DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 170

DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. VICENTE TIRADO OCHOA

Sesión núm. 16

celebrada el lunes,

20 de febrero de 2023

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor Defensor del Pueblo (Gabilondo Pujol), a petición propia, al objeto de informar de las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas comunidades autónomas. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 212/002839 y número de expediente del Senado 713/001224)? ... (Página2)

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Se abre la sesión a las seis de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Muy buenas tardes. Son las seis en punto.


Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, que está convocada para la celebración de la comparecencia del Defensor del Pueblo, a petición propia, al objeto de informar de las relaciones
entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas comunidades autónomas. Antes de dar comienzo, quiero recordar a los miembros de la Mesa y a los portavoces que al finalizar esta Comisión celebraremos Mesa y
junta de portavoces, lo comento a los efectos de que se puedan quedar.


Sin más preámbulo, damos la bienvenida al Defensor del Pueblo, a don Ángel Gabilondo, y suya es la palabra para realizar la comparecencia que ha solicitado a petición propia.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Muchas gracias. Buenas tardes, presidente.


Miembros de la Mesa y portavoces de los grupos, adjuntas del Defensor del Pueblo, señorías, señoras y señores, acudo a esta Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, a petición propia, para informarles de uno de los aspectos
que en el ejercicio de mi labor he considerado prioritario conocer mejor y contribuir a impulsar. Considero que el espacio constitucional que le compete al Defensor del Pueblo está perfectamente delimitado por la ley que nos rige y conviene conocer
el engranaje administrativo e institucional de nuestro país para procurar más y mejores posibilidades y ponerlas a disposición de los ciudadanos, que son el centro de nuestra labor. La Constitución contempla un Defensor del Pueblo de ámbito
nacional con competencia para supervisar la actuación de todo tipo de administraciones públicas y si algunas comunidades autónomas han tendido progresivamente a crear un comisionado parlamentario, este es de ámbito autonómico, bien incluyendo desde
el principio esta figura en su estatuto de autonomía; bien mediante una reforma del estatuto que permitiera la aprobación de una ley, a tal efecto, en el Parlamento autonómico o bien incluso entendiendo que existía título competencial suficiente
para dictar la ley sin necesidad de mención expresa en el estatuto de autonomía. Así, desde 1983 se han creado y mantenido instituciones similares al Defensor del Pueblo en Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz; en Cataluña, el Síndic de
Greuges; en Galicia, el Valedor do Pobo; en Canarias, el Diputado del Común; en el País Vasco, el Ararteko; en Aragón, el Justicia de Aragón; en la Comunidad Valenciana, el Síndic de Greuges; en Castilla y León, el Procurador del Común y en la
Comunidad Foral de Navarra, el Defensor del Pueblo de Navarra. En el resto de las comunidades autónomas no se ha creado la figura o bien se ha suprimido o suspendido ulteriormente la institución creada. Considero que es oportuno reflexionar
brevemente qué quiere decir el título que algunos de los comisionados autonómicos ostentan en sus cargos respectivos. Así, un Valedor o Valedora do Pobo, del pueblo, como en el caso de Galicia, es quien hace valer la voz de cuantos en multitud de
ocasiones no tienen siquiera la capacidad concreta o no encuentran el espacio para reivindicar sus derechos. Un Ararteko es un mediador, figura esencial en una sociedad en la que podría pensarse que individualmente alguien puede lograr, sin el
amparo institucional, desarrollar sus necesidades y defender sus derechos ante una Administración que ha de ser siempre más acogedora y más eficiente. Un Síndic o Síndica, que proviene de aquello que constituye un sistema de control de los excesos
de las autoridades o de lo que se consideraban las asambleas de paz y tregua, como un primer antecedente de la actual institución en Cataluña o en la Comunidad Valenciana. En nuestro país hay múltiples espacios en los que se busca la concordia, en
los que se promueve la paz social y la convivencia, en los que se procura la mediación para evitar la ruptura, y, señorías, creo que ese es el espacio en el que los defensores del pueblo podremos ser más útiles a la sociedad. Nuestra principal
labor consiste en merecer la confianza de las instituciones para recabar información y procurar hacer llegar a los ciudadanos, que confían en nosotros, herramientas, procesos y, en su caso, soluciones para los problemas que plantean ante la
Administración. Asimismo, resulta esencial nuestra labor de recomendar a las administraciones aquellos cambios que consideramos que pueden resultar eficientes para atender los desabrigos que se hayan podido generar. La Constitución ha previsto, en
su artículo 54, que el Defensor del Pueblo es defensor de los derechos constitucionales de los ciudadanos frente a los poderes públicos, puesto que su actividad se extiende al conjunto de todas las administraciones públicas, posición que queda
reforzada además por su amplia legitimación para interponer recurso de amparo y recurso de inconstitucionalidad cuando así lo considere necesario. Por su parte, los defensores autonómicos nacen de una manera distinta, como consecuencia de la
capacidad de autoorganización institucional, que reconoce a las comunidades autónomas el artículo 147.2 de la Constitución, y sus capacidades se circunscriben a la supervisión de la respectiva Administración sobre la que el estatuto de

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autonomía tiene capacidad para establecer una regulación concreta, sobre la propia Administración autonómica. La coincidencia de varias figuras similares con alcance territorial diferente y los problemas que tal cuestión podrían suscitar,
tales como el riesgo de duplicidad de actuaciones, llevó a las Cortes Generales a aprobar la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares de las distintas
comunidades autónomas. En la ley estatal se establecen las prerrogativas y garantías reservadas a los comisionados autonómicos y el régimen de colaboración y de coordinación de las instituciones políticas y administrativas de las comunidades
autónomas con el Defensor del Pueblo. Asimismo, en relación con las competencias que cabe atribuir a los comisionados autonómicos, esta ley dispone que, tanto estos como el Defensor del Pueblo podrán supervisar la actividad de la Administración
pública de cada comunidad autónoma, así como de la Administración local, cuando actúen en el ejercicio de las competencias delegadas por aquella en régimen de cooperación y sin mengua de lo establecido en cuanto a las facultades del Defensor del
Pueblo por la Constitución y por la ley orgánica reguladora, puesto que hay que destacar que el ámbito de actuación del Defensor del Pueblo nacional abarca a todas las administraciones, sin que en caso alguno los comisionados autonómicos puedan
entrar a conocer de las quejas del ámbito estatal, salvo que el defensor recabe su colaboración. En todo caso, hay una finalidad básica y común: La defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título primero de la Constitución con la
facultad de supervisar la actividad de la Administración pública en el ámbito de cada comunidad autónoma. Precisamente por eso la ley habla de instituciones similares. Por tanto, se trata de comisionados del órgano parlamentario autonómico cuya
índole jurídica está prevista en diversos estatutos de autonomía.


La cuestión es la aplicación de los principios básicos de coordinación y de cooperación respetando siempre lo establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía, de ahí la conveniencia de lograr una articulación razonable en el
ejercicio de las funciones propias del Defensor del Pueblo y de dichos comisionados parlamentarios, lo que condujo a la Ley 36/1985 formulada en leyes propias de cada comunidad autónoma. El artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril,
después de proclamar que el Defensor del Pueblo podrá supervisar por sí mismo la actividad de la Administración autonómica, añade -previendo la futura existencia de sus homólogos autonómicos- que los órganos similares de las comunidades autónomas
coordinarán sus funciones con las del Defensor del Pueblo y este podrá solicitar su cooperación. Por tanto, tres principios pueden extraerse de este artículo. Uno, que el Defensor del Pueblo puede por sí mismo supervisar la Administración
autonómica; dos, que los defensores autonómicos han de coordinar sus funciones con el Defensor del Pueblo y, tres, que el Defensor del Pueblo puede solicitar la cooperación de los defensores autonómicos. En definitiva, esto que conocemos tan bien
significa que hemos de trabajar siempre de acuerdo con unos principios básicos de coordinación y de cooperación, que están previstos en la ley orgánica de 1985, y en los que hay que lograr una articulación razonable. Asimismo, es bien conocido que
los comisionados parlamentarios son instituciones similares al Defensor del Pueblo y como aprendemos, una y otra vez, solo trabajando juntos resultamos realmente eficaces. Parece claro que la expresión los defensores autonómicos coordinarán sus
funciones implica un límite al ejercicio de las competencias de estas instancias autonómicas, ya que deberán adecuarlas o compatibilizarlas con las que desarrolla la institución prevista constitucionalmente, que es el Defensor del Pueblo, cuyas
competencias parece indudable que deben preservarse, así como deben de hacerlo las figuras creadas por desarrollo constitucional. La jurisprudencia constitucional concreta que la coordinación ha de ser atendida como la fijación de medios y sistemas
de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta en el ejercicio de competencias para lograr la integración de actos parciales en la globalidad del sistema. Es la
concurrencia la que pone en funcionamiento la facultad de coordinación, entendida como no reiteración de actuaciones, como evitación de duplicidades, así como soslayar la posibilidad de que se produzcan actuaciones contradictorias en las respuestas
que se den desde las distintas instituciones defensoriales. Este riesgo en una magistratura de persuasión, de opinión y de influencia, como son los defensores, que tienen su principal fuerza en su prestigio, podría suponer el menoscabo de este.


Por lo que se refiere a la cooperación, el artículo 12 pone en manos del Defensor del Pueblo la posibilidad de solicitar en cualquier momento el apoyo de los defensores autonómicos. Ciertamente, en este ámbito de la cooperación, a
diferencia del de la coordinación, ambas partes mantienen integrantes sus poderes de decisión de forma separada e independiente. Es decir, que la diferencia entre ambas estriba en que la coordinación supone un cierto deber jurídico por parte de los
defensores autonómicos, mientras que, por el contrario, puede predicarse el carácter voluntario de la cooperación. El deber de

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colaboración no implica ampliación de las competencias a favor de ninguna de las instituciones, sino que más bien se trata de una actitud y disposición de cada parte en su relación con la otra. Es interesante -y desde luego merece una
reflexión- la posibilidad que señala el artículo segundo de que se puede concertar, entre el Defensor del Pueblo y los comisionados parlamentarios autonómicos, acuerdos sobre los ámbitos de actuación de las administraciones públicas y el objetivo de
supervisión; acuerdos sobre los supuestos de actuación de los comisionados parlamentarios; acuerdos sobre las facultades que puedan ejercitar; acuerdos sobre el procedimiento de comunicación entre el Defensor del Pueblo y cada uno de dichos
comisionados parlamentarios y la duración de los propios acuerdos. Dado que la coordinación tiene un contenido jurídico que propugna, según jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional, el establecimiento de métodos concretos del ejercicio
de competencia, lo que supone un método de actuación que afecta al ejercicio de dichas competencias, pero ni las crea ni las hace desaparecer. La ley establece que este régimen de cooperación ha de hacerse sin mengua de lo establecido, en cuanto a
las facultades del Defensor del Pueblo, por la Constitución y por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.


El Tribunal Constitucional se ha ocupado en varias ocasiones de dilucidar cuestiones relacionadas con la posible convergencia del ámbito competencial de estos comisionados autonómicos con el más amplio ámbito de actuación del Defensor del
Pueblo. De ello se deduce que la garantía de los derechos constitucionales que supone el Defensor del Pueblo no puede limitarse en su alcance a la supervisión de la Administración Central del Estado, sino que ha de comprender a cualquier
Administración pública, por expreso mandato constitucional del artículo 54 de la Constitución. Todo lo establecido en esa Ley 36/1985 viene marcado por varias palabras. Desde luego, coordinación y cooperación y, por supuesto, la necesidad de una
información y notificación mutua de asuntos que tienen que ver con lo sucedido en diversas comunidades y la percepción de que hay una tarea común. Hemos de pensar lo que significa esta ley. Solo desde la confianza mutua y la relación mutua
podremos encontrar cauces para que esto, que es un acuerdo, no acabe siendo un mero debate de atribuciones y de competencias, cuando de lo que se trata es de subrayar aquello que nos es común: los problemas de los ciudadanos que acuden en amparo de
nuestras instituciones. Esto se debe de hacer con un determinado espíritu. Este espíritu es el que don Joaquín Ruiz-Giménez expresó, a modo de plegaria, en 1982: Que no deje acorcharse mi corazón entre papeles. La experiencia de este primer año
al respecto nos permite destacar que, efectivamente, cabe trabajar en ese régimen de cooperación y colaboración a que nos demanda la ley, algo comprobado en el día a día de la labor desarrollada tanto por los defensores autonómicos como por el
propio Defensor del Pueblo. Ello se hizo especialmente patente en las XXXV Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, celebradas en León, los días 20 y 21 de octubre de 2022, en las que, entre otros asuntos, se abordó temáticamente la
prestación del servicio público de salud en el medio rural, que condujo a quince conclusiones ratificadas unánimemente por todos los defensores. Asimismo, en la reunión de defensores, celebrada en Madrid el pasado 3 de febrero, se abordaron asuntos
explícitos de coordinación y de información relevante sobre asuntos concretos de las respectivas instituciones, a la que asistieron todos los defensores autonómicos convocados por este Defensor del Pueblo. Puedo decir con toda claridad que el
clima, la disposición y la voluntad de todos los defensores y defensoras es poner esa coordinación al servicio de la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Las más recientes incorporaciones, Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi
Vera Donazar, en el último mes de marzo, y de Esther Giménez-Salinas, como Síndica de Greuges, en el pasado mes de julio, han acentuado aún más si cabe ese afán de colaboración para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía que recurre a
nuestras instituciones.


Señorías, como es razonable, esta institución del Defensor del Pueblo no confunde la necesaria coordinación y colaboración con otras defensorías con las actuaciones que imprescindiblemente ha de llevar a cabo en su tarea de supervisar la
actividad de la Administración. Por tanto, esto alcanza asimismo a todas las comunidades autónomas y a todas las administraciones en todo el territorio español. Ello justifica que se hayan abierto una serie de actuaciones de oficio iniciadas y en
trámite con todas las comunidades autónomas. Desde el 18 de noviembre de 2021 hasta la actualidad cabe destacar -y solo subrayo algunas- las siguientes. En el área de Educación, Cultura y Empleo: enseñanzas posobligatorias y matriculación de
estudiantes extranjeros sin autorización de residencia, el 19 de enero de 2023. En el área de Sanidad y Política Social: la adaptación de las rentas mínimas al ingreso mínimo vital, el 3 de mayo de 2022; medidas y protocolos contra abusos y
posible explotación sexual de menores, el 24 de mayo de 2022; atención primaria, accesibilidad y dotación, el 30 de diciembre de 2022, e insuficiencia de unidades de cuidados paliativos pediátricos, el 23 de enero 2023. En el área de Economía y
Hacienda:

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actuación relacionada con los problemas de los ciudadanos para acceder a los servicios de reclamaciones por cuestiones de facturación de los consumos eléctricos y gasistas, el 6 de abril de 2022. En el área de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio: medidas para la retirada de amianto, 6 de septiembre de 2022, y medidas para la prevención y extinción de incendios forestales, el 8 de julio de 2022, que previamente se hizo en Castilla y León y luego se extendió a todas las
comunidades autónomas. En el área de Migraciones, Igualdad de Trato y No Discriminación: discriminación de menores extranjeros en situación irregular, tarjeta sanitaria, el 25 de enero de 2023.


Por otra parte, asimismo, como expresión de este quehacer del Defensor del Pueblo en actuaciones que afectan a todo el territorio español, pueden citarse algunas no iniciadas explícitamente en comunidades autónomas, sino propiciadas por la
labor que le corresponde al Defensor del Pueblo de España. En el área de Educación, Cultura y Empleo: medidas para conocer los recortes sanitarios que afectan a mutualistas de MUFACE, MUGEJU e ISFAS, 7 de febrero de 2022, y sobre protección de las
personas trabajadoras ante la exposición de temperaturas extremas, el 22 de julio de 2022. En el área de Sanidad y Política Social: la atención presencial en oficinas de la Seguridad Social, citas y teléfonos, el 21 de abril de 2022, y la
Secretaría de Estado del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, atención presencial y brecha digital, el 26 de abril de 2022. En el área de Justicia y Seguridad: el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del 10 de mayo
de 2022; la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el 11 de mayo de 2022, y violencia vicaria, protección de menores víctimas de violencia de género contra sus madres, violencia de género además contra ellas ejercida sobre los niños,
como se sabe, el 20 de mayo de 2022. En el área de Economía y Hacienda: exclusión financiera a personas mayores y a personas con escasa capacidad digital, el 1 de febrero de 2022, y actuación relacionada con los problemas de los ciudadanos para
acceder a los servicios de reclamaciones del Banco de España, el 6 de julio de 2022. En el área de Migraciones e Igualdad de Trato: sobre las condiciones en las que se está realizando la acogida de menores ucranianos llegados a España, el 2 de
junio de 2022, y sobre los problemas en el empadronamiento de menores extranjeros, el 3 de enero de 2023.


Nada suple en los procesos de coordinación y colaboración a la relación directa de intercambio de información y de implicación mutua en la resolución de los asuntos. La experiencia en este sentido ha resultado altamente positiva y deseo
agradecer a todos los defensores y defensoras autonómicos esta disposición a encontrar conjuntamente los mejores caminos para dar respuesta a los requerimientos ciudadanos. Cabe congratularse de la ausencia de discrepancias debida en buena medida a
que se han mantenido unas vías de comunicaciones institucionales ágiles y versátiles. Merece especial atención la actuación en relación con el volcán de La Palma, en la que han intervenido varias administraciones -Administración General del Estado,
comunidad autónoma, cabildo insular y varios ayuntamientos-, llevando a cabo un trabajo conjunto en el que estamos en relación el Diputado del Común y este Defensor del Pueblo. Asimismo, nos interesamos, junto al Defensor del Pueblo Andaluz y a los
gestores e investigadores de la estación biológica de Doñana, en estudiar conjuntamente y de forma consensuada cómo dar respuesta a los problemas que afectan a ese entorno; en ofrecer solución al problema sobre dos menores rusos en desamparo
preventivo y con ingreso cautelar en un centro residencial de acción educativa de Cataluña, por el que se interesó, ante este Defensor del Pueblo, la defensora de los derechos de los niños de la Federación Rusa, y que se ha resuelto
satisfactoriamente con la gestión de la Síndica de Greuges ante la Generalitat de Catalunya, que ha optado finalmente por el acogimiento de las menores por la abuela materna en su país de origen y también en el caso del barco Villa de Pitanxo
hundido hace ahora un año en Canadá, en el que se trabajó conjuntamente con la Valedora do Pobo a fin de atender a las familias que recurrieron en amparo a nuestras instituciones. Otro tanto ocurre con lo sucedido con un tren que enlazaba Barcelona
con León y el incidente de expulsión del mismo de unos menores en la provincia de Palencia, en ese caso abrimos una actuación desde el Defensor del Pueblo contactando con los respectivos defensores autonómicos. Señorías, en ocasiones se realiza una
labor de comunicación constante sobre quejas que llevan tiempo abiertas, como es el caso de los temporeros y sus condiciones de vida o de contratación en diferentes lugares del territorio nacional.


Singular importancia ha de concederse a las visitas que efectúa el Defensor del Pueblo como mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a las que se invita o avisa para la eventual
participación de técnicos de los defensores de las respectivas comunidades, lo que en todo caso hace más necesario el aviso en aquellas que tienen competencias transferidas en materia penitenciaria: País Vasco y Cataluña. Sin duda, hay que señalar
que, en las

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competencias de supervisión atribuidas en exclusiva a esta institución del Defensor del Pueblo, los defensores autonómicos nos envían las quejas presentadas y no entran en su consideración. Por otra parte, en esta línea de colaboración, las
próximas jornadas de coordinación de defensores y defensoras tendrán lugar en octubre de este año en la ciudad de Barcelona y versarán sobre la protección de menores. En este primer año hemos tenido ocasión de efectuar reuniones institucionales y
de trabajo con todas las comunidades en las que hay defensor o defensora autonómicos. Además de estas visitas a todas las comunidades que tienen ya defensor o defensora autonómicos, he iniciado visitas a comunidades que no disponen explícitamente
de esta figura, pero ante las cuales también nosotros hemos de trabajar e intervenir, como la Comunidad de Extremadura o la Región de Murcia.


Señorías, en la web de la institución disponen de un mapa interactivo que ofrece las cifras de quejas por comunidades autónomas. Quedo a su disposición para responder a sus cuestiones y consideraciones, señalándoles que en la primera semana
del mes de marzo, desde luego dentro de los primeros quince días, haremos entrega y presentación ante estas Cortes Generales del informe anual para que procedamos al debate de todas estas cuestiones concretas o de las que ustedes deseen
pormenorizadamente.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Defensor del Pueblo.


Vamos a comenzar el turno de intervención de los grupos, que será por un máximo de diez minutos, de menor a mayor. Hay algún grupo que me ha pedido la intervención compartida. Si hay algún otro más que lo diga también. (Pausa).


El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Simplemente quería asegurarme de qué tiempo dispongo.


El señor PRESIDENTE: He dicho que diez minutos. Acabo de decir que disponen de diez minutos.


Empezaríamos por el Grupo Republicano. Tiene la palabra el señor Reniu i Vilamala.


Adelante.


El señor RENIU I VILAMALA: Moltes gràcies, president.


No voy a utilizar ni mucho menos los cinco minutos. Bienvenido a esta casa Defensor del Pueblo, como siempre es un placer tenerle junto a sus adjuntas y, además, para un tema de tan interés como el que nos estaba planteando. Nuestro
objetivo no es ponernos a discutir ahora sobre la supervisión o el reparto competencial, sino que básicamente quisiéramos, al menos en esta primera intervención, fijar un par de elementos que yo creo que son interesantes. Usted, con mucho detalle,
ha ido pasando revista a los elementos de supervisión y de coordinación, con ese deber jurídico de los defensores del pueblo autonómicos, con la cooperación voluntaria y también ha ido señalando la posibilidad de concertar ese tipo de acuerdos para
las diferentes actividades. Asimismo, ha reseñado el cambio en la titularidad del Síndic de Greuges de Catalunya, esta vez con Esther Giménez-Salinas, y, por tanto, saludamos que la relación sea cordial, como no puede ser de otra forma, y como, a
fin de cuentas, nos interesa a todos para un mejor servicio a nuestros conciudadanos. En ese sentido, únicamente iba a hacerle un par de consideraciones genéricas. Como todo en esta vida hay cosas a mejorar, la primera es que, en especial, tenemos
la percepción de que cuando el Defensor del Pueblo actúa sobre cuestiones específicas que no van más allá del ámbito territorial de Cataluña, sería esperable una mejor información, una mejor comunicación y, a fin de cuentas, una mejor cooperación y
coordinación en ese sentido. Al Grupo Republicano nos consta su absoluta predisposición y ya le digo que es más una consideración en genérico, asumiendo que el volumen de la institución del Defensor del Pueblo a veces puede dificultar que se
produzca esa comunicación de una manera rápida, de una manera ágil, eficaz y que, a fin de cuentas, no levante o no pueda levantar pequeñas suspicacias, como le digo, en el sentido de que sean actuaciones específicas que afecten exclusivamente al
ámbito territorial catalán.


En segundo lugar, una cuestión que recordará el Defensor del Pueblo, que en otras intervenciones también la he manifestado, y anteriormente a su predecesor, que va en la línea de esa capacidad de llegar a acuerdos que usted señalaba,
haciendo además referencia al caso de Euskadi y, sobre todo, de Cataluña, transferencia de las competencias en el ámbito penitenciario; la actuación y la coordinación en cuanto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, malos tratos,
etcétera. Recordará que cuando lo presentó en esta misma sala le formulé la pregunta/sugerencia/comentario de por qué no profundizar precisamente en esos acuerdos y que la Sindicatura de Greuges de Cataluña pueda actuar a fin de cuentas como una
autoridad más en el Mecanismo de Prevención de la Tortura. Le ponía el ejemplo

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-puede ser repetitivo, pero no voy a dejar de hacerlo- del Reino Unido, donde hay diecisiete autoridades. Por tanto, la coordinación creo que es factible y posible.


Voy acabando, y le cederé la palabra a mi compañera, la diputada María Dantas. Ha estado hablando de ejemplos con el Valedor do Pobo, con el Síndic de Greuges, con la Sindicatura de Greuges de Cataluña, con el Ararteko, etcétera, pero me ha
faltado uno, porque me hubiera gustado oírle hablar también de esa labor de coordinación con una temática bastante importante, como puede imaginarse, no solo para el ámbito catalán, sino, a fin de cuentas, para el contexto democrático español, como
es el informe Pegasus.


Muchísimas gracias otra vez por su comparecencia. Si le parece al presidente, le cedo el turno a la compañera.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Carvalho.


La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, señor presidente.


Muchísimas gracias al Defensor del Pueblo, a las defensoras del Pueblo ajuntas y a todo el equipo de la Defensoría del Pueblo. Desde el Grupo Parlamentario Republicano, siempre, siempre, siempre damos las gracias por su trabajo, que es
absolutamente imprescindible.


Atendiendo a lo que ha comentado el senador del Grupo Republicano, me gustaría tocar un tema sobre la descentralización de las sindicaturas. Sabemos que la principal aportación de la ley del 1985 es basar las relaciones entre el Defensor
del Pueblo del Estado y los defensores autonómicos o las defensorías del pueblo autonómicas en los principios -y aquí ya entre comillas- de colaboración, de coordinación, de cooperación, descartando, por tanto, cualquier forma de jerarquía entre
ellas, y la previsión de convenios como forma de establecer el desarrollo de esos principios -cierro comillas-. Como no hay jerarquía alguna, se debe garantizar una adecuada coordinación con el objetivo de evitar posibles duplicidades de actuación
o posibles resoluciones contradictorias. En Cataluña hay cuarenta y ocho sindicaturas de Greuges que están asociadas en el Fórum. Debe haber unas cinco o seis que aún no están asociados, pero hay cuarenta y ocho sindicaturas de Greuges asociadas.
Desde nuestro punto de vista, la actuación de esas sindicaturas municipales comporta la necesidad de examinar y resolver las quejas formuladas de acuerdo con ciertos criterios, que son la legalidad, independencia, objetividad y equidad. Los
síndicos y las síndicas de Greuges de Cataluña, que son cuarenta y ocho asociadas, pueden actuar como mediadoras, siempre que las partes lo consientan, o bien proponer fórmulas de conciliación o acuerdos entre la Administración y la ciudadanía. Las
sindicaturas de Greuges municipales aportan muchísimo. Doy tres ejemplos: la proximidad a los problemas municipales y, por tanto, más soluciones con más celeridad; la equidad en la resolución de situaciones complejas en los municipios; la
madurez democrática, un municipio que tiene una Sindicatura de Greuges, estará de acuerdo conmigo, señor Defensor, demuestra, la madurez democrática de su ayuntamiento, y todo ello se traduce en la mejora de la percepción de los ayuntamientos de los
municipios que disponen de una figura centrada y velar por la calidad de sus actuaciones.


Dicho todo eso, mi pregunta es si el Defensor del Pueblo tiene alguna relación con las sindicaturas locales, con ese Fórum que agrupa en Cataluña a esas cuarenta y ocho sindicaturas, y vuelvo a decir que hay cinco o seis que aún no están
asociadas, pero están en ello. Estaría muy bien que hubiese una relación muy directa con las sindicaturas municipales, locales. Volvemos a decir que debe existir la colaboración y coordinación, no solo con el Síndic de Greuges de Cataluña para
intentar descentralizar un poco más.


Señor Defensor del Pueblo y señoras adjuntas, yo no puedo acabar sin -obviamente no es el tema exacto de su comparecencia de hoy- tocar un tema que hemos visto hoy en Cataluña. Diversas asociaciones, plataformas y entidades de defensa de
derechos humanos hoy han hecho un comunicado sobre la denuncia de la apertura -seguro que le llegará a usted también-del módulo de mujeres en el CIE de Barcelona. Según el comunicado de diversas entidades de defensa de derechos humanos, hay unas
doce compañeras que están siendo sometidas a violentas condiciones de detención. Me gustaría saber si le ha llegado esta información y qué piensa el Defensor del Pueblo hacer sobre los CIE. Ya sé que hay muchísimas recomendaciones y sugerencias;
en el informe del Defensor del Pueblo de cada año ustedes hablan de los CIE, de estas cárceles racistas, pero es que las agrupaciones y personas que han emitido esta este comunicado de hoy están bastante preocupadas, y nuestro grupo parlamentario
también, porque abogamos mucho aquí en el Congreso por el cierre de esos centros que para nosotras son centros de detención para personas que no han cometen ningún tipo de delito, que son personas que básicamente están allí porque están en condición
administrativa irregular y ya hubo muertes dentro de esos centros de internamiento de personas extranjeras.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señorías, a continuación, pasamos al Grupo Parlamentario VOX, que va a dividir la intervención entre sus dos portavoces, don Pablo Calvo y don Julio Utrilla. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Utrilla.


El señor UTRILLA CANO: Muchas gracias, presidente.


Señor Defensor, bienvenido de nuevo a esta Comisión. En primer lugar, me gustaría trasladarle la situación que se vive en esta Comisión, porque estoy convencido de que usted vive ajeno a ella, y la realidad no es otra que algunos miembros
de esta Comisión la única fuente de información que tenemos de su Defensoría es a través de la prensa o de la propia web de su institución. Nos gustaría tenerle aquí más y poder conocer de primera mano todos los temas que nos interesan. Por
supuesto, usted ha dado todo el empaque legal a la defensoría, con lo que estamos totalmente de acuerdo, y se recoge, por ejemplo, la Ley Orgánica 4/81, de 6 de abril, que ha mencionado usted, que el Defensor deberá comparecer cuantas ocasiones sean
necesarias ante al Congreso.


En resumen, y para no alargarnos más, hay unos cuantos miembros de esta Comisión que intentamos que usted comparezca para rendir cuentas de su actuación y poder tener esa máxima información que le digo, pero hay otros grupos, los grupos
pertenecientes al Gobierno, que se obstinan en retrasar y en procrastinar sus comparecencias, no vaya a ser que elijamos en un momento inadecuado tratar un tema o uno que pueda no ser cómodo. Para el Gobierno esto es una realidad, de hecho, el
presidente nos citó a una reunión de Mesa y portavoces el 25 de octubre a la cual no comparecieron ni los miembros socialistas ni los miembros de Podemos y nos dejaron a todos los demás aquí; personalmente creo que fue una falta de respeto a la
institución, por supuesto a nosotros también, pero, sobre todo, a los votantes que nos han traído hasta aquí. Lo primero que quería era, desde luego, hacerle sabedor de todo esto para que saque sus conclusiones.


Con estas circunstancias, entenderá que le hagamos alguna pregunta, como ya ha hecho algún portavoz, que no está directamente relacionada con el tema que trae usted aquí, dejando clarísimo que nuestro grupo entiende la necesidad y la
importancia de su institución y que el alto comisionado que usted preside para nosotros es una institución absolutamente necesaria para una democracia. Nos ha explicado, sobre todo, el marco legal de la coordinación que tiene con el resto de
defensores autonómicos. Nos gustaría que nos diese algún ejemplo de cómo se opera cuando hay duplicidades o cuando hay solapamientos, porque, evidentemente, los hay. Estoy convencido de que hay ciudadanos que plantean las mismas quejas ante usted
y ante los defensores autonómicos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo gestionan eso? ¿Se ceden en ese momento a las competencias o avanzan en paralelo y luego coordinan? Cuéntenos un poco con ejemplos prácticos cómo se gestionan esos solapamientos de
funcionalidad.


Después, curiosamente voy a hacer la misma pregunta que la diputada de Esquerra, cuál es su opinión y cómo se gestiona el tema de la aparición de estos defensores locales o municipales que ha comentado. Yo era conocedor de algunos de ellos,
pero no de que eran tantísimos como cuarenta y ocho en Cataluña. Me gustaría saber si hay alguna relación con ellos, aunque no están recogidos en la ley como tal, cómo se coordinan con ellos y su opinión en particular de la aparición de estos
defensores locales.


Le dije cuando usted compareció por primera vez aquí, que cuando acertase lo íbamos a decir claramente y cuando no se lo íbamos a echar en cara. Usted ha acertado, sin duda, instando al Ministerio de Justicia una recomendación para que
subsane el error en la prescripción de los delitos contra la libertad del menor, como puedan ser secuestros o matrimonios forzados infantiles. En la norma existe una contradicción sobre a partir de qué edad comienza a contar de la prescripción de
dicho ilícito penal y en un párrafo se señala que se empieza a computar a partir de los dieciocho años, y en otro a partir de los treinta y cinco; una clara contradicción que usted ha destacado. Esto no deja de ser otra chapuza legal de este
Gobierno, que sería un escándalo si no fuese porque son tantas y tan graves las barbaridades que se están cometiendo en cuestiones legislativas que una tropelía más grave tapa anterior, un día sí y otro también: la Ley trans, la Ley de bienestar
animal, la Ley del solo sí es sí, ya con más de quinientos violadores que han visto reducidas sus penas; más o menos, cada uno de estos violadores toca como a un millón de euros de esos que se han dilapidado en el Ministerio de Igualdad. Hasta el
Consejo de Estado se ha hartado de esta manera de legislar del Gobierno y ha emitido un durísimo dictamen en el que advierte de urgencias injustificadas que afectan a la calidad de las leyes y al control de la legalidad y la inconstitucionalidad;
también avisa de que las garantías se están viendo resentidas.


Por último, como le decía, le haré alguna pregunta sobre algún otro tema, porque como no sabemos cuándo va a poder comparecer usted o cuándo le van a dejar que comparezca aprovecho para hacérselas.

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Respeto a la investigación que está haciendo sobre los abusos de la Iglesia, nos gustaría saber si nos podría actualizar algo, aunque sea breve, sobre todo si se ha decidido o tiene intención de ampliar los ámbitos de esta investigación a
otros sectores y si hay alguna coordinación con el despacho Cremades y Calvo Sotelo, que la Iglesia decidió que hiciera una auditoría independiente. No sé si están coordinados de alguna forma con ellos o cada uno va en paralelo y las conclusiones
que saquen unos y otros nos llegarán.


También nos gustaría que nos expusiera conclusiones sobre caso Pegasus. Algo han adelantado en su en su página web, diciendo que el CNI ya actuado con respeto a las diferentes disposiciones legales relativas al control judicial, previo a
las intervenciones de las comunicaciones. También quisiéramos que nos diese cuenta de las quejas y dificultades presentadas por ciudadanos en relación a la tramitación y concesión del ingreso mínimo vital. Nos ha comentado algo de la coordinación
con los defensores autonómicos y también sobre el cobro de los expedientes de regulación del ERTE.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el otro portavoz de VOX, Don Pablo Calvo.


El señor CALVO LISTE: Gracias, presidente.


Señorías, señor Gabilondo, buenas tardes. Con los numerosos problemas a los que se enfrentan cada día los españoles, fruto de las políticas del Gobierno de Sánchez, causa bochorno -realmente se lo digo así, lo siento, pero no puedo por
menos que decírselo- que usted pida comparecer para informar de las relaciones entre el Defensor del Pueblo y los defensores autonómicos, como si se tratara de una clase teórica en la universidad. Usted ya nos ha dicho que, como Alto Comisionado de
las Cortes para la defensa de los derechos comprendidos en el título I de la Constitución, puede investigar cualquier Administración, estatal, autonómica o local, pero no siempre ha estado atento a la defensa de los derechos fundamentales de los
ciudadanos, señorías. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor CALVO LISTE: No lo estuvo en las declaraciones de los estados de alarma en la pandemia, declarados inconstitucionales gracias a los recursos de VOX; no lo estuvo ni está en la defensa de los menores tutelados abusados sexualmente
en toda la geografía nacional, especialmente en Canarias, Valencia o Baleares. Me entretendré en esta última inacción por tratarse de unos hechos alarmantes. ¿Considera usted que no son suficientemente graves para actuar y solo pedir información a
las comunidades autónomas? Pretender que le informen sobre los abusos a aquellos que se niegan a abrir comisiones de investigación es como querer que un acusado se declare culpable. No solo es el caso vinculado al exmarido de la expresidenta
Oltra, en 2022 un informe del Síndico de Valencia recoge que ciento setenta y cinco menores tutelados habrían sufrido abusos sexuales en el último año. Hace un mes, la Guardia Civil detuvo a tres marroquíes por abusar de dos niñas tuteladas que se
fugaron del centro, violadas por quince hombres a cambio de drogas, todo ello en una vivienda okupada -okupada con k-. Aquí le dejo otro tema sobre el cual iniciar una investigación. Las tres solicitudes de crear una comisión de investigación
fueron rechazadas. El Parlamento Europeo sí decidió investigar en septiembre de 2022 todos estos casos de abusos sexuales a menores tutelados en la Comunidad Valenciana. En Baleares hay una niña de trece años fugada de un centro tutelado, violada
en grupo en Nochebuena de 2019. En 2020, el IMAS tuvo constancia de dieciséis casos de menores tutelados explotados sexualmente; El Diario de Mallorca alertó de decenas de niñas que se fugan de centros de protección para constituirse en las calles
de Palma, sin que se tomen medidas, pese a los casi 240 millones de euros de presupuesto. El Parlamento Europeo pidió explicaciones a los Gobiernos de Armengol y de Sánchez. Los casos tardan meses en denunciarse por el IMAS a la fiscalía, algunos
incluso más de quince meses. Una menor fue declarada desaparecida durante un año por el IMAS, pero cuyos técnicos mantuvieron contacto con ella y la presionaron para abortar. Hasta en cinco ocasiones VOX ha pedido comisiones de investigación,
todas ellas denegadas. No se ve al Ministerio de Igualdad con 573 millones de euros de presupuesto ni a las consejerías de Interior ni de Igualdad salir en defensa de estos niños. Estos Gobiernos, al igual que ocurre con el Gobierno de Sánchez,
son un auténtico peligro para la seguridad y la libertad de los españoles, como han venido a demostrar las dramáticas consecuencias de la Ley del solo sí es sí.


¿Qué está pasando en los centros tutelares de menores en España, señor defensor? ¿Nos lo puede usted decir? Creemos que no se ha investigado en estos territorios en el ánimo de no vislumbrar las

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carencias y no tener que depurar responsabilidades técnicas y políticas. Ahí radica la gravedad. Quien sí abrió una investigación sobre los casos de Baleares fue la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, una misión visitó España en
abril de 2022 y en su informe -supongo que usted lo tendrá, está publicado el día 7 de diciembre, recientemente- recomienda, entre otras cuestiones, una mayor coordinación entre administraciones tutelares y estas con la fiscalía y las Fuerzas de
Seguridad del Estado. También indica que el mayor peligro son las fugas, que hay necesidad de replantear la intervención judicial en la declaración de desamparo en España y mantener la comunicación con los padres, que hay que acelerar la búsqueda
de menores fugados y las investigaciones, especialmente teniendo en cuenta el peligro de encubrimiento político -lo remarca expresamente, peligro de encubrimiento político-. Por último, me pararé en la recomendación número 24 qué dice que las
autoridades de tutela se personen inmediatamente en defensa de los menores en todas las causas, que se inicien de oficio investigaciones internas para valorar los errores cometidos e investigaciones imparciales en las Cortes regionales o nacionales
para depurar posibles responsabilidades políticas ante casos de abusos de menores tutelados.


Este informe lo debería haber realizado el Gobierno y su Defensoría. Señor Gabilondo. Desde luego, desde VOX seguiremos solicitando una investigación hasta las últimas consecuencias y daremos voz a las menores tuteladas prostituidas para
que estos hechos execrables no se repitan.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señorías, pasamos al turno de portavoces del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre y representación, tiene la palabra el senador José Ignacio Landaluce.


El señor LANDALUCE CALLEJA: Muchas gracias, presidente.


Buenas tardes Defensor, buenas tardes adjuntas, equipo. En primer lugar, quiero darle las gracias por la llamada de pésame que me hizo, y que trasladé a la ciudadanía cuando el 25 de enero, hace unos días, se sufrió desgraciadamente en
Algeciras el primer atentado yihadista de estas características que se producía en toda Europa. Falleció el sacristán, Diego Valencia, y fue herido el padre Antonio. La verdad es que le agradezco que me llamase y que se interesase por cómo estaba
la ciudadanía, los vecinos de Algeciras.


Entrando en la materia, señor defensor, lo que usted ha ido exponiendo lo tenemos recogido, porque está en las hemerotecas y lo ha recogido también el trabajo que ustedes han publicado dentro de la Defensoría. Ha venido a explicarnos lo que
ya conocemos de esa reunión con los nueve defensores del pueblo autonómicos. Los asuntos que ha tratado en esa reunión que ha ido desgranando -se entra un poco más en profundidad incluso en el propio informe- son la mejora del acceso a la atención
primaria, los servicios para los que se requiere atención presencial, los centros de menores tutelados, el acceso a la renta mínima y el ingreso mínimo vital, la atención sanitaria a menores extranjeros, el trabajo por la defensa de los derechos
ciudadanos y las libertades públicas, así como atender a todo aquel que considere que sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución hayan podido ser vulnerados por la Administración.


Señor Defensor, la gran mayoría de los asuntos que trataron en la reunión han sido presentados y registrados por el Grupo Parlamentario Popular, y otros grupos, para que comparezca usted para hablar de distintos temas aquí, no enterarnos por
la prensa, no enterarnos por los informes o por reuniones que usted tenga fuera de lo que es la sede parlamentaria. Se trata de una veintena de peticiones, más alguna otra que hemos presentado en estos días, para que usted comparezca e informe
sobre las quejas o las sugerencias sobre las investigaciones que se han realizado por parte de usted o de su equipo. Algunas de ellas, para enumerarlas, son: devolución de menores extranjeros; subida de precios de carburantes y energía; visita a
centros hospitalarios; residencias de mayores; centros de internamiento; dificultades de las familias en relación a la elevada y continuada subida de precios; el tema de la educación; el adoctrinamiento en colegios catalanes y valencianos en
relación con el uso del castellano en las aulas; el medio ambiente, sobre todo el tema de la Manga del Mar Menor; deficiencias en las infraestructuras penitenciarias; agresiones, que nunca se habla de ellos, a los funcionarios de prisiones, y
también los derechos fundamentales de los internos. Al hilo de su intervención, me gustaría saber si ha visitado centros penitenciarios en Cataluña y el País Vasco, donde están transferidas las competencias, o si eso se lo ha dejado directamente a
los responsables de la Defensoría en esas comunidades autónomas. También sería importante, que no está registrado ahora, pero lo estará en breve, conocer la situación de las víctimas de personas excarcelados por los nefastos efectos de la Ley del
solo sí es sí, el miedo, los temores, la alarma social.

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La vulneración de los derechos de los menores en España. También es importante que compareciese, porque el Grupo Parlamentario Popular también ha hecho esa petición. Nos encontramos con el problema de que -ya lo ha dicho otro portavoz
anteriormente- el Partido Socialista impide que usted comparezca para hablar de los asuntos que nos reclaman los ciudadanos, asuntos que forman parte de la actualidad de quienes han confiado en nosotros para que los representemos. El bloqueo del
Partido Socialista es marca de la casa, está siendo la línea habitual, se están manoseando las instituciones. Si hay una frase que usted ha repetido de Joaquín Ruiz-Giménez, el primer Defensor, es: Que no me dejen acorchar mi corazón entre
papeles. Registre usted la suya: Que no le dejen amordazar su libertad y que no agoten su crédito personal ni el crédito de la defensoría para que no impidan que usted comparezca en esta Comisión y hable sobre los temas que afectan, que interesan
a los ciudadanos; porque nosotros, como responsables y representantes de los ciudadanos, hemos pedido que usted comparezca para hablar de ello. No le quiero molestar diciéndole eso de que si usted no quiere que comparezcan las adjuntas, etcétera,
porque es usted quien tiene que comparecer y es usted quien no puede dejarse manipular ni tapar.


Usted ha decidido motu proprio comparecer en este asunto, y sería conveniente que también solicitase la comparecencia en esta Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para que avancemos en asuntos que son de actualidad. Ya le
he dicho en alguna ocasión que usted no puede ser un cronista que cuente lo que ha ocurrido en el pasado. Usted y la institución que representa deben poner voz a los ciudadanos que lo reclaman, tienen que resolver y defender los problemas de los
ciudadanos que al Defensor y a la Defensoría. Desde que usted fue elegido no ha comparecido nunca para hablar de algo que no fuese pasado. No ha comparecido para poder explicar qué recomendación o sugerencia han realizado en asuntos tan
importantes como la carestía de la vida, que está afectando a muchas familias con una cesta de la compra imposible. Nos preguntamos por qué de verdad no comparece. No puede tener usted animadversión a venir aquí. Nosotros tampoco tenemos
animadversión hacia usted, todo lo contrario, le tendemos la mano para que tenga la posibilidad de zafarse de esa mordaza que antes le comentaba que está impidiendo que venga, porque de verdad están haciendo algo que no puede hacerse con esta
Comisión que sale de la libertad y de la propia Constitución española.


Nosotros tenemos mecanismos para poder cambiar las leyes, pero necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo, cómo están llegando a la Defensoría las necesidades, cómo está afectando a los ciudadanos el acoso que se está produciendo en
Cataluña y en la Comunidad Valenciana, también algunos en Baleares, en relación con lo que las familias están sufriendo por el mero hecho de pedir que sus hijos puedan tener una educación en castellano en un porcentaje mayor al que actualmente se
está impartiendo. Tiene usted que actuar, porque el Síndic de Greuges de Catalunya dice: Actúa en la vulneración del uso de los derechos de los catalanohablantes, en cinco ocasiones actúa de oficio. ¿Sabe en cuántas ocasiones ha actuado de oficio
el Síndic de Greuges de Catalunya en la vulneración de los derechos de los catalanohablantes? Cero. ¿Y en la vulneración de los derechos de hablantes del aranés? Cero. Por eso tiene usted que actuar ahí y también en las quejas que se hayan
recibido en la Defensoría y en la oficina del Defensor del Pueblo central. Debe explicar las actuaciones que realiza usted para intentar paliar el problema que sufren estas familias, y tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, qué novedades han experimentado los centros educativos para cumplir dichas sentencias. ¿Qué sabe usted de ello? ¿Cómo ha actuado usted? ¿Ha puesto en marcha alguna iniciativa? También queremos conocer las quejas que ha recibido la
Defensoría, así como las investigaciones, las actuaciones que se han realizado por verse vulnerados los derechos de los menores en España.


Sabe perfectamente, señor Gabilondo, que cada día más personas entran en situación de pobreza debido a que los precios, tanto de la energía como de los alimentos, siguen subiendo. Además, esto lleva un problema añadido, y es que las
familias viven casi con los mismos ingresos que lo que tienen que pagar, mucho más y tienen el mismo ingreso. Al final, debido a una gestión que no está siendo la óptima, eso hace que los ciudadanos necesiten del Defensor del Pueblo para que sea el
oído que les escuche, para que el Defensor del Pueblo sea la boca que los defiendan. Nos va a tener con usted ahí si actúa de esa manera, si actúa con limpieza, con claridad, con transparencia, con valentía. Si usted se zafa de esa obligación, al
final nosotros seguiremos criticando la actuación de la Defensoría.


Hay grandes desprotegidos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez; hemos preguntado sobre las visitas a las residencias de mayores para que nos explique en qué situación se encuentran; queremos ver qué recomendaciones ha realizado usted,
qué mejoras se han producido en las mismas. En cuanto a los cierres diarios de centenares de pequeñas y medianas empresas ¿está actuando el Defensor? ¿Está recibiendo información y peticiones? Tiene que darnos esa información, señor Defensor. No
vale el informe

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anual, no vale hablar de pasada de lo que ha ocurrido anteriormente, porque no podemos tomar iniciativas, porque no podemos actuar ni colaborar para mejorar lo que usted esté haciendo. La Ley del solo sí es sí que antes le comentaba es una
auténtica barbaridad. Tenemos que actuar. Tenemos que conocer las quejas del Defensor sobre distintas cuestiones. El Defensor tiene que ser un control del exceso de las autoridades, como usted ha dicho, y para conocerlo tiene que comparecer.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A continuación, en nombre y representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado Sánchez.


El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Buenas tardes, señor presidente.


Defensor del Pueblo, señorías, en primer lugar, quiero agradecer al Defensor del Pueblo su petición de comparecer ante esta Comisión para ilustrarnos y dar cuenta del trabajo que desarrolla su institución en colaboración con sus homólogos en
otras comunidades autónomas. La defensa y protección de los derechos humanos o de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución es una tarea clave en un Estado de derecho como el nuestro. Fue en 1978 cuando los constituyentes
introdujeron el artículo 54 en el título primero de nuestro texto constitucional con el que se creó, por primera vez en España, la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos
fundamentales, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración. Como saben sus señorías, se trata de una figura de gran utilidad para el ciudadano, pues constituye un importante complemento para el control de las administraciones
públicas de manera informal y flexible frente a la rigidez procedimental del tradicional sistema administrativo y judicial. Por otro lado, debo recordar que una de las principales novedades introducidas por la Constitución, en 1978, es el modelo de
distribución territorial del poder político en España. Esta opción constitucional y su desarrollo posterior han establecido un sistema de amplia descentralización, basado en la efectiva distribución del poder entre distintas instancias
territoriales y en la autonomía de todas ellas. En ese contexto, y tras la publicación, en 1981, de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, se promulgó, en 1985, la ley que regula las relaciones entre este y las figuras similares existentes en
diversas comunidades. Tres han sido los principios que se han venido utilizando en este ámbito: la coordinación, como bien ha dicho usted anteriormente, la colaboración y la cooperación, conceptos que pueden parecer similares semánticamente, pero
que evidentemente tienen algunas diferencias. Así, la cooperación entre instituciones tiene un marcado contenido jurídico que propugna el establecimiento de métodos concretos del ejercicio de competencias, aludiendo a la necesidad de que estas se
desenvuelvan de una manera determinada en su ejecución, pero no las crean ni las hacen desaparecer. La coordinación persigue evitar contradicciones y reducir disfunciones, utilizando para ello instrumentos tales como las conferencias o reuniones de
las instituciones, intercambios de información o convenios interinstitucionales. Por último, el concepto de colaboración aparece unido a un auxilio recíproco y a una mutua lealtad, como comentaba anteriormente, para conseguir precisamente una mayor
fluidez en la información de las quejas, para evitar disfuncionalidades, perfeccionar criterios de coordinación en el tratamiento de estas e intensificar la información periódica sobre sugerencias y recomendaciones.


Señorías, cuando hablamos de violaciones de derechos humanos tendemos a pensar que solo se producen en contextos lejanos afectados por conflictos armados, guerras o dictaduras, y esto no es exactamente así, pues también en nuestra democracia
avanzada se dan en ocasiones amenazas al ejercicio de los derechos fundamentales que requieren, para su garantía y protección, una intervención de nuestras instituciones. En ello también están implicadas las comunidades autónomas en el ejercicio de
sus competencias, particularmente las que tienen conferidas en materia de derechos económicos, sociales y culturales que, a pesar de que no gozan de la misma protección jurídica que sus hermanos civiles y políticos, no dejan por ello de ser
catalogados de derechos humanos. De esta forma, la protección social a la vivienda, a la salud o a la educación depende de todos los poderes públicos y cada vez más de las acciones y las políticas autonómicas, porque tienen conferidas estas
competencias, por lo que tienen la obligación de respetarlos, protegerlos, garantizarlos y promoverlos. Aunque en ocasiones pueda parecer que esta es una tarea difícil de desarrollar por nuestras instituciones de derechos humanos, creo que cuentan
con herramientas suficientes que, bien planteadas y con perseverancia, pueden ser muy efectivas, si bien se requiere que lo hagan con coordinación, cooperación y colaboración, como antes citábamos. La defensa de los derechos de las personas es la
que debe guiar las actuaciones de estas instituciones,

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porque para ello están legitimados al haber sido elegidos sus responsables con este fin por los respectivos parlamentos y asambleas que ostentan la representación de la voluntad popular democráticamente expresada en los distintos procesos
electorales.


Señorías, estarán ustedes de acuerdo conmigo en que hoy hemos podido constatar en esta comparecencia el buen momento que atraviesan las relaciones entre el Defensor del Pueblo y los comisionados parlamentarios de otras comunidades autónomas.
Buena muestra de ello son las reuniones que periódicamente mantienen su titulares para coordinar los criterios con los que afrontar las quejas que plantean los ciudadanos. Como ya tuvo ocasión de señalar el propio Defensor del Pueblo en la reunión
de coordinación con sus homónimos organizada por el Procurador del Común, celebrada el pasado mes de octubre en León, y dedicada al análisis de la situación de la prestación del servicio público de la sanidad en el ámbito rural, en la que dijo
textualmente: Los defensores solo resultaremos realmente eficaces trabajando juntos y desde la confianza mutua; lo que también ha vuelto usted a repetir hoy aquí en su comparecencia.


Como recordarán sus señorías, el pasado mes de diciembre celebramos el 40º aniversario del inicio de las actuaciones de la institución del Defensor del Pueblo y en ese acto se nos recordó que una de las principales garantías de la
convivencia democrática reside en unas instituciones competentes y ejemplares en el respeto a la dignidad de los ciudadanos, por lo que debilitarlas o desconsiderarlas es una afrenta directa a ellas. También se destacó, por la presidenta del
Parlamento, el compromiso y entrega de todas estas instituciones en la defensa de los derechos humanos. En esta Comisión sabemos bien que los asuntos que más preocupan a los ciudadanos en estos momentos y que son objeto de atención de estas
instituciones están relacionados fundamentalmente con la atención sanitaria, la Seguridad Social, la educación, los servicios públicos esenciales o la vivienda. El día 3 de este mes de febrero, efectivamente, en la reunión que celebró el Defensor
del Pueblo con los defensores autonómicos se subrayó concretamente la necesidad de mejorar la atención primaria y todos aquellos servicios para los que se requiere una atención personalizada y presencial. En el transcurso de la reunión, don Ángel
Gabilondo señaló, con acierto, que estas instituciones tienen una tarea en común que es trabajar por la defensa de los derechos ciudadanos y libertades públicas y atender a todo aquel que considere que sus derechos fundamentales, reconocidos en la
Constitución, hayan podido ser vulnerados por la Administración; ese y no otro es nuestro cometido. También añadió, con razón, que somos supervisores de la actividad de la Administración y desde nuestras instituciones debemos empatizar con los
problemas de la ciudadanía para que siempre que percibamos que no son atendidos debidamente por las administraciones podamos intervenir para impulsar determinadas actuaciones. Precisamente en estos días hemos podido constatar cómo el manifiesto
deterioro de la prestación del servicio público sanitario en las comunidades autónomas de Madrid y de Galicia ha sacado a la calle a cientos de miles de personas en reclamación de este derecho. Ante esta evidencia no se pueden negar los hechos o
tergiversarlos maliciosamente ni demonizar a los ciudadanos y a los sanitarios, como están haciendo los gobiernos del Partido Popular en estos territorios. Ante esto, el Gobierno de Pedro Sánchez -digan ustedes lo que digan, esta es una realidad-
convoca más de 67 000 plazas de profesionales sanitarios, aumenta en un 25 % las plazas MIR, en un 40 % la formación especializada, un 36 % en medicina de familia, 52 millones de euros para incrementar las plazas en las facultades de Medicina, más
de 1000 millones de euros para la atención primaria, inversión jamás realizada por ningún Gobierno, en definitiva, reforzando y defendiendo la sanidad pública y universal como garante para cubrir a toda la ciudadanía, que es lo que reclaman los
ciudadanos al Defensor del Pueblo, y no a unos cuantos como hacen todos los gobiernos del Partido Popular.


Señorías, por todo lo anteriormente expuesto, valoramos el buen entendimiento entre el Defensor del Pueblo y sus homólogos de las comunidades autónomas más que nada por la gran ayuda y el gran servicio que dan a los ciudadanos, quienes según
quién gobierne serán más tenidos en cuenta o menos. Es obvio que desde el Gobierno de Pedro Sánchez todas las cuestiones anteriormente expuestas están siendo atendidas y solucionadas o están en proceso de ello. También tengo que decirles a sus
señorías del Grupo VOX que falta de respeto es no respetar la democracia representativa. Aquí todos los grupos -se lo digo más que nada al Defensor del Pueblo- traemos una serie de temas que consideramos que son importantes, luego se debaten, la
Mesa vota y, democráticamente, sale lo que tenga que salir. Nos congratulamos de que el Defensor del Pueblo haya manifestado hoy aquí que próximamente va a traer el informe anual, entiendo que en ese informe anual -y es una pregunta que ya le
traslado-se van a tocar todos estos temas anteriores en los que tanto interés partidista y no de la ciudadanía tienen el Grupo VOX y el Partido Popular.


Muchas gracias. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A continuación, le daremos la palabra de nuevo al Defensor del Pueblo para que pueda contestar a las cuestiones de sus intervenciones que considere oportunas o por si quiere añadir algo más.


Tiene la palabra, señor defensor.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Muchas gracias.


Muchas gracias por sus aportaciones y por sus sugerencias. Queramos o no, todos nos damos un poco la lección. Siempre que hablamos en público uno se queja de la lección que nos dan, pero no se fijan en la lección que nos da el que se queja
de que le están dando una lección. Así que, con humildad, reconozcamos que todos damos la lección más de lo que debiéramos y escuchamos menos de lo que nos convendría escuchar. Recibido el mensaje, de paso también lo comparto con todos ustedes.
Es evidente que por el formato de estos encuentros, en el que aquí en la Mesa hay un señor o una señora y los diputados están delante, el peligro de esto es que se convierta en un pimpampum, que puede ser un partido jugado también noblemente, en el
que cada uno nos intercambiamos las posiciones, esto igual es fecundo, no niego que no, pero yo también he tratado de hacer algo, que es competencia del Defensor del Pueblo, que es recordar los deberes legales. Porque entre las razones de ser del
Defensor del Pueblo, desde luego, está hacer recomendaciones, sugerencias, indicaciones y también recordar los deberes legales. No saben lo pesado que es recordar los deberes legales a los que ya se saben todos los deberes legales, pero considero
que lo tenemos que compartir, porque hay debates muy difíciles sobre cómo encontrar el equilibrio entre los defensores y las defensorías y hay algunas posiciones que tienen mala cabida en la ley y hay otras que se acomodan mejor, yo he querido
manifestar cuál era nuestra posición y nuestra lectura de los textos legales. Los textos legales están ahí siempre, pero si hay tantos diputados y diputadas y tantas reuniones es porque eso exige también la acción de la interpretación de la lectura
y la toma de posición también influye en la lectura que hacemos, según desde qué lugar la leemos. Por tanto, no lo tomen como una desconsideración. No les estoy diciendo que ustedes no saben lo que es un Defensor del Pueblo, claro que lo saben, ni
qué dice la ley, claro que lo saben, lo que les estoy tratando de decir es que nosotros, que debemos de ser más torpes, necesitamos un tiempo para pensar seriamente cómo dar encaje constitucional adecuado a esas relaciones, que, siendo humanamente
extraordinarias, queremos que sean institucionalmente impecables. Por eso disculpen el tono que en algún momento he utilizado para recordarles algo que ya saben.


En cuanto a lo de rendir cuentas de mi actuación, también les quiero decir que yo compareceré siempre que haga falta para rendir cuentas de mi actuación, pero el lugar y la forma no me corresponde definirlo ni decidirlo a mí. Hay un
procedimiento que ha sido establecido. Ese procedimiento tiene una naturaleza que lleva a que las mesas, las comisiones y las comparecencias de las comisiones se fijen en la Mesa y Junta de Portavoces. Allí se establecen los órdenes del día por
las mayorías que conforman la Cámara. Aquí se atribuye todo a la voluntad o a la mala voluntad, creo que a veces los asuntos son muy complicados y más complicado que eso es, en mi lectura, la complejidad de cuál es el sentido de las comparecencias
del Defensor del Pueblo en estas comisiones. No creo que esto signifique que haya una especie de semitercera Cámara o una Cámara de enlace entre las dos Cámaras, donde se hace el control al Gobierno, y aquí se hiciera como una especie de
altercontrol al Gobierno. No, ustedes tienen sus sitios para hacerlo, porque en el Parlamento, tanto en el Congreso como en el Senado, pueden hacer el control al Gobierno, salvo que alguno piense que al controlarme a mí están controlando al
Gobierno, como si alguno pensase que yo soy el Gobierno y que tengo que dar explicaciones de cosas que ha hecho el Gobierno. Sinceramente, no les tengo que dar explicaciones de lo que ha hecho el Gobierno. Tengo que dar explicaciones de lo que
hacemos nosotros en relación con los derechos fundamentales y con los derechos humanos. Ahora, si a mí me comentan que hay cosas que hace el Gobierno que no les gustan y les tengo que explicar por qué las ha hecho, tengo dificultades o, al menos,
creo que no es mi obligación. Esto no quita razón a lo que ustedes han dicho. Les reconozco que veo que cada uno también tiene la razón, pero ya les he dicho alguna vez que soy nada menos que el Defensor del Pueblo, pero nada más. Si ahora tengo
que dar razón de la política nacional y de todos los asuntos que suceden en España y tengo que dar explicación de todo lo que sucede, de por qué ha sucedido y de por qué no ha sido de otra manera, efectivamente, les alabo que tengan -y se lo
agradezco- una idea tan excelsa de mí, pero yo no estoy a esa altura, porque el Defensor del Pueblo no está para eso. Ahora sí estoy para algo más, además me gusta que ustedes sean exigentes y se lo agradezco mucho. Voy a ver si puedo responder a
esa exigencia y estar a la altura de esa exigencia.


Don José María Reniu, estoy totalmente de acuerdo en lo que tiene que ver con que hay que mejorar cuestiones específicas. Hay que mejorar la información, hay que mejorar la comunicación y hay que

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responder a asuntos que a veces competen a comunidades de ciudadanos que no son muy grandes. Comparto todo eso de la primera parte de su intervención y estamos en eso. Otra cosa es hasta dónde podamos llegar, pero no le puedo restar la
razón. Ahora, si me pregunta sobre qué ocurre con el MNP, lo único que le puedo decir es que la ley establece que el único MNP, mecanismo nacional de prevención, que hay en España es el del Defensor del Pueblo, eso es así, y el Tribunal
Constitucional lo ha dicho específicamente. Ya que habla usted también del mecanismo de prevención, reconozco el mecanismo que existe en Cataluña y no le resto importancia. Siempre que hacemos algo -y alguna vez hemos realizado alguna visita-,
desde luego, lo hacemos conjuntamente, informando a la Síndica de Greuges, entrando en contacto con quienes trabajan allí para poder ir coordinadamente, por si quieren acompañarnos e ir juntos, no tenemos ningún inconveniente, porque a lo que vamos
es a velar por los derechos en las cárceles.


La señora Carvalho comentaba un caso del que la verdad es que nosotros no tenemos conocimiento del mismo. Lo más reciente que nos ha llegado tiene relación con una mujer y estamos trabajando con la Síndica de Greuges de Barcelona. Forma
parte de la labor permanente de esta institución supervisar los procesos de expulsión y las privaciones de libertad en los CIE para que se lleven a cabo con todas las garantías. Sí que vamos a visitar algunos CIE. Hay un debate sobre si debe
hacerse y cuánto debe durar la visita de los CIE, pero nos importan sobremanera. También tenemos noticias de que se han mejorado mucho, a pesar de todas las dificultades que puedan plantearse, y, si es así, también queremos confirmar que han
mejorado mucho. Estaremos atentos a que nos pueda llegar esa noticia.


Con respecto a los otros defensores municipales, sobre los que también me preguntaba don Julio Utrilla, no hay solapamientos, porque nosotros con quiénes nos coordinamos son con los autonómicos. Con el nivel municipal únicamente hay una
buena relación institucional y cordial, pero nosotros entendemos que tienen una naturaleza diferente. Por supuesto que se puede colaborar con ellos en todo lo posible para dar un servicio a los ciudadanos, pero ese fenómeno de la creación de los
defensores municipales es bastante minoritario. No les resto importancia por eso, es que en España hay más de 8000 municipios, y si ustedes consideran que yo me debo relacionar con los 8000 defensores municipales de cada uno de los municipios,
también me va a resultar más difícil. No lo digo cínicamente, lo que digo es que toda la articulación social que esté en la lucha por los derechos va a encontrar nuestro apoyo, porque nos importan y nos interesan todos los que estén luchando,
independientemente de la forma que le den, comprenda que incluso en Cataluña hay 48, que son muchos o no, y sí que trabajaremos con ellos, pero comprenda que son instituciones con una naturaleza diferente a la del Defensor. Cuando he citado ese
texto que, por supuesto, todos conocen en el que cuando se habla de la coordinación se dice en la ley -en la ley-, que seguro que todos conocen también, que lo que tienen que hacer los defensores autonómicos es coordinarse con el Defensor del
Pueblo. Eso es lo que dice la ley. La ley no dice: coordinémonos todos. La ley no dice: hagamos una especie de gran asamblea de defensores donde haya una gran coordinación. No, dice los defensores, distintos del Defensor del Pueblo, tienen que
coordinar sus actuaciones con el Defensor del Pueblo. Eso es lo que dice la ley. Estamos hablando de leyes orgánicas y, por tanto, compréndase que yo -cuando digo yo me refiero a la institución- no estamos a la espera de que vengan todos a
coordinarse con nosotros. De hecho, salimos todos al encuentro para tener una coordinación. Es muy importante no poner una jerarquía vertical, pero sí establecer una jerarquía funcional, de funcionamiento. Por tanto, yo no entiendo a los
defensores como una pirámide en cuya cúspide se encuentra no sé quién, no, pero tampoco entiendo esto como una asamblea donde estamos todos los defensores viendo a ver cómo nos vamos coordinando. Por eso comprendan que encontraremos cauces para dar
con quienes efectivamente luchan por los derechos, porque son nuestros aliados y somos sus aliados, nos importan y nos interesan, y todo ciudadano y ciudadana que esté en esa lucha, nosotros nos pondremos a su lado para defender esos derechos. No
les pedimos pedigrí institucional para hacerlo, pero comprendan que tenemos que trabajar con los márgenes que nos marca la propia ley.


La ley que regula el Defensor del Pueblo establece la forma de comparecencia de esta institución a través del informe anual. Informar del futuro es verdaderamente inquietante. Se suele informar del pasado y el pasado es pasado, no porque
pasó, el pasado es pasado porque nos pasa. Alguno puede considerar que cuando estamos hablando del pasado estamos hablando de algo que ocurrió allá en los tiempos, pero estamos hablando de algo que nos está pasando. Todo lo que yo he dicho hoy nos
está pasando ahora. Con esto no quiero decir, porque nadie lo ha afirmado -y el señor Landaluce no ha dicho que hagamos un informe del futuro (El señor Landaluce Calleja: No)-, pero sí ha indicado que le demos un poco de actualidad. A mí me
inquieta lo de la actualidad, y perdonen el tono reflexivo, que no quiere ser profesoral, pero el presente a veces está abordado por la actualidad. Nosotros no somos periodistas. Eso de que el

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presente esté abordado por la actualidad quiere decir que la permanente entrega a la actualidad a veces nos impide ver exactamente el presente en el que estamos. Nosotros tenemos voluntad de comprender, tenemos que comprender, no tenemos
simplemente que ir a resolver, claro que sí que hay que resolver problemas concretos. Muchísimas de las miles actuaciones que tenemos son para resolver asuntos muy concretos, como cubos de basura en las aceras o de ruidos en las calles, etcétera.
Nosotros no nos dedicamos a asuntos teológicos. Otra cosa es que cuando yo vengo a hablar con ustedes, como es razonable, más bien les doy marcos, les hablo un poco de asuntos comprensivos, pero cuando traigamos el informe tendrán todo esto muy
detallado. También creo que si el informe -yo pensaba, pero eso lo deciden ustedes- se va a entregar a primeros de marzo, no sé si hay que comparecer, ustedes nos lo dicen y aquí vendremos a comparecer, pero a mí me parece que esa es una buena
comparecencia para poder hablar con tiempo y sobre muchos asuntos. También les rogaría -y sé que lo van a hacer- que si en ese momento tenemos que hablar de asuntos, los asuntos sean asuntos, no un listado de cosas. A ver, señor defensor, hable
usted de: y entonces me dan un listado y yo, como comprenderán, tengo dificultades para poder abordar con seriedad los asuntos que ustedes mismos presentan, porque son importantes, incluso hasta hay que elegir qué asuntos son importantes. Nosotros
también vamos a hacer eso en el informe anual. También vamos a señalar una serie de asuntos que nos parecen especialmente relevantes para favorecer la conversación. Por cierto, ya digo que Esther Giménez-Salinas está reforzando la colaboración con
las sindicaturas municipales -también lo sé- y nosotros también tenemos una interlocución con ella, pero, repito, nos importa la interlocución con todos y cada uno con los que tengamos que hablar.


En relación con los menores tutelados, sobre los que me preguntaba don Pablo Juan Calvo, por ejemplo, sabe que hay abiertas investigaciones en Baleares, sabe que hay abiertas investigaciones en Valencia, en las que está actuando la Síndic de
Greuges, y también estamos actuando en la Comunidad de Madrid, que ya nos han enviado sus primeros informes, y además sabe que nosotros estamos muy interesados en los menores protegidos y en los menores tutelados. Precisamente, porque estamos muy
interesados, estamos tratando de hacer algo que tenga un alcance y un compromiso de país, no un alcance de unos para utilizar eso como arma arrojadiza contra otros, no para descalificar o para calificar, sino para ver cómo podemos abordar esto,
porque entiendo que es un problema serio que nosotros debemos abordar conjuntamente. Es verdad que, además de los trabajos que tenemos encargados, también tenemos una encomienda que nos ha hecho las Cortes Generales, ¿no creen que eso nos lleva
también un tiempo si se quiere hacer con rigor y con seriedad sin querer convertirlo en una acumulación de información sin más?


Me pregunta por la encomienda de la Iglesia, efectivamente, ahora va a ser difícil que haga aquí una recolección sobre la misma en cuatro frases, le puedo decir que nosotros estamos trabajando. Desde luego, nuestra intención es elaborar un
informe dentro de esta legislatura, es obvio. Tenemos todo el tiempo que haga falta, aunque probablemente haga falta más tiempo. Sin embargo, queremos lograrlo antes de que se acabe esta legislatura, porque nuestra intención sería que quienes nos
han hecho la encomienda tengan un informe para poder ir avanzando en las decisiones. Lo único que les puedo decir es que nosotros sí que estamos pidiendo y buscando la colaboración de todas las instituciones que deseen hacerlo. Nos preguntaban por
la investigación que está haciendo el señor Cremades. Cada uno tiene que tener respeto a las víctimas, porque las víctimas eligen el lugar al que desean ir. Ellas lo eligen, por lo que ahora no se trata simplemente de por qué han elegido ir a un
sitio y no a otro y hacer una especie de amalgama de asuntos. Nuestra idea no es combatir lo que hacen los demás, sino trabajar en la atención a las víctimas, pensando en ellas, escuchándolas profundamente, escuchando a todas las instituciones,
también a la Iglesia católica, por supuesto en aquello que, por la vía de la colaboración, quieran incidir en que esto no vuelva a suceder y en buscar elementos reparadores o restaurativos para aquellos que han sido víctimas. Repito, no quiero
hacer un mal resumen aquí de un asunto que tiene tanta importancia, pero como se me ha preguntado tampoco quiero eludirlo, porque reconozco la importancia del mismo.


También me han preguntado sobre el informe Pegasus, obviamente lo que les puedo decir es que, a mi juicio, eso corresponde a un asunto que es competencia del Defensor del Pueblo. Porque nosotros lo que hicimos fue simplemente lo que nos
correspondía hacer en relación con el cumplimiento del artículo de la Constitución que hace referencia a que si en algún caso se interfieren comunicaciones telegráficas, telefónicas o postales, tiene que hacerse con la autorización del juez.
Nosotros nos preocupamos de ver y garantizar que lo que se había hecho se había realizado con la autorización del juez. Un juez que a su vez había recibido, por escrito, formalmente, la solicitud para hacerlo. Un juez que había atendido e
investigado hasta qué punto se cumplían las condiciones para poder llevar adelante la interceptación de las comunicaciones y un juez que

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dictaba una resolución en la cual dejaba constancia de cuál era la razón. Lo que hacíamos conforme a nuestro juicio era interpretar el cumplimiento de la Constitución en ese punto. Hacíamos dos recomendaciones. Una, que se constituyera y
se formara la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados, que no estaba constituida, y se constituyó, en la que se pudo comparecer, y, dos, entendíamos que en la sociedad, en el mundo, se había producido tal modificación en todos
los sistemas de comunicación, de control, de revisión, de acceso a la intimidad y de invasión de la intimidad, en su caso, que proponíamos que se pensara en la necesidad sobre si era o no conveniente hacer alguna modificación legal, porque la
expresión intervención de las comunicaciones postales y telegráficas no respondía al mundo en el que vivimos. Por eso nosotros dijimos estas cosas y señalamos que lo que se había hecho había sido conforme a la Constitución y a las leyes en vigor.
Ustedes son los que legislan. Esto fue lo que dijimos nosotros, porque solo nos centramos en el asunto que tenía que ver con el aspecto de la investigación. No hemos entrado a hablar, yo no he nombrado la palabra Pegasus, y lo que estoy diciendo
es simplemente el resumen de lo que ustedes ya tienen, como lo conocen, en la resolución que está al alcance de todos los ciudadanos. No hago sino un resumen quizá peor que lo que allí mismo se señala, pero no añado ninguna información nueva.


¿Por qué no aparece hoy? El día 26 de abril recibí un escrito del Síndico de Greuges de entonces que lo que decía era que sería interesante que considerara la posibilidad de tener alguna iniciativa. Ese mismo día nosotros habíamos
presentado -fue una cuestión de horas-la iniciativa de actuar de oficio sobre ese asunto. ¿Por qué digo esto? Porque este es el asunto en el que confluyen lo que llamamos la coordinación y la colaboración entre las instituciones. Nosotros hicimos
esto con una resolución que se produjo en el mes de mayo. Sé que esto puede no satisfacer algunas cuestiones, pero sí les puedo decir que es rigurosamente la verdad. Nuestra preocupación es si tenemos que actuar en relación con un asunto que tiene
que ver con los derechos fundamentales que están en la Constitución y el artículo correspondiente.


No sé si me extiendo demasiado. Yo creo que el crédito personal y de la Defensoría, señor Landaluce, no está en juego. No creo que sea eso lo que está aquí en juego, sino otras cosas. Yo tengo un respeto tan grande al Defensor del Pueblo,
no digo a mí sino a la institución y a la persona que la ocupa, que me parece que es más la coherencia, la continuidad en el trabajo, la seriedad, el rigor y no tanto el si se ha comparecido o si se ha dejado comparecer, cuando lo único que hago es
atender a lo que se me indica desde el órgano y el procedimiento establecido. ¿Qué tiene que ser de otra manera? Pues que sea cuando tenga que ser de otra manera. Lo que les puedo decir es que cuando soy llamado vengo, y no tengo mucha seguridad
de que los anteriores defensores hayan venido muchas más veces que yo; seguro que hay alguno que tiene todos los cuadros hechos, siempre en un grupo hay personas que tienen todas las páginas Excel. Yo no tengo esa seguridad, lo cual no quiere
decir que no venga más veces. Les he dicho dos lugares y momentos decisivos en los que espero que nos podamos encontrar.


¿Qué hacemos cuando hay duplicidad, esos solapamientos? ¿Cómo nos arreglamos? Cuando tenemos algún mínimo conocimiento de algo nos llamamos. Es que nosotros llamamos mucho. Hablamos por teléfono y decimos: Oye, ocurre esta cosa, ¿que se
puede hacer? ¿Lo estás mirando tú? Dime qué alcance tiene. Nos ocupamos nosotros. Pero lo que no hacemos nunca es estar investigando los dos el mismo caso. Además, de hecho, estamos tratando de buscar una fórmula, que no es fácil, para conocer
en cualquier momento si en alguna otra comunidad se está investigando eso. Ahí hay un problema de control de datos o de reserva respecto a la intimidad de los datos de quiénes están trabajando, pero trabajamos sin duplicidades. De hecho, no ha
habido, como ustedes habrán visto, ninguna resolución que se haya dado por el Defensor del Pueblo y por otros defensores locales.


Ya he dicho también que por decisión unánime de todos vamos a trabajar en Barcelona sobre el tema de los menores protegidos, que tenemos mucha preocupación por el tema del amparo, el desamparo, por la violencia de los menores tutelados,
etcétera. Es muy llamativo que a veces sean arrancados de sus familias para ir a un centro donde supuestamente van a estar más protegidos, y luego resulta que en los centros donde deben estar protegidos ocurren hechos que convierten en inexplicable
que hayan sido arrancados de hogares donde parecía que había determinadas dificultades. Hay mucho debate sobre el amparo, sobre si realmente debe haber alguna intervención judicial para que el amparo se produzca más explícitamente y no solo con
intervenciones administrativas. Bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto.


Quería también agradecer -perdonen si no puedo contestar a todo-a Mariano Sánchez, del Grupo Socialista, que reivindique la confianza mutua. Yo la tengo en ustedes. Les digo una cosa, su crédito no está en juego cuando vengo aquí, ni
tampoco el crédito de esta Comisión, ni el crédito institucional del Parlamento. Incluso unos días saldrá mejor y otros peor, pero para mí su crédito está por encima todo esto. Agradezco que se reivindique esta confianza mutua y agradezco también
que se haya mostrado esa confianza en el trabajo

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que se está haciendo. Luego también todo esto, como es lógico, está lleno de tomas de posición políticas; lo comprendo, sé en qué fechas estamos y sé dónde estamos. Pero también les digo que, al margen de eso, les agradezco enormemente
sus aportaciones, sus sugerencias y aquello que se me manda como asuntos que tenemos que pensar más seria y más profundamente. Lo haremos. Este es mi compromiso.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Defensor.


A continuación, vamos a abrir un turno muy breve, tal y como establecimos, de dos o tres minutos máximo por grupo, con lo cual entiendo que no habrá división de la palabra en los grupos.


Empezamos por el Grupo Republicano. Tiene la palabra su portavoz, el señor Reniu.


El señor RENIU I VILAMALA: Moltes gràcies, presidente.


Muchas gracias, Defensor, por sus comentarios. Simplemente quiero aprovechar este breve turno para hacer dos acotaciones, o una acotación y una derivada. La acotación sería la siguiente. Cuando mi compañera, la diputada María Dantas,
estaba hablando de los síndics locals, los defensores municipales, no se refería tanto a la cuestión cuantitativa, obviamente, sino a que es más esa capacidad de poder interactuar en alguna labor de colaboración que a ellos, a fin de cuentas,
también les reporte un mejor posicionamiento. Obviamente, las relaciones que tienen los cuarenta y ocho síndics del Forum en Cataluña con la Sindicatura de Greuges es importante y por ahí se está haciendo una labor importante; pero también en aras
de ese contexto jurídico legal del que usted nos hablaba, está el paraguas de la Defensoría del Pueblo en relación al Fórum de síndics locals. Yo creo que por ahí iba la cuestión. No es tanto si en ocho mil municipios había cincuenta o doscientos,
porque eso da igual; que en 848 municipios en Cataluña haya 48 yo creo que es una gran noticia, y debería haber más porque, a fin de cuentas, en economías de escala ayuda a una mejor defensa de los derechos fundamentales, de los derechos humanos
que nos interesan en diferentes ámbitos político-territoriales. Por ahí iba la anotación o la acotación que queríamos hacerle.


Una última derivada, y con eso creo que no me paso de los tres minutos que me daba el presidente. Hay algunas temáticas, como la que le mencionaba, de Pegasus que también se ha citado por algún otro grupo, que merecen un debate y un
diálogo. Personalmente yo, mi compañera también y el grupo entero, comprendemos perfectamente cuál es su posición: Oigan, el procedimiento legal es este, yo lo que he hecho ha sido validarlo, etcétera, etcétera. Pero, más allá de esa fachada de
legalidad existe una amenaza, la más seria al funcionamiento de la democracia en este Estado. Por más que usted pueda afirmar en su informe o repetir ahora, aunque sea de manera muy sucinta, que se han seguido las autorizaciones, yo no acierto a
entender cómo la esposa de una persona que es un activista, merece ser espiada. Obviamente este no es el momento de discutirlo. De ahí el interés que tenemos por mantener ese diálogo y por profundizar en la salvaguarda de los derechos
fundamentales de todos, no solo de unos, sino de todos, pensemos lo que pensemos.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Reniu.


Señora Dantas, puede intervenir muy brevemente.


La señora CARVALHO DANTAS: Nos quedan veinte segundos. Es que he estado cronometrando.


Básicamente el último informe del Síndic de Greuges de Cataluña, el del año 2021 dice que hubo 185 quejas al Defensor del Pueblo estatal, y tengo delante el informe. Me gustaría saber, porque también he hecho un trabajo de vaciado, su
opinión sobre el no resultado de esas 185 quejas. Obviamente usted y su equipo trabajaron en esas 185 quejas, pero muchas de ellas no fueron atendidas positivamente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Utrilla.


El señor UTRILLA CANO: Muchas gracias, presidente.


Señor Defensor, intentaré ser telegráfico porque ha comentado muchas cosas y son muchos los temas. Primero, sobre el tema de las menores tuteladas, usted nos dice que ha pedido informes a las comunidades para que les lleguen. Le voy a ser
muy claro. El tema es gravísimo, y lo ha expuesto mi compañero perfectamente. Las administraciones han fallado a estas niñas que han sido violadas y prostituidas. Es algo que debería hacernos avergonzar a todos. Le voy a decir solo una cosa. El
Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana llegó a la conclusión de que se había obstaculizado la investigación sobre estas menores tuteladas por la consejería de Mónica Oltra. ¿Usted cree de verdad que la Generalidad Valenciana

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le va a dar usted un informe objetivo de lo ocurrido allí? Ya se lo adelanto yo: para nada. Usted debe investigar de oficio y personarse allí, porque los informes que pueda tener de la Generalidad, que ha obstaculizado la investigación...
El Síndic de Greuges -que les recuerdo que fue propuesto por el Partido Socialista, es decir, no es sospechoso, y lo digo porque igual hay quien puede pensar que es sospechoso de ser sectario; no, para nada- dijo que se había obstaculizado la
investigación.


Respecto a lo que nos dice usted de que en su próxima comparecencia no vayamos con un listado, claro Defensor, es que si usted comparece una vez al año tenemos tantos temas de los que hablar que tendremos que ir con un listado y repasar casi
telegráficamente todos. Por eso le estamos pidiendo que venga más por esta Comisión, porque son muchísimos temas interesantísimos los que nos preocupan, porque es verdad que en muchos casos se están pisoteando los derechos fundamentales de los
españoles, especialmente por este Gobierno. Repito que por eso le pedimos que venga con más asiduidad. Como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, no pretendemos hablar del futuro. Pero es que, claro, si cuando viene una vez al año hablamos de
temas que han pasado hace un año, la actualidad ha pisoteado los demás y nos hemos quedado obsoletos en los temas que estemos tratando.


No le confundimos a usted con el Gobierno, por supuesto que no, pero desde luego usted tiene que ser absolutamente objetivo y no dejarse silenciar por nadie. Le recuerdo cosas que ocurrieron en el pasado con su predecesor. Aquí hubo hasta
617 quejas por el confinamiento ilegal al que sometió este Gobierno a los españoles y el Defensor del Pueblo no reaccionó a ninguna de ellas. Solo cuando VOX interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional fueron atendidas esas quejas. Es
más, cuando la Generalidad de Barcelona decidió no vacunar a guardias civiles y policías armados el Defensor del Pueblo no hizo ninguna recomendación ni realizó ninguna actuación ante la Generalidad, porque dijo que ya había en paralelo un tema de
denuncia legal o denuncia a los tribunales ordinarios, lo cual sabemos que ocurre en muchísimas cuestiones sin que eso impida actuar al Defensor del Pueblo.


En definitiva, quédese con una idea, de verdad, y con eso yo me daría por satisfecho. Tantos temas hay y tan importante es que el Defensor venga aquí y que podamos debatirlos que si de verdad usted viene una vez al año al final pasaremos de
puntillas por todos ellos. Es muy difícil profundizar si usted no viene más aquí.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A continuación, por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Landaluce.


El señor LANDALUCE CALLEJA: Muchas gracias, presidente.


Señor Defensor, esa justificación que usted hacía de que estamos en época electoral y que por eso pedimos que venga usted a comparecer no es verdad; bueno, que entendemos que estamos en una época que todos conocemos. Blanco y en botella,
leche. Llevamos año y medio desde que usted es Defensor pidiendo que comparezca para hablar de distintos temas, lo mismo que hemos pedido, y tiene encaje, que se debata sobre una proposición no de ley con el tema de la España vaciada, el mundo
rural y las ciudades, que ha tenido encaje en la reunión que usted ha tenido con los nueve defensores autonómicos.


Tengo que decirle que menos mal que lo ha encajado y lo ha encarrilado, porque no es ningún chiste. Hablar del pasado nos permite analizar y reflexionar, pero hay que hablar del presente, que es el que nos permite precisamente actuar; el
futuro lo podemos prever, incluso también se podría hablar del futuro sin ridiculizar con eso mi intervención. Usted no tiene que dar explicaciones de lo que hace el Gobierno, pero sí tiene que controlar lo que hacen la Administración estatal, la
autonómica y la local. Eso sí lo tiene que hacer usted. Tiene que comparecer, no se puede zafar de sus responsabilidades, porque tiene una responsabilidad moral, independientemente de la legal. Por mucho que el Grupo Socialista y Podemos intenten
bloquear su comparecencia, al final es fundamental que usted venga, que comparezca aquí porque lo piden los grupos y porque su conciencia también lo debería de pedir.


Voy a invertir medio minuto para demostrarle al portavoz del Grupo Socialista que le conozco casi como si... bueno, que soy previsor. Datos importantes sobre la sanidad en Andalucía. Se ha aumentado la dotación presupuestaria y
actualmente está en 13 837 millones, que son 4000 millones más que en 2018; aumento de 30 000 profesionales y consolidación de 7361 profesionales; aumento de la inversión en infraestructuras sanitarias. Existe una falta de profesionales porque se
van jubilando, 417 médicos se jubilaron el año pasado. Eso en Andalucía. Le puedo traer también datos de la Comunidad madrileña. El tiempo medio de espera en atención primaria, en la sanidad pública, la mitad de la media nacional; tiene la mejor
red hospitalaria, con 35 hospitales públicos que son referencia internacional, y la flota del

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Summa 112 líder en trasplantes, pionera en salud mental, establecimientos más avanzados. Podría seguir, pero estamos hablando del Defensor del Pueblo. No le hablo del tren, pero el Defensor del Pueblo se tiene que preocupar del tren. El
tren de Algeciras es una barbaridad. Renfe está haciendo publicidad de conectar Madrid con las capitales europeas, pero no es capaz de conectar Madrid con Algeciras y Algeciras con Madrid de una manera digna. Eso es obligación del Defensor.


Vamos a centrarnos en el tema por el que hoy El Defensor del Pueblo solicita comparecer a petición propia. Al igual que solicitó el Defensor comparecer para hablar de las relaciones con los nueve defensores autonómicos, también podría
comparecer por otros temas que son sensibles y que afectan a los derechos fundamentales, temas de actualidad que alarman a la sociedad y que preocupan a los españoles. Cuando venga el informe de 2022, que se presentará dentro de unas semanas -que
será enorme, como usted bien ha dicho-, los grupos tendremos apenas diez minutos para debatirlo en las Cámaras, en el Congreso y en el Senado, en el plenario. Es imposible debatir en diez minutos sobre un informe tan amplio. Por eso son
fundamentales las comparecencias sobre temas concretos, temas monográficos. No debe tolerarse, de verdad, el bloqueo del Grupo Socialista y del Grupo de Podemos, que van a hacer que la institución del Defensor del Pueblo se quede relegada a un
instrumento manejado por dos grupos políticos.


Quiero realizarle una pregunta concreta. ¿Le preocupa al Defensor la situación que se ha creado en relación con las rebajas de penas y la excarcelación de delincuentes sexuales por la aplicación de la Ley del sí es sí? ¿Ha iniciado ya una
actuación de oficio, una investigación, algún tipo de iniciativa el Defensor del Pueblo español?


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Sánchez.


El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Muchas gracias, presidente.


Es curioso, señor Landaluce, vamos a hablar de presente. Señorías, después de oír su intervención de hoy, el Grupo Popular carece de credibilidad alguna, porque dicen una cosa y hacen otra, tanto que les preocupaba el tema de hoy. Lo que
han hecho ellos ha sido desmantelar las defensorías del pueblo existentes en aquellas comunidades autónomas en las que han llegado al poder, por ejemplo, de la mano de Pedro Sanz en La Rioja, de Ramón Luis Valcárcel en Murcia o Dolores de Cospedal
en Castilla-La Mancha. Es curioso que suprimieran a los defensores del pueblo por ahorro económico y luego se vean los tres inmersos en investigaciones judiciales por prevaricación, malversación de fondos, etcétera, etcétera. En fin, buena manera
de defender el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos evitando la supervisión de esas administraciones por estas dignas instituciones, utilizando como coartada rebajar el gasto público.


Señor Gabilondo los socialistas donde gobernamos escuchamos y atendemos a los profesionales de la sanidad, escuchamos al Defensor del Pueblo y a sus homólogos y firmamos pactos para la mejora del personal de los servicios sanitarios. Valga
como ejemplo Extremadura, mi tierra, subiendo la inversión en sanidad un 10 %, más de 200 millones de euros. Asimismo ya ha comenzado a contratar a 400 sanitarios con el objetivo de crear 16 unidades de refuerzo sanitario para los centros de salud
con mayor presión asistencial, porque lo que realmente se busca no es la mejora en este caso concreto del Servicio Extremeño de Salud, sino atender a nuestros ciudadanos como merecen. Extremadura es una de las comunidades autónomas que tiene mayor
inversión en sanidad; a la cola ya sabemos quiénes están: Madrid y Murcia.


Señorías del Partido Popular, su modus operandi es la negación de la realidad, es la persecución o descrédito del que discrepa; esta es una estrategia que practica habitualmente el Partido Popular desde hace años, no es de ahora. Ahora son
los sanitarios, pero cuando la tragedia del Prestige fueron los gallegos, que veían playas llena de chapapote donde Trillo y Rajoy solo veían esplendor, o el Yak-42 y los familiares de los sesenta y dos militares muertos en aquel avión ruinoso que
regresaban de Kabul -y en la Mesa tenemos al familiar de una de esas personas de las que estoy hablando-, o el 11M, intentando demostrar, falseando la realidad, que fue ETA quien cometió ese salvaje atentado y no una cédula yihadista. Hoy basta
darse una vueltecita por Twitter para comprobar que el método es calcado al que he comentado anteriormente. La gestión de la sanidad, por ejemplo, de la señora Ayuso no falla, solo es un invento de la izquierda. Los culpables siempre son otros,
siempre la misma estrategia.


Señor Gabilondo, de verdad, muchísimas gracias por el informe, y desde el Grupo Socialista y desde el Gobierno vamos a seguir escuchándole y vamos a seguir trabajando por y para la gente. No vamos a

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utilizar esta Comisión para no hablar de los temas concretos que luego, curiosamente, solicitan algunos grupos parlamentarios.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Le daremos la palabra también brevemente al Defensor del Pueblo para que conteste a las distintas réplicas.


Tiene la palabra.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Gracias, presidente, procuraré ser breve.


Tengo una tendencia fatal, y es que tiendo a empatizar con muchas de las cosas que dicen. Por eso no valgo mucho para hacer oposición a un conjunto de diputados. Yo no voy a confrontar con lo que ustedes dicen. Tengo tendencia más bien a
coger lo que dicen y a tratar de comprender qué es lo que de verdad están requiriendo, y se entiende bien porque se explican bien.


Creo que no está mal y puedo entender cómo se concibe el que haya una pluralidad de defensores municipales o de otra entidad. También tenemos alguna experiencia en algunos países donde eso se ha multiplicado enormemente, por ejemplo, en
México - y por lo que yo sea hasta ahora, el asunto resulta poco gobernable- donde no es que haya solo defensores de municipios sino de barrios, y ya no puedo decirles lo que hay. De hecho, la última reunión de la FIO fue en México, y yo tengo
información para saber que era muy complicado. Por eso, permítaseme que trate de articular todas esas defensorías a través de los defensores autonómicos que están vinculados a leyes que nacen de estatutos de las propias comunidades. Pero desde
luego trabajaremos para interactuar y cooperar lo máximo posible.


También quería señalar que hay quejas que vienen de otras comunidades y se traen el Defensor del Pueblo, porque se presentan quejas sobre asuntos cuya competencia está en el Estado -en el Estado está todo- y van más allá del ámbito
autonómico. En ese caso, nosotros primero estudiamos si deben ser aceptadas o no. Estamos trabajando seriamente sobre eso para, cuando algunas no son aceptadas, poder explicar con claridad por qué no lo son y redirigirlas cuando está mal orientada
la solicitud. Muchas veces no han ido directamente a la administración correspondiente a presentar una queja. Nosotros supervisamos una administración, pero si no han presentado la queja en una administración no supervisamos la actividad de todos
los ciudadanos, de los millones de ciudadanos. Digo otro tanto del Gobierno. Nosotros no hacemos supervisión, técnicamente supervisión del Gobierno, sí que podemos, y debemos hacerlo, a través de las leyes que hacen o de los gestos y actos
administrativos si la supervisión llega hasta donde tenga que llegar. Pero la supervisión no es control del Gobierno, eso lo hacen ustedes, nosotros no; el control del Gobierno lo hace el Parlamento y lo hace a través de los mecanismos que tiene
ello. Yo no he hecho ese estudio de cuántas han venido de Cataluña. Se menciona lo que algunos dicen sobre que no ha resultado, ¿pero qué quiere decir que no han resultado? ¿Que cuando hemos hecho la recomendación no se ha resuelto el problema?
Es que nosotros muchas veces no resolvemos el problema, no podemos resolver, lo que podemos hacer es recordar los derechos, hacer sugerencias, indicaciones, propuestas de modificación, recuerdos de deberes legales y, en su caso, si se requiere,
acudir al Constitucional. Nuestra labor es más persuasiva. Alguno se defrauda porque no somos jueces, porque nos vienen con un asunto y no hacemos un juicio, pero deben comprender. Por tanto, habrá que ver qué es lo que ha ocurrido con los casos
sobre los que los ciudadanos dicen que no se han resuelto. Algunos dicen: He ido al Defensor del Pueblo y total no ha servido para nada porque no me lo ha resuelto. Es que nosotros andamos muy mal de milagros, lo cual no quiere decir que no
hagamos todo lo que podemos y sepamos por resolver algo.


Por otro lado, las administraciones fallan en algunas cosas, sí, para qué vamos a negarlo, incluso nosotros también, pero lo que está claro es que nosotros tenemos que supervisar lo que han fallado, como cuando se habla del Síndic de
Valencia, que decía el señor Utrilla: Si va y les pregunta a ellos este no va a ser el mejor camino. Pero es que ahí es donde está el asunto en relación con los defensores autonómicos, porque si el defensor autonómico, por una u otra razón, ha
trabajado sobre el asunto, tiene informes, nosotros también nos interesamos por lo que este dice, contrastamos no simplemente lo que viene de la comunidad, sino también lo que el propio defensor autonómico ha hecho al respecto. De hecho, en la
última reunión que tuvimos yo dije expresamente que de todas las actuaciones de oficio que hemos hecho con todas las comunidades me interesaba el informe de los defensores autonómicos que estaban trabajando sobre el asunto. De hecho, el caso de
Valencia es un caso claro al respecto porque ahí ha habido una toma de posición.


Efectivamente, el informe anual llevaría varias jornadas. Estoy dispuesto a utilizar el tiempo que haga falta, Luego vamos a ver el tiempo que haga falta a quién le viene bien más que a mí. El tiempo que

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haga falta. Yo comprendo que venir a una sesión siempre es un esfuerzo para ustedes, porque tienen, lo sé, muchas ocupaciones, pero en el informe anual pongo ya a disposición de la Mesa, del presidente de la Comisión y de todos ustedes, que
se sea generoso con el tiempo que haga falta, al menos por mi parte; pero comprendo que tienen también otras ocupaciones. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de señalar algunos asuntos prioritarios, y lo mismo pueden hacer ustedes en el momento de la
exposición. A ver si podemos sacar de eso un trabajo bien hecho.


Tiene que comparecer, claro que tengo que comparecer, además, si se fijan, ahora mismo estoy compareciendo. Tengo que comparecer, mi obligación es comparecer, pero es una obligación comparecer cuando soy convocado a hacerlo. Por eso les
puedo decir también que en asuntos que tengan que ver con el control del Gobierno, si la Mesa, el letrado y quienes están aquí dicen que esta Comisión tiene que ser también de control al Gobierno, asumiré lo que se decida, pero tiene que decirlo una
resolución. No entiendo que esta sea una Comisión de control al Gobierno, sino de relaciones entre las Cortes Generales y el Defensor del Pueblo. Por mi parte yo compareceré y he comparecido siempre que he sido convocado.


En cuanto a lo del tren de Algeciras, es un clásico contemporáneo, lo cual no quiere decir que por eso usted no vaya a tener o a dejar de tener razón. Está usted en su derecho de decirlo. Me parece haberlo oído aquí ya más de una vez. Lo
que sí quiero decirle es que tampoco sé qué competencias puedo tener yo con respecto al tren de Algeciras, si probablemente afectase a derechos fundamentales, puede ser que sí, a la libertad de comunicación o de relación, no lo olvido ni lo ignoro,
pero a veces uno no sabe muy bien en qué dirección llevar las solicitudes, y me imagino que cada uno de los presentes tiene algún asunto también determinante por el que hacer valer sus razones.


Respecto a la Ley del solo sí es sí, nosotros no hemos hecho ninguna actuación. Primero, hay una cosa que también es muy importante recordar -y no se molesten, si les recuerdo cosas que ya saben- que es que cuando una ley está en
tramitación el Defensor del Pueblo debe de abstenerse de intervenir sobre ella.


Esto está indicado desde 1983 por don Joaquín Ruiz-Giménez, por un modo de proceder en el que se especifica que si una ley está en tramitación el Defensor del Pueblo no interviene, porque no tiene que hacer incidencia política para lograr
efectos en la elaboración de una ley. Las leyes las elaboran ustedes y una vez aprobada la ley es cuando el Defensor del Pueblo, si estima que alguno de los asuntos que allí se han aprobado interfiere o incumple algún derecho, puede y debe
intervenir. Para eso hay que estudiar la ley. Me parece que en la elaboración de esta ley ha habido algunas complejidades y también hay algunas complejidades para su modificación. Por tanto, vamos a ver cómo acaban las leyes y, como en todos los
casos, nosotros haremos análisis de las leyes, pero no podemos intervenir mientras se estén elaborando. Esa es la dificultad de actuar inmediatamente encima de los asuntos.


Se lo repito, comparecer sí. Quiero decir que me gusta que se señale que hay voluntad de escuchar, ustedes lo demuestran aquí estando hasta esta hora y teniendo después una Mesa y portavoces, y se lo quiero agradecer. Soy muy partidario de
los acuerdos, impenitentemente soy partidario de los consensos, y también soy partidario de escuchar lo que los demás puedan decir. Repito, compareceré siempre que se me convoque. Desde luego, me parece que la presentación del informe anual para
mi gusto no es simplemente un asunto trivial ni es un asunto que haya que tratar de salvarlo de cualquier manera. Hablaré de todos aquellos asuntos que ustedes me pregunten y me cuestionen. Les agradezco mucho sus intervenciones y las propuestas
que han hecho al respecto. Si en algunos asuntos no he coincidido exactamente con lo que ustedes puedan pensar, yo recapacitaré sobre ellos y estoy seguro de que ustedes también lo harán.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE:


Muchas gracias al Defensor del Pueblo y a las dos defensoras adjuntas, a doña Teresa Jiménez-Becerril y a doña Patricia Bárcenas, a todo el equipo de la Defensoría del Pueblo, del Defensor del Pueblo, y a todos los portavoces y diputados que
han asistido a esta Comisión.


Se levanta la sesión y a continuación celebraremos Mesa y portavoces.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Eran las ocho y cinco minutos de la noche.