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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 155, de 27/10/2022
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DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 155
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTOS CERDÁN LEÓN
Sesión núm. 16
celebrada el jueves,
27 de octubre de 2022
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2020. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000008 y número de expediente del Senado 770/000004) ... (Página3)
Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:
- Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2020. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000008 y número de expediente del Senado 770/000004) ... (Página4)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
Bloque I:
- Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2020. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000008 y número de expediente del Senado 770/000004) ... (Página4)
Bloque II:
- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión de los ingresos derivados de las inversiones inmobiliarias de SEPIDES, ejercicios 2016 y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000001 y número de expediente
del Senado 771/000002) ... (Página6)
- Informe de fiscalización de los principales ingresos percibidos y gestionados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000097 y número de
expediente del Senado 771/000093) ... (Página6)
- Informe de fiscalización sobre las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado en materia de cooperación económica con las confesiones religiosas a través de los programas de ingresos y gastos contenidos en los
Presupuestos Generales del Estado, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000062 y número de expediente del Senado 771/000062) ... (Página7)
- Informe de fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras con especial referencia a la gestión de la construcción de la residencia de mayores 'La Minería', ejercicios 2006 a 2017. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000051 y número de expediente del Senado 771/000051) ... (Página7)
- Informe de fiscalización del análisis de impacto normativo en los ministerios del área político-administrativa del Estado. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000098 y número de expediente del Senado 771/000094) ...
(Página8)
- Informe de fiscalización del Programa 113M 'Registros vinculados con la fe pública', ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000081 y número de expediente del Senado 771/000084) ...
- Informe de fiscalización de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), ejercicios 2016 y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000086 y número de expediente del Senado 771/000086) ...
Bloque III:
- Informe de fiscalización de las tasas y precios públicos de los ayuntamientos de municipios de población superior a 500 000 habitantes, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000103 y número de expediente
del Senado 771/000102) ... (Página9)
- Informe de fiscalización del coste para CRTVE de las medidas de gestión de personal adoptadas a consecuencia de la aplicación del Real Decreto-ley 4/2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000069 y número de
expediente del Senado 771/000075) ... (Página10)
- Informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal, ejercicio 2019.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000108 y número de expediente del Senado 771/000109) ... (Página10)
- Informe de fiscalización del área de recursos humanos de las empresas estatales no financieras del Grupo Patrimonio, ejercicios 2016 y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000115 y número de expediente del Senado
771/000115) ... (Página11)
Comparecencia de la señora presidenta del Tribunal de Cuentas (Chicano Jávega), para informar sobre los siguientes extremos:
Bloque-III:
- Informe de fiscalización horizontal de la imposición y el cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, ejercicios 2017 y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000105 y
número de expediente del Senado 771/000105) ... (Página13)
- Informe de fiscalización de una gestión de cobro en periodo ejecutivo de los recursos de otras administraciones y entes públicos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, ejercicios 2018 y 2019. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000116 y número de expediente del Senado 771/000116) ... (Página13)
- Informe de fiscalización sobre las actuaciones de defensa contra la desertificación y de prevención y extinción de incendios forestales, ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000079 y número de expediente
del Senado 771/000078) ... (Página13)
- Informe de fiscalización sobre la gestión de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ejercicios 2017 y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000117 y número de expediente del Senado 771/000117) ...
(Página13)
- Informe de fiscalización de la actividad del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, situación a 31 de diciembre de 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000129 y número de expediente del Senado 771/000128) ...
(Página13)
Bloque-I:
- Informe de fiscalización de las operaciones de apoyo financiero de SEPI a sus empresas del grupo, ejercicios 2017 y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000068 y número de expediente del Senado 771/000076) ...
- Informe de fiscalización de la actividad de los fondos sin personalidad jurídica gestionados por el Ente Público Puertos del Estado, ejercicios 2018 y 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000099 y número de
expediente del Senado 771/000095) ... (Página25)
Bloque-II:
- Informe de fiscalización de las subvenciones de Ayuda Oficial al Desarrollo gestionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000006 y número de expediente del Senado 771/000006) ... (Página32)
- Informe de fiscalización de las actuaciones de fomento de las industrias culturales y mecenazgo, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000059 y número de expediente del Senado 771/000059) ...
- Informe de fiscalización de la gestión de las ayudas y subvenciones concedidas en el marco del Programa 231H 'Acciones en favor de los inmigrantes', ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000124 y número
de expediente del Senado 771/000121) ... (Página32)
Corrección de error ... (Página40)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2020. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000008 y número de expediente del Senado 770/000004).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día corresponde a la ratificación de la ponencia designada para informar sobre la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2020. La ponencia ha estado
integrada por los siguientes diputados, diputadas y senadores: doña María Ángeles Marra Domínguez, don Miguel Ángel Paniagua Núñez, don Pablo Saéz Alonso-Muñumer, doña Roser Maestro Moliner, don Pau Furriol i Fornells, don Ferran Bel
Accensi, doña María Dolores Etxano Varela, don Juan Ignacio López-Bas Valero y don José María Mazón Ramos. ¿Podemos votar por asentimiento? (Asentimiento).
EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2020. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000008 y número de expediente del Senado 770/000004).
El señor PRESIDENTE: Seguidamente se procede a emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2020. La ponencia ha estudiado la declaración sobre la
cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2020 y propone a la Comisión, por mayoría, la aprobación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 30; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
BLOQUE I:
- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2020. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000008 y número de expediente del Senado 770/000004).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al debate y votación de los informes de fiscalización que figuran en el orden del día.
Bloque I. Votación correspondiente a la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2020.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Números 1 y 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto, de la 3 a la 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Números 12 y 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 30; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 14.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 15.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 16.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 17.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 18.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 19.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 20.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las números 21 a 25.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la número 26.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 32; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las números 27 a 33.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Números 46 y 47.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 4; en contra, 29.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de resoluciones.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 15; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS DE SEPIDES, EJERCICIOS 2016 Y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000001 y número de expediente
del Senado 771/000002).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque II. Votación correspondiente al informe de fiscalización de los procedimientos de gestión de los ingresos derivados de las inversiones inmobiliarias de SEPIDES en los ejercicios 2016 y 2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Números 1 a 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Números 5 a 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Números 8 a 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES INGRESOS PERCIBIDOS Y GESTIONADOS POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000097 y número de
expediente del Senado 771/000093).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización de los principales ingresos percibidos y gestionados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, ejercicio 2018.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Números 3 a 14.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 14; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN MATERIA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA CON LAS CONFESIONES RELIGIOSAS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE INGRESOS Y GASTOS CONTENIDOS EN LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000062 y número de expediente del Senado 771/000062).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización sobre las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado en materia de cooperación económica con las confesiones religiosas a través de los
programas de ingresos y gastos contenidos en los presupuestos generales del Estado, ejercicio 2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Números 1 a 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; en contra, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Número 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 30; a favor, 26; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Número 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 2; en contra, 30.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS AYUDAS A LA REACTIVACIÓN DE LAS COMARCAS MINERAS CON ESPECIAL REFERENCIA A LA GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA DE MAYORES 'LA MINERÍA', EJERCICIOS 2006 A 2017. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000051 y número de expediente del Senado 771/000051).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras, con especial referencia a la gestión de la construcción de la residencia de mayores La Minería, ejercicios
2006 a 2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Números 1 a 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 31; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Números 6 a 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 31; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Números 14 a 27.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO EN LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000098 y número de expediente del Senado 771/000094).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización del análisis de impacto normativo en los ministerios del área político-administrativa del Estado.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Números 1 y 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; en contra, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; en contra, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Número 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Números 7 a 18.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA 113M 'REGISTROS VINCULADOS CON LA FE PÚBLICA', EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000081 y número de expediente del Senado 771/000084).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización del programa 113M, registros vinculados con la fe pública, ejercicio 2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamento Socialista. Números 1 y 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Número 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Números 4 a 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS (ORGA), EJERCICIOS 2016 Y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000086 y número de expediente del Senado 771/000086).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), ejercicios 2016 y 2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Números 1 a 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Número 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Números 5 a 9.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS DE POBLACIÓN SUPERIOR A 500 000 HABITANTES, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000103 y número de expediente
del Senado 771/000102).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al Bloque III. Votación correspondiente al informe de fiscalización de las tasas y precios públicos de los ayuntamientos de municipios de población superior a 500 000 habitantes, ejercicio 2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Números 1 a 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Números 5 a 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Números 11 a 16.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL COSTE PARA CRTVE DE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN DE PERSONAL ADOPTADAS A CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 4/2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000069 y número de
expediente del Senado 771/000075).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización del coste para CRTVE de las medidas de gestión de personal adoptadas a consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley 4/2018.
Resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Números 1 a 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Números 4 a 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Números 9 a 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR CESE DE ALTOS CARGOS Y DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE ALTOS DIRECTIVOS DE DETERMINADAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL, EJERCICIO 2019.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000108 y número de expediente del Senado 771/000109).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas
entidades del sector público estatal, ejercicio 2019.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 18; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Números 8 a 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las números 14 y 15.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Se repite la votación.
Votamos las números 14 y 15.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la número 16.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las números 17 a 23.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Números 24 a 41.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LAS EMPRESAS ESTATALES NO FINANCIERAS DEL GRUPO PATRIMONIO, EJERCICIOS 2016 Y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000115 y número de expediente del Senado
771/000115).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización del área de recursos humanos de las empresas estatales no financieras del Grupo Patrimonio, ejercicios 2016 y 2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Número 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos de la 5 a la 8, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la 9 y la 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 12.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las números 13 y 14.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la número 15.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 16.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 17.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las números 18 y 19.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario VOX, las números 20, 27 y 33.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 3; en contra, 17; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalizadas las votaciones, suspendemos unos minutos la sesión, pero antes permítanme preguntar a la Comisión si hay algún inconveniente -se lo hemos transmitido también a la presidenta y no lo tiene- en pasar a tratar el bloque III el
primero, y luego irían los bloques números I y II. ¿Hay inconveniente? (Pausa). Pues tratamos el bloque III primero. Gracias. (Pausa).
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (CHICANO JÁVEGA), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
BLOQUE-III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN HORIZONTAL DE LA IMPOSICIÓN Y EL COBRO DE SANCIONES EN ENTIDADES CON FUNCIONES DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MERCADOS, EJERCICIOS 2017 Y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000105 y
número de expediente del Senado 771/000105).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE UNA GESTIÓN DE COBRO EN PERIODO EJECUTIVO DE LOS RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS POR LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EJERCICIOS 2018 Y 2019. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000116 y número de expediente del Senado 771/000116).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000079 y número de expediente
del Senado 771/000078).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, EJERCICIOS 2017 Y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000117 y número de expediente del Senado 771/000117).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000129 y número de expediente del Senado 771/000128).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión. Damos la bienvenida a la presidenta del Tribunal de Cuentas, doña Enriqueta, y a su equipo. Como hemos dicho, comenzamos por el bloque III, informe de fiscalización horizontal de la imposición y
el cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, ejercicios 2017 y 2018; informe de fiscalización de una gestión de cobro en periodo ejecutivo de los recursos de otras administraciones y entes públicos por
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, ejercicios 2018 y 2019; informe de fiscalización sobre las actuaciones de defensa contra la desertificación y de prevención y extinción de incendios forestales, ejercicio 2018; informe de
fiscalización sobre la gestión de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ejercicios 2017 y 2018, e informe de fiscalización de la actividad del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, situación a 31 de diciembre de 2019.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Buenas tardes. No es la mejor hora para hablar de los temas que vamos a hablar, procuraré hacerlo lo más rápidamente posible por varias razones, pero hay otra añadida a la hora y es que, como verán, corresponden a ejercicios un poco
pasados, y qué duda cabe que parte del interés, incluso del resultado, está descontado. Aun así, todos vamos a cumplir con nuestra obligación, yo se lo voy a explicar y ustedes harán lo que tengan que hacer.
Empezamos por el informe de fiscalización sobre el cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación. El ámbito subjetivo de esta fiscalización, que se hace a iniciativa del Tribunal de Cuentas, está referido a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, a la Agencia Española de Protección de Datos, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El objetivo está referido a la actividad sancionadora de estas cuatro entidades y el
temporal son los ejercicios 2017 y 2018.
Respecto al análisis de procedimientos, que, como saben, es uno de los aspectos analizados, en ese caso se han tenido en cuenta todos los incoados y todos los resueltos en ese periodo fiscalizado, y se han tenido en cuenta para la situación
de la deuda por sanciones todas las que estaban pendientes de cobro según los últimos datos disponibles en la fecha de la realización de las comprobaciones, cualquiera que hubiera sido la fecha de imposición de las sanciones. Los principales
resultados de esta fiscalización se concretan en lo relativo a la rendición de cuentas. Todas las entidades fiscalizadas han rendido sus
cuentas en los ejercicios 2017 y 2018 al tribunal, salvo el Banco de España, que rindió las cuentas del ejercicio 2018 fuera de plazo.
Con relación a la tramitación de los procedimientos sancionadores, todos son dispares entre sí entre las entidades fiscalizadas en muchos aspectos, en lo relativo a formulación de reclamaciones, renuncia, etcétera. Incluso dentro del ámbito
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, debido al origen de la entidad, que resulta de la agrupación de otras entidades reguladoras y de supervisión, se conservan en esta etapa distintos procedimientos sancionadores para los
distintos ámbitos de la competencia que asume que, en algunos casos, ha podido suponer una cierta confusión y complejidad.
En lo relativo a la tramitación de los procedimientos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas introdujo la posibilidad de que los acuerdos de inicio concediesen por el reconocimiento de la
responsabilidad una reducción sobre la cuantía de la sanción de al menos un 20 % y otra por el pago voluntario anticipado también como mínimo de un 20 %. La Agencia Española de Protección de Datos y la Comisión Nacional del Mercado de Valores
aplicaron estas previsiones en los acuerdos de incoación del procedimiento, permitiendo la terminación anticipada de los procedimientos sancionadores. Sin embargo, el Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en los
procedimientos que se tramitaban por la ley de procedimiento administrativo, consideraron que, dada la complejidad de sus procedimientos sancionadores, no tenían en ese momento de la incoación elementos suficientes para concretar la calificación de
los hechos y la determinación de la sanción en el momento del acuerdo de incoación, con lo cual no se produjo la terminación hasta el momento de la propuesta de resolución. Solamente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aplicado
los programas de clemencia, que ya saben que exoneran del pago de multas a las empresas que, habiendo formado parte de un cártel, denuncian su existencia y aportan pruebas sustantivas para la investigación, siempre y cuando cesen en su actividad
infractora y no hayan sido los instigadores del resto de miembros del acuerdo prohibido. La aplicación de esos programas ha producido resultados relevantes en el desmantelamiento de cárteles, apoyando la actividad investigadora de la Comisión y su
capacidad para acreditar los hechos y conductas investigados.
Sobre la contabilización y el cobro de las acciones, solo los ingresos derivados de las sanciones impuestas por la Agencia de Protección de Datos tienen la consideración de recursos propios. Los ingresos generados por las otras tres
entidades tienen la consideración de fondos del Tesoro Público. Esto obliga a que la agencia incluya en sus previsiones de presupuestos de ingresos los derivados de las sanciones, reconociendo como derechos propios en su contabilidad los importes
de las sanciones impuestas, ingresando en tesorería los fondos cobrados.
En el anterior informe sobre la Agencia de Protección de Datos, que comprendía los ejercicios 2016 y 2017, esta forma de financiación producía una existencia de excedentes de tesorería muy relevantes. En aquel momento ya se recomendó una
modificación en el sistema de financiación para que pasara a financiarse con cargo a una transferencia de presupuestos generales del Estado y, a raíz de la presentación de este informe al que acabo de hacer referencia, la Comisión Mixta instó al
Gobierno en 2020 a realizar un estudio de viabilidad para el cambio de presupuestación y financiación de la agencia. Hasta el momento de la finalización del informe no teníamos conocimiento de que se hubiera modificado el sistema de financiación.
En cuanto a los sistemas de cobro, la Agencia Española de Protección de Datos cobra directamente las sanciones en periodo voluntario y a través de la Agencia Tributaria en el caso de cobros en periodo ejecutivo. La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia ingresa directamente en su cuenta el importe de las sanciones impuestas en materia de telecomunicaciones, audiovisual, postal y energía, contabilizándolos como recursos de otros entes públicos al ser recursos del Tesoro.
En el ámbito de la competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el del Banco de España y en el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la gestión y el cobro de las sanciones en periodo voluntario no tienen reflejo
contable, ya que se realiza a través de entidades cobradas del Tesoro en periodo voluntario y de la agencia en el ejecutivo.
Los resultados, analizando las sanciones y su cobro, son: el número total de resoluciones sancionadoras que se produjo en el periodo que analizamos con sanciones pecuniarias dictadas por las entidades fue de 1195, con un importe total de
casi 475 millones de euros. En cuanto a la deuda pendiente de cobro a la fecha de las comprobaciones, el importe total ascendía a 1021 millones de euros; de estos, 1000 millones corresponden a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
aunque más del 87 % estaba suspendido judicialmente. Son datos que, como saben y habrán comprobado, están reflejados en el informe con más detalle.
En cuanto a las conclusiones sobre la litigiosidad de las sanciones impuestas, a la fecha de comprobación de los datos que fue en 2020, el número de recursos interpuestos y pendientes de resolver, independientemente de la fecha de imposición
de las sanciones, eran de 613 recursos, por un importe total de 1307 millones de euros. Destaca la litigiosidad de las resoluciones dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito de la competencia, tanto por su
número como por la complejidad de su resolución. Se han dictado cerca de trescientas resoluciones judiciales, muchas confirmaron las sanciones impuestas.
También fue relativamente elevada la litigiosidad de la actividad sancionadora de la Agencia de Protección de Datos. Lo que no hemos podido comprobar, porque carecen de un inventario, son las entidades de sanciones pendientes de cobro, y de
sistemas de control y conocimientos precisos sobre el cumplimiento de las sanciones por los sancionados. Solamente la Agencia de Protección de Datos tiene un embrionario sistema derivado de la consideración de que estos recursos son recursos
propios de la entidad.
El informe recoge dos recomendaciones que son comunes a estas cuatro entidades y que, por supuesto, están referidas a la mejora de los sistemas de control y seguimiento, sobre el cumplimiento de sanciones y a la información que ellos mismos
poseen sobre el cobro de las mismas. Otra recomendación sugiere analizar la posibilidad de establecer un sistema de colaboración internacional para el cobro de las sanciones impuestas a los residentes en el extranjero que no tienen domicilio fiscal
en España.
En cuanto a las recomendaciones específicas a cada una de las entidades, las dirigidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia están referidas a la conveniencia de homogeneizar la tramitación de los procedimientos en los
distintos ámbitos sectoriales. En cuanto a la duración, a las formas de la incoación y la designación de instructores, etcétera, puesto que al haber unido varios organismos, la disparidad en los procedimientos se sigue manteniendo.
También entiende el informe que deberían instar a la ampliación de los plazos de caducidad en los sectores postal y audiovisual y en los procedimientos de competencia que se tramitan por la ley del procedimiento administrativo común.
Igualmente, se sugiere que se inste a las autoridades para que se aplique la disposición transitoria cuarta de su ley de creación, para que los departamentos ministeriales tengan los medios para asumir las competencias que les corresponden, evitando
los procedimientos sancionadores en los que la comisión instruye y resuelve la Administración General del Estado; así también como instar la conclusión del régimen transitorio en el que los órganos de competencia de cuatro comunidades autónomas
instruyen y resuelve la comisión; que se valore la conveniencia de aplicar los supuestos de terminación del artículo 85 de la ley de procedimiento.
Después, los dirigidos a la Agencia de Protección de Datos. Se insiste en recomendaciones que ya se hicieron con motivo del anterior informe, y están todas las recomendaciones referidas a la modificación de su sistema de presupuestación y
financiación, y elaborar criterios uniformes en relación con la información que remite la agencia a la Agencia Tributaria.
Las referidas al Banco de España se refieren a la competencia de aplicar los supuestos de terminación del artículo 85 de la ley del procedimiento administrativo común cuando tenga conocimientos para calificar los hechos en el momento de la
incoación del procedimiento.
Y las relacionadas con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, están referidas para que acomoden la forma de resolución de los procedimientos, también a la ley del procedimiento administrativo, y que se resuelvan los pies de recurso de
la misma manera en todos los casos, porque los pies de recurso son unas veces a recursos de alzada y otras veces no, y entonces hay una jurisprudencia que posiblemente les sirviera para unificar ese criterio. En el turno de palabras, en lo que sea
capaz, ampliaré la información.
Paso al segundo informe, como les he dicho, para intentar ser breve. El segundo informe es el de fiscalización de la gestión del cobro en periodo ejecutivo de los recursos de otras administraciones y entes públicos por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. También se realiza ese informe a iniciativa del tribunal. El ámbito subjetivo es la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria. El ámbito objetivo lo dice el título: la gestión de cobro en periodo ejecutivo de
los recursos de otras administraciones. El ámbito temporal se extiende a los ejercicios 2018 y 2019.
Sobre las principales magnitudes económicas a ese respecto, según la cuenta de los tributos estatales y recursos de otras administraciones y entes públicos de 2018, la Agencia Tributaria gestionó casi cuatro millones de liquidaciones -3 700
000 de otras administraciones y entes- por un importe de 6421 millones de euros, y el 78 % correspondía a deuda de la Administración General del Estado. En el año 2019, la agencia gestionó casi tres millones y medio por un importe en torno a los
8000 millones de euros, y el 85 % correspondía a deudas del sector público. Los principales resultados de la fiscalización, resumidamente,
en relación con el marco jurídico de la gestión recaudatoria, fuera de los supuestos en los que la gestión está encomendada por disposición legal, la regla general en el caso de gestión de recursos, es que la intervención de la agencia se
formalice a través de convenio. Por ley, como saben, están atribuidos los cobros sobre responsabilidad civil y multa derivada de procedimientos por delitos contra la Hacienda pública y contrabando.
No obstante, en función de la naturaleza jurídica de los entes titulares de la deuda, la gestión se ha formalizado por varios instrumentos diferentes, por resolución conjunta de la agencia y la Intervención General de la Administración del
Estado, por ejemplo, eso está referido a las deudas de departamentos ministeriales; por resolución de la Agencia Tributaria, deudas en los organismos autónomos; por convenios individuales, deudas de la Administración institucional, estatal y de
comunidades autónomas o convenios con la Federación Española de Municipios y Provincias, deudas de entidades locales. Parece que toda esta variedad de instrumentos producen diferencias en la gestión y recomiendan actualizar y homogeneizar -que no
uniformizar- las condiciones establecidas en ellos.
Sobre el reflejo de la gestión en la cuenta de tributos estatales, se ha comprobado la integridad y fiabilidad de los sistemas de información de gestión. Respecto de la gestión de la deuda encomendada, el procedimiento se inicia con la
remisión a la agencia de la información relativa a las deudas por parte de los titulares de las mismas. Destaca la heterogeneidad de requisitos aplicables a esos procedimientos, dependiendo también de la naturaleza del ente titular.
En el caso de gestión de deudas de departamentos ministeriales y sus organismos autónomos, la agencia es la competente para la elaboración de la providencia de apremio y su notificación; sin embargo, no se regula el procedimiento de
notificación ni se determina en qué condiciones se puede exceptuar la gestión por insolvencia del deudor o por otras circunstancias. Esto tiene especial relevancia a la vista del número de liquidaciones de la muestra seleccionada que fueron
anuladas y canceladas por insolvencia y prescripción sin notificación de la providencia de apremio.
Se ha podido comprobar que los convenios celebrados entre las comunidades autónomas y la agencia recogen la posibilidad de rechazar el cargo de la deuda u ordenar su cancelación en los casos de difícil o imposible cobro. También se ha
puesto de manifiesto la pertinencia de extender a todos los convenios la posibilidad de rehabilitación de los créditos que previamente fueron dados de baja por insolvencia del deudor en los casos en que se tenga conocimiento sobrevenido de su
solvencia.
En cuanto al resultado de la gestión recaudatoria, solo el 12 % de la deuda fue objeto de cobro en 2018 y un 8 % en 2019. Dentro de la deuda cobrada en el 2018, el 39 % correspondía a deuda en fase de apremio y el 61 % en fase de embargo;
en 2019, estos porcentajes fueron del 36 % y del 64 %.
Respecto de los costes del servicio, se pone de relieve en el informe que la agencia no ha elaborado valoraciones que permitan concluir si los costes repercutidos cubren o exceden el coste real del servicio prestado. De hecho, la fórmula de
cálculo del coste no depende de las gestiones que haya realizado la agencia, por lo que un mismo servicio puede tener costes diferentes. Con relación a la información que debe remitir la agencia a los entes titulares en la deuda, esta no aporta
todos los datos necesarios para que las entidades titulares de la deuda puedan calcular la dotación del deterioro contable en sus créditos al final de cada ejercicio.
Por lo que se refiere a la transparencia, la agencia no ha cumplido en su integridad las obligaciones de publicación de los convenios de encomienda de gestión suscritos, tal y como exige la normativa aplicable.
Las recomendaciones que se recogen en el informe están referidas a que la agencia impulse un proceso de revisión sistemática de los convenios y resoluciones que regulan la remisión de deudas a gestionar e introducir actualizaciones en las
herramientas informáticas de gestión, especialmente destacable en la conveniencia de mejorar procedimientos destinados a asegurar la notificación de providencias de apremio. También se les recomienda que emprendan una evaluación de los costes de
servicios de gestión de ese tipo de deudas para que la repercusión del coste a los entes se realice sobre bases objetivas y que se revise el tipo de información que se suministra a los entes titulares de la deuda para que incluya datos que pueden
ser relevantes para la formación de los estados contables de los entes sobre los que gestiona la deuda. Quizás estoy yendo muy deprisa.
El señor PRESIDENTE: No, no.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Paso al tercer informe de este bloque, que es sobre las actuaciones de defensa contra la desertificación y para la prevención y
extinción de incendios forestales correspondientes al ejercicio 2018. Este informe se realiza a iniciativa del Tribunal de Cuentas y concreta una iniciativa conjunta de los Tribunales de Cuentas de España y Portugal surgida del cuarto
encuentro bilateral entre ambas instituciones, que se celebró en Trujillo en abril de 2018. En dicho encuentro se acordó que ambos organismos incorporasen a sus programas una fiscalización sobre actuaciones dirigidas a mitigar los procesos de
desertificación y medidas para la prevención y extinción de incendios forestales para después realizar un estudio comparativo sobre la situación en cada uno de los países. El informe se hizo por parte del Tribunal de Cuentas de España y, como ven
ustedes, fue aprobado en octubre del 2020. Esperamos que pueda celebrarse una próxima reunión bilateral, ya que además han estado suspendidas por las causas que todos ustedes conocen, en la primavera de 2023; se celebrará posiblemente, casi
seguro, con los informes encima de la mesa, en la primavera de 2023.
El ámbito objetivo está constituido por los planes, programas, sistemas y procedimientos, y por los recursos presupuestarios aplicados por la Administración General del Estado destinados a la defensa frente a la desertificación y para la
prevención y extinción de incendios forestales, y el subjetivo son todos los organismos y centros directivos de la Administración General del Estado con competencias en la materia, que son muchos.
De los resultados de la fiscalización se extraen como principales conclusiones las siguientes. La Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación de 1994 se sustenta en la adopción de planes nacionales por los países
que se declaran afectados. En España, el impulso de la adopción de medidas frente a la desertificación no fue proporcionado al riesgo que presenta en nuestro país este fenómeno ni ha tenido carácter constante. Además, los cambios frecuentes de
estructura y ámbito competencial de los departamentos ministeriales encargados de esta misión seguramente han dificultado también la estabilidad y la continuidad de las medidas a adoptar.
El Programa de Acción Nacional contra la Desertificación fue aprobado en 2008. No se ha demostrado eficaz para articular la lucha contra la desertificación porque tiene un limitado rango normativo, porque falta un marco de seguimiento y
actualización, porque no hay una dotación presupuestaria específica y realmente tampoco ha tenido excesiva trascendencia. Además, la defensa frente a la desertificación no ha sido objeto de atención específica en la planificación del uso del suelo.
Por todo ello, los esfuerzos de la Administración General del Estado para evaluar el grado de avance de la desertificación y su evolución han adolecido de ciertas carencias, entre otras cosas, una insuficiencia estructural de recursos de todo tipo:
económicos, técnicos y humanos. En 2018 la Administración General del Estado no podía, no estaba en condiciones de determinar de manera concluyente si la evolución respecto al momento de la aprobación del plan en 2008 era o no era más adversa. La
insuficiencia de recursos hídricos también se ha analizado en este informe y aumenta la aridez y la pérdida de cubiertas vegetales que frenan la desertificación. Además, los efectos adversos de esta insuficiencia se agravan si las sustancias
contaminantes se incorporan al ciclo del agua, ya que se favorece la salinización y el deterioro del sustrato del suelo reduciendo la productividad de la tierra y la salud de la cubierta vegetal. En consecuencia, la presión excesiva cuantitativa y
cualitativamente sobre los recursos hídricos intensifica los efectos negativos de los factores de la desertificación, lo que implica un riesgo que no está recibiendo una respuesta suficientemente efectiva.
Se ha puesto de manifiesto a este respecto que los recursos hídricos en muchas zonas de nuestro país se encuentran sometidos a una gran presión, existiendo áreas de algunas demarcaciones hidrográficas en las que no solo está en riesgo la
sostenibilidad futura, sino que en el presente se ha deteriorado severamente el estado de la masa de agua. Se ha advertido también la persistencia de aprovechamientos y captaciones de agua cuyas mediciones no son fiables. No se ha logrado corregir
suficientemente el problema de la contaminación difusa de las masas de agua de origen agrario, que persiste desde hace años y ha motivado la tramitación de un procedimiento sancionador contra España por la UE. La política de ordenación de cultivos
que hemos seguido en el país tampoco ha tenido en consideración suficientemente los riesgos de desertificación. De hecho, las políticas en materia de gestión de recursos hídricos y agrícolas no están suficientemente coordinadas entre sí,
incurriendo incluso en algunas ocasiones en contradicciones. Pese a la relevancia de los cultivos de regadío desde el punto de vista económico, la senda creciente de la superficie de regadíos es difícilmente sostenible, sobre todo teniendo en
consideración la disponibilidad de recursos hídricos, el impacto de los nitratos y el deterioro de los suelos por erosión de ciertas áreas. Todas esas circunstancias se agravan por la ausencia de una planificación actualizada. La disminución de
los recursos de inversión y promoción de tratamientos silvícolas, la ordenación y el aprovechamiento de recursos forestales, la defensa de la propiedad e investigación forestal y el abandono de la financiación de repoblaciones y reforestaciones por
parte tanto
de Administración General como de las comunidades autónomas también puede conllevar un potencial impacto adverso sobre el avance de la desertificación. Se pone de manifiesto en el informe la inexistencia de cauces de coordinación
suficientes entre los ministerios en materias de interés común que afectan a la desertificación y también la ausencia de cauces fluidos y formales de comunicación y colaboración entre todos los órganos que intervienen en la lucha contra la
desertificación y los centros de investigación que dependen de la propia Administración General del Estado.
En lo que respecta a la prevención y extinción de incendios, se identificó en aquel momento un descenso significativo de los recursos asignados a la prevención de incendios forestales. Existen disfunciones en la coordinación de los
programas FEADER de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, ya que de los datos disponibles no es posible obtener una información precisa sobre el detalle de las medidas en ejecución de los programas de las comunidades autónomas ni analizar
comparativamente su alineación con la Estrategia Forestal Española y el Plan Forestal Español. Del análisis de las estadísticas de incendios que se recogen desde 1968 se deduce que la mayor parte de la superficie forestal se daña como consecuencia
de grandes incendios forestales y que el área geográfica del noroeste concentra una significativa reiteración de incendios forestales. Aunque la coordinación para las labores de extinción de incendios entre la Administración General del Estado y
las comunidades autónomas está articulada y formalizada por escrito en procedimientos que se conocen, persisten muchos aspectos que mejorar. Por ejemplo, coexiste un encargo estatal de la Administración General del Estado a Tragsa con otros
efectuados también a Tragsa por las comunidades autónomas para el mismo fin, sin que hayamos podido comprobar que haya mecanismos de coordinación en la preparación de los encargos, ni siquiera si se ha estudiado la posibilidad de financiar entre
todas las administraciones un encargo conjunto, que posiblemente supusiera una mayor eficiencia y economía en la utilización de los recursos.
Con respecto a la coordinación con Portugal en materia de extinción de incendios, es operativa y funcional. El informe concluye con todas las recomendaciones dirigidas y orientadas a la implementación de mejoras en las actuaciones de
defensa frente a la desertificación y la prevención de incendios, la mejora en la obtención de información, la mejora en la coordinación, mayor dotación de recursos, nuevos planes, modificaciones normativas para prevenir procesos de desertificación
asociados con actividades agrícolas y la realización de un estudio monográfico que evalúe el estado y evolución de los procesos de desertificación en España, entre otras.
Como les digo, este informe está referido al año 2018, que fue nuestro compromiso con Portugal. Como podrán observar y como habrán podido deducir por lo explicado, los datos ahora tendrían cierta dificultad para compadecerse con el momento
actual. Precisamente en el pleno de hoy, el que hemos celebrado esta mañana, se ha aprobado la modificación del programa en lo que respecta a este punto e introducir una nota de actualización de esta fiscalización sobre la desertificación y la
prevención, y la extinción de incendios forestales, por lo menos para intentar reconducir el seguimiento de recomendaciones e incluir una información lo más actualizada posible, y también para poder tener esa documentación para la incorporación al
documento que pretendemos elaborar en conjunto con el Tribunal de Cuentas de Portugal.
Ahora paso al cuarto informe, sobre la gestión de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ejercicios 2017 y 2018. Este informe se realiza también a iniciativa del tribunal. El ámbito subjetivo comprende la Oficina Española
de Cambio Climático y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en lo que respecta a la gestión de los derechos de emisión correspondientes a las actividades de aviación, y se ha incluido en el ámbito subjetivo la Secretaría de Estado de Energía por su
relación con el asunto. El ámbito objetivo es el sistema de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La Ley 1/2005 fue la que traspuso a nuestro ordenamiento la Directiva 2003/87, de la Unión Europea, que preveía el
establecimiento de un sistema de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Esta ley definió las actividades y los gases sujetos al régimen de derechos de emisión. Como dice la ley, resulta de aplicación a
las emisiones de los gases identificados en el anexo 1, que son: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, perfluorocarboneros y hexafluoruro de azufre, generadas por las veintinueve actividades a las que se refiere dicho
anexo. Son actividades tales como aviación, producción de aluminio y de amoniaco o la fabricación de cemento o vidrio.
Otro de los temas que concluye el informe es intentar atribuir la titularidad originaria de los referidos derechos a la Administración General del Estado. Los derechos de emisión se asignan a instalaciones y operadores aéreos primariamente
a través de dos mecanismos: asignación gratuita -estas asignaciones se efectuaron inicialmente mediante un acuerdo de Consejo de Ministros, que concretó la asignación gratuita por un año y se efectuó para todo el periodo 2013-2020- y la subasta,
existiendo después un
mercado secundario en el que pueden intervenir otros agentes. Al principio de cada año, los operadores aéreos y las instalaciones entregan al sistema un número de derechos de emisión igual a las emisiones efectuadas durante el año anterior.
En este sentido, el sistema se fundamenta en el principio de quien contamina, paga, estableciéndose un umbral decreciente del máximo de derechos de emisión asignados con el fin de promover una reducción gradual de las emisiones. El procedimiento de
subasta se gestiona en el ámbito competencial de la Comisión Europea, transfiriéndose los recursos al Tesoro por conducto del Banco de España. A este respecto, en el periodo fiscalizado se reconocieron ingresos provenientes de las subastas en el
capítulo 5 del presupuesto de ingresos por importe de 493 millones de euros y 1300 millones durante los ejercicios 2017 y 2018 respectivamente. Los operadores aéreos comerciales y no comerciales están incluidos en el ámbito de aplicación del
sistema de comercio de derechos de emisión, si bien solo en lo que se refiere a emisiones de vuelos con origen y destino en aeródromos comprendidos en el ámbito geográfico de la Unión Europea, con alguna excepción, por ejemplo rutas y conexión con
ultraperiféricas, etcétera. En consecuencia, en el periodo fiscalizado hay una limitación significativa de la efectividad de esta medida, ya que las aeronaves de mayor tamaño, así como los trayectos más largos y, por tanto, con mayor nivel de
emisiones, operan en vuelos de carácter intercontinental.
En lo que respecta a los operadores aéreos, la Agencia Española de Seguridad Aérea desarrolla la mayor parte de las funciones de supervisión, si bien la ausencia de medios técnicos y humanos suficientes ha precisado acudir a un encargo a una
sociedad estatal, a un medio propio. Además de la inadecuada dimensión de los recursos, la dependencia de esta sociedad puede implicar un riesgo que advertimos en bastantes ocasiones de que el personal de esta sociedad que hace el encargo participe
en determinados trabajos que lleven aparejado el ejercicio de potestades públicas.
Por lo que respecta al registro de la Unión Europea de derechos de emisión, permite el seguimiento de todas las transacciones efectuadas con los mismos, gestionando cada Estado la información sobre sus instalaciones. Los recursos de la
Oficina Española de Cambio Climático no están dimensionados para gestionar el amplio y creciente abanico de competencias y funciones atribuidas derivado de una deficiencia organizativa de carácter estructural que afecta tanto a medios humanos como a
medios técnicos disponibles. Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases efecto invernadero, que, en aplicación de la Ley 15/2012, se destinan al sistema eléctrico para el fomento de energías renovables -han sido 373,
499 y 954 millones de euros para los años 2017, 2018 y 2019-, se integran en el sistema de liquidaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que sufraga los costes del sistema eléctrico. En consecuencia, la promoción del
uso de energías renovables es indirecta.
El informe concluye formulando, como siempre, una serie de recomendaciones orientadas a proponer mejoras en los procedimientos aplicados en la gestión de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero dirigidos al Ministerio de
Transición Ecológica, entre ellas, incrementar los recursos humanos asignados a la Oficina Española de Cambio Climático y abordar la modernización de los medios informáticos de que dispone la oficina. Y para la Oficina Española de Cambio Climático,
la recomendación es homogeneizar y racionalizar los códigos y números de registro de las instalaciones y, además, reforzar los mecanismos de coordinación entre la Oficina Española de Cambio Climático, la empresa contratista para el apoyo de la
llevanza del área española del registro y las comunidades autónomas.
Me queda solo un informe, el relativo a la actividad del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Esta fiscalización fue realizada a solicitud de las Cortes a raíz de una resolución de la Comisión Mixta, por la que se instaba al tribunal a
incluir en su plan anual de fiscalizaciones un informe global sobre aquellas entidades que no presentaran sus cuentas para integrarse en la última cuenta general del Estado. Entre esas entidades estaba el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
Este fondo, sin personalidad jurídica, fue constituido por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, y tiene como finalidad la financiación de las iniciativas nacionales de eficiencia energética, en cumplimiento de la Directiva Europea 2012/27. Está
adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y los recursos del fondo se dedican a la financiación de mecanismos de apoyo económico-financiero, asistencia técnica, formación, información y otras medidas con el fin de
aumentar la eficiencia energética en diferentes sectores de forma que contribuyan en su conjunto a alcanzar el objetivo de ahorro de energía nacional previsto en la citada directiva europea. El control y supervisión de este fondo corresponde al
comité de supervisión y control. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía ha facturado en concepto de gastos de gestión 10,5 millones de euros desde el momento de creación del fondo hasta el 31 de diciembre de 2019. El ámbito
temporal, teniendo en cuenta que el momento de la creación es bastante creciente, aborda todo el periodo desde su creación, en 2014, hasta finales de 2019.
El principal recurso del fondo son las aportaciones de los sujetos obligados por el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética. Estos sujetos son las empresas comercializadoras de gas y electricidad, los operadores de
productos petrolíferos al por mayor y operadores de gases licuados de petróleos al por mayor. Algunos de estos operadores han interpuesto recursos contra la obligación de aportación al sistema, pero la mayoría han sido desestimados. El fondo
ingresó en todo el periodo desde su creación 1131 millones por estas aportaciones. Además, es beneficiario de subvenciones FEDER, habiendo recibido a fecha de 31 de diciembre de 2020 un total de 80,2 millones de euros del fondo.
En cuanto al cumplimiento de la normativa aplicable, destaca la falta de un desarrollo reglamentario del mecanismo de acreditación de la consecución de una cantidad de ahorro energético. Respecto al comité de supervisión, destaca el escaso
número de reuniones celebradas, lo que ha conllevado incumplir su obligación de aprobar con carácter semestral los informes de actividad del fondo que ha elaborado el IDAE, el instituto de diversificación. La gestión de la totalidad de los
programas de ayudas financiados con el fondo convocados por el IDAE han cumplido con los principios de buena gestión de la ley de subvenciones, si bien hay incidencias fundamentalmente relacionadas con la publicidad en la base nacional de
subvenciones.
Sobre los procedimientos de tramitación de los programas de ayuda convocados, el informe destaca que los procedimientos establecidos para cada una de las convocatorias son adecuados y completos y el IDAE ha desarrollado una aplicación
informática para cada uno de los programas de ayuda que coadyuva a la agilización de la tramitación del procedimiento. Durante el período 2015-2017 se pusieron en marcha diez programas de ayudas con un presupuesto global de alrededor de 688
millones de euros, y a 31 de diciembre se habían otorgado y pagado ayudas por importe de 300 millones de euros. A partir de 2019 se acordó, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, que fueran las comunidades autónomas las que
desarrollaran la tramitación y gestión de los fondos, correspondiendo al IDAE la coordinación y seguimiento. En esta línea, se ha observado que los plazos de tramitación son excesivamente largos y nos encontramos, en términos generales, con
periodos que van desde los cincuenta y seis a los setenta y dos meses desde la puesta en marcha de la convocatoria hasta la emisión del informe de verificación de las actuaciones realizadas por el beneficiario.
El fondo ha mantenido desde su creación importantes saldos de tesorería, alcanzando en 2019 los 628 millones de euros. El mantenimiento de estos excesos, según destaca el informe, constituye una ineficiencia en la gestión del fondo al dejar
de aplicar temporalmente fondos aportados por los obligados a hacerlo. También se destacan en el informe las diferencias entre el sistema de cuantificación de los ahorros acumulados de la directiva europea para la eficiencia energética y la
cuantificación que realiza el IDAE, existiendo un riesgo que obligue a efectuar correcciones sobre los ahorros comunicados a la Comisión Europea. A este respecto, en los proyectos que ya están finalizados, que se convocaron en 2015, se han
observado desviaciones en más del 60 % entre los ahorros anuales estimados con carácter previo a las convocatorias de las ayudas y aquellos finalmente certificados por el IDAE. En esta línea, el tribunal sostiene un criterio temporal de comienzo de
cómputo de los ahorros que difiere del aplicado por el IDAE. El tribunal considera que los ahorros comienzan en el momento de la finalización de las actuaciones, frente al criterio que sostiene IDAE que los computa en un momento anterior, que es el
momento en que presentan la solicitud de ayuda.
Las recomendaciones están referidas a la necesidad de agilizar los procesos de tramitación de las ayudas concedidas por el fondo dados los importantes remanentes de tesorería, y para ello se sugiere que, por una parte, el comité de
supervisión y control pueda anticipar la aprobación de las líneas de ayuda, de modo que su puesta en marcha se produzca con carácter previo al cobro de las aportaciones al Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética y, por otra parte,
que el IDAE adopte medidas necesarias para agilizar la puesta en marcha de las convocatorias de nuevas líneas. También la Secretaría de Estado de Energía debería poner en marcha el mecanismo de acreditación de la consecución de ahorros energéticos
equivalente por parte de los sujetos obligados por el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética.
Quedo a su disposición, una vez terminada la presentación de este bloque.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
A continuación, para dar contestación a lo que ha explicado la presidenta, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenida de nuevo, señora presidenta, a la hora del café. Sobre los dos informes de fiscalización, el de la actividad del Fondo Nacional de Eficiencia Energética 2019 y el de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero 2017 y
2018, sin perjuicio de lo que muy atinadamente ha comentado de que todos los informes son como el baile sin música que va por inercia o por la pasión -aunque yo creo que más por inercia que por la pasión-, son organismos y fondos que, desde nuestro
punto de vista, obligan a empresas a incrementar sus costes y generan además una burocracia y enormes distorsiones en el mercado. En el propio informe aparecen remanentes de tesorería, hay dudas sobre el procedimiento, procedimientos excesivamente
largos, etcétera. Como digo, son organismos que nacen a la sombra de la famosa Agenda 2030, de la cual nosotros no somos muy amigos, como bien sabe.
Sobre los otros tres, tenemos el informe de la desertificación y la prevención y extinción de incendios forestales, del que destacamos dos cosas que aparecen en el propio informe de fiscalización -también estamos con el tema de la transición
ecológica-, que durante la década de la que habla el informe, de 2010 al 2018, creo que se intensifican las zonas de arbolado y de bosques en España. Sí que subyace en todo el informe algo que creo que es importante, que es la solicitud de
coordinación entre las distintas administraciones de las comunidades autónomas para que exista una política nacional de prevención de incendios, cuestión que vemos con buenos ojos, y que durante ese periodo han menguado los recursos para
prevenirlos, sobre todo por aquello de que los incendios del verano se apagan en invierno. Poco más que decir que lo que ha dicho. Además, ha habido modificaciones legislativas en torno a este tema y estaríamos hablando sobre hechos constatados en
el informe, que tampoco viene mucho al caso.
Sobre los otros dos asuntos, en el Informe de fiscalización horizontal de la imposición y el cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, ejercicios 2017 y 2018, me ciño también a la temporalidad, a
los años 2017 y 2018, y además en unos organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se crea a través de la fusión, entre comillas, de distintas entidades que venían con procedimientos dispares que era
necesario unificar y que, aunque poco a poco se van unificando, ciertamente al principio fue muy complicado. Otro organismo peculiar, como es la Agencia Española de Protección de Datos, se provisiona con fondos propios de las propias sanciones.
Puede quedar muy mal porque cuanto más sanciona posiblemente tenga más capacidad de dinero. Y creo que el 95 % de fondos propios eran posibles sanciones que se hacían de cara al futuro. Efectivamente, creo que tampoco se ha modificado eso para que
forme parte mediante transferencias de presupuestos generales del Estado.
Hay una pregunta que no sé si seré capaz de hacérsela correctamente. Vamos a ver, en cuanto a la gestión de cobro de la Agencia Tributaria, el gran tótem -o sea, quien todo lo puede y donde todo llega-, me ha sorprendido el éxito, es decir,
el llevar hasta el final el cobro de la deuda encomendada a la Agencia Tributaria de las cifras de cobro: el 12 % en 2018 y el 8 % en 2019. Además, sin que la agencia haya hecho, según dice el dictamen, valoraciones que permitan concluir si los
costes repercutidos exceden sobre el coste real del servicio prestado, o sea, toda la tramitación que supone, y creo que se hablaba de todas las notificaciones de apremio, etcétera. Sobre ello, el propio informe habla sobre las adendas con las
comunidades autónomas aprobadas en 2017 que concretaron, en algunos casos determinados, supuestos en los que la Agencia Tributaria puede rechazar el cargo de deudas u ordenar su cancelación; corríjame si me equivoco. Se trata de casos en los que
es previsible que se vayan a presentar dificultades para recaudar los créditos, como concurre con las deudas -acabo, señor presidente-, cuya prescripción se va a producir tres meses siguientes, o incluso la imposibilidad por fallecimiento, etcétera.
En otros convenios no están previstas estas limitaciones. Quisiera preguntar, sobre esta deuda que deja de pedirse y muere, languidece, finaliza, y en relación con la Ley 16/2022 de reforma de la Ley Concursal, aprobada recientemente sobre la no
exoneración del crédito público, ¿cómo es posible que la Agencia Tributaria pueda languidecer, pueda matar esa deuda y, en cambio, en otra ley esa deuda pueda resurgir de nuevo en un momento en el que una persona física pueda recuperar su solvencia?
No sé si ve incompatibilidad entre una cosa y otra.
Hablaría de más cosas sobre la necesidad de acudir al artículo 85 de la ley del procedimiento administrativo común, sobre la posibilidad del solve et repete y los pleitos, pero sería muy largo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González La Mola.
El señor GONZÁLEZ LA MOLA: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes, señora presidenta. Muchas gracias por su trabajo y los informes presentados en este batiburrillo. Y vaya también mi felicitación a su equipo por el trabajo realizado.
Efectivamente, es un poco complicado hacer una línea común para todos ellos, pero algunas cosas sí que nos han llamado la atención. Del primero de los informes que nos ha presentado respecto a la fiscalización horizontal, la valoración que
nosotros hacemos como más interesante es la que ha destacado ya usted en el sentido de que la Agencia Española de Protección de Datos lo que debería hacer como alternativa es que la entidad se financiase principalmente con una transferencia de los
presupuestos generales del Estado -como hacen el resto de entidades-, en vez de hacerlo con los recursos generados por sus sanciones, porque si no, nos puede dar lugar a lo que ha comentado usted respecto a los remanentes de tesorería. Y en cuanto
al resto de las entidades fiscalizadas, efectivamente coincido en que se deberían mejorar -como señala el informe- todos los sistemas de control y seguimiento del cumplimiento de sanciones y la información que poseen sobre el cobro de las mismas.
En cuanto al segundo de los informes, el de gestión de cobro en el periodo ejecutivo de los recursos de otras administraciones y entes públicos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, estamos de acuerdo en que creemos que lo
fundamental es iniciar o impulsar un proceso de revisión de todos los convenios y resoluciones para actualizarlos, porque la mayoría de ellos se pueden haber quedado desfasados, y proceder así a una actualización y una homogeneización de las
condiciones de los mismos. Parecen mentira recomendaciones que se hacen en este informe como las de actualizaciones de las herramientas informáticas, nos parece que es una cosa de Perogrullo que debería hacerse, sobre todo, en una cosa que hay que
destacar como es la conveniencia de mejorar los procedimientos que están destinados a asegurar la notificación de las providencias de apremio. Si no solucionamos eso, difícilmente podremos hacer lo demás. También, nos parece muy interesante una
cosa que expone el informe respecto a que la agencia debería emprender una evaluación de costes profunda de su servicio de gestión, porque eso ayudaría a que la repercusión del coste a los entes se realice sobre bases objetivas.
En el tercero de los informes de fiscalización, sobre la desertificación y prevención y extinción de incendios, si yo no me he equivocado, hay dos indicadores positivos en el informe. Uno de ellos, un indicador que determina que se ha
producido un incremento de la superficie forestal en las tres últimas décadas. El otro indicador es un incremento de la proporción de zonas forestales que disponen de instrumento de gestión, lo que supone también una senda positiva. Sin embargo,
hay un indicador negativo como es la proporción de tierras degradadas en comparación con la superficie total, que no se ha publicado su magnitud y que presenta algunas dificultades para hacerlo. Efectivamente, el área de influencia está en dos
ministerios y, por lo que dice el informe, se elabora un volumen importante de documentos, pero parece que no son muy homogéneos, que cada uno va un poco por su lado, por lo que es complicado poder analizarlos. Con respecto al Programa de Acción
Nacional contra la Desertificación, que se aprobó en 2008, ya de nacimiento no cumplía con las expectativas. Con lo cual, habría que hacer una revisión total de este sistema. Sobre las medidas de prevención y extinción de incendios forestales, hay
dos principales documentos: el de la estrategia forestal y el del plan forestal, que conforman el marco de la planificación, pero también son medidas que adolecen de cierta deficiencia en el diseño. Aquí le queríamos hacer una pregunta respecto a
lo que ha dicho que han aprobado en el Pleno, por si necesita que desde aquí, desde esta Comisión, hagamos algo o simplemente va a ser de oficio la actualización que ha dicho que van a hacer.
El cuarto informe, que es el de la emisión de gases de efecto invernadero, la verdad es que es un poco complicado porque, efectivamente, se dirige a través de la Oficina Española de Cambio Climático, pero hay dos órganos colegiados, la
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y el Consejo Nacional del Clima, hay una Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental... Llega un momento en que uno dice: la Oficina de Cambio Climático, la comisión de
coordinación, la dirección general de tal... Al final, yo creo que de organismos estamos más que servidos. Yo lo que creo que habrá que hacer es ponernos a trabajar en la misma dirección. De hecho, de todas maneras, en la Unión Europea, según
dice el informe, no existe una homogeneidad en lo que respecta a la definición de la naturaleza jurídica. Coincido con usted en que el procedimiento empleado en la Oficina de Cambio Climático para la gestión de las transferencias desde esas cuentas
TARGET2 a las cuentas operativas del Tesoro no es el más adecuado y tendría que llevar dos firmas para tener más solidez. A pesar de todas esas cantidades de organismos que he mencionado, se recomiendan dos cosas muy importantes: Una es
incrementar los recursos humanos. Esto suena más a aquello de los jefes y los indios, a lo mejor hay muchos jefes y
pocos indios -con perdón de los indios- cuando las conclusiones son que se necesitan más recursos humanos. La segunda es, sobre todo, la modernización de los medios de los medios informáticos.
Por último, para terminar, el de la fiscalización de la actividad del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que está gestionado a través del IDAE. La verdad es que aquí lo que sí es sangrante es que se hable de plazos para la puesta en
marcha de distintas líneas de ayuda que hasta la finalización del proceso de verificación de los proyectos en casi todos los casos están más de dos años. Yo tengo incluso consultas de algunas personas que trabajan en este ámbito que me llaman y me
dicen: Oye, José Luis, ¿cómo podemos hacerlo? Porque, efectivamente, los plazos en este caso se van muchísimo, pero no solo en eso, sino que desde que se aprueban en el consejo hasta que se publica la convocatoria pueden pasar tres meses o, en
algunos casos, hasta nueve meses, haciendo que esos plazos deriven en que eso no es adecuado. Hay una cosa que he apuntado aquí que me parece interesante que es valorar la oportunidad de destinar parte de los ingresos provenientes de las subastas
de derechos de emisión a financiar actuaciones directas para el fomento de energías renovables. Yo creo que esa sería una buena alternativa.
Para concluir, presidente, por intentar buscar algunas líneas comunes, parece que las estructuras están desarrolladas, tenemos ministerios, oficinas, programas, planes -yo creo que de eso vamos servidos-, pero efectivamente en todos ellos o
en casi todos hay carencias tanto de recursos humanos, sobre todo especializados, como de recursos informáticos y en todos ellos falta coordinación, seguimiento y control.
Muchas gracias y, de nuevo, enhorabuena por su trabajo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Huelva.
El señor HUELVA BETANZOS: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.
Señora presidenta del Tribunal de Cuentas, lo primero que quiero es mostrarle nuestro agradecimiento por el trabajo que hace su entidad. Me gustaría que usted trasladara a su equipo el reconocimiento del Grupo Parlamentario Socialista a
todo el trabajo que realizan.
Señoría del Partido Popular, me imagino que cuando usted dice indios se referirá a los trabajadores y a las trabajadoras. (El señor González La Mola: No). Me imagino.
Podríamos estar aquí hablando en relación con el bloque III de informes de fiscalización que ha hecho el Tribunal de Cuentas casi días. Hay que reconocer la magnífica labor que usted ha hecho en el informe sobre la gestión de los derechos
de emisión de los gases de efecto invernadero durante los años 2017 y 2018, en el que se relatan exhaustivamente todas las operaciones de derechos de emisión, subastas, aplicación de sistemas de comercio de derechos de emisión. Es un trabajo
magnífico y creo que es conveniente y necesario que todos elogiemos ese informe, como también el informe de fiscalización de la actividad del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, en el que pone de relieve -o al menos esa es la sensación que le
ha dado a este que le habla- la buena salud normativa y de transparencia de la que goza, en su mayoría, la Administración General del Estado español, que, por supuesto, no está exenta ni mucho menos de problemas, pero que sí tiene una clara vocación
de servicio hacia las ciudadanas y los ciudadanos de cara a facilitar las tramitaciones, los procedimientos o la información y, en definitiva, a hacer más operativa la comunicación entre la administración y el administrado, que al final es a lo que
nos dedicamos todos.
Sí me gustaría, señora presidenta, que en relación con el informe de fiscalización horizontal de la imposición y el cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión del mercado del ejercicio 2017-2018, nos ampliara
la información que tenga disponible, si es posible en este momento, acerca de las reclamaciones y denuncias en cuanto al grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad en las resoluciones sancionadoras, que parece que no son homogéneas ni
están desarrolladas en el grado madurativo de otros procedimientos. También nos ha llamado la atención la carencia de un inventario de sanciones pendientes de cobro y la carencia también de sistemas de control sobre el cumplimiento de sanciones.
Quiero saber si usted tiene datos sobre la gestión del cobro en vía ejecutiva de sanciones que se han puesto a residentes no españoles, a residentes extranjeros.
Le agradezco también, señora presidenta, el interesante y profuso informe en cuanto a la desertificación y prevención de incendios forestales. Lo primero, la desertificación es muy preocupante en nuestro país, aunque hemos visto que la masa
forestal ha crecido en las últimas tres décadas. Es una situación en la que, obviamente, debemos tomar medidas todos, colaborando todas las administraciones,
pero también los ciudadanos y las ciudadanas. Me ha llamado la atención que, de todas las explotaciones agrícolas que tenemos en nuestro país, solo las explotaciones agrícolas con financiación de la política agraria común europea -que, por
cierto, hace pocos días se ha anticipado el primer pago a los agricultores y a los ganaderos- están obligadas a adoptar medidas orientadas a promover prácticas agrícolas sostenibles, ya que eso debería ser una práctica común en todas las
explotaciones agrícolas para prevenir la erosión de los suelos.
Para terminar, señora presidenta, señor presidente, en cuanto a la prevención y extinción de incendios forestales, mi grupo parlamentario considera que estamos en un camino adecuado en estos momentos para la prevención, pero debemos incidir
en coordinar todas las acciones de todas las administraciones que hay en nuestro país para prevenirlos y, sobre todo, seguir incentivando algunas de las buenas prácticas que tenemos, como es la colaboración y coordinación de las distintas
administraciones del Estado o de las comunidades autónomas, así como también la coordinación en materia de extinción de incendios con el país vecino, Portugal, porque solo así, si somos capaces de estar todos coordinados, vamos a ser capaces ya no
de eliminarlos porque los incendios forestales no los vamos a eliminar, desgraciadamente, pero sí de aminorarlos el máximo posible.
Eso es todo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Huelva.
A continuación, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Fundamentalmente, apreciamos una coincidencia con casi todos los grupos con respecto a los problemas que hemos detectado en los estudios que se han hecho para hacer estos tres
informes.
Yo tengo que decir que todos son organismos bastante nuevos, incluso con nuevas funciones adjudicadas a las administraciones públicas. No es que yo esté ahora en este momento en defensa de administraciones públicas ni de nadie, sino
simplemente que con el tiempo esos organismos van posando y se van poniendo en su lugar. Yo creo que a eso se refería -y perdóneme si lo interpreto así- el señor La Mola cuando decía lo de los indios. Quizás en estos organismos nuevos en los que
todos detectamos una escasez de recursos, pues, efectivamente, lo que sucede es que están como en el periodo de montaje y funcionamiento. Hay una cosa que es común a todos, como lo han visto todos ustedes, y es lo que nosotros pedimos, que es una
coordinación mucho más potente, primero, entre los diferentes órganos de las administraciones públicas con competencias coincidentes o tangenciales, pero que tienen que actuar sobre el mismo problema y, luego, la Administración General del Estado
con las comunidades autónomas.
Muchas veces hemos dicho que nuestros informes y la actuación del Tribunal de Cuentas tienen un valor preventivo con el mero hecho del anuncio, porque parece que cuando saben que se va a hacer una fiscalización, de repente, empiezan a
mejorar cosas antes de que lleguemos. Es verdad, pero lo cierto es que nosotros no tenemos como vocación buscar los defectos; si están y, si, además de estar, constituyen algún tipo de irregularidad del tipo que sea o provocan el efecto que tengan
que provocar, los ponemos de manifiesto. Todo lo contrario, lo que nosotros pretendemos es ayudar a las administraciones públicas a mejorar su gestión desde esta especie de atalaya que se nos ha concedido de tener información de todas las
administraciones públicas, cuestión que nos permite hacer las recomendaciones. Cuando después sus señorías inciden y remachan nuestras recomendaciones en sus propuestas de resolución, pues qué duda cabe que, si tienen efecto, suele ser más
positivo. Por ejemplo, que coincidamos en la coordinación y que a ustedes, además, les sirva para hacer un seguimiento de control -que de eso se trata- con respecto a los problemas de gestión que ponemos de manifiesto, implica que realmente todos
estamos cumpliendo con la misión que se nos ha asignado.
Al señor Aizcorbe tengo que decirle que seguramente mi explicación ha sido muy rápida y lo ha llevado a confundir el tema de la rehabilitación de créditos con la cancelación por prescripción de la deuda. Si una deuda está prescrita, no se
puede rehabilitar; no hay incompatibilidad, está prescrita, no se puede rehabilitar; se rehabilita cuando no ha prescrito y aparece solvencia. Quizá yo lo he explicado muy deprisa, pero una cosa es la rehabilitación y otra es la cancelación, y,
efectivamente, es un procedimiento complejo, pero entendemos que no es incompatible.
Con respecto a la intervención del señor González La Mola, le agradezco su apoyo; de verdad que valoramos mucho el apoyo que nos ofrecen, incluso, en concreto, con respecto al tema de la desertificación. Es una trabajo que vamos a hacer a
iniciativa del tribunal, del que tendrán, como siempre, cumplida
explicación, y además lo vamos a debatir con los colegas europeos incluso para establecer los mecanismos de coordinación que sean necesarios.
Y con respecto a lo que me planteaba el señor Huelva, el informe de la agencia no tiene datos específicos y sanciones a extranjeros porque el cobro no siempre lo gestiona la agencia. En cualquier caso, si en la documentación que consta en
el departamento que ha hecho el informe hubiera más información, se la haríamos llegar sin ningún problema. Por ejemplo, en el Banco de España, según la aplicación Inteco 5, de las sanciones impuestas corresponde a extranjeros un importe de 2
millones de euros. No obstante, toda la información que tenemos con respecto a extranjeros es muy limitada. Ya le digo, nosotros estaremos en contacto, por supuesto, con el departamento, y, si hubiera alguna información en papeles de trabajo,
etcétera, que no se hubiera reflejado en el informe y que se refiriera a lo que se ha preguntado, se lo haremos llegar sin ningún problema.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
BLOQUE-I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE APOYO FINANCIERO DE SEPI A SUS EMPRESAS DEL GRUPO, EJERCICIOS 2017 Y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000068 y número de expediente del Senado 771/000076).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA GESTIONADOS POR EL ENTE PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO, EJERCICIOS 2018 Y 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000099 y número de
expediente del Senado 771/000095).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al debate el correspondiente al bloque I: informe de fiscalización de las operaciones de apoyo financiero de SEPI a sus empresas del grupo, ejercicio 2017 y 2018, e informe de fiscalización de la
actividad de los fondos sin personalidad jurídica gestionados por el Ente Público Puertos del Estado, ejercicios 2018 y 2019.
Tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Esta es otra fiscalización realizada a iniciativa del tribunal. El ámbito subjetivo lo constituye la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, y los principales resultados se concretan en conclusiones que afectan o que están
relacionadas con la cuantía de las ayudas financieras que presta SEPI y las causas del otorgamiento. El volumen de las operaciones netas de apoyo financiero que realiza SEPI durante el periodo fiscalizado, que son los años 2017 y 2018, ha supuesto
un total de casi 1270 millones de euros. Los instrumentos para hacer efectivo este apoyo financiero han sido variados: aportaciones de fondos propios de las empresas, incremento en los saldos de los préstamos participativos, incremento en los
préstamos I+D+i, otros préstamos y variación de la financiación otorgada a través de las operaciones de gestión de fondos del sistema Inter-SEPI, que luego veremos. Ya saben que Inter-SEPI lleva a cabo una labor de intermediación entre la oferta y
la demanda de excedentes de tesorería entre las diferentes empresas del grupo. Las empresas excedentes prestan a SEPI a cambio de una remuneración, lo que se llama las operaciones tomadas, y luego SEPI presta a aquellas empresas del grupo que
tienen necesidad a corto plazo a tipos de interés más ventajosos que los del mercado, que son las denominadas operaciones cedidas. Las dos empresas más beneficiadas durante el periodo que hemos auditado han sido Navantia y Hunosa, y las principales
causas de estas aportaciones financieras, entre otras cosas, han sido para financiación del pago de obligaciones sociales, prejubilaciones, ERE, litigios sociales u obligaciones en los planes de empresa, financiación de déficits estructurales,
financiación de proyectos de I+D+i, operaciones de financiación a corto plazo a través del sistema Inter-SEPI o financiación de costes medioambientales de restauración de zonas en que estaban las minas de Hunosa.
Los instrumentos que ha utilizado SEPI, en principio, por lo que se deriva del informe, se han valorado favorablemente por el Tribunal de Cuentas. No obstante, en el caso de los préstamos participativos otorgados con fines de financiación
continuada, se resalta la necesidad de que se valore a la hora de otorgarlos una previsible mejoría de los resultados de la empresa prestataria. Y también se valora positivamente la financiación destinada a proyectos de I+D+i. Hay una alta
concentración de estos préstamos -no sé si excesiva o no- en Navantia. Con relación a los procedimientos, también
entendemos que la aplicación ha sido adecuada, aunque hay incidencias en la gestión del Fondo de Fomento a la Investigación destinada a proyectos de I+D+i y afectan a la debilidad del sistema de justificación de los gastos. El sistema que
se establece es una mera presentación de gastos, quedando los documentos a disposición de SEPI, y en ninguno de los expedientes figura ninguna justificación adicional. Sobre la racionalidad de los procedimientos de gestión de tesorería y del
endeudamiento y el sometimiento de la actividad a los principios de buena gestión financiera, durante el período analizado SEPI obtuvo recursos por valor de 1209 millones de euros para financiar ayudas financieras a sus filiales. Estos fondos que
obtuvo SEPI fueron a través de endeudamiento bancario o bien del incremento de operaciones Inter-SEPI o reducción de tesorería o venta de participaciones de fondos de inversión. A 31 de diciembre de 2018, la deuda neta de SEPI era de mil millones
de euros.
Se ha observado que al final de los ejercicios fiscalizados SEPI tiene un endeudamiento equivalente al límite máximo permitido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y disminuye esa deuda al principio de cada ejercicio siguiente
hasta los límites de las necesidades reales, y al final de cada ejercicio SEPI se endeuda hasta el final del límite permitido para disponer de fondos suficientes para iniciar la siguiente actividad o como medida de prudencia ante los retrasos de las
leyes de presupuestos en los años 2017 y 2018. Esto es lo que hemos podido valorar. A efectos de contabilidad nacional, ese endeudamiento tiene la consideración de deuda pública. Y el informe también destaca que las normas que regulan la
actividad interna de SEPI son menos detalladas que las fijadas para regular la autorización, el control y el seguimiento de las inversiones de sus empresas dependientes. Y con relación a las operaciones Inter-SEPI, la entidad formalizó en 2018
varias operaciones de crédito, por importe de 125 millones de euros, para dar cobertura a un eventual déficit del sistema Inter-SEPI que ya había ocurrido en 2017. Realmente el sistema no presentó deficiencias y fueron innecesarias. En general, el
conjunto de operaciones tomadas y cedidas en el sistema Inter-SEPI no ha supuesto coste alguno para la entidad durante el periodo fiscalizado, ya que los intereses cobrados superaron a los pagados, con lo cual consideramos que el sistema ha sido
eficiente.
Con relación al seguimiento de recomendaciones, se considera cumplida la recomendación que se dirigió en el anterior informe a la dirección de SEPI sugiriendo el establecimiento de directrices e instrucciones para que los expedientes de
regulación de empleo y los compromisos laborales asumidos por la entidad y sus filiales se evalúen con carácter previo a su autorización y formalización. Y no se ha formalizado ningún tipo de expediente de ese tipo durante el periodo fiscalizado.
En cuanto a las recomendaciones de este informe, hay tres fundamentales. El tribunal considera necesario que SEPI cuente con unas normas internas aplicables a las operaciones de endeudamiento aprobadas por su consejo de administración en las que se
fijen los mecanismos, las normas y los procedimientos para la búsqueda, para la selección y la formalización de ofertas. Igualmente, se recomienda que estudie la viabilidad de utilizar otros instrumentos financieros, como préstamos sindicados o
emisiones de deuda, para la financiación de su actividad a largo plazo, o que las normas que regulan el fondo de fomento de la investigación sean formalmente aprobadas por los órganos de dirección de SEPI e incluyan toda la documentación exigible.
El segundo de los informes de este grupo está referido a la actividad de los fondos sin personalidad jurídica que gestiona el ente público Puertos del Estado durante los ejercicios 2018 y 2019 y el ámbito subjetivo lo constituye el Fondo de
Compensación Interportuario, que fue creado por la Ley 48/2003, de régimen económico y prestación de servicios de los puertos de interés general, como un instrumento de redistribución de recursos del sistema portuario estatal. Puertos del Estado y
las autoridades portuarias realizan aportaciones obligatorias al fondo conforme a los criterios y límites establecidos legalmente, teniendo estas la consideración de gasto no reintegrable. Y el otro componente del ámbito subjetivo es el Fondo
Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, que tiene como finalidad la financiación de las obras de las infraestructuras de conexión viaria y ferroviaria necesarias para dotar de accesibilidad a los puertos de interés general desde el límite
de su zona de servicio hasta el punto de conexión con las redes de transporte. Este fondo se nutre con aportaciones que con naturaleza de préstamos realiza Puertos del Estado y autoridades portuarias. En el caso de este último fondo, del fondo
financiero, dada su reciente creación, el análisis se ha hecho desde la fecha de creación, que fue en 2014.
En relación con el cumplimiento de la normativa a la que está sometida la actividad de los fondos, se ha comprobado que la actividad tanto de un fondo como de otro se ha ajustado a las previsiones contempladas. Y con respecto a los
procedimientos que se han utilizado, en relación con el fondo de compensación durante los ejercicios 2018 y 2019, las aportaciones ascendieron a un total de 35,3 y 43,2
millones de euros respectivamente, y dichos importes corresponden a aportaciones por la tasa de ayudas a la navegación de las autoridades portuarias, aportaciones por resultados de las autoridades portuarias y aportaciones de Puertos del
Estado. Los fondos que ha distribuido el fondo de compensación a las autoridades portuarias y Puertos del Estado durante los ejercicios 2018 y 2019 ascendieron a 30 y 34 millones respectivamente. De dicho importe se distribuyó una parte a las
autoridades portuarias para financiar el mantenimiento de ayudas a la navegación marítima y el resto de los fondos distribuidos se destinaron a tres conceptos: a compensar los menores ingresos estructurales en las autoridades portuarias
extrapeninsulares, a financiar actuaciones de seguridad en el marco del convenio firmado con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima y a financiar proyectos por otros criterios. Y decimos otros criterios, entre comillas, como verán en el
informe, porque no tenemos un conocimiento claro de cuáles son estos otros criterios que ha aprobado el fondo de compensación. En relación con el fondo financiero, los recursos incluyen las aportaciones obligatorias exigidas que en concepto de
préstamo realiza Puertos del Estado y autoridades portuarias y las operaciones de financiación que dispone el propio fondo. Todos los recursos obtenidos por el Fondo financiero en 2019, que fueron 18 millones de euros, fueron prestados a la
autoridad portuaria de Ferrol para financiar el proyecto de acceso ferroviario al puerto exterior. En 2017 se había formalizado el contrato de financiación del fondo financiero con Ferrol por un importe de 80 millones de euros. Adicionalmente, el
comité de distribución del fondo de compensación aprobó otorgar financiación al proyecto de acceso ferroviario al puerto de Sevilla de la autoridad portuaria de Sevilla, con un coste aproximado de 25 millones de euros, por lo que se considera que el
grado de financiación de proyectos directamente por el fondo financiero desde su creación no es muy alto, 18 millones en total, de los que 14 se financiaron con endeudamiento financiero y 3 con aportaciones del fondo, ascendiendo las aportaciones
exigibles a 31 de diciembre de 2019 a 143 millones.
En relación con las actividades medioambientales financiadas durante el ejercicio 2018, el fondo de compensación ha financiado seis actuaciones medioambientales, correspondientes a cuatro autoridades portuarias, que han sido financiadas por
el fondo en su totalidad. Y en 2019 las actuaciones financiadas fueron doce, correspondiendo a ocho autoridades portuarias, con una inversión conjunta de 3,2 millones y el fondo financiado 2,5 millones.
Por último, en el informe se incluyen cuatro recomendaciones dirigidas a la mejora de la actividad económico-financiera de los fondos fiscalizados, por lo que se considera conveniente que el comité de distribución del fondo de compensación
apruebe un documento en el que se determinen los mecanismos y criterios para la elaboración de las propuestas y asignaciones a organismos portuarios -lo que he denominado hace un rato otros criterios-; que Puertos del Estado realice un estudio
técnico- económico actualizado de los costes unitarios en mantenimiento de las diferentes ayudas a la navegación, y que los documentos en los que se establezcan los criterios para la justificación de las autoridades portuarias de las actuaciones que
son financiadas por el fondo se aprueben por los órganos de gobierno de Puertos del Estado o del fondo de compensación.
Teniendo en cuenta que un elevado informe de aportaciones de los organismos portuarios al fondo financiero prescribirá en los próximos ejercicios, se considera necesario que Puertos del Estado y las autoridades portuarias impulsen la
ejecución de los accesos viarios y ferroportuarios que se encuentran en fase de estudio y proyecto.
Por mi parte, los dos informes de este bloque también están expuestos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
A continuación, para fijar posición, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario VOX la señora Cañizares.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.
Presidenta, muy buenas tardes. Bienvenida, como siempre. Muchísimas gracias por su magnífica exposición. Felicidades a usted y a su equipo.
Son dos informes, tanto el relativo a la actividad de los fondos sin personalidad jurídica gestionados por Puertos del Estado como el relativo a las operaciones de apoyo financiero por parte de SEPI a sus empresas del grupo, con dos
fiscalizaciones que precisamente se enmarcan en el cumplimiento del objetivo de realizar actuaciones que sirvan a las Cortes Generales y, en su caso, a los Parlamentos regionales para impulsar la adopción de medidas que contribuyan a conseguir un
sector público en el que el gasto sea más racional y eficiente, así como a fomentar buenas prácticas de organización, gestión y control de las entidades públicas, de manera que, con el panorama que tenemos en el sector público empresarial en España,
creo que
tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Y por qué digo esto? Precisamente porque, por un lado, desde el punto de vista económico puramente, la racionalización y la eficiencia que define el Tribunal de Cuentas en sus informes queda muy lejos de
la realidad de nuestro sector público empresarial. Y es que el grupo empresarial SEPI, con alrededor de 80 000 trabajadores y un conjunto de 27 empresas entre las que conforman el grupo y las asociadas, vemos que año tras año, lejos de conseguir
-no lo digo en un año, sino año tras año- esa eficiencia o al menos de llegar al punto muerto, al umbral de rentabilidad, se desangra.
Si en 2018, el año del que estábamos hablando, tenía unos fondos propios ya mermados en más del 50 % por las pérdidas acumuladas y ascendían a 1659 millones aproximadamente, con unas pérdidas acumuladas de 3089 millones de euros, para 2023
en los presupuestos que ustedes acaban de presentar, que nosotros denominamos de la propaganda, nos encontramos con una cifra de pérdidas acumuladas que va a llegar casi a los 5000 millones de euros, exactamente 4936 millones. Entonces, esas
pérdidas que se han producido durante estos cuatro años en los que el PSOE, junto a Unidas Podemos, ha estado gobernando, los cuales ascienden a casi 2000 millones de euros, concretamente 1846 millones de euros, ¿quién las va a pagar, como decía
esta mañana su portavoz, Patxi López? ¿Las van a pagar ustedes - claro, si las van a pagar ustedes, yo me callo- o las vamos a pagar todos los españoles? Miles de millones de euros que hubiesen servido para financiar la sanidad o la educación,
como dicen ustedes. En definitiva, ustedes, como siempre aluden al bolsillo de los demás. Pero las fugas milmillonarias constantes y continuas de dinero público, las pérdidas que se producen en estas entidades de forma sistemática, ¿les parecen
aceptables a ustedes? A mí, desde luego, me avergüenza pedir sacrificios a los españoles y que a quienes dirigen este país, que, en definitiva, son quienes a dedo colocan a quienes dirigen estas empresas, les dé absolutamente igual que el dinero se
vaya por el desagüe y nadie asuma responsabilidades por su gestión.
Y es que todo va unido, porque esta desidia en establecer con seriedad mecanismos que aseguren la eficiencia y la racionalidad del gasto público se extrapola a la forma de designar a quienes dirigen estas empresas públicas, y uno de los
problemas de la SEPI es que el Gobierno, este y los anteriores, sigue nombrando a sus amigos para puestos de altísima responsabilidad. Y esto no puede ser, porque el principal requisito para ser colocado es tener el carné del partido
correspondiente. Este sectarismo, haciendo presidentes a personas que desconocen el sector -que serán magníficas personas, eso no lo dudo ni entro en ello, solo estoy hablando del plano profesional-, que no tienen la formación técnica pertinente y
que, en resumen, nunca tendrían ese puesto en el sector privado, creo que pone en peligro la viabilidad de estas empresas, de las que dependen miles de familias y miles de trabajadores. El caso más sangrante que tenemos hoy por hoy es el del Grupo
Correos, con el amigo de la infancia del señor presidente del Gobierno, que está cosechando pérdida tras pérdida, es decir, los peores resultados de su historia, cuando empresas similares en nuestro entorno, como en Alemania o en Francia, ganan
dinero y crean riqueza. Creo que hay que abandonar ese trilerismo empresarial y quitar las manos del futuro de miles de familias. Así evitaremos casos como el de Indra o el saqueo y el hundimiento de Defex, una empresa de la que SEPI tenía el 51 %
y se dedicaba a la venta de armas, porque es impresentable que una empresa participada mayoritariamente por la SEPI se haya dedicado durante más de veinte años a corromper gobiernos y a beneficiar a no sabemos quién; ni lo sé yo ni tampoco
seguramente ustedes.
Por tanto, para concluir, además de considerar muy acertadas y asumir, por supuesto, las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en cuanto a que SEPI tiene que establecer normas internas que se apliquen precisamente para planificar y
justificar las operaciones de endeudamiento que lleve a cabo y que no queden sujetas precisamente a la arbitrariedad o discrecionalidad del enchufado de turno que la dirija en cada momento, también es muy necesario abandonar la idea de que las
empresas públicas pueden ser agencias de colocación para los amigos de quienes gobiernen y también existan esas normas de procedimiento para la designación de los altos cargos, y, lo más importante, que esas normas se cumplan, porque, de no ser así,
los cargos se convierten en cargas muy pesadas que llevan en la espalda los españoles durante décadas a costa de su bolsillo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora presidenta. Bienvenida a esta Comisión.
Confieso que me ha sorprendido un poco la intervención de la señora Cañizares. No entraré en el debate de la SEPI-creo que no tiene sentido- y, sobre todo, respecto al mantenimiento de determinadas
empresas, como puede ser Navantia. Creo recordar que VOX estuvo manifestándose allí por el mantenimiento de puestos de trabajo. Conseguir contratos a veces no es sencillo. Han finalizado ya muchos: el S-81 Isaac Peral, las plataformas
petrolíferas, las F-100. En definitiva, entraríamos en un problema más complejo. Esta mañana reivindicaban ustedes el uso del carbón y les recuerdo que Hunosa está dentro de este grupo.
Por centrarme en el tema, creo que lo que básicamente se deduce del informe es una gestión más o menos correcta, independientemente de que, como todas, tiene sus defectos. Pero este informe tiene una peculiaridad, a mi juicio, positiva. A
mí me gusta este tipo de auditorías. Una auditoría operativa no es lo frecuente en el Tribunal de Cuentas, y, fundamentalmente, va un paso más allá del análisis del cumplimiento de la legislación y ya entramos a analizar los principios que proclama
el artículo 31.2 de la Constitución: economía, eficiencia y eficacia, en definitiva a lo que debería tender el Tribunal de Cuentas. Por eso le pregunto si en esta nueva etapa el tribunal tiene la intención de incrementar este número de auditorías,
que ya le digo que, francamente, creo que son las que pueden aportar mucha más luz, especialmente sobre las deficiencias de gestión; no respecto al mero cumplimiento, sino en cuanto a las deficiencias.
Por otro lado, este informe tiene otra cuestión positiva; usted ha pasado un poco de refilón, pero me parece interesante la reflexión que ha hecho y que yo vengo haciendo en muchas comisiones sobre las propuestas de resolución, porque el
informe entra a analizar el nivel de cumplimiento de propuestas de resolución de su antecesor. Creo recordar que fue en el año 2012 o 2013 -hablo de memoria- cuando se llega a la conclusión de que se ha cumplido un 50 % de las propuestas de
resolución y luego hay una disquisición, la SEPI dice que el otro 50 lo ha cumplido prácticamente y el Tribunal de Cuentas dice que está en ello. En cualquier caso, la reflexión viene porque hay que intentar ser un poco positivos. Es decir, las
propuestas de resolución o las recomendaciones del Tribunal de Cuentas sirven -usted lo ha dicho y yo creo que es así-, sobre todo cuando se anuncian nuevas fiscalizaciones, como se ve en algunos informes, donde se puede analizar que uno se da más
prisa en cumplir porque le va a volver a tirar de las orejas, por decirlo gráficamente.
En cualquier caso, como este es un debate muy interesante, y se ha escrito mucho en la prensa, sobre todo en años pasados, acerca de para qué sirven las propuestas de recomendación del tribunal si no son de obligado cumplimiento, yo le
planteó distintas cuestiones. Por un lado, si tiene previsto el tribunal intensificar este tipo de fiscalización. Es verdad que se viene haciendo de vez en cuando algún informe sobre el nivel de cumplimiento, pero creo que habría que incidir más
en ello.
Por otro lado, es complicado seguir las propuestas o las recomendaciones del tribunal, más allá de que están en el informe. Por eso le pregunto si no cree usted que sería razonable crear un registro de recomendaciones de fácil acceso desde
el que se pudiera seguir la tramitación que han tenido, el punto en el que se está o si se han cumplido o no. Lo digo de cara a la ciudadanía y, fundamentalmente, para poner más en valor al Tribunal de Cuentas. Al final, el culmen del informe no
es el informe o la emisión en sí, sino conseguir que aquello que se recomienda se cumpla. Por lo tanto, como no es sencillo, se me ocurre que podría ser a través de un registro. Viendo lo que se hacen en otros países, le pregunto si no cree usted
que sería razonable hacer un informe anual para conocer el nivel de cumplimiento de las recomendaciones de los informes, y que, por ejemplo, tuvieran una antigüedad -yo he mirado un poco la legislación- de tres años, por señalar un plazo razonable
para cumplir una propuesta de resolución, básicamente -insisto- porque creo que es lo más importante del informe y, por lo tanto, sería un punto de partida razonable.
Por otro lado, al final estos informes se hacen en momentos de crisis y, por tanto, hay concesiones de ayudas importantes y, por lo tanto, áreas de riesgo. Le pregunto -y creo recordar que en el plan de fiscalización están incluidas las
empresas públicas- si va a haber una nueva fiscalización de SEPI y, sobre todo, del fondo de insolvencia, que era de 10 000 millones y al final se han otorgado 4000 millones. Ya no sé si calificarlo de área de riesgo o de algo más, a la vista de lo
que hemos visto que ha pasado con Plus Ultra y algún otro tipo de ayudas, sobre las que no sabemos nada. Además, le pregunto qué opinión le merece -a mí me parece un escándalo- que la ministra de Hacienda en este agosto de 2022 haya suprimido la
dirección de planificación y control de la SEPI. Es increíble suprimir el control, es decir, quien decía si los planes de viabilidad de las empresas que se presentaban eran adecuados o no, si había capacidad para recuperar esas ayudas y, por lo
tanto, garantizar en una parte razonable la recuperación de esos fondos. Se han cargado todo tipo de control, se ha suprimido, y, por lo tanto, en estos momentos la concesión de ese recurso del fondo de insolvencia está exenta de ese tipo de
control, lo cual, insisto,
no lo entiendo, sobre todo porque la IGAE tampoco ha entrado a analizar esta cuestión en los informes que está realizando, y no deja de ser sorprendente.
Respecto al segundo informe de Puertos del Estado, sobre algo que no tiene mucho que ver o que no está en los informes -y creo que son razonables, más allá de la advertencia de que se ha dejado prescribir, lo que no es ninguna anécdota pues
al final la prescripción de recursos públicos por no haber ejecutado las inversiones asciende nada más y nada menos que a un 87 %, son 50 millones de euros, y ya no era momento de pandemia, ya había discurrido un tiempo y, por lo tanto, cuesta
entenderlo-, si en el 2019 Puertos del Estado experimenta un retroceso en sus beneficios de un 30 %, me cuesta entender la condonación que ha habido por parte del Gobierno de España, de Puertos del Estado al consorcio de la Comunidad Valenciana
-hablo de memoria- por 350 millones más 23 de intereses. Me sorprende y me gustaría que hiciera usted un análisis, sobre todo porque La Coruña...
El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señoría.
El señor SUÁREZ LAMATA: Acabo ya.
...sobre todo porque el puerto de Langosteira está pidiendo lo mismo, 200 millones, y a ellos se les dice que no, pero a Valencia, por una mera negociación presupuestaria, se la dice que sí. La pregunta es si es razonable que una empresa
pública condone unas cantidades tan importantes de recursos económicos, sobre todo cuando la situación no es nada boyante.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: Buenas tardes, señora presidenta. Yo también, como mis predecesores, la felicito por sus informes, por la intervención y por esclarecernos cómo funciona el sector público español en sus distintos ámbitos.
Me llama un poco la atención la intervención de la portavoz del Grupo VOX, de la señora Cañizares. Solo la entiendo por la insatisfacción de cómo ha ido el debate presupuestario en el Congreso esta mañana y la dificultad para aceptar que
los presupuestos van a salir adelante, que es lo que necesitan los españoles. Pero me llama más la atención que, después de esa intervención, no se quede a esperar lo que decimos los demás portavoces y, sobre todo, lo que dice usted como
presidenta. No sé si la señora Olona ha dejado un hueco en el espectáculo de VOX que algunos quieren cubrir de alguna forma, aunque yo creo que no está ni siquiera a su altura.
Entrando en el asunto, lo que me llama realmente la atención es que en realidad el informe hace una descripción del grupo SEPI que creo que es bastante positiva. De los aproximadamente treinta grupos empresariales que están incorporados al
grupo SEPI en sentido amplio, hay una parte muy relevante que refuerzan las capacidades industriales y tecnológicas de España; son empresas con un gran futuro y que además tienen un gran presente, y justamente no están en el informe, porque se
trata de analizar los compromisos contraídos con las empresas del grupo SEPI y que, por tanto, necesitan apoyo ese año. Y dentro de estas, que son diez de esas treinta empresas -son diez, nada más-, hay que indicar que hay dos grupos muy distintos.
En primer lugar, aquellas que están en liquidación y a las que, por tanto, la SEPI tiene que aportar fondos para cumplir con obligaciones de dos tipos, de carácter social y de carácter medioambiental, que asumen estas empresas, porque, aunque la
empresa deje de actuar, sus trabajadores van a estar jubilados y van a tener apoyo durante todo ese proceso y porque hay compromisos ambientales en el caso de las empresas, sobre todo, de carácter minero que hay que cubrir también y a las que la
SEPI necesita aportar fondos. Y, en segundo lugar, una empresa singular como Navantia, que es una empresa que está en un sector que tiene un gran componente cíclico, como todos sabemos, y que además soporta buena parte de la capacidad productiva
española en el sector de la defensa, por tanto, tiene un sentido estratégico, además de industrial. Justamente que esto se ponga en cuestión por grupospara los que la defensa nacional tiene una enorme importancia, no deja de sorprender. Navantia,
además, tiene un plan industrial 2018-2022 que se está cumpliendo, que le está permitiendo conseguir más contratos y que está desarrollando en Ferrol, Galicia, de donde yo procedo, con las fragatas F-110, con un submarino en Cartagena y con otros
proyectos industriales ligados al sector público, pero también con otros ligados al sector privado, a la eólica marina o a la reparaciones, que tienen tanta importancia. Me resulta bastante sorprendente que exista esa inquina con esta actividad.
Dejando aparte estas cuestiones, me interesa resaltar la buena nota que el Tribunal de Cuentas da a la actuación de la SEPI en relación con las empresas del grupo, porque los procedimientos son los adecuados con carácter general. Es cierto
que hay algunas recomendaciones que no se han cumplido, entre otras razones, porque, como se indica, no se dieron las condiciones para saber si esas recomendaciones se ponían en marcha o no. Estamos hablando de la evaluación de los ERE, que se
señala en el informe. Por tanto, yo creo que hay que felicitar, en primer lugar, al Tribunal de Cuentas, pero, en segundo lugar, a la propia dirección de la SEPI por hacer las cosas bien.
En relación con el segundo de los informes, para mí creo que el grado de satisfacción derivado de la lectura del informe es aún mayor, porque si algo destaca es que existe una gestión profesional y muy correcta del Fondo de Compensación
Interportuario, que además responde a valores que van más allá de los valores tradicionales de la gestión de los puertos, porque incorporan la cuestión medioambiental con mucha fuerza, pero también algo muy importante como la intermodalidad, la
conexión entre el mar y la tierra a efectos de logística y de transportes; para esto es el segundo de los fondos. En este sentido, yo querría hacerle simplemente dos preguntas o dos observaciones. Por una parte, cuáles son los otros criterios,
porque no me queda claro con la lectura del informe qué está detrás de esta rúbrica, que es una rúbrica quizás excesivamente genérica. Ya sé que ustedes la indican en el informe como recomendación, y me parece bien, pero hay que aclararlo más, ya
que, si hay alguna información adicional, sería bueno conocerla. Y, por otro lado, quería saber si no sería conveniente, en relación con la escasa ejecución del fondo de accesibilidad marítimo-terrestre, establecer algún tipo de planificación, de
cronograma y control que permita evitar justamente las demoras en la utilización de los fondos cuando es evidente que es un elemento de competitividad enorme en los puertos y, por tanto, sería bueno avanzar en esa dirección.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
A continuación, tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Yo les agradezco a todos que manifiesten la utilidad de los informes. Creo que cada vez más avanzamos todos hacia fórmulas que les facilitan el trabajo a ustedes y que a nosotros nos hacen cumplir mejor nuestra función. Después de venir
aquí hay un pleno y, desde luego, no tengan ninguna duda de que yo les traslado todo a mis colegas, para que en cada uno de los departamentos que dirigen trasladen las felicitaciones por el trabajo que realizan las personas que integran el tribunal,
y aprovecho para decir que es nuestro principal valor, que es un personal muy bien formado y que además está en continua formación. Hay muchos temas nuevos que nos están surgiendo, como ya han visto, tanto de contenido como de fórmulas y modos de
trabajo, y la formación y la generación de talento es continua. Simplemente se lo agradezco y me satisface muchísimo trasladarles la utilidad que tiene su trabajo a todos ellos.
En ese sentido, desde hace ya dos o tres años, con respecto a lo que decía el señor Suárez Lamata, hemos incrementado el número de fiscalizaciones operativas. De hecho, si han seguido un poco las publicadas en el último año y medio o dos
años, hay muchas más operativas que de cumplimiento, y esa es la tendencia. De hecho, en la próxima planificación sucederá lo mismo, entre otras cosas, porque nosotros entendemos que es más eficaz ese trabajo que el mero de cumplimiento, aunque sea
imprescindible hacerlo. Realmente hoy hay mecanismos, con la información que tenemos, para hacer ese seguimiento más leve y profundizar a través de las operativas. O sea que no tenga duda de que en esas estamos y de que ese es nuestro compromiso y
nuestra planificación de futuro.
En cuanto a los informes anuales, usted conoce que ya hay informes específicos de seguimiento que se hacen por áreas. Hacer un informe anual de seguimiento con respecto a fiscalizaciones de tres años anteriores quizá fuera una fórmula y
quizá pudiéramos hacerlo. Lo que pasa es que por la propia distribución del trabajo nos resulta muchísimo más fácil que cada departamento programe sus fiscalizaciones de seguimiento, y así lo vienen haciendo. Creo que el porcentaje de
fiscalizaciones de seguimiento también se ha visto incrementado. Esto necesita un poquito de tiempo porque todas las recomendaciones no tienen el mismo carácter. Hay recomendaciones que son de modificación de reglamentación, hay otras que son de
pura gestión, hay algunas que incluso inciden en la modificación de su normativa y, como cada cosa requiere un tiempo, siempre dejamos pasar un periodo de tres o cuatro años para hacer el seguimiento, y se va haciendo como se hace el informe de
fiscalización, de la misma manera. En cualquier caso, no tendríamos inconveniente en buscar otra fórmula si fuera más sencilla y,
además, ya saben ustedes que al Tribunal de Cuentas se le puede pedir la realización de la fiscalización que les parezca más conveniente si otro sistema les parece mejor.
En cuanto al registro de recomendaciones, le diré que tenemos registro de recomendaciones pero es de uso interno, como muchas cosas hasta ahora han sido de uso interno, lo que pasa es que en este momento el uso interno ya tiene menos
sentido. Y las tenemos, porque nos permiten programar las fiscalizaciones atendiendo a dos criterios: el tiempo que pasa desde que hemos hecho las primeras y los riesgos que se han puesto de manifiesto, con lo cual, áreas de especial riesgo las
programamos antes que áreas que vemos que el riesgo o el carácter de la recomendación es menor. Es más, en el registro de recomendaciones que tenemos se van anotando no solamente las cumplidas, sino el grado de cumplimiento. Y no solamente no me
parece una mala idea, sino que me parece una muy buena idea que ese registro lo hagamos público. Seguramente estemos también en transformación de los sistemas de comunicación con el exterior, y posiblemente pueda constituir un punto importante en
una nueva página web que estamos construyendo. Así que se lo agradezco, pero en este sentido le digo que efectivamente esto lo estamos haciendo y para nosotros es muy útil, con lo cual pienso que también lo será para ustedes, incluso para los
ciudadanos en general, como usted mismo ha dicho.
Ha planteado algunos temas respecto de los que no me voy a pronunciar porque no debo hacerlo, sobre decisiones que se toman en supresiones de direcciones generales, etcétera. Simplemente que en una fiscalización que pudiera hacerse después
de esta -normalmente ya sabe que hay determinados temas en los que la fiscalización es recurrente porque suponen áreas de riesgo importante- se pueda valorar que determinada supresión orgánica ha producido un efecto adverso, pero no de la decisión
de hacerlo, porque no debo y no voy a pronunciarme sobre medidas de la ministra ni de ningún ministro.
En cuanto a la condonación a la que se ha referido usted del Consorcio de Valencia en 2007, no forma parte del informe, no está en este informe en absoluto porque esos son unos créditos, como usted sabe, muy anteriores. Entonces, no voy a
hacer ninguna valoración. Pero usted conoce bien cuándo se hizo esta condonación.
En cuanto a lo planteado por el señor Fernández, efectivamente, hay otros criterios que nosotros hacemos en recomendaciones; no hemos sido capaces de dar una respuesta que nos haya permitido establecer qué contienen otros criterios y por
eso forma parte de las recomendaciones. En cuanto a lo del cronograma, lo anotamos no solo yo, sino también mis colaboradores, como una muy buena sugerencia. No sé si me he dejado algún tema, pero por recoger dos ideas, les diré que ustedes saben
que pueden pedir las fiscalizaciones que les parezcan. Yo les he respondido entendiendo que nosotros hemos buscado una fórmula que nos es más cómoda para trabajar y más fácil por la distribución del trabajo en el propio tribunal, pero si hay otra
que les parece más interesante y nosotros podemos asumir la organización, para eso estamos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
BLOQUE-II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO GESTIONADAS POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000006 y número de expediente del Senado 771/000006).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y MECENAZGO, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000059 y número de expediente del Senado 771/000059).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 231H 'ACCIONES EN FAVOR DE LOS INMIGRANTES', EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000124 y número
de expediente del Senado 771/000121).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate correspondiente al bloque II, informe de fiscalización de las subvenciones de ayuda oficial al desarrollo gestionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
ejercicio 2016; informe de fiscalización de las actuaciones de fomento de las industrias culturales y mecenazgo, ejercicio 2017, e informe de fiscalización de la gestión de las
ayudas y subvenciones concedidas en el marco del programa 231H, acciones en favor de los inmigrantes, ejercicio 2018. Por acuerdo de Mesa y portavoces del 15 de septiembre de 2020, se entienden subsumidas respectivamente las iniciativas
251/000006, 251/000059, solicitudes de comparecencia del Grupo Parlamentario VOX que tienen el mismo objeto.
Tiene, a continuación, la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Empezamos con la relacionada con la Agencia Española de Cooperación que, como pueden ver, es la más antigua. Este informe se hizo a iniciativa del tribunal. El ámbito subjetivo es la Agencia Española de Cooperación Internacional y el
objetivo las subvenciones y la ayuda oficial al desarrollo que gestiona la propia agencia. Las principales conclusiones están referidas a que las aportaciones que realiza por España en concepto de ayuda oficial al desarrollo en el ejercicio 2016
ascendieron a cerca de 4000 millones de euros, lo que representa un 0,27 % de los ingresos nacionales brutos registrados en ese año, porcentaje situado por debajo de los objetivos fijados en resoluciones de Naciones Unidas y de la Agenda 2030, que
tan poco le gusta al señor Aizcorbe, que establecía un porcentaje del 0,7 %. De este importe total de casi 4000 millones de euros, la cooperación descentralizada, financiada por las comunidades autónomas y entidades locales, ascendió a 227
millones, y la financiada por la Administración General del Estado a 3500 millones, aproximadamente.
Las principales deficiencias que hemos encontrado en el análisis de control interno están referidas a falta de manuales actualizados de procedimientos de gestión, coexistencia de muchos sistemas y aplicaciones informáticos que no están
integrados en un solo sistema y que dificultan no solamente la gestión, sino la realización de conciliaciones y de cruces.
Por lo que se refiere a la ejecución presupuestaria, las subvenciones gestionadas por la agencia en el ejercicio 2016 se tramitaron exclusivamente a través de un programa presupuestario, el 143.A, cooperación para el desarrollo, y el importe
de estas obligaciones en los capítulos 4 y 7, que son transferencias corrientes y de capital, ascendió a aproximadamente 150 millones de euros, de los que el 97 % eran las subvenciones corrientes.
En relación con la base de datos nacional de subvenciones, se observó la ausencia de publicación en la citada base de información relevante. Me van a permitir que en ese momento señale que cada vez que hablamos de subvenciones tenemos los
mismos problemas y se encuentran las mismas deficiencias en la gestión de cualquier entidad pública con respecto a las subvenciones: ausencia de publicación en la base nacional de datos, información sobre beneficiarios, pagos realizados,
justificación efectuada por los beneficiarios o resoluciones de reintegro de los procedimientos sancionadores. En el análisis de subvenciones, tanto de concesión directa como de concurrencia competitiva, se han advertido diversas deficiencias en
relación con la concesión y en su justificación. Por ejemplo, aplicación de criterios de valoración que no estaban previstos expresamente en las bases reguladoras ni en la convocatoria, ausencia o insuficiente justificación económica, presentación
de la documentación justificativa de gastos fuera del plazo establecido, existencia de desviaciones en la ejecución del presupuesto de las actuaciones subvencionadas y no consecución de los objetivos previstos en los proyectos presentados.
En cuanto a procedimientos de seguimiento y control de las subvenciones, destacan cuestiones como la elevada precariedad y falta de información en un número elevado de las ayudas concedidas, la no realización sistemática de ordenación de
requerimientos para la rendición de cuentas justificativas, una vez que establecen los plazos límites de justificación, ausencia de inicio de procedimientos sancionadores por las justificaciones presentadas fuera de plazo, existencia de retrasos muy
significativos en la revisión y comprobación económica de las cuentas justificativas que demoran los inicios de procedimientos de reintegro o la elevada caducidad de los procedimientos de reintegro, lo que de forma habitual obliga a que se efectúen
hasta dos y tres nuevos acuerdos de inicio cuando transcurren los doce meses previstos en la normativa reguladora de subvenciones.
En relación con el análisis de eficacia y eficiencia económica, la agencia no ha hecho un uso adecuado de los instrumentos previstos tanto en la normativa de su propia actividad como en la de subvenciones presupuestaria o contable para hacer
el seguimiento y control. En este sentido, hay incoherencias entre las memorias presupuestarias y los estados de gasto, ausencia de indicadores para medir determinadas actividades o la presencia de indicadores que no han proporcionado información
suficiente y relevante para la toma de decisiones, falta de seguimiento de los resultados obtenidos y de las desviaciones, falta de vinculación entre el plan estratégico de carácter plurianual y la planificación anual prevista en las memorias
presupuestarias.
En el ejercicio 2016 la agencia avanzó en la implantación de recomendaciones que se le habían hecho en informe anteriores -ustedes saben que la agencia es una fiscalización que es recurrente con cierta regularidad- relativos al aseguramiento
colectivo de los cooperantes y al área de subvenciones, si bien algunas de las deficiencias, como les acabo de anunciar, persisten. Sobre todo, lo que nos parece de mayor trascendencia son las relativas al seguimiento y reintegro de las
subvenciones que gestiona esta agencia. Entre las recomendaciones, se señala que la agencia debe elaborar manuales y procedimientos; elaborar un registro único que aglutine la totalidad de las subvenciones concedidas para mejorar su control
oportuno y, además, se sugiere que inicien trámites necesarios para regularizar, depurar y actualizar la situación de los expedientes de subvenciones; agilizar las actuaciones para interrumpir la prescripción de derechos como consecuencia del
transcurso del tiempo, así como declarar la prescripción de los que ya estuvieran. También señala el informe, y se incluye como recomendación, que es necesario realizar una planificación estratégica adecuada de subvenciones.
En cuanto al informe segundo de este bloque, que es el de fomento de industrias culturales y mecenazgo, relativo al año 2017, el ámbito subjetivo lo constituye la dirección general de industrias culturales y creativas, correspondiente al
Ministerio de Cultura y Deporte, que tiene encomendadas las funciones en materia de fomento de las industrias culturales. El ámbito objetivo han sido las actuaciones encaminadas a fomentar las industrias culturales y mecenazgo, llevadas a cabo
mediante la ejecución de los créditos consignados en los programas presupuestarios que gestiona esta dirección general.
Entre los resultados más importantes del informe, en relación con el análisis de control interno, se observan una serie de deficiencias entre las que destaca la ausencia de detalles sobre las competencias y las personas responsables de cada
área en los manuales existentes, así como falta de manuales en procedimientos de gestión para determinadas líneas de subvenciones.
Y, en cuanto a la ejecución presupuestaria, el informe señala que los programas presupuestarios gestionados tienen un bajo nivel de ejecución. Por ejemplo, en el programa 334.A, no se han otorgado finalmente subvenciones nominativas
previstas. En 321.M, el sistema de compensación tampoco se ha efectuado. En cuanto a la gestión de gastos corrientes en bienes y servicios, la fiscalización ha detectado una serie de deficiencias, como la omisión del visto bueno de la autoridad
competente, algo que requiere su normativa interna; ausencia de acreditación de la solicitud de tres ofertas en los contratos menores en que esté fundamentado o la ausencia de publicidad en la Plataforma de contratación del sector público y del
perfil del contratante.
Respecto de la contratación administrativa, se señala la ausencia en el expediente certificado de inventario como precisa su normativa interna, así como la posible existencia de fraccionamiento en contratos menores de adquisición de fondos
bibliográficos.
En materia de convenios de colaboración, la fiscalización ha detectado deficiencias relativas a la ausencia de indicación del régimen de modificación, falta de incorporación de memoria justificativa, imposibilidad de verificar la inscripción
de un convenio en el registro electrónico estatal o ausencia de publicación en el portal de transparencia.
Y, por lo que se refiere a las encomiendas de gestión -hoy encargos a medios propios-, el informe ha constatado que la elección y procedencia de la figura de la encomienda no está suficientemente justificada. No consta que la elección se
sustente en estudios de costes o de rendimientos que avalen la mayor eficiencia y eficacia de este método frente a otras modalidades de gestión como la contratación.
También se ha observado falta de valoración de los informes de resultados aportados por la encomendataria, en este caso contraviniendo cláusulas del propio acuerdo de encomienda.
En el análisis de las subvenciones hay deficiencias que afectan tanto a su concesión como a su justificación, como existencia de gastos no subvencionables, gastos que no se corresponden con la actividad subvencionada o subcontratación de
proyectos subvencionado con personas vinculadas sin cumplir los requisitos de la Ley General de Subvenciones. Y en relación con los ingresos, el informe destaca que las memorias económico-financieras de la tasa por servicios prestados por el
registro de propiedad intelectual y de la tasa por determinación de tarifas de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual establecen unos costes de servicio que no están soportados en ningún estudio de costes que garantice el
principio de equivalencia. Los precios públicos relativos a industrias culturales tampoco han estado respaldados en unos estudios y análisis sobre costes económicos de la realización de las actividades o prestación de servicios y su grado de
cobertura financiera.
El Ministerio de Cultura, por otra parte, efectuó un uso insuficiente de los instrumentos previstos para realizar un seguimiento y control adecuados sobre la aplicación de los principios de buena gestión. En ese
sentido, entre otras deficiencias, se ha observado que los indicadores establecidos no proporcionan información suficiente y relevante para la toma de decisiones, ausencia de vinculación entre el plan estratégico general de carácter
plurianual y la planificación anual prevista en las memorias, o inexistencia de un plan estratégico de subvenciones. Y por último, el informe incluye recomendaciones dirigidas al Ministerio de Cultura y a la propia dirección general, entre las que
destacan elaborar manuales de procedimientos actualizados, reforzar los mecanismos de control interno, aplicando un sistema integral de gestión de subvenciones -aplicable a todas las subvenciones concedidas en concurrencia competitiva-, realizar un
estudio de costes adecuado de las actividades gravadas con las tasas y hacer una planificación estratégica adecuada.
Paso al último informe, el relativo a la gestión de las ayudas y subvenciones concedidas en el marco del programa 231.H, acciones en favor de los inmigrantes, que también corresponde al ejercicio 2018. Está realizada a iniciativa del
Tribunal y ha tenido como ámbito objetivo las ayudas y subvenciones concedidas con cargo a este concepto presupuestario: acciones en favor de inmigrantes. El ámbito subjetivo ha sido la Secretaría General de Inmigración y Emigración, y el ámbito
temporal el año 2018. Sobre análisis de la normativa reguladora, se ha comprobado que la misma recoge de manera adecuada el contenido mínimo establecido en la Ley General de Subvenciones y en su reglamento con algunas deficiencias, como la
exigencia de distintas obligaciones a los beneficiarios para un mismo tipo de ayuda en función de si existía o no cofinanciación con fondos europeos; las obligaciones eran más exigentes para las subvenciones cofinanciadas, aun cuando representaban
un porcentaje muy inferior a aquellas financiadas exclusivamente con cargo a presupuestos nacionales. Las cuentas presentan fielmente en todos sus aspectos significativos las operaciones realizadas. Y con respecto al análisis del cumplimiento de
la normativa aplicable y de los sistemas de concesión de ayudas, el Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019 -hay otro plan estratégico ahora en vigor-, presentaba diversas carencias: objetivos genéricos y sin vinculación con los objetivos del
programa presupuestario, carencia de líneas básicas de las bases reguladoras del calendario de elaboración y, entre otros, falta de indicadores que permitan cuantificar el cumplimiento de los objetivos previstos. También hay una falta de
coordinación en la elaboración de los manuales de gestión en la mayoría de las líneas de subvención. El informe también señala que no existe -como en las anteriores- una única aplicación informática, lo que dificulta muchísimo la gestión y, sobre
todo, el control de las ayudas. La secretaría sigue presentando una carencia de personal para gestionar las ayudas y sigue sin establecer un registro de solicitantes de subvenciones, como exige la normativa.
En materia de justificación de subvenciones hay un considerable retraso en su comprobación. En 2020 se encontraban pendientes de revisión más del 93 % de las concedidas en los últimos cinco años, lo que supone que la revisión va muy al
límite de los plazos de prescripción. En enero de 2021 no se había iniciado procedimiento de reintegro ni acordado la imposición de sanciones en ninguna de las líneas de subvenciones analizadas en la convocatoria de 2018. Sobre la adecuación de
los indicadores de seguimiento de los objetivos definidos en el programa, así como su grado de cumplimiento, los objetivos son genéricos, poco concretos y no abarcan la totalidad de las actividades identificadas en la memoria del programa ni
contienen referencia temporal para su consecución. Los indicadores establecidos resultan irrelevantes para valorar el grado de consecución de los objetivos.
En lo relativo al seguimiento de las recomendaciones que se aprobaron en diciembre de 2011 en el anterior informe, de las catorce recomendaciones que se hicieron, tres han sido cumplidas totalmente, cinco parcialmente, dos han dejado de
resultar aplicables porque ha cambiado la legislación y quedan pendientes de cumplimiento cuatro, que son establecer el control de calidad de los programas, el registro de solicitantes de subvenciones, recurrir a la figura de la subvención
plurianual o incrementar la dotación de recursos materiales y humanos.
En materia de igualdad, el plan estratégico no recoge de forma expresa que las bases reguladoras incluyan medidas de fomento de la igualdad efectiva para las entidades solicitantes y las normas reguladoras de subvenciones no incluyen tampoco
valoración de ese principio a efectos de su concesión, a pesar de contemplarlo. Y en lo relativo a la transparencia, se observa un cumplimiento generalizado, salvo algunas excepciones que afectan a la publicidad de las ayudas concedidas a los
residentes en los centros de acogida a refugiados, a la subvención a la Organización Internacional para las Migraciones y subvenciones de concesión directa en las ciudades de Ceuta y Melilla.
El informe recoge recomendaciones dirigidas al Ministerio de Inclusión para modificar las bases reguladoras e incorporar aspectos que ha incluido la normativa europea en los últimos años. Se sugiere
que se modifique el Real Decreto 441/2007 por el que se aprueban las normas reguladoras de concesión directa de subvenciones a entidades y organizaciones que realizan atenciones de atención humanitaria a personas inmigrantes. Y en cuanto a
la Secretaría de Estado de Migraciones, se sugiere supervisar los manuales de procedimiento y completarlos para que comprendan todas las fases de la gestión, que continúe y concluya el proceso de implantación de la aplicación informática para el
seguimiento de las ayudas, reducir la demora en la comprobación de la documentación justificativa y establecer un sistema de objetivos e indicadores que recoja la totalidad de las actividades contenidas en la memoria del programa y que permita
valorar el grado de eficacia y eficiencia en la gestión.
Y con esto, señorías, doy por finalizada la presentación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora presidenta. Como siempre, gracias por la exposición y el informe. También la felicito a usted y a todo el equipo del Tribunal de Cuentas por la claridad y la calidad de los informes presentados. Los tres informes tienen
una antigüedad bastante importante, como usted ya ha mencionado. Hablamos de 2016, 2017 y 2018. Hay que volver a reiterar la necesidad de valorar la eficacia de fiscalizar ejercicios tan lejanos. Son tres informes que versan sobre subvenciones y
ayudas. El primero, sobre subvenciones gestionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En el mismo se citan dos importantes recomendaciones a nuestro entender. La primera se refiere a las deficiencias e
incumplimientos detectados, que exigen una evaluación exhaustiva de los procedimientos de control y la segunda recomienda también la realización de una adecuada planificación estratégica de subvenciones que permita mejorar la eficacia en el
cumplimiento de los objetivos de las subvenciones concedidas, así como la eficiencia y la economía en la gestión de estos recursos. Las dos yo creo que son muy importantes.
El segundo informe versa sobre actuaciones de fomento de las industrias culturales y de mecenazgo. En el mismo, ante deficiencias puestas de manifiesto en la gestión de las subvenciones, se recomienda una evaluación exhaustiva de los
procedimientos, cosa que yo creo que es muy importante.
Y el tercero versa sobre la gestión de ayudas y subvenciones en el marco del programa 231.H, acciones en favor de los inmigrantes. En sus conclusiones se ponen de manifiesto carencias en el plan estratégico de subvenciones; entre ellas,
objetivos genéricos sin descripción en sus efectos y sin vinculación con los objetivos, falta de un registro de solicitantes de subvenciones, gastos presupuestados sobrevalorados, ausencia de criterios preestablecidos para seleccionar las entidades
a invitar, no se fundamenta suficientemente la valoración de las solicitudes recibidas, se consideran aspectos no recogidos en las bases reguladoras en la valoración de los proyectos y deficiencias e incumplimientos respecto al seguimiento de las
actividades subvencionadas. Curiosamente, las mismas se refieren a proyectos no cofinanciados con los fondos europeos, tema que me parece muy grave -y me gustaría también que me lo aclarara un poco-, ya que denota una falta de diligencia en el
seguimiento de aquellos proyectos que no son cofinanciados. O sea que no es que no se sepa hacer, es que no se quiere hacer. Por tanto, me gustaría que nos aclarara un poco este tema. Luego, también hay retrasos -lo ha puesto en su presentación-
en la justificación de subvenciones. En 2020 se encontraban pendientes de revisión más del 93 % de las ayudas concedidas en los últimos cinco años. Esto es una absoluta falta de diligencia y de responsabilidad que no se puede aceptar.
Estos tres informes, por tanto, van en la misma línea de lo puesto de manifiesto por la AIReF en su informe de 2019 sobre planificación estratégica de subvenciones bajo el Spending Review 2018. En este informe se concluía que existe una
falta de estrategia, de transparencia y de trazabilidad, de manera que no se puede asegurar si existen duplicidades o solapamientos, puesto que es imposible hacer el recorrido desde que la subvención sale de una Administración pública hasta que
llega al beneficiario. Recordemos que en las conclusiones de este informe se hablaba de un importe de 14 299 millones de euros sobre los que existía falta de transparencia -creo que coincide con los informes que usted ha presentado-; poca
coordinación entre los distintos niveles de gobierno; deficiencias en los procedimientos de concesión, de justificación y control, de reintegro y sancionador; falta de homogeneidad; falta de exhaustividad, y falta de trazabilidad. Yo creo que
todos los temas en los que coinciden tanto el Tribunal de Cuentas como la AIReF son bastante graves.
Para terminar, quiero volver a poner de manifiesto que en un país como España, con un déficit estructural en torno al 4 % del PIB, no nos podemos permitir ineficiencias y falta de diligencia en la gestión de las ayudas y subvenciones
públicas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáez.
A continuación, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ledesma.
El señor LEDESMA MARTÍN: Muchas gracias, presidente.
Igualmente, como todos los que han intervenido, quiero felicitarla por el trabajo que realiza el Tribunal de Cuentas. El Partido Popular es fiel defensor de la labor del Tribunal de Cuentas y creemos que es importante el trabajo que
realiza, fundamentalmente del control del dinero público. Por eso, para el buen funcionamiento de las administraciones e instituciones, es necesario que asuman las conclusiones de sus informes y sus recomendaciones. Lo que está claro es que el
objetivo de la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas es fomentar las buenas prácticas de gestión, y en eso estamos de acuerdo. La escuché también hablar en su primera intervención del primer bloque en ese sentido, sobre todo del control
de las administraciones e instituciones públicas, evitando lo que todos queremos evitar: el fraude y la corrupción. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, está más que justificada su labor.
Lo que deseamos es que los controles sean más inmediatos, lo que también ha apuntado el portavoz de VOX. Ver informes de los años 2016, 2017 o 2018, como en este caso, que corresponden a otros mandatos, hace que las recomendaciones que
ustedes hacen en esos informes no sean tan eficaces o, por lo menos, que perdamos el seguimiento.
En este bloque II, como bien ha expresado, tenemos a la AECID, el informe de la gestión de las ayudas al desarrollo del año 2016, la fiscalización de las actuaciones de fomento de las industrias culturales y mecenazgo de 2017 y la
fiscalización de la gestión de las ayudas y subvenciones concedidas en el marco del programa 231.H. Lo que está claro es que la ausencia de control sobre el dinero público que cada año se destina a la ayuda oficial al desarrollo nos preocupa a
todos, en la línea de que la ayuda plurianual para convenios de cooperación para el desarrollo con ONG que gestiona la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo tiene que ser perfectamente fiscalizada. Para el Partido Popular
es fundamental que los fondos públicos que se destinan a erradicar la pobreza en países del tercer mundo no sean dedicados a otro fin y que las subvenciones se destinen al objetivo presupuestado. Por eso, pensamos que el dinero público que cada año
se destina a la ayuda oficial al desarrollo tiene que ser controlado y fiscalizado de forma inmediata, eficaz y efectiva. También me gustaría conocer su opinión sobre eso.
En cuanto a la verificación, tenemos que destacar si la AECID ha avanzado en el cumplimiento -usted bien lo ha expresado- de las recomendaciones realizadas tanto por el tribunal como por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas. El presente informe expresa que en 2016 la AECID había avanzado con carácter general en la implantación de las recomendaciones señaladas en los informes anteriores relativos al aseguramiento colectivo de cooperantes y al área de
subvenciones, si bien a la finalización de la fiscalización persistían algunas de las deficiencias e irregularidades como las relativas al seguimiento y reintegro de subvenciones gestionadas por la AECID. Entre las recomendaciones del presente
informe, se señala que la AECID debería elaborar manuales de procedimiento -entendemos que es fundamental en una administración eficaz-, así como elaborar un registro único que aglutine la totalidad de las subvenciones concedidas para mejorar su
correspondiente control. Adicionalmente, se considera oportuno que se inicien los trámites necesarios para regularizar, depurar y actualizar la situación de expedientes de subvenciones y agilizar las actuaciones para interrumpir la prescripción de
derechos como consecuencia del transcurso del tiempo, así como que se declare la prescripción de aquellos que corresponda. En este caso, me gustaría saber si usted tiene conocimiento de que se haya dejado prescribir algún expediente por parte de la
agencia. Por lo tanto, también entendemos que se debería realizar una adecuada planificación estratégica de subvenciones, realizando una evaluación exhaustiva, tal como ustedes expresan en sus recomendaciones que asumimos como siempre al cien por
cien.
Con respecto a las subvenciones relacionadas con el fomento de las industrias culturales y mecenazgo del año 2017, no vemos deficiencias graves. Igualmente, asumimos las conclusiones y recomendaciones del informe del tribunal. Hay que ver
también -aunque eso no es culpa de ustedes, sino también en parte es culpa nuestra- que el primero de estos informes lo realizaron en 2019, el segundo -del que yo estoy hablando- es de 2020 y el tercero es de 2021. Y estamos a punto de finalizar
2022 aunque para nosotros
la inmediatez es totalmente fundamental. Con respecto a esas subvenciones, como bien ha dicho, no vemos ningún tipo de problema. Elaborar los manuales de procedimiento actualizado y reforzar los mecanismos de control interno por parte del
Ministerio de Cultura y Deporte son cuestiones fundamentales.
El siguiente informe del Tribunal de Cuentas aprueba la fiscalización de la gestión de las ayudas y subvenciones concedidas en el marco del programa 231.H, acciones en favor de los inmigrantes del ejercicio 2018. No podemos permitirnos el
lujo -es nuestra opinión- de que haya un retraso en la comprobación de las subvenciones. Usted misma lo ha expresado; no sabemos qué está haciendo ahora mismo el Gobierno. Un ejemplo del caso de las subvenciones no financiadas con fondos europeos
es que en el año 2020 se encontraban pendientes de revisión más del 93 % de las ayudas concedidas en los últimos cinco años -nos parece esto bastante grave- y, además, están casi en el límite del plazo de prescripción.
En cuanto a las recomendaciones dirigidas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la Secretaría de Estado de Migraciones, entre ellas está modificar las bases reguladoras para incorporar aquellas exigencias de
normativa europea que no han sido recogidas en la normativa nacional. Nos parece prioritario que se haga.
Como siempre, la quiero felicitar por el trabajo realizado. Me voy a ratificar en que debemos actualizarnos y ser mucho más inmediatos en cuanto a la fiscalización de los informes que ustedes han realizado. La pregunta que le hago es si
usted tiene conocimiento de que se haya realizado alguna fiscalización posterior a esos años, tanto de la AECID como de las subvenciones del programa de migraciones o del Ministerio de Cultura y Deporte.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora Chicano, bienvenida, señora presidenta del Tribunal de Cuentas. Como todos mis predecesores en el uso de la palabra, tengo que comenzar reconociendo el excelente trabajo del personal del Tribunal de Cuentas. Al leer
estos informes nos damos cuenta de la profesionalidad, la profundidad y calidad de los mismos, y debemos felicitarnos de que así sea porque eso nos ayuda mucho en nuestro trabajo.
Es curioso, porque estamos ante tres informes de fiscalización de los años 2016, 2017 y 2018 de los gobiernos del Partido Popular, pero, escuchando a sus portavoces en este y en otros puntos del orden del día, bien pareciera que estuviéramos
analizando informes referidos a los años de gestión del Gobierno actual, porque, para no detallar las deficiencias graves que contienen los informes que estamos fiscalizando hoy, han recurrido a todo tipo de artimañas dialécticas, por llamarlas de
alguna manera. Sin embargo, hay que recordar que el informe de fiscalización de las subvenciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo es del año 2016, cuando eran responsables, efectivamente, los encargados de la
agencia pero también el señor ministro Margallo y el señor ministro Dastis del Gobierno del señor Rajoy, porque estuvieron -unos meses uno y otros meses otro- en la responsabilidad de ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación al Desarrollo.
Estos informes ponen de manifiesto deficiencias graves que nos preocupan, algunas irregularidades importantes, malas prácticas, falta de transparencia y falta de diligencia en la evaluación. Me ha sorprendido escuchar que sería conveniente
que nos dijera si ha prescrito alguno de los expedientes de devolución de algunas de las subvenciones en los cinco años anteriores, cuando ya en el año 2016 estaban próximos a prescribir casi todos aquellos de los que estamos hablando. Es curioso
cómo le damos la vuelta al argumento dialéctico para preguntarle si ahora el Gobierno ha dejado prescribir algún expediente, cuando su Gobierno -el del señor Rajoy, el señor Margallo y el señor Dastis- ya dejó prescribir casi todos. ¡Si los tenían
en el límite, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular!
Luego, me resulta curioso que exijamos al Tribunal de Cuentas que haga una fiscalización rápida, porque eso es muy importante. Es mucho más importante hacer una buena gestión de las políticas, en este caso, de la Agencia Española de
Cooperación. Por tanto, podrían haber tenido el mismo interés en hacer una buena gestión de los mismos. Solo le voy a leer algunas de las irregularidades y de las deficiencias, pero son un buen ejemplo para cuando ustedes salen aquí, en las
comisiones o en el Pleno del Congreso, y se autodenominan unos magníficos gestores. Cada vez que eso suceda, voy a salir yo a continuación a leerles lo que dice el Tribunal de Cuentas de su gestión del año 2016 en la AECI: No se
han publicado en la base de datos nacional de subvenciones los beneficiarios y el importe de las becas de los mismos; 391 beneficiarios, 5 millones de euros. Un ejemplo de transparencia. Respecto de todas las subvenciones en régimen de
concurrencia, en la evaluación de las solicitudes de subvención se han aplicado criterios de valoración que no estaban previstos expresamente en las bases reguladoras y en la convocatoria. Es decir, absoluta discrecionalidad en el otorgamiento de
las subvenciones a determinadas organizaciones. Un ejemplo de transparencia y de buena gestión. Así podría seguir, pero es que en el caso del informe de las industrias culturales y en el de las ayudas de la Secretaría General de Inmigración y
Emigración llama la atención, como algún otro portavoz ya ha dicho con antelación, que donde menos control hay es en aquellas subvenciones de fondos que no son cofinanciados. Es decir, los gestores del Partido Popular ponían todo el interés por
controlar las subvenciones y ayudas cofinanciadas, y en las no cofinanciadas ponían menos interés en hacer una buena gestión. Es curioso para todos aquellos que se llaman buenos gestores y que, además, van con el mantra de que los gobiernos de
izquierda gestionan fatal lo público, como hemos visto en el caso de Correos o como hemos visto en el caso de la SEPI, en los que nos han ido dando lecciones. Este informe les pone contra el espejo, y yo creo que deberían hacer un ejercicio de
humildad y empezar a reconocer que la gestión económica del Gobierno del señor Rajoy, por lo menos en estos tres informes de fiscalización, es muy deficiente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García.
A continuación, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para dar respuesta a los señores portavoces.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Como han visto ustedes en esos informes, se da el hecho que antes he puesto de manifiesto de pasada, y es que la gestión de las subvenciones en todos los ámbitos es bastante deficiente, cosa que nos lleva a pensar a nosotros, en el tribunal,
cuando se producen muchas veces los mismos defectos, si a lo mejor hay algún defecto en la norma que haga que siempre se produzcan las mismas circunstancias, porque llega un momento en que no es posible que una, otra y otra tengan las mismas
deficiencias. Seguramente nos falta alguna información más. Ya hicimos en su momento una moción sobre el tema de las subvenciones y, si es necesario, volveremos a replantearnos qué es lo que puede estar pasando en la gestión o en la aplicación del
sistema, no lo sé.
No estoy segura y jamás me atrevería a decir que las cosas no se hacen porque no se quiere en vez de porque no se sabe. Yo no sé por qué no se hace. Lo que sí sé, y además lo hemos comprobado muchísimas veces, es que el control de todas
las ayudas que se hacen para gestionar en el exterior es dificultosísimo. Eso hace que nosotros nos retrasemos, pero también que los gestores tengan muchas dificultades en general, si bien tampoco esto sería justificación para que se hicieran o no.
También hemos puesto de manifiesto en el transcurso del informe que la propia secretaría de la AECI tiene dificultades de personal, tiene escasez de personal.
En cuanto al informe de subvenciones que a usted, señor Sáez, le gusta de AIReF y en el que dice que coincidimos, me va a permitir una maldad: AIReF coincide mucho con nosotros. El informe de AIReF está muy inspirado en nuestro informe
sobre subvenciones. Es una maldad que no tiene importancia, pero cada uno reivindica lo suyo. En cuanto a la proximidad a las fechas, hemos hecho un esfuerzo importante, que creo que se está notando, de aproximar los controles a las fechas más
próximas de las gestiones, con los impedimentos que tenemos de las rendiciones de cuentas, etcétera. Hemos hecho un esfuerzo. Lo que pasa es que posiblemente estamos asistiendo en estos momentos a un embalsamiento de informes, que nos está
haciendo ver informes con tanto retraso que, efectivamente, pierden virtualidad a la hora de hacer un control efectivo. Para nosotros han sido dos años o dos años y medio muy complicados, aunque hemos mantenido el nivel de fiscalizaciones, y para
ustedes también ha sido un año muy malo, porque no han tenido sesiones parlamentarias ni comisiones, etcétera. Yo creo que si entre todos nos ponemos a resolver esto, en breve estaremos casi al día. Nos queda cada vez menos, pero no podemos dejar
que siga incrementándose. Tengo que reconocer que algunos de nuestros informes van más allá en el tiempo de realización de lo que a mí me gustaría, lo que pasa es que algunos tienen unas dificultades especiales que realmente nos hacen retrasarnos.
Nosotros no querríamos que desde la fecha en que podemos hacer un informe, cuando ha pasado un tiempo prudente desde la rendición, pasara más de un año o año y medio, pero a veces se nos va un poco el tiempo, aunque ya les digo que hemos hecho un
esfuerzo que creo que ustedes han notado.
Me ha preguntado el señor Ledesma si había informes posteriores. No hay ningún informe posterior sobre estos tres aspectos. En cuanto a si conozco si han prescrito, el propio informe habla de prescripción del derecho a liquidar los
reintegros. De hecho, algunas recomendaciones van dirigidas a resolver ese tema.
Quiero darles las gracias de nuevo a todos. Hay algunos comentarios y conversaciones que ustedes mantienen que parecerá que no contesto, pero es que no debo entrar en algunos temas ni tengo por qué. Los escucho con mucho gusto y, además,
aprendo mucho, pero no tengo nada que decir al respecto. De nuevo les agradezco muchísimo su atención.
Lamento darles la tarde con tantos informes a estas horas y, como siempre, estamos en contacto para lo que ustedes necesiten. Por mi parte, presidente, nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, presidenta, una vez más por la presentación de los informes. Quiero agradecerle las explicaciones, las respuestas dadas y dar las gracias también al resto de los grupos.
Sin más asuntos que tratar, levantamos la sesión.
Eran las siete y quince minutos de la tarde.
Corrección de error. En el Diario de Sesiones número 117, correspondiente a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, sesión número 13, celebrada el martes 22 de marzo de 2022 en el Palacio del Congreso de los
Diputados, en las páginas números 1 y 25, el número de expediente del Congreso de los Diputados relativo al informe de fiscalización sobre la gestión y control de los pagos efectuados al personal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social,
ejercicio 2017, es el 251/000055.