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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 88, de 19/10/2021
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DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 88
DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. VICENTE TIRADO OCHOA
Sesión núm. 8
celebrada el martes,
19 de octubre de 2021
en el Palacio del Congreso de los Diputados
Página
ORDEN DEL DÍA:
Palabras de la Presidencia ... (Página2)
Exclusión del orden del día:
Proposición no de ley:
- Para que no exista una dualidad entre el ejercicio y disfrute de los derechos en la España vaciada del mundo rural y las grandes ciudades. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso
de los Diputados 161/002524 y número de expediente del Senado 663/000114) ... (Página2)
Comparecencia del señor Defensor del Pueblo en funciones y adjunto primero (Fernández Marugán):
- Para dar explicaciones respecto a la situación de emergencia y vulneración de derechos que viven los jóvenes migrantes en el Estado y especialmente en Ceuta, así como de los acuerdos para su deportación adoptados con el Reino de Marruecos.
A petición del Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/001368 y número de expediente del Senado 713/000711) ... (Página4)
- Para explicar las quejas y dificultades que ha recibido por parte de los ciudadanos sobre las medidas establecidas por el Gobierno para la vuelta a los centros educativos tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, así como de las
acciones que se han realizado o se van a realizar desde la Institución que dirige. A petición del Senado - Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación De Electores 'Teruel Existe' y Partido Regionalista de Cantabria). (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 222/000005 y número de expediente del Senado 713/000117) ... (Página4)
- Para informar sobre la justificación de constitucionalidad del estado de alarma. A petición del Senado - Grupo Parlamentario Popular en el Senado. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 222/000011 y número de expediente del
Senado 713/000707) ... (Página4)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Les pido disculpas por haber llegado estos minutos tarde.
Antes de comenzar con el orden del día de la sesión de la Comisión me van a permitir que haga tres consideraciones. La primera es que hoy, 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, quisiera enviar un abrazo y mi máximo apoyo -y
entiendo que el de toda esta Comisión- a las mujeres que padecen la enfermedad y que luchan día a día. Me gusta que estos días se celebren porque creo que tenemos que visibilizar, concienciar y sensibilizar, máxime cuando en España se detectan 30
000 casos de este tipo de cáncer al año. Tenemos que trabajar todos juntos para la detección precoz y reforzar la investigación. Creo que es una de las tareas fundamentales. El cáncer de mama es un problema de todos, hombres y mujeres, de la
sociedad en su conjunto. Quiero trasladar toda nuestra fuerza y cariño a quienes sufren esta enfermedad y también nuestro agradecimiento a la Asociación Española contra el Cáncer, a todos los sanitarios -psicólogos, enfermeros, cuidadores- y
también a los familiares. En definitiva, quiero decirles a estas valientes que siempre adelante y que estamos con ellas. Esa era la primera consideración que quería hacer.
La segunda, si me permiten ustedes, una vez que hemos oído que estamos en una fase de renovación de ciertas instituciones, no sé si se hará en un plazo o en otro pero por si fuese en un plazo razonable, yo quisiera dirigirme a don Francisco
Fernández Marugán para agradecerle la labor desarrollada como Defensor del Pueblo del Reino de España, una figura íntimamente vinculada a nosotros, a este Parlamento, porque no deja de ser un alto comisionado de las Cortes Generales. Gracias por su
trabajo y su dedicación como parlamentario de esta casa, que lo ha sido durante muchísimos años, y también por su función como Defensor del Pueblo. Usted entrará a formar parte de la historia junto con ilustres defensores del pueblo, como han sido
Soledad Becerril, Enrique Múgica, Fernando Álvarez de Miranda, Álvaro Gil-Robles, Joaquín Ruiz-Giménez, grandes humanistas y servidores públicos. Gracias, señor Fernández Marugán, por trabajar en favor de los derechos fundamentales
constitucionales, por haber velado por las personas, especialmente por las más vulnerables; gracias por intentar resolver los conflictos y por trabajar por la justicia y la equidad. Todos tenemos que seguir trabajando para hacer un mundo más
justo, más libre, más solidario y de oportunidades para todos. Esta es una Comisión que debe de trabajar fundamentalmente en ese ámbito, en ese camino. Gracias, señor Marugán.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
PROPOSICIÓN NO DE LEY:
- PARA QUE NO EXISTA UNA DUALIDAD ENTRE EL EJERCICIO Y DISFRUTE DE LOS DERECHOS EN LA ESPAÑA VACIADA DEL MUNDO RURAL Y LAS GRANDES CIUDADES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso
de los Diputados 161/002524 y número de expediente del Senado 663/000114).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión, pero previamente quería hacer otra consideración. Me dice el letrado que algunos grupos han solicitado la palabra antes de comenzar la Comisión para hacer una propuesta. Voy a dar la
palabra a aquellos grupos parlamentarios que lo han pedido al efecto de que se puedan expresar, y después veremos cómo afrontamos esta situación. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Buenos días. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Marugán, a esta su casa.
El Grupo Parlamentario Socialista, atendiendo al artículo 68.2 del Reglamento, solicita que sea alterado el orden del día en el punto de la PNL, concretamente que sea retirado del orden del día de hoy.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra su portavoz.
La señora CARVALHO DANTAS: Buenos días, señor presidente. Muchas gracias.
Me uno a la petición que ha formulado el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra su portavoz.
La señora VELARDE GÓMEZ: De la misma manera, me uno a la petición del Grupo Parlamentario Socialista, basada en el artículo 68.2 del Reglamento, de esa modificación del orden del día para que no se tramite la proposición no de ley
presentada.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor defensor.
Entiende el Grupo Parlamentario Popular que es una proposición no de ley que debe debatirse, por dos motivos: especialmente, porque es un tema social, importante donde los haya, y además porque está sustentado en una valoración y aceptación
de la Mesa grande del Congreso, con lo cual, una vez que ha sido calificada, no puede ser descalificada por parte de alguno de los portavoces de los grupos políticos que sustentan al Gobierno. Parecería que estamos otra vez utilizando al Defensor
del Pueblo en interés del Gobierno y no en interés de la sociedad.
Nada más. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
La señora VAQUERO MONTERO: Soy Maribel Vaquero, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).
Nosotros también nos unimos a la solicitud de retirada de la proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Perfecto, muchas gracias.
Por parte del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra su portavoz.
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señor presidente; con su venia.
A la vista de las manifestaciones de los distintos grupos, no hemos visto que se haya expuesto ninguna razón objetiva para la retirada de la proposición no de ley. Es simplemente una alegación genérica al artículo, que solamente establece
una posibilidad, pero no he visto ninguna razón ni argumento que lo justifique. Habiendo estado incluido en el orden de día y siendo el grupo proponente el que insiste en su debate, no vemos razón para su retirada.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
De acuerdo con lo que establece el Reglamento, al ser más de dos grupos los que solicitan la modificación del orden del día, es preceptivo que sometamos a votación la modificación de esta iniciativa parlamentaria, que por otra parte ha sido
calificada por la Mesa general -la Mesa mayor, como habitualmente decimos- de la Cámara; por lo tanto, está en condiciones de ser debatida. Ahora bien, lo que establece el propio Reglamento es que, si más de dos grupos parlamentarios lo piden
-también puede ser a iniciativa del presidente, pero en este caso lo han pedido varios grupos parlamentarios-, hay
que someter a votación esta modificación del orden del día para ceñirnos al cumplimiento estricto del Reglamento.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 7.
El señor PRESIDENTE: Se modifica el orden del día y no se debatirá en este momento en la Comisión la PNL que ha sido calificada y estaba previsto debatirse.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (FERNÁNDEZ MARUGÁN):
- PARA DAR EXPLICACIONES RESPECTO A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y VULNERACIÓN DE DERECHOS QUE VIVEN LOS JÓVENES MIGRANTES EN EL ESTADO Y ESPECIALMENTE EN CEUTA, ASÍ COMO DE LOS ACUERDOS PARA SU DEPORTACIÓN ADOPTADOS CON EL REINO DE MARRUECOS.
A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/001368 y número de expediente del Senado 713/000711).
- PARA EXPLICAR LAS QUEJAS Y DIFICULTADES QUE HA RECIBIDO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS SOBRE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO PARA LA VUELTA A LOS CENTROS EDUCATIVOS TRAS LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19, ASÍ COMO DE LAS
ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO O SE VAN A REALIZAR DESDE LA INSTITUCIÓN QUE DIRIGE. A PETICIÓN DEL SENADO - GRUPO PARLAMENTARIO DEMOCRÁTICO (CIUDADANOS, AGRUPACIÓN DE ELECTORES 'TERUEL EXISTE' Y PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA). (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 222/000005 y número de expediente del Senado 713/000117).
- PARA INFORMAR SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO DE ALARMA. A PETICIÓN DEL SENADO - GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 222/000011 y número de expediente del
Senado 713/000707).
El señor PRESIDENTE: Siguiendo con el guion de la Comisión, pasamos al siguiente punto del orden del día. Ya saben ustedes que el tiempo que se ha establecido es de diez minutos para los distintos grupos, una vez que intervenga el Defensor
del Pueblo; posteriormente, el Defensor del Pueblo, si quiere, hará uso de la palabra y, después, en turno de réplica, tendremos dos o tres minutos por cada uno de los grupos.
Vamos a acumular las tres comparecencias que se han solicitado. La primera es para dar explicaciones con respecto a la situación de emergencia y vulneración de derechos que viven los jóvenes migrantes en el Estado y especialmente en Ceuta,
así como los acuerdos para la deportación adoptados con el Reino de Marruecos (número de expediente 212/1368), del Grupo Republicano. El otro asunto que también vamos a acumular en la exposición del Defensor del Pueblo es relativo a explicar las
quejas y dificultades que ha recibido de los ciudadanos sobre las medidas establecidas por el Gobierno para la vuelta a los centros educativos tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, así como las acciones que se han realizado o se van a
realizar por la institución, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Agrupación de Electores Teruel Existe y Grupo Regionalista de Cantabria. Y, en tercer lugar, también se acumulará en esta intervención del Defensor del Pueblo la petición para
informar sobre la justificación de constitucionalidad del estado de alarma, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Tiene la palabra el señor don Francisco Fernández Marugán.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Gracias. Buenos días a todos.
Voy a exponer, una detrás de otra, mis observaciones a estas tres cuestiones. Pondré énfasis en decir, primero, lo que tenga que decir de Ceuta; luego, lo que tenga que decir de la política educativa y, por último, sobre el estado de
alarma. Pero, vamos, lo señalaré, porque me parece que si no podríamos hacer una evolución relativamente compleja.
En relación con la crisis migratoria creada en Ceuta la pasada primavera es útil hacer un breve relato de hechos. Los días 17 y 18 de mayo se produjo una entrada masiva de miles de personas provenientes de Marruecos como consecuencia de una
actitud negligente de las autoridades de este país. Abrieron sus fronteras sin ningún tipo de control poniendo en riesgo la integridad física de sus propios ciudadanos y generando en la población ceutí unos días de verdadera angustia. Este
proceder generó una crisis humanitaria en Ceuta que tuvo que ser abordada sobre la marcha -por decirlo en un castellano que se entienda- por las autoridades de la ciudad autónoma y de la Delegación del Gobierno.
Transcurridos los primeros días, y una vez que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército consiguieron restablecer el orden, había que adoptar algún conjunto de medidas para la expulsión a Marruecos de aquellos adultos que
accedieron de forma irregular al territorio nacional y que aún permanecían en esta ciudad. En estas fechas, en los primeros días de junio, hice una visita a Ceuta donde pude comprobar el esfuerzo que estaban realizando nuestras autoridades para
encauzar la situación provocada por la actuación del país vecino. Desde el primer momento mostré el apoyo a todas las gestiones diplomáticas que se venían realizando por el Gobierno de España para que esta actuación de Marruecos recibiera el
reproche que se merecía. Además, esta visita me permitió iniciar la supervisión que la Constitución me atribuye en torno a la gestión que estaban llevando a cabo quienes estaban al frente de las administraciones públicas competentes. Son tres
tareas que a mí me parece que eran importantes.
Los acontecimientos se sucedieron con relativa rapidez y yo tendría que hacer esta exposición también con relativa rapidez. Durante varias semanas, Marruecos admitió la devolución de pequeños grupos de personas y, en algunos casos, estas
personas formularon quejas que aún no han encontrado una respuesta adecuada. Hay varios supuestos que voy a referir; algunos de ellos son conocidos por ustedes y otros quizá no tanto. El primer caso fue el de un conjunto de mujeres congoleñas y
un grupo de yemeníes que habían manifestado a Acnur su voluntad de pedir asilo en Ceuta. El segundo caso fue el de otras personas que se han dirigido a nosotros a través de una ONG exponiendo que fueron devueltas sin procedimiento alguno. Este es
el caso de un ciudadano senegalés muy conocido en aquellos días porque su imagen saltó a la televisión de una manera muy profusa mientras que era atendido amablemente por una voluntaria de Cruz Roja. Todas estas actuaciones están referidas a
personas adultas. Es un tema significativo en el caso ceutí, porque estas personas adultas, en aquel momento y todavía en este momento, están a la espera de que la Administración competente les conteste a algunas cuestiones. Por tanto, expuesto el
tema de los adultos, ahora quisiera exponer el tema de los menores.
Los menores que se acumularon aquellos días se acercaban al millar y, claro, para que pudieran permanecer en Ceuta había que crear las condiciones para que tuvieran una acogida digna mientras se encontraban las vías para proceder a
reagruparlos con sus familias. Cuatro fueron las cuestiones que le preocuparon al defensor en torno a la situación de estos menores. En primer lugar, su situación sanitaria; en segundo lugar, había que buscarles instalaciones para su alojamiento
en emergencia; en tercer lugar, había que inscribirlos inmediatamente en el Registro de Menores no Acompañados, dependiente de la Policía Nacional. Estas tres cuestiones fueron avanzando de manera correcta, aunque no tengo por qué dejar de señalar
que no con la agilidad deseada.
Hubo una cuarta cuestión muy importante, que fue la detección de las vulnerabilidades de los menores, que no se puede unir a las tres anteriores, entre otras cosas, porque los hechos la interrumpieron de manera inesperada el día 13 de agosto
del año 2021. Ese día tuvimos conocimiento de la expulsión a Marruecos de más de cincuenta menores sin ser escuchados y sin ser preguntados sobre su voluntad. Posteriormente, al no haber sido escuchados y al haber sido ignoraba su voluntad, han
presentado una queja que en este momento está en tramitación.
Ante estos hechos, solicité a las administraciones competentes que cesaran en esta actuación, pues contravenía el procedimiento previsto legalmente. Hemos recibido respuesta de la ciudad autónoma y de la Delegación del Gobierno en la que
hacen referencia a la aplicación por su parte de un acuerdo bilateral entre España y Marruecos. Pero, a la vez que esto ocurría, un juzgado de lo Contencioso radicado en Ceuta suspendió cautelarmente las devoluciones que estaban previstas para los
días siguientes. Por tanto, la devolución de jóvenes a Marruecos a partir del día 13 de agosto quedó paralizada por distintos hechos, que son importantes. Hay un primer hecho, que es el de la judicialización de la situación, y un segundo hecho,
que es la paralización de estas actuaciones. Cuando esto se produce, lo normal es que el Defensor del Pueblo suspenda sus actuaciones, como así se hizo.
Un hecho importante, que a mí me parece que merece ser tomado en consideración, es que después de la visita del presidente del Gobierno a la Ciudad Autónoma de Ceuta se ha creado un grupo interministerial destinado a abordar de manera
correcta la situación de estos menores, y ahí estamos. Esto era lo que en principio, hasta la mañana de hoy, pensaba contarles, y así lo he hecho, al igual que he puesto de relieve qué es lo que hemos hecho desde el defensor y cómo se han ido
articulando las actuaciones. Pero hoy quisiera concluir este apartado celebrando expresamente un hecho que, según parece, se va a producir a lo largo del día, que es la reforma del Reglamento de Extranjería, que probablemente será aprobada en el
Consejo de Ministros. El Defensor del Pueblo, y no solo este sino todos los defensores del pueblo a lo largo de los últimos diez años, han venido pidiendo esta modificación, entre otras cosas, para facilitar el tránsito de los menores tutelados a
la edad adulta de una forma adecuada. Por tanto, a partir de ahora podemos encontrarnos en una situación más feliz que aquella en la que nos hemos encontrado anteriormente porque las niñas y los niños tutelados por las administraciones españolas al
cumplir los dieciocho años podrán formarse e integrarse en la vida nacional de nuestra sociedad y con los mismos derechos y obligaciones que el resto de los menores. A mí me parece que esto está bien, y lo digo porque es así; si no fuese así la
resolución también lo diría, pero hoy ha salido y nosotros nos sentimos satisfechos en la defensoría del pueblo porque muchos de estos jóvenes no se vean abocados a la exclusión social, que es una situación que a veces se les plantea. Por tanto, lo
que tenía que decir sobre Ceuta lo he dicho y quedo a su disposición.
A continuación voy a hablarles de la educación, que es el segundo punto que se me plantea. En materia de educación hay actuaciones que están más o menos culminadas y hay recomendaciones que se acaban de iniciar. Las actuaciones las venimos
llevando a cabo a través de nuestras relaciones desde el Defensor del Pueblo con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y con todas las consejerías de las comunidades autónomas, abordando las cuestiones con las que se han ido enfrentando
en el año 2020 y los recursos que han percibido para hacer frente a esta situación. El resultado de estas actuaciones está en el informe del año 2020, y hemos podido discutir con ustedes sobre las mismas en la Comisión mixta en alguna ocasión y
hemos llevado una parte del debate del año 2020 al Congreso y hay lo tenemos parado.
Las preguntas que se me plantean -y me parece interesante que se hablemos de ello- son sobre el inicio de este curso escolar, que acaba de empezar y que ha dado origen a que las familias soliciten mayores medidas de seguridad frente al
virus, en especial que se sigan las recomendaciones formuladas por los expertos sobre ventilación, que no tienen otra finalidad que garantizar al máximo la salubridad y la calificación del aire en las escuelas, que es un tema importante en estos
momentos que vivimos. En el informe de 2020 nosotros dijimos que era necesario que las administraciones buscasen soluciones para prevenir el riesgo sanitario evitando el frío, el ruido y la contaminación en las aulas a través de sistemas de
ventilación adecuados. Para mí este es un tema importante porque de alguna manera en el curso anterior el número de alumnos por aula era menor que el de este año, dado que estamos ante un curso presencial, que tiene otras características.
Un segundo tema es que han llegado un conjunto de quejas poniendo cuestión el uso obligatorio de la mascarilla por los alumnos de Educación Infantil y Primaria en los recreos y en las actividades físicas al aire libre. La casuística de
estos hechos y de las quejas es muy abundante, por tanto, creo que señalando las cuestiones que se han planteado por parte de las familias, podemos entender lo que está ocurriendo. Los centros educativos han mantenido durante este curso el uso de
la mascarilla, pero hay familias que consideran excesivo este escenario. Al defensor le parece que el uso de la mascarilla está justificado porque sirve para minimizar riesgos frente al virus y, además, ante las dificultades de evitar las
relaciones entre los niños y las niñas en los recreos y en las actividades deportivas, los riesgos de contaminación son menores, por lo que me parece bien que se mantenga.
Y hay un tercer problema que también ha dado origen a algunas observaciones por parte de los ciudadanos, que es el impacto de la supresión de la actividad docente en un conjunto de alumnos que no pueden asistir a clase; es decir, hay una
serie de alumnos que tienen problemas que no pueden resolver y por este motivo no pueden asistir a las clases. Nosotros, como defensor, prestamos atención a este problema porque el tema de la educación no presencial, que es la que se produce en
estos casos, no está siempre bien resuelto y desde luego creemos que de alguna manera hay que resolverlo. El año pasado pudimos ver y comprobar que todas las administraciones educativas habían establecido criterios y procedimientos para seguir lo
que estaba ocurriendo en situaciones de absentismo escolar y resultó evidente que hay que valorar individualmente cada caso y que hay que distinguir aquellos supuestos en
los que la inasistencia a las aulas está justificada de aquellos en los que desde luego no lo está. En los primeros, en los que está justificada, hay que disponer y proporcionar los medios necesarios para la atención no presencial y, en los
segundos, hay que proteger el interés del menor y su derecho a la educación a través de los protocolos de absentismo y comunicarlo cuando sea necesario a la fiscalía. Esas son las cuestiones en torno a los problemas que los ciudadanos nos plantean,
fundamentalmente las familias, y que en alguna medida el defensor conocía y que los centros estaban aplicando.
Pero hay un tema que ha surgido en las últimas semanas que me parece relevante, que es el de la Formación Profesional. La insuficiencia de plazas públicas en enseñanzas de Formación Profesional y la insuficiencia de becas en la privada han
vuelto a motivar la existencia de un conjunto importante de quejas. Hay jóvenes que abandonan el sistema educativo y que corren riesgo de exclusión. Nosotros no disponíamos de datos -lo digo sinceramente-, entre otras cosas, porque no había
concluido el proceso de admisión de alumnos. La primera vez que salen estas cuestiones es en los meses de verano y, por tanto, estábamos en las prematriculaciones, no estábamos en el resultado final. ¿Dónde se notaba esto con más incidencia? En
dos comunidades bastante pobladas: en Madrid y en Cataluña, donde las cifras que saltaron a la prensa eran cifras muy notables y que nos llevaron a que decidiéramos averiguar qué estaba pasando. Lo que hicimos fue tratar de disponer de los datos
de los que no disponíamos e hicimos un conjunto de preguntas sobre la dinámica del funcionamiento de la oferta de plazas y la dinámica del funcionamiento de la demanda de plazas en materia de formación profesional. En segundo lugar, también
preguntamos sobre la oferta educativa de Formación Profesional a distancia en el curso 2021-2022, es decir, de este curso en adelante, y como prevén las autoridades que va a funcionar. Y, en tercer lugar, preguntamos sobre el alcance del sistema de
becas para el estudio en los centros privados autorizados. Y esto está ahí, lo hicimos en el mes de septiembre -anteayer, por decirlo de alguna manera- y esperamos que las autoridades de las comunidades autónomas de Madrid y de Cataluña nos
proporcionen los datos pertinentes.
Hay un hecho que quisiera destacar, y es que estos desajustes entre demandas y plazas disponibles no son una situación sobrevenida, sino todo lo contrario, son un auténtico problema estructural. La solución pasa -los economistas lo decían-
por una adecuada planificación de la oferta pública que permita cubrir en un tiempo relativamente corto una demanda que viene aumentando. Por tanto, la Formación Profesional es algo muy importante para cubrir estas carencias, para reducir el
abandono escolar y conseguir la mejor empleabilidad de los jóvenes. Así lo dicen la OIT y la OCDE, y así lo ha debido de entender el Gobierno de España, que no hace tanto tiempo impulsó la Formación Profesional como uno de los treinta componentes
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia llevado a Europa. Los que tenemos una edad sabemos que esta es una vieja cuestión que no ha sido resuelta suficientemente; el prestigio de la Formación Profesional frente a otras opciones
educativas no siempre ha sido reconocido en España.
En este curso escolar, como en el anterior -estoy ya en la fase de conclusión- se requiere llevar a cabo un extraordinario esfuerzo para evitar que la crisis sanitaria tenga un impacto negativo en la educación, especialmente en los
colectivos más vulnerables. Para poder hacer eso resulta imprescindible la información y la sensibilización entre las iniciativas educativas y las medidas sanitarias a adoptar. Confío que en este corto tiempo que queda del año 2021 los
profesionales de la educación, los alumnos y sus familias asuman sus responsabilidades para lograr que la vuelta a las aulas -ahora ya estamos con las aulas relativamente llenas- sea segura. Hay una ley orgánica de integración y ordenación de la
Formación Profesional que actualmente está en tramitación. Yo espero que organice un sistema capaz de responder a los intereses y las aspiraciones de cualificación personal de las personas a lo largo de la vida. Oí hace muchos años decir que la
formación profesional, en el sentido genuino de la palabra, no se agota nunca y que jóvenes y no jóvenes siempre están haciendo frente a los problemas de carencias y de insuficiencias. Esa realidad de que la formación profesional es permanente,
cualquiera que sea la edad del que la pueda y la deba recibir, solamente se podrá lograr en la medida en que aumente la oferta de plazas de aquellas opciones profesionales en las que haya mayor demanda y mayor proyección laboral.
Ahora paso a hablarles de la tercera de las cuestiones que se me ha planteado. Esta es una cuestión que de alguna manera ha sido relevante. La formula un grupo parlamentario y es por qué no he recurrido el estado de alarma de marzo del año
2020. He de decir que lo primero que me produce la pregunta es una cierta sorpresa o, si se quiere, una cierta perplejidad, hasta el punto -y no lo he hecho nunca- de que he consultado a las Mesas del Congreso y del Senado si debería contestarla o
no, para obedecer siempre, eso sí, lo que se me dijera. Por lo tanto, me he llevado una sorpresa y me he dirigido a quien creo
que podía dirigirme, a las mesas grandes, sobre una cuestión que de alguna manera tiene que ver con el funcionamiento de esta Comisión a lo largo del próximo futuro.
El Defensor del Pueblo está legitimado para presentar recursos de inconstitucionalidad si lo estima oportuno y si ve motivos. Yo he vivido una experiencia en la casa: que los defensores del Pueblo procuramos no recurrir las normas que se
nos piden por el conjunto de los ciudadanos si hay otro sujeto legitimado que lo hace. Por lo tanto, no siempre lo hacemos y, cuando lo hacemos, tenemos que justificar los motivos de nuestra decisión. Por lo tanto, presentamos recurso o no lo
presentamos según el criterio que iré exponiendo a lo largo de mi intervención. Pero hay que hacer un esfuerzo de neutralidad para que la demanda que se efectúa ante nosotros, sobre todo en aquellos aspectos controvertidos, no divida profundamente
a la sociedad. Por lo tanto, hay el derecho del Defensor a recurrir o no recurrir, y yo consideré procedente en este caso no recurrir. Así de claro. Es decir, la decisión se fundamenta en un hecho elemental: en la independencia del Defensor del
Pueblo. Señorías, el Defensor del Pueblo es una institución independiente ante cualquier posición o pretensión, y esta independencia está establecida en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, que dice, con una expresividad potente y casi
colorista: 'El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio'. Eso yo creo que lo hemos hecho, los que yo he
conocido, con frecuencia. Por lo tanto, les diré que, según mi criterio, el estado de alarma era suficiente, no era necesario llegar al de excepción. Desde luego, hay un hecho que acato, que es la sentencia del tribunal, y lamento estar en
desacuerdo con ella. Pero esas cosas pasan en la vida y no deberían producir mayores preocupaciones. Este criterio no debe ser, no lo es, exclusivo del Defensor del Pueblo, y hubo un grupo parlamentario, en concreto el Grupo Parlamentario Popular,
que tampoco presentó recurso, teniendo como tenía diputados y senadores suficientes para ello. Insisto: mi criterio, mi opinión fue no recurrir, pues consideraba conforme a la Constitución lo que se había hecho. Y esto es exactamente lo que hice;
no lo tomen a mal sus señorías, como dirían en los pueblos de Extremadura, pero coincidí con el Grupo Parlamentario en no recurrir. Entonces, informando de mi perplejidad, quisiera contestar de una manera específica a su pregunta. Firmé el día 3
de septiembre del año 2020 una resolución explicando por qué no recurría el estado de alarma, una resolución extensa que tenía 1375 palabras; es una resolución pública que puede descargarse de nuestra web y que está allí desde hace un año. En
principio, la conoce todo el mundo. Es un acto jurídico, una resolución del Defensor del Pueblo. Las tesis que defendí en ella coinciden con las de muchos profesores, coinciden con las de ilustres juristas y coinciden con las del presidente del
Tribunal Constitucional y varios magistrados del mismo de distinto color político. Pese a esto, señorías, reconozco que no estamos ante de un asunto pacífico, sobre el cual se han escrito ríos de tinta. Unos han dicho una cosa y otros han dicho la
contraria. Lo que sí me produce sorpresa es que se me pidan ahora explicaciones sobre por qué actué de una manera independiente, sin aceptar las tesis de los solicitantes -el recurso, claro está- y de más de algún medio de comunicación social.
Porque hay un hecho que no quisiera dejar de argumentar delante de ustedes: ¿Qué se hubiera dicho si el Defensor del Pueblo sale pidiendo que se establezca un estado de excepción? Extraño rol el de este Defensor del Pueblo, un Defensor de Pueblo
de mi generación, que ha vivido en el pasado -no tan lejano, pero que ha vivido en el pasado- varios estados de excepción y entiende los riesgos que el uso de este tipo de situaciones conlleva. Por lo tanto, y para terminar este debate, conviniendo
en que casi todas las medidas -por no decir todas- eran necesarias, podían hacerse con la figura del estado de alarma. He tenido la sensación de que lo que se pretendía es que las cosas se llamaran de otra manera, pero que tuvieran más o menos el
mismo contenido. Señorías, ¿se necesita un debate como ese en esta Comisión y en este momento? Creo que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo razonable para cuidar de las instituciones y respetar su independencia, porque esa es la forma de cuidar
la democracia. Y termino con mi intervención en cuestiones de estado de alarma.
Me parece que el señor presidente ha dicho que ustedes van a contestar mis planteamientos. Le pediría al letrado que me dejara un papel en blanco para tomar nota de lo que me dicen y de quiénes son.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Defensor del Pueblo.
Pasamos al turno de intervención de los distintos grupos parlamentarios. En nombre y representación del Grupo Parlamentario Mixto, el senador Emilio Argüeso tiene la palabra. (Pausa). No está. Pasamos al Grupo Parlamentario del PNV. La
senadora María Mercedes Garmendia tiene la palabra.
La señora VAQUERO MONTERO: Egun on. Buenos días.
Sustituyo a Mercedes Garmendia. Soy Maribel Vaquero, del Grupo Nacionalista Vasco.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Fernández Marugán que esté hoy aquí con nosotros y nos haya dado las explicaciones oportunas sobre la información que se le ha pedido.
En relación con lo que acaeció en Ceuta con los jóvenes migrantes que pasaron la frontera, estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho: ese caso no fue un hecho puntual, sino que se viene repitiendo -igual con menor afluencia- muy a menudo
en las fronteras. Nuestro grupo ha solicitado en más de una ocasión una visión global y un abordaje integral de las políticas migratorias. Justo cuando ocurren estos hechos nos llevamos todos las manos a la cabecera, y lo que queremos es que el
tema migratorio se aborde de una manera integral y con una visión global de las políticas migratorias. Lo que solicitamos es que, además, las comunidades autónomas no solo sean unos agentes observantes del proceso; entendemos que es necesario
articular un espacio donde compartir las herramientas, las estrategias y donde compartir también la información, porque muchas veces las comunidades autónomas, que luego tienen que dar solución -evidentemente con su solidaridad y su
corresponsabilidad- y acoger a estas personas, tienen que estar informadas y tienen que ser parte, tienen que ser escuchadas y también tomar decisiones y, por lo tanto, tienen que estar en todo este proceso.
Como usted ha dicho, hemos conocido que hoy el Consejo de Ministros aprobará definitivamente el reglamento de extranjería. Nuestro grupo en el Senado tenía presentada una moción para mañana para que se aprobara este reglamento de
extranjería definitivamente, porque entendemos que se tienen que flexibilizar y facilitar los permisos de residencia, como usted bien ha dicho y ha defendido, y los permisos de trabajo a los jóvenes inmigrantes tutelados, que cuando llegan a la
mayoría de edad se han visto en una situación penosa, sin poder desarrollar un proyecto de vida y viéndose en la calle en la mayoría de los casos. Por lo tanto, nosotros también nos alegramos de que este reglamento se vaya a aprobar. Esperaremos a
leer su contenido para comprobar si verdaderamente es tan bueno como para dar solución a los problemas que se están sucediendo.
Por otra parte, lo que vemos es que la política migratoria y de asilo en general en Europa se está aliando con el control de las fronteras y con externalizar las fronteras, de tal manera que externalizamos también el problema, entiéndame la
ironía. Los derechos humanos y externalizar nuestros problemas pagando para ello es una denuncia que venimos haciendo. Por lo tanto, también le pedimos al Estado que el pacto de inmigración y asilo en Europa se base en derechos humanos y no en
externalizar como un problema la migración, y que esta sea tratada en positivo y no en negativo. También quiero recordar los ofrecimientos que está haciendo el Gobierno vasco para solidarizarnos con la acogida, con la propuesta SARS, que creemos
que es una solución viable para que, de alguna manera, todos nos hagamos corresponsables de esta situación.
No voy a entrar en el tema educativo porque, en el caso de Euskadi, tanto el Gobierno vasco, su departamento de Salud, como el departamento de Educación, colaboran para dar solución y para que todas estas quejas y peticiones sean atendidas,
y se dé una solución a la limitación de la mascarilla u otro tipo de limitaciones en los patios y demás. Iremos viendo a los profesionales, que son los que tienen que decidir cómo se tiene que ir haciendo todo esto, y nosotros ahí no tenemos mucho
que decir.
En el tema de la inconstitucionalidad, estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, muchas veces sale más caro tomar otro tipo de medidas y se limitan otros derechos, y en aquel momento se tomaron las decisiones, entiendo, de la mejor manera
posible, aunque fuimos muy críticos en cómo se llevaron algunos procesos, porque la proporcionalidad es muy importante cuando estamos hablado también de derechos fundamentales, pero también del derecho a la vida y la salud de las personas. Creo
recordar que en esta Cámara ningún partido político se opuso al primer estado de alarma, y ahora no sabemos por qué hay tantas quejas en ese sentido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pregunto si está el portavoz del Grupo Parlamentario Plural. (Pausa). No está.
Pasaríamos al Grupo Parlamentario Democrático y tendría la palabra, si está, el senador don José Luis Muñoz.
El señor MUÑOZ LAGARES: Muchas gracias, presidente.
Antes de nada, quería agradecer al señor Francisco Fernández Marugán su trabajo en estos últimos años como Defensor del Pueblo, siendo el oído de todos los ciudadanos de este país para reclamar y para, de una manera imparcial, atenderlos.
Agradecemos su labor.
Empiezo por el primer punto. En cuanto a las deportaciones en la frontera de Ceuta y Melilla, lo ha comentado muy escuetamente, y me gustaría que profundizara, si fuera posible, en la creación del grupo de trabajo creado por su institución.
Después me lo aclara; he entendido que se ha creado un grupo para, me imagino, coordinar o de observación... No sé.
Respecto al tema educativo, nosotros hemos solicitado esta pregunta porque, aunque la presente crisis sanitaria se va mitigando y se va superando paso a paso, afortunadamente, entendemos que debemos conocer de primera mano nuestros aciertos
y nuestros errores para aprender de ellos. Si hemos descubierto algo con la presente pandemia es que hasta lo más remoto e imprevisible es posible que pueda ocurrir. Ha comentado que ha observado que la Administración Central del Estado y las
comunidades autónomas en algunos asuntos estaban coordinados y en otros asuntos no lo estaban tanto. Parece ser que llega a la misma conclusión que nosotros. Consideramos que no ha existido una coordinación adecuada por parte el Gobierno central
con todas las comunidades autónomas, y más aún entendemos que ha dejado a su suerte a muchas comunidades autónomas en muchos conceptos y protocolos de actuación. Ha habido diecisiete formas de actuar que, desgraciadamente, el Gobierno de la Nación
no ha sabido coordinar de la mejor forma.
Mi intervención también va a ser muy breve. Coincidido con la problemática que existe y que ha planteado sobre la formación profesional. Entendemos que no está tan atendida como debiera, y es fundamental hacer un mayor esfuerzo, aumentado
la formación dual, con la colaboración público-privada, que pueda llevar de la mano la formación con la empleabilidad. Entendemos que hay que hacer un mayor esfuerzo en ese sentido. Solamente esos comentarios; nada más.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el senador Reniu.
El señor RENIU VILAMALA: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, permítanme reconocer la labor del Defensor del Pueblo, así como de todo su equipo, en este tiempo que han venido desempeñando sus funciones, más allá, como se decía al principio, de posibles cambios, que quién sabe cuándo
vayan a producirse. Por lo tanto, nuestro reconocimiento -como saben, lo hemos expresado en repetidas veces- a la labor que vienen realizando, tanto el defensor como todo los miembros de su equipo.
Entrando en materia, como sabe el defensor, nosotros formulamos una de las solicitudes, relativa al trato de los jóvenes migrantes en el Estado y en especial en Ceuta. El defensor nos ha hecho un pequeño repaso somero de la problemática y,
obviamente, yo voy a intentar incidir en algunos aspectos, no tanto de solicitud de mayor información -aunque hay un elemento del que, como verá posteriormente, sí se la voy a solicitar-, porque no es tanto su responsabilidad, sino de lo que nos
está diciendo este fenómeno o caso puntual -por decirlo de alguna forma, porque no es puntual- de Ceuta que nos ocupa. El defensor hacía referencia, por ejemplo, a la visita del presidente del Gobierno el 25 de agosto a Ceuta, cuando se reúne con
el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y califica esta situación, refiriéndose a los menores, básicamente, como un problema político a resolver. Primera enmienda por nuestra parte: problema político es el que, como también el defensor
apuntaba, se genera a partir de la utilización interesada de personas para intereses políticos en el ámbito de las relaciones internacionales, bien sea por parte de Marruecos, que posteriormente rompe con Argelia, y España se sitúa en una situación,
digamos, de fuera de juego en este escenario. Por lo tanto, esa cuestión es baladí para lo que nos ocupa en estos momentos, porque el problema -y el defensor lo señalaba- es la crisis humanitaria. Y es un problema que no solo acaece en Ceuta, sino
que lo estamos viviendo diría que cada día en las costas, por ejemplo, de las islas Canarias, en las costas mediterráneas, en las illes Balears. Es un problema. Anteriormente, la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco planteaba ese escenario de la
necesidad de una visión global del problema, del fenómeno. A fin de cuentas, debemos partir de una cuestión muy sencilla, con la que creo que todos, más o menos, podremos estar de acuerdo, pero que la respuesta política que se da a esa situación
que genera crisis humanitarias ya no es compartida, y es que nadie migra por placer. Nadie. Por lo tanto, o somos capaces de enfrentar las problemáticas derivadas de la
migración con respuestas valientes y que pongan a la persona, sea mayor de edad, sea menor, en el centro, o todo lo que nos quedará va a ser una fortaleza, llámese Europa, que se va a seguir empobreciendo cada vez más en lo personal y en los
valores que deberíamos defender.
No podemos poner la vida de las personas por delante del control de las fronteras. La respuesta que sepamos darle es la que marcará qué nivel de problemática tendremos. En el caso ceutí, precisamente, hemos visto, además, cómo esa
situación -como bien decía el defensor- se paraliza a partir del proceso de judicialización de la misma, sobre todo en el ámbito de los menores que es, digamos, nuestra principal preocupación en este caso. La jueza era meridianamente clara al
señalar que únicamente es posible llevar a cabo dicha repatriación si esta se realiza con absoluto respeto a nuestro ordenamiento jurídico, cuestión que en los momentos precedentes no se había realizado. Pero es que hay más: estos menores tienen
derecho a recibir información para la solicitud de protección internacional. Ahí sí que tenemos dudas de hasta qué punto los más de quinientos menores que se encuentran ahora en centros de acogida o en la calle en Ceuta van a ver que se lleva a la
práctica ese derecho. Desconocemos, realmente, si se está realizando algún tipo de labor informativa individualizada para, precisamente, darles la opción de poder decidir sobre su escenario. Pero es que, además, la legislación es clarísima en este
sentido, sobre todo cuando nos encontramos frente a discursos en los que, repetidamente, se hace referencia al cumplimiento estricto de la ley. Pues vayamos a cumplirla con estos menores. Porque, por ejemplo, cada menor debería contar con una
decisión individualizada sobre su situación personal. Por lo tanto, es imposible defender una solución global o general, sino que, guste o no a las administraciones correspondientes, debe llevarse a cabo ese trabajo individualizado para cada una de
esas personas, de esos jóvenes. También hay que hacer una buena contextualización de en qué situación se encuentran.
Utilizaba una palabra -que nosotros también utilizábamos en nuestro argumentario-, sobre todo al iniciar su explicación sobre los menores, que es un concepto que creo que es clave y es muy bonito enunciar, pero que hemos visto que las
administraciones competentes no están llevando a la práctica, y es el de la acogida digna. El defensor nos decía que tenía cuatro problemáticas y que, más o menos, las tres primeras se iban resolviendo: la sanitaria, la referida a las
instalaciones o al registro de esos menores no acompañados por parte del CNP. Esto quizá se tenga que agilizar, quizá debe incidirse en los ministerios y en las administraciones correspondientes para ponerle un poco de ritmo a esos procesos, que en
algunos casos pueden significar desplazar también a una parte importante de esos menores, para una mejor atención, para un mejor cumplimiento de sus derechos, tal y como señalábamos anteriormente, a la península. Por lo tanto, ese es un elemento
importante. El defensor hacía referencia a un cuarto elemento, el de detección de vulnerabilidades, que es, precisamente, de lo que estábamos hablando, es decir, esa atención individualizada, esa atención para conocer si realmente el interés
superior de cada uno de esos niños o niñas determina cuál es la solución que mejor responda a sus necesidades.
En ese sentido, por ejemplo, hay cuestiones colaterales a esta problemática -repito, no solo de Ceuta, que es el caso que traemos a colación en esta sesión, sino en términos generales-, como es la dificultad que parece existir entre las
autoridades competentes y la necesaria colaboración de diferentes organizaciones no gubernamentales a la hora de trabajar en dispositivos de acogida y de regularización progresiva de menores migrantes. Ese es un elemento que creemos que también es
relevante tener en cuenta.
Finalmente, haré una última consideración sobre si dispone de datos, porque nos pareció entender de su exposición que a partir del proceso de judicialización la defensoría había retirado el foco en el análisis. Nos gustaría conocer si a
partir de ese momento ha obtenido algún tipo de información adicional que pueda ilustrar la situación actual, es decir, si se ha avanzado en algún sentido en este ámbito con estos menores migrantes que, a fin de cuentas -recordémoslo una vez más, y
con esto termino-, no migran por placer, y en su condición de menores seguramente pueden haber sido también utilizados por parte de intereses diferentes a los que pueden guiar su actividad. En cualquier caso, creo que es responsabilidad nuestra y
de las autoridades competentes encontrar una solución individualizada para garantizar el futuro de cada uno de ellos y de ellas.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.
Ahora, en nombre y representación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la diputada Martina Velarde.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente.
Muchas gracias también al Defensor del Pueblo por su labor y por su trabajo, por su disponibilidad y su disposición en esta Comisión mixta, y también por la labor y el trabajo durante todo este tiempo de los trabajadores y trabajadoras de la
institución.
Con respecto a la situación de emergencia y de vulneración de derechos que viven los jóvenes migrantes, comparecencia que ha pedido Esquerra Republicana, estamos completamente de acuerdo con el análisis que hace Esquerra y también con la
petición de esta comparecencia. Creo que tenemos que venir aquí justamente para eso, para defender los derechos y las libertades de la ciudadanía. Tomamos buena nota de todas las cuestiones y de las problemáticas que nos ha trasladado el defensor,
y en este sentido también celebramos hoy la reforma del reglamento de extranjería.
Con respecto a las dificultades de las medidas establecidas por el Gobierno para la vuelta a los centros educativos tras la crisis sanitaria, nosotras tenemos que decir que no entendemos muy bien el motivo de esta pregunta al Defensor del
Pueblo, porque no sabemos si el objetivo es realmente conocer el número de quejas y en qué se basa cada una de ellas, o atacar al Gobierno de forma indirecta a través del Defensor del Pueblo, o confundir a la ciudadanía y hacer creer que las
competencias educativas son del Gobierno estatal y no de las comunidades autónomas.
Esta pregunta -que, además, me recuerda a otras que ya se han hecho en esta Comisión- es un batiburrillo al que nos tiene acostumbrados ya la oposición. Además, la única intención durante este tiempo ha sido hacerle oposición al Gobierno a
través de esta institución del Defensor del Pueblo, y usando la pandemia como una excusa para el todo vale. A mí me gustaría -y se lo digo también al señor diputado de Ciudadanos- que me aclarara cuál es su queja con respecto a las medidas del
Gobierno de España en la educación. Es que no lo sé. Como ha dicho el defensor, hay quejas sobre el sistema de ventilación o el uso obligatorio de la mascarilla en primaria, pero también recuerdo la formación profesional, y hay quejas en Madrid y
en Cataluña. Y en vez de preguntarlo aquí, podría preguntarle también a la señora Ayuso por esa insuficiencia de becas en la privada, insuficiencia de plazas o insuficiencia de oferta educativa a distancia.
¿Está en contra -y eso es lo que me gustaría preguntarle- del uso de la mascarilla en alumnos mayores de seis años? ¿Está en contra de que se guarde la distancia entre alumnos de 1,5 metros o de tomar la temperatura cada mañana antes de
comenzar las clases? ¿O de que los alumnos se tengan que lavar las manos con frecuencia? ¿O de ventilar justamente las aulas entre clase y clase? ¿O de intensificar la limpieza en los centros? ¿O del nombramiento de un profesor coordinador que
vele por el buen funcionamiento de todas las medidas anteriormente citadas? ¿Están en contra de eso? Porque no entendemos cuál es la queja de ustedes ni cuál es la pregunta. ¿O es que las quejas -que eso sí podría ser- son porque en comunidades
como Andalucía -mi tierra-, en quien cae la competencia sobre educación, se han retirado ya los refuerzos COVID a la vez que se han embolsado -que ya lo he dicho varias veces- 8500 millones de euros, que ha enviado el Gobierno de coalición a Moreno
Bonilla en fondos, en presupuestos y en ayudas COVID? Entonces, se ha reforzado Andalucía -por ejemplo- con 384 millones extraordinarios, justamente para paliar esos efectos de la COVID, y sin embargo no sé lo que han hecho, porque para paliarlos
se necesitaban más recursos, más docentes y menos ratios. Ustedes gobiernan allí; es decir, que no sé cuáles son las quejas. Vienen ustedes a usar la educación como motivo de oposición, cuando además está transferida a las comunidades autónomas.
Además, la Consejería de Educación está gestionada por Javier Imbroda, de su partido, y no solo ha retirado a las limpiadoras que se encargaban de reforzar la ventilación entre clase y clase o de la limpieza de baños, sino que también ha despedido a
más de 2000 docentes. Creo que eso tiene que ver seguramente con las quejas que puedan llegar aquí al Defensor del Pueblo. Y le pregunto yo: ¿las quejas pueden ser también por los despidos de esos docentes, de esas 2000 plazas de docentes? ¿Por
el despido de esas limpiadoras de refuerzo COVID? ¿O por qué son las quejas, señores de Ciudadanos? Porque nosotras también nos quejamos en Andalucía de su gestión. Estaría bien que vinieran a esa Comisión para defender a los ciudadanos, y no
usarla para hacer propaganda de los intereses de Ciudadanos, de PP o de VOX.
Por último, decía el Defensor del Pueblo que era sorprendente. A nosotros también nos sorprende, es una sorpresa esta pregunta sobre la justificación de la constitucionalidad del estado de alarma que ha referido el Defensor del Pueblo, que
decidió no recurrirlo, y que además ha tenido que preguntar si esto entra dentro de sus competencias o no a las mesas del Congreso y del Senado. Entendemos que esta pregunta aquí no toca. Para eso, señorías del PP, tienen un número suficiente para
ir al Tribunal Constitucional, que es donde corresponde -si les parece- y hacer un recurso. No creo que aquí
el Defensor del Pueblo tenga que hablar de una cuestión jurídica, sino que lo tendrán que hacer los tribunales. Y voy a recordar una cosa también con respecto a esto. Hay sorpresa, primero, por dónde se trae y, segundo, por la
incoherencia. Es decir, el PP votó a favor del primer estado de alarma, que si tan inconstitucional era, ya podían haber votado en contra, y también votó a favor VOX. VOX vota en contra de prorrogar el estado de alarma el 12 de abril, no así el
Partido Popular, que votó a favor en tres prórrogas más del primer estado de alarma, se abstuvo en la cuarta prórroga y votó en contra en la quinta y en la sexta. Por lo tanto, no entendemos que el Partido Popular traiga esta pregunta aquí. Bueno,
sí, sí lo entendemos, porque esta pregunta forma parte, como ya digo, del seguidismo del Partido Popular a la estrategia de sus compañeros de VOX. Una estrategia político-jurídica que luego ejecutan los jueces del Consejo General del Poder Judicial
o del Constitucional, nombrados cuando el PP tenía mayoría absoluta, y por esa razón se niegan a renovar esos órganos constitucionales. Y asistimos aquí a un uso maniqueo de esta Comisión del Defensor del Pueblo para continuar con esa estrategia de
-voy a llamarla así- 'voxificación' del Partido Popular, que ya de verdad es indistinguible de la ultraderecha.
No querían un estado de alarma. ¿Preferían un estado de excepción, que es más restrictivo? A mí me gustaría que contestasen a esa pregunta y a esas incoherencias, porque nadie les entiende. O sea, votan a favor del estado de alarma;
luego salen a las manifestaciones, como pasó en Córdoba, en mayo, donde estaban dirigentes de su partido, pidiendo libertad; luego piden que haya más prórrogas, y después dicen que es inconstitucional y que debería de haber sido un estado de
excepción, que es, incluso, más restrictivo, cuando ya les parecía muy restrictivo y con muy poca libertad ese estado de alarma. Aclárense; aclárense, que la ciudadanía nos está viendo y ve que ustedes están continuamente generando
contradicciones.
Este estado de alarma -y voy a ir terminando- ha servido para salvar muchísimas vidas, y se lo recuerdo, señorías del Partido Popular. También, para dar cobertura a los ERTE, a las ayudas a empresas y a los autónomos. Oponerse al estado de
alarma es oponerse a todo el corpus jurídico que ha proporcionado la mayor protección social de la historia durante una crisis en este país. Estaría bien que el Partido Popular -de verdad lo digo- viniera a esta Comisión a defender a nuestro
pueblo, a los españoles, a las españolas, y no a defender los intereses y el relato que está copiando de las señorías de VOX, que es quien presenta, además, el recurso de inconstitucionalidad contra esos estados de alarma; eso sí, también después
de votar a favor en esa senda magnífica -todo este tiempo de pandemia- de coherencia absoluta que han tenido. Señorías del PP, se lo vuelvo a decir, como siempre se lo digo en esta Comisión: dejen el frentismo, dejan la crispación y la deriva
ultra, porque VOX los va a arrastrar a la inutilidad, si no lo está haciendo ya. Por favor, vengan aquí a trabajar, a ser propositivos y a intentar traer temas que interesen a la ciudadanía y que sean importantes para los ciudadanos y las
ciudadanas.
No se ha traído aquí ninguna PNL durante todo este tiempo. Parece ser que con este estado de alarma se está utilizando esta Comisión para traer PNL que no se están llevando a donde se tienen que llevar, que es a la Comisión -en este caso-
de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Se trae aquí -cosa que tampoco entendemos- cuando los propios ministerios tienen un criterio desfavorable a esas PNL. Aquí siempre se ha venido a hacer comparecencias, y entendemos que no es el lugar
para traer aquí aquellas proposiciones no de ley que, por cupo, no les vengan bien en otras comisiones. Por eso no estamos de acuerdo con que, si eso no se ha hecho nunca, se utilice ahora mismo el Defensor del Pueblo para hacer un trabajo
parlamentario que toca en otro lugar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, pasamos el turno de palabra al Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra el señor Zambrano.
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RÁEZ: Gracias, señor presidente. Con su venia.
Señor Fernández Marugán, usted como Defensor del Pueblo tiene importantes facultades. Ninguna autoridad ni funcionario le puede negar su colaboración. Puede usted incluso ejercitar acciones de responsabilidad -de acuerdo con la ley
orgánica- contra cualquier autoridad, funcionario, agentes civiles del orden gubernativo o administrativo. Debería ser usted el brazo de las Cortes como comisionado de las Cortes, porque su labor debe ser la de llevar a cabo una intensa misión de
control de la labor de las administraciones públicas y del Gobierno en particular. Pero esa no es la realidad, eso no es lo que sucede. La realidad es que usted fue diputado socialista desde el año 1982 y luego ha sido nombrado
para el cargo que ahora ocupa. La realidad es, por tanto, que usted está sometido a los intereses socialistas y a los de sus dirigentes. Hace décadas que en España estamos sufriendo el hecho de que el partidismo lo esté ocupando todo: una
ministra socialista es fiscal general del Estado, un ministro socialista se postula como magistrado del Tribunal Constitucional y se atisba ya el reparto de cargos y sillones entre el Partido Popular y el PSOE. No sabemos qué va a pasar con el
nuevo defensor del pueblo ni de qué corte partidista será, pero mi deber es recordarle, señor Fernández Marugán, que su labor es el control de las administraciones públicas, no justificar las políticas o tropelías del Gobierno.
Me resulta sorprendente que dé a entender que usted tiene derecho a recurrir o no al Tribunal Constitucional en función de cierta arbitrariedad o de lo que a usted le pueda parecer. Su deber es formular recursos cuando proceda. Usted
recibió más de seiscientas peticiones. El Tribunal Constitucional ya ha estimado recursos que anulaban el confinamiento en el estado de alarma o la composición del CNI que incluía al señor Iglesias y, luego, ha declarado que se ha impedido a los
diputados ejercer su derecho de participación política durante el estado de alarma. Nada más y nada menos. Es decir, a nosotros, como diputados -usted es nuestro comisionado, usted es el que debe protegernos frente a las imposiciones del poder
político-, se nos ha impedido ejercer nuestros derechos políticos. Esto está declarado por el Tribunal Constitucional. Usted dice que actuó según su criterio; pues, su criterio fue equivocado, señor Fernández, se equivocó. Me parece sorprendente
también que diga que está en desacuerdo con las decisiones del Tribunal Constitucional. Podrá usted decirlo en privado, pero usted es el Defensor del Pueblo, órgano constitucional. ¿Usted cree correcto que públicamente un órgano constitucional
diga que está en desacuerdo con las decisiones del Tribunal Constitucional? Le estoy mencionando tres sentencias ya que han establecido nada más y nada menos que estos pronunciamientos. Y todo ello ha sido gracias a los recursos de VOX, que le dio
un margen de confianza al Gobierno, pero luego vio que se estaba utilizando un instrumento para crear un estado de excepción encubierto e inmediatamente acudió al Tribunal Constitucional ante la pasividad tanto del Defensor del Pueblo como de todos
y cada uno de los grupos políticos de las Cortes. Le pregunto: ¿qué va a hacer el Defensor del Pueblo ante los pronunciamientos del Tribunal Constitucional? Le iba a preguntar qué valoración le merecen, pero ya la deduzco de sus palabras. ¿Va a
hacer usted algún tipo de autocrítica por esa pasividad? ¿Va usted a reconocer el error? Ya le pedimos su dimisión en el Pleno de esta Cámara, pero doy por supuesto que eso ya lo tiene usted más que decidido y no va a dimitir. ¿Se ha planteado
usted la posibilidad de iniciar algún tipo de expediente de responsabilidad? ¿Ha mantenido usted alguna reunión para estudiar la posición del Defensor ante la anulación de oficio y urgente de multas impuestas en el estado de alarma, la devolución
de las multas o una posible indemnización a españoles que hayan sufrido graves perjuicios económicos por esa situación inconstitucionalmente creada? Eso respecto al Tribunal Constitucional.
Luego, habla usted de Ceuta. ¿Realmente cree usted que lo que sucedió en Ceuta es una negligencia de Marruecos, como ha dicho usted? Se han visto vídeos de policías marroquíes abriendo expresamente la frontera. No fue una negligencia, no
fue una imprudencia, fue una acción intencionada. Dice usted que fueron días de angustia, pero han sido meses que se siguen prolongando. Vaya usted a Ceuta y hable con los ceutíes, a ver cuál es la situación todavía en las calles de Ceuta. Dice
usted que se ha restablecido el orden. ¿Realmente usted cree que en Ceuta se ha restablecido el orden después de lo que sucedió? El único problema que ha habido en Ceuta ha sido de control de fronteras. España no fue capaz de controlar la
frontera y se queda a expensas de la agenda de Marruecos. ¿Qué debe hacer España para controlar su frontera? ¿Ha hecho usted alguna sugerencia al Gobierno o alguna recomendación para que podamos siquiera controlar nuestra propia frontera y que
esto no vuelva a suceder? ¿O vamos a estar a expensas de que Marruecos decida abrir su frontera y meter diez mil marroquíes entre mayores y menores?
Habla usted de los menores. Para que un menor sea tratado como usted pide que se le trate, con la legislación actual hace falta, primero, que sea menor y, luego, que esté en situación de desamparo. Esos son dos requisitos básicos y creo
que en eso estará de acuerdo conmigo. La Fiscalía de Alicante denuncia que hay extranjeros que alegan ser menores, van a un centro de protección, allí solicitan el asilo y, cuando se lo han dado, ya reconocen que son mayores de edad. Lo hacen así
porque en los centros de menores consiguen el pasaporte y la documentación con agilidad. Según la Fiscalía de Las Palmas, hay personas mayores de edad que incluso estuvieron condenadas a penas privativas de libertad en España y cuya pena fue
sustituida por la expulsión, tras ser efectivamente expulsadas, regresan a España en patera y manifiestan ser menores de edad y, luego, se fugan de los centros. Le hago notar una cosa, según la Cámara de Cuentas de Andalucía -de donde yo vengo-,
una plaza de mena en un centro concertado cuesta 2035 euros al mes; en centros públicos, 9813 euros. Según la Cámara de Cuentas, no es una cifra
inventada, año 2020. Sale más barato llevarlos a un college inglés en Londres. No tiene sentido que estemos atendiendo a mayores de edad a los que no se les controla la edad que entran en centros de menores y que suponen un gasto
increíble, y que luego haya un gran número de menores que están en una situación de desamparo. Esto es realmente fraude de ley voluntario. Váyase usted a Melilla y allí le podrán contar que familias marroquíes van a visitar a sus hijos a Melilla,
a los que se supone que están en situación de desamparo. ¿Usted ve razonable esa situación? Yo no la veo razonable, eso no es un menor en situación de desamparo.
Hablan ustedes de un reglamento que va a facilitar la documentación y la integración. ¿Son ustedes conscientes del efecto llamada que eso puede producir? ¿Qué va a pasar cuando en Marruecos se conozca la promulgación de ese reglamento?
¿Cuál cree usted que va a ser la reacción? ¿No cree usted que va a haber cientos o miles de menores queriendo que se les aplique ese reglamento en España tras volver a saltar la valla, volver a meterse en pateras y arriesgarse a fallecer en el
camino o tras meterse de polizones en los barcos que salen de Ceuta y Melilla arriesgando la vida? ¿No creen ustedes que eso va a suceder por esas normas que lo único que hacen es llamar a la inmigración ilegal? En realidad, lo que se está
provocando es poner en riesgo a esos propios menores, cuando lo que realmente hay que procurar es su repatriación para su integración y devolución a sus familias y para que, en definitiva, puedan llevar una vida razonable en su propio país. Otra
cosa es -y eso sí que debería ser objeto de debate- que nos planteásemos qué acciones podemos hacer en África y en ese tipo de países para mejorar el bienestar y para que esos países evolucionen de la situación tan degradante y tan poco democrática
en la que viven.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el senador José Ignacio Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Gracias, presidente.
Señor Defensor del Pueblo, bienvenido de nuevo a la Comisión, nos agrada que comparezca. Estuvo usted hace tres semanas compareciendo en el Pleno del Congreso y esperemos que lo pueda hacer antes de su despedida en el Pleno del Senado, pues
creo que es el lugar adecuado para poder presentar su informe, para que los distintos portavoces puedan valorarlo y, además, para que puedan despedirlo como crean conveniente tras ese tiempo en el que ha estado al frente de la defensoría.
Señor presidente, queremos que conste nuestra queja sobre la proposición no de ley, porque ha intervenido la portavoz de algún grupo político rechazándola y diciendo que no es el lugar para hablar de la proposición no de ley que presentaba
el Grupo Parlamentario Popular para que no exista una dualidad entre el ejercicio y el disfrute de los derechos en la España vaciada del mundo rural y en las grandes ciudades. Habíamos acordado que este punto lo debatiríamos una vez que hubiese
terminado la comparecencia del defensor, porque hay un informe, pero entendemos que no existe impedimento alguno para que se puedan tramitar estas iniciativas. Es verdad que, por coherencia institucional, no deberían utilizarse para censurar o
valorar una actuación concreta del Defensor del Pueblo, pero sí para instar al Gobierno a que realice algunas actuaciones en relación con los informes o con las actuaciones del Defensor del Pueblo. Por ello, presentamos nuestra queja y queremos que
se recoja en el Diario de Sesiones.
Hablando de las tres peticiones de comparecencia de los grupos que hemos ido tratando esta mañana, entendemos que les duelan a algún grupo político que sustenta al Gobierno, pero la verdad es que estamos hablando de que el Defensor del
Pueblo está actuando ante una serie de situaciones provocadas y ante una queja importantísima de los ciudadanos porque el peor Gobierno que ha tenido la democracia es el actual Gobierno de Pedro Sánchez y de sus coaligados. Esa es una realidad y no
tenemos por qué ocultarla, aunque estemos hablando en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Además, se decía que en la última reunión de Mesa y portavoces se mencionó que es el periodo en el que más veces ha habido sesiones de
la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, pero esto tiene una doble lectura. Por un lado, estamos cumpliendo con una obligación y una encomienda que tenemos los parlamentarios y estamos respondiendo a nuestra labor, pero, por otro
lado, no más halagüeño es decir que es un reflejo del sentir de los españoles. Cada vez hay más quejas, cada vez nos transmiten más su malestar con lo que el Gobierno está realizando y cada vez más se debe recurrir a la defensoría por el desamparo
en el que se encuentran día a día por parte del Gobierno.
Si entramos ya en la petición más antigua del Grupo Parlamentario Ciudadanos relacionada con la vuelta al colegio de los menores, señor defensor, estará usted de acuerdo con nosotros en que el Gobierno llegó tarde y llegó mal. Usted mismo
hizo la propuesta de que teníamos que conjuntar las actuaciones de las distintas administraciones, puesto que ese nuevo método educativo, que era la teleformación -con problemas de falta de conexión wifi en los hogares, falta de ordenadores y
tablets y, por tanto, problemas para seguir a diario las tareas encomendadas-, preocupaba absolutamente a todos. No querría hacerles un feo para no hacerles la mañana desagradable a los miembros de los partidos que sustentan el Gobierno, pero es
que el Gobierno de la nación estaba más atento a ver si ganaba o no ganaba las elecciones en Cataluña que a coordinar todas las administraciones en el inicio del curso educativo. Criticaba usted a Andalucía. Precisamente en Andalucía, junto con
otras comunidades autónomas, es donde mejor ha funcionado, porque desde el primer minuto el presidente de Juanma Moreno llamó y convocó absolutamente a todos -como pedía, además, el Defensor del Pueblo- para esa vuelta a las aulas. Además, se ha
demostrado que donde se producía menor incidencia de contagio era en las aulas. Luego, algo bien se hacía. Hubo falta de coordinación desde el Gobierno para que las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en materia educativa,
pudiesen tomar medidas preventivas para la vuelta al colegio. Vuelvo a repetir que se solicitaba un pacto homogéneo entre el Gobierno y las comunidades autónomas, incluso lo solicitó el Defensor del Pueblo. Llegó un poco tarde y fue una pena, pero
al final llegó y se pudo actuar de la mejor manera posible.
Respecto a la segunda petición de comparecencia que nos trae hoy a esta Comisión, la realizada por el Grupo Parlamentario Popular para que usted nos informe sobre su declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma -que
posteriormente el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional-, es verdad que usted presentó un prolijo informe el día 3 de septiembre de 2020. Era un prolijo informe sustentado después en una aclaración de la defensoría, pero la realidad es
que, señor Fernández Marugán, nosotros entendemos que no puede usted alegar independencia porque, según esto, usted no podría recurrir absolutamente nada. El hecho de que sea la tónica que usted no recurra no es excusa, porque usted tiene la
independencia que le traslada la Constitución, que ha avalado las Cortes y la tiene que ejercer. Además, como han dicho otros portavoces, al discrepar del Tribunal Constitucional le falta una cierta humildad. Una vez que el Tribunal Constitucional
se ha pronunciado, lo suyo es que la defensoría estuviese en esa misma línea. La resolución argumenta perplejidad porque le preguntamos por qué no recurrió y acredita falta de transparencia, ya que recurrir la suspensión del cumplimiento de los
derechos fundamentales es su principal obligación, está entre las principales obligaciones que usted tiene. La verdad es que se necesita un debate. Usted dice que no se necesita un debate sobre este tema, pero en el Grupo Parlamentario Popular
entendemos que el Parlamento es el depositario de la soberanía nacional y que no se puede pedir que usted no dé información. Precisamente es aquí donde tenemos que saber por qué hace usted las cosas y nos tiene que dar esa información. Usted no lo
ha hecho, pero habría que haber escuchado a los juristas, a los exjueces, a los especialistas en Derecho Constitucional, a los profesores universitarios. Tenía que haber interpuesto este recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal
Constitucional en relación con el estado de alarma decretado el 14 de marzo. Además, si no lo reconoce, al final habrá ciudadanos que empiecen a dudar de la independencia de la defensoría del pueblo.
Si entramos en la materia del tercer asunto, la situación de emergencia y vulneración de derechos que viven los jóvenes migrantes en el Estado y especialmente en Ceuta, en primer lugar, quería indicarle que hay una petición de comparecencia
del Grupo Parlamentario Popular que no ha sido todavía valorada por la Mesa para hablar de este tema. Le agradecemos que fuese usted a Ceuta y a Melilla, porque es importante. Hay que dar la cara e ir a los sitios y usted lo hizo. Pero también le
tenemos que decir que la situación de angustia en Ceuta no es que se haya vivido, sino es que, como se ha dicho ahora, se sigue viviendo. Es una difícil situación la que está viviendo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero también
tenemos que actuar para la protección del menor, y la mejor protección del menor es la reagrupación familiar. No hay ningún sitio en el que esté mejor el menor que con su familia. También tenemos que tener un compromiso de la Unión Europea para
desarrollar esos países emergentes y países colchón, para que sean capaces de abordar la necesidad de encontrar trabajo y una mejor situación. La Unión Europea tiene la obligación de desarrollar estos países.
Señor defensor del pueblo, para ir terminando y no alargar más mi intervención, han ido viniendo muchos problemas durante 2020 y siguen viniendo durante 2021. Los informes anuales que usted presenta son informes largos y con mucho contenido
de trabajo. El de 2021 seguro que también lo será,
porque, desgraciadamente, hay muchas quejas de los ciudadanos que han depositado su confianza en la defensoría con el principal objetivo de conseguir una defensa sus intereses. Antes de terminar, señor defensor del pueblo, me gustaría saber
si va a defender a los ciudadanos ante las subidas brutales de la electricidad -más de un 44 %-, de la gasolina -más de un 22 %- y del diésel, más de un 23 %. Tenemos que hablar de los presos, tenemos que hablar de los inmigrantes y tenemos que
hablar de los menas, pero tenemos que hablar de todos los ciudadanos, que también están siendo perjudicados por las situaciones que se producen y que, además, están mal gestionadas por parte del que tiene que gestionarlas, que ya sabe usted que es
el Gobierno.
También quiero decirle que no me gusta que se haya convertido usted en un concejal de la oposición del Ayuntamiento de Madrid. Para criticar a la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ven muchas resoluciones; para criticar
-por poner un caso concreto- la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid también se ve una actuación. Me gustaría que no pareciese que es ciego y sordo con respecto al Gobierno de la nación y su presidente y que tuviese visibilidad y
actuación para todos, porque parece que se convierte -como le he dicho anteriormente- en un concejal más de la oposición del Ayuntamiento de Madrid. El tema de los impuestos de la vivienda va a haber que tocarlo, porque el catastrazo que parece que
se nos viene encima va a ser terrible para todos los ciudadanos -ya lo dicho la ministra de Hacienda, la señora Montero- y creo que todos tenemos que tratar estos temas. Esperamos poder tratarlos todos porque a todos nos afectan. Usted tiene la
obligación de hacerlo, porque tiene que preocuparse de todos estos problemas y ocuparse también de tratar de colaborar en su resolución.
Muchas gracias, señor defensor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para finalizar la intervención de los distintos grupos políticos, en nombre y representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado Mariano Sánchez.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Gracias presidente.
Buenos días. Señor Marugán, bienvenido de nuevo y gracias por comparecer y estar siempre al servicio de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país.
Después de siete minutos de mitin político del señor Landaluce, quiero decirle que, si tanto le preocupa la subida de la luz, ¿por qué han votado en contra de que se rebaje el precio? Me gustaría que me lo dijera. (Aplausos).
Yo no voy a dar un mitin, voy hablar de lo que hemos venido a hablar hoy. Los ciudadanos presentaron particularmente sus quejas al Defensor del Pueblo para que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la medida del estado de
alarma al considerar que no se ajustaba a la carta magna. El Defensor del Pueblo en septiembre de 2020 rechazó interponer recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Gobierno al asegurar que el texto respetó la Constitución. En su
resolución afirmó que las medidas adoptadas no suspendieron derechos fundamentales, tal y como sostienen los solicitantes de los recursos, sino que solo limitaron el ejercicio de algunos de estos derechos. Señor Marugán, usted señaló además que,
ante una pandemia gravísima, el confinamiento general era una respuesta sanitaria proporcionada a la situación y necesaria para preservar la salud y la vida de las personas y que ni el Gobierno declarando el estado de alarma ni el Congreso de los
Diputados prorrogándolo quisieron suspender derechos fundamentales; lo que se quería era confinar a la población para salvar la vida y preservar la salud del mayor número de personas posibles. El confinamiento inicial salvo 450 000 vidas. Era
absolutamente imprescindible para salvar vidas, pero esto no parece importarle a la ultraderecha. El deber del Gobierno era tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas. Señorías, en el Grupo Parlamentario Socialista por supuesto respetamos
el criterio del Tribunal Constitucional, como es lógico, pero consideramos que dicha actuación fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han respaldado cinco magistrados de dicho tribunal. Sin esta herramienta no se hubiera llegado
a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de sesenta días, y esto además ustedes lo saben. Sus medidas fueron conformes con la Constitución y la Ley orgánica del estado la
alarma. Todos los países de nuestro entorno recurrieron a fórmulas similares -lógicamente, dentro sus respectivas legislaciones- para luchar contra la pandemia.
Señorías de los grupos parlamentarios VOX y Popular, como ya han dicho otros compañeros, ustedes votaron a favor del primer estado de alarma. Señorías de VOX, ustedes fueron los primeros en pedir el estado de alarma y votaron a favor del
estado de alarma. Criticaron que no se hubiera declarado mucho
antes, para luego recurrir lo que habían votado favorablemente y, seguidamente, poner el grito en el cielo porque no tenía que haber sido un estado de alarma, como ustedes pidieron, sino un estado de excepción, como ha dictado el Tribunal
Constitucional, que es mucho más lesivo en cuanto a las libertades. Si ya se manifestaron ustedes contra el estado de alarma por falta de libertad, miedo me da lo que hubieran hecho ustedes ante un estado de excepción como ha dictado el Tribunal
Constitucional. Nosotros ni queríamos ni necesitamos eso, porque la ley orgánica establece que en el estado de alarma se pueden regular las situaciones de emergencia y crisis sanitaria, como era el caso. El Gobierno trabajó para salvar vidas y es
con esto realmente con lo que hay que quedarse, señorías. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, quiero recordarles que ustedes no solo apoyaron una prórroga, sino que apoyaron tres prórrogas -25 de marzo, 9 de abril y 22 de abril- y en la
cuarta se abstuvieron; ahí está el Diario de Sesiones donde lo pueden corroborar. Además, no recuerdo que se plantearan debates sobre la posibilidad de la utilización del estado de excepción, sino reformas y preparación para situaciones similares
en el futuro. Por tanto, señorías de VOX, un poquito de coherencia; supongo que saben cuál es el significado de esa palabra. Queda meridianamente claro que ustedes se acuerdan del Tribunal Constitucional solo para dos cosas: para intentar tumbar
derechos y para intentar tumbar al Gobierno. Señorías de VOX, a ustedes les da exactamente igual España y la situación en la que se encuentra la ciudadanía; lo único que a ustedes les interesa es desgastar y derrocar a este Gobierno legítimo,
justo y solidario que mira por todas y todos sin distinción de ningún tipo.
En cuanto a la deportación de los jóvenes migrantes en Ceuta de la que se ha hablado aquí, como bien ha dicho el defensor, fue una entrada masiva de personas de una manera irregular que supuso una situación sin precedentes a la que tuvo que
hacer frente la Administración General del Estado y la citada ciudad autónoma. Un gran número de niños, niñas y adolescentes no acompañados entraron en territorio español y, por esto, se actuó de manera rápida dentro del marco de la legalidad
internacional vigente, asegurando su protección y teniendo en cuenta las situaciones vulnerables, las circunstancias personales y familiares, así como su retorno a Marruecos, con el único fin de reunificarlos familiarmente o enviarlos a una
institución de tutela de Marruecos, pero, lógicamente, de una manera segura y con garantías para el menor. Señorías, esto no es un capricho. Esto está en un acuerdo firmado entre España y Marruecos el 6 de marzo de 2007 en Rabat sobre cooperación
para prevenir la inmigración ilegal de menores no acompañados, así como para facilitar su retorno concertado y su protección; pueden consultarlo en el número 70 del BOE. Por tanto, entra dentro del marco legal previsto en dicho acuerdo para
garantizar que no se desarraiguen de su entorno social, cultural y familiar, ya que adolecen de arraigo en España. De hecho, los menores retornados querían volver a su país, ya que cuando entraron vieron que no tenía ningún arraigo en el nuestro.
El retorno de los menores fue solicitado expresamente por la Ciudad Autónoma de Ceuta mediante un escrito del 10 de agosto dirigido a la Delegación de Gobierno, la cual a su vez lo remitió a la Secretaría de Estado de Seguridad ese mismo día.
Quiero recordarles que la Ley Orgánica 2/2009 establece que las competencias sobre el procedimiento de repatriación del menor extranjero no acompañado y las actuaciones previas corresponden a las delegaciones y las subdelegaciones del
Gobierno, en este caso, a la Delegación del Gobierno de Ceuta. Esto incluye la práctica de actuaciones informativas previas y, en su caso, la incoación, tramitación y resolución del procedimiento regulado en el citado reglamento. En relación con
lo anterior, cabe señalar que la Ciudad Autónoma de Ceuta es la Administración pública española competente para la tutela, custodia, protección provisional, guarda, cuidado y asistencia de los menores y, por tanto, le corresponde directamente y en
primera instancia velar por sus intereses y bienestar. En este marco, el Reino de Marruecos se comprometió a velar por los intereses de los menores, contando en todo momento con la protección otorgada por los responsables locales que supervisan el
centro de menores de Martil, cercano a Tetuán. El reino alauí dijo que garantizaría -y así lo está haciendo- los derechos de los menores hasta que fueran entregados a sus progenitores lo antes posible y, en el caso de que estos no existieran, a la
Entraide Nationale, la Ayuda Mutua Nacional, que se haría cargo de ellos.
Con carácter previo a la realización de cualquier retorno, se puso la cuestión en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Ceuta, así como del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de distintos
contactos. No obstante, ante las discrepancias jurídicas surgidas por el procedimiento para llevar a cabo los retornos asistidos de menores, se suspendió esta medida y se constituyó un grupo de trabajo en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática con el fin de abordar la cuestión desde un punto de vista integral. En todo caso, todas y cada una de las medidas adoptadas por la Administración General del Estado siempre han buscado garantizar
y respetar los derechos e intereses de los niños, las niñas y los adolescentes, tras haber efectuado un análisis exhaustivo de sus circunstancias personales y familiares; incluso el presidente de la ciudad, Juan Vivas, fue quien solicitó el
procedimiento, calificando la operación posteriormente como un hito histórico. Además, a los jóvenes tutelados que cumplan dieciocho años y no tengan ingresos -ahora les hablo del nuevo reglamento- se les va a facilitar la solicitud del ingreso
mínimo vital. Para el nuevo reglamento se han recibido más de doscientas observaciones relevantes de distintas instituciones, entre las que se encuentra el Defensor del Pueblo y somos optimistas sobre cómo quedará dicho reglamento.
En cuanto al informe que solicita el Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las quejas de los padres y las madres en la vuelta al cole, ¿qué les voy a decir? De este tema ya se habló en el informe de 2020 y en la Comisión con anterioridad.
La vuelta al cole en este ejercicio ha sido absolutamente normal, con el mismo escenario que en el curso pasado, pero reduciendo la distancia a un metro y medio. Este año ha habido plazas suficientes tanto en Primaria como en Secundaria, aunque sí
es cierto que ha habido problemas ha sido en Formación Profesional, concretamente, y además de manera muy palpable, en Cataluña y en Madrid. Todas las medidas COVID se mantienen y, por los resultados obtenidos, queda claro que han sido un éxito,
pues se garantiza la presencialidad y los resultados escolares han sido muy buenos. He de decirles que desde 2018 se han creado 120 000 plazas y que en 2023 serán 200 000 y, aunque la creación corresponde a las comunidades autónomas, es cierto que
el Gobierno contribuye con fondos adicionales para apoyarlas. Otra cosa es que algunas comunidades no lo lleven a cabo, como he dicho anteriormente.
Como saben, en marzo de 2020 se decidió continuar el curso adaptándolo y dotándolo de normalidad, lo que ha sido un éxito, y hemos sido un ejemplo para los demás países de nuestro entorno europeo. El 27 de agosto recibimos la solicitud que
hizo el defensor sobre la necesidad de establecer un mínimo común de medidas para garantizar este proceso y se han llevado a cabo. Por tanto, en cuanto al tema de la educación, creo que hay poco que decir, salvo que las cosas se están haciendo como
hay que hacerlas, que ha sido todo un éxito, que este año ha empezado el curso muy bien y que, afortunadamente, gracias a las vacunas, que era lo que realmente nos tenía frenados, todo esto va a ser subsanable.
Muchísimas gracias, señor Defensor del Pueblo. Gracias a todos ustedes. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
A continuación, tendrá la palabra de nuevo el Defensor del Pueblo para que pueda contestar a las intervenciones de sus señorías.
Tiene la palabra el Defensor del Pueblo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): El portavoz de Ciudadanos me ha preguntado sobre el acuerdo que se había llevado a cabo después de la visita del presidente del Gobierno a la ciudad de Ceuta
y, o yo no me he expresado bien, o no lo entendió usted, porque otros portavoces que han hablado sobre esta cuestión lo han tenido claro. Era un grupo de trabajo interministerial donde no estaba el Defensor del Pueblo, en el que lo que se hacía era
tratar de establecer un procedimiento de repatriación lo suficientemente correcto, por emplear la expresión que yo he utilizado, que evitara el que se produjeran aquellas situaciones que se habían producido entre los primeros días de junio y el 13
de agosto. En ese periodo se originaron una serie de irregularidades y se han ido estableciendo criterios que de alguna manera van a ser mucho más eficientes, mucho más correctos, mucho más adecuados y que establecen menos inseguridades jurídicas
que las que se habían producido. Esa es una actuación que se lleva a cabo en vía administrativa, pero este tipo de procesos tiene varios planos, desarrollándose uno de estos en el ámbito judicial, y esos planos que se producen en el mundo judicial
están en los juzgados de Ceuta, donde deciden paralizar las actuaciones. Nosotros, cuando los temas se judicializan, no intervenimos y así se lo hemos hecho saber al Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque no ha lugar.
¿De qué información se dispone? Usted ha manejado bien las cifras -me refiero fundamentalmente al portavoz del Grupo Republicano- porque además son públicas, seamos sinceros. Esto aparece razonablemente en los medios de comunicación
social, y no digo yo el periódico que hay que leer tanto en Ceuta como en Melilla, pero en los lugares donde hay que leer, se lee, y en el caso de Ceuta, que es el que nos preocupaba aquí, ya no estamos en mil, sino muy por debajo de esa cifra.
En cualquier caso, distingamos dos fenómenos: el tema de los mayores y el tema de los menores. En el tema de los menores hay que ser absolutamente precisos y absolutamente garantistas. Sinceramente, en la mañana de hoy he escuchado aquí
algunas expresiones que lamento que tenga que compartir tanto
el señor Landaluce como el que las ha pronunciado, pero es algo relativamente complicado. Por tanto, la sociedad española debe ser consciente de que el efecto llamada es una interpretación relativamente interesada y que a veces los que
utilizan esta expresión relativamente interesada se muestran partidarios de un control férreo de fronteras. Yo creo que por ese camino hemos llegado al 13 de agosto, y en este momento en el que las cosas se tienen que hacer de otra manera, a mí me
parece que es una garantía.
¿Cómo tiene que ser la relación de una nación como la española con el mundo que hay en el norte y en el mundo subsahariano? Yo hice y presenté aquí un informe, del que los autores nos sentimos relativamente satisfechos, donde dijimos que
por algunas de las formas en que estábamos viendo las llegadas al archipiélago canario se inducía que íbamos a tener problemas; que íbamos a tener problemas en Lanzarote, y los estamos teniendo, que los íbamos a tener asimismo en la isla de El
Hierro, y los estamos teniendo. El que tenga interés en leer ese informe que lo lea, porque hay una parte final donde se analiza cómo deben ser las llegadas a determinadas zonas, cómo debemos actuar en otras, cómo se logra el que haya una
emigración segura y regular dado que aquí la mayor parte de la inmigración que recibimos ni es segura ni regular, sino insegura. ¿Es bueno que hablen los partidos democráticos de esa cuestión? Sí, es bueno.
¿Qué es lo que ha hecho el Defensor del Pueblo? Lo que ha dicho el Defensor del Pueblo en materia de estado de alarma es que no era necesario recurrir al estado de excepción porque el estado de alarma producía instrumentos y mecanismos
suficientes como para garantizar que las cosas funcionasen. Que yo, por edad, tenga repelús a los estados excepción no se lo puede usted ni imaginar, pero no solamente eso, sino que hay que plantearse qué es lo que hay que hacer entre la
flexibilidad que produce un estado de alarma y la rigidez que produce un estado de excepción. A mí me parece que usted tiene que guardarse sus espaldas, y yo no voy a incurrir en alguna las cosas que se han dicho esta mañana aquí, pero por ahí no
se va. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, a ver si consigo decirlo de una manera que se pueda entender. Yo he ejercido un derecho, recurrir o no recurrir, pero ejercer un derecho no implica estar sometido a una obligación. No, no estoy
sometido a la obligación. Cuando se dice: es que aquí han aparecido no sé cuántas y usted estaba obligado a... No, el Defensor del Pueblo es una institución y, en este caso, un personaje que tiene criterio, lo digo sinceramente, que tiene
criterio, entre otras cosas, porque a lo largo de mi recorrido político y personal -y luego hablaré un poco de esta cuestión- lo he demostrado. Por lo tanto, cuidadín, cuidadín, cuidadín. (Risas). Esta mañana se han hecho aquí observaciones en
ese terreno y yo acato, ¡claro que acato! ¿Cómo no voy a catar? Yo acato, pero una cosa es acatar y otra cosa es no poder poner en tela de juicio y recurrir a la estética de que, oiga, usted acata, pero tiene que seguir algo más que el acatamiento.
Usted no lo ha enunciado, pero ha habido quien las ha contado ya, y dice: ya llevo dos y voy a tener una tercera. Pues ese es un mal camino, pero no voy a entrar mucho más en ese terreno.
Es verdad que, en el caso de Ceuta, a lo mejor se llega a una conclusión -yo no llegaría a esa conclusión- de que todos han de ser devueltos con sus familias, pero yo me pregunto: ¿con respeto a la ley o sin respeto a la ley? Es que ese es
un tema importante. Si yo le dije a las administraciones que no se podía hacer lo que se estaba haciendo es porque no se respetaba el caso a caso, niño a niño, sino ¡pum, al otro lado! Tuvo que ser un juzgado de Ceuta el que dijera: no, eso no
puede ser. Eso dio origen a que, al cabo de un tiempo, se pusiera en marcha el mecanismo a través del cual ahora se están haciendo las cosas como deben ser hechas.
¿Los problemas con Marruecos? Los problemas con Marruecos a mí no me corresponden, sinceramente. Si usted quiere traer los problemas con Marruecos a esta Comisión, pues tráigalos, pero usted, que tiene influencia en el Senado, y los demás,
que tienen influencia en el Congreso, lleven los problemas con Marruecos al Pleno del Congreso. Pero tratar de transformar una Comisión como esta, que es una Comisión de relaciones, en una Comisión de control... Ese es el fundamento del documento
que nosotros le hemos presentado a esta Cámara. (Aplausos). Y lo ha dicho el señor Velarde con 'guapeza', que esto no se puede hacer así.
En líneas generales, las cosas que tenía que decir ya las he dicho. El presidente ha hecho una alusión correcta y educada a mi intervención, pero yo creo, honestamente, que esta es mi última intervención en esta Comisión. He venido durante
cuatro años y de la manera que yo creo he expuesto...
El señor PRESIDENTE: Si quieres, esto lo dejas para el final.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Esto es el final.
El señor PRESIDENTE: Es que les tenemos que dar dos minutos a los grupos.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Entonces lo dejo para el final. Me alegro mucho de que me lo hayas dicho al principio, porque lo dejo para el final. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Es que lo que no quiero es dejar a los grupos sin una intervención final.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Sí, correcto.
Señorías, este ejercicio de cómo hacer bien las cosas en cada caso y en cada sitio esta sociedad lo tiene que madurar. Lo ha dicho bien la representante del PNV; lo ha dicho bien el representante de Esquerra; lo ha dicho bien el de
Podemos; lo ha dicho bien el del Partido Socialista; lo han dicho bien. Algunas cuestiones hay que ponerlas en común y hay que tratar de hallar zonas de encuentro.
Hay un hecho que es relativamente complicado. Cuando uno se acerca al mundo que hay aquí, hay problemas desde Tunicia hasta Barbate, desde Barbate al Sáhara de legitimidad marroquí y desde ahí a Senegal. Recuerdo que una vez un presidente
de un Gobierno de todos conocido quiso hablar y fue a hablar con el presidente de la República de Senegal y le dijo: nosotros tenemos algunos problemas con la cantidad de ciudadanos de Senegal que llegan a determinado archipiélago del Atlántico.
El presidente de Senegal le dijo a ese representante político europeo: Y yo también tengo problemas, porque en todos los sitios tenemos opinión pública. En todos los sitios tienen opinión pública. No es admisible esa actitud que se produce en la
Europa todavía con ínfulas de muralla, dicho en el sentido de: bajo ningún concepto, ninguna concesión, ningún tipo de ayuda. Este tipo de problemas los tenemos que abordar de otra manera a nivel europeo. Porque, seamos sinceros, esa historia de
que nosotros arreglamos esto cogiéndolos y poniéndolos... ¿Poniéndolos dónde? ¿Dónde los ponemos? No, ese es un mal recorrido, ese es un mal camino. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por lograr que en la Unión Europea se entiendan los
problemas de una nación como España. Y eso pasa por hacer bien las cosas aquí y ahora, y pasa -por qué no decirlo- por dinero, porque las cosas se arreglan con dinero, pero se arreglan con dinero en Mali, en Chad, en Senegal y en Gambia. O nos
planteamos así este problema, o no tiene arreglo. Y claro que es caro. Hace muchos años dije que el modelo que teníamos aquí de hacer frente al proceso migratorio era barato. Se ha ido encareciendo, pero no es problema el dinero; el problema lo
tenemos ahí. Si nosotros creemos que hay que establecer algunos sistemas donde resulte agradable vivir en Chad, vivir en Bamako o vivir en Senegal, tendremos que hacer un esfuerzo porque la vida en esos sitios sea una vida digna. No vale otro tipo
de planteamiento.
Casi lo he tocado todo, pero ahora ustedes me pueden volver a replicar y yo terminaré despidiéndome.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías, brevemente y con un tiempo máximo de dos minutos para cada uno de los portavoces que quiera intervenir, empezaré dando la palabra a la representante del PNV, la señora Vaquero.
La señora VAQUERO MONTERO: Muchas gracias, presidente.
Empiezo por el tema de migración. Seguimos insistiendo en que la política migratoria debe ser tratada desde una visión global y una actuación integral. También, tal y como están denunciando muchas asociaciones, hay que evitar que las islas
y los territorios ultraperiféricos vuelvan a convertirse en grandes campos de retención de personas migrantes. En este sentido, es importante resaltar la relevancia de la sentencia del Tribunal Supremo por la que se establece que debe permitirse la
libertad de circulación por todo el territorio de España de las personas solicitantes de asilo. Ante los incrementos de llegadas es necesario, por lo tanto, activar mecanismos de solidaridad territorial, diseñando una redistribución de las personas
equitativa y solidaria entre todas las comunidades autónomas. Hay que hacer los deberes dentro, porque, en cuanto a los deberes hacia fuera de la Europa fortaleza, entendemos que Europa debe seguir basando su política migratoria y de asilo en los
derechos humanos y no en alejar los problemas pagando para ello.
No puedo terminar sin señalar la perplejidad y la extrañeza que me produce que el portavoz del Partido Popular le diga a usted que tenía que interponer recurso de inconstitucionalidad ante la declaración del estado de alarma cuando es un
grupo que votó a favor de él.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador José Luis Muñoz.
El señor MUÑOZ LAGARES: Muchas gracias, señor presidente.
Ninguna pregunta más. Solo quiero agradecer su comparecencia y sus aclaraciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Republicano, el senador Reniu.
El señor RENIU VILAMALA: Muchas gracias. No hay ninguna otra consideración. Quiero agradecer el trabajo desarrollado por el defensor y su equipo y su comparecencia de hoy.
El señor PRESIDENTE: Por Unidas Podemos, la diputada Velarde.
La señora VELARDE GÓMEZ: Yo tampoco voy a hacer ninguna pregunta, pero sí quería agradecer al Defensor del Pueblo que ponga cordura y sentido común al desarrollo de esta Comisión y también por proteger el sentido y la responsabilidad de
nuestro trabajo parlamentario en esta casa. Esperamos que el recorrido de esta Comisión en esta legislatura sea un trabajo que revierta de verdad en el bienestar y en la mejora de la vida de la gente de nuestro país, porque entendemos que para eso
estamos aquí.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el diputado Zambrano.
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente. Mire, VOX siempre se ha opuesto a que el estado de alarma se convirtiese en un estado de excepción, y en este caso le doy a usted la razón, señor Fernández Marugán: da repelús un estado de excepción. Es que
hemos tenido un estado de excepción, así lo dice el Tribunal Constitucional, que las normas son las propias de un estado de excepción. Por lo tanto, debe usted estar de acuerdo conmigo en que nos da repelús lo que ha sucedido en España. Así paga
el Gobierno la lealtad con la que se pueden mostrar los grupos parlamentarios con respecto a la labor del Gobierno.
Habla usted de la obligación. Mire, usted tiene el deber de actuar conforme establece la ley orgánica, tiene usted que cumplir sus funciones. El problema es que su criterio está contaminado por el partidismo. Por eso le hablaba al
principio del partidismo. Es que España tiene los órganos constitucionales contaminados por el partidismo. Y, claro, luego pasa lo que pasa, se toman decisiones en función de intereses partidistas, que no son más que los intereses de los líderes
de los partidos políticos, porque al final son intereses personales de mantenerse en el poder o de adquirir o de llegar al poder.
Por otro lado, habla usted del efecto llamada. No se dice de forma interesada, es una realidad, y claro que hay que devolver a los menores a sus familiares según dice la ley, para eso estamos aquí. Este es el órgano legislativo, pero si la
deriva legislativa va de aprobar reglamentos y normas que facilitan el efecto llamada, entonces se va en el sentido contrario que se pretende, al menos por este grupo parlamentario, que lo que pretende es cumplir y modificar la ley para que los
menores que entren en España terminen volviendo con sus familias y a sus ciudades, y seguro que así, cuando un menor marroquí sepa que cuando entra en España va a ser devuelto a su casa con su madre y con su padre, dejará de plantearse arriesgar la
vida para venir a España buscando esa falsa promesa que luego se le hace.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por Grupo Parlamento Popular, tiene la palabra el senador Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Muchas gracias, presidente.
Cuando tratábamos el tema del recurso de inconstitucional y de amparo ante el Tribunal de Garantías en relación con el estado de alarma del 14 de marzo de 2020, decía el defensor que había ejercido un derecho, pero nosotros entendemos que
tiene que ejercer no solo un derecho sino también una obligación, y entendemos además que su persistencia en criticar y no acatar al final produce tal vez en muchos ciudadanos el desapego de la protección que se supone que se tiene por parte de la
defensoría.
Después ha hecho una reflexión sobre el tema del nuevo reglamento y la reforma de la Ley de extranjería. A mí me produce mucho temor. Usted sabe que conocemos de cerca, desgraciadamente, los fallecimientos de los inmigrantes que se atreven
a pasar el Mar de Alborán, el Estrecho o cualquier otro
lugar para tratar de acercarse a Europa, con ese sufrimiento que acabamos de ver estos días, otra vez con muertes por ahogamiento y todo lo que ello significa. Tenemos que tener mucho cuidado. Este Gobierno hace mucho efecto llamada; lo
vimos con el Open Arms y con el Aquarius. Esperemos que no lo haga ahora con esto. El acuerdo tiene que ser de todos -y usted lo ha dicho bien y yo también lo había dicho antes de su intervención- y todos es Europa. España no puede ir por libre.
Esto tiene que ser una cosa de todos y con un compromiso de sensatez, de saber buscar solución a esos graves problemas que se producen en muchos países, especialmente de África, pero también sabiendo que hay que conjugarlo con los intereses de tus
conciudadanos.
Nada más, señor defensor. Espero en el Senado poder despedirle adecuadamente. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En nombre de Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado Sánchez Escobar.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Gracias, presidente.
Intervendré brevemente. En definitiva, lo que ha quedado claro aquí hoy es que el Gobierno, ante la evolución de la pandemia, hizo lo menos doloroso para la población y que tuviera los efectos más rápidos ante el número galopante de
contagios, y eso era lo principal, señorías: frenar las muertes que cada día sucedían, y el estado de alarma era la herramienta más útil de que se disponía en ese momento, porque la propagación era alarmantemente rápida y de grandes dimensiones, y
posteriormente se ha podido comprobar que fue lo que ayudó a frenar la pandemia, porque por entonces no había vacunas para solventar ese problema.
Señorías de VOX, ¿qué hubiera pasado si se hubiera aplicado un estado de excepción? Entre otras cosas, que ustedes no se podrían ni haber manifestado. Ahí está la diferencia. Señorías de la ultraderecha, su objetivo no lo van a conseguir.
Este Gobierno va a seguir gobernando con equidad, solidaridad y con justicia social para todas y todos los españoles, incluidos ustedes. A pesar de sus formas, no vamos a decaer, sino todo lo contrario. Para ello, el Grupo Socialista vuelve a
tender la mano a todos los grupos políticos para que todos arrimemos el hombro, porque lo que realmente importa es sacar a España de donde está. Nosotros lo vamos a conseguir, pero sería más rápido con el apoyo de todos. Eso lo necesita España
para ya.
La ciudadanía nos pide y exige que actuemos, cada uno de nosotros desde nuestros ideales, pero con acuerdos, con diálogo, mucho diálogo. Les debemos la confianza que depositaron en nosotros en las urnas mediante el ejercicio noble de ir a
votarnos a todas y a todos los que estamos hoy aquí. Nos piden acuerdos y presupuestos para sacar España adelante, dignidad política y altura de miras.
A usted, señor Marugán, y a todo su equipo, lo único que me queda es decirle gracias, gracias, mil veces gracias por tanto. Nada más. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Defensor del Pueblo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán):
Las leyes tienen una madurez en el tiempo. La Ley del Defensor del Pueblo, que arranca de los años 78 u 80, más o menos, dice que el Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno, que no recibirá instrucciones de ninguna
autoridad y que desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. Sinceramente, yo creo haber hecho eso, y creo haberlo hecho por una razón muy sencilla: porque tenía un derecho, sí, tenía un derecho, pero he decidido no ejercer ese
derecho. ¿Por qué? Si se me pregunta, lo digo: porque no se ejercita un derecho como si los derechos fuesen deberes. No, no lo son; los derechos no son deberes. Los derechos están, digamos, preñados de alguna manera de un conjunto de
categorías. Y, desde luego, en mi caso, lo digo claramente: pretender que podemos caminar por el mundo de la vulnerabilidad sistemática o de las dificultades sistemáticas de aplicar determinadas políticas, no; no estamos obligados. Y hay que
argumentarlo, y nosotros lo argumentamos.
Lo siento, pero este es mi punto de vista, esta es mi concepción de la política y, desde luego, eso es lo que de alguna manera he venido haciendo. ¿Que hay que hacer operaciones? Sí, claro que hay que hacer operaciones. Creo que las ideas
del efecto llamada o de la Europa fortaleza conducen a poco. A muy poco. Y mientras en esas partes del mundo, de donde las mujeres vienen en pateras en unas condiciones lamentables y arriesgan la vida llegando a Los Cristianos, a Arguineguín y, no
digamos ya, a
la isla de El Hierro, si eso no tiene una respuesta de la sociedad española y de la Unión Europea, esto va a ser complicado. Yo no me metería en determinadas complicaciones internas porque te permiten quedar razonablemente bien en el día de
hoy, pero hay experiencias históricas que no pueden volver a repetirse. Y no me refiero a usted, me refiero a él. No nos queda más remedio que entender que el fenómeno migratorio es un fenómeno que está aquí para quedarse y lo que tenemos que
hacer todos es ser cuidadosos y respetuosos de los derechos de todos los que vienen aquí y que se podrán ir y se podrán quedar según se analice adecuadamente el comportamiento de las administraciones y de los propios ciudadanos que vienen.
Sinceramente, no lo voy a decir, pero no contemplo otra solución que una solución mixta; pero, bueno, de eso no hagan caso.
En esta fase de respuestas con arreglo al orden del día, he terminado. ¿Puedo decir algunas otras cosas, si usted no tiene inconveniente, señor presidente?
El señor PRESIDENTE: Sin ningún problema.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Le tengo que agradecer que lo dijo al principio y yo le voy a contestar al final y, por tanto, paciencia sí ha tenido.
Creo, sinceramente, que va a ser difícil que yo vuelva al Congreso, desde luego, a hablar de estas cuestiones. Va a ser difícil. He estado aquí cuatro años y algunos meses, y en este tiempo he tenido que afrontar un conjunto de problemas
de muy diversa naturaleza. Algunos eran conocidos, como es el de la crisis económica o incluso el fenómeno migratorio, al que yo he hecho aquí alguna alusión. Este es un tema que ahora podemos decir que está para quedarse, pero también podría
decir que lleva muchísimo tiempo. Las vallas no se producen de la noche a la mañana. Y alguien creyó que esto se podría encauzar. Pues esto se encauza relativamente mal. Hemos tenido, por tanto, un viejo problema que está ahí y del cual no nos
liberaremos durante mucho tiempo, y luego hemos tenido problemas inéditos generados por el tema de la pandemia que todavía sufrimos, y no poco. Hemos intervenido por iniciativa propia o porque nos lo pide la gente. Es decir, usted se preguntaba
qué tengo yo contra algún edil. Mire usted, más de quinientas quejas en la ciudad de Madrid, así que estas cosas, ustedes que viven la realidad cotidiana, saben que ocurren. Uno no puede quitar los sensores del centro porque si los quita obtiene
muy mal resultado. Y en esa información a la cual usted hacía alusión había información de una empresa y una entidad científica que se planteaban el problema de si en esta ciudad no estamos teniendo exceso de problemas generados por la abundancia
de la contaminación.
De los problemas que hemos tenido, unos son más controvertidos que otros, pero de alguna manera tengo que decir que me siento satisfecho por lo que he hecho porque he actuado con arreglo al criterio. Actuar con arreglo al criterio es muy
sano, y cuando uno actúa con arreglo al criterio lo que tiene que hacer es tener la capacidad de tener ese mismo criterio para unos que para otros. Cuesta bastante pretender que yo me he excedido en una discriminación con arreglo a las políticas y
a las decisiones que haya tomado.
Concluyó este periodo con satisfacción, lo digo sinceramente. Con satisfacción por eso del deber cumplido -para la gente que venimos del sur eso del deber cumplido suena bien- y porque he conseguido defender los derechos fundamentales de
los ciudadanos como alto comisionado de las Cortes. Pero también he tenido la suerte de desempeñar esta noble función acompañado por la junta, aquí presente, y por los miembros que han podido venir de la institución en la cual he venido trabajando.
Sin la dedicación y lealtad de unos y otros no hubiera sido posible hacer lo que he hecho.
Tengo que decirles una cosa que casi nunca he dicho, pero que no me importa decir, porque ha salido así. He dedicado toda mi vida pública al Parlamento y esa dedicación de la vida pública al Parlamento ha durado algo más de cuarenta años No
mucho más, pero algo más de cuarenta años, que no son pocos. He sido diputado por Sevilla y por Badajoz, y he sido adjunto primero y después Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales. Recordaré siempre mis primeras
intervenciones en el año 1982 como diputado y recordaré también las últimas intervenciones que he hecho aquí como defensor en funciones. He adquirido una experiencia en política -que no está mal tener una experiencia en política-, y esa experiencia
me lleva a decirles y a hacerles un llamamiento para que cuiden la institución del defensor, para que respeten su independencia y no traten de instrumentalizarla. Cuando yo llegué por aquí, esta historia de que el defensor era un órgano de control
no se estilaba. Es decir, el defensor tiene una virtud, que es salir a la calle, captar lo que ve en la calle y traerlo y contárselo a ustedes. Y ustedes no respetan eso, y es un tema peligroso y es el fondo de la cuestión del escrito que nosotros
hemos
presentado a las Mesas del Congreso y del Senado. Hay que volver a recuperar ese estilo. El defensor no es un arma arrojadiza entre los grupos de la Cámara; el defensor tiene que cumplir un mandato constitucional y legal, que es defender,
de otra manera a lo que viene siendo habitual, los derechos de los ciudadanos y la democracia en España.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
Simplemente, les despido a todos ustedes y despido al defensor. Desde esta Presidencia quiero decir que la legalidad de las iniciativas la defenderán siempre los letrados y nos someteremos a la ley y a lo que diga la ley, no a ninguna
interpretación de nadie, sino a la propia ley y lo que digan los letrados, que es a lo que nos tenemos que someter absolutamente todos.
Muchísimas gracias.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.