforma
que dé por hecho y se centre exclusivamente en la pena. Nos da igual si
es de doce, de cinco, de cuatro años o de un día. El 1 de octubre no es
delito.


Termino haciendo referencia a la intervención en la
anterior defensa de la toma en consideración que se debatía y en la línea
de lo que decía el senador Reniu, respecto al trato que se merecen los
presidentes de la Generalitat de Catalunya. Yo le pediría que recordara a
algún miembro de su partido que tiene responsabilidades de Gobierno que
el muy honorable presidente Carles Puigdemont i Casamajó es esto: muy
honorable presidente, y no Puigdemont.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la senadora Otaola Urquijo.


La señora OTAOLA URQUIJO: Eskerrik asko, mahaiburu
andrea.


No ha perdido tiempo el Partido Popular desde la
presentación por la Comisión Europea la semana pasada de la propuesta de
directiva sobre la lucha contra la corrupción para activar una batería de
iniciativas parlamentarias en ambas Cámaras, entre ellas esta moción,
solicitando una modificación del Código Penal que adecúe las penas
establecidas para el tipo penal de malversación a los parámetros
contemplados en la citada propuesta. No deja de sorprender que la
tradicional demora con la que los sucesivos Gobiernos del Estado, de uno
y otro signo, afrontan los procesos de trasposición de las directivas
europeas ―demoras que en muchos casos devienen en sanciones
pecuniarias por parte de las instituciones europeas―, se transforme
en esta ocasión y para el Grupo Popular en una inusitada urgencia para la
rápida alineación del derecho penal interno español, no a una directiva
sino, como señalábamos, a una propuesta de directiva. Y no es que la
materia no requiera de premura, ya que la lucha contra la corrupción debe
ser siempre objeto de atención preferente por el evidente impacto que
esta lacra tiene sobre la legitimidad de las instituciones democráticas,
la confianza de la ciudadanía en estas y la misma economía de nuestras
sociedades, pero una cosa es la priorización y otra la falta de rigor en
el proceso de implementación de estas políticas, al punto de saltarse
todo el proceso legislativo de la Unión Europea para propugnar su
aprobación antes del comienzo de la Presidencia española de la Unión
Europea el 1 de julio. Es sabido que en el procedimiento legislativo
ordinario de la Unión Europea es a la Comisión a quien corresponde la
elaboración de la propuesta legislativa correspondiente, bien sea
reglamento o directiva para su remisión posterior tanto al Consejo de
Estado como al Parlamento Europeo, en los que deberá ser examinada,
negociada, modificada en su caso y, finalmente, aprobada.


Estamos, por tanto, ante la fase inicial de esta
tramitación, sin olvidar que las propias directivas establecen un plazo
de trasposición de estas, y todo ello con la posibilidad cierta de que la
propuesta de directiva que hoy conocemos sufra modificaciones en su
contenido en virtud de su discurrir precisamente por el citado itinerario
legislativo. Parece, por ello, que la propuesta recogida en la moción del
Grupo Popular resulta un tanto precipitada y más propia de las
necesidades e intereses de la campaña electoral en la que ya estamos
inmersos.


Por lo tanto, no vamos a participar de esta
estrategia. Si siempre hemos defendido la necesidad de conferir a los
procesos legislativos tiempos razonables para su tramitación para
garantizar su producción legislativa de calidad que responda a las
necesidades de la sociedad, más aún lo hemos hecho cuando la materia de
la que se trata es precisamente el Derecho penal, siendo como es el
instrumento punitivo más potente del Estado democrático de derecho. Lo
hicimos en la tramitación de la reciente modificación del Código Penal,
aprobado por la Ley Orgánica 14/2022, y lo hacemos hoy también.
Compartimos los objetivos de la Comisión en orden a armonizar la
legislación penal de los Estados. Estimamos de sentido común examinar la
directiva de referencia, una vez nos encontremos ante la misma, no ante
una propuesta de directiva pendiente de tramitación, como es el caso.
¿Acaso al Grupo Popular le es indiferente el trabajo y posicionamiento
del Parlamento Europeo elegido por la ciudadanía europea? Pues a nuestro
grupo no.


Termino recordando las dos claves principales en
las que sustentamos nuestro apoyo a la última modificación de la
regulación del delito de malversación aprobado en estas Cortes Generales.
Primero, la rectificación en la estrategia del Estado para con el
conflicto político de Cataluña, en la que se situaron las modificaciones
del Código Penal introducidas mediante la ley orgánica de referencia. Lo
hemos manifestado en varias ocasiones: los problemas políticos no se
resuelven judicializando la política ni con más Código Penal ni a través
de la actuación policial, ni siquiera usando los poderes mediáticos o
instrumentalizando la justicia. Los problemas políticos se han de
solucionar a través del diálogo y del acuerdo en el espacio que nos
ofrece el desarrollo de la política. En este sentido, trasladamos
claramente que las reformas introducidas en el Código Penal posibilitaban
avanzar en estas claves hacia la convivencia en Cataluña y también con
Cataluña. Y segundo, apoyamos la reformulación del delito de malversación
porque mediante la misma volvíamos a la situación previa a la reforma
de 2015 cuando el Partido Popular, haciendo caso omiso de los informes
contrarios del Consejo General del Poder Judicial y también del Consejo
Fiscal, lo modificó incorporando una nueva tipificación con el único
objetivo de actuar contra el independentismo y, en concreto, contra Artur
Mas, por la convocatoria de referéndum de 9 de noviembre de 2014.


Por lo tanto, votaremos en contra de esta
moción.


Mila esker.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Eskerrik
asko.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herría Bildu, tiene la palabra la senadora Cortès
Gès.


La señora CORTÈS GÈS: Gràcies, presidenta.


Sembla irònic que un partit jutjat com a
Organització Criminal per la seva corrupció avui ens vulgui donar lliçons
sobre la lluita contra la corrupció a un partit com Esquerra Republicana,
que en més de 90 anys d’història del partit, ha tingut zero casos
de corrupció. Malgrat tot, la capacitat de la dreta per tergiversar la
realitat i construir realitats i relats paral·lels és innegable. Però ja
ho diuen, sobre corrupció deixem parlar els experts, que són vostès,
senyories del PP, els experts en corrupció.


Senyories, el Codi Penal espanyol contenia delictes
de naturalesa política i ideològica propis de règims passats i totes les
instàncies internacionals deien que s’havia de reformar. Per
exemple, Nacions Unides i el Consell d’Europa. França, Alemanya i
Suïssa, per posar alguns exemples, ja van reformar aquests delictes
durant els anys 60 i 70 per adaptar-los a la democràcia i a la Carta de
Drets Humans. Però a Espanya, aquests delictes, com el delicte de
sedició, seguien encara vigents. I gràcies a la negociació
d’Esquerra Republicana a través de la taula de diàleg i de
negociació entre governs, s’ha aconseguit reduir la capacitat
repressiva de l’Estat i, per tant, reduir el marge
d’arbitrarietat d’una justícia que, malauradament, sabem que
segueix hegemonitzada per la dreta i per l’extrema dreta. Homologar
la legislació espanyola i el Codi penal amb els estàndards europeus és
precisament el que van fer amb la darrera reforma del Codi penal i és
just el contrari del que les senyories del PP van fer amb la reforma del
Codi penal de l’any 2015.


Pel que fa al discurs demagògic i mentider sobre
els delictes de corrupció política, el que vam fer en la darrera reforma
és evitar la imputació per malversació amb finalitat ideològica i
arbitrària contra l’independentisme. És a dir, per evitar equiparar
delictes d’enriquiment il·lícit, com els de tota la tirallonga de
casos en els quals el PP ha estat imputat a falses acusacions a dirigents
polítics en el compliment dels seus programes electorals i de govern.
Perquè fer un referèndum no és un delicte. Fer que la gent es pugui
expressar i decidir no és un delicte. Enviar la policia a apallissar a
votants indefensos, això sí que és un delicte, això sí.


A Esquerra hem garantit una reforma del Codi Penal
per impedir que cap condemnat per delictes de corrupció pugui veure
rebaixada la seva pena, perquè els corruptes on han d’estar és a la
presó. Hem establert de forma clara dues conductes que han quedat
recollides en el delicte de malversació, que són l’apropiació o
intent d’apropiació de fons públics per a l’enriquiment
personal o d’un tercer. I, per altra banda, la distracció de
recursos públics, és a dir, fer servir recursos públics sense ànim
d’apropiar-se’n, però amb una finalitat privada. Aquesta
malversació és la que els partits del règim porten 40 anys fent allà on
governen i que Esquerra Republicana hem perseguit i seguim perseguint
arreu. Quina millor prova hi pot haver de què la reforma de malversació
no beneficia als corruptes que el fet que les senyories del PP hi
estiguin en contra?


Som garantia que les corrupteles siguin penades com
toca. La nostra trajectòria com a organització d’història
impol·luta avala la nostra tolerància zero contra la corrupció i no
acceptarem lliçons del Partit Popular, que és el partit més corrupte de
tot Europa.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidenta.


Parece irónico que un partido juzgado como
organización criminal por su corrupción hoy quiera darnos lecciones sobre
la lucha contra la corrupción a un partido como Esquerra Republicana, que
en más de noventa años de historia del partido ha tenido cero casos de
corrupción. A pesar de todo, la capacidad de la derecha por tergiversar
la realidad y construir realidades y relatos paralelos es innegable, pero
ya lo dicen, sobre corrupción dejemos hablar a los expertos, que son
ustedes, señorías del PP, los expertos en corrupción.


Señorías, el Código Penal español contenía delitos
de naturaleza política e ideológica propia de regímenes pasados y todas
las instancias internacionales decían que había que reformarlo, por
ejemplo, Naciones Unidas y el Consejo de Europa. Francia, Alemania y
Suiza, por citar algunos ejemplos, ya reformaron estos delitos durante
los años sesenta y setenta para adaptarlos a la democracia y a la Carta
de Derechos Humanos. Pero en España estos delitos, como el delito de
sedición, seguían aún vigentes, y gracias a la negociación de Esquerra
Republicana a través de la mesa de diálogo y negociación entre gobiernos,
se ha conseguido reducir la capacidad represiva del Estado y, por lo
tanto, reducir el margen de arbitrariedad de una justicia que
desgraciadamente sabemos que sigue hegemonizada por la derecha y por la
extrema derecha. Homologar la legislación española y el Código Penal con
los estándares europeos es precisamente lo que hicimos con la última
reforma del Código Penal, y es justo lo contrario de lo que las señorías
del PP hicieron con la reforma del Código Penal del año 2015.


Respecto al discurso demagógico y mentiroso sobre
los delitos de corrupción política, lo que hicimos en la última reforma
es evitar la imputación por malversación con finalidad ideológica y
arbitraria contra el independentismo para evitar equipararla con delitos
de enriquecimiento ilícito, como los de toda la retahíla de casos en los
que el PP ha sido imputado con falsas imputaciones de dirigentes
políticos, en cumplimiento de sus programas electorales y de Gobierno.
Porque hacer un referéndum no es un delito, hacer que la gente pueda
expresarse y decidir no es delito. Enviar a la policía a apalizar
votantes indefensos, esto sí es un delito.


En Esquerra hemos garantizado una reforma del
Código Penal para impedir que ningún condenado por delitos de corrupción
pueda ver rebajada su pena porque los corruptos donde deben estar es en
la cárcel. Hemos establecido de forma clara dos conductas que han quedado
recogidas en el delito de malversación: por un lado, la apropiación o
intento de apropiación de fondos públicos para el enriquecimiento
personal o de un tercero y, por otro lado, la distracción de recursos
públicos, es decir, utilizar recursos públicos sin ánimo de
apropiárselos, pero con una finalidad privada. Esta malversación es la
que los partidos del régimen llevan haciendo donde gobiernan desde hace
cuarenta años y es la que Esquerra Republicana ha perseguido y sigue
persiguiendo en todas partes. Qué mejor prueba puede haber de ello, que
la reforma de malversación no beneficie a los corruptos y el hecho de que
las señorías del PP estén en contra.


Somos garantía de que las corruptelas sean
penalizadas como toca. Nuestra trayectoria como organización de historia
impoluta avala nuestra tolerancia cero contra la corrupción y no
aceptaremos lecciones del Partido Popular, que es el partido más corrupto
de toda Europa.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
tiene la palabra el senador Márquez Sánchez.


El señor MÁRQUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Muchas gracias a todos los grupos que van a apoyar
esta moción. Con respecto a Más Madrid, creo que la respuesta la darán
los madrileños. Estoy seguro de que van a votar mayoritariamente a la
señora Ayuso.






(Aplausos). Esa va a ser la respuesta, no se la voy a dar
yo.


Con respecto al Partido Nacionalista Vasco,
discrepamos totalmente y, además, le digo una cosa. En este tema o se
está a favor de la corrupción o se está en contra de la corrupción.
Ustedes tienen un caso muy desagradable, el del señor De Miguel, y a lo
mejor precisamente ustedes se oponen a esto porque ellos salen
beneficiados. Por tanto, vuelvo a decir, o están a favor de la corrupción
o están en contra de la corrupción.


Respecto a la señora Mirella Cortès, que ha dicho
que somos una formación corrupta, le diré que los únicos corruptos que
han sido condenados han sido el señor Oriol Junqueras, el señor Turull,
la señora Bassa y el señor Romeva. Esa sí que es una formación criminal
y, además, utiliza la política para cambiarse sus propias penas por la
cobardía del Partido Socialista. (Aplausos). Eso sí que es criminal. Otra
cosa no lo sé, pero eso sí.


Señores del Partido Socialista, durante todo este
tiempo se ha estado justificando este tipo de modificación. Primero,
porque era homologarnos con Europa, y eso es mentira, porque precisamente
Europa lo que ha dicho es que lo que tenemos que hacer es subir las
penas, no bajarlas. Segundo, se nos ha dicho que esto era para alinearnos
con Europa. Señores, aquí se está diciendo mentira tras mentira, porque
la administración desleal que se impuso en el Código Penal de 2015 está
en Europa, y si no que se lo digan al alcalde socialista de Salzburgo,
señor Heinz Schaden, que le pusieron años de cárcel no por quedarse un
euro sino por malversar dinero y dejar un pufo de 340 millones de euros
en dicha ciudad. Eso se está dando en Europa, y ustedes están intentando
que no se emplee dinero público para lo que ustedes precisan. Ustedes
están mintiendo. Tercero, se están bajando las penas porque se está dando
el mensaje de que el delito de malversación no es un delito grave, cuando
es una forma clarísima de corrupción. Ustedes están tan alejados de la
sociedad que se están riendo de la gente, y no solamente está mintiendo
aquí Pedro Sánchez, sino que están mintiendo también otros barones
socialistas, como el señor Page, que se pone muy digno diciendo que esto
es intolerable, pero que después los senadores de Castilla-La Mancha bien
que votan a favor de bajar la pena de malversación.


También se está diciendo que esto es una forma de
tener una justicia más equitativa, y eso es mentira, porque, como ya se
ha quedado demostrado, esto era sencillamente un pacto con Oriol
Junqueras para bajar las penas por malversación de caudales públicos. No
se buscaba la justicia, no se buscaba absolutamente nada. Se dice también
que esta propuesta era para ser más tolerante y democrático, y la
tolerancia y la democracia no pueden significar nunca ser favorable ni
tolerar ni la corrupción ni la impunidad, que es lo que el Partido
Socialista nos está diciendo en el fondo. Se está diciendo que esto es
modernizar el sistema penal, y modernizar no significa impunidad,
señores. Además, es lo que está diciendo ahora mismo Europa. Europa, a
diferencia de lo que ha dicho el Partido Nacionalista Vasco, dice que los
partidos y los países pueden modificar ya su Código Penal, si quieren,
porque se trata de una cuestión interna. Lo que está diciendo la Comisión
Europea es que no tengan una pena mínima de menos de cinco años, cosa que
nosotros sí tenemos. Eso sí se puede modificar perfectamente, si no se
quiere es por otra voluntad, no por lo que ustedes están diciendo.


Asimismo, se está diciendo que bajar la pena de
malversación es para mejorar la imagen de España. Yo no sé si mejorar la
imagen de España es mejorarla con impunidad y corrupción, y no con
justicia y transparencia. También se dice que llevamos los deberes hechos
a Europa, pero nosotros los deberes a Europa no los llevamos hechos
porque aquí se está diciendo todo lo contrario a lo que aquí se ha
organizado. Los únicos deberes que llevan ustedes a Europa son el listado
de personas de malversadores y corruptos, que son legión. Eso es lo
único, los tienen identificados: el señor Chaves, el señor Griñán,
Vallejo, Junqueras, Turull, Bassa, Romeva y todos los casos de corrupción
que están surgiendo con el hermano de Ximo Puig o con el señor Tito
Berni, que imagino que ustedes también lo conocen, que ahora también
están diciendo que se ha reunido con la señora Darias y que hoy en la
prensa están vinculándolo con el señor Ábalos. Esos sí son los deberes
que ustedes llevaron a Europa.


Por último, está el tema de que debe favorecer la
convivencia en Cataluña, que lo han dicho varios señores. ¿Es que los
catalanes son malversadores? ¿Ustedes están jugando a decir que los
catalanes ―yo― lo somos? Ustedes están vinculando el problema
político de sus partidos, diciendo que es una cuestión territorial de
Cataluña. Los catalanes son gente superhonesta, gente que ni malversa ni
hace absolutamente nada. Otra cosa diferente son los partidos y los
intereses que tengan los partidos, pero ustedes no son Cataluña.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Lerma Blasco.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias,
presidenta.


Yo creo que ha habido algunas intervenciones muy
impropias: una, por supuesto, la del representante del Partido Popular;
otra, la de la representante de VOX, y también de algunos partidos
locales, singularmente. Y han sido impropias porque a través de un
subterfugio, de una declaración de la supuesta Comisión, el Partido
Popular ha planteado en este debate nada menos que su actitud respecto al
tema catalán. Ha planteado un debate sobre Cataluña aprovechándose de una
declaración de la Comisión para hablar del tema de la Comisión. Y es
evidente que eso requería, por lo menos, la presencia de su presidente o,
al menos, la intervención de su portavoz. (Aplausos).


Ha hecho alusión a las múltiples denuncias de
corrupción, a los supuestos corruptos, etcétera, a todas estas cosas.
Pero lo que subyace detrás de este subterfugio es realmente el debate
sobre la actitud del Partido Popular en Cataluña y es nada menos que un
partido que aspira a gobernar. En este caso concreto me podría haber
equivocado, porque siempre tendemos a hablar de Rajoy, pero no me hubiera
equivocado mucho, porque tanto Rajoy como el señor Casado, o en este caso
el señor Feijoo o el propio VOX, defienden lo mismo. Y respecto a lo que
defienden para Cataluña, no sabemos lo que puede ocurrir, pero sí sabemos
lo que su actitud ya provocó, es decir, provocó dos referéndums ilegales
y la división completa de la sociedad catalana. (Aplausos). Esa es la
actitud que ustedes siguen planteando con respecto a Cataluña. Lo único
que se les ocurre siempre es decir que todo esto es para que el señor
Sánchez continúe el Gobierno y, efectivamente, es para que el señor
Sánchez y gente sensata continúen el Gobierno, no crispen a los
ciudadanos y sea posible la convivencia en Cataluña y en toda España.
(Aplausos). Ustedes no defienden la convivencia, defienden todo lo
contrario: defienden la radicalización, la crispación, la división. Por
supuesto, con esas actitudes pocos amigos van a hacer, ya se ha visto los
que tienen. Estaban por aquí delante sentados y han hecho una gran
intervención confundiendo un debate sobre la corrupción con un debate
sobre la convivencia, y Cataluña y la democracia española y su futuro.
(Aplausos). Bueno, pues en eso estamos.


Podemos debatir jurídicamente los temas. Fíjese
usted, se les ha ocurrido de repente además homologarse enseguida con una
declaración de la Comisión, homologarse inmediatamente. Pero no se les ha
ocurrido homologarse con lo que dijo a continuación el comisario de
Justicia, que dijo claramente que si hay prisa en empezar la Presidencia
española el 1 de julio, con todo limpio, la prisa no debería estar en
hablar de cómo se va a tratar el delito de corrupción en el futuro, sino
de hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
(Aplausos).


Intervengo poco, pero ya le dije en mi última
intervención que la medida del éxito del señor Feijoo estaba,
precisamente, en ser capaz de llevar adelante la reforma del Consejo del
Poder Judicial, que es llevar adelante el cumplimiento de su palabra
―que eso es importante, al menos para él― y, por supuesto,
para nosotros, el cumplimiento de la Constitución, que eso sí que es lo
verdadero importante. Ahí es donde tenían ustedes que tener prisa en
homologarse y llegar a la Presidencia española con el Consejo General del
Poder Judicial renovado después de cuatro años. Pero no piensan hacerlo;
todo lo contrario, han buscado un nuevo subterfugio para ver si ganan
tiempo y acaban la legislatura sin renovar incumpliendo reiteradamente lo
que no son nada más que opiniones y recomendaciones de la Comisión, de su
comisario y de toda la sociedad española en general, porque tienen
ustedes paralizados muchos tribunales, precisamente, por no querer
renovar el Consejo del Poder Judicial, es decir, por entrometerse ustedes
en la justicia, que es la acusación permanente a la que nos someten a
nosotros. (Aplausos). Ya está bien, no nos hagan hacer el ridículo más.
Dejen ya de una vez de pensar que pueden esperar hasta ver si ganan las
elecciones. Cumplan ustedes con la Constitución. Ese es el elemento clave
de la situación.


Por lo demás, si quieren hacer un debate jurídico,
que ya hemos hecho, porque acabamos prácticamente de aprobar la norma, la
hacemos, pero es evidente que no es la misma alarma social cuando un
funcionario se lleva el dinero a casa, que cuando lo utiliza para fines
distintos, que también están penados y que no estaban nada claros en el
Código Penal del año 1995. Por lo tanto, nosotros hemos mejorado la
situación, y no solo la hemos mejorado en este sentido. Cuando el
presidente dice que hemos cumplido con los deberes, lo dice con toda
claridad por otra cuestión que a ustedes les preocupa mucho, que es el
enriquecimiento ilícito. Eso les preocupa mucho. (Aplausos). Esa es la
situación.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría,
vaya terminando.


El señor LERMA BLASCO: Esto consiste en que cuando
uno tiene dinero y no es capaz de justificarlo tiene que haber una
actuación al respecto. Eso es el enriquecimiento ilícito y es una de sus
preocupaciones. (Rumores.— Protestas).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría,
debe terminar.


El señor LERMA BLASCO: Eso no es ya una
homologación con el derecho europeo, sino una avanzada sobre lo que
tendrá que ocurrir necesariamente. (Continúan los rumores y las
protestas.Varias señorías golpean repetidamente su mesa con la palma de
la mano). Digan ustedes lo que quieran, pero la realidad es que nosotros,
en la reforma del Código Penal, hemos vuelto a la tradición española y
europea. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría,
su tiempo ha terminado.


Señorías, finalizado el debate de esta moción, les
recuerdo que el plazo para que emitan el voto electrónico remoto los
senadores autorizados se abrirá al finalizar el debate de la siguiente
moción. Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de esta
iniciativa tendrá lugar, una vez finalizado este plazo, cuando sea
anunciada por la Presidencia.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
TRANSFERENCIA INTEGRAL DEL SERVICIO DE RODALIES DE CATALUNYA A LA
GENERALITAT DE CATALUÑA.


662/000172

GPERB


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 8.2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta
moción se han presentado cuatro enmiendas: dos del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal, una del Grupo Parlamentario Socialista y una del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, la
senadora Cortès Gès.


La señora CORTÈS GÈS: : Gràcies, presidenta.


La moció que portem avui a debat fa referència a un
tema d’extrema gravetat a Catalunya, que són les deficiències en el
servei, en la seguretat i en el funcionament general de Rodalies. A
Catalunya portem dècades d’incompliments i de dèficit crònic que el
Govern del PSOE i la ministra Raquel Sánchez ha perpetuat i que han
derivat en un autèntic col·lapse sistèmic.


PP i PSOE s’han omplert la boca durant anys
sobre inversió realista de Catalunya a Rodalies i portem desenes
d’anys de retard en la inversió a Rodalies. Des de Zapatero,
passant per Rajoy, fins a Sànchez. Zapatero deia que «esta será la
legislatura de cercanies». Ana Pastor deia que «la inversión más
importante será esta, en cercanías». Rajoy que deia que «mi compromiso
personal es que este plan sea realista, viable y verificable». Ávalos
deia que apostem com mai per la millora de les Rodalies. La ministra
Raquel Sànchez diu promeses i incompliments i un darrere l’altre. I
el president Sánchez diu que «esta vez sí que va en serio». En serio, que
va en serio? El que sí que va en serio és que mentre vostès parlen i fan
promeses, s’han anat acumulant els projectes pendents. El que sí
que va en serio són els reiterats incompliments pressupostaris per part
d’ADIF i de Renfe i per part de l’Estat a Catalunya. El 2015
es van executar 38 dels 233 milions pressupostats. El 2016, 59 de 227.
El 2017, 165 de 225. El 2018, 103 de 357. El 2019, 194 de 582.
El 2020, 322 de 711. El 2021, 260 de 970. És a dir, més de 12.000 milions
d’euros que s’han deixat d’invertir en Rodalies. I ara
Rodalies s’ha convertit en un autèntic desastre. Vuit de cada deu
dies s’hi produeixen incidències greus. Trens que descarrilen,
trens que xoquen, accidents mortals com, per exemple, el que vam tenir a
Vacarisses a la línia R4 de Manresa a Terrassa, on encara avui no
s’han implementat els sistemes de seguretat des de
l’any 2018. Gent tancada als trens sense poder sortir, gent que
camina per les vies carregades amb maletes, gent que arriba tard a la
feina, als exàmens, a la visita mèdica, a casa, gent que no saben quan
sortirà el seu tren o si sortirà perquè ningú els informa. I això, un dia
darrere de l’altre i que nosaltres hem anat denunciant en aquesta
cambra. La setmana passada, a Gavà, ahir al matí, a Sant Vicenç de
Castellet i, a la tarda, a Manlleu, on un incendi a la catenària obligà a
la gent a sortir corrent del tren espantada. És a dir, ara, a més a més
de tot això, ja hi afegim la manca de seguretat. I això no ens ho podem
permetre. I això Esquerra Republicana no ho pot permetre. Aquest és el
drama per a milers de persones que viatgen a Rodalies diàriament. La
precarietat de les estructures és extrema actualment. I qui és el
responsable d’aquest desastre? El Govern espanyol, el Govern del
PSOE i el PSC, amb la ministra Raquel Sánchez al davant. I Salvador Illa
diu: «menys queixar-se i més treballar». Doncs sí, senyors del PSC i
senyors del PSOE, apliquin-se el consell de Salvador Illa, treballin més
i deixin de tirar pilotes fora, que la responsabilitat és tota seva.
Treballin, no es queixin i assumeixin responsabilitats.


Però seguim amb l’assumpte, amb la gravíssima
incidència de la setmana passada a Gavà, que ha afectat a les línies R2,
R11, R13, R14, R15, R16 i R17, i també als regionals de Tarragona i de
l’Ebre. I el que és més greu encara, les declaracions de què si
això ha estat provocat per un llamp —mentida, senyories, no hi va
haver cap tempesta ni cap llamp—, que en tres setmanes estarà
arreglat, —mentida, perquè pot ser que l’avaria costi tres o
quatre mesos en reparar-se del tot—. I mentrestant, poblacions
sense alternativa al servei ferroviari, com per exemple Sitges i Vilanova
i la Geltrú, de la línia R2Sud. Qui ha posat busos alternatius? La
Generalitat de Catalunya, perquè ni Renfe, ni PSOE, ni PSC, ni la
ministra Raquel Sánchez han donat alternatives. Quan són ells els
responsables d’aquest caos a rodalies.


Bé, de Gavà a Barcelona sí que s’han posat
busos, i gratuïts. Quina casualitat, oi? L’autobús de la línia ha
augmentat el servei per a la gestió de la Generalitat de Catalunya amb
l’operador de la línia. Però això significa un sobrecost econòmic
per als usuaris i per a les usuàries, perquè no s’admeten els
títols habituals de Rodalies i perden la gratuïtat en el transport i
deixa sense servei alternatiu a usuaris i usuàries d’estacions com,
per exemple, la del Garraf. I mentrestant, el Gobierno del Estado ara
anuncia descomptes perquè els joves puguin anar de vacances amb
Interrail. Home, d’això se’n diu tenir bastanta barra. Si
aquesta situació dura fins a quatre mesos, com sembla que passarà, serà
totalment insostenible per als municipis i la ciutadania, que depenen del
bon funcionament del transport públic. Els pocs trens que circulen estan
desbordats de passatgers, obligant-los a utilitzar l’autobús i
també el vehicle privat. Per altra banda, l’economia
d’aquests municipis, com per exemple de Sitges o Vilanova o
d’altres, degut a tot aquest caos es pot veure molt afectada si
s’allarga la incidència, ja que implicarà de ple la temporada
turística d’estiu. I cal destacar també que l’ús del vehicle
privat contradiu totalment l’esperit de deixar el vehicle a casa
per qüestions mediambientals. Aquest és el drama que es viu diàriament a
Catalunya i que no podem normalitzar malgrat sembli que hi ha actualment
una normalitat.


En resum, és escandalosa la realitat actual de
Rodalies a Catalunya i la gestió de la ministra de Transports, Raquel
Sánchez. Un verdader desastre. I repeteixo, el més greu és que això ho
pateix la ciutadania de Catalunya a diari, que no saben mai quan
arribaran al seu destí. O s’hi arribaran, o si tan sols el tren
sortirà de l’andana, perquè ningú no informa, repeteixo.


Mirin, el PSOE i el PSC han tingut temps per
resoldre aquesta situació que arrosseguem des de fa anys i que cada dia
és més greu i que avui ja s’ha convertit en catastròfica a
Catalunya. I la ministra de Transports, catalana, de Gavà, del PSC, no
assumeix cap responsabilitat, com tampoc admet la manca de capacitat per
solucionar aquest caos de Rodalies que cada dia és més greu i que fa
trontollar la vida de la gent. Senyora ministra, la responsabilitat és
seva, tota seva i només seva. Vostè està al capdavant del seu ministeri i
faria bé d’assumir la seva responsabilitat en comptes de carregar
les culpes contra els altres i que surti, si us plau, a donar
explicacions a la ciutadania. Si l’única gran responsabilitat que
gestiona el PSC a Catalunya és un desastre, doncs cal que surtin a donar
explicacions d’aquest desastre. Miri, més de 400 incidències en un
any és una calamitat, no una percepció, com diuen vostès, una calamitat.
Per tot això, demanem la reprovació de la ministra de Transports Raquel
Sánchez.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidenta.


La moción que traemos para debatir hace referencia
a un tema de extrema gravedad en Cataluña, que son las deficiencias en el
servicio, seguridad y funcionamiento general de cercanías. En Cataluña,
llevamos décadas de incumplimientos y de déficit crónico que el Gobierno
del PSOE y la ministra Raquel Sánchez han perpetuado y han derivado en un
auténtico colapso sistémico.


PP y PSOE se han llenado la boca durante años sobre
una inversión realista en cercanías en Cataluña, pero llevamos décadas de
retraso, desde Zapatero hasta Sánchez, pasando por Rajoy. Zapatero decía
que aquella sería la legislatura de cercanías. Ana Pastor decía que la
inversión más importante sería la de cercanías. Rajoy decía que su
compromiso personal era que ese plan fuera realista, viable y
verificable. Ábalos decía que apostaban como nunca por la mejora de
cercanías. La ministra Raquel Sánchez hace promesas, pero tenemos un
incumplimiento tras otro. Y el presidente Sánchez dice que esta vez sí
que va en serio. ¿En serio va en serio? Lo que sí va en serio es que,
mientras ustedes hablan y hacen promesas, se han ido acumulando los
proyectos pendientes. Lo que va en serio son los reiterados
incumplimientos presupuestarios de ADIF, de Renfe y del Estado en
Cataluña. En 2015 se ejecutaron 38 de los 233 millones presupuestados;
en 2016, 59 de 227; en 2017, 165 de 225; en 2018, 103 de 357;
en 2019, 194 de 582; en 2020, 322 de 711; en 2021, 260 de 970. Es decir,
hablo de más de 12 000 millones de euros que se han dejado de invertir en
cercanías. Ahora cercanías se ha convertido en un auténtico desastre
y 8 de cada 10 días se producen incidencias graves: trenes que
descarrilan o chocan; accidentes mortales, como el que tuvimos en
Vacarisses, en la línea R4 de Manresa a Terrasa, donde todavía hoy no se
han implementado los sistemas de seguridad desde el año 2018; gente
encerrada en los trenes sin poder salir; gente que anda por las vías
cargada de maletas; gente que llega tarde al trabajo, a los exámenes, al
médico, a casa; gente que no sabe cuándo saldrá su tren o si saldrá
porque nadie les informa. Esto ocurre un día tras otro y nosotros lo
hemos ido denunciando en esta Cámara. La semana pasada sucedió en Gavà;
ayer por la mañana, en Sant Vicenç de Castellet, y, por la tarde, en
Manlleu, donde un incendio en la catenaria obligó a la gente a salir
corriendo del tren asustada. Es decir, ahora, además de todo esto, hay
que añadir la falta de seguridad. Y esto no nos lo podemos permitir,
Esquerra Republicana no lo puede permitir. Este es el drama para miles de
personas que viajan en cercanías a diario. La precariedad de las
estructuras es extrema en la actualidad. ¿Y quién es el responsable de
este desastre? El Gobierno español del PSOE y el PSC, con la ministra
Raquel Sánchez a la cabeza. Y Salvador Illa dice: Menos quejarse y más
trabajar. Pues sí, señores del PSC y señores del PSOE, aplíquense el
consejo de Salvador Illa: trabajen más y dejen de echar balones fuera,
que la responsabilidad es toda suya. Trabajen, no se quejen y asuman
responsabilidades.


Sigamos con el tema, la gravísima incidencia de la
semana pasada en Gavà, que ha afectado a las líneas R2, R11, R13, R14,
R15, R16 y R17 y también a los regionales de Tarragona y del Ebro. Y más
grave todavía son las declaraciones de que esto había sido provocado por
un rayo ―mentira, no hubo ninguna tormenta ni ningún rayo―; o
de que en tres semanas estará arreglado ―mentira, porque es posible
que la avería tarde tres o cuatro meses en repararse totalmente―.
Mientras tanto, tenemos poblaciones sin alternativa al servicio
ferroviario, como, por ejemplo, Sitges y Vilanova i la Geltrú, de la
línea R2 Sud. ¿Quién ha puesto autobuses alternativos? La Generalitat de
Catalunya, porque ni Renfe ni PSOE ni PSC ni la ministra Raquel Sánchez
han dado alternativas, cuando son ellos los responsables de este caos en
cercanías.


En Gavà, Barcelona, sí han puesto autobuses
gratuitos. Qué casualidad, ¿verdad? El autobús de línea ha aumentado el
servicio gracias a la gestión de la Generalitat de Catalunya con el
operador de la línea, pero esto significa un sobrecoste económico para
los usuarios y para las usuarias, porque no se admiten los títulos
habituales de cercanías, pierden la gratuidad en el transporte y dejan
sin servicio alternativo a usuarios de estaciones, como, por ejemplo, la
del Garraf. Mientras tanto, el Gobierno del Estado ahora anuncia
descuentos para que los jóvenes puedan ir de vacaciones con el Interrail.
Hombre, esto se llama tener bastante caradura. Si esta situación dura
hasta cuatro meses, como parece que va a suceder, será totalmente
insostenible para los municipios y para la ciudadanía, que depende del
buen funcionamiento del transporte público. Los pocos trenes que circulan
están desbordados de pasajeros, lo que obliga a estos a utilizar el
autobús y también su vehículo privado. Por otro lado, la economía de
municipios como Sitges, Vilanova u otros por todo este caos se puede ver
muy afectada si se prolonga la incidencia, puesto que va a afectar de
lleno a la temporada turística de verano. Hay que subrayar también que el
uso del vehículo privado contradice absolutamente el espíritu de dejar el
vehículo en casa por motivos medioambientales. Este es el drama que
vivimos a diario en Cataluña y que no podemos normalizar a pesar de que
en la actualidad parezca normal.


En resumen, es escandalosa la realidad de cercanías
en Cataluña y la gestión de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez,
un verdadero desastre. Y, repito, lo más grave es que esto lo sufren los
ciudadanos y ciudadanas de Cataluña a diario, que nunca saben cuándo van
a llegar a su destino o si van a llegar, o si el tren va a salir del
andén porque nadie informa.


El PSOE y el PSC han tenido tiempo para resolver
esta situación, que arrastramos desde hace años, que cada día es más
grave y que hoy se ha convertido ya en catastrófica en Cataluña. La
ministra de Transportes, que es catalana, de Gavà, del PSC, no asume
ninguna responsabilidad, como tampoco admite su falta de capacidad para
resolver este caos de cercanías que cada día es más grave y que altera
completamente la vida de la gente. Señora ministra, la responsabilidad es
suya, toda suya y solo suya. Usted está a la cabeza de su ministerio y
haría bien en asumir su responsabilidad en lugar de cargar las culpas
sobre otros. Salga, por favor, a dar explicaciones a la ciudadanía. Si la
única gran responsabilidad que gestiona el PSC en Cataluña es un
desastre, tienen que salir a dar la cara y a dar explicaciones de este
desastre. Más de 400 incidencias en un año es una calamidad, no una
percepción, como dicen ustedes. Por todo eso, pedimos la reprobación de
la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gràcies,
senyoria.


Para la defensa de las enmiendas de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, presidenta.


Des de fa anys estem queixant-nos de la situació
del ferrocarril, en general, al País Valencià. Ha estat la mostra evident
d’un tracte colonial, del maltracte, de la infrainversió, del
càstig, no sols en els Pressupostos Generals de l’Estat, sinó en el
manteniment bàsic dels serveis com són els ferrocarrils. Tenim un Estat
que ni fa ni deixa fer, en casos com les confederacions hidrogràfiques,
en infraestructures o, en especial, en ferrocarrils, ha estat això, ni fa
ni deixa fer. I també tenim casos on ha estat directament l’enemic,
és el cas de ports de l’Estat.


Ens centrem en ferrocarrils i rodalies perquè és el
que proposa esta moció. Parla d’una altra comunitat autònoma, però
ja saben vostés que no podem desaprofitar l’ocasió per a parlar de
la nostra comunitat autònoma, perquè d’aquests problemes, o en
parla Compromís o en no parla ningú. I esta moció és una prova
evident.


S’han omplert sempre, tant Partit Popular com
Partit Socialista, de l’AVE, i ja saben que no és el nostre model,
però podem parlar-ne. La tercera ciutat de l’Estat no té connexió
digna directa amb la quarta o cinquena ciutat de l’Estat; amb la
segona, les freqüències són més que millorables, i la connexió directa
entre València i Alacant amb ferrocarril és una autèntica vergonya.


Tot ha de començar i acabar, per al Partit Popular
i per al Partit Socialista, a Madrid. Saben què m’ha costat vindre
en AVE, en turista, des de Castelló de la Plana ahir amb Renfe? Hem de
vindre amb Renfe perquè no tenim altres companyies: 133,70 euros. I avui
tornar en Alvia, en turista, des de Madrid fins a Castelló, costarà 85,30
euros. 216 euros anar i tornar de Castelló a Madrid en turista. És un
autèntic robatori. Eixe tren del què tant es vanaglorien, tant Partit
Popular com Partit Socialista, que per fi connecten les ciutats és un
autèntic despropòsit. Però és que la majoria de la gent al País Valencià
no usa el tren, no ha de vindre afortunadament a Madrid. La majoria de
gent que usa o vol usar el tren al País Valencià és la gent que vol usar
el tren per anar a treballar o estudiar. I què han fet tant els governs
del Partit Popular com del Partit Socialista? Doncs, desmantellar-ho.
S’han carregat el tren convencional. Podem parlem del tren
Utiel-Cuenca-Madrid. Ens han mentit de manera desvergonyida. Mesos i
mesos mentint fins a tancar-ho per a sempre. Duen anys paralitzant el
tren de la costa entre la Safor i la Marina fins a Alacant. Duen anys
desfent tot el que hi ha fet. Un tren de rodalies des de València fins a
Castelló fa anys tardava cinquanta minuts i ara, si hi ha sort que eixe
tren funcione, tardarà com a mínim hora i mitja. Per això, venim exigint
des de fa molts anys que ja que el Partit Popular o el Partit Socialista
es volen carregar i fan tot el possible per carregar-se el ferrocarril al
País Valencià, que transferisquen íntegrament el servei a la Generalitat
Valenciana. Això sí, previ pagament del deute acumulat per la
infrainversió ―que són diners nostres i que ens han furtat― i
previ acord per garantir el finançament anual del servei, que també són
diners nostres que ens furten i no tornen a casa.


A Compromís duem anys exigint la gestió de les
rodalies. Les Corts Valencianes ara també. Inclús la presidència de la
Generalitat ja té reunions amb una comissió mixta amb el Ministeri per
analitzar la transferència. No estem demanant, per tant, res fora de
lloc. Des de fa anys, les rodalies al País Valencià són un autèntic
desastre. Des de fa anys exigim al Govern i a Renfe les dades del
col·lapse i ens les oculten, vulnerant directament la Constitució. Ens
oculten xifres escandaloses, que no són molt diferents a les que vam
poder traure fa uns anys: 7793 trens cancel·lats al País Valencià en un
any; 11 348 van patir retards considerables. Els Pressupostos Generals
del l’Estat són insultants per al País Valencià, però encara així
no s’han invertit ni el 5 % del pressupost previst en el Pla de
Rodalies. Tenim el pitjor servei de rodalies de tot l’Estat. Mentre
en el conjunt de l’Estat, la inversió per usuari de la línia AVE és
de 98 euros per passatger, la inversió per usuari de línia de rodalies és
de 0,0015 euros. Per això, exigim el traspàs de rodalies, per dignificar
el servei, per acabar amb l’actual caos, per a la instal·lació de
noves línies i la millora de les que existeixen actualment.


Després, en l’altre torn, explicaré què
faríem amb les rodalies transferides a la Generalitat Valenciana. Per
això el motiu de la nostra esmena. Òbviament acceptem la reprovació
d’esta ministra i de tots els que hem tingut de Transports. Estem a
favor de la moció, però ens agradaria que acceptaren la nostra
esmena.


Gràcies.


Gracias, presidenta.


Hace años que nos quejamos de la situación del
ferrocarril en general en el País Valenciano. Es una muestra evidente del
trato colonial, del maltrato, de la infrainversión y del castigo, ya no
solo en los Presupuestos Generales del Estado, sino en el mantenimiento
básico de los servicios del ferrocarril. Tenemos un Estado que ni hace ni
deja hacer. En lo que respecta a las confederaciones hidrográficas, las
infraestructuras o, en especial, los ferrocarriles, ha ocurrido eso, que
ni hacen ni dejan hacer, e incluso hay casos en los que ha sido el
enemigo, como en el de los puertos del Estado.


Nos centramos en ferrocarriles y cercanías porque
es lo que propone esta moción. Habla de otra comunidad autónoma, pero ya
saben ustedes que no podemos desaprovechar la ocasión para hablar de
nuestra comunidad autónoma, porque de estos problemas, o habla Compromís,
o no habla nadie, y esta moción es una prueba evidente.


Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista
se han llenado siempre la boca con el AVE. Ya saben que no es nuestro
modelo, pero podemos hablar de él. La tercera ciudad del Estado no tiene
una conexión directa digna con la cuarta o la quinta; con la segunda, las
frecuencias son más que mejorables, y la conexión directa entre Valencia
y Alicante en ferrocarril es una auténtica vergüenza.


Todo ha de empezar y acabar, para el Partido
Popular y el Partido Socialista en Madrid. ¿Sabe lo que me ha costado
venir en AVE, en turista, desde Castellón de la Plana con Renfe, porque
no tengo otras compañías? 133,70 euros. Y volver hoy en Alvia, en
turista, desde Madrid hasta Castellón, costará 85,30 euros; es decir, 216
euros ir y volver de Castellón a Madrid, en turista. Es un auténtico
robo. El tren del que tanto se vanaglorian el Partido Popular y el PSOE,
en realidad, es un auténtico despropósito. La mayoría de la gente en el
País Valenciano no usa el tren, no tiene que venir a Madrid. La mayoría
de la gente que usa el tren es para ir a trabajar o a estudiar. ¿Y qué
han hecho, tanto los gobiernos del Partido Popular como los del Partido
Socialista?






Desmantelarlo. Se han cargado el tren convencional. Podemos
hablar del tren Utiel-Cuenca-Madrid. Nos han mentido, como sinvergüenzas.
Meses y meses mintiendo, hasta que lo han cerrado para siempre. Llevan
años paralizando el tren de la costa entre La Safor y la Marina hasta
Alicante. Llevan años deshaciendo lo que se había hecho, como el tren de
cercanías de Valencia a Castellón, que hace años tardaba cincuenta
minutos, mientras que, ahora, si hay suerte y ese tren funciona, tardará,
como mínimo, una hora y media. Por eso venimos exigiendo desde hace
muchos años, ya que el Partido Popular y el Partido Socialista se quieren
cargar el ferrocarril en el País Valenciano, que transfieran íntegramente
el servicio a la Generalitat Valenciana, eso sí, previo pago de la deuda
acumulada por la inversión ―que es dinero nuestro y que nos lo han
quitado― y previo acuerdo de garantizar la financiación anual del
servicio, que también es dinero nuestro, que nos quitan y no vuelve a
casa.


Compromís lleva años exigiendo la gestión de las
cercanías en las Cortes Valencianas y ahora también. Incluso, la
Presidencia de la Generalitat ya tiene reuniones de la comisión mixta con
el ministerio para hacer la transferencia. No estamos pidiendo nada fuera
de lugar. Desde hace años las rodalies en el País Valenciano son un gran
desastre. Desde hace años, exigimos al Gobierno y a Renfe los datos del
colapso y nos los ocultan, vulnerando la Constitución. Nos ocultan las
cifras escandalosas, que no son diferentes a las que sacamos hace unos
años: 7793 trenes cancelados en el País Valenciano durante un año,
mientras que 11 348 sufrieron retrasos considerables. Los Presupuestos
Generales del Estado son insultantes para el País Valenciano, pero,
incluso así, no se ha invertido el 5 % que estaba previsto en el Plan de
Cercanías. Es el peor servicio de cercanías del Estado. Mientras que en
el conjunto del Estado la inversión por usuario del AVE es de 98 euros
por pasajero, la inversión por usuario de la línea de cercanías es
de 0,0015 euros. Por eso, exigimos el traspaso de las cercanías, para
dignificar el servicio, para acabar con el actual caos, para la
instalación de nuevas líneas y la mejora de las que existen
actualmente.


Después, en el siguiente turno, explicaré qué
haríamos con las competencias transferidas a la Comunidad Valenciana, de
ahí el motivo de nuestra enmienda. Por eso, aceptamos la reprobación de
esta ministra de Transportes y estamos a favor de la moción, pero
desearíamos que se incluyera nuestra enmienda.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para
defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el senador Morales Quesada.


El señor MORALES QUESADA: Buenas tardes,
señorías.


Esquerra nos trae a este Pleno una moción propia
del periodo en que nos encontramos, periodo de campaña. Gobiernan ustedes
en Cataluña, pero en su exposición han nombrado al Partido Socialista
catalán, el PSC, y al Partido Socialista Obrero Español. ¿Asumen ustedes
alguna acción? ¿Por qué no han firmado el contrato programa? Llevan diez
años de retraso, y no es culpa de esta ministra sino del poco interés que
han mostrado desde el Gobierno de la Generalitat en las infraestructuras
y en trabajar donde hay que hacerlo: en las mesas de trabajo, con planos
y aportando propuestas. Por otro lado, el recorte que, durante los
gobiernos del Partido Popular, sufrió la inversión en las
infraestructuras de Cataluña. La mayoría absoluta de Mariano Rajoy llevó
a la inversión, en 2014, a datos del año 2000, pero hoy se unen ambos
―qué extraños compañeros de cama―, por un objetivo que no es
rodalies, sino otro. Hace diez minutos se estaban llamando corruptos unos
a otros y, ahora, se dan el abrazo del oso. (Aplausos). Quieren reprobar
a una ministra que ha situado a Cataluña en la primera comunidad en
volumen de inversión ejecutada en 2022: 3000 millones, hasta 2025, en
rodalies, a lo que hay que sumar también lo que se ejecutó en el 2021 y
las licitaciones que ya están en marcha durante el presente año. Les voy
a mostrar una gráfica de la evolución histórica de la inversión en
Cataluña. (El señor Morales Quesada muestra un gráfico). ¿Ven este pico?
¿Quién gobernaba en este pico? El Partido Socialista, el señor Zapatero.
En este valle, ¿quién gobernaba? El Partido Popular, a los que ustedes
hoy se abrazan. Y cuando vuelve otra vez a subir la inversión, ¿quién
gobierna de nuevo? El Partido Socialista. Queda claro. (Aplausos).


Hay un segundo actor que se suma a esta
reprobación, a este circo, que es el Partido Popular, porque sus
obsesiones ya rozan lo enfermizo cuando se trata del presidente del
Gobierno de España, aunque yo creo que hoy se han equivocado de Sánchez.
Escucharon la palabra Sánchez y se pusieron nerviosos, pero hoy no es
Pedro, es Raquel. Pero da igual. ¿Saben lo que les digo? Que ustedes van
a tener Sánchez para rato, a Pedro y a Raquel. (Aplausos). Y no sé si
podrán decir lo mismo de Feijoo después del 28 de mayo, porque en
política se hace extraños compañeros de viaje, y los que ayer eran
independentistas y querían romper España, hoy se unen para ir en contra
de una ministra, que, saben, señorías del PP, ha hecho todo lo contrario
a lo que hacían ustedes. ¿Conocen el dicho: a la parálisis por el
análisis? Pues bien, la ministra Sánchez ha pasado de las infografías de
los proyectos y los cartones pluma a los que ustedes nos tenían
acostumbrados para mostrar sus obras, a la ejecución real de
proyecto.


Al Partido Popular le molesta que la gente se suba
al tren, que vaya en el transporte público; le molesta la política de los
abonos que está llevando a cabo el Gobierno de España; le molesta los
derechos para todos. Ustedes son más de privilegios para unos pocos. Les
molesta que la ministra, Raquel Sánchez, se haya puesto a ejecutar obras
en carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos en todo el país. Les
molesta que estemos solucionando los problemas de movilidad con
infraestructuras para la ciudadanía, de los que ustedes son los
principales responsables. En estos momentos, son numerosas en
Cataluña.


Pero volvamos al ferrocarril, ese que tanto les
preocupa, pero que durante su etapa de Gobierno abandonaron. Es mejor
decírselo con datos. En Cataluña, se está invirtiendo para transformar la
red de rodalies, pero estarán de acuerdo conmigo, tanto Esquerra como el
Partido Popular, que esto no se hace en un día cuando hay un retraso de
más de diez años. No vamos a elegir y comprar los trenes a un
concesionario, sino que su fabricación lleva un tiempo. Ahora es cuando
se está ejecutando esa compra de infraestructuras nuevas. Pero hay más
datos, pues ya hay obras finalizadas en Cataluña: el nuevo sistema de 4+4
en Sants, la construcción de nuevas estaciones, la mejora de la estación
de Bellvitge; hay obras en ejecución, como el soterramiento de Sant
Feliu, el desdoblamiento de la R-3 o un nuevo acceso al aeropuerto; y
también en contratación, que no voy a poder decirles por falta de tiempo.
Hay más inversiones que nunca.


Si después de todo esto, ustedes creen que deben
seguir adelante con la reprobación de la ministra Sánchez, pues nada,
vuelven ustedes al camino del enfrentismo y no de la solución. Si quieren
soluciones, firmen el contrato programa y no pidan algo que bien saben
que va en contra del statut. Hoy queda claro que los objetivos de
Esquerra y del Partido Popular no son otros que reprobar a una ministra
catalana y socialista. Estamos en campaña electoral y queda claro que
rodalies les importa bien poco.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias.


Para la defensa de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bernabé
Pérez.


El señor BERNABÉ PÉREZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Intervendré desde el escaño, simplemente para
manifestar que en el Grupo Parlamentario Popular hemos transaccionado con
el grupo proponente, Esquerra Republicana, y otros grupos parlamentarios,
una enmienda, que es la que se ha presentado a la Mesa, en virtud de la
cual centramos el objeto del debate en la reprobación de la ministra de
Transportes, cuestión sobre la que entraremos en más detalle durante el
turno de portavoces. No obstante, ya desde este momento queremos decir
que es una cuestión absolutamente necesaria, ante el caótico y nefasto
servicio ferroviario que se presta en Cataluña y en el resto de
España.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para manifestar si acepta las enmiendas, tiene la
palabra la senadora proponente.


La señora CORTÈS GÈS: Gràcies, presidenta.


Senyories, vista la nul·la voluntat d’assumir
responsabilitats per part de la ministra Raquel Sánchez i la seva
ineficàcia en la gestió de Renfe i Adif, entenem imprescindible reprovar
la seva acció al davant del Ministeri. És per això que hem tirat endavant
una proposta d’esmena transaccional amb alguns grups de la Cambra a
qui agraïm la bona voluntat a l’hora de buscar solucions i a
l’hora de buscar el consens. Gràcies també als grups que van
proposar esmenes a la moció i agraïm especialment al senador Mulet la
seva esmena i traslladar-li que des del nostre grup parlamentari seguirem
treballant, com fem sempre, per garantir que la gestió ferroviària
estigui en mans de la Generalitat de Catalunya i de la Generalitat
Valenciana, que és el que toca.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidenta.


Señorías, vista la nula voluntad de asumir
responsabilidades por parte de la ministra Raquel Sánchez y su ineficacia
en la gestión de Renfe y ADIF, entendemos imprescindible reprobar su
acción ante el ministerio. Por ello, hemos sacado adelante una propuesta
de enmienda transaccional con algunos grupos de la Cámara, a quienes
agradecemos su buena voluntad a la hora de buscar soluciones y el
consenso. Gracias también a los grupos que propusieron enmiendas a la
moción y, en especial, agradecemos la enmienda al senador Mulet. Le
trasladamos que nuestro grupo parlamentario seguirá trabajando, como lo
hacemos siempre, para garantizar que la gestión ferroviaria esté en manos
de la Generalitat de Catalunya y de la Generalitat Valenciana, que es lo
que corresponde.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Moltes
gràcies, senadora.


Pasamos al turno de portavoces. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Rodríguez de Millán
Parro.


La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias,
presidenta.


Esa iniciativa pedía primitivamente ―porque
ha sido modificada―, por un lado, la cesión del servicio
ferroviario y, por otro, la reprobación de la ministra de Transportes,
pero en esta iniciativa lo que subyacía era una intención de querer
borrar toda presencia del Estado en territorio catalán, para lo cual se
valen de cualquier tipo de excusa. En el caso del servicio ferroviario,
las razones para que la calidad del servicio, tanto en Cataluña como en
el resto de España, sean mejoradas son múltiples, pero destaca la vejez
de las instalaciones y el retraso en ejecutar las inversiones de
reposición, un problema estructural e imputable a los gobiernos del
Partido Socialista y, también, del Partido Popular. Sin embargo, con sus
hechos y sus movimientos, el grupo proponente ha demostrado que la
intención real que subyace a la apariencia bienintencionada de su
reivindicación es que la Generalidad aprovecha este momento de numerosas
incidencias para intensificar su campaña de petición de traspasos...
(Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Vamos a
intentar que baje el ruido. (Pausa).


Continúe.


La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Muchas
gracias.


Decía que, con sus hechos y sus movimientos, el
grupo proponente ha demostrado que la intención real que subyace a la
apariencia bienintencionada de su reivindicación es que la Generalidad
aprovecha este momento de numerosas incidencias para intensificar su
campaña de petición de traspasos de las cercanías ferroviarias. Como
siempre, sus peticiones han ido encaminadas a pedir más recursos
económicos al Gobierno de la nación, para gastarlos en sus fines
políticos.


La reprobación de la ministra de transportes es
algo que Vox ha reclamado en sede parlamentaria recientemente. El pasado
mes de marzo lo solicitábamos así en el Congreso de los Diputados, porque
consideramos, igual que millones de españoles, que así lo merece, por sus
acciones en perjuicio del interés general, su flagrante incompetencia y
su indiferencia ante las consecuencias de las actuaciones llevadas a cabo
recientemente en el seno del ministerio; acciones que acreditan la mala
gestión de los recursos de todos los españoles y que siempre hemos
denunciado. Nosotros coincidimos con la necesidad de reprobación de la
ministra, aunque en el caso de esta proposición sea una mera pantomima,
porque el grupo proponente ha apoyado en innumerables ocasiones a este
Gobierno y su iniciativa, en realidad, no tiene una intención real de
mejorar nada, solo tiene un cariz puramente electoralista.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


¿Grupo Parlamentario Democrático? (Denegaciones).
No intervendrá ningún senador.


Pasamos al Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal. El senador Mulet García tiene la palabra.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, presidenta.


Bé, per què volem gestionar les rodalies? Perquè
volem ampliar, per exemple, la línia C3 fins a Camporrobles. El Ministeri
d’Hisenda es va comprometre fa uns mesos a acceptar la nostra
petició a canvi del vot favorable en esta Cambra, de Compromís, als
Pressupostos Generals de l’Estat. He preguntat fa uns dies al
Govern i es fa el despistat. Aneu amb compte, perquè això crea un
precedent terrible i si no compleixen la paraula, fins ací hem
aplegat.


Volem gestionar les rodalies perquè volem fer
realitat el tren de la costa a la Safor i la Marina. Volem gestionar les
rodalies perquè volem la dignificació del tren Xàtiva-Alcoi, així com la
recuperació de línies desmantellades, com ara la de Carcaixent-Gandia.
Volem rodalies de veritat, i no el succedani que hi ha ara entre Castelló
i Vinaròs, parant en Santa Magdalena i la Ribera de Cabanes i que
continue fins a Tortosa. Volem la connexió ferroviària entre Alacant i
Alcoi, tot convertint aquesta línia, Alacant-Alcoi-Xàtiva, en el
connector d’Alacant i València per l’interior. Volem
recuperar la connexió ferroviària amb Torrevella, municipi de més
de 100 000 habitants que no té connexió ferroviària. Volem la connexió
ferroviària en rodalies a l’aeroport de l’Altet,
l’aeroport més gran d’Europa sense connexió ferroviària.
Volem millorar els serveis, els temps de viatge i acabar amb els retards
i les cancel·lacions actuals. Volem abaratir els preus per recuperar els
usuaris i usuàries perduts. Volem convertir ferrocarrils de la
Generalitat en la plataforma única de transport públic amb una targeta
única i la integració de tots els mitjans de transport: tren, metro,
tramvia, bus i bicicletes. Volem desenvolupar noves línies de rodalies.
Volem fer una xarxa competitiva en tots els trajectes on el tren iguale o
millore el temps de desplaçament amb cotxe. Volem que la llei estatal de
finançament de transport públic presentada per nosaltres en esta Cambra i
que es va prendre en consideració, deixe d’estar segrestada en el
Congrés i tire endavant per garantir una inversió en rodalies que no
depenga del Govern de torn. Volem la compensació pels anys
d’abandonament de les rodalies valencianes. Volem electrificar
totes les línies, modernitzar els trens i duplicar totes les vies allà on
no hi haja cap tipus d’impediment geogràfic o risc
mediambiental.


I no parlem únicament del caos de Renfe, també
podem parlar del caos d’ADIF, motiu suficient per a reprovar a esta
ministra i a tots els que hem tingut fins ara. Fa pocs dies lamentàvem la
mort d’una jove envestida per un tren en el pas de vianants en el
municipi d’Alfafar, pas a nivell que no els ha donat la gana
eliminar a pesar d’haver registrat ja més d’un centenar
d’atropellaments de veïns d’Alfafar, Sedaví i Benetússer. En
quatre dècades, han mort setanta persones en este pas a nivell. I què han
fet des de l’Administració per a eliminar-ho, tant un Govern com
l’altre? No han fet absolutament res. Ara ens diuen que estan
oberts a estudiar una solució, però ja hem vist que la paraula del
Govern, i en especial del Partit Socialista, en les seues promeses val
per a ben poquet o per a res. Estem parlant d’un pas a nivell que
afecta a 50 000 persones, a 50 000 habitants, i on les barreres poden
estar baixades sense cap tipus d’explicació més de vint minuts
seguits. Han mort setanta persones en quaranta anys i no han fet
absolutament res per a eliminar-ho. Aquestes morts eren evitables. Es
tracta d’un dels punts negres més coneguts. Amb una transferència
del servei integral segurament això no haguera passat, perquè ens
preocupen les persones, ens preocupa cada vida d’un valencià i una
valenciana. Hi havia un del pla de supressió de passos a nivell 2016-2024
i no han fet absolutament res. És un cas lamentable, concret, però és
extrapolable al que han fet uns governs i altres respecte als
ferrocarrils al País Valencià: passos a nivell sense eliminar, estacions
en estat deplorable, moltes d’elles no són encara accessibles.
També durant la tramitació dels Pressupostos Generals de l’Estat
de 2023, a canvi del nostre vot, es va comprometre el Partit Socialista a
eliminar el monstruós pas de vianants de l’estació de Vila-real
—la passarel·la de la vergonya, com li diuen al poble― que
afecta a una ciutat de més de 50 000 habitants. Els hem preguntat també
per escrit fa poc i encara ens diuen que estan estudiant a veure com ho
faran. Els tornem a dir: no es burlen, perquè la paciència té un
límit.


Per això exigim la gestió integral de les rodalies,
perquè són uns inútils els que han estat governant-nos fins ara. I volem
un tren digne i no ens cansarem de reivindicar-ho pese a qui pese. I per
això avui també votarem a favor de reprovar esta ministra com votaríem a
favor de reprovar a tots els ministres de Foment que hem tingut
malauradament a l’Estat espanyol.


Gràcies.


Gracias, presidenta.


¿Por qué queremos gestionar las cercanías? Porque
queremos ampliar la línea C3 hasta Camporrobles. El Ministerio de
Hacienda se comprometió hace unos meses a aceptar nuestra petición a
cambio del voto favorable de Compromís en esta Cámara a los Presupuestos
Generales del Estado. Les hemos preguntado hace unos días, pero se hacen
los despistados. Cuidado, porque esto puede crear un precedente terrible.
O cumplen la palabra, o hasta aquí hemos llegado.


Queremos hacer realidad el tren de la costa entre
La Safor y la Marina. Queremos gestionar las cercanías porque queremos la
dignificación del tren Xàtiva-Alcoi, así como recuperar las líneas
desmanteladas, como la de CarcaixentGandía, o las cercanías entre
Castellón y Vinaroz, parando en Santa Magdalena y la Ribera de Cabanes.
Queremos la conexión ferroviaria entre Alicante y Alcoi, la línea
Alicante-Alcoi-Xàtiva, y el conector de Alicante y Valencia por el
interior. Queremos recuperar la conexión ferroviaria con Torrevieja, el
único municipio de más de 100 000 habitantes que no tiene una conexión.
Queremos la conexión de cercanías al aeropuerto de El Altet, el
aeropuerto más grande de Europa sin conexión ferroviaria. Queremos
mejorar el servicio, los tiempos de viaje, evitar los retrasos y las
cancelaciones habituales, abaratar los precios para recuperar los
usuarios perdidos, convertir el ferrocarril de la Generalitat en una
plataforma única de transporte público, con una tarjeta única y la
integración de todos los medios de transporte: tren, metro, tranvía,
autobús y bicicleta. Queremos desarrollar nuevas líneas de cercanías.
Queremos una red competitiva en todos los trayectos, donde el tren mejore
o iguale los tiempos de desplazamiento en coche. Queremos la ley estatal
de financiación de transporte público, cuya toma en consideración
presentamos en esta Cámara, y que el Gobierno tiene secuestrada en el
Congreso, y que en la inversión en cercanías no dependa del Gobierno de
turno. Queremos la compensación de las rodalies valencianas. Queremos
electrificar todas las líneas, modernizar los trenes y duplicar todas las
vías allí donde no haya impedimentos geográficos o riesgos
medioambientales.


Hablamos solamente del caos de Renfe, pero también
podemos hablar del caos de ADIF, motivo suficiente para reprobar a esta
ministra y a todos los que hemos tenido hasta ahora. Hace pocos días,
lamentábamos la muerte de una joven embestida por un tren en el paso de
viandantes del Municipio de Alfafar, paso a nivel que no han querido
eliminar, a pesar de haber registrado ya un centenar de atropellos de
vecinos de Alfafar, Sedaví y Benetússer. En cuatro décadas han muerto
setenta personas en este paso a nivel. ¿Y qué han hecho desde la
Administración para eliminarlo, tanto un Gobierno como otro? No han hecho
absolutamente nada. Ahora nos dicen que están abiertos a estudiar una
solución, pero ya hemos visto que la palabra del Gobierno en sus promesas
y, en especial, del PSOE, vale para bien poco, o para nada. Estamos
hablando de un paso a nivel que afecta a 50 000 personas, 50 000
habitantes, donde las barreras pueden estar bajadas sin ningún tipo de
explicación durante más de veinte minutos seguidos. Han muerto setenta
personas en cuarenta años y no han hecho absolutamente nada para
eliminarlo. Estas muertes eran evitables. Se trata de uno de los puntos
negros más conocidos. Con una transferencia del servicio integral, esto
no hubiera pasado. Nos preocupan las personas, nos preocupa la vida de
cada uno de los valencianas y valencianos. Había un Plan de supresión de
pasos a nivel 2016-2024 y no han hecho absolutamente nada. Es un caso
lamentable, concreto, pero extrapolable a lo que han hecho los gobiernos
de unos y otros en los ferrocarriles del País Valenciano: pasos a nivel
sin eliminar y estaciones en estado deplorable, muchas de las cuales
todavía no son accesibles. También durante la tramitación de los
Presupuestos Generales del Estado de 2023, a cambio de nuestro voto, el
Partido Socialista se comprometió a eliminar el monstruoso paso de
viandantes de Villarreal ―la pasarela de la vergüenza como le
llaman en el pueblo―, que afecta a una ciudad de más de 50 000
habitantes. Les hemos preguntado por escrito hace poco y todavía nos
dicen que están estudiando a ver cómo lo harán. No se burlen, porque la
paciencia tiene un límite.


Por eso, exigimos la gestión integral de las
cercanías, porque son unos inútiles los que han estado gobernando unos
hasta ahora. Queremos un tren digno y no nos cansaremos de reivindicarlo,
pese a quien le pese. Hoy votaremos a favor de reprobar a esta ministra,
como votaríamos para reprobar a todos los ministros de Fomento que hemos
tenido en el Estado español.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Por parte
del Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador Cleries
i Gonzàlez.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gràcies,
presidenta.


Ens trobem amb aquesta moció presentada pel Grup
d’Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu i, evidentment, hi
coincidim plenament. Fa balanç del desastre de la gestió de Renfe i Adif
en Rodalies, especialment en aquests darrers anys. Ben cert, un desastre.
Fa balanç de la mala gestió de la ministra de Transports i la reprova.
Completament d’acord. Reclama la transferència integral de
Rodalies. Fa temps que s’hauria d’haver fet. És una música
que ens sona molt bé, perquè Junts per Catalunya ho venim denunciant tots
aquests anys, molt sols. Una pregunta: on eren vostès tots aquests anys?
Perquè no els hem vist, no els hem trobat. Sempre han estat amagats a
sota del gran gegant de la incompetència del PSOE i de Podemos, però a
vostès els era i els és igual. Ens han deixat sols. Vostès aquests anys
han estat aprovant tots els pressupostos generals de l’Estat. Amb
ells, tots els pressupostos de Renfe i Adif, fins i tot els de la
monarquia, tot i que es fan dir republicans. Ho han votat tot amb els
ulls tancats. Mentre votaven tot al PSOE, Rodalies funcionava? Els
asseguro que no. Els ciutadans arribaven a l’hora, a la feina, a
l’institut o a on sigui? Els asseguro que no. Ara què ha canviat?
Què ha canviat perquè ara Esquerra Republicana ho reclami —que ens
sembla molt bé-? Ah, venen eleccions. Ara s’adonen que no va res,
perquè ho miren amb ulls electorals. Mentre Esquerra Republicana deia a
tot que sí a ulls clucs, la gent del país ho passava —i ho
passa— malament. Sense un servei de Rodalies que funcioni, ni a
Gavà, ni a Manlleu, ni enlloc de Catalunya.


Reprovar la ministra Raquel Sánchez? Per què la
reproven, si l’






hi han aprovat tot? Vostès li han aprovat tot a la
ministra. Per què la reproven ara? Reprovar la ministra és reprovar-los a
vostès, també. S’autoreproven. Els agraeixo la sinceritat
d’autoreprovar-se, perquè vol dir que s’han mirat al mirall i
s’han vist. S’han vist el paper que han estat fent tots
aquests anys. Espero que la reprovació no sigui com la del conseller
Campuzano i la del conseller Elena, que segueixen adherits a la cadira
amb Loctite. Vull dir, si a un el reproven, el millor que pot fer és anar
a casa. Si tots aquests anys tot ho han fet amb el seu vot, ho han fet
amb vostès, com diuen els pàrquings, amb vostès, que s’ho emportin
tot amb vostès. Doncs vostès s’han d’emportar la reprovació.
Cada tren que no ha arribat a temps ha estat gràcies a vostès i al seu
vot, senyors i senyores d’Esquerra Republicana. Ho saben, oi?
Perquè quan els deien que no es votessin els pressupostos era per això,
no perquè caiguin més o menys simpàtics als del PSOE.


Vostès ho han estat fent. Ara demanen que en
Rodalies anem tots junts, com un tema de país. Agermanats anirem caminant
sota un cel ben blau. Encantats de la vida que ara pugin al tren
d’anar junts, d’anar junts per Catalunya. Fins ara ho han
tractat com un tema de partit, amb el seu suport als pressupostos, queda
clar. Fa temps que alguns demanem que es tracti com un tema de país. Ara
vostès ho diuen. Encantats de la vida, ens hi trobaran. No pateixin, ens
hi trobaran amb les mans obertes i els braços oberts. També els recordo
que hi ha altres temes, molts altres, que també són tema de país. Per
exemple, caminar junts cap a la independència, que també seria hora que
ho féssim. Per tant, si ara vostès rectifiquen i diuen que és
l’hora del país i deixar una mica el partit de banda —que ja
convindria—, doncs ens hi trobaran, perquè és el moment de
treballar per Catalunya, per treballar per la independència, perquè, els
ho dic, la solució a Renfe i Adif i a tots els problemes que tenim amb
l’Estat espanyol només és una: la independència de Catalunya,
marxar com abans millor. I, mentre s’ho van pensant, seria
l’hora de donar un cop de cap, i sí, anar junts pel país i deixar
els partits de banda perquè el país ens ho reclama.


Gràcies. (Aplaudiments).


Muchas gracias, presidenta.


Nos encontramos con esta moción presentada por el
Grupo de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu y, evidentemente,
coincidimos plenamente con ella. Hace un balance del desastre de la
gestión de Renfe y ADIF en cercanías, en especial estos últimos años; y
es verdad, ha sido un desastre. Hace balance de la mala gestión de la
ministra de Transportes, y la reprueba; completamente de acuerdo. Reclama
la transferencia integral de cercanías; hace tiempo que debería haberse
hecho. Es una música que nos suena muy bien porque Junts per Catalunya ha
venido denunciándolo desde hace años; muy solos. Una pregunta: ¿dónde
estaban ustedes todos estos años? Porque no los hemos visto, no los hemos
encontrado; siempre han estado escondidos ante el gran gigante de la
incompetencia del PSOE y Podemos. A ustedes les daba y les da igual, nos
han dejado solos. Estos años ustedes han estado aprobando todos los
Presupuestos Generales del Estado y, con ellos, todos los presupuestos de
Renfe y ADIF e incluso los de la Monarquía, aunque se llamen
republicanos. Lo han votado todo, cerrando los ojos. Mientras se lo
votaban todo al PSOE, ¿cercanías funcionaba? Les aseguro que no. ¿Los
ciudadanos llegaban a tiempo a su trabajo, al instituto o a donde fuera?
Les aseguro que no. ¿Y qué ha cambiado para que ahora Esquerra
Republicana lo reclame —que nos parece muy bien—? ¡Ah, que
vienen elecciones!; ahora se dan cuenta de que nada funciona porque lo
miran con ojos electorales. Mientras Esquerra Republicana decía a todo
que sí, cerrando los ojos, la gente en el país sufría —y
sufre— sin un servicio de cercanías que funcione ni en Gavà ni en
Manlleu ni en ninguna parte de Cataluña.


¿Por qué reprueban a la ministra Raquel Sánchez si
se lo han aprobado todo? Ustedes se lo han aprobado todo a la ministra.
¿Por qué la reprueban ahora? Reprobar a la ministra significa reprobarles
a ustedes también; se autorreprueban Les agradezco su sinceridad por
autorreprobarse porque significa que se han mirado en el espejo y se han
visto. Han visto el papel que han estado haciendo todos estos años.
Espero que la reprobación no sea como la del conseller Campuzano o el
conseller Elena, que siguen adheridos a su silla, con Loctite, porque si
a uno le reprueban, lo mejor que puede hacer es irse a su casa. Durante
estos años todo lo han hecho con su voto, lo ha hecho con ustedes. Como
dicen en los parques, llévenselo todo con ustedes; y lo mismo, tienen que
llevarse con ustedes la reprobación. Cada tren que no ha llegado a tiempo
ha sido gracias a ustedes y a sus votos, señores y señoras de Esquerra
Republicana. ¿Lo saben, verdad? Cuando les decían que no se votaran los
presupuestos era por eso, no porque cayeran más o menos simpáticos a los
del PSOE.


Ustedes lo han estado haciendo y ahora piden que en
cercanías avancemos todos juntos, como un tema de país, de ir todos
hermanados andando bajo un cielo azul. Estamos encantados de la vida de
que ahora se suban al tren de ir juntos por Cataluña, pero hasta ahora lo
han tratado como un tema de partido con su apoyo a los presupuestos, que
quede claro. Hace tiempo que algunos pedimos que se trate como un tema de
país; ahora lo dicen ustedes y estamos encantados de la vida; nos van a
encontrar, no se preocupen, ahí estaremos con manos y brazos abiertos.
Les recuerdo que hay muchos otros temas que también son temas de país,
por ejemplo, caminar juntos hacia la independencia, que ya sería hora de
que lo hicieran ustedes. Por lo tanto, si ahora ustedes rectifican y
dicen que es la hora del país y de dejar el partido a un lado —que
ya convendría—, nos van a encontrar porque es el momento de
trabajar por Cataluña, de trabajar por la independencia, porque, como les
he dicho, la solución a Renfe, a ADIF y a todos los problemas que tenemos
con el Estado español es tan solo una: la independencia de Cataluña,
irnos cuanto antes mejor. Mientras se lo van pensando, es hora de arrimar
el hombro, avanzar juntos por el país y dejar los partidos a un lado
porque el país nos lo reclama.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la senadora Vaquero Montero.


La señora VAQUERO MONTERO: Mila esker, mahaiburu
andrea. Eguerdi on guztioi.


Esquerra Republicana-k plenoan eztabaidarako
ekarritako mozioak bi zati ditu. Alde batetik Senatuari zuzendutakoa,
Garraio, Mugikortasun eta Agenda Urbanoko ministro andrea erreprobatu
dezala eskatzen duena, ADIF eta RENFEk Katalunian eskaintzen duten
tren-zerbitzu txarra dela-eta. Eta bestetik, Gobernuari zuzenduta egiten
duen eskaera bikoitza: hau da, Rodalies-en —gertuko trenen—
eskualdatze integrala eta Rodaliesen zerbitzua hobetzeko aurrekontuetan
diren partidak exekutatzea eskatzen duena. Ikusi dugu, azkenean, debatea
bakarrik gauza bakar batean gelditu dela, erreprobazioan. Atzo Junts
taldeak egin zuen, gaur ERCk, ugariak diren eta ezagunak ditugun
Kataluniako gertuko trenen inguruan kexak eta eskaerak iristen
zaizkigu.


Gure taldeak ez du emendakinik aurkeztu, nahiz eta
badugun gai honen inguruan zer esan. Euskadik gertuko trenen zerbitzuak
eta bere erabiltzaileei sufritzen duen egoeraz ari naiz, egoera oso
txarra baita. Eta horrela egin dugu, eta egingo dugu, eta egiten dugu
aukera degun guztietan. Zabalera metrikoko trenbideei buruz hitz egin
genezakeen, oraindik Euskadira transferitu gabe diren Bilbo-Karrantza eta
Bilbo-Balmasedari buruz, Euskotrenek kudeatzen dituen zabalera metrikoko
beste linea batzuekin konparatzen baditugu oso zerbitzu kaskarra ematen
dutenak. Eta kalitate eskas hori urteetan luzatu da, inbertsio eta
mantenu gabezia dela-eta. Eta Urduña, Santurtzi edo Muskiz Bilborekin
lotzen dituzten aldiriko lineaz edo Gipuzkoako Brinkola-Irun lineaz ere
hitz egin genezake, luze gainera, non inzidentziak egunetik egunera
handitzen diren. Atzerapen, baliogabetze, informazio-falta eta
erabiltzaileei arreta eskasarekin. Ikusten denez, gaur Katalunian
salatzen direnak Euskadin ere errepikatzen dira, eta nonbait Valentzian
ere errepikatzen dira. Behar baino gehiagotan. Renfek kudeatzen duen
tren-zerbitzua jada ez da segurua, ez da fidagarria eta ez da puntuala.
Nahiz eta ministro andreak dena estali nahi duen doako bonoak behin eta
berriro aipatuz.


Eta zer esan Mozioak ere jasotzen duen beste gaiaz,
aldirietako trenen transferentziaz? Euskadi zain dago. Estatuko Gobernuak
berak proposatu eta konprometitutako egutegia bete gabe du. 2021eko
ekainerako esan ziguten transferitu izango zela; bi urte pasatu dira eta
legegintzaldiari amaitzeko oso hilabete gutxi falta dira. Hori bai,
Euskal Sozialisten presidentearen hitzak entzun eta gero konpromiso
horren betetze nahia zalantzan jarri genezakeen, ze badirudi
«orientatiboa» dela, «orientatiboa» 40 urte eta gero Andueza jauna? Hau
da, mila eta bat aitzakia jartzen dira Gernikako estatutua ez betetzea
zuritzeko, Euskadik onartutako Lege Organikoa ez betetzeko. Hori bai,
urriak 25ean denak pina jarrita, Gernikako Arbolaren aldamenean.


Eta gertuko tren zerbitzuan, zer transferentzia
nahi dugu? Ba Estatutuak jasotzen duena; hau da, erregulazioa,
planifikazioa, kudeaketa koordinazioa inspekzioa eta tarifikazio-ahalmena
jasotzen dituena. Hau da, transferentzia integrala. Ez gara gutxiagorekin
konformatuko.


Gure taldeak, Estatuko Gobernuari, eta garraio,
mugikortasun eta hiri agenda Ministro andreari, gertuko trenen
kudeaketari suspentsoa jartzen dio, ez nahikoa jartzen dio, eta baita
Etxebizitzaren ingurukoari ere. Baina hurrengo osoko bilkuran bigarren
gai honi buruz luze hitz egingo dugunez, ez dugu aipatuko. Gure ustez,
ministro baten kudeaketaren zati bat gaitzestea kontraesana da, gertuko
trenen inguruko kudeaketan autogobernu eta autonomia gehiago eskatzea,
eta beste alde batetik ministro horrekin berarekin Lege bat adostea,
autogobernua mugatzen duena, kontraesana da. Eta ez da bakarrik
Kataluniako autogobernua mugatzen, baita Euskadirena ere. Eta hau, hautu
ideologikoa izan da. Berriro errepikatuko dut: hau hautu ideologikoa
da.


Muchas gracias, señora presidenta. Buenas
tardes.


La moción que ha presentado Esquerra Republicana al
Pleno para su debate consta de dos partes. Por un lado, está la parte
dirigida al Senado, en la que se solicita que repruebe a la ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por el mal servicio ferroviario
que ADIF y Renfe prestan en Cataluña. Y, por otra, la doble petición
dirigida al Gobierno: la transferencia integral de las rodalies
—las cercanías— y la exigencia de ejecutar las partidas de
los presupuestos para mejorar el servicio de las cercanías. Hemos visto
que, al final, el debate se ha quedado solo en la reprobación. Ayer lo
hacía el grupo de Junts y hoy lo hace ERC. Escuchamos muchas quejas y
peticiones que llegan constantemente desde Cataluña sobre los trenes de
cercanías.


Nuestro grupo no ha presentado enmiendas, pero sí
tenemos algo que decir sobre este tema, y me refiero a la situación
gravísima que sufre Euskadi en relación con este servicio. Esto lo
decimos siempre y lo seguiremos haciendo siempre que tengamos la ocasión.
Podríamos hablar de las líneas de ancho métrico, de las líneas
Bilbo-Karrantza y Bilbo-Balmaseda, aún sin transferir a Euskadi. Si las
comparamos con otras líneas de ancho métrico gestionadas por Euskotren,
ofrecen un servicio muy deficiente. Esta escasa calidad se debe a la
falta de inversión y mantenimiento, que se ha prolongado a lo largo de
los años. También podríamos hablar largo y tendido de las líneas de
cercanías que unen Orduña, Santurtzi o Muskiz con Bilbao, o de la línea
guipuzcoana Brínkola-Irún, donde las incidencias en el servicio de
transporte público que se ofrece aumentan día a día. Se producen
retrasos, anulaciones, falta de información y hay una atención escasa a
las personas usuarias. Como se puede ver, los hechos que se denuncian hoy
en Cataluña se producen también en Euskadi y parece que están sucediendo
también en Valencia, por lo que vemos, y en más ocasiones de las que
desearíamos. El servicio gestionado por Renfe no es seguro, no es
adecuado, y la ministra lo quiere tapar todo con los bonos gratuitos, que
está mencionando una y otra vez.


Y qué decir sobre el otro tema que recoge la
moción, sobre la transferencia de la competencia de los trenes de
cercanías. Euskadi está a la espera. El Gobierno de Estado aún no ha
cumplido el calendario propuesto y comprometido por él mismo. Nos dijeron
que estaría transferido para junio de 2021; han pasado dos años y faltan
muy pocos meses para que finalice esta legislatura. Eso sí, después de
escuchar las palabras del presidente de los socialistas vascos podríamos
incluso dudar de la voluntad de cumplimiento de este compromiso, porque
parece ser que es orientativo. ¿Es orientativo cuarenta años después,
señor Andueza? Es decir, se ponen mil y una excusas para justificar el
incumplimiento del Estatuto de Gernika, para incumplir, en definitiva,
una ley orgánica aprobada por Euskadi, pero eso sí, el día 25 de octubre
todos en piña estarán al lado del árbol de Gernika.


¿Y qué transferencia queremos en el servicio del
tren de cercanías? La que recoge el estatuto: la regulación,
planificación, coordinación, gestión y capacidad de tarificación; es
decir, la transferencia integral es la que deseamos. No nos vamos a
conformar con menos.


Nuestro grupo le pone un suspenso, una nota de
insuficiente al Gobierno del Estado y a la ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, y también al ámbito de la vivienda. En el
próximo Pleno ya tendremos ocasión de debatir largo y tendido sobre este
asunto. Entendemos que reprobar una parte de la gestión de una de una
ministra es una contradicción; es exigir más autogobierno y autonomía en
la gestión de los trenes de cercanías y, por otro lado, acordar con esa
misma ministra una ley en la que se limita el autogobierno. Es una
contradicción, y no solo se limita el autogobierno de Cataluña, sino que
también el de Euskadi. Esta ha sido una opción ideológica. Lo repito:
esta es una opción ideológica.


Finalizo. Mi grupo parlamentario seguirá incidiendo
e instando al Gobierno del Estado para que se dé un servicio de calidad
en las líneas de cercanías operadas hoy por Renfe, y lo haremos para
asegurar a la ciudadanía vasca el mejor servicio ferroviario posible
hasta que se transfiera la competencia y Euskadi pueda disponer de un
sistema integrado de transporte que, a buen seguro, redundará en
beneficio de todos los vascos y de las vascas, porque con el ejercicio de
las competencias que nos corresponden y el autogobierno vasco las
cercanías funcionan mejor. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Dicho esto, no vamos a entrar en este debate y nos vamos a abstener en
este punto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, senatari
andrea.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana,
tomará la palabra su señoría, la senadora Bailac Ardanuy.


La señora BAILAC ARDANUY: Gràcies president.


Senyories, espero que tots siguin conscients que el
desgavell continu de Rodalies que portem dècades arrossegant no pot
continuar. L’infrafinançament crònic i la incompetència del Govern
de l’Estat han conduït a una situació absolutament insostenible.
Les imatges d’ahir, a Manlleu, amb una catenària en flames i la
gent corrent per sortir del tren espantada, són unes imatges
escandaloses. I ja no només parlem d’un servei de rodalies que és
desastrós, que és ineficient, que és impuntual, que té ineficiències
constants, sinó que estem parlant directament del risc que corren les
persones usuàries en utilitzar-lo. Estem parlant de garantir uns mínims
estàndards de seguretat i que a hores d’ara ni Renfe ni ADIF sembla
que puguin garantir-los.


Senyories del PSOE, posem-nos al lloc de la gent
que passa hores a un andana esperant un tren que no arriba per anar a
treballar, per anar a estudiar, per anar al metge, o dels estudiants que
fan tard a la universitat, els usuaris que ja directament no se la juguen
i opten per utilitzar el cotxe si poden. (Rumors).


Gracias, presidente.


Señorías, espero que todos sean conscientes de que
el caos continuo de cercanías que arrastramos hace décadas no puede
continuar. La infrafinanciación crónica y la incompetencia del Gobierno
del Estado han llevado a una situación absolutamente insostenible. Las
imágenes de ayer en Manlleu, con la catenaria incendiada y la gente
asustada y corriendo para salir del tren son escandalosas. Ya no hablamos
solo de un servicio de cercanías que es desastroso e impuntual y que
tiene ineficiencias constantes, sino que hablamos directamente del riesgo
de los usuarios al utilizarlo; es decir, hablamos de garantizar unos
mínimos estándares de seguridad, lo que ahora mismo ni Renfe ni ADIF
parece que puedan garantizar.


Señorías del PSOE, pongámonos en el lugar de la
gente que pasa horas en un andén esperando a un tren que no llega para ir
a trabajar, para ir a estudiar, para ir al médico; pensemos en los
estudiantes que llegan tarde a la universidad, en los usuarios que
directamente ya no se la juegan y optan por utilizar el coche si pueden.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señoría, perdone que
interrumpa.


Silencio, por favor.


Puede continuar.


La señora BAILAC ARDANUY: El que hem de fer és
poder garantir un tren digne, el que hem de fer és poder garantir el
transport públic a la gent de Catalunya. La incertesa dels trens que no
arriben, els retards, la falta d’informació, les catenàries que
s’incendien i la desesperació són ara la normalitat per a milers
d’usuaris del servei de Rodalies que és indigne i que hauria de fer
dimitir a qualsevol responsable públic compromès amb la vocació de servei
públic.


Són massa anys de deixadesa i de falta
d’interès per part del PSOE i per part del PSC, per oferir un
servei de tren, un servei de transport, un transport ferroviari de
qualitat a Catalunya. Ahir vam veure els passatgers sortir corrent
d’un tren que treia espurnes. Què més ha de passar perquè
assumeixin responsabilitats, senyories del PSOE? Els incompliments
pressupostaris de Renfe i ADIF s’acumulen des de fa més d’una
dècada, independentment del color polític del Govern espanyol de torn, i
la gent ja no pot més. De promeses d’inversió del Govern de Sánchez
n’ha fet moltes, però d’execucions, quantes? I ens acaben de
treure unes gràfiques. Poden treure totes les gràfiques que vulguin.
El 2022 Renfe i ADIF han executat a Catalunya només un terç del que
tenien pressupostat, i això és la conseqüència de tenir un Estat a la
contra, un estat centralista que actua de forma premeditada contra els
catalans i les catalanes.


A Esquerra Republicana reclamem solucions i
responsabilitats des de fa molts anys i amb multitud d’iniciatives
i des de totes les institucions on tenim representació, perquè els
catalans i les catalanes ens ho mereixem. Perquè no volem ser ciutadans
de segona i volem totes les oportunitats que ens pot oferir un tren
digne. Més oportunitats formatives, laborals, més competitivitat
econòmica, més prosperitat... Però amb la seva deixadesa i amb la seva
mala gestió, amb la mala gestió de la ministra de Transports Raquel
Sánchez no fem més que perdre tot aquest potencial que tenim com a país,
perdre tot aquest potencial que podem i volem posar al servei de la
ciutadania. També per això també per això volem totes les eines
d’un Estat, perquè és l’única solució al desgavell i a la
incompetència en la gestió ferroviària. També per això som
independentistes, perquè volem un país que funcioni, perquè volem un tren
digne, un tren que funcioni. La gent demana respostes a la màxima
responsable de Renfe. La gent demana respostes a la ministra de
Transports i no s’hi val a mirar cap a una altra banda, a fer veure
que no passa res, dir que l’averia que ens deixarà amb menys trens
al Baix Llobregat els propers mesos ha sigut causa de la mala sort. No,
de la mala sort no, de la ineficiència, de la desinversió, de la
deixadesa. Avui plantegem un toc d’alerta. Avui estem plantejant un
toc d’atenció. Ministra de Transports, ministra Raquel Sánchez,
arregli el desgavell de Rodalies a Catalunya. Ministra, no castigui més
els catalans i les catalanes amb la seva deixadesa i amb la seva
negligència. (Aplaudiments).


Lo que tenemos que hacer es poder garantizar un
tren digno y el transporte público a la gente de Cataluña. La
incertidumbre de los trenes que no llegan, los retrasos, la falta de
información, las catenarias que se incendian y la desesperación son ahora
mismo la normalidad para miles de usuarios de un servicio de cercanías
que es indigno y que debería hacer dimitir a cualquier responsable
público comprometido con la vocación de servicio público.


Son demasiados años de dejadez y de falta de
interés por parte del PSOE y del PSC por ofrecer un servicio de
transporte ferroviario de calidad en Cataluña. Ayer vimos a los pasajeros
salir corriendo de un tren que echaba chispas. ¿Qué más tiene que pasar
para que asuman responsabilidades, señorías del PSOE? Los incumplimientos
presupuestarios de Renfe y ADIF se acumulan desde hace más de una década,
independientemente del color político del Gobierno español de turno, y la
gente ya no puede más. Promesas de inversión del Gobierno de Sánchez ha
habido muchas, pero ¿cuántas ejecuciones? Nos acaban de presentar unas
gráficas; pueden sacar todas las que quieran, pero, en 2022, Renfe y ADIF
han ejecutado en Cataluña solo un tercio de lo que tenían presupuestado,
y esto es la consecuencia de tener un Estado a la contra, un Estado
centralista que actúa de forma premeditada contra los catalanes y las
catalanas.


Esquerra Republicana reclama soluciones y
responsabilidades desde hace muchos años, a través de multitud de
iniciativas y en todas las instituciones donde tenemos representación
porque los catalanes y las catalanas nos lo merecemos, porque no queremos
ser ciudadanos de segunda y porque queremos todas las oportunidades que
nos puede ofrecer un tren digno: más oportunidades formativas y
laborales, más competitividad económica, más prosperidad… Pero con
su dejadez y con su mala gestión, con la mala gestión de la ministra de
Transportes, Raquel Sánchez, no hacemos más que perder todo este
potencial que tenemos como país, ese potencial que podemos y queremos
poner al servicio de la ciudadanía. En este sentido, queremos todas las
herramientas de un Estado, porque es la única solución al caos y la
incompetencia en la gestión ferroviaria. Por esto también somos
independentistas, porque queremos un país que funcione, un tren digno, un
tren que funcione. La gente pide respuestas a la máxima responsable de
Renfe, pide respuestas a la ministra de Transportes y no vale mirar hacia
otro lado, hacer ver que no pasa nada y decir que la avería que nos deja
con menos trenes en el Baix Llobregat ha sido causa de la mala suerte.
No, de la mala suerte no; de la ineficiencia, de la desinversión, de la
dejadez. Hoy planteamos un toque de atención; ministra de Transportes,
ministra Raquel Sánchez, arregle el caos de cercanías en Cataluña, no
castigue más a los catalanes y a las catalanas con su dejadez y su
negligencia. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su señoría Bernabé Pérez.


El señor BERNABÉ PÉREZ: Muchas gracias, señor
presidente. Señorías, buenos días.


Sin duda alguna, la situación actual del servicio
de Rodalies de Cataluña, tal y como demuestran las estadísticas, es tan
calamitosa en cuanto a incidencias, averías y retrasos que los millones
de ciudadanos catalanes no se merecen una ministra como la que
actualmente tiene el Gobierno de España en materia de Transportes, razón
por la cual, sin duda alguna, respaldamos su reprobación.


No obstante, esta situación no es exclusiva de
Cataluña, por cuanto se da exactamente igual en el resto del territorio
español, en otras muchas comunidades autónomas como, por ejemplo, en
Madrid, donde, desgraciadamente, su servicio de cercanías es
perfectamente equiparable al catalán en cuanto a averías e incidencias; o
en Galicia, donde la llegada de los trenes Avril acumula ya más episodios
que la saga de La guerra de las galaxias, por poner un ejemplo que todo
el mundo entienda; o en Castilla y León, y el País Vasco, donde después
de cinco años de la llegada de Sánchez el corredor atlántico sigue siendo
una simple raya pintada en un mapa; o en Extremadura, donde la mitad de
los días se rompe el tren y no llega a su destino; o en Murcia, mi
tierra, donde vamos más rápidos en bicicleta que en ese tren de la bruja
que nos han puesto como sucedáneo del AVE; o en Cantabria y Asturias, que
tristemente han sido objeto de mofa y escarnio con esos trenes encargados
y comprados que no caben por los túneles de la cornisa cantábrica. Oigan,
ni Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio. (Aplausos). Esa es la
realidad ferroviaria de un país en el que la ministra Sánchez se encarga
de las comunicaciones ferroviarias y, por tanto, debe ser reprobada.


Sin embargo, siendo eso relevante e importante,
tengan ustedes en cuenta, señorías, que en general la política de este
departamento deja mucho que desear, por ejemplo, en materia de vivienda.
¿Saben ustedes cuántas viviendas competencia de este ministerio ha
prometido Sánchez desde que es presidente?






Se lo digo yo, publicado en
prensa: 113 000. ¿Saben cómo va el partido hoy en día? También se lo voy
a contar: 113 000 a 0. La realidad es que no han hecho ni una sola de las
viviendas prometidas. Evidentemente, con ese grado de incumplimiento, lo
triste es que todavía haya alguien que crea sus promesas.


Hay otro tema que también creo que es interesante
poner encima de la mesa de cara a la reprobación de la ministra de la que
estamos hablando. ¿Qué va a pasar, señorías del Partido Socialista que
sustentan al Gobierno de Sánchez, con el conocido como pago por uso de
las vías de alta capacidad o, dicho de otra forma, por cobrarnos peaje a
los españoles por circular por las autovías? Porque les tengo que
recordar el iter que ha seguido este asunto. Hace dos años lo aprobaron
en Consejo de Ministros dentro del Plan de recuperación, transformación y
resiliencia como una de las medidas necesarias para recibir los fondos
europeos. Después, estos dos últimos años, la ministra de Transportes y
la ya hoy ex secretaria de Estado se han encargado de repetir en
cualquier foro que ha querido escucharlas que eran medidas
imprescindibles y que había que poner en vigor. Posteriormente, hace
apenas unos meses, de repente, el Gobierno se ve que se pone a ver las
encuestas serias —es decir, todas menos la del militante socialista
Tezanos— y descubren que la cosa les pinta mal, les da miedo y
dicen que ya no lo van a aprobar. Sin embargo, nos hemos encontrado con
que hace apenas unas poquitas semanas la Unión Europea ha dicho que, de
eso nada, que no hay marcha atrás, que son medidas aprobadas por el
Gobierno de España y que hay que implementarlas. ¿En qué punto estamos,
señorías socialistas? ¿Esto se trata de otra herencia envenenada, como
los 20 000 millones de euros de ajuste presupuestario que Sánchez ha
comprometido con Bruselas para 2024, para que los tenga que ejecutar el
presidente Feijóo sin tener nada que ver con ello?


Esta es la ministra Sánchez, una ministra que
España ni necesita ni exige. (Aplausos). No es que uno sea profeta ni
mucho menos, pero todos me han escuchado en esta Cámara debatir con ella
en varias ocasiones y al final lo ha conseguido; parecía imposible, pero
la ministra Sánchez ha hecho bueno a Ábalos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la
palabra su señoría el senador Poveda Zapata.


El señor POVEDA ZAPATA: Gracias, presidente.


Señorías, leo la moción presentada por el Grupo de
Esquerra Republicana literalmente: Se está hablando de proyectos de vida
de la gente que no se puede tolerar que se vean frustrados, en
definitiva, por un mal servicio público. Resulta, como mínimo,
sorprendente que la formación política que sustenta al Gobierno en
Cataluña hable de frustrar los proyectos de vida de la gente,
especialmente porque es lo que el Govern de Esquerra Republicana de
Catalunya acaba de hacer con miles de familias. Me refiero al gran fiasco
de las pruebas de oposiciones que deberán repetir más de 13 500 personas
(Aplausos), personas que llevaban meses preparando un examen, estudiando,
con nervios y ansiedad, y que ahora, por la ineficacia del Govern de
Esquerra en la Generalitat de Catalunya, todo ese esfuerzo no ha servido
para nada. Se han gastado su dinero en academias y ustedes aquí se pueden
poner en su lugar, todos ellos van a tener que repetir ese periplo. Y
ustedes hablan de eficacia de los servicios públicos. Señora Cortès,
según su criterio ¿le decimos al señor Aragonès que trabaje un poco?
Ustedes se activan, ahora señora Cortès, porque hay elecciones y
pervierten lo que debería ser una legítima colaboración institucional;
actúan en plan oportunista.


Señora Cortès, hoy me he quedado sorprendido con su
aceptación de esa enmienda del Grupo Popular. Estamos hablando de un
partido que durante años no ha invertido ni un euro en cercanías en
Barcelona, en Cataluña ni en toda España, que son la causa de los
problemas que sufrimos ahora. (Aplausos). ¿Se acuerda del ministro
Álvarez Cascos, de la ministra Ana Pastor o de Íñigo de la Serna, que
enseñaba aquellas maquetas? Esas son las causas de fondo. Están hablando
del partido que utilizó el ir en contra de Cataluña para sus intereses,
que ataca y atacó la nostra llengua, nuestra autonomía, y ahora ustedes
se ponen de acuerdo por puro interés electoral, para tapar sus
vergüenzas. Ustedes saben por qué se ponen de acuerdo el Partido Popular
y Esquerra Republicana: se ponen de acuerdo porque lo que les preocupa es
que el PSOE gana las elecciones en España y el PSC las gana en Cataluña.
Esto es lo que les preocupa a ustedes. (Aplausos). Pero, atentos, señores
de Esquerra Republicana, si el Partido Popular vuelve a ganar algún día
volverá a ir contra Cataluña, con su beneplácito, señora Cortès.


En definitiva, señorías de Esquerra, vuelven a
pactar con el PP, como ya lo hicieron con la reforma laboral, y usted
sabe que están arrepentidos de ese hecho. (Aplausos). En este sentido, lo
que no podrán negar ni obviar es que esta ministra, Raquel Sánchez, y
este Gobierno, el socialista, es el que más ha invertido en Cataluña en
infraestructuras ferroviarias, y piden disculpas mientras se están
llevando a cabo las obras para solucionar precisamente todos los
problemas que están surgiendo, que es verdad que están surgiendo
problemas por la falta de todas estas inversiones a lo largo de estos
años. Mientras tanto, ustedes no reconocen el esfuerzo inversor, y de
forma recurrente piden el traspaso de rodalies, como si esto por sí mismo
fuera la solución. Según la Cámara de Contratistas de Cataluña, la mayor
inversión que se está haciendo hoy en Cataluña en este primer trimestre
del año la lleva a cabo ADIF. Hoy, este año lo está haciendo ADIF, según
la Cámara de Contratistas de Cataluña. Por esto, esperamos que el
Gobierno del Estado y el Govern de Catalunya puedan firmar el
contrato-programa, que no sé por qué se niegan ustedes desde Cataluña,
cuando además tienen obligación de firmarlo.


Debemos abrir un nuevo espacio de confianza para
trabajar en colaboración y solucionar los problemas en el transporte
colectivo, y, efectivamente, esto no lo solucionaría por sí solo el
traspaso de rodalies.


Señorías, acabo como empecé, si a ustedes de verdad
lo que les importa es la calidad y el proyecto de vida de la gente
empiecen a trabajar para solucionar los problemas que tiene Cataluña y
que se llaman sanidad, educación, movilidad, políticas medioambientales,
vivienda y planes hidrológicos; señora Cortès, planes hidrológicos, que
hemos llegado a un acuerdo en el Parlament de Catalunya por la falta de
acción e inversión de su Gobierno desde hace dos años. En esto nos van a
encontrar.


No den lecciones a nadie ni hagan reprobaciones
absurdas porque estamos ante la mayor inversión pública de la historia en
Cataluña en materia ferroviaria hecha por un Gobierno del Estado, en este
caso, por un Gobierno socialista.


Lo que se está alcanzando aquí es un acuerdo entre
el Partido Popular y Esquerra Republicana en contra del diálogo que se ha
establecido en Cataluña, y eso los ciudadanos en las próximas elecciones
lo van a valorar.


El Partit Socialista de Catalunya continuarà com
sempre, com sempre ha fet: diàleg, acord i enteniment en Catalunya.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


El Partido Socialista de Cataluña continuará como
siempre ha hecho: diálogo, acuerdo y entendimiento en Cataluña.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senador
Poveda.


Señorías, se procede a continuación abrir el plazo
para emitir el voto telemático por los senadores y senadoras autorizados
de los siguientes puntos:


Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a
los documentos públicos, hecho en Tromso el 18 de junio de 2009, así como
declaraciones y reservas que España desea formular.


De la quinta enmienda del Protocolo de Montreal
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, aprobada por
la 28.ª reunión de las Partes en Kigali el 15 de octubre de 2016.


Del Acuerdo entre el Reino de España y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte relativo a la cumbre de la
OTAN que se celebrará en Madrid los días 28, 29 y 30 de junio de 2022,
hecho en Bruselas el 20 de junio de 2022.


Del Acuerdo entre el Reino de España y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura relativo a la organización de la Tercera Conferencia Mundial
sobre la Educación Superior, hecho en París el 17 de diciembre
de 2020.


De la ponencia de estudio sobre el fenómeno de la
sustracción de recién nacidos de la Comisión de Justicia. Procede la
votación de la ampliación del plazo para la conclusión de los trabajos de
la ponencia.


De la ponencia de estudio del deporte base y del
deporte femenino en España, de la Comisión de Cultura y Deporte. Procede
la votación de la ampliación del plazo para la conclusión de los trabajos
de la ponencia.


De la moción del Grupo Parlamentario Popular por la
que se insta al Gobierno a la adaptación de la Ley Orgánica 10/1995, del
Código Penal, a la propuesta de la Comisión Europea de 3 de mayo de 2023
de aumentar las penas en el delito de malversación y homologación del
resto de medidas anticorrupción con el resto de Europa. Se vota en sus
propios términos.


De la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana por la que se insta al Gobierno a la transferencia integral
del servicio de Rodalies de Catalunya a la Generalitat de Cataluña. Se
vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por varios
grupos parlamentarios, con número de registro 178258.


El tiempo para la emisión del voto telemático,
señorías, fue fijado en la Junta de Portavoces y es de quince
minutos.


Se suspende la sesión.


Eran las trece horas y veintiocho minutos.


Se reanuda la sesión a las trece horas y cuarenta y
cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la
sesión. Cierren las puertas.


Procedemos a la votación presencial de los
siguientes asuntos.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO
PENAL. (Votación).


622/000055

GPERB
GPIC
GPN


Autores: GPERB, GPIC y GPN


El señor presidente lee los puntos 5.2.
y 5.2.1.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.
(Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 253; a favor, 34; en contra, 218;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda
rechazada.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE EL
ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS, HECHO EN TROMSO EL 18 DE JUNIO DE 2009,
ASÍ COMO DECLARACIONES Y RESERVAS QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR.
(Votación).


610/000115



El señor presidente lee los puntos 6., 6.1.
y 6.1.1.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.
(Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 253; a favor, 231; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.









QUINTA ENMIENDA DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO, APROBADA POR LA
28ª REUNIÓN DE LAS PARTES EN KIGALI EL 15 DE OCTUBRE DE 2016.
(Votación).


610/000116



El señor presidente lee el punto 6.1.2.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.
(Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 253; a favor, 231; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA CUMBRE DE LA
OTAN QUE SE CELEBRARÁ EN MADRID LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2022,
HECHO EN BRUSELAS EL 20 DE JUNIO DE 2022. (Votación).


610/000117



El señor presidente lee el punto 6.1.3.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.
(Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 253; a favor, 231; en contra, 4;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA
CULTURA (UNESCO) RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DE LA TERCERA CONFERENCIA
MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CMES III), HECHO EN PARÍS EL 17 DE
DICIEMBRE DE 2020. (Votación).


610/000118



El señor presidente lee el punto 6.1.4.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.
(Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 253; a favor, 232; en contra, 3;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.










PONENCIAS DE ESTUDIO




AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME






PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL FENÓMENO DE
LA SUSTRACCIÓN DE RECIÉN NACIDOS. (Votación).


543/000012

Justicia


El señor presidente lee los puntos 7., 7.1.
y 7.1.1.


El señor PRESIDENTE: Se solicita la ampliación
del plazo para la conclusión de los trabajos de la ponencia de estudio
hasta la finalización del presente período de sesiones.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 252; a favor, 249; en contra, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.









PONENCIA DE ESTUDIO DEL DEPORTE BASE Y DEL
DEPORTE FEMENINO EN ESPAÑA. (Votación).


543/000008

Cultura y Deporte


El señor presidente lee el punto 7.1.2.


El señor PRESIDENTE: Se solicita la ampliación
del plazo para la conclusión de los trabajos de la ponencia de estudio,
por un período adicional de seis meses.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 253; a favor, 253.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADAPTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DEL CÓDIGO PENAL, A LA PROPUESTA
DE LA COMISIÓN EUROPEA DE 3 DE MAYO DE 2023 DE AUMENTAR LAS PENAS EN EL
DELITO DE MALVERSACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL RESTO DE MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN
CON EL RESTO DE EUROPA. (Votación).


662/000170

GPP


El señor presidente lee los puntos 8. y 8.1.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.
(Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 253; a favor, 108; en contra, 145.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
TRANSFERENCIA INTEGRAL DEL SERVICIO DE RODALIES DE CATALUNYA A LA
GENERALITAT DE CATALUÑA. (Votación).


662/000172

GPERB


El señor presidente lee el punto 8.2.


El señor PRESIDENTE: Se votará en los términos de
la enmienda transaccional suscrita por varios grupos, con número de
registro 178258.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 253; a favor, 121; en contra, 113; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos).


Señorías, no habiendo más asuntos que tratar, se
levanta la sesión.


Gracias.


Eran las trece horas y cincuenta minutos.