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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 160, de 29/11/2022
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DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 160
DE SEGURIDAD NACIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CARLOS ARAGONÉS MENDIGUCHÍA
Sesión núm. 17
celebrada el martes,
29 de noviembre de 2022
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Sobre la promoción e implementación de medidas de gestión en lo referente a la seguridad energética de España en la transición ecológica. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 161/004622 y número de expediente del Senado 663/000232) ... (Página2)
- Sobre creación de un mando único para hacer frente a los ataques cíber. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/002852 y número de expediente del Senado
663/000138) ... (Página6)
- Relativa a llevar a cabo todas las acciones diplomáticas que sean necesarias con el fin de promover que el Reino Unido cese la utilización de la base naval de Gibraltar como taller o refugio de submarinos nucleares, atendiendo a la grave
amenaza que esta situación supone para la Seguridad Nacional de España. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/001949 y número de expediente del Senado 663/000083) ...
Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Se ha solicitado, con el acuerdo de los interesados, una modificación del orden de esta mañana según la cual pasaría a debatirse en primer lugar la tercera proposición, presentada por el Grupo Socialista y la primera,
que es una iniciativa de VOX, relativa al alojamiento de submarinos en Gibraltar para su reparación, pasaría a debatirse en último lugar. Entiendo que contamos con su conocimiento y su conformidad. (Asentimiento).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN EN LO REFERENTE A LA SEGURIDAD ENERGÉTICA DE ESPAÑA EN LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 161/004622 y número de expediente del Senado 663/000232).
El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar con las proposiciones no de ley. Para la defensa de la propuesta que figura como punto 3.º en el orden del día, sobre la promoción e implementación de medidas de gestión en lo referente a la seguridad
energética de España en la transición ecológica, tiene la palabra el diputado Cuatrecasas. Ya saben que dispone de un tiempo de siete minutos aproximadamente.
El señor CUATRECASAS ASUA: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Quiero agradecerles que hayan accedido a este cambio.
Los objetivos de descarbonización de los sectores productivos de la Unión Europea están variando de un modo relevante la seguridad energética, llevando a que las áreas de energía, medio ambiente, política exterior y seguridad presenten entre
sí una dependencia indudable que ha llegado para quedarse. El cambio del arquetipo es un hecho. En el conocimiento de todos y todas está el hecho de que la lucha contra el cambio climático ha repercutido en la seguridad energética, y así lo ha
reflejado el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, en una división que realizaba entre los países con acceso a la energía -y, por ello, emisores de gases de efecto invernadero- y
países en situación de pobreza energética.
El camino a la descarbonización se inicia con el Acuerdo de París de Naciones Unidas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la rúbrica de los ODS, que fueron aprobados por los Estados miembros de la ONU en el año 2015 -y más
concretamente el número siete, referido a la energía asequible y no contaminante-, junto con las recomendaciones de la Comisión Europea en 2016 de incluir la bioenergía, a fin de garantizar la seguridad energética, y la aprobación por parte de la
Comisión en el año 2015 de la Estrategia Marco para una Unión de la Energía Resiliente, con una política climática prospectiva, deja clara la idea de unificar los sistemas energéticos para avanzar en la consolidación de esa seguridad unitaria
europea. Para ello, se pretende la moderación de la demanda energética; el refuerzo de los mecanismos de emergencia y solidaridad; la coordinación de las evaluaciones de riesgos y planes de contingencia y la protección de las infraestructuras
energéticas; el desarrollo de un mercado interior efectivo e integrado; el aumento progresivo de la producción de energía en la Unión Europea; un refuerzo del desarrollo de las tecnologías energéticas y la diversificación de las fuentes externas
de abastecimiento y sus infraestructuras, con una mejora en la coordinación de las políticas energéticas nacionales, amparando la idea de una unidad en cuanto a política exterior.
La descarbonización no resulta una tarea exenta de cierto grado de dificultad -en algunos sectores más que en otros-, pero también es evidente que la pertenencia de España a la Unión Europea o a la OTAN faculta cierto grado de amparo en lo
que a la diversificación energética se refiere. Creemos que puede ser un momento importante en cuanto a oportunidades para nuestro país, y más en concreto sabiendo que Estados Unidos se ha convertido, debido a la invasión rusa de Ucrania, en el
principal vector por su capacidad exportadora de gas licuado, que España podría asumir gracias a su infraestructura dotada de plantas regasificadoras y a su óptima situación geográfica estratégica.
El pasado mes de octubre de 2022, el Gobierno y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobaron el Plan + Seguridad Energética, al objeto de proteger a los consumidores y reducir el consumo de gas, con seis
objetivos y setenta y tres medidas que presentó la ministra Teresa Ribera, que se basan en ahorro y eficiencia, transformación del sistema energético, ampliación de la protección
de los ciudadanos, con especial incidencia en los más vulnerables, medidas fiscales, transformación de la industria mediante energías renovables e hidrógeno y solidaridad con el resto de los países de la Unión Europea. Se incluían también
medidas para impulsar los tejados solares, las comunidades energéticas y el autoconsumo, así como la tramitación de los proyectos renovables, mil millones de dotación a un PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, además
del anuncio de un nuevo PERTE de descarbonización de la industria, todo ello en el marco del contexto europeo. La propia ministra aclaró que las medidas que se adopten por los Estados miembros serán de carácter voluntario, pero pasarán a ser
obligatorias en un escenario en que varios de ellos activasen el estado de alarma o si la Comisión Europea considerase que hay un riesgo real de desabastecimiento. También ratificó que, a diferencia de otros países de la Unión, España no depende de
las importaciones de energía rusas, teniendo el suministro garantizado.
Este es el motivo de la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, e instamos al Gobierno a seguir trabajando en la apertura de nuevas vías de transporte de energía entre nuestro país y nuestros países vecinos, en
línea con los objetivos de descarbonización, para mejorar y desarrollar el acceso a nuevas redes energéticas, contribuyendo de este modo a satisfacer la demanda energética de nuestros socios europeos.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A esta proposición se ha presentado, por parte del Grupo Popular, una enmienda. Para defenderla, tiene la palabra el diputado Requena. Adelante, señoría.
El señor REQUENA RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Antes que nada, me gustaría manifestar mi gratitud al portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional, Juan Antonio Callejas, por invitarme a participar en la defensa y en el posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular en esta iniciativa
de seguridad energética que el Grupo Parlamentario Socialista trae aquí para su debate.
En primer lugar, tengo que expresar el firme convencimiento que tiene el Partido Popular en la energía, que consideramos que es un elemento estratégico y de importancia fundamental para la seguridad y estabilidad de España. Todas nuestras
iniciativas en materia energética tienen un triple cometido. Primero, producir y consumir energía sostenible en términos medioambientales y ecológicos; segundo, tener una energía competitiva y sostenible en términos económicos -es decir, que sea
barata- y, tercero, tener un sistema energético que sea seguro en términos de calidad y cantidad de suministro 24/7. Estas tres cuestiones son la base sobre la que sustentar la política energética, por eso el que se debata aquí en esta Comisión de
Seguridad Nacional, fuera de la transición ecológica, nos gusta tanto, porque evidencia el carácter transversal que tiene la energía. Y, como decía, que se haga en esta Comisión no podría ser más oportuno.
Dicho esto, esta Comisión y sus materias son de la suficiente importancia estratégica que tengo que confesar que me ha chocado ver esta proposición del Partido Socialista, porque pensé que aquí se debatía de forma seria y lo que representa
esta moción del Partido Socialista no lo es. Porque uno ve el título y lee: Proposición no de ley para la promoción e implementación de medidas de gestión en lo referente a la Seguridad Energética de España en la Transición Ecológica. Yo confieso
que cuando he leído el título me he dicho: ¡qué interesante!, pero luego ya se pone uno a leer la exposición de motivos y poco tiene que ver con el título. Y cuando llego a la parte dispositiva, ya sí que se me ha ido todo el interés de esta
proposición no de ley, porque quieren que el Congreso inste al Gobierno a seguir trabajando en la apertura de vías de transporte de energía en nuestro país y en nuestros países vecinos para contribuir a satisfacer la demanda energética de nuestros
socios europeos. O sea, que el Partido Socialista pide al Partido Socialista que siga haciendo lo que está haciendo. Ya está, solo eso. ¿Son las únicas peticiones que se tienen que hacer? ¿Eso es todo lo que tiene que decir el Partido
Socialista? (Rumores). Francamente, pensé que esto se lo iban a tomar más en serio.
Piden que se siga trabajando en la apertura de nuevas vías de transporte de energía en nuestro país y en nuestros países vecinos. Yo no sé si decirles que ya no trabajen más en esta vía. Porque, primero, el 11 de junio de 2021, la ministra
de Transición Ecológica dijo que no se hiciera ni una sola vía de transporte de energía y que no se financiaran con fondos europeos ni para transportar biogás ni para transportar hidrógeno, además de los retrasos que hay en las interconexiones por
el Golfo de Vizcaya. Al poco tiempo dice que la red de transporte de energía para abrir y conectarnos con nuestros socios
europeos era el MidCat y que podría estar operativo en ocho meses. Quince días más tarde dice que el MidCat no, que ahora la red de transporte de energía válida es la que se tiene que construir entre Barcelona y Liborno, en Italia, con un
gasoducto como una apuesta muy seria. Y veinte días después dicen que ya esa no vale, que la red de transporte de energía ahora es la de BarcelonaMarsella. Yo digo que no sigan buscando más redes de transporte de energía, que llevan tres en menos
de dos meses. Ya está bien. (Rumores).
Señorías, quizá para ustedes esta sea su forma de hacer política, pero esto no es serio; es más, consideramos que es una tomadura de pelo. Pero con responsabilidad, con sentido de la seguridad nacional, vamos a tomarnos en serio esta PNL y
por eso presentamos algunas enmiendas que de verdad nos doten de seguridad energética y que hagan que este Parlamento tenga la información necesaria sobre las nuevas vías energéticas. Por un lado, una buena vía para la diversificación del
suministro de gas y la contribución a bajar la dependencia de Rusia sería la de hacer algo por reaperturar el gasoducto Magreb-Europa, y ya de paso informar a este Congreso de por qué estamos utilizando ese gasoducto para vender gas a Marruecos.
Segundo, que en lugar de enterarnos por la televisión de los cambios mensuales de criterio sobre las futuras redes de transporte de energía se haga en el Congreso, particularmente con el gasoducto BarMar, para conocer los avances en términos
presupuestarios y en términos técnicos. Tercero, no retrasar más la interconexión eléctrica con Francia por el Golfo de Vizcaya. Y, finalmente, desarrollar el almacenamiento a gran escala, hacer un plan nacional de bombeo hidráulico y demás
sistemas de almacenamiento como un paso necesario para garantizar la seguridad de suministro y de integración de renovables de nuestro sistema eléctrico. Estas son nuestras enmiendas. Si se aceptan, votaremos favorablemente la proposición y
creeremos que el Partido Socialista tiene entonces la voluntad de interesarse por la seguridad energética.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Solicita la palabra para fijar posición el señor Martínez Oblanca por parte de su grupo. Tiene cinco minutos, aproximadamente.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. Utilizaré muchos menos, voy a ser muy breve.
Yo también estoy sorprendido por la presentación de esta iniciativa. Probablemente este no sea el foro más adecuado para discutir esta serie de cuestiones, pero, puesto que el Grupo Parlamentario Socialista nos invita a debatir este asunto
en el seno de la Comisión de Seguridad Nacional, quisiera señalar lo siguiente. Si en la historia reciente de España ha habido un gobierno que haya agudizado la dependencia energética de nuestro país ese es el de Pedro Sánchez y el de su
vicepresidenta la señora Ribera, varias veces citada en la intervención del portavoz socialista. Bajo este Gobierno se cerró la minería del carbón en el año 2018. Eso significa que se prescindió del único combustible fósil autóctono que tenemos en
España y, por lo tanto, ahora tenemos que comprar la electricidad a Marruecos -electricidad sucia- y -¡sorpréndase, señorías!- en plena guerra de Ucrania, en plena invasión de Ucrania por tropas rusas, le hemos importado carbón a Rusia a través de
nuestros puertos. En cuanto a Argelia y la ruptura de relaciones comerciales con aquel país a cuenta del inexplicado giro copernicano de las relaciones con respecto al Sáhara, todavía seguimos sufriéndolo. Otros países europeos ya se han
aprovechado firmando contratos con Argelia de suministro de gas a largo plazo.
Además, quiero señalar que este Gobierno cerró también las centrales térmicas de generación eléctrica, sin alternativa socioeconómica para las comarcas afectadas. Sé de lo que hablo, porque se cerraron dos en Asturias y todavía están en la
zona de las cuencas y en Tineo esperando que el cierre sea compensado de alguna manera para recuperar lo que ese cierre significa en términos de economía y de empleo. Y -alguno de ustedes lo recordará- se tiró a la papelera, recién llegado el
Gobierno de Sánchez a La Moncloa tras la moción de censura, el informe elaborado por expertos propuestos por todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, incluidos los expertos del Partido Socialista; un informe consensuado para
abordar la política energética en los próximos años. Esa es la labor del Gobierno de Pedro Sánchez en materia energética y en relación con la seguridad nacional. Comprenderán que con estos precedentes mi voto va a ser un rotundo no a esta
iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias a su señoría por su exquisito respeto del tiempo.
¿Alguien más desea tomar la palabra sobre este punto?
El señor PRESIDENTE: Entiendo que nadie más quiere hacer uso de la palabra.
Si les parece a ustedes, vamos a pasar al segundo punto, la propuesta presentada por el Grupo Popular. (El señor Gestoso de Miguel pide la palabra).
Dígame, señor Gestoso.
El señor GESTOSO DE MIGUEL: Se lo había dicho a la letrada al principio y pensaba que era automático.
El señor PRESIDENTE: La letrada manda muchísimo, pero todavía no preside. La última palabra se la reserva la Presidencia, en general.
El señor GESTOSO DE MIGUEL: Sí, se ve quién corta el bacalao. De eso no nos cabe duda.
El señor PRESIDENTE: A mí a veces sí, pero no pasa nada. (Risas).
Adelante, señor Gestoso, cinco minutos.
El señor GESTOSO DE MIGUEL: Con la venia.
Esta es una proposición no de ley en la línea de toda la agenda ideológica y toda la religión climática abrazada por este Gobierno desde que comenzaron toda la serie de despropósitos que nos han traído hasta aquí. El problema de la
transición ecológica en la seguridad nacional es que precisamente es esa transición ecológica la que pone en peligro la seguridad nacional. En primer lugar, y sobre todo por lo que nos atañe a este punto, es porque precisamente esa transición
ecológica es la que supone un atentado contra la soberanía energética de España. Precisamente por eso, la derogación de estas leyes climáticas del Gobierno que tan perniciosas están siendo para el desarrollo de nuestra nación va a ser una de las
prioridades que va a tener VOX en los futuros gobiernos en los que participemos.
En esta proposición no de ley concretamente se insta al Gobierno a seguir trabajando en la apertura de nuevas vías de transporte de energía entre nuestro país y nuestros países vecinos, en línea con los objetivos de descarbonización para
mejorar y desarrollar el acceso a nuevas redes energéticas, contribuyendo de este modo a satisfacer la demanda energética de nuestros socios europeos. Así, nuestro país tiene que velar por los intereses de los socios europeos, no por el de nuestra
nación en este caso, mientras que nos autoimponemos una restricción a la hora de explotar nuestros recursos naturales y energéticos, lo que antes decíamos -e insistimos en ello- que es un atentado contra nuestra soberanía nacional, sobre todo en
materia energética.
Además, se habla de la apertura de nuevas vías de transporte cuando, por culpa de la política del Gobierno socialista, España ya no es el país preferente en cuanto a la exportación del gas argelino y todos sus experimentos que hemos visto
con Marruecos, siendo sustituida por Italia, otro de los socios europeos. Ni qué decir de la descarbonización, que se interpreta desde luego como obligatoria en España -por eso queremos derogar todas estas leyes climáticas-, mientras que países
como Alemania juegan con ventaja con respeto a nosotros y se vuelve a recurrir al carbón o, incluso, como en otros países, a la construcción de nuevas centrales nucleares, mientras que aquí las demolemos.
En este estado de cosas, la situación expuesta resulta una contradicción, por lo que sería deseable que el Ejecutivo se centrase por una vez en defender los intereses nacionales de España y no los de terceros países o los de sus socios,
profundamente antiespañoles. Pero eso sería suponer que el Gobierno actúa de forma racional y coherente, no como hemos visto en el caso de Pedro Sánchez, líder de una alianza de socialistas, comunistas y separatistas, que reniegan, como decía, de
esa unidad nacional y se dedican a menoscabar nuestra nación y su papel en toda el área internacional. Además, creemos que se arroga para sí un papel de salvador del medioambiente del mundo mundial que no le corresponde, pues las emisiones de
España son ridículas, incluso antes de que él llegara, con respecto a países como China o India y, desde luego, no justifican para nada la ruina que con la excusa del clima están trayendo a España y a la libertad. En VOX traeremos a España la
soberanía energética y lo haremos muy pronto, porque es cuestión de meses.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
- SOBRE CREACIÓN DE UN MANDO ÚNICO PARA HACER FRENTE A LOS ATAQUES CÍBER. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/002852 y número de expediente del Senado
663/000138).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º del orden del día: Proposición no de ley presentada por el Grupo Popular sobre la creación de un mando único para hacer frente a los ataques cíber. ¿Es correcto cíber? (El señor Gestoso de
Miguel: Sí, de ciberataque).
Para su defensa, tiene la palabra el señor Callejas por un tiempo de siete minutos.
El señor CALLEJAS CANO: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Estamos en medio de la primera guerra mundial cíber. Esto, que recientemente ha declarado el viceprimer ministro de Ucrania, el señor Fedorov, es cierto, aunque hay que apuntar que viene de lejos. Por ejemplo, no hay que olvidar el ataque
cíber mediante el gusano Stuxnet a las plantas de enriquecimiento de uranio en Irán en 2010, hace ya doce años, para ralentizar el proceso y evitar la obtención de armamento nuclear. ¿Quién lo ejecutó? ¿Quién lo planificó? Porque, señorías,
estamos en una nueva guerra en la que todo es diferente, ya que no se conocen los bandos, no existen las fronteras en el ciberespacio, los mecanismos de ataque y defensa evolucionan y se incrementan exponencialmente por momentos y el anonimato y la
dificultad en atribuir de quién es la autoría y a quién beneficia conforman esa zona gris o híbrida que propugna la doctrina redactada por el jefe del Estado Mayor ruso, el general Guerásimov, y que cada vez es más patente. Hoy, la contralmirante
Heidi K. Berg, del mando de Ciberseguridad de los Estados Unidos, ha dicho en Madrid que nos encontramos en guerra permanentemente activa, pues son constantes los ataques de Estados y grupos organizados. Lo más peligroso de todo esto es que la
ciudadanía no percibe aún esta gran amenaza. Ese es el gran problema, y es obligación de esta Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional hacer pedagogía sobre el asunto, y de ahí la presentación de esta proposición no de ley.
¿Cómo está afectando este tema a los españoles? Les voy a poner el ejemplo más reciente. El Consejo General del Poder Judicial detectó en la segunda quincena del pasado mes de octubre de este año un ciberataque a las redes de las
administraciones públicas españolas en el que resultó afectado el Punto Neutro Judicial, que es la red de telecomunicaciones que conecta los órganos judiciales con otras instituciones del Estado y que se gestiona desde el órgano de Gobierno de los
jueces. El Punto Neutro Judicial es un sistema de comunicación que permite centralizar y trasladar peticiones de información entre los órganos judiciales y organismos o instituciones como, entre otras, la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la Dirección General de la Policía, el Servicio Público de Empleo o el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que solo tienen acceso al PNJ desde sus propias redes. Señorías, me hago las siguientes preguntas: ¿es cierto que ha sido
robada toda la información que posee la Agencia Tributaria española? ¿Es cierto que se ha robado información sensible de 50 000 policías españoles? ¿Qué datos se han visto expuestos del SEPE, que ya fue atacado hace unos meses, o del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, donde están nuestros informes médicos? Por todo ello, hemos pedido la comparecencia urgente del director del Departamento de Seguridad Nacional en esta Comisión para que dé explicaciones de qué está pasando en este
país con la ciberseguridad.
Señorías, nos enfrentamos a cuatro grandes problemas: ciberguerra, ciberespionaje, cibercrimen y operaciones de influencia. El modelo de gobernanza en materia de ciberseguridad presente en nuestro país es poco eficiente, carece de recursos
humanos y materiales suficientes, y lo más grave es que no es único y no está centralizado. Los tres ejes que lo componen son el CCN-CERT, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, es decir, del Ministerio de Defensa, que se encarga del
sector público y de las empresas estratégicas. Desgraciadamente, tiene poco personal, pero con una formación muy buena y posee gran colaboración entre empresas privadas. El número de incidentes críticos gestionados por el CCN-CERT ha sido de 118
durante el año 2021, lo que supone prácticamente el doble de los gestionados en 2020, es decir, más de dos ataques críticos a la semana en España. Es fundamental aumentar el presupuesto del CNI urgentemente.
El segundo es el INCIBE, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que se dedica a las pymes y a los ciudadanos; posee menos experiencia en el sector cíber y tiene la dificultad de que muchas empresas tienen
recelos a que técnicos poco experimentados entren en sus ordenadores. Las empresas están implementando cada vez más sus propios departamentos de ciberseguridad.
El tercer eje es el ESP CERT, que pertenece al Mando Conjunto de Ciberespacio del Ministerio de Defensa. ¿Qué problemas tiene? Que posee pocos efectivos en comparación con otros países aliados y la gran rotación de personal para poder
ascender dentro del ejército. Los únicos que permanecen son los reservistas voluntarios. Habría que plantear, como en Alemania, un cuarto ejército, el cíber, o una especialidad, como ha hecho Gran Bretaña, o la creación del cuerpo militar de
ciberseguridad e inteligencia dentro de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
Estos tres ejes están muy bien, pero observamos una gran proliferación de estructuras dentro de la Administración que quieren coger su cuota de poder en este campo, que sin duda es el futuro y posee gran capacidad de influencia. Hay que
poner orden cuanto antes a esta tendencia, pues la amenaza cíber es lo suficientemente grave como para permitirnos disipaciones de fuerzas o creaciones de reinos de taifas. En el Grupo Popular proponemos que se cree un mando único que sirva para
coordinar todas las acciones de prevención, detección, respuesta y persecución de todos los incidentes cíber. Ese mando único debe ser semejante a los mandos conjuntos que poseen las Fuerzas Armadas. Me explico. Existiendo, como debe ser, los
tres ejércitos -Tierra, Armada y Aire-, ante una operación nunca actúan de manera independiente, sino que lo hacen de manera coordinada bajo un mando único de operaciones. Proponemos que el mando único posea efectivos de los tres CERT antes
mencionados, así como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para coordinar de manera unitaria el análisis y la estrategia y se encargue de quién y cómo ha de realizar las respuestas defensivas u ofensivas. Esto sería semejante a lo que
se ha hecho en Gran Bretaña, es decir, que se cree en España una estructura semejante al National Cyber Security Centre, dependiente del GCHQ, para coordinar y liderar todas las responsabilidades del Estado en materia de ciberseguridad, incluyendo
las infraestructuras críticas, apoyándose y potenciando nuestro CCN-CERT, y teniendo en cuenta algo que es fundamental, que es implantar una estrechísima colaboración público-privada para que no se pierda ni un solo gramo de talento y experiencia en
España en materia cíber.
El CCN-CERT es el que ha de aportar la mayor experiencia, pues posee más de dieciséis años en materia cíber, y ha de ser quien lo lidere, pero tiene que ser una estructura independiente de mando único o centro de operaciones cíber la que
coordine a todos los actores cíber de España. Sobre este tema esta misma mañana se está debatiendo en Madrid en las XVI Jornadas STIC CCN-CERT y IV Jornadas de Ciberdefensa ESPDEF-CERT. Curiosamente, el lema de estas jornadas es Un ciberescudo
único para toda España.
Finalizo aportándoles parte de las conclusiones del informe de septiembre de 2022 Ciberamenazas y tendencias, edición 2022, del CCN-CERT, que dice: Se pone en evidencia no solo la necesidad de una mejora constante de las capacidades de
detección y respuesta, sino también de la prevención de las amenazas, los planes de contingencia y la colaboración entre los organismos públicos y privados para la defensa de los sistemas de información. Es importante destacar que un aumento de las
capacidades no tiene efecto por sí mismo sin un centro de operaciones de ciberseguridad con personal experto que interprete y actúe ante las potenciales amenazas.
Como ven, todo va en la misma dirección. Es lo mismo que propone el Grupo Parlamentario Popular. Así se gana en eficacia y eficiencia, así se evitan personalismos y así gana el conjunto del pueblo español.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra el señor Utrilla por cinco minutos.
El señor UTRILLA CANO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, buenos días. Volvemos a tratar el tema de la ciberseguridad en esta Comisión, tema recurrente por su importancia y por la amenaza que supone para la seguridad nacional, ya que la digitalización de la economía, la administración y
todo tipo de actividades es un hecho en todos los países desarrollados. Más aún cuando estamos ya inmersos en la cuarta revolución industrial, marcada por avances tecnológicos emergentes en una serie de campos, que incluyen la robótica, la
inteligencia artificial, el blockchain, la nanotecnología, la computación cuántica, la biotecnología, el Internet de las cosas, la impresión 3D y los vehículos autónomos. En este nuevo escenario, la importancia de la ciberseguridad crece al mismo
ritmo que la conectividad de todos estos nuevos sistemas, y España no puede quedarse atrás en este vital proceso que puede suponer la diferencia entre potencias de primer y de segundo orden en un futuro inmediato. Tal y como indica la iniciativa
del Partido Popular, es necesario
responder a las ciberamenazas con orientaciones a la sociedad y a las organizaciones, así como una reestructuración de la ciberdefensa nacional unificando sus organismos, tal y como han hecho naciones de nuestro entorno. En definitiva, para
alcanzar altos niveles de seguridad hay que pasar por dos puntos esenciales: uno, conseguir la sensibilización y concienciación de la sociedad, y, dos, presentar como nación un sistema efectivo y eficiente de ciberdefensa y ciberseguridad.
La concienciación, el sentido de comunidad y las buenas prácticas son las mejores defensas para prevenir y detectar contratiempos en la utilización de sistemas de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, tal y como se recoge
en las recomendaciones del CCN-CERT. Como siempre, en VOX entendemos que la cultura de la ciberseguridad resulta esencial en una sociedad donde la inmensa mayoría de los ciberataques comienzan por la negligencia o incluso la irresponsabilidad de
una persona. Alarmantes son los datos de INCIBE que anuncia que en la última década la percepción de los individuos de haber sido infectados bajó de un 35 % a un 11 %, mientras que la realidad es que ha pasado del 50 al 66 %. Esto quiere decir que
los malos afinan cada vez más y los buenos nos damos menos cuenta de las cosas. En definitiva, el usuario es el eslabón más importante de la cadena de seguridad; y, recuerden: una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Todos los
españoles deberían conocer el ejemplo estonio de 2007 y cómo el país recibió un ciberataque generalizado a todos los ministerios, organismos públicos y medios de comunicación, junto con las entidades bancarias del país, que provocó el colapso
absoluto de todas las instituciones.
En cuanto a lo segundo, es decir, que España como nación consiga el mejor sistema posible de ciberdefensa y ciberseguridad, me gustaría insistir en que, a pesar de la gran valía que atesoran nuestros profesionales que integran los diferentes
organismos, el Sistema de Seguridad Nacional en materia de ciberseguridad en España resulta francamente mejorable. ¿Por qué digo esto? Por la multitud de organismos existentes, tanto en las administraciones autonómicas y locales como en la propia
Administración General del Estado. La reestructuración y reducción de órganos encargados de la ciberseguridad se torna en un imperativo estratégico para nuestro país. Además, este proceso tiene como meta la observancia de los principios rectores
de la Ley de Seguridad Nacional que son, entre otros, la unidad de acción y la eficiencia.
La presente iniciativa tiene por objeto centralizar en un mando único todas las responsabilidades del Estado en materia de ciberseguridad. Eso sí, nos parece pertinente proponer una enmienda de adición en la que se incluya que el mando
recayese en el Ministerio de Defensa y, por ende, pedir un aumento del presupuesto del Centro Nacional de Inteligencia, que es el que ejercerá este mando. La adición que se introduce en esta enmienda es, básicamente, una concreción del punto
original presentado por el grupo proponente. Así, la dependencia del Ministerio de Defensa de este futuro mando único obedece a razones lógicas: si el Centro Criptológico Nacional -el CCN-, al cual se quiere potenciar, se encuadra dentro del
Centro Nacional de Inteligencia -CNI-, resulta consecuente que el citado mando cayese bajo el paraguas del propio Ministerio de Defensa.
Asimismo, la legislación nacional otorga al CCN un papel central en la ciberseguridad, concretamente en el Real Decreto 429/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Centro Criptológico Nacional. Del mismo modo y dado que la unificación
del mando en materia de ciberdefensa es una necesidad al objeto de evitar duplicidades y disparidad de criterios, esta nueva función que adquirirá el CNI a través del CCN hace imprescindible un aumento de créditos para este organismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Desea tomar la palabra para fijar posición, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Desde su creación en el año 2016, al hilo de la Ley de Seguridad Nacional aprobada en la X Legislatura, en esta Comisión Mixta de Seguridad Nacional se ha hablado mucho de ciberseguridad y se han escuchado testimonios muy relevantes de
expertos en una materia que es de crucial importancia para todo el mundo. De hecho, en febrero de 2019, ya en los estertores de la XII Legislatura, se aprobó in extremis un informe de la ponencia creada en el seno de esta Comisión mixta para el
estudio de diversas cuestiones relativas a la ciberseguridad en España.
Esta mañana el Grupo Popular propone reforzar aspectos en torno a una materia vital, porque estamos viendo día sí y día también que la reiteración de incidencias, injerencias y ataques por vía cibernética pone
continuamente en jaque el funcionamiento de la actividad social, institucional, medioambiental, administrativa, empresarial, comercial, militar, educativa, laboral, informativa y un larguísimo etcétera que incluye infraestructuras críticas y
que con demasiada frecuencia es noticia preocupante por los impactos que provoca en la vida cotidiana de los ciudadanos, tal y como ha recordado en su intervención el señor Callejas Cano.
De la proposición no de ley considero que cobra mucho valor la creación de un mando único de coordinación en materia de ciberseguridad, así como la llamada a potenciar el Centro Criptológico Nacional y el equipo de respuesta a incidentes de
la seguridad de la información gubernamental nacional, que depende, como se ha dicho, del INCIBE. Señorías, los datos oficiales revelan que en España se gestionan anualmente del orden de 200 000 incidentes, cifra que aumenta año tras año. El
último informe anual de 2021 sobre seguridad nacional constata que, en cuanto a ciberincidentes se refiere, su número, peligrosidad e impacto ha seguido creciendo en algunos sectores. De ahí la trascendencia de reforzar los instrumentos del Estado
para enfrentarse a esta creciente plaga que nos amenaza a todos de manera tan alarmante.
Esta iniciativa insiste, acertadamente, en la necesidad de que los españoles nos dotemos de recursos adecuados, a sabiendas de que los ciberatacantes van siempre por delante de las medidas que adoptan los gobiernos y la propia sociedad. De
hecho, es conocido que las principales amenazas están patrocinadas, promovidas y costeadas, precisamente, por otros gobiernos en su avidez por espiar lo que hacen otros ejecutivos o bloquear la actividad de otros países.
Concluyo, señor presidente, señalando que la ciberseguridad nos obliga a adoptar permanentemente una alerta de máxima prioridad, y me parece bien que lo recalque el Grupo Popular en su primer punto, porque este mismo año el Gobierno ha
promovido el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, una buena funcionaria pública que el pasado mes de mayo pagó con su cese las urgencias políticas de Pedro Sánchez para aplacar a sus socios independentistas catalanes. Por
cierto, no hemos vuelto a saber nada del caso Pegasus y sus derivadas para la seguridad nacional.
En todo caso, me parecen pertinentes los tres puntos de la propuesta que ha defendido el señor Callejas y agradecería un esfuerzo para elaborar un texto transaccional que fortalezca el texto original con alguna de las enmiendas propuestas
por el Grupo Parlamentario VOX.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
También ha pedido la palabra el diputado Cortés.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidente.
Sobre esta iniciativa he de decir que ya existe un marco estratégico institucional funcional, que se define en el Real Decreto Ley 12/2018, de seguridad de las redes y sistemas de información, y se desarrolla en el Real Decreto 43/2021.
En la iniciativa se hace referencia en la exposición de motivos a que el modelo de gobernanza en materia cíber es poco eficiente para el aumento exponencial de los ciberataques que sufrimos. Con respecto a esto, tengo que decir que,
compartiendo la necesidad de seguir llevando a cabo un proceso de mejora continua en una política de importancia capital como es la ciberseguridad, España ha pasado del séptimo puesto en 2018 al cuarto en el índice global de ciberseguridad elaborado
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU por sus siglas en inglés. Para elaborar este ranquin, la ITU tiene en cuenta cinco pilares estratégicos que se dividen en 82 preguntas, como son la medición de la madurez de leyes y normativas
sobre ciberdelincuencia, protección de datos y de seguridad; la medición de la aplicación de capacidades técnicas a través de los organismos públicos y sectoriales, como son los CERT activos; las medidas de las estrategias nacionales en el terreno
y el desarrollo de campañas de concienciación, formación y educación, y las medidas de cooperación entre agencias, empresas y países.
Teniendo en cuenta todos estos elementos, no parece ser coherente la posición de liderazgo de España a nivel internacional en materia de ciberseguridad con la percepción que se extrae de esta iniciativa, que es que la estructura
institucional de respuesta a incidentes de ciberseguridad no es eficiente en nuestro país. Por esto, la posición del Grupo Confederal será contraria a esta iniciativa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, por sus palabras.
Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Retuerto.
La señora RETUERTO RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Señorías, debo realizar en nombre de mi grupo algunas consideraciones que son importantes para entender en su justa medida la proposición no de ley que nos trae el Grupo Popular a esta Comisión. Y digo en su justa medida porque hay
cuestiones que a estas alturas consideramos que ya se deberían saber por parte de sus señorías.
En primer lugar, esta PNL fue presentada en el mes de junio de 2021, fecha anterior a importantes actuaciones que ha puesto en marcha el Gobierno de España para implementar la ciberseguridad. En segundo lugar, el 28 de diciembre de 2021 se
aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, derogando la de 2017. Y, en tercer lugar, el Consejo de Ministros en marzo de 2022 aprobó el Plan Nacional de Ciberseguridad, con lo que se cumple el mandato emitido por el Consejo de Seguridad
Nacional y se desarrolla la Estrategia de Ciberseguridad de 2019. Este plan recoge en torno a 150 iniciativas entre actuaciones y proyectos para los próximos años. Entre las principales actuaciones del Plan Nacional de Ciberseguridad, que está
dotado con un presupuesto de mil millones de euros, está la creación de la plataforma nacional de notificación y seguimiento de ciberincidencias y de amenazas, que va a permitir intercambiar información en tiempo real entre organismos públicos y
privados, también, la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y el desarrollo de un sistema integrado de indicadores de ciberseguridad a nivel nacional, con la
creación de infraestructuras en las comunidades y ciudades autónomas y en las entidades locales. Además, se está impulsando la ciberseguridad en las pymes, micropymes y autónomos y se está promoviendo en mayor grado el nivel cultural de
ciberseguridad.
La proposición presentada parece obviar todas estas estrategias de ámbito nacional e internacional, interdepartamentales y coordinadas a través de órganos especializados colegiados al más alto nivel. El desorden de esta PNL les ha llevado,
señorías del Partido Popular, a autoenmendarse y, por fin, han visto que el CCNCERT es un organismo dependiente del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior, pero ni con eso podremos aprobar esta proposición no de ley.
Por otro lado, señorías del Grupo Popular, deberían saber que el CCN-CERT es la Capacidad de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información del Centro Criptológico Nacional, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, y su misión,
por tanto, es contribuir a la mejora de la ciberseguridad española, siendo el centro de alerta y respuesta nacional que debe cooperar y ayudar a responder de forma rápida y eficiente a los ciberataques y a afrontar de forma activa las ciberamenazas,
incluyendo la coordinación a diferentes niveles, también el nacional, de las distintas capacidades de respuesta a incidentes; todo ello con el fin último de conseguir un ciberespacio más seguro y confiable, preservando la información clasificada y
la información sensible. Es competencia también de este organismo la gestión de ciberataques que afecten a sistemas del sector público o a empresas de interés estratégico, así como a cualquier otro sistema en el que se procese información
clasificada. Por lo tanto, construir otra estructura u organismo sobre la fase del CCN-CERT no tiene mucho sentido, porque ya se está haciendo con los actuales instrumentos de coordinación que son eficaces.
Por otro lado, señorías del Partido Popular, estaríamos invadiendo competencias reservadas en la Constitución y en la Ley Orgánica 5/2005 a las Fuerzas Armadas. Este mando único que ustedes proponen supondría una merma de eficacia,
dificultando la labor de preparación y conocimiento permanente de la situación que necesitan las Fuerzas Armadas para garantizar la defensa en el ciberespacio. Y, señorías, tampoco podemos olvidar que tanto la OTAN como la Unión Europea -y, por
tanto, España- han declarado el ciberespacio como un ámbito de las operaciones militares. Por tanto, la creación de un mando único contravendría múltiples preceptos legales al arrogarse competencias otorgadas por la Constitución española y sus
leyes orgánicas bien a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bien a las Fuerzas Armadas y podría entrar en colisión con la Ley Orgánica del Poder Judicial y con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por todo ello, votaremos en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, aprovecho para preguntar, aunque no quiero abrir ningún tipo de debate, si se ha presentado el Plan Nacional de Ciberseguridad en el Congreso o en el Senado. Yo lo desconozco por completo, pero el vicepresidente supone que quizá
sí alguna medida. Ya les digo, es simplemente por conocerlo e incluso puede interesarles a sus señorías. Es de hace meses, creo que de abril.
La señora FERRER TESORO: Yo creo que ha sido citado por algunos comparecientes, pero no se ha llegado a desarrollar como tal.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- RELATIVA A LLEVAR A CABO TODAS LAS ACCIONES DIPLOMÁTICAS QUE SEAN NECESARIAS CON EL FIN DE PROMOVER QUE EL REINO UNIDO CESE LA UTILIZACIÓN DE LA BASE NAVAL DE GIBRALTAR COMO TALLER O REFUGIO DE SUBMARINOS NUCLEARES, ATENDIENDO A LA GRAVE
AMENAZA QUE ESTA SITUACIÓN SUPONE PARA LA SEGURIDAD NACIONAL DE ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/001949 y número de expediente del Senado 663/000083).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto, que era el primero del orden del día, la proposición no de ley presentada por el Grupo VOX relativa a llevar a cabo todas las acciones diplomáticas que sean necesarias con el fin de promover que
el Reino Unido cese en la utilización -lo de 'cese la utilización' estoy seguro de que no corresponde con lo que dice la academia- de la base naval de Gibraltar como taller o refugio de submarinos nucleares, atendiendo a la grave amenaza que esta
situación supone para la seguridad nacional de España. El autor es el grupo mencionado y tiene la palabra su señoría, el señor Rosety, por siete minutos.
El señor ROSETY FERNÁNDEZ DE CASTRO: Con la venia, señor presidente. Muchas gracias por la corrección gramatical.
Señorías, la proposición no de ley sobre la utilización de la base británica de Gibraltar por submarinos nucleares que el Grupo Parlamentario VOX somete a la consideración de esta Comisión mixta data de enero de 2021, y, por ello, está un
tanto desactualizada, pero no descontextualizada porque nada sustancial ha cambiado.
Los españoles somos el único pueblo de Europa sometido a la colonización y, para colmo, por una potencia aliada y, según acostumbramos a decir, amiga, cuando no hay amigos en cuanto concierne al interés nacional. Así, señorías, nos vemos
obligados a soportar las servidumbres del despliegue naval británico sin que nuestros intereses de seguridad sean tan siquiera tenidos en cuenta. Como toda colonia, Gibraltar tiene como función extraer la riqueza del país colonizado, obligado a
soportar los costes de explotación/beneficio de la potencia colonial. La única riqueza de Gibraltar es su posición estratégica en el Estrecho, ventaja que se hurta a España y de la que se apropia el Reino Unido. Los costes de explotación de la
base naval -Gibraltar no es otra cosa- se imputan indirectamente a la Hacienda española, cuyo quebranto por esta causa alcanza los 1000 millones de euros anuales; pero, siendo ese coste elevado, más grave es la inseguridad que padece la comarca a
causa de los tráficos ilícitos que genera la colonia y también por su uso militar.
Un aspecto destacado de la servidumbre militar impuesta por el Reino Unido a España, y en particular al Campo de Gibraltar y a la Línea de la Concepción, son las frecuentes escalas de submarinos nucleares no solo de la marina británica, sino
de la estadounidense. Creo que no tengo que especificar a sus señorías los riesgos que esta presencia ocasiona, tanto los propiamente estratégicos como los derivados de eventuales averías de la propulsión nuclear. Para que puedan valorar la
incidencia de tales riesgos, les ofrezco el resumen de unos datos publicados al efecto por el capitán de navío Liberal, un gran experto en la materia. En los últimos veinte años se han registrado 80 escalas de submarinos nucleares, 43 de ellos
británicos y los restantes estadounidenses, con un total de 532 días de estadía. Solo durante la presente legislatura ha habido 11 escalas, 5 de submarinos británicos y 6 de submarinos norteamericanos. El último buque en arribar ha sido el USS
Rhode Island, un SSBN de la clase Ohio armado con misiles balísticos Trident II de 12 000 kilómetros de alcance, y eso en plena crisis de Ucrania.
¿En qué lugar queda la soberanía nacional de España si nuestro país ni siquiera tiene la facultad de ser oído? En un momento en el que las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación con la situación de Gibraltar
parecen estar al borde del fracaso, la tentación de tratar la reivindicación de la soberanía de España es muy fuerte. No quiero que el señor presidente me llame a la cuestión, tan solo quiero insistir en tres aspectos que me parecen de singular
importancia estratégica, jurídica y de seguridad. El valor estratégico de Gibraltar reside en realidad no en su posición, sino en su posesión por una potencia ajena al Estado ribereño, es decir, España. Así, se crea una burbuja exenta de la
soberanía española, al amparo de la cual de una parte se presta apoyo logístico y de inteligencia a
criterio del Reino Unido a las fuerzas navales desplegadas en la región, mientras que de otra se crean las condiciones necesarias para realizar las actividades comerciales y financieras -lícitas o ilícitas, da igual- necesarias para el
sostenimiento económico de la instalación. Así, gracias a la solidaridad anglosajona, Estados Unidos, nuestro principal aliado, puede apoyar a sus submarinos nucleares en el litoral del Estrecho sorteando las limitaciones que soberanamente España
impone en Rota. Creo que no es necesario enfatizar la disminución de talla como actor estratégico que esta situación supone para España.
Como el relato británico de las supuestas ventajas que la presencia británica supone para la comarca ha calado hondo -ya saben, la prosperidad compartida de la que tanto habla el señor Albares como su antecesora, sin que nadie haya sido
capaz hasta el momento de explicarnos en qué consiste eso-, tal vez algunas de sus señorías prefieran mirar para otro lado y considerar que el Reino Unido tiene derecho a hacer en su base lo que quiera, como si de un bonito apartamento en la playa
se tratase. Basta examinar el Tratado de Utrecht, las resoluciones de Naciones Unidas y la Convención sobre el Derecho del Mar para comprobar que no es así. En primer lugar, según el artículo X del Tratado de Utrecht, España cedió a Gran Bretaña
la propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensa y fortaleza que le pertenecen. Fin de la cita. Ahora bien, según se especifica, sin jurisdicción territorial alguna. En segundo lugar, en consonancia con ello
España, en el momento de proceder a la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, declaró: '... este acto no puede ser interpretado como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativas a los
espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht...'. Carecen, pues, de fundamento jurídico no solo la presencia británica en el istmo ocupado ilegalmente, sino las pretensiones del Reino Unido en
relación con la soberanía, jurisdicción y control de las aguas adyacentes, siendo así que los buques que navegan en demanda de Gibraltar han de transitar por el mar territorial español, ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 19 de la citada
convención en relación con el llamado paso inocente. El paso es inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Pues bien, ¿fue o no perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad de
España el tránsito del HMS Tireless en 2000 con su reactor averiado, la colisión del HMS Ambush con un mercante en 2016 o la reciente presencia del USS Rhode Island con sus misiles balísticos? Sus señorías podrán contestar a esta pregunta, en
particular las de extrema izquierda, siempre tan pacifistas, ecologistas y antinucleares. Nuestro grupo parlamentario ya lo ha hecho y la respuesta es no, porque deben reparar en que España se ha autoimpuesto sobradamente un uso muy restrictivo de
la energía nuclear en su territorio, y las aguas que rodean Gibraltar son aguas españolas. Qué decir ante la posibilidad de un escape radiactivo de un reactor colapsado, ¿contendría la verja la radiación que se extendería por la comarca? En todo
caso, los españoles, especialmente los residentes en la bahía de Algeciras, tendrían que soportar riesgos controlados en la medida en que sus intereses y su vida lo demandasen en un momento dado, pero nunca riesgos ajenos, puesto que el
comportamiento del Reino Unido en Gibraltar es impropio de un aliado leal.
Así pues, solicitamos el voto favorable de esta Comisión Mixta de Seguridad Nacional a nuestra proposición no de ley, según la cual se insta al Gobierno de la nación a llevar a cabo las acciones diplomáticas que sean necesarias con el fin de
promover que el Reino Unido cese en la utilización de la base naval de Gibraltar como taller o refugio de submarinos nucleares, atendiendo a la grave amenaza que esta situación supone para la seguridad nacional de España.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Hay una enmienda presentada, por lo que tiene la palabra el señor Enrique Santiago, en nombre del Grupo Confederal de Unidas Podemos.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Nos parece que esta PNL está repleta de incoherencias. Por una parte, VOX muestra su preocupación por la presencia en Gibraltar de buques y de armas nucleares británicas porque la energía nuclear constituye una grave amenaza a la seguridad
nacional, pero, a la vez, reivindica la utilización de esta energía nuclear en el resto de España. El pasado mes de septiembre, la portavoz de VOX, la señora Borrás, defendía la utilización de la energía nuclear de forma estructural y el señor
Requejo, también portavoz de VOX, reivindicaba la energía nuclear como una energía verde -nada más y nada menos- y denunciaba al Gobierno de España por querer desmantelar cualquier instalación nuclear.
VOX, además, está llevando al Partido Popular a la reapertura de centrales nucleares obsoletas. El pasado 14 de septiembre, una semana después de que la Junta de Castilla y León descartara la reapertura de Garoña, García-Gallardo, el
vicepresidente de VOX, citaba a la prensa a las puertas de esa central y anunciaba que el Gobierno autonómico va a licitar un estudio de viabilidad para su reapertura. Garoña lleva diez años cerrada por decisión de su propietaria, Nuclenor -Endesa
e Iberdrola-, que ya se ha pronunciado negativamente sobre la propuesta de VOX, afirmando que la central no es viable, que es una temeridad pretender reabrirla. En todo caso, la propuesta de VOX y de García-Gallardo pone en riesgo de accidente
nuclear a toda la provincia de Burgos. Por tanto, la preocupación de VOX por la presencia de reactores nucleares en Gibraltar no es muy creíble. Si fuera cierta, nosotros les pedimos que se sumen al calendario del Gobierno para el cierre de todos
los reactores nucleares -que empieza en el año 2027 y acaba en el 2035- y que apoyen las políticas de aumento de la capacidad de energías renovables.
Muy preocupadas por las naves nucleares británicas, pero en la parte dispositiva de la PNL omiten cualquier mención a la presencia -que, efectivamente, ha dicho el señor Rosety- permanente de naves y armamento nuclear de Estados Unidos en
Gibraltar. Entre el año 2000 y 2019, al menos en 25 ocasiones han atracado en Gibraltar naves nucleares de los Estados Unidos. En todo caso, tampoco VOX parece que esté muy preocupada por la presencia y reparación de naves nucleares, con armas
nucleares a bordo, de los Estados Unidos en la base de Rota, que es claramente territorio español.
El pasado 2 de noviembre entró en Rota un submarino nuclear de Estados Unidos, a la vez que entró en Gibraltar otro, igual que había pasado el 13 de abril y el 28 de septiembre también en Gibraltar. Estas escalas significan un claro apoyo
de Washington al Reino Unido en el mantenimiento de la soberanía del Peñón. Eso es algo que no debería olvidar tampoco VOX porque, en caso contrario, los buques de Estados Unidos podrían hacer su escala, evidentemente, en Rota. Mientras que VOX no
dice nada cuando los submarinos o naves estadounidenses con propulsión nuclear entran en Gibraltar, sin embargo, cada vez que un submarino de Estados Unidos recala en Gibraltar las autoridades españolas protestan formalmente a través del Ministerio
de Asuntos Exteriores. Unidas Podemos está en contra de la presencia de naves de armamento nuclear en cualquier lugar del territorio nacional, tanto en Rota como en Gibraltar, y nos oponemos al margen de la nacionalidad de la nave, porque supone un
riesgo de contaminación nuclear y de accidente. Hay que acabar con la presencia de estos buques y armas en España, pero la única forma de acabar con ellos, no nos engañemos, es evitar la presencia de bases militares extranjeras, lo cual no es
posible mientras España sea parte de la OTAN.
Creemos francamente que esta PNL lo que pretende es sabotear el momento delicado de la negociación entre España y Reino Unido para alcanzar un acuerdo de continuidad al acuerdo sobre Gibraltar de 31 de diciembre de 2020 tras el brexit; es
una actitud irresponsable que perjudica a la población española del Campo de Gibraltar. La tasa de paro en el Campo de Gibraltar está 5 puntos por encima de la media andaluza; en Gibraltar entran a diario casi 10 000 trabajadores o trabajadoras
españolas, que representan el 15 % de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la comarca; que perdieran su empleo equivaldría a despedir a todas las personas que trabajan en la industria del Campo de Gibraltar; privar de su clientela
gibraltareña a las empresas españolas del Campo de Gibraltar es abocar a estas empresas a despidos, a pérdidas de empleo o al cierre.
En este momento no se ha cerrado aún el acuerdo de continuidad, lo cual está provocando gran incertidumbre en la ciudadanía del Campo de Gibraltar. El grupo de cooperación económica transfronteriza, que está constituido por empresarios y
sindicatos de ambos lados de la línea entre España y Gibraltar, está pidiendo que se alcance un acuerdo lo más pronto posible para salvaguardar los puestos de trabajo en el Campo de Gibraltar, para garantizar el desarrollo de esta comarca de nuestro
país, que se encuentra entre las más deprimidas, y para establecer un nuevo marco de relaciones que permita un futuro de desarrollo y la creación de un espacio de prosperidad compartida; espacio de prosperidad compartida que, sin duda alguna,
contribuirá a solucionar el litigio político en torno a Gibraltar respecto a la soberanía de este peñón. Por eso nos vamos a oponer a esta PNL, porque únicamente busca dificultar en estos momentos el necesario acuerdo de cooperación económica y
social en el Campo de Gibraltar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
También tiene solicitada la palabra para fijar posición el Grupo Popular. Senadora García-Pelayo.
La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: Gracias, señor presidente.
Intervengo para posicionar al Grupo Popular en relación con la propuesta que se hace por el Grupo Parlamentario VOX relativa a promover que el Reino Unido cese la utilización de la base naval de Gibraltar como taller o refugio de submarinos
nucleares, atendiendo a la grave amenaza que esta situación supone para la seguridad nacional de España. Para el Grupo Parlamentario Popular, y hablo no solamente como miembro de este grupo, sino también como diputada por la provincia de Cádiz, de
Jerez, y por lo tanto muy cercana al corazón de la provincia de Cádiz, como es el Campo de Gibraltar, esta iniciativa es de suma importancia porque nos preocupa todo lo que ocurre en el Campo de Gibraltar.
Lo cierto es que se ha hecho aquí una advertencia por parte de algún grupo político que nosotros en ningún caso compartimos. El hecho de apoyar esta proposición no de ley en ningún caso significa enturbiar ningún tipo de negociación. Para
nosotros el Reino Unido es un socio aliado, un amigo, y somos leales. España es leal en esas relaciones bilaterales que tenemos con el Reino Unido, igual que tenemos con el resto de países de la Unión Europea, y por supuesto en el marco de la OTAN.
Somos conscientes de que España tiene importantes relaciones comerciales de importación y exportación tanto con el Reino Unido como con el resto de países de la Unión Europea, pero especialmente con el Reino Unido, y por lo tanto, en ningún caso
pretendemos enturbiar, sino que buscamos una posición conciliadora; una posición que pase por mantener ese estatus de socio leal al Reino Unido, pero que en ningún caso signifique guardar silencio en relación con las reivindicaciones del Campo de
Gibraltar, de los campogibraltareños y también de los españoles en todo lo que tiene que ver con esta negociación respecto a la continuidad de la valla o incluso respecto al uso de Gibraltar como taller de reparación de submarinos nucleares. Es
decir, una cosa no tiene nada que ver con la otra, lealtad no significa guardar silencio, significa -yo creo- hablar claro y poner las cartas siempre sobre la mesa. El Grupo Parlamentario Popular tiene una posición muy clara y es que se hable de lo
que se hable con el Reino Unido, España siempre debe defender explícitamente la soberanía y la jurisdicción de España sobre Gibraltar, siempre por supuesto en el marco del Tratado de Utrecht y por supuesto siempre también en el marco de las
relaciones con la ONU. Pero, aparte de mantener esta posición, exigimos que el Gobierno de España sea claro, igual que nosotros hablamos con claridad; y que sea claro significa comparecer, significa hablar en esta Cámara, significa explicar a
todos los diputados y diputadas la propuesta de negociación que ha remitido al Gobierno británico en relación con la continuidad de la verja con Gibraltar.
Respecto a este tema, quiero decirle también que el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular tienen una posición muy clara, y es que rechazamos la eliminación de la verja entre España y Gibraltar si no se garantiza paralelamente que
los efectivos -esos que ustedes temen tanto- del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil tengan el control absoluto a través de sus efectivos, como le decía, en el acceso a Gibraltar tanto por el puerto como por el aeropuerto. Es decir, el
Grupo Parlamentario Popular no quiere que la Guardia Civil se vaya, como ha hecho el Gobierno de España en relación, por ejemplo, con la Guardia Civil de Tráfico en Navarra. Nosotros creemos que hay que garantizar la presencia, en el acceso por el
puerto y el aeropuerto de Gibraltar, de la bandera española a través de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
Por otro lado, a la hora de hablar de Gibraltar como taller de reparación de submarinos nucleares, tienen ustedes que entender -se ha criticado aquí algo que pasó hace mucho tiempo que la provincia de Cádiz y el Campo de Gibraltar no
olvidan, porque los sufrimos, sufrimos el Tireless en el año 2001 y fue tremendo; fue una lección enorme de lo que significa esa presencia de submarinos nucleares en el estrecho de Gibraltar- el daño que puede hacer a la bahía de Gibraltar, a la
bahía de Algeciras e indirectamente a la provincia de Cádiz y, por supuesto, al resto de España. Y como aprendimos de esa lección, ponemos sobre la mesa una serie de medidas a través de nuestras enmiendas que creo que vienen a sumar y que en ningún
caso restan a esta proposición no de ley.
Pedimos que haya presencia de personal español especializado en Gibraltar que tenga capacidad ejecutiva de control y de actuación ante cualquier contingencia nuclear que pueda ocurrir en Gibraltar y que pueda afectar a la seguridad nacional
de España. Pero también le pedimos al Reino Unido con lealtad, pero por supuesto con rotundidad, que los protocolos que tiene implantados en sus puertos en materia de seguridad nuclear los aplique también en Gibraltar, porque nos afecta a todos;
afecta a los gibraltareños, afecta a los campogibraltareños y afecta también a los españoles. Y la obligación que tenemos, evidentemente, como parlamentarios del Congreso y del Senado en esta Comisión mixta es defender la seguridad nacional de
nuestro país.
Aparte de eso, también se ha hablado de otras cuestiones y me ha llamado la atención que el portavoz de Podemos no haya hecho alusión a ellas. Es fácil estar en el Gobierno, pero no es fácil hablar de toda
la deuda que tiene pendiente el Gobierno de España con el Campo de Gibraltar, y quiero dedicar solamente un segundo a hablar en nombre de los campogibraltareños y de los gaditanos y de las gaditanas para reclamar que de una vez por todas
pongan en marcha, desarrollen, ejecuten, cumplan el plan del Campo de Gibraltar que prometieron los socialistas y Podemos en el año 2018. No lo cumplen; van al Campo de Gibraltar y anuncian, anuncian y anuncian, pero nunca cumplen absolutamente
nada. Tenemos pendiente el corredor ferroviario (una señora diputada: A la cuestión); tenemos pendientes las infraestructuras, que en el Campo de Gibraltar son esenciales para el desarrollo a través del puerto; tenemos pendiente -incluso ustedes
lo han negado- que se reconozca la especial singularidad del Campo de Gibraltar para que a los policías nacionales, guardias civiles, funcionarios de prisiones y de vigilancia aduanera se les reconozcan las especiales circunstancias de dificultad en
las que trabajan. Estamos hartos del blablablá del Partido Socialista (rumores) y de la izquierda radical en el Campo de Gibraltar y de que no haya nadie que cumpla. Por eso les digo en nombre de todos los alcaldes del Campo de Gibraltar, sean del
signo político que sean, pero sobre todo en nombre de mi compañero, el alcalde de Algeciras (una señora diputada: ¡Presidente!-Rumores), José Ignacio Landaluce, que cumplan con el plan Campo de Gibraltar y que se retraten con esta iniciativa (una
señora diputada: Ya está bien, ¡a la cuestión!), que creo que en ningún caso enturbia nada, sino que, más bien al contrario, viene a sumar e implica que España mantenga una posición de equilibrio en sus relaciones con el Reino Unido de lealtad y de
cooperación, pero también de defensa de los intereses de los campogibraltareños.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-La señora Ferrer Tesoro pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Me ha solicitado la palabra la portavoz del Grupo Socialista.
La señora FERRER TESORO: Si utilizamos el turno de palabra para aludir a cuestiones que no vienen al caso no terminaremos nunca. (La señora García-Pelayo Jurado: Está en la enmienda). Perdone, yo no la he interrumpido. Se ha salido del
objeto de la PNL, era eso lo que le quería decir.
Gracias. (La señora García-Pelayo Jurado: Perdón, presidente. Es que está en la enmienda).
El señor PRESIDENTE: No, esto que decía el general Rosety de llamar a la cuestión, va a ser una perspectiva a considerar en el nuevo periodo de sesiones, no en esta Comisión, y aun así, se hace. Son glosas un poco encendidas.
Tiene la palabra el senador por Lugo, el señor Mogo Zaro. Tiene cinco minutos.
El señor MOGO ZARO: Un poquito más (risas). Ah, bueno, que se distingue entre la parte de intervención y de propaganda.
El señor PRESIDENTE: Yo le aseguro a su señoría que todo lo que tarde en poner en marcha el segundero ya le beneficia.
El señor MOGO ZARO: Ya lo sé, presidente, era por mantener un poco la bonhomía que habitualmente se utiliza en esta Comisión y que me parece perfecta.
Buenos días. Estamos ante una iniciativa que no nos debería sorprender políticamente. No me sorprende teniendo en cuenta que nace de la extrema derecha y de un nacionalismo populismo de libro, con una fabulación permanente en la
exposición, tanto de la enmienda como en la intervención del representante, con unos recursos como la falsedad en las explicaciones y en la interpretación unilateral que, desgraciadamente, todos lo lamentamos, parte de 1713, señorías de VOX. Se les
ha pasado por medio Fernando VII, Francisco Franco y varios referentes, pero ahí está el Tratado de Utrecht y lo que no nos gusta, y el artículo X, sobre el que me permitirá que tenga una interpretación radicalmente diferente a la que usted tiene,
desgraciadamente; nadie ha abandonado ni negado la soberanía. Pero, aparte de esto, hay una descontextualización de basarse en informaciones periodísticas, algunas descontextualizadas por completo, y una cierta pobreza documental, porque ustedes
aportan elementos muy superficiales; y, eso sí, el enemigo exterior que no falte: la pérfida Albión, ahí sí se han adaptado, solidaridad anglosajona. Eso es la pérfida Albión, para darle más metralla, me refiero dialéctica, a este asunto. Es así
y no vamos a esperar otra cosa. Esto es de libro, es de manual del libro. Se pretende aprovechar cualquier resquicio, cualquier momento, cualquier ocasión para agitar los miedos y decir que estamos ante una situación catastrófica, que es
prácticamente inédita desde 1713. La realidad no es esa, ni muchísimo menos, y no es el alarmismo con que la extrema derecha nos viene aquí.
Lo que sí me ha sorprendido es la posición del Grupo Popular en este asunto. Sí, es sorprendente, no paran de sorprendernos. Señora portavoz, yo sí considero -son conceptos diferentes de la lealtad- que es una deslealtad pedir al Gobierno
que venga a informar al Parlamento de una negociación entre la Unión Europea y uno de los Estados que se ha salido de la Unión Europea y que está negociando el nuevo estatus de ese Estado, en concreto, en lo que se refiere a Gibraltar. Ya llegará
el momento; pero yo sí considero que es una deslealtad. ¿Lo han hecho ustedes alguna vez? ¿Han venido aquí a explicar una negociación en curso? (Aplausos.-La señora García-Pelayo Jurado: Sí hemos venido). No, hombre, no, no han venido; por
supuesto que no han venido, sean un poco coherentes porque no han venido. (El señor Callejas Cano: Hemos venido). Apórtenme una evidencia de que el Gobierno del Partido Popular, los dos Gobiernos, en quince o dieciséis años de gobierno, han
venido aquí a explicar una negociación en curso. A eso yo no le llamo lealtad, ustedes sí, pero quizá mi concepto de lealtad sea diferente. Yo lamento que el Grupo Popular, que es un partido de Gobierno, chapotee en este -permítanme la expresión-
lodo populista al pedir una comparecencia sobre una negociación en la Unión Europea que, por cierto, el diputado de VOX nos ha dicho que está al borde de la ruptura; no sé, tal vez algún periódico digital de estos que manejan podrá informarnos de
ese estado de negociación. Pero dicen esas cosas para frustrarla, no solo para generar alarmismo.
Señores del PP, cualquier Gobierno en este país ha defendido la soberanía de España sobre Gibraltar, cualquiera, pero lo sorprendente del Grupo Popular y de la enmienda -y lo lamento extraordinariamente, no me sorprendería en VOX, pero no
llego tan lejos- es que piden que se comprometa por escrito. Pero si ya lo ha hecho, lo hizo en 2006 el ministro Straw; hay una manifestación expresa del Gobierno del Reino Unido en tres o cuatro elementos sustantivos de la carta: uno recogía que
mantendría informada a España; dos, que no sería utilizado como taller de reparación de buques nucleares; es más, hay un compromiso de notificar cuando haya averías circunstanciales que arreglar. Recuerden que hace años hubo una crisis aquí, creo
recordar que con un Gobierno del Partido Popular. También se recogía el no permitir la descarga de material de material peligroso y no mantener instalaciones que sean preocupantes para el medio ambiente. Por cierto, todos los Estados
internacionales -también se lo digo para su conocimiento- se rigen por lo establecido en el derecho internacional del mar en lo que se refiere a la entrada de buques extranjeros. Y, por cierto, también para su conocimiento, y por la poca estima que
tienen hacia las Fuerzas Armadas por lo que demuestran en su valoración, la entrada y salida de buques de Gibraltar está monitorizada permanentemente por la seguridad marítima de la Armada.
Ustedes han hecho aquí un mejunje que tiene más que ver con los intereses de Gibraltar, la portavoz del PP se ha hecho cargo, eso sí, en un arranque de modestia inusitado, del interés de todos los alcaldes -ahora llamaré a alguno para ver si
hablaba usted en su nombre-. Pero, en fin, hemos llegado a un punto donde hemos añadido, primero -para resumir, señor presidente, y para su tranquilidad, voy acabando-, una iniciativa de corte extrema derecha. Si quieren la llamo de otra manera
como nacionalpopulista, en fin, como quieran (el señor Gestoso de Miguel: Como quieras tú). Pero cualquiera sabe lo que hay en este argumento y la trampa que conlleva esta proposición de naturaleza claramente política con ánimo de introducir ruido
e incertidumbre. Como si no hubiera poco en Europa, añadir más incertidumbres y más miedos a la población, pero no lo van a conseguir, porque la población española tiene mucho sentido común y, mucha inteligencia colectiva. Segundo,
desgraciadamente, es un subirse al carro ahora vemos que con efecto de hacer campaña electoral en el Campo de Gibraltar, como si los ciudadanos del Campo de Gibraltar aceptaran lo que se les dice sin más, haciendo afirmaciones sobre la verja,
etcétera, y mezclando elementos que no tienen nada que ver, en una política que no ha variado sustancialmente sobre lo que ha hecho el Partido Popular. ¿Sabe por qué? Porque el Grupo Socialista tampoco criticó esa posición del Gobierno del Partido
Popular. En fin, ustedes se derrapan por esos caminos y con estos socios, pero ustedes sabrán. Esta iniciativa no la sostendría -acabo- cualquier Gobierno o partido conservador -cualquiera no, alguno quedaría en Europa- de toda la Unión Europea
porque es directamente populista, y el Partido Popular debería despegarse de estas prácticas. No lo hace, esa su responsabilidad.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, César Mogo.
Ha finalizado la presentación de las propuestas. Estamos esperando a una enmienda transaccional anunciada de la que no disponemos, es una transaccional entre el Grupo Parlamentario Popular y VOX a
esta proposición no de ley. Para votar, lo haremos en el orden en el que se han presentado las proposiciones en la sesión. (Pausa).
¿Sabemos ya el estado de esa transaccional?
El señor CALLEJAS CANO: No, al final no hemos llegado a un acuerdo de transaccional con VOX.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Vamos a proceder a la votación de la primera de las proposiciones, la relativa a llevar a cabo todas las acciones diplomáticas que sean necesarias con el fin de promover que el Reino Unido cese la utilización de la base naval de Gibraltar
como taller o refugio de submarinos nucleares, atendiendo a la grave amenaza que esta situación supone para la seguridad nacional de España, presentada por el Grupo Parlamentario VOX. Se vota en sus mismos términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la siguiente proposición no de ley, presentada por el Grupo Popular, sobre creación de un mando único para hacer frente a los ataques cíber. Se vota en los términos de la transaccional aceptada que conocen los grupos y de la que
disponen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En tercer lugar, votamos en sus términos la proposición no de ley del Grupo Socialista relativa a medidas de gestión en lo referente a la seguridad energética de España en la transición ecológica.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 1; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Los votos favorables son 17 y las abstenciones 12 y así queda el resultado. (El señor Martínez Oblanca: Y uno en contra).
¡Ah!, el señor Martínez Oblanca en contra, es verdad (el señor Gestoso de Miguel: Igual que nosotros). Grave error el mío. (La señora letrada: He sido yo). Se confundió la letrada. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sus señorías se levantan, con lo cual aprovecho para decirles que también se levanta la sesión.
Era la una de la tarde.