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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 159, de 29/11/2022
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DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 159
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTOS CERDÁN LEÓN
Sesión núm. 17
celebrada el martes,
29 de noviembre de 2022
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución:
BLOQUE I:
- Informe de fiscalización de las operaciones de apoyo financiero de SEPI a sus empresas del grupo, ejercicios 2017 y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000068 y número de expediente del Senado 771/000076) ...
- Informe de fiscalización de la actividad de los fondos sin personalidad jurídica gestionados por el ente público Puertos del Estado, ejercicios 2018 y 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000099 y número de
expediente del Senado 771/000095) ... (Página3)
BLOQUE II:
- Informe de fiscalización de las subvenciones de Ayuda Oficial al Desarrollo gestionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000006 y número de expediente del Senado 771/000006) ... (Página4)
- Informe de fiscalización de las actuaciones de fomento de las industrias culturales y mecenazgo, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000059 y número de expediente del Senado 771/000059) ...
- Informe de fiscalización de la gestión de las ayudas y subvenciones concedidas en el marco del Programa 231H 'Acciones en favor de los inmigrantes', ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000124 y número
de expediente del Senado 771/000121) ... (Página5)
BLOQUE III:
- Informe de fiscalización horizontal de la imposición y el cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, ejercicios 2017 y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000105 y
número de expediente del Senado 771/000105) ... (Página5)
- Informe de fiscalización de una gestión de cobro en periodo ejecutivo de los recursos de otras administraciones y entes públicos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, ejercicios 2018 y 2019. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000116 y número de expediente del Senado 771/000116) ... (Página6)
- Informe de fiscalización sobre las actuaciones de defensa contra la desertificación y de prevención y extinción de incendios forestales, ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000079 y número de expediente
del Senado 771/000078) ... (Página7)
- Informe de fiscalización sobre la gestión de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ejercicios 2017 y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000117 y número de expediente del Senado 771/000117) ...
(Página7)
- Informe de fiscalización de la actividad del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, situación a 31 de diciembre de 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000129 y número de expediente del Senado 771/000128) ...
(Página8)
Comparecencia de la señora presidenta del Tribunal de Cuentas (Chicano Jávega), para informar sobre:
BLOQUE I:
- Informe de fiscalización de las actuaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Consejo de Seguridad Nuclear para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la energía. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000071 y número de expediente del Senado 771/000073) ... (Página9)
- Informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y por el Ministerio para la Transición Ecológica en relación con el cambio climático, ejercicio 2018.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000118 y número de expediente del Senado 771/000118) ... (Página9)
BLOQUE II:
- Moción relativa a la financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas y de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000123 y número de expediente del Senado 773/000010) ... (Página3)
- Informe de fiscalización de las medidas adoptadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia de comercio electrónico, ejercicios 2016, 2017 y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000054 y
número de expediente del Senado 771/000055) ... (Página15)
BLOQUE-III:
- Informe de fiscalización de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000114 y número de expediente del Senado 771/000114) ... (Página8)
- Informe de fiscalización de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000119 y número de expediente del Senado 771/000119) ...
- Informe de fiscalización de la Fundación del Teatro Real, FSP, ejercicios 2018 y 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000121 y número de expediente del Senado 771/000123) ... (Página26)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE APOYO FINANCIERO DE SEPI A SUS EMPRESAS DEL GRUPO, EJERCICIOS 2017 Y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000068 y número de expediente del Senado 771/000076).
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Les recuerdo que el 1 es presencia, el 2 a favor, el 3 en contra y el 4 abstención.
Comenzamos con las votaciones del Bloque I. Votación correspondiente al informe de fiscalización de las operaciones de apoyo financiero de SEPI a sus empresas del grupo, ejercicios 2017 y 2018.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Socialista. Votamos la número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario VOX. Votamos de la 2 a la 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 14; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resoluciones del Grupo Parlamentario Popular. Votamos la número 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos de la 8 a la 10 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA GESTIONADOS POR EL ENTE PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO, EJERCICIOS 2018 Y 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000099 y número de
expediente del Senado 771/000095).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización de la actividad de los fondos sin personalidad jurídica gestionados por el ente público Puertos del Estado, ejercicios 2018 y 2019.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Votamos de 1 a la 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista, de la 5 a la 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 8 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO GESTIONADAS POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000006 y número de expediente del Senado 771/000006).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al Bloque II.
Votación correspondiente al informe de fiscalización de las subvenciones de ayuda oficial al desarrollo gestionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ejercicio 2016.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 1 a la 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista, de la 12 a la 19.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 20 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 30; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y MECENAZGO, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000059 y número de expediente del Senado 771/000059).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización de las actuaciones de fomento de las industrias culturales y mecenazgo, ejercicio 2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Votamos la número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 3; en contra, 17; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos de la 2 a la 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos de la 7 a la 10 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 11 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 231H 'ACCIONES EN FAVOR DE LOS INMIGRANTES', EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000124 y número
de expediente del Senado 771/000121).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización de la gestión de las ayudas y subvenciones concedidas en el marco del programa 231H 'Acciones en favor de los inmigrantes', ejercicio 2018.
Resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Votamos la número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 3; en contra, 29.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista, de la 2 a la 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; en contra, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos, a continuación, la número 5 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 12; en contra, 17; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN HORIZONTAL DE LA IMPOSICIÓN Y EL COBRO DE SANCIONES EN ENTIDADES CON FUNCIONES DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MERCADOS, EJERCICIOS 2017 Y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000105 y
número de expediente del Senado 771/000105).
El señor PRESIDENTE: Bloque número III.
Votación correspondiente al informe de fiscalización horizontal de la imposición y el cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, ejercicios 2017 y 2018.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Votamos de la 1 a la 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos de la 4 a la 14 del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las del Grupo Parlamentario Popular, de la 15 a la 22.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 12; en contra, 17; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la número 23.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos de la 24 a la 27.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 12; en contra, 17; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la número 28.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos de la 29 a la 32.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE UNA GESTIÓN DE COBRO EN PERIODO EJECUTIVO DE LOS RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS POR LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EJERCICIOS 2018 Y 2019. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000116 y número de expediente del Senado 771/000116).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización de una gestión de cobro en periodo ejecutivo de los recursos de otras administraciones y entes públicos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
ejercicios 2018 y 2019.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Votamos de la 1 a la 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la número 5 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 6 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000079 y número de expediente
del Senado 771/000078).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización sobre las actuaciones de defensa contra la desertificación y de prevención y extinción de incendios forestales, ejercicio 2018.
Votamos las resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, la 22 y la 27.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 4; en contra, 17; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos de la 1 a la 21 y de la 23 a la 26.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resolución número 28 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos las del Grupo Parlamentario Socialista, de la 29 a la 33.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; en contra, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, EJERCICIOS 2017 Y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000117 y número de expediente del Senado 771/000117).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización sobre la gestión de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ejercicios 2017 y 2018.
Resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Votamos la número 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 3; en contra, 17; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la 1, la 2 y la 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 4; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la 5 y la 6 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 28; en contra, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos la número 7 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000129 y número de expediente del Senado 771/000128).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización de la actividad del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, situación a 31 de diciembre de 2019.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Votamos de la 1 a la 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las resoluciones 4 y 5 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 30; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 6 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 12; en contra, 17; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalizadas las votaciones, suspendemos dos minutos para que se incorpore la señora presidenta del Tribunal de Cuentas. (Pausa).
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (CHICANO JÁVEGA), PARA INFORMAR SOBRE:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA Y DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LA ENERGÍA. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000071 y número de expediente del Senado 771/000073).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Y POR EL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA EN RELACIÓN CON EL CAMBIO CLIMÁTICO, EJERCICIO 2018.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000118 y número de expediente del Senado 771/000118).
El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión.
Damos la bienvenida a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas, que comparece para informar sobre los siguientes extremos que figuran en el punto segundo del orden del día y están repartidos en tres
bloques: el debate correspondiente al Bloque-I, que es el informe de fiscalización de las actuaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Consejo de Seguridad Nuclear para la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible relacionados con la energía y el informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y por el Ministerio para la Transición Ecológica en relación con
el cambio climático, ejercicio 2018.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Buenos días a todos. El primer informe de este bloque, como ha dicho el presidente de la Comisión, es el referido a las actuaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Consejo de Seguridad Nuclear para la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la energía. Este informe se aprobó en 2020 y se realiza a propia iniciativa del tribunal.
Las líneas generales para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentran en el Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 en el documento que aprobó el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2018 y que
consta de dos partes: una primera en la que se analiza la situación de España respecto de cada uno de los 17 objetivos de desarrollo y las actuaciones realizadas, y otra parte en la que se impulsan acciones a través de las que se irá poniendo en
marcha de forma inmediata la Agenda 2030. El ODS 7 es el que literalmente dice: 'Garantizar el acceso a una energía asequible, sostenible, segura y moderna' para todos, se centra en el sector energético y está íntimamente relacionado con el 13,
'adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos'.
El ámbito subjetivo se ha referido a los órganos con competencias en las materias, que son la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Seguridad Nuclear. Ambos desarrollan una serie de funciones que se encuadran en
la primera parte del Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. Así, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en relación con el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos, tiene atribuidas competencias en materia de
informes y propuestas normativas sobre autorizaciones y supervisión de las instalaciones, subastas de energías renovables y seguimiento del autoconsumo e igualmente le compete el desarrollo normativo derivado de la implantación de la normativa
europea. Por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear tiene atribuidas las actividades relacionadas con los procedimientos de seguridad de las centrales nucleares y la protección radiológica, la inspección de instalaciones radiactivas y la
aprobación de planes de continuidad o el desmantelamiento de instalaciones. El ámbito objetivo, por tanto, lo constituyen las acciones desarrolladas por estos dos órganos. El ámbito temporal de la fiscalización incluye los ejercicios 2016, 2017 y
2018 y se trata de una fiscalización operativa o de gestión.
Entre las principales conclusiones, cabe destacar, en relación con la preparación para la implementación de la Agenda 2030 en España, la principal política a desarrollar en relación con este objetivo de desarrollo número 7, la elaboración de
la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 20212030. Todo el despliegue de normativa que se impulsó en esa primera parte se ha ido dando cumplimiento con la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de
cambio climático.
Respecto a las actividades ya de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en relación con este objetivo y la transición energética, se analizan las funciones que tiene la organización y que viene realizando en relación con el
cálculo y las liquidaciones del régimen retributivo específico e instalaciones renovables de cogeneración y residuos, con las subastas de energías renovables y con la gestión del sistema de las denominadas garantías de origen y etiquetado de
electricidad. Hasta hoy se han aprobado los instrumentos que estaban previstos durante la realización de la fiscalización. De hecho, en el propio informe figuran como pendientes algunas de las normas que hoy ya están aprobadas, por lo que no las
vamos a relacionar. La última ley es la que he referido del 2021 y algunas normas de las aprobadas en este periodo modifican o añaden funciones a la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para reforzar su capacidad normativa.
Respecto del análisis del Consejo de Seguridad Nuclear, en relación con la 17 y la transición energética, se han analizado, principalmente, las actuaciones derivadas de sus funciones en materia de seguridad nuclear y protección radiológica
asociadas a la operación a largo plazo, más de cuarenta años de vida útil, de las centrales nucleares operativas en España. Todas ellas, siete grupos nucleares pertenecientes a cinco centrales -Almaraz, Ascó, Cofrentes, Trillo y Vandellós-, cumplen
su plazo de
vida útil dentro del periodo contemplado en la Agenda 2030. Más concretamente, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima presentado en la Comisión Europea contempla el cese de la explotación y el desmantelamiento progresivo
de estos siete grupos nucleares. En el informe se formulan dos recomendaciones. En la primera, dirigida a la Comisión Nacional -como he anunciado antes, es uno de los riesgos del tiempo de presentación de los informes-, se instaba a que se
adoptaran las circulares pendientes que afectaban a los sectores de electricidad y gas para los periodos regulatorios correspondientes. Eso ya está, ya están adoptadas esas directivas. En la segunda, dirigida al Consejo de Seguridad Nuclear, se le
recomienda que analice la competencia de revisar su planificación a medio y largo plazo en relación con la elaboración de los procedimientos para las revisiones periódicas de seguridad de las centrales nucleares. Por mi parte, ya está. Ustedes
conocen el informe. Después, si quieren, concretamos algunos aspectos que les hayan quedado pendientes.
El siguiente informe de este bloque es la fiscalización de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y por el Ministerio para la Transición Ecológica en relación con el cambio
climático, relativo al ejercicio 2018. Esta también fue una fiscalización aprobada en junio de 2021 y también realizada a iniciativa del propio tribunal. El ámbito objetivo de esta fiscalización ha estado constituido por las actuaciones realizadas
por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y por el anterior Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de medio ambiente, en materia de lucha contra el cambio climático y, específicamente, todas las actuaciones
asociadas al programa presupuestario 456.M, actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático. Como se indica en el informe, en relación con las actuaciones de mitigación del cambio climático, esta fiscalización se
circunscribe al ámbito de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores difusos. Como saben, esos sectores difusos abarcan aquellas actividades que generan emisiones de gases de efecto invernadero que no están incluidas dentro del
ámbito de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Son los sectores menos intensivos en el uso de la energía; entre ellos, sectores residencial, comercial e
institucional, agrícola, ganadero y de transporte. Estos sectores representan, aproximadamente, el 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero totales de la Unión Europea. Por tanto, se excluye la gestión y el régimen de comercio de los
derechos de emisión aplicables a las grandes instalaciones emisoras a lo que, de alguna manera, se hizo mención en la presentación, en la anterior comparecencia, del informe referido a estos aspectos. El ámbito subjetivo lo constituye la Oficina
Española de Cambio Climático, que tiene como competencia formular la política nacional de cambio climático y proponer la normativa y desarrollo de los instrumentos de planificación y administrativos que permitan cumplir con los objetivos
establecidos en dicha política.
Los principales resultados de esta fiscalización relacionados con la planificación nacional de actuaciones en materia de cambio climático han venido marcados por la senda definida como la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía
Limpia, horizonte 2007-2012-2020 y por el I Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. La oficina ha llevado un seguimiento del citado plan a través de tres programas de trabajo que se han ido desarrollando en distintos planes sectoriales.
La fiscalización ha comprobado que la creación del Ministerio para la Transición Ecológica en 2018, con la consecuente integración en el mismo de los ámbitos competenciales de energía, cambio climático y medio ambiente, ha favorecido el impulso en
materia de cambio climático en el ámbito nacional, así como el alineamiento de las políticas de energía y cambio climático, y la mejor coordinación de las unidades administrativas implicadas. No obstante, esta estructura descentralizada del sector
público, como hemos dicho también para otros informes, dificulta una respuesta integral en la lucha contra el cambio climático, ya que es un sistema que precisa un muy alto grado de coordinación que no hemos podido constatar en el periodo analizado:
2018 a 2020.
En relación con el objetivo de desarrollo 13, acción por el clima, se ha comprobado que durante los años 2018 a 2020 se han producido cambios sustanciales tanto en su definición como en su categorización. Al principio, los indicadores
globales para medir las acciones eran nivel 3, el nivel más bajo; se han ido modificando todos estos indicadores, que se cualifican en función de la disponibilidad de datos y metodología que se define para su cálculo. Al finalizar 2020, la fuente
de datos para los indicadores se encontraba ya pendiente de determinar y nos ha dificultado, de alguna manera, el seguimiento de la consecución de las metas de este objetivo. En la Oficina Española de Cambio Climático se ha apreciado una
insuficiencia de medios personales que en los años 2018 y 2019 se intentó suplir con la contratación de servicios de estudio y análisis específicos. Entre otros resultados, también destaca que los órganos
colegiados de participación y coordinación de la política de cambio climático han tenido una escasa actividad durante 2018-2020.
En lo relativo a actuaciones de mitigación gestionadas por la oficina, se ha observado que la evaluación del número de inscripciones en el registro de huella de carbono refleja una tendencia positiva que ha alcanzado las previsiones
establecidas por la oficina. Destaca, sin embargo, el limitado impacto de estas medidas atendido el número de proyectos de absorción y de compensaciones inscritos. No obstante, el propio informe prevé que con la entrada en vigor de la Ley 7/2021,
de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Ecológica, el número de inscripciones y la actividad del registro se vea incrementada. Problema. El tema de la descentralización competencial también tuvo reflejo en este ámbito, como atestiguan
numerosos conflictos de competencia interpuestos por las comunidades autónomas en relación con la normativa reguladora de la gestión de algunos planes de impulso al medio ambiente, que fueron parcialmente estimados por el Tribunal Constitucional,
declarando la nulidad de varias disposiciones reglamentarias que atribuían al Estado el ejercicio de potestades ejecutivas.
Eso derivó en la implantación de un sistema de cooperación con las comunidades autónomas que restó potencial al impacto de estas medidas porque no generó un estímulo suficiente ni para las comunidades autónomas ni para los propios
beneficiarios. Lo mismo se ha observado con las ayudas dirigidas a las entidades locales, en concreto el Plan PIMA Residuos, que ha tenido un impacto significativamente inferior al pretendido, con un elevado número de entidades locales que,
habiendo sido beneficiarias, acabaron renunciando a la ejecución de los proyectos y tramitando los reintegros.
En cuanto a las actuaciones de adaptación realizadas o coordinadas por la oficina, entre otras deficiencias, se ha observado que no se cumple en tiempo y forma con los sistemas de seguimiento que se establecen en el I Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático, que exige una reiterada emisión de informes de seguimiento y evaluaciones del plan para su conjunto. Tampoco la oficina ha dispuesto de una herramienta específica ni ha utilizado un procedimiento normalizado para el
seguimiento de la ejecución de cada línea de actuación del plan nacional. Se recogen recomendaciones para la oficina. Por ejemplo, que esta debería priorizar, en el desarrollo del II plan, la coordinación con las administraciones territoriales
para conseguir una visión amplia de la integración, de la adaptación en la planificación y garantizar una coherencia con la política nacional. También debería promover la definición de un mecanismo de seguimiento y coordinación que permita disponer
de información homogénea y suficiente, tanto en términos económicos como cualitativos, respecto de la ejecución de las actuaciones que se realicen en desarrollo del II plan; de la misma manera que debería promover que los informes sectoriales de
situación para los distintos ámbitos previstos en el II plan sean elaborados de forma programada en todos los ámbitos sectoriales, antes de la finalización de la primera etapa de desarrollo, para poder valorar un grado de avance y efectividad de las
acciones y adoptando los ajustes que fueran pertinentes.
También sería conveniente que se promoviera por la oficina la revisión del diseño de los proyectos Clima, con el objeto de introducir elementos que reduzcan las anulaciones en los contratos suscritos e incentiven el cumplimiento de los
compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La oficina debería igualmente impulsar, junto con la unidad que gestiona las ayudas de los planes de impulso del medio ambiente, un análisis sobre las causas que han restado
eficacia a esta modalidad de ayudas.
Por mi parte, quedo a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición y formular las preguntas que estimen convenientes, tienen palabra la palabra por cinco minutos la portavoz del Grupo Parlamentario VOX, la señora Cañizares.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.
Buenos días, presidenta. Muchísimas gracias por su asistencia, por sus explicaciones y por sus informes. Desde el punto de vista técnico, la verdad es que no voy a entrar en estos informes porque, como siempre, su trabajo es impecable.
Ahora bien, si entro en el fondo del asunto, de lo que hablamos aquí, de la Agenda 2030 y el cambio climático, nuestro grupo parlamentario en esto difiere bastante del resto de los grupos; es más, nuestra posición se encuentra en las antípodas de
las políticas impulsadas por este Gobierno en torno al cambio climático, cuestión que no negamos, pero que entendemos que no debe abordarse tal y como lo hace este Gobierno, aprobando, por ejemplo, una ley de cambio climático, que supone prohibirnos
a nosotros mismos conseguir una cierta autonomía o soberanía energética precisamente en un momento de crisis a nivel mundial, un momento en el que nuestra dependencia del exterior genera un precio de la energía inasequible para familias y para
empresas.
Por tanto, todos aquellos organismos y recursos que estén destinados a ahondar en esta política que consideramos ruinosa, con un planteamiento contrario a los intereses generales de España, para nosotros son innecesarios. De ahí que en las
anteriores propuestas de resolución que acabamos de votar lo que hemos planteado, entre otras cuestiones, es precisamente la eliminación de la Oficina Española del Cambio Climático; una oficina que ha sido dotada en 2023 con 27 millones de euros,
de los cuales 23 van destinados a las supuestas acciones y actividades en materia de cambio climático. Y vemos que el informe del Tribunal de Cuentas pone de relieve en estas recomendaciones que acabamos de escuchar las deficiencias en el
desarrollo de su teórica labor y función, destacando, por ejemplo, la falta de coordinación con las administraciones territoriales; no posee un mecanismo de seguimiento respecto a las actuaciones que se desarrollan; carece de informes sectoriales
que permitan valorar el grado de avance y efectividad de las acciones; carece de un análisis en relación a la falta de eficacia de las ayudas. En definitiva, parece más una oficina enfocada a la propaganda que a verdaderas acciones eficaces, lo
que nosotros venimos a denominar un chiringuito en toda regla. Pero, no satisfecho el Gobierno con esto, hace unos días el presidente del Gobierno ha anunciado, como parte del compromiso de España en la lucha contra el cambio climático, que va a
aportar otros 30 millones de euros adicionales al Fondo de Adaptación.
Proponemos también, en relación al tema del cambio climático, la eliminación de las nuevas emisiones de derechos de emisión de CO2, con vistas a su supresión, ya que entendemos que se han convertido en un instrumento de especulación y
encarecimiento de la electricidad final usada en hogares e industrias. En ese sentido, un informe del Banco de España apuntaba que la escalada de los precios ha sido de una magnitud tan elevada que, según algunos analistas, no puede descartarse que
exista un componente especulativo significativo. Por otro lado, también hemos instado a iniciar un marco transitorio de estabilidad jurídica y económica con precios fijos sobre esos derechos de emisiones de CO2, de manera que se permita la
compensación hasta alcanzar la completa supresión del mercado de emisiones, y proponemos destinar el importe íntegro recaudado por los derechos de emisión a rebajar la factura eléctrica de España.
En todo esto también está, por supuesto, la Agenda 2030, consistente en esa lista cerrada de diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de carácter ideológico, económico y social, elaborados y aprobados en el seno de las Naciones Unidas,
y no por ningún Estado. Nosotros entendemos que son eslóganes aparentemente muy positivos en su formulación, pero ideados para moldear a las naciones conforme a los intereses de ciertas élites y no realmente a los intereses de los ciudadanos. En
realidad, constituyen un programa completo de transformación política, social, económica, cultural y moral de las naciones que se quiere imponer sobre las políticas de los gobiernos, y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible no han sido sometidos,
como digo, a debate, enmienda y votación en las Cortes Generales ni tienen fuerza obligatoria ni vinculante para los españoles, salvo cuando se colocan en nuestros textos normativos. Sus medidas conllevan un cambio de modelo económico, social y
familiar, lo que implica el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras, disminuyendo su poder adquisitivo y la calidad de vida, en beneficio de ciertas élites. Entendemos que es un proyecto totalitario, que abiertamente busca un nuevo
contrato social global caminando hacia esa gobernanza mundial, con unos gobernantes que no han sido elegidos por el pueblo ni por los ciudadanos, ni pueden ser cesados o controlados, y su intención es precisamente revertir costumbres, tradiciones,
el modelo económico y la idiosincrasia de cada nación, hasta el punto de modificar derechos y libertades reconocidos en los ordenamientos jurídicos nacionales y de inmiscuirse en aspectos íntimos y cotidianos de la vida de las personas.
Precisamente estos Objetivos de Desarrollo Sostenible utilizan la excusa del cambio climático para desarrollar esos planes dirigidos al control de la demografía mundial o tratan de controlar las políticas de gobiernos, prescindiendo de las
realidades de cada nación, su estado de desarrollo económico, su régimen político o sus identidades culturales.
Estos objetivos pueden agruparse en tres grandes núcleos de la gobernanza mundial: socavar la idea de soberanía nacional, el adoctrinamiento ideológico y el cambio climático como motor de transformación económica. Por tanto, la imposición
de esa verdad única sobre el cambio climático tiene una importancia central en la Agenda 2030. Al menos siete de sus objetivos convergen en la ideología del cambio climático como técnica de ingeniería social. Los objetivos climáticos, desde
nuestro punto de vista, no parten de una teoría científica ni son un recetario de soluciones técnicas para la conservación de la naturaleza, sino un pretexto para avanzar en objetivos políticos que van mucho más allá y que pretenden cambiar el modo
de vida de las personas. Nosotros, desde VOX, ya hemos registrado en el Congreso una propuesta para iniciar un nuevo camino en materia energética y revertir así los perniciosos efectos de la actual ley de cambio climático, aprobada en el año 2021.
La energía es un elemento fundamental y estratégico para la prosperidad de toda nación y lamentamos que en los últimos años tanto líderes políticos como
empresariales de las sociedades occidentales hayan suscrito esos tratados internacionales y dictado leyes para reducir las emisiones de dióxido de carbono...
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Termino.
... en plazos irrealizados, implantando nuevos impuestos y creando figuras como los derechos de emisiones verdes.
Termino. Así -y frente a esa ley de cambio climático- nosotros proponemos como centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición energética con una sustitución de los principios rectores. Abogamos por
conservar el medio ambiente y nuestro planeta, pero no a costa nunca de arruinar a los españoles para que ciertas élites y multinacionales se vayan a enriquecer a nuestra costa.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Marcos Domínguez.
La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, presidente.
Señora presidenta del Tribunal de Cuentas, los dos informes de este bloque I nos permiten ver la enorme distancia que hay entre la propaganda que se pregona y la realidad de los datos. Como ya son cinco años los que lleva el señor Sánchez
en el Gobierno, empiezan a afectarle los análisis del Tribunal de Cuentas que usted preside en la propaganda que presenta el Gobierno de coalición amplia como el más comprometido del universo mundo en la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y en el despliegue de políticas contra el cambio climático. La realidad de los datos que revelan estos dos informes muestra que la propaganda es tan hueca aquí como en los demás ámbitos del Gobierno que padecemos. Permítanme aplicar la
retórica del propio informe para resumir la situación; son todo citas textuales. No se ha podido constatar un seguimiento explícito de la mencionada estrategia sin que, a fecha de la aprobación de este informe, se haya producido lo previsto en el
Plan Nacional de Acción contra el Cambio Climático. Los indicadores son de nivel 3. ¿Y qué significa el nivel 3? Pues que es un indicador para el que no existen metodologías o estándares internacionales para su determinación, es decir, son
indicadores que no indican nada porque no pueden compararse con nada. Eran de nivel 3, presidenta, y siguen siendo mayoritariamente de nivel 3, según el informe. Ni la EECCEL ni el PNACC y sus programas de desarrollo e informe de seguimiento
disponen de una memoria económica o plan financiero que reflejen la cuantificación y seguimiento del conjunto de medidas adoptadas, es decir, ni la estrategia ni el plan de cambio climático permiten cuantificar, medir y comparar las medidas
adoptadas.
Seguimos. No se ha evidenciado que la OECC haya realizado un seguimiento explícito de los costes de aplicación de los instrumentos para la implementación de las cuarenta y tres medidas previstas, es decir, la Oficina Española de Cambio
Climático no sigue ni los costes ni la eficacia de lo que supuestamente se hace. Tampoco se ha constatado que esa misma oficina, OECC, haya elaborado los informes anuales de actividades y proyectos previstos. Aún más -y sigo citando los informes-,
ninguno de los programas de trabajo contiene una identificación de los recursos para la ejecución de acciones del coste de implementación estimado o un sistema de indicadores para los avances de su desarrollo; en román paladino, hay trabajos que se
programan pero no se saben los recursos que serán necesarios para ejecutarlos ni cuánto costarán, pues ni siquiera se ha puesto en marcha un sistema de indicadores fiable que mida su desarrollo. Ni los cuatro informes de seguimiento ni el informe
de evaluación final reflejaban información relativa a las inversiones realizadas y a los costes incurridos. Es decir, ¡viva la transparencia! La OECC no ha acreditado que se hayan llevado a cabo las actuaciones de seguimiento establecidas en los
protocolos de colaboración suscritos. Por entendernos, ¡viva la ocultación!
En definitiva, tal como recomienda textualmente su propio tribunal, convendría promover un mecanismo de seguimiento que incluya un sistema de indicadores cuantitativos que permita ofrecer información homogénea, suficiente y oportuna. Por
decirlo llanamente, sería bueno que la propaganda tuviera alguna relación, siquiera remota, con la realidad de los datos; de momento, no la tiene. Y esto es en lo que respecta al informe sobre cambio climático. El otro, sobre la implementación de
los ODS en materia de energía, comparte estos problemas de discordancia entre propaganda y hechos y añade algún otro adicional.
El informe trasluce que lo más relevante para el Gobierno del señor Sánchez, en aras del cumplimiento de los ODS en materia de energía, es el cierre de las centrales nucleares. Y ahí, como mínimo, la realidad ha dejado desfasado el
entusiasmo ambientalista del Ejecutivo en contra de las nucleares, porque, como todos ya sabemos, la energía nuclear no solo es limpia, segura y barata, porque lo es, sino porque así lo ha determinado la taxonomía verde de la Unión Europea. Por
ello, la urgencia del Gobierno en cerrar siete grupos nucleares pertenecientes a cinco centrales -Almaraz I y II, Ascoó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II- se podrá argumentar con los criterios políticos que el Gobierno quiera, pero no con
criterios medioambientales ni europeos ni de cumplimiento de los ODS. ¡Qué le vamos a hacer!
Por cierto, para terminar, es muy relevante el elogio sobrio, como todo el informe, que este segundo informe realiza de los trabajos del Consejo de Seguridad Nuclear. De todos los organismos citados en ambos informes, es posible que sea el
que queda mejor parado.
En definitiva, salvo ese detalle, la propaganda, muy bien.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Escudero.
El señor ESCUDERO ORTEGA: Muchas gracias, presidente.
Presidenta, enhorabuena una vez más por el trabajo realizado. También quiero mostrar el reconocimiento al Gobierno de la nación por el trabajo que ustedes han fiscalizado, porque es una actividad intensa e incesante que realiza el Gobierno.
No voy a debatir con el Grupo VOX, que es un grupo político negacionista del cambio climático, porque, aunque las evidencias científicas de cambio climático están ahí, ellos siguen una y otra vez amparándose en esa cuestión negacionista.
Pero sí me preocupa que las acusaciones de tibieza de VOX al Grupo Popular calen en este asunto tan vital y tan importante para el futuro de nuestro país, y le remito a su señoría del Partido Popular las previsiones de generación y las estadísticas
de generación de megavatios hora, en las que se ve cómo en los próximos años, hasta el 2030, España va a duplicar la generación de esa energía verde, limpia y asequible para todos los ciudadanos, que es el objetivo de este Gobierno y el objetivo de
la transición energética.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia juega un papel vital en la aplicación de las distintas actuaciones en el ámbito de sus competencias en relación con los informes, normativas, autorizaciones, supervisión de instalaciones
y subastas de renovables. El Consejo de Seguridad Nuclear, por lo tanto, también actúa en lo relacionado con la explotación de las centrales nucleares. Y ya saben ustedes que en este periodo del PNIEC, desde 2021 a 2030, está previsto que las
centrales nucleares en España cesen su propia actividad. Señorías, todo este trabajo para conseguir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de una forma paulatina e incesante, se reconviertan y pueda tener este país capacidad de abastecimiento
eléctrico de las energías renovables en los próximos años. España se convertirá en este siglo no solamente en un país tecnológicamente avanzado y puntero en esta materia, y a la vez autosuficiente, sino que el Gobierno, a través del Ministerio de
Transición Ecológica, está comprometido, mediante la puesta en marcha de las diferentes medidas y políticas transversales, con que estos objetivos en 2030 se puedan cumplir.
Señorías, desde 2018 se ha dado un fuerte impulso en materia de cambio climático en el ámbito nacional, en el desarrollo del marco estratégico de energía y clima presentado en febrero de 2019. En sus principales elementos se recogen el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Transición Justa, el II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, con horizonte 2021-2030, y por supuesto la creación del Ministerio
para la Transición Ecológica, que es el ministerio que lidera todos estos temas. Señorías, la creación del Ministerio para la Transición Ecológica y la integración en él de los ámbitos competenciales de energía, cambio climático y medio ambiente
derivados de las diferentes reestructuraciones ministeriales en el periodo 2018 a 2020, ha favorecido el alineamiento de todas las políticas de energía y cambio climático, y la coordinación entre las unidades administrativas que la implementan.
Tal como se describe en el informe de fiscalización, y así lo ha dicho la propia presidenta, ha sido incesante el trabajo normativo puesto en marcha de forma transversal con las diferentes administraciones implicadas. Un aspecto importante
es el de la coordinación territorial durante el periodo fiscalizado. Dicha coordinación se efectúa a través de los órganos colegiados de participación, donde se reconoce que, aun no siendo los esfuerzos todavía suficientes para alcanzar un nivel
óptimo, se trabaja de forma incesante
y que las acciones previstas en los citados planes se han ido desarrollando en distintos planes sectoriales, en los que tiene que ver algo muy importante, y es la necesidad de que el cambio climático lo adoptemos y lo asumamos como un asunto
de Estado, donde todos los actores de la descentralización del propio Estado tienen que asumir sus propias responsabilidades ante este grave problema que estamos padeciendo a nivel mundial, y ya sabemos y notamos cómo afecta a la vida de los
ciudadanos de nuestro país y a su propio tejido productivo.
Por lo tanto, el Gobierno de España seguirá trabajando frente al negacionismo y esperemos que la mayoría de los grupos políticos de España, entre ellos el fundamental, que es el Partido Popular por su numerosa ocupación del poder en este
país, asuman también su responsabilidad y no entren en el juego malévolo del Grupo VOX, pues está claro que, si ellos gobernaran ahora mismo España, no hubiesen dado ni un solo paso en el sentido de esa transición energética y ecológica que todos
deseamos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces de los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): ¿Cómo puedo responder, presidente, a la intervención de los grupos parlamentarios?
El señor PRESIDENTE: Pues para que haga la valoración que estime la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Creo que no había ninguna pregunta dirigida a mí; entonces, poco puedo responder.
Simplemente, quiero dar un dato, porque a lo mejor hay una confusión. El informe que tiene relación con el cambio climático y las actuaciones desarrolladas por ese ministerio está referido al ejercicio 2018. La oficina se creó en abril de
2021 y el informe fue aprobado en junio de 2021, con lo cual realmente no se pudo avanzar en el trabajo. O sea, todo lo que hay es un estudio sobre algo prácticamente en formación. Se lo digo porque lo haremos en el momento que corresponda, pero
todo este informe es de 2018. Ya le digo, la oficina me parece que es de abril de 2021 y el informe lo aprobó el Pleno en junio de 2021. Nada más que eso, por si acaso los datos podían haberla confundido.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
BLOQUE II:
- MOCIÓN RELATIVA A LA FINANCIACIÓN, LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y EL CONTROL DE LAS FORMACIONES POLÍTICAS Y DE LAS FUNDACIONES Y DEMÁS ENTIDADES VINCULADAS O DEPENDIENTES DE ELLAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000123 y número de expediente del Senado 773/000010).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, EJERCICIOS 2016, 2017 Y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000054 y
número de expediente del Senado 771/000055).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al bloque II: moción relativa a la financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas y de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de
ellas e informe de fiscalización de las medidas adoptadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia de comercio electrónico, ejercicios 2016, 2017 y 2018. Y por acuerdo de Mesa y portavoces, de 15 de septiembre de 2020, se
entiende subsumida la iniciativa 251/54, la siguiente solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario VOX, que tiene el mismo objeto: para dar cuenta del informe de fiscalización de las medidas adoptadas por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en materia de comercio electrónico, ejercicios 2016 y 2017.
Tiene la palabra la señora presidenta Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Creo que este tema ha suscitado un interés inusitado en los medios. Como saben, es una moción que se aprobó en julio de 2021 y que fue incluida a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas, después de los trabajos de fiscalización de muchos
años sobre los gastos electorales de los partidos políticos y las propias cuentas de los partidos políticos. La moción, como ustedes conocerán, porque la han leído sin duda, se estructura en tres partes: una primera recoge los fundamentos y los
objetivos, una segunda se refiere a la actuación del tribunal respecto de la gestión económico-financiera ordinaria y electoral de las formaciones políticas y de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellas y en la tercera
parte se analizan los aspectos en los que se entiende que es preciso introducir mejoras en la normativa reguladora y en las prácticas de gestión de las referidas entidades, justificándose su necesidad y completándose las correspondientes propuestas.
Creo que en total se incluyen en la moción cuarenta y cuatro propuestas dirigidas a sus señorías.
El primer ámbito de actuación es la financiación privada y pública de las formaciones políticas y de las entidades a ellas vinculadas, respecto de las que se sugieren modificaciones en relación con las aportaciones y donaciones privadas.
Entre otras, se sugiere la delimitación conceptual entre aportación y donación. Se sugiere que se regulen las nuevas fórmulas de financiación participativa, las microdonaciones o crowdfunding y los microcréditos; las eventuales mejoras en la
trazabilidad del origen y destino de la financiación privada; la gestión de los ingresos, esto es, rendimientos derivados de la gestión de su propio patrimonio, ingresos de venta de participaciones o de papeletas, de loterías o rifas y de actos
promocionales; las condiciones y requisitos de las aportaciones de financiación de los grupos institucionales a las formaciones políticas y la regulación de la subvención específica para gastos de seguridad.
Otro ámbito de actuación es la especificación, delimitación y financiación de las distintas categorías de gastos electorales, así como la determinación, cálculo y actualización de los límites máximos de dichos gastos. En este aspecto
también se hacen once propuestas.
Y, finalmente, las cuestiones relativas a la gestión económico-financiera y al control de las referidas entidades, tales como la necesidad de contar con planes de saneamiento ante situaciones patrimoniales negativas, la especificación de
distintos aspectos referidos al sistema de control interno que han de mantener las formaciones políticas, los elementos mínimos que habrían de contener los sistemas de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico, la rendición de
cuentas de las coaliciones electorales y las posibles medidas dirigidas a favorecer la eficiencia de la rendición de cuentas, así como su fiscalización y los avances que podrían llevarse a cabo en la gestión de las cuentas bancarias electorales.
Con respecto al régimen sancionador previsto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos, se sugieren modificaciones respecto a la tipología de las infracciones establecidas en su artículo 17 y a la
proporcionalidad de las sanciones. En relación con la tipología de las infracciones, se estima que el actual catálogo de infracciones es susceptible de ser completado y clarificado. En cuanto a la proporcionalidad de las sanciones, el tribunal
viene observando que en ocasiones se produce una falta de proporcionalidad relevante entre la cuantía de la irregularidad sancionable cometida y la de la sanción que le corresponde. Esto se produce porque la aplicación de la regulación vigente
implica en la práctica, bien porque así lo establece la sanción expresamente para la infracción o bien por aplicación de un límite mínimo adicional establecido, que la sanción por infracciones muy graves en ningún caso puede ser inferior a 50 000
euros; que por infracciones graves, salvo dos supuestos del artículo 17, no puede ser inferior a 25 000 euros y que las infracciones leves nunca podrán ser sancionadas por debajo de los 5000 euros.
La falta de proporcionalidad de las sanciones se aprecia muy fácilmente cuando se trata de infracciones por la superación de los límites de los gastos electorales establecidos en la LOREG. En función del porcentaje que se haya superado, la
infracción se tipifica como leve, del 1 al 3 %; como grave, del 3 al 10 % o como muy grave, más del 10 %, habiéndose dado ejemplos de que el exceso sobre el límite de gastos, desde un punto de vista cuantitativo, es notablemente inferior a la
sanción que lleva aparejada. Creo que tienen unos ejemplos con los que nos encontramos cada vez que abordamos la fiscalización de estos. Como ven, hay tres formaciones políticas que no hemos denominado, pero, por supuesto, las tenemos
identificadas y si ustedes quieren saber cuáles son, se lo puedo decir. Como decía uno de mis colaboradores, mi comunidad de vecinos es más grande. La primera, a efectos del límite máximo de 4000 euros, tiene un exceso de límite de gastos de 91
euros -un 2,3 %- y la sanción es de 5000 euros. La
segunda es un poquito más grave porque la sanción es grave; por 92,55 de exceso de límite de gastos, la sanción es de 25 000 euros. Y la tercera, por un exceso de límite de gastos de 261,72 euros -un 15,88 %-, tiene una sanción de 50 000
euros. Como ustedes comprenderán, a nosotros nos preocupa seriamente esta situación. Nos preocupa seriamente y además nos perturba muchísimo a la hora de tomar decisiones en el tema de las sanciones.
En esa línea, el Pleno actual -como ven, la sanción corresponde al Pleno anterior, que estuvo desarrollando y debatiendo durante bastantes meses- aprobó el pasado 27 de enero un acuerdo, que también se trasladó a las Cortes, en el que
volvíamos a recalcar la conveniencia de acometer una revisión del régimen sancionador, en especial en lo que se refiere a sus límites mínimos, a fin de favorecer una mayor proporcionalidad, adecuación e idoneidad de las sanciones. Este acuerdo
indica la conveniencia de que dicha modificación pudiera ser tramitada y entrara en vigor con anterioridad a la fecha en la que, de acuerdo con la normativa, tenga lugar la convocatoria de elecciones municipales.
La falta de proporcionalidad se aprecia también en la comisión de infracciones relativas a la contabilidad anual de las formaciones políticas. En este sentido, se debe destacar que actualmente están en tramitación ochenta y un
procedimientos sancionadores abiertos a pequeñas formaciones políticas por haber cometido presuntamente -solamente se han iniciado los expedientes- dos infracciones muy graves, consistentes en la falta de presentación en plazo de la contabilidad
relativa a los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020. De aplicarse dos sanciones, a 50 000 euros por infracción, les puede suponer 100 000 euros de sanción.
Entendemos que es una situación que nos debería preocupar a todos. En la propia moción se proponen las modificaciones que por lo menos evitarían tener que proceder, ya que para nosotros el cumplimiento de la ley, como para todos, es una
exigencia. Quiero decir que si la ley lo establece, nosotros tenemos que dar cumplimiento a la ley, y tenemos muy pocas posibilidades porque no hay ningún elemento que nos permita templar la medida. Por tanto, es un tema que realmente requiere de
toda su atención y su modificación. Hay una modificación, de acuerdo con la propia moción, de bastante contenido, bastante profunda, que se podría abordar en cualquier momento, pero hay algunas modificaciones que sin duda causan distorsiones y que
realmente son sencillas. Así, fuera de los informes y de la propia moción, se ha hecho un estudio sobre cuál es el contenido de la ley en el periodo 2012-2015, cuál es el contenido de la ley después de 2015 y qué proponemos con respecto a la
situación que se deriva. En la propuesta de modificación del artículo 17 bis de la ley orgánica de financiación, simplemente se trataría de eliminar el límite mínimo de 50 000 euros para la infracción del 17.2.b), y con eso nosotros podríamos
ajustar una sanción. Y lo mismo con respecto al límite mínimo de 25 000 y al límite mínimo de 5000.
Yo creo que sería importante que esta modificación pudiera ser tenida en cuenta; por supuesto, cuando a sus señorías les parezca oportuno. No sé si a través de la moción y de lo que yo misma les he querido transmitir somos capaces de ver
que se trata de una situación que produce graves distorsiones en la aplicación de la ley de financiación y que perjudica fundamentalmente a los partidos muy pequeños. Por tanto, simplemente quedo a su disposición y, aunque ya saben que han corrido
ríos de tinta con el tema de sanciones y demás, simplemente les insto, como hacemos en la moción, a que propongan esa modificación, si acaso la más urgente, y después, si les parece abordar una modificación de acuerdo con los criterios políticos de
cada grupo y si les parece oportuno, como está previsto en la norma, contar con el propio Tribunal de Cuentas a la hora de cerrar una redacción de la modificación, es realmente lo que nosotros intentamos con esta moción.
El siguiente informe es el de fiscalización de las medidas adoptadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en materia de comercio electrónico, ejercicios 2016, 2017 y 2018. Este informe se aprobó el 30 de abril de 2020 y se
realiza a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas. El ámbito subjetivo es la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria, adscrita al Ministerio de Hacienda, que es la organización responsable, en nombre y por cuenta del Estado, de la
aplicación efectiva del sistema tributario español y del aduanero y de aquellos otros recursos de otras administraciones y entes públicos nacionales o de la Unión Europea cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio.
El ámbito objetivo son las medidas que ha adoptado la Administración Tributaria en la lucha contra el fraude en el comercio electrónico. Es una fiscalización de cumplimiento y operativa, en la que se ha analizado la aplicación del régimen
especial aplicable a los prestadores de servicios de telecomunicación, radiodifusión y televisión y a los prestadores por vía electrónica, la planificación anual de la Agencia Tributaria en materia de comercio electrónico y el cumplimiento de la
normativa de transparencia a este respecto. De los resultados de la fiscalización en relación con el análisis de la aplicación del régimen
especial del IVA aplicable a los prestadores de servicios de telecomunicación, radiodifusión y televisión y a los prestadores por vía electrónica se desprenden como principales conclusiones que este régimen ha facilitado el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de los prestadores de estos servicios, así como de los referidos a los servicios prestados por vía electrónica a destinatarios que cumplieran las condiciones legalmente exigibles.
En cuanto a la planificación anual de la Agencia Tributaria en materia de comercio electrónico, la entidad reconoció desde el año 2013 el comercio electrónico como un sector de actividad específica que precisa de una atención preferente en
el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero. En ese sentido, las actuaciones de la Agencia Tributaria en relación con el comercio electrónico pretenden asegurar la tributación de determinadas actividades económicas y evitar la competencia
desleal de determinados operadores respecto de otros. Ese control se ha efectuado a lo largo de los años y ha ido evolucionando. El informe destaca que las actuaciones a desarrollar en el control del comercio electrónico fueron incluidas en los
planes parciales del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, aun cuando algunas no le correspondían a ese departamento y tendrían que haberse llevado a cabo por otros departamentos.
Al igual que sucede con otros aspectos a los que ya hemos aludido, el informe señala que no hemos encontrado, que no existen indicadores de las medidas adecuadas para el control interno. Además, las actuaciones de control requieren trabajos
de investigación que ofrezcan información sobre la realidad económica, una competencia que corresponde a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Los casos en que la oficina obtuvo información que pudiera ser indiciaria de riesgo fiscal
fueron enviados a los departamentos competentes para su comprobación. En el informe se señala igualmente que la información no fue utilizada en todos los casos.
Se destaca también que en la Agencia Tributaria no existe una unidad competente para la evaluación y el control exhaustivo de los resultados obtenidos de todas las actuaciones ejecutadas que pudieran ser útiles para las planificaciones
posteriores. Para la captación de la información sobre operadores de riesgo se acude a distintas fuentes, como los requerimientos de datos, informaciones recibidas por otras administraciones tributarias o captación de datos abiertos en la propia
red. Por eso, los resultados obtenidos ponen de relieve la dificultad para obtener una información válida que permita la realización de actuaciones posteriores a la propia comprobación. La información recibida tuvo que ser objeto de una depuración
mediante herramientas informáticas y fue completada con otra información disponible. El resultado fue incorporado a la base de datos de la Agencia Tributaria. Durante todos los ejercicios fiscalizados no se firmaron acuerdos de cooperación y de
suministro de información para la captación e información de datos.
Respecto al cumplimiento de la normativa en materia de transparencia, el plan de objetivos y el informe de auditoría del Servicio de Auditoría Interna no están publicados.
Por último, el informe incluye recomendaciones dirigidas a la Agencia Tributaria para subsanar deficiencias puestas de manifiesto, como mejorar las aplicaciones informáticas, adoptar medidas para asegurar el cobro con mayor agilidad de las
deudas derivadas de liquidaciones del régimen especial aplicable a servicios de telecomunicación, radiodifusión y televisión y a los prestados por vía electrónica, asegurarse de que los colectivos vinculados al comercio electrónico cuyo riesgo
fiscal es más elevado sean objeto de una comprobación adecuada y procurar que todas las medidas de planificación de la agencia se adecuen a las características del comercio electrónico, que estas se incluyan en los planes parciales en los
departamentos que han de desarrollarlas y que todas cuenten con indicadores apropiados.
Quedo a disposición de los diputados y senadores.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora presidenta.
A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario VOX el señor Sáez.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias señor presidente.
Bienvenida, señora presidenta, y, como siempre, gracias por la exposición y por los informes. Y también quiero felicitarla a usted y a todo el equipo del Tribunal de Cuentas por la calidad de los informes presentados.
En este bloque tratamos dos informes, y voy de atrás hacia delante. El primero, sobre la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ejercicios 2016, 2017 y 2018, donde volvemos a encontrarnos con el problema de siempre, que estamos
hablando de informes que tienen una relativa antigüedad. No obstante, suscribimos las recomendaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas en este informe.
El segundo, que, evidentemente, tiene bastante más materia para comentar por su importancia, se refiere a la financiación de la actividad económico-financiera y al control de las formaciones políticas. Pero antes de ponernos a analizar un
poco lo que se menciona en el informe, creo que deberíamos hacer una serie de reflexiones. La primera es que los partidos políticos, los sindicatos y las patronales han hecho de las subvenciones públicas una vía fundamental para garantizar su
subsistencia. La segunda es que no debemos perder de vista que el objetivo que deben tener los partidos políticos es canalizar las aspiraciones, la representación y los intereses de los españoles. La tercera es que ningún ciudadano debe verse
obligado a financiar a través de sus impuestos a aquellos partidos políticos con los que no esté de acuerdo, y ni siquiera a aquellos con los que esté de acuerdo. La cuarta es que es necesario realizar una reducción drástica del gasto político, y
un exponente claro del mismo son las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronales y otros entes políticos. Y la quinta es que es imprescindible fomentar la independencia, la libertad, la vocación de servicio, la cercanía a los
ciudadanos y la gestión razonable de los recursos de los partidos políticos.
Contra el informe se realizan una serie de recomendaciones de las que me gustaría comentar con la señora presidenta las siguientes. En primer lugar, si considera adecuado el límite de los 50 000 euros en las donaciones para personas
físicas. En segundo lugar, si considera que no aceptar donaciones de personas jurídicas en períodos no electorales, con los límites pertinentes, tiene como intención la de control del Gobierno a los partidos políticos, o sea, hacerlos dependientes
de las subvenciones públicas y así tener motivos para fiscalizarlos. Una tercera pregunta tiene que ver con que se menciona que es necesario especificar los extremos que han de acreditarse para la justificación de los ingresos de actos
promocionales y venta de material promocional. Ergo el tribunal no puede pedir una acreditación determinada de los mismos. Me gustaría que me comentara si está de acuerdo con ello. Estamos también completamente de acuerdo con la recomendación 15,
en la que se sugiere que las relaciones de colaboración entre las formaciones políticas y sus grupos institucionales se formalicen mediante convenios en los que se recojan los servicios que la formación política se compromete a prestar a cada grupo
político y su valoración. Asimismo, quisiera que profundizara en la recomendación 16, sobre la representatividad de las cuentas anuales consolidadas, a la vista de que una amplia doctrina jurisprudencial -lo menciona en su informe- se ha
pronunciado señalando que los grupos institucionales no son en ningún caso órganos de los partidos políticos. Si la consolidación se basa en el control, entiendo que usted considera que existe control de los partidos políticos sobre los grupos
parlamentarios. Me gustaría que me comentara su opinión.
Con respecto al fondo de la cuestión, nuestra posición es idéntica a la que manifestamos anteriormente. Propusimos y proponemos instar al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley
Orgánica 5/1985 y de la Ley Orgánica 8/2007, sobre Financiación de los Partidos Políticos, y de las disposiciones concordantes, al objeto de eliminar las subvenciones públicas a partidos políticos, fundaciones y demás entidades vinculadas o
dependientes de ellos, incluidas las otorgadas por aquellos gastos electorales, así como facilitar y promover la financiación privada de los mismos, de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, con la garantía de la
transparencia pública sobre las aportaciones realizadas. También instar al Tribunal de Cuentas a cuantificar los costes al erario público por las subvenciones concedidas a partidos políticos, fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes
de ellos y, por tanto, cuantificar el ahorro que supondría su eliminación. Y también instar al Tribunal de Cuentas a cuantificar el ahorro derivado de la reducción de costes que supondría dejar de asumir por el Tribunal de Cuentas la realización de
los trabajos de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos, fundaciones y demás entidades vinculadas, así como de los procesos electorales una vez que no sean financiados con subvenciones públicas. No obstante, somos
conscientes de que el entramado de intereses existente y el hecho de que la política esté dominada por partidos políticos hacen impensable que la mayoría de ellos lleve la iniciativa de la supresión de las subvenciones públicas a sí mismos, por lo
que es necesario pedir a los españoles que decidan. Ante esta situación, hay que preguntar a los españoles si quieren eliminar la financiación pública de los partidos, sindicatos y patronales o si, por el contrario, quieren sostener con sus
impuestos organizaciones que en muchos casos no defienden los intereses nacionales, sino de parte. No tengan miedo, pregunten a los españoles y hagamos caso a lo que ellos decidan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, que se me ha pasado antes, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Etxano.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Perdón, presidente. La señora presidenta del tribunal no ha escuchado una de las preguntas que le formulaba y gestualmente me ha dicho que si la podría repetir el portavoz, si no le importa.
El señor PRESIDENTE: Pues que la repita.
La señora CAÑIZARES PACHECO: La de la venta del merchandising.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: En cuanto a la venta del merchandising, el informe habla de que es necesario especificar los extremos que han de acreditarse para la justificación de los ingresos derivados de actos promocionales y venta de
material promocional. Luego yo entiendo que el tribunal no puede pedir una acreditación determinada de los mismos. O sea, si se está pidiendo que se definan los extremos para acreditar, no puede pedir el tribunal que se acrediten de una
determinada forma, sino que simplemente con acreditarlos vale. Es decir, estoy hablando de cuál es la forma de acreditar ese ingreso promocional o de venta de artículos promocionales.
Muchas gracias, presidenta y presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora Etxano.
La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.
Gracias, presidenta del Tribunal de Cuentas, señora Chicano, por su comparecencia. Me voy a referir en este segundo bloque solo a la moción relativa a la financiación que ha comentado en primer lugar. Hemos analizado dicha moción con
detenimiento. El asunto lo merece teniendo en cuenta que habla sobre la financiación, la actividad económica y el control de las formaciones políticas, que, tal como establece el artículo 6 de la Constitución, expresan el pluralismo político,
concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son un instrumento fundamental para la participación política. Entendemos que para el cumplimiento de estas funciones resulta imprescindible garantizar la suficiencia y estabilidad
de los recursos de los partidos, para lo que se necesita un marco normativo adecuado, unas reglas de juego comunes para todos, sin que esto suponga un marco que interfiera o suponga una homogeneización de los mismos, e igualmente resulta
imprescindible que se realice un control efectivo de la actividad económica financiera de los mismos, que es la que realiza el Tribunal de Cuentas.
La última modificación legislativa en relación con el funcionamiento de los partidos políticos es la de 2015, que viene reflejada también en la moción que nos presentan. Por nuestra parte, siempre entendemos que es necesario dar un tiempo
prudencial cuando se modifica la legislación para analizar si las medidas adoptadas cumplen el objetivo previsto y analizar el alcance obtenido antes de implantar nuevas propuestas. En ese sentido, quiero hacer varios apuntes que nos parecen
necesarios. En primer lugar -no podría ser de otra manera-, la moción que aprueba el tribunal, el análisis que realiza, es desde la perspectiva propia de la función fiscalizadora del tribunal. Aporta un punto de vista y un conocimiento que resulta
imprescindible e importante y además este análisis, que decimos que es necesario, lo hace con un conocimiento amplio, más que el que tenemos probablemente el Legislativo, puesto que desde la reforma de 2015 lleva fiscalizados o en fase de
fiscalización los ejercicios hasta 2021. Si trasladamos esto al Legislativo, nosotros conocemos las fiscalizaciones hasta 2017. Las de 2016 y 2015 son las que ya hemos conocido y las de 2017 serían las que en este momento están para ver en la
Comisión, pero están aprobadas y las conocemos, las tenemos. Esta diferencia de decalaje, a nuestro entender, puede dar lugar a que existan interpretaciones distintas por parte de los partidos políticos en aspectos que el tribunal deba informar en
las fiscalizaciones y que no se trasladan inmediatamente o que pueden arrastrar esas diferencias de criterio durante varios ejercicios contables. Evidentemente, para que esto fuera más rápido entiendo que se necesitarían medios para poder reducir
los tiempos entre los ejercicios contables y la fiscalización de los mismos.
En todo caso, 2017 entendemos que es el año en el que la modificación de 2005 ya despliega todos sus efectos, sobre todo la última parte que quedaba, la consolidación de las cuentas de los partidos políticos en toda la estructura, integrando
la contabilidad de las sedes locales, algo que en el caso que más conozco, en el nuestro, el del Partido Nacionalista Vasco, que basa su actividad en el principio de subsidiariedad, de reconocimiento de la autonomía de funcionamiento y gestión de
las organizaciones
municipales, supuso y ha supuesto un reto en cuanto a la centralización de la operativa con respecto a una organización descentralizada, además de ser un partido que cuenta con un patrimonio, con las sedes, los batzokis y organizaciones
municipales, fundamentales en la vida del partido. Y en tercer lugar -esta sí-, disponemos de las fiscalizaciones de los últimos procesos electorales -aquí sí, todas-, que han sido unas cuantas desde 2015, incluidas todas las repeticiones, que en
este caso conocemos y sí se han podido analizar.
Con toda esta información, ¿a dónde llegamos? A la conclusión bastante razonada de la necesidad de abordar una modificación de la legislación de la financiación de los partidos políticos; pensar en una ley de financiación que no choque con
el resto de la legislación, que ahora sí lo hace. Existen muchos asuntos a tratar; los que dispone el tribunal en su moción, cuando habla de las donaciones o de los recursos privados, siempre que cuenten con garantías de control suficiente, no
figuran en la moción. Entendemos necesaria una normativa que amplíe, por ejemplo, las facultades del Tribunal de Cuentas y la posibilidad de emisión de informes vinculantes, que evitaría esas diferencias de criterio entre ejercicios contables y
fiscalización o que la función que prevalezca del tribunal no sea la sancionadora. Aquí comparto todo lo que ha dicho sobre la parte sancionadora. Hay que entender que resulta prioritario abordar el debate sobre la proporcionalidad de las
sanciones mínimas previstas en el 17 bis de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos estimando, igual que lo hace el Tribunal de Cuentas, una revisión de las sanciones previstas que facilite el pluralismo político, especialmente en
el ámbito de las elecciones locales para formaciones o agrupaciones que presentan candidaturas a veces en un solo municipio o en pocos, pero que, desde luego, no suelen tener ni el ámbito provincial. De abordar la modificación de la legislación de
financiación de partidos políticos debiera ser más serena y sosegada que la que se realizó en el 2015, sacándola del debate del contexto en que se aprobó, en el que la corrupción lo inundaba todo. Claramente, pagamos justos por pecadores. Por
tanto, una modificación que sirva para garantizar, como decía al inicio de mi intervención, un marco normativo que garantice la suficiencia y estabilidad de los recursos de los partidos, con unas normas comunes y el control efectivo de los mismos.
Para terminar quiero agradecer al Tribunal de Cuentas las aportaciones que hace en esta moción desde el punto de vista de la fiscalización que, como hemos dicho, es importante tener en cuenta -y tendremos- para posibles modificaciones de las
normas.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Etxano.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora presidenta. Así, a modo de chascarrillo y para empezar, que la política la hagan los partidos políticos, señor Sáez, a mí me tranquiliza bastante; me preocuparía que la hicieran otros.
Entrando en la cuestión de la moción, que es una de las potestades que tiene el Tribunal de Cuentas, al amparo del artículo 3 de la ley de funcionamiento, esta es una de esas iniciativas que el tribunal de vez en cuando plantea, y entiendo
que es con el ánimo de mejorar la gestión económico-financiera de los recursos públicos porque, en definitiva, una parte importante de los fondos que perciben los partidos son fondos públicos. Usted lo decía, son cuarenta y cuatro propuestas. Esto
lo ha centrado, básica y fundamentalmente, en el tema de la proporcionalidad de las sanciones, que es verdad -lo ha explicado la señora Etxano ahora mismo perfectamente-, se formularon en un contexto distinto al actual, pero también es verdad que
ese planteamiento fue apoyado prácticamente por unanimidad. Cuestión distinta es que ahora, con el paso del tiempo, se decida hacer otra cosa; nosotros no lo vemos mal.
A partir de ahí, usted ha sobrevolado sobre algunas cuestiones en esta moción que le voy a plantear ahora y en las que, posiblemente, existan discrepancias en mi grupo parlamentario o que creemos que necesitan otro tipo de explicaciones. En
el organigrama que usted ha planteado sale la diferenciación entre donación y aportación. Le pregunto si no cree usted que esta es una cuestión sencillamente de periodicidad. Al final, una aportación es una cuestión periódica; en cambio, la
donación tendría carácter extraordinario. No creo que haya que incidir mucho más en esa cuestión. También habla la moción de la existencia de diferentes cuentas. Dados los medios informáticos que hay ahora, mi grupo parlamentario más que tender a
esa propuesta que se hace de que haya cuentas diferenciadas claramente, cree que estamos en un momento en que con una única cuenta y con los medios informáticos que hay sería más que suficiente. Esto lo digo fundamentalmente porque los partidos
políticos se ahorrarían gastos, se ahorrarían complicaciones, errores, traspasos de una a otra cuenta para intentar tenerlo todo en orden.
Hay una cuestión que me llama mucho la atención cuando se habla de la limitación de los ingresos efectivos en cuenta. En definitiva, una persona que va a una ventanilla se tiene que identificar con nombres y apellidos, DNI, es decir, al
final cumple los mismos requisitos que si lo hace a través de una transferencia o cuenta. No alcanzo a entender muy bien el porqué de esa formulación y sobre todo -y esto me preocupa- que el aportante tenga que demostrar de dónde proviene el
dinero, cosa que no se le exige al que lo hace a través de una transferencia a través de cuenta bancaria. Esta es una cuestión que me es difícil entender.
Por lo que se refiere al crowdfunding y microcréditos, el Tribunal de Cuentas lo viene calificando -así se ha hecho en esta Comisión- como una situación alegal. No entiendo muy bien la afirmación de alegal, porque una cosa es legal o
ilegal, es verdad que con la ley de financiación o modificación de la ley de partidos de 2015 lo que era la microfinanciación se introdujo con un planteamiento lo suficientemente claro. Al final había que acreditar el DNI, el nombre y apellidos y
la dirección, es decir, había que identificar a aquellas personas que hacían esas aportaciones. ¿Qué sucede? Que se utilizan plataformas de financiación colectiva que no identifican claramente cuáles son los aportantes, con una mera tarjeta de
crédito se puede hacer esa aportación, pero, en definitiva, ahí lo que se está incumpliendo por parte de la formación política o fundación de turno es lo que, a mi juicio, claramente dice la ley. Porque el artículo 4 apartado dos de la Ley de
Financiación de Partidos Políticos delimita claramente cuáles son los requisitos, con lo cual yo nunca he entendido en los anteriores informes-no sé lo que dirá este próximo informe- que no se entrara en el fondo de la cuestión. Me parece que es lo
mismo que los microcréditos; al final, no deja de ser un contrato de préstamo o una donación. Yo tengo claro que es la primera figura, pero, en cualquier caso, está regulado normativamente y, por lo tanto, ante los incumplimientos, que es evidente
que se producen porque ya se ha visto en los informes de financiación de partidos políticos, el tribunal, desde mi punto de vista, tendría que actuar de otra forma.
Respecto a los grupos institucionales, la señora Etxano decía que ellos lo tienen controlados, el problema es la estructura. España tiene más de 8000 municipios y esto es muy complicado, sobre todo para las grandes formaciones políticas en
donde hay grupos institucionales o puede haberlos en casi todos los ayuntamientos con aportaciones del orden de 300 o 200 euros en muchos casos. Pretender aplicarles el régimen de contabilidad a estos pequeños órganos institucionales se me antoja
complicado, porque, al final, la cantidad de recursos humanos y económicos que habría que destinar por parte de los partidos políticos -estoy pensando en los dos más grandes, que son los que tienen representación- es de unas magnitudes que se me
antoja difícil llevarlo a cabo. En esto coincido con el señor Sáez cuando decía que, además, está el tema de los grupos institucionales y su vinculación, que la hay, a los partidos políticos. En definitiva, al final el Tribunal Supremo ha dejado
meridianamente claro que son dos organizaciones distintas, con personalidad jurídica distinta...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Sí señor, presidente, voy a intentar hacerlo en breve.
Con lo cual, entramos en la cuestión de quién sería el responsable de esos grupos institucionales. ¿Lo sería el responsable financiero del partido? ¿La institución de la que depende no lo sería para nada? La moción también propone la
posibilidad de firmar convenios entre las aportaciones -hablo de aportaciones de grupos institucionales al partido-, pero aquí entramos en una cuestión muy complicada. Al final, los partidos políticos tendrían que cambiar su objeto social, tendrían
que tributar o no por el impuesto sobre sociedades, tendrían que tributar o no por el IVA. En definitiva, la moción hace una serie de planteamientos en donde, desde mi punto de vista -me dejo muchas cosas por plantear; es una pena no poder debatir
más esta cuestión, y lo digo por el interés que tiene-, entramos en un mundo mucho más complejo del que quizá hay ahora.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cerqueiro.
El señor CERQUEIRO GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Presidenta, lo primero que quiere destacar el Grupo Parlamentario Socialista es el esfuerzo que está llevando a cabo el Tribunal de Cuentas en la búsqueda de transparencia, mejoras en la legislación y cumplimiento de la legalidad. Ese
trabajo se refleja en el expediente y en la moción que estamos
debatiendo. En el caso de las medidas adoptadas por la Agencia Tributaria en relación con el comercio electrónico, la búsqueda del cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia y, en el caso de la moción relativa a la
financiación de partidos políticos, la mejora de la financiación pública y privada de las formaciones políticas, la revisión de determinados aspectos de la normativa electoral y el desarrollo normativo de las obligaciones contables de los partidos
políticos. Todas ellas son medidas que fortalecen nuestro sistema económico, nuestra democracia y buscan una mayor justicia social. Todo ellos son objetivos donde el Tribunal de Cuentas está jugando un papel muy activo.
En cuanto al primer expediente, el crecimiento exponencial del comercio electrónico conlleva la necesidad de intensificar y asegurar la tributación de determinadas actividades y evitar la competencia desleal de determinados operadores
respecto a otros. Nuestro grupo parlamentario comparte con el tribunal que es necesario reforzar los mecanismos para combatir las estrategias de planificación fiscal utilizados por las empresas multinacionales para aprovecharse de las diferencias,
lagunas y otras inconsistencias fiscales mediante el traslado de resultados a países de baja o nula tributación. Por ello, el Tribunal de Cuentas, en un exhaustivo análisis, hace una serie de recomendaciones a la Agencia Tributaria que, entre otras
cosas, buscan que una información que actualmente solo se conoce de forma parcial e individualizada, pueda recuperarse de forma estructurada y orientada a los programas, perfiles o riesgos que resulten de más interés para reducir incumplimientos y
conseguir así una tributación más eficaz y justa. En ese esfuerzo de buscar una tributación más justa, y teniendo en cuenta que hay multinacionales que aceptan las criptomonedas como medio de pago, presidenta, ¿cómo valora usted que estas no se
consideren medio de pago en el comercio electrónico y que las actuaciones relacionadas con ellas no deben estar vinculadas a las operaciones de la Ley 34/2002?
En relación con la moción relativa a la financiación de partidos políticos, el Grupo Parlamentario Socialista comparte con el tribunal que es necesario hacer modificaciones en la normativa aplicable, así como aspectos de mejora de las
actuaciones de las mismas. Quiero decirle que el Grupo Parlamentario Socialista considera que las 44 medidas propuestas contribuirán a adaptar mejor la normativa a los tiempos y a las realidades, a obtener avances en la propia actividad económica o
financiera de las formaciones políticas y de sus entidades vinculadas o dependientes, a buscar una unificación en la regulación de las aportaciones a los partidos políticos en la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos y en la ley
electoral y a lograr una mayor eficiencia y eficacia en el ejercicio de su control externo por el Tribunal de Cuentas. Sin poder hacer un análisis de todas y cada una de las propuestas, nuestro grupo quiere incidir, por su urgencia, en la necesidad
de acometer la revisión del régimen sancionador previsto en el artículo 17 y siguientes de la Ley Orgánica 8/2007, sobre Financiación de Partidos Políticos, en especial en lo que se refiere a sus límites mínimos, los cuales deberían ser eliminados,
como usted ha dicho, a fin de favorecer una mayor proporcionalidad, adecuación e idoneidad de las sanciones a imponer en relación con la relevancia y cuantía de las posibles irregularidades. Compartimos con el tribunal que esta modificación debería
tramitarse con la mayor brevedad posible, ya que los grandes perjudicados son las formaciones y agrupaciones de electores que, de ámbito exclusivamente municipal, no cuentan con el complemento provincial de 150 000 euros para incrementar su límite
de gastos. Presidente, me gustaría entrar también por encima en los gastos electorales. En cuanto al mailing, la falta de tiempo no lo permite pero, al igual que en ulteriores debates, defendemos que tiene que existir un equilibrio entre la
eficiencia económica y la cultura política.
Termino diciendo que el trabajo del Tribunal de Cuentas es impecable, pero este trabajo debe ir acompañado de un comportamiento responsable de los actores políticos. Las últimas sentencias de la Audiencia Nacional sobre financiación
irregular y caja B del Partido Popular y todas las causas de corrupción que tiene pendientes -ahora también se abre otro foco en Marbella- impiden ver a la ciudadanía este trabajo serio y metódico que se está haciendo desde las instituciones
competentes y la mayoría de los partidos que respetamos la legalidad. A esto hay que añadirle la posición antisistema de VOX. Hoy han dejado claro que proponen la desaparición de los partidos políticos, un nuevo ataque a la democracia y, aunque se
posicionan en contra de las subvenciones públicas, en un ejercicio de incoherencia política no dudan en cobrar los 9,7 millones de euros que les corresponde al año en subvenciones públicas. Esto representa el 65 % de sus ingresos procedentes, sobre
todo, de los representantes con los que cuentan en el Congreso. Lo critican todo y lo enturbian todo, en una estrategia deliberada de asalto a la institucionalidad del Parlamento y, para llevar a cabo su estrategia, cuentan con el silencio cómplice
del Partido Popular allí donde gobiernan en coalición.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerqueiro.
A continuación, tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Quizá no será muy ordenada la exposición, pero ustedes son conscientes de que me hacen reflexiones o preguntas y me piden opiniones personales que, de alguna manera, no procede que yo dé. Ni yo debo dar una opinión personal en este sitio y
en este momento -además, el Tribunal de Cuentas es un órgano colegiado-, ni tengo ninguna posibilidad intelectual de ir más allá de lo que establecen las propias leyes. Quiero decir que los sistemas que hay vigentes para partidos políticos o para
cualquier cosa son los que nos condicionan nuestra actuación y la adecuación de las administraciones públicas y, en ese caso de los partidos políticos, a las leyes que ustedes aprueban en las Cámaras. Por ejemplo, en el caso de la moción, como
hemos hecho con otras, lo que pretendemos es tener en cuenta la experiencia del trabajo que realizamos con la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos, los problemas que han ido surgiendo y que han sido más difíciles de resolver
-porque ya les digo que el departamento de partidos políticos, como saben, es una coponencia, son dos consejeras en este caso; bueno, en el anterior también-, y les aseguro que el departamento de partidos políticos hace un estudio exhaustivo de las
situaciones, hasta el punto de ponerse en contacto cuando no tiene respuestas a las cosas que ha pedido por escrito. Es todo este conjunto de problemas que nos van surgiendo por lo que nosotros hacemos una propuesta que ni tiene por qué ser óptima
ni tienen por qué aceptarla ni siquiera en todo o en parte. Por eso, yo he hecho hoy un especial hincapié en lo que me parece claro meridiano y en lo que todos pudiéramos estar de acuerdo. Cualquiera de las otras propuestas que hacemos es evidente
que está sujeta a multitud de debates, pero con los temas que hemos señalado hemos encontrado dificultades. Por ejemplo, sobre el tema de los merchandising, están regulados por ley. ¿Qué sucede? Que son variados, múltiples, pequeños, y no tenemos
manera, es muy difícil cumplir la ley en cuanto al control de ese producto. Por eso, siempre decimos que lo mejor es que se definan las cosas lo mejor posible para que sea mucho más fácil para ustedes hacer uso de eso y, después, para nosotros,
controlar. Desde el punto que está permitido por ley, nosotros metemos rifas benéficas y todo lo que ustedes justifican en sus cuentas.
Señor Sáez, ha hecho algunas peticiones que a mí me parecen bien. A través de la Comisión mixta ya sabe que nos puede pedir casi cualquier cosa. (La señora Cañizares Pacheco: Por pedir...) Normalmente, atendemos las peticiones de la
Comisión mixta, sobre todo en cuanto se trata de que incorporen fiscalizaciones a los programas. Pero, en cualquier caso, a través de la Comisión mixta, cualquier cosa que le parezca que nosotros debemos estudiar en profundidad o incorporar a los
estudios actuales, por supuesto, no habría ningún problema.
Respecto a la señora Etxano, es cierto lo que ha dicho en cuanto a la vinculación para los partidos de los informes. Realmente los únicos que son vinculantes, porque de ellos dependen las subvenciones, son los que están referidos a los
procesos electorales, los otros no. Es verdad que esto nos retrasa sensiblemente la fiscalización habitual de las cuentas de los partidos, porque no tengo la nota delante, pero hicimos una nota de cuántos procesos electorales se producen al año, y
eso para nosotros es prioritario, lo tenemos que hacer en el momento que se produce porque la subvención que cobra el partido político depende del informe que hagamos nosotros. Es cierto que siempre estamos trabajando y de hecho el departamento que
constituye partidos políticos se está dotando con más medios. Yo creo que vamos adelantando tiempos; aun así, es cierto que vamos retrasados. Por ejemplo, en el que está por verse en la Comisión, que es el 2017, ya sí que se incluye un análisis
de microcréditos y crowdfunding como preguntaba el señor Suárez, ¿qué es lo que pasa? Pues que efectivamente está sin regular. Sabemos lo que son microcréditos, de hecho no es una fórmula prohibida para la financiación; se han establecido los
límites que tenemos, pero lo que es cierto es que cada partido político funciona de una manera diferente a la hora del crowdfunding y de estos sistemas nuevos de financiación. Por eso, me imagino que cuando antes explicaban aquí que era un tema
legal, significaba que no tenía reflejo en la legislación de partidos esa fórmula de financiación. Y, puesto que es una fórmula de financiación admitida, aunque en algunos casos hay algún problema por las plataformas, quizá sea bueno darle una
respuesta reglamentaria, no sé si tanto como legal, pero reglamentaria sin ninguna duda. Los procedimientos deben estar claros y eso evitará confusiones. En cuanto al tema de la consolidación de los grupos institucionales, es lo mismo que se exige
para otros grupos económicos. Al final, con esa consolidación lo que se pretende es mostrar la imagen real y total para hacer un mejor análisis económico. Ya les digo que ustedes están en el uso del poder de llegar hasta donde quieran en este como
en tantos otros temas. Por lo que se
refiere a la opción del legislador por el tema de financiación pública de partidos, como opción de legislador y como todo, ni siquiera la ponemos en cuestión.
Respecto a la diferencia entre donaciones y aportaciones, que me ha planteado el señor Suárez, intentamos tratar de manera diferente los dos conceptos porque las donaciones en la ley están tasadas y no las aportaciones. Cuando el legislador
hizo eso en el 2015 lo haría por alguna razón, pero lo cierto es que la donación tiene un tope. El resto de aportaciones no tiene un tope. Por eso, es por lo que pretendemos hacer la diferencia. En cuanto al tema de los bancos, la casuística con
la que nos encontramos, que ustedes a veces no conocen, es que aportaciones a partidos políticos que se hacen a través de transferencias a través de bancos, como la transferencia corriente, como si vas con el dinero y lo pones allí, pues nos hemos
encontrado aportaciones a través de transferencias a bancos que, a la hora de la alegación, el partido justifica que lo ha hecho fulanito de tal, que es afiliado del partido tal, y resulta que en el banco la aportación está hecha por un familiar.
Estas cosas, si las podemos perfilar, todo lo que sea claridad en todos estos temas, es bueno fundamentalmente para ustedes, para los partidos políticos, y a nosotros nos facilita el trabajo de no tener que llevar la investigación hasta ese punto.
Por eso decimos que es mejor que esto se aclare, quién puede hacer las donaciones por transferencia, porque el caso que estoy contando era una donación. Todo esto es fruto de los temas que nos vamos encontrando, que nos han dado más problemas
incluso en el trámite de alegaciones de los partidos porque ni los propios partidos, después, tienen muchos sistemas para justificar según qué cosas. Sabemos que ni siquiera es lo más importante del dinero privado que llega a los partidos
políticos, pero nosotros pretendemos hacer un trabajo excelente y queremos que ustedes también lo hagan para que ese tema en concreto no tenga tanta controversia y haya tanta desconfianza con el tema de la utilización de los fondos por parte de los
partidos políticos, ni públicos ni privados. Públicos, por supuesto, pero privados, lo mismo; privados, en la medida que tienen la regulación y la extensión que tienen en la propia ley.
Al señor Cerqueiro, en cuanto al tema de las criptomonedas, el informe sobre la gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el comercio electrónico no incluye un análisis sobre el pago porque no se han considerado todavía
por la agencia como medio de pago. Quizá sea una buena pregunta para la agencia en el control parlamentario. La agencia no tiene admitido como medio de pago las criptomonedas.
No sé si me dejo algo sin contestar. No quisiera dejar nada sin contestar, por lo menos sin debatir. Realmente lo que me apetecería sería entrar en la discusión a fondo, porque creo que podría convencerles de muchas de las cosas que
ponemos en las mociones porque responden a algo tan empírico como estar en el sitio en todos los momentos en que se producen todas las transacciones. Por ejemplo, en el tema del grupo institucional y el grupo parlamentario, nos hemos encontrado
muchas veces con que el objetivo de la aportación que se hace a los grupos parlamentarios no es el mismo que se hace a los grupos institucionales y que la mezcla de un sitio a otro de las aportaciones se da con relativa frecuencia. Si eso está
claro, es mejor para todos, porque responden a finalidades distintas.
Quiero dar las gracias a todos los diputados y senadores. Yo creo que no me olvido de nada, pero si me olvido de algo quedo a su disposición, ustedes me lo preguntan por escrito y yo contesto lo que me haya dejado en el tintero.
Gracias.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000114 y número de expediente del Senado 771/000114).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN, EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000119 y número de expediente del Senado 771/000119).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL, FSP, EJERCICIOS 2018 Y 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000121 y número de expediente del Senado 771/000123).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
A continuación, pasamos al debate correspondiente al Bloque-III, informe de fiscalización de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ejercicio 2017; informe de fiscalización de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ejercicio 2018, y el informe de fiscalización de la Fundación del Teatro Real, FSP, ejercicios 2018 y 2019.
Tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
El informe de fiscalización de la Universidad Menéndez Pelayo está referido al ejercicio 2017 y se aprobó en mayo de 2021. (Apoya su intervención en una presentación digital). Se hizo a iniciativa del tribunal. Ya saben que la Universidad
Menéndez Pelayo es un organismo autónomo, que en el año 2017 estaba adscrito al Ministerio de Educación y ahora está adscrito al de Universidades y con un presupuesto de 25 millones de euros aproximadamente. Es una fiscalización de regularidad,
porque no es la primera vez que analizamos la Universidad Menéndez Pelayo, y se han hecho muchísimas recomendaciones y uno de los objetivos fundamentales de esta fiscalización es precisamente el cumplimiento de las recomendaciones que se contenían
en el anterior informe del Tribunal de Cuentas, que está referido al 2008 y se aprobó en el 2012. De los principales resultados, se desprende -en relación con la propia configuración de la universidad- que el estatuto de la universidad no recoge
expresamente entre sus actividades básicas las actividades de segundo ciclo y másteres, cuando es una de las actividades primordiales y esenciales de su oferta académica. En cuanto al control interno, no cuenta con un plan de actuación con las
líneas estratégicas que enmarcan la actividad de la entidad ni con planes anuales que lo desarrollen. Tampoco tiene una programación global de actividades académicas que vayan a realizar.
Respecto a los estados financieros, la liquidación presupuestaria del ejercicio al que nos referimos, que es 2017, presentó un resultado negativo por importe de casi 3 millones de euros. En relación con el análisis de tesorería, la entidad
no registró en contabilidad algunos saldos y movimientos de las cuentas bancarias y en varias cuentas restringidas de recaudación se observaron incumplimientos de los plazos establecidos para el traspaso de los saldos al Banco de España. También se
destaca la detracción indebida de parte de los saldos como consecuencia de recargos o comisiones y se detectaron algunas deficiencias relevantes en la tramitación de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija.
En cuanto a recursos humanos, en relación con el colectivo de funcionarios, se destaca el predominio en la plantilla real de los funcionarios de los grupos C1 y C2, que suponían el 68 % del total de la plantilla de la universidad. La
entidad contaba con una estructura organizativa con 21 puestos para personal docente que no estaban previstos en su relación de puestos de trabajo. En relación con este colectivo, se observan deficiencias tales como la superación del mandato del
rector, la omisión en los expedientes de las copias de los títulos exigidos, la concesión de las necesarias dispensas parciales por las universidades de origen y la prestación de servicios en todos los casos en régimen de dedicación parcial, pese a
que está previsto exclusivamente para seis de los puestos de esa universidad. En relación con la contratación que hace la universidad, en 2017 estaban vigentes 203 contratos administrativos por un importe de 13 millones de euros, el 73 % de estos
contratos se tramitó como contratos menores. Las principales deficiencias en el área de contratación fueron la carencia de una adecuada planificación de la actividad contractual, la utilización inadecuada del procedimiento de urgencia y el
fraccionamiento de algunos de los contratos. Realmente, la universidad no se ha dado de alta en la plataforma de contratación del Estado hasta enero de 2019.
En cuanto a la gestión de los gastos por transferencia, se observa que la universidad carece de plan estratégico de subvenciones, que exige la ley de subvenciones, y también se observan deficiencias en la gestión de cuatro de las líneas de
becas que hemos visto, destacando las emisiones no subsanadas en la documentación presentada por los solicitantes, la falta de publicidad y errores en la baremación de los méritos de los solicitantes, insuficiencia de justificación del cumplimiento
de los requisitos exigidos a los beneficiarios. En relación con los ingresos gestionados por la universidad, el informe expone que de los 19 millones de euros de derechos reconocidos, el 74 % correspondió a transferencias corrientes y el 24 % a
tasas y precios públicos; el resto a transferencias de capital y activos financieros. Las transferencias corrientes procedieron finalmente del entonces Ministerio de Educación y los ingresos por tasas y precios públicos representaron casi 5
millones de euros.
Las principales deficiencias que hemos observado en la gestión de los ingresos por tasas han sido la existencia de incongruencias en la información sobre el número de alumnos y de matrículas, la inadecuada imputación presupuestaria de las
tasas y las discrepancias entre los datos de las distintas fuentes sobre los ingresos.
En cuanto a la suscripción por parte de la universidad de acuerdos de colaboración con otras entidades, celebraciones de cursos, etcétera, el informe destaca carencia de datos completos y sistematizados, falta de formalización por escrito en
numerosos acuerdos y omisión del envío al tribunal de la relación certificada de los convenios firmados durante el año que analizamos.
En relación con el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe anterior, tenemos que decir que estas recomendaciones estaban referidas a la adopción de medidas tendentes a superar debilidades de control, fortalecer
procedimientos de gestión en la tramitación de gastos e ingresos, establecer correcta segregación de funciones de tesorería, sistema adecuado de control de cuentas bancarias y de cajas, proceder a la revisión rigurosa de las cuentas justificativas
de anticipos de caja fija y pagos a justificar. La mayor parte de ellas no han sido cumplidas. Sí se ha avanzado en mejoras en la gestión en el registro contable de los inmuebles, incluso en la cesión de los anticipos de caja fija. El informe
incluye nuevas recomendaciones, algunas reiterativas de lo anterior, y en estas se incluyen la modificación del estatuto de la universidad para recoger la referencia expresa a enseñanzas de segundo ciclo -que esa está dirigida al Gobierno- y seis a
la universidad, que son: la elaboración del plan estratégico de actuación y de planes anuales, la adopción de medidas para superar todas las deficiencias de control interno, ajustar las funciones del colectivo de trabajadores laborales a su
categoría y planificar los procedimientos de contratación.
Paso al siguiente informe, referido a la fiscalización de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ejercicio 2018. Informe aprobado el 24 de junio de 2021, a iniciativa del tribunal. El ámbito subjetivo lo constituye
la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, y el objetivo ha sido el conjunto de la actividad económico-financiera desarrollado por la agencia.
Los principales resultados de la fiscalización en relación con la rendición de cuentas son que fueron rendidas en tiempo y forma. Durante el ejercicio 2018 la ANECA presentó unos créditos finales por importe de 12 millones de un importe de
obligaciones reconocidas de casi 9. Y respecto al control interno, se han detectado debilidades que afectan, entre otras cosas, a errores de registro y archivo telemático de toda la documentación relativa a contratación, incluyendo la ausencia de
un registro único para contratos menores, ausencia de procesos mecanizados y automatizados de gestión y control de ingresos o incumplimiento de las normas internas que regulan los procedimientos de concesión de los anticipos de nóminas de la ANECA.
También se ha observado que la entidad presentaba debilidades importantes y deficiencias del control interno de su inmovilizado.
Sobre la auditoría de los estados financieros, los estados financieros de ANECA representan la imagen fiel del organismo a 31 de diciembre, con algunas salvedades relacionadas con la incorrección de la utilización de determinadas cuentas
contables y con las imputaciones incorrectas en los estados contables en algunas partidas.
En lo relativo al cumplimiento de legalidad y determinados aspectos en la gestión, se destaca la ausencia de un plan de tesorería con información relativa a previsión de pagos a proveedores. En materia de personal, la agencia no disponía de
una relación de puestos de trabajo para el personal fijo, lo que realmente es una debilidad importante en la ordenación y asignación de las funciones del organismo. Tampoco ha aprobado un plan de acción social y, además, se imputó como gasto de
acción social la suscripción de una póliza de asistencia sanitaria para el aseguramiento sanitario y dental del personal, que es un gasto expresamente excluido del ámbito de acción social previsto en una resolución de la Secretaría de Estado de
Función Pública. En lo relativo a la tesorería, ANECA no disponía de un censo de cajeros pagadores ni elaboró estados de situación de tesorería con respecto a dos cuentas corrientes.
En materia de contratación de gastos corrientes, en bienes y servicios e inversiones reales, las deficiencias más comunes encontradas son la superación del plazo de duración de un año, que es el previsto para contratos menores; ausencia de
solicitud de las tres ofertas para ese tipo de contratos; falta de publicación en la plataforma y ausencia de documentos contables, certificaciones de retención o falta de publicación de memorias justificativas. Durante varios ejercicios ANECA
recurrió a la figura del contrato menor para cubrir sus necesidades periódicas de carácter recurrente y de naturaleza previsible, determinada y cierta, superando en su conjunto el límite cuantitativo establecido por la ley de contratos para la
contratación menor, lo que, casi con toda seguridad, pudo suponer un fraccionamiento del contrato. La fiscalización también detectó deficiencias en la utilización de los anticipos de caja fija y, en materia de ingresos, deficiencias que afectan al
establecimiento de precios públicos que no cubren los costes indirectos en los que la entidad incurrió a la falta del cobro de tasas por la prestación de servicios o la existencia de retrasos en el cobro de servicios prestados, que afectaron casi a
la mitad de los expedientes
analizados. La revisión de los convenios de colaboración también ha reflejado determinadas deficiencias, como ausencia de indicación del régimen de modificación, falta de previsión de mecanismos de seguimiento, vigilancia y control,
ausencia de memoria justificativa o retraso en la inscripción en el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.
En cuanto a las encomiendas de gestión, se ha observado una remisión errónea de los convenios de formalización a la normativa de convenios de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, aun cuando el artículo 48 excluye expresamente en su
regulación las encomiendas de gestión. Sobre la parte operativa de la fiscalización, se han analizado los principios de buena gestión financiera, acreditándose que ANECA no ha implantado adecuadamente un modelo de gestión orientado a resultados.
Por ejemplo, se detectan incoherencias y falta de correlación entre la estructura de las memorias de los programas presupuestarios y los estados de gastos, ausencia de indicadores adecuados, falta de seguimiento de los resultados y de las
desviaciones producidas en estos, como ausencia de vinculación entre el plan estratégico general y la planificación anual. Tampoco tiene implantado ANECA un sistema de contabilidad analítica.
Entre las recomendaciones que se hacen en este informe dirigidas al Gobierno, está que se adopten las medidas necesarias para el desarrollo de los requisitos formales que han de reunir los convenios de formalización de las encomiendas de
gestión. Y en cuanto a las dirigidas a la propia ANECA, reforzar mecanismos de control interno y aprobar una relación de puestos de trabajo para el personal laboral fijo detallando tareas y responsabilidades. Además, se sugiere que el mecanismo
haga uso de los activos disponibles en el parque móvil en materia de vehículos oficiales en lugar de acudir a empresas externas; realizar un estudio de costes indirectos y directos con el objeto de garantizar la cobertura financiera de los
servicios que presta; también se sugiere que el organismo redefina sus indicadores de gestión de forma que proporcionen una información válida para el seguimiento de objetivos y para la toma de decisiones; y, desde luego, que lleven a cabo a la
mayor brevedad posible la implantación de un sistema de contabilidad analítica que permita disponer de información sobre el coste de los servicios y de sus actividades.
Me queda un informe, el referido a la Fundación del Teatro Real, fundación del sector público. Está referido a los ejercicios 2018 y 2019 y fue aprobado por el pleno en julio de 2021. Los antecedentes de este informe se encuentran en un
informe de la fundación del ejercicio 2012, que incluía diez recomendaciones, así como la resolución de la Comisión mixta de marzo de 2015, en que se instaba a la fundación a realizar ocho actuaciones, y en el posterior informe de seguimiento de las
principales recomendaciones incluidas en informes que fueron aprobados en el periodo 2013-2016, con carácter general para entidades del sector público. El ámbito subjetivo es la Fundación del Teatro Real y el ámbito objetivo la actividad
económico-financiera de la fundación.
La fundación ha presentado unos balances de situación para 2018 y 2019 con unos activos de 141 y 133 millones, respectivamente, y unas cuentas de resultados con unos excedentes de 118 000 euros en 2018 y 53 000 en el año 2019. Los
principales resultados de la fiscalización relacionados con la rendición de cuentas muestran que se han aprobado y rendido las cuentas de los ejercicios en tiempo y forma, que representan la imagen fiel, excepto salvedades, que son las siguientes.
Están referidas a la falta de activación en la cuenta de 2018 de las escenografías de las producciones coproducidas no lideradas por el teatro, la falta de provisión en el año 2019 de medio millón de euros por la deuda adquirida y no pagada por una
fundación privada con base en los convenios de colaboración firmados en 2017 y 2018, y la sobrevaloración e infravaloración de cuentas por saldos indebidamente registrados, saldos y facturas no provisionadas y otras indebidamente contabilizadas.
El análisis de la contratación refleja incumplimientos y deficiencias documentales que afectan a la ausencia de memorias justificativas, facturas, contratos, actas de conformidad. Además, en algunos contratos no se ha aplicado el principio
de concurrencia. El análisis de la muestra de la contratación de personal también refleja existencia de deficiencias relativas a la escasez de los plazos establecidos en algunas convocatorias para la presentación de solicitudes o la nula o muy
escasa publicidad dada a los procesos. De hecho, no hay constancia de publicidad en doce de los catorce procedimientos de selección de personal. También hay actas de puntuación de candidatos en las que solo se incluye la valoración numérica pero
no los criterios aplicados para llegar a ella, falta de homogeneidad en los criterios aplicados en los casos de renuncia del candidato seleccionado. En un caso se adjudicó al candidato siguiente y en otro caso se declaró el puesto desierto.
Con relación al principio de igualdad, la fundación tiene aprobado un plan de igualdad y un protocolo de acoso sexual, y tiene establecidos criterios para que en los procesos de selección se dé preferencia al sexo menos representado.
Sobre la parte operativa, se han analizado los sistemas y procedimientos de gestión y se ha observado que la fundación carece de un procedimiento escrito que regule el procedimiento de compra de activos y su activación contable; si bien el
análisis de la muestra de operaciones revela que todas las operaciones están soportadas y registradas. Tampoco tiene la fundación un manual de procedimientos que regule la aprobación, desarrollo, gestión y control de los planes de actuación; si
bien ha venido realizando un seguimiento mensual de los presupuestos en la comisión ejecutiva, en la que se analizan las desviaciones producidas. El análisis y la liquidación del plan de actuación de 2018 han mostrado una infravaloración inicial de
los gastos e ingresos en relación con los que finalmente se produjeron, que se ha traducido en un resultado positivo inferior al estimado.
La fiscalización incluye un análisis de una muestra de la producción, que ha revelado la existencia de una deficiente coordinación, para la elaboración presupuestaria, claro está, entre la dirección artística y la dirección técnica. También
se ha detectado una insuficiencia de la dotación de personal en la secretaría general de la fundación que afecta a todos los departamentos, al de sistemas informáticos, etcétera. El convenio de colaboración para la celebración del 200.º aniversario
del Teatro Real y del vigésimo aniversario de la reapertura no tiene incidencias dignas de mención.
Y sobre el seguimiento de las recomendaciones que se contenían en informes anteriores -y esto va dentro de lo que el otro día hablábamos de la estadística de cumplimientos-, hay una recomendación cumplida, que fueron las medidas adoptadas
para evitar el progresivo deterioro de fondos propios, así como equilibrar el presupuesto de la fundación evitando desviaciones, y una no cumplida, que es proceder a la integridad documental de los expedientes contractuales.
Los cuatro puntos de la resolución de la Comisión mixta de marzo de 2015 sí que se consideran cumplidos en el momento temporal de la presente fiscalización. Y este informe incluye de nuevo recomendaciones. Por ejemplo, debería disponer de
un procedimiento en el que se establecieran criterios homogéneos para todas las producciones del registro contable de ingresos y gastos y valoración y deterioro de escenografías; que se formalice un procedimiento de la función de compras
estableciendo responsabilidades, deberes, delegaciones, etcétera; y actualizar el manual del procedimiento de venta de entradas. La fundación también debe establecer medidas de seguimiento de los convenios y disponer de un manual que establezca
procedimientos de aprobación, desarrollo y gestión de los presupuestos y planes de actuación, así como que considere dotar la secretaría general con personal que entendemos escaso.
Por mi parte, doy por terminada la presentación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Saéz.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora presidenta, de nuevo. Tres son los informes que analizamos en este bloque. En primer lugar, la fiscalización del ejercicio 2017 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Vemos en el mismo que la financiación de la
universidad, en el ejercicio fiscalizado, procedió fundamentalmente de transferencias y subvenciones recibidas, que representaron el 77 % de sus ingresos, procediendo el 23 % restante de prestaciones de servicios, la mayor parte en concepto de
matrículas. Vemos también que la gestión ordinaria del organismo presentó unos resultados negativos por importe de 2 774 885 euros, que representa también un incremento del 226 % sobre los resultados, también negativos, del ejercicio anterior. No
está entre las recomendaciones, y nosotros sí la plantearíamos, trabajar para aumentar el porcentaje de las transferencias de las empresas privadas, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para lograr reducir el gasto público y reducir la
dependencia de este organismo, de la Administración General del Estado.
Me gustaría detenerme en una de las recomendaciones. Se habla de que, en materia de recursos humanos, el tribunal recomienda a la universidad ajustar las funciones del colectivo de trabajadores laborales a su categoría y limitar el número
de trabajadores fijos discontinuos; un colectivo que, en los períodos en los que no está en activo, no computa como parado en las estadísticas, pero tiene derecho a cobrar la prestación por desempleo si lo hubiese generado; un tipo de contrato que
enmascara la imagen fiel, utilizando el lenguaje de auditor, de la realidad del mercado de trabajo en España. Claro que enmascarar la realidad es una práctica habitual en el Partido Socialista.
El segundo informe es sobre la fiscalización de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ejercicio 2018. Me gustaría detenerme en dos recomendaciones. La recomendación segunda menciona que la ANECA debería aprobar
una RPT para el personal laboral fijo, de modo que se permita diagnosticar una escasez en el número de efectivos o una inadecuada distribución de los
existentes y lograr la mayor eficiencia posible. La recomendación octava menciona que la ANECA debe llevar a cabo, sin mayor dilación, la implantación de una contabilidad analítica -completamente de acuerdo- que permita disponer de
información sobre los costes de las actividades, señalados en la memoria de las cuentas anuales.
Estas recomendaciones las compartimos absolutamente y deberían implantarse en todas las administraciones y organismos dependientes del Estado, a lo que ayudaría la elaboración de un presupuesto en base cero y una actitud favorable a la
gestión eficiente de las cuentas públicas, que, a la vista de los déficits en los que estamos incurriendo habitualmente, no tiene interiorizado el Partido Socialista.
El tercer informe es la fiscalización de la Fundación del Teatro Real, correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019. Vemos en el detalle lo siguiente: que los recursos de la fundación proceden fundamentalmente de los ingresos de
patrocinadores y colaboradores. Pero la financiación pública, a través de subvenciones, representa un 24,33 % de los ingresos, en 2019, y un 22,1 % representaba en 2018. Creo que sería bueno indicar dos recomendaciones adicionales. La primera,
que el Teatro Real debería continuar con las medidas adoptadas que le permitieran incrementar los ingresos de patrocinadores y colaboradores, y de los ingresos por ventas de entradas, lo que redundaría en un ahorro para las cuentas de las diferentes
administraciones públicas. Y la segunda, consolidar el actual modelo de gestión del Teatro Real, en el que, mediante la combinación de un incremento de los ingresos privados y una gestión eficiente del gasto potencien a esta institución como
referente cultural de España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Galicia.
El señor GALICIA JARAMILLO: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Bienvenida, señora presidenta del Tribunal de Cuentas, así como a todos los técnicos que la acompañan. En primer lugar, lógicamente, gracias por el trabajo que han desarrollado, que, indudablemente, es para apreciar
y agradecer.
Son tres informes y, en primer lugar, quiero hacer una observación con relación a las recomendaciones, cuando ha habido informes anteriores, y el grado de cumplimiento, salvo, en concreto, en ANECA, que es la primera vez que se lleva a cabo
y, por lo tanto, no tengo y no puedo dar opinión al respecto. En segundo lugar, quiero hacer alguna observación o remarcar algunos de los aspectos sobre las recomendaciones o sobre los aspectos del informe.
Parto de la base -y lo dejo dicho- de que las recomendaciones de los tres informes por parte de nuestro grupo son aceptadas y, por lo tanto, nos adherimos a las mismas, puesto que creemos que están razonadamente fundadas, sin perjuicio de
matices. En primer lugar, con relación a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en cuanto a las recomendaciones de otros informes creemos que es importante destacar, primero, que se han mejorado los procedimientos de gestión de la
tramitación de gastos e ingresos. Con relación a las recomendaciones de años anteriores, también creemos que se han subsanado las deficiencias en cuanto a contabilidad y contabilización de los inmuebles. Hemos observado el cumplimiento de
requisitos de publicidad activa y, tal y como ha dicho, se han resuelto algunos problemas -lo ha dicho usted- con los anticipos de caja fija. Es decir, que dentro de lo posible, se han cumplido las recomendaciones, lo cual es importante.
En cuanto a las recomendaciones actuales y, a lo mejor, excesivas recomendaciones, queremos destacar que, tal y como se refleja en el informe, pudiera haber influido el carácter especial de esta universidad, carácter especial que viene en el
informe, precisamente, porque imparte únicamente enseñanzas de posgrado, ausencia, por ejemplo, de personal docente propio o falta de recursos propios; se observa que el estatuto, efectivamente, no recogía actividades para la realización del
segundo ciclo. En fin, yo creo que estas razonables especialidades pueden haber influido, precisamente, en que luego se tengan que hacer algunas recomendaciones para mejorar el funcionamiento del mismo. De hecho, al final se pone de manifiesto que
la cuenta rendida respecto al ejercicio 2017 es representativa de los resultados y de la situación patrimonial. Esto es importante, importantísimo, y en esto coincido en que se ha dado de alta en la plataforma general de contratación del Estado a
partir de 2019, y entendemos que eso es absolutamente necesario.
En relación con el segundo informe, sobre la ANECA es la primera vez que se lleva a cabo este informe. Es la primera vez porque antes era fundación, si no lo tengo mal anotado y no lo he interpretado mal. Por lo tanto, no puedo hacer
referencia a las fiscalizaciones que se hayan hecho con anterioridad. Lo único que sí creo que es muy importante es tener en cuenta que, por ejemplo, en ingresos se estaba
trabajando con un Microsoft Excel, que no era el mejor sistema informático para llevarlo a cabo. En gasto se utiliza el sistema de refacturación, que creemos que se va a solucionar o se ha solucionado ya; es decir, poner un gasto, anularlo
y, luego, ponerlo en el ejercicio no tiene sentido. Por eso, de hecho, el tribunal lo pone en una recomendación. No disponía de una RPT. La necesidad de mayor personal, también lo hacemos nuestro; y tampoco había aprobado un plan de acción
social; igual que algo muy importante, la necesidad de una contabilidad analítica para medir los costes, que es absolutamente necesario que se establezca. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo, en ese sentido, en que se establezca, y así lo
ponen ustedes en las recomendaciones.
Y con relación al Teatro Real, partiendo de lo que acabo de decir del grado de cumplimiento anterior, entendemos que se han cumplido. De hecho, el deterioro de fondos propios entre 2012 y 2017 se ha mejorado y prácticamente enfocado; se
han equilibrado los presupuestos, evitando que existan desviaciones con relación a los ejercicios anteriores. Y se han cumplido -y esto es importante también y lo quiero poner de manifiesto- las resoluciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado,
que se trabajaron aquí las cuatro recomendaciones. Por lo tanto, desde ese punto de vista y desde esa opinión, han quedado cumplidas. Lo que sí me gustaría resaltar es la existencia de algunos problemas en materia de contratación,
fundamentalmente, porque hay innumerables incumplimientos y deficiencias en la documentación que tiene que haber en los correspondientes expedientes. Creo que así se recoge. En cuanto a la contratación de personal, también quiero poner de
manifiesto que hay problemas con las solicitudes, pues el plazo dado ha sido escaso, las convocatorias solo se publican en la página web y en ellas se dice que sí se ha dado traslado a los representantes, pero no queda debidamente acreditado, igual
que en las actas del tribunal. Por lo tanto, es muy importante esa recomendación a la que hacen ustedes referencia. Quiero también poner de manifiesto que en materia de igualdad y no discriminación queda algún fleco, puesto que continúa sin haber
una metodología para evaluar el desempeño del personal como fórmula objetiva y reglada para acceder a puestos de promoción interna y evitar situaciones de discriminación.
Las recomendaciones ponen de manifiesto que hay que solucionar estos temas. Por tanto, aceptamos las recomendaciones, como he dicho, pero pongo de manifiesto que ha habido una liquidación en la que no se han incluido algunos gastos.
Esperamos que con las recomendaciones quede esto solucionado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Otero.
La señora OTERO GARCÍA: Gracias, presidente. Señora presidenta, gracias una vez más por su comparecencia en esta Comisión.
En primer lugar, quiero hacer una observación respecto a la intervención del partido de VOX. El diputado de VOX siempre se refiere al Grupo Parlamentario Socialista en relación con estos informes, pero no se da cuenta de que parte de ellos
provienen también del Partido Popular.
Respecto al informe de fiscalización de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para el ejercicio 2017, me gustaría hacer algunas observaciones que, a mi juicio, son importantes. En referencia al control interno, quiero destacar que la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo incumplía la obligación de contar con un plan de actuación, así como con una programación académica global de las actividades a realizar. En cuanto a la relación de tesorería, se observa la falta de
registro contable de determinados saldos y movimientos de las cuentas bancarias y una liquidación presupuestaria del ejercicio con un resultado negativo de 2,7 millones de euros. En cuanto a la contratación, quiero destacar que en el año
fiscalizado la universidad tiene vigentes 203 contratos administrativos, por lo que se reconocieron obligaciones por un importe de 13 millones de euros. En este año no se incumplía la obligación de comunicar al Registro de Contratos del sector
público los datos básicos de su actividad contractual.
El informe pone también de manifiesto la inexistencia de un plan estratégico de subvenciones y la omisión de la publicación de las becas concedidas. Se observan también deficiencias en las líneas de becas examinadas y una justificación
insuficiente del cumplimiento de los requisitos exigidos a los beneficiarios. De la principal actividad convencional de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se desprende del informe la carencia de datos completos y sistematizados de los
convenios y acuerdos vigentes en el ejercicio 2017. Y respecto a la normativa de transparencia, el informe menciona algunas omisiones en materia de contratación y convenios. Cabe destacar que la mayor parte de las recomendaciones contenidas en el
anterior informe del Tribunal de Cuentas sobre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo no fueron cumplidas.
Respecto al informe de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, ejercicio 2018, se concluye, en relación con el análisis del control interno, la ausencia de un registro único, la falta de inventario actualizado, la
ausencia de valoración de elementos del inmovilizado intangible, la inexistencia de resoluciones de bajas firmadas o la falta de procesos mecanizados y automatizados de gestión y control de ingresos. Se observan también algunas deficiencias, como
la no elaboración de un plan de tesorería, la ausencia de una relación de puestos de trabajo para el personal laboral fijo, la inexistencia de un censo de cajeros pagadores, así como un uso insuficiente de los instrumentos previstos en la normativa
reguladora de su propia actividad. En relación con los estados financieros del ejercicio fiscalizado, se omite una opinión favorable al mismo.
Y, por último, en relación con las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019 de fiscalización de la Fundación del Teatro Real, fundación del sector público, se señala que estas representaban en todos los aspectos significativos la imagen
del patrimonio y la situación financiera a 31 de diciembre de dichos ejercicios, así como los resultados de sus operaciones, de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual y la ejecución del presupuesto. En cuanto a los sistemas y
procedimientos de gestión, se desprende que la fundación no cuenta con un manual de procedimiento que regule la aprobación, el desarrollo, la gestión y el control de los planes de actuación, pero sí se realiza un seguimiento mensual de los
presupuestos de la comisión ejecutiva. De este informe también se concluye que en materia de igualdad sí se ha aprobado un plan de igualdad de la fundación y se han organizado cursos de formación sobre igualdad de trato y oportunidades entre
hombres y mujeres. Y también se hace referencia a la aprobación de un protocolo de acoso sexual.
En cuanto a las tres recomendaciones del informe de fiscalización, se concluye que la relativa a la adopción de medidas para evitar el progresivo deterioro de los fondos propios entre el ejercicio de 2012 y 2017 se considera cumplida
totalmente. En cuanto a la recomendación relativa a la adopción de medidas para equilibrar los presupuestos de la fundación, evitando las desviaciones producidas, se indica que en el ejercicio 2018 han continuado las desviaciones, disminuyendo en
el ejercicio 2019, por lo que se considera parcialmente cumplida. Y sobre los expedientes de contratación que incluyan los documentos contables que acrediten la existencia de crédito, se considera no cumplida. En cuanto al informe de fiscalización
del ejercicio 2012, que se encontraban pendientes de cumplimiento parcial o total a 31 de diciembre del ejercicio 2017, se consideran cumplidos en el periodo temporal de esta fiscalización.
Mi grupo está seguro de que el Gobierno trabaja para que el cumplimiento de las recomendaciones dirigidas a la subsanación de las deficiencias sea llevado a cabo en la forma más eficaz y en un periodo corto de tiempo.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Otero.
A continuación, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Quiero dar las gracias al señor Sáez, al señor Galicia y a la señora Otero. No se plantean cuestiones, les veo muy de acuerdo con las recomendaciones, cosa de la que me congratulo.
Espero verles pronto, pero no antes de Navidades. (Risas). Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Nos veremos después de Navidades, ya en el año nuevo.
Tras la presentación de los informes, despedimos a la señora presidenta Tribunal de Cuentas, agradeciéndole las explicaciones.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.