El señor PRESIDENTE: El primer punto que tenemos que abordar es la
designación de la Ponencia. A propuesta de los grupos parlamentarios, son
designados los siguientes senadores: por el Grupo Parlamentario
Socialista, don Gonzalo Palacín Guarné, don Xoaquín María Fernández
Leiceaga y doña Lourdes Retuerto Rodríguez; por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, don José Vicente Marí Bosó y don Francisco Javier
Fragoso Martínez; por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu, doña Sara Bailac Ardanuy. Por el resto de los grupos
parlamentarios, formarán parte de la ponencia los representantes de cada
uno de ellos en la comisión.

El señor presidente lee el título que figura en el orden del
día.

El señor PRESIDENTE: La intervención del gobernador será por un
tiempo de treinta minutos. Señor gobernador, tiene la palabra.

El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Hernández de Cos):
Muchísimas gracias, presidente.

Señorías, es un placer estar en el Senado con motivo de la
presentación y discusión de los Presupuestos Generales del Estado y de la
Seguridad Social para 2023. En mi intervención de hoy voy a realizar una
actualización de la valoración que ya hice en el Congreso en el mes de
octubre. Se ha repartido un documento extenso en el que básicamente, como
digo, se actualiza aquel documento que ya distribuimos y que se puede
encontrar también en la página web del Banco de España, que acaba de
publicarse hace solamente unos minutos, y me van a permitir que en esta
intervención inicial haga un resumen de los elementos fundamentales de
ese documento.

Para ello voy a dividir esta intervención inicial en cuatro grandes
bloques: En el primero voy a describir cómo vemos en el Banco de España
las perspectivas económicas de la economía española, para lo cual,
evidentemente, voy a tener que mencionar la evolución de la economía
internacional y, por supuesto, la economía europea. Un segundo bloque lo
voy a dedicar, desde la perspectiva de nuevo del Banco de España, a
cuáles son las políticas económicas más adecuadas para abordar esa
situación tan compleja en la que nos encontramos. La tercera parte de mi
intervención la voy a dedicar a la valoración de los presupuestos
combinado con el plan presupuestario. Saben que es un documento
complementario de los presupuestos y que es fundamental, sobre todo en un
país tan descentralizado como España, combinar estos dos documentos en su
análisis. Y, por último, voy a hacer también alguna mención en el cuarto
bloque a algunas consideraciones de medio plazo desde la perspectiva
también de la política presupuestaria.

Empiezo, por tanto, con el primer bloque. El resumen de esa primera
parte del documento que les he distribuido básicamente señala que la
situación macroeconómica actual global, pero también la europea, ha
venido perdiendo dinamismo de una manera apreciable en los últimos meses
y esto tiene que ver con distintos factores: en primer lugar, el repunte
de la inflación mundial, que ha alcanzado niveles inéditos en varias
décadas y que, por supuesto, también ha provocado una reacción muy
contundente por parte de los principales bancos centrales, lo cual ha
llevado a su vez a un endurecimiento significativo de las condiciones
financieras. Una parte, como saben, del aumento de los precios de consumo
tiene que ver con el incremento muy elevado de materias primas importadas
y esto ha provocado, por supuesto, una pérdida real de rentas para muchos
agentes, hogares y también empresas; relacionado, por supuesto, todo
esto, aunque no únicamente, con la guerra de Ucrania.

La guerra en sí misma ha provocado también un incremento de la
incertidumbre muy significativo, en particular en Europa, acerca del
suministro energético e incluso también la posibilidad de que se produzca
una escalada significativa de las tensiones geopolíticas, y, por tanto,
esa combinación de factores: incremento de la inflación, endurecimiento
de las condiciones financieras, pérdida de poder real de hogares y
empresas junto con el incremento de la incertidumbre es lo que ha
provocado la desaceleración de la actividad económica global y una
revisión paulatina de las proyecciones macroeconómicas de los distintos
organismos, las de crecimiento económico a la baja y las de inflación al
alza. También me gustaría subrayar que ha aumentado claramente la
probabilidad que incluso los mercados financieros otorgan a una recesión
global en estos momentos.

Como digo, Europa está particularmente expuesta a los desarrollos
vinculados con la guerra, tanto por su proximidad geográfica, como
especialmente por su dependencia de las materias primas importadas desde
Rusia y, en concreto, de gas. Europa está respondiendo a esta situación
básicamente a través de la diversificación geográfica de las
importaciones y la reducción del consumo y, de hecho, se han acumulado
unos niveles de almacenamiento de gas históricamente elevados, incluso
por encima de aquellos objetivos que había marcado previamente la Unión
Europea. No obstante, también sabemos que estas actuaciones podrían no
garantizar plenamente la disponibilidad de suministro durante los
próximos inviernos, en particular si las condiciones climatológicas en
Europa fueran particularmente graves.

En este contexto, las presiones inflacionistas en el área del euro se
han intensificado y evidencian una mayor persistencia. Como saben, el
último dato publicado de inflación para el área del euro fue el
correspondiente al mes de octubre, 10,6 %. La mitad de este incremento se
debe de una manera directa o indirecta al incremento de los precios
energéticos; 40 % es un efecto puramente directo del incremento de las
materias primas energéticas; un 10 %, como consecuencia del efecto
indirecto que generan estos incrementos de los precios energéticos en la
inflación subyacente; un 25 % del incremento de la inflación se debe al
componente de alimentos, que también saben que ha sido una variable muy
afectada por la guerra. Pero también hay que reconocer que se ha
producido una generalización de las presiones alcistas de los precios, lo
que ha llevado a la inflación subyacente del área del euro al entorno
del 5 % en octubre y, de hecho, más de la mitad de las rúbricas de la
inflación subyacente tienen o presentaron tasas superiores al 4 % en ese
mes.

En términos de crecimiento, a pesar de que el crecimiento económico
en el área del euro sorprendió al alza en el primer semestre del año, en
el tercer trimestre se ha producido una moderación muy significativa, en
torno al 0,2 %, en tasa intertrimestral y la previsión es que esta
desaceleración se intensifique en los meses finales del año, como parece
desprenderse, de hecho, de la mayor parte de los indicadores que se han
venido publicando correspondientes al cuarto trimestre.

Las proyecciones más recientes, como en el caso de la economía global
—las últimas, por ejemplo, publicadas por la Comisión Europea hace
solamente unos días—, contemplan una moderación de la actividad muy
intensa para el año 2023 y una revisión al alza de la inflación. Este es
el primer punto. Si nos movemos ahora a la economía española, como
segundo aspecto a considerar, es evidente que estos mismos factores que
acabo de subrayar y estas tendencias se observan en nuestra economía y
están lastrando, por tanto, el crecimiento del PIB e incrementando las
presiones inflacionistas. De hecho, como saben, en el tercer trimestre
del año, el PIB se desaceleró de una forma intensa, hasta
el 0,2 % intertrimestral, cuando en el trimestre previo la tasa de
crecimiento intertrimestral había sido del 1,5 %. Como resultado, también
saben que el nivel de PIB de la economía española se encuentra aún tras
ese dato del tercer trimestre 2 puntos porcentuales por debajo del
alcanzado a finales de 2019, es decir, antes de la pandemia. Esta es una
excepción en comparación con otros países europeos; si bien también es
cierto que en el caso del empleo, la brecha en relación con el nivel
previo a la crisis de la pandemia es inferior, pero todavía no es
negativo, de casi un punto porcentual si lo medimos en términos de horas
totales trabajadas. Los indicadores del cuarto trimestre que tenemos para
la economía española apuntan a una prolongación de la debilidad de la
actividad, que, de acuerdo con nuestras estimaciones, podría experimentar
un leve crecimiento positivo similar al del tercer trimestre. Los
indicadores cualitativos han tendido a mostrar un debilitamiento
adicional al tercer trimestre; sin embargo, el empleo ha mantenido un
tono más dinámico, tanto en octubre como en la información que tenemos
hasta este momento del mes de noviembre —saben que el ministerio
publicó recientemente los datos correspondientes a la primera quincena
del mes—.

En cuanto a la inflación, el IAPC sitúa su tasa interanual en octubre
en el 7,3 %. Hoy hemos conocido el dato preliminar correspondiente al mes
de noviembre, 6,6 %. Esto supone una reducción muy significativa en
comparación con el máximo que se alcanzó en el mes de septiembre. Este
descenso se explica fundamentalmente por el descenso observado en los
mercados mayoristas de electricidad, que, como saben, en España se
traslada muy rápidamente a los precios de consumo, al contrario de lo que
sucede en otros países europeos y por eso estamos observando desde estos
últimos meses, en los que se ha producido una desaceleración
significativa de los precios energéticos, como el diferencial —que
era claramente, en términos de inflación, más alta en España que en la
media del área del euro— se ha convertido ahora en negativo como
consecuencia de esta traslación también rápida a los precios finales, a
los precios de consumo.

También han contribuido a la desaceleración de la inflación las
distintas medidas adoptadas por las autoridades. Nuestra estimación
representa básicamente que estas medidas habrían contribuido a reducir la
tasa de la inflación general en España en el mes de octubre en alrededor
de 2 puntos porcentuales —por el contrario, los precios de los
alimentos han seguido aumentando—, una fuerte aceleración que llegó
a alcanzar en tasa interanual un 14 % en el mes de octubre, como sucede
en el caso del área del euro —lo acabo de comentar—; la
inflación subyacente también ha ido aumentando, está en 4,4 % en el mes
de octubre, en ese mes, de nuevo, más del 50 % de los bienes de las
partidas del IAPC registraron avances interanuales superiores al 4 %, muy
importante —luego comentaré con más extensión este aspecto—,
no se aprecian por el momento efectos de segunda vuelta significativos
sobre los salarios o los márgenes empresariales. Como saben, los bancos
centrales concedemos mucha importancia a estos efectos de segunda ronda,
porque podrían provocar que incrementos en principio transitorios
derivados de los incrementos de los precios energéticos pudieran provocar
una mayor persistencia de las tasas de inflación y, por tanto, también
una mayor reacción de la política monetaria.

Proyecciones macroeconómicas. El Banco de España, como saben, publicó
sus últimas previsiones el 5 de octubre. En el tiempo transcurrido desde
ese 5 de octubre los desarrollos observados no conducen a una
modificación muy significativa de la valoración que realizamos entonces y
de esta manera es altamente probable que el escenario dibujado en las
próximas proyecciones del Banco de España, que publicaremos en el mes de
diciembre, no difieran sustancialmente de las que publicamos en ese mes
de octubre. En concreto, como saben, para este año esperamos una tasa de
crecimiento en el entorno del 4,5 % y una desaceleración para el año
siguiente hasta el 1,4 %. Esto básicamente implica —o lo que
esperamos— que en los meses de invierno es probable que se
prolongue la fase actual, como decía antes, de debilidad de la actividad
económica y que sea a partir de la primavera cuando la actividad recobre
un vigor creciente al verse impulsada por el alivio gradual —si es
que se mantiene, evidentemente— de las tensiones de los mercados de
la energía, la resolución paulatina también de los cuellos de botella,
que tanto han afectado al comercio internacional, y también un mayor
despliegue relativo de los fondos vinculados al Next Generation EU. El
progresivo fortalecimiento de la actividad no será, previsiblemente, lo
suficientemente intenso, en todo caso, para que la actividad económica en
España recupere su nivel previo a la pandemia hasta el primer trimestre
del año 2024.

En términos de la inflación, esas mismas previsiones macroeconómicas
que publicamos a principios de octubre básicamente nos señalan que la
inflación se situaría en este año 2022 en promedio en el entorno
del 8,7 % y que se irá progresivamente moderando de una manera gradual
hasta alrededor del 5,6 % en el año 2023 y hasta cerca, ligeramente por
debajo incluso, del 1,9 % en el año 2024. Esta moderación que esperamos
se debe fundamentalmente a la desaceleración, a la reducción del ritmo de
crecimiento de los componentes de energía y alimentos. Sin embargo, no
esperamos que la inflación subyacente se reduzca o se desacelere desde
sus elevados niveles actuales hasta la próxima primavera, porque la
inflación subyacente seguirá viéndose afectada por la traslación de los
incrementos de los precios energéticos y de los alimentos en los próximos
meses, que todavía, de acuerdo con nuestras estimaciones, no se habría
completado esa transacción.

Muy importante —lo subrayo— es que toda esta
desaceleración de la inflación que esperamos descansa sobre dos aspectos
muy relevantes. Se asume que la traslación, como digo, por parte de las
empresas, de los aumentos de costes energéticos se encuentra en un estado
ya avanzado de culminación y, en segundo lugar, también consideramos que
la respuesta de los salarios y los márgenes continuará siendo
relativamente contenida, como ha sido hasta este momento.

El tercer aspecto en relación con la situación macroeconómica que
quería subrayar tiene que ver con que estas perspectivas económicas, lo
estamos subrayando todos los analistas, están sometidas a un elevado
grado de incertidumbre. Déjenme ilustrar esta incertidumbre, por ejemplo,
con la dispersión en las perspectivas económicas que hoy tienen todos los
analistas, las perspectivas a un año: estamos en niveles de dispersión
máximos o prácticamente cercanos a los máximos observados en la crisis
financiera de 2008, estamos en máximos históricos en el caso de las
perspectivas de inflación a un año. En particular, como saben, estas
perspectivas están muy condicionadas por la evolución del conflicto
bélico en Ucrania, y en conjunto los analistas, el Banco de España
también, lo que percibimos es que los riesgos, en relación con esas
previsiones que acabo de comentar, están sesgados a la baja para el
crecimiento económico y al alza para la inflación, y como dato
ilustrativo, el Banco Central Europeo, en sus previsiones macroeconómicas
para el conjunto del área del euro, que publicó en el mes de septiembre,
incorporó también un escenario adverso en el que se asumía que se podían
materializar algunos de los riesgos que voy a subrayar ahora, y en ese
contexto, el PIB de la Unión Económica y Monetaria podría caer el año que
viene un 0,9 % frente al dato positivo de 0,9 % que estimaba el Banco
Central Europeo para el año que viene, además en un contexto también de
mayor inflación. ¿Cuáles son las razones que se encuentran detrás de esa
incertidumbre? El conflicto bélico y las implicaciones sobre la
incertidumbre, por supuesto, pero también sobre los mercados energéticos;
las dudas que todavía tenemos sobre cuál va a ser el grado final de
traslación de los incrementos de los precios energéticos a los bienes
finales y también del comportamiento de los denominados efectos de
segunda ronda. Todos sabemos que una mayor persistencia de la inflación,
como la que estamos observando también hace más probable que esos efectos
de segunda ronda acaben produciéndose, aunque, insisto, no lo hemos
observado hasta el momento, y también aumenta la probabilidad de que se
produzca un desanclaje de las expectativas de inflación. Todo esto,
evidentemente, en el caso de que se produjera, provocaría un
endurecimiento adicional mayor del esperado por los mercados de la
política monetaria, que, evidentemente, también tendría consecuencias
negativas sobre el crecimiento económico.

En el caso español hay que subrayar también las dudas que tenemos
sobre el ritmo con el que se van a implementar los proyectos asociados a
los fondos Next Generation EU. Como saben, lo he explicado en esta
Cámara, incluso el año pasado, el Banco de España la primera vez que
incorporó un impacto macroeconómico derivado de los fondos europeos fue
en marzo del año 2021. Entonces estimamos, de acuerdo con las cifras
oficiales, un impacto macroeconómico para el propio año 2021 de un punto
porcentual y hoy estimamos que el efecto fue de solamente 2 décimas. Para
el año que viene esperamos un impacto de alrededor de 6 décimas en el
crecimiento del PIB del año 2023, pero, evidentemente, con todas las
incertidumbres que vuelvo a subrayar. Y, por supuesto, también una parte
de las incertidumbres que estamos observando tienen que ver con los
mercados internacionales, con las economías internacionales y en
particular también con el efecto que el endurecimiento simultáneo por
parte de todos los bancos centrales de las condiciones financieras puede
acabar provocando sobre la actividad económica mundial, que afectaría,
por supuesto, también a la economía europea y en último término, por
supuesto, también a la economía española. Esto en cuanto al primer bloque
de mi intervención.

Paso al segundo bloque. En este contexto tan complejo de tanta
incertidumbre en que se han ido produciendo revisiones a la baja de las
perspectivas de crecimiento económico y al alza de la inflación, ¿cuáles
deben ser las políticas económicas más adecuadas para afrontarlo? Me van
a permitir que subraye esencialmente algunos puntos, que son: una
política monetaria que debe focalizarse, evidentemente, como es su
mandato, en la lucha contra la inflación; en la necesidad de firmar un
pacto de rentas; en el inicio de la consolidación presupuestaria; en el
reforzamiento de las políticas de oferta, y también en una respuesta
común europea contundente.

Comienzo, en primer lugar, con la política monetaria. Como saben
perfectamente —puedo ser muy rápido aquí—, la responsabilidad
del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de precios en el
área del euro. Como consecuencia de tratar de lograr este objetivo, en el
Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo hemos decidido desde
finales del año pasado proceder a una normalización del extraordinario
estímulo monetario que habíamos implementado durante la pandemia y, de
hecho, como saben perfectamente, los tipos de interés, el tipo de interés
de la facilidad de depósito ha aumentado ya en 200 puntos básicos en las
tres reuniones que hemos tenido en el mes de julio, el primer movimiento,
septiembre, y luego, más recientemente, en el mes de octubre, de tal
manera que el tipo de la facilidad de depósitos se encuentra en la
actualidad en el 1,5 %. En paralelo también, como saben, en el Banco
Central Europeo hemos creado un nuevo instrumento, básicamente el
instrumento para la protección de la transmisión, que podrá activarse
para contrarrestar dinámicas de mercado no deseadas y desordenadas que
constituyan una seria amenaza para la transmisión de la política
monetaria en el conjunto del área del euro. Con esto lo que pretendemos
es que precisamente se logre que la política monetaria sea única, no
solamente en el conjunto, sino en cada uno de los miembros del área del
euro. A pesar de este proceso de normalización, la realidad es que
nuestra valoración actual, la del Consejo de Gobierno, es que asegurar el
retorno de la inflación a ese objetivo del 2 % en el medio plazo exigirá
incrementos adicionales de los tipos de interés en la próxima reunión que
tendremos en el mes de diciembre.

También hay que subrayar que, dada la incertidumbre con la que
convivimos y que acabo de subrayar hace solamente unos minutos, no es
posible en este momento anticipar hasta qué punto los tipos de interés
van a tener que aumentar para asegurar nuestro objetivo de inflación.
Aquí hay que considerar al menos cuatro aspectos que van a ser muy
relevantes desde la perspectiva de las decisiones de la política
monetaria del Banco Central Europeo: en primer lugar, por supuesto, esos
incrementos de los tipos de interés van a depender de las perspectivas de
la inflación, que dependen, a su vez, crucialmente de las perspectivas de
crecimiento, incluida la mayor probabilidad de recesión que percibimos
hoy frente a la situación de hace solamente unos meses. En segundo lugar,
también tendremos en cuenta las medidas ya adoptadas y el hecho de que la
política monetaria tiene ciertos desfases en su implementación. Hay que
tener en cuenta que los tres aumentos que hemos ya aprobado de los tipos
de interés desde julio suponen un avance considerable en la reversión de
la orientación acomodaticia de la política monetaria y representan, de
hecho, la subida más rápida que se ha producido por parte del Banco
Central Europeo desde la introducción de la moneda única. Un tercer
aspecto que vamos a valorar tiene que ver, evidentemente, con la
evolución de las expectativas de inflación de medio plazo, con esos
efectos de segunda ronda. En el caso de que se materializaran esos
riesgos de desanclaje de las expectativas o se produjeran efectos de
segunda ronda significativos, evidentemente el endurecimiento monetario
también tendría que ser mayor. Y finalmente, también quiero mencionar que
las decisiones de tipos de interés deberán tener en cuenta las otras
decisiones que podamos adoptar sobre la reducción del saldo de nuestra
cartera de valores, en particular de las compras de valores públicos,
pero también privados, porque el endurecimiento cuantitativo debe tener
en cuenta la combinación de estos dos aspectos. Como saben, la presidenta
del Banco Central Europeo anunció en la conferencia de prensa tras la
última reunión, que definiremos los principios básicos de esta reducción
del balance en la reunión de diciembre. Mi opinión, que, como saben, la
he expresado en distintos momentos, es que por distintos elementos en los
que luego podremos entrar durante el debate, el proceso de reducción de
nuestra cartera de valores debería ser muy gradual y también muy
predecible.

En cuanto al pacto de rentas, nada nuevo que no me hayan escuchado
ya. De nuevo acabo de subrayar que nuestras perspectivas de inflación son
de desaceleración en el año 2023 y también en el año 2024. Pero también
he subrayado que esto está basado precisamente en que no se produzcan
efectos de segunda ronda de retroalimentación de los incrementos de los
precios en los salarios y en los márgenes empresariales. Hasta ahora es
verdad que esa moderación de salarios y de márgenes empresariales ha sido
la realidad, pero también es verdad que estamos viendo algunas señales de
fatiga, un incremento de la presencia de cláusulas de salvaguarda en el
caso de los convenios colectivos y también una mayor traslación de los
precios energéticos a los precios finales en el caso de las empresas. Por
eso pensamos que es imprescindible que los agentes económicos, a través
de un pacto de rentas, interioricen la pérdida de renta que implica el
encarecimiento de unas materias primas que necesitamos para producir, que
necesitamos para consumir, pero que necesitamos importar porque no
disponemos de las mismas.

Creemos que la firma de un pacto de rentas explícito que acuerde ese
reparto puede dar mucha estabilidad macroeconómica en los próximos años.
Ese acuerdo debería ser compatible con la enorme heterogeneidad que
estamos viendo que está teniendo esta crisis de la pandemia sobre el
tejido productivo, también sobre los grupos poblacionales. Sería
importante evitar cláusulas de indexación automática de los salarios a la
inflación pasada o cláusulas de salvaguarda. Sería importante también que
este pacto de rentas tuviera compromisos plurianuales que permitan dotar
de un horizonte de estabilidad a los agentes económicos. Y tienen que ser
explícitos, tanto en la moderación de los salarios como en la moderación,
insisto, siempre de los márgenes empresariales. Y, por supuesto, desde
nuestra perspectiva, también el gasto público, evitando el uso
generalizado de cláusulas de indexación automáticas, debería incorporarse
a este pacto.

Hay un tercer aspecto de las políticas económicas que me parece
importante subrayar. Tiene que ver con la política fiscal, algo muy
relacionado, por supuesto, con la elaboración de los presupuestos. Hay
tres características de la situación actual que me parecen
particularmente relevantes y que deben condicionar la valoración de la
política presupuestaria: en primer lugar, el hecho de que estemos
viviendo un episodio inflacionista nos obliga a tratar de evitar un
impulso fiscal en este contexto macroeconómico. En segundo lugar, creemos
que esas medidas que se adopten tienen que ser compatibles con el pacto
de rentas que acabo de mencionar y con esa no indexación de las partidas
de gasto público, y que, además, deben tener en cuenta que se ha
producido un deterioro significativo de la situación de las finanzas
públicas en términos de mayor endeudamiento público y también de un nivel
de déficit estructural elevado.

Con estas consideraciones, en el Banco de España entendemos que la
política fiscal en este contexto puede jugar un papel, por supuesto, para
aliviar los efectos de la crisis, pero en esta ocasión las medidas que se
adopten deben ser selectivas y deben concentrarse en los hogares de
rentas más bajas y en las empresas más vulnerables al marcado
encarecimiento de las materias primas. También sería deseable que se
evitaran distorsiones significativas en las señales proporcionadas por
los precios. Sabemos que son importantes para generar los incentivos
adecuados a la reducción del consumo. Hay que subrayar en este sentido
que estimaciones del Banco de España y también de otros organismos
internacionales muestran o estiman que en torno al 70 % de las medidas
aprobadas este año tendrían un carácter no focalizado, que no tienen en
cuenta el grado de vulnerabilidad de sus perceptores. En tercer lugar,
creemos que también las medidas tienen que ser de carácter temporal para
no aumentar adicionalmente el déficit estructural. Creemos que también es
el momento de iniciar el proceso de consolidación fiscal, de reducción
del déficit estructural en el año 2023. Una combinación de reducción del
déficit estructural que alivie la situación de empiece y, por tanto, el
saneamiento de las finanzas públicas, combinado con un uso intensivo de
los fondos estructurales, de los fondos Next Generation EU, podría
permitir en neto un impacto todavía positivo para el crecimiento
económico, pero, insisto, con esa mejora paulatina, gradual, de reducción
del déficit estructural. Creemos también que el tono de la política
fiscal debería ser flexible, adaptarse a las circunstancias. Y, en
particular, una mayor intensidad de las presiones inflacionistas podría
requerir un mayor tono contractivo de la política presupuestaria. Y, por
supuesto, como también he señalado en distintas ocasiones, ese inicio del
proceso de consolidación fiscal debería enmarcarse en un proceso creíble
y sostenido de refuerzo de la sostenibilidad de nuestras cuentas
públicas, que ha de tener un claro horizonte plurianual.

Políticas de oferta. Es el cuarto aspecto de la política
macroeconómica, y muy importante. Estamos ante una perturbación de oferta
como consecuencia del incremento de los precios energéticos. La mejor
política económica es tratar de desplazar esa curva de oferta a través de
reformas estructurales hacia la derecha. Y esto entiendo que es
precisamente el objetivo del Plan de recuperación, trasformación y
resiliencia español: la ejecución de un programa de inversión y de gasto,
pero, al mismo tiempo, combinado con reformas estructurales. Es
importante que estas reformas se hagan en profundidad. También es muy
importante, dada la magnitud de los fondos y los numerosos proyectos, que
se haga una evaluación en tiempo real de su ejecución. Sería deseable,
desde nuestra perspectiva, dado el retraso que hemos observado en los dos
primeros años de ejecución, que se amplíe el plazo de ejecución de los
fondos. Y, por último, creemos también que estos fondos europeos deberían
ser el embrión de la creación de un mecanismo de estabilización
macroeconómica de carácter permanente.

Y esto me permite ligar con el quinto aspecto de las políticas
económicas que me gustaría subrayar, que es el que tiene que ver de
nuevo, como cuando vivimos la crisis de la pandemia, con esta nueva
crisis energética derivada, sobre todo, de la guerra de Ucrania. La
solución debe ser claramente más Europa. Las políticas estructurales
combinadas por parte de todos los países europeos que favorezcan la
integración y la interconexión de los mercados europeos y que refuercen
el mercado único son las más apropiadas. También establecer mecanismos de
financiación conjunta para esos proyectos que son necesarios. Un marco
fiscal europeo que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas
nacionales —me voy a referir a esta cuestión al final de mi
intervención—, sin olvidar, como digo, todos aquellos aspectos de
la gobernanza europea que sabemos que todavía están pendientes, como,
insisto, la creación de un mecanismo de estabilización macroeconómica
permanente, y también la de completar la unión bancaria y la unión del
mercado de capitales.

Paso al tercer bloque de mi intervención, que tiene que ver, ahora
sí, con la valoración de los Presupuestos Generales del Estado. Antes de
comenzar, me van a permitir que dé un mensaje sobre un aspecto que me
parece muy importante en relación con cuál está siendo el impacto que esa
elevada inflación está generando también sobre las finanzas públicas.
Estamos viendo que se está produciendo un dinamismo de los ingresos
públicos, de la recaudación tributaria, muy alto. De acuerdo con las
estimaciones del Banco de España, alrededor del 70 % del dinamismo de los
ingresos tributarios tiene que ver con las bases imponibles nominales, y
de ese 70 %, alrededor de dos tercios tienen que ver con el incremento de
la inflación. Por tanto, es verdad que la inflación genera sobre las
finanzas públicas un alivio del déficit público en el corto plazo, pero
también sabemos que en el medio plazo, con un cierto desfase como
consecuencia de que distintas partidas de gasto público se acaban
indiciando a los precios, el efecto se va minimizando con posterioridad,
sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante un shock de oferta
negativo que generará necesariamente pérdidas de bienestar de acuerdo con
nuestros modelos. De hecho, los efectos de un incremento de la inflación
provocados por un incremento de los precios energéticos acaban generando,
en último término, tras varios años, un deterioro de las finanzas
públicas.

Un aspecto que me gustaría subrayar, incluso en mayor medida, tiene
que ver con el hecho de que hay una parte importante de la dinámica de la
recaudación tributaria que estamos observando, alrededor del 70 %, de
acuerdo con las estimaciones de nuestros economistas, que no somos
capaces de explicar ni por las bases imponibles, ni por las elasticidades
históricas, ni tampoco por las medidas discrecionales que han ido
adoptando las autoridades. Estos son lo que denominamos los economistas
los residuos, en este caso positivos. No sabemos cuál es el origen, puede
ser una eliminación, una reducción, de la economía sumergida, como
sugieren algunos documentos oficiales. En cualquier caso, es muy difícil
determinar en tiempo real el origen de estos residuos positivos, en
ocasiones precedentes. En el boom inmobiliario previo a la crisis
financiera internacional se produjeron también esos ingresos muy boyantes
que, en último término, acabaron desapareciendo también de una manera más
rápida. No estoy diciendo que esto es lo que vaya a suceder en este caso,
porque realmente no sabemos cuál es el origen, pero sí nos parece que
deben considerarse como transitorios y, por tanto, que no vengan ligados
a incrementos del gasto estructural hasta que no tengamos un conocimiento
fidedigno de las razones que se encuentran detrás de él.

Voy a hacer una valoración ahora de los presupuestos. Me voy a
extender un poco más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene usted quince minutos posteriormente. Y
estamos fuera de tiempo.

EL señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Hernández de Cos): Perfecto.
Muy bien.

Voy a resumir la valoración del Banco de España sobre los
presupuestos en diez puntos. Una especie de decálogo, si me permiten,
rápido. Luego podremos entrar en la discusión.

Primero. Cuadro macroeconómico. El PIB real previsto por el cuadro
macroeconómico incorporado a los Presupuestos Generales del
Estado, 2,1 %, es superior al previsto actualmente por el Banco de
España, que está en el 1,4 %, y al consenso de los analistas, que lo
sitúa incluso en niveles inferiores, en el 0,8 %. En términos nominales,
sin embargo, los crecimientos para el año 2023 son relativamente
similares. Cuando analizamos la composición de cuáles pueden ser las
razones: la inversión privada, la formación bruta de capital fijo, tiene
una dinámica muy boyante en el caso del cuadro macroeconómico del
Gobierno, frente al cuadro macroeconómico del Banco de España. Una parte
de esto podría estar explicado porque el Gobierno espera un dinamismo de
la ejecución de los fondos europeos superior a la que esperamos en el
Banco de España.

Segundo aspecto. El cierre de las cuentas públicas en 2022 —que
es el punto de partida, por supuesto, para el ejercicio 2023 que estamos
discutiendo— puede ser mejor que lo previsto. El Banco de España
estima que el déficit público, frente al objetivo y la estimación oficial
de déficit público en 2022 del 5 %, podría alcanzar el 4,3 %, es decir,
más bajo que la estimación oficial. Y esto, como consecuencia, sobre
todo, de la buena evolución de los ingresos públicos, que está claramente
por encima de lo estimado en el propio documento oficial, de acuerdo,
evidentemente, con nuestras propias estimaciones.

Tercer punto. En cuanto al presupuesto para 2023, hay que decir que
en esta ocasión su valoración se enfrenta a algunas dificultades
derivadas de la falta de compatibilidad de este con el plan
presupuestario. Como decía al principio, el plan presupuestario es muy
importante para encuadrar la política fiscal del Estado y de la Seguridad
Social con las demás administraciones públicas. Saben que vivimos en un
país con una elevada descentralización fiscal. Si uno quiere tener una
visión completa de la política fiscal en nuestro país necesita tener en
cuenta también qué van a hacer las comunidades autónomas y las
corporaciones locales, y eso se proporciona en el plan presupuestario. En
esta ocasión se ha optado por proporcionar dos escenarios, pero los dos
escenarios, uno y dos, del plan presupuestario, tienen algunas
dificultades de comparación en relación con el presupuesto. Y estas
dificultades, evidentemente, van a condicionar algunas de las
valoraciones que voy a hacer con posterioridad.

Cuarto aspecto. La previsión de ingresos para el ejercicio 2023 que
estamos discutiendo, teniendo en cuenta la infraestimación de ingresos
públicos que contempla, como acabo de decir, el Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado, nos parece factible. La estimación de ingresos para
el año 2023 nos parece factible como consecuencia de esa infraestimación
del año base, del año 2022.

Quinto aspecto. Pensamos que algunas medidas de ingresos que se
incorporan en el presupuesto, en documentos adicionales, y que están
ahora mismo en discusión en el Parlamento, requerirían de un diseño más
adecuado. Me estoy refiriendo, por supuesto, al impuesto sobre
determinadas entidades de crédito. Me voy a remitir aquí a la opinión, al
dictamen que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha remitido
a las Cámaras en el caso del impuesto temporal sobre las empresas del
sector energético que se aplica sobre los ingresos, sin tener en cuenta
los costes, por lo que no grava explícitamente los beneficios
extraordinarios. Y por último, también la posible extensión a 2023 de las
medidas impositivas aprobadas este año que, como decía antes, sería
deseable que tuvieran, en el caso de que se extendieran, un carácter
claramente más focalizado.

El señor PRESIDENTE: Dispone de poco tiempo.

El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Hernández de Cos): Pero
habíamos quedado en que disponía de quince minutos, ¿no?

El señor PRESIDENTE: Sí, pero después. Así que después, para
contestar tendrá solo cinco o diez minutos.

El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Hernández de Cos): Sí,
perfecto. Prefiero acabar, al menos, con este decálogo, porque tiene
todos los elementos fundamentales y no creo que en este caso las prisas
sean buenas si pretendo que los senadores se enteren de lo que realmente
quiero decir.

Punto sexto. En cuanto al gasto público, existen algunos riesgos,
desde nuestra perspectiva, de desviaciones al alza en algunas partidas,
en particular, los intereses, las prestaciones por desempleo y también
las pensiones. En el documento que les he entregado se explican cuáles
son las razones que se podrían encontrar de esas potenciales
desviaciones.

Muy importante es el punto séptimo, que quiero subrayar. De acuerdo
con la Comisión Europea, el gasto corriente previsto para el año que
viene, de acuerdo con la metodología calculada por la propia Comisión
Europea, cumpliría la recomendación de prudencia que establecieron la
Comisión Europea y el Consejo Europeo en junio. Con respecto a este
aspecto, como saben, la Comisión Europea ha fijado un umbral para el
crecimiento del gasto corriente ajustado en 2023, del 5 %, en base a sus
previsiones de deflactor del PIB y de crecimiento potencial de la
economía. En la derivación de ese cálculo se restan del crecimiento del
gasto las medidas discrecionales de ingresos. Hay que tener en cuenta en
particular que hay algunas medidas de ingresos que son de carácter
temporal y que se descuentan, por tanto, en la derivación del incremento
del gasto, como se hace habitualmente en las reglas de gasto. De hecho,
la estimación del Banco de España es que el gasto primario corriente,
excluyendo esas medidas temporales, podría elevarse en torno al 7 %. Y
también se asume que no se renuevan las medidas temporales introducidas
en 2002, lo cual nos lleva a una nota de cautela, en el sentido de que
resultaría particularmente importante ser muy cuidadoso en el diseño de
cualquier medida de alivio de las presiones en los mercados de precios
energéticos si no se quiere desviar de esa regla de gasto, de ese límite
de gasto establecido por la Comisión Europea.

El octavo punto que querría subrayar es que el objetivo de reducción
del déficit público para el año 2023, reducción de 1,1 puntos
porcentuales hasta el 3,9 %, también nos parece factible, así como el de
deuda pública, de nuevo como consecuencia de que esperamos un déficit
público más bajo para el año 2022, que se extendería en sus efectos hacia
el año 2023.

Noveno aspecto. De acuerdo con la información contenida en el plan
presupuestario, el tono de la política fiscal, medida por la variación
del déficit estructural, pasaría de ser ligeramente expansivo en el
año 2022 a ser ligeramente contractivo en el año 2023. Sin embargo, de
acuerdo con las estimaciones del Banco de España, si tenemos en cuenta
que el déficit público va a ser —esperamos— más reducido en
el año 2022 que lo estimado oficialmente y trasladamos esto a los
cálculos del déficit estructural, la variación estructural del déficit en
el año 2023 sería prácticamente nula y, por tanto, hablaríamos de un tono
de la política fiscal esencialmente neutral. Por consiguiente, si estas
estimaciones fueran correctas, no tendría lugar el inicio del proceso de
consolidación fiscal que señalaba con anterioridad. Evidentemente, si
consideramos los fondos europeos, que tienen un impacto macroeconómico
positivo sobre la actividad económica, el neto del conjunto de la
política fiscal sería claramente expansivo.

Y, por último, el plan presupuestario, como saben, prevé un nivel
—ahora ya no estoy hablando de la variación— de déficit
estructural del -3,4 %. Es un nivel muy similar al que se estimaba para
el año previo a la pandemia, para el año 2019. Pero hay que tener en
cuenta que en ese déficit estructural estimado para el año 2023 se toman
como estructurales precisamente esos residuos de las ecuaciones de
ingresos que he estimado con anterioridad, de tal manera que se está
asumiendo que esos ingresos extraordinarios que se están observando se
están dedicando a mayor gasto estructural. Si una parte de esos ingresos
que se están estimando como estructurales no devinieran estructurales,
sino transitorios, evidentemente se estaría produciendo un incremento
implícito del déficit estructural de la economía.

Voy a acabar con una mención a esas ideas de medio plazo que subrayo
en el último bloque del documento que se les ha presentado. Es importante
que ese inicio de la consolidación presupuestaria, que nosotros
solicitamos ya para el año 2023, se enmarque en el diseño de un plan de
consolidación fiscal a medio plazo que permita reducir gradualmente el
nivel de endeudamiento público y también el nivel de déficit estructural.
Además, el diseño de ese plan de consolidación fiscal debe ser compatible
con una mejora de la calidad de las finanzas públicas, es decir, de la
contribución de los ingresos públicos y del gasto público al crecimiento
económico. En el documento que se ha distribuido, presidente, se dan
algunas pautas de cómo pensamos en el Banco de España que esto podría
producirse. También se hace una mención a la reforma del Pacto de
estabilidad —luego podemos entrar, si a ustedes les parece bien, en
la discusión sobre esta cuestión—. Saben que la Comisión Europea
acaba de publicar un documento que parece iniciar ese debate. Solo
déjenme decirles que, desde la perspectiva del Banco de España, unas
reglas fiscales que funcionen adecuadamente, que se cumplan, en
particular que generen los incentivos adecuados para que en los momentos
de bonanza económica se acumulen colchones fiscales que luego puedan ser
utilizados en las épocas de desaceleración y recesión económica son
absolutamente fundamentales para el buen funcionamiento de la Unión
Económica y Monetaria. Por tanto, tenemos la obligación de contribuir y
de lograr un acuerdo en el marco de la Unión Europea que permita que esas
reglas fiscales tengan un mayor grado de adecuación a esos objetivos de
lo que han tenido en el pasado.

Con esto acabo ya, presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, gobernador.

Gracias también por sus palabras y por el esfuerzo que ha
realizado.

Vamos a dar paso a la intervención de los portavoces de los grupos
parlamentarios que han solicitado la comparecencia, por orden de menor a
mayor, y con diez minutos por grupo parlamentario, que les ruego ajusten
ustedes a la baja, si fuera posible.

Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto,
el señor Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.

Señor Hernández de Cos, bienvenido y gracias por su comparecencia
para explicarnos cuál es la situación económica de España y cuál es su
futuro en relación con los presupuestos del próximo año 2023.

Me voy a referir a algunas cuestiones que usted mencionó en su
comparecencia en el Congreso el pasado 17 de octubre y que hoy acaba de
mencionar e incidir sobre algunas de ellas.

En primer lugar, usted comentó el informe del Fondo Monetario
Internacional publicado a mediados de octubre pasado. En dicho informe,
las previsiones para el año 2022, pero sobre todo para el año 2023, eran
la baja del crecimiento global y el aumento de la inflación, previsiones
muy significativas en prácticamente la totalidad de los países. En dicho
informe de octubre, el Fondo Monetario Internacional preveía para el
año 2023 una tasa de crecimiento para el área euro en torno al 0,5 %,
mientras que en abril la previsión era del 2,3 %, lo que indica un
descenso importante del crecimiento. En cuanto a la inflación, en
octubre, el Fondo Monetario Internacional la situaba para el área euro en
el 8,3 % de promedio en 2022, y en el 5,7 % en 2023, es decir, unos 3,1
y 3,5 puntos porcentuales por encima de las previsiones de abril.
Asimismo, la OCDE, en su informe bianual «Perspectiva económica»,
publicado el pasado 22 de noviembre, indicaba que España registrará un
índice de precios al consumo, un IPC medio del 8,6 % para el presente
ejercicio, es decir, el nivel más alto respecto a los países de nuestro
entorno; para 2023 se situará en el 4,7 %. Pero mientras en los demás
países seguirá reduciéndose, en España se mantendrá hasta final de 2024;
la mayoría de los países europeos estará por debajo de la media, que se
situará en el 3,4 %, salvo España, que se mantendrá en el 4,7 %. Vemos,
por tanto, que la inflación se mantendrá en España al menos hasta final
del 2024. Ante esta situación, con un descenso del crecimiento y un
aumento de la inflación tan marcados, ¿cuál sería, según usted, la
situación de España y de qué forma se vería afectada nuestra economía?
Por otro lado, como dijo el expresidente de la Reserva Federal de Estados
Unidos, Paul Volcker, la inflación es como la pasta de dientes, muy fácil
de sacar del tubo pero imposible de volver a meterla una vez ha salido.
La última vez que la inflación en España superó el 5 % tuvieron que pasar
catorce años para que volviese a situarse por debajo del 2 %.

En segundo lugar, el Banco Central Europeo publicó, en septiembre
pasado, sus previsiones indicando una bajada del PIB en el área euro para
el año 2023. En lugar de crecer un 0,9 % pasaría a caer un 0,9 %, es
decir, una tasa de crecimiento negativa, 1,8 puntos por debajo del
escenario central. En el caso de la economía española, también se
observan señales de desaceleración, que son evidentes en el tercer
trimestre de este año. Por un lado, la afiliación a la Seguridad Social
disminuyó de forma apreciable en el tercer trimestre y, por otro, los
indicadores cualitativos, como los PMI, también han mostrado esta misma
desaceleración. Los datos de crecimiento del tercer trimestre del año,
publicados por el Instituto Nacional de Estadística, reflejan un alza del
PIB intertrimestral del 0,2 %, lo que indicaba que se estaba produciendo
una desaceleración significativa de la actividad. Y el pasado 23 de
noviembre, usted manifestó, en una jornada organizada por el Consejo
General de Economistas, que, según los indicadores del cuarto trimestre,
la desaceleración de la actividad se mantenía. Ante esta situación, ¿cuál
es la previsión del Banco de España y cómo afectará a la economía
española?

En tercer lugar, en su comparecencia en el Congreso, usted indicó
que, según las estimaciones del Banco de España, las medidas adoptadas
por las autoridades para contener la inflación habrían contribuido a
reducir la tasa de inflación general hasta agosto en algo más de 3 puntos
porcentuales. El aumento posterior se ha producido a pesar de las medidas
que han tomado las autoridades, siendo la más importante el mecanismo
para limitar el precio del gas utilizado en la generación de
electricidad. ¿A qué cree usted que se debe esto? Es decir, ¿por qué esta
medida no ha ocasionado el efecto esperado?

Asimismo, usted indicó que la recuperación de la economía española
tras la pandemia de la COVID se retrasaría hasta el primer trimestre
de 2024, lo que confirma que España será el último país en recuperarse.
Igualmente, planteó serias dudas sobre el uso de los fondos europeos y
sobre su impacto final macroeconómico, ya que podría condicionar de una
manera muy significativa la evolución tanto del crecimiento económico
como de la inflación en los próximos meses.

En cuanto a las administraciones públicas en España, usted indicó que
mantendrán en 2022 y en 2023 una ratio sobre todo de déficit público
estructural y un nivel de deuda pública muy elevados, por lo que esta
situación constituye una fuente de vulnerabilidad para la economía y
además supone contar con menores márgenes de actuación fiscal ante
posibles perturbaciones macroeconómicas que se puedan producir en el
futuro. Ante esta situación, usted volvió a indicar que se hace
absolutamente necesario el diseño y la ejecución de un plan de
consolidación fiscal ambicioso —lo ha vuelto a remarcar
ahora—, que permita la reducción gradual de esos desequilibrios.
Asimismo, ese proceso de consolidación fiscal debería ser compatible y
debería producirse en paralelo a una mejora de la eficiencia del gasto
público y también de la eficiencia y eficacia de nuestra estructura
tributaria. Según los presupuestos para el año próximo 2023, vemos que el
Gobierno no ha hecho caso de sus recomendaciones puesto que no corrigen
los desequilibrios indicados y no mejora la eficiencia del gasto público,
más bien lo contrario, lo lleva hasta niveles insoportables.

El Fondo Monetario Internacional, en su último informe, hace una
petición muy clara al Gobierno: que comience a rebajar la deuda pública y
lo haga ya, en 2023, con medidas concretas que supongan entre un cuarto y
medio punto del PIB, lo que supone un máximo de 6000 millones de euros, a
lo que el Gobierno no parece hacer mucho caso. Asimismo, en dicho informe
se indica que emprender una consolidación fiscal en 2023 ayudará a
aumentar la confianza de los inversores y a contener las presiones
inflacionarias. No solo se debe reducir la deuda pública por el propio
crecimiento de la economía, sino que se deben llevar a cabo actuaciones
para este fin en pleno año electoral, como tantas veces han anunciado el
Banco de España, la Airef y el Fondo Monetario Internacional.

En mi siguiente intervención, continuaré explicando algunas cosas
más.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín Gascón.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialistas Gomera), tiene la palabra el señor Vidal
Matas.

El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidente.

Bienvenido, gobernador. Compartimos algunos diagnósticos que usted ha
realizado. Evidentemente, no puedo cuestionar otros porque entiendo que
ustedes han destinado mucho tiempo al estudio. Reconozco el escenario de
incertidumbres y voy a hacer afirmaciones para que usted me diga si lo he
entendido bien.

Entendemos que el marco de incertidumbres viene marcado por la guerra
y, por tanto, es el factor que más va a determinar la evolución económica
de las previsiones. Entendemos que ustedes consideran que la política
monetaria tiene que seguir en esta línea de subir los tipos de interés
como respuesta a la inflación, pero yo soy una persona de economías más
básicas y siempre había entendido que la inflación se producía cuando la
demanda iba muy disparada y la política monetaria ayudaba a cortar la
demanda, pero entendía que esta crisis era una crisis más de oferta. Por
tanto, me gustaría que me explicara las derivadas que puede llevar sobre
el mercado de trabajo y sobre la industria, porque creemos que es una
respuesta más clásica para otro tipo de situación.

Cuando ha hablado de riesgos y de pensiones, puedo deducir que el
gobernador no está de acuerdo con la previsión que hacen los Presupuestos
Generales de subir las pensiones según los tipos de interés. O cuando el
gobernador ha hablado del paro —ahora mismo, en las Illes Balears
tenemos indicadores de plena ocupación y los datos económicos más
favorables son los de trabajadores y afiliación a la Seguridad
Social—, prevé que el paro se va a disparar. También ha hablado del
riesgo de tener una segunda ronda de subidas de precios vinculadas a la
no consecución de un pacto de rentas.






Por tanto, mi pregunta es
directa: ¿usted considera que la subida del salario mínimo no es
adecuada? Queremos saber si, en ese pacto de rentas, usted considera la
subida del salario mínimo positiva o no.

Son preguntas muy concretas y disculpe su sencillez, pero creo que
son claras y me gustaría que me las respondiese.

Por último, en algunos medios hubo varias críticas sobre la política
de austeridad del Banco de España referida a complementos no salariales
de sus funcionarios, por tanto, le doy la oportunidad, si usted lo
considera oportuno, de aclararlos en esta comisión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vidal Matas.

Por el Grupo Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario, tiene la palabra el señor Matamala
Alsina.

El señor MATAMALA ALSINA: Gracias.

No vamos a intervenir. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matamala Alsina.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el
señor Marí Bosó.

El señor MARÍ BOSÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Muchísimas gracias, señor gobernador, por su explicación y por la
claridad en la exposición de todo lo que aqueja a la economía nacional y
también a la economía europea y al contexto internacional en el que nos
movemos.

Ha hecho usted un análisis muy exhaustivo y ha establecido una serie
de recomendaciones de política económica. La verdad es que nosotros
entendemos que se debate este proyecto de presupuestos, como ha señalado,
en el contexto de un ajuste acusado, una desaceleración de nuestra
economía que se produce después de un repunte evidente y de un rebote
evidente, producido después de un gran crack de demanda y de oferta
derivado de la pandemia y seguramente cuando aún no habíamos acabado de
corregir todos los desequilibrios derivados de la crisis financiera
de 2008, es decir, en un contexto de concatenación de problemas, unos
derivados de la economía internacional y otros de los propios problemas y
de los propios desequilibrios que sigue teniendo nuestra economía. En
este contexto que señalamos, de su exposición nos gustaría destacar y
profundizar en una serie de cuestiones.

Ha señalado, por un lado, el peligro de afrontar en esta situación,
con ingresos coyunturales, decisiones de gasto estructural. Ha señalado
que seguramente el incremento de recaudación de 2021 y 2022 en un 70 % se
corresponde a un avance de las bases imponibles y en un 30 % a lo que ha
denominado residuos positivos de recaudación. De ese 70 %, que atribuye a
un avance de bases imponibles, ha venido a señalar que dos tercios son
debidos a la inflación. De esto parece desprenderse que, en un momento
dado, cuando superemos la turbulencia grave de inflación, nos podemos
quedar en el aire, sin muchos ingresos que ahora estamos obteniendo y que
se utilizan para equilibrar políticas de gasto que es estructural y no
coyuntural en ese momento. Sabemos también —en eso valga la
autocrítica— la inelasticidad de las políticas de gasto cuando
somos los políticos los que las desarrollamos. Decimos que esto es
temporal, pero luego, cuando llega el momento, nos cuesta mucho hacer lo
que toca con una medida temporal. Digo eso y digo también porque se ha
deslizado que una parte del avance de nuestras bases imponibles podía
venir de afloración de economía sumergida, que, como usted ya ha
comentado, es muy difícil de determinar; pero si fuera eso, sería un
puntito positivo en este sentido. Me gustaría que profundizara, si puede,
en si efectivamente está habiendo afloración de economía sumergida.

Segunda cuestión importante. Nosotros creemos que somos un gran país
y que hemos hecho grandes cosas, y cuando los españoles se han propuesto
un proyecto en común, en cada momento hemos sabido superar las
situaciones de flaqueza, pero también es verdad que a veces nos cuesta, y
no deberíamos hacernos trampas al solitario. Nos da la impresión
—esta es una opinión de mi grupo— que en materia de fondos
europeos nos estamos haciendo trampas al solitario. Estamos diciendo que
es la gran panacea de transformación de nuestra actividad económica. No
sé —y esa es una pregunta— si podemos hacer transformación
sin antes superar los desequilibrios, si no tendríamos que hacer reformas
que nos permitieran superar los desequilibrios —creo que también
usted lo ha indicado—. Debemos hacer las reformas que nos permitan
potenciar aún más esos fondos europeos que estamos aplicando porque la
oportunidad es grande y es importante. No obstante —y esto también
es opinión de mi grupo—, el Gobierno se empeña en hacerse trampas
al solitario. Nos dijo en el proyecto de presupuestos de 2021 que los
fondos europeos aportarían 2,5 puntos de crecimiento, nos dijo que íbamos
a crecer el 9,8 %, pero crecimos el 5 % y, según sus estimaciones, los
fondos europeos a eso solo aportaron 0,2 puntos; igualmente, en 2022 el
Gobierno estima 1,9 puntos y ustedes estiman un punto de aportación al
crecimiento. Aquí nos parece que es equivocada —esto es opinión
también del Grupo Popular— la política económica del Gobierno y que
se hace trampas al solitario con la aplicación de estos fondos.

En esta situación, seguramente habrá que hacer lo que usted dice,
ampliar los plazos, y nos veremos en la vergüenza de tener que ampliar
los plazos porque no hemos sabido ejecutar. En nuestra opinión, habrá que
mejorar los procesos de análisis de los proyectos que estamos haciendo;
propusimos una oficina independiente y nos parece prioritario redefinir
la gobernanza de estos fondos. La temática subvencionable seguramente es
limitada y también hacer solo política de subvención con los fondos nos
parece equivocado. Seguro que necesitaremos más participación española en
proyectos de interés europeo, y a lo mejor deberíamos plantearnos aplicar
fondos europeos para corregir desequilibrios de nuestra actividad
económica, no solo como palanca de inversión, sino en otras palancas que
pudieran activarse. ¿En su opinión podrían aplicarse parte de esos fondos
europeos a reformas de política económica que necesitamos hacer?

Tercera cuestión, señorías, el empleo. El pacto de rentas que
inmisericordemente usted va predicando, yo diría casi en el desierto,
creemos que es lo que hay que hacer en esta situación, más después de que
usted haya dado los datos. Es verdad que parece que se van aplicando.
Usted ha señalado el incremento de las cláusulas de salvaguarda, la mayor
propensión a repercutir en precios los costes empresariales, pero también
es verdad que se está produciendo con más lentitud de la que
paradójicamente uno pudiera pensar que se produciría; también porque
seguramente dos de las políticas que yo creo que fueron razonables en la
pandemia: los expedientes de regulación temporal de empleo y las
prestaciones por cese de actividad, que ayudaron evidentemente a proteger
las rentas de las familias, también ayudaron a proteger una parte de los
ingresos públicos y a proteger el empleo. Sin embargo, ahora hemos
procedido, en opinión de nuestro grupo, a un maquillaje de esas cifras.
Porque los trabajos de horas siguen siendo de horas, aunque se llamen
indefinidos, los varios trabajos en un mes siguen siendo eso... En este
sentido, el pacto de rentas que propugna para mejorar el empleo, para
mejorar la calidad del empleo y el impacto que se pueda producir por el
incremento del salario mínimo interprofesional, en un momento dado,
cuando se produjeron incrementos del salario mínimo interprofesional
acusados, se hizo ver que podía tener impacto en el empleo; sin embargo,
parece que no lo ha tenido. No sé si esto lo podría aclarar.

Por último, respecto de la inflación —y seguramente, ahí
pecamos todos; a lo mejor nosotros como estábamos en la oposición no
pecamos tanto—, hubo un exceso de confianza en que sería
transitoria y tendría poca repercusión, sin embargo, se han instalado
fuerte en nuestro país sus efectos. Usted, en su informe de octubre,
atribuye a las medidas de contención de la inflación un 2 % y el Gobierno
señala en su plan presupuestario que sus medidas han contenido la
inflación en 3,5 puntos a junio —es verdad que hay una diferencia
de meses— en términos interanuales. Digo esto porque el Gobierno,
curiosamente, destaca como una de las medidas de gran impacto en esa
contención de 3,5 puntos de la inflación la bajada de impuestos
indirectos que ha operado. Me gustaría poder cuadrar estas cosas. No lo
digo para que entre usted en la brega política, pero mi grupo sí puede
entrar más en eso.

Termino, señor presidente. Al final, la situación es complicada.
Estamos, como usted dice, en una perturbación de oferta por inflación de
precios y hay que actuar sobre eso, pero seguramente hemos de hacer
reformas estructurales que, en nuestra opinión, es lo que se está
desconociendo. En el conjunto, y en esta situación de contexto económico
en que nos encontramos, es muy difícil decir que hay un crecimiento
robusto cuando aún estamos un 2 % por debajo del PIB de la pandemia. Un
compañero mío diría que es un crecimiento falso; no es crecimiento aún.
Seguimos estando, según sus datos, un 2 % por debajo del PIB prepandemia,
y en materia de empleo aún seguimos estando un 1 %, según sus datos, por
debajo de las horas trabajadas. Esa es la situación económica a la que
nos enfrentamos y las medidas que debemos ir adoptando.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marí Bosó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Fernández Leiceaga.

El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: Buenas tardes, señor gobernador; gracias
a usted y a sus colaboradores por el rigor y los matices de un análisis
que parte de la realidad de una situación compleja. Y estoy casi por
agradecerle que venga, porque desde luego el debate es mucho más
razonable y tranquilo cuando está usted, lo cual es de agradecer por
parte de todos.

Empezaría por destacar que me parece muy importante la incertidumbre
extraordinaria de la que hablaba usted en su comparecencia en el
Congreso, porque añade a las incógnitas de carácter geopolítico evidentes
el riesgo propio de la economía y, si me permite, algún riesgo que usted
no ha destacado demasiado pero que existe, como es el que la política
sanitaria se está incorporando a la evolución de la economía china, que
tanta influencia tiene sobre el conjunto de la economía mundial.

En este marco, yo creo que es de destacar que, de acuerdo con sus
análisis, con los que hace la Airef o los que hacen los organismos
internacionales, como la Comisión Europea o el Fondo Monetario
Internacional, las previsiones económicas que ha trasladado el Gobierno a
través del presupuesto y del plan presupuestario global han tenido una
calificación positiva, con todos los matices que se quiera, con la
existencia de evidentes riesgos a la baja para algunos fenómenos que, sin
duda, todos tenemos que incorporar en el análisis, pero, en todo caso,
las desviaciones no son todas en la misma dirección, los sesgos van en
distintas direcciones. Por ejemplo, como usted bien dice, el crecimiento
de este año ha sido revisado al alza por el Banco de España o por
organismos privados en España sobre lo que estaba previsto; la Airef
establece una previsión de déficit para 2023 que es mejor que la del
Gobierno, y podríamos señalar incluso otros aspectos.

En este sentido, la realidad es bastante matizada, y nos lleva a usar
los mejores instrumentos con modestia, con flexibilidad y, en todo caso,
a ganar algún margen para poder adaptarse a las circunstancias, que no
sabemos nunca cómo van a ser exactamente.

Me ha interesado mucho que huya del catastrofismo al que estamos tan
acostumbrados en el debate político y, sin ocultar los riesgos, sin
ocultar los problemas, la paleta cromática que se utiliza está llena de
distintos tonos. En este sentido, mi opinión es que España, en términos
comparados, en los dos últimos años, partiendo de una situación
extremadamente dura, como la que ocasionó la pandemia en un país que
estaba muy volcado en el sector turístico, con muchas pequeñas y medianas
empresas muy dependientes también del crédito, se está comportando
razonablemente bien dentro de este contexto, incluso en algunos ámbitos
francamente bien, en relación con nuestros socios y vecinos
europeos.

No se trata de minimizar la inflación, pero yo creo que hay que
destacar que estamos por debajo de la inflación media de la Unión Europea
en los últimos meses con claridad, que hemos conseguido doblegar la
curva, que en los últimos meses se está reduciendo y el último dato de
inflación anticipada así lo indica. Por tanto, estamos empezando a ganar
incluso una cierta competitividad exterior con nuestros socios
principales. Y, como reconocen distintos organismos, la acción del
Gobierno en este sentido ha contribuido a doblegar esta curva, sobre todo
a través del efecto sobre los precios de la energía y a través de algunas
rebajas impositivas que, sin duda, contribuyen a amortiguar la escalada
de los precios.

Me parece también muy importante destacar que los efectos de segunda
ronda son aún muy limitados, muy moderados en España. Yo también defiendo
la existencia de un pacto de rentas explícito en el sector privado; me
parecería lo mejor, y además que sea a varios años. Pero da la impresión
de que existe un cierto pacto implícito de rentas, que hace que ni desde
el lado sindical ni desde el lado empresarial se esté presionando
excesivamente sobre este componente. En todo caso, efectivamente hay que
prestar algo de atención a cómo evolucionan los márgenes en algunos
sectores donde existe más poder de mercado, cómo evolucionan los salarios
en algunos convenios colectivos, para evitar un efecto contagio y, al
mismo tiempo, qué pasa con las expectativas a medio y largo plazo si se
produce ese desanclaje o no.

En este sentido también le preguntaría si usted cree que la política
monetaria europea no debe tener en cuenta que estamos aún en un contexto
donde este desanclaje es muy tímido y donde las expectativas de inflación
apenas se sitúan unas décimas por encima del 2 % en el medio plazo y, por
tanto, si no tiene que tener una cierta proporcionalidad.

Yo creo que también hay que destacar en este contexto de la inflación
que el mandato de los organismos internacionales y la opción de este
Gobierno coinciden en que hay que proteger de las consecuencias de la
inflación sobre todo a los sectores más vulnerables, y yo creo que el
Gobierno ha cumplido. Se puede discutir el impacto sobre los distintos
deciles de renta de las medidas, pero en todo caso el Gobierno ha
cumplido, y me ha llamado la atención que por parte de la oposición no
hemos tenido mucha ayuda para aprobar aquellas medidas que justamente van
en esta dirección.

En cuanto al crecimiento económico, es importante destacar que no es
probable que España entre en recesión el año que viene, cuando la
probabilidad de que esto suceda en grandes países europeos en los que
normalmente nos miramos es elevada. Hay una fuerte recuperación prevista
en primavera, de acuerdo con las estimaciones del propio Banco de España.
En todo caso, el crecimiento entre los grandes países de la UE que va a
presentar en el año 2023, España es el más alto entre los más altos. Por
tanto, en términos comparados tampoco es que nuestro comportamiento sea
extremadamente criticable.

Se ha hablado del mecanismo de recuperación y resiliencia. Un informe
reciente de un observatorio ligado a una entidad financiera española
indica que este año —y esto va a tener efectos para el año que
viene muy marcados— hay una aceleración muy notable no solo de las
licitaciones, sino también de las adjudicaciones, con lo que es
previsible que esto se traslade a la economía real a partir de los
próximos meses. Es importante recodar —como se indica en ese
informe— que se han incorporado ya las comunidades autónomas, que
gestionan por encima del 40 % de los fondos totales, es decir, hay una
participación común de todas las comunidades autónomas que va a permitir
que se concreten muchas de las promesas que encierra el MRR.

Es importante decir también que, según este informe, en relación con
el funcionamiento de otros fondos europeos, los plazos se reducen
prácticamente a la mitad. No está nada mal. Al mismo tiempo tienen un
efecto tractor sobre la inversión privada; se mantiene la inversión
pública con fondos propios, y esto va a permitir un avance muy decisivo
en digitalización, en transición energética y en transportes. Yo no sería
partidario de minimizar el impacto de las reformas, que no van a tener un
efecto a muy corto plazo, pero que van a permitir elevar el producto
potencial de nuestra economía a medio y largo plazo. Que un Gobierno, al
que la oposición —me voy a ahorrar los calificativos—
califica de una forma tan marcada, sea capaz de modificar de forma tan
omnicomprensiva el marco en el que actúan las empresas y cómo se actúa en
relación con el emprendimiento, la innovación y la política científica en
general, tiene su valor en este contexto.

Tampoco se puede ser catastrofista con el mercado laboral; sigue la
creación de empleo; continúa a un ritmo muy alto; estamos en récord
histórico de empleo. Se está reduciendo la economía sumergida —las
estimaciones indican cerca de 300 000 empleos sumergidos que
aparecen— y la estabilidad laboral es muy alta. Esto, aparte de ser
bueno para los trabajadores, debería tener un efecto positivo a medio
plazo sobre la competitividad, a través de una mayor implicación en la
formación y en las empresas; que la ley de Okun se desplace hacia el
origen es un reflejo de todo esto.

Voy muy rápido. Tengo una segunda intervención y la usaré. En todo
caso, tengo que destacar en las finanzas públicas cómo el presupuesto y
el plan presupuestario cumplen las recomendaciones de la Comisión Europea
en relación con la evolución prudente del gasto corriente primario de
financiación nacional y también en relación con la expansión necesaria de
la inversión. Y, además, se cumplen los compromisos en materia de déficit
y de deuda, descendentes los dos, mejorando las previsiones para 2022 y,
por tanto, siendo muy probable el cumplimiento para 2023.

Termino ya. Me parece, señor gobernador, que los Presupuestos
Generales del Estado son necesarios, impulsan la estabilidad, impulsan la
modernización de la economía y tienen un tono socialdemócrata, como es
este Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Mucha gracias, señor Fernández Leiceaga.

Para contestar a los portavoces, tiene la palabra el gobernador del
Banco de España por un tiempo de diez minutos.

El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Hernández de Cos):
Muchísimas gracias, señor presidente.

Muchísimas gracias, señorías, por todos los comentarios y las
preguntas. Voy a tratar de responderlas en orden, seguro que me olvido de
alguna, pero como hay un segundo turno de preguntas, seguro que ustedes
recuperarán aquellas que no haya contestado, como habitualmente
hacen.

Empezando con el señor Marín Gascón, algunos de los comentarios que
hacía he tratado de explicarlos en mi intervención inicial. Repito, en
cualquier caso, algunos aspectos. Se ha referido usted a esas revisiones
a la baja que los distintos organismos internacionales —Fondo
Monetario Internacional subrayaba usted— han ido realizando a las
previsiones macroeconómicas globales de crecimiento económico y también a
las europeas y hasta qué punto impactaban a las de la economía española.
En mi intervención me he referido a las previsiones que publicamos el 5
de octubre, en las que, efectivamente, nos unimos a esos otros organismos
internacionales en las revisiones a la baja de las perspectivas
económicas para el año 2023 en particular, no así para el año 2022, para
la economía española, con ese 1,4 %, que era significativamente más bajo
del que habíamos publicado, el que habíamos previsto justo antes del
verano, en el mes de junio. Por tanto, son compatibles con esa misma
línea. Y lo contrario sucede con la inflación, esas revisiones al alza de
los organismos internacionales para la inflación global, para la
inflación del área del euro también nosotros las revisamos, en particular
para el año que viene, de una manera significativa.

Se han referido ustedes en varias ocasiones al muy corto plazo, qué
estamos viendo el muy corto plazo. He tratado de señalar que, por una
parte, hay que constatar que, efectivamente, en el tercer trimestre del
año se ha producido una desaceleración significativa de la actividad en
la economía española, porque ya tenemos un dato del INE, 0,2 %
intertrimestral, que es claramente más baja que el 1,5 % que creció la
economía española en el segundo trimestre. Pero lo que estaba tratando de
subrayar en relación con el cuarto trimestre —del cual tenemos
todavía muy pocos indicadores; hay que subrayarlo; tenemos, por ejemplo,
afiliación de un solo mes, la mitad del mes de noviembre, publicado el
otro día por el ministerio, que básicamente a lo que apuntan es a una
prolongación de la debilidad de la actividad económica; y se refería
usted también a unas declaraciones mías de hace solamente unos días en
esa dirección—, es que, de acuerdo con nuestras estimaciones, la
economía española podría experimentar un leve crecimiento positivo en ese
cuarto trimestre del año, muy similar, probablemente, al del tercer
trimestre. Aquí hay dos indicadores que van en la dirección opuesta; los
indicadores de confianza claramente han ido a peor, en general, no
solamente en España, sino también en otros países europeos, pero, como
decía también su señoría, es verdad que la evolución del mercado de
trabajo en octubre y en la primera quincena de noviembre es positiva.
Todo eso, metido en la coctelera de nuestros modelos macroeconómicos,
pensamos que puede ser el vaticinio para este mes en el que nos
encontramos.

Varios de ustedes han preguntado sobre el impacto de las medidas que
el Gobierno ha adoptado contra la inflación. Hay que tener mucho cuidado
a la hora de compararlas porque, dependiendo del mes en el que nos
encontremos, el impacto puede verse modificado. Les he dado un número en
mi intervención inicial. Básicamente, según las estimaciones del Banco de
España, las medidas adoptadas habrían contribuido, en el mes de octubre,
que es el último para el cual tenemos datos desagregados, a reducir la
tasa de la inflación general en España en algo más de 2 puntos
porcentuales. El descuento en el precio de los carburantes y el tope al
incremento del coste de la materia prima en la tarifa TUR del gas han
sido las dos medidas que habrían tenido el impacto mitigador más elevado,
en torno a 1,5 puntos porcentuales. En cambio, los efectos de las medidas
que afectan al precio de la electricidad han sido más modestos en
octubre, pero esto se debe a que el efecto de la excepción ibérica fue
reducido, debido a la caída del precio del gas y también, por supuesto, a
que la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y la
disminución de los cargos de la factura eléctrica han dejado de tener un
impacto negativo en la inflación, ya que estas rebajas comenzaron a
aplicarse a mediados de septiembre del pasado año; es decir, cuando pasa
un año, el efecto se acaba diluyendo en la tasa interanual. Esto es lo
que lo explica.

En relación con otras preguntas posteriores, me preguntaba usted
sobre el ajuste fiscal que había solicitado el Fondo Monetario
Internacional. Nosotros estamos de acuerdo con la valoración del Fondo
Monetario Internacional, que lo que hace es solicitar el inicio del
proceso de consolidación fiscal de reducción del déficit público
estructural en 2023. Habla de una reducción de hasta 0,5 puntos
porcentuales. El plan presupuestario, de acuerdo con las estimaciones
oficiales, incorpora una reducción de 3 décimas, con el matiz que yo
introducía en mi intervención de que, dependiendo de si las estimaciones
del Banco de España acaban siendo correctas en cuanto a que el déficit
público de este año 2022 sea más bajo, si se mantuviera el objetivo de
déficit del año que viene, la reducción estructural en el año 2023 sería
prácticamente nula; por tanto, no se podría dar por iniciado el proceso
de consolidación fiscal. Ese es el matiz que yo introducía.

El señor Vidal Matas me preguntaba por distintas cuestiones. Respecto
a la incertidumbre, que también ha surgido en otras preguntas, por
supuesto, como decía en mi intervención inicial, la guerra es el
principal elemento de incertidumbre que tenemos. Sobre todo, afecta a la
evolución potencial de los mercados energéticos, también a la propia
incertidumbre de los agentes económicos. Una extensión del conflicto
—hoy no queremos pensar siquiera en ello— tendría unas
repercusiones macroeconómicas para Europa en particular, pero también
para el mundo, muy muy negativas. Esto lo sabemos. Pero he enunciado otra
serie de incertidumbres que son, si se quiere, más relacionadas con la
parte nacional. En la medida en que seamos capaces, como hasta el momento
está siendo el caso, de que ese incremento de los precios energéticos no
se traslade, no se retroalimente a través de los denominados efectos de
segunda ronda en salarios y en márgenes empresariales, estaríamos
contribuyendo a un mayor grado de transitoriedad de la inflación. Si, por
el contrario, afectara a salarios y márgenes —insisto en que no
está sucediendo, pero podría suceder, y el hecho de que la inflación sea
alta aumenta esa probabilidad—, si acabará sucediendo, sería
positivo para la inflación, que sería más alta, y negativo para el
crecimiento económico y, por tanto, para el bienestar de los ciudadanos.
Dicho de otra manera, no nos quedemos solamente con los factores
exógenos, que están ahí y probablemente poco podemos hacer por
resolverlos, pero hay algunos elementos internos, incluido también el
inicio del proceso de consolidación fiscal, que pueden ayudar
precisamente a la percepción de estabilidad macroeconómica tanto en
términos de inflación como de déficit público, como de otras
variables.

Me preguntaba sobre el papel del sector público, en particular de las
pensiones, en el pacto de rentas. A este respecto, he sido muy claro. Lo
que estamos tratando con el pacto de rentas es básicamente una inflación
que nos viene importada como consecuencia, sobre todo, no exclusivamente,
de los precios energéticos que necesitamos para consumir, que necesitamos
para producir otros bienes. Se ha vuelto más cara, lo que significa un
deterioro de lo que los economistas llamamos relación real de
intercambio; por tanto, tenemos una pérdida de bienestar. Esa pérdida de
bienestar es inevitable, al menos en el corto y medio plazo, hasta que
hagamos una sustitución de los bienes energéticos por otros bienes
energéticos. Y una forma de evitar que se produzcan efectos negativos
adicionales a los que ya supone el deterioro de la relación real de
intercambio es evitar que se produzcan los efectos de segunda ronda.
Contribuir a que haya un reparto de esa pérdida entre todos los
ciudadanos, incluidos los pensionistas, al menos las pensiones más altas,
no las pensiones mínimas —eso debería ser compatible a todos los
niveles con proteger a los más vulnerables—, me parece que tiene
sentido. Es lo que hemos defendido para el caso concreto de esta
situación coyuntural, no estructuralmente. El Parlamento ya ha aprobado
una indexación permanente de las pensiones con la inflación, que tiene
otra discusión que es completamente distinta, de carácter estructural.
Hay que cubrir el incremento de gasto estructural que genera en el largo
plazo. Yo estoy hablando ahora de una política más coyuntural, que es la
que se deriva del pacto de rentas.

En cuanto al gasto en desempleo, los matices con la previsión del
Gobierno son reducidos. Como el cuadro macroeconómico del Gobierno tiene
un mayor crecimiento, también tiene una reducción de la tasa de paro
mayor de la que nosotros prevemos en nuestro propio cuadro
macroeconómico, lo que da prestaciones por desempleo más bajas en el
cuadro macroeconómico del Gobierno que en el nuestro. Por eso, si nuestro
cuadro macroeconómico se cumpliera, podría haber un cierto sesgo al alza
sobre esas previsiones.

Respecto al salario mínimo, nosotros pensamos que la decisión sobre
el salario mínimo tiene que estar enmarcada en el pacto de rentas. Si en
el pacto de rentas se va a producir una fijación de los salarios, una
moderación de los salarios y de los márgenes empresariales, el salario
mínimo debería estar en el pacto de rentas. Nosotros pensamos
—figura en los documentos que hemos publicado— que, aunque la
elasticidad del empleo al incremento del salario mínimo haya sido
pequeña, no ha sido nula; por tanto, sí hubo un efecto negativo sobre el
empleo de la economía, en particular de los colectivos de menor
productividad. Por eso, creo que de nuevo hay que ser cuidadoso en la
determinación del incremento del salario mínimo y enmarcarlo, insisto, en
el pacto de rentas que estamos propugnando.

Estoy de acuerdo con muchas de las afirmaciones que se han hecho.
Efectivamente, según las estimaciones que tenemos, hay un 30 % del
incremento de los ingresos que no somos capaces de explicar, que es lo
que llamamos residuos de las ecuaciones. A pesar de que podría estar
justificado por una reducción de la economía sumergida, que es muy
difícil, por definición, de saber medir, hasta que estemos seguros de que
es así, de que es estable, de que es estructural realmente, no deberíamos
asociar esa parte del incremento de la dinámica de los impuestos a gasto
estructural, precisamente para que no acaben ocultando un incremento del
déficit estructural.

En cuanto a los fondos estructurales, la inversión pública siempre ha
tenido unos desfases de implementación muy elevados y con los fondos
estructurales se pretende sobre todo desarrollar proyectos de medio y
largo plazo. Probablemente las expectativas iniciales, generadas en
términos de rapidez de ejecución de los fondos, no era posible
materializarlas. Nosotros, en ese trade off entre rapidez y hacerlo
adecuadamente, nos quedamos con esta segunda parte, y por eso pensamos
que pedir un alargamiento no solamente para España, sino para el resto de
los países europeos, de los plazos que ahora mismo se tienen sería
razonable, precisamente para no precipitarse y combinarlo con reformas
estructurales. Ese punto nosotros lo hemos hecho de una manera muy
enfática. De hecho, los fondos estructurales creemos que pueden servir
para financiar reformas estructurales que a veces tienen costes de corto
plazo y que no se realizan precisamente por ese motivo. Hemos puesto
algunos ejemplos y me gustaría volver a subrayarlo.

Sobre el pacto de rentas ya he hablado.

En relación con la inflación, sobre si nos hemos equivocado o no,
déjeme decirle que sí; claro que nos hemos equivocado en la predicción de
la inflación. Hace un año, cuando vine aquí, probablemente les hablé de
la transitoriedad o de un elemento de transitoriedad importante en la
evolución de la inflación. Pero déjenme recordarles también que los
análisis del Banco de España y del Banco Central Europeo sobre los
errores de previsión, la conclusión a la que llegan es que
aproximadamente el 80 % del error de previsión se debe al componente
energético y al de los alimentos, que están muy relacionados con la
guerra de Ucrania, que no fuimos capaces de predecir el año pasado. Sin
embargo, como usted ha subrayado, los efectos de segunda ronda, si acaso
en Europa y en España también, particularmente, nos están sorprendiendo
por su moderación. La respuesta de los salarios y de los márgenes
empresariales están siendo distintas claramente en España y en otros
países frente a situaciones previas.

Tengo muchas más cuestiones, pero no tengo mucho tiempo más.

El señor PRESIDENTE: Es una lástima. Un día podría venir

El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Hernández de Cos): Si ya
estoy aquí. (Risas).

El señor PRESIDENTE: Un día viene sin prisas y convocamos la Comisión
de Presupuestos. Es violento, de verdad; nunca había tenido esta
sensación.

A continuación, tendrán tres minutos en el turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Marín
Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.

Señor Hernández de Cos, usted ha indicado que el déficit estructural
se mantiene a pesar del incremento de los ingresos y nos advierte de que
dicho incremento en los ingresos bien podría ser transitorio por los
residuos positivos y que, incluso, podría compensarse en el futuro. En
este sentido, creo que usted nos está advirtiendo de que a lo mejor el
déficit estructural, que ha vuelto a los niveles prepandemia, podría ser
mayor si esos residuos positivos se convirtieran en negativos.

Por otro lado, desde finales de 2019 hasta el cierre del segundo
trimestre de 2022, la deuda pública, según el protocolo de déficit
excesivo, ha aumentado en España en 250 000 millones, y el Banco de
España ha suscrito el 80 %. Es decir, ustedes han evitado que los tipos
de interés, a pesar de lo que han subido, hayan subido mucho más, puesto
que han suscrito el 80 % de toda la deuda emitida por el Gobierno
español. ¿Van a seguir ustedes suscribiendo toda la deuda generada por
este Gobierno? ¿Adónde nos conduce esta situación?

Hemos visto por primera vez en muchos años un aumento de los gastos
financieros. De hecho, los gastos financieros superan ahora a los gastos
en sanidad y educación y son el segundo gasto después del de las
pensiones públicas. Siempre se nos dice que se cobran impuestos para
mejorar la sanidad y la educación. Nosotros creemos que se cobran más
impuestos para pagar los intereses de la deuda pública. El volumen de
gasto absoluto va a ir creciendo, de tal manera que, en siete u ocho
años, salvo que se revierta mucho la política monetaria, puede llegar a
hacer inasumible el pago.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín Gascón.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra la señora
Martín Larred.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidente. Muchas gracias, señor
gobernador, por la detallada descripción y análisis que ha
realizado.

Nos preocupa la elevada incertidumbre por las causas que ha señalado
y el impacto que esta puede tener sobre las cuentas públicas. También nos
preocupa que las previsiones realizadas en el proyecto de presupuestos
puedan estar desvirtuadas por esa incertidumbre, y más cuando
posiblemente las expectativas de crecimiento sean revisadas a la baja por
la mayoría de los organismos internacionales e independientes.

Las diversas coyunturas que hemos sufrido han evidenciado una
fragilidad del sistema y el esfuerzo obligatorio de la Administración
para garantizar su sostenibilidad, sin que esta vaya en contra de los
ciudadanos. Es necesario abordar la planificación fiscal de forma
consensuada y, en la medida de lo posible, homogeneizarlo con los países
de nuestro entorno. También es imprescindible un estudio riguroso del
impacto de los fondos Next Generation. Nos preocupa que el despliegue de
estos fondos, los más importantes de cuantos se han realizado desde la
Segunda Guerra Mundial, no se haga bien. Teruel Existe asiste con mucha
preocupación al desembarco de grandes proyectos de energías renovables
gracias a estos fondos, que son muy positivos para grandes compañías,
pero están suponiendo demasiados perjuicios para los habitantes de la
España vaciada. Vemos cómo se destruye el paisaje y la actividad
económica de nuestro territorio y no se da una alternativa real a los
habitantes que sufrimos su impacto.

También ha hablado de pensiones y del mercado de trabajo. Me gustaría
conocer su valoración sobre la situación de ambas cuestiones en las zonas
despobladas, donde apenas hay paro porque apenas hay población activa y,
sin embargo, el número de pensionistas es elevadísimo por el
envejecimiento de sus habitantes. Si no se revierte la tendencia, en
pocos años seremos territorios sin apenas personas trabajando y una gran
mayoría serán pensionistas.

Por último, como ya hice el año pasado, le vuelvo a solicitar su
mediación para que nos tomemos muy en serio el problema de la exclusión
financiera en gran parte de la España vaciada. Es un problema muy grave
que está incrementando además las numerosas brechas existentes entre el
medio rural y el medio urbano. A esa población envejecida a la que me
refería antes le cuesta cada vez más recibir un servicio presencial tan
importante como el bancario, y hablo de operaciones financieras muy
sencillas y cotidianas. A este respecto, me gustaría saber qué pasos se
están dando. También quiero advertirles de las dificultades que tienen
para realizar operaciones mediante procedimientos electrónicos, por falta
de competencias y por los numerosos problemas de conectividad de gran
parte del territorio.

Las medidas que se están realizando hasta ahora son escasas o
insuficientes. Creemos que la institución que usted gobierna debe
desempeñar un papel de mediación fundamental entre la Administración y
las entidades bancarias. Urge una solución a un problema cada vez mayor.
A pesar de que lo hablamos con usted en los dos años anteriores que ha
asistido a esta comisión, es una cuestión que este último año ha tomado
más relevancia, y parece que no llegan medidas reales enfocadas a
solucionarlo.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín Larred.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
el señor Vidal Matas.

El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidente.

Simplemente, quiero hacerle dos preguntas más, y disculpe por
insistir. Han quedado algunas preguntas sin responder, así que, si
quiere, tiene la oportunidad. Otra sería sobre el impacto de las
políticas económicas, la subida de intereses que se va a llevar a cabo,
ya que usted ha anunciado que va a seguir esa política agresiva de subida
de interés. Me gustaría saber si tienen calculado el impacto sobre otras
administraciones, la local y la autonómica. Ha dicho que estaban
separadas, y esta vez no había un informe completo. Me gustaría saber si
hay algunas regiones o algunos territorios más en riesgo por esta
política que otros.

En el debate sobre la entrada en recesión o no, ya que estamos en la
Cámara territorial, me gustaría pedirle, si puede, que disgregara los
datos territorialmente; es decir, si hay algunos territorios que van a
entrar en recesión claramente y otros no, o va a ser generalizado.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vidal Matas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Etxano
Varela.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.

Gracias, señor gobernador, por estar hoy aquí. Ha sido muy
interesante escuchar su amplia intervención. Gracias también por la
actualización que nos ha presentado, que leeré más tarde dada su
extensión. Como han dicho otros senadores, nuevamente presentan un
análisis riguroso.

Telegráficamente, porque no va a haber tiempo para más. En relación
con el dato adelantado del IPC, que hemos conocido hoy, nos dice que
alcanza un 6,8, la subyacente un 6,3, pero si vamos a los datos europeos,
a pesar de que la inflación es mucho más alta, la inflación subyacente es
bastante más baja en el resto de Europa. Me gustaría que nos ampliara esa
información.

En cuanto a la ejecución de los fondos, un 0,6 por debajo de la
previsión que hace el Gobierno, nuestro grupo considera que hay un diseño
de partida que no permite que se ejecuten adecuadamente, y es que no se
ha contado con las comunidades autónomas, que son las que ejecutan, y no
están adaptados al conocimiento del territorio.

La tercera y última pregunta sería sobre la deuda, que es una
variable que no ha dejado de subir, ahora por la pandemia y por la guerra
de Ucrania, pero que empezó a subir en 2015, y nunca se han aprovechado
las épocas de bonanza para reducir esta variable. Como decía el senador
Vidal, va a crecer el coste de esta deuda. Me gustaría saber hasta qué
punto las nuevas reglas fiscales que se plantean como más responsabilidad
para los gobiernos no van a volver a ser una variable de riesgo para la
inversión social y para las inversiones en el país.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Etxano Varela.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra señor Marí
Bosó.

El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente, y no quisiera abrir un melón en este poco
tiempo. Pero, como usted ha hecho una referencia al final de su primera
intervención al pacto de estabilidad, considero importante hablar sobre
esta cuestión. El pacto de estabilidad y la necesidad de que se cumplan
las reglas fiscales, con la pandemia y aún hoy, sin reglas fiscales
obligatorias —no sé la propuesta hecha en el ámbito europeo de
reformulación de las reglas—, nos trae aquel viejo debate de si
hemos de cumplir las reglas a lo largo del ciclo o hemos de ir cumpliendo
las reglas más en corto plazo. En todo caso, bienvenida esa reflexión
respecto de la regla de gasto y la necesidad —que tiene un cierto
aroma keynesiano— de ahorrar cuando va bien para poder aplicarlo
cuando va mal, que nos cuesta mucho hacerlo. De hecho, se explicaba que,
si en la etapa anterior a la crisis financiera hubiéramos ahorrado,
cuando iba bien, en la crisis financiera hubiéramos tenido que hacer
mucho menor ajuste del que tuvimos que hacer para salir de aquella
recesión.

En todo caso, las reglas del pacto de estabilidad en algún momento
tendremos otra vez la obligación de cumplirlas. Vamos a ver si lo hacemos
mejor que otras veces y nos va mejor que otras veces, para dos cosas:
una, potenciar nuestro crecimiento, y, dos, poder ser protectores cuando
necesitamos ser protectores.






Porque una de las características que ha
puesto de manifiesto el señor gobernador en su intervención es que nos
hemos enfrentado a esta segunda derivada de la crisis con poco margen
fiscal. A lo mejor, si hubiéramos hecho las cosas mejor anteriormente,
habríamos tenido un poquitín más de margen.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marí Bosó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Fernández Leiceaga.

El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: Intervendré muy brevemente también sobre
dos o tres cuestiones.

Nos cuesta mucho hacerlo, pero a algunos les cuesta más que a otros.
En los últimos años donde hubo superávit público en España gobernaba el
señor Zapatero. Simplemente lo dejo ahí.

En relación con las recomendaciones de política económica, tengo la
impresión de que focalizar la ayuda en las personas más vulnerables, que
posiblemente exija algunos matices en la panoplia de ayudas que se han
puesto en marcha en 2022 para 2023, como impulsar la formación bruta de
capital fijo y gravar la riqueza y los ingresos extraordinarios, que no
son el resultado de decisiones de los agentes, sino beneficios caídos del
cielo, para utilizar la terminología, son algunos elementos que están en
el diseño de las políticas económicas de los organismos internacionales,
y en buena medida se puede decir también de este presupuesto.

Lo que lo no tengo muy claro es cuál es la alternativa del Partido
Popular, señor Marí. En la oposición, antes era Liz Truss quien tenía
todos los focos, con una rebaja fiscal generalizada y lluvia de millones
a través de enmiendas en los presupuestos, pero eso es poco compatible
con la sostenibilidad fiscal de la que hablamos. Y, en el Gobierno,
oscilan entre rebajas a las grandes fortunas al estilo de Moreno Bonilla,
subida de impuestos a las clases medias estilo Rajoy a partir del
año 2012 y recortes en los servicios públicos como hace Ayuso en Madrid.
Entonces, no me queda muy claro cuáles son los objetivos de política
económica del Partido Popular, sinceramente, ni siquiera cuál es su
gobierno conservador europeo de referencia a estos efectos, cuál les
gustaría que tomáramos como referencia.

Acabo ya con una cuestión en relación con las pensiones. Está claro
que es necesario tomar en serio los efectos del envejecimiento de la
población sobre el gasto público; es inevitable. Pero tenemos una
inflación alta que afecta, sobre todo, a los sectores más vulnerables,
entre ellos, a muchos de nuestros pensionistas, que, como es bien sabido,
en gran parte de los casos no tienen otra alternativa más que depender de
su pensión. Y hay un mandato público y legal, suscrito por una base
parlamentaria muy amplia, para mantener ligadas las pensiones al coste de
la vida. No hacerlo en estas circunstancias significa, en buena medida,
romper ese compromiso con el conjunto de los pensionistas, y esto tiene
sus problemas de cara a garantizar dos cosas importantes: la
sostenibilidad financiera y la sostenibilidad social del sistema de
pensiones.

Muchas gracias. (Varias señorías golpean repetidamente su mesa con la
palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Leiceaga.

El señor gobernador puede contestar por tiempo de diez minutos.

El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Hernández De Cos): Voy a
empezar al revés para ver si ahora llego a las últimas preguntas para
tratar de ser equitativo.

Empezando por la última cuestión, insisto en esta distinción que
llevo haciendo desde principios de año cuando he defendido la
incorporación del colectivo de pensionistas al pacto de rentas en el
aspecto más puramente coyuntural —estamos viviendo con una
inflación muy alta— y, esperamos, durante un tiempo también
acotado, la discusión estructural de la indexación de las pensiones con
el IPC. Esta última no la cuestiono, ha sido aprobada por el Parlamento.
La única cuestión relevante ahí es que, evidentemente, como decía, genera
un efecto sobre el gasto público de aumentarlo estructuralmente en más
de 3 puntos porcentuales de PIB, y, por tanto, hay que diseñar las
medidas compensatorias necesarias. En la primera parte de la reforma de
las pensiones, algunas de ellas ya iban en esa dirección y queda ahora
completar la segunda pata, que debería, precisamente, cubrir ese
desfase.

En el aspecto coyuntural, insisto con mi respuesta anterior: creo que
sería compatible coyunturalmente incorporar a los pensionistas, como al
resto de la sociedad —los pensionistas son prácticamente el 25 % de
la población española—, dejando fuera, como usted decía, para
seguir cumpliendo también la máxima de proteger a los más vulnerables,
las pensiones mínimas e indexarlas completamente, incluso hasta un
determinado nivel, el que consideremos como de mayor vulnerabilidad, que
no tiene que ser exclusivamente el nivel de pensión mínima, sino que
pueden ser incluso otros tramos, pero hay que incorporar al resto. Esta
es la defensa que hacíamos en el Banco de España, porque creíamos que
podía hacer compatible esos objetivos que usted mencionaba con los de
distribuir también esa pérdida de bienestar real que significa este
incremento o este deterioro de la relación real de intercambio.

Me preguntaba en el turno de preguntas previo, y no le he contestado,
sobre la regla de gasto o las recomendaciones del Consejo Europeo. Y,
efectivamente, coincido; esto es así en el documento publicado por la
Comisión Europea, que valora positivamente la utilización de la inversión
pública para hacer frente a las necesidades requeridas por la transición
digital, climática y energética y también la de gasto primario corriente.
Sobre este segundo aspecto, lo que yo trataba de subrayar en mi
intervención es que, primero, la Comisión Europea ha fijado un umbral que
tiene en cuenta el crecimiento potencial de la economía española, pero
también un deflactor asociado a la situación macroeconómica que vivimos.
Por eso llega a ese límite del 5 %, pero la derivación de ese cálculo se
hace, como se hacen habitualmente las reglas de gasto, restando el
crecimiento de las medidas discrecionales de ingresos, porque las reglas
de gasto nunca han pretendido establecer un mínimo de nivel, sino que lo
único que pretenden es que, si hay un incremento de gasto, esté
financiado por una medida paralela de ingresos públicos. Lo único que
estaba subrayando yo ahí son dos cuestiones: una, que, en esa estimación
de los incrementos de los ingresos discrecionales, hay una parte
importante que, en principio, están definidos como temporales; y, dos,
que también en el cálculo se está asumiendo que no se van a renovar las
medidas temporales introducidas en el año 2022. Por tanto, si en algún
momento el Gobierno o el Parlamento se planteara extenderlas, debería ser
muy cuidadoso en su selección de cara precisamente a no superar ese
crecimiento del gasto. Estas eran las dos apreciaciones que yo
hacía.

Y, si me permite, señor Fernández Leiceaga, lo relaciono con un punto
en el que, de nuevo, también estoy de acuerdo con usted. Por supuesto que
las medidas que se han aprobado en el último año han servido para apoyar
a las rentas de los hogares y de las empresas. La puntualización que yo
hacía, en línea también con ese mantra que estamos defendiendo organismos
internacionales y Banco de España, es que, en un contexto de elevado
endeudamiento público, de elevado déficit estructural, de inflación
elevada, sería mucho más importante focalizar, ser más quirúrgico en las
medidas. En ese sentido, la valoración que hacemos nosotros y la
valoración que hacen otros organismos internacionales para España
—también, por cierto, para otros países europeos— es que se
ha sido poco quirúrgico, es decir, que aproximadamente el 70 % de las
medidas que se han aprobado no tenían en cuenta esos elementos de niveles
de renta, y creo que de cara al futuro sería importante, en particular si
se pensara extender algunas de ellas, ser mucho más quirúrgico.

También me han preguntado —y lo he obviado antes por falta de
tiempo— por las diferencias del IAPC de España en relación con
otros países. La explicación es clara: nosotros tenemos un mercado
energético en el que la traslación de la evolución de los precios
internacionales energéticos al mercado minorista —es decir, al que
pagamos los consumidores— es muy rápida y esto ha provocado que la
inflación, al inicio de la crisis energética en España, aumentara más y
más rápido que en otros países europeos. Y esto, por supuesto, afecta no
solamente a la inflación energética, sino también a la inflación
subyacente, porque, con un cierto desfase, se produce una traslación de
esos incrementos en los precios energéticos al resto de los bienes y
servicios que están en la inflación subyacente. Y ahora estamos viendo
quizá la segunda fase: cuando se ha producido una moderación de los
precios energéticos como la que hemos vivido en los últimos dos meses,
esto está afectando antes, ahora en términos de desaceleración de la
inflación, en España que en otros países europeos, y por eso ahora
tenemos un diferencial negativo de inflación. La economía española podría
estar siendo —esperamos, de hecho— un indicador adelantado de
lo que le podría o debería pasar a la inflación del área del euro, en
particular si suceden dos cosas: que se mantenga la moderación de los
precios energéticos en los mercados internacionales y también que no se
produzcan efectos significativos de segunda vuelta. Estos dos
condicionantes son, evidentemente, muy importantes.

Me preguntaba el señor Vidal en su primer turno por la política
monetaria y tampoco le he contestado por falta de tiempo. Me preguntaba
por la justificación y los efectos, por la motivación de lo que estamos
haciendo en el Banco Central Europeo. En primer lugar, hay que decir que
las perturbaciones que está sufriendo la economía del área del euro son
fundamentalmente de oferta, pero no exclusivamente; es decir, también hay
un componente de demanda. Cuando nosotros, en nuestro modelo, hacemos la
descomposición de qué está detrás del incremento de la inflación, el
incremento de los precios energéticos explica casi el 50 % de la
evolución de la inflación —es muy importante—, pero también
hay algunos componentes de demanda. Y, sinceramente, para cualquiera que
se haya paseado por España durante los meses de verano, con turistas
extranjeros y también turismo nacional, ese componente de demanda que ha
podido justificar incrementos de precios en los bienes y servicios
turísticos era bastante evidente.

Hay que tener en cuenta también que la política monetaria partía de
un estímulo extraordinario, de unos tipos de interés del menos 0,5 %; así
empezamos, así han estado los tipos de interés hasta julio, con compras
netas positivas del programa pandémico y del programa de compras previo
al programa pandémico. Evidentemente, mantener ese estímulo
extraordinario cuando la inflación llega a alcanzar doble dígito no tiene
ningún sentido; es, de hecho, muy peligroso porque puede acabar
provocando un desanclaje de las expectativas de inflación y puede acabar
aumentando la probabilidad de efectos de segunda ronda. Por tanto, la
justificación fundamental es que, en ese contexto macroeconómico e
inflacionista tan complejo, era absolutamente necesario —lo sigue
siendo— retirar primero el estímulo monetario extraordinario.

¿Qué efecto va a tener? Pues, evidentemente, un efecto negativo sobre
la demanda, sin duda; esto no hay que ocultarlo; es obvio. Lo dije en una
de mis intervenciones recientes, pero se encuentra de una manera mucho
más detallada en el Informe de estabilidad financiera del Banco de España
en el que simulamos cuál es el efecto de un incremento de los tipos de
interés, como el que ya se ha experimentado, por ejemplo, en el Euribor a
un año, de más de 300 puntos básicos: se produce una caída de la renta
disponible de las familias, también de las empresas —hay un grado
de traslación en la transmisión de la política monetaria por lo que esos
efectos tardan en producirse— y por tanto, también aparecen algunos
elementos de vulnerabilidad financiera tanto en hogares como en empresas
no financieras. Esto no se puede ocultar; ese es el canal por el que
opera la política monetaria.

Me han preguntado sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento. No he
querido entrar en mi intervención inicial, pero creo que estoy de acuerdo
con algunas de las cuestiones, aunque quizá con una discrepancia: yo no
vería la modificación del Pacto de estabilidad y crecimiento como un
riesgo para el crecimiento económico. Vuelvo al punto de partida: unas
reglas fiscales que funcionen son fundamentales para el buen
funcionamiento de la Unión económica y monetaria; la sostenibilidad
fiscal es un prerrequisito también para la estabilidad monetaria, para la
estabilidad macroeconómica. Por tanto, necesitamos unas reglas fiscales
que funcionen. Y no han funcionado las que teníamos porque eran muy
complejas, porque no generaban suficientes incentivos para producir
colchones fiscales en las épocas de bonanza económica. Hemos tenido,
esencialmente, políticas fiscales procíclicas en buena parte del episodio
del euro, desde la creación del euro. Por tanto, es razonable plantearse
su renovación, teniendo en cuenta algunos cambios estructurales que se
han producido desde la creación del área del euro. Algunos de estos
cambios estructurales están en cuestión. Si verdaderamente el tipo de
interés natural ha caído tanto como estimábamos hace solamente unos años;
si el crecimiento potencial, que ya veíamos que se había reducido en los
últimos años, se ha vuelto a ver afectado —no solamente el de
España, sino el de los países del área del euro— como consecuencia
de la pandemia y, ahora, de la crisis energética; todos estos aspectos
habrá que tenerlos en cuenta de cara a definir un nuevo marco fiscal que
verdaderamente sea operativo y que permita y garantice esa sostenibilidad
fiscal que tan relevante es para la Unión Económica y Monetaria.

Me van a permitir que no obvie una cuestión que no he mencionado en
la intervención inicial, pero que creo que es muy importante —la
encontrarán en el documento que he repartido— y que se refiere al
Banco de España. El análisis que tenemos ahora mismo en Banco de España
respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias del Banco de España, que
normalmente genera un superávit importante que se traslada al Tesoro y
que forma parte de los ingresos, como consecuencia de que el coste de
nuestros pasivos, el pasivo de nuestro balance, se ajusta inmediatamente
a los tipos de interés más elevados, mientras que la rentabilidad
generada por nuestras carteras de activos no se ve incrementada a la
misma velocidad, al estar constituidas mayoritariamente por inversiones
realizadas a vencimiento, esto va a provocar unas pérdidas, durante unos
años, en la cuenta de pérdidas y ganancias del Banco de España antes de
provisiones. Afortunadamente, el Banco de España ha ido constituyendo las
correspondientes provisiones que pudieran cubrir riesgos como estos que
se están materializando en este momento. Esas provisiones alcanzan más
de 31 000 millones de euros en nuestro balance y servirán, precisamente,
para cubrir esas pérdidas antes de provisiones y, por tanto, para dar un
beneficio 0 en los próximos años. Pero, evidentemente, esto tiene una
consecuencia: el Banco de España no aportará ingresos a las cuentas
públicas durante, al menos, los próximos dos o tres años. Esta es una
cuestión que, como afecta al Banco de España, quería subrayar.

Entro en otra pregunta, porque no me gusta eludir ninguna cuestión,
que también me ha hecho el señor Vidal al principio, en relación con los
beneficios sociales de los empleados del Banco de España, cuestión que ha
aparecido publicada en prensa. Déjeme decirle que los beneficios sociales
de los que disfrutan los empleados del Banco de España están recogidos en
la normativa interna vigente, que es de obligado cumplimiento para la
institución y que es el resultado de la negociación colectiva con los
sindicatos representados en el comité nacional de empresa a lo largo de
los años. En el concepto de acción social se incluyen prestaciones y
beneficios que tienen por objeto mejorar las condiciones personales o
familiares de los empleados y, a diferencia de las retribuciones, no
tienen relación con el trabajo realizado o con los gastos necesarios para
realizarlo. Déjeme también decirle que, con todo el respeto al estricto
cumplimiento de las obligaciones exigibles al banco, los órganos de
gobierno del Banco de España tienen entre sus objetivos, desde hace ya
algunos años, la modernización y la optimización de estos conceptos de la
acción social, y se han integrado diversas propuestas en este sentido
dentro del ámbito de la negociación colectiva. Esto es lo que le puedo
decir, y podemos hablar cualquier detalle al respecto en el momento que
usted considere oportuno.

En cuanto a la despoblación, por la que también me preguntaban, y la
exclusión financiera, el Banco de España, como sabe —lo hablamos en
otro momento hace ya tiempo— está dedicando muchos recursos al
análisis objetivo de ese fenómeno, a conocer cuáles son las causas y
también las repercusiones desde el punto de vista del bienestar de los
ciudadanos. También estamos tratando de analizar cuáles son las políticas
que pueden ser más adecuadas para aliviar algunos de sus efectos,
incluidos los de la exclusión financiera, y estamos, por supuesto, como
no puede ser de otra manera, a su entera disposición para seguir
profundizando en ese análisis que consideramos muy relevante para que el
punto de vista territorial del Estado español sea considerado
adecuadamente en nuestras políticas económicas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor gobernador.

Hemos llegado por los pelos. La presidenta de la Airef debe estar
esperando fuera, así que empezaremos en cuanto acompañemos al señor
gobernador. (Pausa).

El señor presidente lee el título que figura en el orden del
día.

El señor PRESIDENTE: Iniciamos esta comparecencia y los tiempos se
desarrollarán exactamente igual que en la anterior del gobernador del
Banco de España. Hemos ampliado el tiempo para la presidenta de la
Airef.

Cuando quiera, por tiempo de treinta minutos.

La señora PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD
FISCAL, Airef, (Herrero Sánchez): Muchas gracias, presidente.

Efectivamente, ha habido un cambio sustancial en el tiempo que
tenemos para exponer la visión de Airef sobre los Presupuestos Generales
del Estado, algo que, desde luego, agradecemos porque tratamos de ofrecer
nuestra opinión en la medida en que eso pueda ayudar a la toma de
decisiones por parte de quien tenga que tomarlas, y cinco minutos se me
tornaba un tiempo ciertamente escaso. Espero que ahora sí que nos
ajustemos mejor a los treinta minutos que nos han dado para nuestra
exposición inicial. Gracias por ello.

Y, si les parece, empiezo con la valoración que hemos hecho de los
Presupuestos Generales del Estado. (La señora compareciente apoya su
intervención con una presentación digital). Como viene siendo habitual en
Airef, nosotros también traemos siempre una presentación de lo que es
nuestra valoración del conjunto de las administraciones públicas; en
definitiva, la valoración del Plan presupuestario, y eso es así porque
entendemos que la Airef tiene esta obligación de dar una visión integral
y conjunta de las administraciones públicas, una visión que, además, yo
creo que corresponde casi en exclusiva a una institución como Airef. Y a
mí me parece relevante que así sea, toda vez que, además, si los
presupuestos de las distintas administraciones públicas se ajustan a las
orientaciones fiscales, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito
europeo, se realiza siempre en términos agregados. Por eso, mi
presentación irá más allá de los Presupuestos Generales del Estado y
entrará a valorar el conjunto de las administraciones públicas y, por lo
tanto, el Plan presupuestario que se remitió a las instituciones
europeas.

En primer lugar, me gustaría recordar cuál es el papel que tiene
Airef en cuanto a la valoración de los Presupuestos Generales del Estado
porque sí que me parece que hay cierta confusión, probablemente ustedes
no la tengan y, si es así, pues discúlpenme por dedicar algunos minutos a
aclarar cuál es el papel de Airef en esta materia, pero sí que me parece
que en el conjunto de la sociedad existe cierta confusión respecto a lo
que se espera de Airef y lo que Airef tiene que hacer en relación con los
Presupuestos Generales del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque Airef tiene
que hacer dos pronunciamientos respecto a los proyectos de presupuestos
de todas las administraciones públicas. Por un lado, tiene que
pronunciarse sobre el escenario macroeconómico que sustenta a los
Presupuestos Generales del Estado, y no solamente a los Presupuestos
Generales del Estado, en la medida en que también la Ley de Airef dice
que tenemos que avalar las previsiones macroeconómicas que sustentan los
presupuestos de las comunidades autónomas, siempre que se aparten de las
previsiones que haya hecho el Gobierno central para el conjunto del país.
De esta forma, las previsiones macroeconómicas del Gobierno central son
en gran medida el sustento de los presupuestos generales tanto del Estado
como de las comunidades autónomas, cosa lógica si tenemos en cuenta que
el 70 % de los ingresos de las comunidades autónomas obedecen al sistema
de financiación, que están más vinculados a lo que es el cuadro
macroeconómico nacional que a lo que es el cuadro macroeconómico
específico de cada una de esas comunidades.

En relación con el escenario macroeconómico, Airef lo que tiene que
hacer es prestar o no su aval. Ahora veré en qué condiciones se tiene que
producir ese aval, que tiene que valorarse de acuerdo con una directiva
europea que determina con qué criterios se realizará esta evaluación o
esta validación del escenario macroeconómico del Gobierno. Eso es un
apartado, y otro apartado es cuando ya Airef, además, tiene que valorar
lo que son los presupuestos generales de todas las administraciones
públicas, Estado, Seguridad Social, las 17 comunidades autónomas y
también evaluamos los presupuestos de las 25 entidades locales de mayor
presupuesto, entre ellas, aquellos ayuntamientos que tienen más
de 250 000 habitantes. Esta diferenciación es clara y por eso el
legislador diferencia dos tipos de informes: uno que se refiere a la
parte macroeconómica, y otro que se refiere más a lo que es el escenario
presupuestario de los distintos documentos. ¿Por qué? Porque solo procede
el aval en el caso de las previsiones macroeconómicas. En alguna ocasión
he oído decir que era incompatible prestar el aval a las previsiones
macroeconómicas del Gobierno y, al mismo tiempo, decir que el presupuesto
presentaba una serie de debilidades o una serie de carencias, y no es
incompatible; una cosa es el aval de las previsiones macroeconómicas y
otra cosa es el documento presupuestario, donde no cabe que Airef tenga
que prestar su aval porque en el presupuesto, detrás de las previsiones
de ingresos y de los créditos de gasto, hay una serie de decisiones de
política fiscal que, desde luego, no corresponde a la Airef enjuiciar,
sino que corresponden al ámbito democrático de decisión. Por ello, sí que
me gustaría que estuviera claro que, cuando Airef presta el aval, solo
está prestando el aval al escenario macroeconómico que sustenta las
previsiones presupuestarias, pero que no hay lugar para suponer que la
Airef avala o no avala el documento presupuestario en su conjunto.

Pues bien, tienen lugar estos dos informes; uno se hace con
anterioridad porque es el aval de las previsiones macroeconómicas, y tuvo
lugar el 4 de octubre; y, posteriormente, con ocasión de que este año mi
comparecencia del Congreso fue un poquito antes que otros años
anteriores, tuvimos que fragmentar de alguna manera la emisión de nuestro
informe, de manera que cuando comparecí el 18 de octubre llevamos el
informe sobre los Presupuestos Generales del Estado centrados en la
Administración central y la Seguridad Social, hicimos un pequeño avance
del Plan presupuestario que acababa de presentarse y, posteriormente, el
día 25 de octubre, lo que hicimos fue extender nuestra valoración de los
presupuestos al conjunto de las comunidades autónomas y entidades locales
y ya hacer un pronunciamiento sobre el Plan presupuestario. Tres días
después ya colgamos lo que es el presupuesto de las 17 comunidades
autónomas y nuestro enjuiciamiento sobre los presupuestos individuales de
las principales entidades locales.

A partir de aquí, ¿qué nos resta por hacer en la Airef? La ley lo que
nos dice es que tenemos que hacer un seguimiento continuo del ciclo
presupuestario y, por ello, lo que hacemos es un seguimiento mensual de
nuestras previsiones de cierre del ejercicio y en los próximos días, el 2
de diciembre, publicaremos una nueva previsión una vez que se conozcan
los datos de ejecución del mes de noviembre en términos de recaudación,
que son muy relevantes para nuestro pronunciamiento sobre el cierre
del 2022. En enero, lo que hacemos es elaborar, como si dijéramos,
nuestro último pronunciamiento sobre el 2022, antes de que salgan las
cifras oficiales, y ahí, además, actualizaremos nuestras previsiones
macroeconómicas. Posteriormente, antes del 1 de abril, tenemos que volver
a informar los presupuestos de todas las administraciones públicas, pero
aquí lo que nos dice la ley es que no tenemos que volver a valorar todos
los documentos, sino solamente aquellos aspectos que han podido cambiar
desde la presentación del proyecto hasta el presupuesto definitivamente
aprobado.

Por lo tanto, el papel de Airef, en lo que es el estudio de los
presupuestos de las administraciones públicas y de los Presupuestos
Generales del Estado en particular, arranca con el aval del escenario
macroeconómico. Y aquí sí que me gustaría recordar que Airef no avala
todas y cada una de las partidas del cuadro macroeconómico del Gobierno,
sino que lo que la ley y la directiva europea a la que yo me refería nos
dicen es que tenemos que ver si el escenario macroeconómico permite que
el escenario presupuestario de ingresos y de gastos se sustente en unas
previsiones macroeconómicas que sean realistas. Desde ese punto de vista,
desde el punto de vista del realismo del escenario presupuestario
posterior, la variable relevante que tiene que avalar Airef es el
crecimiento nominal. Y, en estos términos, el crecimiento nominal
previsto por el Gobierno es del 6 %, que es prácticamente coincidente con
el escenario central de Airef. Es cierto que no es irrelevante la
distribución de ese crecimiento nominal en su vertiente de crecimiento
real y en su vertiente de inflación. Claro que no lo es y que tiene
importantes consecuencias en el medio plazo, pero en el corto plazo y a
nuestros efectos el escenario presupuestario de ingresos y las
principales variables de gasto que se sustentan en el comportamiento del
cuadro macroeconómico dependen de esa variable nominal. Por ello, el aval
estaba claro, las variables nominales de crecimiento están en línea con
nuestro escenario central, pero sí que lo que dijimos fue que había
diferencias sustantivas tanto en las perspectivas de crecimiento
económico real como en las perspectivas de inflación como en la
composición del propio crecimiento real y, desde luego, en la percepción
de riesgos que tenía y que sigue teniendo Airef en este momento.

En términos de crecimiento real, es cierto que cuando el Gobierno
presenta su escenario macroeconómico sitúa el crecimiento real en
un 2,1 %, lo cual supone una aproximación al escenario central de Airef.
¿Por qué digo que se produce esta aproximación? Porque cuando el Gobierno
presenta en el mes de julio lo que es su escenario, sus previsiones
macroeconómicas, dice que el crecimiento real para el año 2023 va a ser
del 2,7 %. Sin embargo, cuando nos presenta la solicitud de aval para el
escenario macroeconómico de 2023, esta tasa de crecimiento real se sitúa
en el 2,1 %, una cifra muy próxima a la que habíamos formulado nosotros
en el mes de julio. En el mes de julio, Airef tuvo que hacer un informe y
es que, cuando el Gobierno lleva al Congreso la petición de que se
suspendan las reglas fiscales para el año siguiente, tiene que llevar un
informe de Airef en el que se aprecie que se dan las circunstancias
excepcionales para que se produzca esa suspensión. Bien, nosotros
aprovechamos ese informe para ya alertar que nuestro crecimiento
económico se había revisado a la baja, que entonces, en el mes de julio,
se situaba en torno al 2 %, y que ese escenario central no incorporaba un
riesgo de corte del suministro del gas ruso en el entorno europeo. Por
tanto, el crecimiento real previsto por el Gobierno se aproxima a ese 2 %
que dijimos nosotros en julio, pero lo cierto es que el contexto es muy
cambiante y que en este momento y en el momento de prestar el aval
nuestra previsión de crecimiento era del 1,5 %. Y la principal
discrepancia estaba en temas de inversión, porque es verdad que también
teníamos discrepancias en lo que se refiere a las exportaciones, pero se
veían compensadas también por el comportamiento más favorable previsto
por el Gobierno en materia de importaciones. De esta forma, la diferencia
fundamental en términos de crecimiento real estaba en la variable
inversión, donde el Gobierno prevé un crecimiento superior al 9 % en un
entorno de incertidumbre y de endurecimiento de las condiciones
financieras y de evolución no positiva de la demanda, tanto nacional como
externa; y a nosotros nos parece que es difícil que en este contexto las
empresas decidan aumentar su capacidad productiva en una cuantía tan
importante como preveía el Gobierno. La variable nominal es similar a la
de Airef porque, por contra, el Gobierno lo que prevé es un deflactor del
PIB inferior al deflactor del PIB que contempla Airef. Airef había
actualizado al alza este deflactor del PIB y lo que veíamos es que había
una aceleración en la dinámica de los precios internos con respecto
al 2022, una vez que hemos superado el impacto del shock energético que
nos entró a los precios y al consumo por la vía de las importaciones. Lo
que veíamos es que había una aceleración mucho mayor en lo que es la
dinámica de los precios internos, que nos llevaba a un deflactor superior
al del Gobierno. No podemos comparar nuestras previsiones con las del
IPC, porque el Gobierno no incluye previsiones de IPC en su cuadro
macroeconómico, pero lo que sí que les avanzo es que nuestras previsiones
de inflación en aquel momento para el 2022 estaban en el 8,9 %, ahora
probablemente sean un poquito más bajas, y las previsiones de IPC para
el 2023 se sitúan en el 3,9 %, siempre que haya una prórroga de las
medidas; si no se prorrogaran estaríamos en el entorno del 5 %.

Además, alertábamos de la existencia de riesgos: por un lado, y en el
contexto internacional, riesgos en cuanto a la seguridad del suministro
energético —ese sigue estando presente—; y también unos
riesgos respecto a la evolución a la baja del crecimiento europeo. De
hecho, el Banco Central Europeo, en el mes de septiembre, presentó tres
escenarios, pero en las últimas declaraciones parece que se va
aproximando hacia el escenario más adverso, que sitúa el crecimiento de
la zona euro para el 2023 en una contracción del 0,9 %. Es cierto que, en
el lado contrario, todas las economías europeas están adoptando un
paquete de medidas importante que, por ejemplo, en el caso de una
economía tan relevante para nuestra evolución futura como es la alemana,
el paquete de medidas supera los siete puntos del PIB. También
alertábamos de que podría haber una persistencia en la inflación que
llevase a un endurecimiento de las condiciones monetarias; un
endurecimiento que yo diría que se está produciendo de manera simultánea,
pero no de manera coordinada, y eso hace que se produzcan ciertas
externalidades que tienen una influencia en el crecimiento real y también
en los tipos de cambio. En este momento hay una depreciación del euro de
un 8 %. Es verdad que cuando comparecí en la Comisión de Presupuestos del
Congreso esta depreciación era mayor, pero, en cualquier caso, esta
depreciación del euro lo que supone es un encarecimiento de nuestra
factura energética. Esta persistencia de la inflación nos lleva a que
también tengamos el riesgo de que se produzca un desanclaje de las
expectativas de inflación. Tenemos un deterioro, desde luego, en la renta
disponible de los hogares; de hecho, el 20 % de los hogares estima que
los precios van a seguir aumentando mucho en los próximos doce meses y,
además, tenemos un comportamiento a nivel interior que implica una
persistencia del IPC de manera generalizada. De hecho, luego tengo un
cuadro donde se ve que, si bien es cierto que la inflación, el IPC, está
registrando tasas más favorables, la parte que afecta al IPC de los
alimentos sigue teniendo todavía un comportamiento claramente
ascendente.

Y, por último, teníamos riesgos asociados a la ejecución del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros tenemos un impacto
en términos de nivel sobre crecimiento económico de 0,8 % en el 2022 y de
un 2 % en el 2023, ambas tasas muy por debajo de las previsiones del
Gobierno. En esta ocasión, y a pesar de que el informe tiene un alcance
anual, como nosotros venimos diciendo que es necesario hacer una
previsión de medio plazo que permita transparentar cuáles son las
consecuencias futuras de las decisiones actuales, nos hemos atrevido a
hacer un escenario de medio plazo, tanto en la parte macroeconómica como
en la parte fiscal. En la parte macroeconómica lo que se ve es que
nuestras previsiones son que se alcanzará o se recuperará el nivel de PIB
de prepandemia a finales del 2023 o en la primera parte de 2024, y todo
ello suponiendo que haya una cierta corrección, una resolución de la
crisis energética y que el Plan de recuperación se ejecute al ritmo que
nosotros tenemos previsto.

¿Qué ha pasado desde que comparecí en la Comisión de Presupuestos del
Congreso? Me parece importante que lo traiga a esta comisión, donde la
comparecencia se produce casi un mes después. En este caso, lo que ha
pasado es que ha habido unas previsiones formuladas por la Comisión
Europea donde se han revisado al alza las previsiones de crecimiento para
el 2022, que se sitúan ahora en el 4,5 %, y una revisión a la baja del
crecimiento para el 2023, que se sitúa ahora en el 1 %. En este caso, sí
que el crecimiento registrado en el tercer trimestre ha sido ligeramente
mejor de lo que se esperaba. La Comisión Europea, como digo, ha revisado
al alza el crecimiento del 2022 para España, pero revisa a la baja el
de 2023 y las previsiones intertrimestrales coherentes con esta evolución
implicarían un cuarto trimestre con unas tasas de crecimiento, como ven,
negativas, seguido de un crecimiento cero en el primer trimestre de 2023.
Estas previsiones de la Comisión son coherentes con las que existen en el
consenso del ámbito de las instituciones nacionales. Según este
escenario, solamente Letonia y Alemania entrarían en recesión en cuanto a
que su PIB en el conjunto del año 2023 tendría un crecimiento negativo.
En el caso de los demás países, como en el caso de España, podría
registrarse algún trimestre negativo, pero en su conjunto sí que esperan
un crecimiento positivo de ese 1 %.

Los indicadores de coyuntura lo que nos muestran —aunque la
verdad es que los indicadores que están disponibles hasta la fecha son
muy pequeños— es que hay cierta robustez en el mercado de trabajo,
a pesar de que se produce cierta desaceleración en el ritmo de
crecimiento de las afiliaciones, pero todavía el mercado de trabajo se
muestra robusto, aunque no es menos cierto que indicadores tan
importantes de la actividad económica como el PMI ha entrado en zona
contractiva al situarse por debajo del 50 en el conjunto de los países de
la zona euro. Y, además, los indicadores de confianza siguen sin
remontar, el indicador de confianza de los consumidores sigue estando en
niveles muy bajos, y ahora también empieza a afectar al indicador de
confianza del sector servicios, que empieza a resentirse en la práctica
totalidad de los países de la zona euro. En cuanto a la inflación, ya me
he referido antes, es cierto que según los últimos datos —ya hemos
registrado el último que se ha publicado del mes de noviembre—, en
el caso de España arroja una cifra del 6,6 %, pero no es menos cierto
que, si excluimos la energía y los alimentos, ese comportamiento
favorable ya no es tan grande y, si incluimos solamente el comportamiento
de los alimentos, bebidas y tabaco, se sigue registrando una tendencia
alcista, como mostramos en el cuadro de abajo de la derecha. Esto en lo
que se refiere al escenario macroeconómico y también a las perspectivas y
los últimos datos que hemos tenido después de la comparecencia en el
Congreso.

Respecto a nuestra valoración de los presupuestos, aquí lo que
dijimos y seguimos pensando es que se ha desaprovechado la oportunidad
que suponen los presupuestos en cuanto a principal instrumento de
política económica. Y no solamente es el principal instrumento de
política económica, en su momento, de diseño y presentación, sino que
también dificulta el control posterior que se puede hacer después de la
actuación del Gobierno. A nuestro juicio, este presupuesto tiene
carencias notables que reducen su calidad informativa, lo que dificulta
su supervisión. También reduce su potencia como herramienta de
planificación económica porque no da una visión integral de cuál es la
actuación o cuál va a ser la actuación del Gobierno. Y, desde luego,
debilita la posible rendición de cuentas en la medida en que se va a
hacer un seguimiento de un presupuesto que no contempla ni la totalidad
de los ingresos ni tampoco la totalidad de los gastos.

En los presupuestos hay varias deficiencias. En primer lugar, la
propia Ley General Presupuestaria dice que el presupuesto anual tiene que
encuadrarse en una planificación y en un escenario presupuestario
plurianual. Ya no nos estamos refiriendo al plan que contempla la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria en caso de suspensión de las
reglas, es que la propia Ley General Presupuestaria dice que tiene que
haber unos escenarios presupuestarios de carácter plurianual y, dentro de
esos escenarios presupuestarios plurianuales, el presupuesto es la
concreción anual de cuáles van a ser las previsiones de ingresos y cuáles
van a ser los gastos que se van a comprometer. Y, en este sentido,
tenemos debilidades tanto en el lado de los ingresos como en el lado de
los gastos. En el lado de los ingresos, porque la previsión de cierre que
se incorpora en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022
está alejada de la realidad que ya sabemos que se va a producir. En ese
sentido, a nosotros sí que nos gusta la prudencia, pero yo entendería más
la prudencia referida a la estimación de ingresos de 2023, y no tanto a
la ejecución de los presupuestos de 2022, de los que ya nos faltan pocos
datos para saber cuál va a ser su materialización. En este momento y a
efectos de conocer qué ha pasado con el tercer pago fraccionado del
impuesto sobre sociedades, la previsión de cierre del Gobierno estaría en
más de 10 000 millones por debajo de la recaudación que previsiblemente
se va a obtener. Pero, además, por el lado del gasto tampoco es completo.
¿Por qué? Primero, porque no contempla la prórroga de las medidas ni la
adopción de nuevas medidas para atender o paliar los efectos de la crisis
energética, a pesar de que pocos días después de la presentación del
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ya dijo que
iba a haber un paquete de medidas. En segundo lugar, el propio Plan
presupuestario que se envía a Bruselas ya contempla dos escenarios. Y el
Gobierno dice que el segundo escenario es más realista y transparente,
puesto que contempla ya la prórroga de medidas, sin detallar, eso sí,
pero por un importe que excede en más de un punto del producto interior
bruto. Y, en tercer lugar, parece razonable que esta prórroga se vaya a
producir, además de por el pronunciamiento del Gobierno, porque las
circunstancias macroeconómicas de 2023 no son muy distintas de la
situación macroeconómica de 2022 que propició la adopción de estas
medidas. Además, y como ya venimos diciendo en años anteriores, se sigue
sin aportar información relevante en términos de contabilidad nacional. Y
puede parecer que somos persistentes e insistentes en esta recomendación,
pero para que se hagan una idea de la importancia que tiene, los ajustes
de contabilidad nacional, de los que no se conoce el detalle, exceden de
un punto del PIB, según las previsiones del propio Gobierno, que pueden
determinarse por diferencia, cuando uno analiza la composición del límite
de gasto no financiero. Y, además, también seguimos diciendo que hay
deficiencias en el proceso de aval del cuadro macroeconómico tanto en los
plazos como en el contenido de la información que se nos remite.

El informe de los Presupuestos Generales del Estado y del Plan
presupuestario se produce en un contexto de suspensión de las reglas
fiscales. Es el cuarto año, y esto no implica que se produzca una
suspensión de la supervisión fiscal, dado que tanto el marco fiscal
nacional como el marco fiscal europeo no han perdido nunca de vista la
sostenibilidad. Así, el marco fiscal nacional dice que cuando se
suspenden las reglas fiscales hay que presentar un plan de reequilibrio
para no perder de vista precisamente la sostenibilidad. Y, por otro lado,
las orientaciones fiscales en el ámbito de la Unión Europea también han
pasado de ser cualitativas a ser cuantitativas, pero siempre han dicho
que hay que tener en cuenta esta sostenibilidad. En este contexto de
suspensión de las reglas fiscales, lo que Airef mira es si los
presupuestos se adecúan a estas orientaciones fiscales del ámbito
nacional y a las orientaciones fiscales del ámbito europeo.

En el ámbito nacional tenemos la suspensión de las reglas fiscales.
Ya he dicho que tiene que ir precedido de un informe de Airef, donde se
dice que se dan las circunstancias para que proceda esa suspensión y que,
además, tiene que haber un plan, llamémosle de reequilibrio o un plan de
medio plazo, que de alguna forma garantice la sostenibilidad. Pero en el
ámbito concreto y anual se han sustituido los objetivos de déficit por
unas tasas de referencia. Ciertamente no existe obligación de fijar estas
tasas de referencia, pero nosotros las valoramos de manera positiva, en
el sentido de que aportan previsibilidad y anclan la actuación de los
distintos gobiernos y administraciones públicas. Eso sí, siempre que las
tasas de referencia tengan un carácter realista y que no estén
desvinculadas de la realidad del momento, como ahora mismo veremos.

Y por la parte de la adecuación a las orientaciones fiscales
europeas, aquí Europa ha ido sustituyendo unas orientaciones cualitativas
por otras más cuantitativas. Primero dijo que las medidas tenían que ser
oportunas, selectivas y temporales; luego pidió prudencia en el año 2022
a los países con un alto nivel de deuda, como es el caso de España; y ya
en 2023 lo que nos ha dicho a países como España es que nuestro gasto
corriente primario, con financiación nacional, no puede exceder de la
tasa de crecimiento del PIB potencial de medio plazo. Si comparamos
nuestras previsiones con lo dicho en el Plan presupuestario, aquí lo que
vemos es que, como decía, el punto de partida de las previsiones de
ingresos de 2022 no es realista. Desde luego, la tasa de referencia
prevista para la Administración central resultaría alcanzable, siempre y
cuando no se produzca la prórroga de las medidas, si no, no sería así. Y
en el caso de los fondos de Seguridad Social, con prórroga o sin ella, a
nosotros nos parece difícil que se alcance la tasa de referencia del 0,5,
toda vez que hay un incremento del gasto muy importante vinculado a la
actualización de las pensiones con el IPC.

En el caso de las comunidades autónomas, nos parece que presentamos
tasas muy similares a las del Gobierno en cuanto al 2022, pero no así en
cuanto al 2023. Y aquí sí me gustaría llamar la atención en que ambos
prevemos un cierre del 1 % del PIB en el año 2022, pero la tasa de
referencia era del 0,6 %. El cierre de las comunidades autónomas se va a
producir muy lejos de ese 0,6 %, ya que cuando el Gobierno plantea estas
tasas de referencia, que van siendo cada vez menores de manera gradual,
no tiene en cuenta cuál es la mecánica del sistema de financiación. Y,
desde ese punto de vista, era difícil que las comunidades autónomas
cerraran el 2022 con un 0,6 % —de hecho, van a cerrar en
un 1 %— y, de igual forma, les dan un margen excesivo en 2023, en
el que la liquidación del sistema de financiación de 2021 va a ser
ciertamente muy positiva. ¿Cuál es el problema de eso? Que, según
nuestros cálculos, la mayor parte de las comunidades autónomas podrían
cerrar en una situación de equilibrio o superávit presupuestario, pero
todas ellas han presentado unos presupuestos que permiten agotar el
margen del 0,3 % que contempla la tasa de referencia. Ese es el riesgo de
fijar tasas de referencia no ajustadas a la realidad.

Y en el ámbito de las entidades locales, aquí sí que vemos que se
consolida un superávit que es mayor que el que prevé el Gobierno. Y
también está muy influido por la liquidación del sistema de
financiación.

Con todo ello, y en términos globales, la Airef contempla un cierre
de 2022 claramente por debajo del previsto por el Gobierno. Así como
contempla un cierre para 2023 por debajo del contemplado por el Gobierno,
siempre que no se produzca la prórroga de las medidas. He de decir que
este cierre del 4,6 % probablemente sea inferior en la medida en que los
datos de recaudación que vamos conociendo se comportan de manera muy
positiva, tanto en el IVA como en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas. Y nos falta por saber cuál es el comportamiento del
impuesto sobre sociedades. En este 4,6 % ya está incluido el 0,3 de la
medida que se adoptó después de la presentación del Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado que, como digo, asciende a un importe
de tres décimas de PIB.

Brevemente, porque veo que ya he consumido la media hora, nuestro
escenario estaría más en consonancia con el escenario dos que con el
escenario uno, si bien vemos inconsistencias, incluso en el propio
escenario dos, por ejemplo, en que no contempla un crecimiento de los
gastos de personal, a pesar de que ya en 2022 este escenario dos sí que
contempla el incremento del 1,5 %, que, por lo menos, se consolidaría
en 2023.

Me gustaría detenerme en esta orientación de medio plazo. Según
nuestra perspectiva, en el medio plazo y con independencia de lo que pase
en 2023 respecto al establecimiento o no de la prórroga de las medidas,
el déficit se estancaría ligeramente por encima del 3 %. Y la
consecuencia más importante que eso tiene en términos de deuda es que
nuestra deuda se situaría, como ahora veremos, por encima del 100 %, y se
estabilizaría en ese nivel, una vez que ya el crecimiento económico y la
retirada de las medidas dejan de ayudarnos.

Cumplimiento de la recomendación fiscal europea —si quieren,
luego podemos entrar en mayor detalle—: si no hay prórroga de
medidas, se cumple; si hay prórroga de medidas, claramente se incumple.
Lo que pasa es que aquí la Comisión se deja cierto margen y es la
recomendación que ha hecho al Plan presupuestario: puesto que todavía no
se conocen medidas, lo que tiene que hacer usted es focalizarlas. Y aquí
lo que hemos hecho es un análisis del grado de focalización,
distinguiendo aquellas medidas que afectan a los precios de aquellas que
afectan a lo que es la compensación del nivel de rentas. Las que afectan
a los precios, claramente, no son focalizadas, mientras que las que
afectan al nivel de renta tienen un grado de focalización mucho mayor, a
excepción de lo que se refiere a la reducción de los rendimientos del
trabajo y al complemento de las becas, que afecta, sobre todo, a los
niveles de renta media.

Esta es la estabilización de la ratio de deuda por encima del 108 %
hasta 2026, y porque me paro aquí, si siguiera más adelante iniciaría una
senda ascendente una vez que entran en el escenario riesgos a los que nos
enfrentamos como, por ejemplo, el escenario demográfico.

Sí me gustaría hacer hincapié en dos recomendaciones, sin perjuicio
de que luego pueda haber alguna recomendación más. Una recomendación que
es novedosa de este año es qué ha ocurrido con el proceso de aval. Es
cierto que en julio el Gobierno lo que hace es presentar su escenario
macroeconómico, que sirve de base a todos los presupuestos de las
administraciones públicas, pero la petición de aval no tiene lugar hasta
el mes de septiembre. Eso en un contexto normal no tiene mayor
incidencia, pero en un contexto como el actual, dos meses es una vida
entera. Y, entonces, lo que nosotros hemos pedido es que se nos consulte
en el momento de presentación del escenario macroeconómico del mes de
julio, porque, si no, la petición de aval ya nos llega tarde. En ese
sentido, ya nos ha contestado el ministerio y lo que nos dice es que no
puede consultarnos porque no está previsto en nuestra ley que emitamos un
informe en el mes de julio. Ya lo sabíamos, nosotros no hemos recomendado
hacer un informe. Efectivamente, los informes son los que están tasados
por ley, pero nada impide que se nos consulte. Y aquí nosotros lo único
que recordamos es que AIReF tiene otra posibilidad de pronunciarse que es
por la vía de la opinión, que no requiere que se consulte por parte de
una Administración pública, de manera que, si la situación económica
sigue siendo tan incierta como la actual, la AIReF emitirá una opinión en
el mes de julio sobre el cuadro macroeconómico que se presente en ese
momento.

Lo dejo aquí, y, a lo mejor, tenemos posibilidad de entrar en mayor
detalle.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Como tiene usted luego otra intervención de en torno a diez o doce
minutos, podrá precisar alguna cosilla más. Disculpe y gracias por su
esfuerzo por aligerar esto.

Por tiempo de diez minutos, corresponde ahora la palabra a los
portavoces que han solicitado la comparecencia. En primer lugar, por el
Grupo Mixto, el señor Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.

Señora Herrero Sánchez, bienvenida. Usted indicó en su comparecencia
en el Congreso, y ha vuelto a incidir en ello ahora, que el proyecto de
presupuestos es el principal instrumento de política económica del
Gobierno y, por lo tanto, un mecanismo fundamental de control en el
ámbito nacional en cuanto a su diseño y ejecución, pero que, sin embargo,
presenta carencias notables que le restan calidad informativa y potencia
como herramienta de planificación económica; y, además, dicho
presupuesto, tal y como está diseñado, debilita su función de rendición
de cuentas. En el informe que ustedes publicaron el 18 de octubre
indicaban una serie de carencias que presentaban los presupuestos para el
próximo año. En dicho informe han señalado que infravaloran el punto de
partida con unas previsiones de cierre de ingresos que no incorporan la
información más reciente de 2022 y que no incorporan medidas por un
importe potencialmente elevado que previsiblemente se adoptarán, puesto
que el propio Gobierno proyecta para 2023 la persistencia de las
circunstancias económicas que las motivaron en 2022. Pero es que, además,
el Plan presupuestario enviado a Bruselas incorpora un segundo escenario
con más ingresos y gastos que en los presupuestos.

Por otro lado, los presupuestos siguen sin aportar información de
contabilidad nacional ni de los ajustes de contabilidad nacional ni de
ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Igualmente, no resuelven las deficiencias que se generan en el proceso de
aval del cuadro macroeconómico que ustedes detectaron y no se enmarcan en
una estrategia de medio plazo. Ustedes, desde hace tiempo, vienen
alertando de estas debilidades con recomendaciones que han venido
reiterando y ampliando. Según ustedes se trata de carencias reiteradas
que están tendiendo a convertirse en práctica presupuestaria y a
agravarse, ya que parece ser que el Gobierno no hace caso. ¿Qué opina
usted de esta actitud por parte del Gobierno de no hacer caso de sus
recomendaciones? Ya que su misión tiene por objeto velar por la
sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el
crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y
largo plazo, ¿no sería más correcto que el Gobierno pusiera en práctica
sus recomendaciones?

Ustedes han indicado que hay diferencias respecto a las perspectivas
de crecimiento real e inflación, la composición del crecimiento real y la
percepción de riesgos. Mientras que el Gobierno ha rebajado su previsión
de crecimiento al 2,1 %, ustedes han indicado que el crecimiento real
será del 1,5 %; es decir, seis décimas por debajo de la previsión del
Gobierno. Según este escenario, la economía española retomaría una senda
de recuperación en la primavera de 2023 y recuperaría los niveles de
actividad previos a la pandemia en el primer trimestre del 2024. El
problema es que la mayoría de las instituciones económicas, tanto
nacionales como internacionales, no avalan, no se creen, las cuentas de
este Gobierno. La CEOE, Goldman Sachs, Funcas, Banco de España u Oxford
Economics son algunos de los organismos que rebajan a más de la mitad las
estimaciones del Gobierno, vaticinando un crecimiento económico por
debajo del 1 % para el próximo año. A lo largo de los últimos meses,
hemos comprobado cómo el Gobierno ha ido rebajando sus previsiones de
crecimiento para el próximo año, pasando del 3,5 al 2,7 y, por último,
al 2,1 %. Cada vez son más los distintos organismos nacionales e
internacionales que no se creen estas cuentas.

En este contexto, el déficit público se situará en el 3,3 % en 2023,
tras cerrar 2022 en el 4,4 % del PIB. Según ustedes, el margen para la
reducción del déficit, sin adoptar medidas adicionales, se agota, y el
desfase de las cuentas se estabiliza por encima del límite del 3 % del
PIB fijado en el Pacto de estabilidad y crecimiento. ¿Qué opina usted
sobre este desfase de las cuentas públicas? ¿Le parece correcto? Usted ha
criticado que el gasto disparatado del Gobierno Sánchez, sumado a la
inflación, que podría situarse en el 5 % en 2023 por la falta de medidas
para su control, impedirán recortar el desequilibrio de las cuentas
públicas en el medio plazo. Como autoridad que tiene por objeto velar por
la sostenibilidad de las finanzas públicas, ¿le parece a usted correcto
el gasto desmesurado de este Gobierno?

Por otro lado, ustedes prevén que la inflación alcance este año una
media del 8,9 % y del 3,9 % en 2023. Sin embargo, ha advertido de que la
previsión para 2023 se basa en el supuesto de que se adopten medidas para
paliarla, de manera que, si no fuera así, podría situarse por encima
del 5 %. Los últimos datos de la OCDE arrojan un futuro preocupante, ya
que España será el único país de toda la eurozona donde la inflación se
mantendrá estable en 2024. Tras la bajada experimentada en 2023, la OCDE
prevé que España cierre 2024 con una inflación del 4,7 %, es decir, la
misma que el año anterior. Pero todos los países, excepto España, estarán
por debajo de la media de la Unión Europea, que se situará en
el 3,4 %.

Ustedes también han advertido que, además de la falta de medidas, las
cuentas parten de unas previsiones de cierre de ingresos de 2022 que no
son realistas. Sobre esa base han formulado dos recomendaciones nuevas
orientadas a articular adecuadamente el proceso presupuestario y
solventar las carencias advertidas en los presupuestos: por un lado,
recuperar el papel central de los presupuestos como instrumento de
política fiscal y económica y elemento de diseño, planificación,
ejecución, control y supervisión de la actividad del sector público; y,
por otro, incorporar y publicar, en la eventual prórroga de las medidas,
una evaluación de su eficacia y eficiencia y especificar las condiciones
que desencadenan su prórroga o retirada, con el objetivo de que puedan
integrarse las medidas en una estrategia fiscal nacional a medio plazo
realista y creíble. Asimismo, han reiterado la recomendación sobre la
necesidad de incluir en los presupuestos información de los ajustes de
contabilidad nacional, información de aquellas entidades que, si bien no
tienen naturaleza pública, se incluyen a efectos del sistema europeo de
cuentas en el subsector de la Administración central y del saldo
resultante de la capacidad o necesidad de los organismos de la
Administración central. Además, mantienen viva y reiteran su
recomendación de establecer una estrategia fiscal de medio plazo que
sirva de orientación fiscal y garantice, de manera creíble y realista, la
sostenibilidad.

Otra cuestión que también nos preocupa mucho es la eficiencia del
gasto público porque el Gobierno considera que gastar más es positivo y
lo venden como algo extraordinario. Estos presupuestos son los
presupuestos con mayor gasto social. Estamos de acuerdo en que,
efectivamente, el gasto social solamente por pensiones ya supone casi
el 50 % del gasto total, pero no se trata de gastar más, sino de gastar
mejor. Ustedes, el 19 de julio de este año, enviaron una carta al
Ministerio de Hacienda con una recomendación. En esa recomendación se
decía que enmarcasen la elaboración de los presupuestos para 2023 dentro
de una estrategia fiscal a medio plazo que evitase incrementos de gasto o
reducciones de ingresos con carácter estructural cuya financiación
permanente no esté garantizada, pero, según el ministerio, estas
recomendaciones ya están atendidas. ¿Qué opina usted? ¿Están o no
atendidas dichas recomendaciones?

Y, por último, según datos publicados por la Comisión Europea, el
indicador de sentimiento económico de España ha descendido en noviembre
hasta su nivel más bajo desde febrero de 2021, que contrasta con el
aumento registrado tanto en la zona euro como en el conjunto de la Unión
Europea. ¿Qué opinión le merece a usted este último dato?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín Gascón.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
el señor Vidal Matas, por tiempo de diez minutos.

El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidente. No agotaré mi
tiempo.

Después de toda la intervención, he deducido que sí ha dado el aval
al cuadro macroeconómico, entendiendo que ese cuadro, como decía el
gobernador del Banco de España, viene con una gran dispersión de las
diferentes previsiones, dado el contexto de incertidumbre. Pero me
gustaría tenerlo claro y saber si el cuadro tiene o no tiene el aval de
la Airef, aunque entiendo que sí.

También me gustaría que profundizara, si puede, porque me ha
preocupado, en la dificultad de seguimiento de los presupuestos. Es
importantísimo destacar qué efectos tendría. Usted ha dicho que era
básicamente porque se había perdido la senda de los próximos años y, por
tanto, eso dificultaba el seguimiento, pero quisiera que ahondara en ese
tema y en cómo mejorarlo porque me ha preocupado.

Después, usted ha hecho referencia a los desajustes que se van
produciendo entre previsiones y realidades diferentes. Por eso, ya que
ustedes tienen los datos de los presupuestos de las comunidades
autónomas, me gustaría saber dónde va a ser más grande esa disparidad
entre las previsiones del Estado y los presupuestos que han elaborado las
comunidades con esas previsiones. Usted ha dicho que todas las
comunidades autónomas habían referenciado al cuadro macroeconómico del
Estado, pero, después, las situaciones eran muy dispares —he
entendido ese hecho, si no es así, me corrige—, y me gustaría saber
qué zonas tenemos más riesgos económicos, tanto las comunidades autónomas
como las ciudades que han asumido más riesgo en estos presupuestos debido
a que no van a ser capaces de generar ese crecimiento que, a lo mejor, a
nivel del Estado se había previsto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vidal.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fragoso
Martínez.

El señor FRAGOSO MARTÍNEZ: Muchísimas gracias, presidente.

Señora Herrero, muchas gracias por sus intervenciones, tanto la de
aquí como la del Congreso, que seguimos puntualmente; hora y media entre
una y otra, con lo cual, nos ha podido complementar. Y, cómo no, también
damos las gracias a todo el personal de la Airef por el trabajo que
realiza, que da como resultado las magníficas presentaciones que nos
ofrecen. Agradecemos especialmente el esfuerzo al que hacía referencia en
la intervención en el Congreso por acercar los presupuestos a la
ciudadanía en general. Además, decía que lo había comentado en el Consejo
General de Economistas con el fin de acercar los presupuestos a la
sociedad y ayudar a digerirlos. Nos ha parecido que su intervención de
hoy, igual que la del otro día, ha sido valiente, que pone el dedo en la
llaga de las principales deficiencias de los Presupuestos Generales del
Estado. Desde nuestro punto de vista, no son los presupuestos que
necesita el país en estos momentos. Es bueno que no solo lo hablemos los
técnicos o los políticos, sino que la sociedad sea consciente de dónde
estamos y a dónde nos llevan; es decir, que tengan capacidad de
digerirlos, como usted bien comentaba en su intervención ante el Consejo
General de Economistas.

Compartimos el análisis de que el presupuesto debería —recalco
debería— ser el principal instrumento de política del Gobierno y,
luego, de control, pero ha quedado evidenciado que, por la falta de
información, de planificación y de transparencia, actualmente no lo es y,
además, nos tememos que al Gobierno no le interesa que lo sea. Igualmente
compartimos sus reiteradas recomendaciones, sobre todo esta última que ha
hecho de poder dar una opinión sobre las tasas de referencia en el mes de
julio, que nos permita, por tanto, que actuemos de forma más acertada a
la hora de llevar a cabo la práctica de la presupuestación. Vemos cómo,
año tras año, todas las recomendaciones son desoídas por el Gobierno. Nos
imaginamos que, para ellos, los presupuestos se han convertido en un
ejercicio de filibusterismo donde el único botín es la permanencia en la
Moncloa a cualquier precio, olvidándose de las consecuencias que para los
ciudadanos tiene una política económica deficiente como la de los
Presupuestos Generales del Estado.

A partir de ahí, me gustaría hacerle algunas preguntas en esta
primera intervención. Usted ya consideró viciadas estas cuentas desde el
punto de vista de los defectos que tenían antes, incluso, de poder
analizar en profundidad el Plan presupuestario que había enviado el
Gobierno a Bruselas. ¿Considera que estas cuentas incluyen, una vez
analizadas, todos los ingresos previstos? ¿Considera que incluyen todos
los gastos previstos por el Gobierno? ¿Han podido modificar sus
previsiones añadiendo todos esos compromisos de gastos
extrapresupuestarios ya comprometidos para 2023? ¿Considera, en cualquier
caso, que los presupuestos cumplen con el principio de universalidad? ¿Ve
adecuado mandar dos escenarios presupuestarios a Bruselas y que ninguno
coincida con los presupuestos, aunque haya uno de ellos que se parezca
más, pero que todos tengan deficiencias? Al que no le falta el 1,5 %, le
faltan los ingresos de final de año; otro no incluye medidas que ya se
han anunciado que se van a tomar; o da la casualidad de que, en el
escenario donde toman las medidas o donde no toman las medidas, el
déficit, al final, es el mismo; con lo cual, evidentemente, está claro
que ninguno de los tres, ni los presupuestos ni el escenario uno ni el
escenario dos, se pueden cumplir; es imposible porque todos tienen
defectos.

Apreciamos entre líneas —esa es una consideración nuestra y en
alguna medida también comento lo que el senador Vidal ha dicho— que
con cierta resignación han tenido que dar el aval. ¿Por qué? Porque el
aval solo se puede referir a si el cuadro macroeconómico es coherente a
la hora de calcular los ingresos que incluyen los presupuestos. Además,
el aval se tiene que dar, evidentemente, para ese cuadro macroeconómico
con respecto a las variables nominales, especialmente con respecto al
crecimiento nominal. En este caso, es verdad que el Gobierno calcula
un 6 % de crecimiento nominal y la Airef un 5,9 %. Puede parecer que son
similares y esa aparente similitud permite anticipar que se cumplirá, y
aunque no es posible tener la certeza porque, como también dijo en el
Congreso y me imagino que hoy mantiene, no manejan escenarios de ingresos
y de gastos, nominalmente parece que van a cumplir. Pero, claro, el hecho
de que haya una similitud nominal encierra también tremendas diferencias
sustanciales en ese crecimiento. La primera ya la ha nombrado usted; lo
que realmente va a crecer la economía, según ustedes, es el 1,5 %; según
el Gobierno, el 2,1 %. Por cierto, tras los últimos informes del FMI o
del propio aval que da la Comisión al Plan presupuestario, donde baja el
crecimiento casi al 1 %, ¿mantienen todavía el 1,5 %? Es una cuestión que
me gustaría aclarar porque el gobernador nos ha dicho que algunos de los
analistas lo bajan al 0,8 %. Esta es una cuestión relevante.

Por otro lado, la principal diferencia está en el deflactor. Vamos a
simplificarlo para digerirlo en la subida de precios, no en el IPC, que
solo es una cesta. Según el Gobierno, los precios solo van a subir, en
general, en la economía un 3,8 %; según ustedes, un 4,3 %. Por cierto,
¿lo mantienen después de los informes de la Comisión y del Banco Central
Europeo? Porque ambos dicen que la inflación va a ser mayor y, por lo
tanto, entiendo que la subida general de precios de la economía también.
¿O creen que ese deflactor todavía puede ser mayor? Es decir, el
crecimiento nominal similar se debe a que, según la Airef, vamos a crecer
menos y los precios van a subir más de lo que prevén los Presupuestos
Generales del Estado, y evidentemente creo que no es lo mismo. Si
hablamos de ingresos, que es lo que ha avalado la Airef, ¿es lo mismo
recaudar más porque crezca la economía o porque suban los precios? Yo
entiendo que no. Le pregunto: ¿tiene la misma elasticidad recaudatoria el
crecimiento de la economía que la subida de precios o que el deflactor
del PIB? ¿O puede ser que tenga algún efecto diferente, especialmente en
el propio crecimiento como efecto de segundo nivel? Desde el punto de
vista político no es lo mismo, pues pagar impuestos por ser más ricos no
es lo mismo que ser más pobres en términos reales porque han subido los
precios y, encima, pagar más impuestos. Esto es a lo que nos está
abocando el Gobierno.

Si hablamos de los riesgos, entendemos que el Gobierno no los ha
evaluado adecuadamente. En especial, quiero hacer hincapié en dos. El
primero, la política monetaria.






Usted hablaba en el Congreso, y aquí de
forma muy somera, del endurecimiento de las condiciones financieras fruto
de la política monetaria, cuestión confirmada, por cierto, por las
últimas declaraciones de Christine Lagarde, en las que nos ha dicho que
tiene claro que la inflación no está controlada y no se ha agotado la
senda de crecimiento de los tipos de interés. Si esto lo unimos a que se
va a poner fin al programa extraordinario de compra de deuda por parte
del Banco Central, le preguntamos: ¿cree que es posible que esté
correctamente valorado este incremento de la partida de los intereses de
la deuda en los presupuestos? ¿O es un riesgo más que significativo que
las cuentas públicas y el déficit no estén bien estimados?

Y con respecto a la ejecución del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia, es el segundo riesgo en el que quería hacer
hincapié y es algo general. Los presupuestos generales, en materia de
inversión, no se ejecutan bien. Según la IGAE, en septiembre, no estamos
ni siquiera en el 40 % de la ejecución de las inversiones. Los pocos
datos que podemos tener del Plan de recuperación nos dicen que, siendo
optimistas, de lo presupuestado de 2021 a 2022, vamos a llegar al 15 %,
siendo optimistas con aquello que iba a cambiar nuestra economía. Por la
falta de información sistemática e integral en la ejecución de fondos,
que además no incluye términos de contabilidad nacional, se puede decir
que no está llegando a la economía real. ¿Coincide con esa queja del
Fondo Monetario Internacional? ¿Considera factible que el impacto de los
fondos europeos en 2022 alcance el 0,8 % del PIB que pronosticaron? ¿Cómo
estima que afecta al crecimiento el bajo grado de ejecución de las
inversiones del plan, de las inversiones en general y del resto de fondos
europeos por parte de España?

La sostenibilidad nos preocupa profundamente. Por eso, apoyamos la
recomendación de poder estar enmarcados en un programa plurianual de
estimaciones fiscales. ¿Qué le parece que el Gobierno incumpla
reiteradamente la obligación del artículo 1.3 de la Ley de estabilidad?
Cuando ustedes confirman que hay condiciones para poder salir de las
reglas fiscales, nos obligan a tener una senda para volver a ellas. La
senda tiene que ser realista con respecto a la economía que vivimos, la
crisis que vivimos, pero de manera reiterada incumplen el artículo 1.3 de
la ley. ¿Qué le parece a usted? El déficit estructural a medio plazo lo
calculan por encima del 3,3 %. ¿Cree que es sostenible para nuestra
economía un déficit por encima del Pacto de estabilidad y crecimiento?
Considero que todas estas cuestiones son muy preocupantes.

Por último, voy a comentar dos breves cuestiones —ni un minuto
siquiera— que pueden afectar al marco macroeconómico. El mercado
laboral. Más allá de constatar su estancamiento en los propios análisis,
le quiero hacer una pregunta. Estamos en cifras récord de activos en la
Seguridad Social, pero hasta dentro de un año, como mínimo, no vamos a
recuperar el nivel prepandemia. O sea, tenemos más gente trabajando y
producimos menos. ¿Esto nos puede anticipar algún problema de
productividad o cómo explicaría usted esta situación que vivimos? Hay más
gente trabajando y producimos menos que antes de la pandemia. A lo mejor,
esto nos afecta en un futuro. Segunda cuestión, ¿cree que puede afectar a
la sostenibilidad de las cuentas públicas la ejecución de los avales
concedidos por el Instituto de Crédito Oficial con motivo de la crisis de
la COVID y que, efectivamente, en estos momentos va a haber que empezar a
ejecutar?

Muchísimas gracias. (Varias señorías golpean repetidamente su mesa
con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fragoso Martínez.

Señor Palacín, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra.

El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidente.

Buenas tardes, señora presidenta de la Airef. Gracias por su riguroso
análisis y por su presentación, que espero que nos pueda entregar al
finalizar la comparecencia.

La señora PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD
FISCAL, Airef, (Herrero Sánchez): La he enviado esta mañana.

El señor PALACÍN GUARNÉ: Entonces, espero que el presidente nos la
distribuya a los miembros de la comisión porque es un informe que siempre
es bien valorado por mi grupo y por el resto, y eso se traduce en que
tengamos más tiempo para poder debatir su informe en su comparecencia
este año.

Bajo el prisma de mi grupo parlamentario, es importante que las
administraciones públicas cuenten con un presupuesto aprobado en tiempo y
forma, cosa que no siempre ocurre. Llevamos tres años en los que estos
presupuestos pasan por la Cámara antes de que finalice el año, se
aprueban y entran en vigor el día 1. Además, el Gobierno está cumpliendo
con su obligación constitucional, algo que, entre otras cuestiones, ha
podido hacer porque la Airef ha prestado su aval al cuadro macroeconómico
que sustenta los presupuestos. He entendido con su intervención y,
también, con la intervención que le ha precedido, que ha sido la del
gobernador del Banco de España, que son unos presupuestos hechos con un
prisma prudente, que cumplen con las recomendaciones de la Comisión
Europea en cuanto a los gastos y, dentro de las cifras previstas para el
año 2023 en materia de déficit y deuda, cuadran tanto con las que tiene
la Airef en su informe como con las del Banco de España y otros
organismos internacionales. Lo cierto es que hoy, a poco más de treinta
días para acabar el año, todavía se están actualizando previsiones de
cierre para este año 2022 de diferentes organismos. ¿Y eso qué quiere
decir? Pues que, si hay diferentes versiones u opiniones en cuanto a cómo
vamos a cerrar un año del que hemos consumido once meses, hacerlas a doce
meses vista, y más con los precedentes que tenemos de los años
anteriores, y centrar la discusión, como a veces se hace, entre que se
crezca un 0,5 % o un 0,6 %, nos hace perder la visión que, desde nuestra
perspectiva, deberían tener estos Presupuestos Generales del Estado por
parte de los grupos parlamentarios, no de la Airef, y que no valoremos
tampoco el nivel de incertidumbre en el que están elaborados y en el que
llevamos sumidos los últimos dos o tres años por diferentes cuestiones
que no hace falta comentar. Quiero recordar que aquí, el año pasado,
estábamos hablando de unas predicciones que han cambiado tres, cuatro o
cinco veces a lo largo del año porque las circunstancias coyunturales que
nos ha tocado vivir, que no son fruto de la gestión de este Gobierno, así
lo han requerido, igual que han tenido que hacerlas otros países de
nuestro entorno.

En nuestro grupo creemos, y así lo hemos dicho este año y los años
anteriores, que, ante una coyuntura excepcional, la prudencia es la que
siempre debe guiar la previsión de gastos e ingresos dentro de los
Presupuestos Generales del Estado, que es de lo que depende la gestión
directa del Gobierno. Creemos que estos presupuestos se han elaborado
siguiendo esta guía. Se elaboraron en septiembre, estamos ya en
diciembre, han transcurrido varios meses y la evolución económica ha
podido cambiar. Prudencia y transparencia, al final estos presupuestos y
la información contenida en ellos son públicos y en la página web del
Ministerio de Hacienda tenemos acceso a muchísima documentación; de
hecho, aquí estamos celebrando 39 comparecencias para analizar, en los
distintos ministerios y en las distintas secciones, qué se incluye en
estos presupuestos.

Creo recordar que es el segundo número más alto en los últimos años,
y entiendo que es algo positivo, es más, creo que deberíamos repensar la
conveniencia de otorgar un mayor espacio a este debate en esta Comisión
de Presupuestos.

Por otro lado, en la situación actual —ya lo ha comentado el
señor Fragoso— estamos ante un récord de afiliados a la Seguridad
Social que deja atrás el Plan 2020 que anunciaba el señor Rajoy allá por
el año 2017; el crecimiento del producto interior bruto va a ser superior
al 4 % y habrá que ver en qué cifra cierra este año 2022; las previsiones
son que, para el año 2023, seamos una de las economías de la Unión
Europea con mayor tasa de crecimiento y que este siga al alza en el
año 2023. También hemos conocido que, después de alcanzar el pico de la
inflación o del IPC en los meses de julio y agosto, por encima del 10 %,
este ya se va normalizando, va reduciéndose y hoy —ya lo han
comentado— estamos con un IPC adelantado para el mes anterior
del 6,6 %, que puede que nos deje como la economía o el país de la Unión
Europea con menor tasa de inflación. Después de escuchar algún discurso
un tanto catastrofista, me gustaría dejar un poco claro cuál es la
realidad en la que nos movemos.

Es cierto que me quedo con los principales aspectos negativos que la
presidenta de la Airef ha mostrado en estos presupuestos. Uno era una
elevada prudencia en la previsión de cierre en este 2022, en cuanto a los
ingresos tributarios, que puede extenderse al año 2023, pero yo creo que
siempre es mejor ser prudente que tener un desfase de varios miles de
millones de euros —como ocurría en el pasado—. Es mejor ser
prudente y que luego los ingresos te lleven a cumplir o a mejorar las
previsiones, que no hacerlo a la inversa. En cuanto al otro punto que
usted ha dejado claro sobre que quizás haya partidas de gasto no
contempladas, es evidente que, dado el alargamiento de las medidas de
lucha contra las consecuencias de la crisis o de la guerra en Ucrania,
habrá que analizarlas y ver si se han de poner en marcha; ya se ha
anunciado que algunas se van a extender al año 2023, pero es que a veces
se aprueban por real decreto y se requiere el voto de otras fuerzas
políticas que sistemáticamente han votado en contra de ellas, y así es
difícil. Nosotros entendemos que mientras dure esta situación tenemos que
abundar en ello, sobre todo entre los sectores vulnerables —y ha
indicado usted en sus gráficas las que tienen mayor impacto en los
deciles de menor renta en nuestro país—. A veces es difícil hacer
previsiones a varios meses vista, máxime si dependen también de
negociaciones parlamentarias, que últimamente ya vemos cómo van, así que
creo que hay que ser prudentes.

No me quiero extender más porque creo que lo interesante es
escucharle a usted. Es cierto que a veces en las estimaciones de
crecimiento —hablo del modelo Mipred— hay algún decalaje con
respecto a otras que se realizan o con lo que nos ha venido a comentar
hoy el gobernador del Banco de España sobre el cierre. El modelo Mipred
también ofrece estimaciones para el cuarto trimestre que son positivas y
esto no me casa con alguna aseveración que se ha hecho sobre la
posibilidad real de recesión entre el cuarto trimestre del 2022 y el
año 2023, y le quería preguntar si es normal. Han pasado unas semanas,
unos meses y la evolución a veces lleva a que las perspectivas en un
momento dado no tengan nada que ver con las de hace cuatro semanas o un
mes y medio. Le queríamos preguntar si cree que va a producirse una
recesión técnica en este último trimestre o no. De igual modo, queríamos
saber la valoración sobre las estimaciones de ingresos, gastos y déficit
para este año 2022. Sobre lo de emitir opinión en julio, creo que,
teniendo en cuenta la situación vivida en los últimos años, casi tendrían
que emitir una opinión trimestral.

Por otro lado, señor Fragoso, creo que hemos escuchado al gobernador
del Banco España, que nos ha dicho que el incremento de la recaudación, o
más de la mitad, no se explica por la inflación. Es decir, al final la
economía está creciendo, hay más españoles y españolas que tienen empleo
y la política de mantenimiento de rentas que ha hecho el Estado ha
permitido que esa recaudación se mantenga; miren los datos de 2021,
cuando la recaudación creció un 15 % y la tasa de inflación estaba en
el 3 %. Creo que una parte del comportamiento de los ingresos sí se puede
achacar a la inflación —aunque no la comprendamos—, pero no
es la parte mayoritaria, y otra puede deberse al buen desempeño de la
economía, a la afloración de la economía sumergida; es algo que cuesta
comprender, pero vivimos en tiempos excepcionales y a veces obtenemos
resultados excepcionales.

Con esto acabo mi intervención, y quedo a la espera de que conteste a
nuestras preguntas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Palacín.

Contesta la presidenta de la Airef por tiempo de diez minutos, doce a
lo sumo.

La señora PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABLIDAD
FISCAL, AIREF (Herrero Sánchez): Voy a intentarlo.

Agrupándolo por temas, por un lado, cabe hablar del aval y de las
previsiones macroeconómicas. Respecto a si hemos avalado los
presupuestos, la respuesta es sí, claramente. Respecto a las condiciones
y por qué se produce ese aval, creo que también lo he dicho. Airef no
avala el conjunto del cuadro macroeconómico del Gobierno, si no, algunas
de las variables no entrarían en ese aval. Airef lo que tiene que hacer,
porque así lo dicen la normativa europea y nuestra ley, es ver si ese
cuadro macroeconómico va a permitir cumplir el escenario de previsión de
los Presupuestos Generales del Estado en materia de ingresos y de
aquellos gastos que están más vinculados a las variables del cuadro
macroeconómico. En ese sentido, la variable relevante es la variable
nominal, pero eso no quiere decir que no se haya avalado; si se ha
avalado. Es verdad que precisamente porque esta es la finalidad, en una
de las recomendaciones que hacemos —y va en línea también con
alguna pregunta que me han hecho— nosotros decimos que hay
deficiencias en el procedimiento del aval porque falta información. A
nosotros lo que se nos manda es un cuadro macroeconómico, pero, a mi
juicio, faltan dos tipos de información fundamentales: el cuadro
macroeconómico a políticas constantes y el cuadro macroeconómico con
impacto de las medidas; ello permitiría un pronunciamiento de mayor
calidad por parte de Airef. Una cosa es el escenario inercial y otra cosa
es la incidencia de las medidas que esté contemplando el Gobierno, y ese
doble escenario no se produce, no conocemos el impacto de las medidas en
el escenario macroeconómico. Por otra parte, si la finalidad del cuadro
macroeconómico es garantizar el realismo del escenario presupuestario, el
escenario macroeconómico tiene que ir necesariamente acompañado de un
escenario de ingresos y gastos, aunque sea un escenario somero y que no
tenga a lo mejor todo el detalle del mundo, pero sí que tenemos que
permitir, porque podría pasar que estemos avalando un cuadro
macroeconómico y, como ha pasado muchas veces, haya una desconexión clara
entre las variables macroeconómicas y presupuestarias presentadas por los
gobiernos, probablemente porque se hacen en ministerios distintos.
Entonces necesitamos saber si esa coherencia se produce o no, y por eso
hemos pedido que se nos mande información de ingresos y gastos. Lo que se
nos ha contestado es que se nos manda toda la información que está
disponible, pero si se presenta el proyecto de presupuestos cinco o siete
días después de que se nos pida el aval macroeconómico, entiendo que ya
por lo menos unas líneas generales de los ingresos y gastos ya se
conocen, con lo cual entiendo que no sería difícil que esa recomendación
se cumpliera.

Respecto a la pregunta sobre las comunidades autónomas, no me ha
quedado claro si me preguntaba por las diferencias en el aspecto
macroeconómico o presupuestario; le contesto a las dos. En el aspecto
macroeconómico aquí tenemos un lío también parecido al que ahora mismo se
da en el ámbito nacional. Y es que nuestra ley dice que si la comunidad
autónoma no se aparta de las previsiones del Gobierno central no nos
tiene que pedir aval, y si se aparta, sí que nos tiene que pedir aval.
¿Cuál es el problema? Que el 70 % de sus ingresos no descansan en sus
previsiones de PIB regional, sino que descansan en las previsiones de
crecimiento nominal por la mecánica que tiene el sistema de financiación
y porque, además, los datos de contabilidad regional últimos, de
contabilidad nacional regional últimos son del 2020 y todavía falta por
conciliar con los datos de la contabilidad nacional de ámbito nacional,
con lo cual es complejo, porque muchas veces una comunidad autónoma prevé
un crecimiento superior al que prevé el Gobierno o inferior al que prevé
el Gobierno, y, si tenemos en cuenta sus variables regionales, podría
llevarnos a avalar o no avalar. En cualquier caso, lo que es cierto es
que la variable determinante en las comunidades autónomas es la variable
nacional, y con ese criterio es como estamos prestando aval a los
proyectos de presupuestos de las comunidades autónomas.

Si me pregunta por las divergencias en cuanto a déficit. Para el 2023
nosotros prevemos que la mayor parte de las comunidades autónomas
estarían en una situación de equilibrio o superávit. Hay dos comunidades
autónomas que podrían estar con una situación de déficit un poquito peor
de ese 0,3 —según los datos que hemos publicado, serían las
comunidades autónomas de Cataluña y Castilla-La Mancha— y hay dos
comunidades autónomas que están claramente por encima del 0,3 —como
todos sabemos, las comunidades autónomas de Murcia y Valencia—. En
ese sentido, cuando hemos recomendado que se fijen tasas de referencia
realistas —que creo que también ha salido aquí— el Gobierno
lo que nos dice es que esas tasas de referencia que han venido fijando
han contribuido a que las comunidades autónomas cumplieran con una
orientación de estabilidad y sostenibilidad. Eso no es así, porque la
tasa de referencia del año 2022 fue del 0,6 % y van a cerrar en el 1.
Quiero decir que las comunidades autónomas, más allá de su compromiso,
están muy influidas por dos variables: por un lado, la evolución del
sistema de financiación, que en un contexto de inflación como el actual y
con todos los fondos extraordinarios que han venido asociados a la
pandemia les condiciona de manera muy importante la evolución de sus
ingresos. La liquidación del 2020 que se pagó en el 2022 fue negativa; la
que se va a producir en el 2023 va a ser muy positiva. Y, por otro lado,
nosotros estimamos que en torno al 60 % del incremento del gasto
sanitario que tuvo lugar con ocasión de la COVID se va a convertir en
gasto de naturaleza estructural. Por lo tanto, yo creo que esos dos
determinantes tendrían que tenerse en cuenta a la hora de fijar los
objetivos de déficit.

En cuanto a las previsiones de crecimiento real y si nosotros
mantenemos o no el crecimiento del 1,5 % y el tema de la recesión
técnica. A nosotros lo de la recesión técnica no nos gusta demasiado,
porque no deja de ser un convencionalismo que si hay dos trimestres
negativos estamos en recesión técnica, sin tener en cuenta lo que está
pasando en la economía, por ejemplo, en el mercado de trabajo, con lo
cual no es que nos guste especialmente. Ahora bien, he de decir que, tal
y como dice la Comisión, un crecimiento negativo en el cuarto trimestre
sería compatible con un crecimiento del 4,5 % en cómputo anual para
el 2022. Eso es lo que hace la Comisión, dice: yo tengo un crecimiento
del 4,5 % y eso implica un crecimiento negativo, no sé si es del 0,2 o
del 0,3 en el último trimestre y de cero en el 2023; que en esos márgenes
nos deslicemos al terreno positivo o negativo, sería totalmente probable.
Ahora bien, es verdad que los indicadores de coyuntura que están
disponibles hasta este momento indican que, a lo mejor, el cuarto
trimestre es mejor de lo que se esperaba. Lo he comentado aquí, entre
otras cosas, parece que el dato disponible del tercer trimestre de
economías como Alemania o Italia ha sido mejor de lo que se esperaba, y
el contexto internacional en ese sentido podría ayudarnos. Desde ese
punto de vista, cuanto mejor sea el cuarto trimestre de 2022 y más nos
alejemos de esa tasa de variación negativa, que sería compatible con un
crecimiento anual del 4,5 %, más cerca estaremos del 1,5 % de crecimiento
que prevé Airef para 2023 y más lejos de ese 0,8 % al que ahora parece
que se mueven el conjunto de los analistas. Con todo, la media está en
el 1,1 %. Si en el cuarto trimestre se diera una situación de crecimiento
negativo, lo cierto es que nuestro crecimiento del 1,5 % sería algo
inferior, podríamos estar en torno a un 1,2 %.

Sobre qué opinión nos merecen los dos escenarios, nos parece que no
hacen más que aportar confusión a unos presupuestos que ya son
suficientemente confusos, y a eso me refiero cuando digo que se dificulta
su posibilidad de control en una fase posterior. Difícilmente podrán
ustedes hacer el control al Gobierno sobre si se está desviando en su
previsión de ingresos y en su previsión de gastos si en la previsión de
ingresos no contemplan una recaudación en el 2022, que, por lo tanto, se
arrastra como punto de partida en el 2023 y que va a exceder de
los 10 000 millones de euros, y difícilmente podrán hacer también un
seguimiento de la parte del gasto si desconocen cuáles eran las medidas
que iba a haber. En este sentido, más allá de las medidas, creo que no da
buena imagen que se sepa que va a haber esta prórroga y todavía no se
contemplen, ya no digo que se detallen. Me parece que, como hacen otros
países, se podría decir: estos son mis límites y, si llego a esta
situación, voy a activar estas medidas. Hay aspectos que a lo mejor
tienen mucha menor importancia, pero que también restan calidad al
documento y que impiden su control posterior. Por ejemplo, se dijo, y así
es, que en los presupuestos no estaba el impuesto a las grandes fortunas,
que efectivamente tenía que ser objeto de tramitación parlamentaria. En
aquel momento se dijo que como no estaba el gasto no podía estar un
ingreso que estaba afectado a la financiación de los gastos. Pues bien,
en el escenario que se presenta en el plan presupuestario, incluso en el
escenario 1, sí se contempla que ya en el 2023 va a existir este
impuesto. Es verdad que la existencia de dos escenarios no me parece lo
más adecuado, sobre todo porque los dos escenarios tienen el mismo
déficit y el mismo cuadro macroeconómico, es decir, el Gobierno lo que
viene a decir es que la prórroga de las medidas no va a tener impacto en
el cuadro macroeconómico, y eso puede originar ya de partida una
distorsión en todo el análisis que posteriormente hagamos. Desde el punto
de vista del déficit, es verdad que podríamos pensar que la previsión de
ingresos es prudente, pero no es prudente si paralelamente lo que pasa es
que hay también unos 10 000 millones menos de gasto, de manera que el
déficit es igual en un escenario que en otro. Desde ese punto de vista,
cuando se presentan los presupuestos parece que en el escenario 2, de
forma paralela a este aumento de la recaudación en el 2022, también se
están contemplando 10 000 millones más de gasto en lo que queda del
ejercicio, cosa que desde luego no parecía plausible. Por lo tanto,
prudencia en la parte de ingresos, pero si meto la parte de gastos esa
prudencia desaparece.

Respecto al Mipred, creo que esta herramienta tiene que entenderse en
su justa medida. Es una herramienta muy potente en cuanto a que te da el
pulso de lo que va pasando, pero, evidentemente, según se van
incorporando variables e indicadores puede —como bien dice
usted— cambiar de manera importante. En el tercer trimestre, en el
verano, el Mipred nos arrojaba un saldo de un -0,2 % y al final, que ha
sido del 0,2 %, el Mipred ya arrojaba ese 0,2 % No sacamos pecho ni
cuando finalmente es ni cuando no lo es, porque es una herramienta con la
que no hay juicio del experto, lo que pasa es que se van incorporando
indicadores y se va viendo la marcha de la economía. Ahora mismo, con los
indicadores que hay, vemos un peso muy importante del mercado de trabajo,
y eso hace que el crecimiento previsto sea del 0,6 %; según se vayan
incorporando nuevos elementos, probablemente, eso irá disminuyendo. Me
gustaría que al Mipred se le diera el valor que tiene, ni más ni
menos.

Respecto a la previsión de intereses, es cierto que en un contexto
con una deuda tan alta como la que tenemos hay un coste de oportunidad
claro, que sobre todo es mayor en un contexto en el que se espera que los
tipos de interés sigan subiendo, pero en el corto plazo esa incidencia
del tipo de interés, dada la estructura de vencimientos de la cartera de
deuda, no es especialmente relevante. La única implicación o la
implicación más fuerte en el corto plazo vendría por el lado de los bonos
indexados, que suponen un 4 o un 5 % de la cartera de deuda, lo cual no
quiere decir que en el medio plazo, cuando incorporamos nosotros nuestras
previsiones, efectivamente los tipos de interés puedan tener un peso
mucho mayor.

Respecto a la elasticidad y que no es lo mismo el crecimiento real
que por la vía del precio, efectivamente, eso depende de muchos factores,
pero la elasticidad del IVA respecto al crecimiento nominal está
ligeramente por encima del 1 y en el IRPF podría ser mayor en tanto que
aumenta el tipo efectivo por la progresividad en frío. Pero yo diría que
el problema de si el crecimiento es real o nominal viene por la vía del
gasto, en el sentido de que cuando viene por la vía de los precios
impacta de manera directa en el gasto, como estamos viendo, por ejemplo,
con el gasto en pensiones, y en mayor o menor medida en la remuneración
de asalariados, mientras que el crecimiento real no tiene impacto en el
gasto. Por lo tanto, es verdad que las elasticidades son algo mayores en
términos de precios que en términos reales en cuanto a la recaudación,
pero yo creo que la diferencia fundamental en la composición viene por el
lado del gasto.

No sé si me queda algo más por contestar, creo que sí, pero ya lo
dejo para la siguiente intervención.

El señor PRESIDENTE: Perfecto. Muchas gracias, señora
presidenta.

Vamos a dar la palabra a los grupos parlamentarios. Les recuerdo que
disponen de tres minutos en este turno.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Marín
Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.

Señora Herrero Sánchez, no entendemos la reticencia y el rechazo que
por parte del Gobierno se viene produciendo de manera sistemática a la
hora de presentar ese plan de reequilibrio que se le pide desde hace dos
años, e igual que sucede con la estrategia nacional a medio plazo.
¿Podría indicarnos, según su opinión, a qué se debe esa reticencia y
rechazo?

Por otro lado, los presupuestos de la Airef para el año 2022, en la
parte de ingresos, están presupuestados en 1,1 millones de euros, pero
este año son 570 000. ¿Me puede explicar a qué se debe esa
diferencia?

Por otra parte, el Instituto de Estudios Económicos calcula que
España podría reducir su gasto público en un 14 %, lo que equivale a
unos 60 000 millones de euros, sin rebajar la calidad de los servicios
que presta gracias a la mejora de la eficiencia. Es necesario proceder a
una reducción del gasto público ideológico e innecesario. En España, la
Administración central cuenta aproximadamente con 445 entidades
pertenecientes al sector público institucional, tal y como publicó la
Intervención General de la Administración del Estado en su inventario de
entidades del sector público. Estas entidades son en su mayor parte
sociedades mercantiles, agencias, entidades de derecho público,
fundaciones, entidades públicas empresariales, consorcios, fondos sin
personalidad jurídica y organismos autónomos. Este elevado número de
entidades supone un gasto de fondos públicos que fácilmente podrían ser
destinados a otras causas más nobles que a las que actualmente se
destinan, que son a los organismos públicos que no sirven a los intereses
de los españoles, sino a la agenda política e ideológica del
Gobierno.

Las duplicidades de competencias de las administraciones públicas, el
gasto político e ideológico, fundamentalmente relacionado con la
ideología de género, el multiculturalismo o la nueva religión climática,
recogida en la Agenda 2030, han originado que las cuentas públicas de
España presenten año tras año números rojos, es decir, déficits públicos
que imposibilitan la capacidad de reducir impuestos. Según datos
facilitados por el Banco de España, la deuda de las administraciones
públicas en septiembre del año 2000 era de 369 000 millones de euros,
mientras que en junio de este año la deuda era de 1,47 billones
—con b— de euros. El pago de esta deuda supone un desembolso
de 31 000 millones de euros al año en concepto de pago de intereses de la
misma. ¿Qué le parece a usted esta deuda? ¿Le parece correcto
pagar 31 000 millones de euros al año de intereses? España no puede
seguir permitiéndose estos elevadísimos niveles de deuda, máxime cuando,
a pesar de la suspensión de las reglas fiscales, tarde o temprano, se
deberá volver al cumplimiento del pacto presupuestario y a la regla de
oro, que son las reglas fiscales, que implican límites en el déficit
estructural de los países miembros de la Unión Europea. Así viene
recogido en el artículo 135.2 de la Constitución española, en el que se
establece que el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en
un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso,
por la Unión Europea para sus Estados miembros.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marín Gascón.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra la señora
Martín Larred.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidente.

Muchas gracias por su comparecencia, señora presidenta. Reconozco que
nos preocupan sus impresiones. Valoramos especialmente la importancia de
organismos independientes, como el que usted representa, y la
conveniencia de que las administraciones públicas escuchen y atiendan sus
recomendaciones, dotadas de rigor e imparcialidad. Por eso, nos preocupa
que haya detectado carencias importantes en los presupuestos y que haya
destacado que los considera débiles como instrumento clave de la política
económica del país, tal y como se han configurado. Como han hecho otros
organismos, también ustedes consideran que las previsiones para
configurar los presupuestos se han hecho a partir de estimaciones
desajustadas, lo cual también nos crea una preocupación añadida sobre el
desarrollo y la ejecución que tendrán, y mucho más en un escenario de
tanta incertidumbre. Asimismo, coincidimos en la importancia de
planificar una estrategia fiscal y consideramos que, además, debe
armonizarse con otros países de nuestro entorno. Esta estrategia debe
tener en consideración las peculiaridades demográficas en nuestro país y
articular medidas correctoras que sirvan para atajar la sangría de la
pérdida de población o que, al menos, introduzca elementos de estímulo
para la actividad económica en estos territorios, que supone
prácticamente el 70 % de la extensión del país y en la que solo vive
el 30 % de su población. Además, estas iniciativas a medio plazo pueden
contribuir a paliar problemas de déficit y deuda pública porque
permitirían una economía más dinámica en esas zonas y evitaría un coste
añadido a las administraciones públicas para sufragar determinados
servicios.

Vuelvo a incidir en la importancia de los estudios e informes que
presentan y en la necesidad de que sus evaluaciones cuenten con un
apartado que detalle el impacto de las políticas públicas en la
corrección de los desequilibrios territoriales que asolan gran parte de
nuestro país. Solo de este modo conoceremos cuáles de ellas cumplen su
cometido y cuáles no. En definitiva, se trata de que las estrategias que
se realicen no se conviertan en simples anuncios y titulares, sino que
tengan una efectividad real. Instituciones como la suya son las que, de
forma más oportuna, pueden indicar el camino a seguir.

La petición que hago no es nada extraordinaria, es lo que en otros
países se conoce como el rural proofing, el mecanismo de garantía rural
que llevamos tiempo solicitando que se tenga en cuenta en cada informe o
nuevo texto legislativo que se aprueba porque, además de establecer
diagnóstico sobre el problema —de esos ya tenemos muchos—,
analiza el detalle del impacto de su aplicación en todo el territorio. Es
una herramienta muy útil que necesitamos para acortar las numerosas
brechas existentes entre la España vacía y la superpoblada y, sobre todo,
por aquellas instituciones y entidades que se dicen conscientes y
comprometidas a acabar con las diferencias territoriales
existentes.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín Larred.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
el señor Vidal Matas.

El señor VIDAL MATAS: No haré uso de la palabra, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vidal Matas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Etxano
Varela.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente. Gracias, presidenta de
la Airef por su análisis riguroso, que está bastante en línea con lo que
nos ha contado en la comparecencia anterior el gobernador del Banco de
España.

La verdad es que conocíamos el informe de actualización, que hoy ya
tengo porque lo han publicado ustedes en su página. Estamos de acuerdo en
que el presupuesto es el principal instrumento de política económica. Nos
preocupa que consideren que tiene inconsistencias. No compartimos, aunque
entendemos qué es lo que ha hecho el Gobierno, que se enviara un plan
presupuestario a la Comisión con un segundo escenario que no incorpora el
presupuesto de ingresos real o el que probablemente sea el de cierre y
sin incluir las medidas de ampliación a partir del 31 de diciembre, que
con toda seguridad se van a prorrogar. En todo caso, solo le voy a hacer
una pregunta.

Habla de consolidación fiscal, y estamos de acuerdo en que se
necesita para abordar los problemas estructurales y debilidades que
tienen las finanzas públicas, así como equilibrar gastos e ingresos, sin
mermar la competitividad y tampoco las inversiones que tienen que
llevarse a cabo para las personas que más lo necesitan. Nos gustaría que
nos ampliara una de las propuestas que hacía, la de la sostenibilidad de
la deuda pública, que creo que no estaba en el informe que presentaron en
el Congreso; la evolución decreciente del porcentaje de reducción, que no
puede solo depender de la reducción del déficit. Nos gustaría que nos
ampliara ese aspecto únicamente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Etxano Varela.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Fragoso.

El señor FRAGOSO MARTÍNEZ: Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, quiero recordar tres cuestiones que han quedado
pendientes. Sobre el mercado laboral, queremos conocer su opinión sobre
el hecho de tener, en teoría, mucha más gente afiliada y que se produzca
bastante menos, como indica el PIB. También si ve factible cumplir la
recomendación específica de país que nos hacen sobre el incremento del
gasto corriente primario y si cree que es sostenible que la senda del
déficit a medio plazo se nos lance al 3,3, sin tener en cuenta las
medidas adicionales que a lo mejor hay que tomar este año y que pueden
desviar todavía la curva.

Señor Palacín, yo prefiero unos presupuestos que lleguen tarde, pero
que sean mejores. No lo crea como un mérito. Ha dicho: hemos presentado
los presupuestos a tiempo, pero si son malos; si son unos presupuestos
fallidos. Porque nos encontramos con que, antes de nacer, el cuadro
macroeconómico es imposible cumplirlo porque está absolutamente superado,
desgraciadamente, y falla en las dos variables principales, en la de
crecimiento y la inflación; además, no incorporan claramente gastos que
saben que van a llevar a cabo. Con lo cual, si los quieren a tiempo,
enhorabuena, pero preferiría que fueran los presupuestos que necesita
nuestro país.

El informe de la Airef —ha quedado claro; para mí, es un veto a
los Presupuestos Generales del Estado— pone de manifiesto sus
deficiencias. Tras la comparecencia de la presidenta de la Airef, se nos
confirma que son papel mojado; que están técnicamente mal confeccionados;
que, desde mi punto —esto es más político—, solo persiguen
mantener a Sánchez en la Moncloa y no afrontar los problemas que las
familias españolas están sufriendo. Son los presupuestos que necesita
Sánchez y no los que necesitan los españoles.

La propia Airef ha denunciado que los presupuestos tienen notables
deficiencias, más graves que las que ya detectaron en el 2022. La Airef
ha puesto de manifiesto el descontrol del gasto corriente, lo que nos va
a llevar a medio plazo a no tener margen para medidas adicionales. Ha
quedado demostrado que el esfuerzo en la reducción del déficit y la deuda
ha recaído exclusivamente en las familias, pues solo se ha dado por la
vía de la recaudación. El Gobierno no ha realizado ningún esfuerzo de
contención del gasto; mantiene los 22 ministerios, las cifras de
asesores; en definitiva, no ha hecho un solo plan de recorte, lo que me
parece que es profundamente preocupante,

Simplemente cabe decir que con la inflación que se prevé y con el
crecimiento, en términos reales, nuestro dinero va valer menos y vamos a
pagar más impuestos, y creo que nos alejamos de la senda que Europa nos
marcaba. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fragoso.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Palacín.

El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidente.

Señor Fragoso, creo que ha leído otro informe o está en otra
presentación. Podemos tener diferentes visiones de lo que tiene que ser
la política económica del país, pero la realidad es que, en gran parte,
los presupuestos han llegado porque se emitió un aval a una parte del
cuadro macroeconómico por parte de la Airef. Las diferencias, sobre todo
en cuanto a la tasa de crecimiento, son de unas pocas décimas. A mí lo
que me hace gracia, no en esta ocasión, es que ustedes y otros partidos
hablen de gasto desmesurado. No sé qué partidas quieren reducir. (El
señor Fragoso Martínez: Ministros). Si el otro el otro día votaron una
moción que presentó nuestro grupo para incrementar las pensiones en
función del IPC, que, por otro lado, hay que hacerlo porque es ley. Están
hablando de ministerios o, en el caso del señor Marín Gascón, de
chiringuitos públicos. Preocúpese, señora presidenta, porque está
hablando de organismos que dependan presupuestariamente de la
Administración General del Estado. No sé si el señor Marín Gascón
considerara a la Airef como una entidad ideológica o no y que sea objeto
de supresión; pero empezamos por unas y podemos acabar por otras.

Señor Fragoso, los presupuestos siempre tienen que venir a tiempo y
bien, como ha sucedido en los últimos años, y cuando acabe el año 2023 se
comprobará con este. Se han cumplido las cifras de gasto e ingresos; de
hecho, han sido mucho más prudentes que lo que se ha ido presupuestando
tanto en 2021 como en 2022. No entro en el 2020 porque fue un año
especial, pero en los años 2015, 2016 y 2017 se presupuestaron 29 000
millones de euros por encima de la recaudación. Creo que es preferible,
en momentos de una incertidumbre elevada, ser prudentes y no hacer lo que
hizo el señor Montoro. Después de escuchar estas versiones apocalípticas
de la situación actual y lo que puede producir la aprobación de estos
presupuestos, quiero recordar, como he dicho antes, que el crecimiento en
nuestro país se va a consolidar este año por encima del 4 %. El modelo
Mipred —que yo sigo, señora presidenta, y valoro positivamente y
cada vez que se actualiza me gusta verlo— dice que vamos a crecer
este trimestre; veremos cómo acaba. No todo pinta tan negativo, y más si
nos comparamos con países de nuestro entorno. La coyuntura internacional
no está afectando únicamente a nuestro país, sino que, afortunadamente,
nos afecta menos a nosotros que a otros países. Por eso, nosotros
valoramos positivamente su exposición y defenderemos, como no puede ser
otra manera, los presupuestos en la tramitación en el Senado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Palacín.

Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra la señora presidenta
de la Airef por tiempo de diez minutos.

La señora PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD
FISCAL, AIREF (Herrero Sánchez): Si les parece, voy a empezar por lo
menos importante, que es el presupuesto de Airef en un contexto en el que
estamos hablando de los Presupuestos Generales del Estado. No me gustaría
terminar con el presupuesto de la Airef sino con un tema de mayor
relevancia.

Me hacía la pregunta de por qué tenemos esta disminución del
presupuesto de ingresos en la Airef. A este respecto, estoy tranquila en
cuanto a que se nos pueda suprimir por dos motivos. En primer lugar,
porque la creación de la institución fiscal independiente en España, como
en todos los países de la zona euro, viene de la mano de un reglamento
europeo y, en segundo lugar, porque nos financiamos —esto me llena
de orgullo y por eso agradezco la ocasión para poder decirlo—






con
una tasa de supervisión que pagan todas las administraciones públicas.
Con lo cual, por mucho que orgánicamente tengamos que depender de algún
sitio, somos patrimonio de todas las administraciones públicas porque
todas pagan esta tasa de supervisión en función de su presupuesto,
incluidas comunidades autónomas y entidades locales, excepto los
ayuntamientos con un presupuesto inferior a 200 millones. Esa es la
fuente de financiación principal, pero también cobramos precios públicos
cuando las administraciones públicas nos encargan un estudio para evaluar
la eficacia y la eficiencia de determinados gastos. En el caso de esa
partida, en el momento de elaboración de los presupuestos nosotros no
sabemos qué encargos vamos a tener, de manera que lo que está
presupuestado es el Spending review, que encarga la Administración
central y que ya se conoce, pero no están todavía incluidos aquellos
encargos que finalmente nos hagan las comunidades autónomas, que a lo
mejor en el año anterior ya se conocían en la fecha de elaboración del
presupuesto, pero ahora no estamos todavía en fase. Aunque tenemos a doce
comunidades autónomas con un proyecto abierto, todavía no hemos
presentado el presupuesto; por lo tanto, no sabemos qué presupuestar en
esa partida. Con lo cual, lo importante es la liquidación final en la
medida en que hay una parte de nuestra actividad que no depende de la
actividad ordinaria, sino de los encargos que nos hagan las
administraciones públicas.

Respecto a qué pasaba con las recomendaciones, que las repetíamos una
y otra vez, que antes no le conteste, nosotros no podemos hacer nada, más
allá del coste reputacional que pueda tener para las administraciones
públicas que la Airef haga esta recomendación y, por supuesto, se hagan
eco ustedes, responsables de aprobar el documento presupuestario del que
estamos diciendo que existen debilidades, la Comisión Europea, cuando
desde luego valora el plan presupuestario, y, en línea con lo que decía
el representante del Grupo Parlamentario Popular, la ciudadanía en
general. Nosotros ahí lo dejamos. Nos parece que el presupuesto resta
margen de control no solamente a la Airef, sino también a los ciudadanos
y a ustedes mismos, en la medida en que le faltan ingresos, gastos e
información sobre los ajustes de contabilidad nacional, que hasta el
año 2017 se daban. Es decir, es posible, pero a partir del 2017 dejaron
de darse y suponen un punto de PIB. Es más, las principales desviaciones
respecto a la ejecución del presupuesto se dan precisamente en esta
partida, de la que no se ofrece información.

Al hilo de los precios públicos y de nuestro presupuesto, se han
mencionado aspectos de eficiencia. Yo no soy muy partidaria de estas
evaluaciones que dicen: sobra un 40 %, un 30 % o un 10 % del gasto porque
es un gasto superfluo. Eso se basa en análisis que no digo que tengan
cierta validez porque te dan una idea de si hay algún problema o no;
análisis que se basan en estadísticas, encuestas y que determinan, en
relación con el cumplimiento de determinados indicadores, si España está
por debajo, por ejemplo, del 60 % de la media de esos indicadores, lo que
determina, aplicado al nivel de gasto que tenemos, cuál es el nivel de
gasto que se considera superfluo. ¡Hombre!, que haya ganancias de
eficiencia, que desde luego las hay, no significa que todo ese gasto sea
superfluo, sino que, sinceramente, tenemos que ser más eficientes en ese
gasto. Esto me lleva a otra de las consideraciones, que era la evolución
del gasto.

Es verdad que, por ejemplo, cuando uno ve el límite de gasto no
financiero del Estado, aparentemente, solamente tiene un incremento
del 1,1 %, pero si se hace en términos homogéneos, que debería hacerse,
se descuentan los fondos Next Generation y las transferencias
extraordinarias a otras administraciones públicas, el incremento del
gasto que representa el límite de gasto no financiero no es del 1 %, sino
del 6,5 %, lo que me lleva al cumplimiento de la recomendación. Es verdad
que un 6,5 % no está en contabilidad nacional, pero no contempla
medidas.

Respecto al cumplimiento de la CSR y el pronunciamiento del plan
presupuestario, ya me gustaría a mí que pudiera establecerse una
equivalencia entre los documentos presupuestarios y el Plan
presupuestario. Los documentos presupuestarios están en contabilidad
presupuestaria y el plan presupuestario que se envía a Bruselas está en
contabilidad nacional; además, comprende la totalidad de los subsectores
de las administraciones públicas, y es imposible hacer un presupuesto
consolidado. Por lo tanto, ya me gustaría poder consolidar los
presupuestos para poder ver la coherencia con el escenario total que
presenta el plan presupuestario o que se hicieran públicos los ajustes de
contabilidad nacional para poder hacer esa equivalencia entre un
documento y otro. Lo digo porque la CSR, la recomendación específica a
España, se mide en términos de contabilidad nacional, y es difícil ver
cómo pasamos de la evolución del gasto presupuestario a esa evolución en
términos de empleos no financieros de la contabilidad nacional. Lo cierto
es que si se prorrogan las medidas, ya no digo por un importe mayor, sino
por el importe que se contempla en el escenario 2 del plan presupuestario
—que contempla una prórroga de 1,1 puntos; sí que dicen que son
todas las de ingresos, que serían 0,3, pero no dicen nada de las de
gastos, pero por diferencia serían 0,7 adicionales—, si se prorroga
ese 1,1 %, no se cumpliría la recomendación específica; el crecimiento
sería del seis y pico por ciento frente al cinco que ya ha hecho público
la Comisión que va a venir. Por eso no hay un aval de la Comisión al plan
presupuestario, tampoco tiene por qué prestarlo. De hecho, la Comisión no
ha hecho caso del escenario 2, cosa, por otra parte, evidente, porque no
puede hacer caso de un escenario que no detalla el contenido de las
medidas. ¿Cómo se va a pronunciar sobre ese presupuesto? Y, en ese
sentido, yo creo que podríamos habérnoslo ahorrado porque ha aportado
ruido y no ha servido para nada. Se pensaba que en el ámbito europeo iba
a dar mayor transparencia, mayor credibilidad, pero el planteamiento de
la Comisión ha sido el siguiente: no se conoce el detalle de las medidas,
no me pronuncio sobre el escenario 2. Y cuando se ha pronunciado sobre
escenario 1, ha dicho: hombre, este escenario permite el cumplimiento de
la recomendación específica; ahora, si prórroga medidas, ojo, tienen que
ser focalizadas. Y ahí la Comisión todavía no es muy clara sobre qué va a
entender sobre este grado de focalización, y a nosotros nos parece que
las reglas de juego tienen que estar claras desde el principio; eso
también se le puede achacar a la Comisión.

Esa focalización es a lo que nos referimos aquí. Hemos hecho este
análisis con la intención de cumplir una de las funciones fundamentales
que yo creo que tiene que tener la Airef. Más allá de su tarea de
supervisión, la tarea fundamental de la Airef es poner datos sobre la
mesa que ayuden, a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones,
a poder adoptarlas con criterios objetivos, sin perjuicio de que todos
sabemos que muchas veces hay otras variables que no son esos datos
objetivos. Y esa es nuestra intención cuando damos estos análisis de
focalización. Nosotros nos ofrecemos a aportar los datos que están detrás
de esos análisis a las administraciones públicas si eso les ayuda a tomar
unas decisiones más fundamentadas en la evidencia. Y ahí, en cuanto a
focalización, lo que decimos es que las medidas de precios no están
focalizadas, cosa que ya sabíamos, y las medidas de sostenimiento de
rentas, sí que lo están. En términos agregados y en términos relativos,
viendo la proporción de rentas afectadas por los distintos deciles de
renta, sí que habría cierta focalización en las medidas adoptadas por el
Gobierno.

Respecto al tema del empleo, aquí nosotros tampoco sabemos
explicarlo. Hemos creado en el seno de Airef un grupo de las distintas
divisiones que trate de explicar qué está pasando y ese desacople que hay
entre la evolución del mercado de trabajo y el crecimiento económico.
Aquí tenemos que ver varios factores: por qué se produce ese desacople,
que, desde luego, podría tener incidencia en términos de productividad;
también tenemos que ver si, aunque hay más empleados, a lo mejor se están
trabajando menos horas; cuál es la incidencia de los fijos-discontinuos.
En fin, hay una serie de incógnitas sobre la mesa que estamos tratando de
analizar para sacar algún documento al respecto.

Por último, respecto a esa planificación que nosotros pedimos
simplemente con la intención de poner datos sobre la mesa, estoy de
acuerdo en que si no sabemos lo que va a pasar dentro de quince días es
difícil hacer esa previsión a medio o largo plazo, pero eso no puede
suponer que no haya ningún dato sobre la mesa, aun cuando luego puedan
criticarlo. Nosotros lo que vamos a hacer es sacar, en el mes de enero
—en el Congreso dije en diciembre, pero ahora van a entender por
qué va a tener que ser en enero—, una opinión de sostenibilidad a
largo plazo de las finanzas públicas, donde vamos a ofrecer un escenario
macroeconómico y fiscal a políticas constantes y donde incluimos una
proyección del gasto en pensiones, del gasto en sanidad y del gasto en
dependencia, que son gastos que suponen grandes retos vinculados al
envejecimiento. También nos hemos atrevido a hacer una previsión de un
escenario fiscal de ingresos en un contexto en el que una parte
importante de la recaudación viene de la mano de la inflación. Nosotros
sí que entendemos que, en el 2022, un 50 % del incremento de la
recaudación fue vía inflación y que ese porcentaje va a ser mayor en
el 2023, pero no es menos cierto que hay una parte, un aumento de las
elasticidades, que no sabemos explicar y que, por lo tanto, no sabemos si
serán estructurales o coyunturales. ¿Qué podemos hacer? Publicaremos ese
escenario y diremos toda la metodología y todos los supuestos para que se
pueda replicar el análisis e incluso discrepar de él. ¿Por qué nos
tenemos que ir a enero? Porque el ministro Escrivá ha anunciado que
próximamente va a hacer pública su reforma de pensiones y, en ese
sentido, sacar una opinión de sostenibilidad con una previsión del gasto
en pensiones que no incorpore unas medidas que se van a presentar en los
próximos días nos obliga a que, aunque ya la tenemos prácticamente
cerrada, la demoremos hasta el mes de enero, con esa intención de
facilitar el debate fiscal y de proporcionar datos que puedan ser útiles
a todos los niveles.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Señorías, tenemos unos minutos hasta las siete, hora a la que
empezaremos con la siguiente comparecencia. (Pausa).

El señor presidente lee el título que figura en el orden del
día.

El señor PRESIDENTE: Señor Gascón, bienvenido a la Comisión de
Presupuestos. Tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Gascón Catalán): Buenas
tardes, y muchas gracias. Puntualidad germánica: las siete en punto. Muy
bien. Gracias a todos.

Es mi primera comparecencia como secretario de Estado, aunque el año
pasado ya tuve la ocasión de comparecer también como director de la
Agencia Tributaria. En cualquier caso, para mí es un gusto volver a esta
casa.

Seguimos viviendo momentos de incertidumbre, y en este contexto tan
incierto se presenta el presupuesto para el año 2023, aunque me gustaría
subrayar, en primer lugar, que, a pesar de las incertidumbres y los duros
momentos que hemos vivido, este puede ser el tercer presupuesto que se
apruebe de forma consecutiva si la Cámara, obviamente, lo tiene a bien,
lo que supone, desde luego, dar estabilidad al país, en particular en el
ámbito económico, que es muy necesario en momentos de incertidumbre como
los que vivimos.

El presupuesto se basa en una previsión de ingresos muy prudente: la
previsión de crecimiento de los ingresos no financieros para el año 2023
es de un 6 % y en el caso de los ingresos tributarios la previsión de
crecimiento de los ingresos es del 7,7 %. Y las cifras son bastante
parecidas en los principales impuestos: la tasa de crecimiento estimada
para el IRPF también es del 7,7 %, lo mismo que para el impuesto sobre
sociedades; en el caso del IVA se prevé un crecimiento del 5,9 %; y el
aumento de la recaudación en los impuestos especiales se estima en
un 8,2 %. Esta cifra del 6 % de crecimiento de los ingresos no
financieros está en consonancia con las previsiones de crecimiento del
PIB nominal, en torno al 5,9 % o el 6 %, tasa de crecimiento, que, por
otra parte, es compartida por la mayor parte de los analistas. Con esto
quiero decir que hay diferencias en cuanto a cuál puede ser el
crecimiento del PIB real en el año 2023, pero hay una coincidencia entre
los analistas nacionales e internacionales en que el PIB nominal crecerá
en torno al 6 %, siendo el PIB nominal precisamente la referencia más
próxima a la evolución de los ingresos tributarios de acuerdo con las
series históricas.

Por otra parte, como todos ustedes saben, el plan presupuestario que
se remitió el 15 de octubre a Bruselas contenía dos escenarios. El primer
escenario es en el que se basa precisamente el presupuesto para el
año 2023, escenario que se construyó sobre la base de la información que
teníamos antes del verano sobre la evolución de los ingresos fiscales.
Pero, de cara a este documento que se remitió a Bruselas, decidimos
actualizarlo, y de ahí que tengamos un segundo escenario, porque la
evolución de los ingresos tributarios en el ejercicio de 2022 está siendo
muy positiva. Hasta hace poco nos movíamos en una tasa de crecimiento en
torno al 18 % en cuanto a los ingresos gestionados por la Agencia
Tributaria; las comunidades autónomas, en los ingresos que gestionan
directamente, se mueven en tasas similares, y esto nos permite asegurar
que vamos a cerrar el año por encima de las previsiones inicialmente
contempladas. Por eso, entendemos que es necesario trabajar con un
escenario dos, que nos permite calibrar cuál es el margen que tenemos
para adoptar medidas adicionales en el caso de que hubiera que
prorrogarlas como consecuencia de la situación de crisis energética que
estamos viviendo.

En el presupuesto se incorporan determinadas medidas tributarias. Hay
una reducción para las rentas del trabajo entre 15 000 y 21 000 euros, de
tal manera que se alivie la carga fiscal que tienen que soportar. También
hay un incremento de un punto porcentual para las rentas del ahorro
superiores a 200 000 euros y de dos puntos para las superiores a 300 000
euros. En el impuesto sobre sociedades se rebaja el tipo para las
microempresas del 25 % al 23 %. En el caso de los grandes grupos
económicos se establece una limitación temporal de la deducibilidad de
pérdidas intragrupo del 50 %. En el IVA se adoptan determinadas medidas
muy técnicas derivadas de la aplicación de directivas europeas y también
hay una reducción de tipo para los productos de higiene femenina. Hay una
mejora de la deducción por maternidad. Y en una norma que se está
tramitando en paralelo al presupuesto y que también tendrán ocasión de
ver dentro de poco en esta Cámara se establecen dos nuevos gravámenes: un
gravamen para el sector eléctrico y otro gravamen temporal, igual que el
primero, para el sector financiero. Y se establece asimismo un impuesto
sobre las grandes fortunas, que nace también con vocación temporal, sin
perjuicio de que vaya a ser evaluado cuando transcurran dos años. Estos
nuevos gravámenes tienen carácter finalista; aunque no van a generar
ingresos afectos, su finalidad es, desde luego, contribuir a aliviar la
situación de crisis energética y, en particular, la situación de la
población más vulnerable.

Termino simplemente haciendo referencia al sistema de financiación
territorial. En cuanto a las comunidades autónomas, el incremento de
recursos que van a recibir en el año 2023 va a ser del 24,5 %. Van a
recibir 134 000 millones de euros, de los cuales la mayor parte va a
proceder del aumento de las entregas a cuenta y 10 000 millones, de
mejoras en la liquidación del sistema de financiación, precisamente como
consecuencia de la mejora de los ingresos fiscales. Y en el caso de las
entidades locales, la masa de recursos que se pone a su disposición va a
ser de 23 000 millones, en este caso, con una tasa de crecimiento del 5 %
respecto al año anterior.

Nada más. Quedo a su disposición para las preguntas que quieran
formular. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Gascón Catalán.

No hay representante del Grupo Parlamentario Mixto.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra la señora
Martín Larred.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidente.

Bienvenido, señor Gascón. Bienvenido de nuevo, ya que el año pasado,
como ha comentado, estuvo como director de la Agencia Tributaria y
también pudimos compartir las coincidencias relacionadas con nuestra
provincia, con Teruel.

Como sabe, en Teruel Existe hemos votado en contra de los
presupuestos porque pusimos una condición inexcusable que no se ha
cumplido: la aplicación de las ayudas de funcionamiento de las empresas
en provincias muy poco pobladas, en este caso, Teruel, Cuenca y Soria,
sin perjuicio de que se pudieran exportar esas fórmulas a otras zonas
limítrofes, como establece la Unión Europea. El presidente del Gobierno
anunció, tras las advertencias de Teruel Existe, que el Gobierno las
pondría en marcha, pero el documento presentado es claramente
insuficiente; ni siquiera atienden al 1 % de los costes laborales para
esas empresas, cuando Europa permite que lleguen al 20 %. No entendemos
los motivos por los que el Gobierno aplica estas ayudas de manera tan
ínfima e ineficaz; o no se creen el problema de la despoblación o quieren
tomarnos el pelo, porque se autoenmendaron para presentar una propuesta
irrisoria, la de aplicar tres tipos de bonificaciones por contingencias
comunes a las cuotas de la Seguridad Social: del 5 % para las ya
existentes y del 15 % de nueva creación, salvo en los municipios de menos
de 1000 habitantes, que serían del 20 %, pero, como digo, solo en las
contingencias comunes. Apliquen los máximos que marca Europa y sobre el
total de los costes laborales. Y, además, incluyan a los autónomos. Esta
autoenmienda los excluye, pero no así a sus empleados, si bien los que se
den de alta en 2023 tendrán una cuota reducida de 80 euros al mes durante
tres años, como anunció el ministro hace unas semanas.

Le informo que nosotros ya hemos presentado una enmienda en el Senado
para que el Gobierno cumpla con estas ayudas, que acepta la Comisión
Europea, y vaya a los máximos sobre costes laborales para convertir esta
medida en eficaz. Le recuerdo que estas ayudas incrementan la
competitividad en territorios con muchos problemas para fijar empleo y,
por tanto, despoblación; de ahí su creación. Necesitamos hacerlos
atractivos y darles una mínima facilidad, que es mínima si la comparamos
con las que tienen los grandes polos de desarrollo del país. Entendemos
que es una reivindicación justa, y es totalmente incomprensible el
rechazo del Gobierno a aplicar esas ayudas, que además no suponen ningún
gran desembolso presupuestario —desde luego, mucho menor que el que
ha negociado el Gobierno con algunas otras enmiendas— y marcarían
un punto de inflexión para esas tres provincias, que llevan décadas de
olvido.

Nos gustaría que usted, como alto cargo del Ministerio de Hacienda,
explicara los motivos de este empeño en no aplicar medidas eficaces en
esos territorios para cambiar su dinámica económica y, por ende, medidas
reales en la lucha contra la despoblación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín Larred.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
el señor Vidal Matas.

El señor VIDAL MATAS: Muchas gracias, presidente.

Bienvenido, secretario de Estado. Al ser senador autonómico, este año
tengo que estar satisfecho porque, por fin, después de cuarenta años, las
Illes Balears van a disponer de un régimen fiscal. Y sobre eso voy a
hacerle varias preguntas, ya que creemos que es importante, que es un
avance significativo, y se han generado varias dudas sobre el
instrumento. Quiero manifestar que estamos de acuerdo con este, pero, ya
que lo hacemos, y lo hacemos en la Ley de presupuestos, podríamos ampliar
los sujetos.

Me gustaría saber por qué no se ha incluido un IVA diferenciado
—en los presupuestos no es así— o una bonificación a empresas
de innovación y ciencia. Evidentemente, también se ha generado una duda
sobre la duración de las medidas, sobre el periodo de cinco años, por lo
que quisiera saber si eso es común en otros instrumentos, como el régimen
especial de las islas Canarias, el cupo vasco o el convenio navarro.
Querría que nos aclarara estos extremos.

Le anuncio que en Més per Mallorca hemos presentado enmiendas para
intentar conseguir ese IVA diferenciado, al ser les Illes Balears el
único territorio extrapeninsular que no dispone de él. Y también en la
persecución de un cambio de modelo económico, de buscar alternativas a
una economía solo basada en el turismo, hemos presentado enmiendas para
la bonificación a empresas de innovación y ciencia. Le agradecería que,
si pudiera, nos lo explicara. Ya sabemos que las medidas adoptadas tienen
un impacto económico importante, estimado de forma indirecta en 350
millones anuales —somos conscientes de ello—, que beneficia a
muchísimos autónomos y empresas. Nos alegramos, pero, ya que lo hacemos,
no perdamos la oportunidad de hacerlo bien.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vidal Matas.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la
señora Alía Aguado.

La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidente.

Buenas tardes, señor Gascón. Nos alegra tenerle de nuevo aquí y que
continúe usted en la casa de todos, en Hacienda. La señora Montero, en el
mes de octubre, junto a otras dos ministras, realizó una puesta en escena
del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que,
ya en ese momento, daban poca o nula credibilidad. De hecho, los
titulares fueron que estábamos ante los presupuestos de la justicia
social y la eficiencia económica. Hablaban de una fiscalidad para la
mayoría social y, sin embargo, hoy podemos afirmar que el Gobierno se
olvida de la clase media y trabajadora cuando lleva a cabo sus políticas
fiscales. Se han negado rotundamente a deflactar la tarifa del IRPF. En
esa presentación su alarde era, sobre todo, por el techo de gasto,
de 198 221 millones de euros, el de mayor volumen de la historia
presupuestaria de España. Hablamos de un gasto social de 266 719 millones
de euros, que pasa de ser coyuntural a estructural y, sin embargo, las
políticas fiscales anunciadas en materia de recaudación tienen vigencia
limitada a 2023 y 2024. Es complicado pensar cómo se mantendrá en el
tiempo ese gasto social. Hablar de los presupuestos más sociales de la
historia es mucho decir si consideramos que las pensiones representan el
mayor porcentaje de ese gasto social, un 43 %, y los intereses de la
deuda, el 6 %; y el resto, el otro 50 %, no es suficiente, entiendo yo,
como para catalogar esos presupuestos de muy sociales, salvo que usted
tenga más argumentos, que seguro que tiene, señor Gascón.

Hablan de medidas fiscales para grandes empresas. No olvidemos cómo
introdujeron ustedes el impuesto sobre transacciones financieras y
servicios digitales, que crearon con una finalidad meramente recaudatoria
que al final no se ha conseguido. ¿Qué datos tenemos hoy de esos
impuestos? Y, por supuesto, ¿de qué cuantía de recaudación hablamos en
relación con el impuesto sobre solidaridad para 2023 y 2024? En alguno de
los power point que circulan de su ministerio hablan de medidas
quirúrgicas para mejorar el Estado del bienestar. Esperamos que usted
esta tarde nos dé más datos que alienten la situación de los tipos
impositivos y la recaudación al alza, no solo la que tenemos por el
efecto de la inflación.

Para terminar, en la intervención anterior el gobernador del Banco de
España nos ha indicado que hay un dinamismo en cuanto a la recaudación
tributaria, de la que el 70 % se corresponde con bases imponibles. Pero
hay un 30 % de difícil identificación. Podría venir del afloramiento de
la economía sumergida, y quiero preguntarle, porque nadie mejor que usted
debe de conocer el tema de ese afloramiento, de qué cifras hablamos y de
qué tributos proviene.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alía Aguado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Heredia Díaz.

El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradezco al señor Gascón su comparecencia. Lo hace
hoy como secretario de Estado de Hacienda y antes lo hacía como director
general de la Agencia Tributaria. Por tanto, quiero que mis primeras
palabras sean para felicitarle, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, por el nombramiento en su nueva responsabilidad.

El Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar del Partido Popular, va a
aprobar sus terceros presupuestos consecutivos, y además lo hace con el
aval de la Comisión Europea. Todos los organismos económicos
internacionales —FMI, OCDE, Comisión Europea— señalan que
España va a ser uno de los países que más van a crecer económicamente a
nivel mundial en los próximos años. La inversión extranjera ha crecido
un 88 % en el primer semestre de este año, más que nunca. El empleo en
España crece siete veces más que en la Unión Europea en el último
trimestre; hoy hay 20,3 millones de personas trabajando en nuestro
país, 600 000 más que hace un año. Y hoy hemos conocido también el dato
de la inflación, que ha bajado en cinco puntos, y llevamos cuatro meses
consecutivos de bajada. Por tanto, con el Gobierno de Pedro Sánchez,
España va bien, crecemos económicamente más que nunca y se crea más
empleo que nunca, a pesar del Partido Popular y a pesar del señor
Feijóo.

Hay dos cuestiones en las que quisiera detenerme muy brevemente. La
primera. Acabamos de comenzar la Comisión de Presupuestos, y algunos
plantean una batalla de cifras. Bien, la semana pasada, hace justo una
semana, la OCDE hizo unas previsiones que decían que nuestro país va a
crecer un 4,7 % —mejoraba la previsión en tres puntos— y que,
en 2023, el próximo año, España va a crecer más que prácticamente la
totalidad de los países de la Unión Europea. Y aportaba otro dato muy
importante: que España va a seguir creciendo en materia de empleo y que
el paro va a seguir bajando en 2022, 2023 y 2024.

Segunda reflexión. Habla el Partido Popular de subidas de impuestos.
No, miren ustedes, la diferencia entre un Gobierno del Partido Popular y
un Gobierno de Pedro Sánchez es que con el Partido Popular subieron
cincuenta veces los impuestos, fundamentalmente a clases medias y
trabajadoras, mientras que con el Gobierno de Pedro Sánchez se han subido
los impuestos a aquellos que más se están beneficiando de la crisis: a
las energéticas, a los bancos y a los poderosos, y al mismo tiempo se han
bajado treinta y dos impuestos a las clases medias y trabajadoras. Esa es
la diferencia. (Rumores).

Y termino con dos cuestiones a las que también que me gustaría que me
respondiese. La primera, qué medidas se van a adoptar para combatir el
fraude fiscal. Y la segunda, como el Partido Popular está todo el día
hablando de la presión fiscal, querría saber cuál es la presión fiscal en
España en relación con el resto de los países de la Unión Europea.

Muchas gracias. (Varias señorías golpean repetidamente su mesa con la
palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Heredia.

Para contestar, tiene la palabra el señor secretario de Estado de
Hacienda, por tiempo de cinco minutos.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Gascón Catalán): Muchas
gracias.

Empezaré al revés del orden de intervenciones.

Efectivamente, uno de los aspectos más destacables del proyecto de
presupuestos es que cuenta con el aval de la Comisión Europea, muy
especialmente teniendo en cuenta que la previsión de ingresos es, como
decía al principio, muy prudente considerando cuál está siendo la
evolución de los ingresos tributarios durante el año 2022 y cuál es la
proyección que hacemos para 2023. Eso se debe básicamente a la mejora de
la actividad económica y, por supuesto, también a la creación de empleo,
que son los principales factores que influyen en el aumento de las bases
fiscales.

La inflación es un factor que, por supuesto, no se puede ignorar que
también influye en los ingresos fiscales. Por ejemplo, el impuesto sobre
el valor añadido grava precios, la base imponible del impuesto es el
valor de los bienes o de los servicios que son objeto de entrega al
consumidor final, pero en el año 2021, por ejemplo, teníamos una
inflación del 3 % y la recaudación aumentó un 15 %. Es decir, hay otros
motivos ajenos a la inflación y al crecimiento económico que están
explicando, desde luego, esta evolución tan positiva de los ingresos, y
uno de ellos —es cierto— es ese 30 % de residuos al que el
gobernador del Banco de España no encuentra explicación y que se puede
deber al ensanchamiento de bases imponibles y muy especialmente a la
reducción de la economía sumergida.

Llevamos bastantes años haciendo un gran esfuerzo en información y
asistencia al contribuyente. Quizá el buque insignia de esta estrategia
hayan sido los borradores de declaración en el IRPF, medida que se va
extendiendo poco a poco a otros impuestos. En el impuesto sobre
sociedades compartimos datos fiscales con los declarantes. En el IVA
hemos empezado también a entregar borradores de declaración. Desde luego,
se están realizando actuaciones de comprobación en aquellos ámbitos en
los que consideramos que hay mayor riesgo fiscal, intentando no solo que
los contribuyentes regularicen, sino también influir en el sector
económico, en su entorno, de tal manera que de cara al futuro declaren
mejor y funcione nuestra estrategia preventiva. Y todo esto está haciendo
que en los últimos siete años —o sea, estamos hablando de un
periodo suficientemente dilatado como para observar la existencia de una
tendencia— las bases imponibles tributarias estén creciendo más que
la demanda interna o que el PIB nominal. Yo creo que todo esto está
contribuyendo. Desde luego, la conciencia fiscal de los españoles, al
menos desde la pandemia, entiendo que también ha mejorado, porque todo el
mundo se ha dado cuenta de la importancia del sostenimiento de los gastos
públicos, y para ello es imprescindible pagar impuestos. Y, por qué no
decirlo, también hay cambios sociales que están ayudando a la mejora del
cumplimiento voluntario. Según datos del Banco de España, hace seis o
siete años lo que se pagaba con efectivo equivalía más o menos a lo que
se pagaba con tarjeta de crédito, mientras que ahora nos encontramos con
que los pagos con TPV están doblando el importe retirado en los cajeros
automáticos. Es decir, es un cambio extraordinario; se paga dos veces más
ahora con tarjeta, dejando rastro del pago, que en dinero en efectivo.
Todo esto está influyendo, desde luego, en una mejora de los ingresos
fiscales.

En términos de subidas o bajadas de impuestos, efectivamente, se
están adoptando medidas que buscan un reforzamiento de los ingresos, pero
en paralelo también estamos reduciendo impuestos, por ejemplo, los que
gravan la energía. Para que se hagan una idea, en el cuarto trimestre del
año, en el trimestre en el que nos encontramos, la Agencia Tributaria
calcula en torno a 2000 millones las rebajas de impuestos procedentes de
la reducción del IVA para la electricidad, la reducción del IVA para el
gas, la aplicación a su mínimo europeo del impuesto especial sobre la
electricidad, o la suspensión del impuesto sobre el valor de la
producción de la energía eléctrica. Es decir, el esfuerzo que se está
haciendo es muy grande. A pesar de todo, como la recaudación sube, se
está produciendo una cierta convergencia con los países de la Unión
Europea y con los países de la OCDE en ese diferencial que siempre hemos
tenido de ingresos públicos. Claro, la gran pregunta es si este
incremento de los ingresos se va a sostener en el tiempo o no, porque en
la anterior crisis, la crisis financiera, cuando pinchó la burbuja se
produjo una fuerte caída de los ingresos fiscales. Nosotros pensamos que
el crecimiento actual está construido sobre bases mucho más sólidas y que
no vamos a tener un derrumbe de los beneficios empresariales, como
tuvimos con la burbuja inmobiliaria. El impuesto sobre sociedades pasó a
recaudar tres veces menos de lo que venía recaudando. Y aunque se produjo
una caída de las rentas y una caída del consumo, fue muy inferior a la
caída de los excedentes empresariales, que pudimos constatar. Ahora
estamos ante una crisis diferente y, sobre todo, ante una respuesta a la
crisis muy diferente; por supuesto, el ritmo de crecimiento no podrá ser
tan alto como el que tenemos este año, en el que hemos estado la mayor
parte del ejercicio con unas tasas de crecimiento interanual de alrededor
del 18 o 19 %, pero confiamos en que de cara al futuro vamos a tener una
tasa de crecimiento estimado, como les decía antes, para los ingresos
tributarios en torno al 7 %.

Para nosotros la deflactación del IRPF supone una reducción de
impuestos con carácter general para todos los contribuyentes. Yo siempre
pongo un ejemplo: si deflactamos la tarifa, aunque no la deflactemos para
el tramo superior, como ha hecho alguna comunidad autónoma, eso equivale
a reparar la escalera, en una casa de tres plantas, para las dos
primeras. ¿Quién se beneficia? Los de la primera planta, evidentemente.
Los de la segunda, también. Y también los de la tercera, porque cuando
suben andando pasan por la primera y por la segunda. Entonces, ¿qué
estrategia ha adoptado el Gobierno desde el punto de vista del alivio de
las situaciones derivadas de la crisis energética? Bien, hay un primer
ámbito de ciudadanos a proteger, que son los más vulnerables, como los
perceptores del ingreso mínimo vital, de prestaciones no contributivas, o
los pensionistas. En este caso se han adoptado medidas de incremento del
ingreso mínimo vital, por ejemplo, del 15 %, o de la revalorización de
las pensiones según el IPC. Luego tenemos otro segmento de
contribuyentes, que son los contribuyentes que no declaran el IRPF pero
que tampoco perciben este tipo de rentas, que han recibido una ayuda
de 200 euros que se ha tramitado por la Agencia Tributaria. También
tenemos la reducción de los rendimientos del trabajo personal para el
siguiente segmento de renta, que son los contribuyentes que se mueven
entre 15 000 y 21 000 euros de ingreso bruto. Y luego tenemos medidas de
carácter general que benefician al conjunto de los ciudadanos, como las
rebajas impositivas que mencionaba hace un momento. Desde luego, las
previsiones de recaudación este año son mucho más fáciles que cuando
tuvimos que calcular lo que íbamos a recaudar con impuestos como el de
servicios digitales, cuando realmente partíamos casi de una situación de
ausencia total de datos.

Y respecto del impuesto sobre grandes fortunas, nuestra previsión de
recaudación se encuentra en torno a los 1500 millones de euros de
recaudación potencial; quiero decir que, si las comunidades autónomas
aumentan su impuesto sobre el patrimonio, evidentemente, recaudaremos
menos.

Dejo las preguntas territoriales para la siguiente vuelta, porque no
me da tiempo a contestarlo todo. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Ya lo lamento, señor secretario de Estado, pero
ha habido un momento en el que me he despistado y he pensado que su
comparecencia acababa a la hora en punto, pero no, acaba a menos cuarto,
que es cuando empieza la siguiente.

A continuación, tienen la palabra, por tiempo de tres minutos, los
portavoces que quieran hacer uso de ella. Les ruego que sean
escrupulosos, como lo han sido hasta ahora.

Por el Grupo Parlamentario Mixto —ahora sí—, tiene la
palabra la señora Rodríguez de Millán.

La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias, presidente.

Gracias, señor secretario de Estado. Lo cierto y verdad es que estos
presupuestos, que el Gobierno califica de históricos, a nuestro entender
no van a servir para que los españoles vean aliviada su situación en
plena crisis ni van a servir para que España crezca, sino todo lo
contrario. Una cosa es que el presupuesto sea, efectivamente, una
previsión de ingresos y una programación del gasto, y otra muy distinta
es inventarse los números y que el Gobierno decida de esta forma en qué
se va a gastar el dinero de todos los españoles sobre una serie de
previsiones irreales, razón por la cual el Banco de España no parece
comulgar con su presupuesto. El Gobierno prevé aumentar la recaudación en
los presupuestos. Ustedes dicen que es gracias al crecimiento económico,
la creación de empleo y los cambios normativos para un reparto justo de
la crisis, y no a la inflación, que en 2023 le va a permitir al Gobierno
seguir haciendo caja, ni a la cuarenta y dos subidas fiscales que ha
ejecutado el Gobierno, pese a que la misma ministra de Hacienda nos dijo
en sede parlamentaria que no las subiría.

A nosotros nos gustaría saber qué porcentaje de la recaudación
correspondería a la inflación y cuánto a ese crecimiento económico.
Porque, por ejemplo, ustedes dicen haber reducido el IRPF para ayudar a
los que más lo necesitan, pero la realidad es que pretenden que la
recaudación solamente por medio de este impuesto aumente hasta
los 113 123 millones. Y por medio del IVA pretenden recaudar más
de 86 000 millones. Y todo esto, sobre el argumento de que vamos a
crecer. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional ya ha dicho que
será un raquítico 1,2 %, frente al 2,1 que dice el Gobierno; el Banco de
España, que el PIB apenas subirá un 1,4 %; y el INE ha apuntado que este
último trimestre va a ser de cero crecimiento.

Nos gustaría saber también cómo es posible que se hable de unos
ingresos consolidados de alrededor de 380 000 millones y de unos 520 000
o 530 000 millones de gastos consolidados. Por tanto, hay una necesidad
de financiación que rondaría los 140 000 millones de euros. Quisiéramos
que nos explicasen de dónde los van a sacar. Y la guerra de Ucrania, que
utilizan como excusa, lo único que ha hecho ha sido señalar en España el
grave problema de la dependencia energética.

En este contexto, ustedes tenían que haber hecho un presupuesto
preparado para el futuro inmediato convulso e incierto al que nos
enfrentamos, pero han presentado unos presupuestos expansivos que
disparan el gasto corriente, el destinado a las subvenciones, al salario
del sector público, etcétera. De manera que el Partido Socialista y
Podemos, que en esto sí se han puesto de acuerdo, han acordado regar a
multitud de colectivos en el próximo año electoral a costa de una
economía absolutamente deteriorada, en lugar de preparar las condiciones
adecuadas para la creación de empleo, reducir los impuestos y recortar el
gasto superfluo.

Los presupuestos generales, que definen como los más sociales,
destinan el 30 % a sanidad y educación. Teniendo en cuenta esa previsión
de ingresos, no es cierto que nuestros impuestos vayan a financiar esos
servicios básicos públicos. Es un presupuesto elaborado al margen de la
realidad, mientras los españoles viven el mayor empobrecimiento en
cuarenta años por medio de un presupuesto a través del cual el Gobierno
les pasa factura de su gasto descomunal en asesores —el sueldo que
acaban de subir—, propaganda, sindicatos, compra de voluntades y
una imposición ideológica a costa del erario público.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez de
Millán.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra la señora
Martín Larred.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidente.

Como no le ha dado tiempo a contestar esa parte, me gustaría hacer
hincapié en otro tema que dejamos un poco pendiente el año pasado. No sé
si recuerda que estuvimos hablando del impuesto sobre sociedades y de los
montes de socios, que en este momento no tienen permitido hacer el pago
de esos impuestos. Nosotros hemos reiterado en varias ocasiones que se
les permita esa exención para poder pagar impuestos, lo que sería un
aumento de los ingresos en presupuestos. Lo que hemos visto durante todo
este año es que se vetan esas enmiendas, que se considera que modifican
el presupuesto en negativo, y no es así, es en positivo, porque pagarían
impuesto. Por otro lado, se ha intentado hacer una modificación a través
de la Ley de montes para una mejor redacción del artículo 27 bis y
permitirles que tengan la posibilidad de pagar esos impuestos, y las han
vetado porque cambiaban presupuestos. Entonces, si en presupuestos nos
las vetan porque no tienen que ver con presupuestos, y para un cambio de
la ley nos remiten a presupuestos, quizá sería necesario tener esa
reunión que le solicitamos para desatascar esta situación.

Por último, quiero reiterarle nuestro compromiso respecto a las
ayudas de funcionamiento. Creemos que es un tema muy importante para las
tres provincias, tanto para Soria, como para Cuenca y Teruel. Por nuestra
parte, creo que siempre hemos cumplido con nuestra palabra. Es algo
totalmente necesario, debe ser una medida radical y efectiva para luchar
contra la despoblación, y estamos abiertos a hablar con ustedes para
poder llegar a un acuerdo que sea bueno para esos territorios, que es, al
final, lo que estábamos buscando.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martín Larred.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
el señor Vidal Matas.

El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidente.

Le cedo los minutos al secretario de Estado para que me pueda
contestar ampliamente sobre el régimen especial de les Illes Balears,
sobre las mejoras y esos períodos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Su generosidad ya es casi mítica, señor Vidal
Matas. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la
señora Alía Aguado.

La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidente.

Señor Gascón, como usted ha dicho, envían a Bruselas el llamado
escenario dos, con novedades no incluidas en el documento inicial. Con
este escenario llegaremos a una presión fiscal del 43 % sobre el PIB
en 2023, una presión fiscal que no ha parado de aumentar desde que
gobierna el Partido Socialista, desde el año 2018 —más de cinco
puntos, señor Heredia, si sube la presión fiscal—. Hablamos de un
aumento en la recaudación que pretenden destinar a prorrogar las medidas
temporales de apoyo a familias pero, hoy día ¿qué previsiones tienen?
Porque la ministra Calviño avanzó la semana pasada que la ayuda
de 20 céntimos a los carburantes, si se prorroga, se verá limitada. No sé
qué aclaraciones nos puede dar usted al respecto.

Y lo mismo con la deflactación del IRPF. Nos ha puesto usted el
ejemplo de una escalera. El problema es que por no beneficiar a los del
quinto perjudican a los del primero y el segundo, porque imagínese que,
por un aumento de salario a los funcionarios o de pensiones, suban los
del primer escalón al segundo, los del segundo al tercero… Todos se
perjudican con esa negativa rotunda a deflactar.

Ha hablado también de la agilización de la web de la Agencia
Tributaria y demás, y al respecto le quiero comentar un problema que está
en la calle y que preocupa enormemente a los autónomos, a los
empresarios, a los contribuyentes, generadores de empleo y riqueza en
nuestro país, debido al ansia de recaudación por parte de la Agencia
Tributaria. En los últimos tiempos se ha generado, como conocerá usted,
un revuelo importante con los incentivos a los funcionarios —de
hecho, se ha planteado por la Asociación Española de Asesores Fiscales un
recurso, que ha sido estimado—, incentivos a la productividad
ligados a la consecución de una mayor recaudación tributaria. ¿No cree
usted que puede llegar a sesgar las actuaciones de los funcionarios? ¿No
cree que esos incentivos pueden amenazar la exigencia de un
comportamiento imparcial? ¿Qué alternativas nos plantea usted respecto a
estas productividades?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alía Aguado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Heredia Díaz.

El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Yo le hago hoy una pregunta al Partido Popular: ¿qué es lo que no le
gusta al Partido Popular de estos presupuestos? ¿No le gusta al Partido
Popular que sean los más sociales de la historia y que se destinen seis
de cada diez euros a políticas sociales? ¿No le gusta al Partido Popular
que se incremente un 6,6 % el presupuesto para educación, un 7 % el de
Sanidad, y que haya 620 millones más para la Ley de dependencia? Les
recuerdo que cuando gobernó el Partido Popular, en una crisis mucho
menor, recortó 10 000 millones en sanidad y en educación. ¿No le gusta al
Partido Popular que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a subir las
pensiones más de 100 euros al mes, mientras que cuando gobernaba Rajoy
subían solo un euro al mes y además se cargaron la hucha de las
pensiones? ¿No le gusta al Partido Popular que suban los salarios de los
funcionarios públicos, mientras que el Partido Popular los congeló? ¿No
le gusta al Partido Popular que este año tengamos el presupuesto mayor en
materia de becas, con 400 millones de euros más? ¿No le gusta al Partido
Popular que se amplíen los abonos de Renfe para cercanías, rodalíes y
media distancia? ¿Qué es lo que no le gusta al Partido Popular de estos
presupuestos?

Segunda idea. Hablan de presión fiscal. Pero, vamos a ver, ¡si nunca
han subido más los impuestos que cuando gobernó Rajoy! Subieron más de
cincuenta veces los impuestos; eso sí, aprobaron amnistías fiscales para
los grandes defraudadores de este país. Otra pregunta que le hago al
Partido Popular: ¿por qué no votaron a favor de impuestos para los que
más se están beneficiando de la crisis? Este Gobierno baja impuestos para
las clases medias y trabajadoras y los sube para los poderosos. ¿Por qué
el Partido Popular no apoyó que hubiese impuestos para los bancos? ¿Por
qué el Partido Popular no apoyó en el Congreso que hubiese impuestos para
las energéticas? Sencillamente, parece que lo que ustedes defienden
realmente son los intereses de los bancos, los intereses de las
energéticas, y no los intereses de las clases medias y
trabajadoras.

Termino. Con el Gobierno del Partido Popular se subieron más de
cincuenta veces los impuestos, se recortó el Estado del bienestar y
fueron incapaces de bajar el déficit y la deuda. Con el Gobierno de Pedro
Sánchez se han bajado treinta y dos veces los impuestos a las clases
medias y trabajadoras, tenemos los presupuestos más sociales de la
historia y se está bajando tanto el déficit como la deuda pública. No
somos lo mismo.

Muchas gracias. (Varias señorías golpean repetidamente su mesa con la
palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Heredia Díaz.

Cierra la comparecencia el señor secretario de Estado, por tiempo de
tres minutos, para no solaparnos con la siguiente, aunque puede tener un
par de minutos más.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Gascón Catalán): Los que
se me han cedido. (Risas). Muchas gracias.

Ahora sí que empiezo por los temas territoriales. Respecto de las
sociedades de montes, yo creo que lo tenemos que hablar a un nivel más
técnico. Podemos concertar una reunión para hablar específicamente de
eso.

Lo importante es la cohesión territorial y que todos los territorios
sean conscientes de que forman parte de un todo, y eso también exige
cierta prudencia en el manejo de los instrumentos que tenemos para
fomentar el desarrollo territorial. No podemos entrar en una subasta en
la que lo que consigue uno lo pierde el otro, sino que debemos buscar el
interés común. Creo que para los territorios más despoblados no solo
tenemos que contar con las ayudas de funcionamiento, que es algo
totalmente novedoso que se puede aplicar por primera vez en España; y
pienso que es muy importante que la Unión Europea haya decidido tener en
cuenta territorios con una densidad de población inferior a la que venía
considerando hasta ahora. Y es que no solo tenemos ese tipo de medidas,
también contamos con las ayudas a la inversión, que van focalizadas en
muchos casos a las regiones ultraperiféricas, al igual que a las zonas
más despobladas, que son las que realmente pueden cambiar más la cara de
un territorio en cuanto que pueden canalizar inversiones que lleguen a
ese territorio, generen nueva actividad económica, generen empleo, y, en
consecuencia, ayuden a revitalizar zonas que en este momento pueden estar
en una situación difícil. Desde luego, las ayudas de funcionamiento
también son necesarias, pero entiendo que hay que tener en cuenta varios
factores. Uno de ellos es el efecto frontera de las zonas que están en
una situación similar pero no alcanzan ese grado de poca densidad de
población. Y también hay que escalonar las medidas entre las empresas que
ya están instaladas y las nuevas que llegan para instalarse, e incluso
entre las poblaciones de mayor tamaño respecto a las de menor. Todo esto
tiene que ser compatible con una política global, insisto, que tenga en
cuenta todas las particularidades territoriales.

En cuanto a los territorios extrapeninsulares, es evidente que se
produce un problema y hay que atenderlo con las herramientas de las que
disponemos. Por ejemplo, en el caso del IVA no podemos aplicar diferentes
tipos de IVA en el territorio del país. Se aplican impuestos indirectos
en Canarias, Ceuta y Melilla porque Ceuta y Melilla no forman parte del
territorio de la unión aduanera y Canarias no forma parte del territorio
armonizado IVA.






Por eso ellos aplican otros impuestos diferentes. Pero no
podríamos aplicar un tipo distinto en el caso de Baleares y de la
Península.

En relación con la duración de las ayudas, lo lógico es basarse en
quinquenios, en los marcos temporales de ayuda que establece la Unión
Europea. Eso no quiere decir que no se vayan a prorrogar en el futuro,
sino que es necesario evaluar el impacto que tienen las medidas de cara a
decidir si se mantienen, si se perfeccionan o si se modifican de alguna
manera. También quiero poner en valor el esfuerzo que se está haciendo en
apoyo a los entes territoriales, no solo con las mejoras en la
financiación, con las cifras que he dado, que hacen que 2023 sea el año
con mejor financiación para los entes territoriales, tanto autonómicos
como locales, sino también con todas las líneas de financiación abiertas.
Y es que, solamente para el primer trimestre del año que viene, por
ejemplo, se acaba de acordar por la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos del Gobierno poner a disposición de las comunidades autónomas
que así lo deseen nada menos que 120 000 millones de euros de ayudas en
créditos para mejorar su financiación y hacer frente a sus necesidades de
tesorería. El escenario dos simplemente responde a una actualización de
los datos. El escenario uno responde a la información que teníamos en
primavera, y el escenario dos, a la información que tenemos en octubre.
Como los datos de recaudación han evolucionado muy positivamente, el
escenario dos es mejor que el escenario uno.

En cuanto a la presión fiscal, hago un matiz: el 43 % es el
porcentaje que representan los ingresos públicos respecto del PIB. La
presión fiscal es cinco puntos inferior, porque también hay ingresos no
tributarios que son ingresos públicos y que suman a esta cifra
del 43 %.

Y no quiero decir que no haya que ayudar a los vecinos del primero y
del segundo para, en ese caso, no ayudar también a los del tercero, sino
que se pueden focalizar más las ayudas. Esa era mi idea. Y hay que ayudar
también a los del bajo, que están fuera del IRPF. Hay que llegar a ellos
mediante otros instrumentos. Por eso hablaba antes de esta pirámide de
ayudas, en la que la intensidad de las ayudas a los beneficiarios del
ingreso mínimo vital y a los contribuyentes que perciben prestaciones no
contributivas es muy superior a los del siguiente escalón, que son los
que perciben la ayuda de 200 euros, y a los del siguiente, que son los
que perciben la ayuda consistente en esa reducción de los rendimientos
del trabajo personal. Y para el resto tenemos medidas de carácter general
que se aplican a la totalidad de los ciudadanos. Es importante destacar
esto.

Y respecto de los incentivos de la Agencia Tributaria, haré un
pequeño comentario. Pasé a dirigir la Agencia Tributaria en el año 2018,
y esta es una de las cosas que vi que estaba funcionando adecuadamente.
Decidí introducir algunos cambios, pero básicamente lo que tenemos ahora
es lo que se ha venido aplicando en la última década. No digo que no sea
mejorable, pero, desde luego, el sistema no provoca esos efectos
perversos que a veces se quieren hacer ver. Y no nos inventamos los
números, entre otras cosas, porque no podemos, porque, afortunadamente,
en el ámbito presupuestario prima la caja. La caja —perdonen que lo
explique de forma tan coloquial— son los ingresos que entran menos
los que salen, son lo que nos ingresan los contribuyentes menos las
devoluciones. Lo que hacemos cuando calculamos los ingresos
presupuestarios previsibles para el año siguiente es partir de la base de
ingresos reales que tenemos en el año y proyectarles una tasa de
crecimiento. El impacto de la inflación en los ingresos, hasta ahora, en
lo que llevamos de año, está en torno al 25 % del crecimiento de los
ingresos, lo que quiere decir que unos 7000 millones proceden de la
inflación, y el resto del crecimiento, el 75 % restante, deriva de la
mejora en la evolución de la actividad económica y en el crecimiento del
empleo.

Perdón por las prisas. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Le pedimos perdón nosotros por las prisas,
porque les hacemos venir y luego vamos a toda velocidad.

Tenemos un minuto para despedir al señor Gascón y darle la palabra a
doña Lidia Sánchez Milán. (Pausa).

El señor PRESIDENTE: Señorías, no tenemos tiempo ni siquiera para
estirarnos. Son las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos, y
tenemos que darle la palabra con carácter inmediato a la secretaria de
Estado de Función Pública, la señora Sánchez Milán.

Tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Sánchez Milán):
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas.

Comparezco en esta comisión, como saben, para compartir los
Presupuestos Generales del Estado para 2023 en lo que es el área de la
Secretaría de Estado de Función Pública. Ciñéndome al tiempo, voy a
acelerar la intervención, destacando lo más relevante.

En primer lugar, empezaré compartiendo el incremento del capítulo 1
que contiene la Ley de presupuestos de 2023, que es del 6,6 % debido a la
subida de las retribuciones, en más de 1000 millones de euros, y a la
consolidación de la incorporación de efectivos derivada de las sucesivas
ofertas de empleo público. Tenemos también los presupuestos propios de la
Secretaría de Estado y los distintos programas, que alcanzan un crédito
de 2079 millones de euros, destinados, en primer lugar, al Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, que se incrementa en un 12,53 % por
segundo año consecutivo y es la subida más importante de toda el área.
Los presupuestos destinados al Instituto Nacional de Administración
Pública, con una subida del 8,45 % los destinados a Muface, especialmente
por el incremento derivado del concierto de asistencia sanitaria y del
gasto en farmacia hospitalaria. El propio de la Secretaría de Estado, que
se incrementa en un 8,21 %. Y, por último, citaré los recogidos en el
Plan de recuperación, transformación y resiliencia, que, como saben,
contiene un paquete de inversiones, un paquete de reformas en el caso de
las inversiones dirigidas a la digitalización de los servicios públicos,
especialmente de las comunidades autónomas.

De las reformas que contiene el Plan de recuperación, citaré las
cuatro más relevantes. Por un lado, está todo el paquete, que ustedes
conocen bien, de reducción de la temporalidad para combatir la
precariedad en el empleo público, fruto de las dos normas que se
aprobaron el año pasado, la Ley 20/2021 y la reforma laboral. Hemos
llevado a cabo un proceso de estabilización —todas las
administraciones públicas lo estamos llevando a cabo—, cumpliendo
con el compromiso adquirido con la Comisión Europea y acercándonos al
compromiso final de estabilizar al menos 300 000 puestos antes del 31 de
diciembre de 2024. Otra reforma comprometida en el plan es la aprobación
de la Ley de la función pública de la Administración del Estado, que ya
ha empezado su recorrido con la negociación colectiva, que se centra en
la revitalización de los instrumentos de planificación, la regulación del
directivo público, la carrera profesional, la evaluación del desempeño, y
una serie de medidas innovadoras en el ámbito del empleo público. También
está la institucionalización de la evaluación de las políticas públicas,
ley que ya ha pasado por esta Cámara y se encuentra ahora en el Congreso,
a punto de finalizar su tramitación. Asimismo, está todo el paquete de
los compromisos del IV Plan de Gobierno abierto, en el que destacaré el
anteproyecto de ley de transparencia e integridad en las actividades de
los grupos de interés, en que, por primera vez, se regula la actividad de
los llamados lobbies con la Administración General del Estado y su sector
público.

Para finalizar, hay dos grandes líneas que contiene ya el texto
articulado de la Ley de Presupuestos que afectan a la totalidad de las
administraciones públicas. Por un lado, el reflejo en el articulado del
acuerdo marco suscrito con las organizaciones sindicales mayoritarias,
UGT y Comisiones Obreras, que pone en valor el personal al servicio de
las administraciones públicas, culmina en recuperación de derechos y
contempla un incremento de retribuciones del 9,50 %, que en el año 2023
incluye ese 2,5 % más un posible 1 %. Por otro, tenemos la línea que
incorpora la Ley de presupuestos de refuerzo de las ofertas de empleo
público a través de cinco medidas. La primera, la consolidación de la
tasa de reposición de efectivos, que alcanza el 110 % con carácter
general, el 120 % en los sectores prioritarios y el 125 % para las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías autonómicas y
locales. En segundo lugar, se consolidan otras herramientas que no
computan a efectos de tasa de reposición, muy importantes para el
funcionamiento especialmente de la Administración Local, que son la
internalización de los servicios o la asunción de nuevos servicios. En
tercer lugar, las plazas que quedaran desiertas antes de los tres años se
pueden incorporar a las ofertas de empleo. En cuarto lugar, una novedad
muy destacada es que se incluye una tasa de reposición específica
adicional para permitir que cada Administración pueda regularizar el
personal temporal que tenga en ella sin necesidad de consumir una tasa de
reposición ordinaria. Y en quinto y último lugar, la previsión de la
inclusión en todas las ofertas de empleo público de este año de las
vacantes cubiertas por personal interino o por personal laboral temporal
que se hayan nombrado en 2023, que tendrán que incorporarse.

La suma de todos estos instrumentos, más una planificación de los
recursos humanos a la que se orientan todas estas medidas, pretendemos
que permita a todas las administraciones pública una adecuada prestación
de los servicios, pero siempre respetando la estabilidad en el empleo
público y el empleo público estable, por tanto, y de calidad.

Sin más en esta primera intervención, quedo a su disposición para
responder a las cuestiones que estimen convenientes.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por sus palabras, y perdón
por el esfuerzo que le obligamos a hacer.

En función de las solicitudes de comparecencia, en primer lugar, por
el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el señor Sánchez
López, por tiempo de tres minutos.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señora secretaria de Estado, bienvenida. La plantilla de la
Administración General del Estado está envejecida, eso es un hecho, y la
temporalidad y la interinidad siguen siendo, a pesar de los avances, el
principal frente en materia laboral que tienen que trabajar las
administraciones. Actualmente, la edad media de los trabajadores de la
Administración está en los 52 años y la plantilla pública que
mayoritariamente entró en la Administración en los ochenta necesita un
recambio generacional y también un incremento de efectivos en áreas
claves, como las que gestionan prestaciones, ayudas, desempleo e
inspección.

Entrando en el detalle de los presupuestos, la Administración General
del Estado contará en 2023 con aproximadamente 525 000 funcionarios,
incluidos altos cargos, una plantilla que se nutre básicamente del
subgrupo del nivel C1, que, como bien sabemos, en múltiples casos va a
asumir funciones que no corresponden con su nivel. Sin embargo, hay un
área que no sufre restricciones de reposición, y es la de los
funcionarios designados a dedo, que han tomado un protagonismo especial,
que se incrementará de forma importante el próximo año con estos
presupuestos.

Creo que me quedo sin tiempo. Según la información que se tiene, los
presupuestos, sobre todo, se incrementarán en el Ministerio de la
Presidencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez López.

Como no está el senador de Izquierda Confederal, tiene la palabra el
señor Castellà Surribas, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Gracias.

Señora secretaria de Estado, es un acierto hacer de la transformación
y el refuerzo de la Administración General del Estado una de las palancas
de la recuperación, la resiliencia y la transformación de España.
Entendemos con estos presupuestos que unos servicios públicos eficaces y
eficientes necesitan una Administración pública acorde con ello. Lo hemos
dicho reiteradamente: el espacio público, los servicios públicos, el
Estado del bienestar son el patrimonio de los que no han heredado, de los
españoles y españolas que con su esfuerzo construyen su futuro y el de
sus hijos. Los servicios públicos son nuestro patrimonio común, la mejor
inversión y los mejores resultados para las clases medias y trabajadoras.
Cuando la derecha, cada vez más extrema, y otros tildan de populistas los
presupuestos, les invitaría a que los aplicaran en sus comunidades
autónomas y ayuntamientos. Frente a los recortes, frente al austericidio,
frente al desmantelamiento de los servicios públicos, frente al ayusismo,
frente a lo que hacen en Murcia, en Andalucía, en Castilla y León, frente
al populismo de derechas, esta es la respuesta progresista: más
inversiones, más visión de futuro, más compromiso social y mejor Estado
del bienestar y redistribución. Justicia social, ayudas para quienes lo
necesitan y con mejores resultados: más empleo, menos paro, inflación
controlada, más bienestar, menos desigualdades, más oportunidades. La Ley
de estabilización de los interinos, el refuerzo de las administraciones,
la negociación sindical, la Ley de evaluación de políticas públicas, la
superación de las tasas de reposición cero, los interinos nuevos sin
fraude de ley que refuerzan los servicios, el repensar el acceso a la
Administración, las políticas de género, el plan de Gobierno abierto, la
digitalización… Se está haciendo un gran esfuerzo para transformar
y reformar las administraciones públicas con respeto a los derechos de
los empleados y las empleadas públicas y pensando en el bienestar de
todos. Por tanto, mis primeras palabras son: bienvenidos los presupuestos
de todos y para todos también en la Administración pública.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Castellà
Surribas.

La compareciente puede contestar por tiempo de cinco minutos.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Sánchez Milán):
Muchas gracias, presidente.

Gracias por sus intervenciones. Todo el esfuerzo que estamos llevando
a cabo todas y cada una de las administraciones públicas españolas,
porque es algo que nos concierne a todos —debo decir, además, que
está habiendo un nivel de responsabilidad, de compromiso y de dedicación
para cumplir con todos los procesos de estabilización—, nos están
llevando a datos y elementos que creo que muestran que empiezan a surtir
efecto muchas de las políticas y actuaciones que iniciamos en el año 2018
y que continuamos incrementando.

Centrándome, por un lado, en la estabilización, en las medidas que la
Ley 20/2021 y la reforma laboral contuvieron, saben que existía y existe
el compromiso de alcanzar a 31 de diciembre de 2024 al menos una
estabilización de 300 000 puestos. Pues bien, a fecha de hoy tenemos
ofertas de empleo público aprobadas —saben que teníamos un hito
intermedio, a 1 de julio del 2022, por el que tenían que estar aprobadas
las ofertas de empleo público que las contuvieran— que
contienen 372 612 plazas, 72 600 más que las previstas inicialmente. Solo
en el ámbito de la AGE y de las comunidades autónomas se han ofertado ya
más de 278 000 plazas, que suponen el 92 % de lo comprometido, y ya hay,
a fecha de hoy, 75 000 puestos estabilizados.

En segundo lugar, otra medida importante que llevamos haciendo desde
el año 2018 es incrementar las posibilidades de elaboración de las
ofertas de empleo público de todas las administraciones. Sin ir más
lejos, tenemos la de la Administración General del Estado, que ha
contenido este año, 2022, más de 44 787 plazas. Otro dato relevante es
que en el año 2018 nos encontramos con que se habían reducido 124 454
puestos desde 2012 hasta 2018. Pues bien, desde el año 2018 hasta
ahora, 2022, se han creado más de 156 000 puestos. Por tanto, se han
recuperado esos puestos perdidos y se han incrementado en 31 700.

Y, como decía antes, se empiezan a ver los frutos. Daré dos ejemplos.
En las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional y
la Guardia Civil, hoy hay más empleo fijo que en el año 2018. Y si nos
vamos al personal no judicial de la Administración de Justicia, hoy
tenemos más empleo fijo que en el año 2012. Esos resultados nos hacen
pensar que vamos a una recuperación no solamente cuantitativa, sino por
encima de todo cualitativa, de empleo estable y de calidad.

El EBEP establece la tipología de empleados públicos, y empleados
públicos son también los eventuales. En cuanto a la percepción de si son
muchos o pocos, todo depende de con qué lo compare uno y a qué nos
estemos refiriendo. Si lo hacemos simplemente con la ratio de población,
la tasa de eventuales en el Estado es menor que en buena parte de las
comunidades autónomas. El Estado tiene un eventual por cada 44 600
habitantes, sin embargo, Andalucía, por ejemplo, tiene un eventual
cada 39 800; Galicia, como algo muy llamativo, cuenta con un eventual por
cada 12 400 habitantes; y Madrid tiene un eventual por cada 23 500. Y yo
reivindico aquí el buen trabajo que hace todo el personal eventual de la
Administración del Estado.

Por ahora, nada más.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Pueden intervenir los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios, en turno de portavoces, por tiempo de tres minutos.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra la señora
Martín Larred.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidente.

Señora Sánchez, hay varios aspectos relativos a la Función pública
que querría destacar. En primer lugar, quiero agradecer que su ministerio
haya tenido en cuenta una reivindicación de Teruel Existe que finalmente
ha salido adelante en el Congreso, tras apoyar una iniciativa
parlamentaria relacionada con la ampliación del teletrabajo hasta el 90 %
de la jornada laboral para aquellos empleados públicos que tengan su
residencia fijada en el medio rural, que es algo que se propuso por
nuestro grupo. Deseamos que esto se ponga en marcha ya, y que no quede en
papel mojado, porque es una útil herramienta, complementaria a otras,
para combatir la despoblación. Para la mayoría de los territorios con
baja densidad de población la presencia de empleados públicos es, sin
duda, mucho más importante que en las grandes ciudades. Ellos garantizan
la prestación de unos servicios adecuados y suponen en muchos casos una
garantía de pervivencia de muchas pequeñas localidades y los servicios
que tienen asociados a ellas. Por esto mismo es imprescindible aplicar
medidas suficientes para que no perdamos empleados públicos en estas
zonas, y esta ha sido una de las luchas de Teruel Existe. Así ha pasado
con el personal del INSS de Montalbán y estaremos atentos para evitar que
cualquier mala organización de la Administración que vaya en contra del
mantenimiento de estos puestos en el medio rural no se haga efectiva,
porque, al final, además de reducir esa presencia, también se reducen
servicios. Todo va un poco relacionado.

Nos preocupa también la excesiva temporalidad en la Función pública,
y esperamos que las nuevas iniciativas emprendidas por el Gobierno surtan
efecto. En los últimos años se han tenido muchos problemas para mantener
determinados servicios públicos por falta de trabajadores. Este es un
problema que puede tener más incidencia en los empleos públicos
dependientes de las comunidades autónomas, pero que también lo tiene la
Administración General del Estado. La Administración debe, por otro lado,
continuar por la senda de la descentralización, pero una
descentralización real y que llegue a todas las provincias de la España
vaciada. Entre otras medidas que serían oportunas para tratar de fijar
este tipo de empleos en las zonas despobladas habría que aplicar
complementos específicos de territorialidad, como también hemos
solicitado en reiteradas ocasiones y en varias iniciativas parlamentarias
que ya hace más de un año que fueron aprobadas. Es otra cuestión que
deben tomarse muy en serio, porque no pueden quedarse vacantes sin
cubrir, como sucede, por ejemplo, con los guardias civiles o algunos
otros puestos de la AGE cuya presencia en extensas zonas de la España
vaciada es necesaria y fundamental. No puede ser que antes hubiera una
diferencia entre el cuerpo de Guardia Civil y el cuerpo de Policía
Nacional de 10 000 agentes y ahora solo sean 6000. Se están reduciendo
agentes y la extensión del territorio sigue siendo la misma. Tengan en
cuenta estas medidas para que no se reduzcan esos puestos que hay en las
zonas despobladas.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín Larred.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el
señor Martín Martín.

El señor MARTÍN MARTÍN: Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Dada la premura de
tiempo, me centraré en dos o tres aspectos generales que, en mi opinión,
definen estos presupuestos, tampoco pretendo reproducir el debate que
recientemente tuvimos en la comisión. En primer lugar, a pesar de lo que
se está diciendo, estos no me parecen los presupuestos de la
consolidación del empleo temporal ni de la recuperación del poder
adquisitivo de los empleados públicos ni de la eliminación de las
incertidumbres a los mutualistas de la Administración pública, sino que
más bien podría decir —tampoco me gusta hacer excesivo populismo,
pero creo que es una realidad— que son unos presupuestos donde se
consolida el modelo de la masificación de los altos cargos y del personal
eventual elegido a dedo en el conjunto de la Administración General del
Estado. El número de personas contratadas bajo este sistema asciende
hasta 1283; sus retribuciones ascienden a casi 140 millones de euros y
más de un tercio se estima que carecen de la formación adecuada. La
partida de la alta dirección aumenta un 37 % respecto a 2018, cuando el
Partido Socialista llegó al Gobierno. En este caso no hay tasas de
reposición ni limitaciones que valgan. El anunciado estatuto del
directivo público, que tantas veces se nos ha anunciado por distintos
ministros en sus comparecencias, está en vía muerta y parece que no
interesa al Gobierno. Esta es una de las señas de identidad más marcadas
del paso de Pedro Sánchez por el Gobierno, que pasará a la historia por
muchas cosas —según él— pero los españoles en general, y los
empleados públicos en particular, deben saber que es el Gobierno de la
democracia con mayor número y mayor presupuesto destinado a este tipo de
contrataciones.

En materia de retribuciones usted ha hablado hoy aquí de mejoras
salariales, de recuperación de derechos. Es cierto que el presupuesto
contempla que durante el año 2023 habrá una subida del 2,5 fija más 0,5
puntos vinculada a la evolución del IPC y otro medio punto vinculada a la
evolución del PIB. Déjeme recordarle que un tercio de la subida del
sueldo de los funcionarios para este año —que en ningún caso van a
dejar de perder poder adquisitivo y aquí hemos tenido al gobernador del
Banco de España esta tarde que cifra la previsión de inflación media para
el año que viene por encima del 5 %—, un tercio de esa retribución,
de ese incremento, se va a quedar en las arcas del Estado por la subida
del IRPF y las cotizaciones sociales. Tampoco creo que sea de mucha
utilidad a aquellos funcionarios con hipoteca, que se enfrentan a un
Euríbor como el que viene. Hay trabajadores que ya han recibido en el mes
de noviembre la sorpresa de que el incremento del 1,5 % adicional de 2022
implica que tienen una menor retribución neta. Por lo tanto, vamos a ser
precisos a la hora de valorar esta subida salarial y no intentemos
trasladar una impresión que no se compadece con la realidad. En términos
reales, los trabajadores van a perder poder adquisitivo, eso, por no
hablar del problema que se les ha creado a otras administraciones
públicas, que no tienen el margen de beneficiarse vía impositiva del
incremento de la inflación. ¿Cómo se va a compensar a esas
administraciones por el incremento no presupuestado del 1,5 % adicional?
Insisto, en 2023, por ejemplo, las entidades locales no tienen margen
para incrementar su recaudación con la que atender a las subidas
salariales que ustedes han presupuestado.

En materia de estabilización ya le dijimos en la comparecencia que
nos parece que el despliegue práctico de este proceso está siendo
caótico, por lo contradictorio y atomizado de las convocatorias. No se ha
presupuestado nada en el presupuesto general del Estado para compensar
posibles indemnizaciones. ¿O es que acaso se piensa que todos los
trabajadores en situación temporal se van a quedar en las
administraciones? No se habla tampoco, ni la he escuchado decir nada,
sobre complemento de ruralidad, sobre complementos para puestos de
difícil cobertura en territorios como Baleares, Cataluña, País Vasco,
Canarias, Ceuta, Melilla o provincias de interior; tampoco se afronta el
problema estructural de los habilitados nacionales; no se convocan
suficientes plazas. En definitiva, nosotros creemos que estos
presupuestos, los presupuestos de la fiesta del gasto, no atienden a los
problemas de la Función pública en nuestro país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martín Martín.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Castellà.

El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Gracias, señor presidente.

De una manera constante, sólida, seria y persistente se están
transformando las administraciones públicas con visión de futuro y sobre
la base del respeto a la empleada y al empleado público y a su trabajo,
del fin del fraude de la temporalidad, de la gobernanza y el gobierno
abierto y la transparencia —importante ese aumento de más de
un 12 % del presupuesto—, de la persistente implicación de esta
secretaría de Estado con la igualdad de género, del diálogo sindical que
da frutos, del diálogo también territorial, que sitúa la gobernanza y al
ciudadano en el centro de todas las políticas por encima de las disputas
competenciales, y de la estabilidad laboral y salarial. Estos son los
cimientos de una nueva Administración pública. El aumento del presupuesto
del Instituto Nacional de Administraciones Públicas es también una buena
noticia, como la ayuda a la digitalización, a la transición digital, a
pensar por objetivos, a la evaluación de las políticas, a repensar de
manera permanente el acceso a las administraciones públicas y la
captación de talento.

En definitiva, entendemos que hay un esfuerzo presupuestario
importante que hace de nuestras administraciones públicas un motor de la
digitalización de todos, del bienestar y de la calidad. Tantos fantasmas
y críticas con la Ley de estabilización, tantos agoreros, tanto miedo,
tanta hipocresía y tantas mentiras, y, al final, los datos cantan. Se han
estabilizado cientos de miles de empleadas y empleados públicos que
estaban en fraude de ley; hay unas ofertas amplias y mejores en las
administraciones públicas y, sobre todo, hay también, en tiempos muy
inciertos, tranquilidad salarial. Son presupuestos para un empleo público
mejor, pero también para un mejor bienestar de todos y, en definitiva,
para una España mejor.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra, para cerrar la comparecencia, la señora Sánchez
Milán.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Sánchez Milán):
Muchísimas gracias, señor presidente.

Gracias a todos y a todas por sus intervenciones. Efectivamente, hay
una acción integral de este Gobierno en todo lo que significa el reto
demográfico, en las zonas despobladas, en las zonas de difícil cobertura,
que se centra en los procesos de concurrencia para la elección de sedes
que descentralicen de lo que es la capital de España las ubicaciones como
elemento también de motor y arrastre de inversiones y de población. En el
caso de los empleados y empleadas públicas de la Administración del
Estado incorporamos, efectivamente, en el real decreto esa posibilidad de
asentarse, de vivir en esas zonas, que conllevará una presencia de
asistencia a tu destino inicial de un día al mes, que se puede acumular
también, con lo cual facilitará esa llegada de nuevos residente a las
zonas despobladas, incluso contribuyendo a que los que ya están decidan
quedarse allí; nunca dejando atrás la atención presencial; la atención
presencial se considera prioritaria, principal; no lo es el teletrabajo.
La digitalización en la que trabajamos lleva aparejada un trabajo intenso
en un plan integral de atención presencial que ya ha dado sus primeros
frutos, por ejemplo, en todos los centros de la Administración del
Estado. Las personas mayores de 65 años tienen que ser atendidas sin
necesidad de cita previa, es un simple ejemplo, pero forma parte de un
plan integral que compartiré con ustedes cuando lo vean oportuno.

Le doy buenas noticias, señor Martín. Dentro de la Ley de Función
pública, que digo que ya ha iniciado el periodo de negociación sindical y
que es fruto también del acuerdo marco que cerramos en octubre, está la
regulación del directivo público profesional, porque concebimos todo este
proceso de transformación de la Administración como un elemento del que
todos tienen que formar parte, y los directivos públicos profesionales en
primer lugar.

En cuanto al poder adquisitivo, a las actuaciones de choque para
paliar los efectos de la inflación coyuntural, pero que atenazan también
a los empleados y empleadas públicas, es la primera vez que un Gobierno
en época de crisis recupera derechos y sube los salarios, la primera vez,
y esos son datos objetivos. Además, se ha establecido en el decreto ley
que aprobó la modificación de la ley de presupuestos un instrumento de
facilidad financiera del que ya han hecho uso muchos ayuntamientos,
muchas comunidades autónomas de todos los signos que han llevado a cabo
en este mismo mes de noviembre lo que supone la aportación de ese 1,5 %
que ha supuesto, la primera vez también, que en un presupuesto en vigor
se produzca una modificación de una parte fija de la subida en el mismo
año en el que se decide. Por supuesto, todos los complementos vinculados
a la insularidad, a las zonas transfronterizas y a las zonas de difícil
cobertura también se benefician de este acuerdo, y esos complementos se
actualizan en el mismo porcentaje con el que se actualizan los salarios.
Por tanto, en un escenario de certezas plurianual tendrán una subida que
puede llegar al 9,5 % esos complementos de insularidad, de zonas
transfronterizas transfronteriza o de difícil cobertura.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Señorías, así como en la otra comparecencia tuvimos la soga al
cuello, en esta tenemos unos minutos de receso hasta las ocho y media,
gracias a la eficacia de la secretaria de Estado. (Risas).

Muchísimas gracias. (Pausa).

El señor PRESIDENTE: Como estamos todos los solicitantes, vamos a
empezar con la última comparecencia del día. Tengo que anunciarles que
solo nos quedan 34, salvo que el letrado me diga lo contrario, más la del
señor Bar Cendón, secretario de Estado de Educación, que tiene la palabra
por un tiempo de cinco minutos.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN (Bar Cendón): Señorías,
comparezco para informar sobre el nuevo proyecto de presupuestos
para 2023 del Ministerio de Educación. Va a ser una comparecencia
forzosamente breve, en la que comenzaré por destacar los ejes y objetivos
generales que dan sentido y coherencia a las distintas partidas
presupuestarias. (El señor compareciente apoya su intervención con una
presentación digital).

Dos son los factores principales que determinan las decisiones
presupuestarias para el Ministerio de Educación. Primero, la hoja de ruta
que se ha marcado el ministerio en el medio y largo plazo para modernizar
y mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. Segundo, la situación
contextual en la que nos movemos hoy en día, que supone la incidencia de
factores exógenos al propio sistema educativo, pero que condicionan de
manera sustancial la política educativa que debe emprenderse.

En lo que se refiere al primer factor, este Gobierno está completando
una de las legislaturas más reformistas y transformadoras de nuestra
democracia. Hemos abordado la reforma integral del sistema, una nueva ley
que reordena las enseñanzas generales, que ahora comienza a
implementarse, así como una nueva ley para la formación profesional, de
enorme impacto en nuestro sistema productivo y en el futuro laboral de
nuestros jóvenes. Asimismo, tenemos ya abierto el debate participativo
sobre lo que serán la nueva carrera profesional docente y la futura ley
de enseñanzas artísticas. También estamos dando un salto cualitativo
hacia la digitalización de los centros y las competencias digitales de
docentes y alumnado. Todo ello se complementa y converge con la actividad
normativa de otros ministerios, como la nueva Ley de universidades o la
Ley de la ciencia.

En lo que se refiere al segundo factor exógeno, no podemos obviar los
efectos residuales de la pandemia tanto desde el punto de vista académico
como emocional. Tampoco podemos obviar el impacto económico de la guerra
de Ucrania y las dificultades que muchas familias han tenido para abordar
el inicio de curso, lo que nos hace poner el foco en las personas y en la
atención al bienestar en la educación, a través del refuerzo de políticas
de equidad y de compensación de las desigualdades para que nadie se nos
quede atrás. En esa línea, este proyecto de presupuestos viene a culminar
también un periodo de inversión histórica en educación. Traduzcamos esto
a cifras.

El presupuesto total del Ministerio de Educación y Formación
Profesional será en 2023 de 6408 millones de euros, lo que significa
un 6,15 % más que en el 2022. En cuanto a las fuentes de financiación, el
proyecto incluye 1264 millones de los Fondos europeos del mecanismo de
recuperación y resiliencia, lo que hace que la financiación nacional de
nuestro presupuesto ascienda a 3965 millones, con un aumento muy
significativo del 22,69 %. Cuando acabe la comparecencia, si ustedes lo
solicitan, les puedo pasar la presentación para que no tengan que estar
explorando y repasando todas las cifras.

Como les decía, en cuanto a las fuentes de financiación, el proyecto
incluye 1264 millones de los fondos europeos del mecanismo, lo que hace
que la financiación nacional ascienda a 3965 millones, con un aumento
del 22,69 %. Asimismo, en este apartado inicial de los grandes números
del presupuesto, es destacable que prácticamente un tercio de este se
canalizará mediante transferencias a las comunidades autónomas, con una
cifra total prevista de 2049 millones. El primer eje estratégico es el de
refuerzo de las políticas de equidad y de compensación de las
desigualdades, que absorberá casi un 45 % del presupuesto total del
departamento; es decir, dedicaremos cuatro de cada diez euros a ayudar a
favorecer la política de igualdad de oportunidades.

La partida significativa por su cuantía en todo el presupuesto será
la de becas y ayudas al estudio, con 2549 millones de euros y con un
incremento del 18,62 %. De este modo, en 2023 el presupuesto para becas
será un 66 % superior al que había en el año 2018, con un aumento neto
superior a los 1000 millones de euros. Se ha incrementado el número de
beneficiarios; se prevé que supere ya el millón de estudiantes. Asimismo,
ha aumentado el importe medio de las ayudas, especialmente para
estudiantes del medio rural con necesidades de desplazamiento y para el
alumnado con necesidades especiales, en 400 euros más. Aparte de las
becas, hay otros programas de ayuda —les voy a poner el
resumen— entre los que destacaré que se incrementa en 10 millones
de euros el Programa de cobertura para libros de texto y material
didáctico, que llegará a 58 millones en 2023.

En otro orden de cosas, el esfuerzo por garantizar la equidad, la
inclusión y la atención a la diversidad tienen también un notable reflejo
presupuestario, incluyendo la dotación para acciones que han demostrado
un impacto muy positivo en estos objetivos, como es el programa PROA+,
que tendrá una dotación de más de 120 millones de euros para refuerzo
educativo en centros de especial complejidad. También se dota el programa
de creación de unidades de acompañamiento y orientación personal y
familiar, con casi 56 millones, con el que se espera crear 1000 nuevas
unidades de orientación a poblaciones dispersas. Asimismo, continuaremos
con el Programa de creación de plazas públicas del primer ciclo de
educación infantil, que estará dotado con 136 millones, que, como sus
señorías conocen, es una de las políticas educativas más eficaces para el
incremento del futuro del rendimiento escolar del alumnado y también de
la conciliación familiar. Por último, se prevén otros instrumentos
importantes para la inclusión y la equidad, como son los programas de
inclusión educativa de bienestar emocional, que dispondrán de 37 y 5
millones de euros, respectivamente.

En cuanto a la formación profesional, que es el segundo eje
estratégico, para 2023 los recursos totales que se destinarán ascienden a
casi 2400 millones de euros, lo que representará más de un 37 % del
presupuesto total del departamento. De esta cantidad, más de 942 millones
se financiarán con cargo a los fondos europeos de MRR, mientras que 1178
millones se destinarán a acciones de formación de trabajadores y 276
millones a acciones de formación profesional de los jóvenes. Entre los
objetivos principales, podemos destacar la creación de un mínimo
de 50 500 nuevas plazas de FP y la conversión en bilingües de
otras 37 000, así como abrir 700 aulas Mentor en municipios de menos
de 5000 habitantes; creación de 180 simuladores o gemelos digitales;
publicar 20 nuevos títulos y cursos de especialización; abrir 450 aulas
de emprendimiento; adaptar un mínimo 213 aulas de tecnología aplicada;
acreditar competencias adquiridas por experiencia laboral de 500 000
personas, o formar 125 000 trabajadores en activo en
digitalización.

Finalmente, para acabar, el tercer eje estratégico es precisamente el
de la digitalización, que se ha convertido en un proceso imprescindible
para todos los sistemas educativos. A esta finalidad dedicaremos en 2023
más de 550 millones de euros. Dentro de esta área, el presupuesto incluye
como principal novedad el Programa código escuela 4.0 que tendrá una
dotación de 300 millones de euros.

De momento, lo dejo aquí para que pueda abrir un turno de palabra.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bar Cendón.

Por tiempo de tres minutos, de menor a mayor y en función del número
de solicitudes de palabra, intervendrá, en primer lugar, el Grupo
Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el señor Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente. Secretario de Estado,
bienvenido.

A ustedes les gusta mucho hablar de equidad, aunque es difícil hablar
de equidad con 17 subsistemas distintos. Vamos a comentar algunos datos.
Resulta que las comunidades autónomas que menos porcentaje del PIB
emplean en educación son Asturias, con el 17,25 —la que
menos—, y Cataluña, con el 17,52; sin embargo, Andalucía tiene
un 23,56 y la Región de Murcia, un 23,50. Hemos preguntado al ministerio
en varias ocasiones sobre qué medidas va a adoptar para facilitar que
haya una cierta equidad en cuanto al gasto que se invierte por alumno y
año en las diferentes comunidades autónomas, pero, como siempre, no hemos
obtenido respuesta. En el País Vasco está en torno a los 10 000 u 11 000
euros por alumno y año, mientras que en Madrid, Murcia o Andalucía están
en torno a 5000 euros por alumno y año. ¿Puede usted contestarnos a esta
pregunta sobre qué medidas va a adoptar el ministerio para facilitar que
haya una cierta equidad en cuanto al gasto que se invierte por alumno y
año en las diferentes comunidades autónomas?

Por otro lado, ustedes quieren ocultar el fracaso escolar, otorgando
prácticamente el aprobado general en secundaria e incluso en el
bachillerato, llegando a aprobar la selectividad con asignaturas
suspensas. En definitiva, ustedes han creado un nuevo ascensor social. Es
lo que faltaba para que el esfuerzo, el afán de superación, la disciplina
de trabajo o la exigencia desaparezcan del ámbito escolar.

Respecto a las becas, está claro que la renta tiene que ser el factor
fundamental para tomar la decisión de otorgar una beca, pero, aunque sea
condición necesaria, no puede ser condición suficiente. Con esto, lo
único que se consigue es desincentivar a los mejores, a los que se han
ganado con su esfuerzo. Por tanto, reducir el mérito de acceso no tiene
sentido. Tienen que ser buenos profesionales en el futuro, no tener un
título para colgarlo en la pared y luego ser jóvenes con carrera, sí,
pero frustrados y sin trabajo. Hace falta sembrar en el estudiante la
inquietud por el conocimiento racional de la realidad, así como la
posibilidad de modificarla. La educación debe fomentar la curiosidad
intelectual y la independencia de criterio. Creemos que debe haber una
política de becas que se ajuste no solo a la renta, aunque por supuesto
es el factor fundamental, sino que el rendimiento académico de los
alumnos debería tener una importancia decisiva a la hora de otorgar las
becas.

Siguiendo con este asunto de la equidad, ¿qué hacemos con los
españoles que tienen como lengua materna el español, que en la
Constitución se nos obliga a conocerlo y entenderlo? ¿Este Gobierno va a
garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, como la que
obliga a impartir al menos un 25 % de las asignaturas en español en
Cataluña? Durante los últimos años, estamos comprobando cómo se está
bajando el nivel de exigencia tanto en el alumno preuniversitario como en
el alumno universitario, disminuyendo su esfuerzo académico y de
conocimiento, lo que nos lleva a que el nivel de las nuevas generaciones
de estudiantes y graduados sea cada vez más bajo.

Secretario de Estado, con la LOMLOE se derrumbará aún más la
exigencia académica, lo que dificultará la inserción de los estudiantes
en el mundo laboral, un mundo ultracompetitivo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: muchas gracias, señor Marín Gascón.

Por el grupo parlamentario democrático, tiene la palabra la señora
Martín Larred.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidente.

Muchas gracias por su intervención, señor Bar. Ha realizado una
explicación pormenorizada de las partidas del proyecto de la Ley de
presupuestos que conciernen a su área, y valoramos el esfuerzo para
incrementar muchas de las partidas del ministerio, ya que la educación
es, sin duda, uno de los pilares básicos de cualquier sociedad. Entre
ellas, destacaría el incremento de la cuantía para las becas y también
para todo lo que tiene que ver con la sociedad del conocimiento y las
nuevas tecnologías. Sobre esta cuestión le diré que se tienen que
realizar planes de coordinación con otros ministerios para que todos los
alumnos del país dispongan de una conectividad adecuada, cosa que hoy en
día no se da en una gran parte de la España vaciada.

También valoramos la apuesta por la formación profesional y esperamos
que la nueva ley sirva para crear trabajadores mucho mejor formados y
competentes. La formación profesional es una disciplina educativa
fundamental en provincias como la mía, donde cuesta mucho encontrar mano
de obra cualificada para desempeñar determinados trabajos, cosa que nos
destacaron en una reciente visita de la escuela de adultos de Alcañiz
esta semana en el Senado, que estaban preocupados porque no es que no
haya oferta de empleo, sino que no hay personal para cubrirla, sobre todo
con las prácticas de formación profesional. En este sentido, sería
interesante dirigir todos los esfuerzos que sean necesarios para
potenciar ese tipo de educación en el medio rural, apoyando de alguna
forma a las empresas que reciben estos alumnos en prácticas y que son
también importantes por esa formación y educación que dan en prácticas a
los alumnos de los ciclos formativos.

Lo mismo digo de la educación de adultos y la implantación de
delegaciones de la UNED, como la que recientemente se ha abierto en
Alcañiz o en Calamocha. Es una iniciativa que compartimos con el
Ministerio de Universidades y estamos enormemente agradecidos por que ya
sea una realidad. Todo lo que sea extender la educación en sus diferentes
etapas y niveles a estas zonas menos pobladas es muy necesario.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín Larred.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Rodríguez López.

El señor RODRÍGUEZ LÓPEZ: Muchas gracias.

Señor Bar, quiero plantearle una serie de temas que reclama la
comunidad educativa y que, respetando las transferencias educativas,
requieren atención y financiación del Gobierno de España.

En primer lugar, me voy a referir a las instalaciones y recursos
materiales. La realidad, señor Bar, es que todavía existen aulas
prefabricadas en nuestro país, centros sin espacio suficiente, centros
deteriorados que no cuentan con el mantenimiento que se requiere. ¿Van a
contar las comunidades autónomas y las entidades locales con la
financiación suficiente para acometer estas reformas necesarias? Y con la
inflación de la que tanto hablamos, ¿se va a ajustar el presupuesto a los
gastos reales de mantenimiento en todos los centros sostenidos con fondos
públicos?

En cuanto a los recursos humanos, si el objetivo es procurar una
atención personalizada al alumnado, ¿el presupuesto contempla partidas
para bajar las ratios de las aulas y aumentar las plantillas
docentes?

En tercer lugar, si hablamos del profesorado hablamos de un colectivo
que se está enfrentando a un cambio con la LOMLOE en contenidos, en
metodología y en evaluación para el que no han recibido formación previa;
son docentes que carecen de tiempo —y quiero resaltar esta palabra,
tiempo— útil y suficiente para formarse, para programar, para
preparar las clases, etcétera, y, por el contrario, se consumen entre
papeles y burocracia. El presupuesto que se presenta, ¿invierte en tiempo
para los docentes? Del mismo modo, es un hecho que los docentes están
pagando un coste físico y mental desproporcionado fruto de la pandemia;
de la implantación precipitada de la LOMLOE; del menosprecio de su
autoridad; de asumir funciones propias de profesionales de psicología o
enfermería para las que no están preparados; de acatar ahora otras
funciones como coordinadores de bienestar y vigilantes de redes sociales,
que saturan su trabajo. Es un coste que no solo no se premia con mejores
condiciones laborales y económicas, sino que se traduce en desmotivación,
desconfianza, desengaño y, lo más grave, señor Bar, bajas laborales por
ansiedad, estrés y depresión. ¿Cuenta el presupuesto con financiación
para prevenir esta situación o para atender a estos docentes? ¿Cuenta el
presupuesto con financiación para mejorar las condiciones laborales y
económicas de los docentes?

En cuanto a las familias, la realidad es que se están empobreciendo a
pasos agigantados. La OCU estima que el gasto educativo va a ser de 300
euros más respecto al curso pasado. De hecho, hemos sufrido el inicio del
curso más caro de la historia. Ante esto, las ayudas para adquirir libros
de texto y material didáctico se reducen al alumnado de primaria y
secundaria que vive en el umbral de la pobreza, ayudas que, tras el
reparto, alcanzarían aproximadamente poco más de 30 euros por niño, una
cantidad totalmente insuficiente. Asimismo, con las becas, la falta de
agilidad en el pago está provocando momentos de angustia económica,
fundamentalmente en las familias con hijos universitarios. Y con la
educación infantil de 0 a 3 años, la realidad es que ni los centros
públicos ni la financiación llega a cubrir la demanda. A esto se une la
marginalidad a la que se somete a esa red de escuelas infantiles privadas
que llevan desde hace tantos años prestando, con acreditada
profesionalidad, este servicio esencial, especialmente en aquellas
localidades y barrios en las que han sido la única opción, que tanto
empleo han ofrecido y ofrecen; por cierto, empleo en su inmensa mayoría
femenino.

Termino. ¿Contempla el presupuesto ayudas directas a las familias
para favorecer, además de la natalidad, la libre elección de centro y el
derecho a poder conciliar la vida laboral y familiar?

Muchas gracias. (Varias señorías golpean repetidamente su mesa con la
palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez López.

Tiene la palabra, a continuación, la señora Santana Dumpiérrez, por
el Grupo Parlamentario Socialista.

La señora SANTANA DUMPIÉRREZ: Buenas noches.

Muchas gracias, señor Bar, por su exposición, rápida pero muy extensa
y concreta, de las cantidades que hay en los presupuestos para el
año 2023. Realmente este presupuesto que usted ha presentado encierra un
tesoro, como decía Delors en su día.

Son presupuestos que darán esperanza y satisfacción, en primer lugar,
al alumnado, con partidas concretas y aumentadas para el programa PROA+,
como usted ha destacado; para unidades de acompañamiento; para aumentar
la competencia digital; para una inclusión efectiva y afectiva, en la que
los centros educativos se adapten a las circunstancias personales del
alumnado y no al revés, al bienestar emocional; para una política
expansiva de becas y ayudas para que cada alumno y cada alumna adquiera
su nivel académico más alto en función de su esfuerzo y competencia,
independientemente del bolsillo que tenga su familia. Por tanto, partidas
para el alumnado: bien.

En cuanto al profesorado, hay partidas presupuestarias destinadas a
las mejoras metodológicas, para adaptarse a un aprendizaje competencial,
a poder llevar a cabo agrupamientos de centros, a tener el recurso para
la inclusión real, a recibir formación para la mejora constante. Por
tanto, presupuesto para el profesorado: bien.

En cuanto a las familias, nos encontramos con unos presupuestos que
nos harán seguir avanzando en la escolarización de 0 a 3 años; aumentamos
las ayudas a libros y material didáctico y a servicios complementarios, y
saben que estamos en la tarea de que sus hijos e hijas avancen hasta
tener una formación profesional o universitaria que los lleve a una
inserción social con un proyecto de vida profesional y personal. Por
tanto, presupuesto para las familia: bien.

Yo sé que este presupuesto no le gusta al Partido Popular y, además,
les he oído decir alguna vez que será el último presupuesto que
presentará nuestro presidente, Pedro Sánchez, en el Senado y en el
Congreso. Qué equivocación; nos seguiremos viendo en esta sala; nos
seguiremos viendo cuando se elaboren los próximos presupuestos
progresistas de un Partido Socialista que está centrado en beneficiar y
ayudar a la gente que más nos necesita. Pero aquí siguen con su mantras,
a los que se ha unido ahora Vox, porque ahora participan del mismo
discurso: los mantras de la lengua, de los conciertos, de la elección de
centros. Miren, estos presupuestos mejoran la vida de la gente, de las
familias, del profesorado y del alumnado. Por tanto, le felicito por su
exposición porque es un presupuesto bien hecho.

Muchas gracias. (Varias señorías golpean repetidamente su mesa con la
palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Santana Dumpiérrez.

Para contestar a los portavoces que han intervenido, tiene la palabra
el señor secretario de Estado por tiempo de cinco minutos.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN (Bar Cendón): Muchas
gracias, presidente.

Muchas gracias por sus intervenciones. Agradezco especialmente el
tono en el que se han pronunciado. Lo primero que les voy a manifestar es
mi disposición a comparecer en esta Cámara para explicar la política
general del ministerio, porque he venido a hablar de números, de cifras,
de tanto aquí y tanto allá, y me encuentro con intervenciones que no me
hablan de cifras. El señor Marín Gascón, del Grupo Mixto, me habla de
los 17 subsistemas; hay que recordarle la Constitución y el reparto
competencial que tiene este país. Me habla de los aprobados generales;
nadie obliga al profesorado a aprobar a sus alumnos, pero sí estamos
decididos a rebajar drásticamente una de las lacras que existen en este
país, que es la de la repetición de curso y que es la fuente del abandono
general, que es nuestro principal problema. Vamos en cabeza en Europa en
repetición de curso. ¿Sabe usted que la mayor parte de los países tiene
establecida la promoción universal y tienen mejores resultados en PISA
que nosotros?, ¿ustedes lo han pensado? Repasen esas cifras, por favor, y
ya seguiremos hablando.

Sobre el tema del rendimiento y las becas, habla de ligar las becas
al rendimiento, ¡pero si las becas no son un premio! Las becas son para
que nadie abandone los estudios por razones económicas, con independencia
de los resultados académicos, por supuesto que sí. (Varias señorías
golpean repetidamente su mesa con la palma de la mano).

Me habla también de las resoluciones judiciales...; vendré, si
ustedes me lo solicitan, a hablar de todos estos temas, porque me
encanta, pero hábleme usted de números, por favor, de números, de cifras,
de cuánto más aquí, de cuánto más allá porque, si no, no sé qué tipo de
comparecencia estamos haciendo.

Señora Martín Larred, comparto completamente su preocupación por la
España rural, por la España despoblada. Y le voy a poner algunos
ejemplos. El programa PROA+ está destinado especialmente a poblaciones
dispersas, a zonas rurales, donde los críos, por unas razones o por
otras, no pueden llegar. En FP hay 700 aulas Mentor, que están pensadas
también para esto; tenemos el Programa de gemelos digitales, también
pensando en ello. Creo que compartimos la preocupación y, por tanto, el
presupuesto está especialmente enfocado en este tema.

Señor Rodríguez López, en el año 2018 se dedicaban a la educación 315
euros por alumno; en el año 2023 se van a destinar 634 euros, es decir,
el doble. Querría decirle, además, que en el presupuesto del Ministerio
de Educación, el total de gasto público en educación es el 5 %; el 95 %
lo tienen las comunidades autónomas. Cuando usted me habla de deterioro
de las aulas, habrá que ver las prioridades que tienen las comunidades
autónomas. Ahora bien, dos mil y pico millones de euros se destinan a
programas de cooperación territorial. Es decir, el ministerio ayuda a las
comunidades autónomas, por aquello que me decía el senador del Grupo
Mixto, porque tiene que haber equilibrio. Claro que intentamos equilibrar
y, con unos criterios de reparto acordados en conferencias sectoriales,
nosotros vamos repartiendo fondos a través de programas de cooperación
territorial; le hablaba, para la orientación, avance y enriquecimiento
educativo, del PROA, con 118 millones de euros; de la escolarización del
primer ciclo de educación infantil, que esto sí que ayuda a las familias,
con 134 millones de euros; y de ayudas, que no es lo mismo que las becas
—es otro concepto distinto—, para libros de texto, que hemos
aumentado en 10 millones, de 48 a 58 millones, y, como acabo de decir,
para la educación infantil, con 134 millones de euros de un total
—entre el 21 el 23— de 666 millones de euros. Son ayudas
directamente a las familias para su conciliación y que nos sirven,
además, como objetivo educativo para reducir las tasas de fracaso
escolar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Se ha ajustado muy bien al
tiempo.

Pasamos al turno de portavoces que será de tres minutos. Les ruego
que ahora sí, para poder terminar a la hora, vayan prestos, como lo están
yendo.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Marín
Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.

Secretario de Estado, para ustedes la escuela pública estatal es la
herramienta de imposición ideológica. Sirve para un mayor control de
nuestros hijos, en particular de los más vulnerables, y de todo el sector
educativo, empobreciendo progresivamente la formación humana de nuestra
oferta educativa, ya de por sí nada boyante. ¿Por qué no se ocupan de
mejorar la comprensión lectora de nuestros alumnos, de darles una visión
completa de la historia, de toda la historia, no de su historia sectaria,
así como de aumentar su rendimiento en matemáticas? ¿Por qué no se ocupan
de la imposibilidad que tienen muchas familias de escolarizar a sus hijos
el español en todo el territorio español, en particular en las
comunidades autónomas donde hay cooficialidad? ¿Qué va a pasar en
Cataluña, donde ni siquiera se respetan las sentencias del Tribunal
Superior de Justicia?

Respecto a la educación especial, las familias de los casi 40 000
alumnos escolarizados en estos centros no quieren que sean ustedes, el
Estado, el Gobierno, los que decidan la atención que merecen y requieren.
Simplemente quieren ejercer el derecho constitucional de ser ellos, los
padres, los que elijan el modelo educativo, ordinario o especial, que
quieren y que consideren más adecuado para sus hijos. El Gobierno ha de
poner los medios que permita esa opción de elección a los padres. Es
sencillo de entender. Quieren ejercer la libertad que les otorga la
Constitución española.

Respecto a la EBAU, ¿por qué no hacerla homologable en todas las
comunidades? En la pasada EBAU, hemos podido comprobar como los alumnos
de Aragón han ido con dos asignaturas suspensas mientras que los de
Murcia y Madrid han tenido que ir con todas las asignaturas aprobadas. Si
a eso le llama usted equidad, tiene un concepto de equidad muy extraño.
Los políticos tenemos la responsabilidad de hacer políticas que permitan
a los jóvenes ilusionarse con la vida y que con un trabajo digno y
estable puedan formar una familia en ciudades seguras.

La educación constituye el corazón de la sociedad y es el elemento
clave de prosperidad de una nación, el pilar sobre el que se fundamenta
su futuro y, por ello, no puede estar fundamentada en una ideología
sectaria, espuria y destructiva como la de género. Sin educación, sin
raíces, sin cultura, sin patria y sin identidad definida, nuestros
jóvenes se van a convertir en marionetas del Estado. En el ámbito
educativo, apuntar al bien y a la verdad, a la excelencia, al valor del
esfuerzo, al mérito, al trabajo, ha quedado en el sueño de los justos. El
resultado final de la verdadera educación es no solo conseguir que los
alumnos hagan lo correcto, sino que disfruten haciéndolo; no solo formar
personas trabajadoras y esforzadas, sino personas que amen su trabajo y
disfruten realizándolo; no solo personas con conocimientos, sino con amor
al conocimiento y con ganas de superarse día a día. En definitiva, la
verdadera educación es formar personas libres, con capacidad de
pensamiento, sentido crítico y raciocinio por ellas mismas.

Y, por último, ¿qué le parece a usted, como secretario de Estado de
Educación, lo acontecido en el colegio La Salle de Palma de Mallorca? En
democracia es inconcebible que la bandera de España, el símbolo de todos,
constitucional, que está por encima de ideologías y partidos, pueda
romper las normas de convivencia. Una persona que es capaz de referirse a
la bandera de España como un trapo, ¿puede dar lecciones de convivencia?
La razón de todo ello es que el Gobierno socialcomunista de Francina
Armengol se ha rendido al separatismo catalán en su política
educativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín Gascón.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra la señora
Martín Larred.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidente. Seré breve.

Me alegro de que compartamos la misma preocupación y de que me haya
pormenorizado con detalle las acciones que van a realizar en el medio
rural. Teruel Existe se caracteriza por reivindicar las carencias que ve
en las zonas despobladas, pero también por proponer medidas para poder
solucionarlas. Por eso, me gustaría mencionarle tres puntos, para que los
pueda tener en cuenta, que seguramente ya es así. El primero, las aulas
Mentor; es importante su extensión a poblaciones de menos de 5000
habitantes, pero creo que falta publicidad; falta que esa población sepa
que ese servicio está, porque en muchas ocasiones la gente de los pueblos
no sabe que tiene esa disponibilidad de formación a su alcance y que
pueden utilizarla. El segundo, la conectividad. Le pongo un ejemplo. En
Aragón hubo un proyecto de extensión de banda ancha que llegó a la puerta
de los colegios y los ayuntamientos, pero, por diferentes cambios de
Gobierno, esa extensión de banda ancha se paralizó. Ahora para extender
esa conectividad habrá que reiniciar esos proyectos que ya están, porque
hay muchos colegios que ya tienen la banda ancha en la puerta, pero que
no la están utilizando porque no se terminó de hacer la última extensión
para que el colegio la utilizara. Así que esa extensión de conectividad
se reduce a seguir utilizando y terminar algo que ya está hecho.

Y, por último, voy a referirme al Erasmus rural, que se está lanzando
por las universidades. Pedimos que también se tenga en cuenta en la
formación profesional y en todos los ámbitos de formación para que se
puedan hacer las prácticas no solo en ciudades, sino en todo el
territorio, independientemente del lugar donde se encuentre el
alumno.

Muchísimas gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín Larred.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Rodríguez López.

El señor RODRÍGUEZ LÓPEZ: Gracias.

Quiero agradecerle, primeramente, su disposición de comparecer en
este Senado, porque no estamos muy acostumbrados a ello —la
comparecencia ya está solicitada, por cierto—, porque resulta que
en este Senado tenemos una media de unas tres comisiones de Educación al
año, la última hace seis meses, con lo cual imagínese la importancia que
le da a la educación el equipo del Grupo Socialista.

Podemos mirar atrás o podemos mirar a otros años; podemos mirar a un
lado o a las comunidades autónomas, pero así no se van a arreglar los
problemas; eso lo sabemos. Quizá no nos deberíamos preocupar tanto por
las competencias, que ya las tenemos asumidas, y a lo mejor tendríamos
que ser más competentes. Yo creo que con este juego de palabras podríamos
estar de acuerdo.

La escuela es un reflejo de la sociedad, eso lo sabemos todos, y si
se es injusto con la escuela, se es injusto con la sociedad; por lo
tanto, creo que tenemos una responsabilidad importante. Si queremos
—y leo textualmente— garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos, que es lo que reza el Objetivo 4 de la
Agenda 2030, tenemos que procurar al menos, como mínimo, dos cosas, señor
Bar: lo primero, trabajar por una sociedad en la que afrontar los gastos
educativos no se convierta en un lujo —en eso yo creo que estamos
de acuerdo—, y, en segundo lugar, tenemos que priorizar la
inversión en lo que es, sin duda, el pilar más relevante del éxito
educativo, que yo creo que todavía no lo tenemos todos claro, que es el
profesorado. Un profesorado preparado, cuidado y excelente es garantía de
éxito educativo.

Y voy a terminar. No sé si estará de acuerdo con la famosa frase de
Nelson Mandela cuando afirmaba que la educación es el alma más poderosa
que puedes usar para cambiar el mundo. Ya sabe lo que nosotros pensamos
de la LOMLOE, así que para nosotros apoyar este presupuesto, que tiene
como objetivo desarrollar una ley educativa que se aleja de la exigencia,
que se aleja de la excelencia, que se aleja del mérito y de la calidad,
es desarmar a las nuevas generaciones y dejarlos desprotegidos —es
nuestra opinión—, negándoles la posibilidad de adquirir las
herramientas necesarias para enfrentarse al mundo.

Para finalizar, yo también me ofrezco, y mi partido se ofrece, para
que nos sentemos a hablar sobre educación y logremos un consenso, porque
si no hay consenso educativo, nunca habrá un buen sistema educativo, y
necesitamos un pacto educativo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez López.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Santana Dumpiérrez.

La señora SANTANA DUMPIÉRREZ: Hemos visto cómo este proyecto de
presupuesto atienda a los tres sectores educativos, además de poder
aplicar con garantía la LOMLOE y la Ley integral de Formación
Profesional, haciendo una transformación de país, que es lo que necesita
España en estos momentos. Es nuestra responsabilidad y, además, la
educación es una seña de identidad para el Partido Socialista.

¿Es un presupuesto ideológico? Sí, es un presupuesto progresista, muy
alejado de lo que hace el PP, apoyado por Vox, por ejemplo, en Madrid, es
decir, dar becas a las personas que cobren más de 100 000 euros al año.
¿Y le parece eso equidad? ¿Eso es equidad? Yo entiendo la equidad de dar
más a quien más lo necesita, y una familia que cobra 100 000 euros no
necesita una ayuda del Estado. ¿Es equidad convertir a la escuela pública
en residual, concertando todo lo que pueden concertar en 0 a 3 años o
cediendo suelo público para centros privados? ¿Es esto la equidad? ¿Es el
modelo de libertad que entiende el Partido Popular que los centros elijan
a los niños, no que las familias elijan a los centros? ¿Es eso equidad y
libertad? Desde luego que este es un presupuesto ideológico, porque
estamos a años luz de entender de esta manera la educación.

Sí coincido con el compañero senador del Partido Popular en que hace
falta diálogo. Hemos tenido mucho diálogo, pero al final se rajan, porque
vuelven a sacar los mantras de siempre, la religión, los conciertos, la
lengua en Cataluña, las mismas historias, la elección de los colegios.
Ellos dicen la libertad de elegir los colegios, pero todos sabemos
—yo soy inspectora de educación— que eso no es así, que los
centros eligen a los niños, y por eso ponen a los centros concertados de
élite alejados de los centros de las grandes ciudades para llevar a todos
sus niños transportados, transporte que no pueden pagar los niños de
familias vulnerables. Por eso, nosotros tenemos que seguir defendiendo la
escuela pública con equidad, porque es la que necesita los recursos de un
Gobierno progresista. Y por eso tenemos los programas de cooperación
territorial, para que estas mejoras corran todo el territorio de España,
que no se queden solamente en los territorios donde gobernamos nosotros,
sino que también se puedan aplicar con garantía en aquellos territorios
donde, por desgracia, tenemos personas que no defienden una escuela
pública.

Por tanto, este presupuesto que usted nos presenta, que ha aumentado
un 6,15 % la financiación del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, es un buen presupuesto.

Termino destacando el Plan de código escuela 4.0 para el aprendizaje
de programación y robótica para el alumnado de 3 a 16 años, con una
inversión inicial de 300 millones, o los 1000 millones de euros en becas,
más que lo que teníamos en 2018, para esa apuesta por la equidad real,
para que ningún niño ni ninguna niña se quede atrás si su familia no
tiene medios para sustentarle y que pueda llegar a lo más alto posible de
una escalera que está subiendo continuamente de acuerdo con sus
competencias y de acuerdo con las posibilidades de ayuda que le presta el
Estado, una formación profesional tanto para desempleados como para el
ocupado como para aquellos alumnados que quieren carreras de futuro, que
les lance a tener una vida profesional y laboral.

El señor PRESIDENTE: Señora Santana, tiene que terminar, por
favor.

La señora SANTANA DUMPIÉRREZ: Termino.

Por tanto, un proyecto de bien.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Señorías, mañana a estas horas nos quedarán solo... Perdón, señor
secretario de Estado. Como ha terminado tan brillantemente, pensaba que
ya estaba todo dicho. Perdóneme, señor secretario de Estado.
Discúlpeme.

Adelante, señor secretario de Estado, tiene la palabra por tiempo de
tres minutos.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN (Bar Cendón): Muchísimas
gracias, señor presidente.

Ha sido para mí un placer esta comparecencia y me la quería usted
hacer más corta. (Risas). Ya se me ha hecho cortita.

Intervendré muy muy rápidamente. Señor Marín Gascón, no le voy a
contestar sobre temas que no me corresponden. Yo venía a comparecer sobre
presupuestos, cifras. Entonces, yo no sé si usted, o bien se ha
confundido de comisión, o igual no se había preparado, y, la verdad, no
le he escuchado nada sobre cifras o sobre posibles enmiendas.

Señorías, estamos hablando de un presupuesto que plantea el máximo
histórico en gasto social y que se refleja en los presupuestos del
Ministerio Educación. Efectivamente, señor Rodríguez, nuestro sistema ha
mejorado mucho en todos los indicadores, todos apuntan a ello, y estoy
convencido, y con usted coincido, de que eso ha sido gracias al trabajo
de sus 760 000 docentes y también al esfuerzo diario de 8 250 000
alumnos, pero los recursos son los que hacen ese sustento social.

Me citaba a Mandela, y me encanta. Le voy a dar otra cita que seguro
que le va a gustar: La educación no transforma el mundo, pero prepara a
aquellos que lo tienen que transformar. Y para eso precisamente
necesitamos una escuela libre, sin censuras, y cuando se habla de
adoctrinamiento —otro día vendré a hablar de ello— les diré
que el adoctrinamiento es fundamentalmente la censura. Así lo hemos
vivido en los años oscuros en este país, cuando se adoctrinaba a través
de no poder decir según qué cosas.






No sé si alguien nos quiere devolver a
esa etapa, pero espero que no.

Seguimos con tareas inaplazables por abordar, hay que reconocerlo: el
aumento de la equidad, la reducción del abandono escolar, la reducción de
la repetición, la segregación escolar son tareas pendientes, y yo les
invito a que trabajemos juntos, que trabajemos en consenso, porque, en
definitiva, la convergencia educativa con los países europeos, a la que
aspiramos, se va a conseguir, sobre todo, a través del consenso. Lo que
les he presentado hoy aquí es el nivel de esfuerzo inversor que nuestra
educación entiendo que necesita y que debe continuar en años sucesivos
para no volver al grave retroceso de la década anterior.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de
Estado.

Les recuerdo, señorías, que mañana comenzamos a las nueve de la
mañana, aquí, en esta sala, y también que mañana a estas horas solo nos
quedarán 17. (Risas).

Gracias.

Se suspende la sesión a las veintiuna horas y ocho minutos.