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DS. Senado, Pleno, núm. 131, de 26/04/2023
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANDER GIL GARCÍA


Sesión núm. 69


celebrada el miércoles, 26 de abril de 2023


ORDEN DEL DÍA






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proposición de Ley Orgánica para la
modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, en los delitos contra la libertad sexual, la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


624/000020

Justicia






TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY





Proposición de Ley por la que se modifica la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
para la adición de un nuevo artículo regulador de las medidas
alternativas a las sanciones pecuniarias.


622/000102
administración local; infracción;
modificación de la ley; multa; pena sustitutoria; procedimiento
administrativo


GPERB







MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a
garantizar la administración abierta sin necesidad de cita previa, a
reforzar la citación y atención presencial e intensificar la atención
prioritaria y preferente para los mayores de 65 años.


671/000156
asistencia a las personas de edad
avanzada; prestación social; procedimiento administrativo; seguridad
social; transparencia administrativa


GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a
transferir a la Generalitat de Cataluña la sede de la Jefatura Superior
de Via Laietana de Barcelona, para su reconversión en un espacio
memorialístico de la represión franquista en Cataluña y de la lucha por
las libertades democráticas.


671/000157

GPERB





Moción por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas para mejorar la situación de la
asistencia sanitaria en las Ciudades de Melilla y Ceuta.


671/000158

GPP






MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a la puesta
en marcha de medidas favorables a la emancipación de los jóvenes
españoles.


662/000168

GPS





Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar
en el año 2023 diversas actuaciones respecto a las retribuciones y las
indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público
en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.


662/000166

GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar
la creación de organismos que contribuyan a aminorar la carga sanitaria y
aligerar las listas de espera de los centros de salud.


662/000167

GPMX





Moción por la que se insta al Gobierno a reconocer
la realidad social de una población infantil que necesita cuidados
paliativos, a analizar las necesidades reales de los pacientes
pediátricos en situación terminal y a adoptar las medidas oportunas para
mejorar la atención integral de los mismos y los cuidados paliativos
pediátricos.


662/000169

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPN
GPIC
GPD
GPMX




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas y dos minutos.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO
PENAL, EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CRIMINAL Y LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


624/000020

Justicia


El señor Lerma Blasco, presidente de la
Comisión de Justicia, presenta el Dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


En turno de portavoces intervienen las
siguientes señorías: la señora Goñi Sarries y el señor Catalán Higueras,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Vidal Matas, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera).


Comienza el debate del articulado.


La señora Merelo Palomares, del Grupo
Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 21 a 30, del señor Marín
Gascón, de la señora Rodríguez de Millán Parro y suyas.


El señor Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria), da por defendidas sus enmiendas, 1
y 2.


La señora Rivero Segalàs, del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario, defiende las enmiendas 31 a 41, del
señor Cleries i Gonzàlez, suyas y del señor Cervera Pinart.


La señora Bideguren Gabantxo defiende las
enmiendas 3 a 20, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu.


En turno en contra, interviene la señora Diego
Castellanos, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen las
siguientes señorías: la señora Merelo Palomares, por el Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria); el señor Martínez Urionabarrentxea,
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); la señora
Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el
señor Landa Jáuregui, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); la señora Bailac Ardanuy, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; la señora Rodríguez Calleja, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Oleaga Zalvidea, por
el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las diez horas y
cuarenta minutos el plazo de una horas para que las señorías autorizadas
emitan el voto telemático.


Se pospone la votación.









TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA
LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL,
PARA LA ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO REGULADOR DE LAS MEDIDAS
ALTERNATIVAS A LAS SANCIONES PECUNIARIAS.


622/000102

GPERB


El señor presidente informa a la Cámara de que
no se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa.


La señora Bailac Ardanuy defiende la toma en
consideración.


En turno de portavoces intervienen las
siguientes señorías: la señora Merelo Palomares, por el Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria); el señor Vidal Matas, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); el señor Cervera
Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Medina
Martínez, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Bailac Ardanuy, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Fragoso Martínez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Moscoso González, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN ABIERTA SIN NECESIDAD DE CITA PREVIA, A
REFORZAR LA CITACIÓN Y ATENCIÓN PRESENCIAL E INTENSIFICAR LA ATENCIÓN
PRIORITARIA Y PREFERENTE PARA LOS MAYORES DE 65 AÑOS.


671/000156

GPP


La señora Fernández González defiende la
moción.


El señor Rufà Gràcia defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


El señor Egea Serrano defiende las dos enmiendas
del Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores
«Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria).


La señora Godoy Tena defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Hernando García expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas y anuncia la presentación
de una transacciónal.


En turno de portavoces intervienen las siguientes
señorías: la señora Rodríguez de Millán Parro, por el Grupo Parlamentario
Mixto; el señor Egea Serrano, por el Grupo Parlamentario Democrático
(Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido
Regionalista de Cantabria); el señor Cervera Pinart, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; la señora Etxano Varela, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Bideguren
Gabantxo y la señora Callau Miñarro, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Hernando García, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Muñoz Cuenca, por el Grupo
Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
TRANSFERIR A LA GENERALITAT DE CATALUÑA LA SEDE DE LA JEFATURA SUPERIOR
DE VIA LAIETANA DE BARCELONA, PARA SU RECONVERSIÓN EN UN ESPACIO
MEMORIALÍSTICO DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN CATALUÑA Y DE LA LUCHA POR
LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS.


671/000157

GPERB


La señora Escandell Grases defiende la moción.


En turno de portavoces intervienen las siguientes
señorías: el señor Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; el
señor Vidal Matas, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal
(Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación
Socialista Gomera); el señor Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; la señora Beltrán de Heredia Arroniz, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Reniu Vilamala, por
el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; y la
señora Hernández Espinal, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA
ASISTENCIA SANITARIA EN LAS CIUDADES DE MELILLA Y CEUTA.


671/000158

GPP


La señora Acedo Reyes defiende la moción.


La señora Merelo Palomares defiende las dos
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por iniciativa del
señor Marín Gascón, de ella y de la señora Rodríguez de Millán
Parro.


La señora Alonso Sahagún defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Acedo Reyes expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas y las rechaza.


En turno de portavoces intervienen las siguientes
señorías: la señora Merelo Palomares, por el Grupo Parlamentario Mixto;
el señor Mulet García, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal
(Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación
Socialista Gomera); la señora Peral Díez, por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Acedo Reyes, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y el señor González Fernández, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.


Abre a las trece horas y cincuenta minutos el plazo
de quince minutos para que las señorías autorizadas emitan el voto
telemático sobre los puntos 3.2.1., 4.1., 4.2. y 4.3.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS FAVORABLES A LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES
ESPAÑOLES.


662/000168

GPS


El señor Díaz Muñoz defiende la moción.


El señor Rollán Ojeda defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Fernández Viadero defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores
«Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria).


El señor Díaz Muñoz expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas y las rechaza.


En turno de portavoces intervienen las siguientes
señorías: la señora Rodríguez de Millán Parro, por el Grupo Parlamentario
Mixto; el señor Chinea Correa, por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal (Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera); Castellví Auví, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; la señora Vaquero Montero, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Deulofeu, por
el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor
Rollán Ojeda, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y la
señora Moreno Duque, por el Grupo Parlamentario Socialista.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
ADOPTAR EN EL AÑO 2023 DIVERSAS ACTUACIONES RESPECTO A LAS RETRIBUCIONES
Y LAS INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA DEL PERSONAL EN ACTIVO DEL SECTOR
PÚBLICO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS.


662/000166

GPP


La señora Salom Coll defiende la moción.


El señor Vidal Matas defiende las dos enmiendas de
los Grupos Parlamentarios de Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera) y Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu.


El señor Bonet Bonet defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Marqués Palliser expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas y anuncia la presentación
de una transaccional.


En turno de portavoces intervienen las siguientes
señorías: el señor Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; el
señor Egea Serrano, por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos,
Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de
Cantabria); el señor Vidal Matas, por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal (Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera); el señor Cervera Pinart, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; la señora Garmendia Bereciartu, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Pérez
Esteve, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu; el señor Marqués Palliser, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado; y el señor Ramírez Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR LA CREACIÓN DE ORGANISMOS QUE CONTRIBUYAN A AMINORAR LA CARGA
SANITARIA Y ALIGERAR LAS LISTAS DE ESPERA DE LOS CENTROS DE
SALUD.


662/000167

GPMX


El señor Sánchez-Garnica Gómez defiende la
moción.


La señora Merelo Palomares defiende las siete
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por iniciativa del
señor Marín Gascón, suya y de la señora Rodríguez de Millán Parro.


La señora Berenguer Llorens defiende la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Sánchez-Garnica Gómez expone la posición
de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas y acepta la del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen las siguientes
señorías: la señora Merelo Palomares y el señor Sánchez-Garnica Gómez,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Egea Serrano, por el Grupo
Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel
Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); el señor Gómez Perpinyà,
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); la señora
Castellví Auví, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; la
señora Peral Díez, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Fernández Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado; y la señora Carmona Delgado, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO
PENAL, EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CRIMINAL Y LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (Votación).


624/000020

Justicia


Se aprueba la proposición de ley orgánica.









TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA
LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL,
PARA LA ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO REGULADOR DE LAS MEDIDAS
ALTERNATIVAS A LAS SANCIONES PECUNIARIAS. (Votación).


622/000102

GPERB


Se aprueba la toma en consideración con el
siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, 147; en contra, 108;
abstenciones, 1.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN ABIERTA SIN NECESIDAD DE CITA PREVIA, A
REFORZAR LA CITACIÓN Y ATENCIÓN PRESENCIAL E INTENSIFICAR LA ATENCIÓN
PRIORITARIA Y PREFERENTE PARA LOS MAYORES DE 65 AÑOS.
(Votación).


671/000156

GPP


Se aprueba la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos, 256; a favor, 256.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
TRANSFERIR A LA GENERALITAT DE CATALUÑA LA SEDE DE LA JEFATURA SUPERIOR
DE VIA LAIETANA DE BARCELONA, PARA SU RECONVERSIÓN EN UN ESPACIO
MEMORIALÍSTICO DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN CATALUÑA Y DE LA LUCHA POR
LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS. (Votación).


671/000157

GPERB


Se aprueba la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos, 256; a favor, 31; en contra, 225.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA
ASISTENCIA SANITARIA EN LAS CIUDADES DE MELILLA Y CEUTA.
(Votación).


671/000158

GPP


Se aprueba la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos, 256; a favor, 110; en contra, 113; abstenciones, 33.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
RECONOCER LA REALIDAD SOCIAL DE UNA POBLACIÓN INFANTIL QUE NECESITA
CUIDADOS PALIATIVOS, A ANALIZAR LAS NECESIDADES REALES DE LOS PACIENTES
PEDIÁTRICOS EN SITUACIÓN TERMINAL Y A ADOPTAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA
MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS MISMOS Y LOS CUIDADOS PALIATIVOS
PEDIÁTRICOS.


662/000169

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPN
GPIC
GPD
GPMX


Autores: GPS, GPP, GPERB, GPV, GPN, GPIC, GPD y
GPMX


El señor Cleries i Gonzàlez defiende la
moción.


En turno de portavoces intervienen las siguientes
señorías: el señor Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; el
señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos,
Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de
Cantabria); el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; la señora Peral Díez, por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Callau Miñarro, por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Aranda
Lassa, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y la señora
Carmona Delgado, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.


El señor presidente abre a las diecisiete horas y
treinta y un minutos el plazo de quince minutos para que las señorías
autorizadas emitan el voto telemático sobre los puntos 5.1., 5.2., 5.3.
y 5.4.


Se suspende la sesión a las diecisiete horas y
treinta y un minutos.


Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y
cincuenta y dos minutos.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS FAVORABLES A LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES
ESPAÑOLES. (Votación).


662/000168

GPS


Se aprueba la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos, 251; a favor, 137; en contra, 105; abstenciones, 9.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
ADOPTAR EN EL AÑO 2023 DIVERSAS ACTUACIONES RESPECTO A LAS RETRIBUCIONES
Y LAS INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA DEL PERSONAL EN ACTIVO DEL SECTOR
PÚBLICO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS.
(Votación).


662/000166

GPP


Se aprueba la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos, 251; a favor, 129; abstenciones, 122.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR LA CREACIÓN DE ORGANISMOS QUE CONTRIBUYAN A AMINORAR LA CARGA
SANITARIA Y ALIGERAR LAS LISTAS DE ESPERA DE LOS CENTROS DE SALUD.
(Votación).


662/000167

GPMX


Se aprueba la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos, 251; a favor, 123; abstenciones, 128.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
RECONOCER LA REALIDAD SOCIAL DE UNA POBLACIÓN INFANTIL QUE NECESITA
CUIDADOS PALIATIVOS, A ANALIZAR LAS NECESIDADES REALES DE LOS PACIENTES
PEDIÁTRICOS EN SITUACIÓN TERMINAL Y A ADOPTAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA
MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS MISMOS Y LOS CUIDADOS PALIATIVOS
PEDIÁTRICOS. (Votación).


662/000169

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPN
GPIC
GPD
GPMX


Se aprueba la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos, 251; a favor, 251.


Se levanta la sesión a las diecisiete horas y
cincuenta y siete minutos.







Se reanuda la sesión a las nueve horas y dos minutos.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se reanuda la
sesión.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO
PENAL, EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CRIMINAL Y LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


624/000020

Justicia


El señor presidente lee los puntos 3, 3.1.
y 3.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, su
señoría el senador Lerma Blasco.


El señor LERMA BLASCO: Señores senadores, la
citada proposición de ley orgánica tuvo su entrada y publicación en el
Senado el 21 del 4 de 2023. El plazo de enmiendas y propuestas de vetos
se fijó el día 24 del 4 de 2023 a las catorce horas y el de presentación
de votos particulares el día 25 del 4 a las dieciocho horas. Se tramita
por el procedimiento de urgencia, y la fecha límite de tramitación
—como saben ustedes— finaliza el 11 del 5 de 2023.


A la proposición de ley se presentaron cuarenta
y una enmiendas y la ponencia quedó constituida de la siguiente forma:
por el Grupo Mixto, señor Clemente Sánchez-Garnica; por el Grupo
Democrático, el señor Miguel Sánchez López; por el Grupo de Izquierda
Confederal, don Koldo Martínez Urionabarrenetxea; por el Grupo
Nacionalista, don Josep Maria Cervera; por el Grupo Vasco, Imanol Landa;
por el Grupo Esquerra Republicana-EH Bildu, Sara Bailac: por el Grupo
Popular, Patricia Rodríguez y Fernando de Rosa, y por el Grupo
Socialista, María Elena Diego, José María Oleaga y Donelia Roldán.


El informe de la ponencia mantuvo el texto
remitido por el Congreso de los Diputados y la comisión emitió dictamen
de conformidad con el informe de la ponencia. Han presentado votos
particulares el señor Sánchez López, el señor Marín Gascón y las señoras
Merelo Palomares y Rodríguez de Millán y los señores Cleries y Cervera y
el Grupo Esquerra Republicana-EH Bildu.


La Ley Orgánica 10/22, de 6 de septiembre, de
garantía integral de la libertad sexual ha unificado —como saben
ustedes— los anteriores tipos de abuso y agresión sexual en un solo
tipo de agresión sexual, que comprende cualquier acto que atente contra
la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, definido en los
siguientes términos: solo se entenderá que hay consentimiento cuando se
haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las
circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la
persona. Artículo 178.1 del Código Penal.


El preámbulo nos aclara que, respetando este
modelo, es importante blindar la ley en favor de las víctimas y evitar el
efecto no deseado de una posible aplicación de las penas mínimas de los
nuevos marcos penales, que son más amplios, para que, en casos graves, no
exista la posibilidad de que se impongan penas bajas. Es importante
advertir —nos aclara también el preámbulo— que esta reforma
solo puede ser de futuro, al haber quedado consolidada la nueva realidad
normativa tanto para los delitos cometidos antes de la entrada en vigor
de esta ley orgánica, como para los perpetrados durante su vigencia, en
virtud del principio constitucional de la retroactividad de la ley penal
más favorable, contenido en el artículo 9.3 de la Constitución.


Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Lerma Blasco.


Señorías, correspondería en este momento
abordar el debate de totalidad. ¿Algún grupo desea intervenir en el turno
a favor? (Denegaciones).


¿Turno en contra? (Denegaciones).


¿Turno de portavoces? Senadora Goñi Sarries,
tiene la palabra.


La señora GOÑI SARRIES: Gracias,
presidente.


Hoy reformamos una ley que se aprobó hace
apenas ocho meses y eso pone en evidencia que Congreso y Senado
legislamos mal. Algunos lo advertimos, pero no tuvimos éxito, no sé si
por motivos partidistas de quienes apoyaban la ley o porque algunos
grupos parlamentarios quisieron ignorar la realidad.


Esta ley se reforma porque se han rebajado las
penas de mil delincuentes sexuales y se ha excarcelado a ciento tres
agresores sexuales, con la consecuente alarma social. No solo se ha
legislado mal, sino que el daño provocado a mujeres y niños víctimas es
irreversible, así como el miedo que se ha generado en todos los
ciudadanos por esta incomprensible situación, y, por desgracia, además,
vamos a seguir viendo cómo el goteo de revisiones y excarcelaciones va a
continuar.


Denuncié en esta Cámara el año pasado que las
rebajas de penas se iban a producir, y, lamentablemente, así ha sido. Eso
ya no tiene vuelta atrás. Pero la situación es aún más vergonzosa,
señorías, porque hemos tardado siete meses en reformar la ley y, para más
inri, el PSOE reforma la ley por el coste electoral que la rebaja de
penas ha tenido en las encuestas. Si no fuera por eso, me temo que se
hubiese tardado aún más, exactamente hasta que tocasen elecciones. Por
triste y repulsivo que sea esto, hay que decirlo. La sociedad española ha
visto cómo las prioridades de los políticos eran otras, no eran las
suyas. Ha visto que la situación era inaceptable y ha presionado para que
el Gobierno se autoenmendara.


Señorías, nos quejamos de la desafección
política de la ciudadanía y el proceder en esta ley y en su reforma
justifica y explica claramente esa desafección, porque se ha evidenciado
lo peor de la política: el populismo, la mentira, la soberbia, el engaño,
el ignorar a los expertos y el servir mal a los españoles. Con esta
reforma, por fin, hemos visto diálogo, pacto y acuerdo, lo que la
política debería ser siempre. Pero a esto estamos menos acostumbrados y,
claro, algunos también lo utilizan. Insisten en hablar solo de enmiendas
técnicas y se esconden en argumentos simplones, cuando se ha hecho
política por el bien de toda la sociedad española, y eso es un triunfo de
los españoles. No hay más, no hay nada más que explicar ni justificar,
solo agradecer el haber llegado a un acuerdo.


El Gobierno estaba advertido de que la rebaja
de penas se iba a producir e ignoró a expertos, juristas, catedráticos,
informes, asociaciones progresistas, diputados y senadores de varios
grupos parlamentarios. Todos avisamos de que esto podía pasar;
denunciamos la verdad de los efectos de esta ley y se nos acusó de hacer
propaganda machista y de difundir bulos; a los jueces se les acusó de
machistas y fachas con toga.


Hace poco el Gobierno reconoció que sabía que
esto iba a suceder; lo confesó. Esta inaceptable situación ha sido fruto
de la soberbia de Sánchez, que además nos ha hecho perder siete meses
para corregir esta ley. Señorías, dejar en libertad o rebajar las penas a
agresores sexuales con una ley que pretendía proteger más a las mujeres
es un error muy grave; hacerlo por un error técnico es muy grave; no
reconocer ese error es muy grave; insultar y echar la culpa a los jueces
es muy grave; atacar la independencia judicial y la separación de poderes
es muy grave; que el Gobierno tarde siete meses en corregir esta
situación es muy grave, y que en esa corrección se divida el Gobierno y
nadie asuma responsabilidades es muy grave. El máximo responsable de todo
esto es Pedro Sánchez. Eso no admite discusión. En política se asumen
responsabilidades dimitiendo, pero no, en este Gobierno, no; en este
Gobierno ni se dimite ni se cesa a nadie. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por
favor.


La señora GOÑI SARRIES: Viven ustedes en una
realidad paralela y, por supuesto, somos todos los demás los que estamos
equivocados. Afortunadamente, aunque tarde, hoy corregimos la Ley del sí
es sí, una ley que nunca debió publicarse de esta manera.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tomará la
palabra su señoría Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señor presidente.


Señorías, muy buenos días. En primer lugar, y
en nombre de Unión del Pueblo Navarro, tenemos que manifestar nuestra
solidaridad y nuestro apoyo a todas aquellas personas, fundamentalmente
mujeres, menores, personas con discapacidad, que sufrieron agresiones
sexuales y que, por la negligencia del Gobierno, del presidente del
Gobierno han tenido que ver cómo salen a la calle más de cien agresores
sexuales y como cientos y cientos de ellos —vuelvo a repetir,
cientos y cientos de agresores sexuales— cerca del millar ven
reducida su condena. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidencia).


Una ley que venía a proteger a la sociedad ha
hecho todo lo contrario. Por lo tanto, el desamparo, la indignación y la
injusticia es una consecuencia. El mayor escándalo e ignominia, no solo
de esta legislatura sino de décadas, hacia las mujeres ha sido realizado
con prepotencia y soberbia por este Gobierno. Durante la tramitación en
las Cortes Generales de la Ley conocida como del solo sí es sí ya se
dijo, se advirtió, se habló y se utilizaron términos como chapuza
jurídica, inseguridad jurídica, falta de rigor; informes y dictámenes de
organismos e instituciones judiciales habían cuestionado no solo el
fondo, sino también la forma en la que se estaba tramitando esta ley. El
Gobierno, y de manera especial el Ministerio de Igualdad, con su ministra
a la cabeza, despreciaron todas las advertencias: los informes jurídicos
del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado se
ningunearon; la ignominia era un riesgo y, lamentablemente, señorías, ha
sido una realidad.


La ministra de Igualdad, que sostuvo que no se
daría ningún caso, ha actuado con una prepotencia y una soberbia que la
ha venido caracterizando meses después, incluso en este momento; momento,
por cierto, en el que no está presente. Sí que lo estuvo cuando se aprobó
la ley. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene interés para la sociedad y para el
Ministerio de Igualdad que hoy se modifique el chandrío, el bodrio y la
ignominia que ha hecho su actuación? El ministerio es el responsable y lo
ha hecho con el beneplácito del resto del Gobierno. La falta de rigor y
la inseguridad jurídica con la que se aprobó la ley y el desprecio y
—permítanme la expresión— la chulería con la que ha actuado
la ministra Montero no tiene parangón en la historia democrática de
nuestro país; cinismo en su máxima expresión.


Pero no quedó ahí la cosa, señorías; no. Ante
la reducción de condenas que se iban conociendo, la reacción de la
ministra Montero y de todo su equipo no fue la prudencia y la
responsabilidad, no; optaron por insultar y descalificar a jueces, a
periodistas, a cargos públicos, a todo aquel que cuestionase y denunciase
las perniciosas consecuencias de su ley. Por todo ello, desde nuestro
punto de vista, hoy, una vez más, hay que reprobar el comportamiento del
Gobierno, de todo el Gobierno. Ha sido ostensible la negligencia del
propio presidente Sánchez, dilatando y dilatando el poner remedio a esta
situación. También, cómo no, de la ministra Montero, por esa prepotencia,
esa soberbia, esa chulería que la ha caracterizado y, cómo no, también de
sus compañeras del Ministerio de Igualdad. Su irresponsabilidad y
fanatismo los están pagando la sociedad y de manera especial lo han
pagado las mujeres, los menores y las personas con discapacidad que han
sufrido agresiones sexuales. Su ligereza y su incontinencia verbal han
sido absolutamente inapropiadas y deben ser rechazadas.


Por todo ello, nosotros, desde Unión del Pueblo
Navarro, como hicimos ayer también en la comparecencia del presidente
Sánchez, exigimos la dimisión o el cese de la ministra Montero, de la
secretaria de Estado y de la delegada del Gobierno contra la Violencia de
Género. No pueden permanecer agarradas, aferradas al sillón como si en
este país no hubiese pasado nada. Pero lo peor, señorías, lo peor de esta
situación es que, lamentablemente, el daño es irreversible.


Hoy se tramita una proposición de ley; se hace
con la intención de corregir las nefastas consecuencias de la Ley del
solo sí es sí. Meses después se presenta a través de un acuerdo entre el
Partido Socialista y el Partido Popular. Nosotros debemos lamentar no
poder disponer, como tampoco tuvimos antes la oportunidad de disponer de
ellos, de informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder
Judicial, incluso de los fiscales. Como decía, los considerábamos
imprescindibles antes y lo seguimos considerando imprescindibles
ahora.


Es un insulto, señorías, a la sociedad la falta
de unidad de un Gobierno que es incapaz de ponerse de acuerdo para
solucionar una cuestión que es única y exclusivamente responsabilidad
suya; reforma que viene, por cierto, a evidenciar el fracaso más
estrepitoso de la Ley de libertad sexual aprobada por los socios de
Gobierno y también por los partidos que lo sustentan. Esta ley, señorías,
si cambia el Gobierno, como otras muchas, también deberá ser
modificada.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


¿Algún otro grupo quiere hacer uso de este
turno de portavoces? Senador Vidal Matas, tiene la palabra.


El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.


Ayer no pensaba intervenir en este punto, pero
una senadora me dijo que era necesario manifestar las voces de la
divergencia política que hoy se va a dar en esta sesión; por tanto, he
tenido que trasnochar un poco y preparar esta intervención.


La Ley de solo sí es sí significa un cambio de
paradigma. Los que venimos del mundo científico sabemos que un cambio de
paradigma siempre rompe con lo que ha habido establecido hasta el momento
y, por tanto, siempre supone una resistencia. En la ciencia todos los
avances se producen cuando hay un cambio de paradigma. A veces, al
principio, hay un debate científico, posiciones encontradas y,
finalmente, se establece el nuevo paradigma como el camino a seguir. Los
paradigmas van cambiando y se tienen que ir adaptando a los tiempos, y la
Ley del solo sí es sí es un avance, un cambio de paradigma reivindicado
por el mundo feminista; un cambio de paradigma que todo el mundo
científico, que todas las personas que trabajan han apoyado. La Ley de
solo sí es sí es una ley positiva. Recordemos el origen de esta ley;
recordemos La Manada; recordemos por qué estuvimos debatiendo, y
recordemos quién estuvo a favor de la ley y quién estuvo en contra.


Hoy debatimos unos aspectos punitivos de la
ley, pero recordemos el fondo de su debate, todo lo que había detrás: el
consentimiento en el centro, y en eso, señorías del Grupo Popular,
ustedes no estaban. En lo importante, en acompañar a las mujeres, en
estar a su lado, en la reparación, en la prevención y en poner todos los
medios necesarios, ustedes nunca han estado. Si miramos los avances
sociales que se han dado en este país en los nuevos derechos, nunca el
Partido Popular ha estado. Por tanto, señorías del Grupo Socialista, si
hoy hay un retroceso en el avance que había supuesto esta ley y lo hacen
de la mano del Grupo Popular, preocúpense por si están avanzando o
retrocediendo. Ya les digo yo que están retrocediendo.


Tenemos que reconocer que el marco electoral ha
supuesto un mal contexto para esta ley. Ha sido vergonzoso el espectáculo
que han dado, señores del Grupo Popular, señores del Grupo Socialista y
señorías de Podemos; ha sido una vergüenza. Las víctimas las hemos
revictimizado. Estos debates tan públicos e improductivos y la falta de
acuerdo ha sido una vergüenza. Utilizar las víctimas como se han
utilizado, creo que, en política, no es justo. Hay unos límites que nos
tendríamos que marcar, y todos estos límites se han sobrepasado con esta
ley, incluso el respeto a las mismas señorías que han participado en los
debates.


Señores del Grupo Socialista, creo que había
posibilidades de llegar a acuerdos. Se habían tendido puentes por parte
de Esquerra Republicana, por parte de Bildu, para intentar llegar al
acuerdo en el seno del Gobierno; una coalición que ha conseguido aprobar
muchísimas leyes; una coalición que ha conseguido llegar a muchísimos
acuerdos. Ustedes tendrán que explicar por qué no quisieron llegar a un
acuerdo en esta ley. Qué triste pensar que a lo mejor el marco electoral
o una estrategia para diferenciarse de un socio de Gobierno haya podido
marcar el destino de esta ley; una ley que, en el caso de ustedes,
también dio lugar a debates internos muy fuertes, pero, una vez
superados, creíamos todos que ya no habría retroceso.


Señor presidente, hoy le tengo que recriminar,
y me sabe mal, la tramitación de esta ley. Si nosotros no respetamos el
Senado, ¿quién lo va a respetar? Algunos de ustedes han dicho que hubo
errores que se deben corregir. Si esta es la Cámara de segunda lectura,
la vamos a leer por cuarta vez y la leemos en dos segundos, los errores
se podrán volver a cometer. ¿Se Imaginan ustedes si vuelven a cometer un
error por la tramitación exprés que han hecho ustedes? Se tendrán que
avergonzar y pedir mil disculpas. No digan que es un cambio simplemente
técnico; no digan que la técnica es lo que sujeta el cambio que se
produce hoy. Detrás hay un cambio ideológico; hay ideas y política. No
simplemente se cambian unas palabras; no simplemente se cambia un
texto.


Més per Mallorca quiere reivindicar que la Ley
del solo sí es sí es positiva; que la Ley del solo sí es sí supuso un
avance en prevención, reparación y puso el consentimiento en el centro.
Ahí estamos nosotros trabajando para ponernos al lado de las mujeres.
Condenamos el uso partidista que se ha hecho de esta ley; lamentamos
profundamente el espectáculo que daremos hoy en esta sesión; lamentamos
profundamente la falta de acuerdo. Señores socialistas, hoy ustedes han
elegido unos socios; aténganse a las consecuencias, pero, evidentemente,
hoy no avanzamos como país.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


¿Algún otro grupo quiere hacer uso del turno en
contra en el debate de totalidad? (Denegaciones).


Pasamos entonces al debate del articulado.


Votos particulares del senador Marín Gascón y
las senadoras Rodríguez de Millán Parro y Merelo Palomares. Enmiendas 21
a 30.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora
Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta. Buenos días, señorías.


Hoy comparecemos en esta Cámara por las
terribles consecuencias que está ocasionando la Ley del solo sí o sí; una
ley que ha rebajado condenas a casi mil depredadores sexuales y que ha
dejado a más de cien en libertad, a pesar de los avisos de muchas
instituciones y asociaciones de jueces y fiscales, incluso desde mi
partido, Vox, que ya avisó de ello en nuestra propuesta de veto.


Las promotoras de esta ley de la señora Montero
decían que esto era propaganda machista; que era una ley perfecta y que
el único fallo estaba en la interpretación machista de los jueces. Hoy
toca dar marcha atrás, hasta cierto punto, claro, porque estas enmiendas
que el Grupo Socialista y el Grupo Popular han pactado solo tratan de
maquillarla de cara a las elecciones y no pedir ni responsabilidades ni
dimisiones. Realmente, lo que les interesa no es derogar esta ley, sino
blindarla y, así, no corregir los graves errores de los que adolece. Esta
iniciativa está centrada en lo que ciertamente ha sido el aspecto más
alarmante para la seguridad y para integridad de las mujeres, que ustedes
han puesto en peligro con su irresponsabilidad, pero ceñirnos a los
aspectos penales de la ley original sería incurrir en un enorme
simplismo. Sin embargo, Vox le señala en la enmienda a la totalidad del
proyecto de ley otros elementos muy graves en su contenido y en su
intención.


La Ley del solo sí es sí es un instrumento más
al servicio de este Gobierno en su propósito de dividir y enfrentar a los
hombres contra las mujeres, utilizando tres mecanismos para ello: en
primer lugar, la modificación del régimen jurídico del consentimiento en
el ámbito de la agresión sexual; en segundo lugar, la fusión de dos
delitos, grave y leve, como son la agresión y el abuso y, en tercer
lugar, la imposición de la ideología de género en todos los niveles del
poder público y de la propia sociedad, en especial de la educación. Estas
modificaciones en la legislación causan graves perjuicios a los
ciudadanos.


En primer lugar, el incremento del deber
probatorio del hombre, que tendrá que demostrar en todo momento que la
mujer consintió el acto sexual. Señorías, con estas enmiendas aquí
aprobadas se debilita incluso más la presunción de inocencia, siendo este
uno de los graves perjuicios infligidos. No se puede definir
reductivamente el consentimiento porque eliminará el principio de
lesividad, de in dubio pro reo y de presunción de inocencia, promoviendo
una imagen de la mujer de fragilidad y de debilidad.


En segundo lugar, otro grave perjuicio que
ocasiona es el atentado contra la igualdad que supone atender como único
criterio para determinar la ley y la competencia judicial el sexo de la
víctima y el victimario, mermando aún más los derechos de los hombres.
Esta reforma mantiene la unión de abuso y agresión, considerando esta
última el vulgar acoso callejero. Al margen del debate de si se crea o no
un subtipo penal agravado en caso de violencia o intimidación
respectivamente, preguntamos ¿en qué ha quedado el principio de
proporcionalidad?


Pues bien, señorías, estas premisas se han
mantenido en esta propuesta de modificación de la ley, porque solo hacen
hincapié en las penas y en arreglar los otros dos desastres legislativos,
como la responsabilidad penal de los menores y la saturación de las
audiencias provinciales. Por lo demás, ustedes mantienen los mismos
errores de la ley original. En Vox consideramos que solo podremos
remediar los daños que la Ley del solo sí es sí está causando a través de
profundos cambios de mucho más calado de los que lleva a cabo esta
reforma. Dichos cambios requieren, primero, deshacer la inversión del
modo de consentimiento en materia sexual para consignar el modelo
negativo que se recogía con anterioridad en el Código Penal. Y, segundo,
revertir los daños de la Ley del solo sí es sí requiere enmendar la
fusión de los tipos penales de agresión y abuso sexual, conductas
esencialmente distintas y que requieren de un distinto reproche penal.
Por eso, nuestras enmiendas van encaminadas a corregir estos
errores.


Para conseguir la disuasión y el incremento de
los delitos, como las violaciones grupales, que se han incrementado
un 56 % entre 2016 y 2021, o los delitos sexuales cometidos contra
personas con discapacidad y menores modificamos lo siguiente: regular
como un tipo penal independiente y específico, denominado como violación
conjunta, las conductas tipificadas como agresiones sexuales con
agravante de comisión múltiple, que se penalizarán con la máxima pena, es
decir, con la prisión permanente revisable, independientemente de si se
cometen contra menores o contra adultos.


Vox propone eliminar la pena de multa cuando se
prevea imponerla como alternativa a la pena privativa de libertad, de
modo que en adelante se tenga que condenar necesariamente a prisión, y
ampliar la agravante de superioridad a cualquier persona responsable de
menores en las administraciones públicas. También proponemos limitar los
supuestos de exclusión de responsabilidad del autor por consentimiento
libre del menor de 16 años, al no poseer este la suficiente madurez para
un consentimiento verdaderamente libre.


Para finalizar, proponemos para todos los
delitos del título VIII del Código Penal, como pena accesoria, la pérdida
de la residencia legal si el autor tuviera permiso de residencia en
España, pero no fuese nacional español o la expulsión inmediata del
territorio nacional cuando el autor fuese residente ilegal en
España.


Señorías, si de verdad quieren proteger a las
mujeres y su libertad sexual, deberían aceptar nuestras enmiendas,
encaminadas a endurecer las penas a los agresores sexuales, mantenerlos
en prisión y devolver a los españoles todos los derechos que esta ley les
arrebató. Y si el autor no ostentase la nacionalidad española de origen,
deberá ser privado de nuestra nacionalidad. Esta reforma que hoy ustedes
van a pactar mantiene la vulneración de los derechos fundamentales, como
son los de igualdad ante la Ley, de presunción de inocencia y de
libertades básicas, y no van a proteger más a las mujeres.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas 1 y 2, tiene
la palabra el senador Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Buenos días.


Las doy por defendidas.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias.


Para la defensa de las enmiendas 31 a 41, de
los senadores Cleries i Gonzàlez, Rivero Segalás y Cervera Pinart, tiene
la palabra la senadora. Rivero Segalás.


La señora RIVERO SEGALÀS: Bon día, señorías.
Gracias, presidenta.


El PSOE nos urge a modificar los defectos y las
pésimas consecuencias en la aplicación de la Ley del solo sí es sí; una
ley que, por las prisas, ha tenido un eco mediático y una utilización
partidista que nos ha alejado de su propósito, pero era una buena ley.
Junts estuvo con la ley, y ya me referiré a ello en el turno de
portavoces.


Esperamos que esa urgencia les interese también
para modificar otros efectos indeseados, cruciales para la garantía de la
libertad sexual, que afectan a derechos, eso sí, no tan mediáticos y en
un ambiente electoral. Esperamos que esos defectos provoquen en el PSOE
el mismo interés y tengan la misma prisa por subsanarlos; por ello,
enmendamos.


Estudios recientes advierten de la relación que
existe entre el consumo de pornografía entre menores y el aumento de las
agresiones sexuales entre adolescentes, además de suponer una visión de
la sexualidad contraria a la igualdad y al respeto que debe existir en
las relaciones sexoafectivas. Una quinta parte de nuestros menores tienen
su primer contacto con la pornografía a los 9 años; a los 14, un 90 % de
nuestros menores ya han tenido contacto con la pornografía, y se eleva
al 95 % a los 16 años. En los últimos cinco años, más de una cuarta parte
de las violaciones grupales las realizó un menor de edad. Por ello,
proponemos una serie de enmiendas. Dos de ellas proponen la modificación
del Código Penal en sus artículos 186 y 187. Las penas que ya se
contemplan para la venta, fusión o exhibición por cualquier medio de
material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad,
como saben, está penado con una prisión de seis meses a un año y una
multa de 12 a 24 meses. Por un lado, pretendemos que se amplíen cuando la
difusión exhibición o venta se realice a través de plataformas de
intercambio de vídeo de contenido pornográfico que infrinja la obligación
de disponer de mecanismos efectivos, no una simple declaración, para la
verificación de edad. De esta manera, se impedirá el acceso de menores y
de personas con discapacidad a estos contenidos. Por otro lado,
proponemos regular y penar el deepfake; penalizar a quien utilice
imágenes deepfake de una persona sin su consentimiento para crear
contenidos audiovisuales que puedan ser difundidos públicamente y
menoscabar gravemente el honor o la intimidad de esa persona. También
quien las reciba, las difunda o las revele o ceda a terceros sin el
consentimiento de la persona afectada.


También pretendemos la modificación del
artículo 93 de la Ley General de la comunicación de lo audiovisual. La
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debe controlar el
cumplimiento del servicio de intercambio de vídeos a través de
plataformas; además, puede ejercer función inspectora. Pretendemos
reforzar esa función para que en cuanto se identifique un servicio que
permita a los menores tener acceso a contenidos pornográficos, este
servicio pueda ser requerido a implementar las medidas necesarias para
impedir el acceso de los menores en un plazo de quince días.
Contrariamente, proponemos que se informe al Ministerio Fiscal para que
actúe en previsión del artículo 186.2 del Código Penal. La propia
Comisión ya nos ha pedido que le ayudemos y que se la refuerce. Parece
que no hay intención de hacerlo. Podemos hacerlo hoy y aquí.


Modificamos también la Ley de protección
integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.
Pensamos que las administraciones públicas no solo deben fomentar, sino
que deben garantizar la implementación del uso de mecanismos de control
parental para proteger a menores de contenidos nocivos. En este sentido
también enmendamos para que todos los dispositivos con conexión a
Internet que se pongan a la venta en el Estado español deban tener
activado por defecto controles parentales que solo puedan ser
desactivados por adultos. (Rumores).


En otra enmienda, relativa a la prescripción de
delitos contra menores, fijamos en 45 años, en lugar de los 35 que ya
vienen contemplados, el inicio del cómputo de la prescripción de los
delitos contra la libertad sexual, en concordancia con los estándares
internacionales, como reclama el activismo catalán, liderado por Miquel
Hurtado, y en la línea de la resolución de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa. (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señoría, perdone. Vamos a esperar a que haya un poquito más de
silencio.


Continúe, por favor.


La señora RIVERO SEGALÀS: La evidencia
científica nos dice que las víctimas de abusos sexuales infantiles, de
media, empiezan a denunciar a los 42 años. En once de los veintisiete
Estados de la Unión Europea ya no prescriben los delitos, al menos
aquellos más graves. Veintisiete Estados, a nivel global, ya han aprobado
la imprescriptibilidad total o parcial. ¿A qué esperamos para hacer
frente de una vez por todas a la impunidad?


También aprovechamos para realizar mejoras
técnicas adicionales en la regulación de los plazos de prescripción de
los delitos violentos contra la infancia. El propio Gobierno ha
reconocido la existencia de una errata en la regulación de los plazos de
prescripción de los delitos contra la libertad, que, por supuesto, es
necesario subsanar. ¿No es acaso esto importante? ¿Por qué no lo
subsanamos hoy, pudiéndolo hacer? La oficina del Defensor del Pueblo nos
insta a hacerlo lo antes posible, y hacerlo, tal como proponemos, en el
sentido más favorable posible a la posición procesal de la víctima y las
demás partes acusadoras en el proceso penal.


Aprovechamos esta reforma del Código Penal para
la rectificación respecto de los efectos indeseados de la reforma de
malversación y de los delitos de desórdenes públicos. Para Junts per
Catalunya, los efectos de la reforma de diciembre de 2012 no son
aceptables desde un punto de vista democrático. La prueba la encontramos
en el auto del Tribunal Supremo del pasado mes de febrero, que aplica la
reforma pactada entre el PSOE y Esquerra Republicana a los líderes del
proceso independentista. Lo que hace el Tribunal Supremo en este auto es
aplicar su jurisprudencia, anterior a la reforma, obviar que se ha
reformado el delito de malversación y obviar que el delito se debería
aplicar de otra forma.


Pretendemos una reforma de la reforma, para que
el Supremo no continúe aplicando jurisprudencia, según la cual la
malversación es destinar dinero público a lo que el juez cree que es
contrario al interés general. Dedicar dinero público a los fines
establecidos en el programa electoral no es malversación —abro
paréntesis— (más bien, sería malversación no atender el programa
electoral y no destinar el dinero público a aquello que recoge el
programa electoral) —cierro paréntesis—. Podríamos discutir
si el destino de este dinero es políticamente aceptable o menos
aceptable, pero no es delito. Delito es meterse el dinero en el bolsillo.
Asimismo, los desórdenes públicos aplicados en Cataluña a los Jordis por
el mismo auto del mes de febrero demuestran que esta interpretación es un
peligro —ya lo advertimos desde Junts per Catalunya— para el
derecho de protesta y, por ende, para la democracia, y se aleja de la
voluntad, al menos, la que expresó el legislador que lo propuso.


En definitiva, pensamos que legislamos mal y
rápido, señorías. Hacemos de buenas leyes, leyes subsanables, mejorables
y perfectibles, esclavas de sus prisas; a veces, ya impresas en titulares
antes de su aprobación. En Junts proponemos estas enmiendas, para que
aprovechen esta repesca exprés a la que hoy asistimos en el Senado con la
Ley del sí o sí y pasen al aprobado leyes que se merecen estar ahí, no
solo por motivos electorales o por lo mediáticas que puedan ser, sino
—y lo más importante— por la seguridad jurídica, la libertad
y la no vulneración de los derechos humanos. Esperamos que, para ello y
por ello, den apoyo a nuestras enmiendas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas números 3
a 20, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu, tiene la palabra la senadora Bideguren Gabantxo.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko,
mahaiburu.


Egun on, buenos días, señorías. Hoy debatimos
en el Senado la modificación del Código Penal en los delitos contra la
libertad sexual. Se plantea con esta modificación un cambio sustancial de
la Ley de garantía integral de la libertad sexual, que entró en vigor
hace apenas seis meses; una modificación que introduce el factor
violencia para categorizar el delito; una modificación que nos retorna al
esquema anterior, basado en la violencia e intimidación, y nos aleja del
modelo del consentimiento afirmativo. ¿Pero, de qué estamos hablando
cuando hablamos de consentimiento? Gracias a esta ley, a la Ley de
libertad sexual, pasamos del esquema de no es no, al esquema de solo sí
es sí. Mientras no digas sí y, por tanto, consiento, es no. Y si una
mujer no dice que no, o no muestra resistencia, o se queda paralizada por
el terror que está sintiendo, ¿significa esto, señorías, que está dando
su consentimiento o su aprobación a una relación sexual? Pues no.


Por tanto, todo lo que violente el
consentimiento libre de una mujer va en contra de la libertad sexual y,
por tanto, existe un delito de violencia sexual, y luego puede haber
agravantes que empeoren la situación, como en otros delitos. Por eso,
algunas de las enmiendas que ha presentado nuestro grupo van en este
sentido. Planteábamos acotar mejor el aspecto probatorio y que la
violencia física, la intimidación o la anulación de la voluntad sean
agravantes, porque si no es así, se invisibiliza el consentimiento. Esta
es la idea central de la Ley de libertad sexual y esto es poner en el
centro el consentimiento; por algo se llamó a esta ley la Ley de solo sí
es sí. La idea es que nadie tenga que interpretar la voluntad de la
víctima, y esto ha supuesto tal transformación, que ha sido imposible que
encaje en la vieja mentalidad.






Pero, señorías, para acabar con la
violencia sexual hacen falta medidas estructurales, medidas que provoquen
cambios a nivel social, a nivel de educación sexual y a nivel de valores,
aunque estas, a veces, choquen con la vieja mentalidad.


Es cierto que con la modificación que debatimos
hoy no se deroga la definición de agresión sexual como acto contra la
libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, pero divide las
agresiones en dos: con violencia e intimidación o anulación de la
voluntad, o sin ella. Por tanto, en la práctica, volvemos al esquema
anterior, basado en la violencia e intimidación y que diferenciaba el
abuso y la agresión sexual. Lo que ha puesto en el centro el Partido
Socialista es dar una respuesta ampliando las penas, aunque esto suponga
que las mujeres víctimas de una agresión sexual tengan que someterse de
nuevo a preguntas impertinentes para demostrar al juez si ha habido
violencia o no, si tiene heridas o no, si se ha resistido lo suficiente o
no, si se negó lo suficiente o no, y no podemos aceptar esto.


Pero es que, además, parece que cuanto más
tiempo en la cárcel, mejor, como si esto reparara a las víctimas, como si
esto solucionara algo. Señorías socialistas, con el Código Penal no
acabamos con la violencia sexual y, siento mucho decirlo, pero hoy nos
habéis traído un debate reaccionario, y nos habéis demostrado, una vez
más, que queda mucho por hacer para lograr una democracia madura; y
merece la pena recordar de qué situación venimos. La lacra social que
tenemos, provocada por el patriarcado y por las relaciones de poder, nos
ha llevado, entre otras cosas, a no denunciar los delitos sexuales.
Sabemos que hay una infradenuncia, que más del 90 % de las agresiones
sexuales no se denuncian. Por tanto, la responsabilidad nos dice que hay
que hacer todo lo posible para aflorar las agresiones. Pero, además, las
mujeres que denuncian tienen que pasar por un calvario probatorio, donde
se cuestiona a la víctima; lo hemos visto en el proceso judicial de La
Manada y en otros muchos: ¿Qué hiciste? ¿Qué llevabas puesto? ¿Los
conocías? ¿Dijiste que no? Quizá fue un jolgorio. ¿Te estaba
gustando?


Señorías, es triste, pero en la sociedad que
vivimos es más fácil denunciar cualquier otro delito antes que una
agresión sexual. El 83 % de las víctimas no pueden demostrar la
violencia; no hay herida, no hay marca. Señorías, esta modificación legal
no ayuda a las víctimas de una agresión sexual. La Ley de libertad sexual
ha supuesto un cambio de paradigma importante, pero también es cierto que
las sentencias revisadas a la baja por algunos jueces han indignado a la
sociedad en general. Algunos jueces han hecho una lectura acorde con el
objetivo que perseguíamos con la ley, pero otros, aunque son menos, han
hecho otra lectura. En todo caso, la heterogeneidad que hemos observado
en los criterios judiciales habrá que dirimirla en el Poder Judicial, y
no aquí. Aquí, ante esa indignación que estamos sintiendo en la sociedad,
y ante la lectura errónea de algunos jueces —como dijo ayer el
presidente Sánchez—, había algo que hacer, teníamos que hacer algo,
y estamos de acuerdo. Creemos que el Poder Ejecutivo y el Legislativo
tenían que dar una respuesta, pero no ésta, ni de esta manera.


Señorías, las leyes permiten transformar
realidades y no es nada responsable legislar pensando en el corto plazo
que marca la agenda electoral, ni mucho menos, con información sesgada y
con un contador parcial, porque hay que recordar que las sentencias de
las revisiones no son, de momento, firmes. A nosotros nos preocupan las
rebajas de condena, pero también nos preocupan los agresores que no han
pisado un juzgado, y tenemos más probabilidad de encontrarnos con un
agresor o violador que no ha sido juzgado que con uno al que le hayan
bajado la pena. (Rumores).


Y, mientras tanto, la derecha está encantada.
Han conseguido que parte del Gobierno recule en algo que no les gusta;
han conseguido una imagen de ruptura del Gobierno y han conseguido romper
la respuesta unitaria de las fuerzas progresistas ante las agresiones
sexuales. Nos dijeron que haría falta un contrato para mantener
relaciones sexuales y que se ponía en peligro la presunción de inocencia
de los hombres. Mentiras, una tras otra. Ninguna ley puede ir en contra
de la presunción de inocencia, y esta, tampoco. Pero la derecha política,
mediática y judicial ha reaccionado siempre igual, con mentiras y
metiendo miedo en la sociedad. Cada vez que ha habido un avance social,
la respuesta ha sido la misma. Con la Ley de violencia de género, la del
matrimonio igualitario, el divorcio, el aborto, la eutanasia, la Ley
trans, siempre igual. Sinceramente, señorías, si la política no
funcionara por electoralismo, si toda la ciudadanía tuviera toda la
información... (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señoría, perdone.


Señorías, va subiendo el nivel de los
decibelios. Les ruego que bajen el nivel de decibelios de las
conversaciones que están teniendo lugar en este momento o las hagan fuera
del hemiciclo, por favor.


Continúe, senadora.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gracias,
presidenta.


Señorías, si la política no funcionara por
electoralismo, si la sociedad contara con toda la información real y
compartiéramos el objetivo de acabar con la lacra de la violencia sexual,
estoy convencida de que hoy no estaríamos debatiendo esta modificación de
la ley. Esto es un despropósito electoralista. Con esta modificación
volverá a repetirse la vergonzosa sentencia de La Manada, que tanta
indignación social causó: no es abuso, es violación. ¿Recordáis?


¿Qué resuelve esta modificación que hoy se
plantea? ¿Repara acaso a las víctimas, que han visto rebajadas las penas
de sus agresores? ¿Se revierten los efectos indeseados de la ley? Los que
vais a votar a favor de esta modificación, ¿tenéis la seguridad de que no
va a haber nuevas revisiones a la baja ahora, o ahora desaparecerá el
contador?


Nuestro grupo, Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu, ha presentado un total de dieciocho enmiendas conjuntas en
el Senado, enmiendas que pretenden imposibilitar la aplicación errónea y
distinta del objetivo buscado en la Ley de garantía de libertad sexual;
enmiendas que hablan del consentimiento afirmativo; del aspecto
probatorio; de cómo debería ser el acompañamiento del Poder Judicial; de
la prevención del derecho a la intimidad y de la revictimización de las
víctimas. Hemos mantenido diálogo y conversaciones con el Ministerio de
Igualdad y con el Ministerio de Justicia, con el Partido Socialista y con
Unidas Podemos; hemos hecho todo lo posible y, sinceramente, nos hubiese
gustado conseguir que la respuesta de hoy fuera unitaria, y no entendemos
por qué no lo es; no hay ningún motivo, ninguna razón.


La sensación que nos queda es que el Partido
Socialista perseguía desinflar de alguna manera la perversidad de la
derecha, pero no sé si lo conseguirá. Señorías del Partido Socialista, no
sé si políticamente esto os irá bien, pero, socialmente, esta decisión
supone un paso enorme hacia atrás. Consideramos que es un grave error.
Señorías socialistas, las transformaciones profundas siempre crean debate
social y reacciones adversas. Por eso, hay que defenderlas con mayor
solidez, porque si no, no se avanza.


Muchas gracias. Eskerrik asko. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Eskerrik asko, señoría.


En turno en contra de los votos particulares
presentados, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Diego Castellanos.


La señora DIEGO CASTELLANOS: Gracias,
presidenta.


Buenos días a todos y a todas. En relación con
las enmiendas presentadas a la proposición de Ley orgánica para la
modificación del Código Penal en relación con los delitos de libertad
sexual, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, el posicionamiento del Grupo
Parlamentario Socialista es el siguiente. Pero antes de comenzar a
responder a cada uno de los enmendantes, quisiera lamentar las
intervenciones, tanto del portavoz de UPN y de la portavoz de sí misma,
la señora Goñi, que han insultado al presidente del Gobierno, han
insultado a la ministra de Igualdad y hemos oído hablar de prepotencia y
chulería. Sin embargo, tengo que decirles que el mejor ejemplo de
prepotencia y chulería que se puede vivir en un Parlamento,
desgraciadamente, es lo que han hecho ustedes esta mañana al comenzar el
debate de esta ley. (Aplausos).


En relación con las enmiendas de Vox,
rechazamos su incorporación, porque su pretensión es retroceder a la
regulación anterior a la Ley Orgánica 10/2022 de libertad sexual. Ustedes
aprovechan cualquier coyuntura para intentar escurrir su pensamiento
retrógrado y sus excesos punitivistas, que solo buscan destruir la
confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, sobre todo,
cuando en ellas se legisla en defensa de las mujeres y de la lucha contra
la violencia machista.


En cuanto a las enmiendas de Ciudadanos,
entendemos que una de ellas no tiene cabida en el objeto de esta reforma
y la otra supondrá una modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal,
que tampoco cabe en esta modificación que se plantea. (Rumores).


Al Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya
le agradecermos sus propuestas, pero, como ya les indicamos en la
comisión, no vemos que tengan relación con el objeto concreto de esta
reforma, que es muy concreta, aunque entendemos que sí tendrán cabida en
ulteriores propuestas legislativas. Por lo tanto, las dejamos para
posteriores propuestas legislativas.


Finalmente, en cuanto a las enmiendas de
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, como ya les dijimos en la
comisión, me gustaría indicar algunas cuestiones. Dos de ellas no son
aceptables, pues son totalmente opuestas... (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Senadora, un momentito. (Pausa).


Continúe.


La señora DIEGO CASTELLANOS: Como decía, dos de
ellas son totalmente opuestas a la propuesta de modificación que plantea
el Grupo Parlamentario Socialista. En relación con el consentimiento,
proponen una modificación, pero entendemos que es absolutamente
innecesario, porque el consentimiento, por mucho que lo repitan, no se
toca. El consentimiento se sigue manteniendo en la propia esencia de esta
ley, y esta modificación que hoy traemos aquí se refiere solamente a unos
artículos del Código Penal. Por lo tanto, incorporar al debate la
cuestión del consentimiento no tiene cabida.


En cuanto al resto de sus de sus enmiendas,
entendemos que se refieren a cuestiones ajenas a la reforma, y que esta
propuesta de modificación que hoy debatimos se limita a una cuestión
penal muy concreta, por lo que consideramos que no tienen cabida.


Este posicionamiento del Grupo Parlamentario
Socialista en relación con las enmiendas y con la propuesta de
modificación se basa en argumentos de peso, pues ha sido elaborada con
seriedad y con rigor, y con el máximo respeto a las reglas del juego
democrático y a la división de poderes. El Grupo Parlamentario Socialista
no tiene ningún problema para explicar que hemos propuesto una
modificación en relación con los fines punitivos de la Ley del solo sí es
sí y en la búsqueda de soluciones nos hemos abierto a negociar. Este
grupo no tiene ningún problema en reconocer que se han producido efectos
no deseados en relación con la aplicación de la modificación del Código
Penal recogida en la Ley de libertad sexual, pero no en el resto de la
ley, porque este grupo no solo defiende la ley conocida como Ley del solo
sí o sí, sino que la reivindicamos; la reivindicamos como una ley urgente
y necesaria.


Para defender la ley de libertad sexual, no
podemos confundir a la ciudadanía. Esto ocurre cuando se dice que con
esta propuesta ya no se pone el consentimiento en el centro o cuando se
busca argumentar que los resultados no deseados de su implementación son
solo responsabilidad del Poder Judicial. Como Legislativo, nos estamos
equivocando si lo hacemos así. Si en ocasiones exigimos respeto a nuestro
funcionamiento, esta modificación supone un acto de responsabilidad.


Tampoco es admisible que otros grupos políticos
utilicen los datos de las rebajas de penas o de casos revisados de manera
absolutamente partidaria, con intereses espurios, generando confusión y
alarma en la ciudadanía, con el único fin de dañar al Gobierno de España,
caiga quien caiga. (Aplausos).


Los ciudadanos esperan de nosotros soluciones,
sobre todo, en asuntos tan delicados como son los delitos contra la
libertad sexual de las mujeres y las niñas, porque no es cierto que la
Ley del solo sí es sí suponga, como se ha dicho, una rebaja generalizada
de las penas. Esto hay que remarcarlo, porque es un auténtico bulo. Ni
supone una rebaja generalizada de las penas ni tampoco esta modificación
supone una derogación de la Ley de libertad sexual. Esta modificación es
muy concreta y, una vez salga adelante, solicito a todos los grupos que
defendamos el gran valor de la Ley del solo sí es sí. Aceptemos,
señorías, que el fin de la Ley de libertad sexual en materia punitiva no
ha sido el deseado y que nos hemos encontrado con una situación no
buscada. Reconozcamos que, si uno de los motivos para elaborar esta ley
era que el margen de interpretación de los jueces en esta materia es tan
amplio que, en ocasiones, tenía como resultado condenas y sentencias no
deseadas desde nuestro punto de vista, con esta modificación que estamos
debatiendo la solución pasa por reducir el marco de interpretación para
los jueces en la búsqueda de evitar la revictimización de las
víctimas.


Estos son los instrumentos que tenemos como
legislativo y los que estamos utilizando para hacerlo. Tomar conciencia
del error, pedir disculpas por sus efectos, como ha hecho nuestro
presidente del Gobierno, y enmendarlo no nos aleja del movimiento
feminista. Nunca me arrogaré el derecho de hablar en nombre de todo el
movimiento feminista. (Aplausos). Somos muchas y muchos, diversas y
diversos. Legislar en nombre del movimiento feminista español pasa por
respetar todas las corrientes que alimentan, históricamente y también en
la actualidad, este movimiento feminista. El feminismo es todo menos
excluyente. Confrontar y generar división solamente da armas a los
verdaderos detractores del feminismo y de la lucha por la igualdad real
entre hombres y mujeres.


Esta modificación no es una derogación de la
ley, como ya he señalado anteriormente; no se equivoquen, no es una
derogación de la ley, pues la totalidad de la Ley de libertad sexual se
mantiene igual, salvo estas cuestiones penales que planteamos en la
propuesta. Tampoco supone dejar fuera el paradigma del consentimiento,
como dije anteriormente, ni se desvalorizan todas las medidas y políticas
que integran esta ley. No podemos perder más tiempo en ponerlas en
marcha, son urgentes, y no podemos dejar que esta ley no genere los
efectos para los que fue aprobada frente a los negacionistas que desean
que no tenga resultados.


Termino. El Grupo Parlamentario Socialista
presenta esta propuesta para resolver esta situación, que ha generado
gran preocupación en la sociedad y que sí ha revictimizado a las
víctimas, como han señalado asociaciones y ONG que llevan muchísimos años
dedicándose a la lucha contra la violencia de género en defensa de las
víctimas. No podemos permitir que haya una sola mujer o niña víctima de
violencia sexual que vuelva a sentirse insegura, desatendida o
revictimizada. Es nuestra obligación no dar un paso atrás.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, los senadores de Vox, al igual que
hicieron nuestros compañeros en el Congreso, no vamos a formar parte del
blanqueo de esta chapuza legal ni vamos a ser cómplices del Partido
Socialista ni del Partido Popular. Por eso, no vamos a votar la reforma
de esta ley; una ley pactada con un Partido Popular que la bendice; una
reforma que lo único que pretende es pasar página de cara a las
elecciones municipales y no pedir dimisiones a los responsables por sus
terribles consecuencias. Por eso, no vamos a participar en esto, ni tan
siquiera con nuestro voto.


Parece difícil negar, con un breve vistazo a
las penas previstas en la Ley del sí es sí original, que la intención
inicial de esta ley de la señora Montero fuera que los agresores salieran
a la calle, porque las feministas del Ministerio de Igualdad no creen en
el punitivismo, según declaraciones de la delegada del Gobierno para la
Violencia de Género, señora Rosell. Para ella, imponer una pena muy alta
a los agresores aísla el problema y aísla a la mujer.


Pero vamos a analizar el fondo de la ley
partiendo de tres premisas esenciales: en primer lugar, el odio
patológico hacia el varón de las feministas de la señora Montero, que
quizás provenga de sus lecturas, y por ello afirman que solo el hombre
puede ser violento y que hay que tenerle miedo; en segundo lugar, el
profundo desprecio que sienten hacia la mujer, mero objeto de alienación
social, utilizada como coartada por su ideología disolvente y totalitaria
—basta recordar que cualquiera puede ser mujer simplemente con
decirlo gracias a su dañina Ley trans—, y, por último, como poco o
nada les importamos las mujeres, tampoco les importa el dolor que produce
en las víctimas saber que sus agresores sexuales están en libertad, de la
misma manera que tampoco les importa cuando los hombres de nuestra vida
son acusados falsamente.


Señorías, esta reforma que han pactado hoy el
Grupo Socialista y el Grupo Popular consiste en volver de nuevo a las
penas anteriores del Código Penal; mantiene la violación de derechos
fundamentales, como la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia,
y de libertades básicas. Tampoco va a proteger más a las mujeres. Y, ante
esta realidad, Vox se niega a ser cómplice y a compartir una
responsabilidad que no le corresponde. Este disparate legislativo solo
podría haber sido rectificado con las enmiendas que Vox propuso tanto en
el Congreso como en el Senado y que ninguno de ustedes ha aceptado; las
únicas enmiendas que, con la verdad y sin ideología, protegen a las
personas agredidas sexualmente con la prisión permanente revisable para
las violaciones en manada, diferencian de nuevo entre abuso y agresión y
piden expulsar a inmigrantes ilegales que agredan sexualmente a una
mujer. En definitiva, eran enmiendas para recuperar derechos que esta ley
había conculcado, para endurecer las penas a los agresores sexuales y
mantenerlos en prisión y para no volver a la legislación anterior. Y ante
esto no caben medias tintas: a partir de hoy, todos ustedes serán
responsables de que los peores depredadores sexuales salgan de nuevo a la
calle en lugar de permanecer en prisión. Por nuestra parte, nos
reafirmamos en nuestro compromiso con los españoles de que, en cuanto
tengamos la más mínima oportunidad, modificaremos el Código Penal en el
sentido expresado en nuestras enmiendas, además de derogar completamente
la conocida como Ley del sí o sí.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra el senador Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Sí, señora presidenta,
con la venia.


Señorías, yo había pensado empezar el debate de
otra manera, pero esta mañana se han ha dicho cosas aquí que no se pueden
pasar por alto. Señorías, hablamos de un principio general del derecho
penal: el principio de retroactividad favorable es una garantía que tiene
cualquier preso, el derecho a solicitar una revisión de su caso y a que
se le aplique la ley para favorable. Es un principio general del derecho
penal. El sistema ha fallado; nos hemos equivocado, no somos infalibles.
Por cierto, para eso están los dictámenes del Consejo de Estado y del
Consejo General del Poder Judicial que, en este caso, como muchos otros,
se saltaron. Como en la mayoría de las leyes, se ha cambiado el rigor por
el sectarismo. Señorías, es que técnicamente estamos legislando muy mal.
Seguramente, esta es la legislatura en la que se están sacando,
técnicamente, las peores leyes; ya no me meto en el fondo, que eso
también sería discutible, sino que estoy hablando de las formas, porque
el Consejo General del Poder Judicial ya advirtió en 2021 que la Ley del
sí es sí comportaría revisiones a la baja de las condenas. Y seguimos
—esta mañana lo he escuchado yo aquí— echando la culpa a los
jueces. ¿De verdad, señorías? ¿Tal es nuestro ego que no podemos
reconocer un error que ha puesto en la calle o que ha rebajado la pena a
más de 1000 agresores sexuales y seguimos con el sostenella y no
enmendalla hoy aquí en la tribuna? Es realmente triste cuando lo que
tocaba era pedir perdón y rectificar lo antes posible.


La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, ha
dado una nueva regulación a los delitos contra la libertad sexual para
unificar los anteriores tipos de abuso y agresión sexual en un solo tipo,
el de agresión sexual, que comprende cualquier acto que atente contra la
libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sin embargo, tras
la entrada en vigor de dicha ley, se ha producido lo que no se deseaba, y
no pasa nada por reconocerlo, un efecto perverso y no deseado por un
error que se ha cometido aquí, que han cometido las Cámaras, que han
cometido el Congreso y el Senado y no los jueces —el error es del
Legislativo y no del Judicial—, que pasa por reducciones de condena
siguiendo las penas mínimas impuestas en el nuevo marco legal. Ha salido
de aquí; los agresores se han acogido a un derecho que tienen y los
jueces no han tenido más remedio que aplicarlo por un principio general
del derecho penal. No le echen ustedes más la culpa a los jueces y tengan
un poco de vergüenza torera.


La propuesta que ha traído hoy aquí el Grupo
Socialista y que cuenta con el consenso de mínimos de la mayoría de los
grupos busca volver al modelo original en el que la violencia era
considerada un agravante, siguiendo el contexto de otros marcos legales
europeos. El posicionamiento general sobre la reforma es favorable. Su
propuesta, señorías del Grupo Socialista, busca blindar la ley en favor
de las víctimas y evitar el efecto no deseado de una posible aplicación
de la pena mínima de los nuevos marcos penales, algo que creo que, en
principio, todos los grupos deberíamos compartir. Por lo menos, en una
cuestión de mínimos estaríamos todos de acuerdo, ¿no, señorías? Parece
una cuestión en la que todos deberíamos ponernos de acuerdo; en otras
cosas, no, pero en esto sí, en que los agresores y delincuentes sexuales
no sigan saliendo a la calle y no se sigan viendo beneficiados en su
condena. Creo que lo compartimos; voy a ser bien pensado.


Se establecen nuevos marcos legales más amplios
para que, en casos graves, no exista la posibilidad de que se impongan
penas bajas, pero sin afectar al corazón de la norma, ya que se mantiene
en el texto la íntegra definición de consentimiento —tanto que se
ha hablado de él— y, por tanto, la esencia de la regulación de los
delitos contra la libertad sexual. A este respecto, recalcamos la
posición negociadora de la mayoría de los grupos de la Cámara —el
Socialista, el Popular— frente a la rigidez e inmovilismo de Unidas
Podemos y algunos de sus socios, sospechosos habituales, que se mantienen
en su crítica a la buena labor de los jueces del país, que lo único que
han hecho, señorías, es aplicar el marco legal vigente que nosotros, que
ustedes, que entre todos les hemos dado. Así que pidan perdón,
arrepiéntanse y modifiquen, aunque sea mínimamente, esta cuestión.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidenta.


Señorías, el debate a dos que nos trajeron aquí
ayer me recordó el día de la marmota, dos carneros corneándose, y lo digo
con todo respeto: uno diciendo que España va muy bien y el otro que va
fatal, repitiendo y repitiendo discursos. No me extraña nada que cada vez
haya más desafección ciudadana con la política. Y me da que el debate a
varios que va a darse aquí hoy va a ser bastante parecido, incluso entre
quienes se han puesto de acuerdo en el Congreso para modificar la parte
de la ley popularmente conocida como la Ley del solo sí es sí que tiene
que ver con el Código Penal, incluso entre ellos; por supuesto, no
digamos entre quienes no se han puesto de acuerdo.


La Ley del solo sí es sí es una chapuza parida
en un ministerio de mujeres feministas radicales y un tanto locas o
alocadas.


La Ley del solo sí es sí es una ley excelente
para asegurar la libertad sexual de las mujeres.


La Ley del solo sí es sí es un error garrafal,
porque ha puesto en la calle y disminuido las penas a cientos de
violadores y pederastas, por lo que supone un peligro terrible y un
desamparo total para las mujeres y las niñas.


La ley es una buena ley a pesar de la
disminución de las penas, efecto indeseado, previsto o no, de la
modificación del Código Penal, porque busca la protección de las mujeres
y pone muchos, muchísimos medios para una mayor igualdad entre mujeres y
hombres y para una mayor libertad sexual.


La Ley del solo sí es sí pone por primera vez,
de forma determinante, el acento en un elemento fundamental en las
relaciones sexuales, como es el consentimiento.


No hacía falta esa insistencia en el
consentimiento, porque las jueces y los jueces ya lo consideraban un
elemento fundamental antes de la aprobación de dicha ley.


Y podría seguir así hasta el infinito. Y
ustedes seguramente lo harán, no porque piensen en la libertad y la
seguridad de las mujeres, que también, sino, sobre todo, porque piensan
unos que esta ley es un instrumento perfecto para meter el dedo en el ojo
del adversario que se equivocó votando favorablemente la ley y piensan
otros que esas disminuciones de penas les pueden afectar negativamente en
las elecciones del 28 de mayo, que es el objetivo que buscan los primeros
que he mencionado. En este debate bipartidista, qué más da lo que piensen
unos grupos pequeños en esta Cámara como el mío. El acuerdo, a pesar de
todo, ya se ha fraguado en el Congreso y es como si esta Cámara no
importara o no existiera, que quizá sería lo mejor para la ciudadanía
española.


Seguirán ustedes echándose mutuamente los
trastos a la cabeza, pensando unos que han hecho doblegarse a los otros y
de paso mostrar la división en el seno del Gobierno con aquella triste
imagen de dos ministras solas, perdidas y abandonadas; pensando otros
que, por fin, los unos van entrando en razón y aceptando, parcialmente al
menos, la ley, obligados así a reconocer la bondad del resto de la ley. Y
yo tengo la sensación de que nos equivocamos nuevamente, porque hacemos
del reñidero el objetivo de la política; nos equivocamos cuando
legislamos con prisas y nos equivocamos cuando modificamos con prisas las
leyes legisladas con prisas; nos equivocamos cuando aprobamos leyes o
votamos en contra de ellas, pensando no en su efecto sobre la sociedad,
sino en su efecto en las urnas.


Por mi parte, solo deseo insistir en la
necesidad de la educación afectivo-sexual de nuestros menores; en la
obligación que tenemos los varones de cambiar muchos de nuestros esquemas
y comportamientos para avanzar hacia la igualdad; en la puesta en
funcionamiento de muchas medidas, aún escasas, en todos los ámbitos, para
el empoderamiento global de las mujeres; en el convencimiento de que las
penas de cárcel tienen sentido para castigar a los delincuentes con la
privación temporal de la libertad, sí, pero, sobre todo, para lograr su
resocialización, y, finalmente, para señalarnos que nuestro mayor fracaso
como políticos es el de confundir los medios con los fines. Señorías,
mucho me temo que lo que va a darse hoy aquí nuevamente es una repetición
de lo que mencionaba al inicio de mi intervención, del día de la marmota
y su consecuente refuerzo a la desafección ciudadana hacia la política y
hacia quienes la ejercemos como profesión. Es una pena.


No quería terminar sin recordar que el 25 de
abril de 1953, James Watson y Francis Crick anunciaron el desciframiento
de la estructura del ADN, por lo que recibieron el Premio Nobel de
Medicina. Su compañera, Rosalind Franklin, pasó casi totalmente
desapercibida. Hoy sabemos que fue fundamental para la investigación.
Aprovechando la ocasión, quiero nombrarla y aplaudirla a ella y a todas
las mujeres que se dedican a la ciencia, a la política, al cuidado, a
todas y cada una de las labores necesarias para la vida: honor para todas
vosotras.


Eskerrik asko.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Eskerrik asko, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra la senadora. Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias,
presidenta.


Estamos hoy aquí discutiendo una modificación
de la que era una buena ley, pero estamos hoy aquí por las prisas, la
falta de rigor y por el partidismo a partir de ese error fruto de esas
prisas y de esa falta de rigor. Estamos hoy aquí porque los grupos
parlamentarios que apoyan al Gobierno han tenido una lucha pública por la
bandera y la etiqueta del feminismo.


Estamos hoy aquí porque esa etiqueta del
feminismo a menudo intentamos blandirla hacia la izquierda o hacia la
derecha. Estamos hoy aquí porque todos decimos que no hay un solo
feminismo y que el feminismo tiene que ser inclusivo, pero no lo hemos
demostrado a la hora de tramitar esta ley, que era una buena ley para las
mujeres y una ley necesaria. Como decía el senador Matas, el feminismo
siempre ha estado contestado; tiene que estar contestado, cuando está
contestado es que damos pasos adelante, porque estamos cambiando
paradigmas, queremos cambiar paradigmas. Pero lo que ha creado este
partidismo aplicado al feminismo, lo que se ha conseguido con estas
banderas alzadas hacia un lado o hacia el otro y sin ser capaces de tener
consensos ni de contar con todo el mundo para los consensos no es
contestación, es hastío y alejamiento. Estamos haciendo un flaco favor al
feminismo, a las mujeres y a los hombres feministas del país. Vaya por
delante esta reflexión.


En segundo lugar, no me ha extrañado que no nos
admitan ninguna enmienda; de hecho, ya se nos afeó en el trámite de la
Ley del sí es sí que aprobáramos una enmienda que mejoraba el texto
porque no estaba previsto aprobar nada en esta Cámara. Ayer el presidente
hablaba de respeto institucional, lo hacía cuando se afeaba su persona en
un debate; decía que se tenía que tener respeto a esta Cámara y que el
hecho de que él viniera a comparecer aquí era una deferencia del Gobierno
con esta Cámara y suponía ponerla en valor. Pues miren ustedes, eso no es
suficiente, el verdadero respeto institucional para esta Cámara es que se
puedan tramitar las leyes en el tiempo debido y con el debate necesario
para que no incurramos en más errores. Ya hablé —y lo dejé negro
sobre blanco— de la responsabilidad de esta Cámara en la Ley del sí
o sí; una ley que estuvo dieciséis meses en el Gobierno con las disputas
públicas que hubo al respecto; una ley que estuvo meses en el Congreso
debatiéndose; una ley que nos llegó aquí, como siempre, apresuradamente.
Decía un día una compañera que llegaba fast furious y exactamente así
era. Le decía que no me extraña que me diga que no a mis enmiendas. Me
hubiera gustado que dijera que no está de acuerdo o que no le gustan
suficientemente y que va a hacer propuestas para mejorarlas, pero no, me
dice que no tienen cabida. ¿Cómo podemos saber los senadores qué tiene y
qué no tiene cabida en esta Cámara? Para ustedes tienen cabida seis
reformas de directivas europeas sobre temas económicos que entran por la
Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. ¿Cómo vamos a saber
qué tiene cabida y qué no? Nos dice que no tiene cabida aquí el hecho de
que nosotros pretendamos proteger a los menores de la pornografía, lo que
se ha manifestado como una prevención efectiva contra futuras agresiones.
¿Eso no tiene que ver con la Ley integral de libertad sexual? A nosotros
nos parece que sí. Otra cosa es que a usted no le guste que yo venga aquí
a hablar de malversación o de desórdenes públicos, pero de la misma
manera me explicara por qué no tiene cabida una reforma del Código Penal
en una reforma del Código Penal. Explíquennos a los grupos qué tiene
cabida y qué no en esta Cámara y, por favor, dígannos si creen que
modificar las leyes que, siendo buenas leyes, han sido un fracaso por
haberlo hecho sin consenso y de forma exprés, y hacerlo de nuevo de forma
exprés y con los plazos que han hecho en esta Cámara merece consideración
por parte de los grupos.


Ustedes continúan aferrados al «vamos rápido
que tenemos prisa», y las prisas no son buenas consejeras. Hemos hecho un
flaco favor a las mujeres de este país que podían haber tenido una buena
ley que, evidentemente, era necesaria, pero la urgencia no respondía a
que llegara el verano; la urgencia no respondía a quince días; la
urgencia respondía a los titulares que tenía preparados la ministra para
cuando esta ley se debatió en el Senado. Esa es la verdad y tenemos que
reflexionar todos, especialmente ustedes, que son los que nos traen estas
leyes apresuradas a esta Cámara.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Landa Jáuregui.


El señor LANDA JÁUREGUI: Eskerrik asko,
mahaiburu andrea. Buenos días. Egun on danori.


Señorías, abordamos los últimos tramos en la
tramitación en Cortes Generales de la proposición de ley orgánica para la
modificación del Código Penal en los delitos contra la libertad sexual,
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley orgánica reguladora de la
responsabilidad penal de los menores. Conocemos, por tanto los términos
del debate sobre una propuesta cuyo origen se sitúa en el contexto de la
situación de desconcierto y de malestar social producida por el
importante número de penas sobre delitos contra la libertad sexual
revisadas a la baja por los órganos judiciales tras la entrada en vigor
de la nueva regulación de las penas establecida en la Ley de garantía
integral de libertad sexual, conocida como Ley del solo sí es sí; una
rebaja de penas derivadas fundamentalmente de la aplicación de la ley
penal más favorable desde la ausencia en la referida ley de un régimen
transitorio que atenúe el tránsito entre una y otra regulación.
Evidentemente, ese malestar y esa perplejidad se acentúa especialmente en
el caso de las víctimas afectadas por estas revisiones, que se han visto
sometidas a una nueva y dolorosa revictimización. El Partido Nacionalista
Vasco ha trasladado en todo momento la necesidad de reaccionar ante esta
situación y de aplicar, en su caso, las modificaciones legislativas
necesarias para la subsanación de esta quiebra producida entre la
sociedad, las víctimas y la ley. Finalmente, aunque más tarde de lo que
hubiéramos deseado, el Gobierno, a través del Grupo Parlamentario
Socialista, ha presentado esta proposición en la que se aborda la reforma
de las penas de la Ley del solo sí es sí. Es una reforma a futuro que,
ciertamente, no va a deshacer lo hecho, pero que merece nuestra
valoración positiva. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Consideramos que estamos ante una buena
propuesta desde el punto de vista técnico-jurídico que, frente a lo
señalado, respeta lo esencial: el ámbito del consentimiento, que sigue
siendo afirmativo. Respeta, igualmente, el nuevo modelo que sobre los
delitos contra la libertad sexual se establece en la ley con la
unificación de los anteriores tipos de abuso y agresión sexual en un solo
tipo, el de agresión sexual, que comprende cualquier acto que atente
contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento; un
consentimiento que la Ley del solo si es sí define por primera vez en el
Código Penal, artículo 178.1; definición que no se modifica ni altera en
la proposición objeto de debate. Tampoco la reforma supone una carga
probatoria más gravosa para las víctimas y, además, propone a los órganos
judiciales un marco interpretativo menor del que ahora dispone.


Finalmente, señorías, estamos, sobre todo, ante
una reforma que no toca el sistema de protección integral de las víctimas
de delitos sexuales establecido en la Ley del solo si es sí; medidas de
naturaleza diversa —laborales, sociales, económicas, de asistencia
psicológica, formación, etcétera— destinadas a su protección y
también a la prevención y sensibilización que, sin embargo, están siendo
eclipsadas por el debate de las penas. Y es precisamente en la puesta en
marcha y desarrollo completo de la Ley orgánica integral de libertad
sexual donde son necesarios los recursos presupuestarios, materiales y
personales para que funcione todo el sistema integral de prevención,
sensibilización, protección y reparación de las víctimas, siendo este el
auténtico núcleo y objetivo de la ley.


En definitiva, la Ley del solo sí es sí es una
buena ley y esta una buena proposición para su mejora en orden a
recuperar la percepción de legitimidad del ordenamiento jurídico en un
Estado democrático de derecho donde, en palabras de mi compañero Legarda,
el derecho penal forma parte del corazón del Estado, de ahí que no pueda
construirse a espaldas ni de la ciudadanía ni de las víctimas. Votaremos
a favor.


Mila esker.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra su señoría la senadora
Bailac Ardanuy.


La señora BAILAC ARDANUY: Gràcies,
president.


Señorías, frente a los ataques retrógrados
contra los derechos de las mujeres solo hay dos opciones: avanzar o
retroceder, y esta reforma de la Ley del solo sí es sí se plantea porque,
ante los ataques de la derecha política y mediática, al Partido
Socialista le han temblado las piernas y ha elegido retroceder.
Lamentamos que los derechos de las mujeres con ustedes dependan de cómo
les vayan las encuestas. Hoy están permitiendo que las mujeres perdamos
en dos semanas derechos que hemos tardado décadas y siglos en conseguir.
La norma que hoy modifican se redactó para terminar con la impunidad de
los agresores sexuales, para ofrecer un acompañamiento integral a las
víctimas y, sobre todo, para cambiar el paradigma y situar el modelo del
consentimiento en el centro. Y es evidente que ha provocado efectos que
no se corresponden con el espíritu de la ley, pero ¿es que acaso no
existe en este país un sistema político, social y judicial patriarcal?
Sí, han sido incapaces de traer una propuesta conjunta del Gobierno que
ponga remedio a estos efectos indeseados. No nos han presentado una
propuesta que se limite a intentar evitar la rebaja de penas manteniendo
el núcleo esencial de la ley: el consentimiento. Todo lo contrario, el
PSOE ha decidido alinearse con el PP para modificar la Ley de garantía de
la libertad sexual.






Lo hace con la derecha que está instrumentalizando la
interpretación de la ley para bloquear la conquista de los derechos de
las mujeres. El PP —y no les descubro nada— siempre se ha
posicionado en contra de los avances feministas. El presidente del
Gobierno decía ayer en esta tribuna que algo teníamos que hacer. Quizás
sí, pero seguro que no así, no con la derecha, no cargándose el
consentimiento. ¿Por qué no han querido trabajar con la misma mayoría que
aprobó la ley? Nos deben esa explicación.


Señorías del PSOE, ¿cómo piensan explicar a las
mujeres, a todas las mujeres de este país, que se han alineado con la
derecha que se ha opuesto a la Ley del divorcio, a la Ley del aborto, a
la Ley del matrimonio igualitario, a la Ley de igualdad? Están pactando
con quienes llevan los derechos de todas al Constitucional cada vez que
pueden. ¿Y todo esto no les da una pista de que quizás se están
equivocando? No se puede calificar como un cambio técnico una
modificación que afecta al núcleo de la ley. Con esta modificación, el
PSOE, con el PP, abandona el modelo del consentimiento y la Ley del solo
sí es sí pasa a ser la ley del no dijiste que no, porque a pesar de que
hayan intentado transmitir lo contrario, su reforma no evitará la
reducción de penas ni solucionará las revisiones de sentencias porque, si
como ustedes dicen, no pretenden eliminar el modelo del consentimiento,
¿por qué no aceptan nuestras enmiendas hoy?, ¿por qué no las votan a
favor? Lo tienen muy fácil.


Nos preocupan el 92 % de agresores sexuales que
no llegan ni a pisar un juzgado. Nos preocupa que solo se denuncien
el 8 % de las agresiones sexuales y que solo un tercio termine en condena
para el agresor. Esos son los casos que nos preocupan, y seguro que
volver a la receta antigua, volver al paradigma en el que las mujeres
tienen que demostrar que se han resistido para ser creídas no ayudará a
mejorar esas cifras. Con su reforma, las mujeres tendrán que volver a
escuchar preguntas sobre la ropa que llevaban o sobre si cerraron bien
las piernas. La lacra que sufrimos es la de la impunidad de las
agresiones sexuales, y la alianza del PSOE y del PP que, junto a otros
grupos, darán carta blanca a esta reforma no acabará con la lacra de la
impunidad de las agresiones sexuales. Hoy vamos a presenciar un
retroceso. Se lo repito, han entrado de lleno en el marco de la derecha.
Nos proponen una reforma exprés de la Ley del solo sí es sí a golpe de
encuesta, por el miedo a perder votos; una reforma que nos devuelve al
pasado, aunque insistan en decir lo contrario. El modelo del
consentimiento era y es una petición de las calles ante un sistema
político, social y judicial patriarcal. Los derechos que conquistamos las
feministas son para todas. Los derechos cuestan décadas y siglos
conseguirlos, y en este trámite, con ustedes doblegados a la derecha
mediática y política, doblegados a las encuestas, hemos visto cómo en
cuatro días laborables, que es lo que ha durado el trámite de esta ley en
el Senado, se puede retroceder y mucho.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su señoría la senadora Rodríguez Calleja.


La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Gracias,
presidente.


Señorías, por fin llega el día en el que en
esta Cámara finaliza el trámite para corregir el error legislativo más
escandaloso de toda la democracia de nuestro país, error del Gobierno del
señor Sánchez que ha indignado a toda la sociedad española. Por fin ha
llegado el día de corregirlo. (Aplausos). Es un error que fue advertido,
pero los avisos fueron obviados por pura soberbia infantil; error que nos
ha llevado a cifras escalofriantes, más de mil condenas revisadas a la
baja y más de un centenar de violadores y pederastas en la calle, y los
que aún nos quedan por contar, porque las consecuencias que nos ha traído
el Código Penal del solo sí es sí son irreparables e irreversibles.


En esta intervención me gustaría recordar dónde
hemos estado cada uno de nosotros en estos últimos seis meses; seis meses
de dolor, de miedo, de revictimización, de indefensión de las víctimas.
Ya no sorprende a nadie que Podemos haya estado en la defensa de esta ley
ideológica con el insulto. Esto lo hacen francamente bien: insulto a los
jueces, insulto al líder de la oposición, insulto incluso al propio
presidente del Gobierno, esto es inaudito. Podemos ha estado en la
soberbia y en la negativa de modificar la ley. Eso sí, ha estado bien
agarradito al sillón del ministerio, pues en ningún momento se les ha
ocurrido asumir ningún tipo de responsabilidad, ni una pizca de
autocrítica, cero responsabilidad política. (Aplausos). Analicemos dónde
ha estado el Partido Socialista. Ha estado dando bandazos; primero,
explicando las bondades de la ley, luego vendiendo que era un nuevo
avance en los derechos feministas, pero cuando las feministas empezamos a
alzar la voz, comenzaron a reconocer que puede haber errores y solo
cuando las encuestas de Tezanos les advierten de que la sociedad les
castiga por no hacer nada, entonces sí, una vez más, copian al Partido
Popular. (Aplausos). Eso es lo que mejor saben hacer, copiar al Partido
Popular. Y hoy seguro que les vamos a escuchar aquí decir que la ley es
buena, pero, oiga, ¿cómo va a ser buena si en menos de seis meses ya la
están modificando?


Mención especial merece la actuación del señor
Sánchez, que es responsable y culpable de todo este despropósito.
Primero, alabó la ley que impulsaron los mismos de los que dijo que no
podría dormir si gobernase con ellos, después se puso de perfil dejando a
otros ministros dar la cara —eso se le da francamente bien—.
Hace escasos días, y viendo que las encuestas empezaban a darle la
espalda, en un ejercicio de cinismo, pidió perdón. Lo hizo con la boca
pequeña, en bajito y a puerta cerrada, en uno de sus mítines. De sobra
sabemos que el señor Sánchez hace ya tiempo que no puede pisar la calle.
(Aplausos). También ayer aquí pidió perdón, pero este perdón no vino
acompañado ni de dimisiones ni de ceses, y eso, señorías, no es pedir
perdón; eso es mentir a los españoles, mentir, que sin duda es la
especialidad del señor Sánchez. Lo que es imperdonable es que no se
presentara a la votación. No votó a favor de la reforma, señorías
—hizo lo mismo que los senadores de Vox van a hacer—, como si
su ausencia eximiera su responsabilidad, pero no lo consiguió; las
españolas saben bien que el señor Sánchez pasará a la historia como el
autor del mayor retroceso de la lucha por la igualdad y en contra de la
violencia de género. (Aplausos). Por eso le recordará la historia, y por
nada más.


Ahora vamos a ver dónde está y dónde ha estado
mi partido, el Partido Popular. Primero, les advertimos de los efectos de
la ley antes de aprobarla. A nosotros sí nos gusta estudiar los temas y
nos gusta, señorías, ser rigurosos. En noviembre presentamos una moción
aquí, en el Senado, para impulsar su reforma urgente. ¿Recuerdan,
señorías del Partido Socialista, lo que votaron ustedes? Votaron no. En
diciembre presentamos un proyecto de ley en el Congreso para reformarla.
¿Y saben lo que hizo el Partido Socialista? Guardarlo en el cajón, solo
lo sacaron cuando tuvieron que copiarlo. En marzo votamos a favor de esa
iniciativa para iniciar el trámite de este proyecto de ley, aunque, por
supuesto, se produjo más tarde de lo que nosotros hubiéramos deseado. Y
hoy no hemos presentado enmiendas en esta Cámara —enmiendas que,
sin duda mejorarían el texto— porque hemos entendido que lo que hay
que hacer es reformarlo de manera urgente.


Por todo esto, señorías, el Grupo Popular, con
nuestro presidente a la cabeza, votará sí a esta reforma. Votaremos sí
por responsabilidad para con los españoles. Votaremos sí porque sabemos
que es bueno para las mujeres y para los menores que puedan sufrir una
agresión sexual en un futuro. Eso es lo único que nos importa; ese ha
sido nuestro único objetivo: proteger a las víctimas, y hoy lo hemos
conseguido. Enhorabuena, presidente; enhorabuena, compañeros. Una vez más
—y no son pocas las ocasiones— hemos demostrado que somos un
partido útil para los españoles. En realidad hoy demostramos que somos el
único partido que está a la altura de lo que necesita España.
(Aplausos).


Señorías, señor presidente, hoy aquí comienza
la derogación del sanchismo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
(Rumores):


Un poco de silencio, señorías, por favor.
Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará
la palabra su señoría Oleaga Zalvidea.


El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko,
presidente jauna.


Egun on, guztioi. Lo que estamos hoy debatiendo
aquí es un aspecto muy concreto, es una reforma muy específica y que
afecta a una parte básicamente penal de una gran ley. Además, parte de
dos evidencias, que no por el mero hecho de que sean cuestiones evidentes
hay que ocultarlas u olvidarlas. La primera es que la Ley de garantía
integral de la libertad sexual se tramitó en la Comisión de Igualdad y,
en cambio, esta reforma se ha tramitado en la Comisión de Justicia; y la
segunda evidencia es que todo esto trae causa de que algunos juzgados han
interpretado y han aplicado la ley de una forma que ha generado unas
rebajas de condenas a agresores sexuales que habían sido condenados
precisamente por delitos contra la libertad sexual. Y me preguntarán
ustedes por qué les cuento unas cuestiones que son evidentes. Pues porque
es cierto que se ha producido, y creo que estamos todos de acuerdo, una
evidente alarma social en nuestro país, una polémica muy importante. Y,
sobre todo, lo que se ha producido es que algunas mujeres que han visto
cómo sus agresores sexuales veían reducidas sus condenas, han sentido
humillación, han sentido pesar, han sentido dolor, y esto evidentemente
había que resolverlo. Y algunos han querido aprovechar esta circunstancia
y esta reforma para arrimar el ascua a su sardina, para acusar a los
demás de esto y de lo otro, e incluso algunos anticipan qué es lo que el
Grupo Parlamentario Socialista pretende decir hoy aquí.


Pues bien, el Grupo Parlamentario Socialista va
a huir de esta forma de enfocar el debate de buenos y malos, de unos
contra otros, porque lo que nos interesa es resolver el problema que
tienen las mujeres que se sienten humilladas por estas rebajas.
(Aplausos). Y voy a intentar explicar brevemente por qué hacemos esta
reforma, que tiene tres características sobre todo. La primera, que creo
es la más importante, es que se ha producido un acto que humilla a
mujeres, y esto hay que corregirlo. Esto es lo más importante de todo y
es el motivo principal de esta reforma. La segunda es que el
consentimiento no se toca, sigue siendo el corazón de la Ley del solo sí
es sí. Y tercero, cualquier grupo parlamentario podría haber presentado
una propuesta viable, pero lo cierto es que solo el Grupo Socialista se
ha remangado y ha presentado una propuesta viable. (Aplausos).


Y ante algunas de las críticas que hemos
escuchado, permítanme que diga muy brevemente un par de cosas. En el caso
de Esquerra Republicana y de Bildu, y también de algún otro grupo, el
Grupo Parlamentario Socialista defiende la Ley del solo sí es sí; la ha
defendido siempre. Es más, todos ustedes saben que, precisamente para que
esa ley pudiera salir, el Grupo Parlamentario Socialista retiró todas las
enmiendas que afectaban a la prostitución porque ustedes amenazaron con
votar en contra de la Ley de libertad sexual. Y fue el Grupo Socialista,
que quería esa ley, que consideraba que era una buena ley el que retiró
todas esas enmiendas para que saliese adelante, porque lo que nos
interesa es el consenso y el avance, y para algunos grupos parece que es
o todo o nada. Esto, en primer lugar. (Aplausos). Y en segundo lugar, nos
hablan ustedes del marco de la derecha. Aquí quién ha comprado el marco
mental de la derecha son ustedes, señorías de Esquerra Republicana.
Llevamos toda la legislatura escuchando que este Gobierno es ilegítimo
por pactar, entre otros, con ustedes. Y ahora van ustedes y dicen que,
como coincidimos con el Grupo Popular, somos un partido antifeminista. ¿Y
ustedes, que van a coincidir hoy en el rechazo a esta ley con Vox cómo se
califican? (Aplausos).


Y en el caso del Grupo Popular, ustedes saben
perfectamente que el acuerdo al que hemos llegado es de carácter técnico.
(Protestas). Y saben ustedes...


El señor PRESIDENTE: Señorías, un poco de
silencio, por favor.


El señor OLEAGA ZALVIDEA: Saben que, a lo largo
de estos meses durante los que tanto decían preocuparse por este asunto,
ninguna de las tomas en consideración de leyes que ustedes han presentado
tiene que ver con este asunto. Ha sido el Grupo Parlamentario Socialista
el único que ha presentado una propuesta viable y la ha llevado a debate
y a aprobación. El único. (Aplausos).


Y voy a concluir, señorías, diciéndoles que en
política hay dos formas de actuar. Una, que se caracteriza
fundamentalmente por la soberbia, por considerar que siempre se tiene
razón, por no querer reconocer nunca ningún error, por considerar siempre
que se está en la verdad y que con todos los demás no merece la pena
siquiera sentarse. Pero hay otra manera de entender la política, que es
la que el Grupo Parlamentario Socialista está defendiendo, y que consiste
en buscar los acuerdos y resolver los problemas, sobre todo cuando estos
afectan a mujeres, a niñas que han sido agredidas sexualmente, como
sucede en este caso. Y tengo que decirles que el Grupo Parlamentario
Socialista está muy orgulloso de un presidente como Pedro Sánchez, que ha
sido capaz de reconocer un error, de pedir perdón a las víctimas y de
presentar la única propuesta viable que va a intentar resolver este
problema.


Eskerrik asko. (Fuertes y prolongados aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista con sus señorías
puestas en pie).


El señor PRESIDENTE: Señorías, finalizado el
debate de esta proposición de ley orgánica se procede, a continuación,
abrir el plazo de una hora a los senadores y senadoras autorizados para
que emitan el voto telemático, desde este momento, en que son las diez
horas y cuarenta y siete minutos, hasta las once horas y cuarenta y siete
minutos.


Asimismo les recuerdo que la votación
presencial de esta proposición de ley orgánica tendrá lugar una vez
finalizado este plazo, cuando sea anunciado por la Presidencia, y no
antes de las cuatro y media de la tarde.


Muchas gracias.









TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA
LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL,
PARA LA ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO REGULADOR DE LAS MEDIDAS
ALTERNATIVAS A LAS SANCIONES PECUNIARIAS.


622/000102

GPERB


El señor presidente lee los puntos 3.2.
y 3.2.1.


El señor PRESIDENTE: No se ha presentado
ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual, procede someter a
debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana.


Para la defensa de la toma en consideración
tiene la palabra, en nombre de este grupo, la senadora Bailac
Ardanuy.


La señora BAILAC ARDANUY: Moltes gràcies,
president.


Señorías, venimos hoy a plantear que no puede
ser que la sanción económica sea la única respuesta posible de los
ayuntamientos para corregir conductas incívicas o que afectan a la
convivencia en las ciudades. Y precisamente presentamos esta proposición
de ley para resolver esta situación y para dar cobertura legal a medidas
alternativas a las sanciones económicas, como son los servicios a la
comunidad. La proposición de ley que hoy presentamos fue formulada por
Miquel Pueyo, el alcalde de Lleida, y enviaba a todos los representantes
de Lleida en el Congreso y en el Senado. Así que, antes de entrar en
materia, debo reconocer la autoría y también la proactividad del alcalde
Pueyo; agradecer su trabajo a la Comisión de Convivencia del Consell de
Ciutat de Lérida, que analizó la situación y concluyó que la mejor opción
para dar cobertura legal a esta cuestión pasaba por modificar la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local. También quiero reconocer el
consenso que existe en la citada Comisión de Convivencia respecto a la
propuesta que hoy planteamos, y agradecer el interés de la concejal de
Educación del Ayuntamiento de Lleida y al presidente de la Comisión de
Convivencia que hoy nos acompañan en la tribuna.


Pero permitan que contextualice esta
proposición de ley. En los últimos años muchos ayuntamientos han
impulsado la aprobación de ordenanzas municipales que regulan el ámbito
de la convivencia y del civismo. Uno de los aspectos centrales de estas
ordenanzas es la introducción de medidas alternativas a las sanciones
económicas como herramienta para promover la convivencia ciudadana,
implicando a las personas infractoras de manera activa. Las medidas
alternativas a las multas son, para entendernos, la realización de
servicios a la comunidad, la participación en actividades socioeducativas
o de carácter cívico. Se trata de medidas que seguramente en muchos casos
son mucho más efectivas que la sanción económica, y lo son por sus
efectos pedagógicos, porque conllevan la asunción de una responsabilidad
personal y pública; y son más efectivas también porque son voluntarias,
buscan el compromiso, el respeto y la responsabilidad de los vecinos y
vecinas con respecto a su entorno más inmediato. Las medidas alternativas
a la sanción económica por infracciones administrativas en este ámbito,
el de la convivencia y el civismo, son una buena opción, porque fomentan
el espíritu cívico de la ciudadanía. Como les decía, la sanción económica
no es siempre la más efectiva, ya que puede resultar desigual, pues no
todo el mundo tiene la misma capacidad para pagar las sanciones, y
porque, en muchos casos, puede resultar mucho más transformador realizar
servicios en favor de la comunidad que pagar una multa.


Quizá se pregunten a qué tipo de infracciones
administrativas nos estamos refiriendo. La respuesta es que las medidas
alternativas a la multa pueden aplicarse a las infracciones recogidas en
las ordenanzas municipales que así lo indiquen, como podrían ser la
alteración del descanso vecinal, la realización de barbacoas fuera de los
espacios autorizados o el daño al arbolado y a otros elementos de la vía
pública. Estos y otros ejemplos son infracciones que las ordenanzas
municipales de civismo pueden considerar graves o muy graves, y ahora la
sanción económica se presenta como la única respuesta posible, atendiendo
al marco legal. Ahora bien, pese a que, como les digo, existe una base
jurídica poco sólida, son muchos los ayuntamientos que aplican estas
medidas alternativas a la sanción económica. Por eso, atendiendo a que
esta es una realidad que existe, atendiendo a las múltiples experiencias
positivas y contrastadas que existen, atendiendo también a las
recomendaciones europeas, nos encontramos con que no hay ninguna ley que
reconozca expresamente que, en el marco de una ordenanza municipal, una
sanción administrativa pueda ser sustituida por una medida alternativa.
En cambio, en el texto de la proposición de ley que presentamos podrán
encontrar varias referencias normativas que sustentan esta
propuesta.


En primer lugar —y me parece bastante
relevante— en la legislación española ya existen, en algunas
materias, precedentes de suspensión de una sanción administrativa y la
posibilidad de aplicar una medida alternativa, como es el caso de las
infracciones en materia de consumo o tenencia de drogas por parte de
menores de edad. En segundo lugar, el mandato de la Ley 40/2015 establece
a las administraciones públicas el deber de aplicar el principio de
proporcionalidad y la elección de la medida menos restrictiva. Pero la
cobertura legal es insuficiente, teniendo en cuenta también algunos
pronunciamientos judiciales, como los que anularon las medidas
alternativas a la multa en el caso de Lleida por falta de cobertura
legal. Por todo ello, nos parece que es necesario aportar mucha más
seguridad jurídica a las medidas alternativas a las sanciones económicas
por infracciones administrativas, regulándolo, como proponemos, en esta
proposición de ley.


Y concluyo. La proposición de ley que hoy
presentamos para su toma en consideración plantea regular específicamente
la posibilidad de que las entidades locales puedan desarrollar en sus
ordenanzas municipales medidas alternativas a las sanciones económicas. Y
planteamos que estas medidas alternativas puedan sustituir total o
parcialmente a las sanciones económicas con el consentimiento previo de
la persona afectada. Planteamos también que las medidas alternativas
puedan ser acordadas con posterioridad a la imposición de la sanción si
la persona interesada lo solicita. Por supuesto, nuestra iniciativa
también plantea que, en el caso de incumplimiento de las medidas
alternativas acordadas, se daría ejecución a la multa de tipo
económico.


Pedimos a los diferentes grupos parlamentarios
su apoyo para que esta propuesta pueda seguir tramitándose y logremos un
marco legal sólido para dar respuesta a esta inquietud planteada por el
Ayuntamiento de Lleida para impulsar y trabajar para una ciudadanía
comprometida y responsable.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


¿Algún grupo desea intervenir en el turno a
favor? (Denegaciones).


¿En turno en contra? (Denegaciones).


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tomará la
palabra su señoría la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor
presidente.


Señorías, aunque pueda parecer razonable
favorecer la imposición de sanciones tendentes a la reeducación de manera
que el infractor pueda resarcir el daño causado mediante la realización
de trabajos en beneficio de la comunidad o cursos de civismo, debemos
entender que la proposición de ley, viniendo de quien viene, es decir,
teniendo en cuenta a los autores de la iniciativa, esconde intereses
oscuros que en Vox rechazamos de pleno. Porque, señorías, la proposición
de ley presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu tiene por fin modificar la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local, y propone introducir la posibilidad de sustituir las
sanciones económicas establecidas actualmente por medidas alternativas
consistentes en la realización de servicios a la comunidad o actividades
socioeducativas por considerarlas más eficaces para fomentar el espíritu
cívico de la ciudadanía. De verdad, señorías, ¿por quién nos toman?


Sorprende que, viniendo de quien viene, un
grupo parlamentario cuyos cachorros están intrínsecamente asociados al
terrorismo callejero, a la quema de contenedores y al odio hacia España,
se haga mención al sostenimiento de valores cívicos y a la categoría
socioeducativa de la ciudadanía, pues parece que habláramos de las
hermanitas de la caridad.


Señorías, en Vox nos preguntamos a quién
beneficia esto. Porque sería un buen ejercicio plantearse quiénes son los
verdaderos benefactores de esta propuesta, aparentemente inocente y
altruista, que parece pensada, y que viene además como anillo al dedo, en
beneficio de los cachorros de Bildu y de Esquerra Republicana de
Catalunya, siempre relacionados con el terrorismo callejero, la
destrucción del mobiliario urbano y el quebrantamiento de la paz social,
que son quienes se verían directamente beneficiados por esta
propuesta.


Señorías, según esta propuesta, las sanciones
por infracciones —cito literalmente— de la Ley reguladora de
las bases del régimen local, a cuya modificación se dirige esta
proposición, se derivan de los actos de deterioro grave y relevante de
equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio
público; el impedimento del uso de un espacio público por otra u otras
personas con derecho a su utilización. Y los actos de deterioro grave y
relevante de estos espacios públicos son todos conductas típicas de los
cachorros de Bildu y de Esquerra Republicana de Catalunya en huelgas, en
protestas y en manifestaciones. Desgraciadamente, todos conservamos en la
memoria reciente de España los destrozos ocasionados por los
autodenominados comités de defensa de la república de Cataluña, con el
sainete de la declaración unilateral de independencia, que no ha hecho
otra cosa sino provocar más división y más fractura en la sociedad
catalana. O los episodios de kale borroka en País Vasco y en la Comunidad
Foral de Navarra, que muchas generaciones de españoles, desde que tienen
uso de razón, están habituados a vivir y a sufrir en su día a día. No
puedo sino referirme a los recientes ataques con pintura, agresiones,
amenazas y escraches contra militantes de Vox en las últimas fiestas
patronales, concretamente en Lloret de Mar, en Moncada y Reixach y en
Sabadell, entre otras, y que, por cierto, han sido silenciados por la
gran mayoría de los medios de comunicación y que ninguna formación
política ha condenado.


Por ello, señorías, y ateniéndonos a los
antecedentes sufridos hasta ahora y que han provocado la fractura social
por parte de los proponentes de esta toma en consideración, debemos
desconfiar de la eficacia real de las medidas alternativas propuestas
consistentes en la realización de servicios a la comunidad o de
actividades socioeducativas o de carácter cívico, que muy probablemente
serán caldo de cultivo de esa ideología separatista que siembra el odio
entre vecinos y siembra la división y la fractura en las familias. Por
último y puestos a pensar mal —ya saben, señorías, el refrán de
piensa mal y acertarás—, parece que esta propuesta puede estar
relacionada de alguna forma con la reciente derogación del delito de
sedición y su sustitución por el de desórdenes públicos agravados, en
beneficio directo de los intereses de los partidos políticos del grupo
parlamentario proponente. Ya han conseguido rebajar la gravedad de los
hechos y de su sanción por arriba. Una iniciativa como esta sugiere que
ahora estén trabajando en rebajarlos desde abajo.


Por todo ello, en definitiva, se trata de una
proposición de ley con fines espurios, que no responde al bien común,
sino a los intereses políticos de los partidos proponentes. Por ello en
Vox vamos a votar en contra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará
la palabra su señoría Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Con la venia, señor
presidente.


Señorías, nos traen la toma en consideración de
una proposición de ley cuyo espíritu podemos compartir, pues se pretende
otorgar seguridad jurídica y dotar, en definitiva, de cobertura legal
estatal a la posibilidad de sustituir la pena de multa en las
infracciones de ordenanzas municipales sobre convivencia ciudadana y
protección de los espacios públicos, por medidas alternativas como la
asistencia a charlas, actividades socioeducativas, cursos relacionados
con la convivencia ciudadana, la realización de trabajos en beneficio de
la comunidad, etcétera. Admitamos que este tema lleva décadas siendo
controvertido y criticable la falta de previsión del legislador estatal,
tanto en la redacción primitiva de la norma como en sus sucesivas
reformas, al contemplar como única sanción posible ante comportamientos
incívicos la imposición de una pena económica, que es lo único que se
contempla. Así lleva tiempo obviándose el potencial reeducativo de otro
tipo de sanciones administrativas que no recaen directamente sobre el
patrimonio, sino sobre otros bienes del ciudadano, como puede ser el uso
de su tiempo en actividades o redirigido a actividades que redunden en la
convivencia cívica y ciudadana.


A pesar del citado potencial resocializador, la
posibilidad de sustituir la multa por otro tipo de penas en las
ordenanzas municipales en materia de convivencia, de hecho, no cuenta con
cobertura legal estatal, por lo que los numerosos intentos en esta
dirección que han llevado a cabo distintos y múltiples ayuntamientos para
poner en valor estas medidas, se han encontrado con innumerables
problemas judiciales. Obviamente, no hay una normativa estatal que les dé
cobertura legal. La problemática ha venido suscitada por el hecho de que
una ordenanza local no puede establecer la citada sustitución de penas si
la pena sustitutoria no viene amparada por una norma de rango de ley. Es
absolutamente lógico, de primer curso de Derecho. De esta manera, el
Tribunal Constitucional ha dicho reiteradamente y con fundamento en el
artículo 25 de la Constitución, que el legislador debe regular los tipos
de infracciones administrativas y sanciones que sean de aplicación, sin
que sea posible tipificarse nuevas infracciones ni sanciones vía
reglamentaria —vía reglamentaria— sin cobertura legal. Por
tanto, actualmente, sin el amparo de una normativa legal que dé cobertura
a todas estas cuestiones no se pueden hacer, aunque muchos ayuntamientos
sí que se han encontrado en la necesidad o han visto la posibilidad de
hacerlo. Con fundamento en esta doctrina constitucional, tribunales
inferiores han venido diciendo lo mismo, han aplicado la nulidad de los
artículos que en ordenanzas municipales en materia de convivencia cívica
establecían la posibilidad de sustitución de penas pecuniarias por otro
tipo de penas, como hemos dicho antes, sesiones formativas, participación
en actividades cívicas o simplemente los recurrentes trabajos en
beneficio de la comunidad. En definitiva, a falta de una ley básica
estatal que prevea la imposición de sanciones no pecuniarias o la
posibilidad de sustitución por otras de diferente naturaleza, las
ordenanzas municipales en materia económica no pueden imponer sanciones
distintas de la mera multa, como está fijado ahora; aspecto en el que
coincidimos con la proponente en que debe ser reparado.


Por tanto, para concluir, nos parece adecuado
—ojo— iniciar el debate —este es un debate muy amplio y
que tiene muchas aristas— y durante la tramitación parlamentaria,
en su caso, podríamos tratar, por ejemplo, si los límites a la
sustitución de penas que se pretenden deben quedar en todo caso al
arbitraje de los ayuntamientos reguladores o deben establecerse ya en la
ley estatal en aspectos como el tipo de infracciones a las que puede
alcanzar la sustitución de la pena; si deben tenerse en cuenta las
particularidades que puede presentar el infractor —personalmente yo
creo que sí deben tenerse en cuenta las particularidades del
infractor—, así como su edad, su situación social, su situación
económica; si debe considerarse el índice de reincidencia del infractor
—que yo entiendo que claro que debe considerarse— o incluso
el número de veces que ha solicitado la sustitución de la pena similar en
el pasado. Son aspectos que podrían ser tratados en un ulterior momento,
en su caso, durante la tramitación parlamentaria de la proposición cuya
toma en consideración no nos parece que tenga ningún problema.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, senador Vidal.


El señor VIDAL MATAS: Intervengo desde el
escaño, presidente, simplemente para anunciar nuestro voto favorable a la
iniciativa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tomará
la palabra su señoría Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies,
president.


(Comienza su intervención en catalán). Para
nosotros, para Junts per Catalunya, la defensa de los derechos y de las
personas y el trato por igual al conjunto de la ciudadanía también es
intrínseco. Es evidente que una sanción pecuniaria tiene un efecto
desigual en función del sancionado, de forma que la misma sanción tendrá
mayor afectación para una persona con escasos recursos que para una con
una sólida posición, que quizá lo afronte como un mero trámite. En pro
del principio de igualdad y proporcionalidad y la no discriminación
entendemos que debería tomarse en consideración la alternativa de aplicar
medidas alternativas —valga la redundancia— en relación con
las sanciones previstas e impuestas por las entidades locales, como
sabemos que ocurre ya en el ámbito penal, por lo que nuestro grupo
apoyará la toma en consideración de la Proposición de Ley para modificar
la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tomará la
palabra su señoría Medina Martínez.


El señor MEDINA MARTÍNEZ: Eskerrik asko,
presidente jauna.


Egun on. El Grupo Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu trae a esta Cámara el debate y toma en consideración de la
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, por adición de un nuevo
artículo regulador de las medidas alternativas a las sanciones
pecuniarias. La proposición de ley que se presenta, como indica en su
parte expositiva, propone la modificación del título XI de la Ley de
bases de régimen local en lo que se refiere al ejercicio de la potestad
sancionadora de las entidades locales en el ámbito de la convivencia y el
civismo. El sistema configurado por la Ley de bases, tal como enuncia la
proposición, presenta la sanción económica como la única respuesta
posible de la Administración Local en los casos de infracciones
sancionadas en dicho ámbito. Así lo dicen los artículos 139 y 141. En
palabras de los proponentes, no parece que esta sea la mejor manera de
fomentar el espíritu cívico de la ciudadanía; cuando menos, no debería
ser la única manera de conseguirlo habiendo como hay otras posibilidades
mucho más efectivas que las sanciones económicas, como son las medidas
alternativas consistentes en la realización de servicios a la comunidad o
actividades socioeducativas o de carácter cívico.


Los proponentes señalan que para que las
ordenanzas locales puedan determinar sanciones alternativas a las multas
pecuniarias se requiere de una cobertura legal, cuestión que, a modo de
ejemplo, se ha materializado con la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de
la Carta Municipal de Barcelona, que en su artículo 29.3 especifica que
el incumplimiento de las prescripciones contenidas en las ordenanzas y
disposiciones generales municipales y órdenes individuales es sancionable
con una multa municipal. Cuando la ordenanza municipal lo establezca de
acuerdo con la ley o, en su defecto, previo consentimiento de la persona
afectada puede sustituirse la multa pecuniaria por trabajos para la
comunidad. Se pone en evidencia que existen lagunas en la cobertura legal
para que las entidades locales puedan sustituir las multas pecuniarias
por otro tipo de medidas, ya que no para todas las entidades locales
existe ley al respecto ni para todo tipo de infracciones o personas
infractoras. Así, por ejemplo, sí existe en el caso de las personas
infractoras que sean menores para determinadas infracciones o en el caso
citado de la ciudad de Barcelona.


Ciertamente, la proposición busca que mediante
la Ley de bases de régimen local se amplíe esa cobertura de posibilidad
de sustitución a todas las entidades locales. De esta forma, una ley de
bases estatal y de carácter general, no se trata de legislación de una
manera específica, proporcionaría el paraguas legal requerido. Sin poner
en duda el acierto en la finalidad de la proposición, sí se quiere
señalar que existe normativa autonómica, al menos en la Comunidad
Autónoma de País Vasco, que ofrece esta cobertura. Se trata de la recién
aprobada Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las
administraciones públicas vascas. Esta ley, inspirada en la doctrina, la
jurisprudencia y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional,
contiene diversos preceptos específicos sobre la potestad sancionadora de
las entidades locales, tanto para el ejercicio de la potestad
sancionadora otorgada en la normativa sancionadora específica como para
la imposición de sanciones por incumplimiento de deberes, prohibiciones o
limitaciones establecidas en las correspondientes ordenanzas, abriendo la
posibilidad de aprobar ordenanzas propias que regulen dicha potestad
sancionadora en las entidades locales, equiparándolas con el resto de
instituciones.


La ley vasca ha efectuado una transición
adecuada hacia un nuevo modelo sancionador. En este sentido, y al hilo de
la preocupación que se resalta en la proposición presentada respecto de
la diversa y desigual situación patrimonial de las personas sancionadas,
la ley vasca permite atender a las situaciones y circunstancias de la
persona infractora a la hora de aplicar la sanción. Se abre así la
posibilidad de establecer la cuantía mínima correspondiente al tramo de
sanción previsto en el caso de solicitantes de empleo, personas
perceptoras de la renta básica, personas en riesgo de exclusión social o
pertenecientes a un colectivo vulnerable. Asimismo, la ley abre la
posibilidad dentro del nuevo modelo sancionador de sustituir las multas,
salvo que la ley impusiera su carácter obligatorio, por trabajos de valor
equivalente para la comunidad local, incluidas las asistencias a sesiones
formativas o la participación en actividades cívicas. Al aplicar este
principio se compaginará la infracción cometida y el principio de
proporcionalidad al que da cauce la ley.


En definitiva, la Ley de la potestad
sancionadora del País Vasco prevé que cuando la ley sectorial
correspondiente prevea al regular el régimen sancionador la colaboración
normativa de la ordenanza en la tipificación de las infracciones y
sanciones, esta podrá sustituir las multas —previo consentimiento
de la persona afectada y salvo que la ley impusiera su carácter
obligatorio— por trabajos de valor equivalente para la comunidad
local, incluidas las asistencias a sesiones formativas o la participación
en actividades cívicas, y proporcionados a la gravedad de la infracción
conforme a los objetivos de la ley cuando así lo acuerde el órgano
sancionador.


Como se desprende de todo lo dicho, la
proposición de ley confluye en idéntica finalidad y objetivo, que ya se
contiene en la normativa aprobada en el Parlamento vasco por lo que, más
allá de manifestar la posibilidad que tienen las comunidades autónomas de
regular en lo que a ellas les concierne el régimen sancionador, no vemos
razón alguna para oponernos a esta proposición de ley.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana, tiene la palabra su señoría la senadora Bailac Ardanuy.


La señora BAILAC ARDANUY: Gràcies,
president.


Señorías, de nuevo la iniciativa que hoy
planteamos demuestra la importancia de contar con el municipalismo a la
hora de legislar para abordar aquellas cuestiones que forman parte del
día a día de las entidades locales; también para detectar aquellas
cuestiones que preocupan para colaborar en la búsqueda de soluciones,
pero también para escuchar y trasladar las propuestas que surgen de las
propias entidades locales. Como ya he dicho anteriormente, la iniciativa
que hoy debatimos surge de la preocupación y de la propuesta del
Ayuntamiento de Lleida para facilitar que las infracciones en materia de
civismo no se combatan únicamente a base de multas, sino que la sanción
sea en sí misma un elemento de transformación, de cambio y de pedagogía.
Por eso creo también que esta proposición de ley persigue avanzar hacia
el cambio social, hacia la construcción de una ciudadanía activa
defensora de sus derechos, exigente con los poderes públicos y, por
tanto, una ciudadanía más empática y consciente del valor de lo
común.


Sobra decir que esta propuesta no solo no
entraña ningún interés oculto, sino que da respuesta a una petición que
nos traslada la propia ciudadanía de Lleida, que, en aras de la buena
convivencia, reflexiona y llega a conclusiones respecto de las
herramientas que podrían facilitar la buena convivencia en la ciudad.
Como he dicho, son muchos los ayuntamientos que, hoy día, han decidido
implantar estas medidas alternativas a las sanciones económicas en sus
ordenanzas municipales. Por tanto, estamos hablando de una práctica que
ya existe, de la que existe un cierto recorrido, de la que se ha podido
analizar su implantación y también sus consecuencias, valoradas todas
ellas positivamente. Por tanto, existe ya un corpus, un trabajo
acumulado. Además, quiero destacar, como hacía en mi intervención
inicial, que esta posibilidad, esta previsión de alguna forma ya se
contempla en la normativa estatal en el caso de suspender las sanciones
administrativas y la posibilidad, por tanto, de aplicar medidas
alternativas, como sucede en el caso concreto de las infracciones en
materia del consumo o la tenencia de drogas por parte de menores de edad.
Por tanto, esta puerta que hoy planteamos abrir de algún modo ya está
abierta en la normativa estatal, y lo que planteamos es que pueda serlo
de una forma mucho más clara para aquellos ayuntamientos que han
decidido, desde hace muchos años, recoger esta posibilidad en sus
ordenanzas.


Recuerdo también algunos de los elementos de la
propuesta que planteamos, como que estas medidas alternativas se basan en
la voluntariedad de la persona que debe recibir esta sanción en forma de
medidas alternativas, en lugar de por la vía económica; que estas medidas
pueden sustituir total o parcialmente las sanciones; que existe también
la posibilidad de que sea la persona infractora la que solicite poder
sustituir la sanción económica por la sanción alternativa posteriormente
a que se le haya comunicado la sanción; además de la posibilidad de
ejecutar, como debe ser, la sanción económica en el caso de que estas
medidas alternativas se incumplan.


También estamos de acuerdo en que este trámite,
como se ha indicado, facilita que las Cortes Generales puedan llegar a
debatir y a profundizar mucho más en el contenido de esta norma.
Evidentemente, van a encontrar por nuestra parte toda la colaboración y
la mano tendida para mejorar y recoger, en el grado de detalle que
estimen sus señorías, esta propuesta. Y no puedo terminar sin agradecer
las manifestaciones de apoyo que se han producido hasta el momento, así
como al Ayuntamiento de Lleida su iniciativa porque va a ser una
normativa que, de llegar a buen término, va a repercutir positivamente en
la ciudad de Lleida, que ha detectado esta necesidad, pero también se va
a hacer extensiva a todos los ayuntamientos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra su
señoría el senador Fragoso Martínez.


El señor FRAGOSO MARTÍNEZ: Señor presidente,
senadores, muy buenos días. Para no generar más incertidumbre, le anuncio
que no vamos a apoyar su proposición de ley. Es una proposición que nace
aparentemente de la buena intención, del buenismo, pero que no cumple con
los pilares fundamentales para que nosotros pudiéramos apoyarla; no tiene
los soportes que una modificación de este calado debería tener. No
podemos olvidar que estamos hablando de modificar la Ley reguladora de
las bases del régimen local, lo que es la Constitución para los
ayuntamientos; aquello que regula nuestro día a día, nuestra vida.


Sinceramente, creo que no han contado con los
ayuntamientos. Han contado con uno, al que han escuchado. Además, ¿creen
que es el momento adecuado para plantear la modificación de la Ley de
bases del régimen local en plenas elecciones municipales o habría que
esperar y ver qué nos plantean los nuevos interlocutores? ¿Han hablado
con la Federación Española de Municipios y Provincias, a la que Lleida
pertenece, es miembro de la federación? ¿Ha hecho ese planteamiento la
federación? ¿Los ayuntamientos de España lo avalan o les genera algún
tipo de incertidumbre? Creemos que es una modificación hecha a espaldas
de la mayoría del municipalismo. Sinceramente, consideramos que
desconocen la realidad plural que existe en el mapa municipal de nuestro
país. En definitiva, creemos que no es ni una demanda mayoritaria por
parte de los ayuntamientos ni que se haya contado con ellos. En su
proposición de ley ¿definen lo que son servicios a la comunidad o
actividades cívicas? ¿Definen en qué servicios, instalaciones e
infraestructuras se deberían llevar a cabo o utilizarse para evitar, por
ejemplo, que pudieran sustituir el trabajo de profesionales municipales o
de empleados de los ayuntamientos? ¿Quién controlaría? ¿En qué forma
habría que controlar el cumplimiento de las actividades cívicas o de los
servicios a la comunidad? ¿Las policías locales, que ya de por sí son
escasas y se encuentran con que no tienen capacidad para ver si se cumple
con un elemento sancionador? En definitiva, demasiadas incertidumbres
para iniciar por nuestra parte el camino. Estaríamos dispuestos a apoyar
una proposición avalada mayoritariamente por el municipalismo, en ese
caso estaríamos abiertos a analizarla.


Por otro lado, hay un segundo bloque de
inconvenientes que tienen más que ver con el fondo. Hablamos del título
XI de nuestra Ley de bases, aquel referido al régimen sancionador de los
ayuntamientos. El principal objetivo del régimen sancionador está en
desincentivar, en disuadir la comisión de actos incívicos, de actos que
perturben la convivencia en nuestro municipio. Admitiéndoles la buena
intención, creo que confunden el derecho penal, que sí tiene por objetivo
la reinserción del reo, la resocialización, con el derecho administrativo
sancionador, que solo tiene un objetivo: evitar y disuadir que se puedan
cometer esos actos. Sinceramente, cuando han hablado de penas, como han
hecho algunos senadores, tengo que decir que aquí no hablamos de penas,
que son las que imponen los jueces en derecho penal; hablamos de
sanciones. El senador Medina, del PNV, antes hacía referencia a esa frase
que ustedes utilizan en el preámbulo cuando dicen, respecto de las
sanciones económicas, que no les parece, desde luego, que sea la mejor
manera de fomentar el espíritu cívico. Y es que el régimen sancionador no
tiene por objetivo fomentar el espíritu cívico, sino desincentivar,
disuadir de cometer actos incívicos. Para fomentar el espíritu cívico,
los ayuntamientos contamos con otro tipo de instrumentos que tenemos que
desarrollar, pero en ningún caso un derecho sancionador a la carta, que
es lo que ustedes proponen; que sea el sancionado el que pueda elegir si
la sanción se puede realizar y cumplir por otros mecanismos que no sea el
económico. Nosotros, evidentemente, no podemos estar de acuerdo con esos
mecanismos que consideramos que no vienen bien a los ayuntamientos.


También nos deben admitir que no nos terminemos
de fiar de sus intenciones. Nos puede caber la duda, y lo deben admitir,
de que la intención verdadera sea abaratar las sanciones; que estos
comportamientos incívicos se puedan llevar a cabo. No hay que olvidar
que, para ustedes, algunas de las actuaciones de los que consideran los
suyos, como los comités de defensa de la república o el Tsunami
Democràtic, puede ser que las quieran convertir de tal forma que la
sanción pudiera ser elegida a la carta y marcharse, por ejemplo, a algún
centro cívico a dar una serie de charlas con el fin de pagar la sanción
que conllevan los actos que han podido cometer y que han perturbado la
convivencia de todos los ciudadanos. Creemos que son demasiadas
incertidumbres para abrir un melón, la modificación de la Ley de bases, y
que incluso pudieran aprovechar para llevar a cabo algunas otras
modificaciones de calado.


Por tanto, creemos que el derecho sancionador
debe estar para sancionar a aquellos que cometen actos incívicos que
perturban la convivencia de todos los ciudadanos. No podemos admitir que
ustedes quieran que sea un derecho sancionador a la carta en el que
elijan quién paga la sanción y quién se va a dar una charla para
compensar los daños que hayan podido ocasionar a la sociedad en la que
viven.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su señoría Moscoso González.


El señor MOSCOSO GONZÁLEZ: Buenos días. Muchas
gracias, señor presidente.


Señorías, a propuesta del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu debatimos la idoneidad de la
adición de un nuevo artículo regulador de las medidas alternativas a las
sanciones pecuniarias. La posibilidad de sustitución de la sanción
administrativa por medidas de trabajo en beneficio de la comunidad ha
sido replicada en el ordenamiento jurídico a través de diferentes normas
estatales, así como autonómicas y ordenanzas municipales, que introducen
la posibilidad de sustituir sanciones económicas por trabajos en
beneficio de la comunidad vecinal. El Grupo Socialista en el Senado va a
dar su conformidad a la toma en consideración de esta iniciativa,
primero, porque redunda en reducir la desigualdad y, segundo, porque
permite reparar el daño del ciudadano con la sociedad sin que ello, por
su situación económica o personal, le genere un quebranto irreparable en
su maltrecha situación económica familiar.


Precisamente, las administraciones públicas,
los ayuntamientos son el vehículo para la prestación de los servicios
esenciales a los ciudadanos. Junto a esta tarea previsora, los
ayuntamientos también ejercen funciones de redistribución, regulación y
supervisión; una buena Administración pública que sirva al interés
general de forma eficiente, eficaz, equitativa, transparente, pero sobre
todo abierta a la participación de la ciudadanía en otros valores, que es
esencial para una democracia moderna. Asimismo, los ayuntamientos, como
está realizando el Gobierno de España, necesitan del impulso de políticas
de modernización y transformación de la Administración Local.


Señorías, nos encontramos con el Gobierno de la
nación más municipalista de la historia de nuestro país. Destaca la
histórica financiación de los ayuntamientos en este año 2023, con más
de 23 000 millones de euros, lo que supone una clara e indudable apuesta
del Gobierno de España por los ayuntamientos, sin olvidar otras medidas
que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha, como ha sido la
financiación del transporte público de titularidad municipal, no tener
que devolver la liquidación negativa de ejercicios anteriores y, sobre
todo, la devolución de ingresos por IVA. Pese a la caída de los ingresos
durante la pandemia, el Gobierno de España no obligó a los ayuntamientos
a realizar las devoluciones, que precisamente el Gobierno del Partido
Popular, en la anterior crisis, les exigía. Por tanto, señorías, cuentas
y no cuentos; hechos y no palabras. (Aplausos).


Señorías, la realidad es tozuda. En los últimos
tres años el Gobierno del Partido Socialista ha destinado más del 18 % de
los recursos económicos, precisamente todo lo contrario que durante los
ocho años de Gobierno de Mariano Rajoy, que los redujo en un 20 %,
practicando el mayor austericidio de la historia de nuestro país,
prohibiendo la utilización de los remanentes de los ayuntamientos,
recortando ingresos, pero sobre todo limitando las competencias a los
alcaldes y a las alcaldesas.


Señorías, los ciudadanos deben tener capacidad
y libertad de elección para decidir qué les conviene más para mejorar su
situación económica. Precisamente, el Grupo Popular, que ya ha
manifestado que no va a apoyar esta iniciativa, destaca en su ADN por ser
no solamente conservador, sino enemigo acérrimo de cualquier cambio, no
por nada, sino porque ese cambio no le reste los derechos ni los
privilegios que adquirieron y que tienen en su DNI única y exclusivamente
por tener apellidos compuestos. El Grupo Popular destaca por el no toca,
nunca toca nada. No toca la subida del salario mínimo interprofesional
porque genera desempleo; no toca la subida de las pensiones porque
quiebra el sistema; no toca el tope del gas porque es un timo ibérico.
Para el Grupo Popular, señorías, nunca toca cuando hablamos de los
ciudadanos, de los ayuntamientos, de todo aquello que genere derechos,
bienestar social y, sobre todo, reducir la desigualdad. Por tanto,
señorías del Grupo Popular, sería un buen eslogan —deberían
adquirirlo— para las municipales: con el Partido Popular, nunca
toca. Para ustedes, el PSOE derrocha y el PP es el que bien gestiona.
Precisamente, señoría, quería detenerme un minuto para destacar que hace
unas semanas tuvimos la información relativa al Ayuntamiento de Madrid.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Senador Moscoso, espere un
momento, por favor. Perdone que le interrumpa. Espere un momento, por
favor.


Muchas gracias. Puede continuar.


El señor MOSCOSO GONZÁLEZ: El Ayuntamiento de
Madrid, en su liquidación del presupuesto de 2022 —la primera vez
en once años—, genera un déficit de 358 millones de euros. En la
liquidación del 2018, cuando gobernaban las izquierdas, se generó un
superávit de 1072 millones de euros. Son dos realidades totalmente
distintas. Y la derecha mediática, los analistas de la derecha, los que
analizan las cifras, decían que el Gobierno de Manuela Carmena era
incapaz de gastar porque no sabía gestionar un presupuesto. Pero,
señorías, ¿desde cuándo el gasto público es elogiado por los economistas
y los liberales amantes de los recortes y la austeridad? Paralelamente,
conocemos que la deuda pública de España supera el billón de euros. Con
estos resultados, esos mismos analistas económicos liberales y la derecha
mediática dicen que España está en la ruina, que el Gobierno de Pedro
Sánchez despilfarra y que hace una mala gestión. Moraleja: la austeridad
va en contra del progreso que propugna el Partido Popular. (Aplausos). No
se preocupen porque los ciudadanos han anotado la matrícula del Partido
Popular no precisamente por el exceso de velocidad, sino por todo lo
contrario e indudablemente van a pagar en las próximas elecciones
municipales su arrogancia, su deslealtad con los ciudadanos y su
permanente no a aquellas leyes, decretos y normas que el Gobierno
progresista de Pedro Sánchez ha aprobado durante este mandato para
reducir las desigualdades, generar derechos y, en definitiva, mejorar la
vida de la gente. Y es que el Grupo Popular en el Senado y en el Congreso
siempre vota no; y los ciudadanos, los vecinos de nuestros pueblos y de
nuestras ciudades han comprobado que las políticas del Gobierno
socialista de Pedro Sánchez son la forma del progreso para
los 8131 municipios de nuestro país y los más de 40 millones de
habitantes.


La ciudadanía sabe que jamás encontrará un
mejor aliado que el Partido Socialista, abierto, cercano y transparente;
que da cuenta de cuánto hace, cómo lo hace y que informa al Gobierno.
Todo lo contrario que hacía el Partido Popular, cuya única preocupación,
como ya ha demostrado en innumerables ocasiones, son los bancos, las
grandes eléctricas y los poderosos. En definitiva, el ideario del Partido
Popular es que una minoría esté dispuesta a aplastar a la inmensa mayoría
que constituye el conjunto de nuestro país; todo lo contrario de lo que
hace, ejecuta y por lo que se preocupa el Gobierno de Pedro Sánchez.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Señorías, les recuerdo que, finalizado el
debate de esta toma en consideración, el plazo para que por los senadores
autorizados emitan el voto telemático se abrirá al finalizar el debate de
la última moción consecuencia de interpelación, así como que la votación
presencial de esta iniciativa tendrá lugar una vez finalizado,
lógicamente, este plazo y cuando sea anunciado por la Presidencia.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN ABIERTA SIN NECESIDAD DE CITA PREVIA, A
REFORZAR LA CITACIÓN Y ATENCIÓN PRESENCIAL E INTENSIFICAR LA ATENCIÓN
PRIORITARIA Y PREFERENTE PARA LOS MAYORES DE 65 AÑOS.


671/000156

GPP


El señor presidente lee los puntos 4. y 4.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de
interpelación se han presentado cuatro enmiendas: una del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, dos del Grupo Parlamentario
Democrático y una del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario Popular, su señoría el senador Hernando García.
(Pausa). Señor Hernando García, estamos debatiendo la moción consecuencia
de interpelación del Grupo Parlamentario Popular... (La señora Fernández
González sube a la tribuna.— Aplausos).


Señorías, un poco de silencio, por favor. Muchas
gracias.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, la semana pasada formulamos una
interpelación al ministro Escrivá tratando de trasladar a la Cámara lo
que está sucediendo en la calle; lo que está sucediendo en las oficinas
de atención a nuestros mayores; lo que está sucediendo en las oficinas de
la Seguridad Social. El ministro Escrivá negaba, y desde luego nosotros y
más grupos parlamentarios aseverábamos que lo que está sucediendo en la
realidad debe corregirse. Señorías, este era el ánimo de nuestra
interpelación y la consecuencia de la moción que hoy presentamos. Una
moción en la que debo celebrar que, a lo largo de la tarde-noche de ayer
y de la mañana de hoy, se haya alcanzado un consenso entre los grupos
parlamentarios que nos permite tener una transaccional que aúna las
pretensiones de solución, de acuerdo y de dar réplica a lo que el señor
Escrivá niega, pero que el resto de los grupos parlamentarios, al
presentar una moción conjunta y consensuada, queremos manifestar que sí
está sucediendo. Por tanto, yo no voy a hablar de una enmienda a la
totalidad, ni mucho menos, a la política del señor Escrivá en el ámbito
de los CAISS y de la gestión de la Seguridad Social, pero en el Partido
Popular sí tenemos que decir, con toda energía y toda determinación, que,
desde luego, la gestión del señor Escrivá al frente de la Seguridad
Social es claramente mejorable, como dijimos en nuestra interpelación y
como repetimos en el día de hoy. (Aplausos).


Señorías, desgraciadamente, no son anécdotas, como
tildó el señor Escrivá a lo que sucede en no pocos CAISS a lo largo de
toda la geografía española, y así se dijo aquí por los portavoces
parlamentarios del Grupo de Coalición Canaria y del Partido Nacionalista
Vasco. Por tanto, yo espero que hoy, el Partido Socialista, que acuerda
avenirse a nuestra moción a través de la enmienda transaccional
correspondiente, reconozca también que existen problemas, que hay
problemas serios y que lo que nosotros poníamos en evidencia en la
interpelación es algo que realmente está sucediendo en España, está
sucediendo en la calle y en las oficinas de la Seguridad Social.


Le decíamos al señor Escrivá, y yo quiero repetirlo
hoy aquí una vez más, que, desde luego, hace una política muy poco
sofisticada. En una ocasión, él calificó al gobernador del Banco de
España como poco sofisticado a la hora de analizar su reforma de las
pensiones, pero yo diría que la política que hace el señor Escrivá en
esta materia es muy poco sofisticada porque no está teniendo la empatía
que se requiere en un ministro, ni más ni menos que de la Seguridad
Social, para con nuestros mayores, para aquellas personas que acuden a
las oficinas en busca de una respuesta ante una pretensión. Desde luego,
se compadece muy mal que abogue por la jubilación demorada, por la
jubilación incentivada si quienes pueden ser beneficiarios de ese tipo de
prestaciones no pueden obtener la cita y no encuentran la respuesta
oportuna para hacerlo valer y poder organizar el futuro de su pensión,
según las nuevas pautas de la reforma que tanto cacarea el señor
Escrivá.


En definitiva, señorías, lo que pretendemos es
tocar la campanilla al ministerio y al señor Escrivá, para que reconozca
que no se trata de anécdotas, que estamos hablando de problemas serios.
(Aplausos). Que no se pueden subir las cotizaciones y que los autónomos,
los trabajadores y los empresarios tengan que pagar cada vez más,
mientras el ministerio ofrece cada vez menos respuestas. Eso sí que es
muy poco sofisticado: pedir mucho y ofrecer poco. Además, señorías,
muchos de nuestros mayores no tienen conocimientos informáticos o
telemáticos. Por eso, aunque el señor Escrivá pretenda digitalizarlo todo
—un objetivo que debemos perseguir—, no se puede exigir a
quien no tiene esas destrezas que se acomode a ellas para solucionar el
problema de su pensión después de toda una vida trabajando.


Por todas esas razones, señorías, nosotros, a
través de esta moción, queremos dar voz a todas esas personas, no pocas,
algunas de las cuales tienen que estar a las cinco de la mañana haciendo
cola para conseguir un número y, con ello, obtener una respuesta
presencial. Por este motivo, nosotros solicitamos en la moción, a través
de una Administración más abierta, que se dé la categoría de voluntaria a
la cita previa y no de obligatoria, como se está trasladando a los
españoles.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría, por
favor.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


En descargo del senador Hernando García cuando le
llamé anteriormente para la defensa de la moción, diré que se encontraba
en el hemiciclo negociando una enmienda transaccional.


Pasamos al turno de enmiendas. Por parte del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, para la defensa de su enmienda,
tomará la palabra su señoría Rufà Gràcia.


El señor RUFÀ GRÀCIA: Bon dia, president.


Avui, el Partit Popular ens porta una esmena sobre
el tema de la Seguretat Social. Som conscients de les problemàtiques que
hi ha als serveis de la Seguretat Social. Per això Esquerra Republicana
porta avui una esmena d’addició per millorar la proposta de moció
del Partit Popular; una proposta que es basa en la desatenció de les
oficines de la Seguretat Social als ciutadans. Per cert, porta avui el
Partit Popular una proposta electoralista, perquè realment això que passa
ara ja fa molts anys que estava passant, també durant els seus mandats.
(La senyora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidència).


Nosaltres volem aprofundir i dignificar —sí,
dignificar i agrair— el treball als ajuntaments, com el de Reus, i
als consells comarcals, que estan fent per la manca de personal, per la
manca d’oficines, per la manca d’hores i per la manca de
ganes de solucionar-ho per part del Govern socialista i de Podem, que
estan realment apartats de la gent. La gent, els usuaris, els ciutadans,
no tenen en molts casos accés a fer gestions informàtiques per demanar
hora, cita prèvia o fer gestions per revisar si la empresa on treballen
els està cotitzant, per demanar hora, per fer una consulta o per fer
simplement una modificació de les seves dades. El tancament, la falta de
treballadors i treballadores especialitzats per atendre els ciutadans,
horaris d’obertura en molts casos escassos, provoca que molts
ciutadans s’apropin a les oficines dels seus propis ajuntaments i
consells comarcals per fer-hi les gestions i demanar ajuda. A la ciutat
de Reus, per exemple, un 24 % de les consultes que es realitzen a les
oficines d’atenció al ciutadà són per motius directes sobre les
gestions de la Seguretat Social. Gràcies als ajuntaments, que són els més
propers a la societat, moltes de les mancances dels serveis de la
Seguretat Social se solucionen allà.


A Esquerra creiem que la inclusió de la nostra
esmena a la moció presentada millorarà encara més el servei que en
l’actualitat realitzen les administracions més properes, que són
els ajuntaments, que amb aquesta millora tindrien la possibilitat de
rebre una contraprestació com a mínim justa per fer el treball
d’una administració que, en molts llocs, a més de llunyana no
existeix en alguns dels territoris.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Buenos días, presidente.


El Partido Popular nos presenta hoy una moción
sobre la Seguridad Social. Somos conscientes de los problemas que hay en
los servicios de la Seguridad Social y, por eso, hemos presentado una
enmienda de adición para mejorar la moción del Partido Popular; una
propuesta que se fundamenta en la desatención de los ciudadanos en las
oficinas de la Seguridad Social. Por cierto, el Partido Popular nos trae
hoy una propuesta electoralista porque lo que está pasando ahora ya hace
años que está pasando, también durante sus mandatos. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


Nosotros queremos dignificar —sí,
dignificar— y agradecer el trabajo que están haciendo los
ayuntamientos —como el de Reus— y los consejos comarcales, a
pesar de la falta de personal, de la falta de oficinas, de la falta de
horas y de la falta de ganas para solucionar los problemas por parte del
Gobierno socialista y de Podemos, que están realmente apartados de la
gente. En muchos casos, la gente, los usuarios, los ciudadanos no tienen
acceso a la realización de gestiones informáticas para pedir hora, cita
previa o cualquier otra consulta, como revisar si la empresa donde
trabajan está cotizando, o, simplemente, para hacer una modificación de
sus datos. El cierre de oficinas y la falta de trabajadoras y
trabajadores especializados para atender a los ciudadanos, con horarios
de apertura, en muchos casos, escasos, provocan que muchos ciudadanos se
acerquen a las oficinas de sus propios ayuntamientos y consejos
comarcales para hacer las gestiones y pedir ayuda. En la ciudad de Reus,
por ejemplo, un 24 % de las consultas que se realizan en las oficinas de
atención al ciudadano son por motivos relacionados directamente con
gestiones de la Seguridad Social. Gracias a los ayuntamientos, la
Administración más cercana a la sociedad, muchas de las carencias de los
servicios de la Seguridad Social se solucionan allí.


En el Grupo Esquerra Republicana creemos que la
inclusión de nuestra enmienda en la moción presentada mejorará aún más el
servicio que en la actualidad prestan las administraciones más cercanas,
los ayuntamientos, pues con esta mejora tendrían la posibilidad de
recibir una contraprestación, cuando menos justa, por hacer el trabajo de
una Administración que, en muchos casos, en muchos territorios, además de
lejana, no existe.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador Egea
Serrano.


El señor EGEA SERRANO: Gracias, señora
presidenta.


Ayer, en su comparecencia, el presidente del
Gobierno, contestando al senador de la Agrupación Socialista Gomera,
señor Chinea, le dijo que cuando llegaron al Gobierno, una de cada dos
oficinas de la Seguridad Social estaba abierta, y, ahora, dos de cada
tres. Pero, seguramente, lo que no dijo ayer el presidente del Gobierno
es que esa oficina que se queda cerrada, probablemente, no esté en
ninguna gran ciudad, sino en los territorios de la España vaciada donde,
como hemos visto a lo largo de esta legislatura, seguimos perdiendo cada
vez más servicios. Por lo tanto, no se trata de instar al Gobierno, no es
cuestión de mejorar los recursos, sino que se trata, simple y llanamente,
de una cuestión de voluntad política para resolver nuestros problemas. Y
claro ejemplo de lo que puede hacer la voluntad política es lo que
sucedió con la oficina del CAISS de Montalbán. Mi compañera Beatriz, la
senadora de Teruel Existe, estuvo negociando y hablando con el secretario
de Estado de Seguridad Social durante meses, para conseguir que la
oficina que iba a cerrar en Montalbán abriera, en principio, un solo día
a la semana y, hoy día, ya abre los cinco días laborables de la semana;
una clara demostración de lo que se puede conseguir cuando existe
voluntad de resolver problemas.


Esa voluntad y esas ganas de aportar mejoras a la
moción es lo que nos ha llevado a presentar estas dos enmiendas. En la
primera, pedimos que los ciudadanos no tengan que desplazarse más de
treinta minutos para poder ser atendidos en una oficina de la Seguridad
Social. Y en la segunda, que en estas oficinas de atención al ciudadano
se desarrolle trabajo de atención ciudadana presencial durante los cinco
días de la semana.


La portavoz del Partido Popular comentaba que se
está negociando una transaccional. Espero que estas enmiendas formen
parte de ella.


Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas
gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para
la defensa de su enmienda, tiene la palabra la senadora Godoy Tena.


La señora GODOY TENA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Muy buenos días a todos, señoras y señores
senadores. La enmienda que mi grupo presenta viene forjada por muchas
cosas. En primer lugar, por el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez
de solucionar los problemas que se han venido detectando en todas estas
oficinas cuando llegamos al Gobierno, pero también apoyándonos en la
memoria —y se lo digo a ustedes para que la lean, si no han tenido
oportunidad de hacerlo— del Defensor del Pueblo del año 2022,
recientemente presentada, donde destaca las actuaciones realizadas en la
Seguridad Social, desde agosto de 2022, para articular un sistema de
concesión de cita previa que asegure la atención presencial de los
ciudadanos. El defensor recibió la respuesta del ministro, en la que se
exponen los ejes de actuación que integran el plan de choque ministerial
para hacer frente a los problemas de acceso de los ciudadanos a los
servicios de la Seguridad Social. En este sentido, hay una serie de
consideraciones y recomendaciones hechas por parte del Defensor del
Pueblo que verán reflejadas en nuestra enmienda, por ejemplo, cuando
habla de que debe quedar garantizada la comparecencia física y personal
de cualquier usuario, debiendo facilitarse los medios y los recursos
humanos necesarios para ello; porque de eso es de lo que hablamos en
estas enmiendas, de los medios y los recursos humanos necesarios para
obtener su cita previa. Asimismo, el Defensor del Pueblo pone en valor
los logros alcanzados y reconoce los esfuerzos realizados. Además, hay
una serie de recomendaciones que, básicamente, hablan de volver a contar
con el personal propio necesario para poder llevar a cabo todas las
recomendaciones. Eso es lo que nosotros traemos en nuestra enmienda a su
moción, porque sí, todos compartimos el análisis —pues no hay duda,
no puede ser de otra manera— de la situación real, pero quiero que
entiendan, señora Fernández, señor Hernando —que era quien iba a
intervenir y espero que luego lo haga—, que nuestra enmienda es más
completa porque está basada en las recomendaciones que nos hizo el
Defensor del Pueblo en agosto de 2022 y que se implantaron con ese plan
de choque que puso en marcha el ministerio y que está dando sus frutos,
aunque somos conscientes de que faltan muchas metas por conseguir.


Como ustedes dicen en el punto dos de su moción, se
necesitan medios y recursos, lo mismo que dice el Defensor del Pueblo y
lo mismo que defendemos nosotros. El principal recurso está muy claro en
nuestra enmienda, y es que necesitamos continuar incorporando
trabajadores a la Seguridad Social para recuperar la pérdida de ese más
del 20 % de la plantilla que se perdió en el periodo 2012 a 2018 y con el
que nos encontramos. El Defensor del Pueblo lo denomina déficit
estructural. Fíjese si es importante recuperar esa cantidad de personal
que son los que atienden, y para conseguirlo proponemos medidas concretas
en nuestra enmienda: agilizar los plazos de las oposiciones para lograr
que los 4115 trabajadores que se incorporen este año lo hagan en el menor
tiempo posible; implantar procesos rápidos y ágiles de formación, porque
los profesionales necesitan formación para poder atender mejor; priorizar
la asignación de las nuevas incorporaciones en los territorios donde son
más necesarias, porque no en todos los territorios estamos igual en
cuanto al déficit de personal y de atención. Y cuando hablamos de
continuar garantizando la atención sin cita previa de carácter
obligatorio, hablamos, además, de hacerlo prioritariamente para todas
aquellas personas que requieren una atención presencial por sus
especiales dificultades. En este caso, nos referimos a personas mayores,
como hacen ustedes, pero también vulnerables y afectadas por la brecha
digital; todas aquellas que necesitan atención urgente, y que no son
pocas, como usted bien ha dicho, señora Fernández, sino muchas. Estamos
ampliando la atención prioritaria no solo a los mayores de 65 años, como
ustedes solicitan en su punto tres, sino que, además, recogemos lo que
ustedes dicen en su punto uno.


Pero añadimos dos puntos más: los medios. ¿Y cuáles
son los medios? No podemos dejar de impulsar el despliegue de mejoras de
todos los sistemas de atención de todos los canales disponibles, y no
podemos renunciar al fortalecimiento del modelo de protección social de
la Seguridad Social para extender nuestro Estado del bienestar. Todos
somos conscientes de que el nivel de complejidad de los servicios es
mayor, debido a las nuevas prestaciones que se han aprobado y al mayor
número de cuentas de cotización, que ha aumentado en un 30 % en los
últimos años. No solo se atiende a más gente, sino que se da más
cobertura y más servicios a más ciudadanos, y eso es lo que nos mueve:
proteger a la mayoría social de nuestro país.


Como bien dijo ayer el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, conocemos, denunciamos y trabajamos para resolver los
problemas. No los negamos y no nos conformamos con convivir con ellos.
Trabajamos para resolverlos y para continuar avanzando. Por eso, después
de ese análisis común de la situación y del interés común de todos en
resolver esta situación, hemos llegado a esa transaccional que recoge las
propuestas efectuadas no solo por el Grupo Popular, no solo por el Grupo
Socialista, sino también, incluso, las presentadas por Teruel Existe. Hay
que recordar el compromiso del presidente, Pedro Sánchez, el pasado
sábado de que ningún territorio tenga a más de treinta minutos un
servicio público...


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Vaya
terminando, senadora.


La señora GODOY TENA: ... para conseguir
—termino, presidenta— la cohesión territorial como compromiso
con el mundo rural, que es lo que nos mueve. Es esta voluntad para
resolver ese problema y el compromiso del presidente y de todo el Grupo
Socialista lo que nos hace presentar una enmienda transaccional para
lograr el bienestar de los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Hernando García.


El señor HERNANDO GARCÍA: Buenos días. Gracias,
señora presidenta.


Lamento y pido disculpas por no haber podido acudir
al primer turno de defensa de la moción. Agradezco enormemente a mi
querida compañera, Mercedes Fernández, que me haya sustituido, pero, como
saben, estábamos intentando dar forma a una transaccional para que la
moción tuviese verdadera capacidad de producir efectos. En todo caso,
señora presidenta, habría agradecido enormemente que se hubiera tenido en
cuenta que de lo que se trataba precisamente era de asumir posturas del
Partido Socialista y de Teruel Existe, a los efectos de haber tratado de
esperar, aunque fuese solamente un minuto. (Aplausos). En todo caso, les
pido su comprensión y les manifiesto mis disculpas.


En primer lugar, respecto de la enmienda de
Esquerra Republicana, tengo que decir que plantea una cuestión
interesante, aunque entiendo que se ha movido por debajo del radar porque
era un tema del que no teníamos una noticia cierta. Creo, por tanto, que
es una cuestión que merece un cierto análisis, que merece su estudio
—quizás, en otra moción o en otra iniciativa distinta—, pero
que no forma parte de la línea y de los objetivos que se plantean en esta
moción; aparte de que la creación de un fondo de 300 millones, sin que
vaya acompañado de una memoria económica, de una justificación
financiera, nos parece exagerado.


En cuanto al resto de las enmiendas, la de Teruel
Existe, como ya se ha adelantado, forma parte de la transaccional. Y con
respecto a la enmienda del Grupo Socialista, forma parte de la
transaccional, pero, básicamente, porque la enmienda del Grupo Socialista
ha cambiado mucho respecto de la presentada inicialmente. Ha dicho su
señoría que comparten el análisis, pero no es cierto, no comparten el
análisis. La postura del Gobierno y la del Partido Socialista hasta este
momento, hasta este día, hasta hace apenas diez minutos, estaban cortadas
por el mismo patrón de incoherencia y consistía, primero, en negar los
hechos, negar la realidad del problema, la gravedad del problema,
minimizarlo, y, en segundo lugar, admitir que, quizás, en parte, existe
—cómo van a negarlo—, bajo la tesis de que la culpa de lo que
pasa es del anterior Gobierno del Partido Popular.


Aquí ha venido el ministro Escrivá y ha tenido la
desfachatez de calificar como meras anécdotas los millones de casos de
desatención, con una actitud que no sabemos si considerar como la mayor
de las irresponsabilidades para un ministro o como la peor de las
indiferencias para un servidor público, y siempre con su aplauso. Además,
después de cinco años en el Gobierno, cuando solamente en los últimos
tres se ha manifestado algún problema en esta cuestión, resulta que la
culpa la tiene el Partido Popular: con 3,5 millones de empleados públicos
y 164 000 nuevos funcionarios, de los que presumía la vicepresidenta
primera del Gobierno en el Congreso hace pocas semanas, pero resulta que
la culpa la tiene siempre otro. Por cierto, ¿qué tiene pensado el
Gobierno hacer para dar cobertura al 28,5 % de la plantilla de la
Seguridad Social que se va a jubilar en los próximos cinco años?
(Aplausos). Porque, por ahora, no sabemos que se haya hecho nada. Si la
imprevisión se explica porque el Gobierno espera no gobernar de aquí a
cinco años, sin duda lleva la razón.


En todo caso, nos felicitamos de que hayamos podido
llegar a una transaccional, pero que quede claro que, en la
transaccional, nosotros nos hemos mantenido en nuestro lugar y ha sido el
Grupo Socialista el que ha tenido que reconocer, por fin, que el problema
existe, que es sistemático y que, por lo tanto, tenía que ser
resuelto.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


En el turno de portavoces, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Rodríguez de Millán
Parro.


La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias,
presidenta.


En España tenemos una cifra récord de funcionarios,
una cifra histórica, pese a lo cual nos encontramos en la etapa en la que
peor está funcionando la Administración pública y, muy especialmente,
desde la COVID-19, aquellos sectores dirigidos a la atención al público.
Lamentablemente, la Administración ha sido objeto de experimentos varios
por parte del Gobierno de la nación y de los autonómicos para ocultar los
problemas de personal y de funcionamiento en los peores meses de la
pandemia; y ha sido un absoluto desastre en la tramitación de ayudas
sociales, como el ingreso mínimo vital, pero también podríamos hablar del
calvario que supone solicitar, por ejemplo, un certificado de pensión,
cambio de domicilio, entidad bancaria, solicitudes de cálculo,
compatibilidad de trabajo y pensión, modificación de IRPF, petición de
documentación varia, etcétera. Y la única solución que se le ofrece a
estos problemas es la derivación de las consultas a la atención
telemática o telefónica, no siendo infrecuente que nadie coja el teléfono
al otro lado. De manera que los adalides de lo público son los que peor
han gestionado la Administración.


Conseguir una cita previa se ha convertido en algo
casi imposible; en el mejor de los casos nos encontramos con el vuelva
usted mañana, oficinas colapsadas, falta de personal, por no hablar de la
odisea que esto supone para las personas mayores, que encuentran muchas
dificultades en todos aquellos asuntos de tramitación telemática. Las
oficinas solamente reciben con cita previa y las personas que necesitan
tramitar pensiones o ayudas acaban pagando a una gestoría. En el caso de
la Seguridad Social, ha sido tan nefasta que se ha llegado a crear un
mercado negro de venta de citas.


El Gobierno de España tiene la Administración patas
arriba, pese a lo cual el ministro Escrivá no ha tenido un ápice de pudor
en anunciar que —a partir de mayo, por supuesto— los
pensionistas contarán con un único número de teléfono nacional para pedir
cita previa. Y nosotros nos preguntamos qué es lo que han estado haciendo
todo este tiempo. ¿O es que hay que esperar a que haya unas elecciones
para que el Gobierno haga algo?


El Gobierno ha convertido la Administración en
hostil hacia el ciudadano, al que se le intenta disuadir para que no
acuda a las oficinas. Al final, las consecuencias las padecen todos los
españoles, que reciben un servicio deficiente en gestiones que son
básicas para nuestra vida pese a la cantidad de impuestos que pagamos; y
nos dicen que son para sostener el Estado del bienestar, pero aquí no lo
vemos por ningún lado.


Está previsto que en el plazo de cinco años se
jubile el 28,5 % de la plantilla de la Seguridad Social y que en diez
años lo haga un 36 % adicional, es decir, casi dos tercios de la
plantilla actual. Y el ministerio pretende suplir las necesidades con la
próxima contratación de interinos, un personal que no soluciona las
necesidades estructurales del organismo a menos que sean utilizados
fraudulentamente para ello, como ocurre al permitir el encadenamiento de
sucesivos contratos de interinidad. Ahora mismo, alrededor de 25 000
efectivos son los que atienden a todos los afiliados, a todos los
pensionistas, a las empresas, incontables incapacidades temporales,
maternidades y numerosas prestaciones más. Según Cesif, por ejemplo, el
ingreso mínimo vital está gestionado, además de por el personal de la
Seguridad Social, por 1050 interinos que fueron contratados de manera
precipitada para dedicarse en exclusiva a tramitar el ingreso y cuyos
contratos terminarán, como muy tarde, en septiembre de 2023, lo que
supondrá una nueva carga de trabajo para una plantilla que ya está
sobrepasada.


La atención de la Administración pública debe ser
presencial y constante, especialmente para los mayores. Nosotros apoyamos
esta iniciativa del Grupo Popular, que, dicho sea de paso, también tiene
que aplicarse en aquellos lugares donde ellos gobiernan. Necesitamos una
Administración integrada por suficiente personal que evite el cierre de
oficinas, como está ocurriendo en las zonas rurales, y que atienda las
deficiencias estructurales. Y necesitamos que la Administración sea
cercana al ciudadano, para dar el servicio sin que se derive
constantemente a la gente a una atención telefónica y que el acceso a las
instituciones sea un verdadero calvario.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra el senador Egea Serrano.


El señor EGEA SERRANO: Gracias, señora
presidenta.


Vaya mi felicitación a que hayamos sido capaces,
entre tres de los cuatro grupos proponentes, de llegar a un acuerdo que
yo creo que mejora mucho la moción. Mi enhorabuena por el trabajo de
negociación; sé lo complicado que es a veces llegar a acuerdos y yo creo
que tenemos que felicitarnos por un texto que va a tener un gran respaldo
y que, sobre todo, aporta cierta certidumbre a muchos ciudadanos. Me
preguntaba una compañera si esto va a permitir que la oficina de su
localidad, que lleva tiempo cerrada, se abra. Esperemos que sí, esperemos
que empecemos a mejorar el servicio que damos a los usuarios que tienen
que ir a las oficinas de la Seguridad Social.


Y me quiero quedar en los 30 minutos. Por lo que
llevamos hablado, parece que desde hace unas semanas se ha puesto de moda
hablar de los servicios a 30 minutos, pero les quiero recordar que esto
ya se aprobó en el Congreso el 20 de junio de 2020 mediante una moción
propuesta por Teruel Existe en la que pedíamos el Plan 100/30/30.
Desgraciadamente, en la tramitación de la Ley de telecomunicaciones cayó
el primer 100, que eran los 100 megabytes simétricos de conexión en todo
el territorio; tenemos el 30 de acceso a los servicios básicos y
esperemos que el segundo 30, el de los kilómetros, para que todos los
territorios tengan acceso a vías de alta capacidad como pueden ser
autovías, más pronto que tarde lo veamos cumplido en todo el
territorio.


Doy mi enhorabuena a los que han estado negociando.
Creo que es una muy buena moción que queda muy redonda con el texto final
de la transaccional. A los ciudadanos que están pendientes de las
soluciones que aportemos en la Cámara, hoy les decimos que, a veces,
entre muchos que pensamos diferente, podemos ponernos de acuerdo para
aportar soluciones.


Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas
gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal
no intervendrá nadie.


Pasamos al Grupo Parlamentario Nacionalista. Tiene
la palabra el senador Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta. Bon
dia, senyories.


Els senadors i senadores de Junts per Catalunya hem
denunciat reiteradament durant aquesta legislatura les disfuncions de la
Seguretat Social; disfuncions en l’atenció i en el servei prestat;
disfuncions que acaben representant un veritable menysteniment de la
ciutadania.


Junts per Catalunya hem reclamat solucions i hem
presentat iniciatives aportant-ne. Ho hem fet al Congrés, ho hem fet en
aquest plenari i ho hem fet en comissió. I algunes d’aquestes
propostes han rebut el suport majoritari d’aquesta Cambra. Però,
després de mesos, no s’han implantat. D’aquesta manera, ni
s’ha millorat l’atenció al territori, com reclamava la
senadora Castellví en el cas de Móra d’Ebre, ni el Gobierno ha
establert els mecanismes necessaris per assegurar l’atenció
personalitzada i personal a la ciutadania, tal com van acordar a la
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
d’aquesta Cambra, amb l’aprovació d’una moció
presentada pel senador que els parla ara fa poc més d’un any. Això
ho confirma la moció que avui ens presenta el Grup Popular, conseqüència
de la seva interpel·lació.


El que ha fet aquesta interpel·lació és constatar
la reiterada actitud del ministre Escrivà, que està molt lluny del que
seria desitjable per resoldre aquesta situació. Ho hem anat veient
sovint. Ho vam veure al darrer ple amb la interpel·lació que ha originat
aquesta moció, com els deia. Però també ho vam constatar amb la pregunta
que el nostre company de grup, el senador Clavijo, feia amb relació a la
situació de la Seguretat Social a les Illes Canàries.


Aquesta moció demana bona part del que nosaltres
hem demanat en altres ocasions, i per tot plegat avui hi donarem suport.
I ho farem esperant no només que s’aprovi, sinó que no caigui en un
sac foradat, com ha passat fins ara, i esperant realment que tingui el
seu efecte, com deia en el torn de rèplica el senador Hernando.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.


Los senadores y senadoras de Junts per Catalunya
hemos denunciado reiteradamente, durante esta legislatura, las
disfunciones de la Seguridad Social. Son disfunciones, en la atención y
en el servicio prestado, que acaban representando un auténtico desprecio
a la ciudadanía.


En Junts hemos reclamado soluciones y hemos
presentado iniciativas que aportaban soluciones. Lo hemos hecho en el
Congreso, también en este Pleno y en comisión. Algunas de esas propuestas
han recibido el apoyo mayoritario de esta Cámara, pero meses después no
se han implantado. De esta forma, ni se ha mejorado la atención en el
territorio, como reclamaba la senadora Castellví en el caso Móra
d’Ebre, ni el Gobierno ha establecido los mecanismos necesarios
para asegurar la atención personalizada y personal a la ciudadanía, tal
como acordamos en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones de esta Cámara, con la aprobación de una moción presentada
por el senador que les habla hace ahora poco más de un año. Y esto lo
confirma la moción que hoy nos presenta el Grupo Popular, consecuencia de
su interpelación.


Con dicha interpelación se pudo constatar la
reiterada actitud del ministro Escrivá, que está muy lejos de lo que
sería deseable para resolver esta situación. Lo hemos ido viendo a
menudo; lo vimos en el último Pleno con la interpelación que ha originado
esta moción, pero también lo constatamos con la pregunta que nuestro
compañero de grupo el senador Clavijo hacía en relación con la situación
de la Seguridad Social en las islas Canarias.


Esta moción pide buena parte de lo que nosotros
hemos pedido en otras ocasiones y, por todo ello, hoy la vamos a apoyar,
esperando no solo que se apruebe, sino que no caiga en saco roto, como ha
pasado hasta ahora, y que realmente tenga efecto, como decía en el turno
de posicionamiento de enmiendas el senador Hernando.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Moltes
gràcies, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la senadora Etxano Varela.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidenta. Egun
on guztioi.


Coincide el contenido de esta moción consecuencia
de interpelación, con algún matiz que comentaré más adelante, con una de
las preocupaciones que tiene también nuestro grupo parlamentario por las
demoras en la atención de la Seguridad Social y que hemos trasladado en
varias ocasiones al ministro Escrivá, la primera en diciembre de 2020 y
la última en el Pleno de la semana pasada. En ambos casos, a través de
una pregunta de mi compañera la senadora Ahedo.


En diciembre de 2020, el ministro reconocía
problemas de personal y que estos eran estructurales. Habló de las
dificultades por la atención de la pandemia, que en su momento entendimos
y seguimos entendiendo, y concluía el ministro diciendo que era necesario
reforzar la Seguridad Social, que había margen de mejora; se comprometía
al reforzamiento del empleo en toda la Seguridad Social y lo fijaba en
el 2021. Por los datos de que disponemos, los compromisos adquiridos no
se han cumplido y la atención no ha mejorado. Por poner un ejemplo, ahora
podemos hacer trámites telemáticos, que, por cierto, no son ni mucho
menos sencillos —dependen de las habilidades informáticas de las y
los usuarios— y que se complican más porque es necesaria una clave
que solo se consigue de forma presencial. Y estamos ante la pescadilla
que se muerde la cola, porque conseguir una atención presencial se
convierte en una misión imposible: el teléfono no responde, la web no
tiene disponibilidad. Así que tramitar, presencial o telemáticamente, una
pensión de jubilación, de incapacidad o de viudedad, una prestación de
maternidad o —en Euskadi, no, pero sí en el resto del Estado—
el ingreso mínimo vital conlleva demoras de citas de hasta tres
meses.


Esperábamos la semana pasada en el Pleno medidas
concretas para la mejora de la situación, pero el ministro no concretó.
Tenía mala tarde el ministro la semana pasada. Seguramente, como dijo
ayer el senador Cleries, porque quiere actuar como si estuviera al inicio
de la legislatura y lo cierto es que está en la parte final, en la que
debe rendir cuentas de su actuación y, cuando la tarea no está
finalizada, esta rendición se complica. El ministro citó dos problemas:
nuevamente la pandemia y, respecto al otro, echó balones fuera. En primer
lugar, dijo que el problema estaba en que, a raíz de la pandemia, se ha
generalizado el uso de la cita previa. Reconoció la poca agilidad a la
hora de abordar este problema concreto de la cita previa por parte de la
Seguridad Social. Y habló de un plan de choque que ya ha citado el Grupo
Parlamentario Socialista. En segundo lugar, justificó que el problema por
la falta de personal fueron las tasas de reposición; hablaba de los
presupuestos con tasas de reposición cero. Y tiene razón; esto fue un
problema, es un problema y ha sido un problema para todas las
administraciones, pero, que yo sepa, las tasas de reposición —no
las cero— siguen existiendo también en los presupuestos que hemos
aprobado recientemente. Le podríamos decir al ministro: bienvenido al
club de los que llevamos años solicitando a los distintos gobiernos
eliminar las tasas de reposición. Y haré un par de aclaraciones: primero,
nunca hemos aprobado ningún presupuesto con tasas de reposición cero; y,
segundo, en ninguno de los presupuestos a los que el PNV ha dado su apoyo
—los últimos, los del PSOE— hemos conseguido que prosperaran
las enmiendas que presentamos para eliminar las tasas de reposición, ni
de nuestro grupo ni de otros grupos que apoyan los presupuestos y quieren
eliminarlas. Quizás el Grupo Parlamentario Socialista puede trasladar al
ministro Escrivá que, si en el Consejo de Ministros consigue el plácet
del Ministerio de Hacienda o del propio presidente para eliminar las
tasas de reposición, en este grupo tendrán un aliado.


En cuanto a los puntos concretos de la moción que
han mejorado con la transaccional, en primer lugar, la digitalización,
que ha permitido a las administraciones facilitar el acceso de la
ciudadanía, vía telemática, para las distintas gestiones, la entendemos y
es obvio que es una mejora, pero la elección de cómo debe relacionarse
con la Administración debe ser de la ciudadanía, que es quien decide si
quiere atención presencial o telemática. En segundo lugar, la brecha
digital no es exclusiva de las personas mayores. Esta brecha también se
da en aquellas personas que no tienen acceso a internet o no disponen del
conocimiento o la confianza en las vías telemáticas, por lo que creemos
que se debe garantizar la atención sin cita previa y con carácter
obligatorio a todas las personas que requieran atención presencial; y
esto, sin limitación de edad, se pone ya en la transaccional
acordada.


Por todo ello, vamos a apoyar la moción en su texto
transaccional, porque resulta evidente que se deben adoptar medidas que
den respuesta a los problemas que tiene la Seguridad Social y porque
tiene que mejorar y tiene mucho margen de mejora.


Pero, para finalizar, procede recordar el
incumplimiento del Gobierno del Estado del calendario de traspasos de
transferencias, entre la que se encuentra el traspaso de la gestión de la
Seguridad Social a Euskadi, que, en este momento, cuando está dando
tantos problemas a la ciudadanía, mejoraría con una atención más pegada
al territorio.


Eskerrik asko.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):






Eskerrik
asko, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana,
tiene la palabra, en primer lugar, la senadora Bideguren Gabantxo.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko,
presidenta. Egun on berriro.


Son numerosas las quejas que hemos recibido sobre
las oficinas de la Seguridad Social en Bizkaia, Guipúzkoa, Araba y, sobre
todo, en Nafarroa: oficinas cerradas, teléfonos saturados e imposibilidad
de pedir una cita previa y de ser atendidos para solicitar una pensión,
una baja por maternidad, una prestación por hijo o el ingreso mínimo
vital. Es evidente que hay una falta de personal. En los últimos diez
años se ha reducido la plantilla en un 25 % y revertir esta situación,
teniendo en cuenta, además, que están previstas muchas jubilaciones del
personal, no es tarea fácil y requiere su tiempo. Y esto lo
entendemos.


Pero, más allá del problema, que requiere
soluciones y de manera inmediata, me gustaría poner énfasis en que estas
son las consecuencias de desmantelar la Administración. No solo ocurre
esto en las oficinas de la Seguridad Social. Las políticas de austeridad
y de contención de gasto, que impedían, como recordaréis, nuevas
contrataciones, tienen las consecuencias que estamos viviendo para dar un
buen servicio público.


Señorías del Grupo Popular, es cierto que hay que
reforzar el personal; es cierto que hay que mejorar los servicios de
atención en las oficinas de Seguridad Social, pero es insultante que
vengan hoy con esta propuesta, mientras que, cuando gobernaban, nos
decían que las plantillas estaban sobredimensionadas.


Por otro lado, está el debate de la Administración
electrónica y las citas previas. Consideramos que puede ser el camino
para ir mejorando el servicio público, pero sin olvidar que vivimos en
una sociedad en la que existe una brecha social, que la falta de atención
presencial directa deja atrás a mucha gente y que los colectivos
vulnerables son precisamente los más damnificados. En este sentido,
presentamos en diciembre del año pasado una propuesta en el Congreso y se
acordó con el Partido Socialista y con Unidas Podemos establecer opciones
no telemáticas para que todas las ayudas y prestaciones públicas se
puedan dar de manera presencial, incluyendo el ingreso mínimo vital. Por
tanto, señorías socialistas, lo que necesitamos es que se cumplan los
acuerdos adoptados. La atención ciudadana es un derecho y creo que en eso
estamos de acuerdo. Por lo tanto, os pedimos que se cumplan los
acuerdos.


Concluyo recordando, como ha hecho previamente la
senadora del Grupo Parlamentario Vasco, que ni el Partido Popular ni el
Partido Socialista han cumplido con la ley que hace ya más de cuarenta
años nos otorga una transferencia. Es una ley que han incumplido unos y
otros. Y en Euskal Herria Bildu estamos convencidas de que, con el
traspaso del régimen económico de la Seguridad Social, responderíamos de
manera más ágil y eficaz al actual problema que tenemos en las oficinas
de la Seguridad Social. Por tanto, cumplan con el estatuto de autonomía y
con el calendario de las cesiones acordadas con el Gobierno vasco y
traspasen ya, de una vez por todas, la gestión de la Seguridad
Social.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el mismo grupo, tomará la palabra la senadora
Callau Miñarro.


La señora CALLAU MIÑARRO: Moltes gràcies,
presidenta. Bon dia, senyories.


Hi ha determinats drets que les persones tenim i
que són sistemàticament vulnerats pel Govern de l’Estat quan mana
la dreta o quan mana la suposada esquerra. La falta de personal i la
dificultat que té la gent gran per gestionar els seus tràmits és una
pèssima herència que prové del Govern de les dretes i que el PSOE segueix
mantenint sense posar-hi solució. Al problema crònic de manca de personal
afegim també els col·lapses de la web, la durada dels tràmits telemàtics,
la desesperant espera per a que s’atengui al telèfon i la tardança
de les citacions prèvies. Cal demanar, potser, al ministre Escrivà que
baixi a peu de carrer, que visiti tots els municipis on el seu Govern ha
tancat les oficines de la Seguretat Social. No podrà negar el «colapso
del organismo», en paraules textuals d’ell.


Una de les preguntes a realitzar avui dia és: què
som? Hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona? Esquerra vam
registrar una proposició no de llei demanant la reobertura de
l’oficina de la Seguretat Social de Móra d’Ebre, assegurant
personal suficient per garantir el seu funcionament. El 26 de maig
del 2021 s’aprovava la moció aquí, en aquesta Cambra, el Senat, amb
el suport dels vots del PSOE i la majoria de grups polítics. I
d’allí vull recuperar alguns talls de la intervenció del senador
Manel de la Vega, del PSC. «En referència a la moció que ens presenta el
Grup d’Esquerra, el Grup Socialista la votarem a favor». I així va
ser. «Els socialistes, des de que es va anunciar el tancament de
l’oficina de Móra d’Ebre, hem treballat per revertir aquest
tancament». Fals. «l nostre compromís és tornar a reobrir aquest servei».
Fals. Avui dia, Esquerra denunciem que el PSOE està incomplint el
compromís adquirit a través de la moció aprovada del Senat i que ells
mateixos van votar. Ja n’hi ha prou. Els veïns i veïnes de les
comarques de la Terra Alta, com Gandesa, el Priorat, com Falset, o la
Ribera d’Ebre, com Móra d’Ebre, mereixen respecte i dignitat.
El mal funcionament de les oficines de la Seguretat Social i el seu mal
servei només tenen dos responsables: PSOE i PP, que en la darrera dècada
han reduït en més d’un 21 % la plantilla de treballadors de la
Seguretat Social. Esperem que en la transaccional realitzada veiem
reoberta l’oficina de la Seguretat Social de Móra d’Ebre
d’una vegada per totes.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Muchas gracias, presidenta. Buenos días,
señorías.


Hay determinados derechos que las personas tenemos
y que son sistemáticamente vulnerados por el Gobierno del Estado cuando
manda la derecha o cuando manda la supuesta izquierda. La falta de
personal y la dificultad que tiene la gente mayor para gestionar sus
trámites es una pésima herencia que proviene del Gobierno de las derechas
y que el PSOE sigue manteniendo sin poner solución. Al problema crónico
de falta de personal se añaden también los colapsos de la web, la
duración de los trámites telemáticos, la desquiciante espera para que se
atienda al teléfono y la tardanza de las citaciones previas. Quizás
habría que pedir al ministro Escrivá que vaya a pie de calle, que visite
todos los municipios donde su Gobierno ha cerrado las oficinas de la
Seguridad Social. Si así lo hace, no va a poder negar el colapso del
organismo, según palabras textuales suyas.


Una de las preguntas que hay que formular hoy en
día es qué somos. ¿Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda?
Esquerra registró una proposición no de ley en la que solicitaba la
reapertura de la oficina de la Seguridad Social de Móra d’Ebre
asegurando suficiente personal para garantizar su funcionamiento. El 26
de mayo de 2021 se aprobaba la moción aquí, en esta Cámara, en el Senado,
con los votos del Grupo Socialista y de la mayoría de grupos, y de ahí
quiero recuperar algunas intervenciones del senador Manel de la Vega, del
PSC: En referencia a la moción que nos presenta el Grupo de Esquerra, el
Grupo Socialista va a votar a favor —y así fue—; los
socialistas, desde que se anunció el cierre de la oficina de Móra
d’Ebre, hemos trabajado para revertir ese cierre. Falso.
Continuaba: Nuestro compromiso es volver a abrir ese servicio. Falso. Hoy
en día Esquerra defiende que el PSOE está incumpliendo el compromiso
adquirido a través de la moción aprobada en el Senado y que ellos mismos
votaron. Ya basta, los vecinos y vecinas de las comarcas de la Terra
Alta, como Gandesa, Priorat, Falset o Móra d’Ebre, merecen respeto
y dignidad. El mal funcionamiento de las oficinas de la Seguridad Social,
ese mal servicio, solo tiene dos responsables, PSOE y PP, que en la
última década han reducido en más de un 21 % la plantilla de trabajadores
de la Seguridad Social. Esperamos que con la transaccional presentada
veamos reabierta la oficina de la Seguridad Social de Móra d’Ebre
de una vez por todas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Hernando García.


El señor HERNANDO GARCÍA: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, la moción que plantea el Grupo Popular, y
que ahora es transaccional, parte de dos premisas. En primer lugar, no
tiene un trasfondo político, es decir, no se dirige a la acción política
del Gobierno, sino al Gobierno como órgano superior y como primer gestor
de toda la Administración, incluida la de la Seguridad Social. La segunda
premisa es que solamente será útil si el Gobierno —ya que el
Partido Socialista sí que lo ha hecho, al menos hoy— se aviene a
reconocer la evidencia de que el problema de atención en las oficinas de
la Seguridad Social existe, que no es meramente ocasional, que es masivo
y está generalizado y que, por lo tanto, tiene que ser atajado, sobre
todo, porque hay que tratar de defender el derecho de los ciudadanos a
acceder con unos mínimos estándares de calidad y de celeridad a los
servicios que les proporciona el sistema. El problema viene dado por el
sistema de citas obligatorias, que genera caos y retrasos generalizados.
Ocurre que hasta ahora ni el ministro Escrivá, ni tampoco el Partido
Socialista, por cierto, ha admitido que exista nada más allá de la mera
anécdota y se ha empeñado en convertir en ataque político lo que no
pasaba de ser una crítica hacia su gestión, que además estaba
justificada, como se ha demostrado hoy. En ese afán del que hemos sido
testigos, particularmente en su última intervención respecto de la
interpelación de mi compañera Mercedes Fernández, no han dudado ni el
ministro ni el Gobierno en caer en el ridículo y en el descrédito. Un
ejemplo ilustrativo de ambas cosas lo tenemos en mi provincia, sin ir más
lejos, en la oficina de la Seguridad Social del Burgo de Osma, que
atiende a población eminentemente mayor y eminentemente rural. El pasado
día 6 de marzo la delegada del Gobierno en Castilla y León aseguró que la
oficina del Burgo de Osma no se iba a cerrar, y dos semanas después, en
efecto, seguía abierta dos días a la semana. Se había pasado de cinco a
solo dos días a la semana. Respondiendo a las críticas y a las quejas de
los ciudadanos por las demoras en las citas, la Delegación del Gobierno
dijo —y permítanme que les lea literalmente la respuesta que
reproducen los medios de comunicación— lo siguiente: La demora no
se debe a que se haya recortado el servicio de cinco a dos días a la
semana, sino al problema de compraventa de citas web que está sufriendo
la Seguridad Social y que se está investigando. En esta declaración se
revelan en todo su esplendor el ridículo y el descrédito, porque es
ridículo pretender que alguien pueda creer que reducir la actividad de
una oficina en una proporción de cinco a dos no va a repercutir en la
celeridad y en la calidad del servicio, y el descrédito está en admitir
sin ningún rubor que este nefasto sistema de citas obligatorias en las
oficinas de la Seguridad Social ha generado un mercado negro paralelo de
citas web. Ahora bien, tenemos que preguntarnos quién merece nuestro
mayor reproche, ¿los desaprensivos que trafican con citas telemáticas
por 20 euros o el Gobierno, que ha creado las condiciones idóneas para
que este mercado negro florezca?


Insisto, nuestra moción no busca la crítica
política. Con esta moción lo único que queremos es activar una mejora en
la gestión de la Administración por parte del Gobierno porque, en
definitiva, es la gestión ordinaria de la Seguridad Social lo que está
fallando en este momento. Y lo que reprochamos al Gobierno, además de la
falta de conciencia, hoy subsanada en parte por el Partido Socialista, es
su absoluta incapacidad, su completa ineptitud para resolver las
necesidades más perentorias de los ciudadanos. Sabemos que al menos 4
millones de llamadas de usuarios de la Seguridad Social para pedir una
cita han quedado desatendidas. Hemos visto ante las oficinas de nuestros
pueblos y nuestras ciudades colas kilométricas de personas, que aún se
mantienen, que esperan horas para conseguir alguno de los escasos números
de atención sin cita, y lo que se nos revela con todo ello es el
verdadero rostro del Gobierno sin marketing político, sin maquillaje
ideológico; es el Gobierno con la cara lavada, y lo que vemos no nos
gusta absolutamente nada, porque lo que vemos es la ansiedad y la
impotencia de los usuarios. Los ciudadanos necesitan más y mejor gestión
y menos fuegos de artificio político.


Por todo esto, es nuestra responsabilidad, la de
esta Cámara y la nuestra, instar al Gobierno a que actúe sobre la base de
que todos los ciudadanos que necesitan acudir a una oficina de la
Seguridad Social se encuentran, casi por definición, en una situación de
urgencia, que todos ellos se han hecho acreedores de una Administración
que les preste un servicio de calidad, que muchos de ellos se encuentran
en situación de vulnerabilidad por muchos motivos, y particularmente los
mayores de 65 años, los más perjudicados por la brecha digital y los que
necesitan un trato más humano y más personal. En suma, el Gobierno y el
Partido Socialista deben poner fin a esta lógica pueril de negar los
hechos, buscar culpables y justificar la inacción, porque cada vez que lo
hacen los que acaban sufriendo son los ciudadanos, sin excepción.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
senador Muñoz Cuenca.


El señor MUÑOZ CUENCA: Muchas gracias,
presidenta.


Señorías, años 2011 y 2012. ¿Saben dónde estaban
algunas de las señorías del Partido Popular y dónde estaba yo? Ellos
estaban en el Congreso de los Diputados votando a favor de la tasa de
reposición cero. Yo estaba en una oficina trabajando y pagando las
consecuencias de los recortes del Partido Popular. (Aplausos). Años 2021
y 2022, ahora estamos en el Senado, ellos votando en contra y yo votando
a favor de unos Presupuestos Generales del Estado que restauran la tasa
de reposición al cien por cien. ¿Por qué les digo esto, señorías? Porque
yo he sufrido las consecuencias de su política, al igual que muchos
millones de españoles, y hoy estoy aquí para decirles el daño que su
política causó a los funcionarios y a los usuarios.


Como se ha dicho, manda narices que venga hoy aquí
el Partido Popular a preocuparse por la atención en las oficinas de la
Seguridad Social cuando fueron ellos quienes crearon este problema,
porque todos sabemos que cuando la derecha gobierna recorta y cuando está
en la oposición exige. ¿O alguien piensa que este problema lo resolvería
el Partido Popular? ¿A que no? Saben que este problema lo resolverá el
Gobierno de coalición porque ya lo hemos hecho, lo hemos hecho con las
pensiones, en las que hemos revertido los recortes del Partido Popular;
lo hemos hecho con las becas, que hemos aumentado y mejorado en su
cuantía; y también lo hemos hecho con el salario mínimo interprofesional,
que hemos ido subiendo, compensando los años de recortes del Partido
Popular. Señorías, ¿que ha habido tensión en la atención de la Seguridad
Social? Sí, lógico, pero no es nuevo. Se lo digo como funcionario, no es
nuevo; todo viene a raíz del daño que el Partido Popular causó, como aquí
se ha expuesto, con la tasa de reposición cero, porque entre los
años 2011 y 2018 —tengo por aquí el gráfico— el Partido
Popular, con su política, redujo la plantilla de la Seguridad Social en
un 20 %, se jubilaron más de 60 000 funcionarios y apenas convocaron 500
plazas durante esos años. Por tanto, de aquellos polvos, estos
lodos.


En esas circunstancias, en 2022, con una Seguridad
Social notablemente afectada y mermada, tuvimos que hacer frente a una
pandemia, a una guerra, a una elevada inflación. Tuvimos que legislar
todo un estado de alarma y tuvimos que desplegar un escudo social sin
dejar a nadie atrás. Ustedes, sin embargo, señorías, en la anterior
crisis dejaron tirados a los españoles. ¿Y qué ha hecho este Gobierno? Lo
primero que hicimos fue taponar la hemorragia provocada por el hachazo
que el Partido Popular metió a la plantilla de la Seguridad Social.
¿Cómo? Volviendo a una tasa de reposición del cien por cien y convocando
año tras año la mayor oferta pública de empleo. Señorías, eso requiere
tiempo; hay que ofertar, hay que seleccionar, hay que cubrir y hay que
formar a los funcionarios, y eso no se hace de la noche a la mañana.


Señorías del Partido Popular, la cita previa la
pusieron ustedes en el año 2013, y es una herramienta útil; una
herramienta que permite a la Administración controlar el flujo de
atención y dar una atención de calidad. También permite al usuario tener
la certeza de que, llegado el momento, será atendido el día y hora
correctos. Pero no es la única manera de acceder a la Seguridad Social, y
le daré un dato: en el año 2022, de los 3,2 millones de atenciones
presenciales que se hicieron en la Seguridad Social, 2,5 millones fueron
con cita previa y más de 700 000 personas, cerca del 22 %, fueron sin
cita previa.


También dice que se demoran las resoluciones de los
expedientes. Incierto, hay expedientes que, lógicamente, por su
complejidad, tardan más en resolverse, pero, como norma, existe lo que
llamamos la continuidad de renta, es decir, desde la solicitud hasta la
resolución se tarda menos de un mes. Lo que también es una auténtica
vergüenza es que el Gobierno de Moreno Bonilla, el Gobierno de Andalucía,
tarde ocho meses en reconocer una pensión no contributiva o un año y
medio en reconocer la Ley de la dependencia. Eso sí que es una auténtica
vergüenza. (Aplausos).


Señorías, dicho esto —porque creo que debía
decirlo, corresponde decir de dónde vienen estos problemas—,
valoramos positivamente que se haya llegado a un acuerdo y a un
entendimiento. La transaccional es un buen mensaje que enviamos tanto a
los funcionarios como a los usuarios.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Señorías, finalizado el debate de esta moción, les
recuerdo que el plazo para que emitan el voto electrónico remoto los
senadores autorizados se abrirá al finalizar el debate de la última
moción consecuencia de interpelación; y les recuerdo, asimismo, que la
votación presencial de esta iniciativa, que será votada en los términos
de la enmienda transaccional con entrada 177316, tendrá lugar una vez
finalizado este plazo, cuando sea anunciado por la Presidencia.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
TRANSFERIR A LA GENERALITAT DE CATALUÑA LA SEDE DE LA JEFATURA SUPERIOR
DE VIA LAIETANA DE BARCELONA, PARA SU RECONVERSIÓN EN UN ESPACIO
MEMORIALÍSTICO DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN CATALUÑA Y DE LA LUCHA POR
LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS.


671/000157

GPERB


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 4.2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta
moción consecuencia de interpelación no se han presentado enmiendas.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
parte del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Bildu, la senadora
Escandell Grases.


La señora ESCANDELL GRASES: Gràcies. Bon dia,
senyors i senyores, gràcies, senyora presidenta.


No els explicaré res nou. I fins i tot em sembla
que podríem fer un spoiler, perquè també sabem el final, però intentaré
no avorrir-los gaire, perquè ja saben la història, però bé, aquí estem i
seguirem picant pedra. La moció conseqüència d’interpel·lació que
avui presentem és fruit del treball de molta gent. Això volia deixar-ho
clar. Porta llarg recorregut, és senzilla, un únic punt «sobre el
traspaso de la comisaria de Via Laietana en Barcelona, epicentro de la
tortura durante el franquismo en dicha ciudad, para su conversión en
espacio memorialista». Només voldria recordar, en aquest procés històric
de reclamació, que el 2017 el Congrés dels Diputats va aprovar una
proposició no de llei que instava el Govern a desmantellar la prefectura
de la Via Laietana i construir-hi un espai de memòria. El mateix PSOE,
que ara ho nega, hi va votar a favor. Ens haurien d’explicar per
què allà i en un moment voten que sí i en aquest moment històric voten
que no. Aquest edifici que entitats socials, entitats de drets humans,
memorialistes, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya, a més de diversos partits polítics, reivindiquem com a centre
de memòria de la resistència front al feixisme, és un edifici on
s’han viscut pràctiques sistemàtiques, —sistemàtiques, no de
tant en tant—, de maltractaments i tortures amb total impunitat i
vulneració de drets fonamentals, delictes de lesa humanitat a persones de
creences i orígens diversos, anarquistes, comunistes, independentistes,
dones i homes que participaven als moviments sindicals, veïnals,
culturals o estudiantils. Deia Victòria Pujolar, una de les dones que va
patir les tortures en aquest edifici: «lluitàvem sobretot per la
llibertat i la democràcia. És molt senzill, però era molt perillós.» Però
també van patir dones i homes, gitanos, homosexuals, trans. Un dels
torturadors de Carles Vallejo, que és l’actual president de
l’Associació de Presos i Preses Polítiques del Franquisme, i el
desembre de 1970, aquest senyor es deia Genuino Navales, aquest senyor,
per dir-ho finament, ja li mostrava el futur. «Yo soy policía profesional
con Franco, seré policia profesional con la democracia y seré policía
profesional cuando gobiernen los tuyos».


No és de rebut, doncs, que ens diguin que el Centre
de Tortures més important de Catalunya està resignificat amb
l’ocupació actual per part de la Policia Nacional, perquè molts
dels policies van fer exactament el que pronosticava Genuino Navales. I
no només van seguir en el seu lloc de feina amb l’arribada de la
dita democràcia, sinó que molts van rebre reconeixements. No és estrany,
doncs, que hi hagi diversos casos documentats de maltractaments i
vexacions fins al 2019, no als anys 40, no, al 2019. Al 2019 els
torturadors se sabien, se saben, impunes. Per contra, moltes de les dones
i homes que van passar per allà, que són els que van lluitar per la
democràcia, no quatre senyors com ens explica la història amb una corbata
asseguts en una taula firmant no sé quins papers, no, no, els que van
passar per via Laietana són els que ens van portar a la democràcia,
senzillament no van poder seguir els seus estudis, es van quedar sense
feina, etcètera. Demanar que Via Laietana es converteixi en un centre de
memòria i estudi no és una iniciativa estranya, sinó que és una
iniciativa que s’ha desenvolupat en diversos països que havien
patit dictadures. Portugal, Argentina... Ho trobaran a la moció.
Llegeixin, per favor. En el Museo de la memoria y los Derechos Humanos de
Santiago de Xile podem llegir: El Museo de la memoria y los Derechos
Humanos es un proyecto de reparación moral a las víctimas y propone una
reflexión que trascienda lo sucedido en el pasado y sirva a las nuevas
generaciones para construir un futuro mejor, de respeto irrestrico a la
vida y a la dignidad de las personas. Ja sabem que l’emoció no
prosperarà. Els he dit que sabia el final, que faig l’espòiler.
Però com que les persones del grup a qui represento avui, Esquerra
Republicana i Bildu, som hereves d’aquelles persones que, malgrat
els maltractaments i les tortures, no van parlar en el seu moment, no van
delatar, no van explicar a quin partit pertanyien, poden tenir el
convenciment que nosaltres sí que seguirem parlant. Els ho devem a elles
i a ells i és el nostre deure.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y
señores senadores.


No les voy a explicar nada nuevo, incluso creo que
podríamos hacer un espóiler porque sabemos el final, pero voy a intentar
no aburrirles demasiado, puesto que ya saben la historia, pero aquí
estamos y vamos a seguir picando piedra. La moción consecuencia de
interpelación que hoy presentamos es fruto del trabajo de mucha gente.
Esto hay que dejarlo claro, tiene un largo recorrido. Es sencillo, un
único punto sobre el traspaso de la comisaría de Via Laietana en
Barcelona, epicentro de la tortura durante el franquismo, para su
conversión en espacio memorialista. Quisiera recordar que en este proceso
histórico de reclamación, en el año 2017 el Congreso de los Diputados
aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a desmantelar la
prefectura de la Via Laietana y construir ahí un espacio de memoria. El
mismo PSOE que ahora lo niega votó a favor; deberían explicarnos por qué
en un momento votaron que sí y en este momento histórico votan que no.
Este edificio, que entidades sociales, entidades de derechos humanos y
memorialistas, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de
Catalunya, además de diversos partidos políticos, reivindicamos como
centro de memoria de la resistencia frente al fascismo, es un edificio
donde se han vivido prácticas sistemáticas —sistemáticas, no de vez
en cuando— de maltratos y torturas con total impunidad y
vulneración de derechos fundamentales, delitos de lesa humanidad a
personas de creencias y orígenes diversos: anarquistas, comunistas e
independentistas, mujeres y hombres que participaban en los movimientos
sindicales, vecinales, culturales o estudiantiles. Decía Victoria
Pujolar, una de las mujeres que sufrió las torturas en este edificio:
Luchábamos sobre todo por la libertad y la democracia; es muy simple,
pero era muy peligroso. También sufrieron gitanos, homosexuales, trans.
Uno de los torturadores de Carles Vallejo, que es el actual presidente de
la asociación de presas y presos políticos del franquismo, el señor
Genuino Navales —señor, por decirlo finamente—, en diciembre
de 1970 ya ilustraba el futuro. Decía: Yo soy policía profesional con
Franco, lo seré con la democracia y seré policía profesional cuando
gobiernen los tuyos.


No es de recibo, por lo tanto, que nos digan que el
centro de tortura más importante de Cataluña está resignificado con la
ocupación actual por parte de la Policía Nacional, porque muchos de los
policías hicieron exactamente lo que pronosticaba Genuino Navales y no
solo siguieron en su lugar de trabajo con la llegada de dicha democracia,
sino que muchos recibieron reconocimientos, con lo cual no es extraño que
haya diversos casos documentados de maltratos y vejaciones no en los años
cuarenta, sino hasta el año 2019. Los torturadores se sabían y se saben
impunes; por el contrario, muchas de las mujeres y hombres que pasaron
por allí, y que son los que lucharon por la democracia —no cuatro
señores, como nos explica la historia, con corbata sentados alrededor de
una mesa, firmando unos papeles; no, los que estuvieron en Via Laietana
son los que nos trajeron la democracia—, no pudieron seguir sus
estudios, se quedaron sin trabajo, etcétera. Pedir que Via Laietana se
convierta en un centro de memoria y estudio no es una iniciativa extraña,
sino que es algo que ya se ha desarrollado en diversos países que
sufrieron dictaduras, como Portugal o Argentina y otros lugares que
encontrarán en la moción. Por favor, léanla. En el Museo de la Memoria y
los Derechos Humanos de Santiago de Chile podemos leer: El Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos es un proyecto de reparación moral a las
víctimas, y propone una reflexión que trascienda lo sucedido en el pasado
y sirva a las nuevas generaciones para construir un futuro mejor de
respeto irrestricto a la vida y a la dignidad de las personas.


Ya sabemos que la moción no prosperará, por eso
decía que sabía el final y que podría hacer un espóiler, pero, como las
personas del grupo a quienes represento aquí, Esquerra Republicana y
Bildu, somos herederas de aquellas personas que, a pesar de los maltratos
y las torturas, no hablaron en su momento, no delataron, no explicaron a
qué partido pertenecían, pueden tener el convencimiento de que nosotros
sí vamos a seguir hablando. Se lo debemos a ellas y a ellos, y es nuestro
deber.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


En el turno de portavoces tiene la palabra, en
primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Marín
Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, la comisaría de policía de Vía Layetana,
en la actualidad sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, ha
sido objeto de debates recurrentes durante los últimos años por parte de
Esquerra Republicana. La primera iniciativa se planteó en 2005, luego,
en 2008, 2017, 2020, 2021 y 2023, todas ellas en el Congreso, a las que
hay que sumar todas las iniciativas presentadas aquí, en el Senado, en
octubre de 2021 y en febrero y abril de 2023.


Señorías de Esquerra, es paradójico que pidan ahora
ustedes el cumplimiento de una ley que no apoyaron. En la pasada
interpelación, de la cual esta moción es consecuencia, la senadora Mireia
Cortès indicó —abro comillas—: El edificio de Via Laietana 43
ha sido sede durante cuarenta años de dictadura franquista de represión,
torturas y vejaciones a comunistas, anarquistas, independentistas y
nacionalistas catalanes, hombres y mujeres —cierro comillas—.
Asimismo indicó que la tortura debe ser procesada, rechazada y reparada
con sanción jurídica, garantizando al mismo tiempo los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no
repetición, siendo fundamental no olvidar los crímenes pasados.


Señorías de Esquerra Republicana de Catalunya, para
ustedes es fundamental no olvidar los crímenes pasados y, al igual que al
Partido Socialista, se les llena la boca al hablar de los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no
repetición, pero creo que se les olvida algo. Hagamos un poco de memoria,
de esa memoria histórica democrática que ustedes reclaman. El historiador
catalán, César Alcalá, en su libro La cobardía de ERC. Los diez primeros
meses de la guerra civil, sostiene que el expresidente de la Generalitat,
Luis Companys, y su partido, Esquerra Republicana, ampararon el asesinato
de unas 26 000 personas. A Luis Companys, al que ustedes idolatran, se le
atribuye ser el responsable directo de 8000 a 9000 asesinatos, entre
cuyas víctimas había un buen número de periodistas, poetas, funcionarios
del Ayuntamiento de Barcelona, nobles, socios del Barça, militares y
hasta miembros de su propio partido, Esquerra Republicana. Pero el mayor
número de víctimas de las que son responsables políticos, en este caso,
Luis Companys como máximo dirigente de la Generalitat, así como los
integrantes del Gobierno del Frente Popular, fueron los católicos,
perseguidos y asesinados simplemente por ser católicos. De los 5060
sacerdotes que ejercían su ministerio el 18 de julio de 1936, en las ocho
diócesis catalanas, fueron asesinados 1541.


La senadora Cortès habló en su interpelación de
torturas y vejaciones sufridas por los represaliados. Pues bien, hablemos
de ello: Las hermanas Carmen, Rosa y Magdalena Fradera, misioneras del
Corazón de María, a las que desnudaron, violaron y, a continuación,
penetraron con palos, y por último, como muestra de desprecio a su
virginidad consagrada, introdujeron los cañones de sus pistolas hasta la
empuñadura para acabar apretando el gatillo. O Apolonia Lizárraga y Ochoa
de Zabalegui, superiora general de las Carmelitas de la Caridad, que fue
apresada a primeros de septiembre del 36 y encerrada en la checa
barcelonesa de San Elías, una checa controlada por Esquerra.


Señorías, ¿dónde quedan para estas víctimas el
derecho a la verdad, la justicia y la reparación? ¿No tienen los mismos
derechos que aquellos para los que ustedes reclaman? Señorías de
Esquerra, cuestionamos de forma absoluta la intención humanitaria de
iniciativas suyas como esta. Sus iniciativas en esta materia tienen un
carácter absolutamente ideológico y sectario, y su propósito es asegurar
la total hegemonía cultural de la visión de la historia que tienen la
izquierda y el separatismo. No lo vamos a permitir.


Los españoles decidimos en 1975 mirar juntos hacia
el futuro y basar la democracia y la libertad en la reconciliación y la
concordia. Ese fue el ejemplar espíritu de la transición, gracias al cual
se dio pie a la Constitución vigente de 1978. Sin embargo, en los últimos
años el Partido Socialista, Podemos, Esquerra y el conjunto de la extrema
izquierda separatista andan empeñados en deslegitimar ese logro
histórico. Leyes como la llamada de la memoria democrática vienen,
precisamente inspiradas por esa absurda pretensión, a reabrir el rencor y
las viejas heridas entre españoles, así como a sembrar la división entre
nosotros, todo ello aderezado con una reescritura de la historia que solo
aporta crispación.


Señorías de Esquerra, la comisaría de Vía Layetana
ha sido y es símbolo de servicio público desde el que varias generaciones
de policías han contribuido, y siguen contribuyendo, a garantizar la
seguridad de los ciudadanos y fortalecer en la vigencia del Estado de
derecho en España, en general, y en Cataluña en particular. Allí hay
servidores de la libertad y seguridad de los barceloneses y de todos los
españoles. Lo que ustedes han pretendido y pretenden es poner en marcha
una estrategia de erosión...


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría,
vaya concluyendo.


El señor MARÍN GASCÓN: ... para expulsar a la
Policía de Cataluña. Les molesta que sea referente y símbolo de las
instituciones del Estado, y que en el centro de Barcelona ondee la
bandera de España.


Queda claro que votaremos en contra.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal tiene la palabra el senador
Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gràcies, presidenta.


La fundació del meu partit duu el nom d’Emili
Dardé. El president actual es diu Miquel Rosselló. I en Miquel Rosselló,i
com a bon comunista jove que lluitava per les llibertats d’aquest
país, desgraciadament va conèixer els soterranis de Via Laietana. En els
seus llibres, en les cafès que a vegades he compartit amb ell, m’ha
explicat què significava Via Laietana. Per a mi, un jove estudiant que
al 98 vivia a Barcelona, Via Laietana era un lloc on anàvem a cridar i on
sortien policies i ens encalçàven. On protestàvem pel món real i, de fet,
era inclús com a divertit. Però per a en Miquel, aquest amic, no era tan
divertit. En Miquel, cada vegada que pensa en Via Laietana, pensa en
aquells vespres que va estar allà, en aquells vespres que no va dormir,
en aquelles tortures que va patir. Per tant, el significat de Via
Laietana és important, perquè joves com aquell que vivia a Barcelona
sàpiguen el que va significar Via Laietana. Joves com jo, que vam
estudiar a Barcelona i que desconeixíem aquell passat obscur de Via
Laietana, el coneguin. Per tant, els símbols són importants. I Via
Laietana ha de ressignificar-se. Ha de canviar per respectar la memòria
històrica, i memòria històrica va d’això, de símbols, i símbols que
hem de fer. I enllaçant-ho, com deia, la Fundació Emili Darder és la del
meu partit, i en Miquel n’és el president. I com no podia ser
d’altra manera, aprofitaré també l’ocasió per demanar el
retorn de la Casa d’Emili Darder a la ciutat de Palma, perquè els
símbols són importants i la Casa d’Emili Darder està ocupada per
aquells que el mataren, per aquells que el van fer fora de casa seua,
pels hereus, pels militars, i crec que és honorífic demanar disculpes,
tornar-la al poble i que sigui un museu. I que cap jovenet com aquell
imprudent Vicenç Vidal, de fa anys, passi per davant la Casa
d’Emili Darder i vegi una bandera d’Espanya i vegi les
insígnies de l’Exèrcit espanyol i no sàpiga el que va passar per
dins i també rigui i faci bromes protestant sols contra
l’Exèrcit.


Gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidenta.


La fundación de mi partido lleva el nombre de Emili
Darder. El presidente actual se llama Miquel Rosselló que, como buen
comunista joven que luchaba por las libertades de este país,
desgraciadamente conoció los sótanos de Via Laietana. En sus libros, en
los cafés que a veces hemos compartido, me ha explicado lo que
significaba Via Laietana. Para mí, un joven estudiante para el que en
el 98 Via Laietana era un lugar al que íbamos a gritar y salían los
policías, y a veces era incluso divertido cuando aparecían en un mundial.
Pero para Miquel no era divertido; él piensa en las noches que pasó allí,
las noches en las que no durmió y en las torturas que sufrió. Por tanto,
el significado de Via Laietana es importante para que los jóvenes que
viven en Barcelona sepan lo que significó, para que quienes desconocen
ese pasado oscuro de Via Laietana lo conozcan. Los símbolos son
importantes y Via Laietana tiene que resignificarse, tiene que cambiar
para respetar la memoria histórica. La memoria histórica va de esto, de
símbolos. Ya me he referido a la fundación de mi partido, del que Miquel
es el presidente, y voy a aprovechar la ocasión para pedir también que la
casa de Emili Darder no esté ocupada por los que lo mataron, por sus
herederos, los militares. Creo que es honorífico pedir disculpas y
devolver la casa al pueblo para que sea un museo, de forma que cuando ese
joven pase por la casa de Darder sepa lo que pasó dentro, y que los
jóvenes al pasar no piensen simplemente que es una casa más.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra el senador Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies de nou,
presidenta.


Mirin, igual que passa amb la caserna del Bruc, són
moltes les iniciatives que el nostre grup, com ha fet Esquerra, han
promogut en aquesta cambra, en el Congreso, en el Parlament de Catalunya,
en relació a la devolució a la Generalitat de Catalunya de la titularitat
de l’edifici de la via Laietana 43, edifici que va acollir la
Comissaria d’Ordre Públic de la Generalitat Republicana i que en
l’actualitat, avui, encara continua ocupada per la Prefectura
Superior de Policia. Aquesta és una reclamació reiterada per molts. La
reclamació de la devolució d’un espai que, com molt bé explicava la
senadora Escandell i tots sabem, fou utilitzat com a centre de repressió
i tortura durant dècades. Bé, tots no ho sabien. Avui ja hem vist que hi
ha algú que encara no ho sap. I també ens ho va demostrar la mà dreta del
ministre Marlaska, el senyor Rafael Pérez Ruiz, que en una visita a la
instal·lació es va atrevir, sense posar-se vermell, a qualificar-lo de
símbol democràtic de servei públic. Ho va fer amb un intent més de
construir un relat que dista i menysté la realitat. Un intent de negar la
realitat i dels que fa un moment hem vist que els hereus del franquisme
en són alumnes avantatjats. El ministre Bolaños ens ha retret, en
reiterades ocasions, que Junts no recolzéssim la Llei de memòria
democràtica. Nosaltres no ho vam fer perquè es quedava curta, molt curta,
entre moltes altres coses perquè no va voler recollir una esmena conjunta
que presentàvem amb Esquerra i altres grups per retornar a les
institucions catalanes aquest emblemàtic edifici de la Via Laietana
barcelonina.


Senyories del Grup Socialista, avui tenen una altra
oportunitat de fer un veritable exercici de memòria democràtica.
Transferir a la Generalitat de Catalunya la seu de la Prefectura Superior
de Policia de Via Laietana per reconvertir-lo en un espai memorialístic
de la repressió franquista patida a Catalunya i de la lluita per les
llibertats és per a vostès una nova oportunitat d’establir una fita
en la seva famosa però buida agenda del retrobament amb Catalunya. Una
oportunitat també per correspondre als promotors de la iniciativa, als
que tant de suport els han donat a canvi del nostre entendre de tan
poc.


Nosaltres avui votarem a favor d’aquesta
iniciativa sabent que, tristament, els representants, els que donen
suport al Gobierno más progresista de la historia, es posaran al costat
dels més retrògrades, com passa sovint quan es tracta de Catalunya.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias de nuevo, presidenta.


Igual que pasa con la Caserna del Bruc, son muchas
las iniciativas que nuestro grupo y Esquerra han promovido en esta
Cámara, en el Congreso y en el Parlamento de Cataluña en relación con la
devolución a la Generalitat de Catalunya de la titularidad del edificio
de Via Laietana 43. Un edificio que acogió la Comisaría de Orden Público
de la Generalitat Republicana y que en la actualidad todavía sigue
ocupada por la Prefectura Superior de Policía. Esta es una reclamación
reiterada por muchos, la reclamación de la devolución de un espacio que,
como explicaba muy bien la senadora Escandell y todos sabemos, fue
utilizado como centro de represión y tortura durante décadas. Aunque
todos no lo sabían; hemos visto hoy que hay alguien que todavía no lo
sabe, y también nos lo demostró la mano derecha del ministro Marlaska, el
señor Pérez Ruiz, que, en una visita a la instalación, sin sonrojarse, se
atrevió a calificarlo de símbolo democrático de servicio público. Y lo
hizo en un intento más de construir un relato que dista y menosprecia la
realidad, un intento de negar la realidad, y hace un momento hemos visto
que los herederos del franquismo son alumnos aventajados de ello. El
ministro Bolaños nos ha echado en cara en reiteradas ocasiones que Junts
no apoyara la Ley de memoria democrática. Nosotros no lo hicimos porque
se quedaba corta, muy corta, entre muchas otras cosas porque no quiso
recoger una enmienda conjunta que presentábamos con Esquerra y otros
grupos para retornar a las instituciones catalanas este emblemático
edificio de la Via Laietana en Barcelona.


Señorías del Grupo Socialista, hoy tienen otra
oportunidad de hacer un verdadero ejercicio de memoria democrática:
transferir a la Generalitat de Catalunya la sede de la Prefectura
Superior de Policía de Via Laietana para reconvertirla en un espacio
memorialístico de la represión franquista sufrida en Catalunya y de la
lucha por las libertades. Es para ustedes una nueva oportunidad de
establecer un hito en su famosa, pero vacía, agenda del reencuentro con
Cataluña. Y también les da la oportunidad de corresponder a los
promotores de la iniciativa, a los que tanto apoyo les han brindado a
cambio, a nuestro parecer, de tan poco.


Nosotros hoy vamos a votar a favor de esta
iniciativa sabiendo que, tristemente, los representantes que brindan
apoyo al Gobierno más progresista de la historia se van a poner al lado
de los más retrógradas, como pasa a menudo cuando se trata de
Cataluña.


Muchas Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la senadora Beltrán De Heredia Arroniz.


La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Gracias,
presidenta. Con su permiso, intervendré desde el escaño.


Quiero empezar recordando hoy especialmente al
pueblo de Gernika. Hoy, 26 de abril, dentro de apenas tres horas, Gernika
hará sonar las sirenas en un acto solemne de recuerdo, de reconocimiento
a las víctimas del bombardeo indiscriminado de la villa por la aviación
alemana e italiana bajo el mando del dictador Franco. Este año, por
primera vez después de cuarenta y cinco años, un miembro del Consejo de
Ministros de este Gobierno asistirá al acto en representación del
Gobierno del Estado, una presencia que, por nuestra parte, valoramos como
un avance hacia lo que tiene que ser el reconocimiento en estos actos de
la responsabilidad del Gobierno franquista. Una masacre causada en el
pueblo de Gernika en el año 37.


Gernika es un referente para la sociedad
democrática, un referente de lo que ocurrió, pero que nunca debe volver a
ocurrir. Es un símbolo de reconciliación y es un lugar de memoria. Y esto
mismo es lo que ahora solicita Esquerra Republicana cuando plantea una
vez más —ya se ha recordado que han sido muchas las iniciativas a
lo largo de muchos años— que un espacio como es la actual sede de
la Comisaría de la Jefatura Superior de Policía en Barcelona, un espacio
donde hubo torturas, hubo detenciones, hubo represión durante la época
franquista, sea cedido a la Generalitat para convertirlo en un centro
memorialístico, un centro donde mostrar lo que ocurrió, donde reconocer
el daño que se causó a tantas y tantas personas, y donde comprometerse
para que esto no vuelva a ocurrir.


Como he dicho, se han presentado durante muchos
años varias iniciativas, que nuestro grupo siempre ha apoyado, y por
coherencia y por convencimiento lógicamente vamos a apoyar esta
iniciativa que hoy presenta nuevamente Esquerra Republicana. Ya ha hecho
usted el pronóstico, pero esperamos que nunca más tengan que volver a
presentarla, que esta sea la última vez.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Bildu, tiene la palabra el senador Reniu Vilamala.


El señor RENIU VILAMALA: Gràcies presidenta.


Senyories, afegiré ben poc a cosa a les paraules
que ha fet servir la senadora Escandell, la meva companya, en la seva
intervenció. Ja està bé, ja està bé, uns i altres de posar-se de perfil.
Nosaltres, com sempre, ens toca el que ja tenim molt assumit, persistir,
persistir i persistir. Mirin, senyories, no és només que la devolució
d’aquest immoble sigui una qüestió de justícia, de reparació o
d’urgent necessitat de ressignificar un espai de tortures i
repressió. No, no, és que, a més, com s’ha dit, ja es va aprovar
una moció, una PNL a la Comissió d’Interior del Congreso de los
Diputadors, l’1 de juny del 2017, amb 23 vots a favor dels llavors
partits progressistes i em refereixo al PSOE, qui ho diria avui, i 14 en
contra per part de la dreta. Joan Tardà va aconseguir que s’instés
al Gobierno al trasllat i devolució de l’edifici de Via Laietana
amb una esmena socialista transaccionada que instava al Gobierno a què
valori la possibilitat i conveniència del trasllat de la Jefatura
Superior de Policia de Barcelona i els serveis que en ella s’hi
presten a una ubicació d’anàloga dotació i nivell. I tot això amb
els previs acords necessaris amb la ciutat de Barcelona. Consejos vendo
que para mí no tengo. I això que ara plouran els actius immobiliaris de
la SAREB sobre Barcelona i fins i tot terrenys de la defensa. Veritat que
sí. Espòiler. No es va moure ni un dit per part del Gobierno de llavors,
el del PP, de Rajoy i Soraya, ni s’ha mogut un dit després. I en
aquesta ocasió ha estat el mateix ministre responsable qui ha manifestat
en els mitjans de comunicació, però també en aquest faristol, que «no
está en los planes del Gobierno desplegar en estos momentos la Ley de
Memoria Democrática». Sorprenent, escandalós, sense enrojolar-se.
S’han saltat tots els terminis que vostès mateixos s’havien
imposat. Sis mesos des de l’entrada en vigor per a desenvolupar,
via decret, per exemple, el reglament sobre la restitució o compensació
als partits polítics de béns i drets incautats, Disposició addicional 19.
Tampoc han portat al Consejo de Ministros la creació de la comissió
tècnica que havia d’elaborar un estudi per fixar les mesures de
reparació de caràcter econòmic dirigides a les víctimes de la Guerra i la
dictadura, disposició addicional 15. O els casos de vulneració de drets
humans, disposició addicional 16. O que també sembla que el Protectorado
de fundaciones, depenent del Ministerio de Cultura y Deportes, encara no
sap com instar a la dissolució de la Fundación Nacional Francisco Franco,
en no haver-se encara desplegat allò que preveu la disposició addicional
setena.


I faré un aclariment. Se’ns ha assenyalat
reiteradament que no vàrem recolzar la Llei de memòria democràtica.
Error. Estan en un error. Precisament vàrem fer possible la seva
aprovació, tot i no ser nostra, abstenint-nos. Tinguin molt clar aquesta
dada. El seu portaveu socialista a la Comissió al Congreso va agrair,
precisament de manera molt singular a Esquerra, que amb l’abstenció
no ens haguéssim oposat al text final de la ponència. La mentida sol
tenir les cames molt curtes. No caldria dir, per altra banda, que encara
esperem, 177 dies després, quines sancions es proposaran per part del
secretari d’Estat de Memòria Democràtica sobre els actes feixistes
del passat 20 de novembre. O si s’actuarà en relació a les
proclames feixistes d’abans d’ahir en el trasllat de les
restes de Primo de Rivera? O, si volen, obrim una mica el zoom amb un
exemple recent dels efectes dels seus incompliments difós per Ceaqua, la
Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del
franquismo i Amnistia Internacional. Fixin-se. El 3 d’abril, el
jutjat d’instrucció número 1 de Ferrol, ha arxivat la primera
querella criminal en què es denunciava la Comissió de Crims Franquistes,
interposada en posterioritat a l’entrada en vigor de la llei.
Curiós que aquest gran i bon text legislatiu hagi donat, com a resultat,
un auto d’arxivament en el qual la magistrada assenyala que el que
disposa la Llei de memòria democràtica no altera els raonaments
d’anteriors resolucions judicials. Curiós, o no, atès que
l’Estat encara no ha ratificat la Convenció sobre
imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa
humanitat.


En conjunt, aprovaren una llei gràcies a la nostra
abstenció i, una vegada aprovada, l’han guardat en un calaix,
mantenen incòlume el model d’impunitat, no assumeixen cap
responsabilitat patrimonial per a les sentències anul·lades i deixen
aparcar el desplegament de les petites millores assolides. Bravo! Han
superat un nou nivell de funambulisme polític, amb la confiança de
desplegar-ho a la propera legislatura. Però, però, però, no sigui que la
història es repeteixi i altra vegada la dreta i la ultradreta torni i
l’






enterri, tal i com ja va fer amb l’anterior llei de memòria
històrica. Ho recorden, oi? En tres paraules, poc ens passa.


Gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidenta.


Señorías, voy a añadir muy pocas cosas a las
palabras que ha utilizado mi compañera Escandell en su intervención. Ya
está bien de que unos y otros se pongan de perfil. A nosotros, como
siempre, nos toca lo que ya tenemos muy asumido: persistir, persistir y
persistir. Señorías, no es solo que la devolución de este inmueble sea
una cuestión de justicia, de reparación o de urgente necesidad de
resignificar un espacio de torturas y represión, es que, además, como ya
se ha dicho, ya se aprobó una moción, una PNL en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en el 2017 con 23 votos a favor de los
partidos progresistas, y me refiero al Grupo Socialista, y 14 en contra
por parte de la derecha. Juan Tardá consiguió que se instara al Gobierno
al traslado y devolución del edificio con una enmienda transaccionada que
instaba al Gobierno a que valorara la posibilidad y conveniencia del
traslado de esta Jefatura de Policía de Barcelona y los servicios que en
ella se prestan a otro espacio de análoga ubicación y nivel, con los
previos acuerdos necesarios con la ciudad de Barcelona. Consejos vendo
que para mí no tengo. Ahora se habla de los activos inmobiliarios de la
Sareb en Barcelona y de los terrenos de Defensa. Espóliler. No se movió
ni un dedo por parte del Gobierno de entonces del PP de Rajoy y de Soraya
ni se ha movido un dedo después, y en esta ocasión ha sido el mismo
ministro responsable el que ha manifestado a los medios de comunicación,
y también aquí, en este estrado, que no está en los planes del Gobierno
desplegar en estos momentos la Ley de memoria democrática. Sorprendente,
vergonzante y sin sonrojarse. Se han saltado todos los plazos que ustedes
mismos se habían fijado; seis meses para desarrollar vía decreto el
reglamento sobre la restitución o compensación a los partidos políticos
de bienes y derechos incautados —disposición adicional
decimonovena—. Tampoco han llevado al Consejo de Ministros la
comisión técnica que debía elaborar un estudio para fijar las medidas de
carácter económico de reparación a las víctimas de la dictadura, etcétera
—disposición adicional decimoquinta—, o los casos de
vulneración de derechos humanos —disposición adicional
decimosexta—. Y el Protectorado de Fundaciones, que depende del
Ministerio de Cultura y Deportes, parece que todavía no sabe cómo instar
a la disolución de la Fundación Nacional Francisco Franco al no haberse
desplegado aquello que se prevé en la disposición adicional séptima.


Y haré una aclaración: se nos ha señalado
reiteradamente que no apoyamos la Ley de memoria democrática. Están en un
error; precisamente hicimos posible su aprobación, a pesar de no ser
nuestra, absteniéndonos. Tengan ustedes muy claro este dato. Su portavoz
socialista en el Congreso agradeció de forma muy singular a Esquerra que
con la abstención no nos opusiéramos a ella. La mentira tiene las piernas
muy cortas, y huelga decir que ciento setenta y siete días después
esperamos ver cuáles son las sanciones que va a proponer el secretario de
Estado sobre los actos fascistas del pasado 20 de noviembre o si se
actuará respecto a las proclamas fascistas de anteayer en el traslado de
los restos de Primo de Rivera. O, si quieren, podemos abrir el zoom con
un ejemplo reciente de los efectos de sus incumplimientos, difundidos por
Ceaqua y Amnistía Internacional. Fíjense ustedes, el 3 de abril el
Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol ha archivado la primera
querella criminal en la que se denunciaba la comisión de crímenes
franquistas, interpuesta con posterioridad a la entrada en vigor de la
ley. Es curioso que este gran y buen texto legislativo haya dado como
resultado un auto de archivo en el que la magistrada señala que lo que
dispone la Ley de memoria democrática no altera los razonamientos
anteriores de las resoluciones judiciales. Es curioso; o no, habida
cuenta de que el Estado todavía no ha ratificado la Convención sobre
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.


En conjunto, aprobaron una ley gracias a nuestra
abstención y una vez aprobada la han guardado en un cajón. Mantienen
incólume el modelo de impunidad, no asumen ninguna responsabilidad
patrimonial por las sentencias anuladas y dejan aparcado el despliegue de
las pequeñas mejoras alcanzadas. Bravo. Han superado un nuevo nivel de
funambulismo político, en la confianza de desplegarlo en la próxima
legislatura. Pero no sea que la historia se repita y, una vez más, la
derecha y la ultraderecha vuelva y la entierre, como ya hizo con la
anterior Ley de memoria histórica. Lo recuerdan, ¿verdad? En tres
palabras: nos pasa poco.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular no está prevista
intervención.


Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista.


Tiene la palabra la senadora Hernández
Espinal.


La señora HERNÁNDEZ ESPINAL: Muy buenas tardes ya,
presidenta.


Señorías, la comisaría de Via Laietana no necesita
de resignificación para dar cumplimiento a la Ley de memoria democrática,
y no lo digo yo, también lo dijo el ministro de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática hace unos días desde esta
a tribuna, cuando manifestó que dicho lugar es resignificado cada día por
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan en ese
edificio, que cumplen y defienden cada día los principios y valores
constitucionales, la seguridad y la libertad de los y las barcelonesas,
de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.


Y lo voy a desarrollar, porque esta moción va a
permitir que mi intervención sea también un acto de memoria. Como deben
ustedes saber, el edificio de Via Laietana fue inaugurado en 1931 como
sede de la comisaría de orden público durante la Segunda República. Se lo
he oído decir al señor Cervera hace un momento, que así lo ha recordado.
Fue el lugar desde el que Lluís Companys, president de la Generalitat,
Josep Tarradellas, conseller en cap, y el comandante Escofet, comisario
general de orden público de la Generalitat, dirigieron la resistencia al
golpe de Estado del 36. Desde sus balcones observaron la columna de 400
guardias civiles al mando del coronel Escobar, hoy general, por fin
repuesto y rehabilitado por el Gobierno socialista, que desfilaron por
Via Laietana para asaltar los reductos de los golpistas que se
atrincheraban en Plaza de Catalunya y Universitat. Y así se consiguió
parar el golpe de Estado del 36 en Barcelona. Hace dos semanas justamente
se celebró un acto de justicia en la sede de la Delegación del Gobierno
de España en Cataluña: el homenaje a Antonio Escobar, en cumplimiento de
la Ley de memoria democrática, general de la Guardia Civil, fusilado,
como Lluís Companys, en Montjuic el 8 de octubre de 1940 por haberse
mantenido leal y fiel al president de la Generalitat, Lluís Companys y a
la República, a sus principios, a sus valores constitucionales y al
autogobierno de Cataluña. Qué mala suerte que las agendas de todos los
cargos de la Generalitat impidieran su representación en este acto de
justicia y reparación democrática tan justo. (Aplausos). ¡Qué pena! Creo
que hay una expresión que viene muy a propósito: lo cortés no quita lo
valiente.


Bien, señores de ERC, no votaron a favor de la ley,
pero se han convertido en sus mayores reivindicadores. Bienvenidos a la
Ley de memoria democrática. Todos sabemos lo que ocurrió en Via Laietana
durante la dictadura, y muchos socialistas también lo saben;
desgraciadamente, también fueron víctimas de la tortura y la represión.
Pero no deja de ser una satisfacción ver cómo ahora, con la democracia
consolidada en España, es un edificio que, como comisaría, se consagra a
la defensa de las libertades, como fuera ideada en 1931 por el comandante
Escofet, jefe de los Mossos d’ Esquadra.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Señorías, finalizado el debate de esta moción, les
recuerdo que el plazo para que emitan el voto electrónico remoto los
senadores autorizados se abrirá al finalizar el debate de la siguiente
moción consecuencia de interpelación.


Asimismo, les recuerdo que la votación presencial
de esta iniciativa tendrá lugar una vez finalizado este plazo, cuando sea
anunciado por la Presidencia.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA
ASISTENCIA SANITARIA EN LAS CIUDADES DE MELILLA Y CEUTA.


671/000158

GPP


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 4.3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta
moción consecuencia de interpelación se han presentado tres enmiendas:
dos del Grupo Parlamentario Mixto y una del Grupo Parlamentario
Socialista.


Para la defensa de la moción, por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Acedo Reyes, por
tiempo de cinco minutos.


La señora ACEDO REYES: Gracias, señora
presidenta.


Buenas tardes, señorías. Desde el pasado 9 de marzo
se mantiene tanto en Ceuta como en Melilla una huelga de personal
sanitario, concretamente de médicos, que, lejos de encontrar una salida,
se ha enquistado y hace ya veinte días que es indefinida. Esto ha
supuesto la supresión de consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas
diagnósticas. ¿Saben lo que eso supone para dos ciudades cuya única
asistencia sanitaria pública se da en los dos únicos hospitales públicos
que existen, cuyos médicos llevan más de sesenta días en huelga? ¿Son
ustedes verdaderamente conscientes del perjuicio que se está causando a
los pacientes de Ceuta y Melilla? Parecería que no atendiendo a la
impasibilidad del Ingesa y del Gobierno de España. Allí donde ustedes, el
Partido Socialista Obrero Español, el señor Sánchez, tienen competencias
en materia sanitaria las abandonan. En Ceuta y Melilla. ¿Dónde está su
voluntad de acuerdo? ¿Dónde está la defensa de la sanidad pública y de
calidad, esa misma que ustedes exigen, pero no practican, a los
presidentes Ayuso, Moreno y Rueda? Por cierto, estos tres presidentes han
llegado a un acuerdo con sus profesionales sanitarios para mejorar la
asistencia sanitaria en sus territorios. En nuestro caso, ¿dónde está el
Ingesa? ¿Dónde está el señor Sánchez? ¿Dónde está el Partido Socialista?
¿Dónde están ustedes?


Les voy a relatar brevemente cómo se encuentra la
situación sanitaria en Ceuta y Melilla. Nuestras carteras de servicios y
prestaciones sanitarias son muy limitadas y, como consecuencia, muchas de
ellas deben atenderse en la Península; sin embargo, no tenemos convenidos
hospitales de referencia para ofrecer esas prestaciones. Además, los
profesionales sanitarios tienen que gestionar los traslados de los
pacientes y, dado que no existe obligatoriedad en la respuesta, en
ocasiones estos se alargan en el tiempo o directamente se hacen
imposibles, con el riesgo que ello supone y conlleva para la vida del
paciente. Por tanto, la inequidad en el acceso al sistema sanitario para
los ciudadanos de Ceuta y Melilla es evidente.


Pero en el ámbito de los profesionales sanitarios
no estamos mucho mejor. Nos encontramos con una importante carencia en
muchas especialidades. Además, un tercio de ellos supera los 60 años y
un 10 % ha pedido traslado a otras comunidades autónomas. Tampoco existe
por parte del Ingesa una planificación a medio y largo plazo ante las
jubilaciones previstas. Todo ello ha motivado la huelga indefinida de
médicos que tenemos, que ustedes son incapaces de abordar y mucho menos
de solucionar. Hay una ausencia total de diálogo por parte del Ingesa con
los representantes médicos y solo se ha producido alguna toma de contacto
tras la interpelación que le planteamos la pasada semana al ministro
Miñones y esta moción consecuencia de interpelación. Señores, aquí hay
una realidad evidente, y es que los médicos no eligen Ceuta y Melilla
para ejercer su profesión y aquellos que la eligieron quieren marcharse
por las malas condiciones laborales en este momento. No es ya que el
Ingesa no trabaje en atraer nuevo talento a Ceuta y Melilla, es que
tampoco fideliza a los profesionales que allí tenemos, que son muy pocos
y que acabarán yéndose si no se arregla esta situación.


El ministro tiene que saber, porque parecía que no
conocía bien el detalle cuando debatió la interpelación con nuestro
compañero, el señor Román, que la sanidad de Ceuta y de Melilla está
calificada como la peor de España. Pero esto no lo dice el Partido
Popular, sino que así lo apunta el índice de competitividad regional de
la Unión Europea. Por cierto, seguramente este detalle les despierte.
¿Saben quién encabeza la mejor sanidad pública en nuestro país en el
índice de competitividad regional de la Unión Europea? El Madrid de
Ayuso. (Risas). El índice de competitividad de la Unión Europea lo
encabeza el Madrid de Ayuso. (Aplausos). Y, lamentablemente, ¿saben
quiénes lo cerramos? Ceuta y Melilla del señor Sánchez. El Madrid de
Ayuso encabeza la mejor gestión sanitaria España y lo cerramos Melilla y
Ceuta, lamentablemente, del señor Sánchez. Es así, señorías.


Por todo lo expuesto, desde nuestro grupo pedimos
que se garantice la calidad asistencial sanitaria de Ceuta y Melilla.
Tienen que ampliar la cartera de servicios y nuevas prestaciones, limitar
las agendas en atención primaria y convenir con otras comunidades
autónomas para el establecimiento de hospitales de referencia. Tienen que
adecuar las plantillas de médicos, como les están pidiendo los
profesionales en esta huelga indefinida, y promover su cobertura total en
el menor tiempo posible. Deben fidelizar al personal sanitario en Ceuta y
Melilla y atraer nuevo talento. Tienen que mejorar las condiciones
laborales y salariales de los médicos en Ceuta y en Melilla y fomentar la
carrera profesional. Y, por último, poner en marcha el Hospital
Universitario de Melilla este mismo año, con la cobertura total de las
plazas médicas necesarias, de acuerdo con las demandas realizadas por los
jefes de servicio, y renovar el obsoleto equipamiento médico y quirúrgico
del Hospital Universitario de Ceuta.


Finalizo, señora presidenta. No hay mejor manera de
asegurar la integridad territorial de España que garantizando el acceso
de todos en igualdad de condiciones, también de los ceutíes y
melillenses, a los servicios públicos básicos, como la sanidad, salvo que
ustedes piensen que tenemos que ser ciudadanos de segunda y por ello
justifiquen su permanente abandono.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas presentadas, por
el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Merelo
Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, Vox ha presentado dos enmiendas de
adición a esta moción consecuencia de interpelación del Grupo Popular
sobre la mejora de la asistencia sanitaria en las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla.


La sanidad pública y privada está formada por un
conjunto de profesionales sanitarios que prestan sus servicios a la
ciudadanía, como profesionales médicos, profesionales de enfermería,
fisioterapeutas o matronas, todos ellos cooperadores necesarios para
mantener una sanidad de calidad. Sin embargo, también existe otro
conjunto de colectivos no sanitarios que forman parte del sistema y que
son igualmente imprescindibles en nuestra sanidad, como celadores,
cocineros, vigilantes de seguridad o lavanderos. Por ello, en Vox hemos
pedido un incremento del personal sanitario y no sanitario en nuestra
enmienda.


Nuestra segunda propuesta va dirigida a asignar un
número de pacientes por sanitario. Existen multitud de estudios
científicos que concluyen en la necesidad de contar con un cociente
adecuado o ratio entre el número de profesionales sanitarios y el número
de pacientes, es decir, un número adecuado de pacientes asignados por
médico, por enfermero, por fisioterapeuta, por matronas y por técnicos de
cuidados de enfermería para prestar unos servicios de calidad y seguros.
Si estas ratios son las adecuadas inciden de forma positiva en el
personal sanitario, en el paciente y, por tanto, en la calidad
asistencial. Evitan listas de espera y tiempos innecesarios, evitan
sobrecargas de trabajo, errores en todas las fases del proceso de
atención al paciente y complicaciones y efectos adversos. Y también
disminuyen la mortalidad, mejorando los costes sanitarios del sistema.
Sindicatos y profesionales de enfermería también lo apoyan, y así lo
recoge la Ley de seguridad del paciente.


Ceuta y Melilla presentan, además de su dispersión,
otra peculiaridad que les diferencia del resto de territorios españoles y
es su hecho fronterizo con Marruecos, que incide negativamente a la hora
de contabilizar las asistencias sanitarias de pacientes marroquíes o
subsaharianos y, por tanto, a la hora de incrementar el personal en las
plantillas sanitarias. Esta población flotante que a diario pasa por
nuestras fronteras, y otras veces tras los masivos asaltos fronterizos,
utiliza nuestros recursos sanitarios, sobre todo los servicios
hospitalarios. Sin embargo, estas atenciones sanitarias no son tenidas en
cuenta, no figuran a nivel estadístico ni tampoco a la hora de calcular
el cociente profesional sanitario-paciente. Por eso, en Vox hemos
presentado una enmienda a esta moción consecuencia de interpelación para
que se tenga en cuenta la población flotante en las ciudades autónomas a
la hora de calcular la ratio paciente-enfermero y resto de profesionales
sanitarios, como fisioterapeutas, matronas y técnicos en cuidados
auxiliares de enfermería.


En Vox estamos a favor de mejorar las ratios de
profesionales de la sanidad por paciente, porque lo contrario es estar a
favor de incrementar la morbilidad y la mortalidad de la población. No se
puede tener una sanidad de calidad sin un número adecuado de
profesionales sanitarios, y no solo de profesionales médicos, sino
también sin un número adecuado de pacientes asignados a cada profesional
sanitario.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Alonso
Sahagún.


La señora ALONSO SAHAGÚN: Gracias, señora
presidenta.


Buenas tardes ya, señorías. El Grupo Parlamentario
Socialista presenta una enmienda a la moción consecuencia de
interpelación presentada del Grupo Parlamentario Popular por la que se
insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para mejorar la
situación sanitaria en las ciudades de Ceuta y Melilla. El Gobierno de
España, el Gobierno socialista, siempre ha estado con Ceuta y Melilla
porque la sanidad pública, universal y de calidad es una de las señas de
identidad de este Gobierno, un Gobierno que apuesta por la equidad entre
los ciudadanos y ciudadanas vivan donde vivan y sea cual sea su nivel
socioeconómico. La salud pública es el resultado de un modelo de
sociedad, y este es nuestro modelo: sanidad pública, universal y de
calidad. Y este Gobierno entiende el derecho a la salud como un derecho
humano fundamental. Cierto es que la casuística de Ceuta y Melilla las
convierten en territorios a los que hay que atender de una manera
específica por sus propias especificidades, pero las medidas que ustedes
proponen ya están en marcha. Se vienen aplicando medidas que apuestan por
una sanidad pública y de calidad a través del Ingesa, que se ha citado, y
se están poniendo en marcha infraestructuras, equipamientos y recursos
que mejoran sensiblemente la asistencia sanitaria. Por ejemplo, la
dotación de equipos de alta tecnología, la construcción de un hospital en
Melilla, la ampliación de nuevos servicios de atención sanitaria, un
hospital psiquiátrico de día, áreas de urgencias pediátricas, por nombrar
algunas de ellas, porque son muchas más. En definitiva, se trata de
ampliar y mejorar los recursos asistenciales vitales para estos
ciudadanos y ciudadanas para ir reduciendo la brecha de desigualdad que
pudiera existir en el acceso a la atención sanitaria pública respecto de
los ciudadanos y ciudadanas de la Península.


Por otro lado, la dirección del Ingesa también está
trabajando con las instancias oportunas con el fin de conseguir
actualizaciones y mejoras laborales y retributivas para los profesionales
con el objetivo de mantener la motivación y dedicación que estos
profesionales prestan al servicio público de salud.


La voluntad y el compromiso de este Gobierno con la
salud, y la salud es la vida, es incuestionable. Pero no se puede decir
lo mismo de aquellas comunidades en las que ustedes gobiernan. Como diría
la canción, pongamos que hablo de Madrid; pongamos que hablo de
Andalucía; pongamos que hablo de Murcia. (Aplausos). Son comunidades
autónomas que están desmantelando la sanidad pública a una velocidad tal,
que se nos va la vida. Donde éramos pacientes, estamos empezando a ser
clientes. Así nos ven los gobernantes del PP: como clientes. (Aplausos).
Esto lo digo yo porque vivo en Andalucía y conozco la situación de
Andalucía, pero también está pasando, a pesar de lo que se ha dicho aquí,
en Madrid y en Murcia. Además, lo ratifica un informe que ha realizado la
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, editado
recientemente, que concluye que Madrid, Murcia y Andalucía obtienen los
peores rankings en este estudio comparativo de las diecisiete comunidades
autónomas. (Aplausos). El deterioro del sistema de salud pública en
aquellas comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan lo dicen los
números, lo dicen los estudios, lo dicen los indicadores, y lo decimos
los usuarios. Por eso, su moción es un brindis al sol que no ha
contrastado la inversión y la apuesta del Gobierno con las ciudades de
Ceuta y Melilla, que son, como hemos dicho, ciudades con una casuística y
especificidad muy sensible que requieren respuestas concretas y acciones
reales, que es lo que se está haciendo. Repito lo que ha dicho un
compañero: consejos vendo que para mí no tengo, señorías.


Por tanto, nuestra enmienda se presenta para ser
asumida en los siguientes términos: continuar mejorando la calidad de la
asistencia sanitaria en las ciudades de Ceuta y Melilla para garantizar
la plena igualdad con los ciudadanos peninsulares. Continuar desplegando
medidas económicas y no económicas para fidelizar al personal sanitario y
hacer atractivos los puestos de trabajo en las áreas de salud de Ceuta y
Melilla y sus hospitales. Concluir a la mayor brevedad posible las obras
y dotación del nuevo Hospital Universitario de Melilla. Y continuar
renovando paulatinamente las dotaciones y equipos del Hospital
Universitario de Ceuta.


Esperamos que asuman este texto, que nos compromete
a todos y a todas, para no parar en la mejora sanitaria de Ceuta y
Melilla.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora proponente, para
indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.


La señora ACEDO REYES: Gracias, señora
presidenta.


No vamos a aceptar ninguna de las enmiendas.
(Varias señorías del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Ooooh!). Creo que
se lo están tomando ustedes a broma, ¿saben? Los sesenta días de huelga
indefinida de los médicos en Melilla al grito de Sánchez a la calle no
son ninguna broma para los pacientes de Ceuta y Melilla (Aplausos), así
que un poquito de seriedad no vendría nunca mal para esa sanidad pública
y de calidad de la que hablan, y no tomársela a cachondeo
permanentemente.


Señoría socialista, la casuística y especificidad a
la que usted ha hecho referencia aquí no la conoce. Y el ministro
Miñones, tampoco. Ni usted ni el ministro Miñones la conocen. Y el
Partido Socialista de Melilla, si la conoce, está mirando hacia otro
lado; si no, pregúntenselo a los profesionales sanitarios.


En cuanto a las enmiendas de Vox, una de ellas
plantea exactamente lo mismo que recogemos nosotros en la moción, por
tanto, nos quedamos con nuestro texto. Por otro lado, con respecto a la
atención sanitaria de la población flotante que entra por la frontera,
que se plantea en su moción, definitivamente no concebimos que vuelva a
suceder lo que pasó, porque directamente haría la prestación del servicio
insostenible. Imagínense ustedes que el Hospital de Melilla atendiera
a 700 000 personas de la provincia de Nador. Insostenible. Por tanto, no
lo concebimos. Además, ya hay una magnífica propuesta que está en manos
de la dirección del Ingesa, realizada por los jefes de servicio de la
ciudad de Melilla, sobre la dotación de medios humanos, es decir, los
médicos que necesitan, que es la que verdaderamente hay que atender.
¿Para qué más estudios de personal que acaban en un cajón? Por tanto, no
la aceptamos.


Respecto a la enmienda del PSOE, evidentemente no
la vamos a aceptar porque es la broma menos graciosa que nos han gastado
durante toda la legislatura del señor Sánchez. Ustedes, que se han negado
a sentarse con los profesionales sanitarios; ustedes, el Partido
Socialista. Ustedes, que han condicionado la negociación de las
condiciones laborales, salariales y retribuciones de los médicos a la
suspensión de la huelga. Es muy democrático todo: Ustedes suspendan la
huelga, y nosotros nos sentamos. Si no, el señor Sánchez no está con la
sanidad pública y de calidad.


Lo que tendrían que hacer es coger las riendas del
Ingesa y trabajar mano a mano con los médicos para que la negociación sea
lo más fructífera posible y la huelga acabe cuanto antes. Es la única
manera de que decaiga esta huelga indefinida, y llevan ustedes sesenta
días de retraso.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias,
presidenta.


Senadora Acedo, no sé si sería insostenible o no la
atención de la población flotante en el Hospital Universitario de Ceuta y
en el de Melilla, pero le puedo decir que es una realidad; si no,
coménteselo a los sanitarios que allí trabajan, que seguramente le dirán
que está usted equivocada.


Señorías, es cierto que la sanidad en Ceuta y
Melilla es competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad y, por tanto,
del Gobierno de España, a través del Ingesa. Es cierto que en las
ciudades autónomas tenemos muchas carencias en nuestra sanidad, como una
cartera de servicios limitada, falta de centros hospitalarios de
referencia, falta de profesionales sanitarios en los equipos de atención
primaria y de atención especializada, traslados y jubilaciones que no son
tenidas en cuenta, fugas de especialistas médicos, problemas de
incompatibilidad en el ejercicio de la medicina pública y la medicina
privada, así como desmotivación de los profesionales, listas de esperas y
un largo etcétera.


Señorías, dice el titular de Europa Sur que les
muestro que la sanidad ceutí perderá diez médicos en los próximos meses.
El presidente de la junta de personal en Ceuta añade: No es nada que
pueda extrañar a nadie, porque el problema de la pérdida de especialistas
es algo que estamos hartos de denunciar sin que a nadie parezca
importarle. También recuerda pérdidas anteriores de ginecólogos y
pediatras. Continúa diciendo que, si las condiciones en otros lugares son
mejores en jornada laboral y retribuciones, entre otras cosas, y no
existe presión asistencial, como en Ceuta, que, por cierto, no está
reconocida por el Ingesa, los profesionales se van a buscar esas mejores
condiciones. Y finaliza diciendo que existen intereses políticos entre
los dos grandes partidos. El usuario queda en el medio, y creo que
debería ser el usuario quien, a falta de preocupación de los gobernantes,
reclamara lo que le corresponde. Esta noticia parece que es de ayer, pero
no, es del 21 de diciembre de 2007, y ya hablaba de pérdidas de médicos
en el pasado.


Señorías, como bien demuestra este titular, la
situación a la que hemos llegado no es de ahora. Es una situación agónica
de la sanidad en Ceuta y en Melilla que no es solamente culpa del
Gobierno de Pedro Sánchez o de sus políticas, que también. Esta situación
viene de hace mucho, mucho tiempo, con gobiernos del Partido Socialista,
pero también con gobiernos del Partido Popular, que, con sus mayorías
absolutas, no hicieron nada para mejorarla. Es una sanidad maltratada y
olvidada por los dos grandes partidos que nos han gobernado: Partido
Popular y Partido Socialista. Pero ¡cómo se nota que las elecciones están
a la vuelta de la esquina! La sanidad de Ceuta y Melilla se ha colado en
la campaña electoral de las elecciones municipales, y el Partido Popular
no va a dejar pasar esta oportunidad en el Senado y va a utilizar la
dramática situación de la sanidad de Ceuta y Melilla para intentar hacer
la campaña a sus candidatos en las ciudades autónomas. Porque, viendo su
propuesta, que habla de un asunto mediatizado por la huelga de
facultativos desde que se inició hace más de cuarenta días, resulta una
moción muy general, con mucha palabrería y pocas propuestas propias.


Señorías del Grupo Popular, en Vox nos preguntamos
por qué el Grupo Popular no ha traído esta moción mucho antes, al
principio de la legislatura, y ha esperado a que sus compañeros, senador
Román, se hayan puesto en huelga. Nos preguntamos por qué, si ustedes han
formado parte de los gobiernos centrales con mayorías absolutas, no han
hecho nada por mejorar esta problemática y hoy vienen aquí como adalides
de los sindicatos médicos a traer las propuestas de ellos y a decir cuál
es la solución para la sanidad en Ceuta y Melilla. Y también nos
preguntamos cómo, si ustedes pretenden dar solución a los problemas de la
sanidad de Ceuta y Melilla, no hacen en su propuesta ninguna alusión a
ningún otro colectivo que no sea el médico. Y es que se han olvidado de
colectivos sanitarios como los enfermeros, fisioterapeutas, matronas y
técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Además, se olvidan ustedes
de los colectivos no sanitarios, como son administrativos, celadores,
vigilantes de seguridad, limpiadoras, cocineros, lavanderos o servicios
de mantenimiento. En fin, hablo de muchos colectivos a los que ustedes,
señorías del Grupo Popular, en su propuesta no han hecho ni siquiera
mención, pero todos ellos forman parte del sistema sanitario y sin ellos
no sería posible una sanidad de calidad que funcionase adecuadamente.
Imagino que se les habrá olvidado y que no será por desconocer cómo
funciona la sanidad pública.


Hoy nos traen su propuesta, llena de palabrería y
de objetivos que no pueden cumplirse, para intentar rascar los votos que
no han podido conseguir con sus políticas de dejadez en ambas ciudades
autónomas. Y les recuerdo que ustedes han gobernado con mayorías
absolutas también en Ceuta y en Melilla. No nos tomen por tontos a los
ceutíes y a los melillenses, porque las políticas de los gobiernos del
Partido Popular, al igual que las políticas de los gobiernos socialistas,
las hemos padecido durante muchos años.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría,
vaya terminando.


La señora MERELO PALOMARES: Termino, señora
presidenta.


La sanidad en Ceuta y Melilla está en coma,
agonizando o directamente va camino del cementerio, como quieran. Pero no
solo la sanidad; también la falta de seguridad en nuestros barrios, la
educación, la economía, el desempleo o la falta de viviendas para
nuestros jóvenes les impide un proyecto de vida allí. Y, sobre todo, las
políticas marroquinizadoras del bipartidismo, que hacen que nadie quiera
ir allí y todos se quieran marchar, políticas que dependen en su
totalidad del Gobierno de la nación.


Si de verdad quieren solucionar los problemas de
los ceutíes y melillenses, déjense de mentirnos, dejen de hacer ruido con
este tipo de propuestas, déjense de reproches. (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría,
debe terminar.


La señora MERELO PALOMARES: Sobre todo, pónganse a
trabajar cuando estén gobernando, porque ni los ceutíes ni los
melillenses merecemos la ineptitud de los políticos que nos han
gobernado, que han permitido que en Ceuta y Melilla tengamos la peor
sanidad de toda la Unión Europea.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
tiene la palabra el senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, presidenta.


Desde Ceuta Ya y Coalición por Melilla nos indican
que estamos ante una moción hipócrita y cargada de electoralismo puro y
duro. (El señor vicepresidente, García-Escudero Márquez, ocupa la
Presidencia). El PP y el PSOE son igualmente responsables de la sanidad
que están viviendo las ciudades autónomas. Las competencias en sanidad
corresponden en exclusiva al Estado, y la responsabilidad directa del
Estado en la sanidad pública de los dos municipios es responsabilidad,
obviamente, de quien ha estado gobernando: Partido Popular y Partido
Socialista.


En noviembre del año 2020 Ceuta presentó en el
Pleno de la ciudad un plan de reforzamiento de la sanidad pública, plan
que fue aprobado, pero sobre el que el Gobierno de la ciudad, del Partido
Popular, no ha hecho absolutamente nada. Tenían que haberlo tramitado.
Esta propuesta tendría que haber llegado a las Cortes Generales por parte
del Gobierno de la ciudad, pero no han hecho nada. Lo metieron en el
cajón del olvido. Pero lo más interesante del debate de ese plan fue la
intervención del consejero de Sanidad del Partido Popular, Alberto
Gaitán, que defendió a ultranza el estado de la sanidad en Ceuta y lo
hizo defendiendo y aplaudiendo el plan estratégico aprobado por el
Gobierno del Estado para las dos ciudades. Dijo abiertamente que ese plan
ya recoge muchísimas mejoras que ha llegado a aplaudir, como la
declaración de área de difícil desempeño sanitario y la ampliación del
complemento retributivo a los profesionales. También aplaudió el plan de
recursos humanos, por el que se ampliaba el número de profesionales de
sanidad. El Partido Popular en Ceuta también defendía la ampliación de la
cartera de servicios que se recogía en dicho plan, plan que desde Ceuta
Ya se había tildado como una estafa, pero que el PP ha venido defendiendo
a capa y espada en Ceuta. Por ejemplo, en Ceuta Ya se echaba en falta en
materia de salud mental que para una población de más de 80 000
habitantes solamente se dispusiera de dos profesionales, cuando la media
daría para once. Esto lo defendía el Partido Popular en Ceuta, y ahora
aquí cambia de guion. Allá dice que todo va muy bien y aquí dibuja una
sanidad destartalada en la ciudad. No sabemos con qué versión quedarnos.
Y no hay que olvidar lo que transpira esta moción: una confrontación
directa entre la sanidad pública y la privada. Hay un punto en el cual
fomentan la sanidad privada. Puede haber un debate sobre si los médicos
están bien o mal pagados, pero eso no puede significar el fomento o el
premio de compatibilidad con la sanidad privada. Hay que fomentar la
incompatibilidad, y los médicos que estén en el sistema público han de
tener exclusividad en el servicio público.


En Melilla, CPM, Coalición por Melilla, nos dice
que, a pesar de que algunos de los postulados de la moción se aproximan a
los de la fuerza municipalista, ni siquiera son capaces de copiar
correctamente las demandas del Sindicato Médico de Melilla y otros
actores sociales, colectivos y organizaciones con los cuales CPM se ha
reunido en diversas ocasiones y que le han transmitido la realidad de
Melilla, que conocen en profundidad. Pero no solo estamos hablando de un
defectuoso copia y pega del Partido Popular, propio de malos estudiantes,
sino ante el ejercicio de hipocresía y cinismo soberano que está
realizando. Ustedes se quejan en sede parlamentaria de todo lo que
ustedes mismos hicieron, y mucho peor, en Melilla entre los años 2012
y 2018, años negros para la ciudad. Ustedes son los responsables de la
paralización del hospital universitario. Ustedes son los responsables de
los recortes presupuestarios. Ustedes son los responsables de la
decadencia sanitaria y de la fuga masiva de profesionales hacia otras
autonomías, hartos de las condiciones laborales que les impuso el Partido
Popular, que miraba hacia otro lado mientras criticaba a los sindicatos,
intentando matar al mensajero. Trabajar por una sanidad pública,
universal y de calidad es algo que no les gusta, dado que prefieren
externalizarlo todo y convertir la sanidad en un negocio, generalmente
para empresas afines a sus postulados neoliberales.


Apostamos firmemente por una sanidad pública
excelente. En Melilla su nuevo hospital universitario debe ser la joya
del Sistema Nacional de Salud y un centro de referencia estatal fruto de
la implementación de políticas públicas cohesionadas, que, en un
territorio del Estado aislado y castigado por el paro y la pobreza,
aunque mucho menos que cuando ustedes gobernaban, son vitales para
vertebrar la ciudad social y políticamente.


Por lo tanto, sabiendo que esta es una moción con
la que ustedes únicamente buscan un titular, y que las mociones se quedan
simplemente en declaración de intenciones, pensamos que lo importante es
lo que hacemos en colaboración con CMP y Ceuta Ya: enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado, que ustedes votan sistemáticamente en
contra. Por consiguiente, menos mociones y más trabajo, que es lo que
echamos en falta.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senador Mulet.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, ¿desean
intervenir? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la senadora Peral.


La señora PERAL DÍEZ: Eskerrik asko, mahaiburu
jauna.


Únicamente intervengo para manifestar que mi grupo
se abstendrá en la votación.


Eskerrik asko.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senadora Peral.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Bildu, ¿desean intervenir? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Acedo.


La señora ACEDO REYES: Gracias, señor
presidente.


Señorías, solo el Gobierno de Pedro Sánchez es el
responsable de la situación agónica de la sanidad de Ceuta y Melilla. Los
médicos están desmotivados, ya no quieren venir a Ceuta y a Melilla a
ejercer su profesión. Hay pocos, cada vez menos, y, junto con las
jubilaciones, es muy probable que a corto y medio plazo en Melilla y
Ceuta no haya médicos suficientes para ofrecer una asistencia sanitaria
de calidad. Las contrataciones son escasas y la política de recursos
humanos del Ingesa es un absoluto fracaso. Nuestros médicos afirman
sentirse apestados por la directora general del Ingesa. Esta afirmación
es tan dura como triste. Convendrán conmigo, señorías, que, si faltan
médicos, el servicio será peor. Si los médicos están agotados por falta
de rotación, por hacer más guardias de las debidas o directamente porque
no tienen quienes les sustituyan, el servicio será peor. Convendrán
conmigo, señorías, que si nuestros médicos, a diferencia del resto de las
comunidades autónomas, no pueden compatibilizar la sanidad pública con la
consulta privada porque se les castiga con hasta 1000 euros de sueldo,
como no existe en otra comunidad autónoma de nuestro país, generándose
además un agravio comparativo con sus propios compañeros por hacer el
mismo trabajo, empeora la sanidad global. Convendrán conmigo, señorías,
que no responde a ninguna lógica que el ministro afirme en sede
parlamentaria que la asistencia sanitaria en Ceuta y en Melilla es de las
mejores de España.


Hablaba el señor ministro de las listas de espera.
Hablemos de las listas de espera. ¿Saben ustedes por qué en nuestras dos
ciudades, Ceuta y Melilla, no hay listas de espera en algunas
especialidades? ¿Lo saben? Porque no existen esas especialidades,
señorías socialistas, no existen. Dependemos de la Península; por eso no
hay listas de espera, no porque seamos la mejor sanidad de toda Europa,
como dijo el señor ministro en sede parlamentaria. Y para muestra, un
botón. En Melilla, para 87 000 habitantes hay un oncólogo. Repito: un
oncólogo. Hasta hace tres días teníamos una dermatóloga, que se ha ido
también, dos cardiólogos, dos especialistas en digestivo, dos radiólogos,
y así un largo etcétera. Para 87 000 habitantes, señorías. ¿De verdad se
pueden permitir el lujo de seguir mirando hacia otro lado ante esta
huelga indefinida de los profesionales sanitarios? (Aplausos). ¿De verdad
se lo pueden permitir?


La gestión del Gobierno socialista de esta crisis
sanitaria sin precedentes en Ceuta y en Melilla está siendo indolente,
está siendo insolente y está siendo soberbia. Indolente, insolente y
soberbia. Es inconcebible que tras sesenta días de huelga sanitaria
ustedes sigan empeñados en no dialogar con los médicos y con sus
representantes. Dejen ya de marear la perdiz, señorías socialistas.
Háganlo de una vez, atiendan las demandas de ceutíes y melillenses. No
nos falten más al respeto y cumplan con su obligación, que es la de
gestionar la sanidad en Ceuta y en Melilla. Cumplan con su
obligación.


Acabo. Como les dije antes, la mejor manera o, si
me apuran, la única manera de asegurar la integridad territorial de
España es garantizar el acceso de todos los españoles en igualdad de
condiciones, también de los ceutíes y melillenses, a los servicios
públicos básicos, en este caso, a la sanidad. Porque, si no, ¿qué sentido
tiene todo esto? ¿De qué estamos hablando, señorías socialistas? Pónganse
a trabajar, hombre. Póngase a trabajar.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senadora Acedo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador González Fernández.


El señor GONZÁLEZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señora Acedo, después de escucharla, la única que
ha venido aquí de cachondeo es usted. De cachondeo, señora Acedo, y de
bulos (Protestas.— Aplausos), concretamente, con dos cuestiones muy
importantes. Dice usted que no hay convenio en Ceuta y Melilla con
hospitales de referencia. Es falso. Está firmado con el Servicio Andaluz
de Salud. Entérese, señora Acedo. Dice usted que la sanidad madrileña es,
ni más ni menos, la mejor de Europa porque lo dice un ranking. ¡Pero si
ha tenido que salir la Comisión Europea a decirles que midan la salud de
los habitantes y no la calidad del sistema sanitario! Miente usted,
señora Acedo. Miente usted. (Aplausos).


Pero hoy quiero hacer un reconocimiento público al
Partido Popular. Suben aquí y se proclaman como defensores de la sanidad
pública y ni tan siquiera se sonrojan ni pestañean —eso es de
reconocer—, cuando ustedes en las comunidades autónomas en las que
gobiernan tienen a la sanidad pública en la UCI, en estado de coma.
(Aplausos.— Rumores).


Señorías, se lo voy a recordar con unos ejemplos
muy esquemáticos. ¿O llamamos a la curandera para que les haga un hechizo
y recuperen la memoria? (Aplausos.— Risas). En Andalucía, por la
puerta de atrás y con el dedo divino, han adjudicado ni más ni menos
que 243 millones de euros a clínicas privadas sin procedimiento alguno en
los años 2021 y 2022. (Aplausos). Y han abierto por primera vez en la
historia la puerta a la privatización de la atención primaria tasando las
consultas a un precio superior que el que perciben los facultativos en la
pública.


Tienen ustedes la desfachatez de hablar de Ceuta,
donde, por si no lo saben, hemos incrementado el presupuesto del Ingesa
un 32 % con respecto al año 2018, cuando estaban ustedes. Se ha llevado a
cabo la ampliación del servicio de urgencias; se ha formalizado la
instalación del equipo de cirugía robótica; por primera vez en la
historia se ha puesto una unidad de hemodinámica —repito: por
primera vez en la historia—. (Aplausos).






Y fíjense, ¿saben dónde
estaba el presidente Pedro Sánchez el 6 de marzo? Poniendo en marcha el
centro de salud El Tarajal, con una inversión de más de 5,6 millones de
euros que van a ayudar a la atención sanitaria de más de 22 000
ciudadanos. (Aplausos).


Me hablan de Melilla. ¡Por favor! Si en Melilla
ustedes recortaron hasta las ambulancias y la gente se moría esperando a
que llegase la ambulancia a su casa. (Aplausos.— Rumores). Señorías
del Partido Popular, no se enteran (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Señorías.


El señor GONZÁLEZ FERNÁNDEZ: Me hablan ustedes del
Hospital Universitario de Melilla, ustedes, cuando nació del compromiso
de José Luis Rodríguez Zapatero. (Rumores.— Aplausos). Y, señorías,
ha tenido que venir un presidente socialista para sacarlo del cajón del
olvido y del desastre en el que ustedes lo tenían metido. Y es que no
pagaban ni las certificaciones de obra y las obras han estado paralizadas
con ustedes. Pero, tranquilos: en 2023 Melilla va a tener ese hospital,
por el compromiso del presidente Sánchez, que va a contar con una unidad
de Psiquiatría con catorce camas, un hospital de día oncohematológico,
una unidad de cirugía mayor ambulatoria, una unidad de rehabilitación
posquirúrgica... (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.


El señor GONZÁLEZ FERNÁNDEZ: … y también con
robots quirúrgicos y resonancias tres teslas, de la más alta resolución.
Esos son servicios nuevos.


Les voy a hacer una pregunta, y a ver si me saben
responder. ¿Cuántos planes de inversión específicos para Ceuta y Melilla
aprobó el Partido Popular cuando gobernaba? ¿Cuántos? (Varias señorías
del Grupo Parlamentario Socialista: Cero). Cero. Pues entérense y no
lancen más bulos. El Partido Socialista, el Gobierno de España ha
aprobado un plan de desarrollo socioeconómico de más de 711 millones de
euros. (Aplausos). Es histórico, señorías, histórico. Y en ese plan hay
un eje fundamental sobre la sanidad pública.


Señorías, finalizo y les digo que, aunque les
duela, las listas de espera en Ceuta y Melilla son las más bajas de
España: de treinta y dos días en Ceuta y de treinta y nueve en Melilla,
cuando la media nacional es de ciento veinte días. Aunque les duela, es
así.


Nosotros nos dejamos de curanderas y trabajamos de
verdad. (Rumores), y el Grupo Socialista vamos a trabajar por menos
derechas y más derechos, porque ustedes quieren desmantelar los servicios
públicos y las conquistas ciudadanas.


Muchas gracias. (Aplausos.— Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Señorías, un poquito de silencio, por favor.


Señorías, vamos a proceder, a continuación, a abrir
el plazo para que los senadores autorizados emitan el voto electrónico
remoto de los siguientes asuntos:


Toma en consideración de la Proposición de Ley por
la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
de régimen local, para la adición de un nuevo artículo regulador de las
medidas alternativas a las sanciones pecuniarias, cuyo autor es el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


Propuesta de modificación de la moción por la que
se insta al Gobierno a garantizar la administración abierta, sin
necesidad de cita previa, reforzar la citación y atención presencial e
intensificar la atención prioritaria y preferente para los mayores de
sesenta y cinco años. Propuesta de modificación presentada por los grupos
Socialista, Popular, Vasco, Democrático y Nacionalista, con número de
registro de entrada 177316.


Moción por la que se insta al Gobierno a transferir
a la Generalitat de Cataluña la sede de la Jefatura Superior de Via
Laietana de Barcelona, para su reconversión en un espacio memorialístico
de la represión franquista en Cataluña y de la lucha por las libertades
democráticas, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu. Se votará en sus propios términos.


Moción por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas para mejorar la situación de la
asistencia sanitaria en las ciudades de Ceuta y Melilla, cuyo autor es el
Grupo Parlamentario Popular. También se votará en sus propios
términos.


Se abre el plazo de quince minutos desde este
momento, en que son las trece horas y cincuenta minutos, hasta las
catorce horas y cinco minutos.


Asimismo, les recuerdo que la votación presencial
de estas iniciativas tendrá lugar una vez finalizado este plazo, cuando
sea anunciado por la Presidencia.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS FAVORABLES A LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES
ESPAÑOLES.


662/000168

GPS


El señor vicepresidente, García-Escudero Márquez,
lee los puntos 5. y 5.1.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado y una del Grupo Parlamentario
Democrático.


Para la defensa de la moción, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Muñoz.


El señor DÍAZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Tengo el honor de presentar hoy, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, una moción que habla sobre el que creo es
el principal problema que tiene mi generación, el principal problema que
tiene la generación de miles de españoles menores de 35 años: el del
acceso a la vivienda y la emancipación. Es un problema, señorías, que no
es nuevo, que se arrastra desde hace muchos años, casi décadas, y que se
encuentra perfectamente reflejado en numerosas estadísticas. Quiero hacer
mención hoy aquí del Observatorio de Emancipación Juvenil, que cada
semestre presenta un informe al Consejo de la Juventud de España, y que
en su última edición demuestra que el 82 % de los jóvenes españoles
tienen problemas para encontrar una primera vivienda o poder marchar de
casa de sus padres.


Todos tenemos en nuestro entorno a gente que sufre
esta realidad, y un Gobierno responsable tiene dos opciones ante este
reto: dejar pasar el tiempo, o tomar las riendas, poner medidas, poner
dinero sobre la mesa y afrontar con valentía y determinación este reto
generacional. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de España, eso es lo
que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez, mal que les pese a muchos, y
son muchas las medidas que se han anunciado en los últimos meses. Quiero
destacar aquí el bono de alquiler joven, que ha puesto en manos de las
comunidades autónomas 200 millones de euros para que los jóvenes pudieran
acceder a una ayuda de 250 euros al mes durante dos años para poder pagar
parte del alquiler. También, el tope del 2 % de los alquileres, que se ha
aprobado con motivo del paquete de medidas económicas fruto de la crisis
económica que estamos sufriendo tras la invasión de Ucrania. Y hay otras
muchas medidas, muchas de ellas reflejadas en la Ley de vivienda que se
está tramitando en estos momentos en el Congreso de los Diputados y que
verán la luz una vez pase por esta Cámara.


Señorías, son hechos, realidades, medidas. Esto es
lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez. (Aplausos). Además, ayer, desde
esta misma tribuna, mientras ustedes bramaban prácticamente, porque no se
les veía nada contentos cuando el presidente anunciaba muchas de estas
medidas, se puso sobre la mesa que hay un total de 113 000 viviendas que
se van a poner a disposición por parte del Gobierno de España para
que 113 000 jóvenes puedan emanciparse, para que 113 000 jóvenes puedan
acceder a un alquiler con un precio digno (Aplausos), para que 113 000
jóvenes puedan emprender un camino de vida que creo que todos merecemos a
cierta edad. Es poético, si me lo permiten, que en este caso se vayan a
emplear muchas viviendas de la Sareb, ese invento que surge durante el
Gobierno de Mariano Rajoy, ese invento que no nos iba a costar ni un euro
a los españoles y que ya nos ha costado 50 000 millones de euros, con lo
que todos los españoles con nuestros impuestos hemos tenido que rescatar
las tropelías inmobiliarias que se realizaron en este país fruto de la
Ley del suelo que aprobó José María Aznar en el año 1998. La
improvisación, la avaricia, la especulación, todo eso tuvo que ser
rescatado por el Estado cuando el Estado, gobernado por el Partido
Popular, no era capaz de rescatar a los muchos españoles que pasaron
penurias hace ahora diez años.


Como decía, no se ve a ustedes muy contentos con
estas medidas. Pero es que, ayer, para que estuvieran más contentos
todavía, el presidente anunció que también se va a utilizar suelo del
Ministerio de Defensa para poder construir vivienda de alquiler. Y es que
aquí se establecen dos modelos muy claros, señorías, que creo que hoy
también hay que comparar. Las políticas públicas que el Gobierno de Pedro
Sánchez está implementando durante esta legislatura ponen fin a la
política de la especulación, a la política del pelotazo y a la política
que llevó a este país a la práctica quiebra con motivo, como decía antes,
de la Ley del suelo del señor Aznar. Se pone fin, por tanto, al frenesí,
a la especulación, a la avaricia, a los muchos casos de corrupción de los
que algunos por aquí también saben que surgieron en ese tiempo, con una
política de vivienda pública que pretende construir nuevas viviendas y
también poner a disposición un parque de alquiler digno, algo que ningún
Gobierno había hecho en los últimos años.


Pero es que ustedes no han superado esa etapa de la
avaricia y de la codicia de la que hablaba antes. Ayer, el señor Feijóo
estuvo hablando durante cuarenta y cinco minutos desde esta tribuna y no
hizo ni una sola propuesta en materia de vivienda, ni una sola. Ni tan
siquiera vendieron ese plan que ustedes presentaron la pasada semana a
bombo y platillo junto a las nuevas generaciones de su partido, en el que
hablaban de medidas que ya se están implementando y de otras que creo que
también tenemos que poner hoy aquí sobre la palestra. Por cierto, ¡vaya
escenografía para hablar de la precariedad de la juventud para alcanzar
esa primera vivienda! En un ático, con vistas a la Puerta del Sol, donde
la señora Ayuso vigila todas las políticas que realiza el señor Feijoo,
en la zona centro de Madrid, en una de las zonas más caras. Demuestra,
desde luego, lo muy alejados que están ustedes y el señor Feijóo de la
realidad de la juventud de este país. (Aplausos).


Hablan ustedes, y lo reiteran en las enmiendas que
han presentado, de jóvenes con solvencia. ¿Nos pueden explicar qué son
jóvenes con solvencia? Resulta que ustedes quieren dar una ayuda o un
aval para que haya jóvenes que puedan acceder a la primera vivienda,
pero, eso sí, reclaman solvencia. ¿Qué es solvencia? ¿Qué es un joven con
solvencia y qué es un joven sin solvencia? ¿Lo pueden aclarar? ¿Ustedes
hacen políticas de vivienda para quienes tienen dinero en la cuenta o
para quienes tienen más pulseritas con la bandera de España en la muñeca?
¿Para quién hacen ustedes política? Yo les voy a decir para quién hacemos
política los socialistas. Los socialistas hacemos política para que los
jóvenes con solvencia y que tengan problemas y, sobre todo, jóvenes que
no tengan esa solvencia económica puedan acceder a una vivienda digna.
Eso es lo que está consiguiendo el Gobierno de Pedro Sánchez con estas
medidas.


Pero hablemos también del ámbito competencial. ¿De
quién son las competencias en vivienda, señorías? ¿Son del Estado? No.
¿Son de las comunidades autónomas? Sí, en exclusiva, y eso es algo que
también hay que mencionar. Resulta que el Gobierno de España, que no
tiene la competencia, pone sobre la mesa varios millones de euros a
disposición de las comunidades autónomas para que hagan algo —las
que no hacen nada, porque hay otras que sí cumplen más o menos con su
tarea—, y no están ustedes contentos. Me he preocupado en ver
—creo que esto es de especial interés ahora, cuando estamos a un
mes y dos días de renovar varios parlamentos autonómicos— qué dicen
los presidentes del Partido Popular. Castilla y León, el piso piloto del
PP con la extrema derecha —esto no lo digo yo, lo dijo
Abascal—: Es una política de improvisación y una ocurrencia. Luego
el portavoz de la Junta acaba diciendo que no es mala idea. Andalucía,
que está en manos del exmoderado y ahora absolutista señor Moreno
Bonilla: El Gobierno de España toma medidas sin contar con las
comunidades autónomas. Es muy grave. Es un Gobierno intervencionista. Nos
vamos a ir a los juzgados. Esta es la mejor: Galicia. El presidente
Rueda, sucesor de Alberto Núñez Feijóo, dice que Galicia no ha promovido
viviendas públicas antes porque no habían detectado el problema; o sea,
el señor Rueda, del Partido Popular, dice que Feijóo, que ha estado trece
años de presidente de la Xunta, no ha hecho absolutamente nada para que
haya vivienda para los jóvenes gallegos. (Aplausos). Qué suerte tienen
los jóvenes gallegos porque debe ser el único territorio de España donde
no hay problemas de vivienda. Murcia —vaya Gobierno que tienen en
Murcia—: la Ley de la vivienda es sectaria e intervencionista. Y,
ojo, la mejor después de Galicia es Madrid. La que manda en el Partido
Popular, la señora Ayuso, dice que va al Constitucional, que no va a
cumplir la ley —vaya constitucionalismo y vaya lealtad
institucional— y que el Gobierno de España trata de eclipsar las
políticas de la Comunidad de Madrid. Y, fíjese, la semana pasada salía
una noticia que a mí me llamó mucho la atención. ¿Saben ustedes, saben
los hooligans, muy especialmente la señora Ayuso, que Madrid perdió
población el año pasado? Y esa pérdida de población de Madrid capital y
de la Comunidad de Madrid se lleva extendiendo en los últimos años:
Madrid ha perdido 54 000 habitantes desde el año 2019, a pesar de ser la
capital de la nación, a pesar de su tirón económico, a pesar del
beneficio que tiene el hecho de ser la capital de España. ¡Y pierden
habitantes! ¿No piensan ustedes que una de las causas por las que Madrid
pierde habitantes es porque la tensión inmobiliaria que existe hace que
sea insoportable vivir en lugares como este? ¿No les da vergüenza que la
señora Ayuso o los gobiernos autonómicos que ustedes presiden no hagan
absolutamente nada por que haya vivienda digna y que tenga que ser el
Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, el que ponga sobre la
mesa esta cuestión?


También quiero mencionar aquí el problema que
existe en la España donde no hay tensión inmobiliaria, en la España
vaciada, que yo me niego a denominar así, en la que también tenemos que
generar oportunidades. En este sentido, muchos jóvenes han puesto la
vista en esa España y lo que encuentran es que no hay oferta
inmobiliaria, que no hay vivienda. Eso es algo de lo que también hablamos
en esta moción y algo en lo que el Gobierno de España también está
actuando.


Voy acabando ya, presidente. El Gobierno hace
política para todos los españoles y para todos los jóvenes: los que viven
en zonas tensionadas y los que viven en zonas rurales o no
tensionadas.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Vaya terminando, señoría.


El señor DÍAZ MUÑOZ: Voy acabando. El Gobierno ha
puesto el foco sobre el verdadero problema que tiene la juventud en
nuestro país, señorías. Hablemos, trabajemos, dialoguemos, pero no
caigamos en el conformismo que ustedes, el Partido Popular, impulsan allá
donde gobiernan.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senador Díaz Muñoz.


Para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Rollán.


El señor ROLLÁN OJEDA: Gracias, señor presidente.
Muy buenos días, señorías.


Señor Díaz, le agradezco mucho que haya asociado la
presentación de la moción con el discurso del presidente Sánchez en la
jornada de ayer y con la Ley de vivienda que ya está siendo abordada en
el Congreso de los Diputados.


Las noticias que les muestro son la verdadera razón
por la que ustedes están hablando de vivienda: El Partido Popular
capta 500 000 votos de jóvenes en la horquilla comprendida entre la edad
de 18 y 35 años. Y, Alberto Núñez Feijóo sube un 52,1 % sus expectativas
de voto. (Aplausos). Esto evidencia cuál es la verdadera razón, la
motivación de la presentación de su moción.


Además, lleva algo que no compartimos, y se lo digo
sinceramente: el intervencionismo en el control de los precios. No se
trata de que no deseemos que no suba el alquiler de la vivienda, sino
porque, allí donde ha tenido lugar la intervención política de los
precios de la propiedad privada, el resultado ha sido siempre, en todas
las ciudades y por muchos aspavientos que hagan —aunque se rompan
el cuello—, reducción de la oferta, derivación al mercado oculto de
los contratos de alquiler y un incremento desmedido y desproporcionado de
todas y cada una de las rentas, señorías.


En cuanto a lo vivido en el Pleno de ayer, con
tanto anuncio, hay que decir que rozó lo esperpéntico. Al ritmo que van
las falsas promesas en vivienda del señor Sánchez, esto provocará que
antes de que finalice la legislatura todos los españoles podremos ser,
potencialmente, grandes tenedores de vivienda. Así, si cada semana
empiezan con 50 000, pasan a 43 000, luego suman 20 000, recuperan
las 20 000 y las 40 000 del ministro Ábalos y suman las 50 000 que luego
fueron 100 000, llegarán a 400 000 viviendas. De estas más de 400 000
—usted acaba de cifrarlas en ciento y pico mil—, ¿podría
decirme cuántas han entregado? Cuando ayer escuchaba en la tribuna hablar
de vivienda al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, bien podría
parecer que estaba interviniendo no a punto de cumplir su quinto año como
presidente del Gobierno, sino en el momento de su debate de investidura.
Han transcurrido cinco años y ustedes han sido un lastre para la
emancipación de nuestros jóvenes, les guste o no. (Aplausos).


Con el documento que estamos debatiendo hoy en el
Senado y, en paralelo, con la tramitación parlamentaria de la Ley de
vivienda-prookupación —okupa, que algo queda—, ustedes van a
provocar una espantada de la oferta de vivienda del sector; y cada día
serán más difíciles, más complicadas y más exigentes las condiciones y
los requisitos para que nuestros jóvenes puedan emanciparse. Ustedes han
preferido contar viviendas imaginarias al contador de los violadores
reales, señoría, esos que se benefician y que se van a seguir
beneficiando. Sí, sí, es que muchas de aquellas a las que más violan son
estas a las que usted defiende: las jóvenes, señoría.


Como decía, esto de la vivienda es una cuestión muy
seria, francamente, y nosotros lo que hacemos es apostar por la vivienda
social, por la vivienda de protección, sea de promoción pública o
privada, al potenciar también el alquiler de la vivienda asequible
mediante el modelo de colaboración público-privada. También apostamos por
reforzar la seguridad jurídica de los propietarios, que están viendo
atemorizados cómo están siendo ocupadas sus viviendas y la consecuencia,
les guste o no, es que esas viviendas, que podrían seguir siendo
alquiladas, se retiran del mercado porque directamente se ponen en venta.
Apostamos, consiguientemente, por la tolerancia cero a la okupación y
también por desalojar a los okupas de manera exprés. (Aplausos).
Apostamos por avalar hasta el 15 % del total de la vivienda a la hora de
adquirir e igualmente apostamos —y ya termino, presidente—
por favorecer y facilitar el aval de las cantidades que tengan que
depositar nuestros jóvenes al adquirir una vivienda, bien en propiedad,
bien en régimen de alquiler.


Gracias, señorías. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senador Rollán.


Para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador Fernández
Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias, señor
presidente, y buenas tardes, señorías.


El Partido Regionalista de Cantabria ya manifestó
ayer, durante la comparecencia del presidente del Gobierno, su
preocupación por las dificultades a las que se enfrentan nuestros jóvenes
a la hora de emanciparse. Nos preocupa porque es un problema real que los
jóvenes nos transmiten en la calle y para el que nos piden
soluciones.


Son ya varias las ocasiones en las que hemos
tratado en esta Cámara la necesidad de facilitar la vida al sector de
población de entre 18 y 35 años, pues son el presente y el futuro de este
país. Desde el inicio de la crisis económica de 2011, el paro juvenil en
España no ha bajado del 30 % y ha llegado a alcanzar el 50 %; 1 de cada 3
jóvenes en búsqueda de empleo se encuentra en paro y esto se traduce en
dificultades muy serias para emprender sus proyectos vitales, iniciar una
familia o independizarse. De ahí que tengan que quedarse a vivir cada vez
más con sus padres y esto deberíamos resolverlo entre todos. Por ello,
debemos poner en marcha medidas que ayuden a aliviar esta situación, que
en la mayor parte de los casos genera frustración y frena el desarrollo
de una capa de la población imprescindible para nuestro futuro.


Varias son las propuestas que el PRC ha traído al
Senado en materia de juventud, a instancias de las Juventudes
Regionalistas de Cantabria, entre las que destacan aquellas que lanzaban
la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de hacer la declaración de
la renta a los menores de 35 años cuyos ingresos no llegaran a 22 000
euros, aunque estos vinieran de más de un pagador —que fue
rechazada en comisión—, o el impulso de los planes de retorno de
jóvenes emigrados, unos activos imprescindibles que en su momento no
vieron oportunidades en España y tuvieron que buscarse la vida en el
extranjero.


El debate de la presente moción nos da la
oportunidad de dejar clara nuestra postura en otra cuestión importante.
Si antes hablábamos de problemas de empleo y falta de oportunidades,
ahora podemos hablar del acceso a la vivienda. Lo cierto es que este se
ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza, no solo de los
jóvenes, sino de la población en general. El alto precio que hace
inaccesible la adquisición y el disparado coste de los alquileres son los
principales motivos que hacen imposible la emancipación de los jóvenes,
aunque a ellos se une el problema de la inflación como un agravante más.
Como dicen en mi tierra, si la cuesta es empinada de por sí, el precio de
la electricidad o la cesta de la compra hacen ya imposible la
escalada.


Ante esto, nos parece interesante la iniciativa
presentada y compartimos muchas de las propuestas planteadas, por
ejemplo: la movilización del parque de vivienda anunciada, que a priori
parece una medida realista y beneficiosa; ampliar las ayudas al alquiler
de los jóvenes, o mejorar y simplificar los trámites para acceder a
ellas. Sin embargo, a nuestro juicio, queda algún cabo suelto que tiene
también importancia, como son las viviendas de protección oficial, cuya
razón es facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más
vulnerables independientemente de la edad. Por ello, y dado que estas VPO
son un instrumento que nos ayudaría a solventar gran parte de esta
situación tan mala, proponemos que un 25 % de esas promociones se reserve
a los menores de 35 años como mínimo, en caso de que haya demanda de esta
franja de edad, algo que cobra más sentido todavía tras la comparecencia
de ayer del presidente, en la que anunció la construcción
de 20 000 viviendas de protección oficial.


Tenemos una oportunidad de oro y podríamos matar
dos pájaros de un tiro al dar soluciones a la población en general, pero
también en particular a la capa más joven. Por ello, esperamos que sea
aceptada esta enmienda que, en nuestra opinión, es beneficiosa y
completamente factible.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senador Fernández Viadero.


Tiene la palabra el senador Díaz Muñoz para indicar
si acepta o no las enmiendas presentadas.


El señor DÍAZ MUÑOZ: Gracias, señor
presidente.


Empezaré por el Partido Regionalista de Cantabria.
Quiero agradecer al senador Fernández Viadero su propuesta. No la vamos a
aceptar porque creemos que, aunque es interesante y podemos compartir ese
fondo, es posible que entremos en un ámbito de invasión competencial. En
este sentido, como decía en la primera intervención, la vivienda es una
competencia exclusivamente autonómica y el hecho de fijar un porcentaje
en relación con la vivienda de protección oficial, para menores de 35
años —que entiendo, como creo que usted también, que es uno de los
colectivos más vulnerables, si no el más vulnerable en este momento, en
el acceso a esas viviendas—, es una cuestión que dependería de los
gobiernos de las comunidades autónomas, que son los que se van a
beneficiar de las políticas que está emprendiendo y que anunció ayer el
presidente Pedro Sánchez.


Señor Rollán, senador del Grupo Popular, le
agradezco también su propuesta. Cierto es que, como decía, es un copipega
de la propuesta de la que ayer tampoco hablaron demasiado porque se ve
que ya la han olvidado, pero que vendieron la semana pasada con el señor
Feijóo.


Usted ha enseñado aquí una encuesta. Ustedes son de
ganar encuestas; nosotros somos de ganar elecciones y creo que lo vamos a
demostrar una vez más el 28 de mayo. (Aplausos). No sé preocupen.


No me ha respondido a cuestiones que creo que son
fundamentales y que a nosotros nos preocupan. Uno, ¿qué significa el
término joven solvente?, ¿qué joven es solvente o qué joven no lo es?, ¿a
qué joven le concederían un aval y por qué a otro joven no? Desde luego,
es una medida oportunista que demuestra que el Partido Popular va a
rebufo de los anuncios que ha realizado el presidente Pedro Sánchez en
las últimas semanas y consideramos también que hay una escasa definición
en muchas de estas cuestiones.


No aportan nada nuevo, y yo sí que volvería a
instar a que gobiernen lo que tienen ustedes que gobernar, que son las
comunidades autónomas en las que gobiernan, porque el Gobierno pone
fondos a su disposición y a ustedes no les preocupará tanto la vivienda
si no utilizan esos fondos. Le voy a dar un titular: Madrid, Andalucía,
Castilla y León y Murcia son las comunidades autónomas que no concedieron
ninguna ayuda del bono de alquiler joven en el año 2022. El Gobierno de
Pedro Sánchez les da el dinero, pero ustedes son incapaces, porque no
pueden o porque no quieren, de poner a disposición de los jóvenes de sus
comunidades autónomas ese dinero. ¿Quiénes pagan? Los jóvenes andaluces,
madrileños, castellanos y leoneses y murcianos.


Pónganse las pilas, gestionen lo que les viene del
Gobierno de España, tengan ustedes alguna idea en su ámbito competencial
y, entre todos, sumemos para que este asunto, que es un asunto de Estado,
se pueda resolver o se pueda poner en cauces de resolución.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senador Díaz Muñoz.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
la senadora Rodríguez de Millán.


La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias,
presidente.


La verdad es que es una moción que dejaría perplejo
a cualquiera porque el PSOE relata en ella unos hechos y recrimina unos
datos como si no fueran ustedes los que están gobernando, como si ustedes
no hubieran contribuido en nada al problema que tienen hoy millones de
jóvenes españoles para emanciparse. Son ustedes los que están gobernando,
de manera que hagan lo que tienen que hacer en lugar de traer aquí
mociones para pedirse a sí mismos lo que no hacen porque no quieren. Y
son conscientes de esto que digo, porque, además, para disimular un poco,
utilizan la misma gramática de siempre: seguir trabajando... Bueno, es
que para seguir primero habrá que empezar. Además, ustedes mismos se
denuncian en la moción. Dicen que, según el Observatorio de Emancipación
del Consejo de la Juventud de España, la edad media de emancipación es
de 29 años y que el 82 % de los que buscan emanciparse tienen serios
problemas. Es que son ustedes los que llevan 5 años gobernando. ¿A qué se
han estado dedicando? Con los datos que dan y con todo lo que denuncian
es para que dimitiera el Gobierno que permite esto.


Ayer compareció el presidente del Gobierno y pintó
un escenario que no tiene absolutamente nada que ver con esto que
denuncian. En España somos líderes en paro juvenil —doblamos la
media de la Unión Europea—, y lo que ofrecen son contratos
precarios gracias a su reforma laboral y un bono de 400 euros que
previamente quitan a los padres en forma de impuestos. ¡Pues claro que
tienen problemas para emanciparse! Ustedes han tenido la Ley de vivienda
en el cajón un año, la sacan justo antes de unas elecciones, y mal, para
vender que van a solucionar en 6 meses lo que no han solucionado en todos
los años que han estado gobernando ustedes en España y en todos los
ayuntamientos españoles. Y es una ley rechazada por el Consejo General
del Poder Judicial, la doctrina y el sector inmobiliario por considerar
que las medidas que se proponen son ineficaces y que, además, serán
declaradas parcialmente inconstitucionales.


Muchos jóvenes no pueden emanciparse porque no
tienen un trabajo estable y de calidad que se lo permita, porque tenemos
un Gobierno que no está por la labor de ofrecer una formación de calidad;
que lo confía todo a los desfasados servicios públicos de empleo; que
castiga el emprendimiento; que dificulta la contratación; que sube los
impuestos, y que no ofrece condiciones adecuadas para la creación de
empleo para los más jóvenes. Tampoco pueden emanciparse porque no hay
viviendas suficientes. Y, ante eso, la solución no es topar el precio del
alquiler para ocultar que, con los salarios míseros que por culpa de sus
políticas cobran millones de jóvenes, estos no pueden acceder a una
vivienda. La solución es bajar impuestos, liberalizar suelo y construir
viviendas. Y lo que han hecho ustedes, igual que el Partido Popular
durante muchos años, ha sido secuestrar el suelo con recalificaciones y
bloquear la concesión de licencias durante años. ¿Cuántas licencias
tienen paralizadas los ayuntamientos? Pero ninguno de ustedes, que
denuncian esta terrible situación, se atreve a decirle a su líder que
llevan desde 2018 gobernando y que el parque de vivienda social está en
un 2,5 % en España, cuando la media de la Unión Europea es del 9,3 %. Los
pisos de la Sareb no están ahí desde ayer. ¿Qué han hecho con ese
patrimonio durante todo este tiempo? Lo sacan en precampaña
descaradamente y lo único que demuestran es un desprecio absoluto por los
jóvenes y por la inteligencia en general. El control de precios y el
intervencionismo en el mercado inmobiliario no solucionan la falta de
oferta para satisfacer la demanda, porque lo único que eso provoca es
escasez, que se desincentive el alquiler y que los propietarios dejen de
invertir en el mantenimiento de los inmuebles porque no les sale
rentable.


Lo que hay que hacer es garantizar el empleo
estable y de calidad para los jóvenes —porque el trabajo es el
mejor escudo social y la mejor forma de incentivar la
emancipación—, construir viviendas, rebajar la burocracia,
liberalizar el suelo que no deba estar protegido por motivos de interés
ambiental o para la defensa nacional, bajar impuestos y proteger el
derecho a la propiedad privada frente a los okupas y los arrendatarios
que dejan de pagar. En su iniciativa, ustedes hablan de desarrollar en
coordinación con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, pero
¿cuántos proyectos de vivienda están paralizados porque las tramitaciones
de esas administraciones están paradas? ¿Tiene datos el Gobierno sobre
eso? Lo que traen aquí es una burla porque son ustedes los que están
gobernando y los que han creado el problema durante años, sin hacer nada
para remediarlo, de manera que hagan lo que se piden a sí mismos y no nos
hagan perder el tiempo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán


¿Grupo Parlamentario Democrático? (Denegaciones del
señor Fernández Viadero). No hay intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
tiene la palabra el senador Chinea.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.


La iniciativa que hoy nos trae el grupo proponente
llega a esta Casa después de esa sucesión de anuncios de las últimas
semanas, en las que el presidente del Gobierno se ha comprometido a
usar 50 000 viviendas de la Sareb para un alquiler asequible o también
las 20 000 que se pretenden construir en terrenos que actualmente son
propiedad del Ministerio de Defensa. Todos los anuncios —algunos de
ellos hechos en actos del Partido Socialista— suman un total
de 183 000 viviendas, que el Gobierno del Estado deberá articular con las
administraciones competentes en la materia, que son las comunidades
autónomas.


La Agrupación Socialista Gomera, como ya dije ayer
al propio presidente del Gobierno, va a estar siempre al lado del
Gobierno en todas aquellas iniciativas que supongan más vivienda para los
jóvenes que más lo necesitan. Sin embargo, creemos que ya es hora de
pasar de los anuncios a los hechos porque la situación es totalmente
insostenible y no ya hoy, porque se trata de un problema que no es nuevo,
pues acceder a una vivienda digna en este país es una odisea desde hace
muchísimos años. Los ciudadanos y ciudadanas no quieren anuncios; lo que
necesitan son certezas. Las dudas tendrán que aclararse cuanto antes;
dudas como, por ejemplo, de qué plazos estamos hablando, cuántas
viviendas se van a construir en cada uno de los territorios de este país
o cuáles son los canales de diálogo que se han abierto con las
comunidades autónomas para coordinar esas acciones. Estas dudas van a
tener que aclararse. Llevamos años y años con una subida de precios
sostenida, especialmente después de la pandemia, y eso, unido a la falta
de vivienda social en este país, hace que la proporción de jóvenes que
realizan un sobreesfuerzo para pagar el alquiler mes a mes haya aumentado
significativamente y alcance ya una de las tasas más elevadas de Europa.
Señorías, reducir esta dificultad es crucial para mejorar las tasas de
natalidad que presenta este país, favorecer la capacidad de consumo y
ahorro de los hogares y evitar por esta vía un incremento de la
desigualdad.


Señorías, el sobrecalentamiento de los precios del
sector inmobiliario implica necesariamente la creciente dificultad de los
jóvenes para acceder a una vivienda digna, a lo que se suma también una
de las tasas de paro más elevadas y una de las tasas de precariedad más
altas de Europa. Por ello no alcanzamos a entender que, en un escenario
tan adverso como el que se presenta en el caso de la vivienda, se haya
demorado tanto tiempo la tramitación de la nueva Ley de vivienda que
incluye medidas imprescindibles, entre otras cuestiones, como sacar
viviendas vacías del mercado y aumentar el parque de vivienda social en
este país. Todo ello tendrá que materializarse y complementarse
necesariamente con un gran pacto que impulse la iniciativa privada para
que aumente la oferta de viviendas en el mercado y reduzca, de esa
manera, los altísimos precios en muchas zonas. Tenemos que ser
conscientes de que las viviendas de promoción pública solamente cubren
una parte de la demanda y que son muchos los jóvenes, y los no tan
jóvenes, que se quedan fuera de ellas por sus ingresos. No estamos
hablando de jóvenes millonarios de renta altas, señorías; hablamos de
muchos jóvenes que, por ejemplo, son trasladados a un sitio diferente a
su residencia habitual para ejercer su profesión y que se ven obligados y
obligadas a rechazar su puesto de trabajo por esa imposibilidad de pagar
los elevados precios del alquiler en determinadas zonas del país.
Hablamos de profesores, de profesoras, de médicos y de otros empleados y
empleadas públicas que deben realizar sustituciones y que, al menos en
algunas partes de mi tierra, Canarias, se ven obligados y obligadas a
vivir en caravanas o en una situación muy precaria para no perder su
plaza.


Así que, señorías, la vivienda es uno de los temas
que más preocupa a los ciudadanos y ciudadanas desde hace muchísimos
años, y no se trata de ofrecer soluciones mágicas. Hablamos de un asunto
vital y, como tal, hay que tomar decisiones sobre él y hay que tomarlas
ya. Nosotros, en Agrupación Socialista Gomera, vamos a apoyar esta
moción, pero lo hacemos con un voto bastante crítico porque no nos gusta
que estos asuntos afloren en periodo preelectoral y que luego
desaparezcan de un plumazo de la agenda pública una vez que se cierren
las urnas y se apaguen las luces.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senador Chinea.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra la senadora Castellví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gràcies, president.


Senyories del PSOE, i en contret Palacín i Díaz, la
seua moció identifica els problemes. Bé, però aquesta feina ja fa temps
que l’havien de fer. Estan acabant la legislatura. Ara ja
s’haurien d’haver fet les solucions. La moció no concreta
gens com resoldran aquests problemes, i és el com que ens interessa. Les
seues solucions són molt demagògiques. Estan dient tota l’estona
«seguir trabajando, continuar trabajando, reforzando los canales...» Això
és que el que han de fer: continuar treballant i reforçant canals. Només
faltaria. Però calen solucions, respostes concretes, no cantarelles de
bons propòsits, que és el que feu.


Junts per Catalunya creiem en els joves i donem
solucions concretes a la manca d’habitatges per als joves. Li poso
un exemple viscut en pròpia carn. Fa encara no dos mesos que vam fer una
moció al ple del meu ajuntament, Vandellòs i L’Hospitalet de
l’Infant, on soc regidora —que, per cert, és on manen vostès,
els socialistes—. Era una moció per generar i crear ajuts per
facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer a joves del nostre
municipi. Era una solució concreta a la manca d’habitatge, no cants
de sirena. I ves per on, vostès, els socialistes, hi van votar en contra.
Sí, sí, el PSC del nostre ajuntament va votar en contra. Per tant, ja
podeu començar a posar en pràctica el que dieu vostès en el mateix punt.
El Partit dels Socialistes esteu dient en el punt 2 de la vostra moció
«impulsar en coordinación con las comunidades autònomes y los
ayuntamientos». Doncs vinga, va, coordinin-se vostès primers perquè els
asseguro que massa cops ens trobem amb la casuística de donde dije digo,
digo Diego. Si realment el seu partit té com a prioritari posar mesures a
l’emancipació dels joves i a resoldre el problema de
l’habitatge, no hi posin traves en cap ajuntament ni en cap
institució pública. Perquè, com ha vist al meu exemple, això ho estant
fent. Per tant, prou de quedar bé de cara a la galeria.


Si realment volen ajudar els joves, i en concret
els joves catalans, traspassin la gestió de les beques universitàries;
cedeixin els 12.000 pisos de la SAREB per a lloguer jove; recuperin la
deducció estatal de la quota de l’IRPF del lloguer de
l’






habitatge habitual, retirada pel Gobierno de Rajoy, als menors
de 30 anys, i no recuperada pels governs posteriors, és a dir, no
recuperada per vostès; donin ajuts o facilitats als ajuntaments perquè
els joves tinguin accés a habitatge de lloguer.


Estarem molt amatents a les promeses que ahir ens
va fer el presidente del Gobierno. Estarem amatents per veure quants
pisos ens toquen d’aquests 20.000 promesos nous, però sí que està
clar que qui tocarà diners serà el Ministeri de Defensa, que és a aquí
compraran els terrenys. No vull dir massa cosa més perquè se
m’acaba el temps.


Senyories del PSOE, més acció, més solucions àgils,
immediates i ràpides per al present i el futur dels nostres joves. I
acabo donant l’agraïment a aquella colla de joves que hi ha a dalt
a la tribuna.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


Señorías del Grupo Socialista, en concreto señores
Palacín y Díaz, su moción identifica los problemas, pero esa labor ya
hace tiempo que deberían haberla hecho porque se está acabando la
legislatura; deberían haberse tomado ya resoluciones. La moción no
concreta nada sobre cómo van a resolver esos problemas, y es el cómo lo
que nos interesa. Sus soluciones son muy demagógicas. Hablan todo el rato
de seguir trabajando, reforzando los canales... Hombre, eso es lo que
tienen que hacer: continuar trabajando y reforzando canales, faltaría
más, pero hacen falta soluciones y respuestas concretas, no cantinelas de
buenos propósitos, que es lo que hacen.


Junts per Catalunya cree en los jóvenes y damos
soluciones concretas a la falta de vivienda para los jóvenes. En este
sentido, le pondré un ejemplo vivido en propias carnes. Hace apenas dos
meses presentamos una moción en el Pleno de mi ayuntamiento, Vandellòs y
l’Hospitalet de l’Infant, de donde soy concejala —por
cierto, donde mandan ustedes, los socialistas—, para crear ayudas
que facilitaran el acceso a la vivienda de alquiler para jóvenes de
nuestro municipio. Era una solución concreta a la falta de vivienda, no
cantos de sirena, pero, miren por dónde, ustedes, los socialistas,
votaron en contra. Sí, el PSC de nuestro ayuntamiento votó en contra. Por
tanto, ya pueden empezar a poner en práctica lo que dicen ustedes en el
punto 2 de su moción, donde hablan de impulsar en coordinación con las
comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pues bien, coordínense ustedes
primero porque les aseguro que demasiado a menudo nos encontramos con la
casuística aquella de donde dije digo, digo Diego. Si realmente su
partido tiene como prioridad implantar medidas para la emancipación de
los jóvenes y resolver el problema de la vivienda, no pongan trabas en
ningún ayuntamiento ni en ninguna institución pública porque, como ha
visto en el ejemplo que he puesto, lo están haciendo. Basta de quedar
bien de cara a la galería.


Si de verdad quieren ayudar a los jóvenes y, en
concreto a los jóvenes catalanes, traspasen la gestión de las becas
universitarias; cedan los 12 000 pisos de la Sareb para alquiler joven;
recuperen la deducción estatal en el IRPF por alquiler de vivienda
habitual retirada por el Gobierno de Rajoy a los menores de 30 años y no
recuperada por los gobiernos posteriores, es decir, no recuperada por
ustedes, y den ayudas o facilidades a los ayuntamientos para que los
jóvenes puedan acceder a la vivienda.


Estaremos muy atentos a las promesas que ayer nos
hacía el presidente del Gobierno. Estaremos atentos para ver cuántos
pisos nos tocan, de esos 20 000 nuevos prometidos, pero está claro que
quien va a tocar dinero es el Ministerio de Defensa, que es al que le van
a comprar los terrenos. No voy a decir mucho más porque se me acaba el
tiempo.


Por lo tanto, señorías del PSOE, más acción, más
soluciones ágiles, inmediatas y rápidas para el presente y el futuro de
nuestros jóvenes. Acabo agradeciendo su presencia al grupo de jóvenes que
está en la tribuna.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senadora Castellví.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la senadora Vaquero.


La señora VAQUERO MONTERO: Mila esker, mahaiburu
jauna. Arratsalde on guztioi.


La emancipación es una cuestión de primer orden
para nuestro grupo y lo es tanto por los efectos sociales y económicos
que produce su retraso como por la obligación ética de corregir la
inequidad que provoca este desequilibrio en las actuales generaciones de
jóvenes, y es que la emancipación tardía tiene sus consecuencias tanto
para las personas jóvenes, porque implica retraso y trastorno en el
desarrollo de sus proyectos de vida y familia, como desde el punto de
vista comunitario porque provoca desequilibrios intergeneracionales,
contribuye de modo decisivo al envejecimiento de la sociedad y genera
problemas en el reemplazo del mercado laboral y en el sostenimiento de
los sistemas de protección social.


Por todo ello, la relevancia estratégica y
transversal del adelanto de la edad de emancipación merece un análisis
más exhaustivo de lo que propone esta moción, pero, como todos sabemos,
la moción tiene otro objetivo, porque poco se dice en esta iniciativa
sobre las causas y medidas que hay que tomar para abordar la situación. Y
lo digo en plural, ya que únicamente se centra en una de las causas, la
vivienda —aunque sea muy importante—, que se ha convertido en
el tema estrella de la campaña electoral.


En cualquier caso, no nos engañemos, el objeto de
esta moción no es la emancipación tardía y no deseada en sí, sino
recordarle al electorado el mensaje que el Partido Socialista nos repite
una y otra vez últimamente, es decir, que ha sido el Gobierno de Pedro
Sánchez el que de una manera más decidida se ha dispuesto a afrontar el
reto con valentía. Ayer tuvimos una buena muestra de ello, ya que ahora,
en vísperas de la cita electoral, el presidente del Gobierno nos anuncia
un día sí y otro también nuevas viviendas públicas. Primero fueron
las 50 000 de la Sareb; no debió salir muy bien comunicativamente porque
unos días más tarde el presidente nos anunció la movilización de 43 000
viviendas mediante el ICO y en el Pleno de ayer nos hizo una nueva oferta
de 20 000 viviendas que se construirán en los terrenos de Defensa, a las
que luego sumó las que el ministerio está promoviendo o va a promover. Es
decir, que, calculadora en mano, ayer a mí me salían 183 000 viviendas,
eso sí todas en papel.


Volviendo al tema de la moción, en Euskadi partimos
de una realidad que es la siguiente: la media de edad de emancipación de
la población vasca es de 29,7 años, tres años más tardía que la media
europea, cuando la edad de emancipación deseada por los jóvenes es
de 24,5 años. En relación con el retraso en la edad de emancipación
respecto a la edad deseada, la juventud vasca destaca claramente tres
factores: empleo, vivienda y renta disponible. Ustedes, como he dicho
antes, solo abordan en esta moción la cuestión de la vivienda
—aunque las causas del retraso de la emancipación de la juventud
española entiendo que serán coincidentes, por lo menos en parte, con las
causas de la juventud vasca—, pero no plantean medidas para hacer
frente al paro juvenil y tampoco nos han hablado de la renta disponible.
Ayer supimos —y son datos de la OCDE— que este último año
habían caído en un 5,4 % los salarios de la ciudadanía del Estado. Sin
embargo, a mi entender, el dato más relevante es la pérdida de renta
disponible, que ha caído de 2019 a 2022 en un 7,85 % y que ha afectado en
mayor medida a la juventud. Pero de todo esto no se dice nada. La reforma
laboral incide en los contratos indefinidos, es verdad, pero no en el
empleo de calidad. Como todos ustedes saben —porque lo
saben—, son las personas jóvenes las que más sufren de precariedad
laboral.


Estos son los datos de la juventud vasca y para
hacer frente a ello el Gobierno vasco ha aprobado en Euskadi la
Estrategia vasca 2030 para favorecer la emancipación juvenil, con un
previo diagnóstico de la situación, con programa y presupuesto, y lo ha
hecho —y esto es lo más importante, tanto como lo anterior—
porque es competente para hacerlo, con un plan de actuación que se
estructura en cinco ejes: empleo, vivienda, renta, cohesión y
resiliencia. Por dar un dato —en este caso el de vivienda, ya que
ustedes solo inciden en él—, se ha incluido la emancipación en el
Pacto social por la vivienda, incrementando el cupo para jóvenes en las
promociones de vivienda pública y aumentando las ayudas al alquiler.
Además, para que estas personas jóvenes tengan más renta disponible, a
partir del año que viene, y en función de sus ingresos, se les ayudará
con 300 euros al mes para facilitar de este modo la emancipación de los
jóvenes de entre 25 y 29 años. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que para
favorecer la emancipación de la juventud vasca, señorías, en Euskadi no
esperamos a la actuación del Gobierno del Estado y menos aún en aquello
en lo que no es competente.


Ustedes dirán que no he hablado de la moción
presentada por el Grupo Socialista; en fin, se nos va a hacer muy larga
esta campaña electoral. Muy brevemente les diré que la moción plantea
nueve puntos que, básicamente, recoge el Proyecto de Ley de vivienda, que
previsiblemente mañana se aprobará en el Congreso y que vendrá en turbo
exprés al Senado. Por lo tanto, tendremos ocasión de tratar sobre ella en
breve, negociar no mucho y hablar un poquito. Si vamos punto por punto,
estamos de acuerdo con el objeto y fondo de lo que se plantea; cosa
distinta es a quién le corresponde la planificación y gestión de lo que
se propone porque, a pesar de que pudiera parecer lo contrario —y
permítanme la ironía—, antes de Pedro Sánchez ya había política de
vivienda en muchas comunidades autónomas. También en Euskadi.


Mila esker.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senadora Vaquero.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Bildu, tiene la palabra el senador Martí Deulofeu.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gràcies, president.


Senyories, intentarem, en primer lloc,
contextualitzar una mica el que entenem per emancipació juvenil. És cert
que la moció que proposa el PSOE se centra sobretot en mesures destinades
a l’accés a l’habitatge, però és important fer unes quantes
consideracions. Un estudi de Comissions Obreres de Catalunya alertava que
només el 17 % dels menors de 30 anys viuen fora de casa dels pares. Per
tant, també cal saber analitzar quina influència té la precarietat
laboral, és a dir, el treball a temps parcial o la temporalitat, entre
d’altres, en les dificultats per accedir a un habitatge. Els joves,
per exemple, segons aquest estudi, quan s’emancipen destinen entre
el 65 % i el 85 % del sou a pagar el lloguer. És a dir, segons aquest
informe, en cas de viure de manera independent els joves es trobarien
molt probablement en risc de pobresa o d’exclusió social. Mirin,
l’any 2020, la temporalitat se situava al 62 %; és a dir, sis de
cada deu contractes eren temporals entre els joves menors de 25 anys.
L’edat mitjana d’emancipació entre els països mediterranis se
situava als 30,17 anys.


Centrem-nos, però, ara en l’objecte
pròpiament de la moció. Nosaltres ho farem explicant primer unes quantes
perspectives que hem trobat a faltar al text. La primera és que es parla
—i això és cert— de l’accés a l’habitatge, però
no es parla, o no s’hi refereix expressament, al fenomen de
l’emergència habitacional. Trobem a faltar aquesta perspectiva.
També trobem a faltar la perspectiva històrica. El Partit Socialista
Obrer Espanyol també ha estat responsable de polítiques neoliberals,
afavorint els grans tenidors, i en determinats moments, la desregulació
del mercat. Hi ha una altra perspectiva, que és la de l’atenció
continuada des d’un punt de vista de conflicte competencial. La
Llei 24/2015, de Mesures urgents per afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i la
Llei 11/2020, de regulació de preus del lloguer, aprovades pel Parlament
de Catalunya, que vostès no van aprovar.


Pel que fa a la Sareb —després m’hi
referiré més profundament— i el bo social, el bo social és
clarament insuficient, i la Generalitat de Catalunya ha hagut de sortir a
complementar els recursos. Pel que fa al contingut d’algunes de les
propostes que vostès fan, trobem a faltar més ambició per fer front a
l’emergència habitacional. No es fa cap menció a com se solucionarà
el problema amb els grans tenidors, que es tradueixen en fons
d’inversió, i també en fons d’inversió estrangers. Això
sovint porta a fenòmens de gentrificació, i això significa que
s’expulsa la gent de la vida als barris i a les ciutats; a més a
més, tenint en compte que això sol coincidir amb el que es coneix com a
zones tensionades. També ens agradaria que s’hagués parlat més de
la responsabilitat social dels grans tenidors, que és un concepte que no
s’utilitza.


Pel que fa a mesures concretes, anem punt per punt.
Al punt número 2, ens agradaria que es fes una transferència de recursos,
una cessió, a la Generalitat i als municipis, del parc d’habitatge
públic recentment anunciat. Al punt número 4, Esquerra sempre ha votat a
favor de la regulació dels preus de lloguer, i en canvi el PSC no. Sembla
que aquesta mesura tingui més a veure amb una qüestió d’emergència
electoral que no pas amb una qüestió d’emergència habitacional. Al
punt número 8, els canals d’informació no sempre han de ser
estatals. Poden ser canals que vinguin des del propi territori. I el
primer punt: com blindem i garantim legalment el dret d’accés a
l’habitatge reconegut a la Constitució espanyola? Pel que fa a la
Sareb, aquests 21.000 habitatges que han d’anar a la cessió a les
comunitats autònomes i els ajuntaments, qui finançarà la posada a punt
dels habitatges que necessiten rehabilitació o estan ocupats? Quin serà
el model de gestió? Serà una gestió centralitzada, realitzada pel Govern
central, o bé a través d’administradors de finques —i acabo,
president—, a través de cessions als ajuntaments?


Des d’aquest punt de vista, trobem que la
seva proposta té algunes mancances. Malgrat tot, pel compromís que
Esquerra Republicana de Catalunya ha tingut sempre amb relació a
l’emancipació juvenil i el dret d’accés a l’habitatge,
votarem a favor de la moció.


Moltes gràcies, senyories. Moltes gràcies,
president. (Aplaudiments).


Gracias, presidente.


Señorías, en primer lugar, vamos a intentar
contextualizar un poco lo que entendemos por emancipación juvenil. Es
cierto que la moción que propone el Grupo Socialista se centra, sobre
todo, en medidas destinadas al acceso a la vivienda, pero es importante
hacer algunas consideraciones. Un estudio de Comisiones Obreras de
Cataluña alertaba de que solo el 17 % de los menores de 30 años viven
fuera de casa de sus padres. Por tanto, también hay que saber analizar
qué influencia tiene la precariedad laboral, es decir, el trabajo a
tiempo parcial o la temporalidad, entre otros, en las dificultades para
acceder a una vivienda. Cuando los jóvenes se emancipan destinan, según
este estudio, entre el 65 % y el 85 % del sueldo a pagar el alquiler, es
decir, que en caso de vivir de forma independiente los jóvenes se
encontrarían muy probablemente en riesgo de pobreza o de exclusión
social. En 2020 la temporalidad se situaba en el 62 %, es decir, 6 de
cada 10 contratos eran temporales entre los jóvenes menores de 25 años.
La edad media de emancipación en los países mediterráneos se situaba en
los 30,17 años.


Centrémonos ahora en el objeto propiamente de la
moción; nosotros lo haremos contando, primero, algunas perspectivas que
hemos echado en falta en el texto. La primera de ellas es que se habla
—y eso es cierto— de acceso a la vivienda, pero no se hace
referencia expresa al fenómeno de la emergencia habitacional, y echamos
en falta esa perspectiva. Asimismo, echamos en falta la perspectiva
histórica. En este sentido, el Partido Socialista Obrero Español también
ha sido responsable de políticas neoliberales que han favorecido a los
grandes propietarios y, en determinados momentos, también la
desregulación del mercado. Hay otra perspectiva que es la de la atención
continuada desde un punto de vista del conflicto competencial. Me refiero
a la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el
ámbito de la vivienda y la pobreza energética y la Ley 11/2020, de
regulación de los precios de alquiler, aprobadas por el Parlamento de
Cataluña y que ustedes no aprobaron.


En lo que se refiere a la Sareb, luego me voy a
referir a ello en mayor profundidad, y en cuanto al bono social, es
claramente insuficiente y la Generalitat de Catalunya ha tenido que salir
a complementar los recursos. En relación con el contenido de algunas de
sus propuestas, echamos en falta más ambición para afrontar la emergencia
habitacional. No se hace ninguna mención a cómo se va a solucionar el
problema con los grandes propietarios, que se traduce en fondos de
inversión y también en fondos de inversión extranjeros, lo que a menudo
lleva a fenómenos de gentrificación, lo que significa que se expulsa a la
gente de sus barrios en las ciudades, teniendo en cuenta, además, que
esto suele coincidir con lo que se conoce como zonas tensionadas. También
nos gustaría que se hubiera hablado más de la responsabilidad social de
los grandes tenedores, que es un concepto que no se utiliza.


En cuanto a medidas concretas, punto por punto, en
el punto número 2 nos gustaría que se hiciera una transferencia de
recursos y una cesión a la Generalitat y a los municipios del parque de
vivienda pública recientemente anunciado. Por lo que se refiere al punto
número 4, Esquerra siempre ha votado a favor de la regulación de los
precios del alquiler y, en cambio, el PSC no lo ha hecho. Parece que esta
medida tenga más que ver con una cuestión de emergencia electoral que de
emergencia habitacional. En cuanto al punto número 8, los canales de
información no siempre tienen que ser estatales, pueden ser canales que
vengan desde el propio territorio. Y en relación con el punto 1, cómo
blindamos y garantizamos legalmente el derecho de acceso a la vivienda
reconocido en la Constitución española, en cuanto a las 21 000 viviendas
de la Sareb, que deben ser cedidas a las comunidades autónomas y
ayuntamientos, ¿quién va a financiar la puesta a punto de las viviendas
que necesitan rehabilitación o están okupadas?, ¿cuál va a ser el modelo
de gestión? ¿Va a ser una gestión centralizada, realizada por el Gobierno
central o bien a través de administradores de fincas? Acabo, presidente.
¿Se va a hacer a través de cesiones a los ayuntamientos?


Por tanto, desde ese punto de vista nos parece que
su propuesta tiene algunas carencias y, a pesar de todo, por el
compromiso que Esquerra Republicana de Catalunya ha tenido siempre con
relación a la emancipación juvenil y el derecho de acceso a la vivienda,
vamos a votar a favor de la moción.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias,
presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, señor Martí Deulefeu.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Rollán.


El señor ROLLÁN OJEDA: Gracias, señor
presidente.


Señor Díaz, en el uso de la palabra usted, estoy
seguro de que ha sido por desinformación, ha errado, ha faltado a la
verdad. Dado que ha fijado su interés en el Gobierno de la Comunidad de
Madrid, le diré que, en el periodo comprendido entre los años 2017
y 2022, el 46,98 % de las calificaciones nacionales definidas lo han sido
con este Gobierno, un Gobierno del Partido Popular, frente a su modelo
alternativo de vivienda y pensando en el bienestar de los jóvenes, esos a
los que hacía usted referencia anteriormente. (Aplausos). ¿Sabe dónde
viven los jóvenes de Baleares?, ¿dónde se emancipan?, ¿con quién
comparten techo? Con una DKW, con una furgoneta. Le han dado a usted un
papelón porque salir a defender el modelo de vivienda del Partido
Socialista es lo mismo que salir a defender el modelo de los derechos de
las mujeres ante los violadores.


Ciñéndonos a lo que nos ocupa, repito que llevan
ustedes cinco años al frente del Gobierno de la nación. Las
manifestaciones de Sánchez, la ley que está en tramitación, así como los
compromisos anunciados son propios de un debate de investidura, pero
llevan ustedes cinco años gobernando. ¿Y cuál es el legado?, ¿por qué
será recordado Pedro Sánchez en materia de vivienda? Porque durante sus
primeros cinco años se ha reducido la oferta de vivienda en España
un 28 %. No lo digo yo, son datos oficiales. El PSOE no solo se ha
podemizado, también se ha abertzalizado. Se dejan llevar por Bildu
—una formación política con la que le recuerdo que ustedes no
querían ni compartir un vaso de agua—, y también se han dejado
arrastrar por Esquerra Republicana de Catalunya. Ya sabemos cuál es el
modelo de acceso de Esquerra Republicana de Catalunya: la patada en la
puerta, y el modelo de los herederos de Bildu, más que con la vivienda
era con las casas cuartel, pero para hacerlas volar por los aires,
señoría. Y no me haga usted esos gestos, porque quizás usted es muy
joven, pero esa es la realidad. Por eso, antes de que Pedro Sánchez fuese
presidente del Gobierno dijo de manera muy solemne, y no sin falta de
razón, que jamás en la vida gobernaría con Bildu. Y si no, tire de
hemeroteca, señoría.


Voy finalizando. En su moción hablan de
emancipación. Pero pretender que se emancipen nuestros jóvenes cuando
tenemos el doble de la media europea en situación de desempleo,
francamente es muy complicado.


También hacen referencia en su moción a los
problemas en las grandes áreas urbanas con un mercado tensionado, e
inevitablemente me vino a la cabeza el anuncio de las
últimas 20 000 viviendas de Pedro Sánchez, que ni están ni se las va a
esperar, de la Operación Campamento. La Operación Campamento permite la
construcción de algo menos de 11 000 viviendas, creo recordar que
de 10 700 viviendas, y para que esas 10 700 viviendas se puedan
construir, antes de nada, es necesario llevar a cabo la redacción de un
proyecto de demolición; la licitación de un contrato de demolición; la
redacción de un proyecto de planeamiento; la redacción de un proyecto de
reparcelación, y resolver las cuestiones, puesto que está recogido en el
convenio, para que el desarrollo residencial futuro en esta ubicación en
el paseo de Extremadura encuentre equilibrio con las necesidades en el
eje fundamental de la A-5.


Por tanto, hay un único responsable que ha hurtado
la posibilidad de que 9700 jóvenes madrileños puedan optar a una vivienda
en la ciudad de Madrid de estas prometidas, que no comprometidas, ninguna
iniciada y ya le aseguro que aún menos inaugurada, y se llama Pedro
Sánchez.


Señorías, lamento mucho que haya sido usted el que
haya tenido que defender hoy, en esta tribuna, algo indefendible. La
hemeroteca les señala y les persigue.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senador Rollán.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Moreno.


La señora MORENO DUQUE: Gracias, presidente.


Señor Rollán, si en Baleares vive algún joven en
una furgoneta, tal y como ha dicho, no es por la política del Gobierno
balear, es por la Golden Visa que aprobó el señor Rajoy, que era un
visado VIP para extranjeros millonarios que compraran inmuebles de más de
medio millón de euros, lo que arrastró los precios al alza. Es que se
tienen que documentar. (Aplausos).


Envuelven en falsedades la política de vivienda de
este Gobierno. La falsedad instalada en el discurso político es
peligrosa, sobre todo cuando se asevera con la rotundidad de una verdad
innegable. Solucionar este problema complejo y sistémico exige de
respuestas poliédricas. Por eso cuando el señor Maroto dijo en el pasado
Pleno que la Ley de vivienda era una tomadura de pelo porque no iba a
solucionar por sí sola el problema de la vivienda, evidenció —y
perdóneme, se lo digo con todo respeto— un profundo desconocimiento
sobre la problemática. Estar tan escorado a la derecha, partir de
posturas maximalistas, de prejuicios antediluvianos o simplemente no
documentarse más allá de los titulares, distorsiona la visión real del
problema y de sus posibles soluciones. (Aplausos).


Las respuestas poliédricas no son excluyentes, son
complementarias, porque la realidad es mucho más compleja que la que
ustedes fabrican para justificar sus propuestas. ¿O en serio creen que la
realidad de los jóvenes que acompañaban al señor Feijoo cuando anunció su
modelo de vivienda desde un ático en el centro de Madrid es la realidad
de la juventud española? (Aplausos). ¿De verdad lo creen? ¿Pero a quién
se le puede ocurrir que el mejor espacio para tratar un problema tan
grave, gravísimo, como el que tienen los jóvenes de acceso a la vivienda
puede ser en un ático en el centro de Madrid? Con toda seguridad a
alguien que está alejado de los jóvenes y sus realidades, de la
problemática de la vivienda o al menos de los jóvenes que sufren esa
problemática. Desde ese maravilloso ático el señor Feijóo dijo que el
Gobierno, que Pedro Sánchez no había hecho nada por la política de
vivienda en los cinco años que lleva gobernando. Pues, por lo pronto, se
han consignado y presupuestado, no ahora, en época electoral, sino desde
el principio de la legislatura, una cantidad que ha resultado ser de 3000
millones de euros más que los consignados por el Gobierno del Partido
Popular. (Aplausos). Si 3500 millones de euros le merecen el calificativo
de nada, ¿qué calificativo le merecen los 426 millones de euros
consignados por el Partido Popular? (Aplausos). Por lo visto también es
nada la rehabilitación orientada a la mejora de la eficiencia energética
puesta en marcha desde el inicio de la legislatura, no en periodo
electoral. Desde el inicio de la legislatura se ha puesto en marcha una
rehabilitación de viviendas que se va a acometer con fondos europeos y
con la que, entre otras cosas, mejorará la situación de las personas que
están en situación de pobreza energética. Llegaremos hasta
las 500 000 viviendas. ¿También es nada? ¿También es nada el plan, que
está dentro de las 183 000 viviendas que anunció ayer el presidente, para
la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible? ¿También
es nada, señorías? Pues, para no ser nada, hay algunos presidentes
autonómicos que lo asumen como medida propia. Ahí tenemos el señor Moreno
en Andalucía, que asume como propia una medida del Gobierno de Pedro
Sánchez. Irán para Andalucía 80 millones de euros del Gobierno central.
Los ayuntamientos ofrecen los suelos, el resto del coste de las
promociones lo asumen los promotores, y el señor Moreno, ¿qué pone? Nada.
(Aplausos). Y esa sí es una nada real.


La Ley de vivienda no es una medida aislada; se
complementa con otras respuestas que el Gobierno viene dando desde el
inicio de la legislatura, como el bono joven, que, además, se complementa
con otra ayuda que existe, que es la ayuda tradicional al alquiler, a la
que también pueden acudir los jóvenes. Es complementaria de la del bono
joven de alquiler, y con esa complementariedad pueden alcanzar el 75 %
del coste del alquiler. ¿Pero ustedes le cuentan eso a los jóvenes en las
comunidades autónomas o en los ayuntamientos donde están gobernando?, ¿o
es que prefieren que no se enteren?


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Vaya terminando, señoría.


La señora MORENO DUQUE: ¿Prefieren boicotearlo?
Porque eso es lo que hacían con la renta básica de emancipación,
boicotear las medidas que ayudaban a la mayoría de los jóvenes. Lo hizo
Camps en Valencia, lo hizo la señora Aguirre aquí, en Madrid, y ahora
Ayuso ha dicho que va a hacer lo mismo:






boicotear las ayudas que sirven a
la mayoría, en tanto que ella ahora aprueba una medida que ayuda
al 0,07 %. ¿Qué calificativo le merece ese 0,07 %? (Aplausos). O
las 25 000 viviendas...


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Termine, señoría.


La señora MORENO DUQUE: Termino, presidente.


O las 25 000 viviendas que anunció al inicio de la
legislatura. ¿Saben cuántas ha entregado? Cero; nada de nada, y eso es
una nada real, no un desprecio a la verdad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senadora Moreno.


Señorías, finalizado el debate de esta moción, les
recuerdo que el plazo para que los senadores autorizados emitan el voto
electrónico remoto se abrirá al finalizar el debate de la última
moción.


Asimismo, les recuerdo que la votación presencial
de esta iniciativa tendrá lugar una vez finalizado este plazo, cuando sea
anunciado por la Presidencia.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
ADOPTAR EN EL AÑO 2023 DIVERSAS ACTUACIONES RESPECTO A LAS RETRIBUCIONES
Y LAS INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA DEL PERSONAL EN ACTIVO DEL SECTOR
PÚBLICO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS.


662/000166

GPP


El señor vicepresidente, García-Escudero Márquez,
lee el punto 5.2.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
A esta moción se han presentado tres enmiendas: dos de los grupos
parlamentarios de Izquierda Confederal y Esquerra Republicana-Bildu, y
una del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción tiene la palabra la
senadora Salom.


La señora SALOM COLL: Buenas tardes,
presidente.


Señorías, antes de nada me gustaría agradecer la
asistencia a este Pleno de la Plataforma Insularidad Digna, que ha venido
para estar presentes aquí, en el hemiciclo. (Aplausos.— La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia). Tienen que saber
ustedes que ellos representan un movimiento de unidad de acción por la
calidad del sector público estatal en las Islas Baleares y para la mejora
de las condiciones laborales de los trabajadores. Está formada
por 18 sindicatos y asociaciones profesionales en el ámbito de la
Administración General del Estado, de Justicia, de la Agencia Tributaria,
la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y están aquí, señorías, porque en
Baleares tenemos un serio problema; tenemos un problema muy grave porque
los funcionarios del Estado no quieren ir al destino Islas Baleares. A
pesar de ser un lugar maravilloso para vivir en verano, en invierno y
los 365 días del año, no quieren ir porque económicamente no les
compensa. En cualquier lugar de España pueden vivir con su salario de
forma digna; en Baleares no es posible. No quieren trabajar ni en
Mallorca ni en Menorca ni en Ibiza ni en Formentera, donde se padecen los
problemas de la insularidad, de la doble insularidad y la triple
insularidad, debido a los elevados costes. Todos ustedes saben que en
Baleares el nivel de vida es mucho más caro que en otras comunidades y,
sobre todo, en los últimos años, con el Gobierno socialista de la señora
Armengol, se ha convertido en imposible el comprar una vivienda o acceder
a un alquiler a unos precios mínimamente razonables; por no hablar de la
cesta de la compra o de los costes de los desplazamientos.


Señorías, estamos hablando de bienestar, estamos
hablando de seguridad, estamos hablando de la sanidad, de la justicia,
del centro de Meteorología, de Defensa, de Instituciones Penitenciarias,
de Policía Nacional, de Guardia Civil, de Hacienda, de Extranjería... En
definitiva esto afecta a unos 10 000 funcionarios. Tienen que saber que,
hoy por hoy, en las oficinas de Extranjería hay un déficit de personal
del 60 %, y somos la comunidad autónoma con mayor porcentaje de
extranjeros entre la población, cerca de un 18 %. Además, hay una gran
rotación de funcionarios, que vienen casi obligados a las Islas Baleares
y a los dos años se van. Con lo cual, no tenemos unas plantillas
estables, lo que repercute en la calidad de los servicios que recibimos
los ciudadanos de las Islas Baleares. Las plantillas no se completan, en
algunos casos cuentan solo con el 60 % de los efectivos. En definitiva,
falta personal, falta mucho personal, y ello redunda en una peor calidad
de los servicios públicos.


Las plantillas están cada vez más cerca de la
jubilación, plantillas que no encuentran relevo, y, señorías, vivimos del
turismo. Este año las aeolíneas han programado 43 millones de asientos,
son millones de turistas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
no quieren o no pueden ir al destino Islas Baleares porque no encuentran
una vivienda. Y hablamos de seguridad, señorías, hablamos de seguridad y
de la economía de las Islas Baleares con una infradotación de empleados
públicos, lo que repercute en que los empleados que están ahí tengan una
mayor carga de trabajo, con lo cual sufren cierta saturación.


En resumen, señorías, en Baleares cada vez tenemos
menos servidores públicos, más población y menos calidad de los
servicios. Les doy un dato: en los últimos veinte años, la población en
Baleares se ha incrementado cerca de un 30 % y los funcionarios del
Estado han disminuido cerca de un 10 % ¿Se dan cuenta de qué brecha
tenemos? Hoy por hoy, los funcionarios del Estado destinados a Baleares,
personas que han sacado una oposición, tienen que vivir en muchas
ocasiones en pisos compartidos con compañeros y algunos tienen que
alquilar habitaciones en un piso compartido con terceras personas que
desconocen; otros, tienen que vivir en una furgoneta o en un coche o en
una caravana, y ahora, últimamente, están alquilando garajes que se
convierten en habitaciones. Esto es indigno, señorías, esto es indigno
para unos servidores públicos del Estado español. Y estas semanas, en
medios de comunicación, aparece que un tercio de los policías nacionales
de Ibiza se quieren ir. ¿Verdad, señorías, que, si ustedes tuvieran estas
condiciones laborales, tampoco querrían que les destinaran a las Islas
Baleares? En esta semana, el ministro Marlaska ha ido a las Islas
Baleares, y después de cinco años de estar gobernando, cuando le
preguntan por este tema, dice que está estudiando una solución. ¿Después
de cinco años estudian una solución? Es lo de siempre con este Gobierno:
solo palabras y ningún hecho; palabras y no soluciones. Esta es la marca
de la casa de este Gobierno: anuncios, publicidad, palabrería, pero no
soluciona los problemas reales y concretos que tienen los ciudadanos
españoles y, en este caso, los funcionarios del Estado en las Islas
Baleares. (Aplausos).


Hoy sale en la prensa que la Guardia Civil acusa al
ministro Marlaska de reírse de ellos en su paseo por Ibiza. Hoy sale en
un medio de comunicación que Marlaska decepciona a la Guardia Civil de
Baleares, y este es el panorama que tenemos. El panorama que tenemos es
la desertización de los funcionarios del Estado en las Islas Baleares. El
Gobierno de la nación tiene un instrumento para solucionar este problema
y se llama plus de insularidad, recogido en la Constitución española. Se
trata de un plus que cobran los funcionarios del Estado destinados en
territorios no peninsulares: en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Pero
¿qué pasa? Que esta cantidad está totalmente obsoleta, desfasada. Hace
diecisiete años que no se ha revisado. ¿Saben ustedes lo que ha cambiado
la vida en nuestro país después de diecisiete años de no actualizar este
plus de insularidad que cobran los funcionarios? Hoy por hoy, de media,
el plus que cobran los funcionarios de Baleares es de 74 euros al mes.
Como comprenderán, esta es una cantidad irrisoria que no compensa para
nada los sobrecostes de los ciudadanos o los funcionarios de las Islas
Baleares. Tampoco tiene sentido que en Canarias el plus de insularidad
sea el doble de las islas Baleares o que en Ceuta y Melilla llegue a ser
cinco veces superior, porque ustedes comprenderán que donde es más cara
la vida, con muchísima diferencia, es en las Islas Baleares.


Por tanto, el Partido Popular de las Islas
Baleares, con mi presidenta, Marga Prohens, ha mantenido numerosas
reuniones con las distintas asociaciones, con los funcionarios que tienen
esta problemática, y se ha reunido con la plataforma de Insularidad
Digna. Por eso planteamos esta moción aquí, en este Pleno, donde
defendemos que, de forma inmediata, como primer punto, se tripliquen las
cuantías que cobran los funcionarios por estar destinados en las Islas
Baleares, es decir, que pasen de 74 a 222 euros. Sabemos que esta no es
la solución perfecta, pero es una solución inmediata: que lo cobren ya,
como una medida de choque. Segundo punto, proponemos realizar un estudio
económico real, cierto, exacto de los sobrecostes de los funcionarios que
viven en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y con este estudio real,
adaptar las cuantías del plus de insularidad a lo que realmente cuesta de
más trabajar y vivir en las Islas Baleares. Esta es la solución del
problema, y es lo que planteamos en esta Cámara. Y a la vez, también
planteamos habilitar a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para
incrementar el plus sin que compute en los límites establecidos.


Señorías, voy acabando. Esta iniciativa no es un
capricho del Grupo Popular, esta es una reivindicación justa y necesaria
de miles de familias, de funcionarios públicos en mi tierra. Por una
insularidad digna, este es el clamor, este es el grito de miles de
funcionarios, señorías. Nuestro objetivo es que los funcionarios del
Estado quieran ir destinados a esa maravillosa tierra, a esas
maravillosas islas que son las Islas Baleares, porque esto nos da
seguridad, nos da confort, porque esto permitirá que tengamos unos
servicios públicos de mejor calidad que los que tenemos actualmente.
Además, como españoles, queremos sentir la presencia del Estado en las
Islas Baleares.


Señorías, y acabo dirigiéndome al Grupo Socialista.
Ustedes, señores del Grupo Socialista, saben que esto es un clamor, que
esto es una necesidad, que esto hay que revertirlo porque así no podemos
continuar. Por eso les pido que, así como en Baleares muchas veces han
sido proclives a apoyar esta iniciativa, hoy, aquí, den su voto
afirmativo a esta moción y que no agachen la cabeza en Madrid, como hace
muchas veces la señora Armengol. Defiendan Baleares, defiendan las islas
y defiendan la presencia del Estado en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Moltes
gràcies, senyoria.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo de
Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gràcies, presidenta.


Benvinguts a les persones que us desplaçat de
Mallorca. Ja em consta que alguns heu hagut de partir cap a casa.
Evidentment, estem d’acord amb el fons, i després, en el torn de
portaveus, m’estendré més. En aquest torn d’esmenes explicaré
les dues esmenes que hem presentat, que són prou importants. La primera
esmena presentada ve a dir que cal tenir en compte totes les
insularitats. Cal tenir en compte que no és el mateix el plus que ha de
cobrar un funcionari per treballar a Mallorca que a Menorca que a Eivissa
que a Formentera. Perquè les realitats són diferents, perquè evidentment
és més complex estar a Formentera que viure a Mallorca. I això és una
realitat que s’ha de tenir en compte a l’hora
d’establir aquests plusos d’insularitat, i això ho hem de
tenir clar sempre des del principi, i ha de quedar escrit i posat de
manifest de forma ben clara.


Quant a la segona esmena, com a antic membre del
Govern de les Illes Balears, no puc permetre condicionar les negociacions
amb els sindicats i amb els organismes de participació que hi ha a les
Illes Balears, els acords amb els seus funcionaris, al que estableixin
els acords del Govern estatal amb els seus funcionaris. Crec que
s’ha d’habilitar —i crec que és correcta la iniciativa
del Partit Popular— que d’ha de desvincular i s’ha de
poder incrementar la massa salarial, per poder incrementar aquests plusos
d’insularitat als funcionaris de la CAIB, però no que s’hagin
de veure condicionats a les negociacions que pugui fer l’Estat amb
els seus treballadors. Dit això, i entenent que aquestes dues esmenes
s’han recollit, i hem fet un text refós entre tots, i hem presentat
un text comú, crec que s’ha d’agrair l’esforç de tots
aquests partits que avui donaran suport a aquesta iniciativa i que no
tenen representació a les Illes Balears o que treballen en xarxa amb
nosaltres. Moltes gràcies per ajudar-nos i per fer entendre la
insularitat.


La senadora Salom fa un retrat del Partit
Socialista del doble discurs, que és habitual i que jo també els faré
després al torn de portaveus. La senyora Salom ha demostrat un gran i
elevadíssim coneixement de la problemàtica. Ha donat unes dades molt
bones, unes dades ben concretes, unes estadístiques ben concretes. Ha
manifestat la realitat perfectament. Gairebé podria firmar en un 80 % el
seu discurs. Només li faré un retret, senyora Salom. Vostè ha criticat
que, des que governa Francina Armengol, des del 2015 a
l’actualitat, aquesta situació ha empitjorat. Només li vull
recordar que vostè va ser delegada del Govern a les Illes Balears, i per
tant, era la responsable dels funcionaris de l’Estat a les Illes
Balears. Que vostè va tenir el moment per fer el pla de xoc i no el va
fer, perquè el plus d’insularitat no s’ha actualitzat des
del 2006. Que vostè era conscient que el cos de Policia Nacional, la
Guárdia Civil, els agents de l’Agència Tributària, els de presons,
tots els empleats públics que avui vostè ha volgut elevat la seva tasca,
patien en aquells moments. I és clar que patien igual que ara. El
problema s’ha agreujat, sí, li dono tota la raó; però vostè va
tenir en el seu moment a les mans la majoria absoluta per arreglar-ho i
no ho va fer.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Bienvenidas las personas que os habéis desplazado
desde Mallorca. Me consta que algunos han tenido que irse para casa ya.
Evidentemente, estamos de acuerdo en el fondo, luego en el turno de
portavoces me extenderé más. En este turno explicaré las dos enmiendas
que hemos presentado, que son bastante importantes. La primera enmienda
viene a decir que hay que tener en cuenta todas las insularidades. Hay
que tener en cuenta que no es lo mismo el plus que tiene que cobrar un
funcionario por trabajar en Mallorca, en Menorca, en Ibiza que en
Formentera, porque las realidades son diferentes. Evidentemente, es más
complejo vivir en Formentera que en Mallorca, y esa es una realidad que
hay que tener en cuenta a la hora de establecer esos pluses de
insularidad, y eso debemos tenerlo claro siempre desde el principio y
debe quedar escrito y puesto de manifiesto de forma bien clara.


En cuanto a la segunda enmienda, como antiguo
miembro del Gobierno de las Islas Baleares, no puedo permitir condicionar
las negociaciones con los sindicatos y los organismos de participación de
las Islas Baleares a los acuerdos que establezca el Gobierno estatal con
sus funcionarios. Creo que tiene que habilitarse, y es correcto lo que
dice el Grupo Popular, que debe poder incrementarse la masa salarial para
poder aumentar estos pluses a los funcionarios de las Islas Baleares,
pero que esto no tiene que estar condicionado a las negociaciones que
pueda hacer el Estado con sus trabajadores. Dicho esto, se ha presentado
un texto refundido entre todos. Hay que agradecer el esfuerzo de todos
los partidos que hoy van a apoyar esta iniciativa que no tiene
representación en las Islas Baleares o que trabajan en red con nosotros.
Por tanto, muchas gracias por ayudarnos a hacer entender la
insularidad.


La senadora Salom ha hecho un retrato del doble
discurso del Partido Socialista que es habitual, y que yo también les voy
a trasladar en el turno de portavoces. La señora Salom ha demostrado un
gran y elevadísimo conocimiento de la problemática, ha dado unos datos
muy buenos y concretos y unas estadísticas muy concretas. Ha manifestado
la realidad perfectamente, coincido casi en un 80 % con su discurso. Solo
le haré un reproche, señora Salom: usted ha criticado que en el Gobierno
de Francina Armengol, desde 2015 a la actualidad, esta situación ha
empeorado. Yo solo quiero recordarle que usted fue delegada del Gobierno
de las Islas Baleares y, por tanto, la responsable de los funcionarios
del Estado en dichas islas; que usted tuvo su momento para hacer el plan
de choque, y no lo hizo, porque el plus de insularidad no se ha
actualizado desde 2006. Usted era consciente de que todos los
funcionarios públicos de los cuerpos de Policía Nacional, Guardia Civil,
Agencia Tributaria, prisiones, a los que usted hoy ha querido alabar su
tarea, sufrían en esos momentos. Claro que sufrían, igual que ahora. El
problema se ha agravado. Sí, le doy toda la razón. Pero usted tuvo en su
momento en sus manos las mayorías absolutas para arreglarlo, y no lo
hizo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Moltes
gràcies, senyoria.


Para la defensa de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Bonet
Bonet.


El señor BONET BONET: Gràcies, presidenta.


I gràcies, senyor Vidal, perquè el seu darrer
comentari m’ha recordat una qüestió que vaig viure al Consell de
Mallorca la passada legislatura, i he trobat el titular al moment: «UGT
amenaza con una huelga de funcionarios si Salom impugna carrera
profesional». Quan era delegada del Govern. Per tant, el primer que he de
dir és: benvinguda, senyora Salom, a la defensa dels interessos dels
funcionaris.


Aquest és un tema, la situació dels funcionaris de
l’Estat a les Illes Balears, en el qual hem estat capaços
d’arribar a acords a nivell de les Illes Balears en moltes
ocasions. Hem estat capaços de coincidir que era un tema important a
destacar a les conclusions de la ponència d’estudi sobre la
insularitat. És un tema sobre el qual la presidenta Armengol ha assumit
les reivindicacions del col·lectiu de funcionaris, als representants dels
quals també vull saludar des d’aquesta tribuna. Ho ha assumit, com
dic, la presidenta Armengol, enviant una carta als ministeris
corresponents amb una sèrie de solucions per garantir la fidelització del
lloc de treball públic de difícil cobertura a les Illes Balears. Però
aquest és un tema que avui es duu a debat en aquest ple d’una forma
que només podem considerar oportunista. Sí, oportunista, perquè a
l’exposició de motius plantegen tota una sèrie de qüestions en què
podem coincidir. En primer lloc, la constatació que, avui dia, prestar
servei públic a les Illes Balears representa un major cost personal, fet
que ha motivat des de fa anys el reconeixement d’una indemnització
per residència. La peculiaritat de les Illes Balears, a més, es concreta
en el fet que aquests costs que s’assumeixen —que
existeixen— són superiors al que compensa l’Estat per la seva
part. I és una fet conegut, que constatarem novament en aquesta tribuna,
que el cost de la vida, i particularment el de l’accés a
l’habitatge, s’han elevat de forma considerable en els
darrers anys a la nostra comunitat autònoma. No ens atrevirem, en
qualsevol cas, a donar la culpa a una sola persona, a un sol Govern, i
obviar la resta de condicionants, com ha fet la portaveu del Partit
Popular.


També és un fet que destaca a l’exposició de
motius que el darrera estudi i actualització es va fer el 2006,
curiosament amb un Govern de l’Estat socialista. Un reial decret on
s’argumenta la necessitat de l’actualització amb un raonament
que podríem considerar de total actualitat. Llegeixo: «Se hace necesario
adoptar medidas que permitan, por parte de la Administración del Estado,
favorecer la permanencia de los empleados públicos en los territorios en
los que se ha detectado un mayor dificultad para la cobertura de
vacantes, de tal forma que, con la actualización de estas cuantías, se
consiga mantener un mayor grado de ocupación de los puestos de trabajo,
además de compensar la distancia de dichos territorios».
L’actualitat d’aquest objectiu de l’any 2006 és
constatació que no ha funcionat, la qual cosa ens duu a aquest debat. I
aquest és el punt de partida que haurem de tenir en compte: la necessitat
de tenir un estudi actualitzat per iniciar el diàleg que ens permeti
arribar a un acord. I iniciar el diàleg és l’aspecte fonamental que
els proposem a la nostra esmena. Presentem una esmena perquè els he de
dir, senyores i senyors del Grup Popular, que no podem donar suport al
seu punt d’acord perquè entenem que no han cercat realment
l’acord amb nosaltres. Al punt 1 quantifiquen en 18 milions
d’euros sense esperar l’estudi punt 3. Al punt 2, directament
plantegen un atac a l’autonomia de les Illes Balears —com ja
ha explicat el senyor Vidal— per forçar una decisió del Govern de
la nostra comunitat autònoma en aquest punt. És una manera de fer
política que, com en un altre debat ja els vaig dir, els acords bons per
als territoris sorgeixen sempre de la negociació entre els governs, el
Govern de l’Estat i el Govern autonòmic, amb interessos
coincidents, que no poden ser altres que els interessos generals de la
ciutadania. Amb diàleg i acord entre el Govern de Pedro Sánchez i el de
Francina Armengol hem aconseguit un règim especial i un règim fiscal per
a les Illes Balears que dúiem anys esperant, així com la dotació
pressupostària del factor d’insularitat i el suport a inversions en
infraestructures imprescindibles per a la nostra comunitat autònoma.
Finalment, el seu punt tercer coincideix, fonamentalment, amb el que
també plantegem nosaltres, aquest estudi i actualització. Proposen un
límit de temps de tres mesos, amb una campanya municipal i autonòmica pel
mig. I crec que en aquest punt és on es fa més evident
l’oportunisme de la moció que presenten avui, que només té un
objectiu: un titular de cara a la campanya electoral. No han tingut
interès a arribar a un acord, i és curiós que plantegin novament aquesta
qüestió que quan governen obliden. Nosaltres venim amb una proposta
d’acord d’iniciar el diàleg, avalat pel grup que dona suport
al Govern d’Espanya, assumible per vostès i que podria posar en
marxa una qüestió que fa massa temps que està aturada.


Això és el que nosaltres posem damunt la taula,
Però vostès no han volgut l’acord, demostrant un cop més que, en
realitat, no volen solucions, com passarà aquesta setmana, que tampoc
donaran suport a la Llei d’habitatge, com no han donat suport a la
pujada del salari mínim interprofessional o no han donat suport a la
pujada de les pensions. Els dic, però, que encara som a temps
d’arribar a un acord. Demostrin que volen l’acord. Un acord
amb un Govern de l’Estat que ha aprovat una pujada salarial
del 3,5 %. Per tant, ha reconegut la necessitat de recuperar poder
adquisitiu per als treballadors i treballadores públics. Un fet que
demostra més credibilitat del Govern de Pedro Sánchez que la que tenen
vostès quan presenten punts d’acord com aquests que acabem de
comentar. Demostrin que volen l’acord, perquè per nosaltres encara
hi són a temps.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, señora presidenta.


Gracias, señor Vidal, porque su comentario me ha
recordado una cuestión que viví en el Consejo de Mallorca en la pasada
legislatura. He encontrado el titular del momento: UGT amenaza con una
huelga de funcionarios y Salom impugna la carrera profesional cuando era
delegada del Gobierno. Por tanto, lo primero que debo decir es
bienvenida, señora Salom, a la defensa de los intereses de los
funcionarios.


La situación de los funcionarios del Estado en las
Baleares es un tema en el cual hemos sido capaces de llegar a acuerdos en
las Islas Baleares en muchas ocasiones. Hemos sido capaces de coincidir
en que era un tema importante que destacar en las conclusiones de la
ponencia de estudio sobre la insularidad y es un tema sobre el cual la
presidenta Armengol ha asumido la reivindicación de los colectivos de
funcionarios —a cuyos representantes quiero saludar desde esta
tribuna— y ha enviado una carta a los ministerios correspondientes
con una serie de soluciones para mejorar la situación de las plazas de
funcionarios de difícil cobertura en las Islas Baleares. Pero este debate
se lleva a cabo hoy de una forma que solo podemos considerar oportunista,
porque la exposición de motivos plantea toda una serie de motivos en los
que podemos coincidir. En primer lugar, la constatación de que hoy en día
prestar servicio público en las Islas Baleares representa un mayor coste
personal, hecho que ha motivado desde hace años el reconocimiento de una
indemnización por residencia. La peculiaridad de las Islas Baleares se
concreta, además, en que estos costes que se asumen y que existen son
superiores a lo que compensa el Estado por su parte; y un hecho conocido,
que constataremos nuevamente en esta tribuna, es que el coste de vida y
sobre todo el acceso a la vivienda se ha elevado considerablemente en los
últimos años en nuestra comunidad autónoma, y no nos vamos a atrever a
echar la culpa a una sola persona, a un solo gobierno, y obviar el resto
de condicionantes, como ha dicho la portavoz del Grupo Popular.


Un hecho que destaca también en su exposición de
motivos es que el último estudio y actualización se hicieron en 2006,
curiosamente, con un Gobierno socialista; un real decreto donde se
argumenta la necesidad de la actualización, con un razonamiento que
podríamos considerar de total actualidad, y leo: Se hace necesario
adoptar medidas que permitan por parte de la Administración del Estado
favorecer la permanencia de los empleados públicos en los territorios en
los que se ha detectado una mayor dificultad para la cobertura de
vacantes, de tal forma que con la actualización de estas cuantías se
consigue mantener un mayor grado de ocupación de los puestos de trabajo,
además de compensar la distancia de dichos territorios. En la actualidad,
este objetivo es de 2006 y está claro que ha funcionado y por eso nos
lleva a este debate; y este es el punto de partida que debemos tener en
cuenta: la necesidad de tener un estudio actualizado para iniciar un
diálogo que permita llegar a un acuerdo. Iniciar un diálogo es un aspecto
fundamental que les proponemos en nuestra enmienda. Tengo que decirles,
señoras y señores del Grupo Popular, que no podemos apoyar ese punto
porque entendemos que no han buscado el acuerdo con nosotros. En el punto
uno, cuantifican en 18 000 millones de euros el estudio que plantean en
el punto tres; en el punto dos, directamente plantean un ataque a la
autonomía de las Islas Baleares, como ya ha explicado el señor Vidal,
para forzar una decisión del Gobierno desde nuestra comunidad autónoma;
una manera de hacer política, como ya le dije en otro debate, en que los
acuerdos buenos para los territorios surgen siempre de la negociación
entre los gobiernos del Estado y autonómicos, con intereses coincidentes
que no pueden ser otros que los intereses generales de la ciudadanía. Con
diálogo y acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Francina Armengol,
hemos conseguido un régimen especial, un régimen fiscal para las Baleares
que llevamos años esperando, así como la dotación presupuestaria del
factor de insularidad y el apoyo a inversiones en infraestructuras
imprescindibles para nuestra comunidad autónoma. Finalmente, el punto
tercero coincide fundamentalmente con lo que también planteamos nosotros.
Este estudio de actualización propone un límite de tiempo, tres meses,
con una campaña municipal y autonómica por medio, y creo que en este
punto es donde se hace más evidente el oportunismo de la moción que hoy
presentan, que además tiene un objetivo: un titular de cara a la campaña
electoral. No han tenido interés en llegar a un acuerdo, y es curioso que
planteen nuevamente esta cuestión que cuando gobiernan olvidan. Nosotros
venimos con una propuesta de acuerdo para iniciar el diálogo, avalado por
grupos que apoyan al Gobierno de España, asumible por ustedes y que
podría poner en marcha una cuestión que hace demasiado tiempo que está
parada.


Esto es lo que nosotros ponemos sobre la mesa, pero
ustedes no han querido el acuerdo. Han demostrado una vez más que en
realidad no quieren soluciones. Como va a pasar esta semana, que tampoco
van a apoyar la ley de vivienda, como no han dado apoyo a la subida del
salario mínimo interprofesional o no han apoyado la subida de las
pensiones. Pero les digo que aún estamos a tiempo de llegar a un acuerdo.
Demuestren que quieren un acuerdo con un Gobierno del Estado que ha
aprobado una subida salarial del 3,5 %. Por tanto, es reconocida la
necesidad de recuperar el poder adquisitivo para los trabajadores y
trabajadoras públicos, un hecho que demuestra más credibilidad del
Gobierno de Pedro Sánchez de la que tienen ustedes cuando presentan
puntos de acuerdo como este que acabamos de comentar. Demuestren que
quieren un acuerdo porque, por nosotros, aún están a tiempo.
(Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gràcies,
senyoria.


Tiene la palabra la senadora proponente para
indicar si acepta o no las enmiendas. (Denegaciones.— Pausa).






Interviene el senador Marqués.


Tiene la palabra, señoría.


El señor MARQUÉS PALLISER: Muchas gracias,
presidenta.


Buenas tardes a todos. En primer lugar, señor
Bonet, ¿oportunista? Llevamos tres años, por lo menos desde que estoy
aquí, pidiendo lo mismo. Por lo tanto, no mienta. Hasta le hago una
referencia a la Comisión de Política Territorial y Función Pública del
Congreso de los Diputados, en su sesión celebrada el 11 de diciembre
de 2018, donde ya pedíamos lo mismo. ¿Cómo que oportunista? ¡Si llevamos
casi cinco años, por favor! (Aplausos). Dicho esto, les anuncio que hemos
llegado a un acuerdo a través de una transaccional con todos los grupos
políticos, menos con el Grupo Socialista, para que la moción presentada
por el Grupo Popular sea aprobada por esta Cámara. Por tanto, quiero
agradecer a todos los grupos su predisposición para pactar estos dos
pequeños cambios en nuestra moción para que exista prácticamente
unanimidad; una moción que pone soluciones encima de la mesa, como es
triplicar la indemnización por residencia del personal al sector público
estatal destinado a Baleares.


Por este motivo, pedimos al Grupo Socialista que
reconsidere su voto. No voten en contra de mejorar la vida de los
funcionarios de las Islas Baleares; no voten en contra, porque esta
moción refleja a todos los sindicatos de Baleares, más de dieciocho hoy
están aquí presentes en la tribuna; no voten en contra, porque esta
moción refleja a miles de funcionarios de Baleares que necesitan medidas
urgentes; no voten en contra, porque esta moción pone soluciones
factibles encima de la mesa, y no voten en contra porque se van a quedar
solos. Dicho esto, sobre la enmienda que ustedes han propuesto, poca cosa
se puede decir. Siguen insistiendo en no hacer nada, como en los últimos
años, y para no hacer nada, ustedes entenderán que más valdría no haber
presentado esta enmienda.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, la insularidad no afecta al modelo
territorial del Estado ni al reparto competencial. Se trata de un hecho
físico recogido en la Constitución española que reconoce el hecho insular
como una circunstancia que el Estado debe tener en cuenta para conseguir
un equilibrio económico en todo el territorio español. El artículo 138.1
de la Constitución, indica lo siguiente: «El Estado garantiza la
realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el
artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un
equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del
territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del
hecho insular».


Las Islas Baleares tuvieron que esperar veinte años
desde la aprobación de la Constitución para tener un régimen especial
basado en el hecho insular mediante su aprobación por ley en el año 1998.
La Ley de Régimen Especial de las Islas Baleares de 1998 fue del todo
insuficiente para compensar las desigualdades que el hecho insular
provoca en los ciudadanos de Baleares. Era una ley muy ambigua que
delegaba en futuros pactos entre el Gobierno autonómico y el Gobierno
estatal el establecimiento de medidas efectivas para paliar la
insularidad en materias como sanidad, educación o la
desestacionalización. Veintiún años después, cuarentaiún años desde la
aprobación de la Constitución, se ha aprobado un nuevo régimen especial
balear orquestado por el Gobierno de Sánchez en España y de Armengol en
Baleares, Real Decreto Ley 4/2019, de 22 de febrero, que sigue dejando al
arbitrio de los Gobiernos de turno la forma de compensar la insularidad
mediante la creación de comisiones mixtas de negociación entre el
Gobierno autonómico y el nacional y creando el factor de insularidad. El
uso partidista del hecho insular permite que los Gobiernos autonómico y
nacional utilicen las medidas que quieran establecer en cada momento como
un logro político y no como el cumplimiento de una regulación objetiva
que establezca medidas que compensen la insularidad al margen de la
negociación que llevan a cabo los Gobiernos de turno.


Mediante la presente moción se pretende conocer y
mitigar los costes de insularidad que soportan los empleados en Baleares,
muy superior al coste de vida peninsular y que en última instancia
dificultan la provisión de plazas de empleados del sector público estatal
en Baleares. Además, cabe denunciar que no se realiza una actualización
de las cuantías de la indemnización por residencia desde hace más de
diecisiete años. Por otro lado, como se indica en la propia moción, en la
Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso, en las
sesiones celebradas el 11 de diciembre de 2018 y el 23 de marzo de 2022,
ya se instó al Gobierno a la actualización de las indemnizaciones por
residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.


Señorías del Grupo Popular, estamos de acuerdo con
su moción y votaremos a favor.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará la
palabra el senador Egea Serrano.


El señor EGEA SERRANO: Gracias, señora
presidenta.


Quizá le llame la atención a alguno que un
representante de Teruel venga aquí a hablar sobre Baleares, pero
escuchando el debate y escuchando la problemática llama la atención que,
desde el polo opuesto, por decirlo así, de la problemática, Baleares y la
provincia de Teruel tengan una problemática muy similar: a Baleares
parece ser que no quieren ir funcionarios por lo caro que es vivir allí y
en Teruel hay funcionarios que no quieren vivir por lo poco que tenemos
allí. Dos caras de una moneda que nos demuestra que el desarrollo
territorial de este país y la arquitectura que nos hemos dado como país
tiene bastantes cosas que mejorar, por decirlo de una manera sencilla. La
propuesta que traen hoy plantea una solución para un problema que tienen
y nosotros hemos planteado cosas muy parecidas recientemente en esta
Cámara para el problema que tenemos nosotros. Hace dos Plenos
planteábamos precisamente que, para mejorar la dotación de guardias
civiles que tenemos en la España vaciada, se implementara para los
agentes que quieran venir allí el complemento de territorialidad R3 que
disfruta la Policía Nacional, por ejemplo, en Baleares y en Canarias. Nos
parece correcto, pero creo que hay que ver de qué manera distribuimos
mejor la población y de qué manera en esas zonas tensionadas por una cosa
u otra conseguimos trabajadores públicos, porque si al final la
Administración desaparece de los territorios perdemos todos. Y, si me
permiten la analogía, quizá habrá que empezar a redefinir qué significa
ser un territorio insular, porque yo estudié que las islas eran aquellas
porciones de tierra que estaban rodeadas de agua por todas sus partes y
como habitante de la provincia de Teruel quizá hay que empezar a hablar
de una insularidad interior de aquellos territorios que, si bien no están
rodeados de agua por todas sus partes, sí que están rodeados de la nada,
porque esa es tristemente la situación en la que nos encontramos muchos
territorios de la España vaciada cuando salimos de nuestras capitales de
provincia o de nuestras capitales comarcales, la absoluta nada, que no
deja de generar una cierta insularidad interior.


Votaremos a favor de la moción porque creemos que
es precisamente desde la Cámara territorial desde donde se deben afrontar
este tipo de problemas que afectan a los territorios y desde donde
debemos aportar soluciones. Así que esperemos que salga adelante y que se
solucione ese problema que tienen en las Islas Baleares y supongo que
también en las islas Canarias, la dificultad de llevar funcionarios para
que trabajen, y que esas soluciones que hoy planteamos para Baleares en
un futuro no muy lejano sirvan también para que vengan trabajadores
públicos a los territorios de la España vaciada.


Muchísimas gracias, señora presidenta.


Muchísimas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
senador.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
tiene la palabra el señor Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gràcies, presidenta.


Després de la transaccional, vull anunciar que,
evidentment, el nostre grup, Més per Mallorca, com no podria ser
d’una altra manera, donarem suport a la moció. La indemnització per
residència es un complement que es ve duent a terme des del principi de
l’època democràtica, que té un caràcter complementari, que té un
caràcter no retributiu. Bàsicament, per compensar aquest fet insular,
aquests sobrecostos, aquestes penalitats —com deia alguna
norma— que suposa el desplaçament de segons quins funcionaris a les
Illes Balears. El sobrecost del transport, l’educació, la sanitat,
la comunicació, el desenvolupament d’una carrera professional, o
com pot ser ara de més actualitat, l’habitatge. L’altre dia,
com vèiem, el ministre Marlaska intentava trobar lloc on dur aquest estiu
guàrdies civils i policies nacionals. Crec que al Consell de Govern de
vegades no parlen; bàsicament perquè la ministra de Defensa li hagués
pogut dir que té dues residències per a militars buides a Eivissa, amb
més de 100 places. I per no fer servir aquestes residències militars, ara
mateix tenim servidors públics dormint a llocs on no desitgem a ningú que
dormi. Hi ha solucions d’emergència, però hem de fer solucions a
llarg termini. I les solucions a llarg termini són un règim especial per
a les Illes Balears, el reconeixement de la insularitat a nivell europeu,
la millora d’aquests complements d’insularitat, tota
l’estructura que ens ha de garantir un Estat del benestar com toca,
un Estat del benestar fort. I això suposa uns funcionaris que tinguin una
qualitat en el seu treball.


Des del 2006 no es ve actualitzant aquest
complement per residència. I això genera, bàsicament, que ha quedat
totalment desfasat. Si era el que en aquell moment es considerava oportú,
amb els anys que han passat ha quedat totalment desfasat. I també
representa un greuge comparatiu amb altres territoris extrapeninsulars.
Bàsicament perquè en aquell moment ja es va fer aplicar una gran
diferència entre el que es retribuïa a les Illes Balears o a altres
territoris, com puguin ser Canàries, Ceuta i Melilla. Els puc dir que un
complement d’insularitat a Canàries o a les Illes Balears pot
suposar entre cinc i deu vegades més a les Illes Canàries que a les Illes
Balears. Per tant, és un greuge comparatiu. I, paradoxalment, a les Illes
Balears, aquests funcionaris cada dia han d’atendre a una major
població. Com deia el company de Terol, som dues cares d’una
moneda.


A les Illes Balears cada vegada tenim més població.
En els darrers 15 anys hem incrementat en més de 200.000 persones la
nostra població. I, paradoxalment, els servidors públics que han
d’atendre a aquesta població cada vegada són menys. Cada vegada són
menys, cada vegada són més envellits i cada vegada costa més cobrir les
places que ens queden lliures. Això suposa dos fets: que els ciutadans no
reben un servei com toca, que els ciutadans cada vegada triguen més en
els seus tràmits, que els ciutadans reben un pitjor servei públic i que
els treballadors que han d’oferir aquest servei cada vegada tenen
més càrrega laboral, cada vegada tenen més feina en pitjors condicions i
que els suposa, com no pot ser d’una altra manera, un estrès
laboral que no es pot admetre. Hem de recordar que a les Illes Balears
dupliquem, i en alguns moments tripliquem, la nostra població en moments
de temporada. I els serveis públics són els mateixos, i això no es pot
consentir. Com deia, hi ha un greuge de complements. Per què a les Illes
Canàries han de cobrar deu vegades més que a les Illes Balears? Per què
aquesta diferència? Per què en alguns territoris s’actualitza el
complement i en altres territoris no s’actualitza aquest
complement? I hem de tenir clar que hi ha d’haver una diferència.
No pot ser el mateix treballar a Mallorca que a Menorca que a Eivissa que
a Formentera. I s’ha de complementar de forma corresponent i
proporcional, perquè els esforços són diferents.


En aquest Senat, m’han sentit des del primer
dia defensar la insularitat, defensar totes les mesures per fer front als
reptes que ens suposa. Respecte del plus d’insularitat als
funcionaris, hem presentat esmenes als Pressupostos Generals de
l’Estat. Desgraciadament, cada any han estat descartades, cada anys
s’hi ha votat en contra. Hem presentat, a través del Grup
d’Esquerra Republicana, preguntes a la ministra Montero, perquè
respongués. I fa poc ens va dir que no, que no acceptava actualitzar
aquest plus d’insularitat. Hem presentat mocions que queden per
debatre. I avui ens ajuntàvem, en un esforç de diàleg, amb el Partit
Popular; tot i les contradiccions que tenim, perquè ells han gestionat i
no ho han fet, hem donat suport a una transaccional que millorava. I crec
que és això del que tracta. No de fer retrets polítics, sinó de sumar
esforços pel benestar del nostres ciutadans. Cal revisar el complement
d’insularitat, fer que enguany sigui possible que ja es cobrin unes
xifres adequades. I, evidentment, el que no podíem permetre és que
l’Estat marqués com s’havien d’incrementar aquests
plusos per als funcionaris de les Illes Balears. Volem, per tant, una
millor qualitat de vida per als nostres treballadors.


A Més per Mallorca vam defensar la pujada del
salari mínim interprofessional. Sempre hem estat al costat dels
treballadors i, com no, també estarem al costat dels treballadors
públics. En aquest sentit, el Partit Popular haurà d’explicar
perquè està a favor d’uns treballadors i no a favor de tots els
treballadors. Volem uns serveis públics de qualitat. Volem una atenció
als nostres ciutadans de qualitat. I volem un treball digne i de qualitat
per als funcionaris que treballen a les Illes Balears. Per això votarem a
favor d’aquesta iniciativa. Per això avui ens posarem al seu
costat. Treballem, perquè evidentment aquesta transaccional ha millorat
el seu text, tenint en compte la doble i la triple insularitat, tenint en
compte la diversitat de les Illes Balears. Perquè volem una millor
qualitat de vida i un millor Estat del benestar.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Después de la transaccional, quiero anunciar que
evidentemente nuestro grupo, Més per Mallorca, como no podía ser de otro
modo, apoyará la moción. La indemnización por residencia es un
complemento que viene llevándose a cabo desde principios de la época
democrática, que tiene un carácter complementario, que tiene un carácter
no retributivo, básicamente para compensar este hecho insular, esos
sobrecostes, estas penalidades, como decía alguna norma, que supone el
desplazamiento de según qué funcionarios a las Islas Baleares, el
sobrecoste del transporte, la educación, la sanidad, la comunicación, el
desarrollo de una carrera profesional, o como puede ser, y ahora más de
actualidad, la vivienda. El otro día, como bien decía el ministro
Marlaska, intentaba encontrar un lugar donde llevar este verano a
guardias civiles y policías nacionales. Creo que en el Consejo de
Gobierno a veces no hablan, porque la ministra de Defensa podría haberle
dicho que tiene dos residencias para militares que están vacías en Ibiza
con más de 100 plazas y que por no emplear esas residencias militares
ahora mismo tenemos servidores públicos durmiendo en lugares donde no
deseamos a nadie que duerma. Hay soluciones de emergencia, pero tenemos
que ofrecer soluciones a largo plazo, y las soluciones a largo plazo son
un régimen especial para las Islas Baleares, el reconocimiento de la
insularidad a nivel europeo, la mejora de estos complementos de
insularidad, toda la estructura que nos debe garantizar un estado del
bienestar como corresponde, un estado del bienestar fuerte, y eso supone
unos funcionarios que tengan calidad en su trabajo.


Desde 2006 no se ha actualizado este complemento
por residencia, y esto genera básicamente que se haya quedado totalmente
desfasado, si era lo que en aquel momento se consideraba oportuno, con
los años que han pasado ha quedado totalmente desfasado, y también
representa un agravio comparativo frente a otros territorios
extrapeninsulares, porque en aquel momento ya se hacía una gran
diferencia entre lo que se retribuía en las Islas Baleares y otros
territorios, como podrían ser Canarias, Ceuta y Melilla. Puedo decirles
que el complemento de insularidad en Canarias o en las islas Baleares
puede suponer entre cinco o diez veces más en las islas Canarias que en
las Baleares. Por tanto, es un agravio comparativo y, paradójicamente, en
las Islas Baleares estos funcionarios cada día tienen que atender a una
mayor población. Como decía el compañero de Teruel, somos las dos caras
de una moneda.


En las Islas Baleares cada vez tenemos más
población —en los quince últimos años hemos incrementado en más
de 200 000 personas nuestra población— y, paradójicamente, los
servidores públicos que deben atender esta población cada vez son menos,
más envejecidos y cada vez cuesta más cubrir las plazas que nos quedan
libres. Esto supone dos hechos: por un lado, que los ciudadanos no
reciben un servicio como corresponde, que los ciudadanos cada vez tardan
más en sus trámites, que los ciudadanos reciben un peor servicio público,
y por otro, que los trabajadores que deben ofrecer ese servicio cada vez
tienen más carga laboral, cada vez tiene más trabajo en peores
condiciones y les supone, como no puede ser de otro modo, un estrés
laboral que no puede admitirse. Debemos recordar que en las Islas
Baleares duplicamos —en algunos momentos triplicamos,
incluso—, nuestra población en momentos de temporada y los
servicios públicos son los mismos, y eso no puede consentirse. Como
decía, hay un agravio de complementos, ¿por qué en las islas Canarias
tienen que cobrar diez veces más que en las Islas Baleares? ¿Por qué esta
diferencia? ¿Por qué unos territorios se actualiza el complemento y en
otros territorios no? Tenemos que tener claro que debe haber una
diferencia, no puede ser lo mismo trabajar en Mallorca que en Menorca,
que en Ibiza, que en Formentera, hay que complementar de forma
correspondiente y proporcional porque los esfuerzos son diferentes.


En este Senado me han oído desde el primer día
defender la insularidad, defender todas las medidas para afrontar los
retos que supone. Respecto al plus de insularidad de los funcionarios, se
han presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, y
desgraciadamente cada año han sido descartadas, cada año se ha votado en
contra. Hemos presentado a través del Grupo Esquerra Republicana
preguntas a la ministra Montero para que respondiese, y hace poco nos
dijo que no, que no aceptaba actualizar este plus de insularidad. Hemos
presentado mociones pendientes de debate y hoy nos hemos sumado al
esfuerzo de diálogo con el Grupo Popular, a pesar de las contradicciones
que tenemos, dando apoyo a transaccional que mejorábamos, y creo que de
eso se trata, de no hacer reproches políticos, sino de sumar esfuerzos
para el bienestar de nuestros ciudadanos, revisar el complemento de
solidaridad, hacer que hoy sea posible que se cobren unas cifras
adecuadas y, evidentemente, lo que no podíamos permitir es que el Estado
marcarse cómo debían incrementarse esos pluses para los funcionarios de
las Islas Baleares. Queremos, por tanto, una mejor calidad de vida para
nuestros trabajadores.


En Més per Mallorca defendimos la subida del
salario mínimo interprofesional, siempre hemos estado al lado de los
trabajadores y, cómo no, también vamos a estar al lado de los
trabajadores públicos. El Partido Popular deberá explicar por qué están a
favor de unos trabajadoras y no de todos. Queremos unos servicios
públicos de calidad, queremos una atención a nuestros ciudadanos de
calidad y queremos un trabajo digno y de calidad para los funcionarios
que trabajan en las Islas Baleares. Por eso vamos a votar a favor de esta
iniciativa y por eso hoy nos vamos a poner de su lado. La transaccional
ha mejorado la moción, teniendo en cuenta la doble y la triple
insularidad, teniendo en cuenta la diversidad de las Islas Baleares,
porque queremos una mejor calidad de vida y un mejor Estado del
bienestar.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Moltes
gràcies.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra el senador Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies.


Parlaré des l’escó mateix. Habitualment, el
nostre grup, quan es debaten mocions o iniciatives que no afecten el
territori que representem, acostumem a fer una abstenció. Avui no ho
farem. Hem signat la transaccional, i hi votarem a favor perquè ens
sembla que és el més coherent. Quan una iniciativa rep el suport de
l’ampli espectre polític d’aquesta Cambra, excepte del partit
que representa el Govern, que es queda en l’immobilisme, entenem
que no podem fer una altra cosa.


Gràcies.


Gracias.


Intervengo desde el escaño. Habitualmente nuestro
grupo, cuando se debaten mociones o iniciativas que no afectan al
territorio que representamos, acostumbramos a abstenernos, hoy no va a
ser así, hemos firmado la transaccional y vamos a votar a favor porque
nos parece que es lo más coherente. Cuando una iniciativa recibe el apoyo
del amplio espectro político de esta Cámara, salvo del partido que
representa al Gobierno que se queda en el inmovilismo, entendemos que no
podemos hacer otra cosa.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gràcies,
senyoria.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la senadora Garmendia Bereciartu.


La señora GARMENDIA BERECIARTU: Gracias, señora
presidenta.


Intervengo desde el escaño para decir que nuestro
grupo se abstendrá en esta moción.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Bildu, tiene la palabra la senadora Pérez Esteve.


La señora PÉREZ ESTEVE: Gràcies, presidenta. Bona
tarda a tots i a totes.


El passat dia 22 de novembre, a instància del grup
polític de Més per Menorca, servidora va fer la següent pregunta a la
ministra d’Hisenda: com calcula el Govern la diferència entre les
Illes Balears i altres territoris de la indemnització de residència del
personal laboral i funcionari en funció de l’àrea geogràfica on
estan destinats per diferents raons. I si vam fer aquesta pregunta és
precisament perquè hi ha un problema gravíssim en aquestes
indemnitzacions. Tant és així, que fa poques setmanes, junt amb Més per
Mallorca vam presentar una moció en comissió per instar el Govern a
revisar-la, actualitzar els imports i fer-ho efectiu durant aquest mateix
any. De fet, i com bé s’ha dit, la indemnització de
residència es va crear per pal·liar els greuges del personal laboral i
funcionari de l’Administració General de l’Estat destinat a
certs territoris, sobretot a Ceuta, Melilla, Canàries i Balears. El destí
a aquests territoris comporta una sèrie de desavantatges que afecten el
transport, l’educació, la sanitat, les comunicacions, el
desenvolupament personal i professional i, molt especialment, afecta el
cost de la vida i de l’habitatge. Les conseqüències són moltes i
totes dolentes, com per exemple: reticència del personal per ocupar
aquestes places; renúncies constants; peticions de trasllat; dèficit
històric de plantilla; dificultat de permanència; càrregues de treball
més grans pels canvis constants, i, per tant, pitjor servei de
l’Administració General de l’Estat a la societat.


Aquest complement, del tot necessari i
imprescindible, no es revisa des del 2006, ni pel Govern del PP ni pel
Govern del PSOE, deixem-ho clar també. Així és que està totalment
desfasat, i les Illes Balears són les més castigades, ja que la
diferència amb altres territoris extrapeninsulars és enorme. A tall
d’exemple, i com ja vaig comentar a la pregunta que li vaig fer a
la ministra, el personal del grup A1 en un altre territori per fer la
mateixa tasca té un complement de 965 euros al mes. En canvi, a
Mallorca és de 100 euros. La diferència és de 865 euros. I si fem una
comparativa entre les grans illes i les illes més petites, la diferència
és encara més abismal. A les Illes Balears, aquesta no revisió de la
indemnització d’insularitat fa que l’Estat no ofereixi els
serveis públics necessaris a la ciutadania i, en conseqüència,
menyspreï̈ el personal laboral i funcionari allà destinat, que
sí que volen fer bé la seva feina. I aprofito per saludar el
moviment d’unitat sindical Insularitat Digna, que avui ens
acompanya a la tribuna. El sector públic estatal està pensat per
oferir de forma molt propera serveis públics bàsics per garantir el
benestar i la seguretat de la població. I no ens malinterpretin. El
nostre model territorial no és aquest, com tots ja saben. El nostre model
és la sobirania, també per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Però mentre això no sigui així, treballarem perquè la ciutadania pugui
gaudir d’uns serveis públics de qualitat i perquè l’Estat
compleixi la seva obligació de compensar els efectes negatius de la
insularitat, en el cas de Mallorca, la doble insularitat, en el cas de
Menorca i Eivissa, i la triple insularitat, de Formentera.


Agraïm al PP l’acceptació de les esmenes, que
s’ha traduït en el registre de la transaccional que esperem que
serveixi per aprovar una moció necessària per a les Illes, i que el
Govern sigui conscient de la importància d’aquesta revisió i iniciï
els tràmits necessaris per revocar aquesta situació. Ho presenti qui ho
presenti, i sigui en el moment que sigui, no poden escudar-nos en que
sigui electoralista o no —que sabem que ho és—. Aquest greuge
s’ha de solucionar, l’han de solucionar. Si no, això
continuarà sent un escàndol.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Buenas tardes a todos y todas. El pasado día 22 de
noviembre, a instancia del grupo político Més per Mallorca, servidora
hizo la siguiente pregunta a la ministra de Hacienda: ¿cómo calcula el
Gobierno la diferencia entre las Islas Baleares y otros territorios de la
indemnización de residencia del personal laboral y funcionario en función
del área geográfica donde están destinados por distintas razones? Y si
hicimos esa pregunta fue, precisamente, porque hay un problema gravísimo
en esas indemnizaciones. Tanto es así que hace pocas semanas, junto con
Més per Mallorca, presentamos una moción en comisión para instar al
Gobierno a revisarla, actualizar los importes y hacerlo efectivo durante
este mismo año. De hecho, y como bien se ha dicho, la indemnización por
residencia se creó para paliar los agravios del personal laboral y
funcionario de la Administración General del Estado destinado a ciertos
territorios, sobre todo Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares. El destino a
estos territorios comporta una serie de desventajas que afectan al
transporte, la educación, la sanidad, las comunicaciones, el desarrollo
personal y profesional y muy especialmente afecta al coste de vida y de
la vivienda. Las consecuencias son muchas y todas ellas malas, como, por
ejemplo, reticencia del personal para ocupar esas plazas, renuncias
constantes, peticiones de traslado, déficit histórico de plantilla,
dificultad de permanencia, cargas de trabajo más grandes por los cambios
constantes y, por tanto, peor servicio de la Administración General del
Estado a la sociedad.


Este complemento del todo necesario e
imprescindible no se revisa desde 2006 ni por el Gobierno del PP ni por
el Gobierno del PSOE, dejémoslo claro también, así es que está totalmente
desfasado, y las Islas Baleares son las más castigadas, ya que la
diferencia con otros territorios extrapeninsulares es enorme. A título de
ejemplo, y como ya comenté en la pregunta que le hice a la ministra, el
personal del grupo A1 en otro territorio por hacer la misma labor tiene
un complemento de 965 euros al mes; en cambio, en Mallorca, es de 100
euros, la diferencia es de 865 euros, y si hacemos una comparativa entre
las grandes islas y las islas más pequeñas la diferencia es aún más
abismal. En las Islas Baleares esta no revisión de la indemnización de
insularidad hace que el Estado no ofrezca los servicios públicos
necesarios a la ciudadanía y, en consecuencia, desprecia al personal
laboral y funcionario allí destinado que sí que quiere hacer bien su
labor, y aprovecho para saludar al movimiento de unidad de acción
sindical Insularidad Digna que hoy nos acompañan en la tribuna. El sector
público estatal está pensado para ofrecer de forma muy cercana servicios
públicos básicos para garantizar el bienestar y la seguridad de la
población, y no nos malinterpreten, nuestro modelo territorial no es
este, como todos ya saben, nuestro modelo es la soberanía, también para
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, pero mientras esto no sea así
trabajaremos para que la ciudadanía pueda disfrutar de unos servicios
públicos de calidad y para que el Estado cumpla con su obligación de
compensar los efectos negativos de la insularidad en el caso de Mallorca,
la doble insularidad en el caso de Menorca e Ibiza y la triple
insularidad en el caso de Formentera.


Agradecemos al PP la aceptación de las enmiendas
que se han traducido en el registro de la transaccional, que esperamos
que sirva para aprobar una moción necesaria para las islas y que el
Gobierno sea consciente de la importancia de esta revisión e inicie los
trámites necesarios e inmediatos para revocar esta situación. Lo presente
quien lo presente, y sea en el momento que sea, no podemos escudarnos en
que sea o no electoralista, que sabemos que lo es, pero este agravio debe
solucionarse, deben solucionarlo, si no esto seguirá siendo un
escándalo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Moltes
gràcies, senyoria.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Marqués Palliser.


El señor MARQUÉS PALLISER: Gracias,
presidenta.


Buenas tardes otra vez. En primer lugar, quiero
agradecer de nuevo los comentarios del resto de grupos y en especial a
los que han expresado su voto favorable, porque las medidas que hoy
proponemos aquí son urgentes. Según los propios sindicatos, en el
año 2002 había más de 5200 empleados de la Administración General del
Estado en Baleares, hoy no llegan a 4000, y todo ello sin contar con el
personal público destinado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado y de Justicia. Esta cifra muestra perfectamente cómo el Estado va
perdiendo peso en las Islas Baleares, y lo más grave para los ciudadanos
es que esto se traduce en una disminución de la calidad de los servicios
públicos. Lo vemos en materia de seguridad, con la falta de efectivos de
la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que genera más inseguridad, lo
vemos en justicia con unos retrasos históricos, como nunca se habían
visto en los juzgados, y también lo vemos en trámites básicos para los
ciudadanos que se pueden hacer en el SEPE y en la Seguridad Social,
servicios públicos muy importantes que en Baleares están colapsados por
la falta de medidas del señor Sánchez. ¿Y por qué motivo tenemos esta
falta de funcionarios? Lo ha comentado perfectamente mi compañera: en las
Islas Baleares tenemos graves problemas para encontrar vivienda, con
precios que suben cada año, y los funcionarios evidentemente no quieren
venir.


Según datos del INE, Baleares es la comunidad donde
el precio de la vivienda ha aumentado más en los últimos años y, lo más
grave, sin medidas efectivas por parte del Govern balear. Podemos afirmar
que el acceso a la vivienda es el mayor fracaso de la izquierda en
Baleares. La situación es muy grave en las cuatro islas, pero le pongo
dos pequeños ejemplos. El primero, mi isla, Menorca, en junio del año
pasado durante la operación verano, había más de 200 000 personas en la
isla, es decir, duplicamos las personas que viven normalmente en la isla;
la única patrulla de la Guardia Civil que estaba disponible por la noche
tiene que custodiar a un detenido en el hospital, Menorca se queda sin
patrulla, tienen que movilizar deprisa y corriendo una patrulla desde
Mallorca en helicóptero. El segundo, Ibiza. Titulares en los periódicos:
Un guardia civil en Ibiza duerme nueva furgoneta y se ducha en el
gimnasio por falta de vivienda y no es el único caso. Eso se suma a las
situaciones inverosímiles con policías, médicos, funcionarios, alquilando
garajes por 800 o 900 euros.






¿Les parece a ustedes normal? Es más, ¿les
parece a ustedes normal que justamente estos días que hemos tenido al
ministro Marlaska en Ibiza no se digne a recibir a los sindicatos?
Señorías, sabemos cuál es el problema: el complemento de administración
por residencia lleva diecisiete años sin actualizarse, mientras la vida y
la vivienda se han disparado a un nivel nunca visto jamás y con unos
problemas de transporte evidentes. Por tanto, y conociendo el problema,
¿a qué esperamos para poner soluciones encima de la mesa? Proponemos
mirar a otras islas, a otros territorios extrapeninsulares y triplicar el
plus de insularidad para, por lo menos, acercarnos a otros territorios,
es decir, pasar de solo 74 euros a 222 y eso, señorías, solo le cuesta al
Estado 18 millones de euros. Suponemos que no es un problema de dinero,
ya que este Gobierno, todos lo sabemos, gasta más dinero que nunca, solo
basta ver los 146 millones de euros que el Gobierno gasta en publicidad,
mientras los guardias civiles o policías nacionales tienen que dormir en
furgonetas. Los funcionarios no eligen el destino de las Islas Baleares
por los altos costes de vida y la situación de la vivienda, lo hacen
forzados y a los dos años se van. Esta es la realidad, es así de simple.
Por ese motivo, muchas plantillas solo están cubiertas al 60 %. Señorías,
es un problema de voluntad política para hacer justicia, es voluntad
política para dar un buen servicio a sus ciudadanos, es voluntad política
para cumplir los acuerdos que adoptamos aquí, en las Cámaras de
representantes, es voluntad política para solucionar problemas. Triplicar
el plus de insularidad de 74 a 222 euros solo le cuesta al Estado 18
millones de euros, algo irrisorio para el presupuesto que maneja el
ministerio.


Voy terminando, presidenta. Señores del Grupo
Socialista, me adelanto a lo que dirán. No, no es el momento de inventos
ni de excusas, estamos llegando tarde. Tenemos la solución aquí encima de
la mesa, no den la espalda a los funcionarios de las Islas Baleares.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Ramírez Gutiérrez.


El señor RAMÍREZ GUTIÉRREZ: Bona tarda a
tothom.


Bienvenidos a los representantes del colectivo
Insularidad Digna. Señorías del Grupo Popular, en el Grupo Socialista del
Senado lamentamos la actitud que mantienen respecto a esta moción. El
liberalismo económico salvaje que está detrás de todas las políticas que
implementan cuando gobiernan genera desigualdad, injusticia, pobreza, lo
saben, lo fomentan y se felicitan por ello. Acto seguido, cuando ustedes
no gobiernan, exigen a los Gobiernos estatal, autonómicos y locales, que
resuelvan los problemas que han creado sus políticas de defensa de
fomento de los intereses de los poderosos, grandes corporaciones y de las
personas que denominan gente de bien. (Aplausos). Los problemas que
sufren los ciudadanos de las Islas Baleares son fruto de algunas de sus
medidas históricas. Intentaré hacer un breve repaso.


La liberación del suelo del Gobierno de Aznar
supuso, junto con la nula política de construcción de vivienda pública
del Gobierno del Partido Popular en Baleares, un incremento especulativo
de precios que ha conseguido tensionar el mercado de alquiler y compra,
mercado tensionado a un nivel de precios imposible de pagar para las
familias de clase trabajadora. Esta situación, agravada por una crisis
del incremento de precios de los bienes de consumo básicos, fruto de la
guerra injusta de Putin y la especulación con los costes de transporte en
nuestras islas, entre otros factores, maximiza esta situación. Pero,
miren, si su política de vivienda es nefasta, es mucho más nefasta su
política del salario mínimo, su política de incremento y revalorización
de las pensiones, su negativa a nuevos derechos sociales. En Baleares, un
Gobierno de coalición de izquierdas, que lleva realizando políticas para
la mayoría social de nuestra comunidad, trabaja denodadamente para
revertir las consecuencias de sus políticas.


Señor Rollán, en la última legislatura que
gobernaron en Baleares —legislatura de 2011 a 2015—, el
número de VPO, Vivienda de Protección Oficial, que construyeron fue
de 49 viviendas, proyectos que venían de la legislatura anterior. El
Gobierno de Francina Armengol en ese tiempo ha generado 1299 viviendas
(Aplausos), ya entregadas o en proceso de construcción. De 2011 a 2015 se
jactaban de devolver las partidas económicas destinadas a ayuda al
alquiler al Gobierno de España, argumentaban que en Baleares estas ayudas
no eran necesarias. En Baleares tenemos una ley de vivienda autonómica
que se complementará con una ley de vivienda estatal, que protege las
viviendas públicas pagadas con el dinero de todos, no como en otras
regiones del territorio estatal. Todos sabemos dónde se vendían viviendas
públicas a fondos de inversión y de qué color político era el Gobierno
que lo hacía. (Aplausos). En fin, señorías, hablemos de las formas.


En Baleares los temas de interés general se pactan.
Después de la caída del producto interior bruto en un 23 %, fruto de la
crisis de la COVID —les recuerdo, un 23 %— para revertir esta
situación —objetivo cumplido— el Gobierno de Francina
Armengol lideró un pacto de reactivación de las islas. Los protagonistas
de este pacto fueron los principales agentes económicos, sociales y
políticos con un acuerdo estructural de 131 medidas, mediante diez ejes
de trabajo para adaptar la sociedad a las necesidades surgidas de la
crisis de la pandemia, entre los cuales estaban consells insulars,
Ayuntamiento de Palma, la FELIB, CAEB, pymes, los sindicatos UGT y
Comisiones, el PSIB, Més per Mallorca, Podemos, Ciudadanos, Propuesta por
las illes, se contó con decenas de colectivos de sectores educativos,
universitarios, acción social, círculos de Economía de Menorca y
Mallorca, el Consejo Económico y Social, y ¿quién faltó? ¿Quién no quiso
involucrarse en la solución? El Partido Popular. (Aplausos). Ni estuvo ni
se le esperó. Ustedes con su dinámica de siempre: cuanto peor,
mejor.


Tampoco aciertan con la estrategia para resolver el
problema. Señorías del Grupo Popular, no son parte de la solución. La
solución a la Función Pública no pasa por una medida aislada, no pasa
solo por incrementar un concepto retributivo que no será suficiente para
resolver el problema de las plantillas y la calidad del empleo público de
forma que sea atractivo. La solución pasa por un nuevo marco normativo de
la Función Pública, por una nueva ley que contemple los procesos
selectivos descentralizados, que considere los puestos de trabajo al
servicio de la Administración General del Estado en Baleares como puestos
de difícil cobertura o la creación del complemento de fidelización para
los puestos igual que en otros territorios del Estado español, ley en la
cual trabaja el Gobierno de España y que esperemos cuente con su apoyo en
su tramitación.


Señorías del Grupo Popular, para finalizar, quiero
constatar la tristeza que produce su actitud. Primero crean los
problemas, se niegan a pactar la solución de los problemas creados, no
respetan las dinámicas territoriales y traen a debate propuestas que
crean inequidad entre ciudadanos. Brillante hoja de servicios, señores
del Grupo Popular, pero, como muestra de nuestro sentido de
responsabilidad y compromiso con los funcionarios del Estado en Baleares,
nos abstendremos en esta moción.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Señorías, finalizado el debate de esta moción, le
recuerdo que el plazo para que emitan el voto electrónico remoto los
senadores autorizados se abrirá al finalizar el debate de la última
moción. Asimismo, le recuerdo que la votación presencial de esta
iniciativa, que se votará en los términos de la enmienda transaccional
con registro de entrada 177323, tendrá lugar una vez finalizado este
plazo cuando sea anunciado por la Presidencia.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR LA CREACIÓN DE ORGANISMOS QUE CONTRIBUYAN A AMINORAR LA CARGA
SANITARIA Y ALIGERAR LAS LISTAS DE ESPERA DE LOS CENTROS DE
SALUD.


662/000167

GPMX


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 5.3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta
moción se han presentado ocho enmiendas: siete del Grupo Parlamentario
Mixto y una del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Sánchez-Garnica.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señora
vicepresidenta.


Señorías, buenas tardes. A pesar de la hora a la
que uno está acostumbrado a dormir la siesta, voy a hacer el esfuerzo
necesario para intentar interesarles por lo que voy a decirles. En primer
lugar, quiero dar la bienvenida a la Cámara a la presidenta del Colegio
de Enfermería de Zaragoza y a sus acompañantes, miembros de su Junta de
Gobierno.


Decíamos ayer que lo importante no solo es plantear
los problemas, sino tratar de buscar las soluciones más adecuadas, ya
que, como decía Henry Ford, la mayoría de las personas gastamos más
tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos. Eso es
lo que pretendemos con la presente moción, afrontar un problema derivado
de la saturación de nuestro sistema público de sanidad, que afecta a su
eficacia y a la calidad del servicio público y, en definitiva, a la
atención de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.


Esta moción se presenta a iniciativa del Colegio de
Enfermería de Zaragoza y tiene una clara finalidad: buscar soluciones
para tratar de aminorar la carga sanitaria existente y aligerar las
listas de espera de los centros de salud, con el objetivo de caminar
hacia un nuevo modelo sanitario que garantice una atención más cercana al
paciente. Estas soluciones, por supuesto, y como no podía ser de otro
modo, deben afrontarse con el máximo respeto a las competencias de las
comunidades autónomas, a todas, por supuesto que sí, cada comunidad
autónoma en el ámbito en su ámbito competencial y funcional, puede
organizar la gestión de la sanidad como estime conveniente. Por eso, el
debate propuesto debe hacerse en el marco del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, vuelvo a repetir, con respeto absoluto al
ámbito competencial de todas y cada una de nuestras comunidades
autónomas.


Los datos objetivos son contundentes y evidencian
la necesidad de buscar y encontrar soluciones. Los datos actuales ponen
de manifiesto que el modelo sanitario actual no es sostenible y, lo que
es más importante, no mejora la salud de la población. Hay que buscar
soluciones que pasan no tanto por redefinir los roles de los distintos
profesionales, sino por dar un viraje importante a la gestión del
sistema. Los datos objetivos indican un futuro no muy halagüeño para
nuestra sanidad. Por un lado, una población envejecida que va a requerir
más recursos sanitarios simplemente por edad y, por otro lado, y lo que
es peor, una población adolescente y adultos jóvenes que van a comenzar
en edades más tempranas, con patologías crónicas por unos hábitos poco
saludables. Hay que tener en cuenta, además que el gasto sanitario ha
aumentado desde el año 2016 entre un 3,6 % y un 13 % interanual. Hay una
frase del presidente Barack Obama que refleja muy bien esta situación.
Decía Barack Obama: «Tengo el triste honor de ser el presidente de una
generación que va a vivir menos que la generación de sus padres». Y esto
no había pasado nunca.


Los datos demuestran que la sociedad española va a
demandar una atención sociosanitaria diferente, ¿y qué es lo que podemos
hacer para mejorar la calidad y eficacia del servicio sanitario? ¿Qué es
lo que podemos hacer? La respuesta dada por los profesionales de la
sanidad parece clara, potenciar el avance de los cuidados en los sistemas
de salud como respuesta a las necesidades actuales, contando con el
envejecimiento de la población y la experiencia de lo ocurrido en la
pandemia. ¿Y cómo se puede potenciar el avance de los cuidados en los
sistemas de salud? Esta pregunta ofrece varias respuestas, pero dos
podrían ser las más convenientes. La primera, facilitar que los
profesionales sanitarios cualificados y preparados, enfermeros y
enfermeras, asuman las funciones de atención a los pacientes en los
centros de salud, y no se trata —entiéndanlo bien—, no se
trata, no se trata, y lo digo por tres veces, de asumir funciones
médicas, sino de cuidado. Con ello se conseguiría racionalizar la
atención médica y descargar de funciones innecesarias a los médicos, que
deben dedicar toda su energía y todos sus conocimientos al diagnóstico y
al tratamiento de patologías. Contamos con magníficos profesionales y
brillantes profesionales de la sanidad, por cierto, mal remunerados y muy
pocos reconocidos. Vamos a tratar de que cada uno de ellos cumpla su
función para lograr la eficacia y eficiencia de nuestro Sistema Público
de Salud, mejorando la calidad en la atención a los ciudadanos, que, en
muchos casos, lo que requiere es cuidado y seguimiento de sus problemas.
En consecuencia, por un lado, una población sobre envejecida que va a
requerir más recursos sanitarios simplemente por edad y, por otro lado,
una población adolescente y adultos jóvenes que van a comenzar en edades
más tempranas con patologías crónicas por unos hábitos pocos saludables.
Debemos, por ello, poner el foco de atención y, por lo tanto, los
recursos en la prevención de la enfermedad. No es buena estrategia que
las enfermeras y enfermeros se dediquen a ocupar parcelas que están
realizando en este momento los profesionales médicos, sino que hay que
dirigir la estrategia de la sanidad en la visión de la promoción, la
prevención y la autorresponsabilidad de la población por su salud. Estas
funciones son las propias de la enfermería, y por los datos de los que se
disponen su desarrollo puede suponer no solo una sanidad sostenible, sino
una mejora real de la salud de la población. Trabajemos en tratar de
sacar el máximo partido posible a la cualificación de ese magnífico
personal sanitario. La segunda, no basta, sin embargo, con la buena
voluntad para lograr el objetivo descrito, es necesario, además, contar
con instrumentos que lo hagan posible. El desarrollo de las funciones de
la enfermería es necesario que se plasme en la gestión y en el diseño de
las estrategias y, entre ellas, podría ser muy útil la creación de
diferentes en las diferentes comunidades autónomas de las direcciones
generales de cuidados y humanización u otros organismos similares. Les
aseguro que en Aragón, en otras comunidades cada uno que haga lo que
tenga que hacer, pero en Aragón lo vamos a pedir.


Son varias las comunidades autónomas que han ido
incorporando en sus estructuras de gestión el liderazgo de los cuidados y
la humanización, sirviendo, además, de enlace entre el nivel asistencial
y el social que a veces van entrelazados. Entre las pioneras en adaptar
sus estructuras están Castilla-La Mancha, Asturias, Cataluña y Andalucía,
entre otras. En Murcia, Baleares, La Rioja y Extremadura se ha optado por
la fórmula de la subdirección general y en el caso de Aragón tiene un
carácter más técnico. Para impulsar, desarrollar y evaluar estrategias de
cuidados es vital contar con un órgano de gestión con capacidad de
decisión y que puedan aportar soluciones a las estrategias que se
plantean. Para cambiar el enfoque en una organización hay que realizar no
solo un cambio de sus profesionales, sino también en organismos de
gestión que las dirigen. Supondría un avance importante para impulsar y
mejorar los cuidados del sistema sanitario público y constataría la
apuesta por impulsar un nuevo modelo sanitario en el que el paciente es
el centro de una atención más cercana y humana a lo largo de toda su
vida. Esa labor debe corresponder a la enfermería, que cuenta con
formación, cualificación y competencias necesarias, tratándose además del
colectivo profesional sanitario más cercano a los pacientes y a los
ciudadanos. Representa el 45 % de la plantilla en los centros de salud y
alrededor de un 35 % de los hospitales.


Como ven sus señorías, no se trata de imponer nada
a nadie ni de invadir ninguna competencia autonómica, tampoco de suplir
la necesaria atención médica. Se trata de buscar soluciones para mejorar
nuestro sistema público sanitario racionalizando los recursos y
garantizar el mejor servicio posible a la población. De esto se trata, de
abrir un debate que afecta a todo el territorio, y luego que cada uno en
el ámbito de sus competencias haga lo que tenga que hacer que, seguro que
lo hacen muy bien. En particular, es el caso de Euskadi, que son líderes
en la gestión de muchos servicios públicos, entre ellos de sanidad y, por
supuesto, también Cataluña y Extremadura. De Aragón no se preocupen, que
ya reivindicaremos nosotros lo que tienen que hacer.


Solicito, en consecuencia, su apoyo a la moción, ya
que, en definitiva, como he dicho, supone un debate necesario que espero
que cuaje con el tiempo en los órganos adecuados.


Muchas gracias por su atención.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta.


Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero
aprovechar mis primeras palabras para saludar y dar la bienvenida al
Senado a las compañeras del Colegio de Enfermería de Zaragoza y agradecer
vuestra presencia.


Señorías, ante el envejecimiento progresivo de la
población española y el aumento de la esperanza de vida, es fundamental
que España se dote de aquellos especialistas que van a tener que tratar
este sector de población ante la carencia de estos en la actualidad.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2022
las regiones más envejecidas son Asturias con un 240 %, Galicia con
un 213 % y Castilla y León con un 211 %, que cuentan con más del doble de
población mayor de 64 años que menor de 16, mientras que solo Ceuta, con
un 65 %, Melilla, con un 48 % y Murcia, con un 92 % registran un índice
de envejecimiento por debajo del cien por cien, es decir, aún presentan
mayor proporción de jóvenes.


Ante esta situación y el devenir de los próximos
años, es fundamental fomentar y potenciar la creación de la especialidad
de geriatría y gerontología médica, así como la especialidad de
enfermería geriátrica. (El señor presidente ocupa la Presidencia). La
gerontología incide en la calidad y condiciones de vida del anciano
mediante el diseño, la ejecución y el seguimiento de políticas y
programas destinados al beneficio de la población anciana. De esta forma,
se suma vida a los años más que años a la vida. Este último sería un
objetivo de la geriatría. La geriatría es una especialidad a la que se le
ha dado poca cancha en las universidades públicas, donde apenas existen
cátedras, frente a las trescientas cátedras que tiene Italia o
Inglaterra, donde es considerada un eje clave.


Ser geriatra no es atractivo por desconocimiento,
porque casi no tiene presencia en la medicina privada donde hay más
oportunidades de obtener ingresos para los profesionales de la medicina y
no está rodeada del prestigio de otras especialidades. La geriatría
disminuye el número de ingresos de los mayores, reduce el consumo de
fármacos y, lo que es más importante, mejora la funcionalidad y la
calidad de vida de los pacientes. En algunas comunidades autónomas, como
Madrid, y en algunos hospitales se han abordado proyectos para crear
unidades geriátricas para tratar a este tipo de pacientes. En España,
además de Madrid, que absorbe el 25 % del total de las plazas, Cataluña,
Aragón y Castilla-La Mancha también han apostado por la geriatría frente
a otros sistemas sanitarios más obsoletos, como el andaluz, donde los
ancianos son atendidos por internistas, o en el País Vasco, que es muy
deficitario. Está comprobado que el tratamiento de los ancianos por
unidades geriátricas de apoyo desde el hospital reduce hasta un 35 % el
número de ingresos en urgencias, un 45 % en los ingresos hospitalarios,
y, además, disminuye el número de días que el paciente permanece
ingresado, que suele oscilar entre los 7 y los 10 días.


La geriatría no solo optimiza los recursos, sino
que aumenta la calidad de vida de los pacientes, ya que no se trata de
dar años a la vida sino, como ya hemos dicho, de dar vida a los años, un
concepto que podría definir de forma muy acertada la esencia de la
geriatría. El número de especialistas en geriatría existente hoy en
España sigue siendo escaso. Las plazas MIR convocadas anualmente
crecieron entre los años 1985 y 2000, pero se estancaron a partir de las
primeras convocatorias del siglo actual. Desde entonces se mantienen
pocas variaciones, entre las 60 y las 70 plazas, en las convocatorias de
cada año. Tanto el número de plazas convocadas como las de centros con
capacidad docente reconocida para formar especialistas son muy inferiores
a las que serían deseables dada la demografía del país. En nuestros
hospitales casi la mitad de las camas están ocupadas por personas mayores
de 65 años. Por ello, la presencia de la geriatría y la aplicación
sistemática de los principios de la medicina geriátrica debería ser
obligatoria. Aunque nunca se ha cuestionado que el seguimiento del
paciente anciano corresponde al médico de familia, conseguir la presencia
del geriatra como consultor en los centros de atención primaria es otro
asunto importante pendiente, dado el aumento de este tipo de
pacientes.


Por todo lo expuesto anteriormente, Vox presenta
estas enmiendas para tratar de mejorar la moción que el senador
Sánchez-Garnica nos presenta, por lo que esperamos sean aceptadas por
ustedes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para la presentación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría la senadora
Berenguer Llorens.


La señora BERENGUER LLORENS: Muchas gracias,
presidente.


Buenas tardes, señorías. Buenas tardes y gracias a
los representantes del Colegio de Enfermería de Zaragoza. Gracias no solo
por estar aquí, sino por vuestro trabajo de siempre y, sobre todo, por
vuestro intenso trabajo en estos dos últimos años. Gracias. Gracias.
Muchas gracias. (Aplausos).


Hoy tenemos una moción que nos permite hablar no de
una cadera rota o de un diabético o de una obesidad mórbida, sino de
personas diversas y con su propia idiosincrasia que sufren de una
determinada enfermedad. Ya la Ley de Sanidad de 1986 fijaba su atención
en la ordenación del sistema sanitario, pero destacaba la voluntad de
humanización de los servicios sanitarios con el máximo respeto a la
dignidad de la persona, a la libertad y sin ningún tipo de
discriminación. En 2021 se publicó una evaluación de la Estrategia para
el Abordaje de la Cronicidad donde se definían una serie de líneas
prioritarias sobre la base de todos los resultados que se habían evaluado
desde 2012: ver cómo funcionaba la historia clínica electrónica
compartida, la atención coordinada, social y sanitaria; fomentar el
trabajo en equipo y la corresponsabilidad de los profesionales en los
distintos ámbitos; impulsar la visita domiciliaria en las personas en
situación compleja clínica o social ―este es uno de los puntos más
relevantes en los que ha mejorado la sanidad en este país―; mejorar
la capacidad resolutiva y favorecer el acceso a las pruebas diagnósticas
y participar en el empoderamiento del paciente en su proceso asistencial,
y también, cómo no, continuar con el proyecto de mejora del abordaje del
dolor crónico no solo en los últimos días de su vida, sino a lo largo de
todo el proceso de la enfermedad del paciente y de la familia.


En esta legislatura, el Ministerio de Sanidad ha
impulsado el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023,
pero, sobre todo, ese plan cuenta con fondos procedentes de los
Presupuestos Generales del Estado y de los presupuestos de las
comunidades autónomas. Para promover el avance competencial y el
desarrollo de la profesión enfermera el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud en mayo de 2022 aprobó la Iniciativa Marco de
Cuidados. Voy a nombrar someramente las líneas estratégicas, pero quiero
que entiendan, porque de ahí emana muchísimo el trabajo del personal de
enfermería: la promoción de la salud del autocuidado y de la
alfabetización en salud y la participación; la sostenibilidad de los
cuidados en el Sistema Nacional de Salud, ya que las enfermeras aportan
sostenibilidad al sistema público de salud como agentes de equidad,
trabajando por la inclusión plena de las personas con diversidad
funcional y patologías; los cuidados de calidad, la humanización como
herramienta transformadora y participativa, ya que se requiere, por
tanto, de una visión holística de conjunto de la patología que tiene la
persona en sí, no solamente puntos o partes determinadas; la mejora de la
capacidad de resolución de las enfermeras, es decir, la posibilidad real
de la decisión y de la gestión imprescindible en los cuidados; el impulso
de la innovación y la investigación de los cuidados, así como la
visibilización y liderazgo de la enfermera en la toma de decisiones,
promoviendo su presencia en los cuidados y en las estrategias, en los
planes y en la gestión sanitaria. Todo ello supone, pues, dar un paso
importante en la mejora de la atención y los cuidados a los pacientes y
usuarios, en coordinación con las comunidades autónomas, para que se
potencie el desarrollo de estrategias donde los cuidados —repito,
los cuidados— aporten su valor a la ciudadanía y al sistema
sanitario.


En definitiva, señorías, cuidar, humanizar y
garantizar la asistencia sanitaria pública, siempre excelente. Este es el
modelo progresista. Este es un modelo socialista tan diferente del de la
derecha. Modelo socialista, señorías del PP, no sanchista. Todo el máximo
respeto, cariño y apoyo a nuestro presidente del Gobierno. (Aplausos). Yo
a ustedes no les llamo feijoístas; es muy feo, es muy feo.


Gracias, senador Clemente Sánchez-Garnica, por su
moción, por su siempre respetuoso talante. Espero que acepte nuestra
enmienda, que tan solo modifica que sea desde el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud donde se continúe impulsando un enfoque
sanitario centrado en los pacientes que garantice los cuidados y la
humanización de los servicios sanitarios y favorezca su implantación en
las comunidades autónomas. Gracias, orgullo de profesión y orgullo de
país.


Buenas tardes. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra su señoría Sánchez-Garnica, del
Grupo Parlamentario Mixto y autor de la moción originaria para manifestar
si acepta o no las enmiendas presentadas.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Gracias, señor
presidente.


Señorías, intervengo de nuevo para tratar de
explicar nuestra posición respecto de las enmiendas. Agradezco, en primer
lugar, las intervenciones de las senadoras Merelo y Berenguer por el
tono, por la profundidad, por querer mejorar algo que es nuestra
intención: debatir sobre una cuestión que nos afecta a todos, no solo a
un territorio; y voy a ser muy breve.


Respecto a las enmiendas de la senadora Merelo,
estamos totalmente de acuerdo en el contenido. Creemos que es necesario
fomentar, impulsar en el seno de nuestro sistema sanitario, de acuerdo
con la organización de geriatría, todos los especialistas que se dediquen
a algo tan relevante e importante como es la atención a nuestros mayores.
Desde luego, apoyaríamos una iniciativa en ese sentido, pero, como ya le
he dicho personalmente, no encaja en el objetivo, en la finalidad de esta
moción. En consecuencia, me va a permitir que no la pueda aceptar, no por
ninguna razón especial, ya sabe el aprecio que le tengo en lo personal
―políticamente discrepamos algo, pero en lo personal sabe que la
aprecio―. Son unas enmiendas muy bien construidas, muy
constructivas, necesarias y que seguro que habrá que afrontar en un
momento determinado.


En cuanto a la enmienda de la senadora Berenguer,
del Partido Socialista, es más light de la que nosotros proponíamos,
pero, en definitiva, el objetivo es el mismo, porque lo que perseguimos
―como ya lo he dicho antes y supongo que lo diré después, y también
el Colegio de Enfermería de Zaragoza, que es del que nace esta
iniciativa― es abrir un debate en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es obvio, y nos gustaría
que se creara en cada comunidad autónoma un organismo de gestión que
permitiera materializar toda la cuestión de cuidados y de las funciones.
Somos conscientes de las limitaciones y, por lo tanto, la vamos a
aceptar, porque, aunque es menos explícita que la nuestra, a veces uno no
puede aspirar a todo, y lo importante es conseguir el objetivo de seguir
avanzando, de seguir trabajando en el diálogo y en dar soluciones a
problemas que, en este caso, no nacen de un partido político, sino de la
iniciativa de profesionales cualificadas que representan a un colectivo.
Además, creo que es el sentir no solo del Colegio de Enfermería de
Zaragoza, sino también del consejo general y de las enfermeras de España.
En consecuencia, la vamos a aceptar con la esperanza de que podamos
seguir avanzando en ese camino.


Nada más. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tomará la palabra
su señoría la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias,
presidente.


En primer lugar, quiero decirle a la senadora
Mercedes Berenguer que el modelo de enfermería no entiende de partidos
políticos, ni de derechas ni de izquierdas: simplemente, entiende de
resolver de forma integral los problemas de sus pacientes.


Señorías, España ha pasado por diferentes fases en
las últimas décadas. En cuanto a demografía se refiere, hemos pasado del
baby boom a un proceso de envejecimiento progresivo y acelerado. En la
actualidad, España se caracteriza por tener una de las tasas de
fecundidad más bajas de la Unión Europea, así como una elevada edad a la
maternidad, lo cual, unido a una de las esperanzas de vida más elevadas
de la OCDE, hace que la pirámide de población se esté invirtiendo. De
cara a las próximas décadas, las proyecciones de población tanto del INE,
Airef y Eurostat indican que se producirá un proceso continuado de
envejecimiento hasta el año 2050, donde la tasa de dependencia
prácticamente se multiplicará por dos.


En última mitad del siglo XX, España era uno de los
países más jóvenes, gracias en parte al baby boom, pero llegará al
año 2050 siendo uno de los países más envejecidos. En 1960 el porcentaje
de personas con más de 65 años sobre el total de la población era
del 8,2 %, mientras que en el año 2020 ha alcanzado el 22,9 %. Las
últimas previsiones del INE indican que en 2050 el 31,4 % de la población
en España tendrá más de 65 años y el 11,6 tendrá más de 80 años. Según
los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2021 el
envejecimiento en España era de 129,1 % y en 2022 ha aumentado hasta
el 133,5 %, un aumento del 4,4 %, siendo el mayor incremento interanual
registrado desde 1999, o, lo que es lo mismo, España no envejecía tanto
desde hace veintitrés años. Por otro lado, la natalidad alcanzó en 2021
la menor cifra de toda la serie histórica, con 338 532 nacimientos,
un 39 % menos que hace una década. Asimismo, la tasa de fecundidad
también anotó su valor mínimo en 2021: 1,19 hijos por mujer, situándose
ya muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, un 2,1 %. Por el
contrario, la esperanza de vida continúa su aumento y hoy se sitúa en
los 83 años.


Ante esta situación cabe preguntarnos: ¿qué se está
haciendo de cara al futuro?, ¿el Gobierno central y los regionales tienen
algún plan de futuro? Está bien la creación de direcciones generales de
cuidados y humanización, como pide el senador Sánchez-Garnica en su
moción, pero creo que se le olvida algo importante, como es potenciar y
fomentar los estudios en gerontología y geriatría para obtener el número
de profesionales adecuados para tratar a esta población envejecida.


La gerontología es la ciencia que se dedica a
estudiar los diversos aspectos de la vejez y el envejecimiento de una
población, tales como los biológicos, psicológicos, sociales, económicos
y culturales, mientras que la geriatría es una rama especializada de la
Medicina que atiende a las enfermedades de la vejez. La gerontología
tiene un objetivo doble: desde un punto de vista cuantitativo, la
prolongación de la vida, dar más años a la vida, retardar la muerte;
desde un punto de vista cualitativo, la mejora de la calidad de vida, dar
más vida a los años de las personas provectas. La gerontología incide en
la calidad y condiciones de vida del anciano mediante el diseño,
ejecución y seguimiento de políticas y programas destinados al beneficio
de la población anciana. De esta forma, suma vida a los años más que años
a la vida, lo que sería un objetivo de la geriatría. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Senadora Merelo, espere un
momento, por favor, discúlpeme.


Señorías, el nivel de ruido, créanme, supera lo
admisible en este momento. Si son tan amables de bajar un poco el
volumen, por favor.


Gracias. Puede continuar.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor
presidente.


La geriatría es una especialidad a la que se le ha
dado poca cancha en las universidades públicas, donde apenas existen
cátedras frente a las trescientas que tiene Italia. Potenciar y fomentar
ambas especialidades contribuye a mejorar la situación de los pacientes
mayores, mejorando la funcionalidad y la calidad de vida de estas
personas. Senador Sánchez-Garnica, con algunas matizaciones y objeciones,
estamos de acuerdo con su moción y vamos a votar a favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra
el senador Sánchez-Garnica.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señor presidente,
señorías, les prometo que no voy a hablar más esta tarde, pero quería
destacar una cosa. En primer lugar, quiero agradecer a la senadora Merelo
su apoyo y, en segundo lugar, quiero volver a insistir que no se trata de
imponer nada a nadie ni de invadir ninguna competencia autonómica,
tampoco de suplir la necesaria atención médica. Se trata de traer una
iniciativa del colectivo de enfermeras y de iniciar un debate para que en
cada comunidad autónoma podamos gestionar las competencias de la mejor
manera posible. Además, quería agradecer, por supuesto, a las senadoras
Berenguer y Carmona la ayuda el apoyo y la sensibilidad del partido del
Partido Socialista a la hora de entender lo que estábamos
planteando.


Solamente, y con esto termino, me voy a permitir
una licencia, por edad, porque, como decía ayer el presidente, me lo
puedo permitir. Esta es una forma de visibilizar la extraordinaria labor
que la enfermería ha tenido en la pandemia. Por eso les pido, por favor,
un aplauso a las representantes de la enfermería que están aquí.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra su señoría Egea Serrano.


El señor EGEA SERRANO: Gracias, señor
presidente.


Bienvenidas, compañeras del Colegio de Enfermería.
Tengo un amigo médico que llevaba más de 29 años trabajando, ya está
jubilado, y cuando hablamos de este tipo de temas él suele decir siempre
las mismas cosas, que cuando no quieres solucionar un problema lo que
tienes que hacer es crear una comisión, porque es la mejor manera de no
solucionar un problema. Y lo dice alguien que ha estado muy vinculado a
la sanidad turolense en este caso. Espero que esto que habla él sobre las
comisiones no sea reproducible a la creación de una nueva dirección
general en las estructuras ya de por sí bastante amplias de las
comunidades autónomas.


Pero vayamos a lo mollar de la moción. Por supuesto
que estamos de acuerdo en todo lo que nos ha comentado el compañero
Sánchez-Garnica, pero hay que ir más allá. Está muy bien crear una
dirección general, pero hay que empezar a implicar a quien verdaderamente
tiene la posibilidad de que todos los cambios necesarios o todos los
cambios que quiera aplicar esa dirección general se lleven a cabo, y no
son otros que las consejerías de Sanidad en las diferentes comunidades
autónomas. Estoy de acuerdo en que la sanidad no es ni de derechas ni de
izquierdas o, por lo menos, no debería ser ni de derechas ni de
izquierdas, porque no tenemos que estar mejor o peor atendidos
dependiendo de en qué comunidad autónoma paguemos nuestros impuestos o de
en qué comunidad autónoma nos pongamos enfermos.


Por eso, espero que esto sea un granito de arena
más en las mejoras que tiene que acometer nuestra sanidad. Tenemos unos
magníficos trabajadores y tenemos una sanidad que en la pandemia demostró
que tenemos la mejor sanidad del mundo, no por los medios seguramente,
pero sí por los profesionales que desarrollan su empeño en nuestros
hospitales de nuestros centros de salud y en el medio rural en los
consultorios. Las enfermeras, los médicos, los celadores, los
responsables de limpieza y de mantenimiento, todas las personas que
trabajan en hospitales hacen una labor encomiable y necesitarían por
parte de los gobiernos autónomos y por parte de las consejerías, sobre
todo de Sanidad, un mayor esfuerzo y reconocimiento, y, por supuesto,
trabajar para resolver realmente sus problemas.


Nada más, y sí que les digo que votaremos a favor
de la moción Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
tomará la palabra su señoría Gómez Perpinyà.


El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor
presidente.


Voy a procurar no extenderme más de la cuenta.
Decía la portavoz de Vox que, en su opinión, el modelo de enfermería no
entiende de ideas políticas, de partidos políticos o de orientaciones
políticas. El compañero de Teruel decía ahora que la sanidad no era ni de
derechas ni de izquierdas ―y yo estoy de acuerdo, lógicamente, la
sanidad es un derecho y así es como debemos defenderla―. Pero,
claro, el modelo de enfermería entiende de ideas políticas, y si no, que
se lo digan a los 6000 sanitarios que Isabel Díaz Ayuso despidió el año
pasado en el momento, insisto, en el que más hacían falta en nuestra
comunidad.


El refuerzo y la mejora de la sanidad pública es
una necesidad que tenemos todas las comunidades autónomas de este país,
seguramente en distintos grados. Como dice la moción, cada vez tenemos
una sociedad más envejecida, cada vez somos más dependientes de un
sistema público y, en conclusión, se debe reforzar la red de cuidados. La
creación de una dirección general de cuidados en nuestra región dirigida
por una enfermera sería una magnífica noticia para los madrileños y las
madrileñas. Francamente, desde la posición de Más Madrid es una verdadera
pena que en el acuerdo más amplio, sin duda, que se ha alcanzado,
ciertamente este elemento haya sido retirado a petición del Partido
Socialista.


Celebramos el acuerdo y vamos a formar parte de él.
Sabemos de las dificultades que hay siempre cuando un grupo minoritario
intenta aunar el acuerdo de diferentes grupos y cuando los partidos
grandes dicen que solamente lo apoyarán si se cumple con su condición.
Nosotros también, lógicamente, somos partícipes de este tipo de
negociaciones, pero, tengo que decirlo, a mí la propuesta original me
gustaba muchísimo más. No obstante, también vamos a apoyar esta
iniciativa.


Ahora que tenemos un Gobierno de España que es de
naturaleza progresista, creo que debemos aprovechar el tiempo para
blindar derechos, para reforzar la sanidad pública y para aumentar su
presupuesto y sus prestaciones, porque, con la derecha en este país,
ciertamente, el sistema público de salud siempre va a estar en cuestión,
y si no, nuevamente, que se lo pregunten al conjunto de los madrileños.
Durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso, los seguros privados han
aumentado un 10 % en la Comunidad de Madrid; han crecido más durante su
Gobierno que en los 7 años anteriores. Somos la comunidad que menos
invierte en sanidad por habitante, demostrando, además, que la
infrafinanciación de la sanidad pública no es una cuestión que esté
directamente relacionada con la capacidad económica de la comunidad
autónoma, sino fundamentalmente que es una cuestión ideológica. Ahí está,
insisto, la Comunidad de Madrid siendo la comunidad más rica de todo el
país y la que menos invierte en sanidad por habitante.Tenemos a un millón
de personas sin médico asignado en atención primaria, hay
casi 300 000 niños y niñas sin pediatra asignado y unas listas de espera
de más de 900 000 personas que están esperando para una operación, una
prueba diagnóstica o para la visita a un especialista. En el Gobierno de
Isabel Díaz Ayuso, durante su mandato, han aumentado las listas de espera
un 42 %. No me extraña, por tanto, que el fin de semana pasado más
de 300 000 madrileños y madrileñas hayan reclamado más inversión pública
en la sanidad a través de una consulta ciudadana que se ha celebrado en
todos los barrios y en todos los municipios de la Comunidad de
Madrid.


No obstante, lo mejor que tiene la democracia, yo
creo, es que al final la palabra siempre la tenemos el conjunto de la
ciudadanía, por lo menos cada cuatro años. Quien quiera un sistema de
salud a la estadounidense, con familias endeudadas para poder pagar sus
medicinas, con peleas imposibles con los seguros privados para que se
hagan cargo, por ejemplo, del coste o de la financiación del tratamiento
de un cáncer o personas pobres muriendo a la puerta de los hospitales,
ciertamente, lo que tiene que hacer es votar a Isabel Díaz Ayuso, tienen
que votar al Partido Popular, que es el partido que mejor va a defender
este modelo. Por tanto, quien quiera un sistema nacional público de salud
en el que prime la salud de las personas y no el negocio, en el que se
garantice la mejor atención y calidad a cualquier persona que lo
necesite, pues, bueno, a mí no me gusta decir a quién tiene que votar la
gente, yo sí que voy a votar a Más Madrid, pero bastaría con que cada una
de las personas que defiende este modelo vote por un partido que
verdaderamente defienda la sanidad pública y defienda lo público.


Yo creo que hay momentos en la historia en los que
avanzamos en derechos y otros en los que retrocedemos. Ahora mismo yo
creo que en España, modestamente, estamos avanzando en derechos y a
partir del próximo 28 de mayo yo creo que nos toca también, de una vez
por todas, empezar a avanzar en la Comunidad de Madrid.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tomará la
palabra su señoría Castellví Auví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias, presidente.


Des d’aquí l’escó mateix. Nosaltres no
ens sentim al·ludits amb aquesta moció. Catalunya té competències en la
matèria. Estem fent els deures i els estem fent bé. Per tant, ens
abstindrem en aquesta moció.


Moltes gràcies.


Intervendré desde el escaño. No nos sentimos
aludidos por esta moción. Cataluña tiene competencias en la materia,
estamos haciendo los deberes y los estamos haciendo bien, así que nos
vamos a abstener en esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Vasco, tomará la palabra su señoría la senadora Peral Díez.


La señora PERAL DÍEZ: Eskerrik asko, mahaiburu
jauna.


Debatimos una moción a iniciativa del Partido
Aragonés sobre la necesidad de contar con una Dirección general de
Cuidados y Humanización en todas las comunidades autónomas. Esta
necesidad la basan, según describe en la exposición de motivos, en el
envejecimiento paulatino de la población, con un aumento del número de
personas mayores de 80 años, lo que provocará el crecimiento del número
de enfermos crónicos, pluripatológicos y dependientes.


El envejecimiento de la población que podríamos
considerar un logro de la sociedad actual, supone, por otro lado, una
preocupación por las consecuencias económicas y sociosanitarias que de él
se derivan. En su moción, circunscriben la solución únicamente al sistema
de salud, cuando la respuesta, creemos, debe darse de una manera
coordinada en las áreas sanitaria y social con una atención integral que
incluya a todas las personas mayores: las sanas, las que tienen
enfermedades crónicas sin alteración funcional, las personas mayores
frágiles, las que están en situación de dependencia y las que están en
situación de final de la vida.


Recientemente, se aprobó en esta Cámara el informe
de la ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en España.
Esta ponencia se creó con el objetivo de responder al reto del
envejecimiento de la población desde diferentes ámbitos. Entre las
recomendaciones de la ponencia se incluía reforzar la atención y la
coordinación de los sistemas social y sanitario, dado que la
descoordinación de los sistemas social y sanitario provoca mayor presión
asistencial y sanitaria. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Guarden silencio,
señorías.


Discúlpeme, senadora.


Señorías, un poco de silencio.


La señora PERAL DÍEZ: Estamos, por tanto,
completamente de acuerdo con esta recomendación, pero es que tanto la
asistencia social como la sanidad son competencia de las comunidades
autónomas. Señor Sánchez-Garnica, el texto de la moción original era una
intromisión en la capacidad que tienen las comunidades de organizar sus
servicios de salud: ¿por qué esa dirección y no otra?, ¿por qué la tiene
que llevar enfermería?, ¿por qué, incluso, se tiene que gestionar desde
el ámbito sanitario y no desde el social? La gestión de los servicios
sociales es competencia de las diputaciones forales en Euskadi, y allí al
menos se trabaja de manera coordinada entre diputaciones y Gobierno vasco
desde la Dirección de Atención Sociosanitaria según la Estrategia de
atención sociosanitaria para proporcionar una atención especializada a
las personas mayores. Si consideran que hay una deficiencia en su
comunidad autónoma, resuélvanla allí, porque es responsabilidad suya. Con
esta moción estaban entrando incluso en temas puramente organizativos en
los que el Senado y el Gobierno del Estado no tienen nada que decir.


Si algunas comunidades autónomas tienen esa
dirección que tanto anhelan es porque en el ejercicio de sus competencias
han decidido ponerla en marcha. Ustedes en Aragón pueden hacer lo mismo,
están gobernando, con el diseño que necesiten, en función de su
problemática, de sus necesidades, de las características de su sistema de
salud y asistencial, de la situación poblacional que tengan, gestionado
por una enfermera o enfermero o la persona que consideren más apropiada,
porque todos estos factores son claves para diseñar una respuesta
adecuada al problema.


Dice que lo van a hacer, fenomenal. Pues entonces
su moción no tiene ningún sentido, es que no es aquí donde tiene que
pedir esto. Entiendo que el Colegio de Enfermería de Zaragoza no entienda
la arquitectura competencial del Estado, pero usted sí. Y una vez visto
que han admitido la enmienda del PSOE, todavía entiendo menos la
presentación de la moción, porque modifica completamente lo que usted
pretendía. Y no es que sea light, como usted ha dicho, es que ahora
es 0.0.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana,
¿van a intervenir? (Denegaciones). Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su señoría Fernández Pérez.


El señor FERNÁNDEZ PÉREZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, buenas tardes. Bienvenidos a los
compañeros de enfermería que nos honran con su presencia. En el petitum
de la moción nos propone la creación dentro del Sistema Nacional de Salud
de unos organismos, direcciones generales de Cuidados y Humanización, en
colaboración con los colegios oficiales de Enfermería, que mejoren la
relación con el paciente, aligerando la carga sanitaria y mejorando las
listas de espera.


Todas estas medidas, como mejorar el autocuidado,
la atención centrada en las personas, la adecuada comunicación del
personal sanitario con pacientes y familiares, en resumen, facilitar la
comunicación médico-paciente nos parecen muy positivas. En el Partido
Popular estamos de acuerdo con todas y cuantas medidas favorezcan una
mayor atención al paciente, pero para nosotros esta moción tiene algunos
puntos en los que discrepamos. Las comunidades autónomas tienen
competencias exclusivas en materia de organización, régimen y
funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. Además, tienen
competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de
sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud,
coordinación hospitalaria y ordenación farmacéutica. Por todo esto, esta
moción nos parece como un brindis al sol, más si tenemos en cuenta que no
le pide al Gobierno central la creación de estos organismos en Ceuta y
Melilla, que sí son los territorios donde el Gobierno central tiene
competencias.


Le voy a poner un ejemplo de mi tierra, Galicia, de
sanidad pública, aunque el compañero de Más Madrid no se lo crea. En el
Servicio Gallego de Salud no se dispone de un órgano directivo con la
denominación específica Dirección General de Cuidados y Humanización,
pero sí se dispone de órganos directivos que realizan funciones
atribuidas a esa dirección general y que contribuyen a aminorar la carga
sanitaria y a aligerar las listas de espera de los centros de salud. En
los servicios centrales se dispone de un sistema de integración
asistencial que impulsa la implantación de la gestión integrada, coordina
la integración de las prestaciones asistenciales de atención primaria y
de atención hospitalaria, planifica los programas asistenciales que
implican la gestión integral de enfermería y desarrolla soluciones
integrales para el soporte de la abstención no presencial, entre otras
muchas funciones. Dependiendo de la Dirección General de Enfermería de
las áreas sanitarias, están las subdirecciones de enfermería de atención
primaria y atención hospitalaria que se encargan de dinamizar los
programas que implanta la Consellería y el Sergas, en la línea de un
punto de vista integral y de una atención centrada en las personas.


Así, a modo de ejemplo, les puedo indicar la
implantación, desarrollo y evaluación de los siguientes programas: Plan
Gallego de cuidados paliativos, Programa de mejora de la calidad del
paciente crónico medicalizado, Estrategia gallega para la atención a
personas con cronicidad que desarrolle que evalúa también estrategias de
cuidados a pacientes con enfermedades crónicas raras o en situación de
fragilidad, Estrategia gallega de enfermedades raras, Atención
domiciliaria, el Programa Conecta 72, que permite que los cuidados de
enfermería continúen después del alta con la llamada de enfermería desde
el centro de salud en menos de 72 horas. Asimismo, y dependientes de las
gerencias de las áreas sanitarias, están las subdirecciones de
Humanización y Atención a la Ciudadanía de las áreas sanitarias que
garantizan la adecuada comunicación entre el personal sanitario y los
pacientes, y, en su caso, con los familiares y cuidadores. Tal como acabo
de exponerles, la dirección de enfermería y las subdirecciones están
gestionadas por enfermeros o enfermeras, pero la dirección del servicio
central de integración asistencial no. Esto nos lleva al segundo punto de
desacuerdo con la moción. La moción no debe centrarse en una sola
profesión sanitaria. Usted, en este caso, pide exclusivamente la
colaboración del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, y
nosotros consideramos que debería hacerse con todos los órganos
colegiados que representan a los colectivos sanitarios y que sea la
persona más cualificada y preparada la que realice estas funciones. Por
estos motivos, y aunque nos parece positiva la intención de su moción de
mejorar la calidad sanitaria de los pacientes, los instrumentos que
propone no nos convencen y nos abstendremos en la votación.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la
palabra su señoría la senadora Carmona Delgado.


La señora CARMONA DELGADO: Gracias, señor
presidente.


Muy buenas tardes, señorías. Una persona enferma es
una persona vulnerable y, por lo tanto, requiere atención y cuidados de
los demás. Hablar de humanización en nuestro ámbito sanitario se
convierte en materia extremadamente necesaria. La humanización de la
sanidad implica no solo tratar al paciente, sino cuidar a la persona. En
definitiva, humanizar equivale a dignificar a todo ser humano y en todas
sus esferas: orgánica, física, cognitiva, psicológica y social. Además,
humanizar implica hablar de calidad asistencial: accesibilidad, eficacia,
eficiencia, efectividad, continuidad, seguridad del paciente y seguridad
del profesional. En este contexto surge el concepto de humanización en la
actividad asistencial sanitaria, que sienta sus bases en valores tan
vitales como confidencialidad, actitud, unión, comprensión, experiencia
personal; es decir, la visión de la persona como un todo.


Gran desafío, señorías, trasladar esta teoría a la
práctica clínica, sin embargo, no es imposible. La implementación real y
efectiva de la humanización en nuestros sistemas de salud precisa del
desarrollo de planes y estrategias a medida, no solo invertir en
recursos. Además, requiere un cambio de paradigma. No lo olvidemos,
señorías, el paciente siempre debe ser el eje del sistema.






Debemos
continuar aprendiendo a comprender las necesidades no solo materiales,
sino también emocionales del paciente para poder ofrecerle una atención
de forma holística y digna, como merece. Siempre comento que cada
paciente es un mundo, las necesidades reales son diferentes en cada
persona: variables y factores como la edad, el tipo de patología,
existencia o no de tratamientos previos, antecedentes personales,
etcétera. De ahí, la necesidad de políticas de humanización en el ámbito
no solo sanitario, señorías, también el jurídico, económico, ético,
cultural, etcétera.


En España hemos observado una progresiva evolución
en materia de humanización. En el año 1984 fue presentado el primer Plan
de humanización de la asistencia hospitalaria del Insalud. Las
aportaciones específicas del plan de 1984 fueron: creación de servicios
de atención al paciente, carta de presentación y recepción del paciente,
información general, normas de funcionamiento, carta de derechos y
deberes de los pacientes, comisión de humanización y encuestas de
satisfacción. Posteriormente, se sucedieron los planes autonómicos.
(Rumores).


La pandemia COVID-19 ha provocado la peor crisis
sanitaria y económica de la historia reciente en cien años. Diversas
investigaciones han advertido tanto a nivel internacional como en España
de los niveles de fatiga emocional del profesional sanitario, así como de
la sintomatología asociada al cansancio prolongado: crisis de ansiedad,
trastornos depresivos, insomnio, alto nivel de estrés, especialmente, en
el personal asistencial de primera línea, urgencias, atención
primaria… (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio, señorías,
por favor.


La señora CARMONA DELGADO: … cuidados
intensivos, neumología, sobre todo en mujeres y en especial en el
colectivo de enfermería. Entre un 30 y un 70 % de los sanitarios han
experimentado alguno de los síntomas o procesos citados.


Esta pandemia ha impactado, así, lamentablemente a
nivel psicológico en los profesionales sanitarios, lo que nos invita a
reflexionar acerca de la necesidad de políticas de humanización
orientadas a clínicos, personal de enfermería en particular, como hoy
tratamos aquí, agradeciendo al senador Sánchez-Garnica la iniciativa
presentada y, cómo no, al Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, que
hoy nos acompaña, y respetando, como no puede ser de otra manera, las
competencias delegadas.


La COVID interrumpió nuestras vidas cual elemento
destructivo para la humanización de la asistencia sanitaria, sin embargo,
no lo fue tanto gracias a la reacción inmediata de los profesionales
sanitarios y de la ciudadanía en general. Es más, la COVID-19 ha
visibilizado el lado más humano de las personas y ha reafirmado la
necesidad de políticas de humanización aún más precisas y exigentes. La
humanización de la asistencia sanitaria agraciadamente se ha instalado
entre nosotros y ha alcanzado en esta era pos-COVID su máxima relevancia.
Se deberán afianzar los planes de humanización ya comenzados, mantener
las medidas positivas implementadas, activar otras tantas medidas para
situaciones críticas de emergencia, por ejemplo, permisos especiales, y
definitivamente, señorías, trabajar de forma conjunta para la ejecución
extendida en sábana de las políticas de humanización en nuestro Sistema
Nacional de Salud. Por todo ello, señorías, apoyaremos esta
iniciativa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
señoría.


Señorías, les recuerdo que el plazo para la emisión
del voto telemático de esta moción se abrirá al finalizar el debate de la
siguiente moción. Ruego llamen a votación. (Pausa). Cierren por favor las
puertas.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO
PENAL, EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CRIMINAL Y LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (Votación).


624/000020

Justicia


El señor presidente lee el punto 3.1.1.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votaremos
las enmiendas y las que resulten aprobadas quedarán incorporadas
definitivamente al dictamen del Pleno.


De sus señorías Marín Gascón, Rodríguez de
Millán y Merelo Palomares votamos, en primer lugar, las enmiendas 21
a 30.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 4; en contra, 253.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De su señoría Sánchez López votamos, en primer
lugar, la enmienda número 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 20; en contra, 233;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 14; en contra, 226;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De sus señorías Cleries i Gonzàlez, Cervera
Pinart y Rivero Segalàs votamos la enmienda 31.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 33; en contra, 223;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 32 a 34.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 33; en contra, 223;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 35.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 19; en contra, 237;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 36 a 39.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 21; en contra, 234;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Y votamos las enmiendas 40 y 41.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 28; en contra, 224;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos, a continuación, las enmiendas del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu. En primer
lugar, las enmiendas 3, 7, 8, 11 y 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 22; en contra, 233;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 4 a 6 y 10.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 18; en contra, 233;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 9.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 33; en contra, 219;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Y, por último, votamos las enmiendas 12
a 19.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 23; en contra, 232;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos a continuación y en un solo
acto el resto de la proposición de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 254; a favor, 231; en contra, 19;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos
de las señorías del Grupo Parlamentario Popular en el Senado puestas en
pie, dirigidos al señor Núñez Feijóo).









TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA
LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL,
PARA LA ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO REGULADOR DE LAS MEDIDAS
ALTERNATIVAS A LAS SANCIONES PECUNIARIAS. (Votación).


622/000102

GPERB


El señor presidente lee los puntos 3.2.
y 3.2.1.


El señor PRESIDENTE: Señorías, votaremos a
continuación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 147; en contra, 108;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos).










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN ABIERTA SIN NECESIDAD DE CITA PREVIA, A
REFORZAR LA CITACIÓN Y ATENCIÓN PRESENCIAL E INTENSIFICAR LA ATENCIÓN
PRIORITARIA Y PREFERENTE PARA LOS MAYORES DE 65 AÑOS.
(Votación).


671/000156

GPP


El señor presidente lee el punto 4.1.


El señor PRESIDENTE: Se vota en los términos de la
propuesta de modificación con número de registro de entrada 177316.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 256; a favor, 256.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos.— Rumores).


Señorías, un poco de silencio.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
TRANSFERIR A LA GENERALITAT DE CATALUÑA LA SEDE DE LA JEFATURA SUPERIOR
DE VIA LAIETANA DE BARCELONA, PARA SU RECONVERSIÓN EN UN ESPACIO
MEMORIALÍSTICO DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN CATALUÑA Y DE LA LUCHA POR
LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS. (Votación).


671/000157

GPERB


El señor presidente lee el punto 4.2.


El señor PRESIDENTE: Se vota en sus propios
términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 256; a favor, 31; en contra, 225.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA
ASISTENCIA SANITARIA EN LAS CIUDADES DE MELILLA Y CEUTA.
(Votación).


671/000158

GPP


El señor presidente lee el punto 4.3.


El señor PRESIDENTE: Se vota, también, en sus
propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 256; a favor, 110; en contra, 113; abstenciones, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
RECONOCER LA REALIDAD SOCIAL DE UNA POBLACIÓN INFANTIL QUE NECESITA
CUIDADOS PALIATIVOS, A ANALIZAR LAS NECESIDADES REALES DE LOS PACIENTES
PEDIÁTRICOS EN SITUACIÓN TERMINAL Y A ADOPTAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA
MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS MISMOS Y LOS CUIDADOS PALIATIVOS
PEDIÁTRICOS.


662/000169

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPN
GPIC
GPD
GPMX


El señor presidente lee el punto 5.4.


El señor PRESIDENTE: A esta moción no se han
presentado enmiendas.


Para la defensa de la moción conjunta tiene la
palabra su señoría Cleries i González, del Grupo Parlamentario
Nacionalista. (Rumores).


Un poco de silencio, señorías. Abandonen el
hemiciclo, por favor, en silencio para que el orador pueda dar comienzo a
la defensa de la moción.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muy buenas
tardes.


Hoy la política aterriza en el sentido más humano.
Este es el sentido más básico de la política, el sentido del servicio, de
ser útiles, de ser cercanos, accesibles y sensibles. Estamos aquí gracias
a la valentía y a la generosidad de unas familias, de profesionales, de
madres y padres y de personas que han vivido la pérdida de un niño o
adolescente. De su experiencia, difícil de asumir, hacen lección de vida
para todos y todas. Vinieron aquí, al Senado hace unos meses a
contárnoslo a los grupos parlamentarios y hoy todos los grupos hemos
tenido la capacidad de darles respuesta, con una moción, que es un primer
paso, un inicio de un camino de colaboración, un inicio de andar juntos.
Hoy también estas personas nos acompañan. Gracias por estar aquí.
(Aplausos).


Los padres y madres de menores con patologías
complejas se han expresado mediante un grupo de apoyo entre iguales,
proyecto pionero que se constituyó en marzo de 2021 en el marco del grupo
de trabajo de familia de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos
Pediátricos, Secpal. La atención paliativa a los pacientes que lo
requieren es un derecho reconocido por los organismos internacionales. En
los últimos años, el Consejo de Europa ha publicado recomendaciones
específicas en las que aboga por la definición de los cuidados paliativos
como un derecho y una prestación más de la asistencia sanitaria.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Senador Cleries, perdóneme.
Espere un segundito. (Pausa).


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: ¿En qué se basa? En
proporcionar a la población infantil y adolescente con una enfermedad en
fase avanzada que amenaza y limita su vida y a los familiares una
valoración y atención integral adaptada en cada momento a su situación en
cualquier nivel asistencial y a lo largo de todo su proceso evolutivo.
Los cuidados paliativos son una forma de prestar asistencia centrada en
las personas, los niños y niñas, sus familias y los profesionales que los
atienden, sin olvidar su entorno escolar y de amistades.


Los niños, mayoritariamente, quieren ser atendidos
en casa. Las familias también necesitan cuidarlos en casa durante la
enfermedad y la muerte. En la actualidad, a pesar de las directrices
aprobadas, la realidad es que no hay unidades de cuidados paliativos
pediátricos en la mayoría de las comunidades autónomas, y donde están
implantadas, están desequilibradas territorialmente.


Mientras se habla mucho del bien superior del niño
y de los derechos de los niños, hoy en día, en el ámbito sanitario la
infancia tiene menos derechos que una persona adulta. De ahí que esta
moción prevé lo siguiente: en primer lugar, reconocer la realidad social
de una población infantil que necesita cuidados paliativos específicos
para llevar dignamente el sufrimiento de enfermos crónicos, graves o
terminales, agradeciendo la tarea de madres y padres, familias y
profesionales; en segundo lugar, analizar las necesidades reales de los
pacientes pediátricos en situación terminal, y en tercer lugar, en
función de estas necesidades, adoptar las medidas oportunas para mejorar
la atención integral de los pacientes y los cuidados paliativos
pediátricos.


Esta es la moción que hemos presentado todos los
grupos y que estamos seguros de que tendrá el apoyo de todos los
senadores y senadoras.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senador
Cleries.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
su señoría Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, señor
presidente.


Señorías, existen ciertos derechos que emanan de la
esencia de las cosas, de su naturaleza, siendo el principal de ellos el
derecho a la vida, insertado en lo más profundo de la naturaleza humana y
prius ontológico sin el cual carecerían de sentido todos los demás. El
marco para la regulación de este derecho se encuentra en el artículo 15
de nuestra Constitución: «Todos tienen derecho a la vida y a la
integridad física y moral». Asimismo, el derecho a la protección de la
salud se reconoce en el artículo 43, por el que se encomienda a los
poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Señorías, el
derecho a la protección de la salud debe entenderse como la garantía de
recibir cuidados sanitarios frente a la enfermedad, ya sea con
tratamientos curativos o paliativos, y abarca cuatro elementos:
disponibilidad, accesibilidad, calidad y respeto a la ética médica.


Sobre la base de lo expuesto anteriormente, los
poderes públicos, las administraciones están obligadas a garantizar su
cumplimiento a través de un adecuado sistema legal de protección.
Señorías, en la actualidad existe cada vez más la necesidad de una
atención paliativa definida, como los cuidados dirigidos a prevenir o
aliviar el sufrimiento en pacientes niños y adultos afectados por
problemas derivados de enfermedades con una esperanza de vida limitada.
Por tanto, debemos conseguir la efectiva universalización de los cuidados
paliativos, así como la mejora de las medidas y recursos de apoyo
sociosanitario. Las unidades de cuidados paliativos deben estar dotadas
de profesionales suficientemente formados en la atención paliativa,
diferenciando si esta es en niños o adultos por sus diferentes
características. Por tanto, los cuidados paliativos se deben incluir no
solo en los planes de estudio de los grados relacionados con la ciencia
de la salud, sino como especialidad médica en los términos expuestos en
la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias. Esta medida, junto con la creación de unidades de cuidados
paliativos suficientemente dotadas en todo el sistema sanitario público,
pretende universalizar y garantizar el derecho de todos a recibir los
cuidados necesarios y adecuados y que estos puedan ser facilitados, tanto
en atención primaria como hospitalaria. Asimismo, los poderes públicos
deberán elaborar una estrategia de cuidados paliativos en el Sistema
Nacional de Salud que institucionalice con rango de ley un documento de
actuación de las administraciones sanitarias, de tal manera que sirva
como instrumento de evaluación y constancia del desempeño del Sistema
Nacional de Salud en materia de cuidados paliativos.


Señorías, ya conocen la postura de Vox respecto a
los cuidados paliativos. En ese sentido, el pasado 4 de octubre de 2022
registramos en el Congreso una proposición de ley orgánica sobre cuidados
paliativos, cuya toma en consideración se debatió la semana pasada,
siendo rechazada. En nuestro país, España, falta una cultura de cuidados
paliativos, tanto en niños como en adultos. Debemos cambiar de mentalidad
y apostar decididamente por la vida, y en aquellos casos en que no sea
posible, facilitar y mejorar todas aquellas situaciones que mejoren las
condiciones de vida de estos pacientes en sus últimos días.


Votaremos a favor de esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra el señor Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor
presidente.


Intervengo desde el escaño.


El Grupo Parlamentario Democrático, formado por
Teruel Existe, PRC y Ciudadanos, va a votar a favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


¿El Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal va
a intervenir? (Denegaciones).


Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra el senador Cleries i Gonzàlez.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies,
president.


Com hem dit abans, saludem les persones que avui
ens acompanyen. I també vull agrair especialment a la senadora Esther
Carmona, que especialment ha ajudat a fer aquesta moció.


La finalitat d’aquesta moció són les cures
pal·liatives pediàtriques per a infants amb malalties que amenacen i
limiten la seva vida. La realitat és que hi ha nens que moren i que
necessiten cures específiques. No podem mirar cap a una altra banda i
deixar en solitud aquestes persones. La repercussió que té aquesta
situació no desitjada és a nivell familiar, mares, germans, germanes,
avis i àvies, a nivell laboral, a nivell escolar i a nivell convivencial.
A l’Estat espanyol hi ha 25.000 infants que requereixen cures
pal·liatives i a dia d’avui més del 85 % no la reben. Cal un
acompanyament digne. El cos i la malaltia són els que determinen el
moment del comiat, però de nosaltres depèn que aquest camí es pugui
recórrer amb més qualitat humana. Es necessita equip. La clau és
l’equip que formen els professionals, metges, psicòlegs,
treballadors socials, amb el pacient, l’infant, l’adolescent,
amb la família, pares, germans, avis, amb l’entorn educatiu,
professors, amics. Quin és l’esperit d’aquesta moció? Donar
l’impuls necessari perquè aquestes cures arribin a tothom. Si
arriben a les ciutats, també ha d’arribar a l’entorn rural.
Si arriben a unes comunitats autònomes, ha d’arribar a totes i a
tot arreu.


El llegat que han deixat els nens i nenes a les
seves famílies, entorn i també a la societat, és un nou sentit de la
vida, és benestar emocional, és espiritualitat en el record, és empatia,
és canvi vital, és dolor i lluita, és activisme social, és unitat, és
gratitud. Tots ells valors que hauríem d’apreciar tots com a
societat i incorporar-los a les nostres vides, agraint així els
ensenyaments d’aquests petits que, vivint la malaltia i la mort a
edats primerenques, ens aporten una saviesa diferent que els adults no
seríem capaços d’enfocar. Aporten innocència, aporten tendresa,
aporten noblesa, aporten amor.


Gràcies a tothom qui ho ha fet possible,
especialment als qui el vostre compromís incansable, com el d’avui
d’aconseguir aquesta moció, té un sentit molt intens, que té nom.
Té nom. Es diu Jorge, es diu Daibel, es diu Valentina, es diu Bruno.


Gràcies. (Aplaudiments).


Muchas gracias, presidente.


Como hemos dicho antes, saludamos a las personas
que hoy nos acompañan. También quiero agradecer muy especialmente a la
senadora Esther Carmona, que especialmente ha ayudado a elaborar esta
moción.


La finalidad de esta moción son los cuidados
paliativos pediátricos para niños con enfermedades que amenazan y limitan
su vida. La realidad es que hay niños que mueren y que necesitan cuidados
específicos, y no podemos mirar hacia otro lado y dejar en soledad a
estas personas. La repercusión que tiene esta situación no deseada es a
nivel familiar: padres, madres, hermanos, hermanas, abuelas y abuelos, y
a nivel laboral, escolar y de convivencia. En el Estado español
hay 25 000 niños que requieren cuidados paliativos y, a fecha de hoy, más
del 85 % no lo reciben. Se necesita un acompañamiento digno. El cuerpo y
la enfermedad son los que determinan el momento de la despedida, pero
depende de nosotros que este camino se pueda transitar con más calidad
humana. Se necesita equipo. La clave es el equipo que forman los
profesionales: médicos, psicólogos y trabajadores sociales, con el
paciente: el niño, el adolescente; con la familia: padres, hermanos,
abuelos; con el entorno educativo: profesores, amigos... ¿Y cuál es el
espíritu de esta moción? Dar el impulso necesario para que estos cuidados
lleguen a todos. Si llegan a las ciudades, también tienen que llegar al
entorno rural. Si llegan a unas comunidades autónomas, también tienen que
llegar a todas; a todas partes.


El legado que han dejado los niños y niñas en sus
familias, en el entorno y también en la sociedad es un nuevo sentido de
la vida: es bienestar emocional, es espiritualidad en el recuerdo, es
empatía, es cambio vital, es dolor, lucha, es activismo social, es
unidad, es gratitud. Todos ellos son valores que todos deberíamos
apreciar como sociedad y deberíamos incorporar a nuestras vidas,
agradeciendo así las enseñanzas de estos pequeños que, viviendo la
enfermedad y la muerte a unas edades muy tempranas, aportan una sabiduría
distinta que los adultos no seríamos capaces de enfocar: aportan
inocencia, aportan ternura, aportan nobleza, aportan amor.


Gracias a todos los que lo han hecho posible, y
especialmente a los que, con un compromiso incansable, han conseguido
esta moción, que tiene un sentido muy intenso y que tiene nombre: se
llama Jorge, se llama Daibel, se llama Valentina, se llama Bruno.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senador
Cleries.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
su señoría la senadora Peral Díez.


La señora PERAL DÍEZ: Eskerrik asko, mahaiburu
jauna. Intervengo desde el escaño.


Quizá esta moción que hemos presentado todos los
grupos podría haber sido una declaración institucional, de esas que tanto
nos cuesta sacar en esta Cámara, y por una vez tendríamos unanimidad. En
cualquier caso, creo que todos estamos de acuerdo con el texto que se
recoge en la exposición de motivos y con el sentir del senador Cleries y,
por lo tanto, y por supuesto, votaremos a favor de esta moción.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, senatari
andrea.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana,
tiene la palabra la senadora Callau Miñarro.


La señora CALLAU MIÑARRO: Gràcies, president. Bona
tarda a tots i totes.


Cleries, tot el suport com a persona humana que
som. Volem començar no només agraint la presència de les entitats
implicades i les famílies, sinó posant èmfasi a la vostra generositat,
que viviu aquesta situació i que, malgrat la duresa, sou capaços
d’organitzar-vos per reclamar els drets dels vostres infants en
aquestes circumstàncies. Gràcies.


Com saben, l’atenció pal·liativa pediàtrica
requereix el treball col·laboratiu dels professionals dels diferents
àmbits assistencials, les famílies i tot l’entorn sociosanitari. A
Catalunya, Salut ha iniciat el desplegament d’una xarxa
d’atenció pal·liativa pediàtrica integral. La finalitat és establir
nivells i circuits que garanteixin equitat i qualitat en la continuïtat
assistencial i l’acompanyament del malalt i la seva família durant
els diferents episodis del tractament i procés de la malaltia. Posar al
centre el benestar de l’infant i la família en un procés tan dur ha
de ser la primera prioritat per garantir que els infants i joves que
necessiten cures pal·liatives puguin rebre-les amb la millor atenció
possible. Fins fa poc, la prestació d’aquesta atenció es feia de
forma heterogènia a diferents hospitals de Catalunya. Ara s’ha
creat un model organitzatiu integral amb la voluntat d’establir una
coordinació entre centres i serveis implicats en l’atenció que doni
cobertura a tot el territori. A Catalunya s’estima que hi ha
uns 1.535 infants i joves amb necessitats de cures pal·liatives
pediàtriques. D’altra banda, d’acord amb les dades de
mortalitat del país dels darrers cinc anys, hi ha una mitjana de 400
defuncions entre la població de 0 a 19 anys, de les quals un 65 %
aproximadament es consideren susceptibles de rebre aquestes cures.


Per a això, mitjançant la creació de la XAPPI, es
disposa de tres nivells d’atenció amb equips multidisciplinaris
formats per professionals de la medicina, la infermeria, la psicologia i
el treball social, amb la formació especialitzada de pediatria, i
específica en cures pal·liatives. Aquesta integració del sistema permet
actuar de forma coral, garantint l’equilibri territorial i aprenent
de manera compartida com millorar l’atenció a les famílies. És molt
important que des de les institucions reforcem amb tots els recursos
necessaris aquests serveis d’atenció especialitzada que ofereixen
una sortida i acompanyament al dolor incomparable de veure com la vida
d’un infant s’apaga. El millor servei que podem fer a les
entitats que avui ens acompanyen i les famílies és garantir un
finançament just perquè el sistema sanitari disposi de tots els mitjans
necessaris.


Celebrem que aquesta moció sigui recolzada per tots
els grups polítics, encara que alguns no estiguin escoltant en estos
moments, per la gravetat de la problemàtica, però reclamem que el seu
compliment sigui ràpid i efectiu, menys papers i més accions directes.
(Rumors).


Gracias, presidente.


Buenas tardes a todos y a todas.


Señor Cleries, todo nuestro apoyo como personas
humanas que somos.


Quiero empezar no solo agradeciendo la presencia de
las entidades implicadas y de las familias, sino que también queremos
poner el acento en vuestra generosidad que vivís esta situación y, a
pesar de la dureza, sois capaces de organizaros para reclamar los
derechos de vuestros hijos en estas circunstancias. Gracias.


Como saben, el cuidado paliativo pediátrico
requiere la colaboración de los profesionales de diversos ámbitos
asistenciales, de las familias y de todo el entorno sociosanitario. En
Cataluña, Salud ha iniciado el desarrollo de una red de atención
pediátrica asistencial con la idea de crear circuitos para garantizar
equidad y calidad en el acompañamiento del enfermo, la calidad de la
asistencia en los distintos episodios del tratamiento de la enfermedad.
Se trata de poner en el centro el bienestar de la familia y de los niños.
En una situación tan dura, tiene que ser la primera prioridad para
garantizar que los niños y los jóvenes que necesiten cuidados paliativos
puedan recibirlos con la mejor atención posible. Hasta hace poco, esta
prestación se hacía de forma heterogénea en distintos hospitales en
Cataluña. Ahora se ha creado un modelo integral para organizar esta
coordinación entre centros en una atención que dé cobertura a todo el
territorio. En Cataluña, se considera que hay unos 1535 niños y jóvenes
con necesidades de cuidados paliativos pediátricos. Por otro lado, de
acuerdo con los datos de mortalidad del país de los últimos cinco años,
hay una media de 400 defunciones en la población de entre 0 y 19 años, de
los cuales un 65 % aproximadamente se consideran susceptibles de recibir
estos cuidados.


Por lo tanto, mediante la creación de esta XAPPI,
tenemos tres niveles de atención, con equipos multidisciplinarios
formados por profesionales de medicina, enfermería, psicología y trabajo
social con formación especializada en pediatría y específica en cuidados
paliativos. Esta integración del sistema permite actuar de una forma
coral, garantizando el equilibrio territorial y aprendiendo de forma
compartida cómo mejorar la atención a las familias. Es muy importante que
las instituciones reforcemos, con todos los recursos necesarios, estos
servicios de atención especializada, que ofrecen una salida y
acompañamiento al dolor incomparable de ver cómo la vida de un niño se
apaga. El mejor servicio que podemos prestar a las entidades que hoy nos
acompañan y a las familias es garantizar una financiación conjunta para
que el sistema sanitario disponga de todos los medios necesarios.


Celebramos que esta moción sea apoyada por todos
los grupos políticos, si bien algunos no están escuchando ahora mismo, a
pesar de la gravedad de la problemática. Pero agradeceremos que el
cumplimiento sea rápido y efectivo. Menos papeles y más efectividad.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señora senadora, espereu, si
us plau.


Señorías, un poco de silencio, por favor. Estamos
casi terminando. (Pausa).


Puede continuar. Perdone.


La señora CALLAU MIÑARRO: Simplement, reclamem
menys papers i més accions directes i més dotacions econòmiques a
comunitats autònomes per a pal·liar aquestes situacions en les
famílies.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Simplemente, reclamamos menos papeles, más acciones
directas y más dotaciones económicas a comunidades autónomas para paliar
estas situaciones en las familias.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senyoria.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su señoría el senador Aranda Lassa.


El señor ARANDA LASSA: Muchas gracias,
presidente.


Muchas gracias, señorías. Debatir en 2023 acerca de
las necesidades de los cuidados paliativos pediátricos, cuestión de
extrema sensibilidad, debería ser un motivo de sonrojo colectivo.
Reconocer la labor de las familias de niños y adolescentes que precisan
estos cuidados paliativos y también de los profesionales es algo loable,
pero lo sería mucho más facilitar los recursos humanos y los recursos
materiales para facilitar el equilibrio en el territorio.


Casi coincidiendo con la presentación de esta
moción, concretamente el 20 y el 21 de este mes de abril, se ha celebrado
en Málaga el Congreso Pedpal, que, de alguna manera, es el que acoge a la
Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos. La presidenta de
este congreso decía algo así como que era el lugar adecuado para
reivindicar las recomendaciones realizadas por el ministerio, de acuerdo
a las necesidades de los cuidados paliativos pediátricos.


Haciendo un poco de cronología, las recomendaciones
del Consejo de Europa sobre cuidados paliativos tuvieron como efecto que
en este mismo hemiciclo, en un Pleno de 1999 se aprobara una moción que
instaba al Gobierno a elaborar un plan nacional de cuidados paliativos.
También resulta plenamente vigente el documento elaborado en 2006 por un
grupo de profesionales que se reunió en Trento, profesionales de Estados
Unidos, de Europa, también de Canadá y de Líbano, para hablar acerca de
la situación de los cuidados paliativos en Europa. El documento lleva por
nombre Estándares para cuidados paliativos en Europa, y ya distingue lo
que es una enfermedad incapacitante para la vida y una enfermedad
amenazante para la vida, en las que la muerte prematura es frecuente o
tiene una alta frecuencia debido a la severidad de la dolencia.


Los cuidados paliativos pediátricos son una forma
de atención especializada ofrecida por múltiples profesionales para
aquellos niños y familias que afrontan enfermedades graves y crónicas que
amenazan seriamente la vida. Consisten en la asistencia activa y total
del cuerpo, de la mente y del espíritu. Los cuidados paliativos
pediátricos deben garantizar el respeto de su dignidad y el derecho a su
autonomía mediante una atención continuada e individualizada.


En 2014, el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad publica Cuidados paliativos pediátricos en el Sistema
Nacional de Salud: criterios de atención, y hay un párrafo que resulta
significativo porque es plenamente vigente en el momento actual. La
realidad de las comunidades autónomas en cuanto a población, dispersión y
organización de los recursos es muy variable. La disponibilidad de
servicios para niños no es equitativa y a menudo depende del lugar donde
viven o del tipo de diagnóstico. El documento elaborado en 2014 no se ha
desarrollado en todas las comunidades y hay muchas carencias y
deficiencias para niños, familias y profesionales, y ello motivó que la
Fundación Porque Viven promoviese el manifiesto Madrid 2020, con diez
puntos propuestos para niños y adolescentes, pero también otros diez
puntos promovidos por los profesionales y otros diez por las familias. Se
incide en algo tan elemental como que haya cuidados paliativos en todas
las comunidades autónomas para evitar la lejanía de sus hogares o se
pueda atender las veinticuatro horas del día, y algo esencial, que tras
el fallecimiento no sea abandonada la familia y se reciba atención
durante el duelo, o que se regule la atención paliativa a nivel nacional
y se reconozca la atención integral por equipos interdisciplinares, o
algo que también piden los profesionales, que se cuente con ellos cuando
se quiera legislar o comunicar sobre cuestiones que son objeto de su
trabajo. También dice que la eutanasia es una práctica que queda fuera de
los cuidados paliativos pediátricos.


Y termino con un objetivo que debe perseguirse: que
todos los niños con situaciones clínicas incurables o con posibilidad de
fallecimiento reciban la mejor asistencia adaptada por parte de la
familia, de los profesionales y de la sociedad, siendo esta asistencia
integral, especializada y continuada por parte de los profesionales.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la
palabra su señoría la senadora Carmona Delgado.


La señora CARMONA DELGADO: Gracias, señor
presidente. Buenas tardes nuevamente, señorías.


Quiero compartir con ustedes mi emoción ante esta
iniciativa para reconocer la realidad social de las niñas, niños y
adolescentes que precisan cuidados paliativos. Se lo debíamos a estos
menores, a sus familias, cuyas demandas hemos tenido oportunidad de
escuchar con atención técnica, pero también con el alma encogida.
Gracias, familias; gracias, equipo; gracias, senador Cleries.
(Aplausos).


Es de reseñar el consenso que esta iniciativa
impulsa y la relevancia que tiene que desde esta Cámara, el Senado, se
analicen las necesidades reales de los pacientes pediátricos en situación
tan complicada para promover medidas oportunas, ajustadas y necesarias en
el conjunto del Sistema Nacional de Salud.


Señorías, la atención paliativa a los pacientes que
lo requieren, según la OMS, está reconocida expresamente en el contexto
del derecho humano a la salud. Los cuidados paliativos pretenden dar una
respuesta científica, profesional, pero también humana, con mayúsculas, a
las necesidades del paciente en situación avanzada, a su familia y a las
personas cuidadoras. El Ministerio de Sanidad, en su Plan nacional de
cuidados paliativos 2001, presentaba ya los cuidados paliativos como la
asistencia total, activa y continuada de los pacientes y sus familias por
un equipo multiprofesional cuando la expectativa médica no es la
curación. La meta fundamental es dar calidad de vida al paciente y a su
familia. Debe cubrir necesidades físicas, psicológicas, espirituales y
sociales del paciente, y también de sus familiares. (Aplausos). Si es
necesario, el apoyo debe incluir también el proceso de duelo. Estos
cuidados deben realizarse desde una perspectiva holística, integral,
porque, en definitiva, lo que se pretende es favorecer que el paciente
viva con dignidad, serenidad y paz la última etapa de su vida y con el
acompañamiento profesional y humano que desea y necesita dicho paciente.
Los cuidados paliativos deben centrarse en las niñas y niños, teniendo en
cuenta su entorno familiar, su entorno social y también su entorno
escolar. (Aplausos). La asistencia debe prestarse donde el niño y su
familia decidan permanecer, debiendo procurar siempre los recursos para
una atención digna e integral, y todo ello debe hacerse con respeto a la
autonomía y valores de estos pacientes y de sus seres queridos.


En nuestro país, los cuidados paliativos forman
parte de las prestaciones sanitarias básicas del Sistema Nacional de
Salud, y son las comunidades autónomas las que en sus planes estratégicos
establecen los criterios organizativos y de prestación de la atención;
una atención que prestan a través de las unidades de cuidados paliativos
y sus soportes funcionales, como en mi isla, El Hierro, que no tenemos
unidad como tal. La cohesión y la equidad son principios que sustentan el
sistema sanitario público. Los socialistas trabajamos para garantizar y
consolidar dichos principios en todos los ámbitos, y en la atención
paliativa, obviamente con más fuerza.


Señorías, el desarrollo legislativo sobre cuidados
paliativos alcanza un hito importante con la aprobación de la primera
estrategia en cuidados paliativos en 2007, de la que se realizó una
evaluación y posteriormente una actualización en el periodo 2010-2014. En
el momento actual se encuentra finalizada la evaluación de la última
actualización y se informó sobre la misma el pasado 19 de diciembre
de 2022 en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud. Por tanto, la preocupación que hoy mostramos aquí también es
compartida por el Gobierno de España y por nuestro Ministerio de Sanidad.
También se encuentra en su fase final la evaluación del documento
Cuidados paliativos pediátricos en el Sistema Nacional de Salud.


Con la iniciativa que hoy promovemos, y para la
cual solicito su apoyo, queremos contribuir a una mejor y digna atención
a estos pacientes pediátricos en situación avanzada al final de su vida y
a sus familiares en todo el Sistema Nacional de Salud.


Para ir finalizando, quiero agradecer al señor
Cleries que nos haya traído a esta Cámara las voces de las madres, de los
padres de menores con patologías muy complejas, tan delicadas, cuyas
demandas creemos deben ser adecuadamente analizadas y, por supuesto,
tenidas en cuenta.


Gracias a todas y a todos ustedes, gracias a todos
los profesionales que los atienden. Gracias. (Aplausos.— Fuertes y
prolongados aplausos de sus señorías en pie, dirigiéndose a la tribuna de
invitados).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Señorías, se procede, a continuación, a abrir el
plazo para que los senadores y senadoras autorizados emitan el voto
telemático de los siguientes asuntos:


Moción por la que se insta al Gobierno a la puesta
en marcha de medidas favorables a la emancipación de los jóvenes
españoles, del Grupo Parlamentario Socialista, que se votará en sus
propios términos.


Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar en
el año 2023 diversas actuaciones respecto a las retribuciones y las
indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público
en la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, del Grupo Parlamentario
Popular, que se vota en los términos de la propuesta de modificación
presentada por diversos grupos, con número de registro de
entrada 177323.


Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar
la creación de organismos que contribuyan a aminorar la carga sanitaria y
aligerar las listas de espera de los centros de salud, del Grupo
Parlamentario Mixto, que se vota con la incorporación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, con número de registro de
entrada 177147.


Moción por la que se insta al Gobierno a reconocer
la realidad social de una población infantil que necesita cuidados
paliativos, analizar las necesidades reales de los pacientes pediátricos
en situación terminal y adoptar las medidas oportunas para mejorar la
atención integral de los mismos y los cuidados paliativos pediátricos, de
todos los grupos parlamentarios, que se votará en sus propios
términos.


Señorías, se abre el plazo de quince minutos desde
este momento, en que son las cinco y treinta y uno, hasta las cinco y
cuarenta y seis.


Asimismo, les recuerdo que la votación presencial
de estas iniciativas lógicamente tendrá lugar una vez finalizado este
plazo y cuando sea anunciado por la Presidencia, calculen veinte
minutos.


Muchas gracias.


Se suspende temporalmente la sesión.


Eran las diecisiete horas y treinta y un
minutos.


Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y
cincuenta y dos minutos.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión,
señorías.


Cierren las puertas. (Pausa).









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS FAVORABLES A LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES
ESPAÑOLES. (Votación).


662/000168

GPS


El señor presidente lee el punto 5.1.


El señor PRESIDENTE: Se votará en sus propios
términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 251; a favor, 137; en contra, 105; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
ADOPTAR EN EL AÑO 2023 DIVERSAS ACTUACIONES RESPECTO A LAS RETRIBUCIONES
Y LAS INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA DEL PERSONAL EN ACTIVO DEL SECTOR
PÚBLICO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS.
(Votación).


662/000166

GPP


El señor presidente lee el punto 5.2.


El señor PRESIDENTE: Se vota en los términos de la
propuesta de modificación, con número de registro de
entrada 177 323.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 251; a favor, 129; abstenciones, 122.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos).









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR LA CREACIÓN DE ORGANISMOS QUE CONTRIBUYAN A AMINORAR LA CARGA
SANITARIA Y ALIGERAR LAS LISTAS DE ESPERA DE LOS CENTROS DE SALUD.
(Votación).


662/000167

GPMX


El señor presidente lee el punto 5.3.


El señor PRESIDENTE: Se vota con la incorporación
de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con número de registro
de entrada 177147.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 251; a favor, 123; abstenciones, 128.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
RECONOCER LA REALIDAD SOCIAL DE UNA POBLACIÓN INFANTIL QUE NECESITA
CUIDADOS PALIATIVOS, A ANALIZAR LAS NECESIDADES REALES DE LOS PACIENTES
PEDIÁTRICOS EN SITUACIÓN TERMINAL Y A ADOPTAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA
MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS MISMOS Y LOS CUIDADOS PALIATIVOS
PEDIÁTRICOS. (Votación).


662/000169

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPN
GPIC
GPD
GPMX


Autores: GPS, GPP, GPERB, GPV, GPN, GPIC, GPD y
GPMX


El señor presidente lee el punto 5.4.


El señor PRESIDENTE: Moción suscrita por todos los
grupos parlamentarios, que se votará en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 251; a favor, 251.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enhorabuena, señorías. (Fuertes y prolongados
aplausos de sus señorías en pie, dirigiéndose a la tribuna de
invitados).


Señorías, no habiendo más asuntos, se levanta la
sesión. Muchas gracias, a todos y a todas.


Eras las diecisiete horas y cincuenta y siete
minutos.