El señor presidente lee los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cinco enmiendas:
cuatro del Grupo Parlamentario Mixto y una del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal.

Para la defensa de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, tomará la palabra su señoría la senadora Godoy Tena.
(Rumores).

Señorías, por favor, abandonen el hemiciclo en silencio. (Rumores).
Un poco más en silencio, señorías, por favor, para poder dar comienzo al
debate.

Muchas gracias.

Puede comenzar, señoría

La señora GODOY TENA: Buenos días, señoras y señores senadores.

El pasado lunes se cumplieron ocho meses de la invasión de Ucrania
por parte de Putin; ocho meses que han traído aparejada una
desestabilización de las economías europeas y mundiales, motivada por la
guerra energética a la que Putin quiere someternos para doblegar la
voluntad del pueblo ucraniano y expandirse territorialmente. Hay que ser
realistas y debemos reconocer que esta situación de guerra no tiene visos
de terminar inminentemente. Necesitamos, por tanto, una hoja de ruta
clara para luchar en varios frentes: debemos luchar contra la dependencia
energética de Rusia y elevar nuestra autonomía energética; hay que luchar
y aprobar planes de contingencia con planes de ahorro energético fijados
dentro del acuerdo que se logró en la Comisión Europea; y hay que
trabajar en la adopción de medidas para que la evolución del coste de la
vida, la inflación derivada de la escalada alcista de los precios, no
repercuta en los de siempre, sino que la respuesta sea la
corresponsabilidad fiscal.

Una parte del sector privado, aquella que se beneficia de manera
extraordinaria de los efectos de esta guerra, como son las grandes
empresas energéticas o las grandes entidades bancarias, tiene el deber
moral de devolver a la sociedad una parte de lo que recibió durante la
pandemia; son palabras de nuestro presidente, Pedro Sánchez, el pasado
Pleno en esta Cámara. O recuerdo las palabras de la presidenta de la
Comisión Europea, que ha manifestado que estas empresas están obteniendo
ingresos con los que no contaban, con los que ni siquiera soñaban. En los
tiempos en los que vivimos no puede ser que algunos obtengan unos
beneficios extraordinarios y sin precedentes, gracias a la guerra y a
costa de los consumidores. En estos momentos los beneficios deben
compartirse y canalizarse hacia quienes más lo necesitan. Esto es un
ejemplo de que ahora Europa está unida y convencida de que solos no se
sale de estos nuevos retos y de esta crisis. Se ha necesitado una
respuesta conjunta y socialdemócrata a la pandemia pasada, y ahora
nuevamente la necesitamos para paliar los efectos que la guerra de
Ucrania ha desatado; ese incremento de los precios de la energía, de los
alimentos y de cualquier producto, una inflación generalizada. Hay que
lograr repartir de forma justa los costes para que no recaigan sobre los
hombros de los de siempre; se debe hacer por justicia social.

En España se está desarrollando un potente escudo social desde hace
ocho meses protegiendo a las empresas, a las familias, a los
trabajadores, a la industria, a las pequeñas y medianas empresas, a los
autónomos y autónomas; se han movilizado recursos públicos y se
movilizarán los que sean necesarios, pero somos conscientes de que el
ajuste debe producirse por la vía de los ingresos y no de los gastos,
como se hizo en otras crisis financieras. Por eso hay que reformar para
proteger y repartir las cargas, insisto, de manera justa, y para eso,
para conseguirlo, los impuestos son un fin. (Aplausos). Buscamos con los
impuestos que, al colectivo, a la mayoría, es decir, a todos, nos vaya
bien. En el Partido Socialista no queremos dar caridad; queremos derechos
y ayudas públicas del Estado y de las comunidades autónomas para quienes
más lo necesiten. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidencia). En la anterior crisis perdimos una década por no tener
respuestas responsables sobre lo público y sobre la fiscalidad, y trajo
consigo una falta flagrante de justicia social. Por desgracia, estamos
asistiendo a un debate paupérrimo sobre la fiscalidad por parte de
algunos grupos parlamentarios, con abuso de bulos y pobres argumentos. Ya
nadie duda del valor del pago de los impuestos para sostener la economía
y los servicios públicos de un país; nadie lo duda, salvo algunos. La
excepcionalidad crítica de la situación que viven España y Europa, tras
los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania que ha comenzado Putin,
es reconocida por todos los países y entidades. Bueno, hay una excepción
en esta reflexión tan meridiana y clara, y la padecemos en nuestro país:
los negacionistas de la realidad mundial económica que se está viviendo.
Por desgracia, no existe una reflexión del líder de la oposición
—que me hubiera encantado que estuviera aquí para poder
debatir—, existen solo cambios de criterio y de opinión sin
rumbo.

Es evidente que hay un gran contraste entre el modelo de gestión que
aplica el Gobierno de Pedro Sánchez en España —por cierto, en
sintonía con la Presidencia conservadora de la Comisión Europea—,
en el que se anuncian impuestos para las empresas que han obtenido
beneficios caídos del cielo o la excepción ibérica, y el de algún grupo,
reitero, que insiste en mofarse y tan solo nos propone a todos los
españoles una rebaja generalizada de impuestos como solución para la
situación de crisis económica que atravesamos. Por cierto, que ha quedado
claramente demostrado que no sirve absolutamente para nada, sino para
hacer caer a un Gobierno en algún país, para eso sirven las rebajas
generalizadas. En contraposición, nos encontramos con un Gobierno, el de
Pedro Sánchez, que ha venido desplegando medidas contra la inflación y la
crisis energética en estos ocho meses por valor de 35 800 millones de
euros, ha presentado un nuevo plan fiscal y unos terceros Presupuestos
Generales del Estado pensados precisamente para aumentar el escudo social
necesario. Cito algunas de las medidas del nuevo plan fiscal que se ha
presentado: nuevo tributo, el llamado impuesto de solidaridad, que grava
temporalmente aquellos patrimonios de más de 3 millones de euros, que
afectará a 23 000 contribuyentes y que obtendrá una recaudación de 1500
millones de euros. También se aumentará temporalmente el impuesto sobre
sociedades a grandes corporaciones. Y para las pymes con cifras de
negocio menores de 1 millón de euros, o sea, para las pequeñas empresas,
se rebajará el impuesto sobre sociedades; y habrá deducciones para los
autónomos, que ahorrarán un total de 68 millones de euros. Pero, por
justicia social, también en el IRPF, quien ingrese menos de 15 000 euros
estará exento del pago del IRPF; y hay una rebaja en el IRPF para rentas
inferiores a 21 000 euros, lo que supondrá un ahorro para las familias
más vulnerables de 1821 millones de euros. Son medidas que se centran en
los hogares y los colectivos más vulnerables y que exigen más a las
empresas más grandes. Estamos hablando de mayor progresividad y cumple
con lo que pide el Banco Central Europeo, la OCDE y el Fondo Monetario
Internacional.

Como se puede comprobar, existe un proyecto en el Gobierno de Pedro
Sánchez, pero si no se tiene proyecto, como el Partido Popular, de lo
primero que se habla es de los impuestos y de rebajas masivas, queriendo
convertir el proyecto colectivo para todos en un proyecto individual, en
el proyecto de sálvese quien pueda y no pensando en el beneficio del
país. La pregunta es clara: ¿qué pasaría si no pagáramos impuestos? Pues
que no tendríamos los servicios públicos que necesitamos; ni sanidad ni
educación ni pensiones ni dependencia ni justicia ni seguridad, o no
tendríamos inversión en ciencia; es decir, no tendríamos futuro. Para
quienes siempre hablan de menos impuestos, la pregunta también es muy
clara: ¿qué eliminarían de esas políticas públicas? No es necesario que
nos contesten, todos lo hemos vivido y lo hemos padecido en la anterior
crisis económica. La situación económica actual es una realidad objetiva
por la que realmente no deberíamos discutir. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, perdone un minuto.
Vamos a ver si guardamos todos colectivamente silencio.

La señora GODOY TENA: Pero, claro, aparece nuevamente la diferencia
de modelo o de proyecto que queremos para nuestro país. Los socialistas
abogamos y trabajamos por tener un Gobierno que ayude a la mayoría
social, a las personas más vulnerables, a las rentas medias, a los
autónomos, a las pymes, y que consiga mayor empleo que traiga aparejado
un crecimiento económico. Ahora —y hay que recordarlo— somos
el cuarto país de Europa que más recursos económicos está movilizando
para proteger a la mayoría social. Y el fondo de la moción que vengo a
defender es ese: en el Grupo Socialista queremos instar al Gobierno, con
el apoyo de cuantos más grupos parlamentarios, mejor, como representantes
que son de la ciudadanía, a que continúe trabajando en desplegar aún más
el escudo social, estableciendo un sistema impositivo justo en el que
aquellos contribuyentes que más beneficios obtienen, derivados de la
coyuntura internacional incierta en la que nos encontramos, sean quienes
más contribuyan, haciendo que una parte de esos beneficios
extraordinarios que obtienen revierta en el conjunto de la población en
forma de una mejora en las dotaciones de servicios públicos a cargo de
las administraciones. Los socialistas, con esta moción, queremos elegir
cómo afrontar esta crisis, respondiendo con solidaridad y defendiendo a
la mayoría social de nuestro país y con corresponsabilidad fiscal. Los
socialistas queremos conseguir mayor justicia fiscal mediante un sistema
impositivo justo para lograr lo que siempre digo y reitero: la deseada
justicia social.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, en primer lugar,
tiene la palabra la senadora Rodríguez de Millán Parro.

La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias, presidenta.

Señorías, Vox propone transformar esta mala propuesta en una buena
propuesta para los españoles. Rechazamos un impuesto a los beneficios de
estas empresas de forma generalizada, pero sí se podrían gravar de forma
extraordinaria los beneficios excepcionales de las eléctricas como
consecuencia de un sistema de precios diseñado por los políticos que
únicamente ha beneficiado a unos pocos en detrimento de los
españoles.

En el petitum de su moción dejan abierto quiénes serían esos sujetos
pasivos sobre los que recaería ese gravamen, por lo cual no resultaría
descabellado incluir al propio Gobierno, que hasta el mes de junio
recaudó 107 millones de euros, es decir, un 17 % más que en el mismo
periodo del año anterior, mientras existen actualmente en España 13
millones de personas en riesgo de pobreza. Destinemos a la emergencia
social lo que se ha recaudado de más por parte del Gobierno a causa de la
inflación porque, desde que gobierna el señor Sánchez, a los españoles
les han subido la luz y los tipos de interés; ha subido la inflación, el
déficit, la deuda pública y también han subido los impuestos. Y como es
de sobra conocida la nula voluntad de este Gobierno para apretarse el
cinturón mientras pide esfuerzo a los españoles, Vox enmienda su
propuesta exigiendo que todo, hasta el último céntimo de lo recaudado,
vaya a lo que realmente importa hoy en España. Exigimos que ese gravamen
se destine directamente a aliviar la factura eléctrica de los españoles
y, además, que el gravamen sobre los beneficios extraordinarios de las
entidades financieras vaya a posibilitar que los españoles puedan volver
a desgravarse de su IRPF cantidades por su vivienda habitual, deducción
que se eliminó en 2013 y que podemos rescatar hoy. Es decir, que todos
aquellos españoles que estén pagando un recibo de préstamo y que van a
ver cómo sube como consecuencia del incremento de los tipos de interés,
al menos puedan recuperar parte de esos importes que van a abonar a
través de su declaración de la renta. Podrían hacerlo mañana mismo si
quisieran; lo único que hace falta es voluntad. O se está con las grandes
eléctricas y esas élites que ganan gracias al trabajo de los españoles o
se está con las familias españolas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el mismo grupo, el senador Catalán Higueras tiene la
palabra.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenos días.

Es evidente la relevancia de la pérdida de poder adquisitivo de las
familias españolas, que han tenido que padecer en sus propias carnes la
subida de los precios no solamente energéticos, sino también de los
productos de primera necesidad; en los últimos 19 meses por encima
del 3 % y desde el mes de marzo por encima del 8 %; unos aumentos que han
puesto en riesgo el acceso de las familias a los productos de primera
necesidad. Basta ver simplemente los indicadores y los estudios que se
han realizado al respecto. Por ejemplo, según la encuesta elaborada por
el Instituto DYM, más del 80 % de los ciudadanos han tenido que recortar
gastos o admiten que no llegan a final de mes. Cáritas alerta de que
el 23 % de los españoles ha reducido su presupuesto para hacer la compra
y que, incluso, ya está ayudando no solamente a las personas
desempleadas, sino también a las personas que tienen empleo. La OCDE
afirma que lo que está ocurriendo desde hace varios meses es el aumento
de unos precios que están desorbitados y que, en algunos casos concretos,
está poniendo en riesgo las rentas de las familias. Somos de los peores
países a la hora de afrontar esta situación dentro de la OCDE o incluso
del G-7. El informe global de Dynata, «Adelantarse a la recesión», dice
que el 60 % de los españoles ya manifiesta sentirse en recesión,
independientemente de lo que hemos conocido también de la Airef, que
señala que al final de este año llegaremos ya a una recesión técnica. La
propia consultora AIS Group afirma que el aumento de precios en los
hogares va a tener la consecuencia de que todas las familias verán
incrementado su presupuesto, si lo pueden asumir, por encima de los 3040
euros al año.

Por lo tanto, señorías, desde nuestro punto de vista, hay que
facilitar el acceso de los hogares españoles a los productos de primera
necesidad, a los esenciales, y de ahí la propuesta que nosotros
realizamos de disminuir el IVA, en la medida de lo posible, como hicimos
también en relación con la electricidad y el gas; algo que, por cierto,
fue rechazado por el Grupo Socialista y sus socios independentistas, y
que a los 24 días asumió el propio Gobierno. En su día se nos dijo que no
se podía hacer porque se pondrían en riesgo los servicios básicos, pero
parece ser que luego el Gobierno no los ponía en riesgo. También nosotros
apostamos decididamente —y lo hemos defendido en la Comunidad Foral
de Navarra, en el Parlamento de Navarra y lo defendemos aquí— por
la deflactación de la tabla. No es una disminución de impuestos, todo lo
contrario; de no hacerse, sí que sería una subida de impuestos. Estamos
hablando de que los hogares españoles y también, por supuesto, los
navarros, no pierdan poder adquisitivo y puedan hacer frente a la
inflación que están padeciendo. Nos parece totalmente incongruente que,
en la comunidad autónoma vasca, el Partido Socialista y el Partido
Nacionalista Vasco lo lleven a efecto y que, en el caso concreto, por
ejemplo, de la Comunidad Foral de Navarra, tanto el Partido Socialista
como el Partido Nacionalista Vasco voten en contra. ¿Por qué esas
diferencias? ¿Ellos no ponen en riesgo los servicios básicos, y los
navarros y el resto de los españoles sí? Por eso, señorías, hemos hecho
esa propuesta, fundamentalmente porque hay que atender las necesidades de
los hogares y, sobre todo, de los colectivos más indefensos y vulnerables
de la sociedad. En este caso concreto no tenga ninguna duda de que, con
la política que se está practicando en este momento, se está castigando
sobremanera a la clase media, a los más vulnerables, a los trabajadores,
a los autónomos, a la pequeña y mediana empresa; con Sánchez son más
pobres.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Chinea Correa.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidenta.

En la Agrupación Socialista Gomera coincidimos con los dos principios
fundamentales del Grupo Socialista en su iniciativa parlamentaria; es
decir, que las empresas que más beneficios obtienen en la actual
coyuntura económica sean las que más aporten al erario vía impuestos y
que ese dinero se destine a fortalecer nuestros servicios públicos. Sin
embargo —de ahí nuestra enmienda—, creemos que existen dos
matices que se deben introducir en este texto y, sobre todo, en las
políticas del Gobierno. Nosotros creemos que las ayudas públicas deben
ser más selectivas para que lleguen a aquellas personas que realmente lo
necesitan y, por otro lado, también pensamos que el Ejecutivo debe actuar
con cautela y ser lo más escrupuloso posible en el uso de los recursos
públicos para velar en todo momento por la sostenibilidad presente y
futura de las cuentas del Estado. No obstante, consideramos que las
líneas generales introducidas por el Gobierno en las cuentas que ha
diseñado para el próximo año van en muy buena dirección. Son muchas las
dudas que existen sobre cuál será la evolución de la economía, pero los
organismos internacionales comienzan a señalar que nos encaminamos hacia
una recesión técnica y, en ese escenario tan incierto, señorías, los
ciudadanos y ciudadanas de este país necesitan certeza y, sobre todo,
saber que cuentan con el escudo social del Estado. Es una pena que un
debate tan importante para la inmensa mayoría de los ciudadanos se haya
convertido en un pimpampum permanente entre los dos principales partidos,
más preocupados en imponer su relato partidista que en el efecto real de
las medidas que ponen sobre la mesa.

Señorías, los ciudadanos y las ciudadanas nos exigen que seamos más
eficaces en la gestión y que hagamos un uso responsable de los limitados
recursos públicos. Debemos pensar no solamente en el corto plazo, que es
clave en una situación de inestabilidad como la actual, sino también en
las futuras generaciones, en nuestros jóvenes, a los que no podemos dejar
como herencia una deuda que condicione y merme sus oportunidades en los
próximos años. Tenemos que aprender, señorías, a poner las luces largas
en la gestión pública porque la vida no se va a acabar en las elecciones
de 2023. Nuestra obligación y responsabilidad es buscar los espacios de
encuentro y de reflexión política en los que se debata sin la
sobreactuación y el histrionismo actual sobre el futuro de este país. No
podemos seguir instalados en la controversia ni en el desacuerdo y, como
dice el profesor Daniel Innerarity —y cito textualmente—, la
política es el arte de distinguir correctamente en cada caso entre
aquello en lo que debemos ponernos de acuerdo y aquello en lo que podemos
e incluso debemos mantener ese desacuerdo. Lamentablemente, señorías,
vivimos en una etapa en la que los acuerdos son la excepción y los
desacuerdos, desgraciadamente, parece que son el pan de cada día.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Tiene la palabra la senadora proponente, del Grupo Parlamentario
Socialista, para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.

La señora GODOY TENA: Intervendré desde el escaño, señora
presidenta.

Respecto a la enmienda que ha presentado el señor Chinea, hemos
presentado una enmienda transaccional por la que aceptamos la parte en la
que se recoge que esos beneficios extraordinarios que se obtienen
reviertan en el conjunto de la población, especialmente en la que más lo
necesita, algo que creo que compartimos todos en esta Cámara o deberíamos
compartir.

Respecto a las enmiendas de Vox, no las vamos a aceptar, señora
Rodríguez de Millán, porque nos habla usted precisamente de una reducción
de impuestos de carácter general. Y ya he explicado que eso no lleva a
nada; no lo digo yo, lo dice en general todo el mundo. Cualquiera que
estudie un poco de impuestos lo sabe, no hay que persistir en el error.
Además de lo gravado a la banca y a las eléctricas, después habla usted
de recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual, que no
tiene nada que ver con lo que estamos tratando porque estamos hablando de
los beneficios de las grandes empresas energéticas y de banca.

Al señor Catalán le diré sobre su primera enmienda que qué se cree
que estamos haciendo; destinar directamente las aportaciones a quien más
lo necesita. Lo he dicho yo y lo ha dicho el presidente, y para eso se
utilizan todas las medidas que están implementándose. Cuando usted habla
en la enmienda número 2 de deflactación progresiva, no lo compartimos
porque estamos hablando de lo mismo. Le recuerdo que hay una reducción en
el IRPF: quien tiene menos de 15 000 euros de ingresos no va a tener
necesidad de hacer la declaración de la renta y quien llegue hasta 21 000
va a tener un ahorro, de tal manera que las familias con ese nivel de
renta llegarán a ahorrarse 1821 millones. En cuanto a los productos de
primera necesidad o básicos, también está contemplado y va en los
Presupuestos Generales del Estado y en esas medidas fiscales.

Por lo tanto, no le aceptamos ninguna de las tres enmiendas, señor
Catalán. Aprueben los presupuestos y verán todas estas medidas reflejadas
en ellos; entonces, estarán de acuerdo. Eso sí se lo pido yo.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

En el turno de portavoces, en primer lugar, tiene la palabra la
senadora Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias, presidenta.

Señorías, estamos ante una iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista fundamentalmente propagandística y con unas pretensiones
irracionales de autobombo porque, para empezar, dicen en la exposición de
motivos, nada más y nada menos, que Europa se está inspirando en el
Gobierno de Pedro Sánchez para proteger a la mayoría social en relación
con el impuesto a los beneficios de las eléctricas, y no es verdad porque
lo que propuso el Partido Socialista en el Congreso fue un gravamen a los
ingresos brutos, no a los beneficios ni a los beneficios extraordinarios,
que es lo que ha dicho la Comisión Europea. Por lo tanto, no es verdad
que se inspiren en ustedes; es más, ustedes hacen lo contrario de lo que
dice Europa. En todo caso, ustedes son modelo de lo que no se debe
hacer.

Después prefieren jugar con la ambigüedad y no señalan directamente a
las eléctricas porque saben que ustedes son los responsables de
semejantes beneficios extraordinarios, y es que estos beneficios
extraordinarios son consecuencia de ese sistema de precios en la factura
eléctrica que se niegan a denunciar, determinado en su día por Alemania y
diseñado basándose en las imposiciones del fanatismo climático que
incluía el cierre de las centrales nucleares y la apuesta suicida por el
gas ruso. Hoy día no han aprendido y siguen volando las centrales y
siguen vaciando nuestros embalses. Es un sistema que solamente ha
beneficiado a unos pocos en detrimento de los españoles, y que se han
resistido a criticar porque eran los miembros del PSOE, igual que los del
PP, los que se sentaban en los consejos de administración de esas
eléctricas. Por lo tanto, el bipartidismo ha permitido un sistema en el
que los especuladores deciden el precio de las emisiones de CO2. ¿Nos
pueden explicar cómo van a evitar que ese gravamen se repercuta en las
familias? Porque vienen aquí a anunciar sus medidas sin explicar que,
como siempre, acabarán perjudicando a los mismos.

El año pasado el Gobierno recaudó más dinero en impuestos por el
sistema eléctrico que las eléctricas en beneficios. Elimínenlos y pongan
ese dinero en manos de las familias españolas. En Vox defendemos una
política energética que tenga como objetivo primordial el bienestar de
los españoles, y eso pasa por respetar su libertad y su soberanía, pasa
por recortar el gasto superfluo y, por supuesto, por cambiar el sistema.
Hasta entonces defenderemos que se graven solo y exclusivamente los
beneficios extraordinarios que ustedes y su sistema fallido han generado
de forma desproporcionada.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.
¿Senador Catalán Higueras? (Pausa). No intervendrá.

Senador Sánchez-Garnica, tiene la palabra.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señora vicepresidenta, señorías,
votaremos a favor de la moción por dos razones fundamentales: la primera,
porque no creemos en una bajada generalizada de los impuestos, entre
otras cosas, porque ello puede afectar a la calidad de los servicios
públicos esenciales: sanidad, educación y servicios sociales. Y la
segunda, porque la bajada generalizada es injusta. La carga impositiva
debe estar relacionada con los ingresos, quien más tiene, más debe
contribuir al interés general.

El Partido Aragonés está fuertemente comprometido con una política
fiscal prudente y tendente a la estabilidad presupuestaria, que priorice
y garantice la calidad y accesibilidad de todos los ciudadanos de Aragón
y también de España, por supuesto, en condiciones de igualdad y en
cualquier parte del territorio a los servicios esenciales. El compromiso
del Partido Aragonés con el Estado del bienestar y la equidad territorial
es absoluto. Pensamos que la política tributaria debe coadyuvar a paliar
los problemas más graves de nuestra comunidad autónoma y, en
consecuencia, del Estado español, estableciendo estímulos a la
localización de personas y empresas en zonas especialmente despobladas
del ámbito rural; a la natalidad o a la conciliación personal y familiar,
y solo desde el crecimiento se puede distribuir y contribuir. Por eso en
el Gobierno de Aragón pactamos impulsar un sistema tributario justo
inspirado en los principios de igualdad y progresividad, en el que todas
las personas contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica, manteniendo el nivel de ingresos
públicos imprescindible para garantizar el Estado de bienestar social y
la calidad de los servicios públicos; desarrollar políticas públicas de
inversión necesarias para reactivar la actividad económica; y garantizar
la función redistributiva de la riqueza que han de tener los
tributos.

Sin duda, vivimos tiempos complejos; sin duda, vivimos tiempos
difíciles; sin duda, los gobiernos de las distintas comunidades autónomas
y el Gobierno de la Administración General del Estado tienen que hacerse
eco de esa situación y buscar soluciones. En Aragón es lo que estamos
intentando hacer. En Aragón estamos intentando lograr un consenso a
través del diálogo para buscar aquellas medidas que, sin detrimento de la
prestación de los servicios públicos, puedan paliar los efectos de la
inflación y de la crisis en la que vivimos y facilitar a los ciudadanos
una vida mejor, sin olvidar —repito— que tiene que haber una
balanza justa. Es decir, no puedes anunciar, porque queda muy bien, que
se van a bajar los impuestos, porque eso se tiene que compaginar con un
Estado de bienestar social que es fundamental para que podamos prestar
servicios a todos los ciudadanos. No son lo mismo unas comunidades que
otras. La Comunidad de Aragón tiene muy poco margen porque no somos
muchos, porque nuestros servicios públicos cuestan mucho, porque está
pendiente un sistema de financiación justo que tenga en cuenta esos
criterios, y eso nos lo hace más difícil que a otras comunidades
autónomas con más posibilidades financieras y económicas.

La moción va en la línea expuesta por todo lo que acabo de decir y
también en la línea marcada por la Unión Europea y, en consecuencia,
votaremos a favor.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático no habrá intervención. Pasamos
al Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, el senador Gómez Perpinyà
tiene la palabra.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señora presidenta.

La crisis de 2008, además de servir para hundir a las clases
trabajadoras, provocó que los defensores de las políticas de austeridad,
de derechas y de izquierdas, asumieran la derrota de las recetas
neoliberales. Y, por eso, tras la pandemia y en medio de una crisis
energética sin precedentes, en Europa se están promoviendo políticas
radicalmente diferentes, basadas en el gasto público y en el límite a los
beneficios extraordinarios. Que pague más quien más tiene es una forma de
vertebrar la sociedad y es una forma clarísima de cumplir con el
artículo 31 de la Constitución. Una parte minoritaria pero
extraordinariamente ruidosa de ese 1 % de superricos, que han aumentado
su fortuna mientras el ciudadano medio ha perdido poder adquisitivo,
considera injusto un nuevo impuesto a lo que ellos califican como su
mérito. Algunos, señorías, nos quieren hacer creer que en España la gente
sencilla puede levantar una fortuna trabajando duro, siendo flexible o
soñando más fuerte que el de al lado. La realidad, señorías, es que
el 73 % de la riqueza de las grandes fortunas no viene del
emprendimiento, sino de la herencia o de la especulación financiera. En
nuestro país nadie se hace millonario con una nómina.

Señorías, creo que esta moción debería servir, por lo menos, para que
cada partido aclarara qué posición tiene respecto de este debate.
Señorías del Grupo Popular, ¿cuál es el modelo del nuevo Partido Popular?
¿El de Ayuso deflactando el IRPF a todos los tramos o el del señor
Bonilla, haciéndolo solo a los que cobran menos de 40 000 euros? ¿La
judicialización y la queja constante de la señora Ayuso o la actitud
conciliadora del señor Bonilla? ¿Está de acuerdo el señor Feijóo con las
becas para ricos que han promovido en el Gobierno de la Comunidad de
Madrid? Señorías del Grupo Popular, la política o la haces o te la hacen
y al señor Feijóo, apodado el ausente, se la están haciendo desde
Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, líder nacional in pectore
del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, dijo ayer que a los jóvenes les
falta cultura del esfuerzo. El mito de empezar en un garaje, pero sin
contar la segunda parte, que en la mayor parte de estos garajes hay
aparcado un Lamborghini o, en el caso del Partido Popular, probablemente,
un Jaguar. La señora Ayuso se atrevió a decir que los jóvenes lo tienen
todo, que tienen mucho más que otras generaciones porque resulta que
ahora tienen Netflix y Ryanair. Lo que no contó la señora Ayuso es que,
teniendo en cuenta la inflación, los jóvenes de hoy en día tienen
salarios más bajos que los jóvenes de hace veinte años. La mayoría de los
jóvenes, señorías del Grupo Popular, mal que les pese a ustedes
reconocerlo, tienen condiciones precarias y se parecen más a Belén López,
de Aquí no hay quien viva, que a los cuentos chinos de Daniel Lacalle. Su
meritocracia, señorías del Grupo Popular, es la herencia. La cultura del
esfuerzo para la señora Ayuso son las comisiones de 280 000 euros a su
hermano, y el liberalismo del Partido Popular es haber nacido en la
familia indicada.

Pero, señorías, tranquilos, porque la irresponsabilidad no es
monopolio de Isabel Díaz Ayuso, ni tampoco del Partido Popular. Ahí está
el señor Pérez-Reverte, que el otro día en un programa de televisión daba
lecciones a los jóvenes. Dice que no están preparados para el iceberg del
Titanic; que las nuevas generaciones se han criado hiperprotegidas,
pensando que el mundo se soluciona enchufando un teléfono a un enchufe o
haciendo así. (El señor Gómez Perpinyà hace el gesto de clicar con el
dedo índice). Les voy a contar lo que pasa, señorías, cuando una persona
joven hace así (El señor Gómez Perpinyà hace el gesto de clicar con el
dedo índice) con el móvil. Cuando hace así con el móvil, entra en la
aplicación de Idealista para encontrarse con zulos de 30 metros por 800
euros al mes. Cuando hace así con el móvil, se mete en la web de
InfoJobs, donde descubre ofertas con prácticas sin remunerar. Cuando hace
así con el móvil, entra en la aplicación de Salud Madrid para revisar
cuándo es la próxima cita con el psicólogo de la Seguridad Social y
descubre que es en enero de 2023. Señorías, los jóvenes no están
preparados para el iceberg del Titanic, porque, sencillamente, ese barco
ya se hundió.

Afortunadamente, la falsa idea de meritocracia de la señora Ayuso,
del señor Reverte o, por incomparecencia, del señor Feijóo es una
excepción. Ocho de cada diez españoles respaldan que haya una presión
fiscal mayor para los que más tienen. Y eso hoy también es un consenso en
Europa. Señorías, la progresividad fiscal no es un invento del
socialcomunismo, sino que ya estaba en nuestras leyes desde hace más de
dos siglos. Los que hoy se dicen liberales no vienen de la cuna del
liberalismo, vienen de la cuna del rentismo.

Señorías, evidentemente, vamos a votar a favor de esta moción para
seguir empujando al Gobierno de España y a la Unión Europea en la línea
de llevar la democracia a la economía. Recortar en impuestos a los ricos
es recortar en residencias de mayores, en colegios y en hospitales, así
que, por favor, no miremos hacia atrás, no podemos decepcionar las
expectativas de los millones de ciudadanos que han puesto su confianza en
nosotros. Tenemos el apoyo del pueblo español, porque somos mayoría,
porque ponemos la patria por delante del patrimonio, y, por todo ello,
que paguen más los que más tienen.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador
Cleries i Gonzàlez.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, presidenta. Bé, aquesta
moció que presenta el Grup Parlamentari Socialista és una moció de bones
intencions. És una moció a la que, sincerament, no crec que se li pugui
dir que no. La llàstima és que, si no m’equivoco, el Partit
Socialista Obrer Espanyol, promotor d’aquesta moció, governa. I
clar, ens vénen aquí com si ara estiguéssim a missa i féssim una
pregària. No? I acabaríem dient «us lloem, senyor». Però clar, resulta
que vostès governen, i insten al seu govern a què «tenga un trato justo y
que además lo reparta con los que más lo necesitan». Bé, estem
absolutament d’acord, però estaria bé que la moció digués «i, per
tant, amb l’impost de tal farem això, i amb l’impost de qual
farem allò i i tal cosa i tal altra». I vostès aquí vénen i fan una
declaració d’intencions. Caram! O sigui, un govern que
s’insta a governar amb bones intencions. És com allò dels que feien
la mili, que deien «el valor se les supone», no? Doncs les bones
intencions també «se le suposen» a un govern i estaria bé que
s’esforcessin una mica. I la senadora, que ha defensat molt bé
aquesta moció, diu: «Hem de reforçar l’escut social». Escolti,
estan completament d’acord. És que amb tot el que diuen, estem
completament d’acord. Però l’altre dia que el senyor Sánchez
parlava d’antipolítica, això és l’antipolítica. Perquè la
política compromesa és la que diu rebaixarem això, rebaixarem allò altre,
farem això, farem més fàcil l’accés a aquests serveis, etcètera.
Per tant, diploma d’honor en anti política, però en concreció,
cap.

I clar, després parlen dels beneficis caiguts del cel i que hem de
castigar als qui han tingut aquests beneficis?






Estem d’acord. I a
l’última intervenció, quan aquí se’n va parlar d’aquest
tema, Junts per Catalunya va defensar això. Exactament defensa això.
Escolti, a l’últim decret que vostès van aprovar al Congrés dels
Diputats, al sector energètic li donen una propina de 1360 milions
d’euros. O sigui, els caiguts del cel i els caiguts del PSOE. Per
tant, tenen caigut sobre caigut. I van sobradíssims. Escolti que van
sobradíssimes, les energètiques. És clar, també tenen un problema, els
uns i els altres. Que els consells d’administració tenen tots els
ex governs col·locats allà, i potser des dels ex governs els diuen «No
ens toqueu els nassos perquè estem aquí, no?» Vull dir dels consells
d’administració pràcticament podríem fer consells de ministres,
d’ex ministres i d’expresidents. L’únic que com que hi
ha més d’un expresident, en algun cas es barallaran per saber qui
mana més.

Però, escoltin, prenguin decisions, ens tindran al seu costat per tot
el que sigui «un sistema impositivo justo y que vaya para los que más lo
necesitan», perquè hi estem d’acord, però concretin. El dia que
concretin, els votarem que sí i mentre no concretin —perquè no es
pot dir que no a això—, doncs ens abstindrem. Però jo els demanaria
un esforç de responsabilitat, de concreció, perquè un govern —i
vostès estan governant— doncs no es tracta només de fer una
pregària i ara els diré amb una dita seva que diu «a Dios rogando pero
con el mazo dando».

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidenta.

Esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista es una
moción de buenas intenciones; una moción a la que, sinceramente, no creo
que se le pueda decir que no. La lástima es que, si no me equivoco, el
Partido Socialista Obrero Español, promotor de esta moción, gobierna. Y,
claro, vienen aquí como si estuviéramos en misa haciendo una plegaria y
acabáramos diciendo: Loemos al señor. Resulta que ustedes gobiernan e
instan a su Gobierno a que tenga un trato justo y, además, reparta entre
los que más lo necesitan. Estamos absolutamente de acuerdo, pero estaría
bien que en la moción se diga: Con el impuesto tal haremos esto y con el
impuesto cual haremos otra cosa. Pero ustedes vienen aquí y hacen una
declaración de intenciones. ¡Caramba! Un Gobierno que se insta a gobernar
con buenas intenciones. Es como cuando hacíamos la mili y se decía
aquello de que el valor se le supone. Las buenas intenciones también se
le suponen a un Gobierno, y estaría bien que se esforzaran un poco. La
senadora que ha defendido muy bien esta moción ha dicho: Debemos reforzar
el escudo social. Estamos absolutamente de acuerdo. Estamos absolutamente
de acuerdo con todo lo que dicen. Pero el otro día el señor Sánchez
hablaba de antipolítica y esto es la antipolítica, porque la política
comprometida es la que dice: Vamos a rebajar esto, vamos a rebajar lo
otro, haremos esto, haremos más fácil el acceso a estos servicios,
etcétera. Por lo tanto, se habla de antipolítica, pero aquí concreción,
ninguna.

Después dicen que hay beneficios que han caído del cielo y que hay
que castigar a quienes los han obtenido, y estamos de acuerdo. En la
última intervención, cuando se habló aquí de este tema, Junts per
Catalunya defendió esto precisamente. Pero en el último decreto que
ustedes aprobaron en el Congreso de los Diputados daban al sector
energético una propina de 1360 millones de euros, es decir, ya cuenta con
los caídos del cielo y con los caídos del PSOE; así, caído sobre caído. Y
van sobradísimos, van muy sobradas las energéticas. Claro, tienen un
problema unos y otros, y es que en los consejos de administración están
colocados todos los ex de los gobiernos y tal vez los ex de los gobiernos
les dicen: No nos toquen ustedes las narices, que aquí estamos. Los
consejos de administración podrían ser consejos de exministros y de
expresidentes, pero, como hay más de un expresidente, se pelearían por
saber quién manda más.

Tomen decisiones, nos tendrán a su lado para todo lo que sea un
sistema impositivo justo y dirigido a quienes más lo necesitan. Estamos
de acuerdo, pero concreten, y el día que lo hagan votaremos que sí.
Mientras no concreten, puesto que no podemos decir que no a esto, nos
vamos a abstener, pero les pediría un esfuerzo de responsabilidad y de
concreción, porque gobernar —y ustedes están gobernando— no
consiste solo en hacer una plegaria. Y voy a mencionar un dicho suyo,
aquello de a Dios rogando y con el mazo dando.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Por el Grupo Parlamentario
Vasco, tiene la palabra la senadora Etxano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, vicepresidenta. Intervendré desde
el escaño.

Nos trae el Grupo Socialista una moción para animar al Gobierno a que
siga avanzando en aquello que ya ha dicho el Gobierno que va a hacer, por
lo que más o menos intuimos de lo que se trata: de ver un debate a dos
bandas —eso podría ser— acerca de las modificaciones de
impuestos —a las que asistimos últimamente—, es decir, se
reduce el debate de política económica y presupuestaria a bajar o subir
impuestos.

En ese debate no vamos a participar, pero sí vamos a hablar de las
proposiciones de ley en las que ya se ha puesto negro sobre blanco: la de
los gravámenes temporales energéticos y la de las entidades de crédito.
Nuestro grupo no cuestiona el fondo de esos gravámenes, ya lo dijimos en
el debate de toma en consideración. Además, son bien recibidos por la
sociedad y siguen parcialmente lo que ya desde marzo venía diciendo la
Comisión Europea en cuanto a que los Estados miembros podían considerar
medidas impositivas temporales sobre los beneficios caídos del cielo y,
excepcionalmente, tomar parte de esos retornos para redistribuirlos a los
y las consumidoras. Porque no podemos obviar que estamos en una situación
extraordinaria en la que se precisa disponer de recursos extraordinarios
para responder a las consecuencias económicas derivadas de la crisis
energética, de tal forma que esos esfuerzos no recaigan solamente sobre
la ciudadanía y mucho menos sobre los colectivos más vulnerables.

Pero sí advertimos o cuestionamos en estas figuras impositivas
algunos problemas. Uno, la diferencia entre lo que propone la Comisión
Europea y lo que recoge la proposición del Gobierno o de los grupos que
forman el Gobierno, pues hablan de un impuesto sobre los beneficios
extraordinarios y plantean un impuesto sobre la cifra neta de negocio; o
porque, a pesar de que se habla de un impuesto, la proposición utiliza la
figura de prestación patrimonial pública no tributaria, que entendemos es
el origen del principal problema para nuestro grupo. Y es que en el
diseño de esta proposición se han olvidado de la existencia del concierto
económico y del convenio navarro, de las haciendas vascas y navarras con
competencias en materia tributaria. Por tanto, estas cuestiones se
deberán negociar y habrá que abordarlas durante el trámite de todas estas
proposiciones, porque ambas prestaciones han de ser concertadas con las
comunidades forales de Euskadi y de Navarra; la parte de estos impuestos
que paguen en Euskadi estas empresas deben recaudarla las haciendas
forales vascas y la hacienda foral de Navarra.

Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene la
palabra el senador Martí Deulofeu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gràcies presidenta. Gràcies,
senyories.

Des del grup parlamentari Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
és important situar una mica el context i les circumstàncies que porten a
presentar aquesta moció avui al Ple del Senat. És evident que hi ha hagut
una sèrie d’iniciatives en algunes comunitats autònomes on governa
un partit concret que poden provocar un cert efecte arrossegament per
instal·lar o per intentar instal·lar un marc mental pel que fa, sobretot,
al tipus de sistema impositiu que hi hauria d’haver en una situació
com la que ens està tocant viure en aquests moments, nosaltres considerem
que això és una errada. I com considerem que és una errada, intentarem
articular la nostra intervenció d’avui acabant fent unes propostes
concretes per intentar que aquest principi, que hauria de ser universal,
de què qui més té més ha de pagar. Des d’un punt de vista
socialdemòcrata, de redistribució de la riquesa, al final cal que
s’enforteixi, perquè precisament això permetrà revertir en un
millor estat del benestar i en una millor protecció social a les persones
més vulnerables, les persones que més ho necessiten.

En aquest sentit, és cert que la pressió fiscal de l’Estat
espanyol és de les més baixes de la Unió Europea, i això es deu sobretot
a l’enorme desequilibri entre la fiscalitat de les rendes del
treball i les rendes del capital. Nosaltres apostem per lluitar contra
l’elusió del frau fiscal de les grans fortunes. Per això hem
reclamat en diverses ocasions que s’incrementi el nombre
d’inspectors d’Hisenda destinats a fiscalitzar les grans
fortunes. La mateixa OCDE publicava un estudi fa poc el Tax Policy
Reforms 2020, que demanava apujar els impostos a la propietat i al
capital, i apostava per noves figures mediambientals adaptant-se als nous
fenòmens. De fet, els partits més conservadors, neoconservadors,
neoliberals s’han oposat frontalment a nous impostos que nosaltres
hem defensat i als quals hem donat suport, i hem reivindicat precisament,
que siguin més ambiciosos, com el que es coneix com la taxa Google o la
taxa Tobin.

Ens hauríem de fer també algunes preguntes: per què aquells que
haurien d’aportar més tenen instruments per fugir de les seves
responsabilitats i obligacions fiscals mentre persones assalariades,
autònoms i petites i mitjanes empreses paguen el que els correspon? I el
que us deia del consens socialdemòcrata, que sempre ha defensat la
necessitat dels impostos com a mecanisme de desenvolupament social, també
d’igualtat d’oportunitats i de redistribució de la riquesa,
sobretot des del punt de vista de prosperitat i d’ascensor social.
Aquest consens en aquests moments està en entredit i, per tant, reforçar
tot el que sigui la progressivitat fiscal i la solidaritat va en la bona
direcció, abans que s’imposin tesis de tipus neoliberal i en aquest
sentit, guanyin terreny i guanyin aquesta batalla.

En aquests moments de crisi inflacionària hem de poder arribar a
acords sobre com reforçar els elements de protecció de l’estat del
benestar, com abans deia, i no entrar en una mena de competició que el
que busca, precisament, de manera força, podríem dir-ho així, subtil, és
precisament un desmantellament de drets i conquestes en l’àmbit
social i més concretament en l’estat del benestar.

Detallaré aquí unes quantes propostes que nosaltres creiem des
d’Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, que podrien ser
interessants. Implementar un impost en les transaccions financeres que
realment gravi els productes més especulatius, com els productes derivats
i les operacions d’alta freqüència; incrementar un 0,06 %
l’impost sobre els dipòsits de les entitats de crèdit; crear un
impost a les grans fortunes de més d’un milió d’euros
mitjançant un tipus impositiu del 3 %; revisar el règim de les Societats
anònimes d’inversió Immobiliària, que actualment mantenen un tipus
del 0 % en l’impost de societats perquè tributin amb una mena de
tipus aproximat d’un 15 % com a mínim sobre els beneficis no
distribuïts. Eliminar els privilegis fiscals de determinades societats
financeres com les SICAV. Incrementar un mínim del 50 % el nombre
d’inspectors d’Hisenda —actualment, només el 20 % dels
inspectors es dediquen a aquesta mena de recerques que suposen la gran
majoria del frau fiscal— i prohibir —acabo presidenta—
que les empreses amb matriu i filials en paradisos fiscals puguin
beneficiar se d’ajudes públiques i puguin accedir, per tant, a la
contractació pública.

El grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Euskalherria Bildu, malgrat tot, votarà a favor de la moció presentada
pel grup socialista.

Gràcies.

Gracias, presidenta. Gracias, señorías.

Para el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu
es importante situar el contexto y las circunstancias que llevan a
presentar esta moción hoy en el Pleno del Senado. Es evidente que en
algunas comunidades autónomas donde gobierna un partido en concreto se
han puesto en marcha una serie de iniciativas que pueden provocar cierto
efecto de arrastre para intentar instalar un marco mental respecto, sobre
todo, al tipo de sistema impositivo que debería haber en una situación
como la que nos está tocando vivir en estos momentos. Nosotros creemos
que esto es un error y, por ello, vamos a intentar articular nuestra
intervención de hoy acabando con una serie de propuestas concretas, a fin
de intentar reforzar, desde un punto de vista socialdemócrata de
redistribución de la riqueza, ese principio, que debería ser universal,
de que quien más tiene más debe pagar. Esto permitirá tener un mejor
Estado del bienestar y una mejor protección social para las personas más
vulnerables, aquellas que más lo necesitan.

En este sentido, es cierto que la presión fiscal del Estado español
es de las más bajas de la Unión Europea y esto se debe, sobre todo, al
enorme desequilibrio entre la fiscalidad de las rentas del trabajo y del
capital. Nosotros apostamos por luchar contra la erosión del fraude
fiscal de las grandes fortunas, y por eso hemos pedido en diversas
ocasiones que aumente el número de inspectores de Hacienda para
fiscalizar las grandes fortunas. La OCDE, en la Tax policy reforms 2020,
pedía que se aumentaran los impuestos en este sentido y que hubiera
nuevas medidas ambientales e impuestos medioambientales para hacer frente
a la situación. De hecho, los partidos conservadores, neoconservadores y
neoliberales se han enfrentado frontalmente a nuevos impuestos que
nosotros hemos defendido y apoyado, y hemos reivindicado que fueran más
ambiciosos, por ejemplo, impuestos como los llamados tasa Tobin o
Google.

Deberíamos formularnos algunas preguntas. Por qué aquellos que
deberían aportar más tienen instrumentos para huir de sus obligaciones
fiscales, de sus responsabilidades, cuando autónomos, asalariados, y
pymes pagan lo que les corresponde. Como decía antes del consenso
socialdemócrata, siempre defendemos la necesidad de los impuestos como
mecanismo de desarrollo social, de igualdad de oportunidades y de
redistribución de la riqueza, sobre todo, desde el punto de vista de
prosperidad y de ascensor social. Este consenso ahora mismo está en
entredicho y, por tanto, reforzar todo lo que tenga que ver con la
progresividad social va en la buena dirección, antes de que se impongan
tesis de tipo neoliberal y ganen terreno y también esta batalla.

En estos momentos de crisis inflacionaria debemos poder llegar a
acuerdos sobre cómo reforzar los elementos de protección del Estado del
bienestar, como decía antes, y no entrar en una especie de competición
que lo que busca precisamente, de forma bastante sutil, es el
desmantelamiento de derechos y conquistas en el ámbito social,
concretamente en el Estado del bienestar.

Voy a detallar aquí unas cuantas propuestas que en Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu consideramos interesantes. Implementar un
impuesto a las transacciones financieras que grave los productos más
especulativos, como los derivados de alta frecuencia; aumentar un 0,3 %
el impuesto sobre las entidades de crédito; crear un impuesto a las
grandes fortunas de más de un millón de euros, con un tipo impositivo
del 3 %; revisar el régimen de las sociedades anónimas de inversión
inmobiliaria, que ahora mismo mantienen un tipo del 0 % en el impuesto
sobre sociedades, para que tributen con una especie de tipo aproximado
del 15 %, como mínimo, sobre los beneficios no distribuidos; eliminar los
privilegios fiscales de ciertas entidades financieras; aumentar un mínimo
del 50 % la cantidad de inspectores de Hacienda —ahora solo el 20 %
de los inspectores hacen este tipo de investigaciones, que suponen la
mayor parte del fraude fiscal—; y prohibir —acabo,
presidenta— que las empresas con matriz y filiales en paraísos
fiscales puedan gozar de ayudas públicas y acceder, por tanto, a la
contratación pública.

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, a
pesar de todo, votará a favor de la moción presentada por el Grupo
Socialista.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el senador Marí Bosó.

El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, he escuchado con atención sus intervenciones previas y
quisiera hacerles notar que el Grupo Socialista trae a debate una moción
que es una propuesta del Partido Popular. (Aplausos.— Rumores). Sí,
señorías, porque someter a tributación los beneficios extraordinarios que
se obtengan como consecuencia de un incremento extraordinario de los
precios de la energía es una propuesta del Partido Popular, es una
propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, que es del Partido
Popular. (Risas). Y me gustaría indicar a aquellos de ustedes que vayan
despistados, que nosotros somos del Partido Popular. Lo digo por si van
despistados. (Aplausos). Por tanto, se trata de una propuesta del Partido
Popular que, por cierto —lo ha apuntado la señora Rodríguez, de
Vox, y creo que también el señor Cleries—, es muy distinta de la
que ustedes han presentado en el Congreso, puesto que habla de gravamen
sobre los beneficios y ustedes en el Congreso han planteado gravamen
sobre la facturación.

Pero está bien que presenten una propuesta del Partido Popular con
esta rapidez. Ojalá hubieran sido ustedes tan rápidos cuando en enero
de 2021 propusimos que bajaran el IVA de la luz, pero pasaron seis meses
hasta que lo propusieron en junio. Ojalá hubieran sido ustedes tan
rápidos respecto de la bajada del IVA del gas e hidrocarburos que propuso
el señor Feijóo en abril, sin embargo, ustedes la acaban de poner en
marcha y esa tardanza ha perjudicado a los españoles muy gravemente. Es
más, señorías, al hilo de las bajadas de impuestos que propone el Partido
Popular y que ustedes adoptan con tardanza, cabe decir que son muy
beneficiosas para los españoles. Sí, y no lo digo yo, sino que lo dice la
señora Calviño en el Plan presupuestario 2023 que ha enviado hace diez
días a la Unión Europea, pues en la página 17 explica que desde junio la
inflación se ha contenido; ella prevé una contención del 3,6 %, pero ya
conocemos las previsiones de la señora Calviño. En fin, dice que se ha
contenido y, en cuanto a por qué se ha contenido, dice que cabe destacar
el impacto de la bajada de impuestos indirectos. ¡Ah, señorías! Resulta
que las propuestas del Partido Popular de bajar impuestos, en concreto
impuestos indirectos, el de la luz, el del gas, el de los hidrocarburos,
que ustedes siempre adoptan tarde y mal, por un lado, tienen un beneficio
para los españoles porque les alivian el esfuerzo fiscal y, por otro,
según la señora Calviño y nosotros también, evidentemente, ayudan a
contener la inflación. Moraleja, señorías, adopten todas las medidas y
las propuestas que les hagamos en el Partido Popular. (Aplausos).

Vienen hoy a lavar su mala conciencia y a hablarnos de sistema
tributario justo, de beneficios extraordinarios, de servicios públicos.
Oiga, ¿sistema tributario justo, cuando desde que gobierna el señor
Sánchez tenemos el sistema tributario más injusto por el descontrol de la
inflación? La inflación es el impuesto más injusto de todos, señorías; es
el que se come los salarios; es el que con la misma renta hace que
pasemos del tramo bajo al medio y del medio al alto en la tarifa del
IRPF. El sistema tributario español es más injusto desde que gobierna el
señor Sánchez. ¿O no es injusta, señorías, una tasa a los refrescos?
¿Solo toman refrescos los ricos? ¿O no es injusto un incremento de las
primas de seguros y del impuesto de matriculación o 20 céntimos por cada
litro de gasolina? ¿Solo ponen gasolina los ricos, señorías? Ustedes
hablan mucho, pero sus políticas ni favorecen un sistema tributario justo
sobre la base de beneficios, sean extraordinarios o no, ni ayudan a la
mejora de los servicios públicos. Nada de sus políticas ayuda a esto. Lo
peor es que no quieren cambiar, lo peor es que van a seguir en el regate
en corto, como hoy, cuando traen esta moción. Van a seguir disfrazando la
realidad e intentando engañar. Pero los españoles no están para demoras
ni están para engaños ni sectarismos, sino que los españoles necesitan un
Gobierno que gobierne, despliegue una política económica confiable,
confíe en las capacidades de este gran país y, sobre todo, que su
Gobierno y el señor Sánchez hagan todo eso antes que practicar un
partidismo y un sectarismo de lo más rancio.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Heredia Díaz.

El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías del Partido Popular, el que está despistado es el señor
Feijóo, que falta mucho al Pleno. Hoy vuelve a estar su asiento vacío.
(Aplausos.— Protestas). Ningún español se ausenta tanto de su
trabajo como el señor Feijóo. Deberían tomar nota. (Aplausos.—
Protestas).

La primera ministra británica y el señor Feijóo, con su populismo
fiscal, eran los únicos que defendían en toda Europa las bajadas masivas
de impuestos. La primera ministra tuvo que dar marcha atrás, pedir perdón
y ha durado cuarenta y cinco días en el cargo. ¿Va a hacer el señor
Feijóo lo mismo? ¿Va a tomar ejemplo? Todos los organismos económicos
internacionales, el FMI, la OCDE y también la Comisión Europea, plantean
lo contrario, subir los impuestos a los más ricos y, también, a aquellas
empresas que están obteniendo enormes y extraordinarios beneficios con la
situación que vivimos. Feijóo se ha quedado solo defendiendo a los
poderosos y a las grandes empresas energéticas. Es lo mismo que hicieron
cuando gobernaron, que rescataron a los bancos, pero machacaron a las
personas. (Aplausos). Este es su modelo, este es el modelo de la derecha,
ustedes lo llevan en su ADN. Bajar impuestos a los que más tienen para
reducir la recaudación, tener la excusa para recortar el Estado del
bienestar y favorecer el negocio privado. Eso es lo que hace el Partido
Popular y eso es lo que ustedes hacen en Andalucía. (Aplausos). El señor
Moreno Bonilla ha perdonado 120 millones de euros del impuesto sobre el
patrimonio a los 20 000 andaluces más ricos, mientras, al mismo tiempo,
ha subido el precio de los comedores escolares, ha destrozado la atención
primaria sanitaria y ha dejado sin ningún tipo de ayudas a las familias
que más lo necesitan. (Aplausos.— Rumores). Regalos fiscales para
los ricos, recortes para la mayoría. (Rumores). Eso es lo que hizo
también el señor Rajoy cuando, en una anterior crisis, gobernó.
Recortó 10 000 millones en sanidad o en educación. Y eso es lo que hacen
también tanto la señora Ayuso como el señor Moreno Bonilla, que han
colocado a Madrid y a Andalucía a la cola de España en inversión pública
en sanidad o en educación. ¿O de eso ya no se acuerdan? (Aplausos.—
Rumores).

Frente a ello, ¿qué hace el Gobierno de Pedro Sánchez? El Gobierno de
Pedro Sánchez baja impuestos a las clases media y trabajadora y a las
pymes. Ha bajado treinta y dos veces los impuestos, ha bajado el IVA de
la luz en reiteradas ocasiones —ese IVA de la luz que el Partido
Popular subió—, ha bajado el IVA del gas, ha eliminado el impuesto
al sol, ha eliminado el impuesto a la producción eléctrica y va a bajar
también el IRPF a clases media y trabajadora. Al mismo tiempo, sube los
impuestos a los que se están beneficiando de la crisis, que son las
grandes fortunas, las grandes energéticas y el sistema financiero. Al
mismo tiempo también, fortalece el Estado del bienestar destinando más
recursos que nunca a sanidad, educación o a la Ley de dependencia, y va a
seguir haciéndolo en los presupuestos del próximo año, que son los más
sociales de la historia.

La pasada semana, aquí mismo, hubo un debate, donde el señor Feijóo
no hizo una sola propuesta, pero sí le pidió al presidente Pedro Sánchez
una cuestión. Solo le pidió que diese marcha atrás y que retirara los
Presupuestos Generales del Estado de 2023. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Yo le pregunto al Partido Popular: ¿qué es lo que no les
gusta de esos presupuestos? (Rumores). ¿No les gusta que 6 de cada 10
euros se destinen a políticas sociales? ¿No les parece bien que el
presupuesto destinado a educación crezca un 6,6 %, el de sanidad un 7 %,
que haya 620 millones más para Ley de dependencia? ¿No están de acuerdo
con que las pensiones crezcan 100 euros más al mes? ¿No están de acuerdo
con subir los salarios a los funcionarios? ¿No están de acuerdo con
ampliar el abono gratuito para cercanías, rodalies o media distancia?
(Aplausos). ¿Qué es lo que no le gusta al Partido Popular? Díganlo.

Por cierto, la pasada semana el señor Feijóo volvió a ir a Europa
para hablar mal de España. Fue para hablar mal de España en materia de
excepción ibérica y de los fondos europeos. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, un poco de silencio.

El señor HEREDIA DÍAZ: Por eso, le pregunto también al Partido
Popular si no les gusta que las familias españolas se ahorren 3000
millones en la factura de la luz gracias a la excepción ibérica. ¿No
están de acuerdo con lo que dice la líder del Partido Popular europeo,
que califica de brillante la propuesta energética del presidente Pedro
Sánchez? (Aplausos). ¿Y no están de acuerdo con que el presidente Pedro
Sánchez peleara, defendiera y consiguiera 140 000 millones de euros para
crear empleo y para crear riqueza en nuestro país?

Termino. Este Gobierno defiende un sistema tributario justo, que
pague más quien más tiene y reciba más quien más lo necesita, que
fortalezca el Estado del bienestar y proteja a las clases medias, porque
no hay justicia social sin justicia fiscal.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señorías, finalizado el debate de esta moción, les recuerdo que el
plazo para emitir el voto electrónico remoto por los senadores
autorizados se abrirá al finalizar el debate de la última moción.
Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de esta iniciativa
tendrá lugar una vez finalizado este plazo, cuando se anuncie por esta
Presidencia.

Ruego llamen a votación. (Pausa).

Cierren, por favor, las puertas.

El señor presidente lee el punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción le ha presentado una enmienda el
Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, su señoría Sanz Ruiz. (Rumores).

Señorías, les anuncio también que no se producirá ninguna votación
presencial antes de las dieciséis horas. Muchísimas gracias.
(Rumores).

El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría. Tómese su tiempo.

Señorías, por favor, abandonen el hemiciclo lo antes posible y en
silencio para poder continuar con el Pleno, si son tan amables.

El señor SANZ RUIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, presenta el Grupo Popular una moción que justifica el
recorte del 11,5 % que aparece recogido en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2023 en las inversiones que estaban previstas ejecutar
en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Una vez más, y no es
nuevo, desgraciadamente, los Presupuestos Generales del Estado le dan la
espalda a Andalucía y, ante la situación de sequía extrema que afecta
especialmente a la comunidad autónoma andaluza, no entendemos este
recorte. Cuando lo sensato y prudente hubiera sido un incremento de
fondos para la ejecución de canalizaciones u otras infraestructuras
necesarias para la política hídrica en Andalucía, al objeto de paliar los
efectos de la sequía, llegan siempre los recortes del Partido Socialista
en los Presupuestos Generales del Estado. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, les he pedido silencio
antes y lo vuelvo a hacer. Es muy desagradable tener que estar toda la
mañana así, pero es imposible que el orador pueda concentrarse
mínimamente para defender su iniciativa.

Muchas gracias.

El señor SANZ RUIZ: Gracias, señor presidente.

Por ello, instamos al Gobierno a rectificar de forma sustancial su
política de agua y, muy especialmente, a incrementar los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2023, sobre todo, esas inversiones que
deberían estar previstas para la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir como zona particularmente afectada por la situación de
sequía, insisto.

Señorías, una buena política hídrica es la mejor vacuna contra la
recesión a la que se encamina España y el mayor apoyo a un sector como el
agrícola, designado a ser colchón de la crisis y una polea para el
impulso económico de nuestra tierra en el momento que viene. La política
del agua es el reto de todo el país y, en la actualidad, exige altura de
miras y máxima colaboración del Gobierno. El agua tiene que ser una
política de Estado y una política solidaria. El Gobierno andaluz está
apostando por la ejecución de una política hídrica seria y previsora que
ayude a los sectores productivos a continuar con su actividad en la misma
medida o, incluso, con mayor rentabilidad, si es posible. El Gobierno
andaluz ha sido previsor, el Gobierno andaluz está haciendo los deberes.
Se ha anticipado a la sequía con dos decretos que rozan ya el 50 % de
ejecución y cuyas medidas harán posible que Andalucía cuente, en 2023,
con 73 hectómetros cúbicos adicionales de agua. En total, estos dos
decretos, y alguna medida más de las que luego les informaré, reúnen
iniciativas por valor de más de 140 millones de euros. En el agua,
señorías, no hay recetas mágicas, hay inversiones y eficacia. Por eso, es
necesario combinar todas las fuentes hídricas y, sobre todo, es necesaria
la colaboración y la apuesta del Gobierno central, donde, entre otras
actuaciones, debe quedar reflejado ese incremento de inversiones a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que está presente en el 67 %
del territorio autonómico. Hay que dar un paso más y apostar por la
combinación de todo, la desalación, la depuración, la desalobración, los
trasvases y el agua regenerada. En definitiva, hace falta la colaboración
del Estado con el Gobierno andaluz.

El Estado tiene que arrimar, aunque solo sea por una vez en
Andalucía, el hombro y hacer suya la política de agua que reclama el
sector productivo andaluz. No se pueden demorar ya inversiones que
llevamos muchos años esperando e inversiones que ya van a llegar muy
tarde. La sequía es un problema estructural y requiere de esos fondos
Next Generation para evitar ese déficit hídrico. Nuestros productores van
a perder competitividad si la situación no la cambiamos entre todos. Por
ello, señorías, pedimos celeridad y la ejecución inmediata de esas obras,
que son ya mucho más que urgentes. Pedimos el cumplimiento de la Ley de
trasvases, aprobada en el año 2018, sobre todo en la provincia de Huelva,
a la que tanta falta le hace. Pedimos, y llevamos ya mucho tiempo
diciéndolo, que es vital para el sector en el contexto actual reducir las
cargas económicas que están asfixiando a los agricultores y a los
ganaderos. Hay que rebajar los impuestos, hay que bonificar el agua
desalada para regantes y ayuntamientos, hay que activar la doble tarifa
eléctrica para permitir a los regantes reducir su factura en un 20 % o en
un 30 %. Estas y otras medidas las hemos pedido ya al Gobierno central en
numerosas ocasiones, y estamos convencidos de que son la vía para ofrecer
el máximo apoyo y respaldo de todas las fuerzas políticas en este momento
que tanto necesita el campo. Pero, desgraciadamente, al igual que ocurre
con otros muchos temas y en otras muchas ocasiones, nunca tenemos la
respuesta afirmativa del Gobierno central.

Señorías, insisto, pedimos celeridad y ejecución inmediata de esas
obras pendientes en Andalucía y más fondos para avanzar en la seguridad
hídrica. Tenemos que aprovechar la oportunidad que se abre con la
reprogramación de los fondos europeos, y tenemos que pensar en el futuro.
La sequía no es un tema temporal, hay que abrir otras líneas de ayudas y
otras líneas de financiación. Andalucía tiene que recibir más fondos como
organismo de cuenca y urgen nuevas medidas excepcionales ante la sequía,
así como un nuevo decreto para el Guadalquivir. Para ello, señorías, hace
falta la colaboración y la apuesta que hasta este momento no tenemos del
Gobierno de la nación del Partido Socialista. El Gobierno andaluz está
dispuesto a tender la mano, está tendiendo la mano al Gobierno de España,
y tienen que ser conscientes de que necesitamos que empiecen ya esas
obras, que llevan tanto retraso ya en Andalucía; la mayoría de ellas son
obras declaradas de interés general desde hace más de una década.
Insisto, exigimos celeridad, ejecución de infraestructuras hídricas y más
fondos para Andalucía, sobre todo para la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Queremos fechas, queremos plazos concretos de ejecución y
queremos, sobre todo, el respaldo y el compromiso del Gobierno de la
nación. No vale, señorías del Partido Socialista, seguir escudándose en
informes que están dilatando el inicio de las obras prioritarias; no
vale, señorías, más excusas, solo vale ya el respaldo y el apoyo
contundente del Gobierno central del Partido Socialista a un sector
productivo importantísimo en Andalucía. Si no se ejecutan estas obras
pendientes desde hace mucho tiempo en nuestra comunidad autónoma,
Andalucía empezara a tener problemas. La falta de agua, señorías, está
poniendo en jaque a casi un cuarto del sector productivo andaluz.
Necesitamos el apoyo y el respaldo del Gobierno de la nación. Necesitamos
que el Gobierno de la nación arrime el hombro. Necesitamos que el señor
Sánchez no se esconda y necesitamos que el Partido Socialista, aunque
solo sea por una vez en Andalucía, dé la cara, en esta ocasión ante la
sequía que viene.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra su señoría la señora González Bayo.

La señora GONZÁLEZ BAYO: Gracias, señor presidente.

Hoy hemos presentado una enmienda a esta moción porque al verla hemos
pensado: qué moción tan poco trabajada, con menos argumentos. Nos ha
llamado la atención, porque no sabíamos bien qué objetivo perseguía el
Grupo Popular, y toma peso que el único objetivo del Partido Popular es
seguir con la campaña de desprestigio contra el Gobierno de Pedro
Sánchez, contra los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y
también contra España. Lo estamos viendo con la visita de alguno a
Europa. Pues bien, señorías del Partido Popular, estos presupuestos son
buenos para España y para Andalucía. Son unos presupuestos que en
diferentes partidas van a llevar a Andalucía más de 2500 millones de
euros, la mayor inversión de la historia de nuestra comunidad autónoma.
(Aplausos). Además, con un crecimiento del 2,8 % respecto a los del
año 2022. Esta financiación histórica supera lo que fija el Estatuto de
autonomía, y ayer por la tarde pudimos oír al señor Bendodo su mantra de
que no cumple, de que no cumple. Yo le digo al señor Bendodo: por el
hecho de que lo diga más, no va a ser verdad. La inversión del Estado en
Andalucía supone el 17,9 %, una décima más que el peso poblacional de
Andalucía, escúchenlo bien. Es más, estas cuentas son un 56 % superiores
a cuando gobernaba Mariano Rajoy en España, que abandonó Andalucía; ese
sí que abandonaba Andalucía. (Aplausos).

Hoy hemos venido a hablar de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, y me asombran las declaraciones que hace el senador que me
ha precedido. El presupuesto de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir se ha incrementado un 40 % en Andalucía con respecto a
cuando gobernaba el Partido Popular; un 40 % más, señorías, como pueden
ver en este gráfico que les muestro. Esto es lo que hacen ustedes, que
cuando están en la oposición vienen aquí a pedir lo que no hacen cuando
gobiernan, y eso es una insensatez. Ustedes pregonan mucho bulo, mucho
relato, pero los datos los mantienen escondidos para que nadie los
averigüe. Pero aquí estamos nosotros para dar los datos, señorías. Les
voy a mostrar el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con los
andaluces: solo en obras de emergencia, ahora mismo estamos invirtiendo
en Andalucía 12 770 000 euros, destinados a garantizar el abastecimiento
en esta etapa tan dura de sequía. El Gobierno de España actúa, no podemos
decir lo mismo del Gobierno de Andalucía, el Gobierno que preside Moreno
Bonilla, que presupuesta para este año 2022 una partida de 450 millones
de euros en materia de agua. ¿Y saben ustedes cuánto estaba ejecutado en
el mes de septiembre? ¿Lo saben? Desgraciadamente, tan solo el 16,6 %.
(Aplausos). Lamentable que suba usted a esta tribuna a pedirle dinero al
Estado cuando ustedes, que tienen competencias y una partida
de 450 millones de euros, no lo ejecutan. Los datos nos están diciendo
que ustedes son incompetentes en Andalucía para gobernar, porque el señor
Moreno Bonilla solo sabe pedir dinero, pero no sabe invertir en
Andalucía, (Aplausos) y lo estamos viendo cada día con todos los
proyectos que manda el Estado a Andalucía. Al señor Moreno Bonilla solo
le gusta anunciar; anuncia mucho, pero invierte muy poco. Esa no
ejecución de 450 millones supone una merma en la generación de empleo,
supone una merma en el bienestar de los ciudadanos y supone una merma en
el crecimiento de Andalucía. (Aplausos). Señorías, que ya no vale
lamentarse más ni decir que acabo de llegar; pónganse a trabajar, que los
andaluces y las andaluzas lamentamos mucho que ese gobierno no sepa
gestionar.

Siguiendo con las inversiones que hace el Gobierno de España en
Andalucía, cabe citar, por ejemplo, la modernización de los regadíos,
para lo que ahora mismo se han invertido 32,9 millones de euros en
Andalucía; el Plan de resiliencia va a llevar a los andaluces más
de 100 millones para eficiencia y eficacia de nuestros regadíos; la
planificación hidrográfica del Guadalquivir para el período 2022-2027
recoge una inversión de 3800 millones, 1400 millones más de lo que ponía
el Partido Popular en Andalucía cuando gobernaba en España. (Aplausos).
Señorías, en la enmienda pedimos que este Gobierno siga trabajando como
lo está haciendo para los andaluces y para las andaluzas, porque así nos
irá bien a todos y a todas.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular
para indicar si acepta o no la enmienda presentada.

El señor SANZ RUIZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo tan solo para rechazar la enmienda directamente. Muchas
gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Entonces, pasamos a continuación al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tomará la palabra su señoría Marín
Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.

Señorías, la prolongada ausencia de lluvias y las altas temperaturas
de este verano están causando una grave situación de sequía en la mayor
parte de España, con varios territorios en alerta roja por la escasez.
Señorías, el agua es un recurso escaso, pero mientras hay zonas
excedentarias en determinadas regiones de España, su escasez es un
problema de primera magnitud. La política de construir desaladoras como
alternativa al Plan Hidrológico Nacional ha fracasado como remedio para
las necesidades del sector agrícola, por la mala calidad del agua
obtenida, por su coste económico y por su impacto energético y
ambiental.

Señorías, España necesita infraestructuras hídricas para almacenar,
distribuir y asegurar el abastecimiento de agua anual, así como la
conservación y fomento del regadío. Por un lado, la planificación
hidrológica de este Gobierno socialcomunista se centra exclusivamente en
los postulados ecologistas y desatiende las necesidades de los españoles,
tanto de los particulares como de las empresas, especialmente del sector
primario y, por otro, las políticas regionalistas en materia de agua
enfrentan territorios españoles entre sí. Por todo ello, es necesario
adoptar una política real nacional a través de un verdadero plan nacional
del agua de forma que esta pueda circular y llegar a donde se
necesite.

Señorías, el agua es de todos y no de las regiones donde se
encuentra. En Vox apostamos por un plan nacional del agua que contemple
medidas y recursos contra la sequía y que acabe con la actual
desigualdad, natural o creada, por las políticas fallidas en el acceso a
los recursos hídricos. Cada gota de agua es importante; por ello debe
estudiarse cualquier iniciativa tendente a un ahorro de agua, sin que
ello suponga restricciones, como puede ser estudiar la viabilidad de
introducir tecnología, nuevas formas de riego o incluso la posibilidad
del reciclaje de aguas. También será imprescindible establecer formas de
almacenamiento de agua para cuando más se necesite, ya sea mediante
depósitos, balsas o pantanos. Ante este persistente problema de la sequía
se requieren medidas eficaces que garanticen el acceso al agua por todos
los españoles en igualdad de condiciones y en cualquier parte de España,
así como garantizar la solidaridad entre las regiones españolas. En Vox
consideramos que el agua es un bien de todos, indispensable y generador
de riqueza, y por eso entendemos que es de extrema necesidad un plan
nacional que abarque todas las demandas hidrológicas de las regiones de
España y un sistema nacional de suministros hídricos que integre la
gestión de cuencas y garantice el acceso al agua a todos los
españoles.

Señorías del Partido Popular, votaremos a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el mismo grupo parlamentario, tomará la palabra su señoría
Catalán Higueras.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.

Hablando de infraestructuras hídricas, hoy Unión del Pueblo Navarro
viene a requerir al Gobierno de España que actúe con mayor celeridad y,
sobre todo, sin ningún tipo de engaño con una infraestructura vital para
el desarrollo de nuestra comunidad como es el Canal de Navarra, y más
concretamente en su segunda fase. Esta infraestructura va a permitir
llevar agua del Pirineo navarro a la zona más desfavorecida, más seca y
más pobre de la comunidad, la Ribera de Navarra.

Señorías, durante los últimos meses, fundamentalmente los de verano,
más de 200 000 navarros de las poblaciones de Pamplona y de la comarca de
Pamplona han visto garantizado el abastecimiento de agua en un 40
o 45 %...

El señor PRESIDENTE: Senador Catalán Higueras, acérquese un momento,
por favor. (El señor Catalán Higueras se acerca a la Presidencia).

El señor CATALÁN HIGUERAS: En línea con lo manifestado por el
proponente de la moción en relación con la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, nosotros desde Navarra también queremos hacer hincapié en
que esa regulación hídrica se tiene que dar en todas las partes de
España; en este caso concreto se habla del Guadalquivir, pero en la
Confederación Hidrográfica del Ebro y en la cuenca del Ebro también se
tiene que garantizar. Pues bien, en su día algunas obras de la
Confederación Hidrográfica del Ebro fueron muy cuestionadas y sufrieron
el boicot y el sabotaje por parte del independentismo vasco, y esos
mismos que se quejaban, boicoteaban y chantajeaban esta obra, hoy beben
agua de esta y se callan.

En línea con lo manifestado por el portavoz del Grupo Popular cuando
se refería a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, nosotros
tenemos que denunciar el comportamiento que tiene el Gobierno de España
con esta infraestructura, con la segunda fase del Canal de Navarra.
Evidentemente, señorías, no se puede actuar con ese desinterés, con esa
desidia que viene caracterizando al Gobierno de España en materia de
infraestructuras hídricas, sean del Guadalquivir o de la cuenca del Ebro.
Y sobre todo, señorías, hay que tener en cuenta que no se puede falsear
la realidad ni se pueden dilatar en exceso medidas, porque, como ha dicho
el portavoz del Grupo Popular, se va a impedir que los fondos europeos
permitan financiar estas infraestructuras.

A nosotros también nos llama la atención, como sucede en el caso de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que el propio ministerio
no facilite la información, que la gestión del Gobierno de España no
priorice la transparencia y suceda todo lo contrario, que se basa en la
opacidad. Nosotros tenemos que pedir que se dejen ya de esa desidia, de
esa pasividad a la hora de llevar a cabo estas infraestructuras vitales,
en este caso concreto para la zona del Guadalquivir, pero también en
nuestro caso para la segunda fase del Canal de Navarra, y más
concretamente para la Ribera de Navarra. En definitiva, señorías, no se
puede engañar al Senado con falsas informaciones. El Gobierno de España
no puede dejar de confirmar informaciones publicitarias del Gobierno de
Navarra en relación con que esta segunda fase del Canal de Navarra se va
a licitar en el año 2023; eso dijo el pasado 18 de octubre y once días
antes, el 7 de octubre, el propio ministerio remitió una información al
Senado en la que decía que no se podían establecer plazos. Por lo tanto,
basta ya de engaños; más transparencia, más información y más
celeridad.

Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Catalán.

¿Grupo Parlamentario Democrático? (Denegaciones). No van a tomar la
palabra. Muchas gracias. ¿Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal?
(Denegaciones). No van a tomar la palabra. Muchas gracias. ¿Grupo
Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones). No van a tomar la palabra.
Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Garmendia Bereciartu.

La señora GARMENDIA BERECIARTU: Señor presidente, con su permiso,
intervengo desde el escaño.

Simplemente quería hacer dos reflexiones al hilo de la presentación
de esta moción por parte del Grupo Popular. Una de ellas está relacionada
con el momento de su presentación, ya que en estos momentos se están
debatiendo los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Desde luego,
no va a ser mi grupo el que le vaya a decir cuándo tiene que presentar
las mociones o no, por supuesto, pero está claro que presentarlas ahora
es puro oportunismo político.

La segunda reflexión está relacionada con el contenido del texto. En
el texto dispositivo el Grupo Popular insta al Gobierno a rectificar de
forma sustancial la política del agua y, sobre todo, a incrementar las
inversiones en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Respecto
al aumento de las inversiones, se ha hablado varias veces en esta Cámara
de las tardanzas y los retrasos en la ejecución de las obras que hay en
todas las confederaciones y no solo en la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir; problema que, a nuestro entender, no se soluciona con un
incremento del presupuesto, pues haría más grande la bola, sino con un
replanteamiento del modelo de gestión y de comportamiento de las
confederaciones. Respecto a la política del agua y su rectificación, la
moción se queda en un enunciado, en una mera frase, y hubiera sido
bastante interesante saber cuál es la propuesta del Partido Popular, qué
alternativa tienen si creen que el Gobierno español debe de cambiar su
política del agua.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Esquerra Republicana? (Denegaciones). No van a
tomar a la palabra. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría Sanz
Ruiz.

El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer el apoyo que parece que va a tener
esta moción de los grupos UPN y Vox; una moción que lo único que
pretende, señora González Bayo, es incrementar la inversión en una cuenca
hidrográfica que usted bien conoce y que tanto afecta a su provincia,
Huelva, que se va a ver perjudicada en los Presupuestos Generales del
Estado en un momento crucial, cuando parece que vamos a afrontar una
sequía importante. Da mucha pena, señora González Bayo, ver cómo una
senadora por Huelva, alcaldesa de Cartaya, si no me equivoco, se sube a
esta tribuna y no aprovecha para defender un incremento de inversiones
(Aplausos) en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que,
insisto, tanto afecta a su provincia, o no exige el cumplimiento de
aquella Ley de trasvases, aprobada en el año 2018, que tanto afecta a su
provincia. Para que usted entienda la diferencia que hay entre un
Gobierno que hace los deberes, y quiere afrontar una situación complicada
como la que viene, y un Gobierno como el suyo, al que usted representa,
del Partido Socialista del señor Sánchez, que esconde la cabeza ante
todos los problemas que vienen, sobre todo cuando vienen de Andalucía, le
decía antes que el Gobierno andaluz ha puesto ya en marcha dos decretos
contra la sequía que suponen una inversión de más de 140 millones de
euros. Pero es que ayer, señora González Bayo, el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía ha aprobado un plan estratégico contra la sequía
que contempla una inversión de 4047 millones de euros hasta el año 2027.
Esa es la diferencia, señora González Bayo, entre un Gobierno que coge el
toro por los cuernos y un Gobierno que esconde la cabeza, como siempre
hace el suyo. (Aplausos). Le repito la cifra: 4047 millones de euros
hasta el año 2027. De esos 4047 millones de euros, señora González
Bayo, 450 van a ir contemplados ya en el presupuesto que va a presentar
la Junta Andalucía en breve para el año 2023. Este plan estratégico
contra la sequía tiene una serie de prioridades, fundamentalmente la
depuración de aguas residuales para disponer ni más ni menos que de 120
hectómetros cúbicos más de agua regenerada para sustituir a las
subterráneas y empezar a recuperar los acuíferos. Este plan estratégico
contra la sequía, señora González Bayo, contempla ocho ejes
fundamentales: la depuración y el saneamiento, el abastecimiento en alta,
la sequía, el regadío, las aguas regeneradas, los nuevos recursos
hídricos, las infraestructuras del transporte y la recuperación de aguas
subterráneas. Esta es la diferencia, señora González Bayo, entre un
Gobierno que da la cara y afronta los problemas y un Gobierno que se
esconde.

Señora González Bayo, este plan pretende invertir en la cuenca
hidrográfica del Guadalquivir, que, como usted sabe, no es competencia de
la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz se va a comprometer, señora
González Bayo —esta cuenca, como usted sabe, afecta al 67 % del
territorio andaluz— a cofinanciar las depuradoras —¿estará
usted de acuerdo con esa cofinanciación, señora González Bayo, no?—
de Matalascañas, Burguillo, Guillena, Sanlúcar de Barrameda, El Ejido,
Adra o Roquetas. En definitiva, señora González Bayo, estas son medidas;
y lo que presenta siempre su Gobierno son recortes, además de esconder la
cabeza.

Necesitamos celeridad; necesitamos la ejecución inmediata de las
obras pendientes; necesitamos un compromiso firme y respaldo a ese sector
productivo tan importante para Andalucía. También necesitamos inversión
porque la falta de agua está poniendo en jaque a casi un cuarto del
sistema productivo andaluz.

Señora González Bayo, el Gobierno andaluz y el señor Moreno,
presidente de la Junta de Andalucía, están dando la cara, están
afrontando un problema de sequía que tiene Andalucía y van a invertir,
insisto, 4047 millones de euros hasta el año 2027. Su Gobierno, lo único
que está haciendo, como siempre, es despreciar a Andalucía y a los
andaluces y esconder la cabeza.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría
Lastra Valdés.

El señor LASTRA VALDÉS: Señor presidente, señorías, ¡qué tranquilidad
de ánimo da creer que no se tiene pasado!, colocarse del lado exclusivo
de la exigencia y la responsabilidad y pedir a una administración lo que
no se hace desde la propia. (Aplausos). Está muy bien aprovechar
cualquier oportunidad incluso para hacer una especie de campaña
publicitaria acerca de una pseudopolítica o una presunta política cuando
lo que se pide aquí es otra cosa.

Nos parece a todos muy bien, y entiendo que hayan elegido la
estrategia, en el conjunto de la sesión plenaria, de la descalificación
de la propuesta presupuestaria del Gobierno de España para el próximo
ejercicio presupuestario. Además, entiendo que se presente la iniciativa
con esta especie de desidia o desgana, llena de lugares comunes y de
imprecisiones a la hora de elegir después de qué debatimos y de qué vamos
a presumir, pero las cifras, señorías, son más sinceras que las palabras.
Es muy difícil cuestionar la propuesta presupuestaria presentada para
Andalucía cuando, lo mire por un lado o por otro, en inversión por
habitante, en inversión neta o en inversión territorializada, ocupa el
primero o el segundo puesto de la inversión general del país. Señoría, es
muy difícil hacer una propuesta que pida incrementar la inversión cuando
aumenta el 40 % para la cuenca hidrográfica del Guadalquivir respecto a
la última propuesta presentada por el Gobierno del Partido Popular. Es
difícil considerar que lo que no vale es que computemos también los
fondos europeos a la hora de establecer el volumen de inversión total,
como si saber de dónde provienen los recursos, del esfuerzo de los
contribuyentes españoles o de los contribuyentes españoles y europeos
conjuntamente afectara al destino de la inversión. El dinero no huele,
señorías, lo sabemos desde la época de Vespasiano, salvo para algunas
sensibilidades especiales; lo digo porque termina uno encontrándose con
posiciones ambiguas tales como que se encuentra uno en una escalera y no
se sabe si sube o si baja. Lo peor de todo, como ya lo ha puesto de
relieve aquí ahora mismo la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, es
que es una ocasión perdida de nuevo para tener un debate sobre política
del agua. Además, cuando se propone un cambio de política, incluso una
modificación o una reforma o una revisión de la política, siempre es una
posibilidad, pero es una obligación absolutamente imprescindible para
quien propone esto traer una propuesta alternativa. Esa es una obligación
imprescindible, y ustedes no la traen, pero sí han vuelto a traernos otra
ocasión perdida para hacer un debate sobre la política del agua, que era
lo que entendíamos que querían ustedes traer aquí. Pero si este fuera un
debate sobre la política del agua, había que empezar reconociendo la
diversidad, las distintas administraciones que intervienen en las
políticas y reconocer la dimensión federal de este tipo problemas, y no
traer el agravio y el conflicto, que es lo que acostumbran a hacer
ustedes con políticas de enorme sensibilidad para la vida de los
españoles y para la organización territorial del Estado.
(Aplausos).

Señoría, habría que hablar de los recursos que financian las
infraestructuras hidráulicas y las demás. Habría que hablar de cómo una
administración es capaz de anunciar un gasto prescindiendo de los
ingresos y de cómo renuncian a los ingresos de los que sí pueden sufragar
las inversiones en el impuesto de patrimonio, o de cómo quitan ustedes el
canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas de interés de la
comunidad autónoma; y de cómo quitan ustedes las fuentes de financiación
de las obras hidráulicas de su comunidad, pretendiendo que sea el
esfuerzo del conjunto de los españoles el que atienda el abandono por su
parte de políticas imprescindibles. (Aplausos). Si quieren ustedes hablar
de política del agua, podríamos discutir el modelo y no seguir en el
modelo del pasado, ese que viene siendo cuestionado desde la Ley de aguas
o el Libro Blanco; ese modelo que sigue apoyándose en la presión de los
que quieren seguir aumentando la oferta cuando se trata de un recurso que
es escaso y que está deficientemente distribuido. Señorías, la gestión
tiene que apoyarse en la utilización sostenible del recurso, en la
gestión de la demanda.

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señoría.

El señor LASTRA VALDÉS: Aquí se trata de planificar y de gestionar,
repito, de planificar y de gestionar y de argumentos, no de hacer
sugerencias pintorescas y una política continua del agravio. Es la
discusión sobre la verdad o sobre la falsedad, como casi siempre con
ustedes. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señorías, el voto electrónico de esta moción remoto para los
senadores y senadoras autorizados se abrirá al finalizar el debate de la
siguiente moción y la votación presencial de la misma tendrá lugar una
vez finalizado el plazo a que abriremos para el voto telemático y cuando
lo anuncie esta Presidencia.

El señor presidente lee el punto 6.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado seis enmiendas:
cuatro del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, una del Grupo
Parlamentario Socialista y una del Grupo Parlamentario
Nacionalista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, su señoría
Reniu Vilamala.

El señor RENIU VILAMALA: Moltes gràcies president.

Senyories, avui que patim els efectes de la crisi derivada de la
invasió russa d’Ucraïna i de la post-pandèmia, és un bon moment per
recordar i reflexionar com es va gestionar la crisi anterior, aquella que
venia e l’any 2008. Una crisi que a dia d’avui
n’arrosseguem encara les conseqüències i on aquelles polítiques
austericides van gairebé liquidar l’estat del benestar, degradant
els serveis públics i avariant l’ascensor social de la
redistribució de la riquesa. En resum: tot plegat ho podem sintetitzar
amb una frase molt gràfica que defineix a la perfecció el què es va fer
aleshores i el que alguns segueixen entestats a fer encara avui:
privatitzar els beneficis i socialitzar les pèrdues.

La crisi financera que va arrasar amb tot va provocar una ambiciosa,
certament, intervenció de l‘Estat per tal de reestructurar la Banca
i garantir la liquiditat de les entitats bancàries i el sistema financer
de l’Estat en el seu conjunt. Tot sota la tutela europea.
D’aquesta manera se’ns va explicar que aquell rescat
d’unes entitats que s’havien omplert les butxaques durant
anys i que, a més havien enganyat els usuaris amb clàusules abusives, no
el pagaria la ciutadania, què no ens en costaria ni un cèntim. Era
mentida. El sistema financer es va rescatar amb un elevadíssim cost
d’ajuts de més de 64 000 milions d’euros, assumits en gran
part per l’Estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada
Bancaria, el FROB, i pel Fons de Garantia de Dipòsits, constituït amb les
aportacions del propi sistema financer. Això va permetre sanejar els
balanços de les entitats bancàries, concentrant els seus actius més
tòxics a la SAREB, el banc dolent, traient-los així dels seus balanços
privats i encolomant-los a tots plegats. Genial! Malgrat que
l’Estat va actuar amb diligència i rapidesa per rescatar la Banca,
no es va produir en cap cas un rescat de la ciutadania, que va patir les
conseqüències de les decisions preses per els responsables de les
entitats bancaries abans i durant la crisi. Tampoc es va actuar per
assegurar que els responsables de les entitats bancaries que havien rebut
fons públics paguessin per la seva nefasta gestió. En resum, més que un
rescat el que va ser fou un xec en blanc que eximia de responsabilitat
els responsables de la crisi, mentre que no feia res per reparar les
conseqüències d’aquesta gestió que patien i encara pateixen, milers
de ciutadans. Parafrasejant Monterroso: l’endemà del rescat bancari
els desnonaments seguien allà.

La pregunta que caldria fer a l’anterior Govern del Partit
Popular és perquè va aprovar un rescat bancari que no incloïa cap
obligació a la SAREB sobre la cessió d’habitatges per destinar-los
a lloguer social i així crear un parc d’habitatge social que hauria
permès donar resposta a la greu situació d’emergència residencial
del darrers anys. És abastament conegut que l’Estat espanyol està a
la cua d’Europa en Parc públic d’habitatges, però resulta que
ha destinat miler de milions d’euros per adquirir uns pisos que
s’han regalat a uns fons voltor perquè especulin amb uns actius
que, repetim-ho, són de tots. Però de la mateixa manera que preguntem
perquè el Govern del PP va permetre aquesta aberració, cal preguntar-se
perquè l’actual Govern autoanomenat el més progressista de la
història, no fa res per revertir aquesta situació. Per què no garanteixen
un retorn social que també serveixi per resoldre les urgents necessitats
amb matèria d’habitatge de la ciutadania? Què els ho impedeix? Qui
els ho impedeix? Atès que tant l’origen de la crisi financera com
les principals conseqüències d’aquesta crisi, patides per la
societat tenen a veure amb l’habitatge, entenem que aquest retorn
social ha de sevir per a garantir l’accés a l’habitatge
d’aquella part més desfavorida de la ciutadania, especialment amb
caràcter d’habitatge social, emprant tots aquells actius
immobiliaris procedents del rescat bancari.

Senyories, el nostre Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana-Euskal Herria-Bildu, hem tingut reunions diverses amb la
direcció executiva de la SAREB per abordar les problemàtiques dels
ajuntaments a l’hora d’accedir a aquests pisos en unes
condicions raonables. I ens hem reunit també amb els ajuntaments, per tal
de fer una tasca de seguiment, d’acompanyament, per tal de
confirmar si les promeses de la SAREB, que ens deien que estaven
«encantados de colaborar con los ayuntamientos» per fer convenis, eren
certes. La realitat és tossuda, la SAREB segueix actuant en defensa dels
interessos del mercat. I llevat de casos d’èxit molt comptats,
gairebé cabrien en els dits d’una mà, com és el cas de Roda de Ter,
els ajuntaments no poden disposar d’uns habitatges buits que estan
als seus municipis i que ja hem pagat amb diners públics de tots.
Francament, costa d’explicar i d’entendre. De fet crec que no
hi ha ningú amb dos dits de front, capaç de justificar una política com
aquesta en els moments d’urgència social, econòmica i habitacional
que estem vivint. D’exemples n’hi ha arreu del país: Vilanova
i la Geltrú, Òdena, Arbeca, Montcal, la Secuita, Vilassar de Dalt,
Manlleu, Callús, Sant Pere de Torelló, Castelldefels, Girona, Santa
Eulàlia de Riuprimer, Santpedor, Sallent, Manresa, Cardona, Berga,
Lleida, volen que segueixi? Perquè ens hi podem estar molta estona.
Aquests i molts d’altres juntament estan intentant gestionar una
crisi habitacional d’enorme complexitat, amb uns recursos
limitadíssims, i la SAREB no els ajuda. I no ho fa perquè sovint no els
diu quants pisos tenen en el municipi. I no els ajuda perquè sovint no
els diu quin és l’estat dels pisos que tenen en el seu municipi, i
no els ajuda perquè el canvia d’interlocutor setmana sí i setmana
també. I no ho fa perquè els nega qualssevol possibilitat de fer un
conveni amb els pisos per lloguer social. És a dir: Opacitat, en tots i
cadascun dels aspectes al voltant de la SAREB on el trilerisme en la
gestió dels seus actius immobiliaris el patim tots.

És per això que demanem que recolzin aquesta moció. Per garantir la
transferència dels actius immobiliaris de la SAREB a les Administracions
territorials competents amb matèria d’habitatge. Per incorporar
obligacions de caràcter social a la gestió d’aquests actius i en
tercer lloc per urgir a tramitar el més aviat possible el projecte de
llei que prové del Reial Decret Llei 1/2022 de 18 de gener, que estableix
el nou regim jurídic de la SAREB. No fer-ho esdevindrà un menys teniment
inacceptable, un clam social de la ciutadania que pitjor ho està passant
.Atès que sempre hem estat al seu costat i al seu servei, tinguin per
segur que no defallirem, persistirem amb la força d’Esquerra
Republicana, fins a resoldre-ho. Estem convençuts que ho farem.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

Señorías, hoy que sufrimos los efectos de la crisis derivada de la
invasión rusa de Ucrania y de la pospandemia es un buen momento para
recordar y reflexionar cómo se gestionó la crisis anterior, la que venía
del año 2008; una crisis cuyas consecuencias todavía arrastramos hoy en
día y en la que las políticas austericidas casi liquidan el Estado del
bienestar, degradando los servicios públicos y averiando el ascensor
social de la distribución de la riqueza. En resumen, podemos sintetizar
en qué consistió con una frase muy gráfica que define a la perfección lo
que se hizo en aquel momento y lo que algunos siguen emperrados en hacer
todavía hoy: privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

La crisis financiera, que arrasó con todo, provocó ciertamente una
ambiciosa intervención del Estado para reestructurar la banca y
garantizar la liquidez de las entidades bancarias y el sistema financiero
del Estado en su conjunto, todo bajo la tutela europea. De este modo, se
nos explicó que aquel rescate de unas entidades que se habían llenado los
bolsillos durante años, y que además habían engañado a los usuarios con
cláusulas abusivas, no lo pagaría la ciudadanía, que no nos costaría ni
un céntimo. Era mentira. El sistema financiero se rescató con un
elevadísimo coste de ayudas de más de 64 000 millones de euros, asumidos
en gran parte por el Estado a través del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria, el FROB, y por el Fondo de Garantía de Depósitos,
constituido con las aportaciones del sistema financiero. Esto permitió
sanear los balances de las entidades bancarias, concentrando sus activos
más tóxicos en la Sareb, el banco malo, sacándolos así de sus balances
privados y enviándolos a nosotros, a todos; genial. A pesar de que el
Estado actuó con diligencia y rapidez para rescatar a la banca, no se
produjo en ningún caso un rescate de la ciudadanía, que sufrió las
consecuencias de las decisiones tomadas por los responsables de las
entidades bancarias antes y durante la crisis. Tampoco se actuó para
asegurar que los responsables de las entidades bancarias que habían
recibido fondos públicos pagasen por su gestión nefasta. En resumen, más
que un rescate, fue un cheque en blanco que eximía de responsabilidades a
los responsables de la crisis, mientras que no hacía nada para reparar
las consecuencias de esta gestión que sufrían y aún sufren miles de
ciudadanos; parafraseando a Monterroso, al día siguiente del rescate
bancario, los desahucios ahí seguían.

Lo que deberíamos preguntar al anterior Gobierno el Grupo Popular es
por qué aprobó un rescate bancario que no incluía ninguna obligación a la
Sareb sobre la cesión de viviendas para destinarlas a alquileres sociales
y así crear un parque de viviendas sociales que hubiera permitido una
respuesta a la grave situación de emergencia residencial de los últimos
años. Es ampliamente conocido que el Estado español se encuentra a la
cola de Europa en parques públicos de viviendas, pero resulta que ha
destinado miles de millones de euros para adquirir unos pisos que se han
regalado a unos fondos buitre para que especulen con unos activos que,
repitámoslo una vez más, son de todos. Del mismo modo que preguntamos por
qué el Gobierno del PP permitió esta aberración, tenemos que preguntarnos
por qué el actual Gobierno, autollamado el más progresista de la
historia, no hace nada para revertir esta situación. ¿Por qué no
garantizan un retorno social que también sirva para resolver las urgentes
necesidades en materia de vivienda de la ciudadanía? ¿Qué se lo impide?
¿Quién se lo impide? Ya que tanto el origen de la crisis financiera como
las principales consecuencias de esta crisis que sufre la sociedad están
relacionadas con la vivienda, entendemos que este retorno social tiene
que servir para garantizar el acceso a la vivienda de la parte más
desfavorecida de la ciudadanía, especialmente la vivienda de carácter
social, utilizando todos los activos inmobiliarios procedentes del
rescate bancario.

Señorías, nuestro Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu hemos tenido diversas reuniones con la dirección ejecutiva
de la Sareb para abordar las problemáticas de los ayuntamientos para
acceder a estos pisos en unas condiciones razonables. También nos hemos
reunido con los ayuntamientos para hacer una tarea de seguimiento, de
acompañamiento, y para confirmar si las promesas de la Sareb, que nos
decían que estaban encantados de colaborar con los ayuntamientos para
hacer convenios, eran ciertas. La realidad es tozuda: la Sareb sigue
actuando en defensa de los intereses del mercado y, aparte de casos de
éxito muy contados —podríamos contarlos con los dedos de una
mano—, como el de Roda de Ter, los ayuntamientos no pueden disponer
de las viviendas vacías que se encuentran en sus municipios y que ya
hemos pagado con dinero público de todos. Francamente, cuesta explicarlo
y entenderlo. Creo que nadie con dos dedos de frente puede justificar una
política como esta en los momentos de emergencia social, económica y
habitacional que estamos viviendo. Ejemplos tenemos en todo el país,
Vilanova i la Geltrù, Montgat, La Secuita, Vilassar de Dalt, Manlleu,
Callús, Sant Pere de Torelló, Castelldefels, Girona, Santa Eulàlia de
Riuprimer, Sant Pere, Sallent, Manresa, Cardona, Berga, Lérida. ¿Quieren
que siga? Porque podemos tener para rato. Estos y otros ayuntamientos
están intentando gestionar una crisis habitacional muy compleja con unos
recursos limitadísimos y la Sareb no les ayuda. No les ayuda porque a
menudo no les dice cuántos pisos tienen en el municipio; no les ayuda
porque a menudo no les dice cuál es el estado de los pisos que tienen en
su municipio; y a menudo les cambia de interlocutor semana sí y semana
también; no les ayuda porque a menudo les niega cualquier posibilidad de
hacer un convenio para los pisos de ayuda social. Es decir, hay opacidad
en todos y cada uno de los aspectos alrededor de la Sareb, donde el
trilerismo en la gestión de sus activos inmobiliarios lo sufrimos
todos.

Por eso, pedimos que apoyen esta moción, primero, para garantizar la
transferencia de los activos inmobiliarios de la Sareb a las
administraciones territoriales competentes en materia de vivienda;
segundo, para incorporar obligaciones de carácter social a la gestión de
estos activos, y, en tercer lugar, para tramitar lo más pronto posible el
proyecto de ley que proviene del Real Decreto-Ley 1/2022, de 18 de enero,
que establece el régimen jurídico de la Sareb. No hacerlo se convertirá
en un desprecio inaceptable al clamor social de la ciudadanía que peor lo
está pasando. Como siempre hemos estado a su lado y a su servicio, tengan
por seguro que no desfalleceremos, que persistiremos con la fuerza de
Esquerra Republicana hasta resolver esto y estamos convencidos de que lo
haremos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal, tiene la palabra su señoría Chinea Correa.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.

El objetivo de la enmienda de Agrupación Socialista Gomera era fijar
un plazo concreto para el desarrollo de una serie de puntos que, a
nuestro juicio, pueden contribuir a sumar en la batalla que corresponde
librar a las administraciones públicas para garantizar una vivienda a
quienes más lo necesitan. Y partimos de un hecho que es incontestable:
las cifras están ahí y la verdad es que no admiten discusión, porque la
Sareb tiene un relevante patrimonio de vivienda que no ha sabido
administrar. Y muchas comunidades autónomas y ayuntamientos llevan años y
años reclamando a dicha sociedad la cesión de viviendas para su
adjudicación a aquellas personas que figuran en listas de espera que son
interminables. La necesidad de una vivienda para miles de familias es uno
de los problemas sociales más graves que existen actualmente y que,
lamentablemente, no hemos sido capaces de resolver con la diligencia que
este asunto requiere. Y, señorías, nunca es tarde para rectificar en
aquello en lo que hemos fallado.

La Sareb es un ejemplo de la mala gestión, tanto económica como de
actuación, en la política de viviendas públicas, que exige un cambio de
rumbo, porque ha faltado voluntad política para que las viviendas que
están en manos de la Sareb, y que son el resultado del profundo dolor
social de toda una generación y de una suma incontable de errores
políticos, pasen a formar parte definitivamente del parque de vivienda de
las corporaciones autonómicas y locales. Es cierto que existen algunos
impedimentos jurídicos, pero es la hora de tomar decisiones valientes y
eficientes para que el acceso a una vivienda digna y de calidad, y
también asequible, sea un derecho efectivo de todas las personas que lo
necesiten. Y esa responsabilidad es de los que hoy estamos aquí, en las
Cortes Generales, y también del Gobierno de este país, que hemos de tomar
decisiones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de la enmienda
presentada, tiene la palabra su señoría Moscoso González. (Pausa).
Disculpe, señor Moscoso, todavía no es su turno.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
su señoría Martínez Urionabarrenetxea, que aún tiene tiempo disponible
para defender el resto de las enmiendas de su grupo parlamentario.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidente. Está usted
disculpado.

Señorías, cuando leí esta moción que habla de garantizar el retorno
social del rescate bancario, la verdad, me vine arriba, pero luego,
leyendo el texto de la moción, me llevé una decepción, porque Esquerra se
centra exclusivamente en la Sareb y obvia otras cuestiones, como los
créditos fiscales diferidos, que estos sí afectan directamente al retorno
social del rescate bancario. Son 60 000 millones de euros, casi el doble
de la deuda de la Sareb, los créditos fiscales diferidos que atesoraban,
a finales de 2021, los 10 mayores bancos, de los que casi 42 200 millones
son monetizables. La mayoría de estos créditos fiscales, que permiten
compensar beneficios presentes y futuros con pérdidas pasadas, provienen
de la adquisición o fusión de entidades en quiebra o en serias
dificultades. Es lógico que las empresas compensen los beneficios de unos
ejercicios con las pérdidas propias de otros. Lo que es inaceptable es
que empresas sin valor económico se conviertan en empresas codiciables
por sus pérdidas convertidas en créditos fiscales, un tipo de
especulación que recuerda mucho a aquellas compras —¿recuerdan
ustedes?— de loterías premiadas para eludir impuestos.

Estamos de acuerdo en poder compensar pérdidas propias, pero no con
compensar pérdidas de otros, pérdidas apropiadas, y esto es lo que los
grandes bancos están haciendo tras absorber o fusionarse con otros bancos
y cajas de ahorro quebradas y rescatadas con dinero público. Además,
ahora la banca pretende abonar el impuesto extraordinario al sector que
plantea el Gobierno con esos créditos fiscales, con lo que la capacidad
recaudatoria del nuevo impuesto sería tendente a cero. Los bancos
calculan poder usar todos estos créditos fiscales en los próximos 10 o 15
años y eso implica que su factura con Hacienda se recortará. Lo dije
antes desde esta tribuna: un fraude legal, sí, pero ilegítimo, algo que
debemos revertir. De ahí nuestras enmiendas de adición, para repensar
estos créditos fiscales, ponerles una fecha más corta, limitar las
cantidades a compensar y, desde luego, vigilar desde las cuatro Haciendas
dichas fusiones y dichas absorciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Socialista, y para la defensa de
la enmienda presentada, tiene la palabra su señoría Moscoso
González.

El señor MOSCOSO GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.

Respecto a la moción que estamos debatiendo para garantizar el
retorno social del rescate bancario, iniciativa del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, diré que precisamente ese
rescate bancario es el icono de la esencia de las políticas neoliberales
del Partido Popular que los Gobiernos de Rajoy practicaron en la crisis
económica del año 2012 y que provocaron en España, pero sobre todo en los
españoles, miseria, paro y ruina. Sí, señorías, esa crisis nos ha
demostrado que otra forma de gobernar nuestro país es posible: frente a
la austeridad y los recortes del Partido Popular de entonces, las
inversiones del Partido Socialista de ahora. El Partido Popular, en la
anterior crisis, solamente promovió austeridad y recortes, provocando la
bajada de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios, así como el
mayor número de desempleados en la historia de nuestro país; esquilmó la
hucha de las pensiones; inventó contratos basura para los jóvenes, pero,
sobre todo, se centró en la austeridad y en los recortes.

Ustedes, señorías del PP, ya demostraron que solamente les preocupa
lo material, olvidándose de la situación de millones de familias y de
personas. Sin embargo, el PSOE de Pedro Sánchez ha desplegado medidas que
han generado un escudo social para que la gente pueda tener
oportunidades: se han salvado puestos de trabajo con los ERTE —más
de 3,5 millones—; se ha dado protección para evitar la pobreza,
aumentando el salario mínimo interprofesional que los gobiernos de
Mariano Rajoy en 2018 dejaron en 735 euros y que se ha elevado hasta
los 1000; se ha hecho una reforma laboral, que ha beneficiado a miles de
jóvenes y que ha generado el mayor número de empleabilidad en nuestro
país y, sobre todo, se han dado ayudas para las familias más vulnerables.
Y qué duda cabe que también tenemos que destacar la subida de las
pensiones, un 8,5 %: jamás en la historia de nuestro país ningún Gobierno
ha hecho esta subida. Y, sobre todo, hablo de una mayor justicia social,
del bienestar social de todas aquellas personas que tanto dieron y tanto
trabajaron para mantener una sociedad justa e igualitaria.

El Partido Socialista en el Gobierno ha demostrado corazón de
protección, pero sobre todo justicia social. Y todavía el Partido Popular
se pregunta qué han hecho los socialista para mejorar a España. En los
tiempos de Rajoy, Europa venía a España a decirle lo que tenía que hacer.
Sin embargo, con Pedro Sánchez, no solamente se han conseguido 140 000
millones de euros, sino que actualmente lideramos el debate marcando la
senda para proteger a toda la ciudadanía. El Partido Popular solamente se
preocupa, como así lo ha demostrado, de sus amigos: los ricos, los bancos
y las eléctricas. (Aplausos).

La política consiste en conseguir la verdadera igualdad, sobre todo
en el acceso a la educación y a la sanidad, y, precisamente, el Partido
Socialista ha demostrado en estos últimos años que representa la
democracia, la institución, los valores y, sobre todo, el altavoz de las
actividades públicas.

Señorías, la ciudadanía espera de los Gobiernos retos, objetivos y
acciones. Los socialistas lo tenemos claro: el reto, la protección para
avanzar; el objetivo, la solidaridad; y la acción, el progreso. No hay
prosperidad posible para un país sin justicia social e, indudablemente,
el Partido Popular tiene bastante claro que la prosperidad pasa única y
exclusivamente por los de siempre. Los socialista, en cambio, siempre han
sabido para qué, pero, sobre todo, para quién gobernamos. No hay ni un
solo avance en España que no lleve la firma del Partido Socialista. El
PSOE es sinónimo de política para cambiar y, sobre todo, para mejorar la
vida de los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, para la defensa de su
enmienda, tiene la palabra su señoría Cleries i Gonzàlez.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, president.

Davant d’aquesta moció presentada per el Grup d’Esquerra
Republicana, amb la que tenim plena sintonia, i crec que és important, és
cert que la moció abraça uns part del què és el rescat bancari, però és
una part molt important, i per tant la trobem molt encertada i amb la
línia d’iniciatives que Esquerra Republicana ha fet i Junts per
Catalunya també hem portat a terme. Però ens agrada destacar, i per això
fem una esmena amb tres punts, precisament l’aportació que va fer
el Govern de la Generalitat de Catalunya el mes de setembre passat amb
una carta del conseller d’Economia, Jaume Giró, de la consellera de
Drets Socials, Violant Cervera, consellers del Govern per part de Junts
per Catalunya, que se li van enviar a la vicepresidenta primera del
«Gobierno», senyora Nadia Calviño, i que precisament el què vol és que es
concretin, perquè hi hagut moltes reunions bilaterals entre l’Estat
i les diferents Comunitats autònomes que pel que fa referència a
Catalunya es concreti el lliurament dels 15 000 pisos titularitat de la
SAREB en territori català de la Generalitat de Catalunya, perquè es
destinin, tal com també Esquerra Republicana reclama, a lloguer social. I
per tant, posar en valor aquesta acció del Govern de Catalunya i que això
es concreti, perquè molta reunió però això no es concreta.

I a més fem una menció per destacar, per donar la importància que té
aquesta acció, que fa referència a la Declaració Universal dels Drets
Humans i també al Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i
Culturals. Per tant unes accions que van a reforçar els drets més bàsics
de les persones, com el dret a l’habitatge.

I un darrer punt que és flexibilitzar i dinamitzar el lliurament de
fons europeus perquè és cert que les condicions de molts d’aquests
habitatges d’eficiència energètica, d’energies renovables i
de qualitat de l’edificació no és tot el bo que hauria de ser i per
tant, que es dediquin fons europeus a la rehabilitació d’edificis i
habitatges en aquest sentit.

Per tant, ¿què pretén la nostra esmena que te tres punts? Doncs
reforçar la magnifica iniciativa d’aquesta moció del Grup
d’Esquerra Republicana Euskal Herria Bildu, que va en bona
direcció, i és cert que això bé d’un moment que governava el Partit
Popular, les coses no es van fer bé i això en el seu moment, recordo que
en algun plenari d’aquest Senat ja en vàrem parlar, però ara hi ha
un altre Govern, com deia el senador Reniu, sempre s’ auto lloen
del seu progressisme, doncs estaria bé allò de demostrar-ho, que no
calgui dir-ho tant, sinó que avui que estem una mica evangèlics, es
digués allò de que «pels seus fets els coneixereu». Estaria bé que els
coneguéssim pels fets d’un Govern progressista que el dret
principal és l’habitatge. Els habitatges hi són, el què cal és la
voluntat política de passar-ho a qui ho pot gestionar bé des de la
proximitat, que és la Generalitat de Catalunya amb col·laboració,
evidentment, amb les Administracions locals, però perquè per oferir
habitatge, i amb aquests fons europeus, habitatge de qualitat, però com a
mínim habitatge, a persones que ho necessiten, i quan en una moció
anterior el Partit Socialista ens deia de servir als més vulnerables,
doncs com millor es pot fer que oferint habitatge social de lloguer. Per
tant, esperem que s’acceptin aquestes esmenes i esperem també que
la moció d’Esquerra Republicana surti aprovada.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

Con esta moción presentada por el Grupo de Esquerra Republicana
tenemos plena sintonía —y creo que es importante—, y aunque
es cierto que la moción que presentan abraza solo una parte del rescate
bancario, es una parte muy importante y, por eso, la encontramos muy
acertada y en la línea de iniciativas que Esquerra Republicana y Junts
per Catalunya defienden. Nos gusta destacar —y por eso presentamos
una enmienda con tres puntos— la aportación que hizo el Govern de
la Generalitat de Catalunya, el pasado mes de septiembre, con una carta
del consejero de Economía, Jaume Giró, y la consejera de Derechos
Sociales, Violant Cervera —consejeros del Gobierno de Junts per
Catalunya—, que le enviaron a la vicepresidenta primera del
Gobierno, señora Nadia Calviño, y que precisamente quiere, por lo que se
refiere a Cataluña —porque ha habido muchas reuniones bilaterales
entre Estado y las diferentes comunidades autónomas—, que se
otorguen los 15 000 pisos de la Sareb en territorio catalán a la
Generalitat de Catalunya, para que se destinen, tal y como reclama
también Esquerra, a alquiler social. Quiero subrayar esta acción del
Parlamento de Cataluña para que se concrete, porque hay mucha reunión,
pero no se concreta.

Además, queremos, destacar la importancia que tiene esta acción,
porque hace referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y también al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Por tanto, son unas actuaciones que van en la línea de
reforzar los derechos más básicos de las personas, como el derecho a la
vivienda.

El último punto quiere flexibilizar y dinamizar la entrega de fondos
europeos, porque es cierto que, en muchas de estas viviendas, sus
condiciones de eficiencia energética, de energías renovables y de calidad
de la edificación no son las más ideales. Entonces, pedimos que se
dediquen fondos europeos a la rehabilitación de edificios y viviendas en
este sentido.

Por tanto, ¿qué pretende nuestra enmienda con sus tres puntos?
Reforzar la magnífica iniciativa de esta moción del Grupo de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, que va en una buena dirección. Como se
ha dicho, esto viene del momento en que gobernaba el Partido Popular. Las
cosas no se hicieron bien, es cierto, y recuerdo que, en su momento,
hablamos de ello en algún Pleno de este Senado, pero ahora hay otro
Gobierno que, como decía el senador Reniu, siempre se autoalaba por su
progresismo, pero estaría muy bien demostrarlo. Podríamos decir
—hoy, que estamos un poco evangélicos con la anterior
intervención— que por sus hechos los conoceréis. Así, estaría bien
que conociéramos el progresismo por los hechos de un Gobierno que dice
ser progresista, y la mejor manera de demostrarlo es con algo tan básico
como el derecho a la vivienda. Las viviendas están ahí; lo que es
necesario es la voluntad política de pasarlas a quien puede gestionarlas
bien dada la proximidad, que es la Generalitat de Catalunya en
colaboración, evidentemente, con las administraciones locales para, como
mínimo, ofrecer viviendas —y, con estos fondos europeos, viviendas
de calidad— a las personas que lo necesitan. Y cuando en una
anterior moción el Grupo Socialista nos decía que se atenderá a los más
vulnerables, la mejor manera de hacerlo es ofreciendo viviendas de
alquiler social. Por tanto, esperamos que se acepten estas enmiendas y
también que la moción de Esquerra Republicana salga aprobada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senador.

Tiene la palabra el senador Reniu Vilamala, del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana, para indicar si acepta o no las enmiendas que se
han presentado.

El señor RENIU VILAMALA: Gràcies, president.

En primer lloc moltíssimes gràcies a tots els grups que han intentat,
amb les seves esmenes, millorar la moció que hem portat en aquest
Ple.

D’entrada, vull comentar-los que no acceptarem les esmenes,
sinó que sotmetrem el contingut íntegre de la moció presentada a la
consideració del Ple de la Cambra, però sí voldria com a mínim comentar
de manera individual, el perquè d’aquesta decisió.

En el cas del senador Chinea, òbviament la seva esmena era molt
interesant, ho hem parlat i la compartim en el fons, ja que pretenia
fixar uns terminis. En tot cas sabem, per desgràcia, que primer hauria
d’existir una voluntat de tirar això endavant. Si fos en el termini
màxim d’un any, com proposava la seva esmena, seria fantàstic, i si
fossin sis mesos, molt millor.

Pel que fa l’esmena del senador Koldo, no conec el seu cognom,
però tinc una bona consideració d’ell, em sap greu que
s’






hagués animat inicialment i que després hagi tingut una davallada
per el contingut. Precisament em va il·lustrar sobre aquest apartat
previ, i òbviament importantíssim del conjunt del rescat bancari pel que
fa al volum financer del mercat bancari, però en aquest cas volem centrar
l’atenció, com ell també ha dit des de la Tribuna, en els
habitatges propietat de tots nosaltres, gestionats per la Sareb, i
demanem la seva devolució.

Pel que fa a l’esmena del Grup Socialista, que ha defensat el
senyor Moscoso, permetin comentar-li una qüestió sense cap tipus
d’acritud. En la seva defensa des d’aquesta Tribuna, no
m’ha quedat clar que era el què proposaven. Sí que m’havia
quedat clar quan vàrem estar intentant trobar un punt d’acord amb
una transaccional, que fes justícia a aquest clam que plantegem, però no
ha estat possible. No tenim cap inconvenient. Nosaltres seguirem
mantenint la nostra demanda, que compartim, com ha dit el senador
Cleries, de Junts per Catalunya, tant en l’esperit com en les
activitats, tant del antics consellers d’Economia i Drets Socials
del Govern de la Generalitat, que ell ha senyalat, com les que
s’han vingut realitzant durant tot aquest temps.

Per tant, creiem que els termes originals de la moció responen e
incorporen sota el seu paraigües aquesta voluntat de recuperar uns
habitatges, que a fi de comptes, són propietat de tots nosaltres, i per
això volem veure si el Ple de la Cambra ens dona suport, la qual cosa
esperem.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

En primer lugar, muchísimas gracias a todos los grupos que han
intentado, con sus enmiendas, mejorar la moción que hemos traído aquí a
este Pleno.

De entrada, quiero comentarles que no aceptaremos las enmiendas, sino
que someteremos el contenido íntegro de la moción presentada a la
consideración del Pleno de la Cámara, pero sí querría, como mínimo,
comentar de manera individual el porqué de esta decisión.

En el caso del senador Chinea, obviamente su enmienda era muy
interesante —lo hemos hablado y la compartimos en el fondo—,
pues pretendía fijar unos plazos. En todo caso, sabemos, por desgracia,
que primero tendría que existir una voluntad de sacar esto adelante. Si
fuese en el plazo máximo de un año, como proponía en su enmienda, sería
fantástico, y si fuesen seis meses, mucho mejor.

Por lo que respecta a la enmienda del senador Koldo —no me sé
su apellido, pero tengo de él una buena consideración—, me sabe mal
que se hubiera animado inicialmente y que después haya tenido un bajón
por el contenido. Personalmente, me ilustró sobre este apartado previo y
obviamente importantísimo del conjunto del rescate bancario por lo que
respecta al volumen financiero del mercado bancario, pero en este caso
queremos centrar la atención, como él también ha mencionado desde la
tribuna, en las viviendas propiedad de todos nosotros gestionadas por la
Sareb, y pedimos su devolución.

Por lo que respecta a la enmienda del Grupo Socialista, que ha
defendido el senador Moscoso, permítame mencionarle una cuestión sin
ningún tipo de acritud. En su defensa desde esta tribuna, no me ha
quedado claro qué era lo que proponían. Sí que me había quedado claro
cuando estuvimos intentando encontrar un punto de encuentro en una
transaccional que hiciera justicia a este clamor que planteamos, pero no
ha sido posible. No tenemos ningún inconveniente. Nosotros seguiremos
manteniendo nuestra demanda, que compartimos, como ha dicho el senador
Cleries, de Junts per Catalunya, tanto en el espíritu como en las
actividades, tanto la de los antiguos consejeros de Economía y Derechos
Sociales del Govern de la Generalitat que él ha señalado como las que se
han venido realizando durante todo este tiempo.

Por tanto, creemos que los términos originales de la moción responden
e incorporan bajo su paraguas esta voluntad de recuperar unas viviendas
que, a fin de cuentas, son propiedad de todos nosotros y, por eso,
queremos ver si el Pleno de la Cámara nos apoya, lo cual esperamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tomará la palabra su señoría la
senadora Merelo Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, presidente. Muy buenas tardes,
señorías.

El Grupo de Esquerra Republicana pide, a través de esta iniciativa,
las competencias necesarias para gestionar los activos provenientes de la
Sareb o Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria. Proponen introducir a más políticos en el control de la Sareb a
través de la cesión de gestión a las comunidades autónomas. Pero,
señorías, es que fue la pésima gestión de los políticos la que provocó la
quiebra de las cajas de ahorro. ¿No les parece que se está tomando el
pelo de nuevo a los españoles? Aquí no gana la banca; ganan las bancadas
del Partido Popular, del Partido Socialista y de sus socios de Gobierno
separatistas, porque, señorías, a muchos de ustedes les gusta repetir que
se rescató a la banca, pero lo que compró la Sareb fueron siete cajas de
ahorros, un banco filial de una caja de ahorros y un pequeñísimo banco
gallego, nada más. No se compró ni un solo activo a entidades de depósito
con forma de sociedad anónima; solamente aquellas que tenían forma de
fundación, como fueron las cajas de ahorros dirigidas por todos
ustedes.

Señorías, en Vox somos los primeros en denunciar lo extremadamente
difícil que resulta en España acceder a una vivienda. Se ha convertido en
un calvario debido a las subidas de impuestos, regulación, falta de
vivienda social, aumento de los precios por la falta de oferta,
especulación y complicidad con los movimientos de ocupación ilegal de
viviendas. Todos los españoles deben tener acceso a un hogar en el que
puedan desarrollar un proyecto de vida y formar una familia. Ahora mismo
esto resulta un lujo, es una situación insostenible, pero la
transferencia de los activos a ayuntamientos y comunidades autónomas
conllevaría conceder un nuevo juguete a los políticos irresponsables para
que dieran rienda suelta a la cesión indiscriminada de locales para
asociaciones y chiringuitos con la excusa de su carácter social. Lo más
sensato sería la habilitación de una plataforma auditada de peticiones
para que, manteniendo la titularidad de los activos de la Sareb, sean los
ayuntamientos o las comunidades autónomas las que soliciten, en función
de la demanda y las necesidades habitacionales, la cesión temporal de los
activos y el suelo urbanizable para alquiler social. El problema de la
vivienda pasa por rebajar la regulación y, al mismo tiempo, construir
viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o arrendamiento con
opción de compra para garantizar que los jóvenes y familias puedan
adquirir un hogar, especialmente aquellos con menos recursos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

¿Por el Grupo Parlamentario Democrático no van a intervenir? (Pausa).
Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tomará la palabra
su señoría Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Señorías, todas las iniciativas que los grupos de izquierda, como
Compromís, o Geroa Bai, hemos presentado en esta Cámara para revertir el
absurdo de que el Estado se quede con la deuda de la Sareb y, sin
embargo, no pueda disponer de sus activos para incrementar el escuálido
parque de vivienda pública en alquiler —uno de los más bajos de
Europa, por cierto— han caído en saco roto por la negativa del
Partido Socialista y del Partido Popular, que se han opuesto siempre. Y
lo han hecho porque el sentido de Estado para estos dos partidos es de
sentido único: la defensa inquebrantable de las grandes corporaciones,
más en el caso de la banca, que en este país es intocable, a pesar de
algunos gestos de cara a la galería, como el impuesto temporal que
gravará al 4,8 % el margen de los intereses y las comisiones que cobran
las entidades financieras. En el fondo, pura cosmética.

El rescate bancario en su conjunto nos lleva costando a la ciudadanía
la friolera de 58 000 millones de euros, y eso que el entonces presidente
del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, afirmó en su momento que el rescate
a la banca lo pagarían los propios bancos, y lo cierto es que, de
esos 58 000 millones de euros que pusimos entre todas y todos a escote,
solo se han recuperado 6000. Pero ¿qué podemos esperar de un país en el
que el regulador, el Banco de España, está siempre del lado de la banca,
en lugar del lado de los clientes, a los que se debe —o al menos se
debería deber— y cuyas quejas ignora sistemáticamente? Vuelvo a los
créditos fiscales diferidos de las enmiendas de Geroa Bai, porque,
señorías, los grandes bancos llevan acumulados 60 000 millones de euros
en dichos créditos fiscales, casi el doble de la deuda de la Sareb, y la
inmensa mayoría de esos créditos fiscales —ya lo he dicho en mi
primera intervención— se debe a la compensación de las pérdidas de
cajas y bancos quebrados que estas grandes entidades bancarias han
—entre comillas— «rescatado» con el dinero de todas y todos
ustedes, de todas y todos nosotros. En lo alto del pódium, CaixaBank,
con 19 500 millones en créditos fiscales tras la fusión con Bankia. Le
sigue BBVA, que todavía atesora 11 600 millones, muchos de ellos
procedentes de las cajas catalanas, Unnim y Catalunya Banc. La medalla de
bronce se la llevó el Santander con casi 10 000 millones, en parte de la
controvertida y judicializada compra del Banco Popular. Por cierto, hoy
hemos sabido que el Banco Santander ha ganado hasta
septiembre 7316 millones, un 25 % más que el año pasado en estas fechas.
A continuación viene el Sabadell con 6700 millones. De esto sabemos mucho
en Navarra, donde nuestras instituciones tienen un máster con nota
—de esto, de los créditos fiscales diferidos— porque, tras
una nefasta gestión de Caja Navarra, que derivó en Banca Cívica y
blanqueando el agujero de Cajasol, CaixaBank lo absorbió todo con valor
contable cero; se forraba, así, con millones de créditos fiscales. En
aquella absorción todos y todas pusimos nuestro dinero a escote en favor
de CaixaBank. Lo pusimos entonces, lo ponemos mientras duren los créditos
y lo seguiremos poniendo más si hay nuevas absorciones futuras y no se
cambia la ley, como con las enmiendas de Geroa Bai proponíamos hace un
momento. La banca siempre gana, dicen en los casinos, pero determinada
banca gana más si, además, le construimos un casino fiscal. Por cierto,
no solo la banca. En España ha habido dos rescatadores de la banca
quebrada: por un lado, el Estado, todas y todos ustedes y nosotros, que
hemos puesto el dinero del rescate, 58 000 millones, a los que hay que
sumar los 33 000 de la Sareb y, por otro lado, están los rescatadores
privados, que se lo han llevado crudo gracias a esos créditos fiscales
que les hemos regalado y seguimos regalándoles y con los que encima ahora
quieren compensar el impuesto a los beneficios extraordinarios.
Comprenderán ahora de dónde viene mi decepción al ver que la moción de
Esquerra Republicana de Catalunya hacía referencia solo a una parte del
pastel, olvidando los 60 000 millones añadidos a los 58 000 del rescate
que ya hemos puesto.

Señorías, en total, la banca en España, sumando estos tres conceptos,
nos ha costado a las y los ciudadanos la friolera de 151 000 millones de
euros, más que las ayudas que dicen que vamos a recibir de Europa para
levantar nuestra economía; ¡de traca, señorías! Han puesto ustedes un
circo y nos han crecido los gigantes. No permitamos que nos sigan tomando
por el pito del sereno.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tomará la palabra su señoría
Cleries i Gonzàlez.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gràcies, president.

Des d’aquí l’escó. Em sap greu que el senador Reniu, que
el grup d’Esquerra Republicana, no hagi acceptat la nostra esmena
amb aquests tres punts perquè precisament posava en valor el compromís
del Govern de Catalunya amb el que és el sentit social de
l’habitatge. Tant és així que a la Conselleria de Drets Socials vam
voler des de Junts per Catalunya que s’incorporessin totes les
polítiques d’habitatge que abans estaven al Departament de
Territori. Per què? Per donar precisament aquest impuls social i aquest
impuls a les famílies, a les persones, en el seu creixement quan tenen un
habitatge digne. I per això va tenir molta importància aquest canvi, que
no era un canvi només a l’organigrama, sinó era un canvi en
profunditat. I d’aquí aquesta col·laboració, també, entre la
Conselleria d’Economia i la Conselleria de Drets Socials, de
proposar al govern socialista que hi hagués aquesta cessió, que es
concretés aquesta cessió de 15 000 habitatges de la Sareb que fossin
gestionats pel Govern de Catalunya. I que ningú es preocupi buscant
intermediaris pel Govern de Catalunya, un govern fa les coses com les ha
de fer i és administració, i ho fa amb sentit de servei a tota la
ciutadania, i especialment a les persones i a les famílies més
vulnerables. I aquest és el compromís de Junts per Catalunya. Aquest
compromís social, aquest compromís amb les persones. Alguns estem en
política —a Junts per Catalunya i en política en general—,
pel sentit social de la política, de servir a la gent, d’estar a
prop de la gent. Almenys per aquest senador que us parla, és el sentit
que a mi em va motivar un dia a dedicar-me a la política i evidentment,
des del servei, també a la meva nació, que és Catalunya. Però el primer
va ser el servei a les persones. I per això és necessari que iniciatives
com aquesta que avui promou amb aquesta moció el grup d’Esquerra
Republicana arribin a bon fi perquè és la manera que es concreten aquests
serveis, aquesta voluntat quan diem «en política» volem posar les
persones per davant». Doncs si les posem per davant, deixem-nos
d’històries i uns pisos que existeixen posem-los al servei
d’aquestes persones. Passar de la teoria a la pràctica vol dir que
la manera eficient i eficaç de què les persones se sentin protagonistes
del seu país és que, quan tenen unes necessitats com és
l’habitatge, se’ls doni resposta. I quan, a més a més, aquest
habitatge existeix ,i a més, és de tots i totes els ciutadans i
ciutadanes perquè ha sortit dels nostres impostos, doncs és el moment de
dir menys històries, més solucions, i posem-nos mans a l’obra i
donem d’una vegada per totes sortida a aquests pisos buits. És
indignant veure com no se’ls dona aquesta sortida.

Posar les persones en el centre, en un dia com avui amb una moció com
aquesta, és posar aquests pisos de la Sareb al servei de la Generalitat
de Catalunya perquè a través d’aquesta administració, que és
l’administració catalana, ho posi al servei de les persones i les
famílies.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Intervendré desde el escaño.

Lamento que el Grupo de Esquerra Republicana no haya aceptado nuestra
enmienda con estos tres puntos, puesto que ponía en valor precisamente el
compromiso del Gobierno de Cataluña con el sentido social de la vivienda.
Tanto es así que en la Consejería de Derechos Sociales Junts per
Catalunya quiso que se incorporasen todas las políticas de vivienda que
antes estaban en el Departamento de Territorio. ¿Para qué? Para dar el
impulso social y el impulso a las familias, a las personas, a su
crecimiento personal cuando tienen una vivienda digna, y, por eso, tuvo
mucha importancia este cambio, que no era solo un cambio de organigrama,
sino un cambio en profundidad. De ahí esta colaboración también entre la
Consejería de Economía y la Consejería de Derechos Sociales para proponer
al Gobierno socialistas que se concretara esta cesión de 15 000 viviendas
de la Sareb para que fueran gestionadas por el Gobierno de Cataluña, y
que nadie busque intermediarios para el Gobierno de Cataluña, porque un
Gobierno hace las cosas como debe hacerlas. Es Administración y lo que
hace pues lo hace con sentido de servicio para toda la ciudadanía y
especialmente para las personas y las familias más vulnerables. Este es
el compromiso de Junts per Cataluña, este compromiso social, un
compromiso para con las personas. Algunos estamos en política —en
Junts per Catalunya y en política en general— por el sentido social
de la política, que es el de servir a la gente, el de estar cerca de la
gente. Al menos a este senador que les habla es lo que me motivó para
dedicarme a la política y también la voluntad de servicio a mi nación,
que es Cataluña, pero, primero, el servicio a las personas. Y, por ello,
es necesario que iniciativas como esta que hoy promueve con esta moción
el Grupo de Esquerra Republicana lleguen a buen fin porque es la manera
en la que se concretan estos servicios y esta voluntad. Decimos que en
política queremos poner a las personas por delante; si es así, dejémonos
de historias y pongamos unos pisos que existen al servicio de estas
personas. Pasar de la teoría a la práctica significa que la forma
eficiente y eficaz de hacer que las personas se sientan protagonistas de
su país es que cuando tienen una necesidad, como es la vivienda, se les
dé respuesta y cuando, además, esta vivienda existe y, además, es de
todos y todas los ciudadanos y ciudadanas porque ha salido de nuestros
impuestos, es el momento de decir: menos historias, más soluciones y
pongámonos manos a la obra para dar salida, de una vez por todas, a estos
pisos vacíos, porque resulta indignante ver cómo no se les da esta
salida.

Poner a las personas en el centro en un día como hoy y en una moción
como esta es poner estos pisos de la Sareb al servicio de la Generalitat
de Catalunya para que la Administración catalana los ponga al servicio de
las personas y las familias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tomará la palabra su señoría, la
senadora Vaquero Montero.

La señora VAQUERO MONTERO: Arratsalde on guztioi. Ez dut
interbentzioa erabiliko SAREB sortzea eragin zuten arrazoiak azaltzeko,
ezta ere, haren plangintza eta kudeaketa txarrean sakontzeko. Nire
aurretik hitz egin duten beste taldeen bozeramaileek gogoratu eta
adierazi dute gai hori. Hala ere, gure taldetik beste batzuetan esan
dugun bezala, herentzia horri edozeinek uko egin nahiko lioke, gaur egun
herentzia horretatik ondorioak ordaintzen jarraitzen bait dugu; Estatuak
bermatutako zor hura, gaur 35 000 milioi euroko zor publikoa dena,
Estatuko herritar guztien artean sozializatua dagoelako. Aldiz, bankuek
kreditu fiskalak mantenduko dituzte eta beraz, sortutako galerak hurrengo
urteetan kontabilizatuko dira, mozkinak murriztuz eta ondorioz,
sozietateen gaineko zerga murriztuz ere. EUROSTATek ezarritako
irizpidearen ondorioz, SAREBek bere kudeaketa sektore publikoaren barruan
egokitu egin behar izan du eta hori horrela izanik, pentsaezina zen zor
publikoari eragiten zioten erabakiak Kontseilu batean hartzea, non
Estatuko gobernuak ez zuen kontrol eraginkorrik izango. Horregatik, gure
taldeak otsailaren 3an Kongresuan balioztatu zuen
urtarrilaren 18ko 1/2022 Errege Lege Dekretua. Errege lege-dekretu
horrek, beste askok bezala, lege-proiektu gisa izapidetzeko zain
jarraitzen du, gaztelaniaz esaten den bezala: oroitzapenen kutxan
jarraitzen du. Hala ere, ez dugu ahaztu behar, aipatutako Errege Lege
Dekretuaren arabera, aktiboak kudeatzeko sozietate honek, bere
balantzearen aktiboak likidatzera bideratuta dagoela, zergadunarentzako
kostua minimizatuz, hau da, ia 35 000 milioi euroko zor publikoa eta iaz
ia 10 000 milioiko defizit publikoa murrizteko.

Mozioaren xedapen-zatiak premia eragiten die inplikatutako eragile
guztiei, Kongresuko talde politikoei, Errege Lege Dekretutik datorren
lege-proiektua ahalik eta lasterren tramitatu dezaten, petitumaren lehen
bi puntuak sartzeko, hau da, SAREBetik datozen aktiboen kudeaketa
lurraldeka banatzea, etxebizitzaren arloan eskumena duten administrazioei
transferituz, eta betebehar sozialak sartzea SAREBen jabetzako aktibo
higiezinak kudeatzeko. Bi gai horiei egiten die erreferentzia Errege
Dekretuak: entitate publikoei edo irabazi-asmorik gabeko erakundeei
lagatzeko aukera ematen baitu, baldin eta haien gizarte-onura bereziki
garrantzitsua bada. Hori esanda, eta ezin dugu alde batera utzi edo
ahaztu edozein jarduerak, aktiboak kudeatzeko erakunde gisa SAREBen
objektu soziala errespetatu behar duela, eta bere negozio-planaren onura
soziala, higiezinak lagatzearen estrategien bidez bada ere,
etxebizitza-politika, eta, beraz, etxebizitza sozialari buruzko politika
arlo horretan eskumena duten administrazioek gauzatu behar dutela:
autonomia-erkidegoek eta udalek. Eta Euskadiren kasuan, ez diogu horri
uko egiten. Beraz, ezin dugu nahastu SAREBen helburua zein den eta
etxebizitza kudeatzeko tresna gisa ez duen funtzio desberdin bat eman.
Euskadin, hitzarmen bidez eta Alokabide-ren bitartez, alokairu sozialera
bideratutako etxebizitzak erosi dira. Ezin liteke bestela izan.
Etxebizitza gutxi dira, egia da; baina baita ere gutxi dira SAREBek
Euskadin dituen etxebizitzak, publiko diren datuen arabera behintzat,
beste autonomia-erkidego batzuekin alderatuta.

Gure ustetan, mozio honetan ez da argitzen kudeaketaren lurraldetzea
zer den, eta zeintzuk diren bere ondorioak. Eta akaso ez da argitzea
mozio honen helburua. Hala ere, ondorioztatu dezakegu, aukera
hori 1/2022ko Errege Lege Dekretuan barneratuta dagoela, SAREBek,
iraunkortasun-printzipioa betez, higiezinak erakunde publikoei eta
irabazi-asmorik gabeko erakundeei lagatzeko estrategiak lantzeko aukera
barneratzen duenean. Estrategia horietan, higiezin horien gizarte-onura
neurtuko da, haien balioa maximizatzeko helburuaren barruan.

Amaitzeko, egokia iruditzen zaigu —eta hala adierazi dugu ere
Kongresuan— ERCk Errege Lege Dekretua lege-proiektu gisa
izapidetzeko egindako eskaera; izan ere, horrela, talde parlamentarioek
Legean hobekuntzak sartzea proposatu ahal izango dute, gaur
proposatutakoak eta beste batzuk; betiere SAREBen xedea kontuan hartuta,
eta bereziki etxebizitza-politikak planifikatzeko, legislatzeko eta
kudeatzeko eskumena nork duen kontuan hartuta, hau da,
autonomia-erkidegoak.

Mila esker.

Buenas tardes a todos y todas.

No voy a utilizar esta intervención para explicar las causas que
motivaron la creación de la Sareb ni voy a profundizar en su mala
planificación y gestión. Esta cuestión, de hecho, ha sido recordada y
expresada también por los portavoces de los otros grupos que me han
precedido. Sin embargo, como ya hemos manifestado en otras ocasiones, a
cualquiera le gustaría renunciar a esa herencia de la que hoy seguimos
pagando las consecuencias, ya que aquella deuda garantizada por el
Estado, que hoy es una deuda pública de casi 35 000 millones de euros,
está socializada entre toda la ciudadanía del Estado. Los bancos van a
mantener sus créditos fiscales y las pérdidas se contabilizarán en otros
años; se reducirán los beneficios y, por tanto, se reducirán los
impuestos. El criterio establecido por Eurostat ha obligado a la Sareb a
adaptar su gestión dentro del sector público y, en consecuencia, las
decisiones que afectaban a la deuda pública se tomaban en un Consejo en
el que el Gobierno del Estado no podía ejercer un control efectivo. Por
ello, nuestro grupo validó el 3 de febrero en el Congreso el Real
Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero; un real decreto-ley que, como tantos
otros, sigue pendiente de su tramitación como proyecto de ley. Como se
dice en castellano, sigue en el baúl de los recuerdos. Sin embargo, no
debemos olvidar que, según el real decreto-ley mencionado, esa sociedad
de gestión de activos está destinada a liquidar los activos de su
balance, minimizando el coste para el contribuyente, es decir, para
reducir la deuda pública de casi 35 000 millones de euros y el déficit
público de casi 10 000 millones del año pasado. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

La parte dispositiva de la moción urge a todos los agentes implicados
y a los grupos políticos del Congreso a que tramiten, a la mayor brevedad
posible, el proyecto de ley procedente del Real Decreto-ley 1/2022, para
incluir los dos primeros puntos del petitum, es decir, la distribución
por territorios de la gestión de los activos procedentes de la Sareb
mediante su transferencia a las administraciones competentes en materia
de vivienda e introducir obligaciones sociales para la gestión de los
activos inmobiliarios propiedad de la Sareb. Precisamente, el real
decreto mencionado hace referencia a estas dos cuestiones; permite la
cesión a entidades públicas o sin ánimo de lucro, siempre que su
beneficio social sea especialmente relevante. Dicho esto, no podemos
ignorar ni olvidar que cualquier actuación como entidad de gestión de
activos debe respetar el objeto social de la Sareb y el beneficio social
de su plan de negocio, aunque sea a través de estrategias de cesión de
inmuebles. Por tanto, la política de vivienda social la deben llevar a
cabo las administraciones competentes en la materia: las comunidades
autónomas y los ayuntamientos. En el caso de Euskadi, en nuestro caso, no
renunciamos a ello. Por tanto, no podemos confundir cuál es el objetivo
de la Sareb con una función diferente que no tiene como herramienta la
gestión de vivienda. En Euskadi mediante convenio y a través de Alokabide
se han adquirido viviendas destinadas a alquiler social, y no podría ser
de otra manera. Son pocas viviendas, es cierto, pero también son pocas
las viviendas de la Sareb en Euskadi, según los datos públicos con los
que contamos y siempre en comparación con otras comunidades
autónomas.

En nuestra opinión, en esta moción no se aclara qué es la
territorialización de la gestión. Quizá aclarar este aspecto y cuáles son
sus consecuencias no sea la finalidad de esta moción y, sin embargo,
podemos concluir que esta posibilidad está incluida en el Real
Decreto-ley 1/2022 cuando se introduce la posibilidad de que la Sareb
elabore estrategias de cesión de inmuebles a entidades públicas o sin
ánimo de lucro en cumplimiento del principio de sostenibilidad. En estas
estrategias, se medirá el beneficio social de estos inmuebles con el
objetivo de maximizar su valor.

Para finalizar, nos parece oportuno —y así lo hemos expresado
también en el Congreso— la petición de ERC de tramitar el Real
decreto-ley como proyecto de ley, de forma que los grupos parlamentarios
puedan proponer la introducción de mejoras en la ley, las propuestas hoy,
entre otras, y algunas más, siempre teniendo en cuenta la finalidad de la
Sareb, pero teniendo especialmente claro quién es el competente para
planificar, legislar y gestionar las políticas de vivienda, es decir, las
comunidades autónomas.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Eskerrik asko,
señoría.

Por el Parlamentario de Esquerra Republicana-Bildu, tiene la palabra
el senador Reniu Vilamala.

El señor RENIU VILAMALA: Moltes gràcies, presidenta.

Mirin, anem a fer un exercici molt senzill. I gairebé estic temptat
de fer-lo en castellà perquè, o bé tota la cambra entén l’euskera i
el català, o bé hi ha un passotisme generalitzat que en termes simplement
de cortesia parlamentària és imperdonable. Però, bé, em mantindrem en el
català, perquè és la meva llengua. Mireu, fem un exercici: segons les
dades —entre parèntesi, poc fiables— del web de la Sareb, en
el meu país tenim 12 521 habitatges, 6251 annexos —això vol dir
pàrquings, vol dir trasters...—, 3808 obres en curs, bàsicament
d’habitatges, 2800 sols —pastilles on poder edificar o inclús
sòl industrial— i 1699 actius terciaris, és a dir, més
de 27 000 actius immobiliaris propietat de la Sareb. Si fem la suma
d’habitatges i d’obres en curs, per tant, habitatges que
estan en obra, —per exemple Santa Eulàlia de Riuprimer, el carrer,
l’edifici del Torrentet, 6-8, que ja aquest ple també ha conegut
per altres intervencions—, un servidor sumaria més
de 16 000 habitatges. Aviat es diu, eh? 16 000 habitatges són 16 000
solucions a problemes socials d’aquells més desafavorits,
malauradament. Però, clar que ens trobem? I això, manifestat inclús pel
mateix Partit dels Socialistes de Catalunya de la ciutat de Girona. Què
ens trobem? Que d’aquestes 16 000 habitatges —o, si volen,
treguem les que estan en obres i deixem només les 12 521 habitatges que
es podrien utilitzar a partir d’avui mateix—, la Sareb, en
només 23 convenis, ha cedit a ús social o lloguer social 1700 habitatges.
És a dir, escolti’m, segurament se’ns podrà dir des del grup
socialista que el Govern està tirant endavant i que efectivament, és la
nostra preocupació donar resposta.... Ho havia dit en una anterior sessió
plenària.

I un bé negre amb potes rosses. És a dir, és fals. Poc més del 10 %
d’aquests habitatges que són, repeteixo, de tots i de totes, de
tota la ciutadania, es posen, en el cas de Catalunya, a lloguer social.
Això és una vergonya.

Mirin, per exemple: a Vic, la meva ciutat, hi ha 120 habitatges
buits. A Figueres, 85 a Girona, 63. Ah! I per cert, des del gener
—i els sonaria que hi havia una moratòria— des del gener hi
ha hagut 34 desnonaments. Sí, sí, ho han sentit bé. 34 desnonaments
d’un total de 63 habitatges. Com deia abans la portaveu del Partit
Nacionalista Basc, més habitatges només a la ciutat de Girona que en tot
el territori de la Comunitat autònoma basca. Però, vaja, el problema
segueix sent el mateix, i ho ha dit el senador Cleries en la seva
intervenció: manca de voluntat política. Uns pel disseny i els altres pel
manteniment. En cap cas tenen la voluntat real de treballar per la
ciutadania. Se’ns podrà dir que aquell anunci que es va realitzar
ahir per part del Ministeri, que semblava una mica «vamos a intentar
desactivar esta moción» posant deu milions de diner públic per a
l’adquisició —en funció de les comunitats i els ajuntaments
que ho demanessin— d’habitatge públic, doncs se’ns
podrà dir que això és una mostra d’aquesta voluntat de
resoldre-ho... Mirin, servidor ho veu d’una manera molt
diferent. 10 milions públics que generen deute, per comprar habitatges
que estan endeutats i que, per tant, són nostres. És un cercle viciós que
no té cap raó de ser, que no té cap sentit més enllà de la decisió que
hauria de ser. I mirin si volen, els ho dic amb una frase que jo crec que
és molt entenedora: inclús, bilingüe. Si el deute és nostre, els
habitatges també. «Si la deuda es nuestra, las viviendas también».

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Muchas gracias, presidenta.

Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y estoy tentado de hacerlo en
castellano porque o bien toda la Cámara entiende el euskera y el catalán
o bien hay un pasotismo generalizado que, en términos simplemente de
cortesía parlamentaria, es imperdonable, pero me voy a mantener con el
catalán porque es mi lengua.






Vamos a hacer este ejercicio. Según los
datos —entre paréntesis poco fiables de la web de la Sareb—,
en mi país tenemos 12 551 viviendas, 6251 anexos —parkings,
trasteros, etcétera—, 3808 obras en curso —básicamente de
viviendas—, 2800 suelos, es decir, espacios donde se puede edificar
o suelo industrial, y 1699 activos terciarios, es decir, más
de 27 000 activos inmobiliarios propiedad de la Sareb. Si sumamos las
viviendas y obras en curso —por ejemplo, en Santa Eulàlia de
Riuprimer, el edificio número 68, que este Pleno ya ha conocido por otras
intervenciones de este servidor—, sumaríamos más de 16 000
viviendas. Se dice pronto, pero 16 000 viviendas son 16 000 soluciones a
problemas sociales de las personas más desfavorecidas. Pero, claro, ¿qué
vemos? —y esto manifestado incluso por el propio Partido Socialista
de Cataluña en la ciudad de Gerona—? Vemos que de estas 16 000
viviendas —o, si quieren, podemos sacar las que están en obras y
nos quedamos con las algo más de 12 000 viviendas que se podrían utilizar
a partir de hoy mismo—, la Sareb, a través de 23 convenios, solo ha
cedido en uso social 1700 viviendas. Seguramente el Grupo Socialista nos
dirá que el Gobierno está sacando medidas adelante y que es su
preocupación dar respuesta a esto. Lo dije en otra sesión plenaria.

Esto es falso. Es poco menos del 10 % de estas viviendas, que son,
repito, de todos y de todas, de toda la ciudadanía, las que se ponen en
el caso de Cataluña a su disposición en alquiler social. Y esto es una
vergüenza.

Por ejemplo, en Vic, mi ciudad, hay 120 viviendas vacías; en
Figueras, 85; en Gerona, 63. Por cierto, desde enero —le sonará que
había una moratoria— ha habido 34 desahucios. Sí, lo han oído bien:
ha habido 34 desahucios de un total de 63 viviendas. Como decía antes la
portavoz del PNV, hay más viviendas en la ciudad de Gerona que en todo el
territorio de la Comunidad Autónoma vasca. Pero el problema sigue siendo
el mismo, y lo ha dicho el senador Cleries en su intervención: hay falta
de voluntad política, unos por el diseño y otros por el mantenimiento. En
ningún caso tienen la voluntad real de trabajar para la ciudadanía. Se
nos podría decir que el anuncio que se hizo ayer por parte del
ministerio, que parecía un intento de desactivar esta moción, poniendo 10
millones de dinero público para la adquisición de vivienda pública por
parte de las comunidades y los ayuntamientos que lo solicitaran, como
digo, se nos podría decir que es una muestra de esta voluntad de
resolverlo, pero este servidor lo ve de una manera muy distinta: son 10
millones de euros que generan deuda para comprar viviendas que están
endeudadas y que, por consiguiente, son nuestras. Es un círculo vicioso
que no tiene ninguna razón de ser, que no tiene ningún sentido. Y, si
quieren, se lo resumo con una frase que creo que es perfectamente
comprensible: si la deuda es nuestra, las viviendas también.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Silván Rodríguez.

El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta. Buenos días,
señorías.

El Grupo Esquerra Republicana-EH Bildu presenta esta moción en la que
se pide la transferencia de los activos de vivienda y suelo de la Sareb a
las administraciones con competencias en materia de vivienda, comunidades
autónomas y ayuntamientos. A la luz de esta moción procede hacer un poco
de historia, y en este sentido quiero hacer varios recordatorios.
¿Recuerdan la crisis económica de 2008 o la de 2011? ¿Recuerdan la crisis
financiera de ese mismo periodo? ¿Recuerdan la crisis de nuestras
entidades financieras y muy especialmente de nuestras cajas de ahorro?
¿Recuerdan quién gobernaba en aquellos años? ¿Recuerdan los diferentes
Gobiernos del presidente Rodríguez Zapatero? ¿Recuerdan por qué nació la
Sareb? En este sentido, recuerdo a sus señorías que la crisis que dio
lugar a la creación de la Sareb, a la creación del banco malo, tuvo su
causa y origen en los diferentes Gobiernos socialistas del presidente
Rodríguez Zapatero. (Aplausos). Una crisis que el Partido Socialista no
supo afrontar y que puso en riesgo extremo el sistema financiero
español.

Les recuerdo igualmente, señorías, que en el año 2011 los españoles
confiaron en el Partido Popular para sacar a España de esa crisis, y esa
gestión evitó que España fuera rescatada con las consecuencias
impredecibles que ello tendría para numerosos colectivos. También les
recuerdo que una de las condiciones que Europa puso a España para evitar
el rescate, causa de los diferentes gobiernos socialistas, fue crear la
Sareb, que surge en el año 2012 como un proceso de reestructuración
bancaria para garantizar los depósitos y evitar un problema muchísimo
mayor. También recuerdo a sus señorías que la mayoría de los activos de
la Sareb vienen de las cajas de ahorro, que deberían haber llevado a cabo
una acción supuestamente social. La Sareb tiene un plazo para cumplir su
función: el año 2027, y lo razonable es esperar a esa fecha, ya que las
condiciones inmobiliarias están cambiando, y es probable que se puedan
encontrar otras alternativas para recuperar la mayor cantidad de dinero
posible para el contribuyente. En caso contrario, esa deuda se imputará
al Estado y seríamos todos los españoles quienes tendríamos que hacerle
frente. Como siempre, Gobiernos socialistas, más deuda pública; como
siempre, Gobiernos socialistas, mayor carga para los españoles o, lo que
es lo mismo, deuda pública igual a socialismo. (Aplausos).

En estos momentos la Sareb cuenta con unos activos en vivienda y
suelo que pueden ser destinados a vivienda social, y la mejor defensa de
las familias vulnerables es pedir al Gobierno que la Sareb cumpla sus dos
objetivos: reducir la deuda y reducir sus activos, algo que no es
incompatible con acometer acciones de alquiler social. No se pueden
criticar las pérdidas de la Sareb y, al mismo tiempo, decir que vamos a
ceder todos sus activos sin contraprestación, porque eso no es gratuito,
sino que va al déficit de España, y tendremos que pagarlo. Las
competencias en materia de vivienda corresponden a las comunidades
autónomas, y lo razonable es que exista un entendimiento y una
coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos, definiendo qué
tipo de política de vivienda se quiere establecer; y, en el caso de que
haya cesión de activos, en qué condiciones han de cederse y si habrá o no
contraprestación económica, porque ceder esas viviendas y suelos
conllevará un gasto económico que alguien deberá asumir. Así pues,
primero es su gestión y establecer quién asume los gastos de gestión y
cobro de los diferentes alquileres, en su caso.

Por lo anteriormente señalado, por responsabilidad de Estado hacia
todos los españoles, y especialmente porque no podemos seguir endeudando
a este país como lo hace el Gobierno de Sánchez con más de 200 millones
de euros de deuda al día, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
votará en contra de esta moción. Lo haremos, y repito, por
responsabilidad de un partido de Gobierno como el Partido Popular; por
coherencia política, y muy especialmente por no seguir cargando a las
espaldas de cada uno de los españoles, de cada una de las familias
españolas más deuda pública que día a día genera la irresponsable gestión
económica del Gobierno Sánchez.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Moreno
Duque.

La señora MORENO DUQUE: Gracias, señora presidenta.

Hoy debatimos sobre la Sareb y la vivienda pública. La Sareb es
conocida como el banco malo, pero ¿es malo per se? ¿Es malo porque estas
macrooperaciones de financiación avaladas o respaldadas por el Estado
perjudican de forma especial al interés general?, ¿son perniciosas para
el interés general y, en especial, para las clases más desfavorecidas? ¿O
es malo porque aquí, en España, se ha llevado a una gestión ruinosa en la
adquisición de un patrimonio público comprado con dinero público? ¿Es
mala la empresa?, ¿es malo el instrumento? En otros países, como el caso
de Irlanda, la Sareb, el banco malo, conocido como NAMA, ha generado
pingües beneficios al Estado; más de 1000 millones de euros a la Hacienda
pública mediante transferencias de superávit; más de 3400 millones de
euros al Tesoro público irlandés. Aquí ha sido un caos, pero allí ha
dinamizado la economía; ha puesto a disposición de las familias
vulnerables muchas viviendas sociales, más de 2600; ha mejorado incluso
la eficiencia del sector inmobiliario. Luego el mismo instrumento
financiero, macrooperaciones de financiación avaladas o respaldadas por
el Estado, con el mismo objetivo: sanear los activos tóxicos de la Sareb,
es decir, rescate bancario. Resultado exitoso en Irlanda, resultado
ruinoso en España. Luego, ¿quién es el malo? (Aplausos). ¿El instrumento,
la empresa o el Gobierno que articula la gestión de ese instrumento?
Porque ya sabemos quién es el artífice de esa gestión: el señor De
Guindos, que garantizó que no habría contribución alguna sobre el
bolsillo del contribuyente. La broma de la repercusión fue
de 35 000 millones de euros. Es más, a este señor lo han aupado hasta el
Banco Central Europeo. En mi pueblo, que son entusiastas de la gestión y
el sarcasmo, dirían: ¡Olé! ¡Así se premia a los buenos gestores!
(Aplausos). La señora Sáenz de Santamaría nos garantizó también que no
iba a costar ni un euro al bolsillo de los ciudadanos; un euro, no,
sino 35 000 millones de euros. (Aplausos). Justo la cantidad que ahora
Europa ha obligado a España a asumir como deuda pública a través de un
incremento del accionariado con el FROB en ese Consejo de Administración,
porque, para que quede clarito, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto
obligado a nacionalizar una ruina provocada por una gestión nefasta del
Partido Popular que tiene nombre y apellidos. (Aplausos).

Por eso, señorías, coincidimos en el diagnóstico. Hay un agravio,
primero, con los 50 000 millones de euros que se utilizan para la
adquisición de esos activos tóxicos, que, además, están mal valorados, y
no porque lo diga esta socialista, no porque lo diga el PSOE, sino porque
lo dice Bloomberg. Hay un nuevo agravio con esos 35 000 millones de euros
que tenemos que asumir como deuda propia, como deuda pública, pero no
podemos agraviar nuevamente a aquellos contribuyentes que se sitúan en
comunidades autónomas donde no hay tantas viviendas de la Sareb, porque
en política de vivienda, señorías, los repartos se hacen en función de
determinados parámetros dentro de la conferencia sectorial, y esta moción
parte de algo que no se puede plantear, y es que la vivienda no es un
producto transportable, la vivienda está dónde está, y muchas veces no
donde se necesita. Y las viviendas de la Sareb están situadas en los
territorios del censo inmobiliario, justamente aquellos donde se cebó la
burbuja inmobiliaria, en toda la costa levantina y en la periferia de las
grandes ciudades. ¿Pero qué pasa con comunidades autónomas como Navarra,
donde tienen 44 viviendas, no 12 000? ¿O con el País Vasco, que tiene
algo más de 80 viviendas, no 12 000 o 6000 como tienen otros
territorios?

Por tanto, no es verdad que el Gobierno no ha hecho nada, senador.
Ayer mismo, para equilibrar, se aprobaron 10 millones de euros para que
las comunidades autónomas y las administraciones implicadas pudieran
comprar las viviendas de la Sareb, aquellas que tuvieran esa demanda y
que tuvieran viviendas en sus territorios. Por tanto, compartiendo el
diagnóstico, no podemos estar de acuerdo porque ha habido una gestión
desastrosa. No han tenido en cuenta que los directivos que cobraban
casi 400 000 euros han derivado los mejores activos a fondos de inversión
donde luego se han ido como gerentes y directivos. Es que hay mucho que
decir de la Sareb. Pero nosotros no podemos admitir una cesión gratuita
de inmuebles porque descapitalizaríamos una empresa que necesita
maximizar el valor de los activos para tapar —permítame la
expresión— un boquete en las arcas públicas provocado por una
gestión nefasta del Partido Popular. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Vaya terminando,
señoría.

La señora MORENO DUQUE: Termino, señorías.

Menos mal que nos encontramos ante buenos gestores.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías, se procede a
continuación a abrir el plazo para que los senadores autorizados emitan
el voto electrónico remoto de las siguientes mociones:

Moción por la que se insta al Gobierno a seguir avanzando para
establecer un sistema impositivo justo en el que parte de los beneficios
de los contribuyentes que obtienen más beneficios de la actual coyuntura
internacional revierta en una mejora en las dotaciones de los servicios
públicos, del Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en los términos de
la propuesta de modificación presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-EH Bildu, el
Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, el Grupo Parlamentario Democrático y el Grupo Parlamentario
Mixto, con número de registro de entrada 157777.

Moción por la que se insta al Gobierno a rectificar su política en
materia de agua y a incrementar en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2023 las inversiones de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir como zona especialmente afectada por la situación de sequía,
del Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios términos.

Y moción por la que se insta al Gobierno a garantizar el retorno
social del rescate bancario, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Bildu. Se vota en sus propios términos.

Se abre el plazo de quince minutos desde este momento, en que son las
quince horas y quince minutos, hasta las quince horas y treinta minutos.
Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de estas mociones
tendrá lugar al final del debate de los puntos del orden del día a las
cuatro de la tarde.

La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 8.
y 8.1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para la presentación del
Informe, tiene la palabra el presidente de la Comisión, el senador Rafael
Esteban Santamaría.

El señor ESTEBAN SANTAMARÍA: Gracias. Buenas tardes,
presidenta.

Señorías, en esta mi primera intervención ante el Pleno de la Cámara
como presidente de la Comisión de Peticiones, permítanme, primero, que
agradezca el trabajo realizado por la anterior presidenta, la señora doña
Micaela Navarro Garzón, a cargo de esta comisión. (Aplausos). Y que
también agradezca el trabajo del letrado y de todo el personal adscrito a
la comisión. Creo que todos han tenido un gran compromiso con la labor
que se ha desarrollado en los últimos meses y de la cual he tomado el
testigo recientemente. Lo único que tenemos que tener en cuenta son esas
preocupaciones de los ciudadanos españoles.

Continuando con la línea trazada, quiero informar a este Pleno que en
el curso de la sesión que se celebró el día 4 de octubre de 2022 la
Comisión de Peticiones aprobó el dictamen correspondiente a las
actividades desarrolladas en el período de sesiones comprendido entre los
días 1 de febrero y 30 de junio de 2022. En esta reunión de la comisión
del 4 de octubre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del
Reglamento del Senado, se acordó elevar a la Presidencia de la Cámara el
dictamen de referencia que incluye la relación de las peticiones
recibidas, de las decisiones adoptadas sobre estas y la recepción de las
contestaciones correspondientes a peticiones tramitadas en sesiones
anteriores, provenientes, además, de los diferentes organismos a las que
fueron remitidas anteriormente.

En consecuencia, la comisión aprobó su dictamen, que incluye la
tramitación de 46 peticiones. Les voy a desglosar, en relación con ellas,
señorías, cómo se han evacuado: hay 8 peticiones que se han remitido a
diversos departamentos ministeriales, 29 peticiones que se han remitido a
otros organismos, 9 peticiones que han sido archivadas por no tener
carácter exclusivo de petición, faltarles las indicaciones indispensables
para conocer su objeto o no tener la finalidad de su conocimiento por la
comisión o tratarse de cosas que han sido ya reiteradas en temas
diferentes que han sido ya resueltos por esta comisión.

Por lo tanto, el presente informe de la Comisión de Peticiones fue
publicado ya el pasado 6 de octubre de 2022 en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales del Senado, publicación que incluye toda la relación
nominal de los peticionarios, número de petición e indicación sumaria de
su contenido, así como el organismo al que se le da traslado. Asimismo,
el informe de la comisión acusó recibo de las diez respuestas remitidas a
esta comisión por diferentes organismos.

Finalmente, quiero agradecer a los miembros de la Comisión de
Peticiones que hayan depositado en mí esa confianza para presentar este
informe que les acabo de remitir y que me permitan poder exponerlo ante
el pleno del Senado para su toma de conocimiento. Igualmente, también
quiero agradecer a la Mesa de la Cámara su diligencia al incluir esta
toma de conocimiento de este informe en el más breve espacio de tiempo
posible.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

¿Algún portavoz quiere tomar la palabra? (Pausa).

¿El Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿El Grupo Parlamentario Democrático? (Denegaciones).

¿El Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal?
(Denegaciones).

¿El Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones).

¿El Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

¿El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Bildu?
(Denegaciones).

¿El Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones).

¿El Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones).

Señorías, habiendo concluido el orden del día, se suspende la sesión
hasta las cuatro de la tarde.

Se suspende la sesión a las quince horas y veintidós minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación, procedemos a la
votación presencial de las siguientes mociones.

El señor presidente lee el punto 6.1.

El señor PRESIDENTE: Esta moción se vota en los términos de la
transaccional alcanzada por varios grupos parlamentarios, con número de
registro de entrada 157777.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 251; a favor, 244; en contra, 3; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor presidente lee el punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: Votamos la moción en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 252; a favor, 107; en contra, 116; abstenciones, 29.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El señor presidente lee el punto 6.3.

El señor PRESIDENTE: Votamos la última moción en sus propios
términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 252; a favor, 33; en contra, 217; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El señor PRESIDENTE: Señorías, la Mesa ha recibido una declaración
institucional suscrita por todos los grupos parlamentarios por el Día
Mundial del Daño Cerebral Adquirido, por el cumplimiento de los derechos
y por una necesaria accesibilidad. Ruego al señor secretario primero de
la Mesa que dé lectura a la misma.

El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Con la venia, señor
presidente.

«El daño cerebral adquirido es una lesión que se produce en el
cerebro a causa de un ictus, por un traumatismo craneoencefálico o un
tumor cerebral, entre otros motivos. Como consecuencia, la vida de la
persona que lo sufre y la de su familia cambia por completo de manera
súbita e inesperada. Actividades que antes hacía sin ningún problema,
como usar el transporte público, renovar el pasaporte o hacer una
transferencia bancaria, ahora suponen un enorme esfuerzo físico y
cognitivo. En España hay medio millón de personas que sufren daño
cerebral adquirido y luchan porque sus derechos se respeten y se cumplan;
uno de ellos es mejorar la inclusión en la sociedad, sentir que son
autónomos y que pueden valerse por sí mismos, pero para ello es necesario
poner los medios para que la accesibilidad universal sea una realidad. La
cognición es lo que permite comprender el mundo que nos rodea: entender
la señalización de las calles o de los edificios públicos, por ejemplo.
Gracias a la cognición, aprendemos, reflexionamos y tomamos
decisiones.

»Una de las secuelas más frecuentes del daño cerebral son las
alteraciones cognitivas que hacen que recursos y herramientas, que antes
formarán parte del día a día, ahora son como un rompecabezas para las
personas que lo sufren. Estas dificultades tienen su origen, por un lado,
en el propio daño cerebral adquirido, que trastoca el funcionamiento
normal del cerebro, y, por otro, la nueva adecuación de la información de
carteles, servicios o trámites para las personas con problemas
cognitivos. Es necesario que existan herramientas y recursos para el
desarrollo de la accesibilidad en el entorno sanitario, jurídico,
educativo y social, teniendo en cuenta a todos los colectivos de personas
con discapacidad y a sus familias, así como las entidades que los
representan.

»Por todo ello, el Senado manifiesta su apoyo en el Día Mundial del
Daño Cerebral Adquirido a las personas que sufren esta enfermedad e insta
al cumplimiento de la Ley de Accesibilidad, que promueve la eliminación
de todas aquellas trabas que dificulten el pleno ejercicio de sus
derechos como ciudadanos libres e iguales». (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.

Gracias a todos por su trabajo. No habiendo más asuntos, se levanta
la sesión.

Eran las dieciséis horas y cuatro minutos.